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Ejecución de sentencia extranjera, exequátur, divorcio, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: IMAZ,   Laura   Nieves c/ BOURGEROT,  Michel s/ EXEQUATUR  YRECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

1- Cuando el alegato de uno de los cónyuges pretende ejecutar la sentencia extranjera de divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, es innecesario el traslado de la petición, en tanto, queda resguardada la condición exigida por la ley para asegurar la defensa en juicio de la persona y sus derechos, si el demandado contra el que se pretende hacer valer en el país fue partícipe en la petición foránea al presentarse aquellas partes de común acuerdo ante el tribunal extranjero que dictó los pronunciamientos. 2- Por lo demás, si no existe en la causa prueba que acredite la existencia de un matrimonio válido que es constancia necesaria del divorcio vincular que se intenta validar y la consecuente disolución de la sociedad conyugal, no se encuentran reunidos los requisitos establecidos en los arts. 517 al 519 del Código Procesal, necesarios para validar las decisiones extranjeras cuya ejecutoriedad se pretende y que resulta el presupuesto de la actividad jurisdiccional cuya inscripción en el país que se pretende. 3- A su vez respecto al convenio patrimonial se debe esclarecer si la sentencia o laudo tiene ejecutoriedad o pasó en autoridad de cosa juzgada y de la leyes extranjeras aplicables de modo que la petición no se encuentra incluida dentro de la órbita del Tratado de Montevideo, y se debería considerar la aplicación de la ley nacional (en su caso el art. 1277 del Código Civil)en tanto el empleo de la ley extranjera procedería si el domicilio conyugal, estaba en el exterior al momento de la adquisición de los bienes. A ello se agrega que en tales supuestos corresponde al Registro Civil intervenir y dictaminar como órgano destinatario de la inscripción tanto del matrimonio como del divorcio de las partes y el Registro de la Propiedad Inmueble que registró el inmueble situado en nuestro país donde en tal caso constaría como ganancial de las partes y a cuyo respecto la inscripción del convenio disoluto en definitiva se pretende.
Recurso de apelación (procesal), juicio sumarísimo, plazo, memorial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, José de Jesús c/ López, Alberto I. s/ Interdicto de retener la posesión  y medida de no innovar Interdicto de retener la posesión  y medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-07

Si el expediente se puso en secretaría para la presentación del memorial a los efectos del art. 246 C.P.C.C. omitiéndose consignar que el mismo debía ser presentado dentro del término establecido por el art. 495 del mismo cuerpo legal, debe tenerse por presentado en término, dado que si el recurso es concedido en relación el plazo es de cinco días (art. 246 C.P.C.C.) y por la forma en que se redactó la resolución respectiva pudo inducir a error a la parte apelante para la presentación del aludido memorial.
Calificación legal, agravantes de la pena, encubrimiento, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: A., E. c/  s/ falta de mérito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

Respecto de la calificación legal, los vocales Lucini y González Palazzo sostuvieron que poseer un vehículo en las condiciones indicadas autoriza a calificar su conducta con el tipo penal escogido (art. 277 apartado 1, inciso "c" agravado por el apartado 3 inciso "b" del Código Penal), "..La agravante se ve reflejada, precisamente, en la utilización que estaba haciendo del rodado al tiempo de su detención. Puntualmente atento a que lo usaba para la venta de verduras y frutas en la vía pública (cfr. fs. 38/40).Al respecto se sostuvo que pues ". el fin de lucro (.) consiste en la obtención de una ventaja derivada del empleo de la cosa misma, por su valor intrínseco, siendo indiferente que consista en la adquisición de la propiedad, de su posesión estable o simplemente del uso del bien" (ver de esta Sala la causa nro. 3945/19 "C., E. I. s/procesamiento", rta. el 8 de febrero de 2019).." Laíno, en disidencia parcial, precisó que no encontraba elementos para concluir que estén presentes los requisitos del tipo agravado previsto en el artículo 277 inciso 3° apartado "b" del Código Penal (encubrimiento agravado por ánimo de lucro) porque del accionar del imputado no advertía ".una intención destinada a la obtención de una ganancia o provecho material, para sí o para un tercero, que pueda traducirse en dinero o su equivalente en cualquier clase de valores, beneficios o ventajas materiales, distinta a la del simple uso del bien para el cual fue destinado..". Añadió que ".Esa especial motivación..debe encontrarse acreditada en la intención del agente por obtener un beneficio económico. Así, la agravante será pasible de aplicación, a modo de ejemplo, en los casos en que un individuo reciba un vehículo sustraído y lo destina al negocio del transporte de pasajeros -o bien lo revenda-, como aquél que adquiere mercadería robada y la repusiere nuevamente en el circuito legal, por citar algunos de los supuestos más habituales (CNCCC, causa CCC 55649/2013/TO1/CNC1 "Martínez, Paulo Fernando", reg. nº. 428/2017, rta. el 2/6/17).." Concluyó que ".la interpretación de la norma que postulo encuentra su fundamento en la necesidad de respetar los principios de estricta legalidad (art. 18 CN), el in dubio pro reo, así como el principio pro homine (CSJN G. 763. XLVI; RHE "Germano, Karina s/causa nº 12.792" rta. el 14/02/2012).Sobre esa base, toda vez que en el caso no estaría presente el rasgo distintivo del propósito de lucro el accionar de A. queda, en principio, atrapado en la figura de encubrimiento simple, contenida en el artículo 277, inciso 1, apartado c) del Código Penal, ello, naturalmente, sin perjuicio de cuanto pudiera eventualmente surgir en la celebración del debate oral y público.."
Procedimiento administrativo, mora, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: OJEA, Ana Rosa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

La mora administrativa no puede sustentar el agravio constitucional planteado contra una norma legal, en tanto no cabe declarar la inconstitucionalidad a causa de contingencias atinentes a su cumplimiento. El análisis de la razonabilidad de las leyes solo puede llevarse a cabo en el ámbito de la previsiones de ellas.

Efectuar tal examen sobre la base de los resultados obtenidos de su aplicación, importaría valorarlas en mérito a factores extraños a las mismas.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, multa, daño punitivo, procedencia del recurso, automotores, círculo cerrado, herederos, incumplimiento del contrato, infracciones formales, deber de información, trato digno
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Del Leo, Lucía y otros c/ Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde imponer una sanción de multa punitiva en los términos de la LDC 52 a las accionadas, una administradora de planes de ahorro, una concesionaria y la fabricante automotriz, con motivo del incumplimiento del plan y la entrega del vehículo a los herederos del suscriptor, toda vez que la propia administradora codemandada reconoció la adhesión al Plan, la notificación del fallecimiento, la vigencia del seguro de vida, los trámites internos y que la aseguradora le abonó la suma cancelatoria del Plan de Ahorro. Es decir, que se encontraban cumplidos todos los requisitos que tornaban procedente la adjudicación directa y entrega del rodado. Sin embargo, la concesionaria no cumplió con el deber de información, sino hasta el momento en que consideró que los actores ya no podrían reclamar la adjudicación del rodado, esto es cuando el plan fue liquidado, momento en que les informó que debían reclamar a la administradora del plan para obtener la devolución del dinero aportado.
Juicio de apremio, sentencia, cosa juzgada formal, liquidación judicial, aprobación de la liquidación, vicios, saneamiento del vicio, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MASTROGIOVANNI, HAYDEE c/ CO, OSVALDO EVARISTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 861 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

Considerando que lo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada es el pronunciamiento originario que hizo lugar a la demanda, y no el auto aprobatorio de la liquidación, desde el punto de vista formal, no existe óbice alguno para revisar, aún de oficio, la liquidación practicada, incluso habiéndose aprobado ya la misma, por cuanto, como tiene reiteradamente dicho la Corte provincial, esa aprobación lo es "en cuanto por derecho corresponda" y no resulta admisible que, siendo la liquidación definitiva del pleito la expresión numérica de la condena contenida en la sentencia, se vea tergiversad a ésta en un procedimiento que justamente, está destinado a ejecutarla. En vista de ello, la argumentación del Juez -quien llega a reconocer la posibilidad de un error numérico trascendente en la confección de la planilla- no se compadece ni con los reseñados alcances de la aprobación de la "planilla" presentada por la actora ni con las derivaciones de la sentencia, por lo que en definitiva su respuesta exhibe un fundamento sólo aparente (y, en cuanto tal, arbitrario).
Costas, costas al vencido
Materia: LABORAL
Carátula: Muriega, Ramón c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización art. 212, etc. Ocampo, Sixto Dionisio c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19|1996-12-27

