marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, compraventa inmobiliaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Terranova, Eduardo Raúl c/ Publicidad Sarmiento SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Cuando, como en el caso, del relato efectuado por el accionante se extrae que se reclama con base en un contrato de compraventa de inmueble, dicha operación, como regla, es de competencia civil en virtud de lo regulado por el Decreto 1285/58: 42 y 43 que fijan la competencia por materia (arg. esta CNCom, Sala C, 27/6/03, "Provincia Leasing SA c/ Inmobiliaria Bullrich SA s/ desalojo"). Cabe apuntar, además, que la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y la consiguiente supresión tanto del estatuto del comerciante como de la noción de acto de comercio, no impide que -para determinarla competencia judicial en razón de la materia (y a partir del análisis de la naturaleza de la relación substancial en que se basa la pretensión)- pueda considerase que el caso de marras resulta de competencia civil, pues la compraventa inmobiliaria está excluida de los actos típicamente mercantiles -arg. CCOM 8-1°-, no obstante, la calidad de comerciante de una de las partes (arg. CNCiv, Sala A, 24/6/02, "Consultores de Grandes Emprendimientos SA y otros c/ Serebrinsky, Saúl"; esta CNCom, Sala C, 27/6/03, "Provincia Leasing SA c/ Inmobiliaria Bullrich SA"). Es que los actos que realizan las sociedades comerciales, como principio, deben ser considerados civiles o comerciales según su naturaleza (en tal sentido CNCom, Sala C, 19/6/02, "Experientia SA c/ Genoform SRL s/ amparo"), la cual, se reitera, en el caso es netamente civil.
Accidente de tránsito, culpa penal, principio de confianza
Materia: PENAL
Carátula: C., A. H. s/ Lesiones culposas (Expte Nº  169-92, Resolucion Nº  48, Tomo 1, Folio  193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-03

En el proceso penal no se busca determinar la mera existencia de alguna condición que haya contribuido a la producción de un resultado lesivo para ya atribuirle responsabilidad al mismo, ni tampoco basta con establecer la existencia de alguna violación a disposiciones reguladoras del tráfico automotor para arribar a igual conclusión, sino que dentro de nuestro sistema penal es menester identificar la causa con relevancia penal determinante del resultado y definir si ella fue aportada en forma reprochable por el encausado.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIFONSO ANGEL OSCAR s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Omitido el acompañamiento del interrogatorio que, conforme al art.

79 del Cód. Proc., debe adjuntarse a la demanda de beneficio de litigar sin gastos, corresponde al juzgador ordenar se subsane el falente supuesto (art. 34, inc. 5to.,b, Cód. Proc.). Es que si ello procede en cualquier proceso-pues en esto, la ley ritual no distingue- lo es, con mas posibilidad en éste, donde no está prevista la traba de una litis en sentido propio y en donde la resolución a dictarse no causa estado (art. 82 cód. citado).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boiero, Pablo Víctor c/ Finnemann, Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

Es insuficiente la denuncia de violación de la doctrina legal, pues no indica en qué consiste esa violación o el error tal cual lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial).
Sistema republicano, elecciones, reelección, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-01

Las reelecciones sucesivas múltiples de los funcionarios que ocupan los más altos cargos ejecutivos, llegado un punto afectan el sistema republicano pues, entre otras cosas, producen una significativa erosión de la separación de poderes (Voto del juez Rosenkrantz).
Procedencia del recurso, remisión del expediente, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta, Elpidio Elías s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Acosta, Elpidio Elías c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-18

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el actor y reenviar las actuaciones para que, por intermedio de otros jueces, dicten sentencia considerando globalmente el marco legal aplicable según los lineamientos del presente. En el caso, la Cámara concluyó que el accidente se produjo porque el actor descendió a la calzada, por estar obstruida la acera. Cierto es que, como principio general, el tránsito peatonal debe ser realizado en las veredas. Pero no menos cierto es que, en el caso, frente a un obstáculo por apertura de vereda, el peatón debió descender para poder continuar su marcha por el propio incumplimiento del GCBA. En ese contexto, sea cual fuere la responsabilidad que le corresponda a quien realizó la apertura de calzada -lo que el GCBA podría hacer valer, eventualmente, en otro juicio-, lo cierto es que el razonamiento de la Cámara omite considerar las obligaciones puestas en cabeza de la Administración y la incidencia de su incumplimiento en la producción del daño. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Julio  C.  Diz  y Cía S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otra s/ daños y perjuicios - incidente sobre beneficio de litigar singastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Corresponde hacer lugar al pedido de caducidad de la instancia si desde la fecha en que quedó determinada la competencia del Tribunal hasta la contestación del traslado se cumplieron más de tres meses (art. 310, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Derecho administrativo, contratos administrativos, vicio de incompetencia, revocación del acto administrativo, conocimiento del vicio, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-02

Literalmente tomados, los artículos 17 y 18 de la LNPA dejan en la esfera judicial los actos nulos en vías de cumplimiento y los anulables cuyo vicio hubiera sido conocido por el beneficiario en la administrativa. El conocimiento del vicio exigido por la Ley de Procedimientos Administrativo, no puede ser la sola exigencia de conocer el derecho, pues no sería una interpretación de la ley local armónica con la Constitución Nacional, sino que debe tener un contenido tal que suponga una renuncia válida a los derechos constitucionales. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano). "Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido y recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido" y su acumulado expte. n° 14490/17
Caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Olavarría S.A. s/ Incidente de Revisión en autos: Emzo SAIC s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

La perención de la instancia debe interpretarse con criterio restrictivo, con prudencia. En caso de duda debe optarse por la solución que mantenga vivo el proceso y no operada la perención.
Mandato, representación procesal, acreditación de la personería, empleo público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAN DE SILVA, FRANCISCA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-11

La doctrina ha considerado excluída de la carga de acompañar los documentos que acreditan la representación, ejercida en razón de un empleo público, sobre la base a que al haberse publicado la designación, al representante le basta con invocar el carácter que inviste.- Aún cuando dicho criterio no ha tenido recepción legislativa local, como en otros ordenamientos provinciales, resulta aplicable en virtud de lo establecido en las normas de fondo sobre publicación de leyes.
Sucesiones, fondo de comercio, concesión administrativa, extinción de los contratos administrativos, muerte del cocontratante
Materia: CIVIL
Carátula: MASTELLONE DE MARINO GLADYS c/ MASTELLONE HUBER s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Si bien se encuentran excluidos de la transmisión hereditaria aquellos derechos insusceptibles de transferencia sucesoria, entre ellos los derivados de un contrato administrativo cuando el fallecimiento del concesionario constituye una de las causales de cesación de tales actos jurídicos, no ocurre lo mismo cuando dicha transferencia es susceptible de realizarse "mortis causa". El hecho de que se diera de baja a un puesto ubicado en un mercado después de la muerte del concesionario, y luego su hijo haya solicitado nuevamente la concesión como un mero hecho circunstancial, no empece a incluir tal fondo de comercio dentro de los bienes a transmitir en el juicio sucesorio. El procedimiento oblicuo seguido a los efectos de obtener la nueva concesión tuvo como finalidad eludir imperativos preceptos legales. Para que la forma caiga, la realidad de los hechos debe demostrar, fuera de toda duda, que existió una efectiva continuación en el giro y la clientela del negocio, y habiéndose acreditado que el nuevo concesionario ha sido el continuador del negocio de su padre, corresponde incluir ese fondo de comercio en la sucesión.
Contratos civiles, excepción de incumplimiento contractual, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Champagnat, Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. c/ Carrizo, Juana Marcela s/ Cobro de pesos y cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-03

Para la admisibilidad de la defensa basada en el art. 1201 del Código Civil, quien la invoca debe obrar de buena fe (art. 1198, Código Civil), extremo que no condice con el hecho de haber consentido las circunstancias que ahora atribuye a la otra parte. Es imperioso recordar aquí el principio "nemo auditur quod propiam turpitudinem allegans" a fin de echar luz sobre la cuestión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad solidaria, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano S.A. y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-18

No existe ningún impedimento para que el acreedor laboral, que ve cercenada la satisfacción de su crédito por parte de la sociedad empleadora porque resulta insolvente, lo reclame a quien, como en el caso, ha incurrido en una violaciòn de la ley, conducta que le ha producido un daño concreto y actual. No existe ninguna disposición legal que impida la aplicación del art. 705 del Código Civil a las obligaciones solidarias que consagra la ley de sociedades porque justamente la norma civil establece la facultad de dirigir la acción contra los otros codeudores solidarios cuando en un primer momento se reclamó la deuda por entero contra uno solo de ellos y este deudor resultó insolvente. (del voto de la Dra. Porta, en mayorìa).
Personal civil de la policía, jubilados, rescisión del contrato, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Gómez, Orlando Mario c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia - Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-27

La circunstancia de que el actor contara con un beneficio jubilatorio al momento de la rescisión de su contrato torna improcedente la indemnización prevista en el art. 16 del Estatuto del Personal Civil de la Policía Federal ya que las disposiciones son claras en el sentido de que sólo tendrá derecho a indemnización el personal que fuese separado de su cargo por causas distintas a las mencionadas en el art. 14 y, al incluir dicho artículo el supuesto de jubilación, es evidente entonces que la obtención del beneficio previsional implica el cese de funciones sin derecho a indemnización alguna (Disidencia de la Dra. Elena I.

Highton de Nolasco). -De su disidencia en el precedente "Lore" -CSJ 454/2011 (47-L), de la misma fecha, al que remitió-.
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, valor vida, prueba, muerte de la madre
Materia: CIVIL
Carátula: DIXON JUAN G c/ PASTORE EDUARDO M s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

Cuando el daño consiste en la muerte de un ser querido que además es la madre y esposa de los reclamantes y la muerte se produce en forma violenta e instantánea como consecuencia del accidente de tránsito, no cabe duda ninguna en cuanto a la plena viabilidad y reclamo de la consiguiente indemnización, para la cual no se requiere prueba alguna acerca de la existencia del daño, desde el momento que éste se produce re ipsa y sin necesidad de acreditar su existencia.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Gadea, Alberto Guillermo y otro s/ Homicidio - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

Las cuestiones esenciales inherentes a la autoría y responsabilidad del acusado deben considerarse englobadas en la "participación de los procesados en el hecho", que con esa calidad estaban contempladas en el art. 10 de la ley 3560 (art. 333 -n.a.- C.P.P.).
Cesión de derechos, alimentos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RANDAZZO, GRACIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

No hay inconvenientes en ceder los alimentos ya devengados, pues la ley considera que en ese caso no se compromete irreparablemente el porvenir; y la cesión de los alimentos ya devengados, sobre todo cuando son litigiosos, puede muchas veces permitir al alimentado satisfacer sus necesidades vitales que pueden no tener otra solución (cfr. Borda, "Tratado de Derecho Civil - Familia", Tº II, nº 1213).
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hijo, beneficiarios de la indemnización civil, padres
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: GERON, GERARDO c/ E.F.A s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-29

En el supuesto contemplado por el art. 1084 Cód. Civ., al margen de la presunción legal de daño sentada por esta norma, cualquier persona que pruebe el perjuicio propio sufrido por el hecho, tiene derecho a la condigna indemnización. Entre tales personas se hallan, sin duda, los padres de la víctima, independientemente de su calidad de herederos, quienes pueden acreditar que aquélla contribuía al sostenimiento del hogar común y que a raíz de la muerte sufrirán un menoscabo patrimonial.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cicchini, Ronaldo Domingo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

El requisito establecido para la percepción por el activo de la bonificación establecida en el art. 17 de la ley 10.328 - obtención de una determinada calificación durante dos años continuos- no quita al suplemento los caracteres de habitualidad y regularidad.
Daños y perjuicios, pérdida de la mercadería
Materia: CIVIL
Carátula: "Streri  Alicia  Esther c/ Adminsitración Nacional de Aduanas yOtro s/ Daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

La indemnización por la pérdida de mercadería depositada debe ser restablecida en función del precio de plaza de los efectos faltantes, por cuanto dicho precio representa las consecuencias resarcibles propias del incumplimiento culposo, solución a la que también puede arribarse por aplicación analógica del art.

277 de la Ley de Navegación (Del voto del juez Grecco, cons. VI).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, prueba, hechos nuevos, copias
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Eryday  U.T.E. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Si bien, en principio, la agregación de prueba documental se encuentra excluida en la tercera instancia ordinaria, exclusión que se extiende también a los hechos nuevos, la tramitación impresa al juicio y las particularidades que el caso plantea justifican prima facie incorporar al proceso los elementos acompañados, sin que ello importe abrir juicio sobre la eficacia probatoria que eventualmente pueda asignársele ni impide su posterior exclusión si los recursos que condicionan el examen de la prueba documental respectiva resultaren improcedentes.
Responsabilidad del Estado, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAREDEZ RAMON OSVALDO Y OTROS c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-10

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) no resulta responsable por falta de servicio fundada en la omisión de cumplir con una obligación legal (art. 1112 del C. Civil -actualmente 1084 de la Ley E-0026 cfr. Digesto Jurídico Argentino-) debido al deceso de una afiliada mientras se encontraba internada en una clínica de la Ciudad de Zapala, ya que de las constancias del expediente administrativo surge que la Obra Social, si bien demoró en responder expresamente la petición de internación de la afiliada -y en tal sentido, se la condenó en el amparo por mora-, no se desentendió de tal requerimiento. Sin ánimo de evaluar qué indicación médica se adecuaba mejor al tratamiento de la patología de la afiliada cabe señalar que dos profesionales psiquiatras que atendieron a la afiliada dieron indicaciones contradictorias en punto a la necesidad de su internación. Consiguientemente, es razonable suponer, entonces, que la Obra Social requiriera una nueva evaluación de la paciente, a fin de coordinar con los profesionales tratantes el criterio médico a seguir, disponiendo su internación permanente o no, conforme surgiera de dicha consulta. Sin embargo, no existe constancia de que los actores hayan llevado a cabo gestión alguna para concretar la consulta o, en su caso, propuesto otra alternativa a seguir (vgr. reiteración de la indicación por su médico tratante o, por otro psiquiatra, revaluación en otro Centro Médico, etc.). Tampoco se advierte que la Obra Social haya incurrido en falta de servicio, al disponer, con carácter previo a la autorización, la reevaluación de la paciente para certificar la indicación médica de internación crónica -atento la existencia de criterios médicos contradictorios al respecto- y controlar que la Clínica de Plaza Huincul -que no era prestador de la Obra social- cumpliera con las exigencias de un centro de salud que pudiera brindar atención a la afiliada de acuerdo a su patología.
Empresas del Estado, privatizaciones, propiedad participada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VELAZQUEZ  ARMANDO  Y  OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Los criterios que esta Sala ha adoptado frente a las demandas relacionadas con el PPP se circunscriben a las empresas estatales involucradas en cada caso y no son aplicables -sin más- a otras, sino en la medida en que exista analogía entre ellas y lo permitan las circunstancias de la causa. El proceso de privatización encarado por el gobierno supuso -precisamente, por ser un "proceso"- el cumplimiento de etapas sucesivas tendientes a traspasar el dominio de la empresa a manos privadas, así como también a hacer efectiva la participación de los trabajadores en la dirección de la empresa. Ninguna norma estableció automáticamente el carácter de accionista de los empleados del ente estatal, con total prescindencia de su voluntad de adherir al sistema. En efecto, si se atiende a la letra del régimen legal que instauró el PPP, se visualizan una serie de pasos necesarios para incorporarse a él. El primero de ellos fue el de que los empleados manifestaran voluntad de adhesión al programa mediante los formularios aprobados a ese fin; después sobrevendrían la suscripción del Acuerdo General de Transferencia, del convenio de sindicación de acciones y del contrato de fideicomiso. Destaco tres aspectos relevantes que tienen que ver con la adhesión, con el carácter oneroso de la adquisición de las acciones y con el modo de pago.
Excombatientes de Malvinas, amparo por mora, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, ANGEL BENIGNO c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN CON MEDIDA CAUTELAR ADJUNTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-27

Si bien el actor inició la acción judicial como un amparo por mora a fin de instar -en el caso- a la Armada Argentina a la resolución de su petición, de conformidad con la doctrina sentada por el Alto Tribunal según la cual cabe prescindir del "nomen iuris" utilizado por los accionantes y atender a la real sustancia de sus peticiones (Fallos 308:2412), pues en materia de seguridad social la actividad jurisdiccional no debe teñirse de un excesivo rigor formal que conlleve el riesgo cierto de caer en inseguridad jurídica y cercenamiento del derecho de defensa del justiciable (cfr. C.S.J.N., "Foti, Virgilio Fluvio", sent. del 31.03.92; íd. "Vázquez Recaredo, Ernesto", sent. del 04.05.93, entre muchos otros); corresponde tramitar a la presente como un amparo legal conforme ley 16.986, y requerir del Estado Nacional el informe circunstanciado previsto por el art. 8 de la mencionada ley, a fin de que explique las razones por las cuales, al día de hoy, el recurrente no goza de ninguna de las prestaciones previstas por el sistema legal para personas que, como en el caso, se incapacitaron en defensa de la patria a raíz de los hechos bélicos suscitados en el año 1982.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lopez Marcelo Fabian c/ Yanovsky Maria Celia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

El que soporta el riesgo de que se forme en su contra la "res judicata", debe tener la posibilidad de atacarla, más allá de que no lo haga su asegurado, antes de que se convierta en inalterable, pues de lo contrario se afecta el derecho de defensa que tiene que afrontar el fallo (art. 18 Const. Nac.,8 del pacto de San Jose de Costa Rica, que ahora tiene jerarquía constitucional; 15 Const.

Prov. Bs. As.).
Recurso contencioso administrativo, ejercicio profesional, arquitectos, ingenieros, agrimensores
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanchez Omar Orlando y Daniel Armando Sanchez c/ Consejo /Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-02-28

El uso del vocablo "apelación" empleado por el legislador en la ley provincial que regula el ejercicio profesional de arquitectos, ingenieros, agrimensores y técnicos afines, se refiere al derecho acordado al sancionado de recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia planteando recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.