marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto sobre los ingresos brutos, AFJP
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

No existe extralimitación del legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que las sumas destinadas al pago las primas de seguro, al ser ingresos de un tercero, constituyen "materia no gravada", un supuesto de "no incidencia" o "no sujeción" para la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Por lo tanto, no existe colisión entre el art. 116 de la ley 24.241 y la ordenanza fiscal local (en este caso, los arts. 111 y cs. de la OF 1994).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casco, Epifanio Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Como la ley 7918 exige para los beneficios que consagra que los servicios prestados en la administración de justicia lo hayan sido "en forma efectiva" (art. 3º), no corresponde considerar -a los fines del cumplimiento de tal requisito- los servicios fictos, ésto es, los períodos de inactividad como los reconocidos por la ley 8118. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, expresión de agravios, deserción
Materia: CIVIL
Carátula: MIRANDA ATILIO DE JESUS c/ OMAR ZURITA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-11-25

Todo lo que se relacione con la apreciación, interpretación y eventual apartamiento por deserción de la pieza de expresión de agravios, es cuestión de hecho diferida en soberanía a la alzada, salvo absurdo, que al no configurarse torna no viable el recurso interpuesto.
Juicio ejecutivo, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barreyro, Ismael Esteban c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Debe responder el banco accionado sobre cobro ejecutivo, ante una grave negligencia de su personal que no verificó la impresión de un certificado de depósito y su correspondencia con el depósito real, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar en un proceso amplio posterior, la eventual realidad de la inversión.
Juicio correccional, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bieza, Víctor Federico s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Enrique Lilljedahl y Fernando Navarro en contra de Auto Nº 20/12: Bieza, Víctor Federico - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-20

El Juzgado Correccional no hizo lugar a la Suspensión de juicio a Prueba (Homicidio Culposo).

La defensa técnica interpuso recurso de casación.

El tema del recurso fue reiteradamente tratado por este Tribunal (vg., "Segura", Auto Interlocutorio Nº 15/10; "Agüero", Sent 20/10,etc.; "Aroca", Sent. 38/12") que, con fundamento en una interpretación compatible con la manifestada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02), se ha pronunciado invariablemente por la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis in fine del Código Penal) si el delito endilgado al causante tiene prevista pena de inhabilitación; y ha rechazado en cada oportunidad la pretensión según la cual, en la causa "Norverto" el Máximo Tribunal habría variado ese criterio. Por ende, para evitar reiteraciones innecesarias, y atento a que los argumentos propuestos en el recurso no son novedosos, me remito a las consideraciones efectuadas entonces.

Por todo ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Noel y Cía.  SA s/ Pedido de quiebra por Noel, Carlos Martín M. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-02

Si los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja pueden, "prima facie", involucrar cuestiones de orden federal debe declararse procedente la queja y decretarse la suspensión del curso del proceso, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso (art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: CLARA ELENA CRUZ c/ FLORENCIO SANCHEZ Y FRIGORIFICO INDEPENDENCIA s/ RECURSO DE CASACION INDEPENDENCIA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-12-19

Las sanciones conminatorias o astreintes pueden ser dejadas sin efecto una vez que la obligación principal se cumple, porque tienen el carácter de provisorias.
Acción de amparo, derecho de enseñar y aprender
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., R. A. y otro/a c/ Instituto José Manuel Estrada y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

La pretensión de los apelantes enderezada a que se re-evalúe el examen de Matemática rendido en primer término, carece totalmente de atendibilidad pues la denunciada transgresión no aparece como un hecho que lesione o amenace en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de derecho constitucional alguno del accionante al haberse dispuesto a través de la Dirección General de Cultura y Educación, un nuevo examen cuyos contenidos, evaluación y mesa examinadora, fueron válidamente consentidos por la representante legal del menor.
Recurso de nulidad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Milan José. c/ Domkin, Eduardo. s/ Cobro de Pesos. Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-03-23

El objeto de recurso de nulidad no consiste en obtener la revisión de un pronunciamiento judicial que se considere injusto, sino en lograr la rescisión o invalidación de la sentencia, por haberse dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescripta por la ley, de ahí que no constituye materia de dicho recurso, sino del de apelación las cuestiones de fondo que hacen a los relativos a la errónea aplicación del derecho o valorización de la prueba.
Régimen disciplinario administrativo, proceso penal, defensa en juicio, Poder Judicial, principio de legalidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS EDUARDO GUARDIA c/ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION s/ MEDIDAS DISCIPLINARIAS-    SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA- SUPREMACIA    ACCION    DE   AMPARIO-  SUPERINTENDENCIA-  SUMARIO  ADMINISTRATIVO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-25

