marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contencioso administrativa, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Ruiz, Juan Manuel c/ Poder Judicial Provincial s/ Acción Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-21

La teoría de la doble personalidad del Estado se encuentra en la actualidad superada por una corriente de pensamiento más moderna que concluye que aquél, en sus tres niveles, sólo tiene una única personalidad (de derecho público) sin importar si su actuación se encuentra regulada únicamente por normas del derecho público o si corresponde a aquella la aplicación de normas de derecho privado, ello por cuanto el Estado puede participar de una diversidad de actividades o relaciones sin que esa intervención implique la desmembración o el fraccionamiento de su personalidad. Siendo la personalidad (única) un atributo del Estado, ésta sólo es reconocida a él y no a los órganos que la conforman, de manera tal que se puede concluir que ninguno de sus órganos o poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) poseen aquella, razón por la cual, en el supuesto de que se presente una contienda judicial por la actuación de alguno de estos órganos, como en el presente caso, lo correcto será accionar en contra del Estado, por ser éste el que goza de personalidad que lo habilita para ser parte en juicio, tanto como actor o demandado".-(Del voto ampliatorio del Dr. Bastos).
Revisión judicial de actos administrativos, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: DI IORIO, DUILIO c/ ENTEL s/ CADUCIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

Rechazada la excepción de caducidad de la acción, opuesta con fundamento en el art. 25 de la Ley 19.549, y perimido el juicio luego de quedar firme aquel rechazo, la tempestiva la nueva demanda promovida antes de transcurrir el plazo de caducidad establecido por dicho artículo, contado desde la notificación de la sentencia que declaró la perención.
Accidente de tránsito, chofer profesional, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ CRUZ R P/ SU HIJO MENOR CEFERINO DANIEL GONZALEZ (EXPTE. Nro. 29732) c/ CORTEZ, GUILLERMO E Y OTS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-08-22

El permiso que le otorga el Estado para conducir al chofer profesional, lo habilita como experto en el manejo, resultando calificado dentro de la normativa del art. 902 del Código Civil, a obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento de la cosa riesgosa que conduce. En esas circunstancias, su deber jurídico de responder está calificado técnicamente, configurándose una situación similar a la del profesional en el ámbito de su "metier".
Cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ SADAIC c/ GCBA s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

Las cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, resultan propias de los jueces de la causa y en principio ajenas al trámite del recurso intentado -Fallos 330:4770, 330:3526, 330:2599 y 330:2498 entre otros-. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras, A. c/ Rodriguez D. s/ Daños y Perjuicios Oeste Esciorra Sara c/ Bustos Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10|1992-03-24

El quantum debe contemplar las circunstancias personales de las víctimas, su sexo, su edad, la repercusión de las secuelas en su vida de relación, la proyección en sus actividades futuras y la invalidez derivada del dolor y no el dolor mismo contemplado en el daño moral son pautas para su merituación.
Corretaje, remuneración, conducta culpable
Materia: COMERCIAL
Carátula: Milán, Ricardo Guillermo en j... Milán, Ricardo c/ Emilia Nurimar Sat y Ot. p/ cumplimiento de contrato. s/ Casación. JUAN CRUZ S.A. EN Jº 20.139/41.943 JUAN CRUZ S.A. s/ QUIEBRA NECESARIA S/ CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-15|2005-03-22

La vieja norma del art. 111 del Cód. Com., traspasada casi sin variantes al nuevo ordenamiento, como si el legislador que sancionó las leyes 20.266 y 25.028 hubiese ignorado todas las discrepancias doctrinales y jurisprudenciales, consagró el derecho del corredor a cobrar la retribución al contratante que, por su conducta culposa, impidió la celebración del contrato. La norma tiene una regla: el corredor sólo tiene derecho a la comisión si el contrato se celebra, pero también contiene, entre otras, la excepción según la cual el corredor tiene derecho a la comisión aunque el contrato no llegue a celebrarse si el contrato no se concluye por culpa del comitente. El legislador pretendió dar solución expresa a un problema planteado en el derecho comparado que era, justamente, el tema del derecho a comisión cuando el negocio no se concluye por culpa del comitente.
Interpretación de la ley, allanamiento, Derecho procesal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MIRANDA, Analía S. y otra s/ auto de procesamiento y prisión preventiva Causa nro. 27.219
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La legislación contiene una serie de reglamentaciones de la garantía y de sus límites, entre los que hallan la exigencia de motivos para presumir que en el lugar determinado existen cosas pertenecientes al delito o se oculta el imputado y que la decisión que ordena el allanamiento se muestre expresamente fundada, así como también impone recaudos en relación con las formalidades a observar durante su realización. Se trata de formas que deben observarse, no obstante, dentro del marco de razonabilidad, atento el criterio restrictivo que en materia de nulidades emerge del ordenamiento procesal en vigencia.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, designación de perito, orden público interamericano, carga de la prueba, debida fundamentación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Grande c/ Argentina s/ resolución del presidente de La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-04-15

Conforme lo establecido en el artículo 35.1.f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la eventual designación de peritos podrá ser hecha por la Comisión Interamericana, siempre que se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, cuyo fundamento y objeto deben sustentarse adecuadamente, requisito que no se encuentra cumplido con la mera indicación de cierta elación entre la prueba y una alegada violación de derechos humanos, correspondiendo a la Comisión sustentar tal situación.
Incumplimiento del contrato, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: A. de R., A. c/ P., R.C. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-20

"A diferencia de la resolución judicial que el juez puede rehusarse a pronunciar, la cláusula resolutoria opera de pleno derecho; ella presenta una eficacia superior para el acreedor y un real peligro para el deudor. También el juez, allende el poder moderador que le confiere a veces la ley, debe esforzarse por imponer una interpretación restrictiva de los pactos comisorios y por controlar rigurosamente su puesta en ejecución".
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ CARLOS FABIAN c/ CONCORDIA JUGOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-12

El incumplimiento de la obligación de brindar ocupación por parte del empleador constituye una grave injuria que autoriza al trabajador a darse por despedido por culpa de aquél.
Proceso penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Robledo, Hugo Martín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Nº 154/07 "Robledo Hugo Martín - Lesiones Graves - Las Juntas - Dpto. Ambato"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-13

El asistente técnico del imputado por el delito de lesiones graves interpone recurso de casación contra el auto interlocutorio que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada, afirmando que la decisión del a quo es nula porque, al poner en cabeza del ministerio público la decisión de suspender o no el proceso a prueba, deja de lado aspectos básicos del sistema acusatorio y desplaza la potestad jurisdiccional hacia una de las partes.

Tal como lo sostuvo la Cámara Nacional de Casación Penal, el carácter vinculante de la oposición del fiscal deriva del mandato constitucional que atribuye al ministerio público la promoción y el ejercicio de la acción penal (art. 120, Constitución Nacional); y como tal, cuando expresa su oposición a la suspensión del proceso no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción.

Y, puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión de ese ejercicio de la acción penal, el tribunal carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio y tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio.

Por ello depende de la expresa conformidad fiscal, cuya opinión adversa constituye un impedimento para el otorgamiento del beneficio, habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (conf. Sala I, 31/5/96, "in re": "Dyke", elDial.com - AD400; "in re": "Bertolini", 12/08/96, elDial.com - AD458; "in re": "Orlando", 29/10/1996; elDial.com - AD56B).
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, juicio ejecutivo, superintendencia de riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-11

1. Corresponde revocar la resolución del Magistrado de grado en cuanto se declaró incompetente para entender en una acción ejecutiva incoada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo contra la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, en tanto el domicilio de pago de la obligación se encuentra radicado en esta jurisdicción por lo que la ejecutada no puede agraviarse de litigar en esta sede (en igual sentido: CNCom, Sala B in re "Superintendencia de riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán Aseguradora de riesgos del Trabajo s/ ejecutivo" del 24-4-17 - expte. n° 19435/2016-; ídem "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ ejecutivo" del 3-11-17 -expte. n° 20104/2016). 2. Toda vez que la ejecutada se enfrenta en este litigio en su calidad de "empleador autoasegurado" y en "el ejercicio de la opción de autoasegurar los riesgos de los trabajadores bajo su dependencia., ello importó aceptar la competencia asignada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal y debe juzgarse como una renuncia tácita a la jurisdicción prevista en el CN 117, en la medida en que la condición impuesta por el régimen de los Estados locales para ingresar al sistema, es la adecuación a los requisitos estipulados para los empleadores privados que opten por el autoseguro -Decreto 719/96: 3- (CSJN in re: "Santiago del Estero Provincia de c/ Superintendencia de Riesgos de Trabajo s/ recurso de apelación" del 11-9-12, Fallos: 335:1732). 3. La recurrente se sometió a la autoridad de control de riesgos de trabajo por lo cual se considera prorrogada la competencia originaria de la Corte en favor de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (CNCom, Sala F in re: "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ ejecutivo" del 18-2-19); lo cual se admite cuando dicha jurisdicción corresponde ratione personae, que como tal puede ser renunciada.
Desindexación, monto del juicio, objeto del contrato, acuerdo de partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURI HNOS. S.A. c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-08

Si las partes convinieron un precio unitario del bien objeto del contrato, tal debe ser la unidad de la cual se partirá para establecer el monto litigioso, ya que la ley de desindexacion enerva todo otro sistema de actualización y recargos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, representación legal, padres, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHALBAUD Y SANGINES, JOSE MARIA JUAN LEONARDO (SUCESION) c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-18

La alegada conformidad de la representante legal de la menor con la regulación en baja instancia no logra conmover lo decidido en tanto la misma no resulta ser la obligada al pago, sino legataria del 50% del usufructo de los bienes relictos, debiendo ser afrontados por la heredera universal menor de edad, agregando el A quo que la representación de la menor se integra con la intervención dual y conjunta del Ministerio Público que alertó a su hora sobre las consecuencias de una regulación que tomase en cuenta tan sólo el valor económico invocado. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: Dutkiewwics, Francisco Miguel c/ Assembly SACIFI s/ Despido González, Néstor Rubén c/ Fischer, Jorge Ernesto s/ Diferencias fondo de desempleo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04|1990-09-11

El derecho a la percepción por el trabajador del fondo del desempleo nace cuando cesa la relación laboral, oportunidad en la que se hace exigible (art. 17, primera parte, ley 22.250), teniendo expedita la acción para su cobro y determina el punto de partida del plazo de la prescripción (arts. 256, L.C.T. y 3956, C.C.).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N.N. o A., L. B. s/ Información ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Constituye sentencia definitiva con el alcance que conceden a la expresión los arts. 149 inc. 4º, letras a y b de la Constitución de la Provincia y 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la decisión de la Cámara que considerando que no existe "una verdadera situación de peligro físico y moral" respecto de las menores tuteladas ordena el cese de la intervención del Tribunal de Menores ya que es decisiva respecto del peligro de abandono que pudieran padecer dichas menores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, muerte del damnificado, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LILLO, EZEQUIEL Y OTROS c/ HERRERA, JUAN DOMINGO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

Es presunción del art. 1084 del C.Civil no alcanza a los hijos mayores, salvo que sean incapaces por lo que su situación se rige por el art. 1079 del cód. citado y deben, por tanto, acreditar el daño sufrido.
Medidas cautelares, espectáculos deportivos, competencia penal, derecho de admisión y permanencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., C. S. y otros c/ E.N. - M. Seguridad y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-05

Hace lugar a la medida cautelar con el objeto que se suspenda la aplicación del Decreto N° 246/17, y ordena a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (DNSEF) permitir el acceso de los actores a los estadios de fútbol, puesto que de la normativa aplicable se desprende que son los jueces penales quienes tienen la facultad de fijar prohibiciones de concurrencia a los espectáculos deportivos, mientras que el Poder Ejecutivo solo tiene la atribución de clausurar, en forma temporaria o definitiva de los estadios. En consecuencia, solo sería posible restringir el derecho de acceso a un espectáculo deportivo mientras sea efectuado por conducto de una ley, extremo que no aparecería en el caso ya que la inhabilitación y/o prohibición de concurrencia sería, prima facie, facultad privativa del juez penal competente de la Ley 23.184 y no del Departamento Ejecutivo, circunstancia que no habría ocurrido en autos, en tanto la prohibición no fue dispuesta por el juez penal, exigencia que surge de la normativa mencionada.
Instrumentos privados, reconocimiento de firma, prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zuljevic, Paula c/ Tomicic, Antonio s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Si no se desconoció en forma concreta y determinada la autenticidad del documento cuya firma se atribuye, y en la prueba confesoria se expresó por la demandada "...que puede ser su firma pero que no recuerda..." es innecesaria una pericia caligráfica, pues ese procedimiento probatorio presupone negativa expresa que en el caso no existió (arts. 1190, 1026, 1031, 1033, Cód. Civil; arts. 384, 388, 402, 411 Cód. Procesal).
Alimentos, alimentos provisionales, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: K. de B.M. y otros c/ B.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-21

La cuota de alimentos provisorios que prevé el art. 375 del Código Civil, sólo tiende a cubrir las necesidades del alimentado durante el breve lapso que demande la tramitación del proceso previsto por los arts. 639 y siguientes del Código Procesal y puede ser fijada desde el principio de la causa o en el curso de ella (conf. C.N.Civ.

