Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23


SENTENCIA NUMERO: OCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido por la Dra. Mariana Vera, abogada defensora (oficial) del imputado César Aníbal Pérez, en estos autos Expte. Corte Nº 61/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Mariana Vera en representación del imputado Oscar Aníbal Pérez en contra de Sentencia Nro. 19/2009 recaída en Causa Expte. Nro. 153/99 caratulada: Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital", contra la sentencia Nº 19/09, dictada con fecha trece de agosto de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible formalmente el recurso? ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con orden de votación sorteado a fs. 27, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

I. El recurso resulta admisible toda vez que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada para recurrir, se dirige contra una sentencia definitiva, y se encuentran suficientemente explicitados los motivos de agravio (arts. 455, 458, 460 del Cód. Proc. Penal), los que constituyen el marco jurisdiccional de este Tribunal a fin de garantizar al condenado el derecho que tiene a que su condena sea revisada, en forma integral, a los fines de legitimar el poder punitivo estatal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).- II. En lo que aquí interesa, por la impugnada sentencia Nº 19/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación resolvió lo siguiente: "XIII) Hacer lugar a la acción civil interpuesta por la parte actora civil, Estado Provincial, en contra de Oscar Aníbal Pérez por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenada Norma del Valle Barroso en forma solidaria con la misma conforme acápite II del presente resolutorio desde el día de comisión de cada de uno de ellos con más los intereses correspondientes a tasa pasiva para operaciones de redescuento del Banco Nación Argentina hasta la fecha del efectivo pago conforme a liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 1109 y concordantes del C. Civil). Con costas a la vencida (art. 68 del C. P. C.)".- III. La recurrente expone los siguientes motivos de casación:

Primer motivo de casación:

Que la sentencia impugnada es nula por inobservancia de las normas que el Código de Procedimientos en materia penal establece bajo pena de nulidad (art. 454 inc. 4° del Código de Procedimientos en materia Penal).- Segundo motivo de casación:

Que la sentencia es nula, por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia de ello, por inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva (arts. 454 incs. 2 y 1 del Código de Procedimientos en materia Penal).- III. a. Sobre el primer agravio dice que la decisión adoptada por mayoría de votos carece de fundamento en tanto esa mayoría converge sólo en la parte resolutiva sin que se verifique sustancial coincidencia en los fundamentos. Reseña los votos de los jueces que concurrieron a formar esa mayoría y destaca que, mientras el Dr. Mazzucco finca la responsabilidad en la culpa y el art. 1109 del Código Civil, el Dr. Álvarez Morales lo hace en el dolo o en la culpa grave y, aunque nombra el referido art. 1109, fundamenta la responsabilidad del imputado Pérez en el art. 1072 del mismo Código. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicita se revoque y se deje sin efectos la sentencia.

Respecto de este agravio, estimo que no puede ser admitido. Así lo considero en tanto observo que de los fundamentos expuestos en la resolución impugnada surge evidente que los jueces que responsabilizaron civilmente a Pérez por el daño causado al Estado sustentaron su decisión en el cobro por el nombrado de los cuatro cheques descritos en el recurso, librados por Norma Barroso (condenada penal y civilmente por tal hecho) contra la cuenta corriente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, en el entonces Banco de Catamarca. Tal accionar, el cobro de dichos valores, quedó debidamente acreditado en autos y su ocurrencia ha sido admitida por la recurrente. Y, como dice la recurrente en sus conclusiones, ambos jueces invocaron el art. 1109 del Código Civil, marco legal que estimo compatible con el desarrollo argumental de ambos magistrados. No observo las denunciadas discordancias en el voto del Juez Álvarez Morales, entre su parte dispositiva y los fundamentos expuestos en su sustento.

Las referencias al dolo efectuadas en los considerandos no autorizan concluir que a ese título dicho magistrado haya condenado a Pérez. Al dolo aludió el juez para recordar que la absolución penal no impedía analizar la conducta de Pérez en el ámbito civil y que era pasible de esa responsabilidad tanto si había actuado con culpa como con dolo. Y con el paralelo efectuado de su conducta con la de Barroso, el juez destacó la incidencia "tan decisiva" de una y otra conducta en la producción del daño ocasionado, y expresamente así lo dice dicho magistrado, sin que implique que haya considerado que Pérez debía responder a título de dolo como Barroso. Por otra parte, la omisión por el Dr. Álvarez Morales de referencia alguna a la "deliberada intención" a la que alude la recurrente, permite inferir que no tuvo por verificado en el caso el dolo delictual previsto en el art. 1072 del Código Civil, por lo que, coherente con dicha omisión, resulta la postulación del nombrado juez para que Pérez sea responsabilizado en los términos del art. 1109 del Código Civil.

Por ende, dado que el voto cuestionado no presenta las contradicciones acusadas y la conclusión propiciada exhibe esencial concordancia con las razones expuestas por el ponente para sustentarla, las que, según constato, también son compatibles y no se contraponen con las expresadas por el juez Mazzucco, estimo que no corresponde hacer lugar al recurso.

Además, comparto el criterio con arreglo al cual la extrema gravedad que significa la sanción de nulidad de una sentencia debe guardar razonable relación con la trascendencia de los vicios de forma que presuntamente contiene por cuanto el propósito de la nulidad no es el aseguramiento porque sí de la observancia de las formas procesales sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley. Por ello, considero que quien promueve la nulidad debe demostrar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con su declaración pues es preciso que la irregularidad que se alega haya colocado a la parte en un estado de concreta indefensión. Por ende, el interesado en la declaración de nulidad debe mencionar, expresa y precisamente, las defensas de que se vio privado de oponer con motivo de la supuesta irregularidad. En el caso, el recurso no satisface esa exigencia con la mera invocación de que se ha violado la defensa en juicio porque no es lo mismo el dolo que la culpa (como sintetiza la recurrente al inicio de su exposición sobre el segundo agravio), sin demostrar la trascendencia del punto en orden a la obligación impuesta al demandado de reparar los daños, la que, más que con la culpabilidad, se vincula principalmente con el daño ocasionado y la relación de causalidad adecuada entre éste y la conducta reprochada, en tanto incumplimiento del deber genérico de no dañar los bienes jurídicamente protegidos. Por ello, si se verifican dichos extremos, resulta procedente la condena por aquel incumplimiento del que deriva la responsabilidad extracontractual, cuya atribución procede tanto a título de dolo como de culpa y, en este caso, como dispone el art. 1109 del Código Civil, si los daños son ocasionados por cuasidelitos, la obligación se rige por las mismas disposiciones relativas a los delitos del Derecho Civil.

En este sentido se ha dicho lo siguiente: "También es corriente la versión acerca de "la equivalencia -en orden a la sanción- entre culpa y dolo en el campo del ilícito extracontractual o aquiliano". Medie una u otra "forma de culpabilidad", la sanción que se predica es la reparación plena o integral de los perjuicios en relación causal adecuada" (Jorge Mosset Iturraspe, Miguel A. Piedecasas-Código Civil Comentado-Responsabilidad Civil. p.77 Ed. Rubinzal Culzoni.

Por ello, dado que no observo que se verifiquen las contradicciones denunciadas ni la discordancia que por su entidad pueda asemejarse a la que se había presentado en el precedente citado por la apelante, y atento a que omite el recurso la mención de las defensas de las que se vio privada como consecuencia de los presuntos vicios que según su criterio contiene la sentencia, estimo que el agravio no es de recibo. Así voto.- III. b. Con relación al segundo agravio expresa la apelante que resulta imposible defender a su asistido de la condena civil que un juez funda en la culpa y otro juez en el dolo, por ser dichos motivos sustancialmente diferentes. Reseña los votos de los magistrados de mención.