Aún cuando las correcciones disciplinarias no importen el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas, no cabe olvidar que las sanciones de esa índole requieren para su validez la observancia del principio de legalidad, de la defensa, y de la indispensable intervención de un tribunal judicial. Por ello, cuando tales funciones jurisdiccionales- administrativas son ejercidas por órganos que no integren el Poder Judicial, se requiere garantizar una posterior instancia de revisión del mismo carácter: judicial, lo cual no es exigible si las facultades de referencia son ejercidas por tribunales de justicia.
Municipalidad, personal municipal, muerte, indemnización, pensiones, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabrera, Cándido -Sucesorio- c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 136-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

Si bien los actores justifican su condición de herederos del causante, esa calidad, no es suficiente para reconocerlos como beneficiarios de la indemnización prevista por el artículo 32 de la ley 9286, porque dicha norma establece que esta indemnización "...se abonará a los derechohabientes, en la forma y condiciones previstas para gozar de pensión, de acuerdo con las normas previsionales para el personal dependiente...". Es decir que no basta ser derechohabiente del empleado municipal fallecido para convertirse automáticamente en beneficiario de la indemnización prevista en el artículo 32, sino que se requiere reunir las condiciones legales para ser beneficiario de pensión. Por ello no puede prosperar la petición de que la indemnización reclamada sea depositada a la orden del Juzgado ante el cual tramitó la sucesión del causante, por cuanto, como se observa, no se trata de un derecho que hubiera nacido en cabeza del agente -y, por ende, susceptible de ser transmitido por muerte-, sino de un derecho nacido en cabeza de los derechohabientes con derecho a pensión.
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, daño causado con la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

"Sentada la intervención del ferrocarril en un accidente, no cabe exigir la prueba de otros extremos ni de la forma concreta en que se produjo el infortunio, pues al tratarse de un daño causado por el riesgo de la cosa (art. 1113, ap. 2, párrafo final, Código Civil), basta con que el actor demuestre el daño causado y el contacto con aquella, quedando a cargo de la dueña o guardiana acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder"
Recurso de apelación (procesal), efecto diferido del recurso, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Boston  Scientific  Argentina  SA  y  otro c/ Carnero, Ruben s/ consignación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-27

Debe declararse mal elevadas las actuaciones a la alzada y tener presente en los términos del art. 110 de la L.O. el recurso de apelación interpuesto por un codemandado quien planteara una excepción de litispendencia, refiriendo conexidad entre los reclamos. No se da ninguna de las excepciones contempladas en el artículo referido. Asimismo, los autos que conceden o deniegan apelaciones no son susceptibles de reposición o apelación, sino únicamente de queja ante el tribunal superior.
Permiso de venta en la vía pública, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación de Vendedores Independientes de la Vía Pública de la RA y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-15

No se advierte cómo las normas impugnadas, que suspenden el otorgamiento de nuevos permisos para la elaboración y expendio de alimentos en la vía pública y disponen el cierre del Registro de Postulantes, conculcarían el interés propio del accionante o, en palabras de la Cámara, "tendrían incidencia en sus derechos laborales", toda vez que el amparista gozaría de un permiso cuya vigencia se encuentra prorrogada. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, segunda instancia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: EDGARDO E. VIGO OCHOA c/ ENCOTEL,  VALADO  ANTONIO, EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE  S.A.  Y/O RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Los porcentajes previstos por el art. 14 de la ley 21.839 para la regulación por las actuaciones en la alzada, aparecen referidos a la cantidad que "deba fijarse" para los honorarios de primera instancia y no a la que, en concreto, se haya fijado.
Recurso de inconstitucionalidad, escrito recursorio, traslado, trámites judiciales, recurso de nulidad, proceso penal, partes, actor civil, nulidad procesal, facultades de saneamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., I.B. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLIC  O Y DEFRAUDACION- RECURSO DE NULIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 663 AÑO  1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Debe desestimarse el recurso de nulidad articulado por el actor civil contra la providencia de la Corte que le corrió el traslado previsto en el artículo 4to. de la ley 7055 por entender que ese derecho debió ejercerlo en forma previa a que la Cámara Penal resolviera la admisibilidad, desde que dicha parte no ha esbozado siquiera de qué defensas se vería privada de articular por serle corrido en traslado en esta instancia, lo que convierte a su postulación en un pedido de nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inadmisible en virtud del principio de protección de los actos procesales
Competencia federal, estupefacientes, contrabando
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ADROVER, CRISTIAN H. s/ LEY 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Por razones de especificidad, toda la materia de estupefacientes queda incluida en la esfera de competencia de la justicia federal, y dentro de ella, el contrabando previsto en el art. 866 del Código Aduanero. Otra interpretación conspira contra la adecuada investigación de este tipo de delitos, contrariándose inadvertidamente la letra y el espíritu de la Ley 23.737.
Extradición, nulidad del acto jurídico, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

