Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-11


--- En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de Junio del año dos mil ocho, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. José Luis Pasutti y asistencia del Sr. Ministro Dr. Fernando S.L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados: "M., C. A. s/ Concurso Preventivo" (Expte. N° 20.854-M-2007), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1258 de conformidad con las Acordadas N° 3202, y 3.204, el Acuerdo N° 059/08 SALA CIVIL, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Royer y Pasutti. - -- Acto seguido se resolvió plantear y resolver por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. -- -- A la primera cuestión, el Dr. Royer dijo: -- I.- ANTECEDENTES:

--- 1.- C. A. M. solicitó su concurso preventivo el día 5 de mayo 1994 (fs. 335/342 vta.). -- 2.- La propuesta de acuerdo a acreedores quirografarios y privilegiados fue formulada por el concursado el 5 de agosto de 1994 (cfr. fs. 447 y vta.). A los acreedores privilegiados propuso abonarle el 100% de sus créditos denunciados, y a los acreedores quirografarios el 40% de sus acreencias verificadas conforme a lo normado por el art. 44 de la Ley N° 19.551. El plazo de pago lo consignó en nueve años a contar desde el 27 de octubre de 1994 -fecha de realización de la junta de acreedores- o para cuando efectivamente se realice. Dejó explicitado que las sumas adeudadas no serían indexadas ni susceptibles de generar intereses. --- -- 3.- A fs. 563 obra acta de celebración de la Junta de Acreedores del 30 de noviembre de 1.994. El concursado mejoró la propuesta con respecto al plazo de cancelación y dejó sentado efectivizar los pagos en el plazo de ocho años. Después de la deliberación se obtuvo el voto favorable de la totalidad de los acreedores que asistieron (20) y se dejó plasmado que ello representó un crédito -$ 1.169.307,18- que constituyó el 100 % del pasivo total que se estableciera en igual suma. -- -- 4.- Por otra parte, contra este acuerdo de la Junta se iniciaron las actuaciones judiciales caratuladas: "M., C. A. s/ Concurso Preventivo, Expte. 562/94 s/ Impugnación Acuerdo Preventivo", (Expte. N° 1688/1994 - Expte. Cám. N° 10.462/98). En Primera Instancia, se decretó de oficio la nulidad del acto procesal de apertura del proceso concursal y se hizo lugar a la impugnación que contra la Junta de Acreedores articuló el Sr. J. C. A. I. . A su turno, la Sala "A" de Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, por S.D. N° 203/2000 -07/12/00-, revocó en todos sus términos el fallo de origen. En consecuencia, confirmó el auto de apertura concursal y rechazó la impugnación al Acuerdo preventivo por la causal de exageración fraudulenta del pasivo. En relación al primer punto, en líneas generales, los sentenciantes concluyeron que el auto de apertura concursal era válido porque el juez no gozaba de potestades oficiosas para decretar la nulidad del mismo; y en relación a la segunda materia de agravios, se sostuvo que las causales de impugnación al acuerdo preventivo contempladas por la ley concursal son taxativas; y que en la especie no se configuró la causal invocada de "exageración fraudulenta del pasivo". Contra este resolutorio se alzó el incidentista por vía de casación, declarándose mal concedido por el Superior Tribunal de Justicia (S.I. N° 45 - 21/08/01). Por último, se articuló Recurso Extraordinario Federal, concedido por el S.T.J.Ch., S.I. N° 10 (27/02/02); el que fue finalmente, declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (10/04/03). --- -- 5.- Ante este estado de cosas, el 10 de septiembre de 2003 el acreedor J. C. A. I. promovió un nuevo incidente solicitando la repotenciación de la propuesta del deudor concursado, caratulado: "I., J. C. A. en autos: "M., C. A. s/ Concurso Preventivo", Expte. N° 562/94 s/ Incidente (Expte. 869 - F° 266 - Año 2003 - Letra "I"). En la respectiva demanda pretendió que el Tribunal en la oportunidad de homologar el acuerdo preventivo debía conferirle un grado de razonabilidad y coherencia con los principios rectores que gobiernan esta materia haciendo aplicación de los arts. 61, 62 y concs. de la Ley N° 19.551 de aplicación en este caso concreto. Explicitó que de mantenerse la situación es permitirle al deudor que consolide una situación injusta y arbitraria. Fundamentalmente, entendió que el fenómeno de la devaluación acontecido en el país ha disminuido la capacidad adquisitiva de la moneda en un doscientos por ciento (200%) en el mercado interno e internacional. Dentro del marco de alternativas que tuvo a su alcance, propuso que: 1- la espera debe estar acompañada por el interés sobre el capital acotado por la quita, durante el período de estabilidad monetaria, sugiriendo la tasa de uso judicial o una tasa anual que el Sentenciante razonablemente pudiera establecer; y 2- un ajuste del capital en el período de la devaluación; y ante el supuesto argumento de no aplicación de índices de ajuste, que sea el interés que contenga la devaluación, no pudiendo ser inferior a la tasa activa desde diciembre de 2001. Destacó que no hay obstáculos para la revisión de la propuesta en el marco del art. 61 de la Ley N° 19.551; y dejó solicitado en forma subsidiaria la declaración de quiebra. El concursado, contestando el traslado conferido, sostuvo que corresponde la aplicación de la Ley N° 24.522 porque sólo quedaba pendiente la homologación del acuerdo, en tanto, que las impugnaciones al acuerdo ya habían sido resueltas; y que el planteo de la actora-incidentista era tardío. Por lo tanto, sostuvo su argumento que, hasta tanto no sea homologado el acuerdo al que llegó la Junta de Acreedores no nacía obligación alguna de cumplimiento, que lógicamente estaba dispuesta a cumplir con el acuerdo, a su turno, en el término que el Tribunal dispusiere (fs. 13/15 vta.). -- -- 6.- Por sentencia interlocutoria N° 116 del 15 de noviembre de 2005 el Tribunal de Primera Instancia resolvió lo siguiente: 1- homologó el acuerdo preventivo, determinando que el concursado debía abonar en el plazo de un año el 40% de los créditos verificados y declarados admisibles; 2- ajustó los créditos, luego de aplicada la quita, con el interés que otorga el B. D. C. en la colocación del dinero a plazo fijo desde el 30 de noviembre de 2002 hasta la fecha en que quede firme esta resolución, debiendo la Sindicatura oportunamente determinar la cuantía del ajuste con relación a cada crédito; 3- impuso costas al concursado, y reguló honorarios a los profesionales intervinientes. -- 7.- EL concursado y el incidentista se alzaron contra la mentada resolución a fs. 1115 y 1124, presentándose los correspondientes memoriales de agravios a fs. 1138/1139 y a fs. 1143/1151, respectivamente; mientras que igual conducta procesal se observa del Síndico y de las Dras. L. J. D. M. y A. C. R. respecto de los honorarios por bajos (fs. 1116/1123 y 1141/1142). - -- II.- SENTENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES.- -- Mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 247 de fecha 7 de Diciembre de 2006, obrante a fs. 1178/1185, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, -integrada por los Dres. Gustavo L. H. Toquier, como Juez Subrogante de Cámara; Eduardo O. Rolinho, como Juez Subrogante de Cámara y Enrique Visser, en el carácter de Conjuez de Cámara- revocó la sentencia apelada y ordenó que en la instancia de grado mediante un nuevo período de exclusividad o el procedimiento que se arbitre al efecto, el deudor proceda a realizar una nueva propuesta de pago en los plazos y condiciones indicadas en el considerando respectivo, impuso costas a la concursada vencida y reguló honorarios. --- -- En el considerando "2)" la Alzada se ocupó de rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el acreedor I., por entender que el agravio invocado se podía reparar por la vía de la apelación.