marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Perito contador, crédito por honorarios, teoría de la imprevisión, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMPAÑIA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE ADECUACION O REAJUSTE DE CREDITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Aun si por vía de hipótesis se concluyera en esta causa que se dan los presupuestos de la adecuación o reajuste del crédito pretendido por la aplicación del artículo 1091 del Código Civil y Comercial, ello no otorgaría a la actora automáticamente un derecho al reconocimiento de la diferencia estimada; puesto que ésta debe invocar y demostrar la situación excepcional en la que la variación de las tasas excede el marco de lo previsible afectando en forma importante la ecuación económico-financiera del contrato del caso, estimando a partir de qué cuota -temporalmente- y a en relación a qué suma -matemáticamente- el desajuste supone un desequilibrio que la perjudica al punto tal de habilitar el ajuste o adecuación en los términos del instituto de la norma mencionada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1091
Procesos de conocimiento, juicio sumarísimo, acción de amparo, traba del embargo, moneda extranjera, medida de no innovar, economía procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARS SA Y OTRO c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Del dictamen fiscal 91496:

Corresponde dar curso al amparo promovido por quienes en otra causa se vieron afectadas por el embargo trabado sobre una suma en dólares, depositada en el banco de depósitos judiciales, que el banco "pesifico", pues si bien lo que se persigue específicamente -más allá de la pretendida declaración de inconstitucionalidad de ciertas normas dictadas por el estado nacional en el contexto de la actual emergencia económica- es que se decrete una prohibición de innovar respecto de los fondos aludidos, y ello debía haberse planteado en el juicio en el que se trabo la cautela, razones de celeridad y economía procesal y la necesidad de evitar dilaciones y dispendio de actividad jurisdiccional aconsejan dar curso al amparo promovido; además, más allá de estos reparos procésales, se trata de aspectos relacionados con derechos y garantías constitucionalmente protegidos.
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval, María Inés y otros c/ Fabrica S.R.L. s/ Accidente Acción Civil Art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-05-04

La condena al dueño de la cosa peligrosa, es correcta. Si analizamos la prueba se debe tener en cuenta que el solo hecho de que la empresa principal haya contratado a otra para vigilar periódicamente el funcionamiento de todos los elementos que están dentro del establecimiento, no la exime de responsabilidad frente a terceros, toda vez que si el contralor estuvo mal hecho y esta circunstancia originó daños a un tercero, podrá originarse una cuestión entre los contratantes, pero dicho contrato no puede oponérselo al damnificado.
Delitos contra la Administración Pública, proceso penal, acción civil, damnificado directo
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: P., R. s/ Rechazo a la presentacion como actor civil (Expte Nº 233-02,  Resolución Nº  196, Tomo 7, Folio 311)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-05

La tesis de que sólo puede accionar civilmente dentro del proceso penal el damnificado directo -aquél cuyo daño resarcible es consecuencia inmediata del mismo hecho delictivo- surge de la propia ley procesal cuando en sus artículos 16 y 94 habla de la indemnización o reparación del daño causado por el hecho incriminado, esto es, no de cualquier daño sino del que es propio del hecho incriminado, excluyendo así el que resulta de la situación provocada por el hecho delictivo. Esto, como bien lo señala Creus, citando la fuente de la disposición, guarda relación con lo previsto sobre la reparación por el artículo 29 del Código Penal, lo que explica la aceptación de los herederos del damnificado en ciertos casos. El impugnante en la presente causa, no sufre un daño por el hecho constitutivo del incumplimiento de los deberes funcionales, sino, quizás, uno que es consecuencia de ese incumplimiento. Los eventuales incumplimientos funcionales, afectan directamente a la Administración pública, y como consecuencia de que la Administración no cumple con sus deberes, resultaría recién una afectación de los derechos suyos, que serían entonces un resultado indirecto o mediato. Conforme entonces a lo hasta aquí expuesto, no resulta ser la vía intentada la idónea para pretender la reparación del daño causado.
Cómputo de servicios, prueba, apreciación de la prueba, aplicación analógica de la ley, artistas de variedades
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TESIO, ELSA MARIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

No habiendo arrojado la medidas probatorias resultados favorables para la peticionante, corresponde confirmar la resolución que tuvo por no acreditados los servicios denunciados a las órdenes de diversos empresarios del espectáculo. De lo contrario, como ha sostenido la Sala en casos sustancialmente análogos, la simple referencia sobre amplitud de criterios para evaluar servicios de antigua data serviría para la captación de beneficios indebidos con los consiguientes perjuicios económicos y éticos (cfr. "Ojeda, Luis", sent. del 23.04.90 y "Dresner, Blima", sent. del 25.06.90). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso de casación, desistimiento del recurso, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Echeverri, Gustavo Raúl s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-04-24

Al Ministerio Fiscal se le cuerda la facultad de desistir siempre que funde el mismo, en razón de que, representado formalmente a la sociedad, no podría hablarse ni exigirse de ninguna manera mandato expreso para desistir. Por ello es que solamente al Ministerio Fiscal se le exige la fundamentación del desistimiento. (Fundamento del Dr. Ariel G. Coll)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, responsabilidad penal, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., J. F. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO EN PERJUICIO DE UNA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Los agravios ensayados no lucen adecuadamente motivados, debiendo coincidirse con el A quo -tal como lo afirmara en el auto denegatorio- en que si bien se limita a invocar la supuesta falta de consideración de ciertos elementos convictivos que serían de descargo, no evalúa el resto del caudal probatorio que permitió tener por razonablemente acreditada la atribución de responsabilidad penal del imputado en el hecho endilgado en razón de la concordancia y razonable congruencia circunstancial que los actos objetados traducen en su confrontación con los demás elementos probatorios reunidos; de moto tal que las alegaciones del recurrente, tal como han sido formuladas, sólo revelan su mera discrepancia con la entidad que los Magistrados le han asignado al material probatorio recolectado en orden a confirmar la condena dictada por la Jueza de grado, cuestión que, por ser materia de derecho común, resulta ajena -por regla- a la esfera de conocimiento de este Tribunal, salvo que se demuestre la configuración de un supuesto de arbitrariedad o de lesión a mandas constitucionales, lo que no acontece en la especie.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zamudio, Jacinto J. c/ Nezhoda, Daniel H. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

La pertinencia o admisibilidad de la prueba es una declaración propia de la fase probatoria del proceso (arts. 358 y 362 Código Procesal); por lo que tal calificación deviene prematura al tiempo de despachar la contestación de la citación en garantía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Libertad de prensa, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EDITORIAL e IMPRESORA USTED SRL. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-07-03

El medio periodístico actuó "con imprudente y notoria despreocupación" por constatar la real y verdadera situación de la causa. No lo exculpa la fuente que invoca -versión recogida en los pasillos de Tribunales- en tanto no se trata de una fuente identificable. Para obtener la exención de responsabilidad del informador, es menester que éste atribuya directamente la noticia a una fuente identificable y que transcriba en forma sustancialmente fiel lo manifestado por aquella.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: CONTRERAS, MARIO SANTO c/ BAGLEY S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-03-26

La rescición del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de conformidad con lo normado por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, se concreta dentro del marco librado a la autonomía de la voluntad de las partes, que evidencian comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, por lo que los importes abonados conforman al decir de Vázquez Vialard, una modalidad de la extinción.ello por cuanto el empleador no está obligado al pago de indemnización alguna en las hipótesis que contempla el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo y no hya norma que limite la libertad de las partes para formular estipulaciones accesorias como la que, en el caso, se obligó la demandada a abonar una suma de dinero, cualquiera haya sido su imputación. El trabajador no puede reclamar diferencias con fundamento en un despido arbitrario, dado que implica una opción que no pued enunca equipararse a la extinción por voluntad concurrente de las partes, en tanto en el despido se entiende que se ha quebrado la expectativa del trabajador de conservar su puesto, en cambio la extinción prevista en el artículo 241 es mediante manifestación concurrente de la voluntad de las partes de poner fin a la relación laboral. El mutuo disenso o rescición es un acto típicamente bilateral y eso lo diferencia de la renuncia o dimisión al empleo por parte dle trabajador, que configura en la normativa de la ley de Contrato de Trabajo un acto esencialmente unilateral, aún en el supuesto de una formal aceptación de la contraria. Tampoco resulta aplicable el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto teniendo en cuenta la causal extintiva, no puede afirmarse que se suprime o reduce algún derecho previsto en la ley.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, extradición
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Petri, Alberto s/ extradición solicita Interpol.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

No es sentencia definitiva (arts. 3., inc. 4. de la ley 4055 y 24, inc. 6. del decreto-ley 1285/58) la decisión confirmatoria de la que ordena la reiteración de los oficios de captura del requerido de extradición.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sana crítica racional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: G., J. C. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

La impugnante no logra demostrar la arbitrariedad que invoca, desde que con sus reproches se limita a cuestionar las significaciones de los medios de confirmación producidos, los que importan una reedición de los expuestos en el mismo sentido en la instancia ordinaria, y por ende, resultan insuficientes para habilitar la presente vía, desde que, como es sabido, los agravios referidos al grado de convencimiento que las pruebas puedan acarrear no constituyen -por regla- cuestión constitucional alguna, cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo decidido se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en la normativa de fondo aplicable, sin que se demuestre que el A quo hubiere soslayado las reglas de la sana crítica racional, no apareciendo prima facie el fallo impugnado disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, deudor hipotecario, vivienda única, bienes inembargables, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UMBERTO PRIMO c/ CASTRO, FERNANDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:C.S.J. NRO. 228 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el A quo no ha apreciado los elementos de convicción que sustentaban la tesis de la ejecutada en torno al carácter de vivienda única, familiar y permanente del inmueble sujeto a ejecución con las consabidas consecuencias jurídicas que ello traía aparejado respecto del régimen de emergencia previsto en las leyes 25561, 25713 y 25820 y los decretos 214/02 y 762/02.

En el caso, el Tribunal entendió que el ejecutado no había ofrecido ni probado que la propiedad gravada con derecho de real de hipoteca tenga el carácter de vivienda familiar y de ocupación permanente para tornar aplicable las leyes de emergencia, pero dicha conclusión es formulada sin tener en cuenta concretas constancias de la causa que conducirían a una solución distinta, a saber: 1) la constancia de inscripción del deudor al sistema de refinanciación hipotecaria prescripto por la ley 25798 siendo uno de los requisitos para su ingreso (art. 2) que el mutuo esté destinado a la adquisición mejora, construcción y/o ampliación de vivienda con el carácter enunciado o cancelación de mutuos originarios con igual destino; 2) el reconocimiento del cumplimiento de dicho requisito mediante la aceptación del Banco de la Nación Argentina como agente fiduciario para la refinanciación hipotecaria conforme al contrato de mutuo suscripto entre éste y los ejecutados en los términos de la ley 25798 y el decreto 1284/03 y 3) constatación actuarial que da cuenta de que en la vivienda en ejecución se asienta el grupo familiar Este deficitario juicio de hecho efectuado por el Juzgador ha desvirtuado sin duda alguna el derecho que debía regirlos; recuérdese que el error de desentrañar los hechos repercute, determinantemente en el tratamiento jurídico, si ello acontece la solución será ajena a la realidad probada en el expediente, pues el juicio de hecho está ligado inexorablemente al juicio jurídico.
Control de legalidad, error de derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., M.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-10

Se ha resuelto, que "...si la voluntad de la Administración resulta excluida por error esencial... la mácula es tal, que configura su nulidad absoluta e insanable....máxime si la intervención de las partes interesadas en el procedimiento, o la emisión de dictámenes no resultan suficientes para cohonestar el pronunciamiento administrativo o disminuir la gravedad del vicio". O bien "la inexistencia de una causa valedera que justifique la medida administrativa, conduce a la nulidad del acto".
Derecho laboral, transferencia de fondo de comercio, responsabilidad solidaria, fraude
Materia: LABORAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cattaneo, Verónica Laura c/ Berzam SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Habrá transferencia cuando se trasmitan los elementos constitutivos del fondo de comercio (instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, clientela, derecho al local, habilitación, productos en elaboración, etc). No es necesario que la transferencia comprenda la totalidad de estos elementos; basta con que el transmitente no pueda continuar con la explotación mientras que el adquirente en cambio pueda hacerlo como lo hacía aquél o en forma semejante. En este sentido, la relación laboral no se extingue sino que sobrevive en su totalidad y se mantiene en su identidad, no es otra distinta, sino la misma, aunque a partir de la transferencia la posición de empleador la ejerce otra persona (física o jurídica). No obstante, en el caso, pese a haberse operado la transferencia del establecimiento de una firma a otra, los socios de la sociedad predecesora continuaron concurriendo al local para dar órdenes e intervenir en las cuestiones directivas o económicas de la explotación, a pesar de no formar parte del directorio. Tales circunstancias, no hallan explicación alguna ante la supuesta transferencia operada entre las precitadas sociedades, salvo claro está que se esté en presencia de una transferencia en fraude a la ley (art. 14 LCT).
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: ESCOBAR JUAN CARLOS Y OTROS c/ CORCEMAR S.A. s/ HABERES - RECURSO DIRECTO - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-19

No satisface la exigencia de fundamentación prescripta por el art.96 L.P.T., el recurso de casación en virtud del cual el quejoso se limita a cuestionar la pericia efectuada a los fines de fijar el monto de condena por no haber seguido las pautas de la sentencia, pero omite poner de manifiesto concretamente de que modo se configura ese vicio ni en que medida lo afecta.

Cuando el cuestionamiento involucra cálculos aritméticos deben hacerse las operaciones matemáticas respectivas a fin de permitir verificar, al menos prima facie, el fundamento de la impugnación.

La materia aranceles de abogados solo es impugnable en esta instancia, a través del recurso de revisión que regula el Código de Procedimiento Civil, a mérito de la remisión que a los medios impugnativos ordinarios y extraordinarios efectúa el art. 111 Ley 7269.

