Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27


En Buenos Aires, el 27 de mayo de dos mil tres, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para pronunciarse en las actuaciones caratuladas "Recusación sin causa en juicios ejecutivos s/ convocatoria a plenario"(Expediente S.2258/02), en virtud de la convocatoria a tribunal plenario requerida por la señora Fiscal General Subrogante, con el objeto de resolver las siguientes cuestiones:

1- ¿Corresponde disponer la convocatoria a plenario peticionada por la Fiscalía de Cámara con fundamento en el art. 37, inc. e) de la ley 24.946 2- En caso afirmativo: ¿Procede la recusación sin expresión de causa en los juicios ejecutivos, en los términos del art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 25.488? I- Los señores jueces Carlos M. Rotman, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Carlos Viale, Enrique M. Butty, Ana I. Piaggi , José L. Monti, Héctor M. Di Tella, Bindo B. Caviglione Fraga y Felipe M Cuartero dicen:

A. La Fiscal General Subrogante ante esta Cámara ha solicitado la convocatoria del presente, motivada en la necesidad de unificar los criterios de las distintas Salas que integran este Tribunal respecto de la interpretación que cabe asignar al art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su texto derivado de la modificación introducida por la ley 25.488. La Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación, 24.946, en su artículo 37, confiere a los fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia la posibilidad de "inc. e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria". A estar a la letra de la norma mencionada la facultad del Ministerio Público debe ser ejercitada frente a la Cámara como cuerpo, y será el Tribunal en su conjunto el que decidirá finalmente respecto de la efectiva concreción del pedido. Es con ese alcance que hemos sido llamados a responder a la primera cuestión propuesta.

B. Verificada la existencia de criterios discordantes entre las distintas Salas del Tribunal respecto de la interpretación que cabe asignar al agregado que la ley 25.488 efectuó al párrafo 5( del art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial (Sala A, 2/10/2002- "Cía. Financiera Argentina S.A. c/ Di Pilato, Lucía M. s/ ejecutivo"; Sala B, 16/10/2002- "Vellez, Julio Guillermo c/ Vellez, Carlos Alberto s/ ejecutivo; Sala D, 18/9/2002- "GMAC Cía. Financiera S.A. c/ Seta, Claudio Norberto s/ secuestro prendario"; 19/9/2002- "BankBoston N.A. c/ Nieva, Roberto s/ secuestro prendario"; Sala E, 13/9/2002- "BBVA Banco Francés S.A. c/ Juramento 2080 S.R.L. s/ ejecutivo") procede el sometimiento de la cuestión a la consideración de este acuerdo plenario. Asimismo, el notorio interés que reviste la misma, por sus efectos prácticos, contribuye a la aceptación del requerimiento a plenario formulado por la Fiscal de Cámara, en tanto la dilucidación de la posibilidad de plantear la recusación sin causa en los juicios ejecutivos hace, indudablemente, a la eficiente prestación del servicio de justicia.

C. Por tanto, respondemos afirmativamente al primer interrogante propuesto.

D. A fin de dar adecuada respuesta a la segunda cuestión planteada en esta convocatoria, corresponde recordar que la reforma introducida por la ley 25.488 (B.O. 22.11.01) al art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se limitó a extender la prohibición de recusar sin expresión de causa a los juicios de desalojo y a los procesos de ejecución (párrafo 5(). Pero, en el párrafo segundo de la misma norma subsiste intacta la facultad del demandado de recusar sin causa en oportunidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo. La sola lectura del texto legal evidencia la contradicción entre los párrafos mencionados del nuevo art. 14. Si bien una interpretación literal de la norma podría conducir a entender que los juicios ejecutivos quedaron excluidos de la prohibición aludida, tal conclusión no puede ser válidamente sostenida. Adelantamos nuestra respuesta a la segunda cuestión propuesta: la prohibición de recusar sin expresión de causa en los procesos de ejecución, contenida en el párrafo 5( del artículo 14 del ordenamiento procesal vigente luego de la reforma introducida por la ley 25.488, abarca al juicio ejecutivo, que es, indudablemente, una de las categorías de procesos de ejecución contempladas en el Libro III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Expondremos a continuación los motivos que sustentan nuestra posición.

E- La Corte Suprema ha dicho reiteradamente que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 182:486; 200:165; 301:460) y que ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, como servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Fallos 257:99; 271:7; 302:973; 304:1416). También ha expresado que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción (Fallos 303:578; 307:1017; 311:2223). En esta tarea no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios que resultan útiles para conocer el sentido y alcance de la norma (Fallos 317:779; 318:1887). Estas pautas interpretativas deben tenerse particularmente presentes en la tarea de superar la contradicción normativa apuntada, y es el elemento teleológico el que adquiere particular relevancia.

F- El senador Ricardo A. Branda, al poner el proyecto de ley -que luego sería sancionado- en consideración del cuerpo, menciona entre los objetivos más inmediatos perseguidos por la reforma "...el proveer al proceso judicial normas que tiendan a facilitar, simplificar y agilizar ciertos aspectos del procedimiento, con miras a lograr, asimismo, una razonable unidad en el espíritu del ordenamiento vigente". Agregó que "Se ha considerado especialmente que resulta sumamente útil agilizar y aligerar las tareas de los magistrados. Lo expuesto, juntamente con todos los aspectos abarcados en la presente reforma, resulta fundamen En esa inteligencia resulta forzoso concluir que no existen en la voluntad reformadora razones para excluir de la prohibición legal a los juicios ejecutivos y comprender únicamente a los procesos de ejecución de sentencia, si se tiene en cuenta que es precisamente en los juicios ejecutivos donde suele abusarse del tipo de recusación de que se trata.

G. En este contexto, se advierte que la redacción actual del párrafo segundo sólo puede ser atribuida a una mera inadvertencia del legislador, y que al conservarlo inalterado, no pretendió mantener vigente el instituto para los juicios ejecutivos. Es que lo que verdaderamente traduce la intención reformadora es el agregado introducido al texto originario; la voluntad del legislador ha sido la prohibición de la recusación sin expresión de causa en todos los procesos de ejecución y así lo agregó expresamente con la reforma. Ante la desarmonía de textos, el principio nuevo debe prevalecer sobre el texto anterior subsistente en todo aquello en que resulte incompatible con aquél.

H. El ámbito de aplicación de la reforma se vería notoriamente reducido si se excluyera a los juicios ejecutivos. Descartados éstos, la prohibición sólo alcanzaría a los procesos de ejecución de sentencia (Libro III, Tít. I del Código Procesal Civil y Comercial) en los que no se hubiere consentido la actuación del órgano jurisdiccional; consentimiento que la mayoría de las veces ha tenido lugar con motivo de la tramitación del proceso que precedió a la sentencia que se pretende ejecutar.

I. Resta sólo citar algunos autores que comparten nuestra posición: Palacio, Lino Enrique, "La Reforma Procesal Civil", pág. 47, Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot , 2002; Arazi, Roland-Rojas, Jorge, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Análisis Exegético de la Reforma", pág. 17, Ed. Rubinzal-Culzoni Editora, 2002; Palacio, Lino Enrique, "Anotaciones para una explicación de la reforma procesal civil y comercial (ley 25.488)",LL 2002-A-1174; etc.

J. En atención a los argumentos expuestos, damos respuesta negativa a la segunda cuestión propuesta en esta convocatoria.

II. Los señores jueces Martín Arecha, Isabel Miguez, Julio J. Peirano, Helios A. Guerrero y Rodolfo A. Ramírez, dicen:

1. En torno de la primera cuestión propuesta, adherimos a la respuesta afirmativa, por los fundamentos expuestos en el voto mayoritario.

2. A la segunda cuestión, votamos en sentido afirmativo, con base en los siguientes argumentos:

A. El art. 14 del Código Procesal regula el instituto de la recusación sin causa. La ley establece, en principio, la posibilidad que tienen los litigantes de ejercer dicha facultad, señalando luego aquellos casos en los que tal posibilidad se encuentra vedada. La ley 25.488 modificó el texto de la norma, ampliando la prohibición de recusar sin expresión de causa al juicio de desalojo y a los "procesos de ejecución" (párrafo 5(). En el párrafo 2º permaneció inalterada la referencia a la oportunidad procesal en que debe introducirse el planteo en los juicios ejecutivos. Resulta claro que cuando la prohibición agregada al párrafo 5º utiliza la expresión "procesos de ejecución" se refiere solamente a los procesos de ejecución de sentencias regulados en el Título I del Libro III del Código Procesal. De otro modo, perdería sentido la permanencia del párrafo 2º de la norma sub examine. Esta conclusión se desprende de la letra de la ley.

B. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado reiteradamente que "la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra" (Fallos 200:175; 315:727; 318:198 y 441; entre otros). Es clara la letra del nuevo texto del art. 14 del ordenamiento procesal en cuanto permite la recusación sin causa en los juicios ejecutivos (párrafo 2º ). La locución "procesos de ejecución" a que alude la prohibición incorporada por la ley 25.488 al párrafo 5( debe ser entendida como solamente referida a los "procesos de ejecución de sentencias". En esta acepción ha sido utilizada y entendida en doctrina. Sostiene Alsina que "puede definirse el p C. Podría sostenerse que la permanencia inalterada del texto anterior del art. 14, en cuanto aludía a la oportunidad procesal para el planteo de la recusación sin causa en el juicio ejecutivo, se debió al "olvido o inadvertencia" del legislador. La Corte Suprema ha expresado reiteradamente que "la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen" (Fallos 1:300; 278:62; 300:1080; 303:1041; 306:721; 315:727; 324:3876) y que "las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito" (Fallos 200:175; 315:727; 318:1012). En este contexto resulta evidente que la norma debe ser interpretada de modo que todos sus términos adquieran el sentido que el legislador ha querido darles, y lo cierto es que éste ha mantenido en el párrafo 2( la facultad de recusar sin causa en los juicios ejecutivos.

D. Por lo demás, las directivas de la interpretación sistemática nos imponen conciliar los párrafos 2º y 5º del nuevo texto del art. 14 del Código Procesal, de manera que sus términos obtengan un significado que los reúna en un todo coherente. La única interpretación admisible, siguiendo las pautas de coherencia e integración armónica (conf. C.S.J.N. Fallos 190:389; 211:1714; 214:612;223:27; 243:46; 278:62; 300:1080; 303:1041; 304:1403; 306:721 y 1265; 307:518; 313:1293; 315:727; 324:3876), es considerar que la ampliación de la prohibición de recusar sin causa (párrafo 5() contempló únicamente a los procesos de ejecución de sentencias. Sólo este modo de interpretar la norma permite que el párrafo 2( conserve toda su vigencia.

E. La interpretación de la ley no puede fundarse en una supuesta omisión, error o inadvertencia del legislador a menos que hayan sido vanos todos los esfuerzos interpretativos para conciliar sus términos, y se compruebe fehacientemente la existencia de tal imprevisión. Es que los jueces no pueden fallar desechando la letra de la ley en base a una supuesta omisión legislativa, sin mella de la magistratura que los inviste, porque estarían invadiendo la esfera de otros poderes arrogándose facultades que no les son propias. La facultad de interpretación de los jueces no tiene más limitación que la que resulta de su propia condición de magistrados. En este sentido ha manifestado la Corte Suprema que "no les es lícito (a los jueces) plantear la controversia en un terreno extraño a su investidura, juzgar intenciones, atribuir propósitos, asumir, en fin, actitudes que no puedan manifestarse sino en desmedro de la dignidad de la justicia que representan" ("F.C. del Sud c/ Draque y Cía.", 9/3/1920, Jurispr. Arg., tomo 4, pág. 88).

F. La interpretación que propiciamos respeta la letra de la ley y computa la totalidad de los preceptos que integran la norma analizada, asignándole a cada uno el sentido que mejor los concilia para dejarlos a todos con valor y efecto.

G. En idéntico sentido al que ha sido expuesto, se ha pronunciado la doctrina señalando que "El artículo 14 introdujo una limitada reforma al incluir dentro de los supuestos en que no procedía la recusación sin expresión de causa 'el juicio de desalojo' y los 'procesos de ejecución'. Debe entenderse en este último caso que se trata de la ejecución de sentencia, pues el segundo apartado del artículo que comento ha mantenido la institución de la recusación sin expresión de causa en el juicio ejecutivo" (Falcón, Enrique, "Reforma al Código Procesal", Ed. Rubinzal-Culzoni Editora, Buenos Aires, 2002, pág. 65).

III- Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal que: No procede la recusación sin expresión de causa en los juicios ejecutivos, en los términos del art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 25.488.

Firmado por: Dr. Carlos María Rotman, Dra. María L. Gomez A. de Diaz Cordero, Dr. Martín Arecha, Dra. Isabel Miguez, Dr. Julio J. Peirano, Dr. Carlos Viale, Dr. Enrique M. Butty, Dra. Ana I. Piaggi, Dr. José Luis Monti, Dr. Héctor Di Tella, Dr. Bindo B. Caviglione Fraga, Dr. Felipe M. Cuartero, Dr. Helios A. Guerrero, Dr. Rodolfo A. Ramirez, por ante mí, Dr. Máximo Astorga (Secretario General.) ??