Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-04-07


Expte. N° "C/ N. N. - por privación ilegíitima de la libertad, abuso sexual y coacción s/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Guillermo Horacio de Sanctis, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO: Contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional, actuando como tribunal unipersonal, interponen recurso de casación los abogados defensores de N. N.

El fallo cuestionado, que fuera dictado en fecha 23 de septiembre de 2016 y que obra a fojas 359/390 vta., dispuso condenar al nombrado N. N. a sufrir la pena de ocho años de reclusión, con accesorias legales y costas, por considerarlo autor material penalmente responsable de los delitos "privación ilegítima de la libertad agravada" (artículo 142 inciso 1º del C.P.), "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género, en concurso ideal" (artículos 90 y 92, en función del artículo 80 inciso 1º y 11º, y 54 del C.P.), y "abuso sexual con acceso carnal" (artículo 119 tercer párrafo del C.P.), todos conjugados por las reglas del concurso real (artículos 55 y 56 del C.P.), en perjuicio de N. N. En el recurso interpuesto por los doctores Cristian A. Marchesi y Juan Marcelo Ponce Roque (fojas 392/402) se esgrime la existencia de arbitrariedad en la valoración probatoria, en detrimento del principio de inocencia que ampara al acusado. Se dice que solamente se habrían meritado determinadas pruebas sin haberse tenido en cuenta probanzas decisivas de descargo que beneficiarían al ahora condenado. Se sostiene que tales constancias demostrarían que N. N., al momento de los hechos denunciados, estuvo con otras personas distintas de la presunta víctima, por lo que resultaría imposible atribuirle responsabilidad alguna. - Concretamente se afirma que se habría omitido arbitrariamente considerar el testimonio de N. N. (quién habría manifestado que el 22 de julio de 2014 estuvo con el enjuiciado; lo cual coincidiría con lo expuesto por N. N. en su indagatoria); también la declaración de N. N. (que durante el debate se habría desdicho del testimonio expuesto en la instrucción; resultando descartado por el a quo como prueba de descargo); asimismo las manifestaciones expuestas por la madre del acusado, señora N. N., y de los testimonios de N. N. y N. N. (quienes habrían manifestado que N. N. concurrió al taller mecánico que poseen en la fecha y horarios de los sucesos que le fueran recriminados). También objetan los recurrentes la actitud del sentenciante de haber desechado como prueba de descargo el mensaje de texto que habría mandado la denunciante al imputado (por el cual se corroboraría la inexistencia de los delitos); el examen médico practicado por el Dr. Francisco Pacheco a la víctima (que no alude a lesiones en partes intimas demostrativas de abuso sexual); el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo del domicilio de la señora N. N. (que no señaló la existencia de rastros demostrativos de la imputación, como sangre o cosas violentadas); la falta de secuestro de prendas rotas o manchadas de la denunciante, como así también vestigios en el auto del encartado.

En cuanto a los testimonios de las amigas de la víctima - N. N., N. N. y N. N.- aducen los impugnantes que simplemente se trataría de testigo de oídas, pero su versión carecería del correspondiente respaldo probatorio a punto tal que ninguna de ellas conservaría en sus celulares los mensajes que dicen haber recibido de N. N. También critican que no se hubiere reparado en la contradicción incurrida por la denunciante en relación a ciertos hechos relatados (respecto a si los hechos donde N. N. habría comenzado a increpar a N. N. acontecieron en la casa de ésta o en el automóvil de aquel); como así también la discordancia de los días aludidos con respecto al calendario gregoriano, lo cual evidenciaría la invención de la denunciante de los hechos expuestos. Se sostiene la existencia de una insuficiencia probatoria para el dictado de una sentencia condenatoria en contra del acusado, por lo que instan la aplicación del principio in dubio pro reo.

Con respecto a la calificación legal, la crítica se centra en torno a la configuración del abuso sexual en tanto las relaciones íntimas habrían sido consentidas por la víctima. Además de ello, se objeta la circunstancia de que en la denuncia no se habría expuesto un delito contra la integridad sexual, vulnerándose así el artículo 72 del C.P., por lo cual la instancia y la investigación no se inició en debida forma, generándose una nulidad de carácter absoluto. Finalmente, a pesar de negar cualquier participación del encartado, reprochan que la sentencia no haya tomado como atenuante el hecho de que N. N. se encontraba en un notorio estado de ebriedad, tal como lo habría relatado la señora N. N.

Se solicita la absolución del enjuiciado y se formulan las reservas del caso federal.

A fojas 403/405 el recurso fue concedido por el inferior. Una vez radicada la causa en esta instancia, las partes fueron debidamente convocadas para presentar sus respectivos informes. La defensa reiteró su pretensión casatoria (fojas 411/421). Mientras que el señor Fiscal General de la Corte se pronunció fundadamente por el total rechazo del remedio intentado (fojas 424/426).

