Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-09-09


San Luis, setiembre 9 de 2008.

I) ¿Es formalmente procedente el recurso de casación articulado? II) ¿Existe en la sentencia recurrida alguna de las causales enumeradas en el art. 287 del C.P.Civ. y Com.? III) Caso afirmativo a la cuestión anterior, ¿cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse de la ley en el caso en estudio? IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? V) ¿Cuál sobre costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. Omar Esteban Uría DIJO:

Que a fs. 444 el apoderado de la parte actora interpone recurso de casación por considerar que la sentencia de Cámara dictada por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, que corre a fs. 438/442 vta. de fecha 10/02/2004 realiza una forzada e incorrecta interpretación de la ley civil y en especial de la responsabilidad objetiva que le corresponde a la empresa transportista.

Que los fundamentos corren a fs. 451/456 vta.

Surge que el presente recurso ha sido interpuesto y fundado en término, ataca una sentencia definitiva, encontrándose eximido de abonar el depósito judicial por gozar del beneficio de litigar sin gastos (cfr. art. 290 del C.P.Civ. y Com.).

En consecuencia, considero en este estudio preliminar y en mérito a lo dispuesto por el inc. a) del art. 301 del código de rito, que el recurso articulado reúne el recaudo de admisibilidad formal.

Por ello, VOTO a esta PRIMERA CUESTIÓN por la AFIRMATIVA.

Los Señores Ministros Dres. Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. Omar Esteban Uria DIJO:

1) Que el recurrente se agravia porque el fallo de segunda instancia exime de responsabilidad solidaria a la empresa de transporte T.A.C., al revocar el resolutorio de primera instancia en el cual se había reconocido expresamente que T.A.C. era prestadora del servicio de ómnibus a la localidad de Merlo, San Luis, y que la responsabilidad se extendía a la empresa propietaria y a la línea de transporte que usufructuaba el servicio.

Asevera que la codemandada es responsable en el presente caso por aplicación del art. 1113 del Código Civil, toda vez que el automotor que originó el accidente fue puesto en funcionamiento por T.A.C., en un servicio ordinario de transporte de personas, lo que determina una presunción de responsabilidad objetiva de quien se sirve de la cosa y crea un riesgo con su uso.

Manifiesta que la empresa no puede eludir la responsabilidad porque de lo contrario la Secretaría de Transporte de la Nación no le exigiría el seguro contra terceros no transportados (ver fs. 107 de autos). Que quedó debidamente probado que T.A.C. hizo uso y se sirvió del vehículo que originó el siniestro por lo que la responsabilidad objetiva se extiende a ésta, que es la empresa usuaria del servicio quien reviste la calidad jurídica de guardián porque se sirve de la cosa riesgosa.

Aclara que resulta irrelevante el contrato que vincula a T.A.C. y Zonda Turismo porque ambas empresas resultan responsables de la creación del riesgo que originó el accidente, como también lo son por el hecho del dependiente toda vez que se ha acreditado la calidad de conductor para T.A.C.

Aduce que la sentencia resulta reprochable por no aplicar la ley vigente, eximiendo de responsabilidad a la empresa demandada, que lo es por aplicación del art. 1113 del Código Civil.

Cita profusa jurisprudencia que hace a su derecho, concluyendo que también hay una incorrecta aplicación del porcentaje de culpa concurrente y la relación del monto que surge de la condena.

2) Corrido el traslado a la contraria, se presenta el apoderado de la demandada a contestarlo, solicitando el rechazo de la casación por cuanto del escrito de fundamentación de la contraria surge que lo que se plantea son cuestiones de naturaleza probatoria, hecho que se encuentra vedado de analizar en esta instancia.

Expresa que T.A.C. no era titular del colectivo y que el chofer no era su empleado, dado que por tratarse de una cooperativa de trabajo todos sus integrantes son socios, y que además con Zonda Turismo sólo ha existido una simple contratación del colectivo para cubrir un servicio de línea asignado a aquella, no teniendo tampoco la guarda -lo que está probado- del colectivo atento a que el mismo no era conducido por ningún integrante de la cooperativa, siendo inaplicable el art. 1113 del Código Civil por carecer de legitimación activa.

