Organismos previsionales, fallos de la Corte Suprema, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sir, Enrique Abraham c/ Oficina Provincial de Asuntos Previsionales - OPAP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-08

La Oficina Provincial de Asuntos Previsionales no tenía competencia para modificar, suspender, revocar o sustituir la resolución otorgante de la prestación jubilatoria del actor, por lo cual no cabe duda que la OPAP ha incurrido en el vicio de desviación de poder, habida cuenta que la atribución del Órgano Administrativo ha sido utilizada con una finalidad distinta a la prevista en la ley que le otorgaba la competencia. Ergo, el "acto administrativo" carece de validez y por lo tanto es arbitrario el descuento que se le efectuaba al amparista. Pero aún si partiéramos del absurdo de que la accionada hubiera actuado dentro del marco de legalidad y competencia, también debería declararse la nulidad del acto administrativo.

Ello es así, atento a que, si bien es sabido que todas las leyes previsionales, incluidas las leyes ya derogadas con ultra actividad, tienen una cláusula que se aparta en alguna medida del derecho administrativo "común" -Art.85 de la Ley 4094- ello no quiere decir que se deba vulnerar el debido proceso legal, en cuanto a que la persona supuestamente alcanzada por la modificación de su haber previsional no pueda ejercer la garantía constitucional de la defensa en juicio y exponer por qué el acto es nulo de nulidad absoluta o no. En ese sentido, el más alto tribunal del país ha sido claro sobre el particular: " si bien es cierto que frente a un caso de nulidad absoluta el organismo previsional cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios, ello es a condición de que dicha nulidad resulte de actos fehacientemente probados y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados.

Admitir lo contrario importa una abierta violación de la garantía constitucional de defensa en juicio" (CSJN, 12/11/96 en causa "Trama c. Caja Nacional de Prevision de la Industria, Comercio y Actividades Civiles" con nota a fallo PAWLOWSKI DE POSE, Amanda Lucía: "Sobre el derecho del beneficiario al debido proceso administrativo previo a la anulación y/o revocación de un beneficio alimentario" en DT 2003-B, 1879). Sobre el particular, esta Corte, recientemente ha tenido la oportunidad de pronunciarse en una acción de amparo en la que se verificó la arbitrariedad con que se manejó la Administración, quien por sí y ante sí, procedió a anular un acto administrativo sin dar lugar al debido derecho de defensa (Autos Corte Nº057/09: "AGROPECUARIA MISTOL ANCHO S.A. c/MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA s/ACCION DE AMPARO"). Conforme lo expresado hasta aquí, huelga señalar a mi juicio, que la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales- OPAP- carece de competencia para modificar, como en el caso que nos ocupa, un haber previsional firme y calculado sobre la remuneración del agente en actividad, con el único tope que para el caso de los retiros voluntarios establece la Ley 4094.

Esto es, que el haber previsional que le corresponde percibir al amparista, en su condición de beneficiario de un retiro voluntario, no puede exceder el 90% de la jubilación ordinaria establecida para el tipo de beneficio otorgado según la Ley 4094 y su modificatoria, que es, como se ha señalado, del 82% de la remuneración del agente en actividad.