marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, radicación del expediente, competencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ - HERRERO - ETALA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

Ante el conflicto negativo de competencia suscitado, y habida cuenta que las actuaciones no han tenido radicación ni en el Juzgado Nacional del Trabajo, ni el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ni tampoco en el Juzgado Federal de la Seguridad Social, atento las respectivas declaraciones de incompetencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 24.655 y la Acordada N1 75/96 de la C.S.J.N., por razones de economía, celeridad y especialidad, corresponde asignar competencia al Juzgado Federal de la Seguridad Social para proseguir el trámite.
Nulidad procesal, nulidad de la notificación, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RICCIARDI  UBER  Y  OTROS c/ BENZADON JEFFREY ALBERTO s/ CESE DEUSO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-29

La validez de la notificación cursada -en materia de nulidades constituye una pauta general de interpretación y que todo lo referente a dicha materia, debe ser entendido con carácter restrictivo, y no procede si no ha tenido trascendencia sobre las garantías de la defensa, como cuando el interesado no indica el perjuicio sufrido o las defensas que se vió imposibilitado de oponer (cfr. Fassi-Yañez, "Código Procesal Comentado", T. I, pág. 853 y 863/864, y esta Sala causas nº 5327/98 del 17/2/00 y 5173/07 del 28/8/08, entre otras). Además, la nulidad por la nulidad misma no tiene acogida en el derecho, pues se debe determinar el perjuicio, en forma concreta y fundada resultando inadmisible el pedido de nulidad si el ejecutado no menciona las excepciones que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su pedido (cfr. Falcón, E. "Código Procesal Anotado", T. III, pág. 545 y esta Sala, causas 16.614/04 del 1/12/05 y 5173/07, citada). Así, el nulidicente debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración, mencionando las defensas que no ha podido oponer -carga procesal que el apelante no cumplió- habida cuenta de que no expresó cuál era concretamente el perjuicio cierto e irreparable que la resolución le causó. En este sentido, el planteo deducido resulta improcedente pues la declaración de nulidad por la nulidad misma o para satisfacción de un interés meramente teórico resulta inconciliable con el adecuado servicio de justicia (cfr. esta Sala causa nº 5173/07, citada, causa nº 4600/00 del 6/12/07; y Sala 3, causa nº 4601/06 del 10/5/07, entre otras).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Viviana c/ Llui, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Las actuaciones para obtener la carta de pobreza, más allá de la manifiesta inactividad procesal que se verifica en las mismas, no producen el efecto de interrumpir la caducidad de la instancia, salvo que se pida conjunta y expresamente la suspensión del procedimiento, pues, sólo interrumpe el curso de la perención los actos dirigidos al desenvolvimiento de la relación procesal principal y no la actividad que persigue exclusivamente la satisfacción de un interés particular de uno de los litigantes.-
Violación, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, Juan Carlos s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-03-15

La "deshonestidad" no requiere de pruebas complejas o difíciles, ni es preciso que sea la defensa quien las aporte, pues lo puede realizar el propio juzgador al sospechar su concurrencia o emanar de los hechos que son materia de investigación. La honestidad aparece entonces como un estado negativo, mientras que la deshonestidad se construye en base a conductas positivas de acciones u omisiones. Por otra parte, al ser el concepto referido a lo sexual y no a toda la forma de vida de la mujer, resulta susceptible de ser así apreciada por el autor, en un caso determinado y de acuerdo a las circunstancias concurrentes en el hecho; lo cual torna más factible concluir en la deshonestidad de la conducta, de acuerdo al comportamiento concretamente observado. Fundamento del Dr. Carlos A.

Ontiveros.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: R. y Cía. S.C.A. c/ C., L.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-26

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica el principio, desde antiguo, de que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Prueba pericial, contadores públicos, principio de adquisición
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Juan Domingo y otro c/ Transportes 9 de Julio S.R.L. s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Si en la etapa de adquisición de la prueba el Tribunal del Trabajo, en su carácter de director del proceso, admitió como válido el reemplazo de la pericia contable por planillas conformada por las partes, no puede legítimamente en el decisorio sostener que aquélla no puede ser sustituida por éstas, ni es fundamento idóneo para desmerecer su eficacia probatoria lo normado por el art. 376 del Código Procesal Civil y Comercial.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: RENTERIA ARREDONDO MARIA D c/ FREIRE JUAN J s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

No es imprescindible que exista en el expte, de un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, una nutrida prueba en relación al daño causado por la privación del uso del rodado, ya que ante ésta el daño debe presumirse.
Proceso judicial, principio de congruencia, sentencia, fundamentación de sentencias, actos jurisdiccionales, control de legalidad, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., H. E. y otra c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

La motivación de los actos jurisdiccionales o administrativos tiene como fundamento proteger al justiciable o al administrado contra el arbitrio de los poderes públicos, aportándole las razones en que sus decisiones se basan, a fin de que pueda, con conocimiento de causa, impugnarlas si así lo cree oportuno. Hacer constar los fundamentos en virtud de los que se dicta un decisorio judicial por el que se deniega una petición formulada por un justiciable, no sólo es deber de cortesía hacia él, sino el medio que le posibilita criticar las bases en que tal acto se apoye, permitiendo a los Tribunales de alzada llevar a cabo el control de su legalidad y de su adecuación a los fines que justifiquen su contenido, que es al que han de ajustarse tales actos.
Jubilaciones, derecho de propiedad, movilidad del haber jubilatorio, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAPOBIANCO, DONATO. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

La modificación de los regímenes de movilidad de las prestaciones previsionales procede a condición de que el nuevo que se establezca no lesione el patrimonio del jubilado.
Sociedades mutuales, medicina prepaga, planes de cobertura médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Laurens, Miriam N. y otro c/ Obra Asist. Mutual de los Agentes Municipales s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

Como el Decreto de Necesidad y Urgencia 1991/2011, incorporó al art. 1 de la nueva ley 26.682 de medicina prepaga a las mutuales, entre otras, -que hasta entonces se hallaban expresamente excluidas-, éstas quedaron por tal incluidas dentro de todas sus previsiones (del voto del dr. Ferro).
Compraventa de automotores, falta de transferencia del automotor, medidas cautelares, quiebra
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Monserrat, Claudia María Guadalupe c/ HRH Automotores SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-07

Ahora bien, imposibilitada la concreción de esta venta por la cautelar trabada, y frustrados todos los intentos judiciales de levantar la inhibición, era menester resarcir a la compradora. La mejor prueba de la intención de la apelante hubiera sido la consignación judicial del importe; máxime cuando la actora habría rechazado la oferta, posiblemente por su requerimiento de ser indemnizada por los perjuicios padecidos. Especialmente, cuando la devolución del rodado era jurídicamente improcedente, pues el vehículo fue incautado en la quiebra de su titular registral y vendido en aquel proceso. Así, la actora claramente no podía restituir el automóvil a la vendedora pues el mismo integraba un activo falencial de un tercero.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAITUR  SA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

Si una concursada preventivamente desde marzo de 1995, pidió su propia quiebra el 19.9.95, resulta improcedente que el magistrado de la primera instancia -como en el caso- considere vigente la ley 24522: 290, observado por dec. 267/95, afirmando que dicha ley sólo rige desde el 7.11.95 en los términos indicados en el artículo referido (concursos preventivos presentados o quiebras declaradas con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo régimen) y que por tanto regia la ley 19551. Ello, pues la ley 24522 rige también los procesos concursales en trámite a la fecha de su entrada en vigencia, siempre y cuando no resulte de aplicación la segunda parte del primer párrafo del cciv 3; no se presenten situaciones definitivamente consumadas o derechos irrevocablemente adquiridos, amparados por preceptos de rango constitucional y no se trate de caso en que de la aplicación de la ley 24522, se siga una manifiesta incompatibilidad con el estado del trámite cumplido bajo la vigencia de la ley anterior. Por tanto, la objeción de orden superlegal desarrollada por el a quo, no impone la adopción de criterio diverso.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, exenciones impositivas, interpretación restrictiva, derecho de propiedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: AADI CAPIF ACR c/ Ansede y Cía. SRL y otro s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

La sentencia que estableció que la habitación de un hotel ocupada por su huésped debe considerarse un "ámbito familiar" o "doméstico" en los términos del art. 33 del decreto 41.233/34 y denegó el reclamo de aranceles derivados de la comunicación al público de grabaciones fonográficas, no se hace cargo del carácter restrictivo con que corresponde abordar las exenciones al principio rector en la materia, dirigido a reconocer un estipendio equitativo a sus titulares, por el empleo de las obras y representaciones, con fundamento último en el derecho de propiedad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Vía recursiva, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: ETCHECOPAR OLGA MABEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO SEGUIDO DE MUERTE - QUEJA POR  CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-16

Entre los requisitos de admisibilidad de las vías recursivas se encuentra el de la legitimación, y en materia de casación lo que legitima el recurso es el perjuicio sufrido como consecuencia de una decisión que afecta un interés actual de quien lo interpone, quien reclama el reconocimiento de un derecho tutelado por la ley denunciando que el mismo ha sido vulnerado en la resolución impugnada. Solo resultan legitimados para recurrir aquellos que detentan una determinada situación en el proceso -sean parte o no- siempre que la resolución dictada en tal trámite les pueda causar un gravamen.-
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, liquidación judicial, actualización monetaria, jurisprudencia
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Carballada, Emilio y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Impugnación  de liquidación (Expte. CSJ Nº 135-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

La doctrina de la causa "Bevilacqua" no resulta admisible en la causa a estudio dado que, para ello, resultaría necesario que la Provincia impugnante demuestre: ya que la liquidación obrante en las planillas admitidas por ambas partes como base de la liquidación fue practicada incluyendo el mes de marzo de 1985, ya que estaba destinada a percibirse en el mes de abril del mismo año. La primera de las hipótesis debe desecharse por cuanto: primero, no se ha demostrado que así haya sido; y, segundo, resulta un hecho notorio, tal como lo destaca la actora, que habiendo sido confeccionadas esas planillas antes de concluir el mes de marzo, el índice correspondiente a ese mes difícilmente pueda haber sido utilizado por no haber resultado conocido. La segunda hipótesis no ha sido alegada ni probada por la impugnante y no surgen de la causa elementos que permitan así entenderlo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término, falta de prueba, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: SERVOPOWER S.R.L. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

En el escrito de interposición del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, la demandada omite demostrar que el monto disputado en último término, es decir, el monto del agravio supere el mínimo requerido para la apertura de la tercera instancia ordinaria. Y de la compulsa del expediente no surge que constancia alguna acredite que el gravamen de la recurrente exceda el mínimo reglamentario (art. 24, inc. 6°, apart. "A", del Decreto Ley 1285/58 y Resolución 89/91 del Ministerio de Justicia).
Viajantes de comercio, comisiones, libros de registro
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Pedro c/ Alvarez, Luis Modesto s/ Despido y cobro de pesos Cerdeira, Ernesto Carmelo c/ Levy S.A. s/ Indemnización por antiguedad, etc. Aguirre, Dardo Antonio c/ Suavegom Tucumán S.A. s/ Comisiones, etc. Ruarte, José Luis c/ Otero, Jesús y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18|1994-07-26|1990-12-28|1996-07-10

Para que rija la inversión de la carga de la prueba en lo que atañe al volumen de las ventas concertadas por el viajante de comercio, éste debe demostrar previamente que existieron los hechos que debieron consignarse en los libros, individualizando y detallando cada una de las operaciones por las cuales reclama sus comisiones no bastando, por tanto, una estimación global.
Impuestos, tasa municipal, competencia de la Corte Suprema, ley tributaria, interpretación de la ley, constitucionalidad, acto administrativo, derecho de registro e inspección
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: PRONO SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ REPETICION.    ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 348-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87 BOAGLIO S A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ -ORDINARIO- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 274-88 DALGAS S R L c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ -ORDINARIO- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 543-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-18|1988-09-14|1992-03-19|1992-03-19

El artículo 5 inciso j) del Código Procesal Civil y Comercial debe interpretarse sistemáticamente, porque desde luego, no puede admitirse sin violación de principios superiores vinculados al eficaz ejercicio del derecho de defensa, que una misma y única pretensión deba ejercitarse por dos vías, ante jurisdicciones y por procedimientos distintos, sólo porque se invoquen diversos argumentos relativos a los hechos o distintos argumentos jurídicos, sin que haya variado la causa, fundamento o título de la pretensión; lo que produciría, por ejemplo, si se adujese la ilegalidad del acto administrativo de imposición por ser resultado de una desacertada interpretación legal (tema a ser resuelto por vía contencioso administrativa), o de ser correcta la interpretación, por resultar entonces inconstitucional la norma (materia a decidir por la justicia ordinaria, de acuerdo al artículo 5 inciso j) del Código Procesal Civil y Comercial).
Alimentos, aumento de cuota alimentaria, edad del menor
Materia: CIVIL
Carátula: R.B.M.E.  Y OTROS c/ K.C.E. s/ ALIMENTOS - CUOTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La mayor edad de las menores supone mayores gastos y la circunstancia de que haya cesado la cuota de uno de los beneficiarios -la cónyuge- acuerda al alimentante una mayor disponibilidad de recursos para atender debidamente a la satisfacción de las necesidades de los hijos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Redrao, Eduardo D. s/ Inc. de libertad condicional Miguel, Marcelo. Miguel, Nicolás s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01|2000-05-24

Esta Suprema Corte ha sostenido que no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos, si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a su conocimiento. En el caso, el recurso de inaplicabilidad de ley ha perdido virtualidad dado que la decisión posterior del sentenciante, por la cual se otorga la libertad condicional al condenado ha modificado las circunstancias que le dieran sustento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, prenda con registro, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GERBILSKY, Brian Martín. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-12

Si el imputado celebró un contrato de prenda con registro, con una compañía, por el cual se comprometió al pago de una suma de dinero en cuotas, y constituyó en su favor un derecho real de prenda sobre un automóvil, como garantía de la deuda contraída, y ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del incuso, la empresa inició un juicio ejecutivo, con el objeto de obtener el bien prendado, que no pudo realizarse pese al pedido de secuestro que en dicha ocasión se dispuso sobre el bien, debido a que el imputado se había mudado y no había denunciado su nuevo domicilio como establecía una de las cláusulas del contrato celebrado, ese incumplimiento contractual determinó que el derecho sobre el bien prendado resultara de imposible cumplimiento.

Aún cuando el mero incumplimiento de la entrega del rodado no configura por sí el delito endilgado -desbaratamiento de derechos acordados-, sí lo hace el accionar posterior que impidió que el bien fuere secuestrado y ejecutado en favor del damnificado, al no dar aviso del cambio del lugar del bien prendado.

No obstante quien pagaba las cuotas del contrato mencionado no era el imputado sino su hermano, él estaba al tanto del incumplimiento contractual que lo posicionaba en la obligación de entregar el rodado, y en tanto sabía que las cuotas se encontraban impagar y que debía hacer saber los cambios de localización del vehículo, puede afirmarse que su conducta fue realizada con conocimiento de la obligación contraída.

Si bien la remisión al tipo de desbaratamiento de derechos acordados sería plausible, corresponde, en virtud del concurso aparente de leyes, por especialidad, que el hecho sea subsumido en la figura del inc. c) del art. 45 del decreto-ley 15.348/46.

Por tanto, corresponde confirmar el procesamiento decretado.
Quiebra, bienes del fallido, bienes gananciales, divorcio contradictorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAREZ  DE  NIEVINSKY  ISIDRA  ROSA  -  INCIDENTE  EN AUTOS NIEVINSKY FRANCISCO CAYETANO - QUIEBRA PROPIA" s/ QUIEBRA - BIENES DEL FALLIDO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-01

Aún cuando en el juicio de divorcio se tengan dos sentencias favorables a la esposa, tanto del fallo de primera y segunda instancia, pero la segunda se encuentra sujeta al recurso de revisión del art. 1272 del C.de P. C., interpuesto por el fallido, lo que quiere decir que, aunque ese pronunciamiento de segunda instancia sea la sentencia definitiva en la causa, ello no descarta que pueda ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que no se puede proceder a separar el cincuenta por ciento de los bienes gananciales, ni aún con el requisito de la fianza, porque la masa es un tercero y en la forma que se ha intentado el pedido no es viable, porque ha pesar de que el art. 1306 del C. Civil confiere la facultad de pedir, después de la sentencia de divorcio, la disolución de la sociedad conyugal, en este caso la demanda de disolución no ha sido verdadera y formalmente iniciada, y la solicitud de la esposa del fallido, sólo tiene un significado de una medida precautoria, medida que tampoco está contemplada en la ley 19551.
Revocación de sentencia, ley provincial, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Estudio A - 1 SCC. e I. c/ Provincia de Formosa. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Es descalificable la sentencia que, al interpretar la ley 986 de Formosa, asimiló la noción sustancial de "causa" como fuente o hecho generador de la obligación, a la noción procesal de "título" como constatación fehaciente de una obligación exigible.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, obligaciones de hacer
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Justet, Gusmán Enrique c/ Neumáticos Mattio de Carlos E. Mattio s/ Obligación de hacer
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El valor económico del litigio a los efectos de los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial es de monto determinado y está constituido por el precio de las mercaderías reclamadas actualizado a la fecha de interposición del recurso de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: MURO DIONISIO s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. de NARCISO A. SANTILLAN s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL INTERPUESTO POR EL DR. LUIS E.  VERGOTTINI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-09

Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio. El hecho de que los jueces no se pronuncien en forma expresa sobre una cuestión no constituye una anomalía que afecta la validez del pronunciamiento si del contexto general del mismo resulta claro y aquella a sido resuelta en forma implícita tal lo establece la C.S.J.N.
Acción de inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, empleados públicos, antigüedad, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) c/ Municipalidad de Villa la Angostura s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-05-15

La estipulación de un plazo de duración para ejercicio de un cargo de conducción, no importa una vulneración del principio de estabilidad del empleado público, siempre que el cese en la función no importe la desvinculación de la Administración Pública comunal, sino que permita la conservación de la categoría de planta.