marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, automotores, valor venal
Materia: CIVIL
Carátula: Marun de Graffigna, Esthela Margot c/ Marre, Mirta Pizzarro de s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-06-30

Según la experiencia corriente un vehículo afectado considerablemente en un choque, pierde parte de su valor venal máxime cuando se dañan partes vitales y aún cuando sean sometidas a reparación soporta una disminución del valor de cotización en el mercado.
Principios laborales, inconstitucionalidad, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Robaglio, Luis Alejandro c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-11

Más allá de compartir la inconstitucionalidad del decreto 669/19, lo que implica su no aplicación al caso; cabe señalar que él no rige en la especie aun en la hipótesis de su validez, teniendo en consideración que dicha norma dictada por el Poder Ejecutivo, solo abarcaría a las contingencias sucedidas a partir del 5 de marzo del año 2017, si es que se admitiere también la retroactividad del mismo. Ello así porque todo lo concerniente a la tasa de interés del ingreso base que este decreto pretende modificar de aquella ley, está direccionado a lo fijado al respecto por el inc. 2) del art. 11 de la ley 27348, y esta ley expresamente en su artículo 20 sostiene, que tales modificaciones (concernientes al ingreso base) se aplicarán a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, y esta fue sancionada y publicada el día 24 de febrero de 2017 (Voto Romero, en adhesión a Welp)
Nulidad de sentencia, remisión del expediente, principio de legalidad, principio de oralidad
Materia: PENAL
Carátula: Curien, Horacio Justo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-28

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar al acuerdo conciliatorio y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos aquí sentados, toda vez que se advierte que el Ministerio Público Fiscal y los jueces que conformaron la mayoría de la sentencia impugnada sustentaron su posición en las prohibiciones del artículo 30 del CPPF; sin embargo no efectuaron ningún tipo de consideración en concreto en orden a la causal que justifica el impedimento invocado, es decir, el carácter de funcionario público del encausado, ausencia argumental que importa un déficit de fundamentación en violación del artículo 123, CPPN. En tal sentido, interesa precisar que el alcance del término funcionario público ha suscitado opiniones encontradas en la doctrina y en la jurisprudencia, extremo que justificaba otro tipo de análisis por parte de los magistrados a la hora de resolver el planteo de la defensa. Así pues, el criterio adoptado en el caso en ausencia de toda indicación concreta al respecto, implica una vulneración al principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la CN, pues en las condiciones señaladas no es posible anticipar que el accionar propio del imputado se encuentre dentro de las previsiones del art. 30 del CPPF -independientemente de considerarlo, o no, operativo, atento a no encontrarse aun en vigencia-, por ? ausencia de justificación sobre la calidad de "funcionario público", para un adecuado análisis de procedencia del art. ?59, inc. 6, del C.P. Finalmente, así como el Tribunal consideró adecuado realizar una interpretación a partir de la cual entendió que se encontraba vigente el artículo 30 del CPPF, del mismo modo debió haber interpretado la vigencia de todas las otras normas vinculadas con la adecuada decisión de la controversia, puntualmente aquellas según las cuales las excepciones deben resolverse oralmente (artículo 2 y 38 del CPPF). De este modo, también corresponde invalidar lo actuado por no haberse satisfecho el principio de oralidad expresamente consagrado en el nuevo ordenamiento procesal, regla que por lo demás siempre tuvo vigencia en materia de disponibilidad de la acción penal.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORZIO, LORENZO JOSE c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA E INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S) s/ ACCION DE AMPARO"EXPTE. N 11689/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-29

El acto atacado-decreto 155/96- tiene su origen y ejecutoria en autoridad provincial, por consiguiente lo que se denuncia es un acto lesivo a derechos de rango constitucional proveniente de autoridad pública local, supuesto en el que tiene plena competencia la justicia provincial, en el marco de la ley que rige la vía sumarísima escogida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Masiriz, Jorge Raúl c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la norma, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad de quien lo emitió, teniendo en cuenta que cualquiera que sea la índole de la norma no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Procedencia del recurso, cuestiones de competencia, uniones convivenciales, atribución de la vivienda, canon locativo
Materia: PROCESAL
Carátula: M. M. c/ L. R. L. A. s/ materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-12-03

