marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bonos de amortización monetaria, títulos públicos en moneda extranjera, defectos en la fundamentación normativa
Materia: ECONOMIA
Carátula: Gotelli, Ricardo Pablo c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

La afirmación de la alzada por la cual le atribuye a los Bonos de Amortización Monetaria la entidad de un activo en moneda extranjera, carece de apoyatura en la norma de origen -Comunicación A 278/83, decreto 1335/82- que además no admite, de forma alguna, la mutación del objeto de la prestación de una obligación en moneda de curso legal a la de una moneda extranjera, pues resultaría un contrasentido la emisión de un título por el cual se exterioriza una obligación en moneda dura a su vez ajustable por el valor de esa misma divisa.
Fundamentación del recurso, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, María Carla c/ Operaciones Hoteleras Express S.A. s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-07-15

El contenido suficiente de la demanda de impugnación es una carga procesal del apelante sin la cual es improcedente la revisión por parte del tribunal de alzada; y si bien no se estipulan formas sacramentales es imperioso que contenga una crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución atacada, sea en la apreciación de la prueba o en la aplicación del derecho; estudiando los razonamientos del juzgador y aportando la refutación lógica y jurídica que dé lugar a la revocación perseguida.
Arraigo, litisconsorcio activo
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ Y OTRO c/ FERNANDO GONZALEZ s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-10-12

La existencia de dos actores no es óbvice para que se admita la excepción de arraigo puesto que según lo dispone el artículo 113 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de Tucumán, en los casos de litis consorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, a no ser que por la naturaleza de la obligación corresponda la condena solidaria. Vale decir que el principio general establecido en el artículo 113 procesal, solamente cederá cuando la condena sea solidaria en cuanto al fondo, en cuyo caso las costas, como accesorio, seguirán la misma suerte, pero tal solidaridad no existirá, obviamente, en el supuesto que la demanda sea rechazada (sin perjuicio de el resultado de la reconvención, en su caso), circunstancia en donde el arraigo adquirirá plena virtualidad.
Agravantes de la pena, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, femicidio, concurso ideal, embarazada
Materia: PENAL
Carátula: Navarrete, Braian Emanuel  c/  s/ homicidio doblemente agravado por la relación con la víctima y por femicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-24

Como agravantes de la pena, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que la víctima se encontraba embarazada -conforme surge de la autopsia- y que además el imputado conocía dicha situación. De modo que de adverso a lo sostenido por la Defensa, se encuentra probado dicho conocimiento por su asistido y ello implica un mayor desprecio por la vida. Asimismo, emerge que en esencia los elementos de la violencia en trato hacia la víctima estuvieron presentes en la incriminación, la solicitud de conversión de aprehensión en detención y la conversión en detención preventiva de la aprehensión; todo ello asentado como una de las agravantes la violencia de género. Resulta de aplicación la agravante de femicidio contemplada en el inc. 11 del art. 80 del CP, la cual posee un desvalor propio y distintivo del previsto en el inc. 1 de dicho dispositivo y por ende confluyen las dos en la especie, en concurso ideal -art. 54 del CP-.
Leyes, interpretación de la ley, Poder Ejecutivo, gobernador, Administración Pública, facultades discrecionales, política salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gasoni, Esteban Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 488-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

La ley 8066 al establecer las atribuciones del Administrador General de la Dirección Provincial de la Energía en materia de relaciones de servicio, menciona la posibilidad de solo "proponer" al Poder Ejecutivo los nombramientos del personal (artículo 6, inciso 8);

aclarando expresamente que los ascensos, traslados definitivos y retrogradaciones de categoría "los dispone exclusivamente el Poder Ejecutivo" (artículo 6, inciso 9 segundo párrafo). Asimismo, si bien reconoce la posibilidad de que el Administrador General celebre contratos de locación de servicios, así lo establecía más "previa autorización del Poder Ejecutivo" (artículo 6, inciso 11). Y, en materia de convenios laborales y escalafón, sus potestades se limitaban expresamente a la "aplicación", exigiéndose "que hayan sido previamente autorizados por el Poder Ejecutivo" (inciso 13, artículo citado). Ni de tales disposiciones, ni de las demás contenidas en la mencionada ley, surge que el referido funcionario contara con alguna facultad que pudiera significar la posibilidad de que, por sí solo, tuviera atribuciones para fijar o modificar aspectos atinentes a la política salarial del ente.
Competencia ordinaria, jurisdicción
Materia: CIVIL
Carátula: JULIAN, EDGAR OSVALDO c/ BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. s/ ACCION DE AMPARO-RECURSO DE APELACION-PER SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-12

La jurisdicción de los Tribunales Nacionales es excluyente de los provinciales en las causas especificadas por la normativa legal vigente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ULANOVSKY, MANUEL s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

Si el art. 83 del C.Procesal dispone que hasta que se dicte resolución denegatoria del beneficio de litigar sin gastos, no serán satisfechos los honorarios, se debe concluir que dicha norma condiciona el pago de los honorarios al supuesto de que se deniegue tal petición. Esa disposición suspende la ejecución de los honorarios durante el trámite del incidente, y sólo una vez denegado puede seguirse adelante. La desidia la lentitud o las omisiones en que puede incurrir la parte interesada, podrán motivar las pertinentes decisiones del juzgado en virtud de sus facultades ordenatorias, dictadas de oficio o a petición de la contraparte, pero no pueden autorizarla a suspender la aplicación del art. 83.
Administración Pública, facultades discrecionales, Municipalidad, personal municipal, traslado, inspector de policía de tránsito, asignación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, PEDRO IRINEO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 303-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

La ley le asegura a los agentes de la Administración derechos que son comunes a todos los trabajadores. La discrecionalidad no puede confundirse con arbitrariedad. Lo discrecional se mueve también dentro de un marco de racionalidad. Si alguien entra a la Administración por concurso rindiendo un examen concerniente a los deberes y atribuciones de la Policía Municipal, no puede ser trasladado a tareas de pinturería, sin que medie alguna causa razonable que justifique ese cambio, que no guarda relación aparente con las condiciones del contrato de empleo público celebrado entre las partes.
Daños y perjuicios, desvalorización del inmueble, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: RUPERTO, Humberto y otros c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-16

Si se reclaman los daños y perjuicios derivados de la desvalorización sufrida por un inmueble a raíz de disposiciones del Código de Planeamiento Urbano relativas al trazado de autopistas, no resulta de aplicación el art. 23 de la ley de arancel, para determinar el monto del proceso, pues el objeto del juicio no es un inmueble sino el cobro de una suma de dinero.-
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, iura novit curia, asociaciones sindicales, debido proceso, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

No se verifica una cuestión encuadrable en el instituto "iura novit curia" cuando no se trata de la invocación inadecuada del derecho aplicable. En el caso concreto los actores no invocaron en momento alguno haber sido víctimas de un acto de discriminación susceptible de ser encuadrado en dicha norma ni ejercitaron una acción tendiente a obtener el cese de un acto de esa naturaleza. Por el contrario, sólo dijeron que el despido afectaba el derecho a la libre asociación gremial, y que por tal razón solicitaban su anulación y la reposición en los cargos (para no perder contacto con los afiliados), en los términos de la ley 23551. Es necesario recordar que dicho principio, si bien faculta a la aplicación del derecho no invocado por los litigantes, en modo alguno autoriza a los jueces a introducir a la litis hechos que no fueron invocados en sustento de la pretensión, pues ello implica afectar la garantía al debido proceso adjetivo (art. 18 CN) y el principio de congruencia (art. 34 y 163 inc. 6 del CPCCN). (del voto del Dr. Pirolo, en minoría).
Proceso penal, jerarquía constitucional, derechos y garantías constitucionales, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

Abrir la vía para que un Tribunal, cuya función fundamental es la de asegurar la supremacía de la Constitución y las garantías concedidas por ella a los habitantes de la Nación, aprecie la mayor o menor gravedad del delito sin que estén en juego las mencionadas garantías, podría implicar que quedase librada a su arbitrio la libertad de las personas en cualquier tipo de actuaciones penales sin sujeción a las reglas del proceso, que en esta materia guardan estrecha relación con la presunción de inocencia de quien no ha sido condenado (art. 18 de la Constitución Nacional).
Acción de amparo, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

La legitimación colectiva permite con amplitud la apertura de las puertas de la justicia a cualquier ciudadano que vea afectados sus intereses legítimos por cuanto el hecho de que sean difusos no empece a su cotitularidad y por ende su interés jurídico relevante. Las vías procesales para el tratamiento de los conflictos colectivos deben exhibir notas propias que permitan la adecuación de institutos como las notificaciones, publicidad, acumulación de procesos, producción y carga de la prueba y cosa juzgada, entre los más relevantes.
Honorarios, mediación, resoluciones judiciales, demanda conjunta, regulación de honorarios, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Geronimo Agustín c/ Garbarino SAIC EI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Cuando, como en el caso, la mediadora participó en una conciliación prejudicial regulada por la ley 26993 y no en una mediación previa que prevé la ley 26589; en ese marco cabe señalar que los honorarios del conciliador del COPREC están fijados por las resoluciones conjuntas de la Secretaría de Comercio y la de Justicia N° 47/15 y 41/15; arancel que puede ser ejecutable directamente (conf. dec. 202/15: 17). En vista de ello, y dado que el honorario pretendido no se aprecia desproporcionado, cabe sin más adecuar los honorarios apelados a los parámetros fijados en esa normativa.
Recurso extraordinario federal, cuestiones procesales, verdad jurídica objetiva, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Farías, Helvecia c/ Administración  Nacional  de  la  Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

La interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con el servicio de justicia y las reglas del debido proceso.
Sociedades comerciales, sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELIKAT SA c/ GONZALEZ FELIPE OMAR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La mera condición de socio del gerente de una SRL no le hace deudor de un acreedor de la referida sociedad, al ser una persona distinta de la sociedad que integra y sus deudas personales no son deudas de la sociedad, lo cual jurídicamente se explica gracias a la distinción entre la personalidad de la sociedad y la de sus socios (artículo 39 del Código Civil), que hace que las acciones contra éstos no sean consideradas acciones contra la sociedad (conf. Cabanellas de las Cuevas, G., "Derecho Societario - La personalidad jurídica societaria", Buenos Aires, 1994, t. 3, p. 62).
Contrato de trabajo, interpelación, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Saffati Andrés Fabián c/ Gabriel Fucilli s/ Ordinario (LIBRO: S077 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-27

Cuando el trabajador intima por su registración conforme lo dispone la ley de empleo, pero con su apresuramiento se pone en situación de despido no respetando los treinta días que la norma otorga al empleador para inscribir o corregir errores, y no acreditando el empleado, motivos suficientes para considerarse despedido, no proceden las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24013.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: González de Gaetano, Juan de la Cruz Fabián  c/  s/ Lavado de activos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-25

Condena al imputado como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos por receptación en carácter de coautor.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica, aborto no punible, código penal, interpretación de la ley, derecho a la vida
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

De la previsión contemplada en el art. 3º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto estipula el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, tampoco se puede derivar base alguna para sustentar que corresponda interpretar, de modo restrictivo el art. 86 inc. 2º del Código Penal y limitarlo solo a los casos en que la mujer es idiota o demente, en tanto la interpretación del alcance que corresponda darle a dicho precepto, con relación a las obligaciones del Estado en lo que hace a la protección normativa del nasciturus como sujeto de derecho, no puede ser realizada en forma aislada del art. 4º y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer que, la Convención no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida de éste.
Electores del colegio electoral, derechos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO c/  s/ inscripcion
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-18

En materia electoral siempre debe priorizarse el interés político general y el principio de trasparencia entendido aquel como el acceso a la información para que el elector pueda ejercer sus derechos políticos con base en decisiones suficientemente informadas.
Faltas, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Transportes Sargento Cabral Sociedad Colectiva s/ Violar luz roja - Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

En el caso, no se advierte ni tampoco el imputado lo menciona, cual sería el perjuicio que le causaría el rechazo de la excepción de la falta de legitimación. No cabe concluir que pueda ser el hecho de que el presunto infractor deba asistir a la audiencia de juicio, pues nada le impide volver a plantear los argumentos que estime pertinentes y frente a su rechazo de acuerdo a lo normado claramente en el artículo 56 de la Ley Nro. 1217, podrá interponer el recurso respectivo a fin de que eventualmente, sea revisado por esta Alzada.

La circunstancia de que el legislador no haya previsto la facultad de recurrir el planteo que ha efectuado el impugnante , se ajusta al procedimiento sintético vigente, y como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "No resulta irracional, en un procedimiento sintético, como justificadamente lo es el de faltas.." (del voto del Dr. Julio Maier in re Aldazabal, José Benito s/recurso de queja, c,142/99) Nótese que la naturaleza del proceso de faltas importa que la aplicación de los principios penales se justifica únicamente por la necesidad de garantizar los derechos fundamentales del ciudadano en un mínimo suficiente que impida una desigualdad intolerable de trato entre el procedsado y el expedientado (confr. Alejandro Nieto, "Derecho Administrativo Sancionar", Ed Tecnos, segunda edición ampliada, pág 183) derechos que en el caso bajo estudio no se ven afectados por la inadmisibilidad que se propugna, máxime si se tiene en cuenta que uno de los principios del procedimiento de faltas es la celeridad y la economía procesal (artículo 28 Ley Nro. 1217)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Mario A c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Incurre en absurdo el fallo del tribunal del trabajo que, en la consideración de la incapacidad resultante de un infortunio laboral -cuya gravitación en el pleito es evidente, pues de ella depende en parte la dimensión cuantitativa de la condena- prescinde de evaluar en su integridad la prueba pericial, sin esgrimir argumentos atendibles para ello.
Juegos de azar, decomiso
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255' de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

Las consideraciones de la recurrente sobre la procedencia del comiso, atento la naturaleza de los bienes involucrados; transitan por el terreno infraconstitucional, por lo que no corresponde evaluarlas dentro del marco de este recurso. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que si el legislador hubiera querido, dentro del ámbito de la ley nro. 255, excluir de tal medida determinados bienes, lo habría hecho, tal como ocurriera con los automotores en el caso del último párrafo del art. 26 de la ley nro. 10
Defectos de fabricación, concesión para la venta de automotores, falta de prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Costantino, Sebastian Mariano  c/ Autos del Sur SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-23

Corresponde admitir la demanda promovida contra una concesionaria por el propietario de un automóvil, con motivo de la incompleta y deficiente reparación del vehículo que le fuera encomendada, toda vez que no fueron efectuados todos los trabajos presupuestados, y tampoco con la calidad esperable. Y si bien la demandada negó que los términos del contrato hayan quedado perfeccionados con el presupuesto adjuntado y el adelanto abonado por la actora, no explicó ni probó cuales fueron las reparaciones acordadas mediante la presentación de otro presupuesto diferente o por algún otro medio probatorio, razón por la cual no corresponde negar eficacia probatoria a la documentación agregada por la actora.
Daños y perjuicios, resolución del contrato, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: NACHT, Liliana c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La existencia del daño derivado de la resolución contractual, debe ser acreditada fehacientemente por quien lo invoca, mediante prueba eficaz. A tales fines, la firma de recibos por un ingeniero, el reconocimiento de éste y la simple confección de planos, que bien pudieron haberse realizado con posterioridad a la resolución del contrato, no son elementos de convicción suficientes que autoricen a extender la responsabilidad de la demandada por su incumplimiento que originó dicha resolución.-
Daño moral, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

El resarcimiento del daño moral tiene una función reparadora, que no pretende serlo con integridad plena respecto de quien sufre las consecuencias del hecho ílicito, sino para paliar en alguna medida un estado espiritual.Tiende a una especie de reintegro en favor de quien há sufrido y sufre las consecuencias de un hecho que no há merecido.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, Constitución Nacional, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Alba, Ignacio Ramón Alba c/ Balpala Construcciones Ferroviarias  S.A. s/ accidentes del trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

Reconoce base constitucional la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento ritual, como exigencia del art. 18 de la Ley Fundamental.
Consejo de la Magistratura, remoción de jueces, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Freiler, Eduardo Gustavo c/ EN - Consejo de la Magistratura s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-27

Corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por un juez con el objeto que se suspendan los efectos de la resolución del Consejo de la Magistratura por la cual se dispuso su suspensión como Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuesto mal desempeño, dado que para juzgar sobre la procedencia de la cautela pretendida, sería necesario realizar en profundidad una tarea de interpretación del marco normativo que regula la actividad ejercida por el Consejo de la Magistratura, estudio que, por su complejidad, excede el acotado espacio cognoscitivo del proceso precautorio.
Irretroactividad de la ley, Constitución Nacional, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Miraglia, Ana M. y otros c/ E.N.  (Min. de Educación y Justicia) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

El principio de irretroactividad de la ley no es - en tesis general - de la C.N. sino de la ley. Es una norma de interpretación que deberá ser tendía en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no obliga al Poder Legislativo, que puede derogarla en los casos en los que el interés general lo exija.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Cabral, Julia María y otro c/ Petrolla, Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-08

La prioridad de paso no se determina por la posición de los vehículos en el lugar del impacto, sino en el instante en que cada uno llega a la bocacalle.