Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-17


SENT Nº 913 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Schweigel Gustavo Daniel vs. R.G.A. S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Gustavo Daniel Schweigel, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 389/401) contra la sentencia N° 27 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala VI de fecha 24 de febrero de 2011, corriente a fs. 358/362 de autos, y contra la sentencia Nº 198 dictada por el mismo Tribunal en fecha 26 de octubre de 2011, glosada a fs. 385 y vta., que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 20-12-2011 (cfr. fs. 403). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante CPL), conforme surge del informe actuarial de fs. 411.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (fs. 387 y 389/401 vta.); se dirige contra una sentencia definitiva con el alcance del artículo 130 del CPL; el afianzamiento, previsto por el artículo 133 del CPL no resulta exigido al no haber sido condenado el recurrente, actor en autos, (cfr. artículo 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho y arbitrariedad en la valoración de las pruebas obrantes en la causa.

Respecto a esto último es del caso aclarar que, la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el tribunal de grado la cual constituye cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte actora pone en entredicho la sentencia en examen por las razones que argumenta en una serie de agravios que serán escudriñados, en lo pertinente, confrontándolos con los fundamentos que sustentan a aquélla y, en su caso, con las probanzas obrantes en el sub examine. IV.- ¿Asiste razón a Gustavo Daniel Schweigel respecto a los agravios que sustentan su impugnación a la sentencia en crisis? IV. 1. En un primer orden de agravios, esgrime la parte recurrente que resulta arbitraria la sentencia impugnada por cuanto expresa infundadamente que "Los hechos acaecidos indubitable e injustificable por el actor, ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la empresa, vulnerando de manera directa y grave sus deberes y obligaciones de diligencia, colaboración, fidelidad y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que le fueran impartidas, con injuria grave a los intereses de la demandada configurativos de absoluta pérdida de confianza en su labor, lo que tornó imposible la continuidad del vínculo laboral" (sic.).

Aduce que tales consideraciones del Tribunal de grado carecen de adecuada motivación, por lo que no resulta posible conocer cual fue el razonamiento realizado por el juzgador a los fines de resolver la litis.

Estima que los "hechos acaecidos", contrariamente a lo afirmado por el A quo, no son "indubitables" ni "injustificables"; y que, en cualquier caso, para realizar tal afirmación el Tribunal de grado debió, previamente, analizar la existencia de los tales hechos sobre la base de las pruebas colectadas cosa que, según su criterio, el Tribunal no hizo.

En este orden de ideas, sostiene que la Cámara omitió valorar hechos trascendentes para la solución de la causa, invocados en la demanda y no negados en forma categórica en el responde, que darían cuenta de que no puede considerarse "indubitable e injustificable" que el actor dejara de concurrir a su lugar de trabajo de manera totalmente injustificada y antojadiza.

Sobre el particular cabe puntualizar que, del análisis de la sentencia atacada, no se observa que el Tribunal de grado hubiera efectuado tal afirmación, sino que refirió que la demandada la efectuó en la carta documento mediante la cual notificó al actor su despido con invocación de causa (cfr. fs. 360 vta.).

Por otra parte expresa la recurrente que tampoco es "indubitable e injustificable" que el actor "el día 23-07-05 procedió a cerrar sin autorización alguna y en su calidad de cajero del servicompras el establecimiento con mucha antelación al horario fijado por la empresa para el cierre, con el agravante de haber insertado en la planilla de asistencia su firma en el casillero de salida en forma anticipada y consignando como tal horas 03:00 am, cuando dicha circunstancia fuera comprobada notarialmente aconteció a las 02:25 am. A lo que debe agregarse que fue sorprendido en tal ocasión haciendo uso del servicio de internet dispuesto para clientes del establecimiento". Ello porque, según entiende, no existe prueba alguna que acredite que el actor procedió a cerrar el establecimiento pues del acta de constatación, labrada por escribano público en fecha 23-7-2005, únicamente surge que el establecimiento estaba cerrado porque, la demandada, no negó categóricamente en el responde que el horario de trabajo del personal era controlado por la empleadora mediante el cotejo de los reportes de cierre de turno (informes X y Z) y la correspondiente planilla de caja; y porque el escribano público sólo constató que el actor se hallaba sentado frente a una de las computadoras y la prueba pericial informática obrante a fs. 285/287 y 295/296 determinó que entre las 02:00 y las 03:00 horas. del día 23-7-2005 no se registró actividad en el uso del servicio de internet en ninguna de las tres computadoras del ciber.

Al respecto el Tribunal de mérito explanó, en cuanto a la conducta imputada al actor en la notificación de su despido, que "...el Sr. Escribano Público (...) constató que el día 23/7/2005 procedió a cerrar sin autorización alguna el establecimiento con mucha antelación al horario fijado por la empresa para el cierre, con el agravante de haber insertado en la planilla de asistencia su firma en el casillero de salida en forma anticipada y consignando, como tal horas 03:00 am, cuando dicha circunstancia fuera comprobada notarialmente a horas 02:25, haciendo uso del servicio de internet dispuesto para los clientes, ocasionando un grave perjuicio material de orden patrimonial a la empresa, con pérdida absoluta de confianza que torna imposible la continuidad del vínculo laboral"; a lo que agregó que los hechos cumplidos por el escribano público u ocurridos en su presencia hacen plena fe, de conformidad a lo previsto por el artículo 993 del Código Civil, sin que en el caso de marras hubieran sido argüidos de falsos (cfr. fs. 361).

No obstante lo expuesto por la Cámara del análisis del acta notarial referida en el fallo impugnado, cuya copia rola a fs. 102 y vta., surge que ésta expresa que en fecha 23-7-2005, al haberse constituido el escribano en compañía del requirente Aníbal Rubén Carrillo en el establecimiento de la demandada sito en calle Junín Nº 437 de esta ciudad, constató a horas 2:15, previo a ingresar al local donde funciona el servicompras, que dos personas se retiraron ante el intento de ingresar ya que la puerta de acceso se encontraba cerrada y por la negativa de atenderlas de las personas que se encontraban en el interior del local; que al intentar ingresar constató que la puerta se encontraba con llave y que una de las empleadas la abrió; que una vez en el interior constató que el actor se hallaba sentado al frente de una de las computadoras que se encuentran en el local haciendo uso de ésta la cual estaba destinada para el uso de internet de los clientes del local; y que la planilla de control de asistencia correspondiente al actor del día 23-7-2005 se encontraba firmada en el casillero de salida de manera anticipada como a las 3:00 am cuando en realidad eran las 2:25 am.

Resulta, pues, arbitraria la afirmación del Tribunal de grado en cuanto a que el señor escribano público constató que el actor procedió a cerrar sin autorización alguna el establecimiento con antelación al horario fijado por la empresa para el cierre pues lo que el escribano constató es que el establecimiento se encontraba cerrado con llave a las 2:15 am y que el actor se hallaba en el interior del servicompras junto con dos empleadas más. Tampoco es cierto que el señor escribano público constatara que el actor se encontraba haciendo uso del servicio de internet dispuesto para los clientes pues, lo que aquél constató, es que el actor se hallaba sentado al frente de una de las computadoras que se encuentran en el local haciendo uso de ella que estaba destinada para el uso de internet de los clientes del local. Por último, el escribano público no constató que el actor hubiera ocasionado un grave perjuicio material de orden patrimonial a la empresa con pérdida absoluta de confianza que torna, imposible, la continuidad del vínculo laboral como expresa el A quo sino que constató que al llegar al establecimiento dos personas se retiraban de allí ante la negativa de las personas que se encontraban, en el interior de atenderlas, y demás hechos expuestos en el acta.

De lo expuesto cabe concluir, por una parte, que el Tribunal de grado efectuó una arbitraria valoración del acta de constatación notarial cuya copia rola a fs. 102 y vta. de autos. Y, por la otra, que si la Cámara consideró acreditado que el día 23/7/2005 el actor procedió a cerrar sin autorización alguna el establecimiento con antelación al horario fijado por la empresa para el cierre y a hacer uso del servicio de internet dispuesto para los clientes, entre otros actos, ocasionando con ello un grave perjuicio material, de orden patrimonial, a la empresa y absoluta pérdida de confianza en su persona, que tornó imposible la continuidad del vínculo laboral; pues, entonces, debió haber motivado adecuadamente tal convicción con apoyo en un examen integral de las pruebas recabadas en la causa y de conformidad a las reglas que deben regir la valoración de aquellas. En consecuencia, corresponde admitir parcialmente los agravios expresados por la recurrente en primer orden.

IV. 2. En un segundo orden de agravios expresa, la recurrente, que resulta contrario a derecho que el Tribunal de grado haya valorado los antecedentes laborales del actor al analizar la legitimidad su despido con causa que, la última sanción disciplinaria, data del mes de julio de 2004 por lo que no existe contemporaneidad, entre tales sanciones y las faltas imputadas al actor, como causa de su despido directo.

Considero errado tal razonamiento de la parte recurrente, pues los antecedentes laborales del actor adquieren particular relevancia al momento de analizar la proporcionalidad de la sanción que dispone el empleador en relación a la falta que imputa al trabajador; sin que quepa confundir la contemporaneidad de la sanción que se aplica ante la falta que se imputa, con la contemporaneidad que otrora debió haber existido entre anteriores incumplimientos del trabajador y las sanciones entonces aplicadas por tales motivos. En otras palabras, concretamente en el caso de autos, el análisis de la existencia de contemporaneidad entre falta y sanción debe efectuarse centrando la atención en las conductas atribuidas al actor en la misiva mediante la cual se le notificó su despido y la decisión del empleador de despedir al trabajador por tal causa; mientras que las faltas anteriores del trabajador y las sanciones que se le aplicaron como consecuencia de aquéllas constituyen antecedentes a tener presentes al momento de analizar la proporcionalidad -y no la contemporaneidad- entre la sanción aplicada y el incumplimiento atribuido al trabajador.

Tal es el sentido que corresponde atribuir a la consideración efectuada por el Tribunal de grado relativa a que, con anterioridad al despido del actor, la demandada comenzó a advertir por parte de aquél una conducta, por momentos displicente y ocasiones negligente, que motivaron la aplicación de sanciones disciplinarias, las que fueron consentidas por el actor conforme constancias de fs. 85/101 y 308 (cfr. fs. 361).

Por otra parte, entiende la recurrente que no existe ninguna prueba en autos que acredite que era tarea del actor cerrar el establecimiento de la demandada, por lo que estima que la afirmación efectuada al respecto en la sentencia en crisis resulta dogmática y arbitraria. Agrega que el actor se encontraba categorizado como "operario de anexo", sin que del Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante, CCT) N° 350/02 surja que entre las funciones de la categoría "operario vendedor de anexos" se encuentre la tarea de cerrar el establecimiento.

Al respecto considero que, si bien es cierto que el artículo 6 del CCT N° 350/02 no prevé expresamente que el operario vendedor de anexos tenga a su cargo la tarea de cerrar el establecimiento, también lo es que el artículo 7 del referido CCT dispone que las tareas descriptas para cada categoría "son meramente enunciativas y no limitadas de las que cada trabajador puede cumplir y desarrollar dentro del establecimiento". No obstante ello, debe receptarse el agravio expresado por la recurrente, toda vez que el acta de constatación notarial cuya copia rola a fs. 102 y vta. resulta, por sí sola, insuficiente a los fines de tener por acreditado que era el actor la persona encargada de cerrar con llave el establecimiento; que la sentencia impugnada no refirió ninguna otra probanza ni medio de convicción como sustento de su afirmación en tal sentido. Consecuentemente asiste razón a la recurrente en cuanto a que resulta arbitraria y dogmática, la afirmación de la Cámara, relativa a que era el actor quien tenía a su cargo la tarea de cerrar el establecimiento pues el Tribunal fundó tal afirmación únicamente en la circunstancia que el actor era el cajero del servicompras, sin explicitar ninguna otra consideración al respecto, y en el acta de constatación de fs. 102 y vta. (cfr. fs. 361).

Además esgrime la recurrente que le causa agravio que el Tribunal de grado no haya considerado un hecho relevante, introducido en la demanda y no desconocido en el responde, cual es que constituía modalidad habitual firmar la planilla de asistencia en un solo momento, tanto en la casilla de entrada como de salida. Aduce que el alegado déficit vulnera el principio de congruencia.

Entiendo que no le asiste razón al recurrente. En efecto, en el responde la parte demandada expuso que el hecho de que el actor hubiera firmado anticipadamente la planilla de asistencia consignado como horario de salida las 03:00 horas -lo que fue constatado por escribano público a las 02:25 horas- constituye una trasgresión a sus deberes como trabajador (cfr. fs. 76 y vta.); por lo que no cabe considerar como hecho no controvertido que fuera habitual que los empleados firmaran en un mismo momento los horarios de ingreso y egreso de la planilla de asistencia; lo que se advierte con prístina claridad del análisis de la prueba de absolución de posiciones por parte de la demandada que fuera ofrecida por la parte actora, y en razón de la cual la demandada expuso que el personal de R.G.A. S.R.L. firmaba la planilla de control de asistencia "al llegar y debían firmar al horario que debían retirarse" (cfr. fs. 181/182). El propio hecho que la actora, al ofrecer esta probanza, afirmara en la sexta posición que el personal de R.G.A. S.R.L. firmaba la planilla de control de asistencia únicamente cuando ingresaba al turno consignando, al mismo tiempo horario de entrada y salida, evidencia que, a criterio de la propia parte actora, tal circunstancia constituía un hecho controvertido y de justificación necesaria, pues de lo contrario toda actividad probatoria al respecto hubiera resultado innecesaria.

Por otra parte, expone la parte actora que le causa agravio que el A quo no hubiera considerado una prueba pertinente y atendible para resolver la litis, cual es la prueba pericial informática glosada a fs. 285/287 y 295/296, de la que surge que entre horas 02:00 y 03:00 del día 23-7-2005 no se registró actividad en ninguna de las tres computadoras del ciber ubicado en el establecimiento de la demandada.

Considero que asiste razón al recurrente toda vez que el Tribunal de grado, en la sentencia impugnada, tuvo por cierto y acreditado que el día 23-7-2005, a las 02:25 horas, el actor se encontraba haciendo uso del servicio de internet dispuesto para los clientes del establecimiento, fundando tal conclusión en las constancias del acta de constatación notarial cuya copia rola a fs. 102 y vta. En consecuencia, a las consideraciones ut supra efectuadas en torno a la valoración de esta probanza realizada por la Cámara, cabe agregar que el Tribunal de grado omitió efectuar consideración alguna en relación a la prueba pericial informática, que expresa que el último registro histórico de actividad en las computadoras del ciber de la demandada con anterioridad a las 03:00 horas del día 23-7-2005 data de las 01:06:03 en el puesto número 2, con una duración de 7 minutos con 35 segundos (cfr. fs. 286) y que la actividad de todas y cada una de las computadoras quedaba registrada necesariamente en el sistema de administración del ciber, por lo que no era posible utilizar las computadoras sin que queden registros de su uso (cfr. fs. 296). Es del caso destacar que el aludido informe pericial, así como las aclaraciones brindadas por la señora Perito, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones por ninguna de las partes.

Ha señalado reiteradamente esta Corte que "...entre las facultades de los jueces de grado se encuentra la de meritar o no de manera expresa alguna probanza; es más, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa (...). Pero lo que sí les está vedado es prescindir del plexo probatorio suministrado por el proceso a fin de dar basamento fáctico a la conclusión sentencial a que se arriba. Es así que la arbitrariedad se configura cuando la consideración de elementos probatorios admisibles y pertinentes ha sido injustificadamente omitida en la línea argumental del pronunciamiento..." (cfr. CSJT, sentencia Nº 122 del 04-4-2011, "Obelar, Marcela Alejandra vs. Cruz, Jacoba y otros s/ Indemnizaciones").

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el informe pericial informático constituye prueba pertinente en relación al uso del servicio de internet endilgado al actor en la misiva mediante la cual se notificó su despido, la omisión de su consideración en el razonamiento del Tribunal -que culminó concluyendo que el actor hizo uso del servicio de internet, conforme fuera expuesto por la demandada en la carta documento por la cual notificó al actor su despido- resulta injustificado y arbitrario.

Las explanadas consideraciones evidencian que la solución propiciada por la Cámara no se basó en el examen integral de las pruebas producidas en autos, ni cuenta con fundamentos adecuados y suficientes en orden a la existencia de los hechos invocados por la demandada como causa del despido del actor. De allí que el pronunciamiento bajo análisis resulte defectuoso en dicho punto por carecer de adecuada motivación, lo que torna dogmáticas las conclusiones inferidas por el Tribunal de mérito respecto a la acreditación de la causa del despido del actor. Ello determina la descalificación del fallo de marras como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia, en todo lo atinente a la existencia de justa causa de despido del actor juzgada por el Tribunal.

Es del caso recordar que este Tribunal Cimero provincial ha dicho: "...esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de arbitrariedad del pronunciamiento aquel en el que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de la prueba (...). Tal déficit descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el artículo 28 (hoy 30) de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y los artículos 34, 272, 273 y 280 CPCCT, por lo que al tenor de las normas citadas la sentencia debe ser declarada nula (CSJT, in re "Blanco, José Alberto y otros vs. Bollero Daniel Horacio y otros s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 346 del 22-5-2002, en igual sentido, CSJT, sentencia Nº 519 del 03-8-2010)." (cfr. CSJT, sentencia Nº 122 del 04-4-2011, "Obelar, Marcela Alejandra vs. Cruz, Jacoba y otros s/ Indemnizaciones").

En suma, la omisión del Tribunal de grado de ponderar en forma integral el cuadro probatorio y de fundar adecuadamente sus conclusiones, constituye una infracción al deber constitucionalmente impuesto a los jueces de motivar sus sentencias (cfr. artículo 30 de nuestra Constitución Provincial), y tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento impugnado en lo relativo a la existencia de justa causa de despido, por cuanto éste se aparta de lo normado por el artículo 18 de la Constitución Nacional -que garantiza el debido proceso legal- y los artículos 33, 40 y 264 del CPCC, aplicables supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 del CPL.

IV.3- En un tercer orden de agravios, expresa la recurrente que resulta arbitrario que el Tribunal de grado haya desestimado la procedencia de su reclamo de diferencia de haberes sobre el sueldo básico. Considera que tal procedencia se encuentra acreditada mediante los recibos de haberes correspondientes al período comprendido entre abril y julio de 2005, no desconocidos por la demandada, y mediante el informe de Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio y Garages de Tucumán obrante a fs. 141.

Al respecto, la sentencia impugnada expresa que corresponde desestimar el reclamo de diferencias de haberes y diferencia de SAC relativa al primer semestre de 2005 por cuanto del informe pericial contable (fs. 257) surge que los haberes correspondientes a los meses de abril a julio de 2005 fueron abonados de acuerdo a la escala salarial vigente en dicho período; lo que resulta contradictorio con la excepción que luego efectúa el señor Perito respecto del sueldo básico; y que tampoco se encuentra documentada la existencia de diferencias en concepto de SAC correspondiente al primer semestre del año 2005 (cfr. fs. 361 vta.).

Entiendo que resultan arbitrarias las consideraciones vertidas por el Tribunal de grado sobre el particular, por cuanto el informe evacuado por el Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio y Garages de Tucumán (fs. 141) aporta elementos relevantes para la solución de la litis en orden al reclamo efectuado por la parte actora en concepto de diferencias salariales. De allí que la omisión de efectuar consideración alguna respecto a esta probanza constituye una trasgresión a las reglas que deben regir la valoración de las pruebas. Por lo demás, la ponderación efectuada por el A quo del informe pericial contable obrante a fs. 257/259 vta. resulta también reñida con las reglas de la sana crítica, pues si bien el señor Perito afirmó que los haberes correspondientes a los meses de abril a julio de 2005 fueron abonados de acuerdo a la escala salarial vigente en dicho período, a continuación efectuó expresa excepción respecto al sueldo básico de convenio establecido por la escala salarial vigente, y expuso que existe una diferencia a favor del actor en relación a dicho concepto (cfr. fs. 257). En este orden de ideas, y mas allá de las elocuciones empleadas por el señor Perito en su informe, resulta insoslayable que este afirmó que el sueldo básico no fue abonado por la demandada al actor de conformidad a la escala salarial aplicable vigente y que existen diferencias a favor del segundo.

En consecuencia, el agravio bajo tratamiento, explanado por la recurrente, debe ser admitido.

IV. 4. En cuarto y último orden de agravios, sostiene la parte actora que el Tribunal de grado omitió tratar su reclamo fundado en las disposiciones del artículo 80 de la LCT.

Las constancias de autos dan cuenta de que en la demanda la actora reclamó el pago de la suma de $ 2.516,91 (dos mil quinientos dieciséis pesos con noventa y un centavos) en concepto de indemnización prevista por el artículo 80 de la LCT y expuso los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha pretensión (cfr. fs. 10 y vta.). No obstante ello, la sentencia en embate no efectúa consideración alguna en relación a dicho reclamo, aunque resuelve rechazar íntegramente la demanda promovida por la parte actora y absolver a la demandada de todos los montos y rubros reclamados (cfr. fs. 358/362). Planteado recurso de aclaratoria por parte de la actora contra la sentencia de fecha 24-02-2011, glosada a fs. 358/362, la Cámara, mediante Resolución de fecha 26-10-2011 (fs. 385/vta.), dispuso no hacer lugar a dicho recurso, y fundó tal decisión en la circunstancia que el reclamo de la indemnización prevista por el artículo 80 de la LCT devino abstracto al no prosperar la demanda, a lo que agregó que la certificación de servicios y remuneraciones sí le fue entregada por la demandada al actor (cfr. fs. 385 y vta.).

Cabe puntualizar que el razonamiento efectuado por el Tribunal de grado en la sentencia impugnada y en la Resolución de fecha 26-10-2011 (fs. 385/vta.), mediante la cual resuelve rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por la parte actora, contraría normas de derecho tanto sustanciales como formales.

En efecto, el artículo 80 de la LCT establece, en su tercer párrafo, que cuando el contrato de trabajo se extinguiere "por cualquier causa", el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Así, pues, el hecho que el A quo haya considerado justificado el despido directo del actor dispuesto por la demandada, en modo alguno tornaba abstracto el reclamo fundado en las previsiones del artículo 80 de la LCT -conforme las circunstancias de la causa-, ni lo eximía del tratamiento y resolución de tal pretensión de la parte actora, por tratarse de una cuestión concretamente propuesta en la demanda. Esto último es así en virtud de las expresas disposiciones de los artículos 264 y 265, incisos 5 y 6, del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), de aplicación supletoria a tenor de lo establecido por los artículos 14 y 46 del CPL.

En consecuencia, también este agravio debe ser admitido.

V.- En mérito a las razones argumentadas en el parágrafo IV, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia N° 27 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 24 de febrero de 2011, corriente a fs. 358/362 de autos, y casar dicha sentencia, dejándola totalmente sin efecto, conforme la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, jurídicamente írrita, la sentencia que no valora adecuadamente las constancias de autos a la luz de las disposiciones legales aplicables al caso, omite hacerse cargo de cuestiones propuestas, violando el principio de congruencia, y carece de motivación suficiente". Por consiguiente, deben remitirse estos actuados al referido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado, sin que lo dicho suponga adelantar opinión sobre el tema. VI.- Atento a que el vicio que provoca la nulidad del fallo impugnado proviene de la actividad del órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen en el orden causado (cfr. artículos 49 del CPL y 105, inciso 1, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto la reseña de los antecedentes de la causa del voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane. También coincido en la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por el actor, desde que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracciones normativas y arbitrariedad en el análisis de las constancias y pruebas de la causa y omisión de considerar cuestiones planteadas, y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser el actor el que recurre (arts. 130/133 CPT). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia N° 27 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 24 de febrero de 2011, glosada a fs. 358/362 de autos y, en consecuencia. CASAR dicha sentencia, dejándola totalmente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. DISPONER la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032461-01