Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10


GUERRA, Evangelina H. PIOMBO de contra SANTA TERESA S.C.A Reg.: A y S t 208 p 422-425.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GUERRA, Evangelina H. PIOMBO de contra SANTA TERESA S.C.A -Ordinario- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 171, año 2004 ). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Netri, Gastaldi, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Sucintamente, el caso: 1. La señora Evangelina Piombo de Guerra, por sí y en representación de sus hijos menores, dedujo demanda de daños y perjuicios por la muerte de su esposo contra Santa Teresa S.C.A, justipreciando el resarcimiento en la suma de $ 261.479,50 (fs. 6/14).

El Juez en primer grado de conocimiento hizo lugar a la pretensión y, en consecuencia, condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 180.000 con más los accesorios legales, extendiendo la obligación de pago a la citada en garantía La Tercera Compañía de Seguros Generales S.A., en la medida del seguro (fs. 318/324).

Arribados los autos a la Alzada como consecuencia de los recursos de apelación y nulidad interpuestos por ambos contendientes y citada en garantía, en esa sede las partes arribaron a un acuerdo transaccional (fs. 407/408), estipulando como monto de la reparación la suma $ 120.000, convención que fue ratificada por la citada en garantía y judicialmente homologada por el Juez de baja instancia (f. 428).

Seguidamente, el Inferior reguló los honorarios de los profesionales de la parte actora y demandada en la suma de $ 9.600 mediante la aplicación del 8% del monto de la transacción, estableciéndose en igual suma y en "proporción de ley" para los apoderados de la citada en garantía, doctores Héctor Gaveglio y Roberto Antonio Busser (f. 432).

Contra esa fijación de emolumentos, la cónyuge del extinto doctor Gaveglio interpuso recurso de revocatoria parcial en el entendimiento de que los honorarios debían distribuirse en proporción de las actuaciones profesionales cumplidas en el proceso, dado que las intervenciones de los letrados fueron sucesivas -y no conjuntas-, actuando aquel en todas las etapas del proceso (fs. 443/444).

La empresa aseguradora también impugnó dicho decreto regulatorio, considerando que debía tomarse como base de la regulación de los estipendios del doctor Gaveglio el interés económico defendido, esto es, la "medida del seguro" de la cual la citada en garantía era responsable en virtud del artículo 118 de la ley 17418 (fs. 451/452).

Idéntico camino siguió la Caja Forense al deducir revocatoria y apelación en subsidio, afirmando que la regulación no cubría el mínimo legal estipulado por la ley 6767 y sus modificatorias, solicitando que se practicara una nueva liquidación a fin de determinar la base regulatoria de acuerdo al capital de condena con más los intereses dispuestos y, en función de ello, se fijaran los honorarios profesionales atendiendo al cumplimiento de todas las etapas del proceso y conforme a los artículos 6 y 8 del citado cuerpo legal y 9 de la ley 11098 (f. 457).

El Juzgador hizo lugar a la reposición impetrada por la señora del doctor Gaveglio, rechazando las demás, fundamentando respecto de la interpuesta por la Caja Forense, que no existía orden público que atender en materia de honorarios y que los montos regulados no habían sido cuestionados por sus beneficiarios (fs. 466/467).

Elevados los autos a la Cámara, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe resolvió "...rechazar el recurso articulado por la citada en garantía, confirmando la providencia regulatoria, admitiendo el deducido por la Caja Forense en cuanto a los aportes profesionales los que se cumplimentarán sobre la base que resulte de la cantidad reclamada en la demanda con más los intereses que se disponen en la sentencia dictada en autos, practicándose a tal fin liquidación..." (fs. 529/531).

2. Contra dicho decisorio la cónyuge del fallecido, doctor Gaveglio, interpuso su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como lesivo de derechos y garantías de rango superior.

Le endilgó al Tribunal caer en autocontradicción, en tanto confirmó la providencia regulatoria del Inferior -que tomó como base regulatoria el monto transaccional- y condenó a abonar los aportes sobre el capital reclamado en la demanda con más los intereses estipulados en la sentencia, arribando -con tal criterio- a un resultado netamente confiscatorio, que lleva a pagar a las Cajas aproximadamente tres veces el valor de su acreencia.

