marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, denegatoria del recurso, vivienda, cuestión constitucional, impuestos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Arquimundo S.A. contra G.C.B.A. y otros sobre Impugnación Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia que declaró parcialmente desierto el recurso de apelación respecto de la deuda del impuesto sobre los ingresos brutos. Ello así debido a que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad: que los cuestionamientos remitían al análisis de cuestiones de hecho y prueba, así como a la interpretación de normativa infraconstitucional. La ausencia de una crítica concreta sobre estos razonamientos hace que la queja carezca de la fundamentación exigible a ese tipo de recurso, por lo que resulta aplicable mutatis mutandis la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -conf. Fallos: 287:237; 311:133, entre otros-. La parte recurrente sólo pone en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Trámites judiciales, suspensión del proceso judicial, oportunidad procesal, asesor tutelar, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: DSRL y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en DSRL y otros contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

Corresponde suspender el trámite de la queja incoada por la actora mientras esté pendiente el tratamiento del planteo de nulidad presentado por la Asesoría General Tutelar. Ello así, porque si bien la Asesora General Tutelar solicita la nulidad de todo lo actuado desde la resolución dictada por la Sala de la CCATyRC -que omitió dar traslado al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara del recurso de revocatoria y de inconstitucionalidad en subsidio interpuesto por la actora-, no lo hace por una de las vías que, conforme a la ley n° 402, resultan aptas para impugnar, ante este Tribunal, una sentencia del superior tribunal de la causa (recurso ordinario o de inconstitucionalidad concedidos, o queja por denegación de cualquiera de ellos). En ese marco, toda vez que lo peticionado incumbe al tribunal a quo, cabe remitir la presentación de la AGT (o copia de ella) a consideración de la Cámara. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Procedimiento judicial de la seguridad social, conversión del proceso previsional, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: STORTINI DE PACCAMICI, LAURA ALICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

El art. 24 de la ley 24.463 vulnera diversos preceptos constitucionales. Así, aparecen afectados, entre otros: el derecho de peticionar ante las autoridades conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, del que la acción judicial ejercitada a través del recurso es una especie (art. 14); el derecho al goce de los beneficios de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, cuya demora en su eventual reconocimiento y goce podrían tornarlos ilusorios (art. 14 nuevo); la igualdad ante la ley por la posición de privilegio en que se coloca el Estado al dilatar el trámite siendo que, más allá de cualquier eufemismo en torno a la naturaleza jurídica del organismo demandado, lo cierto es que su patrimonio podría verse comprometido por una sentencia adversa (art. 16); el derecho de propiedad, entendido este en sentido amplio (art. 17); las garantías del juez natural, el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18); la garantía de legalidad, pues retroactivamente se privaría al particular de los efectos de un acto-el recurso-legítimamente cumplido (art. 19). Los derechos y garantías hasta aquí citados deben entenderse afianzados aún más por la jerarquía constitucional que otorga el inc. 22 del art. 75 de la Ley Suprema a diversos tratados y concordatos. Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo referido.
Municipalidad, conflicto de poderes, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Libonatti, Antonio César c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de General San Martín s/ Conflicto art. 196 Const. prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

La medida cautelar de pleno derecho legislada en el artículo 263 bis del decreto 6769/58 (conf. art. 88, ley 11.024) alcanza sólo a la destitución del intendente o concejal y no a la suspensión preventiva decretada respecto de éstos.
Contrato de obra pública, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Miglierini Construcciones y J. Mastrobernardino Construcciones c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 564-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

No existe obstáculo para que el Tribunal disponga que la liquidación de las diferencias entre los montos certificados por la Municipalidad y los que resultan de aplicar los precios obtenidos en el análisis del precio del contrato de obra pública, se base en los cálculos efectuados por la perito, -algo mayores que los efectuados por los propios recurrentes- debido fundamentalmente, a que las sumas son propuestas con la aclaración de que podrían variar de acuerdo a lo que "en más o menos surja del informe pericial que oportunamente se practicará en autos".
Libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donatti, Claudio c/ Editorial Jornada SA y/u Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-17

El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a la responsabilidad que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión, en el sentido amplio expuesto, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas.
Defraudación, retención indebida, interpelación, falta de constancia, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PEREIRA, Laura Luján. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Para la configuración del delito previsto por el art. 173, inc.

2°, C.P., es necesario que quien tiene la obligación de devolver la cosa de que se trate se haya negado a hacerlo, o no lo haga a su debido tiempo.

Si no hubo un plazo de tiempo fijado por las partes, se requiere que la mora en que hubiera incurrido quien tenía la obligación de devolver, haya sido determinada por la intimación judicial o extrajudicial .

Por ello, y si no existe constancia que acredite la intimación o exigencia de la entrega a la imputada, debe confirmarse su sobreseimiento.
Ley de contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: T., J.C. c/ A.B. SA s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-11

"La exigencia de comunicación escrita "con expresión suficientemente clara" y la imposibilidad de modificar la causal comunicada en la instancia judicial tiene un doble fin, ya expresado en la jurisprudencia anterior a la norma creada: por un lado, impedir el despido sin expresión de causa o con causales no claras refugiadas en invocaciones genéricas o generales .y, por el otro, permitir al destinatario de la decisión de despido el conocimiento fehaciente de los incumplimientos de que se le acusa, para que en el caso de considerarlos injustos e inexactos al promover la demanda pueda presentar la argumentación legal y la prueba necesaria en relación con esas causas". Corresponde, entonces, comunicar los hechos concretos que determinan el despido, con precisión y claridad formal y conceptual.
Intereses, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORVALAN , TOMAS c/ IGLESIA ESPIRITU SANTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-01

Las cifras de la condena se fijaron a valores actuales, los intereses deberán calcularse a una tasa del 6% desde la fecha del evento dañoso (24-3-90) hasta la fecha de la sentencia de primer instancia y desde esta fecha hasta su efectivo pago se liquidarán según la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Amanda y Otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-30

Es dable aclarar que la ilegalidad o arbitrariedad del poder público, no son convalidadas por la falta de utilización vía de amparo, ya que quedan las de tipo ordinario o común para objetarlas; por otra parte, como el Poder Judicial no interviene, oficiosamente, siempre será menester, aunque el orden jurídico quede afectado, el ejercicio del principio dispositivo para que se pueda poner en juego la actividad jurisdiccional.
Divorcio, separación personal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I., F. L. c/ R., A. s/ Divorcio vincular (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Acreditada la separación personal por un lapso superior al señalado por el art. 214 inc. 2º del Código Civil (texto ley 23.515), no puede obstar a la pretensión de obtener el divorcio vincular la circunstancia de que la vida matrimonial fuera interrumpida sólo por la voluntad del accionante, sea cual fuere el juicio crítico que la solución legal merezca (art. 237, Cód. cit.).
IVA, determinación de impuestos, concesión administrativa, hipódromos, exenciones impositivas, interpretación de la ley, interpretación literal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Asociación Gremial de Profesionales del Turf (TF 15.916 - I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Cabe confirmar la sentencia que revocó la determinación de oficio practicada a la actora en el impuesto al valor agregado, pues las exenciones tributarias-en el caso se procura dilucidar si el régimen de concesión pública bajo el cual operaron los hipódromos durante cierto período obsta a la procedencia de la franquicia prevista en el art 6º, inc. j, ap 15 de la ley que regula dicho impuesto- deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan , ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho al honor, libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: CIVIL
Carátula: BALVERDI Oscar Alejandro c/ Vergara Carlos Humberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-11-17

La "Teoría de la real malicia en el Derecho Argentino intenta dar pautas de solución al permanente conflicto que se suscita entre el derecho al honor y el derecho a expresar las ideas por medio de la prensa.

En efecto, por un lado se encuentra la libertad de prensa que ha sido constitucionalmente concebida como un derecho individual, como una institución democrática que marca el tipo de organización política de un determinado país, y como una libertad esencial de la cual dependen la vigencia efectiva de los restantes derechos civiles y políticos.

"Así la Corte le ha dado su verdadera importancia expresando que "... entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal".

"Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncia derechos puramente individuales, está claro que la Constitución Nacional, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica". "Pero no es menos cierto, que cuando se publican noticias con potencialidad calumniosa o difamatoria la prensa debe actuar con prudencia.

En base a este razonamiento se han intentado construir elaboraciones doctrinarias como intento de proteger pero a su vez de poner límites a un "superderecho", ya que de otra forma se correría con el riesgo de dejar en manos de los medios de comunicación social la intimidad, el honor y la reputación de las personas, sin posibilidad de defensa alguna por parte del agraviado.

Reforzando lo antes dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó "... si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa...".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio s/ Incidente de nulidad en autos:"Banco de Hurlingham S.A. quiebra" Goñi, Ovidio Omar y otra c/ Bartrons, Jaime Edgardo y otra s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21|1993-03-30

La decisión recaída en una cuestión incidental se asimila a sentencia definitiva en tanto termine la litis y haga imposible su continuación, entendiendo por tal la del proceso principal con el cual esté relacionado el incidente.
Traslado de la demanda, notificación tácita
Materia: CIVIL
Carátula: Ramirez Alvarenga, Winlfrido y otra c/ Carrizo, Ubaldo y otras s/ Simulación y otras s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-04-17

La figura de la notificación tácita se da cuando por determinadas circunstancias previstas en la ley (por ej. retiro de expedientes -art. 134 C.P.C.C.) o señaladas por los jueces, se presume que la persona interesada ha tomado efectivo conocimiento de resoluciones del Juzgado, esto es así, porque el acto de "notificación es defectuoso o no existe formalmente". Al respecto debe tenerse en cuenta que este instituto debe ser examinado con criterio restrictivo, tanto más, tratándose del escrito de demanda, cuya notificación se encuentra rodeada de formalidades específicas (cfr. -art. 336 del C.P.C.C.); "...por ser la génesis de la relación jurídico-procesal y estar en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio".

Consecuentemente con lo expresado, la notificación tácita del traslado de la demanda, sólo puede darse de manera excepcional, al ponerse en evidencia, que existió un conocimiento efectivo, no sólo del escrito de promoción de la acción, sino también de toda la documentación acompañada con el escrito de demanda.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, consignación de mercadería
Materia: COMERCIAL
Carátula: YATTAH, ROBERTO s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR QUIRET SRL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-19

No resulta inidóneo para sustentar la petición de falencia, el instrumento que da cuenta de la celebración de un contrato de consignación de mercadería para la venta, que es continente de obligaciones recíprocas cuyo grado de cumplimiento solo es susceptible de verificación a través de un proceso de conocimiento.
Condominio, obligaciones de los condóminos, gastos de conservación, mora
Materia: CIVIL
Carátula: TCHALIKIAN ANTONIO s/ s-Sucesión-inc. s-Administración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La deuda proveniente de gastos de conservación del bien, que fueron desembolsados por un condómino, torna aplicable lo normado por el art. 2686 del Cód. Civil y por aplicación de esa norma, resulta evidente la procedencia del reclamo, pues la mora, que es la que autoriza la actualización de la deuda, se produce de pleno derecho (conf. Llambías-Alterini, "Código Civil Anotado", t. IV-A, p. 527).
Comodato, prueba del contrato, simulación, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS Y AHORRO DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ ALICIA BLANCO Y OTROS s/ ACCION DE SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-13

El contrato de comodato suele constituir un ardid que tiende a justificar la "retentio posesionis", típico indicio de la simulación.-
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, CARLOS GELACIO c/ SANTIAGO PINTURERIAS Y/O RESPONSABLE s/ SUELDO MES DE ENERO AÑO 93, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-14

Nuestro sistema de relaciones laborales reconoce la bilateralidad de la injuria, y por lo tanto el despido por justa causa puede ser decidido tanto por el empleador (despido directo) como por el trabajador (despido indirecto), según el art. 246 de la LCT. En este último caso el trabajador debe acreditar el incumplimiento patronal invocado (la negación de trabajo), que en ésta relación encuentra su contrapartida en la justificación del empleador de la injuria como causa del despido. Cabe tener en cuenta que la valoración de la injuria debe realizarla el juzgador, en consideración de los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, de tal modo que para constituir una justa causa de despido, el hecho debe ser lo suficientemente importante para desplazar el principio de la conservación del contrato de trabajo a que hace referencia el art. 10 de la LCT.
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Bella, Rodolfo Pablo c/ Ramírez, Emma Clara s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

