Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


SENTENCIA No. 96.194 CAUSA No. 27.799/2008 SALA IV CNAT "DIAZ ACA LEONARDO Y OTRO C/ GOLDZEN ALEJANDRO JAVIER Y OTROS S/ LEY 22.250" Juzgado Nro. 37 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE MARZO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 249/254 que hizo lugar a la demanda, se alzan los codemandados ALEJANDRO J. GOLDZEN (fs. 257/259), OSCAR ANTONIO FUENTES (fs. 260/262) y FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA (fs. 263/266).

II) El codemandado FUENTES se queja porque el fallo le extendió la responsabilidad en forma solidaria y adelanto que, a mi juicio, la queja merece trato favorable.

Digo esto, pues, como bien lo señala el recurrente, el pronunciamiento incurre en una forzada interpretación de los hechos para adjudicarle una responsabilidad inexistente.

Ello es así, pues los actores sostuvieron en su demanda que "recibían instrucciones de parte del mencionado GOLDZEN y del co-demandado Oscar Antonio FUENTES, contratista y director de obra, respectivamente" (sic, fs. 31) y expresó que éste último (al igual que el propietario de la obra) resultaba responsable solidario "en los términos del art. 30 de la LCT y 32 de la ley 22.250" (fs. 35).

Sin embargo, el demandante no invocó concretamente en su escrito inicial (y tampoco surge de la prueba rendida) que FUENTES hubiese cedido a GOLDZEN (o a ningún otro sujeto) el establecimiento habilitado a su nombre, o que hubiese contratado o subcontratado trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica. En consecuencia, no se verifica el presupuesto fáctico elemental para la aplicación del art. 30 de la LCT respecto de FUENTES, esto es que el nombrado haya sido "cedente", "principal", "contratista" o "subcontratista" en los términos del citado precepto legal.

Tampoco advierto invocados (ni menos aun probados) los requisitos necesarios para generar la responsabilidad del art. 32 de la ley 22.250. Esta norma, leída coherentemente, indica que "los empresarios, los propietarios y los profesionales", son "todos aquellos que, como comitentes, encomiendan a otros la ejecución total o parcial de la obra y en consecuencia y en ese carácter de comitentes y de sujetos de contratos de locación de obra o de empresa, tienen el deber de requerir a sus co-contratantes la presentación de la constancia de inscripción en el Registro" (Marigo, Susana M. y Rainolter, Milton A., "Personal de la industria de la construcción", Astrea, Bs. As., 1983, p. 288 y 289). Sin embargo, el actor no alegó ni acreditó que FUENTES hubiera sido comitente en el contrato de locación de obra, es decir que hubiera encomendado su ejecución al contratista -en el caso: GOLDZEN). Por el contrario, los testigos ZIMERMAN (fs. 215) MORÁN (fs. 219) y ROBERTI (fs. 225) coinciden en que FUENTES cumplía las funciones de arquitecto y director de obra.

Sin perjuicio de ello, observo que GOLDZEN se encuentra inscripto como empresa empleadora en carácter de contratista en el IERIC (cfr. informe de fs. 202), de manera que, desde todo punto de vista, resulta evidente la inaplicabilidad del art. 32 de la ley respecto del director de obra FUENTES.

Sugiero entonces revocar en este aspecto la sentencia apelada, rechazando la demanda contra OSCAR ANTONIO FUENTES.

III) Distinta suerte merece, a mi juicio, el agravio que por similar cuestión (extensión de responsabilidad solidaria) deduce la codemandada FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA.

Así lo afirmo, pues, a diferencia de FUENTES, esta firma estaba sujeta a las previsiones del art. 30 de la LCT, dado que fue ella la comitente de la obra, conforme se desprende de las expresiones vertidas en el responde (fs. 167) y reproducidas en la sentencia (fs. 251). Además, y como con acierto lo señala la Sra. jueza a quo, los servicios que FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA solicitó a los contratistas (en el caso: a GOLDZEN) correspondían a su actividad normal y específica (la construcción), y la apelante no cumplió con su deber de controlar el cumplimiento (por parte del contratista) de las normas laborales y de la seguridad social, como expresamente lo dispone el citado art. 30 de la LCT.

Aclaro que, contrariamente a lo insinuado por la recurrente, el hecho de que la relación laboral entre los actores y GOLDZEN se encontrara comprendida por la ley 22.250 no excluye la aplicabilidad del art. 30 de la LCT. Ello es así, porque la doctrina del fallo plenario n° 265 del 27/12/88 en autos "Medina, Santiago c/ Nicolás y Enrique Flamingo" (que establecía esa solución) perdió vigencia a partir de la ley 25.013, ya que ésta agregó al citado art. 30 un párrafo que establece que sus disposiciones "resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la ley 22.250" (CNAT, Sala I, 30/4/04, S.D. 81658, "Luque, Sergio c/ Lipnik, Alberto y otro s/ ley 22250"; íd., Sala V, 28/7/05, "Juárez, Juan C. Center Construcciones SRL y otros"; íd., Sala V, 28//05, "Cainelli, Guillermo A. c/ Beganet SRL y otros"; íd., Sala II, 4/9/00, "Navarro, Lino y otro c/ Altairac, Jorge O., y otro"). A partir de esta reforma, la situación de quien contrata la realización de una obra ha variado de manera importante, toda vez que se pone en cabeza del comitente mayores obligaciones que las impuestas por el art. 32 de la ley 22250, que mantiene su vigencia, de manera que a las cargas legales establecidas por la norma citada en primer término, cabe agregar la carga impuesta por el art. 32 citado. No vale aquí aquella regla que da relevancia al régimen particular por sobre el general, pues el último párrafo del citado art. 30 reformado alude expresamente a la aplicación de sus reglas al régimen previsto en la ley 22250 (CNAT, Sala VI, 25/8/03, S.D. 56.339, "Domínguez, Raúl y otro c/ Resuener SRL y otros s/ ley 22250; esta Sala, 27/12/07, S.D. 92.950, "Giménez, Ramón Daniel c/ Elesutel SRL y otros s/ despido").

Por ello, propongo confirmar la sentencia apelada en cuanto extiende la condena a FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA.

IV) ALEJANDRO J. GOLDZEN, a su turno, se queja porque el fallo "ha hecho lugar a las diferencias salariales reclamadas, aplicando la presunción del art. 55 de la LCT". Estima que esa decisión "ha sido fruto de una incorrecta apreciación de la prueba producida en autos", pues, según afirma, la presunción citada "nada tiene que ver con las diferencias salariales reclamadas". Sostiene asimismo que "la parte actora no ha logrado probar que los datos consignados no eran los reales", dado que los testigos incurrieron en contradicciones o imprecisiones respecto de las fechas de ingreso y egreso, el salario, y los días y horas de trabajo.

Anticipo que el recurso no merece trato favorable.

En efecto, las deficiencias que el apelante imputa a los testigos BRITEZ BENÍTEZ (fs. 213), GONZÁLEZ (fs. 221) y CÁCERES NÚÑEZ (fs. 223) respecto de las fechas y horarios que menciona resultan intrascendentes, pues:

a)	Los actores no reclamaron el pago de horas extras, de manera que carece de importancia que la jornada fuera de 10, 10,5 u horas diarias (como surgiría de las declaraciones de los distintos testigos). Por lo demás, el recurrente no indicó en su contestación de demanda (ni tampoco lo hace ahora, en su memorial recursivo) cual habría sido, según su versión, la verdadera extensión de la jornada, y menos aun explica de qué modo lo que se decida sobre ese tema podría incidir en el resultado del pleito.

b)	La fecha de ingreso es uno de los datos que debían figurar en el libro especial, de modo que la falta de exhibición de ese registro conduce a presumir como ciertas las fechas invocadas por los trabajadores en el escrito inicial (art. 52 y 55 LCT). De ese modo, resulta intrascendente que los testigos no hayan podido dar precisiones sobre esas fechas, dado que, en virtud de la presunción referida, era el empleador (es decir, el apelante) quien debía demostrar que las alegadas en la demanda no eran las verdaderas. Al margen de ello, las objeciones vertidas en el memorial sobre este tema resultan irrelevantes, toda vez que el recurrente no precisó en su contestación de demanda (ni tampoco lo hace en su apelación) cuáles serían, según su postura, las fechas de inicio de las respectivas relaciones laborales, y tampoco explica (ni se alcanza a entender) de qué manera repercutiría esta cuestión sobre la suerte del reclamo de diferencias salariales (que no tienen su origen en la fecha de ingreso, sino en la categoría de los trabajadores).

c)	Asimismo carecen de relevancia las discrepancias entre los testigos acerca del monto o modalidades de pago del salario, porque el fallo desestimó el reclamo de indemnización del art. 10 de la ley 24.013 (ver fs. 253), decisión que arriba firme a esta instancia. No se entiende entonces a qué apuntan las disquisiciones del apelante sobre aquellas circunstancias.

d)	Igualmente irrelevante resultan las presuntas diferencias entre los testigos sobre "la fecha del egreso", dado que esa fecha es la que resulta de los telegramas en que cada uno de los actores dio por finalizada la relación laboral.

e)	El motivo por el cual la Sra. Jueza a quo hizo lugar al rubro impugnado en este segmento del recurso (diferencias salariales) es que el demandado remuneró a los actores como "ayudantes" cuando éstos -según declararon en forma coincidente los testigos- laboraban en realidad como oficiales (cfr. fs. 251 in fine y 252). En su memorial la demandada ni siquiera controvierte concretamente estos extremos, y ello sella negativamente la suerte de su impugnación, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

Corresponde entonces desestimar la queja.

V) También se agravia el codemandado GOLDZEN porque estima que la sentencia "ha hecho lugar a la indemnización del art. 19 de la ley 22.250, de forma improcedente y por valores mal calculados". Aduce que, en caso de prosperar las diferencias salariales, la indemnización "sólo debería operar sobre el salario del mes de enero de 2008, ya que nunca intimaron los trabajadores en los meses anteriores".

El citado art. 19 dispone que "Si el empleador se atrasare en el pago de los haberes o los hiciere efectivos en cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare adeudársele, siempre que mediare intimación fehaciente formulada dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del momento en que legalmente deba efectuársele el pago de las remuneraciones correspondientes al período a que se refiera la reclamación". De ahí que, para que resulte procedente el incremento en cuestión, no basta con la existencia de deuda salarial, sino que es necesario, además, que el trabajador afectado efectúe, dentro del plazo legalmente establecido, la intimación fehaciente de pago (SCBA, 8/11/06, González, Víctor H. c. Establecimientos Cima S.R.L. y otros"; CNAT, Sala IX, 24/04/2006, "Oliva, Daniel Osvaldo c. Trial Construcciones S.A y otro; esta Sala, 26/3/10, S.D. 94.585, "Escobar, Manuel Ignacio c/ Berardi, Antonio s/ despido").

Por ende, y dado que los actores percibían su remuneración con periodicidad mensual, las intimaciones cursadas el 7 de marzo de 2008 (fs. 14/15) sólo resultarían eficaces respecto de los haberes de febrero de ese año, por lo que corresponde reajustar en esa medida el resarcimiento en cuestión.

VI) Asimismo se agravia el Sr. GOLDZEN porque el fallo hizo lugar al reclamo de salarios de los meses de febrero, marzo y abril de 2008, pese a que -según su parecer- los actores dejaron de prestar tareas "entre febrero y marzo de 2008".

Observo que el propio apelante sostuvo, tanto durante el intercambio telegráfico como en su contestación de demanda, que los actores laboraron normalmente hasta el día 4 de marzo de 2008 (cfr., en especial, fs. 147 vta.), por lo que mal puede ahora desconocer que aquellos prestaron servicios en febrero y en los primeros días de marzo.

Por lo demás, llega firme a esta alzada (por falta de crítica concreta, art. 116 de la L.O.) la conclusión del fallo acerca de que GOLDZEN le negó trabajo a los actores. Esa conclusión encuentra sustento en los dichos de los mencionados testigos BRITEZ BENÍTEZ, GONZÁLEZ y CÁCERES NÚÑEZ. Particularmente valiosa resulta la declaración del primero, quien explicó que, en el mes de marzo de 2008, "un lunes, que estaba trabajando en forma normal, apareció Alejandro [Goldzen] tuvo una discusión con Oscar [Fuentes], una discusión fuerte, que escuchó todo el mundo, ese día se trabajó normal, al día siguiente ya no los dejaron entrar en la obra, esto también les pasó a los actores, le consta ya que estaban todos juntos, Alejandro llamó al capataz llamado Nery para que le dijera que no iban a entrar más a la obra, al día siguiente, el martes, tuvieron una reunión con Alejandro al frente de la obra, en su casa, donde el mismo les planteó que tuvo problemas con el dueño y director y les pidió que mandaran telegramas, quería que toda la gente renunciara, la gente le dijo que lo correcto era que él mandara un telegrama.luego de la reunión no volvieron a trabajar." (sic, fs. 214).

Cabe entonces tener por acreditado que el apelante les negó trabajo a los demandantes a partir del 5 de marzo de 2008, razón por la cual éstos intimaron a su empleador a que aclarase su situación laboral. Ahora bien, el 15 de marzo, GOLDZEN intimó a los actores a que se presentaran a trabajar (cfr. fs. 16/17) y éstos no invocaron siquiera que hubieran concurrido a la obra para retomar sus tareas, por lo que corresponde admitir parcialmente el agravio limitar el pago de los salarios caídos hasta la fecha indicada en último término.

VII) Por lo que hasta aquí llevo dicho, debería reajustarse el monto de condena del siguiente modo:

L. DIAZ ACA	O. GONZÁLEZ BENÍTEZ Dif. salariales (importes firmes)	$ 11.720,16	$ 21.666 Fondo de cese laboral	$ 2.431,23	$ 3.593,98 Art. 18 ley 22.250 (importes firmes)	$ 2.536,93	$ 2.642,64 Art. 19 ley 22.250 (2 x 1.761,76)	$ 3.523,52	$ 3.523,52 Art. 45 ley 25.345 (importes firmes)	$ 5.285,28	$ 5.285,28 Salarios adeudados febrero y 15 días de marzo 2008	$ 2.642,64	$ 2.642,64 SAC proporcional	$ 367,03	$ 367,03 Vacaciones proporcionales	$ 222,66	$ 222,66 TOTAL	$ 28.729,45	$ 39.943,75 VIII) A pesar de la modificación propuesta, los codemandados GOLDZEN y FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA conservan la calidad de vencidos en lo sustancial, por lo que corresponde mantener a su cargo las costas del proceso (art. 68 Cód. Procesal).

El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo respecto del codemandado FUENTES conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre honorarios y costas de la acción dirigida contra éste, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cod. Procesal). Propongo imponer las costas de esta acción a cargo de los actores (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de la representación letrada de FUENTES en el 13% del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O.).

IX) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, rechazando la demanda contra OSCAR ANTONIO FUENTES, y reduciendo el monto de condena contra los restantes codemandados a las sumas de $ 28.729,45 (a favor de LEONARDO DÍAZ ACA) y $ 39.943,75 (a favor de OLEGARIO GONZÁLEZ BENÍTEZ), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios de la acción deducida contra FUENTES. 3) Imponer las costas de esa acción a los actores y regular los honorarios de la representación letrada de FUENTES en el 13% del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Imponer las costas de la alzada del siguiente modo: las de la acción dirigida contra ALEJANDRO J. GOLDZEN y FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA a cargo de dichos codemandados, y las de la acción dirigida contra OSCAR ANTONIO FUENTES, a cargo de los actores. 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela E. Marino dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, rechazando la demanda contra OSCAR ANTONIO FUENTES, y reduciendo el monto de condena contra los restantes codemandados a las sumas de $ 28.729,45 (a favor de LEONARDO DÍAZ ACA) y $ 39.943,75 (a favor de OLEGARIO GONZÁLEZ BENÍTEZ), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios de la acción deducida contra FUENTES. 3) Imponer las costas de esa acción a los actores y regular los honorarios de la representación letrada de FUENTES en el 13% del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Imponer las costas de la alzada del siguiente modo: las de la acción dirigida contra ALEJANDRO J. GOLDZEN y FIDUCIARIA BUENOS AIRES SA a cargo de dichos codemandados, y las de la acción dirigida contra OSCAR ANTONIO FUENTES, a cargo de los actores. 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mi: