marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, traslado de la demanda, notificación, domicilio social
Materia: PENAL
Carátula: Campillo Jorge David c/ Peters Hnos. CCISA s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-04

De acuerdo con el art. 152 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el domicilio procesal válido (en el caso, se trataba de la notificación del traslado de la demanda) cuando se trata de personas jurídicas, es el domicilio social.
Procedimiento administrativo, recursos, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABE ESTRUCTURAS S.A. c/ I.P.V.U. s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-05

Los recursos administrativos se encuentran dirigidos a obtener la revocación o modificación de decisiones individuales o generales;

por el contrario el reclamo administrativo previo pretende obtener un obrar positivo o negativo de la administración o sus entes.De esa manera, la vía reclamativa resulta apta cuando no se impugna precisamente un acto administrativo.
Identificación de mercaderías, competencia
Materia: PENAL
Carátula: VIDALES, JOSE s/ Vinos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-08-22

FALLO PLENARIO N° 47.- 1- El nuevo régimen procesal establecido por la Ley 14831 entró en vigencia desde la fecha que la Corte Suprema señaló para que los tribunales del fuero en lo Penal Económico comenzaran a funcionar (18.4.60) y no a partir de la publicación de dicha ley (24.9.59);

por tanto, tienen plena validez todos los procedimientos cumplidos y sanciones aplicadas por las autoridades administrativas antes de aquella fecha, en virtud de lo determinado en las leyes mencionadas en el Art. 1 del texto legal citado.- 2- Todos los recursos de apelación interpuestos por los interesados, antes o después del 18.4.60 referentes a penalidades impuestas por las autoridades administrativas antes de dicha fecha, deben sustanciarse en la justicia contencioso administrativa, según lo determinado por las leyes enumeradas en el Art. 1 de la Ley 14831;

por ende, en tales casos, no corresponde la intervención del fuero penal económico.- 3- El recurso de apelación interpuesto contra la resolución administrativa que impuso una sanción por infracción a la Ley 11275 de Identificación de Mercaderías, debe ser substanciado ante la justicia contencioso-administrativa, no el fuero penal económico, si tal decisión es anterior al 18.4.60 fecha en que empezaron a funcionar los tribunales sólo tienen competencia funcional para conocer originariamente en el aspecto represivo de la Ley 11275.
Impuestos, régimen de facturación y registración, sanciones tributarias, acta de comprobación, nulidad procesal, valor probatorio
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: RAPOPORT DE YUNGMAN, DOBA s/ Infracción Ley 11683
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

1 - Corresponde declarar, de oficio, la nulidad parcial de la resolución recurrida, toda vez que carece de un adecuado exámen de las cuestiones relativas a la comprobación de la infracción imputada y a la aplicación de las sanciones previstas por el Art. 40 de la Ley 11683 (Art.

123 del CPP).- 2 - La falta de identificación del cliente ocasional no acarrea la nulidad del acta, no bien se observa que se ha consignado la omisión supuestamente acaecida, su encuadre legal y las pruebas que respaldan dicha operación; por lo tanto, la omisión sólo resta valor acreditante al acta.- 3 - En principio, el incumplimiento de una "instrucción general" (DGI 1/97), por tratarse de una disposición administrativa destinada a regular la actividad interna de la Administración, no genera la invalidez del acto cumplido en infracción a aquella (Cf. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo").- 4 - Una resolución resulta nula por causa de vicio de fundamentación cuando muestra omisiones sustanciales de motivación, o resulta contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o por estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas.
Juicio ejecutivo, propiedad horizontal
Materia: CIVIL
Carátula: Rudin S.A. c/ Romero, Pedro Exequiel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-19

Según el art. 509 del CPCC, los títulos ejecutivos solamente pueden ser creados por ley, por ende, debe rechazarse la acción ejecutiva intentada en base al certificado de deuda expedido por la sociedad urbanizadora de un conjunto inmobiliario sin estar sometida al régimen de propiedad horizontal, emitido por una deuda por expensas comunes y en el cual las partes estipularon un pacto de ejecutividad en el reglamento interno de administración.
Cheque, juicio ejecutivo, falsedad de título, inhabilidad de título, ley procesal
Materia: PROCESAL CIVIL -COMERCIAL
Carátula: NAYI CARLOS RAUL c/ BARBERO CARLOS EMILIO s/ JUICIO  EJECUTIVO - CHEQUE - RECURSO DE NULIDAD - ACUMULACION DE AUTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-22

Para que las excepciones a oponer en ejecuciones cambiarias no puedan aludir a la causa, es necesario que así lo disponga la ley procesal respectiva, expresa o implícitamente; y no trayendo nuestro art. 856 C.P.C. Cláusula alguna limitativa del contenido de las excepciones de falsedad e inhabilidad de título no puede prescindirse del art. 18 Decreto ley 5965/63 y 4776/63.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallo, Alfredo c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

La ley 7014 -con las modif. de la ley 11.229/92- en punto a la acreditación del ejercicio continuo y permanente de la profesión, al que erige -en su art. 19- en fundamento del sistema previsional que instaura, ahora considera suficiente para dicha acreditación, el pago regular del aporte básico anual obligatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, relación de dependencia, presunción juris tantum, primacía de la realidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MILEZE, ROSA GRISELDA c/ LOS RETOÑOS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Aludiendo al test de laboralidad por el mero reconocimiento de la relación de servicios de la actora por parte de la demandada, el A quo omitió ponderar la prueba aportada por ésta en orden a desvirtuar la presunción juris tantum del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, desentendiéndose asimismo de los restantes argumentos y pruebas rendidos por la accionada y, con ello, del principio de primacía de la realidad que impera en materia laboral.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, interpretación restrictiva, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Brezicki, Nicolás A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-11-07

La doctrina de la arbitrariedad es de aplicación estrictamente excepcional y por ello la Corte ha establecido criterios tendientes a evitar que el citado recurso extraordinario sea entendido como recurso ordinario que transforme al supremo Tribunal en alzada de nuevas instancias para revisión de todas las sentencias.
Sentencia, encuadramiento legal de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Goizueta, Elida Isabel s/ Estafa reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

No se incurre en violación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 9 -n.a- de la provincial si, no obstante hacer lugar al cambio de calificación solicitado por el Fiscal de Cámaras, no se ha producido la alteración del hecho imputado, de la concreta conducta humana puesta en tela de juicio, la que fuera incluida en la acusación fiscal.
Actualización monetaria, anticipos impositivos, opción de anticipos impositivos, monto del anticipo impositivo, pago de tributos, período fiscal de liquidación, AFIP DGI, resoluciones generales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HULYTEGO S.A.I.C. s/ IMPUESTO- REPETICION- ANTICIPOS- DEPRECIACION MONETARIA-   ACTUALIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-19

Sólo procede actualizar las diferencias que se registren entre el importe efectivamente ingresado por anticipos en ejercicio de la opción y el que resulte de aplicar los porcentajes establecidos sobre el impuesto real del ejercicio, o el que debió anticiparse de no haberse hecho uso de la opción, el que fuere menor; toda vez que la obligación de ingresar anticipos tiene establecida su magnitud conforme a lo prescripto por el art. 2do. de la resolución general 1787, y no con base al impuesto real del ejercicio por el cual se efectúan los pagos a cuenta.
Consentimiento informado, derechos del paciente, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: P., A. A.  c/ Estética Integral S.A. y otro s/ daños y perjuicios resp. profesional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-25

El consentimiento informado es la declaración de voluntad del paciente luego de habérsele brindado suficiente información sobre el procedimiento o intervención quirúrgica propuesta como médicamente aconsejable. En efecto, como el paciente es quien debe sufrir las consecuencias y soportar los gastos del tratamiento médico, debe conocer cuáles son los riesgos que encierra el tratamiento propuesto, las alternativas posibles y cuántas y cuáles son las probabilidades del éxito. Tal consentimiento comprende dos deberes por parte del médico: la obtención de dicho consentimiento y la información al paciente, a fin de que pueda participar inteligentemente en la aceptación o no del tratamiento.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Riveros, Rubén Rafael c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Intereses
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-21

El derecho judicial, desde antiguo ha concluido, en que la Ley debe ser igual para todos en iguales circunstancias, y no es oponible sólo al Estado cuando ejerce autoridad legislativa, sino también cuando actúa como administrador o juez, lo que importa que la garantía debe considerarse en su función dinámica -frente al caso concreto- antes bien que como una entelequia que concreta su existencia en los diarios de sesiones de los cuerpos legislativos. La igualdad ante la norma general y abstracta no excluye sino que implica, como lógica consecuencia, el mismo resguardo frente a la administración y la jurisdicción. La Ley igual para todos es una regla general, cuyo destino intrínseco es individualizarse a través de normas mas concretas en casos singulares; o sea al recaer sobre casos particulares. Y si esa aplicación individualizada se efectúa de modo contradictorio ante situaciones análogas, la igualdad padece. Se viola en consecuencia ese principio, cuando dentro de un mismo ordenamiento no se asegura al justiciable una uniforme aplicación del derecho, dejándolo sometido a imprevisibles variantes de criterio.
Jubilados, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: SULCA, VICENTE c/ EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR JOAQUIN CASTELLANOS SRL. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-04

Habiendo concluido la relación originaria de trabajo entre el actor y la Empresa demandada con la renuncia de aquel para acogerse a los beneficios jubilatorios, resulta indispensable la prueba fehaciente por parte del accionate, que la relación de trabajo no sufrió interrupción ni variación en ocacion de la renuncia aludida, como asi también el poder de dirección del empleador en el último tramo de la relación; todo ello a efectos de acreditar, como pretende el actor, que luego de acogerse al beneficio jubilatorio la empresa continúa dándole trabajo en forma normal y habitual hasta su despido verbal.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, sociedad de responsabilidad limitada, socios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Casco, Susana Edith c/ Martínez Enrique Martín y otros s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-27

Debe desestimarse el agravio vertido por la parte actora, en cuanto el a-quo hiciera lugar a la excepción falta de legitimación pasiva opuesta por la contraria. Ello así, ya que en autos se da el supuesto en que el empresario no es ninguna de las personas físicas que se asocia, sino una persona jurídica nueva y distinta que se crea para realizar una determinada actividad. En estos casos la sociedad es el empresario y el empleador, con independencia de la posición de los socios. En otros términos la titularidad de los contratos de trabajo recae en la sociedad y no en los socios; el vínculo laboral de la actora se entabló con el Establecimiento.

Cabe tener presente el art.2 de la Ley de Sociedades 19550, que establece que la sociedad es un sujeto de derecho, distinta de la persona de sus socios, en concordancia con el art.39 del Código Civil, según el cual la persona jurídica posee una personalidad diferente e independiente de sus miembros.

De ahí que siendo la demandada en autos una sociedad de responsabilidad limitada, su patrimonio social sea la garantía directa de la acreedora laboral, excluyéndose por ende, la responsabilidad personal, solidaria, ilimitada y subsidiaria de los socios.
Caducidad de instancia, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Saiegh Hnos. S.A c/ Frigorífico Alem S.A s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-09

La perención se produce por "declaración judicial" cuando es menester para que ella opere que exista una sentencia judicial que declare perimida la instancia. Siempre que sea necesaria la declaración judicial para que opere la perención, tal resolución tiene efecto constitutivo pues no hay perención si no existe sentencia judicial que la determine.
Agencia de remises, habilitación municipal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADORNO MICAELA c/ LARGER MARIA DAISY s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-13

Según la Ordenanza 10984, la persona física que aspire a habilitar una Agencia de Remis deberá presentar ante la Dirección General de Comercio, entre otros recaudos, una nómina de los vehículos con que se prestará el servicio y que deben tener su licencia habilitante (art. 22), recaudo este último al que jamás pudo acceder la actora.
Prueba confesional, absolución de posiciones, plena prueba, reconocimiento de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Deheza, Juan. c/ Yosco, Luis Norberto. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Cuando una parte pone una posición a la contraparte, ello importa el reconocimiento del hecho a que se refiere, aunque la absolvente lo negara y con mayor razón cuando lo admite. Para el oponente ello constituye una afirmación confesoria. Esta confesión del ponente consecuencia de la bilateralidad de esta prueba debe ser apreciada de acuerdo con el alcance que fija el art. 423 del Código Procesal, es decir su indivisibilidad.
Recurso extraordinario, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Horacio Alejandro BARBIERI c/ EL CONSTRUCTOR  S.A. s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO   -  PLAZO  -  IMPROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  CONTRATO  DE TRABAJO  -  DESPIDO  -  INDEMNIZACION  -  VACACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

El plazo para interponer el recurso extraordinario no se interrumpe por la deducción de una aclaratoria que los jueces de la causa declararon formalmente improcedente.
Amparo por mora, medidas cautelares, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Administración General de Juegos y Seguros s/ Plantea inhibitoria del Juzgado de 1a. Instancia en lo Comercial y de  Ejecución de 1a. Nominación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-12-04

En la acción de amparo por mora en la Administración Pública interpuesta ante Juez incompetente, se ha dictado una medida cautelar. Sin perjuicio de ello, por imperio del art. 196 del CPCC, de aplicación supletoria, tal medida precautoria tiene que ser excluida de la nulidad resuelta, ya que esta Corte se encuentra facultada para considerar "ex novo"la misma. No obstante ello, surge indubitable que lo pretendido en el sub-liten es hacer cesar la mora en la Administración Pública, lo que constituye una pretensión total e indiscutiblemente distinta a la de reincorporación del agente a los cuadros de la misma como resultado de su arbitrario accionar, que resulta materia de otro juicio en el que podría asistirle razón a la accionante, de manera tal que se impone la revocatoria de la medida cautelar en todas sus partes, con costas.
Perito de oficio, honorarios del perito, protección del honorario, reclamo al cliente
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Corfin S.A. c/ Alberto Basañez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

Siendo designado de oficio el perito puede cobrar sus honorarios contra cualquiera de las partes (incluso a la vencedora en costas), sin perjuicio del derecho de repetir de la contraria la suma que -en virtud de la forma en que se hubieren impuesto las costas- resultare haberse abonado en exceso. El perito es ajeno a la situación de las partes de manera que su trabajo debe ser íntegramente retribuido por cualquiera de ellas, independientemente del resultado del pleito y sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar entre las partes con arreglo a lo resuelto en orden a la imposición de costas.
Accidentes de trabajo, daños y perjuicios, pago por subrogación, empleador, gastos médicos, gastos de traslado
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: RECTI MOTO S.R.L. Y OTRO c/ SCHEURER, FERNANDO ENRIQUE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-04-29

Si bien es verdad que a los efectos de la indemnización a cargo de la patronal y en favor del dependiente accidentado, tanto la ley 20744 (Régimen de Contrato de Trabajo) como específicamente la Ley 24028 (Accidente de Trabajo) fijan límites a la responsabilidad resarcitoria, no lo es menos que aquí estamos ante un reclamo conjunto formulado por ambas partes de la relación laboral en contra de quienes se presume son los civilmente responsables por las consecuencias del accidente. Por lo tanto, estos últimos responden por el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la víctima, no dentro de los límites impuestos por el Derecho del Trabajo, sino por los principios generales del Derecho Civil, que imponen a los obligados una "reparación integral" de aquéllos perjuicios, tendiente a recomponer la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haber sufrido las consecuencias dañosas del hecho.

La responsabilidad de los demandados, atribuida que les sea la culpabilidad por el accidente, es directa para con la víctima de éste a quien conforme a lo normado por los arts. 1109, 1113, 1068, 1069 y correlativos del Código Civil, deben indemnizarle no sólo "todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria causado directamente en su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos y facultades", sino también "la ganancia de que fue privado por el acto ilícito".

No caben dudas de que los salarios que no ha podido generar con su trabajo durante todo el tiempo que estuvo imposibilitado, integran aquel daño, cualquiera sea el lapso temporal correspondiente. Si la patronal ha abonado los salarios durante algunos períodos, en cumplimiento de las leyes laborales que así se lo imponen, la única diferencia estribará en que estará subrogada en los derechos de su empleado para percibirlos; subrogación que sin embargo estará limitada a los efectivamente pagados, pero que dejará subsistente el derecho de este último por todos los demás períodos que no le hubiere abonado la patronal, hasta su reincorporación al trabajo.

Habiendo demandado ambos en forma conjunta, corresponde imponer una condena integral, quedando a cargo de los actores la distribución de lo percibido según sus respectivos derechos preanalizados.

Los gastos de medicamentos, integran el costo de toda atención médica, ya que los facultativos poco podrían hacer sin ellos en pro de la curación del paciente. En nada se lesiona el derecho de defensa de los demandados, se satisface el sentido de reparación integral, y tratándose de los denominados daños presumidos deben tenerse por suficientemente probados con los comprobantes reconocidos por los titulares de las respectivas farmacias.

No puede seguirse, en cambio, el mismo criterio con respecto a los gastos de taxi o traslados. Ellos no integran el rubro atención médica como los de farmacia.
Regulación de honorarios, base regulatoria, transporte aéreo, Convención de Bruselas, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: SEGBA c/ CONSORCIO BROWN BOVERI SUDAMERICANA  S.A.  Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

La base regulatoria basada en el límite de responsabilidad, es sólo aplicable a la relación entre la actora y la transportista, pues sólo entre ellas se configura una relación fundada en el contrato de transporte regulado por la Convención de Bruselas de 1924. En cambio, en lo que concierne al vínculo procesal trabado con respecto a las otras demandadas absueltas, la base regulatoria está representada por el monto reclamado en la demanda, conforme lo estableció esta cámara, en pleno, en los autos "Ford Motors s.a.

c/Gobierno Nacional del 7.9.76.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Lylian Elida c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Si bien no cabe prescindir del principio de congruencia ente lo requerido en sede administrativa y la pretensión procesal instaurada en justicia, en la medida que el carácter revisor de la competencia contencioso administrativa se halla limitado a la que fue materia de petición y decisión concreta por la Administración. Pero, si los organismos legales que precedieron los actos denegatorios dictados a consecuencia de la petición y de la interposición del recurso de revocatoria se hacen cargo de la cuestión planteada en esta sede, ello implica que en sede administrativa ha existido un debate suficiente con prescindencia de los términos en los cuales fue realizada la petición.
Aplicación de la ley, juicio de apremio, contratos comerciales, publicidad oficial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú c/ Cervecería Argentina S.A. Isenbeck s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-06

En el ámbito provincial, los dispositivos que dicten los municipios se deben publicar en el boletín informativo municipal o página web oficial (art. 108, primera parte, de la Ley N° 10027 de Régimen municipal; B.O. 11/05/2011). Ante ello, y para tener por cumplido el recaudo de que los habitantes tomen conocimiento de la normativa legal, la publicidad debe efectuarse mediante dos alternativas, las que se observan de manera indistinta, no de manera conjunta.