marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Culpa, imprudencia, impericia, negligencia, violación al deber de cuidado, accidente de tránsito, multa, prisión, inhabilitación para conducir, conducta temeraria, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Chereim, Flores Juan s/ Lesiones Culposas-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-09-08

Según Marco Antonio Terragni, por culpa debe entenderse una forma de obrar: la del que actúa con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes que le incumbían concretamente. Pero en definitiva estos no son sino modos de violar el deber de cuidado.

El texto primitivo del art. 94 del Código Penal, no contenía la pena de prisión fue agregada por la ley Nº 17.567, argumentándose para ello al sancionarse dicho cuerpo legal, que los casos de "imprudencia temeraria de algunos conductores de vehículos, que produce consecuencias lesivas para las personas, hacen necesario recurrir a esta clase de penas".
Relación de causalidad, lesiones graves, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: G., P. S. s/ Homicidio simple; C., H. s/Abuso de arma de fuego y portación de arma de fuego s/la debida autorización; C., D. O. (mp) s/Lesiones graves agrav. por el uso...  s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-14

De tal modo, en el proceso causal de los diez días entre la lesión de la víctima hasta su muerte deberá verificarse si terceros obligados a intervenir tomaron los recaudos necesarios para evitar o neutralizar el resultado fatal o si dejaron de hacerlo. Si no lo hicieron, su responsabilidad penal interrumpe la relación de imputación objetiva (no ya de causalidad natural) entre la acción disvaliosa inicial (el apuñalamiento) y la producción del resultado final.
Subasta judicial, privilegios (civil)
Materia: LABORAL
Carátula: REINOSO LUIS LINDOR c/ PLASTI BAND S.R.L. Y/U OTROS S/JORNALES IMPAGOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-27

El art. 3.879 del Código Civil establece un orden de prelación respecto al privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, entre los cuales se encuentran comprendidos en su inciso 2 los créditos fiscales (Nacionales, Provinciales y Municipales).

Si bien, el inciso aludido en su enunciación expresa que dicho privilegio se establece por deudas de impuestos públicos directos e indirectos, los mismos deben extenderse a todo tributo, entre los cuales se encuentran comprendidas las tasas por servicios públicos prestados al inmueble subastado.
Intervención de terceros, sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: MUSSIO, MONICA c/ FLOYD, LUIS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Quien no fue demandado en un proceso sino citado como tercero a pedido del demandado en los términos del art. 94 del Código Procesal, no puede resultar incluido en la condena ya que su intervención tendió a evitar que ante eventuales acciones regresivas pueda argüir la excepción de negligente defensa. La sentencia sólo hace cosa juzgada respecto de tales acciones, como antecedente favorable a su fundabilidad, más al no revestir el tercero calidad de demandado no puede condenársele.
Menores, derecho a la identidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Combes, Luis Emilio y Flores, Silvia Edith c/ Arcucci, Osvaldo Miguel y Re, Mariela s/ Reintegro de hija
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La identidad de ningún modo finca únicamente en los lazos biológicos y en el mantenimiento a ultranza de las relaciones originarias del niño. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entidad Binacional Itaipú, inmunidad de jurisdicción
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c/ Itaipú s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Cualesquiera sea la naturaleza que se le reconozca a la Entidad Binacional Itaipú la de organización internacional, empresa pública internacional, establecimiento público internacional, o las más específicas que se han sugerido en doctrina, - vgr. la de entidad internacional de naturaleza empresaria o la de persona jurídica pública de carácter internacional - no corresponde predicar en abstracto un reconocimiento del privilegio de inmunidad de jurisdicción, pues esas categorías engloban entidades que difieren entre sí en cuanto a los fines de su creación, a las funciones que desempeñan, a la extensión de sus derechos y obligaciones y, por ende, a su emplazamiento en la comunidad internacional (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, mal carácter
Materia: CIVIL
Carátula: B.H.V. c/ R.M.R. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-11

La causal de injurias graves se configura por todo acto ejecutado en forma verbal, material o por escrito, que constituye una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su reputación, su honor o su dignidad, hiriendo su justa susceptibilidad. La injuria comprende toda clase de actos materiales o verbales, los insultos o frases ofensivas, el abandono deliberado de los deberes conyugales y en general la reiteración de hechos que terminen por hacer intolerables la convivencia.

Aunque la cónyuge a veces tuviera un poco de mal carácter, o que no fuera afectuosa con su marido o que tuviera una actitud de reproche con éste ello no constituye causal de divorcio.

Lo descripto no es suficientemente agraviante ni tiene la trascendencia o intensidad como para haber hecho imposible al cónyuge continuar las relaciones conyugales sin menoscabo de su dignidad, máxime si del informe psicológico surge que la cónyuge es una persona insegura y con dificultades para defenderse ante las descalificaciones de su esposo, lo cual indica que se encontraría muy lejos de tomar una actitud agresiva o violenta contra el marido.
Tribunal de cuentas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Luca, José Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda de nulidad del art. 26 de la ley 4373 y sus acumuladas B.  50.046 y B. 50.047
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El Tribunal de Cuentas tiene la atribución de pronunciar el fallo definitivo y, obviamente, determinar el monto del perjuicio, pues de otro modo no se comprende cual sería el alcance de este fallo ni cual sería la intervención de aquel organismo en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Tal conclusión, además, halla sustento en la señalada atribución del Tribunal de Cuentas referente al examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas y, en la determinación de los funcionarios responsables.
Extradición, Estado requerido, soberanía, pedido de extradición
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Linardi Martínez, Walter Javier s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

El procedimiento de extradición no admite otros reparos que los derivados de la soberanía de la Nación requerida y de las condiciones fundamentales escritas en las leyes y tratados que regulan la materia.
Pagaré, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGOSTINO NINONE CARMEN ANGELA DORA c/ CUNNINGHAM GLEN GUILLERMO AUGUSTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-04

Tratándose en el presente de un pagaré librado en dólares, ejercida la opción que faculta al acreedor el art. 44 De la ley cambiaria, corresponderá actualizar el importe en moneda de curso legal desde la fecha en que tal conversion se realizara hasta la de la sentencia.
Sentencia, aclaratoria (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Villagra, Rolando y otro c/ Sucesores de Sara Rosemberg de Ziwow s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-05

El pedido de aclaratoria interrumpe hasta su resolución el plazo para interponer recursos (art. 363 "in fine" C.P.C.) interrupción que comprende a todos los litigantes, no sólo al peticionante de la aclaratoria.

Para arribar a esa condición, pese a que el término para recurrir es personal y no común, se parte de la premisa de que la sentencia y su aclaración integran, como expresión de voluntad del órgano jurisdiccional, un acto único, pese a la distancia temporal que pueda mediar entre uno y otro.

Siendo así, va de suyo que el pedido de aclaratoria debe, necesariamente, interrumpir el término para recurrir respecto de todos los interesados, hasta tanto el fallo se integre con el pronunciamiento que resuelve el pedido de aclaración, al margen de que los agravios comprendan sólo parte de lo resuelto, sea en la sentencia, sea en su aclaración.

Recién luego de decidida y notificada la resolución sobre la aclaratoria vuelve a correr el plazo integro para que todos los interesados puedan deducir la revisión.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, homologación administrativa, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: De Aracil c/ Banco Municipal de Paraná s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-17

La extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes, en convenio homologado por la autoridad administrativa laboral, no es posible asimilarla a un despido patronal encubierto que, a mayor abundamiento en el sub-caso, ni siquiera fue alegado en primera instancia, por lo que, conforme al principio de congruencia, no cabe su tratamiento.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVA OSCAR c/ INTENDENCIA MUNICIPAL DE COLONIA DORA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-11

La presunción de legalidad no puede siquiera constituirse frente a supuestos de actos que adolecen de invalidez manifiesta.
Regulación de honorarios, incidentes
Materia: PENAL
Carátula: MARCOS RUBEN BURGOS EP. DE JEAN R. FOISSAC Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - LESIONES Y HOMICIDIO EN CONCURSO IDEAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1987-11-20

En los procesos en que se conserva la vigencia de la ley 2.590 Para la regulación de honorarios por trabajos desarrollados en incidentes, debe aplicarse la escala del art. 4 De esa ley, sobre la base del 20 al 30% sobre el valor del juicio principal, atento a la contundencia de la clara literalidad gramatical que luce la norma, lo que impide toda interpretación distinta que siempre devendría en la ruptura de su espíritu. Cosa distinta seria si debieran aplicarse las normas de la nueva ley de aranceles 5.456, Ya que en sus arts.

46 Y 47, específicamente prevee la solución adoptada por la cámara, por lo que descalifica las regulaciones en recurso como actos jurisdiccionales validos por no constituir "... Derivación razonada del derecho aplicable a los hechos de la causa...".
Fondo de asistencia legal, Presidencia de la Corte, distribución de competencias
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caso López Soto y otros Vs. Venezuela c/  s/ Fondo de Asistencia Legal de Víctimas Asistencia Legal de Víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-08-22

Atento lo determinado por el Reglamento del Fondo de Asistencia de la Corte Interamericana, es competencia de su Presidencia, previa intervención de la Secretaría del Tribunal, considerar la petición, evaluar y resolver acerca de su procedencia.
Medidas cautelares, suspensión de la ejecutoriedad, decreto de necesidad y urgencia, medicina prepaga, aumento de cuota, cobertura médica, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Vidal Quera, Amengual Rodolfo  c/ SIMECO (Servicios Consejo Salud SIMECO) y otro  s/ accion mere declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-01-31

Procede hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Estado Nacional la suspensión de la aplicación de los arts. 267 y 269 del DNU Nro. 70/2023; asimismo, ordenar a la prepaga demandada a readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial y dejar sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU cuestionado, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 -no sustituido- de la Ley 26682 hasta tanto se dicte sentencia definitiva, debiéndose acreditar su cumplimiento en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de ley. Cabe resaltar que dicho Decreto resulta una norma que ha modificado el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales, se han derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación quien fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del PMO, los contratos y planes. Fundamentalmente, fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales; respecto del aumento de las cuotas, la Autoridad de Aplicación debía autorizar el aumento "cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos".
Derecho civil, pago, obligaciones, ejecución forzada
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ PUGLIESE, MIGUEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-30

En nuestro sistema jurídico, el pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación. Así pues, el pago es sinónimo de cumplimiento "espontáneo" y como tal, es uno de los efectos normales de las obligaciones, de tal modo que cuando la satisfacción del crédito no obtiene en la "ejecución forzada", no nos hallamos frente al pago, sino ante la virtualidad de otro de los efectos de la obligación: el de autorizar al acreedor a recurrir a los medios legales para obtener la satisfacción del crédito, de manera que aquel resulte satisfecho por haber obtenido la finalidad que persiguió al constituirse la obligación.
Medidas cautelares, medida de no innovar, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Conarsa S.A s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1984-07-19

Por el camino de la prohibición de innovar no se puede impedir que prosiga el juicio promovido por ante otro juez, porque implicaría atribuir facultades de revisión al tribunal que la decretara, que nuestro ordenamiento jurídico no le otorga.
Relación de causalidad, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Pisano, Oscar Gerónimo c/ Pedro Vicente Gómez s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-13

La relación de causalidad se refiere a la vinculación física entre la conducta del individuo y un resultado material (el daño efectivo o el peligro concreto del daño); la culpabilidad, por el contrario, se refiere a la reprochabilidad psíquica de la acción. La culpabilidad, por dolo o culpas, es elemento subjetivo interno atinente al sujeto; la causalidad es la ligazón de la causa el efecto o sea dos elementos externos objetivos.
Universidades, docentes, acción de amparo, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTO ROBERTO DOMINGUEZ c/ U.N.R. s/ ACCION  DE AMPARO- UNIVERSIDAD- PROFESOR UNIVERSITARIO- BAJA- DERECHO  ADMINISTRATIVO- RETROACTIVIDAD DE LA LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Corresponde confirmar la sentencia que desestimó la acción de amparo en la que se cuestiona la baja del actor de su cargo docente por virtud de la norma del art. 26 de la ley 22.207, que impone el cese de los profesores que cumpliesen 65 años de edad. Ello es así, pues no cabe asignarle a tal medida el carácter discriminatorio y proscriptivo que aquél le atribuye al efecto de hacer jugar en su favor la norma del art. 10 del decreto 154-83, dado que se trata de una limitación temporal que se impone sobre la generalidad unánime del claustro, sin atender a diferencias personales de especie alguna y no obedece a ánimo persecutorio de ninguna índole, sino que está concebida al margen de su eventual grado de acierto, que no cabe aquí analizar, únicamente como una pauta en principio no irrazonable de organización de la carrera docente universitaria.
Proceso penal, acción civil, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARBONETTI, PASCUAL s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-06-11

Si los imputados no aceptaron el carácter invocado por los accionantes civiles, debieron oponerse a su intervención dentro del término legal, a contar de la respectiva notificación, señalado por el art. 86 C.P.P., porque era la única oportunidad, y si no lo hicieron se operó la caducidad procesal para negarla, y la constitución de actor civil en razón de que la calidad invocada y no negada, fue definitiva (C.P.P., art. 89).

El buen orden del proceso exigido por la ley, es que ante la afirmación de los actores expuesta en el escrito de constitución, quien tenga interés en contestarla, lo haga en tiempo útil por vía de oposición y no callarla deliberadamente durante toda la instrucción y también durante los actos preliminares del juicio, para sólo plantearla en el debate, luego de la recepción de pruebas, para pretender dejar indefensa la parte afectada.-
Asignaciones familiares, empleador, trabajador, trabajador con cargas de familia, partidas
Materia: LABORAL
Carátula: Navarrette de Coria, Irma c/ Rogelio Matías Bernales s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-11-11

Así como el empleador debe cumplir con su deber de iniciativa reclamando del trabajador la presentación de la documentación pertinente (partidas) que acrediten la carga de la familia, al producirse el reclamo judicial, el reclamante deberá necesariamente cumplir con esa carga a fin de acreditarle al juez el fundamento del reclamo, caso contrario no podrá admitirse tal pretensión desde que la única forma de conocerse que el reclamante tiene carga de familia en base a la cual intenta el pago de las asignaciones previstas por la ley, es con la agregación de las partidas correspondientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo de Acevedo, Emma Antonina c/ Consorcio de copropietarios en propiedad horizontal ley 13.512, finca avenida Libertador Gral San Martin numero 3736 La s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

La alegación de que se omitió tratar defensas oportunamente articuladas es ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Acción meramente declarativa, monto del juicio, monto indeterminado, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MONTESINOS, MARIO RUBEN DARIO Y MANGHESI, LUIS ALBERTO (CABLE SONO VISION S.R.L.) s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA CHICO, LUIS RAUL - EMPRESA DE SERVICIOS CALCHAQUI S.R.L. s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA VICENTE JAVIER - EMPRESA DE T.V. CABLE ANDALGALÁ S.R.L. s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-10|2006-10-10|2006-10-10

En el sub-lite la actora interpuso acción declarativa de certeza, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de un art. del Código Tributario, que resultó rechazada mediante Sentencia Definitiva, con costas a la vencida.

Ahora bien, en principio, en una acción declarativa de certeza no existe monto del juicio ni sentencia que permita determinarlo, en tanto no se persigue con ella el cumplimiento de una obligación insatisfecha ello no significa en modo alguno, que la litis deba juzgarse como de monto indeterminado, toda vez que resulta evidente que la pretensión deducida contiene un explícito contenido patrimonial introducido por la propia accionante.

En efecto, en el caso, del objeto procesal perseguido surge el contenido patrimonial, en la medida en que se pretendía neutralizar y quitar legitimidad a la facultad que le asiste al Estado Provincial para proceder al cobro del tributo por ingresos brutos por la actividad comercial desarrollada por la actora en el ámbito de la Provincia, y para lo cual se acompañó con la demanda documentación en la que figura la deuda de la actora para con la Provincia, por cuyo monto se garantizó la medida cautelar solicitada, constancias que imponen calificar al proceso como susceptible de apreciación pecuniaria, por lo que corresponde rechazar la impugnación de la planilla base para la regulación de honorarios, sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. (Art. 68 C.P.C.C.).-
Calificación legal, acción pública, acción privada, acción no instada, injurias, desacato, contumelia
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS EMERITO s/ DESACATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-18

Descartada en las pretendidas ofensas la modalidad contumeliosa que reclama la figura del desacato (art. 244, C.P ), coincido en que se torna innecesaria toda otra consideración acerca de la posible tipicidad remanente en orden a los cuños de calumnias e injurias (arts. 109 y 110 del C.P. ), toda vez que, no obstante entrañar ello un problema de calificación, la circunstancia de tratarse de delitos de acción privada (arts. 73, inc. 2, C.P. ) impide el avocamiento ante la falta de expreso ejercicio de las mismas por parte del querellante.
Superintendencia, jueces, comisiones parlamentarias, comisiones investigadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAJ  Dra. Servini de Cubría, María s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La juez que grabó la conversación telefónica que mantuvo con el juez de otro país sin hacérselo saber, y lo puso en conocimiento de los diputados presentes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, incurrió en una conducta que merece reproche administrativo, por cuanto suscitó dudas públicas respec- to de la corrección, recíproca consideración y confianza que, en el ejercicio de sus relevantes funciones, se deben los señores jueces entre sí.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO, NICOLAS c/ DI PRISCO, JORGE EDUARDO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

El art. 4 de la ley 21.309 al concebir la agregación del certificado contable como título ejecutivo hallaba su justificación en la necesidad de acudir a un profesional idóneo que cuantificara el monto resultante de la cláusula de estabilización que, en numerosísimas oportunidades durante el último lustro de la década pasada y principios de la presente estaba formada por combinaciones de números índices que la convertían en una compleja operación de aritmética financiera.

Empero, esa circunstancia que torna exigible el certificado contable como medio idóneo de cumplimiento del recaudo previsto por el art.

520 del Código Procesal, no se da, cuando la cláusula de estabilización del monto garantizado es con relación al dólar estadounidense o a los Bonos Externos de la República-Serie 1982, ya que para liquidar el monto de lo ejecutado y asegurar la garantía de defensa del ejecutado, basta con una de las simples operaciones de aritmética elemental. De allí que, exigir la certificación mencionada en el art. 4 de la ley 21.309, implicaría apartarse de las razones tenidas en cuenta al ser concebida la norma para circunstancias distintas.