Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74090 SALA V. AUTOS: "STRAJMAN, MAURO ALBERTO C/ ESTUDIO TECNICO DOMA S.A. Y OTROS S/ LEY 14.546" (JUZGADO Nº 52).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 8 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la senten-cia de fs. 673/680 formulan: a) la parte demandada a tenor de las presentaciones de fs. 682 y 702/705, que mereció réplica de la contraria a fs. 707/709 y b) la parte actora a mérito de la que luce a fs. 684/696 vta., que no fue replicada. Por su parte, a fs. 681 apela sus honorarios la perito contadora por estimarlos reducidos.

II. De conformidad con la cédula obrante a fs. 698 y vta., la parte demandada quedó notificada de la sentencia dictada en la sede de grado el día 29 de diciembre de 2010.

El recurso de fs. 682 fue interpuesto el día 3 de febrero de 2011 pero los agravios fueron expresados por la accionada recién el día 9 de dicho mes y año (cargo fs. 705), o sea una vez vencido el plazo de seis días previsto por el artículo 116 de la L.O. para fundamentar el recurso de apelación, plazo que vencía en las dos primeras horas del día 8-2-2011.	Ergo, con excepción de la queja vertida en el apartado II de fs. 682 en torno a los honorarios regulados a favor del letrado de la parte actora -que fue interpuesta en término y será objeto de tratamiento infra- no cabe más que declarar la deserción del recurso sub examine. III. La parte actora se considera agraviada por cuanto el sentenciante de grado re-solvió que las tareas realizadas por su parte no encuadraban en la figura de viajante de comercio y, consecuentemente, rechazó el reclamo de la indemnización por clientela.

Cuestiona a tal fin la valoración que de las constancias habidas en la causa hizo el juzgador, mas adelanto que -por mi intermedio- este segmento de la queja no habrá de prosperar.

Es que para considerar si se halla o no configurada la figura de viajante de comercio debe priorizarse lo relativo a las probanzas que puedan -o no- acreditar que la persona que invoca ese encuadre tenga como función, principal y fundamentalmente, vender fuera de la empresa y/o captar clientela para la concertación de ventas y/o concertar negocios para el principal (criterio seguido por la jurisprudencia predominante, entre otros casos: C.N.A.T. Sala VI, 5-7-2000 "Bragado, Francisco L. C/ Purissimus S.A."; esta Sala 30-11-1998 "Vélez, Sebastián E. c/ Los Andes De Falchetti y Falchetti S.R.L." y 22-3-2001 "Dinizo, Ernesto c/ Neumayex S.C.A." entre otros). El simple hecho de efectuar ventas no implica per se el encuadre forzoso en la ley 14.546 pues el concepto "vendedor" no es equivalente al de "viajante" (de otro modo cualquier vendedor de un establecimiento comercial lo sería). Recuérdese que, tal como lo expresa Fernández Madrid, el viajante de comercio es, en sustancia, un vendedor desplazado de la sede de su principal ("Los viajantes de comercio ante las leyes de trabajo", pág. 76).

Por otra parte, el estatuto de viajantes de comercio no exige que la tarea de viajante sea la actividad única, mas sí que sea habitual; por mi parte y conforme un criterio de razonabilidad entiendo que resultará aplicable la ley 14.546 si la concertación de operaciones es la actividad principal del dependiente.

En el sub lite, a pesar del esfuerzo realizado por la parte recurrente en el memorial en análisis, las pruebas sobre las que basa su argumentación recursiva (oficios respondidos a fs. 464 y 526 y testimoniales rendidas a fs. 496, 498 y 503) fueron analizadas por el juzgador, y coincido en cuanto concluye que resultan insuficientes como para acreditar los extremos pretendidos por el reclamante, pues si bien surge de aquellas que el actor hacía contactos o visitas a empresas, no se puede determinar concretamente la frecuencia con que lo hacía, ni que esa hubiese sido su principal y habitual actividad, ni que la mayor parte de la jornada la hubiese desempeñado fuera del establecimiento de la demandada, ni que concertara ventas habitualmente. Véase que, por ejemplo, la firma Advanced Organic Materials S.A. dijo no tener registros contables que se refieran a la relación con la aquí accionada y que el Sr. Strajman se presentó como "contacto", no surgiendo otras precisiones de dicha probanza (fs. 526).

Obsérvese también que los testigos Kayko (fs. 496/7) y Gamba (fs. 503/4) dijeron que llamaban telefónicamente a la empresa demandada y que allí les comunicaban con el actor, quien los visitaba para brindarles asesoramiento y asistencia técnica de los productos que vendía la accionada y luego efectuaba su cotización, mientras que Zentner (fs. 498/9) afirmó que (textual a excepción de los subrayados, que he agregado): "el testigo era el nexo entre el cliente final y Estudio Técnico Doma con sus productos. Que existe un distribuido en la zona que es la empresa CEM, la cual Strajman también visitaba y asistía técnicamente, en la que había un trato comercial, no obstante, no había una performance, una conformidad con el desarrollo de la venta de este distribuidor, con lo cual se estableció un contacto con la empresa con la que el testigo está vinculado por medio del propio testigo, para ampliar la cartera de clientes y la posibilidad de venta de productos. Que Strajman cumplía sus tareas en la fábrica físicamente y después visitas al distribuidor y a la empresa el testigo.".

Por ello, según mi criterio, correspondería confirmar la sentencia apelada en cuanto no reconoce al actor la categoría de viajante de comercio y, en consecuencia, en cuanto rechaza la indemnización por clientela.	IV. En virtud de los términos en que fue planteada, tampoco prosperará en este voto la queja referida a las comisiones adeudadas ni la pretensión de su inclusión en la base remuneratoria considerada por el magistrado para establecer los conceptos indemnizatorios derivados a condena. El agravio se apoya en el juramento formulado en el inicio con fundamento en el artículo 11 de la ley 14.546 norma que, como derivación de lo resuelto precedentemente, no resulta aplicable en la especie.	V. El agravio referido a la indemnización (diferencias) prevista en el artículo 16 de la ley 25.561 tampoco habrá de tener favorable acogida.

En primer lugar en virtud de lo resuelto precedentemente en cuanto a la improcedencia de las comisiones reclamadas. En lo demás, esto es, en cuanto a la inclusión de los rubros preaviso e integración del mes de despido en la base de cálculo del rubro en análisis, el criterio adoptado por el sentenciante de grado consistente en efectuarlo únicamente sobre la indemnización del art. 245 de la L.C.T. (ver fs. 679) se ajusta a la normativa de la ley 25.972 y del decreto 1433/05 vigente a la fecha del distracto (5-7-2006). A todo evento señalo que en cuanto a la interpretación o alcance del decreto 2014/04 -que es, evidentemente a mi entender, al que quiso referirse la recurrente a fs. 690- este tribunal tiene dicho que ".a partir de la vigencia de la ley 25.972, conforme a lo dispuesto por el art. 4º (2º párr.) de esta última, el incremento en análisis debe aplicarse únicamente respecto de la indemnización del art. 245 de la L.C.T.; aunque el posterior decreto 2014/04 hace mención en su art. 2 a que el porcentual adicional determinado por el art. 1 (80%) '.comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato.', lo jurídicamente relevante y sirve para determinar la cuestión consiste en que este decreto del P.E.N. ha sido dictado precisamente con el objeto de dar cumplimiento a la facultad delegada en el antes mencionado art. 4, y que se acota en la determinación de un 'porcentaje adicional', cuya base fue allí, como dijera, expresamente definida. En otras palabras, y más allá de la confusión que pueda generar la redacción del decreto 2014/04, debe entenderse -a mi modo de ver- que la télesis de éste es la de satisfacer el mandato del art. 4 de la ley 25.972 de fijar un porcentual adicional, el cual -por imperio de la ley- corresponde aplicar sobre la indemnización por antigüedad que contempla el art. 245 de la L.C.T.." (sentencia definitiva nº 70.148 del 29 de octubre de 2007, in re "Dabalo, Elsa Mabel c/ MET A.F.J.P. S.A. s/ despido", Expte. 15.619/06).

Ergo, propongo confirmar en este aspecto el decisorio apelado.

VI. En virtud de los términos en que fue planteado (fs. 690 vta.), lo propuesto en el punto IV y anteriores sella desfavorablemente la suerte del agravio referido al monto de la indemnización del artículo 80 de la L.C.T.

VII. No habiéndose acreditado las irregularidades registrales sobre las que basa su argumentación recursiva la apelante (categoría y remuneración), tampoco resultan viables las quejas vertidas contra el rechazo de la indemnización prevista en el artículo 1 de la ley 25.323, y por la extensión de responsabilidad hacia las personas de existencia real codemandadas.

VIII. La parte actora cuestiona que se hayan impuesto a su cargo las costas correspondientes a la acción incoada contra los codemandados Manuel, Diego y Néstor Dolabjian, mas no hallo mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota plasmado en el artículo 68 del C.P.C.C.N., por lo que tal imposición será confirmada.

Teniendo en cuenta el mérito, importancia y extensión de las labores efectuadas, las etapas cumplidas en el proceso, y las pautas arancelarias vigentes, los honorarios fijados a favor de la representación y patrocinio letrado de los codemandados Dolabjian no resultan elevados, por lo que deberían ser confirmados (cfr. art. 38 L.O.; arts. 1, 6, 7, 9, 19, 39 y cc, ley 21.839/24.432).

A fs. 682, apartado II, el Dr. Jorge Dolabjian, en su carácter de apoderado de "la parte demandada", apela por altos los honorarios fijados a favor del letrado de la parte actora -debe entenderse que se trata de una apelación de Estudio Técnico Doma, condenado en costas a fs. 680-. Dado lo que surge del punto III de la dispositiva de la sentencia de 1ª instancia (se impusieron costas a Estudio Técnico Doma S.A. incluído el honorario básico del conciliador, dejándose solo al margen "las correspondientes a los demandados Manuel Dolabjian, Diego Dolabjian, Néstor Dolabjian, que estarán a cargo de la parte actora."), se concluye que aquellos estipendios (15% del monto de condena por capital e intereses) se pusieron a cargo de la codemandada condenada. Considerando el mérito e importancia de las labores, el art. 38 L.O., la ley 21.839, y que los honorarios se fijaron en un porcentual de lo efectivamente condenado e intereses, los regulados a letrados de la parte actora no los considero altos.

Considerando el mérito e importancia de las labores, monto involucrado y arts. 38 L.O. y 3 decreto-ley 16.638/57, los honorarios de la perito contadora los considero bajos, y propicio elevarlos al 7,50% de la base establecida a fs. 680.

IX. En atención a que ninguno de los recursos sería admitido -en caso de seguirse mi moción, claro está-, a la ausencia de réplica de la parte demandada, y a que la intervención de fs. 707/710 fue originada por lo actuado por el juzgado a fs. 706 que no fue objetado por la parte actora, las costas de alzada deberían ser soportadas por cada una de las apelantes en el orden causado (cfr. arts. 68, 2ª parte y 71 C.P.C.C.N.). Propicio fijar los emolumentos del Dr. Hernán Rodrigo Arcudi en 3,60% y los del Dr. Jorge Dolabjian en 3% de la base establecida a fs. 680 (capital e intereses de condena; arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Sin perjuicio de compartir los fundamentos vertidos por mi colega de sala Dra. María Cristina García Margalejo, entiendo necesario dejar a salvo mi opinión en cuanto a distinguir el concepto de "habitualidad" con el de "actividad principal" en los términos de la ley 14.546.

En efecto tal como pareciera surgir del segundo párrafo de la segunda hoja del voto de mi distinguida colega de sala, si bien el estatuto de viajantes de comercio no exige que la tarea de viajante sea la actividad única, sí requiere que sea habitual, y concluye que en consecuencia dicho marco normativo resultará de aplicación si la concertación de operaciones es la actividad principal del trabajador. Considero que los términos "habitual" y "principal" no son equivalentes. La habitualidad requiere una regularidad en el tiempo que puede estar presente aún si ella no constituye actividad principal. De allí que sustituir los términos no equivalentes en perjuicio del interés del sujeto protegido colisiona la norma del art. 9 RCT. Un ejemplo de ello, puede darse en el caso en que un trabajador durante una parte importante de su jornada laboral cumpla funciones diferentes para su empleador y en una porción menor cumpla otras fuera del establecimiento propias de un viajante de comercio, por lo que se daría el caso en que no tratándose de la actividad principal del dependiente la búsqueda de clientes y venta de los productos de la empresa sí resultaría ser una de carácter habitual, por lo tanto considerar iguales o similares ambos conceptos no resulta, en mi opinión, acertado.

Con dicha salvedad conceptual, adhiero por compartir in totum los restantes fun-damentos al voto que antecede, incluso en materia de costas y honorarios.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada a fs. 682, apartado I; 2º) Confirmar en lo demás que fue materia de recursos la sentencia apelada, a excepción de los honorarios de la perito contadora que se elevan al 7,50% de la base establecida a fs. 680; 3º) Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los respectivos emolumentos, como se sugiere en el punto IX del primer voto de este acuerdo; 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara