Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16


Buenos Aires, 16 de julio de 2008	Visto: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario Jaime Kestelboim, interpuso la acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 113 inciso 2º de la CCBA) que luce a fs. 1/17 cuyos fundamentos fueran ampliados a fs. 33/41, con la finalidad de que el Tribunal "...pronuncie la inconstitucionalidad de la cláusula transitoria segunda de la Ley Tarifaria para el año 2008 y del detalle del Anexo I que fija un coeficiente de valor zonal (Ley Nº 2568, B.O. 2840 del 28/12/07)" (fs. 1) toda vez que dichos textos exhibirían una "...patente contrariedad con la norma contenida en el art. 51 de la Constitución de la Ciudad, en los art. 4, 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional y en el art. 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos" (fs. 1).

2. El Fiscal General, en su primer intervención de fs. 26/31, se pronunció a favor de la legitimación del Defensor General y estimó que no debería admitirse la presente acción declarativa pues no logra evidenciar la posible contradicción entre la cláusula transitoria segunda de la ley nº 2.568 y las normas de raigambre constitucional invocadas; criterio que mantuvo, a fs. 43/46, al expedirse sobre la ampliación de fundamentos de fs. 33/41.

3. La Asociación de Abogados de Buenos Aires, a fs. 48/50, se presentó en calidad de asistente oficioso en los términos del artículo 22 de la ley nº 402 y brindó argumentos en torno a la inconstitucionalidad de las normas objeto de acción declarativa. La jueza de trámite, a fs. 52, dispuso que se agregase el escrito y se lo tuviera presente para la etapa procesal oportuna.

4. El Defensor General, a fs. 54/56, ratificó su legitimación para instar la presente acción "...ampliando, así, los argumentos ya expuestos en el escrito inicial sobre este punto" (fs. 54).

5. A fs. 60/62, se presentó el Sr. Ernesto Pérez y solicitó ser tenido por parte en las presentes actuaciones con el patrocinio letrado del. Defensor General del Ministerio Público y de la Defensora General Adjunta. Manifestó su adhesión "...en un todo..." (fs. 60) a la acción declarativa de inconstitucionalidad que tramita en autos.

6. El Fiscal General, al emitir el dictamen de fs. 65/66, sostuvo que la presentación efectuada por el Sr. Pérez debía ser analizada a la luz de los artículos 19 y 20 de la ley nº 402 "...como si se tratase de una acción autónoma..." (fs. 65 vuelta). Señaló que el presentante se encuentra legitimado en los términos del artículo 18 inciso 1) de la ley mencionada y que, en la medida en que se adhiere lisa y llanamente a los escritos del Defensor General de fs. 1/17 y 33/41, correspondería declarar inadmisible la presentación del Sr. Pérez por las razones expuestas por la Fiscalía en los dictámenes precedentes de fs. 26/31 y 43/46.

7. El Defensor General, a fs. 69, desistió de la acción entablada.

8. Posteriormente, se presentaron con el patrocinio letrado de dicho funcionario y de la Defensora General Adjunta, los Sres. Manuel Álvarez (fs. 72/76) y Omar Héctor Boschiazzo (fs. 80/83) quienes a través de escritos de idéntico tenor objetaron la constitucionalidad de la cláusula segunda de la ley tarifaria para el año 2.008 (nº 2.568) y del detalle del anexo I que fija un coeficiente de valor zonal "en virtud de su patente contrariedad con la norma contenida en el art. 51 de la Constitución de la Ciudad, en los arts. 4º, 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional y en el art. 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Los actores hicieron suyos los fundamentos expresados a fs. 1/17 (acción declarativa que promoviera el Defensor General) y a fs. 33/41 (ampliación de fundamentos) y solicitaron al Tribunal que se admitiera su intervención "en carácter de parte actora litisconsorcial".

9. A fs. 71, la jueza de trámite dispuso acumular a la causa nº 5.726 los expedientes n° 5.937 y 5.938, caratulados, respectivamente, "Álvarez Manuel c/GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y "Boschiazzo, Omar Héctor c/GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".

10. El Fiscal General, a fs. 86/87, manifestó "que las presentaciones efectuadas por los señores Álvarez y Boschiazzo deben ser analizadas (...) como si se tratasen de acciones autónomas" y que debido a la lisa y llana remisión que ellos realizan a la demanda que fuera presentada por el titular del Ministerio Público de la Defensa correspondería declararlas inadmisibles por las razones expuestas en el dictamen de la fiscalía de fs. 26/31 y 43/46.

11. A las acciones a las que se hace referencia en los apartados anteriores (expedientes nº 5.726, 5.937 y 5.938) se agregan las que con igual objeto y fundamentos similares fueron iniciadas ante el Tribunal:

a) "Martínez, Carlos Eduardo y otra c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (nº 5.908).

b) "De Giacomo, Juan Carlos c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (nº 5.921).

c) "Laferrére de Elia, Mariana de c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (nº 5.923).

d) "Editorial Médica Panamericana Sociedad Anónima, Comercial y Financiera c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (nº 5.967).

e) "Brik, Daniel Jorge c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (nº 5.968).

12. En los expedientes indicados en el punto anterior el Fiscal General dictaminó en forma concordante al sostener que las acciones no deberían ser admitidas y al opinar que el Tribunal podría, si lo considerase conveniente, acumularlas al expediente nº 5.726.

13. Resta señalar que las incidencias aludidas más arriba han tenido lugar en la etapa formativa del proceso, es decir: antes de que el Tribunal se expida acerca de la admisibilidad formal de las presentaciones.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Corresponde, en primer término, aceptar el desistimiento que formulara el Defensor General a fs. 69.

2. En los expedientes 5.937 y 5.938 (acumulados al expediente nº 5.726), con posterioridad al momento en que el Defensor General hiciera saber al Tribunal su decisión de desistir, se presentaron los Sres. Manuel Álvarez y Omar Héctor Boschiazzo. Sus intervenciones no pueden ser entendidas como las de terceros adherentes en una controversia sobre situaciones jurídicas particularizadas.

Ambos accionantes -y esta es la diferencia relevante que define el punto- participan en el marco de una acción popular (artículo 113 inciso 2º de la CCBA ) cuyo fin no es resolver derechos o intereses de un supuesto afectado. De allí que tanto Álvarez como Boschiazzo tienen acción y, consecuentemente, no están subordinados a la actuación personal del Defensor quien promovió una demanda y luego desistió de ella. De hecho, aquellos podrían presentarse recién ahora con una acción y ningún obstáculo existiría, toda vez que no dependen de lo que haga o hubiera hecho el Defensor. Esta circunstancia demuestra que no cabe trasladar de manera automática categorías y conceptos que son propios de la materia de "terceros" en el derecho procesal contencioso clásico, al proceso constitucional que prevé el artículo 113, inciso 2 de la CCBA.

3. Las acciones declarativas de inconstitucionalidad (expedientes nº 5.726, 5.937, 5.938, 5.908, 5.921, 5.923, 5.967 y 5.968) son formalmente admisibles.

Los actores Pérez, Álvarez, Boschiazzo, Martínez, De Giacomo, Laferrere y Brik, se encuentran legitimados en los términos del artículo 18 inciso 1 de la ley nº 402 y Editorial Médica Panamericana en los términos del artículo 18 inciso 2 de esa norma.

Todas las demandas individualizaron con precisión las normas impugnadas (19 inciso 2 de la ley nº 402), que poseen carácter general y emanan de autoridades de la Ciudad (artículos 113 inciso 2 de la CCBA y 17 de la LPTSJ).

Cada una de las presentaciones aludidas expuso argumentos constitucionales y los vinculó con las reglas cuestionadas, lo que da cumplimiento a los artículos 113 inciso 2 de la CCBA y 17 de la LPTSJ: se destacó la relevancia que adquiere el principio constitucional de legalidad en materia tributaria y la necesidad de que cualquier disposición legal que regule esa materia se adecue a lo dispuesto por la CN y la CCBA.; se insistió en la afectación al derecho de propiedad de los contribuyentes por el mecanismo elegido para determinar la valuación del terreno al cual, por otro lado, se caracterizó como irrazonable en los términos del artículo 28 de la CN. Asimismo, se señaló que la técnica legislativa implementada a través de la cláusula transitoria segunda de la ley nº 2.568 y su Anexo conculca los principios y derechos enunciados por el artículo 51 de la CCBA en materia tributaria así como aquellos establecidos por los artículos 4, 16, 17 y 19 de la CN y normas concordantes en materia de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional conforme lo prescripto por el artículo 75 inciso 12 de la CN.

4. Con apoyo en los fundamentos expuestos voto por: a) disponer la acumulación de todas las demandas interpuestas en los expedientes nº 5.908, 5.921, 5.923, 5.967 y 5.968 al expediente nº 5.726, b) aceptar el desistimiento formulado por el Defensor General a fs. 69, c) declarar formalmente admisibles las demandas presentadas por los Sres. Ernesto Pérez, Manuel Álvarez, Omar Héctor Boschiazzo, Carlos Eduardo Martínez y Norma Susana Solís de Martínez, Juan Carlos De Giacomo, Mariana de Laferrere de Elia y Daniel Jorge Brik y por Editorial Médica Panamericana Sociedad Anónima, Comercial y Financiera d) ordenar el traslado las acciones indicadas en el punto c) de este dispositivo en la forma y por el plazo establecido en el artículo 21 de la ley nº 402 y e) ordenar que se registre y se notifique.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Me voy a expedir en conjunto sobre las demandas para la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula transitoria segunda de la ley tarifaria para el año 2008 (nº 2.568), dictada por la Legislatura de la CABA, y del detalle de su Anexo I. Corresponde esta solución pues todas estas acciones persiguen un mismo fin, el ya indicado, por la misma vía acción declarativa de inconstitucionalidad- y con invocación de fundamentos normativos constitucionales que, en la mayoría de los casos, resultan idénticos y, si difieren, tal diferencia es mínima. Así se invoca, por una parte, el principio de legalidad tributaria (CCBA, 51), diversos artículos de la Constitución Nacional que protegen la propiedad, la razonabilidad y la igualdad en la carga pública y la reglamentación legal de estos principios sin eliminarlos (CN, 4, 17, 19, 28 y cc.) y, nuevamente, el derecho de propiedad según la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 17.2). Corresponde, por ello, acumular estas diversas acciones para responder a ellas sobre la cuestión de su admisibilidad con fundamentos únicos, pues dicho sea de paso- todas ellas presentan aciertos y desaciertos comunes.

2. Estimo que el requisito relativo al objeto impugnable, esto es, una norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, se cumple correctamente en el caso, según la norma tachada de inconstitucionalidad, antes citada (CCBA, 113, inc. 2 y art. 19, inc. 2, ley n° 402).

3. Tampoco parece ser un problema la legitimación para demandar el fin deseado, puesto que la reglamentación de la acción descripta por la Constitución local ha abierto, de manera muy amplia, la posibilidad de demandar por esta vía a todas las personas (ley nº 402, art. 18). En este sentido, están de más las alegaciones de los accionantes particulares que intentan fundar su legitimación para demandar en el perjuicio que les ocasiona la nueva ley tarifaria. Ello indica además que, a pesar de la acción señalada en la demanda, todos ellos tienen en mira corregir su posición particular frente a la determinación de la base de la contribución que objetan, esto es, en el fondo han planteado un caso particular.

4. Constituye un defecto común a todas estas acciones la invocación de principios constitucionales básicos, descriptos académicamente de modo correcto, pero sin desarrollo alguno sobre el vínculo de esa invocación abstracta con la norma general concreta que impugnan. Como se verá, éste es el principal motivo por el cual resulta imposible admitir la vía intentada.

a) Todas estas acciones invocan, erróneamente, el principio de legalidad tributaria. Para incluirlo entre los argumentos, los actores incurren en un círculo vicioso. Se comienza por admitir que la base de la contribución está definida por una ley de la Legislatura que, precisamente, tachan de inconstitucional, con lo cual luego será imposible criticar el extremo, para luego advertir que esa ley, por otros motivos que aducen, más dificultosos para traer al litigio, resultaría inválida por inconstitucional, con lo cual, presuntamente, desaparecería la reserva de ley.

El sofisma me parece evidente. En primer lugar, la ley que establece la base de la imposición existe y éste es un hecho concreto. En segundo lugar, la ley rige, hasta tanto otra ley o una declaración erga omnes de inconstitucionalidad, pronunciada por la justicia, la abrogue o no la aplique, de manera tal que, al momento de la acción, resulta imposible el juego del principio de legalidad. En verdad, si la segunda parte del razonamiento triunfa si la cláusula fuera inconstitucional por una razón diferente al principio de legalidad , no hace falta nada más para regresar a la base imponible anteriormente vigente, esto es, no es necesaria la intervención del principio de legalidad para conseguir el efecto deseado. Y esto es así cualquiera que fuere la conveniencia o inconveniencia de la fórmula desarrollada en la cláusula impugnada, pues no la estamos juzgando desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de su validez constitucional.

b) Por lo demás, la invocación de la inequidad o, lo mismo, de la arbitrariedad según la Declaración Universal de Derechos Humanos-, remite siempre a comparaciones con otros inmuebles, eventualmente del mismo o superior valor, con otras cuadras que se consideran más valiosas desde el punto de vista inmobiliario que aquella que habita el vecino demandante, o con otros barrios en idéntica situación. Según se observa, la forma de planteo de la equidad o de la igualdad en la distribución de las cargas públicas remite siempre a un litigio concreto, dependiente de prueba a rendir, objeto que claramente excede la acción declarativa de inconstitucionalidad, conforme al art. 113, inc, 2 de la CCBA. Más aun, la ley ha previsto la posibilidad de que la fórmula lesione, de alguna manera, la equidad o la propiedad en el sentido de expectativa de pago de una contribución razonable- en la misma cláusula transitoria segunda, n° 4. En efecto, ella dispone allí un límite máximo de la contribución anual en relación al valor de la propiedad (1%) y prevé un procedimiento sencillo para su reclamo administrativo, sin perjuicio de la acción judicial que pudiera corresponder. Con ello, más allá de valoraciones políticas sobre la conveniencia o inconveniencia de la fórmula impugnada, conforme al interés de cada uno, resulta claro, también, que la ley no se propone una confiscación o situación similar, esto es, tampoco lesiona ostensiblemente el derecho de propiedad de manera absolutamente genérica, tal que merezca una impugnación del tipo de la aquí intentada por todos los accionantes. Antes bien, la cláusula misma, por su complejidad y por la complejidad de la situación que se presenta en toda la ciudad de Buenos Aires, parece admitir sólo una impugnación constitucional difusa, esto es, relativa a un caso concreto, a tramitar ante los tribunales de mérito, situación jurídica particularizada en la cual el actor solicita que no la apliquen.

c) Existen otros dos argumentos que no pasan de ser críticas políticas a la cláusula decidida por la Legislatura, según el procedimiento correspondiente. La primera se refiere a la relación entre la Ley de Comunas y el detalle del Anexo, que fija el valor zonal. No interesa aquí estudiar si el argumento es fácticamente cierto esto es, si los límites del "valor zonal" coinciden con aquellos establecidos por la Ley de Comunas , sino tan sólo indicar que el argumento no posee valor de reproche constitucional, más allá de las preferencias políticas que toda contribución tributaria presenta, razón por la cual siempre perjudica a algunos y beneficia a otros.

d) El segundo argumento remite a la supuesta contradicción entre el Código Fiscal y la nueva base de imposición, argumento que, de modo evidente, no se refiere a la Constitución, sino tan sólo a otra ley de igual categoría que la criticada. Si en verdad existe tal contradicción, resulta claro entre juristas que ella debe desaparecer conforme al principio respectivo del orden jurídico, por la vía de la interpretación y de los numerosos principios que esa interpretación ha convocado para superar estas situaciones (por ejemplo, lex posterior, lex specialis, etc). Las consideraciones que anteceden no representan más que el paradigma de que la fundamentación que intentan todas las acciones fracasa, básicamente, cuando la descripción abstracta de los principios que nombra, utiliza y describe no logra conectarse con la norma general impugnada. Todas las demandas, al tiempo de vincular los principios constitucionales con la fórmula legislativa, sólo resultan, cuando más, exposiciones más o menos completas acerca de la inconveniencia política de la cláusula impugnada o, mejor descripto, acerca del perjuicio a una expectativa que el propietario de un inmueble supone correcta o fundada. La acción de inconstitucionalidad, entonces, fracasa por la falta de relación mínima entre las reglas citadas y la norma general objeto de tacha.

Esto resulta más evidente aún en algunas acciones (por ejemplo: "Martínez, Carlos Eduardo y otra c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5908/08, y "Laferrère de Elia, Mariana de c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5923/08), en las cuales los accionantes parecen haber confundido la impugnación abstracta de inconstitucionalidad, prevista en el art. 113, inc. 2, de la CCBA, con un litigio por un caso concreto, que los tiene por protagonistas, para cuya solución el Tribunal, en principio, no es competente.

5. El dispositivo de la decisión debe aceptar el desistimiento del Sr. Defensor General de la Ciudad en "Ministerio Público - Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GIBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5726/08.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Téngase presente el desistimiento como promotor de la acción efectuado por el Señor Defensor General, doctor Mario Jaime Kestelboim, en el expediente nº 5.726/08 (cf. fs. 69).

