Proceso penal, lesiones culposas, recurso de casación, pena de inhabilitación, antecedentes parlamentarios, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Montivero, Adriana del Valle s/ Recuso de Casación interpuesto por el Dr. Asim Assad, en contra de Auto Nº 07/14, de Expte. Nº 056/13: Montivero, Adriana del Valle - Lesiones Culposas agravadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-25

El Juzgado Correccional, por Auto Interlocutorio Nº 07/14, dictado el siete de abril del año en curso, resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada en favor de la imputada por lesiones culposas agravadas.

Contra esa resolución, el abogado defensor de la mencionada imputada interpone este recurso de casación En innumerables oportunidades esta Corte trató el tema que propone el recurrente; y en todas dijo que, con arreglo a los categóricos términos del 8º párrafo del art. 76 del Código Penal, la pena de inhabilitación obsta a la suspensión del juicio a prueba (S Nº 4/08, S 17/09, S 07/10, S 20/10, A.I. 15/10, S 38/12, S 65/12, S 70/12, S 13/13 -entre otras-).

El Tribunal dijo también que ese criterio era coincidente con el de la Corte Suprema, sustentado en los siguientes términos en la resolución del caso "Gregorchuk" (CSJN, Fallos 325:322 ): "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia".

Por ello, en el marco de posibilidades que brinda la norma en cuestión (304:1826; 310:896), la interpretación legal que sustenta la resolución apelada es ajustada a la letra del último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y concordante con lo resuelto por el Máximo Tribunal en el mencionado precedente "Gregorchuk". Por ende, no es errónea la aplicación que hace de la norma referida.

Por otra parte, las objeciones del recurrente, sustentadas en otro criterio jurisprudencial sobre el tema, aunque podrían ser atendidas en una eventual reforma legislativa, carecen de fundamento a los fines procurados en la presentación en examen.

Consecuentemente, en tanto el recurrente no ofrece argumentos distintos a los tratados en los mencionados precedentes de este Tribunal que conforman su doctrina legal sobre el tema, a los fundamentos expuestos en ellos me remito para evitar repeticiones innecesarias.

Por lo tanto, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa.