Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-20


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "L., G. A. c/ P., C. O. y otros s/ Daños y perjuicios" (Expte. N° 84/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 275 el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: MOISÁ FLASS FRÜCHTENICHT.

Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 512/518 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 12 de fecha 16 de marzo de 2006 (fs. 512/518 vta.), en lo pertinente, el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por la Sra. G. A. L. contra el Sr. C. O. P. y los Sres. A. M., R. N. F., M. Á. F., G. B. F. y L. M. F., herederos del Sr. R. F., con costas a los codemandados vencidos.

2. Contra tal decisión se alzan en apelación la parte actora a fs. 524, el Sr. M. Á. F. a fs. 526 y el Ministerio Público de la Defensa, en representación del codemandado ausente Sr. C. O. P., a fs. 532; quienes, luego de la concesión de los correspondientes recursos, expresan agravios a fs. 546/548, 552/554 vta. y 555/556 vta., respectivamente, sin que ninguno de los memoriales presentados sean contestados por la contraparte.

3. En lo conducente, los recurrentes se agravian: a) Agravios de la parte actora. La parte actora concreta su queja contra la sentencia en crisis en dos agravios: en primer lugar, por cuanto el judicante, en el accidente que motivó este juicio, determinó que hubo culpa de la actora en proporción de un cincuenta por ciento; y, en segundo lugar, vinculado directamente con la procedencia del primero, cuestiona el quantum indemnizatorio considerándolo insuficiente.

Expresa que el Sr. magistrado de la instancia anterior concluye en que "en el accidente analizado hubo culpa de la víctima" señalando que "establecer la proporción de culpa entre las partes es una tarea difícil porque el derecho no es matemáticas" y que "en caso de duda debe estarse a repartir igualitariamente la culpa" (fs. 516 vta.).

Al respecto argumenta que, liminarmente, esta conclusión deviene disvaliosa por cuanto: a) la prueba producida en autos concretamente, la pericial accidentológica indica en forma categórica que la culpa exclusiva del accidente la tuvo el conductor codemandado, por lo tanto el magistrado valora arbitrariamente la prueba;

b) no se advierte cuál ha sido la conducta jurídicamente relevante, es decir con eficiencia causal, de la actora que por negligencia o imprudencia hubiera intervenido en la génesis del siniestro; y c) no se advierte cual es la situación de "duda" que plantea el señor juez con respecto a las concurrencias de culpa y en virtud de la cual atribuyó la mitad de la responsabilidad a su parte, cuando a criterio de la apelante no existe duda en cuanto a la plena atribución de responsabilidad en cabeza del conductor accionado.

En lo que hace al segundo agravio, la recurrente aclara que en realidad no es sino la necesaria adecuación de la extensión del quantum indemnizatorio a la extensión de la responsabilidad generada por los demandados en el hecho ilícito. En otros términos, entiende que los demandados deberán ser condenados a abonar a la actora las indemnizaciones originadas por el siniestro (daños materiales y privación del uso del rodado), mas no en un cincuenta por ciento, sino estableciendo el crédito resarcitorio en la justa responsabilidad de los accionados.

Asimismo, critica la decisión del juez de grado en razón de que desestimó el reclamo en concepto de gastos de hospedaje, comidas y transporte, sobre la base de una suposición desacertada, por cuanto afirmó que igualmente la actora habría de sufragarlos con motivo del trayecto a la provincia de Buenos Aires, lo cual implicaba una compensación de gastos. En consecuencia, estima que todos esos gastos imprevistos y adicionales deben ser reembolsados en los términos pretendidos.

b) Agravios del codemandado, Sr. M. Á. F.. Por su lado, el Sr. F. se agravia en cuanto el a quo erróneamente ha pasado por alto que la actora, según a su criterio se encuentra probado en autos, ha actuado en el evento en forma totalmente carente del mínimo de pericia exigible, siendo su conducta absolutamente negligente.

Puntualmente, observa que el a quo omitió tener en cuenta las falencias de la pericia mecánicoaccidentológica (v. gr.: omisión de establecer las velocidades de los vehículos, conclusiones meramente hipotéticas, apartamiento de los hechos ocurridos, etc.).

