Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-15


Autos N° 20.022 (92.996 - 3° CIVIL) caratulados "BALMACEDA Luciana del Valle C/ Rios Ricardo Ivan - Cobro de Pesos" L. DE S. T° 105, F° 190/195 En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERíA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.022 (92.996 - 3° CIVIL) caratulados "BALMACEDA Luciana del Valle C/ Rios Ricardo Ivan - Cobro de Pesos", dictada en fecha diecinueve del mes de diciembre del año dos mil ocho, obrante a fs. 134-139, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen a estudio los autos "Balmaceda, Luciana Del V. c/ Ros, Ricardo Ivan - Cobro de pesos", por recurso de apelación que interpuso el demandado contra la sentencia del 19-12-08 que hace lugar parcialmente al reclamo de la Srta. Luciana del V. Balmaceda por cobro de $7.912,87, con intereses y costas.

Al iniciar el proceso dijo la actora que mantenía una relación amorosa con el demandado, y deciden invertir sus ahorros y tiempo en un negocio, por lo que con ayuda de su familia instalaron una pizzería en diciembre de 2005, ubicada en calle Ameghino 367 sur, que abrió sus puertas en marzo de 2006; ambos realizaron desembolsos pecuniarios para la instalación y equipamiento del local. Que la relación amorosa terminó en Abril de 2006, y viajó a Salta; pero al regreso toma conocimiento que el demandado había vendido la pizzería a Ricardo Escudero y Fernanda Escudero. Entonces intima al Sr. Ros por el pago del 50% de lo invertido, negando éste todo tipo de inversión por parte de ella. Acompaña una serie de tickets a fin de acreditar gastos por $3.912,87; y reclama, además de esa suma, $4000 en concepto del 50% del valor llave del negocio.

El fallo condenó al demandado para que en diez días abone a la actora $ 1.956,43, con intereses legales desde el 14/05/2006 y hasta su efectivo pago; rechaza el pedido en concepto de valor llave, e impone las costas al demandado vencido.

Para así resolver la juez entendió que estaba ante un reclamo de disolución de sociedad de hecho, y aplica el artículo 1648 y s.s. del C. Civil como también, por analogía, los arts. 20 a 26 de la Ley 19.550. Para definir su existencia tiene presente que no hubo instrumentación; no obstante admite que pueda ser demostrada por cualquier medio (Art. 25 Ley 19.550). Luego analiza los elementos probatorios, conforme los términos en que fue propuesta la demanda (negada por el accionante), y cita la absolución de posiciones, los testimonios brindados, y los dichos del demandado para concluir teniendo por acreditado que la actora fue socia (de hecho) del demandado, al haber iniciado el emprendimiento en común del negocio con fines lucrativos (afectio societatis); y que han existido aportes provenientes de ambos, tanto de capital como de bienes y trabajo, pese a que la actora no posee bienes registrables, ni trabajos estables, ya que los dos atendían el negocio, pero en mayor tiempo lo hacía la actora; y no como empleada, atento a que no se ha demostrado que recibiera sueldo alguno, ni como mera colaboradora con la intención de beneficiar a su por entonces novio. La venta del negocio efectuada unilateralmente por el demandado produjo la extinción de la sociedad. La no participación de la actora en la venta, ni en el producido, le ha ocasionado un perjuicio que debe ser reconocido.

Por tales consideraciones, entendió justo condenar al demandado a pagar a la actora el 50 % de los gastos acreditados, es decir, $1.956,43 con accesorios.

Agravios del demandado:

El demandado apeló esa decisión sosteniendo, a fs. 152, que le agravia ya que la actora no probó que tuviera el dinero necesario para comprar los bienes que teóricamente aportó; ni cuánto ganó en los tres meses que trabajó en relación de dependencia; ni que haya tenido trabajos posteriores; que su padre o hermano le hayan prestado dinero; por lo que no lo tenía para comprar los bienes sobre los que acompaña ticket, recibos o facturas. Los bienes de su padre y hermano fueron retirados por éstos; y los que quedaron, que fueron vendidos, porque eran suyos.

El segundo agravio es por la valoración de la sentenciante de los aportes realizados por la Sra. Balmaceda, con lo que determina el monto de la condena. La juez dijo que los dos atendían el negocio, pero en mayor tiempo la actora porque el demandado se encontraba trabajando en la mina; y no como empleada, atento que no se ha demostrado que recibiera sueldo, ni era colaboración.

Dijo el apelante que concediendo que ha existido un aporte en trabajo (no bienes) no se explica bajo qué parámetros la juez condena a pagar la suma de $1.956,43, sobre todo teniendo en cuenta que de alguna documental resulta que están a nombre del Sr. Ros, y en algunos casos fueron abonados con la tarjeta de crédito del demandado. Tiene en cuenta gastos realizados el 100% por él.

Además, considera una contradicción de la sentencia determinar el monto de condena sin que se haya fijado el porcentaje de aporte de cada socio a la integración del capital social. No se tomó en cuenta lo afirmado en el escrito de contestación de demanda, sobre que la documentación la tenía la actora porque se encargaba de archivarlos y guardarlos; pero por sobre todo no se tuvo en cuenta que los instrumentos están a nombre del demandado. Si el aporte fue de trabajo, la valoración debió ser distinta, no sobre el cincuenta por ciento de los gastos.

El tercer agravio es por la imposición de costas cuando se demandó por la suma de $ 7.912,87 y prospera por $1.956,43. Si el éxito se mide en la relación porcentual existente entre el monto demandado y el reconocido en sentencia, en el presente caso el éxito de la actora equivale un 25%, por lo que no se considera el demandado vencido.

Los agravios no son contestados por la actora.

Tratamiento de los agravios:

La primer objeción que formula el demandado está referida a la conclusión de la juez respecto a la existencia de una sociedad de hecho.

Entiendo que debe desecharse esta queja ya que ha sido bien analizada la prueba producida en la causa tendiente a demostrar que hubo aportes mutuos que conformaron el capital social, para lo cual la juez a-quo se apoya y cita con acierto aquellas que demuestran que existieron aportes provenientes de los dos socios, tanto de capital como de bienes y trabajo. Lo que no es desvirtuado por el hecho que la actora no posea bienes registrables, o trabajos estables.

Es que la juez ha apuntado a reconocer en la actora, predominantemente, un aporte de trabajo y servicio, que es independiente de la capacidad económica que pudiera ostentar.

El trabajo, servicio, y atención, como aporte a la sociedad, constituyen hechos cuya existencia puede extraerse, en el caso particular, del escrito de contestación de demanda, en donde el accionado los reconoce como "colaboración" cuando dice que el régimen de trabajo que tenía le imponía ausentarse durante catorce días, tiempo en el que era la actora en quien delegaba la atención de funciones, como hacer compras, atender proveedores; mantenimiento de la documentación.

La intensidad de esa colaboración, no se explica si no es por un objetivo común, que tratándose de la instalación de un comercio, no es sino con fines de lucro.

Ello que se ve corroborado con otro indicio, como es el contenido de la carta documento cuya copia obra a fs. 36 en donde se refiere a la relación sentimental que los unía y a la colaboración que recibía de la actora en virtud de tener "una planificación futura en conjunto..." o que "teníamos un proyecto futuro y en común".

Por lo demás, si bien la Srta. Balmaceda adjunta los comprobantes de compras de materiales y elementos para el local comercial, también dice en su demanda que ambos hicieron aportes, con lo cual no desconoce los del Sr. Ros; con lo cual se debilita aquel argumento referido a que la nombrada no tenía capacidad económica.

Sobre la magnitud de la condena, constituye otra queja del Sr. Ros, para quien es contradictoria la sentencia porque la determina sin antes fijar el porcentaje de los aportes que hiciera la actora.

Los testigos que deponen, y que cita la juez, vieron a la Srta. Balmaceda atender el negocio, sola (cuando estaba el Sr. Ros en la actividad minera) y también juntos, por lo que acierta cuando considera que el negocio, en mayor tiempo, era atendido por la actora. Las compras que hiciera, aun cuando se tratara de dineros aportados por el demandado, estuvieron a su cargo durante esos tiempos, con lo cual se advierte claramente que el servicio brindado aparece necesario, y por cierto útil, para la instalación y desenvolvimiento de la pizzería. Lo mismo sucede con la actividad de atención a clientes, recibiendo sus pedidos y cobrando; o la tenencia y guarda de la documentación.

En cuanto al aporte, a través de la ayuda de los familiares de la actora también está acreditada. No por el hecho que el padre haya construido una estructura metálica, que fue cobrada (así es reconocido en el acto de declarar como testigo), sino porque un horno pizzero, no obstante no haberse dado en propiedad, es llevado al negocio porque fue prestado a Luciana, lo que también contribuyó al fondo social, desde que su uso fue necesario y útil para la preparación de los productos que vendían en el local.

En cuanto a la importancia de contar con ese elemento es obvia, ya que significó que el conjunto social no tuviera que hacer otro desembolso, sea para alquilarlo o comprarlo.

En cuanto al origen de ese horno lo reconoce el demandado cuando expresa agravios a fs. 152 y vta. y dice que "...el padre de la actora retiró los bienes que había prestado a su hija, a saber: un horno Pizzero, un teléfono y elementos del baño".

De ello que no queda duda de la existencia de aportes mutuos y un afecto social, con un proyecto común, lo que conforma una sociedad de hecho.

En cuanto al otro agravio, por la estimación de la juez del monto de los aportes que hiciera la actora, entiendo que también debe rechazarse.

Es cierto que ha considerado que los hizo en servicios, y que los calcula en base al monto de gastos por los bienes adquiridos. Pero ello no constituye un error, sino que entiendo que es un parámetro que ha resultado útil para llegar a tal definición.

Como se advierte con claridad no es fácil decir cuánto representó el servicio que la actora aporta desde que se empieza a gestar la idea, adquirir materiales, alquiler del salón, compra y provisión de insumos, etc. Tampoco cuál fue la magnitud del servicio luego de abierto el negocio; cuál es la retribución por la atención conjunta, o en forma individual (cuando el demandado estaba en otra actividad - minera); si ese esfuerzo puesto al servicio del negocio, es equiparable al salario de una administradora, cajera, empleada, etc.

Frente a tal dificultad, y debiendo expedirse sobre el monto indemnizatorio, representativo del aporte al fondo social (conforme lo impone el art. 171 in fine del C.P.C.), no aparece desacertado adoptar como referencia la cifra que significó la adquisición de bienes, desde que es de presumir que las contribuciones son, sino equivalentes, cuando menos proporcionados. En ese orden la juez entiende que es de $ 1.956,43, es decir el 50% de la suma de los gastos acreditados, lo que entiendo prudente desde que implica un medio de aquel que habría hecho el demandado, o un 25% de los que indicara al inicio de demanda la actora. Dicha cifra, a su vez, marca la diferencia de aportes dinerarios a los que alude el demandado.

El agravio siguiente es sobre las costas, que también considero han sido bien impuestas al demandado, aun cuando la actora en pequeña medida ha visto satisfechas sus expectativas al demandar.

En anterior resolución de este Tribunal, obrante en L.S. 85, Fº 133/141, dije, coincidiendo con los distinguidos integrantes de esta Sala, que "La noción de vencido - que implica que debe soportar las costas del proceso - ha de ser fijada con una visión global del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados. Con tal base, la sentencia debe mantenerse, ya que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que por culpa exclusiva produjo daños; a la vez que resistiendo la pretensión administrativa dio origen a la promoción del litigio; y que al contestar la acción pidió su rechazo total con resultado adverso; aún cuando la demanda no prosperara en su totalidad. ....". En igual sentido, autos "Flores Mirta E. C/ Montemar Financiera S.A. Daños y Perjuicios", fallo del 14-09-05, protoc. en L. de S. al T° 91, F° 185/192.

En mérito a lo analizado voto por el rechazo del recurso, y la confirmación de la sentencia, con costas al apelante.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar el recurso interpuesto, y confirmar la sentencia, con costas al apelante.

Los DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:	Rechazar el recurso interpuesto, y confirmar la sentencia, con costas al apelante.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.