Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-28


Esquel 28 de junio de 2006.- VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos a fs. 474, por derecho propio por los Dres. R. T. G. L., R. L. G. y M. I. M., a fs. 476, también por derecho propio el perito tasador R. A., por considerar bajos los honorarios que le fueran regulados, a fs. 480 por derecho propio por el Dr. L. A. R. y a fs. 481, la Dra. M. C. M. por el actor, todos contra la resolución de fs. 463 y vta.,- Y CONSIDERANDO:

1.- Que con respecto al recurso planteado por el Dr. L. A. R. corresponde declararlo desierto en virtud de no haber dado cumplimiento a la manda procesal del art. 246 del CPCC.

2.- Que al expresar agravios a fs. 482/483, los Dres. R. T. G. L., R. L. G. y M. I. M., manifiestan que su queja está dada por la circunstancia de que el "a quo" ha establecido el monto del presente proceso en la suma de $600.000.- y que sus honorarios se han cuantificado en base a dicha cifra, cuando en la pericia practicada por el perito tasador R. A., fijó como monto del juicio la suma de $1.002.000.-.

Manifiestan los recurrentes que en el escrito de fs. 311 dejaron expresamente aclarado que hacían expresa reserva del derecho a estar al monto mayor que resultare de la tasación que oportunamente se efectuare.- Expresan que el Dr. Magallanes al establecer el monto del juicio en $600.000.-, tomando para así establecerlo, que dicho importe fue estimado por ellos mismos, y en el hecho de que la tasación practicada por el perito designado no limita la facultad del a quo de determinar el monto del proceso, entienden que lo resuelto por el Dr. Magallanes es incorrecto, por cuanto se apartó de lo señalado por el perito sin explicar los motivos de su discrepancia.

Citan jurisprudencia y doctrina que hace a sus derechos y hacen reserva del caso federal.- 3.- fs. 488/489 expresa agravios la Dra. M. C. M., quien sostiene que es arbitraria la fijación del monto del proceso, pues el a quo no ha fundamentado su decisión careciendo de las pautas que tuvo en cuenta para arribar al monto de $600.000.-.

Sostiene que el juez debió tener en cuenta que el litigio versó, sobre derechos y acciones respecto a tierra fiscal, tal como lo señalara -dice en la pericia presentada por el Ing. Agrónomo A. D..- Que tanto la tasación presentada por la parte actora -debió decir demandada- de la Contadora A. D. B. como la realizada por el perito oficial se refieren a inmueble, omitiendo considerar la situación jurídico-administrativa del mismo.- Descarta el valor asignado por el Sr. Juez de Primera Instancia a las mejoras, y sostiene que se aparta del principio de que el monto de la litis debe coincidir con el valor real de los bienes.- Cuestiona la discrepancia respecto a la cantidad de hectáreas respecto a la ocupación de dichas tierras (señala que, la superficie a tener en cuenta sería entre 615 y 1670 has., fs. 488, pto. b)), que se ha sobrevaluado el predio fiscal y que el monto de los honorarios absorbe más del 33% del monto de proceso, lo cual resulta confiscatorio y abusivo.

Cita jurisprudencia y considera que el monto del proceso debe fijarse en la suma de $56.500.-.

Ambas partes contestan las expresiones de agravios, a fs. 490/491 la Dra. M. y a fs. 493 y vta. el Dr. R. T. G. L. .

4.- El perito tasador, designado en autos, R. A., apela por bajos los honorarios que le fueran regulados en la resolución impugnada de fs. 463 y vta., por entender que tales emolumentos debieron fijarse en base al monto determinado en la pericia por él practicada.

Que a fs. 511 y vta., se ordenaron medidas para mejor proveer, las que se cumplieron y agregaron a fs. 517, 519 y 534.

Que los apelantes son coincidentes en advertir que el Sr. Juez de Primera Instancia no ha fundamentado la decisión adoptada a fs. 463 y vta. al establecer el monto del proceso en $600.000.-.

