marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, ley vigente, conciliación
Materia: CIVIL
Carátula: GAZZE Jose Nazareno c/ Varela Hector Raul s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-19

El art. 1276 del C. Civil en su actual redacción se ha incorporado al C. Civil en el año 1968 por la ley 17.711, (Y) es derecho vigente y nada hay que impida la conciliación con el art. 5 de la ley 11.357, al contrario la conciliación se impone y surge sola de los mismos textos y del sistema legal argentino en cuanto al régimen de bienes en el matrimonio.

Ni lo previsto por el art. 1275 inc.3 del C. Civil, que se refiere a las obligaciones de contribución al tiempo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal y no a la responsabilidad de cada cónyuge por las deudas que contraiga.
Armas, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: L.P.D. s/ Portación de Arma de Guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-25

El riesgo desaprobado constitutivo de la ilicitud es entonces el riesgo derivado de la adquisición ilícita o la portación también contraria a la norma por parte de los sujetos ante la falta de autorización por el orden jurídico. Ello no quita que no pueda en casos particulares o bien demostrarse la ausencia general de peligrosidad, ej. arma inapta, o bien ampare al autor alguno de los tipos permisivos en la utilización del arma. Pero fuera de la inconstitucionalidad de la presunción juris et de jure de peligrosidad esta tipicidad de peligro lejano no quebranta los fundamentos del Derecho Penal liberal.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hereñu Jorge Daniel c/ Rucci Francisco Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La valoración de la prueba reclama una captación de conjunto y debe ser realizada siguiendo los dictados de la sana crítica, es decir por aplicación de las reglas de la lógica en la evaluación, que debe efectuarse conforme la ciencia y experiencia que brindan el conocimiento común de los hechos de la vida. La preferencia de unos elementos por sobre otros está dentro de las facultades propias del juez (Código Procesal, art. 384).
Recurso extraordinario, gobierno de facto, actos del gobierno de facto, leyes, elecciones, partidos políticos, candidatos
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO Y ELECTORAL
Carátula: Ríos, Antonio Jesús. s/ Oficialización  canditura  Diputado  Nacional  -  Distrito Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Resulta procedente un pronunciamiento de la Corte, si las disposiciones de las leyes de facto 22.627 y 22.838, que el recurrente ataca, no han sido modificadas en lo sustancial, por lo que subsisten los obstáculos legales que le impiden postularse como candidato.
Compraventa inmobiliaria, cesión de boleto, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: TAPIA DE FERREYRA, ARGENTINA c/ VICTORIA, VICTOR LUIS s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-07

El objeto de la cesión del boleto de compraventa no es la transferencia de la cosa vendida, sino los derechos (art. 1444 del Código Civil) y se realiza por el mero acuerdo de voluntades, la entrega del título o el endoso del respectivo boleto de compraventa.

Por tratarse la del art. 1277 del Código Civil de una restricción de carácter excepcional a la libre disponibilidad de los bienes, la limitación allí impuesta no puede ser extendida a otros supuestos fuera de los expresamente contemplados por el legislador.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, arraigo, caducidad, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: PIÑA, JORGE CESAR c/ MASSEY FERGUSON ARG SA s/ COBRO DE PESOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 76-89 LAROMET SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 92-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-17|1989-12-28

A los fines de admitir el recurso de inconstitucionalidad deducido, debe considerarse superado el óbice de la falta de definitividad del decisorio impugnado, que rechazó la caución ofrecida por el recurrente en concepto de arraigo, por no haber acreditado solvencia suficiente para cubrir la suma fijada en tal sentido, si éste demuestra que, ante la imposibilidad de ofrecer más bienes o nuevos fiadores, el pleito caducará indefectiblemente, con el gravamen irreparable (Código Procesal Civil y Comercial, artículo 331).
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salinas, Julio Oscar c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La confirmación de la denegatoria administrativa a reexaminar la cuestión sobre la base de un antecedente jurisprudencial aparece revestida de un injustificado rigor formal incompatible con derechos que, por su índole asistencial, cuentan con amparo constitucional;

máxime cuando -como sucede en el caso- el pedido de reajuste del haber previsional se fundó en normas distintas a las aplicadas en las resoluciones cuya firmeza se invocan para denegar su petición.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, querellante, titular del derecho, matrícula profesional, exclusión de la matrícula
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de nulidad articulado por la defensa" Rta. 11/6/2012 s/ Inc. de Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos "Incidente de nulidad articulado por la defensa" (causa 705/12) rta. 11/6/2012, donde la Sala confirma el rechazo del planteo de nulidad interpuesto por la defensa. En el caso se investiga una usurpación de títulos y honores cometida por quien habría sido excluida de la matrícula por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Precisan, con cita doctrinaria y jurisprudencial, que el bien jurídico que se protege es el buen funcionamiento de la administración pública y, en concreto, el monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, como en el caso, el de abogada. Agregan que el Colegio Público de Abogados es un ente creado por la ley 23.187, que tiene por finalidad defender a sus miembros para asegurar el libre ejercicio de la profesión y que contempla entre sus funciones las de vigilar y controlar que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante o que no se encuentren matriculados, tarea específicamente a cargo de una comisión de vigilancia. Que ha precisado la CSJN que la institución referida es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecían al Estado y que le fueron delegados. Por ello, dado que la imputada ha desconocido las sentencias recaídas en varias causas del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados en donde fue excluida de la matrícula, es posible concluir que el organismo posee una afectación directa por el suceso que habilita a considerarlo particular damnificado en los términos del artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación.-
Concurso preventivo, pedido de quiebra, desistimiento del acreedor, notificación por cédula
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIOGAT  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR FERNANDEZ, ALFREDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

Resulta improcedente tener por desistido al peticionante de quiebra por no haber acompañado el certificado que prevé el D.L.

3003/56, Si el tribunal de origen dispuso intimar al pretensor para que cumpla con el citado decreto, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido y la intimación no fue notificada mediante cedula. En tal situación la efectivización del apercibimiento deviene prematura, más aún si -como acontece en el caso- el peticionario incorporó el certificado en ocasión de interponer el recurso de revocatoria y apelación subsidiaria.
Querellante, legitimación activa, delitos contra la salud pública, adulteración de medicamentos, ombudsman
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de TELLER, Valentín ". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, posee legitimidad activa para intervenir como querellante en la causa tramitada por la venta masiva de medicamentos adulterados (arts.

200 y 201 del C.P.).
Principio de insignificancia, sentencia absolutoria, sanciones administrativas, clausura administrativa
Materia: PENAL
Carátula: Marínez Rivero, Rodrigo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-19

La resolución en crisis (revocando la absolución y reduciendo la sanción de clausura sólo un día), no aparece apoyada en ninguna apreciación directamente referida a razones de carácter objetivo que pudiera informar esa convicción, y que permita modificar lo sostenido por el juez instructor. Es de aplicación en este caso en particular, el principio de insignificancia, eje de la autorización normativa adoptada por el juez de grado -art. 49 de la ley 11.683-, quien dispuso la absolución del imputado, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción impuesta en autos, el tipo de infracción y la falta de antecedentes fiscales del sumariado. La disidencia expresó que el recurso de casación no procede contra las resoluciones recaídas por la apelación de las sanciones administrativas -de carácter contravencional- impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) ante el Juez y su Alzada, y ello así en tanto dicho recurso sólo resulta viable respecto de sentencias definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales en la órbita del Poder Judicial -en el marco de la ley 23.984- y en razón de la comisión de conductas ilícitas que constituyan delitos. (Dres. Ledesma, David -en disidencia- y Slokar).
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Peñalver, Evangelino Lucas s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El art. 38 del dec. ley 6.582/58 contradice el espíritu mismo de la Constitución. Comparando las penas previstas para los distintos delitos de la legislación penal vigente, resulta que la impuesta por el artículo en cuestión llega a ser más grave que la pena mínima para el homicidio simple, infiriéndose que la jerarquía de valores que sustenta la Constitución resulta seriamente dañada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido indirecto, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Voeffray, Juan Manuel c/ Felicidad S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-23

Al no advertirse constancia alguna sobre el supuesto fáctico en que cada una de las partes fundó su posición ya que, ni el actor demostró que le negara el ingreso a prestar servicios y la comunicación de su decisión resolutoria que debía ser expresa y por escrito -artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo-, ni la empleadora probó que mediara el comportamiento concluyente y recíproco que invocara, el cual no puede inferirse por la sola circunstancia de la percepción de haberes por el trabajador, en una fecha no habitual, estando la carga probatoria a cargo del actor, devienen improcedentes los reclamos por indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integrativo del mes de despido.
Sociedad anónima, accionistas, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE LUCA PATRICIA Y OTRO c/ FIDER COMPANY SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-01

El estudio de una demanda de inoponibilidad debe hacerse con prudencia y siempre a partir del respeto a la personalidad jurídica. Es que la regla siempre será la personalidad, la cual debe preservarse como recurso técnico esencial del derecho societario; sólo cuando sea constatado que en la contienda se ha producido una de los supuestos legales (artículo 54 Ley 19550), y que no existen otros remedios alternativos, procederá la inoponibilidad reclamada (Roitman, H., Ley de Sociedades Comerciales - Anotada y Comentada, T. I, página 709). Sólo es aplicable esta teoría cuando de las constancias de la causa puede comprobarse, con una razonable certeza, que se ha abusado del esquema societario para alcanzar fines ilícitos (Fillipi, L. y García, O., Personalidad jurídica e inoponibilidad. Reflexiones desde esta orilla, LL 2000-C, 1076).
Facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ríos, Ricardo Rubén c/ Venver S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-23

"Los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones, o razones deducidas, ponderando una por una y exhaustivamente el conjunto de las constancias de la causa, sino aquellas que consideren conducentes, o sea, esenciales y decisivas, para fundar sus conclusiones y llegar a la justa dilucidación del diferendo planteado".
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lucino, Jorge Ramón c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

El grado de incapacidad padecido por el accionante superior al ochenta por ciento satisface la exigencia de los arts. 39, 43 y concordantes de la ley 5678.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Resulta especialmente exigible demostrar que el interés de los actores alcanza el monto exigido para la procedencia del recurso ordinario de apelación si su apoderado manifestó en autos en qué proporción se encontraba interesado cada uno de ellos.
Apreciación de la prueba, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Galli  de  Mazzucchi, Luisa Virginia c/ Correa, Miguel Angel y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal.
Concursos, recusación con causa
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: HALPERN, EDGARDO s/ QUIEBRA S/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

No corresponde aceptar la recusación sin causa en un proceso universal, atento las razones de orden público que inspiran el régimen concursal y la prevalencia de las normas falimentarias frente a las procesales, que se aplicarán supletoriamente (LC: 301) en tanto sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal que tiende a dar una solución inmediata ante la denuncia de insolvencia, lo que estaría reñido con la posibilidad de recusar sin causa.
Hipoteca, fianza, obligaciones eventuales
Materia: CIVIL
Carátula: LLOYDS BANK c/ SIMUNOVIC TONKO Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-05-09

Se ha admitido la factibilidad de constituir hipotecas en garantía de obligaciones futuras o eventuales pero lo que inexorablemente debe existir en la época de la constitución de la hipoteca es el contrato u operación bancaria que va a ser amparada por la hipoteca (u otras causa fuente si se trata de otros negocios). Y ese contrato u operación debe estar descripto en el acto constitutivo de la hipoteca, de conformidad con lo previsto en el inciso 2) del art.

3131 del Código Civil.
Constitución Nacional, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La competencia originaria de la Corte Suprema proviene de la Constitución Nacional, y no es susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales, lo que ocurriría si se la admitiera con sustento en lo dispuesto por el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albertarrio Nancy c/ Graci Jorge Omar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Es procedente el planteo de prejudicialidad cuando la expeditibilidad de un pronunciamiento judicial pende del previo dictado de otro, para evitar incurrir en pronunciamientos contradictorios y provocar escándalo jurídico. Quienes efectúen un pedido de suspensión sobre tal base, deben exponer con claridad si lo actuado y la índole de las resoluciones dispuestas por el juzgador del fuero penal, prestan justificativo suficiente a la medida.-
Obligatoriedad del precedente, defensa en juicio, debido proceso adjetivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Orlando, Gustavo s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La doctrina emanada del Alto Tribunal debe ser tenida en cuenta por los tribunales inferiores al momento de expedirse sobre una cuestión que haya sido objeto de pronunciamiento por parte de aquel, so riesgo de incurrir en una afectación de las garantías al debido proceso y a la defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional) (Voto de la Dr.a. Capolupo de Durañona y Vedia).
Estupefacientes, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sarmiento Giugni, Luis Eduardo s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11

A la hora de resolver sobre el aspecto subjetivo del hecho imputado, es decir tener por demostrado que el acusado al menos sabía que transportaba droga, el tribunal omitió la valoración de prueba de descargo conducente, lo que era indispensable para arribar a una resolución válida. Es cierto que el tribunal no está obligado a tratar todas y cada una de las pruebas o alegaciones que se le proponen. Pero la declaración del único testigo presencial del encuentro entre el imputado y aquella persona que le habría encomendado el flete, era insoslayable. El defecto advertido tiñe de nulidad la fundamentación del fallo en lo que hace a la materialidad del hecho en los términos del art. 123 CPPN, porque las conclusiones al respecto se han tomado en base a fundamentos parciales que omitieron arbitrariamente prueba conducente. (Dres. Cabral, Figueroa y Gemignani).
Inimputabilidad, error de hecho (penal), error de derecho penal
Materia: PENAL
Carátula: Y., J.R. s/ Malversación de Bienes en Custodia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-20

"Con base en el dispositivo acuñado en el artículo 34, inc. 1° del Código Penal, los autores enrolados en la teoría tradicional del delito en nuestro país exigen para que el error desplace a la culpabilidad, configurando una causal de inculpabilidad, que se trate de un error de hecho, esencial y "no imputable" -no culpable-, asimilando en algunos supuestos el error de Derecho extra penal al error de hecho".
Sentencia, fundamentación de sentencias, prueba, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VACA, JUAN DEL VALLE Y OTROS s/ SENTENCIA - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-07-12

La meritación de la declaración de la coimputada, hermana del imputado, no invalida la sentencia, aunque resulten contrarias a este último en cuanto admite su intervención en la ejecución del hecho. Ello es así, porque el art. 10 de la constitución de la provincia reglamentado por el art. 244 C.P.P., impone restricciones a la prueba testifical, pero no a las declaraciones indagatorias.

Esa norma constitucional se refiere a personas extrañas al hecho incriminado, pero no a los imputados a quienes esa misma constitución, de conformidad con las normas superiores de la constitución nacional (art. 18) garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa.-
Relación de dependencia, trabajadores rurales, uso de vivienda, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Chambe, Fabriciano. c/ Del Cerro, Roberto. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-03-07

La existencia de conciliación del expte. civil de desalojo no significa la acreditación de comodato con el trabajador ni la inexistencia de relación laboral, invocada por éste aún en el expte. civil.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Regional Andino c/ Concurso Comercial Preventivo. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó los recursos de inconstitucionalidad e hizo lugar parcialmente a los de casación es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Contrato de obra, desistimiento de la obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domski, Alberto Fabian c/ Medinelli, Miguel s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Si ha quedado admitido que las partes se hallan vinculadas por un contrato de locación de obra, en virtud del cual el demandado debía reparar el automóvil del actor, sin convenirse el tiempo en que debía ser concluida la obra y si bien el art. 1635 del Código Civil prevé que en tal caso debe concluirse "en el tiempo necesario, según la calidad de la obra...", si el dueño de la obra no ejercitó la alternativa que contempla dicha norma, ni interpeló al demandado para constituirlo en mora, tal como lo impone el art. 509, segundo apartado del Código Civil, sino que procedió a retirar el automotor del taller donde se hallaba, alegando la falta de cumplimiento de los trabajos por el demandado, importó un desistimiento de ejecución de la obra.
Regulación de honorarios, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Rosas c/ Ingenio Río Grande S.A. s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 842/845, Nº 363) Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 842/845, Nº 363)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-09-28

El monto de los honorarios correspondientes a trabajos en segunda o ulterior instancia no consiste automáticamente en determinado porcentaje de la regulación firme de los de primera instancia. Tal interpretación es la que resulta de la propia redacción de la norma del arancel que no establece una relación "con la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia", sino con la "debe fijarse". Por tal motivo y atento a los términos de los agravios debatidos en esta instancia, debe tomarse como base regulatoria la cantidad que debía fijarse para una labor normal, ordinaria, sin incidencias ni cautelares.-