Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-25


Nº 249 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y RICARDO FERNANDO FRANCO, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"SANTAMBROGIO, A. R. C/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. S/ MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS", Nro. 52.382, año 2002, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 113 y vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal concedidos a fs. 113 y vta., contra la sentencia dictada a fs. 94/99 por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad.

Recibida la causa, se radica ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, conforme constancias de fs. 119, la que se integra definitivamente a fs. 147/149 vta. con los suscriptos.

Emite a fs. 123/124 dictamen Nº 280/03 el señor Procurador General, agregándose a fs. 129/136 vta. el memorial potestativo presentado por la parte demandada. A fs. 156 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En la consideración de los recursos, comenzaré en por el de inconstitucionalidad, dada su jerarquía y efectos.

a) Recurso de inconstitucionalidad: En examen de los presupuestos que hacen a la admisibilidad formal del recurso del epígrafe, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, sentencia definitiva, legitimación para recurrir y el agravio constitucional invocado, de existir, se habría configurado con el fallo de segunda instancia, por lo que su invocación a través del recurso extraordinario deviene oportuno, por lo que corresponde ingresar al examen del remedio en su faz sustancial.

Sostiene básicamente la parte recurrente que el pronunciamiento en crisis afecta los derechos y garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio a través del debido proceso legal, en tanto que si bien resuelve la competencia federal, de manera impropia omite pronunciarse tanto sobre las costas devengadas en ambas instancias, como sobre la regulación de los honorarios profesionales, ignorando a su vez la aplicación de la Ley 4182 sobre tasas de justicia.

Al particularizar las quejas, expone que con la declaración de incompetencia, la medida autosatisfactiva del a-quo debió ser revocada.

Señala que su parte alegó - al recurrir la decisión de la magistrado de grado - que ésta se apartó de lo normado por el art. 196 del CPCC; aprecia que en el caso del orden público, la sanción específica consistirá en la nulidad absoluta de los actos realizados al margen de sus prescripciones, con la finalidad de asegurar la supremacía de las normas en que están interesados principios de orden público, a lo que añade que más allá de la violación de elementales reglas de competencia, el agravio concreto que le ocasiona la resolución es que importa la concesión de actos de disposición de fondos que por un imperativo legal no están disponibles ni pueden ser afectados en la modalidad pretendida.

Respecto de la imposición de costas por su orden, sostiene que la Alzada incurre en afirmaciones meramente dogmáticas, sin sustento fáctico ni jurídico, cuando la decisión debe ser acorde al resultado del litigio y las pretensiones expuestas por las partes.

En ese orden de ideas, expone que debieron ser impuestas a la actora, quien asumió el riesgo de plantear la litis ante un magistrado que, en principio, era incompetente, habiendo su parte opuesto el respectivo planteo.

Acota que no constituye fundamento suficiente el expuesto en el sentido que el tema dio lugar a pronunciamientos contradictorios en distintos tribunales del país, como que la decisión del Superior Tribunal de Justicia fue en fallo dividido, al apreciar que éste no es el criterio para valorar el precedente sino los fundamentos suscriptos por la mayoría, como asimismo la similitud de pronunciamientos de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

A su vez, señala que la cuestión de competencia no era ni es novedosa, ya que con sólo seguir las pautas regulatorias de la jurisdicción, debía concluirse que la justicia provincial no era competente. Que, a su entender, constituye una arbitrariedad la inhibitoria formulada tardíamente, con distribución de costas por su orden, cuando el acto de disposición ordenado en violación a leyes y reglamentaciones de orden público se verificó una y otra vez.

De esta forma de condenación, deriva en que se atribuye a su parte el pago de la mitad de la tasa de justicia, acotando que la imposición de las costas determina en definitiva quién es el sujeto obligado al pago de la tasa de justicia, pero no es en sí mismo la causa del tributo, que es la presentación ante la justicia y la consiguiente prestación del servicio.