Afirmó que el decisorio en crisis debería haber ordenado -conforme lo peticionado por la Caja Forense- una nueva regulación de honorarios sobre la que se harían efectivos los aportes y no a ese "mix irreconciliable" .

Por último, postuló la inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 11089.

El Tribunal a quo concedió el remedio extraordinario (f. 564).

3. En el examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, debo concluir que encuentro satisfechos los recaudos formales de la impugnación y, asimismo, los planteos esbozados por la recurrente ostentan jerarquía constitucional para operar la apertura del remedio extraordinario, ello de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 573/574.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Le asiste razón a la recurrente.

En tal sentido, corresponde señalar que si bien las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha máxima, cuando quien recurre demuestra perfilado con suficiente claridad el agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales, o si no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción (CS, Fallos:310:566; 308:881; 304:501; 283:22; 270:388; CSJPSF, A. y S. T. 123, pág. 84; T. 159, pág. 133, entre muchos otros).

Esto último es lo que acontece en la especie conforme se expondrá seguidamente.

El Tribunal a quo confirmó la regulación de los honorarios de los profesionales efectuada por el Inferior, que había tomado como base de la estimación el monto de la transacción arribada en autos y, por otro lado, ordenó que se liquidaran los aportes a la Caja teniendo en cuenta como soporte de la regulación, la cantidad reclamada en la demanda con más los intereses establecidos en la sentencia dictada en autos.

Para así decidirlo, consideró que la regulación se adecuaba con el espíritu de la ley arancelaria y si bien el Inferior omitió fundar normativamente la estimación, el monto de los honorarios regulados no habían sido cuestionados por los profesionales beneficiados. Mientras que la admisión del recurso de apelación interpuesto por la Caja Forense, en cuanto a la petición de liquidación de aportes, la sustentó lisa y llanamente en la aplicación de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 11089.

Resumiendo: El Tribunal confirmó el auto de estimación de honorarios practicada por el Inferior fijada de acuerdo al "monto de la transacción" y, paralelamente, dispuso que el aporte a la Caja Forense se confeccionara tomando como soporte de la regulación "la cantidad pecuniaria pretendida en la demanda" con más los intereses judiciales.

Esta doble plataforma económica adoptada por el Tribunal, una para regular propiamente los honorarios de los profesionales y, la otra, para determinar los aportes a la Caja Forense, resultan absolutamente inconciliables y aparejan un resultado económico ilógico y absurdo, el cual se infiere de sencillas y simples operaciones matemáticas, que llevarían a concluir que los aportes correspondientes a la Caja Forense superarían con creces la suma percibida por la recurrente en carácter de emolumentos profesionales, configurándose, así, una autocontradicción en la resolución atacada que impone su descalificación a tenor de la doctrina de la arbitrariedad.

Debo señalar -desde luego- que ningún peso decidor reviste el argumento de la Cámara respecto de que la cuantía en sí de los honorarios no fueron materia de impugnación por los letrados actuantes en la causa, confiriéndole una suerte de firmeza a la regulación efectuada por el Inferior.

Ello así, por cuanto esos valladares invocados importan restarle la facultad que el ordenamiento legal le otorga a la Caja Forense para intervenir en las regulaciones de los honorarios profesionales e interponer recursos contra las mismas (artículo 28 de la ley 4949 y sus modificatorias); y, a su vez, no puede servir de amparo para el dictado de un pronunciamiento cuyas premisas son irreductiblemente incompatibles entre sí, arribándose a una solución irrazonable de la controversia, en donde la obligación de aportar -como ya se dijo- excede la justipreciación del trabajo profesional cumplido en autos, debiendo ceder la firmeza de la regulación ante la consagración del absurdo (vid. R. A. y S., T. 134, pág. 261).

Lo expuesto basta para descalificar el pronunciamiento impugnado al no resultar derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa, deviniendo inoficioso el tratamiento de los restantes reparos vertidos por la impugnante.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticas razones a las vertidas por el Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055) Así, voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)