Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-30


AUTOS Nº 87368 (3° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11189) "PAVON Salvador C/ Esteybar Electromecánica S.A. y Otros - Daños y Perjuicios " ///En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de abril dos mil catorce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Luis Alberto Recio y como vocal el Dr. Daniel Olivares Yapur para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la demandada Esteybar Electromecánica S.A. a fs. 357 y por la codemandada OSSE, a fs. 358, concedidos a fs. 359, contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2012, obrante a fs. 341/352 de autos.

El Dr. DANIEL G. OLIVARES YAPUR DIJO:

El señor Juez del Tercer Juzgado Civil a fs. 215/228 en sentencia definitiva resolvió: " I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar en forma solidaria a los demandados Esteybar Electromecánica S.A. y O.S.S.E. en los términos del art. 1113 párrafo 2° in fine del C.Civil, a pagar al actor la suma determinada en los considerandos precedentes, con más los intereses en la forma allí determinada (art. 23 ley 7675); 2) Imponer las costas por su orden (art. 20 Ley 7675); 3) Regular honorarios a los profesionales intervinientes en la forma dispuesta en los considerandos." Contra dicho pronunciamiento se alzan los demandados interponiendo recurso de apelación, Esteybar Electromecánica S.A., a fs. 357 y O.S.S.E., a fs 358, concedidos ambos a fs. 359. Expresan agravios a fs. 370/377 y fs. 381/382, respectivamente, los que son respondidos por la actora a fs. 390/393. Ambos apelantes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la ley N° 2275 y del caso federal del art 14 de la ley N° 48.

ANTECEDENTES DEL PROCESO Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el señor Juez del Tercer Juzgado Civil, se relatan sucintamente los hechos a los fines de dar una razonable autonomía al presente. La acción se origina en la demanda de daños y perjuicios que deduce el señor Salvador Pavón contra Esteybar Electromecánica S.A., reclamando la suma de $ 10.305 o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse y sus intereses. El hecho sucedió el día 24 de abril de 2005 siendo aproximadamente entre 18 y 18,30 hs. ocasión en que circulaba por Av. Libertador San Martín de Oeste a este con su automóvil marca Peugeot 504,modelo 1985, Dominio WNX525. A unos 150 metros antes de llegar a Hipólito Irigoyen frente al Chalet Cantoni, existía una abertura en la arteria con escombros diseminados, sin ninguna clase de señalización y/o eliminación que advirtiera del obstáculo junto al boulevard. Ello impidió al conductor maniobrar adecuadamente para evitar el impacto con los escombros sufriendo daños severos en el automóvil. Había un cartel volcado, con el nombre de la empresa demandada. Realizó una exposición en la Unidad Policial N° 1y reclama los gastos por los daños sufridos en el rodado, indemnización por daños materiales al vehículo, por desvalorización del mismo y por privación del uso y gastos de traslado. A fs. 49 aclara que la demanda se deduce contra la firma indicada como responsable directa y como codemandada a Obras Sanitarias Sociedad del Estado, como contratante de la obra. A fs. 63 comparece por Esteybar Electromecánica S.A. su Presidente, señor Enrique Oscar Esteybar y opone excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta con fundamento en que quien ha sido demandado en autos es Esteybar Construcciones y sus propietarios, aunque la cédula haya sido diligenciada en su domicilio en forma equivocada en tanto ese domicilio pertenece a Esteybar Electromecánica S.A. y no a la demandada en autos. A fs. 76 comparece el Dr. Marcelo Navas en representación de O.S.S.E. quien deduce falta de acción ante la falta de cumplimiento de las disposiciones de la ley 7675 que impone obligatoriamente instancia de mediación y contesta demanda. Niega los hechos invocados por el accionante, manifestando que su mandante tiene contratada a la firma Esteybar Electromecánica SA para realizar tareas de bacheo y reparación de arterias, pero al momento del hecho denunciado no realizaba obra alguna en el lugar denunciado. Atribuye conducta negligente al actor, niega la procedencia de rubros reclamados e impugna la prueba. Pide aplicación de la ley 24283. Se remite la causa a mediación, sin resultado positivo y por sentencia de fs. 113/115 se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Esteybar Electromecánica y se declara abstracta la excepción deducida por O.S.S.E, sentencia confirmada por ésta sala a fs. 159/161. Se dicta sentencia definitiva a fs. 341/352, contra la cual se alzan en recurso las demandadas, obrando las expresiones de agravios a fs.370/377 y 381/382, y su contestación por la actora, a fs. 390/393.

