Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06


STJSL-S.J. - S.D. N° 006 /14.- ---En la Ciudad de San Luis, a seis días del mes de febrero de dos mil catorce, se reúnen en Audiencia Pública los Sres. Ministros OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ y FLORENCIO DAMIAN RUBIO - Ausente el Dr. OSCAR EDUARDO GATICA, por encontrarse en uso de Licencia -Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: "SANCHEZ VICTOR ORLANDO Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD" Expte. N° 06-S-09 - IURIX N° 187225/10.- Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Doctores HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, OMAR ESTEBAN URIA y FLORENCIO DAMIAN RUBIO Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son:

I) ¿Es procedente la Demanda de Inconstitucionalidad planteada? II) En su caso ¿qué resolución corresponde dictar? III) ¿Cuál sobre las costas? A LA PRIMERA CUESTION, EL DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, dijo: 1) Que a fs. 80/108 vta. se presentan por derecho propio, el Sr. Presidente y Secretario del Club de Cazadores Deportivos de San Luis y demás asociados, con el patrocinio letrado de los Dres. Roberto Pagano, José Antonio Capello, Jorge Sosa y Javier A. Corigliano, y deducen demanda de inconstitucionalidad parcial, contra el art. 1° del Decreto N° 547-MMA-2009, sólo en cuanto prohíbe la caza de las especies jabalí (suscrofa) y vizcacha (lagostomus maximus).

Los accionantes realizan una breve introducción respecto al origen histórico de la caza deportiva, y de las largas series de trámites que deben cumplir para obtener los permisos de portación de armas y licencias para cazar.

Manifiestan que en la cacería confluyen no sólo el contacto con la naturaleza sino también el elemento humano. El hecho de salir de caza implica un momento de amistad. En muchos casos, son familias de cazadores que salen acampar los fines de semana y algunas veces entre todos comen el fruto de la cacería.

Expresan que se distinguen de grupos desaprensivos que se mantienen al margen de la ley y se dedican a cazar de una manera dañina, formando grupos organizados que eluden los controles de organismos correspondientes. Que en parte, este grupo es controlado por los cazadores deportivos, puesto que los furtivos evitan a los deportivos, que avisan a los dueños de campos y a la policía.

Asimismo, señalan que los productores agropecuarios apelan a diferentes mecanismos para el control de aquellos animales que provocan daño en sus propiedades, y uno de ellos es permitir a los cazadores deportivos que ejerzan su actividad en sus campos. De esta manera, evitan apelar a los métodos químicos (veneno) para erradicar a esos animales, lo que puede generar un importante daño, al producir la muerte de otros animales que forman parte de la cadena alimentaria.

Aducen que se permite cazar en cotos que existen en la provincia, sin embargo se encuentran ante una peculiaridad absurda, no existen ningún coto cerrado totalmente con alambre perimetral, excepto donde hay ciervos, en violación al art. 11 de la ley Nº IX-0322-2004 (5462).

Citan distintas legislaciones provinciales y se remiten al derecho comparado, que autorizan la caza de diferentes animales.

Plantean la cuestión constitucional, en cuanto que la norma local, Decreto Provincial N° 547-MMA-2009, afecta irrazonablemente su libertad individual que altera el desarrollo pleno del hombre y secundariamente sus derechos adquiridos en identidad con el derecho de propiedad, en tanto establece una veda total de cacería para todas las especies, inclusive las que presentan características de dañosidad y su condición de plaga, resultando claramente inconstitucional, solicitando así sea declarada.

2) Que fs. 152/ vta., el Alto Cuerpo declara su competencia y la procedencia por sus formas extrínsecas de la presente demanda, ordenando correr traslado a la contraria por el término de ley.

3) Que a fs. 160/177vta., se presenta Fiscalía de Estado y contesta traslado, solicitando el rechazo de la demanda ante su manifiesta improcedencia, toda vez que destaca que es constitucional el reglamento que se impugna, en cuanto la medida tiende a satisfacer la necesidad de brindar mayor y más eficaz protección de la fauna en general y a la nativa en particular, debido a que la caza indiscriminadada, pone en grave riesgo a la misma.

Así, afirma que en observancia a los presupuesto mínimos previsto en el art. 1° de la Ley Nacional N° 25.675 y en ejercicio de poderes no delegados (art. 41 CN), el poder administrador provincial no sólo se encuentra habilitado para dictar el Decreto N° 547-09, sino también para el otorgamiento de permisos o licencias sobre caza.

4) Que a fs. 174/175, los actores alegan hecho nuevo, lo que formulada oposición por Fiscalia de Estado a fs. 181/182, y previa vista al Sr. Procurador General, resuelve el Superior Tribunal denegando alegación de hecho nuevo a fs. 188/189.

5) Que a fs. 195 se abre la causa a prueba, y previo informe de Secretaria obrante a fs. 250, se procede a su clausura, poniéndose los autos para alegar a fs. 250 /vta..

6) Que las partes presentan sus alegatos, Fiscalia de Estado a fs. 253/255 vta. y los actores a fs. 256/257 vta.

7) Que el Sr. Procurador General se expide a fs. 260/261 vta., propiciando el rechazo de la presente acción.

8) Que a fs. 262 se llama Autos para dictar Sentencia, proveído que se encuentra firme, estando la causa en estado de resolver.

9) En cuánto al fondo del asunto coincido con el dictamen del Sr. Procurador General, por lo que debe rechazarse la demanda con expresa imposición de costas.

Sustancialmente la demanda no procede en cuanto se pretende la declaración de inconstitucionalidad parcial del art. 1° del Decreto 547-MMA-2009, "sólo en cuanto prohibe la caza de las especies JABALI (suscrofa) y VIZCACHA (lagostomus maximus)".

En primer lugar debe tenerse presente que las especies animales cuya caza (y consecuente muerte) se pretende se autorice, forman parte del medio ambiente el que se encuentra por demás protegido por normas universales, constitucionales nacionales y provinciales, por leyes también nacionales y provinciales y, por supuesto, por normas reglamentarias como la que se pretende invalidar.

Y no puedo dejar de reiterar lo dicho en otros casos, respecto a que el medio ambiente se encuentra integrado - como nos enseñaron desde niños- por el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal.

Específicamente sobre el medio ambiente las normas son contundentes.

Comenzando por el art. 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho de que los habitantes de este nuestro querido País gozamos del derecho a un ambiente sano, con el deber de preservarlo y condenando el daño ambiental con obligación de recomponerlo. Y también imponiendo a las autoridades la obligación de proteger este derecho y la utilización de los recursos naturales (entre los que, sin duda, se encuentran los animales de cualquier especie) y preservar el patrimonio natural... y de la diversidad biológica.

Y tal manda constitucional atribuye una competencia concurrente entre Ia Nación y las Provincias para dictar las normas mínimas de protección de tal derecho.

Por su parte, el art. 47 de la Constitución de la Provincia sentencia a fuego que "los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo", correspondiendo al Estado "proteger. especies animales" y terminantemente expresa: "...Toda persona por acción de amparo puede pedir la cesación de las causas de Ia violación de estos derechos" (ambiente humano de vida salubre, ecológicamente equilibrado...., proteger... especies animales...).

Y volviendo a Ia Constitución Nacional tenemos su art. 124, último párrafo, que dispone "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", de lo cual se infiere entonces, también, las facultades provinciales para proteger ese dominio originario, para proteger a los animales de cualquier especie.

Y esta obligación del Estado Provincial de proteger a las especies animales, es avalada también por la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL, promulgada el 15 de octubre de 1978 por la UNESCO, cuyas normas son terminantes y no pueden ser ignoradas ni por Ias autoridades de cualquiera de los tres poderes del Estado, ni por los habitantes de Ia Provincia, sea individual o colectivamente.

Es suficiente citar brevemente algunas de sus normas: derecho a la vida y derecho a Ia existencia (art. 1); el hombre, en tanto que es especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar (mediante Ia caza deportiva, por ejemplo) a los otros animales (art. 2, inc. b); todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse (art. 4); todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo de las condiciones de vida y libertad que sean propias de su especie (art. 5); todo acto que implique Ia muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, un crimen contra Ia vida (art. 12); los derechos del animal deben ser defendidos por Ia ley como lo son los derechos del hombre (art. 14).

10) Deviene de lo expuesto que en nuestro País, en nuestra Provincia, tenemos Ia obligación moral, natural, constitucional y también legal (como veremos) de preservar la vida de los animales cualquiera sea su especie, de protegerlos, de no matarlos para satisfacer un deseo recreativo.