Expuesta así la cuestión, luego de analizar detenidamente todas las actuaciones y la sentencia dictada, soy de la firme convicción que todas las quejas referidas a la valoración probatoria se basan en cuestiones vinculadas con la inmediación que se logra en el debate oral y la credibilidad de los testimonios rendidos en la causa, asuntos que escapan del control casatorio en tanto los jueces de éste tribunal no presencian el juicio y la recepción directa de las pruebas.

Por otro lado, resultando los argumentos del a quo totalmente lógicos, debidamente fundados en prueba escrita legítimamente ingresada durante la instrucción judicial y el debate, como así también desprovistos de cualquier viso de arbitrariedad, corresponde convalidar lo sentando en el fallo, haciendo aplicación de la inveterada doctrina de esta Corte que señala "... cuando la sentencia resulta fundada y contenga un razonamiento lógico y no surja un flagrante y grosero error, por más que el fundamento pueda no compartirse, ello no autoriza a anularla por arbitrariedad ..." (cfr. PRE S. 2ª, 1995-I- 50; PRE S. 2ª, 2006-III-598; entre muchos otros).

Tal como lo referiré seguidamente, de las constancias escritas del expediente surge sin duda alguna la materialidad de los hechos atribuidos a N. N.

Se cuenta con la denuncia de N. N. (fojas 1); los informes médicos (de fojas 3 y 9) que dan cuenta de las lesiones sufridas por la denunciante; la declaraciones testimoniales ampliatorias de la víctima (fojas 10 y vta., 25/30); las declaraciones testimoniales de N. N. (fojas 53 y 59), N. N. (fojs 54), N. N. (fojas 55/56), N. N. (fojas 63/65) -todas ellas que de un modo u otro corroboran los hechos y circunstancias denunciadas por la Sra. N. N.-; y el informe psicológico de la ofendida (fojas 88/89) que se constituye en una prueba de suma importancia en tanto da explicaciones suficientes para comprender la personalidad de la entrevistada y otorgarle total credibilidad al relato de los hechos sufridos. A partir de la lectura y análisis de las aludidas probanzas se tornan totalmente ajustados a derecho y a las directivas de la razón las conclusiones del sentenciante; por lo que el hecho descrito a fojas 375/376 vta. se encuentra debidamente respaldado con prueba legítima y habilitante. Efectivamente del cúmulo de los elementos probatorios existentes surge que el encartado procedió a golpear reiteradamente en distintas partes del cuerpo a N. N., también restringió su libertad ambulatoria encerrándola en su propio domicilio y bajo constantes amenazas; y durante tal encierro la abusó sexualmente accediéndola carnalmente contra su voluntad Adviértase que el relato de la Sra. N. N. siempre se mantuvo incólume, no conteniendo discordancias esenciales que lo descalifiquen como prueba cargosa. La circunstancia de que en las progresivas declaraciones haya aportado nuevos detalles y circunstancias de ningún modo es sinónimo de mendacidad, sino que tiene su correcta justificación en la situación traumática que le tocó transitar y de la cual da explicación pormenorizada el informe mental de fojas 88/89.

Corresponde tener por propios y dar por reproducidos los fundamentos del Juzgador respecto a los dos informes médicos practicados (véase fojas 378 vta. y 379); los motivos por los cuales otorga plena credibilidad a los testimonios de las testigos H., P. y D., como así también las lógicas razones por las cuales éstas no conservaban a la fecha del debate las constancias de los mensajes de texto recibidos de parte de N. N. (véase fojas 379 vta. y 380 vta.); igualmente respecto de los motivos por los cuales no se encontraron vestigios de los sucesos recriminados en la vivienda de la víctima como en el automóvil del acusado; la decisión de tomar por válida y verdadera la versión de N. N. dada durante la instrucción de la causa; los argumentos para desechar, dentro del sistema de la sana crítica racional, los testimonios de N. N., N. N., N. N. y N. N.; como asimismo las explicaciones dadas respecto del pretendido mensaje de texto enviado por N. N. (véase fojas 381 a 382 vta.).

