Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-30


SENTENCIA N° 93.491 CAUSA N° 6.710/2006 SALA IV "BARRUTI RAFAEL C/ EL RETIRO DE LOBOS S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO N°73 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE JUNIO DE 2008, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs.675/670-I (aclarada a fs. 674-I) que hizo lugar a la demanda, se alzan los codemandados EL RETIRO DE LOBOS S.A. y AGROPECUARIA LOS CAMPOS (fs. 678-I/682-I), GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO (fs. 683-I/689-I), el tercero MARÍA LUZ RUBIO (fs. 693/707 y 710) y el perito contador (fs. 676-I).

II) Los cuatro codemandados se agravian, en primer término, de que se haya considerado acreditada la relación de dependencia invocada por el actor. Aducen, en síntesis, que: a) los servicios profesionales independientes prestados por el actor nunca respondieron a las clásicas notas de subordinación técnica, jurídica y económica que normalmente se presentan en una relación de trabajo dirigido; b) la jurisprudencia entendió que cuando uno de los sujetos es un profesional universitario, no rige la presunción del art. 23 de la LCt; c) el silencio del actor durante más de trece años es suficientemente ilustrativo de que no fue su intención celebrar un contrato de trabajo.

Anticipo que, a mi juicio, no le asiste razón a los recurrentes.

En efecto, el art 23 de la LCT dispone que "el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demuestre lo contrario...". Esto significa que el mero hecho de las labores causa la presunción de la relación laboral, debiendo el probable empleador demostrar que la vinculación tuvo su origen en otra causa.

Dado que el texto legal no distingue, afirmar que la presunción mencionada no se aplica a los profesionales universitarios carece de asidero normativo, por lo que esa tesis debe ser rechazada (CNAT Sala VI, 23/8/96, "Frack, Sonia c/ Sanatorio Güemes SA s/ despido", del voto del Dr. Capón Filas, en mayoría; en igual sentido, respecto de la aplicabilidad de la presunción a los profesionales universitarios: CNAT, Sala II, 31/3/92, S.D. 69.691, "Pellegrini, Silvia c/ Iglesias Blanco, José s/ despido"; íd., Sala III, 18/3/02, "Caamaño, José A. c/ ATC SA"; íd., Sala III, 30/6/06, S.D. 87.905, "Sansoni, Alejandro Manuel c/ Editorial Sarmiento S.A. s/ despido"; íd., Sala IV, "Di Pinto, Félix Marcelo c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros s/ despido"; íd., Sala VII, 7/5/04, SD 37.490, "Harrington, Ricardo y otros c/ PAMI Inst. Nac. de Serv. Soc. para Jub. y Pens. s/ regularización ley 24.013"; íd., Sala X, 21/12/96, "Greco c/Consultas SA"; íd., Sala X, 17/7/02, "Nicoli, Carlos c/ Dodecaedro SA y otros s/ despido"; íd., Sala X, 10/6/97, S.D. 1754, "Sánchez de Bustamante, María c/ Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires, Hospital Italiano s/ despido"; íd., Sala X, 29/08/01, S.D. 9.850, "Asociación de profesionales del programa de atención médica integral y afines APPAMIA c/ Pami s/ regularización ley 24013"; íd., Sala X, 4/05/07, SD. 15.169, "Gondra Diana E. y otros c/ Centro de Orientación p/ la vida familiar y comunitaria Asoc. Civil s/ fines de lucro y otro s/ despido").

Por lo demás, la demandada no rebate en forma concreta y razonada (como lo exige el art. 116 de la L.O.) el análisis de la prueba testifical, que llevó a la magistrada a concluir que el actor cumplió el rol de administrador de los campos de las sociedades demandadas y que recibía instrucciones y directivas en el cumplimiento de su labor y que percibía por ello una suma de dinero mensual.

Cabe agregar que, según lo señalan la jurisprudencia y la doctrina civiles, habrá contrato de trabajo cuando el administrador de estancias actúa bajo la inmediata vigilancia y dirección de su principal, siendo por ello muy estrecho y reducido el campo de desenvolvimiento de su poder de representación (Borda, Guillermo, "Contratos", t. II, n. 983, citado por CNACiv. Sala E, 23/9/98, "M.F., J. c/ Ildarraz, Roberto y otro", JA, 1999-III, 525). Así ocurre en la especie, pues uno de los testigos que citan los propios apelantes (RODRÍGUEZ) sostuvo que "al actor le daba órdenes el Sr. Honorio RUBIO [1], lo sabe porque el Sr. Honorio RUBIO venía y conversaba con él" (fs. 332/333). En tales condiciones, el hecho de que el actor, a su vez, diera órdenes a otros dependientes de la estancia sólo demuestra que BARRUTI ejercía una función directiva subordinada a la de la sociedad empleadora, situación similar a la de un gerente -que, obvio es decirlo, es también un empleado- (cfr. Justo López, "Ley de contrato de trabajo comentada" de López, Centeno y Fernández Madrid, 2da. edición, t. I, p. 296).

Sugiero entonces confirmar la sentencia apelada en cuanto tiene por acreditada la existencia del vínculo laboral.

III) La citada como tercero se queja -entre otras cosas- de que se la haya condenado, sin atenderse a los argumentos expuestos al responder la citación, donde adujo que "la citación del tercero no introduce un nuevo protagonista principal a la contienda, ya que no es un nuevo demandado, pues el fundamento de la intervención coactiva del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva reside en la conveniencia de evitar que, en el futuro proceso, el demandado pueda argüir la excepción del negligente condena". Enfatiza, además, que "por encima de cualquier otra consideración, el hecho de no haber sido demandada por el actor obsta de por sí extenderme una condena con relación a la demanda promovida por aquél, dado que ello sería tanto como alterar en forma frontal el principio sentado en el art. 163, inciso 6° del CPCCN, conforme al cual la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de las pretensiones deducidas en el juicio".

La queja resulta atendible, pues, como lo ha sostenido calificada doctrina, sólo debe admitirse la condena del tercero cuando el actor, al contestar el pedido de citación formulado por el demandado, se adhiere y solicita expresamente esa condena, asumiendo el carácter de demandante con todas las cargas y obligaciones que ello implica (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Análisis exegético de la reforma", 2da. edición, p. 118).

En el caso, el actor no se adhirió al pedido de los demandados, ni solicitó la condena del tercero, sino que se limitó a señalar que "atento los dichos de los demandados y sin que ello implique conformidad y aceptación de sus dichos, mi parte no se opone a la citación del tercero" (fs. 92).

En su alegato, el actor adoptó la misma postura prescindente respecto de la tercero, ya que sólo pidió la extensión de responsabilidad de las personas físicas demandadas (GONZALO y HORACIO RUBIO), no así de la tercero; y finalizó solicitando que "oportunamente [se] condene a los demandados conforme la petición del escrito de inicio" (fs. 660/664 vta.) Y ahora, al contestar los agravios del tercero, el actor manifiesta que "Mi parte no ha demandado a la señora María Luz Rubio. Se encuentra en autos a raíz de la citación en los términos del art. 96 del CPCC por las empresas y personas físicas demandadas.mi parte mantiene el criterio sustentado al responder el traslado de la señora María Luz Rubio en fecha 25/08/06. Por lo tanto no participa de la cuestión procesal generada entre las demandadas que citaron a la señora María Luz Rubio, estando a las resultas de lo que en definitiva resuelva V.E. al respecto" (fs. 727).

Luego, el actor insiste en que "conforme fuera expuesto en los puntos precedentes mi parte no participará en la cuestión procesal suscitada entre los demandados y el tercero. Manteniendo dicho criterio no refutará los puntos III, IV, V y VII de la señora María Luz Rubio" (fs. 727 vta.).

Finalmente, en su petitorio pide que se tenga presente "especialmente" lo consignado precedentemente (fs. 728 in fine).

En tales condiciones, me parece muy claro que la actitud procesal del actor, quien deliberadamente ha optado por no demandar a la tercero y mantenerse al margen de las cuestiones que pudieran existir entre ésta y los codemandados, no es posible -sin mengua del principio de congruencia- condenar a la señora RUBIO.

Por ello, propongo hacer lugar al recurso deducido por ésta y dejar sin efecto la condena pronunciada contra la citada, con costas en ambas instancias en el orden causado, dado que esta fue efectuado por los demandados y el objeto fue dar oportunidad a la tercero de ejercitar las defensas que pudieran corresponderle, ante la eventualidad de un ulterior proceso (F. Fed. Civ. Comercial, Sala III, 3/9/96, "Mare, Juan Manuel c/ Telefónica de Argentina SA s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones. Causa n° 4168/93").

La solución que propicio me exime de analizar los restantes agravios deducidos por la Sra. RUBIO.

IV) Los codemandados EL RETIRO DE LOBOS S.A. y AGROPECUARIA LOS CAMPOS se quejan de que se haya declarado la inconstitucionalidad del art. 245 de la LCT y se haya fijado la indemnización sin tope, apartándose de la doctrina sentada por la Corte en el caso "Vizzoti".

La queja resulta atendible. En efecto, en el precedente citado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar las disposiciones del art. 245 LCT a la luz de las reglas de los arts. 14 bis y 28 de la CN, de la jurisprudencia del propio Tribunal y de normas de los convenios internacionales incorporados a la Ley Fundamental, consideró que "no resulta razonable, justo ni equitativo que la base salarial prevista en el párr. 1º del citado art. 245 LCT, vale decir 'la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor', pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su párrs. 2º y 3º... Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje..." (CSJN, 14/9/04, "Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/ despido").

El Tribunal estableció entonces que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrs. 2º y 3º del citado art. 245 LCT sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, criterio que ha sido adoptado por las diez Salas que integran esta Cámara (cfr., entre centenares de fallos: Sala I, 26/10/04, SD 82.077, "Severino, Nilda C., Smurfit S.A. s/ despido"; Sala I, 26/12/05, SD 83.323, "Romero, Nora L. c/ Siembra AFJP S.A."; Sala II, 9/3/06, "Lo Presti, Vanesa A. c/ Semarcar Servicios de Mantenimiento de Carreteras S.A"; Sala II, 31/5/06, "Gómez Crespo, Daniel J. c/ San Sebastián S.A. y otros"; Sala III, 29/9/04, S.D. 86.169, "Áspera, Adrian José c/ Schering Plough S.A. s/despido"; Sala III, 23/3/06, SD 87.602, "Peña, Daniel E. c/ Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.; Sala IV, 11/11/04, "Berdina, Hugo R. c/ Peugeot Citroën Argentina S.A."; Sala V, 29/10/04, sent. 67331, "Gagliardi Omar D. y O. c/Gatic S.A. s/desp."; íd., Sala VI, 22/12/04, "Orozco, Jorge Omar c/ Comital Convert S.A. s/despido"; Sala VII, 27/3/06, "Filippo, Andrés c/ Siembra AFJP S.A.", RDLSS 2006-11-1006).

Pues bien, en el caso de autos, llega firme a esta alzada que la mejor remuneración del actor era de $ 2.800 y el tope indemnizatorio $ 1.909,68 (cfr. fs. 684), de modo que la aplicación de ese límite representa una merma del 32% respecto de aquélla, por lo que resulta constitucionalmente válido a la luz de la doctrina jurisprudencial citada.

Corresponde entonces reducir el importe de la indemnización por despido a la suma de $ 24.825,84 (13 x 1.909,68).

V) La modificación del importe del art. 245 de la LCT (que dejé propuesta más arriba) conduce a reajustar los importes de los demás incrementos que se calculan sobre la base de aquel resarcimiento.

Por ende, la liquidación de condena debe reformularse del siguiente modo:

1) Indemnización por antigüedad	$ 24.825,84 2) Indemnización sust. Preaviso (importe firme)	$ 5.600 3) SAC s/ preaviso (importe firme)	$ 466,66 4) Salarios enero, febrero y marzo 2005 (importe firme)	$ 8.400 5) SAC 2003 y SAC 2004 (importe firme)	$ 5.600 6) SAC proporcional (importe firme)	$ 690,41 7)Vacaciones 2004 (más SAC) (importe firme)	$ 3.397,33 8) Vacaciones proporcionales (más SAC) (importe firme)	$ 546 9) Art. 15 ley 24.013	$ 30.892,50 10) Art. 16 ley 25.561 (conforme pautas no cuestionadas ante la alzada)	$ 24.714 11) Art. 2 ley 25.323	$ 15.446,25 TOTAL	$ 120.578,99 VI) Los codemandados GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO se quejan de que se les haya extendido la condena con sustento en los arts. 54, 59 y 274 de la L.S.

Estimo que no les asiste razón, pues si bien es cierto que durante la mayor parte de la relación laboral la presidencia estuvo en manos de la hermana de los apelantes, también lo es que en el último tramo del vínculo (a partir de diciembre de 2004 el primero y de setiembre del mismo año el segundo) cada uno de ellos pasó a ser único director de una de las dos sociedades demandadas. En tales calidades, bien pudieron haber accedido al legítimo requerimiento del actor y regularizar su situación laboral registrando en debida forma la relación laboral. Sin embargo, no lo hicieron, por lo que deben asumir la responsabilidad derivada de su accionar.

Con respecto a este tema (responsabilidad de socios y directores), he sostenido, tanto como juez de primera instancia [2] como en mi carácter de integrante de esta Sala [3], que:

".si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por el art. 140 LCT y art. 10 de la Ley de Empleo) lo que comúnmente se denomina "pago en negro", tal conducta genera la responsabilidad de los socios y los controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT), la buena fe (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNAT, Sala III, 2/5/00, sent. 80729, "Vega, Claudia c/ Julio Guitelman y Cía S.A. y otro s/ despido).

