marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELIO AGUSTIN GROSSO (INSELMEC) s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA - CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-06

Para poder verificar de acuerdo con el art. 33 L.C., se debe indicar el monto del crédito.Lo que importa señalar una suma precisa y concreta de dinero, ya que, como dice Cámara ("El Concurso Preventivo y La Quiebra", T.I. p. 655) "todo se reduce a numerario", incluso las deudas no dinerarias (Op. cit. p. 661-662, arts. 20 y 130 L.C.).

Las costas en los incidentes de verificación tardía no se rigen por el art.357 C.P.C. sino por los arts. 356 a 356 ter C.P.C.. Pero aunque así no fuera, el art. 357 C.P.C. no impide tener en cuenta un vencimiento mutuo que de eso se trata y no "de ejercer la facultad eximitoria o liberatoria".-
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: Procesal
Carátula: Cárdenas Bahamonde, Sergio c/ Supercemento S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

La limitación de fundamentos en la sentencia del a-quo imposibilita cualquier revisión. Quedan afuera del "correcto entendimiento judicial" las bases que se tomaron y los cálculos que se efectuaron, así como el método utilizado para concluir en la suma que se estipula y se actualizó a la fecha del pronunciamiento. A su vez, la motivación que se expone, es arbitraria. Por su parte, la sentencia de Primera Instancia luego de efectuar una ponderación aparentemente razonable de las circunstancias del accidente y sus consecuencias personales y patrimoniales para la víctima, culmina fijando una indemnización que no armoniza con las bases enunciadas y fácilmente puede advertirse que se limitó a tomar la suma reclamada como lucro cesante por la actora y a actualizarla desde la fecha del accidente a la del fallo, con lo que la conclusión no es congruente con los postulados y pone en dudas la prudencia en el arbitrio de la Magistrada.

No sólo por ello la razonabilidad en la ponderación es aparente; lo es también en la medida en que el sentenciante invocó genéricamente los factores que dijo tener en cuenta para determinar el valor indemnizatorio y omitió explicar de qué manera estos datos fueron merituados y en qué medida incidieron en la fijación del monto, en la que habría intervenido el solo arbitrio del juzgador.
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Cristina Mabel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

Corresponde anular la resolución que denegó la solicitud de salidas transitorias con fundamento en la no incorporación de la condenada al período de prueba y que no cuenta con el guarismo de concepto "muy bueno siete", pues según se desprende de la certificación actuarial, tales circunstancias habrían variado sustancialmente, pues la interna se encontraría en la actualidad incorporada al período de prueba, con calificación de conducta ejemplar diez y concepto muy bueno siete y contaría con la opinión favorable del Consejo Correccional para su incorporación al régimen de salidas transitorias. (Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giacomín, Pedro c/ Gerez, Wálter s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual no basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión.
Contrato de trabajo, fraude laboral, sociedad cooperativa
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

La calidad de socio de una cooperativa de trabajo es incompatible con la de trabajador dependiente, a menos que se acredite fraude laboral. Dentro de las acepciones que la palabra fraude admite existe una que conforma comportamientos que aisladamente resultan adecuados con la normativa jurídica, pero que a la luz de un ordenamiento jurídico integral, producen un resultado contrario a él.

Son actos que ocultan la realización de una conducta que persigue infringir el ordenamiento establecido con una apariencia de cumplimiento adecuado a la normativa vigente; esta situación produce una tensión entre el negocio jurídico fundado en la autonomía privada y el ordenamiento jurídico concebido como un todo, del que deriva la sanción hacia el negocio jurídico, cuya finalidad se considera contradictoria con ese ordenamiento que aparece como una globalidad única.

Es que formalmente la ley se cumple, pero lo que se pretende es su violación. En este caso, la existencia de una cooperativa no siempre ha sido utilizada con la finalidad que la concibió el legislador y los fines altruistas que mantienen los defensores del derecho cooperativo en el mundo, sino que bajo su manto se ha intentado reiteradamente la violación de las normas imperativas del derecho del trabajo y la seguridad social.

Muchas veces las cooperativas han servido como caminos aviesos u oblicuos y han sido utilizadas, como un seguro de apariencia de licitud inexistente.

