marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ombudsman, tarifa de servicios públicos, ley nacional, Estado Provincial, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vallejos Tressens, César A. c/ Estado Nacional Argentino s/ amparo ley 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-25

Corresponde desestimar la demanda colectiva promovida por el Defensor del Pueblo provincial dado que éste carece de legitimación para cuestionar judicialmente resoluciones adoptadas en materia tarifaria por autoridades de carácter nacional.
Prueba pericial, impugnación de la pericia, pedido de explicaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Bartolomé c/ Kloden, César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Resulta improcedente los cuestionamientos a pruebas periciales en sede de agravios, ya que la impugnación debe efectuarse tempestivamente en la instancia de grado, oportunidad que no es recuperable ya que implicaría una tardía verificación probatoria en etapa ya clausurada, instalando una peculiar situación en la que ya no se podría oír al experto.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, Municipalidad, personal municipal, retrogradación, acto administrativo, consentimiento, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Niizawa, Ricardo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 296-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Aunque -por vía de hipótesis- se admitiera que el recurrente estuvo realmente condicionado por las circunstancias a que refiere (actos intimidatorios), ello no tornaría admisible el recurso contencioso administrativo, ya que los plazos utilizados para recurrir exceden los más razonables términos en que tales cuestiones pudieron ser propuestas. En efecto, el recurrente afirma que dado el "cierto y grave temor" que lo afectaba, recién reclamó "cuando el autor de la maniobra había cesado en el gobierno municipal...(esto es,)...en junio de 1983"; sin embargo, tal argumento queda desvirtuado al advertirse que, en realidad, la primera vez que impugnó el decreto fue en el mes de enero del año 1985. Por ende, aunque en el sub judice se admitiera que alguna circunstancia excepcional incidió en la oportuna impugnación del acto, es claro que dicha situación habría en todo caso permitido justificar la inactividad recursoria del actor mientras ella durase, o -en todo caso- hasta tanto se renovaran las autoridades que habrían dado lugar a aquélla, según el propio actor acepta, mas no alcanzaría para justificar un lapso de inactividad cercano a 13 meses contados desde que asumieron las autoridades del gobierno democrático.
Ministerio Público Fiscal, nombramiento ilegal de funcionario público, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrogancia de funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: De Martino, Antonio Conrado s/ su presentación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Corresponde declarar la ilegalidad de la resolución 30/12 de la Procuración General de la Nación, que designó una Procuradora Fiscal subrogante ante la Corte pero, por elementales razones de seguridad jurídica corresponde mantener la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas por dicha funcionaria hasta la fecha del pronunciamiento del Tribunal.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Britos Hermosilla c/ Holze s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La prioridad de paso es un derecho que debe ser ejercido apropiadamente en función de las circunstancias del caso, pero juega cuando los automotores llegan al cruce en forma más o menos simultánea.-
Derechos humanos, derechos personalísimos
Materia: CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Cualquiera sea el carácter jurídico que se le asigne al derecho a la vida, al cuerpo, a la libertad, a la dignidad, al honor, al nombre, a la intimidad, a la identidad personal, a la preservación de la fe religiosa, debe reconocerse que en nuestro tiempo encierran cuestiones de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser humano y su naturaleza individual y social.
Obras sociales, universidades, aportes a obras sociales, opción de obra social, sistema nacional del seguro de salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sargenti, Amalia  y  otros c/ Instituto Nacional de Obras Sociales(INOS) s/ amparo - ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

No se advierte que exista posibilidad efectiva de garantizar el ejercicio de la libertad de elección reconocida por la ley 24.741 a los trabajadores de las universidades nacionales, si no se reconoce al organismo administrador del Sistema Nacional del Seguro de Salud, competencia para acordarle la correspondiente autorización para percibir las contribuciones y los aportes de los trabajadores que optasen por la asistencia de la obra social regida por la ley 23.660 que hubiesen elegido.
Daños y perjuicios, locación de obra, responsabilidad del dueño de la obra, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: EDENOR S.A. c/ TELECOM S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Quien, obedeciendo a necesidades propias de su giro empresarial, encomienda la ejecución de una obra a una empresa jurídicamente independiente, no puede soslayar el debido control y supervisión integral de las condiciones en que se lleva a cabo. Por lo tanto, al resultar "dueña" de la obra, y obtener el provecho económico, deberá soportar los riesgos creados hacia terceros
Instrumentos privados, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL
Carátula: CLAY 2902  S.R.L. c/ FERNANDEZ GARDON JESUS Y OTRA s/ REIVINDICACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

