Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-04


Comodoro Rivadavia, cuatro de julio de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "O, S N c/ A A S S.R.L s/ DEMANDA LABORAL" Expte. N° 16.245/2007, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. N° 876/2001), por haber interpuesto a fs. 385/386 recurso de apelación los Dres. E J M y M P, por propio derecho, contra la regulación de honorarios de fs. 369/381 vta., por bajos. A fs. 621, la demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria no 137/2006 de fs. 613/620, que aprueba la liquidación de capital, intereses e indemnización art. 80 y arts. 132 bis LCT, practicada por la actora.

Recurso de los letrados de la actora:

A fs. 385/386, se agravian los letrados por considerar que la regulación de honorarios correspondiente al punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia no. 55/2006 de fs. 369/381, resulta baja e insuficiente. Solicitan se incremente la misma en base a las normas arancelarias y teniendo en cuenta la calidad, extensión y resultado de los trabajos realizados y se determine la regulación en porcentajes. Sostienen que si bien la a-quo manifiesta haber tenido en cuenta el monto del proceso, éste no ha sido considerado en su totalidad pues, en primer lugar, la suma de $5.525,76 es el importe nominal de la demanda al que se le deberá adicionar la tasa de interés que ordena la sentencia y, en segundo lugar, la suma correspondiente a la condena por el artículo 132 bis de la LCT, aún no ha sido establecida estando condicionado su monto a lo que resulte de la liquidación pertinente. Agregan que ante dicha imposibilidad de determinar el monto del proceso en su totalidad, el que deviene por ello impreciso, es que la suma fijada en concepto de honorarios resulta insuficiente debiendo ser determinados en porcentuales conforme lo prevé el art. 47 de la ley de aranceles profesionales.

Tal como lo mencionan los recurrentes, criterio que ha sostenido nuestro Superior Tribunal de Justicia: "los jueces -en principio- deben practicar las regulaciones de honorarios, de conformidad con las prescripciones de las leyes arancelarias locales, y el artículo 6 del Dto. Ley nº 2.200 establece las pautas a tal fin, siendo la de apreciación cuantitativa la primera mencionada. Si la fijación del honorario contribuye a dignificar la profesión, y deben ser tratados con la mayor delicadeza y perfecta conveniencia" -Consejo de la Orden de Abogados de París del 13 de Junio de 1899-, la determinación previa del monto del proceso adquiere relevante significación, a fin de deducir un nivel de proporcionalidad y razonabilidad entre el quantum del pleito y el estipendio a otorgarse, sin perjuicio de atender a las pautas cualitativas que el régimen de aranceles también ha previsto (STJCH Sent Int. 44/2000).

De lo señalado precedentemente, se colige que el monto del proceso si bien es una de las más importantes, no es la única pauta a tener en cuenta a los fines regulatorios, existiendo además un conjunto de pautas generales - naturaleza y complejidad del asunto, labor desarrollada, extensión del trabajo, etc., que constituyen la guía permanente para lograr una retribución justa y razonable, de modo tal que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de dicho monto del juicio o de las escalas pertinente, debiendo los jueces atenerse a las particularidades de cada caso procurando mantener la "ratio legis" que orienta la referencia legal a la cuantía del proceso, la justa retribución de las tareas en orden a la solvencia patrimonial del obligado al pago, el grado de responsabilidad profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada.

Conforme surge de la sentencia dictada ha quedado determinado el capital de condena por haberes adeudados, la tasa de interés a aplicar y demás prestaciones a cargo del deudor, precisando que respecto al monto en concepto de sanción conminatoria (art. 132 bis LCT) éste se fijará de acuerdo a la liquidación a practicar oportunamente.

De lo expuesto se colige que el monto total de condena por los rubros acogidos de manera favorable al interés de la actora, no ha podido ser determinado al momento de dictar la sentencia y de regular honorarios, por lo que se torna operativa la última parte del artículo 47 de la ley 4335 asistiendo razón a los recurrentes en dicho sentido.	Por ello, teniendo en cuenta la labor desarrollada -se interpuso demanda, produjo prueba y se obtuvo sentencia en beneficio del interés de su representado-, tipo de proceso, etapas cumplidas, monto del juicio y éxito obtenido se concluye que la regulación fijada a fs. 381, debe ser adecuada a las pautas señaladas y fijar los honorarios en porcentajes ( art. 47 última parte ley 4335 t.o).

