Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-21


SENT.DEF.Nº: 17508 EXPTE. Nº: 26.696/00 (24.602) JUZGADO Nº: 11	SALA X AUTOS: "COUSIÑO DIEGO JAVIER C/ A.A. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" Buenos Aires, 21/05/2010	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Llegan estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra la sentencia de fs. 1560/1573 formulan el actor a fs. 1582/1587 y la parte demandada a fs. 1590/1624, mereciendo réplicas adversarias a fs. 1627/1635, fs. 1648/1659 y fs. 1636/1647.

Las codemandadas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. actualizan en esta instancia la apelación en subsidio que formularon a fs. 1541 contra la resolución que puso las actuaciones en estado de formular los alegatos. En orden a las cuestiones de fondo controvertidas, las demandadas se consideran agraviadas por la admisión del reclamo de indemnizaciones derivadas de la ruptura "ante tempus" del contrato de trabajo a plazo fijo celebrado con el actor. Disienten con la descalificación de la comunicación de la ruptura fundada en el artículo 243 de la LCT y afirman que los incumplimientos contractuales allí mencionados eran conocidos por el trabajador y resultaron probados en autos. También hacen objeto de agravios a la desestimación parcial del planteo de nulidad que articularon contra el contrato de trabajo celebrado con el actor y reiteran el argumento de su total invalidez. Apelan la admisión de las indemnizaciones de los artículos 232 y 245 de la LCT junto con las pactadas al nivel del contrato individual de trabajo, como así también la estimación del reclamo en concepto de vacaciones no gozadas y el cálculo del monto fijado en concepto de la gratificación pactada en la cláusula 10.1.1. ii del convenio celebrado entre las partes. Cuestionan que fueron condenadas solidariamente con fundamento en el artículo 26 de la LCT. A todo evento, apelan los intereses establecidos en origen, la imposición de las costas de la primera instancia y los honorarios regulados a favor de los profesionales actuantes por estimarlos elevados.

Los causahabientes del actor, cuyo lamentable deceso se produjo durante la tramitación del juicio (partida a fs. 899), apelan la remuneración considerada en la sentencia para el cálculo de los conceptos admitidos; la desestimación del requerimiento de pago en moneda extranjera de la gratificación adicional convenida por las partes; el rechazo del reclamo por los conceptos "adicional incentivo" y "adicional largo plazo"; la falta de admisión del requerimiento de "régimen de pasajes"; la desestimación del pedido de declaración de temeridad y malicia que se formuló contra las demandadas y el rechazo de la pretensión de responsabilidad solidaria contra los codemandados Gutiérrez y Castresana. A todo evento, se agravian por la imposición de las costas correspondientes a la acción rechazada y los honorarios regulados a favor de la representación letrada de las partes demandadas y el perito contador por considerarlos elevados.

También apela el perito contador a fs. 1578, la representación letrada del actor a fs. 1587 y la de los codemandados Gutiérrez y Castresana a fs. 1625 por considerar bajos los honorarios que les fueron regulados.

II. El recurso de apelación en subsidio interpuesto por las demandadas contra la resolución que convocó a las partes a formular los alegatos con la consecuente clausura de la etapa probatoria, no tendrá favorable tratamiento.

El artículo 94 de la L.O. habilita al juez a dictar la sentencia con prescindencia de la prueba de informes que queda pendiente (en su totalidad o en parte) cuando no la considera esencial, sin perjuicio de su valoración en la segunda instancia cuando la agregación al expediente se produce con posterioridad.

En el caso, la prueba de informes que el magistrado consideró innecesaria fue ofrecida por la demandada como prueba supletoria en el pto. 6 de fs. 411 vta. a los efectos de acreditar la autenticidad de los instrumentos cuyas copias obran a fs. 290/328. Pese al desconocimiento del actor de fs.472, dicha prueba sólo fue tenida presente por el juez a fs. 485, sin que la demandada haya instado su producción. Coincido con el "a quo" en cuanto la estimó innecesaria a los efectos de esclarecer las cuestiones controvertidas en el pleito, pues se trata de una serie de artículos periodísticos en los que se haría mención de las dificultades económico y financieras que atravesaban las empresas demandadas a principios del año 2000, sin referencia alguna a las circunstancias concretas del caso. En consecuencia, propongo confirmar la resolución apelada.

III. En cuanto a las cuestiones de fondo controvertidas, adelanto mi opinión desfavorable a los agravios de las demandadas contra la sentencia en cuanto admitió el reclamo de indemnizaciones derivadas del despido.

Las partes se hallan contestes en que a partir del 26/10/1998 el causante (Diego Javier Cousiño) se desempeñó a favor de las demandadas como "gerente general" para Aerolíneas Argentinas S.A. (ARSA) y como "subgerente general" para su controlada Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., tal como había sido previamente convenido en el contrato de trabajo por tiempo determinado celebrado con el señor Luis Felipe Castresana en representación de ARSA en fecha 9/11/1998 en la ciudad de Madrid, España, con vigencia hasta el 26/10/2001 (según instrumentos que obran a fs. 7/20 y 120/133).

También coincidieron en afirmar que, con anterioridad al plazo de vencimiento pactado, el día 2/02/2000 fue despedido de ARSA a tenor de una comunicación en la que se invocó como causal de injuria impeditiva de la continuidad del contrato (art. 242, L.C.T.) un supuesto de "pérdida confianza" fundado, a modo de circunstancias objetivas, en los siguientes hechos: 1) negligente desempeño de las funciones y responsabilidades a su cargo; 2) ocultar información sustancial al Directorio y a los accionistas; 3) actuación negligente e inconsulta en la negociación y/o celebración y/o convalidación y/o rescisión de contratos de suma transcendencia para la empresa; 4) celebración de contratos en exceso de las facultades otorgadas por la sociedad y/o en contra de las instrucciones impartidas por el Directorio en perjuicio patrimonial de la empresa; irregularidades que se afirmó respondían a un accionar irresponsable del actor en el ejercicio de sus funciones como "gerente general" que le habrían generado un grave perjuicio económico a ARSA (ver CD 270043343 AR obrante a fs. 109/110, transcripta a fs.36 vta. de la demanda). Al día siguiente fue despedido de Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. mediante una comunicación en la que se invocó la decisión de despedirlo adoptada por el directorio en una reunión celebrada el 1/2/2000 (CD 236448476 AR de fs. 118/119 y fs. 48 de la demanda).

En relación con el primero de los agravios, el art. 243 de la LCT establece un régimen marcadamente formal en resguardo de la buena fe y del derecho de defensa de las partes de una relación laboral al disponer que el despido con justa causa debe comunicarse por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Dicha norma consagra además el principio de invariabilidad de la causa del despido, por el cual en el juicio resulta inadmisible modificar la causal de despido consignada en la comunicación respectiva. Esta exigencia implica que en el proceso judicial sólo puedan invocarse y probarse las motivaciones esgrimidas en la comunicación de despido, ya que admitir lo contrario importaría violar el principio de defensa en juicio (art. 18, C.N.).

En el "sublite" los hechos imputados al trabajador como incumplimientos contractuales injuriosos (v.g. negligencia en el desempeño de la función, ocultamiento de información y realización de actos en exceso de las facultades otorgadas en perjuicio de la empresa ARSA e invocación de una decisión del directorio que no se detalla en el caso de Austral) resultan genéricos e imprecisos de modo que incumplen los recaudos legales referidos.

Si bien excepcionalmente una expresión que en abstracto resulta genérica puede calificarse como "suficientemente clara" en el caso concreto cuando las circunstancias fácticas probadas en el juicio demuestran de modo suficiente que al momento de su invocación la contraparte tenía conocimiento de los hechos aludidos como causal de injuria (conf. Litterio, Liliana Hebe, "Efectos de la comunicación de la causa de la denuncia contractual", LT XXXIV-856 y jurisprudencia que allí se cita), tales extremos no se verifican en el supuesto en análisis.

Obsérvese que el litigante manifestó desconocer qué incumplimientos contractuales se le imputaban en concreto como causal de injuria impeditiva de la continuidad del vínculo tanto en la intimación previa al despido cuanto al iniciar la demanda (ver fs. 46 vta.) y las demandadas no produjeron ninguna prueba en juicio que demuestre que el actor tenía conocimiento de las aducidas inobservancias. Creo menester destacar que los graves hechos descriptos por la demandada a fs. 392/395 de la contestación de la demanda, referentes a la designación del actor como gerente general a propuesta de la accionista Interinvest S.A. como parte de una maniobra dolosa tendiente a forzar la quiebra técnica de ARSA para permitir que la vinculada "American Airlines" accediera a sus rutas aéreas, no fueron esgrimidos como motivo para denunciar el contrato y tal circunstancia obsta a su consideración como causal de injuria, en virtud del principio de invariabilidad de la causal de despido que consagra el ya mencionado artículo 243 de la LCT.

Por las razones expuestas, sugiero confirmar la sentencia de primera instancia en cuando decide respecto del despido.

IV. El magistrado que precede desestimó parcialmente el planteo de nulidad que las demandadas articularon contra el contrato de trabajo celebrado con el actor, al admitir exclusivamente la objeción formulada respecto de la cláusula 10.4 del instrumento contractual del 9/11/1998 referente al "régimen de pasajes" que declaró inválida por considerarla lesiva en los términos del artículo 954 del Código Civil. Esta decisión motiva la queja de ambas partes: las demandadas pretenden que se declare la invalidez total del contrato y el actor cuestiona lo resuelto en orden a la entrega de pasajes.

Los planteos contenidos en los recursos presentados por ambas partes no tendrán por mi intermedio favorable recepción por las razones que se exponen a continuación:

a)	las demandadas omiten referirse a la desestimación del planteo de nulidad que intentaron con sustento en la prohibición de objeto del artículo 40 de la LCT en tanto concierne exclusivamente al empleador y no afecta los efectos cumplidos del contrato;

b)	No rebaten del modo exigido por el artículo 116 de la LO que la falta de personería por exceso en el mandato que aducen respecto de quien suscribió el contrato de trabajo del actor en representación de la empresa se encuentra convalidada por la ulterior tolerancia evidenciada por la empleadora ante la ocupación efectiva del puesto de trabajo. Tampoco controvierten que un incumplimiento contractual, como la mala gestión del dependiente, no puede ser válidamente invocado como causa de invalidez del contrato. c)	La pretensión de nulidad que las demandadas intentaron mediante la alegación de la existencia de dolo como vicio de la voluntad (arts. 231 a 235, Cód. Civil), al afirmar que la propuesta y designación del actor como máxima autoridad de ARSA habría sido parte de una maniobra dolosa realizada por una las accionistas para forzar la quiebra de la empresa en beneficio de una de sus vinculadas, resulta inadmisible por aplicación de la doctrina de los actos propios en tanto contraría conductas jurídicamente relevantes que, a favor de su validez, adoptaron ambas accionadas durante la ejecución y con motivo de la extinción del contrato. d)	Las demandadas no explican cuál de las cláusulas del contrato de trabajo por tiempo determinado celebrado entre las partes en fecha 9/11/1998 evidencia una desproporción de las prestaciones que justifique su invalidez con sustento en el vicio de lesión (art. 954, 2º párrafo, Código Civil). La parte actora, a tu turno, tampoco rebate eficazmente que tal desproporción de las prestaciones sí se verifica en lo convenido respecto de la franquicia para viajar a favor del cónyuge supérstite (v.g. pasajes gratuitos en forma vitalicia, en la clase más alta y en número anual ilimitado), en atención a la escasa duración del vínculo laboral y las demás circunstancias del caso que fueron valoradas por el "a quo". e)	Los reclamos efectuado por el causante con sustento en la normativa laboral que se demostró lo asistía no constituye un ejercicio abusivo de derechos (art. 1071, Cód. Civil).

En consecuencia propongo confirmar la sentencia recurrida en cuanto decide en relación. V. Como los hechos hasta aquí referidos y las demás constancias probatorias de autos demuestran que las demandadas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. (sin perjuicio de su vinculación societaria) obraron frente al trabajador causante en forma conjunta y coordinada como un empleador plural, tanto en la oportunidad de requerir sus servicios cuanto al momento de comunicar la extinción del contrato de trabajo, entiendo que la condena solidaria contra ellas con fundamento en el artículo 26 de la LCT resulta ajustada a derecho y debe mantenerse.

VI. Las quejas que formulan ambas demandadas contra la admisión de la indemnización adicional pactada al nivel del contrato individual de trabajo no merecen favorable recepción.

Al tratarse de la ruptura "ante tempus" de un contrato de trabajo celebrado bajo la modalidad de plazo determinado, deviene aplicable el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita al trabajador a percibir, además de las indemnizaciones tarifadas que le correspondan por la extinción injustificada del contrato de trabajo (arts. 232, 233 cuando procede y 245, LCT), los daños y perjuicios provenientes del derecho común que demuestre haber sufrido o se infieran como consecuencia de la sola ruptura del contrato. En el caso esa indemnización adicional por daños y perjuicios había sido previamente convenida por las partes mediante la cláusula 10.1.1.ii del contrato de trabajo celebrado en fecha 9/11/1998 (fs. 9), de modo que la admisión del concepto junto con las indemnizaciones tarifadas de la LCT resulta de lo pactado y de la normativa legal aplicable.

VII. Propongo desestimar el agravio que formulan las demandadas contra la admisión del reclamo por las vacaciones no gozadas correspondientes al año 1999. Si bien las vacaciones no gozadas no son en principio susceptibles de compensación económica, la regla aludida admite excepciones cuando (como en el caso de autos) la ruptura del contrato de trabajo se produce antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 157 de la LCT para reclamar su goce.

VIII. Tampoco merece favorable recepción el cuestionamiento del actor contra el rechazo del reclamo por los conceptos "adicional incentivo" y "adicional largo plazo". Como señala el magistrado de grado, la prueba rendida en juicio demostró que la gestión del causante no logró los objetivos de rentabilidad que se había propuesto y a los que ambas partes supeditaron el derecho a percibirlos (según traducción del punto 2 del anexo I que obra a fs.16/18 y los estados de resultado informados a fs. 1029/1030 de la pericial contable), circunstancias que obstan a su admisión.

IX. Considero que le asiste razón al actor al cuestionar la base remuneratoria receptada para el cálculo de los diversos conceptos diferidos a condena (v.g. indemnizaciones por la antigüedad, el preaviso omitido, adicional de la cláusula 10.1.1.ii., vacaciones 1999 y vacaciones proporcionales). En el contrato de trabajo a término celebrado por las partes el salario del causante había sido convenido mediante una suma expresada en dólares estadounidenses a razón de u$s 245.000 anuales (conf. pto. 1 del anexo I a fs. 127). Dicho monto se corresponde, a la vez, con la retribución mensual de $18.846 mensuales que se demostró percibida por el trabajador durante la vigencia del contrato (según pto. d) a fs. 1077 vta. de la pericial contable), que entonces resultaba a esa misma suma en dólares dada la vigencia de la ley de convertibilidad.

Como dicha base remuneratoria se encuentra expresada en dólares estadounidenses, la misma resulta alcanzada por las disposiciones del artículo 11 de la ley 25.561 y el decreto 214/02 en cuanto establecieron la conversión a pesos de las obligaciones pactadas en moneda extranjera entre particulares.

En consecuencia, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria" en sentencia del 15/03/2007 (Fallos 330: 855) y en "Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil s/ concurso preventivo (incidente de revisión por Ariel Maximiliano López)" en sentencia del 17/03/2009 (Fallos 332:377) propongo -por aplicación del principio del esfuerzo compartido- que la base remuneratoria a considerar en dólares estadounidenses se transforme a pesos a razón de un peso por dólar estadounidense, con más el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio (tipo vendedor) del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de estabilización de referencia (CER) arroje un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable, desde la fecha de exigibilidad de cada crédito (v.g. la fecha de extinción del contrato de trabajo) hasta la del efectivo pago, según cálculo que deberá efectuarse en la etapa del artículo 132 de la L.O.

La solución propuesta torna inoficioso el análisis del agravio vertido por las demandadas contra la tasa de interés activa establecida en origen.

X. Encuentro inadmisible la pretensión del actor acerca de que se considere a las accionadas incursas en la situación prevista en el art. 275 de la LCT, puesto que la conducta asumida en el pleito no releva una actitud obstrucccionista que permita tener por configurado ese supuesto. En el punto no debe perderse de vista que la humana inclinación a la defensa del propio interés, puede matizar la conducta procesal con apasionamientos que de ninguna manera podrían constituir motivo legítimo para lesionar indirectamente la garantía constitucional de la defensa en juicio. (conf. esta Sala, SD 4510 del 25/8/98, dictada en autos "Arceluz Raul Oscar c/ Telmec S.A. s despido" y más recientemente SD 16.165 del 30/6/08 en autos "Ires Irina Andrea c/ Cooperativa de Trabajo La Cacerola Ltda. y otros s/ despido ).

XI. Propongo mantener el rechazo de la acción impetrada contra los codemandados Gutiérrez y Castresana en su condición de administradores de las sociedades empleadoras, porque no se verifican a su respecto ninguno de los supuestos fácticos, tales como el pago "en negro" o el falseamiento de datos del registro laboral, que justifique la responsabilidad pretendida con sustento en las previsiones de los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedad Comerciales.

La imposición de costas al actor por este tramo de la demanda que resultó rechazada se ajusta a lo establecido en el artículo 68 del CPCCN, sin que se verifiquen circunstancias objetivas que autoricen a apartarse del principio objetivo de la derrota en juicio.

XII. En atención al mérito, complejidad y extensión de las tareas cumplidas y lo previsto en las normas arancelarias vigentes, los honorarios fijados a favor de los profesionales actuantes resultan equitativos, razón por la que propongo su confirmación (conf.art. 38 de la L.O., cctes. de la ley 21.839 y arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57).

Postulo que las costas de alzada se impongan a las codemandadas vencidas (art. 68, CPCCN), regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria).

Por lo expuesto voto por: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida, ordenar que se practique una nueva liquidación del monto de condena que deberá realizarse en la etapa del artículo 132 de la L.O de conformidad con las pautas establecidas en los considerandos precedentes y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de la alzada a las demandadas vencidas; III. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones en origen.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

Como resultado del acuerdo precedente este Tribunal RESUELVE: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida, ordenar que se practique una nueva liquidación del monto de condena que deberá realizarse en la etapa del artículo 132 de la L.O de conformidad con las pautas establecidas en los considerandos del primer voto y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de la alzada a las demandadas vencidas; III. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones en origen.

Se hace saber que la tercera vocalía se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.