marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAIDANA, ALBERTO VENANCIO c/ SANATORIO SAN CRISTOBAL  S.A. s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

El hecho de la desaparición de los restos, habida cuenta de los hábitos que imperan en nuestra sociedad y que encuentran honda raigambre inclusive entre los pueblos primitivos, genera claramente una situación capaz de causar seria aflicción a los padres tanto por la incertidumbre sobre el destino dado al cuerpo como por la forzada privación de dar a él la finalidad que es acorde con las convicciones morales de los afectados. No hay dudas, entonces, que el hecho que origina estas actuaciones da derecho a una indemnización del daño moral con base en el artículo 522 del Código Civil.
Concursos, incidente de revisión, crédito laboral, competencia, fuero de atracción, juez del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROTECTIO  SRL s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INC. DE REVISION PORAVALOS, ROBERTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-01

Es competente el juez concursal para entender en un incidente de revisión iniciado en virtud de un crédito laboral y no que continué su trámite ante la justicia del trabajo, con base en lo prescripto por la ley 26086 art. 9. Esta situación no esta contemplada en la citada normativa, en tanto el incidentista ocurrió al juicio universal por la vía de la insinuación tempestiva del crédito ante el síndico en los términos previstos por la ley 24522 art. 32, sin existir juicio en trámite alguno iniciado ante otro juez. La intención del legislador fue devolver al juez originario aquellos juicios atraídos por efecto del fuero de atracción, y no remitir "todas" las verificaciones inherentes a créditos laborales.
Revisión judicial de actos administrativos, actos consentidos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, HUGO RODOLFO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISIDICCION LEDESMA MIGUEL ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-05|2007-05-04

La acción contenciosa administrativa no es procedente si el actor ha consentido en sede administrativa la resolución que se impugna judicialmente.
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, derecho de voto, exclusión del concurso, acreedor, interpretación de la ley, sentencias contradictorias, derechos creditorios
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ovoprot International SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

Cuando, como en el caso, estamos ante dos sentencias que, dictadas ambas en los términos de la LCQ 36, decidieron cosas opuestas: en una, se rechazó la pretensión del Banco apelante, mientras que, en la otra, se la aceptó; y si bien es verdad que son concursos diferentes, es decir, la pretensión fue rechazada en el concurso de la "deudora principal" y en cambio, fue admitido en el concurso de la fiadora, encontrándose la decisión respectiva en vías de revisión, no hay duda que se está ante el mismo crédito que, si no habilita el voto allá, tampoco debería habilitarlo acá, so pena de soslayar que, desde un punto de vista lógico jurídico, la fianza no otorga ningún derecho si no existe el crédito afianzado. A juicio de la Sala, las particularidades que presenta la cuestión exigen atribuir a la aludida sentencia dictada a favor del Banco un efecto que no contradiga la que en los mismos términos fue dictada en su contra. Esa sentencia -esto es, la dictada aquí- da cuenta de que existe una fianza, mientras que aquella otra -esto es, la dictada en el concurso de la deudora principal- exhibe que, en cambio, no hay ningún crédito garantizado. En ese contexto, conceder al nombrado el derecho a votar en este concurso sobre la base de una fianza que prima facie no reconoce crédito garantizado, importaría priorizar las formas en desmedro de la sustancia, con la grave consecuencia de dejar la suerte del acuerdo en manos de un acreedor que aún no ha logrado -desde esa óptica sustancial- demostrar la verosimilitud de su crédito. Estamos, se reitera, ante dos sentencias de signo contrario y ambas son oponibles al nombrado, por lo que la decisión de la Sala de dar prevalencia a una de esas sentencias por sobre la otra, no puede causarle ningún agravio genuino, máxime si se atiende a que, al resolver la contradicción de ese modo, estamos aplicando el derecho de fondo, del que deriva que, en tanto accesoria, la fianza no tiene contenido obligacional autónomo, por lo que a nada obliga si no existe ninguna prestación principal que haga las veces de objeto de la garantía (CCCN 1574). Es verdad que la situación podría revertirse si prosperara la revisión deducida en aquel concurso, pero esto no obsta a lo dicho.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gea Miriam Ruth c/ Francisco Gustavo Munaffo s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S145 - 223)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-19

La actora debe justificar fehacientemente que carecía de dinero necesario para proceder a su arreglo, debiendo esperar para comen zar la reparación y retirarlo del taller, dado que el monto de la reparación fue importante y no tenía esa suma disponible. De lo contrario, el tiempo de inmovilización debe ser limitado y soportado por el demandado en el lapso que pudo insumir su reparación.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, titularidad del dominio, registro de la propiedad automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Morris de Sotham, Nora c/ Besuzzo, Osvaldo P. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

