Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-26


NEUQUEN, 26 de abril de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "GERLERO GUILLERMO EDGARDO C/ VILLAR HERNAN GABRIEL Y OTROS S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESIÓN O MUERTE" (EXP Nº 402434/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NUMERO 6 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y CONSIDERANDO:

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- Viene apelada por la actora a resolución obrante a fs. 102/104 vta. en cuanto hace lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el demandado y la compañía de seguros.

En su memorial de fs. 115/120 critica en primer lugar que la jueza de grado efectúe una distinción entre el domicilio central, sucursal o agencia de la aseguradora poniendo en cabeza del actor una excesiva carga ritualista de acreditar que en esta sede se celebró el contrato con el asegurado, cuando el art. 118 de la ley de seguros no permite llegar a esa conclusión al señalar que debe interponerse la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. Entiende así que cobra operatividad esa norma, junto con la del art. 5 inc. 4to., del Cod.Proc. Agrega así que la demanda se notificó en el domicilio de Neuquén, cuya existencia no fue controvertida ni por el demandado ni por la citada, advirtiendo que debió esa parte acompañar la póliza para acreditar que no fue aquí el lugar en que se gestó la misma, pues era quien se encontraba en mejores condiciones de probar tal circunstancia. Entiende así que tratándose de una cuestión patrimonial y no estando en juego el orden público, la distinción de domicilios efectuada en la instancia de origen es arbitraria y caprichosa, y a la víctima, ajena a la relación contractual entre el asegurador y el asegurado, se le conculcan sus derechos.

El segundo agravio de la actora -de confirmarse la incompetencia- se centra en la orden de archivo de las actuaciones, cuando -dice- correspondería la remisión a la justicia de la IV Circunscripción -Junín de los Andes-, por encontrarse allí el domicilio del demandado.

Se agravia luego por la imposición de las costas a su parte, concluyendo en que deberían cargarse en el orden causado, pues la temática es dudosa y ha dado lugar a múltiples interpretaciones por los jueces de la provincia.

El cuarto agravio se refiere a los honorarios regulados a los letrados del demandado, aunque atento lo dispuesto por el art. 58 de la ley 1594, resulta extemporáneo.

Corrido traslado del memorial a la contraria, es contestado a fs. 122/125, pidiéndose el rechazo del recurso, con costas.

La Fiscalía de Alzada se expide a fs. 135, dictaminando en favor de la competencia de esta Circunscripción.

II. En las acciones derivadas de delitos o cuasidelitos, es facultativo para la actora interponer su demanda ante el juez del lugar del hecho, o del domicilio del deudor, de conformidad con lo dispuesto por el art. 5º, inc. 4º, del Código Procesal. Ello así, resulta que del juego armónico de la normativa mencionada y del art. 118, párrafo segundo, de la ley 17.418, la opción dada al actor, comprende el domicilio de la citada en garantía, y si bien dicha ley no establece diferencia alguna entre el domicilio de la casa matriz y la agencia o sucursal de la aseguradora, cabe precisar que conforme el art. 90 inc. 4, del Código Civil, la acción entablada ante la sede de una sucursal debe estar referida a la ejecución de obligaciones contraídas por agentes locales, en el ámbito de su jurisdicción.

El accidente de tránsito, motivo de esta demanda, ocurrió en la república de Chile, el domicilio de actores y demandados es en la ciudad de Junín y San Martín de los Andes, respectivamente, y la casa central de la compañía de seguros se encuentra en la ciudad de Rosario, pcia. de Santa Fe, habiendo negado dicha aseguradora la existencia de sucursal o agencia en esta jurisdicción.

Así no puede decirse que en el lugar donde viven ambas partes -IV Circunscripción- se carezca o se vea imposibilitado el acceso a los Tribunales o al asesoramiento letrado y si la finalidad de las reglas de competencia tiende a beneficiar al actor, no se aprecia como se cumpliría tal finalidad, si todos los litigantes se domicilian fuera de la jurisdicción de estos tribunales y son las circunstancias de vecindad las que optimizan la función jurisdiccional. Es que la tramitación de la acción por ante el Tribunal del domicilio de ambas partes resulta una solución razonable y práctica que mejor contempla la conveniencia de los contendientes, teniendo en cuenta que nadie puede sentirse agraviado por tener que litigar en el lugar de su domicilio.

Entendemos por ello que si el accionante ha citado a la aseguradora, prorrogando la competencia hacia esta Circunscripción, debería acreditar los extremos que tornan viable su desplazamiento, o sea que el contrato de seguro fue celebrado en esta jurisdicción (conf. CC0002 QL 3609 RSD-146-2 S Fecha: 11/09/2002 Juez: REIDEL (SD) Caratula: Falcon Alfredo c/ Arguello Isidro Santiago s/ Daños y Perjuicios Mag. Votantes: Manzi - Reidel - Cassanello.).

De tal manera, corresponde confirmar la incompetencia de esta jurisdicción si tanto el accidente como el sitio donde tienen sus domicilios el actor y demandado se encuentran en otra demarcación territorial. (Conf. en igual sentido Sumario N° 18817 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil. NOBILE, Silvina Gisela y otro c/ KARAGUIOZOV, Ismael y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL -Sala G- Mag.: BELLUCCI, AREAN, CARRANZA CASARES. 23/02/2009 - Nro. Exp.: G524400.

III. Rechazado el primer agravio, corresponde ahora abordar el relativo al archivo de la causa, advirtiendo en este sentido que asiste razón al actor.

En efecto: si bien no surge expresamente del texto de la resolución cuestionada que la jueza de grado decline su competencia a favor del juzgado con competencia territorial en la ciudad de San Martín de los Andes, ello es lo que se infiere del planteo de los excepcionantes y de lo argumentado en los considerandos.

Es en esta inteligencia que, tratándose de la misma jurisdicción provincial, no correspondía el archivo de la causa, sino su remisión al tribunal considerado competente, tal como lo dispone expresamente el inc. 1ro. del art. 354 del Código Procesal, lo que así habrá de disponerse, revocando el punto II de la resolución en crisis.

IV. En relación con la imposición en costas, entendemos que asiste razón a la actora, por tratarse de un tema opinable y no existir una jurisprudencia pacífica en tal sentido, tanto en el orden nacional como provincial -véanse así las citas efectuadas por la jueza de grado, las partes en sus respectivos escritos, y esta Cámara: Sala I en anterior integración, exptes. 360746/7 y 385842/9; Sala II, exptes. 451227/11 y 425628/10 y Sala III, expte. 361610/7-. Consideramos entonces que pudo asistir razón a la actora, para oponerse a la excepción de su contraria y para recurrir el decisorio de grado, lo que permite el apartamiento del principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del ritual.

Así procede modificar el punto III del interlocutorio cuestionado, cargando las costas en el orden causado. De igual modo se impondrán en esta Alzada.

V. En cuanto a los honorarios regulados a los letrados de la demandada, sin perjuicio de señalar la extemporaneidad del recurso por cuanto dicha apelación fue recién introducida en el memorial de la actora cuando debió plantearse dentro del 5to. día de notificada la resolución -art. 58 de la ley 1594-, de todos modos hubiera devenido abstracto su tratamiento, atento que la modificación en la imposición de costas quita el agravio en tal sentido.

El Dr. Jorge Pascuarelli dijo:

Disiento con la solución propuesta en el voto que antecede por cuanto comparto la jurisprudencia que sostiene: "El art. 118 de la ley 17418 no distingue, si se refiere al domicilio estatutario que la compañía tiene registrado ante la autoridad societaria competente o donde funcione su dirección y administración si se tratare de único establecimiento (art. 90, inc. 3ro. del Código Civil), y en caso de que posea distintos establecimientos o sucursales, rige el inciso 4to de la última norma citada, que dispone que en ese supuesto tienen su domicilio especial en el lugar de dichas sucursales." "La radicación de sucursales, situación prevista por el art. 90 inc. 4to., del Código Civil, hemos dicho, crea una excepción al principio de unidad de domicilio, aplicable a aquellas compañías que tienen diversos centros de operaciones, importando no solo un privilegio para éstas, sino un beneficio para los terceros que han contratado con sus representantes en establecimientos distantes de la casa central. De este modo pueden optar por demandar en cualquiera de dichos domicilios. (v. PS,1983-TºII, Fº 346/347; ídem PI,1987-TºIII, Fº386/388 y PI,2011-Nº253, Fº591/593)".

"Es decir que del juego armónico de los arts. 5º, inc. 4to. del Código Procesal y 118 de la ley 17.418 surge claramente que, cuando se cita en garantía al asegurador del presunto responsable, es competente el juez del lugar del hecho, el del domicilio del demandado o el del domicilio del asegurador citado en garantía, a elección del actor, no correspondiendo hacer una distinción entre el domicilio central, agencia o sucursal de la compañía aseguradora, entendiendo que el domicilio que resulta de la sucursal está establecido a favor de los terceros. (en apoyo de dicha tesis pueden citarse CNCiv., sala A, marzo 13-1995, in re: "Belín Michel Jean J. c. Aguas Argentinas S.A. y otro", votos de los Dres. Elena Highton de Nolasco-Posse Saguier-Ana M. Conde y jurisprudencia allí citada)".

