Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-24


Autos N° 4.811 (J.P.L.G.S.J. Santa Lucía, N° 32.582/12), caratulados: "ENE, María del Valle c/ Quiroga, Ángel Carlos y Rosa Blanca de Quiroga - Desalojo - Abreviado ----- San Juan, 24 de junio de dos mil dieciséis.

----- VISTO: ------------------------------------- ----- Vienen los autos referenciados a esta Alzada para resolver el recurso de apelación deducido a fs. 108 por la actora, quien actúa por medio de apoderado, contra la sentencia de fs. 105/107 vta.

----- El mentado recurso fue concedido a fs. 109 por el a quo con efecto suspensivo conforme a lo dispuesto por el art. 250 del C.P.C., Ley Prov. N° 988-O. -------------------------------------------- ----- Y CONSIDERANDO: ---------------------------- ----- I. Que mediante el decisorio impugnado el a quo rechazó la demanda de desalojo interpuesta, impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios profesionales. ------------------------ ----- Contra dicha resolución se alzó la perdidosa, fundando el recurso incoado con el memorial obrante a fs. 110/113, en el cual sostuvo: ----------------------------------------- o Que la Inferior yerra en el sentido de interpretar que la acción de desalojo no sólo se dirige contra aquel que tenga la obligación de entregar algo que se le dio, sino que también prospera contra intrusos, a quienes nadie les dio el derecho de tener o poseer. -------------------- o Que debe quedar claro que la acción de desalojo no sólo prospera contra quien tiene la obligación de restituir, sino incluso contra el intruso, como el caso de autos. -------------------------------- o Que en el 4° párrafo de los considerandos, el a quo expresa que se promueve acción de desalojo por intrusión, surgiendo con meridiana claridad el tipo de acción y contra quién se dirige la misma, resultando inentendible el modo en que inclina su pretensión tendiente a la decisión posterior de rechazar la demanda incoada. --------------------- o Que en el párrafo 5° la Inferior, al referirse al interdicto de recobrar la posesión interpuesto, pretende seguir concluyendo que existe un reconocimiento de la posesión sobre los accionados, cuando en realidad se trata de un inmueble en el que la apelante siempre tuvo la posesión efectiva, y que dicha muletilla lo es al solo efecto de requerir en esta acción recuperar la posesión que siempre tuvo y que se encuentra afectada por maniobras tendientes a violar tal derecho real de propiedad, solicitando el rechazo de dicha interpretación restrictiva. ------------- o Asimismo, manifiesta que en el párrafo 7° de los considerandos mencionados, respecto de la desestimación de la impugnación de la prueba testimonial, el a quo yerra doblemente. Por un lado, continúa tratando de mostrar prima facie hechos tendientes a acreditar la posesión de los demandados cuando jamás existió, máxime cuando éstos no viven allí, ni se dan los presupuestos de la posesión en cuanto a los requisitos de ley. Por el otro, que el testigo impugnado de fs. 78 es amigo íntimo de la familia en cuestión, por ello entra en las generales de ley, solicitando así lo considere "si más" (sic, fs. 111 vta.). ---------- o Que resulta inentendible cómo el a quo ni siquiera hace referencia a las demás pruebas aportadas por la parte actora, es decir, la absolución de posiciones de la demandada en la cual reconoce que el Sr. José Ene -en vida- intimó en varias oportunidades a desalojar el inmueble, resultando clave dicho reconocimiento expreso por parte de aquélla. -------------------------------- o Que tampoco tomó en cuenta la Inferior el acta de constatación que se adjuntó como prueba, en los Autos N° 123.211 caratulados: "Ene, María del Valle c/ Quiroga, Ángel y otra s/ Interdicto de Recobrar", originarios del 4° J.C.C. y M., la cual permite terminar con la falacia de la posesión pública, pacífica, continuada, quieta, ininterrumpida y con animus domini, pues de dicha acta surge que existen objetos dejados en abandono, lo cual permite inferir que existe un total desinterés por el lugar. ------------------- o Que al no cumplirse los presupuestos y requisitos de ley, mal puede la Jueza de primera instancia encarrilar esta acción sobre un supuesto derecho a la posesión prima facie, donde ni siquiera se configuran los requisitos para que ello sea así. Solicita que la Cámara evalúe imparcialmente esta acción bajo los parámetros de una acción de desalojo por intrusión, como se indica en el libelo de la demanda, y no como una simple acción de desalojo tendiente a recuperar lo que se dio por parte de la actora. --------------- o Haciendo mención nuevamente al párrafo 7°, manifiesta que la Inferior yerra nuevamente, ya que tratándose de una acción de desalojo por intrusión, se puede observar con gran claridad que con el escrito liminar de fs. 35, 35 vta. y 36 se procede a acreditar las misivas enviadas a los fines de atacar los actos tendientes a turbar la posesión efectiva y su titularidad, como así también se deja prueba cabal del derecho de propiedad que ostenta. Por consiguiente, la obligación de restituir es palpable, lisa y llana.

