Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-27


Salta, 27 de Febrero de 2013 Y VISTOS: Estos autos caratulados: "RED SOL SALTA vs. PROVINCIA DE SALTA y/o MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS y/o DIRECCION PROVINCIAL DE ADULTOS MAYORES y/o GERIATRICO PADRE ISMAEL SUELDO y otros- Habeas corpus", Expte. Nº CAM 420745/13 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O I) A fs. 3/12 la Sra. Defensora Oficial Nº 4, Dra. Natalia Buira se presenta en representación de la Sra. María Elena Jiménez, quien invoca actuar en el carácter de presidenta de la Red Solidaria - "Ciudadanos en defensa de sus derechos" Red Sol Salta, sociedad civil sin fines de lucro, y expresa como objeto de la acción instaurada, que interpone habeas corpus a favor de la Sra. Elsa Rosalía Rivas, a fin de que se declare ilegítimo el accionar de la Provincia de Salta y/o Ministerio de Derechos Humanos y/o Dirección Provincial de Adultos Mayores y/o familiares de la misma (Sra. Rueda) y/o Geriátrico Padre Ismael Sueldo de efectuar, concretar, mantener y sostener la institucionalización de la misma, ordenándole a los demandados cesar inmediatamente en la ilegal privación de libertad y en el desarraigo producido al alterar su centro de vida (ciudad de Salta), disponiendo que la Sra. Rivas sea reintegrada a su hogar en la ciudad de Salta y se contraten los acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios que resulten necesarios a su estado. En el mismo escrito de demanda, expresan que la Sra. Maria Elena Jiménez en su carácter de presidente de la Red Sol Salta, interpuso el 10 de septiembre de 2012, acción de amparo colectivo caratulada "Red Sol Salta, Díaz Claudio vs. Provincia de Salta, Ministerio de Derechos Humanos y Municipalidad de la Ciudad de Salta", Expte. Nº 405.028/12, que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 7ª Nominación.

Atento lo expuesto por la amparista en su exposición fáctica, a fs. 15 y previo a proveer a la demanda, se requiere la remisión del mencionado amparo colectivo al juzgado de origen, el que una vez recibido en este Tribunal, origina la vista a la Sra. Fiscal de Cámara dispuesta a fs. 20.

A fs. 21/22 la Sra. Fiscal de Cámara Interina, Dra. Nancy Jozami de Fili, contesta la vista expresando que en el caso pueden determinarse dos pretensiones 1) la dirigida a restaurar la libertad ambulatoria de la Sra. Rivas supuestamente afectada por actos, decisiones u omisiones de autoridad, o de particulares que restringen indebidamente la libertad ambulatoria, y 2) la pretensión que se vincula a la ejecución del cese de restricción de la libertad personal, es decir traslado atención y prestaciones asistenciales que deben prestarse al adulto mayor. Y es respecto de la primera, que es urgente y no admite dilaciones, para la cual estima que el Suscripto resulta competente para determinar si efectivamente existe una afectación o restricción a la libertad ambulatoria de Elsa Rosalía Rivas. En lo que hace a la segunda pretensión, afirma la señora Fiscal de Cámara que resulto incompetente en tanto existe conexidad entre la acción individual de habeas corpus y el amparo colectivo por el objeto, correspondiendo tramitarlos conjuntamente ya que el proceso colectivo -por su naturaleza- absorbe a los procesos individuales por acumulación en sentido horizontal.

II) El caso: En el sub lite, se ha deducido una acción de habeas corpus en beneficio de la Sra. Elsa Rosalía Rivas, generándose así un proceso en el interés individual de una persona, respecto de la cual se denuncia una situación de privación ilegal de la libertad, pretendiendo que "se ordene a los demandados cesar inmediatamente en la ilegal privación de libertad y en el desarraigo producido al alterar su centro de vida (ciudad de Salta), ordenando que la Sra. Rivas sea reintegrada a su hogar en la ciudad de Salta y se dispongan los acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios que resulten necesarios al estado de la misma" (v. fs. 3 vta. del escrito de demanda).

