marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, venta con premios, multa, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

1 - Debe confirmarse la multa impuesta a la sumariada en virtud de organizar un concurso para cuya participación habilitó un sólo lugar de retiro de cupones y álbumes en forma gratuita en todo el país, y no hacer lugar a la nulidad incoada, pues la actuación del organismo de aplicación debe entenderse adecuada a lo previsto por el artículo 17, inc.

a), de la Ley de Lealtad Comercial, al obrar oficiosamente frente a la comprobación de una presunta infracción, aunque fuera en ocasión de investigar una denuncia por otro hecho.- 2 - En el caso, el derecho de defensa de la sumariada resultó plenamente garantizado al haberse dejado constancia del hecho verificado y de la disposición presuntamente infringida y al otorgársele el plazo legal para formular descargo y ofrecer prueba, todo ello de conformidad con el artículo citado precedentemente.- 3 - Del texto de la propia ley queda absolutamente claro que está prohibido realizar concursos cuando la participación se encuentra condicionada total o parcialmente a la adquisición de un producto o servicio (Cf. art. 10, inc. b), ley 22802). La práctica de que quien quiera participar gratuitamente del concurso de que se trate debe soportar limitaciones, molestias, incomodidades e incluso - como en el caso en estudio - la imposibilidad absoluta de participar, viola indudablemente la propia ley. No existe, por ende, ningún exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria por parte del poder administrador ni se ha violentado el espíritu de la ley.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24


Dictamen del Procurador Fiscal de la Nación Suprema Corte:

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, por mayoría, concedió parcialmente el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Sergio Javier Faiad a fojas 7329/7350vta.

El recurrente se agravia de que fue afectada la garantía que le asiste a toda persona de ser juzgada por un tribunal imparcial, porque uno de los jueces integrantes del tribunal de juicio que lo condenó, fue el doctor M. R. G., quien intervino previamente durante la instrucción del proceso a cargo de la Fiscalía 4 de esa jurisdicción, receptando la denuncia del hecho y requiriendo el allanamiento de un local comercial, cuyo resultado derivó en la recuperación de parte de la mercadería, objeto del desapoderamiento.

En tales condiciones, entiendo resulta aplicable, al caso de autos, la doctrina desarrollada por el Tribunal en el precedente "Llerena", publicado en Fallos: 328:1491, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, en lo pertinente, en razón de brevedad.

Por ello, opino corresponde que V.E. haga lugar a la apelación federal, para que se dicte una nueva sentencia respetando la garantía objeto de examen. Buenos Aires, diciembre 16 de 2009. - Luis Santiago González Warcalde.

Buenos Aires, agosto 24 de 2010.

Vistos los autos: (Sittner, Hermes Sevani Roberto Julio s/ asociación ilícita en carácter de organizador hurto simple y estafas reiteradas 96 hechos en concurso real, Hedo Gustavo Horacio s/ asoc. asociación ilícita en carácter de integrante s/ estafas reiteradas 10 hechos en concurso real, Faiad, Sergio Javier; Albarracín, Rosana Anabel; Juri, María Beatriz; Winkler, Rosina s/ asociación ilícita en carácter de integrantes agregados por cuerda Sittner, Hermes Sevani Roberto Julio s/ asociación ilícita en carácter de organizador s/ estafas reiteradas en concurso real Ormazábal, Martín Miguel - Ormazábal, Héctor Manuel s/ asociación ilícita).

Considerando: Que esta Corte comparte lo expuesto por el señor Procurador Fiscal en su dictamen, a cuyos términos se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber, agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. - Elena I. Highton d e Nolasco. - Carlos S. Fayt. - Enrique Santiago Petracchi. - Juan Carlos Maqueda. - E. Raúl Zaffaroni. - Carmen M. Argibay.
Subasta, subasta de inmuebles, sociedad conyugal, bienes gananciales, bienes propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHOVET,   JORGE  EDUARDO  Y  CHOVET,  RAUL  ALBERTO  MARIO  S/QUIEBRA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

El régimen de los bienes gananciales no convierte a los cónyuges en condóminos.

Bajo el sistema de administración separada instaurado por el art.

1.276 del CCIV por el cual cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y de los gananciales adquiridos por su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en el art. 1.277, cada cónyuge es propietario de sus bienes y el otro no tiene derecho alguno sobre ellos; ni siquiera posee medios para evitar su dilapidación porque se está en presencia de un régimen de separación. Todo ello sin perjuicio de la imputación que se efectúe a tales bienes en el momento de disolución de la sociedad conyugal y partición.

