marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, daños y perjuicios, intervención quirúrgica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kaspar, Marta Ester c/ Sanatorio Mitre y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar al resarcimiento de los daños derivados de una intervención quirúrgica si ha obviado un aspecto importante para el juzgamiento del caso como es la consideración y examen pormenorizado del seguimiento post operatorio de la paciente realizado por el personal médico del nosocomio demandado.
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Roma, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

El derecho de defensa no resulta agraviado al omitirse la sustanciación de sumario para aplicar la cesantía por abandono de cargo en los términos del art. 61 del dec. ley 8587 ya que dicha norma establece expresamente la innecesariedad de tal procedimiento.
Fiscales, declaración de incompetencia, declaración de oficio, impulso de parte
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Polak, Federico G. s/ Violación de los deberes de funcionario público s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-19

Constituye un deber funcional legalmente impuesto a los Agentes fiscales denunciar obligatoriamente la pérdida automática de la competencia (art. 75 inc. d, Ley Orgánica del Poder Judicial Nro.

2430) y, por la otra, que más allá de que la incompetencia deba ser declarada de oficio, ello no obsta a que pueda ser solicitada por las partes en cualquier estado del proceso (art. 27, 1er párr. del CPP).
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia, fianza
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-11

Toda vez que el a - quo no se expide sobre la vigencia del crédito reclamado, el que provendría de un contrato de fianza, no juzga en definitiva sobre el derecho que le asiste al reclamante, sino que desestima la pretensión ejecutiva fundado en circunstancias estríctamente formales; el pronunciamiento no es definitivo y que la reclamación puede repetirse en una nueva oportunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia, indemnización tarifada, leyes, aplicación temporal de la ley, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JULLIER, HUGO ALCIDES c/ ASOCIART ART Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

Teniendo presente que la fecha en que acaeció el infortunio es anterior a la entrada en vigencia del decreto 1694/09 en cuestión, cabe concluir que la Sala dictó un pronunciamiento que culminó por desmerecer el derecho aplicable, con argumentos que resultan insuficientes para sustentar lo decidido desde una óptica constitucional, tal como surge de los fundamentos expuestos por la Corte nacional y esta Corte provincial en autos "Espósito" y "Britos" respectivamente, a los que corresponde remitir y dar por reproducidos en razón de la analogía existente entre el presente y lo que fue materia de análisis y pronunciamiento en dichos casos. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 1694/09
Concursos, honorarios del perito, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SOLARI GUSTAVO RAFAEL c/ ALL ANGEL s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-31

Si el experto fue designado, aceptó el cargo y cumplimentó con la labor encomendada, presentando el dictamen requerido, con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma introducida por la Ley 9776 al Código Procesal Civil y Comercial; en otras palabras, se trata de honorarios devengados por tareas judiciales realizadas con anterioridad, la causa fuente u origen del crédito se corresponden a la oportunidad en que fueron prestados los servicios corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título y se mande llevar adelante la ejecución seguida contra aquélla por el total del crédito reclamado en concepto de capital, con más los intereses determinados en dicho decisorio.
Dictamen fiscal, defensor de menores, interés superior del niño, facultades jurisdiccionales, arresto domiciliario, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: CENDOYA, Daniel Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

El Dr. Slokar dijo: "Liminarmente, en las particularidades circunstancias de la especie, comparte en lo sustancial las consideraciones que postula el juez que lidera el acuerdo en cuanto a que el a quo ha decidido rechazar el petitum defensista sin haber dictaminado el Ministerio Público Fiscal sobre el fondo de la cuestión a resolver, pues en la vista que le fuera conferida solicitó al tribunal que previo a expedirse se ordene la realización de ciertas medidas(Cfr. causa n° 15138 "Mendoza Castro, Horacio s/ recurso de casación" (reg. n° 19.863, rta. el 23/04/12). De otra banda, también se observa que el a quo ha resuelto la cuestión sin que la Defensoría Pública de Menores e Incapaces se haya pronunciado respecto del mejor interés de los menores, lo cual resultaba ineludible a los fines de garantizar el invocado interés superior de los niños (cfr. causa n° 15.691, caratulada: "Naranjo, María Laura s/ recurso de casación", reg. n° 20.371, rta. 29/08/2012, entre tantas otras). En este sentido, la presentación del defensor de menores en esta instancia no suple la de la instancia anterior, donde debía darse cumplimiento a un amplio contradictorio, lo cual evidencia que el tribunal a quo justipreció sin contar con la totalidad de los elementos relativos al caso." El Dr. Yacobucci agregó que se advierte en el caso una notable demora en tramitación del incidente, con la consiguiente vulneración a la tutela judicial efectiva que esto acarrea (art. 18, CN y art. 8 CADH), en tanto el arresto domiciliario del imputado fue primigeniamente solicitado en marzo 2020 y la resolución aquí recurrida fue dictada en abril de 2021; y que la sentencia contiene serios déficits que la invalidan como acto jurisdiccional válido, en tanto el pedido fue resuelto sin que el representante del Ministerio Público Fiscal y el Asesor de Menores hayan dictaminado y si bien el arresto había sido solicitado a raíz de los 5 hijos menores de edad del encausado, en la resolución sólo se considera la situación de uno de ellos, lo cual constituye a la sentencia en arbitraria. Dres. Mahiques, Slokar -voto concurrente- y Yacobucci -voto concurrente-
Derechos y garantías constitucionales, objeción de conciencia, derecho electoral, sufragio, leyes, voto en blanco
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Holder, Joel Archie y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido por el Tribunal Electoral  (Expte CSJ Nº 654-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-29