Aunque la compensación operada cancele el crédito del accionante, en el caso ello no tiene la virtualidad de alterar la calidad de vencida de la demandada la que debe cargar con las costas del juicio.
Responsabilidad del Estado, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.L., J.R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

Utilizar al enriquecimiento sin causa como factor de atribución de la responsabilidad estatal cuando los particulares se vinculan con la Administración, y le realizan prestaciones sin que se haya anudado un vínculo contractual válido, por haberse omitido procedimientos esenciales ... "...su fundamento radica en el principio de equilibrio de las prestaciones... y los requisitos de la misma son: a) un enriquecimiento del demandado, en el caso, de un ente público estatal, que haya utilizado o pueda utilizar la obra o prestación efectuada por el particular ,... b) el empobrecimiento de otra persona que coincida con el correlativo enriquecimiento...c) que el desplazamiento de un patrimonio a otro carezca de causa...d) que no exista otra vía de derecho y no se eluda una disposición imperativa de la ley...".
Excarcelación, tentativa, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: ORTIZ, Heithel H. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-03

La utilización de un arma de fuego en el tentado despojo permite aplicar en la especie la hipótesis agravante del art. 41 bis, C.P. (*). La penalidad consecuente hace que, en el presente estadio procesal, la situación del encausado no enmarque en ninguna de las hipótesis permisivas del art. 317, C.P.P.N. Disidencia parcial del Dr. Filozof: No procede aplicar la hipótesis del art. 166, inc. 2°, C.P., la previsión del art. 41 bis ibídem (**). Sentado ello, las características de los hechos endilgados y la libertad concedida previamente en la causa -a la postre interrumpida por la incursión delictiva a cuyo respecto medió procesamiento-, sugerirían la inconveniencia de la aplicación del instituto en cuestión.
Concursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REAL SRL s/ Concurso - Inc. de Revisión por Productos Mu Sa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Tratándose de un incidente promovido a efectos de que el juez del concurso revise una anterior decisión suya por la que se declaró inadmisible el crédito insinuado, previamente desestimado en el informe individual del Síndico concursal, la actividad probatoria a cargo del incidentista queda exacerbada, máxime cuando no se trata de decidir sobre un crédito titulado sino sobre presuntos créditos emergentes de hechos jurídicos cuya existencia debe demostrarse (Art. 375 del CPCC. y 304 de la Ley 19551).
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales, proceso penal, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: GIMENEZ VERA, FABRICIO ARIEL c/  s/ INFRACCION ARTICULOS 110 -PORTACION DE ARMA BLANCA O CONTUNDENTE- Y 64 -ACTOS TURBATORIOS O MOLESTIAS VICTIMA: LA SOCIEDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Es responsabilidad de la Jurisdicción -y en particular de esta Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial- asegurar el funcionamiento del Sistema de Justicia -en el caso de la Justicia de Faltas provincial- y evitar un espacio de impunidad respecto a infracciones cuya naturaleza es netamente penal, por lo que deviene absolutamente irrazonable que hasta que se implemente efectivamente el nuevo Código de Convivencia se paralice el funcionamiento de la persecución y juzgamiento de las faltas y contravenciones. De este modo, resulta inadmisible lo acontecido en los presentes, dado que la negativa de los representantes del Ministerio Público de la Acusación a actuar invocando instrucciones de sus máximas autoridades determinaron la paralización del proceso y la posibilidad de prescripción de la acción penal. - CITAS: AyS T 270, p 197; T 278, p 357. - Jurisprudencia vinculada: Riquelme, AyS T 272, p 290/296, sumarios J0042448 a J0042450.
Querella, desistimiento tácito, inconstitucionalidad, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Fernando Sotomayor en causa nro. 151/96 Querella por injurias promovida por el Lic. Luis Varela Dalla Lasta c/ Lic. Silvia de Aliaga s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-17

