marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad de responsabilidad limitada, administración de la sociedad, rendición de cuentas, gerentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL RELAMPAGO  S.R.L. c/ JOSE NUNCIO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

En una sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida -integrada por tres socios gerentes- el socio que efectivamente administró no está sujeto a una acción de rendición de cuentas como el mandatario o cualquier administrador de bienes ajenos: el órgano de administración y representación no es mandatario del ente social, sino que la sociedad misma actúa mediante el obrar concreto de una persona física. Por ello, las sociedades regulares poseen un mecanismo distinto de la rendición de cuentas, el cual se manifiesta en una gama de posibilidades para el control de la operatoria colectiva, cada socio tuvo, en el caso, acceso directo los libros y papeles de la sociedad y por consiguiente a su control, tanto más cuanto por disposición estatutaria cualquiera de ellos pudo ejercer el cargo gerencial presentado el balance, cabe su aprobación o su impugnación, total o parcial, si se lo estima desajustado a la realidad y el gerente no da respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido. Pueden exigirse de éste explicaciones e informes complementarios, rendiciones de cuentas referidas a operaciones o bienes determinados o específicos y concretos aspectos o cuentas del mismo, pero no una rendición de cuentas de la gestión total realizada durante la vigencia de la sociedad o un determinado lapso de la misma.

La función del gerente es muy amplia y su gestión debe reflejarse en los balances de ejercicio, que permiten a los socios establecer cuáles son los puntos que requieran especial explicitación y prueba, de no resultar aquél claro y satisfactorio.
Impuesto adicional sobre intereses y ajustes correspondientes a los depósitos a plazo fijo, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sambrizzi, Eduardo A. c/ Fisco Nacional  DGI s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

A fin de determinar el momento en que se configuró el hecho imponible del impuesto del 2% sobre los intereses y ajustes pagados correspondientes a los depósitos a plazo fijo, establecido por la ley 22.752, no resulta correcta la afirmación en el sentido de que no debían desconocerse ciertas consecuencias ya verificadas, como lo eran los frutos civiles o reajustes del valor monetario que, aunque no disponibles, se habían ganado en un período anterior a la entrada en vigor de la ley, pues tal criterio implicaría, a la vez que prescindir del claro texto del art. 11, inc. a), de la ley, acordar a la operación en cuestión un carácter divisible que no se compadece con su naturaleza, desde que el derecho para el acreedor de percibir los intereses y ajustes sólo se verificó al vencimiento del citado plazo.
Recurso de inconstitucionalidad, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Daguerre vda. De Valderrama, María E. y otros c/ Dubaneed y otros s/ Reivindicación - Inconstitucionalidad (Libro: S051-313)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-03-12

Si bien es verdad que al entrar el ministro preopinante en uso de licencia ya había vencido el término que se le acordó como preopinante y faltaban dos días para el fenecimiento del plazo total de 120 días, la suspensión de éste hasta la integración del Tribunal por el vocal preopinante resulta lógica consecuencia del hecho de tratarse en la especie de una sentencia definitiva que requiere para su existencia y efectos jurídicos la firma de todos los miembros de la Cámara.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arcidacono, José (h) y otro c/ Falcone, Miguel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Tras la sanción de la ley 22977 el titular registral de un automotor que lo enajenó pero no cumplimentó el modo transmisivo que estatuye el sistema de inscripción registral constitutiva adoptado por nuestro legislador -arts. 1 y 2 DL 6582/58-, solo puede escapar a la atribución de responsabilidad objetiva que el art. 1113 del C.C.

echa sobre sus espaldas en cuanto dueño de dicho automotor, si con antelación al hecho que motiva su responsabilidad hubiere comunicado al Registro la tradición de aquel bien, amén de acreditar la efectiva realización de esta última y la celebración del negocio que le sirve de título con las formalidades requeridas por los arts. 13 y 14 del D.L. 6582/58 -art. 27 ley 22977.
Agresión ilegítima, agresión con arma
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Meza,Inocencio s/ Amenaza,  robo  a  mano  armada, daño, hurto, atentado y resistencia  c/la autoridad daño, hurto, atentado y resistencia  c/la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-08

Dándose la inequívoca intención de dañar el físico o la salud de una persona con un arma blanca, cabe subsumir la figura de tentativa de lesiones en la de agresión con todo tipo de armas contemplada en el art. 104 último párrafo del C.P.
Recurso de inconstitucionalidad, legisladores, jueces, concurso preventivo, crédito verificado, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Ruggia, Angel Antonio s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Concurso preventivo- Incidente de  Verificación tardía promovido por la A.F.I.P. (Expte.: C.S.J. Nro.  317 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad de la recurrente basado en el defecto atribuido a la sentencia por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores (sostiene que la tasa de interés del uno por ciento mensual para los créditos fiscales, fue fijada por el Juez de baja instancia en oportunidad del dictado de la resolución prevista por el artículo 36 de la ley 24522, y convalidada por la Sala, según su propio arbitrio), por cuanto no logra probar que la referida tasa haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola voluntad del Judicante. Por el contrario, éste puso de relieve la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o "pars conditio creditorum" y la justicia a efectos de equiparar el derecho de todos los acreedores. Queda pues, en evidencia, que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, leyes, aplicación de la ley, honorarios, derechos adquiridos, derechos en expectativa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Conforme a una constante línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro más Alto Tribunal estima que no se agravian derechos con rango constitucional cuando una "nueva" ley viene a alterar las retribuciones profesionales devengadas en juicio (se trate de trabajos realizados con anterioridad y no regulados, o se trate de regulaciones ya efectuadas), siempre y cuando no se modifiquen regulaciones firmes, las que son intangibles; no teniendo influencia sobre esto último la circunstancia de que el profesional hubiera (o no) percibido efectivamente el importe respectivo. No gozando de firmeza las regulaciones concursales elevadas en consulta, corresponde la aplicación de porcentajes prevista por el artículo 267 de la ley 24522. (Del Voto del Dr. Peyrano).
Ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, defensa del consumidor, vivienda única, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

La ejecución que se intenta tiene su origen en la relación de consumo - de crédito - que nace de los mutuos hipotecarios oportunamente celebrados entre el SCOTIABANK QUILMES S.A. (luego transferida la propiedad fiduciaria al ABN AMRO BANK N.V.) y los ahora demandados para la adquisición de una vivienda familiar y permanente de estos últimos.

Tal situación implica que son estas normas y los principios propios de la relación de consumo - de jerarquía constitucional - los que resultan de aplicación y no las del Código de Comercio. (Voto del Dr. Apcarián por la mayoría)
Sucesión testamentaria, legados, revocación del legado
Materia: CIVIL
Carátula: SANDIN DE LASSO, ROMILDES c/ MORGAN DE FIORI, GLADYS A. s/ REVOCATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Si surge en forma inequívoca el incumplimiento por parte de las colegatarias del cargo que les impusiera el causante en el testamento relativo de otra colegataria, son de estricta aplicación las normas sustantivas que al respecto prevé el Código Civil, contenidas en los arts. 1852, 3774, 3841, 3842 y sus correlativos.
Salud pública, pericia química, in dubio pro reo, estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Alberto del Valle s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

Al no quedar establecida la toxicidad de la sustancia secuestrada -ya que no se determinó en la pericia si la sustancia en cuestión era suficiente para conformar una dosis umbral-, la conducta reprochada es atípica, toda vez que no se puso en peligro el bien jurídico protegido por la norma -salud pública- y, en estas condiciones, resulta de aplicación el principio in dubio pro reo. La disidencia sostuvo que en la pericia química obrante en la causa se encuentra cuantificada la concentración del componente psicoactivo.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, competencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARAUJO, MARCELO ALFREDO c/ O.S.D.E. BINARIO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

Corresponde asignar competencia a la Justicia Federal de la Seguridad Social para resolver un litigio suscitado con motivo de un contrato en virtud del cual el peticionante convino con la entidad demandada las prestaciones para la cobertura de su salud. Ello así, dado que si bien lo que se discute son los alcances de un contrato, no es menos cierto que la causa y el objeto del mismo es la cobertura de una contingencia patológica que participa de la naturaleza jurídica del Derecho de la Seguridad Social; y aunque el tema no esté específicamente tratado en el art. 2 de la ley 24.655, la C.S.J.N. en el fallo "Techint Cía. Técnica Internacional S.A.C.e.I. c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción" sent. del 28/11/95, indicó el rumbo de la competencia del fuero basado en la naturaleza jurídica de la materia. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Empleo público, reclamo administrativo previo, prescripción liberatoria administrativa, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solís Herrera, Bárbara y otros c/ Provincia de Salta (Ministerio de Salud Pública) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-20

Si bien en el precedente "Acosta" se dijo que resulta improcedente la invocación de la caducidad de los derechos reclamados con arreglo a la Ley 6788 de la Provincia de Salta, que fijó el 31 de julio de 1995 como fecha límite para la iniciación del reclamo administrativo o demanda judicial en relación a las obligaciones de título o causa anterior al 31/12/91, de manera alguna puede entenderse que se declaró la imprescriptibilidad absoluta de los créditos correspondientes a las personas que hubieran efectuado el reclamo administrativo hasta dicha fecha.

De modo tal que, una vez recaída decisión administrativa mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial que rechazó las pretensiones de los reclamantes, el plazo prescriptivo de la acción comenzó a correr y venció a los cinco años de acuerdo a la normativa vigente a esa fecha.
Trabajadores de la construcción, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ MIRANDA c/ VALLEJO CAMACHO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-22

En el ámbito de la ley 22250 procede la extensión de la responsabilidad en forma solidaria en los casos de una subcontratación, aún cuando exista inscripción en el Registro Nacional de la Construcción, si se invoca y prueba la falta de idoneidad del subcontratista, 'hombre de paja' sin solvencia técnica y económica interpuesto para lograr situaciones de fraude laboral.

Pero esta situación debe ser probada por quien alega la insolvencia del subcontratista para lograr la solidaridad entre éste y el contratista principal.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Si la finalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, era evitar incumplimientos y fraudes derivados de sucesivas transferencias y fusiones que impedían controlar y establecer responsabilidades, el medio al que acudió el legislador para lograrla -indisponibilidad de las licencias y severas restricciones para que la autoridad de turno acceda a otorgar una excepción-, resulta desmedido en orden al sacrificio que produce en los derechos de sus titulares (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt).
Contrato de trabajo, trabajadores marítimos, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: Selva, Julio S. c/ Pionera S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Cuando el contrato de ajuste se celebra por viaje o por marea, en principio, concluye a su terminación (art. 984 del Cód.

Comercio), pero para que se entienda que el tripulante posee carácter de efectivo, debe haber prestado servicio a las órdenes de un mismo armador por un período no menor de ciento cincuenta días dentro del año aniversario cuando se trata de navegación de ultramar, o por más de ciento veinte días en caso de embarcaciones destinadas a navegación fluvial.
Sociedad anónima, medidas cautelares, suspensión de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: GROSMAN HUGO ARMANDO c/ LOS ARRAYANES SOCIEDAD ANONIMA s/ INCIDENTE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Para el caso de suspensión de decisiones asamblearias, los "motivos graves" (ley 19.550: 252) Deben evaluarse teniendo en cuenta no sólo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente, para el interés societario que predomina sobre el particular del accionista impugnante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Julián O. s/ Tercería de dominio en autos "Torello Hnos. S.A. c/La Inversora  Bahiense S.A.C.F y otros s/Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El valor del agravio está configurado para el recurrente por el importe del crédito embargado que ordena levantar la sentencia recurrida, actualizado a la fecha de la interposición del recurso.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Widman, Juan c/ Segovia, José M. Suc. vacante s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Determinar la eficacia interruptiva de la prescripción de la intervención de la demandada en un proceso anterior constituye una típica cuestión de hecho, exenta de censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo.
Cheque, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carrefour Argentina s.a. s/ Apelación art. 64 Ley 24.452
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Quien desea cobrar un cheque con cláusula "no a la orden" que circuló, deberá presentarlo al banco girado, junto con la cesión efectuada en su favor y la correspondiente notificación.-
Accidentes de trabajo, facultades no delegadas, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez, Osvaldo c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-04

El art. 17 de la ley 24.028 implica una incursión en un ámbito que no le es propio, sino del derecho procesal, cuyo dictado en principio es facultad de las legislaturas provinciales, conforme lo dispuesto por el art. 121 de la Constitución Nacional. En tal sentido, las normas arancelarias en cuanto a regulaciones de honorarios en procesos judiciales no son sino normas procedimentales ya que estos emolumentos integran las costas judiciales y porque, además, regulan y evalúan la actuación de los profesionales dentro del proceso, llámense abogados, procuradores y auxiliares de justicia tales como los peritos. Claramente resulta la referida inaplicabilidad de la norma en el ámbito provincial habida cuenta que no se ha modificado la ley adjetiva en el sentido en que lo hizo el art. 17 de la ley 24.028.
Competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, administración fraudulenta, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Edmundo.S.HENDLER  en representación del BANCO de la PROVINCIA de Bs. As. s/ COMPETENCIA  ORDINARIA  POR  EL  TERRITORIO  -  LUGAR  DEL  DELTIO  -  ADMINISTRACION FRAUDULENTA - RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

En la administración fraudulenta -por excepción- si el acto infiel o perjudicial consiste en la rendición de una cuenta falsa para provocar el error del administrado o consumar con ella el perjuicio patrimonial, será relevante para establecer la competencia, el lugar donde las cuentas debían rendirse, que -no mediando estipulación expresa- habrá de ser el domicilio de la administración.
Cosa juzgada, excepción de cosa juzgada, juicio, partes, jueces, deberes del juez, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

La cosa juzgada tiene límites objetivos y subjetivos. Respecto de los segundos la cosa juzgada como resultado de la resolución de la relación procesal es obligatoria para los sujetos de esta relación;

la excepción surge siempre que 'eadem quaestio inter eadem personae revocatur'. Pero como todo acto jurídico que afecta a las partes que intervienen en él, la sentencia existe y es válida con relación a todos; como el contrato entre A y B es válido en relación a todos, como contrato entre A y B; así la sentencia entre A y B es válida con relación a todos, en cuanto sentencia entre A y B.
Sentencia, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO Y OTROS c/ S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-19

Para que se configure la falta de fundamentación de la sentencia, es necesario que exista ausencia total de motivación (caso puramente teórico), o que la motivación ostente un grado de deficiencia tal, que deje al pronunciamiento sin sustanciación legal; más no afecta a la decisión, el hecho de que la misma sea breve, y aún brevísima o escueta, siempre que sea eficaz.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, contrato de trabajo, despido con causa, Derecho laboral, falta de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, CRISTIAN JAVIER c/ TOTAL SEGURIDAD S.R.L s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-07

El artículo 94 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligación de las partes de preavisar la extinción del contrato, con antelación no menor de un mes, ni mayor de dos, respecto del vencimiento del plazo convenido, salvo de que se trate de un contrato por tiempo determinado y su duración sea menor a un mes. Que en caso que se omita el preaviso, se entenderá la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo los supuestos allí contemplados.-
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales, dolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUSQUETS CAMPOY ISIDORO c/ CLEMENTE DIAZ s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S003 - 406)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-23

La admisibilidad de la exceptio doli depende de la prueba de los extremos referidos a: 1) la existencia de las defensas causales que podría haber opuesto el poseedor precedente, 2) al conocimiento que de tales excepciones o defensas tenía el actor al momento de obtener la cambial y 3) la intención de causar con ello un perjuicio al deudor demandado.-
Muerte del trabajador, indemnización por muerte del trabajador, litisconsorcio necesario
Materia: LABORAL
Carátula: BLANCO, NORMA c/ CASIRAGHI HNOS. SA s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Ante el fallecimiento del empleado, la empresa está obligada al pago de la indemnización establecida por el art. 248 LCT en su totalidad, con independencia de las personas que fueran parte en la controversia. Esto es así porque cabe analizar tal controversia desde la perspectiva de la existencia de un litisconsorcio necesario, regulado conforme las disposiciones del art. 80 del CPCCN ante la existencia de un solo objeto divisible entre ambas coactoras.
Beneficios previsionales, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cisterna, Víctor Hugo s/ Recurso de Apelación contra Resolución nº 1280-96 I.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-13

"La diferencia existente entre las situaciones anteriores y posteriores a la sanción de un nuevo régimen jubilatorio, no configura agravio a la garantía de igualdad, porque de lo contrario, toda modificación legislativa importaría desconocerla".
Conversión del sobreseimiento, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, personal policial, homicidio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia aplicable, violación de derechos humanos, deber de esclarecimiento, investigación a cargo del juez, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, César Osvaldo y Otros s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Debe revocarse la sentencia de la Cámara que convirtió el sobreseimiento provisorio en definitivo en beneficio del personal policial acusado de un cuádruple homicidio, pues la postura hermenéutica adoptada tendiente únicamente al cierre de la investigación, indicando una ausencia total de compromiso con el esclarecimiento de hechos que bien puede considerarse como una grave vulneración de derechos humanos, desconoce los precedentes de la Corte Interamericana y las implicancias de la doctrina emergente de los casos "Bulacio" y "Bueno Alves".
Dominio público, donación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piccini, Luis María y otro c/ Municipalidad de Tres de Febrero. Coady.: Obispado de Gral. San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

La "donación de inmuebles" del Estado que autoriza la norma legal es la referida a la del dominio privado del Estado provincial, no así la de inmuebles del dominio municipal (sea público o privado).