Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02


nos Aires, de mayo de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que rechazó la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que los actores Hugo Alfredo Modragón, Carlos René Miranda, Abel Ulises Pérez y Felipe Pardo, promovieron acción contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando el cercenamiento arbitrario e ilegal de los derechos y garantías previstos en los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional y las normas internacionales incorporadas a ella. En su relato, afirmaron ser beneficiarios desde el año 2001 del denominado "Programa de Empleo Viel" que dispuso la creación de puestos de trabajo para la ejecución de obras tendientes a la transformación de villas en núcleos habitacionales transitorios o de emergencia. Este plan establecía una remuneración básica de trescientos pesos ($ 300.-). Indicaron que la relación laboral se mantuvo siempre "en negro", sin especificación de los rubros laborales. Aseveraron que, contrariamente al carácter transitorio del empleo y a la asignación de una suma salarial no remunerativa -en los términos de la normativa que creó el programa- los hechos vinculados a la relación de trabajo mantenida dan cuenta de un vínculo de trabajo con estabilidad. Destacaron que el Instituto de la Vivienda, en lugar de adecuar a derecho su situación laboral, exigió, en forma sorpresiva, el abandono del plan Viel, ofreciendo inscribirlos en el Convenio Laboral de UOCRA, lo que representa la pérdida de sus trabajos y los derechos acumulados en consecuencia. Pusieron de resalto que las condiciones de trabajo en el marco del plan resultan más favorables que las del sistema laboral de la construcción al que la demandada pretende integrarlos. Ello, afirmaron, resulta violatorio de principios básicos del Derecho Laboral que establece que las partes no pueden pactar condiciones de trabajo inferiores a las previstas por el régimen legal vigente. Solicitaron el dictado de una medida cautelar de no innovar respecto de su permanencia en el plan Viel, siendo evidente la verosimilitud del derecho invocado, pues la situación denunciada agrede palmariamente derechos elementales garantizados por la Constitución Nacional. Agregaron que, ante la propuesta coercitiva del IVC, existe peligro en la demora, que tornaría inocuo un pronunciamiento de fondo eventualmente favorable a su pretensión. 2. Que la señora jueza de primera instancia denegó la medida cautelar peticionada (cf. fs. 52/53 vta.). En lo sustancial, sostuvo que si bien los actores afirman poseer un vínculo laboral con estabilidad, lo cierto es que el decreto que instituyó el programa Viel otorgó carácter transitorio a las ocupaciones que ofreció en reemplazo de los programas asistencialistas. Agregó que la demandada propuso la incorporación de los trabajadores al régimen de planta permanente, lo que implica acceder al régimen de retenciones. Por ello, concluyó, no se observa el perjuicio alegado por los accionantes. 3. Que, contra la referida sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, y requirió el otorgamiento de la medida solicitada (fs. 54/55). En sus agravios señala que la transitoriedad mentada por la jueza de grado en nada se condice con la realidad de la relación laboral desarrollada que, con claridad, se ha constituido en una relación de dependencia inscripta en un régimen de empleo público. Ello en virtud de las características de las tareas desarrolladas, como también por hallarse sujetos al régimen sancionatorio que impera en el ámbito laboral del GCBA. Niegan que el compromiso propuesto por la demandada no cause perjuicio alguno a su parte, pues éste, alegan, destruiría la continuidad laboral a la que han accedido y los colocaría en un régimen laboral de derecho privado, en el marco de la ley de cont rato de trabajo, perdiendo derechos adquiridos durante su trayectoria en el régimen de empleo público. 4. Que, a fs. 61/62, dictamina en autos la Sra. Fiscal de Cámara, propiciando el rechazo del recurso articulado. Destaca que el debate que la demanda incoada propone excede el marco de estudio de este proceso cautelar. 5. Que entrando al examen de la cuestión planteada, cabe recordar que las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. La procedencia de dichas medidas se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien la solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. Como tantas veces se ha reiterado, el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct. de Fallos: 316:2060 y 15-2-94, 0.148.XXV Obra Social de Docentes Particulares c/Provincia de Córdoba s/ inconstitucionalidad). 6. Que el decreto 2077/91 (BOCBA 1349) aprobó el convenio oportunamente suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Municipal de la Vivienda, por el cual se puso en marcha el denominado Programa de Vivienda, Infraestructura y Empleo Local (VIEL), destinado a " ...brindar ocupación transitoria a trabajadores/as desocupados/das que no perciban prestaciones por desempleo ni participen de otros programas de empleo o capacitación laboral." Asimismo, el programa VIEL se constituyó como un instrumento de financiamiento de mano de obra para la realización de proyectos comunitarios y sociales, orientado hacia poblaciones de escasos recursos (cf. cláusula segunda del convenio). Prima facie, parece claro que con este acuerdo se fijó un doble objetivo asistencial, proveer de sustento económico a personas de escasos recursos y promover la construcción y remodelación de viviendas pertenecientes a sectores sociales carenciados. En cuanto a lo primero, se observa la intención de reemplazar otros modelos de asistencia meramente económica y proveer a un mismo resultado con efectos más productivos y prestando al mismo tiempo una capacitación laboral determinada. Sin embargo, los recurrentes afirman que la modalidad de cumplimiento del convenio importa la exteriorización de un régimen de empleo público. A pesar de lo cual, más allá de la continuidad en la percepción del salario derivado del programa, se encuentra ausente -en este estado preliminar del proceso- la prueba de la regularidad y el carácter de la relación laboral invocada. La presente acción, del modo en que ha sido planteada, importa cotejar el texto del decreto mencionado con normativas de rango superior y con las pruebas de los hechos que eventualmente acrediten la habitualidad, la continuidad y la falta de plazo denunciada en la demanda, pero que, hasta aquí no resulta suficientemente probada, ni siquiera del modo somero que exige la constatación de la existencia de un derecho verosímil. 7. Que, en cuanto al peligro en la demora, tampoco surge con suficiente intensidad la urgencia invocada. La incorporación "extorsiva" alegada por los actores carece aún de pruebas más allá, de la mera mención. El acta compromiso agregada en autos, que ofrece a los beneficiarios del programa el traspaso al régimen privado de la actividad de construcción, si bien podría exhibir una cierta voluntad de la Administración, no permite inferir que los apelantes hayan sido intimados de algún modo a su suscripción. Además, se trata en la especie de una acción caracterizada por su celeridad y falta de rigor formal. Ante esto y al no advertirse la urgencia manifestada, no parece, en el estrecho marco congnoscitivo propio del presente estadio procesal, configurarse un peligro en la demora que justifique la revocación de la sentencia apelada. Máxime, teniendo en cuenta que, de modificarse las circunstancias del caso y ocurrir de algún modo la compulsión a abandonar el beneficio que hasta aquí no excede la mera denuncia verbal, la medida de no innovar puede ser requerida nuevamente en cualquier etapa del desarrollo de la acción intentada. Por lo expuesto, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, es que corresponder rechazar el recurso de apelación intentado y confirmar la sentencia apelada, lo que así SE RESUELVE. Regístrese en el libro de amparos y med idas cautelares, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase.