Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


P., M. G.

Reg.: A y S t 206 p 224-229.

Santa Fe, 20 abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor del imputado contra la resolución n 63 del 30 de julio de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "P., M. G. -Robo Calificado, etc.- (Expte. 1394/04)" (Expte. C.S.J. nro. 507, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia del 29.8.2003 del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Tercera Nominación se condenó a M. G. P. a la pena de trece años de prisión y accesorias legales, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado -tres hechos-, robo calificado en grado de tentativa y robo seguido de muerte en calidad de partícipe necesario, todos en concurso real (arts. 166 inc.

2; 165, 45, 42 y 55 del C.P. -art. 4 y conc. ley 22278- arts. 100, 101 y 102 del Cód.

Proc. Menores) (fs. 12/16).

Apelado el fallo por el defensor de P., la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, mediante decisorio del 30 de julio de 2004 resolvió: 1) No hacer lugar a la petición de aplazamiento del dictado de la sentencia de segunda instancia, y 2) Confirmar parcialmente el decisorio impugnado en cuanto condena a M. G. P., modificándolo en cuanto al monto punitivo, el que se fija en diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas (fs. 22/28).

Contra dicha resolución deduce la defensa técnica del imputado, recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055 por resultar aquél arbitrario y violatorio de diversos derechos de raigambre constitucional (fs.

30/36vto.).

En el escrito introductor refiere que "el acuerdo impugnado es múltiplemente inconstitucional por no aplicar pautas de justicia punitiva consagradas en los artículos de las Constituciones nacional y provincial, a la vez que -dice- vulnera preceptos previstos en el artículo 37 inc. b) de la Convención de los Derechos del Niño".

Arguye que la jurisprudencia de los distintos tribunales establece parámetros punitivos claros, aún para sancionar a personas mayores de edad en casos axiológicamente análogos al presente. Estima que las conductas que se enrostran a P. no admiten la aplicación de una condena tan severa como la impuesta, máxime si se tiene en cuenta que si bien el delito más grave es el "latrocinio", no fue él quien dio muerte a la clienta del supermercado, sino un policía que actuó imprudentemente.

Dice que en el fallo que impugna se rechazó en forma arbitraria su pedido de que al tratarse de un menor, no se imponga pena o, en todo caso, de imponerse, se tenga en cuenta la reducción prevista para la tentativa. Por tal motivo, considera que el Tribunal viola el principio de igualdad, al elevar la pena de trece a diecisiete años de prisión, resultando ser mucho más grave que las sanciones impuestas a personas mayores de edad que han cometido los mismos hechos que aquí se achacan a P.

Señala que con el criterio de la Alzada se vulnera uno de los derechos fundamentales del niño estipulado en el artículo 37 inciso b) de la Convención que prevé: "La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda". Agrega que, luego de la reforma de la Carta Magna del año 1994, dicha Convención pasó a tener rango constitucional, y por ende, de aplicabilidad directa en nuestro sistema normativo interno.

Luego de plantearse una serie de interrogantes sobre la alternativa de aplicar otra sanción, el defensor del imputado considera que el Tribunal omitió valorar el informe psicológico que aconseja que P. sea sometido a un tratamiento terapéutico de por lo menos seis meses antes del dictado de la sentencia de Cámara. Ello, a su entender, pone en evidencia que la imposición de una pena privativa de la libertad no ha sido el último recurso con que contaba el A quo.

En otro orden, manifiesta que el Sentenciante tampoco fundamenta acabadamente el monto de la pena que le impuso al condenado, rechazando en forma arbitraria y antojadiza su pedido de que, de conformidad con lo previsto por la ley 22278, se reduzca la escala penal a la prevista para la tentativa.

Sostiene que de confirmarse el criterio de la Alzada se estaría condenando a un menor a pasar privado de la libertad toda su juventud, con el agravante de que lejos de lograr la resociabilización está demostrado que las personas que sufren encierros tan prolongados cuando egresan lo hacen con mayor resentimiento contra la sociedad y generalmente vuelven a delinquir.

Añade que lo resuelto por el Tribunal coloca al condenado en una situación distinta a otros que han sido sancionados por iguales delitos puesto que a estos últimos, aún siendo mayores de edad, se le aplican penas mucho más benévolas. Por lo que con mayor razón -dice- siendo P. menor de edad, le correspondía la pena "más breve posible", esto es cinco años y no diecisiete, como injustamente se le impuso. Por último, consigna que también se ha violado la garantía de la doble instancia "en lo que respecta a los cuatro años en más que le impone la Cámara a su defendido", en relación a la pena que le aplicara el Magistrado de primera instancia. En ese orden, expone que de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h) del Pacto de San José de Costa Rica, asiste al imputado el derecho de recurrir el fallo ante un tribunal superior. Y en el caso de autos, al no contar con un medio impugnativo eficaz para la revisión del fallo en lo que respecta al aumento de la pena, se veda a P. dicha posibilidad.

2. La Sala, por auto n 342 del 9 de noviembre de 2004 denegó el recurso de inconstitucionalidad deducido por entender, en primer lugar, que el impugnante no había dado cumplimiento a la exigencia de planteo oportuno de la cuestión constitucional. Sostuvo asimismo el Tribunal A quo que, por lo demás, la postulación recursiva se reducía a una mera disconformidad con el criterio con que fue fallada la causa (fs. 58/59).

Tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs.

1/9vto.).

3. Aún cuando se considere superado la ausencia de oportuna introducción de la cuestión constitucional invocada por el A quo en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad y que no fuera rebatida por el quejoso en su presentación directa ante esta Corte, cabe señalar que el recurso igualmente no puede prosperar.

Es que si bien el recurrente en su memorial introductor alude a una serie de agravios que le irroga el decisorio impugnado (arbitrariedad por resultar desproporcionada la pena impuesta a su defendido, omisión de valorar prueba relevante para la causa, carencia de fundamentación y violación a la garantía de la doble instancia), en realidad lo que fluye de la presentación impugnativa es su mera disconformidad con el criterio de la Sala en cuanto confirmó el fallo que adjudicó responsabilidad penal a P., aunque modificando la sanción impuesta, elevándola a diecisiete años de prisión.

En efecto, en lo que concierne a la alegada desproporción de la pena impuesta, que a juicio del encartado vulneraría el principio de igualdad, como así también el dogmatismo en que habría incurrido el Tribunal al rechazar la aplicación de la escala prevista para la tentativa, cabe señalar, que dichos reparos no pueden prosperar. En primer término, porque la materia referida a la calificación legal de los hechos como el monto de la pena impuesta, por referir a interpretación de normas de derecho común, resulta propia de los jueces de la causa, y por ende, ajena al remedio extraordinario en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate (A. y S., T. 82, pág. 98; T.

127, pág. 1; T. 140, pág. 128; T. 159, pág. 1; T. 200, pág. 462; Fallos: 256:416; 267:486; 280:135).

Precisado lo anterior, se advierte que el quejoso en su presentación directa ante esta Corte, no consigue acreditar que el criterio escogido por el Sentenciante exceda el marco propio de su función jurisdiccional, brinde una respuesta basada en meras afirmaciones dogmáticas o que adopte una solución que no se sustente racional ni jurídicamente en los hechos del proceso y en el derecho aplicable.

En tal sentido, de la lectura del decisorio impugnado se observa que el Juzgador precisó que en razón de lo normado en el artículo 4 de la ley 22278 la eximición de penalidad es la excepción y no la regla, por lo que teniendo en cuenta la modalidad de los hechos, sumada a los antecedentes del justiciable y al resultado del tratamiento tutelar, constituían elementos decisivos para fundar el reproche.

Agregó asimismo que "si bien en materia de menores la legislación está impregnada de un espíritu protector, que tiende a modificar la personalidad del joven delincuente, poniendo mayor énfasis en sus características personales que en la naturaleza y gravedad del hecho o hechos cometidos, cuando el régimen tutelar se efectivizó -como en autos- y fracasó, no habiéndose demostrado logros en la mentada reinserción, la necesidad de la imposición de pena aflora de modo indiscutible. Es innegable que el juez de menores cuya función es eminentemente tutelar, cuenta con un amplio espectro de medidas tendentes a lograr la corrección de aquéllos, pero también es cierto que en el caso en examen, los actos del justiciable no constituyen un mero producto de la ocasión, sino la concreción de un hábito o disposición delictiva enraizada en su personalidad antisocial. De todo ello da elocuente cuenta su legajo tutelar y los informes psicológicos agregados" (f. 25).

Precisó, la Alzada para concluir con dicha cuestión que "la proporcionalidad entre la respuesta penal y la entidad del delito debe tener en cuenta, fundamentalmente, la trascendencia lesiva de los injustos atribuidos por sentencia firme y el grado de reproche en orden a las motivaciones y a las efectivas oportunidades de actuar de modo diverso al escogido. En el piso mínimo el legislador repara seguramente en lo que se relacione con la prevención general, el rol de contención que para la generalidad de las personas puede llegar a constituir la pena conminada en la ley, que en el caso luce insuficiente, pues la conducta del imputado merece serio reproche a tenor de la modalidad de los injustos, su reiteración en el tiempo, el desprecio por las posibilidades de contención brindadas, y el grado de lesiones ocasionadas, todo lo cual se erige en franco obstáculo para la procedencia de una dosificación benévola. Nada de su conducta amerita tal conclusión".

