marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA, BEATRIZ ANGELICA c/ SANCHEZ, JUAN PEDRO Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-15

El art. 184 del Código de Comercio dispone que la empresa transportista sólo podrá eximirse de responsabilidad cuando pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable, y aún cuando se admita que tal responsabilidad se encuentra configurada con carácter objetivo, pues no autoriza su exculpación demostrando que de su parte no hubo culpa y sí solamente en caso de ruptura del nexo causal, ello no quiere decir que pueda coexistir concurrencia del riesgo con la culpa de la víctima o de un tercero ajeno.

Dicha ruptura, por consiguiente, puede ser tanto total como parcial, pues del texto del citado art. 184 no surge limitación alguna que implique un agravamiento de la responsabilidad objetiva del transportista, motivo por el cual si la culpa de la víctima o la del tercero ajeno concurre con el riesgo creado en la actividad de la empresa transportista en el producción del resultado dañoso, la responsabilidad de ésta se reduce, la carga indemnizatoria es menor, toda vez que se trata de un supuesto de cocausación.

Ello por cuanto, es contrario a toda idea de justicia - e, incluso, ajeno al texto legal - que, demostrada la concurrencia en la producción del accidente causante de los daños, de la culpa de un tercero extraño con la del transportista, se coloque en cabeza de éste la obligación de reparar la totalidad de los perjuicios sufridos por la víctima, dejando de lado la propia responsabilidad de quien con su conducta culposa contribuyó en el hecho.

De esta manera se estaría obligando a quien debió afrontar toda la responsabilidad a iniciar un nuevo proceso tendiente a repetir de su causante en el accidente lo pagado de más, con el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional. Se está, a no dudarlo, ante una solución inequitativa, pues a la víctima que en lo sucesivo elija demandar a ambos intervinientes, mediante una simple aplicación de un principio jurisprudencial interpretativo de un texto legal que no dispone expresamente tal criterio, se la colocará frente a un solo responsable no obstante haberse acreditado la culpa del otro causante contra quien ella accionó. Y es de imaginar que justicia podría existir si la empresa transportista - única condenada en virtud de dicho principio - cae en insolvencia y el damnificado se ve impedido de cobrar su indemnización.

No puede perderse de vista en abstracto que la norma del art. 184 citada fue pensada para proteger a la víctima, liberándola de la carga de demostrar la culpa de la empresa de transporte y de esa manera podría lograrse precisamente el efecto contrario.
Contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, mayores costos, licitación pública, adjudicatario, conducta de las partes, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 791 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

Si el elemento que presenta vicios en su composición, es la oferta misma, elementales razones vinculadas a la observancia de los principios que rigen la licitación impiden corregirla con posterioridad a la firma del contrato. La conclusión del perito en este punto -consistente en la propuesta de modificar la composición de precios de la oferta para lograr mayor "realidad y representatividad"- podrá tener sustento en razones de conveniencia económica y técnica, mas encuentra un insalvable escollo en el principio de igualdad de los oferentes. No debe olvidarse que la empresa devino en contratista de la obra, precisamente, porque la Administración eligió la oferta que aquélla había efectuado en la licitación, no otra distinta (con distintos precios o distintos componentes de los precios). En tales condiciones, carece de decisividad la constatación de que la fórmula de la recurrente arroja un resultado "más ajustado a los reales costos", por cuanto lo aquí debatido no pasa por juzgar la mayor o menor eficacia de una cierta fórmula de variación de costos respecto de otra, sino la legitimidad del mecanismo aprobado respecto de la ecuación económico-financiera que tuvieron en cuenta las partes al suscribir el contrato, que es lo que corresponde tutelar en el caso.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, muerte de la víctima, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroga, Adriana Edith c/ Bazán, Eufemio Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-24

Los arts. 1084 y 1085 C.C. establecen una presunción iuris tantum que no contradice la resarcibilidad de aquellos perjuicios que efectivamente se acrediten y que puedan enmarcarse en el art. 1079 del mismo ordenamiento.
Universidades, universidades nacionales, Universidad Nacional de Córdoba, estatutos universitarios, constitucionalidad, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de  Cultura  y Educación de la Nación) formula observación estatutos UNC - art. 34 ley 24.521 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Corresponde descalificar el pronunciamiento judicial que ordena la reforma del art. 82 de los estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, pues no se advierte que ese cuerpo normativo se aparte de las directivas legales ni, menos aún, de la previsiones constitu cionales (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley laboral, ley vigente, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENTOS, JUAN RAMON c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Cuando se pretendió reparar las disvaliosas situaciones provocadas por el seguimiento de "Espósito" mediante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 -decisión luego anulada tanto en el ámbito nacional como en el provincial-, la Corte nacional de algún modo varió su posición a partir del precedente conocido como "Castillo II", tal vez tomando nota de la evidente injusticia que se estaba cometiendo. Asimismo, cabe considerar los argumentos del DNU 669/19 -cuya constitucionalidad ha sido severamente atacada desde que se dictó, tanto por la doctrina y la jurisprudencia- que parecen contradecir a "Espósito" en cuanto a la aplicación supuestamente retroactiva de una ley, lo que genera un mar de dudas e incertezas (incluso respecto de su vigencia y aplicación) del que solamente se podrá salir airosos, precisamente, en función de los principios que orienten la decisión. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; Castillo, Juan Norberto c/ Provincia A.R.T. s/ accidente ley especial, del 12/03/2019. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; DNU 669/19. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045593.
Sentencia penal, apreciación de la prueba, sentencia absolutoria, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardozo Raúl Pastor, Moreno Miguel Enrique, Barrera Verónica Angela s/ Recursos de Casación en autos "Cardozo Raúl Pastor, Moreno Miguel Enrique y Barrera Verónica Angela s.s.a.a. Encubrimiento Agravado y Resistencia a la Autoridad en Concurso Real - Robo Agravado en Poblado y en Banda - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

Si los elementos de prueba son contradictorios y no permiten concluir con certeza que la imputada participó del hecho ilícito endilgado, las dudas generadas deben operar a favor de la prevenida, por lo que corresponde su absolución por el beneficio de la duda.
Acumulación de procesos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maluéndez, Gabriel Horacio c/ Favazza, Antonio s/ Consignación y cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Habiendo ejercido el actor una acumulación objetiva de acciones al promover la demanda (consignación de llaves y cumplimiento de contrato), y resultando vencido en la segunda de las pretensiones deducidas, cabe imponerle las costas correspondientes, de acuerdo con el principio establecido por el art. 68, C.P.C.C..
Delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Luis c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Las facultades jurisdiccionales locales de la Ciudad son las mismas que las de cada Provincia. Esto fue así antes y después de la reforma constitucional de 1994. La ley n° 24588 retuvo la "justicia nacional ordinaria" como modo de "garantizar los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación" (cf. los arts. 1 y 8). Las facultades son de naturaleza local, sin perjuicio del interés federal en ejercerlas o verlas ejercidas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano). "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020.
Cuestiones de competencia, cuestión federal, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustos,   Vicente  Amadeo c/ Banco  Central  de  la  República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Cuando se debate el alcance que corresponde asignar a disposiciones de derecho federal, la Corte Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado.
Registro de marca, oposición al registro de marca, marcas confundibles, superposición de productos, prueba, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Peralta Martínez, E. c/ Colorín s/ Cese de uso de marca - Oposición registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-17

Como no está en discusión que el actor es titular de la marca COLORIN en la ex - clase 14 y la demandada lo es en la ex clase 10, el aspecto central de la controversia reside en determinar si los productos que el actor considera que infringen su título pertenecen a la ex clase 14 se incluyó artículos para limpieza en general, y en la ex clase 10 a los productos de pinturería. Los productos secuestrados que se identificaron con las marcas AUTOPOLISH y COLORIN-MMB, no se encuentran incluidos entre los de limpieza o lustrado que se mencionan en la ex clase 14 siendo bien significativo que las diligencias previas donde se hallaron los productos que el actor consideró en infracción, se realizaron todas en pinturerías como resulta del ejemplar del producto COLORIN-MMB secuestrado como prueba, se trata de una pasta para pulir lacas (grano fino o grano grueso) según se lee en la etiqueta, lo cual revela que no es un producto de limpieza o lustrado, sino vinculado con el tratamiento de las "lacas" que expresamente se incluyen en la clase 10.

No hay ningún otro elemento de juicio que permita asimilar ese producto con alguno de los incluidos en la clase 14; omisión probatoria cuyas consecuencias adversas deben recaer sobre el actor, pues a él le incumbía demostrar que el producto fabricado por la demandada constituía una infracción a su título marcario obtenido en la ex clase 14. Y relativamente al producto AUTOPOLISH existe una peritación técnica que permite llegar también a la conclusión de que se encuentra incluido en la clase 10. De la prueba arrimada cabe concluir que el uso que la demandada ha hecho de su marca COLORIN no ha excedido el ámbito propio de su derecho marcario que se le concedió en la vieja clase 10. Por lo tanto no ha mediado la infracción del título del actor que fue obtenido en una clase distinta.
Principios procesales, presunción de inocencia, ejecución de la pena, reservas, procesado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: G, F s/ TENTATIVA DE VIOLACION, ETC.      EXPTE NRO 43-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-01