Afirma que la conclusión que era obvia y que la sentencia no recogió es que de acuerdo a las circunstancias fácticas y las pruebas rendidas, todo señala a la parte actora como la autora responsable del hecho dañoso, por negligencia e impericia en el dominio de su vehículo Ford Ranger cero kilómetro.

En segundo lugar, señala el apelante que, al momento de imponer las costas, contradictoriamente con el principio de la culpa concurrente, aplica el principio de indemnidad en la reparación para establecer que la carga de las costas debe ser soportada en su totalidad por la parte codemandada. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Asimismo, se agravia en razón de que, según entiende, se ha vulnerado la letra del art. 505 del Código Civil, en cuando se condena a los demandados al pago de las costas superando el límite legal allí establecido.

c) Agravios del codemandado ausente, Sr. C. O. P.. Finalmente, el Ministerio Público de la Defensa en representación del codemandado ausente, Sr. C. O. P., expresa en primer término que si el sentenciador tuvo por acreditado: que el obrar de la víctima interrumpió el nexo causal del daño provocado por el conductor demandado con el riesgo de la cosa; que en el accidente analizado hubo culpa de la víctima; que estos extremos han sido demostrados por los accionados; que la actora guiaba desatenta o con exceso de velocidad, constituyendo una regla de oro que perder el dominio del vehículo importa la responsabilidad en el choque; causa agravio la atribución de responsabilidad al demandado ausente P. por el solo hecho de no haber reconvenido.

Como segundo agravio, se queja de la imposición de costas. En efecto, sostiene, muy por el contrario a lo que se resuelve, es decir, la atribución de responsabilidad por mitades, sólo hace responsable de los gastos causídicos a una sola de ellas, la demandada.

4. Resumidos de la manera precedente los agravios de los apelantes, corresponde que me aplique a la consideración de los mismos con miras a fundar mi voto en la resolución de los recursos en cuestión.

a) Colisión entre dos o más vehículos. Antes de ocuparme del caso concreto, atañe una toma posición sobre cómo opera la presunción de culpa establecida por el art. 1113, párrafo 2°, parte 2ª del Código Civil en la hipótesis de una colisión entre dos o más vehículos.

Superadas por las críticas las tesis de la "neutralización de los riesgos" y de la "repartición paritaria de los perjuicios", no dudamos en adherir a la posición de los sostenedores de la postura que podemos denominar de la "independencia de acciones" algunos la llaman del "riesgo recíproco", tal como fuera concebida en Francia por los hermanos MAZEAUD, quienes enseñan: "Chocan un automóvil y una motocicleta. No se prueba ninguna culpa y ninguno de los guardianes puede demostrar que haya habido una acción 'pasiva' de su vehículo. Cada uno de los guardianes se presume entonces responsable. Cuando el uno reclame reparación al otro, existe, pues, presunta responsabilidad de la víctima y del demandado. No resulta necesario distinguir según que haya habido daño de uno solo de los lados o daños recíprocos; porque, en este último supuesto, las dos acciones de reparación, la del automovilista y la del motociclista deben considerarse como independientes.

Se ha sostenido que no cabe conceder ninguna reparación; por lo tanto, el automovilista y el motociclista soportarían el perjuicio sufrido. Solución contraria a la equidad; porque el vehículo más poderoso, y del que cabe pensar que ha desempeñado el papel más importante en el choque, es el que sufre normalmente menos daños.

El razonamiento que se sostenía era el siguiente: cada uno se presume responsable del daño resultante del choque; ambas presunciones, por obrar así en sentido contrario, se anulan; no hay, pues, ya presunción; por no haberse probado culpa alguna, no puede admitirse entonces ninguna acción.

Razonamiento inexacto: cada cual se presume responsable del daño sufrido por el otro; el automovilista, del daño sufrido por el motociclista; y el motociclista, del daño sufrido por el automovilista" (MAZEAUD, Henri, Lèon y Jean, Derecho Civil, Parte II, t. II, p. 346, n° 599, E.J.E.A., Bs. As., 1969, tr. Luis AlcaláZamora y Castillo).

Por lo demás, tal es el criterio seguido actualmente por la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del fallo recaído el 22 de diciembre de 1987 in re "Empresa Nac. de Telecomunicaciones c. Pcia. de Bs. Aires" (LL, 1988D, 296, con nota de Atilio Aníbal ALTERINI; para un más amplio tratamiento de la cuestión, véase TRIGO REPRESAS, Félix A. L. MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, t. III, p. 841 y ss., n° 3.g., La Ley, Bs. As., 2005).

b) De la culpa en el caso concreto. Aplicando las enseñanzas de los MAZEAUD al caso concreto, tenemos que en el accidente del día 8 de enero de 2001, causa de la presente litis, en el que intervinieron la camioneta Ford Ranger dominio .... ... y el camión Ford F6000 dominio ........, se presume la culpa del dueño o guardián de cada vehículo por los daños provocados a la otra parte, pudiendo cualquiera de ellos eximirse total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima, de un tercero por quien no se debe responder o el casus (art. 1113, párr. 2°, parte 2ª, y art. 513, Código Civil).

Por tratarse según se dijo supra de acciones independientes, al no haberse deducido reconvención, la cuestión queda circunscripta a la responsabilidad por los daños provocados por el camión Ford F6000, dominio ......., propiedad del Sr. R. F. (fs. 252) y bajo la guarda como su conductor del Sr. C. O. P., al momento de los hechos.

Entonces, presumida por imperativo legal la culpa del "dueño o guardián" del camión Ford F6000, pesaba sobre los demandados la carga de demostrar la culpa de la víctima, de un tercero por quien no se debe responder o el caso fortuito o de fuerza mayor para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, lo cual en el caso no ocurrió: estando probado el daño, la ilicitud no dañar a otro y la relación de causalidad, la inversión de la carga probatoria producida por la presunción legal hace que la actora no tenga nada más que demostrar, sino que sean los demandados quienes deben probar las circunstancias eximentes establecidas por la ley.

En este sentido, no bastan las meras suposiciones conjeturales de los recurrentes y del juez (fs. 516/vta.) para imputar culpa a la víctima, Sra. G. A. L., sino que se debió demostrar su culpa efectiva, pues la presunción legal está establecida a su favor y no en su contra. Por lo demás, cabe aclarar que la culpa de la víctima de haber existido no interrumpe el nexo causal error común en nuestra doctrina y jurisprudencia, pues, como los otros eximentes legales la culpa de un tercero o el casus, nada tiene que ver con el elemento objetivo de la responsabilidad civil relación de causalidad o causalidad "material", sino que excluye su elemento subjetivo: la culpa o si se quiere, causalidad "moral".

En suma, estimando según la reglas de la sana crítica (art. 386, CPCC) que los demandados no han probado la culpa efectiva de la víctima ni en mínima parte lo cual tampoco resulta el informe pericial de fs. 357/365, considero que corresponde atribuirles la responsabilidad por los daños en forma exclusiva (art. 1113, párr. 2°, parte 2ª, Código Civil).

c) Quantum indemnizatorio. Gastos de hospedaje, comidas en la ciudad de Trelew y medios de transporte. Como lógica consecuencia de lo dicho, al establecer la responsabilidad exclusiva de los demandados y no sólo en un 50%, como lo hace la sentencia recurrida, corresponde que el monto de la condena sea elevado al doble.

Por otro lado, el principio de reparación integral (arg. art. 1083, Cód. Civ.) que rige en materia de responsabilidad civil, me lleva a acoger el rubro por gastos de hospedajes, comidas en la ciudad de Trelew y medios de transporte reclamado en la demanda, puesto que el curso natural y ordinario de las cosas me indica que un accidente de tránsito de las características del sub júdice implica gastos de la especie demandada (arg. art. 901, Cód. Civ.). A lo que cabe agregar que, más allá de que la cuantía reclamada $428 se encuentre sólo parcialmente justificada (fs. 16/17), la misma se presenta como razonable (art. 165, in fine, CPCC).

Al respecto, acertadamente se ha dicho: "La prueba aludida [del daño] comprende la existencia del daño y la cuantía del mismo. Pero el rigor de la exigencia probatoria no es igual para ambos términos: la existencia del daño es de prueba indispensable, no pudiendo otorgarse indemnización alguna si falla esa comprobación. En cambio, la prueba de la cuantía del daño puede ser suplida por la prudente estimación judicial" (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, p.

309, Perrot, Bs. As., 1983).

d) Costas y honorarios. En atención a la solución a la que arribo, los agravios sobre costas y honorarios se tornan de pronunciamiento abstracto, debiendo adecuarse los mismos en los términos del art. 279 del CPCC.

Así, en materia de costas, siguiendo el principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas en ambas instancias a los demandados vencidos (art. 68, CPCC).

En cuanto a los honorarios profesionales por la labor en la anterior instancia corresponde determinarlos teniendo en cuenta el monto logrado a través de la sentencia y las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 39 y 61 del Arancel, para los Dres. R. L. G., R. T. G. L. y M. I. M.; en conjunto y proporción de ley, en la suma de $6.600; los del Dr. A. D. F. V., letrado patrocinante de los codemandados A. M. y G. B. F., en la suma de $800; los del Dr. H. L. C., apoderado del codemandado M. Á. F., en la de $525; los del Dr. Eduardo Marsal, Defensor Público en representación de la codemandada ausente Sra. L. M. F. en la de $525; los del Dr. F. R. en la suma de $2.600; y los del Perito Accidentológico Mecánico Sr. F. J. G. en la de $700, todas las sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en la primera instancia y conforme lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y 61 del decreto ley 2.200.

5. Como consecuencia de lo expuesto, voto la cuestión por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Flass dijo:

A fs. 19/23 vta y rectificación de fs. 36/36 vta. la Sra. G. A. L. por medio de su apoderado el Dr. R. L. G. demanda daños por colisión de automotores contra el conductor Sr. O. P. y los Srs. A. M., R. N. F., M. Á. F., G. B. F. y L. M. F. en su carácter de herederos del titular registral el Sr. R. F..

A fs. 60/66 se presentan las Sras. A. M. y G. B. F. con el patrocinio letrado del Dr. A. F. V. quienes pretenden exonerarse invocando culpa de la víctima.

Con igual pretensión, a fs. 117/122 contesta demanda el Dr. H. L. C., apoderado del Sr. M. A. F..

El Sr. R. N. F., por su parte, es declarado rebelde (fs.299) mientras que la Sra. L. M. F. y C. O. P. son representados por los Drs. Eduardo Marsal (fs. 136) y F. R. (fs. 151) en los términos del art. 343 C.P.C.C respectivamente.

La sentencia 12/2006 (fs. 512/518 vta) tiene por acreditada la colisión entre la camioneta Ford Ranger ... .... y el camión Ford F.6000 ......... en ruta nº 25 Km. 268 sobre el puente Bayley allí colocado. Entiende el Sr. Juez a quo que hubo culpa concurrente y ante la imposibilidad de determinar la incidencia causal atribuye el 50% a cada parte condenando a la demandada a pagar la mitad de los daños, es decir $5.649,04 y rechaza el rubro "gastos de hospedaje, comidas y medios de transporte en la ciudad de Trelew al entender que ellos se compensarían con las erogaciones que el actor hubiera tenido que hacer para trasladarse y hospedarse en la ciudad de Buenos Aires donde era su destino. Impone las costas a los codemandados vencidos (principio objetivo de la derrota art. 68 C.P.C.C.).

Contra tal acto jurisdiccional se alzan, el actor (fs. 524), el codemandado M. Á. F. (fs. 526) y el Ministerio Público de la defensa en representación del codemandado ausente Sr. C. O. P. (fs. 532); expresando agravios a fs. 546/548, 552/554 vta. y 555/556 vta., respectivamente.

