Competencia contencioso administrativa, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pérez, Ramón Héctor c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-12

Disiento respecto de la decisión que se propone en los votos antecedentes, aún cuando ya está formada la mayoría, expreso mi opinión. Se dice que no existe determinación pecuniaria del objeto sometido a la jurisdicción.

Respecto de tal cuestión se debe tener presente que la pretensión instaurada, tuvo en un primer momento asignado el carácter de inconstitucionalidad y que se tramitaría en los términos de la Ley 2403 como de "Ilegitimidad o Anulación" y concluye con el dictado, por parte del Alto Tribunal local, con el dictado de la Sentencia Definitiva número ocho del veintitrés de Marzo de dos mil cinco por la que se decide el rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta, con imposición de costas al vencido y se expresó: "quedando pendiente de resolución una acción reparativa planteada en subsidio de la que debe correrse traslado a la administración ...".

Luego se ordena correr el traslado, referido, de la acción contencioso administrativa se cita y emplaza a la demandada a estar a derecho; se efectúa notificación por el actor; el profesional entonces apoderado del Ente municipal, solicita regulación de honorarios, la que se produce según Sentencia Interlocutoria número ciento treinta y cinco del veinticinco de Octubre de dos mil cinco que corresponde a la tarea cumplida en el trámite de inconstitucionalidad.

Vuelvo a las constancias de la causa: ofrecimiento de prueba del actor se solicita la designación de un perito para que se pronuncie sobre el valor del local donde funciona la barraca; ante el pedido de anticipo de fondos del experto, la parte actora procede a efectuar el depósito judicial de aquéllos; luego el actor solicita se ordene al perito proceda realizar la actualización de la pericia ya efectuada a: ". fin de establecer el valor real y actual del bien peritado"; el perito cumple con la tarea encomendada y establece que el valor del inmueble alcanza a la cantidad total de $422.343,95; al proceder al traslado de las partes de las operaciones realizadas, solo la demandada formula observaciones, la accionante por su parte solicita el requerimiento de informes al Colegio de Arquitectos e Instituto de la Vivienda, comparte en esto lo peticionado por la demandada, indica que ello es a fin de abonar claridad y certeza a la actualización.

En ese estado de la causa se presenta nuevo representante procesal de la demandada, acusa negligencia en la producción de la prueba y peticiona se declare la caducidad de instancia, se corrió traslado de la pretensión, contesta la contraria en presentación conformándose el contradictorio que se resuelve mediante Sentencia Interlocutoria número cincuenta y siete, del once de Abril de dos mil doce se resuelve por mayoría declarar la caducidad de la instancia.

Sabemos que la caducidad de instancia es un modo de terminar el proceso, al decir de Couture, Fundamentos del Derecho Procesal, "Las sentencias interlocutorias son aquellas que deciden incidentes surgidos en ocasión del juicio." Dirime controversias accesorias, que surgen con ocasión de lo principal.

Se denomina incidente a todas las cuestiones contenciosas que pueden suscitarse durante el desarrollo del proceso y guarden algún grado de conexión con cualquiera de los elementos que lo integran, es decir con el objeto, o con las dimensiones de lugar, tiempo y forma en que se escinde la actividad procesal (L.E. Palacio Derecho Procesal Civil, T. IV, pág. 258.

Concretamente, la profesional que solicita regulación de honorarios, tuvo intervención en un incidente en el que se dictó sentencia interlocutoria que puso fin al proceso; además la pretensión contenida en esta segunda etapa en la que se dividió el proceso (resarcimiento - acción contencioso-administrativa) cuenta con base económica suministrada por la actora, que se encuentra consentida y usando su vocabulario , su parte estima correcto el pedido de informes para abonar la claridad y certeza de las operaciones efectuadas por el perito.

En consecuencia tenemos que tomando la base económica de $ 422.342,95 aplicando los Arts. 6, 7 y 33 de la Ley de Honorarios tenemos que el 15% de aquélla alcanza a la cantidad de $ 63.351, 44, que corresponde al total de la causa, a ese monto le aplicamos el 15% al tratarse de un incidente, la suma a regular es de $ 9.502, 71, todo ello tomando términos medios de la escala arancelaria, monto que se compadece con lo determinado por Acordada Nº 4183/11 del Tribunal Superior.

(Del voto del Dr. Bastos, en disidencia)