Debe declararse la inconstitucionalidad de los arts. 429 inc. 'a'y 430 del C.P.P., disponiendo en consecuencia la nulidad de la resolución dictada por la Cámara. En efecto, en el sub-examine resulta evidente que los arts. mencionados, al establecer supuestos de desistimiento tácito de la Querella y el consecuente sobreseimiento definitivo del proceso, consagran causales de extinción de la acción penal -en delitos de acción privada- no previstos en los artículos del Código de fondo que regulan precisamente esta materia, por lo que resultan manifiestamente contrarios a los arts. 31 y 75 inc. 12 de la C.N. en razón de la disconformidad de esas normas locales y de rito con las de carácter nacional y de fondo.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Urdániz y Compañía c/ don Ezequiel Ramos Mexia s/ daños y perjuicios; sobre procedencia del recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1910-09-06

Para la procedencia de la tercera instancia autorizada por el art. 14, inc. 3°. de la ley núm. 48, no basta que se haya discutido durante el juicio la inteligencia de alguna cláusula de la constitución o de un tratado o ley del congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional; es indispensable que la decisión definitiva sea contraria a la validez del título, derecho, privilegio o exención fundada en dicha cláusula.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hijo, beneficiarios de la indemnización civil, padres, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: SECO ELFIO c/ BOCCHIO VICTORIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La acción que se les reconoce a los padres para reclamar por la muerte de un hijo, es a título propio y no en calidad hereditaria.

La finalidad de la misma es lograr un resarcimiento por la pérdida de la chance que implica el esperado apoyo que proporcionaría a sus padres en la vejez, pues gravita más intensamente en supuestos en que el grupo familiar es de escasos recursos.-
Recurso de reposición (procesal), rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MIRANDA, SANTIAGO SAVINO - CUELLAR, MERARDO ESTEBAN - LIZARAZO, DANIEL ALEJANDRO - VALENZUELA  GIATOMASI ADRIAN ALFREDO - ORIZ, PABLO FABIAN c/ PAEZ, MARIELA ESTHER O MARIELA RAQUEL O GUTIERREZ, LAURA (REBELDE INCIDENTE 3 FS. 114/VTA)- CHOQUE MERCEDES DEL SOCORRO Y PAEZ, FELIPE ROBERTO s/ Recurso  de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-13

De conformidad a lo establecido en el art. 281 del C.P.P., corresponde revocar la rebeldía del encartado, dejando sin efecto la orden de detención y pedido de captura sobre su persona que fuera requerido mediante OO.DD. de Jefatura de Policía.
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, vivienda única, local comercial, recurso de casación, sentencia arbitraria, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: YAPURA MARIA DEL PILAR s/ EN AUTOS CORTE Nro. 100/05 "INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO EN EXPTE.  51/98 - MARCHESI, JUAN LUIS C/ ERAZO, SANTIAGO FELIPE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS  - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-30

El hecho de que una habitación o dependencia de un inmueble construido con fondos provenientes de un crédito del Banco Hipotecario Nacional, sea usado o eventualmente alquilado como local comercial, no implica una modificación de las condiciones que acarree la pérdida de la tutela extraordinaria otorgada por la Ley 22.232 ,en virtud del carácter tuitivo del beneficio.

En el caso, evaluando los presupuestos -vivienda única y asiento del grupo familiar- que son exigidos por la ley para gozar de la protección de inembargabilidad e inejecutabilidad, su existencia surge de manera constante en todas las pruebas valoradas, pues, mas allá de que tampoco fue motivo de discusión no hay lugar a dudas de que el grupo familiar vive y nunca dejó de hacerlo en ese inmueble y que el mismo no cuenta con otra propiedad.

En consecuencia, las condiciones que permitieron el otorgamiento del crédito siguen vigentes y ante esta situación no se aprecia en el inmueble una variación de destino capaz de provocar un desplazamiento del privilegio de preservar la vivienda única como sostiene el decisorio atacado, conforme lo interpretan los Sres. Magistrados que conforman la mayoría.

Corresponde entonces, hacer lugar parcialmente al recurso de casación y revocar el fallo por arbitrario, debiendo hacerse lugar al levantamiento de embargo del inmueble en cuestión por considerar que continúa bajo la tutela del beneficio acordado por la Ley 22.232 Art. 35
Proceso penal, procedimiento administrativo
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Doncel, Eugenio Rodolfo c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-20

En el proceso penal se aplica el Código Penal y las leyes especiales donde las figuras delictivas hállanse especificadas; en el procedimiento disciplinario se aplican normas o principios genéricos. En cuanto a las relaciones, son dos a considerar: condena del agente en la instancia penal, absolución o sobreseimiento del mismo en dicha instancia. El delito penal puede o no tener relación alguna con la función ejercida por el agente. Pero aún así si hubiera condena penal, ésta puede influir en la aplicación de una sanción disciplinaria, pues ya quedo dicho que los actos de la vida privada del agente no están exentos de aparejarle una sanción administrativa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: López, Pedro E s/ Robo simple en concurso ideal con privación ilegal de la libertad  calificada por amenazas en concurso real con robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación de los incisos del art. 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- si no intenta el recurrente demostrar -relacionando su queja con las normas aludidas- el modo en que habrían sido conculcadas dichas disposiciones legales.
Elecciones, impugnación de la elección, plazo, Código Electoral Nacional, partidos políticos
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Novello,  Rafael  V.  -Apoderado  del  Partido  'Unión Cívica Radical s/ interpone  recurso  de  apelación contra la resolución nx 50 de la H,  Junta Electoral Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

La inadmisibilidad de toda reclamación respecto de los resultados provisorios de un comicio, ulterior al vencimiento de los plazos establecidos en los arts. 110 y 111 del Código Electoral no funciona en el régimen electoral vigente como una valla meramente procesal que puede favorecer en forma contingente a un partido político en detrimento de otra agrupación interviniente.
Agentes de la administración pública, personas con discapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C. M. F. c/ P. D. T. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10

La finalidad inmediata - de la Ley Nº 5.806 - es posibilitar que el agente provea, de la mejor forma, a las necesidades de la persona discapacitada que de él depende, con la que tiene un determinado vínculo familiar (paterno-filial o el conyugal), pues en virtud de esa relación tiene sobre su cabeza un cúmulo de deberes legales para con aquélla.

La mediata es beneficiar a la persona minusválida en cuestión. En el caso del agente con hijo discapacitado, que es el que interesa analizar aquí, lo que persigue la norma es amparar al agente-padre que, en virtud de las obligaciones legales que sobre él pesan, se hace cargo de la atención y manutención de aquél; siendo ésta situación fáctica lo trascendente, lo que justifica el otorgamiento de licencias y asignaciones especiales, no el vínculo de parentesco.

Tal tesitura se desprende de una lectura inteligente de los arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley Nº 5.806. Ahora bien, no caben dudas que se configura el presupuesto de hecho mentado por la norma, cuando un agente que tiene, respecto de un familiar discapacitado, sustancialmente idénticos derechos y deberes que los de un padre, es quién satisface las necesidades de aquél siendo, por tanto, su normal consecuencia que los beneficios previstos por la normativa analizada le sean otorgados. Ello ocurre en la especie, dado que el amparista fue constituido en guardador legal de su nieta discapacitada, J. A. V., lo cual conlleva importantes deberes, equivalentes a los que tienen los padres sobre los hijos.

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera Rodas, Román c/ Panificadora los dos hermanos, de Spaziante, Miguel y Caputo, Antonio s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16

Al prevalecer la apreciación en conciencia de los hechos, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar cada uno de los medios probatorios, prefiriendo unos elementos a otros.