Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64088 SALA VI Expediente Nro.:23.080/09 (Juzg. N°12) AUTOS: "BOMPANI GUSTAVO JAVIER Y OTROS C/TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTRO S/DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 22 de JUNIO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra el pronunciamiento de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda, recurre la codemandada Estado Nacional a tenor del memorial obrante a fs. 289/294, y la codemandada Telecom Argentina S.A. a fs. 275/280, siendo dichos recursos replicados por la parte actora a fs. 299/309.	Asimismo, la parte actora apela lo decidido en primera instancia a fs. 281/288, mereciendo dicho memorial la contestación del Estado Nacional de fs. 310/311 y de Telecom Argentina S.A. de fs. 312/315.

En primer lugar, corresponde adentrarse en las quejas vertidas por ambas demandadas, en relación con lo decidido respecto de la excepción de prescripción opuesta.

En este sentido, y en orden a la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada -bonos de participación en las ganancias, art. 29 de la ley 23696- concretamente, en relación al plazo de prescripción la cuestión ha quedado zanjada por el fallo plenario Nro. 327 del 14/2/2012 in re "Medina Nilda Beatriz c. Telecom Argentina SA y otro s/ part. accionariado obrero", en el que esta Cámara estableció la siguiente doctrina: "El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696 es el previsto en el artículo 4023 del Código Civil" Por ello, corresponde acatar dicha doctrina (art. 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, en consecuencia cabe confirmar lo decidido al respecto en primera instancia.

Seguidamente, examinaré la queja vertida por el Estado Nacional en relación a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 395/92 y a los alcances de su responsabilidad.

En este sentido, cabe destacar que la cuestión fundamental traída a consideración en autos ha sido objeto de examen por el Alto Tribunal en la causa "Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional. Ministerio de Trabajo y Seguridad s/part. accionariado obrero" del 12-08-2008- en base a cuyos fundamentos la sentenciante de grado ha decidido la cuestión planteada.

Que en dicho pronunciamiento, la Corte ha entendido que resulta inconstitucional el decreto 395/92 -reglamentario de la ley 23.696, puntualmente del art. 29- que estableció que "la Sociedad Licenciataria Norte (hoy Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.) y la Sociedad Licenciataria Sur (hoy Telefónica de Argentina S.A.) no estaban obligados a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal". Y en consecuencia, declaró que ambos demandados tienen responsabilidad por la exclusión de los actores del programa de bonos de participación en las ganancias previstos por el art. 29 de la ley 23.696.

En este orden de ideas se advierte que las críticas que se vierten en la queja en examen son repeticiones de los términos del escrito de contestación de demanda; sin que los argumentos que aquí se analizan, aporten elementos suficientes que controviertan los argumentos que en torno a la cuestión debatida fueron transcriptos en la sentencia de grado.

Por lo expuesto, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 395/92 y la condena solidaria dispuesta, propongo se confirme lo decidido en primera instancia.

Conforme lo establecido precedentemente corresponde analizar los términos del escrito recursivo presentado tanto por el Estado Nacional, como por la codemandada Telecom Argentina S.A., como así también por la parte actora, en relación al monto de condena que surge de la sentencia de grado -que estableció el monto de reparación de los daños y perjuicios en la suma de $100.000 por cada actor-.

En lo referente a este tema, lo cierto es que no existe norma alguna que determine sobre qué porción de las utilidades de la empresa demandada corresponde calcular la suma a la que tienen derecho los actores en concepto de bonos de participación en las ganancias. Por tanto, y teniendo en consideración los parámetros objetivos tenidos en cuenta por otras empresas privatizadas, encuentro razonable, modificar el fallo apelado y ordenar a la perito contadora que a efectos de cuantificar la reparación, la misma deberá ser calculada computando el 0,50% de las utilidades netas de cada ejercicio obtenidas por la empresa demandada, cantidad que deberá distribuirse en función del porcentaje de participación accionario (coeficiente) que corresponda a cada actor según las pautas fijadas en el respectivo Programa de Propiedad Participada. Dicha suma llevará los accesorios dispuestos en la sentencia de grado, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, por resultar adecuado a las directivas emanadas de esta Cámara a través del Acta 2357/02 y de la resolución 20/91, sin que se adviertan en el escrito recursivo elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto.

En atención a lo precedentemente expuesto corresponde examinar el aspecto vinculado con los actores respecto de los cuales la presente acción progresará.

Desde esta perspectiva, cabe señalar que la normativa en la que se basa la pretensión articulada en la demanda resulta clara en cuanto a que los beneficiarios de los programas de propiedad participada son aquellos trabajadores que al momento de la privatización se encontraban laborando al servicio de Entel y pasaron a desempeñarse bajo la dependencia de la empresa adjudicataria, luego de concluido el proceso de privatización. Se trata de un sistema de participación específico emergente del sistema de privatización implementado con sustento un una normativa particular y atípica, vinculado con el sistema de reforma del Estado, que se suscitó en el marco de las leyes de emergencia.

El art. 9 del decreto 731/89 tanto en su texto original como con la modificación introducida mediante el decreto 59/90, aludió a los empleados de Entel que pasen a desempeñarse en las empresas adjudicatarias, sociedades licenciatarias y en las sociedades prestadores del servicio internacional, a efectos de prescribir la reserva de un porcentaje del capital accionario, por lo que resulta claro que solo aquellos empleados podían ser beneficiarios del programa.

Considero indudable que el legislador decidió beneficiar al personal dependiente afectado por la Reforma del Estado otorgándoles, no sólo acciones de las sociedades anónimas a conformarse, sino también participación en las eventuales ganancias obtenidas por ésta por el período posterior a la privatización mientras perdure el vínculo laboral.

Así las cosas, tomando en consideración las fechas de ingreso de los actores, la presente demanda sólo progresará respecto de los coactores: Casalotto, Micolini, Fernández Horacio, Córdoba, Pirola, Gaboardi, Buttera, De Bernardi, y Contursi.

El planteo vinculado con el coactor Toledo, no tendrá favorable acogida, en atención a su fecha de egreso, y a los períodos comprendidos en el objeto de la presente pretensión, sin que se advierta en el escrito recursivo en examen, el aporte de elemento objetivo alguno que justifique una solución distinta a la que se arriba en primera instancia.

Cabe desestimar en cambio la pretensión de ampliar la condena a períodos posteriores a la interposición de la demanda, toda vez que la mera aserción de la voluntad ampliatoria se revela ineficaz para suplir la omisión de la presentación autónoma con especificación de períodos y montos comprometidos, y el pertinente traslado a la contraparte a fin de preservar su derecho de defensa, que se prevé como formalidad intrínseca en el art. 331 del CPCCN al que se remite en procura de fundamento la queja y el fallo plenario de esta Cámara N° 202 "Condori Limachi c/ Valentini".

Igual suerte correrá el reclamo basado en la entrega de los bonos, puesto que en lo central de la pretensión de autos se ha condenado a la reparación de los daños y perjuicios por la falta de implementación del sistema, y en cuanto a la pretensión a implementar el sistema en adelante, no corresponde establecer condenas a futuro.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto propongo se modifique en fallo apelado en el sentido precedentemente expuesto.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por las demandadas vencidas, en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas y el resultado final del pleito (art. 68 CPCCN).

En cuanto a la regulación de honorarios, corresponde que la misma sea diferida a la etapa procesal oportuna prevista por el art. 132 LO.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada. II) Hacer lugar a la demanda respecto de los coactores Casalotto, Micolini, Fernández Horacio, Córdoba, Pirola, Gaboardi, Buttera, De Bernardi y Contursi. III)Ordenar a la perito contadora que a efectos de cuantificar la reparación, la misma deberá ser calculada computando el 0,50% de las utilidades netas de cada ejercicio obtenidas por la empresa demandada, cantidad que deberá distribuirse en función del porcentaje de participación accionario (coeficiente) que corresponda a cada actor según las pautas fijadas en el respectivo Programa de Propiedad Participada. Dicha suma llevará los accesorios dispuestos en la sentencia de grado, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, por resultar adecuado a las directivas 20/91, sin que se adviertan en el escrito recursivo elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto. IV) Confirmar el fallo de grado en lo restante que decide. V)Imponer las costas de ambas instancia a las demandadas vencidas. VI) Diferir la regulación de honorarios a la etapa procesal oportuna prevista por el art. 132 LO. Regístrese, notifíquese y vuelvan.