Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-28


Salta, 28 de febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "AGÜERO, EMMA EUFEMIA, ANDRÉ, FRANCISCO RICARDO c. ASADOR S.R.L - ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 23123/09, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 6, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 207/09 y 213/23, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: ambas partes, apelan la sentencia de primera instancia; la accionante por las razones que invoca a fs. 207/9, y la demandada por las que describe a 213 y sgtes, las que paso a analizar.

El primero de dichos recursos, está dirigido únicamente contra el punto II del fallo, en cuanto rechaza el reclamo del rubro art. 80 LCT, con costas a cargo de los actores, interpretando la juzgadora a quo que los mismos no habrían efectuado el requerimiento de documentación laboral pasados los treinta días de finalizado el vínculo de trabajo, incumpliendo de tal modo lo preceptuado por dicha norma. Sostiene, que su parte dio cumplimiento con lo normado por el arts. 45 de la ley 25345 y lo reglamentado por dec. 146/01; que ambos actores, cursaron intimación fehaciente con posterioridad a los treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo, requIriendo que dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente a la recep- ción del requerimiento, se les otorgara la documentación prevista en el art. 80 y que la señora juez pasó por alto cuestiones fundamentales, de valoración obligatoria, que de haberse valorado hubieran llevado a otro resultado, conde-nando a pagar las indemnizaciones allí previstas, con costas.

El recurso de la parte demandada, comienza sosteniendo que el fallo es contradictorio, también inatendible, con el agravante de que la juzgadora a quo no analizó la realidad de la resolución del vínculo laboral y su fallo dista de ser dogmático, teórico, sin ajustarse a las pruebas de su parte, escapándose de los presupuestos fácticos debidamente probados y al derecho aplicable, limitándose la interpretación de la prueba a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos ni armonizarlos en su conjunto. Agrega, que asimismo se plantea el caso federal ante lo sorpresivo del fallo; que se conculcó el derecho de defensa en igualdad de partes y debi-do proceso, con afectación de la intangibilidad patrimonial de su parte, con el agravante de haberse incurrido en expresa denegatoria del derecho a ser oído como justiciable, lo que lleva a dejar expresa reserva del caso federal, por las implicancias del tema; que máxime le sorprende el fallo, y le causa agravio, que la señora juez a quo para nada analice el derecho y las normas y la jurisprudencia que surgen aplicables al caso, porque la inobservancia de las normas en el decisorio del juez es realmente sin relevancia y su decisorio carece de fuerza convictiva, carece de fundamento, de solidez y carece análisis dogmático de aplicación de la jurisprudencia.

Continúa, argumentando que el fallo impugnado tiene cierto grado de subjetividad a favor de una de las partes; que la señora juez se olvidó de hacer justicia, en el sentido de la recta determinación de lo justo en concreto, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo desconocimiento no se compadece con la misión de hacer justicia; que las reglas de la sana crítica no han sido tenidas en cuenta por la juzgadora, que debió asignar valor a todas las pruebas, seleccionarlas y jerarquizarlas, a través de un estudio lógico y razonado de los elementos a ponderar, que no se observa; que S.S. se aparta de la verdad objetiva y de las normas aplicables al caso, como cuando interpreta que en relación a André las testimoniales son absolutamente coincidentes en cuanto a fecha de ingreso y trabajo en jornada completa, desestimando las objeciones de su parte, a raíz de la coherencia, correlación y uniformidad de los dichos; que si el fallo se hace eco del principio de primacía de la realidad, no puede dejar de lado que la realidad es que todos los testigos son testigos entre sí y por ende cada uno de ellos va a sostener lo mismo, porque van en contra de la empresa; que la judi- cante (obligada a analizar y a explicar de qué modo la realidad la persuade) se aleja en sus afirmaciones de las pruebas aportadas y que surgen de autos, sólo para determinar que son dudosas y que se basa su conclusión en el cumplimiento de una jornada normal de trabajo, pero no analiza las propias testimoniales que dicen que surgen de manera concluyente, porque eran com-pañeros de trabajo; que las tachas de su parte a los testigos, la señora juez no las ponderó y corroboró con otros elementos probatorios y por ende no son convictivos; que la testimonial no puede considerarse concluyente y que dice la verdad, cuando es evidente la contradicción de sus dichos y de los mismos nada surge, no debiendo haberse dado por suficiente para dar por tierra la prueba instrumental, cuya firma está reconocida y jamás fue probado, ni surge de autos, que se haya reclamado el horario o el pago de salarios, mientras duró la relación laboral, por lo que la pretensión del judicante de no valorar dichas pruebas y sólo basarse en las testimoniales, es afirmar algo que no se ha probado en autos, va más allá de las reglas de la sana crítica, causa agravio y debe revocarse.

Continúa, argumentando que si bien el juez tiene amplias facultades para seleccionar y apreciar las pruebas, ello no lo autoriza a prescindir de las mismas y no analizarlas y la valoración de las testimoniales no se hace en forma conjunta, analizando todo su contexto; que le causa agravio, que no se dé valor a la testimonial de la demandada, por tener interés directo, cuando el precedente jurisprudencial dice que la prueba testimonial no es descalificable por el hecho de provenir de personas que trabajan con una de las partes, si no resultan contradictorios sino complementarios y se ven corroborados por otros elementos de juicio obrantes en la causa; que no corresponde desmerecer la incidencia de los testimonios de dependientes de la demandada, todas vez que ellos tuvieron una participación directa en los hechos que se debaten y sus declaraciones constituyen piezas necesarias para el esclarecimiento de tales hechos en cuanto conciernen al propio obrar de los testigos sin que afecten su idoneidad; que la falta de motivación y adecuación del fallo a los hechos y al derecho es manifiesta y grave si tenemos por el contrario directa- mente no lo valoró y menos merituó la probanza que confirma sus aciertos y eran conducentes para la solución que sencillamente basta con la lectura de toda la documentación, diciendo directamente que no lo considera porque no fue introducido a debate, porque no fue probado; que es casi axiomático que cuando se ha hecho un resúmen correcto de las cuestiones en debate la sentencia sea dictada de acuerdo con la ley y lleve a resolver lo recípro-camente la ausencia de aquélla síntesis lleve a resolver lo impensable y se han leído sentencias en las cuales se ha omitido considerar cuestiones esenciales para resolver el litigio a favor de una de las partes y en consecuencia resultar beneficiada la contraria por esa omisión; que debe sostenerse la valoración que se le da a las testimoniales; que esta prueba es de suma eficacia, siempre y cuando presten declaración sin tacha ni oposición alguna serán veraces y concordantes, no surjan de sus testimonio contradicciones, den razón suficiente y adecuada de lo presenciado demostrando así que el actor cumplía efectivamente las tareas a favor del demandado; que la testimonial de fs. 167 es claro en dar las fechas de los ingresos de André y Agüero, con mes, día y año, pero cuando se refiere a dar respuesta de él en forma personal, se olvidó de la fecha, dijo haberse confundido, haber cometido un error, como no lo había cometido para los actores y que la subjetividad de las respuestas a favor de ellos es notoria, máxime si se habla de que tienen juicio y son testigos mutuos, esto es real y por ello lo contradictorio no existe nada convincente, lo mismo respecto de los testigos a fs. 168 y 169.

