Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-16


Salta, 16 de abril de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Rojas, Marta Stella Maris vs. Choque, Norma Elizabeth s/Queja", Expte. Nº 603.725/17 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) El doctor Gustavo Miguel Gutiérrez, en su carácter de apoderado de la actora, interpone, a fs. 28 de estas piezas (fs. 50 del proceso principal), recurso de apelación en contra de la resolución cuya copia se agrega a fs. 27 (fs. 49 del original).En su memoria de fs. 46/47, expresa que el fallo carece de logicidad por cuanto, la sentencia de remate dictada en el presente juicio ejecutivo no se puede equiparar a la de un juicio ordinario, como lo expresa la ley.

II) A fs. 54/55 de estas piezas, replica la demandada, con el patrocinio letrado del doctor Dardo Heber Rodas, quien manifiesta que la sentencia de remate se encuentra firme, y que los principios que rodean a la decisión firme de un juicio ordinario pueden aplicarse válidamente a un juicio ejecutivo. Destaca que la contraria sólo se limitó a cuestionar la cautelar sin desconocer la deuda, y considera inconstitucional el Decreto Ley 6.754/43 por violentar el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Aduce que el porcentaje del salario afectado en autos, no supera el establecido en el Decreto Nº 14/2012.

A fs. 59, se expide el señor Fiscal de Cámara en el sentido de que se revoque la sentencia cuestionada y se resuelva el incidente de levantamiento de embargo deducido.

A fs. 61, se llaman autos para resolver mediante providencia firme (ver fs. 61 vta.).

III) La cuestión traída a análisis, ha sido resuelta en anteriores pronunciamientos de esta Sala, referentes a la aplicación del Decreto 6.754/43 -de inembargabilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración nacional, provincial y de las entidades autárquicas- (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2008, f° 972). Así, este Tribunal (CApel.CC. Salta, Sala III, t. 2005, f° 947; t. 2008, f° 584), ha decidido que el Decreto 6.754/43, tiene por finalidad proteger al empleado público de la usura, y de las compras que hacen a sus necesidades elementales. En efecto, lo que debe tenerse en cuenta, es que se ha consagrado un régimen de inembargabilidad relativa, condicionado no sólo al desempeño del sujeto pasivo como agente público en alguna de las dependencias aludidas en el ordenamiento, sino también a la concurrencia de una serie de presupuestos vinculados al origen del crédito, que debe provenir de un préstamo de dinero o de la venta de mercaderías. Esta salvedad atenúa la desigualdad que se genera a favor de tales empleados en relación con los de la actividad privada (Cám. Nac. Com., Sala C, en L.L. 1999-E-525 y SCMendoza en L.L. 1999-A-13). Además, es el empleado público que solicita el levantamiento del embargo sobre su sueldo, quien debe probar que la deuda ejecutada proviene del préstamo de dinero o de la venta de mercaderías.

IV) Eduardo N. De Lázari (Medidas Cautelares - Edit. Platense, t. 1, 2da. Edición, año 1977, pág. 425) precisa que la Ley 9.511, modificada por la Ley 14.433, relativa a todo trabajador en relación de dependencia, establece que no son susceptibles de embargo, ni pueden ser enajenados, ni afectados a terceros por derecho alguno, los salarios que no excedan de un mil pesos moneda nacional, con la salvedad de las cuotas de alimentos y litis expensas. Ahora bien, en razón de que actualmente no hay ningún salario inferior a dicha suma, en la práctica la inembargabilidad es relativa, en tanto los salarios que excedan de aquel tope sólo podrán embargarse en la proporción que establece el artículo 2, que en lo que resulta aplicable en este momento, asciende al 20% del importe mensual (por tratarse de haber de más de $ 5.000 moneda nacional). Sintetiza de este modo su criterio: a) toda deuda permite la afectación de los haberes, sea el obligado empleado público o trabajador de la actividad privada, en la proporción del 20% fijada en la Ley 9.511; b) tratándose de empleados públicos, dicho principio reconoce las siguientes limitaciones: 1) las deudas que se originan en préstamos de dinero no posibilitan el embargo de sueldos, salvo que se haya cumplimentado el sistema de certificación contemplado en el artículo 2 del Decreto Ley 6.754/43, en cuyo caso, la embargabilidad alcanza al 20%; 2) las deudas que se originan en suministro de mercaderías, solamente autorizan el embargo de sueldos en los siguientes casos: a) cuando se ha observado la certificación ante el empleador, normada por el artículo 2 del Decreto Ley aludido, pudiéndose afectar hasta el 20%; b) en su defecto, cuando se reclama el cobro por vía ordinaria (a la que se ha equiparado el juicio sumario), y se cuenta con sentencia de condena. En este supuesto, el porcentaje embargable no puede exceder del 10%. Más allá de las disquisiciones formuladas, que demuestran que la cuestión no es de fácil solución, máxime cuando existe legislación de más de sesenta años y no se han actualizado los valores, lo cierto es que la inembargabilidad prevista, o en su caso la limitación al 10% del haber, juegan solamente en los supuestos expresamente contemplados. De tal modo, las deudas que no tengan el origen en el aludido régimen legal, se encuentran alcanzadas por la proporción fijada en la Ley 9.511, como podría ser el cobro del crédito por la compra de un automotor; la que emerge de una condena de daños y perjuicios; etc. (De Lázari, op. cit., pág. 429).

En tal sentido, la Sala Primera de esta Cámara de Apelaciones, in re: "Oisin S.A. c/ Toro, Olga Beatriz s/ Ejecutivo- Embargo Preventivo", en fecha 28 de mayo de 2008, Protocolo Año 2008, f° 351/353 y 354/356, decidió que el Decreto Ley 6.754/43 (ratificado por Ley 13.894), si bien en su artículo 1 establece que se declaran inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, hace una salvedad, en su última parte, previendo: "salvo en la proporción y condiciones del presente decreto". En su artículo 2 dice, expresamente, que las personas comprendidas en el artículo anterior "podrán garantizar las obligaciones en él mencionadas afectando a su cumplimiento hasta el 20% de su remuneración nominal mensual....", estableciendo a continuación un intrincado procedimiento de afectación.

V) Se ha dicho que "es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos como servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis" (Rep.E.D. 21-410-ap.5).

Analizando la norma en cuestión, ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: "El deudor, empleado público, es el que debe probar que la deuda proviene de un préstamo de dinero o de la venta de mercadería, pues tal solución se acomoda a la regla general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y atenúa la desigualdad procesal que el Decreto-Ley 6.754/43 genera a favor del empleado público respecto del trabajador del sector privado". El mismo fallo agrega que: "El hecho de que en el proceso ejecutivo no pueda discutirse la causa de la obligación, no obsta a que el deudor-empleado público que solicita el levantamiento del embargo trabado sobre su salario, tenga la carga de probar que la deuda ejecutada proviene de dinero o mercaderías ya que la petición del levantamiento de la medida no importa adentrarse en la causa de la obligación ejecutada, en la ejecución misma, sino en los bienes que responden a esa garantía". Y agrega: "Ya que el decreto-ley fue dictado para proteger al empleado público en una época en la cual sus condiciones de trabajo poco halagüeñas lo convertían en presa fácil de la usura, y dado que esta situación se ha modificado, pues hoy la inseguridad e inestabilidad del trabajador de la actividad privada es singularmente mayor, resulta razonable que las ventajas procesales que tal régimen acuerda al empleado público tengan su correlato en la conducta procesal diligente por parte de quien intenta prevalerse de ellas, haciendo pesar sobre el mismo la carga de los presupuestos legales" (ED 181-año 1991- 636/637).

Comentando el fallo citado, Peyrano (E.D. 181- págs. 637/641) bajo el título "En la buena senda para poner coto al privilegio que representa la inembargabilidad de haberes de los empleados públicos" sostiene que: "Ya se habla desembozadamente de la existencia y necesidad de un juez teleólogo que, en vez de practicar una justicia robótica y poco problematizada, se preocupe por concretar un juicio de utilidad entre las diversas soluciones posibles para, de ese modo, escoger aquella cuyas consecuencias prácticas sean más valiosas. Cuesta entender -dice- que todavía exista cierta resistencia a aceptar que el juez en las postrimerías del siglo XX debe ser de algún modo un teleólogo y así -llegada la necesidad de obrar de tal guisa- ponderar a priori cuáles van a ser las consecuencias prácticas de las distintas líneas de solución posibles que usualmente brinda el ordenamiento jurídico". Expresa este autor que el Decreto-Ley 6.754/43 -ratificado por Ley 13.894- consagra un verdadero "privilegio discriminatorio" que favorece "irracionalmente" (como lo dice la sentencia que analiza) a los empleados públicos poniéndolos en un plano distinto de los dependientes que se desempeñan en la actividad privada". Refiriéndose a la calificación de "orden público" previsto en el artículo 16 del Decreto Ley, señala que la noción de orden público posee gran relatividad temporal al consistir, en buena medida, en las ideas dominantes en una sociedad y en un momento dado. Añade Peyrano que, en la actualidad, las ideas dominantes lejos están de avalar el privilegio establecido en dicha norma y que ese privilegio pueda ser de orden público, lo que resultaría irritante, por lo que la calificación de orden público aparece erosionada. Concluye diciendo que en casos como el presente, los jueces deben decretar favorablemente los embargos fulminados por el Decreto Ley 6.754/43, sin perjuicio de las eventuales incidencias que pueda plantear el embargado. Igualmente, manifiesta su duda sobre la constitucionalidad de dicho decreto.

Asimismo, en el comentario a la norma que realiza Alicia Báez de Figuerola (L.L.1984-C-págs.1031/1034) además de destacar que se trata de una norma inconstitucional por crear un privilegio irritativo incompatible con el principio de igualdad consagrado en la norma del artículo16 de la Constitución Nacional, la prohibición lisa y llana de embargo proveniente de un juicio ejecutivo no asegura una efectiva protección, razonable y compatible con la regla de dicho precepto constitucional, porque obliga al acreedor a iniciar un nuevo proceso con el consiguiente encarecimiento del costo que, en definitiva, deberá afrontar el "privilegiado" por la ley. Sostiene que no debe olvidarse que la Ley 9.511, modificada por la ley 14.443, limita la viabilidad de los embargos de sueldos, jubilaciones y pensiones a las proporciones allí establecidas, lo que tutela a todos los trabajadores por igual, sin privilegios irritativos y en el marco de los principios, derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional. Por otro lado, es la parte demandada la que está facultada para realizar su petición de levantamiento de embargo, dando las razones y acreditando encontrarse comprendida en las condiciones a las que se hace mención en el Decreto Ley 6.754/43: que se trata de préstamos de dinero o de compra de mercadería. De lo contrario, el fin perseguido por la ley, resultaría contrario al propio interés del deudor ya que, de seguirse con este criterio, el que reciba un sueldo de la administración pública, por ejemplo, no podrá acceder a la compra a crédito de ningún bien, ni siquiera de un electrodoméstico, ni podrá llegar a ser titular de ninguna tarjeta de crédito para la compra de sus mercaderías ya que ningún acreedor aceptaría tener que recurrir al juicio de conocimiento para hacer efectiva la deuda, al no poder trabar embargo preventivo en juicio ejecutivo. No solo se dejaría inerme al acreedor sino también a los deudores a los que se les impediría, de hecho, el acceso al crédito, por mínimo que éste fuera. En el sub comisso, y sin perjuicio de que en el pagaré de fs. 2 del expediente principal, se consigna que la suma a pagar lo es "por igual valor recibido en efectivo", el planteo se ha efectuado de manera intempestiva, pues en la oportunidad procesal brindada en el ámbito del presente proceso ejecutivo, la actora no ha negado la deuda, ni ha opuesto excepción alguna, como así tampoco se ha apelado el embargo preventivo de fs. 8 del expediente original. Adviértase, además, que la medida se hizo efectiva en el mes de mayo de 2017 (fs. 19 del principal), y que el incidente de levantamiento lo deduce cuatro meses después (fs. 27/28 del original).

Igual temperamento ha seguido la Sala Segunda (con votos de los doctores Amerisse y D'Jallad) in re "Credilogros vs. Zuleta", quien cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, dictado en los autos "Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/Domingo Savid y otra - Ejecutivo", publicado en Doctrina Judicial del 29/12/04, pág. 1.311, con nota de Francisco Junyet Bas y Sandra Lalliya, en que se decidió que la inembargabilidad consagrada por el Decreto 6.754/43, ratificado por Ley 13.894, resultaba inoperante si se trataba de un juicio ejecutivo en el cual no había mediado oposición de excepciones por parte del demandado y existía sentencia definitiva que concluía el proceso de ejecución. Sostuvo que admitir el beneficio de inembargabilidad en supuestos donde el deudor ejecutado no haya desconocido la deuda que se le demanda y en el cual se haya dictado sentencia que pasada en autoridad de cosa juzgada condene al pago de la acreencia reclamada -como en este caso, agregamos de nuestra parte por la similitud existente-, implicaba otorgar tutela jurisdiccional a un ejercicio abusivo del derecho, vedado por el ordenamiento entonces vigente (artículo 1.071 del Código Civil de Vélez). Y ello así, por cuanto obligarle al acreedor ejecutante que, pese a contar con resolución favorable condenatoria y a pesar de no haber mediado oposición del obligado, deba recurrir a un juicio ordinario para percibir su crédito, resulta a más de un contrasentido (ya que no tiene razón de ser iniciar un nuevo litigio cuando en el anterior no ha mediado oposición del deudor) un desgaste económico innecesario e inequitativo para el propio privilegiado por la ley (CApel. CC. Salta, Sala II, T. 2008, f° 240/241). Atento a lo expuesto, y advirtiendo por lo demás que el monto afectado no supera el límite dispuesto por la Ley 9.511, corresponde confirmar la resolución recurrida.

VI) Las costas se imponen a la demandada en aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime cuando el artículo 568 lo ratifica de manera expresa en el juicio ejecutivo, sin consignar la segunda parte del dispositivo genérico que autoriza, en situaciones excepcionales, apartarse de la condena causídica al vencido.

VII) Atento a que en estos autos ha tramitado la sustanciación y resolución del recurso articulado, corresponde disponer la acumulación por cuerda firme del presente expediente al principal Nº 581.798/17.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto, a fs. 50 (fs. 28 de estas piezas), por el doctor Gustavo Miguel Gutiérrez, apoderado de la actora, en contra de la resolución de fs. 49 (fs. 27 de estas piezas). CON COSTAS (artículos 67 y 568 del Código Procesal).

II) DISPONER la acumulación por cuerda firme del presente expediente al principal Nº 581.798/17.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA III. VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ - JOSÉ GERARDO RUIZ. SECRETARIA: DRA. MARÍA ALEJANDRA GAUFFIN. SALA III T.2018 LIBRO SENT. INTERLOC. Fº156/159. 16/04/18.