marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tusiani, Héctor A. s/ Acción de amparo. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Las decisiones de las Cámaras de Apelación en materia de amparo no son, en principio, susceptibles de recursos extraordinarios en razón de su inapelabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Usurpación de autoridad, títulos u honores, competencia contravencional y de faltas, calificación legal
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL
Carátula: INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS ISLAS LOMOLINO, NATALIA Y OTROS  c/  s/ SOBRE 247 - USURPACIÓN DE GRADOS / TÍTULOS Y HONORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Penal Contravencional y de Faltas ya que no existen discrepancias entre las magistradas intervinientes respecto de la calificación legal del suceso objeto del presente proceso -denuncia de la representante legal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, ya que detectaron que la imputada habría ejercido actos propios de la profesión de contador público sin la debida habilitación- el que encuadra en la figura de usurpación de autoridad, títulos u honores (art. 247 del CP). Ello así, dado que la regulación de las profesiones liberales constituye una materia reservada a las provincias, y en tanto no ha sido objeto de delegación en el gobierno federal. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, por remisión al dictamen fiscal).
Accidente de tránsito, legitimación activa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: TERROBA, María Eugenia c/ GORRITI, Lindor Ignacio s/ SUMARIO:DAÑOS Y PERJUICIOS (conexo expte.NºB39051/93 C.y C.7ªNom.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-12-24

No es necesario que quien demande por daños y perjuicios sea propietario del vehículo que participó en el accidente, basta que lo haya usado en el momento del sucesoLa acción resarcitoria que demande un accidente de tránsito no corresponde exclusivamente al propietario del automotor dañado sino también al usufructuario o al usuario, locador o comodatario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Devolución de objetos secuestrados, tercero adquirente de buena fe
Materia: PENAL
Carátula: KAUS, LUIS s/ NULIDAD PROCESAL. INCIDENTES DEVOLUCION EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-27

No tratándose en la hipótesis de autos de "sustracción sino de ESTAFA, corresponde el reintegro de los efectos al TERCER POSEEDOR DE BUENA FE (a quien le fueron secuestrados); no siendo impedimento para ello el art. 204 C.P.C. ni el plenario "Griogoriu" (Fallo Plena. I, p. 475, del 27-4-54): ello sin perjuicio de las acciones que pueda deducir la víctima de estafa.
Excarcelación, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Jorge; Pico, Guido s/ Noemí Medina de Atalah-Recurso de casación interpuesto por el Dr. Eduardo Font
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-14

El derecho a la libertad goza de una especial e importante protección constitucional, y requiere de una inmediata y efectiva tutela judicial. En virtud del valor supremo que la Constitución y la ley le reconoce a la libertad del hombre, la misma no puede ser coartada más allá de las exigencias o condiciones que imponen las normas.
Derecho contravencional, portación de armas, ley penal más benigna, prescripción
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: TRAVIGANTI, Roberto Adolfo s/ Art. 189 bis C.P. - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

Atento a que el hecho imputado al momento de su comisión -la simple tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización- era una conducta de naturaleza contravencional, el régimen aplicable en materia de prescripción es el del artículo 31 de la Ley Nro. 10 (T.O. por decreto 451/99) vigente al momento de los hechos y, subsidiariamente los artículos del Título X, "Extinción de Acciones y de Penas", del Código Penal, teniendo en cuenta que el expediente de marras fue tramitado conforme las normas del Código Procesal Penal de la Nación. De ahí que la acción prescriba transcurrido un año desde la fecha de comisión de la contravención.

Por otra parte, el mencionado artículo 31 de la Ley Nro. 10 (Decreto Nro. 451/99) establecía como causales de suspensión (e interrupción) la incomparecencia del presunto contraventor a las citaciones legalmente previstas.
Constitución Nacional, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, jueces, facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El principio iuria novit curia, por el que se concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico (Disidencia del Dr.

Antonio Boggiano).
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, acción judicial, fiador, obligación principal, efectos entre partes, concurso preventivo
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Raskel Company S.A. c/ Correa, Angel Horacio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede revocar la resolución que desestimó la defensa de inhabilidad de título opuesta por el demandado y en ese marco cabe rechazar la ejecución. Ello por cuanto, en el caso, fue traído al juicio con sustento en la fianza que otorgó a cierta empresa en el marco de un contrato a través de la cual esta última recibió de una sociedad anónima un préstamo de dinero. Esta última cedió a la actora los derechos que por esa operación correspondían tanto contra la nombrada como contra el fiador. No está controvertido que el deudor principal se encuentra concursado preventivamente e igualmente fuera de controversia se halla que ni la cedente ni el cesionario insinuaron allí aquel crédito. Ello así, cabe señalar que la solidaridad asumida por el demandado no alcanza para condenarlo a cumplir con una obligación que, bien que implícitamente, la misma actora ha aceptado prescripta. Para que haya "solidaridad", debe primero haber "responsabilidad", dado que la solidaridad no crea la obligación sino que indica con qué "extensión" deben los coobligados responder, de modo que, si esa responsabilidad no existe, ellos no deben nada, sea la deuda solidaria o mancomunada. En ese marco, consumido el plazo previsto en la LCQ 56 sin que la deuda principal hubiera sido verificada, forzoso es concluir que su cumplimiento no puede ser exigido al fiador. Por lo demás, no es posible admitir que la prescripción concursal sea sorteada por la vía de reclamar el crédito respectivo en un juicio distinto al universal en el que nada puede juzgarse al respecto; pues, más que preservar la autoridad del juez del concurso, el magistrado del juicio individual le estaría soslayando, al otorgar el espaldarazo necesario para inaplicar el régimen que hubiera debido ser aplicado.
Abogados, obligaciones del abogado, ética profesional, COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, tribunal de disciplina, remisión del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F.J.R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 57 bis Artículo 57 bis
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

Como imposición legal, profesional y ética, los abogados se encuentran obligados a desarrollar al máximo su versación jurídica, su esfuerzo y su dedicación, en aras de la defensa de los intereses que le son confiados. En este orden de ideas, la Ley Nro. 23.187 y el Código de Etica para abogados, dictado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, establecen los deberes a los que deben ajustarse los letrados que se encuentren matriculados en dicha entidad, y las sanciones que recibirán los que violen dichos deberes.

En la causa, el letrado defensor de uno de los imputados, interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia anterior; lo propio hace, el defensor del otro encartado. Llamativamente, ambos escritos son exactamente iguales, lo que demuestra sin más que los letrados aludidos confeccionaron un solo escrito, el que hicieron valer para sus dos presentaciones, sin reparar al menos en la distinta calidad que ostentaban sus defendidos.

En estas condiciones, entendemos procedente extraer copias certificadas de las partes pertinentes de la causa y de esta resolución, y remitir las mismas al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a fin de que se establezca si los letrados mencionados han incurrido en falta ética. (Del voto de los Dres. Desanti y Lucangioli).
Concubinato, sociedad de hecho, aportes societarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LATANZI YOLANDA MAFALDA c/ SUCESION DE ARTURO CASTELLANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CONCUBINATO - SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-27

La ayuda y colaboración natural y propia de la condición de concubino no basta para considerarlo socio del otro. Pero puede existir una sociedad de hecho entre los concubinos, cuando independientemente de la situación afectiva ha habido aportes comunes; cuando los bienes que disfrutan son productos del esfuerzo de ambos; cuando no solamente se ha compartido la vida sino también los intereses.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: E.N.CO.TEL. c/ BERNECHE, Marcelo s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

Existiendo otros datos para identificar al ejecutado, un mero error de máquina al consignar una letra del apellido no puede acarrear la inhabilidad del título, máxime si ello no ha obstaculizado su derecho de defensa.
Acreedor, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, DANIEL ALBERTO c/ SUERO, ELBA s/ COBRO DE ALQUILERES-EJECUTIVO-INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-15

Solo en el caso de que el deudor pague el crédito a su acreedor embargado conociendo la manda judicial, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por el trámite de los incidentes o del juicio sumario. (Conf. Arts. 518 del C.P.C.)
Cobertura médica, obras sociales, fertilización asistida, insuficiencia del agravio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gauna, Sandra Rosana y Hansen, Pablo Sebastián c/  s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-04-21

En relación al agravio de la requerida según el cual resulta inequitativo obligar a Ipross a cubrir el 100% del tratamiento cuando ambos componentes de la pareja desean someterse a aquel y cuentan con obras sociales diferentes, éste debe ser desestimado puesto que la Ley 26.862 obliga a la cobertura integral de los procedimientos de fertilización asistida a toda persona que lo necesite para la obtención de embarazos, sin hacer distinciones de ninguna naturaleza. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Daños y perjuicios, responsabilidad solidaria, injurias, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: ARAMOUNI, ALBERTO c/ EDITORIAL TIEMPO ARGENTINO  S.A.  Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Demandados daños y perjuicios contra la editorial de un diario y el redactor de una nota por la imputación que se le hiciera al accionante de "dudosa moralidad", corresponde hacer lugar a la demanda y condenarlos solidariamente ya que esa imputación lesiona o desprestigia la investidura que el demandante ejerce ya que desciende la institución parlamentaria a la que pertenece pretendiéndola en manos impropias, mediante acusaciones deslizadas encubiertas o destituyentes, del todo contrarias a la dignidad de la institución legislativa en particular y de las instituciones republicanas en general, a cuyo sostenimiento nadie más que la prensa debe concurrir con crítica recta directa clara y honorable prescindiendo de publicaciones oblicuas o tendenciosas que minan la confianza pública y de las que, a la postre, la propia prensa será víctima.
Despido por maternidad, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas, Manuela Ester c/ Kraiterman, David s/ Cobro de pesos Luise, Sara B. c/ Celtia S.A.C.I.F. s/ Despido por embarazo, etc. Temporelli, Juan Carlos y otros c/ Compañía Financiera Sic S.A. (en liquidac. por el B.C.R.A.) s/ Reajuste liquidación final, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27|1989-09-05|1994-03-15

La presunción 'iuris tantum' que establece el art. 178 de la L.C.T.

en el sentido que el despido dispuesto durante el período de protección que consigna dicha norma obedece a razones del estado de maternidad de la trabajadora, no puede ser desvirtuada mediante la acreditación de 'otras razones' que constituyan motivo del distracto sino que se requiere la demostración de la legítima causal invocada al efecto por el principal cuando asume la decisión de resolver la relación laboral.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, apercibimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gonzalez Prieto, Daniela c/ Brandolino, Maricel Elsa Beatriz s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

Procede revocar la resolución que hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en su oportunidad y tuvo por preparada la vía ejecutiva. Ello por cuanto, en el caso, la accionada, hizo hincapié en su estado de salud y la imposibilidad de comparecer al tribunal y pronunciarse respecto de la suscripción del documento base de la presente ejecución. Si bien, de acuerdo al CPR 526 la presencia in corpore de la persona del deudor ante el juez es inexcusable, en la especie en tanto no fue desvirtuada la imposibilidad de comparecer que surge del certificado médico acompañado, cabe revocar la decisión en análisis. En efecto, la particular significación que reviste la comparecencia del demandado en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal, obsta a soslayar tales impedimentos y tener por reconocido el documento en forma tácita. Ciertamente y en tanto surge evidente la imposibilidad de comparecer, so pena incluso de poner en riesgo la salud e integridad física del litigante -derecho por cierto reconocido por pactos internacionales (art. 25 de la Declaración de Derechos Internacionales y 12 inc. 2 a. D, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de jerarquía constitucional (CN 75-22°)- las cargas procesales impuestas en el ordenamiento ritual no pueden ser cumplidas; al menos por ahora y hasta tanto se verifiquen un cambio en las circunstancias apuntadas. Ello así, además se compadece con la tutela judicial de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera a la litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, denuncias contrapuestas, indemnización
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Televisora Privada del Oeste SA c/ Hbo Ole Distribution Llc y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

Uno de los requisitos para la procedencia de la indemnización por haber sido denunciado penalmente, es que la denuncia sea falsa. La inocencia debe surgir de una resolución judicial; de ahí que la absolución o el sobreseimiento del imputado sea un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado pero no suficiente; es decir la sola existencia de la resolución correspondiente no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios (cfr. Belluscio - Zannoni, "Código Civil...", ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, T. 5, pág. 257).
Deuda previsional, aplicación de la ley, AFIP DGI
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GENERAL MOTORS ARGENTINA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

La directiva del art. 16 de la ley 18.820 para determinar la deuda previsional no desautoriza la utilización del sistema denominado de "muestreo" cuando las constancias documentales resulten insuficientes para determinar con exactitud el monto de lo debido, lo que suele suceder cuando es interés de la potencial infractora el ocultar o retacear los documentos que permitan una determinación oficiosa más eficaz. Dicho sistema presupone la proyección de los datos de un año a otro y, racionalmente utilizado, no configura arbitrariedad alguna, sino el cumplimiento cabal del precepto referido art. 16 de la ley 18.820, que autoriza a la D.N.R.P. (hoy reemplazada por la D.G.I. por imperio del Dec. 507/93) a determinar oficiosamente la deuda previsional.
Recurso de casación, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMONACID JOSE AGUSTIN c/ EMPRESA QUITRAL-CO S.A.I.C. y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-11

Analizados en autos, desde la óptica casatoria, la tarea de la Cámara ad quem en lo referente a la fijación de los hechos, su interpretación y calificación legal es posible advertir una conformación errónea en la concepción integral de los elementos de juicio reunidos e incurre en error de subsunción al no atrapar los hechos conforme las reglas del art. 1113 del Código Civil y art. 355 del C.P.C.C., puesto que dada la índole de las tareas cumplidas por el actor, ya encuadradas por el aquo se pronuncia sobre las mismas no existiendo agravio y no probada la culpa del obrero, encuadra el hecho conforme los principio del art. 1113 del Código Civil.
Reglamentación de la ley, gobierno de facto, estado de sitio, privación ilegal de la libertad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, tribunales militares, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043 -. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El ejercicio de la facultad reglamentaria que efectúa el tercer párrafo del art. 3° del decreto 1023/92 - al exigir que la privación de libertad hubiese tenido origen en disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional o de actos emanados de tribunales militares durante el período comprendido entre el 6/11/74 y el 10/12/83 - no altera la sustancia de los derechos otorgados por la ley 24.043 ni introduce restricciones ajenas a su espíritu.
Jueces, facultades del juez, jurisprudencia, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Hector José c/ Sancor Coop. Unidas Ltda. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nro. 66-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-11

La libertad de criterio de los jueces y la institución constitucional de órganos jurisdiccionales distintos y autónomos para la aplicación de la ley de fondo con arreglo a las leyes que le asignan competencia, justifica la posibilidad de resoluciones dispares, con lo que, en principio, la prescindencia de consideración de un precedente jurisprudencial que hubiera establecido una solución distinta en caso anterior al reputado similar al resuelto en la causa, no invalida una sentencia suficientemente fundada, como acto judicial, como tampoco, la mera circunstancia de haberse apartado el A quo de sus propios precedentes o contradecir opiniones doctrinarias.
Derechos y garantías constitucionales, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VESCO, ALBERTO OMAR c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE APELACION Y NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-23

La norma que no autoriza la interposición del recurso judicial contra determinadas sanciones, no se compadece con el debido respeto a la garantía constitucional del derecho de defensa (artículo 18 de la Constitución Nacional).
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LASALA, ANGEL EUGENIO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La garantía del B.C.R.A. ,ley 22051 está concebida en protección de los genuinos ahorristas y no para amparar otra clase de operaciones que no guardan vinculación con los depósitos y que sólo poseen, por obra de manipulaciones contables no claras, la apariencia de tales.
Procesos de ejecución, bienes inmuebles, Fondo Nacional de la Vivienda, bienes inembargables
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/FINES DETERMINADOS c/ PENZ, MARIELA LUJAN Y OTROS s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

La inembargabilidad e inejecutabilidad de que gozan los inmuebles comprados con fondos prestados por el banco hipotecario nacional -conforme ley 22232, art. 35- no es extensible a un inmueble adquirido bajo el régimen del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.), Ya que la ley 21581 -que menciona la inscripción de dominio y el testimonio notarial- no contiene disposición análoga que restrinja la enajenabilidad de los inmuebles.
Abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: "SERRITELLA, M. Soledad y otros s/ apelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-19

"En el ilícito reprochado "el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, trasmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate.

En el aspecto volitivo, el sujeto debe tener la voluntad de oponerse a la ley, de desconocerla, aunque no se alcance la mala aplicación o interpretación de ella" (Edgardo Donna, Derecho Penal Parte Especial, Tomo III, 2da. Ed., Delitos Contra La Administración Pública, pág. 190)"."También, esta Sala ha dicho que la figura del artículo 248 del código penal "no está destinada a sancionar el mero incumplimiento de funciones administrativas sino el dictado, por parte de funcionarios de relevancia, de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o la inejecución de las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere" (causa nº 4123, "Zambianchi", rta. el 11/02/86, reg. nº 4744)". Asimismo, se ha sostenido que es necesario para poder afirmar la tipicidad de la citada figura penal "que el encuadre objetivo se complete con la presencia del dolo, esto es, que el funcionario público haya tenido conocimiento y voluntad de realizar todos y cada uno de los elementos del tipo objetivoel abuso -entendido como el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica- no radica en la simple extralimitación objetiva sino en el conocimiento y voluntad de esa extralimitación lo que configura el mentado aspecto subjetivo, que es precisamente el límite demarcatorio que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional" (causa nº 4583, "Etchebarne", rta. el 10/07/87, reg. 5493).
Conflicto de poderes, Poder Ejecutivo Municipal, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PAREDES, NESTOR REINALDO c/ CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE LAS JUNTAS s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-03-23

Los términos suspensión e impedimento no son asimilables. La solución del conflicto de poderles debe resolverse de acuerdo a las pautas legales vigentes, sin perjuicio que ante la eventual falta de normativa especifica se adecue jurisprudencialmente la solución del caso, de acuerdo a lo que implícitamente estuviere en la norma, sin que ello signifique el intento de salvar un vacío legal, legislar por los jueces, actividad propia de otro poder estadual, ajena al poder judicial, máxime tratándose de cuestiones de derecho público.