Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 39/41.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el acreedor SEDESA contra la resolución 221 de fecha 05 de agosto de 2016, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "HIPERMERCADO TIGRE S.A. Y OTROS -CONCURSO PREVENTIVO- (EXPTE. 382/15)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-0051133-9); y,	CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución 221 de fecha 05 de agosto de 2016 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario declaró mal concedido el recurso de apelación deducido por el acreedor SEDESA contra el decreto dictado en fecha 5 de agosto de 2014 que hizo lugar a su oposición ordenando a la Sindicatura que formule reserva del crédito privilegiado sin pronunciarse sobre las costas del incidente.

Contra dicho pronunciamiento el quejoso interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 3/10).

Sostuvo que la interpretación y aplicación que realizó la Sala de la norma consagrada en el artículo 273 inciso 3) de la ley de Concursos y Quiebras no constituye una derivación razonada del derecho vigente y configura un supuesto de arbitrariedad que afecta el derecho de defensa en juicio, debido proceso y derecho de propiedad.

Adujo que la regla de la inapelabilidad prevista en la normativa concursal no es absoluta ni de interpretación literal y cede ante determinados supuestos contemplados por la doctrina y jurisprudencia.

Indicó que lo agravia el decisorio de la Alzada que declaró mal concedido el recurso de apelación por cuanto mantiene la resolución de primera instancia que -en lugar de imponer las costas a la fallida vencida- distribuye las costas en el orden causado, apartándose del derecho vigente, lo que configura un supuesto de arbitrariedad.

Argumentó que la imposición arbitraria de las costas efectuada por el juez de baja instancia no puede ser subsanada por una resolución posterior, ni existe remedio procesal ulterior que permita modificarla, lo que afecta su derecho de propiedad, cediendo en este caso el principio de inapelabilidad concursal.

Finalmente, haciendo reserva federal del caso, solicitó se haga lugar al recurso con costas.

2. La Sala, mediante auto 395 del 22 de diciembre de 2016 denegó el recurso de inconstitucional interpuesto (fojas 20/21), lo que motivó la presentación directa del quejoso por ante esta sede.

3. Se adelanta que la queja habrá de rechazarse.

Ello, en tanto en estos autos se observa de manera clara que el presentante no levanta la carga que le exige el artículo 8 de la ley 7055 al no lograr desvirtuar en su presentación directa los argumentos dados por la Cámara al concluir en la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, la Cámara sostuvo, que la recurrente no trató los argumentos sostenidos en la resolución que pretende impugnar y, en consecuencia, no expuso las razones constitucionales que ameritarían la procedencia del recurso interpuesto.

Los Sentenciantes indicaron que, pese a invocar vicios de arbitrariedad, el recurso esconde una simple disconformidad con el sentido del decisorio que aplicó lo prescripto en la legislación vigente de conformidad con lo sostenido reiteradamente por los Tribunales en la materia.

La Sala argumentó que el artículo 273 inciso 3) Ley de Concursos y Quiebras establece la regla de la inapelabilidad de las resoluciones dentro del concurso, salvo para el caso de disposición expresa de la ley.

Los Judicantes destacaron que en la resolución cuestionada se consideró expresamente que se tenía en cuenta la materia debatida -cuestión de costas en un auto inapelable- y que conforme lo resuelto por Acuerdo Pleno de Cámara N° 70 de fecha 17.12.1991 (renovado el 19.03.2012) tales cuestiones no son apelables.

Frente a lo sostenido por la Sala al denegar el recurso de inconstitucionalidad intentado, el recurrente en su presentación directa reiteró los argumentos ya expuestos en el recurso de inconstitucionalidad, esto es, que la aplicación de la norma consagrada en el artículo 273 inciso 3) de la Ley Concursal no constituye una derivación razonada del derecho vigente y por tanto configuraría un supuesto de arbitrariedad, mas con su discurso la quejosa no persuade sobre la irrazonablididad del criterio de los Sentenciantes.

Es que, en rigor de verdad, la postulación del acreedor queda reducida a una mera disconformidad con lo resuelto por la Cámara, que entendió que se trataba de una cuestión que no excedía de la tramitación ordinaria y normal del proceso falencial por tanto alcanzada por la regla general de la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el marco del concurso.

Estos fundamentos han quedado incólumes en el decisorio atacado, pues el recurrente no ha explicado por qué en el caso -apelación deducida contra un decreto que hizo lugar a la oposición del acreedor ordenando a la Sindicatura que formule reserva del crédito privilegiado sin pronunciarse sobre las costas del incidente- se estaría ante un supuesto que escapa o excede el trámite regular o normal del proceso no alcanzado por la restricción recursiva.

Sobre esta cuestión se ha sostenido que la revisión de grado de carácter absolutamente restrictiva y excepcional debe ser abierta sólo en aquellos supuestos en que se haya demostrado en forma efectiva y concreta que lo decidido en primera instancia importa un daño grave a los intereses en juego (cfr. Héctor Cámara, "El concurso preventivo y la quiebra", Lexis Nexis, Tomo V, 2007, pág. 356), circuntancia que no se advierte en el "sub lite".	Por otra parte, tampoco se advierte el aludido gravamen irreparable que, según el recurrente, habilitaría la apelación de la resolución que no impone al fallido vencido las costas de la incidencia, ya que el juez de primera instancia, dentro del marco de la ponderación que efectuó en torno a cuestiones de hecho, derecho y prueba -materia que ingresa en la esfera propia de las facultades de los jueces del proceso- consideró que no existió contraposición o conflicto alguno ante el planteo del acreedor privilegiado que ameritara apartarse de la regla general que impone las costas por su orden.

Por consiguiente, la pretensión última de la impugnante es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara efectuó valoraciones que podrán no conformar a la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese y hágase saber.

FDO: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 14 de Rosario.