Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-11


SENT Nº 569	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a	Once (11) de Junio	de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Marín Adriana Fátima vs. Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Pago por consignación/Consignación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 224/231 por la parte demandada contra la sentencia de fecha 07/4/2008 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento recurrido (fs. 218/220) dispuso revocar la sentencia dictada por el juez de primera instancia, y hacer lugar a la demanda promovida en autos, declarando válido y con fuerza extintiva de la obligación, el pago realizado por la actora Adriana Fátima Marín a la Banca Nazionale del Lavoro S.A., respecto de la deuda materia del presente pleito.

2.- Invoca la recurrente la infracción a la preceptiva de los arts. 31, 32, 34, 40, 271 y 272 del CPCC. Alega que se ha colocado a la entidad demandada en un verdadero estado de indefensión, al fallar fuera de los límites de la litiscontestatio. Sostiene que el pronunciamiento impugnado es a todas luces arbitrario pues se ha apartado de las constancias de la causa, en especial, del contrato de mutuo celebrado por las partes. Denuncia asimismo, que se ignoró la existencia de la litispendencia y "la cosa juzgada producida en otro juicio" estrechamente vinculado al presente.

Explica que la actora celebró con el banco demandado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, por la suma de $18.000 con más los intereses pactados, tal como emerge de la escritura pública 361 del 18/3/99 pasada por ante la Esc. Colombo de Anadón. Señala que conforme la Cláusula Tercera de la Parte Primera, el pago del crédito se acordó en 15 años y la cuota inicial fue fijada en $258,92; y que por la Cláusula Séptima se pactó la mora en forma automática y de pleno derecho por el sólo transcurso de los plazos otorgados para el pago, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Añade que por la Cláusula Décima se dejó establecido que en caso de mora del deudor, la acreedora podía optar por proceder a la ejecución judicial del contrato; esto es, por el total del saldo del contrato con más los intereses compensatorios y moratorios.

Alega que la actora incurrió en mora de pleno derecho el 28-02-03, venciendo así, todos los plazos contractuales. Sostiene que en forma tardía y recién con fecha 12-08-03 (es decir más de 5 meses después del vencimiento), la actora realizó una oferta de cancelación de la deuda por una cifra menor de $17.478,58 cuyo pago rechazó por no estar obligada a recibir pagos parciales. Alega que en dicha ocasión hizo saber a la actora que la cuenta estaba en gestión judicial de cobro. Menciona que la deudora intentó con carácter previo, depositar la suma correspondiente a las cinco cuotas atrasadas que tampoco fueron recibidas.

Señala que fue notificada de la presente demanda, cuando su parte ya había iniciado la pertinente ejecución hipotecaria en contra de la aquí actora.

Afirma que al contestar la presente demanda rechazó el pago por consignación pues la suma depositada no permitía tener por cumplido el principio de integridad del pago (art. 742 del Cód. Civil). Expresa que lo depositado no era "la suma debida" en los términos del art. 756 del mismo cuerpo legal. Menciona que su parte presentó la pertinente planilla con la liquidación del saldo adeudado según contrato, que a esa fecha ascendía a la suma de $19.562,07. Destaca que la actora no impugnó el citado monto.

Explica que la sentencia de primera instancia dispuso rechazar la demanda de pago por consignación y que apelado este pronunciamiento, el tribunal de alzada resolvió revocar el mencionado decisorio, lo que motiva el presente recurso de casación.

Se agravia de que el tribunal a quo sostenga que el actor pagó en término hasta la cuota 47 pues en el propio discurso sentencial, se afirma que la deudora ofreció el pago de esta última cuota -con vencimiento el día 29/02/2003- recién en el mes de marzo; esto es, cuando ya estaba vencida y en mora. Niega que existan pruebas del ofrecimiento de pago mencionado por el tribunal de alzada. Alega que la única prueba fehaciente respecto de la conducta de la accionante es el acta notarial de fecha 27/06/2003, mediante la cual se deja constancia de que la deudora pretendía depositar el importe correspondiente a las 5 cuotas que a esa fecha estaban atrasadas; y que su parte rechazó pues los plazos contractuales ya estaban caducos y porque de conformidad a las previsiones contractuales, optó por la ejecución judicial del contrato (alternativa b de la cláusula décimo primera), para lo cual no necesitaba intimación previa ni liquidación de la deuda pendiente de pago (como erróneamente menciona el sentenciante).

Niega que la actora estuviera habilitada a demandar el pago por consignación pues pese a lo expresado por el tribunal de alzada, la deudora se encontraba en mora, lo que sumado a la caducidad de los plazos y al ejercicio de la facultad contractualmente acordada (de optar por ejecutar la totalidad de la deuda pendiente a esa fecha). Afirma que el tribunal prescinde de lo establecido en la cláusula séptima y décimo primera del contrato y que este apartamiento de los antecedentes de la causa, llevan al error de considerar que la actora no estaba en mora y que el banco demandado rechazó arbitrariamente el pago ofrecido por la deudora. Tacha de arbitrario al pronunciamiento pues en su opinión, resulta infundado, meramente voluntarista y absurdo.

Señala que el tribunal incurre en la contradicción de admitir que la actora adeudaba 5 cuotas y que no obstante ello estaba habilitada a iniciar la presente acción; y más aún, que la injustificada negativa del acreedor permitió purgar la mora a favor de la actora. Insiste en que la suma depositada era inferior a la suma debida, que lo demostró con el contrato y con la consiguiente planilla, que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales (art. 742 del Cód. Civil) y que ante la negativa justificada del acreedor, el pago no puede considerarse válido y eficaz para tener por cancelada la obligación entre las partes.

Se agravia de que la Sala sentenciante entendiera que hubo un ilegítimo rechazo del pago ofrecido por la deudora. Señala que no se dan razones que expliquen lo resuelto en autos pues la posición sustentada por su parte viene avalada por el contrato que sirve de causa al pago controvertido.

Cuestiona, por otra parte, el cálculo de la supuesta deuda pues según afirma, no se adecua a lo pactado por las partes en el contrato de mutuo, especialmente, en las cláusulas tercera, quinta y concordantes.

Menciona la tramitación de los autos caratulados "Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. Marín, Adriana Fátima s/Ejecución hipotecaria" que tramitara por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación que a la fecha de los alegatos se encontraban pendientes de dictar sentencia y que a la fecha de interposición del recurso de casación tiene ya sentencia de ejecución en trámite. Sostiene que este extremo fue ignorado por el tribunal que, "por una elemental razón de prudencia", debió analizar el estado del trámite de dicha causa para evitar el escándalo jurídico derivado de los pronunciamientos contradictorios (reconocer el crédito del banco y mandar llevar adelante la ejecución y por otra parte, tener por válido el pago realizado por el deudor y por extinguida la obligación). Denuncia la "violación de la cosa juzgada".

Se agravia asimismo de la imposición de costas dispuesta por el tribunal de alzada. Sostiene que "siendo nula la sentencia no está obligado por ellas".

Desarrolla conceptos vinculados a la doctrina de la arbitrariedad con cita de autores y de jurisprudencia que estima de aplicación al caso. Sostiene que el pronunciamiento no es derivación razonada del derecho vigente y considera que una sentencia carente de racionalidad afecta valores esenciales al sistema tales como la seguridad jurídica, la igualdad, el debido proceso y la defensa en juicio. Vincula estas alegaciones con el supuesto previsto en el art. 813 inc. b del CPCC para concluir que el decisorio impugnado asume caracteres de gravedad institucional pues las cuestiones planteadas exceden el mero interés particular y se proyectan por sobre los de la comunidad toda. Cita precedentes cuyo contenido hace propios.

De conformidad a las consideraciones expuestas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia de la casación interpuesta y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El tribunal de alzada señaló que el 18 de marzo de 1999 la actora celebró con el demandado un contrato por el cual asumió una deuda de $18.500, pagadera en 180 cuotas, bajo sistema francés y con garantía hipotecaria. Expresó que dicho préstamo fue pagado en forma puntual hasta el mes de febrero de 2003, que en el mes de marzo de 2003 y en los sucesivos, concurrió a abonar las cuotas correspondientes y el demandado se negó a recibir el pago argumentando que había salido del sistema y que este extremo fue acreditado con dos actas notariales labradas en la entidad bancaria, con fecha 27/06/2003 y 12/08/2003. Menciona que la actora consigna judicialmente en pago la suma de $17.478,58.

