marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, injurias, responsabilidad del dependiente
Materia: LABORAL
Carátula: AVELLANEDA, José Manuel c/ EXPOFRUT S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-10-04

Tengo en cuenta que en el caso, el actor desarrollaba una conducta que hacía presumir que los rituales de iniciación de los nuevos empleados, de los que era el "encargado" no se limitaban a la mera broma. No se explica de otra forma el que fuera arrojado a gran distancia, "lo suelta contra el piso"; "y lo tiró al piso"; o que infundiera en la víctima temor a otras agresiones.

Que sin perjuicio de ello, aún admitiendo hipotéticamente que se trataba de una broma, tales hechos importaban graves violaciones a las obligaciones que el dependiente tenía conforme arts. 62, 63, 84, 87 y conc. de la LCT, que por sí solos justificaban el despido.
Homicidio en riña, prueba
Materia: PENAL
Carátula: G., L.A. y otros s/ Homicidio en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-08

Es evidente que la figura del homicidio en riña aunque requiere como requisitos para su procedencia, la indeterminación respecto a quien causa las lesiones que provocaron la muerte, necesita de la investigación previa de todos los que participaron en la gresca, determinándose claramente cuál de los procesados ejerció violencia sobre el occiso.
Daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: RAMIREZ, CALEDONIA c/ KILIAN, MIGUEL ROBERTO s/ SUMARIO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-13

El daño moral se caracteriza como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales, el dolor, la angustia, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas. Pero no involucra las simples molestias o contrariedades pequeñas y triviales, como sucede con la transitoria privación de un vehículo chocado.
Defensa del consumidor, telefonía celular, deber de información, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Telefónica  Comunicaciones  Personales  SA c/ DNCI DISP 319/02(Expte 64-4810/99)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-02

La invocación del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles y la solicitud de servicio suscripta por el consumidor, no exime a la empresa de telefonía celular de su deber de informar en los términos del art. 4 de la ley 24.240 ya que al co-contratante, al ser la parte más débil del contrato, sólo le queda la posibilidad de aceptar las condiciones fijadas o no celebrar el contrato.
Recursos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M., P.A. c/ P., M.A.M. s/ División de Condominio (Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-10

El Tribunal de apelación, como juez del recurso, está facultado para examinar tanto su procedencia, admisibilidad, así como las formas en que se lo ha concedido, pues sobre dicha cuestión, no se encuentra ligado ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha por el Juez de primera instancia, por más que se halle consentida
Condena condicional, condena anterior, reformatio in pejus, agente fiscal, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, falta de interposición del recurso, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Berio, C. s/ Inf. Ley 23737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-05

Resulta imposible modificar la forma de cumplimiento de la pena en suspenso, por no haber sido tenido en cuenta una condena firme anterior sin recurso fiscal, puesto que el efectivo cumplimiento de ella significaría su agravamiento.

Tampoco puede prosperar la nulidad de dicha sentencia, puesto que la ausencia de recurso impide corregir el error cometido sin agravar la situación del condenado.
Asegurador por riesgos del trabajo, fondo de reserva legal, legitimación pasiva, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: Palma, Paola R. c/ Art Interacción S.A. s/ apelación Ley 24557
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-11-28

El Tribunal debe inclinarse por aquella interpretación que resulte más favorable al trabajador. Someterlo a un eventual trámite administrativo para el cobro de las sumas indemnizatorias que le corresponden por orden judicial implicaría no solo desnaturalizar la finalidad de la contratación de la gerenciadora, sino el espíritu de la LRT y otros principios protectorios de raigambre constitucional que regulan el derecho laboral (art. 14 bis CN, Convenio 17 OIT). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Empleo público, cesantía, medidas cautelares, personas con discapacidad, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Si la actora -para fundar la verosimilitud del derecho- reafirma que se trata de una discriminación por discapacidad en virtud de la omisión de realizar los ajustes razonables que, según ella, fueron peticionados sin demasiado éxito a la parte demandada y que le habría hecho incurrir en las ausencias prolongadas, que luego fueron motivo de la cesantía dispuesta por la administración, el enfoque dado por el a quo para denegar la medida cautelar solicitada, no respeta los estándares básicos sobre los cuales se asientan las obligaciones del Estado en relación con la no discriminación y la igualdad, prevista en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y del artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 75 inc. 22 CN). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Salto, María Antonia. s/ AVERIGUACION DE ABORTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

La declaración del imputado debe ser tenida en cuenta a los efectos de determinar la competencia territorial, en la medida en que no sea contradicha por otras constancias de la causa.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, competencia contencioso administrativa, sentencia no firme, gravamen irreparable, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ACUÑA, MARIA DE LOS ANGELES c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS s/ AVOCACION - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-08

La resolución que declara la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, no es sentencia definitiva ni auto interlocutorio con fuerza de tal a los fines del remedio previsto en el artículo 14 de la ley 48, de conformidad a las pautas jurisprudenciales establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y resultan insuficientes a fin de entender superado dicho obstáculo los planteos vinculados a la configuración de un agravio irreparable, toda vez que los comparecientes no se hacen cargo de los fundamentos expuestos en el fallo al analizar que "se encuentra vigente la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte -como tribunal de lo contencioso administrativo- admisoria de la tutela cautelar anticipada ; y particularmente, destacó que la situación fáctica debatida en la causa -personal designado en planta permanente cuyo nombramiento es revisado por las autoridades municipales- ha encontrado adecuada tutela judicial ante los tribunales de lo contencioso administrativo mediante el despacho de medidas cautelares autónomas acreditados los requisitos para su procedencia. (Citas: CSJStaFe AyS T 145 p 299; T 150 p 141; T 167 p 111; T 198 p 494. CCA 1 "Ojeda" del 17.10.2009 y "Ruscitti", del 27.4.2010. CSJN "Rogiano", causa R. 426 XXXV, del 15.2.2000)
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principio de no discriminación, igualdad ante la ley, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales - Observación General No 20 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2009-07-02

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el marco dentro del cual deben entenderse las obligaciones asumidas por los Estados que ratificaron el Pacto, específicamente su artículo 2° y en relación a los principios de no discriminación e igualdad, asignando especial importancia al establecimiento de directrices acerca de su correcta aplicación, los motivos expresamente prohibidos, la carga probatoria y las estrategias adecuadas a seguir en el plano nacional.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Luis Angel y otros c/ Masuh Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Si bien el art.71,inc.4º de la Ley 5800 confiere también en ruta prioridad de paso al que arriba desde la derecha, el principio de confiabilidad que esto generaría en quién circula por tal sector, no reviste carácter absoluto. Es que tal principio no es válido si el destinatario no ha puesto la debida atención y por ello no captó los elementos objetivos que le habrían advertido de la falta de voluntad del otro conductor de respetar esa presunta prioridad, con lo cual no tendría razón para contar con ella. Es recordable que en materia de accidentes de tránsito la ausencia de culpa supone imprevisibilidad no imputable.
Insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, igualdad ante la ley, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tierno, Grisel Mara Beatriz y Otros s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado En Tierno, Grisel Mara Beatriz Y Otros c/ GCBA y Otros s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

La enumeración que hace la recurrente de diversos precedentes de Cámara que sostienen criterios jurisprudenciales contrapuestos, no constituye una vulneración al derecho a la igualdad. Ello así, porque no existe un derecho al mantenimiento en el tiempo de una determinada doctrina jurisprudencial. Los jueces pueden y deben modificar criterios anteriores en la medida en que puedan exponer los elementos que los condujeron a adoptar su decisión. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, por remisión a sus fundamentos in re "Magne, Rita Beatriz y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Magne, Rita Beatriz y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico", expte. n° 11078/2014-1; sentencia del 28-09-2022).
Efectos de la sentencia penal en sede civil, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRANDAN, LUIS ANTONIO c/ RAMON EDUARDO RAMOS Y CARLOS DANIEL CAMPOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-14

Siendo la normativa del art. 1.101 del código civil un principio fundado en el valor de la cosa juzgada, que sobre ciertos puntos produce la sentencia penal sobre la civil, y al ser de orden público debe ser aplicada de oficio por el juez civil desde que tenga conocimiento por cualquier forma de la existencia del juicio penal.
Prueba testimonial, principio de inmediación, apreciación de la prueba, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Leonel Máximo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

En esta instancia sólo es revisable el razonamiento seguido por los jueces para otorgar peso a unas pruebas sobre las otras y para dar sustento a la imputación final construida a partir de todas las premisas elaboradas. Por ello, no es cuestionable el crédito que otorgó el tribunal a ciertas declaraciones por la contundencia y verosimilitud que los magistrados de juicio apreciaron. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhiere el Dr. Madueño, Dra. Catucci adhiere según su voto).
Recurso extraordinario federal, regulación de honorarios, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, economía procesal, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S.A. Azucarera Argentina s/ concurso preventivo s/ inc. derevisión por Bco. Municipal de Tucumán.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Si bien correspondería declarar la nulidad de la concesión del remedio federal por no aparecer debidamente fundada, el cumplimiento de un adecuado servicio de justicia impone a la Corte atender a razones de economía procesal para evitar el inútil dispendio jurisdiccional que importaría el dictado de un nuevo pronunciamiento, habida cuenta de que el expediente fue elevado por tercera vez al Tribunal para conocer en la regulación de los honorarios del recurrente (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio y Guillermo A. F. López).
Costas, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Bittel, Silvia c/ Consorcio de Prop. J. Salguero 1087 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Los gastos causídicos tienen carácter resarcitorio y los debe soportar el responsable de los daños y perjuicios, aunque no prosperen algunos conceptos que conforman la indemnización.
Robo con armas, delito penal, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna, leyes
Materia: PENAL
Carátula: B., F. A. s/ RECURSO APELACION - PROCESAMIENTO (EXPTE N 236-04, RESOLUCION N 33, TOMO 12, FOLIO 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-17

La ley vigente al momento del hecho calificaba el robo por el uso de armas sin efectuar la discriminación introducida en el último párrafo del nuevo artículo 166 por la ley 25882. En el marco de aquella disposición -hoy modificada-, este Tribunal sostuvo reiteradamente que la circunstancia de no haber sido hallada el arma empleada en el hecho no excluía la agravante cuando de la causa surgiera acreditada su utilización, como en el caso, donde los sujetos pasivos del ilícito lo afirman y además la describen, y también sostuvo en el ámbito de apreciación probatoria de diversos casos que si el delito se ha cometido con arma y ésta no pudo ser habida durante la investigación, tal imposibilidad podía lógicamente vincularse a una acción del sujeto activo que obstaculizara o impidiera el hallazgo y consiguiente secuestro, situación razonablemente compatible con el empleo de un arma apta. En la alternativa de aplicar hoy de oficio la ley más benigna en el caso en estudio, la señalada doctrina judicial no resulta aplicable, y dado que la modificación vigente al artículo 166, último párrafo, establece una pena inferior para la conducta en examen, es correcto considerar ésta como la ley más benigna y, por tanto, modificar la calificación legal del hecho imputado, la que se establece en Robo calificado por utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada (art. 166, última parte del Código Penal).Consecuentemente, cabe realizar una reflexión acerca de que en este caso se da la paradoja para esta Sala que teniendo la ley 25.882 un notorio sentido genérico de endurecimiento de las escalas penales, en el "sub júdice" ha producido un efecto contrario que ubica al intérprete en una situación de perplejidad frente al legislador.
Libertad asistida, libertad condicional, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., J. s/ Libertad asistida (Expte Nº 59-98, Resolución Nº  44, Tomo 4, Folio  1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-18

Procediendo al análisis de la ley 24.660, se advierte que en su artículo 54 al regular la "libertad asistida", no sólo no hace remisión a lo dispuesto por el Código Penal para la "libertad condicional", sino que notoriamente se aparta de él, como que no veda el acceso a ella de quienes hubiesen sido declarados reincidentes, no reclama la observancia regular de los reglamentos carcelarios, ni exige el cumplimiento de los períodos de encarcelamiento a que alude el artículo 23 del Código Penal. Así, la pretensión, por vía interpretativa, de extender las exigencias de la "libertad condicional" a la "libertad asistida", implicaría una clara violación de la ley, en perjuicio del condenado.
Estado, Administración Pública, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, empleados públicos, nombramiento, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95) DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Históricamente se ha entendido que el Estado para el logro de sus fines se vale de medios materiales y personales. Mediante la relación de empleo público se disciplina jurídicamente la utilización de los medios personales necesarios para la consecución de los distintos cometidos públicos. Y en orden a que las personas puedan invocar derechos subjetivos a ser designadas en un cargo público, resulta también clarificadora en este punto la opinión de Marienhoff en el sentido que "el citado artículo 16 de la Constitución Nacional ... no constituye un texto que hayan de invocar los habitantes o administrados: es un precepto al que debe atenerse la Administración cuando hace designaciones o nombramientos". A pesar, pues, de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, nadie tiene el derecho de obligar al Estado a que le confiera una función, empleo o cargo públicos. El referido precepto constitucional sólo importa una regla de conducta a la que debe atenerse el Estado cuando nombra o designa funcionarios o empleados públicos. De acuerdo a dicha regla, "todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad", con lo cual quedan proscriptas las discriminaciones. Respetando tal criterio constitucional, y el que surja de los textos reglamentarios (que entonces integran el "bloque de legalidad"), la Administración Pública, al designar sus agentes, obrará dentro de la juridicidad. énicamente cuando se encuentren debidamente cumplimentados los distintos requisitos y pasos procedimentales exigidos por la reglamentación para el ingreso a la Administración Pública, puede afirmarse que un particular tiene derecho a acceder a la función y la Administración debe designarlo, salvo que circunstancias excepcionales se lo impidan. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Despido, despido con causa, medidas de fuerza, huelga, conflictos colectivos de trabajo, comunicación del despido, despido sin causa, indemnización por despido, multa
Materia: LABORAL
Carátula: C., L. A. c/ Pride Internacional S.A. s/ Indemnización.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-05

Aún cuando en el caso se desestimara la justa causa del despido respecto del trabajador, la gravedad del conflicto gremial en cuyo marco se decidió el despido, permite eximir a la empleadora de la sanción prevista por el art. 2 de la Ley 25.323, según lo establecido en el segundo párrafo "in fine" del artículo citado.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, fundamentos insuficientes, abuso sexual, víctima menor de edad, testimonio, cámara Gesell, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., J. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

Desde una perspectiva de infancia y en virtud del interés superior del niño, no puede dejar de considerarse que en el caso se trata de niñas que se expresan de acuerdo a su edad y a su madurez intelectual y tal capacidad impacta en la forma en que brindan sus testimonios; de allí la importancia de la actuación de profesionales especialmente capacitadas/os para recibir tales testimonios, quienes realizan informes de dichas entrevistas y brindan su declaración en el debate, elemento probatorio que en el caso derechamente es soslayado de valorar por la Alzada, circunstancia que demuestra -tal como resalta el recurrente- prescindencia probatoria, y en este último aspecto, no resulta suficiente la argumentación brindada tanto a los fines de desacreditar la intervención de la profesional que actuó en las Cámara Gesell, como en la conclusión a la que arriba en orden a la sospecha de inoculación por parte de terceros, toda vez que tales afirmaciones se encuentran desprovistas de la debida fundamentación desde la generalidad en la que han sido formuladas y su ausencia de contenido solo evidencia dogmatismo, debiendo resaltar incluso que la Cámara sin ningún esfuerzo argumentativo, en definitiva, convalida el razonamiento del Tribunal del debate en cuanto señalara respecto a una de las menores que su versión sobre los abusos en zona rural remitía a una historia fantástica.
Accidentes de trabajo, diagnóstico médico
Materia: LABORAL
Carátula: Grassino c/ Frig. Reg. Santa Elena S.A. y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-25

EL demandante sostiene que lo concluido por la junta médica en sede administrativa laboral, en cuanto a la existencia de relación de causalidad, quedó firme y consentido para la demandada, criterio que no es compartido, puesto que la naturaleza del trámite administrativo hace insusceptible de adquirir a los actos celebrados en el expediente, como el informe médico, el carácter de cosa juzgada a semejanza de las sentencias emitidas en un proceso judicial. Una solución como la pretendida por el actor llevará, ante la inexistencia de recursos judiciales contra la resolución administrativa, a cercenar el derecho de defensa de la demandada. En igual sentido "Figueroa de Alvarez c/Marcos", 23/6/88.
Juicio ejecutivo, litisconsorcio necesario, tercería de mejor derecho, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Arturo Ramón Nicolás s/ En autos Nº 710/00 Zitelli, Silvestre c/ Santillan Iturres, Oscar A. s/ Ejecutivo - s/ Tercería de Mejor Derecho - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

Si bien en el caso el recurso de casación debe rechazarse por falta de autosuficiencia, parece oportuno señalar que en un juicio ejecutivo, por su naturaleza, se conforma entre el acreedor embargante y el deudor ejecutado un litisconsorcio necesario que impregna al proceso de ciertas particularidades de las que no cabe prescindir.

Una de ellas es que: "los actos de disposición del objeto procesal realizado por uno o algunos de los litisconsortes-allanamiento, transacción, conciliación- sólo producen sus efectos normales en la medida que los restantes litisconsortes adopten la misma actitud" (Conf. Tercerías de mejor derecho- Canavoso-Pellejero, Pág. 59). El tercerista recurrente se agravia porque en el fallo que impugna se omite valorar lo que prueba el reconocimiento y allanamiento formulado por el vendedor -ejecutado- respecto de su pretensión.

En el caso, la valoración de la prueba realizada por el Ad Quem resulta correcta, ya que la confesión que formula el deudor ejecutado respecto a la supuesta compraventa del inmueble embargado, realizada con el tercerista en el año 1980 , resultaba insuficiente, pues sabido es que en este tipo de procesos la prueba debe ser valorada en conjunto.

Ello obligó al Tribunal a ponderar el resto de la prueba -testimonial, documental- de la cual no surgió la materialidad de los hechos afirmados por el tercerista, sino que, por el contrario condujo a resultados contradictorios.