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Estado Provincial, deuda pública, contratos administrativos, títulos ejecutivos, pagaré, acción cambiaria, competencia contencioso administrativa, derecho privado, leyes, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

En razón de que los pagarés que se intenta ejecutar han sido emitidos de acuerdo al régimen establecido en un decreto que, a su vez, tenía fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 20 de la ley 10575, se torna aplicable la jurisprudencia del Alto Tribunal nacional en tanto interpretó, con relación a los documentos emitidos por un Estado provincial a fin de negociar la deuda emergente de la celebración de contratos administrativos, que en tales casos la existencia de una regulación legal específica impide considerar que se trate de pagarés librados según las disposiciones del derecho común que los regulan y que "...la eventual sujeción a normas de derecho privado sólo adquiriría -aquí- un carácter meramente supletorio respecto de las situaciones no previstas en aquellas disposiciones". (Del Voto en Mayoría del Dr. Iribarren).
Etapas del proceso, reconvención, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: C., P. c/ P., M. s/ Divorcio y separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-04-25

Si el demandado no reconviene al contestar la demanda pierde el derecho de accionar en el futuro por causales existentes en esa oportunidad.
Proceso penal, facultades del juez, acusación fiscal, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

Si bien la función de la acusación es construir la imputación que constituye el objeto del juicio, en torno del cual girará la defensa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo ha establecido que el pronunciamiento judicial se encuentra limitado por el marco fáctico plasmado en la pretensión acusatoria (principio de congruencia), pero no por los demás fundamentos expuestos por las partes acerca de la prueba, las calificaciones jurídicas que puedan ser aplicables, o la pena solicitada. (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarian, Dr. Mansilla y Dr. Barotto)
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Del Popolo, Gustavo A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

El indicio no puede fundarse en un hecho al que se refiere un sólo testigo, puesto que no se trata de un hecho probado.
Proceso contravencional, recusación y excusación, fundamentación suficiente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gonzalez Cebrian, Martin s/ inf.art 83 ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

Para que prospere la recusación se requiere un mínimo de acreditación de la situación especial en que se halla el juez y su relación con la sospecha de parcialidad.
Cláusula penal, daño al interés negativo
Materia: CIVIL
Carátula: ROBUSTELLI FRANCISCO. c/ DE CARLO MARCONI S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

La cláusula penal moratoria está dirigida a predeterminar el daño que experimenta el comprador por cada día de retardo en que incurre la vendedora; como tal, debe adicionarse a la obligación principal de entregar la cosa para transmitir el dominio y otorgar la pertinente escritura (art. 659 del Código Civil). Toda mora es transitoria, presupone la subsistencia de la posibilidad de cumplir por parte del deudor en interés del acreedor; esta posibilidad se presenta cuando el comprador opta por la llamada acción de cumplimiento (rectius: ejecución forzada específica, art. 505, inc.

1ro., del Código Civil), pero desaparece cuando opta por seguir la vía resolutoria que lleva a la extinción retroactiva del contrato.

La cláusula penal compensatoria sustituye los daños por incumplimiento definitivo. No es que el comprador, en caso de optar por la resolución carezca de derecho a los daños; el propio art.

1204 en texto actual, al prever la facultad resolutoria implícita, se lo confiere. Pero no son los mismos daños que en el supuesto de ejecución específica porque en esta última hipótesis la pretensión se dirige a obtener por vía de equivalente lo que era la prestación debida por el vendedor surgida del contrato vigente; en el supuesto de resolución el daño resarcible es el que afecta el interés negativo -por ejemplo gastos realizados con motivo del contrato que se extingue-. En el primer caso, la prestación cumplida por quien exige el pago de la correspondiente a la parte contraria queda definitivamente en poder de esta última; en el otro la prestación, devenida sin causa, retorna a quien actúa la pretensión de resolución. Los daños moratorios, convencionalmente reemplazados por la cláusula penal de igual carácter, al no afectar el interés negativo no resultan indemnizables.
Bancos, hábeas data, supresión de datos, competencia, competencia contencioso administrativa, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: WIRKIERMAN  LUIS c/ BANCO  CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ HABEAS DATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-08

