Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, remisión del expediente, falta de agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Sandoval, Mario Alfredo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Corresponde remitir las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que, con la celeridad que el caso impone (conf. Acordada CFCP N° 3/20), se dicte un nuevo pronunciamiento, teniendo especialmente en cuenta el peligro concreto para la salud del detenido y la garantía que el Estado tiene respecto de las personas privadas de su libertad, sin que ello implique anticipación de opinión acerca de la materia en trato, toda vez que luego del dictado de la resolución traída a revisión de esta instancia, se ha confirmado que al menos un interno alojado en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo del SPF está afectado por el virus COVID 19. Dicha circunstancia -ahora invocada por la defensa- no pudo ser considerada por el a quo al momento de resolver la incidencia. En ese marco, resulta de ineludible aplicación al caso el principio según el cual los recursos deben ser resueltos con ajuste a las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición. La disidencia, entendió que correspondía continuar la tramitación en los términos del art. 465 bis del ceremonial. Magüer lo antedicho, puso de resalto que "en los alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan en la especie pautas de estricta ponderación que exigen 'meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso'" (Vid. punto 3) y que la instrumentación de medidas alternativas desde el basamento humanitario en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, debe guardar un criterio racional y ordenado, y tener alcance restrictivo frente a atentados de gravedad -como los de mayor magnitud, tal como encierra la especie- en donde, además, cabe considerar especialmente la posición de las víctimas. Además, indicó que en aquel compendio, se ha recalcado que "las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados" (ibidem, punto 2. f). También señaló que las patologías que presenta Sandoval están siendo abordadas en la actualidad, bajo control y adecuado tratamiento, con los cuidados que se le brindan en el ámbito carcelario y que el sector donde está alojado se encuentra subpoblado, de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Agregó que la presentación del defensor oficial resulta insustancial y carente de valederas circunstancias que resulten vinculantes para motivar el reenvío, en tanto lo alegado no reúne la mínima base, atento a la verificación de un único caso positivo comprobado que ha sido abordado de forma eficiente por el Servicio Penitenciario Federal. Resulta relevante también que Sandoval -que a la fecha cuenta con 66 años de edad y siquiera reúne la exigencia etaria (cfr. arts. 10, inc. "d" del CP y 32, inc. "d" de la Ley 24.660)- se encuentra detenido desde el 15 de diciembre de 2019 y procesado por el tramo de la causa ESMA N° 2791. En consecuencia, no puede prescindirse de una ponderación de las distintas pautas aquí asentadas, a fin de ajustarse a los compromisos internacionales asumidos por el estado argentino, en particular, el que llama a erradicar la impunidad. Dres. Yacobucci, Mahiques y Slokar -en disidencia-.