marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: Ulibarrie, Diego Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-25

La revisión del recurso de casación trata de reconocer en la sentencia la aplicación del método histórico en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, que su aplicación no sea defectuosa, que se hayan incorporado todas las pruebas conducentes y procedentes, que la crítica externa haya sido suficiente, que la crítica interna haya sido contradictoria y que se haya aplicado adecuadamente el beneficio de la duda, conforme ha resuelto la Corte Suprema in re "Casal".
Recurso de reposición (procesal), recurso de nulidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros de la Corte Suprema, excusación, conjueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Moliné O Connor, Eduardo s/ su juicio político
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-26

Corresponde desestimar el planteo tendiente a que se deje sin efecto la decisión tomada por la Corte Suprema por la cual -ante la excusación de todos los jueces que integraban el Tribunal para el asunto- dispuso que se procediera a conformar el Cuerpo con los conjueces que contempla el art. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58; pues -salvo circunstancias excepcionales las sentencias definitivas e interlocutorias de la Corte Suprema no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de reposición ni por el de nulidad.
Sentencia, firma del secretario
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AHUMADA SALAS DE FALLETTI SYLVIA Y OTRA c/ BEATRIZ ELENA AHUMADA SALAS Y OTRO s/ RECUSACION - CAUSA - JUEZ - RECURSO DIRECTO - INHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-02

El hecho de que el secretario del tribunal no haya firmado una resolución no puede justificar ninguna objeción, porque esta dispuesto en la ley que los autos y sentencias sean firmados únicamente por los jueces (CPC. Arts. 145 Y 1335).
Servicio público, energía eléctrica, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

En el régimen jurídico vigente en la Dirección Provincial de la Energía en el momento del nombramiento del actor, estaba claramente diferenciado el personal incluido en el convenio colectivo y el excluido de él, por lo que no cabe interpretar que el Poder Ejecutivo provincial al dictar el decreto 3621/83, haya decidido en contra de lo dispuesto en el decreto nacional 246/81 y el texto de la convención aprobada por éste; en especial si se tiene en cuenta que regía la ley 21476 en la que encontraba su apoyo, recién derogada en 1984 por la ley 23126 (sancionada el 30 de setiembre de ese año), a la cual la jurisprudencia ha negado efecto retroactivo. Menos aún puede pensarse así , si se tiene en cuenta que la retribución la fijó respetando el artículo 4 del decreto 246/81, pues dispuso que sería "la equivalente a la categoría de Sub-Gerente de los servicios transferidos" (que fueron los que prestaba con anterioridad en el ámbito provincial la Empresa Agua y Energía de la Nación), "debiendo individualizarse el presupuesto de la Repartición con el aditamento de la función respectiva".
Recurso de queja (procesal), interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración) denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Corresponde rechazar el recurso de queja si, más allá del acierto o error de la decisión del a quo, ella encontró apoyo suficiente en la interpretación de normas locales infraconstitucionales, sin que el GCBA haya logrado demostrar que su razonamiento sea insostenible. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Honorarios, escrituración, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: POZO Encarnación y Otros c/ Arcerito de Rodriguez Alejandra del C. s/ Escrituracion. Act. para Agregar (Reconst.)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-10

En una demanda por escrituración, el precio establecido en el boleto para la conmutación, da el contenido económico exigido por la ley, para determinar la escala aplicable en la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

El espíritu de la ley 4072 que modificó el art. 197 de la Ley 2150: "En una demanda por escrituración la base para establecer el monto de los honorarios es el valor del contrato actualizado.

Es decir que la base regulatoria está dada por el precio fijado en el boleto de compraventa.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 450-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Lo que en el pasado fue sólo exigencia jurídica: que el acto administrativo contuviera una "motivación" o explicitación de sus fundamentos, es hoy también una exigencia política; ahora hay un deber jurídico y político, social y cultural, de explicar al ciudadano o habitante por qué se le impone una norma, y hay que convencerlo con la explicación; pues si no se la explica satisfactoriamente, faltará su consenso, que es la base esencial del concepto democrático actual y futuro del ejercicio del poder, y de la eficacia en el cumplimiento de la decisión. Ya la democracia es no sólo un modo de alcanzar el poder, sino también un modo de ejercicio de él. (Del Voto del Ministro Dr. Ulla, que queda en Minoría)
Sentencia absolutoria, contrabando, tentativa, aplicación de la ley, impedimento o entorpecimiento del control aduanero, ingreso de divisas
Materia: PENAL
Carátula: CORTES CARRAZCO JOSE MANUEL c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-10

Corresponde absolver al encausado en orden al hecho que fuera materia de acusación (arts. 864 inc. d) y 871 del C.A.) toda vez que no se encuentra discutido que el hallazgo del dinero (U$s 60.000) se produjo en ocasión de ser preguntado acerca de si llevaba algo que debiera declarar, y espontáneamente manifestó que poseía dólares en efectivo, indicando la cantidad exacta que luego se constató. De tal suerte, y según se advierte, la forma en que el encausado portaba las divisas, sumado al modo de exteriorización no evidencia intención de impedir el control aduanero con el grado de certeza que demanda un pronunciamiento condenatorio.A más de ello, cabe memorar que la normativa aplicable al egreso de dinero en efectivo no es idéntica a la correspondiente al ingreso. Así, la RG AFIP 2704 del año 2009, en su art. 1.indica que: "Los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes que introduzcan al territorio argentino, en calidad de equipaje o pacotilla, dinero en efectivo y/o instrumentos monetarios, en moneda extranjera o nacional de Curso legal, por un valor igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) deberán declararlo ante el servicio aduanero, al momento del ingreso al país, mediante el formulario 0M-2249-A", sin que medie prohibición. A ello se suma que la finalidad que se explicita en el artículo 4 de la mentada normativa, dispone que: "La información registrada [-] con relación a los datos declarados, será suministrada por este Organismo a la Unidad de Información Financiera_", debiendo concluirse que el deber de declarar el ingreso de dinero se vincula con las funciones de prevención propias de este organismo.Dres. Slokar, Ledesma y Yacobucci.
Cuestiones de competencia, declinatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Aranda, Humberto Rubén y Lugo, Martha Noemí c/ Niessner, Mario s/ Querella - Presunta infr. art. 172 del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

Si la Cámara confirmó la resolución del juez que declinó la competencia, rechazada la atribución es dicha alzada y no el juez quien debe mantener la resolución para que la contienda se encuentre correctamente trabada.
Medidas cautelares, ley derogada, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Camuzzi Gas del Sur S.A. c/  s/ Solicita intervención en autos: "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. y otros s/ medidas cautelares"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Si la sentencia proviene de una cámara federal, no se presentan los presupuestos previstos por la ley 25.587 -derogatoria del art. 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la adecuación del recurso en segunda instancia, lo que hace también inaplicable la acordada del Tribunal 20/2002 del 30 de abril de 2002.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de huelga, conciliación obligatoria, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GOROSTIDI, MARIO ALBERTO c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR CHEVALIER  S.A. s/ CONCILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Los artículos 10 y 11 de la ley 14786 no violan garantías constitucionales, ya que la suspensión por un plazo breve del ejercicio de medidas de acción directa (período de conciliación obligatoria) no enerva el derecho constitucional de huelga, sino que simplemente lo reglamenta en aras de soluciones que tiendan al bien común.
Sanciones administrativas, multa administrativa, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA c/ USTRAIZ, MARIANO ALBERTO. s/ EJECUCION   FISCAL-  ACTUALIZACION  MONETARIA-SANCION  ADMINISTRATIVA  CONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

Tratándose una multa de una sanción administrativa de carácter penal, pero existiendo una disposición legal que define la infracción establecimiento la pena y su actualización con anterioridad a la fecha de comisión de la infracción (art 8vo. de la ley 19852, modificada por la ley 22401, corresponde acceder a la actualización pedida, sin que ello signifique vulnerar el art. 18 de la C.N. que garantiza que, disposiciones penales posteriores al hecho empeoren las condiciones de los encausados.
Explotación laboral, trabajo obligatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Román, Horacio - Herbsommer, Ariel Alejandro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-03-28

Corresponde revocar el procesamiento de los imputados en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral, respecto de los trabajadores temporarios que se desempeñaban en las explotaciones frutícolas en la chacra de propiedad de los acusados, pues surge acreditado que los dependientes llegaron por su propia voluntad al lugar y que no necesitaban autorización para retirarse o reingresar, lo que excluye la hipótesis de trabajo forzado.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, imputado, pretensión fiscal, cumplimiento de la obligación, pago
Materia: PENAL
Carátula: CHOU, CHIEN HONG s/ Régimen penal tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

1- En la etapa de instrucción, la oportunidad de extinguir la acción penal deberá ser, como mínimo, luego del informe técnico previsto por el art. 16 de la ley penal tributaria, dada la aceptación que se exige de la pretensión fiscal respectiva (art. 14, ídem), en el sentido que a dicha expresión se le dará en los párrafos siguientes.

