Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ciento cuarenta y tres.

San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de noviembre de 2010.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 030/10: "CANTARELL, Luis Francisco Nicólas c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Cumplimiento de Contrato y Cobro de Pesos", y CONSIDERANDO:

1- Que llegan las presentes actuaciones a esta Corte de Justicia con motivo de la declaración de incompetencia, en razón de la materia, para entender en la causa de la Titular del Juzgado Civil de Tercera Nominación, resuelta mediante Sentencia Interlocutoria Nº 107/10, obrante a fs. 193/194 de estos rubrados.

Que de los antecedentes fácticos obrantes en autos resulta: que a fs.20/25 comparece el Sr. Luis Francisco Nicolás Cantarell, por intermedio de letrado patrocinante, incoando demanda en contra de la Provincia de Catamarca, persiguiendo se la condene a cumplir el contrato de alquiler de fecha 08/07/04 y sus modificaciones instrumentadas en Acta Acuerdo de fecha 17/12/08 aprobada por Decreto PCS Nº 1295 del 30/12/08, celebrado entre la Sra. María Alejandra Cantarell y la Cámara de Senadores de la Provincia, señalando que el destino del inmueble locado es exclusivamente para el uso de Oficinas Públicas y Administrativas del Senado de la Provincia. Asimismo demanda el pago de la suma de pesos diecinueve mil ochocientos ($19.800) adeudados por la demandada en concepto de diferencias del canon locativo, con más intereses según la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales, desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago, gastos y costas del proceso. A fs.30/32 se amplía demanda señalando que con posterioridad a la primera presentación la Sra. Presidente de la Cámara de Senadores procedió una vez más en forma ilegítima y arbitraria al dictado del Decreto PCS Nº755/09 por el que unilateralmente declara nulo de nulidad absoluta el Decreto PCS Nº1295/08 por el cual se aprobara el "Acta de Preacuerdo de Modificación de la Cláusula Cuarta del Contrato de locación del inmueble sito en calle Chacabuco Nº 285, obrante a fs.285, en el cual se basa el derecho de su parte y la acción promovida en autos. En definitiva peticiona se tenga por iniciada la acción por cumplimiento de contrato y cobro de pesos en contra de la provincia de Catamarca y se disponga su trámite conforme a las normas del proceso ordinario; se declare la nulidad absoluta del Decreto Nº755/09 y se haga lugar a la demanda en todas sus partes. 2- Que recepcionadas las actuaciones en este Superior Tribunal, por proveído de fs.200 se corre vista al Ministerio Público para que se expida acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos. Obrando el respectivo dictamen a fs. 201/202. A fs. 202vta. se dicta el proveído que ordena autos para resolver, quedando la cuestión conclusa y en estado de emitir pronunciamiento acerca de la competencia de esta Corte de Justicia para entender en el presente litigio.

3a- Que, como principio cardinal, para determinar la competencia corresponde el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, haciendo mérito de la relación sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda, y en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado por el actor a la acción (Conf.: Palacio, Lino; Vellosso, Adolfo Alvarado, "Cód.Proc.", T.I, p.56/59). En sentido concordante la jurisprudencia tiene establecido que: a los fines de determinar la competencia debe estarse a lo expuesto en la demanda, a la naturaleza de la pretensión que en definitiva resulta de los hechos y después en la medida que se adecuen a ellos al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión. (Conf.: CS 306:1056; 307:505, entre muchos otros). 3b- Que con fundamento en los términos de la demanda interpuesta, el objeto de la pretensión persigue el cumplimiento de un contrato de locación de un inmueble, celebrado entre un particular a titulo de locador y la Cámara de Senadores a título de locatario, más el pago de lo que se estima debido en concepto de canon locativo. Que la situación fáctica descripta reconoce regulación normativa en el derecho sustantivo civil, Art.1502 CC. En efecto, tal normativa conlleva la distinción entre derecho público y derecho privado, y tal distinción debe fincarse en la intervención del Estado como poder público, o como simple persona jurídica lo que nos ubica dentro del derecho privado y esta última posibilidad se da cuando el Estado celebra un contrato de locación. Al respecto se ha dicho que, el Art. 1502 dispone que cuando el arrendamiento sea de bienes nacionales, provinciales o municipales, de corporaciones o de establecimientos de utilidad publica ( para cuya determinación habrá que tener en cuenta lo que establece el Art.2339 y ss., Código Civil), será regido por las disposiciones del Derecho Administrativo. Por lo tanto, en los restantes casos en que el Estado actúe como parte en un contrato de locación, debe concluirse -como regla general- que éste cae en la órbita del Derecho Civil. (Conf.: Bueres Alberto J, Highton Elena I, Código Civil y nors. complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial; T. 4A, p.244). Que, lo expuesto debe interpretarse en consonancia con lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial que subordina la decisión en las causas contencioso administrativo, a la previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionen por parte interesada. Tal precepto constitucional circunscribe y autoriza el ejercicio jurisdiccional de este Superior Tribunal como una vía de excepción estrictamente revisora del actuar de los poderes del estado en ejercicio de actividad administrativa, remitiendo la determinación de tales acciones a la clara normativa establecida en la ley adjetiva, específicamente Arts. 1 y 5 de la Ley 2403 como presupuesto de admisibilidad de la demanda. 4- Que lo expuesto nos lleva a concluir que no todos los derechos vulnerados por la actividad administrativa desarrollada por alguno de los tres poderes del estado son susceptibles de producir o dar lugar a una acción contencioso administrativa, sino que es indispensable que ese derecho sea de carácter administrativo, es decir, regido por el Derecho Administrativo y no por otras ramas del ordenamiento jurídico. En tanto que, hace a la garantía del debido proceso que la cuestión planteada sea debatida en la sede judicial correspondiente a los fines de obtener sentencia útil a sus derechos (Conf.: CS, doctrina de Fallos 264:192; 265:94, entre muchos otros).

Que por todo ello y normas legales citadas, corresponde se declare la incompetencia de este Tribunal para entender en autos, debiendo bajar las actuaciones al Juzgado previniente a los fines que continúe con la sustanciación de la misma. LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar la incompetencia del Tribunal para entender en la presente causa, debiendo remitirse la misma al Juzgado Civil de 3º Nominación. 2) Protocolícese y hágase saber. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).