marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, apercibimiento, oportunidad procesal, audiencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: LEAL RENE HUGO ORLANDO c/ QUIROS ESTEBAN MARTIN ERNESTO s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-12

Conforme surge del artículo 73 CPL, primer parágrafo, in fine, los apercibimientos para sancionar la incomparecencia de las partes o de sus apoderados a la audiencia, deben hacerse conocer a las partes en el acto de notificación de la misma. Contrariamente a lo señalado por el recurrente, dicho conocimiento no puede ser alcanzado por ministerio de la ley en el acto de notificación de la audiencia, sino que se requiere además una actividad concreta del órgano jurisdiccional al efectuar la citación a la audiencia, pues la ley laboral exige puntualmente que 'estos apercibimientos se harán conocer a las partes en el acto de notificación de la audiencia'.
Daños y perjuicios, mala praxis, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: T.R.O. C/ POLICLINICO NQ. INST.DIAG.TRAT. Y OTRO S/ D. Y P. - MALA PRAXIS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-08

Las sumas percibidas por el actor se vincularon a las obligaciones de las aseguradoras, nacidas de los contratos, por lo que no puede entenderse que dio recibo por el capital adeudado en concepto de daños. En consecuencia las sumas abonadas en los incidentes podrán ser imputadas a los intereses liquidados sobre el capital adeudado en concepto de daños.
Condena penal, hechos nuevos, facultades del juez, principio de congruencia, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: SILVA JOSE ABELINO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. VICTOR PINTO EN CAUSA Nº 195/05 "SILVA JOSE ABELINO - ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL - CAPITAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-05-22

Surge del decisorio en crisis que, al efectuarse el encuadramiento legal del suceso criminoso ocurrido, el Tribunal de mérito ha arribado a un juicio acertado acerca de la figura aplicable al caso -art. 120 del Código Penal-, sin que las circunstancias configurativas del acceso carnal se presenten como nuevos elementos fácticos, y tampoco como hechos o situaciones distintas a aquella en que se asentó la acusación original, mantenida por el Fiscal de Cámara -art. 119 tercer párrafo del Código Penal-.

La supuesta violación del principio de congruencia que el recurrente alega no es tal, cuando el sustento fáctico es idéntico entre acusación y sentencia, identidad que no excluye la posibilidad de que la valoración y apreciación por parte del juzgador de las probanzas reunidas en el curso del proceso se incline por determinar que a un mismo hecho le cabe una calificación más o menos gravosa sin que la figura base del tipo sufra modificación en su esencia.

Por ello, no corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

(Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia)
Concursos, liquidación extrajudicial, fallido, bienes del fallido, subasta, promesa de contrato, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  ITALIA  Y  RIO  DE  LA  PLATA SA s/ QUIEBRA S/ INC. DEVERIFICACION PROM. POR GRAND, JOSE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

Del Dictamen Fiscal 97014:

Procede la pretensión del incidentista en cuanto a que se escrituren ciertos lotes de terreno que pertenecían al banco fallido, y que fueron vendidos en una subasta realizada en la etapa de su liquidación extrajudicial efectuada por los delegados del banco central cuando, -como en el caso-, se verifica que no esta en cuestión que: a) efectuó la mayor oferta en el remate público en el que se efectuó la enajenación y que suscribió, con la delegada liquidadora del organismo de contralor financiero para la entidad fallida, el boleto de compraventa respectivo; b) abonó en esa ocasión el 50% del precio; c) que tomó posesión de los inmuebles; d) que tanto la liquidadora enajenante como el representante de la compradora poseían legitimación para efectuar la operación. Ello pues, tales extremos, justifican que conforme lo dispuesto por la LC art. 146, se haga lugar a la escrituración requerida. LEY 24522 art. 146.
Usurpación de inmueble, despojo, encargados de casas de renta, despido
Materia: PENAL
Carátula: BALENT, A. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

La usurpación por abuso de confianza cometida por el encargado de un edificio que trata de resistir un despido, configura el delito de usurpación.

El error en que pudo haber incurrido el encausado, al creer que la permanencia en el inmueble era el elemento más idóneo para conseguir la revisión de la medida laboral, fue evitable, ello en virtud del oficio de aquél, al que estaba ligado la posible entidad penal de su conducta y las circunstancias de tiempo, pues entre el despido y su desahucio transcurrió casi un año.
Acción de amparo, traslado, caducidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BAGNATO, ADOLFO HUMBERTO c/ E.N.     (MINISTERIO  DEL  INTERIOR  -  POLICIA  FEDERAL  ARGENTINA) s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

Resulta decisivo para admitir la defensa de caducidad del art. 25 de la ley 19.549) opuesta por el Estado Nacional el efectivo conocimiento que el actor tuvo de la resolución ministerial al contestar el traslado de las actuaciones administrativas, en la acción de amparo (que perseguía la misma pretensión que en esos obrados y que fue desestimada), debiendo desde ese momento producir todos sus efectos (art. 44 del decr. 1.759/72 P.E.N. ), por lo que a partir de ese momento comenzó a computarse el plazo de 90 días previsto en el art. 25 de la ley 19.549, el cual había transcurrido al momento de iniciarse la acción.
Concursos, honorarios, proyecto de distribución, regulación de honorarios, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fibra Papelera SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

En ese marco, se verifica que la suma a distribuir deriva de intereses devengados por ciertas imposiciones a plazo fijo, es decir que no fue considerada en la regulación efectuada por la distribución final. Y así, el incremento del activo a distribuir, como fruto de la inversión de los fondos, da lugar a una regulación complementaria (CNCom, Sala D in re "Papel 2.0 SA s/ quiebra", del 10/07/218; ídem "Terapia Integral SAC s/ quiebra s/ incidente de apelación", del 04/08/15, entre otros).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valiente, Edgar Alvaro c/ Heuclin, Clemente s/ Daños y Perjuicios Quinto, Salvador Oscar c/ Berkovic, Héctor Nicolás s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26|1994-08-04

Por aplicación de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil corresponde al accionado demostrar que en el hecho antecedente motivo de la litis, la actitud de la víctima o de un tercero respecto del cual no exista de su parte obligación jurídica de responder, han sido total o parcialmente las que han incidido en el resultado dañoso interrumpiendo la relación causal, para que en esa misma medida pueda el demandado (también reconviniente) eximirse de responder.
Resistencia calificada a la autoridad, abuso de autoridad, detención, policía, policía federal
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Raúl s/ RESISTENCIA  A  LA  AUTORIDAD  -  LEGITIMA  DEFENSA - ABUSO AUTORIDAD  POLICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-27

No pudiéndose descartar que haya mediado abuso por parte de los policías, que obligasen a los acusados a defenderse, más aún cuando el jefe de la comisión policial que detuvo a los imputados no tenía motivo alguno justificante de la detención, corresponde confirmar la sentencia absolutoria por el delito de resistencia a la autoridad agravado.

Por otra parte, si bien la Ley Orgánica de la Policía Federal acuerda a esa institución la facultad de detener con fines de identificación, ello sólo puede obedecer a "circunstancias que lo justifiquen" (art. 51), de manera que si en principio la aprehensión de los procesados se revela como un posible atropello a los derechos de tales individuos, también esa actitud policial daría pábulo a la suposición de que no se procedió bien al hacerlos ingresar en la Comisaría.
Principio de no discriminación, igualdad de trato, educación pública, grupos vulnerables, derechos y garantías constitucionales, interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inadmisibilidad del recurso, interdependencia de los derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por C.M.M en la causa Defensoría de Menores e Incapaces n° 6 y otros c/ Colegio Mallinckrodt Hermanas de la Caridad Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María s/ amparo, para decidir sobre su procedencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

A la luz de los principios constitucionales y a partir de la trascendencia -no solo individual sino social y cívica- del derecho a la educación en juego, cabe concluir que resulta imperativo que se garanticen medidas efectivas y personalizadas de apoyo en entornos que fomenten al máximo el desarrollo social y educativo de conformidad con el objetivo de plena inclusión, máxime cuando el actor es una persona en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niño y de persona con discapacidad, de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial y que se arbitren las medidas necesarias para garantizar el cese de conductas discriminatorias tanto de las entidades educativas como de las personas involucradas en la educación, ya sean autoridades, docentes e incluso los mismos alumnos, y se fomenten valores constitucionales tales como la solidaridad en el cuerpo educativo (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti). -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art.280 del CPCCN)-
Acción de amparo, competencia, consulta popular
Materia: CIVIL
Carátula: Zuniga, Ovidio s/ Acción de amparo s/Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-17

Toda impugnación referida a temas electorales debe ser dirigida y resuelta por el Tribunal Electoral. Al no cumplimentar el amparado tal requisito, que resulta la vía idónea para formular las impugnaciones a que se crea con derecho, la extraordinaria vía del amparo o mandamus no resulta apta para resolver las cuestiones propuestas. Todo ello conforme jurisprudencia de este STJ que afirmara la improcedencia del amparo o mandamus cuando existan otras vías eficaces para solucionar el eventual incumplimiento o daño sufrido. (Voto en minoría: Dr.

García Osella).
Contravenciones, autoría
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ C, H. M. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-05

La culpabilidad, tiene un doble significado para nuestro derecho contravencional, provenientes de la doctrina penal que los ha definido históricamente a través del principio de culpabilidad y a la culpabilidad como estrato de la teoría del delito, siendo que ambos responden ambos al nulla poena sine culpa.

El principio de culpabilidad, permite ante todo la imputación subjetiva, esto es, un mecanismo que si bien pueda parecer extremadamente simple, es absolutamente fundamental en lo que se refiere a nuestra cultura jurídico-penal, que consiste en la vinculación de un acontecer injusto con una persona actuante. En otras palabras, partir de la hipótesis de una contravención y poder aceptar que el curso causal de la acción es percibible como hecho de un autor.

En segundo término, la culpabilidad, como estrato de la teoría del delito, implica ir aún más lejos que con la imputación subjetiva, y permite afirmar la responsabilidad, es decir que "...aquí se afirma que culpable de una lesión sólo puede ser quien por lo menos hubiera podido gobernar el acontecer lesivo..." (HASSEMER, Winfried, ¿Alternativas al principio de culpabilidad , en Nuevo Pensamiento Penal, traducido por Francisco Muñoz Conde, Buenos Aires, 1982, Ed. Depalma, p. 236.). (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, despido, indemnización por despido, accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo, garantías procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ledo,   Juan Carlos c/ Obra Social de la Actividad Vitivinícola yAfines. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Si bien los agravios deducidos contra la sentencia que rechazó el reclamo fundado en la Ley de Accidentes de Trabajo y confirmó la condena en cuanto a la indemización por despido remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal, materia ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye un óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando la decisión trasunta un injustificado rigor formal y sólo satisface en apariencia la exigencia constitucional de la adecuada fundamentación, con menoscabo de la garantía del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Adolfo Roberto Vázquez).
Pacto de San José de Costa Rica, derecho al honor, Derechos humanos, libertad de expresión, leyes
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

Mientras el objeto y fin específico del artículo 11 de la Convención Americana es garantizar el derecho a la protección legal contra los ataques ilegales a la honra o reputación de las personas, el del artículo 13 no solo refiere a que las responsabilidades deben estar expresamente fijadas por la ley, sino también exige que ellas sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. (Del voto conjunto parcialmente disidente de los jueces Manuel E. Ventura Robles, Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, escritura pública, valor probatorio, redargución de falsedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOERO, CELSO JOSE c/ BOERO, MARIELA MARIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

El agravio de los recurrentes en orden a considerar que la Alzada soslayó todas las pruebas obrantes en la causa, permite evidenciar la razonabilidad de lo aseverado en la sentencia respecto a que en la nulidad que aquí se pretende no está en juego la aplicación de la pauta conforme la cual el sano juicio del testador no se encuentra entre las circunstancias que el notario certifique con la fe pública que detenta, sino que frente a las específicas enunciaciones del escribano relativas a la sustancia misma del acto otorgado y al cumplimiento de las solemnidades prescriptas (en alusión a la presencia de tres testigos quienes vieron personalmente al testador en ese acto y lo oyeron dictar sus disposiciones en alta y clara voz, como también lo vieron y oyeron en la lectura del mismo y en su ratificación en un mismo y continuado acto y firmarlo), lo que correspondía cuestionar era ineludiblemente esa plena fe. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez, Spuler y Gastaldi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Biondo, Alejandro J. R. c/ Orta, E. P. y ot. s/ Ejec. de honorarios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

En el caso el valor del litigio está representado para la recurrente por el capital por el que se manda llevar adelante la ejecución, sin que sus argumentaciones sobre los eventuales efectos que la decisión impugnada y otras pretensiones similares pudieran tener sobre el patrimonio de la demandada, permitan apartarse del criterio señalado, toda vez que, como reiteradamente se ha sostenido, a los fines de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley debe tomarse el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, prescripción, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: TREMARI, OSCAR c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-04

Para el cómputo del plazo prescriptivo de las acciones fundadas en la ley 9688 es necesario que el trabajador conozca el nexo causal o vinculante entre enfermedad y trabajo, ya que de tal extremo depende su plena conciencia referida a la acción que la ley, sólo en el supuesto de que tal vinculación se repute configurada, le confiere.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clínica Buenos Aires SRL s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

El proceso de beneficio de litigar sin gastos no constituye el marco procesal adecuado para desentrañar las causas motivadoras de la ineptitud patrimonial acreditada de la solicitante del beneficio, el cual tampoco puede rechazarse por carencia de aporte por la misma de sus estados contables y declaraciones juradas.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Steifel,  Juan  Carlos c/ Santa  Fe,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Régimen penal tributario, evasión fiscal, aportes previsionales, cargas sociales, servicios de vigilancia, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HOLEÑA, ANA MARIA. s/ Régimen Penal Tributario, Actuaciones por separado en causa Nº4146
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-17

Corresponde revocar la resolución que sobresee parcialmente en la causa y respecto de la imputada en relación al delito de evasión de aportes previsionales y cargas sociales (Art. 3, Ley 23771) de los afiliados por determinados períodos fiscales, puesto que no resulta posible considerar que la imputada hubiese desconocido que los servicios de vigilancia y seguridad que, bajo contratos de locación de servicios, prestaban los supuestos asociados de la Cooperativa de Trabajo a otras empresas, cuyas actividades también consistían en servicios de vigilancia y/o seguridad, podrían encubrir una verdadera relación de dependencia de aquellos con las sociedades locatarias, en tanto se encuentra suficientemente acreditado que la imputada se desempeñó como tesorera de la cooperativa de trabajo investigada en autos, y en ese carácter reconoció que administraba la caja de la cooperativa, controlando los ingresos y egresos, la emisión de facturas, recepción de cobranzas y los depósitos de los mismos, formando, además, parte del Consejo de Administración, participando de las asambleas respectivas y de la suscripción de los estados contables, surgiendo, también, que habría presentado una declaración jurada de la entidad ante la AFIP-DGI y que en más de una oportunidad habría intervenido atendiendo a los inspectores de esa repartición en la sede de la cooperativa.
Procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: González Panutti Javier Cristián c/  s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-01

La impugnación extraordinaria deducida por la defensa contra la resolución dictada por el Tribunal de Impugnación, que revoca lo decidido por el Juez de Garantía en el sentido de conceder la suspensión de juicio a prueba, resulta procedente y en consecuencia debe declarse su nulidad, toda vez que el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 233, determina que en el tópico de la suspensión del juicio a prueba sólo resulta impugnable la decisión que deniega ese derecho (cfr. art. 233 del C.P.P.N.). En efecto: el Legislador desechó del catálogo de decisiones impugnables, de un modo consciente y explícito, la facultad de impugnar los pronunciamientos judiciales que resuelven otorgar la Suspensión del Juicio a Prueba establecido en el artículo 108 del C.P.P.N. Afirmo que esa exclusión es evidente pues en los casos en los que ha querido consagrar el recurso a todo pronunciamiento posible en una determinada materia, así lo ha hecho (por ejemplo, en los casos de las medidas de coerción). (del voto del Dr Elosú Larumbe, de la mayoría) .
Honorarios, regulación de honorarios, incidentes, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: San Filippo, Alfredo M c/ Flores, Aurelio. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

La reducción establecida por el art. 33 de la ley 21.839 no debe ser proyectada expansivamente a situaciones disímiles contempladas en forma específica por otra disposición, sino que su aplicación, debe ser restrictiva.
Suspensión del juicio a prueba, ley penal tributaria, aplicación supletoria de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Fertonani, Carlos Marcelo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto la interpretación del artículo 10 de la ley 24.316, debe hacerse según lo dispone el artículo 4 del Código Penal de la Nación, el que establece la aplicación de las disposiciones generales de ese código a todos los delitos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. En efecto, la aplicación del artículo 76 bis del C.P. es totalmente incompatible con la llamada ley tributaria. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, bancos
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA ENRIQUE ROLANDO c/ SEGUBANK S.R.L. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-31

Como la solidaridad que instituye el artículo 30 de la LCT respecto al establecimiento que contrata o subcontrata trabajos o servicios con otro y otros establecimientos presupone que el objeto de esa contratación o subcontratación integre la actividad normal y específica propia de aquél, en la especie, no se configura dicho presupuesto entre la codemandada (Banco del Tucumán S.A.) y la demandada originaria (Segubank SRL).

Recapitulando, los servicios de seguridad y vigilancia no hacen al ser propio y específico de la actividad bancaria, determinantes de su esencia, y por ende no están destinados a la consecución de sus fines específicos sino que, por el contrario, media entre ésta y aquellos una distinción real y esencial, sin que obste en absoluto, a esta conclusión, que exista una relación -no causal sino meramente condicional- entre unos y otra.

En definitiva, los servicios de seguridad y de vigilancia sólo influyen en la posibilidad del desarrollo adecuado de la actividad bancaria, pero no son notas que determinen la índole, naturaleza o esencia propia, específica de esta última. En la especie no se configuran los presupuestos fácticos ni, como necesario corolario, la finalidad previstos y perseguida, respectivamente por el legislador con la formulación de la proposición normativa contenida en el artículo 30 y cc. de la Ley de Contrato de Trabajo.