Ni el estado de inocencia, ni el principio de legalidad de los tipos penales, pueden ser óbice para trasladar al ámbito del proceso modalidades tutelares de la personalización de la dignidad humana previstas en la reglamentación de la ejecución de la pena: de otra manera colocaría absurdamente en peor situación al justiciable cuya responsabilidad no ha sido declarada, que aquél sobre quien pena una condena firme. El principio de reserva y legalidad es una conquista irreversible que impide la interpretación penal extensiva, pero exclusivamente en la línea de la incriminación; el estado de inocencia es una consecuencia insoslayable del artículo 18 de la Constitución Nacional, pero no puede invocarse para sustentar consecuencias perjudiciales hacia el procesado.
Ausencia con presunción de fallecimiento, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GRAMATA, LEONOR BEATRIZ. s/ AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-09

En procesos sobre ausencia con presunción de fallecimiento se admiten todos los medios de prueba, pero el denunciante no puede limitarse a hacer una mera remisión a la prueba que se hubiere producido en el anterior proceso de ausencia donde se rechazó la demanda, aunque este puede servir de elemento dentro del complejo probatorio (conf. Arauz Castex, "Derecho Civil, Parte General" ed.

Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As., 1974, p.497, nro. 944). El mero transcurso del tiempo es insuficiente para modificar la situación.
Conflicto de poderes, concejo deliberante, elección de autoridades, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: VALDEZ, LUIS ERNESTO c/ CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-05-29

Existe conflicto interno municipal no solo cuando la contienda se plantea entre el poder ejecutivo municipal y el cuerpo deliberativo, sino también cuando los conflictos se producen en el seno de este último, siempre que la existencia del diferendo sea irreversible en el ámbito que le es propio y que haga inclusive imposible el funcionamiento normal del cuerpo. Cabe determinar el alcance de la expresión, "producido en el seno de este último y que haga imposible su normal funcionamiento", es decir cuál es el límite del control judicial en cuanto a los hechos y personas comprendidas.

En efecto, es una cuestión propia de un conflicto de poderes la atinente a la designación de las autoridades de un Concejo Deliberante tales como presidente y vicepresidente -cargos ocupados por concejales-, cuando su nombramiento hubiera acaecido "contra legem", supuesto en el que la Corte debe intervenir -como un medio de proteger las instituciones- encontrándose activamente legitimados el concejal o los concejales afectados por la elección de las autoridades internas del cuerpo.

Estos actos, que los llamará políticos o institucionales, tienen singular importancia porque normalmente el presidente de los concejos, y eventualmente su vice presidente, reemplazan a los intendentes en caso de vacancia, licencia o suspensión. Asimismo pueden llegar a tener doble voto en caso de empate, por lo que, reiteradamente lo hemos dicho, en estas cuestiones la Corte debe erigirse como un juez de la constitucionalidad y legalidad de los procedimientos tendientes a garantizar el gobierno municipal cuando estos cuerpos no dispongan de los remedios eficaces y reglados para solucionarlos por sí mismos. (Del voto del Dr. Cáceres)
Contratos, mutuo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Trotta, Oscar R. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Para interpretar la expresión de la voluntad contractual -en el caso mutuo con garantía hipotecaria- no es viable argumentar en base a lo que es usual se convenga en otros casos, cuando precisamente se pactó de diverso modo, siendo válido destacar que toda interpretación forzada de lo convenido, viola en forma flagrante no sólo la norma del art. 218 inc. 7° del C. de Com., sino los principios de abstracción, literalidad, completividad y autonomía que gobiernan el concepto de título ejecutivo.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decomiso, secuestro de bienes, automotor secuestrado, personas privadas de la libertad, bien común, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Narciso Rubén s/ robo calificado, etc. -recurso de casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-07-12

Siendo así las cosas, se advierte que la sentencia de autos, declaró culpable al prevenido imponiéndole la pena de prisión principal. Dicho pronunciamiento, también se refirió expresamente a las costas, la unificación de penas, la revocación de la condicionalidad de la primera condena y las "adicionales de ley". En ese contexto, esta última expresión ("adicionales de ley") únicamente puede aludir al decomiso de los objetos correspondientes. Pues tras esa enumeración, no hay ninguna otra circunstancia adicional que se desprenda de la ley y no sea el decomiso de los bienes correspondientes. Por lo tanto y pese a no haberse individualizado el vehículo en cuestión, dado el carácter obligatorio de la medida y la unidireccionalidad de dicha expresión, el Tribunal dispuso su decomiso en ese acto, como además sostuvo inicialmente frente al primer pedido de entrega del vehículo, sin importar cómo haya interpretado dicho acto con posterioridad.
Seguros, asegurador, demanda, desistimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROMIEL S.R.L. c/ BARABALLE ROLANDO JOSE Y OTRO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-10-31

Se rechaza la demanada interpuesta contra la companía aseguradora recurrente en virtud del desistimiento formulado en el proceso a favor del asegurado.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: "Incd. de apelación de ALZOGARAY, María J.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-20

La figura prevista por el art. 265 del Código Penal, apunta al funcionario público que desdobla su personalidad y, a la par de representar al Estado, actúa como parte interesada. El resultado es el desvío de poder en desmedro del necesario interés unilateral que debe arrimar toda actuación de un órgano estatal, procediendo con tendencia beneficiante, condicionando la voluntad negocial de la administración por la inserción de un interés particular. El bien jurídico protegido por la figura es "el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad. Es que el tipo penal escogido no requiere un perjuicio económico para la Administración Pública, exigencia que si añaden las figuras de defraudación, y que se satisface, incluso, con la alteración perjudicial de la relación interna entre activo y pasivo.

Ello ocurre cuando los funcionarios aparecen desempeñando un rol de mandatarios de la cocontratante, no para calificar esa relación entre ambas en lo que atañe a un sistema de cobro por ciertos servicios, sino, para describir su manera de actuar como auténticos representantes de la pretensión privada de lograr la cancelación de un crédito que unilateralmente invocaba accediendo a la totalidad de sus dudosas pretensiones.
Sentencia, fundamentos suficientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Massin, Rolando D. c/ Swift Armour S.A. s/ Cobro de australes. Recurso de inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº   614-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-08

El fallo recurrido incurre en un desvío, que lo deja sin adecuado sustento, al no haber tratado el agravio formulado respecto de la falta de motivación del decisorio de primera instancia en orden a determinar el monto indemnizatorio. Por cierto, la mera mención que en éste se hiciera de un pronunciamiento anterior, sin precisar la identidad de circunstancias de ambos casos, no podía -en la instancia revisora- considerarse motivación suficiente.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, superintendencia de riesgos del trabajo, multa, resoluciones apelables
Materia: LABORAL
Carátula: EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. c/ SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ SUMARIO PALERMO, Eduardo Pascual c/ ACROMETALICA S.A. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-16|2004-03-30

Resulta apelable ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la decisión administrativa mediante la cual se impuso una multa en el marco del procedimiento reglado por la Res. S.R.T. 25/97, vinculado a incumplimentos del Decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587. El art. 12 del anexo I de la resolución 25/97 establece que la resolución que imponga las sanciones podrá ser apelada previo pago de las multas y recargos en el expediente, dentro de los tres días de notificada, estableciendo a su vez que el recurso se interpondrá ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y deberá ser debidamente fundado.
Recurso de casación, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Mario Enrique s-Denuncia s/ Recurso de Casación y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-03-17

Este Superior Tribunal de Justicia, tiene dicho, en cuanto a la causal de "gravedad institucional" incluida en nuestra legislación en el capítulo reservado a los recursos de inconstitucionalidad que, "corresponde puntualizar que a los efectos de la vía extraordinaria, ha menester que la decisión exceda el interés individual de las partes e involucre a toda la comunidad: debe tratarse de una resolución que trascienda el campo estrictamente privado en que se ha trabado".
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Sergio Gregorio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

El art. 296 del decreto 1675 no excluye la actuación de un abogado en el sumario administrativo, ni tampoco la interpretación asignada por la Administración, cuando el propio actor propuso sin reservas su defensor y luego recurrió con firma de letrado.
Compraventa inmobiliaria, actualización monetaria, saldo de precio
Materia: CIVIL
Carátula: ZETACE S.A.I.C.I.F. c/ LLANEZA HERMINIA ADY s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

FUNDAMENTOS DEL DR. BOSSERT:

Si bien procede admitir la actualización del saldo de precio mediando la mora del vendedor, esa solución de equidad, que se funda en la necesidad de evitar un ejercicio abusivo, antifuncional del derecho del comprador, no se justifica cuando el incumplimiento del vendedor en mora es doloso, cuando se advierte su voluntad de no cumplir y aún cuando su culpa es grave (conf. C.N.Civ. Sala A, L.

270.643 del 30-7-81, L. 229.712, del 10-3-80; L. 253.551, del 10-4 80; L. 229.273, del 5-5-80; L. 90.320, del 9-7-83; L. 258.610, del 4 5-81; L. 280.583, del 17-6-82). No procede actualizar el saldo de precio si el vendedor suscribió el boleto estando la casa embargada, sin hacérselo saber al comprador, y luego, a pesar de haber transcurrido nueve años, no ha intentado remover el obstáculo que los embargos significan para la escrituración.