Prosiguen los letrados defensora de la entidad bancaria sustentando que la sentencia impugnada adolece de falta o deficiente fundamentación cuando, sin brindar ningún tipo de explicación, omite tomar como base regulatoria un importe determinado, no analiza la labor desplegada, no fueron expuestos los motivos que llevaron a la no regulación de los honorarios o a su diferimiento de manera indefinida.

Concluyen aseverando que se desvirtuó el sentido y alcance de las normas de la ley arancelaria para lisa y llanamente pasar por alto la regulación de los honorarios, afectándose así los derechos y garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y justa retribución Tras la reseña de los agravios planteados por la recurrente extraordinaria, es de señalar ab-initio que - como lo ha venido sosteniendo repetidamente esta Sala, con distintas integraciones - el recurso de inconstitucionalidad no es la vía apta para corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, conforme una distinta valoración del recurrente.

En tal sentido, el más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el juzgador a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional" (Fallos 287:173, 329, 548, 558; 298:561; 299: 229; 300:390, 521, 982; 301:449, 951; 302:142, 236, 562; 989:1574).

De ahí que: "El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local, al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso" (Fallos 300:200), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local, por estar informado de las mismas razones y fundamentos.

Desde este cuadrante y a la luz de tales directrices, el examen del agravio formulado respecto a que la Alzada debió, en razón de la incompetencia, declarar la nulidad de la medida autosatisfactiva decretada por el a-quo, permite inferir que la accionada no logra demostrar la existencia del vicio que denuncia, de entidad tal que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad, intentando imponer su personal comprensión y tesitura acerca del trato que debían deparar los camaristas a la cuestión, a partir de su declaración de incompetencia.

Tenida la competencia como ".la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado." (conf. Alsina, Tratado Teórico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, 1957, T. II, p. 512), o conceptualizada, en otros términos, como ".

El poder jurisdiccional que la constitución o la ley, o los reglamentos o acordadas, atribuyen a cada fuero y a cada tribunal o juez" (Podetti, "Tratado de la Competencia", Ed. Ediar, 1973, p. 355), va de suyo que la ausencia de tal "aptitud" o "poder", admitida por resolución firme y consentida, conlleva la inhabilidad del órgano para proseguir conociendo en la causa, desprovisto ya de la capacidad para dirimir la contienda en su aspecto sustancial.

De tal suerte, definido en el presente que merecía seguimiento la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Melli", en orden a la cual es incompetente la justicia provincial para resolver litigios como el de marras, no cabe reprochar a los magistrados de segunda instancia que no se expidieran respecto de la medida urgente decretada en el sublite (revocándola o declarándola nula, como alternativamente postula la recurrente), habida cuenta que la admitida competencia de la justicia federal (a cuya sede se dispuso la remisión de la causa, previa devolución a origen, conforme lo establecido al Pto. III, parte resolutiva, del decisorio impugnado) conformó valladar para que los jueces -hasta entonces intervinientes- prosigan entendiendo en la causa, abordando la temática de fondo, cuyo conocimiento es atribuído al Juzgado Federal, quien -de consentir la aludida declinatoria de competencia- eventualmente habrá de evaluar si es viable proseguir las actuaciones iniciadas ante juez incompetente, como también si caben ser convalidados o invalidados los actos procesales ante él verificados.

(confr. Alsina, ob. cit. p. 524/525; Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", Ed. Astrea 1988, T. 1, p. 45; Podetti, ob. cit. p. 389/392). En esa inteligencia, va de suyo que no resulta impropio -como califica la quejosa- que los sentenciantes no avanzaran hacia la condena en constas de primera instancia, circunscribiéndose a imponer las que se generaron ante la Alzada.

Ahora bien, dada las consideraciones vertidas por las magistrados para arribar a la declaración de su incompetencia, destinando en rigor profusos párrafos para desarrollar y explicar el criterio que en sentido contrario sostuvieran en supuestos similares al presente, he de señalar que no escapa a la advertencia del suscripto que la alineación de las señoras camaristas a la postura en pos de la competencia de la justicia federal -como se desprende de sus propias explicaciones- devino recién vía acatamiento al pronunciamiento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Melli", cuando igual temperamento pudieron haber adoptado luego de la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco en "B.B.V.A. Banco Francés S.A. s/ Acción de Amparo", Expte. Nº 50.736/02, que fue anterior en el tiempo a aquélla y que proclamó la incompetencia de la justicia provincial para dilucidar cuestiones litigiosas como la de marras.

