Empleo público, policía, retiro policial, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Oliva Aldo Raúl c/ Provincia de Córdoba s/ Contencioso Administrativo. Plena Jurisdicción Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-06-17

El acto administrativo que dispone el pase a retiro obligatorio por razones de servicio del persona policial contempla tanto un aspecto objetivo cuando establece a los efectos del paso a retiro obligatorio un mínimo de quince años de servicio activo para cualquier jerarquía y grado del personal, cuanto uno subjetivo, discrecional, añadiendo las denominadas razones de servicio para completarla.

Las razones de servicio se encuentran dentro de las facultades discrecionales de la admnistración, en principio exenta de control jurisdiccional pues conforman valoraciones subjetivas atinentes a la política conductiva que en un momento situacional determinado realiza el poder administrador en su más alto nivel.

Mientras se obre dentro de los límites impuestos por la norma vigente, y no se incurra en arbitrariedad manifiesta, el sistema republicano de separación de poderes no autoriza el control judicial sobre la ponderación, oportunidad y conveniencia del dictado del acto.

El pase a retiro obligatorio se compadece con la naturaleza y el fin de la institución policial, milicia armada estructurada piramidalmente, cuya función es el mantenimiento del orden público y asegurar la paz socia.

Desconocer dicha prerrogativa significaría negarle al órgano administrador el ejercicio del poder, privando a la actividad administrativa de la dinámica para su desarrollo en forma eficaz.

El régimen del retiro policial regulado por el Título V de la Ley 6702, en nada se relaciona con las causales de privación de la estabilidad que establece el art. 19 en concordancia con el 77 de la misma ley. Esta última produce inexorablemente la total ruptura de la relación de empleo público policial y no acuerdan derecho a percibir haber posterior alguno. En cambio, el retiro configura un instituto diverso que no significa la cesación del estado policial sino la limitación de sus derechos y deberes. Es decir que el estado policial no se pierde sino que se modifica: de personal policial en actividad pasa a personal policial en retiro, continúa perteneciendo a la institución en otro estado.

Quien se vincula a la actividad policial como sujeto de esta peculiar relación de empleo público goza de plena estabilidad. Sin embargo, no tiene el derecho a permanecer en forma permanente como personal en actividad, sino que a través de un instituto diferente, como el retiro, tal derecho se debilita cuando se aplican correctamente las normas que hacen viable.

El derecho del agente a permanecer en el cargo o función activa, dura hasta tanto se produzca la decisión de la administración que discrecionalmente disponga su cese y pase a situación de retiro.

Es decir que la ley al predeterminar la conducta debida por la Administración con la condición señalada, delimita la tutela del personal que tiene el derecho subjetivo administrativo de exigir sólo el cumplimiento de lo reglado por la norma ( permanencia en actividad condicionada), como asimismo que el ejercicio de la facultad discrecional se ejerza razonablemente.

Los derechos tutelados por la Constitución no son absolutos y se gozan conforme a las normas que lo reglamentan.

La especial estructura de la institución policial y en relación a la consecución de sus fines, impone establecer reglas respecto a idoneidad, ingreso, funciones, derechos, deberes, retiros, etc. prevaleciendo el interés general de asegurar el orden y seguridad pública (art. 1 Ley 6701) sobre el particular de resguardo de la estabilidad.

El derecho a la estabilidad se encuentra asegurado por cuanto dicho personal policial si bien deja de pertenecer al servicio activo, conserva estado policial, significando ello que ante una situación de emergencia puede ser llamado nuevamente a servicio.