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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: ULIVARRI, Ramiro Javier c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-23

El recurso de inconstitucionalidad local que autoriza el art. 297 del CPCC, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de la ley 48, y consiste en una vía impugnativa de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, se califiquen como arbitrarias. Debe reunir los recaudos procedimentales y de fondo para tornarse admisible y procedente, es decir, obliga a un doble juicio, no contemporáneos: el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505; Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

Si bien el recurso ha sido deducido en término, el pronunciamiento impugnado no reviste el carácter de sentencia definitiva, incumpliendo así el requisito exigido por el art. 14 de la ley 48, que condiciona la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad a que haya sido interpuesto contra sentencias definitivas; esto es, respecto de aquellas decisiones que diriman la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación (CSJN, fallos, 312:2351).

La invocación de arbitrariedad o agravios constitucionales en el pronunciamiento cuya revocación se procura obtener por vía del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 (art. 297, CPCC) no suple, a los efectos de su admisibilidad formal, la ausencia del carácter definitivo de dicho pronunciamiento (CSJN, fallos, 298:47 y 85; 302:417; CApelCCSalta, sala IV, t. XXV, fº 1034; íd. íd. XXVI, fº 233).

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, si los agravios del recurrente conducen al examen de temas de hecho y de derecho común y procesal, ajenos a la vía extraordinaria (CJSalta, t.48:231, 52:881,997; 53:225; 54:81; 56:401; 59:553, CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 350).

La resolución que declara la improcedencia de un recurso ante el tribunal de la causa mediante fundamentos de orden procesal que bastan para su sustento no da lugar a la apertura de la instancia extraordinaria, en razón de la naturaleza procesal de la cuestión, por tratarse de materia propia de los jueces de la causa (CApelCCSalta, sala IV, t. XXI:215; CSJN, 305:60).
Homicidio culposo, mala praxis, intervención quirúrgica, médico anestesista, culpa penal, principio de confianza, responsabilidad médica, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: PELERITTI, Humberto R. s/ Causa 33.755
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Corresponde absolver al anestesista -imputado- en orden al delito de homicidio culposo por el cual se produjo el deceso de una paciente internada para la realización de una operación quirúrgica, a raíz de que estaban invertidas las mangueras de gases en la mesa de anestesia (se le suministró protóxido de nitrógeno en vez de oxígeno). Cabe consignar que en este tipo de actividades en las que participan varias personas, rige una suerte de división de funciones, siendo su principal objetivo el de realizar una distribución razonable de las tareas que en cada caso deben ser cumplidas. Es en estos supuestos donde rige el denominado "principio de confianza", es decir, que todos los integrantes del grupo de trabajo pueden esperar que los demás actúen con la debida diligencia; claro está que no es de carácter absoluto por cuanto cede al ser evidente que uno de sus integrantes va a defraudar esa confianza, sea de un modo imprudente o doloso, o cuando al competente en sí le falte cognocitividad de las reglas a aplicar o la posibilidad de seguirlas. Si bien existía respecto del encausado la exigencia de controlar la mesa de anestesia, no es menos cierto que, en el nosocomio donde aquél se desempeñaba, había una división denominada "Electro Medicina" cuya tarea era la de "entender en toda actividad que haga al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los distintos elementos electromédicos, teniendo la función específica de mantenerlos en perfecto estado de conservación y funcionamiento, además de supervisar la correcta ejecución de los trabajos realizados por terceros. De lo expuesto se infiere que, si bien existía un deber general que pesaba sobre el imputado, por razones de especialidad, el control de la mesa de anestesia debía ser doble, uno de los cuales era de naturaleza eminentemente operativa - anestesista-; si a ello le agregamos que la falla observada puede considerarse de carácter operativo y que el equipo utilizado había sido reparado e instalado apenas unas horas antes de comenzar la intervención, puede sostenerse que, frente a la emergencia y al no tener motivo alguno para suponer la existencia de fallas, el encausado omitió concretar el cuidadoso control previo que le era requerido. El razonamiento esbozado previamente, crea un marco de duda insalvable, (art. 13, C.P.M.P.).
Privación ilegal de la libertad, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: L., C.J. s/ P.S.A. de Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-28

Si bien es cierto que la amenaza no es un delito de resultado donde es menester la prueba de que la víctima efectivamente se alarmó o amedrentó, no obstante, debe reunir otro requisito que es el de tener idoneidad para intimidar, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona y del hecho.
Excarcelación, condena condicional, abuso deshonesto, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MACHADO, JOSE ORLANDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-03-29

Si el acusado se encuentra procesado por el delito de abuso deshonesto (C.P., art. 127 en función del art. 119, inc. 1ro.), no registra antecedentes penales, con anterioridad al hecho nunca exteriorizó actitud alguna que hiciera presumir intenciones lujuriosas hacia sus sobrinas, teniendo en cuenta las modalidades con las que habría actuado el acusado, se estima razonable que se habría tratado de un accionar ocasional y, por tanto, que de llegarse a una condena la pena aplicable -dado el mínimo de la conminación- podría ser de ejecución condicional, según lo prevé y autoriza el art. 26 del C.P. (ley 21.338). Por ello y conforme al art. 315, inc. 2do., del C.P.P. (ley 6221), sería procedente la excarcelación. Para facilitar una rápida y completa conclusión sumarial, se le deben imponer las condiciones de residencia y presentación mes a mes al tribunal (C.P.P., art. 325).-
Derecho a la intimidad, derecho a la protección integral de la familia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La arquitectura social, para la que es sumamente valiosa la unidad familiar, no puede sobreponerse a las decisiones íntimas. De no ser así, se impondría a los habitantes de nuestro territorio un tipo de vida planificado con el objeto de construir una comunidad dirigida desde el poder que aniquilaría los derechos individuales.
Honorarios, peritos, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TALLERES METALURGICOS NAVALES ANGLO ARGENTINOS S.A.I.C. c/ GOBIERNO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS. SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-17

El derecho de los peritos al cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes encuentra justificación en el carácter de auxiliares de la justicia, que impone el deber de proteger su emolumento con independencia de la imposición de costas y con el objeto de desvincularlo del resultado del juicio, preservando así su imparcialidad (en el caso, no obstante el desinterés de una de las partes en la producción de la prueba pericial, no pudo aplicarse el artículo 478 del código procesal, en razón de que el proceso terminó por caducidad de la instancia). (S1,1276,170683)
Medidas cautelares, leyes, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Arbumasa  S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos constitucionales pertinentes, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, de suerte tal que, en esa hipótesis, la admisibilidad del instituto cautelar naturalmente asume una extrema y rigurosa estrictez, inclusive si mediara la posibilidad de un perjuicio irreparable (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Las partes primera y segunda del artículo 7 de la Constitución Provincial resultan esenciales para la identificación del sistema de los derechos y libertades queridas por el constituyente porque introducen el principio personalista en nuestro ordenamiento, entendiéndoselo como supremacía de la persona humana sobre el propio Estado, razón por la cual los derechos y libertades fundamentales constituirían un núcleo de disposiciones munidas de fuerza superconstitucional y, por eso mismo, inmodificables en su esencia ni aun siquiera mediante el procedimiento de reforma constitucional.

Su revisión, aun cuando formalmente admisible, hipotéticamente constituiría una ruptura de la Constitución sustancial por lo que resultaría modificado o falseado el régimen político que ilumina o inspira a nuestro Estado. Esta conclusión parece encontrar hoy, y en principio, base constitucional en el artículo 36 de la Carta Magna de 1994. (Del Voto del Dr. Ulla)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pena, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEMA, DALMA TAMARA c/  s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO AGRAVADO POR LA UTILIZACION DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

No resultan suficientes para lograr la apertura de esta instancia de excepción las postulaciones vinculadas con el monto de la pena impuesta al justiciable, ya que la desproporcionalidad esgrimida por la quejosa no se corresponde con el tratamiento del tema en la sentencia impugnada, debido a que en efecto, sobre este aspecto, la Cámara consideró adecuada la fundamentación de la pena efectuada por el Tribunal de grado, teniendo en cuenta las reglas que imponen los artículos 40 y 41 del Código Penal, explicando por qué estimaba que el recurrente no lograba poner en crisis la decisión de baja instancia en este aspecto, a la par de brindar respuesta a los cuestionamientos defensivos sobre este tópico haciendo especial referencia a los planteos de la impugnante fundados en un menor grado de reproche penal, y asimismo debiendo tenerse en cuenta que la selección de las circunstancias agravantes y atenuantes del monto de la pena es una función propia de los jueces de la causa no susceptible de ser revisada en esta instancia de excepción, salvo arbitrariedad, cuya concurrencia en el caso la recurrente no logra demostrar. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).- REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41.
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kilstein de Kohan, María c/ Juambelz, Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

Si la cosa fue entregada en buen estado al inicio de la locación, debe así reintegrársela, de lo contrario el locatario debe probar que los desperfectos se produjeron sin culpa de su parte; y ha de pormenorizarse entonces que si el inmueble tenía filtraciones que originaban humedad en las paredes e incluso destruían el empapelado, era obligación del inquilino dar aviso al propietario para que efectuase las reparaciones o en caso, hacerlas por su cuenta reteniendo los alquileres, y si así no procedió su falta de diligencia lo hace responsable de los daños y perjuicios aunque los vicios propios de la cosa hayan concurrido en gran parte a provocar los deterioros que motivaron las reclamaciones del propietario.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, avocación jurisdiccional, superintendencia, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Noro Villagra, Lucrecia - trámite personal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

No corresponde hacer lugar al planteo tendiente a que se dejen sin efecto la calificación y observaciones y el llamado de atención con constancia en el legajo personal de la agente, y se tome conocimiento del "mobbing" o acoso laboral al que se alega que se vio sometida, pues la avocación de la Corte Suprema sólo procede en casos excepcionales, cuando se evidencia arbitrariedad en el ejercicio de las facultades disciplinarias, o razones de superintendencia general lo tornan pertinente.
Sentencia, error de cálculo, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Popular de Rosario  SA . c/ Chaco TV. Cable Color SRL . s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Si los jueces, al descubrir un error aritmético o de cálculo no lo modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería, como causa, el error.
Contrato de trabajo, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Paula Eliana c/ Hale Construcciones S.R.L. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-31

Si quedó acreditado que la trabajadora prestaba servicios para las demandadas, resulta de aplicación de la presunción establecida en el art. 23 LCT que pone en cabeza de la empleadora la carga probatoria de acreditar que la vinculación existente responde a una característica diferente a la laboral, y como esa cuestión que no se aprecia cumplida en autos, corresponde concluir que la relación ha sido de índole laboral.
Procedimiento laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA DANIEL ALEJANDRO c/ ALDO JUAREZ s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-16

La absolución de posiciones fictamente rendida, por la ausencia injustificada del accionado y la petición de la parte actora de que se apliquen los apercibimientos del artículo 200 del C. de P.C., tiene valor probatorio relativo, ya que venimos sosteniendo que no puede tenerse por confeso al litigante en sentido contrario a los hechos explícitamente afirmados por él, en las etapas procesales, lo que significa que en la confesional ficta no tiene primacía sobre lo asentado en el escrito de demanda o en la contestación y que no es necesario prueba independiente, para decidir las cuestiones a resolver.
Prueba documental, carta documento, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESCOBAR OSCAR c/ HUMBERTO MAMOLI s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S071 - 138)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-11

El contenido de una carta documento, aunque no sea contestado, no es suficiente para tener por acreditado lo que se afirma en su contenido, pues éste no deja de ser una afirmación unilateral del remitente que el destinatario no está obligado a rebatir.-
Incomunicación, abogados, defensor, aceptación del cargo, recurso de nulidad, improcedencia del recurso, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: D.R., J. s/ INCOMUNICACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

La petición del abogado de comunicarse con el detenido estando éste incomunicado, invocándose lo dispuesto por el art. 7 inc. d) de la ley 23.187 y art. 8, 2do. párrafo inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 22-11-69), ratificada por nuestro país, resulta improcedente en virtud de que, habiendo sido propuesto por un tercero como abogado defensor de una persona detenida e incomunicada, se requería previamente a la aceptación del cargo la conformidad de su nombramiento por el procesado.

Por no surgir de ninguna disposición legal que el abogado pueda comunicarse con el detenido, estando éste incomunicado, corresponde rechazar el recurso de nulidad.
Agravantes de la pena, administración fraudulenta, calificación legal, defensa en juicio, responsabilidad internacional del Estado, embargo
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-27

La agravante del art. 174 inc. 5, CP contempla al patrimonio no sólo como concepto estático, sino en un aspecto amplio y dinámico, comprensivo del conjunto de derechos y obligaciones de contenido patrimonial, y de la actividad recaudatoria o financiera del Estado (aspecto activo) que requiere para cumplir sus fines, contar con los ingresos de lo que se aporta o tributa.

No sólo puede ser autor del delito de administración fraudulenta quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo la administración de bienes o intereses pecuniarios ajenos, sino que también pueden serlo quienes en la situación de hecho de que se trate, tuvieren el manejo de esos bienes o intereses ajenos.

Si bien correspondería concluir que quienes tenían el manejo de los millonarios importes que se debían ingresar al Fisco en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, resultan prima facie autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en pos de un amplio resguardo de la garantía de defensa en juicio, resulta prudente por el momento mantener la calificación legal propuesta por las partes acusadoras, quedando sujeto su posterior análisis a la amplia discusión de las partes que, en su caso, encontrará en el juicio oral su ámbito adecuado, con resguardo del principio del contradictorio.

En tanto el Estado Argentino, se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los activos provenientes de los delitos de corrupción y la indemnización a los perjudicados por los actos de corrupción, y toda vez que no se ha demostrado en la resolución recurrida cuál ha sido el yerro atribuido a la resolución de embargo dispuesta por el juez, debe revocarse la resolución impugnada y confirmar el embargo dispuesto.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, horario flexible, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Avila, Alberto Tomás c/ Organización Werchow s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 306/311, Nº 132) de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 306/311, Nº 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-04-26

El hecho de que el actor no se hubiera encontrado sometido a horarios responde a la modalidad y al tiempo que necesitaba para realizar los trabajos encomendados. En ese sentido se ha dicho que la continuidad de la presentación de tareas del actor mediante retribución periódica y convencional -cualquiera sea su monto- con desempeño fuera del establecimiento en razón de que para el desarrollo de la actividad se le fijaban zonas, unida a la obligación de rendir cuentas de sus tareas y a la recepción de indicaciones acerca de la forma en que debía realizar, son elementos que configuran la obligatoriedad del servicio y la situación de disponibilidad en favor del empleador, dando lugar a la existencia de sumisión o subordinación propias del contrato de trabajo.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, acción de amparo, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: OTELO A. PARENTI c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

Lo concerniente a los requisitos y el alcance que corresponde asignar a la acción de amparo en el ámbito provincial es materia reservada a los jueces de la causa y ajena, en principio, al recurso extraordinario.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, acción de amparo, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRA, ELIZABET ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

La situación en análisis difiere de la considerada y resuelta en autos Mosqueda y relacionados, en que este Cuerpo -en ocasión de resolver los recursos de inconstitucionalidad- declaró que se había sustraído la materia, ya que en dichos precedentes se satisfizo la pretensión de los respectivos actores al haber alcanzado los derechos subjetivos pretendidos a través de su participación en concursos docentes posteriores a aquéllos a los que referían los amparos incoados; a diferencia del presente caso, en que la nueva situación de la amparista es consecuencia de la ejecución de la sentencia judicial de primera instancia (Del voto del Dr. Spuler, al que adhirió el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Mosqueda, AyS T 262, p 58/68; Kessler, T 262, p 80/89; López, T 261, p 465/475; Genta, T 262, p 1/12; Chervo Isola, T 261, p 476/487; Cavallol, T 261, p 495/506; Ezquiaga, T 262, p 13/24. - Jurisprudencia Concordante con Berrocal, AyS T 262, p 191/197.
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castellanos, Gustavo E. c/ Santillan, Marcial J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-13

Ocioso resulta destacar que existe culpa concurrente cuando el daño es el resultado de la conducta de ambas partes, por haber sido una de ellas condición indispensable para que se produzca el perjuicio, es decir, que la culpa de la víctima y la del autor del hecho son factores concurrentes en su producción.
Delitos contra el honor, sentencia, sentencias de segunda instancia, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL CIVIL. PROCESAL PENAL
Carátula: M, O c/ V, C s/ QUERELLA POR CALUMNIAS. APELACION REGULACION DE HONORARIOS. RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 1290-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-02

Conforme el artículo 247 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable en esta materia por la remisión efectuada por el artículo 415 del Código Procesal Penal), la parte debía urgir un pronunciamiento -por vía del recurso de nulidad, ínsitamente previsto dicha norma- sobre la sentencia dictada por Juez legalmente recusado. No obstante, a la omisión de no haber perseguido la nulidad a través del remedio ordinario previsto en el citado artículo, no puede conferírsele un alcance absoluto, ya que puede darse el caso de que aun -frente a la conducta omisiva- la Corte se enfrente con un supuesto de incompetencia subjetiva con idoneidad para configurar un apartamiento del derecho a la jurisdicción; en el caso, por la posibilidad de alterar el correcto desenvolvimiento de la doble instancia consagrada normativamente, el planteo de la impugnante es idóneo para franquear la apertura de la instancia.

(Del Voto de la Mayoría. Fundamentos del Dr. Iribarren).