Daños y perjuicios, abuso del derecho, principio de congruencia, pacta sunt servanda, recurso de casación
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bracamonte, Marcelo Adrián c/ V W Compañía Financiera s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

El actor inició demanda contra Volkswagen Compañía Financiera S.A solicitando la reparación integral de los daños que ésta le habría ocasionado al secuestrar el vehículo el día 16/10/2001 adquirido mediante un contrato de mutuo con garantía prendaria.

En primera instancia se rechazó la demanda, y apelada la sentencia, en Cámara se revoca parcialmente aquel pronunciamiento y en consecuencia resuelve hacer lugar a la demanda con relación al daño emergente solamente. Contra tal resolución, la demandada deduce el presente recurso de casación. En el caso, el agravio principal del recurrente gira en torno a la consideración que hace el Tribunal de Alzada respecto a que al momento del secuestro de la unidad, el demandado hizo un uso abusivo de la prerrogativa contractual, al no tener en cuenta que la mora del actor había sido purgada, puesto que se habían cancelado en el mes de septiembre de 2001 las tres cuotas impagas que se debían, hecho que había sido comunicado a la demandada, y no obstante ello, se procedió en el mes de octubre del mismo año a secuestrar y subastar el bien.

El recurrente afirma respecto a este argumento que, ante la mora producida a la fecha del secuestro, se ejecutó, sin más, el contrato de prenda, motivo por el cual solo se exigió el saldo impago, no ejerciéndose ninguna facultad resolutoria como entiende el Tribunal.

Ciertamente, y aunque el recurrente pretenda convencernos diciendo que son cuestiones diferentes las introducidas por las partes- ejecución de la prenda- y las tratadas por el Ad-quem -resolución del contrato-, en realidad no logro vislumbrar en la sentencia dónde es que se produce ese quiebre entre lo postulado, debatido, probado y controlado por las partes en el proceso y lo resuelto en aquélla que se trae a revisión. Aunque se afirme que en el caso no se hizo ejercicio de la cláusula comisoria, lo cierto es que el Tribunal se plantea, dadas aquellas circunstancia objetivas, el problema de los límites que subyacen en esta cuestión del ejercicio de los derechos, poniéndolos, en mi opinión ,en su justa medida.

El Tribunal analiza, en el contexto descripto, cuándo hay abuso y no simplemente uso normal y legítimo de un derecho subjetivo.

En ese afán, deja entrever que no cualquier incumplimiento puede justificar la ejecución de la prenda, que el hecho de que se haya pagado una parte sustancial del precio vuelve ineficaz el uso de aquella prerrogativa contractual, entrando en escena los intereses serios y legítimos de las partes en orden a la finalidad individuo- social de la prerrogativa estipulada, pues su ausencia determinará en definitiva el desamparo judicial. En conexión con ello, y en dirección a demostrar puntualmente que el Tribunal yerra en su razonamiento cuando da por sentado que hubo exceso en la pretensión de la demandada de ejecutar la prenda ante la mora, el recurrente acusa al Tribunal de prescindir de prueba dirimente, como la pericia contable que determinó que a la fecha del secuestro no se había cancelado la totalidad del plan.

Sobre dicha cuestión, conviene señalar que la selección del material probatorio y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado.

Sin perjuicio de ello, me veo obligado a destacar que la valoración que se hace en la sentencia de dicha prueba y de la restante es la que en definitiva termina coronando la decisión final, y que parte de la premisa de considerar que el incumplimiento o la mora en el pago de las tres cuotas que estaban vencidas no justificó, en el caso, el ejercicio del derecho.

En tal circunstancia, se analiza que lo debido no era significativo, ya que el capital abonado por el actor superaba el 90% de lo pactado, que las cuotas sindicadas de impagas fueron pagadas en 2001, y no en 2002 como sostiene la pericia, y que los móviles causales de la negociación no se vieron comprometidos.

En el mejor de los casos, para la postura de la demandada recurrente, es correcto preguntarse- como lo hace el Tribunal-, si obra de buena fe el demandado que inicia la ejecución de la prenda por la mora en el pago de las tres últimas cuotas, y procede a secuestrar la unidad.

La respuesta que dan los sentenciantes a este interrogante no merece ningún reparo serio del recurrente.

No puede aducirse ante ello sólo el principio plasmado en el Art.1197 de nuestro Cód. Civil, según el cual somos siervos de nuestros pactos y debemos, en consecuencia, someternos a ellos, pues éste, se sabe, no es absoluto; todas las prerrogativas jurídicas son esencialmente relativas y caducan ante principios cuya supremacía no cabe discutir, como son los del orden público, la equidad, la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

De allí, entonces, que lógica y necesariamente deba concluirse que la aplicación de estos principios conducen al apartamiento del principio sentado en el Art.1197, pues su aplicación en el presente caso implica un uso abusivo del derecho.

En consecuencia, el recurso de casación deducido por la demandada debe rechazarse.