marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por el grado, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Laurín, Raúl s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-27

Los principios que informan la competencia en razón de la materia o del grado son de orden público y absolutos; es asimismo, incontrovertible el derecho del justiciable a no caer en el estado de indefensión, por carecer el sistema legal de una norma específica en la materia.
Retiro militar, enfermedad profesional, dictámenes, dictamen pericial, cuerpo médico forense
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ferrari,   Vicente  Benito  A. c/ Gendarmería  Nac. s/ Retiro  Militar  y Fuerzas de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-11

Resulta irrelevante el hecho de que las autoridades administrativas y los médicos castrenses hayan dictaminado en su oportunidad que la enfermedad que padece el actor no tenía nexo causal con las tareas desarrolladas bajo la dependencia de la accionada. Ello así, por cuanto, y sin que ello signifique menoscabo de la capacidad profesional de aquéllos, dicha probanza depende exclusivamente de la demandada, mientras que el dictamen pericial producido en los autos ha podido ser debidamente controlado y verificado por el actor (confr. este fuero, Sala II, in re Mezzanesco , del 31/5/90; Gómez, Waldino , del 26/12/91).
Calumnias, error inculpable
Materia: PENAL
Carátula: LEDESMA, NICOLAS c/ RODOLFO GASTON ZAPATA RODOLFO JUAN TURAZZINI s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-11

Quien le incrimina a otra persona la omisión de un delito creyendo firmemente que ésta ha ocurrido y que aquélla lo ha cometido, creencia ésta que surge de hechos que se aprecian como sumamente verosímiles y se comprueba posteriormente que esa incriminación no era cierta, no debe responder en un posterior juicio, por el delito de calumnias, por resultar su conducta atípica.

Aún cuando la primitiva imputación fuera falsa, el enjuiciado ha padecido un error acerca de esa falsedad, lo que descarta la concurrencia de dolo y por ende, del tipo penal del art. 109 de la ley sustantiva (art. 34, inc. 1, del C.P. ).
Recurso de inconstitucionalidad, depósito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bahi Abdon en j: Leguizamón Chiosone, Gabriel c/ Abdon Bahi s/ Desalojo - Inconstitucionalidad (Libro: A026A-037) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-12-21

Si del recurso mismo no surge el valor económico del pleito, a los efectos del depósito exigido por el art. 146 del Código Procesal Civil, debe considerarse no susceptible de apreciación pecuniaria.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, traslado, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: MAYULI, RAUL. s/ LIBERTAD CONDICIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-08

El traslado al defensor oficial sin noticia o conformidad por parte del condenado, privó a éste de la posibilidad de proveer libremente a su defensa, con el agravio constitucional consecuente
Fuerzas Armadas, retiro militar, haber de retiro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lapegna, Mario Daniel c/ Ministerio de Defensa de la Nación Prefectura Naval Argentina y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Que la ley conceda un "haber de retiro" no significa que se esté frente a una liberalidad carente de contenido indemnizatorio, y que sólo tenga connotación asistencial y previsional, sino que ambas finalidades (indemnizatoria y asistencial - previsional) se logran con la concesión del referido "haber", que constituye una reparación en forma de renta pública (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, delitos contra la humanidad, República Argentina, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Derechos humanos, torturas, desaparecidos, tratados internacionales, Constitución Nacional, derecho de gentes, obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro, estado parte, ratificación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Beltrametti, Juan Antonio y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

Conforme lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Arancibia Clavel" -Fallos: 327: 3312-, la ratificación por parte de la República Argentina de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, representa tan sólo la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, encontrándose el Estado Argentino comprometido internacionalmente en la protección de los derechos humanos desde el inicio del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional pues, delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos, serán considerados crímenes contra la humanidad en tanto agravian el derecho de gentes prescripto en el artículo 118 de la Constitución Nacional
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Victorel, Carlos Roberto s/ Tentativa de robo calificado Segura, Fermín Miguel s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1993-02-23

No corresponde incorporar en el dispositivo de la sentencia de Corte lo referente a la reincidencia.
Aclaratoria (procesal), costas
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: G Y M s/ EXTORSION      EXPTE NRO 166-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-07

Si al rechazar la demanda, el Tribunal ha impuesto las costas a la actora civil, es inadmisible pretender que, por vía de aclaratoria, se dispongan costas por su orden, alegando razón para litigar en los términos del artículo 168 del Código Procesal Penal.

La aclaratoria es un medio legalmente previsto para completar debidamente un decisorio dudoso u oscuro, o falente en la resolución de cuestiones subsidiarias o secundarias o correctivo de errores u omisiones puramente materiales y por ende, acceder a la propuesta modificación del régimen de costas implicaría una variación sustancial, vedada por el artículo 403 del Código Procesal Penal, lo que tornaría inválida la disposición de aclaración pretendida.
Condominio, división de condominio, vivienda, presunciones, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: MARTOS, MAURICIO HERNAN. c/ GIRARDI, CLAUDIA LUCIA. s/ DIVISION DE CONDOMINIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-05

[...] la ley -Art. 2519 del Código Civil- presume que la vivienda prefabricada ha sido construida por el propietario del suelo -presunción iuris tantum- y que le pertenece en propiedad -presunción iure et de iure-. La pregunta que inmediatamente se presenta es, ¿resulta válido el proceso de división de condominio sobre una cosa que es de propiedad de un tercero, y, en su caso, sin que se haya citado a juicio a ese tercero? En primer lugar no puede haber división de condominio, si no hay condominio. En autos la propiedad de la vivienda se presume, sin admitir prueba en contrario, en cabeza del propietario del suelo. De ello se sigue que ni actor ni demandada son condóminos o cotitulares de la vivienda prefabricada.

Por lo tanto, la acción entablada, fundada en las normas del condominio, no resulta procedente.
Organismos del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espósito de Zanetta, Rosa c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La competencia de los órganos administrativos debe reputarse implícitamente atribuida cuando sea menester para el cumplimiento eficaz de los cometidos funcionales.
Trata de personas, explotación sexual, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Aquino, Hilda Ramona c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-01

El presente es uno de aquellos casos que deja en evidencia una actividad aberrante, puesta en ejecución por un criminal inescrupuloso con el único afán de obtener un lucro, despreciando la esencia del ser humano.

La mujer cuya dignidad y libertad sexual violenta sin miramientos, denigrándola a nivel de objeto de mercancía, propia de tiempos pasados sobre cuya exterminación el Estado ha asumido un compromiso internacional.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, gobernador, leyes, reglamentación de la ley, trámites judiciales, fiscales, deudas impositivas, actualización monetaria, procedimiento tributario
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

De acuerdo a lo normado en la ley 7863, de 1976, que reformaba el Código Fiscal (t o 1973) introduciéndole un agregado como primer artículo del Título Octavo antes del artículo 30, el Gobernador únicamente podía establecer el "procedimiento" para aplicar el "índice que determina la DGR", pero no estaba autorizado para disponer excepciones a la actualización como lo estableció en el artículo 7 del decreto 2994/76, razón por la cual dicha autoridad se excedió en el ejercicio de la potestad que se le atribuyó, toda vez que no se conformó a los límites que derivan, para el decreto reglamentario, de su naturaleza de fuente secundaria del ordenamiento jurídico (artículo 72 inciso 4. de la Constitución Provincial).

(El decreto 2994/76, reglamentario de la ley 7863, en su artículo 7 determinaba que no se actualizaba la deuda fiscal cuestionada en caso de deducirse recurso de reconsideración o de revocatoria o de apelación, ante la DGR o el P.E, respectivamente, contra determinaciones impositivas, hasta tanto se produjera resolución o decisión en firme en sede administrativa).
Defensa en juicio, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORAN ROBEN EDUARDO Y OTROS s/ CASACION  PENAL - POLICIA JUDICIAL - DECLARACION POLICIAL DEL IMPUTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-31

'Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del estado, desde el primer momento de la persecución penal', como así también de los efectos procesales inherentes a la misma, tales como que 'carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor' y que 'la ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella' (constitución de la provincia de córdoba, arts. 40 Y 41, con vigencia a partir de las cero del día treinta del mes de abril de 1987). Su vulneración apareja inexorablemente la nulidad de la sentencia que se funde en el elemento de convicción consistente en la declaración autoincriminatoria del imputado si el mismo es de valor dirimente (CPP, 417, inc. 3), Pues estando en juego un principio de tal rango, su declaración debe hacerse de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (CPP, 172), partiendo de la base de que su violación compromete la asistencia del imputado en el mismo (CPP, 171 inc. 3).

La nulidad de la sentencia proviene, también, de que, en el caso, no se procedió como hoy manda la constitución provincial, porque al tiempo de la declaración autoincriminatoria del imputado al policía que testimonio en el debate sobre esas actuaciones-dicha exigencia no regia. Siendo ello así, la ineficacia probatoria de dicho elemento de convicción, naturalmente, se extenderá a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella, según se determine en el juicio de reenvío (constitución provincial, 41 y CPP, 502). Consecuentemente, dado que este elemento de juicio es esencial para determinar la intervención del imputado en el hecho, la sentencia que en ella se fundo -por las razones dadas-resulta nula, a tener de los dispuesto por los arts. 18 Cn, 40 constitución provincial, 417 inc. 4 Y 3 y 294 CPP.
Sobreseimiento, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MOYANO ROMULO LUCIO Y OTROS c/ CANCINO ALBERTO ARGENTINO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02

La aplicación del art. 1103 del Cód. Civil -referido a la influencia de la sentencia penal absolutoria respecto de la sentencia civil a dictarse con posterioridad- supone el dictado de un pronunciamiento en sede criminal que pone fin al proceso luego de un plenario, con amplitud de debate y prueba.

El sobreseimiento no resulta equiparable, como principio a la sentencia absolutoria prevista en el art. 1103 del Cód. Civil. Por excepción, la sentencia de sobreseimiento provocará los efectos de la cosa juzgada, en los mismos casos en que los generaría la sentencia penal absolutoria; esto es, cuando los motivos fundantes fueran la inexistencia del hecho o de autoría por parte del imputado.
Delitos contra la humanidad, legitimación procesal, querellante, organismos de derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Garbi, Miguel Tomás y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-22

El propósito del art. 82 bis CPPN introducido por ley 26.550 ha sido otorgar regulación legal a la ya creciente participación de las asociaciones intermedias como querellantes en los procesos por delitos de acción pública en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.
Sociedades comerciales, sociedades de garantía recíproca, aplicación de la ley, contrato de garantía recíproca, ejecución del contrato, recurso de inaplicabilidad de ley, fiador
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Rena, Antonela s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Cuando, como en el caso, se ejecuta, en el marco de un contrato de garantía recíproca, la fianza otorgada por la accionada, en la que no sólo se constituyó como mera fiadora, sino que, por el contrario, asumió la calidad de "fiador solidario, liso, llano y principal pagador" de las obligaciones asumidas por el socio partícipe respecto del aquí ejecutante, en tal sentido, la conclusión que se determinó sobre la falta de destino de los fondos al consumo final, y por ende la exclusión del caso de la aplicación de la ley 24240, debe sostenerse igualmente en torno a aquella, conforme lo previsto por el CCCN 1591 (cfr. CNCom, Sala E, "Garantizar SGR c/ Orona, Héctor Rufino y otro s/ ejecutivo", del 6/4/21).
Concursos, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pirola, Dante Alberto y Rosillo, Adrianne Elizabeth s/ Incidente de revisión en autos "Bahi-Cred S.A. Conc. Preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Debe notificarse por cédula lo decidido en los incidentes incoados en los procesos concursales por tratarse de sentencias interlocutorias y por aplicación de lo previsto en el art. 135 inc.

12 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Secuestro de bienes, ejecución prendaria, citación al deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santander Rio S.A. c/ Núñez, Oscar Francisco s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-26

Ante el pedido de secuestro prendario en los términos del art. 39 LPR y lo establecido por el contrato de prenda -ausencia de intimación previa al deudor-, corresponde compatibilizar la tutela diferenciada que establece la LDC y el régimen especial de la Ley de Prenda con Registro. En tal sentido, debe citarse previamente al deudor para que oponga en el término de cinco días defensas válidas frente al reclamo del secuestro, utilizando al efecto lo normado por el art. 585 CPCC. No opuestas excepciones o desestimadas las mismas, el acreedor podrá proseguir con el trámite instado y restantes secuencias establecidas en la LPR, pudiendo de modo previo, rencauzar los términos y alcances con que fue articulado el escrito inicial. Adicionalmente debe garantizarse la intervención del MPF en los términos ordenados por el art. 52 LDC.
Recurso contencioso administrativo, procurador general, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), plazo, caducidad, policía, escalafón, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COSSARI, NICOLAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 216-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Habiendo admitido la Presidencia sin limitaciones el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción en que se cuestionaba no sólo el tema referente a la tempestividad de la fundamentación de la revocatoria, sino también el planteo de la caducidad de instancia y el de la reubicación del impugnante en el escalafón de seguridad de la Policía, no corresponde entender que la admisibilidad se restringió implícitamente al primero de esos temas por haber remitido al dictamen del Procurador General que sólo consideró admisible el recurso contencioso en tanto refiera a la extemporaneidad de la impugnación en sede administrativa y entendió que, sobre las cuestiones restantes, no se había agotado la reclamación previa contemplada en el artículo 4 de la ley 4106.
Hecho diverso, sobreseimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OLIVA JUAN CARLOS Y OTRO s/ HECHO DIVERSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-09