Entendió el Tribunal que "No se trata de quien carece de antecedentes, cometió un hecho aislado, o no tuvo posibilidades de modificar su conducta, sino de quien, pese no sólo al propio auxilio jurisdiccional, sino también familiar y social, despreció permanentemente el abanico de posibilidades que se le ofrecían, decidiendo continuar su frondoso raid delictivo. Sus problemas conductuales, así perfilados, habrán de merecer el tratamiento que corresponda recién al momento de ejecución de la pena, donde habrá que poner toda la atención a los fines de no ir más allá de lo necesario y posibilitar un desarrollo que tienda a su readaptación" (f. 26).

Frente a los argumentos señalados por el Juzgador, esgrime los suyos la defensa técnica de P. en el sentido de que el monto de pena aplicado resulta desproporcionado si se tiene en cuenta de que se trata de un menor de edad y se lo compara con las sanciones que reciben por hechos similares, personas que son mayores de edad. Pero sin persuadir a este Cuerpo que el Tribunal no brindara razones suficientes por las cuales se inclinaba por el monto de pena que impuso, quedando reducido su planteo en consecuencia, a un mero disenso con la cuantificación del reproche penal aplicado en razón de las conductas enrostradas a P.

En otro orden, tampoco se advierte configurado en la especie la alegada prescindencia en la valoración de los elementos de confirmación arrimados al proceso, en especial, el informe psicológico que -según el defensor- aconsejaba el tratamiento al imputado, previo al dictado de la sentencia de segunda instancia.

Al respecto cabe distinguir que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de prueba decisiva, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa. Esto último es lo que acontece en la especie. Pues, no hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna. En efecto, sobre el particular se aprecia que el A quo analizó pormenorizadamente el informe psicológico al que alude la defensa, considerando que más allá de que el mismo no tiene carácter vinculante, las conclusiones a las que se arriba "no se compadecen con las voluminosas constancias de autos, como tampoco la incipiente paternidad a la que alude la profesional como indicadora de signos de socialización, destruye el análisis precedente en cuanto a la necesidad de aplicar una pena efectiva. Nótese que P. no sólo ha hecho caso omiso a las constantes oportunidades que se le han brindado, sino que en actitud claramente opuesta a la ingenuidad propia del paso por la adolescencia, no sólo ha demostrado indiferencia hacia las trágicas consecuencias de su incursión delictiva, sino que también ha revelado un comportamiento alta y permanentemente desafiante al sistema y a los más elementales parámetros de convivencia social... Todo lo expuesto -prosiguió la Cámara- ilustra sobre la necesidad de un tratamiento correctivo lejos de un grupo familiar deteriorado o inexistente, que lo prepare para volver a la sociedad, pero sin olvidar que debe asumir el protagonismo de su propia recuperación" (f. 25 vto.).

Por último cabe analizar el reparo esgrimido por el quejoso orientado a tachar de arbitraria la resolución impugnada por resultar violatoria de la garantía de la doble instancia. En su presentación el impugnante postula que, al ser la Cámara la que agrava la pena elevándola de trece a diecisiete años de prisión, su defendido se ve imposibilitado de acudir ante un Tribunal superior a los efectos de revisar dicho aspecto de la sentencia.

Tal planteo no puede merecer favorable acogida.

Ello así en razón de que el quejoso no consigue demostrar con sus alegaciones que se le haya cercenado la vía recursiva que le garantizara al justiciable la oportunidad de que el fallo sea revisado por un Tribunal superior, desde que la causa que tiene como imputado a P. llegó a conocimiento de la Sala Penal no sólo por el impulso procesal de su parte, sino también como consecuencia de la apelación promovido por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuya pretensión precisamente residía en el aumento de la pena impuesta.

De lo expuesto se desprende que la Alzada se encontraba habilitada para, en ejercicio de sus facultades, rever lo atinente al monto de la pena impuesta y, en su caso, incrementar su quantum (art. 414 Cód. Proc. Penal).

Por lo demás, no se advierte que el recurrente acredite la invocada violación a garantías constitucionales en razón de lo afirmado por la Corte nacional en Fallos: 323:4130; como asimismo por contar con la posibilidad de recurrir ante esta Corte mediante la interposición del recurso extraordinario local (vid. criterio de Fallos: 325:1227; A.

y S. T. 184, pág. 277).

Puede concluirse entonces, que la línea argumental del impugnante trasunta, en definitiva por el andarivel de la mera discrepancia con los criterios de aplicación del derecho sustantivo, como así también con la valoración del material probatorio colectado en autos, materia que según lo ha expresado en reiteradas oportunidades esta Corte, no constituye objeto del recurso extraordinario (cfr. entre muchos otros, A. y S., T. 99, págs. 102 y 179; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos: 297:29; 300:1049; 301:1062; 302:1030; 306:143; 307:716; etc.).

En suma, pues, la cuestión no resulta idónea para franquear la vía extraordinaria instaurada, desde que queda comprendida dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de derecho, hechos y pruebas, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acaece en el sub examine- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte, al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

De allí que -como reiteradamente se ha dicho- no deba perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)