Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-17


[[p]]///MA, 17 de junio de 2015.[[/p]][[p]]VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "G., J.N. s/ Incidente de suspensión de juicio a prueba s/Casación" (Expte.Nº 27504/14 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:[[/p]][[p]]Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]1.1. Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 256, del 21 de octubre de 2014, el Juez con competencia correccional de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió no hacer lugar al beneficio de suspensión del juicio a prueba solicitado a favor de J.N.G. (arts. 76 bis y 76 ter C.P. y 316 y cctes. C.P.P.).[[/p]][[p]]1.2. Contra lo así decidido, el doctor Pedro Javier Vega, Defensor Penal subrogante, en forma conjunta con el señor Defensor Adjunto doctor Camilo Curi Antún, en representación del imputado, interponen recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de casación:[[/p]][[p]]La Defensa refiere que deduce el recurso con motivo de la inobservancia y/o errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas que el Código Procesal Penal establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.[[/p]][[p]]Manifiesta que la resolución impugnada carece de motivación, pues se apoya en un dictamen del Ministerio Público Fiscal que no reúne los requisitos de fundamentación que exige el ritual (art. 57 C.P.P.), en virtud de que se sustenta en la incorrecta interpretación de la "Convención de Belém do Pará" y del fallo "Góngora" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contradice la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en el caso "Perozo y otros vs. Venezuela" (del 28/01/2009), que afirma que "no toda violación de un derecho humano cometido en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención" citada.[[/p]][[p]]/// Aduce que, según surge del requerimiento de elevación a juicio de fs. 42/43 del expediente principal, se le imputa a G. el siguiente hecho: "en Viedma, el día 27 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 17.15 hs., habría incumplido la orden judicial dictada en fecha 12/05/2014 por el Juzgado de Instrucción Nº 2 en los autos caratulados \'G. J.N. s/ amenazas\', extpe. nº 51369/14, que le prohibía al nombrado tomar contacto en forma directa e indirecta y por cualquier medio con R.M.P. y su grupo familiar, como así también de acercarse a ella, a una distancia menor a los 300 metros y la prohibición de abstenerse de concurrir al domicilio de ésta, sito en [...]. A tal fin, el nombrado se habría apersonado en cercanía del domicilio citado, siendo aprehendido por personal policial que se encontraba de recorrido prevencional en inmediaciones del lugar alertado por la ciudadana P.". La Defensa agrega que en dicha pieza procesal se encuadra el hecho como "desobediencia judicial" (art. 239 C.P.).[[/p]][[p]]Refiere luego la falta de motivación del dictamen fiscal por no verificarse un supuesto de violencia de género, lo que conlleva idéntico defecto en la resolución que se sustentó en dicho dictamen.[[/p]][[p]]La Defensa comparte el criterio de la decisión impugnada en cuanto a que, en relación con el delito investigado (desobediencia judicial), no son de aplicación la "Convención de Belém do Pará" ni la normativa señalada por la señora Agente Fiscal. Sin embargo, disiente con la solución de la sentencia, porque entiende que se debió anular el dictamen y requerir uno nuevo conforme a derecho.[[/p]][[p]]Añade que la inaplicabilidad al caso de la normativa citada resulta del hecho de que el delito previsto en el art. 239 del Código Penal ("desobediencia judicial") y la conducta por él abarcada no encuadran en un supuesto de "violencia de género".[[/p]][[p]]En lo que hace al primer aspecto, menciona que tal figura no protege ningún bien jurídico vinculado con la integridad física y/o psicológica de una persona, sino que su finalidad se constituye en la protección del orden externo por la conducción administrativa del Estado. Agrega que el tipo penal requiere la falta o inexistencia de violencia.[[/p]][[p]]En este orden de ideas, argumenta que se juzga una conducta de no acatamiento y nada cambia el hecho de que la orden judicial supuestamente desobedecida importe una orden de restricción de acercamiento motivada en algún supuesto de violencia anterior, objeto de otro proceso paralelo, por cuanto su ponderación para la denegatoria de la suspensión del ///2. juicio a prueba en el presente devendría en una clara violación al principio de prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in ídem, art. 1 C.P.P.).