Principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tizado, Julio César y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

En la medida en que la acción penal contra los imputados no se extinga por el dictado de una sentencia firme, la eventual revocación de un auto de mérito desincriminatorio no implica el nacimiento de una nueva acusación por los mismos hechos, sino tan sólo la prosecución de la acción preexistente. Si bien el a quo no detectó maniobra dilatoria por parte del imputado o su defensa técnica, resaltó que la razonabilidad del plazo en la presente causa, está relacionada con la complejidad de la investigación -maniobra de tentativa de contrabando de exportación por desvío de combustible- y descartó fundadamente una inacción prolongada en el tiempo por parte de las autoridades judiciales. Corresponde rechazar el planteo de nulidad si los agentes aduaneros no actuaron en la clandestinidad ni se infiltraron en la organización criminal como un agente encubierto ni tampoco actuaron como un agente provocador, sino que siempre conservaron su verdadera identidad y, por lo tanto, los imputados siempre supieron que estaban tratando con funcionarios aduaneros, por lo que su actuación se ha visto circunscripta a una mera notitia criminis, sin que el recurrente haya logrado demostrar la violación a garantías constitucionales. Si los alegatos de la querellante y del fiscal exhiben una adecuada fundamentación, en cumplimiento de las exigencias previstas por los arts. 69 y 393 CPPN, respetuosa, en definitiva, del art. 18 CN, corresponde rechazar la tacha de nulidad. No se verifica vulneración al principio de congruencia, toda vez que la plataforma fáctica no ha sufrido mutaciones a lo largo del proceso ni la calificación legal escogida por el a quo ha sorprendido a la defensa, y sin que la agravante aplicada resulte violatoria del mismo. La maniobra investigada no puede ser considerada objetivamente como inidónea, toda vez que los medios empleados para burlar el control aduanero a fin de simular la exportación de combustible a Paraguay, fueron razonablemente aptos para lograr dicho cometido, mientras que el plan delictivo se vio frustrado por una circunstancia externa, ajena a dicho plan, esto es: la negativa de los agentes aduaneros en participar en el contrabando de combustible propuesto para lo cual dieron oportuna intervención a la justicia. Resulta arbitraria la absolución de los coimputados si, por un lado, el responsable de la constitución de la sociedad y su inscripción fueron concomitantes al desarrollo del plan delictivo de los imputados y funcionales a su instrumentación y, por otro lado, resulta acreditado el conocimiento que el encargado de entregar y retirar la documentación aduanera a los choferes, pues el desconocimiento de las concretas características de la maniobra investigada alegado no se compadece con su experiencia en el rubro del transporte de cargas internacionales y, no es posible soslayar que prestó su colaboración para el desvío del combustible en tres oportunidades, sin haber efectuado reclamo alguno por la falta de pago de los transportes concretados y por último, cabe resaltar que el combustible desviado fue descargado en estaciones de servicio de su propiedad, asimismo, se encuentra comprobado que - a partir de la documentación aduanera- los choferes tomaron conocimiento de que el combustible transportado era para exportación, pues allí figuraba como destino República de Paraguay para lo cual, se efectuaron las tareas correspondientes para precintar la mercadería, sin perjuicio de ello, en las dos primeras ocasiones, fue descargado en diversas estaciones de servicio de nuestro país, sin que los choferes hayan informado dicha circunstancia a las autoridades aduaneras, contribuyendo, de esta manera, a la concreción del desvío de la exportación de combustible a la República de Paraguay que se acreditó. La disidencia parcial consideró que de no ser el tribunal oral a quo el que individualice el quantum punitivo respecto de los enjuiciados, éstos verían cercenado su derecho a la doble instancia judicial. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani -disidencia parcial-).