marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, acción de amparo, defensa del consumidor, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

De la ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el amparo no se sigue la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CORDEAL, HILARIO c/ DUCILO SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-14

El plazo de prescripción corre desde el momento en que el trabajador tomó o debió tomar conocimiento de su incapacidad, pero este conocimiento no depende de actos formales ni requiere la fijación previa de un determinado porcentaje de minusvalía. Ha de considerarse configurado según la valoración razonable de las circunstancias del caso, a la luz del alcance usual del entendimiento y del principio recibido en el artículo 63 de la LCT.

(Conforme Sala III, sentencia número 50127, 30 de julio de 1985, 'Jiménez c/ Celulosa Argentina').
Daños y perjuicios, responsabilidad del fabricante, defectos de fabricación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA  PASTORIL  SANTIAGUEÑA Y CALAFATE SA c/ RHONE POULENC FOMENTALSA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-08

Cabe hacer lugar al reclamo de indemnización por los daños causados sobre un cultivo -en el caso, de algodón- debido a la utilización de un herbicida, toda vez que de las constancias de la causa -confesión ficta, testimonio de los ingenieros agrónomos intervinientes en la siembra- cabe concluir que la perdida del cultivo se debió a un defecto insito en el producto, resultando el fabricante responsable por el daño causado dado que este debía conocer todas las características y propiedades químicas del producto, en especial aquellas que podían tornarlo perjudicial para los cultivos (CCIV art. 2176), sin que pueda alegar en su defensa que se debió a su mal uso, por no haberlo aplicado inmediatamente después de la siembra, basándose para ello en la fecha de las facturas de compra del producto, ya que la fecha de las facturas -posteriores a la fecha de siembra- no predica per se que en tales oportunidades la actora hubiera recibido el producto en cuestión, pues de esos mismos documentos surge que las compras se hicieron en el marco de una "cuenta corriente" (sic), o mas propiamente trataríase de una "cuenta simple o de gestión " (CCOM art.772), por lo que no tratándose de una venta al contado, es probable que la entrega de la mercadería fuese anterior a la liquidación de la operación y de emitirse la factura -cfr. constancias de la causa-.
Costas, obligaciones del abogado, sanciones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALIMENDOZA S.A. Y OT. EN J: ALIMENDOZA, S.A. c/ LUIS ELIAS MAJUL Y OSCAR EDUARDO RUITI s/ Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad (LIBRO: S253 - 264)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-20

La imposición de costas al abogado se funda en criterios subjetivos de imputabilidad; es decir, debe mediar culpa y esa culpa puede surgir de los hechos mismos, como sería la irrazonabilidad de los montos demandados, fijados y mantenidos por el propio profesional y no por la parte que representa.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroga Lavié Humberto c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

El derecho a la retribución nace en el momento en que se inicia la relación de empleo y éste comprende no sólo el sueldo base sino los adicionales generales y particulares y los demás suplementos. Pero el derecho al cobro de los adicionales particulares está condicionado al cumplimiento por parte de los sujetos alcanzados, de la acreditación del presupuesto que los habilita y la obligación de pago del empleador se encuentra diferida en su exigibilidad. Una vez cumplida la condición, es regla general que los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo (art. 543 del C.C.).
Código tributario, derechos y garantías constitucionales, competencia de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Buasso, Martín Luis c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-25

La escueta y genérica impugnación sobre la base de la cual se sostiene que el art. 138 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires afecta garantías constitucionales, no basta para que esta Corte ejerza en el caso la atribución más delicada de las funciones que le han sido encomendadas.
Medidas cautelares, escalafón, cargo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALONSO, DAMIAN ANDRES c/ ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL RAUL URANGA - SYLVESTRE BEGNIS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

En cuanto a la cuestión estrictamente salarial, no se observa configurado un perjuicio grave o de difícil reparación si llegase a prosperar el recurso, ni surge con certeza que en verdad exista un daño causado al actor, por cuanto -según él mismo lo afirma- el cargo de Control de Tránsito y el de Cajero en Turno corresponden ambos al nivel 7; y el peticionario no ha presentado prueba, ni ha expresado argumento alguno, con relación a los adicionales que se le estarían efectivamente abonando por desempeñar las funciones relativas al cargo de Cajero -los cuales mencionó expresamente el demandado en su contestación- y la eventual compensación con los que no percibe por hallarse apartado de las tareas de contralor del tránsito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, habeas corpus correctivo, menores, pena privativa de la libertad, establecimientos penitenciarios, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., J. c/ INSTITUTO PARA LA RECUPERACION DEL ADOLESCENTE DE ROSARIO (IRAR)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

En supuestos como el presente, la preservación más efectiva de los derechos inalienables de las personas privadas de libertad constituye una exigencia esencial impuesta a la Magistratura en tutela -en este caso- de los menores internados en el IRAR, debiendo reaccionar con celeridad y eficiencia para hacer cesar la situación de riesgo; por ello, estando en examen medidas que fueron ordenadas -esencialmente- para asegurar el derecho a la vida, la salud y el respeto a la dignidad humana, no existe en la especie materia constitucional sobre la cual expedirse, por cuanto la recurrente no logra demostrar la irrazonabilidad de la tutela urgente dispuesta por la Magistrada que viabilizara el remedio deducido (De la disidencia de la Dra. Gastaldi).
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, ley de emergencia económica, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TERESARRIU, NOEMÍ c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

Es doctrina de la C.S.J.N. -al decidir sobre la validez de leyes análogas a la 25.344- que la aplicación del sistema de consolidación de deudas no priva al acreedor del crédito declarado en la sentencia, sino que sólo suspende temporalmente la percepción íntegra de las sumas adeudadas, lo que obsta a su declaración de inconstitucionalidad, máxime cuando no se alegó una situación de emergencia o necesidad impostergable de recibir su acreencia (Fallos 320:2756; 317:739; 319:2867).
Reglamentos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prueba pericial, ofrecimiento de la prueba, rechazo de la prueba, Corte Interamericana de Derechos Humanos, oportunidad procesal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29|2011-07-27

Conforme lo dispuesto por los artículos 35.1. y 28 del Reglamento de la Corte Interamericana, el momento procesal oportuno para la presentación de prueba pericial de parte de la Comisión Interamericana, es el de sometimiento del caso -con 21 días adicionales para la remisión de los anexos correspondientes-, resultando pertinente recordar que la parte que ofrece una prueba debe cumplir con los requisitos reglamentarios y que su falta de remisión en tiempo oportuno y debida forma, conduce a que sea declarada inadmisible.
Acción contencioso administrativa, retiro voluntario, competencia federal, movilidad del haber jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Argerich, Raúl Federico c/ Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-20

En tanto el decreto dictado por el Poder Ejecutivo contrarió lo dispuesto por una ley ya que dispuso que la asignación complementaria sea abonada por un fondo integrado con aportes de los afiliados y beneficiarios, cabe concluir que restringió el derecho de propiedad de los mismos beneficiarios del sistema, lo cual hace que en la práctica se verifique un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos previsionales. (Del voto en disidencia del Dr. Cáceres).
Propiedad intelectual, derechos de autor, derechos del editor, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: LAFFONT EDICIONES ELECTRONICAS S.A. c/ GEOFUTURA EDICIONES s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-30

Quien ha invocado y probado "prima facie" con la documentación pertinente, ser titular de los derechos de edición de una obra, puede peticionar medidas cautelares, constituyendo el contrato suscripto con el autor, las ediciones publicadas de las obras, así como su inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual y en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, elementos que tornan verosímil el derecho invocado, fundamentando la medida cautelar hasta tanto se decida la acción principal.
Contrato de trabajo, grupo económico, pluriempleo
Materia: LABORAL
Carátula: TRIPICCHIO, LEONARDO PABLO c/ JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

El fraude en la intermediación no es un requisito requerido por la norma para activar la solución del primer párrafo del art. 29 L.C.T., que opera por el hecho objetivo de que una empresa utilice los servicios de un trabajador que incorpora a su estructura empresarial, salvo en el supuesto autorizado por el párrafo tercero. Pero, no corresponde aplicar la norma en análisis, por cuanto el vínculo habido entre el actor y las codemandadas debe enmarcarse en el art. 26 de la L.C.T.. Por lo tanto, ambas deben ser consideradas en forma conjunta como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal y solidariamente responsables de las obligaciones emergentes del vínculo establecido con el trabajador.
Actualización monetaria, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SANTINI RUBEN HERNAN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-DCTO.S "B"  Nº4951 DEL 30/11/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-01

La Ley 24.283 es aplicable también a las obligaciones de dar sumas de dinero.Por ende, si lo que se reclama son haberes dejados d epercibir, la liquidación no podrá ser superior al valor actual.Como corolario, la ley resulta aplicable en todos los casos en que se compruebe tal desajuste, cualquiera sea la naturaleza de la obligación.
Daños y perjuicios, compraventa, resolución del contrato, responsabilidad contractual, automotores, pretensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: TYCHOLIS, JUAN c/ HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA s/ ORDINARIO. ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Procede la acción por resolución de un contrato de compraventa de un rodado y daños y perjuicios cuando, -como en el caso-, se verifica que el defendido vendió al pretensor un camión ruso con grúa eléctrica, dejándose constancia de que la documentación se encontraba en trámite y, el vendedor no entregó oportunamente la misma. No empece lo expuesto que las partes difieran acerca de la necesidad de inscripción del bien en el registro pertinente, toda vez que a la luz de lo normado por el decreto 6582/58 art.5 (T.O. por decreto 1114/97) cabe concluir que un vehículo como el descripto debe necesariamente someterse al procedimiento que el citado decreto establece. En tal sentido cabe precisar, que si se considerara a dicho bien maquinaria agrícola, vial e industrial importada no correspondería su inscripción por haber sido ingresado al país con anterioridad al 1.12.97, mas al no haber el accionado entregado oportunamente la documentación que indicaría en que categoría corresponde incluirlo, corresponde estarse a las conclusiones del perito ingeniero de oficio en cuanto señaló que el vehículo es automotor y por ende debe marchar y desplazarse por sus medios para ser utilizado, razón por la que requiere estar habilitado mediante la documentación que exijan todas las jurisdicciones viales nacionales. De modo pues, que la falta de ciertos papeles del camión objeto del contrato, si bien no imposibilita totalmente su uso, lo restringe notablemente, no solo por el razonable temor de quien lo conduce de ser considerado en infracción por la autoridad, sino porque, además, en la especie acreditó el reclamante su actividad dedicada a la compraventa de este tipo de bienes, por lo que resulta innegable la frustración de la finalidad para la cual el vehículo había sido adquirido.
Procedimiento tributario, derechos de importación, modificación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BENES, BRUNO s/ RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

El hecho que generó la obligación fiscal por parte del documentante, es anterior a la vigencia del documento Nro. 3098/71, que dispuso una apertura de clasificación en la nomenclatura vigente, que significó que la mercadería documentada pasara a tributar del 5% al 90%. Por tanto, teniendo en cuenta lo concluido por el Tribunal a quo, en punto a la demora debida a la A.N.A., los derechos de importación deben pagarse de acuerdo con el arancel que regía en el momento de presentar la documentación.
Concurso preventivo, quiebra, calificación de conducta
Materia: LABORAL
Carátula: Sancho, Jorge Omar c/ Calabró Hnos. de Salvador y Marian Calabrí y otros s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

En orden a lo dispuesto por el art. 251 de la Ley de Contrato de Trabajo el tribunal del trabajo no puede declarar que la quiebra del empleador fue casual, por la razón que la conducta del demandado no se calificó en el trámite respectivo de la quiebra debiendo, por el contrario, analizar la conducta de la fallida teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y elementos de prueba reunidos en la causa.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, intruso, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barreto, Evita c/ Barreto, Juana y ots. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La intrusión -no definida jurídicamente en las leyes de fondo ni de forma-, importa intromisión sin derecho en el inmueble, contra la voluntad del dueño, debiendo configurar al mismo tiempo una simple tenencia sin animus domini (doctr. art. 676 CPCC).

Y no es sólo facultad sino deber del juez, aún de oficio, examinar, antes de la fundabilidad de la pretensión, si ella fue deducida por quien y contra quien debió serlo. La legitimación -activa o pasiva- es un requisito esencial de la acción.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, trabajador, discriminación, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia no aplicable, laudo arbitral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Pozzer, Juan Ismael y otros c/ Marietta Marmetal SAIC s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cobro de australes (Expte. CSJ Nº 409-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

No asume entidad suficiente como para operar la apertura de la vía federal la alegada preterición del derecho de los actores a un trato igualitario con relación a sus compañeros de la actividad metalúrgica en materia de percepción de remuneraciones. En efecto, la garantía constitucional de igualdad importa que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro de la República sean tratadas del mismo modo, y que las distinciones que efectúe el legislador en supuestos que estime distintos obedezcan a una objetiva razón de diferenciación y no a un propósito de indebido privilegio de personas o grupos de personas; más no impide que se contemple en forma diferente aspectos que se consideren distintos.

Por ello, aquella garantía constitucional no sufre menoscabo alguno cuando situaciones fácticas disímiles reciben tratamientos jurídicos diversos. En consonancia con tal criterio, la Corte local ponderó que en opinión del A quo la circunstancia de que el fallo pleno dictado por la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario en autos "Gigena contra Cametal" no resultaba directamente operativo en el sub caso "...desde que la empresa demandada fabrica rulemanes destinados a una amplia gama de actividades que exceden el requerimiento de la industria automotriz...", y puntualizó que "...el Juzgador no hesitó de la obligatoriedad de la decisión adoptada en el pleno 189/95, pero entendió que éste no era aplicable al sub examine. Ello así por cuanto mientras aquél fijó la interpretación en torno al alcance de las disposiciones del Laudo 29/75 respecto a los establecimientos carroceros, en el sub lite se entendió que la actividad de la empresa demandada no estaba expresamente incluida en la rama automotor -en tanto se limita a la fabricación de rodamientos o rulemanes- y que, por ende, no encuadraba en esa última regulación...".
Sociedades comerciales, domicilio social, notificación en el domicilio
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Davoli, Olga Rosa c/ Escaro  S.A.C.I.F.I.A. s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-10

El lugar en que se ha fijado la sede social inscripta es, para terceros, el domicilio legal de la sociedad. La ley presume sin admitir prueba en contrario que dicho lugar es la residencia de aquélla liberando a los terceros de la carga de constatar cual es el último domicilio social, con la consiguiente inseguridad jurídica que crearían los sucesivos cambios frecuentemente ocurridos (arts.

90 inc. 3, Código Civil; art. 11 inc. 2 de la Ley 19.550). Si en el referido domicilio es posible emplazar a la sociedad no se justifica la intervención de la Defensora Oficial, por no estar en presencia de una hipótesis de domicilio desconocido (art. 343 del Código Procesal).
Recurso extraordinario de nulidad, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrigno, Adrián Aldo y otra c/ Simón Kremer e hijos S.A.I.I.F. y A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Si el planteo relacionado con el alcance temporal de la actualización monetaria se efectuó al expresar agravios, la Cámara al omitir su tratamiento- violó el art.156 de la Constitución de la Provincia por revestir el tema carácter de cuestión esencial, debiéndose anular de oficio el fallo recurrido.
Costas, costas al vencido
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, M.M. c/ Migliaro, L.M. s/ Promueve querella criminal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Si el querellante ha tenido razones para litigar, no advirtiéndose que haya obrado con temeridad o mala fe, toda vez que haya ejercido la acción que la ley reserva a su exclusiva voluntad de defensa de lo que ha creído una ofensa a su honor, parece lógico conceptuar debilitado el concepto de vencido, premisa para imponer las costas.

En consecuencia deben ser impuestas en el orden causado. (art. 97 C.P.P.).
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, daño causado con la cosa, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: SANTILLAN, Ramón Victoriano c/ CARLOS CAMPOLONGHI S.A.I.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Cuando el trabajador acciona a los fines de obtener el resarcimiento que corresponde a los daños sufridos en cumplimiento de la prestación debida, una vez ejercida la opción por el sistema de derecho común que autoriza el art. 17 de la ley 9688, no le son de aplicación las normas de la responsabilidad contractual, sino el art. 1113 del Código Civil. Este contempla no sólo la responsabilidad por los daños ocasionados por cosas riesgosas, sino también las resultantes de la realización de una actividad de esa índole. En ese marco, la vigencia de la ley 24.028 en nada modifica lo expuesto: por el contrario, su art.

16 no hace referencia, como en el caso del mentado art. 17 de la ley 9688, a que el empleador hubiera actuado con culpa o dolo.-
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, trabajador
Materia: COMERCIAL
Carátula: VESUVIO SA s/ CONC. PREV. S/ VERIFIC. POR MILENI, DELIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-14

Resulta improcedente que un acreedor laboral postule la aplicación de la multa prevista en la ley 25323 art. 2 cuando, -como en el caso-, se verifica que la presentación concursal del empleador fue al día siguiente de producido el despido motivo del reclamo indemnizatorio del trabajador.
Confirmación de sentencia, defraudación, retención indebida, procesamiento, ley vigente
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Aiz, R. E.  c/  s/ defraudación por retención indebida (Causa Nº 3.866/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-26

Defraudación por retención indebida. Procesamiento.

Imputado que no devolvió el perro de su vecino pese a los reclamos efectuados.

Agravio: Hecho atípico. Inexistencia de una "cosa" en los términos referidos en la norma. Superfluo disvalor de la acción. Aplicación del principio de insignificancia.

Rechazo. Normativa vigente para la cual un animal es una cosa mueble con la característica de semoviente. Conducta típica. Bien jurídico que ha sido lesionado. Elementos reunidos que impiden sostener que el imputado estaba obrando bajo una causal de justificación.

Confirmación.
Abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bobadilla, Aida Beatriz c/ Díaz,  Carlos  E.  y/o  persona  física  o jurídica responsable de la Farmacia "Sáenz Peña" s/ Indemnización por accidente de trabajo persona  física  o jurídica responsable de la Farmacia "Sáenz Peña" s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-26

Debe revocarse la sentencia que aplica a un letrado la multa que prescribe el art. 45 del C.P. Si la decisión carece de sustentación autónoma suficiente, pues no se dan las razones bastantes que funden la resolución, o cuando medien circunstancias que tornan excesiva la sanción establecida.