Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, agravantes de la pena, bien jurídico protegido, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

En las figuras de abuso de armas y agresión del art. 104 Código Penal, insertadas en el capítulo de los delitos contra la vida, es indudable que se ha atendido a la peligrosidad que para la integrida d física -o la vida- representa el uso de armas, y mayormente las de fuego; pero en el caso de los delitos de amenazas y coacciones de los arts. 149 bis y 149 ter, ubicados entre los delitos contra la libertad, debe inferirse que el agravamiento por uso de armas se conceptualiza como un medio de producir mayor afectación a ese bien jurídico protegido -la libertad- porque ninguna duda valdría oponer a la afirmación de que quien está siendo amenazado o coaccionado, mayor intimidación sentirá, y mas dispuesto estará a soportar la afectación de su libertad, cuando esas amenazas se refuerzan con el empleo de un arma . Vale la pena detenerse a observar como en ambos artículos, la agravante por empleo de armas se coloca junto a otra: el origen anónimo de las amenazas o coacciones, y se lo hace también uniendo ambos supuestos con la conjunción disyuntiva "o" la que indica alternativas similares o indistintas. Tampoco aquí podremos decir que el hecho de que las amenazas sean anónimas implica un peligro concreto para la integridad física de la víctima, y sí en cambio volveremos a estar de acuerdo en que, al igual que el "despoblado y en banda", el anonimato constituye un factor que indudablemente aumenta el temor o la intimidación en la víctima por la indeterminación del origen de la amenaza y la consecuente mayor dificultad para intentar algún tipo de defensa. Cuando los tipos previstos en el art. 189 bis del Código Penal se insertan entre los delitos contra la seguridad pública, deberemos admitir que la tenencia o portación de las armas que allí se mencionan deben verificarse en condiciones tales en las que indudablemente exista un peligro aún abstracto- de afectación a ese bien jurídico protegido, y allí sí convendremos en que las armas y municiones involucradas deberán tener al momento del hecho el poder ofensivo capaz de generar ese peligro. Finalmente, y de modo coherente, cuando en el capítulo de los delitos contra la propiedad se prevé como agravante el uso de armas, debe colegirse que se lo hace atendiendo también a la sustancialmente mayor afectación que sobre ese bien jurídico protegido -la propiedad, y no otro- produce el uso de armas, puesto que tampoco habrá discusión de que quien es requerido bajo amenaza a entregar de inmediato algún bien que le pertenece, más atemorizado se sentirá, y consecuentemente más proclive estará a desprenderse del mismo y satisfacer el requerimiento, cuando se lo esté conminando a hacerlo bajo la amenaza de un arma. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".