Entre las consideraciones finales, señala que ha quedado acreditado en autos que el recurrente sólo se ha limitado a expresar una mera disconformidad, fundada en cuestiones procesales, de hecho y prueba, que de ninguna manera hacen procedente la casación intentada.

3) A fs. 476 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Provincia, quien se pronuncia por la procedencia del recurso incoado.

4) A los efectos del análisis de esta segunda cuestión y en relación a lo sostenido por el recurrente, en armonía con lo que prescribe el art. 301 inc. b) del C.P.Civ. y Com., en este estadio procesal debe dilucidarse si en la resolución recurrida existen algunas de las causales previstas en el art. 287 de dicho cuerpo legal, como así también si el escrito de fundamentación se basta a sí mismo, surgiendo con claridad alguna de las circunstancias señaladas en la norma, caso contrario el recurso deducido no podrá prosperar.

Cuando el art. 287 del C.P.Civ. y Com. impone que el recurso deberá encuadrarse en alguna de las causales que enumera, significa que en el escrito de interposición debe hacerse alusión a cuál de las causales previstas se refiere, como condición necesaria para que pueda entrarse al tratamiento de la irregularidad que se pretende subsanar.

Ello es así porque la interposición del recurso de casación y los fundamentos que contenga fijan la propia competencia del Superior Tribunal, por lo que si no se ha fundado debidamente, no habrá recurso deducido.

Cabe recordar al maestro Piero Calamandrei en su obra Estudios sobre el Proceso Civil (Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961) en cuanto afirma que el recurso de casación es una acción de impugnación que se propone ante el órgano jurisdiccional supremo para obtener la anulación de una sentencia de un juez inferior que contenga un error de derecho en la decisión de mérito. El recurso no se concede contra toda sentencia injusta, sino contra aquellas cuya injusticia provenga de un error de derecho y se excluye el posible error en la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio. Con la casación se solicita el reexamen de la sentencia para aplicar en su caso la corrección jurídica juzgando la legalidad de la misma y asegurando la recta y uniforme aplicación de la ley (cfr. S.T.J.S.L., "Masoero Carmine S.R.L. c/ Aldo Rafael Ayello - Consignación - Recurso de Casación", 12/12/2000), debiendo surgir ello de los agravios esgrimidos por el recurrente, lo que acontece en autos.

En ese orden de ideas, se debe recalcar que la fundamentación del recurso por alguna de las causales establecidas en el art. 287 del C.P.Civ. y Com., exige la efectiva demostración del error jurídico que se le atribuye a la sentencia cuestionada.

Así los argumentos de la impugnación deben dirigirse directa y concretamente en contra de los preceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Tiene que replicarse en forma completa o adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento cuestionado contiene porque, de otra forma, aquellas permanecen firmes e impiden su revisión.

Sentado lo anterior, el relato da cuenta de que el accionante sufrió un accidente, el cual ocurrió a unos 20 km. de la ciudad de Villa Mercedes, cuando se desplazaba en bicicleta por el costado reglamentario de la ruta, muy temprano, siendo embestido por un colectivo de la empresa T.A.C.

La sentencia de primera instancia que obra a fs. 354/359 vta. hace lugar parcialmente a la demanda, estableciendo culpas concurrentes, en virtud de las cuales los demandados deben responder por el 60% de los daños causados.

Apelada dicha sentencia, la Excma. Cámara modifica el monto de la condena y de la indemnización, eximiendo de responsabilidad a la empresa T.A.C. (ver aclaratoria de fs. 466). Los fundamentos que la Excma. Cámara esgrime en su fallo son desvirtuados por el recurrente, cuyo principal esfuerzo aparece concentrado en demostrar la sinrazón de estos.

En el escrito de fundamentación, el recurrente se agravia al considerar errónea la decisión de la Excma. Cámara de eximir de responsabilidad a la codemandada T.A.C. bajo el argumento de que "la empresa Turismo Zonda es titular registral del colectivo objeto del siniestro. Que dicho automóvil era conducido al momento del hecho por el Sr. Juan Carlos Scocozza. [...] Que a fs. 143 la parte actora desiste de la acción en contra del Sr. Juan Carlos Scocozza. Que el Ómnibus Mercedes Benz, chapa patente C 1717596, se encontraba prestando servicio de ómnibus a la localidad de Merlo (San Luis), para la empresa T.A.C. Que la empresa El Zonda tenía contratado el seguro de Belgrano Soc. Coop. Ltda. de Seguros" (fs. 440 y vta.).

Con respecto a esto último, cabe destacar que la Excma. Cámara incurre en un error con relación a quien es el asegurado frente a la compañía de seguros mencionada, ya que como bien surge de fs. 107, la empresa que tenía contratada la póliza de seguros de responsabilidad civil era Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Ltda., y no Turismo Zonda S.R.L.

Por otra parte, la Excma. Cámara también incurre en algunas contradicciones a lo largo de varios pasajes de su sentencia.

En efecto, la Cámara se contradice en relación a la responsabilidad de la codemandada T.A.C., ya que primero afirma que "...se estima no corresponde hacer extensiva la responsabilidad solidaria a la empresa T.A.C., acogiéndose en consecuencia en este punto el agravio de la codemandada" (fs. 440 vta. segundo párrafo), pero luego manifiesta que "en virtud de lo establecido por el art. 1113 del Código Civil, al ser titular registral del automotor la empresa El Zonda, es quien debe responder por el evento dañoso junto a la empresa T.A.C. para la cual prestaba servicio de transporte..." (fs. 441 cuarto párrafo).

Más allá de lo anterior, esta contradicción queda saldada en la aclaratoria de fs. 466, en la que se especifica que se exime de responsabilidad a la empresa T.A.C., criterio que no es compartido por este Alto Cuerpo.

No cabe duda de que el automotor, en el caso un ómnibus, al momento del infortunio debe ser calificado como "cosa riesgosa" generadora de responsabilidad. En tal sentido, la jurisprudencia ha dejado sentado que un automóvil en funcionamiento es productor de riesgo, ya que "tiene por finalidad desplazarse de un lugar a otro generando constantes posibilidades de riesgo, difíciles de evitar, y no siempre posibilita tener el total dominio por parte de quien lo conduce", CNTrab. Sala VII, 27/04/2005, "Guiral, Ana M. c/ Laurenzano, Ernestina A. y otro" (Derecho del Trabajo - Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y legislación, L.L., Año LXV número X, octubre 2005, p. 1519).

También se ha resuelto que "en el caso de choque de un colectivo y una bicicleta, y dada la fragilidad de ésta, y los distintos tamaños y características respecto de un automotor, corresponde aplicar al caso lo normado por el art.1113, Cód. Civ.; por ende tratándose de una cosa riesgosa, para eximirse de responsabilidad por los daños causados, el dueño o guardián del segundo vehículo deberá acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder", CNCiv.J, 19/12/89, LL 1991-B, 4 (SALAS, A. E., TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J., Código Civil y Leyes Complementarias Anotados, Vol. IV-A, Ediciones Depalma, Buenos Aires, diciembre de 1998, p. 593).

Resulta oportuno aquí referirse a la situación jurídica de los legitimados pasivos, es decir al dueño y guardián de la cosa. Así, "dueño" es quien detenta un derecho real de dominio sobre una cosa, que expresa la idea de poder jurídico en virtud del cual esa cosa está sometida a la voluntad y a la acción de una persona (cfr. art. 2506 Código Civil), y "guardián" es quien tiene de hecho un poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa productora del daño. Lo que caracteriza la guarda no es tanto la tenencia material de la cosa, sino el poder de hecho que se tiene sobre ella, con prescindencia del título o derecho que se tenga. Lo esencial es el poder de mando o dirección intelectual. Quien tiene la cosa bajo su poder, pero la emplea según las instrucciones u órdenes de otro, no tiene calidad de guardián, carácter que sí tiene en cambio quien imparte esas instrucciones.

Al damnificado del accidente le basta con justificar el nexo causal y el daño sufrido; de ello se colige que "debe responder el dueño o guardián de la cosa riesgosa si no demostró que la conducta de la víctima hubiese interrumpido el nexo causal entre el hecho y el daño provocado", S.C.B.A., 09/08/1988, "Cardone, María E. c/ Borasi, Edgardo L. y Otro" (L.L. 1989-C, 631).

Así las cosas, emerge claramente para este Alto Tribunal que cuando la guarda es transferida a un tercero, la responsabilidad del dueño y del guardián es concurrente (ver GHERSI, Carlos Alberto, Teoría General de la Reparación de Daños, 2da. edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, julio de 1999, págs. 164 a 166).

Si bien la empresa Turismo Zonda S.R.L. es la propietaria del vehículo que ocasionó el daño, la responsabilidad objetiva se extiende del propietario a quien hace uso o se sirve de la cosa dañosa o riesgosa, en este caso la Cooperativa T.A.C., ya que la responsabilidad se extiende por el hecho de crear el riesgo objetivo.

El automotor que originó el accidente fue puesto en funcionamiento por la Cooperativa T.A.C. en un servicio de transporte de personas ordinario, de los denominados "servicio de línea". Esto sin duda determina la responsabilidad objetiva de quien se sirve de la cosa y crea un riesgo con su uso o de quien pone en movimiento una cosa riesgosa con un objetivo económico. No se debe olvidar que la noción de guardián esta ligada a la idea de aprovechamiento económico.

En función de todo esto se deduce que la Cooperativa T.A.C. deberá también afrontar la reparación de los daños originados por la cosa riesgosa, de manera solidaria junto con los otros codemandados.

Otra de las contradicciones de la Cámara surge con la determinación de los porcentajes de las culpas concurrentes. Así, la Cámara primero establece que "a tenor de lo expresado y en coincidencia con el Sr. Juez en grado existen culpas concurrentes entre el demandado y la actora pero en un porcentaje menor al establecido, resultando en un 20% la culpa de la víctima, a criterio de este tribunal" (fs. 441 tercer párrafo), para luego expresar que "dichos montos totalizan la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil quinientos setenta ($ 144.570), a lo que se debe restar un treinta por ciento (30%), por la culpa concurrente de la víctima" (fs. 441 vta. cuarto párrafo).

Establecido que surgen del hecho culpas concurrentes, corresponde corregir la diferencia de porcentajes expresados en los distintos pasajes de la sentencia, manteniéndose la distribución de culpas que realizara el Sr. Juez de primera instancia, es decir fijando la culpa de la víctima en un CUARENTA POR CIENTO (40%). Tal atribución de responsabilidad es más objetiva y sólida que la insinuada por la Cámara de Apelaciones.

Los daños determinados por el juez de primera instancia son los siguientes: pesos dos mil quinientos ($ 2.500) de gastos de farmacia; pesos seis mil ($ 6.000) de honorarios médicos; pesos setenta ($ 70) de daños a la bicicleta; pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) de lucro cesante; pesos treinta mil ($ 30.000) de daño psicológico; y pesos cincuenta mil ($ 50.000) de daño moral.

Éstos rubros totalizan la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 144.570), a la que se le deberá restar el CUARENTA POR CIENTO (40%) correspondiente a la culpa de la víctima. Por lo tanto, el monto de la indemnización a cargo de las codemandadas es de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 86.742).

A esta suma deberán agregarse los intereses, que deberán calcularse aplicando la tasa promedio pasiva que registra el Banco Central de la República Argentina en forma progresiva y acumulativa desde el día del accidente (27 de enero de 1994) hasta el 31 de diciembre de 2001, y a partir del 1º de enero de 2002 se deberá aplicar la tasa de interés activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinario que se encuentren en mora, con sus oscilaciones a través del tiempo (art. 622 del Código Civil).

