marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pericia médica, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Galarza, Juan Domingo c/ Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos s/ Indemnización Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-19

El perito se ha limitado a determinar la relación de causalidad sin dar ninguna fundamentación y sostenerla sólo en que el actor realizaba servicios en la calle. A más resulta contradictorio el perito ya que por un lado da como que la causa principal de la producción de várices a la "hipertensión gravitacional ortostática, producto de la estación bípeda" que quiere decir la hipertensión gravitacional por permanecer de pie en forma estática. Luego por otro sostiene que las tareas descriptas por el actor se encuadran dentro de la causa principal. Leyendo la demanda no se alcanza a comprender de dónde saca esta conclusión el perito ya que el actor sólo dijo que realizaba guardia de reclamos y servicios en la calle.

En momento alguno sostuvo que permaneciera de pie en forma estática.
Demanda, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ALVAREZ OLGA YOLANDA c/ ALDO DANIEL GIRARDINI Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-18

Si un decreto cuestionado fue dictado de oficio en cuanto decidió "por aclarada la demanda en la forma que se expresa con respecto al nombre del demandado y lo manifestado".- En consecuencia: si de esa manera fue recibido el pedido formulado por la actora en el sentido de que hacía constar el verdadero nombre de la persona contra la que había interpuesto su acción resarcitoria, no se puede volver sobre ese tema, máxime cuando en autos aparece la constancia de que se rectificó la carátula del expediente y libro de entradas, por ello corresponde desestimar la nulidad articulada y dejar sin efecto la resolución cuestionada.-
Sentencia absolutoria, robo en poblado y en banda, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Monjes, Mariano Martín c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-10

Corresponde absolver al imputado en orden al delito de robo agravado en poblado y en banda, en grado de tentativa, dada la imposibilidad de interrogar al damnificado durante el debate -por haber fallecido antes de su inicio- y la inválida incorporación de su declaración prestada durante la instrucción, pues la restante prueba valorada por el tribunal sólo pudo adquirir sentido si se las vinculaba con aquella incorporada inválidamente, razón por la cual cabe considerar que se verificó una errónea valoración de la prueba y que la participación del imputado en el hecho no fue acreditada más allá de toda duda razonable, art. 3 CPPN (voto del juez Sarrabayrouse).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia, rechazo de la demanda, régimen de garantía de los depósitos, Ley de Entidades Financieras
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: La Provincia Franciscana San Francisco de Asís c/ B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda tendiente a hacer efectiva la garantía de los depósitos establecida en la ley 21.526 (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: I., M.I.; G., G. s/ Recurso de Queja en autos "I., M.I.; G.G. s/Amparo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-29

La queja es un recurso ordinario concedido al litigante que ha deducido apelación y se agrava por la denegación de ésta, con la finalidad de reparar el error respecto de la admisibilidad de una apelación.
Empleados públicos, reclamo salarial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Noble, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

De acudirse a la "actualización, reajuste o indexación" se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561.(doctor Soria, mayoría)
Despido, intervención de terceros
Materia: LABORAL
Carátula: Damele, Alberto Rubén c/ Administración General de Puertos S.E. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-27

La demandada A.G.P. y el tercero citado DNVN se vincularon mediante un convenio en cuyo marco los trabajadores dependientes de este último serían "adscriptos a la Administración". De esta manera, la DNVN abonaría "los gastos correspondientes a las retribuciones normales, habituales y permanentes (sin horas extraordinarias) y sus cargos sociales", mientras que A.G.P "abonaría el desempeño de servicios extraordinarios, a fin de ejecutar los trabajos motivo de este Convenio". Queda descartado que las tareas que realizaba el actor para AGP a partir de las 14 hs respondieron a su situación de revista con la DNVN, ya que no es el del caso un supuesto de adscripción administrativa, en tanto no se trata de un agente que fue "desafectado" de su cargo para satisfacer necesidades excepcionales de algún organismo -art. 8 de la ley 24156-, sino que el mismo continuó prestando tareas, de acuerdo a su situación de revista, para la DNVN en forma concomitante. En consecuencia, corresponde concluir que el actor y la AGP se encontraban vinculados por un contrato de trabajo en los términos de los arts. 21 a 26 y 37 L.C.T., resultando ajustada a derecho la situación de despido en que se colocó ante el desconocimiento de la relación.
Recurso extraordinario, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: VERAGUA, JULIO EDUVIGIO c/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO s/ AMPARO-ARBITRARIEDAD-INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-28

El plazo para interponer recursos extraordinarios contra la sentencia dictada en un proceso de amparo debe computarse en días corridos, pues, rige el principio general establecido en el art. 597 del código de procedimiento civil, del cual solo se excluye el plazo correspondiente al recurso de apelación.
Despido, prueba, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Moreyra Zulma Rosana y otra  c/ Sucesores y Herederos de Felisa Adelfa Pueyo y otras  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-03

En el caso de autos, la falta denunciada para despedir a la trabajadora, es contractual. La necesidad de la "demostración de la autoría material o participación en el hecho delictual" remite a una prueba de responsabilidad sobre el hecho concreto y ello no se condice con la evaluación de la satisfacción o no de los deberes contractuales. Es una exigencia impropia para el supuesto bajo examen. Una cosa es enrostrar un delito y otra muy diferente un incumplimiento en deberes ínsitos en el contrato. Puede haber delito penal que sea indiferente en lo civil, por no existir daño privado; o bien ilícito civil no punible en lo penal, por falta de tipicidad (Voto Romero. Adhesión Arnolfi)
Prescripción de la acción penal, ley penal más benigna, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: García, Alberto Oscar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

Si bien la reforma del art. 67 del C.P., introducida en virtud de la sanción de la ley 25.990 (B.O. del día 11 de enero de 2005), puede generalmente llegar a considerarse como una ley penal más benigna en relación al anterior texto legal, por cuanto la interpretación judicial que se realizaba del término "secuela de juicio" permitía la consideración como actos interruptivos de la prescripción a una cantidad más numerosa de actos procesales que los taxativamente previstos por la nueva ley; lo cierto es que en el caso de marras la situación del imputado no varía en modo alguno según se aplique cualquiera de las dos versiones legales, puesto que al encartado tan sólo se lo ha llamado a prestar declaración indagatoria, acto en relación al cual ambas disposiciones legales coinciden en asignarle el correspondiente carácter interruptivo. De la compulsa de los actuados, surge que desde las fechas de comisión de los hechos imputados como delito de estafa (art. 172 del C.P.) hasta el llamado a prestar declaración indagatoria no ha transcurrido el plazo de 6 años previsto como máximo para el delito de marras, por lo que la acción penal debe considerarse incólume y vigente, debiendo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal).
Proceso penal, interpretación de la ley, igualdad ante la ley, recursos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duque  Salazar,  Francisco  Javier s/ su  presentación en causaD.1924.XXXVIII  "Duque  Salazar,  Francisco Javier - Dercan, DinaGloria s/ sus extradiciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

El precepto contenido en el art. 441 del Código Procesal Penal de la Nación tiene como fundamento evitar la existencia de fallos contradictorios ante idénticas o análogas situaciones en aras de preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia, a punto tal que este efecto extensivo ha sido reconocido incluso para considerar alcanzado al imputado que hubiera desistido de la apelación interpuesta.
Denuncia ante el juez, plazos procesales, oportunidad procesal, presentación extemporánea, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Podesta, Miguel s/ Nulidad. Causa 10074
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

El incumplimiento del plazo previsto por el art. 180 no acarrea nulidad alguna, ya que, pese a que los términos del proceso son perentorios e improrrogables, no siempre la extemporaneidad acarrea la nulidad, máxime cuando se trata de una actividad indisponible para el desarrollo del proceso y no afecte principios constitucionales.
Desaparecidos, indemnización, reparación económica para familiares de desaparecidos, aplicación temporal de la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: Marino,  Miguel  Angel c/ Ministerio  del  Interior - Subsec. Derechos Humanos y Soc. s/ Subsec. Derechos Humanos y Soc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La ausencia en la ley 24.411 y en su reglamentación de una determinación precisa acerca del ámbito temporal en el que debieron ocurrir los hechos para acceder al beneficio extraordinario que instituyen, no autoriza a extenderlo irrazonablemente a cualquier período histórico en el que se haya producido una crisis institucional en la República.
Procedimiento contencioso administrativo, domicilio constituido
Materia: PROCESAL
Carátula: Echalar, Fanny Alejandra c/ Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-03-12

El domicilio procesal constituido es en el que cabe practicar la notificación de la sentencia definitiva, de acuerdo a lo establecido en el art. 40 del código de rito civil y comercial de la Provincia de Salta, aplicable al proceso contencioso administrativo -como se dijo- en virtud del art. 23 del C.P.C.A.

El art. 42 del C.P.C.C. prescribe que los domicilios a que se refieren los arts. 40 y 41 de dicho cuerpo legal subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
Prisión domiciliaria, interés superior del niño, mujeres en establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: ARNALDO, Yésica Anabel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

En el marco de la solicitud de prisión domiciliaria en términos del art. 32, inc. f, de la ley 24.660, cuando los derechos que asisten a las mujeres condenadas o inmersas en procesos penales entran en conflicto con los intereses de los niños o niñas, son estos últimos los que deben primar. La sola constatación de que los niños o niñas afectados puedan encontrarse al cuidado de otra persona con sus necesidades básicas cubiertas es insuficiente para demostrar que se tuvo en especial consideración el interés superior de aquéllos, puesto que éste se encuentra íntimamente ligado al derecho que tiene todo niño o niña a crecer junto con su madre, que se desprende de diversas normas de derecho internacional, como por ejemplo, las reglas nº 28, 22, 42, 49, 52.1 y 52.3, 64 de Bangkok, los arts. 3.1, 5.1, 9.1, 9.3, 18.1 y 21 de CDN y en el derecho doméstico los arts. 3, 5, 7, 11, 35 y 37, 39 de la Ley nº 26061. También se ha dejado de lado el límite etario de los incisos "f" de los arts. 10, CP y 32, Ley 24.660, en tanto se consideró que la edad del niño o niña afectados por la decisión no podía resultar un impedimento para la concesión de la prisión domiciliaria pues, en el marco de la citada normativa, dicho obstáculo legal debía relativizarse (voto de los jueces Sarrabayrouse y Morin)
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CALISTA, DINO GABRIEL s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 983
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

El tribunal de mérito aprecia libre y prudencialmente la eficacia probatoria de los medios de prueba de la causa; en este aspecto es soberano y mientras ese material aparezca enunciado en forma correcta en la sentencia y esté constituido por elementos legalmente admisibles, como en este caso, la casación no puede controlar el acierto o desacierto de su juicio. (Voto del Dr. Madueño).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo Miriam Elizabeth c/ Santillán Gaspar y Otros s/ Reivindicación - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-09-08

Resulta improcedente el recurso de casación incoado por la parte demandada, y en su mérito debe confirmarse la sentencia puesta en crisis, pues los agravios esgrimidos se centran en el modo en que el a quo valoró la prueba que sirvió de sustento para declarar procedente la acción reivindicatoria y en consecuencia, rechazar la prescripción adquisitiva del hoy casacionista, materia que se encuentra excluida de control en esta etapa recursiva, propia de los jueces de grado, salvo palmaria arbitrariedad. En suma, el recurrente si bien invoca violación y aplicación errónea de la ley procesal y de los arts. 2790, 3270 y 4003 del CC y 24 de la Ley 14159 por parte del decisorio recurrido, su cuestionamiento se centra sólo en la forma de valorar el plexo probatorio; es así que resulta insuficiente para tornar irrazonable el silogismo utilizado por los sentenciantes al sustentar la decisión en cuestión.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Abait, Gabriel s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-21

Conforme al art. 207 del C.P.C.Ch. como consecuencia de la provisoriedad de las medidas cautelares y para el evento que se hubiesen ordenado y cumplido antes de la demanda principal, se ha establecido la caducidad de las mismas de pleno derecho, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba. Es decir, que cuando el derecho tutelado es exigible o a partir del momento en que adquiere tal calidad, el sólo transcurso del plazo, sin que se promueva el pertinente proceso, acarrea la extinción de la medida. No se requiere en consecuencia petición de parte, ya que la cancelación no es sino una resultante que viene impuesta por la ley y que procede de oficio. El plazo de diez días, que reviste carácter perentorio, se computa desde la efectiva traba de la medida cautelar, aun cuando la respectiva resolución no se encuentre firme en virtud de haber sido recurrida.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, aplicación de la ley, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Elementa SRL s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-15

Procede admitir la queja por cuanto, en el caso, si bien la resolución denegatoria de la apelación fue fundada en el régimen de inapelabilidad previsto por el CPR 379; sin embargo, esta Sala ha admitido excepciones a tal precepto (v. "Sew Eurodrive Argentina SA c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G s/ ordinario s/ Queja", del 10/06/11, y los precedentes allí citados), que se fundaron en el gravamen irreparable derivado del alcance del pronunciamiento apelado en cada caso. En el particular, se advierte que el pronunciamiento atacado resulta susceptible de ocasionarlo, teniendo en cuenta la alegada confidencialidad de los datos obrantes en la documentación que en copia se requiere poner a disposición de los peritos y que, según lo invocado en la queja, no tendría relación con los puntos de pericia; máxime que, de acuerdo con el apercibimiento establecido en la decisión apelada, podría disponerse la conclusión de la labor pericial y tener presente la conducta de la recurrente para el momento de dictar sentencia. Cabe agregar que no se ignora el trámite sumarísimo asignado a este juicio ni la regla impuesta por el CPR 498-6°, pero en estas actuaciones ya se han admitido otros recursos interpuestos por la actora, que fueron tratados, por lo que no hacerlo en esta oportunidad importaría alterar el principio de igualdad procesal.
Accidente de tránsito, patrullero, vehículo en emergencia
Materia: CIVIL
Carátula: PORTORREAL LUCIO LUIS c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

No obstante las franquicias que las leyes o reglamentaciones puedan conferir a un móvil policial, éste no está facultado para apartarse de las reglas de circulación relativas al paso de bocacalles, ni de la observación de las luces, de los límites de velocidad o del adecuado anuncio de su paso, puesto que su raudo accionar no excusa a las actitudes temerarias en el manejo del vehículo, lo cual no puede encontrar justificación en el estado de emergencia que se atribuye al patrullero, que exigía el uso de la sirena como el signo más evidente que el patrullero debía desplazarse a velocidad mayor que la permitida en esta ciudad.
Nulidad procesal, daño cierto, daño irreparable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FADELLI DE GRAFFIGNA LILIANA L. c/ RAMON TOMAS ROMEO Y OTRO s/ Reivindicación (LIBRO: A132 - 064)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-26

La improcedencia de la nulidad pretendida es palmaria, por no mediar en los nulidicentes perjuicio cierto e irreparable (lo que significa que no pueda subsanarse sino con el acogimiento de la sanción, y como se ha puntualizado con el Pretorio de grado, la parte tiene la oportunidad y todo el proceso por delante para probar los erróneo o falso de tales manifestaciones), siendo que "...para que progrese la articulación nulitiva, debe acreditarse la existencia de un perjuicio cierto e irreparable.

El fundamento de esta exigencia de demostración del daño, es la necesidad de diagnosticar jurídicamente si la irregularidad ha colocado o no a la parte en estado de indefensión práctica.

El perjuicio debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos.-
Astreintes, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cañete, José Domingo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-03

Las particulares características de las astreintes no obstan a la necesidad de la existencia de una causa eficiente y la correspondiente evaluación de la conducta de la deudora para decidir su no aplicación. En tal sentido ha dicho la jurisprudencia: "En razón de su provisoriedad, las astreintes no causan estado ni pasan en autoridad de cosa juzgada, y pueden ser revisadas y aún dejadas sin efecto si el deudor justifica total o parcialmente su proceder. Pero la viabilidad de estas alternativas sólo puede se examinada con motivo u ocasión del cumplimiento de la obligación a la cual acceden" (cfr. C.N.A.Civ., Sala I, sent. del 26.08.97, "De Tomasco de Aisen, Alicia I. c/ Aisen, Eduardo"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alasino, Hugo c/ Kosic, Ana s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

El propietario de un bien inmueble, tiene, como consecuencia de esa sola condición, derecho de recuperarla de manos de terceros, salvo que éstos ostenten, a su vez, un título que les dé derecho de mantenerse en la ocupación; luego, este título constituye un hecho impeditivo del derecho del propietario que debe ser probado por el accionado que lo invoque en su defensa -art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial-.
Abuso sexual simple, abuso sexual de menores, irretroactividad de la ley penal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de Apelación presentado por el Dr. Rodrigo González Miralpeix Fiscal Penal Nº 2 en contra de la resolución de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en la causa en contra de C., R. D. - apelaciones garantías sin preso - recurso de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-08-05

La acción penal por el delito de abuso sexual simple se encuentra prescripta ya que corresponde estar a la redacción original del art. 63 del Código Penal -que no contenía norma alguna que dispusiera la suspensión o interrupción del curso de la prescripción cuando las víctimas fueran menores- por cuanto las sucesivas leyes que lo modificaron, además de ser posteriores al hecho -"leyes ex post facto"- no resultan ser más benignas para el imputado (cfr. art. 2º del Código Penal). Es que si una ley define a la acción penal como sujeta a prescripción y es reformada por otras ulteriores, las modificaciones están alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa.