Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-11


SENTENCIA NÚMERO: OCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de abril de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 01/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés en contra de la Sentencia Nº Sesenta y tres/2012 referente a expte. Letra "N" Nº 74/11 - Neyra, Cristian Mariano - Robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 63/2012, dictada en los autos principales, reúne mínimamente los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 63/2012, dictada el 10/12/2012, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, integrada en Sala Unipersonal; en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a Cristian Mariano Neyra, de condiciones personales relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y banda (art. 166 inc. 2do, primer supuesto, art. 167 inc. 2do y 45 del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesoria de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal) (.)".

El hecho que el tribunal consideró acreditado es el siguiente: "Que el 24 de Julio del año 2011, en un horario que podría ubicarse entre las 04:00 y 05:00 de la madrugada aproximadamente, Cristian Mariano NEYRA junto a Marcos Emmanuel NEYRA y Lucas Matías MAIDANA se habrían hecho presentes con claros y evidentes fines furtivos en el domicilio de la Familia ROLÓN sito en Avda. Presidente Castillo 2345 de la Localidad de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo de esta Provincia, lugar donde, previo saltar una de las paredes perimetrales, es que procedieron a ingresar al interior del inmueble por una puerta que se habría encontrado abierta, para luego proceder a inmovilizar mediante ataduras a los distintos miembros del grupo familiar que se encontraban en el inmueble, para posteriormente y mediante amenazas con una cuchilla proceder a exigir a los mismos que les entreguen todo el dinero y joyas para luego proceder a apoderarse ilegítimamente, también de una noteboock marca Toshiba, de color plateada; un pen drive de la empresa Claro; cuatro anillos, tres de oro 18 kilates y uno de plata con una piedra de color marrón; cuatro teléfonos celulares uno marca Nokia color blanco con rojo, otro marca Samsung Modelo 5800 con pantalla táctil y cámara de 2.3 mega píxeles con flash y carcaza de color gris, número de abonado 03833-15562480 de la empresa Claro; un teléfono marca Nokia con pantalla táctil, con carcaza de color negro y número de abonado 03851-154264931 de la empresa personal; un GPS marca "Garmin Mod. 205 W"; un reloj marca Casio y un DNI a nombre de María Cristina ROLÓN y tarjetas de créditos Visa, Santander, Naranja, Banco Hipotecario y Sol, todas a nombre de María Cristina ROLÓN, para posteriormente proceder a darse a la fuga con los distintos elementos sustraídos".

II. Contra lo decidido, comparece el Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés -en adelante el recurrente-, como asistente técnico del imputado Cristian Mariano Neyra, e interpone recurso de casación por los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. En primer término denuncia la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, no obstante ello, a continuación, denuncia inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (fs. 2).

Dice que la sentencia carece de motivación legítima, por lo que solicita se declare su nulidad y se ordene la inmediata libertad de su defendido.

Sostiene que "no cuestiona" la valoración de la prueba, ni plantea disconformidad con la admisión de elementos dispuesta por el Juez, sin embargo transcribe las declaraciones testimoniales prestadas en la causa, señalando discrepancias o contradicciones, en las que, a su modo de ver, incurrieron los testigos. Dice que se violó el principio de igualdad ante la ley.

Enfatiza que su defendido no participó del hecho delictivo en cuestión, y que los testigos carecen de visión categórica para poder reconocer el rostro del imputado, citando un estudio científico al respecto.

Finalmente formula reserva del caso federal, para el caso que no se haga lugar a lo solicitado.

III. Como punto de partida, debo decir que el medio de impugnación intentado, no solo resulta a todas luces confuso y contradictorio, sino que, además, incurre en groseros errores conceptuales en lo jurídico.

Lo dicho encuentra sustento en lo expuesto en el punto I, de donde se advierte claramente que el recurrente inicia sus críticas alegando que denuncia el motivo de casación previsto en el inc. 2º del art. 454 del C.P.P., para luego referir que basa su recurso en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P., incurriendo en la contradicción de aclarar que "no cuestiona la valoración de la prueba, ni disconformidad con la admisión de elementos por el Juez", sino la falta de respeto por el principio de igualdad y el de inocencia. Pero no fundamenta cuál es la vulneración a los principios que invoca como afectados. En idéntica dirección, corresponde adelantar que tampoco se logra advertir del tenor del escrito presentado cuáles son las pruebas que la defensa estima que el tribunal ha ponderado de manera incorrecta, omitiendo explicitar, de qué modo ello hubiese incidido para calificar el hecho atribuido al imputado de manera diferente, tal como pretende. Advierto que el recurrente se ha limitado a transcribir partes de los testimonios incorporados al debate, aclarando en su escrito que no cuestionaba su valoración, no obstante ello, de los escasos fundamentos brindados pareciera ser que los mismos se dirigen únicamente a cuestionar la ponderación que de la prueba ha efectuado el tribunal, aunque como se dijo, no especifica.

En efecto, el recurrente omite detallar los puntos de la decisión que provocan agravio, no describe en forma clara en qué consisten los defectos del pronunciamiento y las disposiciones que considera inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que deberían aplicarse, con un desarrollo suficiente de los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que la sustentan, puesto que el recurso debe bastarse a sí mismo desde el momento de su interposición y las omisiones no habrán de ser suplidas por el tribunal. En tal sentido, esta Corte ha sostenido (A.I. Nº 19, 30/06/2010) que, ".el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa. Ello es así, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador " (C.S.J.N., "Casal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

Con los límites señalados, y a pesar de las omisiones y contradicciones en las que ha incurrido la defensa técnica del imputado, adelanto que, con el único fin de garantizar al máximo el derecho de defensa del imputado y el derecho al recurso, ingresaré al tratamiento de las cuestiones que resulten comprensibles. Digo ello, porque de las transcripciones testimoniales que realiza el recurrente sólo se advierte que pone en crisis el hecho de que las víctimas hayan podido reconocer al imputado, efectuando interpretaciones subjetivas que en nada inciden para conmover las conclusiones arribadas por el tribunal, las que se basaron en prueba independiente debidamente incorporada al debate, contando además, con la plena anuencia de las partes.

Sentado lo anterior, cabe destacar que en el caso, el a quo ponderó los testimonios vertidos por las víctimas: Sara Nilda Medina de Rolón, Guillermo Enrique Rolón y María Belén Rolón interrelacionando lo aportado por ellos con otras pruebas independientes, entre las que se encuentran, los reconocimientos en rueda de personas (fs. 76/77, 78/79 y 130/131), de cuyas actas surge que las tres víctimas categóricamente reconocieron al imputado Cristian Mariano Neyra como uno de los autores del robo en su vivienda.

En relación a este cuestionamiento cabe recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 8, 09/03/2012; S. nº 17, 06/06/2011; S. nº 1, 10/02/10) en donde se dijo que: "Para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), toda vez que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 3° del C.P.P.)".

En razón de ello, debo decir que, más allá de la disconformidad expuesta por la defensa, los actos de reconocimientos en rueda de personas obrantes a fs. 76/77, 78/79 y 130/131, se han cumplido con las formalidades previstas en el art. 260 del C.P.P., puesto que las actas respectivas, no sólo evidencian el cumplimiento de todos los recaudos legales (arts. 259, 260, 261 del C.P.P.), sino además, que dichos actos procesales han sido llevados a cabo en presencia de la defensa técnica del imputado, quién no formuló oportunamente oposición ni interpuso recurso alguno, lo cual implica que las partes han consentido libremente los efectos del acto, el cual como se dijo, se llevó a cabo en legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad. Sumado a ello, repárese además, que el material probatorio cuestionado ha sido debidamente incorporado a debate contando con la plena anuencia de las partes quienes consintieron la introducción de dichos elementos de prueba. En razón de ello, el tribunal ponderó que los testimonios analizados han resultado espontáneos y verosímiles, siendo contestes en un todo con la prueba documental incorporada a debate.

En efecto, el a quo argumentó que no debía atenderse el planteo efectuado por la defensa al momento de alegar, pretendiendo poner en crisis las distintas Actas de Reconocimientos en Rueda de Personas -tal cual ahora reitera-, argumentando que Neyra había sido fotografiado con el teléfono celular cuando fue trasladado desde Córdoba hacia la Brigada de Investigaciones de esta provincia. Sobre el punto, el juzgador aclaró que los testigos reconocientes participaron de los aludidos actos procesales y nada dijeron al respecto si le mostraron fotos, por ejemplo. Repárese aquí, como se dijo, que la defensa pudo haber hecho constar en las respectivas actas que cuestiona la situación que tardíamente denuncia, o en su caso, efectuar el planteo oportuno, más nada de eso hizo. Como bien lo señaló el tribunal, no existió ningún planteo en torno a la validez, a la eficacia o a la legalidad de dichos reconocimientos. En consonancia con lo expuesto, el sentenciante asertivamente consideró que las manifestaciones de Neyra sobre la cuestión deben ser interpretadas como un intento fallido por neutralizar la eficacia conviccional de aquella prueba, por cuanto no existe evidencia alguna que corrobore lo que él manifiesta, ni tampoco fueron argüidas de falsedad las distintas actas en las que documentaron los diferentes reconocimientos.

Desde otro ángulo, también cabe destacar lo ponderado por el tribunal respecto a las declaraciones brindadas en debate por los familiares de Neyra (Damiana Neyra -tía-, Yamila Victoria Oliva -concubina-, Brenda Mariana Maneiro -prima- y Silvana Neyra -tía-), quienes relataron las distintas actividades desplegadas por aquél durante su estadía en la provincia de Catamarca los días 23 y 24 de Julio de 2011. En tal sentido, no resulta errado el razonamiento del a quo al sostener que pese al énfasis puesto tanto por Neyra como por sus familiares en sacar del teatro de los acontecimientos al primero, la prueba independiente examinada disipa cualquier duda al respecto, lo que le llevó a afirmar que se encuentra certeramente demostrada la intervención responsable en calidad de coautor del imputado Neyra en el acontecimiento histórico disvalioso que se le atribuye.

Por lo expuesto sostengo que, en el caso bajo examen, los vicios denunciados, en modo alguno exhiben idoneidad para conmover la conclusión adoptada por el sentenciante, pues no logran enervar en lo más mínimo la convicción relativa a la participación cierta del imputado, Cristian Mariano Neyra, en el hecho que se le endilga.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7, por el Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés, en su carácter de asistente técnico del imputado Cristian Mariano Neyra. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7, por el Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés, en su carácter de asistente técnico del imputado Cristian Mariano Neyra.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.