Resulta competente la justicia de familia -art. 718 del CCC- para aquellos reclamos relacionados con los efectos jurídicos de las uniones convivenciales previstos en el Título III del Libro Segundo del Código Civil y Comercial, tanto durante la convivencia como ante su cese. Es decir, a pesar de que algunas pretensiones sean cuestiones puramente patrimoniales y propias del Derecho Civil, al haberse generado en el seno de una familia e involucrado a todos sus integrantes, corresponden que tramiten ante el fuero de familia. Es conveniente que un mismo Juez/Jueza conozca de todos los asuntos conexos que tienen un mismo origen: la unión convivencial. La unidad de juzgamiento y centralización en un mismo decisor de los conflictos que puedan suscitarse en relación con este tipo de modelo de familia garantiza un mayor marco de conocimiento desde el abordaje integral de los mismos, para darles así respuestas más adecuadas. Más, quedarían fuera de ese ámbito de juzgamiento especializado las pretensiones que, como legitimado activo unos de los convivientes como tal dirija contra terceros, como la responsabilidad civil, un juicio laboral o previsional; ello a tenor que no son procesos de los convivientes entre sí. También, y en el mismo sentido, todas aquellas controversias judiciales que fueran atrapadas por el fuero de atracción, por el desplazamiento de la competencia que el mismo conlleva.

Atento lo expuesto por el excepcionante vinculado a que la pretensión esgrimida en autos no se encuentra taxativamente prevista en el art. 827 del CPCC, con cita de fallos de la Suprema Corte en su respaldo, ha de señalarse que los mismos son anteriores a la actual regulación de la unión convivencial en el CCC como otro modelo de familia merecedor de tutela legal; y que desde esa perspectiva, hay que releer -en un contexto de diálogo de fuentes (art. 2 del CCC)- el mencionado artículo del CPCC y desde allí por su inciso x) admitir que la presente pretensión sea tramitada ante el juez de familia. Ésto es, compatibilizar armónicamente el art. 718 del digesto sustancial con el art. 827 del régimen adjetivo local; ello sin perjuicio de cuáles sean las normas de fondo que sean operativas para la liquidación patrimonial de los bienes de los convivientes. (Del voto en disidencia del Dr. Sosa Aubone)
Acusación, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUELLO VICTOR HUGO s/ SENTENCIA Y ACUSACION = CORRELACION - HECHO DIVERSO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-01

En el caso, si el imputado fue acusado como coautor de homicidio simple y fue condenado como autor de homicidio simple, el hecho entendido como factum contenido en la requisitoria y el de la sentencia, difieren esencialmente pues no puede decirse que es lo mismo facilitar el arma a otro sujeto con conocimiento de que la usaría para quitarle la vida al taxista, que tener por cierto que ello no ocurrió y que fue el imputado quien efectuó el disparo. Es indudable que no interesa -como interpreta la mayoría de la a quo- que ambos hechos tengan una calificación jurídica similar, pues no es esa la correlación que exige la ley procesal desde que permite al tribunal de sentencia el cambio de calificación legal aun cuando en virtud de ella deba aplicar penas mas graves (CPP. 414). En cambio, si importa que esa mutación haya privado al imputado de la facultad de producir prueba y alegar en la audiencia todo lo atinente al hecho por el que resulto condenado. Ello es lo ocurrido, pues no es algo que puede discutirse con seriedad, que la defensa en relación a uno y otro hecho sea la misma.
Amenazas calificadas, armas
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Fernando Ernesto s/ Corrupción agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Es improcedente el agravio que cuestiona el encuadramiento del hecho en los arts. 149 bis último párrafo y 149 ter inc. 1 del Código Penal, alegando que no se ha determinado la utilización del arma en el momento de consumarse el hecho pues parece confundir el momento de consumación de la amenaza con la realización de aquello que la amenaza perseguía.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Juan C; Medina, José L s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-21

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa en el que se denuncia la transgresión de los arts. 40 y 41 del C.P. sin indicar cual o cuales de las pautas enunciadas en aquellas normas habría transgredido el sentenciante.
Abuso sexual, recurso de casación, cambio de calificación legal, recurso extraordinario, falta de fundamentación suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., D.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO interpuesto por el Dr. Víctor García contra Sentencia Nº 16/13 en Expte. Corte Nº 23/13 - Recurso de Casación (...) . M., D.A. - p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal por Cualquier vía en grado de tentativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-08

La Cámara Penal de Tercera Nominación, conformación unipersonal, condenó al imputado M. a sufrir la pena de cuatro años y dos meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por cualquier vía en grado de tentativa (arts. 119 3º párrafo en función del 42 y 45 del C.P.).

Contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, el que fue parcialmente acogido en la sentencia Nº 16/13, mediante la cual esta Corte modificó la calificación del hecho atribuido al imputado, haciéndolo responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, consumado.

En contra de la nominada resolución, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

El recurrente no desarrolla argumentos conducentes a demostrar la afectación que denuncia al derecho de defensa ni la violación que alega a los principios que rigen el debido proceso. De tal modo, no pone en evidencia el efectivo menoscabo constitucional que invoca ni justifica de manera suficiente la intervención que pretende del Máximo Tribunal a cuyo fin no basta la mera enunciación de garantías constitucionales.

Con esas deficiencias, los agravios expuestos no cuentan con fundamentos suficientes para suscitar la apertura de la instancia extraordinaria, que no está destinada a corregir los defectos atribuidos a la sentencia sino a asegurar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, cuyo menoscabo en el caso el recurrente no ha demostrado y, de tal manera, tampoco que sea aplicable a la resolución impugnada la doctrina de la sentencia arbitraria.

Por todo ello, corresponde no conceder el recurso deducido dado que no media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales indicadas como vulneradas (art. 15 de la ley 48).
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fleischmann Argentina In s/ recurso por retardo - impuestos internos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

No cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales, para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador ni para imponer una obligación.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, Dirección Nacional de Vialidad, conducta de las partes, silencio de la administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGERIO ITALO ARGENTINO c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Ha mediado en la especie una negativa de la demandada a dar por concluido el negocio, lo cual presupone que, ante la ausencia de un contrato de compraventa con la plenitud de sus efectos, resulta improcedente obligar a la DNV a escriturar un bien cuya enajenación no comprometió.

Señalase, además, que aparte de la resolución 02077/85 por la que se decidió "no prestar conformidad al convenio", la actuación de las partes con posterioridad no autoriza a concluir que hubiere una conformidad siquiera implícita.

Las intimaciones enviadas por el actor enderezadas a obtener la referida escrituración a lo sumo reflejaron un silencio de la Administración que tampoco importa una aprobación tácita del negocio en cuestión. Cabe recordar, al respecto, que no mediando una norma legal que lo prevea, el silencio opuesto a un requerimiento de ese tipo no equivale a la aceptación; conclusión que es válido obtener ya sea por aplicación de los preceptos de derecho privado o bien en virtud de los principios generales que disciplinan el derecho administrativo.
Seguros, suspensión de la cobertura, citación en garantía, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Latorre, Carlos A. c/ Pirillo, Juan C. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

La defensa opuesta por la citada en garantía vinculada con la suspensión de la cobertura por falta de pago, conduce a que, frente al tercero víctima del daño, a quien la ley le otorga preferencia y especial legitimación para citar al deudor de su deudor (art.118 de la ley de seguros), sea necesario que el asegurador, para excluir su responsabilidad, pruebe fehacientemente el incumplimiento que lo liberaba. Ello así, por cuanto desde el punto de vista procesal, la suspensión de que se trata se muestra como hecho modificatorio del derecho nacido del contrato de seguro, cuya prueba estaba a cargo de quien lo adujo como base de su defensa o excepción (art.377, Código Procesal).
Multa, intereses moratorios, proporcionalidad tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Buenos Aires Container Services S.A. c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-24

Cuando la multa o accesorios -intereses o recargos- son desproporcionados ponen en riesgo el derecho de propiedad de los contribuyentes e, irrazonablemente, pueden conducir a que se produzcan efectos confiscatorios. (Voto del Dr. José O. Casás).
Caducidad de instancia, resoluciones inapelables, costas, carácter accesorio
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. C. y Otra c/ R., R. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ MEDIDA CAUTELAR s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

"Toda vez que la resolución que desestima la caducidad del incidente de caducidad de instancia es inapelable, lo mismo ocurre con la imposición de costas de dicho incidente, pues como accesorio sigue la suerte de lo principal".
Recurso de casación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lew, Fernando Javier s/ Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

El Superior Tribunal de Justicia debería avocarse directamente a la consideración de la procedencia o no del remedio extraordinario, en los términos de los arts. 465, 448, 457, 458 y 459 del C.P.P.. Ello así, por cuanto la resolución del Tribunal a-quo, que concedió el recurso y emplazó al recurrente conforme al art. 455 del mismo ordenamiento ritual, contempla las exigencias de los arts. 442, 448, y 463, siempre del citado procedimiento. Es de señalar que el art.

448 dispone que el recurso no será concedido por el Tribunal que dictó la sentencia, cuando: 1) La misma fuera irrecurrible; 2) No fuera interpuesto en tiempo y forma; 3) Por los motivos que la ley prevé; y 4) Por quién tenga derecho. Esta enumeración es taxativa y el Tribunal a-quo sólo tiene que considerar los recaudos mencionados, (lo que se hace en la resolución que concede el recurso, al remitirse ésta a los arts. 442, 448, y 463), para posibilitar la concesión, interpretando a contrario sensu el art. 448 aludido. (Dr.