La parte actora se agravia de que: 1) se hubiera atribuido concurrencia causal pues sostiene dicha hipótesis quedó desvirtuada con la experticia accidentológica, agregando que aun en caso de admitir dicha concurrencia la proporción no puede ser igualitaria; 2) se hubiera rechazado la indemnización por gastos de hospedaje, alimento y transporte entendiendo que ellos igual iban a ser erogados en el lugar de destino. Sostiene el recurrente que planeaba arribar directamente a destino sin estadías intermedias ni otros gastos de alimentos.

El codemandado M. A. F. se agravia de que: 1) se haya distribuido concurrentemente la causa del daño pues según sus dichos correspondía imputársela completamente a la víctima que no pudo detener la marcha por presunta impericia y exceso de velocidad; 2) si se encontró concurrencia causal se debieron distribuir las costas en el orden causado, y 3) las regulaciones de honorarios superaron los límites del art. 505 del C.Civ. debiendo ser reducidos a prorrata.

La Defensa Pública en representación del codemandado ausente C. O. P. se agravia en que: 1) la culpa de la víctima lo exime de responsabilidad aun cuando no hubiera reconvenido, y 2) que dada la concurrencia de responsabilidad no corresponde imponer las costas exclusivamente a su parte.

De los agravios enunciados surge que el tema decidendum consiste en determinar si existió causalidad concurrente y en que proporción. En base a la conclusión que arribe a este respecto habré de determinar si las costas fueron impuestas adecuadamente, decidiendo sobre la alegada trasgresión al art. 505 C.Civ. Por último debo expedirme sobre la procedencia del rubro "gastos de hospedaje, comidas y medios de transporte".

Es de estricta lógica avocarme primero a la relación de causalidad y dado que su determinación, efectos y régimen de presunciones generaron largas controversias habré de tomar posición al respecto.

El daño es consecuencia de una concatenación de factores tornando necesario encontrar una técnica que permita saber a cual de ellos se le imputará principal incidencia en el resultado. Distintas hipótesis se han elaborado a través del tiempo; en la actualidad al menos en nuestro país cuenta con adhesión mayoritaria la teoría de la "causa adecuada" pero no está exenta de críticas pues mezcla causalidad con culpabilidad tal como lo dice el Sr. juez preopinante y con el cual en este aspecto coincido. En lo particular adhiero a la "teoría de la equivalencia con imputación objetiva" recientemente desarrollada en Alemania por Günther Jacob y que rápidamente va ganando adeptos en el derecho comparado, sin embargo la aplicación de los criterios exonerativos del riesgo general de la vida (allgemeine lebenrisko) y prohibición de regreso (regresenverbot) permiten en casos como el subiudice arribar a iguales conclusiones que la teoría de la causa adecuada tornando superflua la discusión doctrinaria. En síntesis, la investigación sobre el nexo causal nos llevará a averiguar si la conducta del demandado es adecuada para producir en todo o en parte el resultado lesivo o si por el contrario es producto de otras intervenciones causales, en especial la participación de la víctima.

En cuanto a los efectos de la concurrencia coincido con la doctrina de la "comparación de culpas" en tanto afirma que ninguna de las conductas causales se excluye o desplaza debiéndose determinar la eficiencia de ambas e indemnizar en consecuencia.

Considero que la participación culpable de la víctima como causal de exoneración del demandado puede ser esgrimida ya como acción, ya como excepción aunque en uno u otro caso variarán los efectos, especialmente en cuanto a la prueba de la culpa. Invocándose como acción (a modo de reconvención) es de aplicación la presunción de responsabilidad por riesgo creado (art. 1113, 2º parr.); por el contrario, cuando la culpa de la víctima se plantea como defensa o excepción de fondo, quien la invoca habrá de demostrar la imputabilidad subjetiva sin pretender sustituirla por la presunción derivada del riesgo. En este sentido la letra del art. 1113, 2º parr., es demasiado clara y contundente cuando establece que el responsable sólo se eximirá total o parcialmente "acreditando la culpa de la víctima" y no debemos establecer distinciones allí donde la ley no distingue.

Sentado lo precedente entiendo que los demandados, al no reconvenir sino simplemente excepcionar, tenían la carga de demostrar acabada y contundentemente que la participación causal de la víctima le era imputable en grado de culpa sin posibilidad de inferencias presuntas y a mi entender no lo lograron. En este sentido encuentro decisiva la experticia de fs. 357/365 y la aclaración de fs. 373/375. De ellas surge con total claridad que: 1) es el vehículo del actor el que ingresa primero al tramo de circulación única; 2) que el vehículo del actor circulaba por su mano; 3) que el vehículo de los demandados lo hacía por el lado contrario al que le hubiera correspondido; 4) que el vehículo del actor, ante la proximidad de la colisión trata de evitarla pasándose al lado opuesto, y 5) que el vehículo del demandado no intentó ni siquiera una maniobra de esquive. Por el contrario no surge de la experticia ni la velocidad a la que circulaban ambos vehículos ni si alguno de ellos detuvo la marcha o no. Ciertamente que como dice la recurrente fs. 552/554 vta. y termina por reconocer el perito el ancho del puente no permitía el paso de ambos vehículos y la colisión se hubiera producido indistintamente sea cual fuere el sector por el que circulen, sin embargo la circunstancia nos sirve para apreciar la conducta de las partes frente a la próxima colisión. El camión siguió circulando desaprensivamente por su izquierda como si no hubiera advertido la presencia de otro vehículo mientras que la camioneta al menos intentó una maniobra de esquive que aunque destinada al fracaso por el ancho del puente nos indica que su conductor tenía pleno dominio y la diligencia para evitar la colisión. El recurrente a fs. 552/554 vta. pretende justificar su conducta aduciendo que intentó proteger su persona colisionando con el lado contrario sin embargo para ello hubiera sido necesario que circulando por la derecha torne a la izquierda y de las pruebas de autos no surge tal circunstancia, por el contrario, de la experticia se desprende que esa era la dirección que traía y no la cambió denotando, al menos, distracción. Desde otro punto de vista tampoco logro entender en donde radica la conducta culpable del actor cuya prueba correspondía al demandado quien aún sin posibilidad alguna de éxito intentó una maniobra de esquive al ver que el camión no detenía la marcha.

Entiendo que es fundamental a fin de la resolución de la presente causa la respuesta del perito en el sentido de que la camioneta ingresó primero al tramo reducido pues ello le daba prioridad de paso. Apliquemos al presente supuesto la teoría de la causalidad adecuada y encuentro que la conducta de quien ingresa a un puente de mano única cuando no hay nadie circulando en él (supuesto de la actora) no es habitualmente apta para producir una colisión siendo por el contrario, lo esperable y presumible que termine de pasar sin inconvenientes y que si otro vehículo circula en sentido contrario aguarde a que concluya el paso para recién ingresar. Contrariamente la conducta de quien ingresa a un puente de mano única cuando otro vehículo se encuentra atravesándolo, no detiene la marcha sino que la continúa, evidencia una conducta adecuada para producir la colisión. En síntesis la causalidad adecuada entre el hecho del demandado y el resultado disvalioso queda probado, inclusive me atrevería a decir que en el caso, el riesgo propio de la cosa ha sido incrementado por la conducta desaprensiva del demandado. Contrariamente, la participación del actor no resulta eficientemente adecuada para producir el resultado ni traduce la culpa cuya demostración exige el art. 1113 C.Civ. en tanto que factor de exoneración de la contraria. Concluyo entonces que hay responsabilidad exclusiva de la demandada y debe indemnizar la totalidad del daño coincidiendo entonces con el Sr. juez que me ha precedido en el voto. En consecuencia, no habiendo sido objeto de impugnación el cálculo efectuado por el Sr. juez de primera instancia sino solamente la atribución de responsabilidad, el mismo debe ser elevado al doble correspondiendo pagar al actor la suma de $11.358,08.

Siendo tal cual lo he dicho atribuible al demandado la totalidad del daño, se torna abstracto el agravio referido a la imposición de costas que deben ser soportadas en su totalidad por el demandado en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C. y C.). De igual forma, elevándose al doble la indemnización por daños al vehículo carece de virtualidad el supuesto exceso al art. 505 C.Civ. en las regulaciones de honorarios de primera instancia. Obiter dicta corresponde agregar que el art. 505 impone un límite al pago de las costas que puede ser ejercido como excepción frente a la ejecución mas no así un tope para la regulación que debe ser efectuada conforme a la normativa adhoc.

Resta ahora avocarme al agravio del actor sobre el rechazo del rubro "gastos de hospedaje, comidas y medios de transporte". Dice el Sr. juez a quo que los mismos deben ser compensados con el ahorro producido en combustible, estadía y comidas que habría erogado el actor en la localidad de destino si no se hubiera producido el infortunio.

Un principio liminar de la responsabilidad civil es la restauración para la víctima de la situación en que se encontraba antes del daño (art. 1083 C.Civ.), es decir, no debe empobrecerse pero tampoco enriquecerse. En algunos supuestos excepcionales, la víctima puede experimentar cambios en su patrimonio que traduzcan ventajas o lucros siendo de estricta justicia descontar los mismos de la suma a indemnizar mediante la compensatio lucri cum damno. Ahora bien, no todo daño es resarcible y para asumir tal carácter debe cumplir con requisitos que la doctrina se ha encargado suficientemente de enumerar; legítimo es exigir iguales condiciones al lucro para considerarlo compensable pues no hay motivos para ser mas estricto en un supuesto y mas laxos en el otro. Tanto el daño resarcible como el lucro compensable, deben ser "ciertos" descartándose lo meramente hipotético o conjetural. Dicho lo precedente cabe preguntarnos ¿Es cierto el ahorro que según el a quo benefició al actor? No surge de autos que el actor en caso de no haber padecido el accidente hubiera debido realizar erogaciones de alojamiento, comida y transporte para llegar a destino, al menos no surge que ellos hubieran revestido igual onerosidad que los erogados como consecuencia del accidente. Mucho menos surge aún que el actor se hubiera ahorrado dichas sumas pues es dable presumir que después de afrontadas las consecuencias del accidente, el actor habría concluido el viaje programado erogando los gastos necesarios para ello y que el a quo conjetura ahorrados. Dicho de otra forma, si el actor iba a Buenos Aires, es dable presumir que una vez superada las demoras, reparaciones y trámites derivados de la colisión, reiniciaría viaje hacia su destino original gastando lo necesario. De lo expuesto surge que mientras los gastos de alojamiento, transporte y alimentación derivados del choque son ciertos y probados, el ahorro es meramente hipotético y conjetural no correspondiendo entonces su compensación de allí que considero debe declararse procedente la indemnización del rubro de marras.

En virtud de la modificación en los montos resarcibles corresponde adecuar la regulación de honorarios de la primera instancia estableciendo los mismos en $6.600 para los Drs. R. L. G., R. T. G. L. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley; $800 para el Dr. A. D. F. V.; $525 para el Dr. H. L. C.; $525 para el Dr. Eduardo Marsal.; $2.600 para el Dr. Fernando Radziwiloski.; $700; para el perito Accidentológico Sr. F. G. todas las sumas con mas el IVA pertinente en un todo de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y 61 del decreto ley 2.200.

Así lo voto.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) modificar el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 12 de fecha 16 de marzo de 2006 (fs. 512/518 vta.) sólo en cuanto al monto de la condena, debiendo fijarse el mismo en la suma de $11.786,08; b) adecuar los emolumentos determinados en la sentencia venida en recurso (art. 279 CPCC) fijando, en definitiva, los honorarios de los Dres. R. L. G., R. T. G. L. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $6.600;

los del Dr. A. D. F. V., letrado patrocinante de los codemandados A. M. y G. B. F., en la suma de $800; los del Dr. H. L. C., apoderado del codemandado M. Á. F., en la de $525; los del Dr. Eduardo Marsal, Defensor Público en representación de la codemandada ausente Sra. L. M. F., en la de $525; los del Dr. Fernando Radziwiloski, abogado adjunto de la Defensa Pública en representación del codemandado ausente Sr. O. P., en la suma de $2.600; y los del Perito AccidentológicoMecánico Sr. F. J. G. en la de $700, todas las sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en la primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y 61 del decreto ley 2.200), y c) imponer las costas de esta instancia a cargo de los demandados vencidos (art. 68 CPCC) y regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en la suma de $2.000 para el Dr. M. E. I. M.; en la de $150 para el Dr. H. L. C.; y en la de $650 para los Dres. Gerardo Ángel Tambussi, defensor público, y Fernando Radwilowski, abogado adjunto, ambos de la Defensoría Pública Oficial, en conjunto y proporción de ley, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta instancia (art. 14 del arancel).

A idéntica cuestión, el Dr. Flass dijo:

Por lo dicho al analizar la primera cuestión voto por: 1) MODIFICAR el punto A) del fallo de la sentencia nº 12/2006 (fs. 512/518) en cuanto al monto de la condena la que debe determinarse, en definitiva, conforme lo expuesto en los considerandos pertinentes, en la suma de $11.786,08; 2) DECLARAR ABSTRACTO, el agravio sobre costas y honorarios de los demandados; 3) ADECUAR HONORARIOS de la primera instancia conforme a las pautas de los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y 61 del decreto ley 2.200), en $6.600 para los Dres. R. L. G., R. T. G. L. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley; $800 para el Dr. A. D. F. V.; $525 para el Dr. H. L. C.; $525 para el Dr. Eduardo Marsal; $2.600 para el Dr. Fernando Radziwiloski; $700 para el perito Accidentológico Sr. F. G. todas las sumas con mas el IVA pertinente; 3) IMPONER las costas de esta Instancia a cargo de los demandado vencidos (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de los profesionales actuantes en esta Alzada en la suma de $2.000 para el Dr. M. E. I. M.; en la de $150 para el Dr. H. L. C. y en la de $650 para los Dres. Gerardo Ángel Tambussi, defensor público, y Fernando Radwilowski, abogado adjunto, ambos de la Defensoría Pública Oficial, en conjunto y proporción de ley, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200) Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1°) MODIFICAR el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 12 de fecha 16 de marzo de 2006 (fs. 512/518 vta.), sólo en cuanto al monto de la condena debiendo fijarse el mismo en la suma de $11.786,08, conforme a expuesto en los considerandos pertinentes 2°) ADECUAR, según lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, los emolumentos determinados en la sentencia venida en recurso, fijando, en definitiva, los honorarios de los Dres. R. L. G., R. T. G. L. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $6.600; los del Dr. A. D. F. V., letrado patrocinante de los codemandados A. M. y G. B. F., en la suma de $800; los del Dr. H. L. C., apoderado del codemandado M. Á.F., en la de $525; los del Dr. Eduardo Marsal, Defensor Público en representación de la codemandada ausente Sra. L. M. F., en la de $525; los del Dr. Fernando Radziwiloski, abogado adjunto, ambos de la Defensoría Pública Oficial, en conjunto y proporción de ley, en la suma de $2.600, y los del Perito AccidentológicoMecánico Sr. F. J. G. en la de $700, todas las sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en la primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y 61 del decreto ley 2.200).

3°) IMPONER las costas de esta Instancia a cargo de los demandados vencidos (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en la suma de $2.000 para el Dr. M. E. I. M.; en la de $150 para el Dr. H. L. C.; y en la de $650 para los Dres. Gerardo Ángel Tambussi, defensor público, y Fernando Radwilowski, abogado adjunto, ambos de la Defensoría Pública Oficial, en conjunto y proporción de ley, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta instancia (art. 14 del arancel).

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271 última parte del CPCC, texto según Ley 4.550.

GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 50 DEL AÑO 2006. CONSTE.