Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-17


Salta, 17 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "BANCO MACRO S.A. vs. MONTENEGRO BLASCO, Edgardo Sebastián - EJECUTIVO"; Expte. Nº 479.604/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3ª Nominación; Expte. Nº 479.604/14 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Se encuentran los autos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 35, contra la sentencia de fs. 30/32 y vta., que rechazó las excepciones de incompetencia y prescripción opuestas por esa parte y ordenó llevar adelante la ejecución en contra del mismo hasta que el acreedor se haga íntegro pago del capital reclamado de $111.722,50, con más los intereses más IVA, desde la fecha de mora hasta el efectivo pago de la condena, con costas.

Al fundar el recurso (fs. 37/39), manifiesta que le agravia la aplicación que hizo el a quo del último párrafo del art. 5 del CPCC, para decidir la incompetencia planteada, en cuanto resulta contradictoria con las reglas de competencia del inciso 3º del mismo artículo.

Que el decreto 5965/63, en su art. 102, inc. 3º, establece que sería competente el juez del lugar en el cual se creó el pagaré, y que sólo excepcionalmente se faculta la elección del actor.

Expresa que le agravia la aplicación del art. 36 de la ley de defensa del consumidor, que se aplicó en autos para rechazar la excepción de incompetencia, lo cual es incongruente, pues se aplica una norma que protege al consumidor para rechazar la excepción por él planteada.

Por otro lado, señala que la consideración a las normas aplicables al contrato de préstamo de consumo, implica aludir a la causa generatriz de la obligación cambiaria, lo cual en el juicio ejecutivo significa prescindir de los principios de abstracción, literalidad, autonomía e independencia propios de los títulos de crédito, siendo dicho análisis un beneficio del actor, lo cual genera una situación de desigualdad irreversible para el demandado.

Señala que la invocación del carácter de orden público de la ley de defensa del consumidor no justifica prescindir de las disposiciones especiales sobre letra de cambio y pagaré incorporados a la legislación de fondo, que como parte del Código de Comercio, reviste igual jerarquía que aquella. En relación a la excepción de prescripción, al rechazar el juez a quo el pagaré librado en fecha 10/11/2009 con el fundamento dado, le agravia su decisión en cuanto a que en materia cambiaria se aplica una solución que surge del art. 3989 del Código Civil; manifiesta, que en ese orden de ideas y atendiendo a la complementación del régimen de la prescripción en la materia, corresponde expresar que el art. 3986 del CC dispone que la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor; que si bien no existe una norma que disponga que la interrupción de la prescripción se produce por una sola vez, a dicha afirmación se puede arribar mediante la aplicación de leyes análogas, es decir, del citado artículo, por lo que la interrupción de la prescripción se habría producido en diciembre del año 2010, fecha en que se efectuó el primer pago parcial posterior al vencimiento para la presentación al cobro, prescribiendo el pagaré en diciembre de 2013 y encontrándose prescripta la acción al tiempo de la demanda.

Cita jurisprudencia, solicita se haga lugar al recurso, con costas. A fs. 42/43 contesta el traslado la parte actora, solicita el rechazo del recurso, con costas, por los argumentos allí vertidos a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

II) En autos, si bien los títulos (dos pagarés), en virtud de los cuales se inició la ejecución en contra del demandado, consignan como su domicilio real el sito en calle Alvarado 161, ciudad de Cafayate, el que es coincidente con el denunciado en el escrito de demanda (cfr. fs. 3/4 y 5 y vta.); la parte actora a fs. 11 denunció como nuevo domicilio real de aquél, el sito en calle Las Margaritas 650, Block B, piso 2, Depto. 9, Bº Tres Cerritos, ciudad de Salta, en el cual se diligenció el mandamiento de intimación de pago (cfr. fs. 11 y 15).

Además, el demandado, en oportunidad de oponer excepciones, también denunció dicho domicilio real (cfr. fs. 18/20 y vta.). El art. 5, último párrafo del CPCC, establece, como bien lo destacó el juez a quo, que no procederá la prórroga o la incompetencia territorial requerida por quien ha sido demandado ante los jueces de su domicilio.

Es decir, no existe en el caso contradicción alguna en la normativa aplicada por el sentenciante de grado respecto del domicilio del demandado, y por otro lado, como lo dijo la parte actora, aquél no ha expresado cual sería el agravio por el hecho de ser demandado ante el juez del domicilio donde el mismo se encuentra residiendo en la actualidad, conforme sus propios dichos y constancias de autos.

Respecto a la aplicación de la ley de defensa del consumidor, la cual remite al domicilio del demandado (art. 36), se trata de una norma claramente protectoria de los derechos del consumidor, los cuales en el caso, no se han visto menoscabados en modo alguno, desde que aquél deberá litigar, ejerciendo su derecho de defensa, ante los tribunales de su propio domicilio, no teniendo ningún sentido mantener la competencia en la ciudad de Cafayate, donde ya no reside.

III) En relación a la excepción de prescripción opuesta, el demandado sólo se agravia respecto de lo resuelto en cuanto al pagaré que fuera librado en fecha 10/11/09 (fs. 4).

Lo resuelto por el juez de grado resulta ajustado a derecho, desde que, efectivamente, no siendo controvertido el hecho de que el último pago parcial en relación al mismo fue realizado en fecha 1/3/13, el plazo de prescripción vencería en fecha 1/3/16, y habiéndose interpuesto la demanda en fecha 1/6/14, la prescripción no había operado, por lo que la excepción opuesta no resulta procedente. Siendo ello así, no cabe sino rechazar el recurso de apelación de fs. 35 y confirmar la sentencia de fs. 30/32 y vta., con costas (art. 568 del CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 35. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.