La doctrina establecida en el fallo Plenario dictado el 18 de agosto de 1980 en la causa "Morrazo, Norberto y otro c/Villarreal, Isaac y otros", con arreglo a cual "no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor como titular del vehículo causante del daño, cuando lo hubiera enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la fecha del siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso", no mantiene su vigencia luego de la sanción de la Ley 22.977, modificatoria del Decreto Ley 6.582/58, ratificado por la Ley 14.467.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarra, Cristino Ireneo y otro c/ Federación Medica de Formosa s/ Ordinario Formosa s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-23

El recurso extraordinario no constituye una tercera instancia y no permite por tanto al Superior Tribunal de Justicia provincial rever la causa o sustituir el criterio de los jueces de grado en cuestiones doctrinariamente discutibles y opinables. Dicho de otro modo, aun cuando el juez del recurso extraordinario no comparta los criterios que fundan la sentencia recurrida no puede retirarla del mundo jurídico si sólo encuentra en ella error pero no arbitrariedad.
Revocación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de apelación en autos niselewicz, ezequiel gonzalo s/ 149 bis - amenazas- cp (p/l 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde revocar la sentencia que, con motivo de la apelación planteada por la querella, revocó la decisión de primera instancia que había concedido la suspensión del proceso a prueba al imputado, con la conformidad de la fiscalía interviniente. Ello así, dado que el alcance que se confirió a la intervención desplegada por la Fiscalía de Cámara -esto es, uno suficiente para considerar configurado, a partir de ella, el obstáculo previsto en el art. 217 del CPP- importó un exceso de jurisdicción por parte del tribunal a quo. Esa extralimitación se configuró cuando la Cámara le asignó a la actuación fiscal en la incidencia recursiva un efecto que se encuentra vedado por la ley adjetiva (art. 288, primer párrafo, CPP), pues la conformidad prestada por la fiscal de primera instancia con la suspensión del proceso a prueba no había sido materia del recurso planteado por la querella, de modo tal que los camaristas no se encontraban habilitados para analizar ese punto, cuyo tratamiento había precluido, en perjuicio de los intereses del imputado. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Comercio interior, facultades tributarias, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTES VIDAL S.A. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

La regulación del comercio interprovincial es atribución delegada al Gobierno Federal para ser ejercida por el Congreso y queda, por tanto, excluída del acervo de los poderes conservados por las Provincias, pero éstas pueden gravar la riqueza producida en su territorio, aunque una parte de ella transponga sus fronteras, a condición de que el gravamen no sea discriminatorio de algún modo impida o dificulte actividades interjurisdiccionales. Ello no significa desconocer que las tarifas - al menos las de transporte de personas - las fija la autoridad nacional, por lo que la presión tributaria debe graduarse razonablemente para no quitar rentabilidad a una explotación que, como la del transporte interprovincial, reviste indudable interés público .
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, prueba testimonial, defensor
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: M.,  H.  F.;  D.,  D.  L.  P.; Y Y., C. A. s/ QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS  "FISCAL NRO 1 REQUIERE INSTRUCCION  POR  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN  DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD EXPTE NRO 512-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-08

La irreparabilidad del gravamen que se invoca por considerar que la resolución impugnada, permite que "puedan" ser llamados a declarar como testigos, bajo juramento y sin asistencia letrada, queda desvirtuada por las posibilidades defensivas que el ordenamiento procesal les acuerda, desde que el artículo 218 del Código Procesal Civil y Comercial -de aplicación al caso habida cuenta la remisión a las disposiciones del referido ordenamiento que efectúa el artículo 395 del Código Procesal Penal, en lo que respecta al ofrecimiento, admisión y recepción de pruebas-, otorga al testigo la posibilidad de rehusarse a contestar las preguntas que se le hicieren "si la respuesta debiera comprometer su honor o exponerlo a enjuiciamiento criminal". Así, con la simple negativa a declarar, queda a resguardo la garantía constitucional establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional en virtud de la cual "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".
Nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Tacacho, Antonio c/ Propietarios del Consorcio Adriana I y/o Maradona, Fernando y/o Lisi, Mario s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-27

El incidente de nulidad procede aún cuando se haya dictado una resolución judicial, cuando no se impugna la resolución en sí misma, sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular. (Opinión personal: Dr. Cabrera).
Accidentes de trabajo, RIPTE
Materia: LABORAL
Carátula: Erbes, Héctor Orlando c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-06

La demandada cuestiona que el juez a quo dispusiera la aplicación del índice RIPTE al monto indemnizatorio final por una contingencia ocurrida vigente la ley 26.773, ello sin contemplar las disposiciones reglamentarias del decreto 472/14. Ante este escenario, cabe decir que los arts. 8 y 17 apartado 6 del decreto aludido no disponen la actualización de las obligaciones indemnizatorias adeudadas sino de los importes del art. 11 apartado 4 de la ley 24.557 y de los valores de referencia de los arts. 14 y 15 convertidos en mínimos garantizados por el decreto 1694/2009 montos a los que los que debe acudir a fin de determinar la cuantía dineraria de las reparaciones correspondientes. En definitiva y en el caso, la prestación debida al trabajador no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el Decreto 1694 con el ajuste previsto por el art. 8 de la ley 26.773. En este sentido, la interpretación del decreto 472/14 no resulta desajustada a la economía general de la ley 26.773, en tanto en modo alguno altera la norma, sino simplemente, reglamenta su ejecución. Por ello, en tanto la determinación del porcentaje de incapacidad coincide con la hipótesis planteada por el artículo 14 inciso 2 ap. a de la ley 24.557, superior al piso indicado por la Res. SSS Nro. 3/2014, queda excluida la posibilidad de aplicación del índice de ajuste referido, modificándose la sentencia de origen.
Ejercicio profesional, gobierno nacional, Estado Provincial, Constitución Nacional, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS c/ HENRY MARTIN Y CIA. s/ CONSEJOS  PROFESIONALES-  PROFESIONES  LIBERALES-  PODER  DE POLICIA-  INSCRIPCION    EN  LA  MATRICULA-  DENEGACION-  VIOLACION  A DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Si bien la policía de las profesiones liberales es propia de los poderes locales, ello no obsta al ejercicio de facultades de esa índole por el Gobierno Federal, cuando deba "proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias" (art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional).
Accidente de tránsito, cómputo de intereses, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: KRONHAUS, RICARDO c/ GIORGI, CARLOS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o de cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación.

Los intereses por privación del uso del rodado como consecuencia de un accidente de tránsito deben devengarse desde el momento mismo del hecho, dado que a partir de él se produjo el desmedro patrimonial.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, Inocencio Víctor s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Pesa sobre el conductor que como sujeto activo sobrepasa a otro, la obligación jurídica de prevenir el peligro, adoptando las precauciones necesarias de distancia y lugar suficientes para la maniobra, más aún cuando, como en el caso, supera la dificultad habitual por llevar remolque.
Locación, resolución del contrato, resolución anticipada del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRILLO MARIA INES c/ MARIA  ELENA  PERNIZZA  Y  MARIO  RUBEN BRITES Y LUIS ANTONIO AUDISIO s/ JUICIO  DE DESALOJO - COBRO DE ALQUILERES - DAÑOS Y PERJUICIOS- PAGOS  TASAS E IMPUESTOS ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-14

La indemnización por resolución anticipada del contrato de locación está contemplada para la hipótesis de rescisión unilateral del contrato por el locatario y no puede ser extendida por analogía a la resolución por incumplimiento de la obligación de pagar alquileres o de otra que derive del contrato o la ley.
Proceso penal, extradición, proceso judicial, pedido de extradición, orden de detención, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Xu Zichi s/ pedido de detención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

Si no se trata de la ausencia de un procedimiento jurisdiccional en el Estado requirente, sino de un ejercicio de facultades en etapas que no tienen su equivalente en el procedimiento penal nacional -lo cual conlleva a un defecto esencial en el debido proceso e imposible de soslayar a los fines de la entrega del requerido- corresponde suspender -por un plazo determinado- la decisión sobre la procedencia o el rechazo de la extradición a fin de que dicho Estado presente resolución judicial fundada (art. 13, inc. d, ley 24.767) que ordene, apruebe o ratifique la detención y la solicitud de extradición del requerido.
Falso testimonio, declaración testimonial, generales de la ley, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GARAFFA, J.A. c/ FALSO TESTIMONIO s/ CAMARA   NACIONAL  DE  APELACIONES  EN  LO  CRIMINAL  Y  CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Si bien en ciertos casos la mendacidad relativa a las denominadas "generales de la ley" puede no constituir el delito de falso testimonio, no ocurre lo mismo cuando versan sobre materias o circunstancias capaces de influir en la valoración del testimonio por la autoridad, como en el caso de autos en que lo que se debatía en el juicio laboral era la ebriedad del actor en horas de trabajo y muy distinto podría haber sido el criterio del Juez al valorar el testimonio del encausado si éste hubiera hecho conocer su parentesco con aquél.

La mentira íntima entre testigo y acusado en causa criminal configura el delito de falso testimonio porque la posible fe del juzgador en la veracidad de los dichos del primero, base de la defensa del segundo, pudiera dar lugar a un fallo distinto al que correspondería.
Trabajador, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Gorostiaga, Leopoldo y otros c/ Tuma Hnos. Construcciones y/o Calzados Takos S.R.L. y/o responsable s/ Pago de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-03

Si el personal de la fábrica, antes de llegar a la ruptura del vínculo laboral, opta por hacer uso de los resortes legales de manera gradual y razonable, y decide defender sus propios intereses, suspendiendo transitoriamente las prestaciones del débito laboral, con ocupación pacífica del establecimiento, se justifica y autoriza el pago de los haberes durante el tiempo en que se mantiene la abstención colectiva de tareas con permanencia en el lugar de trabajo; ya que la actitud patronal que tornaba definitivamente "inestable e insegura" la relación laboral dejaba a los obreros en una situación de total desprotección e indefensión, agudizando su malestar. En consecuencia, al verse alterada la relación laboral por circunstancias imputables a una de la partes, ya que el empleador no paga la retribución, esto altera el normal desarrollo del vínculo y habilita a los otros -obreros-, que realizaron tareas sin percibir remuneración, a estar liberados de cumplir con su débito laboral, y además siguen teniendo derecho a la contraprestación empresaria: "el pago del salario"; se trata, pues, de una nueva manifestación de la vieja "excepción" non adimpleti contractus art. 1202 del Código Civil.
Contratos administrativos, licitación privada, acto ad referendum
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra, Mario Francisco y Empresa Ingeniero Ferreyra Construcciones Electromecánicas c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº148/155, Nº 72) Construcciones Electromecánicas c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº148/155, Nº 72)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-07-14

Las normas que rigen las relaciones del Estado con los particulares incumben por igual al Estado como a los particulares. Si al margen de tales normas y por razones no explicitadas la repartición estableció, imprevistamente, un requisito no contemplado por las normas y aún contrariándolas - aprobación ad referéndum del Poder Ejecutivo a pesar de la expresa autorización acordada -, debe interpretarse que tal requisito solo pretende a la administración que se autoimpuso tal requisito y no al particular cocontratante del Estado quién debe manejarse conforme a las exigencias de las normas en vigencia. A él no le comprenden los restantes pasos que por razones de administración interna quiera dar al ente público de que se trata, al margen de la legislación que rige el caso.- Habiéndose establecido entonces que no se requería aprobación alguna del Poder Ejecutivo - dado la autorización prestada - resulta necesario, como lógica consecuencia, reconocer la perfección del derecho subjetivo que emana de la adjudicación efectuada y que la empresa actora pretende hacer valer en autos.-
Pago, prueba, medios de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTEGA, GERTRUDIS c/ IERVASSI, IRMA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-11

Si bien el recibo es la prueba del pago por excelencia, éste puede acreditarse por cualquier otro medio; sin embargo, el magistrado, en el tratamiento y examen del material probatorio, debe actuar con todo rigor en resguardo de la seguridad jurídica; de ahi que sólo quepa admitir la efectividad del pago alegado cuando el juez, habiendo disipado cualquier duda posible, esté persuadido con plena convicción de la verdad de ese acto extintivo; cualquier duda al respecto se vuelve contra quien dice haber hecho el pago, pues la falta de recibo crea una presunción hominis adversa la que debe ser desvirtuada (cfr. Llambias, J. J., "Tratado de derecho civil. Obligaciones", T. II-B, ps. 322 y sgtes., sus citas y notas, especialmente la n° 536).
Recurso extraordinario local, certificado de trabajo, defensa en juicio, admisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez Lidia EN J 152274 Martinez Lidia c/ Union Obrera Metalurgica De La Republica Argentina- Seccional Mendoza s/ certificacion de trabajo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-10-02

Sobre la ausencia de fundamentación como causal de arbitrariedad los jueces tienen el deber de motivar las sentencias. La obligación de fundamentar los fallos judiciales tiende a evitar que sean producto de la individual voluntad del juez, siendo principio con base constitucional en la defensa en juicio, por lo que se excluye la solución de causas sin otro fundamento aparente que la voluntad del juez. La fundamentación meramente aparente es ineficaz, ya que no satisface la exigencia de que el fallo sea motivado en forma tal que la solución corresponda con los hechos comprobados y se derive razonadamente del derecho vigente por aplicación los preceptos pertinentes al caso.
Ejercicio profesional, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabot, Carlos Antonio s/ Inconstitucionaliad art.2, decreto 12997 y art.1 decreto 203/32
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Si bien las provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, carecen de atribuciones para enervar, alterar o menoscabar el derecho reconocido en un título otorgado por la autoridad nacional.
Empresas del Estado, poder de policía, faltas relacionadas con la seguridad y prevención de siniestros, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

Las empresas del estado nacional no gozan por su naturaleza de inmunidad al poder de policía de la autoridad competente sino que están alcanzadas por el mismo sistema de reglas y sanciones que rige para el resto de la sociedad, al que las somete deliberadamente en tanto el Congreso puede cambiar las atribuciones de estas diversas estructuras de la administración que diseña.