Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


GIACOMINO, Roberto Dante contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 264-272. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTOS: los autos "GIACOMINO, Roberto Dante contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 182, año 1.986), para resolver acerca del pedido de declaración de caducidad de la instancia formulado por el apoderado de la parte actora; y, CONSIDERANDO:

1. A foja 281 la parte actora acusó la caducidad de la instancia de la incidencia sobre prescripción de honorarios regulados al patrocinante de la demanda, aduciendo que surge de las constancias que no se ha instado su prosecución por un plazo mayor a seis meses.

2. Corrido traslado a la parte demandada, esta lo contestó a fojas 283/290 planteando:

a. Que el planteo formulado carece de fundamentación, pues no se argumenta sobre la existencia de los elementos constitutivos del instituto cuya aplicación se pretende.

b. Que aún si se aplicasen a su parte las normas de caducidad -carga, plazo y sanción- de la ley 4.106, lo que niega, tampoco podría declararse la caducidad de la instancia por no haber transcurrido el plazo legal para declararla.

Explicó que el 28.11.00 se tuvo por contestado el traslado del pedido de prescripción, dispuso el agregado de las fotocopias acompañadas y corrió vista a la Caja Forense, lo que se efectivizó el 6 de diciembre de ese mismo año; que la vista se evacuó el 18 de ese mismo mes y al día siguiente se dictó el decreto que proveyó la prueba y fijó audiencia de vista de causa para el día 29.3.01.

Concluyó, entonces, que si se pretende incluir en el cómputo del plazo de caducidad el que corre entre el 19.12.00 y 29.3.01, ello resulta improcedente porque encontrándose las actuaciones a la espera de un acto procesal no podía considerarse que estuviese corriendo plazo procesal alguno y citó jurisprudencia y doctrina en pos de esa interpretación.

Además alegó que, después de esa fecha, tampoco era aplicable el instituto de la perención pues el expediente quedaba a resolución.

Entendió que la audiencia dispuesta a los fines de informar sobre el mérito de la prueba, en un régimen dónde el impulso procesal es de ambas partes, imponía la aplicación de lo dispuesto por el artículo 148 del C.P.C. y C. y, consecuentemente, al no haberse notificado la audiencia dentro del plazo máximo admitido (art. 92, cód. cit.) y tratándose de una cuestión de pruebas, debió tenérselos por desistidos de la misma, quedando los autos en estado de ser resueltos.

Agregó que el Tribunal debe valorar que su parte ejerció una pretensión susceptible de ser resuelta y que la prueba ofrecida -a la que juzgó de innecesaria- lo fue por la parte actora, por lo que "... resultaría una injusticia notoria, lesiva del principio de acceso a la jurisdicción, que se sancione a la Provincia por la supuesta paralización de una incidencia generada exclusivamente por quien luego de impetrarla - ofrecimiento de prueba- no adoptó las conductas procesales necesarias para su producción" y finalizó este punto recordando la interpretación restrictiva que debe imperar en materia de caducidad.

c. En punto aparte expresó que las reglas de caducidad de la ley 4.106 no son aplicables a su parte ni directa ni analógicamente, desde que en el sistema de esa ley la carga de instar el proceso la tiene la parte actora.

"La Provincia -concluyó-, consecuentemente no es actora en el proceso de referencia, y por ello, no será por aplicación directa de las normas de la ley 4.106 que se pueda afirmar que a ella cabía la carga de impulsar el procedimiento, ni tampoco por aquellas normas se la podrá considerar incumplidora o imponerle sanción alguna".

Aseveró que tampoco podía ser ello por aplicación analógica, por varios motivos: en primer lugar, porque no existe vacío normativo (que sólo podría darse luego de recurrir al Código Procesal Civil y Comercial sin encontrar regulación a la situación planteada).

Sostuvo que "Esta situación no se presenta en el caso atento a la expresa regulación contenida en el artículo 232 y siguientes de la ley de rito local.".

Y explicó que "Más aún, incluso presumiendo la existencia de un vacío, que en el caso reitero no se presenta, en razón de aquella declaración legislativa de supletoriedad, igualmente no podrá aplicarse la normativa contencioso administrativa en forma analógica, pues si se atiende a los principios y finalidades que orientaron al legislador al establecimiento de aquel "plazo breve", difícilmente podría afirmarse que igual criterio se hubiere seguido para establecer la carga y la sanción en cabeza de la Administración.".

Adujo que este Tribunal en jurisprudencia reiterada ha puesto de manifiesto la finalidad del instituto, señalando además que el genérico interés público que juega en la caducidad, en la de los recursos contenciosos administrativos, juega un "... interés público...específico vinculado a la naturaleza del control de legitimidad de los actos administrativos que en ellos se ejerce, y a la consiguiente necesidad de que cese cuanto antes la inquietud o situación de interinidad que en la marcha y desenvolvimiento de la actividad administrativa implica toda impugnación a su gestión..." ("VADELCO S.A.I.C.I.F:I", A. y S. T. 89, pág. 490 y sus citas).

"En esas condiciones -prosiguió- difícilmente podría afirmarse que en una integración analógica realizada sobre esa base, el intérprete se moviera sobre la huella señalada por el legislador, pues no podría afirmarse la presunción de que si el legislador hubiese previsto el caso, lo hubiese hecho como reguló el caso así regulado (Messineo, Francesco "Manual de Derecho Civil y Comercial", Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, Tomo I, pág. 110)".

Concluyó que "Fallaría consecuentemente el fundamento mismo de la analogía expresado en el principio ubi eadem ratio ibi eadem decisio -donde la misma razón, la misma decisión- (Barbero, D. ob. y lug. cit.)".

Afirmó también que "En realidad no se encuentra en juego la aplicación -ni directa, ni analógica- del instituto de la perención tal como se haya previsto en la ley 4106, pues ello no sólo implicaría obviar los serios argumentos aludidos en los puntos anteriores, sino que además se obviaría la consideración del estado en que se encuentra el proceso contencioso administrativo de referencia en el cual ya se emitió decisión sobre el fondo de la pretensión y, en el trámite de regulación de honorarios mi parte introdujo una incidencia cuestionando -por vía de revocatoria- la regulación practicada y acusó prescripción con respecto a los honorarios del Dr. Ulla"; y que "No existe, por ende, posibilidad alguna de que la tramitación de la cuestión incidental planteada pueda afectar u ocasionar una demora en la resolución de la controversia principal, pues ella se encuentra resuelta y pasada en autoridad de cosa juzgada".

Asimismo que "Esta particular situación impide que se anude la resolución del incidente -y en lo que al caso interesa las reglas aplicables a su caducidad- a la cuestión principal".

"En el caso, como anticipé y se reconoció en los autos al imprimírsele a la incidencia el trámite del juicio sumarísimo, resultan de indudable aplicación las reglas jurídicas que el "legislador declaró aplicables supletoriamente", es decir, las contenidas en el Código Procesal Civil y comercial de la Provincia".

Agregó que "En el caso la cuestión controv Dijo por último que en ese concreto y definido esquema debe analizarse la revocatoria deducida, para determinar a partir de ello, las reglas jurídicas aplicables y las cargas que le incumben a su parte, su modo de ejercicio y las posibles sanciones frente a su incumplimiento.

En otro apartado arguyó que "Trátase en el caso de una incidencia deducida -en grado de revocatoria- contra la decisión de V.E. de regular los honorarios de los profesionales actuantes, en la cual mi parte, además, acusó prescripción con respecto a la regulación practicada a favor del Dr. Decio Ullla" y que tal pretensión implicó la deducción de un incidente que importó "...una verdadera demanda.

Por eso se lo denomina "demanda incidental...El procedimiento es el mismo aunque abreviado ..." (Corte de Justicia de Santa Fe, del voto del Dr. Iturraspe en la mayoría en causa "Chantiri, Orlando", A. y S. T. 74, pág. 296); y conforme a esa naturaleza debió imprimírsele el trámite legal pertinente, seleccionando las reglas jurídico procesales aplicables. "Ahora bien -prosiguió-, tal trámite no encuentra regulación expresa en las reglas del Código Contencioso Administrativo, y por ello, de conformidad con las previsiones de su artículo 23, resulta aplicable supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia".

"En efecto -dijo-, la norma citada señala que son aplicables a las causas contencioso administrativas, en cuanto no estén modificadas por ese código, las disposiciones que reglamentan el proceso en el Código de Procedimiento en lo Civil" y "Conforme a lo señalado resultarían aplicables al caso las disposiciones de los artículos 326 y siguientes (Incidentes) y 387 (procesos de cognición)".

De allí que, agregó, en lo que respecta al caso, resulta de particular importancia el inciso c.3. del artículo 387 del C.P.C. y C. de conformidad con el cual tramitan por el juicio sumarísimo "... todos los incidentes y cuestiones que no tengan una regulación propia".

"El incidente deducido por mi parte resultó entonces regido por las prescripciones del C.P.C. y C., más precisamente las reglas de proceso sumarísimo, tal como lo dispuso el decreto del 19.12.2000".

Aseveró que "La aplicación de esas reglas, dado que sólo subsiste la discusión acerca de la prescripción alegada, es decir, la controversia gira en torno al derecho a cobrar los honorarios, también surgiría de las disposiciones de la ley 6767 y su remisión al C.P.C. y C. (cfr. Marcela García Sola y María Carolina Eguren "Ley 6767 comentada y anotada y modificatorias" en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe" dirigido por Jorge W. Peyrano, Tomo 4, pág. 507)".

Afirmó que "... tratándose de un proceso de cognición -aunque abreviado por cierto- la carga del impulso surge del principio dispositivo mismo que orienta el proceso regulado por el C.P.C. y C., donde '... se pone sobre los hombros de las dos partes la carga del impulso procesal ...' ('Petzold', citado), la sanción frente al incumplimiento de la "carga" surge prístina del artículo 232 de aquella ley ritual: la caducidad del proceso, que puede ser declarada de oficio, o a pedido de parte, en este último caso, por acción o excepción (artículo 233)".

Sostuvo, entonces, que "De acuerdo a las reglas jurídicas aplicables al supuesto la falta de actos de impulso debe subsistir durante el plazo de 'un año' para que pueda decretarse la caducidad del proceso, salvo el supuesto de excepción de que se trate de un proceso que tramite ante la justicia de Circuito, para cuyo caso, rige el plazo de seis meses (artículo 232)".

Y agregó que "En el caso, es obvio que no se aplica el supuesto de excepción pues la causa, el incidente, tramita ante los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Tampoco por su cuantía -que supera ampliamente la fijada para determinar la de los Jueces de Circuito- podría entenderse encuadrada en aquella norma de excepción".

Subrayó que "Resulta por ende aplicable el plazo anual al que se aludió y ese plazo no transcurrió en el caso que se plantea, cualquiera fuere el momento en que se considere se produjo la inactividad" y de allí que "No perfeccionándose los supuestos legales, no resulta posible la aplicación de la sanción prevista legalmente".

Expresó, asimismo, que "Además de lo hasta aquí señalado mi parte quiere poner de resalto que las actuaciones se encontraron siempre -y de hecho aún se encuentran- en condiciones de que V.E. emita opinión definitiva en cuanto a las pretensiones principales discutidas en la incidencia, y por ello, no podría obviarse esa decisión sobre la base de una hermenéutica excesivamente ritualista -que prescinda del contexto sistemático normativo, incluyendo los preceptos constitucionales- sin incurrir en una violación del derecho a la jurisdicción".

Y finalmente sentenció que "Por eso, se descuenta que si el Tribunal entiende la existencia de varias soluciones posibles, sabrá sin dudas elegir entre ellas "...la que mejor satisfaga el imperativo axiológico a la luz del recordado derecho ala jurisdicción de rango constitucional ..." (Corte de Justicia de Santa Fe; "Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe contra Municipalidad de Venado Tuerto".

A. y S. T. 97,pág. 17), que en el caso se resume en la conservación del proceso incidental y en la resolución de las cuestiones planteadas que, en un última instancia no constituyen sino una defensa de los recursos de la comunidad toda, enfrentados en el caso con los intereses individuales de los abogados litigantes".

3. Habrá de declararse la perención de la instancia. El análisis de las constancias de autos permite afirmar que concurren los extremos que la normativa exige para la declaración de la acusada caducidad en tanto ha transcurrido el tiempo contemplado en el artículo 63 de la ley 4106 sin que se haya instado, durante dicho lapso, la prosecución del trámite del incidente.

Los argumentos esgrimidos por la Provincia al contestar el pertinente traslado no resultan idóneos a efectos de arribar a una solución contraria a la propiciada.

En primer lugar, cabe desestimar, en lo estrictamente concerniente al presente incidente, la defensa de la demandada basada en que la Administración no se encuentra sujeta al régimen de caducidad de la ley 4106.

Sobre el punto cabe señalar que si bien en el texto de esta ley no hay un tratamiento expreso y claro del trámite de la perención de los incidentes, no puede soslayarse en este análisis lo previsto en materia de costas en el artículo 87.

Dispone esa norma que "las costas en la perención, se aplicarán al demandante si se produjera en la causa principal; y al recurrente, si se tratare de incidentes sobrevenidos en la substanciación de la causa".

Este artículo resulta un claro indicio de la voluntad del legislador en tanto ha previsto la posibilidad de que, en los incidentes que se susciten, la caducidad se produzca contra una parte que no sea, precisamente, la actora en el expediente principal.

Es decir, ha previsto que en los incidentes la caducidad necesariamente perjudicará, y por lo tanto le recaerán los pertinentes gastos causídicos, a quien los promovió, sin distinguir si se trata de la parte actora o la demandada en la causa principal.

Por lo demás no puede tampoco soslayarse que este Tribunal anteriormente ha procedido a declarar la perención de instancia en incidentes promovidos por la Administración (ver: "Salvia, Francisco Victor y otros c. Municipalidad de Rosario", A. y S., T. 104, pág. 49).

Despejada la cuestión precedente cabe también desestimar la oposición de la Provincia basada en que a raíz de la falta de concreción de la audiencia de vista de causa debió tenerse por desistida la misma quedando los autos en estado de ser resueltos.

Tal argumento no resulta atendible por cuanto el artículo 62 de la ley 5531 - aplicable supletoriamente según el art. 23 de la ley 4106- dispone la notificación por cédula de la providencia que fija audiencia para el supuesto que las partes no concurrieran a notificarse en Secretaría, alternativas éstas que no acontecieron en autos, pues luego de dictada la mencionada providencia no se registró actividad alguna.

Por lo tanto, mal podrían invocarse los efectos de un supuesto desistimiento de una audiencia cuando ni siquiera se había notificado la providencia que la fijaba.

En tales condiciones, no puede afirmarse que los autos estuvieran pendientes de resolución.

Por último, no mejor suerte debe correr el planteo de la Provincia basado en que, a falta de previsión expresa en la ley 4106, le resultaría aplicable el plazo anual de caducidad previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.

Tal postulación consagra un resultado claramente irrazonable que no puede presumirse pretendido por el legislador.

En efecto, siguiendo el criterio propuesto por la demandada, y teniendo en cuenta la duplicidad de términos consagrada por el artículo 5 de la ley 7234 (y modificatorias) omitido por la demandada, se llegaría a la conclusión de que el plazo de caducidad en los incidentes sería de dos años, mientras que el plazo de caducidad para el expediente principal sería de seis meses (por disposición del artículo 63 de la ley 4106, con la duplicidad de la norma ut supra citada).

Y tal irrazonabilidad se abona más aún a poco que se advierta que con el criterio propiciado por la Provincia, podría ocurrir que en un proceso contencioso administrativo la demandada promoviese un incidente que, por disposición de la ley o por su propia naturaleza, produzca la paralización de la causa principal y, por aplicación de todo el sistema propuesto por aquélla, se cuadruplicara la pendencia inactiva de esa causa, a contrapelo de lo establecido expresamente en la ley 4106.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar la caducidad de la instancia en el incidente de prescripción de honorarios, con costas a la demandada.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO (en disidencia)-GASTALDI (en disidencia)-GUTIERREZ-NETRI-SPULER- VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR FALISTOCCO El análisis de las constancias de la causa me permite afirmar que deberá rechazarse el planteo efectuado por la actora en el incidente de prescripción de honorarios.

Para así decidirlo, se advierte que el decreto de Presidencia de foja 280 -dictado dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia firme y consentido por las partes-, dispuso dar al mencionado incidente "trámite de juicio sumarísimo", ello en virtud de no estar regulado un trámite específico para los incidentes como el aquí articulado en la ley 4106; aplicando, en consecuencia, el Código Procesal Civil y Comercial (art.23, ley 4106).

Por lo tanto, y como resultado lógico de lo ordenado en el decreto recién mencionado, el régimen procesal a aplicar a la tramitación era el previsto en los artículos 413 y siguientes del Código antes citado.

Ante esta circunstancia, también debe ser el Código Procesal Civil y Comercial el que rija el plazo de caducidad a aplicar en el mencionado incidente.

En la especie, el artículo 232, primera parte.

Ello es así, ya que resultaría irrazonable disponer la aplicación de un determinado régimen procesal para la tramitación de la incidencia y luego apartarse de él al sólo efecto de computarizar el plazo de caducidad.

En punto a ello, es preciso insistir en que los propios términos utilizados en el decreto de fojas 280 en cuanto al trámite a seguir, más alla de su mayor o menor acierto, sugieren una interpretación como la que aquí se propicia.

En efecto, el tenor del citado decreto debía conducir a la parte a entender que la tramitación y resolución del incidente por ella articulado iba a atenerse a lo dispuesto por el ordenamiento procesal civil y comercial, y no volver a la ley 4106 para regir la caducidad del mismo.

La adopción de un criterio que desatendiera estas especiales circunstancias en las que reitero, se le ha dado trámite al incidente de juicio sumarísimo, importaría la convalidación de una situación de incertidumbre en cuanto a las reglas aplicables de por sí incompatible con el respeto a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Ante ello, el examen de la presente causa a la luz de la normativa recién aludida, revela que no ha transcurrido el lapso requerido por el ordenamiento citado para que proceda la declaración de caducidad de instancia.

En consecuencia, no puede hacerse lugar a la perención solicitada.

Fdo.:FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: En el caso, la discusión de fondo sostenida por las partes fue definitivamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la sentencia obrante a fojas 112/115 de autos.

Posteriormente, por decisorio de este Tribunal de foja 122 (registrado en A. y S. T. 92, página 444) se ordenó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que se proceda a reintegrar al actor el goce del beneficio jubilatorio y se le liquide y abone mensualmente el haber de pasividad.

Ello significa que el juicio contencioso administrativo, ámbito procesal en el cual se efectúa el control de legitimidad del accionar de la Administración, culminó con el dictado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

En dicho momento cesó la situación de interinidad que en la marcha y desenvolvimiento de la actividad administrativa implica toda impugnación a su gestión y cuyo pronto cese procura el instituto de la perención de instancia en los recursos contencioso administrativos ("Vadelco", A. y S. T. 89, pág. 490). La situación motivo de actual controversia se ubica, entonces, dentro del marco del procedimiento de ejecución de una sentencia que adquirió autoridad de cosa juzgada.

Constituye, pues, una cuestión incidental directamente vinculada al cumplimiento de una decisión judicial firme, y no se trata, en puridad, del proceso contencioso administrativo mismo donde concurren inclusive las razones para la caducidad breve del artículo 63 de la ley 4106.

Esta circunstancia resulta de suma relevancia a la hora de determinar el marco normativo donde cabe subsumir al caso en análisis.

En efecto, el decreto de Presidencia de foja 280 dispuso -en virtud de lo establecido en el art. 23 de la ley citada- dar al presente incidente "trámite de juicio sumarísimo".

Por lo tanto, y como consecuencia lógica de lo ordenado en el decreto recién mencionado, el régimen procesal que debía aplicarse a la tramitación era el previsto en los artículos 326 y siguientes y 387, 413, 414 y 415 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.

En las particulares circunstancias del caso -descriptas más arriba-, resultaría irrazonable disponer la aplicación de un determinado régimen procesal para la tramitación de la incidencia y luego apartarse de él al solo efecto de determinar el plazo de caducidad a aplicar.

En punto a ello es preciso insistir en que los propios términos utilizados en el decreto de fojas 280 en cuanto al trámite a seguir, más allá de su mayor o menor acierto, sugieren una interpretación como la que aquí se propicia y que, en el punto, también siguió la Administración a la hora de definir su conducta procesal.

En efecto, el tenor del citado decreto necesariamente debía conducir a la parte a entender que la tramitación del incidente iba a atenerse a lo dispuesto en el ordenamiento procesal civil y comercial.

La adopción de un criterio que desatiendiera estas circunstancias importaría la convalidación de una situación de incertidumbre en cuanto a las reglas aplicables de por sí incompatible con el respeto a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

En función de los particularísimos extremos descriptos en precedencia puede afirmarse que, en esta incidencia, deben aplicarse las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial (art. 232, primera parte, C.P.C. y C.).

El examen de los presentes a la luz de la normativa recién aludida revela que no ha transcurrido el lapso requerido por el ordenamiento citado para que proceda la declaración de caducidad de instancia.

En consecuencia, no puede hacerse lugar a la perención solicitada.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)