Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-22


SENT.DEF.Nº:16434	EXPTE. Nº: 15.665/ 07 (23.492) JUZGADO Nº: 77	SALA X AUTOS: "OLIVERA PIAZZOLI RICHARD MARCELO C/ PROVINCIA SERVICIOS DE SALUD S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires, 22/12/2008	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) La sentencia de primera instancia llega a esta alzada con motivo de los recursos de apelación articulados por el actor y por las demandadas "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia" (en adelante, Asociación Francesa) y "Provincia Seguro de Salud S.A." (fs. 509/513; fs. 503/505; y fs. 519/523, respectivamente). A su vez, la representación letrada de ambas codemandadas y el perito contador cuestionan los emolumentos regulados a su favor por estimarlos reducidos (fs. 514).

La Sra. Juez "a quo" admitió la demanda en la inteligencia que existió una relación de trabajo dependiente entre el actor y la codemandada Asociación Francesa y que, como correlato, la omisión de pago de los conceptos salariales reclamados constituía un hecho con entidad suficiente para tornar ajustado a derecho el cese dispuesto por el trabajador.

Contra tal decisión se agravia la codemandada Asociación Francesa, discrepando, esencialmente, con la valoración realizada por la sentenciante de la prueba producida -en particular de la testimonial- y arguye, en apoyo de su posición, que atravesó serias dificultades económico - financieras que le impidieron cumplir con la obligación a su cargo. Asimismo, extiende su queja al progreso del agravamiento indemnizatorio previsto por el artículo 2º de la ley 25.323 y a los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes en la causa, por considerarlos elevados.

A su turno, el actor objeta el rechazo de la sanción conminatoria que reclamó con sustento en el artículo 132 bis de la L.C.T. -introducido por el artículo 43 de la ley 25.345 -.

Asimismo, la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A. cuestiona la condena solidaria que le fue impuesta y la distribución de costas practicada en el fallo de grado.

2º) Por una razón de método considero menester dar tratamiento prioritario a los agravios vertidos por la codemandada Asociación Francesa pues intenta revertir el fallo de grado en cuanto declaró la existencia de un vínculo laboral entre aquélla y el actor y porque admitió la legitimidad de la causa esgrimida en sustento del cese.

En orden a la cuestión principal sometida a revisión ante este Tribunal, un análisis de las constancias obrantes en la causa me conduce a proponer la ineficacia de la argumentación recursiva para revertir la solución adoptada.

Digo ello por cuanto, en lo que atañe al planteo de la recurrente referido a la naturaleza del vínculo receptada en origen, el memorial en análisis no constituye una crítica concreta y razonada en los términos del artículo 116 de la L.O. pues no reúne los requisitos de fundamentación a los que hace referencia la mencionada norma adjetiva.

En este sentido, advierto que la quejosa se limita a discrepar en forma meramente dogmática con el fallo de grado al sostener que le causa agravio la valoración que se efectuó de la prueba testifical -en particular, los dichos de Omar José González y Rosana Isabel González- alegando que no son suficientemente claros, idóneos y objetivos. Asimismo, alude genéricamente a lo que surge de la contestación del oficio librado al Registro de la Propiedad Inmueble y del informe del perito contable.

Sin embargo, omite concretar en el memorial de agravios cómo los aspectos reseñados -desde su perspectiva- variarían la suerte del litigio en este segmento del decisorio, careciendo la crítica de una pauta imprescindible para establecer la medida y alcance del aducido agravio y el interés concreto del recurso (art. 116 de la L.O.).

Por lo demás, sólo a mayor abundamiento y en lo que sella este aspecto de la queja, es dable destacar que la propia recurrente al contestar la demanda (fs. 252/257) reconoció que el actor trabajaba bajo su dependencia (ver Pto. 3, 7º párrafo), de suerte que la negativa que hoy esgrime de la calificación del vínculo resulta, por lo menos, extemporánea.

Despejado lo anterior, coincido con la sentenciante de grado en que el pago de las remuneraciones constituye un deber esencial a cargo del empleador cuyo incumplimiento legitima la decisión rupturista del trabajador. Coadyuva en este sentido el silencio guardado por la demandada recurrente a la intimación que se le cursara a fin de que reviera su conducta, pues aún morigerando los efectos contractuales derivados de la mora en el pago de los haberes y privilegiando el principio previsto en el art. 10 de la L.C.T. ante la situación de crisis económica y financiera de la institución invocada en el responde, lo cierto es que el empleador no intentó -mínimamente- justificar su conducta omisiva y poner a disposición los salarios pendientes cuando fue fehacientemente emplazado en tal sentido.