En consecuencia, en base a las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde revocar el punto 2º) de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 381 y regular los honorarios de los Dres. E J M y M P en forma conjunta teniendo en consideración el mérito de los trabajos profesionales y su resultado, en el veinticinco (25%) del monto del proceso conforme se establezca oportunamente (arts. 6, 7, 9 y concordante e la Ley 2200 y modif. Ley 4335).	Recurso de la demandada:

Con relación al recurso, la parte en su escrito de fs. 760, declara que expresa agravios subsidiariamente a la pretensión de suspensión del proceso que interpone en dicho acto, a efectos de mantener el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria no. 137/2006. Afirma que la sentencia dictada agravia los intereses de su parte, por entender que la liquidación de fs. 292/293, no se ajusta a la verdad objetiva ni a las prescripciones de la sentencia. Sostiene que su parte ha acreditado con la documental que adjuntara oportunamente, el cumplimiento de su obligación de ingresar los importes correspondientes al sistema "provisional" (sic). Agrega nueva documental a los fines de que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones previstas por el art. 132 bis LCT (actas notariales, constancias de pago moratoria ante la AFIP, etc). Cuestiona nuevamente la procedencia de las sanciones e indemnización previstas por los arts. 80 y 132 bis de la LCT. Reitera argumentos de escritos anteriores. Solicita se apruebe la liquidación efectuada por su parte y que se adecuen los honorarios regulados conforme los montos de condena que considera correctos. Hace reserva del caso federal y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A fs. 772/776, contesta el traslado la actora, solicitando el rechazo del recurso de la contraria, con costas. Alega que la expresión de agravios de la demandada no consisten en una crítica concreta y razonada del fallo impugnado. Manifiesta que la contraria a través de su seudo impugnación de liquidación, pretende modificar la cosa juzgada de la sentencia dictada en autos. Insiste que sólo se cuestiona la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 LCT y la sanción del art. 132 bis de dicho cuerpo legal, y diferencia por sueldo anual complementario, rubros todos que han sido establecidos por la sentencia definitiva nro. 55/06, que se encuentra firme y consentida. Sostiene que las defensas de la parte debieron ser argüidas en la etapa procesal oportuna, no siendo procedente hacerlo en la instancia de impugnación de liquidación por el principio de preclusión procesal. Agrega que la documental adjunta por la demandada, respecto al plan de facilidades de pago de deudas al sistema de seguridad social y previsional ante la AFIP, no acredita el pago de los aportes de la actora por no haberse constatado el personal dependiente por el que se abonó el mismo. Reitera que el hecho generador de la sanción del artículo 132 bis de la LCT, fue acreditado en autos tornando operativa la norma. Insiste en la falta de acreditación de los importes correspondientes a los sindicatos. Aduce que la sanción deja de devengarse cuando el empleador acredite fehacientemente haber ingresado los importes retenidos, lo que no ha ocurrido en autos y, en caso que así fuere, no purga los créditos ya devengados hasta ese momento. Sostiene la procedencia de los cálculos efectuados en la liquidación de autos. Concluye que la crítica realizada por la contraria no reúne los requisitos necesarios para sostener adecuadamente la apelación deducida, pues carece de la queja concreta al fallo en sí y a la liquidación impugnada en su oportunidad. Agrega que no se objeta en forma concreta y efectiva los procedimientos realizados para el cálculo de los intereses y fechas de inicio de los periodos de los rubros reclamados, sino que se centra la discusión en la procedencia de dichos conceptos pretendiendo modificar los efectos de la cosa juzgada.

En primer lugar, conforme el criterio que uniformemente sostiene esta Cámara, el tribunal ad-quem es el juez del recurso, siendo éste el facultado por la norma procesal para determinar el cumplimiento de las formas y admisibilidad del recurso.

Por ello, cuestionada la suficiencia del recurso por la actora, se señala que esta Sala ha sostenido un criterio moderado con relación a la estrictez de la forma de los recursos, por lo tanto, a pesar de las falencias denunciadas con relación al memorial de la contraria, habiendo la recurrente individualizado los agravios aunque en forma escueta, y por el respeto al principio del derecho de defensa, se opta por la subsistencia del recurso de la demandada y así se declara.

Adentrándonos a la cuestión a resolver, surge de la sentencia interlocutoria de fs. 613/620 y de los agravios de la demandada, que el debate se centra respecto de los rubros incorporados a la liquidación de autos, en concepto de la sanción del art. 132 bis de la LCT y la indemnización del art. 80 LCT, monto de condena y aplicabilidad del decreto nac. no. 1384/2001 y los efectos de cosa juzgada de la sentencia definitiva de primera instancia.

No es ocioso recordar que uno de los principios que rigen el ordenamiento procesal es el de preclusión de las distintas etapas de cada juicio, entendiéndose por tal la pérdida o extinción del derecho a cumplir un acto procesal debido a la decadencia del término, a la falta de ejercicio del derecho en tiempo oportuno, a la incompatibilidad de una actividad ya cumplida y al hecho de haber ejercido una vez el derecho.

Como se observa en el caso, la demandada perdió su derecho a apelar la sentencia definitiva de fs. 369/381 vta., habiéndose declarado desierto el recurso a fs. 394, como consecuencia de no haber presentado el memorial de expresión de agravios en tiempo y forma (art. 62 ley 69 modificado por el art. 9 ley 160). En consecuencia, la oportunidad procesal para impugnar el monto de condena de la sentencia así como la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT o de la sanción del artículo 132 bis de este cuerpo legal precluyó para la demandada en virtud de no haber ejercido su derecho en tiempo oportuno y ser la pérdida del derecho la sanción prevista por la ley procesal. A lo que corresponde agregar que en el caso de autos, la consecuencia de la pérdida del derecho a impugnar, otorga firmeza al fallo dictado en primera instancia.

En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: "La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló en su oportunidad la correspondiente impugnación (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala II, 6/10/92. DJ 1993-1-963. Citado por Enrique Falcón. "Procesos de conocimiento "Tomo I. PÁG 409. Rubinzal Culzoni).

Ahora bien, cabe hacer el distingo entre cosa juzgada y preclusión. Así se ha dicho que preclusión sería un supuesto de cosa juzgada formal en el sentido de que los resultados procesales no son directamente atacables dentro del mismo juicio, en tanto, cosa juzgada agrega a la situación anterior el hecho que lo resuelto no puede ser discutido ni alterado a través de un nuevo proceso (En este sentido: CCCom. Paraná, Sala II, 20-5-96, " L S c/ G A s/ Sumario" c. 202, 51980 S, magistrados votantes: Samitier-Pita-Blanc. Citado por Peyrano-Carbone. "La impugnación de la sentencia firme" Tomo II. Ed. Rubinzal Culzoni. Pág. 418).

Siguiendo estas premisas, en relación a la definitividad de la sentencia, cuando se debate la existencia o no de cosa juzgada, no obstante el fallo impugnado se trate de una sentencia interlocutoria al discutirse lo atinente al desconocimiento de la cosa juzgada, la cuestión controvertida asume gravedad institucional, pues la finalidad de este instituto es evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y que la cuestión resuelta no pueda discutirse de nuevo, no sólo en el mismo proceso, sino en ningún otro en el futuro. De allí que la cosa juzgada sea un instituto que comprometa la seguridad misma de las instituciones judiciales y como tal, su alegado desconocimiento o violación excede el mero interés particular de las partes proyectándose negativamente sobre los intereses mismos de la comunidad (CSJ Tucumán. "Centeno Víctor Enrique c/ Municipalidad de Concepción s/ Enfermedad accidente" 22-4-94. En igual sentido: CSJN. Fallos 248:232, 272:180, entre otros. Ob. Cit. Págs 420, 421 y ss).

Así entre dos valores jurídicos: seguridad y justicia, debe primar este último. En este sentido se ha dicho que incluso el obstáculo que para la revisión de la cosa juzgada írrita significa la negligencia probatoria del interesado, puede superarse mediante los arbitrios pretorianos de la verdad jurídica objetiva y del exceso ritual manifiesto.	En este orden de ideas, si bien en el presente recurso concedido en relación y con efecto suspensivo, por su modo de concesión no es admisible la apertura a prueba y la denuncia de hecho nuevo (art. 275 del CPr), en aras de la verdad objetiva y porque lo contrario afectaría el derecho de defensa de la parte en base a un rigorismo formal es que se considerará la documental adjunta al memorial de agravios de la demandada, ello en virtud que la contraria no ha sufrido menoscabo alguno en su derecho y a respondido a los agravios de la recurrente con relación incluso a la prueba que se pretende incorporar en esta instancia.

En primer lugar, retomando lo señalado con anterioridad, para que la sentencia judicial se le pueda reconocer el efecto de cosa juzgada y por lo tanto su inmutabilidad, debe ser consecuencia de un proceso contradictorio en el cual el demandado haya tenido adecuada y sustancial oportunidad audiencia y prueba. En el caso de autos, el demandado ha contestado demanda, ofrecido y producido la prueba que hacía a su derecho con relación a la pretensión de la actora, habiendo recaído sentencia definitiva por la que fue condenado al pago de diferencias salariales, otorgamiento de certificado de trabajo art. 80 LCT, y sanción conminatoria del art. 132 bis LCT, atento haberse detectado la falta de ingreso de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y previsión de acuerdo al encuadre dentro del CCT de empleados de comercio. Como se reseñara precedentemente, dicha sentencia ha quedado firme para la demandada en virtud de haberse declarado desierto el recurso interpuesto, con ello ha adquirido firmeza el fallo por el que se hiciera lugar a la pretensión de la actora, en especial, la aplicación de la indemnización del art. 80 y sanción del art. 132 bis, todos de la LCT.

Es decir, el demandado quien ha sido asistido profesionalmente durante todo el proceso no puede en la etapa de impugnación de la liquidación cuestionar la procedencia de dichos rubros, en virtud que el pronunciamiento ha quedado firme para su parte con efecto de cosa juzgada material. Por ello, en este sentido se rechazan los agravios de la demandada.

Distinta cuestión es el límite temporal de la aplicación de la sanción conminatoria del art 132 bis y el hecho que el empleador haya o no acreditado el cumplimiento de su deber de ingresar los aportes de la actora al sistema previsional y de seguridad social.

De la documental obrante en autos, complementada con la glosada junto al memorial de agravios y la respuesta de la AFIP del oficio de fs. 785 en la que se adjunta la documental de fs. 792/881, con especial referencia a los aportes ingresados a favor de la actora, por los periodos señalados en la misma (11/99 al 7/2001), se evidencia que la empleadora ha justificado fehacientemente el cumplimiento del ingreso al fisco de todos los aportes que prevé la norma.

Con relación a la crítica de la actora por la falta de acreditación del ingreso de aportes correspondientes al sindicato, se puede observar que a fs. 637, 639, 641, 642 y 648, obran las constancias de cancelación de deuda ante la entidad sindical y fecha de baja de la misma, con lo que queda acreditado el cumplimiento de su obligación por la empleadora.

Es pertinente recordar que la sanción prevista por el art. 132 bis de la LCT, es aplicable ante el caso de retención indebida de aportes por el empleador, no en el supuesto de la falta de ingreso de aportes por no estar registrada la relación laboral, conducta que la ley sanciona de distinta forma, no siendo el caso de la multa que nos ocupa.

Respecto al cumplimiento de las previsiones del decreto nac. 1384/2001, el caso de autos no puede subsumirse en el presente en virtud que para eximir al empleador de las multas por su incumplimiento de exige de parte del mismo un allanamiento y renuncia total (art. 3 del decreto), no siendo la conducta procesal asumida por el demandado en el presente, donde el empleador resistió la pretensión de la actora en su totalidad.

En cuanto a las demás defensas opuestas por el demandado, dado que no surge de autos que el proceso haya sido irregular, o que no se haya respetado el derecho de defensa de su parte, quien además no acreditó el conocimiento previo de la actora del pago de aportes, corresponde su rechazo. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es pertinente establecer como límite temporal de la sanción del art. 132 bis de la LCT el día 1 del mes de febrero de 2007, fecha en la que la parte incorpora al proceso la acreditación del cumplimiento de los pagos de aportes contemplados en la norma, manteniéndose la vigencia de los restantes periodos devengados.

Por lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada determinándose como límite temporal de aplicación de la sanción prevista por el artículo 132 bis LCT, en la fecha establecida precedentemente.	Atento el modo que se resuelve la cuestión, las costas de la Alzada se imponen a la demandada (art. 68 y 69 CPr). Se regularán los honorarios de los profesionales actuantes conforme el éxito obtenido, labor desarrollada, etapa procesal, e implicancia económica para el obligado al pago y, demás pautas orientadoras de la ley de aranceles para abogados (arts. 6, 7, 8, 9, 33, 14 y ss ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la	Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia,	RESUELVE:

1º).- Hacer lugar al recurso de apelación de los Dres. E J M y J M P de fs. 385/386 y, en consecuencia revocar el punto 2) de la parte dispositiva de la resolución de fs. 369/381.

2º).- Regular los honorarios de los Dres. E J M y J M P, en forma conjunta por su actuación en primera instancia en el veinticinco por ciento (25%) del monto del proceso.

3º).- Hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada de fs. 613/620 y establecer como límite temporal de aplicación de la sanción del art. 132 bis LCT el 1ro de febrero de 2007.

4º).- Costas de la Alzada a la demandada. Regular los honorarios de los Dres. E J M y J M P en el veinticinco por ciento (25%) de los que resulten en primera instancia y los de la Dra. S S. de los S en el veinticinco por ciento (25%) de los que resulten en primera instancia.

5º).- Tener presente las reservas del caso federal y de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos de fs. 770.

6º).- Regístrese, notifíquese, devuél-vase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Dr. Fernando Nahuelanca -Presidente-; Dr. Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 098 AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS