Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20


Causa 6005/2013 J: 6 S: 11 -I- "PROTUBO SA C/ METROGAS SA Y OTROS S/ REPETICIÓN" Buenos Aires, 20 de mayo de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 265/266, contra la decisión de fs. 258; y CONSIDERANDO:

1. El magistrado -en remisión al dictamen emitido por el agente fiscal de la anterior instancia a fs. 255/256-, se declaró incompetente para conocer en las presentes actuaciones y dispuso la remisión a la justicia contencioso administrativo federal (conf. fs. 258).

El apelante manifiesta que el reclamo de estas actuaciones reside en obtener el reintegro de las sumas de dinero que habrían sido abonadas mediante el cumplimiento de leyes -que tilda de inconstitucionales- en concepto de pago, y no de tributos o impuestos estatales, es decir que son de carácter ordinario y no tributario. Aclara que los recaudadores de ese dinero son sociedades anónimas con participación del Estado pero con personería jurídica separada de este. Solicita se revoque la decisión y se declare la competencia de este fuero o de la justicia nacional en lo civil (conf. fs. 265).

2. En primer lugar, es conveniente señalar que para determinar la competencia de los tribunales corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. arts. 4 y 5 del Código Procesal; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; esta Sala, causas 7.122 del 14.12.93, 20.039 del 23.2.95, 4.365 del 20.6.96, 2.041 del 3.4.97, 2.324/98 del 22.10.98, 5.295/07 del 27.9.07, 12.290/07 del 27.3.08, 5.959/07 del 3.6.08, 13.178/06 del 24.6.08, 4.868/07 del 26.8.08, 5.967/08 del 28.8.08, 723/08 del 11.9.08, 882/08 del 30.9.08, 13.470/07 del 2.10.08, 10.899/07 del 7.10.08, 7.683/08 del 25.11.08, 2.055/08 del 23.12.08, 3.295/08 del 10.2.09, 8.670/08 del 7.4.09, 9.876/08 del 19.5.09, 4.423/08 del 26.5.09, 11.300/08 del 6.8.09, 2.086/09 del 11.8.09, 13.783/07 del 18.8.09, 1.310/09 del 20.8.09, 2.701/09 del 24.9.09, 680/08 del 29.10.09, 2.801/09 del 29.10.09, 5.850/09 del 15.12.09, 3.544/09 del 22.12.09; entre otras).

Desde esta perspectiva, es dable destacar que la parte actora promueve demanda contra Metrogas SA, Nación Fideicomiso SA, Fideicomiso Gas Nación y Fideicomiso Gas Expansiones, por la falta de reintegros de sumas de dinero que habrían sido cobradas ilegalmente por las entidades mencionadas y que estima en $ 977.460, 48. Relata que los montos fueron facturados en virtud de lo establecido por la ley 26.095, el decreto 1219/16, la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 2008/06, la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas N° 3689/07 y demás normas dictadas en consecuencia, en lo que respecta a la aplicación de cargos específicos con destino al fideicomiso para financiar obras de infraestructura a los que refiere dicha normativa (conf .fs. 238 y siguientes).

3. En tales condiciones, es oportuno destacar que conforme lo establecido en los arts. 116 de la Constitución Nacional, 2°, inc. 2, de la ley 48, y 111, inc. 5, de la ley 1893, corresponde a la justicia federal conocer de las causas en que la Nación o una entidad nacional sea parte (conf. Corte suprema, Fallos 240:22, 247:494, 270:384, 286:203, 288:186, 295:538, 292:227, 301:114, entre otros).

Por otra parte, el art. 1º de la ley 24.076 califica al transporte y distribución de gas natural como un servicio público. De tal manera, la pretensión esgrimida exigirá examinar -eventualmente- el sentido y los alcances de normas federales, como son las dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere aquella norma, circunstancia que determina la competencia federal (conf. esta Sala, causas 13.435/96 del 27.6.96 y 8148/10 del 31.5.11; Sala III, causa 82/97 del 13.5.97, entre otras).

Por lo tanto, la petición del recurrente de remitir la causa a la justicia nacional en lo civil (conf. fs. 265, apartado III), no puede prosperar.

4. Ello sentado, se debe puntualizar que cuando se trata de decidir sobre la competencia entre los fueros civil y comercial federal y en lo contencioso administrativo federal, lo que verdaderamente interesa examinar es la índole de las normas y principios que prima facie estén llamados a resolver el conflicto (conf. esta Sala, causas 6.443 del 25.8.94, 20.309 del 23.2.95, 30.533 del 17.10.95, 54.084 del 14.5.96, 1.683/99 del 24.6.99, 12.679/02 del 10.07.03, 15.844/03 del 18.03.04, 743/06 del 10.08.06; entre otras). La valoración a realizar en esos casos consiste, pues, en determinar con el alcance indicado, si la pretensión jurídica se desenvuelve en la esfera del derecho administrativo o si, por el contrario, se está frente a una relación jurídica de naturaleza civil regida por los principios propios del derecho común. Pero ello, sólo en la medida necesaria para dirimir la cuestión de competencia y sin perjuicio de la oportuna dilucidación sobre el mejor derecho sustancial que puede asistir a las partes una vez definidos los hechos que han sido materia de prueba, y la entidad y proyecciones de los argumentos jurídicos expuestos por ambas (conf. esta Sala, causas 30.533, 25.144 del 6.6.96, 1.433 del 6.8.98, 1.647 del 8.6.99 y 1.683/99, cit.; Sala 3, causas 4.797 del 29.5.87, 12.962 del 24.2.95 y 11.006 del 23.6.95).

En ese orden de ideas, se advierte que la cuestión planteada se vincula con la aplicación de disposiciones de naturaleza administrativa -como es el régimen tarifario vigente para el transporte y distribución de gas natural-, que rigen el servicio y que exceden el ámbito del derecho común propio de la competencia de este fuero y, cuya decisión exigirá la consideración de la actividad administrativa desplegada por las accionadas, por lo que deberá ser dilucidada, prima facie, dentro del marco del derecho administrativo con carácter prevaleciente.

Y ello, claro está, sin perjuicio de que también se puedan llegar a aplicar supletoriamente institutos de derecho común o privados llamados a integrar al plexo normativo aplicable al sub examine (conf. doctr. dictamen del Procurador General, al que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 311:557, e in re "Rizzo, Pedro P. c. Estado Nacional Superintendencia de Seguros de la Nación s/ juicio de conocimiento", del 6.4.93; esta Sala, causas 30.680 del 20.3.97, 2.324/98 y 1.433/98, citadas).

En virtud de los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal general a fs. 271/272, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada.

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-).

El Dr. Ricardo Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General ante esta Cámara- y devuélvase.

María Susana Najurieta Francisco de las Carreras