marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesos de ejecución, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. SA s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-20

Ya indagué sobre si es o no definitiva la sentencia dictada en procesos de ejecución.

Dije que la respuesta depender de analizar la proyección de los efectos del pronunciamiento.

Señalé que es sabido que en el proceso ordinario posterior a un juicio ejecutivo, solo pueden hacerse valer aquellas defensas o excepciones que por ley no hubiesen sido admisibles en el proceso de ejecución, por ello la sentencia dictada en un juicio de esta especie, que rechaza los agravios del apelante en orden a la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal y la defensa de prescripción reviste carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 286 del CPCC, amén de producir cosa juzgada respecto a estas cuestiones sustanciales.

Así si el fallo de la Alzada decide puntos que no pueden reeditarse o renovarse en un juicio posterior deben observarse las formalidades del acuerdo y voto individual de los jueces, pues no se trata de una decisión que, por su naturaleza, pueda quedar relevada de cumplir con esos requisitos.
Prueba, interés público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ríos, Norberto c/ Provincia del Chubut s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-24

Rige en la prueba el principio del interés público indudable de su función, interés presente en el proceso mismo, en la acción y en la Jurisdicción. A pesar de que cada parte persiga su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción, la prueba protege el interés general en la realización y declaración de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional del proceso, y, cuando existe litigio, en la debida composición del mismo. No es, en consecuencia, de exclusivo interés privado de quien la pide o aporta, sino de beneficio de la justicia.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peralta Jeronimo Emiliano c/ Fabril Quilmes S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-04

El Juez no se halla atado a los dictámenes del Agente Fiscal, y si a su vez al dictar la providencia recurrida se refiere al mismo, no se advierte en que forma ha omitido su tratamiento. Desproporcionado resulta la exigencia planteada por la apelante, quien requiere que el magistrado se explaye sobre un dictamen por demás escueto.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Schwartz, Pablo Eduardo c/ Mitrocarga S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La desestimación de un recurso extraordinario con la sola invocación del art. 280 no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida; implica, en cambio, que la Corte ha decidido no pronunciarse sobre la presunta arbitrariedad invocada, por no haber hallado en la causa elementos que tornen manifiesta la frustración del derecho a la jurisdicción en debido proceso (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Querella, objeto del proceso, delito penal, poder, poder general, fotocopia, cláusulas especiales, instrumentos privados, proceso penal, actos y diligencias procesales, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Moras Mom, Jorge s/ Querella
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Resulta hábil como instrumento de delegación de la facultad de querellar la fotocopia de un poder en el cual, no obstante utilizarse la expresión "poder general", se menciona en forma expresa la facultad de querellar a una persona determinada y por el delito que es objeto del proceso.
Contratos innominados, fideicomiso, explotaciones agropecuarias, incumplimiento del contrato, administrador fiduciario
Materia: CIVIL
Carátula: Acerra, Nicolás Ruben y otros c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otro  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Procede confirmar el pronunciamiento recurrido dictado por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a los accionados concurrentemente -fiduciario BAPRO y operador- a abonar a la demandante determinada suma por los incumplimientos contractuales. Ello por cuanto, en la especie, el contrato de fideicomiso resultó el vehículo a través del cual, un conjunto de personas decidieron adquirir (con sus ahorros) una cuota parte del total presupuestado para la inversión y con ello, participar del negocio agrícola, delegando la administración y operación del negocio en personas a quienes los inversores les depositaron su confianza, sustentada en una eficiente publicidad. El objeto del contrato, consistía en el arrendamiento (o contratos similares) de fracciones de campos de terceros para sembrar semillas de distinto tipo, las que luego de ser cosechadas se comercializaban, generando -de tal modo- los beneficios correspondientes, luego de sufragados los gastos. Más, en la especie resultaría imposible llevar adelante la última de las etapas descriptas -comercialización de lo cosechado- y por ende la consecución del objeto del contrato, desde que ni BAPRO ni el operador se hallaban inscriptas ante la AFIP como comercializadoras de granos. La referida circunstancia llevó a la necesidad de contar con un tercero (conformada por los mismos directivos del operador) que se hallara inscripto para comercializar los granos y que de tal modo pueda cumplir con la señalada finalidad. Así, la omisión del fiduciario de inscribirse en el registro indicado y de haber elegido un operador que tampoco se hallaba inscripto, además del grave incumplimiento, significó que una parte sustancial del negocio terminara ejecutada por un sujeto no querido. Demostrándose así, que el fiduciario actuó sin la debida diligencia y omitiendo los deberes a su cargo.
Estupefacientes, acusación fiscal, falta de acusación, sentencia condenatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Linares Ramos, Carlos Esteban s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

