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Desaparecidos, delitos contra la humanidad, derecho a la vida, principios del derecho internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La desaparición forzada de personas constituye no sólo un atentado contra el derecho a la vida sino también un crimen contra la humanidad. Tales conductas tienen como presupuesto básico la característica de dirigirse contra la persona o su dignidad, en las que el individuo ya no cuenta, sino en la medida en que sea miembro de una víctima colectiva a la que va dirigida el delito. Es justamente por esta circunstancia que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar crímenes de esa laya, pues merecen una reprobación tal de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular con distracción alguna (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recursos administrativos, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GLIKSTEIN Y CIA SACIAM c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 90-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-16

No puede eludir la declaración de caducidad de instancia administrativa, la recurrente que no prueba que la disposición del artículo 65 del decreto 10204-58, le haya impedido la realización de actos tendientes a evitar la demora en la tramitación y que evidenciaran su interés en que ésta se realizara en término.
Superior Tribunal de Justicia, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA s/ incidente de queja por apelación denegada - amparo (Art. 14 CCABA) en Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde acumular a esta causa todas aquellas cuyo objeto procesal sea el mismo al que se examina en este expediente y, además, sean posteriores. Ello, de acuerdo a lo decidido in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en N. B. H. c/ GCBA s/ amparo -educación- vacante", expte. 15955, sentencia del 16/12/2020. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION OBRERA CERAMISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA FOCRA c/ Cerámica PILAR s/ cobro de aportes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-29

Las llamadas cláusulas de solidaridad imponen cotizaciones a trabajadores no afiliados (art. 9 de la ley 14250, t.o. por el decreto 108/88), en el marco de la concertación colectiva, encontrando su justificación por los logros y avances en las condiciones de trabajo obtenidas por la asociación sindical con personería gremial , proyectando sus efectos erga omnes. Tales cláusulas deben ser muy claras en su configuración y cabe interpretarlas con carácter restrictivo además de ser razonable y justo que tengan una limitación temporal toda vez que su origen y finalidad están vinculados a la celebración o renovación de una convención. Este concepto no incluye las "cuotas sindicales" que es la cotización que los afiliados deben realizar a la entidad gremial por prestaciones realizadas por ésta en favor de aquéllos.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, período fiscal de liquidación, anticipos impositivos, compensación de saldos
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina SA c/ GCBA y otros s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde rechazar el recurso ordinario de apelación interpuesto contra la sentencia de Cámara que declaró la nulidad de la resolución del GCBA que, a partir de observar las declaraciones mensuales en el ISIB correspondientes a determinados anticipos abonados por el contribuyente, determinó diferencias a favor del fisco. Ello así, en tanto el GCBA debió haber tenido en cuenta, en el caso, los montos abonados por el contribuyente durante todo el período abarcado por la fiscalización para determinar un eventual saldo fiscal. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Educación, facultades del gobierno nacional, facultades concurrentes, autonomía provincial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El Estado Nacional delinea la base de la educación, pero debe respetar las particularidades provinciales y locales (Voto del juez Lorenzetti).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, contratos bancarios, incumplimiento del contrato, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, límite a la extracción de fondos, decretos, inconstitucionalidad, aplicación temporal de la ley, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

Teniendo en cuenta que en el caso concreto no se está frente a un amparo sino a una demanda ordinaria de cobro por incumplimiento contractual, en la que, además (debido a la justificación ensayada por el banco demandado para no cumplir con lo acordado) se requiere la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos 1570/01; 214/02; 320/02, y en la segunda instancia -por ser de sanción posterior a la interposición de la demanda- de los artículos 1 y 6  de la Ley 25.587; resulta prudente reseñar aquellas normas que tienen directa relación con la cuestión a resolver, dejando de lado leyes y decretos anteriores.

Así, el 6 de enero del 2002 es sancionada por el Congreso Nacional, la Ley 25.561, reglamentada por el Decreto Nro. 71/02, la que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, derogando la Ley de Convertibilidad Nro. 23.928, modificando varios artículos.

Anteriormente, el Decreto Nro. 1570 del 1/12/01, entre otras medidas había prohibido los retiros en efectivo que superaran los 250 pesos o dólares por semana, junto con otras restricciones relacionadas con transferencias al exterior.

El 3/02/02, se produce el advenimiento dentro del orden jurídico del Decreto Nro. 214/02 el que entre muchas disposiciones transforma a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa y origen, judiciales y extrajudiciales expresadas en dólares u otras monedas convirtiéndolas a razón de un peso con cuarenta centavos cada dólar o su equivalente, estableciendo que las deudas financieras se convertirían a pesos a razón de un peso por cada dólar o equivalente.

El Decreto Nro. 320/02 aclara disposiciones del Decreto 214/02 y sustituye el art.12 suspendiendo por 180 días el cumplimiento de medidas cautelares en todos los procesos judiciales en los que se demande o accione contra el Estado Nacional y/o entidades integrantes del sistema financiero en vinculación con el Decreto 1570, Ley 25.561, Decretos 71/02 y 260/02, Resoluciones del Ministerio de Economía, circulares y demás disposiciones del Banco Central, suspendiendo además la ejecución de las sentencias dictadas con fundamento en las normas mencionadas contra el Estado y demás entes públicos aludidos. (Del Voto del Dr. Cordini).
Derecho penal, asistencia en asuntos penales, prevención y responsabilidad penal juvenil, competencia contravencional y de faltas, prescripción de la acción penal, delitos contra la integridad sexual, principio de legalidad, irretroactividad de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

La pretensión de aplicación retroactiva del nuevo régimen de prescripción a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia comprometería otra de las derivaciones del principio de legalidad, en particular, la prohibición de retroactividad de las leyes penales más gravosas. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Honorarios del síndico del concurso, cesión de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jorge Eduardo Suárez c/ Empresa Constructora S.R.L. s/ Quiebra Pedida
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-10-20

Corresponde declarar que la voluntad del síndico de ceder sus honorarios carece de eficacia jurídica, pues no se ajusta a la norma del art. 1444 del Código Civil, ni encuadra en la disposición del actual art. 1616 del Código Civil y Comercial, máxime cuando no pudo ceder emolumentos que aún no habían sido cuantificados, y -menos aún- pretender que se reconozca derecho a honorarios a dos profesionales que nunca intervinieron en la causa.
Competencia consultiva del tribunal internacional, COLOMBIA, contaminación ambiental, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de Noviembre de 2017. Serie A No. 23. Solicitante: República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-15

El modo en que debe ser interpretado el Pacto de San José, y demás tratados internacionales en materia ambiental, ante el grave riesgo de afectación al medio ambiente provocado por la construcción y uso de las nuevas grandes obras de infraestructura, fue la consulta planteada por Colombia al Tribunal Interamericano para que en el marco de su competencia consultiva, indique las obligaciones estatales genéricas y específicas que permitan prevenir, reducir y controlar la degradación ambiental.
Apoderado, gestor, ética profesional, colegio profesional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PARODI DE BRIZUELA, ÁNGELA NORA c/ A.N.Se.S.". s/ PRESTACIONES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-29

La circunstancia de que quienes suscriben la demanda como apoderados de la parte actora hayan intervenido en la tramitación del expediente administrativo como integrantes del organismo administrativo, aparece estrechamente vinculada con la ética profesional a valorar por el Colegio Profesional respectivo, situación de la cual deberá ser impuesto por el magistrado actuante. (Del voto del Dr. Fernández).
Declaración de inconstitucionalidad, Salud pública, farmacias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Farmacia Marconi Sociedad en Comandita Simple s/ Declaración de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-10-16

Debiendo la autoridad de aplicación garantizar el servicio público impropio en cuanto a su prestación, y en la forma que las características de todo servicio impone, es decir: continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad, es correcto que trate de armonizar la prestación del servicio de farmacia durante los meses comunmente llamados de vacaciones, para así lograr un eficiente resultado en cuanto a la posibilidad de acceso de la población a los medicamentos. Así como se invoca el derecho a no cerrar durante dichos meses, también como contrapartida sería procedente que en un momento determinado la totalidad de las farmacias invoquen el derecho de cerrar. Se reglamenta pues por parte del legislador un sistema que a mi entender no es irrazonable y en consecuencia tampoco violatorio de la Constitución Nacional. (Acosta: En disidencia).
Competencia, orden público, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-27

El carácter de orden público que presenta el instituto de la competencia tiene raigambre constitucional, en cuanto afecta el debido respeto al principio del juez natural u ordinario predeterminado por la ley.
Transferencia de fondo de comercio, inscripción registral, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLAUDIO   MENEGHINI  SOBRE  TERCERIA  DE  DOMINIO  POR  LUIS  ACEVEDO c/ LUIS ORIGONI s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

Dado que no fue cumplido el procedimiento del art. 6 de la Ley 11 867 frente a la desestimada oposición del tercero embargante, han mediado defectos que no permiten considerar que la transferencia del establecimiento resulte oponible al acreedor embargante.

(En el caso, se desestimó la tercería deducida por el adquirente del fondo en la ejecución iniciada varios meses después de la transferencia por un acreedor del vendedor anterior a ella).
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Empresa Elmec Construcciones  SRL c/ Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ Demanda Contenciosoadministrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

El recurso extraordinario contra la decisión que hizo lugar a la excepción de incompetencia fundada en que la recurrente no peticionó administrativamente la indemnización de daños y perjuicios no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
Sanciones disciplinarias, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ambrosio, Esther M. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

El acto de aplicación ha incurrido en exceso de punición, cuando no existe una adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta y el comportamiento observado por el agente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cesión de créditos, fianza, crédito futuro, deudor cedido
Materia: CIVIL
Carátula: Hidroeléctrica Futaleufú SA s/ Incidente de Revisión en autos "Servicoop s/ConcursoPreventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-04

Inclusive se admite que el objeto de la cesión de créditos en garantía sea efectuada sobre créditos futuros, lo que resulta razonable en virtud de que son créditos que están en el comercio, por lo que pueden ser cedidos según disposición expresa de la ley, siempre que se notifique al deudor cedido.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, proceso penal, etapas del proceso, cosa juzgada, secuela de juicio, sentencia firme, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

La sentencia de primera instancia, en cuanto no haya devenido firme, constituye una contingencia procesal que no afecta la incolumnidad de la acción penal y que, por tanto, no puede incidir en el ejercicio de aquellos poderes. La acción, dinamizadora de la pretensión punitiva emergente de la comisión del delito, recién se agota al tiempo del dictado de sentencia firme; algunos autores incluso consideran a la cosa juzgada como causal de extinción de la acción penal. Por ello, tanta vida conserva la acción penal en el supuesto de una sentencia absolutoria impugnada por el fiscal cuanto en el de un fallo condenatorio recurrido por la contraparte, a punto que los términos de prescripción continúan corriendo en ambos casos, aún cuando eventualmente el último hecho configurativo de secuela de juicio a los efectos de la interrupción de aquélla pudiera variar en un caso y en el otro. (De la Disidencia del Dr.

Giménez)
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, administrador del consorcio, representación del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: ROLON FLORENCIA c/ CONSORCIO JOSE E. URIBURU 1917 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

El administrador es un representante legal del consorcio y no de los propietarios individualmente considerados, por lo que debe presentar la rendición de cuentas en la asamblea que a tal efecto se convoque conforme a las disposiciones reglamentarias. Y en ese acto cada consorcista deberá ejercer su facultad impugnatoria.
Prueba confesional, absolución de posiciones, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: NELSON, NOEMI c/ CAJA DE SEGUROS VIDA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

En cuanto a los efectos de la confesión ficta, frente a determinadas actitudes asumidas por la parte contra quien se pide esta prueba -incomparecencia, negativa a contestar o respuestas evasivas-, el tribunal la puede tener por confesa respecto de los hechos sobre los cuales versa la absolución de posiciones, pero la misma, no tiene un valor probatorio absoluto o decisivo, ni vincula al juez, solamente crea una situación desfavorable al absolvente que debera ser apreciada en correlación con el resto de los elementos probatorios colectados en la causa, tal cual lo señala la última parte del cpr 417 y una pacífica jurisprudencia. Admitir una postura contraria, implicaria privilegiar la ficción por sobre la realidad alejando así la decisión de la verdad objetiva.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Santos Montenegro Jorge Daniel y otros c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-10

