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Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Huarte, Mauricio Néstor c/ Handula, Sergio Gregorio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si la cuantía o monto del rubro a indemnizar a falta de prueba idónea imputable a quien debió probar y no lo hizo -art. 375 del C.P.C.-, el Juez para evitar el rechazo total del rubro y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 165, tercer párrafo del C.P.C. lo debió fijar con suma razonabilidad y prudencia, reduciendo el monto reclamado por tal concepto y no suplir la prueba que dejó perder la parte interesada con su reedición en la etapa de ejecución de sentencia.
Contratos comerciales, principios generales del Derecho, apreciación de la prueba, prueba del contrato, principio de prueba por escrito, jurisprudencia, fuentes del derecho, prueba testimonial, caso fortuito, fuerza mayor, ejecución del contrato, principio de ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIACART SAC c/ COMPAÑIA DE LAS TIENDAS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

En los vínculos convencionales, ante la ausencia de instrumento ejemplar, rigen los principios generales de los contratos. En tal contexto, es de ponderar, que si bien la norma del C.CIV. art. 1193 prescribe que cuando los montos involucrados exceden determinada suma, deberá mediar instrumento escrito y no podrán ser probados por testigos (en igual sentido C.COM. art. 209), con excepción de que exista principio de prueba por escrito, sin embargo, lo cierto es que se halla consolidada la interpretación de que el sistema encuentra líite, cuando una de las partes ha cumplido su prestación (C.CIV. art.

1191). En tal sentido, la jurisprudencia se ha visto en la necesidad de atemperar el rigorismo de los principios: así, ha admitido la prueba testifical para ciertas circunstancias o modalidades considerándose situaciones de excepción: si ha mediado imposibilidad de obtener pruebas, si hay principio de prueba por escrito, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ha extraviado la prueba apropiada: "ad imposibilita nemo tenetur", si media confesión de representante, o si el documento ha sido obtenido mediante dolo o violencia, y en el supuesto del C.CIV.art. 1191 -aplicable por las remisiones que efectúan el C.COM., título preliminar: 1 y 207-:

si una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negara a cumplir el contrato, es decir, cuando este haya tenido principio de ejecución, ante lo cual es admisible todo medio de prueba. (En él caso, uno de los elementos ponderados a fin de tener por acreditada la relación contractual que vinculara a las partes, y condenar al accionado a pagar los trabajos realizados por el pretensor, fue la declaración testifical vertida, la que por su parte, no fue impugnada).
Acusación, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FABIANI RICARDO HILARIO s/ SENTENCIA - ACUSACION - HECHO DIVERSO - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-09-06

La necesaria correlación entre acusación y sentencia que establece la regla del art. 414, 2do. párrafo, C.P.P., reglamentando la garantía constitucional de la defensa en juicio (C.N., art. 18, Const. Provincia, art. 9) supone que la base fáctica contenida en el documento acusatorio, en sus aspectos esenciales, sea trasladada sin alteración alguna a la sentencia.

La precedente exigencia legalmente se justifica por la circunstancia de que el hecho que se atribuye al encartado marca el límite de la jurisdicción del tribunal de juicio y, también, porque la sentencia debe fundarse en el contradictorio, el cual desaparece si la resolución condena por un hecho diverso y del cual el imputado no pudo defenderse, probando y alegando lo que consideraba hacía a su derecho.-
Auto de procesamiento, recurso de apelación (procesal), clasificación de delitos, abuso deshonesto, guarda del menor, imputado, víctima del delito
Materia: PENAL
Carátula: LOZANO SARA ABIGAIL c/ RAMIREZ ARIEL s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-09

Lo gravemente ultrajante radica en la circunstancia de realización del acto, por el carácter degradante que puede tener para la persona sometida en función de lo desproporcionado del caso si se lo compara con otros casos de abuso deshonesto, o sea, con el tipo básico y en razón de ello en el caso de autos, como vimos, no hay tal desproporción en la conducta del acusado si comparamos los hechos con el tipo básico, no resultan degradantes, sin perjuicio de la agravante por la guarda.

Conforme la nueva calificación de abuso sexual agravado por la guarda, dos hechos en concurso real, en los términos de los arts.119 1º párrafo en función del último párrafo inc. b) del C.P. que conmina una pena cuyo mínimo es de 3 años de prisión, y al carecer de antecedentes penales el encartado, en el caso de una eventual condena ésta podría ser de cumplimiento en suspenso, y al no haber peligro procesal, el que de todas maneras puede ser neutralizado con una medida menos gravosa que la privación de libertad, que la A quo considere pertinente y útil.
Personal militar, adicionales de remuneración, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Camejo, Ricardo Esteban y otros c/ E.N. - M. Seguridad - PNA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

