Proceso penal, ejecución de la pena, prisión domiciliaria, recurso de casación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Colombre, Raúl Ramón s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos R. Vera en Expte. Nº 578 - Colombre, Raúl Ramón s/ prisión domiciliaria - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21

La Jueza de Ejecución Penal rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el interno C., ordenando al Servicio Penitenciario que arbitre los medios necesarios a fin de que regularmente el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presenta, en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de C.

Contra dicha resolución, recurre en casación el defensor del penado, agraviándose de la denegatoria del beneficio solicitado.

El peticionante dice que su representado tiene 78 años argumentando que la sola pertenencia a la franja etaria fijada por la norma (art. 32 inc. d) Ley 26.472 modif. Ley 24.660 y art. 10 inc. d) C.P. modif. Ley 26.472) hace beneficiario a su asistido de la prisión domiciliaria.

El yerro en el que incurre la defensa radica en interpretar que es imperativo para el juez conceder la prisión domiciliaria automáticamente, por el sólo hecho de haber alcanzado el condenado el requisito de la edad (mayor de 70 años).

Considero acertada la postura sostenida por el juez a quo, en cuanto a que la norma en cuestión de ninguna manera establece que por el sólo hecho de comprobarse alguno de los extremos exigidos, previstos en el artículo (32 inc. d) Ley de Ejecución Penal), deba la ejecución de la pena automáticamente cumplirse bajo la forma domiciliaria, sino que, la viabilidad de la misma queda sujeta a la apreciación judicial. Concretamente, en relación al presente cuestionamiento, el proveyente estimó que no se presentan las particularidades que conlleven a aplicar el beneficio que se solicita, y que no se vulneraba el derecho a la salud del interno. Ponderó que de los informes incorporados al legajo se constata que el interno ingresó recientemente al sistema, es decir, el 25/02/2012 (C. fue condenado por el delito de homicidio simple a cumplir la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo) y que recibe el tratamiento adecuado para sus patologías en su lugar de alojamiento.

Asimismo, consideró el informe de la división salud del servicio penitenciario, concluyendo que C. es una persona que convivió con las patologías que ostenta (artritis, prostatismo, gastritits, varices MMII.), pues se colige del informe glosado al momento de su detención que idénticas patologías ya padecía y que le permitían desempeñarse laboralmente como sereno.

Sostuvo que tampoco se advierten, ni fue probado por la parte, que la situación en contexto de encierro agrave las patologías que padece, aclarando además, que ellas resultan propias a su edad. Pues no son aquellas de las que impidan recuperarse o recibir una adecuada atención en el servicio de salud penitenciario, tampoco implica que el nombrado reciba o vaya a recibir un trato indigno, inhumano o cruel; circunstancias éstas que descartan la hipótesis de los incs. a), b) y c) de la ley 26.472.

Tampoco padece una enfermedad incurable o terminal, ni posee discapacidad alguna cuya privación de la libertad en el establecimiento carcelario resulte inadecuada, convirtiéndose en un trato indigno, inhumano o cruel.

En atención a los fundados argumentos brindados por la juez a quo, y teniendo en cuenta que la sola constancia de que el condenado sea mayor de setenta años resulta insuficiente para otorgarle de manera automática la prisión domiciliaria, estimo que la denegatoria de la jueza de ejecución penal resulta ajustada a derecho y debe confirmarse en esta Sede.

Lo dicho es, claro está, en las condiciones operadas al momento de la resolución motivo de la presente y sin perjuicio de un nuevo examen en caso de que éstas muten tornando aplicable el beneficio solicitado.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido.