marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intención de eludir la acción de la justicia, escala penal, condena condicional, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Precisaron, entre otros aspectos, que si bien la situación encuadraría en la primera hipótesis de las previsiones del artículo 316 en función del artículo 317, inciso 1, del CPPN, existen en el caso riesgos procesales que permiten presumir que intentará eludir el accionar de la justicia (arts. 280 y 319 CPPN), ya que el mínimo de la escala penal resultante se encuentra en el límite máximo del instituto de la condena condicional (art. 26 CP) y la naturaleza del hecho y personalidad moral del encausado inducen un pronóstico negativo en orden a la posibilidad de una sentencia en suspenso. Agregaron que "(...) El desbalance que subyace a todo acto injusto se ve profundizado en el caso por el contraste entre los riesgos y luctuosas consecuencias a los que sometió a sus semejantes y la seguridad en la que se mantuvo él mismo en todo momento, ajustado al cinturón que reconoció que llevaba colocado y la protección de los airbags que, como obviamente no escapaba a su conocimiento, habrían de activarse en una emergencia semejante. (...)".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: Almeyra, Alfredo. Acuña, Juan F. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 255 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) objetando la idoneidad de los peritos y sus conclusiones, si no se evidencia ni las supuestas transgresiones legales en que habría incurrido el tribunal al invocar la pericia que cuestiona, ni se analiza el contenido de la misma confrontándola con la norma que se invoca a fin de demostrar los desvíos de la lógica a los que alude, y tampoco se desvirtúa eficazmente los otros medios probatorios elaborados por el juzgador.
Beneficio de litigar sin gastos, exención de la contracautela
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Corbalán de Urquiza, Damiana Gumersinda c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

La presentación de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos efectuada con posterioridad al dictado del proveído que se cuestiona, no encuadra en la exención dispuesta por el inc. 2 del art. 200 del C.P.C.C., para cuya procedencia exige que el mismo haya sido concedido con anterioridad a que la pretensión se encuentre en trámite.
Amenazas calificadas, amenaza con arma, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: DURANTE, M. s/ AMENAZAS - EMPLEO DE ARMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Para la configuración del delito de amenazas, calificadas por el empleo de armas, no son exigibles los requisitos del plenario "Costas" para la agravante del robo, pues en el supuesto del robo el arma importa un aumento de riesgo para la integridad física de la víctima, en tanto tenga capacidad para producirlo.

En las amenazas, en cambio, se trata de la mayor posibilidad de atemorizar, la cual se logra aun cuando el arma no tenga efectiva aptitud para el disparo.
Juicio ejecutivo, cosa juzgada, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chubut c/ Zampierin, Angel s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-29

Autorizada doctrina ha entendido que en el juicio ejecutivo la excepción de cosa juzgada procede, en primer lugar, cuando habiéndose denegado la ejecución en virtud de haber prosperado una excepción perentoria -tal como falsedad de título, prescripción, pago, compensación, etc.-, el actor interpone una nueva pretensión ejecutiva fundada en el mismo título que la anterior; no resultando procedente, si el rechazo de la ejecución obedeció a la circunstancia de haberse acogido una excepción dilatoria -vgr. incompetencia, falta de personería, inhabilidad de título por plazo no vencido, espera, etc.-, pues en éstos últimos supuestos cabe, una vez subsanado el defecto que determinó la excepción, la prosecución del proceso o la iniciación de uno nuevo.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, plazo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Empresa Ecológica de Salubridad S.A. (EMECSA) c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 19 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta por la actora cuando las razones propuestas no son suficientes a los fines de concluir de que la vía administrativa previa estaba bien agotada ya que la misma no discute que interpuso la impugnación el día de gracia; ni que lo hizo sin fundamentación. Su postura consiste, concretamente, en interpretar el artículo 44 del decreto-acuerdo 10.204/58 en el sentido de que restaba transcurrir al menos un plazo de horas, el que entendía suficiente para efectuar la fundamentación del recurso, interpretación que no puede ser admitida. En efecto, ningún dato del ordenamiento jurídico ni de las constancias de autos habilita a concluir que la Administración estaba obligada, en el caso, a correr un traslado por un plazo siquiera de horas en favor de la recurrente -plazo absolutamente ajeno, por lo demás, al trámite de la revocatoria-; máxime si se repara en que la impugnación fue deducida mediante carta documento.
Cuestiones de competencia, usurpación de autoridad, títulos u honores, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Val, Gustavo sobre 247 - usurpación de grados / títulos y honores y otros s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-22

Si bien la justicia local es competente para conocer respecto del delito previsto en el art. 247, primer párrafo del CP, la competencia en estas actuaciones ya fue atribuida por este Tribunal Superior en favor de la justicia nacional. Razones de mejor y más eficiente administración de justicia exigen evitar que, una vez determinada la competencia por este Tribunal, se susciten nuevos conflictos de este tipo a medida que avance el proceso. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal).
Medidas para mejor proveer, facultades del juez, limitación de recursos económicos, prueba, cuestión de fondo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: LARREA, HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Sin perjuicio de la facultad que le cabe al magistrado de ordenar las medidas para mejor proveer que estime pertinentes, la prueba tendiente a demostrar la limitación de los recursos (arts. 16 y 17, ley 24.463) que el organismo administrativo pretende hacer valer en este estadio procesal, no resulta conducente para dilucidar el derecho de fondo que le puede asistir al accionante, por lo que corresponde su desestimación (conf. art. 360 inc. 1 C.P.C.C.)
Juicio de desalojo, contratos, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DESPONTIN c/ DESPONTIN s/ RECURSO  DE  REVISION  -  CONSIGNACION - SENTENCIA - VIOLACION DE LAS  FORMAS Y SOLEMNIDADES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-18

Es inexacto que en el juicio de desalojo no pueda discutirse la interpretación del contrato; cuando la obligación de devolver que se atribuye al demandado tiene su causa en un contrato, la interpretación de ese acto jurídico no solo es posible sino que es necesaria, pues de otra manera no podría el juez comprobar la existencia de la obligación de restituir ni el correlativo derecho a exigir la devolución.
Costas, costas al vencido, exención de costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: DE LUCA PATRICIA Y OTRO c/ FIDER COMPANY SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-01

La exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues como regla no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (esta Sala, 21.10.2006, "Srebro, Brenda c/ Red Cellular SA y otro"; CNFed. Civ. Com. Sala III, 13.12.91, "Antorcha Cía. de Seg. SA c/ Buque Monte Rosa", LL 1992-C, p. 155).
Patria potestad, tutela especial, designación de tutor, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: L.R., C. y L., G. s/ PROTECCION DE PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-12

La designación de un tutor especial tiene por objeto asegurar la gestión de los derechos de los niños y de su cuidado personal hacia el futuro, no con motivo de la sanción de privación de la patria potestad, sino como consecuencia de la existencia de derechos encontrados entre los menores y sus progenitores (art. 397, inc. 1º del Código Civil).

De ahí que, frente a una compleja problemática familiar, que requiere un plan de trabajo que integre todos los aspectos esenciales de la vida de los menores en orden a su protección integral-psicológico, asistencial, familiar, institucional, entre otros, la designación de un tutor para que los represente en la causa y concrete esa labor de integración, se impone como una alternativa viable, aun cuando no se configuren los supuestos previstos por los arts. 58 y 59 de la ley 24.946.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, legitimación activa
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Lavado Diego Jorge y otros c/ Mendoza Provincia de y otro s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

Si la cuestión ha salido de la órbita interna de la República Argentina, ello impide admitir que la Provincia de Mendoza sea la titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión.
Incidente de impugnación, tribunal de impugnación penal, doctrina, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: B. J. M. R. S/ ABUSO SEXUAL - LEY 5020 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-11-03

Se estima aplicable al caso la doctrina legal que surge de los fallos dictados en la causa "ANGULO", de la Ley 5020 (STJRNS2 Se. 67/20 y 71/20) y, en razón de ello, cabe convalidar el control horizontal realizado por el propio TI en el presente legajo, por entender que la revisión ordinaria propia de su especialidad resulta "más amplia que la que podría corresponder ante este Cuerpo". Frente al dictado de una sentencia condenatoria en sede del TI, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe ser salvaguarda directamente en dicho ámbito mediante la interposición de la impugnación correspondiente, la que deberá ser resuelta por el mismo tribunal con diferente integración, y sin necesidad de que la parte recurra previamente a este Cuerpo para obtener una decisión que lo ordene (cf. consid. 12 del fallo de la CSJN en causa "P.,S.M."y Otro s/ homicidio simple", del 26/12/2019).
Responsabilidad solidaria, empresa de limpieza, subcontratación laboral, Telecom
Materia: LABORAL
Carátula: Rajoy, Elena c/ Telecom Argentina Stet France Telecom SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-29

Es público y notorio que la actividad normal y específica de Telecom Argentina SA es la de prestar el servicio público de telecomunicaciones, pero no puede soslayarse que para el cumplimiento de sus fines empresariales debe realizar toda una serie de actividades complementarias de aquélla tenida por principal, entre las cuales sin duda debe contarse la limpieza e higiene de los establecimientos donde desarrolla aquellas funciones propias. Estas tareas, si bien puede calificarse como secundarias, están integradas permanentemente al establecimiento y coadyuvan a su objetivo final. (Del voto de la Dra Porta, en minoría).
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Juan Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

Cuando con fundamento en el art. 1112 del CC se habla de la responsabilidad directa y objetiva de un órgano jurisdiccional del Estado, se lo hace en el sentido de que más allá o con prescindencia del actuar culposo o no del Juez titular de dicho órgano y autor del acto judicial irregular que provocara el daño, el Estado está obligado a responder siempre que ese daño sea el fruto del funcionamiento defectuoso, inadecuado o irregular del servicio de justicia que le es propio. (doctor (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Readaptación del condenado, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: P., G. I. s/ Incidente de ejecución de pena s/ Casación" (Expte. Nº 27027/14 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-07

El principio de resocialización o reinserción social adoptado por la ley interna deviene imperativo en nuestra jurisdicción por aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5.6) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10.3). (Voto del Dr. Apcarián por la mayoría)
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gil de Muro Juan José s/ Incidente de revisión en autos Sotiru s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La sentencia de trance y remate en un juicio ejecutivo no puede ser oponible al concurso, como tampoco con ella se acredita la causa de la obligación; ya que iniciada una demanda ejecutiva en base a títulos de créditos (pagarés, cheques), no se trata la causa de la obligación , sino si los documentos acompañados son hábiles para proceder a dictar la sentencia respectiva.
Facultades instructorias, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: Cemit S.R.L. c/ Alicura S.A. y Otra s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-28

La adopción de "medidas para mejor proveer" es una delicadísima atribución del órgano jurisdiccional, que debe ejercer con total mesura y sentido de la oportunidad.
Recurso extraordinario, resoluciones de la alzada, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Buscarini, Miguel Angel c/ Caruso, Maria Silvia s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-30

El recurso de apelación, como principio, es suspensivo de las decisiones contra las cuales se deduce, mientras que el recurso extraordinario no tiene tal efecto, sino el contrario, también como principio, y es el Tribunal superior el que define, conforme a las circunstancias de cada caso, si corresponde suspender o no el trámite de la causa. Ello, lleva a distinguir entre la firmeza y la ejecutoriedad de las decisiones judiciales en el sentido que pueden presentar esta segunda calidad, es decir que son susceptibles de ejecución, aunque estén pendientes recursos a deducir contra las mismas. Típico supuesto es el del recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios no producen efectos suspensivos por el solo hecho de su interposición, por lo que no privan a la sentencia recurrida de su ejecutoria, la que sólo puede ocurrir para lo futuro si la Suprema Corte dispone la suspensión de los procedimientos.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho constitucional, cuestión constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOCOBAR, Damaso; CRUZ DE CHOCOBAR, María s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

Cabe tener en cuenta además que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente.- El art. 297 del Código Procesal Civil y Comercial determina la procedencia del recurso de inconstitucionalidad solamente cuando se plantee contra una sentencia definitiva y en los supuestos específicos que allí se prevén.
Transporte por agua, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, monto de la indemnización
Materia: NAVEGACION
Carátula: DISPORTEKO  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. GREAT CONCERT s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 277 de la ley de Navegación, el monto indemnizatorio debe calcularse según el precio corriente del mercado. En el caso ese precio fue establecido sobre la base del examen de tres comercios mayoristas.

El perito estimó el costo de importación más un 30% de ganancia esperada, llamando a éste "valor en plaza técnico". Pero éste es un sistema subsidiario cuya aplicación sólo se justifica cuando no puede establecerse el precio de mercado.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, radiodifusión, medidas cautelares, autoridad de aplicación, facultades del gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual c/ San Luis, provincia de s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29

Corresponde decretar la medida cautelar pedida y hacer saber al Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis que deberá abstenerse en forma inmediata de aplicar la ley I-0735-2010, su decreto de promulgación 2931/10 y de todo acto administrativo que se hubiera dictado como consecuencia o por aplicación de tales normas, como también de concretar cualquier otro acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella, si las constancias obrantes en el expediente permiten tener por configurados prima facie los presuspuestos necesarios.
Jubilaciones, pensiones, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Lucia Hugo Heriberto c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S264 - 323)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-24

La interpretación y aplicación de las leyes previsionales debe hacerse respetando los fines superiores que persiguen, armonizándolas con el conjunto de las normas en un ensamble que concuerde con las garantías constitucionales en juego.-
Políticas sociales, derecho a la vivienda digna, actos u omisiones de autoridades públicas, deberes de la administración, facultades discrecionales, razonabilidad tributaria, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: G. C. c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

En el caso, la asistencia habitacional prevista en el Decreto Nro. 895/GCBA/02, por insuficiente, ha afectado la cláusula de progresividad que informa la legislación en materia de derechos humanos.

Acceder favorablemente a la pretensión jurisdiccional tendiente a revertir dicha situación no importa una injerencia en lo que la Administración llama su "zona de reserva", espacio gris, identificado más a través de la pretendida imposibilidad de acceso que de la actividad que internamente desarrolla o que debe desarrollar. Más bien, es hacer efectivo el test de razonabilidad que sí es de competencia judicial frente a los actos del poder administrador.

Es por ello que corresponde que la Administración arbitre los medios necesarios para mantener el usufructo del derecho de los beneficiarios que oportunamente fuera protegido. En este sentido, la cláusula del Decreto Nro. 895/2002 que otorga el subsidio allí previsto "por única vez", no requiere de por sí una declaración de inconstitucionalidad pues es el Poder Ejecutivo quien deberá arbitrar los medios que entienda pertinentes para la protección del derecho de los beneficiarios.

Lo que podrá consistir, desde ya, en la prolongación del beneficio otorgado por el poder en cuestión, o bien, por el otorgamiento de algún otro plan que garantice el efectivo goce del derecho amparado y permita el desarrollo progresivo (y no regresivo) del acceso a una vivienda digna.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, bienes inmuebles, compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZAPPALA,  ALFREDO  ANGEL  Y  OTRO c/ ESTABLECIMIENTO METALURGICOALMIRANTE BROWN SRL Y OTRO S/ s/ JECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24

No será procedente ordenar la intimación a los ocupantes del inmueble subastado a desocuparlo en diez días conforme lo establecido por el artículo 589 segundo párrafo Cpr, toda vez que, en las circunstancias del caso, dicha resolución aparece adoptada en forma prematura. Nótese que la constatación de que dio cuenta la martillera mediante el escrito resulta incompleta, en tanto se desconoce quiénes ocupan el inmueble y en qué carácter lo hacen. Por ello deberá ordenarse el libramiento de un mandamiento a fin de determinar con precisión quiénes ocupan el inmueble en cuestión, cuántas familias y menores lo hacen, censando a las personas existentes en el lugar e indagando desde cuánto tiempo y en qué carácter lo habitan. Esas personas deberán ser debidamente citadas a fin de estar a derecho y, en su caso, intimadas a desalojar el inmueble previa adopción de los recaudos necesarios, habida cuenta la existencia de menores en el lugar, por lo que corresponderá dar intervención al Defensor de Menores e Incapaces de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 1119/08 de la Defensoría General de la Nación.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro de Diz, Norberta H. c/ Gomez, Oscar S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

El tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos por escrito de agravios del apelante, pues el juicio de apelación comienza con esa pieza que hace las veces de la demanda que se abre después de la sentencia, o sea que el ámbito objetivo de la apelación no es el mismo de primera instancia, sino el estricto que le proporciona la pretensión del recurrente (arts. 260, 266 -última parte- C.P.C.C.), rigiendo plenamente el aforismo "tantum devolutum quantum apellatum".