En tales pasajes del fallo se encuentran contestados gran parte de la posición defensiva desplegada en los alegatos y que fueran planteados como motivo de agravio en esta sede superior; resultando preciso traer a colación lo dicho por esta Sala de la Corte en el sentido de que ". cuando el tribunal de casación se encuentra frente a quejas idénticas a las alegadas en el debate oral -debida y puntillosamente contestadas en la sentencia de modo razonado y con fundamentos jurídicos totalmente acertados, que son compartidos ampliamente- y en la instancia extraordinaria no se aportan nuevos elementos de agravios, ni argumentos distintos o mejorados que demuestren debidamente el desatino jurídico, resulta valedero y suficiente enrolarse en los fundamentos del a quo haciendo propios los mismos, para dar contestación a los agravios, sin necesidad de mayores consideraciones. Es decir que los propios fundamentos de la sentencia, cuando son acertados y compartidos, bastan para repeler la casación que nada aporta de nuevo a lo ya discutido en instancias pasadas ." (cfr. PRE S.2ª, 2005 -II- 245; PRE S.2ª, 2006 -IV- 644; PRE S.2ª, 2008 -III- 484; PRE S.2ª, 2010 -IV- 705; entre otros). Téngase en cuenta, además de todo lo referenciado, que el imputado en una primera oportunidad se abstuvo de prestar declaración (véase fojas 46 y vta.); luego, al ser ampliada la indagatoria, argumentó no recordar nada de lo sucedido en razón de haberse encontrado drogado y alcoholizado (véase fojas 80 y vta.); finalmente, tras conocer toda la prueba ya recabada, dio una versión totalmente distinta y plantea como coartada la circunstancia de que durante los días 22, 23 y 24 de julio de 2.014 se encontró acompañado de ciertas personas que luego ofrece como testigos en el debate (véase fojas 208/211). Tales detalles procesales, si bien caen dentro del derecho constitucional de no declarar en contra de sí mismo, se erigen en circunstancias que le restan total credibilidad a la posición de la defensa y la debilitan de sobremanera, máxime si se la contrasta con el resto de la prueba recabada al inicio de la investigación. No es lógico ni aceptable que por un lado se argumente no recordar nada del asunto achacado y luego construir toda una historia detallada, con elementos de tiempo, modo y lugar, que solamente se puede comprender dentro de un plan maquinado para favorecer la situación legal pero carente de toda verdad. En torno a la crítica de la calificación legal de abuso sexual por considerar que las relaciones fueron consentidas por la víctima, corresponde estar a lo declarado por la propia damnificada en cuanto de sus dichos surge claramente la violencia psicológica ejercida por el agresor, sumado a la tremenda golpiza de la que fue objeto, circunstancias que a no dudarlo menguaron de modo evidente toda posible resistencia. Así lo demuestran inequívocamente los informes médicos de las lesiones sufridas (véase fojas 3 y 9) y el informe psicológico de fojas 88/89 que refiere "baja autoestima y dependencia emocional" de la víctima. En el sub examine el abuso sexual con acceso carnal se consumó en un escenario de evidente violencia moral o intimidación suficiente, que impidió a la mujer desplegar actos materiales de oposición.

Además de ello, la objeción a la calificación legal ensayada por la defensa resulta incoherente con su versión de cómo habrían acontecido los hechos; ya que no se entiende, ni puede conciliarse, que por un lado hayan existido relaciones sexuales consentidas con N. N. y que por el otro N. N. haya realizado ciertas tareas (como estar con otras personas o trabajar en un taller mecánico) que le insumieron todo el tiempo durante los días en que sucedieron los episodios denunciados.

En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 72 del código de fondo, cabe puntualizar que la declaración testimonial de fojas 10 y vta., prestada por la denunciante ante la misma autoridad prevencional, resulta totalmente complementaria de la noticia criminis agregada a fojas 1 en tanto denota la inequivoca voluntad de que los hechos fuesen investigados. Téngase en cuenta además el estado de conmoción psicológica por el que atravesaba la Sra. N. N. lo cual explica la simplicidad de su primera declaración y su posterior complementación dando mayores detalles de lo sufrido.

Debe tenerse en cuenta que la denuncia en los delitos de acción dependiente de instancia privada no requiere la observancia de solemnidades formales o ritualismos específicos; lo único que exige es una manifestación de voluntad, cualquiera sea su forma, enderezada a poner en movimiento la acción penal, que evidencie el propósito de remover el obstáculo que impedirá la investigación del delito. En esencia basta el anoticiamiento del hecho ante la autoridad encargada de la investigación del delito. Analizando el contexto procesal actuado en la causa (véase la denuncia de fojas 1 y las sucesivas declaraciones de fojas 10 y vta. y 25/30) sería un total despropósito negar que la Sra. N. N. tuvo la voluntad indubitada y expresa de que los hechos sufridos dejasen de ser investigados. Esto lleva al rechazo del agravio sustentado en una falta o deficiente promoción de la acción. Finalmente, en relación a la falta de valoración como atenuante del estado de ebriedad del encartado resta señalar que por tratarse de una cuestión discrecional del tribunal de mérito, y salvo los casos de evidente arbitrariedad, escapa al control de esta instancia. No obstante ello, la valoración efectuada en el fallo a fojas 389 vta. y 390, de las pautas establecidas por los artículos 40 y 41 del Código Penal, resulta por demás razonable y ajustada a los antecedentes de la causa; por lo que, no dándose situaciones merecedoras de reproche, merece plena convalidación.

Por todo ello voto por el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de N. N. a fs. 359/390 vta. II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Guillermo Horacio de Sanctis. Ante mi: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp- CS PRE S. 2° 2017-I-174.