marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, empleados públicos, nombramiento, reincorporación, actos jurídicos, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ, PEDRO HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 437-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

La potestad de la Administración para anular de oficio sus propios actos ilegítimos, es una forma de autotutela. Con su ejercicio no puede dejar de perseguirse el interés público que aconseja eliminar los actos ilegítimos a fin de asegurar la vigencia de la juridicidad para satisfacer, en cambio, otro u otros distintos que aquel que le es dable perseguir, pues en tal caso se habría configurado el vicio de desviación de poder. En la especie, de lo actuado en sede administrativa se desprende que la Administración dejó sin efecto el nombramiento del recurrente con base en la irregularidad configurada por la circunstancia de tener pendiente proceso criminal por delito doloso (en el que finalmente fuera condenado). Así, dicho nombramiento aparece inficionado por un vicio insalvable, que lo descalifica y, no habiendo adquirido estabilidad la situación del recurrente, el acto que lo eliminó es legítimo. DEL VOTO DE LA MAYORIA.
Prueba pericial, pericia contable, negligencia probatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Parque Rafaela S.A. s/ Ejecutivo (Resolución Nro.  59, Tomo 20, Folio 266/268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-12

Sella la suerte de la litis la inactividad probatoria ya que ninguna dificultad se advierte para que el demandado ofreciera y produjera una pericia contable sobre los libros, registros, planillas o documentación del actor, o la simple intimación a éste para que arrime la documentación acreditante del contrato de cuenta corriente bancaria. Es que la presunción de legitimidad que ostenta todo título ejecutivo impone a quien alega su inhabilidad la prueba de los extremos que impiden la prosecución de la acción.
Caducidad de instancia, días inhábiles, feriados, feriados judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: MALIS, MARIA c/ MANPERU TURISMO SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-20

El planteo tendiente a la modificación del computo de la caducidad de instancia en virtud de ciertas jornadas declaradas inhábiles por la Corte Suprema, resulta improcedente, atento a que solo corresponde exceptuar las correspondientes a las "ferias judiciales" (cpr 311).
Recurso extraordinario, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, remisión a fallo anterior
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvador,  Rubén  Antonio  y  otros c/ Municipalidad de Colón s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Si bien, en principio, la referencia a lo decidido en pronunciamientos anteriores es bastante fundamento de las decisiones judiciales, ese solo extremo sin referencia razonada a los concretos agravios interpuestos y a los hechos de la causa no tratados por el a quo, es insuficiente para convalidar el fallo.
Extradición, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, Estado requirente, pedido de extradición, vencimiento del plazo, inmunidad de arresto
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Lago Tejada, Hernán C. s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El vencimiento del plazo previsto en el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1889 no puede fundar una inmunidad contra todo arresto ulterior por la misma causa y ni aun la libertad dispuesta en esas condiciones garantiza al requerido contra una nueva privación de libertad preventiva si se presenta otra solicitud formal de extradición por el mismo hecho.
Contratos civiles, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06

El acuerdo entre el acreedor de los honorarios y los deudores sobre el monto y forma de cancelación del mencionado crédito, debe interpretarse a tenor del axioma " res inter alios acta allis neque nocere neque prodesse potest " , y deducir de él que en nada obliga el pacto a la Caja Previsional de Abogados en cuanto a los aportes a realizar a la misma los que deben realizarse conforme a la normativa legal ( arts. 851, 1195, 1199 y cdts. Cod. Civ.; art. 14 y cdts. ley 6716 ). Los contratos no pueden perjudicar a terceros, no pueden serles opuestos, ni invocarse por ellos ( art. 1199 C.C. ). Los contratos sólo crean obligaciones y derechos a cargo de los intervinientes, quienes no pueden imponer obligaciones a terceros mediante las convenciones celebradas por ellas. El art. 851 no hace más que reiterar, de modo sobreabundante, el principio general que surge de los arts. 1195 y 1199, consagrando el efecto relativo de los contratos, con relación a las partes, sus herederos y sucesores universales, siendo inoponible a los terceros, para quienes la transacción es un acto ajeno, que no los puede perjudicar. (Minoría u opinión personal)
Juicio de desalojo, prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FERRO, GABRIELA SUSANA c/ RAMIREZ, SILVIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

