Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-02-26


NEUQUEN, 26 de febrero de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ARMELINO LUCAS LUJAN C/ OLARTE MARIA MARCELA Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 387002/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. Llegan los presentes autos a estudio de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido contra la sentencia de fs. 248/252 vta., por la cual se rechazó la demanda con costas.

A fs. 258 apela el actor, a fs. 260 su letrado apela sus honorarios, por bajos y, los a cargo de su mandante, por altos, y a fs. 267 la contraria apela los honorarios de todos los profesionales.

Luego, a fs. 277/283 vta. expresa agravios el actor. Entiende que el razonamiento de la A-quo es desacertado para decidir el rechazo de la demanda.

Alega que en la sentencia se infringe el art. 1113 del Cód. Civil, la jurisprudencia imperante y que se apartó de las constancias del expediente.

Expresa que la carga probatoria pesa sobre ambas partes y que se encuentra acreditado por el croquis policial y la pericia accidentológica, que colocan al automóvil como protagonista del siniestro en el lugar del hecho, pero la contraria no probó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Dice que se incurre en un error al desacreditar esa pericia por razones que no son verdades y no surgen del expediente. Entiende que la A-quo, para apartarse de la pericia, se basó solo en su sentido común.

Considera que la existencia del hecho no se encuentra controvertida porque la contraria no dio una plataforma fáctica para contrarrestar los extremos expuestos en la demanda.

Agrega que existe una presunción legal respecto a la calidad de embistente y que del croquis y la pericia surge que fue la accionada quien provocó el accidente al realizar una maniobra, aún cuando no se hubiese producido el contacto entre ambos protagonistas.

A fs. 288 se tuvo por extemporánea la presentación de la contraria.

II. Ingresando al estudio de los agravios, se adelanta que el recurso no puede prosperar. Analizadas las cuestiones planteadas y la valoración de la prueba efectuada por la A-quo conforme las pautas de los arts. 386 y 476 del C.P.C. y C., entiendo que no le asiste razón al quejoso.

Es que, como se sostuvo en la sentencia, "[.] probada la existencia del hecho y la intervención del automotor, deberé analizar si el artículo 1113 citado resulta aplicable al caso, esto es: si la cosa intervino en el hecho y a tal fin debe probarse el contacto entre el automotor y la bicicleta" (fs. 249 vta.) y el recurrente no rebate los fundamentos por los cuales la Sra. Jueza se aparta de las conclusiones del perito y no tiene por acreditado "[.] ni que el automotor de la demandada impactara a la bicicleta del actor, ni que hubiera existido contacto entre ellos, ni menos aún que ello hubiera ocurrido al haber invadido el rodado mayor el carril de la bicicleta" (fs. 252).

En relación con la valoración de la prueba pericial, esta Cámara de Apelaciones ha sostenido: "[.] que, si bien hemos dicho que en principio debe estarse a lo que resulta de la pericia, ello es así, siempre y cuando se den los presupuestos del artículo 476 del Código de rito. Por otro lado, las conclusiones a que se arriban en dicha prueba no obligan, necesariamente, al magistrado, quien puede y debe apartarse de las conclusiones que allí se expresan cuando las mismas carecen de fundamento como ocurre en el caso" (Sala II, in re "BLANCO JORGE RAUL Y OTRO C/ FERROSUR ROCA S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 339356/6).

En ese sentido se tiene dicho que: "La prueba de peritos es un juicio de valor sobre cuestiones respecto de las cuales se requieren conocimientos especiales (art. 457, Código procesal), opinión técnica que el juez no se encuentra obligado a seguir inexorablemente (cfr. Sala III, "Guzmán", fallo del 22.11.1983), pero tampoco puede ignorarlo arbitrariamente (ED., 89-495). En principio, la labor judicial indica que debe ceñirse a la apreciación pericial, pero valorar su contenido de acuerdo a la competencia del emisor; los principios científicos en que se funda el informe; la aplicación de las reglas de la sana crítica a sus conclusiones y fundamentos; las observaciones o impugnaciones que se hagan al dictamen; y el contenido de los demás elementos de convicción que se desprendan de la causa que corroboren o controviertan aquél (cfr. argumento del art. 477 del mismo cuerpo legal)" (CNac. de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 1, 1992/99, "Morel Daiana Ayelen c/ Hospital de Pediatria S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan Garrahan s/ daños y perjuicios", 8/05/03).

En autos, el perito basa su dictamen en el informe de la policía de tránsito (fs. 166): así expresa: "De acuerdo al elemento de prueba objetivo como es la planilla de accidente y croquis, al llegar a la calle Formosa, realiza un giro hacia el oeste, es decir hacia la izquierda, e impacta contra una bicicleta [.]" (fs. 168); sin embargo el informe policial que menciona es una planilla de accidente, cuya copia se encuentra a fs. 51, donde únicamente constan los datos de las partes y un croquis con el dibujo de la intersección de las calles y el sentido de circulación de los rodados, careciendo de más datos, lo que revela que el dictamen pericial se muestra huérfano de elementales soportes objetivos que avalen sus conclusiones.

En este sentido fue impugnada oportunamente la pericia (fs. 170) donde la contraria destacó que el perito no contó con información objetiva y carece de un relevamiento técnico cierto, cuestionamiento receptado por la sentenciante (fs. 250 vta.) y que no resulta rebatido por el recurrente en su expresión de agravios. Es que ni el dictamen pericial ni el croquis en el que se sustenta, permiten tener por acreditada la mecánica del accidente descripta en la demanda.

Incluso el recurrente expresa: "Respecto del croquis policial, hay que tener en cuenta que la policía de Tránsito no fue testigo del accidente, sino que realiza un acta estimativa de lo ocurrido, según los dichos de las personas presentes en el lugar." "Y justamente por no haber estado presente en el lugar, es que no pueden afirmar cual fue efectivamente el lugar de impacto" (fs. 278 vta.).

Por otro lado, cabe señalar que el actor, para fundar su pretensión, sostuvo en la demanda que "[.] cuando se encontraba finalizando el cruce que la arteria mencionada forma con la calle Formosa, es violentamente embestido por un vehículo [.]" (fs. 3 vta.), lo cual fue expresamente negado por la demandada a fs. 14, y en autos no se produjo prueba que permita tener por acreditado ese hecho conforme la carga establecida en el art. 377 del C.P.C. y C.

Luego, atento a los términos en que se fundó su demanda, resulta improcedente, porque se afectaría el principio de congruencia, el agravio del recurrente formulado en esta etapa para que se condene a la contraria "[.] aún en el supuesto de que el contacto entre ambos rodados no se hubiese producido [.]" (fs. 282 vta.), (cfr. arts. 34, 3.4; 163, 6° y 277 del C.P.C. y C.).

En cuanto a las apelaciones arancelarias de fs. 260 y 267, efectuados los cálculos pertinentes de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 10 y 20 de la Ley vigente, resulta que los honorarios son ajustados a derecho, por lo que se impone su confirmación, al igual que los de los peritos intervinientes (cfr. Sala I, in re "PUGH DAVID C/ CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", EXP Nº 385961/9).

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo del recurso de apelación deducido por el actor, con costas por su orden atento a la falta de contestación de la contraria (art. 68 del C.P.C. y C.).

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Comparto la solución propuesta por el Dr. Pascuarelli.

Más allá de ello, entiendo que aún cuando se pudiera considerar que, genéricamente, la falta de contacto no constituye un argumento dirimente para rechazar la demanda, lo cierto es que su presencia es determinante de la relación de causalidad. Y en este caso, el mismo se encuentra acreditado, y tampoco existe alguna otra prueba sobre un nexo causal, que permita atribuir responsabilidad a la demandada.

Como bien lo explica el Dr. Pascuarelli, en el caso no ha mediado una errónea apreciación de la prueba; de hecho, más allá de las citas efectuadas por el recurrente, no logra desvirtuar el argumento central de valoración de la magistrada, cual es que la pericia llevada a cabo en autos no encuentra sustento en extremos acreditados, más allá de los dichos del actor.

Y así se ha señalado que: ".no resulta discutible que en cualquier caso debía el actor probar en forma cierta la versión de los hechos relatada en la demanda pues solo de esta manera hubiera quedado acreditado el contacto con la cosa riesgosa o la culpa del demandado.

Si se examina el caso conforme al régimen regulado en el art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte, del Cód. Civil, la plena demostración del hecho afirmado en la demanda resultaba indispensable pues en este caso la responsabilidad del dueño o guardián presupone la previa demostración de los siguientes requisitos: a) intervención activa de una cosa; b) daños sufrido por la víctima; c) que el daño se haya producido por el riesgo o vicio de la cosa y d) relación de causalidad entre el riesgo de la cosa que interviene y el daño. (Conf. Pizarro, Ramón Daniel, "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas", Bs. As. 1983, pág. 442).

Respecto al régimen probatorio, agrega este autor que "La carga de la prueba de dichos elementos pesa sobre el actor, que reclama el resarcimiento de los daños sufridos. Sin embargo, pensamos que probada la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño producido, es dable presumir -hasta tanto se pruebe lo contrario- que el detrimento se ha generado por el riesgo o vicio de la cosa".

De ello se desprende que el actor no puede dejar de acreditar la intervención activa de la cosa en el evento dañoso y que la presunción que es posible admitir sólo se refiere a que el daño se produjo "por el riesgo o vicio de ella".

En idéntico sentido se pronuncia la Dra. Kemelmajer de Carlucci, quien en base a antecedentes jurisprudenciales señala que "Muchos fallos resuelven que el damnificado por el hecho ilícito en el que intervienen cosas, sólo debe probar "la existencia del daño y la intervención de la cosa con la cual se produjo" ("Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Bs. As. 1984, Bs. As. 1984, pág. 460). Agrega que "La prueba de dicha participación debe ser indubitable" y considera que por la amplitud otorgada a la expresión "riesgo de la cosa", debe aceptarse la presunción de que el daño se ha producido por el riesgo de ella.

Llambías, por su parte, entiende que la relación de causalidad entre la acción de la cosa -concepto que obviamente supone la intervención de ella en el evento dañoso- y el daño causado, constituye un presupuesto para que nazca la responsabilidad por riesgo, y afirma que su existencia le incumbe probarla al actor (Conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Bs. As. 1976, T. IV-A, pág. 635).

De acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores, debe distinguirse en los casos de aplicación de la responsabilidad emergente del riesgo de la cosa que consagra el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Cód. Civil entre: a) la presunción de responsabilidad que consagra la norma; b) la carga de la prueba de los presupuestos necesarios para su aplicación y c) la carga de la prueba de las eximentes de responsabilidad admitidas. Así, el sistema funciona de la siguiente manera:

La carga de la prueba de los presupuestos necesarios para la aplicación de esta responsabilidad -los que ya han sido mencionados ut supra- pesa sobre la parte demandante. Acreditados los mismos, surge una presunción de responsabilidad que debe ser desvirtuada por el dueño o guardián, probando alguna de las causales de eximición de responsabilidad aceptadas.

En otras palabras, para que se produzca la inversión de la carga de la prueba de la responsabilidad presumida por la norma y que pese entonces sobre el demandado el deber de acreditar alguna de las causales de eximición de responsabilidad aceptadas, el actor debe demostrar un hecho en que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa y sólo en este caso, si el demandado quiere enervar la imputación tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencien que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa. Ello es así, pues en el caso de automotores en general, la peligrosidad se conecta con un dinamismo de ella, por lo que es necesario acreditar que se hallan en movimiento (Conf. Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", T. 3, Bs. As. 1993, págs. 156, 157, 231 y cc.).

En idéntico sentido se pronuncia la Dra. Kemelmajer de Carlucci al señalar que en los supuestos de daños por vicio o riesgo existe una presunción de responsabilidad que requiere la intervención activa de la cosa, la cual debe ser probada por la víctima, más allá de que pueda esta acreditación no presentar mayores dificultades pues deriva de una norma de experiencia ("Responsabilidad civil" dirigida por Jorge Mosset Iturraspe, Bs. As. 1997, t. 9, pág. 395).

También resulta indispensable que se acredite este hecho -que con la apertura de la puerta se provocó la caída del actor- si la responsabilidad se funda en el art. 1.109 del Cód. Civil, ya que en este caso debe necesariamente también probarse fehacientemente la culpa del autor del daño y para ello es necesario, en el caso que se analiza, la acreditación del actuar imprudente del Sr. Morcos, pues precisamente es su culpa el factor de atribución de su responsabilidad.

En los dos casos, la demostración del hecho alegado en la demanda también resulta necesaria para dar por acreditada la relación de causalidad." (cfr. Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, "Próspero, Aldo c. Morcos, Amado s/ d. y p." 13/11/2012. Publicado en: La Ley On line Cita online: AR/JUR/58303/2012).

Traídos estos conceptos al caso en estudio, no hay elemento alguno que permita establecer la relación de causalidad: el dictamen pericial es insuficiente, tal como lo valora la magistrada, no pudiendo basarse en el relato del accionante, el cual carece de la mínima imparcialidad. Y si bien no es necesario el contacto "material" con la cosa riesgosa, sí resulta indispensable que se pruebe el mismo en sentido amplio, de manera tal que pueda existir entre el hecho inicial -contacto en sentido amplio- y el daño, una relación de causalidad adecuada, la cual tampoco se ha probado. Siendo ello así, se impone en el caso en análisis el rechazo del recurso de apelación, pues ha quedado dicho que era carga del actor acreditar la intervención activa de la cosa en el evento dañoso (ibídem).

Con estas consideraciones, adhiero al voto del Dr. Pascuarelli, emitiendo el propio en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Rechazar el recurso de apelación del actor y las apelaciones arancelarias de fs. 260 y 267, confirmando la sentencia de fs. 248/252 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden.

3. Regular los honorarios profesionales de esta Instancia al Dr. ..., letrado apoderado del actor en la suma de pesos ..., (art. 15, LA).

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.