Al plantear la nulidad del pronunciamiento por el que se denegó la extradición, el incidentista no demostró de qué manera el vicio procesal que alegara, le produjo algún agravio, ni tampoco este tribunal lo advierte desde que ninguna influencia negativa a los intereses de la República Federal Alemana pudo tener la resolución del señor Magistrado de Primera Instancia en cuanto rechazó tales planteos efectuados por el encartado. Debe tenerse en cuenta que para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho. Y esto así, más allá de que se trate de una nulidad relativa o absoluta. (Voto del Dr. Riggi, adhieren la Dra. Ledesma y el Dr. Tragant según sus votos).
Habilitación de feria, trabajador con cargas de familia, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COSTIA OSVALDO ARTURO c/  s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS - HABILITACIÓN DE FERIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-24

La actuación del tribunal de feria corresponde en forma excepcional, solo para asun-tos que no admitan demora -art. 4º del Reglamento para la Justicia de la Nación- en que la falta de resguardo de una medida especial en un momento determinado pueda causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo (Cfr. Morello, A. M y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T. II-B, págs. 860/1).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, robo en poblado y en banda
Materia: PROCESAL
Carátula: Lozano Espinoza, Marco Antonio y otros s/ robo en poblado y en banda en grado de tentativa (Causa N? 14.308).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El fundamento referente a que la agravante del delito de robo por ser cometido en banda se sustenta en el mayor poder intimidatorio que con respecto a la víctima tiene la actuación de una pluralidad de autores no constituye por sí solo argumento idóneo y objetivo para excluir de dicha calificación a los supuestos de robo en banda con fuerza sobre las cosas, ya que ello sólo pone de manifiesto que el a quo realizó un análisis parcializado de las diversas normas que integran el capítulo II del título VI del Código Penal.
Seguros, seguro de incendio, cláusulas del contrato, energía eléctrica, acción de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios 25 de Mayo 743/745 c/ Zurich Aseguradora Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Y si bien el consorcio sostuvo que la causa más común de incendios "es la producida por corto circuitos, bajas y subas de tensión eléctrica", nada hizo para apoyar su postura. Ni siquiera incluyó ese extremo en la pericia técnica efectuada. La gravedad de la afirmación, y sus pretendidas consecuencias, imponían intentar al menos un mínimo de actividad probatoria de parte del reclamante.
Excepciones procesales, excepción de cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: P., N.L. c/ O.S.P.B.L., C. y A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-31

A los efectos de la excepción de cosa juzgada, es irrelevante la circunstancia de tratarse de acciones diferentes, cuando las mismas dimanan de la misma relación jurídica y porque los efectos de la sentencia alcanzan a todos aquellos aspectos que han sido motivo de un pronunciamiento expreso o implícito en el juicio anterior, ya que la cosa juzgada cubre tanto las cuestiones debatidas y resueltas, como las que no fueron objeto de debate, pudiéndolo haber sido.
Tasa de justicia, registro de marca, solicitud de marca, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Muñecos  S.A.C.I. y F. c/ Simonetti Lando y otros s/ Cese Uso de Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Realizando una armónica interpretación de los arts. 2, 4 inc. d) párr. tercero y 6 de la ley 23.898 surge que en autos se debe abonar la totalidad del importe que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibe para la solicitud de registros.

