Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07


Se transcribe la parte sustancial del fallo: "........Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por los Sres. Fiscales de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, a fs.....contra la resolución..., en la que se resolvió rechazar la acción de nulidad interpuesta por los mencionados agentes fiscales contra el auto de fs....del expediente principal, que fijo la audiencia a celebrarse ante el Sr. Juez de grado, a efectos de que el imputado se expida conforme lo reglado en el art. 431 bis, inc. 2do. del Código Procesal Penal de la Nación. Antes de adentrarnos en el tratamiento de la nulidad traída a estudio, que adelantamos desde ya será rechazada por las razones que se expondrán mas adelante, deviene procedente discernir cuál debe ser la correcta hermeneútica de la Ley 24.825. Una adecuada interpretación de la mentada normativa, que asigna un papel preponderante al Ministerio Público en la realización del juicio abreviado indica que, mas allá del verbo utilizado en el art. 431 bis. inc. 2do. (podrá) y alegado por el a-quo para justificar su intervención en la audiencia allí prevista, ésta debe llevarse a cabo entre el imputado y el Fiscal. En efecto, lo que pretendió el legislador con la reforma es estimular la concertación de acuerdos entre la acusación y la defensa que permitan al imputado, asistido siempre por su defensor, "autocomponer" su responsabilidad penal con el Fiscal -en los términos de Julio Nazareno, La Ley, 1997, E pág. 1431-. El novel instituto constituye una transacción, un acuerdo de partes con valor de acto jurídico, que una vez perfeccionado se elevará al órgano jurisdiccional para su convalidación, en el caso de que reúna los requisitos exigidos por la mentada normativa, simplificándose de ese modo el proceso penal, evitando la etapa de debate. En este sentido se sostiene que mientras el lugar de la homologación del acuerdo es la cede del Tribunal, el lugar del pacto entre partes es, justamente, la Oficina del Ministerio Público (D|Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", ed Abeledo Perrot, 1997, República Argentina. EDICION, CORREGIDA, AMPLIADA Y ACTUALIZADA pág. 629. De lo expresado precedentemente, se desprende entonces, que al elevar el Ministerio Público la solicitud de que se lleve adelante el juicio abreviado (Inc. 1ro. del art. 431 bis del C.P.P.), la misma debe estar ya complementada por "....la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho, y la participación de aquel, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y calificación legal recaída......" En esta línea argumental, la mentada solicitud debe interpretarse como el corolario de ese pacto previo- según se colige de la Resolución 40/97 del Procurador General de la Nación-, lo que pone de relieve el rol fundamental que cumple la audiencia referida en el instituto del juicio abreviado, y que, a los efectos descriptos, sólo puede ser celebrada entre las partes del acuerdo- imputado con su defensor y Fiscal -y no entre imputado y "quien dirige todos los actos que deben practicarse", como sostiene el a-quo de este incidente. Claro es entonces el procedimiento a seguir y obvio resulta que si fue omitido, tal circunstancia no habilita al Magistrado, como "director del proceso", a entrevistar el mismo al imputado para obtener su conformidad, ya que, en virtud de todo lo expuesto, implica ello desvirtuar la función "transnacional" que el legislador pretendió asignarle a la audiencia del art. 431 bis. inc. 2do. Sentado ello, corresponde aclarar que, no obstante el desacierto del "a-quo", en el método seguido para obtener la conformidad del imputado requerida por el art. 431 bis, inc. 2do, según la descripción del párrafo anterior, cierto es que, en la terminología de Carlos Creus, tal irregularidad no ha llegado a "eliminar la individualidad procesal del acto atacado ni a entorpecer sus repercusiones finales", toda vez que, aunque de modo distinto al previsto, ha sido alcanzada la finalidad del tipo procesal citado (ver Creus, Carlos "Invalidez de los actos procesales", ed "Astrea", 1995, págs. 8 y 9)........"