Señala -en lo pertinente- que el juez Mazzucco fundamentó la condena civil en que Pérez cobró en el banco los cheques y que por ello debe responder de las consecuencias dañosas de su accionar culposo al mediar una relación causal con el daño ocasionado, pero sin explicar cuál es esa relación. Razona que si la acción culposa que se le achacó a Pérez es el cobro de los cheques, el daño igual se hubiese producido aunque éste no los hubiera presentado al cobro porque Barroso u otra persona hubieran podido cobrarlos y darle el efectivo a Pérez. Señala que en el juicio quedó acreditado que muchas personas se presentaron a cobrar cheques y que, así como Pérez, cobraron cheques Nieva -también imputado en la causa-; Zamora de Chaile, ordenanza de la Dirección de Administración; y que, por esa misma conducta, por cobrar cheques, los empleados de esa Administración, Maidana y Leguizamón, fueron sobreseídos en la causa. De lo que se sigue -dice- que la actuación de Pérez no fue determinante del resultado dañoso y que, de entender lo contrario, también sería responsable el cajero del banco que autorizó los pagos. Además -continúa diciendo-, Pérez recibió los cheques en pago de una deuda de Barroso. Manifiesta que Pérez había mantenido una relación sentimental con Barroso; que en esa época, ellos habían emprendido una actividad comercial (venta de materiales de construcción) y que Pérez había aportado a la empresa el haber de su retiro voluntario y el fruto de la venta de un inmueble. Agrega que Barroso le había dicho a Pérez que los cheques provenían de su retiro voluntario de la Administración y destaca que los montos de los cheques no eran desproporcionados con el haber de retiro de una persona cuya antigüedad en la Administración databa del año 1969.

Sostiene además la recurrente que el juez Álvarez Morales fundamenta la condena civil a Pérez en el dolo o en la culpa grave, asimilando ambos conceptos. Y que, de conformidad con lo establecido por el art. 1.103 del Código Civil, considerando que Pérez fue absuelto, en principio estaba vedada la posibilidad de hacer lugar a la demanda civil interpuesta con base en la ocurrencia del delito penal porque correspondía atender los fundamentos de la petición de absolución expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal dado que no se respetan las formas sustanciales del proceso si el Tribunal condena al imputado no obstante el pedido fiscal de absolución del imputado. Dice que, en lo esencial, el Fiscal pidió la absolución de Pérez por considerar que no podía ser tenido como partícipe primario de un delito que se había consumado con el solo libramiento de los cheques sin documentación respaldatoria, que el delito de peculado requiere la condición especial de ser funcionario público y que el juez asimiló la conducta de Pérez a la del imputado Nieva. Transcribe el fragmento del voto de dicho magistrado referido al momento consumativo del delito y dice que, aunque en ese punto coincidió con el Fiscal, cuando trató la cuestión civil el juez dijo que Pérez, por medio de su acción, había materializado definitivamente la real sustracción de los fondos públicos y que su conducta había sido tan decisiva como la de la libradora de los títulos, conclusiones que la recurrente estima opuestas sobre el mismo hecho. Critica la recurrente que haya dicho el juez que Pérez no pudo justificar porqué había cobrado los cheques y títulos de la Administración y dice que, apartándose de la prueba obrante en la causa, efectuó esa afirmación en el marco de una construcción hipotética sobre el modo en que interpreta que se produjo el delito, absolutamente contradictoria con la absolución del imputado. Asevera que quedó acreditado en el juicio que Pérez había cobrado sólo cuatro cheques que le había entregado Barroso en pago de una deuda emergente de la actividad comercial que juntos habían emprendido y que también quedó acreditado que Pérez los había recibido en la creencia de que los mismos le eran pagados a ella por la Administración Pública en razón de que se había acogido al retiro voluntario.

Respecto de este agravio, estimo que tampoco puede prosperar en tanto no aprecio la denunciada aplicación defectuosa de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria Así lo considero en tanto la condena civil a Pérez descansa en el comprobado hecho del cobro por éste de cuatro cheques del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, del que Pérez no era acreedor por ningún concepto. Por tal conducta, con razón, Pérez fue condenado a resarcir el detrimento patrimonial sufrido por el Estado en la medida del aprovechamiento por aquél de los montos correspondientes a dichos valores. La relación causal entre el hecho de Pérez, el daño ocasionado por éste y la obligación de reparar impuesta al mismo es evidente. Es que, en el juicio quedó acreditada la desviación indebida de los fondos -depositados en la cuenta corriente Nº 2367-01, del entonces Banco de Catamarca- destinados a cancelar los haberes docentes del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, por parte de Norma Barroso, su entonces tesorera, quien por tal proceder fue condenada penal y civilmente. Asimismo, quedó acreditado y fue reconocido por Pérez, que éste cobró los cheques oficiales de los que se trata. También que los cobró sin derecho, en tanto no era acreedor del Estado. Ese comportamiento de Pérez generó el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado, representado por la disminución inmotivada del erario público. El patrimonio del Estado disminuyó en la cuantía de los importes de los cuatro cheques que cobró Pérez. Por esa merma el Estado no recibió contraprestación en bienes o servicios. Tampoco existió acto de autoridad que justificara esa erogación como donación, subsidio o título semejante. Por ende, en tanto no tuvo causa legítima, esa disminución de los fondos públicos fue correctamente valorada por los jueces como perjudicial. Por lo tanto, considero que la obligación impuesta a Pérez de recomponer ese menoscabo ilegítimo del patrimonio estatal fue derivada con acierto de la comprobada relación causal entre su hecho, de cobrar sin derecho los cheques del Estado, y el referido y consiguiente menoscabo patrimonial. En atención a esa secuencia, encuentro también acertada la condena impuesta al causante en forma solidaria con Barroso dado que, no obstante la inexistencia de causa legítima de pago, la entonces tesorera de la Dirección de Administración del Ministerio de Cultura y Educación, libró los cheques de que se trata a la orden de Pérez, y con tal proceder no sólo sustrajo los caudales públicos en los términos del art. 261 del Código Penal sino que contribuyó al detrimento patrimonial del Estado Provincial perfeccionado por Pérez con la percepción de los mismos.

Con respecto a las objeciones relacionadas con la interpretación del artículo 1103 del Código Civil, observo que el juez Mazzucco trató el tema con argumentos enriquecidos con atinadas citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, los que no son refutados por la recurrente. Por ello, en este punto, el discurso recursivo sólo expresa discrepancia con lo decidido y resulta insuficiente en tanto la obligación de fundamentar la impugnación no se satisface debidamente si se omite la crítica razonada de las razones expuestas en sostén de la decisión cuestionada. Además, previo examen de la cuestión y revisión del fallo, constato que no le asiste la razón a la recurrente y que en la sentencia contiene fundamentos adecuados para concluir en el sentido en que fue resuelto el punto dado que, contrariamente a lo sostenido por la Dra. Vera, la condena civil impuesta a su asistido Pérez podía válidamente proceder, no obstante haber sido absuelto con relación al delito por el que había sido imputado. Es que la responsabilidad penal y la civil se aprecian con criterios distintos y, por consiguiente, puede afirmarse ésta aunque se haya establecido la inexistencia de la primera siempre que se respete el principio de identidad resguardado por el precepto contenido en el art. 1103 del Código Civil que veda alterar la existencia o identidad del facttum, tal como fuera determinada y comprobada en sede penal, a fin de evitar pronunciamientos contradictorios sobre el punto. En el caso, la condena civil no se apartó de lo dispuesto en el art. 1103 del Código Civil en tanto se ajustó a las circunstancias fácticas esenciales constitutivas del llamado "hecho principal" determinadas en el requerimiento de elevación de la causa a juicio y en la sentencia absolutoria. Pérez fue demandado y condenado civilmente por cobrar los cheques, y esa es la misma e idéntica conducta que también le había sido reprochada penalmente como contributiva a la comisión del delito de peculado perpetrado por Norma Barroso y, su absolución se fundó en la prescripción de la acción penal emergente de esa actuación, sin que haya sido conmovida de modo alguno la existencia misma del hecho descrito, el que fue acreditado suficientemente en el juicio y no fue negado por el causante ni por la recurrente. Por ende, ninguna contradicción ofrece en el caso la condena civil al demandado Pérez con su absolución penal. Y así lo aprecio también en atención a que la 'causa petendi' del actor no se agotó en la acción civil 'ex delito' o en la conducta penalmente repudiable del demandado sino que aquél sustentó su reclamo de reparación también en el art. 1109 y concordantes del Código Civil. Es por ello que los requerimientos del Fiscal de Cámara y las decisiones del Tribunal con relación a las cuestiones de índole penal a las que se alude en el recurso (el grado de su participación de Pérez en los eventos que se le habían imputado penalmente, la calificación legal que correspondía asignarle a su conducta), en tanto ajenos a la reclamación civil y a la procedencia de ésta, no impedían su condenación atento a que la obligación de resarcir impuesta a Pérez reconoce su fuente -repito- en la comprobada actividad ilícita civil de éste y la demanda no se basó exclusivamente en la condena penal del demandado sino también en su conducta como contraria al ordenamiento jurídico de naturaleza civil, sin que implique contradicción con la doctrina sustentada por la Corte Suprema en el caso "Tarifeño" en tanto ésta no involucra la reclamación civil.

Por otra parte, la recurrente no niega la existencia del hecho ni la del daño, y sostiene -con razón- que fue Pérez fue condenado por cobrar los cheques de los que se trata. Pero aduce que atento a que otro pudo cobrarlos, y de hecho, otros así lo hicieron, el cobro de los cheques por Pérez no fue determinante del daño producido.

Este agravio tampoco puede prosperar en tanto, salvo Nieva -que también fue condenado a reparar el daño causado, por razones compatibles con las dadas con relación a Pérez-, las demás personas nombradas por la recurrente (Zamora de Chaile, Maidana, Leguizamón) no fueron demandadas civilmente en esta causa y, por lo tanto, por la sentencia impugnada no resolvió el a quo sobre la responsabilidad de las mismas por haber cobrado cheques del Ministerio de Cultura y Educación. Tampoco, y por las mismas razones, con relación al cajero que pagó los cheques. Por ende, dado que la equiparación invocada no se verifica, deviene abstracta la cuestión planteada y, por serlo, improcedente su tratamiento en tanto remite a especulaciones y conjeturas ajenas a la competencia jurisdiccional, la que se encuentra limitada a los hechos establecidos en la causa.

En el juicio quedó acreditado -y fue admitido por la defensa- que Pérez cobró los cheques oficiales descritos en el recurso. También que los cobró sin derecho. Por lo que de ese hecho se derivó el perjuicio al bien jurídico tutelado, esto es la mengua en el patrimonio del Estado. Esa disminución, justamente por no tener causa legítima, constituye el daño o perjuicio que la sentencia le ordenó a Pérez reparar con arreglo a lo dispuesto en el art. 1109 del Código Civil. De acuerdo con dicha norma, invocada como sustento legal de la condena impuesta, el factor de atribución de la responsabilidad puesta a cargo del demandado fue la culpa del mismo. La culpa, en ese marco, consiste en haber omitido la debida diligencia que, en el caso, exigía verificar la legitimidad del pago efectuado con cheques oficiales. Los jueces condenaron a Pérez porque éste perjudicó el patrimonio público en la cuantía equivalente a la suma de los montos de los cheques oficiales que cobró sin derecho, puesto que el crédito que invoca debía ser satisfecho por Barroso, no por el Estado, lo condenaron por incumplimiento de la debida diligencia de no dañar y porque su conducta antijurídica no podía ser excusada en atención a las explicaciones que se ofrecieron en su defensa. Y sin razón pretende la recurrente que el error excusa a Pérez. Manifiesta que el nombrado creía que con los cheques referidos el Estado provincial había liquidado el haber de retiro de Norma Barroso y que su error es excusable debido a que en el juicio quedó acreditada la existencia del trámite del retiro de la nombrada y el monto de los cheques eran compatibles con el haber correspondiente a la antigüedad de la misma en la Administración. Encuentro que mal podían ser acogidas tales explicaciones habida cuenta que, aunque desconociera el destino legalmente asignado a la cuenta bancaria girada, los cheques estaban librados a su orden y no la orden de Barroso, por lo que mal podía creer Pérez que los había recibido ella en pago, y menos aún considerando que ella misma los había librado. La recurrente invoca el expediente civil identificado con N° 211/75 caratulado "Pérez, Oscar Aníbal c/ Barroso, Norma del Valle s/Diligencias Preliminares" para demostrar que Pérez era acreedor de Barroso, que su crédito se había originado en la disolución de la sociedad que tenía con ésta en un "corralón" y que, de buena fe, en pago de dicho crédito, recibió de Barroso los cheques por cuyo cobro Pérez fue condenado a reparar el daño. Ahora bien, dicho expediente, además de dar cuenta sobre aquellos extremos referidos en el recurso, contiene otros cheques contra la misma cuenta corriente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, librados por Barroso, a la orden de Pérez y al portador, uno sin fecha, todos presentados por Pérez. A esos cartulares se refirió brevemente el Dr. Mazzucco para decir que evidencian que Barroso acostumbraba librar cheques a la orden de Pérez, sin que implique tal aserto responsabilizar a Pérez de esos libramientos como se queja la recurrente. Como tampoco fue condenado por engañar al cajero del banco. Sobre esos cheques sostiene la recurrente que no quedó acreditado que Pérez los haya cobrado -extremo que no fue considerado en el