No obstante que el art. 1028 del Cód. Civil establece que el reconocimiento judicial de la norma basta para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido, la enmienda no debidamente salvada donde el instrumento aparece adulterado, pues la letra con que se designa la unidad que se entrega en posesión fue borrada y manuscrita sobre lo borrado, suscita la inmediata sospecha contra la veracidad de aquella mención y si el interesado ningún intento hizo por acreditar la exactitud de que se trataba de la unidad letra "A" y que además, la totalidad de los documentos públicos indican que fue la designada con la letra "B", en la duda ha de estarse por no otorgarle validez.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ghioldi, Julieta c/ Lagier, Marcela s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

En relación a la responsabilidad, se difiere en cuanto a la normativa aplicable, es decir si la cuestión cabe en el ámbito de la responsabilidad objetiva del artículo 1113 del Código Civil, o en el de la culpa del artículo 1109 del mismo Código; sobre todo cuando se introduce en la cuestión la "aceptación del riesgo" que se supone debe existir por parte del transportado dada la gratuidad del transporte. La falta de consenso, tiene su fundamento en una cuestión más psicológica que jurídica, ya que quienes juzgan los hechos ven con cierta repugnancia que quien por una razón de amistad, conocimiento o simple amistad, es decir una persona que ha actuado en forma altruista y desinteresada, se ve compelida a afrontar, a veces con consecuencias gravosas desde el punto de vista económico, el resarcimiento del daño a aquel a quién prestó un servicio.
Coautoría, privación ilegal de la libertad calificada, torturas, homicidio calificado, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

El imputado que se desempeñó como personal civil de Inteligencia militar, integrante del grupo de tareas cargo de los secuestros y traslados, la realización de los interrogatorios, torturas y custodia de los detenidos, resulta coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio agravado por alevosía por el lugar que detentaba dentro de esa estructura de poder, donde tuvo el codominio del acontecer causal pues disponía del imperium de dejar continuar, de interrumpir o hacer cesar la concreción del resultado típico e intervino con absoluto conocimiento del plan sistemático integral y clandestino cuyo objetivo principal era la aniquilación de todo opositor político.
Prioridad de paso, giros
Materia: CIVIL
Carátula: OTAROLA, Mariela Andrea c/ Cerdera, Miguel Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-14

Además de ello, se puede agregar aún cuando resulta innecesario que la prioridad se pierde cuando "se vaya a girar para ingresar a otra arteria" conforme punto 3 inc. g art. 41 ley 6684.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, falta de personería, mandato, poder
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASANOVA, MARIO Y OTROS c/ ARMANDO TAORMINA Y OTRO s/ DESALOJO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 291-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-06

No cabe subsumir el caso en la hipótesis prevista en el artículo 1 inciso 2 de la ley 7055 si en la causa no medió ningún cuestionamiento de la inteligencia de preceptos constitucionales ni recayó resolución contraria a los derechos o garantías fundadas en ellos; y se trató, simplemente, de una interpretación de normas procesales y de derecho común que los recurrentes estimaron contraria a reglas constitucionales pero sin demostrar la relación directa e inmediata entre lo decidido y los principios vulnerados en el caso, los recurrentes consideran que la sentencia que rechaza la excepción de falta de personería interpuesta por entender que medió mandato y por ende que el profesional pudo sustituir poder, produce una lesión directa e inmediata de los derechos de defensa y propiedad que emanan de una recta inteligencia de los artículos 6, 7, 9, 15, 55, inciso 4) y concordantes de la constitución provincial, ya que dicha normativa les aseguraba no tener que litigar con quien no era genuino representante judicial.
Proceso contravencional, incidente de recusación, recusación por prejuzgamiento, garantías procesales, jueces naturales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N, G. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de recusación Incidente de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

En el caso, si bien el predio constituye una unidad, se llevaron a cabo en él distintos e independientes emprendimientos comerciales, por ende las clausuras preventivas recayeron sobre establecimientos diferentes y obviamente las consecuencias jurídicas no serán idénticas para los imputados, pues la valoración dada por el juzgador para el imputado en cada caso, no será vinculante para otro sujeto pasivo de este proceso.

Afirmar que el a quo no podrá resolver con la independencia de criterio que un Juez debe tener, es fundar la petición en la probabilidad de un hecho que no surge de ningún modo de la actuación del magistrado; no se puede apartar al Juez natural de la causa por simples probabilidades.