Uno de los presupuestos de la jurisdicción es la existencia de una pretensión jurídico penal positiva hecha valer mediante la acción promovida ante el tribunal y que provoca, encauza y limita in facto el ejercicio de la jurisdicción , vale decir que el judicante debe limitarse a investigar y decidir, exclusivamente, con respecto a la especie fáctica que plantea el promotor de la acción . Si de los actos procesales resulta, a criterio del tribunal, que se habría cometido un hecho delictuoso perseguible de oficio, diverso del que es objeto de la relación procesal constituida, aquél debe limitarse a enviar los antecedentes al ministerio público, a fin de que este provoque el ejercicio de la jurisdicción , si participa de tal criterio.

Si los elementos probatorios que constituyeron, en un primer momento, motivo bastante para sospechar de la participación de los acusados en el hecho de robo calificado, no encontraron corroboración convictiva, lo que dio lugar al sobreseimiento y pese a esta resolución discriminatoria, los mismos elementos de juicio fueron suficientes -a criterio del Juez- para atribuirles el delito de encubrimiento, por el cual los procesara, tal proceder resulta violatorio del principio "nec procedat iudex ex officio", en tanto la resolución , pese a haber sido dictada previo escuchar a los prevenidos, excede el l imite objetivo que le autorizaba el acto promotor de la acción penal, esto es el sumario de prevención. El mismo contenía una pretensión punitiva respecto de un hecho contra la propiedad, estando vedado a la jurisdicción , alterar el significado y alcance de dicho acto inicial sin dar intervención al órgano requirente.-
Impuestos, régimen penal tributario, competencia, falsificación de sellos, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: UNIVEN S.A.C. s/ Régimen penal tributario, incidente cuestión de competencia  negativa  Causa Nro. 33027.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

Siendo la figura del art. 288 del Código Penal sancionada con pena mayor a la del art. 1 de la ley penal tributaria, la presunta falsificación de sellos corresponde sea investigada en la Justicia Federal.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, bonos de goce y de participación, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Banzer  García  Orlando y otros c/ Ministerio de Economía y Obrasy Servicios Públicos y otro s/ art. 29 ley 23.696.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

De acuerdo con lo previsto en el art. 29 de la ley 23.696 y al art. 230 de la ley 19.550, al cual remite, los bonos de participación en las ganancias para el personal de YPF están directamente vinculados al contrato de trabajo que constituye la causa fuente del derecho a ellos. De allí que el plazo de prescripción para el cobro del crédito derivado de dichos bonos se encuentra sujeto al plazo especialmente previsto en el art. 256 L.C.T.. Dicha prescripción corre a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, es decir cuando el acreedor pudo reclamar su cumplimiento a la empleadora. (Del voto del Dr. Pirolo al cual adhiere la Dra. González, dejando a salvo su opinión personal en el sentido de que la prescripción en este tipo de reclamos debe ser la de diez años, postura que quedara en minoría con la incorporación a la Sala del Dr. Maza).
Procedimiento laboral, segunda instancia, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, MARTIN c/ MECOZZI HORACIO Y OTRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-17

El artículo 122 de la ley 18345 es de aplicación restrictiva y sólo procede en los casos en que medie resolución negativa y no consentida a producir probanzas oportunamente ofrecidas.
Acción de amparo, existencia de otras vías, interdictos posesorios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Malespina, Sergio Ernesto c/ Olivera, María s/ Amparo - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-07-06

La existencia de vías judiciales aptas para asegurar o restaurar los derechos que se dicen lesionados, evidenciada en el caso por la simultánea tramitación de un interdicto posesorio y una denuncia por amenazas, excluye la admisibilidad del amparo, pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ Pini, Pascual s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

Cuando la remisión a las normas del respectivo arancel que efectúa la resolución impugnada no resulta fundamento suficiente porque la regulación efectuada no guarda la debida relación con esos preceptos y los valores económicos del juicio que deben computarse, debe dejarse de lado la regla de que lo concerniente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias no dan lugar al recurso del art. 14 de la ley 48.