marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, caducidad de instancia, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CONCEL S.R.L. s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-17

Corresponde revocar la resolución del a quo en la cual se decretó la caducidad de la instancia, dado que conforme lo establecido por el artículo 313 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no se producirá la caducidad en los procedimientos que, como en el caso de autos, se pretende la ejecución de una sentencia. (sumario confeccionado por el SAIJ)
Tasas de interés, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Koch Tschirsch S.A. C.I.F.E.I. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-13

El principio general atinente a las tasas es que las mismas se rigen por la voluntad de las partes en el entendimiento que no vulneren el orden público; las legales o judiciales, tampoco pueden alterarlo.

El concepto de orden público es un presupuesto de legitimidad de todas las tasas, por la armónica relación entre el ahorro, el mercado de capitales y los intermediarios financieros y por otra parte la economía de los inversores y de los consumidores. Todo factor que interceda en desmedro de esta ecuación afecta al orden público, pudiendo causar contracción de la inversión y del consumo provocando a los deudores pérdidas patrimoniales importantes.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ, PEDRO FERNANDO c/ VITTAR, ADRIAN FERNANDO Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-14

Dado que no se prevé la figura del querellante en nuestra normativa provincial, la denuncia de la víctima en el proceso penal como particular damnificado debe considerarse como causal de suspensión de la prescripción de la acción civil indemnizatoria.
Juicios contra el Estado, reforma del Estado, suspensión de juicios contra el Estado, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Y.P.F. c/ Astra Cía. Arg. de Petróleo  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

La suspensión de las ejecuciones por cobro de honorarios prevista en el último párrafo del art. 50 de la Ley 23.696 dado el carácter accesorio que revisten, no se extiende a cualquier otro litigio que no hubiera tenido por objeto el cobro de una suma de dinero a cualquiera de los sujetos señalados, supuesto que se configura en la especie habida cuenta fue la propia empresa Y.P.F. quién inició las presentes actuaciones, en las que revistió la condición de demandante.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Ruben Oscar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Si bien el art. 310 (n.a.) del C.P.P. se halla en el capítulo referido a la "consulta" la regla que establece tiene carácter general, pues ella carecería de sentido si se la imaginara atribuyendo a la consulta una limitación que no existiera respecto de los recursos. Sería asistemático interpretar que la situación procesal alcanzada por el procesado puede modificarse en su perjuicio -sin recurso fiscal- en caso de haber recurrido aquél a su defensor y que, en cambio, ello está prohibido en el campo de la consulta.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, honorarios del abogado, regulación de honorarios, incidentes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruarte, Ramón Ricardo c/ Estado Provincial s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que , al desestimar el recurso extraordinario por el que se impugnaba la imposición de costas por su orden en un incidente, reguló los honorarios del letrado sobre la base del valor del litigio citando los arts. 2, 6x y 31 del decreto ley 4170/82 de la Prov. de La Rioja, pues la sola mención del art. 31, que dispone que debe tomarse en consideración el "monto principal"o el del "parcial cuestionado" no confiere sustento bastante a lo decidido, habida cuenta que el recurso extraordinario sólo se refirió a lo resuelto en materia de costas.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nieto, Eugenio Clemente c/ Provincia de Bs. As. y Sieglidez M. L. V. Marcheta E. V. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

La referencia imprecisa, en forma conjunta y disyuntiva a la vez, de otros responsables, sin individualizarlos en legal forma, como lo exige el artículo 330 inc. 2 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, hace que la demanda carezca de efecto interruptivo respecto de los aquí apelantes, a quiénes se decidió incluir como accionados, ampliándose la demanda a su respecto con posterioridad, encontrándose ya prescripta la acción.
Policía federal, remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Debus,  Walter  Rubén c/ EN -M° del interior -PFA-Dto2.744/93 s/ personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

El Estado Nacional -Policía Federal Argentina- debe incluir al concepto de Haber Mensual, definido conforme lo normado por el art. 75 de la ley 21.965 y el art. 385 del decreto reglamentario 1.866/83, las sumas dispuestas por los decretos 2.133/91, 2.298/91 y 713/92, y los suplementos dispuestos por el decreto 2.744/93 con carácter remunerativo y bonificable, y abonar las diferencias que surjan de la liquidación que debera efectuar la accionada (a partir del 26/8/97) hasta el 1 de enero de 2003 (decreto 103/03) respecto de las sumas dispuestas por los decretos 2.133/91, 2.298/91 y 713/92 y hasta la fecha de su efectivo pago respecto de las sumas correspondientes al decreto 2.744/93 -tomando en cuenta el incremento establecido por el decreto 1.255/05, así como el ordenado por el decreto 1.126/06- (Del voto del juez Fernández, Cons. VIII).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: Administración Enrique Duhau SA Agrícola Ganadera c/ Radavero, Salvador Maria y otro s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta en el marco de una demanda ejecutiva sustentada en un acuerdo de pago al que las partes otorgaron carácter ejecutivo, pues si bien el cálculo de pago debe hacerse tomando la cotización promedio del índice novillo del mercado de Liniers de los 15 días corridos previos a la fecha de efectivo pago, se observa que se trata de un documento que contiene una obligación fácilmente liquidable. Ello así, en tanto el valor indicado por el actor al iniciar la ejecución fue corroborado por el juez de grado en la página web www.mercadodeliniers.com.ar, y no fue controvertido por el demandado mediante constancias o cuentas alternativas
Emergencia económica, pesificación, esfuerzo compartido, tasas de interés, interpretación de la ley, equidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La determinación de la tasa de interés del 2,5% anual fijada por la ley 26.167 no se presenta desprovista de razonabilidad, pues aunque es reducida e incide en menoscabo de los acreedores, su reconocimiento comporta un esfuerzo económico que puede entenderse comprendido en el principio de equidad que campea en este aspecto de la solución legal admitida como válida.
Sentencia arbitraria, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Farías, Leonardo Nazario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-11-21

La arbitrariedad de pronunciamiento puede estar en cualquier tramo del razonamiento sentencial, y no solo cuando se valora la prueba.

La sentencia que razona apartándose de las reglas de la sana crítica es siempre arbitraria y por ende susceptible de ser descalificada.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Zotarelli de Almendariz, Nélida Ester c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Chacabuco s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Es nulo el pago de intereses de la indemnización por accidente de trabajo efectuado en forma directa ante la autoridad administrativa.

(art. 9, ley 9688).
Liquidación judicial, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: PELLEGRINI ITALO ANTONIO c/ UNION DE CONSTRUCTORES ARGENTINOS S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-03

Quien pretende impugnar una liquidacion debe practicar la planilla que, a su criterio, seria la que corresponde, no bastando con el solo hecho de alegar una disconformidad sino que tiene que acreditar fehacientemente los supuestos errores.
Accidente de tránsito, transporte subterráneo, responsabilidad del transportador, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: BERLOT PEDRO c/ ZAPATA ISABELINO ESTEBAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

El art. 184 del Código de Comercio no es aplicable al conductor del subterráneo. El mismo es un mero conductor del convoy, que mediante una retribución, trabaja en relación de dependencia, a las órdenes de la Sociedad del Estado, dedicada al transporte público de pasajeros. Es evidente que la disposición legal consagra la responsabilidad objetiva del empresario transportador y no la de su dependiente, cuya responsabilidad es de carácter extracontractual.
Insuficiencia del agravio, facultades del juez, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: SPIOUSSAS, Oscar Alejandro y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

La defensa no ha demostrado una aplicación irracional de la norma, ni que la pena impuesta conduzca a desconocer las razones de humanidad en razón de la afirmada desproporción en el caso particular, siendo que de admitirse el agravio, estaríamos excediéndonos de la facultades propias del juez. De la lectura de la sentencia se advierte que el decomiso en cuestión fue fundado por el tribunal a quo en las previsiones del art. 23 del Código Penal de la Nación y 30 de la ley 23737. Se ordenó el mismo respecto de los vehículos y elementos "por haber sido instrumento del delito" y se dispuso la devolución de aquellos bienes que no fueron utilizados para la comisión del mismo. Se advierte así que el decomiso de los celulares, dinero y vehículos incautados en el domicilio aparece como una derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, que encuentra sustento en la normativa legal vigente y en los principios que rigen en la materia y los agravios de la defensa, una vez más, sólo evidencian una opinión diversa de la debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos: 302:284; 304:415).
Confirmación de sentencia, juicio ejecutivo, subasta, enajenación de bienes embargados, demanda de escrituración, medida de no innovar
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAMIREZ, MARIA LEONOR C/AGROPECUARIA KUMELEN SA S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Procede confirmar la resolución en la que la jueza de grado denegó la realización de la subasta del inmueble embargado por el hecho que, sobre éste, recae una medida de no innovar decretada en un juicio por escrituración en trámite ante otro juzgado. Ello por cuanto, en el caso, no hay discusión en cuanto a que la medida decretada en dicho juicio tuvo por finalidad el bloqueo de la disponibilidad del bien para que la sentencia no se convierta en un acto jurisdiccional de imposible cumplimiento. Sucede que el juicio por escrituración tiene por objeto la obtención de una sentencia declarativa que reconozca la legitimidad del derecho invocado por el actor para lograr la escritura traslativa del dominio. Aquella medida cautelar ha sido dictada para evitar la venta del bien, ya sea voluntaria o forzosa -por subasta-, pues ella vaciaría de contendido la acción de escrituración. El hecho que el embargo decretado en estos autos haya sido trabado en tiempo en el cual la medida de no innovar no estaba vigente, no es óbice para reconocer actual eficacia a dicha medida. Lo relevante es que actualmente está operativa y obsta la posibilidad de avanzar con la subasta. No se trata de establecer la prelación temporal de las medidas cautelares; pues ello rige para los embargos con el fin de instaurar el orden de preferencias de cobro (v. CPR 218). Por lo demás, la determinación de los efectos de la prohibición de innovar es competencia del juez que la dispuso.
Acción de amparo, facultades del juez, sanciones conminatorias, astreintes, incumplimiento de resolución judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Minue, Emilio Romeo c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-19