Asimismo, estas irregularidades configuran violaciones de la ley que generan la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S. Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma. Cámara, en cuanto a que "no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración.porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)". Por ello, "cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo.resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social." (CNAT, Sala VII, 6/9/01, "Díaz, Ricardo D. C/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros", DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., "Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria", RDL, 2001-297).

Esta conducta (dolosa y en violación de la ley) genera la responsabilidad de los codemandados ., en los términos de los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud que, en el caso, están representados por las indemnizaciones derivadas de las irregularidades registrales y de la ruptura del contrato -motivada, entre otras razones, por la negativa de la demandada a subsanar dicha irregularidad-, es decir los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación practicada en el considerando 9º. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/3/98, "Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.", LL, diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., Sala A, 8/9/04, "Meza de Ruiz Días, Telma A. c/ Transporte El Trébol y otros", LL, diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a "los perjuicios causados" como consecuencia de la actuación ilícita.

En resumen, cabe responsabilizar a los codemandados ., con sustento en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., en forma solidaria e ilimitada, por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa), cuya reparación está representada (como dije antes), por los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación efectuada en el considerando 9º.

En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no en una actuación fraudulenta de los socios y administradores. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral".

Mutatis mutandi, estos razonamientos resultan aplicables al sub lite, dado que -insisto- los codemandados RUBIO se negaron a regularizar la situación del actor y desconocieron la relación de dependencia existente, por lo que correspondería mantener la extensión de la condena, con sustento en los citados arts. 59 y 274 de la L.S., aunque sólo respecto de los rubros que guardan relación causal con esa omisión registral, es decir las indemnizaciones derivadas del despido -motivado, reitero, por la falta de registro del vínculo-, esto es los rubros 1, 2, 3, 9 y 10 de la liquidación precedente.

Sugiero entonces que la extensión de la condena a dichos codemandados se limite a la suma de $ 86.499 (24.825,84 + 5.600 + 466,66 + 30.892,50 + 24.714) con más sus intereses.

VII) El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo, conduce a dejar sin efecto lo decidido respecto de costas e intereses, procediéndose a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que torna abstracto el examen de los agravios referentes a esos tópicos.

Las costas del proceso serán soportadas por los cuatro codemandados, vencidos en lo sustancial (art. 68 Cód. Procesal), a excepción de las costas derivadas de la intervención del tercero, que -como dije antes- correrán en el orden causado.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, propongo fijar los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de las parte actora en el 16%; de la representación y patrocinio de los codemandados EL RETIRO DE LOBOS SA y SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA LOS CAMPOS -en forma conjunta- en el 12%; de la representación y patrocinio de los codemandados GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO -en forma conjunta- en el 12%; del patrocinio de la tercero MARÍA LUZ RUBIO en el 11%; y del perito contador en el 6%; todos del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57). Asimismo, estimo los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada, en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

VIII) Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo la condena contra EL RETIRO DE LOBOS SA y SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA LOS CAMPOS a la suma de $ 120.578,99 con más sus intereses, y limitando la extensión de condena solidaria contra GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO a la suma de $ 86.499 con más sus intereses. 2) Dejar sin efecto la condena contra la tercero MARÍA LUZ RUBIO. 3) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 4) Imponer las costas de ambas instancias a los codemandados vencidos, a excepción de las derivadas de la intervención del tercero, que serán soportadas en el orden causado. 5) Regular los honorarios en los porcentajes indicados precedentemente. 6) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que deban responder los codemandados GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO en virtud de la condena en costas se calcularán exclusivamente sobre el monto (capital e intereses) al que éstos han sido condenados.

El doctor Moroni dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.	Por ello el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo la condena contra EL RETIRO DE LOBOS SA y SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA LOS CAMPOS a la suma de $ 120.578,99 con más sus intereses, y limitando la extensión de condena solidaria contra GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO a la suma de $ 86.499 con más sus intereses. 2) Dejar sin efecto la condena contra la tercero MARÍA LUZ RUBIO. 3) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 4) Imponer las costas de ambas instancias a los codemandados vencidos, a excepción de las derivadas de la intervención del tercero, que serán soportadas en el orden causado. 5) Regular los honorarios en los porcentajes indicados precedentemente. 6) Aclarar que los porcentajes de honorarios por los que deban responder los codemandados GONZALO JAVIER RUBIO y HORACIO WALTER RUBIO en virtud de la condena en costas se calcularán exclusivamente sobre el monto (capital e intereses) al que éstos han sido condenados.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI: