marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Casas de cambio, control de cambio, transferencia forzosa de recursos líquidos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMBIOS TELETUR  S.A. c/ BANCO CENTRAL s/ ORDINARIO - ACTO ADMINISTRATIVO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Si conforme al art. 1 del D.I 4611/58 el Banco Central pueda, obrando sobre autorización o instrucciones del Ministerio de Hacienda, exigir a las personas que han obtenido el ingreso al país de divisas que las negocien obligatoriamente con las instituciones autorizadas a operar en cambios extranjeros, con mayor razón aún puede requerir de éstos, cuyo único título para adquirirlas radicó en ser agentes del monopolio cambiario, que las cedan al ente fiscal que lo regentea.

Quien tiene atribuciones para lo más, puede también hacer lo menos, y dentro del régimen de control de cambios dichos operadores han de soportar también las cargas; no pueden limitarse a recibir las ventajas.

La materia de las "transferencias forzosas de recursos líquidos" es ajena al régimen de la expropiación, pues cumple otra finalidad y está regida por distintos principios .

La autorización para actuar como casa de cambios, a diferencia de las autorizaciones administrativas que se limitan a restablecer la libertad de obrar, es esencialmente obligatoria: se otorga para que el cambista negocie necesariamente (art. 2 inc. e) ley 1892; art. 7 dec.62/71). Esa necesidad de operar comprende no sólo lo que debe hacer con otros individuos sino también lo que se le impone hacer con el propio Banco Central (art. 6 dec. 62/71).
Depreciación monetaria, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LANDI DIEGO c/ JOSE LEON ALAMINO Y OT. s/ Ejecución de Honorarios (LIBRO: S075 - 317)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-11-11

"... en relacion a la interpretacion del art. 3 de la Ley 4229, que el mismo expresamente determina que corresponde el ajuste de los honorarios regulados a los profesionales que aquella comprende, desde que ellos hayan quedado firmes en primera instancia y la mera remision del articulo "al mes en que fuera constituido en mora el deudor del honorario", no hace sino referencia a aquella circunstancia -honorarios consentidos expresamente o no susceptibles de recurso alguno por haber transcurrido el termino correspondiente para apelarlos -sin que ello implique la exigencia de una nueva interpelacion que reiterara la insitamente contenida en la notificacion que necesariamente ha debido practicarse del auto regulatorio del honorario ejecutado.-" "... notificado el auto regulatorio, el deudor del honorario o lo consentia y pagaba, o lo apelaba.

En el primer caso, si no pagaba, el reajuste correspondia desde que el honorario quedara firme y fuera susceptible de exigirse su cancelacion.-" "Si se enervaba la fuerza de la resolucion mediante la apelacion, confirmando o modificando aquel, sus efectos se retrotraerian a la fecha en que la decision de primera instancia debio ser cumplida por haber quedado firme de no haber sido recurrida y por ende desde entonces correspondia se procediera al reajuste por el lapso de tiempo invertido en el procedmiento de alzada."
Lealtad comercial, comerciante
Materia: PENAL
Carátula: PAGLIACCISS, DE M. JOSE SUCARISMOK S., DE H. SARA SUCARI TEXTILES PLAYMEN S.C. s/ Lealtad Comercial Causa 28757-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

La falta de rótulo de tratamiento de las prendas no es imputable al comerciante. (Del voto del Dr. Cortelezzi).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, liquidación, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATILIO O. SALAS INMOBILIARIA S.R.L. c/ VFM S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

La presente queja debe ser rechazada, en virtud de que la quejosa deja incólume fundamentos decisivos exhibidos por la Alzada para concluir en la inadmisibilidad del recurso de apelación, tales como la inapelabilidad de la resolución de una impugnación de una liquidación en juicio ejecutivo fundado en el artículo 484 del Código de rito; y lo dispuesto por el artículo 509 del mismo cuerpo legal respecto a que la sentencia sólo es recurrible por el actor, rigiendo a su respecto lo que establece el artículo 483. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículos 483, 484 y 509
Ejecución de honorarios, acuerdo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Belli Ricardo Norberto y otros  c/ Club de Gimnasia y Esgrima La Plata s/ Incidente de ejecución de honorarios (digital)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

Frente al concurso o quiebra del deudor la iniciativa y acción del acreedor individual -en defensa de su particular interés-, cede a la acción colectiva de todos los acreedores a fin de preservar el interés general (art. 21, ley 24.522). Es que, estando pendiente el cumplimiento de un acuerdo preventivo, la insatisfacción de los créditos alcanzados por el acuerdo o de los derivados de la tramitación del proceso como gastos de justicia, tienen una sola vía procesal para procurar su cobro que es la denuncia del incumplimiento y ello conlleva, en caso de no pagarse la acreencia, a declarar la quiebra indirecta. En modo alguno puede el acreedor intentar una acción individual de cobro, ya que ello importaría vulnerar la igualdad de acreedores que prima en todo proceso concursal. La situación de incumplimiento respecto de un acreedor convoca el interés de toda la masa de acreedores quienes, si están en igual situación, se ven resguardados por la continuidad del proceso de ejecución en forma colectiva.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sanciones procesales, abogados, defensor, jurisprudencia, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Teodoro s/ causa nx 11.030.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Por tratarse de una medida tendiente a asegurar el buen orden del proceso que en modo alguno significa aplicar una sanción de la naturaleza de las que hace referencia el art. 18 de la Constitución Nacional, no cabe hacer excepción a la regla jurisprudencial según la cual la aplicación de medidas disciplinarias autorizadas por la ley, a un abogado defensor con motivo del proceso, no comporta el ejercicio de las facultades de imponer penas ni da lugar al recurso extraordinario, aún cuando medie invocación de garantías constitucionales.
Expropiación, proceso judicial, pago, interpretación de la ley, indemnización expropiatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ PROPIETARIOS DE LA FINCA CALLE COLOMBRES 1175/77 s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

El art. 13 de la ley 21.499 concede un derecho al propietario desposeído -pago de un 10 % - en los supuestos de avenimiento, pero no surge igual reconocimiento en el caso de existir diferencias que obliguen a promover demanda judicial, ni los jueces pueden hacer aplicación lisa y llana de mecanismo que prevé el citado artículo con otra finalidad.
Quiebra, verificación de créditos, honorarios, regulación de honorarios, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: PESQUERA RIOMAR S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE NULIDAD Y REPOSICION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Con relación a la pretensión de que se compute el monto del créditn verificado actualizado como base regulatoria. En las quiebras debe ponderarse el monto nominal de las acreencias sin perjuicio del derecho del beneficiario o requerir el oportuno acrecentamiento de su honorario en proporción al que experimente el crédito en caso de aplicarse lo dispuesto por la ley 21.488, 4.

Sobre dicha base debe aplicarse la escala prevista por el art. 31 inc. C de la ley 21.839, en tanto contiene una solución específica que excluye la asignada en forma genérica por el art. 33 de dicho cuerpo legal.
Relación de dependencia, aplicación de la ley, prestación de servicios, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Ramón Aníbal c/ Club del Progreso de la ciudad de Resistencia s/ Indemnización por Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-09-30

Debe rechazarse el agravio de la parte demandada, quien sostiene que la relación habida con el actor queda regida por el art. 1628 del Código Civil, en concordancia con el art. 1627 del mismo cuerpo normativo, porque la actividad prestada no era su medio de vida, ya que había declarado ser viajante. Ello así, ya que corresponde determinar si el reglamento que el actor sostiene, se vio obligado a firmar para poder trabajar, consigue desvirtuar la presunción que crea el art.23 de la Ley 20744 ante una prestación de tarea en favor de la institución, concordante con el Código Civil en que el trabajo no se presume gratuito o, si se trata de una simulación, que cae según lo previsto por el art. 14 de la citada norma legal. El supuesto reglamento traído a juicio crea relación de dependencia con el club, de acuerdo al art. 4 deberá solicitar designación, por el art. 5 se obliga a cumplir las funciones, o a comunicarlo a la Comisión Directiva, podrá proponer reemplazante en caso de impedimento, el art. 10, contiene la obligación de no participar en el juego, se impone sanciones, son ilustrativos a este respecto los arts. 13 y 14, el art. 18 fija horarios con obligación estricta de cumplirlos. Se dan pues todas las condiciones de los arts. 21, 22 y 23 de la Ley 21297, admitido incluso que el ayudante recibía remuneración por la tarea, corresponde así, de acuerdo a la verdad real, concluir que existió un contrato de trabajo en relación de dependencia.
Subasta judicial, publicación de edictos, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: REINOSO LUIS LINDOR c/ PLASTI BAND S.R.L. Y/U OTROS S/JORNALES IMPAGOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-27

Si en el edicto de remate se consigna la expresión "todos los impuestos" referido a las deudas a cargo del adquirente del bien subastado y siendo los edictos el único medio válido para este tipo de actos frente a terceros, sirviendo además de medio de propaganda, de donde surge su oponibilidad erga omnes, el significado de la expresión "todos los impuestos" es comprensivo del servicio de agua y cloaca en un inmueble, lo contrario importaría claramente atentar con el principio de buena fe y el de igualdad de las partes en el proceso, entre otros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tráfico de estupefacientes, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Ramón Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-21

Uno de los votos concurrentes destacó que el Estado Argentino al ratificar la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, se obligó a extremar los recaudos para la persecución del tráfico ilícito de estupefacientes, cuando pueda tratarse de casos que versen sobre el tráfico internacional de sustancias estupefacientes, recaudos entre los que no cabe excluir la debida observancia a la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones y privacidad (arts. 18 y 19 CN), extremos que han sido observados en las presentes actuaciones; y el otro voto concurrente recordó que la CS ha señalado que todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción. (Dres. Borinsky, Figueroa -voto concurrente- y Hornos -voto concurrente-).
Bono federal, rescate de títulos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez Mirta del Carmen c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-30

Respecto al Decreto Nº 1833/03 MH, el mismo se dicta en el marco de la adhesión provincial al Programa de Unificación Monetaria, atendiendo a la facultad reglamentaria atribuida al Poder Ejecutivo por el art. 9º de la Ley 9359, en orden al rescate anticipado de los bonos creados por dicha ley. La Ley 9494 que dispuso la adhesión de la provincia de Entre Ríos al referenciado programa y ratificó los convenios de incorporación al mismo celebrados entre la provincia y el Estado Nacional, ofreció a los tenedores de los federales la posibilidad de acceder al sistema de rescate anticipado, pero no dejó sin efecto o invalidó el derecho al reclamo del pago de las referidas Letras a la fecha de su vencimiento. Los eventuales perjuicios que a la actora podría ocasionarle el ejercicio del derecho a rescatar anticipadamente los bonos ya le resultaban conocidos a partir de la sanción de la Ley 9494 para lo cual, cualquier pretensión amparista derivada de la misma a la fecha de la formulación de la demanda, resultaba extemporánea a la luz del art. 3 inciso c) de la Ley 8369, no siendo posible advertir que se encuentren satisfechos los recaudos estatuidos en los arts. 1 y 2 de la Ley 8369 para la procedencia de la vía excepcional y heroica del amparo, correspondiendo rechazar el recurso deducido y confirmar el pronunciamiento puesto en crisis.
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorriarena de Plaz, Irma Dominga c/ Municipalidad del Partido de Gral.Arenales s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Resulta ajena a la competencia contencioso administrativa la pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios que la actora aduce haber sufrido a raíz de la construcción de un canal colector de excedentes de agua por una Municipalidad ya que tal indemnización no es consecuencia directa de la vulneración de situación jurídica administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento contencioso administrativo, medidas autosatisfactivas
Materia: PROCESAL
Carátula: Leuful, Víctor José c/ Provincia del Chubut s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

Partiendo de la ya mencionada presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos y su correlativa ejecutoriedad, es requisito ineludible para admitir la pertinencia de la suspensión del mismo, la comprobación de su manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad, determinante de la verosimilitud del derecho. En el caso de medidas "autosatisfactivas", para que exista "fuerte probabilidad" de que le asista razón al ocurrente para "anticiparle la tutela" debe haber más que una apariencia de buen derecho. Este recaudo, ya exigible en la cautela innovativa normal, debe ser aún más estricto, pues ya no se trata de una "apariencia".. de un fumus..., debe controlarse que exista una fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible; "su despacho debe estar presidido por la existencia de una probabilidad y no una simple verosimilitud, de que efectivamente lo requerido es jurídicamente atendible".
Recurso de inaplicabilidad de ley, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Compañía Productora de Alimentos del Sur S.A. c/  s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura bàsica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que, para estudiar el asunto desde otra perspectiva que el de la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterio-, por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué promedia error en el modo como el tribunal de la causa ha visto la controversia.(Su antecedente de la SCBA: Ac. 37392, 27-10-1987; Ac. 39239, 20-9-1988, Ac. 53419, 5-12-1995, Ac. 51939, 5-3-1996)
Obras públicas, cosa riesgosa, responsabilidad del Estado, gobierno provincial, accidente de tránsito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bullorini, Jorge Alberto y otro c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Si bien la narración de los hechos efectuada por los actores en la demanda, no se ajusta estrictamente a la situación fáctica que se infiere de la prueba agregada, por cuanto en aquélla se alude a la existencia de un pozo o corte en la ruta mientras que lo comprobado en autos fue un levante pronunciado de la carpeta asfáltica, parece indudable que la obra pública realizada en el camino afectado creó un riego imprevisible para los conductores, por el que debe hacerse responsable a la provincia.
Caducidad de instancia, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ RENE ALBERTO c/ VISCIDO MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-09

El art. 1101 del Código Civil consagra un principio de orden público, en virtud del cual es deber del juez suspender el dictado de la sentencia en el proceso civil mientras no recaiga pronunciamiento en sede criminal. La norma referida suspende el dictado de la sentencia, no el trámite del juicio. Por ello no hay paralización del curso de la perención de instancia en el proceso civil en los términos del art. 211 CPCC.

La parte tiene el deber de instar el procedimiento hasta que el expediente se encuentre en estado de ser fallado (art. 218 inc. 1 CPCC), momento en el cual cesa la carga del impulso procesal. Si hubiera una cuestión prejudicial se suspende el plazo del juez para dictar sentencia hasta que exista pronunciamiento en sede penal, mas ello no releva a la parte de la tramitación del proceso hasta el cierre de la instancia abierta, porque no existe ningún impedimento legal en tal sentido.
Compraventa inmobiliaria, mora automática, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: MONTERO Luis y otro c/ PELAEZ DE BASAVILBASO Emma y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Se ha admitido el derecho a demandar judicialmente la resolución del contrato en caso de incumplimiento del deudor y sin necesidad de interpelar, ni conceder un nuevo plazo de quince días. Los fundamentos que inspiran esta solución radican en considerar que desde el momento de la mora, el incumplidor incurre en una situación que le confiere el derecho al contrario de pedir la resolución del contrato. Además, puede ocurrir, que en tal circunstancia el acreedor carezca de interés en recibirla. El apartado cuarto del art. 1204 del Código Civil, refiriéndose al "ius variandi", dice que "la resolución podrá pedirse", lo que indica claramente que, al lado de la resolución que resulta "ipso iure" de la interpelación, o del vencimiento del plazo, hay otra, que puede pedirse, es decir, demandarse judicialmente (conf. C.N.Civ. Sala A, J.A. 1971-9-240, con nota de Laje; Cámara, "El nuevo art. 1204 del Código Civil", en Revista del Notariado nro. 702, p. 1317 y ss.; Farina, "Rescisión y resolución de contratos" p. 24 y 17; Borda "Tratado de Derecho Civil Contratos", t. I, nro. 286
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Losada, Juan Carlos c/ Johanson, O.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-29

El cuestionamiento a hechos denunciados por el Oficial Notificador como pasados ante él, entre los que corresponde incluir el "aviso previo" y la afirmación que el legitimado pasivo "vive" en el domicilio donde se practica la notificación, la que es recepcionada por un empleado, sólo puede desvirtuarse por la pertinente redargución de falsedad dada la calidad de instrumento público que reviste la prealudida constancia (arts. 979 inc. 2º, 993, 994, 995, Cód. Civil; 393 CPCC.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Poder Judicial, retenciones salariales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Centurión del Valle, Luis Antonio s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Suspensión de agente judicial   (Expte. CSJ Nro.  971-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

No puede prosperar el agravio del recurrente relativo a que la Corte al confirmar su decisión de suspenderlo preventivamente en el cargo, sin goce de haberes, por encontrarlo incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 192, inciso 1, de la ley 10160 (actual artículo 208, inciso 1, -t.o. dto. 0046/98-) ha omitido tratar el planteo de ausencia de culpabilidad con motivo de la inimputabilidad que surge de la enfermedad que padece, lo que significaba la absoluta exclusión de la aplicación en el caso del artículo 192, inciso 1, de la ley 10160, pues también al análisis de cuestiones de interpretación y aplicación de las normas y carece de eficacia para poner en cuestión la razonabilidad de la decisión de la Corte, la cual - conviene destacarlo- se derivó de un precepto que no contempla excepciones para su funcionamiento, y cuya efectiva aplicación no aparece ni siquiera en grado liminar como teñida de un excesivo rigor formal lesivo de derechos de raigambre constitucional.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, depósito judicial, depósito de bienes embargados
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Báez, Lázaro c/  s/ Recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-19

El recurso deducido por la defensa el imputado contra la sentencia que confirmó la entrega a la Dirección Nacional de Vialidad, en carácter de depositario judicial, de los rodados y equipos viales pertenecientes a empresas de su propiedad, debe ser rechazado habida cuenta que la decisión recurrida -confirmación de una medida cautelar- no cumple, en principio, con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N. ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.