marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sistema acusatorio, Constitución Nacional, proceso penal, juicio político, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Nuestra Constitución Nacional es un claro ejemplo de consagración del modelo teórico acusatorio, pues al regular el juicio político, también separa claramente las funciones de investigar y acusar, de las de juzgar; evitando que el juzgador tome contacto previo al juicio o con las pruebas o con las hipótesis preliminares, como derivación directa del principio republicano de gobierno, que rige la organización del poder del Estado.
Trabajadores rurales, Comisión Nacional de Trabajo Agrario, negociación colectiva, libertad sindical
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (1) c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Las normas dictadas por la CNTA en ejercicio de sus facultades conforman un piso mínimo de garantías (art. 8, ley 26.727), pero no impiden la libre negociación colectiva entre los trabajadores y empleadores y, por ende, el establecimiento de condiciones más favorables al trabajador como resultado del ejercicio de esa función sindical, que no se ve afectada por la ley 26.727; según ese régimen, las resoluciones de la CNTA son válidas en tanto fijen condiciones más favorables al trabajador((arts. 9, 32, 34, 40 y 44, ley 26.727). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Martín, Santos Alberto y otro s/ Robo calificado N.N. s/ Secuestro extorsivo Catellani, Carlos Adolfo s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04|1989-05-30|1991-03-12

Nada impide extraer presunciones de los llamados "medios de prueba directos".
Actos y diligencias procesales, suspensión del proceso judicial, renuncia del apoderado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUTTI Angelica c/ PEREYRA Aldo y ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 087)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-19

No se produce la suspensión de los procedimientos en caso de renuncia al mandato conferido, hasta tanto no se cumple la notificación de la misma en el domicilio real del interesado. Y el apoderado debe continuar sus gestiones hasta que haya vencido el plazo señalado para remplazarlo o comparecer por sí el poderdante, bajo pena de daños y perjuicios.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Clavijo, Agustín c/ Fidalgo, César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Para que entre en juego la prioridad de circulación de ambulancias y la detención exigible a otros conductores para facilitar el paso de las primeras, deben acreditarse dos presupuestos: a) que transitaba con urgencia a prestar los servicios para los cuales es necesaria una ambulancia; b) que lo hacían anunciando su paso con aparato sonoro especial y uniforme (sirena) de forma tal que los que transitaban por la vía pública, puedan apreciar por sus sentidos (en el caso, vista u oído) inconfundiblemente que se trata de ambulancia.
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: REGULACION  DE  HONORARIOS  DEL DR. NOVILLO CORVALAN EN GIMENEZ PEDRO s/ DECLAROTORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-21

El art. 53 de la Ley 7191 (ref. Ley 7524) se refiere a la suspensión de los trámites del remate, por lo que resulta indiferente si se había decretado o no la subasta. Debe interpretarse que al martillero le corresponde el 50% del arancel cuando los trámites se suspenden después de haberse aceptado el cargo y hasta el comienzo de la publicación de edictos cualquiera sean los trabajos realizados en el procedimiento que hubo de concluir con la subasta (art. 53 inc. "b").

No cabe otra interpretación ya que la ley no contempla variantes según la cantidad de pasos cumplidos entre la aceptación de cargo y los edictos de remate.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, trabajadores de la construcción, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: VILLARREAL, Daniel c/ MARTINEZ MICHELET SA s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

El art 30 LCT no es aplicable a las relaciones de trabajo regidas por la ley 22250, cuyo art 31 contiene -exhaustivamente, según doctrina plenaria de esta Cámara, obligatoria para el sentenciante y para esta Sala, conforme art 303 CPCCN- su propia regulación que excluye la admisibilidad de la invocación del art mencionado en primer término (Confr. Plenario 265 "Medina, Santiago C/ Nicolás y Enrique Hernán Floamingo SA" 27/12/88).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mujica, Nicanora c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 424-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

No obstante que esta Corte in re "Rodríguez" ha señalado que no puede estarse a lo dictaminado para otros fines por una Junta Médica previsional, no es menos cierto que ha circunscripto dicho impedimento al caso en que el cuerpo médico se haya limitado a constatar una determinada incapacidad pero sin precisar su origen ni mucho menos atribuírsela al accidente del cual derivó el daño cuyo reconocimiento se pretende, por lo que dicho criterio no resulta aplicable al sub judice, donde la Junta Médica "Ad Hoc" consideró que la incapacidad de la actora era "imputable al servicio", aludiendo a "accidente de trabajo" en el ítem correspondiente a "constancia de la relación de causalidad que la afección o lesión pueda tener con el trabajo del agente".
Suspensión del juicio a prueba, multa, pago de la multa
Materia: PENAL
Carátula: Cuenca Girón, Diego José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

El pago mínimo de la multa a la que alude el quinto párrafo del art. 76 bis del C.P. constituye una condición de procedibilidad de la suspensión del juicio a prueba. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Madueño y Catucci).
Costas, exención de costas, falta de temeridad y malicia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAPURRO, ALDO s/ HABEAS CORPUS PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-08

Debe liberarse del pago de las costas a quienes no han resultado parte vencida en un proceso y advierten -en virtud de la investigación practicada- lo innecesario de su continuación si se acredita que han actuado sin temeridad ni malicia y que pudieron razonablemente creerse con derecho a interponer el recurso.
Agravantes de la pena, homicidio simple, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: González, Angel Ezequiél s/ Homicidio calificado por alevosía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-02

Configura un agravante de la pena que el imputado haya cometido el homicidio en horas de la madrugada, cuando todavía no hay luz solar ni movimiento de gente y en su barrio, donde era dueño, señor y gran conocedor del mismo, sumado a la escasa edad de la víctima, aspecto que no pudo pasar desapercibido al tiempo de dispararle, ya que tuvo a la víctima a escasísima distancia.
Concursos, quiebra, honorarios, emergencia sanitaria, cuarentena, expediente, expediente electrónico, excepciones procesales, salud humana, regulaciones parciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bloj, Samuel c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

3 - Por ello, tal particular situación, abre cauce a una solución de especie de carácter extraordinario, no susceptible de tolerar generalizaciones. En tal sentido, el Tribunal habrá de practicar en este estadio una estimación meramente provisional y sujeta a ulterior modificación (de así corresponder, claro está), que posibilite a los profesionales que cuentan con honorarios regulados en su favor, acceder a las sumas que habrán de establecerse.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, quiebra, liquidación, acreedor, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camarasa Lombardi y Cía. (C.L.O.) Sociedad Anónima s/ Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines  regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ­Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-09

En la quiebra liquidativo-distributiva, el reparto se hace según un orden de jerarquías ("ranking, que responde a los privilegios o preferencias legales (artículos 239 y siguientes, Ley 24522). Ello así, y al ser posible (en la práctica, suele ser la regla) que el producto no alcance para cubrir el ciento por ciento de las acreencias, el déficit del activo se traduce en la insatisfacción -parcial o inclusive, total- de una o de varias categorías de acreedores, según fuera el peldaño de la escala jerárquica en que se produjese el agotamiento del dinero repartible. Por caso, cuando ello ocurre después de pagados los acreedores el concurso, quedan sin cobrar los privilegiados generales, los quirografarios y los subordinados (si hubiese). Mas todavía. Si el producto se consumiese en la atención de los privilegiados especiales, ni siquiera cobrarían los acreedores del concurso (o "gastos de administración y justicia"), con lo que es posible que en una quiebra liquidativa con producto considerable, en la cual la regulación de los letrados y funcionarios fuese superior a los tres sueldos de Secretario por aplicación de las porcentualidades del artículo 267 de la ley 24522, dichos funcionarios no cobrasen por la postergación que a su crédito podría imponerles la existencia de créditos de mejor rango como, por ejemplo, privilegiados especiales por monto que superase el producto de la liquidación. (Del Voto en Disidencia del Dr.

Müller).
Daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: OTAROLA Marcos Alfredo c/ Betelu Roberto José y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-23

Se ha probado que el recurrente no actuó en este caso conforme los principios y técnicas de su disciplina y con la aplicación del mayor celo profesional en la atención del paciente, pues el recto ejercicio de la medicina es incompatible con la acreditada actitud superficial de limitarse a indicarle 5 días de reposo y antinflamatorio, cuando la lesión padecida (luxación de semilunar de muñeca izquierda) podía determinarse con el examen físico y exigía otro tratamiento -tal como fue indicado por el perito actuante-, y complementarlo con una radiografía de muñeca de frente y perfil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Aricó, Néstor Nicolás s/ Ejecutivo-Recurso de Queja Interpuesto por Dr. Néstor N. Aricó
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-13

La decisión denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, es ajustada a derecho por cuanto la sentencia que rechaza una recusación planteada no es definitiva en los términos exigidos por los artículos 276 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial y, por tanto, inabordable en casación al no poner fin al litigio o impedir su continuación ni ocasionar un agravio sustancial e insusceptible de reparación.
Marcas, marcas confundibles, nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXIROS AR SA c/ DIAZ BO FELIX CESAR s/ cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

La marca de servicio identifica y distingue un servicio específico prestado en forma uniforme por una compañía mientras que los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores. En otras palabras, el nombre comercial distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla una actividad. La marca de servicio no dice que es y distingue un producto y no quien lo fabrica (Sala 2, causa 237 del 30-12-92; Sala 1, causa 888 del 19-3-91). La firma no designa con la voz EXIROS algún servicio en especial sino un sitio de Internet con su nombre y que no realiza ningún tipo de publicidad debido a que su actividad es la compra para empresas del grupo al que pertenece, Techint, no teniendo la intención de ganar mercado ni de operar para otros clientes externos. En tales condiciones, cabe coincidir con el sentenciante en que la recurrente no arrimó a la causa elemento alguno de convicción vinculado con su reclamo, cuando ello le incumbía como imperativo de su propio interés (art 377, Código Procesal).
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, actos de los poderes públicos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empadronamiento inmobiliario, revalúo inmobiliario, contribuciones especiales, contribución territorial, contribución por pavimentación, pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ARIAS, Alejandro José c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-19

La pretensión de cobro de contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza Territorial, Pavimentos y Aceras, en virtud de las modificaciones efectuadas en el estado de empadronamiento de los inmuebles por períodos ya transcurridos y que fueran oportunamente pagados, aparece "prima facie" como un acto administrativo y de ilegalidad manifiesta, reñido con derechos tutelados por la Carta Magna y no menos con el principio conforme el cual el pago goza de fuerza cancelatoria, más aún si este ha sido recibido sin formularse reserva de derecho alguno. Frente a ello, la vía del amparo resulta idónea a fin de dar respuesta al planteo del accionante, tendiente a cuestionar la procedencia de la intimación de pago y del cobro que intenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fundamento en la evaluación retroactiva.
Fuerzas Armadas, personal militar, remuneración, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CATTANEO, ATILIO ENRIQUE c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR LS 82 CANAL 7 SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-26

A partir del dictado de la ley 22480, la totalidad del personal militar que se desempeñara en organismos estatales o en sociedades o empresas del estado o con participación estatal, quedó comprendido en la norma, con distintas consecuencias según se hallase incluido en los artículos 1 o 2, con las únicas excepciones establecidas en los decretos 279/82 y 236/83, interpretados restrictivamente (conforme Sala III, sentencia número 48970, 13 de diciembre de 1984, 'Ragani, Juan Carlos c/ ATC').
Accidentes de trabajo, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Vega, Juan Carlos c/ Empresa DYCASA Y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-05-06

Resulta improcedente el agravio del empleador tendiente a que se aplique la ley 26.494 a la indemnización de un trabajador de la construcción, y que se reduzca el monto derivado de un accidente laboral, en razón del régimen previsional diferencial que establece como edad jubilatoria los cincuenta y cinco años, pues el accidente ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la disminución de la edad jubilatoria, por lo que el siniestro queda enmarcado en el régimen anterior a la precitada norma; donde, si bien los trabajadores de la construcción contaban con un régimen especial (ley 22250), este no preveía un sistema jubilatorio diferente, de manera tal que se aplicaba el general previsto en la ley 24241 (art. 19).
Contestación de la demanda, iura novit curia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RIVERO ELVIO c/ FRIGORIFICO FERRARI  S.A.I.C.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-25

