marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, silencio de la administración, pronto despacho, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comastri Raúl Andrés c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Meramente Declarativa Aires s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

La regulación legislativa y reglamentaria referente al silencio administrativo tiende precisamente a evitar que por tal actitud omisiva los particulares sean privados de tutela judicial. La inactividad del órgano no puede utilizarse hasta aniquilar los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados imposibilitando el derecho de acceso a la justicia.

El artículo 8 del Código Contencioso Administrativo y Tributario exige la intervención activa del particular al obligarlo a requerir pronto despacho frente a la inactividad de la Administración en los plazos especialmente establecidos y como condición para que se opere el silencio. En el supuesto genérico de la norma el transcurso de los plazos determinados por el precepto -antes y después del pronto despacho- es imprescindible; la ficción legal que en la norma se implementa sólo produce sus efectos a partir del cumplimiento de los requisitos fijados.

Pero, en la especie, de acuerdo a la expresa regulación legal del artículo 110 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la ficción de la denegatoria por omisión habilitante de la instancia judicial se produce por el simple transcurso del término para resolver el jerárquico, siendo facultad del particular considerar tácitamente denegado el recurso, a partir del vencimiento del término, en cualquier momento.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Beccari, Raul Mario c/ Tevez, Luis Angel y/u otros s/ ordinario ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-01

El plazo de prescripción se debe aplicar atendiendo a la naturaleza de la situación jurídica controvertida, que es determinada por el juez, sin importar la atribución hecha por una de las partes.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CIRILLI, CECILIA c/ UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

El hecho de que la demandada, Universidad Católica Argentina, decidiera disolver el equipo de voley de damas de primera división, debido a la gravedad económica en que se encontraba la institución, responde a una necesidad de organización funcional y no a una conducta injuriosa dirigida en forma personal a la entrenadora del equipo quien de todas maneras podía haber continuado entrenando otras divisiones, sin desmedro de su categoría laboral.
Queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso, costas, cuestión abstracta, gravedad institucional, cuestiones de hecho y prueba, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: COSSIO HERNAN JOSE Y OTROS c/ GRUNAUER DE COSSIO CLARA N, Y OTROS s/ CONTRATOS (ORDINARIO)-INC. DE APELACION DE COSTAS".
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22

Como se ve, el tribunal de alzada ha aplicado una regla general en la materia (determinación de las costas cuando la cuestión devino abstracta) y el hecho de que en el caso particular de autos haya mérito -o no- para apartarse del mismo, no es materia que de lugar a la gravedad institucional en tanto no trasciende el mero interés del recurrente, ni afecta intereses de la comunidad toda, ni garantías o derechos constitucionales.

Corresponde hacer notar, de otra parte, que la referida tampoco constituye materia de casación al tratarse de una situación fáctica, ajena al ámbito específico del recurso extraordinario tentado.

Por lo expuesto, se concluye en que la sentencia recurrida no constituye la definitiva de la causa que pueda impugnarse y revisarse en la casación incumpliéndose con el recaudo del art. 813 del CPCC, por lo que el medio impugnativo directo deviene insuficiente para hacer penetrar al presente caso por la vía del recurso extraordinario de la casación.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21

Este Tribunal ha adherido a la concepción que postula que la potestad de valorar las conductas de los agentes públicos para imponer penas disciplinarias, se ubica en el marco de las potestades discrecionales, y no cabe sustituir en la materia los criterios de la Administración por los propios de la judicatura, salvo manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad.
Sociedades comerciales, socios, control de sociedades, bloqueo registral, medidas conservatorias
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Prado, Francisco  c/ Sower SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

La disposición del CCCN 161, supone una sociedad que en su terreno intrasocietario presenta conflictos internos en su órgano de administración integrado por varios directores que en la práctica provoca la imposibilidad de adoptar resoluciones en el plano de su administración. Así frente a un bloqueo u obstrucción en la administración, consecuencia de una omisión u oposición constante del administrador que puede materializarse por la falta de adopción de decisiones o bien porque directamente las mayorías o minorías no lo permiten, se faculta a tomar medidas conservatorias al presidente o sus coadministradores, las que luego deberán ser puestas en conocimiento de la asamblea, la que también podrá conferir facultades al presidente o a la minoría para realizar actos urgentes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MATIAS REINALDO c/  s/ ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

La presente queja debe ser admitida pues, más allá de la definitividad de la resolución aquí impugnada y de la naturaleza del gravamen que la misma podría irrogar y sin que resulte necesario evaluar el contenido de los agravios del recurrente, considerando que en el día de la fecha se resolvió una queja en la que propicié su admisión, y que en ambas causas se impugna igual sentencia, siendo lo aquí dispuesto consecuencia de lo decidido en aquélla, corresponde asimismo admitir la presente y, por ende, conceder el presente recurso de inconstitucionalidad, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Franchini, Víctor Eduardo s/ Robo calificado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Si bien los hechos definitivamente juzgados en sede ordinaria permanecen firmes para la casación salvo los casos de excepción, es función primordial de la Corte determinar su real significado jurídico, revistiendo entonces el carácter de una cuestión de derecho determinar si la conducta del imputado se adecua a las exigencias del tipo penal que se reprocha.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María E. s/ Acción de amparo. Cuestión de competencia art. 6 C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

Resulta competente para entender en la acción de amparo "todo juez o tribunal letrado de primera instancia o única instancia en turno con competencia territorial y de materia con jurisdicción en el lugar" art. 4, ley 7166), criterio que aparece ahora robustecido a la luz de la reforma constitucional provincial de 1994, pues ella establece que la acción de amparo procederá "ante cualquier juez".
Progresividad del régimen penitenciario, salidas transitorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Darío Javier c/  s/ INCIDENTE de Salidas Transitorias a favor de Gómez Darío Javier s/ Casación Gómez Darío Javier c/  s/ INCIDENTE de Salidas Transitorias a favor de Gómez Darío Javier s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-16|2015-03-16

"...la progresividad del régimen penitenciario requiere que los internos, para obtener salidas transitorias del establecimiento, deban encontrarse en el periodo de prueba (cfr. artículos 12, 15, 16 y 17 de la ley 24.660); cuestión no acaecida en el sub examine en razón de que el interno, conforme lo actuado, se encuentra en el período de tratamiento previsto por el artículo 14 ibid, es decir en el escalón previo para los beneficios extramuros".
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, sociedad cooperativa, ley individual, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Productos La Nirva SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de medida cautelar por cooperativa de trabajo la nirva grandote ltda.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Procede revocar la resolución en la que el juez de grado denegó el análisis de la pretensión cautelar hasta tanto no se acreditara la regular inscripción y registración de la Cooperativa apelante, ante el organismo pertinente. Ello por cuanto, la ley de concursos, evidentemente, reconoce a las cooperativas de trabajo en formación cierta aptitud para intervenir en procesos concursales. Así, el rechazo in límine del planteo por el sólo hecho de que aun no hayan acreditado la inscripción ante el INAES -la que se encontraría en pleno trámite-, y sin el mínimo análisis de la pretensión cautelar, exhibe un excesivo rigorismo formal. Por ello, la cooperativa tiene derecho de peticionar ante el juez del concurso - independientemente de la admisibilidad de su pretensión- en la medida que esté conformada por dependientes de la concursada de conformidad con lo previsto por la ley concursal y que acredite, como mínimo, el inicio del trámite de registración. En lo que respecta a la necesidad de contar con la regularidad de la cooperativa, el juez de grado bien podría -en caso de dar curso a la petición cautelar- fijar un plazo prudencial y perentorio para su acreditación tal como fijó el legislador en la LCQ 48 bis y 189
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, gobierno de facto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PORTO, LUIS JESUS c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-02

Aunque la designación de los funcionarios que ejercieron los poderes nacionales en el período de emergencia (gobierno de facto) no haya sido conforme a las normas constitucionales, lo fue con relación al orden jurídico entonces vigente y su ejercicio de la autoridad pública origina la responsabilidad del Estado.
Jueces, facultades del juez, iura novit curia, Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano iuria curia novit y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Caducidad de instancia, primera instancia
Materia: CIVIL
Carátula: BALTAR, CARMEN c/ CHAEUR, JULIO ALBERTO s/ PROCESO EJECUTIVO-CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

El efecto de la caducidad en primera instancia es el de extinguir los procedimientos judiciales, aniquilar la relación jurídico procesal teniendo por no deducida la demanda instaurada en legal forma.
Contrato de trabajo, primacía de la realidad, trabajador autónomo
Materia: LABORAL
Carátula: Laborde, Aroldo Rubén c/ Mingo, Mateo Francisco s/ Apelación de sentencia y resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-18

Corresponde asignarle escaso valor probatorio a la circunstancia de que el actor aparezca inscripto como monotributista o aparezca como integrante de una sociedad, porque son recursos harto frecuentes que utilizan los empleadores para disimular una verdadera relación laboral y, para contrarrestar estas situaciones, el derecho del trabajo permite apelar al principio de primacía de la realidad.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Serrano, Julio Alberto y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Resulta insuficiente para tener por configurada la situación de excepción en el juicio de amparo, la mera afirmación acerca del "daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos comunes de conocimiento".
Concurso preventivo, personas jurídicas, sociedades comerciales, presentación en concurso, ratificación de actos procesales, plazo, desistimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMETECH SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-29

Procede tener por desistida de su petición concursal a la sociedad concursada, por incumplimiento de la LC 6, si a más de haberse tolerado excepcionalmente el cumplimiento extemporáneo de ciertos recaudos de la LC, no asumió la exigencia del art 6-párr. 2, toda vez que largamente vencido el plazo legal de 30 días, no acompaño constancia de la resolución de la asamblea de continuar el trámite del concurso preventivo. La trascendencia de la declaración de la voluntad social de proseguir los trámites, obliga a ser exigentes para dejarla justificada, y no puede soslayarse por argumentos insustanciales, como -en el caso- lo fueron: la posposición del llamado a asamblea por hallarse de vacaciones alguno de los accionistas, dificultades posteriores para hallarlo, sin sentido de convocarlo por edictos por los gastos que ello irrogaría, perdida de libros sociales, dificultades económicas que vive el país y, especialmente, el rubro al que se dedica la sociedad deudora. Ello pues, lo alegado importaría banalizar el instituto del concurso preventivo, con el consiguiente perjuicio para los acreedores de la deudora, y para el propio interés social concernido en el buen desarrollo del proceso concursal.
Consumidores, proveedor, daño punitivo, procedencia del recurso, carácter objetivo, derechos subjetivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sagripanti, Rigoberto José c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

La necesidad de existencia de un elemento subjetivo en la conducta del dañador a los fines de evaluar la procedencia del daño punitivo, tiene origen en una interpretación legal que se aprecia inconveniente, imprudente e inútil, ya que la norma en cuestión (art. 52 bis LDC), no aparece como fuente de conflictos. Una postura divergente implicaría utilizar un método interpretativo de la ley contrario a los principios rectores que ha establecido la CS, en el sentido que la primera fuente de interpretación de la norma es su letra, donde en palabras del máximo tribunal, "cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de otras consideraciones" (Fallos 324:1740, 3143 y 3345); "y si no se procede así, se corre el riesgo de prescindir del texto legal sin declararlo inconstitucional" (Fallos 323:3139); porque "la ley no es una simple opinión individual de las personas que las pronunciaron" (Fallos 77:319); sino que "la letra de la ley es la "primera fuente" de interpretación, de la que no cabe prescindir" (Fallos 314:1018; 324:2780).
Acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, novación, codeudor solidario
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: BCO. DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY c/ RODRIGUEZ, EDUARDO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Procede desestimar la pretensión subsidiaria de un coejecutado del planteo de inhabilidad de título, consistente en la extensión de los términos del acuerdo preventivo celebrado con la ejecutante por la deudora principal, pues -como en el caso- la novación planteada por el accionado -codeudor solidario de la concursada- carece de virtualidad conforme lo preve la ley 24522: 55. Por su parte, la aplicación de la legislación común (CCiv:707, 803, 810, 2042, 2047 y 2049) extinguiría la obligación de los garantes como consecuencia de la novación de la deuda principal y, precisamente la normativa concursal citada, tiende a evitar ese efecto.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Arg. c/ Irurzun, Graciano F. o Irurzun y Elgue s/ Ejecución hipotecaria. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

El pronunciamiento recaído en una ejecución hipotecaria en que se rechazan las excepciones de incompetencia y espera, y se desestima la nulidad de la intimación de pago por cuanto el ejecutado presentó sus defensas en tiempo y forma, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, moneda, pago, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: ERMA  S.A. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por cobro de una suma de dinero, si el efecto liberatorio que atribuyó a los pagos recibidos por la demandante, sólo constituye un fundamento aparente, pues el invocado art. 624 del Código Civil, no contempla el supuesto de depreciación monetaria.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, base regulatoria, decretos, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Bidondo,  Roberto  Alfonso s/incidente de regulación de honorarios en "Mastruleri, Alfredo  y  otros  s/defraudación  al Fondo Especial del Tabaco" s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Resulta ineficaz para habilitar el remedio federal la omisión que se asigna a la alzada en la consideración de planteos conducentes y el apartamiento de la base regulatoria establecida por el decreto ley 3771/57, si el tribunal ha efectuado un tratamiento de los agravios que revela una opinable comprensión del caso y que configura una respuesta adecuada para satisfacer el recaudo de fundamentación suficiente que deben cumplir los pronunciamientos judiciales.
Ejecución hipotecaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALACALZA ALBERTO A c/ DICAM S.A. s/ EJEC. HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Al igual que con relación al pronunciamiento que no previó la recomposición de las cantidades, el reajuste por desvalorización de la moneda procede aunque no esté en el título, así el mismo sea un mutuo con garantía hipotecaria, al que concierne una reglamentación específica por ley. (FALLOS 303-II,pág.1713,Cons.8vo.)
Medidas cautelares, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ MIGUEL c/ OREGORIO TORCETTA s/ rev - dom (LIBRO: A080 - 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-23

La solicitud de un beneficio de litigar sin gastos no exime de rendir contracautela al solicitante de una medida cautelar.-
Agravantes de la pena, menores, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Cantero Cristian Diego Alejandro s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

Si bien no es requisito típico la acreditación de que el mayor se hubiese valido del menor, la aplicación de la agravante prevista en el art. 41 quater CP requiere la demostración de que el autor ejecuta el hecho con conocimiento de que uno o varios partícipes sean menores de edad, ya que una interpretación contraria sería inconciliable con el art. 18 CN, pues implicaría extender la punibilidad más allá del texto de la ley, violentándose el principio de legalidad.
Terceros, intervención de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: RICHEZZE JORGE A. c/ NOGALO DE SERRANO ANA S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-12

Cuando el tercero es vinculado al pleito deja de serlo para convertirse en parte, adquiriendo la calidad de sujeto en la relación procesal, teniendo derecho a intervenir como un litigante más, equiparable a los principales, conforme la adecuada interpretación del Art. 96 del C.P. C y C., puesto que de otro modo no podría entenderse "que la sentencia lo afectará como a los litigantes principales", si no se lo considera en la causa con idénticos derechos y obligaciones que éstos, para el ejercicio de su defensa.
BANCO DE SAN JUAN, cesión de créditos, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Marchesi Argentino y Otros s/ Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-08

El crédito en el que se funda la acción fue cedido por el Banco de San Juan S.A. a la Provincia de San Juan conforme Ley 6753 y Decreto 0034/98. Al perfeccionarse la cesión de derechos, se transmitieron al Estado Provincial todos los derechos de que gozaba el Banco de San Juan, incluso los accesorios, entre ellos la extensión de la vigencia de las acciones tendientes a obtener su cobro judicial, que originalmente correspondían al Banco.

El crédito adquirido por la Provincia de San Juan ingresó al patrimonio estatal en las mismas condiciones, con la misma extensión y contenido con que se encontraba en el patrimonio del cedente. El plazo de prescripción aplicable es, consecuentemente, el correspondiente a la obligación cedida.

Y es que la finalidad perseguida por el legislador al sancionar el art. 12 de la ley 7417 no ha sido fijar plazos de prescripción más cortos a los previstos en los códigos de fondo, como en este caso las correspondientes a una deuda comercial cuando el acreedor es el Estado Provincial, sino simplemente facilitar la gestión del organismo recaudador fiscal -y por añadidura a toda la Administración- estableciendo que la prescripción es automática, sin necesidad de petición del interesado ni resolución administrativa.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada s/ Medida Precautoria - Incidente de Caducidad de Medida Cautelar  promovido por Coll José Luis
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-11

Según dispone el art. 204 CPCCER, la caducidad de la medida cautelar se produce si, en caso de obligación exigible, no se promueve la demanda en diez días de trabada.- En el caso, no habiéndose concretado el pago - seguro de caución extendido por la compañia que trabara la medida, mal puede la incidentada, promover acción de regreso contra la tomadora o sus avalistas, por lo que la obligación que se pretendió asegurar con la cautelar, no resulta exigible y no procede la caducidad de la medida.