Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-24


Autos N° 22.235 (145.197 - 4° CIVIL) caratulados "CONTRERAS Carlos Alberto y Otra C/ De Los Ríos Espejo Héctor Horacio y Otra - Ordinario" En la ciudad de San Juan, a 24 días del mes del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente Dr. JUAN JOSE VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia interlocutoria recaída en autos N° 22.235 (145.197 - 4° CIVIL) caratulados "CONTRERAS CARLOS ALBERTO y OTRA c/ DE LOS RIOS ESPEJO HECTOR HORACIO Y OTRA - ORDINARIO", dictada en fecha treinta del mes de diciembre del año dos mil quince, obrante a fs. 114/117 de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

I. El a quo, en la sentencia dictada en fecha 30 de Diciembre de 2015, encontró fundamento suficiente para rechazar el planteo de exclusión de cobertura impetrado a fs. 84/89 por Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda imponiendo las costas por su orden.- Contra este resolutorio, la citada en garantía interpone recurso de apelación a fs.119, el cual es concedido a fs.120.

La recurrente expresa sus agravios contra la sentencia, peticionando que la misma sea revocada, y en su lugar, disponga la procedencia de la declinación de cobertura que deduce.- Para ello dice que le causa agravios que el a quo haya fundado su sentencia en el fin social que cumple el seguro de responsabilidad obligatorio receptado en el art. 68 de la ley 24.449, limitándose a citar jurisprudencia equivocada e inaplicable al caso. Que omite aplicar la ley vigente y el contrato que regula la relación entre asegurado y aseguradora.- Dice que el seguro obligatorio es parte integrante de la póliza contratada y que, como tal, debe ser interpretado bajo las luces del contenido total del instrumento, el que establece de forma clara e indubitable, aquellos siniestros que el asegurador jamás tomó ni tomará a su cargo.- Afirma, con cita en doctrina, que la existencia de exclusiones de cobertura de origen legal como convencional que nada tengan que ver con la conducta dolosa o culposa del asegurado - como en el caso de marras la falta de carnet habilitante - en los contratos de seguro no contradicen de forma alguna al art. 68 de la ley 24.449, ni viola el principio constitucional que tiene toda víctima de un siniestro a acceder a una reparación íntegra del daño, sino que se complementa.- Que la función social que cumple el seguro obligatorio, debe ser interpretada en armonía con las condiciones legales pactadas por las partes en el contrato de seguro y, en especial, en el caso de referencia con las cláusulas de exclusión de cobertura, ya que las mismas no son incluidas en las pólizas sin control de la autoridad de aplicación, esto es, se insertan conforme lo establecido en el art. 25 del Reglamento de la ley 20.091, que regula el control de los aseguradores.- Sostiene que la función social del seguro podrá tener incidencia en numerosas cuestiones relativas al instituto del seguro, pero no significa que por la misma, se deba reparar todo daño producido al tercero víctima sin consideración alguna a las pautas mismas del contrato por el cual se invoca. Sostener ello, sería tanto como predicar un cambio cualitativo esencial en la naturaleza de esa cobertura, con modificación de su operatoria, objeto y efectos sustanciales.- Que la función social del seguro obligatorio no autoriza desconocer el sistema mismo donde se inserta, ni las expresas cláusulas contractuales pactadas entre las partes.- Luego de transcribir doctrina y jurisprudencia, sostiene que el Juez aplica de manera errada y arbitraria el art. 68 de la ley 24.449 y la ley 24.240 de defensa al consumidor al afirmar que las cláusulas de exclusión de cobertura son inaplicables en el contrato de seguro obligatorio, inoponible al tercero damnificado - calificando a éste de consumidor de acuerdo a la ley 24.240 - , y que debe ser interpretadas siempre en favor de la víctima.

Entiende que es arbitrario y contrario a la doctrina y jurisprudencia dictada por la C.S.J.N. la postura asumida por el A-quo en el decisorio que se recurre al considerar al tercero víctima de un accidente de tránsito como consumidor de seguro en virtud de la ley 24.240.- Concluye el agravio, afirmando que su parte invocó una causal convencional, oponible erga omnes, autorizada por Superintendencia de seguros en acuerdo con los arts. 23-2, 24 inc. a) y 25-1 de la ley 20.091 y que se encuentra plasmada en casi todas las pólizas de responsabilidad civil contra terceros, correspondientes a casi todas las aseguradoras del país.- En segundo agravio, critica el fallo al sostener que rige la interpretación restrictiva de las cláusulas de exclusión de cobertura. Sostiene que si bien coincide en tal interpretación, en el caso se ha pactado voluntariamente por las partes que celebraron el contrato de seguro y que dicha cláusula ha sido aprobada por el órgano estatal de control, en armonía con lo dispuesto en el art. 40 inc. A de la ley 24.449, que es legítima.- En tercer agravio, dice que la víctima del siniestro no se coloca en situación de inequidad como aduce el A-quo, ya que él mismo como tercero se ve favorecido con la contratación obligatoria del seguro de responsabilidad civil que exige el art. 68 de la ley de tránsito. Que si el tercero víctima pretende beneficiarse de dicho contrato, el mismo debe subrogarse en todos los derechos y obligaciones que hayan sido convenidos por las partes en ese contrato de seguro del cual pretende hacer valer. Que por ello es legítima la oponibilidad al tercero de las cláusulas de no seguros pactadas; que ello no desvirtúan, de manera alguna, la finalidad social del seguro obligatorio.- En cuarto agravio afirma que las cláusulas de exclusión de cobertura, se pactaron tanto para el seguro de responsabilidad civil voluntario como para el obligatorio; que esas cláusulas han sido controladas y aceptadas por Superintendencia de Seguros de la Nación y consentidas voluntariamente por las partes que celebraron el contrato. Por ello, oponibles.- Como quinto agravio, sostiene que no es fundamento el que transcribe dado por el Juez, sino que lo discutido en la causa es un incumplimiento a una norma legal incurrida por el asegurado, y que ha sido estipulada expresamente en el contrato de seguros como causal de no seguro.- Que en síntesis, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto rechaza la exclusión de cobertura opuesta.

Hace reservas de derecho.- Los agravios referidos, fueron respondidos a fs. 132/134.- II. Razones:

No es cuestión controvertida en autos, la existencia del "contrato de Seguro" el que incluso es reconocido por la aseguradora (fs.71 y ss) con vigencia desde el 13/01/2014 y hasta el 13/01/2015.

A partir de la existencia misma de ese "contrato", seguro obligatorio (fs. 72) y presentado del modo expuesto el recurso de apelación, corresponde analizar en primer término si debe interpretarse el contrato de seguro, conforme a las pautas dadas por la teoría de los contratos con cláusulas predispuestas y, en segundo término, conforme a la ley de defensa del consumidor.

En ese sentido, el seguro contiene una serie de cláusulas preimpresas, razón por la cual debe ser aplicado el principio in dubio pro debilis que, en el caso, es el particular que contrata con la empresa aseguradora, la cual tiene toda una estructura empresarial que la coloca en situación de preeminencia económica y jurídica respecto de aquel.- A igual meta se arriba con la aplicación de las normas contenidas en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, por cuanto no existe ninguna norma que impida su aplicación a los contratos de seguros, por cuanto es una ley transversal que, con su impronta legislativa, marca su carácter de norma de orden público, llega a todas las contrataciones donde hay un consumidor de bienes o de servicios. En función de ello, además de la interpretación favorable al consumidor de seguros en caso de duda respecto del alcance de las cláusulas y conductas contractuales de las partes, la carga probatoria está a cargo de la empresa aseguradora. (Ver en el libro "Tutela Jurídica de los consumidores", Instituto Región Cuyo Academia Nac. de Derecho y CS de Córdoba FACSO, Univ. Nacional de San Juan, los trabajos de Carlos y Ariel Parellada, "Si todos somos consumidores, ¿quién es el consumidor?; Elena de la Torre, "El derecho a la información: Consecuencias de su inobservancia. Casuística de San Juan"; Pascual Eduardo Alferillo, "Cláusulas abusivas, nulidad e integración del contrato de consumo" y Roberto Pagés Lloveras, "La tutela procesal diferenciadas en los derechos de los consumidores y usuarios").

Por otra parte, se debe tener en cuenta que cuando se trata de seguros de automotores exigidos por el art. 68 de la Ley de Tránsito, respecto del cual se expuso, en autos N° 20.644 "Altamirano, Carlos Javier c/ Rodríguez Pedro y otro Daños y perjuicios", 22/junio/2011, (L. A. -Año 2011- del Tº II - Fº150/161) de la Sala Segunda que "en los autos de la Sala Primera, N° 18.756 "Paez de Mercado, Tomasa Gladis c/ Heredia, Isidro Bernabé y otros Daños y perjuicios Sumario (Inc. de Declinación efectuado por la aseguradora "Vanguardia Cía. Arg. De Seguros S.A.), 30/3/2007, (L. de A. Tº 150, Fº 109/121), se dijo que "corresponde, para fijar nuestro criterio general con relación al sustancial cambio operado en nuestro ordenamiento dogmático con relación al direccionamiento protectorio del Derecho de Daños en su vinculación con el sistema asegurativo, que ya no miran centralmente la culpabilidad del sujeto dañador sino al perjuicio ocasionado, se transcribe la disidencia expuesta en los autos Nº 18.519 "Gómez, Ángel Cayetano y otros c/ Expreso Santa Amelia y otro - Daños y perjuicios" (L. de A. Tº 144 Fº 92/99 18/05/2006) donde se proloquió que "la evolución del derecho en el tema de seguro marca un antes y un después de la modificación de la Ley de Tránsito que para esta actividad de riesgo regla un seguro obligatorio en su art. 68. Es decir, ya no es optativo o facultativo contratar un seguro sino que es un imperativo legal que se debe cumplir para que los automotores estén en condiciones de circulación en la vía pública.

Este nuevo requisito ineludible, modifica la ratio legis del seguro en los automotores que no pueden ser confundidas y resulta la base para realizar el juzgamiento de la distinta alternativa que se pueden presentar. En efecto, la razón de ser del seguro voluntario se focaliza en la protección del patrimonio del asegurado. En cambio, en el seguro obligatorio, la protección es para la víctima del accidente.

A partir de estos conceptos, no se puede razonar aplicando principios y normas que estructuran un seguro voluntario a uno obligatorio, sino que se debe tener presente que todo acuerdo de parte (asegurado - asegurador) resultará inoponible a la víctima del accidente, pues de otro modo se quebraría con el propósito que se infiere de la ley, al imponer como condición necesaria para circular, tener contratado un seguro.

Inspirado en esta idea, existen pronunciamientos que han declarado inoponible a la víctima, las franquicias o descubiertos a cargo del asegurado convenidas con la compañía aseguradora (CNCI B, Capital Federal, 8/10/2004 "A.M. del C. c/ Lemo, Roberto E.", L.L. 16/2/2005 13-1089545) o la subsidiaridad del Estado por no ejercer el debido control de los automotores que circulan sin seguro contratado (CNCO D, Capital Federal, 30/9/2004, "C.L.E. c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos", L.L. 2005 A, 720-108528; L.L. 11/11/05 SAdm, 50-109639).

Estos pronunciamientos son demostrativos de que la finalidad del seguro en la dogmática actual cumple otras funciones, está inspirado por un sentido solidario...".

A partir de esta visión contemporánea de las finalidades del Derecho de Daños y del aseguramiento obligatorio de los automotores, se presenta como problemática a resolver una cuestión vinculada con el encaje (formal y sustancial) constitucional de la norma contenida en el art. 68 de la Ley 24.449 receptada en el ordenamiento interno de la Provincia de San Juan por Ley 6684 dado que la misma delega facultades reglamentarias a la autoridad en materia aseguradora (entiéndase Superintendencia de Seguro de la Nación).

En primer lugar, cabe asegurar que el dictado de las normas de ordenamiento del tránsito es una facultad, aún, reservada por las Provincias por lo cual con independencia de la decisión de la autoridad nacional, puede dictar su propia ley o adherir a un texto vigente en otra jurisdicción. Pero, cabe precisar que siempre será catalogada como una norma provincial.

Ello viene a colación para interpretar adecuadamente el contenido y alcance de la ley vigente en la provincia que establece el seguro obligatorio (art. 68) para todo automotor que circule en esta jurisdicción a fin de cubrir los daños causados a terceros transportados o no.

En este sentido, queda como una simple expresión de deseo, venida por la copia literal de normas sin adecuación al plexo normativo local, la delegación realizada por la Provincia a la autoridad en materia aseguradora, toda vez que el dictado de las normas relativas al aseguramiento es una facultad delegada a la Nación, específicamente a su Poder Legislativo, conforme los arts. 75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello y analizando cual es el alcance, en cuanto a su vigencia, del art. 68 de la Ley 24.449 (sancionada y promulgada por las autoridades nacionales), más allá de estar inserto en una ley que está destinada para regir, básicamente, en la jurisdicción federal conforme su art. primero, se puede entender sin contradecir el ordenamiento constitucional, que el contenido de dicho artículo está destinado para regir como norma sustancial en todo el territorio nacional dado que crea la figura de seguro obligatorio para la circulación de los automotores. Es decir, siguiendo las enseñanzas de Zarini (Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992) pág. 616), se entendería que dentro de una ley nacional local (destinada para regir en territorio federal) se encuentra inserta una norma de derecho común con vigencia para todo el país.

En este caso, la cuestionada delegación de facultades a la autoridad aseguradora habría sido realizada por el poder legisferante nacional que tenía la capacidad para legislar sobre el tema. Razón por la cual no tendría sustento jurídico la doctrina del fallo a trascribir cuando sostiene que "...las Resoluciones de Superintendencia de Seguro de la Nación 21.999/92 y 22.058/93, en tanto legislan sobre contratos y responsabilidad civil, infringieron la cimera disposición fundamental que trae el art. 75 inc. 12 de nuestra Constitucional Nacional, toda vez que lo reglado es temática reservada y propia del Congreso Nacional..." (CNCI G, Capital Federal, 25/6/2004 "Jalfen, Zulma Emilia c/ Cárdenas S.A. Empresa de Transporte y otros s/ Daños y perjuicios", ED 14-10/10/04, 4-53001.).

Pero más allá del camino que se opte para responder al interrogante de que si es válida o no la delegación de facultades realizada por el Congreso Nacional, no hay lugar a hesitación de que se ha creado un nuevo tipo de seguro para que los automotores puedan válidamente circular, "el obligatorio". Es decir, un tipo absolutamente distinto del clásico bastamente reglado, seguro voluntario.

Ahora bien, si se estima que la delegación reglamentaria no es válida, la reglamentación realizada por la Superintendencia de Seguro no tendría vigencia y, por tanto, aplicación. Va de suyo, que en este caso no se derogó el art. 68 que establece la institución del aseguramiento obligatorio.

Por el contrario, si se juzga, que la delegación es válida, la reglamentación - de igual modo - no tendría vigencia en la medida de que no respete el marco, el espíritu o ratio legis inspiradora del art. 68 de la Ley 24.449 como es la protección de la víctima mediante la implementación de un seguro obligatorio para la circulación de los automotores que las proteja de los accidentes.

Va de suyo que el concepto de seguro obligatorio no se agota en la imposición del Estado para que los particulares ineludiblemente tengan que contratar un seguro para circular en sus automotores, por cuanto sería una visión parcial, mezquina y destinada exclusivamente a fomentar un gran mercado de clientes cautivos para las empresas aseguradoras que por cierto no es la razón de existir de la ley de tránsito.

Sino por el contrario, realizando una razonada hermenéutica, se visualiza la intención social contenida en la norma, la razón de Estado para decidir la implementación del seguro obligatorio que no es otra que la de adoptar las medidas pertinentes para que las víctimas que han sufrido daños a consecuencia de la circulación de los automotores, no queden sin la reparación de los perjuicios padecidos.

Ello queda evidenciado del propio contenido del art. 68 cuando por vez primera se establece que "los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonado de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que pueden hacer valer luego...". Como se colige se abandona la clásica medición de la culpa del dañador, para socorrer de inmediato a la víctima.

Además de ello, las expresiones de los informantes de la ley (Boletín de la Cámara de Diputados de la Nación, 30 reunión del 7 de diciembre de 1993) son claras sobre la intencionalidad de la ley de tránsito dictada cuando expresaban que "el proyecto de ley es básicamente un programa global de prevención de accidente, pues es sin lugar a dudas un verdadero código de seguridad vial...". O que "la seguridad del usuario de la vía pública, como bien jurídico fundamental que se tutela...". O que "una triste historia de accidente de sangre avalan el articulado correspondiente. El estudio desapasionado del proyecto dará conclusiones razonadas, que respondan al bien común, evitando favorecer a los precipitados, que generalmente defienden intereses sectoriales con fines poco claros. No desconozco (dice Ramón A. Dussol) los beneficios que podemos alcanzar cuando quienes cuentan con una acumulación importante de capital deciden invertirlo en producción, pero la función legislativa si bien no debe descuidar la protección de los intereses individuales sin interferir en sus decisiones, debe priorizar los beneficios sociales...".

Es por ello, que resulta un gran contrasentido lógico - jurídico reglar un seguro de neto corte asistencialista y social con una reglamentación inspirada en el más puro liberalismo jurídico que autorizaba la toma voluntaria de seguro para salvaguardar el patrimonio del asegurado, sin importarle en los mas mínimo el destino de la víctima. Ello configura, sin lugar a duda, un exceso reglamentario por parte de la Superintendencia de Seguro que contraria los fines propuestos por la propia norma del art. 68 de la Ley de Tránsito y, por ende, resultan sin aplicación, dado que contradice la expresa limitación impuesta por el art. 99 inc. 2 de la Const. Nacional.

Además de ello, la implementación del seguro obligatorio influye indirectamente en la Ley 17.418 que fue estructurada sobre el concepto de libertad para celebrar los contratos de seguro. A modo de ejemplo, cuando se regla el seguro de responsabilidad civil, se fija su alcance en el art. 109 fijando que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido". Es decir, como se expusiera en los primeros considerandos, el seguro de responsabilidad civil voluntario procura mantener incólume el patrimonio del asegurado, cuando el obligatorio del art. 68 de la Ley 24.449 procura proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Consecuente con el pensamiento expuesto, dentro del seguro obligatorio no puede existir causal o impedimento que no sea la propia culpa del damnificado, que cercene el derecho de la víctima de un accidente de tránsito a ser indemnizado por los responsables aseguradores. Especialmente, en lo relacionado con la facultad de declinar la defensa y cobertura cuando la causal proviene del propio asegurado. Ello es res inter alio acta para la víctima que es beneficiaria directa del resarcimiento.

En ese sentido, se puede aseverar que el seguro obligatorio implementado por la norma antes referenciada, está absolutamente en sintonía con el nuevo espíritu legal que inspiró a la reforma de la Constitución Nacional llevada a cabo por la Constituyente del año 1994, al incorporar a los Derechos Humanos.

En ese sentido, hemos sostenido que "sin lugar a duda, la reforma constitucional del año 1994, modificó definitivamente el clásico paradigma normativo nacional ubicando al ser humano, al hombre, por encima de los derechos patrimoniales". Es decir, "la decisión constitucional de priorizar al ser humano en si propio, por encima de sus derechos patrimoniales, tiene influencia al momento de adoptar una decisión frente a una hipótesis de conflicto entre estos valores. Pues, sin la menor hesitación, la hermenéutica debe ser in dubio pro homini, siempre en favor del ser humano" (Alferillo, Pascual E., "La Constitución Nacional y el Derecho de Daños", RCyS 2011-IV, 31).

Es evidente que el art. 68 de la ley 24.449 sigue ese lineamiento para proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito, al estatuir un seguro obligatorio que no puede de modo alguno, ser modificado por la reglamentación de la norma. De allí la inconsistencia de los agravios propuestos por la aseguradora, respecto a la exclusión convencional, autorizada por el Organismo de Aplicación.- Va de suyo, que en función de ser operativas las normas constitucionales y reglamentarias de los principios que informan las normas del Código Civil y de Comercio, como la ley de tránsito (ver la naturaleza especial del art. 68 de la Ley 24.449 para ser aplicable en toda la Nación), no resulta necesario declarar formalmente la inconstitucionalidad de la reglamentación, sino que basta con declarar a la misma inaplicable por dirimir el caso una norma de jerarquía superior.

A partir de la doctrina expuesta sin lugar a dudas que la interpretación de las cláusulas contractuales y las conductas de las partes deben ser analizadas, además de buena fe, en favor del tomador del seguro.

Como se dijo, el análisis de los antecedentes de la causa indican la existencia misma del "Contrato de Seguro Obligatorio" (fs. 72) formalizado entre Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. y el tomador Héctor Horacio de los Ríos Espejo, con vigencia desde el 13/01/2014 y hasta el 13/01/2015 ( fs.71 y ss); fecha a la cual ya se encontraba en vigencia la ley 24.240, en función de ello corresponde la aplicación de la misma al contrato de seguro que es base de la litis en la presente causa. Puntualmente, la ley 24.240 se aplica a todos los contratos de seguro en general y, en especial, al contrato de seguro obligatorio en los automotores, razón por la cual es operativo el principio de que las interpretaciones deben ser favorables a los consumidores, en este caso no solo lo es el tomador del seguro, sino la propia víctima. Además, impone que se interprete que todas las cláusulas y normas que, previstas para el seguro común de responsabilidad civil que contradigan el propósito proteccionista de las víctimas del seguro obligatorio; como son las invocadas para pedir la exclusión de cobertura, son inoponible a ésta. Pretender su aplicación en el seguro obligatorio es un comportamiento abusivo de la compañía de seguro, por cuanto esas cláusulas sólo podrían ser analizables para el seguro de responsabilidad civil voluntario o común.

No debe dudarse que, en relación al seguro obligatorio de automotores, la ley ha tutelado un interés superior, que es la reparabilidad del daño a terceros víctimas, sin perjuicio de las acciones de repetición que posea el asegurador frente al contratante; es decir que en el seguro de responsabilidad civil obligatorio las exclusiones de cobertura no son oponibles a las víctimas; ergo, no procede la declinatoria de responsabilidad del asegurador. Y no cabe duda alguna de que en el seguro obligatorio, las víctimas (terceros o damnificados) deben ser consideradas como consumidores y usuarios con derecho a la tutela que la ley 24.240 les acuerda.

Es que en Argentina el seguro "voluntario" incluye al seguro "obligatorio" establecido por la Ley de Tránsito Nº 24.449, ya que por Resolución N° 36.100 toda póliza de seguro de vehículos automotores y/o remolcados, deberá amparar la cobertura básica y obligatoria de "Responsabilidad Civil hacia Terceros Transportados y no Transportados", que dispone la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Si el seguro de contratación obligatoria fue pensado con la finalidad de protección de las víctimas de los accidentes de tránsito, tanto como el costo de la cobertura de modo tal de permitir un fácil acceso de la comunidad a su contratación, para poder dar solución económica y respaldo mínimo, más allá de cuál fue el conductor que tuvo la culpabilidad en la producción del siniestro, no pueden invocarse exclusiones de cobertura como la alegada.- Para terminar, debe dejarse establecido que el criterio y motivaciones aquí expuestas, me relevan de referir otras que, aunque arriben al mismo resultado, se refieren exclusivamente al seguro voluntario. El criterio aquí expuesto, ya fue plasmado por esta Sala I en anteriores pronunciamientos (Protocolo: L. de A ; T° II-2015; F°19/26; Fecha:18 de agosto de 2015).

Por todo ello, voto por confirmar la sentencia dictada por el Señor Juez de instancia inicial, rechazando el recurso de apelación deducido por la aseguradora, declarando inoponible a la víctima la exclusión de cobertura deducida y hasta el límite del seguro obligatorio.

ASI VOTO.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Rechazar el recurso de apelación deducido por la aseguradora, confirmar la sentencia dictada por el Señor Juez de instancia inicial, declarar inoponible a la víctima la exclusión de cobertura deducida y hasta el límite del seguro obligatorio.

Regular honorarios a los profesionales intervinientes en el 30 % de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación deducido por la aseguradora, confirmar la sentencia dictada por el Señor Juez de instancia inicial, declarar inoponible a la víctima la exclusión de cobertura deducida y hasta el límite del seguro obligatorio.

Regular honorarios a los profesionales intervinientes en el 30 % de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2016; F°184/192; FECHA:24 de noviembre de 2016 DRES.VICTORIA-RIVEROS