La Sala sentenciante entendió que la negativa del Banco a recibir el pago de las cuotas a partir de marzo de 2003 -tal como lo denunció la demandante- está suficientemente probada. Puntualizó que el acta notarial del 27/06/2003 (fs. 18), revela que el gerente manifestó: "que sólo recibirá la suma de dinero de las cinco cuotas, como forma de saldo en contencioso, y que desde el mes de febrero no se le recibió la cuota porque la quería pagar en caja y ya estaba caída...". Consideró que los dichos del gerente eran categóricos al respecto y que la postura asumida por la entidad bancaria explicaba a su vez, la conducta asumida por la deudora.

Sostuvo que la experiencia común (art. 33 del CPCC) indica que quien se apersona a pagar el total de una deuda -que no le ha sido reclamada en su integridad y respecto de la cual no se le notificó la caducidad de los plazos- haya permanecido durante cinco meses en total pasividad. Entendió que aún colocándose en la postura más favorable a la argumentación de la demandada -admitir que cuando la actora ofreció el pago en marzo de 2003, estaba en mora- la negativa del Banco de aceptar dicho pago es igualmente ilegítima.

Con cita de doctrina especializada, expresó que "no es tardía la consignación intentada después de estar en mora el deudor. El hecho de la mora no hace caducar el ius solvendi del deudor, por tanto, si éste tiene derecho de pagar, se sigue de ahí que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si éste no tiene motivo legítimo para rechazar el pago, la consignación tendrá que ser aceptada". Dijo que "el deudor moroso está habilitado para formular una oferta de cumplimiento que, si es real y completa, no sólo purgará la mora del oferente sino que provocará la mora del acreedor, si éste rehúsa aceptar el ofrecimiento". Señaló que la circunstancia de estar en mora no significa que quede condenado sin remisión a permanecer perpetuamente en ese estado sin posibilidad de purgarlo, entregado a la discreción del acreedor, quien, con sólo permanecer inactivo, prolongará su situación sine die.

Puntualizó que "el ofrecimiento de pago efectuado en marzo de 2003 -cuando la actora ya se encontraba en mora en el pago de la cuota n° 47, con vencimiento el 28/02/2003, conf. cláusula tercera del contrato y boleta de fs. 3- fue ilegítimamente rechazado por el demandado". Destacó que del acta notarial del 27/06/2003 (fs. 18) surge que el Banco se negó a otorgar recibo por el pago de las cinco cuotas vencidas a esa fecha; negativa que no tenía fundamento alguno porque el demandado no había cumplido con el procedimiento previsto en las cláusulas décima y décima primera respecto de la caducidad de los plazos previstos en el contrato, esto es: determinar la caducidad y practicar la liquidación de la deuda. Tampoco había exigido la inmediata e íntegra devolución y reembolso del capital, ni había procedido a la ejecución judicial del contrato (conf. opciones previstas en los incisos a y b de la cláusula décima primera). Señaló que "una nueva negativa quedó documentada por acta notarial del 12/08/2003 (fs. 4), donde consta que la demandada se negó a recibir el pago total ofrecido por la demandante porque se lo debía hacer en el estudio del abogado de la entidad". Consideró que en esta oportunidad, el demandado no respetó el domicilio de pago fijado en el contrato (cláusula sexta), ni siguió el procedimiento para el cambio, también previsto contractualmente (notificación fehaciente con diez días de anticipación).

Expresó que la causa invocada originariamente para rechazar los pagos fue que la actora "quería pagar en caja y ya estaba caída" (conf. dichos del gerente que constan en escritura n° 1473, de fs. 18); causal que no justificaba el rechazo del pago pues aún el deudor moroso, tiene derecho a pagar. Sostuvo que distinto hubiera sido el caso, si el acreedor hubiese opuesto la caducidad de los plazos, si la negativa se fundara en la insuficiencia del pago ofrecido por la deudora.

Respecto a la integridad del depósito efectuado, precisó que la negativa injustificada del acreedor de recibir el pago produce el cese de la mora del deudor y la suspensión del curso de los intereses, tanto compensatorios como punitorios. Con cita de doctrina dijo que "el deudor tiene el derecho de purgar su mora ofreciendo cumplir y que esas ofertas de pago, en tanto se ofrezca un pago íntegro, no sólo purgarán la mora del deudor, sino que, además, provocarán la del acreedor, si éste rehúsa aceptarlas". Expresó que "otro de los efectos importantes que produce la mora del acreedor es la suspensión del curso de los intereses que fuesen a cargo del deudor". Señaló que la mora creditoris libera al deudor de las consecuencias gravosas que para él le impondría una eventual situación de incumplimiento que le fuera imputable.