Los agravios expuestos por la demandada Esteybar Electromecánica S.A. pueden sintetizarse de la siguiente manera. Primer Agravio) Expresa que la sentencia adolece de un vicio que la invalida totalmente y desautoriza como pronunciamiento judicial válido que consiste en no haber respetado el derecho de defensa, de igualdad ante la ley y del debido proceso sustantivo, violando además el derecho de propiedad. Es nula por haberse dictado sin ajustarse a las normas de la ley 8037, vigente al día 18-11-11 momento en que se clausura el término de prueba, de conformidad al art. 793 del C.P.C.. No aplicó el sentenciante lo dispuesto por los arts 446 y 135 inc. 16 del nuevo código y por ende no corrió a las partes traslado para alegar, no puso el expediente a su disposición para tal fin ni notificó por cédula tal circunstancia. Se privó a su parte de su irrenunciable derecho a informar sobre el mérito de la prueba, última oportunidad de defensa en la causa. Ello lesiona el derecho adjetivo ya que violenta la estructura procedimental y lesiona el derecho sustantivo afectando el derecho de defensa y de igualdad ante la ley. Tal vicio no es subsanable con el llamamiento de autos pues conculca una etapa del proceso; se produjo la preclusión de una etapa procesal pero no el derecho sustancial a defenderse en todas las oportunidades que permite la ley. La legalidad del procedimiento judicial, el respeto a la igualdad de las partes y el derecho de defensa están protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales que la integran, por lo que debe ser revocada y decretada su nulidad. Segundo Agravio) Le agravia al apelante que el a-quo tiene por acreditado el accidente motivo de autos, sin prueba alguna en tanto funda tal afirmación en las constancias de una exposición Policial labrada unilateralmente a instancia del actor y por el testimonio de testigos cuya declaración difiere con los términos de la demanda, habiendo denunciado como horario del mismo las 18/18,30 hs. y los testigos refieren a las 6 o 6 y media, resultando arbitrario que el sentenciante considere un error en el relato y decida la hora conforme versión testimonial, modificando los términos de la litis. Tercer agravio). Al atribuir el juez la culpa total a los demandados, no valora adecuadamente las pruebas rendidas que permiten distribuir las responsabilidades entre actor y demandadas imponiendo culpas concurrentes En tanto ha sido acreditado a través de la mecánica del accidente expuesta en la pericia que el actor conducía por el carril inapropiado, sin la debida atención y conduciendo a 54 Km. no pudo hacer maniobra alguna de esquive. Cuarto Agravio) Le agravia la determinación y monto de los rubros considerados procedentes. Respecto del daño material solo ha considerado el sentenciante los presupuestos presentados por la actora, algunos sin firma y sin reconocimiento judicial. El rubro privación del uso y gastos de traslado han sido otorgados sin acreditación a través de prueba alguna. Quinto agravio) El sentenciante no ha regulado sus honorarios por la participación y control en la producción de las pruebas testimoniales, labor que merece un reconocimiento económico.

Los agravios de la codemandada O.S.S.E. ( fs. 381/83) pueden sintetizarse de la siguiente forma. Adhiere totalmente a los agravios expresados por Esteybar Electromecánica S.A. y abona los mismos. Primer agravio) Admite el juez los daños sufridos por el automóvil del actor en base a un presupuesto desconocido, sin fuerza convictiva conforme art 1.026 del Código Civil y no ha sido acreditado el pago del mismo por lo que no procede la condena por intereses. Segundo agravio) El rubro privación de uso ha sido admitido en forma excesiva sin tener pauta alguna que infiera el menoscabo. Tercer Agravio) No corresponde incluir a O.S.S.E. en la condena por cuanto conforme contrato de fs 47 no desconocido por las partes, resulta de aplicación la Ley de obras públicas N° 3734 y su decreto reglamentario,0857-OSP.14-03-73 que fija la responsabilidad del contratista por los daños a personas y cosas producidas con motivo de la ejecución de la obra pública a su cargo. y Cuarto Agravio) El no tratamiento de la excepción de falta de acción opuesta por su parte con sustento en la ley 7675.Quinto Agravio) la imposición de costas debe modificarse imponiéndolas íntegramente al actor.

TRATAMIENTO DEL RECURSO.

Trataré en primer lugar los agravios expresados por la empresa Esteybar Electromecánica S.A. quien plantea la nulidad de la sentencia.

Primer Agravio). Aparece como primera cuestión definir el arco normativo aplicable a la causa. Es precisamente materia de éste primer agravio la decisión del sentenciante expresada en la resolución de fs. 334 de aplicar a la causa el art 478 del CPC ( ley 3738) conforme al art. 793 de la ley 8037, llamando autos para resolver. Esta última norma prevé la vigencia temporal del nuevo régimen procesal ordenando que las disposiciones de ese Código entrarán en vigencia al día 01 de febrero de 2010 y serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de tal fecha, sin perjuicio de los dispuesto en los párrafos siguientes. Disponiendo el párrafo segundo que también se aplicarán a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los que continuarán bajo el régimen establecido por la ley 3738, mientras que el tercero prevé que en ningún caso las modificaciones de normas de competencia del nuevo régimen alterará la radicación de los procesos en trámite.

En comentario a la norma que formulan los Dres. Jaime A. Velert, Roberto Pagés Lloveras y Gustavo A. Velert en "Código Procesal Civil Comercial y Minería - San Juan- Comentado y Concordado. Tomo IV, pág. 654 , expresan "Por la nueva norma las disposiciones legisladas son aplicables a las causas en trámite, en tanto no se afecten actos concluidos o se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores. Se ha receptado el principio de la aplicación inmediata de la ley procesal, incluso con relación a los procesos pendientes, aún cuando se haya dispuesto una fecha expresa desde la cual comenzaría a regir (01-02-10). ello concuerda con lo receptuado por el art 3° del Código Civil. Citando la opinión de Lino E, Palacio (Derecho Procesal Civil, T I, pág. 47) cuando enseña "como ocurre en el ámbito del derecho civil, el principio según el cual las leyes solo disponen para lo futuro, carece en lo que concierne a las normas procesales, de jerarquía constitucional, y su aplicación retroactiva es por lo tanto inobjetable siempre que no comporte vulneración de derechos amparados por garantías constitucionales" (CSJN, fallos 251:78).

Ninguna duda cabe desde la óptica normativa referida que la presente no se encuentra en las situaciones de excepción prevista por el párrafo segundo del artículo 793 en tanto si bien se inicia bajo el imperio de la ley 3738, ante el informe de fs. 334 del cual surge que el término de prueba se encontraba vencido a la fecha del mismo, octubre de 2011, habiéndose producido las pruebas que constan en autos, ninguna duda cabe que resultaba a esa fecha de aplicación el Código de Procedimiento en lo Civil, Comercial y Minería, Ley 8037-7942, conforme lo ordenado por el art 793 ibid. Ello sin perjuicio de que la excepción prevista en el segundo párrafo de ésta norma, refiere a actos procesales en particular que hayan tenido principio de ejecución y no a etapas procesales. (PRE S-1° 2014-1-57). Por lo que es de aplicación en la especie el Código de Procedimiento Civil, Comercial y Minería ley 7942. t.o. ley 8037.

El señor Juez en la mentada resolución, interpretando el artículo 793, aplica el art 478 de la ley 3738 al momento de la clausura del término probatorio, criterio que consecuentemente ha provocado la omisión de una etapa procedimental cual es la posibilidad de las partes de alegar sobre el mérito de la prueba en forma previa al dictado de la sentencia definitiva. Etapa cuya importancia ha sido sostenida en el nuevo régimen procesal de la ley 8037, a través de la norma del artículo 446. El mismo ordena que producida la prueba, circunstancia que deberá certificar el actuario tal como consta en autos a fs. 334, se correrá traslado por cinco días a las partes por su orden a los fines de alegar, traslado que debe ser notificado por cédula, conforme previsión del inc. 16 del artículo 135 ibid. La omisión incurrida en la resolución de fs. 334 al no poner los autos a disposición de las partes para alegar a través de la respectiva notificación por cédula, ha colocado al apelante en estado de indefensión, privándosele del derecho a producir una etapa del proceso.

Esta sala ha sostenido en forma reiterada "El auto mediante el cual se dispone el traslado a las partes para alegar, se notifica personalmente o por cédula (art.135, inc. 16 del C.P.C.). En razón de la importancia de esa etapa, que "pone de manifiesto el derecho que le asiste a las partes, conforme la garantía de la libre defensa en juicio que menciona el art.18 de la Constitución Nacional" (C.S.J.N. F: 279-91); aún cuando la presentación de los alegatos sea un derecho facultativo. Al respecto se ha resuelto que: "Si bien alegar es facultativo para las partes, ello no implica que pueda obviarse la notificación personal o por cédula de la providencia respectiva que dispone el C.P.C. art. 482-2sed. parr. No siendo dicha notificación de las que corresponde practicar de oficio al tribunal, la situación contemplada por el C.P.C.art. 313-3sed, no se encuentra configurada. (C.N.A.Com. sala e, 19/.12/11, "Mamblona Maria José c/ Marti Henri Víctor Andre y otros s/ ordinario").- AUTOS N° 90162 (1° JUZGADO CIVIL) (N° 11051-SALA III) "SALEME CARLOS EDUARDO Y OTRO C/ ZARATE REYNALDO - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE QUEJA".- PROT. DE SENTENCIA T° III F° 431/432 AÑO 2012 02-08-12.

Va de suyo que en la especie, el llamado de Autos para resolver por parte del A-quo en la resolución de fs 334, sin dar cumplimiento con la norma del art 446 del C.P.C., ley 8037, no puede convalidar defectos procesales, cuando aquella omite trámites previstos en garantía del derecho de defensa, cual es la posibilidad de alegar sobre el mérito de la pruebas producidas y que constituye una oportunidad mas de rebatir y defender las respectiva posturas en la litis. El hecho de que el llamamiento de autos quede firme es de gran importancia, no solo porque constituye la última oportunidad procesal con que cuentan las partes para subsanar alguna deficiencia en el trámite probatorio, sino además una vez consentido éste comienza a correr el plazo para dictar sentencia.

En tanto pretende el apelante la declaración de nulidad de la sentencia cabe recordar que " las posibles omisiones de tratamiento en la sentencia, para fundar la nulidad, deben estar referidas a omisiones estructurales del fallo, por cuanto la misión de la nulidad no es el aseguramiento porque sí de las observaciones de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ella confiados por la Ley, sólo cuando se constate una violación u omisión grave, capaz por sí misma de poner en peligro el derecho que asiste a la parte apelante, corresponde declarar la nulidad de la sentencia.- De lo contrario, si no existe lesión al derecho de defensa, la inobservancia de las formas procesales no es por sí sola, causa de invalidez del fallo.- La extrema gravedad que significa la sanción de nulidad de una sentencia, debe guardar una razonable relación con la importancia y trascendencia de los vicios de forma que se le imputan, deben de ser de tal magnitud para descalificarla como tal. (Morello, "Cgs. Procs. Coms." Tº II-C, pág. 102, y fallos citados).

Esta sala ha expresado reiteradamente "La nulidad pide perjuicios concretos, la desviación debe tener trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio.- Las nulidades no pueden venir cabalgando en el aire, sino afirmadas sobre la base de un interés jurídico lesionado.- No proceden en consecuencia, en el solo interés de la ley, siendo su objeto enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir, en este caso, al no haber valorado oportunamente el expediente en análisis. (Autos Nº 61331 del 3º Juz. Civil (SALA III 8138) "AMERICAN CARS S.A. c/CORTEZ ESTEBAN SORIANO - REVOCATORIA - SUMARIO".- PROT. DE AUTOS Tº II Fº 339/341 Año 2006).

Precisamente, la violación de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ( art 18 C.N.y 33 C.P. ) fundamentan la postura del apelante quien impetra la nulidad de la sentencia dictada en autos, en tanto se ha visto privado de su derecho a defender y rebatir a través del alegato, posibilidad que le permite no solo reseñar la prueba sino además asentar las bases de la defensa.

Siendo condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa, ello exige e implica el resguardo de la garantías constitucionales del debido proceso, de defensa en juicio y de igualdad ante la ley. Entiendo que en el caso, la omisión de la etapa procesal referida es de por sí suficiente para anular la sentencia del a-quo, al adolecer de un vicio de construcción sustancial que la descalifica como acto jurisdiccional, vicio que no logra sanear el llamamiento de autos para resolver de fs. 334. Así lo Juzgo.

"La violación de la garantía constitucional del debido proceso torna nula la sentencia impugnada. El artículo 9 de la Constitución Provincial consagra el derecho de defensa con amplitud superlativa, lo cual conlleva a la fulminación de los pronunciamientos judiciales que lo vulneran. SANTA FE, 16/12/92 BALLY, NAZARIO (HOY BELLOTTI DE BALLY, MARTA VILMA) C/ SANCHEZ, ENRIQUE S/ DEMANDA ORDINARIA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

"Corresponde descalificar como acto jurisdiccional válido el fallo que confirma una sentencia de primera instancia dictada en manifiesta omisión a trámites procesales expresamente establecidos en resguardo del derecho de defensa de las partes -en el caso, la apertura a prueba sobre hechos controvertidos- cuando el pertinente llamamiento de autos para sentencia no fue notificado en la forma prescripta por la ley procesal que rige el caso".DRES.: VEIGA PONSATI - GOANE. OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA CONS-TRUCCION (OSPECON) Y OTRO C/MEDITERRANEO S.A. s/COBRO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES (CASACION), Fecha: 09/12/1993{F}, Sentencia Nº: 482, Corte Suprema de Justicia. Lex Doctor 9.1.

En definitiva, la omisión de una etapa procesal prevista en resguardo del derecho de defensa (art. 446 del C.P.C.) afecta la estructura del proceso y constituye un vicio de importancia tal que invalida a la sentencia dictada, como natural consecuencia de la aplicación del principio rector emanado del art 33 de la Constitución Provincial " Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones". Recuerdo que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho o el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción" (Fallos 307:840;1018 y 2153 entre otros).

Si bien no corresponde la declaración de nulidad por la nulidad misma (PROT. DE AUTOS Tº V Fº 803/807 AÑO 2003-26-12-03), en la especie, la sentencia dictada con omisión de una etapa del proceso cuya inteligencia radica precisamente en la garantía del derecho de defensa e igualdad de las partes, lleva necesariamente a la declaración de su nulidad e invalidación como acto jurisdiccional, no siendo subsanable la misma por vía del tratamiento de la apelación.

En consecuencia propicio dejar sin efecto el proveído de fs. 334 de fecha 18/10/11 y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de autos, resultando innecesario el análisis de los siguientes agravios expresados por la demandada Esteybar Electromecánica S.A.. También declarar abstracto el recurso de apelación concedido a la codemandada O.S.S.E y ordenar que pasen los autos al Juzgado que corresponda para que adecue el proceso conforme a las normas del Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería-Ley 8037-Ley 7942.

Atento la naturaleza de la cuestión resuelta y que la nulidad aquí dispuesta surge a partir de un acto procesal cuyo error no es atribuible ab origine a la actividad propia de las partes, postulo que las costas en la alzada se impongan por el orden causado (arts. 66 y 69 del C.P.C.). Así voto.

El DR. LUIS ALBERTO RECIO, por sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I) Admitir el recurso de apelación concedido al demandado Esteybar Electromecánica S.A. a fs. 359, contra la Sentencia de Primera Instancia de fecha 19 de marzo de 2012, obrante a fs. 341/352, revocando el proveído de fs. 334 de fecha 18/10/11 y declarando nula aquella por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.

II) Declarar abstracto el recurso concedido a la codemandada a fs. 359.

III) Las costas en la alzada se imponen por el orden causado, conforme fundamentos expuestos en el considerando respectivo. Bajen los autos al Juzgado de origen debiendo remitirse la causa oportunamente a la mesa de Entradas Única del Fuero Civil, a fin de que proceda a efectuar nuevo sorteo y asignación de la misma al Juzgado que corresponda, quien deberá adecuar la continuidad del proceso conforme lo dispuesto en el presente dictum.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada y bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 5854 y sus modificatorias.

FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° I-F° 121/128-AÑO 2014.