Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


Q., M. E.

Reg.: A y S t 215 p 90-94.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Defensor General de Cámaras contra el auto de fecha 3 de noviembre de 2004 dictado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "Q., M. E. -Lesiones culposas- (Expte. 1303/04)" (Expte. C.S.J. Nro. 110, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio del 3 de noviembre de 2004, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario resuelve confirmar el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Correccional de la Tercera Nominación de esa ciudad que, a su turno, había denegado el pedido de suspensión del juicio a prueba (fs.

54/55 vta.).

Contra dicha resolución, el señor Defensor General de Cámaras, a cargo de la defensa técnica de M. E. Q., interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 56/66 vta.).

Tras el relato de los antecedentes de la causa, plantea que la interpretación del artículo 76 bis efectuada en el auto impugnado no supone la aplicación razonada del derecho vigente, al ser la consecuencia de un excesivo apego a la letra de la ley que, en el caso, conduce a un resultado irracional.

Entiende que una correcta interpretación del artículo lleva necesariamente a concluir que los únicos supuestos a los que refiere el párrafo octavo del dispositivo legal son aquellos en los que la inhabilitación está prevista como pena exclusiva y no en los cuales está dispuesta en forma conjunta con la prisión.

Apunta que la interpretación que propicia ha sido adoptada por numerosos tribunales de provincia, citando como ejemplos lo dispuesto por los máximos tribunales de Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Córdoba.

Bajo el acápite "interpretación sistemática", argumenta en torno a la irracionalidad de la exclusión del beneficio para los delitos culposos, por la diferencia de tratamiento respecto de delitos claramente más gravosos como son los dolosos. Expresa que, teniendo en cuenta la enumeración contenida en el artículo 5 del Código Penal, tampoco resulta acorde con una interpretación contextualizada concluir que la pena de menor entidad imposibilita la suspensión del juicio a prueba.

Considera que una interpretación histórica del precepto resulta relevante a los fines de determinar la intención del legislador que sancionó la norma y sostiene que el análisis de los debates parlamentarios conduce a la solución propiciada.

Con relación a la finalidad del instituto, postula que la necesidad de evitar el efecto estigmatizante de la pena cuando no existen razones preventivo especiales está especialmente presente en los delitos culposos, pues la misma no puede disuadir al autor de volver a delinquir debido justamente a que en ningún momento estuvo en sus planes hacerlo. Es por ello -agrega- que impedir la concesión del beneficio para estos delitos implica desterrarlo de aquellos supuestos en los cuales se cumpliría con más énfasis el objetivo del instituto.

Señala que, discutiéndose si corresponde la concesión de un beneficio a una persona imputada por la presunta comisión de un delito, la ley penal debe ser interpretada del modo más benigno para el encartado.

Estima que, contrariamente al criterio expuesto en la resolución atacada, existe un modo de neutralizar la conducta culposa sin necesidad de arribar a una condena y a la imposición de una pena de inhabilitación, pues el juzgador -atento lo normado en los artículos 76 ter y 27 bis- puede establecer la prohibición de conducir vehículos o manipular armas como regla de conducta.

2. La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario - integrada-, por auto de fecha 11 de marzo de 2005, resuelve por mayoría denegar la concesión del recurso, entendiendo que la impugnación no se dirige contra una sentencia definitiva o auto equiparable; constituye una discrepancia respecto de la justicia o conveniencia de la norma del Código Penal e ignora la oposición del Ministerio Público Fiscal (fs. 67/73 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

33/46 vta.).

3. Cabe señalar que, pese al loable esfuerzo desarrollado por el compareciente, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados todos los fundamentos que brindó la Sala en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, quedando así incumplido el requisito que exige el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, aún cuando se entendiera rebatido en su presentación directa el argumento explicitado en la denegatoria, en torno a que la impugnación no se dirige contra una sentencia definitiva o auto equiparable que pone fin al litigio -atento a que la imposibilidad de discutir la procedencia del instituto le irrogaría un gravamen irreparable que tornaría a la resolución en una de aquellas susceptibles de ser atacadas por la vía intentada-, lo cierto es que no sucede lo mismo con los restantes fundamentos de la Sala, vinculados con el hecho de que "todo el cuestionamiento ... se basa en la discrepancia - acertada o no- respecto de la justicia y conveniencia de la norma del Código Penal que aparece impugnada, esto es, aquella que niega el beneficio de la suspensión del juicio a prueba cuando media la pena de inhabilitación, más se lo hace desde un plano supralegal en base a criterios de política criminal que se consideran más adecuados y justos, pero que en modo alguno es lo que establece -nos guste o no- la ley vigente aplicable al caso"; habiéndose añadido, en refuerzo de tal tesitura, que "la defensa en su presentación en momento alguno hace referencia al segundo obstáculo que también impide de un modo decisivo la concesión del beneficio de la probation a su pupilo, esto es, el consentimiento fiscal al pedido, situación que en los autos, tanto en primera como en segunda instancia, se advierte que media una clara oposición del Ministerio Público Fiscal".

Ello es así porque el quejoso, al postular la "inconsistencia lógica" que implicaría admitir el instituto para delitos dolosos pero negarlo para los culposos, reitera planteos iniciales, que fueron respondidos oportunamente por la Sala en la resolución atacada.

Sobre el particular, el A quo apuntó que el fundamento del disímil tratamiento no deriva de la jerarquía de las penas sino de su finalidad -explicando que "la exclusión de los delitos con pena de inhabilitación tiene como núcleo común la preponderancia del interés general en neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad, ya que su aplicación importa limitar la actividad de un sujeto, precisamente, dentro de la esfera en que delinquió"- y aclaró -contradiciendo la interpretación defendida por el recurrente- que ello "es indistintamente aplicable a los casos en que la pena de inhabilitación está prevista como única o conjunta con la privativa de libertad"; sin que la crítica del quejoso alcance a convencer de que tal respuesta resulta insuficiente, absurda o irracional al punto de descalificar el pronunciamiento desde el punto de vista constitucional.

En este orden, resulta útil traer a colación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, ha establecido -sentando pautas de las que se ha hecho eco este Tribunal (así, en A. y S. T. 69, pág. 210)- que "la garantía de la igualdad comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferente con tal que tal discriminación no sea arbitraria, ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable" (Fallos 300:1084.

En similar sentido: 270:374; 274:300; 276:218). También, ha dicho que "(n)o todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana.

Existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico, que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma" (Fallos 322:2701).

Tampoco la mención que el recurrente hace de la existencia de jurisprudencia favorable a su interpretación -que, por otra parte, pareciera minoritaria- resulta decisiva para la apertura de esta instancia excepcional, pues los precedentes aludidos no obligan a la uniformidad de la interpretación de la ley en todos los tribunales del país.

Esta Corte no desconoce que la cuestión de si corresponde o no la suspensión del juicio a prueba, en caso de delitos conminados con pena de inhabilitación, es uno de los más controvertidos tanto doctrinaria como jurisprudencialmente y en el que se aprecian diferentes opiniones; y así -en oposición a los precedentes citados por el recurrente- podrían mencionarse antecedentes en sentido contrario, como "Gregorchuk" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 325:3229, voto de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y López), "Linares Borobio", de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II (de fecha 1.4.2004), "Kosuta", fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal (del 17.8.1999) o "Sosa", del máximo tribunal de la Nación (Fallos 327:1700, voto de los doctores Fayt y Boggiano), donde se indicó que la procedencia de la probation para los delitos reprimidos con pena de inhabilitación "se trata de un tema de derecho común que ha sido resuelto sin arbitrariedad por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo (Kosuta)".

Es claro, entonces, que la tesis seguida por la Sala en el fallo impugnado simplemente forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no habiendo desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional.

A la misma conclusión -cabe destacar- había arribado este Tribunal en la anterior oportunidad que tuvo para pronunciarse sobre el tema, justamente frente a un planteo de similar tenor del señor Defensor General de Cámaras (A.

y S. T. 208, pág. 467).

Resulta oportuno mencionar que las cuestiones interpretativas frente a una norma legal pertinente pueden dar lugar a una deficiencia exegética que permite distinguir dos tipos de interpretaciones: arbitrarias y no arbitrarias, cada una con distintas manifestaciones. Evidentemente, sólo las primeras podrán habilitar el recurso de inconstitucionalidad.

Y si bien es cierto que el deslinde entre una y otra no guarda la claridad y precisión que se pueden encontrar en otros temas vinculados con la doctrina de la arbitrariedad, el recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma debe reservarse -conforme con pautas señeras de la Corte- para desaciertos de gravedad extrema que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones que se estimen equivocadas (A. y S. T. 92, pág. 299; T. 150, pág. 236; T. 151, pág. 248; T. 198, pág. 453; T. 205, pág. 42; etc.).

En particular, debe tenerse en cuenta que los tribunales no pueden "inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (Fallos 327:1479, disidencia de los doctores Belluscio y Boggiano.

En similar sentido: 257:127; 293:163; 301:341) y que " el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial quepa pronunciarse, sino sólo cuando trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario" (Fallos 308:1361, voto del doctor Petracchi y sus citas).

En suma, los cuestionamientos del impugnante tienen un neto corte interpretativo respecto de un precepto de derecho común, y sabido es que dicha materia -por principio y como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte (A. y S. T. 92, pág. 254; T. 99, pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 134, pág. 10; T. 152, pág. 320; T. 198, pág. 453; T. 205, pág. 42; T. 209, pág. 300; entre otros) en consonancia con el criterio del más Alto Tribunal de la Nación (Fallos 306:262 y 1054)- escapa a la órbita de los recursos extraordinarios a menos que se demuestre arbitrariedad normativa, situación que -como se indicó- no acontece en la especie.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: 3. El recurrente, desde una interpretación sistemática del artículo 76 bis del Código Penal, se agravia de la irracionalidad que encierra el excluir del beneficio de la suspensión del juicio a prueba a los delitos culposos, difiriendo el tratamiento que se le dispensa respecto de delitos claramente más gravosos como lo son los dolosos; asimismo, apoyándose en la finalidad del instituto en cuestión, pone énfasis en que la necesidad de evitar el efecto estigmatizante de la pena, siendo que no existirían razones preventivo especiales que estuvieran especialmente presentes en los delitos culposos.

Entiendo que tales agravios cuentan -prima facie- con asidero en las constancias de la causa y ostentan suficiente entidad en orden a la apertura de esta queja.

Dicho sea ello en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por tales razones, considero que debe admitirse la queja interpuesta y, en consecuencia, concederse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Defensor General de Cámaras.

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)