marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ZAGARI, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

La Corte Suprema, en la causa "Heitt Rupp" (sent. del 16.09.99), reafirmó "...las atribuciones que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la Ley de Presupuesto..." y en consecuencia rechazó el planteo de invalidez del art. 7 punto 2 en cuanto lo consideró "...basado en agravios conjeturales...". Sin embargo dicho tribunal, ya en el caso "Postiglione, Roberto Severio c/Poder Ejecutivo Nacional" (sent. del 18.12.02), advirtió que a partir de las regulaciones dictadas a comienzos del año 2002 "...han variado dramáticamente por efecto de la devaluación operada" (en ese año) las condiciones de estabilidad de la diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, circunstancias estas que no ameritaron -excepto en las prestaciones mínimas- ningún reconocimiento de movilidad en los haberes. Ello así, y ante la pasividad del legislador, habida cuenta que en palabras de la Corte Suprema "... la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles..." (cfr. "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 15.05.05, considerando 4°), es deber de los Magistrados, hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el cometido autoimpuesto conforme la norma cuestionada y en consonancia con las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, hacer operativa la referida cláusula constitucional.
Monto de la indemnización, homicidio
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Robledo, María Cristina y Ot. c/ Auge, José y Otro s/ Daños y perjuicios - Y su acumulada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-17

Cabe desestimar la apelación tendiente a impugnar el monto otorgado a la madre de un fotógrafo que fue secuestrado y asesinado, pues el dictamen pericial es claro y contundente al explicar la incidencia causal de la muerte de su hijo en las secuelas incapacitantes que la actora padece como consecuencia del agravamiento de sus dolencias previas, siendo que los reparos de los apelantes al afirmar que tanto la diabetes como la hipertensión son anteriores al hecho de autos se desentienden del efecto concausal atribuido por el perito y receptado por por el Sr. Juez "aquo".
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Crisman de Pérez, Teresa y otros c/ Benvenuto  S.A.C. e I. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La regla del artículo 56 de la Ley 7.718 de la Provincia de Buenos Aires, que exige el depósito del capital, intereses y costas como requisito necesario para interponer el recurso de inaplicabilidad de ley, y sus excepciones, pierden su valor absoluto cuando se presentan situaciones que exceden lo que es habitual en los trámites ordinarios, ya que su aplicación mecánica puede conducir a soluciones manifiestamente irrazonables.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, habilitación de instancia, gravamen irreparable, defensa en juicio, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Armani, Rafael Ariel c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo - acción especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Si bien es jurisprudencia de la Corte Suprema que la decisión en materia de habilitación de instancia resulta una cuestión de índole procesal ajena al recurso del artículo 14 de la Ley 48, se exceptúan de ese principio aquellos casos en los cuales se causa un agravio de imposible o inoportuna reparación ulterior, pues se veda al recurrente el acceso a la jurisdicción de los tribunales y se restringe sustancialmente su derecho de defensa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Divorcio, separación de hecho, interrupción de la cohabitación, cómputo del plazo, abandono del hogar conyugal, alteración de las facultades mentales
Materia: CIVIL
Carátula: S.N.S. c/ H. de  S.G. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-11

Para que quede configurada la causal objetiva, art. 214, inc. 2do , del Código Civil, es preciso que los cónyuges se hayan mantenido separados sin voluntad de unirse por un tiempo continuo que sea superior a los tres años. Por lo pronto, el hecho constitutivo de la causal no hace menester una conjunta voluntariedad que apunte a la separación y a la preservación en tal estado, sino que quedan incluidos en este supuesto, tanto la interrupción de la cohabitación decidida por ambos cónyuges, como también al abandono de hecho de uno de los esposos o recíproco, como así también los no infrecuentes casos en que uno de los cónyuges interrumpe la cohabitación debido a la inconducta del otro. En todos los casos lo que caracteriza la vida separada es la ruptura de la vida común y es esa circunstancia, la que calificará objetivamente al fracaso matrimonial que aprehenden los arts. 204 y 214, inc. 2do., para consagrar la separación personal o el divorcio.

Desde esta generalizada óptica, pierde sustento cualquier cuestionamiento que se refiera a la inadmisibilidad de la causal por falta de capacidad civil de uno de los esposos, pues aunque la limitación en el discernimiento que ello presupone vede esa bilateral voluntariedad ello no empece a la configuración de la causal. Uno de los cónyuges no puede oponerse a la separación personal o al divorcio solicitado por el otro, argumentando que él tuvo voluntad de unirse o de reiniciar la convivencia a pesar de haber mediado interrupción de la cohabitación, porque tal planteo conduciría a desnaturalizar el concepto de ruptura que pueda deberse a la voluntad de ambos cónyuges o a la de uno solo de ellos, pues por mucho que el cónyuge abandonado pusiese su válida y cabal voluntad en pro de la reanudación de la convivencia, es obvio que ésta será posible en caso de ser aceptado por el otro, de modo que el abandono no es más que una objetiva causal que prueba elocuentemente la ruptura de la vida en común por circunstancias que no resultan ajenas a la decisión de los cónyuges.

Cuando se alude por la ley a la "no voluntad de unirse", no se está caracterizando una separación necesariamente "querida" o "aceptada" por ambos esposos, sino que basta que uno de ellos haya abdicado de la convivencia por circunstancias involuntarias o de fuerza mayor, para que el elemento intencional presupuesto quede configurado.

No resulta, en principio, óbice, suficiente el hecho de que uno de los cónyuges carezca de pleno discernimiento para que la causal pueda ser invocada por el otro, ya que no es indispensable la común voluntad de los cónyuges para que aquélla prospere.
Proceso penal, robo
Materia: PENAL
Carátula: Aybar, Ramón H. y Alba, José G. s/ Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 04/12 interpuesta por los Dres. Orlando del Señor Barrientos y Diego Martín Figueroa referente a Expte. Letra 'A-A' Nº 85/11 - Aybar, Ramón H.; Alba, José G. p.ss.aa. Robo Agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-27

El agravamiento del robo por despueble está situado junto a otras circunstancias calificantes que no suponen resultado dañoso para las personas o situaciones de peligro para su vida o integridad física. La ratio legis de la agravante en despoblado, comprende ambas modalidades delictivas. Así, como cuando hay violencia en las personas, la víctima no tendría posibilidad de obtener auxilio de terceros, cuando el desapoderamiento ilegítimo es perpetrado con fuerza en las cosas, el autor del delito tendría a su favor para ejercer la fuerza, la tranquilidad y la facilidad que le brindan la soledad y el desamparo.

Por ello, entiendo que no es requisito de la figura atribuida la circunstancia de que esté presente la víctima al perpetrarse el hecho, ya que el agravamiento del robo en el supuesto que nos ocupa tiene por finalidad el brindar una mejor y mayor protección jurídica de los bienes atendiendo a su situación de desamparo, sin que la víctima deje de ser tal por su sola ausencia. La falta de otras personas en el medio no entorpece la perpetración del ilícito y brinda a los autores del robo una mayor impunidad al facilitarse no solo la comisión, sino también, al dificultarse la identificación del agente. Los inconvenientes para obtener el auxilio de terceros, no suponen en modo alguno exigir la presencia de la víctima al tiempo del evento, ya que la lesión a la misma en su derecho pudo producirse en su ausencia, lo que no obsta para la ocurrencia del tipo agravado en el modo que define la propia figura del art. 167, inc. 1°, del C. P.

De este modo, se evidencia que la descripción del tipo agravado previsto en el inc. 1° del art. 167 del C.P. tiende a castigar con mayor sanción al robo cometido en despoblado, sin adicionar implícita o expresamente otras condiciones.
Costas, sentencia, costas en el orden causado, sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: West, Saúl s/ Reg. de Honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

Dictada una decisión definitiva sin pronunciarse sobre el tema de las costas, sin que se haya subsanado el silencio por aclaratoria o apelación, debe entenderse que estas deberán soportadas en el orden causado.

De haber adquirido firmeza dicho auto, las costas quedaron impuestas en tal sentido con la autoridad de cosa juzgada.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUTO, JORGE B. PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-12

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado de la demandada-Provincia de Río Negro-que alega violación e interpretación errónea del art. 1 inc. d) de la ley 2545 (que ratifica el Dcto. 2/92), al desconocer el carácter de accesorio de los honorarios profesionales en cuestión. Ello, dado que en autos solo se ha analizado la aplicación de normativa provincial (L.

2545), es decir, una cuestión de Derecho Público provincial, ajena a las previsiones de la ley 48. No surge pues la configuración de un requisito esencial e indispensable a los fines de la apertura de la instancia de excepción que constituye el remedio federal intentado, cual es la existencia de la "cuestión federal" en los términos del art. 14 de la ley 48.
Títulos de crédito, títulos al portador, bonos externos, mora, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRUDENCIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA c/ BAJAMAR SAIC s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-11

Si desde la mora de la deudora en la entrega de cierta cantidad de bonex, el índice de actualización de precios hubiese crecido mas que la cotización de los títulos adeudados, la privación de esos títulos por quien tenía legítimo derecho a ellos, o a su valor de cotización en aquel tiempo, le habría provocado un perjuicio, que debería soportar e indemnizar el deudor moroso.
Prescindibilidad, estabilidad del empleado público, razones de servicio, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Darío E. c/ E.N. -Sub. de Planificación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Las razones de servicio constituyen fundamento suficiente para la separación de los agentes públicos, en tanto no sean una mera fórmula desprovista de sustento normativo por apartarse del régimen autónomo de prescindibilidad y responder a motivaciones que nada tienen que ver con el buen servicio administrativo a que se refiere la ley (Fallos: 310:1589).
Resolución administrativa, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bordogna, Adolfo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Pese a la ausencia de notificación formal, si está demostrado que el interesado tuvo cierto y pleno conocimiento de la resolución administrativa y que la ha consentido tácitamente por actos posteriores, ha perdido el derecho al ejercicio de la acción contencioso administrativa (arts. 14, C.C.A., 67 segunda parte dec.

ley 7647/70).
Libertad condicional, reglamentos carcelarios, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Tobares, Gustavo A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La observancia con regularidad importa una adaptación del gobierno de las acciones, durante todo el término del cumplimiento de la pena exigido por el art. 13 del C.P., a las normas reglamentarias del establecimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Pedro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no necesita, para su forma, que se funde en las normas actuadas en función de pruebas utilizadas por el a quo, bastando con invocar transgresión legal -con cita atingente- en lo resuelto. Y aún más si lo que busca el recurrente es llegar al art. 431 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- (Minoría u opinión personal)
Honorarios, recursos, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, juicio, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS (PROVINCIA DE SANTA FE) c/ MARTIN, EDUARDO s/ REVOCATORIA.QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (CSJ EXPTE Nº 156-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

El artículo 28 inciso e) de la ley 6767, cuando prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios, y se exceptúan de todo gravamen, no comprende supuestos en los que el recurso de inconstitucionalidad no sólo no se dirige derechamente cuestionar el monto de los honorarios, sino que ni siquiera versa sobre tal materia, como en el sub judice, donde luce rechazado, por extemporáneo, un recurso directo que versa sobre el ataque a una resolución que denegara recurso contra una providencia que no hizo lugar a un solicitud de intimación a reintegrar un expediente.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ DE ALDANA, ALCIDA BENERANDA Y OTROS s/ RECURSO DE QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-12-03

La legitimación procesal necesaria para promover la acción de inconstitucionalidad requiere la acreditación de la calidad de parte interesada, es decir, que el ejercicio del derecho alegado se vea afectado en razón de la aplicación de la norma controvertida.
Cheque sin fondos, interpelación, responsabilidad del librador, domicilio especial
Materia: PENAL
Carátula: BURZYNSKY, VICTOR L. s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Es eficaz la interpelación recibida sin observación en el domicilio señalado para la atención de la cuenta corriente cuando no hay razón para sospechar una grave falta del servicio oficial de Correos.- Corre a cargo del titular de la cuenta mantenerse informado sobre cualquier eventualidad que sobreviniere con motivo de dicha cuenta, siendo ese el fundamento por el cual la reglamentación establece la obligación de constituir un domicilio especial.- De lo contrario la eficacia de la interpelación quedaría librada a la voluntad del destinatario a quien le bastaría con excluirse del acto de la recepción o negar el conocimiento para eludir la acción de la Justicia (Del voto del Dr. Repetto).
Responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: BATISTA  WALTER JOSE Y OTROS c/ SANATORIO QUINTANA S.A. Y OTRO s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-06

El hecho de que la obra social haya formalizado la estipulación en favor de terceros en beneficio de su afiliado no implica que su responsabilidad hacia él quede eliminada o disminuida. Ello es así, toda vez que el afiliado se encuentra vinculado a la obra social por una relación jurídica en virtud de la cual dicho ente se obliga a prestarle asistencia médica integral. Pero junto con esa obligación principal existe -con fundamento en el art. 1198, primera parte, del Código Civil- una obligación accesoria y tácita de seguridad, que significa que la mencionada entidad se comprometa también a que la atención médica se lleve a cabo de tal manera que el beneficiario no sufra daño alguno. Ello determina que sea responsable ante la prestación deficiente del servicio por parte de las clínicas o facultativos en quienes derivó el cumplimiento de la obligación principal (conf. Sala II, causa N° 4340, del 27/05/86; causa N° 5080 del 12/06/87; Sala III, causa N° 8256/94, del 9/11/95; causa N° 7501/92, del 2/06/98; causa N° 21.052/96, del 9/06/04; causa N° 387/98, del 16/07/04; causa N° 2481/99, del 5/10/04).
Ley provincial, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: VILDOSO AURELIO MERCEDES Y OTROS c/ CHINCUL S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-05-04

