marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: R., D. G. c/ B. Y A. S.A. Y/O REPRESENTANTE LEGAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 218 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

La Corte nacional en su inveterada doctrina ha reconocido la amplitud de la libertad de expresión e información consagrada por los artículos 14 y 32 de la Carta Magna , mas a la par de que ese derecho no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles.

Si bien el régimen republicano de libertad de expresión, tiene un lugar eminente que obliga a una particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce con el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional).
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Barreto, Roque c/ Bonino, Héctor J. y otros s/ reclamo laboral laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-04

Los jueces de grado son soberanos en la apreciación de las pruebas, soberanía ésta que en el fuero laboral sólo está limitada por la prudencia jurídica debida, pudiendo aquellos según su arbitrio, escoger los elementos de juicio, prefiriendo a unos y desechando a otros. Va implícito, por tanto, la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso le corresponde.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Perú, Pedro Horacio c/ Vadillo, Pedro Angel y otro s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

El examen de la incidencia del art. 1103 del Código Civil, solamente se hace posible en tanto y en cuanto quede desmentida y neutralizada la conclusión del tribunal del trabajo de que los hechos juzgados desde la perspectiva del derecho laboral no son los mismos que los tenidos en cuenta por el Juez Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sumario administrativo, debido proceso, defensa en juicio, faltas, ofrecimiento de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES DE MESSA ALICIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-30

El sumario administrativo fue instruido correctamente si se ha garantizado los principios del debido proceso y la defensa en juicio consagrado en los Arts 14 bis de la Constitución Nacional y 49 de la Constitución Provincial con el objeto precisamente de no privar al sumariado del derecho de tomar conocimiento de las faltas que se le imputan y en consecuencia, ofrecer las pruebas pertinentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remisión del expediente, sentencia condenatoria, juicio oral, defensa en juicio, principio de inmediación
Materia: PENAL
Carátula: BUFANO, Rubén Osvaldo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Se advierte que las circunstancias existentes al tiempo de la interposición del presente recurso de queja han variado -el alto tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido por la defensa del encausado contra la sentencia dictada por esta Sala- y, en consecuencia, en atención al criterio según el cual las causas deben resolverse teniendo en cuenta las circunstancias presentes al momento de la deliberación y no aquellas que imperaban al tiempo de su interposición (Fallos: 312:555; 315:123; entre otros), corresponde remitir las presentes actuaciones a su procedencia a efectos de que, con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento, atendiendo a las nuevas circunstancias aquí apuntadas. Ello, más allá de dejar asentada también la postura adoptada, entre otras, en la causa FLP 91003042/2010/T01/21/CFC5, caratulada "Guerrero, Pedro César s/recurso de casación" (rta. el 05/11/2019, reg. N° 2192/19), en la cual se señaló que los supuestos en los que se llegó a una segunda sentencia se requiere la existencia de un nuevo debate oral y público a través del contradictorio entre las partes como presupuesto de la decisión final del tribunal de juicio. El Dr. Slokar dijo: "Que adhiero a la solución propuesta en el voto que encabeza el acuerdo, dejando asentado también lo indicado en oportunidad de sufragar, inter alia, en las causas FMP 32004689/2005/16/CFC1, caratulada 'Díaz, Alejandro Pablo s/rec. de casación' (rta. el 24/8/2016, reg. N° 1553/16) y CCC 47686/2008/T01/1/CFC1, caratulada 'Pacheco, Osvaldo Dardo s/rec. de casación' (rta. el 8/11/2016, reg. N° 1430/16).". "...resulta requisito mínimo de legitimidad para el dictado de una sentencia condenatoria la realización de un debate oral y público que resguarde la inmediación y el derecho de defensa irrestricto, únicos fundamentos de un juicio justo. Ello ha sido reconocido inveteradamente por el máximo tribunal nacional al exigirse que la condena sea precedida por un juicio previo (Fallos: 236:271; 311:2045), con el cumplimiento de las etapas procesales comprendidas en la garantía del debido proceso (Fallos: 96:23; 119:284; 183:68; 318:2098) y, esencialmente, la oportunidad de ofrecer y producir prueba (Fallos: 46:357; 254:160; 247:49). Pues bien; tal como se señala precedentemente, el dictado de una sentencia condenatoria sin que medie un debate oral que cumpla tales características quiebra las normas impuestas convencional y constitucionalmente.". Dres. Yacobucci, Slokar -voto concurrente- y Mahiques.
Juicio de árbitros, competencia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.E. e I. c/ Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A. s/ Tribunal Arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La jurisdicción arbitral es de interpretación restrictiva en razón de la excepcional competencia que le es confiada y que le permite conocer en cuestiones que, en el orden normal de las instituciones, les correspondería decidir a los jueces. En virtud de este carácter extraordinario es que no cabe hacer extensiva la jurisdicción arbitral a aspectos que no se encuentren contemplados en las normas que habilitan su intervención.
Recusación, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: NEVADA S.A.C.I.F.I.A. c/ MORACHO, PABLO AGUSTIN s/ SUMARISIMO-LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-26

Al no resultar los magistrados recusados parte en las actuaciones que los recusantes indican (expedientes administrativos disciplinarios) escapa el caso a las previsiones del invocado art.

17 inc. 3º del C.P.C.C. toda vez que resulta claro que ninguno de los mismos mantiene pleito pendiente de ningún tipo ni con las partes ni con los letrados intervinientes.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, intendente, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmos, Jsoé Ramón c/ Muncipalidad de Granadero Baigorria s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 262-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-13

La concurrencia de las condiciones para el ejercicio de la potestad autoanulatoria y, en general, los aspectos vinculados al mismo, exceden, en principio, el ámbito de discusión propio de las cautelares. En el caso, las razones que propone el actor para demostrar la ilegitimidad del acto por el cual el Intendente municipal revocó el decreto mediante el que se lo había designado como personal de planta permanente, son insuficientes a los fines de encuadrarlo en el artículo 14 de la ley 11330, puesto que el eje central de sus argumentaciones está constituido por lo dispuesto en el artículo 134 de la ley 9286 (Anexo I), del cual extrae su carácter de personal permanente y, por ende, su derecho a la estabilidad.

Pues bien, la aplicabilidad de esta norma respecto del recurrente requiere de análisis que en principio exceden el conocimiento cautelar.
Recurso contencioso administrativo, jubilaciones, haber jubilatorio, título profesional, Poder Judicial, jueces
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORRES, MARIA A ABASTO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 233-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-30

La circunstancia de que en sede administrativa no se hayan reclamado algunos de los rubros que integran la remuneración del activo y que, en su oportunidad, la Caja de Jubilaciones y Pensiones no computó, no es óbice para considerar la procedencia de los que integran la remuneración de un Juez en actividad, atento la vinculación de lo pretendido con el ingreso del activo.
Partes del proceso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. de B., E. N. c/ B., L. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-12

La expresión de agravios es trámite procesal esencialísimo dentro del procedimiento a los fines de la salvaguarda del derecho de defensa, y la sola manifestación del letrado de que el interesado se encuentra fuera de la ciudad autorizan la operancia del art. 48 CPCC, que no requiere prueba alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por la materia, competencia federal, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.L., H. y Otra c/ B.Ch. SA s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-23

La temática inherente al denominado derecho común es ajena, en principio, a la competencia federal. Sin embargo, el punto ha dado lugar a lo que Germán Bidart Campos llama "la federalización parcial del derecho común". Ello ocurre "cuando una ley del congreso sobre derecho común decide, con razón suficiente, apartar la materia regulada del ámbito del derecho común, con lo que sustrae su aplicación a los tribunales provinciales".
Inexistencia de delito, excepciones procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pons, Guillermo y otros s/ Excepción de falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-19

Al momento un escaso grado de acreditación probatoria respecto de la existencia del ilícito denunciado no constituye razón suficiente para la procedencia de la excepción de falta de acción por inexistencia de delito, pues no se advierte un supuesto de atipicidad manifiesta restando completar el cuadro probatorio mediante las diligencias pendientes; las cuales tienden a profundizar la instrucción respecto de aquellos hechos que, alegadamente ilícitos según la posición de los acusadores, formaron parte de la promoción de la acción (art. 193 del CPPN).
Recurso extraordinario, ejecución de sentencia, sentencia arbitraria, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Migale, Elvira Teresa Rosario y otro c/ Dicon Difusión Contemporánea  SA . s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Si bien, en principio, las resoluciones recaídas en los procesos de ejecución de sentencia no son susceptibles de apelación extraordinaria, cabe hacer excepción a la regla mencionada cuando la solución traduce un apartamiento inequívoco de lo resuelto en ella, con el consiguiente menoscabo de las garantías de defensa en juicio y propiedad.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: HIDALGO DIAZ, Miguel Eduardo y Otro c/ Gargani, José Alberto s/ Prescripción Adquisitiva - Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-09

En los procesos abreviados, sólo son apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias (art. 451 inc. 6 del CPC).

No está previsto que otra resolución sea apelable. Esta disposición se funda en una cuestión de celeridad, procura evitar dilaciones innecesarias y permite asegurar la celeridad que se ha propuesto el legislador imprimirle a los procesos de esta naturaleza.

Considero, que sin perjuicio de que la apelación haya sido rechazada sin fundamento alguno, lo que atentaría contra el derecho de defensa en juicio y debido proceso, en el caso de autos no estando la resolución recurrida comprendida en los supuestos de excepción previstos en la norma ut supra señalada, entiendo resulta improcedente la queja interpuesta.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berterreix, María Teresa y otra c/ Minini, Santiago s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Quien ha ocupado el inmueble, loteado la manzana procediendo a la venta de algunos de los lotes en forma pública por intermedio de un martillero o corredor de la zona, realizado mejoras en el inmueble ocupado, abonado de modo más o menos regular los impuestos o tasas que afectaban a la finca en cuestión, persistiendo en esa conducta a lo largo de más de veinte años en forma pública o pacífica, lo ha hecho con ánimo de tener la cosa para sí (doctr. arts. 2375 y 2384 del C.Civil).-
Nulidad procesal, declaración indagatoria, competencia correccional, juicio común, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V., R. s/ Daños JARA, Camilo Atilio s/ Lesiones Colil, Héctor s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-21|1990-12-05|1990-12-19

Con el advenimiento del nuevo ritual -Ley Nº3155- aplicable en el caso a consecuencia de la manda transitoria del art. 491, "El juicio correccional se realizará de acuerdo a las normas del juicio común, -...- y el Juez en lo Correccional tendrá las atribuciones propias del presidente y de la Cámara en lo Criminal", el tribunal unipersonal debe realizar al momento de recibir las actuaciones el contralor previo ordenado en el art. 312. Tal prerrogativa, de cumplimiento inexcusable, que consiste en el examen de la pieza acusatoria, o del auto de elevación, y de los presupuestos procesales de estos actos incriminatorios -el auto de procesamiento y la declaración del imputado- no puede ser limitada aún si la Excma. Cámara de Apelación Instructoria desestimara anteriormente, a raíz de una impugnación del Ministerio Público, la irregularidad de la declaración del imputado prestada ante el Juez de Instrucción, siempre que si a criterio del Señor Juez Correccional la indagatoria padece de un vicio formal de gravedad suficiente como para merecer la sanción prevista en el art.

149 -en razón de la inobservancia a las prescripciones que refiere el inc. 3, aplicable por su misma naturaleza en cualquier estado y grado del proceso- debe declarar de oficio la nulidad absoluta en esa etapa para evitar que esta consecuencia se traslade a la posterior sentencia definitiva a causa del ineficaz soporte acusatorio.
Categoría laboral, sentencia arbitraria, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ MONICA ALEJANDRA c/ RIVADENEIRA JUAN RENE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-16

"Cuando la categorización de la trabajadora como "técnica radióloga", no se apoya en fundamento suficiente, la sentencia es arbitraria y por ende nula".
Interpelación, carta documento, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: Balmaceda, Héctor A. y otro c/ Maconsa S.R.L s/ Incid. Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-13

En cuanto al silencio de la demandada respecto a los despachos telegráficos remitidos por el actor, de ninguna manera implica confesión expresa o ficta ya que ésta se produce en actuaciones judiciales y no extrajudiciales.
Accidente de tránsito, prueba, acta policial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coronel Vda. de Santillan, Olga c/ Jorge de Habra Ana M. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-15

La declaración de la demandada prestada ante funcionario policial, adquiere fundamental importancia porque refleja la impresión directa y espontánea del hecho ocurrido, pues las diligencias y actas policiales tienen en general un valor que no puede desconocerse sin razones importantes ya que constituyen impresiones iniciales del suceso.
Trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Leonel Claudio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-21

El voto concurrente agregó que la "trata de personas" constituye un delito de complejidad transnacional, en el caso en análisis mujeres en extrema situación de vulnerabilidad, extranjeras en cuatro casos, en condiciones de vida sin libertad y permanente control sobre su persona, que anulaban la autodeterminación que como tal tenían. Las convertían sólo en un cuerpo para ser explotado sexualmente, donde el rédito era en beneficio de los proxenetas y de todos los que contribuían a la cadena de proxenetismo. Dres. Ledesma, Slokar y Figueora -según su voto-
Daños y perjuicios, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Vinaya, Felipe y otra c/ Empresa de Ferrocarriles Argentinos línea Gral. Belgrano s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-27

El daño psicológico no está comprendido en el daño moral, pues en el primero se resarce la incapacidad que en ese campo produjo el accidente, mientras que el daño moral está referido a todos los padecimientos, las angustias y los dolores.
Régimen penal tributario, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan Emilio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

La ley penal tributaria, integra el "corpus jurídico y político básico" sobre el cual "el gobierno pretende edificar el cambio estructural en la Argentina". Desde esa óptica, se ha predicado que las causas finales de este régimen penal van más lejos que la instauración de un sistema riguroso de represión de conductas fiscales desviadas o la obtención de mayor recaudación, aun cuando éstos sean objetivos apetecibles en el marco de la presente crisis fiscal, sino que apunta también a salvaguardar la actividad financiera en general del estado, y a modificar el funcionamiento mismo de la colectividad social, pues en la actualidad el cumplimiento de las obligaciones resulta ser la gran excepción, mientras que proliferan las conductas ilícitas que desbaratan cualquier ejercicio de potestad controladora, provocando el desequilibrio de las finanzas públicas. El Estado Nacional tiene la potestad y atributos necesarios para -dentro de un régimen republicano- exigir el cumplimiento de determinadas conductas de los ciudadanos, que aseguren su finalidad específica de "promover el bienestar general" consagrado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. (Voto del Dr. Riggi).
Recursos, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Masellis, Eduardo Héctor s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

Resulta improcedente en esta instancia casatoria provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de la pruebas no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección casacional, salvo que medie un supuesto de arbitrariedad o absurdo notorio. El Tribunal de Casación sólo puede controlar si esas pruebas son válidas y si las conclusiones obtenidas responden a las reglas de la sana crítica, pero no procede la inspección casatoria cuando, el recurrente pretende avanzar sobre el ejercicio de la libre convicción del juzgador a partir de sus propias conclusiones acerca de la valoración que corresponde hacer el material probatorio obrante en autos.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, entidades financieras, bancos, depósito, acción de restitución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Lago, Leandro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede revocar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente. Ello por cuanto, en el caso, el banco accionante promovió una acción por el cobro de cierta cantidad de dólares contra el demandado, por repetición por pago indebido y enriquecimiento sin causa, con más los intereses y, los daños y perjuicios derivados por el proceder atribuido al accionado de no restituir y retener los fondos que fueran depositados en su Caja de Ahorro; en tantos los importes fueron transferidos por un error a esa cuenta al realizar una operación de liquidación de títulos valores. Ello sentado, la accionante se encuentra estructurada bajo el carácter de sociedad anónima, tipo legal que consagra la comercialidad de sus actos y en el entendimiento de que el contenido de la demanda está vinculada con actos de carácter comercial del contrato de custodia de títulos y de depósito existente entre los justiciables y que el mismo hace al quehacer mercantil que desempeña habitualmente la recurrente como entidad bancaria, la acción aquí entablada corresponde al conocimiento de la justicia en lo comercial.
Conciliación, patrocinio letrado
Materia: LABORAL
Carátula: Garzón, Angel Andino c/ El Mangrullo Hotelera Conosur S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

La finalidad perseguida por el art. 25 del dec ley 7718/71 en tanto establece que si se decidiera intentar la conciliación las partes serán citadas a comparecer, asistidas por letrado o por intermedio de apoderado letrado con facultades suficientes, es sin duda, la efectiva protección de los intereses del trabajador litigante a través de la necesaria asistencia de su letrado.
Intereses, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Alberdi, José Félix c/ Galván, Juan Orlando y Otros s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-14

La facultad judicial de morigerar los intereses pactados en exceso puede ser ejercida de oficio cuando la tasa establecida resulta abusiva y contraria a las buenas costumbres.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: MANCUSO, JOSE LUIS c/ STRANIERI, ADRIAN MARCELO s/ SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La prioridad de paso a favor del vehículo que circula por la derecha funciona cuando ambos desembocan simultáneamente en la bocacalle; no así cuando el que viene desde la izquierda del otro llegó con anticipación y ganó el cruce.
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Tristán Antonio c/ Provincia de Buenos Aires -IOMA- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Los profesionales vinculados al IOMA como prestadores deben sujetarse a las previsiones de la ley 6982 y la prestación asistencial se realizará por los profesionales inscriptos en el Instituto a través de su entidad representativa.