Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-19


Causa Nº 039-00-CC/2006 "Amflor S.A. s/ Superar capacidad habilitada de vehículos en medios de circulación- Apelación En n la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Osvaldo Oscar Albano, defensor de Clemente González presidente de Amflor S.A., a fs. 83/86 vta. de la presente, de la que;

RESULTA:

I.- Que se inician las presentes actuaciones a raíz del hecho consignado en el acta Nº 2-0815858, labrada el 21/7/2005, por superar la capacidad habilitada de vehículos estacionados (en medios de circulación) de la playa de estacionamiento para automotores ubicada en la calle Paraguay 1519/23 de esta ciudad.

II.- Que a fs. 36/41 la Controladora Administrativa Nº 7, Stella Maris Carrascal, luego de considerar el descargo presentado por la Defensa de la encartada resuelve, el 31/10/2005, condenarla al pago de cien pesos ($ 100) de multa en virtud de lo dispuesto en el art. 2.2.12 de la Ley Nº 451.

III.- Que a fs. 42 consta la solicitud de pase de las actuaciones a la Justicia Contravencional, efectuada por el abogado de Amflor S.A.

IV.- Que el 14/11/2005 el Juez Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº 10, Gabriel Eduardo Vega, resuelve notificar a la encartada y al titular del Ministerio Público Fiscal -a fin de que se expida acerca de su intervención-, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 1217 (fs. 47).

V.- Que a fs. 49, la Sra. Fiscal de Grado, María Teresa del Rosario Moya, decide abstenerse de ejercer la acción.

VI.- Que a fs. 52/57 el Albano, efectúa su descargo respecto de la infracción por la que fue condenada Amflor S.A., y realiza un planteo de excepción de falta de acción.

VII.- Que a fs. 58/59 el Vega decide rechazar la excepción de falta de acción y fija audiencia de juzgamiento para el 20/2/2006.

VIII- Que según consta a fs. 67/68, luego de celebrarse la audiencia, el Magistrado resuelve condenar a Amflor S.A. a la pena de multa de cien pesos ($ 100) dejando su cumplimiento en suspenso, por considerarla autora responsable del hecho por el cual fuera sancionada en sede administrativa descripto en el acta 2-0815858 consistente en superar la capacidad habilitada de vehículos estacionados en medios de circulación (art. 2.2.12 de la Ley Nº 451 y art. 7.7.3.2 del Código de Edificación), con costas. Los fundamentos de la sentencia obran a fs. 69/75.

IX.- Que a fs. 83/86 consta el recurso de apelación interpuesto por Albano, defensor de Clemente González, presidente de Amflor S.A. solicitando se revoque la sentencia dejando sin efecto la pena impuesta por considerar que resulta inconstitucional la interpretación de las normas aplicables efectuada por el Judicante. Subsidiariamente solicita se declare la inconstitucionalidad. Al respecto, afirma que: 1) La interpretación de la normativa en cuestión que realiza el Magistrado resulta contraria a las disposiciones constitucionales y autocontradictoria. 2) La norma aplicable resulta contraria al principio de razonabilidad, puesto que requiere la existencia de espacios libres por esta sola pretensión y sin tener en cuenta los perjuicios económicos que tiendan a la desaparición de esa fuente de trabajo no guarda relación alguna con los principios constitucionales. 3) La ley de fecha 1/12/2005, que si bien aún no se encuentra formalmente sancionada pero cuenta con una aprobación inicial, ha materializado las cuestiones relativas a el estacionamiento de vehículos en medios de circulación. 4) Siendo que la nueva norma ha hecho desaparecer lo agraviante de la ley anterior, la aplicación de una sanción en este caso se torna carente de sustento jurídico constitucional en orden a la finalidad que debe ostentar toda pena en nuestro derecho como requisito básico fundacional en los términos del Preámbulo, el principio de reserva y la finalidad del proceso. 5) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

X.- Que a fs. 87/88 el Sr. Juez de Grado concede el recurso de apelación impetrado, considerando que la impugnante ha alegado la causal de arbitrariedad.

XI.- Que a fs. 99 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar: ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso, ¿Resulta conforme a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso es dable mencionar que, tal como refiere el Magistrado de Grado, del remedio procesal intentado se desprende que el recurrente ha sustentado su planteo en el supuesto de arbitrariedad previsto como motivo de impugnación de la sentencia. Al respecto, alega que la interpretación de la normativa aplicada al caso realizada por el a quo resulta contradictoria, y al mismo tiempo plantea su inconstitucionalidad. Por lo tanto corresponde analizar si el remedio procesal intentado ha sido o no correctamente concedido.

En primer término y en cuanto a la pretendida tacha de inconstitucionalidad del art. 7.7.3.2 del Código de Edificación "Garages- Prescripciones constructivas- Punto g)" que establece que "Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo debe hacerse en marcha adelante y el camino de acceso desde la vía pública hasta cada módulo de estacionamiento debe quedar permanentemente expedito, prohibiéndose su ocupación por vehículos detenidos ..." , es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 226:688, 242:73, 300:241, entre otros).

De lo expresado se desprende que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraía la Constitución Nacional o en el caso la Constitución Local (CSJN Fallos: 307:1983). Dicha circunstancia en forma alguna se desprende de los argumentos del recurrente, argumentos que únicamente dejan entrever una mera discrepancia respecto de la conveniencia del criterio adoptado por el legislador, lo que conlleva necesariamente a su rechazo (CSJN Fallos: 253:362; 257:127; 308:1631, entre otros).

En efecto, no resultan suficientes para tachar de inconstitucional una norma ni tampoco su interpretación, las afirmaciones dogmáticas del impugnante al referirse a la inconveniencia de la normativa vigente. Ello al sostener que "... los garajes posibilitan el descongestionamiento de las calles mientras el estacionamiento tarifado por parquímetros obstaculiza la mejor circulación del tránsito achicando el perímetro de circulación e interrumpiéndolo cuando se debe estacionar o salir del parquímetro ..." (fs. 83 vta.), así, según su criterio "... violenta el principio de igualdad y razonabilidad a todas luces, si el Poder Ejecutivo por un lado fomenta el estacionamiento callejero en el centro y por otra parte lo entorpece en lugares cerrados como garajes y playas de estacionamiento. Suena carente de todas luces rasgarse las vestiduras por automóviles estacionados en el centro del garaje con personal que al instante ubica y trae para entrar y salir del garaje, que mantiene en los hechos expedita la vía de acceso, tal como manda la norma en juego, cuando por otro lado no existe vía expedita en ningún estacionamiento callejero para que puedan salir o entrar los automóviles a la zona del parquímetro, salvo después de las diez de la noche cuando el tránsito disminuye ..." (fs. 83) Igual solución merecerá el planteo vinculado con la tacha arbitrariedad de la sentencia por la interpretación de las normas que efectúa el Magistrado y la presunta contradicción en la que incurre, en razón de que no entraña la seriedad suficiente para denunciar un supuesto de arbitrariedad. Al respecto, cabe recordar que, tal como lo ha expresado este Tribunal en otras oportunidades, la arbitrariedad no puede ser genéricamente alegada y detonar de modo automático la competencia revisora de esta instancia, sino que para tener éxito debe explicar de qué manera se hallaría la decisión en crisis incursa en dicha excepcional circunstancia (causa Nº 362-00-CC/2004 "Godiñho, Juan José s/ tarjeta de chofer vencida", del 19/11/2004, causa Nº 421-00/CC/2005 "Morelli, Mariana Cecilia s/ exceso de velocidad -Apelación", del 15/12/2005, entre otras).

En efecto, de la lectura del remedio procesal intentado se advierte que el impugnante discrepa con la interpretación de la normativa aplicable que efectúa el Judicante, y los argumentos allí vertidos dejan traslucir únicamente una opinión diferente en cuanto al acierto de las disposiciones legales aplicables, pretendiendo con ello que el Juez de Grado desconozca lo dispuesto normativamente, puesto que en su opinión ello no sería lo mas conveniente para el tránsito en la ciudad, presumiblemente por el hecho que una "ley" aún no sancionada variaría el criterio legislativo imperante en la materia.

Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de la separación de los poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto del caso so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos 263:460), y que es improcedente una interpretación que equivalga a la prescindencia de la norma cuestionada, en tanto no medie a su respecto debate y declaración de inconstitucionalidad (Fallos 316:814; 315:727; 314:458).

A mayor abundamiento, cabe recordar que la Corte Suprema de la Nación ha establecido que "... la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (Fallos 312:246; 389:608, entre otros). Asimismo, y en cuanto a la presunta arbitrariedad de la decisión fundada en la autocontradicción de la sentencia, es importante recordar que la doctrina jurisprudencial que el máximo Tribunal Federal adoptó, para descalificar como actos jurisprudenciales válidos, este calificativo cuando la sentencia repudiada declaraba un precepto aplicable y sin embargo no lo aplica, cuando afirmaba y rechazaba a la vez un hecho relevante para la solución del caso o cuando negaba en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos (Conf. Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria; T I, capítulo XV - duodécima causal: incurrir en auto-contradicción, ed. Abeledo-Perrot, 1995). Se advierte que los supuestos graves que merecieron dicho calificativo distan mucho del de autos.

En razón de lo expresado, y teniendo en cuenta que los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación no alcanzan para demostrar los extremos exigidos para declarar la procedencia del recurso, puesto que las objeciones efectuadas se traducen en meras discrepancias con los argumentos de la decisión cuestionada respecto de la normativa legal aplicable, corresponde declarar mal concedido el remedio procesal intentado.

Asimismo, toda vez que el apelante no ha cumplido con la intimación dispuesta a fs. 93, corresponde que el Magistrado de Grado notifique dicha omisión al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por lo expuesto este Tribunal, RESUELVE:

I.- Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el representante de Amflor, fs. 83/86 vta.

II. Tener presente la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente quien deberá notificar al Colegio Público de Abogados de esta Ciudad, el incumplimiento del Albano a la intimación efectuada en el punto III de fs. 93.

Ante mí RI Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y deFaltas