Sabido es que el fraude de este tipo requiere necesariamente la violación de la norma imperativa (en este caso, las normas laborales), la existencia de un negocio jurídico lícito en sus formas y aprehendido por una norma de cobertura (en este supuesto, la ley de cooperativas) y, a veces, la intencionalidad de alguna de las partes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vespa de Cueco, Nilda Beatriz y ots. c/ Aguirre, Jorge M. s/ Desalojo Mateo, Roberto Nayib c/ Vita, Roberto y otros s/ Desalojo por vencimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22|1994-08-16

El valor económico del litigio en el juicio de desalojo, está representado por el monto que surge del contrato de locación, actualizado al momento de recurrir. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, remuneración, reducción salarial, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMBIAGGI, DANIEL Y OTROS c/ E.N. (M° DE ECONOMIA) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que admitió la acción de amparo deducida por empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro que declaró la inconstitucionalidad del decreto 290/95 P.E.N., por el que se redujeron sus retribuciones salariales.
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, José y otro c/ Sandoval, Alfredo Rolando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

Siendo la culpa de la víctima causa parcial del daño -en conjunción con la cosa- la responsabilidad subsiste, pero se disminuye la indemnización en proporción al grado de eficiencia causal de la mencionada culpa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mussano, Eduardo Alberto c/ Sociedad Mixta Siderurgia Argentina y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Bernard, Tomás Diego (h) y otra c/ Banco Municipal de La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15|1997-08-05

Los argumentos de hecho o de derecho en que las partes sustentan sus pretensiones no revisten el carácter de cuestión esencial.
Competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pedergnana, Cristian Abel psa. de cohecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Las reglas de acumulación por conexidad sólo pueden invocarse en conflictos en los que participan únicamente jueces nacionales.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Galván, Sandra Beatriz s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-04-25

Consentido el llamamiento de autos para sentencia, que dan purgadas las deficiencias procesales previas, precluyendo el derecho del interesado para impugnarlas.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, encandilamiento
Materia: CIVIL
Carátula: Gjuka, Juan Carlos y otro c/ Innamorato, José Carmelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-25

No existe culpa de la víctima cuando la misma se encontraba en una ubicación conocida y notoria para la salida de un evento deportivo, sino respecto de la impericia del conductor del rodado que frente al encandilamiento que aduce no ejerció el recurso más simple y efectivo de frenar, sino que continuó a ciegas su marcha con el consiguiente perjuicio para la víctima.
Acción, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saez, Miguel c/ Marcantonio, Mariana s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Si bien nuestro Código Procesal -réplica del nacional antes de su reforma- exceptúa la figura del tercero de intervención excluyente que se da cuando éste ejerce una pretensión que se opone tanto al actor como al demandado, la ley de seguros, al establecer el régimen de citación en garantía y permitir que la aseguradora tanto resista la pretensión del actor como oponga las defensas que tenga contra su asegurado anteriores al siniestro, ha rebasado los límites de la normativa ritual local, introduciendo esta categoría de tercero cuando se cita a la aseguradora para que cumpla la obligación de indemnidad que tiene frente al demandado.
Acción de amparo, amparo por mora, mora de la administración, costas, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luna, Carlos Ernesto c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

De una interpretación de las disposiciones del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario se desprende que constituye un principio general en la imposición de costas, la condena a quien con su incumplimiento ha dado origen al litigio.

Así, el artículo 14 de la Ley Nro. 16.986 prevé una excepción a tal principio, por lo que no resulta pertinente aplicarla al instituto del amparo por mora, toda vez que no corresponde extender la aplicación de normas excepcionales más allá del especialísimo ámbito que motivó su sanción.

No obsta a tal solución el hecho que haya sido declarada abstracta la cuestión, toda vez que si bien se produjo un acontecimiento durante la sustanciación del proceso que satisfizo el objeto de la pretensión, esto es que la administración impulsara las actuaciones, la acción era viable al momento en que fue deducida, pues ya se había configurado la mora de la administración. Consecuentemente, no sería posible suponer fundadamente que la administración hubiese activado repentinamente todos los mecanismos conducentes a la respectiva tramitación del expediente, si no hubiese mediado la interposición de la presente acción.
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio, principio de congruencia, acusación fiscal, declaración de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., G. R. p/ abuso sexual c/acceso carnal agravado p/la convivencia, en perjuicio de G.B. (M) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-07-08

Debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad ya que las consecuencias de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio constituye el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, debiendo mediar una correlación esencial sobre el hecho, lo que impide condenar al acusado por uno diverso al que fuera objeto de la imputación formulada. Así, el requerimiento fiscal acusatorio ha sostenido que el acusado, con su accionar, habría configurado el tipo penal previsto en el art. 119 del Código Penal, y si bien se lo acusa por un hecho cometido en el campo, en los alegatos se pide la condena por uno ocurrido en la vivienda familiar. Esto sumado a que la única prueba de cargo reside en el testimonio de la víctima, por lo que su análisis debe ser riguroso, ya que los dichos de la ofendida no deben presentar contradicciones, debiendo resultar claros, coherentes y sin dubitaciones que permitan descartar mendacidad o fabulación en la narración.
Mandato oculto, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: García, Luis Alberto. c/ Pansini, Silvia Liliana. s/ Simulación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

Cuando el vendedor resultó extraño a la interposición de personas que invoca el comprador el acto de transmisión es válido y exento de todo vicio, por cuanto no hay allí simulación alguna.

Cuando el mandante oculto desea fijar el destino del bien objeto del referido negocio, tiene que recurrir, no a una acción de simulación contra los intervinientes de dicho acto, sino a una acción de mandato contra el mandatario que se resiste a retransmitirle, en todo o en parte, el bien adquirido, (conf. arts. 1.904, 1.909, 1 911, 1.929 y conc. del Código Civil).
Derechos del empleador, facultad de dirección, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: D'Albano c/ Basso s/ Laboral (Expte Nro. 190-01, Resolución Nro. 28, Tomo 20, Folio 105/108)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-22

Si la variación del contrato de trabajo constituyó un ejercicio razonable de las facultades de dirección del empleador, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, se muestra ajustada a derecho (art. 65 L.C.T.), no cabe considerar que hubo despido indirecto.
Letra de cambio, pagaré, acción cambiaria, improcedencia del recurso, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Riva SAIICFYA c/ Liotron SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

El llenado del pagaré con distintos medios (manuscrito e impreso en formulario) resulta absolutamente viable y no justifica la pretendida inhabilidad del instrumento en ausencia de otros elementos que permitan presumir la existencia de fraude o falsificación. Máxime, si -como en el caso- el documento y su firma fueron expresamente reconocidos (CNCom, Sala B in re "Galloti Enrique c/ Canopol SRL s/ ejecutivo" del 14-11-07; ídem, Sala A, in re "Monsanto Argentina c/ Verbeck Juan s/ ejecutivo", del 19-504).
Concurso preventivo, deudas del fallido, verificación de créditos, cheque, causa de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda Credito y Consumo Credibel LTDA. c/ ejecutivo s/ Proteinsa SA y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-23

Si fuera del concurso se admite que en un juicio ordinario posterior el demandado, con sustento en un cheque en ejecución pueda debatir la causa de la obligación en toda su extensión, esa misma extensión debe otorgarse al marco defensivo habilitado en el concurso, desde que en él se agotará toda oportunidad de defensa otorgada al pretenso obligado. En tales condiciones y siendo que a los efectos previstos por la LCQ 32 deberá cumplirse con el propósito que llevó a esta Cámara a sentar doctrina in re "Difry SRL s/ convocatoria", del 19.6.80, esto es, deberá el insinuante, la aquí actora, demostrar la causa de la obligación que invoca, será ese el ámbito adecuado para examinar la defensa de la deudora.
Silencio del trabajador, categoría laboral, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Pallero, Zulma del Carmen c/ Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ acción sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-10-31

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ordenó a la empleadora garantizar las funciones laborales reclamadas por la trabajadora bajo la categoría de Grupo Profesional Jerárquico -Supervisora-, toda vez que, no es de recibo el argumento respecto a que por el tiempo transcurrido entre el cambio de tareas y el reclamo de la actora ello importó el consentimiento a la modificación efectuada, pues la previsión contenida en el artículo 58 LCT claramente establece que no se admitirán presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, máxime cuando la accionante manifestó que efectuó constantes reclamos verbales que no fueron atendidos y envió una carta documento, demostrando con ello claramente que no consintió la modificación en sus condiciones laborales.
Quiebra, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES Y GALVE SOC. DE HECHO DE CARLOS V. Q. R.J. s/ Quiebra (LIBRO: S148 - 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-10-18

La declaracion de quiebra de ofico por parte del Juez Concursal, no resulta procedente por lo que corresponde revocarla.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, error material, sentencia, Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CABRERA, JUAN CARLOS c/ CAMETAL SAIC s/ COBRO DE PESOS    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 655-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

Resulta inconsistente el vicio de arbitrariedad achacado a un auto aclaratorio de sentencia, pues al corregir la extensión temporal de la condena por salarios de suspensión, no puede afirmarse que se altere la sustancia de lo resuelto, cuando no se trata de otra cosa que de subsanar un error material, circunstancia expresamente prevista en la ley.
Reforma de la justicia, amparo colectivo, rechazo in límine, publicación de la ley, falta de publicación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ EN - PEN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-29