Ello, dejando de lado la calidad procesal que debe reunir el interesado en su declaración. En su marco superior, el límite estará dado por los momentos procesales inmediatamente anteriores al dictado de la sentencia (art. 393, Código Procesal Penal), atento a no haberse ejercido aún la acción penal respectiva por parte del tribunal competente.

2- El régimen procesal propio de la ley 23771 altera y prevalece sobre el procedimiento común del Código Procesal Penal en lo relativo a la oportunidad de deducir la extinción de la acción penal por pago (art. 358).

3- El art. 14 de la ley penal tributaria no establece un sujeto calificado apto para introducir la extinción de la acción penal.

Debe entenderse que el único habilitado procesalmente para tal introducción es el imputado. Ello, no sólo en función de la presunción de inocencia que se consagra a su favor (arts. 8 y 22 parte 2da., de la Constitución Nacional y 8-1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 23059), lo cual sería aplicable a cualquier causal extintiva (v.gr. la prescripción) sino que en la excepcionalidad del instituto ("por única vez"), que naturalmente lleva a sostener que el beneficiario de la extinción por pago es exclusivamente el imputado. Consecuente con esa inteligencia, el orden público queda relegado a un segundo plano, impidiendo la verificación oficiosa del Juez o del Ministerio Público.

4- Las expresiones "pretensión fiscal" y "cumplimiento de las obligaciones" no se corresponde exclusivamente con perjuicio económico y su reparación, permitiendo también su aplicación a otros supuestos de su articulado, aunque con otro significado.

5- Debe entenderse que el cumplimiento posterior de las obligaciones omitidas -en el caso- presentación de las respectivas declaraciones juradas, involucran la satisfacción del organismo fiscal en orden a la conducta que motivara la denuncia penal respectiva.

6- En la inteligencia que se propone del análisis integral del sistema propuesto por el art. 14 de la ley penal tributaria, la pretensión fiscal y el cumplimiento de las obligaciones importan la satisfacción tanto del monto presumiblemente evadido (v. gr. en el caso de los arts. 2, 3, 8 y 9 de la citada ley) cuanto el cumplimiento de las omisiones del hecho prohibido respectivo (v. gr.

en el caso de los arts. 5 y 7, párr. 2, ley 23771).
Tasa de justicia, pago, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Desaci S.A. y Otros c/ Ferrocarriles Arg. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

El pago de la tasa de justicia se encuentra sujeto -en principio-, al valor objeto del litigio o al monto reclamado al momento de iniciarse la demanda dado que aquél constituye la pretensión de la actora (art. 4 inc. a) ley 23.898), por ello, ninguna incidencia puede tener una pretendida modificación ulterior al monto reclamado, si los valores involucrados en el pleito no son desconocidos al momento de la demanda, ya que esa modificación no gravita a los efectos de la determinación de la tasa.
Cuestiones de competencia, competencia contravencional y de faltas, competencia penal, amenazas simples, hostigamiento o maltrato, violencia familiar
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS WAITZMAN, LAURA RENE SOBRE 149 BIS - AMENAZAS - SOBRE HOSTIGAMIENTO 52 CC. S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

La calificación legal que en definitiva puedan recibir los hechos investigados no obsta a que, en todo caso, la imputación pueda ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez esté facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (cf. este Tribunal en "Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Durán, Juan C.; Paravagna, Sergio s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-19

Es ineficaz el agravio fundado en la transgresión del inc. 7 del art. 259 del C.P.P., según ley 3589 y sus modif. y mediante el cual se aduce que el tribunal ha extraído un indicio de otro, pues respecto del invocado del testimonio de la víctima si a lo que se alude es a que no se funda en un hecho real y probado por su singularidad, la transgresión no se configura en tanto de un testimonio puede extraerse una presunción y de ello no se ocupa la defensa.
Extradición, hecho único ya juzgado en el país, proceso en trámite, archivo del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Lombardi, Ricardo Jorge s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

Corresponde confirmar la sentencia que declaró procedente la extradición y no hacer lugar a la solicitud de que se rechace la solicitud por existir causa pendiente de tramitación en nuestro territorio por los mismos hechos que se formularan en el requerimiento extranjero si, aún cuando se configurara la concurrencia jurisdiccional invocada, no está controvertido que el requerido no fue sometido a ninguna de las causas en cuestión y debiéndose señalar que, a todo evento, aún en la hipótesis esgrimida por el recurrente, el archivo dispuesto en los procesos iniciados en sede argentina permitiría su reapertura sin violentar el principio ne bis in idem.
Quiebra, declaración de quiebra, propuesta de acuerdo preventivo, categorización de acreedores, salvataje de la empresa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAIEGH, EDUARDO EZRA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

Cabe decretar la quiebra, cuando -como en el caso- el concursado no acompañó las conformidades establecidas por el art. 45 de la Ley de Concursos, no obstando a ello las sucesivas postergaciones concedidas por el a quo para la celebración de la audiencia informativa, toda vez que dicha declaración tuvo lugar diez meses después de rendidas las explicaciones sin que el deudor realizara petición alguna en la causa, siendo ajustada a derecho, máxime, que el art. 46 de la citada norma legal establece que si el deudor no presenta en el expediente, en el tiempo previsto, las conformidades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de categorías y mayorías establecidas por el art. 45, será declarado en quiebra, no correspondiendo, en la especie, el régimen excepcional del salvataje (art. 48 de la Ley de Concursos), dada la calidad de persona física del fallido.
Quiebra, sociedad de responsabilidad limitada, cesión de cuota social
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Corradini, Camilo Mario y Corradini, Hilda Cristina C. de s/ Ejecutivo  (L.A. Nº 44, Fº 319/322, Nº 126 bis) Corradini, Hilda Cristina C. de s/ Ejecutivo  (L.A. Nº 44, Fº 319/322, Nº 126 bis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-05-19

La cesión - o transferencia - e cuotas sociales en nada puede afectar a la sociedad. La quiebra de la sociedad, de por si, no subsume las cuotas sociales de los socios. Absorbe el patrimonio social pero los socios mantienen sus títulos. Es por ello que el art. 228 L.C. dispone que, en caso de pago total "el saldo debe entregarse al deudor" es decir - en nuestro caso - a la sociedad fallida. Entonces, sobre dicho saldo, los socios harán valer los derechos que surgen de sus cuotas sociales que, a modo de títulos de propiedad sobre la sociedad, señalan los derechos que les corresponden sobre el remanente.-
Subasta judicial, postor remiso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ García, Raúl y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Mientras los compradores no cumplen con la obligación de pagar el saldo de precio, son extemporáneas las cuestiones relativas al estado de ocupación del inmueble, máxime cuando ellas fueron especificadas en los edictos y el boleto se ajusta a dichos términos. Además, es el caso de destacar que aprobada la subasta los compradores deben depositar el saldo de precio, sin que sea óbice para ello pedir la indisponibilidad de los fondos (art. 581 del CPCC).
Cuestiones de competencia, expropiación, proceso expropiatorio, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas, competencia provincial, cuestión federal, recurso extraordinario federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pcia. del Chaco c/ Parra de Bosco, Ana M. y otros s/ expropiación expte. 6214/99 s/inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve, a los jueces locales, el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre aspectos propios de su Derecho Público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48.
Legítima defensa, imputado, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: OCHOA ALFREDO DEL V P.S.A. HOMICIDIO SIMPLE s/ CASACION PENAL - LEGITIMA DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-21

No encontrándose reunidas las exigencias de la legítima defensa (art. 34, Inc. 6 CP) para que resulte procedente la invocación del art. 35 del Código Penal, este ha sido erróneamente aplicado por el tribunal a quo, toda vez, que el caso, el imputado no fue ajeno a la agresión ilegítima de la víctima porque, dependiendo de su voluntad aceptar o no el desafió a pelear que aquella procuraba con lenguaje y actitudes descomedidas es evidente que la inminencia de la agresión y la necesidad de impedirla o repelerla, no se dio sino porque se sometió a ella libremente. Sin el concurso de su voluntad la situación de necesidad para el bien jurídico que procuró proteger (integridad física) no se habría producido y, por esa razón, no puede invocarla para defenderse. Es como si en los casos de duelo, el que acepta desafío quisiera ampararse en la justificante.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: López Penha, Ramón Francisco c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Es admisible el recurso extraordinario, aún cuando los agravios remitan al examen de puntos de hecho, y de derecho procesal y público local, si la decisión impugnada satisface sólo de manera aparente la exigencia de que los pronunciamientos judiciales constituyan derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a los hechos comprobados de la causa.
Prueba de informes, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Flores, Gerardo Segundo c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-09-30

No resulta de recibo la impugnación a la prueba informativa ofrecida por la parte actora, a fin de que la Dirección de Cómputos de la Provincia produzca informe acerca del sueldo mensual que percibe un agente de la Administración Pública, el cual no guardaría relación con su situación de revista. A dicha conclusión se arriba si se tiene en cuenta que dicha prueba, tiene relación entre los datos que se tiende a proporcionar y los hechos sobre los que versa el objeto probatorio, resultando en consecuencia, la admisión de la misma ya que a través de su producción se intenta demostrar la supuesta existencia de un hecho y ello puede incidir en la resolución definitiva.