Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-30


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de dos mil siete, se reúnen los señores Camaristas integrantes de esta Sala Feria de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. José Sáez Capel y Marta Paz, a los efectos de avocarse al estudio del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Javier Esteban de la Fuente, obrante a fs. 20/27 del presente incidente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 20/27 el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, interpone recurso de apelación, contra la resolución de fs. 16/18 vta. por la que la Sra Juez de Grado, Susana Beatríz Parada, resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal introducido por la Defensa a fs. 1/7 de este incidente, solicitando se revoque la resolución recurrida declarando prescripta la acción penal respecto de Héctor Daniel Marchini. Al respecto, afirma que: 1) El remedio procesal intentado resulta formalmente procedente puesto que se ha interpuesto en las condiciones legales establecidas en el art. 61 LPC, por quien tiene interés legítimo, contra una sentencia que si bien no es definitiva causa un gravamen irreparable al encartado. 2) Resulta acertada la decisión de la Judicante de no aplicar el ´regimen de prescripción establecido por la Ley Nº 25990, puesto que una correcta interpretación del concepto de secuela de juicio con arreglo al texto del art. 67 CP según la ley 25188 permite sostener que el régimen derogado es el más benigno en el caso. 3) Interpretación del concepto secuela de juicio: a) Al efectuar una interpretación literal del art. 67 CP lleva a afirmar que la "secuela de juicio" no puede ser otra cosa que la consecuencia o el resultado del juicio, en su opinión la sentencia. Es decir, solo puede haber secuela del juicio cuando luego de realizado éste se dicta la sentencia condenatoria en la causa. b) Subsidiariamente, y si la postura antes mencionada no fuera aceptada, refiere que solo podrían incluirse en el concepto de secuela de juicio ciertos actos propios del juicio dejando fuera los actos procesales que se practican en la etapa de instrucción. c) Por tanto, la postura de la Sra. Juez de Grado que se enrola en la tesis amplia y considera que la secuela de juicio implica no solo actos propios de la etapa de juicio plenaria sino también los de la instrucción, y que entiende a la palabra "juicio" como sinónimo de proceso penal, resulta errónea. Puesto que, al ampliar considerablemente la cantidad de actos procesales con efecto interruptor puede conducir a que la sola iniciación de un proceso penal ya implique un obstáculo insalvable para la posible prescripción, y que jueces y tribunales ejerzan un abuso del instituto dictando actos procesales con el solo fin de interrumpir la prescripción de la pena. 4) En la presente se encuentra seriamente afectado el derecho constitucional que tiene todo imputado a obtener un pronunciamiento definitivo, ello en razón de que el rechazo del planteo de prescripción y el permitir que la causa siga abierta pese a que transcurrieron casi siete años desde su inicio implica una evidente violación al principio constitucional del plazo razonable. En este punto, aclara que los fundamentos esgrimidos por la Judicante para rechazar su planteo resultan erróneos puesto que en la Sala II en su resolutorio únicamente se refirió al plazo de la instrucción. 5) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso fede ral.

II Que a fs. 28 el Judicante concede el recurso en los términos del art. 61 inc. 1 apartados a), b) y c) de la Ley Nº 12 según leyes 1287 y 1330.

III.- Que la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, en su Dictamen Nº 270/FC2/07, solicita se resuelva prontamente el presente incidente, antes de la fecha de debate, rechazándose en todos sus términos el recurso de apelación interpuesto por las consideraciones que expone (fs.. 33/vta. ).

VIII.- Que a fs. 35/36 el Sr. Defensor Oficial contesta la vista que le fuera concedida, reiterando los argumentos esgrimidos en el remedio procesal intentado y señalando que: a) El dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara resulta confuso en sus argumentos pues no es posible determinar cuál es la posición o interpretación que adopta respecto del concepto de secuela de juicio. b) En referencia al exceso en el plazo razonable critica lo sostenido por la titular del Ministerio Público Fiscal en relación a las maniobras dilatorias efectuadas por el encartado.

IX.- Que a fs. 37, con fecha 26/1/2007, pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN:

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que si bien no se trata de una sentencia definitiva, resulta equiparable a ella en sus efectos, por tener capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 55, LPC y 449, CPPN), tal como ha afirmado el Judicante. En efecto, la decisión que rechaza la prescripción de la acción penal implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un juicio que su defensa quiere evitar.

Al respecto, y si bien la decisión puesta en crisis tornaría admisible el remedio procesal intentado en los términos del art. 61 LPC; fijar los supuestos de viabilidad a la luz de las condiciones limitadas que prevé la norma en cuestión y con las dificultades que plantearía su alcance restringido, resultaría irrazonable. Ello así, pues, el art. 449 CPPN -de aplicación supletoria- prevé expresa y específicamente el recurso de apelación cuando las resoluciones causen un gravamen irreparable, mientras que el art. 61 alude en forma genérica a autos equiparables a sentencia definitiva.

Por lo expuesto, corresponde declarar admisible el remedio intentado, conforme la normativa mencionada.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitiendo la procedencia de la vía intentada, corresponde analizar los agravios esgrimidos por la Defensa. Los que se circunscriben a la prescripción de la acción penal seguida contra el encartado y la violación a la garantía del plazo razonable consagrada constitucionalmente.

Ahora bien, previo a resolver la cuestión planteada corresponde determinar la ley aplicable a partir de la cual será examinada la posible prescripción de la acción penal, puesto que si bien el impugnante refiere no cuestionar la decisión de la Judicante de no aplicar el régimen de prescripción y resolver el caso con arreglo al texto del art. 67 según la ley 25188, corresponde analizar si las previsiones legales referidas resultan aplicables o si corresponde analizar el planteo conforme las disposiciones de la Ley 25990.

Al respecto, y en primer lugar, cabe destacar que según surge de la presente, el hecho que se le atribuye a Héctor Daniel Marchini consiste en "haber portado un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -específicamente el revólver marca "LLanero", calibre 22 largo, número 0385, cargado con ocho balas- el día 19 de febrero de 2001, aproximadamente a las 19,30 horas, cuando se encontraba en la calle Carhué frente al nº 3565 ..." (fs. 106 del expediente principal que corre por cuerda).

El accionar descripto en el párrafo precedente fue calificado legalmente por la otrora Fiscal de Grado, Ana Dieta de Herrero, en el delito previsto y reprimido por el art. 189 bis, tercer párrafo, del Código Penal -texto ley 25086- . De este modo, teniendo en cuenta que el principio de legalidad (art. 18 CN y 13.3 CCABA) impone la aplicación de la ley vigente al momento de hecho, corresponde resolver la cuestión planteada sobre la base de ella, es decir, el art. 189 bis, tercer párrafo CP (ley 25.086) y los arts. 62 inc. 2, 63 y 67 del CP (éste último, según ley 25.188), que regían al tiempo de comisión del accionar atribuido al encartado.

Siendo así, el art. 62, inc. 2º, CP establece que si se trata de hechos reprimidos con reclusión o prisión, la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, no pudiendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos. En este caso, la escala máxima del delito atribuido al encartado es de tres años de prisión.

Por lo tanto, el asunto a dilucidar radica en establecer si el curso de la acción penal fue interrumpido por la comisión de otro delito o por "secuela de juicio", tal como lo prescribe el art. 67 ibíden.

Ahora bien, en cuanto a "secuela de juicio" cabe destacar que deben entenderse a los actos que evidencian "... un impulso real del proceso por parte de los órganos o de las personas que tienen la facultad de hacerlo, que tuvieran suficiente entidad para dar real dinámica al proceso manteniendo en efectivo movimiento la acción penal, revelando una inequívoca voluntad de actualizar la pretensión punitiva" (D´Alessio, Andrés José-Divito, Mauro, Código Penal -comentado y anotado- Parte General, LA LEY, Bs. As. 2005, pág. 683).

En este sentido este Tribunal no comparte las interpretaciones postuladas por la defensa cuando sostiene que por "secuela de juicio" debe entenderse, en principio, el resultado del juicio o bien a ciertos actos propios del juicio, dejando de lado los practicados durante la instrucción. En esta inteligencia, se ha dicho que el concepto de secuela de juicio se encuentra vinculado a aquellos actos "... con aptitud para mantener viva la acción penal, producidos por quienes durante el proceso estén habilitados para su ejercicio o para ordenar las medidas conducentes para la materialización de la acción respecto de una persona determinada y, por último, que tengan la idoneidad procesal suficiente para actualizar esa pretensión punitiva, y demuestren que se mantiene el interés del Estado en la prosecución de la causa, lo que puede verse frustrada por dilaciones indebidas ocasionadas por la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes, la mora judicial o por la suma de los tres factores" (CNCP, Sala I, causa nº 2835 "Velázquez, Carlos David s/recurso de casación", rta. 6/7/2000).

Tampoco corresponde limitar el concepto de secuela de juicio a los actos procesales practicados durante la etapa de juicio, pues si bien la expresión "juicio" puede ser objeto de una interpretación restringida, el término debe ser conceptuado en el sentido extenso de causa, proceso o procedimiento, tal como propone la Judicante. En esta línea de argumentación, se ha sostenido que "... dicha interpretación se compadece con los fundamentos que el legislador tuvo presentes al sancionar la reforma que introdujo la frase en cuestión, y también con la correcta interpretación del término "juicio", tanto gramatical como teleológica. ... la locución "secuela de juicio", que figura en el texto del art. 67 del Código Penal reformado por el art. 1º de la ley 13.569, conducen a admitir que su significado es el de "prosecución o curso del proceso o causa penal lato sensu", siendo opuestas a su sentido léxico-lógico y a la voluntad finalista de la ley, cualesquier otras interpretaciones y, entre éstas, las que parten de considerar que, en la citada locución, la voz "juicio" no comprende al sumario, siendo aplicable, a título exclusivo, a la fase contradictoria del proceso" (CNCP, Sala III "Patat, Juan C.", rta. el 13/2/1995).

Así, la "secuela de juicio" debe ser entendido como una fórmula genérica comprensiva de todas las etapas del proceso penal (CNCP, Sala I, "Percunte, Mario D.", rta. el 7/3/95). A mayor abundamiento, cabe señalar que dicha interpretación es la que se adecua al criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que la citación a indagatoria del procesado es el primer acto con virtualidad para interrumpir la prescripción, precisamente "por constituir secuela de juicio" (Fallo 312:1351).

En primer lugar cabe meritar que según surge de la copia de la certificación obrante a fs. 27/vta. del Legajo de Incidentes perteneciente a: Marchini, Héctor Daniel -Causa Nº 1172- que corre por cuerda, surge que el imputado fue condenado por sentencia del 8 de mayo de 2002, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de San Martín, Pcia de Buenos Aires, a la pena de cinco meses de prisión que se dio por compurgada con el tiempo de detención sufrido por ser el autor del delito de robo, hecho cometido el 28/7/2001. Acreditado ello, la fecha de comisión del mismo debe computarse a los efectos interruptivos de la prescripción de la acción.

Por lo tanto, toda vez que el hecho -objeto de estos actuados- tuvo lugar el día 19/2/2000, y el hecho por el que fuera condenado Marchini acaeció el día 28/7/2001, el curso de la prescripción se vio interrumpido en esa fecha, debiéndose considerar que a partir de ello el plazo comenzó a correr nuevamente. Ello sin perjuicio de tener en cuenta el llamado a la primera declaración indagatoria (fs. 51 de la copia certificada del expediente principal) que data del 16/7/2001.

Cabe además destacar que se desprenden actos interruptivos, los que si bien fueron aceptados tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, con la reforma introducida al art. 67 por la Ley Nº 25990 han quedado plasmados legalmente.

Así, del análisis de la presente se advierten en principio, tal como afirma la Juez a quo, el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Fiscal Correccional el 21/1/2004, el requerimiento de elevación a a juicio presentado por la Sra. Fiscal de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas el día 25/4/2005 y finalmente el auto de citación a juicio de fecha 24/11/2005.

Por tanto, el plazo de prescripción se vio interrumpido por los actos mencionados, y por tanto al día de la fecha aún no ha transcurrido el plazo de tres años para que opere la prescripción de la acción penal.

Finalmente, y en relación a la violación al principio de plazo razonable alegado por la Defensa, ya se ha expedido la Sala II del Tribunal al 20/10/2005, y desde esa fecha la causa ha tenido el debido impulso. A saber, luego de notificarse, el 24/11/2005 se remite al Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 13 y en la misma fecha el Judicante cita a las partes a examinar las actuaciones y ofrecer prueba, el 14/12/2005 la Defensa se opone a una prueba pericial y ofrece prueba, finalmente y luego de efectuada la pericia el 17/4/2006 el Juez de Grado provee la prueba y fija audiencia de juicio para el 16/5/2006 a la que el encartado no concurre declarándoselo rebelde el 14/6/2006. Por último y según consta a fs. 298 de la copia certificada del expediente principal, Marchini es detenido recién el día 20/12/2006, lo que motivó el dictado -al día siguiente- de la prisión preventiva y la fijación de una nueva audiencia de juicio para el 8 del mes próximo.

De lo hasta aquí expresado, y aún cuando le asista razón al Sr. Defensor al afirmar que desde la comisión del hecho en cuestión hasta el presente han transcurrido casi siete años, lo que no deja de ser un dispendio jurisdiccional por tratarse de un delito de pura actividad y habido in fraganti, no es posible obviar los actos llevados a cabo en ese tiempo, sin perjuicio de las demoras incurridas a las que ha dado debido tratamiento la Sala II, dieron impulso a la presente sin dilaciones impropias o injustificadas llevando la misma finalmente a la audiencia de juicio, la que se encuentra fijada para el día 8 de febrero próximo.

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el planteo defensista en cuanto a que el tiempo de tramitación de la presente ha vulnerado la garantía constitucional de obtener una sentencia en un plazo razonable.

Finalmente, y en cuanto a la Causa Nº 048-00-CC/2006 caratulada "Soto, Luis Alberto" de la Sala I de esta Cámara que cita en sustento de su postura el impugnante, es dable mencionar que se trata de un caso claramente diferente al presente puesto que en dicha ocasión el Tribunal consideró que se había vulnerado la garantía del plazo razonable en razón que el encartado -a pesar de haberlo solicitado oportunamente- no fue sometido a indagatoria hasta después de transcurridos cinco años del hecho. Situación claramente diferente a la de autos.

Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el decisorio recurrido en cuanto resuelve NO HACER LUGAR al planteo de prescripción de la acción penal introducido por la Defensa (arts, 449 CPPN, 62, 63 y 67 CP -texto según ley 25188- y 189 bis, tercer párrafo, -texto según ley 25086-).

II.- TENER PRESENTES las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el recurrente.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a sus efectos.

Ante mí RI