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Confirmación de sentencia, tope indemnizatorio, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Beltrán Ramón Andrés c/ Servicios Especiales San Antonio S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

La accionada se agravia de la omisión en la que habría incurrido la juez de grado al no considerar el tope indemnizatorio que estatuye el art. 245 LCT. Dicha queja no puede tener favorable recepción toda vez que del sitio web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se extrae que, a la fecha de distracto -y también a la del inicio del reclamo en sede judicial-, no se había publicado tope alguno para el CCT aplicable, en tanto que recién con una resolución posterior, se publicaron topes desactualizados con vigencia desde el 1° de septiembre de 2013, sin que se observen actualizaciones posteriores. En tales condiciones y en atención a la clara desactualización del importe en cuestión y a que el distracto data de enero de 2017, debe entenderse que en la fecha de la ruptura del contrato de trabajo, no existía tope indemnizatorio publicado por el Ministerio de Trabajo para la actividad de que se trata, por lo que corresponde determinar el quantum de la indemnización del art. 245 de la LCT con prescindencia de lo dispuesto en el segundo párrafo de la norma según la modificación de la ley 24.013. Ello así, porque el precepto en cuestión deja librado al Poder Ejecutivo la determinación y publicación de los topes correspondientes a cada convenio colectivo de trabajo, por lo que se trata de una esfera de actuación ajena al Poder Judicial y, en ese marco, juzgo que, ante la conducta omisiva del Ministerio de Trabajo, se debe prescindir de la aplicación del tope indemnizatorio. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia. (Del voto de la Dra. Russo, en minoría).
Contrato de franquicia, falta de prueba, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: T., C. B. s/ QUEJA EN: 'G. L., E. C/ T., C. B. S/ ORDINARIO'" (Expte. N° 26498/13-STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-10-01

(Atento que la demandada no logró revertir la presunción surgida de la prestación de servicios realizada en su favor por la actora, pues no acreditó la existencia de contrato alguno diverso del laboral ni aportó ningún instrumento que respaldara la existencia del contrato de franquicia invocado, corresponde rechazar el recurso extraordinario y dejar firme la sentencia de Cámara en tanto resolvió que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo.) Adviértase que, en el caso en examen, se pretende que un vínculo nacido a resultas de un contrato de trabajo se habría convertido en otro de naturaleza mercantil y, en virtud de ello, la antigua trabajadora habría devenido ahora en empresaria, pese a que se encuentra fuera de discusión que el invocado contrato de franquicia no llegó a instrumentarse, y pese a que tampoco se ha acreditado que la sindicada como franquiciada hubiera asumido algún compromiso de aporte de capital ni poseyera cierta solvencia económica para el cumplimiento de los fines de la contratación.

(Frente a dicha situación fáctica deben prevalecer las diferentes normas antifraude contenidas en la LCT art. 12, sobre irrenunciabilidad de los derechos; art. 13, sobre sustitución de las cláusulas nulas, art. 14, sobre nulidad por fraude laboral). (Del voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Pena, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Robles, Fabián Gustavo y otros s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en representación de Pedro Daniel Suárez contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en causa Expte. Nº 120/09: 1) Robles, Fabián Gustavo y otros - ss.as. Robo doblemente calificado, etc. - Capital - Catamarca; y Nº 25/10, caratulados Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en representación de Fabián Gustavo Robles en contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en causa Expte. Nº 120/09.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-14

La defensa técnica de los imputados interpuso recurso de casación contra la sentencia que condenó por robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2 -primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C.P.), sosteniendo que es arbitraria la mensuración de la pena impuesta al imputado S, en tanto se ha considerado como agravante que en el año dos mil cuatro fue detenido por diez meses por el delito de robo "asalto a un colectivo" en la ciudad de Córdoba, interpretando el sentenciante que ello demuestra una dificultosa reinserción social.

En primer lugar, que esta Corte ha sostenido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 22, 17/06/2010, "Silva"; S. nº 26, 23/12/08, "Mancini"), ni transgresión alguna a los arts. 40 y 41 del C.P. Sumado a ello, cabe advertir que el a quo ha ponderado una serie de circunstancias agravantes que superan la estimación de la falta de antecedentes del causante.

Es decir que, más allá que el juzgador haya ponderado en sentido negativo lo plasmado en la última parte del Informe Socio Ambiental, ello no merece ser motivo de sanción, porque resulta escaso el aporte que el elemento valorado puede hacer en la tarea de edificar una sanción razonable y compatible.

En consecuencia, es ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala, con lo que el tramo de la queja que discute genéricamente el monto de la pena impuesto no puede tener acogida favorable.

Por último, adviértase que, en autos, las expresiones utilizadas por el Tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta a los imputados satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar las penas, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.

En consecuencia, corresponde rechazar el presente recurso por este agravio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, Dirección Nacional de Previsión Social, resolución administrativa, deuda previsional, determinación de deuda previsional, Comisión Nacional de Previsión Social, recurso de apelación (administrativo), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Dock Sud  SRL. s/ impugnación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que destacó que el apelante no había dado cumplimiento a la exigencia contemplada por el art. 15 de la ley 18.820 -atinente al depósito del importe nominal de la deuda impugnada- en un claro desconocimiento de documentación glosada a las actuaciones que acreditaba que la recurrente había depositado las sumas resultantes de las actas de determinación la deuda.
Estelionato, estafa, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa
Materia: PENAL
Carátula: VACAS, ALFREDO Y OTROS. s/ DEFRAUDACION. ESTELIONATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-04

1) El texto actual del artículo 173, inciso 9no. C.P. (Ley 21 338) no reprime ya autónomamente VENTAS DE BIENES AJENOS COMO PROPIOS, que sólo serán punibles en caso de estafa.

2) Respecto a la VENTA DE BIENES GRAVADOS COMO LIBRES, es de destacar que "la venta" aludida en el artículo 173, inciso 9no. del C.P. sólo se perfecciona, tratándose de inmuebles, con la escritura pública respectiva (artículo 1184, inciso 1ro. Código Civil), por lo que, el mero consenso de partes (artículo 1323 Código Civil), no constituye la "venta" necesaria para la realización del tipo penal imputado.

3) La PROMESA DE VENTA de un inmueble no es jurídicamente venta, mientras no se cumpla la formalidad exigida por la ley civil, tal cual se infiere de la clara preceptiva del artículo 1185 Código cit En consecuencia, desechada la aplicabilidad del artículo 173 inciso 9no del C.P. y no habiéndose revelado la existencia de estafa debe confirmarse la resolución que sobreseyó definitivamente en orden al delito de defraudación.
Superior Tribunal de Justicia, contrato de publicidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ASTEC S.R.L.- CONCURSO COMERCIAL PREVENTIVO - HOY QUIEBRA c/ DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA - COMPETENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-08-23

La falta de dictado del proveído de avocamiento de los nuevos integrantes de la sala, dada la publicidad y notoriedad que el actor le reconoce, no afecta la posibilidad de ejercer las facultades conferidas por la sección 8° del título XX del libro seg. del C.P.C.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: TROTTA, TERESITA LEONOR Y OTRO/A c/ RUIZ, SILVIO Y OTROS s/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)(114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01

Constituye recaudo esencial para la promoción de la acción de desalojo acreditar que se tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa y que el demandado está obligado a su restitución; la acción le asiste tanto al titular registral, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño, haya otorgado la tenencia al demandado y tenga derecho a requerir la restitución (como el caso del locatario, el poseedor, el usufructuario, el usuario y el comodante).
Ministerio Público Fiscal, fiscales adjuntos móviles
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CATTANEO s/ LEGITIMACION DE FISCALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

El sistema de unificación d personería, cuya aplicación oficiosa procede únicamente luego de la inactividad de los intimados, no resulta operante para el caso de la actuación conjunta de los fiscales adjuntos móviles en virtud de que este instituto es improcedente cuando son varios los apoderados.
Preparación de la vía ejecutiva, negligencia probatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: FAGER José Domingo c/ Saavedra Oscar Víctor y Otra s/ Cobro de Alquileres (Legajo de Apelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-11

En primer lugar porque, reitero, la preparación de la vía ejecutiva, no es instancia. Esta no tiene otro alcance jurídico o procesal que la de constituir una tramitación previa, sin juicio contradictorio entre las partes.

Por ello, entiendo no puede aplicarse las normas de negligencia en la prueba, previstas en el art 348 del CPC(ley 988-O), las que están incluidas en el Título II referido al Proceso Ordinario. Si el legislador hubiera querido que sean aplicables dichas normas, hubiera remitido a dicho capítulo, al tratar la preparación de la vía ejecutiva.

Además, si el Código de San Juan, a diferencia del Código de la Nación, no prevé caducidad alguna cuando una vez preparada la vía ejecutiva no se inicia la acción ejecutiva, en razón del principio de conservación de actos procesales, menos debe interpretarse que la demora en la rendición de la información sumaria ofrecida, pueda perjudicar la celeridad de un proceso, que aún no se ha iniciado, sino que está en su etapa preparatoria.

Por ello, considero equívoco el resolutorio de la juez a quo, por lo que el agravio debe prosperar.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, recursos, interposición del recurso, remisión del expediente, elevación en apelación, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO REGIONAL DEL SALADO  S.A.  (EN LIQUIDACION) c/ WARNES, ARTURO s/ PERENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Interpuesto un recurso por ante un órgano superior, el plazo de caducidad comienza a correr desde el otorgamiento de aquel - a partir de la fecha de concesión -, incumbiendo desde entonces al recurrente la carga de urgir la elevación del expediente con el consiguiente riesgo, en caso contrario, que opere la caducidad.

No es óbice a la conclusión anticipada el deber y responsabildad impuestos por el CPR.251, toda vez que se opera la caducidad no obstante la omisión de remitir a ésta cámara el expediente en condiciones de ser elevado, así se ha sentado doctrina en el fallo plenario "Villanueva de Tapia, R.c/Castro, H.", del 25.11.59, el que mantiene vigencia pese al cambio de la legislación adjetiva, toda vez que el anterior ordenamiento procesal también establecía similar obligatoriedad, bien que en la persona del actuario.
Competencia contencioso administrativa, acumulación de procesos, litisconsorcio
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 005/08 "Acevedo, Rosa Viviana" c/ Municipalidad de Tinogasta (Poder Ejecutivo Municipal) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-18

De acuerdo a dispuesto por el art. 188 del C.P.C., para que proceda la acumulación de procesos es necesario que sea admisible la acumulación subjetiva de acciones en un todo de acuerdo con lo prescripto en el Art. 88 del Código de rito. Hay acumulación subjetiva de acciones cuando varias partes demandan o son demandadas en un mismo proceso y las acciones son conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos.

En el caso se encuentran acreditados los extremos requeridos por el Art. 88 del C.P.C., en consecuencia, procede la acumulación subjetiva de acciones, ante la homogeneidad de los procesos, unidad de competencia e idéntica misma instancia, corresponde ordenar la acumulación a los presentes autos Expte. Corte N° 005/08 del Expte. Corte Nº 006/08 debiendo por Secretaría, proceder a su refoliatura.
Acción penal, querellante, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: DI GIORNO, MIGUEL. s/ QUERELLA. ACCION. PERSONERIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-08

Si bien el ADMINISTRADOR es el representante legal de los consorcistas; para que aquél pueda accionar criminalmente en nombre de sus representados, estos tienen que otorgarle PODER ESPECIAL al efecto. En consecuencia, no corresponde tener por parte querellante a quien actúa sólo en nombre del consorcio de propietarios.
Caducidad de instancia, traslado, falta de traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBORNOZ  NESTOR  EDUARDO c/ NERVI EZEQUIEL s/ CESE DE OPOSICIONAL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

La circunstancia de que estuviera pendiente de notificación el traslado de la documentación acompañada por el accionado al contestar la demanda, por cierto, no forma obstáculo a la conclusión que transcurrió el plazo previsto en el art. 310, inc. 1 del CPCCN, desde que la carga del demandado de cumplir dicha actividad notificatoria no enerva la responsabilidad del accionante por la falta de impulso del trámite de la causa (arg. art. 313, inc. 3, del Código Procesal). Correspondía al actor, más allá de la suerte del traslado pendiente, realizar las peticiones pertinentes a fin de lograr el avance del proceso hacia su destino final -la sentencia- (en el caso, la actividad a su cargo podría haber consistido, por ejemplo, en solicitar se tuviera por no presentada la documentación acompañada por el demandado, atento la omisión de éste de concretar la notificación respectiva, o bien notificarse personalmente de dicha documentación y, así, obtener el avance del expediente).
Derecho procesal, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: REYES ADOLFO c/ BUSTOS JUAN JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-18

Más allá del rechazo de la demanda en contra del médico cirujano y de la médica que firmó la epicrisis cuando se le dio el alta institucional al paciente, en una acción por mala praxis en la se condenó únicamente al centro médico, las costas respecto de su actuación han de distribuirse en el orden causado, de conformidad con lo autorizado por la segunda parte del art. 68 del CPCyC, pues no puede imputarse al actor haber traído indebidamente a juicio a aquéllos, ya que el demandante no podía conocer a ciencia cierta quién de todos los profesionales actuantes había sido responsable de los daños sufridos.
Contrabando, contrabando de pieles, valor de la mercadería, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: OBILETS, TATYANA-TITOVITCH, OLGA. s/ Contrabando, incidente de apelación del auto de procesamiento sin prisión preventiva.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-08

Corresponde revocar el procesamiento de las imputadas por considerarlas coautoras del delito de contrabando al haber intentado sacar del país prendas de piel animal sin la correspondiente autorización, toda vez que si bien la exportación de mercadería consistente en prendas confeccionadas con pieles de animales no se encontraría prohibida de manera absoluta, sino que se encuentra regulada por ley 22421 y el Decr. 666/97, y por ello no correspondería la calificación del hecho según las prescripciones del Art. 865, inc. g), del CA, a fin de resolver la situación procesal de las imputadas sería útil determinar el valor exacto de la mercadería para que, en el caso de resultar menor al determinado por el Art. 947 del CA (con la modificación introducida por la ley 25986), se pueda determinar si se presenta alguno de los supuestos del Art. 949 del CA, en función de lo dispuesto por la Art. 947 citado (Del voto del Dr. Grabivker).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Martín D. y otro c/ Calera La Estación y otros s/ Accidente ley 9688 Heres, Caraciolo Omar c/ Romaer S.A.C.I.A.F.I. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15|1997-08-12

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas no federales tienen efectos por lo menos de vinculación moral hacia tribunales inferiores, sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Palchevich, Humberto Antonio c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1985-05-21

La restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o los de las Provincias, en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos de gobierno de facto, inclusive los de remoción de magistrados integrantes del Poder Judicial.
Transporte de estupefacientes, sobreseimiento
Materia: CIVIL
Carátula: López Héctor Leonardo s/ Imp. De Inf. Art. 5° Inc. C) Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

Dado que este tribunal revocó el pronunciamiento que declaró la nulidad del acta de secuestro por la que se imputó al encartado en orden al delito de transporte de estupefacientes, y siendo tal postulación nulificatoria el único motivo y fundamento del sobreseimiento apelado, corresponde dejar sin efecto el decisorio en crisis, debiendo proseguir la causa principal según su estado anterior a la nulidad levantada.
Libertad de prensa, daños y perjuicios, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Si bien la libertad de prensa tutela el derecho de publicar impunemente, con veracidad, buenos motivos y fines justificables, aunque lo publicado afecte al gobierno, la magistratura o los individuos, tal afirmación es predicable siempre que se actúe con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propalación de imputaciones falsas que puedan dañarlos injustificadamente (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Convertibilidad, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: Inmobiliaria del Plata SAIFICAM. y otro c/ Vialco S.A. s/ Recurso de Hecho s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

La admisión de actualizar el saldo adeudado después del 31 de marzo de 1991 - aunque se trate de una sola prestación pendiente de ejecución por la demandada - viola la estricta prohibición impuesta por el art. 7. de la ley 23.928.
Asociaciones sindicales, tutela sindical, competencia
Materia: PROCESAL -LABORAL
Carátula: VALBO  S.A. c/ MAYORGA s/ DEMANDA - ASOCIACIONES SINDICALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-19

No corresponde acordarle el trámite del art. 44 de la ley 4.163 a los pedidos de exclusión de tutela sindical por cuanto el mismo se halla reservado para las cuestiones incidentales que se promueven dentro del proceso principal. En todo caso debe aplicarse el procedimiento previsto por los arts. 430 y siguientes del C. de P.C. atento a lo dispuesto por los arts. 47 y 52 de la ley 23.551 por ser el más similar al juicio sumarísimo establecido en el art. 498 del C. de P.C. de la Nación , con la salvedad, por la particular organización de la justicia laboral provincial, que una vez ofrecida y receptada la prueba, con excepción de la confesional, testimonial e inspección ocular, el juez de conciliación debe elevar el expediente a la cámara para continuar la tramitación del juicio.
Violencia de género, abuso sexual, retractación
Materia: PENAL
Carátula: A.,C.S. s/ Recurso de Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-07-11

Debe confirmarse la sentencia que condenó al imputado en orden a los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal( coacción, violación de domicilio, daño, hurto simple y amenazas con arma, en concurso real), pues los fundamentos en los que se basara el tribunal interviniente para arribar a sus conclusiones resultan ser informes y juicios efectuados por distintos profesionales, las manifestaciones de testigos y el aporte de la "inmediación" que les permitió observar de manera directa y plena a las partes, fundamentalmente a la víctima, en los hechos que enmarcan en la Ley 26.485 y de la que se desprende, sin hesitación que resulta ser víctima de violencia de género, circunstancia advertida fundamentalmente no sólo de la prueba analizada y valorada, sino por los distintos testimonios brindados por esta.
Honorarios, prescripción decenal, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: ALIBERTO AMERICO A. c/ ALONSO DE ALIBERTO SARA Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

No es de aplicación la prescripción bienal, si ha mediado condenación en costas en la sentencia definitiva, por lo cual debe regir el art. 4023 del Código Civil, que establece el plazo ordinario de prescripción de diez años (conf. Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Ed. Platense, La Plata, 1980, t.3, p. 640, C.N.Civ. Sala A, E.D. 93-769).
Honorarios del perito, regulación de honorarios, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BANCO INTERCAMBIO REGIONAL s/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

No es nula la resolución que regula honorarios a un perito, que adolece de falta de fundamentación en lo que hace al análisis práctico y legal del caso, si el vicio de que adolece la decisión puede subsanarse a través de un debido análisis de los trabajos realizados en función de las disposiciones arancelarias vigentes.