Resolver de otro modo, en base a meras conjeturas, afectaría severamente la garantía de juez natural contenida en el artículo 13, inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asimismo la competencia por turno que el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Contravencional le otorga al magistrado interviniente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Héctor c/ FIASA y otra s/ Indemnización daños y perjuicios Poo, Raúl y otros c/ ESEBA S.A. s/ Diferencias salariales. Convenio colectivo Araneda Guevara, Iris Lilia L y ots. c/ Biblioteca Municipal Pública del Partido de Gral Pueyrredón y Municipalidad Gral. Pueyrredón s/ Cobro diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18|2001-04-25|2000-03-22

Cuando la ley regula el recurso de inaplicabilidad no establece, ni expresa ni implícitamente, que las que rigen la valoración de la prueba sean leyes de una categoría especial y que, por ello, resulten en principio excluidas de dicho recurso extraordinario. (Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, resoluciones judiciales, sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: P. H. H. c/ I. E. R. y otro s/ desalojo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-23

Para que proceda la tacha de arbitrariedad se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación. Es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso.
Contrato de obra pública, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROAS CONSTRUCCIONES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 186-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

La falta de confección del acta de medición de trabajos ocultos determina que para definir la cantidad de trabajo realizado se habrá de estar a las demás pruebas producidas por las partes. No puede constituir óbice para ello el hecho de que el Pliego de Bases y Condiciones disponga que sólo corresponde tomar en cuenta los valores del acta, puesto que dicha prescripción supone que haya existido acta.
Debate, imputado, declaración policial, testimonio, prueba prohibida
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: HEREDIA, PEDRO LUCIO s/ IMPUTADO - TESTIMONIO - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-11-04

Es prueba ilegalmente introducida la confesión autoimputativa de un imputado o autoincriminatoria de un coimputado en el mismo hecho, que todavía no esté condenado, no haya sido absuelto o no se halle prófugo y traída al debate por el policía que recibió, en el acto de indagatoria, dichas declaraciones, ya que con ella se violan los arts. 390 y 402 C.P.P. (Voto de la Minoría).-
Honorarios, honorarios del perito, falta de dictamen pericial
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ GONZALEZ c/ EL ACUERDO CIA. DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Al no haber realizado la prueba pericial, no procede la aplicación de las disposiciones arancelarias previstas por el decreto ley 16.638/57, lo que no excluye, sin embargo, la consideración de los trabajos efectivamente cumplidos por el perito.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, indemnización, culpabilidad, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: C, J C Y S, F R s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 172-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-02

Cada dueño o guardián responde por el daño causado al otro vehículo, eximiéndose tan sólo de su responsabilidad cuando acredite la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Es que, no es posible en la actualidad ceñirse al principio "pas de responsabilite sans faute", pues el contenido social de la responsabilidad, la concepción solidarista del derecho y la necesidad de no desamparar a las víctimas por los daños irrogados por el riesgo o los vicios de las cosas de considerable potencialidad dañosa, conlleva a declarar procedente la reparación aunque no se hubiera demostrado cabalmente la culpabilidad del propietario o guardián. Con ello se procura un reparto más equitativo en la asimilación de las consecuencias de los infortunios individuales y se ensaya una forma de loable cooperación social.
Obras sociales, afiliación a obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ O. S. Pers. Dirección Industria Privada del Petróleo s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Las obras sociales no pueden crear una categoría de afiliados al margen de las contribuciones y obligaciones comunes previstas por las leyes 23.660 y 23.661, sin afectar, al mismo tiempo, a las categorías de afiliados contempladas expresamente en esas normas, pues las prestaciones que cada uno recibe no son determinadas sobre la base de su aporte individual, sino del conjunto de los aportes realizados por los afiliados. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMUE HORACIO R. c/ DRAGHI MARIA E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-23

Es totalmente irrelevante, a los efectos de la legitimación para reclamar los daños producidos a un automóvil en copropiedad, el que los presupuestos vinculados con los trabajos a hacer en el automotor estén extendidos a nombre de una u otra persona, pues con ellos en todo caso no se tiende a probar la habilitación para el reclamo sino los deterioros y su significación económica.
Resolución del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Conapa (Cía. Naviera Paraná) c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ incumplimiento contractual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Al haber desaparecido la causa de la obligación originaria a raíz de la resolución de un contrato, el incumplimiento se torna definitivo, sin que resulte legítimo imponer a la actora la recepción del pago, pues mediando la eliminación de la causa de la obligación primitiva, no hay obligación emergente de ella que pueda solventarse.
Facultades del querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alaniz, Hilario s/ /recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-09

El particular damnificado se encuentra facultado para llevar adelante el procedimiento no obstante la solicitud desestimatoria del Ministerio Público Fiscal. La disidencia sostuvo que si bien el pretenso querellante tiene el derecho de interponer los recursos reconocidos por el Código Procesal, este derecho lo tiene, siempre y cuando se trate de una causa en la que encontrándose investigada la posible comisión de delitos de acción pública, el representante del Ministerio Público Fiscal hubiese instando debidamente la acción penal. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Recurso de apelación (administrativo), acto administrativo, nulidad del acto administrativo, confirmación del acto administrativo, banco central, entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Cabildo  S.A. s/ Apel. Res. 230  B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

El objeto de la apelación instituida en los artículos 46 de la Ley 21.526 y 32 de la Ley 22.529, consiste en la confirmación o nulidad del acto administrativo emanado del B.C.R.A. por el que se dispone la revocación de la autorización para operar de una entidad financiera y su consiguiente liquidación. Por lo tanto, el contenido de la sentencia a recaer en él se debe limitar a confirmar dicha disposición o a declarar su nulidad, esto es, la reanudación de la actividad de la entidad liquidada, sin que pueda resolverse en dicho pronunciamiento ninguna otra cuestión.
Privación ilegal de la libertad, torturas, autoría, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

El oficial de inteligencia resulta autor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, dado que el mismo ha dominado los hechos y efectuó aportes directos para su ejecución, estando la víctima ilegítimamente detenida bajo su órbita cuando la misma fue torturada y llevada a un allanamiento ilegal realizado en la casa donde residía antes de su detención. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en disidencia parcial)
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ ANTONIO JOSE c/ JORGE ROBERTO ASSANDRI s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-29

El decreto-acuerdo 0058-g/92, en sus artículos 2º y 3º inc.c) dispone que cuando deba procederse a la regulación de honorarios devengados en juicio y ante la inexistencia de convenio de partes, los jueces podrán tomar como "referencia"las pautas y escalas arancelarias establecidas por ley, de lo cual sólo cabe concluir que actualmente tales disposiciones no son de aplicación obligatoria. Esto se ve corroborado por la disposición del art. 5º del mismo cuerpo legal, que deja sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en esta materia.
Testamentos, testamento por acto público, escribanos públicos, vocación hereditaria, incapacidad para suceder
Materia: CIVIL
Carátula: PASIN, Mafalda c/ PANTAROTTO, José Luis s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16

1- Para invalidar la vocación hereditaria, que exige como presupuesto objetivo la capacidad de quien pretende asumir o investir las titularidades transmisibles del causante, deben existir dos condiciones de eficacia: que el testamento haya instituido a la persona a quien la ley prohíbe recibir de él (conf. arts. 3664, 3686 y 3734 a 3741 del Código Civil) y que la incapacidad existió al momento que la sucesión se difiere.

2- La ley presume la captación de voluntad del testador suficiente para decretar la nulidad de las disposiciones respectivas por la sola constatación de beneficios a favor del escribano y testigos, o sus esposos o parientes dentro del cuarto grado.

3- Pero, si se demuestra que en las mandas no ha mediado esa influencia o aprovechamiento y no contiene el testamento una disposición a favor de los testigos que participaron en la conformación del acto de última voluntad, no se desprende la condición esencial para hacer caer el acto de la institución hereditaria.

4- Es que, el parentesco que invalida el testamento debe serlo respecto del testador, porque el existente entre varias personas no es obstáculo para que sean simultáneamente testigos en un testamento (art. 3703 del Código Civil).

5- De ahí que resulta válida la institución hereditaria efectuada por el testador a favor del hermano de uno de los testigos, pues al ser pariente colateral no cae dentro de la prohibición establecida en el art. 3702 del Código Civil.

(Sumario N°19422 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Recurso extraordinario, pronunciamiento inoficioso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Reginald RAYFORD s/ CONSTITUCION  NACIONAL  -  DERECHOS Y GARANTIAS - DEFENSA EN JUICIO -  JUICIO CRIMINAL - ALLANAMIENTO  - PRUEBA - ESTUPEFACIENTES - TENENCIA  Y SUMINISTRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

Son inatendibles las alegaciones que plantean la violación del régimen penal de la minoridad. Ello es así, puesto que el recurrente no demuestra que el condenado sufra gravamen actual por la no aplicación del régimen que propugna, ya que, si bien era menor de 18 años al tiempo de comisión de los hechos ilícitos incriminados, a la fecha ha excedido -tiene 22 años- la pauta temporal que tal norma fija para la aplicación del régimen especial; lo que determina que resulte inoficioso un pronunciamiento de la Corte al respecto.