marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad anónima, asamblea de accionistas, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA c/ CCI   CONCESIONES   Y   CONSTRUCCIONES   DEINFRAESTRUCTURA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

En sentido jurídico el "receso" constituye la separación por propia iniciativa del accionista de la sociedad que integra. Se trata de una posibilidad ciertamente excepcional ya que no es concebible en principio -más allá de la posibilidad de transmitir sus acciones- que en una sociedad de capital -como la anónima- pueda el socio resolver parcialmente el contrato social y retirarse de ella por su sola voluntad mediante la devolución de su parte en el capital social. Por eso, ello sólo procede en los casos expresamente reconocidos por el ordenamiento societario ( ls 245), sin perjuicio de los demás supuestos que las partes pudiesen haber previsto estatutariamente (cfr. ls 89; Halperin, Isaac, "Sociedades anónimas", ED. Depalma, Bs.As. 1978, p. 627). Así, el receso es un derecho que la ley otorga al accionista en defensa de sus intereses económicos particulares, para retirarse de la sociedad en ciertas situaciones excepcionales que afectan las bases estructurales de su pertenencia al ente societario (cfr. zaldivar, Enrique y otros, "Cuadernos de derecho societario", ED. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1980, t. III, p. 499, N° 44.1). Conforma una facultad del accionista que sólo surte efectos legales cuando éste decide ejercitarla en tiempo y forma, constituyendo -en resumidas cuentas- un medio de protección de los socios que no contribuyeron con su voto a la formación de los acuerdos de reforma de la sociedad (Nissen, Ricardo, "Ley de sociedades comerciales", t. 3, ED. Abaco, Bs.As. 1985, p. 280).
Incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cabral, Juan H. c/ Pascual C. Reggieri s/ Despido y cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Incapacitado totalmente el trabajador para desempeñar cualquier tipo de labores a la época de la extinción del vínculo, la causal invocada en esa oportunidad para disolver el contrato resulta indiferente, ya se funde en despido directo, indirecto o renuncia del dependiente, porque la rescisión del contrato no se produce sino por imposibilidad de su subsistencia.
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, hecho imponible, sentencia, prescripción decenal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAITOR S.R.L. c/ AFIP s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

En materia de prescripción se aplica el art. 16 de la ley 14.236 a partir del vencimiento de las obligaciones exigidas y no como el recaudador sostiene, es decir a partir de que el organismo toma conocimiento de la existencia de la deuda o crédito exigible, lo cual ocurre con la notificación que cursa el juzgado a la AFIP (En el caso el Fisco reclama el pago de aportes y contribuciones por períodos mayores a diez años).
Cuestiones de competencia, competencia federal, acción de amparo, Obra Social del Poder Judicial, derecho a la salud, interpretación de leyes federales, tratamiento de las adicciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa M., M. A. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Es competente la justicia federal para entender en la acción de amparo iniciada por un afiliado contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a fin de que se ordene la cobertura de los gastos de tratamiento y traslado para rehabilitación de adicciones, pues se advierte que lo medular de la disputa planteada exige interpretar el alcance de una norma federal - Ac. CSJN 27/11 y Fallos: 339:245, "A., F.J."- y de la resolución 272/2010 dictada en su consecuencia, cuyo conocimiento está reservado a la justicia de excepción y excluido de la aptitud de los tribunales locales, además de que, prima facie, conlleva la interpretación de preceptos concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional, honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bustos Antonio Marcos c/ Jefe del Estado Mayor General del Ejército s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

El art. 22 de la ley 23.982 dispone que "el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo". Los honorarios regulados al letrado de la actora quedaron firmes en el mes de marzo de 1995, razón por la que la suma pertinente debió ser incluida en el presupuesto del año 1996, cuyo tratamiento debió ser efectuado durante el período de sesiones ordinario de 1995. En consecuencia, a partir de la clausura de éste ha quedado expedita la vía para que el recurrente peticione la ejecución judicial de la suma que se le adeuda (confr. en igual sentido esta Sala in re "Quintillán Ernestina María c/ E.N. -Mº de Cultura y Ed.- y Otro s/ amparo por mora", del 23/6/95).
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

El "acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte" da, a quien goza del derecho afectado, acceso a un procedimiento expedito. No es un supuesto de extensión del colectivo de legitimados. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Epszteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ amparo {art. 14 CCABA)'", expte. n° 7632/10, sentencia del 30 de marzo de 2011).
Estabilidad del delegado gremial, notificación, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Cristóbal y Ruiz Díaz, Alejandro c/ Radco Ingeniería S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-02-05

