marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, expropiación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-31

La disposición contenida en el art. 41 de al Ley 4.611, respecto de la imposición de costas en el juicio de expropiación al demandado (expropiado) resulta contraria a las disposiciones de la Constitución Provincial -incluidas las cláusulas de la Nacional incorporadas por el art. 50 de aquella-, y el precepto legal del art. 11 de la misma ley 4611, reglamentario de aquellas, y por lo tanto inválida, correspondiendo por ello ser declarada inconstitucional. En disidencia: Dr. Ramón Ricardo Ruarte.
Responsabilidad solidaria, empleo no registrado, personalidad jurídica de la sociedad, retiro de la personería
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: De Fielippo Gabriela c/ Kistel S.A. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-23

El art. 54 de la ley 19550 no autoriza a allanar la personalidad de la sociedad por meros incumplimientos contractuales o ilícitos aislados: lo hace cuando la forma societaria es, en la realidad, una apariencia que oculta, bajo el manto de la necesaria licitud del objeto, una actividad ilícita. El incumplimiento de obligaciones laborales, incluso la omisión de registración o la registración defectuosa, conductas sancionadas por otras normas, no suprimen la personalidad jurídica del ente.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rocco, Lucrecia c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

Con respecto al derecho constitucional de propiedad, cabe acotar que si bien la vía de la repetición es un medio singularmente importante para asegurar los derechos de los particulares, ya que permite discutir ampliamente las normas creadoras de los tributos -con excepción de su oportunidad y conveniencia económica, que son de apreciación privativa del poder legislativo, como enseguida veremos -, así como también las formas y medios de su aplicación por la autoridad administrativa; y siendo claro que la acción proviene de la equidad, que exige que nadie se enriquezca sin derecho a expensas de otro; esto no autoriza, sin embargo, pretender que bajo su órbita nazca una violación de la Constitución donde ella no existe.
Despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: C. S. R. c/ R. S. C. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-16

La disposición contenida en el art. 245 de la L.C.T. a los fines de calcular el sueldo base para determinar la indemnización por despido, al referirse "a la mejor remuneración mensual normal y habitual", excluye la posibilidad de que a tal fin se tome en cuenta la parte proporcional del sueldo anual complementario, pues se trata de una remuneración adicional, que aunque se gana en cada momento, no se paga a fin de mes sino sólo semestralmente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Integrado Departamental s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra   (Expte CSJ Nº 756-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-29

Los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad fijan el límite del pronunciamiento de la Corte Suprema, no pudiendo considerarse por extemporáneas las cuestiones introducidas en la queja.
Accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, María Angélica c/ Villafañe, Nolberto s/ Daños y Perjuicios - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-11-15

El daño moral tiene carácter preferentemente resarcitorio, y no constituye una sanción ejemplar, ni tiene carácter punitivo. En esa línea y con particular estilo, se ha postulado que el daño moral no es un castigo, ni una sanción abstracta dirigida a la sociedad, se trata de una sanción resarcitoria, en la dos esferas de responsabilidad, sin embargo algunos autores se han pronunciado que la reparación del agravio moral responde a una finalidad de sanción ejemplar.
Derecho a la salud, planes de cobertura médica, programa federal de salud, prótesis
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Elicabe, Mercedes Fernanda c/ PROFE s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

El Programa Federal de Salud (PROFE) y, en subsidio, el Ministerio de Salud de la Nación, deben arbitrar los medios necesarios para proveer a la actora de una prótesis importada, ya que se encuentra plenamente acreditada la necesidad de ésta, y si la Unidad Ejecuto-ra PROFE adquirió una prótesis nacional, lo hizo por su cuenta y riesgo, ya que desde el inicio de las actuaciones contaba con el in-forme médico que no aconsejaba la mencionada adquisición.
Defraudación, apropiación de cosa perdida, abigeato
Materia: PENAL
Carátula: Noguera,  Aureliano  -  Olea,  Daniel  Omar  -  Rivero, Alcides Lupo s/ Hurto de Ganado Mayor y Acumulada Alcides Lupo s/ Hurto de Ganado Mayor y Acumulada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-03

No corresponde tipificar hurto de ganado mayor atento que, desde el lugar del hecho al campo del damnificado hay una distancia suficiente para tener al semoviente como fuera de la custodia del propietario, consecuentemente no se trata de una sustracción sino de una apropiación de cosa perdida -art. 175 inc. 1 del C.P.- y ello es así porque no hay desapoderamiento al propietrio que había perdido la posesión del bien al salir de su esfera de custodia.
Faltas, proceso de faltas, prueba, medios de prueba, admisibilidad de la prueba, unidad administrativa de control de faltas, revisión judicial de actos administrativos, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SUPERMERCADOS EKONO SA s/ falta de higiene y ots.  APELACION APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-22

Resulta írrito asignar al artículo 44 de la Ley Nro. 1217 la virtualidad de enervar el intento del encausado de revertir la acusación; esto es, de impedirle desplegar su actividad probatoria. De estarse al tenor de la resolución administrativa apelada vendría a convalidarse una evidente privación de justicia, toda vez que quedaría legitimada la adopción de una decisión condenatoria con prescindencia del derecho del encartado a ser oído. Todo ello, por lo demás, con grave riesgo para la seguridad jurídica, pues devendría suficiente en todos los casos el rechazo de la totalidad de las medidas propuestas por el presunto infractor para que quedara expedita la vía sancionatoria, lo que sustraería la suerte del proceso de la labor de justiprecio exigible al órgano judicial y la reduciría a la producción de un mero juicio de oportunidad o conducencia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Azar,  Musa  y  otros s/ homicidio  cuadruplemente   calificado-causa N° 84/85-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario cuya denegación la origina no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48) (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, mala praxis, deber de información, historia clínica, falsedad ideológica, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA, JUAN PEDRO c/ MONTORFANO, DUSOLINA GLADYS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

El incumplimiento del deber de información que determinó la Alzada con base en la falsedad ideológica de la historia clínica resulta una argumentación teñida de dogmatismo y desprovista de elementos objetivos que la avalen, pues si bien las copias incorporadas a la causa aparecen desprolijas y con informes y anotaciones del galeno demandado en hojas sin membrete, apareciendo todo ello de un mismo tenor escritural, estas circunstancias no determinan sin más que haya falseado datos; en especial los referidos a la información efectuada al paciente en torno a las posibilidades de tratamientos y a los riesgos de la cirugía, pues, por un lado, el mismo actor en la demanda aludió a ello y, por otro, no hay prueba alguna que respalde la aseveración de existencia de la falsedad imputada, en el caso ideológica.
Recurso extraordinario, jubilación de magistrados, Poder Judicial Provincial, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cima, Juan del Cármen s/ acción  de  inconstitucionalidad  leues  3359 y 3369, modif. art. 81,  3er. párrafo ley 3100.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del primer y tercer párrafo del art.

81 de la ley 3100 del Chaco -texto según layes 3359 y 3369en cuanto extiende sus efectos a los jubilados que, reingresados a la función pública bajo la vigencia de las leyes 2222 o 3100, se encontraren prestando servicios a la fecha de publicación de aquélla, pues no media resolución contraria en los términos del art. 14, inc. 2. de la ley 48.
Unificación de penas, competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PALACIOS CARLOS AMADEO s/ UNIFICACION DE PENAS-CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-30

La interpretación del art. 58 C.P. en su 1° parrafo indica que el mismo contempla dos situaciones jurídicas procesales diferentes, estableciendo en cada una de ellas cual será el órgano jurisdiccional competente para fijar la pena única. El primer supuesto que establece la norma es que 'las reglas precedentes (hace referencia a las pautas de los arts. 55, 56, 57 CP), se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que este cumpliendo pena por otro hecho distinto...'. El precepto establece en esta parte un momento procesal para fijar la pena única y ese es el del 'juzgamiento' de una persona que esta cumpliendo condena anterior por otros hechos. Corresponderá, por lo tanto, que el tribunal que lo juzgue de oficio, en caso de que cuente con los elementos suficientes -los que deberá recabar previamente- efectúe la unificación en la oportunidad de dictar 'su' sentencia o antes de que esta quede firme. Si así no lo hiciere el tribunal habrá infringido las reglas de los arts, 55 a 58 del c. Penal. El incumplimiento de fijar la pena única en la oportunidad señalada, trae aparejada la perdida de la competencia para hacerlo posteriormente ya que la misma ceso al quedar firme la sentencia. El segundo supuesto del texto legal que se analiza contempla el caso de que respecto a una misma persona se hubieren dictado dos o mas sentencias condenatorias que se encuentren firmes sin la consiguiente unificación. Corresponderá -dice el art.-Al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras. Ello es así en razón de que si el último tribunal que condenó no unifico y su resolución quedo firme, por las razones expuestas anteriormente perdió competencia para hacerlo. Pero es de señalar que la ley establece una condición para que el órgano que aplicó la pena mayor pueda unificar: la instancia de parte. Así también lo ha interpretado autorizada doctrina:'...El juez de la pena mayor no puede unificar las penas de oficio, porque la correspondiente causa no esta abierta para aquel. El ejercicio de su jurisdicción depende del pedido de parte interesada en esa unificación. Este pedido es un nuevo hecho atributivo de jurisdicción para un magistrado que carecía de ella, a causa de haber sentenciado ya en el proceso respectivo...'.
Materia: PENAL
Carátula: GALVEZ FEDERICO S.D AMENAZAS Y LESIONES LEVES E.P NIEVA FERNANDO GABRIEL. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-17

Cuando el sobreseimiento peticionado por la defensa no se funda en una causa extintiva de la acción penal sino en que el imputado no cometió delito alguno, sin reparar que para esta causal como para las demás que preceptúa el Art. 290 del código de rito, solo puede instar el sobreseimiento en la oportunidad que señala el Art. 244 inc. 2 del mismo cuerpo legal, o sea mediante oposición formal a la elevación de la causa a juicio, tal pedido es prematuro, por cuanto no ha llegado el momento procesal oportuno.

Cabe destacar que por ser una atribución que se confiere excepcionalmente al Juez de Instrucción, de ninguna manera puede ampliar las posibilidades de sobreseimiento y la oportunidad de su dictado por éste, se extiende hasta la etapa denominada crítica.
Administración Pública, recursos administrativos, plazo, recurso de reposición (procesal), presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede prosperar el planteo de extemporaneidad de la Administración, por cuanto lo que ésta entendió como presentado extemporáneamente ni siquiera fue la pieza de interposición del recurso de revocatoria, sino el escrito de fundamentación de éste, realizado en pieza separada y ante un pedido -concedido- de ampliación de plazo para fundamentar, lo que no impedía a la Administración resolver la revocatoria que fue planteada en término, ello más allá de su procedencia sustancial.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, extinción del contrato de trabajo, daño moral, empleo registrado, empleo no registrado
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ñancañanca, María e los Angeles c/ Centro de Instrucción Profesional S.R.L. y-o Leading TrainingCoorporation S.R.L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

Aun cuando se pretenda extender la reparación del daño moral a cualquier supuesto de extinción de la relación laboral, a mayor abundamiento es de señalar que en materia previsional la ley 24.241 impone la obligación de denunciar el incumplimiento de las obligaciones legales también al trabajador, y el artículo 13, inciso a), apartado 3 de ese ordenamiento no efectúa distingo alguno entre empleados registrados y no registrados.
Derecho tributario, interpretación de normas impositivas, doctrina de los actos propios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU c/ INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCION SOCIAL s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-09-25

Es incorrecto dar a las normas impositivas interpretación con el alcance más restringido que su texto admita, debiendo serlo en forma tal que se cumpla el propósito de la ley.

Al variar la causa o el presupuesto del gravamen, muy sustancialmente, es inadmisible computar el pago anterior como una manifestación de aquiescencia o acatamiento del que ahora se reclama, de acuerdo con el principio de la buena fe, que domina la problemática del "venire contra proprium factum", al que también debe sujetarse el apremiante.

Basta que un ente estatal desarrolle actividades de tipo comercial para que constituya sujeto imposible (de la tasa de inspección sanitaria, profilaxis y seguridad regulada por el Código Tributario Municipal), cualquiera sea la forma en que el estado actúe por su intermedio.
Acción de amparo, facultades del juez, sanciones conminatorias, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad del Estado, gravamen actual, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arrúa Juana y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 último párrafo del Código Contencioso Administrativo y Tributario, cuando las sanciones previstas en esa norma se hagan efectivas en la persona de un funcionario puede existir responsabilidad subsidiaria de la Ciudad. Sin embargo, ésta sólo nace "...ejecutado que sea (el funcionario) y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago". Estos presupuestos se encuentran ausentes en el caso -al menos en el actual estado de la causa-, razón por la cual no existe un agravio actual que justifique la concesión del recurso de apelación.
Aplicación de la ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Jorge Alberto c/ Catamarca Rioja Refrescos s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-08

Resulta correcto el procedimiento aplicado por el A quo a fin de regular los honorarios profesionales del Perito Contador designado en autos.

En efecto, el Juez aplica la Resolución Nº593/91 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, haciéndolo en forma correcta, ya que atribuye el monto fijo de Pesos Mil Trescientos Ochenta y Seis de acuerdo a dicha Resolución y a ello le adiciona el porcentaje del diez-10%-por ciento calculado sobre el excedente del monto mínimo que fija la escala respectiva en relación a los montos del proceso, habiéndose por otra parte efectuado correctamente las operaciones numéricas.

En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la apelación en este punto y confirmar el decisorio recurrido.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: A. D. T. D. E. c/ L., H. E. y/u otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03

El hecho de que el rodado que no goce de la preferencia de paso se encuentre un poco más adelantado en el cruce de la bocacalle, no justifica el apartamiento del mandato legal, según el cual el conductor que se aproxima a una encrucijada está obligado, en todos los casos, a reducir sensiblemente la velocidad y ceder en forma espontánea el paso a los vehículos que se presenten por una vía pública situada a su derecha.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa, Osvaldo Gabino c/ Sosa Bayer, Franz Edgardo s/ Recurso de inconstitucionalidad. Rendición de cuentas. Regulación de  Honorarios (EXPTE CSJ Nº 418-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-17

Sentado que debe hacerse excepción a la regla que priva de naturaleza constitucional a las cuestiones referidas a la interpretación de normas rituales cuando de la misma pueda derivarse una frustración a la garantía de defensa en juicio por falta de acceso a una revisión judicial suficiente y adecuada, en el caso, el agravio definitivo proviene de la frustración del acceso del apelante a la segunda instancia, que si bien no es requerida por la Constitución, integra la garantía de defensa cuando la ley la ha instituido.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia c/ Victor Carmona s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-21

La excepción de inhabilidad de título que deduce el apelante enfocando su planteo en torno a que los firmantes del certificado de saldo de cuenta corriente bancaria no pertenecen al área contable ni subrogan al Contador de la institución bancaria, resulta improcedente. Pues es dable destacar que al requerir el art.793 del Código de Comercio la firma de un contador, no se refiere al título de éste sino a la función que desempeña en el Banco; infiriéndose que la importancia radica en el ejercicio regularizado de las funciones de gerente y contador de la institución por quienes son los reemplazantes naturales dentro de la organización jerárquica del banco, por ende el título firmado por tales funcionarios contiene fuerza ejecutiva.
Empleados públicos, contrato de trabajo, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Enrique KACZATOWSKA c/ FABRICA MILITAR DE ACIDO SULFURICO s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CONTRATO DE TRABAJO -  EMPLEADOS  PUBLICOS  -  ENTIDAD  AUTARQUICA  -  EMPRESA   DEL  ESTADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que -al rechazar la indemnización reclamada con fundamento en el art. 212 de la ley de contrato de trabajo- consideró que el Personal civil de la Dirección de Fabricantes Militares no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha ley según lo dispuesto por el art. 2, segundo párrafo, por tratarse de agentes de la Administración Pública Nacional regidos por un estatuto especial que no han sido expresamente incluidos en las disposiciones de la ley o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. Ello es así pues la argumentación del recurrente carece de sustento porque parte de la afirmación dogmática de que la demandada es una empresa del Estado sin hacerse cargo de las razones expresadas por el a quo con base en las normas que la rigen y que expresamente la tipifican como entidad autárquica del Estado Nacional.
Recurso de casación, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Añasco, Omar Obdulio; Añasco, Edith Noemí; Añasco, Nélida Mercedes s/ Homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Que el art. 4 inc. 3 de la ley 12059, modificado por el artículo 2 de la ley 12161, al disponer la sujeción de las causas pendientes a las normas del nuevo Código Procesal Penal relativas al recurso de casación ha consagrado un mayor amplitud recursiva, consistente en que se le abre a las partes la posibilidad de interponer -conforme al nuevo ordenamiento- el recurso extraordinario de casación, con la seguridad de que, en caso de no hacerlo deberá esta Suprema Corte resolver el recurso interpuesto y concedido por ante ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Quiebra, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VIDELA DORNA, CARLOS s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR COOPERATIVA FARO LTDA. S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-09

El incumplimiento de una obligación, aunque sea el hecho revelador más típico de la impotencia patrimonial, no significa cesación de pagos. Si el incumplimiento es un hecho y la cesación de pagos un estado, aquél sólo puede ser considerado síntoma revelador de esa situación económica en tanto esta vinculado con la imposibilidad de afrontar el pago, y el vincularlo es una cuestión de hecho, para lo cual el tribunal debe tener en consideración todos los elementos del caso.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Napolitano, Claudio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que pretende la aplicación de los arts. 43 y 44 en relación al art.

166 inc. 2 del Código Penal pero no se ocupa de desvirtuar la apreciación de las declaraciones testimoniales de las víctimas por medio de las cuales declaró consumado el hecho, ni citar a su respecto la violación de norma procesal alguna (art. 355, C.P.P. y su doct.).
Competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: "Solovera  Silvia  Beatriz  Gerarda y otro c/ PEN Ley 25.561 Dtos.1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-13

La facultad de dirimir las contiendas de competencia que corresponde a la Cámara del juez que previno, según lo establecido en el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, no incluye la excepcional atribución de que goza la C.S.J.N. -como órgano supremo de la magistratura- de declarar la competencia de un tercer magistrado que no intervino en el conflicto (Fallos: 289:56 y 310:1555).