marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lew, Benjamín Jorge y otro c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal s/ beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Corresponde a la Corte Suprema dirimir el conflicto que no se trabó directamente entre jueces nacionales de primera instancia sino entre una cámara y un juez de otro fuero, ya que carecen de órgano jerárquico superior común.
Zonas francas, Estado Provincial, interpretación de la ley, sistema federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

Es indudable que la ley 24.331 pretendió instaurar un régimen legal general respecto del establecimiento de zonas francas en los territorios de las provincias, con el propósito -que constituye un principio fundamental del federalismo- de poner a todas las provincias en la misma condición, premisa que no conduce necesariamente a una idéntica regulación para todas las zonas.
Concursos, informe final y distribución, caducidad, destino de los fondos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO DELGADO SAIC s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23

Resulta inadmisible el planteo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a la transferencia de los dividendos concursales no percibidos y caducos. Ello por cuanto la ley 2990 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no resulta válida porque pretende regular el destino de los fondos caducos de las quiebras que ya se encuentra determinado por una ley nacional cuya sanción es de competencia exclusiva del Congreso Nacional (conf. conf. CSJN, 7/2/12, "Beaudean, Ricardo s/quiebra", del 7/2/12).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, injurias, jurisprudencia internacional, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que no se aprecia que la resolución resulte violatoria del derecho a la jurisdicción ni que exhiba los vicios de fundamentación, correspondiendo dejar en claro que no se presenta ninguna similitud con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Kimel vs. Argentina" (del 2.5.2008), desde que el aquel caso se dirimió un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos, tensión constitucional que en esta causa no se configura. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Código aduanero, interpretación de la ley, obligación tributaria, hecho imponible, exportaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supermar S.A. (T.F. 6516-A) s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El principio contenido en el art. 777, conforme surge de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, "constituye un complemento necesario que integra el régimen aplicable en materia de tributación" y que, como allí se lo indica, debe ser interpretado teniendo en cuenta el juego de las restantes disposiciones que integran cada régimen -en la especie lo normado por el art. 724 y sgtes.- y, en especial, lo previsto por el art. 91 en tanto establece quienes son las personas que se consideran importadoras y exportadoras, siendo las que, en consecuencia, al realizar el hecho imponible, resultan deudoras de los tributos. Al respecto no puede dejarse de lado que en virtud del art. 91 antes mencionado "Son exportadoras las personas que exportan mercadería, ya sea que la llevaren consigo o que un tercero llevare la que ellos hubieran expedido".
Concursos, interpretación de la ley, comité de acreedores, acreedores del concurso, régimen de mayorías
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA GANGA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-09

La interpretación de la L.C. art. 145, respecto de la exigencia al deudor de que agregue como parte integrante de la propuesta, la conformación de un comite de acreedores que actuara como controlador del acuerdo, debe ajustarse a los términos del art. 260 que expresamente prevé que los integrantes del mismo son elegidos por los acreedores por mayoría de capital.
Tasa de justicia, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A.E. y S., J. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

La prescripción para el reclamo de la tasa de justicia comienza a correr desde la fecha de su determinación -en el caso, realizada por el Representante del Fisco-. Tal acto abre la vía para la ejecución fiscal, sin que obste a ello el hecho de que la instancia se mantuviera abierta, toda vez que tal situación no configura un supuesto interruptivo de su curso.-
Derecho a la privacidad, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IGLESIAS, LUCILA Y OTROS c/ E.N. s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

El principio constitucional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que no prohíbe, está concebido fundamentalmente en relación a los individuos y no al Estado.
Costas
Materia: PENAL
Carátula: VARELA, EDGARDO R. s/ QUERELLA POR CALUMNIAS Varela, Edgardo R. s/ Querella por calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30|1995-11-30

"El art. 69 del Código de Procedimiento Penal resulta claro en la inteligencia de su aplicación: "el vencido en la causa deberá ser condenado por el Juez al pago de las costas." Como decía al votar en la causa N° 5.117 ( Libro de Sentencias N° 36, Registrada N° 126 del corriente año), la imperatividad de su redacción impone la obligatoriedad de su carga al Juez de Primera Instancia. Regla que se compadece con lo dispuesto por el art.70 y aún con la del art. 97 de la ley ritual, y que sólo halla excepción en la Alzada cuando se llegue a ella por la vía del recurso de apelación"
Aplicación de la ley, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Cáseres, Víctor Daniel c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

Si bien resulta acertado sostener que la aplicación de una ley procesal sancionada con posterioridad al hecho no ocasiona afectación alguna, esto debe ser, siempre y cuando se discuta la aplicación de un tipo de procedimiento penal u otro que no afecte al imputado, no así en el supuesto en el que está en debate si continúa o no la acción penal (voto de la jueza Garrigós de Rébori al que adhirió el juez Niño).
Sentencia arbitraria, tribunal colegiado, voto mayoritario, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Roggenbau, Edgardo Enrique y otros c/ legajo de casación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Es arbitraria la sentencia si ella no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Robo de automotor, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c/ Empalme S.A. s/ Ordinario - Repeticion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-19

El Centro Comercial demandado debe responder por el robo del automotor de un cliente cuando éste se encontraba en su playa de estacionamiento, pues el mismo es parte de los servicios que presta el centro comercial y, en tal caso, no se brinda en forma desinteresada, ya que el hecho de contar con un cómodo estacionamiento implica la posibilidad de obtener mayor cantidad de clientes, lo que conlleva una mayor obligación de seguridad, y es el incumplimiento de esa obligación lo que genera la responsabilidad que se atribuye a la demandada.
Extinción de las obligaciones, pago, prueba del pago, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Evans, Nélson E. s/ Acción de Habeas Data
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-21

Si se trata de un hecho extintivo, aquél que lo alega debe probarlo. El pago no se presume y su prueba corresponde al deudor que pretende su liberación , ya que la carga de probar la extinción por cumplimiento de la obligación le corresponde a quien lo alega.
Régimen penal de la minoridad, principio de especialidad, asesor de menores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. c/  s/ por abuso sexual calificado por la convivencia preexistente en perjuicio de N. N. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-11

Lo que particulariza al delito como objeto del sistema penal juvenil es la edad del imputado al momento de su comisión, circunstancia que proyecta la aplicación de todos los principios y sus implicancias a todo el procedimiento penal contra los menores; y no de cualquier proceso penal. Así entonces, únicamente cuando el proceso se sustenta desde la óptica del principio de especialidad, la exclusión del asesor tutelar contraría derechos constitucionales. Fuera de esos casos, y cuando se instaura una participación que excede de aquel principio, se entra en pugna con los lineamientos que rigen dentro del proceso penal común.
Homicidio por medio idóneo para crear un peligro común, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: M., G. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-08-28

Estimo que una botella es instrumento eficiente para provocar grave daño y aún la muerte, y su repulsa con cuchillo no empece a la legítima defensa, toda vez que la ley no exige igualdad de armas sino sólo la racionalidad de la usada para defenderse.
Trabajadores portuarios, personal contratado
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, RAFAEL LINDOLFO c/ ENGAR (ENTE DE GARANTIZACION DE JORNALES) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

El artículo 58 del Reglamento Provisorio de Trabajo Portuario no reconoce el pago por el tiempo que insume la contratación de los servicios, y la exigencia de presentarse con anticipación en el lugar de contratación no afecta garantía constitucional alguna, siendo por lo demás, un requerimiento lógico para el buen funcionamiento de este sistema de trabajo.
Banco Central de la República Argentina, bancos comerciales, resolución administrativa, intervención de entidades financieras, intervención cautelar, operaciones financieras, previsión por riesgo de incobrabilidad, riesgo crediticio, plazo, depósito bancario, depósito en moneda extranjera, bonos externos, ahorrista
Materia: COMERCIAL-BANCARIO
Carátula: PESCE, JUAN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Si el Banco Central dicto una resolución que revocó la autorización para funcionar como banco comercial a una entidad bancaria y, posteriormente dicha resolución fue dejada sin efecto por otra en la que se dispuso: a) su intervención cautelar por 90 días con la finalidad de posibilitar la reactivación del ente, la cual sería posible a partir de su capitalización mediante aportes efectuados por ciertos abortistas, el personal del banco y algunos proveedores, b) que tales abortistas capitalizarían el 50% de sus créditos por depósitos en moneda argentina y en dólares, concediendo un plazo para el cobro del saldo en efectivo o, en bonos, y c) la constitución de una previsión dineraria por el riesgo de incobrabilidad de la cartera de préstamos; resulta improcedente que los abortistas -accionastas-:

a) le atribuyan al Banco Central una "actuación dolosa" en su gestión, y deliberado desvío de la finalidad que tuvo la revocación de la resolución que había dispuesto la liquidación y, b) soliciten que les sea inopinable la segunda resolución del Banco Central, con fundamento en que ellos habían efectuado la oferta de capitalización sobre la base de la previsión por incobrabilidad contenida en la resolución originariamente, y que dicha entidad en la posterior decisión dispuso incrementar sensiblemente el monto de la referida previsión sin fundamento y razonabilidad, producto de su arbitrio y sin respaldo documental. Ello así, pues si la previsión fue razonable, "nada" interesa que ella hubiese sido inicialmente expuesta sin la fundamentaron técnica adecuada, y sin el respaldo documental necesario, toda vez que cualesquiera hayan sido los originarios defectos formales de la previsión, ellos devendrían absolutamente irrelevantes si -como aconteció en el caso-, a posteriori se demuestra y comprueba la razonabilidad sustancial de la previsión.

Es de ponderar a los fines de tal conclusión que, en la especie, se genero una cartera de préstamos de alto índice de incobrabilidad, por lo que al ser conocida esa situación por el delegado interventor y, mejorado ese conocimiento a lo largo del tiempo, dicho funcionario debió aumentar sucesivamente las previsiones por ese riesgo. Lo opuesto, es decir, exigir que la previsión se hubiese "congelado" en la cantidad primitivamente determinada, significa tanto como imponer persistir en el error al Banco Central, cuando éste advirtió la insuficiencia de ese monto. Por ende, fue razonable y lícita la previsión establecida con ulterioridad, deviniendo íntegramente "oponible" a los pretensores la impugnada resolución.
Asociaciones profesionales, elecciones
Materia: LABORAL
Carátula: DEL CANTO, YSMAEL c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

Tanto en el espíritu de la ley 23071 como en la ley Electoral Nacional, la junta electoral es la que debe decidir las impugnaciones que se formulen contra cualquiera de los actos del comicio, arts. 17 ley 23071 y 52 del C.Electoral. Mediando empate en las decisiones sobre impugnación de alguna mesa, no es el Ministerio de Trabajo el que debe intervenir, sino el Delegado Electoral, aún cuando éste integre la junta, pues la decisión de aquél sólo debe ejercerse por apelación.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallo Aníbal c/ Barragan Luis Alberto s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-07

Hay una regla general que establece la resolución contractual en las convenciones bilaterales por incumplimiento de uno de los contratantes -para nuestro caso, el demandado que dejó de pagar parte importante del precio de compra convenido-,exista o no cláusula resolutoria expresa. Si una de las partes celebrantes de un contrato bilateral no cumple -como aquí- con su obligación de pagar íntegramente el precio pactado, el otro contratante, que no incurrió en culpa, tiene frente a sí la opción de resolver el contrato o de exigir su cumplimiento mas allá de los daños y perjuicios correspondientes (artículos 509, 510, 1204 del Cód. Civil).
Responsabilidad penal, sentencia absolutoria, productos agroquímicos, contaminación ambiental, trabajadores rurales, piloto de aviación
Materia: PENAL
Carátula: Gabrielli Jorge Alberto y otros p.s.a s/ Infracción ley 24.051
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-04

Corresponde absolver en orden al delito previsto en el art. 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos al agricultor acusado de haber instigado a fumigar con agroquímicos prohibidos y a quien habría realizado una fumigación aérea si existen serias y fundadas dudas que impiden tener un sólido respaldo probatorio que justifiquen una sanción, ya que los ciudadanos gozan de la "presunción de inocencia", lo que constituye una garantía y un derecho con reconocimiento Supra Constitucional, Constitucional y legal que no pueden ceder ni aún ante la naturaleza de los hechos juzgados, la opinión de las partes involucradas ni las críticas adversas que se puedan recibir desde sectores comprometidos con loables fines proteccionistas. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Capdevila)
Reglas de la sana crítica, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: SOLORZA, DIEGO FERMIN. s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA ILEGAL DE ARMA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-04

Corresponde al impugnante efectuar un análisis pormenorizado de las valoraciones concretas plasmadas por los jueces en la sentencia y señalar de qué modo se apartan de valorar la prueba efectivamente producida en el debate conforme a las reglas de la sana crítica racional o bien indicar la omisión de prueba dirimente o demostrar que existió una valoración fragmentada de un elemento de prueba.

En la audiencia de impugnación sólo pueden ampliarse los fundamentos de los agravios oportunamente incorporados en el escrito presentado (cfr. arts. 242 y 245, 2° párr., CPP).

Es decir que todo agravio que sea incorporado recién en la audiencia debe ser descartado en la medida que implica sorpresa para la contraparte, mientras que aquel agravio no reeditado ni ampliado sus fundamentos se entiende que ha sido desistido (art. 245, 2° párr. última parte, CPP).
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Hernández, Arístides c/ Mirot S.A. Medicina Privada y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-15

La circunstancia que se haya negado la existencia de la relación de trabajo por la patronal no es suficiente a los fines indemnizatorios del art. 246 L.C.T., toda vez que son requisitos necesarios la denuncia contractual fundada en justa causa y el conocimiento real o presunto de la misma por la otra parte.
Prueba, delito penal, participación criminal, imputado, responsabilidad penal, declaración indagatoria, presunciones, prueba documental, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Benvenutto, Germán S. y otro s/ Prueba documental
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

No existiendo prueba directa de la participación en el delito, no puede fundarse la responsabilidad en la mera proximidad temporal o en la mayor o menor credibilidad de las explicaciones del imputado, si éstas no resultan descabelladas como para descartarlas de plano.

Lo contrario implicaría oponer una presunción basada en la mera circunstancia de que los hechos no debieron haber ocurrido tal como se relatan.
Lucro cesante, seguro de automotores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Andrade Antonio Juan c/ La Nueva Cooperativa De Seguros Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

El lucro cesante sufrido por el propietario del automotor hurtado se presenta como evidente tratándose de un automotor aplicado a la realización de transportes como remise y por el mismo debe responder la compañía de seguros morosa en el cumplimiento de su obligación de cobertura, responsabilidad que no tiene su fuente en el contrato de seguros en sí mismo, sino en la mora de la aseguradora que no prestó oportunamente la cobertura que había prometido.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miño Alfredo c/ Sleiman Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

El consumidor o usuario es el eslabón final y mas débil en la cadena de consumo, y esa es la razón por la que se subsume la cuestión relativa a la responsabilidad por daños en esta materia dentro del campo de la teoría de la responsabilidad objetiva, desde que en esta época de enormes progresos científicos y tecnológicos en la producción masiva de bienes, se requiere una concepción solidaria del derecho.
Asociaciones profesionales de trabajadores, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES c/ PERROTA, LEONARDO JUAN s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

El empleador que decide despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de un dependiente que goza de estabilidad sindical, debe -con carácter previo a la adopción de cualquier medida- ineludiblemente recurrir al procedimiento de exclusión de tutela previsto por el artículo 52 de la ley 23.551, a fin de invocar ante la justicia la "justa causa" exigida por la ley y que sea merituada en sede judicial, todo ello por la vía del procedimiento previsto por el artículo 47 de la ley 23.551
Derecho ambiental, daño ambiental, interpretación de la ley, competencia por el territorio, competencia federal, accidente de navegación
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Shell CAPSA y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

La ley 25.675 consagra explícitamente la pauta de territorialidad como elemento determinante de la competencia judicial, y dado que la actuación de los tribunales federales deviene ineludible por el hecho de que el daño ambiental derivó de un "choque de buques" (art. 2, inc. 8, de la ley 48, 111, inc. 7° de la ley 1893, 51 del decreto ley 1285/58 y 515 de la ley 20.094), la magistratura naturalmente habilitada para intervenir es la justicia federal con asiento en la ciudad de La Plata por ser la que ejerce la jurisdicción territorial inmediata sobre la zona en que el hecho dañoso se produjo (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Devolución de objetos secuestrados, automotor secuestrado
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA VAZQUEZ, A. s/ ENTREGA DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

En los términos de la ley civil sólo se reputa comprador de buena fe a quien adquiere la cosa mal habida en alguno de los supuestos que enuncia el art. 2.768 C.C.

La entrega en carácter definitivo de un rodado en sede penal sólo configura su desafectación al proceso, mas no el reconocimiento de la propiedad a alguna de las partes.
Contratos, juegos de azar, QUINI SEIS, reglamentación de la ley
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

En el juego del Quini 6, la relación entre el público apostador y la Caja reconoce su origen en un contrato de apuesta (art. 2053 del Código Civil) sometido a su vez a las regulaciones que dictan las autoridades administrativas (art. 2069 de ese Código), entre las que cabe destacar al Reglamento de Quini 6 aprobado por la Resolución nro. 11 de 1994 del Presidente de la Caja de Asistencia Social, ratificado por decreto n 3251/1994 y publicado en el Boletín Oficial el día 7 de noviembre de 1994; el Reglamento General del Juego de "Quiniela de Santa Fe", aprobado por decreto acuerdo n 1296/82, cuyas disposiciones rigen mientras otras "no se hallen específicamente contempladas en la presente reglamentación" (art. 1 Reglamento del Quini 6), y el Reglamento de Permisionarios de la Caja de Asistencia Social - Loteria de Santa Fe, aprobado por decreto acuerdo n 1919/92.

Se trata, pues, de un contrato aleatorio en el que una de las partes (apostador), luego de abonar el precio respectivo, efectúa su apuesta escogiendo seis números de un total de treinta y nueve -hoy son cuarenta y cinco-, y la otra parte (entidad organizadora) se compromete a procesar las apuestas, efectuar el sorteo y pagar el premio en caso de existir un ganador. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)