Lavado de activos, secreto fiscal, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Recurso de apelación s/ Solicitud de levantamiento de secreto fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16

Al ingresar en la temática traída a estudio debe recordarse, ante todo, la singularidad de estas actuaciones en las que no se asiste a los normales canales de un proceso penal destinado a la investigación de un hecho ilícito. Se trata, simplemente, de una instancia judicial dentro de un procedimiento de carácter administrativo y de competencia federal cuya finalidad es obtener el levantamiento de secreto tributario por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos para que la Unidad de Información Financiera pueda continuar realizando su análisis acerca de la posible existencia -en este caso- de una operación sospechosa de lavado de dinero (art. 14°, punto 1. in fine, de la ley 25.246).

A los efectos de analizar la viabilidad del pedido, no debemos olvidar el carácter del organismo solicitante. La UIF actúa en una doble función de filtro. Por un lado, porque se posiciona como intermediaria entre el sistema financiero, bancario y de negocios y las agencias judicial y policial. Por el otro, pues descarta aquellas operaciones que carecen de entidad para ser calificadas de sospechosas. Por lo tanto, se ha dicho que "La UIF cumple una tarea prejudicial, en el desempeño de la cual recibe de los sujetos obligados previstos en la ley 25.246 información privilegiada para su análisis, tratamiento y eventual transmisión a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para en el caso de considerarlo pertinente, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público." (GENÉ, Gustavo y otros, "LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS" en Derecho de los Mercados Financieros - III, AD-HOC, Buenos Aires 2010, p. 65 y ss).

Sentado ello, la participación que le cabe a este tribunal en esta instancia se encuentra ceñida a evaluar si en el caso se configura la situación excepcional prevista por la norma que habilite el levantamiento del secreto fiscal solicitado.

Se trata, en definitiva y sin más, de verificar los extremos necesarios para avanzar en un recorrido de una esencia distinta a la que habitualmente domina los procesos ante esta sede. De ahí, pues, que se halla gobernada por parámetros diferentes de los que rigen los escenarios de naturaleza punitiva como esta Sala ya ha tenido ocasión de señalar en anteriores decisiones (ver causa 43.697 "N.N. s/encubrimiento, rta. 15/2/10, reg. 52).

Precisamente vinculado a esta cuestión es que se introduce la crítica efectuada por la apelante en torno al incorrecto trámite dado por el a quo a su inicial pedido. Y en este sentido, frente a los parámetros invocados, asiste razón en cuanto a que el Juez de grado no se limitó a efectuar la revisión de razonabilidad que le fue peticionada, sino que mutó el procedimiento administrativo en un proceso penal, distorsionando la naturaleza de aquél. Consecuentemente, las razones que invocó en la resolución en crisis se corresponden con un estándar acorde al proceso penal, y exceden el marco del control jurisdiccional previsto por la ley.

Nótese que el artículo 14 trascripto anteriormente no exige, para que el Juez habilite el levantamiento del secreto fiscal, que se haya constatado la existencia de una operación que constituya una maniobra de lavado de dinero, sino que sólo hace referencia a que la solicitud se emita "en el marco de análisis" de un R.O.S.