Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-03-20


2º Instancia. - Buenos Aires, setiembre 30 de 1957.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Heredia dijo:

Sobre los hechos: las partes no discuten y, además, están acreditados.

El problema traído a resolución del tribunal consiste en lo siguiente: los actores son accionistas de la sociedad Manuseda (S.A.), la cual, el año 1945, resolvió disolver las reservas facultativas acumuladas con ganancias de ejercicios anteriores y distribuirlas por medio de acciones liberadas, entre los accionistas, en proporción a sus respectivos capitales accionarios; por exigencia de la Dir. Gral. Impositiva, se vieron obligados a pagar impuesto a los réditos y, por considerar que no correspondía, ese pago lo hicieron bajo protesta y ahora lo repiten, y piden intereses y costas.

Para la correcta solución del punto, es menester describir cual era el sistema del decreto-ley 18.229/43, ratificado por ley 12.922 vigente a la sazón y que es la norma que gobierna la cuestión sobre lo cual están, además, acordes las partes.

El art. 6º inc. 3º, constituye en sujetos pasivos de las obligaciones tributarias a las sociedades anónimas respecto de las utilidades imponibles que no distribuyen. Si posteriormente se reparten tales utilidades entre los accionistas, esa tributación se tiene como pago a cuenta de lo que corresponda abonar a estos últimos; es decir, que si las utilidades no se distribuyen, el pago hecho por la sociedad es definitivo y, en caso contrario, es un simple pago a cuenta.

La sentencia del a quo, por interpretación del art. 14 y del 6º mencionado precedentemente, llega a la conclusión de que se trata de una distribución de dividendos hecha en especie, que se encuentra plenamente alcanzada por 1a disposición impositiva pertinente.

No creo que se ajuste a derecho esta interpretación. Evidentemente, la ley tributaria de que se trata, grava esencialmente réditos y para que ella llegue a alcanzar a un acrecentamiento patrimonial en forma de capital, a menester de una norma expresa, como lo hizo posteriormente el decreto-ley 14.338/46, en su art. 60, con relación al problema que me ocupa. Los ingresos en cuestión fueron réditos para la sociedad y, en tal carácter, tributaron el 10 % establecido por la ley; los accionistas no han recibido rédito alguno, sino, y únicamente, títulos representativos de capital. La situación patrimonial del accionista queda, en este caso, exactamente igual a la que tenía antes de la disolución de las reservas. En efecto, prescindiendo de los otros factores que influyen en la cotización de las acciones, las reservas acumuladas acrecentaban su valor venal en la misma proporción que a cada una correspondían dichas reservas. O sea, tomando el ejemplo que traen las partes, si el capital ascendía a $1.000.000 y las reservas a $2.000.000, cada acción de $1.000 se cotizaría a $3.000 antes de la disolución de la reserva; una vez operada esta, cada accionista en lugar de tener una acción tendría tres, pero cada una de ellas ya no se cotizaría a $3.000, sino a $1.000 con lo que su situación patrimonial habrías quedado exactamente igual. Si cuando no se distribuyen no las reservas nadie discute que el accionista no debe tributar -no obstante se ve aumentado su capital por influjo de tales reservas- no se ve porque cuando ese mismo aumento de capital se documenta mediante los correspondientes títulos de acciones, se ha de convertir automáticamente en un rédito que transforma al accionista en sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Al disponer la sociedad el paso de la cuenta reserva a la cuenta capital, ha capitalizado un rédito suyo y no del accionista, a quien se limita a entregar un título representativo de ese aumento de capital, pero ningún rédito, del cual se ha apropiado definitivamente la sociedad.

Por lo expuesto, soy de opinión que corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, con los intereses desde la notificación de esta última y las costa del juicio. En consecuencia, voto por la negativa.

Los doctores Gabrielli y Beccar Varela adhirieron, por sus fundamentos, al voto precedente.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda con los intereses desde la notificación de esta última y las costas del juicio. - Horacio H. Heredia. - Adolfo E. Gabrielli. - Juan C. Beccar Varella.

Opinión del Procurador General de la Nación Dado el monto del agravio cuya reparación se intenta, el recurso ordinario de apelación deducido es procedente.

En cuanto al fondo del asunto el Fisco nacional (Dir Gral. Impositiva) actúa por apoderado especial el que ya ha tomado intervención ante V.E..

Febrero 11 de 1958. - Sebastián Soler.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, marzo 20 de 1959.

Considerando:

Que es exacto, como esta Corte, ha declarado reiteradamente, que en calidad de principio, el impuesto a los réditos grava específicamente los que son tales y excluye, por consiguiente, la imposición del capital del contribuyente (Fallos, t. 241, p. 128 [Rev. La Ley, t. 93, p. 451, fallo núm. 43.123]).

Que, sin embargo, tal principio no basta para la solución del caso de autos porque la facultad impositiva del legislador no tiene más límites que los impuestos por la Constitución Nacional, de tal modo que la decisión de los casos concretos requiere la interpretación de la norma pertinente para determinar la sujeción de aquellos al impuesto cuestionado. Y esa interpretación no está limitada por la exigencia de un texto literal claro porque también en materia impositiva valen los principios que conducen a la adecuada determinación del tenor legal. Es así como esta Corte ha tenido ocasión de declarar desde antiguo "que las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación" (Fallos, t. 179, p. 337 [Rev. La Ley, t.8, p. 1.158, fallo núm. 3902] y Cooley, "On taxation", t.1, ps. 452 y sigs.).

Que de ellos se sigue, cuando la ley lo determine, el objeto imponible puede exceder el concepto de rédito.

Que no estando discutido que la cuestión motiva la causa se rige por el decreto 18.229 del año 1943 parece claro que es de aplicación el art. 6º inc. 3º, cuyo apart. 3º dispone que "los dividendos o utilidades que las sociedades... repartan a sus accionistas, quedan íntimamente sujetos al impuesto cualesquiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, como ser reservas anteriores, ganancias extranjeras, de capital, exentas de impuestos".

Que resulta, así, por disposición legal que el objeto imponible, las utilidades repartidas por las sociedades del caso, no es estrictamente reducible al concepto propio de renta. Porque la ley habla de dividendos o utilidades y porque ejemplifica con las ganancias de capital. Ello excluye de la exención del impuesto, con mayor razón todavía, los que son dividendos pagados en acciones liberadas.

Que cabe aún agregar que el texto en cuestión tiene razón de ser en jurisprudencia anterior de esta Corte que, precisamente, liberada del impuesto a las ganancias de capital o de "plus valía", y por lo demás, que se trata de un problema que no es exclusivo de nuestro país, sino que se suscitó y ha encontrado solución análoga en el extranjero así como en fallos precedentes de esta Corte.

Por ello, se revoca la sentencia apelada y, en consecuencia se absuelve al Fisco Nacional de la presente demanda. Las costas se pagarán por su orden en todas las instancias. - Benjamín Villegas Basavilbaso. - Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. -Luis M. Boffi Boggero. - Julio Oyhanarte.