marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación de obra, responsabilidad del locador, responsabilidad del empresario, abandono de la obra
Materia: CIVIL
Carátula: FABRIZIO, José Felipe c/ LUME, Juan Carlos s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

La responsabilidad del locador con motivo del abandono de la obra no enerva su derecho al cobro de los trabajos ya realizados. De ahí que, si no se cuestiona que el locador confeccionó el plano de subdivisión y lo presentó a la Comuna, y no se aduce que lo hiciera con impericia;

y habida cuenta de la naturaleza del opus convenido, la suma percibida a cuenta del total de los honorarios, estipulados no se muestra excesiva como retribución de los trabajos efectivamente realizados, no corresponde pues el reintegro pretendido por el dueño de la obra.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, prescripción, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: TOTINO, FRANCISCO c/ YELMO  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

La solicitud del beneficio de jubilación por invalidez supone el conocimiento cierto del carácter irreversible de la enfermedad, y por ello debe tomarse como punto de partida para el cómputo del plazo prescriptivo de la acción que persigue la reparación por daños y perjuicios derivados de aquélla.
Caducidad de instancia, reconstrucción del expediente, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RECONSTRUCCION AUTOS JOSE NUCETE E HIJOS c/ ENCURTIDOS ANDINOS s/ Ordinario (LIBRO: A161 - 242)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-25

La reconstrucción del expediente no tiene carácter interruptivo del plazo de caducidad sino suspensivo.-
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CARABAJAL DE GALLARDO, DORA c/ LACIAR, RICARDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-29

La carga de la prueba constituye una imposición de la relación jurídica procesal de las partes, para que observen determinadas conductas, pero al tiempo aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe resolver cuando faltare la prueba de los hechos. Las partes asumen, por lo tanto, la carga de aportar la suficientes probanzas de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de incumplir ese operativo que hace a su propio interés.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Arenales, Eduardo Carlos s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-02-02

En función de la trascendencia que importa la eventual privación o mengua en el ejercicio del derecho de defensa, la duda razonable sobre si la cuestión traída a conocimiento del Tribunal es de hecho o de derecho, posibilita la apertura de la instancia y su ulterior sustancial pronunciamiento. La interpretación de normas procesales no es óbice, toda vez que de aquélla, puede inferirse hipotéticamente un agravio constitucional.
Defensa en juicio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Kruger, Roberto Orlando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

Corresponde rechazar el agravio relativo a la violación del plazo razonable toda vez que no ha logrado demostrar que la prolongación del proceso pueda ser calificada como irrazonable y, por lo tanto, considerar afectados los derechos de defensa en juicio y debido proceso que invoca.
Jueces, designación de jueces, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

Los jueces obran dentro del marco que les brinda una situación subjetiva -titularidad de un derecho subjetivo o de incidencia colectiva o un interés al que la ley brinda protección de índole judicial- cuya tutela les encomiendan el legislador o el constituyente, siendo su misión restablecer el derecho o el interés tutelado por las vías que dispone el legislador. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Accidentes de trabajo, daños y perjuicios, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, Nicolás c/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-11-23

Las normas contenidas en el artículo 12 de la Ley 24028 mantienen invariablemente el plazo de dos (2) años para la prescripción de las acciones emergentes de la relación laboral.-
Juicio de apremio, allanamiento, depreciación monetaria, actualización monetaria, sentencia, honorarios, abogados
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOS DOS CHINOS SCA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   APREMIO POR HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 308-84 COMPAÑIA  DE  ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION.   APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 251-84 DOMINGUEZ, ANDRES GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ INCIDENTE DE APREMIO     RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 129-89 DOMINGUEZ, ANDRES GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ INCIDENTE DE APREMIO     RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 130-89 DIAZ, ISMAEL RENE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 245-89 GUELER, ISAAC LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     INCIDENTE DE APREMIO      EXPTE NRO 536-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-29|1985-09-18|1989-08-16|1989-08-16|1989-12-06|1990-04-26

El virtual allanamiento de la accionada implica el sometimiento a las pretensiones de la ejecutante, pero aún así el tribunal debe pronunciarse conforme a derecho (artículo 230 Procesal Civil y Comercial). En tal sentido y si bien esta Corte hace lugar de ordinario al reajuste por desvalorización monetaria en los apremios (A y S T 56 p 4), se advierte que estando regulada la mecánica para el ajuste del estipendio profesional de abogados y procuradores en el artículo 32 de la ley 6767 y sus reformas, es necesario que la actualización se efectúe mediante resolución judicial que dé satisfacción a las exigencias contenidas en la norma referida de orden público.
Honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Denatax S.A. s/ Incidente de verificación de creditos en: Imta S/ Concurso  preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

Conforme lo han declarado los Superiores Tribunales de la Nación y de la Provincia, las regulaciones de honorarios que no guarden proporción con los intereses económicos controvertidos, violan garantías constitucionales de la propiedad, tornando arbitraria la resolución que así lo decida. En esa inteligencia, y contemplando, asimismo, el derecho de los profesionales a una retribución justa, en la verificación de créditos se debe postergar toda fijación de honorarios hasta que quede definitivamente establecida la cuantía del crédito que efectivamente percibía el acreedor en el momento pertinente del proceso concursal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Miller Quesada, María Graciana. c/ Provincia de Río Negro. s/ Inhabilitación Especial. Saravi de Florio, Susana y otros c/ Madriles S.A. s/ SUMARIO S/CASACIóN. PEÑA, SEBASTIAN c/ OCTAVIO D'ASCANIO SA. BORROMEI Y VILLANUEVA UTE. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY PINEDO, JULIO H. c/ GOYENA, JUAN C. s/ ORDINARIO S/CASACION. BARBA DE RABASSI, SUSANA c/ NICOLINI, EDGARDO Y SANATORIO RIO NEGRO SA s/ ORDINARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-08-26|1990-06-12|1991-10-04|1993-02-25|1993-11-08

Las cuestiones de hecho son ajenas al recurso de casación, salvo que exista un absurdo evidente en la apreciación de la prueba, absurdidad que debe aparecer en forma objetiva, patente y no devenir de la subjetividad de quien impugna la sentencia.
Acción de amparo, medidas cautelares, tutela anticipada, negociación colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FEDERACION DE SINDICATOS MUNICIPALES DE SANTA FE (FESIM) c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-22

Corresponde admitir la queja interpuesta, toda vez que lo concedido por vía de cautelar -inclusión de la amparista en las negociaciones paritarias del Sector Municipal y Comunal de Santa Fe-, por sus efectos de sentencia anticipada, podría equipararse a una sentencia definitiva, ocasionando a la recurrente un gravamen de insuficiente o insusceptible reparación ulterior; y se advierte además que las postulaciones de la demandada impugnante -invocando apartamiento de la normativa aplicable y del precedente de esta Corte "Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Colonias c. FESTRAM", sin aportar razones que lo justifiquen, identidad entre la pretensión cautelar y la pretensión de fondo, indebido anticipo de sentencia y la naturaleza de la cuestión debatida con afectación de intereses que exceden al de las partes involucradas y que podrían configurar un supuesto de gravedad institucional-, cuentan prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente para lograr la apertura de esta vía extraordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, ley de orden público, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Carlos Daniel c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-03-19

No puede entenderse, tal como lo estimó el Tribunal, que la circunstancia de que el doble término no se hubiese contemplado a lo largo del procedimiento -a pesar de haberlo así solicitado la accionada en el responde y sin que ello haya sido receptado por la inferior ni que esto último fuera reprochado por aquélla- impida que lo normado pueda ser considerado aplicable, desde que esta Corte ha dicho que la ley 9040 es una ley de orden público que contiene normas específicas sobre defensa en juicio para aquellos casos en que intervengan alguno de los sujetos enunciados en su artículo 5, las que deben ser aplicadas ex officio por los jueces, incurriendo -de no hacerlo- en un supuesto de arbitrariedad, destacando este Cuerpo asimismo, que la aplicabilidad del referido precepto de la Ley de Defensa en Juicio del Estado no requiere su expresa mención en las providencias judiciales, atento a que opera ministerio legis; y que la falta de aplicación del beneficio en etapas procedimentales cumplidas no es obstáculo válido para impedir que se acuda al mismo cuando ello resulte necesario y que la renuncia a la duplicación no puede derivarse por implicancia. (Del voto del Dr. Spuler que hace mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Coppoletta) - CITAS: CSJStaFe: Jurado, AyS T 87, p 179; Rodríguez, T 202, p 435; Miño, T 107, p 222; Tschopp, T 65, p 132. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9040, artículo 5
Juicios contra el Estado, acción meramente declarativa, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Gongora  Elena Evangelista c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 214/02 s/ proceso de conocimiento -Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-17

Si sólo se dirigió la demanda contra el Estado Nacional -Poder Ejecutivo- como emisor de preceptos que inciden en la relación de derecho privado; sin que se debatan derechos que las normas le acuerden a aquél, su intervención -además de no ser necesaria en el caso, ya que el control de constitucionalidad "excluye la defensa directa de las normas impugnadas por parte del Estado que las ha expedido"-, aunque fuese reputada conveniente no lo constituiría en el carácter de litigante adversario, a los fines de la existencia de la causa contenciosa requerida en estos juicios (Fallos: 310:2342, esp. consid. 11, con cita de Fallos: 263:397, consid. 5).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Sotelo, Mario Ismael s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Es insuficiente el agravio por el que se plantea falta de fuerza inferencial en uno de los indicios utilizados por la Cámara para conformar plena prueba de presunciones, si el recurrente no ha considerado el verdadero contenido que el juzgador le diera al indicio.
Accidentes de trabajo, trabajadores portuarios, trabajadores marítimos, salario diario
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, LUIS ARMANDO c/ ROMAN MARITIMA  S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Corresponde que el estibador incapacitado temporariamente perciba durante ese lapso, el jornal básico más los adicionales que cobraba cuando prestaba servicios. Si bien el art. 135 del CCT 121/75 contiene una referencia concreta al jornal básico únicamente, antes dice que la remuneración se abonará tal como si nos encontráramos frente a un caso de accidente inculpable, conforme el art. 208 LCT y que el salario diario a considerar será aquél que le hubiera correspondido percibir al estibador al momento del accidente. Es obvio que dicha contradicción se debe resolver en favor del trabajador, art. 9 LCT.
Resolución administrativa, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Angel Omar c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

No corresponde imponer al actor las consecuencia propias del conocimiento integral del acto que lo agravia -consentimiento del acto que impide su ulterior revisión judicial-, si no se han respetado las formas impuestas en los arts. 62 y 63 del dec. ley 7647/70. (En el caso se presume el conocimiento de la resolución impugnada sobre la base de que el actor era miembro del órgano que dictó la medida). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Persico, Alberto Oscar c/ Fabbro, Luis A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Si está probado el daño pero no su monto, el juzgador puede hacer aplicación de lo normado por el art. 165 3ra. parte del Cód.

Procesal, el cual deja librado a su prudente arbitrio la determinación del "quantum" del resarcimiento, es decir, no es necesaria la prueba directa en torno al monto del daño.
Relación de dependencia, prueba, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Lamadrid de Sandoval, Julio c/ Gómez Augier, Gustavo Federico s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-02-13

De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo para que se aplique la presunción presupone, la prueba de la prestación de servicios. El hecho de la prestación de servicio es lo que hace presumir que se lo prestó bajo dependencia, o sea, en virtud de un contrato laboral, en este aspecto no se opera inversión de la carga probatoria, admitirla permitiría a cualquier persona promover una acción en la esperanza de que el demandado no compareciera, y sin acreditar ningún extremo obtendría una sentencia favorable en virtud de la presunción de existencia de un contrato laboral.
Relación de dependencia, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Veuthey, Carlos c/ Enfermaster S.R.L. y/u otros y/o quien resulte responsable s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-06-26

En cuanto a la interpretación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, la doctrina se encuentra dividida (en tanto que una parte se ajusta a un método gramatical del texto, por lo que limita la responsabilidad del comitente cuando la tarea transferida hace al objeto de la explotación económica, otra la extiende aún respecto de aquellas actividades coadyuvantes para el cumplimiento de la tarea final, como el caso del servicio de vigilancia de autos), no es menos cierto que ahora se impuso el criterio amplio al haber sido aceptado implícitamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abril 15-1993, "in-re" Rodríguez, Juan R. C/Cía.

Embotelladora Argentina S.A. y otros, al sostener en el considerando 11° que para que nazca aquella solidaridad es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal.
Derecho a la salud, acción de amparo, intervención quirúrgica, prueba insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: Acevedo Martínez Leandro y otro c/ OSPSIP s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

A criterio de la Sala el actor no ha aportado prueba concluyente sobre la efectividad de la práctica quirúrgica pretendida, como así tampoco sobre las desventajas de los tratamientos disponibles en el país -quirúrgicos o no quirúrgicos-. Toda la acción judicial se sustenta en que el procedimiento recomendado por el médico tratante es la "única solución" para las dolencias que lo aquejan. Empero, ese profesional no fue tan terminante, dado que en sus informes sólo hace referencia a las bondades de la intervención a realizarse en España, sin explicar porqué otras terapias no serían beneficiosas en el particular caso de autos. Y en el curso del pleito la obra social no solo ha demostrado que la intervención pretendida carece de consenso y aceptación por la comunicada científica -supuestamente porque quien la práctica no dio a publicidad los procedimientos respectivos-; también acreditó la existencia de otras prácticas homologadas, incluso quirúrgicas, que ofrecen buenas perspectivas para el paciente y que se realizan en el país (conf. dictamen del Cuerpo Médico Forense).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, fundamentos insuficientes, honorarios, competencia, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FISCALIA MUNICIPAL DE FALTAS c/  s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA (REGULACION DE HONORARIOS EN AUTOS RELAÑEZ, MAURICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-10

Corresponde declarar procedente el recurso intentado, en tanto el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, toda vez que el Sentenciante, para rechazar su competencia revisora en materia de honorarios profesionales, entiende que, tratándose de una regulación de honorarios a los letrados intervinientes en un asunto de los previstos por el artículo 99 de la Ley Orgánica en donde los Jueces de Faltas actúan como tribunal de alzada en última instancia, lo resuelto no resulta una cuestión propia de las funciones jurisdiccionales de éstos, motivo por el cual desestima toda posibilidad de revisar lo decidido, privando a los impugnantes de la posibilidad de recurrir los estipendios fijados mediante el recurso de apelación, con una clara afectación del debido proceso constitucional. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Gutiérrez).
Accidente de tránsito, relación de causalidad, delito penal, culpa penal
Materia: PENAL
Carátula: O. M., J. M. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 25-94, Resolución Nº 25, Tomo 2, Folio  163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-27

En materia penal se denomina "cocausalidad" al supuesto de varias causas que se aúnan para producir un resultado pero en donde cada una de ellas conserva entidad como para merecer se le imputa el resultado y "concausalidad" a la hipótesis de presentación de varios factores causales posibles pero donde el derecho selecciona sólo a uno para reconocerle relevancia penal como excluyente causa del resultado. En doctrina, sin embargo, se entiende que el tema de la selección de la causa relevante debe producirse atendiéndose -ante el silencio de la ley- a la teoría que se juzgue acertada. El tema de la cocausalidad no se restringe al campo del delito doloso, tiene vigencia también en el del culposo, y en especial en conflictos del tránsito automotor, donde la convergencia de dos elementos en el hecho es casi una constante. Zaffaroni señala que en el tipo culposo, con cualquier intervención en el curso causal se es sujeto activo (Tratado, T.IV, 353), desarrollando así la idea de Welzel relativa a que "todo grado de causación respecto del resultado típico producido no dolosamente mediante una acción que no observa el cuidado requerido en el ámbito de relación fundamenta la autoría del respectivo delito culposo.
Acción de amparo, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

No parece discutible que el impedimento de ejercer sus funciones irrogue al Fiscal General de Investigaciones Administrativas perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Los arts. 6º, 7º y 13 de la leyes 21.839 y 24.432, configuran un bloque normativo con determinación de pautas para fijar los honorarios que debe ser analizado y ponderado en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Competencia ordinaria, competencia por el territorio, acciones personales, juicio ejecutivo, declaración de incompetencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRADORA  BARRIO  CERRADO  FINCAS  DEL LAGO SA c/ DE SANTISALEJANDRO Y OTRO S/ s/ JECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-06

1. Cabe revocar la resolución mediante la cual el a quo se declaró incompetente de oficio, para entender en estas actuaciones en virtud de lo normado por la Ley 24240: 36, (t. Ley 26361). Ello así, de conformidad con lo resuelto en el pronunciamiento del Alto Tribunal, in re "Compañía Financiera Argentina SA c/ Toledo, Cristian Alberto s/ cobro ejecutivo", del 24/08/10). 2. Dicha doctrina establece la improcedencia de la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio decidida por el juez nacional, pues dicha facultad está restringida en forma expresa por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto, por aplicación de lo establecido en el artículo 4°, tercer párrafo, del mencionado código de rito, el juez no puede declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, pues ella puede ser prorrogada por las partes (conf. artículo 1, segundo párrafo).
Contrato de trabajo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: BARBARISI, CARLOS A. c/ LADE COMANDO EN JEFE DE LA F.A.E. NAC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-31

Las personas que cumplen servicios para la Administración Pública Nacional Provincial o Municipal están ubicadas en el ámbito específico del derecho administrativo aún cuando no se les otorgue el carácter de agentes dentro del escalafón, ya que toda contratación ad-hoc, sin decisión expresa que ubique al contratante en el ámbito específico del derecho del trabajo por parte del ente público interviniente, impone al contrato que suscriben la calificación jurídica de acto administrativo. (Conforme dictamen del PGT número 6152 del 19 de febrero de 1982).