marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Insolvencia fraudulenta, demanda, traslado de la demanda, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Torregrosa, Antonio s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-05

La acción consumativa del delito de insolvencia fraudulenta debe desplegarse: "en el curso de un proceso" y que éste, se estimará iniciado desde el momento en que al deudor se le notifica la demanda. Pero no lo es menos que la finalidad primaria y elemental que persiguen esa notificación y las formalidades a las que debe ajustarse (arts 135 y 339 del CPCCN) es la de proporcionar a su destinatario el "conocimiento" de la resolución de que se trate, en este caso el traslado de la demanda. Así las cosas y toda vez que el a quo, en el uso de sus poderes discrecionales y tras valorar el material probatorio rendido en el debate de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, tuvo por probada la existencia de ese conocimiento de lo reclamado por parte del imputado, la atribución al nombrado de la conducta prevista en el art 179, segundo párrafo del Código Penal resulta, debo reiterar, ajustada a derecho (Voto del Dr. Fégoli).
Condena anterior, declaración de reincidencia, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Machado Marcial, José Luis s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Resulta imposible el análisis de las existencias contenidas en el art. 50 CP si el tribunal no especificó sobre la base de qué antecedente condenatorio o proceso penal procedió a declarar reincidente al condenado. En definitiva, cualquier análisis respecto del proceso de resocialización para proceder a ello, se trunca al momento en que el tribunal no distingue los presupuestos de los que partió para dictar la reincidencia en el caso (voto de la jueza Llerena)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, muerte del damnificado, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CARREÑO, Mónica Liliana c/ REYNOSO, Carlos R. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Los hijos menores no necesitan demostrar que la madre, muerta a raíz de un accidente de tránsito, realizaba otro tipo de trabajos remunerados además de la atención que dispensaba al hogar, para que se estime que existe menoscabo patrimonial.

Aunque sólo realice tareas en el hogar, la madre aporta con su esfuerzo material, un valor pecuniario cuya pérdida significa un perjuicio para los hijos, atento los inconvenientes que se suscitan en la familia cuando tales quehaceres no son cubiertos.
Sucesión testamentaria, nulidad de testamento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Juana María s/ Sucesión vacante
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

El hecho del testamento semidestruido que ha afectado de modo parcial el apellido de la firma, no implica una destrucción del testamento ológrafo con los efectos propios de la presunción que establece el art. 3835, del Cód. Civil. La misma queda enervada por la existencia de otro documento con un contenido casi textual escrito por la causante. Debe repararse que está fuera de tela de juicio, los extremos que estoy señalando en punto a la escritura y firma, desde que ello ha sido admitido expresamente. En consecuencia, no puede sostenerse validamente, que medió una destrucción voluntaria del testamento en su firma, con los efectos de la revocación tácita del mismo. si el propio apelante admite que el texto de ambos instrumentos es similar, y que se debe respetar la voluntad de la testadora, ello no puede ser dejado de lado so pretexto de que ha mediado un apartamiento del cumplimiento de los requisitos esenciales que hacen al carácter de solemnes de los testamentos. Ello no es exacto, pues el instrumento, se ajustó en su redacción a los términos del art. 3639 del Cód. Civil.
Empleador, facultades disciplinarias, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, MONICA E. c/ EDITORIAL RIO NEGRO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-02-28

El cuestionamiento de las medidas disciplinarias que debe realizar el trabajador dentro de los treinta días, no es necesario que sea ante autoridades administrativas o judiciales porque basta la disconformidad expresada en el momento de la notificación, u obviamente por medio de un telegrama al serle comunicada la decisión patronal.-
Materia: PENAL
Carátula: JORGE PATRICIA ELIZABETH, JORGE RICARDO Y HUPALUK ANGEL ROBERTO S.D. ESTAFA Y ESTAFA EN GRADO DE PARTICIPE SECUNDARIO E.P. PAZ LUISA DEL VALLE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-28

El principio de benignidad, reconocido en el art. 2 del Código Penal, no tiene operatividad en el marco de la interpretación de la ley penal, donde se debe proceder con criterio restrictivo por respeto al principio de estricta legalidad.
Daños y perjuicios, indemnización, pretensión resarcitoria, concubinato, legitimación activa, interés simple (administrativo)
Materia: CIVIL
Carátula: Benítez c/ Volpato y/u otros s/ Ordinario (Expte Nro. 195-00, Resolución Nro. 79, Tomo 20, Folio  349/365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-17