El actor inició la demanda contra el BCRA; contra el Citibank N.A., contra Diners Club Argentina y contra la Organización Veraz S.A. a fin de que se anule el nombre de su mandante de los listados de deudores del sistema financiero. Ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "González Juan Carlos c/ Banco Central de la República Argentina", 28.8.01 (Fallos 324:2592), que la actuación del Banco Central que motiva este proceso debe reputarse encuadrada en la esfera correspondiente a su actuación administrativa. No es dudoso sostener que la difusión de información relativa a personas sindicadas como deudores del sistema financiero -entre los cuales se habría incluido al actor, hecho que motiva su reclamo- constituye una actividad atinente al control que ejerce la entidad co-demandada sobre dicho sistema. Esa función, a su vez, deriva del poder de policía financiero con que cuenta, lo que determina la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer en estas actuaciones. Así lo resolvió esta Sala reiteradamente (conf. causas 166/00 del 13.4.00 y sus citas; 8130/99 del 16.5.00; 3773/00 del 20.10.00 y 6739/00 del 2.11.00).
Retenciones salariales, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuellar, Aida Liliana c/ Ramírez, Ivana Karina s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

El art. 43 de la ley 25.345 estableció que, para que sea procedente la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis LCT que reglamenta, el trabajador debe, previamente, intimar al empleador para que dentro del término de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente, ingreses los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores. Es decir se debe constituir en mora al empleador de acuerdo a las formalidades exigidas legalmente. El art. 1° del decreto 146/01 impone que el trabajador realice un requerimiento determinado para que el empleador "ingrese los importes adeudados..." Para que se constituya esa concreta exhortación, debe incluirse la específica intimación para que el empleador ingrese los importes retenidos y no depositados, indicando explícitamente los períodos en los que se habría producido la supuesta irregularidad. De esta manera, si no media la específica exigencia requerida por la ley, no se configura el tipo legal sancionable.
Competencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: D. L. C., M. F. C. c/ Poder Judicial Provincia de Chubut (Concurso 6630/10) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-04

El verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda, teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable.
Régimen patrimonial del matrimonio, bienes gananciales, régimen de comunidad de bienes, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: G., J. E. y otros c/ B., A. H. s/ alimentos D. A. D. c/ S. A. J. s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-02|2021-12-21

La calificación dada a los bienes por los cónyuges no es fruto de lo que ellos manifiesten, sino del régimen patrimonial que es de orden público y establece el carácter propio o ganancial, no pudiendo rectificarse sino por la prueba fehaciente de la naturaleza de los fondos afectados
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urteaga de Nom-Boly, Aída y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

Cuando en la demanda media precisa individualización de los elementos que componen el rubro reclamado, no puede el fallo alegando indeterminación- conceder indemnización por otros no mencionados aunque hubiesen sido constatados por los peritos (arts.

163 inc. 6 y 330 incs. 3 y 6, C.P.C.).
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, honorarios
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Soto, Yamil Ariel  c/ Galeno ART S.A.  s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

En relación a los honorarios de los auxiliares intervinientes, considerando el criterio seguido por las tres Salas de esta Cámara, procede que se reduzcan al 4% los porcentajes asignados a cada uno de ellos.
Multa, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: RUIZ, HECTOR NORBERTO s/ RECURSO DE QUEJA", Expte. Nº 839/CU.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-17

Es competente la Cámara en lo Contencioso Administrativo en razón de la materia para entender en los recurso de apelación interpuestos contra multas de tránsito, pues habiéndose derogado el diseño competencial pergeñado en la Ley N° 8963 de la Provincia de Entre Ríos, ante la carencia de una ley especial que determine la competencia específica para entender en los recursos judiciales previstos en el art. 74 de la Ley N° 24.449, siendo inválida la atribución efectuada mediante Decreto N° 1351/15 MGJ, la delimitación de la competencia deberá efectuarse atendiendo a la materia en tratamiento. Es que, el actor esgrime una lesión a su derecho subjetivo proveniente de un acto de naturaleza administrativa y atento que la actividad administrativa sancionadora constituye un importante segmento de la función administrativa, se colige que encuadra en las disposiciones de los arts. 1 y 2 inc. a) de la Ley N° 7061; más aún si tenemos presente que no existe en la provincia una ley especial que excepcione esta regla.
Seguros, reticencia, prueba
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: RUIZ DE ACIAR, RAMONA NIDIA c/ EL CABILDO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-12-29

