Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 109/114.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "REY, LISANDRO RAUL - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'REY, LISANDRO RAÚL S/ ESTAFA' - (CUIJ 21-06408194-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511550-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Falistocco, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

1. Según surge de las constancias de autos, los doctores Fabio Cerutti Sacco y Benjamín Rasello denunciaron revocación de mandato y peticionaron se regulen sus honorarios profesionales por la labor desarrollada como abogados patrocinantes de la denunciante y constitución en querellante en virtud que su mandante desistió de la acción penal que había iniciado.

Señalaron que solicitaron una serie de medidas tendentes a acreditar el patrimonio de la sociedad y proteger la prueba del delito las que fueron receptadas por el Ministerio Público de la Acusación y que, conforme la tasación del patrimonio de la sociedad, la base regulatoria ascendería a $142.651.907,85, por lo que estimaron sus estipendios en la suma de $14.891.442,79 correspondiente a 10.710,10 jus.

La Jueza Penal del Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial Número 3 de la Provincia, doctora Lorena Garini, por auto 89 del 26 de octubre de 2016, estableció los honorarios de los doctores Fabio Cerutti Sacco y Benjamín Rasello en la suma de $27.679 equivalente a 20 jus.

Contra dicho decisorio dedujeron los profesionales intervinientes recurso de revocatoria y apelación, en subsidio, denegado el primero y concedido el segundo, notificada la Caja Forense y contestada la vista se elevaron los autos al Superior.

A posteriori, presentaron el memorial autorizado por el artículo 28, inciso d) de la ley 6767. Evacuada la vista pertinente por la entidad facultada a dictaminar respecto de la aplicación de la ley arancelaria, la Sala interviniente, por resolución 36 del 30 de junio de 2017, receptó parcialmente los agravios y dispuso un incremento del 50% de los honorarios fijados en primera instancia, quedando establecidos los mismos en la cantidad de 30 jus.

Los beneficiarios de los emolumentos interpusieron contra esa decisión recurso de inconstitucionalidad tachándola de arbitraria, por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, violatoria de los derechos constitucionales de propiedad y apartarse injustificadamente del derecho aplicable. Invocan los artículo 1, inciso 2), 3), de la ley 7055; 6, 7, 8, 14, 15, 20 y siguientes de la Carta Magna provincial; y 14, 16, 17 y 18 de la Ley Fundamental de la Nación.

Tildan de arbitrario el análisis fáctico que efectúa el A quo al despojar a la causa de contenido económico, apartándose injustificadamente del material probatorio arrimado, lo que -entienden- resulta producto del voluntarismo del magistrado y no aplicación razonada del derecho vigente.

Los recurrentes sostienen que las pautas arancelarias a aplicar en el caso, surgen del artículo 14 de la ley 6767, pero teniendo en consideración que se trata de una causa de "enorme" contenido económico, se debe integrar con las pautas del artículo 8 y vincularse con los parámetros del artículo 4, tomando en consideración la escala del artículo 6 (causas susceptibles de apreciación pecuniaria), lo que obliga a considerar el éxito obtenido, la calidad y extensión del trabajo profesional, la posición económica del interesado y la trascendencia que para él reviste la cuestión debatida.

Reiteran que el conflicto entre los hermanos Rey era económico, se trató de una denuncia de estafa y se dispuso la confección de un inventario y avalúo de los bienes, lo que por sí demuestra que el contenido económico era evidente, siendo el bien jurídico tutelado el patrimonio y la confianza.

Arguyen que resulta arbitrario lo resuelto por el Magistrado al no asociar el éxito que produjo la labor profesional con el desistimiento de la denuncia de estafa.

Con ello, concluyen que la arbitrariedad de lo decidido por el A quo se evidencia al omitir deliberadamente valor al trabajo realizado como exitoso cuando razonablemente así debe ser justipreciado y quitarle contenido económico a través de un razonamiento que resulta contrario al derecho aplicable.

Por auto 56 del 27 de setiembre de 2017 la Alzada concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto para ante esta Corte.

A su turno, el señor Procurador General juzgó inadmisible el presente remedio de excepción.

2. El examen que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a proponer la inadmisibilidad del recurso intentado, conforme a lo dictaminado por el señor Procurador General, en el entendimiento que los planteos recursivos no ostentan entidad constitucional suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

En primer lugar, cabe recordar que, tanto el más Alto Tribunal de la Nación como esta Corte, han sostenido que las cuestiones sobre regulación de honorarios e interpretación de las normas arancelarias son materia que, en principio, escapan a la esfera del remedio extraordinario. Por tanto, la apertura de la vía excepcional exige que quien recurre, demuestre perfilando con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales o por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Y en modo alguno puede entenderse que lo hayan logrado los recurrentes dado que los reparos formulados -no obstante que se pretende encuadrarlos en supuestos que permitirían apartarse de la regla precedentemente señalada- lo cierto es que, sin estar a su denominación sino al desarrollo argumental de los mismos, solo dejan traslucir la mera discrepancia de aquellos con el alcance asignado por los jueces de la causa a las normas arancelarias que reputan aplicables al "sub judice".

En efecto, los agravios de los recurrentes "ut supra" reseñados, en esencia, se circunscriben a imputarle al Juzgador soslayar el contenido económico de la cuestión -cuando dicha pauta arancelaria figura en el artículo invocado-, no considerar la naturaleza y calificación del hecho denunciado, el honor, posición social y económica del imputado, así como el éxito, calidad y extensión de las labores realizadas.

Empero, con tal planteo no consiguen persuadir a esta Corte que el A quo haya propiciado una hermenéutica irrazonable, ilógica de aquellas disposiciones.

Sobre el particular, resulta menester señalar que el Magistrado, puntualizó que se trataba de una causa no susceptible de apreciación pecuniaria, por cuanto -más allá de lo expresado por los apelantes en función de la estimación monetaria contenida en la cláusula quinta del convenio de honorarios- resulta difícil efectuar una ponderación económica del asunto atento a que las actuaciones solo recorrieron un iter procesal incipiente y además tampoco se puede establecer fehacientemente qué bienes de la denunciante se encontraban realmente comprometidos.

Consideró el Sentenciante que, si bien el accionar de los letrados fue diligente, el avance procesal no transitó mas que los primeros eslabones del proceso por lo que la investigación penal preparatoria lejos estuvo de agotarse.

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la ley arancelaria, entendió la Alzada que correspondía un incremento de los honorarios regulados, mas no con el alcance de lo pretendido por los curiales.

Frente a esta línea de razonamiento los recurrentes, con su discurso argumental, no logran persuadir a este Cuerpo que el Juzgador mediante la hermenéutica asignada de la norma arancelaria, en correspondencia con las constancias de la causa, haya incurrido en un desvío funcional que autorice a descalificar al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Sabido es que la ley 6767 establece regulaciones y directivas que necesariamente dejan ciertos márgenes a los jueces, para que éstos, en su aplicación a los casos concretos, puedan compatibilizar las pautas por ella establecidas y los fines que inspiran al régimen arancelario.

En dicho cometido, el A quo, en el ámbito de las facultades que le son propias, entendió que resultaba ajustado incrementar a 30 jus los honorarios regulados con sustento en los artículos 5 y 14 de la ley arancelaria.

Los recurrentes no consiguen demostrar que en la interpretación formulada el Sentenciante haya prescindido de la norma vigente, ello por cuanto esgrimen sus reparos sin hacerse cargo del razonamiento ensayado por el Magistrado en cuanto a que se trataba de una causa no susceptible de apreciación pecuniaria (criterio seguido por la Caja Forense al contestar la vista a foja 32) y considerando el inicial estado de las actuaciones donde ni siquiera se formalizaron cargos contra el denunciado.

Así, no puede soslayarse, que más allá de lo sostenido por los letrados en cuanto al éxito de la labor desarrollada y la estimación del "capital en juego" formulada en la cláusula quinta del convenio de honorarios (fs. 16/17), lo cierto es que las actuaciones desplegadas en el proceso penal consistieron en: patrocinar la formulación de denuncia (fs. 39/50), patrocinar la constitución de parte querellante (fs. 51/52), asistir a la audiencia de fecha 27.4.2016 (f. 53), asistir a la audiencia de fecha 12.5.2016 (f. 55), asistir a una reunión en las "Oficinas Rubén Díaz S.A." (f. 56) y presentar escrito practicando inventario y valuación del patrimonio de la sociedad y solicitando medidas cautelares (fs. 57/63), conforme constancias de la carpeta judicial CUIJ 21-06408194-9.

Por ello es que el planteo recursivo de los impugnantes no consigue persuadir que el Tribunal haya propiciado una interpretación arbitraria de las disposiciones arancelarias que reputa aplicables, de modo que autorice a entender configurado un supuesto de excepción que habilite la apertura de la instancia extraordinaria.

En suma: los agravios esgrimidos por los apelantes -en el memorial introductorio del recurso intentado- no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa con el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional al tratar el tema sometido a su consideración y, especialmente, con el alcance asignado a las normas arancelarias en juego, cuestión que, al margen de su acierto o error, y en la medida que no se haya excedido del marco propio de sus atribuciones -que no demuestran que haya acontecido en la especie- resulta ajena a la instancia extraordinaria.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, doctor Orso.

Tribunal que intervino con anterioridad: Jueza Penal del Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial N° 3 de la Provincia, doctora Garini.