marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda, exposición de los hechos, deberes procesales, buena fe procesal, lealtad procesal, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSA TOMASELLO DE PORCELLI c/ DISTRIBUIDORA EL FARO  S.A. s/ PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

En tanto la parte distorsionó hechos que eran de su conocimiento dando una versión falsa de los mismos (CPR 330-4), ha violado los deberes de lealtad, probidad y buena fe, y por ende, habiendo litigado a sabiendas de su ausencia de razón y con falta de fundamentos que no pudo ignorar, se ha hecho pasible de la sanción del CPR 45.

La rectificación posterior de tal posición jurídica -bien que loable- no tiene virtualidad para neutralizar los efectos de la inconducta anterior.
Demanda, interposición de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ MARIA ISABEL LEOTTA DE JORDA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-09

Cabe el cobro de los intereses pretendidos, cuando esta clara la voluntad del acreedor de mantener ese derecho, lo que ocurre si los demanda en el juicio, insiste en que se incluyan en la condena y observa una conducta procesal congruente con esas posturas,etc.
Recurso extraordinario, traslado, defensa en juicio, AFIP DGI, costas, costas al vencido, partes del proceso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: CORPORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

El traslado del recurso extraordinario tiene por objeto preservar el derecho de defensa del oponente y asegurar así su derecho a ser oído ante los planteos que la contraria realiza, en tanto de ellos pueda inferirse o resultar una decisión que lo perjudique o de algún modo afecten derechos o situaciones reconocidas. En consecuencia, debe concluirse que resulta innecesario correr traslado de la presentación del organismo administrativo por la que intenta descalificar un pronunciamiento favorable a los intereses que debe proteger e introduce cuestionamientos dilatorios que, en definitiva, postergan la pronta percepción de los recursos del sistema de seguridad social y que son propios de su cometido. (En el caso, pese a la conformidad tácita del perdidoso, el representante de la D.G.I. aboga por los intereses de aquél, sin mandato, con el sólo metafísico argumento de la imposición de costas del vencido-o sea la parte contraria a la que representa-al entender que de allí se infiere la existencia de un vencedor, calidad ésta que se halla íntimamente vinculada al carácter de parte de los contendientes, la que niega a su mandante).
Retención indebida, tentativa, compraventa de mercaderías
Materia: PENAL
Carátula: R, A.L. s/ APROPIACION INDEBIDA - DEFRAUDACION - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-30

1.- Si el agente entregó menor cantidad de mercadería que la indicada en el remito que llevaba y obtuvo la entrega del dinero correspondiente a la factura en su totalidad, por más que ulteriormente la destinataria de la mercadería hubiese advertido la socaliña, se encuentran presentes los elementos típicos de la estafa genérica consumada, que aunque no llegó a agotarse en propiedad, sí alcanzó el desarrollo de la consumación propia, debiendo descartarse la apropiación indebida en grado de tentativa.

2.- El tipo del art. 173, inc. 2 del cód. penal es de los llamados "delitos de omisión impropia", y por lo tanto de los que exigen la "posición de garante" del autor lo que puede derivar de una ley, de un contrato, de la conducta anterior del sujeto y aún de un cuasi delito.

3.- Si el agente intentó apropiarse de los diez cajones de vino, omitiendo su entrega a la firma que debía recibirlos, sin resultado positivo por circunstancias ajenas a su voluntad, resulta responsable del delito de apropiación indebida en grado de tentativa.
Poder de policía, Municipalidad, habilitación municipal
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CANILLA, AURELIO FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-28

Aún cuando el poder de policía urbano se halla reglamentado por el Código de Planeamiento Urbano la Comuna conserva, sólo en casos de excepción, el poder discrecional como para poder admitir habilitaciones en casos en que el código no lo permita, siempre que no dañe al interés general o particular, y como para rechazar peticiones aún cuando formalmente se dieran las condiciones, cuando el interés general lo exija.

De hecho, la Comuna realiza tales prácticas a tal punto que por decreto se creó una comisión especial para brindar adecuado asesoramiento a la Subsecretaría de Inspección General en los casos en que se requieran habilitaciones que no encuadraban en las previsiones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, de la Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, personas con discapacidad, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

El recurso de inconstitucionalidad es improcedente desde que frente a los fundamentos de la Cámara -que entendió que las quejas vertidas por la recurrente no resultaban atendibles hasta tanto el Congreso no provea las medidas para tornar operativo el derecho en que ésta funda su acción- la compareciente se empeña en imponer su propio criterio en cuanto a la solución que correspondería dar al presente caso, argumentando que sería arbitrario sostener que la responsabilidad del Estado provincial pueda ser subsidiaria frente a la afectación de un derecho humano fundamental, y que el derecho al acceso a una vivienda digna no sea un derecho directamente operativo, entendiendo que todos los derechos humanos fundamentales son directamente operativos y no corresponde a una de las funciones del Estado sino a todas ellas, en cualquier ámbito y la justicia debe dar decisión directa al caso, pero omitiendo acreditar una afectación concreta a la garantía por encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (De la disidencia del Dr. Gutiérrez)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIOS VEIZAGA, NAPOLEON c/ GARCIA REBON AUTOMOTORES SCA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-25

Cuando se trata de una relación laboral de las previstas en el artículo 32 de la LCT., las diferencias que se susciten entre empleado y patrono deben plantearse y esclarecerse entre éstos y no con el empresario principal exclusivamente, toda vez que éste puede desconocer la relación laboral que invoque el trabajador o guardar silencio ante una intimación cursada por el mismo sin que esta actitud le acarree la responsabilidad prevista en el artículo 31 de dicho cuerpo normativo.
Regulación de honorarios, pautas, honorarios del veedor, base regulatoria
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: DELIA FUENTES DE DURAN c/ DURAN  S.A. s/ INCIDENTE DE INTERVENCION JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

El honorario del veedor debe tener como pie el importe de las utilidades realizadas durante su desempeño (ley 21.839: 15 y 16). Su especificación no requiere el procedimiento de la ley 21.839: 23. La regulación del veedor no puede realizarse mediante una aplicación de porcentuales rígida ni excluyente sobre las utilidades de la empresa, ya que su tarea queda limitada al contralor e investigación de ciertos aspectos taxativamente enumerados por el magistrado que lo designa. Debe atenderse además a la real actividad cumplida por el funcionario, y la importancia del patrimonio auditado.
Solicitud de excarcelación, tiempo de detención, legitimidad de la solicitud
Materia: PROCESAL- PENAL
Carátula: Pereyra Fortunato Calixto s/ Libertad - Ley Nº 24.390
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-03-07

Es procedente el pedido de excarcelación cuando, el detenido lleva privado de su libertad mas de dos años, sin que a la fecha se haya resuelto la situación procesal con la realización del Juicio propiamente dicho, más aún no se fijó fecha de debate por haberse nulificado actos anteriores, desde la requisitoria Fiscal de elevación a Juicio hasta la sentencia inclusive. Actualmente el Ministerio Público Fiscal solicitó la recepción de diversas pruebas que requieren un tiempo para su cumplimiento, haciéndose necesario una instrucción suplementaria prevista por el art. 388 inc. 1º del C.P.C.. Por otra parte el Tribunal entiende que el imputado no entorpecerá ni eludirá la acción de la Justicia con una eventual fuga, teniendo en cuenta que el delito incriminado aparentemente ocurrió hace un tiempo prolongado, no siendo factible la destrucción de prueba material alguna.

***CPC F 000000 0000 00 00 0388 000 0000 000
Daño estético, daño material, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAEZ JESUS S. c/ HOSPITAL PRIVADO - CENTRO MEDICO DE CORDOBA  S.A. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-16

No es correcta la corriente doctrinaria que encuadra el daño estético como uno resarcible "per se", como un tercer capítulo del daño resarcible distinto al moral y patrimonial. La lesión estética no constituye una categoría autónoma relativa a la clasificación del daño en patrimonial y moral sino que posee según los casos proyecciones en uno o en otro o en ambos a la vez. (Del Voto del Dr. Napolitano por sus fundamentos).-
Abuso sexual calificado por acceso carnal, tribunal de impugnación penal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, L. M. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

Ante lo expuesto y en función a lo considerado, debe modificarse la pena original impuesta y en virtud de la petición expresa subsidiaria de la defensa particular, estimo que debe imponerse la misma por este Tribunal revisor sin reenvío (conf. Art. 246 in fine del CPPN). Procede lo anterior, teniendo presente que se ha efectuado un análisis de la prueba rendida, lo alegado por las partes que surge de la video-filmación del juicio de cesura y que se ha efectuado un análisis de visu del imputado quien ejerció cabalmente su derecho a ser oído por este Tribunal.
Partes del proceso, patrocinio letrado
Materia: LABORAL
Carátula: Saieg, Héctor Roberto c/ Asoc. Coop. del Hosp. Interzonal San José de Pergamino y/o Simón Camilo Supicich y Carlos Alberto Supicich y/o quien resulte legalmente responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La esencia teleológica de la imposición del control letrado es la de asegurar la eficaz defensa, aún contra la pretensión del propio interesado de valerse por sí mismo, al evitar que esa tarea sea mal ejercitada por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicable al caso. Por tanto, su obligatoriedad comprende la asistencia y dirección jurídica del patrocinado durante todo el curso del proceso y su omisión acarrea el estado de indefensión de aquél (arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional).
Culpa penal, apreciación de la culpa, accidente de tránsito, prioridad de paso, tránsito automotor, señales de tránsito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GUATTI, JORGE DANIEL S/  LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS, Expte. Nº 2384 (G-519/06/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-09-22

Para la adecuada apreciación de la culpa -en el caso, por la comisión del delito lesiones culposas en un accidente de tránsito al embestir al vehículo en el que se desplazaban las víctimas, por circular el imputado sin respetar la prioridad de paso, a una velocidad superior a la permitida, con asfalto húmedo y en horario nocturno que restaba visibilidad-, el obrar conforme a derecho no consiste sólo en la observancia de los reglamentos de tránsito escritos, sino además en el exquisito cuidado de elementales normas sociales y solidarias, impuestas por la experiencia y la convivencia, entre las que se destacan las normas de tránsito, el respeto al semejante y a la vida.

Si la autoridad de aplicación municipal coloca determinada señalización para el tránsito en determinados sectores de la localidad, en el caso "Ceda el paso" previo a atravesar una calle de doble mano, es porque la autoridad ha tenido en cuenta que -según el curso normal de los hechos que indican la experiencia y el sentido común- el conductor no podrá responder adecuadamente a las contingencias del tránsito, no obstante los mayores esfuerzos y pericia que demuestre en el desempeño de su arte o profesión.
Accidente de tránsito, víctima menor de edad, daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERONI FERNANDO EDMUNDO c/ ORDOÑEZ NESTOR RUBEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-07-05

No cabe establecer fórmulas rígidas, incapaces de conmoverse, para hacer regulaciones acerca de la responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores, desde que ello depende de las circunstancias particulares que se juntan en cada caso, puesto que los deberes de educación y vigilancia asumen caracteres y características especiales, temporales y modales que pueden presentarse, en tantas variaciones como la vida misma.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, costas, costas al vencido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Soruco Márquez, Humberto c/ Cardaci, José s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

La condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento a tal principio solo debe acordarse cuando median razones muy fundadas, pues la excepción debe ser aplicable con criterio restrictivo. En la especie no se justifica la aludida exención de costas, toda vez que, además de no haberse dado las razones en el auto apelado para arribar a dicha exoneración, lo cierto es que desde la suscripción del acuerdo formulado por las partes, homologado judicialmente, el comprador se ha visto precisado a promover la ejecución del convenio por el trámite de ejecución de sentencia, con la finalidad de que se otorgue la escritura traslativa de dominio a la que se otorgue la escritura traslativa de dominio a la que se habían comprometido las partes (arts. 309 y 498, inc. 1°, Código Procesal). Es evidente que ante la resolución que admite la ejecución y dispone que en el plazo de 10 días deberá efectuarse la escritura traslativa de dominio del inmueble, para cuyo fin la parte vendedora deberá entregar toda la documentación a la escribana interviniente, bajo apercibimiento de ser suscripto por el juez y en el caso de resultar de cumplimiento imposible se dirimirá en la indemnización de daños y perjuicios, el vendedor debe soportar las costas de la ejecución, ya que ha hecho necesaria la intervención del órgano jurisdiccional para obtener la satisfacción de su derecho. (Minoría u opinión personal)
Cheque, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ ROSA LUJAN c/ ORTIZ JORGE DANIEL Y OTRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-02

La fecha de emisión en el cheque reviste importancia porque mediante ella se puede determinar el comienzo del plazo de prescripción y si bien tal requerimiento alcanza tanto al cheque de pago común -art. 2 inc. 3 Ley 24452- como al cheque de pago diferido -art. 54 inc 3 Ley 24452-, lo cierto es que en este último caso no aparece como un recaudo esencial que condicione ineludiblemente su habilidad, toda vez que estableciendo el art. 61 Ley 24452 que las acciones judiciales del portador contra el librador, prescriben al año contado desde la expiración del plazo para la presentación -que en nuestro caso de cheques de pago diferido debe contarse desde la fecha del rechazo del pago por el girado-, se evidencia que la fecha de creación no reviste, al respecto, trascendencia alguna.
Derecho de asociación, violación del derecho a la vida, obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Escaleras Mejía y otros Vs Honduras S/ Homologación de Acuerdo de Solución Amistosa - Homicidio de ambientalista - Defensores y defensoras de derechos humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-09-26

El artículo 16.1 de la Convención Americana implica no sólo el derecho y libertad de asociarse sin intervención de autoridades públicas que lo limiten o dificulten, sino también el deber estatal de prevenir los atentados contra aquél, protegiendo a quienes lo ejercen e investigando las violaciones a dicha libertad, la que sólo puede ser ejercida en un marco de respeto y garantía plena a los derechos humanos, muy en especial los relativos a la vida y a la seguridad de las personas puesto que la afectación del derecho a la vida atribuible al Estado, genera violación al derecho y a la libertad de asociarse.

Fuente del sumario: SAIJ
Recurso extraordinario, cuestión federal, tratados internacionales, derechos de autor, obras literarias y artísticas
Materia: PROCESAL
Carátula: Georgitsis de Pirolo, Catalina c/ Amato Negri, María Palmira s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

Existe cuestión federal suficiente, si se halla en tela de juicio la aplicación de un Tratado Internacional - La Convención de Berna - y la decisión es contraria a los derechos que en ella fundó el apelante. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Retenciones salariales, ahorro obligatorio, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SALOMON, JORGE AUGUSTO c/ GRAFA  S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

La demanda que remite el juzgamiento de la razonabilidad de normas del derecho fiscal, no se ve alterada por la circunstancia que respecto de una de ellas (en el caso la Resolución D.G.I 2789/88) se enfatice sobre su incompatibilidad con disposiciones de la ley de contrato de trabajo, que establecen límites porcentuales a las retenciones de remuneraciones (artículos 131, 132, y 133).

Esta impugnación no resulta decisiva para sustraer el diferendo del conocimiento de los jueces competentes en materia fiscal, que al respecto solo deberían introducirse en el ámbito de la legislación del trabajo para comparar la correspondencia de la retención con el porcentaje máximo legal, para atribuírsela a los jueces de trabajo.
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PROCONSUMER y Otro c/ CIRSA y Otros s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-01

La circunstancia de que el juez haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante no configura arbitrariedad, pues la mera divergencia con el criterio del a quo en la selección y valoración de la prueba excluye dicha tacha, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas aportadas, conforme ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Convocatoria a la asamblea de accionistas, Comisión Nacional de Valores, intervención de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: Comisión Nacional de Valores c/ REPSOL YPF SA s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

La resolución de la Comisión Nacional de Valores por la que se convocó a una asamblea de accionistas de una sociedad intervenida, no resulta ilegítima, pues fue dictada en el marco de una función específica asignada por la ley nacional 26.741 en uso de legítimas facultades constitucionales -art. 75 inc. 12 CN-, y si bien las facultades de la Comisión referida se enmarcan -prioritariamente- dentro de las Leyes n° 17.811:6 y ccdtes., 19.550:299, 22.169 y Dec. 677/01, ello no excluye la posibilidad de que pueda verse ampliada la órbita de su actuación por otra norma.
Ausencia de testigos, transporte de estupefacientes, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL
Carátula: Mercado, Herminio Bartolomé, reg. 962/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-02

Respecto a la confección de actas, no se encuentra contemplado como motivo pasible de sanción de nulidad la ausencia de testigos de actuación. Si las declaraciones de los imputados haciendo referencia a que transportaban marihuana, han sido realizadas de forma voluntaria, libre y espontáneamente -máxime teniendo en cuenta que el estupefaciente estaba a la vista-, debe rechazarse el planteo relativo a la garantía contra la autoincriminación.
Juicio ejecutivo, reconocimiento de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: ABOY LEOPOLDO Y OTRA. c/ CORONEL JUAN SANTANA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-09-10

No es quien impugna la falsedad de la firma quien debe probar su inautenticidad, sino el ejecutante quien debe demostrar la autenticidad, pues es quien pretende valerse del medio ejecutivo debiendo aportar el documento autentico.
Declaración indagatoria, acta de debate, falta de agravio concreto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alsogaray, María Julia y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-22

De la declaración indagatoria de la imputada y de la lectura del acta de debate surge que Alsogaray pudo efectivamente articular en plenitud su defensa material y técnica en lo que atañe a su intervención en los sucesos que fueron debidamente determinados en la acusación y por los que resultó a la postre, condenada. Ello es así por cuanto la defensa pudo interrogar, hacer sus planteos, alegar y replicar. Todo ello pone al descubierto la falta de gravamen concreto que habilite la petición nulificante formulada.
Reconocimiento en sede judicial, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TORRES JOSE VICENTE s/ RECONOCIMIENTO DE OBJETO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-14

El reconocimiento de cosas es un medio de prueba que como tal debe ceñirse a ciertas formalidades legales, el juez al valorarlo lo debe hacer conforme a las reglas de la sana crítica racional.

Antes del reconocimiento de una cosa, el Juez invitar a la persona, que debe verificarlo, a que la describa, la misma le ser a exhibida, junto a otras semejantes en cuanto sea posible ya que a diferencia de lo que disponga para el reconocimiento de persona, en donde la presentación junto a otras se impone de modo obligatorio aquí tiene carácter facultativo. Tanto es así que el art. 393 del C.P.P., se refiere a la presentación de elementos de convicción secuestrados, nada dice sobre la exhibición conjunta.-
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, pena máxima eventual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PUERTAS, Pablo Emilio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Al interpretar las pautas que obstaculizan la soltura durante el proceso, previstas en el  art. 319 del C.P.P.N., "parece razonable a tal fin atender a la cuantía de la posible condena según los criterios señalados en los arts. 316, párrafo segundo y 317" (*).

Por tanto, si el imputado se encuentra procesado por el delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego, ello torna improcedente su excarcelación y la gravedad de la imputación, reflejada en su penalidad, implica que en caso de recaer condena, su cumplimiento será efectivo, lo cual conforma un presunción legal de fuga (peligro procesal), por lo cual corresponde confirmar el auto que deniega su excarcelación.