Recurso de inconstitucionalidad, sentencia extra petita, jueces, Municipalidad, contribución de mejoras, gas natural, contrato de obra pública, contratista, indemnización, omisión de exhibir documentos, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Geppel y Pinasco  S.A.I.C.I.  y ambos-Palmegiani Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria, Industrial y Comercial c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en tanto la Cámara introduce de oficio una pretensión no propuesta (precio de la cesión) y la condena dineraria en tales condiciones conculca el principio de congruencia procesal y afecta las garantías constitucionales contempladas en los artículos 9 y 15 de la Constitución Provincial. En el caso, la Cámara para justificar la condena alude a que según los actores, se habría celebrado un convenio y habiéndose intimado judicialmente a la demandada la presentación de original o copia auténtica sin resultado positivo debían aplicarse las consecuencias legales (arts 173 y 174, C.P.C. y C.); mientras que la actitud reticente de la demandada al absolver posiciones autorizaba a tener por exactas las afirmaciones contenidas en el pliego, vale decir que el arreglo transaccional había sido por la suma de dinero a la que finalmente condena , con más su actualización monetaria e intereses. Esta forma de determinar el quantum de la pretensión no encuentra correspondencia alguna con los presuntos daños reclamados por la rescisión contractual, antes bien la fundamentación brindada por la Sala conduce derechamente a establecer una condena dineraria por la cesión. Las ficciones procesales (aplicación de las consecuencias previstas por los artículos 161 y 174 del Código Procesal Civil y Comercial) y sustanciales (presunción de onerosidad del desprendimiento de activos de las sociedades, arts. 163 y s.s., de la ley 19550; 8, inc. 6 y 5 del Código de Comercio) no son más que razones tendentes a justificar que, como contrapartida de la cesión, se arribó a un convenio transaccional mediante el cual la Municipalidad entregó pagarés a las actoras por una suma determinada -que al no poder ser descontados se devolvieron-, monto dinerario que finalmente termina condenando con más sus accesorios. Esa equiparación, tal como si fueran la misma cosa, que hace el Tribunal del precio de la cesión con la cuantificación dineraria del daño tampoco exhibe la adecuada motivación contemplada por el artículo 95 de la Constitución provincial, a menos que se piense -con error- que el simple hecho de mencionar que hubo tratativas transaccionales que desembocaron en el convenio alegado, tenga entidad para sustentar tamaña asimilación. Y tampoco la antigüedad de la controversia o la dificultad que generaría la derivación del monto de la condena a juicio de árbitros pueden constituirse en una suerte de habilitación para que los Jueces de la causa establezcan el quantum indemnizatorio de manera caprichosa y dogmática, remplazándose, así, la prueba de la reparación económica del daño por la sola voluntad judicial.