Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y Angela E. Ledesma como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 3011/3024 de la causa n° 6822 del registro de esta Sala, caratulada: "Monsegur, Horacio Sila s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Juan M. Romero Victorica, la querella -Irma Inés Dragonetti- por los doctores José María Orgeira y Alejandro Martín Vartnian y la defensa particular de Horacio Sila Monsegur por el doctor Carlos E. Caride Fitte.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David y en segundo y tercer lugar los doctores Juan E. Fégoli y Angela E. Ledesma, respectivamente (fs. 3163).

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

I- 1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 de esta ciudad resolvió -en lo que aquí interesa- absolver a Horacio Sila Monsegur, Alejandro Luis Monsegur, Ludovico Alberto Ortelli, Alejandro Pablo Speroni e Ignacio Di Tulio o Di Tullio, en orden al delito de defraudación por administración infiel (arts. 45 y 173 inc. 7° del Código Penal), imponiendo las costas por su orden (art. 531 del C.P.P.N.).

Contra dicha resolución la defensa particular de Horacio Sila Monsegur interpuso recurso de casación a fs. 3129/3138, que concedido a fs. 3139/3140, fue mantenido a fs. 3147.

2°) Que la defensa se agravió pues sostuvo que la resolución recurrida -en cuanto a la imposición de costas- contiene defectos de fundamentación que la tornan arbitraria, a la vez que manifestó que el a quo efectuó una errónea interpretación del art. 531 del C.P.P.N.

3°) Que a fs. 3163 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, inc. 2°, del Código Procesal Penal de la Nación es formalmente admisible y ello es así, pese a que en principio las resoluciones relativas a las costas del proceso resultan ajenas a la competencia de esta Cámara, por cuanto corresponde hacer una excepción a la regla cuando, como en este caso, se ha tachado de arbitrariedad la imposición de las costas y se ha fundado debidamente (cfr. esta Sala, causa n° 5147, "Ortigoza, Lorenzo Ricardo s/ recurso de casación", reg. n° 6993, rta. el 04/09/04).

III- En las presentes actuaciones el tribunal a quo resolvió absolver a los imputados debido a la falta de acusación tanto de la querella como del señor fiscal de juicio.

Respecto a la imposición de costas, el tribunal oral manifestó: "Atento al resultado que se propugna y lo establecido en el artículo 531 del Código Procesal Penal considero que no deben ser impuestas las costas del proceso" -fs. 3022-.

El artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación dispone que "Las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar".

Ahora bien, siendo que el Código Procesal Penal de la Nación sigue la regla de imposición de costas al vencido, es innecesario que en los casos en que se sigue esa norma general el tribunal deba exponer las razones de su aplicación, "mas sí adversamente, porque el incumplimiento importará arbitrariedad, por no quedar explicada la exención" (cfr. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi - José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 2004, T. II, pág. 1306).

En esta inteligencia, se advierte la falta de motivación de la sentencia recurrida en cuanto a la imposición de costas, pues el a quo no fundamentó el apartamiento del principio general de la carga de las costas a la parte vencida -basada en haber tenido razón plausible para litigar- y su consecuente decisión de imponerlas por su orden.

Así planteado, vale decir que la resolución en crisis es arbitraria puesto que carece de fundamentación, ya que los fallos, para estar a salvo de padecer este vicio, deben dar a conocer los motivos que justifiquen la convicción del juez de manera expresa. Esto es, no basta con la íntima convicción de que se le debían imponer las costas por su orden, si no se expresaron las argumentaciones de modo que fuera controlable el iter lógico seguido por el sentenciante (en este sentido, ver: Fernando de la Rúa, "El recurso de casación", pág. 160 y sgtes., Editorial Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968).

Es del caso recordar que la doctrina de la arbitrariedad, elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 261:209; 274:135; 284:119; 297:100) y que además de su base constitucional (art. 18 C.N.), la exigencia de fundamentar las sentencias surge de los artículos 123 y 404, inc. 2° del C.P.P.N.).

IV- Por lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 3129/3138, sin costas en esta instancia, y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de fs. 3111/3124, sólo en lo referente al punto dispositivo VII, remitiéndose los autos al tribunal de origen a los efectos de que fundamente sobre la imposición de las costas. Tal es mi voto.

El señor juez doctor Juan E. Fégoli dijo:

Que por sus fundamentos adhiere al voto precedente y emite el suyo el igual sentido.

La señora juez doctora Angela E. Ledesma dijo:

Tal como viene decidida la suerte del recurso de casación interpuesto por la defensa de Horacio Sila Monsegur, por la opinión unánime de los colegas que me preceden en la votación, sólo cabe agregar que el art. 398 del código de rito, expresamente prescribe -entre otras cosas- que los jueces deben emitir sus votos en forma motivada (quedando puntualmente comprendido el tema de las costas); exigencia ésta que no fue satisfecha en la resolución impugnada (arts. 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.).

Por ello, adhiero a la solución propuesta por los magistrados preopinantes.

Así lo voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 3129/3138, sin costas en esta instancia, y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de fs. 3111/3124, sólo en lo referente al punto dispositivo VII, remitiéndose los autos al tribunal de origen a los efectos de que fundamente sobre la imposición de las costas (arts. 471, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, Juan E. Fégoli y Angela E. Ledesma. Ante mí: Gabriela García.