Finalmente, cabe referirse a las costas de primera instancia, rubro en el que también se ha contradicho la Cámara en la sentencia bajo análisis. En efecto, en un primer momento establece que las costas de primera instancia "...deben ser soportadas en un 80% por la demandada y en un 20% por la parte actora..." (fs. 442 segundo párrafo); pero luego afirma que "...respecto de las costas de primera instancia las mismas serán soportadas en un setenta por ciento (70%) por la parte demandada y en un treinta por ciento (30%) por la parte actora" (fs. 442 quinto párrafo).

En virtud a la concurrencia de la culpabilidad, corresponde determinar que las costas de primera y segunda instancia deberán ser soportadas en un SESENTA POR CIENTO (60%) por las codemandadas y en un CUARENTA POR CIENTO (40%) por la parte actora.

En consecuencia, resultando atendibles los argumentos vertidos por la parte actora en su escrito de fundamentación del recurso de casación, VOTO a esta SEGUNDA CUESTIÓN por la AFIRMATIVA.

Los Señores Ministros Dres. Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. Omar Esteban Uría DIJO: Dado la forma en que se ha votado la cuestión anterior, se debe realizar la interpretación señalada ut supra (en el punto 4º de la segunda cuestión). ASÍ LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.

A LA CUARTA CUESTIÓN, EL DR. Omar Esteban Uría DIJO: Corresponde revocar la sentencia recurrida, y condenar en forma solidaria a la COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTES AUTOMOTORES DE CUYO T.A.C. LTDA., a TURISMO ZONDA S.R.L. y a BELGRANO SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS - ésta última hasta el límite de la cobertura - a abonar la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 86.742).

A esta suma deberán agregarse los intereses, que deberán calcularse aplicando la tasa promedio pasiva que registra el Banco Central de la República Argentina en forma progresiva y acumulativa desde el día del accidente (27 de enero de 1994) hasta el 31 de diciembre de 2001, y a partir del 1º de enero de 2002 se deberá aplicar la tasa de interés activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinario que se encuentren en mora, con sus oscilaciones a través del tiempo (art. 622 del Código Civil).

Las costas de primera instancia deberán ser soportadas en un SESENTA POR CIENTO (60%) por las codemandadas y en un CUARENTA POR CIENTO (40%) por la parte actora.

Los Señores Ministros Dres. Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta CUARTA CUESTION.

A LA QUINTA CUESTIÓN, EL DR. Omar Esteban Uría DIJO:

Las costas por las actuaciones ante este Tribunal deberán ser soportadas por las demandadas solidariamente -al igual que la condena principal- ya que ellas, por intermedio del mismo letrado apoderado, resistieron la casación que pretendía, se repite, esencialmente la inclusión en la condena de COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTES AUTOMOTORES DE CUYO T.A.C. LTDA. (art. 68 C.P.Civ. y Com.). Así lo voto.

Los Señores Ministros Dres. Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta QUINTA CUESTION.

Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Admitir el Recurso de Casación interpuesto y revocar la sentencia recurrida.

II) Condenar en forma solidaria a la COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTES AUTOMOTORES DE CUYO T.A.C. LTDA., a TURISMO ZONDA S.R.L. y a BELGRANO SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS - ésta última hasta el límite de la cobertura - a abonar la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 86.742). A esta suma deberán agregarse los intereses, que deberán calcularse aplicando la tasa promedio pasiva que registra el Banco Central de la República Argentina en forma progresiva y acumulativa desde el día del accidente (27 de enero de 1994) hasta el 31 de diciembre de 2001, y a partir del 1º de enero de 2002 se deberá aplicar la tasa de interés activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinario que se encuentren en mora, con sus oscilaciones a través del tiempo (art. 622 del Código Civil). Las costas de primera y segunda instancia deberán ser soportadas en un SESENTA POR CIENTO (60%) por las codemandadas y en un CUARENTA POR CIENTO (40%) por la parte actora.

III) Las costas en esta instancia deberán ser soportadas por las demandadas en forma solidaria. - Omar Esteban Uria. - Horacio G. Zavala Rodríguez. - Florencio Damián Rubio. - Oscar Eduardo Gatica.