"Recientemente la misma Sala C en los autos caratulados: "Pereyra, Maximiliano Ezequiel y otro c. Melero, Matías y otros" con fecha 15/03/2011, sostuvo: ".una vez verificada la existencia de una dependencia de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, surge procedente la competencia de los Tribunales de esta última, sin que interese el hecho de que la agencia o sucursal posea o no atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o que haya sido ella o no, donde se contrató el seguro.", cuestión que en el caso ha quedado demostrado por la propia aseguradora excepcionante que reconoce que tiene dependencias en esta Ciudad, por lo que se configura el supuesto que permite la radicación de la causa ante los Tribunales de esta jurisdicción -por la que optó la actora-, debiendo por tanto admitirse los agravios formulados." "Si el citado art. 118 de la ley de seguros no hace distinciones no hay porqué entenderlo en sentido restringido, esto es que sólo se refiere al domicilio legal previsto por el art. 90 inc. 3º, del Código Civil, o al domicilio especial contemplado en el inc. 4º del mismo artículo para sólo responder por las obligaciones contraídas en la sucursal, cuando se trata de terceros respecto del vínculo contractual que liga a asegurador y asegurado (en igual sentido CNCivil, sala D, R.65.257 del 9/4/90 AR/JUR/3704/1997; véase Falcón, "Código Procesal.", t.1, p.195)".

"El criterio adoptado que, si bien reconoce jurisprudencia en contrario de algunas de las Salas de la Capital Federal e incluso de las Salas I (en anterior composición), y III locales, y que se citan al contestar los agravios, reconoce sustento en fundada doctrina del Máximo Tribunal de la Nación en los precedentes publicados en Fallos: 290:387; 312:477; 304:1672 y C.1383.XXXVI del 11.09.2001, éste último donde los demandados, de su lado, plantearon la correspondiente inhibitoria por estimar competente la justicia provincial de Entre Ríos, atento a que el accidente había ocurrido en jurisdicción de dicha provincia y las personas involucradas en el mismo eran vecinos de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, considerando la CSJN, competente en las actuaciones al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 45, en base al domicilio de la empresa de seguros, elegido en el sublite por los demandantes. (Sala II en autos: "VERGARA INES MONICA C/A HOUVARDAS ALEXIS Y OTRO S/ D. Y P. RESP. CONTRACTUAL PARTICULARES", EXP Nº 425628/10).

En autos, la Asegurada no controvierte la notificación de fs. 51/52, donde consta un sello de recibido de dicha compañía con la fecha, sin ninguna otra aclaración, como tampoco acompañó la póliza (a los efectos de conocer el lugar de contratación, lo cual permitiría aplicar otro criterio, dado que ello no se le puede exigir al actor) y para determinar la competencia cabe estar a los hechos descriptos en la demanda. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el art. 118 2do. apartado, de la ley de seguros, debe admitirse el recurso en estudio.

En este sentido, también se ha sostenido que "El artículo 118 de la ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677) no hace distinción entre domicilio central, sucursal o agencia de la compañía de seguros, de modo que a los efectos de la citación en garantía, cualquiera de ellos puede tenerse por tal sin que quepa exigir la realización de investigaciones inoficiosas, pues la víctima de un accidente de tránsito no tiene por qué saber en cuál de los distintos domicilios del asegurador se celebró el contrato", (CCNCiv., Sala C, 20/10/2010, "Sole, Clemente Carlos Augusto y otro c. Ramírez, Osvaldo y otros", AR/JUR/69467/2010).

Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida, siendo competente para entender en la presente demanda el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 6, con costas a la vencida (art. 69 del Cód.Procesal). Dejar sin efecto los honorarios fijados, de conformidad con las pautas dispuestas en el art. 279 del CPCyC., debiendo efectuarse una nueva regulación en la instancia de grado y diferir las correspondientes a la Alzada para cuando existan pautas para ello.

Tal mi voto.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente se integra sala con el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO quien expresa:

Por compartir los fundamentos expuestos por la Dra. Cecilia PAMPHILE, adhiero a su voto, pronunciándome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I, por MAYORIA, RESUELVE:

1.- Modificar la resolución de fs. 102/104 vta. en su punto II, disponiendo la remisión de estos autos al Juzgado en lo Civil de la IV Circunscripción Judicial y, en su punto III, imponiendo las costas en el orden causado.

2.- Costas de Alzada en el orden causado.

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, al Fiscal de Alzada en su público despacho y vuelvan las actuaciones al Juzgado de origen para su toma de razón y cumplimiento posterior de la remisión ordenada.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.