La prueba del conocimiento de la enfermedad por el asegurado y de la reticencia, está a cargo de quien la invoca y, por tanto, cuando a través de la pericial médica y de las otras pruebas incorporadas no se ha podido establecer ese conocimiento anterior, esa imposibilidad no puede volverse en contra del asegurado, sino de la parte que debió probarlo y no lo consiguió.
Jurisdicción y competencia, malversación de caudales públicos, Estado Provincial
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Raúl Angel LUMELLO s/ COMPETENCIA  FEDERAL  -  CAUSAS  PENALES  -  DELITOS QUE OBSTRUYEN EL  NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES  - MALVERSACION  DE CAUDALES PUBLICOS - PROVINCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es de competencia de la justicia federal, el delito de malversación de caudales públicos que habría cometido sobre fondos asignados por la Nación a una provincia con destino específico, si a fin de ocultar las maniobras se presentaron ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación recibos y balances, así como informes de auditoría expedidos por el tribunal de Cuentas Provincial, presuntamente falsos, pues tendieron a obstruir el buen servicio de los empleados de la Nación (art. 3, inc. 3, de la ley 48).
Libertad de prensa, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SACCUCCI SANDRO c/ LA VOZ DEL INTERIOR S.A s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-15

La legitimidad de la producción de cierto perjuicio, en modo alguno legitima su agravación, desbordando la cuota de daño necesario, pues de lo contrario se impone responsabilidad por el "plus" indebido. Hasta las personas, "mala fama" tienen derecho a no sufrir sino por la que ya soportan, y los terceros no adquieren un derecho a desprestigiarlos más allá del desprestigio previo.

El sacrificio de un bien (el honor) en beneficio de otro más valioso en el caso (el derecho a informar a la comunidad sobre asuntos de interés general) debe efectuarse en la medida de lo indispensable y ajustado: además de la necesidad del daño, se exige que se cause únicamente el daño necesario, si existe una cuota de daño real, y agravado por las publicaciones; ese daño, aunque en definitiva pueda resultar injusto para la víctima, no puede generar responsabilidad civil, por resultar justificado por el ejercicio del derecho a informar hechos veraces, mediante interés público para hacerlo; pero la otra parte del daño, si ha sido excesivo, inferido abusivamente, y fuera del marco de legitimidad que preside el derecho de publicar de la prensa es resarcible.(Del voto de la Dra Zavala de González).-
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Martinez, Omar Victorio s/ Hurto calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Interrogado el causante acerca de un hecho delictivo que no era precisamente el que nos ocupa, da cuenta en la ocasión de su comisión, de lo que no encontrándose hasta ese momento sujeto a imputación respecto de tal hecho, no veo mérito alguno para que sus dichos hubieran de ser captados inexorablemente a través de las normas procesales típicas regulatorias de su incorporación al proceso -arts. 126 sigs. y ccds. del C.P.P. el testimonio cuestionado, cobra dado las peculiaridades que se ponen de relieve, a andamiento indiciario, desde que no encuadra dentro de la concreta prohibición del art. 434 inc. 5to. del C.P.P..- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contienda negativa de competencia, competencia por el territorio, fallido, domicilio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ, GABRIEL s/ QUIEBRA- CONFLICTO NEGATIVO SOBRE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DECIMA NOMINACION DE SANTA FE Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CIUDAD DE VERA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 95 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-06

Las normas de competencia de la ley de concursos son de orden público y no admiten ser prorrogadas por voluntad de las partes. Para el caso, resulta aplicable lo normado en el artículo 3, inciso 1, de la ley 24.522 que establece que tratándose de personas de existencia visible corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria en el "lugar de la sede de la administración de sus negocios" y "a falta de ésta, al del lugar del domicilio".

Descartada la primer pauta prevista toda vez que no se ha demostrado ni menos aún invocado la "administración de negocios", corresponde atribuir competencia en el trámite falencial, al juez del domicilio del fallido.
Recurso extraordinario, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: Zárate, Ramón A. c/ Aliba S.A. s/ Indemnización por reagravación accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Resulta impropia la pretensión de la parte recurrente de cambiar su postura ante la instancia extraordinaria en contra de sus propias alegaciones frente al hecho que de las mismas resultaron conclusiones adversas a sus intenciones.
Condominio, club de campo, asociaciones civiles, sanciones civiles, partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: Mapuche Country Club c/ López de Marsetti, Hebe Edith y otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

De la naturaleza de los clubes de campo, cualquiera sea el tipo de organización que éstos adopten, resulta la necesidad de que los propietarios de lotes, en su condición de condóminos de los bienes comunes, contribuyan al mantenimiento, conservación y mejoramiento de estos últimos, por aplicación de las normas del condominio, en concordancia con las relativas a la indivisión forzosa. Están obligados a respetar la organización que hayan previsto para la administración de tales bienes, ya que quien ha prestado su adhesión a un cuerpo de normas para dar vida y proveer a la continuidad de una institución, no puede luego apartarse de ese propósito, frustrando las legítimas expectativas de quienes prestaron igual adhesión.

