marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Representación sindical, convenios colectivos de trabajo, paritarias, libertad sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La exclusividad de representación que dispone la ley 9996 de la Provincia de Santa Fe en favor de la demandada - Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM)- para representar a los trabajadores municipales de la provincia en la Comisión Paritaria, cuyas resoluciones y acuerdos serán aplicables en todos los municipios de la Provincia, contradice el principio de pluralidad de representación en el sector público (art. 15 de la ley 10.052 de la provincia de Santa Fe, modificado por la ley 12.750, Resolución 255/03 del MTE y SS y los arts. 4 y 6 de la ley 24.185) y se opone al artículo 35 de la ley 23.551 que establece una preferencia por el sindicato de primer grado para representar los intereses colectivos de los trabajadores por sobre la asociación de segundo grado. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Bianciotto, Carlos c/ Perea, Ramón Rubén y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-30

Respecto a la arbitrariedad ha de considerarse que para atacar a una sentencia por dicha causal, es necesario que se manifieste en ella una alteración de los contenidos esenciales del proceso, la arbitrariedad por el sólo hecho de existir es siempre desquiciante del debido proceso y del esquema de derechos y garantías constitucionales.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, cambio de calificación legal, falsificación de cheque, falsificación de instrumento privado, graduación de la pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: NASSER, A. s/ RECURSO REVISION - FALSIFICACION CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Cuando las condiciones jurídicas y no fácticas de encuadramiento han operado un cambio, aunque éste no sea producto de un plenario sino de la modificación de un criterio interpretativo sólo mayoritario que adoptase la Sala a partir de la causa "Cipullo" del 12/11/85 falsificación de cheque, equiparándoselo a documento privado- las pautas de mensura que enumera el art. 41 C.P., deben variar el juicio de valor que se emite para la determinación, no ya de la punibilidad de los hechos, sino de la individualización y graduación de la pena; más aún si se trata de su unificación con otra, producto de una ley más grave, al haberse elegido el principio composicional.

Procede en consecuencia hacer lugar al recurso de revisión, disminuyéndose la pena única que se dictara.
Actos jurídicos, declaración de insania, actos anteriores a la declaración de incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Kavanagh de Carabelli, Angela y otro c/ Kavanagh, Corina s/ Sucesión y otros - nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

Respecto a los actos realizados por un demente no declarado, es menester distinguir dos hipótesis distintas: a) que con posterioridad se declare la interdicción y b) que tal interdicción no llegue a dictarse.

En el supuesto de que se invoque la nulidad de un acto realizado por quien, al tiempo de efectuarlo no estaba interdicto, pero fue declarado incapaz con posterioridad, se aplica el artículo 473 del Código Civil.

Para la otra hipótesis, además de las normas generales, el Código Civil incluye los artículos 474 y 3616. Según el primero de esos textos, "después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad. La Ley 17.711 incorporó al artículo un apartado final, que regla: "esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido". A tenor del artículo 3616, "la ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario. Al que pidiese la nulidad del testamento, le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones: pero si el testador algún tiempo antes de testar se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, el que sostiene la validez del testamento debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido...".
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión Ublas Bernardino c/ Abraham Textil S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-31

Atento el carácter alimentario del salario es de suma gravedad la falta de pago del mismo que constituye la primera y capital obligación del empleador, por lo que ante su incumplimiento no es posible exigir al trabajador la efectivización del que a éste le es propuesto como contrapartida de aquél, su prestación de trabajo. Por lo que se concibe el derecho de éste a retener su prestación hasta la regularización de la situación total o parcialmente sin necesidad de recurrir a los Tribunales; es una situación de autotutela que le reconoce el ordenamiento jurídico.
Rehabilitación (penal), daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: MIÑONES, J. s/ REHABILITACION. OMISION DAMNIFICADA INICIAR JUICIO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-04

No procede la rehabilitación solicitada por el condenado, pues la falta de iniciación de alguna acción legal por parte de la damnificada a casi tres años de ocurrido el hecho de autos, no exime a aquél de la exigencia prevista en el art. 20 ter. C.P. de reparar los daños que pudo haber sufrido la nombrada, aunque más no sea intentándolo por medio de algún acto positivo de su voluntad que revele su intención de estar dispuesto a responder pecuniariamente frente a la damnificada.
Enfermedades inculpables, incapacidad absoluta, indemnización por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Alfaro, Lorenzo Gustavo c/ O.S.C.A. Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-16