He de subrayar que posturas como la asumida en el presente y en muchos otros casos provocaron un injustificado dispendio jurisdiccional, generando inseguridad por las posiciones de enfrentamiento a lo decidido por el Cimero Tribunal local, que en modo alguno favorecen el buen servicio de justicia.

Por último, es oportuno rememorar que en función de que la autoridad que gozan las decisiones del Superior Tribunal de Justicia se apoya en una razón de orden y respeto a su jerarquía determinada por la estructura del Poder Judicial, independientemente de las opiniones que merezcan las mismas, a los tribunales inferiores sólo les cabe dejar a salvo su opinión discordante como mera expresión de pensamiento en su órbita jurisdiccional, toda vez que aquellas decisiones conllevan el deber de un leal acatamiento de naturaleza institucional, única forma de que queden verdaderamente resguardados los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley, celeridad y economía procesal (conf. Resolución Nro. 333 del 04.05.95 del STJ en Expte. Nro. 38.553, folio 263, año 1995, cit. en Sent. Nro. 249/03 de esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral).

Continuando con el análisis del memorial recursivo enderezado a criticar lo decidido sobre la materia causídica, es de señalar que, en principio, no se justifica la intervención del Alto Cuerpo en una materia en la que por tratarse de la inteligencia de normas de derecho procesal que disciplinan el modo de imposición de las costas, resulta ajena a su instancia extraordinaria.

Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "lo atinente al cargo de las costas es por su naturaleza procesal, materia ajena al recurso extraordinario" (Fallos 293:226), siendo dicha regla susceptible de ser excepcionada en base a la doctrina de la arbitrariedad, cuya interpretación es particularmente restrictiva en la materia, doctrina que resulta de aplicación al recurso extraordinario local que está imbuido de iguales principios que el de orden federal (conf. Sent. Nº 243/97, entre muchas otras de esta Sala).

En el sublite, el análisis de los reproches vertidos no persuaden en torno a la existencia de un vicio que amerite la descalificación de lo decidido, habida cuenta que los sentenciantes han explicitado, si bien mínimamente, los motivos fundantes de su criterio para imponer las costas en el orden causado, lo que descarta la tacha de arbitrariedad invocada, al aparecer dicha solución como una derivación posible de las normas y principios que rigen la materia.

El desarrollo básico de las razones sopesadas por los camaristas no suscita la descalificación del pronunciamiento, en tanto que ". la parquedad de un pronunciamiento no importa por ello sólo falta de fundamentación." (confr. Sagüés, "Recurso extraordinario", Ed. Astrea 1992, T. 2, p. 239).

Por último, habré de expedirme respecto del reproche erigido por los letrados representantes de la entidad bancaria en relación a la materia arancelaria. En ese cometido, en forma liminar voy a sentar mi discrepancia parcial con el dictamen emitido por el Sr. Procurador General en cuanto aprecia que ".

Los letrados apoderados no han realizado por su propio derecho el anuncio del recurso extraordinario dentro del plazo de tres días prescripto por la normativa aplicable (Decreto Ley 1.407), omisión que desmerece sin más la suerte del remedio impetrado." Ello así, toda vez que respecto del Dr. Horacio A. Mansilla debe tenerse por satisfecho el recaudo formal con el desarrollo efectuado en el ítem Objeto de la presentación que obra a fs. 101 y vta., donde el profesional especifica -en lo sustancial- los motivos que vertebrarían los recursos.

Tal cuando proclama que "La omisión de regular los honorarios profesionales de los letrados que asistimos al banco demandado, traduce violación y desmedro de las garantías", de lo que puede inferirse sin hesitación que fue anunciada en interés propio la articulación de las vías extraordinarias, no obstante que en el encabezamiento de dicho escrito el profesional no explicitó que lo hacía por derecho propio, puesto que lo contrario conllevaría un injustificado rigor formal, susceptible de afectar la defensa en juicio.

Ello sentado, sin embargo la queja esbozada es inadmisible, puesto que habiendo los magistrados ceñido su juicio a posponer la determinación de la materia arancelaria para la ocasión en que se fijen los honorarios de la anterior instancia, tal decisión "per se" es insusceptible de generar un agravio real, actual y concreto a los letrados que justifique la apertura de la vía extraordinaria.

"Sabido es, dentro de la economía del recurso extraordinario, que no se lo destina para resolver consultas, ni para discutir "cuestiones abstractas", sino para impugnar decisiones que produzcan agravios atendibles.

En resumen, la inexistencia de agravios cancela la competencia de la Corte Suprema, a los fines del recurso extraordinario" (CSJN, Fallos, 259:270, cit. por Sagüés, ob. cit. T. 1, p. 496).

El recurrente, pese a la extensa argumentación desplegada sobre el tópico -errada y confusa, incluso, en aquellos párrafos en que aluden a la prescindencia del monto del proceso como base regulatoria, arbitrariedad en la regulación por falta de análisis de los extensos trabajos realizados e importancia de la cuestión, etc.- no demostraron el interés concreto lesionado con la decisión de la Cámara de diferir la cuantificación de sus emolumentos hasta que sean determinados los de la primera instancia, lo que -por su lado- evidencia que no lo fue "de manera indefinida" -en propios términos del quejoso- de modo tal que impone cercenar el derecho que le asiste a recibir una justa remuneración por la labor profesional efectuada.

Conviene rememorar que ". el perjuicio que posibilita el planteo del control del tribunal extraordinario se refiere a un interés especial o individualizado o a una lesión directa. Un agravio genérico, abstracto, impreciso no da pie al recurso extraordinario.

Son numerosos los casos en que la Corte Suprema descalificó la procedencia del recurso extraordinario, al no haber puntualizado (Fallos, 255:195; 259:357; 263:252) o no haber acreditado la parte interesada el perjuicio concreto que le ocasionó la resolución impugnada." (conf. Sagüés, ob. cit. p. 510/511, y Sent. Nº 122/98).

Por todo lo expuesto, propicio la desestimación del presente recurso.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: Atento las facultades que inviste este Tribunal en su carácter de Juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde me expida sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad del que ahora considero, con independencia del criterio sustentado por el órgano concedente.

En ese cometido, y tal como lo advierte el señor representante del Ministerio Público, constato de la lectura de los términos desarrollados en el escrito recursivo que, pese al anuncio formulado y lo consignado al Pto. 1º) del Petitorio, el recurso del epígrafe no ha sido interpuesto formalmente, por lo que debe ser declarado inadmisible, votando negativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se desestime el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 104/112 vta., contra la sentencia dictada a fs. 94/99 por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, y se declare mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

Las costas correspondientes a esta instancia, en atención al resultado que propicio y lo normado por el art. 68 del CPCC deberán imponerse a la entidad bancaria recurrente y al letrado que intervino por derecho propio. La regulación de los honorarios profesionales cabe sser diferida para la oportunidad en que se determinen los correspondientes a la anterior instancia. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RICARDO FERNANDO FRANCO, DIJO:

En punto a pronunciarme sobre la procedencia de las vías extraordinarias intentadas por la parte demandada, manifiesto mi adhesión a la solución propuesta por el Sr. Juez de primer voto respecto del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, como así con el trato deparado a los diversos aspectos que fueron materia del recurso de inconstitucionalidad, excepción hecha de la cuestión atinente a la imposición de costas en Alzada, por lo que en orden a este exclusivo tópico dejo planteada mi formal disidencia.

En cometido de desarrollar las razones que abonan mi opinión, en forma liminar he de recordar que el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación reiteradamente ha sentado que lo relativo a la imposición de costas constituye cuestión procesal, de hecho y accesoria que no da lugar, como regla, a la apelación extraordinaria, (Fallos 285:353; 286:81; 202, 213, 292).

Sin embargo dicho principio es susceptible de ser excepcionado sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, cuya interpretación es particularmente restrictiva en la materia (Fallos 296:661). Dicha doctrina resulta de aplicación al recurso extraordinario local que está imbuido de iguales principios que el estatuido en el orden federal (conf. Sent. Nº 47 del 30/3/89; Nº 256 del 23/12/91; Nº 354 del 7/12/95; Nº 78 del 6/04/98, de esta Sala).

Ello sentado, a la luz de tales directrices el examen de la queja formulada por la accionada -cuya síntesis ha efectuado adecuadamente el colega preopinante, por lo que de tal labor me eximo y en este acto adhiero-, permite constatar que se han configurado en el presente los vicios denunciados, por cuanto arribadas las sentenciantes al estadio de expedirse sobre las costas de segunda instancia, se inclinan por su condena en el orden causado, extrayéndose de la lectura del fallo que los fundamentos esbozados remiten:

a) la existencia de pronunciamientos contradictorios de distintos tribunales del país sobre la temática resuelta (competencia federal), b) que el fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia local fue con votos divididos, y c) que la cuestión fue zanjada finalmente en novedosa resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aclarando a renglón seguido la pertinencia de aplicar la línea jurisprudencial que transcriben, que sugiere la condenación en el orden causado y/o su exención en hipótesis tales como lo controvertido de la cuestión, asuntos que suscitan dudas en su interpretación, materias complejas y sin precedentes, inexistencia de jurisprudencia uniforme, cambio de criterio del Tribunal, originalidad del caso, etc.

Delineada en estos términos la fundamentación explicitada por la Alzada en apoyo de su conclusión, dable es predicar que las señoras camaristas dispusieron que las costas de esa instancia sean afrontadas en el orden causado, en rigor con base en afirmaciones meramente dogmáticas, desde que -como sin más se infiere de su simple lectura- invocan con absoluta vaguedad la existencia de " pronunciamientos contradictorios de distintos tribunales del país", sorteando la concreta referencia de dichas resoluciones; prosiguen exponiendo como causal eximente de costas que "lo decidido por el Superior Tribunal de Justicia lo fue en fallo dividido.", lo que traduce una consideración de dicho acto jurisdiccional acotada al aspecto cuantitativo de los votos emitidos por los magistrados, que -si de sostener y ser fiel a ese criterio se trata- desdeña la (numéricamente superior) postura sostenida por los ministros intervinientes, y lo que en suma es esencial, desconoce el sentido y la autoridad que dimanan del fallo emitido por el máximo Tribunal provincial, a través del voto de la mayoría de sus miembros.

Finalmente, la distribución de las costas al resguardo de fórmulas elásticas e imprecisas, volcadas en el seno de la jurisprudencia cuya observancia estiman procedente, tales como que la cuestión resuelta es controvertida y/o de dudosa interpretación y/o compleja u original, etc., no brinda satisfacción al deber de fundar y motivar adecuadamente los fallos, habida cuenta que sólo conforman aserciones de corte apodíctico, puesto que no sólo no concretan en cuál de esos supuestos se subsume el de marras, no exponen (más allá del debate dialéctico que supone un proceso y la confrontación de posiciones que por lo general se suscita en su desarrollo) dónde finca la particularidad de esta controversia, ni abonan cuál es la peculiar originalidad que reviste la temática si se para mientes que todo litigio ofrece sus propias y específicas características.

En este lineamiento de ideas, como se adelantó, esta Sala tiene establecido que si bien la materia costas es en principio insusceptible de revisión en sede extraordinaria, corresponde hacer excepción a tal principio cuando se arriba a una decisión que contiene un vicio de naturaleza tal, que lleve a la descalificación de lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 144/90; Nº 253/93, entre muchas otras) y precisamente se configura dicho vicio cuando el fallo se sustenta en una aserción dogmática, no cumpliendo los recaudos de validez exigidos por la Constitución Nacional, al no hallarse debidamente fundado, ni ser derivación razonada del derecho vigente.

Aunado a lo que antecede, la forma en que fueron impuestas las costas de segunda instancia trasunta apartamiento de las constancias de la causa, en la que la entidad demandada controvirtió el recurso de apelación deducido por el actor contra la declaración de incompetencia formulada por el a-quo, lo que a la postre fue reconocido por dicho tribunal, quien en este marco no contempla la preceptiva contenida en el art. 68 del CPCC, o a todo evento ha justificado debidamente la eximición al vencido, como lo sentara supra.

En esta parcela, conviene rememorar que esta Sala ha resuelto que el apartamiento al principio básico en materia de costas -cual es la imposición al vencido- importa una solución de excepción que, como tal, requiere una adecuada fundamentación que haga mérito de las circunstancias especiales que señala la norma (conf. Sent. Nº 142/88, entre otras), como asimismo que corresponde hacer excepción al principio que establece la irrevisibilidad en sede extraordinaria de la decisión de los jueces inferiores en el tema costas, si la Cámara, al imponerlas a una de las partes, no analizó las particularidades de la causa, las que constituyen circunstancias susceptibles de gravitar en la decisión adoptada al respecto.

Por las razones que anteceden, propicio se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada en lo atinente la imposición de costas de Alzada. ASÍ VOTO II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RICARDO FERNANDO FRANCO, DIJO:

En vista a lo señalado al tratar la primera cuestión, propongo se declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se admita el recurso de inconstitucionalidad articulado por la demandada a fs. 104/112 vta. exclusivamente respecto de la condena en costas de Alzada, establecida en la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 94/99, cuya nulidad en este aspecto debe declararse.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, lo sostenido por esta Sala a partir de la Sentencia Nº 06/80 y que el pronunciamiento no ha sido sostenido por la contraria, las costas deberán imponerse en el orden causado, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que se dicte sentencia definitiva. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

Existiendo disidencia en los votos emitidos por los Sres. Magistrados, a los efectos de ser dirimida, esta Sala se integra con el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia (art. 29 de la Ley Orgánica de Tribunales, modif. por Ley 1950), según lo dispuesto a fs. 154.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. EDUARDO OMAR MOLINA, DIJO:

Llamado a dirimir la disidencia suscitada entre los señores jueces de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, dejo anticipado que voy a compartir la solución propuesta por el Dr. Ricardo Fernando Franco.

En efecto, en concordancia con lo puntualizado en el voto al que adhiero, merece ser excepcionada en el presente la directriz según la cual es insusceptible de revisión en sede extraordinaria la materia de costas, al constatarse que la decisión de la Alzada sobre esa temática contiene vicios de entidad, que inexorablemente imponen su descalificación como acto jurisdiccional válido, en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, tales el de no ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa y sustentarse en aserciones dogmáticas.

Desde ese cuadrante, ahondando en las razones desarrolladas "supra" por el colega preopinante, liminarmente he de recordar que la obligatoriedad de fundamentar las sentencias, so pena de nulidad ".es ya "un axioma de las legislaciones", un principio general del derecho y un signo de la "racionalización" de la función jurisdiccional.

Más todavía: se la puede conceptuar casi como un presupuesto del actual Estado de derecho (Estado legalitario, sometido a la ley; ergo, la sentencia debe basarse en la ley)" (confr. Néstor Pedro Sagüés, Recurso extraordinario", Ed. Astrea 1992, t. 2, p. 233), y concomitantemente que ". a través de la fecunda doctrina de la sentencia arbitraria se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias (todas) de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN, F.21.XXIII, "Fiscal vs. Huerta Araya, Roberto", junio 12 de 1990) (cit. por Augusto M. Morello, "Actualidad del Recurso Extraordinario", Ed. Platense-Abeledo Perrot 1995, p.303).

