Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-12


Expte. Nº 5967 caratulado "MC SERVICIO DE CONSULTORA S.R.L. c/ Minera Argentina Gold S.A. - MAGSA- Ordinario - Incostitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a doce (12) días del mes de junio del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Carlos Eduardo Balaguer y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce en autos Nº 21489 (125297) caratulados: "MC Servicio de Consultora SRL c/ Minera Argentina Gold SA - MAGSA - Ordinario"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJO --- --- En la sentencia impugnada, el tribunal a quo rechazó el recurso de apelación de la actora, confirmando la resolución de primera instancia que haciendo lugar a la excepción de incompetencia, ordenó remitir los autos al tribunal arbitral designado por las partes en el contrato, por considerar válida la cláusula compromisoria inserta en el mismo.---------------------- --- Para fundar su pronunciamiento el a quo partió de considerar la existencia de un contrato suscripto libremente entre las partes, entre cuyas cláusulas se pactó: "Toda disputa, controversia, conflicto o reclamo que se suscite entre las partes con relación a este contrato. será dirimida de manera exclusiva y final por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires" (cláusula 18.1). Los sentenciantes infirieron que por virtud de esa disposición contractual, que consideraron redactada en términos absolutamente claros, actora y demandada, en ejercicio de sus derechos disponibles, habían decidido someter a conocimiento del tribunal arbitral cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la ejecución de aquel contrato. Se expuso que ello tuvo un doble efecto: por un lado, renunciar a la jurisdicción judicial y por el otro, atribuir el conocimiento de las eventuales divergencias a un tribunal imparcial sin que ello importe una restricción a la defensa en juicio o al derecho a la jurisdicción. La alzada descartó que dicha cláusula fuera abusiva por la simple circunstancia de encontrarse inserta en un contrato de adhesión y que en el caso particular el abuso no se verificaba por cuanto las partes contratantes eran dos empresas, el valor del contrato superaba los dos millones de pesos y la cláusula se consignó en los mismos caracteres que se utilizaron en el resto del contrato. El tribunal concluyó que la actora "pudo tomar noticia" de la cláusula de arbitraje con lo que "pudo eventualmente manifestar su desacuerdo", descartando que la voluntad de la contratista estuviera viciada en ese aspecto. Además, restó incidencia a la circunstancia de que la cláusula arbitral no se hubiese explicitado en las bases del llamado a concurso ni en la orden de compra "pues el pacto arbitral es un contrato".- --- El a quo añadió que los recursos contra las sentencias judiciales y laudos arbitrales son renunciables, salvo el de nulidad. Advirtió, a todo evento, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la revisión de laudos arbitrales locales, aún cuando las partes hubiesen renunciado al derecho de apelar (in re "Cartellone c/ Hidronor", 01/06/2004; JA, 2004-III-48), aclarando que la renuncia a los recursos es una disposición aplicable a ambas partes por igual. Se expuso, también, que la apelante no podía reputarse la "parte débil" ya que ambas empresas tenían domicilio y abogados en la Provincia, lugar de suscripción del contrato.--------------- --- Para concluir, la alzada sostuvo que el gerente de la actora tuvo capacidad para prorrogar la jurisdicción y renunciar a los recursos en nombre de la sociedad, resultando inadmisible la incapacidad invocada con sustento en el artículo 1881 del Código Civil. Ello así, en la medida que si fue el propio gerente de la contratista quien intervino en la suscripción del contrato, no podía con posterioridad invocar el requisito de un poder especial por ser ello contrario al principio de la buena fe y contradictorio con el comportamiento demostrado con anterioridad, teniendo en cuenta que él mismo se encontraba habilitado a otorgar poderes especiales según el contrato societario.-------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el inciso 3° del artículo 11 de la ley 2275 y motivado en que el pronunciamiento de la alzada resulta arbitrario en tanto violatorio de sus derechos de defensa, igualdad y propiedad.