marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: KLIA  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

La doctrina de la arbitrariedad tiende a hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio, exigiendo que las sentencias constituyan derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a las circunstancias comprobadas de la causa.
Sentencia, nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MIGUEL JORGE ANDRES s/ CALUMNIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-16

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que transgrede el deber de motivación exigido por el art. 28 de la Constitución de la Provincia.
Competencia, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLAZZO, Vicente Antonio c/ SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

Aceptada la intervención de los terceros, éstos se convierten en partes en el proceso, con lo cual pueden ejercer todas las facultades procesales que la ley les reconoce a ellas puesto que, en definitiva, podrán quedar alcanzados por los efectos del proceso en la medida de su participación en él.

El instituto que regla el art. 94 del Código Procesal puede determinar la competencia federal si alcanza a la Nación o a una entidad nacional, aun en el supuesto que ello conduzca a la intervención de personas no aforadas y sin que quepan distinciones respecto del grado y carácter de tal participación procesal.

Si la demandada solicitó la citación del Banco Hipotecario Nacional en los términos de la citada norma, de acuerdo a lo expuesto y a lo previsto en el art. 58 de la ley 22.232, no sólo es formalmente aceptable su facultad de oponer excepciones, sino que la incompetencia opuesta debe acogerse.
Sentencia, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo o Castillo Pan, Clara M. c/ Argentini, Héctor Marcelino s/ Nulidad de actos jurídicos Rea, Luis Daniel c/ Vega, Luis Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|1998-12-15

La inexistencia de los actos jurídicos es una "noción primordial del razonamiento y de la lógica" que corresponde a ciertos hechos materiales, a los cuales falta algún elemento esencial para ser un acto jurídico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución fiscal, impugnación de deuda impositiva, pago de tributos
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ LISTAS ARGENTINAS  S.A.C.I.   S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

La "disconformidad o impugnación" a que se refiere el artículo 11 de la ley 18.820 no puede ser entendida en un sentido corriente (como sinónimo de oposición) sino en función de su significado jurídico y de la finalidad que persigue, esto es, con referencia a aquellos aspectos de la deuda que pueden gravitar en la confección del certificado.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yamana SRL c/ Tapicería Versalles s/ Cobro de asutrales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Al no existir intereses pactados ni encontrándose prevista en la ley la tasa que los regula, no queda otro camino que aceptar la doctrina establecida por la casación provincial según la cual, a partir del 1 de abril de 1991 el monto de condena devengará intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, hasta el efectivo pago (art. 622, C. Civil; art. 207, C. de Comercio; art. 8, ley 23928; SCBA., Ac. 43448 y Ac. 43858, ambos del 21-V-91).
Actos incorporados por lectura, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: B., C. N. c/  s/ corrupción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

El tribunal de mérito ha incurrido en una arbitrariedad al examinar los elementos de prueba introducidos en el juicio, puesto que prescindió supinamente del contenido de los múltiples relatos de la menor víctima introducidos regularmente y no los examinó. Al ignorar llanamente tales relatos, no se ha emprendido ningún examen de ellos, ni para juzgar su valor, su coherencia, y en su caso para confrontar la persistencia o variaciones que pudiesen constatarse en los dichos que fue brindando a los distintos profesionales que la evaluaron y que el tribunal conoció por la incorporación por lectura de los informes que éstos suscribieron al debate y por las declaraciones que dieron en el juicio (voto del juez García).
Accidentes de trabajo, obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, protectores auditivos, cosa riesgosa, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: FLORENTIN, JUAN c/ FOHAMA ELECTROMECANICA  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-27

Los protectores auditivos son un elemento, que en determinados casos, se toman como base para establecer la presunción de que el nivel de ruido es peligroso, no porque se pretenda perjudicar al empleador celoso del cuidado de la salud de su dependiente, sino porque la lógica indica que nadie suministra esa protección si no resulta necesario. Especialmente si se trata de una demanda en el marco de la ley 9688, en la cual no es necesario llegar al concepto de cosa peligrosa, en los términos del art. 1113 del C.Civil, pues basta que el ruido producido por las máquinas haya obrado sobre el sistema auditivo del actor, aún como concausa de su mal.
Apropiación indebida de recursos de la seguridad social, pago extemporáneo, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARLAN S.A. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de  apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

1 - La redacción del art. 9 de la ley Penal Tributaria 24769 en cuanto reprime la acción de no depositar los aportes retenidos de la seguridad social dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, no permite la interpretación de que mediante el pago extemporáneo se pudiera eliminar la existencia de delito, ni que se requieren maniobras ardiosas que induzcan a error al Fisco.- 2 - Corresponde procesar al Presidente del Directorio y al Director de la sociedad por el delito previsto en el art. 9 citado, en tanto se encuentra acreditado en la causa - con el alcance requerido para esta etapa del proceso - que no se depositaron los importes retenidos en concepto de aportes al sistema de seguridad social dentro del plazo legal, y no se ha revelado la improcedencia de las estimaciones del tribunal que dictó el procesamiento.
Expropiación, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.E. c/ Blanyero, José s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

El art. 37, 2da. parte de la ley 5.708 al fijar como valor económico a los fines regulatorios "la diferencia que resulte entre la oferta y la indemnización definitiva" vulnera el derecho de propiedad del letrado, degradando injustamente la retribución a que tiene derecho y agravia la garantía constitucional que resguarda el patrimonio (arts. 17, Const. Nac., 9 y 27, de la de la Provincia). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso judicial, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: "Marino  Horacio  Oscar  y  Otro c/ PEN-LEY 25.561-Dtos 1.570/01,214/02 s/ Amparo s/ Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

En el recurso de inaplicabilidad de la ley el requisito de la invocación del precedente jurisprudencial debe ser con anterioridad a la sentencia recurrida, a fin de permitir al Tribunal el cotejo de la interpretación jurídica del caso con la jurisprudencia establecida en el citado fallo (Cons. III).
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: LABORAL
Carátula: Gambini, Norberto Donato c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Ejecución de resolución administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Si el planteo de inconstitucionalidad de la ley 11.192 formulado por la parte actora ha sido articulado oportunamente, y resuelto por el a quo antes de arribar a la instancia extraordinaria, no puede la casación rehusar su tratamiento en tanto la cuestión fue efectivamente debatida y resuelta en la instancia ordinaria pues, la frase "primera oportunidad propicia", relativa a la temporaneidad con que deben hacerse los planteos de inconstitucionalidad, no debe apreciarse con un criterio formalista o restrictivo, dado que de ese modo se atenta contra el principio de la defensa en juicio (arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Carta Magna provincial; y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica).
Recusación y excusación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA  CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE  JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION  ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA  Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12|2002-09-10

No procede recurso alguno respecto de la resolución que recaiga en el incidente de recusación.
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez Claudia Rafaela por la menor Belén Cantero s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-22

La prioridad que el anterior régimen -Ley 23.264- otorgaba a los abuelos con relación a la tía para ejercer la guarda de un menor, y entre los primeros a la línea paterna sobre la materna -excepto casos de fundados apartamientos-, no aduiere un orden forzoso en el sistema actual, correspondiendo otorgarla -a falta de los padres- a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos sin distinción de sexosdebiéndose ponderar especialmente el interés del menor, la idoneidad del tutor para ejercer el cargo y, en supuestos de guardas preexistentes, valorar particularmente los beneficios que aportaría no innovar, salvo que poderosas razones autoricen lo contrario.La ausencia de matrimonio legítimo entre la promotora y su compañero, en modo o manera alguna -en mi concepto- puede incidir negativamente acerca de la idoneidad de la guardadora; más aún cuando ambos conforman una pareja estable y consolidada que convive en hogar común y con ingresos propios por más de una década, siendo progenitores de dos hijos habidos de tal relación que fueran reconocidos por aquél como propios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actividades molestas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maradei, Domingo M. y otra c/ Hilanderías Chilavert S.A. s/ Ruidos molestos Scutari, Angelino c/ Maldonado, Angel s/ Cese de molestias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04|1993-11-09

Apreciar las circunstancias tenidas en cuenta por la Cámara para hacer lugar al pedido de cesación de ruidos molestos e indemnización de los daños ocasionados, configura una típica cuestión de hecho que sólo puede revisarse en casación si se invoca y demuestra la existencia de absurdo.
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, interposición laboral, agencias de colocaciones, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: Torrilla Raúl c/ Empresa distribuidora Sur SA EDESUR y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-28

Las cooperativas de trabajo que proveen personal a terceros constituyen el caso más común de fraude que se puede enmascarar bajo la forma de "cooperativas de trabajo", cuando esa es su única finalidad. La cooperativa actúa como una suerte de agencia donde los interesados recurren a fin de obtener empleo, se asocian a ella y ésta, en tal carácter, los envía a terceros (clientes) que les asignan trabajo efectivo. En estos supuestos, la organización que medió en la relación no puede pretextar (pese a su estructura jurídica) que no existe relación laboral con su supuesto socio, ya que el aporte de éste no lo fue en una tarea propia de la cooperativa -que no recibió la labor del trabajador- sino que fue en otra distinta y en favor de un tercero que contrató con ella. En tal situación, sólo podría considerarse integrantes de la cooperativa al personal de la planta central que actúa como proveedora de trabajadores para terceros (objetivo de la cooperativa de trabajo) cumpliendo en definitiva, funciones como agencia de colocaciones o empresa de servicios.

En cambio, las personas enviadas por la cooperativa a prestar servicios para terceros se encuentran ligados a éstos por una relación de tipo laboral y no pueden ser considerados simples socios de aquella, pues se trataría de una formalidad sin contenido real. La cooperativa para proveer trabajo a terceros, es decir sin fines cooperativos, es una mera intermediaria (art. 29 L.C.T.).
Obligaciones, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION  PROPIETARIOS  DE  FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-03

Presentadas las facturaciones por intereses moratorios convenidos, con posterioridad al pago y cobro del capital no fueron objetadas por la demandada sino que al serle requerido su pago por parte de la actora aquella reconoció expresamente la deuda, por acta notarial, con lo que se prueba que al ser intimado al pago de nueve facturas que se le detallaron entre las que figuraban las tres correspondientes a los intereses en debate, el Interventor en la Caja demandada expresó que no cuenta con fondos suficientes para satisfacer el pago del importe reclamado, lo cual no implica que no reconozca la deuda, sino sencillamente que no puede pagar. Ello torna inaplicable el art. 624 del Código Civil, ya se considere que crea una presunción juris et de jure o juris tantum, puesto que nos encontramos frente al reconocimiento de una obligación en los términos del art. 718 del Código Civil.
Recusación con causa, recusación por amistad
Materia: PROCESAL
Carátula: LEIVA MARIA ROSARIO c/ TRONCOSO RONAL BRADIS s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-28

Cabe advertir que la existencia de situaciones de contacto entre personas, derivadas del desempeño de funciones comunes - la recusante alega que existe entre el Vocal recusado y el letrado apoderado del demandado, una amistad pública y notoria, manifestada en el ambiente político y en el personal que halla causa en el hecho de que cuando el Vocal mencionado se desempeñaba como Ministro Secretario en el Departamento de Estado de Gobierno, Educación y Justicia, el letrado apoderado ejercía el cargo de Secretario de Gobierno y Justicia, bajo la dependencia jerárquica del primero- aun cuando ocurran con asiduidad, no comportan necesariamente una relación de amistad, ni resultan suficientes por sí para justificar dicha causal recusatoria.

Asimismo carece de eficacia probatoria la mera afirmación efectuada por la recusante en el sentido de que tal relación de amistad le consta en forma personal y privada, toda vez que no ha sido corroborada por ningún otro elemento con aptitud suficiente para probar la existencia de una relación de amistad con el demandado y su letrado apoderado, que ha sido expresamente negada por el magistrado recusado, por lo que corresponde el rechazo de la recusación fundada en la causal prevista en el artículo 16 inciso 9 CPCC.
Empleo público, reincorporación al servicio, recurso de queja (administrativo), cesantía, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALFONSIN, REYNALDO DANIEL c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde admitir parcialmente la queja y el recurso de inconstitucionalidad deducidos por el GCBA, revocar parcialmente la sentencia y dejar sin efecto la indemnización por daños y perjuicios otorgada, toda vez que el quejoso logra acreditar la configuración de un caso constitucional centrado en la arbitrariedad de sentencia, habida cuenta de que el pronunciamiento impugnado no constituye una derivación razonada del derecho vigente, aplicado sobre las constancias de la causa. De los términos de la demanda surge que la actora reclama la percepción de los salarios caídos desde que fue declarado cesante hasta su reincorporación; sin embargo, tal como fue planteada la acción, esta no constituye un reclamo por daños y perjuicios. Al encuadrarla jurídicamente como tal, la Cámara se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, quien ha indicado que debe desestimarse la pretensión de la indemnización calificada como pérdida de ingreso si su admisión implica en la práctica el reconocimiento de salarios caídos o que resulta contrario al criterio según el cual no corresponde, como regla, el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación (Fallos 312:1382, entre otros). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Klein, Carlos Bernardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

El carácter remuneratorio de los adicionales por refrigerio y productividad surge claro en razón de -como ocurrió en el caso- su asignación a los funcionarios por el hecho de serlo, es decir, tuvieron su causa en el trabajo que como tales realizaron. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad objetiva, guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarado Soto, Manuel y Otra c/ Rodríguez, Guillermo Manuel y-u Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-23

Para la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci la legislación argentina no reconoce un concepto unívoco de guardián de la cosa dañosa, sino que admite una doble línea de legitimados pasivos: aquellos que tienen la dirección de hecho y los que reciben el beneficio económico.
Mandato, mandato aparente, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: ANDRADE, L. c/ BRAVE, R. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

No obstante que el mandato ostentado por los letrados fuese sólo aparente, lo actuado por éstos con terceros, sin culpa y de buena fe, debe reputarse que lo fue en el carácter de mandatario, a la par que las dudas que podría generar la propia existencia del mandato deben resolverse por la afirmativa si se ha creado una apariencia favorable en ese sentido. Ello es así, toda vez que la naturaleza del negocio determina, frente a terceros, el alcance de los poderes del mandatario, protegiéndose, de este modo, la seguridad jurídica.-
Terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M.A. c/ A., P.M. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-31

A los fines del cómputo del plazo de caducidad de instancia debe considerarse como momento inicial de éste, a la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del tribunal impulsiva del trámite. Plazo que se cuenta desde el día siguiente del acto impulsorio, no correspondiendo incluir el día que tuvo lugar el acto (art 156 del CPr) (. Esto es así, pues el día que se realizó el último acto de impulso del proceso no integra el tiempo de paralización del proceso, sino que representa el último día en que fue instado el trámite.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ottone, Adolfo José c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

La actitud del actor de no instar adecuadamente su reingreso al servicio, dejar transcurrir el tiempo hasta que se produjese la prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración, y reclamar luego el pago de los salarios caídos durante la prolongación indebida de la suspensión preventiva, revela objetivamente un comportamiento procesal impropio del deber de buena fe, que exige un actuar diligente y activo, antes que displicente, comportamiento que es computable al tiempo de valorar sus afirmaciones.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gieco Ezio Hernán y otra c/ Pascual Bevacqua Empresa Constructora S.A. s/ interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-09

El art. 109 de la L.A., limita la posibilidad de omitir la fundamentación del recurso, al supuesto en que éste sea interpuesto en el acto de la notificación ("en diligencia de notificación"). Fuera del ámbito excepcional del art. 109, el recurso de apelación de honorarios debe ser fundado, siendo insuficiente la declaración de que los mismos resultan altos o bajos
Supresión o destrucción de documento, secuestro de bienes, prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Q. D. C. s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-01

Mas allá de las dudas relativas a la real existencia y desaparición de un objeto secuestrado, si no ha sido posible determinar ni existe probabilidad de que ello suceda, que aquel objeto fuera de aquellos "destinados a servir de prueba", en los términos del art. 255 del Código Penal, ya que, al no haber sido hallada y ser desconocido su contenido, mal puede asignársele las características exigidas por el tipo penal.

Es que, el hecho de que la cosa sea incautada por la autoridad no la convierte sin más en algo tan específico como lo es" un objeto destinado a servir de prueba", ya que la utilidad para tales fines sólo puede se evaluado en la instrucción por el magistrado interviniente (art. 199 del C..P.P.N.) y en la medida de que el objeto exista en el proceso.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial, certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Spina, Héctor Domingo c/ Ronicevi S.E.C.P.A. s/ Indemnización por antiguedad, etc. Silvestre, Edelma Hilda c/ Bilous, Alberto Esteban s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21|1994-02-22

No constituye cuestión esencial en los términos del art. 156 de la Constitución provincial el reclamo de entrega de certificados de trabajo y aportes previsionales.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, costas, costas en el orden causado, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Maulhart, Astrid c/  s/ concurso s/inc de revisión por pita ricardo marcelo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Procede revocar la resolución que impuso al incidentista las costas del proceso. Ello por cuanto, en oportunidad de emitir el informe previsto por la LCQ 56, el síndico solicitó expresamente que las costas fueran distribuidas en el orden causado, y en ese contexto, es claro que la solución que sobre el particular adoptó el a quo, importó ir más allá de los límites que sobre el asunto le había sido propuesto.