De conformidad a lo dispuesto en el art. 127 de la ley 5732, el órgano jurisdiccional puede actuar de oficio, (dentro de los tres días de la notificación de la resolución),supliendo alguna omisión, como puede ser el caso, la imposición de costas, pero vencido dicho plazo, sólo puede hacerlo a petición de parte y en este supuesto el tribunal debe limitarse a lo peticionado por la parte requirente de la aclaratoria, y no exceder tal límite, menos aún desmejorar la situación de quien dedujo el recurso de aclaratoria. El principio de la reformatio in peius impide al tribunal empeorar la situación del recurrente.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, cuerpo médico forense, apreciación de la prueba, prueba testimonial, empleada doméstica, remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ, OLGA c/ LA INDEPENDENCIA SA DE TRANSPORTE s/ SUM
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Si como consecuencia de un accidente de tránsito, una mujer sufrió lesiones anatomofuncionales y estéticas, quedando con secuelas que afectan el 12% de su capacidad laboral -según pericia realizada por el cuerpo médico forense-, aun cuando ésta no haya podido acreditar mediante prueba idónea lo ingresos que ha dejado de percibir como consecuencia del accidente sufrido, si según testigos trabajaba en tareas domésticas por hora, en virtud de lo establecido en el CPR 165, se puede, considerando la edad de la víctima a la época del accidente -29 años-, que el trabajo doméstico por hora genera una retribución (actual) de $6 por hora según ofrecimientos de empleo en diarios de amplia circulación, y que la actora resultó madre de un segundo hijo lo que disminuye sus posibilidades de trabajar en horarios extensos, se puede fijar, a la fecha, una indemnización en $5.000, con mas sus intereses desde la fecha del accidente -1.9.88-, a una tasa del 6% anual por tratarse de sumas actualizadas, capitalizable por períodos anuales.
Obligaciones del Estado miembro, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de la Corte Interamericana, principios del derecho internacional de los derechos humanos, pacta sunt servanda, Pacto de San José de Costa Rica, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ convocatoria a audiencia pública
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-05-20

La obligación de cumplir las sentencias emanadas de la Corte Interamericana, responde a un principio básico de la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por la jurisprudencia internacional y, según el cual, los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe -pacta sunt servanda-, no pudiendo incumplir en base a razones de orden interno -artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969-, garantizando el cumplimiento de la Norma Internacional con especial consideración a la naturaleza propia de los tratados de derechos humanos.
Contratos administrativos, adjudicación, forma del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INCO CONSTRUCCIONES S.A. c/ GCBA (Dirección General de Programación y Contralor de Obras) s/ Contrato de Obra Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-23

La adjudicación no puede "suponerse", puesto que en materia de contratos administrativos el cumplimiento de las formalidades específicas hace a la existencia del contrato mismo.
Alimentos provisionales, ofrecimiento de la prueba, responsabilidad parental
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M. M. N. c/C. F. P. s/Régimen de comunicación y asistencia alimentaria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-15

La ley atribuye a la judicatura la facultad de fijar alimentos provisionales, cuya finalidad consiste en atender sin demoras las necesidades más urgentes e impostergables de quien los demanda, durante el trámite del proceso, debiéndose tener en cuenta para su otorgamiento las pautas previstas por los arts. 586, 544, 638, 658, 664 y conc del CCyC. Para su estimación, deben considerarse las circunstancias del caso, posibilidades económicas de quien reviste la calidad de alimentante y las necesidades de la persona beneficiaria, apreciadas con un criterio amplio que no requiere un análisis pormenorizado de la prueba ofrecida. El monto se limita a la cobertura de las necesidades impostergables hasta que se arrimen elementos conducentes a la fijación de la cuota definitiva, sin requerir una prueba acabada de los ingresos del alimentante, estando en caso de duda siempre a favor de la subsistencia de los alimentos.
Mediación, mediador, facultades jurisdiccionales, acuerdo de mediación, incumplimiento del convenio, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

El mediador no tiene imperium para ordenar la realización práctica de lo acordado, razón por la cual en caso de incumplimiento del acuerdo la parte interesada deberá promover el procedimiento de ejecución de sentencia regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ante el juez designado (art. 12, tercer párrafo, de la ley 24.573 y de su decreto reglamentario) (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Quebrantamiento de inhabilitación judicial, inhabilitación para conducir, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: CESPEDES, J. M. s/ QUEBRANTAMIENTO  -  INHABILITACION  - DELITO PERMANENTE - REITERACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-24

El delito previsto en el art. 281 bis C.P., es de los que en doctrina se conocen como permanentes, puesto que su consumación se extiende en el tiempo, que tiene un principio, cuando el agente realiza la acción típica, -en el caso conducir un rodado-, y un fin, cuando cesa de hacerlo, incurriendo en un nuevo delito cuando decide volver a manejar, pues responde a una nueva resolución.-