Sala E, c. 256.625 del 2/6/79).- Si bien dicha cuota tiende a satisfacer los gastos imprescindibles de quien la peticiona, es evidente que a fin de determinar esos gastos, no puede prescindirse de analizar "prima facie" la situación económica del alimentante y el nivel de vida que llevan las partes (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 284.621 del 17/11/82).-
Acción de amparo, improcedencia del recurso, parto inducido, personas por nacer, anencefalia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

Corresponde rechazar el amparo tendiente a obtener la autorización para anticipar el parto de un feto anencefálico si no se indicó motivo alguno en beneficio del ser en gestación que justifique adelantar su alumbramiento y el hecho de interrumpir el embarazo no supone darle vida sino anticipar el momento de su muerte, debido a que la enfermedad que padece provocaría el deceso inmediato o, a lo sumo, dentro de las doce horas siguientes (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González de López, Mónica del Carmen c/ Alpa Vial S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

El ejercicio de la facultad que confiere el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, para determinar el importe final de la indemnización solicitada cuando la ausencia de pruebas que deja en una zona de penumbra el monto de un daño existente que con tal facultad se trata de determinar, no legitima un ejercicio caprichoso o arbitrario de la misma que contradiga las reglas o principios de la experiencia que se invocan para fundar la estimación de aquel monto. Pero mientras la estimación del juez y del arbitrio que le brindara el legislador para ello, se muevan dentro de los campos de la razonabilidad que acotan las reglas lógicas y de la experiencia no hay reproche posible.
Acuerdo de juicio abreviado, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORIA, RUBEN VICTOR c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

En el trámite previsto para el procedimiento abreviado la sentencia queda acotada como consecuencia de lo pactado entre partes, por lo que su contenido debería enmarcarse dentro de los límites impuestos por el principio de legalidad, razonabilidad, respeto a las garantías constitucionales y a la tutela judicial efectiva, pues a partir del momento en que el Tribunal convalida el acuerdo, la función decisoria se encuentra limitada al mismo. (Del voto del Dr. Netri).
Resoluciones equiparables a definitiva, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si bien, por regla general, las decisiones en materia de competencia no constituyen sentencia definitiva, la resolución aquí recurrida resulta -a los efectos del recurso de apelación ordinario- una sentencia equiparable a definitiva que habilita la competencia del Tribunal, pues el rechazo del planteo de la ejecutada sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción -federal- que le corresponde. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde)
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato Pérez, Berilde Ecilda s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31|1999-08-18

Respecto de la competencia de la Justicia de Paz, existen normas específicas que rigen la materia y así el dec. ley 9229 / 79 en su art. 3º, inc. 4 ( t.s. ley 10571 ) , dispone que cuando en virtud del fuero de atracción ( art. 3284 C.C. ), se entablen acciones que excedan la competencia atribuida a la Justicia de Paz Letrada, el Juez debe declararse incompetente para entender en ambos procesos debiendo remitirlos a la cabecera judicial departamental. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de alzada, denuncia del accidente de trabajo, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Arijón, Karina Daniela c/ Galeno ART s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-22

El recurso contra la sentencia fue formalmente concedido y nunca se desistió del mismo (ni en el convenio, ni en presentación alguna). La situación procesal resulta confusa respecto de la supervivencia de la apelación, ya que el convenio alcanzado y homologado por el a quo no fue atacado por medio idóneo alguno, pero se entiende que existe un interés superior que es el de los menores de edad. Cuando estos tienen intervención resulta relativa la aplicación del principio dispositivo, con el consecuente compromiso judicial de disponer de oficio las medidas que correspondan para la debida salvaguarda de los derechos que les asisten. Es por ello que resulta notorio que debe estarse a la supervivencia del recurso, porque in dubio pro apellatio. (Voto Welp, en minoría)
Mutuo, prueba, instrumentos privados, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brambilla, Marcio R. c/ Burgueño, Edgardo s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si bien el art. 2.246 del Cód. Civ., establece que el mutuo no podrá probarse sino por instrumento privado de fecha cierta, esta última exigencia sólo rige respecto de terceros, no entre las partes, ya que no es posible -cuando el instrumento ha sido reconocido- dividir los efectos impuestos por los arts. 1.026, 1.028 y 1.029 del mismo código y excluirse de ese reconocimiento su fecha, restando armonía a los principios de los arts. 1.191, 1.192, 1.193 y 1.035, de los que el citado art. 2.246 no es una excepción sino una reiteración.