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Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, excepciones procesales, fuero de atracción, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RG Fiduciaria SA c/ Baya, Juan M. y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

El fuero de atracción no concluye ni con la declaratoria de herederos, ni con la orden de su inscripción, pues ella no transforma la indivisión en condominio, mientras no se practiquen los actos faltantes. En este marco conceptual, se observa que, en el caso de autos, no ha existido partición de los bienes que integran el patrimonio sucesorio del codemandado, ni siquiera inscripción de su declaratoria de herederos, por lo que nos encontramos frente a una herencia indivisa que ejerce fuero de atracción sobre todas aquellas acciones que promuevan los acreedores del causante (conf. CCIV 3284-4°). Así las cosas, el nuevo CCCN 2336 establece las acciones que deben tramitar ante el juez del sucesorio por razones de orden público. Su fundamento es que un mismo juez entienda en todas las cuestiones que se relacionen con la masa hereditaria para la liquidación del patrimonio del causante (cfr. arg. CNCiv, Tribunal de Superintendencia, in re: "Amado Carlos c/ Amado Leila y otros s/ medida precautoria" del 30/9/05). En este estado de cosas, el cese de la indivisión hereditaria se produce mediante la partición de bienes debidamente inscripta en el registro respectivo. En tal sentido se ha expedido la CSJN señalando que el juicio sucesorio atrae los reclamos concernientes a los bienes hereditarios hasta la partición debidamente inscripta, inclusive (in re: "Cooperativa de Vivienda y Consumo Integración y Progreso Ltda c/ Mandarino Goyenechea Nelly s/ ejecución de expensas" del 19/4/19, citado en el dictamen del Ministerio Público).
Prueba documental, agregación de la prueba documental, oportunidad procesal, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SICOM  S.A. c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ PRUEBA  -  RECURSOS  -  OPORTUNIDAD  DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-04

El artículo 379 del código procesal se aplica a los casos previstos específicamente, es decir, a los que versando sobre medidas probatorias sean resueltos mediante la interpretación de las normas que gobiernan el régimen de su admisibilidad, pertinencia y producción, pero sin extenderlo a supuestos distintos que, aunque referidos a aquéllas, se vinculan con la aplicación de otros dispositivos cuyo alcance está de ordinario sujeto a revisión por el tribunal de alzada. Por ello, la inapelabilidad prevista en la norma precitada no puede alcanzar a la materia relativa a la oportunidad de la presentación de la prueba documental.
Recurso de casación, beneficio de litigar sin gastos, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Bahamondez, María Elba c/ Torrejón, Hugo Gualberto y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-29

Al no existir resolución firme respecto al beneficio para litigar sin gastos -o, aún en su caso, no habiendo constancia en la causa de la concesión-, la exención al cumplimiento del depósito previo prevista por el cuerpo normativo, no halla asidero en tanto dicha normativa requiere que el beneficio debe estar acreditado al momento de la interposición del recurso extraordinario, no pudiéndose finiquitar dicho trámite en ninguna otra instancia, sino únicamente, en la de origen.
Proceso contravencional, imputado, defensa en juicio, oportunidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Lallana, Juan Carlos s/ inf. Art.79 C.C. s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

Al existir un imputado a partir del labrado del acta contravencional, aquél puede designar defensor y, en consecuencia, en caso de no elegirlo, el juez o fiscal deberá dar intervención inmediata al defensor oficial (art.3, L.P.C.). Tal postulado tiende a dar efectividad al derecho de defensa, en especial en todos aquellos actos jurisdiccionales que pudieren importar restricción de derechos constitucionales, en efecto el artículo 1 Ley de Procedimiento Contravencional dispone que "toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que el Código le acuerda, desde los actos iniciales, hasta la terminación de la causa".
Abogados, sanciones del Colegio Profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDRONI REYNOSO CLAUDIO ALFREDO c/ CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.E.R. s/ RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD CONTRA LA RESOLUCION Nro. 11.195 DEL  CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.E.R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-19

En cuanto a la alegada nulidad de la decisión controvertida por no consignarse en ella, la mayoría especial prevista en el artículo aplicado como sustento legal de la medida precaucional dispuesta, del texto de la norma; la finalidad que la inspira y una interpretación integral y armónica de la misma, emerge que esa mayoría se exige para el caso de haberse resuelto mantener al letrado en ejercicio de su profesión no obstante la existencia y firmeza del pronunciamento judicial -auto de procesamiento- que diera motivo a la suspensión aplicada, lo que difiere del presente caso.-
Cesión de derechos, contrato por escrito, escritura pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAVARRO CLORINDA M. c/ JUAN C. CARDONA s/ ESCRITURACION   -    COMPRAVENTA   -  SIMULACION  -  CONTRADOCUMENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-10

En materia de cesión de derechos y acciones, el único requisito exigido por la ley y desde un punto de vista formal, para que el contrato surta efecto entre las partes, es que se haga por escrito.

