Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-12-29


FALLO COMPLETO:

En la Ciudad de San Juan, a veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diez, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dos mil nueve y su aclaratoria de fecha 30/04/2009, en autos Nº 77795 (19905) caratulados: "Moviglia, Gustavo c/ Provincia de San Juan (DOS) - Cobro de Pesos"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:

La parte demandada, Provincia de San Juan, interpone recursos de casación e inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil, en cuanto acogió la apelación de la parte actora y en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 20 y concordantes de la ley 7675 el cual dispone que las costas -en los casos en que el Estado Provincial es parte- deben imponerse en el orden causado.

De esta manera, revocó la resolución de primera instancia que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora.-- Para así decidir, el a quo sostuvo que la norma en cuestión implicaba un menoscabo del derecho constitucional de propiedad, en la medida que la imposición de costas importa una reparación de los gastos efectuados por la parte vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho, y que distribuirlas de otra forma se traduciría en una disminución del derecho judicialmente declarado.

Por otro lado, consideró que su aplicación en el presente proceso afectaría la seguridad jurídica, en la medida que se trata de un proceso iniciado antes de la fecha de sanción de la ley, aparejando ello la retroactividad de la norma.

Añadió que, en los reclamos de orden jubilatorio o previsional -de carácter alimentario-, imponer la obligación al actor a pagar las costas generadas por él en el proceso, afectaría la previsión del artículo 14 bis de la Constitución Nacional al tener que soportar los gastos causídicos que afectan su crédito alimentario.

A continuación, los magistrados transcribieron doctrina en su apoyo, concluyendo en que el artículo 20 de la ley 7675 es inconstitucional, declarándolo así de oficio (con alusión al artículo 11 de la Constitución de la Provincia), acogiendo -de ese modo- el pedido formulado por la actora y por el letrado de la demandada.

Con posterioridad a dicho pronunciamiento, y receptando el recurso de aclaratoria interpuesto por la parte actora, el Tribunal dictó otro fallo en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada en la resolución aludida, debía hacerse extensiva a los artículos 22, 23 y 26 de la ley 7675.

La demandada recurrente encuadra el recurso de casación en la causal prevista en el inciso 2º del artículo 15 de la ley 2275, en cuanto el a quo habría omitido aplicar ".las disposiciones contenidas en los artículos 1, 5 y 121 de la Constitución Nacional frente a las normas de menor rango como las contenidas por el Código Civil Argentino, conforme artículo 75 inciso 12° de la misma Constitución Nacional".

A continuación, descalifica la sentencia acusándola de arbitraria en cuanto en ella se alude a la "naturaleza previsional de la causa", cuando -en realidad- dice que el caso versa sobre un reclamo de cobro de pesos por prestaciones médicas que el actor habría realizado a la Dirección de Obra Social de la Provincial.

Critica el decisorio sobre la base de la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de las normas y a la introducción tardía del planteo. Por último, expone razones a favor de la constitucionalidad de la ley 7675.- En lo que al recurso de inconstitucionalidad respecta, la quejosa se ampara en la causal del inciso 3º, artículo 11 de la ley 2275. Reitera que el Tribunal a quo ha dictado una sentencia arbitraria en cuanto no ha tratado ninguno de los argumentos que su parte esgrimió en defensa de la constitucionalidad de las normas.

También la cuestiona por no aclarar siquiera a qué normas se refiere cuando declara la inconstitucionalidad del artículo 20 "y concordantes" de la ley 7675 y porque considera que la sentencia carecería de las formas indispensables para que una resolución exista como tal, al estar huérfana de fundamentos y sustentarse exclusivamente en la voluntad de los sentenciantes.

En sucesivos agravios, la demandada insiste en que la decisión es arbitraria y agrega que la declaración de inconstitucionalidad sólo procede en casos de extrema gravedad y que -en la especie- el planteo de inconstitucionalidad fue extemporáneo, porque la actora introdujo la cuestión cuando la ley ya estaba vigente.

Luego la recurrente efectúa un análisis de la ley 7675, haciendo hincapié en que la limitación legal que implica que cada parte asuma sus costas, es una de las opciones razonables en la materia.

