Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2007-12-26


2da. instancia. - Posadas, 26 de diciembre de 2007.

Concedida la palabra a la doctora Velázquez dijo:

Llega la causa a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud del Recurso de Casación interpuesto por la defensa del imputado (fs. 01/03), contra la Sentencia Nº 1299 de fecha dos de marzo del año dos mil seis, dictada por el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial y por la cual se condena al Sr. M. A. A. a quince años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de Robo con muerte resultante y hurto en concurso real (Arts. 165, 162, y 55 del C.P.).

La defensora F. T. G. de R., titular de la Defensoría Oficial de Instrucción en lo Correccional y de Menores Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, en su carácter de Defensora Oficial del imputado Sr. M. A. A., interpone Recurso de Casación contra la Sentencia condenatoria dictada por ese Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La defensora motiva el recurso casatorio, aduciendo como fundamento la inobservancia de las normas que el Código Procesal Penal establece bajo pena de inadmisibilidad y nulidad prevista en el Art. 461 Inc. 2 del C.P.P., solicitando en consecuencia que este Superior Tribunal de Justicia, declare la nulidad de la sentencia y dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Señala además la defensora, que el Tribunal Penal ha entendido que su defendido es autor penalmente responsable de los delitos de robo con muerte resultante y hurto en concurso real, del que fuera víctima el Sr. Juan Correa, y que el fundamento de la sentencia fue sustentado entre otras cuestiones en la prueba testimonial de la hermana de la víctima Sra. Inés de Olivera, y cuya declaración fue realizada únicamente en sede policial, no siendo posteriormente este testimonio ratificado en sede judicial, como tampoco llamada a juicio oral para ser escuchada.

Asimismo expresa el defensor como segundo agravio, que el Tribunal al dictar el fallo condenatorio se ha apartado de la sana crítica racional, para fundarse en meras deducciones e indicios.

Ingresando a la cuestión debatida, debo discrepar con las afirmaciones y análisis que realiza la defensora en el presente recurso; considero que no se dan en los presentes Autos, fundamentos por los cuales se deba declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Penal.

Por el contrario, considero que la sentencia dictada se encuentra debidamente fundamentada, y es producto del análisis probatorio de las pruebas y actuaciones obrantes y rendidas en los presentes Autos, y no de una prueba aislada como afirma la defensora, hecho que surge de los propios fundamentos expuestos en la sentencia condenatoria.

En consecuencia, tampoco considero que el Tribunal se haya apartado de las reglas de la sana crítica racional como también afirma la defensora, ya que el Tribunal ha realizado un análisis lógico y concatenado de los hechos y la legislación, para arribar a la sentencia dictada en los presentes Autos.

Por ello concluyo que no se han violado normas de procedimientos ni reglas de la sana crítica racional.

En consecuencia voto porque se rechace el Recurso de Casación planteado por la defensora del Sr. M. A. A., confirmando en todas sus partes la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Concedida la palabra a la doctora Leiva, dijo:

Vienen las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia a los fines del dictado de sentencia.

De los antecedentes del caso surge que el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, por sentencia Nº 1299 de fecha 02/03/06, resolvió declarar la responsabilidad penal de S. O. G. como autor penalmente responsable del delito de Robo con muerte resultante (art. 165 del C.P.) y remitir copia de la sentencia y partes pertinentes al Juzgado Correccional y de Menores a los fines del art. 415 del Código Procesal Penal y condenar a M. A. A., como autor penalmente responsable de los delitos de Robo con muerte resultante y Hurto en concurso real (arts. 165, 162 y 55 del C.P.), a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas.

La Defensora Oficial, en representación de M. A. A. interpuso contra el Fallo, Recurso de Casación, el que fue rechazado por el Tribunal Penal, lo que motivó a la Defensora a recurrir en queja por Casación denegada; el Superior Tribunal de Justicia por Resolución Nº 384 del 28/09/06 en autos caratulados: "Expte. Nº 146-STJ-2006", hizo lugar al Recurso de queja y declaró mal denegado el Recurso de Casación.

Cuestiona la Defensora que se haya fundado la sentencia condenatoria en el testimonio de la hermana de la víctima; sostiene que Inés de Olivera declaró en sede policial y que en virtud de ello, por no haber ratificado su declaración en sede judicial, no haber sido llamada al juicio oral para ser escuchada y no haberse introducido por lectura la testimonial, la prueba resulta inválida, no pudiendo el Fallo fundamentarse en esa testimonial.

Se agravia también la Defensora y sostiene que el Tribunal ha violado las reglas de la sana crítica racional (art. 406 inc. 4º del C.P.P.), cuestionando la apreciación de las pruebas realizadas por el Tribunal.

Entrando al análisis de los antecedentes obrantes en autos, se desprende que no se encuentra en discusión la materialidad del hecho que motivara la iniciación de estas actuaciones, habiéndose narrado pormenorizadamente en el Fallo, las pruebas que acreditan la ocurrencia del hecho ilícito y el fallecimiento de la víctima.

En cuanto a la autoría, en el Fallo se comienza por analizar la conducta de G. transcribiendo los dichos de este procesado quien dijo: "...ingresado a la casa del anciano por la parte de atrás; que tenía un fuego prendido y que algo se veía, cuando estaba con algunas cosas en su poder, se levantó la víctima y lo enfrentó, a raíz de ello le aplicó un golpe de puño en el mentón y cayó, quedó gimiendo tirado en el suelo, salió corriendo del lugar, tropezando con el viejito".

Partiendo de dicha confesión, más los elementos de prueba que se indican a fs. 367 y vta., el Tribunal tiene por acreditada su autoría en el hecho delictivo concluyendo en que "...G., con el propósito de apoderarse ilegítimamente de bienes de propiedad de Juan Correa, le propina una golpiza, provocándole lesiones de carácter grave que le ocasionaron la muerte, siendo la causa determinante del deceso, paro cardio-respiratorio traumático,...".

Respecto a G. ha quedado acreditada la comisión del delito previsto y penado por el art. 165 del Código de fondo, estando a su respecto firme y consentida la sentencia dictada; hago sin embargo mención a estas consideraciones fácticas efectuadas en el fallo recurrido, para destacar que a mi juicio, se produce una suerte de contradicción entre estas afirmaciones y las que se realizan, acto seguido, en el pronunciamiento al tratar la autoría de A.

En efecto, cuando se ingresa en el decisorio al tratamiento de la conducta de A., se sostiene que, a pesar que el menor (se refiere a G.) ha confesado ser el único autor del hecho, "...las lesiones provocadas a la víctima no se condicen con el único golpe que manifiesta G. haber dado a Correa, por cuanto los informes médicos resaltan otras lesiones y de carácter grave,..."; con ello a fs. 368 se concluye en que A. resulta totalmente mendaz cuando niega ser autor del ilícito y seguidamente se dice: "...considero que ambos imputados ingresaron a la vivienda de la víctima para apoderarse de sus bienes, le golpearon y lo dejaron agonizante, huyendo del lugar con elementos del dueño de casa".

De esta manera, al tratar la cuestión de la autoría de A., se hace un nuevo relato sobre el hecho -distinto al narrado al tratar la autoría de G.- y en el que se incluye a ambos procesados como protagonistas, con lo que se describe otro escenario fáctico, con un nuevo sujeto coautor del ilícito.

Es indudable que no contándose con ningún elemento de juicio referido al accionar de A. en el hecho delictivo, las circunstancias fácticas que se relatan al narrarse la actuación que le cupo a A. en la comisión del ilícito, no dejan de ser una mera suposición no avalada por ninguna prueba, tal como lo mencionaré más abajo.

Sin perjuicio de lo expuesto y aun cuando esta dualidad de relatos se atribuyera a una cuestión metodológica para el tratamiento de la autoría de cada uno de los procesados, me permito disentir con el razonamiento que se hace y que lleva a la Cámara a concluir en que A. ha sido mendaz al negar la autoría que se le atribuye.

El Tribunal sentenciante ha basado la condena de A. en prueba indiciaria que describe en el fallo.

Aún cuando una eficiente valoración de los indicios exige una consideración conjunta y no un análisis separado o fragmentario, previo a ello, a mi juicio, se hace necesario determinar si cada uno de los hechos indiciarios que se enumeran en el fallo, responden a un correcto razonamiento; y recién entonces, con lo que pudieren considerarse probados, serios y relevantes y fundamentalmente relacionados con el hecho principal, se hará indispensable entrar a relacionarlos entre sí y confrontarlos con factores acreditados que los debiliten (contraindicios), para determinar si conforman un conjunto contundente y homogéneo de hechos indiciarios, capaces de fundar un juicio convictivo sobre la autoría.

Comienzo entonces por analizar distintos hechos narrados en el decisorio que el Tribunal tiene como pruebas de cargo.

Se atribuye a A. mendacidad en su negativa de ser coautor del crimen, por la circunstancia de haberse constatado en la víctima más lesiones que las que G. confesara haber propinado.

En realidad, se hace el siguiente razonamiento: a) G. confiesa haber propinado a la víctima determinada cantidad de golpes y haberle ocasionado determinada cantidad de lesiones. b) Se constata que la víctima ha recibido una determinada cantidad de golpes y que le han producido una determinada cantidad de lesiones, más y mayores que las reconocidas por G. en su confesión. c) Al constatarse en la víctima mayor cantidad de golpes y lesiones que las reconocidas por G., en el hecho debió haber actuado una persona más (en este caso A.), autor de las restantes lesiones.

El razonamiento a mi juicio, no resulta correcto: no existe razón suficiente para sostener que las lesiones que recibiera Correa, solamente pudieran haber sido producidas por más de una persona; las lesiones constatadas en la víctima bien pudieron haber sido producidas por una sola persona, únicamente por G., más aún teniendo en cuenta la diferencia de fuerzas existente entre una persona joven como G. y una persona que contaba con mucha más edad -75 años- como la víctima.

Las reglas de la experiencia y de la lógica, nos indican que no es de descartar que al declarar y confesar el ilícito, este procesado no haya querido reconocer todos los golpes propinados y todas las lesiones producidas a la víctima.

De allí que el razonamiento que se realiza resulta a mi entender erróneo, toda vez que para arribar a la conclusión (el actuar de más de una persona), se ha partido de una premisa no certera, no confirmada, cual es, la que sostiene que G. únicamente propinó la golpiza y provocó las lesiones que confiesa y no las restantes que fueron constatadas.

Concretamente, no se hace un razonamiento correcto para considerar que A. ha sido mendaz al negar su participación y para atribuir a A. la autoría de las lesiones no reconocidas por G.

Para resolver sobre la conducta de A. y su posible autoría, parto de la confesión que realiza el condenado G., quien reconoce ser el único y exclusivo autor del hecho y desvincula a A. de toda participación en el mismo.

Descartado el razonamiento efectuado por el Tribunal, mediante el cual sostiene que las lesiones debieron ser "necesariamente" producidas por más de una persona, queda para la suscripta claro que las lesiones constatadas, bien pudieron haber sido ocasionadas solamente por G., con lo que la confesión -en cuanto sostiene ser único autor- adquiere relevancia a la hora de decidir sobre la conducta de A..

Entiendo que el Tribunal se equivoca al sostener que G. reconoce ser único autor para beneficiar a A.; de los antecedentes obrantes en autos nada hace suponer la existencia o probabilidad de un pacto en tal sentido o de la posibilidad de un acto unilateral por parte del confesante, en beneficio de A.

A. ha rechazado desde un principio toda relación con los hechos que se investigan; así, ha negado haber sido autor o partícipe o haber tenido vinculación con los ilícitos, ha explicado sus actos previos y posteriores al hecho y no aparece su relato como inverosímil; no surgen de autos indicios de mala justificación de su parte o hechos o actos equívocos que hagan poco creíble su narración, sobre la conducta desarrollada antes y después del crimen (declaración de fs. 83).

Y siguiendo con las pruebas obrantes en estas actuaciones, no advierto constancia alguna que permita ni siquiera sospechar que A. haya estado presente en la casa de la víctima ni momentos antes del evento, ni con posterioridad al hecho, ni adentro de la vivienda ni en las inmediaciones.

Ningún testigo afirma haberlo visto ni solo, ni acompañando a G. en tales circunstancias.

No se registraron en el lugar donde se produjo el delito, huellas pertenecientes a A. o rastros u objetos comprometedores que lo vinculen con el ilícito que se investiga.

Tampoco fueron constatados en la vivienda de A. o en su poder instrumentos del delito, manchas de sangre en sus ropas o lesiones en su cuerpo, que de alguna manera lo vinculen con la hipotética reyerta que se produjo en la casa de Correa, para lograr el apoderamiento ilegítimo, y que permitan afirmar su presencia y participación en la vivienda de la víctima junto a G.

No existen entonces indicios de los que Gorphe denomina en su clasificación como de presencia u oportunidad física, ni los que titula como indicios de participación en el delito.

En el pronunciamiento se trae como otro dato a tener en cuenta para decidir acerca de la autoría de A., los dichos de Carlos Andrés Quintana: "al pasar escuchó que A. le decía a S. (G.) "que haga una moneda y le traiga". De tal frase se concluye en que A. le estaba requiriendo "su parte".

Discrepo con tal conclusión; aun cuando la frase haya sido cierta, de la misma no puede concluirse que necesariamente surja un indicio de participación en el evento. No debemos olvidar que entre G. y A., habría estado existiendo en esa época, una relación derivada de la provisión de drogas por parte de A.

Así se deja constancia en el fallo cuando a fs. 367 se dice: "Continúa diciendo el imputado que entró a robar para conseguir dinero, hacer plata y comprar las pastillas a A., que éste primero le regalaba, después le exigía que le pague, era él, refiriéndose a A. el que le daba las drogas, "los porros para fumar".

No es de extrañar entonces que la frase que se le atribuye a A. ("que haga una moneda y le traiga") más que constituir un requerimiento de "su parte" como partícipe del delito, bien podría obedecer a aquella relación de suministro de drogas.

No puede dejar de reconocerse la existencia de indicios de móviles delictivos y de capacidad delictual provenientes de antecedentes del acusado; sin embargo, analizados todos los elementos de cargo que el Tribunal enumera -prueba indiciaria- para arribar a la conclusión de la autoría de A., no son suficientes en cuanto a número, precisión y concordancia, como para llegar a la certeza sobre la autoría que se le atribuye.

Es de aplicación entonces lo dispuesto por el art. 25 de la Constitución Provincial, por lo que voto para que se revoque la sentencia apelada y se absuelva libremente a A. por el delito de Robo con muerte resultante. Por ello, estimo que corresponde hacer lugar al planteo de la defensora de M. A. A., absolviéndose al nombrado del delito de robo con muerte resultante previsto y penado por el art. 165 del Código Penal, por el que fuera procesado.

En cuanto al hurto, delito por el que A. también fue condenado en la misma sentencia, estando al respecto firme la condena recaída, resta determinar la pena que le corresponde ya que el Tribunal Penal condenó a A. a la pena de quince años pero por ambos delitos (arts. 165 y 162 en concurso real).

Conforme a las previsiones del art. 41 del Código Penal, los antecedentes desfavorables que surgen de los informes agregados en cuanto a conducta y costumbres, estimo como justo que deba condenársele por el delito de hurto, a la pena de dos años de prisión, con costas.

Voto entonces para que los puntos 2º y 3º del Fallo apelado queden redactados de la siguiente manera:

2º) Absolver a M. A. A. por el delito de Robo con muerte resultante (art. 165 del C.P.) y condenarlo por el delito de hurto simple (art. 162 del C.P.) a la pena de dos años de prisión con costas (art. 29 del C.P.).

3º) Unificar la presente sentencia con la dictada por el Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de fecha 12/09/05 en la causa caratulada: "Expte. Nº 186/2004 - A., M. A. y otro s/Hurto y acumulada Expte. Nº 217/04", donde M. A. A. fuera condenado como autor penalmente responsable de los delitos de Hurto Simple reiterados -tres hechos- y Amenaza a la pena de 1 año de prisión en suspenso y costas, e imponer la pena única de 3 (tres) años de prisión, con costas, por los delitos: Hurto Simple reiterados -cuatro hechos- y Amenaza, todos ellos en concurso real arts. 12, 55, 162, 149 bis segunda parte del segundo párrafo del Código Penal.

Asimismo voto para que atento al tiempo transcurrido, desde que el condenado se encuentra detenido y la pena que propicio, se ordene la inmediata libertad del condenado.

Concedida la palabra al doctor Uset, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra al doctor Márquez Palacios, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Ramona Beatriz Velázquez.- Concedida la palabra al doctor Rojas, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Concedida la palabra a los doctores Schiavoni, Pancallo D'Agostino (M.S.) y López (M.S.), dijeron:

Que adhieren al voto de la Dra. Ramona Beatriz Velázquez.- Por Secretaría se deja constancia que no suscribe la presente el Dr. Mario Dei Castelli, por encontrarse en uso de licencia (Art. 18 de la Ley 2441) - Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley 2441, modif. por Ley 2819), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

I) Rechazar el RECURSO DE CASACIÓN planteado por la Sra. Defensora Oficial de M. A. A., en su mérito CONFIRMAR la sentencia impugnada en todo cuanto fuera materia de agravio, dictada por el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial. - Cristina I. Leiva. - Manuel A. Márquez Palacios. - Humberto A. Schiavoni. - Roberto R. Uset. - Ramona B. Velázquez. - Martín Pancallo D'Agostino (M.S.). - Ana M. López (M.S.). - Jorge A. Rojas.