De acuerdo con el art. 19 de la Constitución Nacional, el goce de un interés no es ilegítimo por el mero hecho de no haber recibido tratamiento jurídico especial. En consecuencia, es dable concluir que resulta suficiente un interés simple que no sea ilegítimo (es decir que su ejercicio no esté prohibido) para que el daño que lo afecta sea resarcible; siendo requisito que el interés afectado sea de "magnitud e importancia para fundar el reclamo", teniendo en cuenta que "lo que resulta meramente eventual o aleatorio no puede dar lugar a resarcimiento, pues en el actuar lícito de las personas, aún en lo que frecuentemente provoca la satisfacción de necesidades o la obtención de ciertos beneficios (por ej. la propina que suele recibir de determinado cliente) hay una multitud de circunstancias temporarias, que aunque frecuentes, no son sino eventuales, cuyo cese es también una circunstancia probable y hasta previsible y el sujeto asume la carga del riesgo de su cese ...".
Acción de amparo, sanciones administrativas, clausura del establecimiento, poder de policía, recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, plazo
Materia: PENAL
Carátula: BARILOCHE S.R.L. s/ Acción de amparo Causa 31346
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

1- La medida que dispuso el levantamiento de la clausura de un local comercial, en el trámite de una acción de amparo, de ninguna manera obstruye el poder de policía del Estado ni interfiere con las atribuciones del Poder Ejecutivo como Jefe de la Administración y ejecutor de las Leyes de la Nación, ni guarda ninguna relación con la recaudación de los impuestos o el equilibrio de las cuentas públicas, como se expresara en las argumentaciones de la apelación, pues tal medida cautelar es la única manera de asegurar que la decisión definitiva que se dicte no resulte ilusoria y meramente abstracta.- 2- Cuando en el trámite de una acción de amparo se concede un recurso de apelación, las actuaciones deben elevarse al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro (24) horas, conforme a la ley que regula el amparo.
Contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, responsabilidad médica
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: ARENAS, Enrique c/ CENTRO MEDICO SANTA FE S.A.C. y/o otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La sujeción de los pacientes al régimen establecido por el ente organizador, debiendo ser éstos atendidos únicamente por profesionales que integran sus listas, determina que el incumplimiento por parte de los médicos actuantes preestablecidos, con respecto a los deberes inherentes a su profesión, importa para la institución el incumplimiento de la obligación primordial asumida en el contrato.-
Contrato de obra pública, mora, intereses, tasas de interés, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 303-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

No corresponde acoger la postulación de la actora de que se determinen los intereses a la tasa para treinta días y no a la tasa promedio como están calculados en la resolución de la dirección provincial de la energía, porque tal tema no fue puesto a consideración del ente público comitente como correspondía, ya que debió ser impugnado por la vía de la reconsideración. La incorrecta utilización de los remedios administrativos la privó entonces de lograr un pronunciamiento concreto sobre el tema por parte del ente autárquico, susceptible de ser revisado por el Poder Ejecutivo por vía de apelación.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Podestá, Arturo c/ Consorcio de Propietarios General Richieri s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

Reviste el carácter de común la cañería si ésta no está "descubierta" según el reglamento, aunque se halle ubicada dentro del departamento de uno de los copropietarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, fundamentación del recurso, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Losada de González, M. del C. y otro c/ Pcia. de Bs. As. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Debe declararse la nulidad de la concesión del recurso extraordinario basado en la arbitrariedad si no resulta debidamente fundada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Gustavo A. Bosseert).
Seguro por accidentes personales, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Arauja, Felipe Nerio c/ Municipalidad de Puerto Esperanza - Provincia de Misiones y Otro s/ Accidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-25

Con arreglo a la documentación que da cuenta de la contratación de un seguro de accidentes personales, sólo cabía considerar que la responsabilidad de la aseguradora se agotaba con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho contrato... en modo alguno podía imputársele una responsabilidad adicional - en los términos del entonces vigente art. 1074 CC - bajo el dogmático argumento de que habría omitido cumplir con deberes legales en materia de seguridad en el trabajo ya que, de acuerdo a las circunstancias comprobadas en la causa, no pesaba sobre ella deber alguno de ese tipo.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERSA URBANO S.A. DOMINIO IEV 606 c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-24

