marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, falta de prueba, contrato de publicidad, principio de ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Delm Publicidad en Vía Pública S.A. y Otro c/ Coafi S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-07

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda ante la inexistencia de elementos de prueba que permitan tener por cumplida la prestación que se había obligado a realizar el actor en el contrato de publicidad, lo que impide demandar el cumplimiento de lo prometido por la contraparte (CCIV 1201, hoy CCCN 1031 y 1032). Ello así por cuanto, no cabe considerar la falta de respuesta de la demandada a cierta carta documento enviada por el accionante como manifestación de voluntad en cuanto al reconocimiento del incumplimiento que allí se invoca, en tanto no se configuran los presupuestos de su operatividad: obligación legal de expedirse o vinculación entre una declaración precedente y el silencio ulterior (CCIV 919, hoy CCCN 263). Al respecto se ha señalado que el contenido de una carta documento, aunque no sea contestada, no es en principio suficiente para tener por probado lo que se afirma en ella, ya que no deja de ser una afirmación unilateral del remitente que el destinatario no está obligado a rebatir (CNCom, Sala D, "Fugman, Marcos c/ Poder Ejecutivo Nacional", del 26-10-09). Así, resulta improcedente el reclamo al no haberse aportado prueba eficaz de que el contrato suscripto entre las partes haya tenido principio de ejecución por haber cumplido la actora con la prestación a la que se había obligado.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, prueba crítica, proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, abuso sexual, víctima menor de edad, cámara Gesell, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., J. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

En orden a sustentar la confirmación de la absolución del encartado, los Magistrados liminarmente ponderaron que el Tribunal de grado había subrayado correctamente cuáles eran las razones que impedían calificar como creíbles las declaraciones de las niñas por su insuficiente valor probatorio, atento a la gravedad de los déficits que en sus características y estructuras presentaban, como en el desacierto de la profesional sobre la forma en que llevó adelante la Cámara Gesell que autorizaba al A quo -a su entender- a conjeturar sobre la sospecha de inoculación por parte de terceros, existiendo además precariedad en el resto del caudal probatorio, resaltando respecto a una de las niñas, la falta de coherencia, sentido lógico y ausencia de espontaneidad de la versión cargosa introducida por ésta, en tanto, muchas eran las inconsistencias verificadas; por lo que en función de estas contradicciones e inconsistencias y con base en considerar que no existían otros datos inequívocos que se sumen a sus dichos, la Cámara sostuvo que correspondía convalidar el fallo absolutorio; mas este razonamiento sentencial no puede ser convalidado en esta instancia, toda vez que en el caso la Alzada se limita a efectuar una ponderación fragmentada de la prueba aludida, a la par que incurre en ausencia de fundamentación por recurrir a afirmaciones dogmáticas para descartar elementos probatorios que resultan conducentes para la solución del caso, avizorándose que las valoraciones que realiza el A quo respecto a los relatos de las menores para considerar que los mismos no son "creíbles", desatienden pautas convencionales -especialmente emanadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención de Belém do Pará- y decisiones de organismos internacionales que protegen los derechos de las mujeres -en el caso, de niñas- en materia de violencia sexual. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Hilda Erminia y otros c/ Salafia, Roque Vicente y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

En el caso de exclusión de cobertura por falta de habilitación para conducir, ha de tenerse presente que tiene entre sus fundamentos: a) evitar que se incremente anormalmente el riesgo favoreciendo la protección patrimonial de una conducta generadora de severo peligro para la sociedad y b) su base consiste en exigir "la idoneidad" del conductor, presupuesto requerido técnicamente a los fines de determinar la disminución del riesgo en función de la probabilidad e intensidad siniestral, para un adecuado cálculo de la prima a cobrar.
Procesos especiales, juicio de desalojo, comodato, desocupación del inmueble
Materia: PROCESAL
Carátula: Ventimiglia, Vicente Gerardo c/ Pardo Parada, Graciela Analía y otro s/ desalojo sin existencia de contrato de locación (comodato, ocupación, etc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-11

Si no está vigente el contrato de comodato, nace en cabeza del tenedor precario la obligación de restituir dicho inmueble a su propietario, salvo que haya invocado un título distinto que el de mero tenedor.
Poder de policía, policía bancaria y financiera, banco central, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, intervención cautelar
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: RUSSO, Angel y OTRA c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-28

En ejercicio del poder de policía, el Banco Central tiene la facultad de liquidar a las entidades financieras en crisis y que la morigeración de tamaña medida importa la institución de una intervención cautelar o preventiva que supone un necesario, grave y suficiente estado de desequilibrio o irregularidad que preanunciaría aquélla.
Sucesión ab intestato, derecho de habitación, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Almirón, Mario Ángel c/  s/ sucesorio ab intestato s/ incidente (cese de habitación viduaL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-18

El derecho de habitación es revocable, como cualquier derecho, debido a lo cual la discusión en torno a su legitimidad puede reeditarse las veces que se considere necesario. Serán las costas procesales las consecuencias de un planteo improcedente.
Queja por apelación denegada, divorcio, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L. S. A. c/ O. T. C. s/ divorcio s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-05

Aun cuando el recurso de queja no cuente con una técnica correcta, en tanto se interpone contra resolución denegatoria de la apelación, pero señala como resolución recurrida la que denegó el recurso arancelario y de la que se pretende entienda el Tribunal, el auto denegatorio que en rigor la queja pretende revertir es esta última, y siendo al efecto el planteo tempestivo, conforme a los principio "favor recurso", flexibilidad y adecuación de las formas procesales, debe así ser considerado.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Mignone, Mario c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Se configura un supuesto excepcional que permite considerar como definitiva a la sentencia que desestima el amparo, pese a resultar verosímil la afirmación del apelante en el sentido de que el empleo de las vías judiciales ordinarias no sería eficaz ante la concreta posibilidad de interrupción del servicio telefónico. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Martillero, nombramiento, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO CHABAS M S Y B c/ MIJOCH, NATALIO Y AMERICO, N s/ COMPETENCIA     JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-26

El martillero no es recusable, porque tiene una función ejecutiva -en cuanto cumple la orden de la subasta y se somete a las instrucciones del Juez-; sin embargo algunas legislaciones (por ejemplo: el Código Procesal Civil de la Nación artículo 563) admiten la posibilidad de que, cuando circunstancias graves lo aconsejen, el magistrado pueda dejar sin efecto el nombramiento. Si bien la hipótesis y su análoga, el no nombramiento, no está prevista expresamente en el ordenamiento santafesino, nada obsta a que teniendo en cuenta el principio de autoridad del Juez y la necesidad de tomar las medidas conducentes para evitar el eventual entorpecimiento en la administración de justicia- pueda admitirse tal facultad en supuestos de excepción.
Debido proceso, estado de derecho
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

El debido proceso constituye un principio constitucional derivado de la garantía de defensa consagrada por el art. 18 CN, y aplicable a toda la actividad del Estado -no sólo a la acción penal- que comprometa derechos; es la consecuencia directa a nivel constitucional del establecimiento de un Estado de Derecho, el cual se caracteriza por la motivación de sus actos, y el cumplimiento de los procedimientos requeridos por la ley a fin de proteger a los ciudadanos frente a los actos arbitrarios del poder estatal. (Voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: SECURITAS ARGENTINA S.A. c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-24

Expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie.

Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez.

Tal disquisición es efectuada al solo efecto de advertir la confusa y reiterativa argumentación contenida en la demanda de agravios, incumpliendo de esta forma con la requisitoria procesal contenida por el 2° párrafo del artículo 253 del C.P.C.
Principio de juridicidad, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

