marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, robo con armas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Disiento con la apreciación de que la intimidación inmediata y absoluta -vis compulsiva- es única, no cuantificable, que no existen grados o intensidades de ella, siendo equiparables todas las maneras o medios comisivos de ejercerla, las que estarían por tanto comprendidas todas en la figura básica.

Ello no solamente porque si puede cuantificarse el peligro también puede serlo la intimidación, sino porque es el mismo Código Penal el que se encarga de dar una versión distinta al respecto, demostrando acabadamente mediante ella que no cualquier forma de intimidación propia del robo está contemplada en el tipo básico del art. 164 Cód. Penal.

Siendo la situación atendida la vulnerabilidad o la vulneración concreta de las defensas del ofendido, conforme sea el modo de intimidar será mayor o menor la afectación que habrá de producirse en ellas y el consecuente estado de indefensión provocado, y de allí que el estudio sistemático de la figura del robo permite detectar tres niveles de afectación que merecen -al representar distintos grados de intensidad en el resultado vulnerante de defensas- tratamiento y sanciones diferentes. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Recurso de casación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRINI, Rodolfo Guillermo s/ Lesiones Culposas (art. 94 del C.P.) en perjuicio de Angela Carpio - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-21

"Tal como se expresara en el fallo "Casal" debe interpretarse que los arts. 8.2. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral.

Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata de una limitación fáctica impuesta por la naturaleza de las cosas y que debe apreciarse en cada caso.

De allí que se hable de la Leistung, del rendimiento del máximo esfuerzo revisable que puedan llevar a cabo en cada caso..." "Conforme lo expuesto, puede afirmarse que lo no revisable para la casación es aquello que surge directa y únicamente de la inmediación, en tanto ésta impone limitaciones al conocimiento del tribunal revisor por lo que la impugnación dirigida hacia los testimonios valorados en la causa no puede prosperar, más allá de haber dado el a quo la fundamentación correspondiente para avalar las razones por las cuales resuelve no dar credibilidad a los mismos, la que no aparece como arbitraria ni disociada del resto de la prueba obrante en autos".
Derecho público, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Las normas dictadas en garantía de situaciones jurídicas individuales, frente a la acción administrativa, y que, en correlación con los derechos que ellas determinan a favor de particulares, generan obligaciones a cargo de la Administración, han sido llamadas, por ello, "normas de relación". Las señaladas en segundo término, en cambio, dictadas fundamentalmente en garantía de intereses públicos referidos a la organización, al contenido o al procedimiento que han de presidir la acción administrativa, e imponen, por lo tanto, un comportamiento obligatorio a la Administración, sin que, empero, a tal obligación corresponde un derecho subjetivo individual, han sido denominadas "normas de acción jurídica".
Personería gremial, impugnación del acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO UNIFICADO DE LA EDUCACION s/ LEY 22105
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

Resulta ilegítima la resolución del Ministerio de Trabajo que otorgó personería gremial a una entidad, sin dar oportunidad de defensa a quien hasta entonces la ejercía en el mismo ámbito.
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor, transporte de pasajeros, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Empresa transportes Fournier c/ Microómnibus Norte s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Si bien en principio la pretensión de ser resarcido de un lucro cesante requiere la prueba fehaciente del desmedro, el mismo no puede dejar de contemplarse cuando las circunstancias del hecho revelan la suficiente probabilidad objetiva del detrimento y cuando por sus modalidades es presumible el uso lucrativo del vehículo. Si se trata de una empresa que explota el vehículo dañado en el transporte público de pasajeros y el mismo ha debido permanecer en taller para la realización de reparaciones, se puede presumir con fundamento que se encuentra afectada la economía de la explotación. Para su resarcimiento, no puede exigirse la demostración concreta de la cuantía de las pérdidas, debiendo tomarse en cuenta el aporte de datos que permita establecerla, acudiendo en auxilio del juzgador la norma del art.

165 del código de rito. De todos modos, acreditado el desmedro más no su cuantía de modo categórico, la insuficiencia probatoria, gravita en perjuicio del damnificado.
Trabajadores portuarios, sereno de buque
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO UNICO DE SERENOS DE BUQUE Y OTRO c/ UNITED STATES LINES ARGENTINA  S.A. s/ LEY 18610 - 22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-09

El convenio 112/75 no hace distinción entre serenos eventuales y permanentes. Por lo tanto el Sindicato Unico de Serenos de Buques, representa a todos los serenos que cumplen funciones de tales, sin distinguir el carácter de la prestación. En virtud de ello, se encuentra legitimado, para reclamar los aportes y contribuciones previstos por las leyes 22269 y 22105.
Facultades del juez, perito calígrafo
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilar, Erica c/ Carrasco, Juana Victoria y otros s/ Desalojo-Sumarísimo-II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-20

El requerimiento sobre la comprobación de la firma procede tanto a pedido de parte como de oficio, porque cuando existen serias dudas acerca de la autenticidad de las firmas que suscriben los escritos, el Tribunal, en uso de las facultades que la ley procesal le confiere como juez del recurso, debe ordenar la suspensión del procedimiento y designar perito calígrafo, para que proceda a realizar las peritaciones necesarias para establecer la autenticidad de las firmas dubitadas.
Relaciones de familia, alimentos, obligación alimentaria, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: A., P. C. c/ G., R. A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

La mayoría de edad alcanzada por el alimentado, no es circunstancia que por sí misma extinga la obligación alimenticia de su padre, pues ella se extiende hasta los veintiún años, con la sola excepción de que resulte acreditado en la causa que el hijo cuenta con recursos propios suficientes para proveerse de alimentos por sí mismo.
Procedencia parcial, accidentes de trabajo, compensación económica, intereses, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: N., A. M.  c/ P. A. SA  s/ sumario - Accidente de Trabajo (Sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-11-15

Corresponde revocar parcialmente la sentencia para modificar la forma de condena al pago de la prestación del art. 14.2.b. de la LRT, y en su mérito, disponer que se concrete en un pago único a calcular según la fórmula del art. 14.2a -monto que no podrá ser inferior al piso del Decr. 1694/2009 ni a la suma del cálculo actuarial que en Primera y Segunda Instancia se dispuso realizar en etapa de ejecución-. Por principio general, la compensación económica del infortunio se determina conforme a la ley vigente cuando se da el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito. Así las cosas, la dogmática y genérica invocación de razones de justicia y equidad no basta para declarar la inconstitucionalidad de la tarifa prevista por la Ley 24.557, ni es suficiente para dejar de lado la precisa regla del art. 17.5 de la Ley 26.773. En virtud de la falta de pago de las prestaciones dinerarias de conformidad con lo dispuesto por el art. 17.1 de la Ley 26.773 y no encontrándose su pago en curso de ejecución, es que la prestación del art. 14.2.b de la LRT debe ser abonada en un único pago y no en forma de renta.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Bentancour, Liliana María c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-29

Aplicación doctrina Superior Tribunal de Justicia en autos "Giglio Lidia Estela c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s /indemnización por incapacidad". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba del contrato, carga de la prueba, contratos gratuitos
Materia: CIVIL
Carátula: Deltafum Argentina S. A. c/ Monsanto Argentina S.A.I.C. s/ Resolucion de Contratos Civiles/Comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

Quien invoca la existencia de un contrato tiene la carga de la prueba, entendiendo que todo trabajo profesional debe ser retribuído salvo que por su indole sea gratuito o que la norma asi lo establezca expresamente, desde que la excepción de gratuidad no es legalmente presumida.
Recurso de casación, obras sociales, empleador
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: A.E.C. c/ Boelcke S.A. s/ RECLAMO APORTES S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el demandado contra la sentencia que acogió la demanda por cobro de aportes conforme a la Convención Colectiva 130/75 -Empleados de Comercio, art.100-. Ello, en tanto el agente de retención de contribuciones sindicales carece de interés jurídico para hacer planteos relativos a derechos de los que resultan titulares terceras personas cuya representación no inviste el recurrente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez Guido Spano, Miguel Raúl y otros c/ Aldrey Iglesias, Florencio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Establecer el monto indemnizatorio por el daño moral sufrido constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisible en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo.
Honorarios, contadores públicos, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Taraborelli, Eduardo Angel c/ Coop. Eléctrica de Tres Arroyos s/ Indemnización daños y perjuicios por accidente de trabajo Guerra, Eduardo Pilar c/ Expreso del Sud S.A. de transportes s/ Despido Gauna, Tolentino y otros c/ Agencia Marítima Rigel S.A. y otros s/ Diferencia de jornales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27|1991-05-28|1993-06-29

El ordenamiento en general establecido por la ley provincial 10.620 no debe aplicarse en cuanto concierne a la actuación de los contadores como auxiliares de la justicia, desde que contiene en su articulado diversas disposiciones que contrarían el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y elementales garantías de raigambre constitucional tales como el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la jerarquía normativa etc., que -entre otros- consagran los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional y arts. 9, 10 y 27 de la Carta local.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BARNETCHE, Eduardo Aníbal c/ SALAZAR, Néstor Ángel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-03

Ello sentado paso a considerar el planteo de nulidad de la sentencia, señalando sintéticamente que tampoco es viable por cuanto la cuestión eventualmente puede ser subsanada a través de la apelación.