La presente queja no puede prosperar pues, si bien la recurrente achaca a la Alzada arbitrariedad en la valoración de la prueba, por confirmar la sentencia dictada por el Juez de grado -que a su turno había rechazado las excepciones de prescripción adquisitiva y falta de legitimación para obrar- haciendo lugar a la demanda de desalojo con fundamento exclusivo en un instrumento privado no incorporado válidamente al proceso ni reconocido judicialmente; no repara en que los elementos probatorios valorados por la Cámara con carácter decisivo fueron las declaraciones por las cuales la propia demandada admitió no ocupar el inmueble con ánimo de dueña (tanto al absolver posiciones como en la constatación judicial del bien).
Defensa en juicio, jerarquía constitucional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La violación la garantía de la defensa en juicio que irrogue un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, de estar reunidos los restantes recaudos de habilitación judicial, puede y debe ser reparada por los jueces de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución y con arreglo al control de constitucionalidad judicial.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Máximo F. c/ La Primera de G. Bourg SATCI s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el que se denuncia violación de los arts.

168 y 171 de la Constitución de la Provincia si los agravios expuestos -promiscuamente con los del recurso de inaplicabilidad de ley igualmente planteado- no se sustentan en el contenido normativo de dichos preceptos sino que están referidos a la apreciación del material probatorio así como a presuntos errores de juzgamiento, temas ajenos a esta vía recursiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, leyes, interpretación de la ley, asegurador, citación en garantía, defensa, tutela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  Denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  La citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

La ley 17418 ha regulado la situación del tercero, víctima del daño, en el artículo 118 párrafos 1, 2 y 3. Por los párrafos 2 y 3, la víctima del daño puede citar al asegurador La disposición no puede tener más que un alcance: que el asegurador, parte en el proceso, debe pagar a la víctima en los términos del contrato de seguro.

Todas las defensas que tuviere contra el asegurado debe aducirlas en esta causa. Las defensas que puede aducir son únicas y exclusivamente las nacidas con anterioridad al hecho generador del daño; las posteriores no afectan a la víctima, porque el asegurado no puede alterar el derecho que el párrafo primero del mismo artículo le reconoce a la víctima. De lo contrario cabría fácilmente escamotearle el derecho que la ley le reconoce. De ahí la exclusión a que se refiere la ley en el precitado párrafo primero. La ley excluye las defensas nacidas después del siniestro, con lo que la ley admite que el asegurador alegue la culpa grave del asegurado, que le libera de su obligación (artículo 114), porque no nació el crédito del asegurado sobre el cual hacer valer el privilegio que le reconoce el artículo 118 párrafo primero. (Del Voto del Dr.

Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, expediente, notificación, notificación personal, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARIAS, ALBERTO RODOLFO c/  s/ APELACION FISCAL SOBRESEIMIENTO-SCC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Se evidencia que los Magistrados consideraron que el solo retiro del expediente por parte de personal del Ministerio Público de la Acusación -en el caso, el chofer- significaba tener por notificado al Fiscal interviniente de la resolución que sobreseyó al imputado en orden a los hechos que le fueran oportunamente enrostrados; mas la cuestión sometida a análisis, como puntualiza el recurrente, no gira en torno a la norma aplicable en materia recursiva como pareciera entender el A quo, sino en relación al régimen legal de comunicaciones y notificaciones que debe considerarse a los fines de merituar la temporaneidad del planteo recursivo de instancia ordinaria, y es aquí, donde se advierte el déficit argumental de la Cámara, en tanto para arribar a dicha conclusión, soslaya efectuar un adecuado análisis del alcance de las disposiciones legales aplicables sobre tal aspecto y de la interpretación que de las mismas efectuara esta Corte, desde que la ley 6740 en su artículo 133 dispone que los integrantes del Ministerio Público serán notificados en sus respectivas oficinas y en su artículo 136 que cuando la notificación se haga personalmente en Secretaría o en los despachos de los integrantes del Ministerio Público, se dejará constancia en el expediente y firmando el notificado y el encargado de la diligencia. CITAS: CSJStaFe: Gómez, AyS, T 126, p 190; Castañeda, AyS, T 246, p 333. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal, artículo 398; Ley 6740, artículos 133 y 136
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

