Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, personal policial, transporte de estupefacientes, requisa personal, requisa del automotor, prevención del delito
Materia: PROCESAL
Carátula: Alaniz, Gonzalo Esteban. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-20

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gonzalo Esteban Alaniz y confirmar la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba. El operativo de control llevado a cabo por personal de la Fuerza Policial Antinárcoticos de la Policía de la Provincia de Córdoba, sobre el puente Vélez Sarsfield que une a la ciudad de Villa María con la ciudad de Villa Nueva, que diera origen a la identificación del condenado Gonzalo Esteban Alaniz y su posterior requisa, no se encuentra viciado de nulidad. Una vez que el personal policial recibió los datos iniciales sobre un presunto hecho de transporte de estupefacientes, con la premura que el caso requería, previo a efectuar las averiguaciones pertinentes sobre la identidad de Alaníz, concurrieron al lugar señalado, en donde observaron a un sujeto que circulaba contraviniendo normas de tránsito y cuyo vehículo coincidía con las características que habían sido aportadas. A su vez, éste al ser demorado por los agentes policiales mostró signos de encontrarse nervioso. Ese contexto, conformó objetivamente un estado de sospecha que, según lo establecido por el art. 230 bis del CPPN, sustentaron la legalidad de la requisa personal practicada sobre el imputado, sus pertenencias y el rodado, las que se manifestaron como proporcionales en términos de urgencia, modo, finalidad y necesidad. Esas medidas, a tenor de todo cuanto se analizó, encontraron suficiente respaldo en las circunstancias concretas que se tenían a la vista y que inequívocamente sugerían la posibilidad de que se estuviera frente a la comisión de un delito de acción pública. Una vez efectuada la requisa personal sobre Alaniz y secuestrado el material estupefaciente, la autoridad de prevención labró la correspondiente acta de aprehensión, notificándolo de los derechos que le asistían, todo con comunicación a la autoridad judicial competente. Con la noticia criminis se dispusieron desde la fiscalía tareas de vigilancia -que no pueden ser tomadas de otro modo más que aquellas que se encuentran dentro las actividades de prevención de delitos que de por sí atañe a una fuerza de seguridad- en la zona por la que circularía un sujeto transportando drogas. Tanto las actividades preventivas, originadas por un dato que versaba sobre la inminente comisión de un posible hecho ilícito, como la requisa y posterior detención de Alaníz no revelan ningún tipo de irregularidad en su concreción. Si algún resquicio de duda quedaba respecto de la validez de las directivas iniciales impartidas al agente Angeloni, al momento de recibir el sumario o de intimar al imputado en su presencia, toda irregularidad hubiera quedado saneada, razón por la que no se exhibe ningún defecto procesal o lesión a garantía constitucional. El sentenciante realizó una evaluación razonada de los elementos de prueba apoyándose en la experiencia, lógica y sana crítica racional y las conclusiones a las que arribó resultan su consecuencia directa, otorgándole de tal modo al fallo el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena. La mención al lapso que destacó como escaso e improbable -5 minutos- entre la recepción de una denuncia y la posterior detención no es acertada, por cuanto la noticia criminis habría sido recibida con anterioridad al horario que señala y pretende instalar el abogado defensor para poner en duda la veracidad del testimonio de Angeloni y que "(a)lrededor de las 17:00 hs" se materializó la intercepción de Alaníz. Dres. Barroetaveña, Figueroa y Petrone.