Por de pronto rige en la República Ia ley N° 25.675 - conocida como ley general del ambiente- y que según lo dispone su art. 1°, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada al ambiente, Ia preservación y protección de Ia diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Y coma objetivos de la política ambiental nacional fija, entre otros asegurar Ia preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales; asegurar Ia conservación de la diversidad biológica (art. 2, incs. a y f).

Y en nuestra Provincia tenemos vigente Ia ley N° IX-0317-2004, denominada LEY DE CONSERVACION DE FAUNA, CAZA Y PESCA que declara de "interés público la protección, conservación, restauración, propagación y repoblación de la fauna, autóctona o exótica que temporal o permanentemente habita en jurisdicción de la provincia y que viven libres e independiente del hombre en ambientes naturales o artificiales"(art. 1°).

Y aquí cabe reiterar Ia norma de la Constitución Nacional (art. 124, último párrafo) que dispone "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", de lo cual se infiere entonces, también, las facultades provinciales para proteger ese dominio originario, para proteger a los animales de cualquier especie.

Armonizando ambas normas tenemos pues que toda la fauna autóctona. que habita en la Provincia pertenece al dominio originario de Ia misma y que esta tiene especial interés público en su preservación.

Pero, ADVIÉRTASE, que el mismo art. 1° de la ley provincial, razonablemente, faculta a los particulares a adquirir el dominio de dichos animales por medio de la caza o de la pesca, pero sometiendo el ejercicio de tal derecho (a la adquisición por medio de Ia caza) a "las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la presente ley y su reglamentación".

Y entonces debemos ir al art. 6° de la ley N° IX-0317-2004 que establece la veda total de la caza pero, también razonablemente, delega a la reglamentación establecer taxativamente las excepciones a ese régimen general de prohibición.

Se dicta, entonces, el Decreto Reglamentario N° 3764-ML-RI-2005 que siguiendo los principios expuestos autoriza la caza deportiva en los casos que señala pero, expresamente, prevé las "vedas absolutas de alguna o todas las especies si los informes técnicos así lo aconsejaran conforme a Ia protección y conservación de las mismas" (art. 2, apart. II, inc. 2.3).

Después de ello se aprueba el Decreto N° 25-MMA-2009, del 12 de enero de 2009, que habilitó parcialmente Ia caza deportiva y respecto al cual los actores pretenden su nueva puesta en vigencia.

Pero he aquí que al poco tiempo (el 15 de abril de 2009) se aprueba el Decreto N° 547-MMA-2009, que impone la veda total de la caza deportiva por el término de cinco años y deroga el anterior Decreto N° 25-MMA-2009. Este decreto 547 es el que produce la queja de los actores que peticionan su inconstitucionalidad parcial.

11) Y aquí debe advertirse que los demandantes en ningún momento observan por inconstitucional al Decreto Reglamentarlo citado N° 3764-ML-RI-2005 que siguiendo los principios expuestos autoriza la caza deportiva en los casos que señala pero, expresamente, prevé las "vedas absolutas de alguna o todas las especies si los informes técnicos así lo aconsejaran conforme a la protección y conservación de las mismas".

Tampoco impugnan como inconstitucional a Ia Ley N° IX-0317-2004, ni en su artículo primero ni en el sexto que establecen Ia veda total de la caza, solo permitiéndola sujeta a "las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la presente ley y su reglamentación".

Y esto es de esencial importancia, pues mas allá de los términos de la demanda (por demás extensa), debe estimarse que los mismos no son sustanciosos por referirse a situaciones, legislaciones o costumbres ajenas a nuestra idiosincrasia provincial, en Ia que la ley -a través de Ia reglamentación del N° 3764-ML-RI-2005- autoriza la veda total de la caza "si los informes técnicos así lo aconsejaran conforme a la protección y conservación de las mismas".

Ninguna prueba han arrimado los actores para desvirtuar los sólidos Considerandos del Dec. N° 547-MMA-2009, ni menos de las terminantes y expresas manifestaciones que se encuentran en su art. 1° que impone la veda total de la caza comercial y deportiva, "en virtud a la necesidad de brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y a Ia nativa, en particular, debido a Ia caza indiscriminada recientemente verificada que pone en grave riesgo a Ia misma, por la que debemos velar como integrante de nuestro valioso patrimonio natural provincial, tanto para las generaciones presentes como para la generaciones venideras".

De manera que el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponden al Poder Ejecutivo son por demás razonables, por lo que la veda total dispuesta se encuentra avalada por los antecedentes que cita el Dec. N° 547-MMA-2009. En efecto allí se recuerda "Que los Decretos Nº 1707-DHyS (SEVU y MA)-97 y 2697-MAS-2002, establecieron la veda total de la fauna silvestre permitieron una recuperación importante de la misma, demostrando ser una medida eficaz para el control de Ia caza irregular y no ajustada a las disposiciones vigentes".

Es decir que estamos frente al ejercicio de facultades legales y reglamentarias que ya, anteriormente, han demostrado no sólo su efectividad sino su total razonabilidad.

Pero no se trata -como lo expresan los mismos actores; fs. 96- sólo de una medida política cuya conveniencia o no corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y a la autoridad de aplicación, sino también por demás razonable en su ejercicio concreto.

No empece a la razonabilidad de la medida que se impugna la mención a la caza del zorro que Ilevan a cabos sofisticados y elitistas deportistas del Reino Unido, ni tampoco la enumeración tediosa que se realiza de normas del derecho comparado nacional e internacional.

La razonabilidad de la medida adoptada en nuestra Provincia -por delegación legal- corresponde al Poder Ejecutivo y autoridad de aplicación, que la ha tornado según la valoración que se ha realizado sobre la necesidad de preservar la fauna autóctona, según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (arts. 512 y 902, del Código Civil), frente a la actitud de cazadores desaprensivos.

12) Debe reiterarse entonces lo expresado más arriba, en el sentido de que los actores no han realizado prueba alguna hábil para desvirtuar los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo: "necesidad de brindar una mayor y eficaz protección a la fauna en general y a la nativa, en particular, debido a Ia caza indiscriminada recientemente verificada que pone en grave riesgo a Ia misma" (art. 1°, Dec. N° 547-MMA-2009).

La declaración de la única testigo, Berta Ana Díaz (fs. 201) es intrascendente a los fines de este proceso, porque sólo declara sobre daños que habrían realizado jabalíes y vizcachas en chacras cuyo cuidado estaban a su cargo y afirma que si son plagas. Pero nada dice -ni siquiera es preguntada sobre ello- sobre el proceder de los cazadores, ni sobre la protección y/o extinción de dichas especies.

Es valorable Ia prueba informativa producida, pero no resultan de ella elementos convincentes que desvirtúen la razonabilidad de la veda impuesta, ante el temor de disminución de la población faunística de que se trata.

Por último cabe recordar lo que dijo este Tribunal en caso anterior.

"Es del caso traer a colación la reflexión que hiciera un gran hombre de trascendencia mundial como lo fue Mahatma Gandhi: "La grandeza de una Nación y su progreso moral se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales" (ver:httpliblogs.clarin.com/proteccion-animal- vte.lopez/2008/9/5/ley143456-proteccion-ani...)".

Ver STJSL-S.J. N° 727/09 del 15 de diciembre de 2009 en autos: "ASOCIACION CIVIL SAMAYHUASI C/ ESTADO PROVINCIAL - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD". Expte. N° 6-A-07.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General corresponde rechazar íntegramente la demanda. Por lo que a esta Primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.

Los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URIA y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, comparten lo expresado por el Sr. Ministro Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ dijo: Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde: Rechazar la demanda de inconstitucionalidad parcial planteada contra el art. 1° de del Decreto N° 547-MMA-2009. ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URIA, y FLORENCIO DAMIAN RUBIO comparten lo expresado por el Sr. Ministro Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.- A LA TERCERA CUESTIÓN, el DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, dijo: Que en relación a las costas del proceso y teniendo en cuenta la naturaleza de la acción intentada, las mismas se imponen solidariamente a los actores. (Art. 68, 75 y 88 del Código Procesal Civil). ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URIA, y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, comparten lo expresado por el Sr. Ministro Dr. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.- Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros la Sentencia que va a continuación:

San Luis, febrero seis de dos mil catorce.- Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Rechazar la demanda de inconstitucionalidad parcial planteada contra el art. 1° de del Decreto N° 547-MMA-2009 II) Las Costas deben imponerse solidariamente a los actores. (Art. 68, 75 y 88 del Código Procesal Civil).- REGISTRESE y NOTIFIQUESE.- No firma la Dra. LILIA ANA NOVILLO, por encontrarse excusada.- Se hace constar que la presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Dres. OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, no siendo necesaria la firma ológrafa, conforme lo dispuesto por Acuerdo Nº 354/2013 y Resolución Nº 129/13.- Secretaría Judicial seis de febrero de dos mil catorce.-