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Recurso de apelación (procesal), prescripción, cómputo del plazo, Derecho civil, extinción de las obligaciones, fundamentación del recurso, límites del pronunciamiento, demanda, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Veterinaria San Bernardo SRL; Fleming, Normando; Fleming, Adolfo; Normando y Adolfo Fleming SH c/ Esso Petrolera Argentina SRL s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-19

La demanda interpuesta tuvo por objeto el cobro de daños y perjuicios de dos clases. Unos, ocurridos durante la vigencia de la relación contractual, consistentes en la disminución violenta de las ventas a causa de la caída en la calidad del gasoil provisto por la demandada.

Los otros, posteriores a la extinción de la relación contractual, provenientes de la negativa sistemática, ilegal e injustificada de la demandada a cancelar las obligaciones, a pesar de haber sido constituida en mora y extinguido la obligación que garantizaban. Los actores dicen que el contrato con la demandada quedó resuelto en julio de 1.993, y que la impresionante caída de las ventas por la mala calidad del gasoil proporcionado por la accionada, -primera clase de daños reclamados-, ocurrió entre el primer trimestre de 1.992 e inclusive hasta la extinción de la relación contractual.

Por consiguiente, el incumplimiento productor del daño, el daño mismo, y el conocimiento por los actores, proviene desde entonces.

En ese momento los accionantes ya se encontraban en condiciones de reclamar el daño y eventualmente, de promover la demanda pertinente, por lo que el plazo de prescripción por estos daños se inició al concluir el primer trimestre de 1.992, esto es, el 1º de abril de 1.992, sin perjuicio de incluir los posteriores hasta la conclusión del contrato.

De todos modos al producirse el hecho extintivo de la relación contractual, los actores ya se encontraban en posibilidad de accionar por la totalidad de estos daños.
Recurso de inconstitucionalidad, torturas, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIAR, WALTER GABRIEL c/  s/ PRIVACION ABUSIVA DE LA LIBERTAD-TORTURAS-APELACION HORIZONTAL DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

La postura del A quo de que los hechos probados -que la víctima había sido desnudada forzosamente por los agentes policiales- no resultaban suficientes para ser encuadrados como torturas importó el desconocimiento de los criterios vigentes en el derecho internacional y, por tanto, en su caso, se requería -al menos- un mayor esfuerzo argumentativo de parte de los Judicantes en su respaldo, toda vez que el proceder llevado a cabo por agentes policiales comprendía gravísimas conductas que, valoradas en su conjunto, contaban con suficiente idoneidad para causar sufrimientos psíquicos de entidad en la víctima, sin que obste a esta conclusión la extensión del tiempo que duraran los acontecimientos, ni que éstos hubieran podido ser interrumpidos por aquélla al escaparse, ni mucho menos la sola circunstancia de que esa noche hubiera asistido a un cumpleaños. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco)
Contrato de obra pública, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COPANCO INGENIERIA S.A. c/ ESTADO DE LA PCIA.DE CTES. Y/O DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" EXPTE.N 3824/83.
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-02-10

El plazo para el pago de los Certificados de Obra contenido en el art.57 de la ley N° 3079- 60 días- debe interpretarse como un termino máximo para el cumplimiento de las obligaciones de la administración, quedando facultada para pactar en cada contrato plazos inferiores, no pudiendo luego desconocerlos por una resolución del directorio del propio ente contratante en forma unilateral y arbitraria. Si al modificar el plazo de pago se altero la situación económico-financiera del Contratista debe abonarse la diferencia que hubiere entre los pagos que debieron hacerse a los 60 días y recién se efectuaron a los 90 días o mas, con los intereses moratorios y actualización correspondiente.
Daño moral, responsabilidad contractual, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GUMA, HORACIO c/ ORSONI, OSCAR s/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

Cuando el daño moral es de origen contractual se debe proceder con rigor estricto y es a cargo de quien lo reclama la prueba concreta de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica, que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los negocios o cualquier molestia que se origine en el incumplimiento contractual. El resarcimiento del agravio moral previsto por el art. 522 del C.Civil requiere la demostración acabada de que el incumplimiento proyecta una verdadera lesión espiritual, un menoscabo serio de los bienes no patrimoniales que hacen a la dignidad de la persona.
Coprocesado, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Agarzúa, Pedro Pablo y otro s/ Doble homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Esta Corte, en su actual integración, adjudica valor probatorio a la imputación judicial del coprocesado bajo determinadas condiciones.
Caducidad de instancia, segunda instancia, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTILLAN, CARLOS ALFREDO c/ S.U.T.E.R.H. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-13

