Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07


Causa Nº 9376-01/CC/2006 " Incidente de nulidad en autos BELLIDO, Guillermo Armando Héctor s/inf. art. 81, ley 1472- Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto en autos.

Y VISTOS:

La resolución del 10 de mayo de 2006 que dispuso no hacer lugar a la nulidad incoada por el Ministerio Público Fiscal (fs. 9/10 vta.) El recurso de apelación planteado por el Sr. cotitular de la Fiscalía Contravencional y Faltas Nº 4, en contra de dicha resolución (fs. 12/13 vta., y la presentación de fs. 22.

La presentación de la Defensa de fs. 24/25.

Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

Si bien la cuestión llega a conocimiento en virtud de la apelación de una denegatoria de un pedido de nulidad, que no aparece primigeniamente como la vía idónea para agraviarse por lo resuelto a fs. 77 del principal, lo cierto es que habiendo sido concedido el recurso de apelación por el Sr. Juez a quo, razones de economía, celeridad y buen orden del proceso -atento lo que en definitiva ha de resolverse- aconsejan su abordaje y resolución en este momento.

2.- El Sr. Juez a quo funda su decisión denegatoria de la nulidad planteada con motivo del rechazo de "la exhibición de las imágenes de video obtenidas por el preventor respecto del hecho I y las que fueran obtenidas por personal de esta fiscalía respecto del hecho II" (fs. 3), en lo dispuesto en el art. 356 del C.P.P.N. que establece -sostiene- la discrecionalidad del Tribunal para rechazar por auto la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o sobreabundante, considerando así la ofrecida por la Fiscalía.

Y en el derecho personalísimo a la disponibilidad de la propia imagen el cual, -dice- debe quedar dentro de la esfera privada de cada individuo, máxime cuando no hubo consentimiento del encartado para su captación, ni exhibición.

3.- La Fiscalía sostiene que la exhibición del video es "una instancia de garantía" del imputado el que podrá ser juzgado por la visión directa de los acontecimientos, y no a través de los relatos siempre subjetivos de los testigos, pudiendo incluso pedir la exclusión de la presencia de público durante ese periodo del debate oral, garantizando así la privacidad de su contenido.

Cita también que se trata de medios de prueba obtenidos por orden de esa Fiscalía con acabado respeto de las garantías constitucionales y procesales, y que no fue requerida su nulidad por las partes.

Así como que se exhiben hechos producidos en el espacio público, protagonizados por el imputado, por lo que no pueden ser alcanzados por el principio de reserva que establece el art. 19 de la CN. estando frente a un procedimiento judicial ordenado en virtud de sospechas de la comisión de un ilícito contravencional.

4.- Habida cuenta de que nos hallamos inmersos en un Estado de Derecho, es claro que, de entrada se ha de producir un conflicto entre los dos intereses que están en la base de toda investigación penal, esto es, el interés público en la defensa de la sociedad y el interés privado en el respeto de los derechos y garantías individuales y fundamentales de rango constitucional. El Estado de Derecho implica la regulación de la vida social por un conjunto de normas a las que todos y el propio Estado estamos vinculados. En ese sentido, el proceso penal por esencia, viene constituido por una amalgama de reglamentaciones jurídicas que establecen la forma en que ha de desarrollarse la investigación criminal sancionando, a su propia vez, las garantías que han de asignarse a las personas sujetas al mismo: la propia existencia, pues de un proceso penal ya nos indica que no es la represión el único interés que mueve al Estado; si así fuera estaría demás incluso dicho proceso. Por tanto, el Estado se autolimita en su obligación de obtener la verdad a la filosofía que inspira una sociedad democrática y a las normas que, ordenadas jerárquicamente, rigen la vida de la colectividad. En ese sentido, los medios utilizados a los fines de la represión penal han de acomodarse a los principios jurídicos que predominan en un momento determinado y a los valores fundamentales de nuestra civilización. En definitiva, no hay ninguna norma que en sí en el proceso penal permita averiguar la verdad a cualquier precio (Asencio Mellado, José Maria, Prueba prohibida y Prueba Preconstituída, Ed Trivium, Madrid 1989, pág.75).