El deudor moroso debe los intereses que estuvieren convenidos, si no hay intereses convenidos debe los intereses legales. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar (art. 622 Cód. Civil).
Tasa de justicia, monto del juicio, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Galleguillo, Luciano Alfredo y Otra c/ Gómez, Pablo Martín y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30

"El cálculo de la tasa de justicia que debe abonar el demandado condenado en costas debe efectuarse sobre el monto por el que prospera la pretensión y no sobre el reclamado en la demanda por el actor, que de lo contrario se responsabilizaría al demandado, sin fundamento legal alguno, por un acto que le es ajeno y se prescindiría de un dato objetivo que consta en el expediente como es la condena dispuesta por la sentencia, vulnerando directa e inmediatamente el derecho constitucional de propiedad".
Sanciones procesales, abogados, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: MATOFF, QUIRINO. c/ ROBERTO  HUMER  Y/O  RAMON BENITO RODRIGUEZ Y/O LEFA COOP.SEG. LTDA. s/ JUICIO SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

En atención a lo solicitado por la parte recurrida en el sentido de que se aplique a los abogados de la actora la sanción prevista en el art. 53, inc. 5 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por entender que los mismos no comunicaron al tribunal la muerte de su cliente acaecida el 9 de enero de 1983, habiendo deducido la apelación federal el 7 de marzo, corresponde pronunciarse de conformidad con lo resuelto provisionalmente por el máximo organismo judicial provincial -quien entendió que debía considerarse prima facie cumplida en término la prescripción de dicha norma, "toda vez que es atribución de la Corte Suprema Nacional, como juez del recurso, expedirse en definitiva sobre la concurrencia de tales recaudos"-, pues si bien el recurrido acompaña elementos demostrativos de la publicidad de la noticia del deceso del actor, de lo aportado no se desprende que necesariamente los letrados apoderados hayan tenido conocimiento de tal circunstancia en un momento distinto al que manifestaron en su descargo. En consecuencia, la comunicación al a quo de la muerte del poderdante fue hecha en término, y no cabe sanción alguna (Voto de los Dres.

José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
Acto administrativo, revocación del acto administrativo, actuación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jarisz, Demetrio c/ Pcia. de Bs. As. (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

El cambio de criterio de la Administración en relación al tema en cuestión no la habilitaba a revocar de oficio el acto emitido de conformidad con la interpretación que anteriormente sustentara pues no adoleciendo aquel de un vicio que lo convierta en irregular, el art. 114 de la Ley de Procedimientos Administrativos constituía una valla al ejercicio de tal potestad.
Prescripción, embargo preventivo, sociedad de hecho, daños y perjuicios, Estado Provincial
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE Marcelo VIDELA CUELLO c/ PROVINCIA DE LA RIOJA s/ PRESCRIPCION  LIBERATORIA - COMIENZO - EMBARGO PREVENTIVO - PROVINCIA  - SOCIEDAD DE HECHO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

El plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios contra una provincia, derivados del levantamiento de un embargo preventivo sobre una propiedad, en una causa por disolución y liquidación de una sociedad de hecho, comienza a computarse desde la sentencia que admitió la existencia del vínculo social y estableció el derecho del actor sobre el 50% de la propiedad.
Poder de policía, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHOREN, HECTOR c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-29

Las facultades de la Administración en la apreciación de las razones del interés en conceder, denegar, revocar o mantener el permiso otorgado, son amplias, valorando si las circunstancias que justificaron ese destino para un bien del dominio público se mantienen o si, por el contrario, hacen aconsejable darle otro uso.
Poder Judicial, designación de jueces, gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Palchevich, Humberto Antonio c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1985-05-21

Resulta inadmisible que un gobierno de facto, pueda arrogarse la facultad de integrar los poderes de jure. En el nombramiento de los jueces no se realiza una función administrativa, sino que se contribuye a la formación de un poder del Estado.