Es que, cabe señalar que doctrina y jurisprudencia han optado por la validez del acto jurisdiccional antes que decretar su nulidad y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso de apelación, de suerte tal que debe declararse la nulidad de la sentencia cuando el hipotético vicio no pudiera remediarse al considerar el recurso de apelación (CNCiv., Sala F, en E.D. 69-323), como ocurre en el supuesto de carecer el fallo impugnado de toda fundamentación que impida al recurrente expresar agravios y al Tribunal de Alzada ejercer la potestad revisora (SCBs. As., 26/09/78 en Rep. E.D. 14.841, núm. 24; CApel. CC.Salta, Sala III, tomo 2001, f° 44; íd. tomo 2003, f° 1055; íd. t. 2003, f° 610; CApel.CC. Salta, Sala III, 10-11-03, Fondo vs. Cámara, Expte. de Sala n° 51.162, protocolo año 2003, f° 1062; Id., Id., 28-12-04, Pérez vs. Hospital, Expediente de Sala n° 108758, año 2004, f° 1260; año 2005, f° 237, año 2009 f° 228, entre tantos otros).
Cuestiones de competencia, excusación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R. de R., M.E. c/ S.T. E.S. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-18

No puede desconocerse que el apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa (sea espontáneo o provocado) trasunta un acto de suma gravedad institucional, y ello, como lo tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia, no puede dejarse de considerar en asuntos como el presente, pues -tanto la excusación como la recusación- "implican un desplazamiento anormal de la competencia, y siendo inherente ésta a la garantía del juez natural, las causales son de enumeración taxativa y en consecuencia interpretadas restrictivamente y con la debida mesura atendiendo a su trascendencia y gravedad".
Derecho constitucional, amparo colectivo, relación de consumo, facultades legislativas, ejercicio profesional, corretaje inmobiliario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires - Asociación Civil y otros c/ GCBA s/ amparo - otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado expte. n° 16577/19 "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires - Asociación Civil y otros c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Si los jueces de mérito interpretaron el alcance de sus competencias excediendo los márgenes que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fija a la noción de causa judicial, ello importa una superposición con las competencias que a este Tribunal vienen asignadas por la CCBA, incompatible con el art. 113.2 -cuya validez, por lo demás, no ha sido puesta en tela de juicio-, que le encomienda el conocimiento originario y exclusivo de cuestiones de esa naturaleza, por la vía de la acción declarativa de inconstitucionalidad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Resolución administrativa, Administración Nacional de la Seguridad Social, demanda, juicio sumario, Fuerzas Armadas, retiro militar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: CHICO, JUAN JOSE c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-16

Si bien la ley de Solidaridad Previsional ordena imprimir el trámite sumario a las demandas contra resoluciones de la A.N.Se.S (art. 15 de la ley 24.463, modificado por la ley 24.655), no es razonable pensar que en idéntica materia, pero tramitada en un organismo diferente (en el caso, el actor inició demanda por cuestiones que versan sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) pueda aplicarse distinto procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza del reclamo y la urgencia con que deben tramitarse los pedidos que tienen carácter alimentario.
Administración fraudulenta, administrador del consorcio, consorcio de propietarios
Materia: PENAL
Carátula: GARAY, Julio. s/ DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-07

Encuadra en la figura de administración fraudulenta, la acción del administrador de un consorcio que, con fines de lucro, desvió abusivamente de su recto destino fondos a él asignados en atención a la índole de las tareas confiadas, con la cual dañó el patrimonio de sus representados.
Litisconsorcio facultativo, acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MEGA, JOSE JULIAN. c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN Y OTROS. s/ D. Y P. RESPONSAB. EXTRA CONT. ESTADO. (EXPTE. 367744/2012)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-25

Tratándose de un litisconsorcio facultativo existen tantas litis como acciones se deducen, y tantos procesos como litis se propongan.
Transacción, legitimación procesal, contratos administrativos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Debe distinguirse la legitimación para estar en juicio como actor o demandado, de la legitimación para componer convencionalmente la litis; desde que quien está legitimado para disponer de un derecho, también lo está para actuar en juicio cuando tal derecho se controvierte, pero no sucede lo mismo a la inversa.
Expresión de agravios, costas, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Comunidad M. L. F. L. c/ Municipalidad de Epuyen s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-02

Si lo que el Municipio vino a exigir a la alzada es que se modifique la imposición de costas de Primera Instancia, debió rebatir los argumentos dirimentes de la decisión judicial. Porque, circunscripto su agravio a la aplicación del principio general en materia de costas, esos llegaron incólumes, firmes y consentidos. Circunstancia ésta que define la suerte que ha de correr la apelación, pues son ellos justamente los que brindan sustento a la obligación que se impugna.
Daños y perjuicios, indemnización, daño al interés negativo, daño al interés positivo, compraventa, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: VALENTIN ZERPA Y CLEMENTE GERONIMO c/ HECTOR OMAR ABUD s/ ORDINARIO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DAñOS Y PERJUICIOS s/ ORDINARIO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1987-11-11

En caso de resolución de un contrato de compraventa se puede reclamar la indemnización de daños y perjuicios, pretensión autorizada por el Artículo 1204 del Código Civil y la mencionada indemnización puede consistir en la reparación del interés positivo o interés de cumplimiento, que es la configuración hipotética de la situación patrimonial en la que se halla el comprador si el vendedor hubiese cumplido exactamente su prestación o en la reparación del interés negativo o interés de confianza que es equivalente a la situación patrimonial en la que se hallaría el comprador si no hubiese celebrado el contrato posteriormente resuelto, es el daño sufrido como consecuencia de haber confiado los compradores en la eficacia de un contrato que luego de formado tuvo que resolverse por una causa imputable al vendedor.
Excepciones procesales, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bisso, José Miguel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

El Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo no diferencia a las excepciones dilatorias y perentorias por su contenido sino por el momento en que son articuladas.
División de poderes, Poder Legislativo, sanción de la ley, limitaciones a los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCO NACIONAL - DIRECCION NACIONAL IMPOSITIVA c/ ASTINAVE S.A. s/ COBRO RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

En una organización política como la nuestra, fundada sobre la base del principio republicano de la división de poderes, el Legislativo tiene limitada y determinada competencia por la Constitución; por lo tanto toda ley que ese departamento de gobierno haya sancionado traspasando las restricciones a que su competencia está subordinada es nula, porque viola la Carta Magna.
Ley procesal penal, derechos de la víctima, facultades jurisdiccionales, derecho a ser oído, derecho a la información, delitos contra la integridad sexual, niños, niñas y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Si bien en el caso no resulta posible aplicar sanciones penales por los hechos que habrían tenido lugar durante los años 1990 y 2010, en razón de la extinción de la acción penal, correspondería arbitrar las medidas necesarias para que, en las investigaciones que en principio subsistirían contra el imputado ante los tribunales de justicia de esta Ciudad, se observen todas las prerrogativas que titularizan las víctimas de los hechos -que habrían tenido lugar en ese período- abarcados en esta incidencia (arts. 38 y ccdtes. del CPP). Se trata de sus derechos a ser informadas y oídas, lo que incluye la posibilidad de evaluar la incorporación de sus testimonios al juicio que sigue en trámite, dado que las imputaciones subsistentes contra el acusado compartirían las características fundamentales de los hechos involucrados en esta incidencia y, además, se sustentarían en otras pruebas independientes. De ese modo podrá concretarse la debida tutela de los especiales derechos que asisten a las víctimas, sin pasar por alto los principios fundamentales que restringen el poder penal del Estado frente a los individuos imputados por la comisión de delitos. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Materiales de Construcción Ted S.R.L.  c/ Gómez, Joaquín Matías  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-23

Quien solicita una medida cautelar tiene la carga de acreditar, prima facie, la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifiquen.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almonacid Rantul de Figueroa, Dora c/ Transporte 25 de Mayo S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Para ejercer la acción prevista en el art. 1107 del CCI, en principio es menester que el hecho haya sido calificado como delito criminal por los jueces competentes en el fuero penal. Si no se cumple con tal requisito la responsabilidad del transportista resulta ser necesariamente contractual y se rige, respecto de la prescripción, por lo dispuesto en el art. 855 del Código de Comercio.