Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27


Causa Nº 5511-00-CC/06 "Incidente de apelación en autos: Lavin, Gabriel Aníbal; Reitovich, Saúl Pablo; Lavin, María Noe y otros (García del Río 4119) s/ inf. arts. 116 y 117" En n la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Virginia Malnati, obrante a fs. 10/14 vta. de la presente, contra la resolución del Sr. Juez de grado de fecha 12/09/07, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 3/7 obra copia del acta de audiencia de debate llevada a cabo el día 12/09/2007, a la que no concurre la Virginia Malnatti, Defensora de la imputada Eloisa Zec. Allí consta que, a las 10.16 hs, se había recepcionado en la secretaria del Juzgado una presentación de la Garnero, defensora de otra coimputada, para justificar la ausencia de la Malnatti, y donde solicita la suspensión de la audiencia de debate.

El Fiscal se opuso a la presentación, por resultar la misma extemporánea y porque quien la suscribe no es médico de ningún organismo ni hospital público. Por último, destacó que la Malnatti pudo haber dado noticia al Tribunal mucho tiempo antes, mas aún cuando el día inmediatamente anterior había presentado un escrito ante los estrados del Tribunal.

Por su parte, la Garnero manifestó que la presentación fue hecha en término pues la audiencia estaba fijada para las 10.30 hs., que el certificado fue extendido por un médico de la matrícula y que la Malnatti el día anterior estuvo trabajando, pero dicha situación no hace inexistentes sus dolencias.

A su turno, el Lagorio, defensor particular de otros coimputados, se pronunció a favor de la autenticidad del certificado y sostuvo la aplicación del art. 368 C.P.P.N (es decir, la suspensión del debate).

En lo que aquí interesa, el Magistrado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 7, Javier Alejandro Buján, dispuso la sustitución de la Malnatti en la presente causa atento al abandono de la defensa y al incumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, le hizo saber a la Sra. Zec que tenía derecho a nombrar nuevo defensor y que hasta tanto lo hiciera sería asistida por la defensa oficial. En definitiva, y luego de varios intercambios de ideas, la Sra. Zec designó al Lagorio como su defensor, y luego de un cuarto intermedio todos los imputados acordaron con la Fiscalía una suspensión del juicio a prueba, que fue homologada por el magistrado. Por último, y respecto de la Malnatti, el judicante le impuso una multa de trescientos pesos ($300) a modo de sanción procesal por abandono de la defensa e incumplimiento de las obligaciones procesales en los términos de los arts. 112, 113, 368 s.s y c.c. del C.P.P.N de aplicación supletoria.

II.- Que a fs. 10/14 vta. obra copia del recurso de apelación interpuesto por la Virginia Malnatti contra la resolución ut supra mencionada, en cuanto le impuso una multa de trescientos pesos ($300). Sostiene, en primer lugar, que ni el Juez, ni el fuero contravencional cuentan con facultades para imponer sanciones procesales, y que aun así, el juzgador ha vulnerado el derecho de defensa, por haber incumplido pasos ineludibles para la imposición de una sanción, como haber corrido vista a su parte del pedido de pena del fiscal. Así, plantea que el silencio en materia contravencional respecto de la imposibilidad técnica de comenzar la audiencia cuando no se encuentre presente el defensor, no impide la aplicación de normas supletorias cuando las mismas fueran precedentes, en este caso, el art. 374 del CPPN. Cuestiona en cambio la aplicación del art. 360 de dicho cuerpo legal por parte del a quo pues al no haber comenzado el debate nada impedía al juzgador haber suspendido el mismo, fijando una nueva fecha para otra oportunidad, mas aun cuando faltaban respuestas a determinadas medidas de prueba solicitadas. Destaca que el certificado médico no requería su presentación por ella y que en caso de duda acerca de su validez, el Sr. Juez debió haber requerido la comprobación de las circunstancias allí esgrimidas mas no rechazarlo sin siquiera permitir la opinión de la suscripta y violando claramente el derecho de defensa. En este punto estima que no hay ninguna normativa que declare la validez o no del certificado según quien lo haya firmado se desempeñe en el ámbito público o privado. Por último, destaca que la Sra. Zec no ha sufrido menoscabo en ninguno de sus derechos por la cuestión que se debate.

