Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21


EXPTE.: "EXP 10800/1-CORREIA GUILLERMO contra GCBA sobre OTROS PROCESOS INCIDENTALES" Buenos Aires, 21 de marzo de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver la solicitud de perención de la segunda instancia interpuesto por la demandada a fs. 73/y vta., ratificado a fs. 85, cuyo traslado fuera dispuesto a fs. 74 y contestado por la contraria a fs. 88/91 vta. I.- La parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad a fs. 58/63 vta., contra la sentencia de este Tribunal obrante a fs. 51/53, en cuanto revoca la decisión del a quo que cautelarmente dispuso la no aplicación a la actora de las prescripciones del Decreto nº 3/03 y su reglamentario nº 2724/03 que establecen la prohibición de comercializar bebidas alcohólicas. Habiéndose proveído el traslado del recurso de inconstitucionalidad a fs. 67 (16 de febrero de 2005), a fs. 73/y vta. se presenta la demandada aduciendo la caducidad de la segunda instancia, con fundamento en el transcurso del plazo prescripto por el art. 260 inc. 2) del CCAyT. El traslado del recurso fue dispuesto por el Tribunal a fs. 74 (2 de septiembre de 2005) y contestado por la contraria a fs. 88/91 vta. (3 de octubre de 2005). II.- La caducidad de instancia es un modo anormal de extinción del proceso que procede ante la inacción tanto de las partes, como del órgano judicial, durante el transcurso de determinados plazos legales preestablecidos (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, Tomo IV, pág. 217). La inactividad de las partes en el proceso importa una presunción de abandono de la instancia. De allí que aquél se extinga por el mero transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t. II, pág. 498). Ello es así en virtud del principio dispositivo que rige en nuestro ordenamiento procesal por el cual el impulso del proceso cor responde fundamentalmente a las partes, siendo éstas las que deben sufrir las consecuencias derivadas de la falta de cumplimiento de la referida carga procesal. Dicho principio confía a las partes tanto el estímulo de la función judicial como el aporte de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez. Este principio incide notablemente en el impulso procesal, o sea en la actividad que es menester cumplir a fin de que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquél pueda superar los distintos períodos o etapas de que se compone. (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, op.cit., T º I, p. 254 y 256). Resulta apropiado destacar que para evitar la caducidad, los actos procesales deben ser útiles y adecuados al estado de la causa, por lo que el único medio idóneo para provocar su interrupción es requerir el dictado del acto, providencia o diligencia que corresponda al estado del juicio. De allí que las peticiones improcedentes o inoperantes no interrumpen la c aducidad (Maurino, Alberto L., Perención de la instancia en el proceso civil, Astrea, Buenos Aires, 1991, págs. 122, 178 y 183, y jurisprudencia allí citada y esta Sala in re "El Pingüino SRL c/ GCBA s/ recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR", RDC 8/ 0, voto mayoritario, sentencia del 7 de agosto de 2002). III.- Conforme surge de las actuaciones, elevadas que fueran éstas para el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 58/63 vta. contra la sentencia de fs. 51/53, el Tribunal dispuso el pertinente traslado a fs. 67 (16 de febrero de 2005). A fs. 70 (8 de marzo de 2005) se proveyó que continuaran los autos con la elevación dispuesta a fs. 67, providencia que fuera subsanada a fs. 71, disponiendo, como era pertinente, estar al traslado conferido en dicha foja. A fs. 73/y vta. se presenta la demandada solicitando la caducidad de la instancia atento a que, desde el último acto que consideraba impulsorio (providencia del traslado del recurso de inconstitucionalidad, del 16-02-05 ) y hasta la fecha de su presentación (1º de septiembre de 2005), había transcurrido con exceso el plazo de tres (3) meses previsto por el art. 260 inc. 2) del Código de rito. Conferido el traslado por el Tribunal, a fs. 88/91 vta., se presenta la contraria alegando que la actora había computado erróneamente el plazo de la perención, que no debe ser considerado a partir del auto de fs. 67 (16 de febrero de 2005), por cuanto con fecha 8 de marzo y 19 de abril del corriente año (fs. 70 y 71 respectivamente) se dictaron providencias que resultan impulsorias del trámite de las actuaciones y, en consecuencia, interruptivas del plazo de caducidad. Alega, asimismo, que la demandada no tomó en cuenta para el cómputo del plazo de caducidad de las actuaciones "...el prolongado período en cual los tribunales de este fuero permanecieron cerrados (durante gran parte de los meses de abril, mayo y junio) sin atención al público y/o profesionales y sin recibir presentación alguna, en razón de las medidas de fuerza adoptadas por reclamos salariales". IV.- El art. 260 inc. 2) del código de rito dispone que se produce la caducidad "...2) En segunda o ulterior instancia, y en los incidentes, dentro de los tres (3) meses...". En cuanto a la forma de contar los plazos, dispone la norma que los mismos correrán durante los días inhábiles, con excepción de las ferias judiciales (art. 261 del citado código). Este Tribunal considera que los escritos que resultan reiteratorios de uno anterior, no resultan idóneos para interrumpir la caducidad de la instancia, en atención a que el impulso procesal que con el mismo pretende obtenerse, ya había sido obtenido con la primera presentación (esta Sala, in re "GCBA c/Chiesa Alfredo Luis y otros s/ejecución fiscal"-EXPTE: "EJF 410962/0", sentencia del 23-09-05). Este criterio resulta aplicable a las actuaciones del Tribunal respecto de las cuales, como en el caso, se haya ordenado a una de las partes la realización de alguna diligencia procesal, ratificada con posterioridad por el mismo órgano actuan te, dado que atribuirle un sentido distinto, consagraría una vulneración del derecho de igualdad entre las partes y una afectación del debido proceso adjetivo; en la especie, el derecho de defensa de quien alega la caducidad de la instancia. Sin perjuicio de ello, y aún para el caso de que se considere a la actuación de fs. 71 (19 de abril de 2005) como impulsoria del proceso, el plazo del art. 260 inc. 2) del CCAyT se encuentra igualmente cumplido. Ello así, en atención a que el siguiente acto impulsorio resulta ser el libramiento de la cédula cuya nota obra a fs. 71 in fine (19 de agosto de 2005), y, sin computar el plazo de la feria judicial, la caducidad se configuró el día 5 de agosto del 2005. No es apto para contrariar la manera en que se decide, el hecho de que la actora aduzca que no deben computarse dentro del plazo de caducidad los días declarados inhábiles por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en atención a las medidas de fuerza llevadas a cabo por los empleados de este P oder Judicial. Ello así, por cuanto la actora no logra precisar el perjuicio que esta circunstancia le ha causado. En efecto, durante el paro de actividades se implementaron guardias destinadas a atender las cuestiones urgentes y, por lo tanto, los litigantes pudieron realizar aquéllos actos procesales que no admitían demora, entre los que cabe incluir a los tendientes a evitar la perención. Si, a pesar de ello, en algún caso concreto no hubiese existido esa posibilidad, la parte afectada debió plantear la cuestión y el juez de la causa decidir, entonces, lo que hubiese sido pertinente (esta Sala, in re "Ilia Leandro y otros c/Consejo de la Magistratura s/amparo (art. 14 CCABA), expte. "EXP 16924/0", sentencia del 07-11-05). Tal curso de acción no fue desplegado por el accionante en el sub lite. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar a la caducidad de la segunda instancia interpuesto por la demandada. Imponer las costas a la actora vencida, por no encontrarse motivos que justifiq uen apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT). En atención a la forma en que se decide, resulta inoficioso adentrarse en el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad impetrado. Regístrese y devuélvase. Encomiéndase el cumplimiento de las notificaciones pertinentes al juzgado de grado, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Esteban Centanaro Juez de Cámara