Que, ello es así, puesto que de tributar el 3% sobre el monto que percibe el organismo administrativo por cada solicitud de registro, se llegaría al absurdo de oblar una suma totalmente insignificante atendiendo a la naturaleza, entidad y trascendencia económica de las cuestiones debatidas en este tipo de procesos, lo que deviene manifiestamente inadmisible y contrario a la finalidad y propósitos de la ley de tasas judiciales.
Concurso preventivo, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: COMERCIAL
Carátula: O., A. s/ Incidente de Verificación Tardía en A.D.O.S.T. s/ConcursoPreventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-02

La opinión doctrinaria sobre la necesidad de un plazo de "caducidad" es mayoritaria. Se ha apuntado que la admisión de los dormidos, morosos o tardíos es, en realidad, una excepción al principio de control correspectivo, y salvo supuestos particulares, en que puede dispensarse la demora, no se advierten razones para tratar con tolerancia o simpatía a tales acreedores. Fueron llamados como los demás, pudieron haber efectuado su solicitud de verificación, generan trabajo adicional a la sindicatura y al tribunal, y afectan la "certeza" sobre el pasivo, al menos hasta el vencimiento del plazo de prescripción. Parece sensato encontrar un punto de equilibrio frente a un escenario tan desbalanceado a favor del verificante tardío, y -además- para determinar definitivamente el pasivo concurrente, creyendo el legislador encontrar en la prescripción concursal la respuesta adecuada, que tiende a dar un marco de seguridad a los concursos.
Litispendencia, recursos, planteo oportuno
Materia: PROCESAL
Carátula: T., L. A. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

Atento que autos se daría la hipótesis de afinidad procesal, ello me persuade de la necesidad de extender los efectos de la impugnación deducida por una sola de las partes (la demandada) a todos los casos en los que la actividad recursiva haya sido oportuna y temporáneamente ejercitada por ésta, más allá de quién o quiénes deban responder, en definitiva, en cada caso concreto.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, cosa juzgada, cancelación de deudas, autoridad de aplicación, acto administrativo, presunción de legitimidad, Obra Social para la Actividad Docente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CENTRO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA Y OTRO c/ OSPLAD s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Si bien es cierto que tanto la actora como los profesionales que intervienen en su dirección letrada y representación, consintieron las resoluciones que declararon aplicables a sus créditos la Ley de Consolidación de la Deuda Pública, cobra importancia la manifestación de la accionada en cuanto a que el Ministerio de Economía la declaró excluida del régimen de la Ley 23.982, y carece de trascendencia actual su intento por obtener una decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional para que deje sin efecto la resolución impugnada, ya que aquélla produce sus efectos en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la Ley 19.549, que establece que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, e implica que su fuerza ejecutiva faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios (C.S.J.N., in re "Senok, Oikos y Fades s/Resolución I.G.J." del 10.12.87 y "Mosquera, Roberto Lisandro c/Administración Nacional de Aduanas" del 17.10.92). Si quien está facultado para resolver las cuestiones específicas que genere la puesta en práctica del régimen de consolidación (cfr. art. 36, Decreto 2140/91) estima que la Obra Social para la Actividad Docente no se encuentra alcanzada por sus previsiones, la solución debe atender a dicha realidad, pues, de lo contrario, que alternativa tienen sus acreedores para obtener la satisfacción de sus créditos. La deudora se ampara en la cosa juzgada que admitió la consolidación; sin embargo, el Estado Nacional, a través de su autoridad de aplicación, resuelve que no puede invocar tal régimen. Y sin lugar a dudas, la decisión que se adopte en ese ámbito adquiere relevancia, pues emana de quien -por intermedio de la Secretaría de Hacienda-formula los débitos previstos en el art. 6 de la Ley 23.982 a los organismos comprendidos en el art. 2 de la citada norma, a medida que ordena los pagos en efectivo y en bonos de consolidación mediante los mecanismos previstos normativamente (cfr.

art. 5, Resolución 18/92).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, incapacidad laboral, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURA, MARIA c/ CARABAJAL, ANTONIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Quien como consecuencia de un accidente de tránsito sufriera múltiples fracturas, por lo que debió ser sometido a una intervención quirúrgica y se produjo una disminución de la capacidad laborativa del 40%, tiene derecho al pago de una indemnización de suma en la etapa de ejecución deberá deducirse la suma percibida en concepto de indemnización de parte del empleador.