Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-05


Autos: RIVAROLA FRANCISCO ANDRES C/ CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. S/ X* COBRO (ORDINARIO) Expte: 13505/00 - SALA I Sentencia Nro. 318 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los Cinco días del mes de Agosto de 2004, se reúnen los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala Ia., para considerar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 30-07-03, fs.351/355. Establecido el orden de la votación con el siguiente resultado:

El Sr. Vocal Dr. Américo V. Marcial, dijo:

La sentencia dictada en autos de fs.351/55 que no hace lugar a la demanda incoada por el actor, es recurrida por el perdidoso.- Sostiene el recurso con la presentación de fs.365/71, contestada a fs.374/5.- Del análisis del memorial de agravios del apelante surge en definitiva, que la recurrente se agravia que la sentenciante haya considerado que como consecuencia del instrumento por el cual las partes dieron por rescindido el contrato de locación de obra, que oportunamente celebraron, quedaban saldadas todas las obligaciones existentes entre las partes.- Esta demostrado en autos, que el actor y demandado, celebraron un contrato de locaciones de obra para la construcción de un local comercial en calle Tucumán n°217 de la ciudad de Santiago del estero, que sería abonado mediante entregas parciales que haría la accionada, previa certificación de las distintas etapas por parte de la misma, mediante un representante técnico hasta su conclusión. El instrumento firmado al respecto no fue agregado a la litis alegando el actor que no le fue entregado por la locataria de sus servicios. Tampoco lo agregó en autos a pesar de reconocer su existencia de modo expreso, lo que cabe aceptar su existencia.- También esta acreditado, que este convenio de locación de obras fue dejado sin efecto por resolución de las partes consignándose en el mismo, no ser deudores de suma alguna.- Concordantes con ello, la demandada niega adeudar la suma y concepto que el actor demanda en la presente litis.- En el escrito de responde, la demandada reconoce expresamente que el Arquitecto Campopiano firmó en su condición de mandatario las certificaciones presentadas por el accionante, que corren a fs.36/46 de autos, suscriptas por Campopiano en su condición de técnico profesional, lo que supone una inspección y aceptación y recepción de los trabajos realizados por el actor con pleno conocimiento de la accionada, por cuenta de quién realizaba tal función. La simple manifestación de la demanda en su responde, de haber rechazado tal instrumento en disconformidad por consignar trabajos no realizado realmente no esta acreditado. En efecto luego la manifestación al respecto resulta ineficaz para restar valor a dichos documentos.- De consecuencia de tales instrumentos, resulta claro que el valor de la obra realizada por el actor alcanza la suma de $49.099,21.- debiéndose restar a tal suma la cantidad de $23.232,91, que resulta del informe pericial contable de fs.198. Queda a favor del accionante la suma de $20.851,14.- (suma reclamada en la demanda) por la que debe prosperar la acción deducida por el actor, con las sus intereses calculados con la tasa activa que cobra el Banco Nación Argentina, por tratarse de una deuda derivada de una actividad productiva.- Por considerado y que atiende en definitiva a la esencia del objeto de la demanda, no cabe agregar mayores consideraciones a las restantes situaciones a la que alude el recurrente.- La Sra. Vocal Dra. Ana M. Rodríguez Prados, dijo:

Comparto la solución a que arriba el el Sr. Vocal Preopinante, y agregó : El sustento del libelo lo constituye que el juez se hubiera apartado de la cuestión litigiosa tal como había sido propuesta por las partes conforme los términos de la demanda y el responde. El tema de debate lo constituía, a decir del recurrente, determinar si el convenido rescisorio del contrato de locación de obra, que unía a las partes, y cuya prueba se agrega a fs. 10, es o no válido. Materia independiente, agrega, de los términos en que hubiera quedado configurado el contrato de locación.- Entiende que el tratamiento de las prestaciones originarias, su equivalencia, o el cumplimiento íntegro o parcial del contrato, son cuestiones irrelevantes frente al distracto instrumentado en la factura citada, e impugnado en su validez.- En síntesis la cuestión a resolver es si la cantidad pagada por la demandada, se corresponde a la deuda real que mantenía con el locador en relación a la labor realizada y cumplida de la obra, al momento de producirse la ruptura contractual.- En estos términos planteado el agravio cabe adelantar criterio favorable al respecto.

En efecto, fallo no ha enfocado el tema central que debía tratar, que es la nulidad del instrumento que aparece como cancelatorio de la obligación de pago que pesaba sobre el actor locatario. Es así como se ha propuesto en la demanda, cuando se invoca la nulidad del instrumento que se configuraría en un supuesto de lesión por necesidad prevista por el art. 954 párrafo segundo del C. Civil. Esto es la lesión que deviene de la manifiesta desproporción entre lo verdaderamente adeudado y el magro monto que da cuenta el recibo, teniendo en consideración la situación extrema de salud en que se encontraba el locador al momento de suscribir el documento.- El planteo surge claro en lo pertinente, de los términos de la demanda, en consecuencia la cuestión será tratada y resuelta en esta instancia oportunamente.- II) Acusa al fallo de haber incurrido en error en la merituación de la prueba rendida. En especial las certificaciones de obra suscriptas por el Arquitecto. Campopiano como mandatario en representación de Castillo y el dictamen emitido por el Contador Pérez, resultante de la prueba pericial contable.- a)Respecto a la primera, le agravia que se hubiera calificado equivocadamente como prueba indiciaria, cuando en realidad se trataría de una prueba documentada reconocida por la contraria, respecto a las certificaciones del n° 1 a 4, además de la de trabajos complementarios.- El propio demandado lo reconoce y el perito lo reafirma al decir que el Sr. Campopiano era habitual proveedor de servicio de aquélla.- El argumento de la actora, que dichas certificaciones hubieran sido observadas, o rechazadas, lo califica el recurrente, como pueril, en virtud de lo dispuesto por el art. 1946 del C. Civil, que atribuye al mandante y como ejecutado en forma personal, los actos, o las obligaciones asumidas por el mandatario en el límite de sus atribuciones y en nombre del mandante.- b) Sobre al valor del elemento probatorio citado, y concordante con el informe pericial contable, agrega, se desprende que si los pagos comprobados de los estados contables de la demandada, es de $ 19.738,90, y de las certificaciones de obra surge que se ha cumplido el contrato por la suma de $ 60.179,24, el pago que da cuenta el recibo cuestionado, por la suma $ 3.497 resultaría irrisorio, muchas veces por debajo del real. Imputa al actor haber logrado tamaño beneficio, en aprovechamiento del estado de necesidad del actor, hecho acabadamente acreditado en autos y que no ha merecido tratamiento en el fallo.- I) Sucintamente en estos términos planteado el recurso, cabe señalar que para abordar el tema central de debate, es menester tratar cuestiones que devienen previas.- Partimos de la base no discutida de la existencia del contrato de locación de obra que vinculara a las partes.- Que la labor se cumplía en la ciudad de Santiago del Estero, y se desarrollaba sobre el contralor y la certificación de avance, precios parciales y total, que suscribía el Arquitecto Campopiano, mandante del locatario.- La condición jurídica que le atribuyo, ha sido expresamente reconocida en el responde, debiéndose en consecuencia tenerlo por tal. Posición que esta corroborada por la pericial contable al afirmar el Perito, que el Arquitecto Campopiano es proveedor de servicios de la actora.- En virtud de ello considero válidas las certificaciones y eficaces al fin perseguido por la actora. Esto es acreditar la cantidad de labor cumplida y su valoración económica, toda vez que se tiene por ciertos los datos que el profesional-mandatario consigna en las certificaciones que se acompañaron con la demanda.- La prueba reconocida a la que se hace referencia ut supra se agrega a fs. 49 (certificación n° 1, de febrero del 98); a fs. 47-48 (certificado n° 2, de fecha 20-2-98); fs. 46-5, (certificado n° 3, de fecha 6-3-98) 41-42-43 (certificado n° 4, de fecha 2-4-98); fs 38-7 (certificación final de mayo de 1998). Los instrumentos citados dan cuenta de la labor cumplida por el locador, los avances de la obra y los precios.- La demandada alega, como defensa que dichas certificaciones, fueron oportunamente cuestionadas por su parte y que en razón de ello se habría modificado el precio de la encomienda.- Sin embargo no ha logrado acreditar dicho extremo como correspondía de conformidad con los principios que rigen la carga de la prueba, (art. 308 C. de P.) frente a lo cual queda como una mera manifestación de parte sin respaldo que conduzca a la convicción de su veracidad.- Es que admitido que el Arquitecto Campopiano era mandatario resulta de aplicación el art. 1946 del C. Civil.- Por otra parte, es oportuno acotar que reconocida por el demandado que la firma que suscriben la documentación evaluada corresponde al Arq. Campopiano, se tiene por válido y cierto su contenido en virtud del principio sentado por el art. 1028 del C. Civil al establecer que el reconocimiento de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede reconocido. Si bien la ley habla de reconocimiento judicial, puede sostenerse que idéntica consecuencia deriva del reconocimiento por parte del mandante. Es que la finalidad del precepto es la inescindibilidad entre el reconocimiento de la firma y el del cuerpo del instrumento. - La ley de fondo en el art. 1026 le atribuye a los instrumentos privados, reconocidos o tenidos por reconocidos, el valor y la eficacia de un instrumento público, luego hacen plena fe. Ante la envergadura probatoria de la documentación analizada, para rebatirla era menester acreditar su ineficacia, con prueba idónea e indubitable, actividad procesal que la interesada no ha cumplido.- II) En segundo tema a tratar la constituye si resulta de aplicación lo preceptuado por el art. 954 segundo apartado del C. Civil que invoca el actor, y la consideración los elementos objetivo y subjetivo que constituyen los presupuestos.- Las certificaciones reconocidas totalizan la suma de $ 60.179,24, descartándose por supuesto la n° 5, que en el tratamiento que precede no tuve en consideración. - A)Aclarado el punto relativo a las certificaciones su idoneidad y desechado el argumento de la demandada que hubieren sido observadas, sobre esa base cabe analizar el informe del C.P.N. Eliseo Blas Pérez. Ello para determinar cuanto de la obra encomendada y cumplida, ha sido pagado por la actora, y de ello concluir si se configura el elemento objetivo del vicio de la lesión, entendida como una irrazonable desproporción entre lo debido y lo pagado y la correlativa ventaja patrimonial injustificable del locatario.- El perito determina conforme a la documentación contable de la actora que la suma abonada al actor es de $19.738,90, si comparamos ambos valores el recibo que se otorga como "final" por la suma de $ 3.497 (factura fs. 10) resulta notable, evidentemente y considerablemente desfasada.- Mosisset de Espanés expresa refiriéndose a la desproporción "que salte a la vista, sin necesidad de pericia, y ponga de relieve que se trata de un desequilibrio manifiesto" (La lesión y el nuevo artículo 954, p.83).- En la presente cuando existe una diferencia no alcanza a cubrir lo efectivamente pagado ni el 10% de lo adeudado, resulta de una magnitud que permite reconocer la existencia de la desproporción en las prestaciones que la norma exige. La ventaja patrimonial del demandado en detrimento de la contraria, es en efecto desproporcionada y sin justificativo.- B)El segundo elemento a considerar es el subjetivo, esto es que el aprovechamiento de una de las partes haya sido obtenido por la necesidad ligereza o inexperiencia de la otra.- En autos se invoca como tal, el estado de enfermedad del actor. Una enfermedad por cierto conmovedora, con pronósticos reservados en cuanto al restablecimiento del enfermo, con tratamientos largos, dolorosos y costosos.- Se acredita la enfermedad preexistente, que el estado general del actor había venido deteriorándose en forma precipitada, por la evidente y acelerada pérdida de peso, cuestión sobre la cual son contestes las testimoniales rendidas.- El hecho de la inminente intervención quirúrgica a que debía someterse, también es un hecho sobre lo cual no quedan dudas, a poco de analizar las probanzas arrimadas. Que resulta sugestivo que el "recibo" con el cual la demandada pretende tener por saldada la deuda por una suma mísera, tiene fecha 26-4-98, o sea el día antes de someterse a la operación a fin de extirpar el tumor. El estado psicológico, de quien tiene conciencia que su vida está en riesgo, resulta una cuestión sobre la cual no puede haber discusión, y que nos induce sin hesitación a concluir que el actor viviendo una situación de singular conmoción espiritual, se vio compelido en recibir la suma que se le entregaba y suscribir el recibo. De lo expresado deviene acreditado el estado de necesidad y la situación de inferioridad del actor frente al locatario al momento de rescindir el contrato y otorgar la carta de pago impugnada.- Por lo expresado el instrumento mediante el cual se produce la rescición contractual y que opera como recibo "final" dando por cancelada la deuda, deviene nulo como título cancelatorio.- III) Cabe tratar la impugnación, efectuada por la actora respecto de la factura presentada por la contraria y agregada a fs. 101, y que funciona como recibo de pago que habría otorgado su parte. - Cuestiona el apelante su autenticidad en el fundamento que resulta evidente que la letra que suscribe no le pertenece.- Invoca por otra parte la naturaleza jurídica de la factura en tanto que no resulta documento hábil para acreditar pagos.- Tratándose de un instrumento "privado" debía ser reconocido por la persona a quien se opone, para tener validez.- Siendo desconocido por la actor, pesaba sobre el demandado que pretende esgrimirlo en su beneficio la carga de rebatir la manifestación de la actora, con prueba idónea carga incumplida por el interesado no obstante estar en condiciones de hacerlo en virtud de los datos consignados en el sello de pagado.- Frente a lo expuesto corresponde acoger la impugnación y en consecuencia desestimar su valor probatorio de recibo de pago.- Consecuente con lo tratado, al declararse nulo el instrumento de rescisión en cuanto cancelatorio de lo adeudado por el locatario, cabe acoger la demanda por cobro de pesos en el cuantum establecido en la demanda con mas el impuesto al valor agregado que corresponda, como así mismo el impuesto retenido por la demandada y no aportado.- IV) En lo atinente a los intereses la accionante solicita se aplique la tasa activa en razón de tratarse de negocios que involucran a comerciantes, luego una deuda derivada de una actividad lucrativa.- La cuestión ha sido resuelta en forma sistemática por nuestros tribunales en sentido contrario a lo peticionado. Solo se acordaba la aplicación de tasa activa para las entidades bancarias, siguiendo los lineamientos sutentados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Sin embargo recapacitando sobre tales decisiones y dada la alteración de las condiciones económicas que se han producido desde que el Tribunal Superior sentó ese criterio, entiendo que se debe retornar a la aplicación del principio sentado por el art. 565 del C. de Comercio al decir "......Siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses corrientes, se entiende los que cobra el Banco Nacional". Luego los intereses se calcularán sobre la tasa activa, tal como ha sido solicitado.- "los criterios establecidos por la Corte suprema de Justicia de Tucumán conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente" Dres. : Ponsati- Goane- Brito (sentencia n° 158 del 15-3-96, en idéntico sentido sentencias n° 836/2002.- En la especie la tasa activa calculada desde el día 7-7-98 hasta el 31-7-04 alcanza un promedio mensual del 2,20 %, lo que implica un 26,40 % anual.

Este porcentaje resulta inferior al porcentual admitido por el Tribunal Superior en la causa "Carrara de Palacios María Eugenia v. Vera Robinson Carlos Roque S/ cobro ejecutivo" sent. n° 449/92 y la doctrina legal sentada en el pronunciamiento. En efecto en aquella oportunidad se admitió como interés compensatorio a aplicar sobre el capital el 6%, más un interés compensatorio del 24%, lo cual significó que se autorizó en una obligación de naturaleza civil una tasa que alcanza el 30 % anual en todo concepto.

La tasa que se acoge en la presente esta por debajo del margen que se autorizara en esa oportunidad por la Corte, en consecuencia entiendo que no resulta lesiva ni abusiva.

V) En cuanto al daño moral reclamado en la demanda y rechazado en el fallo, en el argumento que tampoco puede prosperar por cuanto no se ha acreditado la existencia del hecho dañoso que justifique la existencia de este daño cuya reparación se reclama, cabe decir que resulta una cuestión que decidida en el fallo ha adquirido firmeza. Ello así toda vez que el quejoso no ha expresado crítica al respecto.- Los agravios son la medida de facultades que las partes acuerdan al tribunal de alzada. El principio de congruencia exige que la sentencia se adecue y se conforme a los motivos expresados por el recurrente en el libelo contra la sentencia de grado (tantum devolutum quantum apellatum). Al respecto dice De la Rúa, citado por Loutafy Ranea "El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil" t. 1, p. 116 "El principio de congruencia tiene en segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, porque el juicio de apelación tiene objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver tantum devolutum quantum apellatum. Su competencia funcional está determinada por los motivos invocados por el recurrente en función de los agravios por el perjuicio ocasionado por el fallo.... Esto significa que para habilitar al tribunal de alzada debe existir un recurso válido y deducido por parte legítima que padezca un perjuicio e invoque un agravio, lo mantenga y no desista, y verse sobre cuestiones propuestas en la instancia anterior".- No cumple la condición citada que se hubiera propuesto en la demanda si el interesado no lo mantiene y renueva en el libelo, situación que se ha producido en autos, lo cual impide al tribunal su tratamiento.- Por lo que resulta del acuerdo que antecede, RESOLVEMOS:

I) ACOGER el recurso de apelación tentado por la parte actora contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2003, fs.351/55, en consecuencia se revoca el fallo impugnado dictándose la sustitutiva en los siguiente término: 1)Declarar la nulidad del instrumento de rescisión del contrato y que cumplía la función de recibo cancelatorio.- 2)Hacer lugar a la acción por cobro de pesos en concepto de honorarios por la suma de $ 20.851,14 conforme se demanda más IVA, a la suma resultante se aplicarán los intereses cuya tasa de cálculo será la activa promedio que publica el B.C.R.A. desde la fecha en que se produce el distracto hasta su efectivo pago.- 3)Las costas se imponen a la demandada vencida por ser ley expresa.- II)COSTAS: de esta instancia se imponen a la demandada vencida.- III)RESERVAR honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER ANA M. RODRIGUEZ PRADOS DE BASCO AMERICO V. MARCIAL