marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Liquidación judicial, actualización monetaria, liquidación extrajudicial, desindexación, leyes, aplicación de la ley, competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Carranza, Elvira c/ Consorcio Edificio Aruba s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 708- 95) Moyano, Ramon c/ Cappelletti S.R.L. s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   161-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23|1997-11-26

Al estimar el Tribunal A quo inaplicable la ley desindexatoria por tratarse el "sub examine" de una obligación de origen laboral, con la excusa de irritar "al sentido de la justicia", efectúa una hermenéutica de la normativa en cuestión, que importa sin más cercenar el alcance de la ley 24283 y desnaturalizar el propósito mismo que tuvo en miras el legislador al sancionarla: la restitución -en aquellas situaciones generadas por la aplicación de sistemas destinados, originariamente, a corregir la alteración de la equivalencia de prestaciones- de la proporcionalidad entre esos créditos y obligaciones.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Cano, Jorge Héctor c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.I.C.F.I.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

A los efectos de contar desde cuándo nace el plazo de prescripción, debe considerarse la determinación de la incapacidad o toma de conocimiento efectivo por parte del trabajador; y en lo relativo a qué se entiende por determinación de la incapacidad, lo verdaderamente preponderante es el conocimiento que la víctima posea respecto del perjuicio a ella; más allá de que no sepa el grado o porcentaje puntual en que ha sido damnificado (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias, marcas, marcas designativas, oposición al registro de marca
Materia: PROCESAL
Carátula: KLUKOL SA c/ CERAMICA ZANON SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

Tal como lo destaca el señor Fiscal de Cámara en su dictamen, en ambas causas aparece como nota relevante la necesidad de fijar los alcances de la palabra "Klinker", a la cual, la parte atribuye carácter designativo de un producto usado como material para la construcción. A ello se suma la identidad de los sujetos del proceso, bien que revistiendo inversa posición según cual se considere. Así pues, y teniendo en cuenta los eventuales efectos de cosa juzgada, ya que lo que se decida en una causa podría tener incidencia en la otra, cabe concluir que en el caso, la acumulación de procesos es la medida adecuada para evitar el riesgo del dictado de pronunciamientos contradictorios, o bien con la finalidad de someter las cuestiones implicadas al conocimiento de un mismo órgano jurisdiccional, facilitándose de tal modo la decisión que sobre el particular corresponda adoptar (cfr. esta Cámara, Sala II, Causas 3605 del 26.4.85; 5464 del 2.10.87; CNCiv, Sala A, del 11.11.91, LL 1992-B, 577; id. Sala E, del 18.6.91, LL 1991-E, 299; entre otras).
Impuestos, revalúo impositivo, acción meramente declarativa, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BASSO DE ZUBIZARRETA, Clara S.T. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-17

Si frente a la intimación cursada por la Comuna respecto de una liquidación por revalúo retroactivo, el particular inicia una acción declarativa sobre el efecto cancelatorio de los pagos oportunamente realizados en concepto de tasas municipales, se configura uno de los supuestos en los que la propia conducta de la Administración hace presumir la ineficacia del procedimiento administrativo previo. Del voto de la mayoría: Dres. Giardulli y Lozano
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Estado Provincial c/ CO.TA.PA. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-24

El artículo 539 de la ley de rito, permite el debate amplio para que las partes hagan valer sus defensas sobre las cuestiones excluídas del proceso abreviado de la ejecución, y la norma mentada tiene raigambre constitucional ya que su fuente es el artículo 18.

El juicio de conocimiento establecido por el ordenamiento procesal, para revisar la sentencia pronunciada en los juicios ejecutivos, garantiza la posibilidad de la amplitud de la defensa y prueba que están limitadas en aquellos procesos rápidos.
Cuidado personal compartido, alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A., A.M. c/ M., J.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-12

Cuando se produce un cambio en el régimen de tenencia de los menores, no cabe duda del derecho del alimentante a reclamar la cesación de la cuota alimentaria. "Es que el ejercicio de la tenencia constituye un presupuesto necesario de este particular modo de cumplimiento de la obligación alimentaria, de la cual son acreedores los hijos".
Divorcio, ofensas vertidas en juicio, injurias, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: G. C., K. c/ S. M., A. P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Para que las expresiones puedan llegar a revestir el carácter de injurias vertidas en juicio se requiere que hayan sido graves, que hayan excedido los límites de la defensa y que se hayan expuesto con mala fe y ánimo difamatorio. Si no se intentó sustanciar prueba alguna en relación a los cargos proferidos, ni siquiera con atisbo del propósito de dar algún indicio de su veracidad, ni se ha acreditado oportunamente tales hechos, resulta adversa la prueba o manifiestamente falsa, aquéllas no pueden tenerse por configuradas.(del voto del doctor Pettigiani)
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: NONIDE, Leonor Ester c/ VAZQUEZ, Jorge Rodolfo s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

La contradicción requerida para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la ley debe referirse a la emisión de juicios de derecho, de interpretación sobre las normas jurídicas o la voluntad de la ley, desechando todas aquellas contradicciones que tengan origen en situaciones de hecho diferentes, que justifiquen distintos pronunciamientos o formas de actuación de la ley. El remedio sólo resulta viable cuando la interpretación o aplicación de las leyes u otros dispositivos normativos de derecho pueden llegar a soluciones contradictorias y no cuando, por imperio de la ley misma, esa solución ha sido librada, en definitiva, al prudente arbitrio del juzgador, para cuyo ejercicio debe basarse, necesariamente, en circunstancias particulares de cada caso.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: Taussig, Jorge F. s/ art. 109 y 110 del CP. -causa Nx 6946-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

El derecho federal a no ser perseguido penalmente dos veces por el mismo hecho sólo es susceptible de tutela inmediata.
Sucesión testamentaria, aprobación del testamento, Ministerio Público
Materia: CIVIL
Carátula: Stoll, Violeta Andrea s/ sucesión testamentaria proceso especial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El Ministerio Público, sólo está habilitado para intervenir en la sucesión testamentaria hasta la aprobación del testamento (art. 693 inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cruz Anibal s/ Tercería de dominio en autos "Vázquez c/ Camili s/ Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

Con un criterio amplio, y con apoyo en la realidad de lo que sucede en el tráfico negocial inmobiliario, y con la finalidad de tutelar a todos aquellos que han adquirido bienes mediante boleto de compraventa, han pagado el precio y han obtenido la posesión (doct. art. 1185 bis del CCI), se admite que interpongan tercerías a fin de "hacer valer su derecho" a obtener con preferencia la escrituración del bien respecto al embargante de los mismos.
Insuficiencia del agravio, condiciones de detención, habeas corpus
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Mauricio. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-07

El voto concurrente señaló que el recurrente no expuso consideración alguna respecto de las medidas oportunamente adoptadas en razón de las deficiencias inicialmente apuntadas por el interno a efectos de asegurar el suministro de los elementos de limpieza, lograr una mejora en el sistema de recolección de residuos y el correcto funcionamiento del sistema de desagüe, circunstancias que resultaban ser aquellas que motivaron la interposición del presente habeas corpus. Si bien a criterio del presentante las medidas adoptadas resultan insuficientes cierto es que dan respuesta a los pedidos efectuados mientras se tramitan las actuaciones vinculadas con las refacciones reclamadas. Dres. Borinsky y Carbajo -voto concurrente-.
Excarcelación, caución real, falta de antecedentes penales, turista
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ DROGUETT, Carlos Roberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

Hechos: La defensa interpuso recurso de apelación contra el auto que no hizo lugar a la excarcelación del imputado bajo ningún tipo de caución. Se le endilga al encausado la comisión del delito de robo simple en grado de tentativa; éste carece de antecedentes condenatorios y se trata de un turista que vive desde hace tan sólo 20 días en una vivienda tipo conventillo.

Fallo: La naturaleza del hecho y la situación personal del imputado, amerita la imposición de una caución real suficiente que asegure su sometimiento al proceso. El imputado debe permanecer en libertad mientras se sustancie el proceso, y debido a la precariedad de su arraigo, se le impone una caución real, sin perjuicio de las obligaciones que el Juez de instrucción estime conducentes a dichos fines (art. 310 del C.P.P.N.).

Se resuelve revocar el auto en cuanto no hace lugar a la excarcelación del imputado y conceder la excarcelación bajo caución real.
Docentes, universidades nacionales, reincorporación, citación judicial, falta de citación, nulidad de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALLA, MARIO CARLOS c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION s/ NULIDAD - REINCORPORACION - COBRO DE HEBERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-09

Aunque debe hacerse lugar al pedido de nulidad planteado por la Universidad Nacional de Salta, que no fue parte en un juicio donde se pretende la reincorporación de un profesor dejado cesante y la indemnización por ilegitimidad de la baja, razones de economía procesal, así como el carácter relativo de las nulidades, impiden que, por efecto del vicio incurrido en perjuicio de dicha Universidad, pierdan validez las actuaciones seguidas contra el Estado Nacional en tanto las pretensiones del actor puedan ser resueltas sin requerir que la sentencia condenatoria alcance directamente a la persona jurídica preterida. (En el caso, se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de la resolución ministerial que, al resolver un recurso de alzada, había mantenido la baja del actor).
Legislación tributaria provincial, prescripción
Materia: CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Rentas c/ Fincas de Catamarca S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Conforme a lo dispuesto por la CSJN las normas provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, resultan inválidas, es que en ese orden, no presenta inconveniente el plazo quinquenal fijado por el Código Tributario al ser idéntico al dispuesto por la ley de fondo. En el caso, sin embargo, el problema se traslada al modo de interrupción de la prescripción.

El Código Tributario en el art. 85 dispone, entre otros actos, en el inc.c) otorgar efecto interruptivo de la prescripción a las actuaciones administrativas, apartándose también de ese modo, del texto legal de fondo que provee de esa virtualidad solamente a la demanda judicial, por lo cual resulta inconstitucional. Al respecto la Suprema Corte de la Nación en fallos 493:427, sostuvo: " normas de índole local no pueden alterar las normas de comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción". Esta interpretación no hace más que seguir también en este punto, la corriente jurisprudencial tradicional según la cual, a la "demanda" -art. 3986 del C.C.-son equiparados otros actos judiciales, pero las gestiones administrativas no tienen idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción, ello sin perjuicio del efecto que puedan tener conforme al art. 3986 C.C. último párrafo.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE ENTRE RÍOS, bienes embargables, bienes inembargables, interpretación restrictiva, jurisprudencia aplicable, interpretación y aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Petizco, Jonathan Ismael  c/ Messer, Sergio Oscar -Cobro De Pesos s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-13

En razón de que el patrimonio del deudor es garantía y prenda común de los acreedores, la embargabilidad de sus bienes es la regla. En razón de ello, y habida cuenta de que la inembargabilidad es la excepción, debe apreciarse en cada caso su pertinencia con criterio restrictivo. Doctrina y jurisprudencia concuerdan respecto del supuesto de excepción al régimen de embargabilidad, contenido en el art. 216 del CPCC entrerriano que reproduce el art. 219 del CPCCN, que la inembargabilidad sólo beneficia a los instrumentos necesarios para el desempeño individual de una profesión, arte u oficio y no se extiende a las maquinarias, instrumental mecánico e instalaciones afectadas a un establecimiento industrial y comercial, porque en tal caso aparece configurada una acumulación que excede el marco delineado por la norma. Los supuestos de excepción al principio general de que los bienes del deudor constituyen la garantía común de los acreedores, legalmente contemplados, tienen su fundamento en la sustracción de un mínimo necesario, y obedecen a la humanización del proceso. El legislador consagra pautas genéricas, directivas o conceptos de textura "abierta", cuya interpretación queda librada al prudente arbitrio judicial en cada caso concreto y en cada momento histórico (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Procedencia parcial, indemnización por accidente de tránsito, lucro cesante, salario mínimo, vital y móvil
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Medina, Ernesto Maximiliano c/ Arias, Horacio Osvaldo y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-28

Procede parcialmente el recurso de apelación deducido por los propietarios codemandados, sólo en cuanto al tope de edad aplicable a la fórmula Marshall para el rubro de lucro cesante, dado que es criterio de este Tribunal que cuando el actor impone un límite a su reclamo señalando una edad tope para la fórmula, debe estarse a lo expresamente pretendido ya que de lo contrario se violaría el principio de congruencia -arts. 327 a 330 del CPCC de la Provincia de Córdoba-. En virtud de lo expuesto, resulta razonable aplicar el salario mínimo, vital y móvil vigente al momento del dictado de la sentencia de Primera Instancia.
Daños y perjuicios, carga de la prueba, obligaciones del proveedor, garantía al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: EXP. N° 33.357 ASHIMINE, RITA CAROLINA Y OTS. C/ SIUFFI DE MORILLA, TERESA Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-06-22

Variará fundamentalmente el sistema de presunciones y las cargas probatorias impuestas por la Ley de Defensa del Consumidor interpretada a la luz de la Constitución Nacional, pues como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, probado que el hecho dañoso se produjo dentro de un establecimiento, tal circunstancia coloca la cuestión bajo la esfera de la garantía constitucional del artículo 42 que es plenamente operativa.

Esto conlleva a la necesidad de garantizar a las personas en la relación de consumo, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

Por lo tanto el proveedor debe asumir la carga probatoria de demostrar que el establecimiento fue totalmente ajeno a los hechos dañosos ocurridos al consumidor dentro de ese establecimiento.
Prueba, testigo único
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Legajo de requerimiento de elevación a juicio en autos Newbery Greve, Guillermo Eduardo s/ inf. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

El recurrente sustenta su razonamiento a partir del antiguo adagio "testis unus, testis nullus", con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no constituye una prueba suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho o la autoría y participación de un sujeto respecto de ese hecho, pero dicho postulado axiomático no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente en la Ciudad, que adopta como reglas generales la "amplitud probatoria" para demostrar los hechos y circunstancias de relevancia; y el sistema de la "sana crítica", como método para valorar la prueba producida (arts. 106 y 247, CPPCABA). (Voto de las Dras. Ana María Conde e Inés M. Weinberg, al que adhieren los Dres. Luis F. Lozano y José O. Casás).
Despido con causa, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Arcos Alvarado, Regina Elizabeth c/ Coiffeurs S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-09

Las formalidades establecidas en el art. 243 de la LCT son de cumplimiento imprescindible cuando se invoca extinción del contrato de trabajo con justa causa, porque la obligación de notificar los motivos del despido y no poder modificarlos en juicio, responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa.
Contestación de la demanda, plazos procesales, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: SMREKAR, Paula c/ STOCKER, Javier A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Presentado el escrito de contestación de la demanda dos minutos tarde, no puede aceptarse la validez de tal acto, puesto que ello importaría establecer "un plazo de gracia de otro plazo de gracia". De adoptarse hoy tal temperamento, igual habría de obrarse el día de mañana, si la tardanza fuere de tres, cuatro o cinco minutos, sucesivamente, con la consiguiente inseguridad provocada por falta de límites precisos, cuando, sabido es, tal valor es también un aspecto de la noción de lo justo. De allí que no se trate de una cuestión meramente formal el respeto de los plazos procesales, sino de conducir el proceso en términos de estricta igualdad, en salvaguarda de la garantía constitucional respectiva.-
Derecho laboral, contrato de trabajo, despido, monto de la indemnización, sentencia, principio de congruencia, deberes y facultades del juez, diferencias salariales, asignación remunerativa, sueldo anual complementario, preaviso, vacaciones no gozadas, intimación previa, obligaciones del empleador, multa, regulación de honorarios, base imponible, costas, pacto de cuota litis
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Moyano, José Anastasio c/ Dls Argentina Limited Sucursal Argentina s/ despido directo por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-04-21

4.- En lo que respecta a las vacaciones del año 2012, llega firme a esta instancia la sentencia en cuanto condena al pago de las mismas pese a la regla del art. 162 de la LCT. No obstante ello, el art. 155 inc. a indica que la base de cálculo para liquidarlas es el importe del salario al momento de su otorgamiento.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: García, Juan Carlos s/ Robo agravado por su comisión en poblado y banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Ni la pluralidad de autores ni la diversidad de víctimas son obstáculos para afirmar que se trata de un hecho único. Las acciones de cada uno de los partícipes son simplemente roles diversos asignados en un mismo y único hecho. Todos son autores porque toman parte en la ejecución del hecho (art. 45 1º párrafo C.P.) que no es otro que el violento apoderamiento ilegítimo de dos motocicletas. No hay siquiera un concurso ideal (art. 54 C.P.). El particular "modus operandi" refleja una acción obviamente concertada que es abarcada por el concepto jurídico de "banda". Tal circunstancia, adosada al lugar de comisión (art. 256 C.P.P.) permite encuadrar ese único hecho en la figura del art. 167 inc. 2º C.P.
Impuesto a las ganancias, remuneración del síndico de la sociedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RABINI HNOS.  S.A.C.I.F.I.A. s/ APELACION - IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Corte Suprema de Justicia en su actual composición modificó su doctrina y resolvió que los honorarios de los órganos directorio y sindicatura, por sus específicas funciones de tales, votados por la asamblea de accionistas como participación en las utilidades liquidadas y realizadas de la sociedad, no constituyen pasivo en el estado patrimonial de aquélla a la fecha de finalización del período fiscal que se discute, para determinar la base de cálculo del ajuste por inflación instituido por la ley 21.894.

Que en el fallo antes mencionado, la mayoría expresó "Que el predicado aclaratorio con que se ha calificado a la ley 22.438 es inaceptable; no es suficiente que el legislador lo reconozca, pues el debido resguardo de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio consecuente del control de razonabilidad de los actos públicos, impiden acatar un mandato que no es más que una reforma legislativa destinada a invadir la esfera propia de los magistrados.

Que ello es así toda vez que cuando bajo la vigencia de una ley en el caso la 21.894, el particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un derecho debe tenérselo por adquirido y es inadmisibles su supresión por una ley posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad; hipótesis que se da en el caso en que el contribuyente presentó en su oportunidad la declaración jurada del impuesto a las ganancias 1978 con sujeción a la ley 21 894 entonces vigente, generando de tal modo una situación tributaria consolidada no susceptible de ser menoscabada por una ley ulterior.
Subasta judicial, designación de martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: Napoli, José Pablo c/ Cray Don  S.A. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Aunque no se hubiera demostrado perjuicio cierto con motivo de la realización del acto irregular, art. 169, 172, 2do párrafo y concordantes del C.Procesal, existen indicios indicadores del menoscabo a la fe pública representada en el acto por el Martillero, que al realizar la subasta judicial no cumplió estrictamente con sus deberes legales de identificar al comprador, que en la instrumentación resultó ser una persona distinta de quien formuló la última oferta. Ello genera una seria sospecha pues, al no haber dejado constancia en el documento en cuestión de las razones explicativas de dicha circunstancia, obviamente ha violado una elemental regla formal, atinente a la seguridad jurídica que debe prevalecer en una subasta judicial.