No resulta viable el recurso de casación que al respecto se dedujera con posterioridad a la publicación de la interpretación de la Sala Laboral sobre el tema.
Proceso contravencional, acumulación de procesos, ley supletoria, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Morales, Cesario Pablo s/ art. 83 ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-03

La conexidad tiende a evitar la multiplicidad de procesos con idéntica finalidad asegurando la economía procesal y la seguridad jurídica, dado que la concentración de los procesos ante un único Magistrado evita el dictado de sentencias contradictorias.

No obstante, toda vez que la contienda de conexidad tiende a la modificación de la asignación de competencia efectuada y al cambio del Magistrado que conoce en la causa, debe limitarse a los supuestos taxativos previstos en el artículo 41 del Código Procesal Penal de la Nación.
Despido por falta o disminución de trabajo, culpa del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GARZARELLA, MARIA ANTONIA c/ INTERNATIONAL PLASMA CORPORATION SACFIA DE M. Y S. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-06

No es aplicable el artículo 247 LCT. si el empresario coloca en el mercado un fármaco sin haber dado cumplimiento a las normas que rigen la materia, provocando con ello la prohibición de su elaboración. La falta de trabajo se debe no sólo a la 'omisión voluntaria' sino también al obrar negligente del empleador.
Unificación de penas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: ACUÑA, JOSE MARIA s/ DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COMUN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Es procedente la unificación de pena, toda vez que en nada perjudica al procesado pues le evita el cumplimiento sucesivo de penas, no visualizándose violación alguna al principio de la defensa en juicio, cubriéndose las exigencias formales que hacen al respeto de tal derecho, pues no se altera el contenido de la sentencia anterior ya firme.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, acuerdo de partes, audiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ, JUAN CARLOS c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

En el antecedente "Cantero", el señor Ministro doctor Erbetta describió que la lógica del nuevo sistema supone que el acuerdo debe resolverse en audiencia de procedimiento abreviado, de modo que luego de explicitar los datos personales de las partes, el o los hechos por lo que se lo acusa y su calificación y la pena requerida por el Fiscal, el Tribunal debe requerir la conformidad genuina del imputado con adecuado asesoramiento de su Defensor -que ineludiblemente requiere un reconocimiento expreso del imputado de su responsabilidad penal en cada uno de los hechos atribuidos-, así como exigir al Fiscal que indique las evidencias sobre la existencia de los delitos en grado de certeza, para resolver luego en forma oral y en la misma audiencia; pues sólo de esta manera, la decisión a la que arriba el magistrado como consecuencia de un procedimiento abreviado tiene igual fuerza jurisdiccional que aquella condena que es resultado de un juicio oral y, por tanto, sometida a la misma exigencia de fundamentación suficiente derivada del artículo 95 de la Constitución provincial. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhieren los Dres. Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 140; Ley 13018, artículo 9. - Jurisprudencia vinculada: Cantero, AyS T 270, p 1/14, sumario J0042218.
Pensiones, cónyuge supérstite varón, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: UBET, JORGE ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-10-16

Si bien los derechos previsionales se rigen por la ley vigente al momento de producirse el hecho generador del derecho, cabe recordar que el más alto Tribunal nacional ha contemplado en algunos supuestos la posibilidad de aplicar una ley posterior en casos en que el deceso del causante se había producido con anterioridad a su vigencia, doctrina que resulta trasladable al sub judice, en el cual el límite temporal establecido en la Ordenanza 7680/04 (modificatoria del artículo 34 de la ordenanza 6116/95, que sólo preveía el beneficio de pensión para el viudo incapacitado) conforme observación formulada por el Poder Ejecutivo provincial, resulta incompatible con el texto constitucional (Citas: CSJN: Fallos 308:116; 310:995; 312:2250; 316:2054; CSJStaFe: AyS T 94, p 152/161)
Abandono de personas, hijos, menores en situación de desamparo, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Rodolfo V. s/ ABANDONO DE PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-01-11

No obstante surgir cierta negligencia del procesado en la manutención de sus hijos, no puede ser responsabilizado por el delito de abandono de personas (art. 106 C.P.), porque no se probó el aspecto subjetivo, dado que se trata de una figura eminentemente dolosa que requiere un comportamiento directriz definido. No basta con la comprobación de quehaceres descuidados o negligentes, que no sobrepasan el límite de la culpa, puesto que el molde legal en estudio no prevé la forma culposa de comisión.
Cesión del establecimiento, licitación pública, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, Raúl c/ SANECAR SA Y OTROS s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Toda vez que el actor continuó prestando tareas y en igualdad de condiciones para la nueva empresa, que se hizo cargo a través de una licitación, no existen motivos para entender que ésta no prolongó los contratos celebrados por la primera, y que, en consecuencia actuó como su continuadora. (Del voto del Dr.

Eiras, en minoría).