La acción de amparo colectivo tendiente a que el Poder Ejecutivo se abstenga de promulgar los proyectos de ley que establecen la regulación de las medidas cautelares contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados y la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación, debe ser rechazada in límine, habida cuenta que la falta de publicación de las normas cuestionadas al momento de iniciarse la acción, impide tanto la constatación del perjuicio alegado como la realización del control de constitucionalidad solicitado.
Nulidad procesal, nulidad relativa, subsanación del vicio
Materia: CIVIL
Carátula: OSVALDO LUIS F. S.A.C.I.F.Y.A c/ CAVIO LTDA s/ DERECHO PROCESAL. NULIDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Todas las irregularidades procesales que eventualmente pueden traducirse en una nulidad procesal son relativas, y por ende convalidables por el mero transcurso del tiempo, si no se atacan los actos viciados o supuestamente viciados en el momento procesal oportuno.
Ejecución de sentencia, improcedencia del recurso, prosecretario administrativo, despacho de oficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARCIA HECTOR OMAR c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-16

La apelación sólo es admisible contra providencias dictadas por jueces, ya que aquellas suscriptas por el secretario, el prosecretario administrativo o el jefe de despacho, están sujetas a la vía prevista en el artículo 38 ter del CPCCN, norma ésta que dispone que la decisión que adopte el juez de la causa en la ocasión es inapelable (arts. 38 ter y 238 del CPCCN y Fenochieto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado; Editorial Astrea, 1983, tomo I , págs. 754 a 756).
Afiliación a obras sociales, empleador, recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guiguet, Ramón Eduardo y otros c/ E.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-14

Si bien no es susceptible de cuestionamiento la facultad conferida al Jefe de la Policía Federal por el se-gundo párrafo del art. 841 del Dec. 1866/83 -modificado por el art. 1 del Dec. 582/93- en orden a esta-blecer "aranceles y/o cuotas extraordinarias de refuerzo que deban fijarse para asegurar su equilibrio económico-financiero", no puede predicarse lo mismo del modo en que fue ejercida esa atribución en las resoluciones que, a partir del año 1993, de manera arbitraria y discriminatoria, impusieron a los afi-liados la obligación de abonar un adicional regular y permanente que ha venido a constituir un recurso normal, ordinario y habitual para el sostenimiento de la obra social, lo cual ha conducido -a la vez- a una profunda alteración de la ecuación económico financiera originaria de la misma, dado que los recursos provenientes del beneficiario superan con creces a los del empleador (llegando a representar casi el 250% en su mayor expresión), quien margina su esfuerzo solidario. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Procedencia parcial, costas, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera Julio Francisco y Herrera Francisca del Carmen c/ Gunther Ernesto Edgardo y Otros s/ Daños y perjuicios - Expte. Nº 80/20
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-07-25

Procede parcialmente el recurso deducido por la parte demandada, modificando la sentencia en relación a las costas, las cuales en relación a la demanda de los actores que obtuvieron sentencia favorable en su totalidad, se imponen a la parte demandada y con relación a la acción del actor que sus reclamos de pérdida de chance y lucro cesante fueron rechazados, las costas se imponen a la parte demandada en un 80% y en un 20% a la parte actora. Por otra parte, deben confirmarse los honorarios recurridos, puesto que al tiempo de fijar el porcentaje del 12%, se ha respetado los topes fijados por nuestra ley arancelaria.
Costas, costas al vencido, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Mercado, Angel Marcos c/ Calzados Catamarca y/o Q.R.R. s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-12

En autos considero probado el hecho por parte de la actora, pero no la gravedad del mismo. La valoración de la injuria siempre tiene matices respecto de su gravedad. Es entonces que siendo una cuestión muy controvertida, bien pudo la demandada creerse con sobradas razones, no sólo para litigar sino para resultar vencedor en el caso, por lo que en cuanto a las costas como un caso de apartamiento al criterio objetivo de la derrota, imponer las mismas en ambas instancias por el orden causado.(Del voto del Dr. Herrera y Crook).
Recurso de apelación (procesal), desistimiento de la acción, desistimiento expreso de la acción, archivo del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, S. R. s/ Articulo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

En el caso, el Sr. Fiscal de Cámara manifiesta que desiste del recurso de apelación incoado por el Titular de la acción contravencional, debiendo remitir las actuaciones a la Fiscalía de la Primera instancia que previno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 39 inciso 3 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

Ello así, resulta procedente lo primero mereciendo un párrafo aparte lo segundo, lo que no tendrá favorable acogida, ya que si las actuaciones han excedido la etapa instructoria; entonces corresponde el archivo en la sede jurisdiccional interviniente, pues lo contrario devendría en un avasallamiento a la estructura organizativa judicial. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)