El instituto regulado en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, similar al establecido en el artículo 666 bis del Código Civil, es un medio de compulsión al deudor para que cumpla con las resoluciones judiciales. Se trata de sanciones procesales impuestas a título condicional y como medida de coacción psicológica destinada a vencer la resistencia del obligado. Si bien benefician a la parte interesada, se dirigen a salvaguardar la vigencia del principio de autoridad y justicia. Las astreintes sirven como medio de compeler al obligado a que cumpla con el deber jurídico a su cargo, independientemente de su contenido patrimonial o extrapatrimonial.

Así, en relación a su naturaleza jurídica, se pueden diferenciar dos funciones temporalmente sucesivas. En un primer momento, las astreintes son conminatorias y, en caso de fracasar en este fin, de resultar incumplida la orden, se transforman en una sanción.
Locación de obra, locador, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Niametz Rubén Alberto c/ Browaraik Carlos y otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-03

Acreditada la condición de arquitecto del locador de obra la falta de inscripción en el Consejo Profesional sólo acarrea las sanciones previstas en el art. 27 del Dto. 6070/58 y no la pérdida de los honorarios pertinentes.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, mayores costos, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eduardo Carlucci Construcciones c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 394-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Corresponde rechazar la pretensión de reajuste del mecanismo de cálculo de las variaciones de costos con fundamento en una significativa e imprevisible distorsión de los elementos que conforman el gasto financiero de la obra, cuando se trata de una obra de corta duración, sometida a un régimen contractual posterior al dictado de la resolución 345/81 del Banco Hipotecario Nacional y también posterior al dictado de actos por parte del Poder Ejecutivo provincial que habían contemplado la incidencia de los aumentos de las tasas de interés en contratos de obra pública, por lo que cabe concluir que el incremento del costo financiero estuvo o debió estar dentro del marco de previsión del oferente antes de presentar su propuesta.
Juicio ejecutivo, excepción de novación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gamboa, Luis c/ Gamboa, María Susana s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

El otorgamiento de pagarés o cheques no produce novación, a menos que se haga constar expresamente en el recibo; es que la entrega de cheques y su aceptación por el acreedor constituye una forma de pago sujeta a la condición de que el banco girado lo haga efectivo; si por cualquier circunstancia no lo hiciera, la obligación originaria permanece incólume.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

En tanto la competencia originaria de la Corte Suprema, que proviene de la Constitución, no puede quedar subordinada al cumplimiento de requisitos exigidos por leyes locales, resulta intrascendente que no se hubieran agotado los trámites administrativos previstos en la legislación provincial.
Prescripción, procedimiento civil, procedimiento laboral, in dubio pro operario
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ubelhartt, Raúl Horacio c/ B.B.U.A. Banco Francés S.A. s/ Cobro de Pesos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-13

Así como se dice que la prescripción es defensa que los jueces no pueden tratar de oficio porque lo contrario supondría, de parte de los mismos, suplir hechos que se deberían demostrar, y que la suspensión de aquella solo puede tomarse en cuenta si las partes la alegan, no menos cierto es que estos principios, que se aplican sin cortapisas en el proceso civil, deben ser cuidadosamente aplicados en el proceso laboral, donde, se ha dicho, los actos interruptivos o suspensivos de la prescripción deben ser interpretados con criterio amplio, a la inversa que en el derecho común, decidiéndose, en caso de duda, por la interpretación más favorable al trabajador.

Y es que el derecho procesal laboral se encuentra inescindiblemente engarzado con el derecho material protectorio del trabajo, de allí que el juez deba necesariamente hacer un juicio de adecuación de todos esos principios aplicables del derecho civil a los valores jurídicos que justifican la existencia misma del derecho del trabajo, pues los principios fundamentales predominantes en la materia obligan a la función reequilibradora tanto por parte de la norma procesal como del propio órgano judicial actuante.
Evasión fiscal, sobreseimiento, comercialización de combustibles, transferencia de combustibles, impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: BONINI, HECTOR-LOMBARDI, GRACIELA-TRANSERVICE COMBUSTIBLES S.A. s/ Régimen Penal Tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-08

Corresponde revocar el auto de sobreseimiento de quienes han sido imputados por incurrir el delito de evasión tributaria puesto que, no obstante que de los considerandos de la resolución y del dictamen fiscal se hace referencia a una maniobra defraudatoria con la simulación de la adquisición de combustibles dando cuenta del empleo de documentos falsos a ese fin, el juez sostuvo que las sociedades comerciales en cuyo nombre habrían obrado los imputados no serían los obligados al pago del impuesto a la transferencia de combustibles de la ley 23966, y esa sola circunstancia es insuficiente para justificar un pronunciamiento que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso, más aún cuando también se afirma que el propósito perseguido en la maniobra pudo haber sido engañar sobre la calidad de los combustibles y no sobre el pago del tributo, en cuyo caso, la circunstancia de que las víctimas del engaño fuesen los adquirentes del combustible o bien la administración acreedora del tributo a su transferencia tampoco justifica el dictado de ningún sobreseimiento, en tanto, de todas maneras, se trataría de un hecho delictivo.
Medianería, acción de obra nueva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALAZZINI DE DOMINGUEZ Y OTROS c/ HECTOR MONTERO s/ Acciones Posesoria (LIBRO: S080 - 377)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-10

El demandado no puede ser blanco del remedio posesorio interpuesto, pues para la demolición del muro, contaba no sólo con la facultad necesaria para efectuarla, sino que además fue constreñido por la autoridad administrativa (Municipalidad) de conformidad con la reglamentación (Código de Edificación) vigente.-
Cheque, cheque de pago diferido, rechazo del cheque, girado, endoso en blanco
Materia: COMERCIAL
Carátula: Demarcico Oscar c/ Municipalidad de Aguilares s/ Apremios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-26

Si bien la firma del beneficiario del cheque de pago diferido sin indicación de la persona a quien pretende transmitir, vale como endoso en blanco (art. 14 parr. 2 y 15 de ley 24 452) ello no ocurre cuando en forma inmediata a su suscripción aparece el sello de rechazo bancario pues en tal caso el endoso vale como recibo. El art. 13 de la citada ley en su segundo párrafo establece claramente que "El endoso a favor del girado vale sólo como recibo..." . Más aún, la comunicación A del BCRA nro. 2329 del año 1995 como la 3075 del año 2000 que reglamentan la ley de cheques establecen en forma clara en los puntos 1.3.4.1 y 5.1.1, respectivamente, que la firma a insertarse en un cheque al solo efecto de su cobro o depósito no constituirá endoso sirviendo a los fines de identificación del presentante y pudiendo valer, en su caso, como recibo.
Acción de amparo, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre Librada, Alicia c/ Municipalidad de Gral San Martín y otro-a s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

Frente a la decisión de la Cámara confirmando la sentencia de primera instancia que había acogido el amparo y , a su vez eleva los honorarios del letrado de la parte actora fundándose en los arts. 1, 14, 15, 16, 21, 49 y concordantes de la ley 14.967 , el valor del litigio para el Fisco demandado que recurre este último agravio, está representado por el monto establecido por la Cámara.
Administración Pública, empleados públicos, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVATIERRA RAMONA HAYDEE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-27

El Estado en el ejercicio del ius variandi puede introducir modificaciones en el destino en que la prestación de servicios de un agente se produce, siempre que la misma sea razonable y no encubra abuso de poder. En ese sentido, la autoridad administrativa está facultada para disponer traslados de sus agentes, en tanto ello no importe el ejercicio irrazonable de esa facultad ni cause un menoscabo moral o material al trabajador; así, el traslado se presenta, por un lado, como derecho condicionado del empleado público, y por otro, como una facultad también condicionada de la Administración a la efectiva existencia de las razones de interés del servicio como regla general, y a la no violación de derechos adquiridos del agente.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., A. A. c/ S., M. R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Los alimentos extraordinarios entre cónyuges divorciados vincularmente constituyen una prestación bien distinta a los alimentos que corresponden cuando el matrimonio está subsistente.
Juicio ejecutivo, sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de San Juan S.A. c/ Piantanida Daniel Eduardo y otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-09-19

En el juicio ejecutivo, respecto al proceso ordinario posterior, la sentencia hace cosa juzgada formal, pero este principio no es absoluto. Si la cuestión planteada en este último ha sido, en el ejecutivo, materia de debate y amplia discusión, la sentencia que se dicta ha pasado en autoridad de cosa juzgada material.