Que del análisis de la sentencia en crisis surge, sin lugar a dudas que, la misma carece de la fundamentación que exigen los arts. 169 de la Constitución Provincial y 34 inc. 4º del C.P.C. y C., norma esta última que prescribe que el juez, bajo pena de nulidad, está obligado a fundar sus pronunciamientos sujetándose a la norma aplicable. Tal exigencia es perentoria en cuanto la referencia sea sobre sentencias definitivas o interlocutorias.

La sentencia interlocutoria de fs. 463 y vta. adolece, precisamente, de la fundamentación legal exigida, sólo expresa "En consecuencia y en virtud que la tasación no limita la facultad del Suscripto de determinar el monto del proceso, corresponde fijar el valor de las mejoras y derechos de la superficie aproximada de 3.000 has. constituidas por parte Nord-Oeste del Lote .., parte Sud-Oeste del Lote .. y P. S. del Lote .., de la Fracción ..-Sección ..-..., de la Provincia del Chubut, en la suma de $600.000,00".-.- Reviste gravedad esta omisión, por cuanto, ya a fs. 446/447, la Alzada le indicó al Sr. Juez que a los efectos de que se cumpla con la manda del artículo 23 de le Ley de Aranceles, dicte sentencia determinando el valor del bien.

Tal mandato judicial fue como consecuencia, de que el Sr. Juez de Primera Instancia, procedió en estas actuaciones, a la apertura del procedimiento contemplado en el art. 23 del Dec. Ley 2200, que dispone la vista prescripta en la norma mencionada al obligado al pago y a los demás intervinientes. Ante las disconformidades existentes entre las partes, en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 23 AH, se desinsaculó un perito tasador, quien llevó a cabo la pericia (que se encuentra agregada a fs. 349/370).- Por ello, habiendo dado curso al trámite del art. 23 AH, hasta su total finalización, con los aportes de la estimación de valores por los demandados de $600.000.- (fs. 310 y 311), y la reserva efectuada a fs. 311 ("... en caso de disconformidad con la estimación realizada, hacen expresa reserva del derecho a estar al monto mayor que resultará de la tasación que oportunamente deberá efectuarse"); y a fs.329, 334 y 341, de la parte actora que estima el monto del proceso a los efectos regulatorios en $56.500.- de acuerdo a las tasaciones acompañadas a fs. 329 y a fs. 319/328. Posteriormente, atento la disconformidad de las partes -como ya se dijera-, designa perito de oficio, quien realiza la experticia que se encuentra agregada a fs. 377/382, mediante la que establece el valor del inmueble en discusión en $600.- (pesos seiscientos) la hectárea (total $1.002.000.-).

Es por ello que este Cuerpo no puede soslayar la omisión de fundamentación de que adolece la sentencia impugnada, pues por un lado incumplió el mandato judicial de fs. 511 y vta. y por otro lado no evaluó ni merituó todos los elementos arrimados al proceso, por lo que no puede extraerse con exactitud el criterio seguido por el juzgador para determinar el monto tal como lo hiciera y, en especial, debió expresar fundadamente el apartamiento de la pericia oficial y las razones para ello, cosa que no hizo (doctrina art. 34 inciso 4° del C.P.C.C.).-.

"Si bien el dictamen pericial carece de fuerza vinculante para el juez, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél, debe encontrar apoyo en razones serias es decir fundamentos demostrativos de igual o mayor valor científico que la pericia" (Á., C. M. c/ B., A. s/ Incidente de Desocupación"- Trib. Orig. JC0500ST (Nº Fallo 96170166), Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Interlocutorio, Mag. KOEHLE-CARLSEN, 12/06/96.

"...el apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen debe encontrar apoyo en razones serias, es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos" (Jurisprudencia citada por Alvarado Velloso y Palacio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo Octavo, págs. 538/539).

Atento lo expuesto, este Tribunal entiende que corresponde decretar la nulidad de la sentencia interlocutoria dictada a fs. 463 y vta, y conforme lo dispone el art. 253, en función del art. 34 inc. 4º, ambos, del C.P.C. y C. y art. 169 CP, dictar nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.- Que atento "...las posiciones sustentadas por las partes" (art. 23 Dto. Ley 2200), basadas en la estimación de valores efectuadas por los intervinientes en el proceso, las que "ut supra" fueron reseñadas, lo dictaminado por el perito tasador R. A., y la valuación fiscal, que como medida para mejor proveer fue agregada a fs. 534, que establece como año de la valuación 1993 y respecto de 3.000 hectáreas, en $29.850.-, se advierten diversas circunstancias que hacen dificultoso estimar el valor real del inmueble sobre el que se discutieron derechos y acciones que fueran motivo de litigio. La disparidad de criterios expuestos y de valuaciones y tasaciones no coincidentes, obligan al Tribunal a la búsqueda de pautas mensuradoras adecuadas que le permitirán arribar a un pronunciamiento justo.

En principio, cabe aclarar, que la titular del inmueble, es la Provincia del Chubut, y lo que se intentó debatir en autos, es decir el objeto litigioso, que se transfiera a favor del actor las mejoras y derechos, de las hectáreas en discusión.- En consecuencia la dificultad radicaría en estimar el valor de tales derechos, los cuales son susceptibles de entidad económica pero difícil de encuadrar en el verdadero valor real del predio, por cuanto, si bien el obligado al pago insiste en que debe tomarse como pauta de valoración las circunstancias de que se trata de tierra fiscal y de derechos y acciones, pese a su omisión de así acreditarlo, este Cuerpo ha tomado conocimiento de tal valuación, y la misma, se encuentra alejada de la realidad, desactualizada y no se adecua al verdadero valor del inmueble (siempre refiriéndose a las mejoras y derechos).

Tampoco es razonable el monto que establece la parte actora ($56.500.-), por el contrario, es irrisorio, aún cuando su estimación es en base a la tasación del Ing. Agrónomo A. D. a fs. 319/327, que la realiza sobre 615 hectáreas aproximadamente. Ni tampoco la tasación que agrega a fs. 329 ($61.500.-, valor de la hectárea $100.-): en el mercado inmobiliario de la zona, ningún inmueble de las características que dan cuenta especialmente, tanto la tasación de fs. 310, como lo informado por el perito oficial a fs. 377/382, puede valuarse en dichos montos.

Descartando por lo antes dicho la valuación fiscal, y la estimación efectuada por la parte actora, resta el análisis de la tasación agregada a fs. 310 y la determinación del monto en base a la pericia oficial de fs. 377/382.

Por lo que debe dilucidarse el monto del juicio, en base a la tasación de fs. 310 de $600.000.- (con la salvedad de que dicha tasación se hace en consideración a 3000 hectáreas) y la de la pericia oficial, de fs. 377/382, que evalúa la hectárea en $600.-.

La definición de las hectáreas motivo de litigio la determina la pericia oficial, con datos recabados en el IAC y son 1670 ha. 10 a 80 ca. (constatar fs. 377 y planos adjuntos y anexos). Se infiere de lo informado en tales actuaciones, y en la tasación de fs. 310, que tales hectáreas se ubican en el C. E., las atraviesan los arroyos L. C., E. M. y E. M., (éste último lo informa la tasación de fs. 310) a la vera de la ruta asfaltada Nº 40 y a poquísimos kilómetros de la localidad de Esquel, con vertientes naturales y frecuencias de nevadas anuales (constatar fotografías agregadas a fs. 374/376).

No puede obviarse, la particularidad del valor del recurso hídrico, el que se transforma en nuestros días en preponderante, pues son coincidentes, en alguno de los arroyos que atraviesan tales tierras (L. C. y E. M., constatar fotografía aérea fs.368 y 378). Cabe consignar que el arroyo E. M., puede aparecer en las 3000 hectáreas sobre la que versa la tasación de D. B.; y la presencia de vertientes naturales y la frecuencia de nevadas, permite al C. E. que se encuentre con nieve prácticamente en todas las estaciones del año (fs. 379 de la pericia oficial y fotografías).

Sí, surge no sólo de las fotografías y de los informes rendidos en autos, las condiciones de precariedad de las mejoras, pues se observa que los alambrados no están en condiciones, la casa del cuidador es una tapera, todo es precario y sin inversión, lo que no va en desmedro de su verdadero valor real de acuerdo a las características que -algunas- ya fueron señaladas.

También son coincidentes en cuanto a su explotación turística, y dentro de dicha actividad sus diversas opciones (constatar fs. 310 y fs. 377/382).

Pero de todos los elementos aportados al proceso y más allá de las coincidencias apuntadas, la pericia oficial de fs. 377/382, es la que aporta mayor convicción, a los efectos de determinar el monto del proceso.- Ello es así, por cuanto surge de la misma, la claridad de la exposición basada en datos concretos en ella incorporados, como aportes de fotografías (inclusive aéreas), planos, fotocopias de expedientes, lo que se encuentra individualizado en los cinco anexos que conforman la pericia. Aún más, tales datos fueron recogidos especialmente por el perito en el lugar (fotografías, que se encuentran agregadas a fs. 374/376); también su presencia en el IAC, y la extracción de fotocopias del plano catastral pertinente (fs. 365/362); se apersonó en la Dirección de Bosques y la obtención de las cartas geográficas y las fotografías aéreas (fs. 362/363); fotocopia del plano del instituto geográfico militar (fs. 368), en el que se puede apreciar que las hectáreas motivo de litigio, las que son circundadas por los arroyos L. C. y E. M. (fs. 378); la ubicación de las minas detectadas en la zona (fs. 370/372), con la individualización de los respectivos expedientes y además, se expide razonablemente sobre el futuro de la explotación minera en la zona. Señala expresamente, en función de todos los datos que fueron recavados, la cantidad de hectáreas que conforman el inmueble, 1670 ha 10 a 80 ca (fs. 378). Su presencia en el lugar permite a través de las tomas fotográficas emitir un juicio de valor respecto a las mejoras y la presencia de agua y nieve, como también una apreciación del paisaje patagónico, la forestación y los posibles emprendimientos (fs. 379).

Además de la ubicación de las hectáreas, la presencia de agua en abundancia, su topografía y sus posibilidades de explotación, se aporta como datos de infraestructura la ubicación de la red de gas y energía eléctrica (fs. 381).- Del detalle de las coincidencias señaladas con el aporte de los elementos incorporados al proceso y la pericia que fuera descripta analíticamente, se puede apreciar que la labor desarrollada por el perito A. es inobjetable. El peritaje fue realizado fundadamente y las conclusiones a las que arribara tienen su base en todos los elementos descriptos y que fueron motivo de evaluación. Es por ello, que al apoyarse en principios técnicos, objetivos, y fácilmente comprobables, resulta conforme a derecho aceptar las conclusiones a las que arribara y establecer el monto del juicio en $600.- el valor de la hectárea (doctrina arts- 473 y 477 deL CPCC).- En cuanto a la apelación deducida por la Dra. M. C. M. por entender que los porcentajes establecidos en las sentencias de fs. 220/224 vta. y 269/273 vta. absorben más del 33% del monto del proceso, no corresponde el tratamiento de la queja expuesta por ser inapelable en esta oportunidad, en razón de haber pasado en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de verificar en este estadio donde recién se ha establecido el monto definitivo del proceso si las cuantificaciones exceden o no los topes previstos por la manda del art. 505, última parte, del Código Civil (conf. Ley 24.432).

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la base regulatoria de $1.002.000.-, efectuados los cálculos pertinentes se desprende que el monto de los emolumentos cuantificados no puede superar la suma de $250.500.- con exclusión del monto de los honorarios de los profesionales que actuaron respresentando, patrocinando o asistiendo a la condenada en costas, por lo que corresponde prorratear la diferencia entre los beneficiarios de los emolumentos fijando los honorarios de los Dres. R. L. G. y M. E. I. M., en conjunto y proporción de ley, la suma de $93.000.-; los del Dr. R. T. G. L. en la suma de $127.494.-; los del Dr. H. L. C. en la suma de $9.120.-; los del Dr. L. A. R. en la suma de $151.302.-; los de la Dra. M. C. M. en la suma de $16.533.- y los de la Perito Calígrafo M. R. B. en la suma de $8.588.-.- Que, atento la nulidad de la resolución de fs. 463 y vta., corresponde fijar los emolumentos del perito Sr. R. A., por lo que teniendo en cuenta el monto del juicio determinado, la labor desarrollada por el profesional y las demás pautas fijadas por los arts. 6 y 61 del Dto. Ley 2.200, deben fijarse, en definitiva, en la suma de $17.000.-, con más el IVA pertinente.- Que es deber de los jueces velar para que el debate sea un debate jurídico de la litis, que se desarrolle dentro de un marco de respeto, buena fe y lealtad, en este caso entre los litigantes, por ello en función de facultades propias, este Cuerpo, se halla autorizado para ordenar que se teste la expresión de fs. 493 vta. desde "de favor" hasta "nuestra provincia" inclusive.

Corresponde señalar que el derecho de defensa es inalienable como garantía constitucional y resulta agraviante para el profesional del derecho que, ejerciendo la defensa penal de cualquier ciudadano, se le impute de manera ofensiva cumplir con su misión.

Atento a como ha quedado resuelta la cuestión las costas de esta Instancia deben ser impuestas al actor vencido (art. 68, CPCC). Asimismo, corresponde se regulen honorarios a los Dres. R. T. G. L., R. L. G. y M. I. M., quieres actuaren por derecho propio y resultaren ganadores ante la Alzada (art. 12 Ley 2.200) en la suma de $4.418,82, en conjunto y proporción de ley, y a la Dra. M. C. M. en la suma de $1.562,36 con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dto. Ley 2.200), teniendo en cuenta para ello que el caso de autos se trata de una apelación deducida dentro del incidente planteado para determinar el monto del bien, conforme lo dispone el art. 23 del Arancel. (art. 33 Dec. Ley 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,- -R E S U E L V E 1) DECLARAR desierto el recurso planteado a fs. 480. (art. 246, CPCC).

2) DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de fs. 463 y vta..-3) ESTABLECER el monto del presente proceso en la suma de PESOS UN MILLON DOS MIL ($1.002.000), conforme a lo merituado precedentemente.- 3) CUANTIFICAR los honorarios de los Dres. R. L. G. y M. E. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $93.000.-; los del Dr. R. T. G. L. en la de $127.494.-; los del Dr. H. L. C. en la de $9.120.-; los del Dr. L. A. R. en la de $151.302.-; los de la Dra. M. C. M. en la de $16.533.- y los de la Perito Calígrafo M. R. B. en la suma de $8.588.-.- 4) FIJAR los emolumentos del perito Sr. R. A., en la suma de $17.000.-, con más el IVA pertinente, conforme lo expuesto precedentemente y en base a las pautas de los arts. 6 y 61 del Arancel.- 5) ORDENAR que, por Secretaría, se proceda a la testación de la expresión de fs. 493 vta. desde "de favor" hasta "nuestra provincia" inclusive.

6) REGULAR los honorarios de los Dres. R. T. G. L., R. L. G. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $4.418,82 y los de la Dra. M. C. M. en la suma de $1.562,36 con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (arts. 12, 14 y 33 Dto. Ley 2.200).

7) TENER presente la reserva del denominado Caso Federal.- 8) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución se dicta con el Tribunal integrado con el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral y la Sra. Juez de Familia, por vacancia de dos vocalías, recusación del Dr. Benjamín Moisá y encontrarse inhibido el Sr. Juez de Ejecución, y por dos Jueces por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550 y Acordadas Nº 3.223/00 y 3.303/03 STJ).

CLAUDIO PETRIS MARIELA GONZALEZ de VICEL REGISTRADA BAJO EL Nº 82 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Irma Ali cia Carbó-Secretaria.-