Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


M., A. R.

Reg.: A y S t 215 p 166-173.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del imputado A. R. M. contra la sentencia n° 25 del 18 de febrero de 2005, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "M., A. R. -Homicidio en estado de emoción violenta agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso real- (Expte. 724/04)" (Expte. C.S.J. nro. 364, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Número Cuatro de esta ciudad condenó a A. R. M. a la pena de tres años de prisión más las costas procesales por considerarlo autor de los delitos de homicidio en estado de emoción violenta agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso real (arts. 81 inc. 1 a) y 41 bis; 189 bis inc. 3; 55; 45 y 29 inc. 3 del C.P.) (fs. 1/6).

Apelado que fuera tal pronunciamiento, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad lo revocó parcialmente, condenando a M. como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, en concurso real, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 79; 41 bis; 189 bis tercer párrafo y 55 C.P.) (fs. 7/11).

Contra esta última sentencia dedujo el defensor del imputado recurso de inconstitucionalidad (fs. 13/16).

Tras dar por cumplidos los requisitos estrictamente formales del remedio impetrado, tacha al decisorio de arbitrario (art. 1, inc. 3 de la ley 7055) por no tener por configurado el homicidio en estado de emoción violenta.

Discurre que la Sala valoró indebidamente las conductas de su cliente. Así indica que el incumpado tras atacar a G., quedó "...total y absolutamente shockeado" (f. 14 vto.), coincidiendo con lo declarado por la testigo R.; también argumenta que su pupilo no tenía el pleno control de su voluntad para matar a otra persona, extremo que se infiere de las circunstancias de que M. y su mujer se apuraron para requerir ayuda a la policía y que aquel se entregó con el arma en su poder, admitiendo el hecho ante la autoridad prevencional.

Alega que la Cámara prescindió de considerar la descarga de cinco tiros sobre distintas partes del cuerpo de la víctima, "...lo que ... demuestra de un modo claro e inequívoco el desarreglo emocional que en esos momentos atravesaba M." (f. 15 vto.).

Señala que resulta también decisivo para la aplicación de la atenuante el modo en que su pupilo fue a buscar a su mujer y las ofensas e injurias que venía sufriendo de parte de G.

Aduce que se valoró en forma arbitraria las situaciones enunciadas y por consiguiente -razona- se lesiona el derecho a un debido proceso.

El Tribunal a quo -por mayoría-, mediante auto 114 del 20 de abril de 2005, denegó la concesión del recurso por considerar que la cuestión constitucional no fue oportunamente propuesta y mantenida por el recurrente. Consideró, por lo demás que se pretende una tercera instancia (fs. 21/22).

Contra tal denegatoria, el interesado dedujo queja ante esta Corte (fs. 25/43).

2. La lectura de las constancias de la causa ponen de relieve que, si bien el recurrente en su memorial introductor del recurso previsto en el artículo 1 de la ley 7055 esboza una serie de reparos dirigidos a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por la Alzada, tildando de arbitraria la sentencia, en su presentación directa ante este Cuerpo añade a dichos planteos que el A quo, al fallar como lo hizo, conculca la garantía de doble instancia, que ostenta jerarquía constitucional, pretendiendo, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 405 y 414 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Introduciéndonos al análisis de los vicios descalificantes que fueran imputados al A quo en el escrito del recurso de inconstitucionalidad cabe señalar que, aún si se considerase superado el obstáculo de la oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional, los agravios esgrimidos -en esencia, arbitrariedad en la valoración de los elementos de confirmación arrimados al proceso- no pueden merecer favorable acogida desde que conducen al examen de cuestiones de prueba y derecho común, y que, por ende, permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada. Es que la argumentación desarrollada en la referida pieza impugnativa -pese al matiz constitucional que el recurrente pretende otorgarle- se vincula con el criterio con que el Sentenciante analizó el caso bajo examen y traduce, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión en ejercicio de funciones propias, sin llegar a persuadir que en esa tarea éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

En efecto, la lectura del decisorio impugnado permite advertir que el Juzgador, avocándose al análisis de la cuestión referida al estado de emoción violenta en que se habría encontrado el encartado, enunció cuáles eran los aspectos trascendentales para la resolución del caso: la portación al momento de la detención de una bolsa con veintiocho proyectiles; el conocimiento previo del justiciable acerca de la infidelidad de su esposa con G. desde hacía por lo menos dos o tres meses y el deseo compartido de divorciarse; la adquisición previa del revólver ante la supuesta amenaza de G. y las declaraciones prestadas por M. con recuerdos lúcidos y coherentes.

Y, cabe advertir, la valoración de este cúmulo de elementos, condujo al Sentenciante a concluir que "...el enjuiciado decidió poner fin, a su manera, a la situación que según expresa venía aguantando.

Adquirió el arma, llevó la misma cargada, se pertrechó con una importante reserva de municiones... y dirigiéndose al lugar en donde se encontraba su mujer con el amante, luego de llamar en la puerta, esperó que saliera la víctima y la acribilló a balazos mediante el disparo de cinco proyectiles que lesionaron zonas vitales de la humanidad de la misma..." (f. 10). Frente a esta fundamentación, el recurrente intenta oponer su particular visión del asunto, poniendo énfasis en la forma en que actuó su defendido, haciendo hincapié no solo en que habría llevado a cabo el hecho a cara descubierta, sino también alegando acerca de la actitud del imputado posterior al hecho -estado de shock, y la siguiente admisión del hecho ante la policía-, circunstancias que, a su entender revelaban que el encartado no tenía un pleno control de su voluntad para matar a otra persona.

Sin embargo, con estos argumentos el impugnante no logra rebatir los fundados motivos esbozados por la Sala que, al ponderar el cúmulo de circunstancias probatorias aludidas, consideró que las mismas revelaban una reflexión y un cálculo en el obrar del inculpado que resultaban incompatibles con la idea de que el hecho fuera realizado estando efectivamente emocionado.

En ese orden, la lectura del decisorio en crisis pone de relieve que el A quo, interpretando el tipo previsto en el artículo 81 del Código Penal consideró que la norma "no excusa al que se encuentra en circunstancias que determinen una posible emoción, sino al que es llevado al estado subjetivo de emoción por circunstancias que le hagan excusable...", y con cita de doctrina precisó que "la emoción no excusa por sí misma, sino que a su vez tiene que ser ella misma excusada por algo distinto" (f. 10vto.).

En definitiva, la alegación del recurrente no logra conmover el razonamiento de los Sentenciantes desde que, como se precisó, se reduce a una mera disconformidad con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (cfr. A. y S., T. 99, pág. 102; T. 109, pág. 181); como así también con la calificación asignada al hecho, materias que, como ha sido expuesto por esta Corte en reiteradas oportunidades, son propias de los jueces de la causa y no resultan verosímiles para sustentar el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate (cfr., "A.", A. y S. T. 98, pág. 317; "V.", A. y S. T. 122, pág. 140; "M.", A. y S. T. 171, pág. 320).

Sellada, entonces, la suerte adversa de la postulación recursiva, corresponde ahora entrar en consideración del planteo expuesto por la defensa de M. en el recurso directo presentado ante esta Sede destinado a tachar de inconstitucional los artículos 405 y 414 del Código Procesal Penal por prever recursos para la parte acusadora, contrariando de esa manera -a su juicio- lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -incorporados a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22-.

En primer término, se estima oportuno remarcar que no escapa a este Cuerpo que el agravio apuntado no ha sido materia de oportuno planteamiento por parte del recurrente, pues el mismo recién lo esgrimió en su presentación directa ante esta Corte, y que tal circunstancia tornaría inadmisible, en principio, el planteo respectivo por aquello de que "la queja no es el medio idóneo para formular nuevas cuestiones constitucionales" (A. y S., T. 72, pág. 10), pues lo contrario afectaría el contralor de parte y el examen de admisibilidad del A quo previstos en la ley (cfr., A. y S., T. 64, pág. 120; T. 71, pág.

348; T. 94, pág. 22; T. 146, pág. 332; también, de la C.S.J.N., Fallos, 243:251 y 289; 305:853, 306:2166); pues los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad fijan el límite del pronunciamiento de la Corte Suprema, no pudiendo considerarse por extemporáneas las cuestiones introducidas en la queja (Fallos:258:80, 268:91 y 446, 269:310).

