Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-11


SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de noviembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte N° 71/13, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto p la Dra. Mariana Vera (Def. Of. De 5ta. Nominación) en causa Nº 90/12 - Roldán, Juan Gabriel-Robo Simple en calidad de autor - Antapoca - Valle Viejo", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1°) ¿Es nula la resolución por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una sentencia que, en tanto denegatoria de la solicitud de suspensión del juicio a prueba, es equiparable a definitiva debido a que no tendrá otra oportunidad para replantear la cuestión por lo que es irreparable el gravamen invocado, por la privación al procesado del derecho que tiene a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena.

De acuerdo con el resultado de la votación efectuada (fs. 12), los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. En lo que aquí interesa, por resolución del 04 de junio de 2013, en actuación unipersonal, el Dr. Jorge Raúl Álvarez Morales, magistrado de la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, no hizo lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada a favor del imputado Iván Gabriel Roldán.

II. Contra dicha resolución, la defensora del imputado, Dra. Mariana Vera -Defensora Oficial de Quinta Nominación-, interpone este recurso, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (inc. 1° del art. 454 del CPP).

Dice que los fundamentos de la sentencia impugnada se refieren a la planilla (de antecedentes penales) actualizada del imputado, a pautas elaboradas por la CSJN para la interpretación de las normas legales y a los antecedentes parlamentarios (de la ley de aplicación). Indica que, con base en esos fundamentos, considerando los fines y requisitos de la norma del art. 76 bis del Código Penal, el tribunal a quo concluyó que no se encontraban reunidos en el caso las exigencias legales del Instituto de la Probation; que dicho Instituto es de aplicación sólo con relación a transgresores primarios que reflejen visos serios de que no reincidirán en el delito; que la procedencia de la suspensión requiere analizar la situación procesal del sujeto al momento de su pedido y de la decisión; que la situación procesal del imputado en las presentes es que se encuentra detenido; que esa circunstancia impide el otorgamiento del beneficio solicitado acompañado de un tratamiento en libertad, y que ello torna irrelevante para la solución del caso la consideración de la fecha de ocurrencia del hecho de esta causa.

Señala que dos cuestiones deben ser revisadas: 1. El valor del acuerdo entre el Fiscal y la defensa sobre la procedibilidad de la suspensión del juicio, considerando que, si se encuentran cumplidas las condiciones legales, el dictamen fiscal favorable a la solicitud es vinculante. 2. El desacierto del tribunal a quo por fundar su decisión en circunstancias ajenas a esta causa y posteriores al hecho de esta causa, considerando que, a la fecha (de interposición del recurso), el imputado carece de antecedentes computables.

Pide a la Corte que case la sentencia y resuelva el caso con arreglo a la ley. Hace reserva del caso federal por violación a las normas constitucionales que hacen a la garantía del debido proceso legal, de la igualdad de la ley, de la doble instancia y de la defensa en juicio.

III. 1. Del recurso surge que la ocurrencia histórica del hecho de estos autos es de fecha anterior a la de otro con relación al cual el imputado fue sometido a proceso y a prisión preventiva. El agravio se vincula así con el carácter decisivo acordado a esa causa judicial como obstáculo en ésta para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba solicitada favor del imputado Roldán.

Sobre dicha causa, del informe actuarial obrante en estas actuaciones (fs. 11), resulta lo siguiente: "Con relación al imputado en las presentes, Gabriel Iván Roldán, se encuentran radicados en esta sede el Expte. Corte Nº 18/13 caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Orlando del Señor Barrientos y Silvia Estela Guzmán, en causa Nº 77/12 - Oliva, Julio; Roldán, Gabriel y Nieva, Elio - Les. Lev. en calidad de Autor, etc.", y los autos principales, el Expte Letra "O-R-N", Nº 77/12, "- Oliva, Julio; Roldán, Gabriel y Nieva, Elio - Les. Lev. en calidad de Autor, etc.", además de los autos principales relacionados con las presentes: Expte. Letra "R" Nº 90 "Roldán, Iván Gabriel-Robo simple en grado de autor-Antapoca-Dpto. Valle Viejo".

Aunque con distintas secretarías, en ambas causas tuvo intervención la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación: En el Expte. "O-R-N" Nº 77, el tribunal en colegio, integrado con el Dr. Jorge Álvarez Morales; en el Expte. "R" Nº 90, el nombrado magistrado, en ejercicio de la jurisdicción unipersonal. A ese tribunal ingresaron, el Expte. Letra "O -R- N" Nº 77 (. fs. 767 vta), con fecha 2 de junio de 2012 y el Expte. Letra "R" Nº 90 con fecha 6 de julio de 2012 (fs. 144).

En el referido Expte. identificado con Letra "O-R-N" Nº 77/2012, con fecha 17 de diciembre de 2012, fue dictada la sentencia Nº 98. El imputado Juan Gabriel Roldán fue condenado en ella (Punto 2) como autor penalmente responsable de los delitos de Lesiones Leves y Homicidio en ocasión de robo, en concurso real, a sufrir la pena de veintiún años de prisión (arts. 89, 165, 41 bis, 5, 12, 40, 41, 45 y 55 del C.P., 407, 536 y 537 del CPP y 1º de la Ley 24.660), con relación a hechos cometidos los días 12 y 13 de noviembre de 2011.

En el mencionado Expte. Corte Nº 18/13, con fecha 9 de agosto de 2013, fue dictada la Sentencia Nº 26 por la que fue rechazado el recurso de casación deducido por el imputado Roldán con relación al 2º Punto de la sentencia condenatoria dictada en su contra en los referidos autos Expte. Letra "O-R-N" Nº 77/12. Dicha sentencia fue notificada al imputado y a su asistente técnico en dichas actuaciones, la Dra. Silvia Guzmán -Defensora Oficial de 3º Nominación-.

Del Expte. Letra "R" Nº 90/2012, caratulado "Roldán, Iván Gabriel - Robo simple en calidad de autor - Antapoca - Dpto. Valle Viejo", surge que los hechos de esta causa ocurrieron supuestamente entre el 11 y el 12 de agosto de 2011.

2. Después de estudiar exhaustivamente el planteo efectuado, concluyo que no puede ser acogido, no obstante ser los hechos de esta causa anteriores a los de la invocada por el tribunal a quo como obstáculo a la suspensión del juicio a prueba en las presentes.

Así lo considero por las siguientes razones: Constato en el principal (Expte. "R" Nº 90/12), que la suspensión del juicio a prueba fue solicitada el 22 de octubre de 2012 (fs. 153/154) y que el fiscal fue oído en la audiencia celebrada a ese efecto el 12 de diciembre de 2012 (fs. 157).

Por ello, de conformidad con el detalle efectuado en el punto anterior, resulta claro que entonces -al tiempo del pedido y del dictamen fiscal- aún no había recaído sentencia condenatoria en contra del imputado en la causa tramitada en el Expte. Letra "O.R-N" Nº 77/12.

Sin embargo, del principal (Expte. "R" Nº 90/12) surge que la resolución impugnada en las presentes, denegatoria de la suspensión del juicio a prueba fue dictada el 4 de junio de 2013 (fs. 165/167), con posterioridad a la condena referida (dictada el 17 de diciembre de 2012).

Observo asimismo que, aunque señaló la necesidad de atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión y pese a que había concurrido a dictar esa condena, entre los antecedentes penales del imputado que -a su juicio- impedían conceder el pedido del imputado, el tribunal a quo no mencionó dicha condena. Y si bien sostuvo que era innecesario reparar en la fecha de la supuesta comisión del hecho de esta causa, de los fundamentos expuestos en la sentencia impugnada surge que el tribunal consideró que, por los antecedentes que presentaba, el imputado no era un transgresor primario.

3. De la reseña efectuada esplende así que, desde que la suspensión del juicio a prueba fue solicitada, la situación del imputado en la otra causa mutó de procesado a condenado. Así las cosas, la invocada en el recurso resulta ser la situación anterior del imputado, la que naturalmente ha perdido gravitación en la suerte del planteo y no exige resolución alguna de esta Corte en tanto no es propio de los jueces el emitir pronunciamientos meramente académicos como sí lo es el ponderar las circunstancias sobrevinientes de carácter decisivo para condicionar o determinar la solución de las cuestiones que le son sometidas.

Ahora bien, del precedente cuadro de situación surge evidente que, no obstante la existencia del concurso material de delitos derivado de la conexidad subjetiva entre los hechos de la condena referida y los investigados en las presentes, las causas tramitaron en procesos distintos y no fueron acumuladas como es debido (arts. 42, 43, 44 del rito, y concordantes), ni después de su elevación a juicio, no obstante haber quedado radicadas en el mismo tribunal con diferencia de días (el 2 de junio y 6 de julio de 2012).

Sin embargo, dado que los fines sustanciales del Instituto de la Probation se vinculan con la evitación de los efectos eventualmente nocivos del encierro derivado del cumplimiento efectivo de condenas privativas de la libertad ambulatoria de corta duración, entre ellos la estigmatización del condenado, la referida circunstancia temporal invocada en sustento de la pretensión deducida -la mayor antigüedad del hecho de esta causa- no tiene el carácter decisivo que la recurrente le atribuye.

Así lo considero en tanto el juicio sobre la procedencia del pedido debe consultar, más que la fecha de comisión del hecho de la causa, la situación actual del imputado, y la situación actual del imputado es la de condenado a pena de prisión de cumplimiento efectivo, la que torna estéril la discusión vinculada con los fines del Instituto de la Probation (la evitación del estigma y demás perjuicios que podrían derivar de una eventual condena en esta causa;) en tanto, de hecho y con arreglo a derecho, con ellos debe cargar necesariamente el imputado como consecuencia de la severa sentencia condenatoria dictada en su contra en la otra causa y confirmada por este tribunal mediante sentencia Nº 26/13.

Por ello, y dado que no es refutado de modo suficiente el fundamento del fallo vinculado con la necesidad de atender la situación del sujeto al tiempo de la decisión, el agravio sobre el punto no es de recibo, sin que ello importe endilgarle responsabilidad al imputado por el cumplimiento de la diligencia procesal a cargo de los tribunales.

Por otra parte, la recurrente admite que, no obstante la conformidad fiscal -entre otros supuestos que enuncia- el tribunal se encuentra legalmente autorizado a rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba si el imputado tiene antecedentes computables al tiempo de la decisión sobre el pedido. Por ello, en tanto el acuerdo fiscal manifestado en las presentes no atiene la situación actual del imputado -y no podía hacerlo debido a que la condena fue dictada después de la audiencia en la que el funcionario interviniente expresó su opinión-, deviene innecesaria mayor consideración del agravio referido al carácter vinculante del dictamen fiscal positivo en esta materia; por lo que, en honor a la brevedad, omitiré profundizar en el tema.

Así las cosas, y sin que ninguna responsabilidad quepa endilgarle por el incumplimiento de la obligación legal de acumular los procesos penales seguidos contra la misma persona, el imputado deberá eventualmente avenirse a las consecuencias legales previstas para el caso en el art. 58 del Código Penal.

Por las razones dadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada en negativa.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y por los mismos fundamentos mi respuesta a la cuestión planteada también es negativa.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, por los mismos fundamentos, me expido de igual modo.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por el modo en que fue votada la cuestión precedente, estimo que debe ser dictada la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación incoado a favor del imputado Iván Gabriel Roldán, de condiciones personales relacionadas en el principal. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Atento al resultado de la votación efectuada sobre la cuestión anterior, opino que corresponde dictar la resolución propuesta por el Dr. Cáceres. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución postulada en los votos precedentes por ajustada al modo en que fue votada la primera cuestión Así voto.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1°) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor del imputado Iván Gabriel Roldán, de condiciones personales relacionadas en el principal.

2°) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3°) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4°) Téngase presente la reserva del caso federal.

5°) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.