Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09


N° Orden: 97 Libro de Sentencia Nº: 52 Folio: Sentencia - Folio:

/NIN, a los 9 días del mes de Junio del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº 49983 caratulada: "WASNIOVSKY GISELA VANINA Y OTRO C/ ROSSETTI CLAUDIA ALICIA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Rosas.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada ? 2a.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:

I.- En la sentencia dictada a fs. 751/761vta. se hace parcialmente lugar a la demanda entablada por Gisela Vanina Wasniovski y Gabriel Bozzano, por si y en representación del hijo menor M. F. B., prosperando la acción contra Claudia Alicia Rossetti y su aseguradora citada en garantía Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en los términos de su cobertura, condenándolas a abonar en concepto de daños y perjuicios sufridos a raíz de la lesión que padeció el menor en el local de fiestas infantiles explotado por la demandada, la suma de $ 1000 a ambos progenitores por daño material - gastos de asistencia médica- ; y a favor del menor la de $ 30.000 por incapacidad sobreviniente y $ 20.000 por daño moral; todo con más intereses a la tasa pasiva desde la fecha del hecho (15/3/2003) y hasta el efectivo pago y costas. Se rechaza en cambio, con costas a los actores, la acción respecto de Idalio Montani, Sanatorio Junin SA y Pablo López.

Apelaron el pronunciamiento el apoderado de los actores Dr. Muñoz (fs. 776) y el representante de la aseguradora de Rossetti Dr. Angiorama (fs. 778). El primero se agravia exclusivamente del aspecto indemnizatorio, considerando insuficientes los montos fijados por incapacidad sobreviniente y daño moral y disconformándose por el rechazo de los daños psicológico y estético ( ver memoria de fs. 808/816). El otro recurso apunta tanto a la responsabilidad determinada para su asegurada como a la indemnización fijada, sosteniendo a) la improcedencia de los rubros por gastos de asistencia, ya que se contaba con obra social y por incapacidad sobreviniente alegando con pie en la pericia médica la falta de relación causal con el accidente y b) la elevada cuantificación del daño moral y subsidiariamente del físico.

Ejerció su derecho de réplica únicamente la parte actora a fs. 832/84; en tanto los Dres. Boragina y Quintanal, en su carácter de letrados de los codemandados respecto de los que no prosperó la demanda y la aseguradora de uno de ellos Federación Patronal Seguros SA a fs. 818 y 832 peticionan se tenga por firme ese aspecto del decisorio en razón del contenido de los agravios; cuestión que no al no haber sido traída a revisión, en función de lo dispuesto por el art. 266 in fine del ritual, no precisa de un pronunciamiento que así lo lo declare.

Habiendo emitido a fs. 851/2 dictamen el Sr. Asesor de Incapaces por la representación promiscua que le corresponde (art. 59 del C. Civil) y firme el llamado de autos para sentencia de fs. 853, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC) II.- Comenzando con un orden lógico por el tema de la responsabilidad endilgada, debo hacer notar que la magistrada si bien encuadró la situación de autos bajo la órbita del art. 1113 parte segunda último párrafo, aplicándole el régimen de atribución objetiva por el riesgo o vicio de la cosas agregó que también en coordinación con lo dispuesto por los arts. 504, 1145,1146 y 1198 1er párrafo CCivil pesaba sobre el que se aprovecha económicamente de aquellas en la explotación de un local de fiestas infantiles una obligación tácita de seguridad respecto de sus concurrentes velando no sufran ningún daño en su persona o bienes.

Los pocos fallos sobre este específico tema, cuando se trata de daños sufridos por niños en los denominados peloteros, se han encargado de dejar expresamente aclarado que ya sea se visualice la cuestión desde la óptica extracontractual del riesgo mirando más la ventaja patrimonial obtenida a través de su explotación que la naturaleza de las cosas y dada la falta de celebración de contrato entre los padres del damnificado con las personas titulares del local - CNCiv Sala E 21/2/2001 JA 2001-III-199, idem Sala M 30/8/2001 Lexis 10/8934 voto de la Dra. Gladys S. Alvarez-, o se la ubique en el ámbito de la responsabilidad contractual, al haberse estipulado su uso en favor de los terceros, asumiendo el dueño o guardián una obligación de seguridad hacia los participantes análoga a la del locador (art. 1516 CCivil) - CNCiv. Sala F 20/07/2006 AR/JUR/4777/2006 voto Dr. Zannoni-, los eximentes de responsabilidad son únicamente los propios de la responsabilidad objetiva o de las obligaciones de resultado, esto es la prueba de la propia culpa de la víctima o el hecho fortuito por el que no se debe responder. En este sentido dijo el Dr. Alvarez Juliá en el fallo de la CNCiv Sala C del 25/09/2007 "Ledesma M. R. c/ Espeche J.F. " AR/JUR/ 8428/2007: "Si con motivo del festejo de un cumpleaños un menor sufre un accidente en un pelotero dentro de un salón de fiestas, cabe encuadrar la responsabilidad del dueño o explotador del local bajo la órbita del art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, ya que se trata de una responsabilidad extracontractual objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, por lo que la eximente de falta de culpa no funciona en tal caso sino que se debe probar que el hecho obedeció a fuerza mayor, a la culpa de la víctima o de un tercero. Pero aun cuando se considerara que la responsabilidad del dueño o explotador del pelotero es contractual tanto respecto de quienes han contratado su uso como si ese uso se ha estipulado en favor de un tercero (art. 504 del Código Civil), es atinado entender que el dueño o guardián asume una obligación de seguridad hacia los participantes del juego análoga a la del locador (art. 1516 del Código Civil). Sumario N° 17177 de la base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N° 4/2007. CNCiv. Sala "F", en autos "Cossio Caceres, José Ernesto y Otros c. Barrero, Daniel Emilio y otros S/Daños y Perjuicios" de fecha 20/7/06. L.424.179.

Ahora bien, la presente cuestión, encuentra su respuesta en la denominada "obligación de seguridad", la cual ha sido bien definida, por quien citara el anterior sentenciante, (R.A. Vázquez Ferreira), quien en "La Obligación de seguridad y la responsabilidad contractual", 1998, N° 17, "Responsabilidad contractual I", pág. 79) la definió como "aquella en cuya virtud una de las partes de la convención, se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato y puede ser asumida en forma expresa por las partes, impuesta por la ley o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe".

Esta obligación de seguridad se encuentra ínsita en los contratos, ello en base al principio de "buena fe", lo cual torna forzoso concluir que el accionado tenía a su cargo tal obligación, debiendo arbitrar los medios necesarios para cumplir con la misma.

Además, producido el hecho, correspondía al accionado aportar elementos a la causa que lograran formar convicción sobre la propia culpa de la víctima o bien el un hecho fortuito por el cual no deba responder, circunstancia que conforme las pruebas colectadas en autos considero no se ha configurado.

En consecuencia, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto, los agravios efectuados habrán de rechazarse." Y la Dra. Areán en el fallo de la CNCiv Sala G del 18/06/2010 "Aguilar Eduardo E. c/ Despelote Kids y otros" AR/JUR/ 24481/2010: "...En esos pronunciamientos se ha enfocado la cuestión desde la órbita de esa normativa, pero no por la naturaleza riesgosa o viciosa de las cosas, sino por obtener el dueño o guardián una ventaja patrimonial a través de su explotación. Sin embargo, en nada variaría el resultado final si se ubicara la cuestión en el ámbito de la responsabilidad contractual. Se ha sostenido acertadamente en un fallo, dictado a propósito de un caso muy parecido al presente, que: "Si con motivo del festejo de un cumpleaños un menor sufre un accidente en un pelotero dentro de un salón de fiestas, cabe encuadrar la responsabilidad del dueño o explotador del local bajo la órbita del art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, ya que se trata de una responsabilidad extracontractual objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, por lo que la eximente de falta de culpa no funciona en tal caso sino que se debe probar que el hecho obedeció a fuerza mayor, a la culpa de la víctima o de un tercero. Pero aun cuando se considerara que la responsabilidad del dueño o explotador del pelotero es contractual tanto respecto de quienes han contratado su uso como si ese uso se ha estipulado en favor de un tercero (art. 504 del Código Civil), es atinado entender que el dueño o guardián asume una obligación de seguridad hacia los participantes del juego análoga a la del locador (art. 1516 del Código Civil) (Conf. CNCivil, Sala F, 20/07/2006, Lexis Nº 1/70038047-1). El dueño debe resarcir los daños sufridos por un menor en un pelotero instalado dentro de un salón de fiestas, en virtud de la obligación de seguridad que asume frente a los participantes del juego y toda vez que no ha probado la culpa de la víctima o un hecho fortuito por el que no deba responder (Conf. CNCivil, Sala C, 25/09/2007, JA, 2007-IV-568).

En efecto, la obligación de seguridad tiene su campo de aplicación en la responsabilidad contractual y su incumplimiento puede traer como consecuencia un daño en la persona o bienes del contratante, lo que dará nacimiento a la obligación de reparar ese perjuicio. Es "aquella obligación en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante ya sea en su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato.puede haber sido convenida expresamente por las partes, impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe, principio que en nuestro sistema jurídico tiene expresa consagración en el art. 1198 del Código Civil" (Conf. Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La obligación de seguridad", Sup. Esp. Obligación de Seg. 2005 (septiembre), 3).

El público que asiste a un local como el que explota la demandada, lo hace con la finalidad de permitir que sus hijos pequeños participen en los juegos que la empresa habilita a tal fin para su esparcimiento. Es así que en dicho marco, está obligada a asumir por su actividad, un deber secundario de velar porque no se produzca ningún daño en la persona o los bienes de quienes concurren a su establecimiento.

El contrato contiene entonces dos obligaciones: una principal, consistente en ofrecer el servicio prometido de esparcimiento y recreación para los niños, y una accesoria de seguridad.

Si bien la elaboración jurídica de la "obligación de seguridad" nació a propósito del contrato de transporte de personas, a través de la famosa sentencia de la Corte de Casación francesa del 21 de noviembre de 1911, "in re": "Zbidi Hamida Ben Mahmoud c. Compañía General Transatlántica", luego se fue extendiendo paulatinamente a todos los contratos en los que durante su cumplimiento pueden producirse daños físicos o morales al beneficiario de la prestación principal, de modo que esa obligación consiste en el deber de arbitrar lo necesario para resguardar la integridad corporal de esa parte.

Así, se la ha aplicado en los espectáculos públicos o deportivos, en los zoológicos, traslados en teleféricos, parques de atracciones, piscinas, salones de baños, locales de belleza, peluquerías, pistas de patinaje, toboganes acuáticos, hamacas y lugares de reunión social o locales bailables. Este deber que pretende mantener la incolumidad de los contratantes, se suma al resto y tiene su fuente en lo dispuesto en el art. 1198 del Cód. Civil, que impone el vigor y vigencia de la buena fe antes, durante y después de la relación contractual (Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H., "Obligación de seguridad", LNBA 2005-0-32).

Ha sido definida la obligación de seguridad como una obligación contractual expresa o tácita, anexa e independiente del deber principal, que existe en todo tipo de contrato y por la cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que no le causará daños en bienes distintos al que fuera concebido como objeto del negocio, como consecuencia del desarrollo efectivo de la prestación principal (Conf. Agoglia-Boragina-Meza, "Responsabilidad por incumplimiento contractual", Ed. Hammurabi, p. 172, Buenos Aires, 1993).

"La obligación de seguridad es un deber adicional o complementario, que se traduce en un plus obligacional, que está presente en muchos contratos. El incumplimiento del deber obligacional genera por parte del deudor la consiguiente obligación de reparar los daños que se deriven de tal incumplimiento. Así ante la falta de correspondencia entre el programa de conducta a seguir, marcado por el contrato imponiendo seguridad y el camino efectivamente recorrido por el deudor que causa daños, surge notorio el incumplimiento de la obligación de seguridad" (Conf. Vergara, Leandro, "La obligación de seguridad: el fundamento del deber de reparar basado en el principio de la protección de la confianza", JA, 1995-II-943).

En el caso podría existir una aproximación con los denominados por la doctrina francesa juegos de feria, aunque en realidad la expresión involucra más bien a los juegos mecanizados existentes en los parques de diversiones, por ejemplo, la montaña rusa, los autos chocadores, el carrusel, etcétera.

En todo caso, el patio de juegos del siglo XXI podría ser una versión moderna, más sofisticada, de inferiores dimensiones y menor cantidad y complejidad de juegos, con relación a los clásicos parques de diversiones, que los niños de hoy casi no conocen.

.... fallos más modernos arriban a la misma conclusión, en cuanto a la asunción por parte de quien tiene a su cargo la explotación de un local destinado a la diversión infantil, de una obligación de seguridad hacia los participantes de los juegos, pues el niño debe contar con el máximo de protección posible, el deber de cuidado y seguridad se extiende a lo largo de todo el evento contratado y en relación a cualquier asistente, participe o no de los entretenimientos. Ubican a esa obligación en el ámbito de las relaciones de consumo (art. 5 de la ley 24.240) (Conf. CNCivil, Sala L. 13/06/2007, elDial - AA3E87).

En definitiva, cualquiera sea la figura contractual que se adopte, se la encuadre o en las normas de protección de los consumidores, inclusive, aun aprehendiendo el caso en el ámbito de la responsabilidad objetiva del art. 1113 del Código Civil, la obligación que pesa sobre los responsables de la guarda de menores debe considerarse una obligación determinada de brindar seguridad y consecuentemente, debe presumirse que todo daño incompatible con la vigencia de ese bien se debió a la carencia del mismo, salvo prueba de exoneración del responsable. Esta orientación cumplimenta además el objetivo de protección familiar ordenado constitucionalmente a través del art. 14 bis, al exigir a los responsables del cuidado de menores el mayor celo en la seguridad a su cargo, atento las más severas consecuencias del incumplimiento (Conf. Gregorini Clusellas, Eduardo L., "La obligación de seguridad impuesta a quienes se encomiendan menores", LA LEY, 1989-B, 489).

El art. 3º, apartado 3º de la Convención sobre los Derechos del Niños, aprobada por la ley 23.849 y de raigambre constitucional (art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), impone a los Estados Partes el deber de asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

En síntesis, en el caso la demandada asumió ante la locataria del pelotero y frente a todos los invitados al evento infantil, una obligación principal cuyo objeto fue brindar un momento de recreación y esparcimiento a los niños, entre ellos Katherine, y una obligación accesoria cuyo objeto fue darles seguridad para que retornaran a su hogar sanos y sin daño.

Por más que se insista en la presencia de varias personas encargadas del cuidado, es evidente que las medidas que puedan adoptar, tienen un alcance muy relativo, por cuanto una criatura puede sufrir un daño en apenas unos segundos, sin dar tiempo a los cuidadores a intervenir para evitarlo.

En síntesis, si bien es cierto que se desconocen cuáles han sido las verdaderas causas del accidente sufrido por la niña K., no lo es menos que entró sana a la plaza de juegos y salió de ella con una grave lesión en su cuerpo.

Por todo ello y porque no se ha probado y ni siquiera invocado la presencia de una circunstancia demostrativa de la inexistencia de nexo causal entre el hecho y el daño, deben responder por las consecuencias sufridas por la actora, razón por la cual propongo a mis colegas la confirmación de la sentencia en recurso en lo atinente a la responsabilidad endilgada a las demandadas." ( el resaltado me pertenece).

Por último, a partir de las reformas de la leyes 24999 y 26361 a los arts. 40 y 1 de la ley de defensa del consumidor 24240, no cabe duda que como destinatario en la utilización de los bienes y servicios provistos, al daño sufrido en dicha relación le resulta aplicable el régimen exoneratorio y probatorio que dicha normativa prevé.

Siendo ello así, y habiéndose limitado el apoderado de la aseguradora, sin objetar el marco legal dado por la sentenciante, a cuestionar la falta actoral de individualización de la cosa o juego causante del daño y de prueba de su carácter riesgoso o vicioso, sin hacerse cargo del otro fundamento del fallo, y resultando de la prueba testimonial rendida ( Di Sascio fs. 713vta y Quiroga fs. 729vta.) que el menor se cayó de un castillo con tobogán, habiendo admitido en la confesional prestada a fs. 641 por la codemandada Rossetti, que el accidente fue en uno de los juegos (posición 12) contrariamente a lo sostenido en su contestación de demanda (tropiezo con los cordones de su calzado); el agravio en lo que a este tópico se refiere debe ser desestimado (arts. 375 y 384 del CPCC) III.- Pasando a lo indemnizatorio, liminarmente considero conveniente aclarar que conforme surge de la pericia médica el menor M. F. presenta "una limitación en la supinación de 15 grados que se debe considerar como secuela del daño de la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento", generando esa mengua en la movilidad del miembro superior izquierdo, en la pronosupinación una incapacidad del 10% ( ver fs. 419 vta.) Que la misma no guarde relación con el tratamiento médico y rehabilitación implementada tal como señaló el auxiliar experto en orden al fundamento de la acción contra los restantes codemandados ( ver fs. 417vta. punto 3 in fine, 419vta. segundo párrafo, 433, 434) en modo alguno quita que su evolución o genio sean "consecuencia directa de haber sufrido la fractura motivo de autos", esto es la supracondilea del codo izquierdo con desplazamiento posterior, que como lesión tuvo por el accidente en el juego. En otras palabras esa secuela es consecuencia directa de la lesión fracturaria que padeció, por lo que mal puede aducirse una falta de relación causal con el accidente que la provocó (art. 901,903 a 906 CCivil) También cabe precisar que siguiendo el criterio en que se enrola tanto este tribunal como la Suprema Corte provincial, el fallo entendió que la lesión estética no constituye un tertium genus con autonomía respecto de las dos categorías indemnizatorias (daño material y moral), lo que no implica como expresamente se dejó sentado, que la misma no haya sido valorada en sus repercusiones en esas dos órbitas para fijar los montos respectivos.

Corresponde asimismo puntualizar que si bien correctamente la Sra. Jueza Dra. Panizza desestimó el daño psicológico por las mismas razones que operan para la falta de autonomía del anterior rubro, además se encargó de justificar su decisión en el hecho de que según el informe de la perito psicóloga Zerillo de fs. 481 la perturbación emocional que evidencia el menor no resulta de la entidad requerida (no se detectó deterioro significativo en su vida de relación ni incapacidad en el desempeño de sus tareas y desenvolvimiento diario) por la doctrina y jurisprudencia que admite su independencia y que deviene de diversos factores al accidente en sí. Sin perjuicio de ello y apreciando su incidencia causal como factor desencadenante de lo constitucional previo, comprendió sus efectos disvaliosos en los conceptos resarcitorios que admitió, es decir en la incapacidad sobreviniente para su tratamiento y en el daño moral por su incidencia emocional.

Con tales precisiones se desvanecen gran parte los argumentos que fueron enarbolados por los recurrentes con propósitos obviamente contrapuestos. Creo sin embargo, que computando los mismos extremos de los que hizo mérito la juzgadora en cuanto a las condiciones personales de la víctima ( 4 años al momento del hecho), entidad de la lesión y su tratamiento quirúrgico, con yeso, extracción de clavijas a los 15 días y posterior rehabilitación, secuela y grado de incapacidad dejada y proyección presente y futura en los distintos ámbitos ( escolares, deportivos, sociales, etc), conveniencia de un tratamiento psicológico para superar la afectación en la medida derivada por el suceso y gravitación en la armonía física del menor; sin soslayar las dificultades que representa para una justa recomposición de los intereses en juego para que no existan enriquecimiento indebidos ni la indemnización pierda su carácter de integral, la circunstancia de que por la etapa vital que transita sólo es posible visualizar una pérdida de chance y no un perjuicio económico actual concreto y determinado y la naturaleza reacia del daño moral a una traducción monetaria con grado de equivalencia, que las sumas fijadas han sido algo escasas, proponiendo sean elevadas a las cantidades de $ 40.000 por incapacidad sobreviniente y de $ 25.000 por daño moral (arts.520, 522, 1068, 1069, 1086, 1078 y conc. CCivil; 384, 165 del CPCC ) Estimo en cambio que la suma de $ 1000 establecida por gastos de asistencia médica y rehabilitación es adecuada y se corresponde a la gravedad del daño, sin que la existencia de una obra social sea óbice a su prudente admisión ya que su cobertura no es completa y el monto reconocido se compadece con las erogaciones que debieron razonablemente estar a cargo de los progenitores, aún cuando no se cuente con documentación respaldatoria ( CC0002 SI 64906 RSD 69-95 S 20/4/95 JUBA B1750369 CC0203 LP B70464 RSD 275-90 S 20/12/90 JUBA B350848).

ESTE ES MI VOTO.- Los Señores Jueces Doctores	Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I.- MODIFICAR la sentencia apelada únicamente en lo que se refiere a la cuantificación de la incapacidad sobreviniente y daño moral del menor M. F. B., que se eleva a las sumas de $ 40.000 y $ 25.000 respectivamente. Desestimando los recursos en cuanto a la responsabilidad endilgada y restantes rubros cuestionados. Las COSTAS DE ALZADA en razón del éxito obtenido en un 70% a cargo de la aseguradora apelante Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y en un 30% a cargo de la parte actora (arts. 68 y 71 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios de los Dres. Mauricio Muñoz, Ricardo Gaspar Garcia y Carlos Juan Angiorama por sus trabajos en esta instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- /NIN,	9	de Junio de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:

I.- MODIFICAR la sentencia apelada únicamente en lo que se refiere a la cuantificación de la incapacidad sobreviniente y daño moral del menor M. F. B., que se eleva a las sumas de $ 40.000 y $ 25.000 respectivamente. Desestimando los recursos en cuanto a la responsabilidad endilgada y restantes rubros cuestionados. Las COSTAS DE ALZADA en razón del éxito obtenido en un 70% a cargo de la aseguradora apelante Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y en un 30% a cargo de la parte actora (arts. 68 y 71 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios de los Dres. Mauricio Muñoz, Ricardo Gaspar Garcia y Carlos Juan Angiorama por sus trabajos en esta instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria)