Competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia, conflicto de poderes, intendente, Tribunal de Cuentas Municipal, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "PAREDES, STELLA MARIS Y OTROS c/ MIEMBROS DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO NORTE - DPTO. TULUMBA s/ PLANTEAN CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL" (
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-06-11

Conforme al mandato de nuestra Ley Fundamental Provincial sólo cabe atribuir competencia al Tribunal Superior de Justicia para dirimir en aquellos conflictos que impliquen una intromisión de uno de los órganos municipales en el ámbito de facultades legales que correspondan al otro, o que atente contra el regular funcionamiento de los mismos (art. 165 C. Pcial), reconociendo dicha competencia cuando mediante el accionar u omisión de un órgano, se obstaculiza, restringe, impide o desconoce las atribuciones propias de las autoridades de otro órgano, pues en rigor las controversias que generen dichas actitudes por la índole de las mismas, afectan o menoscaban el normal desenvolvimiento de los organismos de gobierno, ocasionado una colisión o conflicto de intereses en torno al pleno ejercicio de atribuciones propias que les cabe a cada uno de ellos.

El esquema elaborado por nuestros constituyentes nacionales y provinciales, plasmado también en el orden municipal, prevé la existencia de controles sobre los actos de las autoridades elegidas democráticamente, que no sólo se limitan a los mecanismos de vigilancia política sino también a los controles de legalidad, en el sentido que la autoridades deben ajustar su actuación pública al marco impuesto por el ordenamiento jurídico vigente, los que hacen a la esencia del principio de la división de poderes y al sistema republicano de gobierno.

En nuestro sistema municipal, el control en materia financiera se encuentra en cabeza de un órgano específico, el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros también se designan democráticamente por elección del Cuerpo Electoral, y cuya función básica y esencial es el control de legalidad del gasto de los dos órganos políticos del gobierno comunal, es decir verificar la correspondencia de las erogaciones con la ordenanza presupuestaria que predeterminan la regularidad contable y legal del gasto que se pretende efectuar.

Esa tarea de control, de vigilancia o de comprobación de los actos administrativos que se puede categorizar en actos de control preventivo y actos de control posterior requiere indudablemente de la colaboración e información necesaria del Departamento Ejecutivo para permitirle al Honorable Tribunal de Cuentas un cabal cumplimiento de su cometido, evitando aquellas medidas que afecten el normal desempeño de las funciones propias de las autoridades encargadas de dicho órgano de Control.

De allí que cabe efectuar una conminación a ambas partes en el sentido de que deben adecuar su accionar a fin de que su desempeño, actuando bajo la estricta observancia de criterios de razonabilidad, prudencia, mesura y objetividad, se ciñan a los límites impuestos por el marco legal vigente, absteniéndose de realizar actos que impliquen un entorpecimiento al adecuado ejercicio de las funciones que competen a cada órgano teniendo como punto cardinal de su accionar la satisfacción del interés de la comunidad que gobiernan.

Si bien la decisión que adopte el Concejo Deliberante respecto de la remoción a los miembros del Tribunal de Cuentas es eminentemente de naturaleza política y por tanto en principio irrevisable judicialmente, (especialmente en los supuestos de imputarse desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones e indignidad), no es menos cierto que en todo proceso que se siga, de aplicarse sanciones de suma gravedad como la remoción o suspensión en el ejercicio de las funciones por un tiempo prolongado, debe ponerse especial énfasis en el pleno aseguramiento del derecho de defensa y la posibilidad de ofrecer y producir prueba en su descargo, pues lo contrario significaría incurrir en una flagrante arbitrariedad que invalidaría cualquier decisión que se adopte en se contexto.

Si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa consagrándose la necesidad de garantizar insoslayablemente el debido proceso adjetivo como paso previo a la aplicación de una sanción, aún cuando la ley específica como sucede en la Ley 8.102, no condiciona el ejercicio de la potestad disciplinaria concedida por el art. 30 inc. 17 ibid.

La verificación de la legalidad del procedimiento no menoscaba la autonomía municipal, pues se trata nada más ni nada menos de preservar las garantías y principios constitucionales.