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Contratos, compraventa inmobiliaria, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: DI LUCIANO Victor c/ Paseo Urquiza S.A. y Otros s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-28

El contrato de compraventa es consensual en el sentido del art. 1140 del Código Civil y no real, por lo cual queda concluído y produce sus efectos generando las obligaciones propias de ese contrato desde el acuerdo del comprador con el vendedor sobre la cosa, sobre el precio y sobre la naturaleza misma de la obligación, naciendo con el mismo las consecuencias consiguientes y otorgando al comprador que pagó el precio la facultad de exigir al vendedor la entrega de la cosa, obligación de dar, momento en el cual recién adquiere los derechos reales sobre la misma (art. 3265 del Código Civil). Tratándose de una compraventa inmobiliaria, debe formalizarse por escritura pública (art. 1184 inc. 1 C.C.). A su vez, su confección por instrumento privado tiene fuerza vinculante solo para los celebrantes, quienes cargan con el cumplimiento de las obligaciones de entrega de la cosa y pago del precio, no quedando el contrato concluído como tal sino como contrato en el que las partes se obligaron a otorgar escritura pública.

La obligación de escriturar es una obligación de hacer en la que el acreedor tiene derecho a exigir su realización en tiempo propio y en el modo establecido por las partes, con la particularidad de que la obligación de escriturar pesa sobre ambos contratantes. Y en la medida en que entraña obligaciones de cumplimiento simultáneo, cabe acudir al art 1201 del C.C. que dispone que en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probare haberlo ella cumplido u ofreciese hacerlo o que su obligación es a plazo.
Prescripción de la acción penal, incidentes, defensa en juicio, derecho a ser oído, trámites judiciales, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: QUINTANA, OMAR s/ Cheque sin fondos, incidente de  apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-22

Corresponde anular la resolución por la que se declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó parcialmente al imputado, si de las actuaciones no surge que el mismo hubiera sido escuchado en el incidente sustanciado para resolver sobre dicha extinción, lo cual se encuentra en franca transgresión a lo previsto en la última parte del artículo 340 del Código Procesal Penal, y tal transgresión debe entenderse sancionada con la nulidad por estar referida a la intervención del imputado (art. 167, inc. 3, del código citado) que, por encontrarse en juego el derecho de defensa en juicio resguardado por el art. 18 de la Constitución Nacional corresponde dictarla de oficio.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: CUELLO PEDRO ARISTOBULO c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION DE AMPAROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-06

El auto que concede el recurso de apelación produce la apertura de la segunda instancia y, en principio, desde entonces pesa sobre el recurrente la carga de urgir el procedimiento, realizando los trámites tendientes a que el órgano ad quem cumpla la función revisora.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: BRUNO, CAYETANO FERNANDO c/ VIVERO SAN ROQUE y Otros s/ COBRO DE PESOS-INDEMNIZACION POR PREAVISO y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-30

Pretender que en la Alzada se produzca prueba no ofrecida en la instancia anterior es claramente inadmisible -artículo 129 del Código Procesal Laboral-, siendo absolutamente inatendible el argumento referido a la esencialidad de su testimonio, ya que no fue oportunamente ofrecido ni medió resolución judicial previa que lo admitiese.
Estado de derecho, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva, Amelia Sesto de c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El denominado principio de legalidad, integrado en forma indivisible con el de razonabilidad o justicia, resulta esencial y postula como tal el sometimiento del Estado moderno no sólo a la norma jurídica en sentido formal, sino a todo el ordenamiento jurídico, entendido éste como una realidad dinámica.
Haber jubilatorio, inconstitucionalidad, confiscatoriedad, liquidación, oportunidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fernandez Horacio c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-16

La declaración de inconstitucionalidad de la Resolución S.S.S. 6/09 en su art. 14 inc. 2 segundo párrafo, en virtud de la posible confiscatoriedad que su aplicación produciría en su haber jubilatorio, se debe posponer para el momento de practicarse liquidación en base a los parámetros ordenados en la sentencia, oportunidad en la que recién podrá ser objeto de análisis la posible confiscatoriedad derivada de su aplicación (cfr. CSJN, "Del Azar Suaya, Abraham c/ INPS Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividad civil", sentencia de fecha 25.09.97).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: JUAREZ, NILDA JOSEFINA c/ INTERVENCION DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-07

No pueden considerarse agravios a las consideraciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y disgregaciones inconducentes.-
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valiente Paulino c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

