Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 15 de 2008.

La Dra. De los Santos dijo:

I.- Antecedentes.

El accidente que motiva esta litis ocurrió el 22 de enero de 2003 cuando la actora se encontraba cruzando la intersección de la calle Illia y la calle Mármol de la localidad de San Justo; en tales circunstancias, fue embestida por la camioneta conducida por el demandado, a raíz de lo cual sufrió diversas lesiones que dieron lugar a los daños por los que reclama.

La Sra. juez de grado consideró responsable del hecho al conductor del automóvil y en virtud de ello lo condenó al pago de la suma de $166.450 en concepto de daños y perjuicios, de los cuales $45.000 corresponden a incapacidad física, $500 a gastos médicos y de farmacia, $72.000 a daño moral, $25.000 a incapacidad psíquica, $4.800 a tratamiento psicológico, $350 a gastos de traslado y $ 18.800 a gastos médicos futuros. Dispuso asimismo que los intereses se computen a la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del evento y hasta su efectivo pago. La condena fue extendida a la citada en garantía y las costas impuestas al demandado vencido (fs. 259/271).

Notificadas las partes, ambas interpusieron recursos de apelación los que, concedidos libremente, fueron fundados en esta instancia a fs. 332/335 en el caso de la actora y a fs. 340/347 en el de la demandada y la citada en garantía. La primera se agravia porque entiende que no se han valorado adecuadamente sus circunstancias personales y los daños físicos y psíquicos que presenta, cuestionando las sumas fijadas por incapacidad física, tratamiento psicológico y daño moral. Por su parte, el demandado y la citada en garantía se quejan por los montos correspondientes a la incapacidad física y psicológica, al daño moral, al importe concedido por los gastos médicos futuros y -en relación a estos últimos- al cómputo de los intereses desde la fecha del evento. Vale decir que las impugnaciones formuladas se circunscriben a los montos resarcitorios fijados.

De ambas presentaciones se confirió el correspondiente traslado, respondiendo el demandado y la citada en garantía a fs. 349/352 y la actora a fs. 354/359.

II. Incapacidad física La actora sostuvo en su expresión de agravios de fs. 332/335 que el monto reconocido en concepto de incapacidad física ($ 45.000) no se adecua al grado de incapacidad que padece (un 30% de incapacidad parcial y permanente a raíz de la espelenectomía, un 20% por la pérdida de las piezas dentarias y un 4% por las cicatrices en el rostro) como resultado del accidente de marras y de acuerdo con la determinación efectuada por el perito médico interviniente en autos (v. fs. 155/159, 190, 192 y 200). Afirma, en tal sentido, que tampoco fueron justipreciadas adecuadamente sus circunstancias personales.

Por su parte, la parte demandada afirma que es "elevadísimo" el monto otorgado en el concepto en estudio. Expone, en tal sentido, que no existen secuelas que le impidan o dificulten el desarrollo de cualquier actividad que la actora decida emprender.

Liminarmente debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (Fallos 320:1361; 318:385). Así, sostuvo en otra oportunidad el tribunal señero que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 321:1124; 322:1792; 315:2834).

En la especie, la actora, sufrió un accidente como resultado del cual padeció politraumatismos varios, traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, fracturas costales múltiples del hemitórax izquierdo con hemotórax, colocándose un tubo de drenaje por una pleurostomía izquierda, fractura de clavícula izquierda, traumatismo abdominal con ruptura del Bazo que debió ser extirpado, traumatismo de macizo facial, heridas cortantes en rostro, con pérdida de piezas dentarias y traumatismo de rodilla izquierda (ver fs. 156 y fs.229; y fs. 22/40 de la causa penal). El perito médico explicó que en la región supraumbilical se observa una cicatriz postquirúrgica de aproximadamente 15 centímetros de longitud ligeramente hipertrófica, producto de la intervención quirúrgica en la que se le extirpó el bazo. Expone, asimismo, que observa una cicatriz acrómica sobre la cara anterior de la rodilla de 4 centímetros de longitud, como así también una cicatriz de 4 centímetros en la región mentoniana de forma estriada, ligeramente hipertrófica e hipercrómica y a nivel del labio superior la actora presenta una cicatriz de aproximadamente 1 centímetro de longitud, las que alteran la estética del rostro. Afirma que "Actualmente la actora usa prótesis móviles en ausencia de las piezas dentarias..., presenta alteración estética del rostro, secuela de las heridas cortantes y ausencia de las funciones del bazo" (v. fs. 159). Expone que tanto el hombro izquierdo, como la rodilla izquierda y la función respiratoria son normales. Concluye estimando que por la esplenectomía la actora presenta una incapacidad parcial y permanente del 30%; por la pérdida de las piezas dentarias una del 20% -aunque en su ampliación de fs.190 aclara que esa incapacidad se fija teniendo en cuenta que actualmente la actora posee una prótesis removible, no obstante lo cual si se colocara una prótesis fija esa incapacidad "...mermaría en forma importante..."- y por las cicatrices en el rostro una incapacidad parcial y permanente del 4%. En suma, afirma que el accidente de autos le provocó a la reclamante una incapacidad parcial y permanente del 54% de la Total Obrera.

Evidentemente, la suma de cuarenta y cinco mil pesos estimada por la magistrada de la instancia anterior no alcanza los parámetros ordinarios de esta Cámara, debiéndose tener en cuenta que estamos ante una persona de 49 años al momento del accidente que deberá transcurrir el resto de su vida sin bazo, órgano que -según lo explica el perito médico- es el encargado de regular la calidad de los elementos figurados en la sangre; actúa como filtro para los glóbulos rojos de mala calidad, es inhibitoria de la citopoyesis medular ósea, es un gran reservorio de la cantidad de sangre y posee eminentes funciones antiinfecciosas (v. fs. 158); funciones éstas de gran importancia y cuya mengua puede incidir en forma negativa en la salud de la actora. Y, si bien de los estudios complementarios referenciados a fs. 157/158 se desprende que las fracturas de clavícula izquierda y de los arcos costales se encuentran consolidadas, tampoco puede desdeñarse que aquéllas le puedan provocar en el futuro dolores o molestias.

A ello se añade que -sin duda- las prótesis dentarias móviles pueden influir negativamente en la vida de relación de la actora, si se tiene en cuenta que -más allá de lo estético- las piezas dentarias cumplen una esencial función masticatoria que es dable estimar disminuida por la utilización de las prótesis.

Por estas razones, considero que el resarcimiento debe ser elevado a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000).

III.- Daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico Con respecto a estos ítems, entiendo que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que los fundamentos dados por la demandada y la actora -esta última en cuanto se refiere al tratamiento psicoterapéutico- en sustento de sus pretensiones recursivas en nada conmueven la solución a la que arribara la sentenciante de grado.

En efecto, conforme lo resume Ghersi, tras citar distintos autores que han definido el daño en cuestión, el perjuicio psíquico consiste en la perturbación del aparato psíquico, que reviste carácter patológico, causada por situaciones inusuales de cierta gravedad que impactan abruptamente sobre un sujeto (cf. Ghersi, Carlos A., "Valoración económica del daño moral y psicológico, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 166). Ciertamente, continúa el autor citado, para que el daño psíquico sea resarcible en forma autónoma es preciso que sus secuelas tengan carácter permanente y revistan cierta gravedad, puesto que se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica (conf. Milmaniene en Ghersi y otros "Accidentes de tránsito", t. I, p. 132, citado en "Valoración económica del daño moral y psicológico", pág. 165, Ed. Astrea, 2000 y esta Sala "Mendoza Martín Sebastián c/ Balduzzi, Gustavo Gerardo s/ daños y perjuicios", de fecha 15-03-2007).

En el caso, la perito psicóloga sostuvo en su dictamen de fs. 119/132 que el accidente objeto de autos fue vivenciado por la actora como traumático, desbordando su capacidad de respuesta -a través de la implementación de mecanismos de defensa- y produciendo en su subjetividad alteraciones permanentes en su economía psíquica, a consecuencia de lo cual la experta constató modificaciones disvaliosas en diversas áreas de despliegue vital (v. fs. 128). Estas, continúa la perito, afectaron su plasticidad y su adaptación al medio, restándole "...energía psíquica para el despliegue en las distintas áreas vitales." (Fs. 129).

Afirma que el hecho de autos tuvo entidad para provocar en la Sra. Moreno un "...estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones disvaliosas en diversas áreas de despliegue vital (individual, social y laboral)" (fs. 129). Concluye su exposición afirmando que la actora posee un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo crónico; diagnosticando -en definitiva- una depresión neurótica reactiva moderada, a la que le asigna un porcentaje de incapacidad psíquica integral de un 25%; y recomendando -a los fines de evitar el agravamiento del cuadro psicopatológico- una psicoterapia que no debería tener una duración inferior a un año con una frecuencia de dos veces por semana.