Márquez Palacios:en disidencia).
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, presunción de legitimidad, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelino, Tarcisio Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 486 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

La jurisdicción contencioso administrativa sólo habilita la revisión de aquellos actos que no se conforman al ordenamiento jurídico.

Este control de legitimidad, sin embargo, no excluye la eventual indagación y verificación de hechos en cuanto sea necesario para decidir la validez del acto.
Accidentes de trabajo, peón de taxi, horario de trabajo, stress
Materia: LABORAL
Carátula: MATURANO, DOMINGO MARIO c/ ART INTERACCION S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30

El CCT N° 336/01, aplicable a peones de taxi, en el art. 10 incs. a), b) y c), establece que el trabajador gozará de un franco semanal, luego de seis jornadas consecutivas de trabajo. Que el mínimo de la jornada es de 8 horas diarias, la que se puede extender a 12 horas. Asimismo, contempla que entre jornada y jornada, el trabajador debe tener un descanso mínimo de 12 horas. En el caso el actor laboraba todos los días, es decir de lunes a lunes sin franco semanal, durante doce horas por jornada. Esta circunstancia constituye un claro indicio del estrés laboral sufrido, todo ello sumado a que las tareas eran desarrolladas en una ciudad particularmente estresante como lo es Buenos Aires, lo que bien pudo provocar un ACV en el trabajador.
Ley penal en blanco, reglamentación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La modificación de la reglamentación que condiciona la aplicabilidad de las leyes penales en blanco no necesariamente refleja una variación en la valoración de la realidad que se regula, sino que, frente a una mutación de las circunstancias, puede resultar necesario modificar la regulación para que ésta se mantenga acorde con aquellas pautas invariadas.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fromet Alberto Emilio s/ Caducidad de prenda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-11

La cancelación de una prenda inscripta en el Registro Nacional de Créditos Prendarios conforma pretensión que encuadra claramente en el concepto de "derechos susceptibles de apreciación pecuniaria" a que refiere el art. 266 del Código Fiscal -texto ordenado por Ley 10397- ya que aún cuando se apunta a una cancelación de inscripción registral, la misma refiere a un contrato con objeto económico cuantificado (el valor dinerario de la obligación garantizada por la prenda). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, recusación, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Luzzi, José Luis s/ no exhibir certificado de tratamiento ignífugo  (Juzgado Nº 24)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-15

En el caso, las afirmaciones generales y meramente dogmáticas efectuadas por la Defensa resultan insuficientes para considerar que se encontraría vulnerada la garantía de imparcialidad. Puesto que ello implicaría que pudiera apartarse al juez natural de la causa sin que fuera necesario efectuar consideración alguna respecto del caso en particular. Esto es lo que sucede en la presente donde la defensa ni siquiera ha explicado mínimamente los motivos que le permiten afirmar que la mera intervención previa de la Sra. Juez de Grado, que ha fallado respecto de otras infracciones, afectaría la garantía constitucional en cuestión.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: ALBO, Héctor Mario s/ Estupro calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-27

Resulta ilícito extraer un indicio de culpabilidad de la actitud del procesado que se niega a colaborar como sujeto pasivo en un examen de compatibilidad sanguínea, habida cuenta que esta pericia, al contrario de la confesión, no prejuzga sobre la culpabilidad y, consiguientemente, no se halla amparada por lo prevenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.-
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Basal, Rubén Osvaldo. Basal, Diego Rubén s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que alega omisión de cuestión esencial referente a la calificación legal argumentando que no se pronunció el tribunal expresamente sobre los supuestos del art. 90 del Código Penal, si del informe médico surge que existió inutilización por más de un mes para el trabajo pues el facultativo se expidió de conformidad al art. 107 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal que establece -entre otras disposiciones- que los peritos determinarán el tiempo que las lesiones han inutilizado para el trabajo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ BCRA. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

En la tarea de esclarecer normas de carácter federal la Corte no está limitada por las posiciones de la cámara ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado según la interpretación que rectamente le otorga.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, concursos
Materia: LABORAL
Carátula: Petracci, Teobaldo c/ Banco de Río Negro y Neuquén s/ Preaviso, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Dispuesta la liquidación del Banco demandado por el Banco Central de la República Argentina, con expresa revocación de la autorización para funcionar como entidad bancaria y decretada posteriormente su quiebra a requerimiento del liquidador, no es de aplicación el procedimiento de liquidación común, en lo concerniente a la continuación de la empresa (arts. 257 y 261, ley 19.551).