La exigencia de la escritura pública corresponde cuando el crédito cedido procede de "actos consignados en escritura pública", o en los casos de transmisión de derechos reales sobre inmuebles y de cesión de derechos hereditarios.-
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Coopropietarios Edificio Mijocali XXII c/ Suarez, Ismael s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

En los casos de negligencia en la producción de la prueba, en los juicios ejecutivos, debe considerarse apelable la decisión que así lo decide, por entenderse que puede resultar afectado el derecho de defensa en juicio, debiendo concederse con efecto diferido en virtud de lo prescripto por el art. 555 del CPC, y ser la cuestión resuelta en oportunidad de atacarse la sentencia de remate. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ GRESCHUCK, IVAN s/ APREMIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 240- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-07-07

El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica que es su norte; la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad es indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual del derecho; excluir de la solución a dar al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia.
Violencia de género, restricción de acercamiento, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. F. c/ V., V. V. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Atento lo expresado por esta Corte en el sentido de que una vez resuelta la medida requerida en los términos del artículo 26 de la ley nacional 26485, de no subsistir razones que justifiquen el mantenimiento de la jurisdicción penal ante la ausencia de peticiones vinculadas a la investigación penal preparatoria de los hechos presuntamente delictivos por parte del titular de la acción penal, la actuación del magistrado del Colegio de Jueces penales debe concluir, correspondiendo en adelante la sustanciación del trámite previsto en la norma de mención, ante el fuero que a tal fin corresponda; y a la inexistencia de requerimiento por parte del Ministerio Público de la Acusación, no corresponde la intervención del fuero penal en el trámite de la presente causa, debiendo continuar entendiendo en la misma el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículo 26. - Jurisprudencia vinculada: A., G. J., AyS T 312, p 333, sumario J0048981. - Jurisprudencia concordante con G., R. N., AyS T 313, p 270/272, sumario J0049162.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Casiano, Nelida Carmen y otro s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-03-03

No corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinar en concreto qué tribunal debe entender en los conflictos jurisdiccionales locales -desde que su dilucidación resulta de la aplicación que hacen las leyes de provincia los órganos judiciales que ellas contemplan-, debiendo disponerse, en estos casos, la remisión de la causa a la Corte de Justicia local correspondiente, para que dicho tribunal cumpla con la finalidad que le es propia.
Medidas cautelares, seguro ambiental, gravedad institucional, división de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Medio Ambiente c/ EN - PEN - dto. 1638/12 - SSN - resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

El pronunciamiento que admitió la medida cautelar mediante la cual se suspendió la vigencia del decreto 1638/12, reglamentario del seguro ambiental, y de la resolución de Superintendencia de seguros de la Nación 37.160/12 -que aprobó las condiciones generales del seguro obligatorio de caución por daño ambiental-, reviste gravedad institucional pues trasciende el mero interés de las partes, al tener incidencia directa sobre la piedra angular que articula el control de constitucionalidad -encomendado por la Ley Fundamental al Poder Judicial- en el principio republicano de la división de poderes.
Falta de personería, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tubos y Accesorios S.R.L c/ Surplat Construcciones S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-24

Si al tiempo de materializarse el emplazamiento del demandado a estar a derecho, el propio actor omitió adjuntar las copias del contrato social, tal como lo indica el mandamiento, las costas por la excepción de falta de personería deben ser soportadas por la accionante, desde que su deficiente actividad en el acto de intimación de pago, dio motivos suficientes a la contraria a peticionar como hizo.
Ejecución fiscal, ejecución previsional, omisión de retener o percibir aportes, prescripción, prescripción decenal, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL c/ D'ARIELLI MARIA ANGELICA s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