-------------------------- --- La recurrente comienza por afirmar que el fallo impugnado le produce perjuicios irreparables, en cuanto: a) importa clausurar la vía natural y ordinaria ante el juez provincial; b) se priva a su parte de las instancias ordinarias y extraordinarias de revisión; c) se transfiere la resolución del conflicto a un tribunal con sede a 1200 kilómetros de distancia de su domicilio; d) se dificulta y encarece la defensa de sus derechos al tener que designar abogados en extraña jurisdicción; e) se dificulta la producción de la prueba, y f) deberá afrontar la retribución del tribunal arbitral, todo lo cual, según dice, incrementará los costos de un litigio que difícilmente podrá afrontar. Concluye su introducción expresando que la resolución de la alzada, al convalidar la cláusula en cuestión, le provoca una decisiva y considerable desigualdad, máxime cuando se dispone que la decisión del tribunal arbitral será "única, final e inapelable".------ --- Desarrollando los motivos en que sustenta su impugnación, en primer lugar, sostiene que la sentencia recurrida es dogmática en cuanto se limita a invocar el principio pacta sunt servanda, sin analizar ni uno de los argumentos expuestos por su parte relativos a la existencia del abuso; que en el fallo se hace abstracción del planteo concreto y circunstanciado de nulidad efectuado por su parte, de modo que la fundamentación es solo aparente y claramente insuficiente para sustentarlo y que, pese a admitir que se trata de un contrato de adhesión, el tribunal de alzada elude analizar su verdadera naturaleza y efectos, la real envergadura económica de los contratantes y que sólo la demandada tiene su domicilio legal en Buenos Aires.-------------------------------------------- --- Afirma que la consideración referida a que las contratantes eran dos empresas importa alterar el sustratum fáctico del caso, y que con ello se pretende aparentar que ambas eran poderosas y económicamente equiparables, todo lo cual -según expresa- constituye una abstracción total de las circunstancias comprobadas en la causa. Añade que su parte sólo tiene por objeto la prestación de servicios de agrimensura, que es una pequeña sociedad de responsabilidad limitada compuesta por dos personas, con un capital inicial de integración de cinco mil pesos ($5.000); mientras que la parte demandada es una empresa multinacional dedicada en esta Provincia a la explotación de una mina de oro.---------- --- Respecto a otra consideración del fallo relativa a que la cláusula de prórroga de jurisdicción se consignó con las mismas letras utilizadas para el resto del contrato, lo que a juzgar por los magistrados sentenciantes habría habilitado a su parte a "manifestar su desacuerdo", dice que el razonamiento resulta ilógico por cuanto le otorga a la tipología de la letra utilizada la virtualidad de haberse opuesto a su contenido cuando, en realidad, lo que su parte sostiene es que pese al cuestionamiento que oportunamente formuló, la respuesta de la demandada fue implacable: "las cláusulas no se modifican". Concluye que la argumentación resulta inválida para sustentar la decisión.-------------------------------------- --- En tercer lugar, la recurrente le endilga al pronunciamiento impugnado el vicio de autocontradicción, defecto que -según dice- se verifica cuando comienza por admitir que se trata de un contrato de adhesión y, a continuación, afirma que la adherente "pudo eventualmente manifestar su desacuerdo". Sostiene que el razonamiento expuesto por la alzada importa desconocer que en esta modalidad de contrataciones la etapa de negociación de las cláusulas no existe y que cualquier oposición al respecto impide la formalización del contrato: o se contrata en los términos propuestos o no se contrata. Pone fin a esta crítica diciendo que en relación a la cláusula de arbitraje y prórroga territorial, no hubo de su parte una manifestación deliberada de la voluntad ya que sólo pudo aceptar las condiciones impuestas por el predisponerte. En suma, que no hubo igualdad ni libertad jurídica a la hora de suscribir la cláusula arbitral.------------------ --- La actora también objeta la premisa sentada por el tribunal a quo relativa a la irrelevancia de que la cláusula no fuese explicitada en la etapa precontractual. Pretende desvirtuarla resaltando que las bases del llamado a concurso de precios pasan necesariamente a integrar el contrato posterior y que es en aquel documento donde se establecen las condiciones a las cuales deberán atenerse las partes. Por ende, insiste en que la aparición sorpresiva de la cláusula, no insinuada con anterioridad a la suscripción del contrato, es la circunstancia tipificante del abuso. Agrega que carece de significación alguna el hecho de que la ley admita la renuncia a los recursos en tanto la circunstancia relevante para resolver el caso, y cuyo análisis fuera omitido por el a quo, es que su parte no tuvo realmente la intención de renunciar. Afirma que se trata de argumentaciones aparentes.-------- --- Para finalizar, la actora señala que la arbitrariedad de la sentencia también se evidencia en sus últimos fundamentos, cuando la alzada sostiene que la recurrente no era la "parte débil" y cuando valida la aptitud de su gerente para suscribir la cláusula de prórroga de jurisdicción. En cuanto a lo primero, dice que la supuesta igualdad queda desvirtuada con sólo advertir que la demandada sí tiene sede legal en Buenos Aires, mientras que su parte no tiene domicilio en esa jurisdicción.--------------- --- En relación a la otra premisa, la quejosa sostiene que la alzada no analizó en profundidad si el administrador tenía facultades expresas y suficientes para otorgar un acto como el cuestionado (art. 1881 del Código Civil). Si bien reconoce que el gerente podía otorgar poderes especiales, lo cierto es que en el contrato social no se otorga "autorización expresa" al gerente para prorrogar jurisdicción ni para comprometer en árbitros. Agrega que el a quo se limitó a invocar la doctrina de los actos propios lo que resulta inaplicable al caso por cuanto se está en presencia de personas jurídicas. Da fin a sus alegaciones diciendo que su administrador hizo un uso excesivo del mandato por lo cual el acto resulta inoponible a la sociedad.---------- --- Expuestos sucintamente los antecedentes de la impugnación traída, anticipo que he de propiciar el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, pues -conforme las consideraciones que paso a exponer- entiendo que en el caso no se configura la arbitrariedad que la recurrente imputa al fallo, ni tampoco las violaciones a sus derechos de defensa, igualdad y propiedad que se invocan.---- --- En cuanto a que el fallo resulta dogmático y que, con la invocación abstracta del pacta sunt servanda el tribunal omitió analizar la verdadera naturaleza del contrato y demás circunstancias fácticas de la causa, entiendo que no se verifica el mentado vicio endilgado al pronunciamiento por cuanto -sin perjuicio de aludir a la autonomía de la voluntad y a la obligatoriedad de las convenciones hechas entre las partes-, el a quo efectuó un adecuado examen de las circunstancias particulares de la causa. En ese sentido, aunque partió de reconocer que se trataba de un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas, señaló que esa sola circunstancia no acarrea ineludiblemente el abuso del contrato o de alguna de sus cláusulas, y que en el caso concreto correspondía descartar esta última hipótesis por cuanto: a) la cláusula estuvo redactada en términos claros, por lo que la empresa contratada pudo advertirla y manifestar su disconformidad; y b) no podía considerarse que la contratista fuera la "parte débil", atendiendo a la envergadura del vínculo, evidenciada en el monto de la contratación y por las cualidades de las partes contratantes, que reconoció dotadas de asesoramiento técnico-legal.-------------------------- --- Esas consideraciones que desarrolla el a quo, lejos de ser dogmáticas, reflejan las reales circunstancias del caso conforme las constancias obrantes en la causa. En efecto, teniendo ahora a la vista el expediente principal, de su examen surge que la empresa contratista no es precisamente una pequeña empresa que recién se inicia en la prestación de servicios de topografía, "con cinco mil pesos de capital inicial y dos socios", tal como se alega en el recurso. Por el contrario, es la propia actora la que acredita que es "una Firma Consultora de Ingeniería, con una antigüedad de más de 40 años de experiencia profesional de algunos de sus miembros", inscripta en las Cámaras de Servicios Mineros, en el Comité Argentino de Presas, Miembro permanente del Icold, Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, y que "genera un servicio integral de ingeniería, desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle, con la dirección e inspección de obras, habiendo concluido con éxito más de 1.500 encomiendas por un monto global de obras de más de 3.200 millones de dólares, lo que ha permitido desarrollar una vasta experiencia en diversos temas". La actora también alude, al detallar sus antecedentes, a las certificaciones de calidad obtenidas y expone su estructura organizacional, la que da cuenta de los distintos niveles gerenciales y direcciones de proyecto, acorde a la índole específica de las obras que se le encomiendan (topografía, traslados, estructuras, geotecnia, hidráulica, plantas, ambiental), tareas que delega en ingenieros seniors con personal de apoyo en cada caso (fs. 251/253, II cuerpo, expediente principal).------------------------ --- También se desprende de las constancias anexadas a la causa principal el listado de clientes con quienes se ha vinculado la quejosa, que resultan ser renombradas empresas constructoras, comerciales, estudios de arquitectura e ingeniería de esta Provincia y también de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Neuquén. Incluso, menciona empresas y consultoras internacionales. Entre los principales antecedentes que respaldan su experiencia denuncia la prestación de distintos servicios (consultoría, gerenciamiento, ingeniería estructural, hidráulica, geotécnica, de plantas y de proyectos) en relación a diversas tipologías de obras, a saber: presas, líneas eléctricas, caminos, inspecciones de caminos, estudios especiales, estructuras edilicias, puentes, planes de acción ante emergencias, estudios hidráulicos, defensas, saneamiento, estudios geotécnicos y supervisión (fs. 254/319, II cuerpo, expediente principal).--------------------------------------- --- Todas esas circunstancias, que evidencian la profesionalidad y vasta experiencia de la empresa actora en el tipo servicios contratados y -por ende- en la modalidad de vínculo y cláusula que ahora cuestiona, me llevan a compartir las consideraciones que se exponen en el fallo del a quo respecto a que la recurrente no podría ser considerada la "parte débil" a la que se le impuso un método de resolución de conflictos perjudicial para su parte.--- --- Por otro lado, resulta inconsistente la invocación de la quejosa relativa a que su parte objetó oportunamente la cláusula de arbitraje y prórroga territorial. Es que si bien se trató de un contrato de adhesión, y pese a que la cláusula no fue explicitada en la etapa precontractual -tal como lo reconoce la demandada-, lo cierto es que con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato, la actora inició una serie de reclamos extrajudiciales -invocando el asesoramiento de su letrado-, vinculados a determinado puntos del contrato y sus anexos (Anexo I-Alcance de Topografía; puntos 1, 3.b, 5.b; 11; ver fs. 381/383, II cuerpo, expediente principal). A mi entender, esto demuestra que existió un margen de negociación aunque fuere posterior al inicio de la ejecución del contrato, sin que la quejosa haya acreditado el cuestionamiento de la cláusula cuya nulidad por "abuso" ahora pretende obtener (fs. 180/461, expediente principal). Solamente la adujo cuando la contraria ya había cursado la notificación de la rescisión contractual (fs. 4/9, I cuerpo, expediente principal).------------------------------------- --- En función de las consideraciones precedentes juzgo que la afirmación del a quo, en el sentido de que la contratista "pudo manifestar su desacuerdo" no aparece ilógica, contradictoria o desprendida de las constancias fácticas del caso y resulta válida para sustentar el sentido del pronunciamiento traído en recurso.---------- --- En cuanto al agravio propuesto por la actora según el cual la alzada no analizó en profundidad si el representante tenía capacidad para suscribir la cláusula de arbitraje y prórroga territorial (art. 1881 del Código Civil), traigo nuevamente a colación que el tribunal consideró al respecto contrario al principio general de la buena fe pretender que el gerente debió darse a sí mismo un poder especial para comprometer en árbitros o para prorrogar la jurisdicción.-------------- --- Esos argumentos -el de la buena fe y lo irrelevante de la inexistencia de un poder especial- no han sido desvirtuados por la recurrente y de ningún modo pueden juzgarse insuficientes para sustentar la decisión. Ello así por cuanto, más allá de la teoría de los actos propios invocada por la alzada, lo cierto es que del contrato social se desprende que el administrador (en el sub examine, el gerente es uno de los dos socios de la SRL) tenía amplias atribuciones para realizar actos de disposición. En efecto, se encontraba autorizado para: "constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles, administrar bienes de otros, nombrar agentes, otorgar poderes generales y especiales, realizar todo acto o contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de negocios, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones en bancos o entidades financieras ., constituir hipotecas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en la forma y condición que considere más conveniente". Además, el contrato social da cuenta de que esas enumeraciones "no son taxativas sino simplemente enunciativas", en tanto el administrador está facultado para "realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa e indirectamente con el objeto social" (cláusula octava; fs. 3, de este expediente).-------------------------------------------- --- En ese contexto, según vengo diciendo, resulta suficiente la invocación del principio de buena fe para validar la capacidad del gerente al suscribir la cláusula de arbitraje y prórroga de jurisdicción en nombre de la sociedad, ya que es razonable interpretar que el contrato social lo autorizaba en la medida que el acto resultaba inherente al objeto de la persona jurídica a la que representaba (art. 58 de la Ley de Sociedades Comerciales). Por ende, y tal como señaló el tribunal de alzada, resultaba innecesario darse a sí mismo un poder especial con autorización expresa a tal fin.-------------------------- --- Por otro lado, en cuanto a los supuestos perjuicios que según invoca la recurrente le acarrearía la cláusula de prórroga de jurisdicción, ninguno de los argumentos expuestos demuestra que la cláusula en cuestión resulte abusiva, ni tampoco demuestra la arbitrariedad que se imputa al fallo recurrido.------------------------------ --- En efecto, en cuanto a la renuncia a la jurisdicción provincial y sometimiento a un tribunal arbitral, resulta claro que -tratándose de un arbitraje de derecho- nada obsta a que pueda plantear las mismas cuestiones y pruebas que su parte podría invocar ante el juez ordinario. Recuérdese que el árbitro -en sentido estricto- es un juez privado que debe laudar siguiendo el procedimiento establecido en la ley de rito o, en su caso, el determinado por las partes, juzgando conforme a derecho, apareciendo como un sustituto de la jurisdicción, en tanto es el propio Estado el que permite sustraer cierto tipo de controversias de sus tribunales oficiales. Además, en el caso, el arbitraje ha sido encomendado al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, siendo éste un tribunal institucional ampliamente reconocido (Falcón, Enrique M.; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Comentado, concordado y anotado, Ed. Abeledo Perrot, tomo VI, pág. 900), cuya idoneidad, independencia e imparcialidad -valga destacar- no han sido cuestionadas bajo ningún aspecto.------------------ --- Además, las reglas que han de regir el debate se encuentran previstas en el Reglamento del Tribunal de Arbitraje General (en adelante, RTAG, disponible en http://www.bcba.sba.com.ar/tribunal/regimen.php),que consagra entre sus principios esenciales, los de audiencia, contradicción e igualdad, remitiendo en subsidio a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 24). Dicha reglamentación exige el patrocinio letrado cuando se trata de arbitraje de derecho (art. 27), respeta la bilateralidad a la hora de efectuar postulaciones (arts. 38 a 44) y habilita el ofrecimiento y producción de pruebas (arts. 45 a 56), para culminar con el dictado de un laudo que, en lo pertinente, debe contener los mismos requisitos de una sentencia definitiva de primera instancia (art. 58). De ahí que no se advierta perjuicio alguno que pudiera derivar del sometimiento al arbitraje y de esa renuncia a la jurisdicción ordinaria, en tanto la cláusula arbitral no puede considerarse abusiva per se. En todo caso, lo sería en el supuesto hipotético de que el arbitraje resultare obligatorio para el adherente y no para el predisponente, o cuando éste se reserve la facultad de designar unilateralmente a la totalidad de los árbitros, cuando imponga al adherente la carga de afrontar todos los costos del arbitraje o que sólo el adherente renuncie a los recursos contra el laudo. Ninguna de esas particularidades se presenta en el caso.--------------------------------------------------- --- Es cierto que la cláusula de arbitraje conduce a que el conflicto deba ser dilucidado en un lugar considerablemente distante del domicilio de la recurrente. Sin embargo, no se advierte que de esa prórroga territorial derive derechamente una desigualdad o debilitamiento procesal que favorezca la posición de la empresa contratante en detrimento de la contratada. Es que si bien la adherente tiene domicilio social en San Juan, mientras que la predisponente tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -coincidente con el lugar donde tiene su sede el Tribunal Arbitral-, lo cierto es que no se evidencia cómo esa sola circunstancia podría afectar la garantía del debido proceso adjetivo. En rigor, su defensa habrá de resguardarse con la correspondiente designación de abogados en aquella sede, sin que ello implique una desventaja comparativa con el hecho de litigar en la jurisdicción provincial, en cuyo caso también se exige el patrocinio letrado. Es más, los honorarios de los letrados a designar para actuar ante el Tribunal Arbitral habrán de regularse atendiendo a la naturaleza extrajudicial de las actuaciones (art. 85 del RTAG), pauta que -en general- arroja retribuciones menores a las que se fijan por la actuación ante los estrados judiciales.----------- --- Tampoco se advierte que el sometimiento al arbitraje le provoque mayores costos que resultaren imposibles de afrontar, de acuerdo a las cualidades empresariales que la actora invoca, y que fueran referidas supra. En primer lugar, la remuneración de los árbitros y del secretario-director se encuentran a cargo de la Bolsa de Comercio (art. 82 del RTAG); de ahí que su intervención no importa en sí misma erogación adicional. Según dijera, los honorarios de los letrados habrán de regularse como si se tratara de actuaciones extrajudiciales y, en cuanto a los honorarios de los peritos, su depósito puede ser sustituido por una garantía, a satisfacción del director del procedimiento arbitral (art. 48 del RTAG).-------------- --- Resulta de importancia destacar también, que el arancel que debe efectivizarse ante el Tribunal Arbitral -atendiendo al monto del reclamo y a que se trata de un arbitraje de derecho- es menor a la alícuota que se aplica en la jurisdicción provincial en concepto de impuesto de sellos (1%, el arancel del arbitraje y 1,5% el impuesto de sellos provincial). Por último, no puede pasarse por alto que dicha tasa se considera parte integrante de las costas, de modo que habrán de seguir la suerte de esa condena (art. 81 del RTAG). Es decir, esa tasa podría serle reembolsada para el caso de que las costas se impongan a la contraria, lo mismo que los honorarios de los peritos (art. 48 del RTAG).----------- --- Respecto de la supuesta dificultad y mayores costos en la producción de prueba, es de advertir que los testigos sólo tienen obligación de comparecer para declarar ante el tribunal arbitral si tuvieren sus domicilios dentro del radio de setenta kilómetros de la ciudad de Buenos Aires (art. 52 del RTAG). De ahí que nada obsta a que se pueda requerir la colaboración de los tribunales de la Provincia para la producción de ese y los otros medios de prueba previstos, tal como expresamente habilita el artículo 743 del Código de Procedimiento Civil (ley 8037).--- --- Por último, considero que la renuncia a los recursos no provoca en sí mismo una desigualdad o desequilibrio procesal en tanto afecta a ambas partes por igual, tal como señalara el a quo y -paralelamente- reduce el tiempo y costos en relación a la solución del conflicto. A todo evento, es de advertir que quedan a salvo de esa renuncia los recursos de aclaratoria y nulidad (arts. 62 y 65 del RTAG).----------------------------------------- --- En conclusión: la resolución del tribunal de alzada, en cuanto valida la cláusula de arbitraje y la prórroga territorial, no resulta arbitraria ni vulnera el derecho de defensa, ni la garantía de igualdad ni tampoco el debido proceso. Por el contrario, en mi opinión bajo la invocación de violación a esas garantías constitucionales, la queja de la recurrente en realidad encubre la mera discrepancia con la solución adoptada por los jueces de grado y la pretensión de que se revise el mérito con que se han juzgado las cuestiones que integran la litis, no siendo ésa la función que la ley 2275 otorga a esta Corte en el marco de los recursos extraordinarios.------------- --- Por lo que llevo dicho, he de propiciar con mi voto el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido, con costas a la actora.--------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER, ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA, DIJERON:------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, II) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales que deberán remitirse al Tribunal de origen a los fines pertinentes. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.

Ef-5967 CS PRE S.1º 2014-I-144.