Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-23


SUAREZ, Mauricio Armando contra NUTRISUR S.R.L y otro Reg.: A y S t 211 p 2-7.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SUÁREZ, Mauricio Armando contra NUTRISUR S.R.L y otro -C.P.L.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 106, año 2005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante decisorio registrado en A. y S. T. 205, págs. 57/58, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución del 18 de marzo de 2004 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, por entender que desde la apreciación mínima y provisional que correspondía a ese estadio, el planteo de los recurrentes contaba -prima facie- con asidero en las constancias de autos, y suponía articular con seriedad un planteo que exigía examinar con los principales a la vista si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (fs.

51/52, Expte. C.S.J. nro. 328, año 2004).

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión, de conformidad con lo propiciado por el señor Procurador General (fs. 231/232, Expte. C.S.J. nro. 106, año 2005).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Según deriva de las constancias de la causa, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de esta ciudad, Mauricio Armando Suárez promovió demanda contra Nutrisur S.R.L., Alfredo Ulla y Roberto Brosutti, solicitando el pago de distintos rubros laborales.

En sustento de su pretensión, refirió que la demanda se dirigía contra los señores Alfredo Ulla y Roberto Brosutti por ser el primero emisor y receptor del intercambio epistolar así como dador de trabajo y responsable de impartirle órdenes, y el segundo en virtud de que también impartía órdenes indistintamente con el primero.

Al contestar la demanda Nutrisur S.R.L. opuso excepción de falta de acción contra los otros co-demandados, afirmando que entre Ulla y Brosutti no existía relación societaria alguna, ya que el último mencionado era dependiente de la sociedad y ninguno de ellos estaba capacitado para contradecir las pretensiones del actor al no existir relación laboral con él.

Por sentencia de fecha 24 de mayo de 2002, el Juez de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, y condenó a Nutrisur S.R.L., a Roberto Brosutti y a Alfredo Horacio Ulla, a pagar al actor los rubros acogidos.

Para así resolver, el "iudex" -en lo que al recurso interesa- consideró que la falta de contestación de la demanda por parte de los codemandados Brosutti y Ulla importaba el reconocimiento de los hechos expuestos por el accionante y como no habían producido pruebas con suficiente entidad procesal tendientes a demostrar lo contrario, habiéndose cumplido debidamente las etapas del juicio, había precluido toda oportunidad para desvirtuar aquellas aseveraciones.

Apelado que fuera ese decisorio, la Cámara lo confirmó sobre la base de considerar -al tratar el reproche de la demandada consistente en que se hubiera tenido por no contestada la demanda por los codemandados Brosutti y Ulla- que "la consideración expuesta por el sentenciante de baja instancia responde a la línea procesal de la causa y no resulta desmoronada por el quejoso. Por otra vertiente, tampoco los nombrados codemandados producen o rinden la prueba necesaria que, en beneficio de su propio interés, debieron realizar para quebrar aquel mecanismo presuncional, convalidando la aplicación del iter procesal utilizado por el juez de grado...".

2. Contra dicho pronunciamiento interponen los codemandados recurso de inconstitucionalidad, en el que manifiestan que el pronunciamiento es arbitrario por soslayar las normas aplicables -cercenando sus derechos de defensa, propiedad y a la jurisdicción- y prescindir de prueba decisiva para la suerte de la causa.

Concretamente, afirman que si bien es cierto que no comparecieron en autos (y que por tal razón se dio por decaído su derecho-facultad a contestar la demanda) también lo es que se ha producido la prueba requerida para acreditar que la relación laboral del actor era con la firma Nutrisur S.R.L. y no para con los codemandados.

Enumeran en tal sentido el contrato social del cual surge que el señor Ulla es socio gerente de la mencionada firma, los recibos de pagos efectuados al actor por Nutrisur S.R.L., y los testimonios rendidos en autos.

Al respecto añaden que aunque la regla es que las cuestiones vinculadas a la materia fáctica y probatoria exceden el ámbito de la revisión extraordinaria, en el supuesto bajo examen cabe excepcionar dicha regla toda vez que se ha prescindido de las constancias de la causa sin adecuada fundamentación.

Aseveran que la decisión desconoce preceptos de la ley de sociedades comerciales al omitir considerar que la sociedad de responsabilidad limitada es un ente jurídico distinto a los socios que la componen, que limitaron su responsabilidad al capital aportado. Además, destaca que para extender la responsabilidad a Ulla el actor no se basó en el artículo 59 de la ley de sociedades sino en que el mencionado impartía órdenes al actor.

Destacan -asimismo- que cuando la Sala extiende la responsabilidad a los codemandados Ulla y Brosutti contradice pronunciamientos de otra Sala que, respecto de situaciones análogas en torno a la misma accionada desechó -con adecuada fundamentación- la posibilidad de extender la responsabilidad a dichos coaccionados.

3. Le asiste razón a los recurrentes.

En efecto, dado que el planteo recursivo, no obstante transitar sobre un terreno residual del remedio extraordinario, cobra en el "sub lite" resonancia para insertarse en un supuesto de excepción por cuanto el A quo, en la apreciación de los elementos de convicción, incurre en un exceso de las facultades propias de los jueces de la causa que resta sustento a lo decidido.

Sabido es que lo relativo a la selección y valoración de la prueba queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación.

Pero también es cierto que dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la ponderación de las probanzas.

Tales pautas me conducen a juzgar que, en la especie, la labor cumplida por los Juzgadores al meritar la prueba rendida entra en la órbita de la función revisora que le cabe al remedio de excepción intentado, cual es: evitar que los jueces inferiores al llevar a cabo la valoración probatoria incurran en anomalías por desvirtuar los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir el presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria, o signifique un abuso del poder jurisdiccional.

En efecto, el único fundamento brindado por el Tribunal A quo en el aspecto en análisis, al entender que los codemandados no produjeron la prueba necesaria para quebrar el mecanismo presuncional que derivaba de la falta de contestación de la demanda, parte de la omisión de una sumatoria de circunstancias que formaban parte de la litis y que podrían haber conducido -de manera opuesta a lo concluido por los sentenciantes- a inferir que el vínculo que motivó el presente había sido establecido entre el actor y la firma demandada, y no con los sujetos accionados a título personal.

Vale destacar en dicho aspecto: el contrato social de Nutrisur S.R.L., de donde surge que el co-demandado Ulla era socio-gerente de la sociedad (v. fs. 25/26 del principal); los recibos de pagos efectuados al actor, extendidos a nombre de la mencionada firma; las testimoniales de autos, que refieren al lugar de prestación de las tareas.

Ante la existencia de tales elementos, debía indefectiblemente caer la presunción "juris tantum" del artículo 44 del CPL, ya que tal mecanismo eventualmente podría haberse hecho valer frente a quienes no habían contestado la demanda en el supuesto de carencia de elementos confirmatorios, pero de ningún modo en la situación de autos, en que concurrían los antes enumerados.

El razonamiento esbozado en la sentencia impugnada importa la prescindencia de elementos cuya valoración no pudo ser omitida válidamente por el A quo. Adviértase que ninguna referencia hace a tales medios confirmatorios; es más, concluye la Alzada al respecto que "tampoco los nombrados codemandados producen o rinden la prueba necesaria que, en beneficio de su propio interés, debieron realizar para quebrar aquel mecanismo presuncional".

En otras palabras, el pensamiento del Juzgador evidencia un análisis parcializado de las constancias de autos y ese vicio conlleva a la descalificación constitucional del decisorio impugnado.

Máxime si se tiene en cuenta que en esta controversia estaba seriamente comprometido el principio de primacía de la realidad, que imponía a los Juzgadores el análisis de las circunstancias concretas de cómo y entre quienes se había desarrollado la relación habida entre las partes.

Con lo cual, el razonamiento de la Alzada en tal sentido no es derivación razonada del derecho vigente, en tanto arriba a la conclusión de condenar a todos los demandados por el andarivel de una prescindencia de los elementos de confirmación producidos en el proceso.

En definitiva: independientemente de que alguno de estos medios probatorios haya sido mencionado por el juez de primera instancia (puntualmente en lo vinculado con la carencia de registraciones laborales), en resolución luego confirmada por el Tribunal de Alzada, lo cierto es que todo este cúmulo de elementos de prueba reunido en la causa no ha sido considerado por el A quo, en tanto se aferró a una presunción legal que debía indefectiblemente ceder ante las probanzas mencionadas.

Este deficitario juicio de hecho efectuado por el Juzgador ha desvirtuado sin duda alguna el derecho que debía regirlos.

Es que, en rigor de verdad, sólo por el camino de la prescindencia del material probatorio reunido en la causa puede arribarse a una solución de la litis como la brindada por el Tribunal, siendo el recurso semántico fundante de la respuesta jurisdiccional - único, por cierto- carente de sentido e inhábil para conducir a una correcta subsunción normativa de la situación fáctica acontecida en la especie.

Recuérdese que el error de desentrañar los hechos repercute, determinantemente, en el tratamiento jurídico; si ello acontece la solución será ajena a la realidad probada en el expediente, pues, el juicio de hecho está ligado inexorablemente al juicio jurídico.

Como consecuencia de la deficitaria ponderación probatoria se configura una diáfana hipótesis de sentencia arbitraria, porque lo resuelto sólo en forma aparente puede satisfacer la exigencia de ser derivación razonada del derecho aplicable con adecuado nexo con los hechos comprobados de la causa, los cuales no han podido ser cabalmente merituados.

En síntesis, la Cámara opta por una tesis interpretativa teñida de dogmatismo, vacía en su contenido, ya que aplica la ley con indiferencia de los hechos, estableciendo una suerte de divorcio entre el ordenamiento legal y las circunstancias comprobadas de la causa. Y el tema medular en debate imponía ese juicio acerca de los hechos y la ajustada merituación de las probanzas rendidas.

Só Siendo ello así, el menoscabo a la garantía de defensa en juicio luce prístino en autos, en tanto ella salvaguarda no sólo el ofrecimiento y producción de los medios de confirmación, sino también la posibilidad de obtener un pronunciamiento que los valore debidamente a fin de obtener su convalidación como acto judicial ajustado a los preceptos constitucionales.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme surge de los considerandos precedentes. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme surge de los considerandos precedentes. Costas al vencido.

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)