marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, cuestiones de competencia, privación ilegal de la libertad, delito continuo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: BEATO, DOMINGO Y OTRO. s/ PRIVACION ILEGAL LIBERTAD. CUESTIONES COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-11

Para determinar cuál es el Juez competente para intervenir en la investigación de la presunta comisión del delito de privación ilegal de la Libertad, hay que tener en cuenta que por ser un suceso delictivo de carácter permanente, su consumación persiste en el tiempo hasta tanto la víctima recupere su libertad.

En el caso de autos si bien el hecho habría tenido principio de ejecución en la pcia. de Entre Ríos, en donde habría sido detenido ilegalmente el denunciante y mantenido en esa situación hasta llegar a la Capital Federal, siendo alojado en una Seccional, donde se habrían llevado a cabo otros hechos delictivos objeto del proceso de la causa principal; es indudable que es Juez competente el de nuestra jurisdicción, porque de aceptarse una postura en contrario se estaría desdoblando un hecho único, teniéndose en cuenta razones de economía procesal, una mejor administración de justicia y la aplicación al caso del criterio de la Corte Suprema de la Nación al sostener que bajo las circunstancias apuntadas debe entender el Juez que previno.
Inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ocaña, María Graciela c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-07

Es inadmisible el recurso de queja por denegatoria de casación deducido contra el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal si se limita a meros juicios discrepantes con lo resuelto, que cuenta con fundamentos suficientes, existe en el caso doble conformidad judicial y no se ha demostrado la configuración de cuestión federal.
Diferencias salariales, salario básico de convenio, liquidación judicial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Paredes Rubén Patricio y Otros c/ Empresa Contreras Hnos. S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2003-06-18

El sueldo se integra con el salario básico más todos los adicionales y bonificaciones de carácter general o particular. Se distingue así del salario básico que es el mínimo apercibir por el trabajador por la contraprestación efectuada al empleador, conforme a las pautas determinadas por los convenios de cada actividad. Siendo el rubro diferencias salariales a partir de los básicos de la Convención Colectiva de Trabajo, a la cual deben subsumirse los montos que a posteriori (pero firmes en su concepción primigenia) serán definitivamente fijados por liquidación judicial. Integrando esta connotación, debe comprobarse que en toda aplicación del derecho, la apreciación del juez debe desempeñar un papel normal para enlazar la ley o la regla con el caso concreto -apreciación de hecho y de derecho- y donde todos éstos son apreciados según una concepción de conjunto. Asimismo, determinada en la sentencia la incorrección con que la accionada liquidaba los haberes, la condena debe extenderse por todos los períodos que la demandada abonó incorrectamente y por consiguiente los montos surgirán al momento de efectuarse la liquidación. La sentencia de este Cuerpo dispuso la adecuación de los básicos que constituyen la contraprestación que deben percibir los actores como consecuencia del contrato de trabajo, cuya naturaleza se vería desvirtuada de interpretarse que se trata de una prestación dineraria autónoma, ocasional y única.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, prisión preventiva, senadores, inmunidades parlamentarias, desafuero
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Ramos, Carlos Alberto y otros s/ presunta infracción art. 248/261 C.P. - causa 227/91.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-13

No cabe equiparar a sentencia definitiva al pronunciamiento que dictó prisión preventiva respecto de un senador electo, ya que no ha existido medida concreta alguna de coerción personal, pues la mera denominación "prisión preventiva" no asigna tal efecto coercitivo a un acto que, por expresa disposición del magistrado que lo dictó - al resolver que no se efectivizara hasta que se produjera el desafuero parlamentario -, no lo tiene (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Exceso ritual manifiesto, reajuste jubilatorio, pensiones, jubilaciones, grupos vulnerables, medidas de acción positiva, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, principio de no discriminación, derechos y garantías constitucionales, protección internacional de los derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Garay, Corina Elena  c/ ANSeS  s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Para evaluar si se ha configurado una exigencia procesal ritualista e irrazonable, no puede perderse de vista que la actora cuenta con la protección consagrada en el art. 75, inc. 23 de la Constitución, que dispone que corresponde al Congreso Nacional legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Recurso extraordinario, autosuficiencia
Materia: LABORAL
Carátula: Tirelli, Hilda M. c/ Municipalidad de San Pedro s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-08-06

Las vías recursivas de `inaplicabilidad de ley' y de `nulidad' no son fungibles y, por tanto, contra un mismo fallo no resulta procedente la interposición promiscua de los citados recursos. Cada impugnación tiene sus propios motivos o causas legales, lo cual veda -cuando se interponen conjuntamente- esgrimir una misma fundamentación para remedios diferentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, derecho a un medio ambiente sano, normas operativas, deberes del juez, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ GRACIELA M Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

Los derechos a un ambiente sano (art. 26), a la vida, a la seguridad, a la integridad (conforme lo establece el artículo 10) y a la salud integral (que se vincula directamente con el ambiente, tal como surge expresamente del precepto constitucional, art. 20) revisten el carácter de operativos, es decir, deben ser inmediatamente aplicados, no requieren de una actividad legislativa que los reglamente, ya que no están condicionados -como sucede con los derechos programáticos- a otro acto normativo que los haga exigibles.

La Corte Suprema de la Nación expresó que el carácter operativo de los derechos impone a los jueces la obligación de aplicarlos en los casos concretos, no obstante no estar reglamentados por el Congreso de la Nación (cf. doctrina sentada en CSJN, "Conesa Menes Ruiz, Horacio c/ Diario Pregón", 23/4/1996, LL 1996-C, 497).
Divorcio, exclusión del hogar
Materia: CIVIL
Carátula: C. de S., F. c/ S., F. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Que se haya decretado el divorcio no excluye el respeto recíproco que debe subsistir como conducta cuando los ex cónyuges comparten lo que fue el hogar conyugal -transmutado en residencia común-, por lo cual es procedente, en función de la gravedad de los hechos que se denuncien, la prueba ofrecida y el fin cautelar perseguido, decretar la exclusión de aquél, de uno de los cónyuges.
Sobreseimiento, menores, menor de catorce años, inimputabilidad, sentencia arbitraria, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: B., P. H. E.  c/  s/ abuso sexual - art. 119 1° párrafo y amenazas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

Es arbitraria la decisión que rechazó el pedido de sobreseimiento de un menor, pues el a quo tomó un camino, contrario al dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la ley 22.278, y confirmó el impulso de la acción penal contra un menor de catorce años de edad que lo involucró directamente en ese procedimiento, al punto que sostuvo que en el marco de la investigación para determinar la existencia del delito se imponía escuchar al niño, en lugar de circunscribir la actuación respecto del menor, a tomar conocimiento de él, realizar nuevos informes conducentes al estudio de su personalidad y sus condiciones familiares y ambientales y en su caso, disponer otras medidas ajenas al procedimiento judicial, en protección de sus derechos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ejecución de honorarios, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTIAGO ANTONIO R c/ OIL CRAMHER Y T.P.H. S.R.L. s/ HONORARIOS - ABOGADOS DE LA DEMANDADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-25

Los apoderados de la demandada pueden ejecutar sus honorarios en contra de la aseguradora, en tanto ésta resultó condenada en costas y asumió en forma total su obligación contractual de mantener indemne el patrimonio de la asegurada, al hacerse cargo del proceso, con motivo del llamamiento que le formular la accionada, sin oponer defensa alguna nacida del contrato de seguro.

El art. 15 de la ley 7269 establece que la obligación de pagar honorarios por gestión profesional, en principio, pesa solidariamente sobre todos los condenados en costas y obligados al pago, aún tratándose de litis consortes. Y el art. 16 determina que el pago de los honorarios podrá perseguirse en contra de los condenados en costas, de sus garantes, de los comitentes y de los beneficiarios del trabajo en todos los casos.

La solución legal que favorece a los recurrentes coincide con el principio general establecido en el art. 110 Ley de Seguros que prescribe "La garantía del asegurador comprende: a) el pago de los gastos y costas judiciales para resistir la pretensión del tercero". Y sólo cuando"... deposite en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se librará de los gastos y costas que se devenguen posteriormente", de donde - a contrario sensu - se deduce que si no se realiza ese depósito, las costas siguen estando a cargo del asegurador.

El único supuesto en el que se prevé que "los honorarios de los letrados del asegurado quedarán a su exclusivo cargo", es cuando éste asume su defensa en juicio sin darle noticia al asegurador para que a su vez lo haga.

En el subexamen no se verifica esta situación, desde que se dio oportuna noticia a la aseguradora, quien compareció al proceso haciéndose cargo del mismo.
Menores, participación criminal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Regis, Pablo Daniel s/ rec. de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

La aplicación del art. 41 quater CP no procede por la mera presencia del menor en el hecho, sino que su participación debe tener por finalidad descargar la responsabilidad en él. La disidencia sostuvo que el sólo conocimiento de que en el hecho delictivo tomaba intervención un menor de edad, resulta suficiente para imponerle al imputado mayor la agravante en cuestión. (Dres. David -en disidencia-, Ledesma y Slokar).
Derecho constitucional, inamovilidad de los jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Costa Mario G. y Otros c/ E.N. (C.S.J.N.) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Arguye José Luis Sabatini ("Un jalón importante hacia el equilibrio de los poderes", JA-1986-I, pág. 103): "...El Poder Judicial es el único poder profesional con dedicación exclusiva, no sujeto al principio de periodicidad de las funciones públicas y prescindente en materia política. Dentro de la economía constitucional, ostenta garantías básicas: la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sus remuneraciones. Ambas están estrechamente ligadas, pues una disminución de las retribuciones determina un concreto y real atentado contra la inamovilidad.
Compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alpaio, Sandra Marina c/ Dondero Hnos. SACIFI s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-18

Es pertinente el derecho de la actora a obtener una sentencia de condena a escriturar por parte de la vendedora, pues es una de las obligaciones asumidas por esta última al tiempo de celebrar el contrato de compraventa, no siendo obstáculo para ello la inhibición trabada sobre el bien de fecha posterior a la compraventa, máxime si se ha abonado la totalidad del precio y recibido la posesión.
Transporte, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Transportadora  de  Gas  del  Norte c/ YPF SA s/ cumplimiento decontrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

Ciertas aristas particulares de este caso -vgr. el destino e la exportación y el recorrido que debía realizar el gas para llegar a destino-, pero que no cambian el aspecto central de la controversia: el transportista reclama que se le paguen ciertas sumas por un servicio que dice prestado, de conformidad con las previsiones de un contrato en el que no interviene sujeto estatal alguno, extremo que es resistido por la contraparte del contrato con argumentos que no pueden ser examinados en el marco de un cuestión de competencia, aun cuando se suscita por vía de excepción (conf. art. 50 del CPCCN) . Y esto es así porque las defensas planteadas en la contestación de demanda no alteran el objeto del proceso y sólo inciden en la delimitación de las cuestiones litigiosas (conf. Falcón, Enrique, Código Procesal Civil y Comercial, Ed. Abeledo Perrot, 1992, t. II, pág. 191).
Daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: RUIZ, Miguel Angel c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-09

El trabajador que acciona en los términos del art. 1113, párr. 2 del Código Civil no debe ineludiblemente probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, pues le basta con demostrar el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa. El funcionamiento del mecanismo indemnizatorio previsto en dicho artículo requiere, en todos los supuestos y con independencia de sus características, la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre el agente dañoso y el menoscabo sufrido por el trabajador víctima del accidente, en tanto aquél resulte ser la causa eficiente. En algunos casos, dicha relación puede presumirse si se acredita el daño y la intervención de una cosa viciosa o riesgosa en la producción del hecho.
Protección del medio ambiente, cuencas hídricas
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años; la visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo eco-céntrico o sistémico.
Acción de amparo, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

En su confrontación con el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional, la Carta Magna local resulta ahora algo mezquina en cuanto a la categoría de derechos tutelados a través del amparo, ya que los limita "al ejercicio de un derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia" (artículo 17). Sin embargo, este aparente déficit queda, desde luego, reparado por la norma que expresa que "los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive la de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que la inspiran" (artículo 6, Constitución Provincial). (Del voto del Dr. Falistocco).
Repetición de impuestos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE CASTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES  S.A. s/ REPETICION - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

El reajuste monetario en los supuestos de repetición de tributos está contemplado por el art. 129 de la ley 11.683 en términos que exigen para el comienzo de su curso que se haya producido un acto de interpelación eficaz, aun en el supuesto de que se trate de ingresos efectuados a requerimiento del organismo recaudados, no ostentando por otra parte, tal carácter, los pagos bajo protesto efectuados por la actora.
Igualdad ante la ley, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cardesa, Héctor Carlos y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Defensa - ARA s/ Diferencia Salarial - Beneficio de litigar sin gastos - Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

La garantía de igualdad -art. 16 de la Constitución Nacional- radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que ello no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, de clase o de ilegítima persecución.
Locación, alquileres, plazo, prórroga del plazo, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: Ocampo, Ramón Domingo c/ Nieto, Juan Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-30

La doctrina y jurisprudencia es uniforme en cuanto a que los plazos mínimos fijados por la ley lo son sólo para el contrato de Alquiler en base al cual se inicia su uso, y no a sus prórrogas, por lo que habiendo vencido el plazo mínimo de 3 años establecido por el art. 2 de la ley 23091, y habiéndose las partes establecido una prórroga del contrato -art. 1197 C.C.-, corresponde hacer lugar a la demanda condenando al demandado a restituir al actor el inmueble, con más los muebles que forman parte del contrato invocado, libre de ocupantes, en el plazo de 10 días, art. 10/11 ley Prov. 3660.
Autopsia, actos y diligencias procesales, validez de los actos procesales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., J. s/ Homicidio (Expte Nº 196-98, Resolución Nº  18, Tomo 5, Folio 437)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-07

Ha de tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento procesal al aludir a las autopsias (artículo 216 Cód. Proc. Penal) lo que reclama en orden a la calificación de quienes la han de practicar, es que se trate de "médicos oficiales si los hubiere en el lugar" o, en su defecto, de médicos particulares. Habida cuenta de ello y de que el profesional actuante es médico de la Policía de la Provincia, es obvio su enmarcamiento dentro de la primera de las posibilidades habilitadas por la ley procesal, de lo que se sigue la validez formal de la autopsia llevada a cabo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, tribunales militares, Código de Justicia Militar, consejos de guerra
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: FLORENCIO IBARRA s/ RECURSO DE APELACION ART. 445 BIS C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

No obsta a la procedencia del recurso extraordinario la circunstancia de que la decisión impugnada no configure una sentencia definitiva en el sentido estricto de tal concepto, si media un supuesto de arbitrariedad, toda vez que la inteligencia atribuida a las normas de forma importa prescindir del régimen establecido por la ley para la revisión judicial de los fallos de la justicia militar, y dispone la obligada intervención de un tribunal administrativo que resulta incompetente para el asunto, originando además un dispendio jurisdiccional inútil en perjuicio de la celeridad que debe procurarse en los procesos de índole criminal.
Procedimiento administrativo, recursos, caducidad, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: INFANTE DE MATTEO SILVIA GRACIELA DEL VALLE c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO  ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-04

la excepción de caducidad de recurso sólo puede ser opuesta por la demandada como de previo y especial pronunciamiento dentro de los nueve primeros días del traslado de la demanda, por lo cual corresponde en primer lugar controlar si la misma ha sido deducida oportunamente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentación suficiente, responsabilidad de la sociedad, sociedades comerciales, directorio, fraude laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: VIOTTI, OSCAR VICENTE c/ EMPRESA DE TRANSPORTE LOS RAFAELINOS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-17

Corresponde rechazar la queja desde que no se advierte que el pronunciamiento se aparte de los términos en que fue trabada la contienda -los actores promovieron reclamo laboral contra la firma concursada y contra quienes integraron el directorio de la empresa invocando la existencia de un grupo económico que efectuó actos de fraude laboral en perjuicio de los trabajadores- ni que rompa con los claustros normativos del juez (por exceso u omisión), ni lesione las reglas del debido proceso.

En el caso, lejos de apartarse de la normativa societaria, el Tribunal a quo analiza la causa a la luz de la misma dándole una interpretación y aplicación distinta de la pretendida por los recurrentes quienes intentan exonerarse de responsabilidad.

Así, atendiendo a los preceptos legales que se dicen soslayados ( arts.54, 59, 157 y 274 Ley 19550), centraron su razonamiento en diferenciar la personalidad de la sociedad y sus socios y administradores, y, en el marco del contexto probatorio, juzgaron que el mismo posee presuntivamente virtualidad para generar responsabilidad en materia societaria, precisando puntualmente que "...no se demostró que alguno de ellos hubiera dejado constancia escrita de su protesta según lo indica el artículo 274, última parte, al establecer las condiciones de exención de responsabilidad..., máxime cuando por su significación, la venta (gran parte del inmueble donde funcionaba la empresa), no pudo ser desconocida por ninguno de los integrantes del Directorio.
Derecho procesal, plazo judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: PATIÑO, MIGUEL LORENZO c/ SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIO-REVISTAS s/ AFINES-ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-06-26

Por las mismas razones que el plazo para la perención de la primera instancia debe computarse desde la promoción de la demandada, aun cuando esta no haya sido notificada, el plazo para que opere la caducidad de la segunda instancia, en casos como el presente (cuando la apelación no fue proveída o concedida por la inactividad del propio apelante, o cuando su conducta impide dicho proveído), debe computarse desde la fecha en que se dedujo la apelación.