La solicitud de pago en bonos de consolidación no es una obligación para el acreedor, sino una opción establecida por la ley en su favor. En este sentido, el art. 10 de la ley 23.982 es claro al prescribir expresamente que alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional los bonos de consolidación en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley. La opción también alcanza, incluso, a la suscripción de bonos de consolidación en dólares, recalculando y reexpresando el crédito en dólares, según el tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que corresponda a la fecha de origen de la obligación.
Recurso de queja (procesal), sobreseimiento, tenencia de armas, idoneidad del arma, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Jorge Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionallidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

Al reclamar como un elemento típico del delito de "tenencia" que el arma esté cargada, contraría la finalidad perseguida por el legislador mediante la sanción de los supuestos establecidos en los diversos apartados del art. 189 bis del CP, resulta asistemática y opuesta al concepto de "armas de fuego" que se desprende de todo el ordenamiento e importa la confusa abolición judicial de un delito tipificado por el Código Penal, sin que mediase al respecto una expresa declaración de inconstitucionalidad. (Del voto de la Dra. Conde)
Daños y perjuicios, daño psíquico, interpretación de la ley, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Moreno, Hernán Javier c/ Prosegur Activa Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

La relación de causalidad tiene particular importancia, no sólo como condición general de la responsabilidad, sino también para establecer la medida de esta responsabilidad, ya que salvo excepciones muy limitadas el responsable está obligado a resarcir los daños que tengan vinculación causal con su acto y no los demás ("Sanfelice Gustavo Daniel c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario", el 2.5.13).
Acción, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castillo, Néstor Omar c/ Frizzo, Jorge Gustavo y/o quien resulte responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-22

La víctima debe asumir las costas por las acciones rechazadas solo cuando conocía o pudo conocer, en función de las circunstancias, que no había razón para demandar, es decir cuando era evidente o facilmente desentrañable la responsabilidad exclusiva ya que toda acción debe intentarse con prudencia y razonabilidad, es decir sobre la base del algún fundamento verosímil y sin abuso ni exceso.
Registros laborales, libros del empleador, relación de dependencia, prueba, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Andrade Vidal, María Graciela y Otros c/ Frigorífico Siracusa S.A. y-u Otros s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-04

La registración contable y previsional del dependiente en los libros de la empresa, depende de actos que, aunque obligatorios, corresponden a la iniciativa del empleador, y su falta de cumplimiento no podría erigirse en prueba eficaz acerca de la inexistencia de la relación laboral, pues ello contraría lo dispuesto por los artículos 23 y 50 de la ley de contrato de trabajo.
Recurso de casación, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Chubut SA s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-31

La alusión legal a capítulos no propuestos guarda relación con los elementos de la pretensión y oposición (sujeto, objeto y causa),y que con ello se está indicando que el Tribunal se encuentra impedido de estimar agravios que importen el reemplazo de los sujetos activo y pasivo, la transformación del objeto inmediato o mediato de la pretensión o la alteración de la causa, ya sea desde la pretensión o desde el lado de la oposición.
Jueces, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Mansilla, Manuel Angel c/ Hepner, Manuel y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

El ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, automotores, responsabilidad concurrente
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUDANI CARLOS MARIA c/ BMW DE ARGENTINA SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-16

Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda e indemnizar al accionante en concepto de lucro cesante, daño moral y daño emergente, teniendo en cuenta la responsabilidad concurrente de las partes en el accidente sufrido por el actor (conductor del vehículo) que le produjo la incapacidad total y permanente.

Disidencia del Dr. Dieuzeide:.

Amén que la indemnización dispuesta es cualitativamente mayor a la fijada históricamente, dicha suma se adecua al caso, sin perjuicio de que pueda ser revisado eventualmente el criterio seguido hasta la fecha para indemnizar el daño moral por el fallecimiento de un familiar cercano. Así solamente disiento en la suma fijada por daño moral. En consecuencia, compartiendo el criterio de que la responsabilidad por el daño es atribuible en un cincuenta por ciento a las partes (CNCom Sala D, 1/3/11 "Coronel Bernardo y otro contra Pepe Mercedes Rosa y otro sobre ordinario"), la condena debe limitarse a $ 400.000 en concepto de capital.

(En el caso se fijó el resarcimiento en $ 561.000 en concepto de lucro cesante, $ 800.000 por daño moral y $ 500.000 por daño emergente).
Costas, juicios contra el Estado, costas al vencido
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pabón, Jorge Isaac c/ Estado Mayor General del Ejército s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

El tema de las costas que como principio de la derrota objetiva, hace que deban recaer en el vencido, en el sub lite, merece además un considerando especial. Todo el accionar en esta demanda constituye una situación límite que podría haber derivado incluso en la declaración de la inconducta del actor como contraria al deber de lealtad, probidad y buena fe: y aún hasta haberse decidido su temeridad y malicia en los términos del artículo 34, inciso 5 d) y 6 del Código Procesal. No obstante en esta oportunidad me limitaré a proponer, junto con un llamado de atención, la confirmación de las costas como fueron decididas en la correcta sentencia de primera instancia, ya que frente a lo anterior más que nunca debe aplicarse el principio objetivo de la derrota. Esto es así ante la necesidad de terminar con demandas abusivas, e incluso temerarias, cuya repetición, lejos de beneficiar a la justicia, llevan a la perplejidad del ciudadano común, que observa como, sus recursos, que aporta e integra para el sostenimiento del Estado, en base a la justicia distributiva y contributiva, en ocasiones se diluyen ante la mala práctica de unos pocos aprovechados, que abusan de las disposiciones legales dispuestas para un más justo principio solidario.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ DE ALTUNA, LUCRECIA BEATRIZ c/ GOLDARACENA HNOS. LTDA. S.A. COMERCIAL s/ DESPIDO- PREAVISO-SALARIOS PERDIDOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-31

Carece de relevancia el sobreseimiento por prescripción de la acción penal -artículo 62 inciso 21 del Código Penal y 335 inciso 1) del Código Procesal Penal si, a merced al cúmulo probatorio se corrobora en sede laboral que la actora ha incurrido en la violación a uno de los deberes que legalmente están a su cargo -artículo 85 de la ley 20744, al evidenciarse maniobras defraudatorias y adulteraciones de documentación, que por su gravedad motivara la pérdida de confianza del empleador, lo que es injuriante al punto de configurar justa causa de despido en los términos del artículo 242 Ley de Contrato de Trabajo.
Contratos civiles, locación de inmuebles, prueba del contrato, recibo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACIS EMILIO c/ RAMON BASTIAS s/ Desalojo (LIBRO: S071 - 196)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-02

El recibo por alquileres puede ser prueba suficiente del contrato; ya que para demostrar la calidad de inquilino no basta con la mera ocupación del inmueble.-
Procedimiento policial, requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha, lugar público, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de nulidad s/ incidente de nulidad. causa 10309
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

La descripción detallada de los elementos que motivan la sospecha de los preventores sumado a que la requisa fue realizada en lugar público y por elementales razones de seguridad, otorgan validez a tal diligencia.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, indemnización, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA, ELVIRA HERMINIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 689 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

La carga del nexo causal, cuando tal conexión es negada por la demandada -como ha sucedido en el caso- recae sobre quien la invoca; lo que encuentra suficiente aval en la doctrina y la jurisprudencia -así, por ejemplo, Vázquez Vialard, señala que "de acuerdo con lo que disponía el texto de la ley 9688 no cabía duda de que la prueba del hecho (enfermedad accidente) y su relación causal con el daño sufrido estaba a cargo de quien invocaba la responsabilidad del empleador", agregando que "el artículo 5 de la ley 9688 (...) era una consecuencia de la aplicación práctica de la responsabilidad objetiva, que no exime de acreditar la relación causal cuando ella es negada por la otra parte". (De la Disidencia del Dr. Spuler)
Prueba, jueces, facultades del juez, calificación jurídica, defraudación, retención indebida
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Y., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEFRAUDACION- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 62 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Al juez no se le exige el 'descubrimiento de la verdad absoluta', sino sólo la que resulta relevante a los fines de la imputación penal, la que viene determinada por las normas sustantivas.

En el caso, para confirmar la condena por el delito de defraudación por retención indebida (Arts. 45 y 173 inciso 2 , 26, 29 inciso 3 , 40 y 41 del Código Penal), y hacer lugar a la demanda promovida por el actor civil, la Sala dejó en claro que los extremos se encontraban fehacientemente acreditados y revestidos de la certidumbre necesaria y, respecto de las pruebas que se dicen omitidas, consideró específicamente que las alegaciones que giraban en torno de la contratación del seguro vehicular, la alarma satelital, el mantenimiento, compra de ruedas y pago de multas de tránsito, no eran idóneas para derrumbar la imputación y el hecho alegado en la denuncia -que la entrega de la camioneta lo fue en pr?stamo de uso y no en propiedad-, "toda vez que se trata de obligaciones obvias que debe soportar quien tiene el uso de un rodado ajeno.
Robo, pena, robo de automotor, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La agravación de la pena para el robo de automotores con armas (art. 38 del decreto-ley 6582/58) no carece de razonabilidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

En los procesos ejecutivos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 484, sólo son recurribles las sentencias, los autos y resoluciones que la ley declara tales y los que importen la paralización del juicio. Vale decir que, de optarse por una postura a favor de la inapelabilidad del auto que rechaza la caducidad del proceso, ésta sería solamente aplicable en los procesos declarativos que se tramiten por la vía del juicio ordinario o sumario, lo que importaría una suerte de incongruencia. Si por la vía de una adecuada interpretación de los textos legales, la incongruencia en cuestión puede ser evitada, debe optarse por la que logra tal resultado. Por consiguiente, el Tribunal de alzada se encontrará en condiciones de reparar el agravio en el supuesto que la caducidad hubiera sido mal rechazada, declarando la nulidad del procedimiento seguido luego de la resolución cuestionada y dando por concluido el juicio sin necesidad de remitir los autos a un juez subrogante. (Del Voto del Dr. Crespo).
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, maniobras imprudentes, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: NEDIANI HECTOR ALFONSO c/ PEREZ JORGE Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-04-20

No resulta fundamento válido para la atribución de una mayor responsabilidad, el hecho de quien es la parte que infringe primero una norma de tránsito, si esta no va acompañada de otros elementos adecuados para producir un siniestro, tales como maniobras inadecuadas, falta de señalización, etc., los que no han sido tenidos en cuenta al juzgarse.
Violencia familiar, restricción de acercamiento, prórroga de la medida cautelar, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., J. I. c/ L., J. D.  s/ medidas preventivas urgentes (Ley 26485) (Legajo Art. 248, C.Pr.)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-06-08

En materia de violencia doméstica, la normativa aplicada constituye una herramienta de naturaleza cautelar que otorga al juez, una vez evaluada la verosimilitud del planteo y el peligro en la demora, la potestad de adoptar medidas a fin de lograr un eficaz e inmediato cese de la situación de crisis invocada en pos de la protección de la parte más vulnerable. Así las cosas, las medidas enumeradas por el art. 26 de la Ley 26.485 son de naturaleza cautelar y por lo tanto provisionales, esencialmente modificables, transitorias y no hacen cosa juzgada; ello significa que podrían modificarse y hasta dejarse sin efecto si el recurrente demostrara la variación de las circunstancias tenidas en cuenta al dictarlas. Por lo tanto, como lo decidido no constituye cosa juzgada, no puede ser tomado como definitivo ni vinculante para otras decisiones, ni erigirse como prueba en su contra para difamarlo ni violar su honor o dignidad.
Acción de amparo, actos jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAFUNDI, JORGE E. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-11

Si bien este Superior Tribunal de Justicia, en oportunidad del tratamiento de las causas "LANFRANCHI" (STJ. Se. 107/91 y se. 47/95) y "ROSANSKI" (STJ Se. 47/96) ingresó en el análisis de los mismos resolviendo las cuestiones suscitadas, a pesar de provenir de decisiones judiciales, ello lo fue - y así se dejó constancia - por vía excepcional y dado el particular planteo, lo que no implica que en estas circunstancias se aplique aquello que invariablemente - salvo lo apuntado - ha sido doctrina de este Alto Cuerpo, y que consiste en la improcedencia del amparo contra las decisiones judiciales o de actos del poder judicial (cf. "SAEZ", 5 - 7 - 85; "PANIAGUA", 5 - 5 - 88 Y "CACERES", 22 - 2 - 90) - .
Abuso deshonesto, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Galarza,Cayetano s/ Violación en grado de tentativa tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-02

Si no fue comprobado que el reo se hubiera bajado los pantalones o extraído su miembro viril, habiéndose sólo apreciado el testigo que aquél "se acomodaba el pantalón"; no basta ello para inferir que el reo intentó acceder carnalmente a la víctima, debiéndose calificar el hecho como abuso deshonesto. Fundamento del Dr. Ontiveros.
Beneficio de litigar sin gastos, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Trujillo Nuñez Filiberto c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. 3490/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Los requisitos exigidos por la ley para conceder el beneficio de litigar sin gastos deben ser cuidadosamente controlados, pues de lo contrario la igualdad de las partes en el juicio puede verse vulnerada, ya que es evidente que el litigante de escasos recursos o sin ellos se encontrará en serias dificultades y hasta en la imposibilidad de hacer frente a un proceso por todos los gastos que él importa; pero la concesión del beneficio a uno de los litigantes puede a su vez quebrar la igualdad, colocando a su contrario, en situación de desventaja (esta Sala, 9/12/88, "Giner, O. c/B.C.R.A."). (Del voto del juez Galli).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acfor S.A.C. c/ M.C.B.A. s/ ejecución de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La sentencia que ordenó el cómputo de intereses moratorios pese a que tal cuestión se encontraba decidida en forma definitiva por la sentencia de primera instancia y confirmada por la cámara, que rechazó su aplicación, excedió su jurisdicción, con agravio de las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.

Bossert).