Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-01


En la ciudad de Mendoza, a los un días del mes de junio de dos mil cinco, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal los Señores Jueces de la Excma. Cámara Sexta del Trabajo - Dres. LAURA LORENTE DE CARDELLO, ORLANDO CAYETANO FARRUGGIA y MARIO ARMANDO CESAR CITTADINI, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº:9.305, caratulados "SANZ OSCAR HIPOLITO C/ PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. P/ ORDINARIO", de los que R E S U L T A:

A fs.16/27 se presenta OSCAR HIPOLITO SANZ por medio de representante legal e interponen formal demanda ordinaria contra la firma PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I. por el reclamo de $40.401,71 con más sus intereses y costas.- Expresa que se desempeñó para la demandada en relación de dependencia y en calidad de visitador médico desde el 02/12/85 hasta el 23/04/99.- Denuncia que no sólo promocionaba la línea de productos oncológicos sino que debía negociar con los profesionales por el uso de los mismos, percibiendo por esta labor una comisión que integraba la remuneración.

Al practicar la empresa la liquidación final le abona en función de una antigüedad menor a la real y no tomó la real remuneración al no considerar lo cobrado en concepto de comisiones, aplicando por otro lado el tope de acuerdo al art.245 L.C.T. modificado por la ley 24.013, representado por la suma de $1.278,05 que equivale al 25% de la remuneración percibida. - Plantea la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 L.C.T. por representar un importe salarial desactualizado, fijado en marzo/91, totalmente desvinculado con la realidad salarial.- Sostiene que trabajaba "full time" en exceso de la jornada legal y en calidad de empleado jerárquico.

Cita doctrina y jurisprudencia y fundamente el reproche legal por afectar las garantías constitucionales de los arts. 14 bis, 16, 17 C.Nac..- Formula la liquidación según su remuneración mensual. Ofrece prueba y funda en derecho.- A fs. 31 se ordena el traslado de la demanda.- A fs. 40/3 comparece la demandada y contesta. Reconoce la relación laboral con el actor esgrimiendo que sólo se desempeñó como un "agente de propaganda médica", negando que tuviera un cargo jerárquico ni un régimen especial "full time" de labor.- Todas tareas desarolladas fueron las propias de un visitador médico y las comisiones que se le abonaban lo eran por los resultados obtenidos por las labores de promoción.

Expresa que se le abonó al momento del despido lo que legalmente correspondía y en función de la remuneración normal y habitual. Contesta el planteo de inconstitucionalidad citando jurisprudencia en apoyo de la aplicación del tope legal. Ofrece pruebas e impugna la liquidación formulada.- A fs.51 se admiten las pruebas ofrecidas y se ordena la sustanciación de las mismas.- A fs.66 se acepta la producción de la pericia contable mediante oficio ley 22.172 y a efectuarse en la Pcia. de Bs.As.donde está la sede de la empresa.- Después de sucesivos fracasos y por encontrarse las partes en tratativas conciliatorias de fija finalmenste a fs. 324 fecha para que tenga lugar la audiencia de vista de causa, la que se celebra como lo informa el acta de fs. 336, incorporándose los alegatos por escrito.- La causa queda en estado de dictarse sentencia, según llamamiento de fs.344.- C O N S I D E R A N D O:

PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral.- SEGUNDA CUESTION: Rubros reclamados.- TERCERA CUESTION: Costas.- A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. LORENTE DE CARDELLO DIJO:

La relación laboral y su extensión denunciadas por el actor como presupuestos legales que sustentan su reclamo y ocupan esta cuestión aparecen como extremos no controvertidos según los términos en que ha quedado trabada la litis.- En efecto: las consideraciones y defensas expuestas en el responde traducen de manera inequívoca un reconocimiento expreso de estos extremos legales por parte de la accionada (arts. 168 inc. 1 C.P.C. y 108 C.P.L.) lo que releva al Juzgador de otra merituación probatoria para poder expedirse afirmativamente en relación a los mismos. Lo expuesto encuentra apoyatura probatoria a través de las constancias de la prueba instrumental, esencialmente los recibos de remuneraciones (obrante en copia a fs.4/12).- Respecto a la calificación profesional ninguna de las partes arrimó a juicio probanzas que permitan definir las labores desarrolladas por el actor con diferencias objetivas y esenciales a las propias y tipificantes de un "visitador médico" o "agente de propaganda médica".

Las conclusiones precedentes me permiten expedirme afirmativamente respecto a que las partes se encontraron vinculadas a través de un contrato de trabajo subordinado, que durante su vigencia y extensión se rigió por la Ley 21.297 y en especial por el C.C.T.N119/75 (arts.4,5 y 34).- ASI VOTO.- Los doctores ORLANDO CAYETANO FARRUGGIA y MARIO ARMANDO CESAR CITTADINI dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede de la Dra. LAURA LORENTE DE CARDELLO.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. LORENTE DE CARDELLO DIJO:

El actor persigue como objeto principal de esta acción se le reconozca un crédito en concepto de diferencias sobre la indemnización por antigüedad percibida a consecuencia de la ruptura injustificada de la relación laboral y que fuera liquidada en función de lo prescripto por el art. 245 L.C.T.(modificado por el art. 153 L.N.E. nº24.013) aplicándose el tope legal convencional.- El reproche formulado por el trabajador en este proceso apunta a obtener el reconocimiento del crédito perseguido a partir de la corrección del monto resarcimiento a través de dos vías:

1) Denuncia la existencia de un error de cálculo por habérsele computado una antigüedad menor equivalente a trece años cuando el tiempo real de servicios prestados a favor de la accionada lo hace acreedor a una antigüedad de 14 años: ingreso el 02/12/1.985, egreso el 23/04/1.999.- Con relación a este extremo desencadenante del reclamo se comprueba efectivamente que la accionada al efectuar la liquidación final del rubro en examen computa 13 períodos tomando como valor mensual el monto del tope legal correspondiente al convenio ($1.287,05), arribando a un suma total por el items "indemnización por antiguedad" de $16.731,54. Así se desprende claramente del recibo de remuneraciones respectivo cuya copia glosa a fs. 4 .- 2) Sorteado así el primer obstáculo que despeja y aclara el error incurrido por la empleadora en el cálculo liquidatorio, debemos avocarnos al segundo planteamiento que no se apoya en una circunstancia fáctica distinta sino en una interpretación jurídica del instituto en juego y que sostiene el reproche de inconstitucionalidad del tope legal normado en el art. 245 L.C.T. que en tales términos se articula en el escrito de demanda.- Sostiene el denunciante en la demanda y lo funda en sus alegatos que la aplicación del tope salarial de convenio de $1.287,05 y no el mejor salario mensual, normal y habitual en el último año de trabajo que estima en la suma de $14.820,22, vulnera gravemente sus derechos por resultar inequitativo y atenta contra la garantía protectoria contra el despido arbitrario prevista en el art. 14 bis C.N..- Elabora toda una línea argumental para demostrar que el parámetro representado por la suma mensual fijada está totalmente desactualizada en comparación con los salarios efectivamente percibidos.- La preopinante se ha extendido en otros fallos respecto de consideraciones que apuntan a orientar el abordaje de este control de constitucionalidad en el caso concreto sometido a juzgamiento (cito entre otros el expte. nº 8579: "BECERRA C. C/ OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A" - sent. del 28/02/01; expte. nº 7781: "ACORDINO G. POR SI Y SU HIJO MENOR C/ PRIDE PETROTECH INTERNACIONAL S.A." - sent. de febrero/00).- En tal sentido nuestro Superior Tribunal Pcial. ha fijado lineamientos muy precisos en relación a los alcances de esta facultad de los jueces al ejercer el control de constitucionalidad de una norma. Ha sostenido que: "...en el rol de juzgador corresponde adoptar una actitud prudente y de conformidad con el planteo limitarse a resolver exclusivamente los puntos cuestionados, dejando de lado valoraciones genéricas y políticas, de modo de preservar los roles de los poderes políticos por un lado y las facultades jurisdiccionales por el otro. En tal sentido hay que tener presente diversos principios a saber: a) La declaración de inconstitucionalidad de la norma es un remedio excepcional, la última ratio del ordenamiento jurídico, la sanción judicial más fuerte.... b) Debe manifestarse en el caso concreto, en una causa judicial, frente a agravios expresados y con efectos particulares para el caso. c) No debe interferir con las decisiones y valoraciones políticas adoptadas para las transformaciones de las instituciones jurídicas, es decir no puede sustituir la voluntad del legislador..."(Expte. nº 68.767: "PRIDE INTERNACIONAL S.A. EN J.7871: ACORDINO GRACIELA P/SI Y SU HIJO MENOR C/ PRIDE PETROTECH INTERNACIONAL S.A. P/ INC. Y CAS.").- Tratando de ajustarme en el tratamiento del cuestionamiento a tales principios paso a continuación a merituar en el caso la inconstitucionalidad articulada por la accionante y dentro de los límites que emergen del mismo planteamiento.- Avocándome a la valoración del compromiso del principio protectorio contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.) debo adelantar que doctrinariamente al efectuarse el examen de la aplicabilidad del tope previsto por el art. 245 L.C.T. se ha sostenido (entre otros fundamentos) que:"....la protección contra el despido arbitrario se halla sujeta a variaciones según las norma que en cada momento rijan para reglamentarla y tales variaciones en más o en menos no pueden ser materia de agravio constitucional a menos que incrementen la protección hasta la exorbitancia o la reduzcan hasta tornarla irrisoria. El margen intermedio, de indudable amplitud, corresponde a las potestades legislativas y reglamentarias" (Valentín Rubio "La reforma Laboral-Ley 25.013"). En seguimiento de esta doctrina interpretativa la C.S.J.N. puso fuertemente el acento en el análisis de la constitucionalidad del tope legal de la norma citada en parámetros o standard jurídicos de valoración como: "desnaturalización del derecho" o "pulverización del real contenido del crédito indemnizatorio"(caso "Villareal A. c/ Roemmers S.A." D.T.1998-516). En otro fallo ha considerado el Superior Tribunal Nacional que: "No resulta irrazonable lo establecido en el art. 245 L.C.T. porque corresponde al legislador, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la protección contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencias que derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia." ("GROSSO BARTOLO C/ SAN SEBASTIAN SACIFIA" - sent. de setiembre de 1.990).- Para ello no puede perderse de vista -como bien lo señala el autor citado ut-supra- que la·"L.C.T. ha adoptado el sistema de la indemnización tarifada, vale decir que la norma legal tarifa el daño en base a la antigüedad del dependiente y a la remuneración percibida, independientemente del daño real sufrido". En sentido similar este Tribunal en un voto de la preopinante al analizar la constitucionalidad del tope previsto en el art. 245 L.C.T. reformado por el art. 153 L.N.E. 24.013 consideró que "El tope legal como módulo de la liquidación final es de la esencia misma de la indemnización tarifada y hace a la garantía de igualdad ante la ley...." (me remito a los fundamentos desarrollados en el caso en honor a la brevedad; Expte. 4456: "MARIOTTI J.C. Y OTS. C/ ASTRAFOR S.A.I.C. P/ SUM" - sent. abril/96).- Esta protección contra el despido arbitrario que diseña el legislador a través del resarcimiento tarifado parte de considerar la realidad de cada contrato de trabajo bajo ciertos elementos o datos predeterminados (antigüedad, salario), lo cual se compadece y ajusta al mandato constitucional del art. 14 bis si se entiende que el mismo no constriñe u obliga a adoptar un sistema determinado como parámetro único, fijo e inamovible de protección legal.- Si se apela a un examen de "razonabilidad" en el caso concreto del sistema reparatorio en análisis y se analiza comparativamente el valor del salario fijado en concepto de tope legal: $1.287,05 (al que se arriba a través de un procedimiento de promediación salarial y que fuera fijado por Res.M.T.n1.50/96) con el mejor salario resultante del último año de labor equivalente a $4.820,22 (correspondiente al mes agosto/98 según recibo de fs. 7 concordante con el informe de la AFIP a fs.289) se puede advertir una clara desproporción de aquél tope legal fijado por la autoridad oficial en función de los valores remuneratorios percibidos por el APM.- Entiendo que éste análisis comparativo es objetivamente suficiente para sostener legítima y razonablemente en derecho que se ha operado una pulverización del derecho amparado por importar el monto a que se hizo acreedor el actor por la aplicación del mecanismo del tope una suma irrisoria, manifiestamente desproporcionada y gravemente lesiva de la finalidad del instituto legal en análisis.- Este razonamiento encierra en sí mismo el punto de partida esencial en todo control de constitucionalidad y radica en el examen de "razonabilidad" de la norma cuestionada, el cual aplicado al caso en juzgamiento convoca a examinar la "razonabilidad de la tarifación resarcitoria", a fin de que no se produzca una desnaturalización del derecho que se pretende asegurar con un claro apartamiento de la realidad económica.- En este sentido coincidente Bidar Campos (Tratado Elemental de Derecho Constitucional, T. I - pág. 99) explica que "el Poder Judicial no incluye en el control de constitucionalidad la revisión de los propósitos del legislador, de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia de la ley o de los criterios de su autor; por ejemplo no averigua si en vez de un sistema sería preferible otro. Se limita a analizar si lo establecido está o no de acuerdo con la Constitución. El control alcanza la razonabilidad de normas y actos, o sea la verificación de la proporción entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo".- la·"L.C.T. ha adoptado el sistema de la indemnización tarifada, vale decir que la norma legal tarifa el daño en base a la antigüedad del dependiente y a la remuneración percibida, independientemente del daño real sufridoel art. 245 L.C.T. reformado por el art. 153 L.N.E. 24.013 consideró que "El tope legal como módulo de la liquidación final es de la esencia misma de la indemnización tarifada y hace a la garantía de igualdad ante la ley...." Esta protección contra el despido arbitrario que diseña el legislador a través del resarcimiento tarifado parte de considerar la realidad de cada contrato de trabajo bajo ciertos elementos o datos predeterminados (antigüedad, salario), lo cual se compadece y ajusta al mandato constitucional del art. 14 bis si se entiende que el mismo no constriñe u obliga a adoptar un sistema determinado como parámetro único, fijo e inamovible de protección legal.-Si se apela a un examen de "razonabilidad" en el caso concreto del sistema reparatorio en análisis y se analiza comparativamente el valor del salario fijado en concepto de tope legal: $1.287,05 (al que se arriba a través de un procedimiento de promediación salarial y que fuera fijado por Res.M.T.n1.50/96) con el mejor salario resultante del último año de labor equivalente a $4.820,22 (correspondiente al mes agosto/98 según recibo de fs. 7 concordante con el informe de la AFIP a fs.289) se puede advertir una clara desproporción de aquél tope legal fijado por la autoridad oficial en función de los valores remuneratorios percibidos por el APM.- Entiendo que éste análisis comparativo es objetivamente suficiente para sostener legítima y razonablemente en derecho que se ha operado una pulverización del derecho amparado por importar el monto a que se hizo acreedor el actor por la aplicación del mecanismo del tope una suma irrisoria, manifiestamente desproporcionada y gravemente lesiva de la finalidad del instituto legal en análisis.- Este razonamiento encierra en sí mismo el punto de partida esencial en todo control de constitucionalidad y radica en el examen de "razonabilidad" de la norma cuestionada, el cual aplicado al caso en juzgamiento convoca a examinar la "razonabilidad de la tarifación resarcitoria", a fin de que no se produzca una desnaturalización del derecho que se pretende asegurar con un claro apartamiento de la realidad económica.- A través de la metodología interpretativa utilizada en el caso se evidencia la mezquindad del sistema o disvaliosa funcionalidad del mismo, traduciendo así una respuesta arbitraria e inequitativa, que violenta de manera franca y clara los principios constitucionales enunciados precedentemente que reconocen a otro principio rector superior del derecho como lo es el de "un orden social justo o justicia social".- Esta doctrina ha sido recientemente reeditada por la CSJN a través de los fundamentos elaborados en el fallo recaído en el caso "VIZZOTTI" (sent.14/09/2.004) incorporando el Máximo Tribunal Nacional como factor de análisis el concepto técnico-jurídico de "confiscatoriedad" que vincula el control de razonabilidad a la fijación de un límite del 33% para la reducción de la remuneración base para el cálculo indemnizatorio.

Por lo considerado me expido por la procedencia del cuestionamiento de inconstitucionalidad del tope legal previsto en el art. 245 L.C.T..- En consecuencia y en un todo de acuerdo a lo concluido en el apartado 1) y 2) corresponde admitir el reclamo por diferencias en la liquidación final por despido y que surge del siguiente cálculo:

indemnización antiguedad:14 x $4.820,22:......$67.483,08.

indeminzación clientela: 25% de $77.787,54:...$18.696,88.

TOTAL:......... $86.179,96. PERCIBIO por ambos rubros:..........$22.770,54.

SALDO A FAVOR:.......$63.409,42. La demanda prospera así por la suma total de $63.409,42, a la cual deberán adicionársele los intereses legales calculados desde la fecha que las obligaciones cuyo pago se condena se hicieron exigible (23/04/99) y hasta su efectivo pago, en base a la tasa activa promedio que informe el Banco de la Nación Argentina con más cinco puntos anuales (ley 3939).- A los fines de mantener el valor económico de la sentencia, el equilibrio de las contraprestaciones y evitar un desfasaje significativo del monto de condena que traduzca una excesiva onerosidad, para lo cual se valoran en el sub-iúdice las especiales y graves circunstancias económicas, sociales y políticas actuales, estimo que el cálculo de los intereses debe quedar ajustado al siguiente proyecto liquidatorio: tasa activa al 31/12/2001 del 1,87% desde que la deuda se hizo exigible. A partir del 01/01/2002 y hasta la fecha del efectivo pago determinar y aplicar una tasa activa promedio computando todas las tasas informadas en dicho período por la entidad bancaria oficial (art.602, 622, 623 y 907 C.Civil).- El criterio sostenido recepta la doctrina sustentada por nuestro Superior Tribunal Pcial. en los autos nº71.357: "AMORIN EN J.ROSALES C/J. DURAN" (L.S.309-172) en los siguientes términos: "aplicar al monto de condena desde la fecha de exigibilidad de la obligaciones y hasta el 31-12-2001 la tasa estblecida en la sentencia conforme las leyes 3939 y 4087, tendiendo en cuenta que la tasa será la activa informa por el Banco Nacion. A partir de la fecha indicada, se produce en el pais un cambio en las condiciones económicas, situación que no puede ser ignorada por los jueces. Y, como consecuencia de las medidas económicas adoptadas a partir de fin de año, por las que se ha producido un incremento abrupto de las tasas de intereses es que se hace necesario, a fin de logar la justa composicion de los intereses controvertidos, conforme a las facultades que le acuerda al juzgador el art. 622 del C. Civil, disponer que a partir del 01-01-02 se calculen los intereses plicando mensualmente la tasa activa que informe el Banco Nación. De manera tal que, la fecha31-12-01 opera como una suerte de corte entre los dos sistemas y se calculen sus respectivas rentabilidadades bajo modalidades diferentes y acumulativas".

Tal procedimiento y en función de la tasa de interés indicada abarcará el período hasta el 25/04/2004. A partir del 26/04/2.004 deberán liquidarse los intereses hasta el efectivo pago del monto de condena aplicando la tasa de interes que pague el Banco Nación para los depósitos a plazo fijo conforme lo dispuesto en los arts.1, 4 y 5 de la ley 7.198......

El monto de condena, de acuerdo a las pautas legales precedentes asciende a la suma de $168.618,32, la que ha sido calculada al 30/04/05. ASI VOTO.- Los doctores ORLANDO CAYETANO FARRUGGIA y MARIO ARMANDO CESAR CITTADINI dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede de la Dra. LAURA LORENTE DE CARDELLO.- A LA TERCERA CUESTION LA DRA. LORENTE DE CARDELLO DIJO:

Las costas del proceso se condenan a cargo de la accionada vencida PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.e I. por el principio objetivo de la derrota en juicio (arts. 31 C.P.L. y 36 C.P.C.). ASI VOTO.- Los doctores ORLANDO CAYETANO FARRUGGIA y MARIO ARMANDO CESAR CITTADINI dijeron que por sus fundamentos se adhiere n al voto que antecede de la Dra. LAURA LORENTE DE CARDELLO.- Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.- MENDOZA, 1 de junio de 2.005.- Y V I S T O S: El acuerdo arribado, el Tribunal R E S U E L V E:

1-) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar a la accionada PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I. a pagar al actor OSCAR HIPOLITO SANZ la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 32/00($168.618,32) calculada al 30 de abril de 2005 , en concepto de diferencias en el rubro indemnización por antigüedad y por clientela (art. 245 L.C.T.), en el plazo de CINCO DIAS de quedar firme la presente y conforme lo resuelto en la Segunda Cuestión de esta sentencia.- 2-) Las costas del proceso se condenan a cargo de la demandada según lo resuelto al tratarse la Tercera Cuestión de esta sentencia.- 3-) Emplazase a la parte demandada en el término de DIEZ DIAS de quedar firme esta sentencia para hacer efectivo el pago de los aportes: Caja Forense Ley 5059: $3.372,36, Derecho Fijo Ley 4976: $168,61; y en el término de TREINTA DIAS la Tasa de Justicia Código Fiscal: $3.372,36.- 4-) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en las siguientes sumas: por la parte actora DR. EDUARDO DE PAOLIS: $10.117,09 y DR. FERNANDO AYMERICH: $20.234,18, y por la parte demandada DR.DIEGO CARBONELL: $7.081,96 y DR. LUIS F. CORREAS: $14.163,93.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-