Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-30


Nro. de Sentencia: 018 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C. A. F. A. c/ C., J. R. s/ DESALOJO", Expte. nro. 15.441/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 1 (Expte. nro. 927/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 243), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 218/221 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs. 224) de la sentencia de fs. 218/221 vta., que hace lugar a la demanda promovida por el C. A. F. A. y condena a J. R. C. y/o quien resulte sublocatario, tenedores precarios, intrusos u ocupantes a desalojar el inmueble sito en la calle M. de J. Nº XX del Barrio G. M., Km X de esta ciudad de Comodoro Rivadavia en el término de diez días, contados a partir de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza; impone las costas a la perdidosa y regula los honorarios.

A fs 234/239 se agrega la expresión de agravios.

Luego de referirse a los considerandos de la sentencia, sostiene que no coincide con el argumento vertido por el a-quo en el p.2 cuando expresa que no se han probado los hechos extintivos o impeditivos que se opongan al progreso de la acción y sustenten en definitiva la defensa de fondo que se intenta, pues siempre ha tenido intención de pagar, de acuerdo al contrato y que los cánones mensuales se pagaron normalmente hasta junio de 2004, relatando los problemas que a partir de allí se suscitaron y los motivos, los que fueron alegados en la contestación de la demanda.

Resalta que el lugar de pago era el C. F. A., tal lo pactado y reconocido por el presidente en la absolución de posiciones.

Entiende que de la documental acompañada y del reconocimiento de la actora a fs 193, debe concluirse que contrariamente a lo sostenido por el a-quo, se han probado los hechos extintivos e impeditivos que se oponen al progreso de la acción.

Menciona que probó con la documental acompañada que efectuó una importante inversión en el inmueble y que se había acordado que los trabajos que se llevarían a cabo serían compensados con el monto del canon, cumpliéndose sólo hasta el mes de octubre de 2003.

Difiere con lo argumentado por el sentenciante en punto a que no se ha producido prueba que sustente la documental acompañada, ni se han probado gastos, señalando que fueron presentados originales que prueban que las obras se realizaron, a lo que agrega la memoria descriptiva y el reconocimiento del actor al descontar del monto del canon hasta el mes de octubre de 2003. Aduce que el presidente del club reconoció ello en la absolución de posiciones.

Y he de tratar los agravios, ante el criterio amplio que ha adoptado la Cámara y en concor-dancia con lo que sostuviera el Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. P. S.A.M.C.I." en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "Granero, María Inés s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr Torrejón sostuvo:

"Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Este Tribunal tradicionalmente se ha guiado en esta materia con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de técnica recursiva exigida por la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el Art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional.

De allí, entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio (conf., esta Sala, "Auge, Juan C. c/ Lucchini, María M.", del 14/5/1998; íd., "Heller Sud Servicios Financieros SA c/ Solvay Indupa SAIC", del 15/7/2002, entre muchos otros), motivo por el que, dentro del precario marco brindado por las quejas vertidas, éstas serán analizadas.

Y no sólo el reproche debe fundarse en los agravios, sino en las distintas actitudes que el demandado ha tomado durante el proceso, sin acercar prueba alguna que pudiese corroborar lo sostenido.

Y digo esto pues si bien acompañó documental para respaldar su postura, fs 80/121 y solicitó que en el eventual caso que la contraparte desconozca la documental, se cite a las personas que aparecen firmando las mismas, fijándose audiencia para el reconocimiento, ante el desconocimiento del actor a fs 178, de toda la documental, el a-quo al abrir la causa a prueba omite proveer la misma, providencia que devino firme.

Y aún en el caso que hubiese considerado que ello significaba una negativa por parte del juzgador y que su accionar estaba constreñido por lo que dispone el Art. 379 del CPCCCh, no se valió en esta instancia de las prerrogativas que le otorga el Art.260 inc 2º del mismo cuerpo legal. La carga de urgir la prueba incumbe a la parte, toda vez que aunque la ley permite al juez proveer de oficio a las medidas necesarias (Art. 36 del CPCCCh), la inactividad de parte conforma la negligencia o caducidad.

Ante ello y tratándose de una demanda por desalojo por falta de pago, el reconocimiento por parte del ahora quejoso que abonó hasta el mes de julio de 2004, fs 172 vta de la contestación de demanda, fs 110 fotocopia autenticada de la documentación reservada sin foliar, y absolución de posiciones, tornan procedente la desestimación de los agravios.

Las costas de la Alzada las impongo al apelante demandado vencido.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar la sentencia de fs 218/221 vta y rechazar los agravios.

2) Imponer las costas a la demandada vencida.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 1448/2005 del juzgado de Ejecución de la jurisdicción que hizo lugar a la demanda promovida por el C. A. F. A. y condenó a J. R. C. a desalojar en el término que fijó, el inmueble sito en calle M. de J. XXX del Barrio G. M. de la Ciudad de Comodoro Rivadavia (fs. 224, fs. 218/221 vta.).

A fs. 234/39 luce el memorial de agraios, sin perjuicio de haber sido detallados por quien me precedió y encontrándose cumplida la carga procesal, detallo que el recurrente transcribiendo parcialmente el fallo atacado sostiene que hubo una actitud maliciosa por parte el actor, que omitió la propuesta de pago efectuada, varió las condiciones pactadas, quejándose específicamente que en el considerando segundo el juez de grado no tuvo presente que se había probado con la documental respaldatoria que dan cuenta de las obras realizadas que fueran aceptadas por el actor descontando cierto importe que detalla de los cánones.

La demanda se intentó por la falta de pago de los importes estipulados, lo cual fue retrucado en forma limitada al contestar afirmando que existía un negocio consistente en la realización de obras y descuentos del canon a pagar y la afirmación del apelante que ello fue probado en autos, es inadmisible la postura del recurrente, ello es así retrotrayéndome a los pasos procesales cumplidos.

Acompañó diversos documentos de fs.80/170, los mismos fueron desconocidos a fs.178 y vta. y he de coincidir con la magistrada prevotante que no se peticionó oportunamente subsanación y/o corrección del proveído abierto a prueba aun conforme Art. 685 del CPCCCh (fs.181) mantuvo silencio, con lo cual las afirmaciones en el memorial carecen de sustento y son ajenos a lo acaecido además que hubo una falta de instancia de parte acorde y acompañante del propio interés en el pleito de acuerdo a la posición asumida en el mismo recordando que "la pretensión de desalojo, como toda pretensión que se formule, no es por su naturaleza un derecho en sí misma, sino un acto procesal por el cual se reclama la recuperación invocando un derecho a la restitución" (Héctor Eduardo Kenny "Proceso de desalojo", Ed. Astrea-2001, pág. 3).

Cabe recordar que si bien, la limitación probatoria que rige para ambas partes, la carga de la prueba del pago pesa sobre el deudor (Fenochietto, E.: "Cod.Proc....", t.3, pág. 574, Ed. Astrea-99).

Frente a tales actos procesales se cuenta con los previstos para oponerse al reclamo en sus plazos tiempos y formas establecidas lo que omitió el quejoso.

A esta altura recuerdo la enseñanza de Goldschmidt con relación a la conducta omisiva en el proceso y en particular a la carga procesal concebida como un imperativo del propio interés, al señalar como principio: "la ocasión obliga o, más bien, impone una carga y la más grave culpa contra sí mismo es dejar pasar la ocasión" ("Teoría General del proceso", pág. 84, cita Fenochietto, Eduardo "Código Procesal.", t.2, pág. 404- Ed. Astrea-99).

Por último agrego que el reconocimiento a fs. 172 vta. y fs. 110 de la falta de pago sustenta el rechazo de los agravios, dejando sentado que coincido con la magistrada prevotante.

Las costas de la Alzada se imponen al recurrente vencido conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

Por coincidir con la Dra. Reynoso hago propia la fórmula postulatoria y la doy por reproducida.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios y confirmar la sentencia de fs 218/221 vta venida en apelación.

2) Imponer las costas a la demandada vencida. Regúlanse los honorarios profesionales del Dr. J C. S. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 18 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS