Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22


VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 22/09/09, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en es-tas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a las diferencias salariales reclamadas en concepto de bonificación por antigüedad, pro-voca el alzamiento de la demandada, a tenor del memorial de fs. 303/8. A su turno (fs. 301), el perito contador cuestiona sus honorarios por reputarlos reducidos.

En su apelación, la empleadora se agravia de la viabilidad de las diferencias salariales requeridas por los actores. Cuestiona que se haya atribuido carácter de convenio colectivo al "Acta Acuerdo" suscripta con los sindicatos con personería gremial que representan a sus trabajadores, máxime cuando la misma tenía una acotada duración de seis meses. Señala, asimismo, que la magis-trado de grado desconoció la situación de emergencia y crisis económica que motivó el dictado del decreto 925/96 y la ley 24624; y que, por otro lado, no se ponderó la pasividad de los accionantes frente al dictado de la normativa reglamentaria tardía-mente cuestionada. Cabe precisar que las transcripciones que realiza a fs. 303 vta., 304 vta. y 305 vta. no se corresponden con la sentencia de fs. 294/6.

Al respecto, cabe señalar que la discusión plantea-da en autos gira en torno a los alcances del C.C.T. para el Personal del Instituto de-mandado, del mes de noviembre de 1989, (celebrado entre la empleadora, UPCN y ATE) y homologado por disposición DNRT NRO.5629-89, por medio del cual se pactó el pago de un "adicional por antigüedad" del 6% para el primer año y del 3% para los años subsiguientes, sobre el total de la remuneración normal y habitual de cada agente. Si bien el convenio estaba destinado a regir entre octubre de 1989 y mar-zo de 1990, está fuera de debate que la demandada siguió reconociendo el pago del adicional hasta 1996, época en que decidió "congelar" los importes que venía abo-nando. El tema que se discute entonces, es si la accionada, fundada en las distintas normas que invoca (los decretos 925/96 y 290/95, la Res. 1124/95 y el art. 18 de la ley 24.624), estaba habilitada para tal restricción o si, por el contrario, carecía de legi-timidad para congelarlo, vale decir si estaba habilitada para no aplicar el incremento que correspondía de acuerdo a la antigüedad que los demandantes fueron adquiriendo, en tanto esa movilidad era de la esencia del adicional reconocido.

Así planteada la discusión, resulta aplicable el cri-terio sentado por la Sala en una situación sustancialmente similar a la presente, donde compartiera la opinión del Sr. Fiscal General, y de otras Salas de la Cámara, acerca de que el decreto 290/95 hizo referencia a una reducción salarial genérica y no al cerce-namiento de un beneficio convencional relacionado con la antigüedad que se incre-menta cada año de servicio (F.G.T., dictámenes nº 39.551 del 21/12/04 y nº 41.903 del 15/3/06; CNAT, Sala II, SENT. 93.251 del 10/2/05, "Pereyra, Juan Carlos y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"; Sala III, sent. 87.699 del 26/4/06, "Seita, María Victoria y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-dos s/ diferencias de salarios"; y Sala IV, sent.91.426 del 29/5/06 "De Sousa Carmo-na, Marta Susana y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Ju-bilados y Pensionados s/ diferencias de salarios").

En este temperamento, cabe señalar que el decreto 925/96 tampoco incide en el tema en discusión, porque su art.9, al disponer que "a partir del presente las relaciones de trabajo se regirán sólo por la Ley de Contrato de Trabajo, con exclusión de cualquier otra disposición, reglamento interno o norma que estipule condiciones distintas al régimen general" sólo puede entenderse referido a las normas emanadas del propio Instituto o del Estado Nacional, pero no a las ema-nadas de la autonomía colectiva, porque el Poder Ejecutivo Nacional carece de facul-tades para dejar sin efecto convenciones colectivas homologadas.

También es preciso memorar que la ley 24.624 (art. 18) -en la cual hace hincapié la recurrente- que profundizó la reforma del Estado y de la Administración Pública y trajo consigo una reducción del gasto, se refirió al ejerci-cio fiscal 1996; razón por la cual en nada afecta los créditos reclamados por los acto-res, a poco que se considere que éstos resultan por los dos años anteriores a la fecha de interposición de la demanda" (en el "sub lite" ésta es del 30/11/2005, ver cargo de fs. 15 vta.; ver asimismo liquidaciones practicadas en el inicio).

El Acta Acuerdo del 18/2/03, contribuye de todos modos a clarificar el problema pues da cuenta de que las partes acordaron "...encarar con la mayor brevedad posible el análisis del pago del retroactivo...y los adicionales que se encuentran pendientes de resolución desde 1996...", sin cuestionar su vigencia (conf. dictámenes y fallos mencionados precedentemente).

Por otra parte, es de destacar que el convenio co-lectivo celebrado en noviembre de 1989 fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que confiere a sus cláusulas carácter obligatorio en razón de lo dis-puesto en el art. 4 de la ley 14.250. No obsta a esa conclusión el hecho de que el con-venio estableciera un plazo de vigencia hasta marzo de 1990, dado que el art. 6 de la ley citada, según el texto vigente a aquella época, establecía la ultraactividad de las condiciones de trabajo resultantes de la convención (en igual sentido, sent.94.421 del 7/9/2006 in re "De Mattia, María Elena y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Ser-vicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios", del registro de la Sala). Asimismo, la misma demandada parece haber considerado vigente el con-venio, porque siguió abonando el adicional después de marzo de 1990; y, de este mo-do, cabe concluir que incorporó el beneficio al marco de condiciones contractuales emergentes de la relación individual, por vía de su voluntad unilateral.

De tal modo, no pueden caber dudas de que el adi-cional por antigüedad derivado de la normativa convencional, independientemente de su vigencia, se incorporó al contrato individual de trabajo de los actores cuyos víncu-los se establecieron o desarrollaron con anterioridad a la entrada en vigencia del de-creto 925/96, de acuerdo con la modalidad de liquidación que se había utilizado hasta entonces, por lo que la demandada no podía restringir su reconocimiento, más aún cuando el decreto 925/96 no implicó dejar sin efecto dicha modalidad de liquidación.

Acerca de la objeción de la demandada que consi-dera que debe ponderarse el silencio o pasividad de los actores frente a la aplicación de tal normativa, debo decir que su postura en modo alguno supera la exclusión de presunciones contra el trabajador establecida en el articulo 58 de la L.C.T., y al res-pecto tampoco ha aportado, siquiera, indicios que permitan advertir en lo atinente, un modo de comportamiento inequívoco de los actores, para reputarlos renunciantes al derecho que reclaman.

Por otra parte, la pretendida caducidad de los de-rechos y de las acciones de los demandantes, no puede ser receptada. Y ello así en estricta coherencia con los fundamentos que informan el voto que propicio, en parti-cular sobre la actividad jurídicamente relevante de la propia demandada, quien más allá de lo que pretende sostener en derecho, siguió abonando el consabido adicional después de marzo de 1990, de suerte tal que innovó su obligación al respecto, al in-corporar el beneficio al marco de las condiciones contractuales sustanciales y emer-gentes de las relaciones individuales de trabajo concretas de cada uno de ellos, como expuse precedentemente por la vía de su propia voluntad unilateral, y en el marco mismo de la L.C.T. que admite le era aplicable, de modo que no puede argumentar obstáculo alguno a la procedencia de los créditos objeto de esta litis (ver, Sent. Def. Nro. 95183 del 24/08/2007 en autos "Anadon, Rosa Celina y otros c/ P.A.M.I. s/ di-frencias de salarios", del registro de esta Sala).

En razón de lo expuesto, propongo confirmar la sentencia recurrida.

Para finalizar la cuestión, y en lo que atañe a la defensa que se intenta argumentando que "EL DERECHO RECLAMADO CONSTI-TUYE UN DERECHO EN EXPECTATIVA" (ver fs. 307/vta.), considero que tal aserción, a la luz de todo lo hasta aquí expuesto, carece de sostén en la medida que la condena se trata de créditos ya devengados, por lo que mal podrían así encuadrarse.

En relación con la apelación deducida por el pe-rito contador con respecto a sus emolumentos cabe señalar que, teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desarrolladas y de conformidad con las pautas que emergen del art. 38 de la L.O. y del dec. 16638/57, los mismos no se advierten redu-cidos por lo que propicio confirmarlos.

Las costas de Alzada, en atención al resultado ob-tenido y a la ausencia de réplica, estimo que deben ser impuestas en el orden causado (art. 68 C.P.C.C.N.).

Con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen sus honorarios en el 25% de la suma que le corresponda por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Señalo que como titular del Juzgado del Fuero Nro. 62, en los autos caratulados "Pereyra Juan Carlos y otros c/ P.A.M.I. Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ cobro de pesos", Expte. Nro. 34512/02, he sentado una posición distinta a la propuesta por mi distinguido colega preopinante; pero lo cierto es que dicha postura ha resultado minoritaria en esta Sala (ver mi voto en disidencia en la Sent. Def. Nro. 94974 del 07/05/2007 en autos "An-dino Héctor Daniel y otros c/ P.A.M.I. Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios").

En consecuencia, por razones de economía pro-cesal y dejando a salvo mi opinión personal, adhiero al voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2º parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sen-tencia recurrida en lo principal que ha sido materia de apelación y agravios; 2) Confirmar los honorarios del perito contador; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en el veinticinco por ciento (25%) de los que deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara (MCF)