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Recurso de casación, in dubio pro reo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Melgarejo Marcelina y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

La aplicación del principio "in dubio pro reo" (art. 4. del Código de Procedimiento Penal), es de carácter ajeno por principio a la casación, ya que el estado de duda - de presentarse - , no se funda en ninguna norma jurídica sino que es un derivado de la evaluación de todos los elementos de prueba reunidos en la causa, incluídos presunciones e indicios. En autos, la apreciación de la prueba ha llevado al Tribunal a - quo a una certeza y no a una incertidumbre, de manera que la pretensión del recurrente no pasa de ser una mera divergencia de criterio: la duda, debe instalarse en el ánimo del Juez y no en el del Defensor.
Defensa del consumidor, recurso directo, aplicación de la ley, Direcciones, incumplimiento del convenio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Telefónica de Argentina SA c/ En- M° Desarrollo Productivo  s/ recurso directo- ley 24240- art. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-21

La sala confirmó el acto administrativo recurrido que había impuesto una sanción de multa de $ 200.000 (pesos doscientos mil) contra la firma Telefónica de Argentina SA, de conformidad con el artículo 46 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por incumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado con un particular y que fuera homologado a través de la disposición DI-2017-139-APN-COPREC#MP.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, pago, Derecho laboral, crédito laboral, compensación, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

Otro requisito de la compensación laboral es el de la clara especificación y formalización del condicionamiento de la gratificación y su imputación a algún rubro remuneratorio o indemnizatorio que resulta adeudado (desconocido en el momento de entrega de la gratificación). A este respecto, expresa Fernández Madrid, el empleador que ha expresado su voluntad en un sentido: el de gratificar, no puede a su voluntad dar otra imputación al pago por ejemplo atribuirle título indemnizatorio. (Del Voto de la Dra.

Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es:

Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Debido proceso, Constitución Nacional, defensa en juicio, interpretación restrictiva, traslado de la demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Barrera, Flavio Rodrigo  c/ Poggi, María Elena  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-23

En el presente, el entuerto gira en torno a la resolución que tuvo por contestada la demanda, consideramos que tal cuestión debe ser resuelta sin desatenderse que se pone en juego el principio del debido proceso y su derivado derecho de defensa en juicio que contempla el art. 18 de la Constitución Nacional. En la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda hay que proceder con criterio restrictivo. En caso de duda sobre la validez del acto hay que atenerse a la solución que evite conculcar derechos de origen constitucional, teniendo muy presente que tal notificación es "la más importante de cuantas se practican en el proceso (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Administración Pública, prerrogativa de la administración, empleo público, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Bustelo Rafaél Justo c/ E.N. M° de Educación s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-03

Las prerrogatvas del Estado en la relación de empleo público, lejos de poder ser absolutas ni irrestrictas, encuentran su límite en la imposibilidad de alterar la "sustancia" del contrato, vedándose la posibilidad de que quede desvirtuada, en su significación económica, dicha relación (C.S.J.N. "Guida, Liliana c/ P.E.N. s/ empleo público", Fallos: 323:1566, del 2/6/00) Cons. 3° b).
Contratos administrativos, buena fe, cláusulas del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Co-Ingeniería S.A. c/ E.N. (Mº de Defensa-E.M.G.E.-) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Tiene dicho este Tribunal que el principio de la buena fe impone a quien contrata con la Administración Pública un comportamiento oportuno, diligente y activo, antes que displicente, lo cual obliga a poner de manifiesto la aparición de circunstancias que a su juicio importen un daño para sus intereses, o impongan la modificación de las cláusulas contractuales, a fin de que el órgano estatal pueda, a su vez, decidir si conviene al interés público celebrar el contrato, o por el contrario, dejar sin efecto la licitación, o llamar una nueva en otras condiciones, en su caso (Sala IV, 29/11/94, "E.F.O.I.S.A. c/ Gas del Estado s/ contrato de Obra Pública").
Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, derechos y garantías constitucionales, derecho de huelga, derecho de trabajar, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. c/ SINDICATO DE TRABAJADORES BURSATILES s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-11

No existe conflicto de competencia a dirimir que habilite la intervención que atribuye a este Cuerpo el inciso 5to. del artículo 93 de la Constitución provincial, toda vez que el Juzgado de Distrito en lo Laboral resolvió el sub lite declarando improcedente el amparo intentado -tendente a garantizar el ingreso, egreso y permanencia al Edificio Bolsa de Comercio, atento al paro y movilización de los trabajadores bursátiles- en razón de la falta de acreditación en su momento de violación manifiesta de un derecho constitucional tutelado.
Disolución de sociedades, liquidación de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: U., G. c/ K., I. s/ Cobro de Pesos - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-12

Producida, la disolución de la sociedad, ella debe entrar insoslayablemente en el proceso de liquidación, ya que la primera lleva como consecuencia implícita, como efecto inmediato, la segunda, que significa la detención de las actividades ordinarias, la conclusión de los negocios pendientes, el pago de las deudas, el cobro de los créditos y la división social.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Manavella, Osvaldo c/ Chabas Forrajes S.R.L. s/ Juicio ordinario. Queja por denegación del Recurso de  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-18

La prueba referente a la existencia del contrato de transporte aducido por la actora, no escapa al principio general por el cual las cuestiones de hecho y de interpretación de derecho común no dan lugar a la apertura de la vía de excepción. Así, el Alto Tribunal de la Nación ha señalado la improcedencia del recurso extraordinario deducido contra una sentencia que rechazó una demanda por cumplimiento de contrato y declaró resuelto el boleto de compraventa, porque los temas debatidos son de hecho y prueba y de derecho común y procesal, propios de los jueces de la causa y ajenos, como regla, a la instancia del artículo 14 de la ley 48.
Compraventa, precio, saldo de precio, mora del vendedor, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Moretti, Víctor Esteban y otro c/ Castro Nazareno, Azucena y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

Corresponde reajustar dos saldos impagos de precio en una compraventa, como una forma de evitar un enriquecimiento sin causa de quien adquiere un inmueble saldando un precio envilecido o, a la inversa, un empobrecimiento consecuente a una indexación excesiva, ello sin embargo, exige su conjugación con las circunstancias de hecho. Si la adquirente abonó más del 80% del precio establecido, debe tenerse por cumplida la obligación de pago que le es propia, en atención a que la contumacia de su contraria en su actitud incumplidora, permite exculparla de las consecuencias de su propia mora.

La morosidad del vendedor impide efectuar un reajuste matemático de la prestación insoluta, como si fuese el deudor quien hubiese incurrido en retardo imputable, cuando el detrimento que se operó encuentra su exclusiva causa eficiente en su propia conducta.

Uno de los efectos de la mora consiste, precisamente, en la traslación de los riesgos que pesaban sobre la prestación, lo que implica que la pérdida de la entidad patrimonial de una obligación dineraria como es el precio de una compraventa, debe ser en principio soportada exclusivamente por el contratante moros. Si se abonó un alto porcentaje del precio no es dable inferir que la vendedora sufra un grave quebranto deba ser paliado a través del criterio pretoriano que tiende a sortear situaciones altamente inequitativas, pues no resulta fácil concluir que con mas del 80% erogado no haya quedado enjugado el valor venal del bien -lote de terreno-, y hasta alguna ganancia en favor de aquélla. El dispositivo fundado en el abuso del derecho y la equidad, al igual que los presupuestos que hacen viable a la lesión o a la teoría de la imprevisión, requieren que exista una grave desproporción entre las prestaciones que sea repugnante a la justicia y no meramente que la enajenante haya dejado de consolidar un buen negocio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción del contrato, gratificaciones, crédito laboral, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

Los casos que convocan la opinión de la Cámara en Pleno refieren a la posibilidad de compensación de las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que se advierte como práctica de algunas empresas, realizadas por las mismas con motivo del cese de la relación, con imputación a posibles acreencias por cualquier concepto vinculadas con el contrato de trabajo, aún indemnizatorias en el marco de la ley 9688, reconocidos por sentencia judicial.

Estos casos no deben confundirse con el instituto de la compensación propiamente dicho contemplado en la 2da. Parte, Título XVIII (arts. 818 a 831) del Código Civil consistente en el modo de extinción de obligaciones que se da cuando dos personas por derecho propio reúnen la condición de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda (art. 818), figura que recepta la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 131 prohibiéndola -con puntuales excepciones enumeradas en el artículo 132- junto con las retenciones y deducciones o descuentos por "entrega de mercaderías, provisión de alimentos, vivienda o alojamiento, uso o empleo de herramientas o cualquiera otra prestación en dinero o especie" y "multas" que rebajen el monto de las remuneraciones. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Daños y perjuicios, daño moral, ley de emergencia, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUSIO DE QUIROGA Y OTRO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-27

Aún partiendo de la premisa de que la Ley 8250 (reformada por Ley 8332) de consolidación de deudas públicas provinciales (que instituye un sistema similar al vigente respecto de las nacionales:

Ley 23982), obedeció a una efectiva situación de necesidad, crisis o emergencia pública, que impone la adopción de medidas de excepción, en salvaguarda de intereses generales y con sacrificio de otras individuales, es requisito esencial, acorde con doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la normativa dictada "no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niegue su propiedad, y sólo limite temporalmente la percepción de tales beneficios o restrinjan el uso que pueda hacerse de esa propiedad, pues en tales hipótesis no hay violación del art. 17 de la Const. Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de superar o atenuar una situación de crisis".

La Ley 8250 es francamente inconstitucional, porque no se circunscribe a una postergación razonable del cumplimiento del crédito reconocido judicialmente, ni a una modificación de la manera de cumplir que deje incólume el contenido sustancial del objeto de la obligación. Es decir, no existe una simple limitación del derecho indemnizatorio de los demandantes sino una deformación de su sustancia.

Una discriminación irrazonable que efectúa la ley, es la de excluir de la consolidación los créditos indemizatorios por daños a las personas, sólo cuando el perjuicio que es patrimonial y presente.

Se da prevalencia jurídica a los daños económicos sobre los de naturaleza espiritual, a pesar de la tendencia incoercible del derecho de daños hacia una visión humanista, que confiera primacía al ser sobre el tener.

Inclusive, dentro de los daños patrimoniales, tampoco justifica conferir mayor rango, para su percepción irrestricta, al daño emergente por sobre el lucro cesante o frustración de chances. La indemnización de estos últimos daños económicos, puede ser indispensables en ciertos casos para la continuidad de la víctima que quedó inválida, en la medida que se oriente a cubrir necesidades materiales básicas.

Incluso dentro del propio daño emergente, es irrazonable la discriminación entre el presente y el futuro. Por una parte, éste puede ser también cierto, en cuanto objetivamente previsible en su ocurrencia así sea más adelante.-
Empleados públicos, suspensión preventiva, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Morseletto, Francisco Víctor c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-16

La materia prima contenciosa administrativa que se pone a conocimiento pleno de la presente instancia, denota una naturaleza meramente instrumental y no definitiva ya que se trata de una suspensión preventiva en un expediente administrativo que se encuentra en trámite. Desde este aspecto, la suspensión provisional, denominada también cautelar o precautoria, no tiene el carácter de sanción disciplinaria, sino una medida administrativa que tiene por objeto evitar las consecuencias desagradables de mantener en actividad a un funcionario sobre el que pesa una sospecha. Esto es, no se advierte el carácter definitivo del acto administrativo.
Daños y perjuicios, transporte ferroviario, lanzamiento de proyectiles contra un tren en marcha
Materia: CIVIL
Carátula: ALOMO, MYRIAM IRENE c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

del reconocimiento de la actora sobre que la piedra fue arrojada desde el exterior por una persona que no viajaba en el tren y que no pudo hallarse lejos de éste, no es posible inferir, sin más, que esa persona era ajena a la demandada, extremo que hubo de ser probado (y no lo fue) por quien pretende excusar su responsabilidad en la culpa exclusiva del tercero.
Contrato de trabajo, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Héctor Carlos c/ Mastragostino, Fabián y otro s/ Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

No existe inversión de la carga probatoria si la relación que reconocieron los accionados en su responde fue la de locación de cosa (transporte automotor), mas no la de prestación de servicios de la que se pudiera presumir el contrato de trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Debate, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GUZMAN, GILBERTO NELSON s/ DEBATE - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-02

Importa un elemento de juicio, introducido al debate mediante prueba testimonial, el relato de los testigos sobre una visita a determinado sitio y a lo que la sentencia llamó "inspección ocular".

Siendo así, la valoración de ese elemento de juicio, por parte del tribunal de mérito, es legítima, por lo que no puede prosperar el agravio fundado en la inobservancia de requisitos formales de una inspección ocular.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIOS ROSENDO EDUARDO c/ SLUZZAR ITALICO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CHITARRONI ALBERTO c/ ESQUIVEL ALFREDO A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS ANZARDI JUAN ENRIQUE c/ ALVAREZ OMAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28|1986-12-23|1991-10-22

Las calidades de propietario y poseedor en sentido estricto son entre sí diferentes en tanto que se puede ser propietario sin detentar posesión y, a la inversa, se puede ser poseedor sin revestir la calidad de propietario. Para ser lo primero, conforme al ordenamiento legal vigente (Dec. Ley 6582/58) resulta necesaria contar con la correspondiente inscripción en el Registro del Automotor, en tanto que tal inscripción es "constitutiva" del dominio, más para ser lo segundo no hace falta sino el hecho material que da nombre al instituto someterla al ejercicio de un derecho de propiedad".
Recurso de reposición (procesal), presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Novillo, Abigail Jael c/ O.S.D.E. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

Corresponde confirmar el rechazo del recurso de reposición in extremis impetrado contra la resolución que declaró mal concedido el recurso de apelación por extemporáneo, en tanto no se encuentra previsto normativamente para los procesos de amparo, resultando a su vez improcedente la apelación interpuesta en subsidio de aquella, toda vez que la errónea elección de un tipo de apelación lleva necesariamente en un "orden lógico". (Del voto del Dr. Ferro)
Disolución del matrimonio, reconciliación de los cónyuges, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P. de S., C.M.E. c/ SUCESION S.T. s/ REPETICION DE HERENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-25

La sola circunstancia de que el cónyuge figurara como familiar de su esposa en el Instituto Municipal de Obra Social y el hecho de que la misma hubiera gozado de una licencia para atender la enfermedad de su consorte no bastan por sí solas para tener por plenamente acreditada la reconciliación de la pareja en los términos de la ley de matrimonio civil. En todo caso, estos hechos obedecen a razones humanitarias.
Dominio del Estado, bienes públicos del Estado, desafectación de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: Kirgal Trading Company S.A. c/ GCBA s/ expropiación inversa - retrocesión s/recurso de apelación ordinario concedido y sus acumulados: exptes. nº 7760/10: Kirgal Trading Company S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión y nº 7768/10: GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

Dado que la sentencia judicial del año 1967 hizo que el inmueble pasase a formar el patrimonio del Estado y adquiriese la condición jurídica de cosa pública y la finalidad de la expropiación fue someter el fundo al uso público (art. 2340, inc. 7, C.Civil), el bien pasó a ser "res extra commercium" mientras durara esa consagración o afectación, de modo que una vez que el inmueble se ha incorporado al dominio público, esa calidad sólo puede cesar por la desafectación que es la forma de extinguir la dominicalidad, hacer cesar el uso público o el destino de esos bienes. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso extraordinario federal, Constitución Nacional, constitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, aborto no punible, aborto fundado en violación, código penal, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que interpretó de forma amplia el art. 86 inc. 2 del Código Penal y declaró que no es punible toda interrupción del embarazo que deriva de una violación, independientemente de la capacidad mental de la víctima, pues el fallo apelado se sustenta autónomamente en legislación nacional que no ha sido atacada de inconstitucional, razón por la cual carece el recurso del requisito de relación directa e inmediata que debe existir entre las cuestiones favorables. (Del voto del Dr. Petracchi)
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Makaruk, Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. y Cult. y Educ.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

Debe rechazarse la defensa ensayada por la accionada con pie en la falta de mora imputable a la administración - pues las actuaciones administrativas no se habrían hallado en su poder- , ya que aparece de modo especulativo o bien como producto de una reflexión tardía, si ésta advirtió tal detalle una vez transcurridos los períodos de retardación previstos por el art. 7 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, acto administrativo, Administración Pública, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GRANDINETTI, JOSE MIGUEL Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   24-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

En un gran número de Amparos -concretamente en los que se demanda a un ente público en ejercicio de funciones administrativas-, puede verse comprometida la competencia contencioso administrativa de esta Corte, la que, hasta tanto se instalen los Tribunales creados por la Ley 11329, concentra la mayoría de los casos que versan sobre esa materia. Y el Amparo no puede ser visto como un medio para sustraer la competencia ordinaria de los tribunales, en particular, los con competencia contencioso administrativa. Debe tenerse muy especialmente en cuenta que, cuando el acto o la omisión cuestionada es de la Administración Pública, el sometimiento de ésta a un juez incompetente en razón de la materia, puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes.
Costas, IVA
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Saladillo c/ Matiosian de Pozos, Flora s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Corresponde obligar a la parte condenada en costas a que adicione al pago de los honorarios regulados al profesional que actuó en juicio por su contraria, el importe concerniente al impuesto al valor agregado que recae sobre tales emolumentos.