Siendo indiscutida, pues, la obligación genérica de motivar los fallos como condición de su validez, dicho deber se acentúa -si cabe la expresión- frente a la específica materia (costas) sobre la que debían pronunciarse los magistrados de Alzada, donde a tenor de las expresas prescripciones que la rigen (contenidas en el Capítulo V del Título II de la Ley 968) campea el criterio objetivo para su imposición, que opera de fundamento del instituto, habilitándose por vía de excepción la facultad judicial de sortear la aplicación de aquella directriz ante la comprobación de puntuales hipótesis, en cuyo caso deberá el magistrado explicitar debidamente las razones que legitiman el apartamiento a la regla general, bajo pena de nulidad.

Al respecto en el plano doctrinario se señala que ". debe repararse en que el ejercicio de tal facultad ha de ser excepcional y de interpretación restringida. De otro modo se desnaturalizaría por este conducto la regla madre. De ahí el inexcusable recaudo de fundamentación que, con relación a este aspecto, debe contener la resolución judicial que encuentra mérito para exonerar al vencido.

Deber cuya omisión el legislador formula con la sanción de nulidad. (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales.", Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1985, T. II-B, p.52).

El examen de autos permite observar que al pronunciarse los magistrados por la imposición de las costas de Alzada en el orden causado, exteriorizan como primer dato motivante para esa solución la existencia de " pronunciamientos contradictorios de distintos tribunales del país", lo que -a la luz de las directivas señaladas precedentemente- no satisface la carga de brindar una adecuada fundamentación al fallo, el que a todo evento exhibe sólo una argumentación aparente, dada por aquella referencia vaga e imprecisa, que -aún más- desconoce y contraría abiertamente la contundente posición jurisprudencial trazada por la casi unanimidad de los órganos judiciales de nuestro país (asignando a la justicia federal el conocimiento exclusivo y excluyente de causas como la de marras), de amplia repercusión en todos los foros y de la que el suscripto diera cuenta en forma puntual y detallada, en ocasión de emitir el voto de la mayoría in re: "B.B.V.A. Banco Francés S.A. s/ Acción de Amparo", Expte. Nº 50.376/02, S.T.J. Chaco.

A su vez, la posterior y última acotación de los sentenciantes para justificar la distribución de las costas (esto es, que el fallo del máximo tribunal provincial fue "dividido" y que la discusión fue superada recién merced al emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de reticente aceptación por parte del a-quo) tan sólo refleja la profunda opinión de la que en contrario participan los sentenciantes respecto de la referida cuestión de competencia, que no obstante -huelga destacarlo- no aporta motivación válida a la solución impresa, a resultas de lo cual priva al fallo de ser derivación razonada y razonable de la normativa que rige la cuestión de costas -repárese, siquiera citadas en el decisorio- con sujeción a las circunstancias verificadas en autos, tampoco referidas y valoradas por los sentenciantes.

Acorde lo adelantado, compartiendo el tratamiento desarrollado por el Dr. Ricardo Fernando Franco me expido declarando procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, en lo que respecta a la imposición de costas de Alzada, cuya nulidad debe declararse. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. EDUARDO OMAR MOLINA, DIJO:

Teniendo en cuenta la conclusión que arribara al tratar la primera cuestión para definir la disidencia, adhiero a la propuesta del Dr. Ricardo Fernando Franco, haciendo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada a fs. 104/112 vta., contra la condena en costas establecida en la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, que obra a fs. 94/99, y en su mérito declarar en ese aspecto la nulidad de la misma, debiendo devolverse los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Por encontrarse ajustado a derecho, presto también específica adhesión a la propuesta del Dr. Franco respecto a la materia causídica y diferimiento de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N° 249 RESISTENCIA, marzo 25 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DECLARAR INADMISIBILE el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte demandada.

II.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada a fs. 104/112 vta., y en su mérito declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 94/99, exclusivamente en lo que respecta a la imposición de costas de Alzada.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal para que, la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62).

III.- IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el punto II.