Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-03


(Libro de Acuerdos Nº 47, Fº 1332/1335, Nº 582).San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los tres días del mes de setiembre del año dos mil cuatro, los señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo, y la señora Vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, Dra. María Rosa Caballero de Aguiar, llamada a integrar el Cuerpo en razón de las constancias obrantes en la causa, en conformidad a lo dispuesto mediante Acordadas Nº 37/04, 56/04 y 79/04, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 2069/03, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B 52876/99 (Sala III Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Luis Enrique Murua c/ Banco de la Provincia de Jujuy-Ente Residual y Estado Provincial -acumulados- Expte. Nº 53233/99 Victor Hugo del Carril c/ Banco de la Provincia de Jujuy-Ente Residual y Estado Provincial y Expte. Nº 53234/00 Mario Alfredo Coca c/ Banco de la Provincia de Jujuy-Ente Residual y Estado Provincial".

El Dr. Arnedo dijo:

En los autos principales, rolan acumuladas las acciones entabladas por Luis Enrique Murúa, Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca, persiguiendo en cada una de ellas que el Estado Provincial indemnice los daños y perjuicios que les fueron ocasionados por la detención y posterior prisión preventiva con motivo de un proceso penal que se les instruyera por asociación ilícita, estafas reiteradas y tentativas de estafas reiteradas a la administración pública, el que concluyó con la absolución lisa y llana de Murúa y la absolución por el beneficio de la duda de Carril y Coca.

La Sala III en cuyos estrados tramitó la causa, con el voto en disidencia de uno de sus miembros, resolvió: 1) hacer lugar a la demanda instaurada por Luis Enrique Murúa condenando, en consecuencia, al Estado Provincial a pagarle la suma que especifica en concepto de daños y perjuicios y 2) rechazar las entabladas, respectivamente, por Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca en contra del Estado Provincial.

El a-quo, sostuvo, en síntesis, que: a) conforme lo establece el art. 7º, inc. 3º de la Convención de San José de Costa Rica, "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario", b) ni desde el ángulo de la víctima, ni desde el Estado, existen diferencias entre la condena errónea revisada y la detención provisoria de un inocente, tanto en uno como en otro el Estado no hace más que cumplir con su deber, lo que justifica -en ambos supuestos- la reparación es el error que se desliza en el cumplimiento de ese deber haciendo soportar íntegramente el costo de la defensa social a un particular.

Consideró, asimismo, que la sentencia recaída en sede penal, "resulta concluyente respecto a la inocencia de Luis Enrique Murúa, recaudo ineludible para la procedencia del derecho indemnizatorio y no pertenece a quién es absuelto por duda o falta de pruebas como lo es la situación de los otros actores Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca" ya que la presunción de inocencia es suficiente para fundar el derecho a la libertad, pero no el de la indemnización a cargo del Estado".

Concluyó, entonces, que sólo le asiste derecho a la indemnización a la Luis Enrique Murúa, debiendo rechazarse la demanda interpuesta por Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca.

En contra de este pronunciamiento el Dr. Oscar Rubén Cabrera en representación de Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca a fs. 21/29 de autos, y el Dr. Eduardo Chaer en su carácter de Procurador Fiscal de Fiscalía de Estado, a fs. 58/72, interponen sendos recursos de inconstitucionalidad.

Por las razones que exponen en sus respectivos escritos y a cuya lectura me remito en honor a la brevedad, Carril y Coca se agravian del rechazo de las demandas que cada uno de ellos entabló oportunamente, y el Estado Provincial cuestiona la recepción del reclamo indemnizatorio deducido por Luis Enrique Murúa.

Sustanciados tales recursos, habiéndose expedido la Sra. Fiscal General Adjunta (fs. 98/102) y practicada las demás diligencias procesales de estilo, la causa se encuentra en estado de resolver.

En sus respectivas demandas, cada uno de los actores reclama los perjuicios derivados de la detención y privación preventiva que sufrieron como consecuencia de un proceso penal iniciado en su contra por asociación ilícita, estafas reiteradas y tentativas de estafas reiteradas a la administración pública.

En este orden, cabe recordar que el principio básico que rige la cuestión relativa a la responsabilidad por actividad judicial, conforme inalterable y reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace hincapié en que el mero hecho de que un procesado sea detenido y luego absuelto no determina por sí la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos. Para que proceda el resarcimiento de los daños ocasionados es indispensable, entre otras cosas, que el acto sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error (CSJN, Fallos: 311:1007, entre muchos otros).

Es que, la adopción de tal medida cautelar -prisión preventiva- respecto del procesado, encuentra fundamento en los elementos de juicio existentes hasta ese momento, por ende, la sentencia absolutoria que posteriormente se dicte a favor del mismo no convierte a dicha medida en ilegítima.

Según Jorge Bustamante Alsina, "para hacer efectiva la responsabilidad del Estado en tal caso, es necesario tener en cuenta:

1º) La cuestión prejudicial que consiste en la previa determinación de que el error judicial no ha sido consentido por la parte a quien perjudica y que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en tal caso goza de la presunción de verdad (res iudicata pro veritate habetur).

2º) La existencia del error judicial debe ser verificada en el mismo proceso en que se habría cometido, debiéndose agotar para tratar de llegar a esa declaración, todos los recursos y las instancias que hacen posible la reposición, la apelación y, excepcionalmente la nulidad y la revisión.