Existe, entonces un trastorno psíquico, y de acuerdo con las explicaciones de la perito psicóloga aquél se vincula causalmente con el hecho de autos (v. fs. 129). Este aspecto si bien fue someramente cuestionado al impugnar la pericia (fs.172/176 y 178), no fue rebatido con fundamento científico, por lo cual considero que corresponde estar a lo informado por la perito, pues su opinión se sustenta en el psicodiagnóstico y tests realizados (ver fs. 120), como así también en la entrevista personal con la actora. Ello, más allá de recordar que ante la discrepancia entre el criterio del perito oficial y un consultor, ha de prevalecer, en principio, el del primero, pues las garantías que rodean su designación hacen presumir su imparcialidad y consecuente mayor atendibilidad" (Conf. CNCiv., Sala H, "Bouclier, Elba j. c/ Policano, Carlos A. s/ daños y perjuicios", 18-11-99), porque no puede olvidarse que, en definitiva, el consultor "es un auxiliar de las partes, un defensor de los intereses de la parte que lo propuso, en favor de quien aplica su ciencia y experiencia" (conf. CNCiv., Sala I, "Favio, David c/ Converso, Antonio s/ daños y perjuicios", 02-03-99; íd. esta Sala, "Rosende, Eduardo Daniel c/ Rosenberg, Diana Carolina s/ cumplimiento de contrato" de fecha 02-11-05).

De lo hasta aquí expuesto se colige que el siniestro objeto de autos le provocó a la actora secuelas permanentes y de cierta gravedad que -ciertamente- deben ser resarcidas y considero -en tal sentido- que la suma reconocida en la sentencia de primera instancia en concepto de "daño psicológico" resulta razonable y, por tanto, propongo confirmarla.

En cuanto a la suma de $ 4.800 otorgada en concepto de tratamiento psicológico, responde al tratamiento aconsejado por la perito, que lo estima en -cuanto menos- un año a razón de dos sesiones semanales.

La actora lo cuestiona afirmando que la Señora Juez de grado otorgó la suma de cuatro mil ochocientos pesos, cuando la perito psicóloga afirmó que esa duración y frecuencia eran el mínimo de la terapia aconsejada, no el tope como se decidió en la sentencia de grado. Empero, si bien ciertamente la perito afirmó que la terapia aconsejada no debería tener una duración inferior a un año (v. fs. 130), no lo es menos que -de facto- ese es el tratamiento sugerido (dos sesiones semanales durante un año) pues según las propias expresiones de la perito "...es difícil determinar a priori..." su duración pues "...depende de la particular respuesta del sujeto a la psicoterapia." (fs.130). En tal sentido, no existen motivos fundados para suponer que la actora responderá negativamente al tratamiento, máxime cuando la realización de los gastos médicos futuros -a que se alude en el punto V de la presente- y las demás reparaciones operarán como facilitadores de la recuperación del daño psíquico que sufre la damnificada.

Por ello, estimo que debe confirmarse la suma otorgada en la sentencia de grado en concepto de tratamiento psicoterapéutico.

IV.- Daño moral Con respecto a este ítem, entiendo que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que los fundamentos dados por ambas partes en sustento de sus pretensiones recursivas en nada conmueven la solución a la que arribara la sentenciante de grado.

En efecto, liminarmente cabe recordar que la Corte Suprema ha dicho que a los fines de la fijación del quantum del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la edad de la víctima, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos 321:1117; 316:2894). Asimismo, sostuvo el Alto Tribunal que por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción en el agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida (Fallos 323:1779).

Considero que la suma de setenta y dos mil pesos otorgada por la juez de primera instancia consulta adecuadamente los antecedentes en autos. Es que, de acuerdo la historia clínica de la Clínica Modelo "Los Cedros" obrante en la causa penal (ver fs. 3, 22/40 y 42), como así también lo que surge de la pericia allí efectuada a fs. 43vta.; como consecuencia de los diversos traumas que presentaba al momento de ingresar la actora se encontraba en estado de shock, hipotensión, hipotonía, palidez cutáneo-mucosa, fue intubada y requirió asistencia respiratoria mecánica por el lapso de 48 horas, permaneció internada un total de 11 días, nueve de los cuales transcurrieron en la unidad de terapia intensiva y fue sometida a una intervención quirúrgica a efectos de extraerle el bazo, requirió de transfusiones de sangre (v. fs.27 y 34) Posteriormente, debió ser asistida en sus necesidades básicas (aseo personal, vestimenta, etc.) por mas de dos meses por sus familiares (v. fs.121).

Así, la actora, a la sazón de cuarenta y nueve años de edad al momento del accidente, debió padecer grandes sufrimientos, al punto tal que al ingresar a la Clínica Los Cedros evolucionó en un mal estado general con pronóstico reservado (v. fs. 43vta.). Evidentemente, todo ello configura una afectación de los sentimientos legítimos de la actora que debe ser indemnizada.

Y no modifica lo expuesto los agravios vertidos por la demandada en el memorial de fs.340/347, pues es doctrina de esta Sala que el daño moral no se encuentra condicionado a la existencia o extensión del daño material que -por su parte- existe y ha sido relevante en el caso de autos (conf. esta Sala en autos "Vescovo, Marisa y otro c/ Acevedo, Cristina Soledad y otros" del 10/9/07, publicado en LA LEY, 2007-F, 368).

Por todo ello, considero que la suma reconocida en la sentencia de primera instancia resulta razonable y, en consecuencia, propongo confirmarla en este aspecto.

V.- Gastos médicos futuros Con respecto a este ítem, cuyo monto considera excesivo la demandada, cabe señalar que el perito médico dictaminó que si se le colocaran prótesis fijas en las piezas dentarias que perdió a raíz del accidente mermaría la incapacidad de la actora, estimando que el presupuesto obrante a fs.240 estaba de acuerdo con el costo de la colocación de las mentadas prótesis. Así, la pretensión indemnizatoria debe ser acogida, ya que cuando la necesidad de curación ha sido indicada por un dictamen pericial, el juez no puede dejar de apreciar con criterio objetivo tal presupuesto en tanto se trata de una materia técnica, que escapa por completo al conocimiento personal del magistrado (CNCiv., Sala D, LA LEY, 1992-E, 149).

En consecuencia propongo confirmar el monto otorgado por la Señora Juez de grado por esta partida, la que ha sido fijada de conformidad con las pautas que brindara el dictamen pericial.

Empero, corresponde acceder al agravio que -en relación a la fijación de intereses por este ítem desde el momento del hecho dañoso- realizó la demandada.

Es que acceder a la fijación de intereses sobre un gasto futuro desde el momento del hecho cuando está acreditado que tales gastos no han sido aún erogados, configura un enriquecimiento sin causa que la jurisdicción no puede avalar.

Por lo tanto, propongo que los intereses a adicionarse conforme las pautas establecidas por la Sra. Juez de grado se devenguen respecto de este ítem a partir de la presente.

VI. Por todo ello, propongo a mis distinguidos colegas incrementar el monto total del resarcimiento a la suma de pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta ($181.450), monto total al que propongo elevar la condena dispuesta en autos. En cuanto a las costas de la Alzada, y en atención a como se resuelve, considero que deben imponerse en el orden causado (art. 71 CPCCN).

Los Dres. Diaz de Vivar y Ponce adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, elevando el monto total por el que prospera la pretensión hasta la suma de pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta ($181.450). 2) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado (art. 71 CPCCN).

I - En atención a la forma en que se resuelve, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art. 279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.

Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica, moral y económica del litigio, el monto del proceso actualizado y las pautas legales de los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o. 24.432.

En consecuencia, regúlase al letrado apoderado de la parte actora, Dr. E. A. N. la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000) y a la letrada apoderada de la misma parte, Dra. M. K. W. por su intervención en las audiencias de fs.107 y fs.203 la suma de pesos quinientos ($ 500). Asimismo, regúlase al letrado apoderado del demandado D. R. C. y citada en garantía "Bernardino Rivadavia", Dr. G. M. B. la suma de pesos dieciocho mil quinientos ($ 18.500).

En cuanto a los peritos, corresponde ponderar la naturaleza de las peritaciones realizadas, la calidad, extensión y grado de complejidad de las mismas, el carácter técnico-científico, sus respectivas incidencias al momento de dictarse el acto jurisdiccional, el monto económico comprometido, la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (CSJN., Fallos: 239:123; 243:96, entre otros) y pautas legales del dec. ley 7887/55. Asimismo y respecto de los consultores técnicos, ha de considerarse que su asesoramiento a la parte que lo propuso, no es asimilable al dictamen de los peritos, por lo que sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Bs.As.1993, pág. 147).

Siendo ello así, regúlase a los peritos y consultores técnicos: médico J. S. S. la suma de pesos tres mil ($ 3.000); ingeniero O. L. M. la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000); psicóloga S. B. L. la suma de pesos tres mil ($ 3.000); médico F. L. la suma de pesos seiscientos ($ 600); ingeniero E. B. la suma de pesos un mil ($ 1.000); psicóloga M. G.T. la suma de pesos seiscientos ($ 600); médico J. I. R. la suma de pesos cuatrocientos ($ 400); ingeniero A. J. A. la suma de pesos cuatrocientos ($ 400) y médico L. I. B. la suma de pesos cuatrocientos ($ 400).

II - Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia que culminara con el dictado de la sentencia definitiva, fíjase al Dr. E. A. N. la suma de pesos diez mil doscientos ($ 10.200) y al Dr. G. M. B. la suma de pesos cinco mil ($ 5.000 - conf. art.14, ley de Arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Mabel De los Santos. - Elisa M. Diaz de Vivar. - Carlos R Ponce.