No puede tener favorable la pretensión de caducidad de la segunda instancia si se da el supuesto previsto por el art. 313, inc. 3 del Código Procesal, ya que la falta de elevación de las actuaciones obedece, en forma exclusiva, a la omisión de trámites que le son propios al oficial primero.
Falsificación de instrumento privado, receta médica falsa, prueba, falta de prueba, pericia caligráfica
Materia: PENAL
Carátula: CARRETERO ROLFI s/ FALSIFICACION. INSTRUMENTOS PRIVADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-27

No puede darse por probado el delito de FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO (receta médica) -no obstante haber admitido el hecho el procesado, en versión coincidente con lo expresado por el farmacéutico que aportó el instrumento espurio, en el que asentó el número del documento de identidad de quien empleara esa receta- por no existir peritación caligráfica que suministre al juicio de autoría, el soporte científico adecuado y suficientemente corroborante de la confesión.

En el caso no se trata de verificaciones que personalmente puedan llevarla a cabo los jueces, sino de un objeto de conocimiento que torna imprescindible la actuación de los expertos, máxime en una materia donde el principio dispositivo no adquiere vigencia.
Recursos, recurso extraordinario, cuestión federal, derechos del trabajador, remuneración, interpretación de la ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Reis, Rubén y otros c/ Lotería Nacional S.E. s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

Corresponde conceder el recurso extraordinario deducido por trabajadores de la Lotería Nacional contra la sentencia de segunda instancia que no hizo lugar a la liquidación del rubro "caja de empleados" para los días feriados, pues se halla en tela de juicio la interpretación de normas de carácter federal en estrecha conexión con normas de raigambre constitucional que tutelan los derechos de los trabajadores, garantizándoles una justa remuneración, el descanso remunerado, la remuneración de los días festivos, la integridad salarial, y consagran el principio protectorio.
Actos y diligencias procesales, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: POZZI, SUSANA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICACION - PERSONERIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-11-08

De los medios pergeados por la ley para hacer conocer a los interesados los actos procesales, el mas fiable es el de la carta certificada con aviso de retorno 'porque su concreción efectiva escapa a la seguridad de la notificación personal en el expediente' o por cédula a domicilio' en que actúa el empleado. Resulta nula e ineficaz la notificación practicada mediante 'carta certificada con aviso de retorno', cuando esta aparece receptada por una persona sin indicación alguna acerca de su real existencia, vinculación con el destinatario, y cuando además, el domicilio mismo resulta equívoco (del voto en disidencia del Dr. Petitto).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lúquez, Alberto E. c/ Techint Cía. Técnica Internacional S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

No existe norma alguna en el régimen especial del personal de la industria de la construcción que se oponga a la forma de contabilizar el tiempo de servicio que establece el art. 18 de la Ley de Contrato de Trabajo ni dicho sistema es adverso a la naturaleza y modalidades del régimen jurídico establecido por la ley 22.250 -ordenamiento sobre el cual corresponde efectuar el juicio de compatibilidad según el art. 37 del mismo- por lo que este aspecto de la relación laboral es perfectamente compatible con las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, situación contemplada por el art. 35 de aquélla.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Hueste S.A. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Si la pretensión de la actora de mandar llevar adelante la ejecución fue rechazada con motivo de las excepciones de incompetencia y litis pendencia admitidas como procedentes, ha sido correctamente aplicado el art.68 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto impone las costas al actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Morán, José c/ Lemos, Ricardo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacerse en el mismo escrito, no resultando suficiente a este fin la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, legitimación procesal, competencia contencioso administrativa, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cecchi, Alfredo Luis; Cuñado, Vicente Luis y Drincovich, Pedro Esteban s/ Solicitan avocación (Expte CSJ Nº 2057-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

En cuanto en las causas debatidas se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto 814/88 que dispuso la suspensión de "todo trámite para la realización de Tómbolas, Loterías Familiares, Sorteos Continuos y/o Bingos y las renovaciones de autorizaciones futuras", es evidente que se invocan derechos subjetivos de carácter administrativo tutelables ante el Poder Judicial por la vía respectiva prevista en la ley 11330. Se trata de materia contencioso administrativa no susceptible de ventilarse por la vía del amparo (tal la vía intentada ante los Tribunales ordinarios).
Beneficios previsionales, acumulación de beneficios, retiro militar, jubilación ordinaria, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Digier, Agustín Arturo c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Procede acumular el beneficio de jubilación ordinaria con el haber de retiro militar del cual gozaba el actor, solicitado bajo el régimen especial de las leyes 20.954, 20.572 y 21.121, antes de entrar en vigencia la ley 22.477, que impuso su incompatibilidad.
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: TOYOS, Carlos c/ TABOADA, Santiago s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-07

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 24764, pues la aplicación del mecanismo previsto en dicha normativa, al señalar que el pago en bonos ofrecido por la aseguradora libera en forma automática al asegurado y a terceros, lleva ineludiblemente al desconocimiento del fallo dictado, no siendo posible efectuar una interpretación acorde con las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, interpretación de normas y actos locales, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viaña, Roberto s/ habeas corpus en favor del ciudadano Pablo Calvetti.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es inadmisible el recurso extraordinario si se alega que el art. 61 de la Constitución de Tucumán es ajeno al caso, pues la interpretación del derecho público local no es del ámbito de este recurso, sin que se observe un ostensible e inequívoco apartamiento de las normas aplicables (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Sentencia, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Héctor Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

El hecho de que las partes, con su propia conducta, arbitren un mecanismo distinto (asaz más breve) al previsto por la Corte para dilucidar el exacto alcance de la sentencia en la liquidación practicada no altera, en principio, el orden público procesal y, por ello, no impone accionar alguno de parte del oficio; pero, por cierto, tampoco enerva en ningún modo las particulares facultades con que el Juez cuenta, específicamente magnificadas, en el ámbito del proceso contencioso administrativo, en orden a evitar que la sentencia sea tergiversada en un procedimiento que, exclusivamente, está destinado a aplicarla y ejecutarla.
Tribunal colegiado, sentencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Seco, Nimia del Valle c/ Reinoso, Dolores César s/ Escrituración - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-08-31

Habiendo los Sres. Ministros emitido sus votos según el orden de sorteo, surge de la lectura y análisis de los mismos que las soluciones planteadas son disímiles, de manera que de su compulsa no surgen las mayorías necesarias para emitir fallo legalmente válido.

Ante la obligación jurídica que cabe a este Tribunal de resolver las controversias traídas a su decisión como derivación necesaria del ejercicio regular de su atribuida jurisdicción, se hace inevitable encontrar una solución procesal que, ajustada a derecho, permita obtener otra opinión jurisdiccional para la conformación de la mayoría esencial.

Para la solución de la cuestión bajo estudio, la doctrina nacional indica que, en caso de tribunales pares, se debe adjudicar el doble voto al presidente del tribunal y, en caso de tribunales impares, corresponde integrarlos con un nuevo miembro.

Analizadas las propuestas que sobre el tema ofrecen calificada jurisprudencia y doctrina, parece razonable inclinarse por la solución indicada en el Reglamento de la Justicia Nacional, que autoriza a los tribunales colegiados de la jurisdicción federal a elegir un cuarto miembro, a fin de lograr el desempate de las posiciones.

Por ello, corresponde designar al Sr. Camarista Civil que por orden de subrogación corresponda, a fin de integrar el Tribunal y emitir fallo. (Del voto de la mayoría)
Peculado, peculado de trabajos o servicios
Materia: PENAL
Carátula: ZAMBIANCHI, CARLOS s/ AVERIGUACION HURTO Y DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

El segundo párrafo del art. 261 del C.P. introducido por ley 16 648 (denominado por la doctrina "Peculado de trabajos y servicios") aplica la misma pena al funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública.

La doctrina no especifica en cuanto a la distinción de "trabajos y servicios".
Acción de inconstitucionalidad, jueces, haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santander, Rodolfo Antonio y Cortés, Alberto Ramón Juan s/ ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY PCIAL. 2298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-21

Corresponde hacer lugar a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por un ex magistrado y un ex funcionario del Poder Judicial beneficiarios de la Caja de Previsión Social contra la ley provincial de emergencia social -2298- en la parte que ha sido impugnada -art. 3ro. inc. b- en cuanto dicha ley impone un aporte obligatorio a los actores. Ello en tanto, dicho artículo ha violado expresas directivas constitucionales en lo que refiere tanto a la remuneración de los magistrados y funcionarios judiciales -arts. 199 inc. 4to. y 96 de la Constitución Nacional- al no encontrarse satisfecho el requisito de generalidad que la norma provincial contempla en su última parte, y proporcionalidad mediante, a la obtención de una jubilación justa, no menor del 82 por ciento del ingreso total del sueldo del trabajador activo, sujeto a aportes art. 40 inc. 9no. Constitución Provincial-, vulnerando así mismo el carácter integral del beneficio -art. 14 bis de la Constitución Nacional- y el principio de equidad contenido en el art. 58 de la Constitución Provincial.
Relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Ramírez Maldonado, Víctor Pedro Luis. c/ Peralta, Eduardo. s/ Cuestión  de  Puro  Derecho. Demanda. Falta de Contestación. Relación  Laboral. Carga Probatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-12-30