El plazo de prescripción de los reclamos por obligaciones emergentes de leyes de previsión social es de diez años (art. 16, Ley 14.236). Así lo ha señalado esta Cámara de Apelaciones en mas de una ocasión (cfr. Sala I, Causas 8136 del 24.7.79 y 9431 del 21.11.80; Sala II, Causa 6879 del 11.9.89). Siendo tal normativa específica de la materia que tratan las presentes actuaciones, resulta claro que debe ser preferida a la norma general del Código Civil que invoca la ejecutada, para ser aplicada en relación a la excepción de prescripción que opuso. Y ello es así, por cuanto es un principio recibido el de que la ley especial posee prevalencia sobre la ley general (cfr. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil - Parte General", T. I, N° 61, págs. 62/63).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Cuevas, Roberto Martín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pues para la apertura de la vía extraordinaria por la figura del absurdo, es necesario se acredite claramente el error lógico o material en que incurrió el tribunal de grado, extremo no evidenciado en la especie con la simple exposición de un criterio discordante respecto de la apreciación que de la prueba aportada se realizó en el fallo, apreciación que en tanto cuestión de hecho no resulta -en principio- revisable en casación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EKMEKGIAN, MARIO c/ BALAYAN HAIGARAM ALBERTO Y OTROS s/ INCIDENTE DE SELLOS - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

En los incidentes que versan sobre un monto específico, diverso del monto total del juicio, la regulación debe practicarse aplicando sobre aquél la escala del art. 7 de la ley 21.839 y, sobre el resultado que así surja, los porcentajes del art. 33.
Responsabilidad civil, mala praxis, asistencia médica, guardias pasivas, médico obstetra, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: FAVETTO, MARCELO F. c/ INST. NAC. DE OBRAS SOCIALES Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (RESP. MEDICA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

El hecho que sirve de fundamento a la responsabilidad no reside en lo actuado por la partera en sí, sino en la deficiente prestación de la asistencia a la madre embarazada, que escapaba a las atribuciones de aquélla. La obstetra se debió ajustar a un sistema asistencial incompleto e inseguro, impuesto por sus empleadores -Medicomex y Clínica Dragones-, tal como lo justifica el Director de ésta al absolver posiciones, pues para ellos era suficiente poseer parteras de guardia activa, con médicos obstetras en guardia pasiva "que llama la partera cuando se presentan problemas ". Ello así, la ausencia del médico obstetra no fue imputable a la partera porque ésta, aunque hubiera querido contar con la compañía del médico, no la habría conseguido, porque sólo se la podía requerir cuando se presentare una complicación. Y cuando ésta se produjo al instalarse la distocia de hombros y el parto se convirtió en patológico la partera debió actuar de manera urgente porque ante la inacción el feto se muere y no contó con tiempo para requerir la presencia del médico especialista que estaba en su casa. La maniobra de tracción que realizó era la única que -en la mejor de las hipótesis-se hallaba capacitada y habilitada para realizar, de tal manera que si como consecuencia de ésta el niño sufrió las lesiones que se describieron, ello no se debió a la impericia de la partera -que no surge de prueba alguna-sino de la perniciosa organización del servicio médico de guardia, que impidió contar con la asistencia especializada de un médico obstetra. Con alguna licencia del lenguaje se puede concluir que la partera fue también víctima -por supuesto que en otro sentido-de ese servicio asistencial.
Honorarios, regulación de honorarios, incidentes, liquidación, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALDASARRE, MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA CONTRA REGULACION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 308-80 BELDOMENICO, HUGO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA CONTRA REGULACION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 309-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-20|1985-02-20

En una incidencia sobre impugnación a una liquidación de honorarios, la base regulatoria está dada por la diferencia entre lo pretendido por la incidentista y lo aceptado por la contraria, actualizada a la fecha de la regulación.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, despido, conciliación, homologación del acuerdo, convenios colectivos de trabajo, cuestión no federal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Escalona, Martín Reynaldo y otro c/ Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

El recurso extraordinario fue bien denegado si el tema en debate se circunscribe a determinar si las cláusulas del acta acuerdo y su resolución homologatoria resultan válidas, o si, por el contrario, vulneran los derechos de los trabajadores reconocidos en el convenio colectivo que regía la relación de empleo -CCT 1453/2015 E- así como los principios del orden público laboral aplicables, pues ello remite al estudio de una posible colisión de normas de derecho común, e implica el análisis de ciertas cuestiones de índole fáctica, las cuales constituyen materia propia de los jueces de la causa y son ajenas a la instancia del artículo 14 de la ley 48; máxime cuando la sentencia se funda en argumentos no federales que, más allá de su grado de acierto, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso contencioso administrativo, demanda, interpelación, datos personales, leyes, aplicación supletoria de la ley, decretos, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: GIANNONE, CARLOS D; GARGUICHEVICH, JORGE Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 547-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-18

La omisión de un recaudo elemental en la demanda contencioso administrativa, como es el cumplimiento de los requisitos exigidos, por el artículo 130 inciso 1 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, aplicable subsidiariamente conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 4106, trae aparejada no ya la revocatoria parcial sino la total del decreto impugnado -que tuvo por presentados a los actores, acordándoles la participación legal respectiva- correspondiendo intimar a los presentantes en el domicilio legal constituido a subsanar el defecto bajo apercibimiento de tener el escrito por no presentado, conforme lo establecido por el artículo 33 in fine del citado Código.
Prestaciones de la obra social, cobertura médica, alcance de la cobertura, decreto reglamentario, cannabis medicinal, Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales
Materia: ADMINISTRATIVO-SALUD PUBLICA
Carátula: B., C. B. y otro  c/ IOSPER y otros  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

La obra social demandada debe brindar la cobertura del 100 % para la adquisición del aceite de cannabis, toda vez que fueron acreditadas las mejora sustanciales que produjo el medicamento en el estado de salud del paciente y en su calidad de vida, las cuales resultan consistentes con los estudios científicos realizados sobre la efectividad del mencionado aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia refractaria, reconocida incluso por la auditora de la entidad accionada y que asimismo fueron uno de los motivos de la sanción de la ley 27.350
Ley de defensa del consumidor, buena fe, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro (Departamento de Defensa del Consumidor) S- Cruzmiguel Angel C- United Airlines Inc. c/  s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-10

Se ha omitido la consideración del "principio de buena fe", que debe regir en toda relación contractual. Es que, entre las normas específicamente protectoras de los derechos de los consumidores y usuarios, se debe incluir dicho principio como directiva básica con más las reglas secundarias de conducta que de él dimanan, exigibles a ambas partes de la convención. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Sentencia, prisión preventiva, declaración indagatoria, asociación ilícita
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ricardo Armando OBREGON CANO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO -  PRINCIPIOS  GENERALES  -  IMPROCEDENCIA -  DELITO  -  ASOCIACION  ILICITA  -  LEY  PENAL  MAS  BENIGNA - PRISION  PREVENTIVA - DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

La circunstancia de que el imputado fuera indagado y se le hubiera dictado la prisión preventiva con sustento en el art. 210 bis del Código Penal en modo alguno puede constreñir la libertad del juez para calificar la conducta del procesado al momento de la sentencia en tanto no se aparte de los hechos que fueron materia del juicio.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Julio c/ Molinos Balcarce s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

La patronal es civilmente responsable en los términos del art. 1113 parte segunda in fine del Código Civil por la minusvalía de su dependiente si, atendiendo a la afección padecida por éste, las bolsas de peso considerable que debía estibar actuaron como cosas productoras de riesgo en su salud.
Revisión judicial de actos administrativos, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Industrias Mancini S.A.C.I.A. c/ Dirección Nac. de Vialidad s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es principio en la materia administrativa que la demanda judicial debe versar sobre los mismos hechos y derechos invocados al efectuar el reclamo o al impugnar el acto en sede administrativa; es decir, que son los mismos temas y motivos propuestos a decisión administrativa los que deben ser sometidos a juzgamiento judicial (arg. art. 30 de la ley de procedimientos administrativos; y jurisprudencia de la C.S.J.N. en las causas "Salamone, Antonio Pascual c/D.N.V." y "Decavial S.A.I.C.A.C. c/ D.N.V.", resueltas el 20/9/88 y el 24/8/89, respectivamente -Fallos 311:1914; y 312:103-; la última decisión fue confirmatoria de una sentencia de este tribunal en su anterior integración).
Prueba documental, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Perroud Daniel Roberto c/ Municipalidad de Colón s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-10-22

La doctrina y la jurisprudencia son contestes en que los recibos de las reparticiones públicas constituyen un instrumento público. Estas afirmaciones se basan en la idea de que las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de su constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas.