Prisión preventiva, enfermedades, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Stella Maris c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-28

Corresponde conceder el arresto domiciliario a la encausada teniendo en consideración la especial situación de encierro y el estado de salud alegado por la nombrada que la ubica en un particular estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos y derivaciones de la pandemia originada por la propagación del virus COVID-19, por lo que corresponde en el caso la adopción de medidas que se complementen con principios humanitarios, sanitarios y que se tenga en cuenta el Interés Superior del Niño. La difícil situación que se encuentra atravesando nuestra sociedad actualmente, requiere, para poder sortearla, de los esfuerzos y sacrificios de todos los integrantes de nuestra comunidad; las autoridades judiciales no pueden ser ajenos a ello, debiéndoseles exigir la demostración de suficiente capacidad de maniobra y adaptación para evitar cualquier posible escalamiento de la crisis sanitaria. En tal sentido, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del Covid-19 y para evitar que la epidemia "arrase" con las personas detenidas, resulta un deber esencial de la justicia el tomar las medidas urgentes necesarias para proteger la salud y la seguridad de los sujetos privados de su libertad. El voto concurrente agregó que el encierro preventivo de la encausada Miranda no solo repercute en su situación individual, sino que se proyecta sobre su núcleo familiar, concretamente su hijo de nueve años de edad. Por tanto, en la especie debe gobernar el principio constitucional de trascendencia mínima de la pena. Las especiales circunstancias que atraviesa la República reclaman ingentes esfuerzos por parte de toda la ciudadanía, pero en particular de los poderes del Estado, en pos de la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Bajo estas previsiones, la detención domiciliaria constituye la solución aceptable para los casos en que el encierro carcelario implica una afectación que trasciende a la persona privada de libertad, si desde siempre se reclama que las penas no se proyecten a la familia del justiciable. Es que el principio de intrascendencia mínima los hijos no deben bajo ninguna circunstancia purgar la responsabilidad de los padres. Por lo demás, resulta imperioso resaltar cuantas veces se advirtió sobre la crisis del hacinamiento y las deficientes condiciones prisionales, en el anticipo de una letalidad propia de una auténtica necropolítica carcelaria. En los días que corren el alto riesgo de contagio por la pandemia impone un urgente giro y cambio de óptica, con la implementación de medidas de alcance masivo. Mientras tanto, la determinación judicial no puede ignorar estos condicionantes y, en obediencia a superiores exigencias jushumanistas, está llamada a detener el "encruelecimiento" del encierro en la concreta situación de los casos puntuales sometidos a decisión. La disidencia parcial sostuvo que correspondía devolver las actuaciones a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento, ajustado a las actuales circunstancias, junto con los demás recaudos previstos en la normativa vigente, y las consideraciones señaladas-circunstancias invocadas por la parte recurrente y la situación extraordinaria por la que atraviesa nuestro país y el mundo casi en su totalidad que exigen un nuevo análisis de la cuestión planteada-, con la celeridad que el caso impone. Dres. Hornos, Slokar -voto concurrente- y Barroetaveña -en disidencia parcial-.