Conforme la clásica enseñanza de que vencida es la parte en contra de la cual se declara un derecho o se dicta la decisión judicial y considerando que el resultado global del pleito no fue del todo favorable a la actora, considerar que la Municipalidad de Santa Fe resultó ser la parte vencida haciendo que deba cargar con la totalidad de las costas sin motivación alguna -simplemente su condición de perdidosa-, resulta descalificable desde el plano constitucional al no constituir una respuesta adecuada en relación a las particulares circunstancias de la causa, en donde, más allá de la anulación de la resolución dictada en sede Administrativa, de las ocho actas impugnadas por la empresa infractora, cuatro fueron convalidadas y las restantes cuatro resultaron dejadas sin efecto, por lo que se hacía rigurosamente necesario para el A quo, al momento de establecerse la condena en costas, dar las razones por las cuales se optó por imponérselas en su totalidad a la Municipalidad y no en atención al éxito obtenido por cada parte o en su defecto en el orden causado, tal como lo propuso el Ente público en su recurso extraordinario local. - CITAS: CSJN: Fallos 288:373; 291:202; 296:356; 300:349 y 927; 301:1089; 305:1975; 306:1658 y 308:956; CSJStaFe: AyS T 36, p 375; T 148, p 357. - DOCTRINA: Chiovenda, "La condena en costas", Ed. Victoriano Suárez, Madrid, 1928, pág. 315. - Jurisprudencia vinculada: Ersa Urbano S.A. Dominio IFE 370, AyS T 292, p 247, sumario J0045309.
Control de constitucionalidad, nacionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

En el marco del control de constitucionalidad el Estado debe explicitar las razones concretas por las cuales acudió a la clasificación cuestionada para establecer una distinción en función de la nacionalidad de las personas para acceder a la docencia. A falta de demostración suficiente por parte del Estado, la presunción de ilegitimidad queda confirmada y la norma no supera el examen de constitucionalidad. En definitiva, da por supuesto que los criterios valorativos que instituyen a un conjunto de personas como iguales se derivan de la propia norma cuestionada y que estos son correctos, auto evidentes y/o naturales. Sin embargo, el parámetro para distinguir si una norma es contraria a la igualdad o no, lógicamente no puede ser la propia norma sometida a escrutinio constitucional.
Recurso de casación, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RIOS MIGUEL EDUARDO s/ LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2012-09-11

La defensa en el debate denunció que el imputado estuvo sin asistencia técnica en la indagatoria, destacando su condición de analfabeto, que se autoincrimina, sin que esa declaración en la policia fuera ratificada y que el planteo es en tiempo oportuno por tratarse de nulidades absolutas de la indagatoria y de la pieza acusatoria. Por aplicación del prinicipio "in dubio pro reo", debe estarse a favor del imputado, loq ue implica en definitiva que el acta de fs. 10 debía ser leída por una persona de confianza del imputado y ello no se le hizo saber, produciéndose la condición para afectar el acto con el desenlace de la nulidad. Ante esta definición procesal queda contaminada la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio, porque se apoya en el acto que fue considerado nulo.
Administración Pública, régimen disciplinario administrativo, revisión judicial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ríos, Roberto Daniel c/ Provincial de Catamarca y Policía de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

En relación a los límites que debe observar la Jurisdicción Judicial en la revisión del ejercicio de las facultades disciplinarias de la administración, la jurisprudencia ha sostenido que: "Aunque las potestades disciplinarias de la Administración sean reguladas, mientras no trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o no se ofrezca su ejercicio como expresión de una merituación irrazonable, los criterios empleados conservan, dentro de tales delimitaciones, el trasfondo de una discrecionalidad adecuada a las razones ínsitas en la eficacia misma del servicio público con cuya prestación responsable se vinculen. La revisión Judicial, pues, debe encararse con criterio excepcional o restrictivo". También se ha considerado que: "La exclusión al control Jurisdiccional ... se justifica, por una parte, por la autonomía funcional de la Administración Pública, que está dotada de una Jurisdicción disciplinaria exclusiva ... y, por otra parte, por la posibilidad de una relajación de la disciplina y una pérdida de prestigio de la autoridad, si sus decisiones en materia disciplinaria, que incluiría menudencias sin importancia, estuvieran sometidas a una revisión que dilatara los efectos de la sanción" (a salvo por supuesto la hipótesis de incompetencia y violación de las formas sustanciales) C.S.J. Bs.As 10/12/79 y 13/04/81. A la luz de tal criterio restrictivo corresponde analizar las actuaciones administrativas que derivaron en el dictado del decreto cuestionado en la presente causa y por el que se decidió la baja de la institución policial de la actora.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, decreto reglamentario, ley derogada, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Si la ley que es objeto de reglamentación no derogó una norma de igual rango, el decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo, no puede hacerlo, sin exceder su potestad reglamentaria, en violación del inc. 2 del art. 99 de la Constitución Nacional.
Regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MONTES, MARIA ANGELICA c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La regulación de honorarios por medio del sistema porcentual no es más que un modo de apreciar y retribuir la labor desempeñada y de ninguna manera configura un apartamiento de la nueva disposición contenida en la ley 24028.
Prueba pericial, perito de oficio, perito de parte, dictamen pericial, dictámenes disímiles
Materia: PROCESAL
Carátula: LABRADOR DE LICERI, Aurora y otro c/ OSOWSKI, Bernardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-14

Ante la discrepancia planteada entre el criterio del perito oficial y un consultor técnico, ha de prevalecer, en principio, el del primero, pues las garantías que rodean a su designación hacen presumir su imparcialidad y, en consecuencia, mayor atendibilidad;

el consultor técnico constituye una figura análoga a la del abogado, en la medida que procura aportar los fundamentos científicos y/o técnicos que favorezcan el progreso de la pretensión de la parte que representa, lo cual denota, contrariamente al perito, su postura esencialmente parcial, que obliga a evaluar sus razones como si provinieran de la parte misma.
Notificación por cédula, domicilio denunciado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carton Pac S.R.L. c/ Avellaneda, Ricardo Angel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Cuando el absolvente actúa por su propio derecho, puede ser citado a la audiencia en el domicilio constituido (art. 40, CPCC). Pero de ello no se sigue necesariamente que la notificación practicada en este caso en el domicilio real sea inválida, pues lo que el artículo 407 del rito persigue es que la parte que deba declarar tome conocimiento con anticipación suficiente de la fecha de audiencia, dada la gravedad del apercibimiento que conlleva en caso de ausencia. Nada mejor para satisfacer esa finalidad que la notificación en el propio domicilio del absolvente, que es donde se lo anoticia de actos de tanta trascendencia para el derecho de defensa como el traslado de la demanda (art. 338, CPCC)
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, L. R. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

La Ley Nro. 12 legisla el recurso de apelación en los artículos 50 y 51; de cuya lectura surge que ha sido intención del Legislador limitar la habilitación de este remedio procesal, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento contravencional que transformen la naturaleza del proceso. En consecuencia, sólo procede la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo cuanto no se oponga a la Ley de Procedimiento Contravencional (artículo 6 de la Ley Nro. 12). Sostener lo contrario importaría violentar los principios y garantías procesales consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (artículos 18 y 13 inc. 3, respectivamente). (Del voto de la Dra. Robledo)
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Luis Oscar s/ Homicidio Bobadilla, Héctor Manuel. Morales, Jacobo Emanuel y otros s/ Robo y homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17|1993-02-16

Es inatingente la cita del art. 286 del Código Procesal, que se refiere al mérito de la prueba, si se impugna por vía de inaplicabilidad de ley su adquisición y no su valoración. No puede llegarse al momento lógico del mérito probatorio respecto de una prueba que no debió incorporarse al proceso. El régimen de los arts.

270, 271 y 281 y concordantes no puede reactivar pruebas ilegítimamente adquiridas.
Accidentes de trabajo, acción civil, prueba, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Orellana, Carmen c/ Estancia El Timbó S.A. y/o Estancia Tapenag s/ Indemnización por fallecimiento.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-07

En las acciones fundadas en el derecho común, existe una pesada carga probatoria (tal como lo expresara al tratar el agravio anterior) ya que en términos generales se mantiene el principio procesal ordinario por el cual quien alega un hecho, debe hacerse cargo de la construcción. Es decir, que corresponde normalmente al obrero, la prueba de la relación causal -existente entre el daño y el accidente o enfermedad-, sin que lo beneficie ninguna inversión probatoria al respecto. Tratándose de acciones entabladas por la vía del art.1113 del Cód. Civ., la teoría de la indiferencia de la concausa no juega como lo hace en los reclamos fundados en la Ley 9688, por tal motivo es al que reclama al que le toca acreditar fehacientemente los presupuestos del hecho y de derecho en que apoya su pretensión.
Prescripción, acción penal, orden público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Investigación  de supuestos ilícitos cometidos en el Regimiento 8  de Infantería General O`Higgins. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

La prescripción de la acción penal es una institución de orden público, y se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo pertinente.
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Figueroa Vicario Ana Carolina y Otra c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-01

El proceso abreviado de la acción de amparo tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

Se impone, como correlato de la actividad jurisdiccional en el mérito de la procedencia formal de la acción, la carga del amparista de demostrar sin mayor esfuerzo el cercenamiento de los derechos fundamentales que le asisten en la relación jurídica invocada, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia sin necesidad de mayor amplitud de debate y prueba, en donde reside la ilegitimidad o arbitrariedad del acto que cuestiona, el daño grave e irreparable que se pretende reparar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar administrativo, en su caso, la inoficiosidad de las vías ordinarias para logar la resolución perseguida.