Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14


Considerando:

1º) Que a fs. 178/185 el Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría-, confirmó la resolución de la DGI por la que se impugnaron las DDJJ de la actora correspondientes al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 1990 a 1993 y enero a mayo de 1994, determinando el impuesto respectivo con más intereses resarcitorios, actualización y multa.

Para así resolver, consideró que el suministro de energía eléctrica por parte de la actora a sus empleados, para uso doméstico constituía una prestación onerosa por cuanto:

a) el suministro en cuestión surgía de una cláusula establecida por Convención Colectiva de carácter obligatorio, b) la situación estaba contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo que reconoce que el salario puede ser satisfecho en dinero o en especie, c) la onerosidad estaba dada por la existencia de la relación laboral, por la cual el servicio eléctrico proporcionado por la empresa al personal dependiente era una contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo de estos últimos, d) la existencia de la relación laboral amparada por la convención colectiva encuadraba en la figura jurídica de "dación en pago" que estaba expresamente alcanzada por el IVA al ser considerada transferencia a título oneroso por el art. 2º inc. a) de la ley del tributo, e) dicho criterio estaba convalidado por la jurisprudencia laboral que ha definido que "Las gratificaciones o entregas suplementarias son remuneratorias e integran la retribución del trabajador, si se liquidan con habitualidad y regularidad cubriendo un lapso apreciable de la relación laboral, no existiendo circunstancias extraordinarias que permitan atribuirle otra causa...".

En virtud de lo dispuesto por el art. 167 de la ley 11.683 sostuvo que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la tasa utilizada para calcular los intereses resarcitorios y la actualización.

Confirmó la multa impuesta en los términos del art. 45 de la ley 11.683, por considerar que no hubo "presunción alguna de conducta dolosa".

Contra dicho pronunciamiento apeló la actora a fs. 192 y a fs. 194/196 vta. expresó agravios los que fueron respondidos a fs. 208/214.

Los agravios de la recurrente están vinculados con los empleados en actividad y con quienes no revisten ese carácter. A tal fin transcribe la parte pertinente de dos fallos y del voto en disidencia por el que se concluye afirmando que los beneficios que reciben no constituyen dación en pago.

Sostiene que no se ha producido el hecho imponible por cuanto este nace cuando se produce el vencimiento del plazo para el pago del precio, pero por considerar gratuita a la provisión de electricidad, no factura tales consumos y por lo tanto, no hay vencimiento fijado para el pago del precio.

En relación a la multa impuesta, sostiene que las presunciones son aptas para sustentar una determinación de oficio pero no una sanción de naturaleza penal y afirma que la cuestión es de dudosa interpretación.

2º) Que no corresponde tratar el argumento de la recurrente en el sentido de que la energía eléctrica suministrada a quienes no revestían el carácter de empleados en actividad, no reúne los requisitos para ser considerada remuneración, pues no surge de autos que el organismo recaudador haya determinado tributo a ingresar por dicho concepto.

3º) Que de las constancias de autos resulta que la actora provee -a su cargo-, a sus empleados energía eléctrica para uso doméstico, hasta la cantidad de 200 kwh mensuales. Sobre el consumo que exceda el indicado precedentemente toma a su cargo el 75 % de lo facturado por sobre la tarifa gratuita. En el caso de que no suministre electricidad en forma directa al trabajador, procede al reintegro del importe, contra la presentación de la factura correspondiente (vide art. 78 del Convenio Colectivo de Trabajo obrante a fs. 95 act. adm.).

Que el Tribunal debe resolver si la energía eléctrica que la actora suministra a sus empleados constituye o no una dación en pago como forma de contraprestación por la actividad laboral que realizan, y como tal está alcanzada por el impuesto al valor agregado en los períodos cuestionados, por tratarse de una transferencia a título oneroso (art. 2 inc. a) del IVA).

Que teniendo en cuenta que toda relación laboral requiere la reciprocidad de las prestaciones, en el suministro del fluido eléctrico a los empleados se verifica una dación en pago.

En efecto, la onerosidad viene dada por la relación laboral que une a ambos y no puede desconocerse que la causa determinante de las prestaciones la constituye el servicio que los empleados proporcionan a la empresa, pues de no ser ello así el beneficio no se concede.

Por ello los importes que la entidad toma a su cargo por el suministro periódico y continuado de la energía a sus trabajadores, están sujetos al gravamen porque su actividad constituye la contraprestación que recibe la empresa por la entrega de energía, pues el beneficio acordado queda subsumido en el concepto de salario, toda vez que las prestaciones en especie proveídas por el empleador tienen el carácter de salario cuando entrañan una ventaja para el trabajador y son la contrapartida de su trabajo ("Código del Trabajo Anotado" - por Krotoschin-Ratti pág. 113).

4º) Que el argumento relativo a la falta de configuración del hecho imponible carece absolutamente de relevancia, pues el solo hecho de que la actora considerara no gravada la provisión de energía y no emitiera factura, no puede dar lugar a la falta de nacimiento del hecho imponible, toda vez que el art. 5 inc. a) de la ley del tributo contempla el caso expresamente al determinar que el hecho imponible se perfecciona "...en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior, salvo que se tratara de provisión de energía eléctrica o gas regulado por medidor, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago del precio o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior".

5º) Que en relación a la multa impuesta en los términos del art. 45 de la ley 11.683, asiste razón al TFN al confirmarla, pues en el caso no se trata de fundar la responsabilidad de carácter penal sobre la base de una voluntad dirigida a producir el menor ingreso de tributos, porque la D.G.I. solamente ha sancionado una omisión de carácter culposo respecto de la cual -en los presentes autos-, cabe puntualizar que la sancionada no ha arrimado elementos de hecho para desvirtuar la pretensión tributaria en que se funda la sanción y, por otra parte, desde el punto de vista penal tampoco se han invocado ni se advierten circunstancias que puedan eximir al negligencia en que incurrió el actor en el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido no puede dejar de señalarse que no se ha configurado un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor o un supuesto error de derecho que pudieran eximir de aquella responsabilidad, pues la actora sólo se limitó a invocar que la cuestión es de dudosa interpretación.

Por ello se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.). Así se resuelve.

6º) Que en cuanto a los recursos deducidos contra los honorarios regulados en el pronunciamiento de fs. 188, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su monto -tomando como tal el impugnado en autos (conf. fs. 1 y resolución de fs. 14/22)- atendiendo al mérito, calidad y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados durante la sustanciación del pleito (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848), considerando que la accionada no cumplió las tres etapas del pleito, toda vez que la única prueba producida fue la ofrecida por la parte actora (conf. fs. 125), atento el resultado obtenido y de conformidad con las pautas aplicadas en casos similares corresponde reducir a la suma de pesos quinientos cincuenta mil ($ 550.000.-) los honorarios de los Dres. Marcelo José Malagón, por la actuación en el carácter de letrado y apoderado de la accionada (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas realizadas ante la alzada, atento el resultado al que se arriba fíjanse en la cantidad de pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000.-) los emolumentos del Dr. Marcelo José Malagón, por la actuación en el carácter de letrado patrocinante y apoderado de la accionada (arts. 14, ccdtes. y citados de la referida ley de arancel).

Por los fundamentos expuestos -por la mayoría y minoría- en la causa "Scotti Norberto Carlos y otros c/ Estado Nacional s/Empleo Público", del 29-VI-93 -entre otras-, el importe del impuesto al valor agregado integra las costas de juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/ Colegio Públ. de Abog.", del 16 de julio de 1996). Así se declara.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - M. I. Garzón de Conte Grand. - Jorge Héctor Damarco. - Marta Herrera.