Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-06


AUTOS 26204 (C.C.Nº22004) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "MORALES Manuel de Reyes - Sucesorio".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2016- del Tº II - Fº15/22.- En la Ciudad de San Juan a 06 días del mes de septiembre de 2016, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 463/464 vta., contra la resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº26204 (C.C. Nº22004) caratulados: "MORALES MANUEL DE REYES - SUCESORIO", dictada por el Sr. Juez titular del Primer Juzgado Civil, obrante a fs. 446.- EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

A fs. 446 el A quo dispuso "......................San Juan, 7 de noviembre de 2013.- Téngase presente el informe que antecede.- Téngase por contestado en tiempo y forma el traslado, téngase presente lo manifestado y la denuncia efectuada.- Atento a la expresa disconformidad de los herederos declarados respecto a la pretensa titularidad de acciones denunciada por la Sra. Nora Elizabeth Olivares, se le hace saber a la presentante que deberá accionar por la vía y forma que considere oportuna y correspondiente a fin de ser merituado su derecho invocado en otro ámbito jurisdiccional por exceder la competencia del presente juicio sucesorio.- Notifíquese a la Sra. Nora Elizabeth Olivares.- En cuanto a lo manifestado por los co-herederos respecto a los informes de dominio ya agregados, téngase presente lo manifestado.- A fin de proceder a la inscripción en la forma prevista por el decreto de fs. 344 de fecha 03/10/2013, líbrese Oficio Ley 22172, autorizándose para su diligenciamiento al Dr. Diego Jorge Martín Cacace y/o a la persona que él designe.-".- Esta providencia fue recurrida mediante reposición con apelación subsidiaria por parte de Nora E. Olivares a fs 449 y ss. La reposición fue rechazada por el A quo pero la apelación en subsidio fue concedida y, posteriormente, sustanciada debidamente.- Los agravios de la apelante puede resumirse señalando que considera que jamás el A quo debió ordenar la inscripción del inmueble sin valorar la prueba que ofreció y rindió en donde se justifica que su parte (su padre y luego ella) han poseído, explotado pagado impuestos por más de cincuenta años habiendo acompañado la constancia de compraventa del inmueble. Considera fraudulento el actuar de los herederos y hace responsable al juzgado de la consecuencia económica que el actuar que apela le ocasionará a su parte. Seguidamente repasa las pruebas que acompañó oportunamente (Escritura de venta de la propiedad a Francisco Estevez Noguera, un expediente judicial tramitado en San Luis, planos de mensura, etc.).- Posteriormente solicita medida de no innovar para impedir la inscripción de los bienes a nombre de los herederos hasta tanto se diluciden sus peticiones.- El recurso fue sustanciado con la contraria quien se opone al progreso del recurso.

Tratamiento del recurso Del análisis de las constancias de autos y luego de haber repensado con intensidad los términos del recurso incoado, he llegado a la conclusión que corresponde admitir parcialmente las peticiones contenidas en la apelación y su fundamentación.- De las constancias acompañadas a esta causa, de parte del ahora apelante, se advierte que un inmueble que el A quo manda inscribir a nombre de los herederos es el mismo que el recurrente reclama como que le pertenece porque lo adquirieron sus ascendientes. Ello surge de las constancias que en copia han sido agregadas a fs. 447, 448, 330/436.- Cabe indicar que el juez tiene la facultad de disponer la medida cautelar que mejor se adecue al derecho que se intenta proteger y puede decretar una distinta a la peticionada o limitarla, atendiendo a la importancia del derecho a tutelar así, por lo que si la pretensión deducida en este caso tiene como consecuencia la modificación de una inscripción registral, la cautela por excelencia es la anotación de litis (art. 230, CPCCM), ya que tienen la virtud de dar a publicidad un litigio sobre el inmueble sin afectar su disponibilidad por el titular registral. (AUTOS 144029/1 (C.C. N°22029) del Octavo Juzgado Civil, caratulados: "FERNANDEZ ROBERTO MIGUEL Y OTRA c/ CHIRINO NELLY MYRIAM Y OTRO - ESCRITURACION - ACTUACIONES PARA ELEVAR AL SUPERIOR". PROTOCOLIZADO: L.A. T°I F°88/90 AÑO 2015 (25 de marzo de 2015).- Conforme a lo indicado estimo prudente otorgar la cautelar solicitada limitada al dictado de una medida de anotación de litis en esta causa hasta tanto el apelante promueva el proceso pertinente para hacer valer, probar y acreditar las circunstancias que apuntó en sus escritos en este proceso. Todo ello deberá ser producido en el plazo que prevé el art. 209 del Código Procesal vigente, que dispone que se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso si no se interpusiere la demanda pertinente en el plazo de diez días siguientes a la traba de la medida precautoria dispuesta.- Dada la importancia de la medida cautelar se determina una contracautela real de pesos doscientos mil que deberá ser instrumentada con anterioridad a la traba de la cautelar dispuesta. ASÍ VOTO.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Discrepo con la opinión Vertida por el Dr. Octavio A. Sánchez que se pronuncia por la admisión del recurso deducido en subsidio de la reposición por la incidentista Sra. Nora Elizabeth Olivares conforme las razones que expondré a continuación.- Alega la recurrente al plantear la reposición desestimada en Primera instancia que no se ha valorado debidamente la prueba aportada por su parte permitiendo se le desapodere del inmueble que ha explotado durante años cuyos títulos ha presentado cuando el deber del A - quo es evitar que se produzca una estafa procesal que - según afirma - ya visualizaba al proveer la presentación de fs. 437/438 autorizando copias para presentar a la Justicia del crimen. Reitera al efecto que del sucesorio de su madre se desprende que su padre cedió sus bienes a ella y a su hermana que se trata del inmueble Campo de las Mercedes de la Pcia. de San Luis con una superficie de 2190 hectáreas que su padre Joaquín Olivares Sanz adquirió mediante contrato, hace más de cincuenta años, a Desposorio del Carmen Morales y Ana María Vda. De Morales y a sus herederos declarados en los autos de esta última tramitados ante el Séptimo Juzgado Civil a cargo del Dr. José W Tascheret que ofrece como prueba pidiendo su "remisión al presente". Invoca a su favor el pago de impuestos y contratos de arrendamiento del campo, la escritura nº 152 pasada ante el Escribano Marcelo Oro en la que Manuel de los Reyes Morales vendieron toda la propiedad a Francisco Estévez Noguera y la existencia del proceso de división de condominio en autos 568 Letra E serie G del año 1979 caratulados "Estévez Noguera Francisco c/ Olivares Joaquín y otros" en que se arribó a un acuerdo transaccional homologado en que se convino inscribir el inmueble a nombre de su padre Joaquín Olivares Sanz y Francisco Estévez Noguera aclarando que del total de la superficie de 5300 ha le corresponden por compra 2190 conforme los boletos certificados por escritura publica acompañados y el acuerdo de división de condominio que no se inscribió en el Registro de la propiedad. Que por ello nada corresponde a los herederos de Manuel Reyes Morales. Agrega además que los planos que trae indican que la propiedad figuraba a nombre de Manuel Reyes Morales, Desposorio del Carmen Morales y Francisco Estévez Noguera (conf. plano 7 - 34 - 79) y que mediante plano 7 - 83 - 86 se divide la parcela del plano anterior a fin de cumplir lo ordenado en el proceso de división de condominio citado supra. Denuncia la inscripción de dominio que aparece en el plano para concluir que son los mismos que S.S. manda inscribir a nombre de los herederos y que la escrituración fue iniciada en juicio por ante el Quinto Juzgado Civil en Autos nº 1307 "Olivares Sanz Joaquín c/ Lisandro Morales" que ofrece como prueba pidiendo se oficie para su remisión.- Advierto en primer lugar que la medida cautelar por cuya admisión se pronuncia el Dr. Sánchez no fue objeto de agravio específico conforme lo expuesto precedentemente. Remito en lo pertinente al Certificado de elevación de la causa a esta Sala en cuanto expresa que el recurso se interpuso a fs. 449/453 contra el decreto de fs. 446, por lo que la cautelar que recién se deniega en decreto de fs. 464 no fue recurrida y por ello no puede admitirse. Por otro lado surge claro que los fundamentos expuestos por la incidentista a fs. 480/490 en que incluye su pretensión acerca de la medida cautelar, no deben tenerse en cuenta atento decreto firme que rechaza dicha expresión de agravios de fs. 480/490 por extemporánea de fecha 12/5/2014 obrante a fs. 491.- Entrando a la consideración del recurso subsidiario de apelación por un lado comparto con el Señor Juez A Quo que los herederos son los dueños de los bienes que conforman el acervo hereditario y la Sra. Olivares no es heredera del causante Sr. Manuel de Reyes Morales sino heredera de Joaquín Olivares Sanz quien habría poseído como continuadora de su padre, el inmueble que menciona por haberlo adquirido su progenitor mediante boleto de compraventa alegando que en el caso se convalidaría el accionar fraudulento de los herederos que se quedarían con una propiedad que no les corresponde.- A tenor de la documentación traída al proceso surge que a fs. 297/312 se acompaña Escritura N° 13, Fº 46 del protocolo General del Escribano Ricardo Roberto Fernández del 29/3/69 en la que se transcribe para dar fecha cierta: 1) la "venta de todos los derechos y acciones que le corresponden o puedan corresponderle por herencia de su Sra. Madre Ana María Gómez viuda de Morales cuya declaratoria de herederos tramita ante el Séptimo Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. José W. Tascheret, del Sr. Lisandro Arturo Morales a Joaquín Olivares sobre la propiedad del Departamento Ayacucho Provincia de San Luis, estimándose la superficie de esos derechos en noventa a cien hectáreas, comprometiéndose el vendedor a otorgar la escritura traslativa de dominio inmediatamente de inscribirse a su nombre la correspondiente hijuela. En similares términos transcribe idéntica operación de los Sres. Víctor Roberto Morales, Fidel Morales, Rubén Omar Morales (en este caso con la salvedad de que se comprenden también los derechos correspondientes a la sucesión de don Desposorio del Carmen Morales), María Filomena Morales, Lucio Alfredo Morales, Regina Hilda Morales de Ontiveros a Joaquín Olivares Sanz. Seguidamente transcribe la venta de una fracción de terreno parte de mayor extensión de la propiedad citada de José Benito Morales a Joaquín Olivares Sanz con una superficie de doscientas noventa hectáreas la que le corresponde por herencia de su padre don Desposorio del Carmen Morales cuya declaratoria se encuentra en tramite de inscripción, destacando que la escritura traslativa de dominio la otorgara una vez que se inscriba a su nombre el dominio de lo que se transfiere (fs. 308 vta).- A fs. 309 se transcribe el contrato de compraventa de Lucio Alfredo Morales a Joaquín Olivares Sanz de una fracción de campo con superficie de Doscientas sesenta hectáreas las que le corresponden por herencia de su Padre don Desposorio del Carmen Morales cuya declaratoria tramita ante el Séptimo Juzgado Civil y Comercial. La escritura traslativa de dominio la otorgara el vendedor inmediatamente se inscriba el dominio a su nombre en el Registro de la Propiedad de la Provincia de San Luis. A fs. 310 vta./311 contrato de compraventa de José Benito Morales a Joaquín Olivares Sanz una fracción de terreno de ciento sesenta hectáreas que le corresponde por herencia de su Padre don Desposorio del Carmen Morales y noventa hectáreas que le corresponden por herencia de su Sra. Madre Ana María Gómez viuda de Morales, obligándose a firmar la escritura traslativa de dominio una vez que se inscriba a su nombre el dominio de lo que se transfiere.

A fs. 313 luce copia del contrato de compraventa celebrado el 12/8/69 entre Lucio Alfredo Morales y el Sr. Joaquín Olivares Sanz por la venta de una fracción de campo en el Departamento Ayacucho, Partido de Luján, Provincia de San Luis en mayor extensión en que se transfiere un superficie de 80 has que le corresponde al vendedor conjuntamente con sus hermanos por herencia de su señor padre don Desposorio del Carmen Morales cuya declaratoria se tramita ante el Juzgado de Séptima Nominación a cargo del Juez Dr. José W. Tascheret expresando el vendedor que se encuentra terminada a la fecha no habiéndose inscriptos los dominios a nombre de los herederos obligándose mediante el punto cuarto a otorgar la escritura traslativa de dominio inmediatamente de que se inscriba el dominio a su nombre de la fracción que se adjudique en el sucesorio ya aludido.- Que conforme surge de la prueba documental referida precedentemente es evidente que las operaciones realizadas respecto del inmueble en mayor extensión sito en el Departamento Ayacucho, Provincia de San Luis corresponden a los derechos y acciones que los herederos del Sr. Desposorio del Carmen Morales y de la Sra. Ana María Gómez viuda de Morales vendieron al señor Joaquín Olivares Sanz, de donde resulta insoslayable concluir que nada tienen que ver con el presente proceso en que ha de definirse el destino de los bienes del causante Manuel de Reyes Morales, por lo que la pretensión de la incidentista hoy recurrente resulta manifiestamente improcedente y correctamente rechazada por el Sr. Juez A Quo.- En tal sentido, reiterada jurisprudencia ha recordado que la sucesión, como procedimiento judicial se limita a la determinación del haber hereditario y de las personas que posean derecho a la herencia, como así también, la distribución de los bienes del causante entre aquéllas (CNCiv., esta sala, R. 2912 del 30/11/83; sala C, en E. D., t. 44, p. 198; sala E en E. D., t. 46, p. 199) y no a la satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas entre herederos entre sí, o frente a terceros (conf. esta sala, fallo citado, R. 254.794 del 17/4/79, entre muchos otros).LA LEY 1985-E, 117 o DJ 1986-1, 269 Cita online: AR/JUR/1145/1985.

La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla (art. 3279, Cód. Civil); en tanto que, como procedimiento judicial, el juicio sucesorio no tiende a la satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas, sino a la determinación objetiva y subjetiva de los bienes dejados por el causante y de las personas que habrán de heredarlos. Por ello, las demandas de terceros contra la sucesión o los herederos, como la de éstos entre sí o frente a terceros, deben intentarse en un proceso aparte, de conformidad con el derecho que alegaren los interesados (conf. CNCiv., esta sala, R. N° 277.698, 29/12/81; ídem, sala C, ED, 116-619; sala G, LA LEY, 1980-A, 429, entre muchos otros).LA LEY 1996-D , 34 o DJ 1996-2 , 551Cita online: AR/JUR/3355/1996.

También se ha dicho: "La finalidad del proceso sucesorio radica en la determinación de los bienes componentes del acervo hereditario y de las personas que serán sus destinatarios, de modo que toda pretensión de terceros o de los propios herederos que no se identifique con el propósito señalado, excede el marco del proceso sucesorio y desvirtúa su naturaleza voluntaria así como su misma finalidad" (cfr. CNCiv., sala D, agosto 3-982, Rep. LA LEY XLIII, J-Z, 2345, sum, 5). En idéntico sentido se decidió: "La sucesión, como procedimiento judicial, no tiende a la satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas, sino exclusivamente a la determinación objetiva y subjetiva de los bienes dejados por el causante y las personas que habrán de heredarlo, debiendo quien tenga interés promover las acciones a que se creyere con derecho por la vía procesal adecuada". (conforme CNCiv., sala F, marzo 30-981, Rep. LA LEY XLII, J-Z, 2502, sum. 9).

El proceso sucesorio es el proceso judicial que tiene por fin asegurar que la transmisión o adquisición de la masa hereditaria se opere a la persona cuya vocación sucesoria resulte de la ley o del testamento válido del causante.

El proceso sucesorio permite determinar los elementos que legitiman la relación jurídica derivada de la transmisión mortis-causa respecto de la vocación --legítima o testamentaria-- y la capacidad de los sucesores; la determinación de la masa hereditaria transmitida compuesta por bienes o derechos, y la del pasivo integrada por deudas y cargas, provee un régimen de administración, liquidación y partición de la masa hereditaria en caso de indivisión, asegura la publicidad de la relación, y garantiza el debido proceso en eventuales litigios que pueden promover los sucesores a quienes se les desconoce la calidad de tales o las reclamaciones de los acreedores y legatarios para el cobro de sus créditos, el cumplimiento de los legados, las demandas por colación, reducción, o nulidad de la partición.

Dado que el proceso sucesorio es de jurisdicción voluntaria, el juez no tiene como función dirimir un conflicto de intereses basado en la pretensión de uno de los interesados frente a la resistencia del otro. A diferencia de los procesos judiciales contenciosos, en el proceso sucesorio la instancia judicial se basa en la necesidad de proveer un adecuado control de legitimidad para tutelar los intereses derivados de la relación sucesoria.

En el proceso sucesorio, una vez abierta la instancia judicial, pueden presentarse controversias derivadas de la invocación de derechos que importan verdaderos conflictos de intereses y de voluntades propias del proceso contencioso. Estas cuestiones, aunque deban ser dilucidadas por el juez del sucesorio como consecuencia del fuero de atracción, no importa ventilarlas dentro de la sucesión, pues es un proceso de jurisdicción voluntaria ajena a planteos que conlleven a una controversia o litis.

Dado que la finalidad del proceso sucesorio consiste en la determinación de los bienes que componen el acervo hereditario y de las personas que serán sus destinatarios, toda pretensión de los terceros o de los propios herederos que no se tengan este propósito, excede el marco del proceso, pues desvirtúa su naturaleza voluntaria y su finalidad. Por ello, quien tenga interés en promover acciones a las cuales se cree con derecho, debe recurrir a la vía procesal adecuada. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H La Plata LA LEY 1998- E- 426 Cita online: AR/JUR/1384/1997).

En función de ello, de las constancias de autos ya citadas y de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales expuestos supra es que voto por la confirmación de la resolución apelada y el rechazo del recurso deducido con costas.- EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Oscar Roberto Otiñano, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso concedido a fs. 463/464 vta., contra la resolución de fecha 07 de noviembre de 2013, obrante a fs. 446. Imponer las costas de Alzada a la vencida.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.