2. Atento a que los expedientes individualizados en el registro del Tribunal bajo los nos. 5.726/08, 5.908/08, 5.921/08, 5.923/08, 5.967/08, 5.968/08, 5.937/08 y 5.938/08 se encuentran, en todos los casos, dirigidos a obtener mediante acción declarativa de inconstitucionalidad (conf. art. 113, inc. 2, CCABA) la invalidez de idéntica norma -esto es: cláusula transitoria segunda y anexo I, de la ley nº 2.568, Ley Tarifaria 2008, en lo atinente a la fijación de un coeficiente zonal-, invocándose para ello, con mínimos matices en cuanto al énfasis puesto en cada uno, la afectación de los principios tributarios consagrados en los arts. 4, 16, 17, 19 y 28 de la CN; art. 17, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 51 de la CCABA, entiendo que, por razones de economía procesal, corresponde acumular todos ellos al que fuera iniciado en primer término, es decir al nº 5.726, a fin de dictar un pronunciamiento común a todas las actuaciones. 3. En cuanto a los expedientes nos. 5.726/08, 5.937/08 y 5.938/08 en los que interviene el Señor Defensor General de la Ciudad y en los cuales -a partir del desistimiento en el expediente nº 5.726/08, al cual se ha hecho alusión en el punto primero del presente- ha asumido el carácter de letrado patrocinante de los actores que se han presentado, considero que no corresponde objetar en forma oficiosa la apuntada decisión de brindar su asistencia técnica, en tanto el aludido magistrado es abogado (cf, art. 10, ley nº 1.903 que remite al art. 112 de la CCABA, precepto que reclama para revistar como miembro del Tribunal Superior de Justicia el ser abogado con ocho años de graduado) y, por lo demás, es dable presumir -al menos hasta que se compruebe lo contrario- que ha evaluado oportunamente la pertinencia de su intervención de conformidad con las normas legales que disciplinan su actuación (art. 42, ley nº 1.903, entre otras).

Ello, claro está, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder desde la perspectiva del control político a cargo de la Legislatura, al que se ven sujetos los titulares de las distintas cabezas del Ministerio Público como integrantes del Poder Judicial de la Ciudad, a efectos de que no se desnaturalice el diseño constitucional de las funciones específicas reconocidas a cada una de sus ramas. Tampoco lo expresado inhibe el control a cargo del Colegio Público de Abogados, en punto a las incompatibilidades que contempla la ley nº 23.187.

4. En punto a las presentaciones que obran en los expedientes acumulados caratulados "Martínez, Carlos Eduardo y otra c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5.908/08, y "Laferrére de Elia, Mariana de c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5.923/08, entiendo que deben ser declaradas inadmisibles, en tanto de los términos en que han sido redactadas las acciones, se desprende que la pretensión deducida no persigue otra cosa que un pronunciamiento sobre situaciones particularizadas a la luz de casos concretos, cuestión que resulta ajena a la vía intentada, según lo ha expresado el Tribunal en su constante jurisprudencia (cf. "Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5/5/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I,1999, p. 56 y siguientes).	5. Sentado lo expuesto, es decir, descartada la admisibilidad formal de las causas indicadas en el punto 4 precedente, y sin formular objeciones oficiosas al patrocinio letrado asumido por el Señor Defensor General, corresponde dar tratamiento a las restantes causas acumuladas en las cuales se cuestiona, en abstracto, la validez constitucional de la cláusula transitoria segunda, así como del anexo I, de la ley nº 2.568, Ley Tarifaria 2008, que fija un coeficiente de valor zonal, por la vía de la acción prevista en el art. 113, inc. 2º, de la CCABA.

6. Así las cosas, más allá del esfuerzo argumental de los letrados intervinientes -loable por cierto- que se observa en la presentación de las acciones de inconstitucionalidad en las que se efectúa una completa descripción de los principios, derechos y garantías constitucionales federales y locales, como los que surgen en el plano Internacional de las Convenciones, Pactos y Tratados de Derechos Humanos, marcando un cauce y levantando un valladar al ejercicio de la potestad tributaria normativa, en estas actuaciones no se logra fundamentar solventemente la relación directa e inmediata de dichos principios, derechos y garantías con las consecuencias que podrían derivarse, con carácter general, de la aplicación de la ley nº 2.568, en cuanto establece un mecanismo de ajuste de la valuación fiscal de los inmuebles en función de zonas que predetermina.

También obsta a la procedencia formal de la acción la doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la cual no son objetables las facultades locales para darse leyes y ordenanzas impositivas y, en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las previstas en el art. 108 -hoy art. 126- de la Constitución (Fallos: 7:373), siendo la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción del resorte propio de los estados locales, sin que los tribunales puedan declararlos ineficaces a título de ser injustos o inconvenientes si no son contrarios a la Constitución (Fallos: 105:273) porque entre los derechos que constituyen la autonomía de los estados locales, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña (Fallos: 51:349; 114:282; 137:212, entre otros). Asimismo, en la causa "Doña Graciana Etchessahar de Lastra, sobre protocolización de testamento", Fallos: 153:46, sentencia del 26 de octubre de 1928, el más Alto Tribunal, quizás incurriendo en algún exceso en la apreciación del alcance de las potestades tributarias locales -sobre todo al desatender la nota de equidad que debe caracterizar las prestaciones tributarias-, consignó: "Si la Constitución Nacional en su art. 5º..., no ha hecho de la moderación de los impuestos o de formas determinadas de percepción de los mismos una de las condiciones de la garantía al goce y ejercicio de las instituciones provinciales y ha excluido, por tanto, de los casos de intervención de sus poderes políticos por la Nación (art. 6) el de abusos posibles en esta materia, consumados por las provincias en perjuicio del desarrollo de la riqueza pública local y nacional, no es admisible que se haya querido dejar a la discreción del poder judicial... la facultad de declarar, sin valor en casos concretos, la legislación provincial relativa a impuestos, fuera de las hipótesis de confiscación o de otra transgresión de una garantía de la Constitución o de algún precepto de la misma, porque el poder judicial es el menos adecuado por su naturaleza, funciones y reglas de procedimiento para decidir sobre la necesidad y equidad de las contribuciones y para apreciar los resultados económicos de ellas, según su monto o la manera de cobrarla, en lo que como se ha observado con verdad, no puede haber cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya se trate de sumas fijas, ya de graduadas o proporcionales a los valores sobre que recaen... " (el énfasis en bastardilla ha sido añadido).