La posibilidad de interponer el recurso de rescisión en el procedimiento laboral no resulta otra cosa que una cuestión de interpretación de la ley, en el caso de nuestro Código Procesal Laboral. En esta tarea interpretativa cabe señalar que el recurso de rescisión no está previsto de manera expresa en nuestro Código Procesal Laboral, mas cabe conceder que el art. 116 C.P.L. admite la procedencia de "recursos especiales y extraordinarios" en los casos establecidos en las leyes específicas debiendo sustanciarse por los trámites previstos en las mismas, por lo que conforme se interprete este artículo podrá ó no considerarse que el recurso de rescisión integra nuestro régimen procedimental específico. (Del Voto de la Dra. Rucci) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Procedimiento administrativo, proceso penal, responsabilidad penal, sentencia penal, cosa juzgada
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BASTERRECHEA, DANIEL ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 279-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-19

El procedimiento disciplinario, siendo puramente administrativo, no puede ejercer influencia sobre el proceso penal, no ocurriendo lo mismo a la inversa. La sentencia penal, por su autoridad de cosa juzgada, puede tener en cambio, una eficacia decisiva frente al procedimiento disciplinario. Lo expuesto se verifica no sólo en las sentencias condenatorias en cuanto al hecho del imputado que importa responsabilidad disciplinaria, sino también en todos aquellos casos en que el procedimiento penal ha concluido con una sentencia definitiva que declara la inexistencia del hecho o admitiéndolo ha decidido que el imputado no ha tomado parte de en él.
Plazo, caducidad, acción de amparo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: H. F. D. c/ GCBA s/ amparo - habitacionales y otros subsidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde declarar la caducidad de instancia de la queja, pues ya sea que el plazo se cuente desde la fecha del último acto impulsorio o desde el primer día hábil posterior a su notificación, ha transcurrido en exceso el aplicable al caso, conforme la normativa vigente. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Defraudación, apropiación de cosa perdida, hurto, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: GRIJALBO, LUIS G. s/ Defraudación. Apropiación de cosa perdida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

La conducta de quien se apoderó de efectos presuntamente perdidos para abandonarlos pocos metros más adelante al verse perseguido, no constituyó el delito de apropiación de cosa perdida, pues no tuvo la posibilida de actuar como dueño de la cosa y tal ilícito se configura en el momento en que se deja de actuar como depositario y se comienza a hacerlo como propietario, por lo tanto la figura apropiada es la de hurto en grado de tentativa.
Menores, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Julio A. y otros c/ Gorosito, Rolando A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El Código Civil sanciona con la nulidad la ausencia de la representación promiscua y necesaria del Ministerio Pupilar (arts. 59 y 494 Código Civil). No se debe, pues, aquí recurrir a la figura de la inoponibilidad, porque ésto equivale a obrar "de iure condenado" y preterir la aplicación del derecho positivo vigente. De tal modo, los padres como representantes legales de la menor, estuvieron en su momento legitimados para obrar con relación a la esfera de los intereses de que era titular la incapaz. Dicha legitimación (indirecta), deriva de los poderes legales inherentes a la representación necesaria que investían y a la que, expresa e implícitamente, se refieren los arts. 57 inc. 2°, 62, 264, 274, 293 y concds. del Código Civil. No puede, entonces, la menor llegada a la mayoría de edad aducir en la especie que el pacto de cuota litis es inoponible por la falta de intervención del Asesor de Incapaces y de la autorización judicial para suscribirlo, pues dicha omisión, torna al acto relativamente nulo y convalidable (arts. 59 y 494 Código Civil).
Daño moral, legitimación activa, damnificado directo, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: Lima, Maira Joana y otros c/ Agon, Alfredo; Sastre, María Patricia y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

De conformidad con el art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, el ordenamiento vigente mantiene la regla según la cual solo el damnificado directo se encuentra legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del hecho ilícito, ya que la legitimación activa ha sido ampliada en el nuevo código pero únicamente para los casos de muerte o de gran discapacidad de la víctima.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Transporte de pasajeros, ferrocarriles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTILLO GUILLERMO. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-05