Refiere a otras normas vigentes que contendrían similar política legislativa en la distribución de las costas, lo que atribuye a la abundante litigiosidad que tiene que soportar el Estado.

Puntualmente destaca que la sentencia es arbitraria cuando declara la inconstitucionalidad de los artículos "concordantes" con el artículo 20 de la ley 7675, sin precisar con exactitud a qué normas alcanza.

Mediante escrito de fojas 249/250 la demandada amplía el fundamento de su recurso de inconstitucionalidad contra lo resuelto en la sentencia aclaratoria.

Expone que esta última carece igualmente de consideración alguna por cuanto, en primer lugar, la "concordancia" no sería tal en la medida que el artículo 20 se refiere a las costas, el artículo 22 a la base regulatoria de honorarios, el artículo 23 refiere a la tasa de interés y el artículo 26 a la vigencia temporal de la norma, de donde no encuentra razonabilidad alguna para hacer extensiva la primigenia inconstitucionalidad a los nuevos artículos así declarados.

Sostiene que esta última resolución no hace más que patentizar la violación palmaria al principio de congruencia, al debido proceso, al derecho de defensa y a su propiedad.- Expuestos los antecedentes de los recursos, me abocaré primeramente al tratamiento del recurso de inconstitucionalidad -por cuanto y tanto- conforme sea la solución que se propicie al mismo, corresponderá el tratamiento de la casación, ya que "para expedirse en casación se requiere la existencia de una sentencia válida" (P.R.E. Sala Iª 2000-II-402).

Memoro que para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal, se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión, en la medida que sólo en casos de serias deficiencias lógicas de razonamiento o de ausencia de fundamentos normativos, queda habilitada la tacha de arbitrariedad (doctrina de la C.S.J.N. en Fallos: 311:786; 312:696; 314:458; 324:1378).-- En tal sentido, se ha dicho que la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos existentes al momento de la decisión, cuya validez descansa no solamente en el imperio del tribunal sino en las motivaciones en que se base el pronunciamiento (CSJN; Fallos, 304:590).

Es que la sentencia, para ser considerada tal, debe contener los fundamentos y la aplicación de la ley (arts. 168 y 169 del C.P.C./ley 3738, hoy arts. 164 y 165/ley 8037), respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, pues sin tales recaudos la sentencia es nula (art. 33 inc. 4° del C.P.C.), además de violar el derecho de la defensa en juicio, amparado por los arts. 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución Provincial (cf. Fassi, Cód. de Proced. Civil, I-287).

Sentado ello, adelanto opinión en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad debe ser acogido. Baste para arribar a tal conclusión la verificación de los agravios invocados por la recurrente, a saber: insuficiencia de fundamentos, falta de referencias concretas a las constancias de la causa y contradicción entre las razones expuestas en el decisorio impugnado.-- En efecto, entiendo que la resolución carece de fundamentación suficiente en la medida que el Tribunal justifica su decisión haciendo referencia a lo dispuesto en fallos precedentes. Empero, dichos precedentes parecieran aludir a una situación fáctica disímil a la planteada en el caso, en cuanto se mencionan "reclamos de orden jubilatorio o previsional" que "tienen carácter alimentario".

Además, el fallo reza literalmente: ".Normas como las contenidas en la ley 7210 solo contribuyen a favorecer la desidia y desinterés de la administración ante los justos reclamos previsionales formulados por la clase pasiva y entorpecen el accionar jurisdiccional.".- Surge claramente de lo trascripto que los magistrados han traspolado al sub lite una doctrina que no se ajusta a la situación fáctica expuesta coincidentemente por las partes, en tanto en aquella se trataría de un reclamo de tipo previsional (de carácter alimentario), mientras que en el supuesto de autos, la pretensión de cobro de pesos del actor encontraría sustento en prestaciones médicas brindadas por él a favor de afiliados de la demandada.

En otras palabras, se trata de reclamos erigidos en causas diferentes, a tal punto, que están regidos por normas disímiles.

Así las cosas, para justificar adecuadamente la aplicación al caso de la mentada doctrina, hubiera resultado necesario explicitar con claridad y precisión, de qué modo o conforme qué lógica jurídica, los argumentos dados para declarar la inconstitucionalidad de la ley 7210 pueden justificar la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley 7675 y sus "concordantes".

Este razonamiento, insisto, no ha sido puesto de manifiesto de modo alguno, por lo que el decisorio no cumple con los estándares de fundamentación que habilitan calificarlo como un pronunciamiento válido.

En tal sentido, Néstor Sagüés enseña que "el recaudo no transable en materia de fundamentación normativa es, pues, la necesidad de que la sentencia proporcione al lector una pauta clara que vincule lo decidido con la normatividad en vigor; si ese hilo conductor no existe, el fallo es arbitrario, ya que en lugar de basarse en el ordenamiento jurídico, tiene su raíz nada más que en la voluntad del juzgador ("Recurso Extraordinario", II, pág. 624).- Siguiendo con el tratamiento de los agravios, y como bien señalara la demandada recurrente, el Tribunal ha sostenido su decisión sobre la base de una opinión de doctrina que transcribe.

A ella sólo agrega: ".estos conceptos de tan prestigioso colega son aplicables al caso traído en esta oportunidad y nos lleva a la necesaria conclusión de que la norma del art. 20 de la ley 7675 es inconstitucional debiendo así declararse de oficio (artículo 11 de la Constitución de la Provincia) con el objeto de amparar eficientemente los derechos constitucionales de la parte actora y para preservar la integridad de la esfera de potestades privativas que la Constitución atribuye al Poder Judicial".

Pues bien, la precedente consideración, en la parte que alude a la "declaración de oficio", resulta particularmente demostrativa de que el a quo ha efectuado un razonamiento desprendido de las constancias de la causa, en la medida que la inconstitucionalidad fue efectivamente introducida por las partes, sin que se pueda llegar a comprender el motivo de la referencia a la "declaración de oficio". Simultáneamente, el Tribunal incurre en autocontradicción con el párrafo final del fallo, en cuanto hace mención del "pedido" de inconstitucionalidad "formulado por la actora y por el letrado de la demandada".

Por último, la mención del "pedido formulado por el letrado de la demandada" resulta impropio.

Es que si bien es cierto que dicho profesional introdujo -por su propio derecho- el planteo de inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley 7675 al tiempo de contestar la demanda, es de hacer notar que no fue quien apeló. Rememoro que la apelación fue introducida y sostenida por la parte actora, de modo tal que el Tribunal debió ceñirse exclusivamente al tratamiento de los agravios expuestos por la recurrente.

Adviértase aquí otra falencia argumental, violatoria del principio de congruencia.

Viene a colación mencionar que, en reiteradas ocasiones esta Corte se ha pronunciado en el sentido de que: "Arbitrariedad significa lo contrario de lo razonable y se configura cuando existe una meritación absurda, carencia de fundamentos, apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, cuando el fallo no significa una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa o se dictan sobre la base de la mera voluntad de los jueces.

Pero siempre el vicio debe ser palmario, evidente, notorio, en el razonamiento o en groseras desinterpretaciones". (P.R.E. S.2ª 1999-I-163; S.2ª 1990-I-97).

En las condiciones expuestas, y como anticipara, arribo a la conclusión de que el fallo cuestionado resulta violatorio del derecho de defensa y debido proceso, motivo por el que propicio -con mi voto- el acogimiento del recurso de inconstitucionalidad (art. 11, inc. 3°, ley 2275).

En consecuencia, el resolutorio recurrido ha de ser anulado, debiendo -por lógica- hacerse extensiva dicha sanción a la resolución aclaratoria consecuente, ordenando que bajen los autos al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo (art. 14 in fine, ley 2275).

Atendiendo al resultado arribado al tratar el recurso de inconstitucionalidad, deviene innecesario -por haberse tornado abstracto- el tratamiento del recurso de casación.

Propongo que las costas de esta instancia extraordinaria se impongan a la parte actora recurrida.- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo.

II) No examinar, por haberse tornado abstracto, el recurso de casación. III) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora recurrida.

IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense.

Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-4809 S.E.

P.R.E. S.1ª.- 2010-IV-764.