Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-01


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 1º de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El Señor Juez de Cámara Doctor Calatayud dijo:

En la sentencia obrante a fs. 1167/1178 y su aclaratoria de fs. 1193, la señora juez desestimó la demanda instaurada contra Autopistas Urbanas S.A. y Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. e hizo lugar a la entablada contra Enrique Sánchez Mamani, a quien condenó a abonar al actor la suma de $ 51.500, con más sus intereses. Encuadró la responsabilidad de los demandados en lo dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil y, en lo que atañe a la de AUSA, comenzó por destacar que ésta era concesionaria de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno y que, si bien no se le otorgó expresamente la de la avenida Dellepiane -donde acaeciera el accidente-, esta vía, como complementaria de aquéllas, estaba comprendida dentro las obligaciones de la empresa. Sin embargo, habida cuenta que el actor no había logrado acreditar debidamente la falta de iluminación adecuada y la omisión de remover el obstáculo que constituía la camioneta, concluyó en que esta parte no había incurrido en responsabilidad en el evento dañoso.

Contra dicha decisión se alza únicamente Ruiz, quien centra sus agravios exclusivamente en el rechazo de la demanda contra el concesionario vial (AUSA) y el subcontratista encargado del mantenimiento y prestación de servicios relativos a la seguridad vial (Victorio Américo Gualtieri S.A. - Elsamex S.A. - U.T.E., citados como terceros), al sostener que la magistrada se apartó de la correcta aplicación del factor de atribución establecido por la recordada norma del art. 1113 del Cód. Civil; así como también haber evaluado incorrectamente los elementos de prueba que le fueran aportados, que revelan -a su entender- la existencia de una violación al deber de seguridad asumido por las citadas (ver presentación de fs. 1248/52).

Creo necesario, en primer lugar, efectuar un precisión. A partir de la sentencia dictada en autos "Lencinas, Verónica Cecilia c/ Grupo Concesionario Oeste S.A.s/ daños y perjuicios" (causa 479.504 del 17-9-07), esta Sala varió su anterior postura jurídica y consideró de aplicación a los supuestos de accidentes acaecidos en rutas concesionadas el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa B-606 XXVI, "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico", del 7-11-06, en el sentido que en los siniestros producidos con posterioridad a la fecha de sanción de la ley 24.999 (1-7-98) que incorporó el art. 40 a la ley 24.240 (que había sido vetado por el art. 6 del decreto 2089/93), el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de ellas debía ser calificado como una relación de consumo en el derecho vigente (ver considerando 3º, primer párrafo).

Pues bien, el caso sub exámine está comprendido dentro de dicha directiva a poco que se repare que la colisión sucedió el 7 de abril de 2000. Y, si bien las normas en cuestión no fueron invocadas en el escrito inicial, ello no resulta óbice para su aplicabilidad, toda vez que, con arreglo al principio iura curia novit, el juzgador debe encuadrar correctamente la cuestión y la circunstancia de que su decisión se base en razones de derecho que no fueron invocadas, representa el ejercicio de una atribución propia del magistrado a cargo de la causa (conf. C.S., "Fallos", 247:380) que, más que una prerrogativa, importa un deber a su cargo (conf. mi voto en causa 55.454 del 18-10-89, con cita de Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3a. ed., t. 1 pág. 795 Nº 37).

Ello establecido, es claro entonces que existe un deber de seguridad del prestador del servicio hacia el usuario que ha sido ilustrada y exhaustivamente desarrollado por el Dr. Racimo en el precedente recién citado "Lencinas" y a cuyas consideraciones me remito para no incurrir en repeticiones innecesarias. De todas maneras, señaló mi colega que al existir un contrato entre el prestador de servicios y el usuario bajo la protección de la relación de consumo, resulta claro ahora que existe un deber de seguridad que incumbe a aquél y que alcanza a la protección contra los riesgos que puedan afectar la salud y la seguridad del consumidor (Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 3a. ed., Buenos Aires, pág. 24 y 181) y cuyo incumplimiento genera, en principio, una responsabilidad objetiva.

Y continuó: "Ahora bien, esta idea de garantía no significa que el concesionario se convierta en un asegurador contra todo daño que pueda recibir el usuario. No se presentan en estos casos la nitidez relativa de las obligaciones específicas definidas en los contratos tradicionales por lo cual resulta necesario determinar -con la ayuda del concepto de previsibilidad aludido en Bianchi- cuáles son las obligaciones genéricas y concretas que emanan del concesionario de la autopista respecto del usuario. Es que sólo se podrá saber si hay relación causal entre el daño y el incumplimiento del contrato si se reconocen cuáles son las obligaciones que emergen de la relación de consumo en cada caso. El deber de seguridad -expandido como categoría básica (art. 5 ley 24.240)- debe ser especificado a través del tamiz del art. 902 del Código Civil porque de otro modo se impondrían al concesionario daños que no se encuentran causalmente vinculados con el deber de seguridad que surge de su relación con el usuario y su grupo familiar o social".

"Establecido que el usuario de la concesión vial tiene un derecho fundamental a la protección de su seguridad y de su integridad física que recae sobre el concesionario, el paso lógico consiste en delimitar cuáles son las obligaciones que razonablemente se derivan de este deber de seguridad de acuerdo con el principio constitucional de la relación de consumo".

"Las obligaciones del concesionario de autopista se encuentran esencialmente regidas por el contrato de obra pública y no por la concesión de servicios públicos (ver Juan C. Cassagne, "La responsabilidad de los concesionarios viales", LA LEY, 2006-F, 1141) y su objetivo primario consiste habitualmente en la construcción o reconstrucción de un trayecto de ruta para su uso por vehículos automotores y en la habilitación de esa vía para su circulación sin dificultades".

Además de la carga de efectuar un diseño de los corredores viales que no ofrezca peligro para los usuarios, como advierte mi colega "...la concesión incluye -como se señala en el considerando 4º de Bianchi- un conjunto de obligaciones referentes a la prestación de servicios al automovilista. El servicio central que presta la concesionaria es el control de la vía asfáltica de modo permanente con la consiguiente obligación -en miras a la seguridad del usuario- de desplegar una actividad continua para evitar daños. Ello implica una garantía legal referente al control presunto de la vía asfáltica en favor del consumidor y de su grupo familiar y social. Derivados de ese servicio esencial se encuentran actividades permanentes tales como el mantenimiento de la ruta libre de obstáculos, la reparación de la vía asfáltica para mantenerla en buenas condiciones, el servicio de vigilancia en la ruta para evitar intrusiones, el servicio de auxilio, la limpieza de malezas y de vegetación adyacente a la cinta asfáltica, el servicio de remoción de obstáculos, la atención permanente en las casillas de peaje, el servicio de vigilancia de aviso a la autoridad pública, el sistema dinámico de avisos y de cierre de circulación del tránsito en caso de emergencias y sistemas especiales de señalización cuando se realizan trabajos en la concesión".

Empero, en concreto señalaba el Dr. Racimo: "...en orden a la consideración genérica del deber de seguridad es necesario ponderar que el concesionario de la autopista no es un asegurador del motorista frente a todo riesgo que éste pueda enfrentar mientras circula por la vía asfáltica. Se trata, más bien, de imponer un estándar de seguridad más elevado que se encuentra a cargo de la concesionaria para que ésta construya y controle una autopista razonablemente segura pero no segura frente a toda hipótesis eventual. La responsabilidad no implica tampoco proteger al motorista en relación al mal uso del producto o de la prestación (art. 5 de la ley 24.240) o frente a la violación de avisos o a la transgresión de los límites legales de velocidad. El mal uso de la autopista por el conductor, la culpa de la víctima, el caso fortuito u otros supuestos -como la taxonomía locativa de las autopistas elaborada por la Corte Suprema en Bianchi- son circunstancias que el juez debe considerar en cada caso para evitar que se imponga un umbral utópico de seguridad basado exclusivamente en consideraciones basadas en falsas expectativas de los consumidores".

Tal el alcance con que debe ser entendido el deber de seguridad a que alude el quejoso en su memorial, por lo que cabe examinar si en autos la concesionaria ha cumplido con las obligaciones de seguridad. Y, al respecto, es mi convicción que razonablemente sí lo ha hecho y que, por tanto, la conclusión a la que llegara la señora juez no podrá ser modificada.

En efecto, obra en primer término el parte de accidente agregado a fs. 411/12, reconocido por quien lo confeccionara -Vicente D. Romero- en su declaración de fs. 626/27. En él consta que el accidente sucedió el 7-4-00 a las 22,10' horas y que el aviso se recibió a la misma hora, compareciendo al lugar de los hechos a las 22,15' y con asistencia mecánica a las 23,20'. Es verdad que en dicho documento existen enmiendas que no fueron debidamente salvadas, pero ellas fueron explicadas por Romero en la audiencia respectiva (ver resp. a la 3a.y 4a. y a la 2a. a 4a. repregs.).

Pero incluso si se prescindiera a dicho instrumento y de las manifestaciones de Romero, lo cierto es que de la declaración testimonial de Damián A. Esersky (fs. 604/05), tercero ajeno a las partes que debe ser considerado totalmente objetivo pues no hay motivo alguno para dudar de la veracidad de sus asertos, surge que vive enfrente del lugar del siniestro, distante a aproximadamente unos 30 metros y que al sentir el ruido de la colisión inmediatamente se dirigió a él. Advierte que entre el tiempo entre que llegó al sitio y que apareció un vehículo "ya sea de la policía o gente de la autopista" (el destacado me pertenece), no pasó mucho tiempo, no más de 5 o 10 minutos. Ello revela que el lapso entre que sucedió el accidente y la llegada del personal dependiente de la concesionaria, aún admitiendo que fuera mayor al recordado por el testigo, es sin duda razonablemente escaso.

Es verdad que el testigo José María Bosch (fs. 721/24) refiere que cuando él pasó por el lugar, a las 21,05', ya la camioneta estaba detenida sobre el pavimento con una rueda salida y sin luces. Pero, la señora juez descartó este testimonio por las consideraciones que expuso a fs. 1173 vta. /1174 con las que coincido. Sólo basta, para desecharlo como elemento de convicción válido (arts. 385 y 456 del Cód. Procesal), destacar el hecho de que no obstante señalar al responder por las generales de la ley que la madre de Ruiz y su esposa son "conocidas", sugestivamente viajaba en el automóvil cuando avistó la camioneta con el padre del actor -que era quien lo conducía-, el deponente como acompañante, la madre del actor y la esposa del conductor en el asiento trasero. Y más llamativo es que, al detenerse para pagar -en efectivo- el peaje de la autopista Perito Moreno, ni siquiera dieron aviso al empleado de la casilla de la novedad del obstáculo más que peligroso -asevera que debieron esquivarlo para evitar un choque- que representaba una camioneta rota en el medio de la avenida, que en realidad es una verdadera autovía de tránsito rápido. De todas maneras, el quejoso ni siquiera rebatió debidamente la conclusión de la magistrada de la anterior instancia.Por lo expuesto, es dable colegir que el personal de la autopista concurrió al lugar de los hechos en un plazo razonable y, en cuanto a si existía o no banquina, se trata de una circunstancia que resulta irrelevante en el caso de autos. Primero, porque las características del desperfecto sufrido por el demandado impedía que se arrimara al carril de tránsito más lento o a la banquina y, segundo, porque aún de no existir ésta, por como sucediera el evento dañoso, carecería de nexo causal con él.

Es que, sin duda, la responsabilidad exclusiva en su producción obedece a la conducta desaprensiva e imprudente que demostrara Sánchez Mamani, quien al no poder trasladar su vehículo a un lugar menos peligroso, debió al menos dejarlo con las luces encendidas y colocar algún tipo de baliza con espacio suficiente para que los automovilistas que circulaban por la autopista, pudieran reparar con suficiente antelación el obstáculo, máxime tratándose de la noche (ver fallo de esta Sala en causa 478.821 del 12-7-07, con primer voto del Dr. Racimo).

En tales condiciones, se encuentran eximidas de responsabilidad las concesionarias, pues el deber de seguridad que es propio frente a los usuarios no opera en la especie dado que el nexo causal ha sido destruido por la culpa de un tercero por quien aquéllas no se encuentran obligadas a responder.

En definitiva, voto para que se confirme la sentencia de fs. 1167/78 en todo cuanto decide y fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada al actor vencido, pues no encuentro mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota que estatuye el art. 68 del Cód. Procesal.

El Señor Juez de Cámara Doctor Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votó en el mismo sentido.

El Señor Juez de Cámara Doctor Juan Carlos G. Dupuis no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Y Vistos:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 1167/78 en todo cuanto decide y fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada al actor vencido. Difiérese la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para una vez fijados los de la anterior instancia. Not. y dev.- El Señor Juez de Cámara Doctor Juan Carlos G. Dupuis no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). -Fernando M. Racimo. -Mario P. Calatayud