marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, relación de dependencia, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Buttarelli, Nora del Carmen c/ Agropecuaria Tio Luis S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-21

La recurrente achaca a los sentenciantes como causal de arbitrariedad, la interpretación en forma descontextualizada de las declaraciones recabadas en autos, discrepando con el valor asignado a las mismas, pero lo cierto es que a poco que se examine el fallo atacado, se advierte que tales agravios denotan que la recurrente se limita a exponen su propia postura para arribar a un resultado diferente al postulado por la Cámara que, luego de examinar las declaraciones de ambas partes, coligió, que no surgía fehacientemente que la accionante se haya desempeñado en relación de dependencia para el demandado, en tanto ningún declarante había sido suficientemente preciso para tener por probado el vínculo laboral negado, por la ausencia de datos certeros, expresando al respecto y en lo sustancial, que los testigos manifestaron desconocer el tiempo en el cual la actora dice haberse desempeñado a las órdenes de la patronal, como así también no habían podido aportar otros datos relevantes como la dirección del comercio ni la extensión de la jornada laboral invocada en la demanda.
Reproducción de la pericia, prueba pericial, notificación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, Gloria s/ procesamiento Causa nro. 12355
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-17

La potestad que brinda la última parte del artículo 258 del C.P.P.N. sólo opera si no se notifica a la parte previamente de la realización de la pericia, con silencio del impugnante.
Daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad profesional, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: IZZO,  Genaro c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS YPENSIONADOS y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-20

1- La responsabilidad profesional solo aparece si puede establecerse la conexión causal adecuada entre una acción u omisión y el daño, este debe haber sido causado u ocasionado por aquella. 2- Desde esta perspectiva corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios derivados de la atención médica e intervención quirúrgica que concluyó con una amputación del miembro inferior derecho, cuando no se probó la relación de causalidad entre los daños psicofísicos padecidos, ni la pérdida de una chance cierta de curación, ni el posterior fallecimiento del paciente con la actuación profesional de los accionados. 3- Pese al desorden cronológico y partes ilegibles de la historia clínica, estas irregularidades no llegan a constituir una prueba en contra de la actuación de los médicos, en tanto en la pericia se estableció que actuaron en forma adecuada y que las indicaciones terapéuticas fueron acordes a pautas científicas. (Sumario N°20174 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ EDUARDO ALFREDO AZAR Y SUSANA L. TARCHINI s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-13

Cuando el banco demanda a un cliente-no comerciante- en base a un resúmen de cuenta de una tarjeta de crédito en la que no figuran los consumos del demandado, y tampoco acompaña los cupones, al considerarlos que no son imprescindibles en tanto existen compras por teléfono, dinero electrónico, etc.; le incumbe al banco mentar en la demanda o probar que existió una circunstancia excepcional para no acompañar tales cupones. Con ello se aprecia que en nombre de la modernidad o de la técnica del siglo XXI, estamos enfilando hacia direcciones divergentes a las que nos señalan los ordenamientos legales vigentes; no es que las nuevas técnicas no sean admitidas sino que corresponde que quienes se sirven de ellas desarrollen o implementen mecanismos que se adapten a la legalidad vigente, que está visto no tiene miras de cambiar. Es cierto, podrá ser dificultoso conservar cupones, resúmenes, etc. pero no debemos olvidar que los arts. 67, 44 y ctes.del Código de Comercio obliga a los comerciantes a guardarlos por el término de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, declaración del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VILLA, Marcelino; ROJAS, Héctor Orlando s/ inf. art. 292 C.P. en Villalonga, C. Patagones (reconstrucción)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01

No se advierte violación constitucional alguna del hecho de que el preventor hable con el prevenido, pues resultan inevitables las primeras preguntas destinadas a aclarar su situación. Más aun cuando no surge de autos que haya mediado coacción y el personal policial advirtió -con carácter previo- irregularidades en los DNI y el estado de nerviosismo de uno de los encausados.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BARRUECO CARLOS RUBEN c/ GOSENDE FERNANDO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

En tanto la ley cambiaria específica no regula el procedimiento a observar en la ejecución cambiaria, cuya promoción autoriza el mentado art. 18 del dec.ley 5965/63, resulta forzosa la aplicación de las normas procesales que disciplinan el juicio ejecutivo, entre las que se encuentra la que prohíbe discutir la legitimidad de la causa de la obligación.
Honorarios del perito, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES R. DE LA PLATA c/ JOSE N. MEOSSI s/ EJECUCION HIPOTECARIA-"CUADERNILLO APELACION DR. CASTIGLIONE".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-30

Corresponde modificar el auto regulatorio cuando los honorarios regulados al perito son desproporcionados al monto del juicio, naturaleza y complejidad de la tarea y honorarios fijados a los profesionales del derecho.
Recurso extraordinario, prueba, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Gauna, Rudecindo c/ Silva, Raúl Enrique Santiago y/u otros s/ Reclamo Laboral otros s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-03-22

Si bien y por principio la cuestión referente a la determinación de las pruebas conducentes a la decisión del pleito corresponde a los Jueces de la causa, la revisión extraordinaria procede cuando existe un agravio de la garantía constitucional de la defensa en juicio como así también que la arbitrariedad debe relacionarse a un elemento de prueba que, como en este caso, aluda a un extremo esencial para la resolución del caso. "Debe anularse el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que omite el análisis de las circunstancias del caso que es menester para una adecuada solución del litigio".
Caducidad de instancia, incidente de caducidad, honorarios del abogado, incidentes
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLO, CASIANO ROQUE y Otros c/ SUCESORES DE SALVADOR CARUBIA s/ VACACIONES, VIATICOS Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-01

La caducidad de la instancia es uno de los modos anormales de terminación del proceso -artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial-, el que se sustancia y sobre el que se resuelve -cuando lo es a pedido de parte- únicamente con el traslado a la contraria artículo 308 del citado cuerpo legal), lo que no da lugar al trámite de un incidente en los términos del artículo 70 de la Ley 7046, sino a una simple articulación insusceptible de devengar honorarios por separado de los que corresponden al proceso que integra. (Voto de la mayoría).
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CATALA, RONALDO RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE N.   932-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-02-26

Habiendo solicitado el recurrente cautelar innovativa tendiente a la suspensión de los efectos del acto emanado de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se establece que debe prestar servicios en la ciudad de Santa Fe, siendo que lo venía haciendo en la Delegación Rosario de la Cámara referida; y sin perjuicio de lo que pueda decidirse en la sentencia de mérito respecto de las cuestiones hasta ahora introducidas por la demandada, el caso es susceptible de ser encuadrado en el tercer párrafo del artículo 14 de la ley 11330, por cuanto es verosímil que la medida impugnada violentaría el artículo 14, primer párrafo, de la ley 10023.
Sindicatos, falta de personería gremial, paritarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asoc. del Magisterio de Ins. Téc. c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-02-05

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Santa Fe y, en su mérito, interpretar que el art. 20 de la ley 12.958 en confiere a la Asociación Sindical accionante la atribución de intervenir en las deliberaciones paritarias en calidad de entidad simplemente asesora, pues la regulación prevista por la ley impugnada al crear una Comisión Asesora para entidades sin personería gremial que funcione "simultáneamente" con la Comisión Negociadora propiamente dicha, generó un ámbito propicio para la articulación de ese derecho de audiencia y representación en que las entidades minoritarias pueden "realizar todos los aportes, sugerencias y recomendaciones sobre los temas en tratamiento" y es claro que, para que dicha norma tenga algún sentido, el derecho que consagra contiene el de participar en las deliberaciones paritarias y que de lo único que priva a las entidades simplemente inscriptas es del derecho a conformar como miembro pleno la unidad negociadora en calidad de votante.
Torturas, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, ius cogens, irretroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La aplicación del principio de imprescriptibilidad establecido en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad a los hechos cometidos durante el gobierno de facto, no implica una aplicación retroactiva de la ley penal, pues se trata de un principio instalado por la costumbre internacional vigente al tiempo de comisión de los hechos, máxime cuando la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de irretroactividad de la ley penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humano. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Falsificación de documentos, teoría del delito, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: S.R.A. s/ Adulteración Documento Privado, Responsabilidad del Procesado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-08

Para la determinación de la responsabilidad del procesado por el delito referido, no basta con la demostración de la existencia de la falsedad y de quien fue su autor, pues en ese tipo penal no se castiga la falsedad por la falsedad misma, sino porque ella acarrea peligro para bienes jurídicos.
Ley nacional, ley provincial, leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

La Legislación nacional -en sentido lato- no puede ser aplicada directamente por vía judicial -sin ninguna cortapisa- ante una eventual ausencia de norma local, para solucionar un caso concreto.

En efecto, tratándose de dos ordenamientos estatales distintos, aunque coordinados e independientes, en sus respectivas esferas, no pueden traerse a la esfera provincial normas -y en su caso principios- del orden nacional toda vez que lesionaría el ámbito que a aquélla le compete; salvo que, una norma provincial consagrase como propia esas normas y tales principios, como sucede -por ejemplo- con el artículo 11 de la Constitución de la Provincia que asume normas del Código Penal incorporándolas al ordenamiento jurídico santafesino o bien como ocurre con el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Corrientes, cuyo artículo 115 dispone: "Si una cuestión contencioso administrativa no puede resolverse por la letra o el espíritu de las leyes provinciales se recurrirá a las leyes análogas de la Provincia, y si aún no pudiere resolverse, se atenderá a los principios que instruyen su orden jurídico. Sólo si el asunto siguiera sin encontrar solución se recurrirá a las leyes análogas del derecho nacional y a los principios en que se funda".
Procedimiento aduanero, recursos administrativos, notificación
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Davant Asoc. S.A. T.F. 8650-A c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-07

Resulta coherente que en aquellos procedimientos sencillos en los que el interesado puede actuar sin asistencia profesional, las notificaciones que se practiquen le adviertan los recursos de los que dispone contra decisiones eventualmente lesivas. Disímil situación se verifica en el procedimiento aduanero, que supone controversia respecto de relaciones jurídicas generalmente signadas (fáctica y normativamente) por un importante grado de especialización, circunstancia que directamente lleva a concluir que la impugnante no puede alegar el desconocimiento de los recursos pertinentes contra decisiones que la afectan.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, leyes, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marozzi, Eldo Eithel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 33-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-29

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es: dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Lo contrario desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en l a posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Magna asigna, con carácter privativo, a los otros poderes.
Marcas, registro de marca, marca registrada
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAYER A.G. c/ LABORATORIOS MAVER S.A. s/ CADUCIDAD DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

"..ni la marca registrada en la Argentina tiene exclusividad más allá de nuestras fronteras, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país". De allí que como lo decidió la Sala I en la causa 2147 del 8.7.93 y lo reiteró esta Sala en varias causas posteriores (confr. mi voto:

causa 2071/99 del 6.6.2011) aquellos registros en otros países no son aptos, por sí solos, para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo a las leyes argentinas, porque la normativa de la ley 22.362 no alteró el principio de territorialidad que consagraba el art. 41 de la ley 3975 (Fallos 140:297; 150:294, etc.) importando señalar que la protección de la ley se brinda al signo legalmente registrado, siendo absolutamente indiferente en nuestro sistema el mayor o menor poderío económico del industrial o comerciante, porque la ley no establece distingo alguno entre ricos y pobres y son todos iguales ante la ley.
Beneficios previsionales, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: POLIMETAL S.A. c/ P.E.N. s/ EMERGENCIA ECONOMICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-06

El decreto 435/90 es un reglamento de necesidad y urgencia que fue comunicado al Poder Legislativo y resultó virtualmente aprobado al concluir el período de sesiones ordinarias sin ser rechazado expresamente por el Congreso.
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FANO, Vicente L. s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-17

La suspensión del juicio a prueba no ha de tener andamiento tramitada la etapa plenaria y dispuestos los autos para recibir sentencia.
Pensiones, cónyuge divorciado, divorcio del 67 bis, cónyuge culpable
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASSINI DE VIZCARRA, ALICIA s/ PENSION COMPARTIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

La culpa concurrente que presume el artículo 67 bis de la ley 2393 es sólo ficta y como tal (si bien prevista para remediar efectos civiles de la disolución conyugal) no trae aparejada por si sola la pérdida del derecho a pensión. Para esto debe invocarse y probarse culpabilidad real en la separación (conforme ley 17562).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, menor impúber, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: CRUZ DE MAMANI, Severino y otro c/ RODRIGUEZ PEREYRA, Carlos Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

Si bien la falta de asistencia de cualquiera de los progenitores o del responsable por la guarda del menor no basta por sí sola para eximir totalmente la presunción adversa para el automovilista, que surge del art. 1113 del Código Civil, frente al caso de un menor impúber que necesita imperiosamente la asistencia de un mayor para cruzar la calle, concurren las características de imprevisibilidad e inevitabilidad, resultando asimismo especialmente relevante el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad.
Reclamo administrativo previo, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, excepciones procesales, inhabilidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PEÑA,  RAMÓN  FRANCISCO c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  deDefensa". s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS F.F.A.A. Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Cuando el organismo se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema debatido en autos, rechazando sistemáticamente la pretensión, el reenvío de la causa para el dictado de una nueva decisión administrativa sólo dilataría más aún el trámite de la causa y el pronunciamiento de la sentencia, en detrimento de la naturaleza alimentaria y urgente que ostentan las pretensiones del titular. En consecuencia, pese a la falta de agotamiento de la vía administrativa, corresponde la habilitación de la instancia jurisdiccional, ya que la misma no puede serle denegada al justiciable sin riesgo de menoscabar su derecho de defensa y la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva (art. 18 C.N.). En el mismo sentido, la Sala I de la C.N.A.Cont.Adm.Fed., en la causa "Young, Silvina Norma y otros c/ E.N." (sent. del 15.03.01), sostuvo que "... el ritualmismo inútil traduce un principio jurídico que subsiste como tal no obstante haber sido normativamente suprimido por la reforma que la ley 25.344 (art. 12) introdujo al art. 32, inc. e) de la ley 19.549". Asimismo, en un precedente análogo, la misma Cámara puntualizó que "...A pesar de que no se encuentra previsto como excepción en el nuevo texto del art. 32 de la ley 19.549, resultaría claramente un ritualismo inútil exigir el reclamo administrativo previo en el caso en que se persiga el pago de sumas de dinero sin impugnar acto administrativo alguno, ya que consta al tribunal -en atención a los numerosos precedentes análogos ya resueltos- la reiterada negativa de la demandada a admitir la procedencia de planteos de este tipo ..." (cfr. Sala IV, sent. del 30.10.01, "Bejarano, Nicanor Nolberto y otros c/ D.G.F.M."). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Beneficios previsionales, base imponible, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bullrich, Alejandro Julián y otro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

No hacer lugar al reclamo del accionante, que entiende que del carácter salarial de los ru-bros en cuestión (suplementos creados por el Dec. 2744/93) se deriva su naturaleza remunerativa y bonificable, conduciría a violentar la volunta del legislador expresada en el art. 75, segundo párrafo, de la ley 21.965, que según ha interpretado el Alto Tribunal en el caso "Lalia" (Fallos 326:928), significa que cualquier asignación que se otorgue al perso-nal policial con carácter general, debe incluirse en el rubro "haber". La solución propuesta no conduce a un desequilibrio patrimonial entre activos y pasivos, habida cuenta que concuerda con la posición asumida prácticamente por unanimidad por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal respecto al personal en actividad (cfr. Sala I, "Leguizamón de Ramírez, María Elena"; Sala II, "Noceda, Martín Ariel"; Sala III, "Natale, Ali-cia Mónica y otros"; Sala IV, "Figueras, Fabián Alfredo" y Sala V, "Baldonedo, Manuel y otros").
Decreto de necesidad y urgencia, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Los fundamentos expresados, no constituyen, en lo medular, una situación de grave trastorno que amenace la existencia de la seguridad o el orden público o económico que deba ser conjurada sin dilaciones, antes bien se trata de la crisis de un sector, que bien pudo ser paliada recurriendo al sistema normal de formación y sanción de las leyes. Sin que en el caso haya mediado la ratificación legislativa pertinente, a pesar del tiempo transcurrido desde que se dictó el primero de los decretos cuestionados, en el año 2002; y de la previsión contenida en el art. 11 del decreto 1012/2006, en el sentido de instruir expresamente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a elevar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, dentro del término de treinta días contados a partir de su publicación, un proyecto de ley que consagrara como excepción a lo establecido en la ley 12.988, la contratación de los seguros exigidos por el art. 192 del Código Aeronáutico (Ley 17.285). No ha podido justificar que existieran circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional a tales fines; como así tampoco la situación de grave trastorno que debía ser conjurada sin dilación. Tanto el decreto 1654/02, como el decreto 1012/06 -dictado en consecuencia del primero- no reúnen los requisitos de validez impuestos por la Constitución Nacional a los decretos de necesidad y urgencia.