Para hacerse acreedor de la indemnización del art. 212 4to. párrafo de la L.C.T., debe tenerse en cuenta que resulta indiferente la causa que provoca el cese de la relación laboral. Lo que se requiere en definitiva es que se concrete la incapacidad estando el trabajador vinculado con su principal y que ésta se encuentre notificada al empleador, circunstancia acreditada en el caso con constancias del expediente administrativo.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, ley de orden público, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: PROARTEL S.A. Y OTRO c/ SERVICAB S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

La suma de $ 69,39 que el "a quo" intimó a pagar en la resolución en crisis, en concepto de tasa de justicia, marca el interés económico o contenido patrimonial al que ha quedado reducida la controversia (cfr. esta Sala, Causas 6658/92 del 6.8.96, 23.292/95 del 27.8.96 y 988/92 del 29.8.96), el cual no alcanza el valor que el artículo 242 del Código Procesal -texto según la Ley 23.850 (B.O. 31.10.90)- exige para habilitar la segunda instancia; norma de orden público, extremo que la torna indisponible para las partes.
Sanciones administrativas, Comisión Nacional de Valores, multa administrativa, responsabilidad de los directores, responsabilidad del síndico de la sociedad, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASTARSA <SA> s/ Quebrantos Impositivos. Comisión Nacional de Valores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

Resulta procedente la aplicación de multa por la comisión nacional de valores a los directores titulares y síndicos de una sociedad en forma solidaria (Astarsa S.A.), por haber incluido indebidamente en sus estados contables un activo por créditos por quebrantos impositivos, toda vez que, si bien es cierto que el consejo profesional de ciencias económicas es una entidad idónea para establecer pautas referidas a las prácticas contables, y que, en principio, su acatamiento corresponde a todas las personas físicas o jurídicas cuya actividad presuponga la obligación de confeccionar estados contables, sin embargo, no es menos cierto que -en el caso- la comisión nacional está facultada para dictar normas especiales que eventualmente puedan modificar algún aspecto concreto de las pautas generales vigentes en dicha materia, obligatorias, por supuesto, tan sólo para los sujetos que se hallen insertos en la actividad que éstas regulan, lo que presupone, en definitiva, una aplicación concreta del principio de que las leyes prevalecen por sobre las generales, resultando incorrecto poner en tela de juicio las normas dictadas por dicha entidad debidamente habilitada para ello.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil, instrumentos privados, certificado de deuda
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

El certificado de deuda expedido en los términos de la ley 24557: 33-3° y 46-3°, reposa en la necesidad de confeccionar un instrumento de ejecución forzosa con todas las características que le son propias, y se apoya en la presunción de seriedad, idoneidad y profesionalidad del ente emisor. Un título de esta naturaleza, que detalla con precisión los cargos adeudados y se halla suscripto en debida forma, constituye un instrumento autónomo, que se basta a sí mismo y no necesita de complemento alguno (conf. CNCom, Sala D in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán ART s/ ejecutivo", del 13/06/17; entre otros).
Despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: RODAS, Marcelo D.; FARFAN PARDO, Julio Alfredo c/ NUEVO BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-08-09

Resulta justificado el transcurso de un lapso más o menos prolongado entre el despido y la causa que lo ocasiona, cuando resulta necesario investigar como ocurrieron los hechos mediante un sumario.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, billete de pasaje, demora en el servicio, sobreventa de pasajes, incumplimiento del contrato, Aerolíneas Argentinas, temeridad o malicia, falta de prueba, indemnización, consecuencias inmediatas
Materia: AERONAUTICO
Carátula: CAPON, CARLOS A. Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

De la prueba producida no surge que la alegada conducta maliciosa y temeraria pueda serle imputable a Aerolíneas Argentinas específicamente, toda vez que, como lo pone de relieve Capaldo de Nolfi en "Un Enfoque más sobre el 'Overbooking' en el Transporte Aéreo" existen varios supuestos de "overbooking" en los cuales tal sobreventa no es producto de la actividad de la transportista (v. gr.

confirmación del agente de viaje a su cliente sin contar con la conformidad del transportista). Se trata de un supuesto de incumplimiento contractual, debiendo responder por las consecuencias inmediatas y necesarias de tal obrar (art. 520 del Código Civil).
Procedimiento laboral, sellado judicial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: A.D.O.S. s/ Concurso Preventivo - Incidente de Revisión D/ Osvaldo Aguilar Orantes
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-03-12

Cuando la calificación como relación laboral está firme no puede ser desconocida por las partes ni por el propio juez de Primera Instancia.

Ello implica que es plenamente operativo, no solo el art. 30 del C.P.L. en su actual redacción sino además el art. 238 del Código Tributario de la Provincia que expresamente regula que "no se hará efectivo el pago del gravamen en las siguientes actuaciones judiciales: 1 Las promovidas con motivo de reclamaciones derivadas de las relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo, en la parte correspondiente a empleados u obreros, o a sus causas - habientes;.... ".
Notificación por cédula, agregación de la causa penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero de Otero, Patricia Liliana c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Debe notificarse por cédula la reanudación del proceso por la agregación de la causa criminal.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: R. H. Y. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde revocar la sentencia de Cámara que ordenó al GCBA entregar a la amparista el subsidio instrumentado a través del decreto n° 637/16 (y sus modificatorios) y estableció que éste debía calcularse, según la cantidad de adultos equivalentes que representa el grupo familiar, respetando la pauta de referencia fijada en el art. 8° de la ley 4036 o el monto previsto en el decreto, lo que resultase superior. Ello así, corresponde limitar la condena a que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto n° 637/16 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derecho sobre cuya base se resuelve. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ore Márquez, María Elizabeth c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 12552/15, y su acumulado "Ore Marquez, Maria Elizabeth s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ore Marquez, Maria Elizabeth c/ GCBA s/ incidente de apelación", expte. n° 12580/15, sentencia del 6/7/2016, -haciendo excepción de lo dispuesto en el punto 3.1., con relación al modo de calcular el índice de la canasta básica alimentaria-).
Posesión, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURA, LUIS RINALDO c/ TORLASCHI, NELIDA MARIA s/ REINVINDICACION DE INMUEBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-07

La clasificación de la conducta de la accionada de buena fe (aunque la misma no se efectúe por una vía directa sino excluyendo la mala fe) implica un reconocimiento del decisorio de la ilegitimidad de la posesión ya que es jurídicamente imposible hablar de buena o mala fe cuando ella es legítima habida cuenta que dicha clasificación se ha establecido normativamente únicamente para la posesión ilegítima.
Honorarios, bonos de consolidación, pacto de cuota litis
Materia: LABORAL
Carátula: Albacete, Gustavo y otros c/ OSN s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17

Las acreencias atinentes a los pactos de cuota litis ratificados tienen su causa fuente en el convenio por el cual los actores reconocieron al letrado, en este caso, el 20 % del crédito que lograran a su favor. Tal accesoriedad sustantiva, que impone a los actores la entrega de un porcentaje de lo percibido en el proceso- sea en dinero efectivo, títulos públicos o cualquier otro bien-, no puede alterarse en razón de la atípica forma de cancelación del pasivo público, pues la novación legal no se proyecta sobre esos contratos anteriores, que quedan indemnes al no existir preceptiva legal alguna que lo afecte. Por ello, si los accionantes van a ser satisfechos con títulos públicos, no puede aceptarse que el convenio de honorarios pueda canalizarse en sus modalidades "pro soluto", con valores que difieren en su calidad estructural.
Nulidad de sentencia, procedencia del recurso, libertad condicional, régimen penitenciario, dictamen fiscal, salidas transitorias, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazarte, Jonatán José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa oficial, anular la resolución recurrida (en cuanto rechazó la libertad condicional solicitada en favor de Lazarte para ser evaluada a partir del 21/8/20, ante la reducción en 5 meses de las fases y etapas del sistema progresivo penitenciario) y remitir las presentes actuaciones al a quo para que, previa intervención de las partes, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos establecidos. Ello así, en tanto la resolución venida en recurso se encuentra afectada por un vicio de nulidad, toda vez que no se facilitó la intervención previa de la defensa para evaluar y postular su criterio en orden a las cuestiones alegadas por el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen que fuera agregado al sistema Lex100 en fecha 27/05/2020, sobre los que el a quo resolvió el rechazo de las salidas transitorias. Así, la decisión emanada del órgano jurisdiccional no se encontró precedida de un contradictorio, siendo que la actividad jurisdiccional se desarrolló in audita parte, privando a la defensa de toda posibilidad de contestar y expresar su punto de vista en orden a las cuestiones introducidas por el representante del Ministerio Público Fiscal. Esta defectuosa sustanciación, que culminó en el rechazo de la petición solicitada tras escuchar al fiscal sin el control de la defensa, debe fulminarse con la sanción de invalidez de conformidad con las pautas del art. 167 del digesto de rito por afectación del derecho de defensa en juicio y debido proceso, la que cabe imponer aún de oficio.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Río Branco c/ Pirani Guillermo Darío s/ Rescisión de contrato. Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La totalidad de los intereses -incluidos los punitorios que, pactados en el tres(3) por ciento diario han sido reducidos por éste decisorio- serán liquidados con la tasa del dieciocho (18) por ciento anual hasta el 31 de marzo de 1991 y desde allí según la tasa activa en operaciones de descuento de documentos de terceros a treinta días, incrementadas en un cincuenta (50) por ciento, percibida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Establecimientos asistenciales, servicio de hotelería, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: LUCERO, Silvia c/ COMIDAS PROGRAMADAS SA DE CATERING s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

La actividad de hotelería (servicio gastronómico que reciben los pacientes internados en un sanatorio) es inseparable de la atención estrictamente hospitalaria. (Del voto del Dr. Morando).
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Siciliano Ezequiel c/ Vergottini Gustavo s/ Daños y Perjuicios-beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

Debe correrse traslado al asegurado de la oposición de la aseguradora en virtud de la cual ésta declinó la cobertura del seguro contratado por el accionado, en tanto la omisión del mismo, implicaría un cercenamiento o afectación de su derecho de defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Litisconsorcio, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jockey Club de la Provincia de Bs.As. c/ Amelco SACI y otra s/ Cobro de pesos. Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Si ambos litisconsortes activos han intervenido en procura de una misma e igual declaración, esto es que el órgano jurisdiccional acoja la demanda y rechace la reconvención, entre ellos no hubo confrontación, debate o contienda judicial, es decir no ha mediado ninguna vinculación procesal que los enfrentara y, por lo tanto, dichos litigantes no pueden invocar la calidad de victorioso ni de derrotado entre sí, su efecto es que cada uno responda en forma individual y no en conjunto de las costas que se impusieron (arts.

68, 75, Código Procesal).
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JULIO ALBERTO S.D. HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA E.P. HUGO RODOLFO JIMENEZ s/ APELACION LEGUIZAMON, CESAR MARCELO e.p. FRANCISCO RUBEN ACOSTA s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-07-03|2007-05-21

Es principio rector que la nulidad no se justifica por la nulidad misma, cuando no surge en forma evidente que se haya omitido alguna de las formalidades legales.
Código aduanero, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Propulsora Siderúrgica  S.A.I.C. s/ Recurso de Apelación -  ANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La enumeración de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el art. 755 del Código Aduanero no es taxativa.
Impulso procesal, providencia simple
Materia: PROCESAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Las providencias mera interlocutorias, de trámite o de simple sustanciación tienen por objeto propender al impulso procesal.

Mediante ellas, el Juez accede a los petitorios de las partes que tienen por fin "requerir de éste una resolución de contenido determinado".
Competencia contencioso administrativa, actuaciones administrativas, control de legalidad, control de razonabilidad, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INC S.A. en autos MCR Oficina Defensa del Consumidor c/ INC S.A. s/ presunta infracción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-23

La graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. No hay actividad de la administración ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, es decir, aún tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, esta en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto".-
Régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad, expropiación, indemnización expropiatoria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional c/ Textil Escalada SAIF. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

Es inconstitucional el régimen de la ley 23.982 en su aplicación al pago de la indemnización por expropiación, pues un sistema que comporte una demora en el cobro de la indemnización es inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al expropiado y, por tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Fundamental.