Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-07


NOGUERA, Marcela Alejandra contra GIACCARDI, Manuel Felipe Jorge y/u Otro Reg.: A y S t 196 p 38-46.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de abril del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "NOGUERA, Marcela Alejandra contra GIACCARDI, Manuel Felipe Jorge y/u Otro -Indemnización de Daños y Perjuicios- s/ recurso de inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. nro. 195, año 1999). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?. SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?. TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo Spuler, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

1. Surge de las constancias de autos que Marcela Alejandra Noguera dedujo contra Manuel Felipe Giaccardi y Doris Noemí Giaccardi demanda resarcitoria por daños y perjuicios a raíz del accidente de tránsito que protagonizaron el día 17 de diciembre de 1993, en la intersección de las calles Boulevard Gálvez y Marcial Candioti, de esta ciudad; la actora conduciendo un ciclomotor Da Dalt 50cc. patente 817 ASS y el señor Giaccardi un Fiat Regatta dominio S-623.088.

Afirmó la actora que el siniestro tiene un único y exclusivo responsable, el señor Manuel Felipe Giaccardi, extendiéndose dicha responsabilidad a Doris Noemí Giaccardi, titular registral del automóvil conducido por aquél. En cuanto a los daños reclamó dentro del rubro "daño emergente" gastos de asistencia médica, traslados y medicamentos, entre otros; destrucción de indumentaria y deterioro del ciclomoto A partir de foja 36 contestó la demanda el apoderado de los demandados y de la compañía aseguradora "La Buenos Aires Cía de Seguros S.A.", citada en garantía. En lo que ahora es de interés, y entre numerosas negativas, rechazó que la actora quedara con secuelas incapacitantes; que lo sea en forma parcial y permanente; que para valorar la misma deban analizarse no solamente las frustraciones económicas, sino también la valoración de sus aspectos vitales y que se vea afectada en su desarrollo personal; aseguró que el cálculo efectuado por la actora luce excesivo y falla desde su base y que en orden a la incapacidad el daño que es presupuesto de la responsabilidad, está dado por las consecuencias de la lesión y no por ésta en sí misma; por otra parte, negó que la actora tenga derecho a reclamar como rubro independiente el concepto de daño a la integridad psicofísica, atento a que numerosa jurisprudencia no ha receptado el mismo como un daño fuera de los rubros incapacidad o daño moral.

A foja 163 consta que en oportunidad de alegar en la audiencia de vista de causa el apoderado de la actora modifica rubros peticionados. En cuanto al reclamo por incapacidad sobreviniente solicitó la suma de pesos 250.000, como 'daño en actividad laboral', haciendo reserva la parte contraria de interponer recurso extraordinario en caso de que se admita el rubro mencionado por dicha suma.

El 19 de marzo de 1996 el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual nro. 1, de esta ciudad, resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a los demandados a abonar a la actora las sumas establecidas en los considerandos, haciendo extensiva dicha obligación a "La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A". En cuanto al rubro "incapacidad sobreviniente", al analizar su procedencia, luego de citar jurisprudencia, destacó que Noguera ha perdido un trabajo al que debió renunciar y hace tareas pasivas en el otro que conserva, por la disminución en sus energías vitales para desarrollar a pleno su profesión. Y que, puesto en la tarea de dimensionarlo económicamente, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la víctima, el grado de incapacidad determinado por el médico traumatólogo, su edad, tiempo probable de vida útil, daños que han afectado su integridad física, los que cree probados en su coherente relación causal con el hecho ilícito y en uso de las atribuciones conferidas al Juzgado por el artículo 245 del C.P.C. y C., estimó justo y prudente acogerlo en la suma de $200.000, a la fecha del ilícito, con más intereses. Contra dicho pronunciamiento interpusieron los demandados y la citada en garantía recurso de apelación extraordinaria con fundamento en los incisos 1, 2 y 3 de la ley 10160. Expresaron -en lo que aquí interesa- que en la resolución impugnada, cuando se fija el monto en concepto de incapacidad, comprensivo de otros rubros que, a su criterio, el juzgador arbitrariamente subsume, no se indica de que manera las pautas dadas conducen a dicho resultado y en definitiva porqué se llega a esa cifra. También le imputaron falta de fundamentación suficiente y exceso en el monto acordado. Aseguraron que con la indemnización otorgada y los montos en juego más sus intereses, se desvirtúa el principio básico de la reparación integral, mejorando la actora su nivel de vida.

El Tribunal Colegiado, por su parte, en fecha 7 de mayo de 1996, denegó la concesión de la apelación extraordinaria interpuesta (fs. 200/202vto.), la que fue admitida por vía de queja por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en fecha 5 de mayo de 1997, aclarando este Tribunal que la queja se dirigió exclusivamente a fundamentar el recurso en relación a uno de los rubros acordados en favor de la actora, que tiende a compensar la incapacidad sobreviniente de ésta con motivo de los daños corporales sufridos como consecuencia del accidente y su influencia en la situación laboral de la víctima. Al respecto concluyó la Sala que la suma otorgada aparecía, prima facie, en cierto modo estridente, fundando tal aseveración y concediendo la apelación extraordinaria con fundamento en lo previsto por el inciso 1 y 3 del artículo 42 de la ley 10.160.

Dicha apelación fue resuelta por la Sala en fecha 16 de diciembre de 1997. Entendió este Cuerpo que la fijación de la cantidad de $200.000 otorgado en concepto de incapacidad sobreviniente no aparecía suficientemente explicada, por lo que, teniendo en cuenta los extremos que indica, la redujo a la cifra de $100.000.

2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad invocando la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Al referirse a la arbitrariedad invocada afirma, en primer lugar, que la Sala incurre en el vicio de falta de fundamentación suficiente porque reiteró idénticos fundamentos que los esgrimidos por el A quo para conceder una suma inferior que no se corresponde con los hechos alegados y probados y el derecho vigente.

A su criterio, la Sala incurre en arbitrariedad al modificar la cuantificación del rubro sin aportar otra hipótesis de razonamiento que confirme que la suma otorgada por el A quo efectivamente era desproporcionada, por eso, si confirman los fundamentos del inferior y teniendo presente que la cuantificación dependía de la prudencia judicial debió confirmar también el decisorio previo.

En segundo lugar, aduce que el fallo se sustenta en afirmaciones dogmáticas y prescinde de prueba decisiva al cuantificar el rubro tan sólo en base al salario dejado de percibir de $561,77, arribando a la suma de $100.000. Agrega que cae la Sala en dogmatismo al considerar que la deudora abonará al contado la acreencia a su parte, cuando no surge de las constancias de la causa.

Rechaza el criterio expuesto por el Tribunal respecto a que "el nuevo capital acordado con los intereses ya aplicados puestos a una tasa...en cualquier banco genera una suma que excede su disminución de ingresos...", porque debe determinar el capital independientemente de los intereses moratorios-resarcitorios generados desde el día del accidente hasta el día de la resolución. A su entender, la Sala efectúa un análisis simplista desde la óptica de la acreedora y no efectúa igual apreciación con relación a la obligada al pago.

En tercer término, invoca omisión de considerar extremos conducentes para la adecuada solución del pleito, porque no tiene en cuenta, ni tan siquiera surge en ningún párrafo de la resolución que se hubieran trata Por otra parte, asegura que los sentenciantes omiten considerar la incapacidad total y permanente para uno de los empleos y la parcial y permanente para el restante. A su entender, la Sala al cuantificar el rubro cuestionado tan solo tiene en cuenta los ingresos dejados de percibir en el empleo al que debió renunciar -sobre una base errónea de $561, en lugar de $576-, omitiendo tratar el porcentaje parcial y permanente de incapacidad que la afecta no sólo en el restante empleo sino también en su integridad psicofísica. Seguidamente asegura que los sentenciantes omiten tratar que el hecho de que la víctima incapacitada continúe gozando de su remuneración por uno de los empleos en que se reintegró con tareas pasivas, no es motivo para entender que no se configura el daño, ya que se da una razón de ser o estar distinta a la que se encontraba previo al accidente, su cumplimiento le exige un mayor esfuerzo y la limita en su vida útil, y si debiera reintegrarse al mercado laboral se encuentra en desigualdad de condiciones ya que deberá competir con otras personas cuya capacidad es distinta.

Finalmente refirió al pronunciamiento que pretende a efectos de solucionar su agravio constitucional. También consideró que aplicando el sistema de renta capitalizada, conforme la fórmula y razonamiento doctrinario y jurisprudencial, el capital a acordarse de $200.000, por el rubro incapacidad sobreviniente, luce razonable dando una adecuada respuesta a la controversia planteada en orden al principio de reparación integral.

3. La ley 7055 (artículo 11) impone en esta instancia un nuevo examen, a fin de efectuar el definitivo control de admisibilidad de la impugnación extraordinaria. Luego de un profundo y detenido estudio de la causa, efectuado con la totalidad de las actuaciones a la vista, y oído el señor Procurador General, propicio que se rectifique el criterio sustentado en oportunidad de admitir la queja (A. y S. T. 154, pág. 107/113), rechazándose el recurso de inconstitucionalidad por inadmisible.

Ante todo, considero necesario aclarar que no advierto incumplimientos de índole estrictamente formal que autoricen a desestimar, por dicho motivo, el remedio excepcional intentado. En especial cabe señalar con respecto al recaudo de planteo Dicho esto, corresponde ingresar al análisis de los supuestos de arbitrariedad articulados por la actora en su impugnación extraordinaria.

Al respecto, cabe señalar que luego del estudio de sus agravios supuestamente constitucionales -en confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, y a la luz de la totalidad de las constancias obrantes en la causa- sólo surge su fuerte disconformidad con lo resuelto por la Sala en torno al alcance y monto indemnizatorio que debe otorgarse bajo el rubro "incapacidad sobreviniente", intentado hacer prevalecer su particular postura al respecto, pero sin lograr demostrar que los sentenciantes al admitir el recurso de apelación interpuesto por los demandados, ajustando la condena de indemnización por dicho rubro en la suma de $ 100.000, hayan arribado a un decisorio que no satisfaga adecuadamente el derecho a la jurisdicción consagrado en la Carta Magna local.

En cuanto a la primera hipótesis de arbitrariedad planteada -falta de fundamentación al modificar la cuantificación del rubro sin aportar otra hipótesis de razonamiento que confirme que la suma otorgada por el A quo era efectivamente desproporcionada-, considero que la misma no puede prosperar, desde que de la confrontación de dicho planteo con los fundamentos del fallo impugnado surge la falta de correspondencia de éste con la realidad del caso. Ello así, pues basta la mera lectura del pronunciamiento criticado para advertir que la Sala explicitó claramente las razones por las cuales consideró excesiva la suma originalmente otorgada, como también su decisión de reducirla en el monto que indica, por lo que lo argumentado al respecto no traspasa el límite de la mera disconformidad, sin implicancias constitucionales. Tampoco ha de tener favorable acogida su cuestionamiento vinculado a que el decisorio de la Sala se sustenta en afirmaciones dogmáticas y prescinde de prueba decisiva desde que las distintas argumentaciones efectuadas bajo dicho agravio sólo evidencian un distinto enfoque del caso, asentado en la disconformidad de quien se queja con algunas consideraciones vertidas por los sentenciantes, pero sin lograr desacreditar desde una óptica constitucional la decisión impugnada. Así, carece de asidero, por falta de correspondencia con la realidad que surge del fallo atacado, el dogmatismo imputado por cuantificar el rubro en base solamente al salario dejado de percibir, dado que no es el único aspecto que ha sido considerado (cfr. fs. 272/273). Tampoco posee entidad suficiente para configurar el vicio analizado la queja vertida por la impugnante respecto a la afirmación del Tribunal de que la deudora abonará al contado, desde que tal conclusión surge de los términos de la condena, sin que aquélla logre demostrar con lo alegado la configuración de la causal invocada. Resta agregar que su postulación referida a que corresponde determinar el capital independientemente de los intereses y a que la Sala realiza un análisis simplista desde la óptica de la acreedora y no efectúa igual apreciación con relación al obligado al pago, tampoco resulta suficiente para superar el campo de una mera crítica, basada en una distinta óptica del caso, puesto que con lo genéricamente alegado no alcanza a persuadir acerca de la existencia de alguna postulación decisiva en orden a hacer variar la suerte adversa de lo decidido finalmente.

Corresponde ahora dar respuesta al fuerte reparo vinculado a que los sentenciantes omitieron considerar extremos conducentes para la adecuada solución del pleito. Ante todo he de tratar aquellos planteos vinculados a la postulada omisión de considerar: a) sus argumentos esgrimidos en la contestación del traslado corrido ante la apertura de la queja, que ponían de resalto la evolución de la petición, integración y cuantificación de los rubros incapacidad sobreviniente y lucro cesante, y b) los hechos tenidos por acreditados en la sentencia que no fueron, a su entender, debidamente cuestionados por la contraria, especialmente en cuanto afirma que el Tribunal Colegiado dio por acreditado no sólo la merma en la capacidad laboral de la actora sino que se dio por acreditado y se concedió el daño a la integridad psicofísica, la que le ocasiona perjuicios funcionales, afectando su vida de relación y, por ende, la personalidad íntegramente considerada.

Del análisis de los distintos escritos incorporados a la causa que echan luz sobre la extensión de la petición originaria, la resistencia a la misma, su evolución, el alcance del reconocimiento por parte del Tribunal Colegiado, de los agravios explicitados en la apelación y concesión limitada por vía de queja, como así también de lo dicho en el memorial presentado por la actora ante la Sala, arribo a la conclusión de que el vicio imputado de omisión de considerar extremos decididamente conducentes para la adecuada solución de la litis no puede tener favorable acogida.