[[/p]][[p]]Por otro lado, aduce que el sujeto pasivo del delito investigado no es nunca una persona física en calidad de tal, sino que lo es "el que titulariza el dominio del bien jurídico; es el funcionario público que actúa en legítimo ejercicio de sus funciones. Es también la persona que le prestare asistencia a su requerimiento o en virtud de una obligación legal".[[/p]][[p]]Sin perjuicio de lo anterior, refiere que el incumplimiento que se reprocha se habría verificado por encontrarse G. en cercanías del domicilio de la denunciante y nada hace pensar que dicho accionar haya sido precedido de actos de agresión física o psicológica por parte del imputado para con la nombrada. A ello suma que el hecho tampoco reúne las características de sistematicidad y reiteración de los supuestos de violencia contra la mujer en razón de su género, sino que se trata de un acto aislado.[[/p]][[p]]Por último, solicita que se case la resolución impugnada y que vuelvan los autos al Tribunal de origen para que disponga una nueva vista fiscal en los términos del art. 316 del Código Procesal Penal.[[/p]][[p]]3. Argumentos del dictamen Fiscal y de la resolución impugnada:[[/p]][[p]]Surge del expediente que, corrida la vista de la solicitud de probation al Ministerio Público Fiscal, la señora Agente Fiscal dictaminó que, en principio, estaría cumplido lo normado en los arts. 76 bis del Código Penal y art. 316 y ccdtes. del rito. Agregó que debía ponderar la "Convención de Belém Do Pará" (Ley 24632), el precedente STJRNS2 Se. 57/11, lo resuelto por la Cámara en lo Criminal en causa "Muttigliengo" y el punto 3 de la Resolución de la Instrucción General Nº 1/11 de la Procuración General de la provincia. Afirmó que, en conformidad con las constancias de la causa, ha quedado comprobado que el hecho investigado se encuentra incluido dentro de los indicados como constitutivos de violencia de género. Señaló que se acusó a G. de haber incumplido la orden de prohibición de acercamiento a su ex pareja, dictada en el marco de una investigación por amenazas, y sobre esa base solicitó el rechazo de la solicitud de beneficio de suspensión del juicio a prueba.[[/p]][[p]]A su turno, la sentencia recurrida estableció -en lo pertinente-: "En el caso que nos ocupa la vista contestada por la señora Agente Fiscal, en la que manifiesta su oposición a la /// concesión del beneficio, cumple con los requisitos del art. 57 del C.P.P., es decir se encuentra debidamente motivada y fundada por lo que resulta vinculante para el Juez".[[/p]][[p]]A ello sumó: "Es en virtud de ello que el beneficio intentado no habrá de prosperar [...] mas dejaré a salvo mi opinión en el sentido de que en este tipo de delito, no es de aplicación la Convención de Belém Do Pará, ni la normativa puesta de relieve por la señora Agente Fiscal.[[/p]][[p]]Y ello así, en tanto considero que en el caso en análisis el titular del bien jurídico tutelado es el Estado, no la persona en cuyo favor o protección se ha dado la orden de restricción de acercamiento.[[/p]][[p]]Tal restricción además, tiene su base en un expediente por amenazas, siendo allí sí, la víctima de autos la señora R.P., y siendo en esa causa donde, aplicando tanto los conceptos de Belem do Pará, como el criterio sustentado por nuestra CSJN en el precedente \'Góngora\', necesariamente deberá desarrollarse el juicio oral en cumplimiento de aquéllos lineamiento [...].[[/p]][[p]]Extender tal cuestión a los hechos en los que, como en el caso, se ha burlado la acción del Estado, titular del bien jurídico tutelado, aún teniendo su génesis en un hecho que podría ser encuadrable en los del tipo de de violencia de género, es forzar la interpretación de la Convención y aún, del propio fallo de nuestro más alto tribunal".[[/p]][[p]]4. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]4.1. La parte recurrente se agravia -en concreto- aduciendo falta de motivación en la sentencia en crisis en cuanto consideró fundado el dictamen fiscal precedente, e impugna este último sosteniendo que no se encuentra debidamente motivado cuando afirma que el hecho reprochado en autos es un caso de violencia de género.[[/p]][[p]]De acuerdo con todo lo expuesto, la cuestión por resolver es -en definitiva- si el hecho imputado en las presentes actuaciones (encuadrado en "desobediencia judicial", art. 239 C.P.) puede configurar un caso de violencia de género, la que incluye a su vez la de tipo doméstico, en los términos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Convención de Belém do Pará"), ratificada por nuestro país a través de la Ley 24632.[[/p]][[p]]Recuerdo que el Preámbulo de esta Convención afirma que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ///3. limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades", a lo que se suma que resulta "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".[[/p]][[p]]Dicho instrumento define a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (art. 1), y establece que "incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual [...]" (art. 2.a).[[/p]][[p]]4.2. En conformidad con los términos del dictamen de la señora Agente Fiscal, los de la sentencia en crisis y los del recurso de casación (en este caso, sobre las cuestiones que no refuta de los actos procesales anteriores), tengo por establecido que: 1) la prohibición de acercamiento se estableció en el marco de otra causa por amenazas que habría proferido G. a su ex pareja; 2) el hecho de amenazas reprochado en ese expediente encuadraría en el concepto de violencia contra una mujer previsto en el art. 1 de la "Convención de Belém do Pará"; 3) en el presente proceso G. fue aprehendido en oportunidad de consumar la desobediencia judicial y ante la alerta de la señora P. (ex pareja del imputado).[[/p]][[p]]En esta línea de pensamiento entiendo que, para determinar si el hecho imputado en el sub lite queda comprendido en los términos de la "Convención de Belém do Pará", necesariamente se debe analizar y ponderar el contexto fáctico (circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores) y jurídico que dio motivo al dictado de la prohibición de acercamiento. Ello así porque, teniendo en consideración las obligaciones que surgen de la normativa internacional mencionada, en particular la de "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (art. 7.b de la Convención), el Poder Judicial no puede permanecer ajeno frente al supuesto incumplimiento de sus órdenes y medidas que justamente tienen como finalidad la prevención de nuevos episodios de violencia hacia las mujeres, como es el caso de las medidas cautelares dispuestas en este expediente.[[/p]][[p]]En otras palabras, la administración de justicia, bien jurídico tutelado por la figura penal de desobediencia a la autoridad contemplada en el art. 239 del Código Penal (en el caso, /// se trata de una desobediencia judicial), se ve seriamente afectada cuando sus decisiones son incumplidas, porque de ese modo se acrecienta la tolerancia de este tipo de prácticas que deben ser erradicadas, por ser -además de delictivas- violatorias de derechos humanos, con la consecuente responsabilidad internacional que ello implica.[[/p]][[p]]En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la "ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir". Ello, según sostuvo la Corte, "favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia" (Caso González y otras "Campo Algodonero"- vs. México, sentencia del 16/11/09, párrafos 388 y 400; conf. STJRNS2 Se. 95/13).[[/p]][[p]]Entonces, en función de las amenazas proferidas, la prohibición de acercamiento pretendió proteger a la señora P. de posibles conductas violentas que su ex pareja (G.) podría realizar y, al consumarse el delito de desobediencia judicial, se concretó también un hecho de violencia hacia la mujer por el sufrimiento psicológico padecido.[[/p]][[p]]En definitiva, el hecho imputado en las presentes actuaciones ("desobediencia judicial", art. 239 C.P.) configura una hipótesis de violencia de género en los términos de la "Convención de Belém do Pará", puesto que no advierto nuevos argumentos que tengan entidad jurídica suficiente para revisar la doctrina señalada.[[/p]][[p]]4.3. Establecido que el suceso imputado es un hecho de violencia contra la mujer en los términos del art. 1º de la "Convención de Belém do Pará", los fundamentos de derecho del dictamen fiscal y de la sentencia en crisis para negar la concesión de la suspensión del juicio a prueba en esta causa resultan incontrovertibles. Ello es así, además, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Góngora", del 23/04/2013 (conf. STJRNS2 Se. 128/14 y Se. 20/15).[[/p]][[p]]5. Decisión:[[/p]][[p]]Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto en las presentes actuaciones. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron:[[/p]][[p]]///4. Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Sergio M. Barotto dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 25/30 de las presentes actuaciones por el señor Defensor Penal subrogante doctor Pedro Javier Vega y su Adjunto doctor Camilo Curi Antún en representación de J.N.G. y confirmar la Sentencia Interlocutoria Nº 256/14 del Juez con competencia correccional de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma.[[/p]][[p]]Segundo: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]APCARIAN - MANSILLA - PICCININI - ZARATIEGUI (en abstención) - BAROTTO (en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]
[[p]]///MA, 17 de junio de 2015.[[/p]][[p]]VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "G., J.N. s/ Incidente de suspensión de juicio a prueba s/Casación" (Expte.Nº 27504/14 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:[[/p]][[p]]Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]1.1. Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 256, del 21 de octubre de 2014, el Juez con competencia correccional de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió no hacer lugar al beneficio de suspensión del juicio a prueba solicitado a favor de J.N.G. (arts. 76 bis y 76 ter C.P. y 316 y cctes. C.P.P.).[[/p]][[p]]1.2. Contra lo así decidido, el doctor Pedro Javier Vega, Defensor Penal subrogante, en forma conjunta con el señor Defensor Adjunto doctor Camilo Curi Antún, en representación del imputado, interponen recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de casación:[[/p]][[p]]La Defensa refiere que deduce el recurso con motivo de la inobservancia y/o errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas que el Código Procesal Penal establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.[[/p]][[p]]Manifiesta que la resolución impugnada carece de motivación, pues se apoya en un dictamen del Ministerio Público Fiscal que no reúne los requisitos de fundamentación que exige el ritual (art. 57 C.P.P.), en virtud de que se sustenta en la incorrecta interpretación de la "Convención de Belém do Pará" y del fallo "Góngora" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contradice la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en el caso "Perozo y otros vs. Venezuela" (del 28/01/2009), que afirma que "no toda violación de un derecho humano cometido en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención" citada.[[/p]][[p]]/// Aduce que, según surge del requerimiento de elevación a juicio de fs. 42/43 del expediente principal, se le imputa a G. el siguiente hecho: "en Viedma, el día 27 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 17.15 hs., habría incumplido la orden judicial dictada en fecha 12/05/2014 por el Juzgado de Instrucción Nº 2 en los autos caratulados \'G. J.N. s/ amenazas\', extpe. nº 51369/14, que le prohibía al nombrado tomar contacto en forma directa e indirecta y por cualquier medio con R.M.P. y su grupo familiar, como así también de acercarse a ella, a una distancia menor a los 300 metros y la prohibición de abstenerse de concurrir al domicilio de ésta, sito en [...]. A tal fin, el nombrado se habría apersonado en cercanía del domicilio citado, siendo aprehendido por personal policial que se encontraba de recorrido prevencional en inmediaciones del lugar alertado por la ciudadana P.". La Defensa agrega que en dicha pieza procesal se encuadra el hecho como "desobediencia judicial" (art. 239 C.P.).[[/p]][[p]]Refiere luego la falta de motivación del dictamen fiscal por no verificarse un supuesto de violencia de género, lo que conlleva idéntico defecto en la resolución que se sustentó en dicho dictamen.[[/p]][[p]]La Defensa comparte el criterio de la decisión impugnada en cuanto a que, en relación con el delito investigado (desobediencia judicial), no son de aplicación la "Convención de Belém do Pará" ni la normativa señalada por la señora Agente Fiscal. Sin embargo, disiente con la solución de la sentencia, porque entiende que se debió anular el dictamen y requerir uno nuevo conforme a derecho.[[/p]][[p]]Añade que la inaplicabilidad al caso de la normativa citada resulta del hecho de que el delito previsto en el art. 239 del Código Penal ("desobediencia judicial") y la conducta por él abarcada no encuadran en un supuesto de "violencia de género".[[/p]][[p]]En lo que hace al primer aspecto, menciona que tal figura no protege ningún bien jurídico vinculado con la integridad física y/o psicológica de una persona, sino que su finalidad se constituye en la protección del orden externo por la conducción administrativa del Estado. Agrega que el tipo penal requiere la falta o inexistencia de violencia.[[/p]][[p]]En este orden de ideas, argumenta que se juzga una conducta de no acatamiento y nada cambia el hecho de que la orden judicial supuestamente desobedecida importe una orden de restricción de acercamiento motivada en algún supuesto de violencia anterior, objeto de otro proceso paralelo, por cuanto su ponderación para la denegatoria de la suspensión del ///2. juicio a prueba en el presente devendría en una clara violación al principio de prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in ídem, art. 1 C.P.P.).