Sin embargo, corresponde hacer excepción a tal criterio rector cuando en el caso aparecen razones de preponderante interés, circunstancias que concurren innegablemente en el presente, donde nos encontramos ante el pedido de inconstitucionalidad de dos artículos del Código Procesal Penal de la Provincia.

Superado, entonces, el referido óbice formal, cabe advertir que este Cuerpo ha expresado en reiteradas oportunidades, en consonancia con el más Alto Tribunal de la Nación, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico (Fallos:302: 1149; 303:1708; 322:919 y sus citas; 325:1922).

Pues constituye un principio democrático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que su posible nulificación obliga a ejercer dicha atribución de revisión constitucional con sobriedad y prudencia, en particular cuando se trata de enjuiciar actos que suponen el ejercicio de facultades que la Carta Magna asigna con carácter privativo a los otros poderes (Fallos:302: 457; 303: 62; 304:1069). Fijadas, así, las pautas rectoras bajo las cuales se analizará el planteo recursivo, cabe señalar que un liminar examen de las normas cuestionadas -vgr. arts. 405 y 414 C.P.P.- que a criterio del recurrente afectan las garantías que se desprenden de los Tratados internacionales invocados, no puede tener favorable acogida.

En tal sentido, se observa en primer término que el artículo 8.2 h. del Pacto de San José de Costa Rica, refiere que toda persona inculpada de delito tiene derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Por su parte, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley". Adentrándonos a un análisis que de dichos preceptos ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vale recordar que en el precedente "A." puso de relieve que "la garantía del derecho de recurrir ha sido sólo en beneficio del inculpado y que, si bien el Ministerio Público, en tanto órgano estatal no se encuentra amparado por norma alguna con rango constitucional, ello no obstaba a que el legislador le conceda igual derecho a ese Órgano" (Fallos:320:2153).

Y sobre una temática similar a la aquí en debate se ha expedido la Corte nacional en reiterados pronunciamientos, considerando que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, será amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrado en el artículo 18 de la Constitución nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución, puesto que ella garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada en un previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate" (Fallos:321:3322; 324:4135), criterio que fuera reafirmado recientemente en "G." (Fallos:327:608).

Lo hasta aquí reseñado permite evidenciar que el máximo Tribunal de la Nación, interpretando el texto de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, si bien remarcó que la garantía de recurrir estaba instituida en favor del inculpado de un delito, ello no significaba "per se" impedir la posibilidad de impugnar el decisorio a las otras partes que eventualmente intervinieran en el proceso (vgr. querellante particular, acusador público), ratificando incluso, por otra parte, la potestad de que si el órgano del Estado facultado a tales efectos lo regulara en la normativa de forma, ello no resultaría atentatorio del debido proceso regulado en la Constitución nacional.

En ese mismo orden de ideas se ha expresado la doctrina sosteniendo, en relación a los Pactos a los que se hiciera referencia que "enuncian sin duda un derecho en favor del acusado, pero no niegan que el remedio revisorio del caso pueda interponerse también por el ministerio fiscal, en tutela de la sociedad, interesada tanto en que no se condene injustamente a inocentes, como también que se absuelva a culpables, o que se los condene a penas inferiores a las que legítimamente les correspondan" (Sagüés, Néstor, Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 3era. edición, T. II, pág. 790).

Por su parte, esta Corte provincial tuvo oportunidad de validar la posibilidad de que un Tribunal de Alzada pueda modificar una sentencia absolutoria por una de condena sin que ello atente contra el debido proceso, desde que -se dijo- para llegar a dicha situación, seguramente el imputado ejerció -durante todo el decurso del proceso- todos los actos que hacen al derecho de defensa de su parte, en absoluto resguardo del debido proceso (vid. A. y S. T. 175, pág. 61).

En suma, de la confrontación de las normas adjetivas impugnadas por el recurrente con los preceptos que se desprenden de los pactos internacionales con jerarquía constitucional, no se avizora que la regulación procesal penal santafesina cercene -tal como lo propone el quejoso- la vigencia de principios que hacen al debido proceso por afectar las garantías de "reformatio in pejus" y el "non bis in idem", y por ende, menoscaben su derecho constitucional a contar con un juicio justo que prevea la posibilidad de recurrir el fallo ante un tribunal superior. En suma, el asunto -tal como ha sido traído a estos estrados- no aparece idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuó el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho, propias de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad -circunstancia que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no acontece en el "sub examine"- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI (por sus fundamentos)-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA GASTALDI 2. Liminarmente y con particular referencia al cuestionamiento introducido en la queja sustentando la invalidez constitucional de la apelación del fiscal y la nulidad absoluta del trámite de segunda instancia por inconstitucionalidad de los artículos 405 y 414 -segundo párrafo- del Código Procesal Penal, se alega la proyección que respecto a esta cuestión tendrían los Tratados Internacionales -Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- con jerarquía constitucional.

En este aspecto, y en atención a los argumentos recursivos, cabe señalar que no podrían pasar desapercibidas las posibles repercusiones del recurso fiscal en referencia a la garantía invocada del "non bis in idem", siendo que respecto a ello, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha predicado (Fallos:321:2826) que la misma debe entenderse en sentido amplio, como garantía contra el múltiple juzgamiento, y señalando, además, que a estarse al "fundamento material de la citada garantía no es posible permitir que el Estado con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad o inseguridad, y a aumentar, también, la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable" (cons.

17 del fallo citado).

Sin perjuicio de lo anterior, se adelanta que no se colige de los invocados Tratados Internacionales o sus interpretaciones jurisprudenciales, que ellos impongan sin más la nulidad o invalidez del recurso del fiscal.

Tampoco cabría inferir tal conclusión del criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Nación. En efecto, a estarse a los antecedentes "Arce" (Fallos:320:2153) y "Garipe" (Fallos:327:608), si bien en ellos categóricamente se ratifica la garantía del recurrimiento del inculpado, de ello no se infiere per se el impedimento de una impugnación de aquellas otras partes (acusador público o querellante particular) que eventualmente intervinieran en el proceso en tanto el ordenamiento procesal confiera tal derecho. Por lo que no se infiere que el recurso fiscal, de por si, violente la garantía en cuestión. En consecuencia, no se advierte que las argumentaciones defensistas introducidas con la interposición de su escrito de queja ostenten aval en las disposiciones y normas que citara en apoyo de su postura, por lo que aún computando las particularidades de la causa, no se encuentra razón para hacer excepción a la jurisprudencia reiterada según la cual los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad fijan el límite del pronunciamiento de la Corte Suprema, no pudiendo considerarse por extemporáneas las cuestiones introducidas en la queja (Fallos:258:80; 268:91; 269:310).

Corresponde, en consecuencia, ingresar al tratamiento de los reparos desarrollados en el escrito introductor de la vía extraordinaria.

Allí se invoca la arbitrariedad del fallo por entender el recurrente que la Sala habría valorado indebidamente la prueba al desechar el estado de emoción violenta de M.

Así se señala que se omitió considerar el testimonio de R. que indicó que el encartado se encontraba "shockeado" y la circunstancia que tanto M. como su mujer actuaron rápidamente para pedir ayuda a la policía, ante quien aquél se entregó sin oponer resistencia. Razona que dicha actitud "no es de quien en pleno control de su voluntad orienta sus actos para matar a otra persona". A su vez, afirma que debió contemplarse "el esclarecedor hecho de que (su) defendido le aplicó una brutal descarga de cinco tiros a su víctima, todos ellos en diversas partes de su cuerpo, lo que ... demuestra de un modo claro e inequívoco el desarreglo emocional que en esos momentos atravesaba M." (f. 15vto.).

De la misma manera, mencionó que debió ponderase "el modo raudo e intempestivo en que (su) pupilo fue a buscar a su mujer y como al llegar comenzó a patear la puerta y a gritar a viva voz el nombre de quienes mansillaban su honor".

Enlazado con lo anterior, el recurrente propugna que estaban configurados "todos los elementos para que su conducta pueda encuadrar en un caso de homicidio bajo estado de Emoción Violenta" (f.14 vto.).

Si se confrontan tales alegaciones y reproches con los fundamentos de la sentencia dictada, se advierte que la Sala a quo -al revocar la decisión de Primera Instancia y encuadrar la conducta enjuiciada en el artículo 79 del Código Penal, con la agravante prevista en el artículo 41 bis del mismo cuerpo legal- ponderó un cúmulo de circunstancias por las cuales consideró que "resulta palmario que el enjuiciado decidió poner fin, a su manera, a la situación que según expresa venía 'aguantando'.

Adquirió el arma, llevó la misma cargada, se pertrechó con una importante reserva de municiones... y dirigiéndose al lugar en donde se encontraba su mujer con el amante, luego de llamar en la puerta, esperó que saliera la víctima y lo acribilló a balazos mediante el disparo de cinco proyectiles que lesionaron zonas vitales de la humanidad..." (f. 10). De tal modo, consideró insustentable el argumento del Inferior referido a que "el enfrentamiento brusco con la realidad tan hiriente justifica plenamente haberse emocionado" (f. 9vto.).

Para fundar tales aseveraciones hizo mérito en la propia declaración del encartado, de la cual surgía que la esposa le había manifestado que no quería estar más con él; que ambos habían pensado en divorciarse; que el día del hecho supo que su esposa estaba en la casa de la víctima; que sabía que su esposa mantenía relaciones sexuales con la víctima; que conocía esa relación de amantes desde dos o tres meses antes del hecho; que el revólver lo había comprado dos o tres meses antes porque había sido amenazado por la víctima y lo llevó al lugar del hecho porque sabía que G. tenía arma; aludiendo, además, la Sala que las declaraciones prestadas por M. fueron lúcidas y coherentes sin revelar que actuaba bajo conmoción que llegara a diminuir sus frenos inhibitorios.

Respecto del acto de defensa material, el A quo resaltó que M. había alegado la existencia de una legítima defensa en su obrar; extremo que fuera descartado por el juez de baja instancia. Y también la Sala se refirió a las supuestas amenazas proferidas por G. al imputado descartando su trascendencia, entendiendo que "no resulta que la acción del encartado haya sido determinada por aquella circunstancia" (f. 10), concluyendo, en definitiva, que las pruebas "revelan reflexiones y actos calculados incompatibles con la idea de que los mismos fueran realizados estando efectivamente emocionado" (f. 10vto.).

Sentadas dichas circunstancias, el A quo -con cita de doctrina y descartando la aplicación al sub lite de las referencias doctrinales aludidas por el Inferior en función de los elementos de convicción reunidos en el proceso- sostuvo que la ley no excusa al que se encuentra en circunstancias que determinen una posible emoción, sino al que es llevado al estado subjetivo de emoción por circunstancias que le hagan excusable (f. 10vto.). Como se advierte, las alegaciones de la defensa del encartado resultan insuficientes para desvirtuar el análisis efectuado por la Sala. Ello es así pues no alcanzan a controvertir los ejes centrales de la decisión, ni ponen en cuestión las circunstancias y elementos probatorios que el Aquo analizó y consideró fundantes para descartar el estado de emoción violenta.

Por lo demás, cabe recordar que en doctrina se ha sostenido respecto a los criterios para medir la eficiencia causal del estímulo en la producción de la emoción, se tratan de "soluciones relativas que dependen de las concretas circunstancias de los hechos y del autor" (Creus, Carlos, "Derecho Penal Parte Especial", Buenos Aires, Ed. Astrea, 5ta.

Edición, Tomo I, pág. 48); examen particularizado que, tal como se vio, aparece en la resolución impugnada.

En definitiva, y desde el marco de aplicación del derecho conferido por el artículo 8. 2. h de la Convención Americana de Derechos Humanos explicitado en el voto de la Doctora Argibay en oportunidad de fallar la Corte Suprema de Justicia de la Nación las causas "Casal" (del 20.09.05) y "Merlo" (del 20.12.05) se advierte que la impugnación -tal como ha sido planteada por el recurrente- no logra evidenciar un supuesto de irrazonabilidad de la decisión recurrida, ni conmover los fundamentos normativos y antecedentes fácticos que exhibe el pronunciamiento de la Sala.

Por las razones expuestas es que corresponde rechazar la queja.

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)