Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-10


SENT Nº 763	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Valverdi Daniel Edgardo vs. Organización Gálvez S.A. s/ Despido (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 27 de marzo de 2008 (fs. 556/558), la parte actora interpuso recurso de casación, que fue concedido mediante resolución del mismo Tribunal el 12 de noviembre de 2008 (fs. 585). Consta en el informe actuarial de fs. 593 que ninguna de las partes ha presentado el memorial que prevé el artículo 137 CPT.

2. La Excma. Cámara luego de tener por acreditada la relación laboral y declarar que los premios por productividad que la demandada le abonaba al actor no eran una liberalidad sino que se trataba de un adicional de carácter remuneratorio, procedió a analizar si existían diferencias a favor del actor en el pago de la liquidación de la indemnización por antigüedad, por registración irregular y por incremento del pago voluntario en atención al alegado pago en negro de un porcentaje de la remuneración referido a las comisiones liquidadas -premio por productividad- y que obstaron a la correcta liquidación de la indemnización por despido injustificado.

El tribunal de grado, en mérito al análisis de la prueba colectada, resolvió desestimar el pago de la indemnización reclamada, con fundamento en la falta de acreditación de la existencia de diferencias en el pago de las comisiones adeudadas. Para así resolverlo, admitió la tacha efectuada por la demandada de los testigos propuestos por la parte actora y consideró que las periciales contables realizadas no aportaron elementos para tener por acreditado con exactitud el porcentaje de los montos abonados por comisiones de venta o premios a la productividad. Concluyó que la indemnización por despido injustificado se encontró correctamente liquidada y que fue efectivamente percibida por el actor.

3. En su recurso de casación, la parte actora se agravió de que existió una arbitraria interpretación de las pruebas y de mala aplicación del derecho sustantivo y adjetivo.

3.1. En cuanto a la arbitraria interpretación de las pruebas, destacó el recurrente que lo agravia la sentencia en cuanto incurre en falsedad al sostener que se encuentra acreditado algo inexistente. Alegó que no es verdad que todos los testigos presentados por su parte tengan juicio contra la empresa, ya que en litigio solo se encontraban dos de los cuatro testigos propuestos. Sostuvo que la sentencia cuenta con aparente fundamentación dado que no se identificó siquiera a cada uno de los testigos propuestos y solamente se mencionó que fueron tachados en el pleito por la demandada. Por otro lado, agregó que los testigos Rubén Eusebio Rojas y Néstor Policar Montenegro no iniciaron juicio contra la demandada y que fueron tachados con el inatendible razonamiento de que si cobraban en negro por que motivo no iniciaron juicio para reclamar como lo hicieron sus compañeros.

También alegó que la sentencia es arbitraria, porque aún para los testigos en juicio José Milhein y Miguel A. Villalonga, la consecuencia procesal de ello no debería ser tenerlos por comprendidos en la generales de la ley sino interpretar sus testimonios con mayor estrictez. Realizó citas jurisprudenciales sobre la fuerza probatoria de la prueba testimonial cuando los testigos tienen juicio contra la parte demandada. Propone doctrina legal.

3.2. También se agravió el recurrente en relación a la mala aplicación del derecho sustantivo y adjetivo. Entendió que además de las pruebas testimoniales, su parte ofreció como prueba instrumental la totalidad de los contratos de adhesión concertados por el actor durante el último año de relación laboral los cuales se debían encontrar en poder de la demandada, pretendiendo demostrar con ello la totalidad de la producción del actor y consecuentemente el valor de las comisiones, agraviándolo el tratamiento dado por la sentencia a la falta de exhibición -por parte de la demandada- de tales contratos.

Agregó que -según se manifestó en la demanda- se encuentra registrada, identificada y archivada en la empresa, cada una de las suscripciones concretadas por su parte y que el demandado debió exhibir oportunamente. Que previendo una reticencia de la accionada de exhibir en este juicio los contratos de adhesión suscriptos con intervención de su parte, sostuvo que al tratarse de documentación que debe conservarse por exigirlo la importancia y naturaleza de sus actividades (artículo 44 del Código de Comercio), la omisión en su exhibición debió ser interpretada en su contra conforme a los principios de la carga dinámica de la prueba.

Estimó que al no negar la demandada la conservación de tales contratos al contestar demanda, resultaba de aplicación lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del CPL, ya que al ser solicitados en el "cuaderno de prueba nº 3 del actor" la accionada contestó que los destruyó y por lo tanto no podía aportarlos. Alegó que la sentencia en crisis lo agravia en cuanto se limita a transcribir los argumentos de la demandada que habría destruido los contratos y que no tenía la obligación de conservarlos, pero no expresó positivamente que los comparte, por lo que se puede presumir que la sentencia compartió las alegaciones de la accionada.