o Que la intrusión es clara y probada, más aún, reconocida por la parte accionada a fs. 72 de autos. Agrega que con el resto de las pruebas aportadas surge que el a quo se equivocó en la interpretación de la acción de desalojo. --------- o Que tratándose los demandados de personas que no acreditaron siquiera haber comprado el terreno, como lo expresaban en su contestación de demanda, y que la sola prueba de un horno de fundición es la debida certeza de su tiempo de funcionamiento, con más un tinglado abandonado -según el acta de constatación-, jamás puede hacer presumir al a quo, prima facie, una supuesta posesión que por lo demás no se encuentra en absoluto acreditada, por lo que procede a "rechazar la sentencia de grado" (fs. 113), solicitando sea desestimada por esta Alzada. ------------------------------------- ----- II. A fs. 114 se dispuso correr el traslado del memorial a la parte demandada quien lo contestó en forma extemporánea (ver fs. 122). ---- ---- III. Así las cosas, el a quo ordenó también a fs. 122 la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó según constancia de fs. 123 vta. --------------------------------------------- ----- Ya en este ámbito, se hizo saber a las partes los magistrados del Tribunal que intervendrían en la resolución del recurso (vide fs. 124), resolución comunicada a las partes mediante las cédulas agregadas a fs. 125 y vta. y 126 y vta. --------------------------------------- ----- Obra a fs. 124 el pase de los autos a resolver, circunstancia anoticiada a los litigantes a fs. 128 y vta. y 129 y vta. --------- ----- Seguidamente se ordenó comunicar el nombramiento del nuevo magistrado Dr. Juan Luis Romero en reemplazo de uno de los miembros del Tribunal que se acogió a los beneficios jubilatorios. Notificadas que fueran las partes (ver fs. 131 y vta. y 132 y vta.) y consentido tal decreto, se procedió al sorteo y a la adjudicación de la causa a estudio en el orden establecido a fs. 133. ----------------------------------------- ----- IV. Corresponde expedirse preliminarmente respecto de la pretendida fundamentación recursiva efectuada por la apelante, puesto que la misma no resultó ser el verdadero ataque directo, concreto y razonado al fallo que en esta etapa del proceso se exige. ---------------------------------------- ----- Es que la expresión de agravios no debe resultar una simple fórmula carente de sentido, sino que debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, a fin de demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. En ese sentido, como se resolviera, "deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación. No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso" (CNCiv., sala C, 17-12-83, "Canedo, Arturo", La Ley, 1985-C, 642 [36.868-S]. ------------------ ----- De la sola lectura de su escrito, puede advertirse que la quejosa intentó un razonamiento paralelo al efectuado por el a quo, pero carente de suficiencia técnica recursiva, un ataque al decisorio desprovisto de lógica y sin fundamentación jurídica, alcanzando apenas una mera discrepancia que no alcanza a cumplimentar la manda del art. 253 del C.P.C., párrafo segundo. -- ----- Conforme lo tiene dicho este Tribunal en casos homólogos, no obstante existir mérito para declarar la deserción del recurso, éste será analizado para evitar cualquier atisbo de duda sobre un corrimiento del Tribunal hacia la violación de la garantía constitucional de defensa en juicio de la actora (cfr. art. 18 de la Constitución Nacional; normativa pertinente de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía asimilable a aquélla, en los términos del art. 75, inc. 22, párrafo segundo, ibíd.; y art. 33 de la Constitución Provincial). - ----- V. A modo de breve racconto, los argumentos pretensivos y defensivos de las partes desplegados en el curso del proceso fueron los siguientes. --- ----- 1. La demanda: ----------------------------- ----- A fs. 33/38 se presenta la Sra. María del Valle Ene Torres, por intermedio de su abogado apoderado, invocando el carácter de heredera del Sr. José Ene, titular registral del inmueble sito en calle O´Higgins N° 1.145, Este, Departamento Capital, identificado como Lote N° 5. Adjunta documentación con la que pretende acreditar su legitimación procesal para demandar el desalojo del mentado inmueble contra los Sres. Ángel Carlos Quiroga y Rosa Blanca de Quiroga [Rosa Blanca Edith Lobos de Quiroga], y contra cualquier otro intruso y ocupante que hubiere. ------------------ ----- Manifiesta en su libelo pretensivo que el inmueble en cuestión fue "mensurado" en lotes, los que se fueron vendiendo en distintas oportunidades, y que si bien algunos no figuran en el informe emanado del Registro General Inmobiliario -ver fs. 13/15-, ello no implica que sean de propiedad de sus respectivos poseedores o propietarios, quienes hasta la fecha no hicieron la escritura traslativa de dominio. -------------- ----- Que el objeto de la demanda radica precisamente en el lote identificado como N° 5, el que se encuentra ocupado y usurpado, toda vez que nunca se vendió. --------------------------------- ----- Manifiesta también que los ahora demandados -quienes se encuentran en el Lote N° 6-, comenzaron a realizar maniobras tendientes a adueñarse del inmueble (Lote N° 5), el que se encontraba sin construir, realizando actos turbatorios de la propiedad, alterando los límites del mismo, construyendo un horno de fundición dentro de él, sin que nada les diera derecho a realizarlo. -------------------------------------- ----- Adjunta asimismo la demandante, copia del Estado de Cuenta de Usuario expedido por OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), del que surge que dicha cuenta se encuentra bajo la titularidad de los demandados, como una manifestación más de querer adueñarse de la propiedad. --------------------------------------- ----- Que a fs. 18 obra glosada la carta notarial remitida en fecha 25 de agosto de 1999, en la cual el padre de la accionante intima al Sr. Ángel Carlos Quiroga (hoy fallecido conforme constancia de fs. 64) a desalojar el inmueble objeto de la presente acción. --------------------------------- ----- Obra asimismo a fs. 12, la intimación efectuada por la ahora actora, realizada en fecha 9 de junio de 2010, a desocupar dicho inmueble, bajo los apercibimientos allí contenidos. -------- ----- Los medios probatorios ofrecidos fueron, además de la documental ya indicada, prueba informativa y de absolución de posiciones. ------- ----- De todo ello surge que la pretensión de la actora apunta al desalojo por intrusión del inmueble invocando el carácter de heredera -y así continuadora- del propietario. ------------------- ----- 2. La contestación de la demanda: ---------- ----- Comparece a fs. 49/51 la codemandada, Sra. Rosa Blanca Lobos, a través de su apoderado, quien se opone al progreso de la pretensión, invocando la posesión del inmueble objeto del desalojo incoado. ----------------------------------------- ----- Expone que la posesión sobre el inmueble ha sido reconocida por la propia actora en Autos N° 123.211, caratulados: "Ene, María del Valle c/ Quiroga, Ángel y otra s/ Interdicto de recobrar la posesión", en trámite por ante el 4° J.C.C. y M. de San Juan, no encuadrando entonces en las previsiones del art. 664 del C.P.C. -------------- ----- Manifiesta que en el año 1980, la Sra. Lobos de Quiroga y su esposo [hoy fallecido] compraron al Sr. José Ene la propiedad objeto de la presente acción. Que atento a la confianza existente entre las partes nunca se materializó la escritura traslativa de dominio, pero que es a partir de ese momento que el Sr. José Ene y su señora, le entregaron la posesión real y material del inmueble, posesión que ha sido mantenida hasta ahora en forma pública, quieta, pacífica e ininterrumpida. ---------------------------------- ----- Agrega asimismo que al poco tiempo de adquirir el inmueble, procedieron a la limpieza del predio y edificaron una pared medianera de ladrillos de dos metros de altura -límite sur-, otra pared de block en el límite norte, colocaron un portón y construyeron un puente en el ingreso al mencionado inmueble. -------------------------- ----- Posteriormente, expresa que aproximadamente en el año 1985 el Sr. Quiroga instaló un horno de fundición de hierro, donde trabajó junto con sus hijos durante varios años. ----------------------- ----- Sostiene también que construyó un tinglado de columnas de hierro y vigas horizontales con estructura ángulo, con conocimiento de los Sres. Ene, dado que son vecinos y que en ningún momento éstos se opusieron a la realización de dichos trabajos. ---------------------------------------- ----- Ofrece como medio probatorio las constancias del referido interdicto de recobrar la posesión, además de prueba de absolución de posiciones, testimonial y reconocimiento judicial. ----------- ----- En resumen, la defensa intentada por la demandada se sustenta en la invocación del carácter de poseedora del mismo desde el año 1980, circunstancia que resulta ser el objeto del interdicto de recobrar la posesión indicado supra.

----- 3. Remisión a la instancia de mediación: --- ----- A fs. 56, y sin que se realizara la audiencia prevista en el art. 452 del C.P.C., obra el decreto que ordena la remisión de la causa a mediación. Dicha instancia se llevó a cabo sin que se arribara a acuerdo alguno, conforme constancia de fs. 58. --------------------------------------- ----- 4. La actividad probatoria: ---------------- ----- Según luce agregado a fs. 63, el a quo ordenó la apertura de la causa a prueba, proveyéndose la ofrecida por los litigantes. ----- ----- A fs. 71 obra glosado el pliego de posiciones a tenor del cual absolvió la demandada. De dicha declaración -vide fs. 72- sólo puede extraerse -posición cuarta-, la construcción de un muro sobre el frente del inmueble por parte de ella. -------------------------------------------- ----- Seguidamente, se encuentra el pliego de posiciones por el que absolvió la actora, del cual surge el reconocimiento de la promoción del interdicto de recobrar la posesión por ante el 4° J.C.C. y M. -------------------------------------- ----- Las testimoniales ofrecidas por la demandada tuvieron por objeto probar la realización por su parte de actos posesorios en el mentado inmueble. Así a fs. 76 y vta., el testigo Antonio Eduardo Palma manifiesta conocer a la accionada y a su esposo desde el año 1980 y haber trabajado un tiempo para ellos en el taller de fundición que instalaron en el inmueble. Agrega además que la familia Quiroga vive ahí desde 1980, y que -también alrededor de los años 80- el Sr. Quiroga instaló allí un horno para fundir hierro, y un tinglado. Afirma conocer al padre de la actora, el Sr. José Ene, por haberlo visto en cuatro o cinco oportunidades en el taller del Sr. Quiroga aunque reconoce no haber tenido trato con aquél. -------- ----- Las declaraciones de los testigos Héctor Mario Vera y Carlos Cruz Herrera -fs. 78 y vta. y 80 y vta., respectivamente-, son coincidentes en cuanto a la época de la ocupación del inmueble por parte de los demandados, como asimismo la fecha de realización de las obras y mejoras efectuadas (léase: paredes medianeras, frente y puente, tinglado, colocación de horno para fundición de metales). ---------------------------------------- ----- A fs. 81 se encuentra el producido del informe de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan. ------------------------ ----- Obra agregada también la contestación del pedido de informe suscripto por la escribana Daniela Figuero (fs. 85). ------------------------ ----- Conforme surge del oficio adjuntado a fs. 83, el Juez titular del 4° J.C.C. y M. remitió los Autos N° 123.211, caratulados: "Ene, María del Valle c/ Quiroga, Ángel y otra s/ Interdicto de recobrar la posesión". De éste, concretamente puede extraerse: --------------------------------- o Que la actora interpuso en fecha 9 de diciembre de 2010 el interdicto de recobrar la posesión contra los demandados, pretendiendo la reposición de la posesión que le había sido privada. -------- o Que el interdicto fue contestado por los accionados invocando la calidad de poseedores por idénticos fundamentos que los expuestos en la contestación de la demanda de los autos en examen.

o Que se han producido las pruebas de absolución de posiciones de ambas partes, las testimoniales ofrecidas, el reconocimiento judicial del inmueble (fs. 62) y la designación de perito ingeniero civil (fs. 65, 65 vta. y 66). -------------------- o Que en la etapa probatoria, la actora desiste del interdicto de recobrar la posesión (vide fs. 78 de las constancias del expediente remitido), desistimiento al que se opone la demandada, solicitando la prosecución de la causa, lo que así fuera ordenado a fs. 84. ------------------------- o Consentida que fuera la prosecución del trámite del proceso referenciado por la actora, los autos se encuentran con sentencia interlocutoria respecto de la caducidad de la prueba ofrecida por la demandada (fs. 89 y vta). --------------------- ----- 5. La sentencia de primera instancia: ------ ----- A fs. 105/108 vta., obra el decisorio ahora impugnado por la actora. ------------------------- ----- VI. Ingresando al tratamiento de la cuestión traída en apelación, adelantamos que compartiremos la solución jurídica a la que ha arribado el a quo, en función de las pruebas y las circunstancias que surgen del contexto del presente juicio de desalojo. --------------------- ----- 1. Siguiendo a Palacio, partiremos definiendo al proceso de desalojo como aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la posesión (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T° VII, 1a ed., 4a reimpres., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pp. 77-78), siendo admisible dicha pretensión no sólo cuando medie una relación jurídica entre las partes en cuya virtud el demandado se halla obligado a restituir, sino también en el caso de que, sin existir vinculación contractual alguna, el demandado es un ocupante meramente circunstancial o transitorio que no aspira a ejercer la posesión (Palacio, Lino E., ob. cit., p. 78). --------------------- ----- Así, de la definición expuesta se deduce que el objeto del proceso de desalojo implica la invocación, por parte de la actora, de un derecho personal a exigir la restitución del bien, excediendo en consecuencia el ámbito del proceso analizado toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes. ---------------------------- ----- Por ello entonces, la admisibilidad de la pretensión de desalojo se halla supeditada al requisito de que la obligación de restituir resulte de la demanda en forma nítida. ----------- ----- 2. En el sub exámine, el carácter de poseedora del inmueble sito en calle O´Higgins N° 1.145, Este, Capital, invocado como defensa por la demandada es reconocido -al menos prima facie- por ambas partes.------------------------------------- ----- Sabido es que cuando la accionada pretenda esterilizar la acción de desalojo invocando como defensa la posesión, reviste especial significación y consideración la actividad probatoria de ésta, toda vez que como mutatis mutandis se dijera, la admisión de la defensa de posesión en el juicio de desalojo requiere que el demandado aporte elementos de convicción mínimos y suficientes para demostrar la verosimilitud de la posesión invocada (Cam. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civil y Com., "Simonetti Nélida E. c/ Alberti Juan", 19-04-00, La Ley Litoral, 2000-1082); puesto que, de ser probada debidamente esta defensa, excedería el ámbito del proceso analizado, pues toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes (Palacio, Lino Enrique, ob. cit., p. 78) corresponde al ámbito de las acciones reales, y no las personales, sobre las que se centra este tipo de proceso. ---------- ----- 3. En el caso analizado, pueden advertirse actos de ambas partes -y que son soportados por los medios probatorios producidos- de los que al menos resulta la verosimilitud de la posesión invocada en el responde, a saber: ---------------- o La afirmación por parte de la actora de que el inmueble fuera subdividido en lotes, y que respecto de la venta de éstos, algunos de los vendidos no figuran debidamente anotados en el Registro General Inmobiliario, puesto que sus respectivos poseedores o propietarios -adquirentes- no han efectuado, hasta la fecha [de planteo de la demanda], la escritura traslativa de dominio (vide fs. 35). --------------------------- o Ha quedado probado que los demandados ocupan dicho inmueble aproximadamente desde principios de los años 80 (al respecto ver testimoniales de fs. 76 y vta. y 78 y vta.) y que en el mismo se ha realizado una serie de construcciones -paredes medianeras, tinglado, hornos de fundición, portón de acceso-, corroborando así lo expuesto por ambas partes, también por esos años. ------------------- o Asimismo, se observan excesivos intervalos de tiempo en que se realizaron las intimaciones. La primera de ellas fue remitida (fs. 18) por el titular registral hoy fallecido, en fecha 25 de agosto de 1999, y la efectuada por la ahora accionante de fecha 9 de junio de 2010 (agregada a fs. 12). Otro tanto acontece con la documental adjuntada por la propia actora. Todo ello nos lleva a inferir la persistencia en el tiempo o permanencia de los demandados en la ocupación de dicho inmueble. Así, respecto de estas afirmaciones de ambas partes se ha dicho que "el tiempo de la ocupación y la realización de construcciones sobre el inmueble sugieren el ánimo de comportarse como dueño de quien alega la posesión y bastan en un juicio de desalojo para repeler la acción, sin perjuicio de la discusión más exhaustiva sobre la posesión en el juicio respectivo (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., Sala II, 10-03-87, BJCNECC, 2° bim. 87, sum. 340; Cám. 1a Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 28-07-87, DJ, 1998-1-984; fallo citado por Salgado, Alí Joaquin, "Locación, Comodato y Desalojo", ed. ampl. y actualiz. por Santiago J.E. Pano y José María Salgado, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2010, p. 375). --------------------------- o No obstante lo expuesto, que termina de convencer a este Tribunal respecto de la improcedencia de la acción intentada, son los propios actos de la actora, materializados concretamente en la promoción del interdicto de recobrar la posesión, actualmente en trámite por ante el 4° J.C.C. y M. de San Juan, ofrecido como prueba por ambas partes, que fuera remitido a este proceso y que se encuentra pendiente de resolución. -------------------------------------- ----- Así, respecto de la doctrina de venire contra factum proprio non valet, se ha dicho que "la esencia vinculante del acto propio, en cuanto significativo de la expresión del consentimiento, es que se realice con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, con exigencia de que origine un nexo causal eficiente entre el acto realizado y su incompatibilidad con la conducta posterior, y fundamentado en un comportamiento voluntario, concluyente e indubitado, de tal forma que defina, de modo inalterable, la situación del que lo realiza..." (Trib. Sup. Esp, 3º Sec., 5º S., sentencia del 23-10-91, Ponente: Dr. Esteban Álamo, en Revista Jurídica La Ley [España], T° 1992-I, p. 435). -------------- o Así, obsérvese que la actora a través de sus propios actos, le ha reconocido expresamente a la demandada que ostenta la posesión del inmueble que por intermedio de este tipo de proceso especial pretende "recobrar o recuperar", resultando en consecuencia, manifiestamente improcedente el proceso de desahucio posteriormente intentado. Más cuando dicho interdicto se encuentra en estado de resolver. ------------------------------------- ----- 4. En consecuencia, de la forma en que fueron expuestas las circunstancias fácticas, la prueba ofrecida y producida en los presentes actuados, como así también los actos propios de la actora, no sólo no surge en forma nítida la obligación de la parte demandada de restituir el inmueble, sino que refrendan que la cuestión traída a decidir apunta hacia el ius possidendi y al ius possessionis, no resultando el presente proceso de desalojo la vía procesal idónea para debatir y dilucidar cuestiones relativas al mejor derecho a la posesión o la posesión misma, puesto que, como se dijo, claramente desbordan el objeto de tal proceso. ---------------------------------- ----- 5. Asimismo, merece mencionarse que el presente decisorio no produce efectos de cosa juzgada ni en cuanto a la efectiva calidad de poseedor invocada por la parte demandada y mucho menos de la propietaria. Sólo significa que no es la acción de desalojo la vía procesal apropiada para intentar la desocupación del inmueble. ------ ----- VII. En conclusión, a tenor de lo hasta aquí expuesto, corresponde sea rechazado del recurso de apelación deducido por la accionante, debiéndose imponérsele las costas conforme arts. 66, párrafo primero, y ccds. de la Ley Prov. N° 988-O. ------- ----- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE: ------------------------- ----- I. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 108 por la parte actora. ------------------- ----- II. Imponer las costas de esta instancia a cargo de la apelante vencida, dejándose constancia de que en la presente sede no existe actividad de letrado/a alguno/a por la parte demandada que merezca regulación de honorarios. ---------------- ----- III. Ordenar se registre y se agregue copia de la sentencia a los autos, se notifique y oportunamente bajen los autos, previa reposición de sellado si así correspondiere. ---------------- P. de S. N° 14, fs. 146/157.