Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-21


.MDEL.1452909.

EXP 25234 / 10 Salta, 21 abril de 2.017 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VILTE, CESAR ENRIQUE c. LAZARTE, EMILIO MARCELO - ORDINARIO", EXP. nº 25.234/10, originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nº 1 del Distrito Judicial del Centro, para resolver la apelación interpuesta a fs. 231/233 y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia que rechazó íntegramente la demanda interpuesta por Cesar Enrique Vilte contra Emilio Marcelo Lazarte por diferencias salariales por el período agosto/07-julio/09 y de sueldo anual complementario (SAC) 2º semestre de 2007, 1º y 2º semestre de 2008, 1º semestre y proporcional de 2009, indemnización por antigüedad, preaviso, e indemnizaciones arts. 1º y 2º de la ley nº 25.323 y "art. 43/45 L 25.345", es objeto de la mentada apelación por parte del actor.

El memorial se integra por argumentaciones que pueden ser inordinadas en tres agravios.

En primer lugar el apelante indica que a su entender el Sentenciante se ha apartado de las constancias de autos que probarían que entre las partes medió una relación de trabajo.

Así expone que se ha prescindido del testimonio del señor Alfredo Ramón Chocobar, quien declaró que "Vilte trabajaba para Lazarte" pues lo veía en la camioneta de este último, y que era su secretario y chofer.

Expresa que tampoco se han valorado los dichos de Silvia Cristina Sosa, ex pareja del demandado, quien dijo que el accionante transportaba a sus hijos y que trabajaba para Lazarte.

También se ha prescindido -agrega- de la declaración de Viviana Raquel Bustos.

Atribuye asimismo al Juzgador un análisis parcial del testimonio de Héctor Rafael Zapatiel, quien si bien alega que el accionante era remissero, también refiere que en algunas ocasiones lo vio manejar la camioneta del demandado.

En segundo lugar se agravia pues entiende que las constancias en las que se ha basado la sentencia de primera instancia resultan quiméricas.

Expone en tal contexto que la declaración de la testigo Roxana Ovejero es absurda, pues se contradice con la de Zapatiel; y que la declarante Antonio Alberto Guzmán nada aporta por el período temporal al que hace referencia.

Por otro lado refiere que el informe de la Remissera San Cayetano -que alude a la vinculación del accionante con ese comercio- sería falso, llevando al Juzgador a la errónea convicción que las prestaciones de transportes de los hijos y papeles a organismos y radios a nombre del demandado se habrían enmarcado en tal prestación de transporte y no en una relación de trabajo.

Finalmente se agravia pues considera que el Señor Juez de grado se ha apartado de mandatos normativos expresos.

Así expresa que en autos no se ha aplicado la presunción en contra del demandado a partir de la contestación tardía de los telegramas remitidos por el trabajador, en incumplimiento de lo dispuesto por el art. 57 de la ley de contrato de trabajo, y que tampoco se ha presumido a favor del actor en el marco del art. 9 de la L.C.T..

Corrido el traslado ordenado a fs. 236, a fs. 237/237 vta. se agregó la contestación de los agravios formulada por la parte demandada, quien entiende que los argumentos del apelante no superan las meras disconformidades solicitando por ello el rechazo del remedio intentado, con costas.

II. Ingresando al análisis de la primera argumentación, destaco que del testimonio del señor Chocobar (fs. 168/170), surge que César Enrique Vilte acercaba al declarante para su programa de radio los partes de prensa del demandado, quien en aquel tiempo se desempeñaba como diputado, y que ello lo hacía "cada tanto" para dar algún tipo de información, dando cuenta de lo que se estaba haciendo en época de elecciones. También afirma que veía al actor andar en la camioneta del entonces diputado Marcelo Lazarte y "ese es el único trato que mantuvimos" (fs. 168 vta.).

El testigo, sin embargo, no expresó en qué horario lo veía, si los partes eran llevados en esa camioneta o en un remisse (como se lo atribuye el demandado); ni si tenía conocimiento que el envío de partes de prensa los encomendaba directamente el entonces diputado demandado; ni la periodicidad aproximada que permita tener valorar a la actividad como una jornada de trabajo.

Habiendo sido aquellas las únicas declaraciones relativas al actor, debo concluir que las afirmaciones sobre que él "trabajaba" para el señor Lazarte como su secretario o gestor son solo apreciaciones conjeturas personales que no hacen a la prueba testimonial ("como un secretario creería yo que cumplía porque era quien enviaba toda la información", dice el testigo).

Por otro lado, a mi entender, el uso de un bien de otra persona (en el presente caso, de una camioneta) no es per se prueba de la prestación de un servicio a favor de su titular.

Sobre las conclusiones del apelante del testimonio de la señora Sosa (fs. 166/168), separaré las afirmaciones.

En relación al transporte de los hijos que la testigo tiene con el demandado, debo decir que, contrariamente a lo expresado por el apelante, el Señor Juez de grado sí ha valorado la circunstancia del traslado de aquellos, pero lo ha encuadrado en una locación de servicios de transporte de pasajeros a través de una remissera, extremo que se consideró acreditado por el Sentenciante (ver fs. 229 vta.).

Y sobre la alusión al trabajo del actor para el demandado, entiendo que resulta algo confusa la afirmación de la testigo, pues expresa que el accionante estaba "vinculado con la sede, o sea, trabajaba en ese momento con el diputado Lazarte" (fs. 166 vta.), aseveración esta que vislumbra una prestación de servicios.

Y uso el verbo vislumbrar y no probar, pues la preposición utilizada por la declarante sobre el trabajo del accionante es con y no para el demandado.

Sin embargo, entiendo que tal indicio debe ser descalificado, toda vez que la declarante, por un lado, alude a que los servicios de transporte de sus hijos los consideraba brindados para ella y no para el demandado ("desde llevar a mis hijos a todos lados porque yo, más o menos en esa época me había separado, me vine a vivir acá. todo es lo tomo como algo particular para mi y mis hijos", fs. 167) y, por otro, porque no es testigo directa de las prestaciones a favor del demandado por parte del actor: "después los otros trabajos que se vinculaban sí con el diputado Lazarte, pero la verdad no sé, sabía escuchar que llevaba y traía cosas, si que llevaba y traía gente" (fs. 167).

Por su parte, la testigo Bustos (fs. 211/212 vta.) -tal como lo ha destacado el Sentenciante a fs. 229- es cuñada del actor, al estar este último casado con su hermana. Tal circunstancia resta eficacia probatoria a la declaración si ella no es reforzada con otras pruebas producidas.

Finalmente, en cuanto a las afirmaciones del testigo Zapatiel sobre el manejo de la camioneta del demandado, debo reiterar la conclusión antes expuesta, relativa al uso de un elemento de otra persona y su insuficiencia para acreditar la prestación de servicios.

En relación al segundo agravio: la testigo Ovejero (fs. 158 y vta.) declara que el accionante se desempeñaba como remissero de la empresa San Cayetano y que era dirigente barrial, aclarando que lo sabe porque ella también lo era; asimismo, que el accionante trabajó para Héctor Zapatiel, dirigente político.

Sobre este testimonio el apelante afirmó solamente que lo declarado es absurdo, pues el mentado Zapatiel, al declarar, no reconoció al actor como su trabajador.

Entiendo que tal omisión de mención no priva al testimonio de la señora Ovejero de fuerza probatoria, pues el actor contaba con la posibilidad de formular preguntas a los testigos de la demandada para esclarecer la cuestión (segundo párrafo del art. 442 del C.P.C.C.), como así también la de requerir un careo entre los declarantes (art. 448 del C.P.C.C).

Por otra parte, el testigo Guzmán (fs. 159 y vta.) declaró que el accionante se desempeñaba como remissero en una empresa llamada San Cayetano. Asimismo, y de manera concordante con lo manifestado por la testigo Ovejero, expuso que el accionante se desempeñó con el señor Zapatiel "en las últimas elecciones".

Al respecto, el apelante defiende que el individualizado Guzmán nada aporta a la cuestión controvertida en autos, pues su referencia temporal es a la última elección.

Sin embargo, de la lectura de esta declaración surge que cuando el testigo dijo que el accionante trabajaba en una remissera, lo hizo en respuesta a un cuestionamiento limitado al lapso comprendido entre los años 2.005 y 2.009 (pregunta n° 2 de fs. 159): por ello, desde mi análisis, su declaración conserva la eficacia probatoria atribuida en primera instancia.

Como lo he dicho en anteriores pronunciamientos: el imperium del titular de la jurisdicción reside, entre otros elementos, en la conclusión a la que arriba luego de la ponderación de la prueba y esta, salvo que altere cualquier principio de lógica formal o contradiga normas de la experiencia común, es válida racional y jurídicamente y no puede ser modificada.

En el mismo sentido: "En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386 del C.P.C.C.N. exige al juzgador que su valoración sea por los principios de la sana critica, siéndole totalmente licito al mismo apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión parece objetivamente verídico siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. La prueba rendida debe ser apreciada en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que las declaraciones de testigos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos" (doctrina de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en "Senini, Maximiliano Leonardo c. Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y otro - despido", del 16 de octubre de 2.013).

Asimismo, el informe de fs. 182 vta. presentado por Remissera San Cayetano indica que Cesar Enrique Vilte, D.N.I. n° 32.411.797 se desempeñó de manera continua como chofer de remisse en ese comercio desde marzo de 2.005 hasta diciembre de 2009, de martes a domingo, con jornadas de doce horas diarias continuas.

Tal informe fue dado a conocer a las partes el 13 de agosto de 2.013 a través de la correspondiente notificación automática (fs. 187).

Este documento ha sido valorado por el Juzgador como decisivo, permitiéndole concluir -junto a las pruebas testimoniales- que las prestaciones consistentes en trasladar a los hijos del demandado y llevar papeles o información a la radio pueden englobarse en tal servicio de transporte resultando incompatible con la relación de trabajo pretendida en la demanda, es decir, con vigencia desde el 4 de mayo de 2.005 al 31 de agosto de 2.009, con una jornada de 8 a 20 horas, según lo expresado a fs. 4/4 vta).

Ahora bien, el recurrente alude a que las aseveraciones del informe son falsas.

Sin embargo surge del expediente que el actor omitió impugnar de falsedad su contenido, de acuerdo a lo previsto en el art. 403 del C.P.C.C.: pudo haber requerido la exhibición de los antecedentes en los que se fundó el informe: no habiéndolo hecho, aquel debe ser considerado como cierto en el marco de este proceso.

Finalmente, en lo que se refiere al tercer agravio, debo decir que no encuentro apartamiento alguno del Sentenciante a las normas de fondo.

Ello, pues el art. 57 de la ley de contrato de trabajo dispone que constituye presunción en contra del empleador su silencio ante una intimación hecha por el trabajador. Para que proceda tal presunción deben conjugarse tres elementos: 1) que exista una intimación, 2) que la misma haya sido haya enviada por un trabajador a un empleador y que 3) ante tal intimación, el empleador incurra en silencio.

En autos no está discutido que ha mediado una intimación (ver fs. 4/5 y 19), pero sí está controvertido, en cambio, que el remitente de las intimaciones haya sido un trabajador.

Y es que, al no tener por acreditada la naturaleza laboral del vínculo por falta de pruebas, hallo incorrecto pedir que se aplique una presunción cuyo único legitimado activo para requerirlo es el trabajador.

Igualmente: del mismo relato de la demanda y de la documentación reservada en Secretaría a fs. 11, surge que, tras el envío del telegrama n° 081505465 por el accionante al demandado (con fecha de imposición del 4 de agosto de 2.009), aquel recibió como respuesta la carta documento n° 116205061 (del 10 de agosto de 2.009) y que, ante su telegrama n° 055382247 (24 del mismo mes), recibió del señor Lazarte la carta documento n° 055382635 (de fecha de imposición del 28 de agosto de 2.009).Lo referido permite advertir que en autos no ha mediado silencio por parte de Emilio Marcelo Lazarte.

Fueron seguramente tales circunstancias las que inhibieron al Señor Juez de grado de echar mano a la presunción dispuesta en el art. 57 de la ley de contrato de trabajo.

Atendiendo a la crítica relacionada con la omisión de valorar la presunción prevista en el art. 9 de la ley de contrato de trabajo, encuentro oportuno hacer notar al apelante que el sentido con que procura dotar a esa norma dista del que resulta de la literalidad de la norma.

En efecto, el principio in dubio pro operario en materia probatoria exige para su procedencia que se esté en presencia de pruebas encontradas que generen incertidumbre acerca de cuál de ellas tendrá preponderancias; ello implica que lo que esa norma prevé es un método de resolución judicial cuando media duda en la prueba efectivamente producida, pero de ninguna forma una eximición de acreditación de hechos alegados.

De autos no surge prueba de la naturaleza laboral del vínculo, sino por los indicios apuntan más bien a la prestación de servicios de transporte a través de una remissera, en relación a lo cual aclaro que no puedo ingresar a la valoración de lo declarado por Raquel Carolina Tanquia (fs. 212 vta./214) porque su reponderación no ha sido materia de agravios.

Y si bien el desempeñarse en una empresa como chofer de remisses no resulta incompatible con la prestación de servicios en relación de dependencia como chofer para otra persona, lo cierto es que en la demanda se han afirmado extremos que resultan inconciliables con las constancias obrantes en el expediente, pues por un lado la remissera ha informado que el tiempo de prestación de servicios del accionante era de doce horas diarias (fs. 182 vta.), mientras que el accionante expresó que su jornada laboral tenía idéntica extensión (fs. 4 vta. in fine).

Asimismo, no surge de la demanda argumento alguno que sustente la pretensión de aplicar el convenio colectivo n° 130/75, lo que hace que aquella sea deficitaria considerando que el art. 16 de la ley de contrato de trabajo no permite la aplicación analógica de normas colectivas.

Por ello es que, de prosperar mi voto, se rechazará la apelación interpuesta por el actor y, en su mérito, se confirmará la sentencia de primera instancia, imponiendo las costas al accionante, por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062 del 11 de abril de 2.016, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto regulado en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Adhiero al voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en su mérito, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas.

II. DETERMINAR los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia en el 45% de lo que se regulase en primera.

III. MANDAR se registre, notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.

CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA II.