marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Zampichiatti, Carlos c/ Electromecánica VIC S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 22-00, Resol. Nro. 135, Tomo 24, Folio  151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-28

Para legitimidar el despido, la decisión del empleador debe cumplir con los siguientes recaudos: a) la existencia de falta o disminución de trabajo, que por su entidad justifique la disolución del contrato; b) que la situación no sea imputable al empleador, es decir, que se deba a circunstancias objetivas y que el hecho determinante no obedezca a riesgo propio de la empresa, c) que el empleador haya observado una conducta diligente, acorde con las circunstancias, consistente en la adopción de medidas tendientes a evitar la situación deficitaria o a atenuarla; d) que la causa invocada tenga cierta durabilidad, perdurabilidad; e) que se haya respetado el orden de antigüedad; f) que la medida sea contemporánea con el hecho que la justifica.
Reconvención, costas, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreno, Luciano c/ Omentaria de Lugano, Hebe s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

Teniendo en cuenta que la acción reconvencional no se hallaba concluida al no poderse determinar quien debía soportar las costas de la misma y al encontrarse esta cuestión inescindiblemente ligada a la suerte de la demanda, cuyo impulso hacia su fin lógico cual era el dictado de la sentencia, incumbía al actor, resulta justo que tanto las costas por caducidad de instancia decretada respecto de la acción cuanto de la reconvención, los soporte el demandante reconvenido (art. 68, última parte y 69, CPCC.).
Recurso extraordinario de nulidad, Constitución Nacional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez de Ezcurra o Ezcurra Vda. de Cattanzi, Nélida c/ Cormack, Etelvina Brígida y otro s/ Actos de simulación, daños y perjuicios Azchkhenazy, Salvador c/ Círculo Médico de Zárate s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09|1984-06-12

La eventual violación de las garantías constitucionales contempladas en los arts.14, 17 y 18 de la Constitución Nacional es tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad, debiendo buscarse su reparación por vía del de inaplicabilidad de ley.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAZ, EUGENIO ALBERTO c/ MARINA ISABEL CORONEL DE PAZ s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-24

Las causales de divorcio enumeradas en nuestra ley, requieren prueba estricta, puesto que implica graves violaciones a los deberes recíprocos impuestos a los cónyuges.
Pago de tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, alícuota, intermediación financiera
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Círculo de Inversores S.A. de ahorro. c/ G.C.B.A s/ Recurso de apelación judicial Recurso de apelación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

Dentro del régimen de ingresos brutos de la Ciudad, la normativa establece una estructura tarifaria en la que coexisten diferentes alícuotas según la naturaleza de la actividad lucrativa. Según se desprende de la legislación, la imposición es progresiva: parte de una alícuota menor para las actividades extractivas o de producción primaria, se incrementa con relación a las industriales, y llega a una tasa general para las actividades de comercialización y prestaciones de obras o servicios a las que no se haya gravado en forma particular (conf. arts. 32, 33 y 34 de la Ordenanza Tarifaria para el año 1994, Nro. 47.548); excluyendo expresamente de éstas a "toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, porcentajes u otras retribuciones análogas" (inc. 46 in fine del art. 32 citado). Por último, se prevén una serie de alícuotas diferenciales superiores y gravámenes fijos para diversas actividades que son específicamente consideradas por la normativa.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, facultades del Poder Legislativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Melo, José María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 509-92) Benítez, Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nº 621-93) Benetti, Guillermo y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Revocatoria  (Expte. CSJ N.  747-1993) Royer, Carlos Alberto; Torre, Stella Mario; Sánchez, Susana Graciela y Beguelin, Celia María del Rosario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -   Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 647 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28|2000-04-05|2001-11-21|2002-02-27

El criterio que tradicionalmente sostuvo la Corte Provincial relativo a que el marco regulatorio del recurso contencioso administrativo estaba contenido en la ley 4106, que establece el control judicial exclusivamente sobre actos de la Administración Pública -centralizada o descentralizada- y no sobre actos de otros poderes aunque éstos sean materialmente administrativos, ha sido modificado luego de la sanción de la ley provincial 10023 que innova en la estructura del control judicial precedentemente descripto y que no ha sido impugnada por inconstitucional por ninguno de los contendientes.
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sierramat SRL c/ Martucci, alberto y otro s/ Revocatoria Concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Para determinar el grado de afectación que puede tener una deuda sobre los bienes gananciales de una sociedad conyugal, debe establecerse cuál de los esposos fue su adquirente, resultando necesario para ello, tener a la vista la escritura traslativa de dominio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ SOTO, LORENZO LOPEZ, ALBERTO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

La solución consagrada en el art. 553, último parágrafo del Código Procesal encuentra justificación en que la paralización del trámite importa abrir una vía enervante de la aptitud como tales de los títulos ejecutivos, ya que bastaría a tal efecto que el deudor incluso anticipando su iniciativa a la del acreedor-, promoviese la acción ordinaria, para que el juicio ejecutivo tuviese que subordinarse al ordinario y a lo que en él se decidiese sobre la causa de la obligación. Ello significaría desnaturalizar el proceso ejecutivo, cuya finalidad principal consiste en facilitar una vía específica a los acreedores para lograr la rápida satisfacción de su crédito, en atención a las particulares características que la ley otorga en ciertos casos a determinados documentos creados por las partes.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

"La Corte Suprema ha descalificado sentencias dictadas por tribunales inferiores cuando mediaron irregularidades referidas a esta causal, en supuestos donde no ha existido, por ejemplo, mayoría de votos sustancialmente coincidentes, es decir, cuando no ha habido unanimidad de criterios, que resulten suficientes para respaldar los considerandos del pronunciamiento emanado de un cuerpo colegiado.

Ello priva a la sentencia de su esencia, que es ser una unidad lógica jurídica cuya validez depende no sólo de lo que la mayoría convenga en lo atinente en la parte dispositiva, sino que, también, ostenten una sustancial coincidencia en los fundamentos; o cuando en el desarrollo se verifica la existencia de vicios capaces de provocar la nulidad absoluta, inconfirmables que afectan una garantía constitucional".
Daños y perjuicios, Comunicaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Spacarstel, Néstor Alberto c/ El Día S.A.I.C.F. s/ Daño moral Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes y otro s/ Daños y perjuicios Guazzoni, Carlos Alberto c/ El Día S.A. s/ Daños y perjuicios Vallejo, Guillermo A. c/ Editorial "La Capital S.A." y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11|1998-11-24|1999-03-23|2002-03-13

La despiadada competencia comercial que marcan la presencia de otros medios de comunicación de masas, fundamentalmente la televisión y la siempre vigente radiofonía y obviamente de los diversos voceros de la prensa escrita, requieren un difícil equilibrio que tiene que conjugar celeridad, oportunidad, control de las fuentes y otro muy gravitante factor que es la medida del impacto público o sensacionalismo que representa la noticia, entre otras consideraciones. (Minoría u opinión personal)
Competencia de paz
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juz. Crim. y Correc. 4 del Depto. Jud. Azul-Policía Prov. Bs.As. s/ Conflicto art. 161 inc. 2 Const. Prov. Juzgado en lo Criminal y Correccional nro. 1 de Azul s/ Conflicto art. 161 inc. 2 Const. Prov. En autos "De La Torre, Rubén  A. Inf. art. 72 ley 8031 -Azul-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27|1997-09-16

En materia de faltas provinciales resulta competente para su juzgamiento el Juez de Paz Letrado -y donde no existe éste- será el Juez en lo Criminal y Correccional y no el Jefe o Subjefe de Policía (arts. 161 inc. 2, 172, 216 y concs. Const. Prov.; arts. 105, 106 y concs. dec. ley 8031/73 y sus modificatorias especialmente ley 11.411; 689 y 690 C.P.C.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, prueba confesional, retractación de la confesión
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HERRERA, JORGE s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO Y ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La tardía rectificación que efectúa el procesado de su primigenia confesión, no alcanza para enervarla, desde que no reúne los requisitos exigidos por el art. 319, segunda parte del Código de Procedimientos en Materia Penal. Al respecto se ha dicho que las causas invocadas para sustentar la retractación de la confesión deben probarse y que la tardía rectificación del confidente, sin el menor indicio de haber reconocido el hecho por temor, es inadmisible.
Contratos comerciales, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, responsabilidad de la administradora del plan, mora, entrega del automotor, Inspección General de Justicia, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PLAN ROMBO s/ DENUNCIA  ADRIAN  E.  FELLIPELLI  -  INSPECCION  GENERAL  DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

Si la finalidad del plan de ahorro es posibilitar la adjudicación en propiedad a los suscriptores del bien de que se trata, la administradora del plan debe prever todos los extremos a fin de cumplir en tiempo su principal obligación : la entrega oportuna del vehículo adjudicado.

La participación del fabricante o del concesionario en la operatoria no puede servir de excusa a la administradora, para exonerarse de su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

No controvertida la objetiva existencia de la demora en la entrega del vehículo queda configurada la infracción pasible de la sanción aplicada por el organismo de contralor, careciendo la recepción del automóvil por el adjudicatario, sin reservas, de entidad para revertir tal decisión, ya que la sanción aplicada no responde a un incumplimiento producido dentro de la relación de derecho privado que unía a la entidad administradora con el particular, sino a una irregularidad cometida en el ámbito de las normas administrativas cuyo normal ejercicio compete a la inspección general de justicia controlar.
Proceso penal, nulidad de sentencia, defectos del procedimiento, non bis in ídem, remisión del expediente, facultades del Superior Tribunal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Si la condena luego de la anulación de una sentencia absolutoria anterior no viola la garantía que impide el non bis in idem cuando esa nulidad fue declarada por la existencia de vicios esenciales de procedimiento, no se advierten razones para que la sanción penal que se aplicó en una anterior condena anulada con igual fundamento, posea aptitud para limitar la plena jurisdicción del tribunal de reenvío si la sentencia anulada carece de efectos (Disidencia de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y María Susana Najurieta).
Viajantes de comercio, encuadramiento sindical, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Sellanes Ramón Oscar c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

La disposición del art. 1 de la ley 14.546 -que califica como viajante a quien concierte ventas- fue extendida por el convenio colectivo 308/75 a quienes además "vendan servicios". El referido artículo se alude a la "concertación de negocios" y es fácil advertir que la actividad desplegada por quien concierta contratos de compraventa no es sustancialmente diversa de la de quien acuerda prestaciones de servicios. Es el hecho de intermediar para llevar a cabo la negociación lo que permite asignarle la condición de viajantes, sin importar que sea la única y exclusiva artífice de una operación determinada sino que sea una intermediaria necesaria. No obstante que en el acuerdo plenario Nº 148 del 26/04/1971 los votos que formaron la mayoría dieran pie para entender que prevaleció el criterio de considerar viajantes en los términos de la ley citada sólo a los trabajadores que concertaran ventas de cosas muebles, lo cierto es que resultan inaplicables en forma extensiva las opiniones que sustentan la doctrina legal cuando se trata de casos que no sean los que específicamente dieron motivo a la convocatoria (en aquel caso se trataba de productos subordinados de publicidad) ello en virtud de lo establecido por el art. 303 CPCCN. Por lo tanto desde el punto de vista legal (ley 14.546) no existe obstáculo para encuadrar dentro de la categoría de viajante de comercio a quien vende servicios, en el caso, servicios de telefonía móvil.

Fuente del sumario: OFICIAL
Concursos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvador Carboni S.A.C.I.F.I.A. s/ Concurso preventivo-Inc. De verificación tardía prom. por Couchot
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-16

En cuanto al adicional de sueldo al ser insuficiente la prueba aportada sobre el mismo compartimos el criterio de la Sala Laboral de esta Cámara confirmada por el S.T.J. en cuanto a los salarios abonados "en negro", la prueba de esa anormal modalidad de pago debe ser contundente toda vez que se trata de desvirtuar la conformidad dada al firmar los recibos durante toda la relación. (Minoría u opinión personal)
Sentencia condenatoria, prisión perpetua, apreciación de la prueba, femicidio, violencia de género
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: V., J. O. por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas y por femicidio en perjuicio de N., A. F. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-06-06

El conjunto probatorio valorado teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, permite afirmar en grado de certeza la exigencia propia del plenario, tanto el extremo objetivo como el subjetivo de la imputación delictiva en contra del acusado, por lo que corresponde dictar condena a pena de prisión perpetua por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por femicidio previsto en el art. 80, inc. 11 del CP. Se concluye que el condenado es la última persona que estuvo en contacto con la víctima la noche del hecho en ese horario determinado y en el lugar donde fue hallada sin vida. Si bien es cierto que no existe una prueba objetiva que lo señale de manera precisa, existen indicios ciertos y suficientes que no pueden ser interpretados de otra manera.
Derecho a la identidad, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la identidad de género
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-24/17. 24/11/2017. Serie A No. 24. Solicitante: República de Costa Rica c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-24

El cambio de nombre, la adecuación de la imagen como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad, para que resulten acordes a la identidad de género auto-percibida, son derechos amparados por la Convención Americana - Artículos 18, 3, 7.1 y 11.2.-, por lo que deben los Estados conforme sus obligaciones asumidas, respetar y garantizar el ejercicio de tales derechos sin discriminación, adoptando las normas de derecho interno que sean necesarias para reconocerlos adecuadamente.
Despido, derechos del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BONARDI, WERFIL A. c/ EMP. E.T.A. MANUEL BELGRANO s/ SUELDOS CAIDOS, ETC. GARCIA, MIGUEL ANGEL c/ E.T.A. MANUEL BELGRANO S.R.L.Y/OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO ETC. GONZALEZ, LUIS ALBERTO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-26|1996-12-02|1996-06-27

El despido de un trabajador cae dentro de las facultades de dirección que otorga la ley laboral a la patronal, quien está autorizada a disponer de toda medida tendiente a lograr una eficiente conducción del manejo empresarial.-
Empleados públicos, cesantía, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GRUN, HECTOR c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Como el art. 46 de la ley 23697 facultaba solamente a disponer la baja de los agentes designados sin concurso y que gozaran de estabilidad, pero que revistieran en una de las dos máximas categorías del respectivo escalafón, estatuto u ordenamiento vigente, si ha quedado demostrado que el agente tenía un cargo que ocupaba el tercer lugar en las jerarquías del escalafón, en invalida la resolución administrativa que dispuso su baja. La ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto, así como la circunstancia de que los mismos fueren falsos, determinan la nulidad absoluta del mismo. Se trata de hipótesis de falta de causa, que entre otros supuestos se configura cuando los hechos invocados como antecedentes que justificarían la emisión del acto, no existieren o fueren falsos.
Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Sindicato de Policías y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

De acuerdo al derecho vigente aún después de adoptados los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho a sindicalizarse de los miembros de la policía está sujeto a las restricciones o a la prohibición que surjan de la normativa interna. -Del precedente "Sindicato Policial Buenos Aires" (Fallos: 340:437) al que la Corte remite-
Sucesión testamentaria, testamentos, interpretación del testamento, institución hereditaria
Materia: PROCESAL
Carátula: TOMATIS, Nélida Rosa s/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

1- En una sucesión testamentaria carecen de legitimación para intervenir quienes han concurrido como sucesores de aquellos cuya disposición ha caducado por prefallecimiento y cuya porción ha sido acrecida por el resto de los designados en iguales condiciones, salvo el caso de las sustituciones vulgares previstas por la causante en el testamento para el caso de los legados estipulados. 2- Si hay herederos forzosos o instituidos en el testamento, la llamada posesión de la herencia corresponde a los herederos (arts. 3852 y 3867 del Código Civil), pero a falta de éstos, si él testador sólo ha hecho legados, dicha posesión corresponde al albacea (art 3854 del Código Civil). 3- El testador puede distribuir su herencia con mención de partes, según lo autorizan, entre otros, los arts, 3717, 3721 y 3727 del Código Civil y, el principio del art. 3719, resulta meramente interpretativo. De este modo, no cabe descartar la posibilidad de la institución de heredero con asignación de partes, sean éstas iguales o desiguales, debiendo cerciorarse el intérprete, a través de los elementos de la propia institución, y también de las demás cláusulas testamentarias, de la verdadera voluntad del testador.
Sobreseimiento, hurto, empleada doméstica, prueba confesional, declaración autoincriminante, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, M. C. c/  s/ Procesamiento - hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-29

Debe revocarse el procesamiento dispuesto respecto de una empleada doméstica que fue acusada por su empleadora de haberle robado joyas y obligada a confesar el hecho mediante amenazas, y disponer su sobreseimiento, habida cuenta que la acusada fue sometida a un interrogatorio hostil, cuyas características conducen a presumir que no habría contado, al brindar sus respuestas, con un ámbito de autodeterminación que autorice a sostener que estaba hablando con libertad. En consecuencia, el reconocimiento efectuado por la empleada en relación con el hurto atribuido no fue formulado de manera libre sino como producto de las conminaciones que le dirigieron a la damnificada, cuyo proceder no puede considerarse, en el caso, justificado por el ordenamiento jurídico, puesto que, pese a que el art. 18 de la Constitución Nacional establece la prohibición de declarar contra sí mismo, las expresiones que la denunciante logró recabar de la imputada resultaron obtenidas por fuera de la citada garantía.
Daños y perjuicios, actos ilícitos, falsa denuncia, responsabilidad subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: PAGURA, Edgardo Tomás c/ RAMIREZ, Fernando Augusto s/ / COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-29

Aunque no se configure el caso de denuncia calumniosa del art. 1090 del Código Civil, el cual requiere que se actúe a sabiendas y con el afán de producir un daño, es decir con dolo, nada impide que el querellado injustificadamente pueda demandar la reparación de los perjuicios sufridos debido a la conducta negligente del demandado, encuadrando su pretensión dentro de lo preceptuado por el art. 1109 de dicho Código.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Luis Carlos c/ Moreno, Francisco s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

El beneficio que acuerda el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial comprende tanto el supuesto del poder conferido que no se ha podido presentar, como el del mandato no otorgado.