La razonabilidad constituye un principio general del derecho con fundamento en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional , aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control implica verificar además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta , la existencia de circunstancias justificantes, es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte, que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental.(doctor Negri, mayoría)
Prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, delitos contra la integridad sexual, dictadura militar, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: C., G. C. c/ C., E. E. s/ incidente de prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Corresponde confirmar el fallo que declaró la extinción de la acción penal por prescripción en una denuncia por presuntos delitos sexuales cometidos entre 1976 y 1981, durante la infancia de las víctimas, puesto que la querella intenta asignarle el mismo valor normativo a la Declaración de Derechos del Niño de Ginebra del año 1924 (aprobada por la Sociedad de las Naciones, de la que nuestro país fue miembro fundador), a la Declaración Universal de Derechos Humanos (de 1948 y suscripta por Argentina ese mismo año) y a la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959 (firmada por nuestro país ese mismo año), pero no se hace cargo de refutar que esos instrumentos no eran documentos jurídicamente vinculantes para el Estado Argentino ni poseían la fuerza legal que obligara al Estado a armonizar o priorizar su aplicación por sobre la ley interna (instituto de la prescripción penal). Cabe destacar que, al momento en que habrían ocurrido los hechos, no regía ninguna norma de la que pudiera derivarse un alcance similar al del art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño
Nulidad procesal, declaración testimonial, valor probatorio, cédula de notificación, oficial notificador, redargución de falsedad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Corbacho de Abelson Susana América c/ C.S.J.N. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Las declaraciones testimoniales resultan insuficientes para descalificar la validez de las manifestaciones insertadas por el oficial notificador en la cédula, que reiteradamente se ha dicho hacen plena fe y sólo pueden ser desvirtuadas por su redargución de falsedad, corriendo la carga de la prueba de que ellas no son sinceras por cuenta de quien pretende la nulidad de la diligencia con ese sustento (C.N.Civ., Sala E, 28/8/97, "Maars Hernán c/Acefa) pero cuando se trate dar por probado un hecho sólo por prueba de testigos, las declaraciones debe ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no dejar dudas (cfr. Fenochietto-Arazi, "C.P.C.C.N", T.II, pág. 446, Ed.Astrea 1987). (Consid. 4º).
Poder, suficiencia, verdad jurídica objetiva, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CARLOS PELLEGRINI LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 82-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

Si bien es cierto que declarar inadmisible el recurso intentado podría hacer pensar en la posibilidad de que haya primado un examen formal de la cuestión sin tomar en cuenta la importancia del acceso a la justicia y la indagación de la verdad jurídica objetiva, lo real es que en el caso el aspecto devino sustancial a raíz de que se trataba de la ausencia de facultades representativas y si bien en la causa "Verino" se consideró con amplitud, en materia jurisdiccional, la posibilidad de ingresar a la causa un poder suficiente ya otorgado, allí se dijo claramente que el caso no refería al supuesto del "falsus procurator" que no cuenta con facultades suficientes. En la presente causa se debe anteponer el respeto de las reglas a través de la cuales, en puridad, puede entenderse que una persona jurídica ha actuado; y, este último aspecto resulta claro que no puede reducirse a la condición de cuestión formal, menos para el desenvolvimiento de la gestión de una cooperativa. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr.

Ulla).
Empleados públicos, principios generales del Derecho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Barraco Aguirre, Rodolfo c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-11

No carecía de la correspondiente presunción de legitimidad ­y el recurrente debió acatarlo y prestar los servicios respectivos­ el acto administrativo por el que se le dio un nuevo destino dentro del ámbito universitario, si el actor no acreditó ni arguyó seriamente que dicho cargo fuera de menor jerarquía o importara disminuir sus emolumentos o su situación presupuestaria, ni que el traslado resultara groseramente vejatorio o mereciera el calificativo de cesantía encubierta, circunstancia que debe ser invocada y probada en cada caso, máxime que la resolución por la que se dispuso la medida no aparece ostensiblemente desprovista de fundamentos.
Accidente de tránsito, maquinarias agrícolas
Materia: CIVIL
Carátula: Romani, Gerardo María  c/ La Rufina S.A. y Otro  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-02-26

Si bien el Decreto 79/98 es reglamentario de la Ley 24.449, esa norma no establece lo que se llamarían normas "mínimas" de circulación de las maquinarias agrícolas, pues en el anexo II, no figura una norma que indique que sin tales medidas no se puede circular. Frente a ello, la cuestión de la adecuada o no señalización de la maquinaria, debe analizarse a partir de la incidencia que pueda tener en la ocurrencia del accidente, más allá de la falta administrativa que conlleva tal situación.
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieto, Gerardo c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si bien es cierto que el agente dejó de percibir sueldos desde su cesantía, también lo es que dejó de prestar servicios, quedando así a su libre disposición el valor económico de su propia actividad.

Aparece, en tal caso, un supuesto de compensación del lucro con el daño, porque su cesantía que le priva de su remuneración, al mismo tiempo lo libera porque no debe destinar su actividad personal a la tarea administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de pasajeros, daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Chaves,  Fabián  Mario c/ Tucumán,  Provincia  de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

El transportista asume una verdadera obligación de seguridad de llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, por lo tanto cualquier inconveniente que éste sufra configura, en principio, un incumplimiento de la prestación debida y da origen a su responsabilidad a menos que demuestre algún eximente.
Aportes sindicales, competencia comercial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión  de  Trabajadores  Hoteleros  y    Gastronómicos  de  la  Rep. Argentina c/ Amoblamiento S.A. s/ Ejecución de aportes sindicales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-04-23

Corresponde declarar competente para entender en los presentes, al Sr. Juez en lo Comercial y de Ejecuciones de Primera Nominación.

En efecto, a los fines de determinar la competencia es preciso estarse a lo expuesto en la demanda, a la naturaleza de la acción que en definitiva resulta de los hechos y después en la medida que se adecuen a ellos el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.

En ese orden se advierte que el actor pretende cobrar una suma de dinero, que según él se encuentra reconocida a través de certificados de deuda y reúnen todos los requisitos legales para constituir títulos ejecutivos. En virtud de ello, en el caso no se cuestiona la legitimidad del título o bien la causa de la obligación, por lo que el mismo no se encontraría atrapado por el art. 13 inc. e de CPT como tampoco por normas laborales puesto que la única finalidad del actor es la ejecución de una deuda que a su entender tiene fuerza ejecutiva, por lo que conforme a la naturaleza de la acción y pretensión interpuestas resulta competente el Juz Comercial, sin que ello signifique abrir juicio de valor sobre las bondades de los títulos que sirven de base a la acción ejecutiva.
Proceso penal, ejecuciones especiales, salidas transitorias, coronavirus, emergencia sanitaria, inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Minnicelli, Claudio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que los sentenciantes consideraron relevantes para rechazar la prisión domiciliaria. El tribunal a quo tomó en consideración que la unidad penitenciaria había puesto en vigencia la "Guía de Actuación para la prevención y control del COVID-19"; que la autoridad sanitaria indicó que Minnicelli no cursaba enfermedad infectocontagiosa, y el Ministerio Público Fiscal dictaminó en forma desfavorable. Entendió también que el hecho de que integre la población de riesgo no autoriza sin más a su excarcelación o a la morigeración de su prisión preventiva, pero que ello no impedía que se siga la evolución de la pandemia, y en función de tal dinámica reconsiderara la situación. Además, rememoró que subsistían los riesgos procesales verificados oportunamente y que Minnicelli fue condenado a la pena de cinco años de prisión por haber sido considerado responsable de integrar, en calidad de miembro, una asociación ilícita, en concurso real con el delito de contrabando simple agravado por la intervención de más de tres personas en calidad de coautores, por la intervención de funcionarios aduaneros en calidad de coautores, por la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados y falsos y por superar la mercadería el valor de tres millones de pesos, seis hechos en concurso real, en grado de tentativa y en calidad de coautor. Agregó que tal decisión tenía por fin dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar delitos de corrupción. Por todo ello, sin perjuicio de declararse inadmisible la vía intentada, corresponde encomendar al tribunal que continúe adoptando las medidas conducentes para que las autoridades de la unidad carcelaria den cumplimiento y extremen las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de las Acordadas 3/20 y 9/20 -punto 4- de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F." y, asimismo, se arbitren los medios para que se continúe con el estricto cumplimiento de la evaluación clínica y cardiológica periódica tal como lo prescribió el Cuerpo Médico Forense. La disidencia sostuvo que la presentación efectuada por la defensa reúne las exigencias previstas por el artículo 463 del C.P.P.N., por lo que correspondía dar trámite al planteo casatorio y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por los arts. 454 y 455 del C.P.P.N., en función del art. 465 bis del ordenamiento legal citado. Dres. Barroetaveña, Petrone y Figueroa -en disidencia-
Sentencia condenatoria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. M. c/  s/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

El concepto "más allá de duda razonable" es, en sí mismo, probabilístico y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria; es, como mínimo, una duda basada en razón. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-