Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-28


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 28 de 2009 La doctora Beatriz I, Fontana dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda entablada, recurre la parte actora según el escrito de fs. 115/122, que mereciera replica de la contraria a fs. 129/130vta. En relación con los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, apela la letrada de la parte actora, por derecho propio, a fs. 123.

La parte actora se agravia porque la sentencia de grado rechazó la demanda entablada en tanto entendió justificada la extinción del vínculo en los términos del art.183 inc. b) de la L.C.T.

Señala la recurrente que podía acogerse al beneficio de excedencia ya que tenia la antigüedad de un año prevista en el art. 185, L.C.T., y que, el empleador antes de extinguir la relación en los términos del art. 183 inc. b) debió haberla intimado, luego de vencido el plazo del art. 177, L.C.T. Para que aclare su situación laboral.

Estimo que la queja tendrá favorable acogida. En lo que respecta al derecho a la actora de acogerse al beneficio de estado de excedencia, entiendo que le asiste razón, ya que la antigüedad de un año computable conforme los términos del art. 185, L.C.T., debe calcularse desde la fecha de ingreso (22/08/06), hasta la finalización de la licencia prevista en el art. 177, L.C.T., esto es, el momento en que Vecchio se encontraba en condiciones de acogerse a dicho beneficio (24/08/07).

A lo expuesto, cabe señalar que en el intercambio telegráfico el empleador reconoció expresamente que la actora estaba en condiciones de gozar de dicho beneficio, sin perjuicio de que en el primer despacho haya manifestado lo contrario (telegrama de fs.33).

En este contexto, corresponde establecer seguidamente si la decisión de despedir a la actora en los términos del art. 183, inc. b) se ajusto a derecho.

El empleador extinguió el vinculo el 5 de septiembre de 2007 por haberse cumplido el plazo previsto en el art. 177, L.C.T. sin que Vecchio se haya reintegrado al trabajo, aclarando en el siguiente despacho, que tampoco había comunicado su decisión de acogerse al plazo de excedencia (cfr. fs. 31 y fs. 33).

Sin perjuicio de lo expuesto, y aun cuando es cierto que la actora no cumplió con la comunicación dispuesta en el art. 186 del citado cuerpo legal, entiendo que constituye un excesivo rigorismo formal entender que la falta de dicha comunicación en el plazo de 48hs, anterior a la fecha del reingreso, implique la intención de la trabajadora de no reincorporarse al trabajo y de optar por extinguir el vinculo en los términos del art. 183, inc. b).

Creo necesario señalar que en el caso en examen se encuentra en juego una garantía de rango constitucional, como lo es la tutela de la mujer embarazada según lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional, y lo que surge de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VII), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), y fundamentalmente de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

En ese marco de referencia, no es posible soslayar que lo establecido en el art. 186 LCT debe ser necesariamente interpretado en forma armónica con las demás normas de ese ordenamiento jurídico y atendiendo a los principios del derecho del trabajo.En ese orden de ideas, es aplicable al presente caso el art. 10 LCT que recepta el principio de continuidad de la relación laboral, estableciendo que en caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad a subsistencia del contrato.

También es de plena aplicación al caso lo establecido en el art. 63 LCT, que dispone que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.

Por otra parte, el art. 62 LCT expresamente establece que las partes están obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, o que puedan derivarse de las leyes o de los convenios colectivos de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad.

Pues bien, un análisis armónico de las normas constitucionales e infraconstitucionales mencionadas en los párrafos precedentes, me lleva a concluir que la decisión de la demandada que dispuso lisa y llanamente el despido de la actora con fundamento en el art. 183 inc. b) LCT cuando había transcurrido un plaza exiguo desde la finalización de la licencia post parto, no resulta ajustado al principio de continuidad de la relación laboral, ni a los deberes de conducta impuestos por los arts. 62 y 63 LCT que deben observarse incluso al momento de extinguir la relación laboral.

En efecto, el minima respeto par las normas mencionadas imponía que la demandada en su carácter de empleadora, cursara al menos una intimación previa a la entonces dependiente, a fin de que manifestara si decidía continuar o no con el contrato de trabajo.

En ese sentido, creo importante destacar que frente a la respuesta de la accionante a la notificación del despido, la demandada hubiera podido incluso ofrecer retractar el mismo a fin de reconducir la relación laboral, lo que tampoco tuvo lugar en este caso.

Por todo ello, en mi opinión la decisión rupturista de la demandada resulto apresurada y por ello incurrio en despido injustificado, por la que propongo hacer lugar a la demanda en tanto persigue las indemnizaciones derivadas del mismo.

A fin de ponderar los mantas que corresponde derivar a condena, tendré en cuenta la fecha de Ingreso denunciada (22 de agosto de 2006) y la remuneración mensual de $1.323,29, que llegan firmes a esta alzada.

En tanto la extinción del contrato se produjo dentro de los plazas del art. 178 LCT, corresponde asimismo hacer lugar al reclamo fundado en el art. 182 de dicho cuerpo normativo.

Por el contrario, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la actora en el punto X de fs. 9 vta. la demandada abonó los montos que entendió que adeudaba, y atendiendo al tenor de las cuestiones debatidas que pudieron razonablemente conducir a aquella a considerar que obraba conforme a derecho, propongo no hacer lugar al reclamo fundado en el art. 2º Ley 25.323.

La actora reclama la multa establecida par el art. 80 LCT, pero en mi opinión la misma no ha de proceder en este caso. En efecto, más allá de las deficiencias que advierto en cuenta a los plazas en que se produjeron las intimaciones respectivas, lo cierto es que en la notificación del despido la demandada puso a disposición los certificados del art. 80 LCT. Por otra parte, el despido se produjo el 5 de septiembre de 2007, y las certificaciones acompañadas a fs. 38/39 cuentan con fecha cierta del 25 de septiembre de 2007, sin que la actora haya acreditado que instó la entrega de las mismas y que le fueron negadas.

Sin perjuicio de ello, advierto que asiste razón a la recurrente en lo que atañe a errores y deficiencias de la documental agregada a fs. 38/39, pero los mismos deben ser subsanados en mi opinión condenando a la demandada a hacer entrega a la actora dentro de los cinco días de notificada en la oportunidad prevista por el art. 132 L.O., de una nueva certificación de servicios debidamente corregida y con los datos completos, bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de imponer sanciones conminatorias por la suma de $50 diarios durante un plaza de sesenta días corridos, vencidos los cuales, si no se hubiera cumplido con la obligación de hacer, la certificación será extendida por el Juzgado sin perjuicio del derecho al cobro de las sanciones conminatorias devengadas (conf. art. 666 bis C.Civä).

Por lo expuesto, propongo derivar a condena los siguientes conceptos y montos, a saber: 1) indemnización por antigüedad, $2.646,58; 2) indemnización sustitutiva de preaviso con incidencia del SAC, $1.433,56; 3) integración de salarios del mes de despido, $1,323,29; 4) indemnización art. 182, LCT, $17,202,77; 5) art. 16 de la ley 25.561, $1,323,29; a los que deben adicionarse los rubros de la sentencia de primera instancia que llegan firmes, con excepción de la compensación art. 183 inc. b) LCT (conf. Considerando IX fs. 111). Todo ello entonces configura un monto nominal total de $ 25.586,02, del que corresponde descontar la suma ya percibida por la actora de $ 2,069,33, conforme fs, 9vta.

En consecuencia, el capital nominal total de condena ascenderá a la suma de $23.498,69, y sobre dicha suma deberán adicionarse los intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de prestamos (conf. Acta CNAT No 2357).

Atento el nuevo resultado al que arribo, propongo dejar sin efecto lo decidido respecto de costas y honorarios, siendo necesario un pronunciamiento originario (conf. art. 279, C.P.C.C.N.).

A tal efecto y teniendo en cuenta el principio general en materia de costas, propongo que las mismas sean impuestas a la parte demandada vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68, C.P.C.C.N.).

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y demás pautas arancelarias de aplicación, propongo que se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en el 17% y 13%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena (conf. art. 38 L-0.), Atento las cuestiones debatidas y resultados alcanzados, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada vencida (art. 68, C.P.C.C.N.), A ese efecto, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la actora y los de la parte demandada en el 30% y 25%, respectivamente, de los que, deben percibir por la labor cumplida en la etapa anterior (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo; 1) Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda incoada, condenando a Directorios Dime S.A. a abonar a la actora dentro del quinto día de notificada de liquidación a realizar en la oportunidad del art. 132 L.O., y mediante deposito judicial en autos, la suma $23,498 (Pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y ocho), por los conceptos y montos establecidos en el considerando respectivo, sobre la cual se adicionaran los intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de prestamos (conf. Acta CNAT Nº 2357). 2) Condenar a la demandada hacer entrega a la actora dentro del mismo plaza de una nueva certificación servicios debidamente corregida y con los datos completos, bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de imponer sanciones conminatorias por la suma de $50 diarios durante un plazo de sesenta días corridos, vencidos los cuales, si no se hubiera cumplido con la obligación de hacer, la certificación será extendida por el juzgado sin perjuicio del derecho al cobro de las sanciones conminatorias devengadas (conf. art. 666 bis C.Civ.). 3) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la parte demandada y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los de igual carácter de la parte demandada en el 17% y 13%, respectivamente, del monto total de capital e intereses condena (conf. art. 38 L.0.). 4) Imponer las costas alzada a cargo de la parte demandada, y a ese efecto, regular los honorarios de la representación letrada de la actora y los de la parte demandada en el 30% y 25%, respectivamente, de los que deben percibir por la labor cumplida en la anterior etapa.

El doctor Juan Carlos Fernández Madrid dijo: Que adhiere al vote que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do, párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda incoada, condenando a Directorios Dime S.A. a abonar a la actora dentro del quinto día de notificada de liquidación a realizar en la oportunidad del art. 132 L.O., y mediante deposito judicial en autos, la suma de $23.498 (Pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y ocho), por los conceptos y montos establecidos en el considerando respectivo, sobre la cual se adicionaran los intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta GNAT Nº 2357). II) Condenar a la demandada a hacer entrega a la actora dentro del mismo plazo de una nueva certificación de servicios debidamente corregida y con los datos completos, bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de imponer sanciones conminatorias por la suma de $50 diarios durante un plazo de sesenta días corridos, vencidos los cuales, si no se hubiera cumplido con la obligación de hacer, la certificación será extendida por el Juzgado sin perjuicio del derecho al cobro de las sanciones conminatorias devengadas. III) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la parte demandada y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los de igual carácter de la parte demandada en el 17% y 13%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena. IV) Imponer las costas alzada a cargo de la parte demandada, y a ese efecto, regular los honorarios de la representación letrada de la actora y los de la parte demandada en el 30% y 25%, respectivamente, de los que deben percibir por la labor cumplida en la anterior etapa. -Beatriz I. Fontana. - Juan Carlos Fernández Madrid