Concluyó afirmando que reconocido el ofrecimiento de pago de la cuota 47 en marzo -aun cuando el plazo ya había vencido desde el 28/02/2003- y probada la negativa del Banco a recibir el pago de dicha cuota, de las cinco que se fueron devengando y del saldo total del crédito, el depósito debe integrarse con el monto del capital adeudado a esa fecha ($16.912,89), los intereses compensatorios y punitorios a partir del 28/02/2003 y hasta el 28/03/2003 (último día hábil del mes). Precisó el cómputo de estos intereses se calculaba de ese modo, dada la falta de fecha cierta de aquel primer ofrecimiento de pago, pero cuyo rechazo fue reconocido por el gerente de la entidad en la escritura del 27/06/2003 (fs. 18), y no fue desconocido por la demandada. Estimó que los intereses compensatorios (18% anual) totalizan durante ese período (28 días) en la suma de $234 y los moratorios (50% de aquellos), en la cantidad de $117; el IVA sobre intereses (21%) en $73,71. Calculó el total de la suma adeudada por la demandante en $17.337,60, y habiendo consignado la suma de $17.478,58 (fs. 29), consideró que el depósito era suficiente, respetándose el requisito de la integridad del pago.

En mérito a lo expuesto, admitió la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la sentencia de fecha 18/5/2007, revocó la misma y dispuso hacer lugar a la demanda y declarar válido y con fuerza extintiva de la obligación, el pago por consignación realizado por Adriana Fátima Marín.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término, el recurrente acompaña la constancia del depósito exigido por el art. 817 del CPCC y la sentencia resulta definitiva, tal como impone el art. 813 inc. a procesal. Sin embargo, la infracción normativa no luce demostrada y la confrontación de los agravios con los antecedentes y constancias de la causa, tampoco permiten admitir la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio impugnado.

El tribunal admitió la validez del pago por consignación y el efecto cancelatorio de la obligación existente respecto del banco demandado. Analizó los elementos de la acción interpuesta y justificó la concurrencia de los mismos; criterio que podrá no ser compartido por la recurrente pero que cuenta con fundamentos suficientes, apoyados en las constancias de la causa y ajustados a los antecedentes del caso.

En la línea de los argumentos del pronunciamiento, la deudora actora cumplió con las diligencias previas al depósito judicial, y justificó la causal esgrimida al momento de accionar (la negativa injustificada a recibir el pago prevista en el art. 757 inc. 1° del Cód. Civil). Tuvo por acreditado que el contrato venía cumpliéndose en forma regular hasta la cuota 46 (febrero de 2003) y que habiendo vencido la cuota 47, la actora concurrió al domicilio de pago a abonar la misma, pese a lo cual la entidad bancaria se negó a recibir la suma correspondiente. Expresó que del acta notarial del 27/6/2003 (fs. 18) -donde se recoge la declaración del gerente del banco demandado surge ".que desde el mes de febrero no se le recibió la cuota porque la quería pagar en caja y ya estaba caída...". Consideró que "el ofrecimiento de pago efectuado en marzo de 2003 -cuando la actora ya se encontraba en mora en el pago de la cuota 47, con vencimiento el 28/02/2003, conf. cláusula tercera del contrato y boleta de fs. 3- fue ilegítimamente rechazado por el demandado". En mérito al mismo instrumento y a lo declarado por el propio gerente, tuvo por acreditado también, que el Banco se negó a otorgar recibo por el pago de las cinco cuotas vencidas a la fecha de labrarse el acta citada (27/6/2003). Entendió que dicha negativa carecía de fundamentos válidos pues la entidad bancaria no había cumplido con el procedimiento previsto en el contrato (cláusula décimo primera) respecto de la caducidad de los plazos, esto es, determinar la caducidad y practicar la liquidación de la deuda (diligencias previstas al final de la cláusula citada). Admitió que si bien ante el supuesto de mora, existían alternativas contractualmente previstas a opción del acreedor, a la fecha en que rechazó el pago mencionado, el banco demandado no había procedido a la ejecución judicial del saldo impago.

Destacó por otra parte, que la negativa a recibir el pago quedó documentada asimismo, por acta notarial del 12/8/2003 (fs. 4), donde consta que la entidad demandada rechazó el pago total ofrecido por la actora porque el mismo debía ser realizado "en el estudio del abogado de la entidad". Reprochó en este punto, que el demandado no respetara el domicilio de pago fijado en el contrato (cláusula sexta), ni haya seguido el procedimiento para modificarlo -si esa era la intención del acreedor-, también previsto contractualmente (notificación fehaciente con diez días de anticipación).

Confrontados los fundamentos del recurso con la línea argumental del fallo se advierte que el recurrente ciñe la crítica a afirmar que no está acreditado el ofrecimiento de pago y la consiguiente negativa a recibirlo, imputada a su parte, sin hacerse cargo y por ende rebatir las razones desarrolladas por el tribunal de alzada y en cuyo mérito tuvo por justificado el extremo mencionado. En el escrito casatorio, la demandada niega que existan pruebas de la oferta real de pago del mes de marzo y que sólo se acreditó la intención de cancelar las 5 cuotas atrasadas a la fecha del acta notarial de fecha 27/6/2003, que su parte rechazó el pago pues los plazos contractuales ya estaba caducos y porque de conformidad a las previsiones contractuales, optó por la ejecución judicial del contrato (alternativa b de la cláusula décimo primera). Tales alegaciones no logran destruir la interpretación del tribunal, que fundada en las constancias probatorias de la causa precedentemente reseñadas, concluyó que la entidad demandada se había negado injustificadamente a recibir el pago. Tal como se advierte, y contrariamente a sostenido por el recurrente, surge de autos que el acreedor bancario se negó a recibir el pago de la cuota 47 que vencía el 28/02/2003 (conf. fs. 3) en el mes de marzo del mismo año, cuando días antes (el 17/02/2003) había recibido el pago de la cuota 46 cuyo vencimiento se había producido el 29/01/2003.

El tribunal consideró que la consignación podía ser intentada por el deudor en mora, aún después de vencido el plazo cierto pactado para la obligación. Coincidió con la opinión autoral (Wayar, Ernesto C., Derecho Civil. Obligaciones, T. II, pág. 231 y sgtes.) que entiende que entre los efectos de la mora solvendi no se computa la pérdida del derecho a pagar tarde, que si bien la mora incrementa la cuantía de lo debido ello no autoriza al acreedor a negar al deudor el derecho a pagar y así liberarse -siempre que el pago sea íntegro- y que el daño moratorio puede ser liquidado por el deudor que pretende consignar y depositado con el capital. Consideró que el deudor en mora no está condenado a permanecer en ese estado, sino que por el contrario, el pago por consignación es una alternativa válida, siempre que se observen los recaudos que le son propios. Esta interpretación de la Cámara no ha sido rebatida por la recurrente que insiste en la configuración del estado de mora de la deudora, por lo que la crítica deviene insuficiente y, por ende, inadmisible.

Tampoco resulta idónea la crítica encaminada a sostener que el depósito no satisface el principio de integridad impuesto al pago.

La Sala a quo, con particular referencia a las cláusulas del contrato referidas al monto de las cuotas, a las sumas que debían adeudarse en concepto de interés compensatorio, moratorio y punitorio y al modo de satisfacerlas, determinó la cuantía de la deuda pendiente de pago. Expresó que el depósito debía integrarse con el monto del capital adeudado a marzo de 2003 ($16.912,89), con más los intereses compensatorios y punitorios a partir del 28/02/2003 y hasta el 28/3/2003 (último día hábil del mes). Dio razones para explicar el cómputo de estos intereses, señalando que dada la falta de fecha cierta del primer ofrecimiento de pago, pero cuyo rechazo fue reconocido a fs. 18 por el gerente de la entidad como producido en el mes de marzo de 2003, así debía calcularse (en el último día hábil de ese mes). Estimó que los intereses compensatorios (18% anual) durante ese período (28 días) ascendían a la suma de $234 y los moratorios (50% de aquellos), a $117; y el IVA sobre intereses (21%) a $73,71. Calculó el total de la suma adeudada por la demandante en $17.337,60, y atento a que la suma depositada era de $17.478,58 (fs. 29), consideró que el depósito era suficiente, pues respetaba el requisito de la integridad del pago.

Las alegaciones del recurrente sientan como premisa el estado de mora del deudor y la caducidad de los plazos pendientes, que se denuncian operados por expresa previsión contractual; y desde esa perspectiva, la accionada determina la cuantía del capital con más los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, que estima adeudados. Se advierte así, que la crítica del recurrente sólo expresa su criterio distinto al del tribunal, toda vez que no conmueve mínimamente la tesis del fallo en relación a la definición del estado de mora de la deudora, su concreta extensión y sus efectos, así como la no operatividad de la caducidad de los plazos pretendida por la accionada. Este déficit en la impugnación casatoria torna inadmisible el agravio sobre el punto, en tanto lo resuelto por el tribunal a quo cuenta con fundamentos jurídicos y fácticos suficientes. Es oportuno recordar que conforme se ha dicho en reiterados precedentes de este Tribunal, no es descalificable la sentencia cuando cuenta con fundamentos suficientes (CSJT, a contrario, sent. 12 del 04/02/2009; sent. 1192 del 18/11/2008; sent. 659 del 08/7/2008; sent. 490 del 10/6/2008; entre otros).

El agravio referido a la ejecución hipotecaria promovida por la entidad bancaria, y que el tribunal habría ignorado lo resuelto en dichas actuaciones, a la violación de la cosa juzgada y al escándalo jurídico que deriva de la existencia de pronunciamientos contradictorios, tampoco reviste entidad para ser admitido en esta instancia.

Conforme surge de la compulsa de los autos que se tienen a la vista -remitidos a este Tribunal con fecha 30/12/2008 (fs. 252)- el juicio caratulado "Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. Marín, Adriana Fátima s/Ejecución hipotecaria" que tramitara por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación fue iniciado el 27/8/2003, esto es, días después de haber sido interpuesta la presente demanda de pago por consignación por la deudora, lo que por otra parte emerge corroborado por las constancias de la causa (fs. 95, copias de fs. 106/126 y autos originales que se tienen a la vista). Ambos procesos avanzaron en forma separada, sin que se peticionara, la suspensión del trámite de la ejecución hipotecaria. La excepción de litispendencia, al igual que la defensa de pago oportunamente opuestas por la ejecutada fueron rechazadas y se mandó llevar adelante la ejecución promovida por la entidad bancaria. El pronunciamiento dictado por el juez de primera instancia (fs. 90/91 de aquellos actuados) fue confirmado por el tribunal de alzada, mediante sentencia del 30/11/2005 (fs. 124) y tal como se advierte, desde la remisión de los autos al juzgado de origen y el dictado del "cúmplase" con fecha 07/02/2006 (fs. 127) la causa no registra avances en su tramitación.

Cabe tener en cuenta que se ha interpretado que el pago por consignación promovido por el ejecutado contra el acreedor hipotecario antes de que éste iniciara la ejecución, no impide la promoción de la misma, ni suspende el trámite de la misma, salvo que se alegue fundadamente la existencia de causas graves que ameriten dicha suspensión (cfr. CNCivil, Sala K, 7/2/2003, "Curolan S.A. y otro c. Resguardo, Juan G.", LL 2003-B, 345) y, como ya se señalara, la suspensión del trámite no emerge siquiera peticionada.

De lo hasta aquí expuesto se sigue que aun cuando resulta conveniente y aconsejable la acumulación de causas encaminadas a dirimir un mismo conflicto, no cabe perder de vista que ello procede si lo permite la asignación de competencias y el trámite de los distintos procesos; exigencias que no aparecen verificadas.

En las concretas circunstancias del caso, la denuncia de afectación del debido proceso y de los principios que lo informan -especialmente el de cosa juzgada- carece de razones suficientes si se tiene en cuenta que la recurrente no demostró el concreto perjuicio que le habría irrogado la situación que invoca, referida al dictado de sendos pronunciamientos en esta causa y en la caratulada "Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. Marín, Adriana Fátima s/Ejecución hipotecaria", más aún cuando se observa, como se dijo anteriormente, una vez dictado el pronunciamiento en el mencionado proceso de ejecución (sentencia del tribunal de alzada, confirmatoria del decisorio de primera instancia, de fecha 30/11/2005, de fs. 124), no se registró avance alguno en el trámite de la causa (cfr. fs. 127 correspondiente al proveído del "Cúmplase" del 07/02/2006).

5.- En mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, el recurso de casación debe ser desestimado, con costas a cargo del recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 07/4/2008 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.