Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 728 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alberto José Brito -por encontrarse recusado sin causa el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Empresa Constructora José Roberto Molé vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 712/715 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 708/709 de autos, denegado mediante resolución del referido tribunal de fecha 30 de setiembre de 2002 (cfr. fs. 719 y vta.) y abierto en queja por sentencia de esta Corte Nº 64 del 16 de febrero de 2003 (fs. 779 y vta.). Se ha dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 816, in fine, del CPCC, de aplicación supletoria al fuero, por expresa remisión del artículo 89 del CPA.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, ha violentado el artículo 4032, inciso 1º del Código Civil y los artículos 17 y 18 de la CN, al rechazar el planteo de prescripción liberatoria respecto a la obligación de pago de los honorarios del letrado Roberto Falco, apoderado de la actora hasta 1995, por no haber transcurrido el plazo legal.

Alega que la sentencia en recurso se basa en el hecho de que el 21-8-98 se dictó pronunciamiento definitivo, que contra la misma se interpusieron recursos de casación, que con fecha 11-02-99 el letrado Falco pidió regulación de honorarios, a lo que se decretó: "No hallándose firme -al habérsela recurrido- la sentencia del 21-8-98, resérvese para su oportunidad." Considera que el doctor Falco debió cuestionar este decreto porque "le estaba privando de un derecho que legítimamente le correspondía" y al no hacerlo, "...no puede ser tenido en cuenta como acto interruptivo, ya que incorrectamente, deriva la regulación a un tiempo futuro sin un fundamento jurídico adecuado (art. 272 CPCCT). Nadie puede alegar su propia torpeza y si el nombrado profesional solicitó su regulación debió insistir en ello". No existía impedimento para que el doctor Falco insistiera con su pedido de honorarios.

Entiende que la subjetividad sentencial se patentiza al sostener que ni las partes ni sus letrados cuestionaron el decreto de reserva, cuando la actora no tenía ninguna razón para hacerlo pero sí el doctor Falco, para quien los recursos de casación interpuestos por los doctores López y Sagués, no podían beneficiarlo ni perjudicarlo. La sentencia casatoria se notifica al letrado Falco el 20-3-2001 y recién éste insiste con el pedido de regulación de honorarios el 09-11-2001, cuando ya había transcurrido el plazo de dos años que prevé el Código Civil para que se opere la prescripción del derecho a pedir regulación de honorarios.

Por todo ello, solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la prescripción planteada. Formula reserva del caso federal.

III.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, no hace lugar al planteo interpuesto por la parte actora de prescripción de los honorarios del doctor Falco, por considerar que dicho letrado pidió regulación de honorarios el 11-02-99 (fs. 596), decretándose que al no hallarse firme la sentencia de fecha 21-8-98, se reserve la cuestión para su oportunidad (fs. 596 vta.), disposición que no fue cuestionada ni por las partes ni por sus letrados. Que al resolverse los recursos casatorios de los doctores López y Sagués y el desistimiento de los herederos del perito Herrera, se notificó al doctor Falco el 20-3-2001, quién insiste en su pedido de regulación el 09-11-2001 (fs. 696), razón por la cual no ha transcurrido el plazo de 2 años establecido en el artículo 4032 del Código Civil para que se opere la prescripción.

IV.- Habiéndose tratado la admisibilidad del recurso en oportunidad de abrirse la queja, corresponde analizar su procedencia.

De la reseña efectuada se advierte que la cuestión en debate se centra en la determinación si al decreto de reserva del 16-02-99 (fs. 596 vta.), cabe asignarle o no efectos interruptivos de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 4032 del Código Civil.

Veamos la cuestión.

El artículo 4032, inciso 1) del Código Civil, expresamente dispone: "Se prescribe por dos años la obligación de pagar: 1) A los jueces, árbitros y conjueces, abogados, procuradores y toda clase de empleados en la administración de justicia, sus honorarios y derechos".

"El tiempo de prescripción corre desde que feneció el pleito por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio".

El cuadro fáctico es el siguiente.

1) El doctor Falco fue abogado de la actora hasta 1995; 2) por resolución Nº 388/94 (fs. 361/363), la empresa actora Molé (con otros letrados) y la Caja Popular demandada, arriban a un acuerdo transaccional para dar fin a los juicios suscitados entre las partes; 3) en septiembre del 95, el doctor Falco pide se regule sus honorarios en base a la transacción efectuada (fs. 353), pero luego rectifica pidiendo se regule en base al monto actualizado de la demanda por no serle oponible la transacción de la que no participó (fs. 358); 4) a fs. 342, los letrados Mattos y Ovejero desisten de la acción y del derecho en la presente causa; 5) a fs. 359/360, insiste en su pretensión de que se le regulen honorarios sobre la base del monto de la demanda, entendiendo que el desistimiento formulado por los nuevos letrados de la actora, habiendo quedado firme el acto administrativo transaccional, sólo pretende escamotear las costas; igualmente piden regulación de honorarios en dichos términos los doctores López y Sagués; 6) luego de otras presentaciones y vicisitudes procesales, por sentencia Nº 243 del 21-8-98 (fs. 510/513), la Cámara tiene por desistidos la acción y el derecho invocado por el actor, tien e como base a los fines regulatorios el monto de la demanda y difiere pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad; 7) contra la misma plantean recurso de casación los herederos del perito Herrera, y los letrados López y Sagués; 8) en fecha 11-02-99 (fs. 596), el doctor Falco pide nuevamente se regulen sus honorarios conforme la sentencia Nº 243 del 21-8-98, y a fs. 596 vta., con fecha 16-02-99, se decreta "No hallándose firme -al habérsela recurrido- la sentencia del 21-8-98 (fs. 510/513), resérvese para su oportunidad" (dicho decreto no es cuestionado por las partes ni sus letrados); 9) a fs. 696, con fecha 09-11-2001, el abogado Falco pide nuevamente regulación de honorarios; 10) la actora plantea revocatoria contra el proveído que dispone autos para resolver dicho pedido por haberse operado la prescripción (artículo 4032 del CC), el que es rechazado por sentencia Nº 116 del 30-4-2002, al igual que el planteo de prescripción de los honorarios del doctor Falco (fs. 708/709).

De la reseña realizada surge que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el decreto de fs. 596 vta., guardaba relación con el estado procesal de la causa en esos momentos, pues los planteos casatorios de los doctores López y Sagués, contra la sentencia Nº 243 del 21-8-98, se vinculan al modo de conclusión del proceso y consecuentemente de la imposición de costas y montos de las respectivas regulaciones de honorarios.

En autos, el doctor Falco solicitó que se le regulen honorarios conforme la sentencia Nº 243, y no encontrándose ésta firme por haber sido recurrida, en la especie no existía suma líquida firme determinante de la base regulatoria, por cuanto ello dependía según fuera el modo de extinción del proceso (desistimiento o transacción extrajudicial).

Ello así, la decisión sentencial de considerar que una vez resueltos los recursos de casación de López y Sagués contra la sentencia Nº 243/98, notificados al letrado Falco el 20-3-2001 (fs. 682), el plazo bienal de prescripción del pedido de regulación de honorarios debe contarse desde dicha notificación, no luce descaminada.

Consecuentemente, desde la notificación del 20-3-2001 hasta la nueva presentación solicitando regulación acaecida el 09-11-2001, no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 4032 del CC.

Por lo expuesto precedentemente, considero improcedente el planteo recursivo efectuado y en consecuencia corresponde no hacer legar al mismo, conforme lo considerado, con pérdida del depósito en la proporción de ley.

V.- Atento al resultado al que se arriba, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse íntegramente a la vencida, actora en autos.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto que antecede del doctor René Mario Goane y me permito expresar lo que sigue.

Aun cuando la providencia de fs. 596 vta. pudiera ser discutible, o incluso, desacertada, no por ello deja de producir sus efectos procesales; y no estaba el letrado Falco obligado a recurrirla pues ningún precepto le impone tal carga, en cuyo caso, le ampara la garantía constitucional del artículo 19, en el sentido de que no estaba obligado a hacer lo que la ley no le manda. Mi voto.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 708/709. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO