Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-04


SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los cuatro días del mes de julio de dos mil once, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli para entender en el Recurso de Revisión deducido en autos Expte. Corte Nº 10/11, caratulado: "Presentación efectuada por Vaquel, Julio Enrique solicitando revisión de cómputo de la condena", planteándose el tribunal, las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el Recurso de Revisión interpuesto? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 64, corresponde pronunciarse a los señores Ministros en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la primera cuestión planteada, el Dr. Cippitelli dijo:

I) Se presenta Julio Enrique Vaquel, DNI Nº 28.995.016, por derecho propio, y dice que se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpliendo la condena que le fue impuesta por la Cámara Penal Nº 1, y que solicita al Tribunal que revise la que considera errónea unificación de condenas practicada por dicho Tribunal, con una condena anterior totalmente agotada (fs.1).

Atento a que los reclamos de quienes, como el causante, se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley; y que, por ello, es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda, la Dra. Silvia Guzmán, Defensora Oficial designada a ese efecto, fundamenta técnicamente la pretensión deducida por el condenado Vaquel.

Dice que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia Nº 6/2010, dictada por la Cámara en lo Criminal de 1ª Nominación, en tanto dicho tribunal ha incurrido en error al practicar la unificación de las condenas dictadas en contra de su asistido Vaquel.

Cita conceptos de Giovanini Leone para afirmar que, en tanto dicha sentencia no fue impugnada oportunamente, sólo puede ser corregida mediante el recurso de revisión, en los términos del inc. 5 del art. 476 del C.P.P.

Manifiesta que Vaquel fue detenido el 19 de noviembre de 2001 y, mediante sentencia Nº 9/2003, fue condenado por la Cámara del Crimen de 2ª Nominación, por el delito de Robo agravado por el uso de armas en lugar poblado y en banda, a 6 años de prisión, estableciéndose como fecha de cumplimiento total de la pena, el día 19 de noviembre de 2007.

Que el 16 de noviembre de 2004 se le concedió el beneficio de la salida laboral y el 20 de diciembre de 2006 el de la libertad condicional, y que cumplió la totalidad de la condena el 19 de noviembre de 2007.

Reseña que el 17 de enero de 2008 fue nuevamente detenido con relación a los delitos de robo, cometido el 6 de octubre de 2004, mientras gozaba de la salida laboral, y a los delitos de daños y amenazas, cometidos el 6 de enero de 2008; y que por dichos eventos fue condenado por la Cámara Criminal de 1ª Nominación, a la pena de tres años y seis meses de prisión, la que unificó con la condena anterior, revocando la libertad condicional otorgada con relación a la condena anterior y ordenando cumplir en prisión efectiva el tiempo en que permaneciera en libertad condicional Asimismo, que se fijó como fecha de cumplimiento total de la condena el día 17 de junio de 2012.

Señala que, del informe actuarial que obra a fs. 28 vta./ 29 del Expte. Nº 81/2010 (de Ejecución de la condena) acredita que la primera condena llegó a su fin el día 19 de noviembre de 2007 y que, por ello, el cómputo de la condena de tres años y seis meses debe iniciarse el día 17 de enero de 2008, fecha en que fue detenido Vaquel en la segunda causa, y que esa operación conduce a tener por cumplida la condena el 17 de junio del corriente año.

Con citas de jurisprudencia recuerda que no procede la unificación cuando la primera condena se encuentra extinguida por su cumplimiento total, y pide al Tribunal que haga lugar al recurso, anule la referida sentencia Nº 6/2010 (art.482 del C.P.P.), dicte nuevo resolutorio conforme a Derecho, suspenda la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida durante la tramitación del recurso y ordene la libertad de Vaquel, al cumplimiento de su condena, el día 17 de junio de 2011 (art. 481 del C.P.P.) (fs.38/39vta).

De las presentes se corrió vista al Sr. Procurador que, sobre la cuestión, opina que debe imprimirse a la solicitud formulada el trámite propio del recurso de casación, y que corresponde hacer al mismo en tanto la cuestionada unificación de las penas fue practicada sin que tuviera en cuenta la Cámara del Crimen Nº 1 el cumplimiento total de la condena anterior (fs 61/62).

II) La presentación de la Dra. Guzmán incluye copia de la impugnada sentencia Nº 06, dictada el 17 de marzo de 2010, por la Cámara en lo Criminal de 1ª Nominación, que acredita que la pena impuesta por los hechos condenados en esa oportunidad fue unificada con la discernida en la condena anterior impuesta por la Cámara en lo Criminal de 2ª Nominación, mediante la sentencia Nº 09 dictada el 3 de abril de 2003.

De las copias adjuntadas por Vaquel (fs.2/17) surge que la revisión del cómputo que se intenta por esta vía fue procurada con anterioridad por el causante mediante solicitud formulada el 1 de setiembre de 2010, a la Jueza de Ejecución Penal (fs.6 y 7) que, previo informe de secretaría, ordenó: "(.) Hágase saber al interno Vaquel, Julio Enrique que deberá articular los recursos respectivos por ante el Tribunal correspondiente, a los fines de enderezar su pretensión" (fs.10).

Por otra parte, considerando que el beneficio de la libertad asistida debe solicitarse 6 meses antes del agotamiento de la pena, el 10 de enero de 2011 Vaquel habría iniciado el trámite pertinente presentando la solicitud correspondiente en el Servicio Penitenciario Provincial (fs 14.), sin que conste en autos el resultado de su gestión.

En la misma fecha, su entonces abogado defensor, el Dr. Víctor Castro, presentó en el Servicio Penitenciario solicitud similar dirigida a la Cámara Nº 1 (fs.15, 16 y 17), cuyo Presidente, a requerimiento del Tribunal, informó que dicha solicitud no registra entrada en esa sede (fs.25/26).

Que examinadas exhaustivamente estas actuaciones, de las que surge que la 2º condena fue dictada el 17 de marzo de 2010, las explicaciones que en la referida presentación del 10 de enero de 2011 -sobre la notificación del cómputo practicada en un domicilio distinto del suyo-, ofrece el Dr. Castro en el afán de demostrar la tempestividad de su impugnación (presentada en el Servicio Penitenciario) contra la unificación en cuestión, resultan inaceptables por notoriamente tardías, y demuestran claramente su abandono de la defensa del penado Vaquel, insinuado en los reiterados reclamos efectuados por éste sin patrocinio letrado, y subsanado por este Tribunal al recibir las presentes (fs.29 y 31).

Por ello, y aunque la casación era la vía idónea para corregir el supuesto error de la sentencia, no recurrida oportunamente y a la fecha firme, resultaría incompatible con el adecuado servicio de justicia rehusar el control solicitado extemporáneamente por el causante, poniendo a su cargo la pérdida del derecho a recurrir la resolución de una cuestión técnica compleja como lo es la relativa a la unificación de las penas que, por ello, debía ser atendida por su entonces asesor legal designado a ese efecto, en cuya diligencia resultaba razonable que aquél confiara .

En este sentido, cabe recordar que "es de equidad y aún de justicia, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor" (CSJN, Fallos 310:1934, 5:549 y 310:492).

Es que, indudablemente, se encuentran comprometidas en el caso las formas esenciales que hacen al debido proceso legal, con relación a la defensa en juicio, que no se satisface con la mera intervención de un abogado, designado por o para el imputado, sino con el ejercicio efectivo de la defensa de todos los intereses procesales del mismo, los que no se extinguen con el dictado de la sentencia y abarcan la ejecución de ésta.

Por ende, si el error judicial denunciado es grave y su reparación aún es posible, no cabe tolerar que sea soportado por el imputado sólo por la aparente desidia de su defensor, más aún si el mismo ha sido condenado y privado de su libertad personal como consecuencia de la pena impuesta, y se encuentra todavía sufriendo el encierro.

En el caso, concurren las referidas circunstancias. Es que el denunciado error de la sentencia es ciertamente grave, en tanto, su subsistencia conduciría a extender indebidamente los efectos de la condena dictada; es susceptible de ser corregido, dado que aún no se ha consumado el perjuicio denunciado; y está comprometida la libertad ambulatoria del condenado Vaquel, debido a que el perjuicio consiguiente implicaría prolongar indebidamente su encarcelamiento.

Por las razones enunciadas, principios como los de seguridad jurídica y de estabilidad de las sentencias deben ceder, en tanto no cabe aceptar que el mero paso del tiempo consolide una grave injusticia como la denunciada, sólo por no haber sido advertida u objetada en tiempo oportuno por los jueces ni el representante del Ministerio Público Fiscal intervinientes, como tampoco por el defensor del imputado, con cuya eventual negligencia no cabe hacerlo cargar a éste.

Así las cosas, tratándose en el caso de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la alternativa legal apta para la corrección demandada es la revisión, en tanto, de conformidad con los calificados conceptos de Giovanni Leone (Tratado de derecho procesal penal, E.J.E.A., Bs.As., 1989, T. III), que acertadamente cita la Dra Guzmán, " (.) Si no obstante las más rigurosas cautelas, se verifica el error judicial, no se lo puede aceptar resignadamente, sino que es necesario, por el contrario, reaccionar, aprontando los instrumentos más idóneos para eliminarlo" (Leone, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, E.J.E.A., Bs.As., 1989, T. III, pp. 260/261; T.S.J., Sala Penal de Cba., S. N° 192, 21/12/06, "Pino"; conf. T.S.J., Sala Penal de Cba S. fecha 18/06/2009, "Mercado", Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/25245/2009) Por ende, aunque la enunciación de las causales que habilitan la revisión sea considerada taxativa, considerando que la interpretación extensiva de los motivos previstos en el rito resulta favorable al condenado, esa posibilidad hermenéutica debe ser preferida frente a la interpretación restrictiva que conduce a limitar el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso (Código Procesal de la Provincia de Córdoba, Comentado. José I. Cafferata Nores, Aída Tarditti. Ed. Mediterránea, Tomo II p.506).

Cabe tener en cuenta, además, que la sentencia de la Corte Suprema, dictada el 28 de octubre de 2008, en autos "Recurso de hecho deducido por la defensa de Hugo Enrique Romano en la causa Romano, Hugo Enrique s/ causa n° 5315" (voto de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, no se refirieron al punto los jueces Fayt y Petracchi, como tampoco las juezas Highton de Nolasco y Argibay) calificó como arbitraria la decisión de unificar las penas ignorando una decisión anterior firme del Juez de Ejecución que había tenido por operado el vencimiento de la pena impuesta en el pronunciamiento primigenio, por no haber sido revocada la libertad condicional.

Asimismo, que el apego a la literalidad del inc. 5º del art. 476 del rito no autoriza ignorar el reseñado precedente, que si bien no es de la Corte de Justicia a la que alude el precepto, pertenece al Máximo Tribunal del país, que aunque sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, sin que sus fallos resulten obligatorios para casos análogos, los tribunales superiores de provincia tienen el deber de conformar su decisiones a sus resoluciones, en tanto tiene dicho el Alto Tribunal que: "(.) carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia." (Fallos: 307: 1094; 311:1644; 318:2060, entre tantos otros).

En el caso, ello no acontece, dado que no verifica el Tribunal la existencia de circunstancias que, sobre el punto en cuestión, lo distingan del resuelto por la Corte, y no han sido propuestos argumentos contrarios a la posición fijada en el precedente de mención. Por lo tanto, aun si con anterioridad al reseñado fallo el Tribunal se hubiera pronunciado sobre el tema de modo diferente, lo que no ha ocurrido, desde entonces corresponde que ajuste su decisión a lo resuelto por la Corte.

Por otra parte, considera el Tribunal que la supuestamente errónea unificación dispuesta en la sentencia impugnada vulnera la garantía constitucional del "nom bis in idem" en tanto, de ser constatada, como resultado de la misma, al menos una fracción de la pena impuesta en la primera condena y cumplida por el causante, debería ser sufrida otra vez como consecuencia de la unificación dispuesta en la segunda condena.

Por ello, el Tribunal comparte plenamente los fundamentos en los que se sustenta el referido fallo de la Corte, a cuya doctrina cabe, además, ceñirse, tratándose la materia en cuestión de índole constitucional.

Y otra razón concurre en el caso para tener por admisible el recurso, y es que se encuentran comprometidos derechos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional), como lo son los referidos a la libertad personal, a las garantías procesales y a la protección judicial, reconocidos y garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7, 8 y 25 en concordancia con el artículo 1, que obliga respetar los derechos reconocidos en ella), cuya atención no puede ser vedada por óbices procesales en tanto, si así lo fuera, es susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado.

En este sentido, cabe tener en cuenta que así ha opinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, con fecha 27 de marzo de 2009, declaró admisible el caso presentado a favor de Ramón Nicolás Guarino c. Argentina, en el que, como en estos autos, la peticionaria alega que fueron unificadas las penas sin considerar que la primera condena se encontraba cumplida y, por ende, no procedía la unificación; tras considerar la Comisión que había sido rechazado por cuestiones formales un recurso extraordinario "in pauperis" contra dicha decisión y también, al amparo del Artículo 280 del Código Procesal Civil, la queja deducida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -del Informe Anual de la Comisión. (http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Argentina466-99.sp.htm).

De conformidad con tales premisas, aunque el tema no fue motivo de resolución anterior de este Tribunal en su conformación actual, la revisión solicitada debe tenerse como formalmente admisible, en el marco del inc.5º del art.476 del Código Procesal Penal, por fundarse la sentencia impugnada en una interpretación más gravosa que la sostenida por la Corte de Justicia, al momento de la interposición del recurso.

III) Ahora bien, adentrándose en la cuestión de fondo, el Tribunal estima de utilidad recordar que el instituto de la unificación de las penas supone que, mientras una persona se encuentra cumpliendo pena, debe ser juzgada o ha sido juzgada por otro hecho delictivo, en cuyo caso corresponde construir una pena única o total por lo que, en el marco legal del art. 58 del Código Penal que rige la materia, la decisión al respecto no puede prescindir de la consideración acerca de la vigencia total o parcial de la sentencia más antigua.

Sin embargo, la sentencia impugnada, por la que fue dispuesta la cuestionada unificación de las sucesivas penas impuestas al causante, ninguna referencia contiene acerca de la vigencia de la sentencia primigenia, de lo que se sigue que la resolución sobre el punto carece de fundamento suficiente.

La recurrente, por su parte, critica la unificación dispuesta como improcedente en tanto al tiempo del dictado de la sentencia que la ordenó, la pena impuesta en primer término estaba cumplida y, por ende, extinguida.

El agravio remite a la consideración de las circunstancias que en el marco legal aplicable tornan procedente la unificación de las condenas o de las penas (art. 58 del Código Penal), dispuesta en la sentencia recurrida e impugnada como indebida por el causante.

En esa dirección, el examen debe principiar por las constancias de las presentes, que dan cuenta de lo siguiente:

1) El 19 de noviembre de 2007 el penado Julio Enrique Vaquel (DNI Nª 28.995.016) fue notificado del agotamiento de la condena (dictada el 3 de abril de 2003, a sufrir 6 años de prisión), con relación a la cual, en esa fecha, se encontraba gozando de libertad condicional. Así surge de la actuación practicada por la Lic. Mónica del Valle Silva, a/c del Patronato de Liberados (en las presentes, en copia certificada, a fs.5).

2) También luce agregado a estas actuaciones (fs. 9/10) copia del informe del Secretario del Juzgado de Ejecución Penal, faccionado el 12 de octubre de 2010, (el que es copia del que obra a fs. 28vta./29 en el Expte. Nº 81/2010 de Ejecución de la condena) con las siguientes referencias sobre ambas condenas:

Con relación a la 1ª condena, impuesta al causante por la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, mediante Sentencia Nº 09/2003, del Expte. Nº 86/2003 de ese Tribunal, caratulado Vaquel, Julio Enrique s/ Ejecución de condena - Capital", resulta que:

1. Fue impuesta la pena de seis años de prisión.

2. El 26 de mayo de 2004 fue concedida la semilibertad (salida laboral).

3. El 25 de noviembre de 2004 fue suspendida la salida laboral (tras haber sido notificado ese Juzgado por las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial de la supuesta participación de Vaquel en otro hecho delictivo).

4. El 20 de diciembre de 2006 fue concedida la libertad condicional (arts. 13, 14 y 17 del Código Penal, y 104 de la Ley 24.660, 1, 28, 101 y 220 de dicha ley).

5. En el cómputo practicado fue establecida como fecha de agotamiento de la pena el día 19 de noviembre de 2007.

Y, en cuanto a la 2ª condena, del 17 de marzo de 2010, dictada por la Cámara en lo Criminal de 1ª Nominación, mediante Sentencia Nº 06/2010, del Expte. Nº 81/2010, caratulado "Vaquel, Julio Enrique s/ Ejecución de condena - Capital", resulta que:

1. La condena comprende el delito de robo, vinculado con un hecho perpetrado el día 6 de octubre de 2004, y los delitos de daños y amenazas, relacionados con hechos cometidos el día 6 de enero de 2008.

2. Por los hechos de esta causa, el imputado fue detenido el día 17 de enero de 2008.

3. La pena discernida en el caso, de 3 años y 6 meses de prisión.

4. En la misma sentencia, el Tribunal unificó esa condena con la anterior dispuesta mediante sentencia Nº 09/2003, a la pena única de 9 años y 6 meses de prisión (arts. 58 y cc del Código Penal y 407 y cc del Código de Procedimientos Penales).

3) Asimismo, se encuentra glosado en este legajo (fs.11/11vta.) oficio (copia) del Juzgado de Ejecución Penal, remitido al Director del Servicio Penitenciario Provincial, haciéndole saber que, con motivo de la unificación dispuesta en la referida Sentencia Nº 06/2010, se practicó el cómputo de rigor, según el cual el penado Vaquel cumplirá la totalidad de la pena el día 17 de junio de 2012.

Ahora bien, compulsados los reseñados elementos de juicio, en particular el informe del Secretario del Juzgado de Ejecución (fs.9/10) y la notificación practicada por el Patronato de Liberados (fs.5), resulta que la 2ª condena habría sido dictada con posterioridad al aparente agotamiento de la 1ª condena, en tanto la sentencia fue dictada el 17 de marzo de 2010 y la anterior se había extinguido por su cumplimiento con fecha 19 de noviembre de 2007.

En este sentido, en lo que aquí interesa, el art. 16 del Código Penal dispone que la pena quedará extinguida luego de transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada.

En el caso, ello no ha ocurrido, y así lo acreditan las constancias del Expte Nº 86/2003 de Ejecución de la condena, como surge del reseñado informe actuarial obrante a fs.9/10 de las presentes, del que resulta que Vaquel había accedido a la libertad condicional con fecha 20 de diciembre de 2006, y permanecido en ese estado hasta el agotamiento de su condena, el día 19 de noviembre de 2007, lo que se corresponde con la notificación formal en ese sentido, efectuada a Vaquel por autoridad competente del Patronato de Liberados, la que obra a fs 5 de las presentes actuaciones.

Repara también el Tribunal en la fecha de comisión de los hechos de la segunda condena (dictada el 17 de marzo de 2010, en fotocopia, a fs 40/59 de las presentes): el día 6 de octubre de 2004, el delito de robo; y el día 6 de enero de 2008, los delitos de daños y amenazas.

De lo que se sigue que, a la fecha de comisión del primer hecho de la 2ª condena, Vaquel todavía no había accedido a la libertad condicional en la causa anterior, que obtuvo recién el 20 de diciembre de 2008; y a la fecha de los otros hechos, Vaquel se encontraba en libertad absoluta por haberla recuperado debido al cumplimiento total de la pena anterior operado el 19 de noviembre de 2007.

En ese marco, el Tribunal no constata la concurrencia en el caso de los extremos necesarios que vinculen las mencionadas sentencias Nº 09/2003 y Nº 06/2010, y justifiquen la unificación de las penas ordenada en la última.

Es que, por una parte, las constancias que el Tribunal tiene a la vista, de los autos en los que fue dictada la sentencia impugnada, Expte. Nº 114/08 "Vaquel, Julio Enrique s.a. Robo simple, Daño y Amenazas, en concurso real-Capital", surge que el delito de robo, que constituye el 1º hecho de esa 2ª condena, fue cometido por Vaquel el 6 de octubre de 2004, en oportunidad en que el nombrado se encontraba gozando de las salidas transitorias (salida laboral).

Que esa constatación echa por tierra la pretensión de Vaquel (fs 12/13) de haber resultado absuelto por ese hecho y sobre la injusticia de la suspensión de esas salidas con motivo de ese hecho.

Sin embargo, aunque determinante ese evento de la suspensión de la salida laboral a la que había accedido Vaquel mientras se encontraba cumpliendo la 1ª condena, equiparar la salida laboral con la libertad condicional, implicaría practicar una interpretación in malam partem de ambos institutos, intolerable por cierto, por contraria a la clara redacción del art. 16 del Código Penal y al principio con raigambre constitucional que exige aceptar la interpretación que más derechos acuerde al individuo frente al ordenamiento legal y al poder estatal.

Por ello, dado que el 1º hecho de la 2ª sentencia fue cometido antes del otorgamiento de la libertad condicional, con motivo de ese hecho, no fue suspendida, como no podía serlo, la libertad condicional otorgada posteriormente al causante en el marco de ejecución de la 1ª condena dictada por medio de la sentencia Nº 09/2003; por lo que, aunque fue cometido mientras Vaquel se encontraba cumpliendo la condena anterior, ninguna influencia tuvo dicho evento en el cumplimiento entonces pendiente de esa condena previa que, como consecuencia, se extinguió naturalmente por su cumplimiento y estaba agotada al tiempo del dictado de la sentencia nº 06/2010 que, previo declarar legalmente su existencia histórica y la responsabilidad penal del imputado, condenó a Vaquel como autor de ese hecho, calificado legalmente como delito de robo.

El criterio expuesto es compatible con el sostenido en el fallo del mencionado precedente "Romano" en el que, considerando que, aunque la pena anterior no estaba agotada cuando se cometió el (en ese caso, último) delito, sí lo estaba antes de quedar firme la última condena, los Srs. Ministros Dres. Lorenzeti, Maqueda y Zaffaroni concluyeron que esa decisión de unificar una condena agotada se apoyaba en una exégesis que contradecía lo dispuesto por el art. 16 del Código Penal (en cuanto establece que la pena queda extinguida una vez transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada).

Por otra parte, de la sentencia impugnada, dictada el 17 de marzo de 2010, resulta que la comisión de los demás hechos condenados, calificados legalmente como delitos de daños y amenazas, fueron cometidos el 6 de enero de 2008, esto es, con posterioridad al vencimiento de la sentencia anterior, operado el 19 de noviembre de 2007.

De modo que, al tiempo de la sentencia que declaró la real existencia de dichos hechos, tanto como al tiempo de la efectiva comisión, o comisión real o histórica, de tales hechos, no se verificaba el presupuesto legal exigido en el art. 58 del Código Penal, referido a la vigencia de la condena anterior, por la pendencia total o parcial de su cumplimiento.

En estas condiciones, la revocación de la libertad condicional ordenada en el fallo impugnado carecía de sustento adecuado por cuanto, al tiempo de ser dictado ese pronunciamiento, el imputado Vaquel no estaba en libertad condicional sino en libertad absoluta, por cumplimiento total de la pena anterior, el que es irrevocable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del Código Penal, por lo que no cabe retroactividad alguna al respecto, aunque el hecho se hubiese cometido durante tal periodo de liberación provisoria lo que, valga la reiteración, tampoco ocurrió en el caso, sino en la salida laboral.

Por las mismas razones, era improcedente la unificación ordenada de la pena individualizada en ese proceso con la pena -entonces cumplida- impuesta en la sentencia primigenia.

Por ello, considero que le asiste razón al recurrente dado que la sentencia impugnada presenta el error denunciado, por lo que el planteo debe ser acogido y el error enmendado. Como consecuencia, debe ser revocada la sentencia impugnada, sólo en cuanto a la unificación de las penas que dispone.

También estimo pertinente hacer conocer lo dispuesto a la Cámara en lo Criminal de 1ª Nominación, a los efectos correspondientes; y remitir las presentes al Juzgado de Ejecución para que practique nuevo cómputo, con arreglo a las consideraciones efectuadas en este pronunciamiento, y realice las comunicaciones de rigor.

A la cuestión planteada, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la cuestión planteada, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correctas las razones expuestas por el Sr. Ministro Dr. Cippitelli, para considerar procedente la vía del Recurso de Revisión propuesto por la defensa del condenado Vaquel y la solución que corresponde adoptar en el caso, adhiriendo a las mismas en un todo, votando, en consecuencia, en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede, y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de revisión deducido in pauperis por el penado Vaquel, y fundado por la Dra. Silvia Guzmán, Defensora Oficial de 3ª Nominación.

2º) Hacer lugar al recurso interpuesto, en los términos señalados, revocando y, como consecuencia, dejando sin efecto la unificación de penas dispuesta en la sentencia impugnada. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

3º) Protocolícese y notifíquese. Remítase al Juzgado de Ejecución Penal a sus fines.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.