Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-27


AUTOS N° 19.869 (25.044 8° CIVIL) caratulados "PEÑA, Miguel Prescripción Adquisitiva Sumario" L. DE S. T° 103, F° 76/82 En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.869 (25.044 8° CIVIL) caratulados "PEÑA, MIGUEL PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA SUMARIO", dictada en fecha siete del mes de octubre del año dos mil ocho, obrante a fs. 129-132, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. La acción de prescripción adquisitiva promovida por el Sr. Miguel Peña respecto el inmueble ubicado en el Departamento de Pocito, sobre calle 11 y Ruta Nacional N° 40, cuyos datos de dominio, medidas y superficie da cuenta el fallo impugnado, fue rechazada por insuficiencia de prueba que acreditara el plazo de posesión durante veinte años.

Hago remisión a la relación de la causa que ha hecho con toda prolijidad el juez de primera instancia. Consta en el expediente la citación a los titulares de dominio por medio de edictos pues sus domicilios eran desconocidos. Uno solo de los condóminos compareció a juicio. Por tal motivo se dio intervención necesaria a la Defensora Oficial Dra. María Amalia Sosa de Carelli quien integró la litis y continuó participando en el proceso.

2. Agravios de la parte actora:

2.1. Comienza denunciando falta de valoración de la prueba documental consistente en el plano de mensura acompañado a la demanda.

2.2. Sostiene que luego de todas las tramitaciones oficios y citaciones puede corroborarse la veracidad de lo expresado en la demanda.

2.3. Que hubo un reconocimiento expreso de una de las titulares de dominio, Sra. Eugenia Clementina Begué, quien manifestó que su padre, señor Juan Domingo Begué y el Sr. Pedro Guillemain (vendedor por boleto de compraventa) en alguna oportunidad fueron sus dueños, quien declaró: "no desconozco el hecho de que el actor poseyendo como único dueño, el inmueble desde el año 1973". A lo que el juez se limitó a referir en forma parcial lo manifestado por la copropietaria del inmueble: "Tomando intervención una de las titulares registrables, señora Eugenia Clementina Begué de Ranea, quien expresó desinterés por el inmueble objeto de la litis".

2.4. Los impuestos y cargas de dominio las viene abonando el actor desde la época de la compraventa del inmueble, por tal motivo el desinterés de los titulares de dominio.

2.5. El juez se ha extralimitado en su función al impedir la inspección ocular por considerarla extemporánea.

2.6. Que la prueba testimonial ha sido mal valorada. Estima como un error que en la sentencia se haya dicho que el actor en su escrito de demanda se ciñó a señalar como único acto de cultivo la plantación de cañaverales. Que resulta inconcebible que no se tuviera en cuenta al apreciar la prueba, que el inmueble carece de agua de regadío, por tanto es imposible realizar cultivos. Lo único que puede comercializar una vez al año son los carrizos, aunque mucha gente los denomina totora, pero ni siquiera la totora se da bien en ciertos años, precisamente por falta de agua. El líquido elemento surge de la napa freática.

2.7. Afirma y se agravia, porque el juez ha merituado mal la prueba informativa referida al informe proporcionado por el oficial de Policía Luis Barrionuevo, quien informó que el terreno se encuentra "en blanco"; pero no tuvo en cuenta que también expresó: "no cuenta con horas de agua" y que lo adquirió hace unos veinticinco años.

2.8. Se agravia cuando el juez estima no acreditado el ánimus domini durante el plazo legal exigido para adquirir el dominio del inmueble por prescripción.

La co-propietaria reconoce expresamente que el Sr. Peña está poseyendo con ánimo de dueño desde el año 1973. Sus hermanos nunca se presentaron ni pagaron impuestos ni han visitado tampoco el lugar. La imposibilidad de obtener la escritura traslativa de dominio se debió a la simple ausencia de los titulares de dominio, que debieron emigrar de nuestro país por razones políticas de público y notorio conocimiento.

3. El juez a quo precisó con cita de jurisprudencia: "La prescripción adquisitiva se funda en la 'actividad' de un sujeto que posee una cosa y ejercita sobre ella, durante un prolongado lapso, las facultades correspondientes a un determinado derecho real aunque no sea su titular. De manera que pueden señalarse en la usucapión dos elementos: 1) ejercicio de la posesión sobre una cosa y 2) paso del tiempo fijado por la ley. Este medio excepcional de adquisición de dominio requiere, al propio tiempo, un estado de abstención o pasividad del titular del derecho. De manera que dadas esas situaciones, el orden jurídico positivo vuelca su tutela a favor del poseedor que durante largo tiempo se comporta como dueño otorgándole la seguridad de que, transcurridos los tiempos legales, su derecho habrá obtenido definitiva consolidación".

El concepto vertido que ha tenido aceptación unánime por la doctrina y jurisprudencia de los tribunales del país en función de las normas reguladoras del instituto de la prescripción adquisitiva, es el eje sobre el cual debiera haber girado la prueba de los actos posesorios delineados en términos generales por el art. 2384 del C.C. referido a los bienes inmuebles. Esta prueba indispensable ha sido deficiente en estas actuaciones sin aportar elementos suficientes para lograr la certeza de los hechos fundantes de la pretensión. El breve tratamiento que daré a los agravios postulados lo confirma.

a) Es un error creer que el plano de mensura constituya acto posesorio idóneo para demostrar el derecho invocado. Simplemente es un requisito de admisibilidad formal de la pretensión procesal sobre prescripción adquisitiva de inmuebles. Sin este requisito no puede interponerse eficazmente la demanda ni darse curso al proceso dado que la propia ley lo impone (art. 24, inc. b), Ley N° 14.159).

b) La intervención en autos de una de las titulares de dominio, Sra. Eugenia Clementina Begué, no tiene el alcance de un reconocimiento expreso de la propiedad en cabeza del Sr. Miguel Peña como supone el recurrente. Simplemente, cumpliendo una carga procesal ocurrió ante la citación a estar a derecho y contestó el traslado de la demanda manifestando que no tenía puesto ningún interés en el inmueble. Mencionó que su padre, señor Juan Domingo Begué y el Sr. Pedro Guillemain, "en alguna oportunidad fueron sus dueños. Por lo expuesto, no desconozco el hecho de que el actor esté poseyendo como único dueño, el inmueble desde el año 1973". Desde luego, estas expresiones no quitan ni agregan valor probatorio a supuestos actos posesorios. No pasan de manifestar un desinterés en el inmueble, pero tampoco confirman la adquisición de la propiedad por parte del actor.

c) La acusada falta de valoración de la prueba documental, no es tal. La recurrente pretende hacer valer como instrumentos irrefutables los comprobantes de pago referidos a impuestos de Rentas y tasas municipales; pero las boletas de la Dirección General de Rentas y de la Municipalidad de Pocito que acompaña son todas anteriores al boleto de compraventa de fecha 03 de Agosto de 1973, mediante cual afirma -sin probarlo haber adquirido de la empresa Guillemain S.A.A.I.C.F. el inmueble. De modo que cuando asevera haber asumido la responsabilidad de pagar los impuestos y cargas de dominio desde la época de la compraventa del inmueble, no son hechos probados en este juicio.

d) Al desinterés de los titulares de dominio tomado como clave de la pretensión, cabe aplicar la misma jurisprudencia traída por el fallo de primera instancia. Me permito reproducir la cita por su claridad: "El fundamento de la prescripción adquisitiva está en la posesión de quien reclama el dominio y no en el desinterés del titular de la propiedad, razón por la que la prueba debe analizarse en esta perspectiva, pues el objeto formal del esfuerzo probatorio no podrá ser el abandono del predio o de su posesión por el dueño sino la realización de actos posesorios por parte del pretendiente; extremo cuya orfandad probatoria sella la suerte del recurso intentado".

En este orden de ideas, no puede llamarse "cultivo" en concepto del art. 2384 del C.C. al aprovechamiento de las cañas y totora que crecen en el predio debido a las napas freáticas, pero sin intervención de la mano del hombre. Bien lo señala la Defensora Oficial, Dra. Sosa de Carelli: El usucapiente debe acreditar fehacientemente los extremos de la acción de prescripción adquisitiva de dominio, "de ello se concluye que el juez debe efectuar el análisis de los elementos aportados con suma prudencia, ya que es menester verificar si probó plenamente la posesión ánimus domini, así como la anterior y específicamente la que tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal. No es suficiente la atribución de dominio o posesión". Y advierte, recordando lo dicho por Salas-Trigo Represas-López Mesa: "El art. 24, inc. c de la Ley Nacional 14.159/50 y sus modificatorias establece que: "la prueba de la usucapión debe ser una prueba compuesta, porque la singularidad de esta prueba compuesta veda en esta materia, al sentenciante fundar su sentencia con apoyo exclusivo en la prueba testimonial, exige que esta prueba sea corroborada o integrada por evidencias de otro tipo, esta exigencia viene a solucionar aquel temor que señalaba el maestro uruguayo Eduardo Couture, cuando escribía que era menester "evitar que por la vía del proceso de usucapión se abrieran las puertas a la legitimación del despojo para adquirir la propiedad a espaldas del verdadero dueño".

e) El agravio acerca de no haber merituado adecuadamente el juez la prueba informativa referida al informe proporcionado por el oficial de Policía Luis Barrionuevo, quien informó que el terreno se encuentra "en blanco", no puede tener sustento en que el informante también expresó: "no cuenta con horas de agua" y que lo adquirió hace unos veinticinco años. El informe sobre la hipotética época de adquisición del dominio, es impertinente y no lleva a ninguna parte. Como se ha visto, la adquisición solo se demuestra con prueba fehaciente de la posesión pública, pacífica y continua del inmueble durante veinte años (art. 4015, C.C.). Si el predio no contaba con agua de regadío, con mayor razón debió redoblar los esfuerzos probatorios para acreditarlo.

f) Finalmente cuadra rechazar el agravio fundado en las extralimitaciones del juez al no permitir la producción del reconocimiento judicial en forma extemporánea. La referida prueba no fue ofrecida conjuntamente con la demanda como lo prescribe el art. 469, 2do. párrafo del CPC, de modo que no era posible producirla fuera del período probatorio (art. 344, CPC), menos aun si la misma no fue ofrecida. Dice el art. 368 del CPC: "Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente".

4. Expuestas las motivaciones precedentes, propicio la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia impugnada, con costas (art. 75, CPC).

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Coincido con la solución a la que arriba el distinguido colega, y sumo a ello que no ha de confundirse la confección del plano de mensura, con el acto posesorio de deslinde que refiere el art. 2.384 del Cód. Civil, en tanto "deslindar" es la acción, o práctica, de quien es poseedor de terrenos cuyos límites se hallan confundidos con los de un terreno colindante, a fin de que los límites confusos se investiguen, demarquen y amojonen; de ello que el plano que se adjunta no constituye más que el cumplimiento del requisito de demanda, pero no adquiere por sí mismo calidad de acto posesorio. A su vez, que es ordenado en el año 1.995 con lo cual, aun dándole virtualidad de hecho posesorio no es suficiente para mostrar la posesión por el término que requiere la ley.

Sobre el acta que presenta la actora, que contiene una inspección por agente de la Policía, lo único que puede rescatarse es que el inspector observa un terreno "en blanco". Los otros detalles que aporta el instrumento, de fs. 30, suscripto por el Sr. Luis Barronuevo (falta de horas de agua, y que lo adquirió hace 25 años), no es más que consignar las "manifestaciones del señor MIGUEL PEÑA SÁNCHEZ..." (actor), por lo que no puede admitirse como prueba de sus propios relatos.

Las boletas de impuestos, que refieren a los tributos correspondientes al inmueble con nomenclatura catastral 05-38-170410, no son precisas ni determinantes si nos atenemos al informe de la "Municipalidad de Pocito" que obra a fs. 34 en donde dice que la parcela mencionada "adeuda desde la primera cuota año 1.980 hasta la sexta cuota año 1.977..." lo que discrepa con las boletas que adjunta el demandante (incluidas en ese período) que aparecen pagadas.

El hecho que el inmueble carezca de derecho de agua puede explicar el motivo por el cual el actor no hace cultivos que demanden riego; pero esa circunstancia no justifica, exime, o suple la falta de hechos posesorios. De todas formas, tarde trae esta reflexión el apelante pues en su escrito de demanda dijo que "...he realizado mejoras en el inmueble, he plantado cañaverales...(fs. 4 vta.).

Pero resulta que no precisa, ni siquiera en términos generales, cuáles son las mejoras. La constatación de fs. 30 dice que el inmueble está "en blanco".

Los testigos de fs. 26, 28, aluden a la plantación de maíz, camotes, chacra, también vieron negociar el carrizo o totora. Estos actos, que podrían admitirse como hechos posesorios consistente en el cultivo o la percepción de frutos; no han sido mencionados en el escrito de demanda.

Pero además, ha dicho el actor en el escrito de agravios que por la falta de agua es "imposible realizar cultivos que demanden riego, una porque es una zona de mucha revenición, lo único que se da o se puede comercializar una vez al año, son los carrizos...". De esta forma, con sus dichos, está contradiciendo aquellos testimonios.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Adhiero a los fundamentos expresados por el Dr. Riveros, y voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia impugnada, con costas (art. 75, CPC).

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia impugnada, con costas (art. 75, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.