La amplitud de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo para crear suplementos particulares en las fuerzas armadas y de seguridad no le alcanzan para transformar la remuneración principal en accesoria ni las remuneraciones accesorias en lo principal mediante el simple arbitrio de designar a una parte sustancial de la retribución que regularmente percibe la generalidad del personal en contraprestación de sus servicios militares como ajena al haber o sueldo de éste" (Voto del juez Rosenkrantz).
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mantelectric Industrial, Comercial, Inmobiliaria S.A. c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

En el proceso contencioso administrativo se produce una revisión de lo actuado ante la Administración por el particular. En consecuencia, el reclamo previo en dicho ámbito resulta imprescindible (arts. 215, Const. prov.; 1, 28 y conc. C.P.C.A.).
Estabilidad del empleado público, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capeika, Marcos c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

La estabilidad pierde su cabal sentido cuando se la desvincula de los demás aspectos de la relación jurídica y en particular de la carrera administrativa.
Aclaratoria (procesal), omisión de pronunciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ JORGE A. c/ GUSTAVO GALEOTTI Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A128 - 145)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-22

El recurso de aclaratoria sólo procede para que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones de pronunciamiento o aclarados conceptos oscruso. O al decir de Alsina, a fin de que el juez corrija su error, precise los términos de su pronunciamiento o subsane la omisión.- A su vez, por vía de este recurso puede enmendarse un defecto de expresión, pero no intentar rectificar un pretendido defecto de volición en el pronunciamiento del órgano jurisdiccional.-
Principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Bryndsa, Carlos León s/ Depositario Infiel
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-15

Se observa ya en el acta de indagatoria vicios -que se proyectan luego en todo el decurso del proceso- que la Juez ha omitido lisa y llanamente describir, cual es el hecho atribuido al imputado, el objeto procesal, que luego se reitera en los sucesivos y trascendentes actos procesales, auto de procesamiento y, consiguiente e insólito sobreseimiento, pieza esta última digna de un más detenido análisis y consideración. Ocurre que en la intimación previa se incurre en una nulidad absoluta insanable, toda vez que nada se sabe de cuál fue la conducta atribuida al imputado, en base a la cual debería haber estructurado su defensa material y técnica, ya que no se sabe cómo circulaba en su automóvil, cual fue la maniobra imprudente, negligente o violatoria de los reglamentos de tránsito que fue erigida como causa del luctuoso accidente que tronchó una vida y ocasionó graves lesiones a otra persona que circulaba en el otro automóvil. Dicho vicio invalidante se repite en el auto primeramente incriminador, con lo cual se ha violado flagrantemente el derecho constitucional de defensa, como ya lo tiene expresado el Tribunal en innumerables casos similares anteriores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, coposesión
Materia: CIVIL
Carátula: Juarez, Susana Candelaria s/ prescripcion adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-17

Debe rechazarse la demanda de prescripción adquisitiva promovida por quien alegó poseer el inmueble junto a familiares, pues no demostró haber realizado ciertos y determinados actos que exterioricen su voluntad e intención de privar a los otros supuestos coposeedores de la posesión y de ejercer de un modo efectivo y con carácter de exclusividad, las prerrogativas de la misma, es decir, la intervención de la causa o título por el cual se ejerce la posesión.
Prescripción, plazo, acción
Materia: CIVIL
Carátula: CISMONDI VILLA MARIA  S.A c/ ENRIQUE CAMPOS Y OTRO s/ ORDINARIO - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-10

La doctrina es conteste en que la prescripción de la acción, que se produce a los 2 años,según la reforma introducida por la ley 17711,comienza a contarse desde que se produjo el hecho ilícito o desde el momento en que la víctima tuvo conocimiento de lo acaecido Ello es lógico y coherente, pues esta norma (art. 4037 C. Civil), no ha variado en definitiva en el sentido expuesto, ya que si bien tuvo su inspiración en el Proyecto de García Goyena, allí se hacía correr el plazo desde el día siguiente en que el agraviado supo la comisión del hecho ilícito. Como sostiene Argañaras (La prescripción extintiva,Ed. Tea. 1966, p.245), la omisión enunciada, no hace caber la suposición de que el Codificador haya querido correr la prescripción desde el día siguiente en que se cometió el hecho ilícito, sobre todo cuando ha existido ignorancia del damnificado pues ello, haría frustar este instituto.

La corriente doctrinaria mas aceptada entonces, está centrada en que el tiempo legal comienza a correr desde que el damnificado puede tener conocimiento del hecho ilícito.
Acción de responsabilidad, Derecho procesal, prescripción, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Electrosistemas SA c/ Carman, Carlos Alberto y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Corresponde aplicar el plazo trienal de prescripción previsto en el CCOM 848 a la acción de responsabilidad societaria incoada en los términos de la LS 276 contra el presidente del directorio y el síndico de la sociedad demandada. 2. Ello así, toda vez que la acción de responsabilidad por actos dañosos para la sociedad, cumplidos con dolo o culpa de los administradores deriva del contrato social. Se refiere asimismo a temas que se vinculan con las operaciones sociales y por consiguiente la cuestión relativa a su prescripción se subsume en el plazo de tres años del CCOM 848-1°. 3. La relación ente social - administrador deriva del contrato social o de las operaciones sociales, ambos supuestos contemplados en el mencionado artículo, ya que resultaría irrazonable interpretar restrictivamente dicha alocución para excluir la prescripción de las acciones de responsabilidad contra los directores de estrecho vínculo con el contrato social. (CNCom, Sala B, in re "Cavanagh y Morixe SA. s/ quiebra c/ Cavanagh Ricardo y Morixe Carlos" del 20/12/06).
Inscripción de la declaratoria de herederos, fallido, acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sircovich, Samuel  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

La falta de inscripción de la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad inmueble, torna inoponible al acreedor del cónyuge supérstite, embargante del inmueble, la eventual titularidad dominial del heredero forzoso sobre el 50% indiviso. El incumplimiento tempestivo de lo previsto por el CCIV 2505 confiere al acreedor embargante del inmueble prelación sobre el bien y un mejor derecho a su realización, habida cuenta la prevalencia que corresponde asignar a los principios de apariencia jurídica y buena fe registral en que está apoyada la supervivencia y razón de ser de los registros inmobiliarios (CNCom, Sala C in re "Roth c/ Gomez s/ ejecutivo", del 23/03/90, ED 137-708; ídem Sala D in re "Amoros, Daniel s/ tercería en: Arguello c/ Amoros, Antonio s/ ejecutivo", del 31/10/97). Dicha doctrina se encuentra replicada actualmente por el CCCN 1893 -TO ley 26994-.
Decomiso, secuestro de bienes, automotor secuestrado, personas privadas de la libertad, bien común, falta de individualización
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Narciso Rubén s/ robo calificado, etc. -recurso de casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-07-12

Sin embargo, también es cierto que tal decomiso no cumplió con las exigencias de determinación del nuevo texto del art. 23 del C.P., que reclama no sólo el dictado de la medida, sino también la individualización del bien decomisado. Esta individualización proporciona una clara garantía para el ejercicio de la defensa del titular del patrimonio perjudicado con la medida. No obstante, tal irregularidad no afectó la defensa del encartado en autos y por esa razón no puede invocarse para plantear la ineficacia del acto. Ello es así por una parte, porque el vehículo decomisado ya se encontraba secuestrado, en previsión justamente a que se ordenara dicha medida. Por otra parte, porque tal individualización finalmente se operó en la resolución complementaria con la que el Tribunal responde a la solicitud de entrega del mismo. Mas aún, es esta última la resolución que ahora se impugna. Por ende, el planteo de nulidad contenido en el recurso analizado no puede prosperar.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., N. E. c/ A., A. C. E. s/ Sep. personal. Sep. de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Si bien constituye una cuestión de hecho determinar la concurrencia de las causales que permiten declarar la separación personal o el divorcio vincular de los cónyuges, ello lo es en tanto y en cuanto no se incurra, como en el caso, en absurdo al apreciar la prueba.
Facultades del gobierno provincial, facultades legislativas, Derecho contravencional y de faltas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Irala Jara, Alba Rosa s/ art. 51.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-17

El art. 8° de la ley 24.588 que reglamenta la cláusula del art. 129 de la Constitución Nacional, prevé expresamente la facultad de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en materia contravencional y de faltas.
Juicio de desalojo, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Gianello Celia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

Para la procedencia de la medida que autoriza el art. 676 bis del CPC, no sólo debe resultar "verosimil" la versión que en tal sentido suministre el accionante, sino que, por tratarse de una medida que opera sólo luego de trabada la litis, también es importante observar la seriedad de la defensa que ha opuesto el accionado, puesto que las posibilidades de progreso de la demanda de desalojo también dependen de las circunstancias obstativas que haya mencionado el ocupante en su escrito de responde. (Minoría u opinión personal)
Clausura de la instrucción, trámites judiciales, dictamen fiscal, requerimiento de sobreseimiento, juez de instrucción, deberes del juez, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ABELLA, DANIEL l. s/ consulta Causa nro. 27484
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

El artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación prescribe este instituto para el caso concreto de pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público Fiscal, en oportunidad de contestar la vista del artículo 346 del mismo catálogo; siempre y cuando el juez de instrucción no estuviere de acuerdo con lo requerido.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, in dubio pro reo, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: APESECHE, CARLOS M. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

No hay contradicción jurisprudencial que autorice la viabilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, entre lo decidido en el Plenario "Pomares" y lo resuelto por el fallo que impuso las costas a la querella, mediando absolución por duda (art. 13 CPP), pero en ausencia de acusación fiscal.

El fallo plenario "Pomares" perdió fuerza vinculante con la modificación introducida al art. 144 del CPP por la ley 22383, por lo que no cabe atender a la posible contradicción jurisprudencial entre lo resuelto en aquél y el fallo apelado, ya que se trata de la interpretación de una norma con contenido diverso.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia condenatoria, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BAEZ, JOSE HILARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

Venidos los presentes a consideración de esta Corte y recurrida una primer condena a perpetuidad en Cámara, se impone como Tribunal de superior jerarquía orgánica tornar operativa la amplitud de examen que impone la garantía de doble instancia (art. 8.2.h, C.A.D.H.) en el marco de los reproches esgrimidos por la defensa (arts. 1 y 2 de la C.A.D.H en función del 75 inc. 22 y 31 de la C.N.).

Desde tal perspectiva, de inicio se desestiman las alegaciones defensivas que con una particular interpretación de la normativa procesal (art. 1, II, C.P.P. texto vigente) pretendiera parapetarse afirmando que esta instancia de revisión constituiría una segunda oportunidad al poder punitivo.

Cuando lo cierto es, que esta Corte -deducido el recurso de inconstitucionalidad por la defensa- adecuó esta vía a los efectos de resguardar el invocado "derecho al recurso" (art. 8.2.h, C.A.D.H.) en consecuencia propender lo contrario -tal como lo peticionara la defensa oficial- implicaría una irreductible contradicción con su pretensión originaria en desmedro de una garantía convencional.
Competencia, contienda negativa de competencia, violencia laboral, competencia laboral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: A., L. O. c/ Provincia de Santa Fe s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-12-12

Cabe dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, declarando que la radicación, tramitación y resolución de la causa corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, desde que le asiste razón a la Cámara mencionada en cuanto sostuvo que aun cuando los hechos relatados por la accionante en sustento de su petición se desarrollan en el ámbito de una relación de empleo público, ello no basta para asignar la competencia a dicho Tribunal, que no entiende de recursos de amparo, por cuanto ejerce su competencia exclusivamente en los casos y modos que establece la ley 11330, conforme a la jurisprudencia de esta Corte local; imponiéndose tal solución con mayor razón en el caso sub examine, en el que expresamente la actora aclaró que no impugna acto administrativo alguno, ni solicita la suspensión de su ejecución, ni formula algún tipo de reclamo vinculado a la relación de empleo, limitando su pedido al cese de todo acto de violencia laboral de parte de los funcionarios a que refiere. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 182, p 251. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330
Falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, estafa procesal, escritos judiciales, fundamentación del recurso, firma falsa
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: SAAL, Moisés (Dr.) s/ denuncia Causa 44.165
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-03

a) La supuesta falsificación de una firma en un escrito de fundamentación de recurso, que se había estampado antes de su presentación al juzgado, no puede constituir falsificación de instrumento público, toda vez que, recién luego de agregado al expediente, adquiere tal calidad.

b) No puede considerarse al escrito de "fundamentación de recurso" como un instrumento privado falso, capaz de vulnerar el bien jurídico "fe pública" toda vez que carece de entidad para afectar la confianza general, al no tratarse de documento privado que usualmente circula entre particulares o en los que el Estado, mediante regulación específica, garantice esta pública confiabilidad.

c) El escrito de fundamentación de un recurso de apelación no posee aptitud para constituir el ardid típico de la estafa procesal pues no puede considerarse como un acto que induzca a error al Tribunal que le corresponda decidir sobre el auto o sentencia que se impugnó, ya que el órgano juzgador debe expedirse meritando los elementos de juicio incorporados al legajo, sin que las meras alegaciones de las partes puedan resultar gravitantes para producir medidas procesales que resulten pecuniarias e indebidamente perjudiciales.
Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Cardozo, Roberto Daniel c/ Navarro y Ziegler S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-15

Siendo los intereses contemplados en el artículo 622 del Código Civil la reparación debida por el deudor moroso a su acreedor, la tasa que satisfacería los principios que nutren la materia indemnizatoria civil, en especial en cuanto a su integralidad, es la "activa".
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, decretos, beneficios previsionales, depreciación monetaria, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TASSANO, ENRIQUE JOSE. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

Es inconstitucional el art. 4, párrafo 1, del decreto 412/81 en cuanto establece que "no estarán sujetos a ningún tipo de actualización los haberes o sumas a que se refiere el art. 1, que hubieran sido puestos a disposición de los titulares con anterioridad a la vigencia del presente decreto", pues la aplicación de tal norma disminuiría notablemente -en períodos caracterizados por aguda depreciación monetaria- el crédito del actor con directa afectación del derecho de propiedad.