Prosigue, indicando que también le causa agravio se considere que de lo dicho precedentemente deba reconocerse las diferencias salariales efectua-das por André, con fundamento que laboraba jornada completa e ingresó el 7 de septiembre de 2007; que se hizo lugar al reclamo por la jornada de ocho horas, como si no existiera una norma específica (art. 11 ley 24013) por la cual debió efectuar el reclamo durante la vigencia de la relación laboral; que se debe tener presente lo que tiene asentado la jurisprudencia y doctrina en cuanto a la falta de cumplimiento del requisito en la misiva de los montos y sumas y diferencias que se reclama y meses respectivamente; que también agravia que la señora juez a quo considere a fs. 196, que las comunicaciones de despido....por lo que el rechazo a recibir las misivas de los actores no encuentra justificativo alguno."; que en primer lugar, causa agravio porque considera que no existe justificativo alguno por parte de la demandada para rechazar las misivas; que sorprende, la falta de análisis de la documentación aportada por la contraria y por su parte, a pesar de que la señora juez considere que se debe analizar lo fáctico antes que la documental, siguiendo el principio de la primacía real; que el juez no puede apartarse de todas las pruebas aportadas a la causa y realizar un exhaustivo análisis, no lo hizo; que la misiva que manda André reclamando las diferencias, la indemnización, es siete meses después de disuelto el vínculo y de la liquidación final que recibió y firmó sin objetar ni reservar derecho sin muestra de disconformidad; que no se analizó la extemporaneidad del reclamo, como si eso no hiciera a la realidad fáctica; que la juzgadora a quo, se olvidó de aplicar las normas espe-cíficas que existen para el reclamo; que la contraria aceptó el despido con causa la liquidación final, porque sabía que la causa que lo origino era real y cierta y que lo mismo corre para Agüero, que reclama cuatro meses después de disuelto el vínculo, mostrando disconformidad después de haber firmado sin objeción alguna.

Finaliza, agraviándose de que se considere que debe hacerse lugar a la liquidación por despido y preaviso y art. 2 ley 25323, por lo que los actores intimo el pago de la indemnización atento a la intimación cursada y que fuera rechazada ya que la actora recibió la liquidación final la entrega de certifi-cación de servicios y en dicho recibo no hizo reserva e impugno el cobro de la misma, por ende debe revocarse la citada indemnización; que la aplicación de la indemnización agravada debe ceñirse a un criterio restrictivo que se observe que la demandada abono liquidación final y que en su actuar estuvo el criterio que el despido fue con causa y por ende frente a ello debe minimarze la aplicación de este agravamiento; que le agravia la planilla de liquidación, la que expresamente impugna al no llevar en forma coherente los cálculos previstos y de ley; que en el caso ede Agüero, los montos por indemnización por despido; que deben modificarse otros aspectos de la liquidación (me remi-to brevitatis causae a fs. 222, XVII); que respecto de la indemnización del art. 1 de la ley 25323, la contraria no cumplió con los requisitos para que dicha indemnización agravada progrese y que también impugna y le causa agravio la tasa activa sobre los montos de la planilla, sosteniendo que "la que debe aplicarse es la pasiva". Pide se revoque el punto I de la sentencia, con costas. La apelación, es respondida a fs. 257/61, solicitándose su rechazo, con costas.

Analizado este recurso, señalo que a mi criterio constituye sólo en parte, un medio idóneo para impugnar la sentencia recaída en primera instancia. Se circunscribe, en general, a formular apreciaciones críticas acerca de un fallo que, según sostiene, "dista de ser dogmático, teórico, sin ajustarse a las pruebas de mi parte" (fs. 214, II, renglones 4º y 5º), lo cual encierra de por sí una postura contradictoria; confusión que se reitera, cuando a 215, IV, señala que "la inobservancia de las normas en el decisorio del juez es realmente sin relevancia" y cuando al comienzo del punto V, endilga al fallo "cierto grado de subjetividad a favor de una de las partes", sin identificar a la presunta beneficiaria ni cuantificar la subjetividad que atribuye.

Tampoco identifica suficientemente las pruebas que, según dice, (215 in fine) la juzgadora debió valorar, seleccionar y jerarquizar y, la versión de que todos los testigos lo son entre sí y están confabulados en contra de la empresa, no pasa de ser un comentario sin asidero ni demostración. Cuando la recurrente argumenta que "el a quo no analiza las propias testimoniales", incu- rre en la misma vaguedad, al no identificarlas ni explicar de qué manera y con qué alcance le beneficiarían, o cuáles son las contradicciones que imputa a fs. 217, 15º renglón. Desde otro ángulo, mientras no identifique cuáles son los testigos abarcados por la presunta descalificación por dependencia, ni explique de qué modo y con qué alcance le serían beneficiosos los testimonios excluídos, los antecedentes de fs. 218, VIII no pasan de ser generalidades carentes de relevancia. La misma condición, reviste la frase "no lo valoró y menos merituó la probanza que confirma nuestros aciertos y eran conducentes para la solución que sencillamente basta con la simple lectura de toda la docu- mentación", que no sólo guarda silencio sobre cuáles serían los aciertos a confirmar sino que no explica por qué motivo el juzgador debería llegar, con esa "simple lectura", a conclusiones que la parte interesada no detalla. En cuanto a "la testimonial de fs. 167" (a 219, XI), abarca el final de una declara-ción y el comienzo de otra, sin que la recurrente explique por qué motivo el testigo no podía recordar cuándo habían ingresado los actores ni por qué no estaba habilitado a asentar una discrepancia con la versión taquigráfica. Comparte la vaguedad, el planteo referido a "lo contradictorio no existe nada convincente. Lo mismo respecto de los testigos a f. 168 y 169", no identifica- dos, no analizadas las declaraciones, ni indicadas las presuntas contradic-ciones. En cuanto a tasa de interés, no explica por qué motivo le causa agravio la una ni por qué considera aplicable la otra, Hasta aquí, el recurso debería ser declarado desierto, en vista de que "el escrito de apelación, debe contener la crítica concreta y razonada del fallo, que demuestre que el mismo es erróneo, injusto o contrario a derecho. Las generalidades y apreciaciones personales no constituyen agravio, por no poner de manifiesto los presuntos errores de la sentencia" (Sala, autos Avilés c. García, 10/4/07).

Por el contrario, sí llena el requisito descripto, cuando habla de los cuatro y siete meses de silencio de los actores, posteriores al distracto y de los defectos en la liquidación de Agüero y André. El primero de los planteos, pasa sin embargo por alto, que roto ya el vínculo laboral, el trabajador está facultado a formular intimaciones por todo el tiempo de la prescripción, sin que su demora (por más que sea poco frecuente) le cause menoscabo alguno, según el principio de irrenunciabilidad del art. 12 LCT.

En cuanto a la liquidación, cabe decir que se comprueba que la primera objeción a lo calculado a favor de Agüero, da razón al recurso, si la indemnización por antigüedad debe hacerse sobre cuatro salarios y éste era, a los fines de la ley, de $ 1857. Los que multiplicados por 4, dan como resultado $ 7.428, no $ 9.674,50, como se calculan al quinto renglón de la planilla de fs. 198. Corresponde, por ende, hacer lugar a este aspecto del recurso, reducir el rubro en la forma indicada e imponer costas de ambas instancias a la parte actora, sobre la diferencia entre lo que se hacía lugar y lo que ahora prospera, art. 67 CPCC.

En cuanto a la indemnización del art. 2 de la ley 25323, no puedo hacer extensiva a ella la solución que propongo atendiendo a que no se conoce el orígen de los $ 6.813,70 del penúltimo renglón de la planilla de fs. 198, a que no es claro el recurso cuando objeta esa cantidad, a fs. 222 y, fundamen- talmente, a que de modificar ese monto, debería ser para duplicar el de $ 7.428, con menoscabo de la parte apelante y del principio "reformatio in pejus".

No le asiste razón, en lo referido a aguinaldo sobre sustitutiva de preaviso e integrativa, que tienen naturaleza remuneratoria y por ende resultan idóneas para generar sueldo anual complementario, como decidió la Sala en autos Maruyama c. Salud y Bienestar, 15/2/12. La desestimación de este aspecto del recurso, con costas.

Al punto "b" del apartado XVII, referido al actor André, le caben idénticas consideraciones en lo que hace a aguinaldo sobre preaviso e integrativa. En cuanto a art. 1 de la ley 25323, no explica el recurso (ni es facultad de la alzada determinarlo) cuáles son "lo requisitos para que dicha indemnización agravada progrese". Igualmente, con costas.

El recurso de la parte actora, versa exclusivamente sobre el rechazo del rubro vinculado al art. 80 LCT, por entender la juzgadora a quo que los trabajadores no habían efectuado el requerimiento de la documentación laboral, pasados los treinta días de finalizado el vínculo, incumpliendo de tal modo la normativa vigente. Sostiene, que su parte cumplió lo normado por el art. 45 ley 25345 y el decreto reglamentario 146/01; que ambos actores, cursaron intimación fehaciente, con posterioridad a los treinta días corridos de extinguido el contrato, requiriendo que dentro de los dos días hábiles si- guientes a la recepción de la misma, se le otorgara la documentación prevista en dicho art. 80; que la señora juez, pasó por alto cuestiones fundamentales, de obligatoria valoración, que de haber sido tenidas presente otro hubiera sido el resultado; que quedó fuera de discusión, que el domicilio de la demandada fue en calle España nº 456 de esta ciudad, como dice el propio fallo; que den- tro de la prueba de su parte, se hallan las CD de Agüero y André, vinculadas al tema, remitidas al domicilio comentado y no desconocidas por la contraria; que la accionada despidió a Agüero el 4/12/08 y la CD de requerimiento de documentación fue impuesta más allá de los treinta días de operado el quiebre del contrato, lo mismo que en el caso de André; que el art. 45 ley 25345, dispone que si el empleador no hiciere entrega de la constancia del certificado previsto, dentro de los dos días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, será sancionado con el pago de una indem-nización; que la conclusión de la señora juez, de que el rubro debe ser recha-zado, porque los actores no efectuaron el requerimiento correspondiente, es ar- bitraria, por alejarse de las constancias de la documental reconocida por la contraria; que en autos, quedó demostrado el cumplimiento de las intimacio-nes y de los plazos, tanto como el incumplimiento de la patronal a la obli- gación de entregar la documentación del art. 80 LCT, por lo que corresponde, según señala, revocar lo decidido por la señora juez a quo y hacer lugar a la condena de $ 5.804,70 a favor de Agüero y $ 5.841,36, en beneficio de André, con más interés a tasa activa, hasta su efectivo pago, con costas. Reserva el caso federal, por si la instancia le fuere desfavorable. Este recurso, es contes- tado a fs. 249/51, pidiéndose se mantenga la sentencia de primera instancia en lo que es materia de agravios; con costas.

Analizada la prueba documental, se observa que con fecha 15 de abril de 2009 (Agüero) y 22 de ese mismo mes (André), los actores cumplieron con la obligación de intimación oportuna a fin de que se hiciera entrega de la documentación prevista en el art. 80 LCT. Quedando por ende vacío de contenido el argumento vertido en la frase final del antepenúltimo párrafo de fs. 197 vta., referido a que no se habría efectuado "requrimiento pa- sados los treinta días desde que finalizó el vínculo". Lo dicho, me lleva a votar por hacer lugar al recurso de la parte actora y condenar al pago de las sumas que se consignan a fs. 209 in fine, que son las mismas de fs. 10, no impugnadas, como que a fs. 71 y 73, se objeta la procedencia del rubro, pero no su cuantía. De seguirse mi propuesta, el progreso de las cantidades descriptas, será con costas de ambas instancias a la parte demandada, art. 67 CPCC.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) a) Haciendo lugar parcialmente al recurso de la parte demandada y en su mérito reduciendo la indemnización por antigüedad de la actora Emma Agüero a la cantidad de pesos siete mil cuatrocientos veintiocho ( $ 7.428), con costas de ambas instancias a su cargo, sobre la diferencia entre lo que se hacía lugar y lo que ahora prospera. b) Rechazando los demás aspectos del recurso, con costas.

II) Haciendo lugar a ls apelación de la parte actora y en su mérito condenando a "Asador S.R.L." a pagar (dentro del mismo plazo y con idénti-cos intereses, a los del punto I del fallo de fs. 198 vta./199), la cantidad de pesos cinco mil ochocientos cuatro con setenta ctvs. ($ 5.804,70) a favor de Emma Agüero y de pesos cinco mil ochocientos cuarenta y uno con treinta y seis ctvs. ($ 5.836,36) en beneficio de Francisco Ricardo André. Con costas de ambas instancias a la empresa demandada.

III) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar, reponer y oportunamente devolver los autos al Juzgado de orígen.