El régimen de contribución aprobado para el mantenimiento de los bienes comunes es el fijado por los órganos estatutarios de la asociación civil que administra el country club, que puede consistir no sólo en el cobro de cuotas sociales, sino también en el cobro de cuotas extraordinarias, votadas por las asambleas legítimamente constituidas, y, además, el cobro de las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza y conservación, reparación y mejoras de la red vial municipal, si esa facultad le ha sido delegada por la Municipalidad correspondiente.

Todos los propietarios de lotes que con su adhesión contribuyeron a la organización de un "country" bajo un sistema de normas determinado, están obligados a cumplir con los objetivos perseguidos en el acto de la creación. El uso que cada uno de ellos realice de los bienes comunes, es ajeno a la obligación de contribuir a su mantenimiento, por la misma razón que se trata de bienes comunes, de conformidad a lo establecido por el art. 2.685 del Código Civil. En este caso particular como en el de la ley 13.512, por tratarse de una indivisión forzosa, el condómino no puede liberarse del gasto haciendo abandono de su derecho de copropiedad.

Tanto en el régimen de la ley de propiedad horizontal, como en el instituído por el Decreto 9.404/86, no son los copropietarios que han hecho el gasto los que directamente reclaman su pago, sino que en su lugar actúa el administrador designado por los propietarios. Y el derecho de retención que el art. 2.686 del Código Civil atribuye al copropietario que ha efectuado el pago, respecto del deudor, es similar al derecho de privar al condómino no contribuyente del uso de los bienes comunes está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre los cuales el pago de las contribuciones establecidas por la entidad administradora, es uno de los esenciales; e igualmente, la privación de dicho uso, puede ser dispuesto como sanción, por razones de indisciplina, faltas a la moral y buenas costumbres o incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los propietarios.
Boleto de compraventa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑO NORMA s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-22

El art. 1185 bis C. Civ. prescribe que los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiere abonado el 25 % del precio.
Jueces, recusación, recusación con causa, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DURE, CLAUDIA ANDREA c/ ESTUDIO JURIDICO OMAR BENABENTOS Y ASOCIADOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

No ha de prosperar el pedido de excusación de los jueces que dictaron la sentencia impugnada para seguir en la causa y resolver la admisibilidad del recurso excepcional por violencia moral justificada, pues si la recurrente entendía acaecida alguna causal de recusación debía plantearla oportunamente, lo que no hizo; y no encontrándose ninguno de los Vocales firmantes comprendidos en alguna de las causales previstas por el artículo 10 del CPCC al que remite el art. 9 del CPL- no corresponde pronunciarse al respecto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Porte, Héctor Eduardo s/ Violación y corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia transgresión del art. 255 del Código de Procedimiento Penal por no considerar la Cámara una pericia descalificante de la habilidad del testimonio de la víctima, si la defensa omite puntualizar las razones legales por las que lo acreditado por dicha pericia desplazaría el carácter hábil atribuido a la declaración testimonial mencionada.
Constitución Provincial, acción de amparo, queja por recurso denegado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ MARIA AMPARO c/ MUNIC. DE BAHIA BLANCA, CLUB DE EQUITACION DE B. B. Y  TELEFONICAS MOVILES ARG. S.A. s/ AMPARO. RECURSO DE QUEJA POR DENAGACION DE REC. EXTR. (INCONSTITUCIONALIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-03

El recurso previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y se haya decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local. En tanto en el pronunciamiento atacado no se ha resuelto un caso constitucional en los términos señalados sino que se alega que la sentencia misma es conculcatoria de las garantías constitucionales -en el caso, los arts. 15 y 28 de la Carta local y los arts. 18 y 41 de la Constitución nacional-, ello constituye materia ajena al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, y propia del recurso de inaplicabilidad de ley.
Caducidad de instancia, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA CRISTOFORO c/ GONZALEZ MAGDALENA Y/U OTRO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-27

Este Superior Tribunal se encuentra facultado para resolver el pedido de perención de instancia, por ser el Tribunal que deberá analizar, en su caso, el recurso de casación deducido; por ende, aunque el planteo incidental se haya formulado válidamente en la instancia de origen, puesto que el expediente aún se encontraba allí pendiente de ser elevado a este Superior Tribunal -atento a que la Cámara concedió la vía extraordinaria.-, la decisión de la incidencia suscitada le compete y, en consecuencia, debe asumir su tratamiento y resolución.-