En el comicio, los recurrentes (Testigos de Jehová que pretenden se justifique su no presentación, con fundamento en una objeción de conciencia, ya que profesan un culto que les impide elegir autoridades, ya que sostienen que es Dios, en Su Sabiduría, quien los elige), no están obligados a elegir una de varias propuestas, una en un listado de personas. Pueden optar por rechazar, por no adherir a ninguna y no seleccionar a nadie. Se puede distinguir conforme ese hecho, entre asentimiento y participación. El régimen jurídico obliga a ésta pero no pretende que el "objetor" preste su consentimiento. El sistema permite que el participante resguarde su esfera íntima al autorizar una modalidad que le asegura que se sienta ajeno a la designación de las autoridades "puestas por los hombres", respetando la particular lectura evangélica que efectúa.

La normativa sólo le exige su concurrencia, dejándole una esfera íntima absolutamente extraña a la intervención estatal, libre de coerción. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre)
Competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, daños y perjuicios, rendición de cuentas, lucro cesante, daño moral, competencia federal, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fideicomiso, ENTEL, privatizaciones, propiedad participada
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTANA, ELIDA c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-04

Resulta competente la justicia comercial para entender en una causa en la que los accionantes -ex-empleados de ENTel, privatizada en el marco del acuerdo general de transferencia del 29.12.92-, demandan al Banco Ciudad de Bs. As., en su caracter de fideicomisario o fiduciario del programa de propiedad participada de Telecom Argentina Stet France Telecom SA, por rendición de cuentas, cobro de pesos, lucro cesante y daño moral. Ello, pues el reclamo se centra en actos regidos por el derecho privado de naturaleza comercial, ya que se objeta la labor del banco accionado en la órbita de desempeño como entidad financiera, y en su carácter de depositario y fiduciario de las acciones de una empresa transferida, por lo que no se advierte que la situacion amerite la intervención del fuero federal -como en el caso lo propuso el juez a quo-, de naturaleza restrictiva y de excepción, máxime en el territorio de la Capital Federal, donde no existe diferenciación entre órganos judiciales ordinarios y federales, por cuanto unos y otros tienen carácter nacional (conf. C.S.J.N.; "Cascales, Amilcar c/ Bco. de la Ciudad de Bs. As. s/ Repeticion", 01.10.92).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, incidentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia de Tucumán -DGR c/ Maria Angela Uña de Carletto E Hijos S.H. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-18

En la regulación de honorarios por actuaciones cumplidas en la instancia incidental no corresponde adicionar el 55 % por el art. 14 de la Ley 5480 de Tucumán, toda vez que el doble carácter ya se reconoció en la regulación del proceso principal y el porcentaje está incluido en la base, monto del que se parte para la regulación en el incidente.
Ley provincial, accidentes de trabajo, comisiones médicas, acceso a la justicia
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

No se puede predicar que el control judicial posterior previsto mediante la adhesión a la Ley 27348, en las condiciones establecidas en la ley provincial (arts. 1, 5 y 6), asegure en los hechos el control judicial "amplio y suficiente" exigido por la doctrina constitucional. Se prevé (art. 5º ley 10.532) que los recursos ante el fuero laboral deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 5315 (CPL), dentro del plazo de 15 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. El acotadísimo plazo que el legislador provincial introdujo y la exigencia de que se acompañe un certificado médico con el riguroso contenido impuesto, implica lisa y llanamente una obstrucción al acceso a justicia para quien alega ser víctima de un daño a su integridad psicofísica, todo lo cual torna en una mera declamación el supuesto "control judicial suficiente" (Voto Welp)
Cheque sin fondos, interpelación, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MALET, CARLOS FRANCISCO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-12

1 - A los fines de tener por configurado el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos - art. 302 inc. 1, CP -, la interpelación dirigida al librador es eficaz si se la cursó al domicilio especialmente constituido para la atención de la cuenta corriente, debiendo responsabilizárselo por la falta de diligencia que le haya impedido tomar conocimiento de dicha comunicación.- 2 - La interpelación dirigida al librador del cheque es válida para tener por configurado su libramiento sin provisión de fondos, si se la cursó dentro de los treinta días desde la emisión del título, con prescindencia de la fecha de recepción.- 3 - La modificación introducida por la ley 24760 al régimen del cheque - ley 24452 - es inaplicable durante el año que se extiende a partir de su publicación - art. 11 inc. e), párr. 3ro. -, período durante el cual rige la legislación anterior.
Contratos innominados, células madre, biotecnología moderna, derechos de las partes, obligaciones de las partes, aplicación de la ley, interpretación del contrato, depósito
Materia: CIVIL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Con lo que va dicho, pues, que la interpretación del alcance de las obligaciones asumidas por el biobanco debe proteger esa confianza esperada (CCCN 1067). Y, en su caso, la valoración de su conducta para establecer si hubo o no responsabilidad suya por razón de incumplimientos también debe mirar tal confianza especial, teniendo en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes (CCCN 1725-2°; López Miró, H., "El principio de confianza o la legítima expectativa en el derecho médico", LLBA, 2014 [junio], p. 527; Picasso, S. y Sáenz, L., "Tratado de derecho de daños", Buenos Aires, 2019, t. I, ps. 534/535; Alterini, J., "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado - Tratado Exegético", Buenos Aires, 2015, t. VIII, p. 109, n° 2).
Valuación del bien, ley arancelaria, honorarios, base regulatoria, tasación
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Cambrea, Juan Rodolfo c/ CEAMSE s/ escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-25

La ley arancelaria no exige ninguna formalidad en el modo de valuar los bienes, sino que se limita a disponer que se dará vista al profesional y al obligado al pago del honorario, para que en el plazo de tres días estimen dichos valores, es decir el régimen arancelario no obliga a tasar el bien, sino que invita a las partes a que manifiesten en tal sentido.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: LAFUENTE Alberto Andrés s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

El supuesto indicio consistente en que se habría individualizado el hecho -no previamente denunciado- por indicación de los detenidos, no se fundaría en un hecho real y probado respecto del procesado, si no se acredita que fue él quien formuló la indicación y que el personal policial interviniente desconociera la existencia de tal hecho, concepto este último no necesariamente identificable con la falta de denuncia previa.
Responsabilidad civil, Municipalidad, seguridad pública, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: PRIEGO Ricardo Horacio c/ Asociación de Pilotos Vallistas y Otro s/ Ds. y Ps. - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31

La obligación de seguridad ciudadana en lo que respecta a la integridad física de las personas que trasunta en el deber de vigilancia en todo el territorio municipal no es una obligación primaria atribuida por la Constitución Provincial al Estado Municipal, por lo tanto éste solo habrá de quedar comprendido en ella siempre que la haya asumido en forma expresa o inequívoca mediante la realización de actos objetivos que inobjetablemente así lo acrediten.

En efecto, autorizada doctrina nacional ha sostenido puntualmente en casos como el presente que, respecto a la responsabilidad del Estado por la omisión de las diligencias a su cargo en ejercicio de la función de control de las competencias automovilísticas, se ha juzgado que "No existiendo en el derecho público un texto específico que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión o abstención, su tratamiento jurídico básico debe efectuárselo recurriendo a la norma del art. 1074 del Código Civil. Y en cuanto al aspecto que hace a la antijuridicidad material u obligación incumplida la importancia de precisar la imperatividad del mandato observado o la norma trasgredida: "Para que se genere la obligación de responder, resulta necesario que se trate de una obligación (o sea un deber concreto) y no de un deber que opere en dirección genérica o difusa, es decir en definitiva de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración" ya que "la ausencia de tipificación precisa y categórica podría derivar en resultados interpretativos demasiados extensivos y expansivos. Así -en efecto no deseado- reemplazaría o sustituiría la carga indemnizatoria del agente público o particular".

En los presentes autos debe quedar sentado respecto del Municipio que, el dictado de Ordenanzas o Decretos que autoricen y/o posibiliten efectuar aportes económicos a instituciones privadas a fin que estas realicen algún evento no importa presumir que el Municipio se convierta por ello en co-organizador del mismo adquiriendo con ello responsabilidad alguna.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: LOPARDO, FRANCISCO c/ HERNANDEZ, MANUEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-10

Los gastos médicos y kinésicos, integran el monto de la condena indemnizatoria en un proceso de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito. Cuando no se ha aportado prueba documental, que respalde las erogaciones por tal concepto, es principio reiteradamente establecido que, no obstante la falencia apuntada, si la naturaleza de las lesiones sufridas permite inferir que exigió atención médica y gastos farmacéuticos acordes, cabe fijar el monto resarcitorio correspondiente en base a una fundada presunción y conforme lo autoriza el art. 165 del Código Procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, competencia, competencia contencioso administrativa, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comuna De Pueblo Esther c/ CELGRA S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

Luego de la detenida evaluación de la causa surge que el contexto normativo dentro del cual se entabló la relación que motiva el sub examine pertenecía, eminentemente, al ámbito del derecho público local, y más precisamente, al ordenamiento administrativo comunal, análisis que fue preterido por los Sentenciantes y resultaba imprescindible a los efectos de arribar a una concreta dilucidación de la competencia para entender en la presente, en tanto se vislumbran razones para entender que el sub lite suscita materia contencioso administrativa, estando esta Corte facultada para resolver de oficio lo que atañe a su propia competencia aunque no se hayan pronunciado las partes ni los juzgadores sobre esta alternativa, ya que las especiales características de dicha competencia, determinan que ningún tribunal inferior puede atribuírsela per se contra la Constitución y la ley, porque de admitirse un criterio distinto se estaría comprometiendo el diseño institucional que el ordenamiento jurídico provincial establece en relación a la competencia de los diferentes órganos judiciales, generando una grave confusión en los papeles asignados a los diferentes poderes; debiendo señalarse también que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CJStaFe: AyS T 54, p 389; T 52, p 71; T 54, p 120; T 56, p 251; T 71, p 425; T 106, p 141; T 163, p 68.
Policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Los ascensos del personal de la Policía de la Provincia deben producirse anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, tanto del personal policial como del subalterno, que hubiera alcanzado a reunir los requisitos exigidos por la ley 6769 y el Reglamento de Promociones (R.R.P.P.) -establecido por Decreto 3508/87-, conforme lo establecido en el artículo 86 de la citada ley; con la evidente finalidad de renovar permanentemente los cuadros a fin de alcanzar con ello la eficiencia necesaria del servicio cuyos objetivos y funciones se definen por la Ley Orgánica Nº 7395/75 (Capítulos I y II del Título I), asegurando, al mismo tiempo, el derecho a la carrera (artículo 1º, 34 inciso 1 disposición esta última que consagra el derecho esencial al ascenso , Ley 6769) por lo que anualmente todo el personal policial, será calificado de acuerdo a las normas que establezca el Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales (R.R.C.P.), artículo 72, ídem- actualmente contenido en el Decreto 3655/84 que rige desde el 28 de junio de ése año.
Procedencia del recurso, rechazo de la demanda, indemnización por accidente de tránsito, prioridad de paso, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Brito Ema Rosa y otro c/ Paraná Seguros SA y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-08

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora demandada, por lo que se resuelve no hacer lugar a la demanda de cobro por daños y perjuicios instaurada -derivados de un accidente de tránsito producido-. Asimismo declarar abstracta la resolución del recurso interpuesto por el codemandado, atento lo resuelto anteriormente. Cabe precisar que el recurrente atribuyó la responsabilidad del hecho dañoso a uno de los actores -la conductora de la motocicleta- por conducir sin carnet, sin casco de protección y sin prioridad de paso, por eso se debe analizar si dicha conducta incidió en alguna medida en el resultado dañoso, en su relación de causalidad. El accidente se produjo en el cruce de calle, de circulación simple con una avenida y el choque se provoca sobre la acera de circulación del automóvil en donde la prioridad de paso la tenía el vehículo del demandado por circular en avenida y por la mano derecha, lo que obligaba a la actora que conducía la motocicleta a ceder frente a la prioridad establecida normativamente -art. 39 de la Ley Nacional de Tránsito nº 24449, a la que adhirió la provincia mediante la Ley provincial nº 6836-. Dicho ésto, se concluye que si bien el demandado reviste el carácter de embistente, gozaba de doble prioridad de paso y la parte actora no ha logrado desvirtuar la presunción de responsabilidad que le cabía por circular de manera no preferente -por la izquierda-, y por una arteria de inferior preferencia; de conformidad con lo previsto en el art. 1113 del CC -vigente al momento del hecho-.
Escritos judiciales, firma de las partes, falta de firma, inexistencia del acto jurídico, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. S., M. A. y otros  c/ CRT Emprendimientos SRL y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-10

La firma del litigante que actúa por derecho propio es requisito formal indispensable para la validez de ciertos escritos, y debe ser auténtica, es decir, emanar del propio interesado, condición que no puede quedar librada a sus manifestaciones posteriores. Al carecer el escrito de la firma de la parte, la presentación no constituye un acto jurídico atribuible a la misma, y por consiguiente, no resulta susceptible de convalidación, confirmación o saneamiento, aun cuando el interesado la reconozca como propia.