Se agravió también que la sentencia en crisis debió realizar una consideración expresa sobre los términos en que había quedado trabada la litis, y con ese presupuesto, la consecuencia procesal del hecho de que el demandado se negó a presentar todos los contratos concertados por el actor en el período requerido. Además, agregó que en la sentencia debió existir una consideración expresa sobre las razones por las cuales no se considerada a dichos contratos como de conservación obligatoria.

Por otro lado, añadió que si se hubieran presentado los contratos se hubiera podido corroborar con las planillas manuscritas por el actor y que las mismas se correspondían con los contratos concertados por su parte. Sostiene que el argumento de la accionada de que no se trataban de contratos sino de formularios y por ende no tenía razón para guardarlos, no resiste el mínimo análisis dado que justamente la modalidad de los contratos de adhesión se caracteriza por instrumentarse en formularios preimpresos por una de las partes que impone sus condiciones. El demandado solo aportó una planilla de ventas admitidas que si bien sirven para corroborar que son correctas las operaciones incluidas en las planillas manuscritas por su parte, no alcanzan para desvirtuar las operaciones no reconocidas en tales planillas. Ello así, se estaría contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la LCT, como así también lo estipulado en los artículos 111 y 140 inciso b) de la LCT. Por tales motivos, consideró que el fallo incurrió en mala aplicación del derecho sustantivo por cuanto no consideró que la omisión del empleador de consignar debidamente el monto de producción, porcentaje de comisiones y valor de las mismas en los recibos de haberes configuró un incumplimiento del empleador a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCT.

Finalmente, destacó que si en la sentencia se valoró que no había elementos suficientes para acreditar las diferencias de comisiones debió atribuirlo a la exclusiva responsabilidad procesal de la empresa, y por tanto hacer valer las presunciones procesales previstas en el artículo 60 del CPT y la aplicación de los artículos 140 inciso b, 111 y 108 LCT y tener por autentica las contrataciones que surgen de las planillas manuscritas. Propone también doctrina legal.

3.3. Por último, bajo el mismo título de "Mala aplicación del derecho sustantivo y adjetivo", sostuvo como tercer agravio que se le haya otorgado valor probatorio exclusivo a la pericial contable. Alega que el fallo en cuestión no analizó ni consideró las causas por las cuales se impugnó el dictamen pericial.

Considera que lo resuelto alteró la traba de la litis, y por lo tanto configura mala aplicación de los artículos 46 del CPLT y 276 del CPCyC, como así también, no se debió concluir que la demandada llevaba los libros en legal forma, pero se negó a compulsar el contenido de diferentes inspecciones realizadas por el organismo fiscal nacional por pagos sin registrar. Propone Doctrina Legal.

4. Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, realizar un examen sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

El recurso ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 571, y del cargo actuarial inserto a fs. 569 vta., el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva, sin que corresponda efectuar el afianzamiento previsto en el artículo 133 del digesto de rito en razón de que el fallo no resulta condenatorio para el recurrente y por tratarse de la parte actora. Habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el análisis de procedencia del mismo.

5.1. En cuanto al primer agravio referido a la existencia de arbitrariedad, considero que el mismo tiene entidad suficiente como para entrar a considerar lo alegado por el actor contra lo decidido en el fallo en crisis. Se queja el recurrente de que la sentencia en crisis incurre en falsedad al sostener que se encuentra acreditado algo inexistente en la causa, como ser que todos los testigos propuestos por su parte tenían juicio contra la empresa y por tales motivos -ante la tacha de sus dichos por la demandada- se descalifican sus testimonios.

A modo preliminar, y para dejar expuesto el marco jurídico de la cuestión a resolver, debe recordarse que la valoración de la prueba testimonial y las tachas, constituye una facultad propia y privativa de los jueces de grado, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor credibilidad para iluminar los hechos de que se trate. Esa tarea de interpretación y merituación debe efectuarse bajo el principio de la sana crítica establecido por el artículo 40 CPCC. El artículo 396 CPCC establece, en relación a la prueba testimonial que: "No habrá resolución previa sobre las tachas, cuyo mérito se apreciará conjuntamente con la prueba principal, según los principios generales del derecho y reglas de la sana crítica".

Palacio y Alvarado Velloso han expresado que "las reglas de la sana crítica, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica, y, por otro lado, de las máximas de experiencias", es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y de realidad (cfr. Palacio y Alvarado Velloso en Código Procesal Civil, t. 8, p. 140, Rubinzal-Culzoni, edic. 1994).

La tarea valorativa de las pruebas resulta compleja, ya que el Juzgador debe rehacer hechos que han sucedido con anterioridad y de los cuales sólo puede obtener un conocimiento por vía indirecta a través de los elementos probatorios aportados al proceso, de cuyo análisis el juez debe extraer las conclusiones que lo llevan a establecer si el hecho que se procura determinar se produjo o no. De ahí que el sentenciante esté facultado para seleccionar entre los elementos con que cuenta, aquellos que a su juicio le provean mayor certeza respecto a las cuestiones sobre las cuales debe expedirse, y en el caso de los testigos, seleccionar de sus dichos aquellos que, en concordancia con otros elementos probatorios, lo lleven al convencimiento de la exactitud de sus manifestaciones. Ello implica que debe realizar una tarea deductiva con la prudencia necesaria, sobre todo para apreciar la prueba testimonial, ya que debe desentrañar lo que es verdadero. De acuerdo a ello, los jueces deben motivar las conclusiones sobre la sinceridad y credibilidad de los testimonios, explicando las razones por las que arriban a ellas, para que tales conclusiones no sean puros actos de su voluntad o fruto de sus meras impresiones, sino un resultado de la consideración racional de los dichos del testigo, exteriorizada mediante una explicación sobre por qué se concluyó de esa manera (CSJT, in re: "Medina Víctor Emilio vs. Villagra Carlos Sergio s/Cobro de pesos", sentencia n° 1045 del 8 de noviembre de 2007).

En el caso en particular, si bien es correcta la afirmación de que la sentencia del tribunal de grado no fundamentó debidamente -ante la tacha de la demandada- lo referido a desestimar el valor probatorio de dos de las testimoniales aportadas por la accionante (cfr. fs. 556 vta.), en el sentido de que no surge de los autos que los testigos Rojas (fs. 137) y Montenegro (fs. 138) hayan iniciado juicio en contra de la empresa Organización Gálvez S.A.; lo cierto es que para el caso particular de autos, atento a la índole de la pretensión discutida (vgr. "Reclamo de diferencias en la indemnización por la liquidación de comisiones en negro"), el tribunal a quo decidió dar un valor preponderante a la prueba pericial producida en autos que a la prueba testimonial.

Debe tenerse particularmente en cuenta que, en virtud de su naturaleza, los "pagos en negro", necesitan de una acreditación terminante y asertiva, tanto respecto de su existencia como en cuanto a su monto, por lo que la jurisprudencia ha sentado bases rigurosas para su admisión en lo que hace a su existencia acreditativa, requiriéndose probanzas de las que derive con certeza la noción de credibilidad. Este Tribunal se ha expedido en este sentido (in re: "Acuña Miguel Ángel4 y otro vs. San Bernardo S.R.L. y otro s/ Cobros", sentencia n° 277 del 19 de abril de 2001) y también puede citarse, entre muchas otras, la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo, donde se ha declarado que "la prueba referida a los pagos en negro debe ser concluyente en cuanto a su existencia y monto, ya que la acreditación de un salario superior al que surge de los recibos sólo puede resultar de probanzas concluyentes en tal sentido" (CNTrab., Sala I, junio 30-998 en "Faríaz, Ramón c. Coto S.A"). En similar sentido: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal Sala I, 30-11-99 en "Makaruk, Beatriz c. Farmacia Gran Vía SRL y o." Rev. La Ley 2000-C,242; CNTrab. Sala VIII , 29-8-86 en "Juárez, J. c. Tenas S.A." D.T. 1986-B, 1676; CNTrab., Sala VIII, 18-3-91 en "Frontaura, C. c. Piso Uno S.A." D.T. 1991-B, 1220).

En consecuencia, con independencia de que los testigos Rojas y Montenegro hayan efectuado manifestaciones concordantes referidos al pago de los porcentajes de las comisiones por venta era del 100% de la primera cuota y que un porcentaje de las mismas les era abonada en negro, atento a la índole de la cuestión discutida y de acuerdo a las bases jurisprudenciales sentadas para la acreditación del pago en negro, las testimoniales aportadas -con independencia del progreso de la tacha- no pueden ser consideradas por si solas, sin otro elemento corroborante que la sostengan, como prueba determinante de los pagos en negro efectuados.

En este sentido, no resultan contradichos con las constancias de autos, ciertas precisiones realizada por la Sala a quo, como es "que a lo largo de las pruebas aportadas, el actor no logró demostrar que existiesen diferencias en las comisiones reclamadas" (fs. 557). Tanto la pericial efectuada a requerimiento de la demandada como la realizada por el perito consultor técnico de la parte actora, no son determinantes en demostrar la realización de pagos en negros por parte de Organización Gálvez S.A. a favor del recurrente. En este caso, el tribunal de grado, desestimó acertadamente la impugnación a la pericia contable realizada y rechazó la demanda por insuficiencia probatoria.

Esta Corte ha sostenido que la habilitación de la instancia casatoria en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. (cfr. CSJT, in re: "Blasco de Mazziotti Consuelo vs. Caja Popular de Ahorros de Tucumán s/Nulidad de resolución", sentencia N° 20 del 23/02/1995), lo que -en el presente caso- no acontece. La simple lectura del fallo, demuestra que no existe un grave desvío a las reglas de la sana crítica.

En suma, quedó demostrado que la Excma. Cámara expresó razones suficientes en apoyo a las conclusiones que arriba, las que no se presentan manifiestamente absurdas ni arbitrarias. Por consiguiente, concluyo que los agravios sub examine, en esencia, so pretexto de denunciar arbitrariedad, en realidad se traducen en una mera discrepancia con las conclusiones del Tribunal en orden a la ponderación de circunstancias eminentemente fácticas del proceso, sin que se advierta ilogicidad o irracionalidad en la misma, o que -de acuerdo a la índole de la cuestión controvertida- se haya omitido la valoración de prueba relevante para la composición de la litis, debido a que los cuestionamientos no alcanzan a probar que lo decidido deviene irrazonable.

En su mérito, en lo que a este agravio se refiere, considero resulta improcedente el recurso casatorio intentado por la actora.

5.2. Al argumentar su segundo agravio bajo el título "Mala Aplicación del Derecho Sustantivo y Adjetivo", el recurrente sostuvo que el demandado no exhibió los contratos de adhesión ofrecidos como prueba por su parte. Alegó que la demandada no negó la conservación de los mismos al contestar demanda, pero que al serle requeridos (cuaderno de prueba nº 3 del actor), contestó que destruyó los contratos y por lo tanto no puede aportarlos; por lo que en la sentencia en crisis correspondía realizar una consideración en los términos en que había quedado trabada la litis y por lo tanto aplicar la consecuencia procesal del hecho que el demandado se negó a presentar los contratos solicitados (errónea aplicación del artículo 60 del CPL).

Agregó que al iniciar esta acción su parte sostuvo que los contratos de adhesión se encontraban entre la documentación que la empresa debe conservar -en los términos de los artículos 43 y 44 del Código de Comercio- ya que se trata de contratos suscriptos por un tercero que dan fundamento a las cobranzas mensuales del abono. Con tal razonamiento, pretende cuestionar la afirmación del a quo en cuanto a que la accionada llevaba su documentación en legal forma, por las razones que argumenta y doy por reproducidas en honor a la brevedad.

El argumento del impugnante, acerca de la errónea aplicación del artículo 60 del CPL, constituye una cuestión de derecho que debe analizarse.

Para determinar si existió -por parte del tribunal de grado- una errónea aplicación del mentado artículo 60 del CPL, que en su segundo y tercer párrafo dispone: "El demandado deberá reconocer o negar los hechos en que se funda la demanda. Su silencio o respuesta evasiva se interpretará como reconocimiento. Además el demandado deberá proporcionar su versión de los hechos, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo invocado en la demanda a pesar de su negativa", tal disposición no puede ser analizada en forma aislada sino en armonía con el resto de dicho cuerpo normativo para evitar que, análisis parciales desnaturalicen el fin y el sentido de la norma. En este sentido, recordamos que el artículo 58 del CPL dispone: "En el caso de incontestación se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario". Vemos así que ambas normas, los artículos 58 segundo párrafo y 60 segundo y tercer párrafo, tienen un objetivo idéntico y por ende deben interpretarse en el mismo sentido lo contrario llevaría a pensar que el CPLT gravaría con mayor severidad al demandado que asume la carga procesal de contestar demanda, aunque insuficiente, con respecto a quien no asume la carga procesal, no se apersona, no toma intervención, ello teniendo en cuenta que el objetivo principal de contestar la demanda es precisar cuáles son los hechos controvertidos y las defensas que se invocan como un obstáculo al progreso de la pretensión de la contraparte.

Desde esta perspectiva, estamos frente a un demandado que contestó demanda en tiempo útil, realizó la negativas generales frente a la pretensión del actor, dio su versión de los hechos y produjo pruebas y negó expresamente que las comisiones por ventas se liquidaran a un 100%.

Así lo entendió la Cámara al expresar que "la pericial contable no logra determinar con exactitud el monto de los porcentajes por comisiones o premios por la productividad por carecer de la documentación necesaria [...] no pudiéndose determinar con exactitud cuales eran los montos debidos al actor por este reclamados". Asimismo, agregó la sentencia que "en referencia a las comisiones que son el fundamento de esta acción, el actor con las pruebas de su parte (planillas) que no han sido reconocidas por la demandada y las que no pueden ser tenidas en cuenta, por carecer estas de firmas y sello que reconozcan expresamente que son otorgadas por la empresa no pueden ser valoradas en la pericial contable" (cfr. fs. 556 vta.).

En este sentido, esta Corte tiene dicho: "...no puede gravarse con mayor severidad al demandado que asume la carga procesal de contestar la demanda, aunque de manera insuficiente, que al que no la contesta ni se apersona a juicio. Es por ello que, si de acuerdo a lo prescripto en el artículo 58, segunda parte, del CPL, ante la incontestación de la demanda se sanciona al demandado con una presunción "iuris tantum", consistente en tener por cierto los hechos invocados, "salvo prueba en contrario" (lo que requiere ineludiblemente la consulta de la plataforma probatoria de la causa), lo mismo debe acontecer en la situación descripta en el tercer párrafo del artículo 60 del mismo digesto del rito, esto es, que ante el incumplimiento de la demandada de la carga de dar su versión de los hechos en el responde, se desencadene una presunción favorable al actor de tenerla aquella por conforme con los invocados en la demanda. "salvo prueba en contrario". De no ser así reitero, se arribaría al irrazonable e injusto resultado, que a quien contesta demanda de manera insuficiente, se lo sancionaría con mayor rigor que aquel que no llega a formular un responde (CSJTuc., "Díaz, Pedro Telmo vs. Ingrao, Alberto s/Indemnizaciones", sentencia Nº 237 de fecha 01/4/2004).

En conclusión, la crítica efectuada en casación se asienta en que la Cámara habría omitido valorar las pruebas como se indica en el escrito recursivo, las cuales -a mi criterio- no alcanzan para revertir la solución a la que arriba la sentencia.

Es que conforme dejara sentado ut supra (punto 5.1), la sentencia en crisis, atento a la índole de la cuestión controvertida -reiteramos, pagos en negro- dio preponderancia probatoria casi exclusivamente a las consideraciones de la pericial contable, las que a su vez, no fueron desvirtuadas -en lo referente a los pagos en negro de las comisiones- por el consultor técnico de la parte actora, como lo consideró la sentencia del tribunal a quo cuando se expresó que "la parte actora con la pericial de parte solicitada, no aporta claridad y objetividad, si es que existen comisiones en negro tal como lo denuncia el actor por todo lo expuesto anteriormente por lo tanto esta se rechaza" (fs. 557).

De conformidad a las consideraciones precedentes, concluyo que el planteo del recurrente es de naturaleza fáctica y, como tal, de resorte exclusivo del tribunal de grado ponderar. Ellos han sido resueltos por el órgano jurisdiccional sobre la base del material probatorio de la causa que juzgó pertinente, de tal suerte que los agravios -so pretexto de violación a las normas de derecho sustantivo y adjetivo- en realidad, se traducen en un simple desacuerdo con las conclusiones de hecho, resultantes de las pruebas producidas en las que la Cámara asentó su convicción respecto al tema en disputa, las que encuentran sustento en las constancias de la causa y no se presenta manifiestamente absurdas y irrazonables. 5.3. En su tercer agravio, el impugnante considera que el fallo atacado también incurre en mala aplicación del derecho sustantivo y adjetivo por entender que se le haya otorgado valor probatorio exclusivo a la pericial contable. Alega que el fallo en cuestión no analizó ni consideró las causas por las cuales se impugnó el dictamen pericial.

Lo considerado en los párrafos precedentes, me exime de otros comentarios con respecto a este agravio (valor probatorio de la pericial contable).

Por lo precedentemente expuesto, y atento a que no se ha demostrado en autos, que los criterios de la sentencia recurrida hayan constituido un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio lo que, además, debe ser apreciado con criterio restrictivo, corresponde no hacer lugar al recurso de casación articulado por Daniel Edgardo Valverdi, por la parte actora, en contra de la sentencia n° 31 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 27 de marzo de 2008, obrante a fs. 556/558 de autos, por lo considerado en los puntos 5.1), 5.2) y 5.3) de esta sentencia. Voto porque así se declare.

6. Acorde al resultado a que arribo, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte actora vencida (artículos 49 CPL y 106 CPCyC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 27 de marzo de 2008, obrante a fs. 556/558 de autos, por lo considerado en los puntos 5.1), 5.2) y 5.3) de esta sentencia.

II.-COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad	HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.