La circunstancia de que el pasajero viaje en condiciones inadecuadas y en una situación objetivamente infraccional, si bien no determina, de suyo, la causal de culpa propia contemplada por el art. 184 Del código de comercio, tampoco permite inferir, sin más, que la realización del transporte en tales condiciones haya obedecido ineluctablemente a una precariedad natural y habitual de éstas, aun en las categorizadas como "horas pico", insusceptibles de agruparse esquemática y linealmente, en tanto varían de acuerdo a las características propias de los servicios; de donde, la cuestión no comporta en términos estrictos, un hecho notorio, en el sentido que tradicionalmente se asigna a esta técnica probatoria. (Sala 1,1966,050883)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, allanamiento domiciliario, secuestro de estupefacientes, inviolabilidad del domicilio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiorentino, Diego Enrique s/ tenencia ilegítima de estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Procede el recurso extraordinario en el caso en que el agravio que formula el recurrente ilegitimidad de la diligencia policial, en la que se secuestró cierta cantidad de marihuana, por resultar violatoria de la garantía de la inviolabilidad del domicilio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional suscita cuestión federal bastante para la apertura de la instancia del art. 14, de la ley 48, pues la sustancia del planteo conduce en definitiva a determinar el alcance de la referida garantía constitucional.
Interés público, empresa periodística
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S.A.  La Nación s/ infr. ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social y su actividad está dirigida al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.
Administración Pública, empleados públicos, discriminación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTINI, ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 1-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-01

La mera circunstancia de que a otro agente se le haya reconocido una diferencia salarial por la Administración en similares circunstancias a las alegadas por el recurrente, no otorga sustento a la pretensión del reclamante. Es decir, que la alegada particularidad no crea derecho al actor.
Laudo arbitral, nulidad del laudo arbitral, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Seven Group S.A. c/ ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-11

Si bien nuestra legislación prevé la impugnación de un laudo arbitral por vía del recurso de nulidad, éste no habilita a las partes a solicitar una revisión de aquél en cuanto al fondo de lo decidido sino que el juez debe limitarse a resolver acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez del laudo, es decir, controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos que el legislador ha considerado indispensables para una buena administración de justicia.
Obras públicas, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Astilleros  Alianza    S.A.    de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera c/ Estado Nacional (PEN.) s/ daños y perjuicios -(incidente).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La decisión de ejecutar una obra pública es una actividad discrecional de la Administración, lo que alcanza, incluso por sus mismas exigencias técnicas, a la elaboración del proyecto y demás estudios contemplados en el art. 4 de la ley 13.064.
Recurso extraordinario federal, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ ARGENTINO, CORTEZ DE PEREZ DEL V. Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  SIRENA SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  SIRENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-16

Cuando se concluye en que la acción de amparo no procede para sustanciar la controversia, atento a su carácter restrictivo, porque el derecho de base constitucional que se dice lesionado puede encontrar tutela jurisdiccional suficiente en otra vía idónea e igualmente apta para impugnar la validez de las leyes que se cuestionan, se resuelve una cuestión ritual, no susceptible de revisión a travÚs del recurso federal, que es vía excepcional. Así, al decidir de tal suerte no se da cumplimiento con el ineludible requisito de la sentencia definitiva a fin de habilitar la pertinencia del Recurso Extraordinario, salvo el caso de arbitrariedad manifiesta.
Abandono de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Currumil Hugo Orlando c/ Zwenger Jorge s/ Cobro de Pesos Laboral ficha 9563
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-23

El abandono del trabajo, como modo de extinción del contrato laboral por voluntad del trabajador, requiere para perfeccionarse que, tras la intimación infructuosa a retomar las labores, el empleador formule la declaración de que tal extinción ocurrió, pues de lo contrario la situación contractual quedaría en una suerte de nebulosa indefinición hasta que, por el transcurso de un lapso más o menos prolongado, pudiera conceptualizársela extinguida por voluntad concurrente tácita de las partes, en función de lo establecido por el art. 241 último párrafo L.C.T.- (del voto del Dr. Velázquez)
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, caducidad de instancia, incidentes, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Papelera Bragado SA c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por coronel miguel máximo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-21

Procede revocar la resolución que declaró operada la caducidad de instancia en el incidente. Ello por cuanto, en el caso, deviene aplicable el supuesto previsto por el CPR 313-3°. Es que, al contestar el traslado del presente proceso, la sindicatura manifestó que resultaba necesario el requerimiento -ad effectum videndi et probandi- de cierta causa laboral. A partir de allí, el expediente se encontraba en condiciones de ser resuelto, ya sea disponiéndose la apertura a prueba de la causa, o, en caso de no corresponder, dictándose la sentencia final (CPR 150 y 185). Sin embargo, el Juzgado sólo tuvo por contestado el traslado y por presentadas las autorizaciones conferidas con las limitaciones de la ley y nada dijo al respecto configurándose, el supuesto previsto por aquella norma.