marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, contrato de caja de seguridad, contenido de la caja de seguridad, robo, prueba, presunciones
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CHIMATTI, JOSE c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

Cabe admitir el reclamo por restitución de la suma en dólares estadounidenses -u$s 19.000-, sustraída de una caja de seguridad del banco accionado, toda vez que, además de existir plena coincidencia en todas las declaraciones respecto al nivel económico de los accionantes, lo que permite inferir que no resulta sorprendente que en la caja de seguridad tuvieran depositado ese monto; existe también, una coincidencia casi total entre lo denunciado a horas de producido el hecho, con lo demandado casi diez años después, al filo de la prescripción; pues no debe soslayarse que aquella denuncia inicial, afectada por el golpe anímico que produjo la noticia, resulta trascendente por la cercanía con el hecho y la ausencia de toda asistencia profesional, pues es probable que se hubiera concretado sin especular con un hipotético y futuro pleito, incluso manifestaron haber tenido guardadas allí importantes joyas, y que las habían retirado días antes del atraco, por lo que de existir una intención aviesa de magnificar el daño, podrían haberlas incluido en el reclamo, ocultando su retiro; de modo que tal conducta colabora en la credibilidad de los hechos que sustentan la pretensión.
Honorarios del perito, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: López, Elizabeth del V. Rivera de c/ Rivera, Graciela Catalina s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-26

Partiendo del derecho de los peritos a percibir una retribución acorde a los trabajos realizados, y a fin de determinar el monto regulatorio, es de aplicación reiterada la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que sus honorarios deben guardar una adecuada proporción con los regulados a los demás profesionales intervinientes en la causa. Conforme las constancias de autos y en especial el informe o dictamen pericial, el porcentaje otorgado por el Inferior del cinco por ciento sobre el monto del inmueble valuado no aparece como irrazonable, sino por el contrario,adecuadamente compensatorio al mérito e importancia de la labor cumplida. Por último la ley provincial 2486 del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros fija un veinticinco por ciento adicional para las tasaciones judiciales que en el caso del perito interviniente no fue calculado. En consecuencia, el monto impugnado deviene correcto, correspondiendo no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto.
Derechos del empleador, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, despido del delegado gremial, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, Marcelo c/ ASOPROFAMA C.L.P. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-28

El cambio de lugar de trabajo, en principio, no es una modalidad esencial del contrato y disponer su modificación entra dentro de las prerrogativas patronales (art. 66 de la LCT). Por ello, si la empresa trasladó su establecimiento imponiendo un cambio a todo su personal, pero no desconoció el status gremial de los actores y éstos tampoco lograron probar el perjuicio que tal cambio les ocasionaba, el despido indirecto decidido por éstos se presenta como apresurado y no ajustado a derecho.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esteban, Miguel A. c/ Balmaceda, Roberto y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

En lo tocante a la privación del uso del vehículo me apresuro a advertir que la existencia en sí del perjuicio material allí involucrado no puede suponerse o darse por sentada en forma apriorística, pues la privación de uso de un automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", de modo que quien reclama por este rubro debe acreditar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio.
Obras públicas, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jalil, Antonio Aníbal c/ Provincia de Catamarca. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Si de la conducta del ejecutivo provincial se concluyó inequívocamente que reconoció que los trabajos adicionales sin órdenes de servicio realizados en la obra pública fueron necesarios para que pudiera satisfacer adecuadamente su finalidad de interés público, ya que aprobó el presupuesto, emitió el correspondiente certificado y ordenó su pago, que se cumplió parcialmente, no es válido que sostenga la improcedencia de ese rubro en sede judicial, poniéndose en contradicción con la conducta asumida en las actuaciones administrativas.
Ofensas cometidas por medio de la prensa, revista humorística, testaferro
Materia: PENAL
Carátula: D'ALBORA, F Y OTRO. s/ INJURIAS - CONFIGURACION - REVISTA HUMORISTICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-05

La frase aparecida en una revista humorística en la que se alude al querellante como el "testaferro de un poderoso director de diarios y revistas" que pretende "retomar las riendas de Canal 11..." no configura injuria penal.

La expresión "testaferro" no es, ni en su rigurosa definición académica, ni en su uso coloquial, ni en su sentido estrictamente jurídico, verbo que connote necesariamente ofensa por dilaceración.

Jurídicamente testaferro o prestanombre es el intermediario que hace creer a los terceros que a nombre propio está interesado en un negocio que en realidad es de quien no desea ostensible su participación, o sea se trata de un supuesto de "interposición" que puede calificarse como un mandato oculto y a la vez una simulación y como "la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito", la conducta atribuida al querellado deviene atípica, pues no parece que pueda reputarse ilícita la simulación que tiende a eludir una prohibición que asoma inconstitucional.
Competencia, fuero de atracción, concursado
Materia: PROCESAL
Carátula: Mirmi, Miguel Eduardo y otro s/ sumarísimo s/ conflicto de competencia" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Corresponde radicar las actuaciones ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. Ello así, dado que el GCBA resulta demandado y versa sobre la interpretación de reglas de derecho público local (cf. artículo 2 del CCAyT). Asimismo, tanto la Corte Suprema como este Tribunal tienen dicho que el fuero de atracción previsto en el artículo 21 de la LCQ (en su versión actual y en la anterior a la reforma por ley n° 26086) no opera en los juicios donde la concursada fuera actora y, en la medida que el juzgado comercial ha suspendido el trámite de verificación del crédito en el marco del concurso hasta que quede firme la determinación fiscal, tampoco existe peligro de dictado de sentencias contradictorias. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi)
Acción de amparo, proyecto de ley, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Raffetta, Lin Pao c/ En- Honorable Congreso De La Nación- Ley 24.747- Cámara de Senadores Y Otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

La sala hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y en consecuencia, dispuso que la verificación de los requisitos contenidos en el artículo 6° de la ley 24.747 podía ser realizado por el funcionario que ejerce transitoriamente las atribuciones administrativas conferidas por la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, atento a la situación de vacancia de tal órgano constitucional, lo cual impedía dar tratamiento al proyecto de ley promovido.
Escrituración, medidas cautelares, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Santervaz, Arcángel y Otra c/ Marinho, Juan Ivo s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-13

El embargo, en los juicios de escrituración, tiene como finalidad inmovilizar el inmueble mientras se sustancia el proceso, con el objeto de impedir que se lo transfiera o grave, tornando ilusorio el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, por lo que se pone énfasis en exigir la verosimilitud del derecho, antes que en otros requisitos generales como el del peligro en la demora.
Sentencia arbitraria, caducidad de instancia, fundamentación de sentencias, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Montenegro,  Francisco  Absalon  y  otra c/ Abad de Carfi, MaríaCristina. s/ caducidad de instancia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la perención de instancia, al fundarse exclusivamente en lo normado por el art. 310, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y omitir, en el contexto de las actuaciones, las prescripciones de los arts. 311, 313, inc. 3° y 485 del citado código
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis, establecimientos asistenciales, hospitales militares
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ SECUNDINO JUAN c/ ESTADO NACIONAL ARG MIN DE DEF EST MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (RESP MEDICA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Aunque por hipótesis se acepte que es ajeno a los profesionales médicos el control y la resolución de los problemas de infraestructura hospitalaria, no lo es menos, que no pueden permanecer al margen de esa realidad y deben tratar de evitar, por los medios a su alcance, que esas desfavorables condiciones, se trasladen perjudicialmente a los pacientes; de modo que, aunque no sea en el caso obligatorio el uso de antibióticos, dadas las inadecuadas condiciones de la Sala de Hemodinamia del Hospital Militar Central, estos medicamentos no debieron dejar de ser administrados. (Del voto del Dr. Pérez Delgado, los Dres. Farrell y De Las Carreras adhirieron a esta parte del voto.

Hay disidencias parciales de estos dos Magistrados sobre otros aspectos del voto).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isaia Antonio c/ Peña, Manuel Antonio s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-04

Si de la prueba producida a los fines de demostrar que la firma no pertenece al ejecutado, surgiere que -a pesar de no pertenecer aquel - ha sido otra persona perfectamente identificable la que suscribió el documento, no corresponde incluirla en la condena, pues no ha sido demandado, de lo contrario conculcaría su derecho de defensa.
Notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Baiocco, Omar Antonio c/ Comuna o Comisión de Fomento de Acebal s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 164-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

Las notificaciones -ya sean éstas efectuadas dentro del ámbito de un proceso jurisdiccional, administrativo o de otro tipo- inciden indefectiblemente sobre el derecho de defensa de las partes, pues es a partir de las mismas que el sujeto notificado entra en conocimiento de determinado acto, lo que le permitirá - dentro del plazo correspondiente- ejercer sus derechos a través de los mecanismos establecidos al efecto.
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Balcarce S.A. c/ De Castelli Luis M. y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-13

Si en el título base de la ejecución se ha determinado claramente el monto adeudado en concepto de capital, así como los intereses, fijando su tasa y la forma en que serían amortizados, la excepción de inhabilidad de título opuesta debe ser desestimada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Rosalía c/ Gómez Norman s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Resulta admisible la pretensión efectuada por la accionante fundada en el deber de solidaridad que subsiste entre los cónyuges aún cuando se encuentren divorciados. Sin embargo, por ser esta previsión legal una excepción al sistema general de consecuencias de la separación personal o divorcio, deben examinarse rigurosamente las necesidades a cubrir en el momento de fijar la cuota. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giovinetto, Carlos c/ Krivochen, Leticia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Muchos conductores -indebidamente - priorizan sus derechos conforme las reglas del tránsito, en desmedro de la prudencia, más allá de la indiscutible facultad de ejercerlos, pero en su resultante, lo cierto es que de haberse actuado inversamente, más de un accidente no hubiesen sucedido.
Jueces, deberes y facultades del juez, iura novit curia, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA ELVIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-22

Decidir cuál es la norma jurídica aplicable, constituye una facultad exclusiva del juez, regla sintetizada en el aforismo iura novit curia, pero: a) la acción se determina por el objeto y no por el precepto legal aplicable; b) el juez puede y debe subsanar el error en que la parte haya incurrido al calificar la acción, y c) pero no puede modificar el objeto de la misma.
Mejoras, posesión de mala fe, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toral, Alcides M. c/ Bartolomei, Renato y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

El art. 2441, junto con los arts. 2427 y 2440 , del C.C. regulan el régimen de las mejoras cuando existe conflicto entre el derecho real de dominio por una parte, y la posesión por otra. Triunfante la acción de reivindicación, el poseedor de mala fe recibe un tratamiento diferente del deudor de mala fe, ya que aquél tiene derecho a reclamar las mejoras útiles que no se hubiesen compensado con los frutos percibidos o que se hubiesen podido percibir.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, tarjeta de crédito, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYO COOP. LTDO. c/ HAIN, JACOBO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-06

Si el saldo en ejecución no proviene de una cuenta corriente sino de un contrato de emisión de tarjeta de crédito, no es el título que la ley faculta al banco a expedir, sino una variante del mismo que lo desnaturaliza. Y este uso indiscriminado no puede ser convalidado ni aún por la alegada conformidad de la contraparte, pues no deriva de la voluntad de esta la justificación del instituto sino de la ley misma.
Fundamentación de sentencias, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: M. D. D. R. c/ S. A. I. SA s/ sumario - cobro de pesos e indemn. de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

Si bien la mayoría de votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, ello no significa sin más que sea exigible la existencia de fundamentos iguales, cada juez puede dar sus razones aunque no sean las mismas o difieran de las dadas por los otros miembros. Es que, si fuera necesaria una exacta coincidencia la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que pedir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Lo que debe sopesarse es que las razones dadas en cada voto no se excluyan jurídicamente entre sí de manera que no tengan la afinidad acumulativa indispensable.
Prisión preventiva, lesiones graves, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BIASONI CARLOS ALBERTO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-19

El hecho ocurrió en el lugar donde había un guardaganado y a una velocidad aproximada de 45 a 50 kms. por lo cual es irrelevante para determinar la responsabilidad penal por establecer por qué mano venía el imputado, puesto que como es obvio y de público y notorio, que en los guardaganados de ese lugar pasa un solo vehículo, con lo cual al no surgir evidencias respecto de quien tenía prioridad de paso, considera este Cuerpo que no existen evidencias para revelar, con el calibre incriminante que se exige la norma del art. 366, es decir, semiplena prueba, de la existencia de un hecho criminal; por lo que, frente al cuadro de incertidumbre sobre la responsabilidad penal que se cierne en esta etapa procesal, corresponde la revocación del interlocutorio apelado.
Disolución del matrimonio, divorcio, injurias
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. E. c/ C., H. R. s/ Separación Personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

"Para que exista injuria es necesario el animus injuriandi, como expresión libre, consecuente, deliberada, de la voluntad de la persona que en ellas incurre".
Procesamiento, revocación de sentencia, apoderado, directores de SA, retenciones impositivas, percepción de impuestos, Fondo Nacional de Turismo, pasaje aéreo, declaración impositiva falsa, agencia de turismo
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: N.N. CONTRIBUYENTE AIR EUROAMERICA S.A.-CASTRO, ALEJANDRO JORGE s/ Régimen Penal Tributario, apropiación indebida de tributos, incidente de apelación del procesamiento de Jorge Alejandro Castro.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Corresponde revocar el procesamiento del imputado, quien en calidad de apoderado de la sociedad anónima, habría incurrido el delito del Art. 6 de la ley 24769, al haber omitido depositar a la orden del Fondo Nacional de Tursimo, los montos del impuesto nacional percibido por la venta de pasajes aéreos (conf. Ley 25997, Art. 24) en tanto el imputado desconoció el hecho e invocó carecer de atribuciones para obrar en nombre de la sociedad anónima, explicando que la venta de pasajes se realizaba por "agentes", es decir, terceros y que los importes ingresaban a una cuenta bancaria cuyo giro no le estaba autorizado, afirmación ésta que se encuentra respaldada con la documentación aportada en autos, de modo que la afirmación del Juez de que el imputado podía concurrir a el banco para operar sus cuentas carece de sustento hasta tanto no se establezca la falsedad del documento acompañado o se verifique la existencia de otras cuentas bancarias y, por otro lado, si bien está admitido que el imputado suscribió las declaraciones juradas que dan cuenta de los pasajes y el importe de los impuestos percibidos, eso no demuestra que fuera él quien percibió esos importes, ni tampoco se comprueba esa circunstancia por la existencia de un poder de administración a su nombre, dado que aunque el mandato fuera suficiente para percibir el precio de los pasajes vendidos y para pagar los impuestos, se trata de un acto unilateral del mandante que no prueba que el mandatario hubiese ejercitado esas facultades, siendo prematuro el procesamiento al encontrarse pendientes de evacuación las citas de descargo en las que se indica quien sería verdadero responsables de la gestión societaria.
Recusación sin causa, renuncia de derechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Outon, Carmen a. c/ Sanzi, Miguel y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-04

El derecho de recusar sin causa es renunciable.
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

El límite temporal, establecido en el último párrafo del art. 49 de la ley 10.765 (Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas), para el reconocimiento de los derechos previsionales consagrados, por la índole del beneficio en juego y las características de los derechos que se tienden a proteger en esta materia, configura una vulneración al derecho constitucional de igualdad ante la ley (art. 9, Const. prov.).
Acumulación objetiva de acciones, ley de contrato de trabajo, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión, Miguel del Santo c/ Arce, Zulema s/ Cobro de créditos laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-04

Si ante el rechazo de varias pretensiones deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), una de ellas, aquélla en la que se reclama el cobro de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -no relacionada con otros tópicos debatidos en la presente- no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede abordarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653. (doctor SORIA, mayoría).
Despido, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Rubén Darío  c/ Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad.  s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que soslaya controvertir las motivaciones esenciales que dotan de sustento al fallo que ataca.
Competencia por la materia, trabajadores marítimos, salario de asistencia y salvamento
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, DANIEL c/ ALIANZA NAVIERA ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-27

Es competencia de los Tribunales Federales el reclamo del salario por asistencia o salvamento prestado a un buque en peligro, en tanto dicho rubro no constituye la contraprestación del empleador, por la prestación de tareas en su empresa, y no está regulado por la LCT sino que se trata de una cuestión emergente de la navegación interjurisdiccional, art. 515 de la ley 20094.
Acción penal, querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., C. S. s/ Homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

Desde la perspectiva de la víctima, el rol de querellante, que es incorporado por los códigos modernos y por el nuestro en particular con una especial autonomía, implica concederle ese atributo no tan solo en términos formales sino también materiales o, siempre en términos de Maier, en clave de "...representación plena de la pretensión punitiva (estatal), ejercida por él sin limitación alguna...".

Empero creo que esa plenitud encuentra límites. En primer lugar, la perspectiva teórica. En segundo término la vigencia del principio de oficialidad de la acción penal para ciertos delitos (art. 71 del C.P.) que de ningún modo puede ser abrogado por normas procesales penales que conviertan en letra muerta el hecho de que en esencia la acción penal es pública y la ejerce, de modo relevante, el Ministerio Público Fiscal. ... al tratarse de cuestiones reguladas por el Código Penal, cuyo dictado es facultad del Congreso Federal (art. 75 inc. 12 de la C.N.), están en un orden de prelación normativa superior por imperio del art. 31 del mismo estatuto.