[[/p]][[p]]Por otro lado, aduce que el sujeto pasivo del delito investigado no es nunca una persona física en calidad de tal, sino que lo es "el que titulariza el dominio del bien jurídico; es el funcionario público que actúa en legítimo ejercicio de sus funciones. Es también la persona que le prestare asistencia a su requerimiento o en virtud de una obligación legal".[[/p]][[p]]Sin perjuicio de lo anterior, refiere que el incumplimiento que se reprocha se habría verificado por encontrarse G. en cercanías del domicilio de la denunciante y nada hace pensar que dicho accionar haya sido precedido de actos de agresión física o psicológica por parte del imputado para con la nombrada. A ello suma que el hecho tampoco reúne las características de sistematicidad y reiteración de los supuestos de violencia contra la mujer en razón de su género, sino que se trata de un acto aislado.[[/p]][[p]]Por último, solicita que se case la resolución impugnada y que vuelvan los autos al Tribunal de origen para que disponga una nueva vista fiscal en los términos del art. 316 del Código Procesal Penal.[[/p]][[p]]3. Argumentos del dictamen Fiscal y de la resolución impugnada:[[/p]][[p]]Surge del expediente que, corrida la vista de la solicitud de probation al Ministerio Público Fiscal, la señora Agente Fiscal dictaminó que, en principio, estaría cumplido lo normado en los arts. 76 bis del Código Penal y art. 316 y ccdtes. del rito. Agregó que debía ponderar la "Convención de Belém Do Pará" (Ley 24632), el precedente STJRNS2 Se. 57/11, lo resuelto por la Cámara en lo Criminal en causa "Muttigliengo" y el punto 3 de la Resolución de la Instrucción General Nº 1/11 de la Procuración General de la provincia. Afirmó que, en conformidad con las constancias de la causa, ha quedado comprobado que el hecho investigado se encuentra incluido dentro de los indicados como constitutivos de violencia de género. Señaló que se acusó a G. de haber incumplido la orden de prohibición de acercamiento a su ex pareja, dictada en el marco de una investigación por amenazas, y sobre esa base solicitó el rechazo de la solicitud de beneficio de suspensión del juicio a prueba.[[/p]][[p]]A su turno, la sentencia recurrida estableció -en lo pertinente-: "En el caso que nos ocupa la vista contestada por la señora Agente Fiscal, en la que manifiesta su oposición a la /// concesión del beneficio, cumple con los requisitos del art. 57 del C.P.P., es decir se encuentra debidamente motivada y fundada por lo que resulta vinculante para el Juez".[[/p]][[p]]A ello sumó: "Es en virtud de ello que el beneficio intentado no habrá de prosperar [...] mas dejaré a salvo mi opinión en el sentido de que en este tipo de delito, no es de aplicación la Convención de Belém Do Pará, ni la normativa puesta de relieve por la señora Agente Fiscal.[[/p]][[p]]Y ello así, en tanto considero que en el caso en análisis el titular del bien jurídico tutelado es el Estado, no la persona en cuyo favor o protección se ha dado la orden de restricción de acercamiento.[[/p]][[p]]Tal restricción además, tiene su base en un expediente por amenazas, siendo allí sí, la víctima de autos la señora R.P., y siendo en esa causa donde, aplicando tanto los conceptos de Belem do Pará, como el criterio sustentado por nuestra CSJN en el precedente \'Góngora\', necesariamente deberá desarrollarse el juicio oral en cumplimiento de aquéllos lineamiento [...].[[/p]][[p]]Extender tal cuestión a los hechos en los que, como en el caso, se ha burlado la acción del Estado, titular del bien jurídico tutelado, aún teniendo su génesis en un hecho que podría ser encuadrable en los del tipo de de violencia de género, es forzar la interpretación de la Convención y aún, del propio fallo de nuestro más alto tribunal".[[/p]][[p]]4. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]4.1. La parte recurrente se agravia -en concreto- aduciendo falta de motivación en la sentencia en crisis en cuanto consideró fundado el dictamen fiscal precedente, e impugna este último sosteniendo que no se encuentra debidamente motivado cuando afirma que el hecho reprochado en autos es un caso de violencia de género.[[/p]][[p]]De acuerdo con todo lo expuesto, la cuestión por resolver es -en definitiva- si el hecho imputado en las presentes actuaciones (encuadrado en "desobediencia judicial", art. 239 C.P.) puede configurar un caso de violencia de género, la que incluye a su vez la de tipo doméstico, en los términos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Convención de Belém do Pará"), ratificada por nuestro país a través de la Ley 24632.[[/p]][[p]]Recuerdo que el Preámbulo de esta Convención afirma que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ///3. limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades", a lo que se suma que resulta "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".