- -- A continuación, y para resolver la temática sometida a su jurisdicción, comenzó por analizar las facultades de los jueces a la luz del nuevo artículo 52 de la L.C.Q., por entender que los agravios del acreedor I. y el concursado, estaban vinculados a la adecuación del acuerdo preventivo que realizó el juez de grado. -- -- A modo introductivo aseveró que la Ley Nº 24.522 modificó sensiblemente las facultades de los jueces con relación a la homologación del acuerdo preventivo limitando las mismas. Situación que se recompuso con el agregado del inc. 4) del artículo 52 de la L.C.Q., modificado por la Ley Nº 25.589 que reserva al juez la facultad de no homologar el acuerdo cuando éste fuera abusivo o fraudulento. Explicitó, entonces, que si bien el juez se encuentra en el deber legal de homologar -en principio- ante la falta de impugnaciones o ante el rechazo de las mismas, habiéndose acotado sus poderes decisorios respecto a efectuar un análisis de mérito, oportunidad o conveniencia del acuerdo preventivo, ello no significa soslayar las facultades propias de su jurisdicción respecto al control de legalidad formal y sustancial y la defensa y respeto de los principios del orden jurídico como son la equidad, la moral y buenas costumbres, la buena fe, el no ejercicio abusivo de los derechos, etc.. --- -- En esta inteligencia, entendió que el Sr. Juez de grado no subsanó el abuso del derecho. En consecuencia, citando destacada doctrina y jurisprudencia, y haciendo mérito de los términos de la propuesta y la especial litigiosidad desarrollada en el concurso, que condujo al dictado de la resolución de homologación doce años después de obtenido la conformidad de los acreedores y ya vencido, incluso, -cuatro años después- el plazo para el cumplimiento del acuerdo (el vto. operó el 30/11/2002), encontró inadmisible la propuesta que se traduce en una reducción nominal significativa; resultando objetable además, desde la perspectiva de las normas jurídicas que rigen el orden jurídico en general, por no cumplimentar las exigencias mínimas de integridad patrimonial que contempla la legislación concursal para la validez de ese tipo de propuestas. -- -- Explícitamente, sostuvo que con un plazo de espera significativo, desbordado por no haberse cumplido aún transcurridos 4 años, debe darse prevalencia, por sobre lo dispuesto por la Ley Nº 23.928 y a las N° 25.563 y 25.589 a las facultades que otorga el inciso 4° del art. 52 de esta última, en tanto dispone que "en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley, norma de carácter imperativo, toda vez que no es razonable pensar que la ley permita plazos de extensión excesiva o formas de espera que desvirtúen sus disposiciones en cuanto al contenido material mínimo de la propuesta. Es que la quita derivada de la mera espera es una pérdida real, no meramente hipotética, tanto mas cuando ella representa un plazo inusitadamente extenso para el pago de los créditos, que resulta desproporcionado, y por ende, irrazonable en particular si se lo coteja no solo con los libremente contratados por los acreedores en su origen, sino con los propios del comercio y los de otras instituciones del derecho y mediante cuyo uso abusivo se intenta eludir el umbral legal establecido para el contenido económico auténtico del acuerdo preventivo. En aquellas propuestas de largo aliento, la depreciación de lo ofrecido por el sólo transcurso del tiempo infringe el límite moralmente permitido por nuestro sistema legal considerado en su totalidad, y además convierte a la misma en violatoria del derecho de propiedad de los acreedores concursales".- -- Todo ello, -se añadió- torna abusivo el acuerdo, en los términos del artículo 1071 del Cód. Civil, dado que la depreciación sufrida en todos estos años por el crédito de los acreedores hace que el acuerdo original no resulte razonable, beneficiando exclusivamente al deudor en desmedro de la masa de acreedores.

-- Continúo su análisis, afirmando que la repotenciación de la propuesta efectuada por el a-quo no resulta en principio suficiente para mantener el equilibrio y la igualdad entre las partes. Agregó, que no se puede soslayar que en el proceso concursal no se puede prescindir de la voluntad de los acreedores, voluntad que no corresponde presumir ni suplir, siendo éstos y el deudor quienes deben proponer y discutir los nuevos términos del acuerdo, no siendo procedente que el juez avance sobre ello. -- Siguiendo su razonamiento, dijo que el artículo 52 de la L.C.Q. no es una isla, sino una norma que respeta la autonomía de la voluntad de los acreedores, pero integra un sistema que no tolera la flagrante violación al abuso del derecho ni al fraude, en respeto de la buena fe, la moral, buenas costumbres y el orden público. Estos principios, -reiteró- deben respetarse aún cuando la propuesta haya sido aceptada por la mayoría de la masa concursal y se hayan cumplido los requisitos formales previstos por la normativa. --- -- Ratificó, que la propuesta original ha quedado desvirtuada por el tiempo transcurrido y la crisis económica-financiera que sufriera el país; no siendo razonable aprobar una propuesta que no considere el pago de un interés y se prolongue indefinidamente en el tiempo. -- Finalmente, la Sala concluyó en el sentido -en cuanto era posible una reformulación del acuerdo- de instar al juez de grado para que, mediante un nuevo periodo de exclusividad o mediante el procedimiento que arbitre al efecto, acuerde a la concursada la posibilidad de proponer la reformulación de su propuesta que la haga compatible con los principios del derecho enunciados, no siendo procedente en el caso, la declaración de quiebra atento que las falencias enunciadas no han sido consecuencia del accionar directo de las partes, sino de las excepcionales circunstancias vividas en el país que al momento del acuerdo no resultaban previsibles. Fijó en 45 días hábiles el plazo del nuevo período de negociación a computarse desde la fecha que adquiera firmeza la resolución que se dictó. Por último, se declaró abstracta la cuestión vinculada al resto de los agravios y a los recursos de las partes por la regulación de honorarios. --- -- III.- EL RECURSO DE CASACIÓN.- -- Interpone el concursado a fs. 1190/1227 vta., contra el fallo de la Cámara dictado a fs. 1178/1185 recurso extraordinario de casación fundado en la causal del inciso "e" del art. 288 del C.P.C.C.. La Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 18/2007 (fs. 1.231/1.233) declaró la admisibilidad formal del recurso interpuesto y por sentencia interlocutoria N° 112/2007 (fs. 1.253 vta.) el Superior Tribunal de Justicia declara bien concedido el recurso interpuesto. Puesto el expediente a disposición de las partes, no se hizo uso del derecho que confiere el art. 293 del C.P.C.C.. -- La casacionista relata los antecedentes de la causa, que se suscitaron en el principal como en los procesos incidentales a éste y que conllevaron a la resolución en crisis. Se hace referencia concreta a la iniciación del concurso preventivo, causas justificativas de su apertura, la celebración y resultado de la Junta de Acreedores, trámites incidentales de impugnación al acuerdo y los vinculados a las verificaciones de crédito, sobre todo los procesos de revisión a los declarados admisibles. Se hace especial mención a la verificación de crédito efectuada por el Sr. J. C. I., al fallo de Primera Instancia que en una primera oportunidad declaró la nulidad de la apertura concursal, a los agravios que la misma le causó, lo resuelto por la Alzada, por este Superior Tribunal de Justicia y finalmente por la Corte Suprema. Asimismo invoca y relata la sentencia que homologó el acuerdo preventivo celebrado el 30 de noviembre de 1994, su apelación por parte del Sr. I., la contestación por el concursado a la expresión de agravios y finalmente se expuso el fallo que viene en crisis a esta sede. -- En la fundamentación al recurso impetrado, la casacionista entiende que la sentencia dictada es arbitraria por violar las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional. Este resultado proviene de haber incurrido la Alzada en cinco errores que expresamente enuncia: a) admisión del recurso de apelación cuando la resolución homologatoria del acuerdo alcanzado es inapelable (art. 273 inc. 3); b) examen de la propuesta en base a una disposición normativa derogada en el año 2002 (mínimo 40% para propuesta de quita - art. 43 Ley Nº 24.522); c) revocación de la sentencia por presupuestos objetivos que hacen a la teoría de la imprevisión; más que en base a la configuración de los requisitos propios que conforman la figura del "abuso del derecho"; d) proponer un período de exclusividad basado en una norma derogada cuatro años antes del fallo; y e) consideración de la Alzada de esta última propuesta a raíz de lo solicitado por el recurrente en ocasión de expresar agravios; respecto de la cual nunca pudo expedirse el sentenciante de origen.- -- Destaca y reitera en su exposición que el único acreedor que se opuso al acuerdo preventivo celebrado en la Junta (30/11/94) fue el Dr. I., extremo que lo condujo llegar hasta la Corte Suprema con resultado negativo, por lo tanto, sólo en él recae la demora en el trámite concursal y su homologación. De lo contrario, a esta altura el proceso concursal ya hubiera finiquitado. Denota en este actuar, la mala fe procesal y su incongruencia. Insiste en señalar que antes de la homologación el arreglo no es exigible, ni corren los plazos para su cumplimiento. Resalta nuevamente la inapelabilidad de la resolución homologatoria del acuerdo por aplicación de las previsiones del artículo 273 inc. 3º de la L.C.Q. y se la funda en copiosa doctrina. Señala que el requisito del piso mínimo del 40% fue eliminado por ley. Agrega que no existió abuso del derecho de su parte, conforme las previsiones del art. 1.071 del C.C.. Entiende que el tribunal excedió las facultades conferidas, pues el fallo recurrido no es apelable y además no pueden debatirse en Segunda Instancia cuestiones no planteadas ante el juez de grado, tal como fue, la solicitud en forma subsidiaria de establecer un período de exclusividad. -- Hace reserva del caso federal. -- -- IV.- ANÁLISIS.- -- 1.- Tal como expusiera en los antecedentes de la causa, el concursado acude a esta instancia extraordinaria, atacando de arbitraria la sentencia en crisis, en base a tres aspectos centrales, que marca como determinantes, a los fines de la configuración de la causal casatoria invocada; y por cierto, circunscriben la temática a la que deberá someterse esta Sala, precisamente, por su limitada competencia excepcional. --- -- 1.1.- Ahora bien, por una cuestión metodológica-jurídica, voy a tratar los agravios respetando el orden que le atribuyó el recurrente porque de la suerte del primero, referido a la "apelabilidad de la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo", dependerá el análisis de los subsiguientes, en cuanto reflejan cuestiones de índole no procesal, emparentadas con el contenido y alcance de este acuerdo. --- -- He de recordar así, que este Superior Tribunal de Justicia tuvo la oportunidad de abordar temáticas de esta naturaleza, es decir, referidas a las cuestiones estrictamente procesales y en forma especial, al régimen de apelabilidad en materia concursal. De este modo, v.gr. en S.D. Nº 24/94 se sostuvo que las cuestiones procesales se encuentran en principio excluidas de examen casatorio, lo que no obsta a que la Corte pueda declarar que se ha aplicado mal la norma de carácter ritual ".Esta es una norma cuya infracción es siempre un vicio "in procedendo", porque no señala al Juez el sentido de su decisión, sino el modo de actuación, y la errónea aplicación que se haga de esas normas al cumplir la actividad de modo distinto al previsto, es revisable en casación."; e ingresando en la materia concursal, en S.D. N° 24/S.R.E./00, se señaló que "... con la sanción de la ley 24.522, como sucedía en el ordenamiento derogado, la apelación prevista en los medios locales ha sido específicamente regulada por la Ley Concursal, ello en aras de la mayor celeridad posible. Por principio, las resoluciones son inapelables; pero cuando el legislador considera comprometido el valor justicia, autoriza la apelación individualizando los decisorios que toleran el recurso y los sujetos que se encuentran legitimados para la interposición; además, dispone sobre ciertos requisitos de admisibilidad, y acerca del modo de concesión y de los efectos del recurso. El art. 273 inc. 3º del régimen actual, similar al 296 inc. 3º) de la ley 19.551, contiene la regla de la inapelabilidad de las resoluciones recaídas en este proceso; en otros dispositivos el legislador ha sentido la necesidad de reafirmar ese principio y estipula que ciertas disposiciones en particular son insusceptibles de apelación; ello así como la parte del auto de apertura del concurso o de declaración de quiebra...; otro caso son los incidentes, en los que se recalca que la única resolución apelable es la que pone fin a la incidencia (art. 285, L.C)... 2) la que estima o desestima las impugnaciones al acuerdo (art. 51 LC )..." (del voto de los Dres. Pasutti y Torrejón). -- -- Este criterio expuesto, sin dudas, es el que hoy se mantiene en la legislación vigente en materia concursal, y que si bien en el precedente citado, el Cuerpo resolvió acerca de la apelabilidad del auto homologatorio del avenimiento; y se enroló en un criterio de flexibilidad por su admisión ante la Alzada; en el caso de autos, la situación es otra. Se trata de un concurso preventivo, en el que se pone a consideración de esta Sala, procesal y sustancialmente, la conducta observada por la Cámara de Apelaciones para revocar la resolución homologatoria del Acuerdo Preventivo. -- La cuestión tal como viene planteada, impone en primer lugar un análisis desde el punto de vista recursiva de esta resolución; tomando especial consideración el largo tiempo transcurrido desde la presentación concursal, sus vicisitudes, normas legales que rigieron y rigen el proceso; y los efectos jurídicos que genera el acuerdo al que se arribó en la Junta de Acreedores. -- Conforme lo relatara en los antecedentes de la causa, la resolución que dictó el tribunal de origen homologando el acuerdo fue la consecuencia directa del estado en el que se encontraban las actuaciones judiciales, a pesar de los años que llevaba en trámite. Es de recordar aquí, que los incidentes planteados por el acreedor I. al acuerdo de la Junta de acreedores (oposición al acuerdo de la junta en Expte. N° 1688/94 - Expte. Cám. N° 10.642/98) como las impugnaciones que opusiera a cada uno de los créditos denunciados, -con resultado negativo- ya se encontraban resueltos y firmes; por lo que ante esta circunstancia; y estando ya tramitado el incidente de repotenciación, que promoviera el mismo acreedor (posterior a aquellos), estaba en condiciones de ser resuelta la homologación del acuerdo al que arribara la Junta de Acreedores. Así las cosas, el juez de grado, estando vigente la Ley N° 24.522, procede a la homologación, indicando el modo de actualización y plazo para su cumplimiento. Expresamente en el considerando 3) dice que: "...El concursado ha ofertado el pago del 40% del capital verificado o declarado admisible, sin intereses, pagadero dentro del plazo de ocho años, propuesta que se ajustaba a las previsiones legales vigentes al momento de su formulación (art. 44 de la ley 19.551), como también las que rigen a la fecha (art. 43 y ss ley 24522) por lo que la misma debe ser homologada (art. 52 de la ley 24522); ya que habiéndose desestimado las impugnaciones la ley impone al Tribunal el deber de homologar por haberse obtenido la mayoría necesaria. Desde este aspecto legal, la propuesta se ajusta a derecho y no merece objeciones.." (cfr. fs. 1099). Este panorama procesal es el que se pretendió someter a la Alzada, por vía de apelación. --- -- Entiendo, en el contexto expuesto, que el caso imponía hacer aplicación del principio general que rige en la materia y que consagra el art. 273 inc. 3 de la L.C.Q. en ausencia de habilitación recursiva expresa. Distinto, hubiera sido, que en la misma resolución de homologación el sentenciante hubiera tenido que tratar impugnaciones, denegarlas y, en consecuencia, homologar el acuerdo, en donde sí, por expresa norma legal está prevista la apelación (Conf., art. 51 de la L.C.Q.). Nunca debió la Alzada convertir en regla, lo que es de excepción; máxime que el régimen recursivo es por excelencia de interpretación restrictiva en el ámbito falencial. -- -- La Doctrina especializada como la Jurisprudencia son contestes en afirmar que: "...en el caso de resolverse ambas cuestiones (rechazo de impugnaciones y homologación de acuerdo), los impugnantes pueden apelar del auto en cuanto las rechaza y, por ende, de la homologación, que es su consecuencia (art. 60 L.C.Q.). Pero cuando no median impugnaciones y el juez homologa, la resolución no es apelable. En cambio, la que no homologa y declara la quiebra, es apelable por el deudor." (Fassi, Santiago-Gebhardt Marcelo, "Concursos y quiebras", pág. 171, parág. 3, ed. Astrea, Año 1997). En igual sentido, se dijo: "...la sentencia homologatoria es inapelable atento el principio general del art. 273, inc. 3° del mismo cuerpo legal... la resolución que dispone homologar el acuerdo entre deudor y acreedores sin que hayan mediado impugnaciones en los términos de la L.C., art. 50, no es de aquellas que deben notificarse por cédula sino, simplemente por ministerio de la ley, por no existir previsión legislativa específica que imponga apartarse de la regla general consagrada por la L.C., art. 273-5. La decisión homologatoria es en realidad, una sentencia de características tan particulares que adquiere cosa juzgada per se, sin necesidad de publicidad ni notificación de ninguna clase, dado su carácter de irrecurrible y el hecho de tornarse oponible a todos los acreedores aun cuando no se hayan insinuado en el pasivo" (Conf., Grispo, "Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras"- Ley 24.522, tomo 2, págs. 190/191). -- Quiero subrayar, que esta posición que propongo al acuerdo, no implica en absoluto que desconozca las facultades que tienen los tribunales de las instancias anteriores de ejercer no sólo un control de legalidad; sino también de mérito al acuerdo, e incluso rechazarlo, cuando en orden a las circunstancias particulares de la causa configuraría un supuesto de fraude o abuso de derecho (art. 52, inciso 4 modificado por Ley N° 25.589, L.C.Q.). Esta fue en definitiva, la postura que pretendió adoptar la Alzada; y que a la postre fue ratificada por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente jurisprudencial que se citó in re: "Arcángel Maggio s/ inc. de impugnación al acuerdo preventivo" (CNCom., Sala A, causa 43998/03 del 03/04/2004) y "A.2495. XL RECURSO DE HECHO "Arcángel Maggio S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo preventivo", C.S.J.N.- 15/03/2007.- No obstante ello, quiero hacer notar que en este caso citado, la facultad ejercida por la Sala se dio en el marco del proceso de impugnación al acuerdo preventivo, donde decidió revocar la sentencia de origen y hacer lugar a las impugnaciones formuladas. La competencia de la Alzada devino incuestionable habida cuentas que la apelación de la resolución que revocó surge del mismo art. 51 de la L.C.Q..- La misma situación procesal se observó en el precedente "Línea Vanguard S.A..." (CNCm., Sala C -04/09/2001), el Juez de Primera Instancia rechazó la impugnación, homologando el concordato, y la Cámara revocó este decisorio considerando abusiva la propuesta del deudor. -- -- En efecto, en el sub-lite, la arbitrariedad, hay que centralizarla, en la circunstancia de haber tratado la Alzada una temática en la que si bien está facultada; las circunstancias particulares que este proceso concursal presentaba a esa altura de los acontecimientos, y que el mismo sentenciante de origen se ocupó de expresar en su resolución, no la habilitaban para dar tratamiento a la apelación interpuesta, en cuanto resultaba de aplicación estricta el art. 273 inciso 3 de la L.C.Q.. Precisamente, la actitud fraudulenta o contratos simulados que alegaba el acreedor I. fueron objeto de tratamiento de fondo en el marco de los procesos incidentales a los que me refiriera; resultando de vital importancia que la causa de "adulteración fraudulenta del pasivo" invocada en la oposición al acuerdo de la Junta de Acreedores, no fue acreditada, ni mucho menos, la connivencia con el resto de los acreedores. Es decir, que como puede observarse cuestiones trascendentales de fondo fueron resueltas con mucha anterioridad a la sentencia homologatoria del acuerdo. Tal es así, insisto, que ante estos resultados, el acreedor I. -hacedor de los procesos incidentales que no tuvieron otro fin que dilatar el proceso falencial hasta este estado de cosas-, tuvo que acudir ineludiblemente, una vez más, a la vía incidental -mayor dilación procesal- para solicitar ante los resultados arribados, la repotenciación de la deuda. Es decir, que la resolución dictada por el sentenciante de origen no tuvo otro objetivo que homologar el acuerdo al que arribara la entonces Junta de Acreedores, e indicar por así corresponder el modo de actualización y plazo de cumplimento. Reitero, entonces, en otros términos, que no se resolvió ningún tipo de impugnaciones en forma simultánea, situación que hubiera habilitado la apelabilidad del fallo. Las que se opusieron, ya habían sido resueltas mucho tiempo atrás. No quedaba, en tal sentido, tema pendiente a resolver; y se imponía la homologación bajo la vigencia y espíritu de la Ley N° 24.522. -- Con ello queda demostrado que la Cámara no fue cautelosa a la hora de examinar la procedencia del recurso interpuesto; máxime que, por ser de orden público su jurisdicción y competencia funcional, no se encontraba bajo ningún punto de vista, constreñida al conocimiento del asunto por la sola circunstancia de que las partes interesadas habían apelado el decisorio de origen y en tal sentido fuera concedido en la instancia de grado. De ningún modo, como señala Falcón, corresponde al A-quo prefijar dicha competencia (Falcón Enrique, "El Juez del recurso", L.L. 1987-d-492; y Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", tomo 2, págs. 2 y ss., Ed. Astrea, Año 1989). - -- En tal sentido, más allá de que todas las cuestiones vinculadas a la apelabilidad o no de una resolución, como lo atinente a la deserción de los recursos ante la Alzada, son facultades que conforman su esfera privada; y al remitir su análisis a cuestiones de hecho y de derecho procesal, -materia propia de los jueces de la causa-, devendrían extrañas al recurso extraordinario de casación; pero no es menos cierto, que este principio de carácter absoluto ha sido morigerado en numerosos pronunciamientos por nuestra Corte Suprema de Justicia, desde mucho tiempo atrás; v. gr. al sostener que "...Cuando la aplicación de una norma procesal ha sido llevada a cabo con injustificado rigor formal que afecta la defensa en juicio o con palmario apartamiento de lo que ella se desprende con inequívoca claridad, esta Corte se halla habilitada para descalificar lo resuelto por los magistrados de la causa (Conf., sentencias recaídas in rebus "Fernández F. c/ Díaz , E. Otro" y "Pérez, Angel René c/ Blanco, Herminio s/ daños y perjuicios" del 13/10/1977 y 14/11/1978, respectivamente y sus citas", Fallos: 302, p. 176/179).- -- A esta línea de pensamiento no ha sido ajeno el Superior Tribunal de la Provincia, porque en numerosos casos se ha hecho eco de ella (p. ej. Expte. N° 11.630-K-87, S.D. del 30/06/1988; S.D. N° 36/88 y 24/94, entre otras); y este caso no será una excepción. Es así, que propongo al Acuerdo hacer aplicación de esta doctrina morigeradora, por haber ponderado que la sentencia en crisis evidencia la arbitrariedad que el recurrente ha enmarcado, porque con su proceder ha vulnerado derechos de raigambre constitucional; y ha quebrantado el espíritu de la ley concursal que al establecer un régimen de limitación a las apelaciones ha tenido por finalidad dotar al proceso concursal de la mayor celeridad posible, para evitar dilaciones innecesarias; y como se relatara, esta situación desafortunadamente no se ha dado en autos. La sentencia atacada ante la Alzada no era más que una resolución que fue consecuencia de la tramitación ordinaria y normal del proceso; en donde el principio de inapelabilidad se imponía en su máxima expresión. ASÍ LO VOTO. -- 1.2.- Otro aspecto que me interesa destacar y que ayuda a corroborar y complementar mi postura, está estrictamente vinculado a lo que denominaría el derecho transitorio y las leyes concursales. -- -- El presente proceso concursal fue abierto y tramitado hasta la Junta de Acreedores bajo la vigencia de la Ley N° 19.551. La Sindicatura presentó en su oportunidad los respectivos informes "individuales de créditos" (fs. 465/466, 13/09/94) y "General" (fs. 538, 08/11/1994); y se celebró la denominada "Junta de Acreedores" habiendo votado favorablemente la propuesta la totalidad de los acreedores que asistieron (Conf., fs. 563); resultado que no pudo ser alterado, a pesar de la impugnación que se hiciera al mismo por el acreedor I., lógicamente, acreedor que no estuvo presente por haber sido su crédito rechazado al tiempo de la celebración de la Junta. Es por lo tanto, manifiestamente improcedente pretender ante la Alzada, amén de ser un planteo novedoso y por ello también, procesalmente inadmisible (art. 277 del C.P.C.C.), solicitar como alternativa de solución de controversia "la apertura de un período de exclusivididad" para que el deudor vuelva a formular una propuesta compatible con la realidad (fs. 1151). Es aquí, donde sorprendentemente, la Cámara haciéndose eco de esta petición, insta al Juez de grado para que mediante un nuevo período de exclusividad o mediante el procedimiento que pudiera arbitrar al efecto, acuerde a la concursada la posibilidad de proponer la reformulación de su propuesta (Conf., fs. 1184, tercer párrafo). -- -- La cuestión gravosa no sólo fluye en esta postura de la Cámara de haber alterado si se quiere los términos en que quedó trabada la cuestión, con el consiguiente menoscabo al derecho de defensa; sino que además, con este resultado ha quebrantado abiertamente el principio de preclusión, al ordenar de hecho, un retroceso en el proceso concursal, sometiendo a los acreedores a un replanteo de cuestiones que ya han adquirido firmeza; y que por sobre todo se trata de aspectos no contemplados en las etapas ya consumadas en los términos de la Ley N° 19.551; y que se muestran totalmente incompatibles, como lo es "el nuevo período de exclusividad" que pretende la Alzada. Nunca en esta litis hubo "un período de exclusividad" para que el fallo en crisis ordenara uno nuevo. Hay que tener en claro que la misma norma -24.522- derogó la denominada "Junta de Acreedores", contemplada en el régimen de la Ley N° 19.551; siendo reemplazada por la presentación de las conformidades expresadas por los acreedores en forma escrita en el expediente (art. 45 de la Ley N° 24522), e introdujo nuevos actos procesales, tales como, la categorización de acreedores, mayorías, el período de exclusividad, en otros. En autos, se cumplió con una única e inescindible etapa, que comprendió la propuesta, deliberación y votación, bajo el régimen de la Ley N° 19.551 (art. 42 de la Ley N° 19.551; y fs. 563); por lo que, la aplicación de la nueva normativa en el sentido que pretende la Alzada, conduce sin más, a una vulneración manifiesta al principio de buena fe que debe primar y mantenerse en el ámbito negocial con el consiguiente menoscabo a los derechos adquiridos en juego. Se trata de una cuestión consolidada durante la vigencia de la Ley N° 19.551. No graciosamente, el sentenciante de origen, y bajo la vigencia de la Ley N° 24.522 homologó el acuerdo de la Junta de acreedores; amén de encontrarse sus facultades recortadas a la luz del espíritu privatista que inspiró a ésta. --- -- En fin, la aplicación inmediata del nuevo régimen vigente (24.522) a los concursos en trámite se debe hacer respetando las etapas precluidas, lo que impone al Tribunal un examen profundo del caso particular y del instituto comprometido con el mismo (en este caso el resultado de la Junta de Acreedores y las etapas cumplidas en el concurso bajo la Ley N° 19.551; y el período de exclusividad pretendido por la Alzada). La aplicación inmediata de la ley no puede importar retrotraer el proceso o superponer estadios previstos con modalidades distintas. Esta tarea, de interpretación estricta de la normativa procesal y los principios que la informan, no ha sido contemplada en el fallo en crisis. - -- Para terminar quisiera señalar a título ejemplificativo e ilustrativo, que en esta línea de pensamiento se ha dicho concretamente que "...es claro que la presentación de los informes individual y general previstos por los arts. 35 y 40 de la ley 19.551, la impugnación del primero con el procedimiento previsto por el art. 36 de aquel cuerpo legal y la misma realización de la junta de acreedores con las modalidades del anterior régimen concursal, no son más que el mero cumplimiento de un acto con valor jurídico propio, consumado en el pasado al amparo de aquel ordenamiento, como lo ha sido la apertura del concurso preventivo, que debe ejecutarse con las modalidades allí dispuestas. Es claro de lo expresado pues que, más allá de la inmediata aplicación de la ley 24.522, ella no puede aplicarse a consecuencias que no son más que el mero cumplimiento de una etapa que representa un derecho adquirido, amparado por la noción de consumo jurídico..." (in re: "Rainero y Vecchietti S.A.I.C. s/ concurso preventivo" -5/09/1995- publicado en E.D. 165-119). -- Es así, que en mérito a los fundamentos que he expuesto propongo al acuerdo declarar procedente el recurso de casación; y en consecuencia confirmar el decisorio de origen en lo que ha sido materia de agravios. ASÍ LO VOTO. --- -- 2.- Conforme a los términos de mi propuesta; corresponde me expida en esta oportunidad, por quedar pendientes, las apelaciones interpuestas a las regulaciones de honorarios efectuadas por el sentenciante de origen. -- -- En el considerando N° 16 del fallo en crisis, el Tribunal sostiene que "...de conformidad a lo previsto en el art. 265 inc. 1ero. de la precitada ley la respectiva regulación de honorarios, la que se realiza conforme los puntos previstos en el art. 266 del mismo cuerpo legal"; y en el punto 3°) de la parte resolutiva dice: "...Costas al concursado. Teniendo en cuenta el asunto, monto, complejidad y merituando la labor profesional durante todo el trámite del concurso, y autorizado por los arts. 265, inc. 1ero. y 266 de la Ley de Concursos y Quiebras regulo los honorarios del síndico contador M. A. R. en la suma de PESOS ... ($ 200.000); los de las letradas del síndico Dras. L. D. H. J. D. M. y A. C. R. conjuntamente en la suma de PESOS...($ 90.000); los de los letrados del deudor Dres. H. M. P. D., G. A. y G. P. B. M. conjuntamente en la suma de PESOS... ($ 140.000). Todos con más la alícuota del I.V.A. correspondiente....". -- -- Apelada por el concursado la sentencia por causarle gravamen irreparable a sus intereses (fs. 1115- 22/11/2005); fue concedida por el A-quo con efecto suspensivo (fs. 1137 - providencia 15/03/2006). Luego, con fecha 20 de marzo de 2006 funda su recurso expresando que le causa agravio la tasa de interés aplicada, el plazo de pago que estipuló para cumplir el acuerdo, y los honorarios regulados al Síndico y a sus letradas patrocinantes por altos invocando la aplicación de la Ley N° 24.522 y la imposición de estos últimos al Síndico (fs. 1138/1139). - -- De acuerdo a la postura que he formulado al Acuerdo deviene abstracta la apelación vinculada a los dos primeros agravios. En relación a la fundamentación de los agravios referidos a la regulación de los honorarios del síndico y sus letradas, y a su imposición (art. 272 L.C.Q. vigente), el planteo es manifiestamente improcedente. Ello así, porque no se articuló el recurso en forma específica, dado que el interpuesto lo fue contra la resolución judicial en su integridad según los propios términos del respectivo escrito; a lo cual debo añadir que la fundamentación que el concursado introduce en la pieza de agravios prevista en el art. 246 del C.P.C.C. resulta improcedente por extemporánea por tardía. Es decir, debió ser introducida en el término de los cinco días de la notificación del auto regulatorio de conformidad a lo normado por el segundo párrafo del art. 244 del C.P.C.C. que resulta de aplicación al caso por expresa remisión del art. 278 de la L.C.Q. (Conf., Pesaresi, Guillermo Mario-Passarón, Julio Federico "Honorarios en concursos y quiebras", Ed. Astrea, Año 2002, pág. 244). En fin, fuera de esta oportunidad procesal la facultad contemplada en el citado art. 244 del C.P.C.C. precluye, y por ende, no puede ser ejercida. -- A su turno también apelaron y fundaron el auto regulatorio el Síndico y sus letradas patrocinantes con fecha 28 de noviembre de 2005 (fs. 1116/1122). Es decir, que correctamente lo hicieron porque notificados que fueron el 17/11/20005 (fs. 1100 vta.), el término de cinco días para apelar y fundar el auto regulatorio fenecía el día 28/11/2005 en las dos primeras horas. En mérito a ello, ninguna razón de ser, tuvo la nueva apelación que pretende la Dra. A. C. R. a fs. 1123 ni muchos menos, la pretendida ampliación de agravios presentada tardíamente a fs. 1141/1142, el día 28 de marzo de 2006, y luego ordenado su traslado por el Tribunal a fs. 1152 (12/04/2006). --- -- Es por ello, que sólo será objeto de consideración las presentaciones de fs. 1116 y el memorial de fs. 1117/1122 y vta. por ser los que abren en definitiva la competencia revisora del Tribunal de Alzada, que hoy debe ejercer esta Sala. --- -- Del estudio minucioso de la causa y las particularidades que la caracterizan no es posible soslayar que si bien a la fecha de la resolución homologatoria se encontraba en vigencia la Ley N° 24.522, todo lo vinculado a la regulación de honorarios ha de ser evaluado a la luz de los trabajos efectivamente realizados y al tiempo en que se llevaron a cabo, porque precisamente toda justispreciación sólo tiene por efecto traducir las tareas a una suma de dinero determinada. - -- En tal sentido, el primer planteo que hay que indagar y analizar es determinar cuál ha de ser la legislación aplicable a los fines regulatorios. Para ello, se debe verificar -en cada caso concreto- el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación; lo cual, en el caso del trabajador profesional, implica que su derecho a ser retribuido se constituye en la ocasión en que se desempeñó, con independencia de la época en que se practique la regulación, pues la decisión jurisdiccional que estima o calcula el monto de esos honorarios tiene un mero carácter declarativo no constitutivo de aquel derecho (Conf., Pesaresi, Guillermo Mario-Passarón, Julio Federico, en obra citada, pág. 59). - -- La Corte Suprema se expidió en el sentido expuesto en "Greco Hnos. S.A. s/ quiebra s / inc. de rendición de cuentas por Furlotti S.A.", en especial a la aplicación de las previsiones legales arancelarias de la Ley N° 24.522 (Conf., Fallos 320:31). "...Que en este orden de ideas, tiene dicho esta Corte que no corresponde aplicar la norma arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada, pues no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior (Fallos: 268:561), sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (Conf. arg. Fallos: 296:723 y 314:481)...". - -- Esta temática, también, fue objeto de tratamiento en la doctrina, y originadora de distintas posiciones jurisprudenciales; pese a lo cual se inclinó la balanza a la posición hoy mayoritaria, que se sustentó en los considerandos desarrollados por el Alto Tribunal en "Francisco Costa.." y en el citado "Greco..." (v.gr. en algunos casos adoptada de oficio, en virtud del principio iura niovit curia - CNCom., Sala A, 16/10/97, "Elvira Cuadrado S.A. s/ quiebra"; íd., 06/11/97, "Morales y Cía. SACIF s/ quiebra" con cita de C.S.J.N., 1/2/79, L.L., 1980-D-768; íd., 20/2/98, "Hospital Veterinario del Norte S.R.L: s/ quiebra"; íd., 16/4/99; "Supermercados Unión S.A. s/ quiebra"; y Anastasio, "Los derechos adquiridos frente a la aplicación retroactiva de la ley de concursos", E.d., 172-267; Ferrer, "Nueva ley de procedimientos concursales", E.D. 178-869, todas citas referenciadas en obra de Pesaresi, pág. 60). -- Es por lo expuesto, que la regulación realizada por el sentenciante de origen siguiendo, exclusivamente, las pautas arancelarias de la ley 24.522 para evaluar la totalidad de las tareas profesionales realizadas en autos, no es ajustada a derecho. Ello así, porque la sola vista de las actuaciones ponen de manifiesto que las etapas sustanciales de este proceso concursal se llevaron a cabo bajo la vigencia de la Ley N° 19.551, pero también, se realizaron tareas con posterioridad, en las que intervino el Síndico en forma personal, y otras con asistencia de una nueva letrada patrocinante; y ya bajo la vigencia de la Ley N° 24.522. -- Advierto, además que otras articulaciones serias, fueron llevadas a consideración del A-quo, por el Síndico y sus letradas patrocinantes, para ser especialmente analizadas, con anterioridad al dictado del fallo homologatorio del acuerdo preventivo; pero no fueron evaluadas. Sin lugar a dudas, ello se debió a que el mentado escrito con cargo inserto el 22/06/2005 (fs. 1106 vta.) titulado "Formula consideraciones previas a la regulación de honorarios profesionales. Reserva del Caso Federal" que obra a fs. 1105/1106 fue agregado con posterioridad al dictado de la resolución en crisis (fs. 1099/1100) porque se encontraba reservado en Secretaria según constancias de fs. 1107. Ello permite entender, porque los apelantes vuelven a introducir la cuestión en la vía recursiva. En estos casos, cuando hay argumentaciones fuertes y razonables, el rigorismo en la fundamentación del auto regulatorio es mucho más estricto. Es decir, que si bien rige la oficiosidad en materia de estimación retributiva jurisdiccional, siendo todo recaudo o paso previo de carácter excepcional; autorizada doctrina en la materia entiende, y lo comparto, que no hay óbices -como en nuestro caso- que sean presentados escritos previos a la regulación de Primera Instancia con fines de estimar la labor y esclarecer cuestiones, lo que es facultativo tanto para las partes como para el profesional. En autos, esta facultad fue ejercida pero no considerada por el Tribunal (Conf., Pesaresi, "Honorarios y procedimiento para su fijación en el ámbito nacional: ¿regulación oficiosa o trámite previo?, L.L. 2004-F-208, del 28/10/2004, p. 1 citado en Revista de Jurisprudencia Argentina, 2005-II, Número Especial "Honorarios Profesionales", trabajo doctrinario "Parquedad de los autos regulatorios", por Julio Chiappini y Guillermo M. Pesaresi).--- -- Asimismo, de la simple lectura del considerando 16 y el punto 2°) de la parte resolutiva del fallo en crisis, que transcribiera textualmente, fluye la ausencia de fundamentación, en tanto no permite extraer cuáles fueron las pautas cualitativas y cuantitativas que se consideraron para arribar a las cifras regulatorias fijadas. Se ha basado en enunciados genéricos y en la simple mención de la norma que aplicó, que impiden desde todo punto de vista, evaluar cómo se llegó a tales cifras, cuáles fueron las bases patrimoniales que tomó, cuáles las tareas efectivamente realizadas, máxime considerando la precisión con que la norma falimentaria se refiere a los honorarios profesionales, fijando pautas de las que no podemos prescindir, so pena de incurrir en arbitrariedad. Es más, la importancia de los derechos en juego en la causa, el resultado de la misma, el tiempo que irrogó el proceso hasta el dictado de la resolución homologatoria, los trabajos efectivamente realizados por cada uno de los profesionales que han intervenido, cada una de las etapas cumplidas, y las distintas normas a las que estuvo sometido el proceso, hacían inexcusable que la regulación de honorarios como su imposición gozaran de una fundamentación suficiente. Puedo mencionar que la Corte Suprema entendió que existía una resolución sin fundamento, v.gr. cuando no permitió tomar razón de cómo se llegó a tales estipendios (era preciso mayor significación acerca del monto del juicio, de los trabajos en cuestión y del modo de aplicar las normas arancelarias que meramente se citaron) (C.S.J.N., 23/10/1980, L.L. 1981-A-620, n. 846; íd. 28/10/1986, J.A. 1988-I-362 ). - -- Por ello, conforme al análisis expuesto y resultado arribado, corresponde decretar la nulidad del punto 3° de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por lo que en la oportunidad de volver los autos al tribunal de origen, se deberá por intermedio del respectivo subrogante legal, dictar un nuevo fallo con relación al punto consignado, siguiendo los lineamientos fijados y las constancias de autos. Cumplido ello, en la causa principal; o en el incidente, que pudiera ordenarse a este solo fin, remitirá el principal, al Juzgado del concurso, para su continuidad. Ameritan esta salida, al decir de la Corte Suprema, las normas procesales tendientes a lograr la pronta terminación de los procesos requerida por la buena administración de justicia, y en tanto, no se oponen a principios fundamentales que pudieran impedirlo; que en este caso no se da (v. gr., Conf., Fallos, 307:570; 234:786, 256:580, entre otros). ASÍ LO VOTO. -- -- A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo: - -- I.- A fin de evitar reiteraciones y estando de acuerdo con el resumen de los antecedentes que realizó mi colega prevotante, al igual que con la síntesis de los fundamentos del recurso, a ellos me remito. -- Desde ya adelanto, que mi opinión va a concordar en sus lineamientos generales con la de mi colega prevotante, por lo que en cumplimiento de la manda constitucional provincial -art. 169- en concordancia con lo normado en lo pertinente por la Ley N° 4.550, la fundamentación a mi voto se respaldará en los argumentos fácticos y jurídicos que paso a exponer. -- -- Luego de un examen detenido del pronunciamiento de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y analizados los agravios del casacionista, considero oportuno expedirme acerca de la inapelabilidad del decisorio en crisis que propugna el recurrente, en tanto que de su suerte, dependerá la resolución del resto de los agravios en juego. - -- He de recordar aquí, que este Tribunal evidenció a través de distintos pronunciamientos cual era la doctrina imperante en la materia. De este modo, e incluso siendo primer votante in re "S., A. R. s/ Recurso de Queja por Apelación denegada en autos "B. S.C.C. s/ Quiebra" (Expte. N° 16.815-S-1999) sostuve que "...la limitación de las apelaciones, en la materia en tratamiento, tiene por finalidad dotar al proceso concursal de la mayor celeridad posible, evitando dilaciones injustificadas; ése es a mi juicio y no otro el propósito al consagrar la regla de la inapelabilidad en el art. 273 inc. 3ero. de la L.C., de tal modo que obviados los peligros de la demora, del desorden, del caos, la regla apuntada debe flexibilizarse cuando lo que está en juego es la apertura y la conclusión del proceso concursal, o cuando tratándose de casos no previstos, por sus especiales contornos, aparentemente y de acuerdo a los argumentos del quejoso se afectan las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio, que ostentan jerarquía constitucional..." (Conf., S.D. N° 24/S.R.E./00). - -- Igual postura y criterio se adoptó, unos años después, en S.D. N° 34/S.R.E./04; siendo incluso segundo votante el Dr. Royer. Lo cierto y particular es, que en estos dos casos citados, el mentado principio, tan particular si se quiere, por el fin mismo que persigue el ordenamiento concursal, no resultó de aplicación. Ello así, porque la propia cuestión fáctica que comprendieron ambos procesos y que se sometieron al Tribunal como de índole extraordinaria, ingresaba en el campo de excepción, que habilitaba el conocimiento de la Alzada. En sentido contrario, en autos, conforme al escenario que presenta el concurso, la aplicación del principio de inapelabilidad se impone. Es por ello, que ratificando mi postura en esta temática, no puedo más que expresar, que la ley concursal prevé su propio régimen procesal (art. 273, al principio, L.C.Q.), estructurado de un modo diametralmente distinto a la formulación de la ley de forma; por lo que sólo subsidiariamente, corresponde acudir a las normas adjetivas (art. 278 L.C.Q.) porque su aplicación procede "en cuanto no esté expresamente dispuesto en la ley". Por ende, el camino correcto es ir de las leyes concursales a las procesales en lo estrictamente necesario, quedando coronado este régimen especial, por la misma ley, al sentar la regla de inapelabilidad de la resoluciones dictadas en el proceso, conforme lo expresa el mismo inciso 3ro. del citado art. 273. Esto conduce, a tener que evaluar en cada supuesto, las circunstancias particulares que rodearon la litis y el dictado de la resolución que se pretenda atacar por vía de apelación. -- De la compulsa de las actuaciones en estudio, surge que a pesar del largo tiempo que ha llevado este proceso concursal, la resolución en crisis, es el producto final de un sin número de avances y retrocesos que se han ido dando desde la presentación concursal, en esta causa principal y en los procesos incidentales tramitados y resueltos en definitiva. Expresamente, el A Quo, así lo referencia y considera; e incluso llega a catalogar a este proceso, por el tiempo transcurrido, de "excepcional" (Conf., v.gr., considerandos N° 9 y 13, fs. 1099/1100). En definitiva, el decisorio adoptado no fue más que una consecuencia del propio trámite normal y ordinario del concurso, y respecto de la misma no hay norma procesal concursal que habilite la apelación deducida. Adoptar, una posición contraria, no hace más, que atentar contra la celeridad y economía del procedimiento falimentario, y en franca oposición al sistema de interpretación restrictivo que la misma norma introduce en el ámbito recursivo. -- -- A mi modo de ver, no se trata el supuesto de autos, de aquellos que la doctrina denomina "no previstos" que permitirían dulcificar el principio sentado. El procedimiento a esta altura no se apartó del camino previsto por la misma ley especial. Es más, prácticamente la totalidad de las etapas previas al fallo en crisis, tuvieron protagonismos y vida propia bajo la vigencia y espíritu de la Ley N° 19.551; y no quedaban impugnaciones a resolver. Insisto, que atinadamente, el Tribunal de Origen de ello se hace eco, y dejó explicitado tal extremo. Es decir, que estando vigente la Ley Nº 24.522, de espíritu privatista, en donde el rol del juez, en principio, no debiera trascender el mero control de legalidad formal al homologar el acuerdo, el sentenciante de grado no podía fallar de otro modo. La resolución en este sentido se le imponía, y no se mostraba incompatible con el estado mismo del trámite concursal desarrollado bajo la Ley Nº 19.551 (Conf., en este sentido considerando N° 1, del fallo de origen- fs. 1.099). - -- Con toda claridad la doctrina más calificada sostiene que: "...Si no se formularon impugnaciones, la providencia que homologa el acuerdo es inapelable.... Si la homologación adviene por rechazo de impugnaciones o si el juez, echando mano de las potestades de excepción, resuelve de oficio no homologar, la resolución es susceptible de apelación (ver art. 51 LC)" (Morello y Otros... "Códigos...", Tomo VIII, "Concursos", pág. 320, Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo-Perrot ).- -- Despejada así la cuestión, la Cámara no debió expedirse, sino declarar la improcedencia de los recursos interpuestos, al tramo del fallo que homologó el Acuerdo celebrado en la Junta de Acreedores. No medió un ejercicio adecuado de sus propias atribuciones, máxime que en este caso involucraba una cuestión de orden público, cual es el ejercicio de su propia competencia. Como es sabido, la instancia de Alzada es de orden público, por cuanto nace de la ley y no de la voluntad de las partes ni de la providencia del juez que concedió el recurso, el tribunal "Ad quem" debe verificar siempre, aún de oficio, la admisibilidad formal del medio impugnatorio con el que se intenta un pronunciamiento, y si así correspondiere, declararlo mal concedido, aún cuando ninguna de las partes lo hayan solicitado. - -- En otros términos, la Alzada sin entrar a tratar los agravios de los recurrentes, y en ejercicio de las facultades indelegables que emergen del art. 276 del C.P.C.C. debió declarar mal concedido el recurso. En consonancia con lo expuesto, se ha dicho expresamente que la Alzada debe investigar los presupuestos que hacen a la admisibilidad del recurso, antes de entrar al fondo de la causa. De allí, que si bien el recurso lo concede el sentenciador de Primera Instancia, el juez del mismo es siempre el tribunal de apelación (Conf., Costa, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Bs. As., 1950, p. 65, N° 41 y nota 130; Jofré-Halperín, Manuel, 5ª ed., v. IV, p. 218, N° 7, p. 225, N° 9, notas 148 y 149 y Ibáñez Frocham, "Tratado de los recursos en el proceso civil", 3ª ed., N° 46; Cám. 2ª, sala I, La Plata, causa B-60.396, reg. Int. 186/86, entre otra copiosa jurisprudencia, citados en Morello y Otros "Códigos...", Ed. Abeledo-Perrot, segunda edición actualizada, tomo III, págs. 392/394). --- -- En efecto, estando comprometida una cuestión de orden público -jurisdicción y competencia funcional de la Alzada- y con ello el principio de inapelabilidad de todas las resoluciones en materia concursal y de quiebras, la instancia casatoria se traduce en el instrumento procesal hábil para evaluar la procedencia del recurso de apelación, dado que, mínimamente, el recurrente ha logrado acreditar el absurdo invocado; y a pesar de su conducta procesal contradictoria en cuanto acudió a la instancia de apelación ordinaria, generando inútilmente la actividad jurisdiccional de la Cámara. --- -- En este entorno, digo -entonces- que si bien por vía de principio la temática en cuestión es propia de los jueces de mérito, y por ende, extraña al recurso de casación, el caso de marras constituye la excepción que habilita la competencia extraordinaria del Cuerpo con resultado positivo. En el sentido expuesto se ha dicho: "...que no obstante, la potestad de la Cámara para decidir acerca del acierto o del error en la concesión de los recursos ordinarios, no impide que en instancia extraordinaria se lleve a cabo el control jurídico, propio de la casación..." (SCBA, Ac. y Sent., 1978, v. I, p. 475, citado por Morello y Otros, obra y tomo citados, págs. 749/750). Esta postura, como bien lo señala el Dr. Royer, también ha sido adoptada por el Cuerpo, desde anteriores composiciones. - -- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, declarar la procedencia del recurso de casación, casando parcialmente el fallo en crisis, y confirmando la sentencia de origen, puntos 1 y 2 de su parte resolutiva. ASÍ LO VOTO. -- II.- Atento mi coincidencia con el Dr. Royer a la primera cuestión, corresponde en mérito a la posición adoptada, que me expide acerca de las apelaciones interpuestas por el concursado y el Síndico junto a sus letradas patrocinantes con respecto a la regulación de honorarios efectuada por el Tribunal de Origen, única temática que ha quedado en pie y que abren la competencia del Tribunal de Alzada, que en la especie, está llamada a ejercitarla esta Sala. -- En un primer orden de ideas, apelado el decisorio en crisis por el concursado a fs. 1115, las quejas que le achaca a la regulación de honorarios en el memorial de fs. 1138/1139 no pueden ser objeto de tratamiento en este caso, en tanto el mismo debe ser interpuesto y fundado en el término de cinco días de notificada la sentencia atacada, deviniendo extemporánea por tardía (Conf.: art. 244, segundo párrafo del C.P.C.C. en conc. con el art. 278 de la L.C. y Q.). - -- Distinta fue la conducta procesal del Síndico y sus letradas patrocinantes, razón por la cual, se analizará el memorial de fs. 1117/1122. -- -- En efecto, visto estos autos, resulta que el Síndico aceptó el cargo el 01/06/1994 (fs. 377) y designó a una de sus asesoras letradas -Dra. L. J. D. M.- específicamente para lo que exceda de su competencia, con anterioridad a la reforma de la Ley de Concursos que le impuso hacerse cargo de los gastos derivados de la asistencia letrada con fecha 10/06/1994 (fs. 410/411). Entiendo, que en el sub-lite, ha de hacerse aplicación en lo pertinente de las consideraciones vertidas por la Corte en el caso "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires" (Fallos 319:1915), cuando señaló que "ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocido por la Ley Suprema". Asimismo dijo que para que exista derecho adquirido y, por lo tanto, se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido bajo la vigencia de la norma derogada o modificada - todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo y que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Esta postura, luego fue ratificada en el citado caso "Greco Hnos..." al resolver en el marco de un recurso extraordinario federal, que las tareas cumplidas antes de la vigencia de la Ley N° 24.522, deben ser retribuidas conforme las reglas arancelarias fijadas por la Ley N° 19.551 (Conf., fallo del 06/02/1997 publicado en E.D. 172-1997, págs. 443/444). - -- No obstante ello, debo acotar que además de la designación de la Dra. J. D. M., el Sr. Síndico se presentó en autos a partir de fs. 984 con el patrocinio letrado de la Dra. A. C. R., esto es, a partir del 04/02/2004 y bajo la vigencia de la Ley N° 24.522. Ausente de toda consideración, en este sentido, se encuentra el decisorio de regulación. --- -- En lo demás, no puedo dejar de compartir lo dicho por mi colega prevotante, en orden a la carencia de fundamentación del auto regulatorio, en cuanto no hay parámetro alguno que permita de alguna manera evaluar los límites legales -mínimos y máximos- que la norma concursal impone en estos casos, para luego determinar si los estipendios han sido o no ajustados a derecho. Una regulación que se basa en argumentaciones generales y teóricas, no resiste el menor análisis, con el consiguiente menoscabo a los derechos constitucionales que se pudieran haber adquirido. En suma, como lo sostiene el Alto Tribunal, la sentencia debe estar a tono con todas las variables objetivas y subjetivas involucradas en una fijación estipendiaria, especialmente cuando la importancia de los derechos en juego, el resultado del pleito y los trabajos realizados hagan inexcusable una fundamentación suficiente (Conf., C.S.J.N., 29/10/1987, J.A. 1988-I-427, L.L. 1988-B-387, DJ 1988-2-36 y E.D. 129-143). --- -- En efecto, para arribar a una solución ajustada a derecho, -sugiero- por ser de vital importancia, hacer un estudio y clasificación de las intervenciones de ambas letradas y de la entidad de sus tareas para luego evaluar su oficiosidad y, por ende, la legislación aplicable. De esta actividad, también, depende a cargo de quién deberán estar los estipendios profesionales que se pudieran regular. Esta tarea, por cierto, podrá ser requerida por el A quo, en su oportunidad, al Síndico y a sus letradas, dando la debida intervención al concursado. Igual postura se debería observar para justipreciar los trabajos del resto de los profesionales del derecho que intervinieron en autos en representación del concursado. - -- En efecto, careciendo la porción del fallo en análisis de fundamentación o ponderación, y tratándose de materia que afecta el orden público, propongo al Acuerdo dejar sin efecto el auto regulatorio y su imposición -punto 3° de la parte resolutiva de la sentencia homologatoria-, decretando su nulidad. En consecuencia, el Tribunal de Origen, remitirá la presente causa al Juez Subrogante que correspondiere, al sólo efecto de que se expida en el sentido y alcances indicados; y una vez recepcionada por el sentenciante subrogante, y con el fin de evitar mayores dilaciones procesales en la tramitación de este concurso, podrá ordenar la formación del correspondiente incidente; y remitir la causa principal -nuevamente- al Tribunal del concurso para su continuidad. Razones de seguridad jurídica y economía procesal así lo justifican. ASÍ LO VOTO. --- -- A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo: --- -- Tal como he votado a la primera cuestión, propongo al acuerdo: 1°) Declarar procedente el Recurso de Casación interpuesto por el concursado, C. A. M., y en consecuencia, casar parcialmente, la Sentencia Interlocutoria de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 247/06 (fs. 1178/1185); y confirmar la Sentencia Interlocutoria N° 116/05 en los puntos 1°) y 2°) de su parte resolutiva; 2°) Declarar improcedente la apelación sobre honorarios fundada a fs. 1138 vta./1139; 3°) Declarar la nulidad del punto 3°) de la parte resolutiva del fallo en crisis, debiendo dictarse, en la oportunidad que vuelvan los autos a la instancia de origen, un nuevo pronunciamiento en el que se contemplarán las pautas indicadas en ambos votos, a través del Juez Subrogante correspondiente; 4°) Imponer las costas de la Alzada por la improcedencia del recurso de apelación contra la sentencia homologatoria por su orden, por haberse sustanciado el mentado recurso con asentimiento de ambas partes, y generado un desgaste estéril de la actividad jurisdiccional (art. 68, segundo párrafo del C.P.C.C.); no correspondiendo regular honorarios por haber sido las tareas efectuadas inoficiosas (Conf. art. 3 L.H. vigente y Loutayf Ranea, Roberto, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", tomo 2, pág. 181, Ed. Astrea, Año 1989; y mismo autor en "Condena en costas en el proceso civil", págs. 361/366, Ed. Astrea, Año 1998); 5°) Sin costas de Alzada dado que en los recursos de honorarios, tanto sus memoriales y contestaciones no las devengan, 6°) Las costas de esta instancia, se impondrán al recurrente por no darse la situación contemplada en el primer párrafo del art. 68 del C.P.C.C., 7°) Regular los honorarios del letrado apoderado de la concursada, Dr. H. M. P. D., teniendo en cuenta la calidad y extensión del libelo recursivo y el resultado obtenido, en un 25% de los que por su actuación en la Primera Instancia, oportunamente se le fijen (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A. que correspondiere. - -- A igual cuestión el Dr. Pasutti dijo: -- -- Tal como he votado la primera cuestión, acuerdo con la solución que propicia el Dr. Royer. -- -- Con lo que se dio por finalizado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta con dos miembros de la Sala Civil, por haberse obtenido la mayoría y encontrarse el Dr. Daniel Luis Caneo, excusado para entender en esta litis (art. 28 de la Ley N° 37, reformado por Ley N° 4550 y lo dispuesto en el punto 4° última parte del Acuerdo N° 3204), quedando acordado dictar la siguiente: - --- S E N T E N C I A -- -- 1º) DECLARAR PROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto por el concursado, C. A. M., y en consecuencia, CASAR PARCIALMENTE la Sentencia Interlocutoria de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 247/06 (fs. 1178/1185); y CONFIRMAR la sentencia interlocutoria N° 116/05 en los puntos 1°) y 2°) de su parte resolutiva. - -- 2º) DECLARAR IMPROCEDENTE la apelación sobre honorarios fundada a fs. 1138 vta./1139. - -- 3°) DECLARAR la nulidad de lo decidido por el sentenciante de origen en el punto 3°) de la parte resolutiva del fallo en crisis, debiendo dictarse, en la oportunidad que vuelvan los autos a la instancia de origen, un nuevo pronunciamiento en el que se contemplarán las pautas indicadas en ambos votos, a través del Juez Subrogante correspondiente. --- -- 4°) IMPONER las costas de la Alzada por la improcedencia del recurso de apelación contra la sentencia homologatoria, en el orden causado, no correspondiendo regular honorarios a los letrados intervinientes en mérito a la inoficiosidad de tareas (art. 68, segundo párrafo del C.P.C.C. y art. 3 de la L.H. vigente). -- 5°) DECLARAR que los recursos sobre honorarios y sus memoriales no llevan costas. --- -- 6°) IMPONER las costas de esta instancia a la recurrente (art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.). -- -- 7°) REGULAR los honorarios del letrado apoderado del concursado, Dr. M. H. P. D., por sus tareas desarrolladas en esta instancia, en un 25% de los que se le fijen oportunamente, por sus actuaciones desempeñadas en la Primera Instancia (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 modificado por Ley N° 4.335, T.O. Dto. N° 138/99) con más el I.V.A. si correspondiere.

-- 8°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer - José Luis Pasutti. ---Recibida en Secretaria el 12 de Junio del año 2008. ---Registrada bajo el N° 04 S.R.E. conste. Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria. -