Concesión parcial del recurso, sobreseimiento, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Segundo, Eduardo Miguel y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Corresponde declarar parcialmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal contra el punto IV) de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en cuanto confirmó, por sus fundamentos, el sobreseimiento dictado en favor de Víctor Javier Romero y hacer lugar parcialmente, al recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, casar y anular la resolución recurrida en sus puntos II) y III), por cuanto confirmaron los sobreseimientos de Eduardo Miguel Segundo, César Fabián Gómez, Julio Miguel Acevedo, Alfredo Ariel Saucedo y Hugo Daniel López, toda vez que la certeza moral requerida para dictar una resolución como la que se impugna, no puede sustentarse en la mera expresión de voluntad de los magistrados, sino que debe remitirse a un fundamento que guarde adecuado correlato con circunstancias objetivas que habiliten cognitivamente aquella certidumbre. Es con base en esas premisas que considero arbitraria, por prematura e infundada, a la resolución adoptada. Y esto es así, por cuanto la Cámara presenta el contexto problemático en la Unidad n° 6 del S.P.F. para la fecha de los hechos, así como a los recurrentes disturbios en el pabellón n° 10 (que alojaba a Villegas e Ibazeta) -caracterizándolos como conflictivos y desafiantes-, únicamente con base en los dichos indagatorios de uno de los imputados. Lo propio ocurre con la interpretación del presunto propósito de los incursos en ser trasladados a otra unidad, que habría presidido los comportamientos reprochados, en particular a Villegas. Ello surgiría exclusivamente de los dichos del nombrado López Almeida, sin que los mismos cuenten con respaldo en otras pruebas conducentes que ratifiquen sus manifestaciones. Sabido es que los magistrados cuentan con un margen de discrecionalidad a la hora de valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, lo cual tiene como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba producida y en el valor que ésta asume para la determinación de los hechos. Es que, como tantas veces se dijo, para cumplir con aquel deber de fundamentación, corresponde realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, sin omitir la evaluación de todas aquellas cuestiones que sean conducentes para la solución del caso. Tal era el supuesto, como correctamente lo explica la impugnante, de los legajos de ejecución y personales de Villegas, que debieron ser evaluados a los fines de tener por ciertas, o no, la totalidad de las afirmaciones realizadas por López Almeida. El a quo no explicó por ejemplo, por qué motivo omitió producir prueba que podría resultar determinante para la investigación, y abonó, sin más, la hipótesis presentada por López Almeida, sin confrontarla críticamente con aquella del Ministerio Público Fiscal. Las consideraciones reseñadas precedentemente, demuestran la arbitrariedad anticipada, ya que resulta irrazonable en términos discursivos la confirmación del sobreseimiento dispuesto en primera instancia, sin que haya previamente mediado la producción de prueba relevante para la verificación de los extremos que el tribunal tuvo por ciertos, y que aparecen contrapuestos con los propios descargos de los imputados. Todo ello permite afirmar que el fallo no cumplió con el principio de razón suficiente que requiere la demostración de que un enunciado, sólo puede ser así y no de otro modo. Esto es, que la prueba en que se fundamente la decisión sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otras.