[[/p]][[p]]Dicho instrumento define a la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (art. 1), y establece que "incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual [...]" (art. 2.a).[[/p]][[p]]4.2. En conformidad con los términos del dictamen de la señora Agente Fiscal, los de la sentencia en crisis y los del recurso de casación (en este caso, sobre las cuestiones que no refuta de los actos procesales anteriores), tengo por establecido que: 1) la prohibición de acercamiento se estableció en el marco de otra causa por amenazas que habría proferido G. a su ex pareja; 2) el hecho de amenazas reprochado en ese expediente encuadraría en el concepto de violencia contra una mujer previsto en el art. 1 de la "Convención de Belém do Pará"; 3) en el presente proceso G. fue aprehendido en oportunidad de consumar la desobediencia judicial y ante la alerta de la señora P. (ex pareja del imputado).[[/p]][[p]]En esta línea de pensamiento entiendo que, para determinar si el hecho imputado en el sub lite queda comprendido en los términos de la "Convención de Belém do Pará", necesariamente se debe analizar y ponderar el contexto fáctico (circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores) y jurídico que dio motivo al dictado de la prohibición de acercamiento. Ello así porque, teniendo en consideración las obligaciones que surgen de la normativa internacional mencionada, en particular la de "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (art. 7.b de la Convención), el Poder Judicial no puede permanecer ajeno frente al supuesto incumplimiento de sus órdenes y medidas que justamente tienen como finalidad la prevención de nuevos episodios de violencia hacia las mujeres, como es el caso de las medidas cautelares dispuestas en este expediente.[[/p]][[p]]En otras palabras, la administración de justicia, bien jurídico tutelado por la figura penal de desobediencia a la autoridad contemplada en el art. 239 del Código Penal (en el caso, /// se trata de una desobediencia judicial), se ve seriamente afectada cuando sus decisiones son incumplidas, porque de ese modo se acrecienta la tolerancia de este tipo de prácticas que deben ser erradicadas, por ser -además de delictivas- violatorias de derechos humanos, con la consecuente responsabilidad internacional que ello implica.[[/p]][[p]]En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la "ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir". Ello, según sostuvo la Corte, "favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia" (Caso González y otras "Campo Algodonero"- vs. México, sentencia del 16/11/09, párrafos 388 y 400; conf. STJRNS2 Se. 95/13).[[/p]][[p]]Entonces, en función de las amenazas proferidas, la prohibición de acercamiento pretendió proteger a la señora P. de posibles conductas violentas que su ex pareja (G.) podría realizar y, al consumarse el delito de desobediencia judicial, se concretó también un hecho de violencia hacia la mujer por el sufrimiento psicológico padecido.[[/p]][[p]]En definitiva, el hecho imputado en las presentes actuaciones ("desobediencia judicial", art. 239 C.P.) configura una hipótesis de violencia de género en los términos de la "Convención de Belém do Pará", puesto que no advierto nuevos argumentos que tengan entidad jurídica suficiente para revisar la doctrina señalada.[[/p]][[p]]4.3. Establecido que el suceso imputado es un hecho de violencia contra la mujer en los términos del art. 1º de la "Convención de Belém do Pará", los fundamentos de derecho del dictamen fiscal y de la sentencia en crisis para negar la concesión de la suspensión del juicio a prueba en esta causa resultan incontrovertibles. Ello es así, además, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Góngora", del 23/04/2013 (conf. STJRNS2 Se. 128/14 y Se. 20/15).[[/p]][[p]]5. Decisión:[[/p]][[p]]Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto en las presentes actuaciones. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron:[[/p]][[p]]///4. Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Sergio M. Barotto dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 25/30 de las presentes actuaciones por el señor Defensor Penal subrogante doctor Pedro Javier Vega y su Adjunto doctor Camilo Curi Antún en representación de J.N.G. y confirmar la Sentencia Interlocutoria Nº 256/14 del Juez con competencia correccional de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma.[[/p]][[p]]Segundo: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]APCARIAN - MANSILLA - PICCININI - ZARATIEGUI (en abstención) - BAROTTO (en abstención) ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]