marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINOPOLI AZCOAGA LEONARDO ABEL c/ STRAUSS ARIEL Y OTRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

El retiro del expediente por una de las partes no interrumpe el plazo de perención, pues la conducta de un letrado de retener indebidamente el mismo por un plazo abusivo, no puede incidir en la decisión. Voto en disidencia del Dr. Izaguirre: La aplicabilidad del criterio jurisprudencial reseñado precedentemente no resulta absoluta, debiendo excepcionarse cuando se advierte que la conducta procesal de la parte que acusa la caducidad de instancia es la que ha concurrido en manera directa a producir tal situación.
Proceso judicial, llamamiento de autos, impulso procesal, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ MARTA PATRICIA RAGO s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-10

Corresponde, en caso de que el judicante sea remiso en formular el llamado de autos para sentencia, de significativa importancia, puesto que marca el cierre del debate, que sean los justiciables ante la carga impulsora que sobre ellos pesa, quienes insten para que el mismo se decrete, pues amenaza la declaración de perención de la instancia por vencimiento de los plazos prefijados por la ley.
Expropiación, expropiación irregular, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Américas I.C. y F. c/ Gob. del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ expropiación indirecta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es el expropiante quien debe elegir el momento de hacer efectiva la expropiación, con arreglo a sus posibilidades económicas y a su prudente arbitrio, salvo que medie ocupación efectiva del inmueble, privación de su uso o restricción esencial al derecho de propiedad del titular (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Nombre comercial, uso de nombre comercial, homonimia, oposición al registro de marca, cese de uso de nombre comercial, disolución de sociedades, Ley de Marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELO JUAN NORBERTO Y OTRO c/ VIDEOMANIA SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La caución exigida a la demandada en los términos del art. 35 de la Ley de Marcas, tiende a asegurar al accionante el resarcimiento por los daños y perjuicios que le podría producir la conducta de aquélla, es decir no cesar en el uso de la marca (cfr. Otamendi, J.

"Derecho de Marcas", ed. Abeledo Perrot 1989, pág. 278; esta Sala, causas N° 2219 del 9.3.94, 6215 del 28.12.94, entre otras). No surge del mentado art. 35, que el demandado no pueda manifestar primero que continuará en el uso de la marca, y luego por distintas circunstancias, modificar su actitud y expresar que cesará en el uso (cfr. Otamendi, ob. cit. Pág. 277; esta Sala, Causa 6954 del 30.7.93).

Esa actitud retrotrae los hechos al momento en el que fue intimada, por lo que si en aquel tiempo hubiera manifestado que si cesaría, a la actora no le hubiera asistido el derecho a solicitar la caución.

Por lo demás, la demandada también expresó que ha cesado en su explotación comercial por ello, esa garantía con la que podría asegurarse el titular de la marca, se ha tornado sin duda alguna abstracta por faltar el requisito a que alude la ley de marcas para que proceda el incidente de explotación.
Impuestos, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara de Industrias Frigoríficas Argentinas y Otros c/ E.N. -SENASA- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

El principio de legalidad en el campo fiscal, derivado de la interpretación de los arts. 4, 17, 19, 67, inc. 2º, y demás cc. de la Carta Magna (t.o. anterior al año 1994), ha sido sostenido más de una vez por la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal de justicia, bastando con recordar al respecto, por ejemplo, aquello que se puntualizó en la causa "Eves Argentina S.A.", del 14/10/93 (cfr. también sus importantes citas), en orden a la inexigibilidad de la carga tributaria sin la preexistencia de una disposición de rango legal, encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales (confr. especialmente consid. 10º). (Consid. VI).
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Ignacio c/ Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-23

El que ha tenido oportunidad de ejercer sus derechos y no lo ha hecho, responde por la omisión que le es imputable.
Empleo público, suspensión preventiva, suspensión del trabajador, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pini  Hugo  Víctor  Amílcar  Aldo c/ Poder  Legislativo Nacional-Disp. 65/02 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12

La suspensión preventiva durante la instrucción del sumario no puede ser considerada una sanción pues se trata de una medida provisional que sólo tiene por objeto facilitar la investigación (Sala III, "Califano", del 22/6/98).
Homicidio culposo, responsabilidad médica, responsabilidad penal, mala praxis, violación al deber de cuidado, médico de guardia, cambio de horario
Materia: PENAL
Carátula: Ferreiro, J. F. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

Si la procesada como médica de guardia recibió a la paciente tomando ciertas medidas de atención, entregando luego a la enferma a la guardia y con ella a quienes la seguían en la responsabilidad de cuidado, no cabe ser responsabilizada por el resultado finalmente acaecido por la mala atención recibida posteriormente ya que su deber no se extiende a examinar o valorar la capacidad e idoneidad de los colegas que le seguían en el servicio.
Sentencia, principio de congruencia, demanda, contestación de la demanda, recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ILIEFF, LUIS DANTE Y OTROS c/ ESCALADA, ROQUE O Y OTROS s/ SIMULACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 304-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-17

Para que proceda el planteo de incongruencia de la sentencia por decidir cuestiones no planteadas, el mimo debe estar fundado seria y concretamente con relación a las constancias de autos, de modo que el tribunal pueda advertir si hubo un claro desenfoque de la pretensión por parte de la cámara. Para ello, la recurrente debe efectuar transcripciones pertinentes de la demanda y su contestación que permitan brindar sólido respaldo a su afirmación.
Mandato, obligaciones del mandatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López de Pallares María y Otro c/ Coop. de Farmacias de Quilmes Ltda. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Un mandato concebido en términos especiales, que contiene una expresa determinación de los poderes otorgados al mandatario y de los actos que puede otorgar, permite concluir que las facultades de aquel no se encontraban circunscriptas necesariamente a actos de administración, sino a todos los actos que la escritura de poder cita.
Seguros, silencio del asegurador
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aldao, Francisco c/ Cervantes, Oscar s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-04-26

Para que proceda el recurso de casación no basta alegar que la cobertura del riesgo se suspendió automáticamente ante la falta de pago puntual de la prima, solamente porque así estaba expresamente pactado en la póliza y porque así se desprende del art. 31 LS.

cuando -como en el caso- ha quedado probado: 1ro.) que la aseguradora recibió, sin reserva alguna, nuevos pagos del asegurado;

2do.) que el asegurado presentó la comunicación formal del siniestro -el mismo día de ocurrido éste y de pagada una de esas cuotas- y días después acompaÑó la denuncia policial que se le exigiera sin que en ningún momento la aseguradora aclarase su postura obstativa, generando con su silencio una situación equívoca de la que resulta única responsable.
Requerimiento de elevación a juicio, elevación en consulta, principio de legalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ESPOSITO, Héctor L. y otro s/ consulta".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

El requerimiento fiscal de instrucción, debidamente formulado, habilita la actividad de conocimiento y decisión judicial durante toda la etapa de investigación, y hasta antes de iniciada la etapa del juicio. A partir de este momento la continuación del proceso depende de un nuevo requerimiento fiscal. La inexistencia de este requerimiento de elevación -acto propio del Ministerio Público Fiscal- importa la indefectible conclusión del proceso, conclusión ésta que no implica violación alguna al principio de legalidad procesal o a la obligación de motivación de los actos de dicho Ministerio.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Villalba Brites, Eugenio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-14

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la denegatoria de excarcelación si no se ha logrado demostrar la existencia de agravio federal, se ha satisfecho el derecho al recurso y lo resuelto tuvo en cuenta el tiempo que se encuentra detenido, que se le imputa el delito de tráfico de estupefaciente, la cantidad y modalidad de acondicionamiento de la sustancia, la existencia de una organización criminal transnacional detrás del hallazgo, individuos de cuya interacción derivaría el posible entorpecimiento probatorio y ponderó la carencia de arraigo familiar y laboral.
Emergencia económica, ley de emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, juicios en que la Nación es parte, competencia federal, tercero coadyuvante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. c/ AGUILERA, OSVALDO O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 527 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

El fuero federal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en los juicios en que interviene tanto el estado federal como sus entidades descentralizadas-incluyendo a la Dirección Nacional de Vialidad- encuentra su fundamento en el artículo 116 de la Constitución nacional y, el artículo 2, inciso 6) de la ley 48, en cuanto atribuye a la justicia federal competencia para conocer "de los asuntos en que la Nación sea parte", entendiendo por Nación no solamente al Estado, sino también algunas entidades autárquicas y empresas del estado que, autorizadas por las disposiciones que las rigen para actuar directamente en juicio, puedan comprometer la eventual responsabilidad del Estado.

Ello deriva del principio que establece que ante la presencia de un interés nacional corresponde, como principio, la competencia de la justicia federal, porque podría encontrarse comprometida la responsabilidad civil de la Nación. Por ello, se ha decidido que procede el fuero federal cuando una entidad nacional es citada y comparece a juicio en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues esta norma contempla el caso de "la intervención obligada o coactiva", que tiene lugar cuando, sea a petición de cualquiera de las partes originarias, o de oficio, se dispone la citación de un tercero para que participe en el proceso pendiente y la sentencia a dictar en él pueda serle eventualmente opuesta.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, citación a juicio, demandado, domicilio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR SGR C/ SEVEN SA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde rechazar la pretensión de la actora, de notificar la demanda a los accionados al domicilio fijado en el contrato como domicilio constituido. Ello así, pues el domicilio especial contractual no puede ser asimilado al constituido ad litem, so riesgo de provocar la indefensión del demandado por violación de la regla del CPR 339 (CNCom, Sala B in re "Garantizar SGR c/ Kweck, Hugo Dante y otro s/ ejecutivo", del 26/08/20; ídem, in re "Garantizar SGR c/ Hector A. Farina SA y otros s/ ejecutivo" del 14/12/20).
Competencia contencioso administrativa, obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: OSME c/ Administración de Programas Especiales y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-24

El objeto del sub lite se refiere a un reclamo administrativo que realiza la actora corno entidad de derecho público (cfr. Estatuto de la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Art 2°), a un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Ambiente, que actualmente funciona bajo órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (Decretos 366/2012 y 1198/2012), por el pago de subsidios y/o reintegros a fin de financiar la cobertura de prestaciones de salud. La propia actora refiere que las Obras Sociales tienen un plazo perentorio para reclamar los reintegros, y el APE un plazo no mayor a 25 días para expedirse respecto a la viabilidad del reclamo, el cual, una vez aprobado, el plazo de la ley para la transferencia del reintegro es de 32 días. El conflicto que expone la actora deberá ser dilucidado, prima facie, dentro del marco del derecho administrativo con carácter prevaleciente, lo que determina la competencia del fuero contencioso administrativo (cfr. art. 45, inc. a, ley 13.998; CS.; Doctr. de Fallos 3 11:557; esta sala causas 2324/98 del 22.10.98, 1433/98 del 6.8.98, 6854/99 del 16.12.99, 8471/00 del 22.2.01).
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal, abandono no malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE B.A.M. c/ B.J.R. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

El abandono en tanto hecho material no reúne los caracteres de voluntariedad y maliciosidad, entendido este último como propósito de sustraerse a los deberes inherentes al estado matrimonial, cuando promedia una causal de divorcio atribuida al otro cónyuge.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, impulso procesal, traslado de la demanda, oficios
Materia: PROCESAL
Carátula: Álvarez, María Haydee c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/ cobro de seguro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-08

Corresponde decretar la caducidad de instancia, dado que al haber sido observados los oficios para notificar el traslado de la demanda, los mismos no tienen entidad para impulsar el proceso puesto que no cumplieron con su finalidad específica.
Despido, embarazo, pérdida de confianza, injuria laboral, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Adriana del Valle. c/ Frávega S.A. s/ Despido directo por otras causales.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-17

Para que la pérdida de confianza en el trabajador pueda considerarse factor constitutivo de la injuria, ese factor subjetivo debe derivar de un hecho objetivo que, injuriante por sí mismo, se vea agravado por la pérdida de confianza que tal hecho traiga aparejada. La pérdida de confianza (elemento subjetivo) no es factor eximente de indemnización por despido.
Notificación de la sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Q, A E s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-18

Si la notificación al imputado no consigna expresamente que lo es de la sentencia pero cumplimentó efectivamente la previsión de comunicación del artículo 135 del Código Procesal Penal y no se advierte que causara perjuicio alguno al justiciable, desde que su letrado con anterioridad y oportunamente interpuso recurso de apelación en favor del mismo y teniendo en cuenta que resulta de evidente interés para el justiciable el mantenimiento de la vía impugnativa acordada, corresponde desestimar lo peticionado por el Fiscal (tener por no existente la notificación) y ordenar que la causa prosiga según su estado.
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata c/ Ferrer s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

En tanto los intereses pactados no vulneren los principios superiores a que alude la norma del art. 953 del Código Civil, a ellos habrá de estarse. En principio no cabe apartarse de la "ley de las partes", y en su caso el rechazo deberá estar fundamentado en una consideración expresa del eventual exceso de los intereses pactados (arts. 621 y 953 del Código Civil). No puede sostenerse que toda tasa que supere la de los bancos oficiales sea inmoral, y como tal objetable conforme la norma del art. 953 del Código Civil. Esto supondría limitar absolutamente la libertad contractual, estableciendo en realidad una tasa obligatoria para las operaciones particulares, en contradicción con la norma del art. 621 ya citado.
Sociedad cooperativa, reembolso de acciones, actualización monetaria, valor nominal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOLATTI ANDRES Y OTRO c/ COOPERATIVA DE TAMBEROS DE POZO DEL MOLLE s/ SOCIEDAD COOPERATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-29

El reconocimiento del reajuste de la variación del valor de la moneda se funda en la inviolabilidad de la propiedad garantizada constitucionalmente. El asociado que ingresó voluntariamente a formar parte de una cooperativa constituida de acuerdo al tipo legal, no puede aspirar a modificarlo cuando deja de serle conveniente y se encuentra inhabilitado para cuestionar su constitucionalidad por violación al derecho de propiedad.

De acuerdo al espíritu y fines de la ley de cooperativas, no rige el principio de justicia conmutativa que consiste en un cambio igual de bienes sino el de la justicia distributiva que atribuye a cada miembro de un grupo organizado lo que conviene a su clase y valor.

Por ello, no existe abuso del derecho ni enriquecimiento sin causa en perjuicio del asociado cesante, si se aplica el precepto que establece que sólo tendrán derecho los ex socios al reembolso del valor nominal de las cuotas integradas.-
Ahorro obligatorio, depósito tardío, sanciones tributarias, pérdida del derecho a reintegro
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Frigorífico Paso de Los Libres S.A. (T.F. 12.019-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

En la ley 23.549 se instituye un regimen sancionatorio particular según el cual el ingreso fuera de término de las sumas debidas, luego de pasados tres meses del vencimiento de la obligación, producirá la pérdida del derecho para el contribuyente moroso de hasta el 50% del aporte, situación que se produce por el mero vencimiento de aquellos plazos.
Delitos contra la integridad sexual, violación, apreciación de la prueba, presunciones, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: S.S., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-20

Es cierto que existen dificultades probatorias en la investigación de los casos de violación, pero los jueces no pueden por ello sentirse autorizados a compensar las deficiencias probatorias, valorando con excesiva amplitud la prueba mal producida o excediéndose en el otorgamiento de fuerza probatoria a indicios y presunciones hasta hacer funcionar inversamente el principio de la duda.
Daños y perjuicios, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BONTE DE CASTIÑEIRA FLORIANA HELIA c/ QUIROGA VICTOR SANTOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-07-07

No puede reclamar daños a tenor de lo dispuesto en el art. 1079 del Código Civil, el demandante que no haya probado fehacientemente recibir ayuda del fallecido.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZENDELHADID CAMILO A. Y OTRA. c/ GOBIERNO    NACIONAL  ARGENTINO  -  COMANDO  EN  JEFE  DEL EJERCITO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-08

Para determinar el monto indemnizatorio en caso de muerte no cabe computar los ingresos presuntos del extinto en forma matemática en función de un numero conjetural de años en que éste podría eventualmente brindar ayuda a sus padres. Debe seguirse, en cambio, un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, como las relativas a edad, ocupación, sexo, y condición social y económica no sólo de la víctima sino también de aquéllos que reclaman la reparación.
Ley procesal, leyes, aplicación de la ley, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, R.J. s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados.  Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 310-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La aplicación estricta de normas procesales, que no son descalificables en sí mismas -que no colisionan con la Constitución- aplicadas con absoluta independencia entre un caso a otros, todos idénticos en sus aspectos fácticos y normativos, termina traduciéndose en un tratamiento distinto de justiciables colocados, repito, en igualdad de situaciones. Y esto sí repugna al claro principio consagrado en el artículo 8 de la Constitución Provincial -por lo demás, reconocido en la Carta Magna nacional- que también encuentra correspondencia con la regla de carga de la argumentación, que exige que quien pretende tratar a una persona A de manera distinta a otra B está obligado a fundar el disímil trato. La decisión, en consecuencia, es violatoria de normas de los Estatutos fundamentales; la causa se ha resuelto "sin examinar el instrumento que la rige" (Marshall) y sin fundar -en la esfera en que corresponde el análisis- el trato diferente; por todo lo cual corresponde se dicte nuevo fallo, que respete principios y valores;

especialmente las disposiciones ya aludidas y el artículo 8 de la Carta local. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre)