Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13


SENT Nº.: 124 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Pérez Fernández Vicente vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar , se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Vicente Pérez Fernández, parte actora en autos, interpone recurso de casación (cfr. fs. 240/256) contra la sentencia Nº 111 del 15 de abril de 2005 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, corriente a fs. 219/222, habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como Tribunal con competencia para conocer y decidir del recurso extraordinario local, la primera cuestión a examinar es si la concesión de éste por el Tribunal de grado ha sido regular.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 223 y 256); la sentencia es definitiva; se dio cumplimiento con el depósito establecido en la ley de rito (cfr. fs. 239); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales y, finalmente, la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto se alega el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos.

En el curso del presente año, la Sala Laboral y Contencioso Administrativo de este Tribunal Cimero local -voto mayoritario- viene destacando con singular y peculiar énfasis que el vicio de arbitrariedad consiste en una típica y eximia cuestión de derecho -específicamente en un error in iuris iudicando- en que habría incurrido el Tribunal de grado cuando, por ejemplo, tal vicio se imputa si habría incurrido por aquél al valorar el material fáctico -ponderación ésta que, a su turno, también es ya de índole axiológica atinente al derecho pues confiere, a aquél, su sentido y significado jurídico- su examen es objeto propio, exclusivo y excluyente, del recurso de casación.

En caso que este examen resulte positivo, se invalida la sentencia en crisis -total o parcialmente, según el caso- y se reenvía los autos al A quo a fin que, con la nueva integración pertinente, dicte nuevo pronunciamiento, por el axioma procesal que la valoración del material fáctico obrante en la causa, es privativa de los jueces de grado, sin perjuicio que esa valoración -que como tengo dicho precedentemente- es ya de índole jurídica, sea a su turno susceptible de ponderación por la Corte Suprema de Justicia en la instancia del recurso de casación. Reitero, en sede de este Tribunal Cimero local, lo que se juzga es el acierto o desacierto de la ponderación del material fáctico obrante en la causa en la que pudo incurrir el Tribunal de grado, mas no valorar dicho material.

Por las consideraciones precedentes, considero que el recurso en análisis es admisible y, por tanto, a esta Corte Suprema de Justicia se le habilita su competencia para ingresar a considerar la procedencia del recurso de marras.

III.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad al omitir ponderar elementos esenciales a raíz de un examen deficiente del cuadro probatorio.

III.1.- En un primer orden de agravios, destaca que el Tribunal A quo: a) reconoce derecho a percibir remuneraciones únicamente desde el mes de abril a setiembre de 1.995, en base al informe del Contador General de la demandada obrante a fs. 24 de los autos: "Anadón, Salvador Hugo vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Medida preparatoria" del 18-5-1995. Al respecto, objeta que el referido informe no resulta incontestable pues existen otros que, concordantemente, lo contradicen; así, por ejemplo, el de fecha 20-10-1995 glosado a fs. 27 de aquellos actuados, da cuenta que al Concejal Anadón se le adeudan los meses de diciembre de 1993 y setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1994; y el de fs. 28, también del 20-10-1995, que a la Concejal Ledesma Padilla de Vermal, le deben los meses de octubre y noviembre de 1994 -entre otros-, siendo que el informe de fs. 24 expresa que al mes de marzo de 1995 no existen deudas con relación a los Concejales. Indica que para decidir debió tenerse en cuenta estos otros informes; b) omite la mínima consideración respecto al informe del perito contable de fs. 101 -no impugnado por la demandada- en cuanto puntualiza que concurrió a la Municipalidad de Yerba Buena sin que allí se le pusiera a disposición la documentación necesaria para la realización de la pericia tales como: los recibos de haberes correspondientes al período octubre 1991/octubre 1995, los legajos personales del actor, libros y registros de egresos, etcétera. El recurrente destaca con énfasis que la carga de la prueba, por el principio de la carga dinámica de ésta, corresponde a la demandada y no al actor, toda vez que aquélla debía arrimar los recibos de haberes por el período agosto 1994/marzo 1995; c) respecto a la apreciación del Tribunal de grado referida a los montos consignados en la pericia contable señala que si bien, fueron liquidados con arreglo al salario del Intendente del año 1.996 conforme a las leyes y decretos reglamentarios de la Nación y Provincia, no existió modificación de la escala salarial de los funcionarios públicos desde el año 1991 hasta el año 2001; d) en lo pertinente a las deducciones que autoriza el pronunciamiento en recurso, opone el informe del perito Juárez de fs. 117 (que refiere a una cesión de haberes a la Banca Nazionale del Laboro) y la contestación de demanda en la que se admite una cesión, pero en favor del Banco Francés.

III.2.- En un segundo orden de agravios, controvierte lo decidido por la Sala a quo en lo concerniente al rubro viáticos y pasajes, por los fundamentos que desarrolla a fs. 253/254 de su presentación recursiva.

IV.1.- Entrando a la consideración del primer agravio, considero que los argumentos que esgrime el recurrente en su presentación impugnativa para cuestionar el valor probatorio asignado por la sentencia en crisis al informe del Contador General de fs. 24 del precitado expediente "Anadón" (que tengo a la vista) carecen de la suficiencia necesaria para evidenciar la arbitrariedad que se pregona, en la medida que se intenta desconocer entidad acreditativa del pago de las remuneraciones en cuestión a aquél informe invocando la existencia de informes (en puridad, certificaciones de deuda de haberes) que refieren a otros concejales distintos al reclamante en autos. En efecto; el primero de ellos, de fs. 27, alude al Concejal Anadón y, el segundo, a la Concejal Ledesma Padilla. (cfr. fs. 28 del expediente "Anadón"), de tal suerte que no logra demostrarse con ello, con la certeza requerida, que aquél informe de fs. 24 fuera inexacto con relación a Vicente Pérez Fernández. Asimismo, también se corresponde con las constancias de autos la afirmación de la Cámara en el sentido de que dicho informe no fue "observado, cuestionado ni objeto de manifestación alguna por parte del demandante"; a lo que se añade lo preceptuado en el artículo 51 del CPA, si alguna influencia tuviera en el caso.

En este orden de ideas no puede dejar de advertirse que el informe del Contador General del Municipio demandado relativo a cuestiones relacionadas a hechos vinculados con la litis, que surgen de constancias obrantes en sus registros -no exentos del conocimiento judicial-, se erige en un medio idóneo de aportar al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de una de las partes. De allí que no deba menospreciarse su valor probatorio para acreditar hechos discutidos, argumentando que proviene de un dependiente de la Municipalidad, cuando no obran en el proceso elementos o documentos que demuestren acabadamente lo contrario ni consta que el actor lo hubiera oportunamente observado. Además, y a mayor abundamiento, no existe el menor reparo en el ámbito procesal civil de que el informante sea una de las partes (cfr. artículo 353 CPCC y Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 654) Por lo tanto, si el Tribunal le adjudicó la idoneidad necesaria a la prueba mencionada más arriba a fin de hacer progresar los rubros salariales consignados en el acto judicial recurrido (con la extensión allí prevista), va de suyo que no resulta procedente la pretensión de revertir lo resuelto en la instancia de grado apelando a los principios que regulan la carga de la prueba o a que era la demandada la obligada a adjuntar los pertinentes recibos de pago, habida cuenta la existencia y relevancia asignada por el A quo al informe en cuestión a los efectos de acreditar las cuestiones de hecho controvertidas en la especie. Es que la recurrencia a las reglas que gobiernan la carga de la prueba para decidir la suerte de un determinado litigio sólo se justifica y tiene sentido cuando, el órgano jurisdiccional, estima que no se verifica en la causa ningún elemento probatorio con idoneidad suficiente para probar los extremos fácticos en juego y no, como acontece en el sub lite, el cual el fallo atacado alcanzó a individualizar una prueba a la que le atribuyó la pertinencia y suficiencia requerida a tales efectos.

En esta inteligencia -sostiene Lino E. Palacio- "(.) las reglas sobre la carga de la prueba sólo revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre aquella circunstancia y previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga" (cfr. Derecho Procesal Civil", T. IV, págs. 362/363). Coincidentemente, manifiesta Jorge L. Kielmanovich que "No obstante, la importancia de la carga de la prueba, en concreto, aparece precisamente cuando la actividad probatoria producida en tal sentido no ha sido suficiente para generar un grado de convicción aceptable respecto a la probable existencia o inexistencia de los hechos alegados y el juez debe, no obstante, resolver el conflicto, desde que no le es lícito en el proceso civil rehusar o diferir el pronunciamiento definitivo para el contingente momento en que cuente con los elementos de juicio (art. 15, Cód. Civ.) (.) Pero, cuando la actividad probatoria ha logrado cumplir su finalidad, los hechos habrán de ser fijados por aplicación del principio de comunidad o adquisición procesal, sin interesar si ese resultado ha sido establecido a raíz de la actividad probatoria de la parte actora o demandada" (cfr. "Teoría de la Prueba y Medios Probatorios", págs. 77/79).

De otra parte viene al caso señalar que el fallo en crisis, para componer la litis en el sentido en que lo hizo, tuvo presente que el perito contable informó que no se le puso a su disposición, por parte de la demandada, la totalidad de la documentación requerida, tal como recibos de haberes del período reclamado, legajo personal del demandante, libros y/o registros de egreso de fondos, expedientes administrativos, y que hubo confeccionado su dictamen con los elementos efectivamente puestos a su disposición (cfr. fs. 220 vta.). Sin perjuicio de ello, no resulta relevante para la recta solución de esta contienda que la Cámara, a renglón seguido, hubiera expresado que la liquidación de sueldos peticionada en la pericia se confeccionó sobre la base del salario del Intendente del año 1996 (o sea, con posterioridad al desempeño del demandante en las funciones de Concejal) (cfr. fs. 220 vta.), ni que el recurrente en su presentación impugnativa contradiga tal concepto aseverando que, conforme a las leyes y decretos reglamentarios de la nación y provincia, no existió modificación de la escala salarial de los funcionarios públicos desde el año 1991 hasta el año 2001. Ello es así porque el perito, al responder la pregunta b) del cuestionario propuesto, se limitó a contestar lo que se le preguntaba que era explicitar lo que el actor "debió" haber percibido durante el período reclamado, sin que la respuesta en cuestión, por ende, pudiera llegar a interpretarse legítimamente como un aval a la posición del actor en lo que atañe a los rubros remuneratorios por él pretendidos.

Finalmente, que el informe del perito Juárez de fs. 117 refiera a una cesión de haberes a la Banca Nazionale del Laboro o que en la contestación de demanda se aluda a una cesión en favor del Banco Francés, no alcanza a erigirse en un argumento válido que justifique tachar de arbitraria a la sentencia en recurso, toda vez que ello no sólo no desconoce la existencia de la cesión de haberes tomada en consideración por la Cámara en el acto jurisdiccional cuestionado (con respaldo en las constancias de los autos: "Paseo Shopping S.A. s/ Cobro ejecutivo de dólares"), sino que respecto de la cesión admitida por dicho acto judicial en favor del Banco Mayo Cooperativo Limitado (cfr. fs. 221), el impugnante en la presentación recursiva en examen no llega a esbozar razón alguna con entidad tendiente a desvirtuarla o patentizar su irrealidad.

IV.2.- En punto al segundo agravio formulado por el recurrente, conviene recordar lo que la Sala a quo expuso sobre el particular. Así, a fs. 221 y vta. se consigna lo siguiente: "Por último cabe analizar lo pretendido respecto de los rubros pasajes y viáticos, que también se reclaman en la presente acción. Al respecto y analizadas las constancias de autos, cabe concluir que esta pretensión debe ser desestimada. En efecto, no surge por parte de la actora que haya arrimado elementos probatorios que permitan acoger este rubro. Si bien es cierto que la parte accionante en su escrito de demanda (ver fs. 10) manifiesta que oportunamente solicitó la liquidación y pago de los viáticos en los expedientes administrativos que allí menciona, los mismos no fueron habidos conforme se reseñara precedentemente, y al no probarse la existencia de rendiciones de cuentas de las que resultaran los conceptos reclamados, no aparece justificada la pretensión que nos ocupa, y en tal sentido cabe desestimarla" (cfr. fs. 221 y vta.).

En mi criterio, sin embargo, tales apreciaciones resultan insuficientes para dar sustento al resultado desestimatorio a que llegó el fallo, en la medida que no consultan adecuadamente las constancias de autos, al omitir pronunciarse sobre prueba pertinente para la recta composición de la litis. Me refiero específicamente a la pregunta nº e) y su respuesta que obran en la prueba pericial contable de fs. 80/102 vta. de estos actuados. Mediante dicha pregunta se solicitó que el perito informara, a partir de la documentación obrante en el municipio, si durante el período octubre 1991 a octubre 1995 existían viáticos devengados y no pagados a favor del actor, y para tal cometido requirió que se tuvieran en cuenta también los reclamos administrativos realizados por aquél e identificados como expedientes nº: 4853-H-94; 3018-H-94; 1851-H-93; 715-H-93; 6802-H-92; 6675-H-92; 5859-H-92; 5929-H-92; 4388-H-92; 2795-H-92; 6712-H-81; 6685-H-91; 6125-H-91; 6125-C-91, y 6685-H-91 (cfr. fs. 102). El perito respondió al aludido interrogante, expresando que "De acuerdo a la documentación puesta a mi disposición, he confeccionado el Cuadro de Viáticos y Pasajes devengados en el ANEXO 2, de cuyo resultado final surge que se encuentran devengados y no pagados los viáticos y pasajes actualizados al 10-8-00 por la suma de $ 7.115,51" (cfr. fs. 102).

Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de ponderar o no de manera expresa alguna probanza; es más, los magistrados no están obligados a valorar, una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa. Pero lo que sí les está vedado es prescindir del plexo probatorio suministrado por el proceso a fin de dar basamento fáctico a la conclusión que infiere. Es así que el vicio de arbitrariedad se configura cuando la consideración de elementos probatorios admisibles y pertinentes ha sido injustificadamente omitida en la línea argumental del pronunciamiento déficit que, según se dijo, se concretó en la causa.

No cabe duda que el Tribunal de grado tiene la más absoluta libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado a su conocimiento, siempre que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en entredicho, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes introducidas en el pleito por las partes, pudiendo en su caso desecharlas por razones siempre debidamente fundadas (cfr. sentencia Nº 968, del 10-12-1999, entre muchas otras). Por lo tanto, el nuevo fallo a dictarse deberá hacerse cargo expresamente de esta cuestión tomando en consideración lo señalado y cualquier otro elemento probatorio, que a su criterio, resulte conducente para el esclarecimiento del tópico de marras.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia Nº 111 del 15 de abril de 2005 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, obrante a fs. 219/222 de autos. En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE aquélla, dejando sin efecto los puntos III, IV y V de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse -parcialmente- como acto jurisdiccional válido la sentencia que infiere conclusiones decisivas prescindiendo de considerar elementos probatorios pertinentes para la resolución del litigio". Por consiguiente, REMITIR estos actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, emita nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado dejándose debidamente aclarado que lo resuelto, en manera alguna, significa adelantar opinión sobre el tema. En lo relativo al agravio tratado en el parágrafo IV.1., NO HACER LUGAR al mencionado recurso.

V.- Acorde a las conclusiones que infiero, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen de la siguiente manera: a la parte demandada, la totalidad de las propias y el 30% de las de la actora y, a esta última, el 70% restante (cfr. artículos 89 del CPA y 108 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV y V.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la ley 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal civil local dispone en su art. 750 que "este recurso excepcional será admisible cuando se fundara en que la sentencia impugnada incurrió en infracción a la norma de derecho, comprensiva tanto de la norma sustancial como de la formal". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Angel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en el motivo previsto en la ley procesal, infracción a la norma de derecho sustancial o formal, como en el jurisprudencialmente admitido, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, bastarse a si mismo y depósito judicial, establecidas en los arts. 748, 751 y 752 del CPCC. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 754 del CPCyC) y, definitivamente, por esta Corte si los autos son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 756 del CPCyC), o en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 755 del CPCyC).

Deducido recurso de casación ante la Cámara que dictó el pronunciamiento impugnado, ese Tribunal tiene a su cargo el deber de examinar todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la mencionada norma del art. 754 procesal, esto es, oportunidad de la presentación recursiva, definitividad del pronunciamiento recurrido, motivo del recurso, suficiencia de la impugnación y depósito judicial. Si considera que están todos reunidos, concede el recurso y eleva los autos a esta Corte, la que efectúa un nuevo juicio de admisibilidad que, puede coincidir con el de la Cámara y, por tanto, ingresa a la procedencia de la impugnación, o bien entender que alguno de los requisitos no está cumplido y declarar mal concedido el recurso.

Contrariamente, cuando la Cámara considera que el recurso es extemporáneo, o que la sentencia no es definitiva o que la cuestión planteada es fáctica o bien que la impugnación -fundada en infracción a una norma de derecho o en arbitrariedad en la valoración de los hechos y pruebas- no se basta a si misma, o que no se ha cumplido con el depósito, declara inadmisible el recurso de casación, decisión que, como ya se dijo, puede ser recurrida ante esta Corte a través del recurso directo de queja.

Efectuadas las precisiones precedentes, cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto la parte actora interpuso en término el recurso de casación, contra una sentencia definitiva, dio cumplimiento con el depósito e invoca con argumentos bastantes omisión en la consideración de hechos y pruebas de la causa. Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 111 del 15 de abril de 2005 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, glosada a fs. 219/222 de autos. En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE dicha sentencia, dejando sin efecto los puntos III, IV y V, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y remitir los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado. En lo relativo al agravio tratado en el parágrafo IV.1., NO HACER LUGAR al mencionado recurso.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030779-02.