marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLIMANO DE FOIX Maria Ester s/ Prescipción Adquisitiva Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-29

La calidad del demandado comprende tanto a quien interviene en el proceso en ejercicio de derecho propio, como a quien actúa en ejercicio de representación convencional o legal, como es el caso del Defensor de Ausentes, de los accionados.

El referido funcionario, es considerado por la ley como parte legítima y necesaria en toda contienda judicial en que estén en juego los derechos del declarado ausente. Su función es representarlo y defenderlo (art.111, inc.7 de la ley 5854).

"El criterio según el cual, la incomparecencia del ausente luego de la citación de edictos, configura un supuesto de consentimiento tácito a la actividad impulsoria del trámite, que impide al defensor oficial designado para representarlo oponer la caducidad de la instancia, apareja un cercenamiento de las atribuciones de este funcionario, en el ejercicio de defensa de su representado que no puede ser admitido.

"Toda vez que el Defensor Oficial debe encontrarse al momento de asumir la representación, en las mismas condiciones en que se encontraría el propio demandado en el caso de tener que defenderse por si mismo, está facultado para acusar la caducidad de la instancia en representación del demandado ausente.

Máxime, considerando que la citación por edictos a este ultimo, importa un mero acto de citación convocándolo a estar a derecho y su incomparecencia, tendrá como único efecto, la asunción de la representación en juicio por medio del ministerio de ausentes y no la pérdida de ninguna facultad procesal.

"El defensor oficial, al asumir la representación del ejecutado ejerce las facultades procesales que incumben a este, incluida, naturalmente la de oponer la caducidad de la instancia, ya que un criterio contrario implicaría un cercenamiento de las atribuciones de dicho funcionario en el ejercicio de la defensa de su representado que no puede ser admitido.

Por otro lado, si el planteo en cuestión es formulado contemporáneamente con la asunción del cargo conferido, no puede reputárselo tardío, ni tampoco opera a su respecto el consentimiento del procedimiento conforme lo previsto por el CPCC 316, por el hecho de la publicación de edictos y la ulterior incomparecencia del citado, habida cuenta que dicho tramite constituye la actividad ineludible para la designación del ministerio publico.

"Sólo después de tomada intervención por el Defensor Oficial puede hablarse de consentimiento de las actuaciones cumplidas con anterioridad, desde que la resolución quedó notificada al día siguiente del último edicto (art.147 del CPCC) es la que dispone el emplazamiento, que no implica un traslado de la totalidad de las actuaciones cumplidas hasta entonces.

Por tal motivo el consentimiento de las actuaciones a que alude el art.315 del CPCC sólo puede verificarse si el defensor no cuestiona actos anteriores a su designación dentro del quinto día de serle ésta comunicada.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, leyes, Derecho laboral, despido indirecto, trabajador, remuneración, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LEONTIUK, MARIO ALFREDO c/ PINCEN SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA LABORAL (EXPTE.: C.S.J.NRO. 127 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que no puede tolerarse desde el linaje constitucional el argumento del Tribunal respecto de que la demandada no adeudaba al actor los rubros salariales pretendidos desde que la certificación de servicios había sido retirada por el trabajador sin objeción alguna y en la conformidad prestada de las constancias laborales exhibidas en la audiencia de trámite.

Ello por cuanto, más allá de la vaguedad de estos indicios adoptados por el A quo para tener por acreditado nada más y nada menos que el "pago" de los haberes y rubros invocados, la certificación de servicios podría comprobar la relación laboral y la categoría en que se desempeñaba el actor o su salario, pero no la cancelación de un débito; asimismo, cabe referir que en la audiencia del artículo 51 del Código Procesal Laboral ninguna referencia se hizo a asientos o constancias concretas de las exhibidas que revelen los pagos.

Y lo decisivo en la especie es que la empleadora no acompañó los correspondientes "recibos firmados por el trabajador" que debió instrumentar a tenor de lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con lo consagrado en el artículo 144 del mismo ordenamiento legal.
Proceso penal, Pacto de San José de Costa Rica, non bis in ídem, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MONNER SANS, Ricardo s/ dcia. - archivo por cosa juzgada, Causa nro. 20.050
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-29

Sabido es que el principio prohibitivo de la doble persecución penal integra la dimensión normativa de nuestro ordenamiento jurídico federal a partir de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8º, inc. 4to.) y posee jerarquía constitucional en virtud de lo normado por el artículo 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna. Su fundamento consiste en evitar que el Estado, con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad.
Sociedad conyugal, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palavecino, Irma Esther c/ Díaz, Luis Alfredo s/ Disolución y adjudicación de sociedad conyúgal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-26

Es imprescriptible la acción de liquidación de la sociedad conyugal mientras continúe la indivisión postcomunitaria subsiguiente a la disolución de la sociedad conyugal por resultar imprescindible para proceder a su partición.
Imprescriptibilidad, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: NN s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-08-07

Las acciones de filiación tienen por finalidad obtener el título de hijo y el correlativo de padre o madre desplazando en el estado correspondiente, o a aniquilar un título de estado de hijo y sus correlativos de padre o madre desplazando a las personas que lo detentaban de un estado que no es el suyo. Ambas son declarativas de un supuesto hecho que las precede y que consiste en la existencia o inexistencia del nexo biológico de la generación. Consecuentemente con ello estas acciones son imprescriptibles e irrenunciables. La imprescriptibilidad es tanto como la permanencia e intangibilidad de la acción, sin estar sujeta a la acción en el tiempo ni a la actividad de la parte. No es susceptible, ni de interrupción ni de suspensión como lo es la prescripción. Pero imprescriptibilidad ni implica perpetuidad. La imprescriptibilidad también en algunos supuestos, tiene fin, como es el caso del hijo que impugna su filiación extramatrimonial. Esa acción es imprescriptible, pero no es perpetua, pues la acción se extingue con la vida de ese hijo en cambio la caducidad extingue inmediata, directa y definitivamente el derecho, no dejando subsistente obligación natural alguna. La caducidad en los plazos que tenga señalados, constriñe el ejercicio de la acción en términos perentorios. Puede regirse por los mismos plazos y cómputos que la prescripción pero esto es solamente en cuanto a los plazos y formas de contarlos que se pone en movimiento.

La caducidad importa la contrafigura que es la consolidación. Por esta hay la firmeza total, absoluta y perpetua de un derecho preexistente. En materia de Derecho de Familia, la mayor parte de los tratadistas actualmente aceptan que se trata de caducidad y no de prescripción. Fundamento de la Dra. Stella M. Zabala de Copes.
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, riesgo crediticio, información registral, banco central, deudor, banco de datos, aplicación de la ley, cambio de categoría, incumplimiento del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ YANI C/ BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-25

Así las cosas, indudablemente correspondía a la accionada acreditar acabadamente que su proceder fue adecuado y que la modificación en la clasificación de la situación crediticia de la accionante tenía la debida justificación legal. Máxime cuando la ley le impone un rol activo en la aportación y producción de la prueba (LDC 53).
Aportes y contribuciones previsionales, aportes previsionales, intereses, ley vigente, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: DRES MOREAU SRL s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE REVISION AFIP.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Los intereses devengados por el capital del crédito originado en deudas por aportes previsionales, debe ser calculado con sujeción a lo dispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia (ley 11683 art. 42 y ccdtes.), toda vez que, en tanto la constitucionalidad de esas normas no ha sido impugnada, su aplicación aparece imperativa, no correspondiendo reducir en sede judicial las tasas de interés establecidas en esa normativa.
Empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Mercado José Américo c/ Kellensego SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

Es la falta de registración de la relación laboral -conducta dolosa y en violación de la ley- la que genera la responsabilidad del socio gerente en los términos de los arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra el socio gerente está sujeta a los presupuestos de la teoría general responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado. Debe pues limitarse la responsabilidad solidaria a los rubros que guarden relación causal con la deficiencia registral, esto es las indemnizaciones por antigüedad omisión del preaviso e integración del mes de despido, con el incremento del art. 16 de la ley 25561 y las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24013. En cambio no hay razón para hacerlo personalmente responsable por otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no en una actuación fraudulenta del socio.

En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Concesión comercial, reserva de compra, acto ad referendum, incumplimiento del contrato, interpretación del contrato, indemnización, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: DAVID, HECTOR G. c/ CINCUENTA Y UNO CERO OCHO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Si celebrado un "convenio de reserva de subconcesión de locales comerciales", se dispuso que tal reserva era "ad referendum" de la aceptacion escrita por parte del subconcedente, y transcurrido el plazo previsto la subconcesionaria -pese a no haberse cursado aceptacion de reserva por escrito- realizo pagos anticipados de canones según lo convenido, recibiendo los correspondientes recibos, no puede luego reclamar restitucion de pagado alegando falta de aceptacion de la reserva y caducidad del acuerdo, pues de los hechos subsiguientes al convenio debe interpretarse (ccom: 218-4), que ha mediado concenso sobre la aceptacion de tal reserva. Mas, si por no haberse ajustado el contrato a lo estipulado, reclamo la devolucion de lo pagado aún cuando no hubiese demandado expresamente por resolucion del contrato cabe inferir que esa era la pretensión sustancial; correspondiendo, en consecuencia, considerar resuelto el contrato por culpa de la subconcedente, y admitir el pedido de restitución de lo abonado en razón de ese contrato, con intereses desde el traslado de la demanda hasta -en el caso- la presentacion en concurso de la deudora.
Concursos, proceso de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. N° 95.713 LONGO SONIA ALEJANDRA EN J° 39.235/61.390 "TUPUNGATO SACIFIA P/ QUIEBRA SOLICIT. P/ ACREEDOR Y AUM. N° 39.235 LONGO SONIA P/ REC. DIR. S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-16

La determinación y depuración del pasivo tiene significativa importancia en el proceso concursal, pues con la etapa de convocatoria a los acreedores se permite la integración del pasivo, individualizando a los acreedores concurrentes.

La etapa verificatoria permite declarar la calidad de un acreedor como legítimo no sólo frente al deudor sino también frente a los demás acreedores.

La ley 24.522, regula el proceso de verificación, que no se cierra con la sentencia del art. 36, pudiendo ser revisada a petición del interesado - art 37 - , constituyendo un remedio procesal cuya finalidad está enderezada a obtener un nuevo debate, asegurando el debido proceso legal, la decisión que recae en el mismo pone fin a la cuestión y produce los efectos de la cosa juzgada, salvo que se abra la vía del recurso extraordinario local.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chascón, Susana B. c/ Balsano, Oscar C. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

Si lo dispuesto por la sentencia respecto de la validez del título ejecutado no impide cuestionar en un juicio ordinario posterior el carácter de obligado causal del ejecutado, aquélla carece de carácter definitivo (arts. 278 y 551, C.P.C.).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, fellatio in ore
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ RICARDO DARIO S.D. ABUSO SEXUAL E.P. TORRES MARIA PAULINA s/ RECURSO DE APELACION LOTO ANDRES OMAR S.D ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL E.P ROCHA MICAELA MILAGROS (M). s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18|2008-04-07

La fellatio in ore no es acceso carnal, por no resultar la boca un vaso apto para la realización del coito. El hecho encuadra como bien se dijo en el Senado, en la figura del segundo párrafo del nuevo Art. 119, y concluye así de todos modos el devaneo de los jueces frente a estos hechos que tanto repugnan a la conciencia social, y por lo que se puede imponer ahora una pena más acorde a su gravedad intrínseca.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: PENAL
Carátula: P. Z. M. L. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-29

No resulta necesario que el Juez determine el número exacto de los kilómetros por hora con que circulaba, bastando al respecto la mención que la velocidad era excesiva y velocidad excesiva es aquella que se encuentra directamente ligada a la factibilidad de detener o no el vehículo ante una determinada eventualidad del tránsito, dominándolo y controlándolo eficazmente.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, monto del juicio, patentes, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARMOLES ANTON SA c/ ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-16

Corresponde confirmar la indemnización otorgada por el rubro gastos de patente. Ello por cuanto, la alegación de la compañía de seguros sobre que fue la actora quien debió haber efectuado el trámite de la baja registral evitando así el costo de las patentes, soslaya el hecho de que ha quedado establecido en autos que el incumplimiento de la aseguradora en cuanto a su obligación de pronunciarse en tiempo sobre la aceptación o rechazo del siniestro, fue lo que impidió a la actora gestionar la baja registral del vehículo, por lo cual, le corresponde obtener el reembolso del gasto de patentes canceladas.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución, reglamentación de la ley, Constitución Nacional, inviolabilidad del domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEGO ENRIQUE FIORENTINO s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Con respecto al derecho a la inviolabilidad del domicilio, las "condiciones razonables" que el legislador se encuentra autorizado a establecer para su ejercicio, deben ser consideradas con particular detenimiento y según pautas especialmente rigurosas, pues está en juego una inestimable libertad personal básica. En consecuencia, la confrontación entre dichas pautas de razonabilidad y las limitaciones impuestas por las leyes reglamentarias a la inviolabilidad del domicilio excede con mucho lo meramente procesal y constituye una cuestión federal sustancial que determina en el caso la procedencia del recurso extraordinario (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO S.D ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL; FERNANDEZ PEDRO, ACUÑA EFRAIN VALERIO, GOMEZ DIEGO EMILIANO S.D FALSEDAD IDEOLOGICA E.P ESTADO PROVINCIAL s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-13

La estafa debe contar indefectiblemente con el elemento ardidoso ya que, cuando se obtiene mediante un engaño un bien patrimonial, con el deterioro del sujeto pasivo, deterioro de orden económico, se ha usado el ardid.
Honorarios, asegurador por riesgos del trabajo, base
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEMARIA TITO FRANCISCO - QUIEBRA PEDIDA s/ QUIEBRA PEDIDA - HONORARIOS - OPORTUNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-09

En los casos de los incs. 3 y 4 del art. 288 de la ley 19551, para proceder a la regulación de honorarios de los funcionarios y profesionales que establece el art. 264 inc. 1 de dicha ley, corresponde aplicar la escala del art. 290 sobre el " activo líquido ". En ese orden de ideas, si bien la dirección prementada utiliza la expresión" activo realizado ", susceptible de inducir a confusión cualquier duda se disipa relacionando esa norma con el texto del art. 288 inc. 3, 215 in fine y 219 del estatuto concursal En efecto: la primera de esas disposiciones estatuye " in terminis " que al aprobarse cada estado de distribución provisoria o complementaria, se deben regular honorarios por el monto que corresponda a lo liquidado en ella. Con arreglo a dicha prescripción , parece claro que la escala legal del 8% al 25% instituida por el art. 290 de la ley concursal se aplica sobre la cantidad a dividir entre los acreedores concurrentes. Y es obvio que lo repartible a título de dividendo es el activo neto, esto es, el monto obtenido en la realización menos los gastos inherentes a la misma, como son las erogaciones insumidas por el remate judicial.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Espejo, Maria Josefa c/ Martin Amato y Cia. SAIC s/ Accidente Giráldez, Héctor c/ Laboratorios Bagó S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1989-12-26

Es facultad privativa de los jueces de grado la elección de pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, conforme los elementos de juicio aportados a su consideración habida cuenta que no están constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna.
Recusación sin causa, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: LAPORTA, Omar Julio c/ PANDOLFI DE COVELLI, Amelia Elena s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

Si bien el art. 14, párrafo segundo, del Código Procesal, sólo menciona al actor y al demandado como sujetos legitimados para recusar sin causa a un magistrado, esa posibilidad compete también a todos quienes revisten la calidad de partes, pues sólo a ellas está destinada la protección legal, cuya finalidad es resguardar la imparcialidad del órgano judicial.-
Contienda negativa de competencia, prescripción adquisitiva, bienes inmuebles, valuación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: ANCONETANI, ELBIO ARISTIDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Corresponde disponer que siga entendiendo en la demanda de prescripción adquisitiva el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, en virtud que según surge de las constancias de la causa, el avalúo fiscal del inmueble en juego no se compadece con la realidad, atento que el monto consignado en el mismo no contempla el valor que el inmueble podría tener en las condiciones actuales de mercado, teniendo en cuenta las particulares características. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículos 111, 112 y 72.
Proceso penal, principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Los principios de progresividad y preclusión obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BADIALLI, JUAN CARLOS s/ SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1967-10-19

Al anularse parcialmente la sentencia,se invalida no solamente la declaración de culpabilidad por los hechos anulados, sino también correlativamente la pena impuesta por ellos.

Si la resolución impuso la pena de seis años tanto por los hechos anulados como por los que han quedado firmes, por lo que esa pena queda sin efecto en su integridad, y el nuevo tribunal de juicio sustituye al que había pronunciado la sentencia anterior, con todos los poderes de este último, salvo la obligación de no alterar las declaraciones de hecho que han quedado firmes, puede, en consecuencia, aplicar la pena correspondiente a toda la conducta criminosa.-
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ DE VILLEGAS TERESA ROSARIO c/ OLEA LUIS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-07

La obligación de la aseguradora de mantener indemne a su asegurado. lo que comprende los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero , se encuentra íntimamente unida con su derecho a ejercer la dirección del proceso .

A su vez , tal derecho tiene como contrapartida la obligación del asegurado y en su caso, el conductor, de suministrar no sólo aviso de la acción iniciada en su contra (art. 115 LS) sino también suministrar toda la información y documentación necesaria , como así otorgar poder a los profesionales que indique la aseguradora ( cláusula 4ta. de las condiciones generales).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, acción de amparo, nulidad del decreto, impacto ambiental
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Debe rechazarse el recurso extraordinario si el apelante no rebatió los dos argumentos centrales del fallo, referidos a la posibilidad de interposición de acciones de amparo por parte de los habitantes cuyo medio ambiente se vea afectado por actos de autoridades públicas o privadas dictados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y a la invalidez del decreto 1609/96.