Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-19


SENT Nº 796	C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán, 19 de Agosto de 2009.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala VI del 30/10/2008 (fs. 142/145), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del (27/11/2008) (cfr. fs. 155). En esta sede, el impugnante presenta la memoria que autoriza el art. 476 CPP (fs. 161/164), mientras que el Sr. Ministro Fiscal se expide por la procedencia del recurso (cfr. fs. 166/167). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctor Antonio Gandur, doctor Alberto José Brito y doctora Claudia Beatriz Sbdar. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?	A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la resolución de la Sala VI de la Cámara Penal de fecha 30 de octubre de 2008.

2.- Entre los antecedentes de la causa, corresponde señalar que el jueves 8 de febrero de 2007, el diario El Tribuno de Tucumán publicó en su página 20, bajo el título "El material es el que figura en el proyecto" que el Sr. Delegado Comunal de Delfín Gallo, Gustavo Rolando Carrizo, manifestó expresamente que el señor Héctor Oscar Gómez era ".un vago que no quiere trabajar. Nadie le da empleo porque sabe que es un ladrón y un vago." Y agregó que "Ese chango (sic) me roba el alumbrado público y la línea del alumbrado. La comuna le da un subsidio de $200 todos los meses y no hace nada". El señor Héctor Oscar Gómez interpuso una querella por calumnias e injurias en contra del responsable de la citada declaración.

Luego de realizarse la audiencia de debate, la Cámara sostuvo que no hay prueba alguna que permita inferir que hubo una actitud injuriosa, dolosa o calumniante. Explicó que de las declaraciones del querellado surge que no hubo animus injuriandi y que estaba molesto porque el señor Gómez estaba "colgado" del cable de EDET. Que para determinar la injuria es necesario también atender las circunstancias que rodearon al hecho como conocer las intenciones del agente y, en este sentido, las palabras utilizadas se debieron a denuncias que él mismo estaba recibiendo por su gestión de Delegado Comunal y la familiaridad del trato que conlleva la relación laboral. Indicó que, si bien el delito de injuria es formal, no interesa su difusión ni el desprestigio alcanzado. Concluyó que lo expresado por el señor Carrizo no constituye un agravio de tal magnitud que pueda surgir un hecho delictuoso, que no contiene una imputación que atribuyan calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas sino sólo una desafortunada manera de dirigirse a una persona que quiere ayudar.

Por los fundamentos, arriba sintetizados, el tribunal absolvió al querellado.

3.- El querellante interpone un recurso de casación en el cual sostiene que el tribunal oral realizó una sentencia contraria a derecho. Señaló que la valoración de las declaraciones ha sido parcial. Que si bien afirmó que los testigos no aportaron nada para la resolución del caso, los mismos hacen referencia a cuestiones centrales puesto que el señor Manuel Villalba sostuvo que el señor Gómez no pudo estar colgado, que se enteró de los hechos porque salió publicado en el diario y que el señor Francisco Cejas indicó que se enteró por la prensa y que en el pueblo todos comentaban. Que, en consecuencia, el tribunal no observó el art. 40 del CPCC de aplicación supletoria en la materia.

Expresa que no hay prueba alguna que demuestre la comisión del delito que le imputó al querellado. Que el propio tribunal oral consideró respecto a esta cuestión que el representante del señor Carrizo sólo realizó una presentación irrelevante y dilatoria.

Respecto a la ausencia de animus injuriandi, la querella señaló que de la prueba presentada y la propia actitud del querellado se puede objetar la afirmación de la Cámara. Agregó que en ningún momento se retractó o disculpó de sus dichos en las diferentes oportunidades que tuvo. En este sentido, recordó que fueron falsas las declaraciones respecto a la falta de recepción de la carta documento puesto que en el debate afirmó lo contrario, que tampoco contestó la demanda que fue debidamente notificada, ni compareció a la audiencia de conciliación.

Desde otra perspectiva, indicó que los argumentos de la Cámara referidos a la familiaridad del trato autorizan a que un Delegado Comunal trate de esa manera a sus administrados, transformándose en un justificativo una situación que es agravante. Tampoco es cierto que el vecino era quien acusaba al delegado como señala erróneamente el tribunal oral. Concluyó que se produjo una situación de arbitrariedad y de absurdo que producen un quebrantamiento de las reglas que gobierna la valoración de la prueba y autorizan su revisión. Que no constituye una derivación razonada del derecho vigente y omitir pronunciarse sobre algunos aspectos integratorios de la acción procesal la sentencia no puede tener efecto alguno.

Propone doctrina legal y hace reserva de cuestión federal.

