Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-18


Autos Nº 4.371 (J.P.L.G.S.J. Rivadavia Nº 33.791/10-1), caratulados: "GARBARINO S.A. c/ Mendoza, Mario Guillermo - Ejecutivo".

San Juan, 18 de junio de dos mil doce.

Y Vistos:

Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido subsidiariamente al de reposición a fs. sub 4 y vta. por el letrado apoderado de la actora, quien actúa por su propio derecho, contra el decreto de fs. sub 3.

Tal apelación fue concedida sin efecto suspensivo por resolución de este Tribunal dictada en Autos Nº 4.252, caratulados "Garbarino S.A. c/ Mendoza, Mario Guillermo - Ejecutivo - Queja", sentencia obrante en P. de A., T° II-2011, fs. 1/3.

Y Considerando: -- I. Que en el pronunciamiento impugnado, y en lo que aquí interesa, el a quo reguló los honorarios del Dr. Facundo Orlando Acosta Gómez por la labor desarrollada en autos hasta sentencia, tomando en cuenta la cuantía y naturaleza de los trabajos realizados, el éxito obtenido, su actuación en doble carácter y lo dispuesto por los arts. 189 y 201 de la Ley Prov. N° 2.150 (cfr. art. 800, inc. 8°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037), en un porcentaje del veintiuno por ciento (21%) del monto del capital ejecutado, el que debe reducirse en un treinta por ciento (30%) al no haberse opuesto excepciones (art. 201, ibid.), determinándose los mismos en la suma de doscientos cuarenta y tres pesos con diecinueve centavos ($ 243,19), con más sus intereses legales desde que son debidos y hasta su efectivo pago.

Contra dicha resolución se alzó el recurrente con la presentación obrante a fs. sub 4 y vta., donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito funciona como memorial para el supuesto de que ese remedio no prospere (tal como sucedió en autos -ver ap. 1° del decreto de fs. sub 5-).

Es que, no cabe la fundamentación independiente de la apelación, pues la misma se cumplimenta al incoar la revocatoria (cfr. De Santo, Víctor, "Tratado de los recursos", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1987, Tº I, pág. 228, cita n° 97).

En el referido escrito el apelante, en síntesis, manifestó: - Que le agravia la decisión del a quo en tanto se observa que procedió a regular honorarios sin existir liquidación y tomando como base el capital exclusivamente, lo que le causa un perjuicio económico. -- Que el art. 800, inc. 7°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037, señala que se deberá regular los honorarios en el mismo acto de aprobar la tasación o liquidación y el inc. 8°, determina los porcentajes que se deben aplicar en los juicios ejecutivos y monitorios en general. - Que se queja de la falta de consideración de la normativa de la Ley Prov. N° 2.150 y sus modificatorias, que -en su conjunto- determina que la base está compuesta por capital más intereses.

Por último, solicita se deje sin efecto la regulación en lo que hace al monto y se mantenga en lo relativo a los porcentajes fijados (el 21% deducido el 30%) para cuando se tenga base, esto es, liquidación aprobada.

A fs. sub 8 se ordenó correr el pertinente traslado al demandado del memorial, quien no lo contesta, dándosele por decaído el derecho a hacerlo (fs. sub 9), en la misma providencia la Inferior dispuso la elevación del expediente a la Alzada, en cuyo ámbito se dictó -previa determinación de los jueces que intervendrían en la presente (fs. sub 11)- el pase de los autos a resolver (fs. sub 13); proveído que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de fs. sub 14 y vta. y sub 15 y vta.

Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden pertinente.

II. Comenzando con el análisis del recurso traído a consideración y luego del examen de sus fundamentos, adelantamos nuestro criterio favorable a su admisión, de conformidad con las siguientes razones:

En primer lugar, tratándose en la especie de dirimir una cuestión atinente a la regulación de honorarios profesionales por la labor realizada por el letrado de la actora, resulta de aplicación la Ley Prov. N° 2.150 y sus modificatorias.

En efecto, dispone el párrafo segundo del art. 197 de la ley arancelaria (T.O. Ley Prov. Nº 4.072, y no modificado), que en los juicios por cobro de sumas de dinero la cuantía -a los fines regulatorios- resultará de la liquidación que se practique de capital e intereses; y que según la Ley Prov. Nº 4.119 (B.O. 22-10-75) es el vigente para las operaciones comunes de descuento que establezca el Banco de la Nación Argentina - Sucursal San Juan, es decir, la tasa activa.

Por otra parte, el Decreto Nº 3.140-G-75 (reglamentario del art. 197, T.O. Ley Prov. Nº 4.072), en su art. 2, dispone que en todos los juicios o procesos por cobro de dinero, la liquidación se practicará a los fines regulatorios conforme a los rubros que integran la condena.

De la lectura de la copia de la sentencia monitoria obrante a fs. sub 1 y vta., se advierte que se condena al demandado al pago del capital reclamado, que asciende a la suma de un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y un centavos ($ 1.654,41), con más los intereses devengados a partir del 30 de abril de 2007, fecha denunciada por la actora como vencimiento del pagaré librado `a la vista´ y hasta su efectivo pago.

La regulación de honorarios, como elemento integrante de las costas, resulta ser un accesorio de la decisión principal que guarda una relación lógico-jurídica de conexidad con el objeto de la controversia. Por ello, la base regulatoria se compone del capital conjuntamente con los intereses.

Tiene dicho una antigua jurisprudencia local que el pronunciamiento sobre honorarios debe ajustarse necesariamente a las pautas establecidas por el art. 197 de la Ley Prov. N° 2.150, según modificación introducida por la Ley Prov. N° 4.072 según la cual también debe computarse como base para la determinación de aquéllos, el monto de los intereses objeto de la condena, para lo cual es indispensable efectuar la liquidación de éstos a fin de obtener el cuadro completo de antecedentes dentro del cual recién se estará en condiciones de resolver sobre el particular (Cám. Civ. Com. y Min., Sala 1ª, L. de A., T° 28, F° 94, 01-10-1975). - Por su parte, el art. 800, inc. 7°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037, dispone intercalar como párrafo quinto del art. 197, de la Ley Arancelaria, el siguiente texto: "Si no estuvieren fijados porcentualmente con anterioridad, el Juez o Tribunal deberá regular los honorarios en el mismo acto de aprobar la tasación o liquidación, aunque pudiera ser recurrido".

Dicha norma está relacionada con lo dispuesto en el inc. 10° del mismo artículo, en cuanto posibilita la regulación de honorarios porcentualmente, que antes de dicha reforma no podía hacerse.

Es decir que, la Jueza está facultada para regular porcentualmente los honorarios cuando dicta sentencia definitiva, interlocutoria o defina un incidente, pero lo que no puede hacer es determinar su monto mientras no haya tasación o liquidación según el caso.

En ese punto la normativa legal es clara al señalar específicamente que deberá regular los honorarios en el mismo acto de aprobar la tasación o liquidación.

Para fijar numéricamente el monto de los honorarios debe existir planilla de liquidación. De las constancias del expediente se observa que dicho requisito no se ha cumplido, por lo que la queja del recurrente resulta procedente y el recurso debe admitirse.

En lo relativo al porcentual establecido del veintiuno por ciento (21%) reducido en un treinta por ciento (30%) al no haber opuesto excepciones el accionado, consideramos que debe mantenerse atento la expresa conformidad prestada por el apelante en el escrito de fs. sub 4 y vta.

III. En conclusión, debe admitirse el recurso de apelación subsidiaria articulado por el letrado de la actora a fs. sub 4 y vta., declarando la nulidad de los honorarios regulados en favor del Dr. Facundo Acosta Gómez, y, en su mérito, se dispone que previamente se practique planilla de liquidación a esos efectos; manteniendo el porcentual establecido en la resolución impugnada.

En consecuencia, atento al resultado positivo de la apelación subsidiaria, entendemos que las costas de la segunda instancia deben imponerse a cargo del demandado-apelado vencido (cfr. arts. 66 y ccds. del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037).

Por todo lo expuesto, normas legales y doctrina citadas, Se Resuelve:

I. Admitir el recurso de apelación subsidiaria articulado a fs. sub 4 y vta. contra el decreto de fs. sub 3 y, en consecuencia: a) revocar en lo exclusivamente pertinente el segundo párrafo de dicha resolución en tanto fue materia de agravio, declarando la nulidad de la regulación de honorarios efectuada en favor del Dr. Facundo Acosta Gómez; y b) ordenar se practique planilla de liquidación de capital más intereses según tasa activa a fin de regular honorarios, de acuerdo con lo desarrollado en los considerandos respectivos.

II. Imponer las costas de esta instancia al demandado vencido.

III. Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.