El Tribunal debe abstenerse de condenar al imputado cuando en la oportunidad prevista en el art. 393 del C.P.P.N. el Ministerio Público consideró que no había quedado demostrada la confluencia de la agravante prevista en el art. 11, inc. "a" de la ley 23.737, contenida en el requerimiento de elevación a juicio formulado por su inferior jerárquico. Sin perjuicio de ello, la falta de acusación verificada respecto a la agravante en cuestión dejó subsistente el resto de la imputación (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización prevista en el art. 5°, inc. "c" de la ley 23.737). (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
Mandato, facultades del mandatario, responsabilidad del mandatario, legitimación pasiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BALLESTER MÓNICA MIRIAM c/ GELVEZ NÉLIDA CONCEPCIÓN Y/O QUIEN RESULTARE PROPIETARIO A ESA FECHA DEL INMUEBLE EN QUE SUCEDIO EL HECHO Y/O QUIEN FUERE EL RESPONSABLE DEL MISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-02-23

Sólo cabría la atribución de responsabilidad al mandatario en dos supuestos: a) que hubiera actuado excediéndose de los límites del mandato, siempre y cuando el mandante no ratifique el contrato (art. 1930 del Código Civil); y b) que no le haya hecho saber a la parte con quien contrató que lo hacía como mandataria y le hiciera conocer el poder que se le había otorgado (art. 1933 Cód. cit.).

La existencia de ninguna de estas circunstancias fue demostrada en autos por la actora, carga que le incumbía del momento en que pretendía hacer extensiva la responsabilidad a la codemandada.

El mandatario interviene por cuenta y orden de su mandante, sin excederse de las facultades otorgadas, el contrato se reputa celebrado por el último (art. 1946 del Código Civil), de manera tal que, en casos como el de autos, deberá pesar sobre el mandante la pretendida responsabilidad y no en el mandatario.

La codemandada no se encuentra pasivamente legitimada para ser demandada en estas actuaciones, dado que actuó como mandataria de la propietaria del inmueble alquilado y dentro de las facultades que el mandato le confirió. Por consiguiente la excepción opuesta por la nombrada debe prosperar, y fue correctamente ponderada en el fallo recurrido.-
Transporte marítimo, manifiesto de carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRENITHE S.A. c/ ELMA. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-18

Más allá de los aspectos de infracción fiscal implicados, razones de buen sentido imponen concluir que no puede darse término a los trámites de nacionalización de una mercadería que, de estarse a los términos de un instrumento al que se ha llamado "base de toda documentación de importación" no habría arribado regularmente a destino.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CO.FA.LO.ZA. Cooperativa de Farmacias de Lomas de Zamora c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

No corresponde por vía hermenéutica juzgar la bondad de la política seguida por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ya que el examen de su acierto, conveniencia, mérito o eficacia, excede los límites de la jurisdicción del Tribunal.
Recaudación previsional, deuda previsional, agentes de retención, AFIP DGI, régimen penal tributario, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: A. Y F. MANFREDI SOCIEDAD DE HECHO c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

La formulación de denuncia penal no afecta el accionar del organismo, tendiente a obtener el pago de lo adeudado y la reparación patrimonial pertinente. Los arts. 3 y 16 de la ley 23.771 no contradicen dicha tesitura, máxime examinados en concordancia con la Resolución 3756 de la D.G.I. y Dec. 507/93, jerarquizados y ratificados por la ley 24.447. Dijeron autores especializados, refiriéndose a las facultades del organismo recaudador, que "para que así ocurra, debe contarse efectivamente con un régimen sancionatorio que no debe perseguir un fin retributivo de la infracción del incumplidor, sino inducir a éstos y a los demás contribuyentes en general a cesar con sus conductas irregulares" y que "la sanción de la ley 23.771 ha definido tajantemente el campo:

las figuras típicas que se describen son delitos y no contravenciones, en tanto las que subsisten, dentro del ámbito de la ley de procedimiento tributario (ley 11.683) sin de naturaleza contravencional o administrativa; razón por la cual pueden convivir y operar paralelamente cfr. Díaz Ortíz, José y Marconi, Roberto, "Análisis de la Ley Penal Tributaria", Ed. Cimea, 1993, págs. 14 y 8). (Del voto del Dr. Wassner).
Acción de amparo, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha expresado reiteradas veces que los jueces deben tener en cuenta al interpretar un texto normativo cuál fue la voluntad del legislador y otorgar a la misma pleno efecto, so pena de incurrir en sentencia arbitraria por la causal que la doctrina ha denominado "interpretación infiel".

En este sentido, resulta con meridiana claridad de los Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente la concepción del amparo como remedio residual o supletorio en cuanto a otros remedios judiciales o administrativos.(Dr. Absi: según su voto).-
Competencia, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez c/ Canteras Cerro Negro S.A. s/ Fijación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

Teniendo presente sobre competencia negativa se encuentra sometida a consideración de la Suprema Corte de Justicia, este Tribunal aprecia debe diferirse el tratamiento de la apelación contra la imposición de costas resuelta al tiempo de declararse incompetente el Juez Civil, para una vez resuelto el tema principal. (Doct. art. 69 últ.

párr. Cód. Proc.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Consumidores, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Almada, Gastón José c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-31

Tratándose de un daño causado en un incumplimiento contractual (pedido de instalación de línea telefónica), por aplicación de la regla contenida en el art. 1748 CCC, los intereses por daño no patrimonial deben computarse desde que el consumidor hizo el pago del cargo por conexión, sin que se haya demostrado su sinrazón.
Despido, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Corizzo, Nicolas Norberto c/ Universidad Tecnológica Nacional s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-21

En el caso, ha quedado probado que la reclamante trabajó sin solución de continuidad para la demandada (Universidad Tecnológica Nacional), durante el tiempo relatado en la demanda, a través de sucesivos contratos por tiempo determinado o a plazo fijo. Todo ello demuestra que sus tareas no eran transitorias ni excepcionales, sino específicas de la actividad desarrollada por la demandada. Así, dicho vínculo resulta ajeno a la noción de transitoriedad y es dable considerar que el actor poseía razonables expectativas de permanencia en su relación con la accionada. Ello por sí sólo permite afirmar que merecía la protección del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Impugnación de la paternidad, reclamación de la filiación, competencia por el territorio, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Q., L. F. J. C/ D., E. R. S/ ordinario impugnación de paternidad (Ac.19.4.20. Reg.N° 1. Emergencia sanitaria) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-15

Frente al ejercicio de las acciones de reclamación de filiación con la de impugnación, si los demandados tienen domicilio real en jurisdicciones diferentes, a los fines de determinar la competencia, corresponde interpretar la situación de modo de favorecer el ejercicio de las acciones y su trámite. Ese criterio permite inclinarse por el juez del domicilio en el que coinciden actor y demandado del juicio de filiación, máxime cuando con las debidas garantías es posible resguardar en todos sus extremos el derecho de defensa facilitada también por los medios informáticos aplicados al proceso. La regla prevista en el art. 5 inc.5) CPCC es válido respaldo analógico, no debe limitarse a las obligaciones indivisibles y solidarias que de modo expreso enuncia la norma, sino que se aplica a todos los casos en que se ejerciten las llamadas "acciones personales" contra pluralidad de demandados.
Juicios contra el concursado, créditos postconcursales, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLEITA, Neri c/ COPINCO INVESTIGACIONES S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Si la totalidad de los créditos reclamados tienen su origen con posterioridad a la apertura del concurso de la demandada, al no encontrarse incluidos en dicho concurso no pueden ser atraídos por el proceso universal, motivo por el cual corresponde que siga entendiendo el juzgado laboral oportunamente asignado a la causa. Los arts. 21 inc 3 y 32 de la ley 24522 instituyen la prohibición de iniciar nuevas acciones judiciales de carácter patrimonial contra el concursado, estableciendo asimismo la exigencia de promover la solicitud de verificación por ante el síndico designado, pero estas disposiciones están referidas a aquellos que invoquen causa o título anteriores a la presentación concursal.
Recurso de casación, cuestión no planteada
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zilvestein, Abelardo. c/ Silfeni, Juan Ricardo. s/ Sentencia. Congruencia. Gadaleta, Francisco. c/ Goyenechea, Roberto. s/ Locación de Obra. Alfonso, Andrés c/ Corvalán, Diógenes y/u ocupantes s/ REIVINDICACIóN S/ CASACIóN. Corralón 'San José' s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE  ARTíCULO  250 CPCC. S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-12-04|1986-03-05|1988-03-10|1989-06-30

alcanza el mínimo exigido por el art. 278 CPC. Ello así, atento Si el tema por el cual se agravia el recurrente no fue introducido en la apelación resulta extemporáneo su planteo en esta instancia extraordinaria.
Daños y perjuicios, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: VICTORIA REMISES S.R.L. Y OTRO c/ AUTOMOTORES ENTZ Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-09

Los daños y perjuicios se producen no sólo por el incumplimiento de los contratos, sino también, por la demora en el incumplimiento o para emplear las palabras de la ley, por la inejecución de la obligación a su debido tiempo (art. 519 del Código Civil).

Para que el incumplimiento dé origen al resarcimiento es preciso que el deudor haya incurrido en mora, y que aquél le sea imputable, es decir, que haya obrado con culpa o dolo. Respecto al primer requisito, lo que caracteriza a la mora es el retardo en el cumplimiento de la obligación, en este caso sería la denuncia de la existencia del embargo y su cancelación.

Es cierto que es necesaria la constitución en mora, cuando en el convenio no se ha establecido un plazo cierto, pero esta regla no puede interpretarse siempre en todo su rigor, y se debe considerar la naturaleza del contrato y las circunstancias del caso.
Despido con causa, derechos del empleador, facultades de control, requisa personal, negativa del trabajador, autoridad de aplicación
Materia: LABORAL
Carátula: ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO  S.A. c/ LONTO, PABLO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El trabajador que se niega a someterse a la revisación de su bolso incurre en falta grave, en los términos del art. 242 de la LCT, aunque tal control de salida no haya sido puesto en conocimiento de la autoridad de aplicación. Esto es así pues los controles de salida que deben ponerse en conocimiento del Ministerio de Trabajo, conforme lo establece el art. 71 LCT, son los mecánicos, pero no los elementales como puede ser la revisación de un bolso.
Contratos comerciales, compraventa mercantil, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Altair S.A. c/ Tolson S.A.I.C. s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S089 - 190)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-12-23

Cuando el art. 464 del Código de Comercio confiere al comprador el término de diez días para pagar el precio de los efectos, establece un plazo cierto legal que subordina su situación al primer párrafo del art. 509 C.C., razón po la cual el incumplimiento del deudor produce su constitución automática en mora sin necesidad de interpelación.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, juicios en que la Nación es parte, Instituto Nacional de Acción Mutual
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL. s/ EJECUTORIEDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

El art. 36 de la ley 20.321 limita la actuación de la justicia civil a los recursos que se deduzcan contra las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutual, pero extender el alcance de dicha norma a las cuestiones derivadas de la ejecución de las resoluciones del mencionado Instituto, importa arrogarle a la Cámara Civil una competencia originaria de única instancia respecto de tales cuestiones- que no sólo exceden ampliamente el objeto perseguido por la ley, sino que además violenta la distribución de la competencia en razón de las personas que se encuentra sujeta al orden público.
Costas, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Hector Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-23

En un conflicto colectivo, habiendo "actores" a los que se le liquidaron acreencias sin ser actores, las costas correspondientes deberán ser soportadas por el profesional que presentó al Tribunal los cálculos respectivos, en aplicación extensiva de lo dispuesto por el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial y porque por su culpa dio lugar a la reclamación (artículo 251, inciso 1 del mismo Código).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RETAMOZO, Claudio Alberto s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La declaración indagatoria, que en esencia es una participación de conocimiento del mismo carácter que la testimonial, puede ser origen de indicios, si no se demuestra que es interesada, supuesto frente al cual no nos encontramos en estos obrados. La sola mención de posibilidades hipotéticas no satisface ese objeto.-
Prueba pericial, autopsia, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VIVES, JOSE ROSENDO s/ PERICIA- AUTOPSIA - NULIDAD - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1956-11-07

Las notificaciones que la ley ordena hacer al ministerio fiscal y a las partes antes de la iniciación de la operación pericial, así como el derecho de designar otro perito de control que la ley concede al imputado y a la parte civil, tienen por fundamento el carácter esencialmente contradictorio de la prueba pericial y la necesidad de que, con arreglo a él, dichas partes tengan la oportunidad de intervenir en la operación que realice el perito nombrado por el juez y fiscalizar sus comprobaciones y conclusiones mediante el asesoramiento técnico de otro experto de su confianza.

En igual fundamento se inspira la ley cuando ordena que en caso de urgencia absoluta en la realización de la pericia o de una indagación extremadamente simple, se notifique al imputado que se realizó aquélla, que puede hacerla examinar por medio de otro perito que elija y pedir, en su caso, la reproducción.-
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Agente  fiscal Dr. Guillermo Massimi s/ dcia. s/ recurso de queja interpuesto por el Sr. Ruggero Preto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Los fallos de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal-.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Pedro Tomas c/ Ayala, María Elena s/ Divorcio vincular Disolución de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

En la sentencia no pueden resolverse cuestiones que no hayan sido objeto de demanda o reconvención.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La doctrina que afirma que basta que exista el recurso del Fiscal -cualquiera que sea su limitación- para abrir la competencia plena del tribunal superior habilitaría a que -por ejemplo- se pudiera reabrir en segunda instancia el debate sobre todos los delitos integrantes de un concurso real a partir de la apelación que el Agente Fiscal formulara con referencia a sólo uno de ellos, mientras respecto de los demás la sentencia originaria hubiera hecho lugar a todo lo requerido en la acusación.