Es adecuado a derecho la orden de subasta del 50% de los bienes, si los certificados de dominio informan que figuran a nombre de la deudora y su cónyuge.

Si la titularidad del dominio consta a nombre de los deudores, la totalidad de los inmuebles responden por las deudas de sus titulares registrales (CCIV: 1.275, 3; 1.276; art. 5, Ley 11.357) sin corresponder distinción en razón de que la cosa tenga carácter ganancial.
Nulidad de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, escala penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gnadinger, Oscar Miguel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-13

Corresponde anular la resolución recurrida en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735. y del art. 865 del Código Aduanero en relación al mínimo de la escala penal y suspendió el presente juicio a prueba respecto al imputado, toda vez que presenta aspectos que resienten su motivación y, por ende, la descalifican como acto jurisdiccional válido.
Trabajadores marítimos, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: OZAN, JOSE COSME Y OTROS c/ ELMA. SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-04-17

De acuerdo con la redacción del texto primitivo del artículo 2 LCT., durante su período de vigencia modificó al artículo 15 de la ley 17371 en cuanto el artículo 218 LCT. (hoy 201) establecía un mejor derecho para el trabajador (a los fines de determinar el monto de la hora de trabajo para calcular el importe de la suplementaria se tomaba en cuenta el 'salario habitual' que incluye todos los plus que correspondan): la norma general desplazaba a la especial, debiendo formularse en cada caso, un juicio de compatibilidad. Al modificarse el citado artículo 2 que establece otras directivas para compatibilizar las normas generales con los estatutos profesionales, estos últimos, al desaparecer el criterio de mayor beneficio, readquieren validez. Aunque los trabajadores marítimos hayan gozado durante un lapso del derecho que surge del artículo 201 y concordantes LCT. para determinar el importe que les correspondía liquidar por las horas suplementarias trabajadas, esa situación jurídica ha sido modificada hacia el futuro por una nueva ley (artículo 3 Código Civil).
Juicio de desalojo, posesión, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEÑA ALBERTO c/ RAQUEL BAYRSE O BAYSRE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-19

Aunque la demandada tenga un negocio en el inmueble,haya colocado una pileta de cocina y efectuado reparaciones de cañerías,no son actos que resulten suficientes para acreditar "prima facie" la posesión invocada.

Los actos comunes de ocupación del inmueble no son susceptibles de crear una presunción del "animus rem sibi habendi" por su manifiesta equivocidad.-
REPÚBLICA ARGENTINA, pena privativa de la libertad, menores, producción de la prueba, planteo oportuno, derechos de la víctima
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Mendoza y otros (Prisión y Reclusión Perpetuas de Adolescentes) Vs. República Argentina s/ Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas c/  s/ Reclusión Perpetuas de Adolescentes - Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-05-08

Resulta procedente la solicitud de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de la Corte presentada en favor de las presuntas víctimas, en el caso contra la República Argentina relativo a la supuesta imposición de penas de privación perpetua de la libertad a varias personas por hechos que ocurrieron cuando aún eran niños, pues el Presidente del Tribunal ha constatado que fue presentada en tiempo oportuno, en favor de las presuntas víctimas probándose acabadamente su carencia de recursos y tiene como objeto solventar gastos relacionados con la producción de prueba ante el Tribunal.
Grupo económico, contrato de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: GIORGINI, Sixto c/ FUILTRONA ARG. Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

Dos o más sociedades conforman un conjunto económico permanente cuando a la comunidad de capitales y directores que hay en las empresas integrantes de aquél, se añade la comunidad de personal, el cual es intercambiable y pasa de una sociedad a otra siguiendo las necesidades del servicio, de modo que queda configurada una sola relación en la que ambas empresas son responsables solidariamente de las obligaciones emergentes de su carácter de empleador. (Confr. Sala II sent. 54606 del 27/3/85 "D'Arruda, Daniel C/ Leska SA y otro"). (Del voto del Dr. Puppo).
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, robo con armas, habilitación municipal
Materia: COMERCIAL
Carátula: La Rectora Cía. Arg. de Seguros S.A. c/ Garage San Cayetano s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Resulta improcedente que el propietario de un garaje, a fin de eximir su responsabilidad por el robo a mano armada de un vehículo, argumente que el establecimiento tiene habilitación municipal, toda vez que los deberes que el garajista ha debido cumplir para obtener la citada habilitación, no crean ningún vínculo, ni condicionan los derechos entre el depositante y el depositario en el contrato de garaje. Son deberes frente al estado que no obligan al depositante ni limitan su derecho a la reclamación de daños en función de las normas de responsabilidad del derecho común, ni se imponen a los particulares que celebraron el contrato.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, Rene Alberto c/ PEÑA, Mario Ernesto s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-29

El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles pues, si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: LABORAL
Carátula: Ietta, Carmelo c/ Compartir S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Para que la plus petición produzca consecuencias desfavorables respecto del vencedor, tiene que ser inexcusable y además, la otra parte debe haber admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia (art 72 C.P.C.C.).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Aceiteras Chabas S.A.I.C. (TF 15.035.I) y acum. (TF 15.038.I) c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Es formalmente admisible el recurso ordinario de apelación si se dirige contra una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede el mínimo legal previsto por el art.

24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: G.H., M.A. c/ I.L., M. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-23

Resulta improcedente el recurso extraordinario referente a medidas cautelares, sean que las acuerden, denieguen, modifiquen o levanten, pues son ajenas a dicho recurso por no constituir sentencia definitiva, no obviando tal requisito la invocación de arbitrariedad y de garantías constitucionales.
Principio de contradicción, defensa en juicio, notificación por cédula
Materia: CIVIL
Carátula: Lucas, Susana Diana c/ Kappes Antonio Oscar s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

La violación al principio de contradicción y defensa en juicio, no puede tenerse por saneada por la mera circunstancia de que el letrado de la parte afectada hubiese suscripto, a posteriori y luego de los sucesivos vaivenes del expediente, cédulas notificando la recepción y la intervención de la jueza de origen, pues ello solamente tiene por efecto dar por notificada a la parte que patrocina de tal circunstancia (art. 137 del C.P.C.C.), no constando en autos ni el retiro del expediente, lo que implicaría la notificación de las resoluciones anteriores al mismo ni la notificación personal de la parte de aquel decisorio, no pudiendo considerarse notificado por ministerio de ley al no habérsele corrido traslado del recurso (arts. 133, 134 y 142 del C.P.C.C.). De allí que deba reenviarse los presentes para que la Cámara, con otra integración, trate el recurso de apelación de la parte ejecutante (doctor PETTIGIANI, minoría).
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alegre, Basilio Guillermo s/ interpone acción inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Todas las causas iniciadas en la Capital relativas a acciones civiles y comerciales concernientes a responsabilidad contractual o extracontractual por accidentes de tránsito, que con anterioridad a la ley 23.637 correspondían a la Justicia Especial en la Civil y Comercial, son de competencia de la Justicia Nacional en lo Civil a partir de la unificación establecida por dicha norma.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, falta de fundamentación, remoción de jueces, Consejo de la Magistratura, enjuiciamiento de magistrados, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

En el sub - lite surge evidente que las argumentaciones sustentatorias tanto de la violación del derecho de defensa, como de la invocada arbitrariedad de sentencia, resultan en realidad de una discrepancia subjetiva con las consecuencias derivadas de juicio, llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura Provincial que culminara con la destitución. Al respecto, insisten en que los hechos por los cuales se lo llevó a juicio no son por los cuales se lo condenó y desarrolla una cuestión semántica alrededor del concepto "correlato" utilizado en la sentencia atacada. Esta cuestión de naturaleza procesal y probatoria es propia de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario federal excepto cuando media arbitrariedad manifiesta, lo cual no ocurre en autos.
Exacciones ilegales, exacciones ilegales simples, funcionarios judiciales, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Dumanjo, Ricardo J. s/ Exacciones Ilegales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

a) El empleado de la justicia reúne las condiciones de funcionario público establecidas por el art. 77 del C.P. y por ende puede válidamente ser acriminado por el delito de exacciones ilegales -art. 266 del C.P. -, ya que los conceptos de funcionario y empleado público utilizados en la mencionada norma son sinónimos, siendo suficiente que la persona participe del ejercicio de la función pública, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, por lo que es funcionario todo aquel que presta una actividad remunerada en organismos del Estado en virtud de nombramiento emanado de autoridad competente.

b) En la justicia penal existe una verdadera delegación de tareas por la que los empleados reciben declaraciones indagatorias, testimoniales, proyectan autos interlocutorios, sentencias, acusaciones, defensas, a lo que se agrega la disposición de diligencias importantes, la realización de proveídos, el sesgo que puede imprimirse a cualquier investigación que muchas veces depende del importante trabajo de estos auxiliares, que más allá del estricto control de sus superiores, importa un claro ejercicio de la función pública.

c) El requerimiento de una suma de dólares estadounidenses al abogado de la querella por parte de un empleado encargado de la tramitación material de una causa correccional, para decretar el procesamiento, configura el delito de exacciones ilegales previsto y reprimido por el art. 266 del C.P.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Santamariña, María del Carmen c/ Ferrocarriles Argentinos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la empresa de ferrocarriles, si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias ajenas a su competencia extraordinaria (Disidencia de los Dres. Mariano Augusto Cavagna Martínez y Enrique Santiago Petracchi).
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAGLIERO DE ECHEGARAY, MARIA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-30

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, determinando que la facultad que en esta área posee el poder judicial, sea ejercida cuando las leyes resulten irrazonables,o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, debiendo presumirse la racionalidad de una ley, y en consecuencia su constitucionalidad, lo cual implica que el legislador la dictó con fines que observan una razonable y sustancial relación con la salubridad, moralidad, seguridad y bienestar general de la población, quedando a cargo del impugnante la demostración de la inexistencia de tal relación.
Accidente de tránsito, inoponibilidad a terceros, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Fernández, Carlos Ramón c/ Transportes Quirno Costa y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

Las normas generales, el principio de la buena fe -especialmente aplicable en materia de seguros- y las de la ley 24.240 y art. 42 de la Constitución nacional, generan en cabeza de la aseguradora un deber resarcitorio concurrente autónomo sin limitaciones exorbitantes por haber incurrido en una ilicitud negocial con potencial daño hacia terceros, un fraude a la ley, y haber integrado una cadena de comercialización de un servicio riesgoso. Y este deber cae tanto en cabeza de las aseguradoras de concesionarias ferroviarias cuanto las viales y del autotransporte público de pasajeros.
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: LABORAL
Carátula: Fedczuk, Carlos O. c/ Garovaglio y Zorraquín S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

La garantía de los habitantes de contar con el debido proceso judicial en la jurisdicción provincial natural de su pertenencia (art. 5 de la Carta Magna), proviene del respeto a la autonomía provincial.
Honorarios, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: LIDERAZGO S.A c/ BUSSATI JUAN M s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Cuando se trata de la actualización de los honorarios, debe tenerse en cuenta, que el aumento del monto nominal de la regulación en función de la depreciación monetaria, no importa beneficio para el interesado, ni un perjuicio para el deudor, sino que sólo mantiene el valor económico de aquélla, frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Cuidado personal compartido, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., D. c/ G., P.I. s/ Tenencia-medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Cuando el recurrente niegue la existencia de violencia familiar, y de abuso sexual, parecería excesivo instalar la temática en tal esfera, pero no pueden ser sino los expertos en dicha problemática los que no sólo evalúen su gravedad y aporten elementos para su atenuación que son los mejor habilitados para establecer su existencia. Dichas evaluaciones deben realizarse por técnicos especializados e integrantes de un establecimiento hospitalario público de reconocida solvencia y afinidad con el tema denunciado como lo es la tradicionalmente conocida Casa Cuna y Hospital Pedro de Elizalde, siendo también acertado el aporte de integrantes de la Asesoría Pericial que ha atendido el tema en esta dependencia.
Recurso de apelación (procesal), cambio de sexo, rechazo in límine
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C.J.A. y Otra s/ Solicitan autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-11-28

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó in limine la autorización de una cirugía de reasignación de sexo para un menor de edad, toda vez que el discurso recursivo revela una manifiesta como inadmisible innovación de las materias propuestas como contenido de la litis cristalizada en autos, es decir, mientras la pretensión inicial estuvo limitada, exclusiva y excluyentemente, a requerir la pertinente autorización judicial para una intervención quirúrgica de adecuación sexual (reasignación de sexo), en esta instancia se pretende algo totalmente distinto, que en el escrito introductorio de la acción no fue ni tan siquiera mencionado: que la referida autorización se otorgue a los efectos del tratamiento preoperatorio (medicamentoso-hormonal), a juicio de los apelantes previo e imprescindible para la ulterior intervención quirúrgica.
Recurso de revisión (procesal), recurso extraordinario
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PEIRETTI JUAN F Y OTROS c/ GUSTAVO B OSUNA s/ DEMANDA RUIDOS MOLESTOS - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-06

La resolución de una cámara que deniega el recurso extraordinario federal no es impugnable en revisión aunque adolezca de los vicios que el art. 1272 C.P.C. contempla como motivos de ese recurso.