marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, cómputo de servicios, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ibañez, Ricardo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Bidart, Beatriz Alcira c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15|2000-04-18

Carece de sustento la decisión de limitar el cómputo de los servicios que se invocan como simultáneos a aquéllos prestados en esas condiciones ya que agrega una exigencia en el cumplimiento de las funciones que, además de ser ajena a las prescripciones del art.

41 del dec. ley 9650/80, no se aviene con el ordenamiento jurídico restante y priva de efectos a un período considerable de servicios con aportes que la interesada estaba autorizada expresamente a desarrollar después de haber cesado en el ámbito provincial, conforme el art. 54 (art. 60 en el t.o. por dec. 600/94).
Habeas corpus, proceso judicial, leyes, reglamentación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: G.S.N. s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO- APELACION EN HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-04-26

En materia de Habeas Corpus es criterio de éste Excmo Tribunal Superior de Justicia que si bien nuestra legislación provincial no ha realizado una medular reglamentación de las cuestiones que son excluidas de esta vía extraordinaria, cabe señalar que no procede en aquellos casos que tienen su propia vía de tramitación, aunque prima facie, aparezca lesionada pero no restringida la libertad del individuo...Por lo tanto no procede cuando se plantean cuestiones procesales para las cuales existen otra vías más idóneas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal, actor civil, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V, A A s/ APELACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 459-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

No puede tener acogida favorable el recurso planteado, cuando las impugnaciones introducidas por la defensa del procesado se dirigen primordialmente a cuestionar el alcance que diera el Tribunal al artículo 374 del Código Procesal Penal, y atañen -sin duda- a aspectos vinculados con la interpretación del derecho aplicable a los obrados, la que constituye -por vía de principio- facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa, y por ende, ajena a la vía extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de arbitrariedad.
Administración Pública, medidas cautelares, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: CANCINOS, DARIO EDGARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-20

A modo de contrarrestar las prerrogativas de presunción de legitimidad t ejecutoriedad, de la que gozan los actos administrativos, el particular está munido de protección jurisdiccional con la posibilidad de interponer medidas cautelares en los procesos en que es parte la administración pública, dirigidas a obtener la suspensión de los efectos del acto administrativo emanado de ella. Su finalidad consiste en general, en el aseguramiento de la eficacia práctica de la sentencia definitiva, revistiendo por ende carácter instrumental, en tanto su sentido deviene, en general, de su preordenamiento a la emisión de esta última decisión y a impedir que en el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzosa o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva.
Honorarios, actualización monetaria, quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: LAYUN  CAMEL  RUBEN Y OTRO EN MAG FUNDICION DE ALUMINIO S.A.C.I.F.I.A s/ QUIEBRA    PROPIA   -  VERIFICACION  TARDIA  -  RECURSO  DE  REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-12

El thema decidendum es la procedencia o no del reajuste por desvalorización monetaria, de los honorarios devengados a favor de los letrados del trabajador en el fuero laboral y a cargo de la fallida, verificados con privilegio general.

El proceso histórico de la doctrina y jurisprudencia no presenta un criterio uniforme en relación a la indexación de los créditos laborales y de los honorarios de los profesionales que asistieron al trabajador frente a la deudora fallida.

En un primer momento era unánime la negativa a una repotenciación de tales créditos. Los fallos de la Corte Suprema de la Nación abrieron brechas en esta cuestión al reconocer, inicialmente, el reajuste de los créditos laborales hasta su efectivo pago (in re "Complejo Textil Bernalesa S.R.L " sobre Quiebra, 2/4/85; y luego el del crédito por honorarios del letrado del trabajador (in re:

recurso de hecho deducido por Oscar J. Betti y Hugo N. Perugini en la causa Sniafa S.A.I.C.F.E.I.S. Concurso s/inc. de verificación de crédito prom. por Jerónimo, Alberto y otros s/ incidente del 1/4/86); doctrina confirmada in re: Sasetru S.A. s/ Quiebra s/ Incidente verificación promovido por Van Vracen Enrique (del 12/3/87). Idéntico criterio adopto el fallo plenario de la Cámara Nacional de Comercio in re "Iranzi Omar F.v/ Acero Sima S.A" del 30/10/87.

La sanción de la ley 23.616, modificatoria del art. 276 de L.C.T.

receptó la doctrina de la Corte Suprema y zanjó definitivamente la polémica con respecto a los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo admitiendo su indexación desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento de su efectivo pago.
Contratos, contrato de servicios, servicios eléctricos, inspección del trabajo, conexión clandestina de electricidad
Materia: CIVIL
Carátula: Mazzaferro, Marcela Viviana  c/ Edenor SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Corresponde rechazar la acción de amparo promovida por una usuaria contra la empresa prestadora del servicio eléctrico, en reclamo de la devolución de las sumas supuestamente cobradas en exceso por los consumos de los últimos dos años, toda vez que surge probado de la inspección realizada por el personal de la empresa, y del agente policial interviniente, que la accionante tenía una conexión ilegal al suministro.

Conforme a la normativa vigente al momento de la inspección (Anexo IV de la Resolución ENRE 524/2017 y Anexo V de la Resolución ENRE 525/2017), la distribuidora se hallaba facultada a revisar los medidores y, frente a la constatación de irregularidades, levantar el acta de comprobación correspondiente, ya sea con o sin la presencia del usuario. Es por ello que, habiéndose comprobado la existencia de irregularidades en la medición, la pretensión de la distribuidora de recuperar el consumo registrado en defecto resultó procedente.
Obras sociales, aportes a obras sociales, contribuciones a obras sociales, competencia previsional, juicio de apremio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA (O.S.P.S.A.) c/ SEVICSA S.A. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

Aceptar que el art. 2, inc. f) de la ley 24.655 sólo habilita a los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social a conocer de la ejecución, por vía de apremio, de los certificados de deuda emitidos por las obras sociales -por remisión a lo dispuesto por el art. 24 de la ley 23.660- con exclusión de otras acciones que pudieren perseguir el mismo objeto, produciría un disvalioso desdoblamiento de la competencia para conocer en las demandas por cobro de aportes y contribuciones para el financiamiento de las obras sociales entre aquellos juzgados y los nacionales de Primera Instancia de Trabajo, según fuere la índole de la acción ejercitada para alcanzar ese objeto, correspondiéndole intervenir a los primeros sólo en aquellas comprendidas en el enunciado del citado art. 24. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Luján, Stella Maris y otros s/ Fuga del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Debe declararse mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido contra la sentencia del Juez de Menores que imponía pena de arresto (arts. 55, 89 y 122 dec.-ley 10.067 y 341, C.P.P.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gatius, Abelino Carlos c/ El Pulpo  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La circunstancia de que los agravios remitan al examen de cuestiones fácticas y de procedimiento no resulta óbice decisivo para abrir el recurso cuando lo resuelto satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos de la causa y se proyecta en menoscabo de las garantías que tutelan los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Diferencias salariales, indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO ALICIA c/ Y.P.F. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-20

Habré de disentir con el reconocimiento de la existencia de diferencias de haberes y en la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT), para concluir que el único crédito a favor de la actora se deriva de la insuficiencia del pago de la correspondiente a la sustitutiva del preaviso no gozado, conforme el criterio de interpretación por el que el adicional por "vianda ayuda alimentaria" ni la proporción del sueldo anual complementario procede incluirlos dentro del valor base. (del voto del Dr. Medori, en disidencia).
Prueba del contrato, principio de prueba por escrito
Materia: CIVIL
Carátula: Zarza, Esteban Enrique c/ Finten Gas y/o Raúl Finten y/u otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-19

Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos (conf. art. 1.193 Cod. Civ.) a menos que - como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina - HAYA PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO. Y se considera principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de la parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso.
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nubile, Nelly Luisa c/ Antonucci, Jorge Mario s/ Resoluc. Contrato Desalojo - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

La condena contenida en la sentencia involucre también al tercero citado a juicio, permitiendo con funcionalidad, dinámica y vigencia concreta de los principios de economía y concentración, su ejecución inmediata también contra el tercero, sin menoscabo del derecho de defensa.
Ley de Entidades Financieras, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: "Navarrine,  Roberto  Héctor y otros c/ BCRA - Resol 208/05 (Exte.101226/83 Sum Fin 578)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

DOCTRINA LEGAL: "La apertura a prueba, el cierre del período probatorio, la convocatoria para alegar y sus respectivas notificaciones -como actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución de la autoridad competente que establezca la ley vigente- son idóneos para interrumpir el plazo de prescripción de la acción sancionatoria previsto en el art.42 de la ley 21.526, modificada por la ley 24.144".
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, imputado, sobreseimiento, responsabilidad penal, delitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAL LAGO, GUILLERMO OMAR Y DAL LAGO, OMAR JESUS c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO CON EXCESO EN LEGITIMA DEFENSA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-07

El razonamiento desarrollado por el Magistrado se aparta de las reglas de la sana crítica racional y aparece huérfano de la debida motivación, pues omite valorar que el sobreseído -aun cuando no se pudiera demostrar que sus disparos impactaron en la víctima- pudo haber tenido algún grado de participación en la muerte de la víctima; y en todo caso, si el A quo entendía que no le cabía ninguna responsabilidad penal en el hecho, debió fundar acabadamente tal decisión, máxime teniendo en cuenta los efectos decisivos que por su naturaleza posee el sobreseimiento impugnado. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Gutiérrez)
Régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, facultades del gobierno provincial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercementos Sociedad Anónima Industrial y Comercial c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-12

En líneas generales, este Tribunal se ha inclinado por aceptar -globalmente- que la Provincia regule su emergencia. Y establecido que esas normas no son de derecho común, sino Público Administrativo. Por otra parte, ya expuse en SD 1-SCA-97, que todas las Provincias se han dado su propio régimen de consolidación. Sus tribunales dan cuenta de que su dictado no se legitima sólo por la Ley Nacional. Chubut, dispuso expresamente la ultraactividad del régimen derogado, ley 3798, por su art. 2°, excluyendo la reglamentación los créditos respectivos, por el art. 20 inc."a". Ultraactividad que también se admite de la Ley 23982, con respecto a otras normas nacionales.
Honorarios, retroactividad de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GORDILLO DE BUSTOS CARMEN LEONOR c/ CHEMILLI J. MARIA Y OTROS s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-22

Encontrándose vigente a la fecha la ley 8158 y por tratarse de una cuestión procesal, ésta es de aplicación inmediata al sub examine. De allí que la previsión del art. 36 debe ser interpretada en concordancia con el actual texto del art. 29, el que fija nuevas pautas para establecer los aranceles, la que -en principio- es el monto de condena.-
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crivelli, Esther Martha c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

El establecimiento por el decreto ley 8009 de declaraciones juradas y el reajuste también anual del monto de los beneficios,importa un sistema de balance anual 1 que evidencia que para la ley 5675 una cosa es el derecho al beneficio y otra su percepción,toda vez que estos últimos se encuentran condicionados a la circunstancia contingente de que aquella contabilidad arroje un saldo menor al monto de aquel.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bustos de Ramundo, Ana Luján c/ Pérez de Palacios, Noemí Josefa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

La denuncia del art. 72 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser equiparada a la querella, con el alcance que le da el art. 3.982 bis del Código Civil.
Salud humana, acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Y., V. DEL H. c/ I. P. DE S. DE S s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-14

En virtud de lo dispuesto por las Leyes 22431 y 24901 pesa sobre la demandada la obligación de cubrir los tratamientos solicitados y, por lo tanto, debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto condena a la obra social a cubrir el 100 % de las prestaciones que en virtud de tales leyes corresponden a la beneficiaria, entre las que cabe incluir la cobertura del 100% de los pasajes y estadía para la menor y un acompañante, tal como fuera ordenado.

La salud como valor y derecho humano fundamental, encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales, que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado por el art. 75 ap. 22 de la C.N., entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3 y 25 inc. 2º; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 10 inc. 3º y 12; y la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 4, 5 y 2; entre otros.

El reconocimiento y protección de la salud surge de varias disposiciones de la Constitución Nacional, en particular de los arts. 41, 42, 75 incs. 19 y 23.

A su vez, la Constitución de la Provincia, en sus arts. 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42, contiene preceptos concretos y claros referidos a la protección del derecho a la vida y a la atención de la salud.

El derecho a la preservación de la salud, es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga.

La Ley 24901 establece en su articulado un sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, a los fines de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

La Ley Provincial 7600 que adhiere al sistema de la Ley Nacional modificada por Ley 7614, prescribe que el Instituto de Salud de Salta está obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas según Ley 24901.

Bajo la alegada afectación del principio de solidaridad contributiva -en virtud del cual es necesario un uso proporcional y cuidadoso de los recursos con que cuenta la obra social para brindar el servicio de salud-, la demandada no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras para cumplir con las prestaciones exigidas por los restantes afiliados y beneficiarios.

Es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción.
Revocación de sentencia, procesamiento, abuso sexual, corrupción de menores, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: R. C. M. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dictado el 27/9/2018 en el expediente "R. C. M. s/ abuso sexual" (causa nº 4893/2012), donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto de la juez de la instancia de origen que sobreseyó al imputado. Los vocales revocaron la resolución y dispusieron el procesamiento del imputado por considerarlo autor del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años (art.125 párrafos 1 y 2 del CP), encomendando al juzgado que se expida respecto de las medidas cautelares correspondientes.

Fuente del sumario: OFICIAL
Medidas cautelares, cuestiones de competencia, competencia civil, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Citati, Pedro c/ Citati, Alberto Federico s/ Medidas precautorias s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Si las actuaciones resultan accesorias a otras, corresponde declarar la competencia del juzgado que conoce en el proceso principal. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Ley de contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

En interpretación de la presunción establecida en el art. 23 de la LCT se consideró que el legislador ha establecido que debe presumirse que la relación de trabajo, si se prueba, proviene de un contrato y no de otra fuente, lo que supone que quien invoca una relación laboral subordinada debe probarla con los indicios o pruebas directas de que provee el derecho procesal.

En el mismo sentido se entendió que la "prestación de servicios" a la que alude la norma no puede ser otra que la cumplida en relación de dependencia ya que en toda la ley no hay referencia posible a otras prestaciones que no sean las que reúnen las condiciones tomadas como indispensables por aquélla para su aplicación (arts. 4, 5, 21, 22, 27, etc.) .
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., M. C. c/ T., M. S. y otros s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

Conforme a lo dispuesto por el art. 374 del C.P.C., en caso de muerte del alimentante y dado que la obligación alimentaria se funda en el núcleo de familia, existente entre aquel y el alimentista, la obligación no se transmite a los sucesores.
Recurso de revisión (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VERNET CAMILA c/ ANTONIO CACCIOPPOLIS s/ DESALOJO  -  EJECUCION DE SENTENCIA - HONORARIOS - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-12

La decisión de la cámara que revoca la regulación de honorarios del primer juez sin dar ningún fundamento, es impugnable en revisión por ausencia de motivación.
Filiación, daño moral, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: B.J. c/ M.C.A. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-25

Es improcedente condenar al padre biológico de los niños a abonar el daño moral por la falta de reconocimiento de la paternidad, pues los menores, al poco tiempo de nacidos, fueron inscriptos como hijos del esposo de su madre, por lo que el demandado no podía ir al Registro Civil y reconocerlos como sus hijos, dado que se lo impedía el art. 250 2do. párr. del Código Civil y, si el ente público lo hubiese hecho, el acto hubiese sido nulo de nulidad absoluta, máxime cuando los menores nacieron cuando la mujer vivía con su marido, de manera que ni siquiera podría decirse que había caído la presunción de paternidad contemplada en el art. 243 del citado cuerpo legal
Municipalidad, personal municipal, inspector de policía de tránsito, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Osvaldo Rene c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 635-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-01

No cabe reconocer al agente el otorgamiento del "suplemento por riesgo y tareas peligrosas" previsto en el artículo 55 de la ley 9286 (Anexo II), cuando el artículo 2 del decreto 3625/83 no menciona, entre las funciones cuyo ejercicio autoriza el pago de dicho suplemento, a las de Inspector de Tránsito, las que son invocadas por el actor como sustento de su pretensión.
Inadmisibilidad del recurso, disparo de arma, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Giuggio Jonathan Adán y otros c/  s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-14

Es inadmisible el RE interpuesto contra el pronunciamiento que rechazó el recurso de casación contra la condena por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, ya que la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal y no se han demostrado defectos graves en la decisión recurrida para que prospere la impugnación con respaldo en la doctrina de la arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).