4.- Ingresando al planteo articulado por la defensa vinculado al supuesto vicio de arbitrariedad en la valoración de las pruebas y hechos del proceso en relación a la existencia de la autoría en el hecho delictivo, corresponde analizar el caso de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa", en el sentido de que el tribunal de casación "...debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable...el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular..."; y que "...lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación", cabe efectuar las siguientes precisiones.

a) En primer término, debe indicarse que como lo ha indicado esta Corte en otras oportunidades, el delito de calumnia requiere dolo del autor, es decir, que debe tener conocimiento de que está imputando una falsedad, por ello es que sólo pueda admitirse el dolo directo. La doctrina ha sido coincidente en señalar que el núcleo del delito de calumnia se encuentra en la falsa imputación de un delito. De este modo, esta figura exhibe un tipo penal que depende para su configuración del elemento subjetivo. "La esencia de la calumnia es la falsedad. La imputación es falsa cuando es mentirosa. Si el autor cree que es cierto el hecho o la responsabilidad, que no lo son, actúa sin dolo tanto si su creencia tiene fundamentos admisibles, como si no los tiene y el error excluye su dolo, no le es reprochable" (Ricardo C. Núñez, "Derecho Penal Argentino", Parte Especial T. IV, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1964, pág. 133 y 134).

La Cámara al analizar las circunstancias en las que el querellado acusó de cometer el delito de robo, indicó acertadamente que de las fotografías como de las boletas de EDET surgían indicios suficientes para que el mismo tenga motivos de realizar tal acusación. En consecuencia, no se observa en el caso el requisito de efectiva falsedad en la acusación por cuanto hay razones suficientes para que se considere al señor Gómez autor de el delito que lo acusa.

No es posible afirmar en el caso que el querellado acusó a sabiendas de que el delito que imputaba era inexistente, por el contrario, las pruebas arrimadas en el proceso dan cuenta de lo contrario. En consecuencia, no es posible sostener que se configuraron las condiciones necesarias para la configuración de delito de calumnia. En coincidencia con lo expresado, la jurisprudencia ha indicado que "Para que se tipifique la conducta ilícita del delito de calumnia es menester que se encuentre debidamente acreditado que el querellado obró con conciencia respecto a la falsedad de la atribución delictiva que hizo al querellante, es decir, que tenía conocimiento de la inexistencia de los hechos o de la inocencia del querellante" (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala penal, "Querella formulada por Olga Elena Riutort de la Sota c. Miguel Martínez García s/ Calumnias" el Dial- AA208C).

b) En relación al delito de injurias corresponde analizar, en primer término, lo caracteres necesarios para que el mismo se configure. Se ha señalado que el tipo penal requiere una conducta significativa de desmedro para las calidades estructurales de la personalidad constituida por una imputación sobre las calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas. El doctrinario Ricardo C. Núñez, señala que la injuria puede lesionar el honor subjetivo u objetivo, este último supuesto se configura cuando se produce ".una violación al derecho de una persona a exigir que no se incite a los terceros a formarse una mala opinión sobre su personalidad. Lo lesionable en este caso es el honor objetivo, el que se sustenta en el juicio que los terceros pueden tener sobre la personalidad ajena" (citado por Catucci, Silvina G. "Libertad de Prensa. Calumnias e Injurias", Ediar, Buenos Aires, 1995, pág. 177).

De las probanzas acercadas se observa que el tribunal oral ha incurrido en una valoración parcial y arbitraria de los hechos descriptos en el caso. En efecto, las expresiones vago y ladrón no pueden ser entendidas como una "simple forma de dirigirse a una persona" (fs. 144 vta.). Asimismo, los términos citados y la circunstancia de realizarse en un medio masivo de comunicación, como es el diario El Tribuno, pareciera que no fueron consideradas por la Cámara y que tienen directa relación para dilucidar la cuestión central de la litis la cual es determinar si se ha provocado una efectiva afectación a la honra del señor Gómez.

De igual modo, las testimoniales, a diferencia de lo expresado por el tribunal oral, revelan que los vecinos del querellante tomaron conocimiento de las imputaciones del Delegado Comunal y consideraron que tales imputaciones eran ofensivas al señalar tanto el señor Juan Manuel Villalba como el señor Reyes Francisco Cejas que "todos comentaban".

Las citadas falencias al momento de considerar los elementos esenciales de valoración de la prueba existente como la parcialidad para considerar los propios hechos reconocidos por las partes afectan irremediablemente el acto jurisdiccional configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y los arts. 408 inc. 2º, 413 inc. 4º y conc. del CPP (CSJT, sentencia Nº 785 del 13/8/2007).

Por lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la resolución de la Sala VI de la Cámara Penal de fecha 30 de octubre de 2008 y, en consecuencia, casar la misma en base a al siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que incurre en una valoración parcial y arbitraria de los elementos de prueba esenciales para la resolución de la causa".

Los autos serán restituidos al Tribunal de origen, a fin de que por intermedio de quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento.

5.- Atento a que la falencia proviene del órgano jurisdiccional las costas se imponen por el orden causado (arts. 550, 551 del CPPT).

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos del señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

A las cuestiones propuestas la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, sobre las mismas cuestiones, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2008 dictada por la Sala VI de la Cámara Penal en base a la doctrina legal expresada en los considerandos y dictando sustitutiva: "DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de la Sala VI de la Excma. Cámara Penal del 30 de octubre de 2008".

II.- REMITIR la causa al Tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento.

III.- COSTAS como se considera.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.