Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03


SENT Nº 851	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el demandado Rodolfo Eduardo Lajud, por intermedio de letrado apoderado en autos: "Delgado Raúl Antonio vs. Lucena Marta Lidia y otro s/ Despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 177/180 y vta. por el codemandado Rodolfo Eduardo Lajud, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 15/12/2009 (fs. 161/166) de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción. La concesión del recurso fue denegada por resolución de fecha 25/8/2011 (fs. 245 y vta.), lo que motivó la interposición de la queja directa de los demandados. Este Tribunal declaró inadmisible el recurso respecto de la accionada Marta Lidia Lucena e hizo lugar al mismo en relación a Rodolfo Eduardo Lajud (sentencia del 27/12/2011, fs. 288/289 y vta.). Conforme surge del informe actuarial de fs. 303, ninguna de las partes presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido en casación dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la actora, condenando a los demandados a pagar la suma de $ 35.765,42 por los rubros allí establecidos e imponiéndoles la totalidad de las costas procesales.

2.- El recurrente invoca la configuración del supuesto de arbitrariedad de sentencia por considerar que el tribunal de grado omitió un análisis razonado de la prueba aportada al proceso. Alega que la deficiente ponderación de los antecedentes y prueba de la causa vicia el pronunciamiento impugnado y ello justifica la procedencia del recurso interpuesto por su parte.

Señala que la Cámara sostiene dogmáticamente que "ante la incontestación de demanda se desencadenan los efectos del art. 58 de la ley 6.204 si es que el trabajador acredita la prestación de servicios" para concluir que la prueba testimonial aportada a la causa permite tener por demostrado dicho extremo. Afirma que se ha omitido un adecuado análisis de los testimonios rendidos en autos pues los mismos de ningún modo permiten tener por acreditada la prestación de servicios invocada. Niega que se trate de declaraciones precisas y concordantes, suficientes para tener por cierta la relación laboral pretendida por el actor. Sostiene que la testimonial mencionada exhibe falencias notorias que debieron determinar la descalificación del medio probatorio, más aún cuando es la única prueba aportada para acreditar la prestación de servicios en relación de dependencia.

Afirma que el art. 55 inc. c del CPL impone al accio- nante la carga de expresar en la demanda el "ámbito físico del desempeño" y que pese a constituir un recaudo formal impuesto por la ley adjetiva, Delgado no ofreció precisiones sobre el punto, mencionando "varios" lugares de trabajo, en los que habría cumplido tareas. Destaca que en el escrito de demanda sólo se identifica en concreto un local ubicado en calle 25 de mayo 132, sin indicar ciudad o localidad y que en el pliego de posiciones de fs. 98 se refirió sólo a un ámbito físico (el de calle 25 de mayo 132 de la ciudad de Concepción) sin mencionar otros (locales de calle 25 de Mayo entre Italia y Moreno, ochava este u oeste, o calle Italia esquina Avellaneda, etc.). Insiste en que su parte negó la relación laboral y que al absolver posiciones negaron ser propietarios del local comercial identificado por el actor, por lo que era necesario dilucidar este extremo. Sostiene que ninguno de los testigos propuestos ha mencionado siquiera, un supuesto lugar de trabajo del actor, explicitando haberlo visto cumplir tareas en el mismo, lo que debió ser ponderado por el tribunal de grado.

Expresa que los testigos tampoco identifican los nombres de los empleadores, aspecto éste relevante para dirimir la controversia planteada en autos. Cuestiona que pese a no existir referencia alguna del nombre del empleador, la Cámara sostenga que existe coincidencia sobre este aspecto. Puntualiza que la testigo Karina Paola Caniza (fs. 124) nada dice sobre el particular, que Ramón Alejandro Avellaneda (fs. 127) menciona como empleador a un tal "Nemer" y no a los demandados, que Martín Javier Juárez (fs. 129) tampoco hace referencia a los nombres de los empleadores, que tampoco lo hace el testigo José Ramón Guevara, "con la particularidad que al contestar la pregunta tercera dice que "de Nemer recibía las órdenes". Señala que la testimonial de autos de ningún modo permite sostener la prestación de servicios del actor a favor de los demandados y que así debió considerarlo la Cámara.

Al referirse al Expte. Administrativo N° 819/182-OI/2005 tramitado por ante la Secretaría de Trabajo, Delegación Concepción, mencionado por el pronunciamiento impugnado, afirma que tal instrumental requería necesariamente ser confrontada con las demás probanzas. Estima que las deficiencias apuntadas respecto de la prueba testimonial impiden respaldar el valor probatorio de las actuaciones administrativas y que siendo así, la relación laboral invocada no resulta acreditada.

Señala que se ha omitido ponderar la prueba de absolución de posiciones de los demandados en la que han negado bajo juramento, las afirmaciones del actor. Sostiene que lo expresado en la prueba confesional ratifica la posición asumida en el escrito de contestación de demanda y que ante la ineficacia de los elementos de prueba aportados por el actor, la acción debió ser rechazada.

Denuncia infracción de la preceptiva contenida en los arts. 33, 40, 272 y concordantes del CPCC de aplicación supletoria al fuero, así como lo establecido por los arts. 55 inc. c y 58 del CPT, con compromiso de derechos y garantías de rango constitucional (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional).

De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El juicio de admisibilidad del recurso de casación fue abordado por este Tribunal en oportunidad de resolver la queja directa deducida por los demandados (CSJT, sentencia Nº 1024 del 27/12/2011, fs. 288/289 y vta.), por lo que corresponde ingresar a la procedencia de la impugnación recursiva.

Confrontados los agravios del recurrente con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y pruebas aportadas al proceso, se advierte que no logra demostrar el recurrente la tacha de arbitrariedad que formula contra el decisorio en crisis.

La Cámara reseñó pormenorizadamente los hechos en que el actor fundó el reclamo de autos (fecha de ingreso, tareas cumplidas para los demandados, nombres de fantasía de los locales comerciales cuya titularidad atribuye a los accionados, lugar de trabajo -con indicación de los domicilios de los diferentes locales-, horarios de trabajo, desarrollo de la relación laboral, circunstancias que motivaron la crisis con los empleadores, fecha de cese, etc.) y puntualizó que la parte demandada no contestó demanda. Expresó que por aplicación del art. 58 del CLT, este extremo autoriza al sentenciante a tener "como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario", advirtiendo que esta presunción procede si el trabajador acreditare la prestación de servicios. A renglón seguido sostuvo que la prueba aportada a la causa permitía tener por acreditada la prestación de servicios invocada y consiguientemente, la relación de empleo esgrimida por el accionante. Mencionó como prueba relevante, el testimonio de Karina Paola Caniza (fs. 124 y vta.), Ramón Alejandro Avellaneda (fs. 127), Martín Javier Juárez (fs. 129 y vta.) y José Ramón Guevara (fs. 134) y las actuaciones administrativas tramitadas por ante la SET, según las cuales se constató la presencia del actor en el negocio de propiedad de los demandados (conf. planilla de relevamiento de personal de fecha 23/11/2005). Dejó sentado el pronunciamiento que los restantes elementos probatorios aportados a la causa resultaban ineficaces para resolver la controversia de autos. En esa línea de razonamiento, el tribunal concluyó que la relación laboral debía tenerse por acreditada y que siendo operativa la presunción consagrada por el art. 58 del CPT, se tenían asimismo por ciertas "la fecha de ingreso, las tareas cumplidas, la modalidad contractual descripta y la remuneración devengada"."ante la falta de prueba en contrario de lo afirmado por el actor". Tuvo así por admitida la injuria invocada en el escrito de demanda (constituida por la no provisión de tareas), determinante del despido indirecto dispuesto por el trabajador el 10/12/2005 ("previa intimación formulada mediante misiva de fecha 02/12/2005").

Si bien el pronunciamiento ofrece una fundamentación escueta, sus conclusiones resultan suficientemente respaldadas en los antecedentes de la causa, prolijamente reseñados, y en la prueba aportada al proceso sin que se constate la presencia de vicios en el juicio de ponderación ni apartamiento de las reglas a las que el mismo debe sujetarse que autoricen a descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

El art. 58 del CPT dispone en su párrafo segundo que en caso de incontestación de la demandada, "se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios". El tercer párrafo agrega: "El demandado podrá tomar intervención en cualquier estado de la causa y ejercitar los actos procesales que correspondieran a la misma".

Esta Corte ha señalado que "los efectos de la no contestación de la demanda.han sido previstos por el art. 58 (párrafos 2º, 3º y 4º) de la ley ritual, norma de la cual debe destacarse, como cuestión medular, la consagración de presunciones legales en contra del empleador que cobran operatividad relativa recién a partir de la efectiva acreditación del hecho principal de la prestación de servicios laborales (CSJT, sentencia Nº 793 del 22/8/2008, "Salcedo René César vs. Azucarera La Trinidad S.A. s/ Acción de reagravación y otros"). Se ha dicho que la preceptiva analizada "solamente establece presunciones iuris tantum, condicionadas a la prueba, por la parte actora, de la prestación de servicios, y salvo prueba en contrario que la parte demandada podrá ofrecer y producir en la etapa procesal pertinente para desvirtuar dicha presunción, tanto respecto a los hechos invocados en la demanda, como a la autenticidad de la documental acompañada a ésta" (CSJT, sentencia Nº 67 del 09/8/2010, "Toro Mercado, Liliana del Carmen vs. Mulki Vera, Johanna s/ Cobro de pesos").

En el caso, la Cámara consideró que existían dos elementos de prueba relevantes para acreditar la prestación de servicios invocada, sin que los cuestionamientos del recurrente logren demostrar la arbitrariedad en la valoración de tales medios probatorios.

En efecto, las observaciones formuladas a la testimonial y a la ponderación que de la misma hace el tribunal de grado, no lucen idóneas para revertir el criterio adoptado.

Pese a alegar que el actor omitió cumplir con la carga impuesta por el art. 55 inc. c del CPT (que impone expresar en la demanda el "ámbito físico del desempeño" del trabajador) y denunciar un déficit probatorio en relación al punto, la crítica resulta inatendible.

La sentencia impugnada reseña prolijamente los hechos invocados en el escrito de demanda y su lectura permite constatar que efectivamente, el actor mencionó varios lugares de trabajo en los que habría cumplido tareas para los demandados, en el negocio identificado con el nombre de fantasía "Nemer Rodados". Identificó el domicilio de calle 25 de Mayo entre Italia y Moreno, precisando que el local comercial estaba ubicado en un primer momento en la ochava este y posteriormente en la ochava oeste. Indicó asimismo que prestó servicios para los accionados en el local sito en calle Italia esquina Avellaneda y que en el año 2002 le ordenaron cumplir tareas en el negocio ubicado en calle 25 de Mayo N° 132 cuya denominación era "Samuel Rodados".

La prueba testimonial ofrecida por el actor se concretó sobre la base del cuestionario propuesto a fs. 104, que en la pregunta 2 se interroga expresamente a los testigos respecto de la prestación de servicios a favor de los demandados Lucena y Lajud, identificando asimismo el nombre de fantasía "Nemer Rodados"; requisitoria a la que los testigos Caniza, Avellaneda, Juárez y Guevara respondieron en los términos que surgen de fs. 124, 127, 129 y 134 respectivamente.

La aparente discordancia respecto de lo manifestado por el actor en el escrito de demanda en relación al "lugar de trabajo" y la mención contenida en el pliego de posiciones propuesto para la confesional de los demandados, no es tal. El cotejo de las piezas procesales de fs. 2/4 y 98 no autoriza a sostener incongruencia alguna del accionante ni vicio en la valoración de las constancias de la causa, por lo que el agravio debe ser desestimado.

Por otra parte, sostener que los demandados negaron ser propietarios del local comercial identificado por el actor (fs. 99 y 103) y que ello imponía dilucidar la cuestión mediante prueba categórica referida al ámbito de trabajo que no fue aportada al proceso por el accionante, no constituye argumento eficaz para descalificar lo resuelto por el tribunal de grado. Como se dijo, por un lado el actor ofreció la prueba testimonial e instrumental antes mencionada y por otro, el demandado podía y debía aportar el material probatorio tendiente a desvirtuar la presunción legal contenida en el art. 58 del CPT, refutando los hechos invocados en la demanda y los elementos de juicio provistos por el accionante (cfr. CSJT, sentencias Nº 15 del 16/02/2010, "Lobo, Ramón Esteban vs. Zottola, Francisca del Carmen y otra s/ Cobro de pesos"; Nº 1020 del 30/10/2006, "Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido"; Nº 330 del 20/4/2006, "Costilla, Víctor Orlando vs. Río Mandolo S.A. s/ Acción de reagravación y otros"; Nº 443 del 15/6/2004, "Galletini, Francisco c/Empresa Gutiérrez SRL s/ Indemnizaciones"; Nº 28 del 11/02/2003, "Podestá Ricardo Horacio vs. LV7 Radio Tucumán s/ Cobros"; Nº 995 del 08/11/2002, "Rodríguez, Marcelo Antonio vs. Rodríguez, José Antonio s/ Cobros"; Nº 302 del 25/5/2001, "Villagra, Juan Antonio vs. Barone S.A. s/ Cobros"; Nº 306 del 25/4/2001, "Reguera Miguel Arcángel vs. Noa Comunicaciones S.A. y/o Telecom. Personal S.A. s/ Cobro de pesos"; entre otras), y que tal como lo destaca el tribunal de grado, el accionado omitió el referido esfuerzo probatorio.

Oportuno es reiterar que "compete al juicio prudencial del órgano judicial determinar si las presunciones del art. 58 procesal resultan de aplicación con arreglo al material probatorio producido en autos" (CSJT, sentencia Nº 58 del 20/02/2008, "López Miguel Alejandro vs. Pintos Ramón Lino s/ Despido y otros") y que del segundo párrafo de la norma ritual citada surge claramente que la presunción de certeza de los hechos invocados y la autenticidad y recepción de los documentos acompañados con la demanda, se encuentra supeditada a la inexistencia de prueba en contrario. De ello se sigue que la crítica centrada en la valoración de la testimonial se desentiende del análisis integral realizado por la Cámara que confrontó los hechos invocados en fundamento de la pretensión, la incontestación de la demanda por parte de los demandados, la prueba testimonial e instrumental aportada por el actor y la inactividad probatoria de los sindicados como empleadores.

El tribunal de grado valoró positivamente la testimonial rendida en autos y la crítica recursiva encaminada a descalificar dicho juicio de ponderación no puede prosperar. La lectura confrontada del cuestionario propuesto a fs. 104 y de las respuestas ofrecidas por Karina Paola Caniza (fs. 124 y vta.), Ramón Alejandro Avellaneda (fs. 127), Martín Javier Juárez (fs. 129 y vta.) y José Ramón Guevara (fs. 134) no parece, sino respaldar el criterio conforme al cual los testigos coincidieron al señalar el nombre del empleador (estaba expresamente consignado en la pregunta 2), la tareas cumplidas para los demandados (atención al cliente, venta y armado de bicicletas), fechas aproximadas de ingreso y egreso, horario de trabajo, etc. De ello se sigue que las observaciones planteadas (falta de precisión respecto del ámbito de trabajo y no mencionar los nombres de los demandados al referirse a los empleadores) son inatendibles. Como se dijo, las preguntas del cuestionario contenían de modo expreso el nombre de los demandados y el nombre de fantasía del local comercial cuya titularidad se atribuye a los accionados y las respuestas afirmativas de los testigos, sumadas a las demás referencias de la relación laboral, crearon convicción en el sentenciante respecto de los hechos invocados en la demanda. En respaldo del criterio adoptado, el tribunal mencionó también las constancias del expediente administrativo N°819/182-OI/2005 tramitado por ante la Secretaría de Trabajo, Delegación Concepción, en el que se constató la presencia del actor en el negocio "Samuel Rodados" de Marta Lidia Lucena (demandada) sito en calle 25 de Mayo Nº 132 de la ciudad de Concepción (acta de inspección labrada por el oficial público Eduardo Gramajo de fs. 16 y planilla de relevamiento de fs. 15).

La crítica recursiva solo exhibe el desacuerdo del recurrente respecto de la valoración de la prueba realizada por la Cámara, ineficaz para justificar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio impugnado. Como se dijo, el recurrente se desentiende del conjunto de razones ofrecidas por el tribunal de grado y de la inobservancia de las cargas procesales impuestas a su parte. Surge por todo lo expuesto que los agravios expresados en el escrito de interposición del recurso no revisten idoneidad para demostrar los vicios que se denuncian y ello sella en forma adversa la suerte del remedio intentado.

4.- En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora con costas, de conformidad a los principios generales sobre la materia (arts. 105 del CPCC y 49 del CPT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste es asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el codemandado Rodolfo Eduardo Lajud contra la sentencia del 15/12/2009 (fs. 161/166) de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032531-01