El inciso d) del art. 49 de la Ley 23551, exige prueba fehaciente cuando establece que la garantía surtirá efecto si la comunicación de la postulación y/o designación es efectuada al empleador mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita, y que la prueba requerida como requisito deviene si se quiere en alguna medida, constitutiva del derecho a la estabilidad garantizado por el art. 50 de la Ley 23551, dicha formalidad no puede suplirse con ningún otro medio de prueba, ni aún tan siquiera por la certeza de que la principal disponga de información suficiente en ese sentido.
Sociedad conyugal, condominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Badillo, José María c/ Balderrama, César y otra s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

Dado que la inexistencia de la voluntad y consentimiento por parte de la condómina para la formalización de la compraventa, quede evidenciada a partir de la demostración a través de la prueba pericial caligráfica de la falsedad de la firma que figura estampada en el boleto (arts. 384, 473 y 474 del Cód. de Proc.), el mismo carece de validez a los fines de la escrituración que se hubo demandado en autos.- de firma, en tanto ello implica una ausencia de firma.
Acción de despojo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ DE ORELLANA BRUNA c/ ALCADIO CHAVEZ s/ ACCION POSESORIA DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-05

Debe probarse en la acción de despojo por la parte actora: a)su posesión, entendida por tal inclusive la mera tenencia, sea o no viciosa, b) el despojo y c) el tiempo en que el demandado lo cometió. Los dos primeros requisitos son esenciales, ya que sin posesión o tenencia, no hay acción; sin la prueba del despojo, el accionante carecería de causa para accionar. En cuanto al tiempo de comisión, es una exigencia que se vincula con el plazo de prescripción de la acción, que es de un año; empero, la prescripción es una excepción cuya alegación y prueba corresponde al demandado, y por ello a la parte actora le basta probar la posesión y el despojo, ya que mientras la contraria no oponga la prescripción, la acción del despojado es igualmente procedente, cualquiera sea el tiempo en que se produjo.
Recurso de casación, absurdo, discrepancia del recurrente, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tapia María Marga c/ Nieva Luis y/u Ocupantes s/ Reivindicación, etc. - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-08-25

No puede endilgarse a la resolución atacada "absurdo o arbitrariedad"; dado que la Cámara interviniente, al tratar la defensa de prescripción planteada por el ahora casasionista y pronunciarse por su rechazo hizo mención concreta a cada una de las pruebas, a su juicio conducentes y concordantes con otras, motivando su decisorio; entre ellas: la prueba documental reseñada como ser el recibo manuscrito, la prueba de reconocimiento judicial con relevamiento vecinal practicado, la prueba informativa y testimonial. De esta manera, los argumentos vertidos por el recurrente no resultan idóneos para descalificar tal pronunciamiento, en razón de su "pretensa discordancia" con la forma de apreciación judicial, aun cuando en cada uno de los agravios expresados haya indicado una supuesta violación y/o aplicación falsa y/o errónea de doctrina legal por el tribunal; que no surge ni de los términos de sus argumentos ni del examen del expediente en estudio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de la ley, Pacto de San José de Costa Rica, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: NESTOR RAUL CARRASCO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- PROCEDENCIA    INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY    EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

No procede el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que estimó que en el caso no se daba ninguno de los supuestos previstos en el art. 379 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Ello es así, pues respecto de la pretendida aplicación en la especie de la ley 23054, aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, que a juicio del apelante derogaría las disposiciones del art. 380 del ordenamiento procesal (texto según ley 23050), resulta insustancial toda consideración al respecto toda vez que la denegación de la Cámara no fué con base en dicha norma obstativa de la libertad.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzola, Antonio César c/ Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Si no existe duda que la ambulancia circulaba con las balizas encendidas y que intentaba sobrepasar la línea de marcha de otro automóvil, el cual sin efectuar señal alguna de giro se cruza en forma imprevista delante de la ambulancia, es precisamente esa negligente e imprudente maniobra la causa exclusiva de la producción del accidente, de allí entonces que la parte demandada ha conseguido acreditar una causal de exención de la responsabilidad objetiva emergente de lo normado por el art. 1113 del Código Civil.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, mora del acreedor
Materia: LABORAL
Carátula: "Molto   SA c/ Mariscal  Rivas  Joaquín  Fernando s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

No procede la multa prevista en el art. 80 L.C.T., si cursada la intimación la empleadora manifestó su intención de cumplimiento poniendo la documentación a disposición del requirente, y éste no concurrió a retirarla a la sede de la empresa, que era el lugar de cumplimiento de la obligación. Ello revela el desinterés del trabajador de recibirlos. Por lo tanto, la omisión de concurrir a la sede de la empresa coloca al trabajador en situación de mora accipiendi y purga la mora del deudor.
Sentencia, nulidad de oficio, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARQUEZ, FRANCISCO LAZARO. c/ SOSA S.R.L. Y SOSA, FRANCISCO LUCAS Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-24

El examen de admisibilidad previsto por el artículo 136 del CPL -que ahora debe revisar esta Corte como Tribunal de casación- no fue válidamente efectuado, desde que la Sala VI no se integró como debía a la hora de emitir el pronunciamiento.	El artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del CPL, dispone que la nulidad proveniente de defectos de constitución del órgano jurisdiccional, es insubsanable y podrá ser declarada de oficio y sin sustanciación si la nulidad es manifiesta.

Sobre el particular, se ha dicho que "La regla legal considera que hay nulidad absoluta e insubsanable cuando el vicio proviene de defectos en la constitución del órgano jurisdiccional, como es el caso en que el acto jurisdiccional no esté suscripto por el juez competente o integrado debidamente por el Tribunal que resuelve, o la voluntad del Tribunal no ha adquirido la mayoría que requiere la ley" (cfr. Bourguignon, Marcelo - Peral Juan Carlos -Directores-, "Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado", Bibliotex, Bs.As. 2008, t. 1, pág. 457). En este orden de ideas, entiendo que la resolución de fecha 31-7-2012, infringe lo dispuesto por el artículo 136 del CPL, que impone a la Sala -debidamente integrada- analizar y determinar si el recurso de casación reúne los requisitos establecidos en los artículos anteriores de igual digesto de forma, y decidir la cuestión atinente a su admisibilidad en el plazo que indica, mediante auto fundado.

Lo resuelto mediante la citada sentencia interlocutoria de fecha 31-7-2012 incumple con las previsiones de la ley ritual, lo que, a mi criterio, justifica la declaración oficiosa de nulidad de dicha resolución, al haber sido dictada por un órgano jurisdiccional defectuosamente constituido (artículos 166, tercer párrafo, del CPCC). Ello, toda vez que tal nulidad es insubsanable y manifiesta.
Nulidad de sentencia, suspensión del juicio a prueba, prisión
Materia: PENAL
Carátula: BUCAI, Axel Nicolás c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde anular la decisión recurrida y enviar las actuaciones al tribunal a quo para que se continúe con la sustanciación del proceso toda vez que en el caso bajo examen se ha concedido una suspensión del juicio a prueba contra legem, pues el delito atribuible a al encausado es el estipulado en el artículo 302 del CP que tiene prevista en forma conjunta con la pena de prisión, la de inhabilitación. Y en el mismo texto legal de cita, en su artículo 76 bis párrafo 8° el instituto en cuestión está prohibido cuando exista la posibilidad de aplicación de ese tipo de pena.
Evasión, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: IBARROLA, A. s/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Comparto el voto del Dr. Rocha Degreef en lo relacionado con el delito de hurto, mas no en lo posterior pues considero que los encausados perpetraron el delito de tentativa de evasión, desde que con tal finalidad acometieron contra los policías, arrojando un cenicero contra un espejo dañando el último y destrozando el primero, blandiendo también contra aquéllos otros objetos contundentes, todo mientras se hallaban legalmente detenidos por los Cabos Infante y Durso en el interior del hotel Fénix a la espera de refuerzos policiales, quedando subsumido el daño en la violencia típica de ilícito previsto en el art. 280 del Código Penal. Cabe destacar que "una persona que puede juzgar intrínsecamente el carácter legal de una detención. Es decir que si después se lo debiera absolver por el hecho por el que se lo había detenido, ello no puede derivar en una distinta valoración de la evasión; no queda ésta justificada por la injustificación intrínseca y material de la detención que le dio origen".
Derechos y garantías constitucionales, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

La operatividad de un precepto constitucional no depende de ley alguna que lo reglamente (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Honorarios del abogado, exhortos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dymensztein Jorge Manuel s/ Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-12

El régimen establecido por la ley 22.172 sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial -al que adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 9618-, establece expresamente que: "No podrá discutirse ante el tribunal al que se dirige el oficio, la procedencia de las medidas solicitadas, ni plantearse cuestión de ninguna naturaleza. Los de competencia solo podrán deducirse ante el tribunal oficiante" (art. 4).

Consecuentemente la nulidad promovida en autos fundada en la supuesta falsedad del instrumento público que garantiza el mutuo hipotecario que se ejecuta ante el Juzgado oficiante que ordenó la medida cautelar que originó el pedido de regulación de honorarios, se encuentra alcanzada por la restricción legal antes referida, debiendo formular el interesado el planteo correspondiente ante el Juez de la causa que tramita en extraña jurisdicción (arts. l69, Código Procesal; 4 ley 22.l72).
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guatto de Minchín, Olinda Josefina c/ Maidana, Pablo Damián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Si el dueño comunica al Registro que otorgó la posesión del vehículo a un tercero (aviso de venta) genera a su favor la presunción de considerarlo como aquél por quien el dueño no deba responder y que la cosa ha sido usada contra su voluntad.
Prueba de informes, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: García Remon, Manuel y Otra en autos: López, Cristóbal c-benitoLacalle s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-02-08

Las pruebas de informes hacen plena fe, mientras no sean redargüidas de falsedad, principio aceptado por el art. 376 del Código Procesal Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, embargo, daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carbajales, Marcelo Roberto c/ Banco Santander Rio S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

Con respecto al invocado perjuicio por el uso de medios de financiación alternativos, la Alzada remarcó que a los fines de reconocer la indemnización pretendida no bastaba con lo informado por una asociación mutual acerca de los préstamos otorgados al actor, pues -según los magistrados- no aparecía suficientemente probada, en los términos del artículo 1736 del Código Civil y Comercial, la relación de causalidad con el embargo de cuentas efectuado por la demandada, ni surgía de las constancias de la causa en qué consistiría el daño supuestamente sufrido; asimismo señalaron los juzgadores que si bien el actor no pudo disponer de los fondos indebidamente embargados, ello por sí solo no conllevaba la presunción de la necesidad de acudir al financiamiento, expresando además que, aun en el caso de haberlo necesitado, no se acreditó que en otras entidades del sistema financiero se lo hubiesen denegado o que no hubiera existido otra alternativa que acudir a la referida mutual, y mencionando que incluso el importe total del capital obtenido en préstamo superaba ampliamente al monto de los fondos embargados; y destacando que la tasa de interés estipulada por la mutual lucía similar a la que hubiese exigido cualquier otra entidad financiera; de modo que -concluyó el Tribunal- no quedaba evidenciado el daño y mucho menos el nexo causal y, por ende, debía descartarse también este capítulo. (Del voto de los Dres. Gutiérrez, Netri y Spuler. En disidencia: Dres. Erbetta y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1736
Contratos, resoluciones, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: SOLER, ELBA ELCIRA c/ SARTORI, MIRNA NOEMI LOPEZ DE s/ CONSIGNACION    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 517-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Una de las teorías que existe en doctrina y jurisprudencia sobre la facultad de resolución de un contrato ante el incumplimiento del co-contratante, distingue entre el pacto comisorio en sí mismo -que no tiene nada de inmoral- y la cláusula que autoriza al vendedor a apropiarse de los importes percibidos, la cual sí puede ser abusiva, por lo que corresponde entonces su reducción, sin perjuicio del pacto comisorio ejercido.
Defensa del consumidor, acción judicial, publicación de la ley, aplicación de la ley, mediación, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Banco Patagonia SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso el traslado de la demanda sin acreditarse el cumplimiento del trámite de mediación previa, pues tratándose de una acción entablada por una asociación de defensa de los consumidores, es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, de modo tal que el conflicto no podría ser solucionado por un acuerdo transaccional celebrado en el marco de la mediación establecida en la ley 26589 y en casos como el de marras, es obligatoria la intervención del Ministerio Público Fiscal a fin de homologar el acuerdo de partes de manera tal que los usuarios y consumidores sean debidamente tutelados, lo cual no acontecería de celebrase conforme aquella ley.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: Lara, Paola Raquel c/ Eckerdt, Luisa Renata y Otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-10

Si en la demanda se precisa que la partida asignada por un rubro indemnizatorio -en el caso, incapacidad sobreviniente- resulta estimativa y sujeta en definitiva a las resultas de la prueba pericial ofrecida, no se incurre en ultra petita si la condena importa una indemnización superior a la estimada por el accionante.