Por lo demás, llega firme a esta alzada lo alegado por la sentenciante de grado en punto a que la codemandada Asociación Francesa no acompañó a la causa los recibos de pago correspondientes a los salarios reclamados por el accionante (art. 138 L.C.T.), de suerte que, reitero, la circunstancia torna justificado el despido indirecto decidido por aquél.

En consecuencia, dado que la crítica no se basta a sí misma por carecer del fundamento tendiente a las modificaciones que se pretenden en los puntos bajo análisis, voto por confirmar el fallo apelado en este segmento del decisorio, resultando de tratamiento abstracto el planteo que se esgrime a fs. 505 -primer párrafo- en relación a la forma en que fueron impuestas las costas, por cuanto la recurrente supeditó su variación a la revocatoria del decisorio y consecuente rechazo de la acción.

3º) Respecto de la queja dirigida a revertir la admisión del incremento indemnizatorio previsto por el art. 2º de la ley 25.323, tampoco encuentro mérito para revertir lo decidido en la instancia anterior.

En efecto, la facultad de eximición o reducción del incremento indemnizatorio que la citada norma confiere al juez apunta a aquellos supuestos en que hayan mediado causas suficientemente objetivas que justifiquen la conducta del empleador, pues la intención del legislador argentino al introducir el aumento resarcitorio ha sido precisamente la de evitar que el empleador omita dar cumplimiento a la obligación de resarcir el acto extintivo del contrato sin la presencia de un motivo válido, obligando de tal modo al trabajador a iniciar una tramitación administrativa o una acción judicial en procura del cobro de las indemnizaciones legales emergentes del despido arbitrario.

Desde tal perspectiva de análisis, toda vez que en el caso se verifican los presupuestos de hecho de la norma y que no se han esgrimido -a mi criterio- razones serias que pudieran llevar a considerar justificada la conducta del empleador -renuente en el pago de los salarios reclamados hasta la fecha de interposición de la demanda- postulo admitir el agravamiento indemnizatorio en cuestión por no hallar mérito suficiente para eximir o reducir tal resarcimiento. En consecuencia, voto por confirmar la sentencia recurrida también en este aspecto.

4º) No obtendrá mejor suerte el disenso del actor en procura de obtener el cobro de la sanción conminatoria establecida por el artículo 132 bis de la L.C.T. -introducido por el artículo 43 de la ley 25.345-.

Lo digo porque si bien entiendo que dicha sanción no fue debidamente peticionada en el inicio pues el accionante fundó su reclamo en la falta de ingreso de "aportes y contribuciones a los organismos pertinentes" (ver fs. 13 vta.), sin aclarar concretamente a cuál de dichos organismos se refiere e indicar en forma precisa cuáles serían los meses en los que no se le habría realizado el depósito que prevé la citada norma, destaco que, aún cuando así no se entendiera, de todos modos la pretensión resulta inadmisible. Ello dado que los términos de la norma de marras tornan ineludible para el progreso de la referida sanción que se verifique que efectivamente la empleadora haya retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de seguridad social o sindical, extremo este que no sólo no se invocó con claridad ni en el inicio ni al momento de expresarse agravios sino que ni siquiera se advierte debidamente probado en la causa.	Obsérvese que el apelante omite mencionar concretamente los elementos de prueba que acreditarían en autos tal retención (la cual no se verifica -obviamente- con los informes de la Anses y de la Afip a los que alude en el memorial recursivo), circunstancia que me lleva a confirmar también en este punto el decisorio apelado.

5º) Igual suerte desestimatoria seguirá la objeción que vierte la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A acerca de la condena que le fue impuesta (art. 30 de la L.C.T.).

En torno de la cuestión suscitada he sostenido reiteradamente que la solidaridad emergente del art. 30 de la L.C.T. corresponde determinarla en cada caso concreto en función de las circunstancias fácticas que circunscribieron la pertinente cesión, contratación o subcontratación.

El concepto de establecimiento lo provee la propia ley, quien lo define como la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa (art. 6º de la L.C.T.). A su vez, se entiende por explotación a la sucesión de actos a través de los cuales una organización empresaria ejerce cierta actividad con propósito lucrativo o no.

De un análisis de la queja bajo estudio advierto que los argumentos esgrimidos por la recurrente en pos de revertir el panorama adverso que surge de la sentencia en crisis carecen de andamiaje suficiente a la luz de las pruebas colectadas en la causa. Digo esto por cuanto en el sub examine existe suficiente prueba que acredita que la cedente "Provincia Servicios de Salud S.A." en ninguna de las etapas por las cuales transitó el proceso de transferencia se desligó de su resultado y, lo que es más importante aún, detentó en todo momento facultades de control conforme surge del acuerdo acompañado.

A guisa de ejemplo, mencionaré las partes pertinentes del acuerdo que ilustran las afirmaciones vertidas en el párrafo precedente, a saber: las obligaciones asumidas por las partes en el acápite XIII "Obligaciones" (v. fs. 139/141); los requisitos exigidos para introducir modificaciones al plan de negocios -nótese que se exige que deberá contarse con el voto afirmativo de al menos un representante de cada una de las partes- (v. fs. 144 pto. 15.2); la obligación de abrir una cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la percepción del pago de las cuotas de los afiliados o asociados, como también de cualquier otra suma que tuviera derecho a percibir la "Asociación" en virtud de cualquier acuerdo de prestación de servicios con terceros (v. fs. 145, acápite 17.1); en lo relativo a la administración de los pagos de los afiliados y asociados a los planes de medicina, la "Asociación" debía informar a "Provincia" las cobranzas y su respectiva imputación, entregando a éste los listados y soportes magnéticos correspondientes y atender las consultas y pedidos de informes de parte de "Provincia", con relación a cualquier cuestión atinente a la percepción de los pagos que deben realizar los afiliados de la "Asociación" (v. fs. 146 acápite 17.2 ptos. d) y f)); en la conformación del Consejo Directivo (v. fs. 147 acápite XVIII, pto. 18.2) y las facultades y prohibiciones relativas a las cesiones, concretamente, la prohibición expresa a la "Asociación" de ceder todos o alguno de los derechos u obligaciones que le correspondieren en virtud del acuerdo (v. fs. 148 acápite XX, "Cesiones").

Asimismo también resultan dirimentes las posturas adoptadas por ambas demandadas en sus escritos de responde. Al respecto, cabe resaltar que "Provincia Servicios de Salud S.A." afirmó que en "enero de 2006" rescindió el contrato de uso de marca, como consecuencia de los incumplimientos en los que incurrió la asociación codemandada (v. fs. 179, acápite "c"), decisión que puso en conocimiento del público en general por medio de una solicitada publicada en el diario Clarín (v. fs. 350 y 354). Por su parte, la "Asociación Francesa Filantrópica" sostuvo que los términos del acuerdo marco citado en el párrafo anterior y el celebrado el 20-03-02, serían indiciarios del control que ejercía Provincia Servicios de Salud S.A. sobre la explotación del servicio de medicina prepaga transferido (v. fs. 254).

Desde esta perspectiva de enfoque, frente al escenario fáctico delineado a través de las cláusulas acordadas por ambas codemandadas en el acuerdo marco que suscribieran, las afirmaciones sostenidas por la a quo arriban incólumes puesto que el apelante no ha logrado desvirtuar que "Provincia Servicios de Salud S.A." no se desentendió del negocio a posteriori de la transferencia de los activos y de la cesión de marca acordadas, de suerte que lo que se advierte es una cesión de la actividad de Provincia Servicios de Salud S.A. a favor de la Asociación Francesa "sin cambio de habilitación", todo lo cual torna operativa la aplicación del art. 30 de la L.C.T..

Y digo esto por cuanto, a todo evento, la recurrente arguye que la situación fáctica descripta se enmarcaría en las previsiones del art. 225 de la L.C.T.. Pero la pauta relevante para determinar la aplicación del art. 30 de la L.C.T o del art. 225 del mismo cuerpo legal es precisamente si hubo o no cambio de "habilitación", a cuyo efecto, corresponde hacer hincapié en que la concesión de una marca (ver Pto. XII USO DE MARCA - fs. 139) en modo alguno puede asimilarse a un supuesto de "cambio de habilitación o de la titularidad del establecimiento".

En consecuencia, corresponde que, de prosperar mi voto, se confirme el fallo de grado también en lo atinente a este segmento de la queja.

6º) Propongo mantener la forma que fueron impuestas las costas -aspecto que también motiva la queja de la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A.- toda vez la misma ha resultado vencida en lo sustancial y principal del reclamo y en el caso no median circunstancias que convaliden el apartamiento del principio rector que rige la materia establecido por el artículo 68 del C.P.C.C.N. que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

7º) En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor del litigio y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., el decreto-ley 16.638/57 y los arts. 6, 7, 8 y sig. ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, soy de opinión que los emolumentos discernidos a todos los profesionales intervinientes en autos lucen adecuados, razón por la cual voto por su confirmación.

8º) Atento la forma en que propongo se resuelvan los agravios, sugiero imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la codemandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y de la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A., por su actuación en esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de compartir mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y fuera materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la codemandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y de la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A., por su actuación en esta alzada, en el 25% para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.

El Dr. ALVARO E. BALESTRINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. MARIO S. FERA no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y fuera materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, de la codemandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y de la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A., por su actuación en esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia. 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

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