3º) La acción de daños y perjuicios contra el Estado sólo será posible después de declarado el error judicial, deduciendo la acción ante el juez competente que no será el que cometió el error judicial, probando el daño y la relación de causalidad" ("Responsabilidad del Estado por error judicial" -El auto de prisión preventiva y la absolución"-, La Ley, t 1996-B, p. 314).

En la especie, no encontrándose configurados los requisitos enunciados precedentemente y teniendo en cuenta que en la sentencia penal definitiva que absuelve lisa y llanamente a Luis Enrique Murua y por el beneficio de la duda a Víctor Hugo Carril y a Mario Alfredo Coca tampoco se hizo mención a irregularidades o falta de fundamentación del auto de prisión preventiva, sólo cabe concluir que si bien los medios probatorios incorporados a dicha causa no habían resultado suficientes para determinar, con la certeza requerida, la responsabilidad penal de los procesados, si lo fueron para sustentar el auto de procesamiento, de prisión preventiva y elevar la causa a juicio.

Por otra parte, tampoco corresponde que en el presente juicio el Estado indemnice a los actores por la cesantía dispuesta en contra de los mismos ya que debieron promover las acciones y recursos por las vías que el ordenamiento jurídico les otorga para remediar las situaciones -según dicen- arbitrarias o injustas.

En función de lo expuesto y por los fundamentos dados por la Sra. Fiscal General Adjunta, los que comparto íntegramente y doy por reproducidos en el presente voto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Oscar Rubén Cabrera en representación de Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca a fs. 21/29 de autos, imponer las costas de la presente instancia extraordinaria a los recurrentes vencidos (art. 102 del Código Procesal Civil) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en las sumas de cincuenta mil cuatrocientos pesos ($ 50.400) para el Dr. Eduardo Chaher y de cuarenta mil trescientos veinte pesos ($40.320) para el Dr. Oscar Rubén Cabrera, por aplicación del art. 11 de la ley 1.687.

Asimismo, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a fs 58/72 de autos, por el Dr. Eduardo Chaher en representación del Estado Provincial y, en consecuencia, revocar los puntos 1.), 2.) y 3.) del fallo dictado el 25 de Agosto de 2.003 por la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, para: rechazar la demanda instaurada por Luis Enrique Murua en contra del Estado Provincial, imponer las costas de la instancia anterior al actor vencido y regular los honorarios profesionales de los Dres. Oscar Rubén Cabrera, Amalia Pigino y Eduardo Chaher, por su actuación en los principales, en las sumas de treinta y nueve mil doscientos pesos (39.200), cincuenta y seis mil pesos ($56.000) y veintiocho mil pesos ($28.000), respectivamente, por aplicación de los arts. 2, 4, 6, 10 y concordantes de la ley 1.687.

Propongo, asimismo, que las costas generadas en esta instancia extraordinaria por la interposición del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 58/72, sean impuestas al recurrido vencido, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en las sumas de veinticinco mil doscientos pesos ($ 25.200) para el Dr. Eduardo Chaher y de veinte mil ciento sesenta pesos ($20.160), por aplicación del art. 11 de la ley 1.687.

Expte. Nº 2069/03, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B 52876/99 (Sala III Cámara Civil y Comercial)... -acumulados- Expte. Nº 53233/99 ... y Expte. Nº 53234/00...".

Los Dres. Tizón, del Campo y Caballero de Aguiar, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Oscar Rubén Cabrera en representación de Víctor Hugo Carril y Mario Alfredo Coca a fs. 21/29 de autos.

2º) Imponer las costas de la presente instancia extraordinaria, respecto al recurso referido en el punto 1º), a los recurrentes vencidos, las que serán distribuídas entre los mismos en partes iguales.

3º) Regular los honorarios profesionales por la labor desempeñada en esta instancia, en el recurso referido en el punto 1º) en las sumas de cincuenta mil cuatrocientos pesos ($ 50.400) para el Dr. Eduardo Chaher y de cuarenta mil trescientos veinte pesos ($40.320) para el Dr. Oscar Rubén Cabrera.

4º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a fs 58/72 de autos, por el Dr. Eduardo Chaher en representación del Estado Provincial y, en consecuencia, revocar los puntos 1.), 2.) y 3.) del fallo dictado el 25 de Agosto de 2.003 por la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, para: rechazar la demanda instaurada por Luis Enrique Murua en contra del Estado Provincial, imponer las costas de la instancia anterior al actor vencido y regular los honorarios profesionales de los Dres. Oscar Rubén Cabrera, Amalia Pigino y Eduardo Chaher, por su actuación en los principales, en las sumas de treinta y nueve mil doscientos pesos (39.200), cincuenta y seis mil pesos ($56.000) y veintiocho mil pesos ($28.000), respectivamente.

5º) Imponer las costas de la presente instancia extraordinaria, respecto al recurso referido en el punto 4º) de la presente resolución al recurrido vencido.

6º) Regular los honorarios profesionales por la labor desempeñada en esta instancia, en el recurso referido en el punto 4º) de la presente resolución, en las sumas de veinticinco mil doscientos pesos ($ 25.200) para el Dr. Eduardo Chaher y de veinte mil ciento sesenta pesos ($20.160) para el Dr. Oscar Rubén Cabrera.

7º) Adicionar, a los honorarios regulados en la presente resolución, los intereses que para el uso de la justicia publica el Banco Central de la República Argentina en su comunicado Nº 14290, desde el 25 de agosto de 2.003 hasta su efectivo pago, e impuesto al valor agregado, si correspondiere.

8º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.