Sin embargo, no existen en realidad derechos fundamentales estrictamente ilimitables, siendo así que de lo contrario se frustraría de antemano el éxito de cualquier investigación penal; el propio Tribunal Constitucional Español en la sentencia 37/1989 al referirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, afirmó que éste es susceptible de ceder en ciertos casos y en cualquiera de sus diversas expresiones, ante exigencias públicas" en tanto que no lo reputa como absoluto (confr. Asencio Mellado, ob. cit., pág. 92) 5.- El derecho no protege la apariencia física de una persona, integralmente considerada, sino ante el peligro de que, sin justificación, sea captada, difundida y deformada por otros. Salvo factores de excepción, está prohibida la exposición o difusión no consentida.

Hay casos en que la obtención de la imagen -o su difusión- sin consentimiento del interesado, lesionará su intimidad. Por ello es esencial determinar si se ha ingresado en la zona de reserva de la vida privada del imputado.

Las excepciones que autorizan la obtención y difusión de la imagen son: 1) consentimiento del interesado, 2) asuntos de interés general y 3) acontecimientos ocurridos en público.

La reseña de excepciones -sostiene la doctrina- justifican la obtención misma de la imagen y su eventual difusión (en este sentido. Matilde Zavala de González. Daños a la imagen personal. Lexis Nexis - Abeledo-Perrot (Homenaje al Doctor Isidoro h. Goldenberg). 1995).

La primacía de un interés general se decide desde una perspectiva objetiva, por los valores que implica para la comunidad.

La Fiscalía pretende acreditar la afectación, por parte del imputado, de un interés general como los tutelados por el Código contravencional.

La filmación correspondería a una oferta de sexo realizada ostensiblemente en espacios públicos no autorizados por lo que, va de suyo que no se trata de una filmación que afecte la zona de reserva prevista por el art. 19 de la Constitución Nacional.

Se justifica así la excepción a las limitaciones del derecho subjetivo a la imagen, habida cuenta que la figura del retratado sería simple elemento del hecho de interés público y desarrollada en público.

7.- Se quiere demostrar a través de la filmación que Bellido habría tenido actitudes reprimidas por el C.C. fuera de los espacios públicos permitidos para ello, lo que parecería, en principio, pertinente e idóneo.

La protección del derecho a la propia imagen que se invoca, no resulta aplicable en el caso en el que el imputado ha realizado acciones que trascienden el ámbito de su privacidad, llevando a cabo hechos en forma pública.

Surge de la causa que el Fiscal dio instrucciones al personal policial con el objeto de probar que, en las circunstancias que se precisan en el acta de contravención, Bellido se habría encontrado ofreciendo, en las inmediaciones de las calles Constitución y Solís, en forma ostensible sus servicios sexuales, lo que, de probarse, afectaría el regular uso del espacio público por hallarse en un lugar indebido.

El ofrecimiento probatorio resulta un ejercicio adecuado de las facultades que la legislación le confiere al Ministerio Publico para el esclarecimiento de hechos tipificados como contravenciones en el código de fondo, de la modalidad del que se investiga.

No se advierte tampoco su sobreabundancia en esta etapa del proceso, ni se fundó tal alegación por parte del Magistrado a quo, extremo éste último que en sí mismo vicia lo resuelto en este aspecto.

8.- Enseña Osvaldo Gozaini que: "es más importante la acción del tribunal preocupado por adquirir certeza y evitar el error ante la falta de pruebas, que aquel que deja de hacer lo que bien puede actuar, amparado en una regla sofística que reduce el fin del proceso a un diagrama mecánico y apartado de la realidad donde esta inserto" (Osvaldo Alfredo Gozaini, "El Debido Proceso", Rubinzal Culzoni, Ed. 2004, pág. 411 y ss.).

Cabe recordar que el Sr. Juez a quo puede disponer que se exhiba el video a puertas cerradas y sin la presencia de público.

9.- Por último, no existen motivos para decidir el apartamiento del Magistrado actuante ya que la valoración no se ha hecho sobre el contenido de la prueba sino sobre su admisibilidad.

10.- Por todo lo expuesto en mérito al acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de recurso.

II. HACER LUGAR a la exhibición de las imágenes de video (art. 199 y art. 356 del C.P.P.N. y art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 7, a fin de que de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General de la Cámara de la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.