Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-07-15


La Plata,á julio 15áde 2009.

ANTECEDENTES El Tribunal del Trabajo nº 1 de Bahía Blanca rechazó la demanda promovida, con costas a cargo de la parte actora (fs. 688/697 vta.).

Esta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 707/716 vta.).

Dictada la providencia de autos, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y dada la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia (arts. 278, C.P.C.C. y 55, ley 11.653), la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente CUESTION ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. En lo que interesa, el Tribunal del Trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Andrea Virginia Zabala contra la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda y la Cooperativa Angel G. Borlenghi de Vivienda, Consumo, Trabajo y Crédito Limitada, en cuanto pretendía el cobro de los rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo que invocó al demandar (fs. 688/697 vta.).

Para así decidir, y en virtud de las conclusiones establecidas en el veredicto (v. fs. 688/692), el tribunal de grado consideró que hallándose legalmente constituida e inscripta la Cooperativa Borlenghi y no habiéndose acreditado que la actora se hubiera ligado con aquélla mediante una relación de carácter dependiente, así como tampoco la existencia de fraude laboral, cuestión esta última que destacó ni siquiera intentó demostrar la accionante, la demanda instaurada debía ser rechazada (fs. 694/695 vta.). Asimismo, y dado que la actividad desarrollada por Zabala en el ámbito de la Cooperativa Obrera Ltda., tuvo origen en el contrato celebrado entre ambas demandadas, desestimó también la acción deducida en su contra (fs. 695 vta.).

II. Contra la decisión de grado, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 1 del decreto 2015/94; 1 y 2 de la resolución 1510 del I.N.A.C. y de la doctrina legal que cita (fs. 707/716 vta.).

En lo medular, y mediante la invocación de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas, la recurrente cuestiona que se hubiera rechazado la demanda. Aduce que, de conformidad al precedente de esta Corte que transcribe a fs. 709 vta./710 vta., la sentencia debe ser anulada de oficio, toda vez que el tribunal se ha limitado a enumerar las pruebas sin evaluarlas ni extraer las conclusiones que trasunten la validez de su juicio lógico.

Sostiene, que resulta evidente que el juzgador de origen no ha efectuado una adecuada interpretación de los elementos probatorios de autos en función de los hechos controvertidos en la causa. En tal sentido, se agravia de la ponderación que realizara el a quo de las pruebas documental, pericial contable e informativa. Agrega a ello, que el pronunciamiento de grado vulnera las disposiciones de los arts. 1 del decreto 2015/1994 y 1 y 2 de la resolución 1510 del I.N.A.C., las que esgrime resultaban de aplicación en el caso de autos.

Finalmente, refiere que, aún cuando el sentenciante considerara como lo hizo que la cooperativa Borlenghi se hallaba regularmente constituida e inscripta, que la actora era socia de aquélla y que en ese carácter desempeñaba sus labores en la Cooperativa Obrera Ltda., en virtud del contrato existente entre ambas demandadas, debió analizar que dichas tareas hacen a la actividad que se desarrolla en los supermercados de propiedad de esta última, y condenar a ambas cooperativas en forma solidaria. Por tal motivo, sostiene, se vulneró la doctrina elaborada por este Tribunal en la causa L. 77.612, "Bonelli" (sent. del 20-VIII-2003).

III. En mi opinión, el recurso es inadmisible.

1. En primer lugar, corresponde señalar que en la especie tal como lo deja entrever el impugnante en su queja (v. fs. 715 vta.) el valor de lo cuestionado, representado por el monto reclamado en la demanda (v. liquidación fs. 41/42), no supera el importe o cuantía mínima establecida por la norma del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.

Consecuentemente, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal que se reputa infringida, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y la decisión recurrida transgrede la misma, precisamente, en un caso similar (conf. causas L. 81.392, "Ferreyra", sent. del 2-V-2002; L. 80.238, "Fernández", sent. del 12 V 2004; L. 86.590, "Herrera", sent. del 14 II 2007, entre otras).

2. Conforme lo hasta aquí expuesto y bajo las señaladas premisas, no se advierte configurado en el caso el supuesto de excepción examinado (art. 55, ley 11.653).

En efecto, la recurrente sólo trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho y prueba ajenas, por definición, al ámbito de la casación por la vía indicada, como lo son las vinculadas a determinar la naturaleza del vínculo que uniera a las partes y al absurdo en la valoración de la prueba (conf. causas Ac. 61.241, "Toranza", int. del 22 X 1996; Ac. 81.809, "Gallay", int. del 19 VI 2002; Ac. 94.568, "Renzi", int. del 21 VI 2006; L. 83.610, "Gómez", sent. del 22 XI 2006; Ac. 98.728, "Córdoba", int. del 7 II 2007, entre muchas otras).

Por lo demás, corresponde señalar que en el precedente L. 76.075, "Medina" (sent. del 13 VIII 2003), que la quejosa denuncia como infringido, esta Corte resolvió anular de oficio el veredicto y la sentencia dictados en esa causa, en atención a que la decisión expuesta en el fallo de grado no era el resultado del necesario análisis de los planteos allí formulados, por tal motivo, ante la ausencia de un examen detenido respecto del tema que había sido sometido a juzgamiento del a quo, este Tribunal se hallaba impedido del debido conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en esas actuaciones.

Lo antes expuesto, a mi entender, evidencia que la cita del referido antecedente no resulta idónea para habilitar esta instancia revisora, por cuanto no puede extraerse de aquél doctrina legal alguna vinculada a la interpretación de las normas que rigieron en dicho caso la relación sustancial debatida en la causa, circunstancia que impide a este Tribunal ejercitar su función revisora en el señalado marco de excepción.

Para más, cabe recordar que la anulación de oficio de los fallos dictados por los jueces en última instancia constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora, sin que asista a las partes la facultad de efectuar un planteo de esa naturaleza en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas L. 44.276, "Rodríguez", sent. del 3 VII 1990; L. 45.523, "Domenjo", sent. del 5 III 1991; L. 70.897, "Domingorena", sent. del 28 III-2001, entre otras).

Finalmente, y en atención al restante cuestionamiento traído en el escrito de impugnación, entiendo que tampoco resulta útil la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada en la causa L. 77.612, "Bonelli" (sent. del 20 VIII 2003), referida a la aplicabilidad del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto, a más de que el planteo recursivo remite al análisis de una cuestión de índole fáctica, como lo es establecer si se hallan configurados los presupuestos requeridos para la aplicación del referido art. 30, se constata que la pretensión en orden a una eventual condena solidaria en los términos del citado precepto no formó parte del reclamo formulado ante el tribunal de origen por la parte actora aquí recurrente.

3. Por consiguiente, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley adjetiva laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario traído.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también en igual sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente.

SENTENCIA Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.Negri.á Pettigiani, de Lázzari, Genoud.