marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, honorarios del interventor judicial, honorarios del veedor, regulación de honorarios, base regulatoria, sucesiones, sociedades comerciales
Materia: CIVIL
Carátula: COCCHIS ADOLFO s/ INCIDENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

El art. 16 de la ley 21.839 establece que al veedor, hoy interventor informante, le corresponde el 30% de lo que le correspondería al administrador y del art. 15 surge que la regulación de honorarios que favorece a éste último debe efectuarse, en principio, aplicando las pautas del art. 7to sobre las utilidades realizada durante su desempeño. En circunstancias especiales, cuando el honorario fuese excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del art. 6to el valor del caudal administrado o ingresos producidos y el lapso de actuación. Pero si el fundamento de la medida radicó en que los herederos desconocían la real dimensión del patrimonio social y, por ende, del interés del sucesorio siendo que la cautela constituía el único medio idóneo para conocerlo, ante tal objeto, la regulación debe recaer sobre el interés que la sucesión tiene en tales sociedades, debiendo aplicarse para ello la segunda parte del art. 15,- La regulación de los honorarios debe efectuarse en proporción al interés comprometido con el dictado de la medida, por lo que quedaría fuera de discusión las partes pertenecientes a otros socios.
Filiación, prueba, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Espinosa Olga Noemí c/ Arevalo Dionisio Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

La calidad de hijo heredero sólo se acredita mediante partida y es insuficiente su invocación como tal en cuanto pretendan hacer valer derechos hereditarios o de estado de familia quienes requieren como presupuestos de tales derechos la existencia de un vícnulo de parentesco, pero no cuando el parentesco es un mero hecho que da origen a obligaciones frente a terceros. En este caso, en cuanto el reconocimiento no genera un estado de familia ni otorga calidad de herederos erga omnes, es suficiente para obligarla singularmente la simple admisión o confesión de poseer ese estado o calidad (art. 421 CPC).-
Interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Los jueces, al interpretar las leyes, deben hacerlo en armonía con la totalidad del ordenamiento jurídico, de la manera más acorde con los preceptos de la Constitución Nacional, esto es, con los principios y garantías que ella establece, evitando siempre darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto. (Citas: CSJN, Fallos 224:423; 229:456; 234:229; 304:1636; 224:423; 229:456; 234:229; 304:1636; 251:158; 252:120; 255:360; 258:75; 277:313; 312:111; 316:2695; 1:300; 303:578, 1041 y 1776; 304:794 y 1603; 310:195; 312:1614). (Del Voto del Dr. Vigo)
Interdicto de recobrar, restitución de cosas
Materia: PROCESAL
Carátula: FEMESA c/ iNTRUSOS Y/U OCU STA. MAGDALENA E/RIO CUARTO Y FFCC ROC. s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

"Cuando el derecho fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien" el art. 616, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza la adopción de esa medida. Así concebida, se trata de un anticipo concreto de la jurisdicción, que debe ser decretada si se cumplen los requisitos generales de las medidas cautelares. Asimismo, habida cuenta de que se trata de un "remedio" que debe ser utilizado con cautela, es necesario que surja claramente el perjuicio a que hace referencia la ley.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, secuestro extorsivo, personal policial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CASTELLI, Norberto y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-16

Es reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene que si bien en las causas en las que se investiga la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 3°, inciso 5°, de la ley 48 -según leyes 20.661 y 23.817- deben tramitarse ante la justicia de excepción, la competencia ordinaria surge en aquellos casos en que lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada directa o indirectamente la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones (ver Fallos 315:1519, 318:2127, 319:2.389 y 324:911, entre muchos otros y de esta Sala, causa n° 19.021 "López", reg. n° 19.883 del 13-06-02, entre otras). Sentado ello y sin perjuicio de la declaración de incompetencia, habrá de dar tratamiento al fondo de la cuestión que ha sido materia de recurso, en virtud de encontrarse comprometida la libertad de los imputados (ver de esta Sala causa n° 12.832 "Vetrugno", reg.

n° 14.207 del 20-5-97 y de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa n° 1744 "Fire", reg. n° 2056 del 26-2-98, Sala II, causa n° 1596 "Palazzo", reg. n° 1872 del 2-3-98, Sala IV, causa n° 951 "Lipcon S.A.", reg. n° 1212 del 3-4-98).
Juicio de desalojo, intimación de pago, telegrama colacionado, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, ATILIO c/ CARRERA, JOSE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1962-10-25

Que ante lo alegado por el actor, que dice haber intimado de pago al inquilino mediante telegrama colacionado, y negando éste su recibo y autenticidad, no es el accionante a quien incumbe probar que el telegrama que agrega a autos es auténtico.
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado, culpa civil, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CALCOPIETRO c/ TABOADA, María Cristina y otro s/ Quiebra-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-02

Quien pretenda del abogado una indemnización, deberá demostrar la culpa profesional. De ahí que, si el accionante no acreditó la negligencia o impericia del accionado en las actuaciones que concluyeron por caducidad de instancia, y del análisis de la causa surge que el nombrado no asumió la dirección jurídica del pleito, la cual estaba a cargo del otro letrado, cabe admitir la excepción por falta de legitimación pasiva opuesta por el profesional demandado
Cuestiones de competencia, competencia en razón del monto, pago en cuotas
Materia: PROCESAL
Carátula: SAN CRISTOBAL CAJA MUTUAL c/ ABDALA, FLAVIO HERNAN s/ COMPETENCIA COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-27

Corresponde que el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial siga entendiendo en la causa, por cuanto -según jurisprudencia de esta Corte y de conformidad a lo dispuesto en el inciso b del artículo 3 del Código Procesal Civil y Comercial local- se ha establecido que para determinar la competencia del tribunal debe estarse al importe total de la obligación aunque se demandare una cuota, una parte o sólo los intereses, sin que gravite cuál pueda ser el saldo real, cuestión contingente, eventualmente controvertible y ab initio indeterminada, resultando claramente excedida la competencia cuantitativa de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución Civil de Circuito.
Impulso procesal, lesiones leves, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

En lo atinente al impulso de la acción, toda vez que la causa llegó a juicio bajo la adecuación de la conducta al tipo de lesiones graves y sólo después de que fue llevado a cabo el peritaje médico reclamado por la defensa se pudo establecer que las lesiones sufridas por la víctima eran de carácter leve, esta confusión -fundada en un primer peritaje erróneo- llevó a los órganos predispuestos para la persecución penal a no requerir la necesaria dispensa que reclama el art. 72 del Código Penal. El proceso es dinámico y en modo alguno queda cristalizado por lo actuado en la investigación penal preparatoria, pero una vez que todos los sujetos procesales toman nota del error, la fiscal general subsume la conducta en el tipo de lesiones leves, la defensa remarca que en tales condiciones el Estado no puede proceder y el debate no se encuentra cerrado -lo que permite consultar la opinión de la presunta víctima antes de dictar el veredicto-, resulta inadmisible la actuación de la jueza que adopta simultáneamente la posición de fiscal y damnificada para mantener viva la acción (voto del juez Morin)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, ley provincial, sentencia arbitraria, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Valdez, Manuel Guillermo s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION C/ DECRETO - NUMERO  1376 DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

El agravio que ataca la interpretación del art. 3, de la ley N.

4297, de la Rioja, remite al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas -como regla y por su naturaleza- al recurso extraordinario, salvo un supuesto de arbitrariedad.
Embargo, bienes embargables
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO, ITALO JUAN c/ ARNES DE OSELLA, MARIA AURELIA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-02-14

No habiéndose acreditado que el televisor color, por circunstancias especiales, constituya un elemento indispensable para el que sufre la medida de embargo, extremo que debía probar la recurrente, el bien resulta embargable.-
Recurso contencioso administrativo, morosidad del proceso, daño irreparable, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, jubilaciones, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Correa, Daniel Román c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 963-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

La Corte local ha destacado -si bien respecto de la ley 4106-, que la "irreparabilidad" del daño causado por el acto administrativo no debe ser entendida sólo con alcance patrimonial, descartándola con la mera invocación de posible reparación pecuniaria; además, ha señalado que el concepto de irreparabilidad no es equiparable a "irresarcibilidad", pues quien solicita la tutela cautelar quiere que el bien tutelado permanezca íntegro, y no que se le asegure una indemnización. En ese orden de ideas, se debe tener especial cuidado para evaluar cuándo se está frente al daño "irreparable" a que alude la ley, a cuyo efecto es preciso ponderar la naturaleza del bien jurídico que pretende protegerse. Por lo tanto, siendo que en el caso en estudio, el bien cuya tutela se postula es la preservación del individuo frente a contingencias invalidantes, cabe recordar que el Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla (primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Provincial); y que el Estado instituye un sistema de seguridad social que tiene carácter integral (primera parte del tercer párrafo del artículo 21 de la misma Constitución). Frente a tales circunstancias se torna razonable disponer el reenvío a la Administración para que, por medio de quien corresponda, y previo el cumplimiento de los trámites que estime necesarios, en un plazo de sesenta días hábiles administrativos resuelva expresamente la situación del actor en torno al beneficio jubilatorio solicitado -en sentido favorable o desfavorable- con inmediata noticia al Tribunal, vencido el cual y sin que hubiere pronunciado acto expreso -salvo demoras imputables al actor- deberá disponerse una provisión justa, que se estima adecuado establecer en el pago mensual al recurrente de un importe igual al determinado por el Poder Ejecutivo para la jubilación mínima.
Competencia de la Corte Suprema, constitucionalidad, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cine Callao
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-06-22

La Corte Suprema no puede sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes, sea de las que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de policía, sea de las que establecen impuestos o tasas. El examen y el pronunciamiento judicial deben radicar en la conformidad que, de acuerdo con los arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional, deben guardar con ella las leyes de la Nación. Y la atribución de declarar la inconstitucionalidad de éstas sólo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad, máxime si ello es posible sin violencia de los textos.
Recusación, enemistad manifiesta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: March, Andrés c/ Centeno Novillo, Luis s/ Declaratoria de pobreza
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-24

La causal de enemistad debe ser alegada por el magistrado hacia la parte, y no a la inversa; y en el caso de autos los magistrados niegan la causal invocada.

No se considera que la falta de saludo entre magistrados y letrados amerite una recusación por enemistad. El saludo es una forma de cortesía, una manifestación cultural que no significa amistad, sino una formalidad impuesta por las costumbres y normas de educación. Si el saludo no significa amistad, el no saludarse no puede significar necesariamente enemistad.
Etapas del proceso, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: MALOSETTI RIVERO, MARTA c/ GONZALEZ DE SIEVANI, ARSENIA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-17

Existen dos tipos de reconvención:

la conexa y la inconexa. La primera sólo admite la pretensión autónoma del demandado cuando se dan los supuestos previstos en el art. 357 del rito. La segunda admite la pretensión autónoma del demandado en cualquier supuesto, con la sola coincidencia de los sujetos procesales. Este último sistema estuvo reglamentado en el Código Procesal, para el juicio ordinario y fue suprimido por la reforma de la ley 22.534, que admitió solamente la reconvención conexa.
Daño emergente, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: Orozco, Liana Alicia c/ Contreras Hnos. SACIFAG y M y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-08

"El daño estético debe ser visible y apreciable exteriormente...De allí que ... ese daño "tiene en el rostro o fisonomía de la persona su máximo exponente"... "...la noción de exterioridad atañe sólo a que la modificación corporal sea perceptible visualmente, sin ser necesario que lo sea normalmente por otros" "se requiere cierta subsistencia o estabilidad temporal de la alteración física, deberán concurrir huellas, vestigios o indicios luego de la etapa de curación y a pesar de ésta" "la lesión estética es susceptible de desaparecer o aminorarse a través de cirugía reparadora, la posibilidad de concretarla o inclusive la circunstancia de que a la fecha de la reclamación resarcitoria ya hubiese tenido lugar con éxito, no descarta que deben resarcirse las consecuencias patrimoniales y morales que la lesión producirá o haya producido en el intervalo. Es que no es un requisito de la resarcibilidad del daño su permanencia...".
Amparo por mora, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Capdevila, Empresa Constructora c/ Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos y/o Salazar, Roberto Claudio s/ Acción de amparo por mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-04-02

Si la Administración Pública se ha expedido expresamente a través de diversos actos, la acción de amparo por mora interpuesta por el accionante, deviene improcedente.

En efecto, si el alcance de la acción de amparo por mora está limitada a obtener una orden de pronto despacho cuando la administración no se ha expedido en un tiempo prudencial, circunstancia no acontecida en autos, resulta inadmisible la acción articulada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, marcas, falsificación de marca o designación, presunciones, dolo, in dubio pro reo
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: Sandys Confezioni SPA. s/ querella por infracción al art. 31 de la ley 22362.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La sentencia que admite la presunción legal de conocimiento de la falsedad de la marca (art. 39 de la ley 22.362) pero neutraliza esa presunción porque duda sobre su concordancia con la real actitud subjetiva que tuvo el autor, es arbitraria por autocontradictoria.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, tasa de justicia, partes, obligaciones, impuestos, hecho imponible, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver era: ¿qué interpretación ha de   darse a los artículos 226 y 227 del código fiscal en cuanto a la   obligatoriedad, o no, respecto de la parte actora y al momento de   arribarse al dictado de la sentencia, de satisfacer el 50% restante   del sellado judicial no pagado con anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

En el marco de las actuaciones judiciales el hecho imponible es "iniciar juicios" ante las autoridades judiciales y el mismo resulta agotado por el actor al promover la demanda, no siendo necesario actividad posterior alguna para que se genere la obligación de pago.

Por ello, la causa de la obligación fiscal del demandado no es la solidaridad con el actor respecto de la tasa, sino la condena en costas recaída respecto de quien no goza de exención subjetiva. Así, serán solidariamente responsables por toda la tasa proporcional, todos los sujetos que integran la parte demandada. (Del Voto del Dr. Chaumet).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Soberón, Patricia Alejandra c/ Humberto Basso e Hijos S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-01

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que resolvió no hacer lugar al recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el fallo de primera instancia, el cual desestima la demanda en todas sus partes.

Ingresando al análisis del memorial de agravios, se advierte que el recurrente ha expuesto de modo deficiente la relación de los antecedentes de la causa, por cuanto ha omitido enunciar los fundamentos esenciales sobre los que se asienta el fallo que pretende impugnar. También se observa que no ha rebatido los argumentos sobre los que se asienta el decisorio, estableciendo claramente el vínculo entre éstos y la causal de arbitrariedad invocada, por lo cual no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.

En tales condiciones, el recurso debe ser rechazado por ausencia de requisitos formales básicos necesarios para su admisibilidad, con costas al recurrente.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: D., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-24

El concepto de pobreza es contingente y relativo.- Presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias, lo cual si bien justifica la amplitud con que se autoriza analizar el instituto, no implica la procedencia de su concesión en casos en que la probanza es de tal escasa entidad, que no permite considerar ni mínimamente la alegada limitación económica del actor.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Ltda. Eléctrica Colonia Seré c/ Riggi, Miguel y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

La acción de desalojo no es concebida contra el poseedor 'animus domini' porque ella opera contra quien está obligado a restituir el bien.-
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, ayudante
Materia: LABORAL
Carátula: HUERTAS, JUAN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS FRENCH 2349 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Si el trabajador, encargado de un edificio, desempeñó simultáneamente tareas de ayudante, las cuales se le abonaron por separado, tal situación debe entenderse como comprensiva de dos contratos diferentes. De manera tal que la ruptura de la relación de objeto prohibido (la de ayudante) no afectó en absoluto la relación lícita (de encargado permanente) la que continuó normalmente. (Del voto del Dr. De la Fuente, en minoría).
Preclusión, agregación de la prueba documental, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BENAL  S.A.I.C. c/ SEGBA s/ AGREGACION   DE  PRUEBA  DOCUMENTAL  EN  LA  ALZADA  -  PRINCIPIO  DE  PRECLUSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La agregación de documentos en la alzada es una facultad excepcional que sólo corresponde en los casos específicamente señalados, siendo su procedencia de interpretación restrictiva.

Es insuficiente la mera afirmación de no haber tomado conocimiento de su existencia sino que deben enunciarse razones suficientes y verosímiles que sustenten su pedido, ya que de admitirse el criterio del solicitante se estaría permitiendo la producción de prueba fuera del momento oportuno, lo que no significa un exceso de ritualismo sino una interpretación adecuada al carácter preclusivo que deben revestir las diversas etapas del debate procesal, respetando la igualdad de las partes.
Mobbing, tratados internacionales
Materia: LABORAL
Carátula: D., R. B. c/ ENTRETENIMIENTO PATAGONIA S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

Con relación a los protagonistas del mobbing se ha dicho: "Se debe destacar que el mobbing puede ser ejercido en forma vertical y horizontal. El primero de ellos es el que ejecuta el empleador o un superior jerárquico contra el trabajador y mediante el cual se pretende el retiro del obrero de la empresa, por resultar su presencia incómoda.

Dicha 'incomodidad' puede obedecer, entre muchas otras causas, a la eficiencia del atacado, a su elevado nivel intelectual, a una posibilidad de ascenso o por contar con una lucidez que a las claras excede a la del mobber.

La segunda hipótesis es la que se genera entre pares, es decir, entre trabajadores, pues ven en la víctima un probable y futuro rival laboral, con mejores condiciones de ascenso y progreso que las propias" (Sandra Assad: "La reparación de los daños laborales. Discriminación en la Ley de Contrato de Trabajo: el mobbing" L. L. 04-04-05).

La misma Dra. Assad cita entre sus antecedentes legislativos internacionales y nacionales la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, la Convención de New York de 1967, el Pacto de San José de Costa Rica de 1960, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1980, la Constitución Nacional, el Convenio Nro. 111/58 de la O.I.T, la L.C.T. y las Leyes Nacionales 23592 y 25013