El delito de lavado de activos se trata de una figura jurídica que ha sido incorporada a nuestro Código Penal en fechas relativamente recientes. Y esto es así toda vez que actividades criminales vinculadas al tráfico de armas, de drogas, el contrabando o la trata de personas, generan importantes ganancias que requieren una aplicación que habilite su utilización sin despertar sospechas en relación a su origen ilícito.
Contratos de adhesión, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAUL ROBLEDO c/ LA MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ CONTRATOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

En los contratos de adhesión la interpretación debe volcarse a favor de la parte más débil, pero ello es así cuando se trata de cláusulas imprecisas, ambiguas o contradictorias, más cuando aquellas no requieren interpretación alguna no es aceptable que se altere su sentido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), procedimiento tributario, Impuesto sobre los ingresos brutos, base imponible
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Ghezzi, Miriam Gladis c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Lo aducido por la quejosa en torno a la ilegitimidad del procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta no resulta idóneo para franquear la instancia extraordinaria, atento a que el Tribunal -con el expediente administrativo a la vista- valoró el informe de verificación del inspector interviniente, en el cual éste detalló que se procedió a entregar requerimientos en tres oportunidades, que los mismos no fueron cumplimentados ni fueron aportados registros contables ni documentación alguna que facilitara la labor, razón por la cual se procedió a estimar de oficio sobre base presunta, tomándose como base imponible los débitos fiscales suministrados por el AFIP en el año 2001; que la información aportada por AFIP fue comparada con los movimientos bancarios resultando ésta de mayor significación que los informes bancarios; al tratarse de una Farmacia y Perfumería se dedujo que los débitos fiscales corresponden a lo gravado, ya que los productos medicamentosos se encuentran exentos; que consultada la superioridad a fin de determinar el porcentaje a aplicar a cada rubro, la misma informó que de acuerdo a consultas realizadas de otros casos similares se adopte el criterio de aplicar del total de la base imponible, el 90% para farmacia y el 10% restante para perfumería; concluyendo que resultaría que los débitos fiscales del AFIP corresponderían al 10% de la base imponible total por el rubro perfumería, deduciéndose de ahí el 90% restante correspondiente al rubro Farmacia. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco y Dra. Gastaldi)
Acto administrativo, acto administrativo regular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|1993-03-30

Cuando la irregularidad del acto surge por la mera confrontación de sus antecedentes con el texto expreso de la norma que los autoriza, se configura un vicio notorio que surge del simple cotejo con el orden jurídico positivo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, razonabilidad, contratos, mutuo comercial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CULZONI DE QUATTORDIO, ADELA Y QUATTORDIO, JUAN JOSE c/ ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO RAFAELA s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - acción de amparo (Expte.: C.S.J. Nº. 329 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto po r la entidad demandada, desde que a pesar de que la recurrente entiende que la tipificación del negocio jurídico celebrado como "simple mutuo oneroso" -realizada en primera instancia- no fue dejada sin efecto por la Alzada, y hace notar la irracionalidad que, a su criterio, implica efectuar un salto desde un mutuo oneroso hasta el derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda (propia), o a la salud, o a la familia; surge, sin embargo, de la simple lectura del pronunciamiento atacado, que la Cámara se refirió reiteradamente al contrato realizado como de "ahorro mutual a término en dólares", calificación que se opone frontalmente a la que había efectuado la juez de primer grado de conocimiento.
Daños y perjuicios, juicio ordinario, daño moral, personas jurídicas, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Taval SA c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

En este caso, el resarcimiento es posible con base en la demostración del daño patrimonial indirecto sufrido. Se advierte, en este orden de ideas, que la necesidad de que existan consecuencias de índole patrimonial para que la afectación al buen nombre, la probidad, etc. de la persona jurídica genere obligación de indemnizar, es aceptada por un sector de la doctrina y también por la jurisprudencia (conf. Mosset Iturraspe, J., "¿Pueden las personas jurídicas sufrir daño moral?", LL 1984-C, p. 511, cap. VII, ap. e); CNFed.Civ.Com., Sala 2, causa 5639 del 12/02/88).