Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-26


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 26 de 2008.

Y VISTOS:

I. Apelaron los adquirentes en subasta la resolución de fs. 1808 que efectivizó cierto apercibimiento de multa en su contra por no haber efectuado la transferencia del inmueble subastado. Sus agravios de fs. 1809/1816 fueron respondidos por la sindicatura a fs. 1829/1830 y se centran en explicar las diligencias realizadas por su parte para la concreción del trámite e impugnar el monto de la multa.

II. Los agravios de los recurrentes no pueden prosperar.

En primer lugar porque desde la intimación efectuada a fs. 1113 -notificada a fs. 1414 el 21 de mayo de 2002- y hasta la fecha en que se aplicó la sanción, transcurrieron casi siete años en los que debió cumplirse una manda judicial para la cual se había otorgado un plazo de 30 días (ver fs. 1113).

En segundo término, porque contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, la aludida demora no es imputable a los organismos públicos o al Tribunal de primera instancia pues se advierten prolongados períodos de tiempo en los que su inacción impidió -o al menos retrasó- el cumplimiento de la orden judicial de inscribir el inmueble a su nombre.

Véase que la primera intimación a cumplir les fue notificada -como se dijo- con fecha 21 de mayo de 2002 y luego de ello -y ya notificados de la primera aplicación de astreintes ver fs. 1564 vta.- recién con fecha 30.12.04 efectuaron una presentación para acreditar el cumplimiento de cierta tramitación referida a la aludida inscripción.

Luego de ello, e impulsados por una nueva intimación efectuada por el Tribunal con fecha 13 de febrero de 2006 (ver fs. 1714) presentaron el trámite diligenciado en el mes de septiembre de 2005 (ver fs. 1715) en el que se les solicitaban datos -es decir no se concretó la inscripción en dicha oportunidad- que hasta esa fecha tampoco habían cumplimentado y que recién volvieron a impulsar en el mes de junio de 2006 (ver fs. 1750/1752).

Dicha secuencia resulta suficiente para confirmar el acaecimiento de la inexplicable demora de los recurrentes y la procedencia de aplicar sanciones pecuniarias.

No se soslaya que en aquellas presentaciones los recurrentes solicitaron -en cada caso- el cese de las astreintes, mas ello no modifica lo decidido al respecto desde que los prolongados períodos de tiempo sin impulsar el trámite no han sido siquiera razonablemente justificados (ver fs. 1716/1717, fs. 1724/1725).

En lo que refiere al monto de la liquidación efectuada por la sindicatura, se advierte que los recurrentes no han practicado sus propias cuentas, reconociendo adeudar la suma de $ 7.540, mas sin advertir que lo decidido a fs. 1563 (donde se aplican astreintes por una suma mayor) nunca fue recurrido por su parte.

En tal contexto, no habiendo efectuado sus propias cuentas por las sumas restantes, y resultando -según cuentas oficiosas del Tribunal- acertadas las practicadas a fs. 1808 corresponde confirmar lo decidido por la juez a quo.

III. Por lo expuesto, se desestima el recurso de fs. 1809/1816, con costas. Devuélvase encomendándose al a quo las notificaciones. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por la Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. La Señora Juez Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia por compensación de feria (art. 109 RJN). -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Miguel F. Bargalló.