fallo-, pero ninguna razón ofrece de la tenencia de dichos cheques en poder de Pérez, cuyos montos, por otra parte, son significativamente inferiores ($1.923; 2.728; $2.823 y $2.627) a los referidos en la condena impugnada ($20.000; 8.072; $11.928 y $32.000). Al respecto, dogmáticamente, en tanto no acerca argumento o parámetro alguno en sostén de su aserto, la recurrente dice que éstos últimos montos son compatibles con el haber de retiro de Barroso, y esa afirmación permitiría concluir lógicamente que, por el contrario, los montos de los primeros cheques mencionados son absolutamente incompatibles con ese haber. El dato no es menor considerando que justamente esa supuesta compatibilidad fue invocada como reveladora de la buena fe de Pérez. En dichas actuaciones constato, además, que en la presentación efectuada, procurando diligencias preliminares a la demanda contra Barroso, Pérez había relatado el origen de aquella sociedad comercial de hecho que había tenido con Barroso y cómo había contribuido él a integrar el capital de la misma. En dicha presentación, como en el recurso dice la recurrente, Pérez manifestó que había aportado su haber de retiro y el producto de la venta de un inmueble de la sociedad conyugal con su ex esposa. Pero sobre tales extremos Pérez aportó precisiones que desvirtúan la buena fe que en el recurso le atribuye su defensora. Así, por una parte, aclaró Pérez que ese retiro provenía de su empleo bancario y, por otra, que por sus conocimientos en la actividad bancaria, él llevaba la contabilidad de la empresa, atendía a los proveedores, y se refirió también al crecimiento que había experimentado el negocio, a los vehículos y a los inmuebles que adquirieron y también a la cuenta bancaria de Barroso. Tales asertos me persuaden de que esa experiencia bancaria y comercial, le permitía a Pérez conocer el tráfico cambiario, la figura del librador, del destinatario y del endosante, como también reconocer un cheque oficial, y constituye un obstáculo insalvable para admitir las explicaciones de la recurrente cuando dice que su pupilo creía que esos cheques, librados a su orden por Barroso, eran del retiro de ésta. Además, en aquella presentación dijo también Pérez que los bienes de la sociedad de hecho que tenían con Barroso estaban a nombre de ella porque así lo acordaron para evitar reclamos de su ex esposa con relación a bienes adquiridos después de la disolución del vínculo conyugal con la misma. Esos recaudos permiten concluir que era Pérez un hombre precavido, que podía prever las consecuencias de sus actos y omisiones y así lo hacía. Es por ello que, atento a que la responsabilidad civil extracontractual puede encontrar válido fundamento, entre otros parámetros, en la previsibilidad de las consecuencias del obrar y en la omisión de la diligencia debida a fin de evitar el daño previsible a un bien jurídico protegido, aprecio que, acertadamente, los jueces mencionados fundaron en la culpa la obligación impuesta a Pérez de reparar el perjuicio causado al patrimonio del Estado. Así lo considero porque de haber puesto Pérez la diligencia que de ordinario ponía en sus asuntos, hubiera advertido que mal podían provenir de su retiro los cheques oficiales que recibió de Barroso, puesto que no estaban librados a la orden de ella sino que estaban librados por ella.

Por las razones expuestas, atento a que las explicaciones ofrecidas resultaban inidóneas para excusar la constatada antijuridicidad del hecho de Pérez, considero que la obligación impuesta al mismo es ajustada a Derecho. Así voto.

Por las razones expuestas, dado que con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones de la recurrente se ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, considero agotada la competencia revisora de este Tribunal.

A la Primera Cuestión la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 01/10 vta. por la Dra. Mariana Vera, defensora del imputado Oscar Aníbal Pérez. II) No hacer lugar al Recurso de Casación parcial deducido. III) Sin costas (Arts. 536 y 538 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 01/10 vta. por la Dra. Mariana Vera, Defensora Penal de Quinta Nominación, defensora del imputado Oscar Aníbal Pérez.- 2º) No hacer lugar al Recurso de Casación deducido.- 3º) Sin costas (Arts. 536 y 538 del C.P.P.).- 4º) Téngase presente la reserva del caso federal.- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.