Lo único que el demandado está obligado a negar categóricamente en su contestación, so riesgo de que de no hacerlo ello pueda ser tomado como una presunción en su contra, son los hechos constitutivos de la pretensión de su contraria (art. 166 del C.P.C ). Coincidentemente, el último párrafo del art. 49 de la Ley 4163 prescribe que el silencio del accionado trae como consecuencia una presunción de veracidad de los hechos relacionados en la demanda. En suma, por aplicación del principio "iura novit curia", los jueces están obligados a aplicar la norma que corresponde al caso concreto, a despecho de las invocaciones de las partes a este respecto.-
Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, formación y sanción de la ley, facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez Diez, Ricardo y otros c/ PEN  -  Congreso  de  la Nación s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

No surge de las constancias de la causa, ni fue denunciado por los recurrentes, que en el proceso de formación y sanción de la ley 24.699 se hubiese configurado algún supuesto que lleve a hacer excepción al principio según el cual las cuestiones atinentes a tal proceso constituyen una materia en principio ajena a la facultad jurisdiccional de los tribunales de justicia.
Amparo por mora, sentencia, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rivera, Pablo Aníbal c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-28

De los antecedentes del caso surge que la actora interpuso acción de amparo por mora la que fue admitida por esta Corte de Justicia, mediante Sentencia Definitiva Nº13/13, intimando a la parte demandada a que se expida en el plazo perentorio fijado en el pronunciamiento, el que se encuentra firme, consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada. No obstante, la autoridad administrativa informa al Tribunal que la sentencia judicial aún no se ha cumplimentado.

El proceder administrativo reseñado en el considerando precedente, causante de la solicitud de aplicación de astreintes que se trae a decisión de esta Corte de Justicia, resulta objetable.

En efecto, el hecho justificativo de la demora en el cumplimiento de lo ordenado, en lugar de justificar el incumplimiento demuestra la falta de diligencia en el proceder de la accionada por intermedio del funcionario de que se trata, permite presumir la desidia de la obligada.

Frente a ello, surge el deber ineludible del Tribunal de hacer cumplir lo ordenado en la sentencia para que ésta no quede en un pronunciamiento meramente teórico o abstracto, encontrándose tal facultad dentro de las atribuciones propias del órgano jurisdiccional.

En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva surge del Art.18 de la Constitución Nacional e incluye el derecho que la sentencia sea cumplida. Porque cuando ésta se incumple por los poderes públicos implica un atentado contra el Estado de Derecho y, por ende, el sistema jurídico debe contemplar este incumplimiento asegurando la efectividad de las sentencias o resoluciones judiciales firmes.

En razón de lo expuesto éste Superior Tribunal Provincial en uso de facultades constitucionales y legales contenidas en los Arts. 205 de la Constitución Provincial, y Art. 166 del CPCC, se encuentra investido de imperio para hacer cumplir sus sentencias.

En consecuencia, resultando facultad privativa de este Tribunal meritar sí en el caso concreto concurren las razones que justifican la imposición de sanciones conminatorias y sancionatorias de indiscutible naturaleza procesal para obtener el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenó pronunciarse sobre lo peticionado por la actora, acudiendo a éste medio de tutela, protección o defensa del derecho reconocido judicialmente, se estima prudente imponer una multa diaria de pesos cincuenta ($50), por cada día de retardo en el cumplimento de lo ordenado por Sentencia Definitiva Nº13/13, a partir de la notificación de este pronunciamiento y en beneficio de la parte actora.
Ministerio de Menores, conflictos interadministrativos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabiche Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La medida cautelar dictada en la causa -suspendiendo los efectos de una resolución del Asesor General Tutelar referida a la actuación de los integrantes del Ministerio Público Tutelar-, por la trascendencia de la cuestión, su alcance y por resumir en si misma el acogimiento de la pretensión de fondo, constituye un exceso que justifica, de manera más que suficiente, el abordaje de la cuestión, sin que pueda invocarse a este respecto el aparente óbice formal de la inexistencia de sentencia definitiva.
Leyes, interpretación de la ley, honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, E. R. c/ Celotto, A. R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

La ley 8904 no ha recibido en su articulado la posibilidad de valorar las motivaciones a las que acude ni las razones de equidad que merita el juez al efectuar el cálculo de los honorarios pues no es viable, por vía hermenéutica juzgar la bondad de la política seguida por el legislador en el ámbito propio de sus facultades, desde que el examen de su acierto, conveniencia, mérito o eficacia excede los límites de la jurisdicción, siendo vedado al juzgador con mayor razón, aplicar criterios que impliquen desconocer la solución legal.