Confirmación de sentencia, irretroactividad de la ley penal, abuso sexual, prescripción, menores, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: P., S. G. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-11

Magdalena Laíño votó por confirmar la resolución por inscribirse la situación en el mismo sentido que la doctrina fijada al votar en los autos "V." (CCC 16385/2018, rta. el 27/2/19) y "C" (CCC 51563/2018 rta. el 29/4/19 -enviado como Mail de interés nº 125-). Destacó igualmente que rige al respecto el principio de irretroactividad de la ley penal que reconoce como única excepción la aplicación retroactiva de una ley penal posterior más benigna para el imputado. Que en el caso de los delitos internacionales el instituto de la prescripción no encuentra protección en el principio de legalidad, de la que sí gozan el resto de los delitos comunes. Que las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 al Código Penal constituyen una ley más gravosa que la vigente al momento de ocurrencia de los hechos y que sus exposiciones dejaron en evidencia que la cuestión no se encontraba zanjada a nivel interno siendo necesario el dictado de una normativa que redefiniera los plazos de prescripción en los casos en los que los menores eran víctimas de delitos contra la integridad sexual. Precisó en orden al agravio esgrimido por el recurrente que "(...)avanzar en el sentido que propone (...) implicaría apartarse del art. 27 de la Constitución Nacional constituye una norma de inestimable valor para la soberanía de un país, en particular, frente al estado de las relaciones actuales entre los integrantes de la comunidad internacional. Esta interpretación preserva -ante las marcadas asimetrías económicas y sociales que pueden presentar los Estados signatarios de un mismo Tratado- el avance de los más poderosos sobre los asuntos internos de los más débiles; en suma, aventa la desnaturalización de las bases mismas del Derecho Internacional contemporáneo, pues procura evitar que detrás de un aparente humanismo jurídico se permitan ejercicios coloniales de extensión de soberanía. El art. 27 impide claramente la aplicación de un tratado internacional que prevea la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal, en tanto el principio de legalidad que consagra el nullum crimen nulla poena sine lege praevia es innegablemente uno de los principios de derecho público más valiosos de nuestra Ley Fundamental. (CSJN Fallos: 328:2056, disidencia del Dr. Carlos S. Fayt). (...)". Agregó que "(...) Contrariamente a lo alegado por el apelante, no existe ninguna regla del derecho internacional de los derechos humanos que obste a que los Estados partes establezcan reglas de prescripción de la acción penal respecto de delitos de abuso sexual cometidos por personas particulares que no son agentes del estado, ni obran con su aprobación o bajo su dirección. El abuso sexual u otras formas de abuso infantil no están comprendidos en ninguna disposición de un tratado que establezca su imprescriptibilidad.(...)". Indicó también que "(...) si bien la tutela de los derechos humanos frente a violaciones especialmente graves e insoportables, que pudieran quedar a salvo de sanción -diluyendo el deber de justicia penal derivado de la obligación de garantía que incumbe al Estado-, ha llevado a excluir ciertos hechos del régimen ordinario de prescripción, e incluso de un trato prescriptivo más riguroso instalado sobre determinadas condiciones y plazos más prolongados, que tienden a mantener viva la potestad persecutoria del Estado, no es menos cierto que esa imprescriptibilidad de la pretensión no debe extenderse a cualquier hipótesis delictuosa. En este sentido, la reducción o exclusión de derechos y garantías tiene carácter extremo en el examen sobre la pertinencia de mantener ciertos derechos tradicionales, cuando se quiere proveer, por aquel medio riguroso, a la mejor protección de otros derechos y libertades (cfr. Corte IDH sentencia en el caso "Albán Cornejo" voto razonado del juez García Ramírez, párr. 29 y ss.). Tal es la situación que se presenta en la especie. La conducta aquí tratada involucra las presuntas agresiones sexuales que el imputado habría cometido en perjuicio de su sobrina, más allá de la gravedad de los extremos denunciados, remiten a episodios acaecidos en un ámbito intrafamiliar sin intervención alguna de representantes de la autoridad pública. Y no se aprecia ninguna actividad por parte del Estado que pudiera interpretarse como obstructora de la posibilidad del ejercicio de la acción penal. (...)". Por último, señaló "(...) más allá de la cuestión relativa a la insubsistencia de la acción, en el caso se debe asegurar la tutela judicial efectiva a través de la realización de un "juicio a la verdad", otorgando a quien resultaría víctima del hecho denunciado, la posibilidad de acceder a la determinación de la verdad. (...) La génesis del derecho a la verdad, es un derecho de las víctimas, sus familiares y de la sociedad a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, en cuyo contexto se tiende a la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En una dimensión individual, la verdad supone que tanto víctimas como familiares conozcan sobre los hechos que dieron lugar a las violaciones y los actores involucrados. Ello se vincula con la necesidad de que un órgano expida una declaración expresa en tal sentido, lo cual no existe en sede penal, pues en el procedimiento ritual no está prevista una acción declarativa con tales características, por lo que la petición resulta inviable procesalmente. En todo caso, la vía adecuada sería la del amparo (art. 43 Constitución Nacional), en cuyo contexto se podría eventualmente, propender la materialización del derecho a la verdad. Las circunstancias aquí instaladas no son en absoluto análogas a aquellas que determinaron la solución adoptada en el precedente "Funes" de la CSJN (causa F. 294. XLVII, resulta el 14 de octubre de 2014) y en "Funicelli" de la CNCCC (Sala 3, c. 38644/2015, reg. n° 1643/2018 del 18 de diciembre de 2018) y en esa medida no se advierte, ni la recurrente tampoco ha señalado, los fundamentos concretos en base a los cuales la investigación debe continuar pese a la extinción de la acción penal. (...)".