marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ Laboral (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

Concebida la indemnización como una reparación o resarcimiento cuyo fundamento y medida está dado por daño injusto sufrido por la víctima (tesis ésta francamente mayoritaria en el derecho patrio y comparado), habrá que coincidir en que, si bien al momento del accidente concretan los presupuestos de antijuridicidad, causalidad e imputabilidad, que viabilizar n su posterior reclamo, no fatalmente ocurre lo mismo con el cuarto elemento, el daño, que bien podrá precisarse en ese mismo momento (caso de muerte), o requerir el transcurso de tiempo a fin de consolidarse. Por tanto, y recordando que en la ley especial no se indemnizan sino incapacidades laborales, puede afirmarse que el trabajador se encuentra no solamente dificultado de actuar (hasta el alta médica con incapacidad, hasta el año), sino, más radicalmente, sin derecho sustancial a la reparación por incapacidad permanente. Un daño no consolidado no es, jurídicamente hablando, un daño, en tanto quepa, hasta la clausura "ministerio legis" de la convalecencia o hasta que los médicos reputen lo contrario, considerarlo sujeto a evoluciones o regresiones que atenúen, supriman o potencien las secuelas incapacitantes. (De los Fundamentos del Dr. Machado). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Duración del proceso, acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CONTRERAS, VICTOR HUGO - CARES, MARCELO - SEPULVEDA, VICTOR BERNABE. s/ VEJACIONES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

El Tribunal de Impugnación consideró que no se encontraba afectado el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en plazo razonable (art. 18, CPP) ello así teniendo en consideración: el plazo estipulado en el art. 56, de la Ley Orgánica (reglamentación de los procesos provenientes de la transición -2 años-), que en el término de un año desde la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento adjetivo se realizo la audiencia de control de la acusación (art. 168, CPP), la que fue impugnada por la defensa (art. 245, CPP) y que se tratan, los imputados, de delitos de carácter grave. Se citó Acuerdo n° 21/14, del TSJ, "C.", rta. 30/10/14.
Impuesto a las actividades lucrativas, pago, leyes, constitucionalidad, sociedad cooperativa, entidades de bien público, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

El pago sin reserva del impuesto a las actividades lucrativas que gravaba la actividad cooperativa, implica una renuncia tácita pero indudable de la alegación de inconstitucionalidad basada en que se trataba de entes sin fines de lucro, por lo que no cabe considerarla como causal que justifique la eximición impositiva, máxime si al recurrir el actor no discutió la legitimidad de uno de los pagos realizados sino sólo cuestionó la intimación de pago por diferencia de impuestos de uno de los meses ya abonados, y ni siquiera intentó explicar la antinomia que existe entre aceptar la validez del impuesto por un período y cuestionarla por el período anterior con base en la ausencia de "lucro", pues ese aspecto era común a ambos períodos.
Comuna, personal municipal, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

Cabe descartar el cuestionamiento del recurrente en torno a que la decisión de la Administración de asignarle la categoría de revista 19 por no cumplir con las exigencias establecidas por el ordenamiento para acceder a la pretendida categoría 21 que dispuesta "de hecho", si la misma se ha sustentado en actos administrativos formales, como resultan ser los considerandos de la ordenanza, donde la Comuna sostuvo lo imprescindible de procederá una readecuación de funciones y reasignación de categorías, teniendo en cuenta como parámetros fundamentales las fechas de ingreso, funciones, responsabilidad y capacidad del personal afectado, en el afán de corregir la falta de respeto a las disposiciones de la ley 9286, habiéndose fijado -en algunos casos- categorías superiores a las que por las funciones realizadas correspondían.
Prueba pericial, peritos
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNÁNDEZ Oscar Miguel s/ Sucesorio - Inc. de Rend. de Cuentas - Legajo de Copias (Art. 255 C.P.C. - LEY 8037).
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-08

"Los peritos son terceros que intervienen para asistir al juez en la precepción de determinados hechos, que por su configuración técnica escapan a la aptitud corriente de aquel, o bien, en la deducción técnica de los hechos percibidos a través de la formación de verdaderos juicios que elabora sobre la base de reglas que se le indican o que ellos mismos aportan. Aparecen no como una fuente de prueba, sino como un medio de integración de la actividad del Juez. "Que la misión del perito, por lo tanto, estriba en emitir dictámenes, colaborando en el asesoramiento al Juez en punto a la apreciación de los hechos para los que se requiere un conocimiento especializado de una ciencia o industria, circunstancia que no obsta la verificación personal que pueda realizar el órgano jurisdiccional sobre la veracidad de los supuestos fácticos del primero".

"El perito es así un técnico, que auxilia al Juez en la constatación de determinados hechos que requieren conocimientos especiales en la materia y su competencia debe presumirse en quien posee un título habilitante, de donde es razonable concluir, que -en principio- sus conclusiones suponen el resultado de un trabajo especial, técnicamente realizado y cuyo valor se apreciará de acuerdo a la regla del artículo 474 del ordenamiento adjetivo".

De ahí, que la función del perito no es otra cosa que la apreciación de los hechos con su ciencia o técnica, cuando esto sea necesario por lo complicado del asunto a fin de lograr una correcta solución de la controversia; por lo que se justifica la designación de oficio por el Juez a-quo.
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Ladner, Norberto Domingo c/ Vidycom S.R.L. s/ Accidente de trabajo Nogueira Pintos, Jorge Alfredo c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Diferencias salariales, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|1997-09-16

Mientras que la indemnización prevista por la ley 9688 tiene por fin reparar la incapacidad sufrida por el trabajador, la contemplada en el art. 212, párrafo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo, a su vez, compensa al trabajador totalmente incapacitado por la pérdida de su trabajo y su marginación del mercado laboral. De manera entonces que no existe incompatibilidad en la percepción de ambas indemnizaciones desde que tienen distinta naturaleza y responden a objetivos diversos.
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Dresdner Forfaitierungs Aktiengesellschaft c/ San Luis, provincia de s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Para redargüir de falsedad un instrumento público ofrecido como prueba se requiere, previamente, haber efectuado su impugnación.
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, plan de ahorro previo, taxi, chance laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOLEA, JULIA c/ MULTICREDITO SA DE CREDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-02

Si un adherente (accionante) entregó cierta suma de dinero a una entidad de captación de ahorro (accionada), con la finalidad de obtener un préstamo para adquirir dos vehículos (que estarían destinados a ser empleados como vehiculos de alquiler con taximetro) y, tras serle adjudicado el credito y haber satisfecho los trámites exigidos por la citada entidad, ésta no cumplió con el desembolso respectivo (por cesar sorpresivamente en sus actividades de captación del ahorro público), procede: a) que la accionada restituya al pretensor las sumas ahorradas, y los perjuicios derivados de la imposibilidad de explotar económicamente los automóviles, que era la expectativa razonable que había motivado la contratación del préstamo y b) conferir resarcimiento a título de "pérdida de chance", que es más precisamente lo que se dio en la especie, ya que, aun cuando no haya una certidumbre de cuales serían los resultados económicos del empleo de los rodados, supeditados como es natural a diversas variables, lo cierto es que el proceder de la defendida privo al reclamante de la posibilidad de obtener un beneficio económico y, en esa medida, es claro que debe responder.

(En el caso, se otorgó por tal concepto la suma de $10.000, con mas sus intereses desde que la defendida incurrió en mora).
Homicidio simple, infracciones de tránsito, dolo, imprudencia, accidente de tránsito
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL-CIVIL
Carátula: F. c/ Paulos Salomón José Alberto s/ Homicidio Simple con Dolo Eventual y Lesiones Leves con Dolo p/ Recurso Ext. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

El hecho de que exista una grave infracción de los deberes de aseguramiento en el tráfico, no implica automáticamente que nos encontremos frente a un caso de dolo, sino que, de conformidad con las aristas del hecho, podemos estar ante un caso de peligro propio de la imprudencia. En el caso de la teoría de la voluntad, porque precisamente falta la voluntad del autor del hecho; y según la teoría de la probabilidad objetiva, se requiere para atribuir el hecho a título de dolo que el autor haya creado un peligro de dolo, es decir, que exista una alta probabilidad de acaecimiento del resultado. En el ámbito de los accidentes que ocurren el en tráfico vehicular, usualmente nos encontramos frente a peligros a los que el tipo aplicables es el imprudente.
Recurso de casación, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mezabotta, Luis s/ Queja (Libro: A026A-005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-12-02

No cabe el recurso de casación contra la resolución del juez de Instrucción y Correccional que no hace lugar al pedido de sobreseimiento.
Compraventa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garzón, José y otro c/ Coronel, Asencio y otros s/ Actualización de precio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si el reajuste del saldo debido fue condicionado a la mora del deudor, resulta improcedente otorgar dicho reajuste cuando al momento en que se pretendió realizar el pago no existía mora.
Sentencia arbitraria, relación de causalidad, incongruencia, responsabilidad civil, revocación de sentencia, indemnización reducida, reparación integral, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La sentencia recurrida carece del debido rigor lógico de fundamentación toda vez que, sin mayores precisiones, se limita a modificar significativamente los montos indemnizatorios fijados por el juez de grado mediante una ligera actividad analítica que dista de constituir la que exige el deber jurisdiccional, pues solo se sostiene en la convicción personal de la cámara, y en un análisis errado de la incidencia que el comportamiento de los actores pudo haber tenido en el suceso lesivo, sin otra explicación que la advertencia de que sus apreciaciones resultan justas y apropiadas a las circunstancias del caso (Voto del juez Lorenzetti).
Jubilación por invalidez, interpretación de la ley, porcentaje de incapacidad, Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LANGO, ENRIQUE JACINTO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Tratándose de un peticionante domiciliado en el interior del país, ha de darse intervención al Centro Nacional de Reconocimientos Médicos toda vez que, en caso contrario, los facultativos intervinientes no podrían revisar al interesado, con lo cual el dictamen que elaborasen carecería de un requisito imprescindible, en muchas ocasiones, para dar una opinión médica fundada. Por ello, debe entenderse que cuando el art. 49 de la ley 24.241 señala que la C.S.S. dará vista al "cuerpo médico forense" para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado, dicha prescripción ha de entenderse referida a los casos en que éste se domicilie en la Capital Federal o en sus inmediaciones, pues de otro modo se estaría lesionando tanto el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la C.N. como el derecho a la seguridad social contemplado por el art. 14 bis de nuestra Carta Magna. En consecuencia, si del dictamen elaborado por el Centro Nacional de Reconocimiento Médicos- Delegación Mercedes-se desprende que el peticionante presenta una incapacidad equivalente, en el caso, al 80% de la su total laborativa, corresponde declarar que reúne los requisitos establecidos por el art. 48, inc. a) de la ley 24.241, y remitir los actuados al A.N.Se.S. a fin de que se expida acerca de la procedencia del beneficio. (Del voto del Dr. Laclau).
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, Superior Tribunal de Justicia, quórum, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S, J C s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 579-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-28

No es válido como argumento, para justificar la interpretación a contrario del artículo 26 de la ley 10160, que permitiría el dictado de sentencias válidas con el voto totalmente concordante de dos vocales prescindiendo del tercero, que el artículo 14 de la ley citada disponga que la Corte forma quorum con la presencia de cuatro integrantes y que para la emisión del pronunciamiento válido, se requiere la mayoría absoluta de votos totalmente concordantes, porque la frase latina quorum indica "el número de miembros que son precisos para que una Asamblea pueda actuar válidamente" y por Asamblea debe entenderse una "reunión numerosa de personas convocadas para algún fin". En cuanto a "mayoría absoluta", significa "más de la mitad de los votos", conceptos que obviamente no pueden aplicarse a un cuerpo de tres personas, que no es numeroso y además no puede dividirse por mitades.
Diligencias preliminares, Ministerio Público de la Defensa, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: POVOLO c/ COMINTERSA COMERCIO INTERNACIONAL s/ DILIGENCIA PRELIMINAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

La aplicación del procedimiento previsto en la última parte del art. 327 del Código Procesal, otorga la posibilidad de resguardar la defensa de todos los interesados, a través de la participación del Ministerio Público. Luego, la circunstancia de que la medida deba llevarse a cabo en extraña jurisdicción, impone la necesidad de que el Defensor Oficial -quien representa a la parte ausente -deba trasladarse para intervenir en el acto de que se trata.- Del voto de la mayoría (Dres. Alvarez y Daray)
Medidas cautelares, transfusión de sangre, testigos de Jehová, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-01

Corresponde confirmar el pronunciamiento que denegó la medida cautelar tendiente a que se autorizase a los médicos tratantes a efectuar una transfusión de sangre si no existen constancias que indiquen que la negativa del hijo mayor de edad del presentante a recibir un tratamiento médico contrario a sus creencias religiosas -culto "Testigos de Jehová"- ofenda al orden, a la moral pública o a los derechos ajenos, por lo que cabe concluir que no existió interés público relevante que justificara la restricción en su libertad personal.

-Los jueces Fayt y Petracchi se remitieron a sus respectivos votos en el precedente "Bahamondez" (Fallos: 316:479)-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), indemnización tarifada, prescripción, incapacidad laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRITO, OSCAR RAMON c/ PREVENCION ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

La Alzada denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto señalando que los agravios vertidos en el memorial introductor no traducían más que la discrepancia del presentante con lo decidido al confirmar que en el caso había operado la prescripción de la acción de acuerdo a lo normado por el artículo 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ponderando que el actor había reconocido en su escrito de demanda que acaecido el accidente de trabajo recibió prestaciones médicas por parte del SAMCO de la localidad donde trabajaba, para luego ser trasladado al Hospital José M. Cullen de esta ciudad de Santa Fe, como consecuencia de la gravedad del cuadro, donde su rehabilitación habría perdurado por un término de seis meses aproximadamente, hasta recibir el alta médica,y el demandante no formula detalle alguno de su estado de salud, capacidad laborativa, y prestaciones médicas que requirió, efectivizando un salto en el tiempo de cinco años aproximadamente, todo lo cual resulta muy curioso, máxime si se advierte que en el mes de febrero de 2016 debió recibir intervención quirúrgica nuevamente debido a su falta de movilidad del hombro derecho, por lo que es de notar que obtenida el alta médica en 2011, no recuperó el cien por ciento de su capacidad laborativa, requiriendo el otorgamiento de prestaciones médicas, que obtuvo de prestadores particulares, y recalificación laboral a los efectos de reincorporarse a sus tareas, todo lo cual denota un conocimiento cierto de la incapacidad que ostentaba, generada como consecuencia del siniestro, y su omisión de reclamo hacia su empleador y/o la A.R.T. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 44
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acceso a la información pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asesoría tutelar n°1 (oficio n° 520/18) contra gcba sobre incidente de apelación - acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la queja si el recurso de inconstitucionalidad que intenta sostener no se dirige contra una sentencia definitiva, sino contra una resolución dictada con posterioridad y, al mismo tiempo, el recurrente no consigue equipararla a una de esa especie en tanto no logra demostrar fundadamente que lo decidido -en el caso, el secuestro de la información que el GCBA (Ministerio de Educación) debía proveer a la asesoría tutelar amparista- constituya un apartamiento manifiesto de lo ya resuelto en la causa. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Excepción de incompetencia, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.F.C. Sociedad de Responsabilidad Limitada y otro c/ Municipalidad de Caleta Olivia s/ Demanda Contencioso - Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-27

La causa principal motivante del acta N. 9903/90, acto de prohibición ejercitado por inspectores dependientes de la Municipalidad de Caleta Olivia en cumplimiento de ordenanzas y código bromatológico de dicho organismo - no es otra que la ordenanza N. 735, quedando tipificado como acción material de la Administración e incluida también dentro del concepto de acto administrativo, por cuanto tal actividad trasunta inequívocamente la voluntad administrativa con trascendencia jurídica, por lo que corresponde rechazar la excepción de incompetencia deducida por la demandada por improcedente.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

La protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Voto del Dr.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., S. Y. c/ M., R. s/ Alimentos R., V. del V. c/ N., D. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16|1989-10-05

Teniendo en cuenta la naturaleza y fines del deber alimentario, las costas del juicio especial respectivo deben ser soportadas, en principio, por el alimentante; el hecho de tratarse de un convenio homologado no obsta a tal solución, pues de no ser así se enervaría el objeto esencial de la prestación alimentaria, si se lo distrajera para atender obligaciones de otra naturaleza. Ese principio rige en todos los supuestos de fijación de alimentos: compulsiva o voluntaria siendo de aplicación la norma del artº 68 y no la norma del artº 73 del CPC, toda vez que la cuota convenida no es la que dice pagaba el alimentante, de manera que reviste el carácter de vencido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, reforma de la justicia, Estado Nacional, Consejo de la Magistratura, designación de jueces
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gascon, Alfredo Julio María c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de aplicar la ley 26.855, debiendo suspender el llamado a elección formulado en el Decreto 577/2013 hasta tanto se resuelva la definitiva, en tanto se advierte a prima facie que dicha norma rompe el equilibrio exigido por la Constitución, pues a través de la composición del Consejo (art. 2)- el procedimiento que establece el art. 4, como "3 bis" para elegir a los Consejeros, y el quorum para decidir -(art. 7)- se refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la Constitución Nacional y atenta contra el equilibrio de poderes.
Muerte del concubino, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: OTAROLA BRAULIO ENRIQUE Y OTROS c/ EDET S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-02-11

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil y acoger el reclamo por daño moral esgrimido por un concubino en razón del perjuicio sufrido por la muerte de su compañera de vida, con la que existía una relación de convivencia estable y pública, prolongada en el tiempo, con la cual compartió la vida en todos los aspectos, y con una descendencia común, de lo que se puede apreciar un considerable grado de certeza sobre su proyección futura, por lo que la inexistencia de vínculo matrimonial no puede operar como barrera limitativa frente a la realidad, pues quien mantiene una relación en el marco del tradicionalmente llamado "concubinato" tiene derechos indemnizatorios de índole laboral, previsionales, a extensión de la obra social, derecho a continuar la locación de la vivienda.