marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, allanamiento, escrituración
Materia: PROCESAL
Carátula: TOBIO JULIO ARGENTINO c/ TORTORELLI SERGIO EDUARDO Y OTROS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-08

Tratándose la escrituración de una prestación que implica una serie de obligaciones recíprocas, mal puede considerarse culpable la conducta de los herederos de la vendedora, al dejar transcurrir el tiempo cuando idéntica actitud asumió la compradora, quien nunca efectuó reclamo alguno a salvo la demanda sobre escrituración, a la que se allanó dicha codemandada, en forma más que inmediata. Por tanto, respecto de ella se encuentran reunidos los recaudos del art.

70, inc. 1, del Código Procesal, pues el reconocimiento no sólo fue oportuno e incondicionado, sino que tampoco medió mora o conducta culpable que justificara la reclamación.
Acción de amparo, poderes del Estado, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara del Trabajo s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-24

La nueva Constitución Provincial incorpora en la distribución del poder del Estado al conjunto de municipios como una función más, otorgándole una categoría institucional equivalente a las que detentan las Funciones consagradas tradicionalmente (art. 4 y 154 y sgtes. de la C.P.), lo que lleva a la convicción de que la norma del art. 380 del C.P.C., en cuanto a la competencia del Tribunal Superior, debe interpretarse desde este plano constitucional como comprensiva de los actos que emanen de cualquier Función del Estado, incluida la Función Municipal. Lo dicho resulta determinante para que el caso de autos devenga de competencia exclusiva del Tribunal Superior por tratarse el presente Amparo de un cuestionamiento a un acto de una Función del Estado, la Función Municipal, equiparada a la Función Legislativa y Ejecutiva.
Daños y perjuicios, indemnización, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ OSCAR EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA FEDERAL s/ accidente en el ámbito militar y f.seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

El daño psíquico no constituye un rubro autónomo, sino que debe ser contemplado al evaluarse los daños físico y moral.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Quiebra, síndico del concurso, falta de legitimación para obrar, bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAUMWOHLSPINER DE PILEVSKI, NELIDA s/ QUIEBRA. (EL DIAL.COM)*.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

1- La legitimación del síndico no se extiende a la actuación respecto de bienes que, como en el caso, no han sido objeto de desapoderamiento por encontrarse excluidos por leyes especiales (art. 108, inc. 7° de la ley 24522), dado que la inscripción del inmueble como bien de familia es anterior al periodo de retroacción establecido por el art. 116 de la ley de concursos.

2- Lo resuelto por el a quo traduce un nítido apartamiento de lo dispuesto en el art. 38 de la ley 14394 en cuanto declara la oponibilidad del bien de familia aún en caso de concurso o quiebra, ya que la tutela legal, de base constitucional, solo cede frente a los acreedores con derecho a obtener la desafectación. Siendo disponible el derecho que les atribuye la ley 14394 para agredir el inmueble inscripto como bien de familia, carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia u omisión en la que no se encuentra comprometido el orden público.

3- El ejercicio de las acciones individuales que competen a tales acreedores por el sindico, autorizada por la Cámara fuera del marco fijado por la ley de concursos y sin base normativa para subrogarse en los derechos de terceros, contraviene la solución legal y la torna inoperante, al privar de todo efecto a la expresa subsistencia del beneficio frente a la ejecución universal.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, prueba, relación de causalidad, automotores, conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Lazzari de Milanesi, Nora c/ Messulam, Miguel Angel y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ No.   629-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

En los supuestos de accidentes derivados de la circulación automotríz, al analizarse el hecho de la víctima para apreciar si reviste las características requeridas para romper el nexo causal entre la cosa riesgosa y el daño, no es incorrecto analizar la conducta del otro partícipe del accidente. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Habilitación de feria, aportes previsionales, derecho de propiedad, régimen de capitalización, cuenta de capitalización individual, Sistema único de la seguridad social, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CANTON, ELSIDA BEATRIZ Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTRIO DE TRABAJO Y OTRO s/ AMPARO Y SUMARÍSIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-15

La competencia de los tribunales de feria está circunscripta a la atención de aquellas cuestiones que sólo son sesceptibles de ser resueltas útilmente en la época de receso judicial por entrañar un peligro inminente de daño a un derecho en ese lapso.

En este caso, tal ineludible requisito de admisibilidad del pedido de habilitación de feria lo funda el peticionario en la presunta violación al derecho de propiedad sobre sus aportes previsionales a raíz del dictado de la ley 26.425 que transfirió dichos fondos a la Anses; en tal sentido, la presunta propiedad de los fondos depositados en su cuenta de capitalización individual -sustento de la acción de fondo, de la cautelar y de la habilitación de feria judicial- no alcanza todavía, en esta temprana etapa de la litis, para tipificar algún daño o la presunta frustración de un potencial derecho sbjetivo privado sobre los aportes obligatorios que efectuó al Sistema Único de Seguridad Social (Ley 24.241, arts. 10, 11, 39, 40, 43 y sigs.), por lo cual no corresponde acoger el pedido de habilitación.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diez, Alfredo c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Los servicios prestados por un agente municipal con anterioridad a la vigencia del régimen del Instituto de Previsión Social de la Provincia, si bien son susceptibles de reconocimiento mediante la formulación de cargo, no se computan para integrar el mínimo de diez años indispensables para individualizar la Caja otorgante.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ugarte, Jorge Roberto c/ Municipalidad de Berisso s/ Indemnización Incapacidad art.212 LCT-Cuestión de competencia art.6  CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Es de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte el conocimiento y decisión de la causa en virtud de la cual el actor procura el cobro de una indemnización en los términos de los artículos 212 y 215 de la LCT en razón de la incapacidad que sufrió en oportunidad de prestar servicios en la Municipalidad demandada y a causa de la cual se le concedió la jubilación por incapacidad regulada por el decreto ley 9650. Ello así, pues sin perjuicio de la invocación de normas laborales la relación de empleo público surge notoria por la circunstancia de haber generado un beneficio previsional comprendido en el régimen jubilatorio propio de los agentes estatales (arts. 149 inc.3 Const. Prov., 1 y 28 CPCA).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, cobrador fiscal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MONTE ARAT S.A. y otro c/ GRANDES PINTURERIAS DEL CENTRO S.A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-23

Cuando se trata de un recurso interpuesto por el Representante del Fisco, la perención es improcedente, ya que, por su particular situación en el proceso, no tiene conocimiento de su marcha hasta que el juzgado ordene el pase de las actuaciones a sus efectos, por lo que su situación no puede asimilarse a la de los otros litigantes.
Modificación de la cosa juzgada, producción de la prueba, presunción de contrato de trabajo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Laura c/ Bugallo, José Osvaldo y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

El reagravamiento del art. 8 de la ley 24.013 fue reducido en origen haciendo uso de las facultades del art. 16 del mismo cuerpo legal y que se encuentra cuestionado por la actora y la accionada. El Juez de grado consideró que en el vínculo que unió a las partes existió una ambigüedad objetiva de la relación. Lo cierto es que las pruebas producidas en la causa dan cuenta de la existencia de un contrato de trabajo, con lo cual la presunción del art. 23 LCT se encuentra configurada. La accionada pretende ser exonerada de la acreencia, lo cual de ninguna manera se ajusta a lo preceptuado concretamente por el art. 16 de la ley 24.013 que solo establece una reducción, más no su exoneración (cfr. art. 116 de la LO). Lo cierto es que de ninguna manera puede justificarse haber tenido a la actora al margen de toda protección laboral por algo más de veinte años, en tanto con tal ardid lo cierto es que se privó a la trabajadora de todo el aparato protectorio que necesariamente brinda la legislación laboral a todos los trabajadores dependientes, burlándose de este modo no solo al sistema previsional, sino también a los entes recaudadores del Estado. Para la aplicación a un caso concreto de las prerrogativas concedidas por el art. 16 de la ley 24.013, la judicatura debe proceder con suma prudencia, toda vez que estamos en presencia de una excepción al principio general que se desprende de la Ley Nacional de Empleo en cuanto determina que los incumplimientos registrales deben ser sancionados. Por lo que, para que tenga lugar la reducción allí mencionada, debe existir -en definitiva- una "duda razonable" en el empleador respecto de la naturaleza jurídica de la relación contractual, lo cual no sucedió. El objetivo de la ley 24.013 es promover la regularización de las relaciones laborales, y es por ello que, al disponer de las indemnizaciones agravadas, el legislador tuvo como objetivo no solo proteger un determinado bien jurídico, sino desalentar eventuales conductas evasivas del empleador. Por lo cual se deja sin efecto la morigeración del art. 8 de la ley 24.013 dispuesta en grado como así también la eximición al pago del reagravamiento del art. 15 de ese mismo cuerpo legal. Cabe modificar la sentencia de primera instancia.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acevedo de Guzman, Gladys c/ Baez, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

"Conforme al art. 1103 del Cód. Civil "el hecho principal" no es el mero hecho del accidente sino también las circunstancias que lo rodearon".
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Millán, Ricardo Martín c/ Vaccaro, Gustavo Pablo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

No cabe confundir -como lo hace el apelante- "valores actuales", con "actualización", "reajuste" o "indexación", ya que estos últimos, suponen una alteración matemática, en cambio la primera expresión sólo traduce la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vallejos Miguel Angel c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-12

De los considerandos del Decreto 2354/04 no se verifica que no haya sido la medida dispuesta un mero acto de voluntad. No se advierten seriamente las razones de hecho, de derecho y la finalidad que justifiquen y legitimen la decisión tomada, la que adolece de la necesaria y natural motivación que deben contener, como requisito indispensable, todos los actos administrativos, más aún cuando son de carácter discrecional. A falta de ella, el acto administrativo aparece como un acto caprichoso, arbitrario e inválido. La motivación, que hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión adoptada, lo que la torna imprescindible y no se satisface con arbitrarias expresiones tales como "por razones de mejor servicio", "por ser conveniente y necesario a los superiores intereses del Estado", etc., siendo indispensable en cada caso explicar claramente cuáles son los hechos concretos, además de las normas aplicadas que llevan a la administración a decidir como lo hace, demostrando la relación existente entre tales hechos y la disposición dictada, lo cual dará fundamento para sostener la legitimidad de la misma y será, a la vez, el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad; mientras mayor sea la potestad atribuida a una autoridad, mayor debe ser el celo de ésta por demostrar que en el ejercicio de su poder legal, obró correctamente y que el acto emitido se adecua a los respectivos antecedentes de hecho y de derecho (Cfr. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T. II, págs. 328, Abeledo Perrot, Bs. As., 1966).
Ejecución de sentencia, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BERTORELLO KELVIN A. c/ PIAZZA JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-24

La ejecución de sentencia debe promoverse a instancia de parte. Y ésta en general, es la parte vencedora, en calidad de titular del derecho reconocido por la sentencia, o en su caso, quien se encuentre en condiciones de subrogarse a aquélla en los términos del art. 1196 del Código Civil. El vencido sólo excepcionalmente puede hallarse provisto de legitimación para interponer la pretensión ejecutiva que emerge de la sentencia, cuando, por ejemplo, la condena se halla supeditada al cumplimiento de una prestación por parte del vencedor.
Juicio, tasa de justicia, interpretación restrictiva, recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, multa, transporte de carga, administración de vialidad provincial
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTE MAXI Y MAIDANA, NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE REVOCATORIA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 280-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-23

La obligación que impone el Código Fiscal en su Título Cuarto "Tasas Retributivas de Servicios", artículos 218, 221, 222, 223 y 35 y 36 de la Ley Impositiva, cede sólo en los casos en que el propio Código así lo dispone -artículos 228 y 229- exención que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo por tratarse de excepción a las reglas generales y de estricta competencia local.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, prenda con registro, inhabilidad de título, pagaré, acción cambiaria, endoso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: AMOBLAR S.R.L. c/ LAGUZZI, CRISTIAN ARIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

Corresponde rechazar la queja desde que las cuestiones debatidas en el presente son sustancialmente análogas a las resueltas por este Tribunal en los autos "QÜESTA, Enrique Eusebio contra SAVINO, Jorge Omar y otro -Juicio Ejecutivo-", de fecha 20.05.2009, en orden a la naturaleza del pagaré prendario y el carácter opinable de la solución a que se arribó, a cuyos fundamentos corresponde remitir "mutatis mutandi".

En el caso, el actor recurre la decisión que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución entendiendo que la Sala invoca erróneamente la normativa vinculada con la constitución de prenda con registro (art. 10, decreto reglamentario 10574/46, decreto ley 15348/46 y decreto 897/95) cuando lo que correspondía aplicar era el decreto ley 5965/63 de letras de cambio y pagarés y que se viola el artículo 19 de la Constitución nacional al negarle ejecutabilidad a los instrumentos referenciados, ya que los mismos eran endosables y así se transmitieron, con lo que se le privó ilegítimamente del derecho de acceder a la titularidad de un crédito como endosatario de un título valor sin disposición legal que lo prohíba o limite.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: BUENOS  AIRES SPORTS SA c/ CENCOSUD SA s/ SUMARISIMO S/ INCIDENTEDE APELACION ART. 250 CPR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La prohibición de innovar es una medida precautoria que tiene por objeto impedir durante la tramitación del juicio la modificación del estado de hecho o de derecho existente al momento de su promoción a fin de no desvirtuar la eficacia del pronunciamiento a dictarse (artículo 230, Código Procesal); es decir, que -siempre que se aprecie verosímil anticipa la tutela del derecho invocado, garantizándose su goce futuro y eventual para el caso de dictarse sentencia favorable con carácter definitivo (Pode ti, "Tratado de las Medidas Precautorias", pág. 287 y ss.; Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.", 1969, T. II, pág. 401; Fasi-Yañez, "Código Procesal." T. II, pág 188 y doc y jurispr. allí cit.). En el caso no existe controversia en cuanto a que las partes suscribieron un contrato de concesión y que la recurrente expresó su voluntad de dar por finiquitado el nexo contractual. De modo que, en este escenario queda sensiblemente desdibujada la procedencia de una medida que tiene por finalidad impedir una modificación de una situación que, en la especie, ya ocurrió. Corresponde rechazar una prohibición de innovar tendiente a mantener la vigencia de un contrato contra la voluntad de su contraria (desconociendo su capacidad de declararlo rescindido), a quien se le impone -por vía cautelar- su cumplimiento compulsivo, admitiendo una suerte de ejecución de condena anticipada y erigiendo a la precautoria en un fin en sí misma, en desmedro del pronunciamiento a dictarse en su oportunidad sobre el fondo de la cuestión.(CNCom, Sala E, 23.6.00, "Peñaflor SA c/ The Coca Cola Company y otro s/ medida precautoria". En similar sentido, CNCom, Sala D, 9.2.79, "Pellinaci, Manuel A. c/ Transportes Automotores Riachuelo SA", LL 1981-A-558, 35746-S; Sala A, 7.10.80, "Manufactura de Tabacos Imparciales SA c/ Lorillard a Division of Loew's Theaters Inc. y otra", ED 91-805; íd., 30.3.88, "Maggio, Adolfo c/Refresco del Norte SA", LL 1989-A-196).
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. de Exportaciones Sudamericanas -S.A.D.E.S.A.- c/ D.G.I. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

La motivación es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos y antecedentes que le sirven de causa y el derecho aplicable (conf. art. 7º, incs. e y b de la ley 19.549) y se trata de una exigencia que, por imperio legal, es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, presupuesto ineludible del estado de derecho.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MANGINI, CARLOS PEDRO c/ SUD AMERICA CIA DE SEGUROS DE VIDA Y PATRIMONIALES s/ SALARIO, PREAVISO, VACACIONES, ETC.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 88-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-12

Se halla suficientemente motivado el fallo que se autoabastece en motivación congruente, lógica, sin omisión de ninguna de las cuestiones litigiosas esenciales y conducentes para la solución de la litis.
Incidentes, suspensión del proceso judicial, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: Dantas c/ Ojeda s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-09

Cabe decretar la suspensión de un proceso de división de condominio, de conformidad con el art. 176 del Código Procesal cuando el demandado en dicho proceso ha promovido incidente por gastos de reparaciones, si resulta verosímil que le asiste el derecho de reclamar a la actora la suma por lo desembolsado y en caso de resultar comprador en la subasta pública, de compensar el referido importe.
Servidumbre de electroducto, servidumbres administrativas, derechos reales, dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alustiza, Daniel c/ Empresa Jujeña de Energía s/ Recurso de Inconstitucionalidad Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-06-04

La servidumbre administrativa de electroducto, en consecuencia, constituye una limitación al dominio de la propiedad privada por cuanto afecta a la exclusividad, que es uno de los rasgos típicos del derecho de propiedad o dominio.
Intervención del municipio, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres de Torre, Nilda del Valle y otro s/ Amparo- acción de no innovar innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-03-12

Los actos de intervención a las Provincias son políticos y por ello si bien revisten forma y contenido jurídico, su naturaleza es eminentemente discrecional por ser políticos.

En el sistema constitucional la intervención de los municipios es extraña a la Función Judicial al estar atribuida a la Legislatura Provincial (Const. Prov., arts. 102 inc. 18 y 159). De darse los supuestos que autorizaren ese instituto durante el período de receso parlamentario, al Gobernador por sí o el Presidente del Cuerpo Legislativo a solicitud de la tercera parte de sus miembros, convocarán a sesiones extraordinarias para tratar esa cuestión comunal.

No es este Tribunal Superior de Justicia el que debe resguardar la competencia de la Función Legislativa sino ella misma mediante el oportuno tratamiento de la cuestión comunal en debate.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Calabrasa, Edgardo c/ Templar S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos (Expte. CSJ Nº 231-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-03

No resulta idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, desde que queda comprendida dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho, pruebas y derecho común el reproche del recurrente relativo a que el A quo ha eludido esclarecer la verdad objetiva al haber considerado a la remuneración del actor como quincenal y no mensual como pretendiera la demandada, toda vez que no se advierte que en dicha labor se hubiese incurrido en arbitrariedad, desde que se proporcionaron los motivos por los cuales habiendo estado el tipo de retribución controvertido desde el inicio del pleito, incumbía a las partes demostrar sus afirmaciones; así, mientras los comprobantes aportados por la actora, mencionaban el abono por quincena, "lo aseverado por el representante de la demandada, sobre que el abono era mensual debió ser justificado mediante recaudos laborales que así lo permitieran apreciar, mas ninguna probanza produjo en tal sentido, incluso la pericia contable, en contrario de lo expresado, no fue ofrecida por su parte; tampoco estaba obligada la actora a acompañar otros comprobantes de pago, pues la demostración del abono distinto correspondía a la empleadora frente a lo justificado prima facie por el actor".