Dicho reclamo aparece vinculado al amparo colectivo que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 7ª Nominación bajo Nº 405028/12, según denuncia la propia amparista (v. 8 vta.). Es en este segundo proceso -que tengo a la vista- que se ha peticionado como objeto de la demanda se "ordene a los demandados cese-n- de forma urgente en la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los adultos mayores institucionalizados en los geriátricos que dependen de la Municipalidad de Salta y en los que dependen de la Provincia de Salta y cese-n- igualmente en la omisión inconstitucional arbitraria imputable a la inactividad de los demandados de promover y proteger adecuadamente los derechos de los adultos mayores de acuerdo a las convenciones, declaraciones y estándares internacionales garantistas de los derechos humanos de los mismos, debiendo para ello: a) aumentar significativamente el presupuesto destinado a las políticas públicas de protección integral de los derechos de los adultos mayores, b) presentar y ejecutar, en el plazo que V.S. disponga, el Plan de Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores de nuestra Provincia, plan detallado que garantice a los adultos mayores el derecho fundamental a la convivencia familiar y reconvierta el sistema de institucionalización, basado en la cultura de la custodia asilar y el aislamiento y sustituya paulatinamente estas instituciones por sistemas alternativos basados en la comunidad, tales son: cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, centros de día, familias subvencionadas y todo otro dispositivo aconsejado por instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los adultos mayores, c) la urgente revisión en el plazo máximo de 30 días por parte de los demandados de la situación de todos y cada uno de los adultos mayores institucionalizados y separados de su grupo familiar y presentar en tal plazo el abordaje integral e interministerial que realizará para la revinculación sociofamiliar y la protección integral de los derechos de los mismos de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. La revisión permitirá los egresos hacia los sistemas basados en la comunidad con el posterior, adecuado seguimiento y acompañamiento de los adultos mayores a la par de reducir los ingresos en los asilos de ancianos y/o residencias y/o geriátricos, de modo que se vaya reduciendo la cantidad de personas alojadas en estas instituciones, d) el cese inmediato de la discriminación por grupo etario que sufren estas personas institucionalizadas, para que los adultos mayores no sean discriminados en su derecho a la libertad, a la vida, a la integridad psicofísica, derecho a la convivencia socio familiar, derecho a vivir en familia y no dentro de una institución asilar, derecho a la salud, derecho a la autonomía, derecho a la intimidad, derecho a la inclusión social y a la igualdad y no discriminación, derecho a la propiedad; todos estos derechos reconocidos constitucionalmente a todos los ciudadanos que se ven negados a los adultos mayores institucionalizados con el actual sistema de custodia asilar vigente en las prácticas jurídicas, sociales, institucionales y estatales, todo ello a fin de garantizar en forma efectiva y permanente los derechos humanos de estas personas".

III) La conexidad por litispendencia entre ambos procesos: En primer lugar, cabe aclarar que si bien nos encontramos en el marco extraordinario del habeas corpus, la doctrina ha entendido que el instituto de la litis pendencia es admisible en él (v. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. VII, pág. 178), y en idéntico sentido se ha pronunciado el dictamen de la mayoría en la Comisión Nº 5 del Seminario de Derecho Procesal Constitucional organizado en el año 1993 por la Escuela de la Magistratura de Salta al expresar que "cuando se produce la litispendencia por conexidad entro dos o mas demandadas de amparo, corresponde a petición de parte o de oficio, la acumulación de los procesos, para evitar el posible dictado de sentencias contradictorias, aún cuando ello importe el desplazamiento de la competencia de los jueces ante los que se interpusieron las demandas" (Amparo, Suplemento Especial de la Revista Doctrina Jurídica, EDINOA, 1993, pág. 49).

Ahora bien, el presente proceso no solo muestra la complejidad inherente al tipo de garantía constitucional intentada, sino que además multiplica el nivel de dificultad del caso la conexidad con un amparo colectivo.

Grillo Ciocchini en la ponencia presentada en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal de Mendoza del año 2005, precisó que en materia colectiva puede suscitarse una cuestión de litispendencia aunque las partes en ambos pleitos sean distintas, dadas las legitimaciones especiales que en los procesos colectivos se establecen y que debe declararse la litispendencia por conexidad colectiva en aquellos casos en los que la sentencia de uno de los procesos resulte susceptible de hacer cosa juzgada en el otro.

Falcón -a su turno- dice al respecto que "en el esquema general cabe distinguir dos tipos de litispendencia: por identidad y por conexidad. Gidi considera que en el primer caso no existe problema en cuanto a la diferencia a considerar la litispendencia de la acción colectiva de la misma forma que para los sistemas individuales. Si la litispendencia es por conexidad, puede darse el caso de que se trate de dos procesos colectivos parcialmente concordantes, o de la existencia de una acción individual y una colectiva. En el primer caso la conectividad de las acciones por conexidad podría darse respecto de las concordancias, formándose dos proceso colectivos: uno para las partes del proceso que están en concurrencia y otro proceso que quedaría con la parte no afectada por la conexidad", continúa luego citando al maestro brasileño "en el caso de concurrencia de pretensiones colectivas e individuales Gidi ha considerado que esta situación puede describirse mejor como una acción colectiva que contiene (overlap) una acción individual, más que un caso real de litispendencia. Sin embargo, analizando la situación como una "litispendencia parcial" puede ser útil si se considera que en el práctica, la acción individual está absorbida por la colectiva" (Falcón, Enrique, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. VI, pág. 993).

IV) La configuración de conexidad: Resulta evidente la conexidad del presente proceso con el amparo colectivo tramitado en el Juzgado en lo Civil y Comercial 7ª Nominación, en tanto el caso que aquí se presenta se encuentra comprendido en el grupo o clase en cuyo interés se ha promovido aquél.

En particular, la pretensión colectiva de reconversión del sistema de institucionalización basado en la cultura de la custodia asilar y el aislamiento, y la correlativa referida a la sustitución de dicho sistema por otros alternativos basados en la comunidad (cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, centros de día, familias subvencionadas y todo otro dispositivo aconsejado por instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los adultos mayores), así como la revisión en el plazo máximo de 30 días de la situación de todos y cada uno de los adultos mayores institucionalizados y separados de su grupo familiar, incluyen o comprenden la pretensión de cese de la situación de custodia asilar en la que denuncia se encontraría la Sra. Rosalía Rivas, y coloca entonces a la pretensión individual dentro de la colectiva intentada con anterioridad.

La Señora Jueza del amparo colectivo se encuentra actuando respecto de todos los miembros del grupo, por lo que el caso de la Sra. Rosalía Rivas se encuentra en trámite en el proceso iniciado en fecha 10 de septiembre de 2012 apareciendo el presente trámite como una superposición parcial respecto del primero. El reclamo colectivo contiene entonces al individual y es con aquél que debe tramitarse, por la absorción generada por una pretensión respecto de la otra. Este panorama desvanece la urgencia invocada cuando un magistrado de la Provincia se encuentra actuando respecto al conflicto denunciado.

La situación planteada cuenta a su vez con otra particularidad, esto es la coincidencia entre los sujetos accionantes en el presente proceso y en el amparo colectivo -la Sra. Defensora Oficial Civil N º4 Dra. Natalia Buira, por sí e invocando la representación de la Sra. María Elena Jiménez-. Dicha identidad subjetiva muestra que, al momento de peticionar en clave colectiva, lo han hecho invocando una legitimación extraordinaria por un grupo de sujetos ausentes, los que podrían identificarse como aquellos adultos mayores que se encuentran inmersos en el paradigma de custodia asilar que las actoras denuncian se ejerce en el ámbito de la Provincia, entre los que se encuentra la Sra. Rivas, pretendiendo así un objeto comprensivo del peticionado en el presente.

Así, ejercido el derecho de acción con sentido aglutinante, concentrando en la demanda colectiva todos los conflictos a fin de obtener una única decisión en beneficio de todos, resulta contrario a dichos fines permitir la coexistencia de procesos ante distintos órganos jurisdiccionales, en los que podría arribarse a resoluciones en sentido diverso. El planteo colectivo presupone la valoración por parte de las accionantes respecto a la injustificación del ejercicio individual de los derechos -tal como entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo "Halabi"-, resultando entonces incongruente la deducción del habeas corpus respecto de su propia decisión de iniciar el amparo colectivo con antelación, máxime que las presentantes no invocan ningún motivo que justifique la decisión de intentar el presente proceso individual de modo independiente, y con posterioridad al planteo colectivo por ellas mismas iniciado.

V) La publicidad de los procesos colectivos: No puede dejar de destacarse que el conocimiento que el Suscripto ha tenido respecto a la existencia de la causa colectiva conexa, se ha producido en virtud de la denuncia hecha por la propia accionante en su escrito de demanda.

La necesidad de publicidad a través de un registro de procesos colectivos se hace evidente, en tanto el riesgo del dictado de sentencias contradictorias por desconocimiento de la existencia de procesos conexos, en el estado actual se encuentra librado a la lealtad con la que se manejen los litigantes al denunciar, o no, la existencia de los mismos. En este sentido se hace evidente la mora legislativa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó en el precedente "Halabi", fallo en el cual expresó que "es menester, (...) que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos". A su vez la doctrina ha puesto de resalto esta necesidad (Safi, El amparo ambiental, Ed. Abeledo Perrot, pág. 313/314; Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. VI, pág. 1130/1131, entre muchos otros.).

VI) La decisión: Las circunstancias aludidas a lo largo del presente, me llevan a concluir que, corresponde en virtud de la conexidad existente entre el presente proceso y el tramitado bajo el Nº 405028/12 ante la Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero, titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7ª Nominación, acumular el presente proceso a aquél por encontrarse comprendida la presente acción en la colectiva allí tramitada. Por ello, R E S U E L V O I) ORDENAR la acumulación de la presente demanda de habeas corpus al juicio en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación caratulados "Red Sol Salta, Díaz Claudio vs. Provincia de Salta, Ministerio de Derechos Humanos y Municipalidad de la Ciudad de Salta", Expte. Nº 405.028/12, por la conexidad por litis pendencia existente entre ambos, según lo expresado en los considerandos de la presente. II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE, sirviendo la presente de nota de estilo