El trabajador tiene obligación de probar la relación laboral cuando el empleador la ha negado en forma categórica al contestar la demanda. Pero no cuando -como en autos- la negativa se realiza extrajudicialmente, porque no existen en estos casos hechos controvertidos dentro del proceso judicial.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dr.Roque A. Salas Martínez. c/ Poder Ejecutivo. s/ Recurso Extraordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-06-28

Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Justicia que, como máximo tribunal resolvió hacer lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por el demandado - Estado Provincial - y en consecuencia no hacer lugar a la acción contenciosa administrativa, ante la constatación en autos de la falta de agotamiento de la vía administrativa. En efecto en el caso el recurrente debió completar el trámite, interponiendo el recurso de queja.
Facultades de la autoridad de prevención, detención sin orden
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

La Sra. Fiscal Adjunta interpreta que dicha facultad implícita se desprende del artículo 184, inciso 5°, del Código Procesal Penal de la Nación. No comparto tal interpretación pues esa norma establece que dentro de las facultades de las fuerzas de seguridad, la policía se encuentra facultada para "disponer con arreglo al artículo 230, los allanamientos del artículo 227, las requisas e inspecciones del artículo 230 bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato aviso al órgano judicial competente". En primer lugar, el artículo 230 del C.P.P.N. faculta al juez a "ordenar mediante decreto fundado la requisa de una persona cuando hubiera motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito." La ley requiere la existencia de motivos previos que lo hagan presumir fundadamente, no meras corazonadas sin fundamento alguno. Segundo, el artículo 227 del C.P.P.N. establece bajo qué supuestos la policía puede allanar un domicilio sin orden judicial e indica en los cinco incisos del artículo circunstancias taxativas donde claramente se encuentran en peligro la vida de las personas, corre riesgo la integridad física de las mismas, o circunstancias inequívocas que hacen presumir que se está cometiendo un delito dentro de la morada allanada (gritos de auxilio, indicios manifiestos de comisión de un delito, etcétera). Tercero, el artículo 230 bis del C.P.P.N. exige circunstancias previas o concomitantes que razonablemente permitan justificar requisas a personas o vehículos con el fin de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito. Finalmente, el artículo 231 del C.P.P.N. establece que la policía se encuentra facultada a secuestrar cosas relacionadas con un delito, "cuando el hallazgo de esas cosas fuera el resultado de un allanamiento o una requisa personal o inspección en los términos del artículo 230 bis." Como se ve, en ningún momento se autoriza a la policía a solicitar documentos en la vía pública sin que medien circunstancias previas que razonablemente permitan presumir la comisión de un delito o contravención" (Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Lesiones graves, dolo, ejecución de la pena, suspensión de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Javier Horacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-15

La dirección del golpe con un instrumento contundente, como la pala utilizada por el imputado, a la cabeza de la víctima, resulta una circunstancia clara de grave lesividad en virtud de la intensidad de la agresión, sin que la existencia de casco en la cabeza de la víctima sea un indicio de falta de intención en lesionar gravemente de parte del acusado, teniendo disponibles otros sectores del cuerpo de aquélla más vulnerables. Si resta un breve lapso para que caduque el antecedente condenatorio anterior y se encuentran reunidos los demás requisitos de procedencia de la condenación condicional, corresponde dejar en suspenso la ejecución de la pena. El voto concurrente agregó que basta la voluntad de realización o dirección de la acción riesgosa, aunque no se persiga, se desee, o ni siquiera se acepte el resultado previsible, en la medida en que el agente lleva adelante la conducta que advierte como peligrosa en el caso concreto, esto es, en las circunstancias de su actuar, y no detiene su obrar, la potencialidad dañina era fácilmente reconocible en las circunstancias del obrar del imputado, ya que le asestó un golpe de pala dirigido a la cabeza, sobre el casco, con tal energía que lo partió. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -voto concurrente-).
Fiscal de Estado, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Clementoni, Águeda Noemí c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-02

El Fiscal de Estado actúa por expreso mandato de la Constitución provincial, en defensa del patrimonio y los intereses del Estado provincial (art. 155, Const. prov.). En el cumplimiento de ese cometido constitucional, no es posible considerarlo absolutamente vinculado por el contenido de las decisiones dictadas por los entes y órganos de la administración pública provincial. Ello es así al punto que, de considerar la decisión administrativa contraria a derecho, la ley misma lo autoriza expresamente a demandar judicialmente su nulidad e inconstitucionalidad, según corresponda (conf. art. 40 in fine del dec. ley 7543). Más aún, este Tribunal ha aceptado que la nulidad de los actos administrativos sea introducida como defensa o excepción una vez incoado el proceso por un particular.(del voto del doctor Soria)