Por lo demás, la igualdad frente a las cargas públicas ponderada, tanto en términos de "igualdad ante la ley" como de "igualdad en la ley" obliga a efectuar una valoración comparativa entre diversos casos en concreto, escrutinio de difícil o imposible realización en el marco de un control abstracto, el cual se ciñe a la confrontación de normas de alcance general con principios, derechos y garantías constitucionales o de rango equivalente.

7. Finalmente es óbice al andamiento de la acción la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional que debe considerarse la última ratio del ordenamiento jurídico, más aún cuando se incita la competencia de un tribunal para que dicte un pronunciamiento estimatorio que producirá efectos erga omnes, expulsando del ordenamiento jurídico el precepto, salvo insistencia de la Legislatura (conf. art. 113, inc. 2, CCABA). La apuntada reflexión, en casos como el presente, en que no se advierte -al menos en abstracto y para el contribuyente medio a través de la simple confrontación de la norma que se pretende poner en crisis con las reglas constitucionales invocadas- una pugna ostensible, palmaria y evidente de tal naturaleza, aconseja dejar abierta la posibilidad al presentante de valerse, ante quien corresponda, de la vía corriente para el control difuso de constitucionalidad, donde el diverso objeto procesal y la plenitud de conocimiento del proceso permitirá hacer gravitar las circunstancias particulares de la causa y obtener, de corresponder en derecho, la tutela judicial que se reclama en los casos ocurrentes, según sus características y particularidades.	Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Sin perjuicio de las particularidades propias de cada causa, corresponde un pronunciamiento común en todas las acciones originarias presentadas hasta la fecha ante este Tribunal cuyo objeto consista en la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula transitoria segunda de la ley n° 2.568 y de su Anexo I, mediante la acción prevista en el art. 113 inc. 2° CCABA. En efecto, las presentaciones resultan ser sustancialmente similares en su fundamentación, que se centra -básicamente- en la afectación del principio de legalidad tributaria (art. 51 CCABA) y en su proyección sobre las garantías constitucionales de propiedad, razonabilidad de la reglamentación e igualdad ante la ley (arts. 16, 17 y 28 CN); lo que conduce, por aplicación del principio de economía procesal, a la acumulación de acciones para su tratamiento conjunto.

2. Con relación a la causa n° 5.726/08 -que fuera iniciada por el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, sección Defensoría General-, corresponde aceptar el desistimiento efectuado por el Sr. Defensor General, lo que me exime de analizar y pronunciarme acerca de la legitimación de este funcionario para accionar por la vía del art. 113, inc. 2° CCABA por considerarlo inoficioso.

3. Las causas n° 5.937/08 y 5.938/08, en las cuales los actores se presentan invocando el patrocinio letrado del Sr. Defensor General de la Ciudad, componen, en mi criterio, una situación bastante particular desde el punto de vista procesal, que amerita un análisis y un pronunciamiento de los jueces sobre la pertinencia del patrocinio oficial. Debo dejar sentado que, desde la fecha de las mencionadas presentaciones, entendí necesario que esta cuestión fuera considerada en forma previa al tratamiento de la admisibilidad de las acciones, criterio que -al no ser compartido por mis colegas- determina su inclusión en este punto, donde dejaré expresada mi opinión.

En efecto, advertida la situación procesal que se presentaba, sugerí incluir en forma previa a continuar el trámite, el dispositivo que estimé correspondía y que a continuación reproduzco.

El art. 19 de la Ley de actuación ante el Tribunal (Ley 402) dispone: "La acción declarativa de inconstitucionalidad se presenta por escrito, en tres (3) ejemplares y debe contener...5) la firma de quien demanda, del letrado patrocinante, y, en su caso, del representante legal o de mandatario designado".

En tanto corresponde al tribunal ante el cual se inicia la demanda verificar el cumplimiento de las formalidades procesales necesarias para dar curso al escrito de la parte actora, debo señalar que no se advierte en este caso, cuál es la condición que justifica el patrocinio letrado del Sr. Defensor General de conformidad con lo dispuesto en el art. 42 de la ley de Ministerio Público (Ley 1.903).

Por ello, en forma previa a efectuar el análisis de admisibilidad de la acción, hubiera correspondido requerir al presentante la acreditación del carácter que legitima la intervención oficial o, en su caso, la suscripción del escrito de inicio por un abogado de la matrícula.

No obstante, por haber quedado en minoría y toda vez que la disposición impugnada constituye una norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Art. 113 inc. 2° CCABA), trataré a continuación la admisibilidad formal de las demandas acumuladas.

4. En primer término debo señalar que resulta evidente, en todas las demandas que obran acumuladas, la existencia de un componente de interés individual, aun cuando en algunas resulta más difuso y en otras, como las causas n° 5908/08 y 5923/08, se patentiza la situación particular al punto de que ello determina la inadmisibilidad de la acción. Esta característica, resulta de la circunstancia inescindible de que, quienes impugnan, lo hacen únicamente desde el punto de vista del contribuyente, sin ponderación del carácter de política pública de las normas cuestionadas.

Resulta claro que para evaluar por esta vía una cuestión de tal naturaleza, que fuera debatida en la Legislatura y finalmente aprobada sobre un diseño fiscal determinado, se requiere una argumentación sólida que sustente firmemente el planteo, especialmente desde el punto de vista constitucional, lo que no ocurre en las presentaciones de autos en las cuales los actores pretenden establecer la alegada inconstitucionalidad a partir de criterios imprecisos como los mecanismos meramente comparativos entre diferentes situaciones concretas.

Por otra parte debe observarse que, como ocurre por regla, una política pública no queda referenciada a una cláusula o a un inciso de la ley que la contiene. Por el contrario, su articulado debe entenderse en forma sistémica ya que es el conjunto interrelacionado de sus disposiciones el que dará cuenta -finalmente y a partir de su concreta aplicación- de la existencia o no de una situación de afectación constitucional.

En este sentido, es menester señalar que el inciso 4° de la impugnada cláusula transitoria segunda dispone que el importe anual a ingresar por los gravámenes inmobiliarios."nunca podrá ser superior al 1% del valor de mercado del inmueble", dando cuenta, además, de la existencia de un recurso administrativo para el caso de que el particular estimare violentado tal parámetro. Estas garantías a favor del contribuyente complementan el sistema de determinación tributaria establecido a partir del mecanismo que se formula en el inc. 1°, conformando una unidad que cierra el diseño impositivo del gravamen aplicable a los inmuebles de la Ciudad a partir de la interconexión de las diversas pautas que se establecen en los seis incisos de la citada norma y que es más compleja que la mera formula de cálculo que ha sido objetada por los demandantes.

A tal punto no han reparado los demandantes en esta condición sistémica de la norma cuya constitucionalidad cuestionan, que -pese a objetar en su totalidad la cláusula transitoria segunda- dirigen sus críticas específicamente sobre el inc. 1°, lo que deja huérfano de sustento el planteo con respecto al resto de los puntos incluídos en la disposición que impugnan. Esta falta de correspondencia entre la disposición cuya inconstitucionalidad persigue la acción y la argumentación tendiente a demostrar su procedencia resulta determinante al momento de juzgar la posibilidad de dar trámite a la acción intentada.

No debe perderse de vista que el control de constitucionalidad no faculta a los jueces a sustituir a la Administración en la determinación de las políticas públicas o en la apreciación de los criterios de oportunidad (CSJN, Fallos 308:2246), sin que ello obste al ejercicio del control de constitucionalidad del mecanismo empleado y de las bases normativas que deben aplicarse para determinar los gravámenes inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires si las objeciones se encuentran suficientemente fundadas en argumentos de índole constitucional, carácter del que adolecen los planteos formulados que se limitan a descalificar, en forma vaga y genérica, una política tributaria que, en principio y hasta tanto no se demuestre lo contrario, goza de presunción de legitimidad.

5. El Tribunal, desde sus primeros pronunciamientos, ha señalado "que es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad que quien la inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad y cuáles los preceptos y principios constitucionales, con los que las primeras entran en colisión. También es ineludible que explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad" (in re "Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 31/99, resolución del 5/5/99).

Asimismo, este estrado ha indicado que para evaluar la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe especificarse cuál es la relación directa que existe entre las normas que son impugnadas y los principios constitucionales que son invocados (in re "Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 366/00, resolución del 20/6/00 y "Tórtora, Carlos Alfredo c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 4884/06, resolución del 1° de noviembre de 2006)	Los accionantes, pese a señalar en forma concreta la norma impugnada e identificar aquéllas otras reglas constitucionales con las cuales entienden que colisiona, no han conseguido formular un claro desarrollo que demuestre que el mecanismo establecido por la ley n° 2.568 para componer el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, se oponga o desvirtúe alguna norma o principio de la Constitución local. En este sentido, las afirmaciones vertidas en los escritos de demanda no pasan de ser meras opiniones que no encuentran fundamento suficiente en las enunciaciones de los actores acerca de la confiscatoriedad o falta de razonabilidad de la norma objetada. La línea argumental seguida por el actor no logra establecer cuál es la vulneración constitucional que surgiría de la confrontación de las normas analizadas.

En síntesis, la exposición de los actores no ha logrado -mediante la argumentación que sostiene el planteo impugnativo- superar el plano de la disconformidad. Tampoco han brindado fundamentos serios para sostener la irrazonabilidad de la norma transitoria cuestionada, limitándose a poner de manifiesto su discrepancia con la regla establecida por el órgano legislativo.

6. En consecuencia, el planteo que motiva esta acción, tal como ha sido formulado, se exhibe insuficiente para adentrarse en la consideración de la inconstitucionalidad de la norma que se pretende poner en crisis. No basta, para dar curso a la tramitación de una acción de estas características que los demandantes invoquen la afectación de garantías constitucionales si los fundamentos que la sostienen no presentan la razonable vinculación argumental que requiere una presentación de esta naturaleza.

La declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que corresponde exigir a quien pretenda obtenerla un sustento argumental sólido a partir del cual sea posible canalizar un debate serio acerca de una cuestión de notable trascendencia para la comunidad.

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar inadmisible la demandas de inconstitucionalidad acumuladas en estas actuaciones.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Corresponde acumular las demandas entabladas, en los términos del art. 113 inc. 2 de la CCBA, para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula transitoria segunda de la ley tarifaria 2568 y de su Anexo I, a la más antigua de ellas que tramita por expte nº 5726. Ello así, porque todas se encuentran en el mismo estado procesal y desarrollan objeciones constitucionales de similar contenido y, fundamentalmente, cuestionan las mismas normas generales. En tales condiciones, su trámite conjunto atiende con mayor eficacia al cumplimiento de los fines para los cuales ha sido instituida la acción declarativa de inconstitucionalidad.

2. En materia de legitimación, corresponde señalar que la intervención inicial del Sr. Defensor General se circunscribió a partir de fs. 69 al patrocinio letrado que brinda a los Sres. Ernesto Pérez, Manuel Álvarez y omar Héctor Boschiazzo. Las personas mencionadas, así como los Sres. Martinez Carlos Eduardo, De Giacomo Juan Carlos, Laferrére de Elia Mariana, Brik Daniel Jorge y Editorial Médica Panamericana Sociedad Anónima, Comercial y Financiera, están legitimados para interponer la acción declarativa de inconstitucionalidad que promueven (art. 18 de la ley 402).

Por su parte, aunque en las demandas entabladas, los accionantes ejemplifican con las consecuencias que la normativa impugnada proyectaría sobre inmuebles de su propiedad, la pretensión esgrimida en ellas se restringe a obtener la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados. Además, las cláusulas constitucionales que los accionantes estiman vulneradas, sin perjuicio de las consideraciones que al respecto formularé oportunamente, no vienen invocadas de un modo que conduzca a la protección individual de las garantías en juego.

Ello así, corresponde recordar que, si bien la acción declarativa de inconstitucionalidad no requiere que el promotor del proceso ostente la condición de titular de la situación jurídica involucrada en la norma de alcance general cuestionada, tampoco excluye del universo de legitimados a quienes se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, en la medida que estos últimos circunscriban su pretensión a requerir la declaración de inconstitucionalidad como requiere el art. 113, inc. 2, de la CCBA (cf. TSJ, "Unión Transitoria de Agentes S.A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 1268/2001, y su acumulado "Héctor Villegas c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 1276/2001, sentencia del 26 de diciembre de 2001). En tales condiciones, por lo menos en este aspecto, los procesos entablados satisfacen las exigencias previstas en la normativa aplicable (art. 113 inc. 2 de la CCBA y art. 17 de la LPT).

3. Las demandas bajo estudio también cumplen con el requisito de objetar una norma de alcance general, emanada de las autoridades de la CABA (art. 113 inc. 2 de la CCBA y art. 17 de la LPT).

4. Sin embargo, las acciones incoadas no pueden ser admitidas por cuanto no cumplen con el recaudo de fundamentación exigible para esta clase de procesos.

Desde sus primeros pronunciamientos, este Tribunal ha exigido que el promotor de la acción declarativa de inconstitucionalidad cumpla con explicar "de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad" (in re "Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resol. del 5/5/99, Constitución y Justicia [Fallos del TSJBA], T. I, ps. 56 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, entre otros). Por su parte, el art. 19 inc. 2 de la ley 402 establece que la acción debe contener "los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados".

Como expresé en otras oportunidades, la exigencia de fundamentar la acción declarativa de inconstitucionalidad debe ser observada por quien la insta con mayor intensidad que en aquellas presentaciones que involucran la competencia asignada a este Tribunal por el art. 113.3 CCBA, pues la actora, al escoger la primera de las vías de impugnación constitucional mencionadas, obra en interés de la ley, (cf. art. 17 de la ley 402), lo que implica que el vigor con que esta acción es esgrimida resulta vital para que un debate, organizado con formato judicial, rinda sus mejores frutos o, mejor aún, no arroje resultados no queridos, exigencia que no queda satisfecha si los argumentos sobre los que pretende apoyar la impugnación no se hacen cargo, al menos, de los argumentos que previsiblemente puedan oponerse a los reparos respecto de la compatibilidad o coherencia de las normas objetadas con los preceptos de la Constitución Nacional y de la CCBA que se aducen vulnerados (cf. mi voto in re "Fedecámaras c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 3725/2004, sentencia del 16 de marzo de 2005, entre otros).

El control bajo una apreciación rigurosa del estándar enunciado no proyecta consecuencias irreversibles. Por el contrario, la inadmisibilidad de la acción dispuesta en las condiciones aludidas, no obsta su promoción posterior, sea por el mismo contradictor o por uno diverso, toda vez que la previsión contenida en el art. 20 de la LPTSJ se limita a los supuestos en que el Tribunal rechace la acción, es decir, aquellos procesos en los que se produjo un debate basado en argumentos que podían interpretarse -a priori- consistentes, y se arribó a un resultado opuesto a la pretensión de inconstitucionalidad. De suerte que, no habiéndose arribado al rechazo de la acción, ésta quedaría habilitada para ser incoada nuevamente para impugnar idénticas normas, introduciendo al debate fundamentos con el vigor que la acción amerita.

El desarrollo argumental de las demandas en cuestión no logra conectar las objeciones constitucionales que postula con la normativa impugnada y tampoco brinda respuesta en relación con motivos previsibles para postular la compatibilidad del régimen cuestionado con los preceptos constitucionales que se aducen vulnerados.

5. El sistema impugnado establece un nuevo mecanismo para determinar los gravámenes inmobiliarios de la CABA a partir de enero de 2008. Dentro de ese esquema, el avalúo total por partida matriz resulta de sumar la valuación total de lo edificado, con el valor actualizado del terreno en el que se asienta. Este último guarismo, a su vez, se obtiene luego de multiplicar la valuación total de lo construido (VTE, valor total edificado) por el coeficiente de valor zonal (CZ) determinado en el Anexo I de la ley 2568. Por su parte, cuando el valor total del terreno así actualizado resultare inferior al que surge del valor unitario de cuadra (VUC) multiplicado por la superficie de cada parcela de terreno, se mantendrá este último que representa el valor vigente (cf. cláusula transitoria Segunda, apartado 1).

Aunque los accionantes sostienen que la normativa analizada vulnera el principio de reserva de ley, capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad y propiedad, no muestran cómo los segmentos atacados de la ley 2568 afectan las cláusulas constitucionales invocadas en apoyo de sus objeciones.

6. No se explica en la demanda cómo puede estimarse que el principio de legalidad esté en juego cuando el régimen impositivo cuestionado surge de una ley, fuente frente a la cual no constituye objeción que el nuevo diseño se aparta de la matriz que con anterioridad regulaba la contribución por ABL. Esto es una obvia consecuencia de la regla lex posterior derogat prior que gobierna las relaciones entre leyes. Así, la eventual invalidez constitucional, si la hubiera, no existiría por violación del principio de legalidad.

Por otro lado, la postulada violación de la reserva de ley no se apoya en que el legislador hubiera omitido definir elementos esenciales del tributo analizado. En realidad, las demandas sostienen que el mecanismo de actualización elegido para establecer el valor del terreno que, a su vez, es parte integrante de la base de cálculo de la obligación fiscal, carece de razonabilidad en desmedro del resto de las garantías constitucionales enumeradas en el punto anterior.

7. El modo en que aparecen invocados los principios de capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad y propiedad tampoco brinda soporte al debate planteado por los accionantes.

En primer término, no es dudoso que la normativa impugnada opta por establecer el valor de los terrenos a partir de una base que no esta relacionada de modo manifiesto o visible con el justiprecio que busca establecer. Sin embargo, ello no basta para desechar, en los términos exigibles para una descalificación a la luz de la CCBA o la CN, que el mecanismo escogido por el legislador sirva para captar de un modo razonablemente proporcional la capacidad contributiva tenida en mira. No hay que descuidar a este respecto que el margen de construcción habilitado proyecta sus efectos sobre la cotización del terreno. Al mismo tiempo, la magnitud de lo construido depende en una medida significativa de la modificación de la legislación aplicable en el curso de la historia así como de las excepciones a esa legislación hechas más de una vez en nuestra Ciudad. En el plano abstracto, propio del análisis que permite la acción declarativa de inconstitucionalidad, las relaciones que vinculan el valor de lo edificado con el de la tierra no aparecerían, pues, privadas de todo sustento.

Además, la base queda, en el régimen bajo estudio, ligada a un patrón objetivo, el valor unitario por cuadra (valor más ceñido a cada terreno que el coeficiente por zona del anexo I) que puede suministrar un correctivo hacia arriba que redunde en mayor equilibrio de las cargas tributarias resultantes. A su vez, el tope anual de contribución por ABL que el legislador fijó en el 1% del valor de mercado del inmueble (cf. ley 2568, cláusula transitoria segunda, apartado 1 y 4) opera como un límite máximo. Estos aspectos al igual que sus consecuencias en la determinación concreta del tributo aparecen soslayados por las demandas sin que en ellas se indique cuál es el impacto que el sistema en su conjunto (régimen de actualización y sus limites) proyectaría en relación con las cláusulas constitucionales invocadas.

Por su parte, el coeficiente por zona, determinado en el Anexo I de la ley 2568 sobre la base de lo previsto en la Ley de Comunas, utilizado dentro del sistema de ABL como parte de la fórmula de actualización (VTE x CZ), pretende reflejar la influencia que proyecta la pertenencia a un barrio o una subzona (v. Anexo I y tabla de coeficientes de la ley 2568) sobre el valor de los terrenos. Nuevamente, las demandas no muestran por qué el método seleccionado por la ley -con las variantes que resultan del VUC y el tope del 1% (ley 2568, cláusula transitoria segunda, apartado 4-, al margen de su conveniencia o idoneidad, asuntos que no integran la discusión de autos, excedería el espectro disponible para el órgano legislativo en tanto no se ha postulado una interpretación de las cláusulas constitucionales que lo excluya.

8. La perspectiva que brindan las consideraciones formuladas, permite advertir que el modo en que se han formulado los argumentos orientados a demostrar la inconstitucionalidad de la normativa atacada, no permitirá debatir si el sistema de valuación impugnado distribuye el peso del tributo sin respetar el equilibro que imponen las garantías de igualdad ante la ley y capacidad contributiva.

Para que argumentos de esa especie pudieran progresar no basta con señalar que las circunscripciones en que la ley 1777 divide a la CABA no fueron originalmente pensadas como pauta para conformar la base de cálculo de la contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza. Sería necesario, en cambio, mostrar u ofrecer prueba para acreditar que el método impugnado conduciría sistemáticamente a que un barrio quedara alcanzado por una presión tributaria mayor que otro, sin que ello derivara de la proporcionalmente mayor capacidad contributiva que pudiera inferirse de los datos elegidos para obtener la base de cálculo.

En este sentido, mostrar que el incremento de la contribución fiscal supera el 300% si se lo compara con la obligación tributaria anterior del inmueble tomado como referencia (expte. nº 5968/08, fs. 21, por ejemplo), no satisface la exigencia de enfocar el debate al confronte abstracto entre la norma impugnada, la Constitución Nacional y la CCBA. Tampoco logra ese objetivo mencionar asimetrías de valuación entre inmuebles lindantes, si no se intenta mostrar que la diferencia de trato provenga directamente de la fórmula usada para arribar a la base de cálculo del impuesto y no pudiera resultar una consecuencia, por ejemplo, de la diversa capacidad constructiva que fue tolerada por la autoridad competente en cada uno de los terrenos considerados.

9. En definitiva, quien promueve el proceso constitucional regulado por el art. 113 inc. 2 de la CCBA, debe suscitar un debate a partir del cual el Tribunal defina si la inteligencia atribuible a los preceptos constitucionales en juego impone el ámbito de protección requerido en la demanda, que se traduce, sentencia mediante, en una limitación al modo en que el Poder Legislativo o Ejecutivo ejercieron sus atribuciones. Las demandas bajo análisis no conducen, por las razones ya expuestas, a ese debate. Por lo tanto, ellas no podrían provocar el ejercicio de los poderes que emanan del control de constitucionalidad abstracto y se expresan bajo los diversos formatos que admiten las sentencias estimativas (cf. mi voto in re "Urbano, Antonio c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 4973/06, sentencia del 6/11/07). El respeto a la división de poderes exige que el progreso de una acción declarativa de inconstitucionalidad se apoye necesariamente en la existencia de un mandato constitucional que proscriba la elección formulada por la Legislatura, o el órgano emisor de que se trate, cuando se impugna otra norma de alcance general.

Por todo ello, voto por declarar formalmente inadmisibles las demandas aquí analizadas.

Por ello, por mayoría, y concordemente con lo dictaminado por el señor Fiscal General, El Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Aceptar el desistimiento formulado por el señor Defensor Oficial a fs. 69.

2. Acumular a este expediente n° 5726 las causas "Martínez, Carlos Eduardo y otra c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad" (n° 5908), "De Giacomo, Juan Carlos c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad" (n° 5921), "Laferrére de Elia, Mariana de c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad" (n° 5923), "Editorial Médica Panamericana Sociedad Anónima, Comercial y Financiera c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad" (n° 5967) y "Brik, Daniel Jorge c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad" (n° 5968) 3. Declarar inadmisibles las demandas de inconstitucionalidad planteadas por Ernesto Pérez, Manuel Álvarez, Omar Héctor Boschiazzzo, Carlos Eduardo Martínez y Norma Susana Solís de Martínez, Juan Carlos De Giacomo, Mariana de Laferrére de Elia, Editorial Médica Panamericana Sociedad Anónima, Comercial y Financiera, y Daniel Jorge Brik.

4. Mandar que se registre, se notifique y se archive.