marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pagaré a la vista, mora, pagaré no protestado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TARRAUBELLA S.A. CIA. FINANCIERA c/ RESTELLI NESTOR FABIAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Si la denuncia realizada por la parte actora como fecha de presentación de un pagaré a la vista y sin protesto, no fue cuestionada por el demandado, la mora debe establecerse en la fecha indicada en el escrito liminar y no, como erróneamente la fija el Juez de Grado, en la oportunidad de la intimación de pago.-
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, principio de proporcionalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asesoramiento y Desarrollos Industriales Adi SA c/ Pecom Servicios de Energía (antes Sade Skanska) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

1 - El incumplimiento debe alcanzar cierto grado de intensidad a efectos de habilitar la resolución del contrato. Si son recíprocas las obligaciones, también es recíproca la buena fe en el cumplimiento. Por ello, frente a un incumplimiento tenue, sólo cabe una resistencia tenue, proporcionada (López de Zavalía F., "Teoría de los Contratos", Parte General, p. 364).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Luján c/ Suárez y Rodríguez, Carlos y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se estructura sobre la pretensa aplicación de las disposiciones introducidas por la ley 24.432 en lo atinente a las costas del juicio sin demostrar previamente el eventual desplazamiento del régimen arancelario provincial que no se logra revertir con la mera afirmación de tratarse de una norma de fondo. En ese aspecto corresponde señalar que la provincia de Buenos Aires no ha adherido a la norma dentro de su ámbito, procedimiento de necesaria incorporación que el mismo cuerpo legal sugiere en lo que fuere pertinente (art. 16 ley 24.432) y dentro de cuyo marco cabe incluir lo concerniente a las costas del juicio atento a su naturaleza eminentemente procesal -art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JULIO A. GATTI & CIA. c/ PEDRO REANO E HIJOS S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Invocada por el deudor, y en la oportunidad prevista por el art. 91 de la ley 19.551, una circunstancia que volvería impertinente la solicitud de quiebra exteriorizada por el acreedor -en el caso de posibilidad de cobrarse en el juicio ejecutivo existente entre ambos y en trámite- ella debe ser obligatoriamente tratada por el juzgador, sin que sea dable, al no obrar así, el atender a postulación de ese mismo deudor indudablemente subsidiaria como lo es el depósito efectuado a fines de demostrar su disponibilidad de fondos. Si en la Alzada tal omisión no puede ser obviada corresponde dejar sin efecto la resolución y disponer un nuevo dictado en su oportunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, subasta judicial, nulidad de la subasta, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Provincial de Santa Fe (Hoy Banco de Santa Fe SAPEM) c/ Cignetti, Expedito José y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad Ejecución  prendaria- Incidente de nulidad de subasta (Expte.: C.S.J. Nro. 89 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Corresponde rechazar la queja toda vez que las objeciones planteadas sólo traducen las divergencias de la apelante con la inteligencia asignada por el tribunal a situaciones regidas principalmente por normas de naturaleza procesal, aspecto que resulta extraño a la restringidas esfera del recurso reglamentado por la ley 7.055. En el caso, deducida apelación por la incidentista, la Sala confirmó el fallo alzado considerando que asistía razón al iudex a quo al resolver como lo hizo y que debía desestimarse el planteo del recurrente en el sentido de que era innecesaria la integración de la litis por no haberse demandado la nulidad sino sólo la declaración de inoponibilidad del acto, planteo que -se destacó- no se compadecía ni con el contenido del mandato conferido al incidentista ni con lo expresado por éste al promover el incidente de nulidad, oportunidad en la cual se indicó que la responsabilidad de lo ocurrido recaía en la actora y el martilleo actuante -"que no tomaron el recaudo de bloquear el dominio del inmueble cuya subasta se ordenaba"-, en el Juzgado que ordenó la subasta. En tales condiciones -siguió razonando la Alzada- debía ponderarse la existencia de un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, al media una pretensión única que debía ser planteada contra todos los legitimados que identificó el Inferior y no sólo respecto de algunos de ellos, litisconsorcio cuya necesidad se derivaba de la exigencia de preservar el derecho de defensa de todos aquellos a quienes podía afectar la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia a dictarse, respuesta que aparecía igualmente abonada por el dato de que la subasta, en tanto que acto jurídico, está también sujeta a las reglas vigentes en materia de nulidades de tales actos, entre las cuales se cuenta la de la necesidad del consorcio para evitar que el acto "subasta" se repute válido para unos e inválido para otros.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calificación jurídica, obligaciones del interventor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Clemente, Francisco Amiro c/ Clemente, Elena del Huerto; Clemente, Alicia del Huerto; Clemente, Florencio Rubén s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-29

Para la adquisición del dominio por la prescripción de veinte años, la ley requiere la existencia de posesión y el mantenimiento de la misma durante el término señalado, y no exige prueba de interversión de título como otro requisito más.

Pero la existencia de ésta puede ser indispensable para acreditar que la relación real existente es realmente la posesión en el sentido técnico del artículo 2.351 del código civil que es lo que exigen los artículos 4.015 y 4.016 del mismo.

En otras palabras, no es otro recaudo más, pero puede ser condición para la existencia del otro requisito exigido: la posesión exclusiva. Esto es así, cuando la relación inicial del sujeto con la cosa no ha sido la posesión exclusiva como ocurre en el caso.

Como consecuencia de ello, según el artículo 3.417 del citado código, cada heredero "continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de los derechos que no son transmisibles por sucesión".

Más aun, el artículo siguiente dispone que "El heredero sucede no sólo en la propiedad, sino también en la posesión del difunto. La posesión que este tenía se le transfiere con todas sus ventajas y sus vicios". Como consecuencia de las normas mencionadas, tanto el actor como sus hermanos, entre ellos el apelante, han sucedido a sus autores de pleno derecho, en la propiedad y posesión del inmueble.

A ello debe añadirse que el artículo 2.445 del código establece que "la posesión se retiene y se conserva por la sola voluntad de continuar en ella, aunque el poseedor no tenga la cosa por sí o por otro. La voluntad de conservar la posesión se juzga que continúa mientras no se haya manifestado una voluntad contraria." Lo cual, confirma que la posesión del reconviniente aprovechó a sus hermanos, y continúa hasta que no se haya manifestado una voluntad contraria, como dice la norma citada.

Es por ello que en el caso, la prueba de la interversión del título, esto es, que el coposeedor por sí, y por sus hermanos, se haya modificado, convirtiéndose en una posesión exclusiva, con eliminación de estos últimos, era indispensable.
Cheque, presentación al cobro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villarino Alcides A. c/ Farias Aldo M. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

De acuerdo a lo establecido por el art. 25 de la ley 24.452, el plazo único para la presentación al pago de los cheques librados en el país, es de 30 días, y ese plazo se cuenta a partir de la fecha que el cheque lleva como de creación, sea ésta veraz o no, y se computa por días corridos, incluyendo los hábiles intermedios. (Art.

28 del Código Civil).
Concursos, incautación de bienes, conservación y administración de los bienes, síndico del concurso, presentación al cobro, créditos del fallido, actos sujetos a autorización judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guido Guidi SA  c/  s/ quiebra s/incidente autorizacion.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-25

Procede revocar la resolución de grado por resultar innecesaria la "autorización" que el juez de grado otorgó a la sindicatura en los términos de la LCQ 119 a fin de promover las acciones que estime corresponder. Pues haciendo una interpretación de las expresiones del a quo en lo que a la extensión de la autorización otorgada, cabe precisar que la potestad que detenta por ley la sindicatura de hacerse parte y proseguir un juicio iniciado por la fallida, no requiere autorización expresa del juez de la quiebra. Tal es lo que se desprende del juego armónico de los arts. 110 y 182 de la ley falimentaria, que contienen un claro mandato hacia el funcionario sindical en orden a procurar el cobro de los créditos del fallido, sin que sea menester contar con autorización judicial previa para formular los reclamos correspondientes.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ VIUDA DE LOPEZ, LUCIA ELSA c/ I.P.S.A.S. s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-30

La falta de legitimación para obrar, tanto en el actor o el demandado, cuando no son titulares de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión, es decir, que con ello se controvierta, la existencia de la legitimación ad-causam, o sea quien demanda o contra quien se demanda no reviste la condición de persona idÓnea o habilitada por la ley para discutir el objetivo que versa el litigio, es decir, no son los titulares de la relación jurídica en que se funda la pretensión.
Daños y perjuicios, daño resarcible, responsabilidad del Estado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Crispi  José  Alberto c/ EN  -Poder Judicial de la Nación y otro s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

Corresponde revocar la indemnización de los daños y perjuicios otorgada al actor con motivo de su sometimiento a proceso, detención y prisión preventiva toda vez que la privación de la libertad fue fundada sobre elementos objetivos, que llevaron al juzgador al convencimiento -relativo, naturalmente, dada la etapa del proceso en que se dispuso- de que había mediado un delito y de que existía probabilidad cierta de que el imputado fuese su autor (Del voto del juez Márquez).
Prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

La amistad reconocida por el testigo en relación al actor no es una circunstancia que por sí misma invalide su testimonial puesto que la ponderación de la eficacia de lo expuesto por ella siempre habrá de evaluarse a partir de otras pautas como lo son su concordancia con otras declaraciones o con los demás elementos de prueba que se hubieren aportado al proceso.
Intervención de terceros, partes del proceso, ejecución de sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

En el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictado el 7-8-84 en los autos "Bordoriquián, Jorge R. y otra c/Empresa Constructora Juan Strauss" se dijo que no puede aducirse, para fundamentar la no ejecutabilidad de la sentencia contra el tercero, que estaría afectado el principio de congruencia al condenarse a alguien que no fue -en origen- demandado por el actor, ya que conforme lo dispone el art. 163, inc. 6to., del Código de procedimientos, la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio.

Al respecto, cabe señalar que la disposición aludida concierne a la "causa" de la pretensión, pero no autoriza a cambiar al sujeto pasivo de esta, dado que, como se dijo anteriormente, ni el actor puede ser obligado a litigar contra una persona diferente al demandado, ni la citación implica incorporar al tercero como sujeto pasivo de una pretensión regresiva formulada ad eventum. El actor bien pudo al momento de ejercitar su acción, por ej., demandar conjuntamente al principal y al dependiente. Pero, si por alguna circunstancia, ignoraba la existencia de ese posible corresponsable, nada le impedía, al corrérsele traslado de la citación pedida por el demandado de dicho tercero ampliar la demanda para incluir a este.
Recurso de inconstitucionalidad, nulidad del acto jurídico, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRUERA, ARMANDO c/ SALVAT, ANTONIO HUMBERTO s/ RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 190-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

Las deficiencias de que pueda adolecer el auto denegatorio dictado por la Sala, no justifican que automáticamente se abra la queja. Frente a éstas corresponde, según el grado que ostenten, que la Corte anule dicho auto, o bien que analice directamente los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario, en cuyo caso la queja sólo se receptará en tanto éstos se encuentren cumplimentados.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios legislativos, adicional por desarraigo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GUTIERREZ, VICTORINO HECTOR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

Conforme Resoluciones de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el adicional por desarraigo no será percibido por quien cumple su labor parlamentaria dentro de 100 Km.

de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que está destinado a sufragar los gastos que debe afrontar el legislador cuando por el ejercicio de su actividad, debe trasladarse a la ciudad capital.
Jubilaciones, remisión de deudas, aportes adeudados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: S., E. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-25

La Ley Nro. 24.476 no autoriza en su texto a formular renuncias.Importa lisa y llanamente una condonación de deudas previsionales para los trabajadores autónomos, desde que prevé que no podrán ser compelidos ni judicial ni administrativamente al pago de importes que adeudaren a la ANSES devengados hasta el 30 de Septiembre de 1.993.

Pero, para el caso en que fuere de interés preservar esos servicios en el sistema, también previó el mantenimiento del derecho, en forma de autorizar el pago espontáneo de la deuda determinada o determinable y sus accesorios. Se da así una opción de pagar por lapsos y no de no pagar el todo, porque el no pagar el todo está comprendido en la condonación.
Regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: SCIARA, Leonardo Javier c/ CJPER s/ APELACION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-23

Si bien es cierto que los parámetros mínimos previstos en la escala legal pertinente, han perdido, desde la sanción de la Ley Nº 8622, el carácter de orden público que le asignaba el art. 1º del ordenamiento normativo arancelario, lo cual se complementa e integra, posteriormente, en sentido reafirmatorio con la normativa consagrada en el art. 13 de la Ley Nº 24.432, la mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso de las pautas generales previstas en el art. 3º, incs. b, c, d, e, f, g y k de la ley de Aranceles.-
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, interpretación de la ley, ley federal, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ríos Maria Alejandra de Luján y otros c/ Banco Ciudad de Buenos Aires  s/ Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

De conformidad con la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las normas federales en las que el recurrente funda su pretensión, el Convenio de Transferencia suscripto en el año 1994 entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, exceptuó a los trabajadores de la Comuna de efectuar los aportes contemplados en la ley N° 19.032; ello, en virtud de que su cobertura de salud no había sido objeto de transferencia alguna y se mantenía en la órbita local. En consecuencia, los trabajadores locales no realizan, en principio, aportes por su cobertura de salud al régimen nacional de obras sociales (ley N° 23.660) ni efectúan el aporte solidario para sostenimiento de la cobertura de las personas jubiladas que se impugnan en esta causa, pero realizan aportes por similares conceptos a la obra social local, conforme lo establece la ley N° 472 de la Ciudad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi).

En una causa análoga a la presente, la Corte analizó la pretensión de los trabajadores del Banco Ciudad. Ellos reclamaban estar exentos de satisfacer los aportes contemplados en la ley n° 19.032 y la Corte concluyó que "... a diferencia de los agentes de la Comuna -que aportan, por regla, para su cobertura y, solidariamente, para la de los jubilados de ese sector y que, en consecuencia, están exentos de cotizar al INSSJP con arreglo al acuerdo referido-, estos agentes del Banco de la Ciudad se encuentran afiliados a la obra social bancaria de alcance nacional que es un agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud (...) y no contribuyen a financiar las prestaciones médico-asistenciales de los jubilados de la Municipalidad (...). En las condiciones descriptas, no devienen exceptuados por el convenio aclaratorio y resultan alcanzados por la ley N° 19.032, por lo que deben solventar la contribución solidaria destinada al INSSJP, además del aporte para su cobertura social" (Fallos: 346:133). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi).
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SASSO, JOSE MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-29

Descartado que las tareas desempeñadas por el actor para la demandada hayan sido de continuo sobreesfuerzo, encontrando fundamento cierto al dictamen pericial médico, en cuanto afirma la inexistencia de relación causal entre el trabajo y las afecciones -hernia de disco con evolución posquirúrgica desfavorable, estrechamiento vertebral lumbar e hipertrofia del ligamento amarillo - que provocaron la real incapacidad laboral del actor, corresponde rechazar la demanda. (Voto de la Mayoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Sarmiento, Jaime A. s/ Hurto simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

El agravio por el cual se alega la falta de tratamiento de cuestiones por parte del tribunal a-quo es ajeno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Proceso judicial, caducidad de instancia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: "Torres  Vicente  Cayetano c/ Estado Nacional (EMGE) s/ Beneficiode litigar sin gastos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-22

El art. 318 del C.P.C.C.N. establece expresamente que la caducidad de la instancia principal comprende los incidentes, y los efectos de la caducidad del principal sólo se transfieren a los incidentes en caso de declararse ella procedente.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Carlos Atilio y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

El acierto o la amplitud con que fueron tratados los planteos de la defensa por el sentenciante en su decisorio son materias ajenas al recurso extraordinario de nulidad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HILANDERIA SANTA ROSA S.C.A. c/ OLAN COOPERATIVA DE SEGUROS Y OTROS. s/ IMPROCEDENCIA    DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  PRESCRIPCION-  PLAZO-  SUSPENSION- INTERPRETACION  DE  LA LEY- DOCTRINA DE LA ARBITRARIEDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-19

El art. 3986, segunda parte, del Código Civil y el art. 845 del Código de Comercio no se excluyen ni contraponen y tienen cada uno su ámbito propio de aplicación, relativo a la inactividad del acreedor en el primer caso y a su actividad en el segundo. Es descalificable la sentencia que estableció que el mencionado art.

845 excluye la aplicación del art. 3986, segunda parte, del Código Civil y, por lo tanto, impide que el requerimiento de pago efectuado por el acreedor al deudor suspenda el plazo de prescripción liberatoria, ya que tal enfoque la llevó a no advertir los objetos totalmente distintos a que se refieren una y otra norma. Tal vicio en el razonamiento le hizo prescindir de la aplicación al caso del art. 3986, segunda parte, del Código Civil, pese a que aquélla resulta de lo dispuesto en el citado artículo 844 del Código de Comercio.
Acto administrativo, nulidad de oficio, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARRA, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 192-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

Si bien es cierto que el poder de anulación de la Administración no encuentra ningún límite en los derechos o intereses correspondientes a los sujetos, porque en los actos inválidos no puede fundarse ningún derecho o tutela jurídica, el ejercicio de esta potestad requiere la presencia ineludible de ciertas condiciones, entre otras, las de que exista un interés público concreto y actual en la anulación; que se motive suficientemente la decisión de anular; que se respete el derecho de defensa a los interesados en la subsistencia del acto; y la de que, en principio, si el acto administrativo reconoce el derecho a una prestación administrativa, no sea anulado si el particular favorecido ha creído de buena fe en la validez del mismo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Carlos y otro c/ Martinengo de Barragán, Ursula Margarita y otras s/ Despido y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-07

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no efectúa una impugnación eficaz de la conclusión decisiva del fallo al desentenderse de las razones esgrimidas por el juzgador, ocupándose de rebatir cuestiones secundarias o periféricas, mas sin referirse en forma concreta y directa a los conceptos que estructuran la elaboración jurídica en que se sustenta la sentencia, incumpliendo la carga establecida en el art. 279 del C.P.C.C.