III.- Que a fs. 20/22 el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, en su dictamen Nº 235-FC/07, solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto y se mantenga la sanción disciplinaria impuesta. Entiende que, en primer lugar se debe hacer remisión al art. 279 de la ley 2303, que trata específicamente las sanciones disciplinarias de las que dispone el judicante ante la inasistencia de los defensores. Que asimismo el art. 221 de la nueva ley procesal, establece un régimen semejante al establecido en el CPPN, por lo que se puede aplicar sin dañar de forma alguna los derechos de la defensora. De esta forma, si antes de la vigencia de la ley 2303 el juez tenía la facultad de aplicar sanciones, mas aún la posee ahora, en un código de procedimiento local, el que se aplica de forma subsidiaria en todo lo que la ley 12 no regule específicamente. Por último, estima que la inasistencia de la letrada resulta injustificada, pues la misma bien podría haber sido informada con anticipación y no, una vez comenzado el debate, mediante un des cargo que no contenía su firma. En relación a la ausencia de daño respecto de Eloisa Zec, la misma no se encuentra acreditada, tal como lo plantea la apelante, en tanto la separación de los procesos le generó a la imputada el irremediable perjuicio de seguir sumida en una incertidumbre procesal, no habiendo podido obtener una resolución para los hechos que se le imputaban.

IV.- Que a fs. 24 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTION En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por la ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia y que también la impugnación procede contra aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado, el que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquel se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución...". (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, Págs. 60/61). En el caso traído a examen, la sanción impuesta a la Malnatti, ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior a la mencionada recurrente, por lo que corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto por defensora de la Zec.

SEGUNDA CUESTIÓN En primer lugar y respecto al agravio defensista sobre la aplicación en el presente caso de las normas del Código Procesal Penal de la Nación, cabe recordar que, conforme lo establece el artículo 6 de la ley 12, resultará aplicable de forma supletoria aquel código procesal penal que se encuentre vigente en el ámbito de la Justicia de la Ciudad, siempre que el mismo no se oponga a la normativa legal. En el caso de autos, y siendo que la ley de procedimiento contravencional nada dice respecto de la actuación de los letrados en la tramitación del proceso, resulta aplicable supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación, por haberse encontrado vigente al momento de la imposición de la sanción por parte del Magistrado de Primera Instancia.

Ahora bien, en cuanto a lo esgrimido por el Sr. Fiscal de Cámara respecto de la necesidad de aplicación de la ley 2303, esto es el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, es dable señalar que dicha disposición procesal fue sancionada por la Legislatura de la CABA el 29/3/2007, y publicada el 8/5/2007 (B.O. Nº 2679), entrando en vigencia el 25 de septiembre de 2007, cuando se cumplió el plazo de 180 días posteriores a su publicación, conforme lo dispuesto en la misma norma. De esta forma y conforme a las constancias de la causa, queda en total evidencia que la norma que el Sr. Fiscal de Cámara requiere sea aplicada al caso no se encontraba vigente al momento en el que el Juez de grado impuso la sanción a la abogada defensora de la Sra. Eloisa Zec. Queda así demostrado que en razón de la supletoriedad invocada en el art. 6 de la Ley 12 y siendo el Código Procesal Penal de la Nación la normativa vigente en el momento de la audiencia en la que el Juez a quo impuso la sanción a la Malnatti, dicho código regía en el caso decidido por el Titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 7.

En relación al agravio planteado por la Malnatti, referido a la falta de facultades del juez contravencional para imponer sanciones procesales, ante la ausencia de normas específicas que así lo permita, cabe señalar que tal como se refirió previamente, el art. 6 de la ley Nº 12 determina que se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal que rija en la Ciudad en todo aquello que no esté expresamente regulado en la ley de procedimiento local. De este modo, la posibilidad de sancionar a abogados de la matrícula no se encuentra regulada en la ley 12, pero sí en el C.P.P.N -arts. 112, 113 y 368-. No puede aceptarse, tal como pretende la impugnante, que tales normas procesales penales no se apliquen, pues el único límite de la supletoriedad es, tal como lo describe el propio art. 6 de la ley 12, que las mismas "no se opongan" a su texto, lo que evidentemente no sucede en autos pues, "por expreso mandato constitucional y legal, en el ámbito jurisdiccional, el Juez titulariza de forma exclusiva facultades de prevención y sanción de toda clase de acción u omisión que conculque el deber de lealtad, probidad y dignidad alterando el buen orden y el decoro de la tramitación del proceso judicial" (Gil Domínguez, Andrés "Las facultades disciplinarias del Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", La Ley Sup. Act. 25/04/2006, 1). En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha afirmado recientemente que "la perturbación del desarrollo normal de la audiencia, así como el abandono de la defensa ocurrido en ella, circunstancias ambas sobre cuya base el Juez adoptó medidas qu e no exceden el reestablecimiento del orden en el desarrollo del proceso, son potestades acordadas a los jueces en la normativa procesal aplicable (arts. 112, 113 y 370 del CPPN, al que remitía el art. 6 de la ley 12) " (del voto del Lozano en "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ recurso de queja por apelación denegada en Incidente de apelación en autos Sabán, Carlos s/ inf. art 116, ley 1472", TSJ, Expte. 5369/07, rta. 06/11/2007).

En cuanto al planteo defensista respecto a que el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario debe ser ejercido por los colegios y consejos de profesionales creados por ley, cabe destacar que tal como se ha explicado en los argumentos previamente desarrollados la facultad disciplinaria de los magistrados emana de las garantías institucionales de la función judicial prevista en la Constitución local. Por ello, si bien el Colegio Público de Abogados de la Capital posee la potestad de aplicar sanciones a sus asociados, esto no impide que los jueces también estén facultados en forma concurrente. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en el fallo anteriormente citado ha expresado que "esas medidas no interfieren con las de mayor impacto que competen privativamente al CPACF en su carácter de órgano rector de la matrícula de los colegiados" y que "el temperamento según el cual las facultades disciplinarias concedidas a los jueces no se superponen ni se confunden con las atribuciones de idéntica naturaleza conferidas al tribunal de disciplina del CPACF sustentado, para situaciones análogas, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encuentra fundamento en que las primeras tienen por objeto mantener el buen orden y el decoro en los actos de procedimiento sometidos a la dirección del juez interviniente, mientras que las segundas persiguen un objetivo mas amplio, que es el de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos 318:892 y 321:2904)".

Sentada la normativa en relación a la cual la cuestión planteada habrá de dirimirse, cabe adentrarse en el estudio de la sanción impuesta por el juez a quo a la Virginia Malnati.

En este sentido, del estudio del presente puede decirse que asiste razón al Sr. Juez y a los Sres. Fiscales, cuando señalan que resulta sugestivo que la Garnero, haya presentado un escrito adjuntando un certificado médico el mismo día fijado para el debate solicitando la suspensión de la audiencia, cuando según surge del acta, el día anterior la Malnatti había efectuado similar pedido pero basado en otros motivos -falta de realización de ciertas medidas probatorias- el que había sido rechazado por el Juez de grado; todo lo cual genera dudas en torno a la actuación de la defensa, máxime cuando el prosecretario del juzgado dijo haberla visto trabajando el día anterior. Sin perjuicio de ello, no se ha acreditado -ni intentado hacerlo- la falta de autenticidad de dicho certificado de fecha 11/09/2007 -obrante en copia a fs.1 del que se desprende que el médico le ordenó a la paciente reposo por cinco días-, razón por la cual no resulta procedente la imposición de una sanción.

Por otra parte, cabe destacar que la imputada Eloisa Zec designó a un nuevo defensor, el Antonio Lagorio, y según surge claramente del acta de fs. 3/7, con el patrocinio de su nuevo abogado defensor, realizó una suspensión del proceso a prueba, quedando de esa forma, en igualdad de condiciones con el resto de los imputados sin sufrir menoscabo alguno de sus derechos.

De esta forma, al no verse afectado el derecho de defensa de la Sra. Zec corresponde revocar la sanción impuesta a la Malnatti.

Por lo hasta aquí expresado, el Tribunal:

RESUELVE:

-Revocar la sanción impuesta a la Malnatti en la audiencia de debate, cuya acta obra en copias a fs. 3/7 de la presente, consistente en la suma de trescientos pesos ($300).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.