marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inspección General de Justicia, funciones ejecutivas, poder de policía, sociedades comerciales
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Midas Hotel Management SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Procede hacer lugar a la apelación de la sociedad reclamante contra la resolución de la IGJ de realizar una "profunda investigación" sobre todo lo relativo al elenco de socios, sus administradores, su estado patrimonial y el de las personas jurídicas eventualmente vinculadas a las actividades societarias que hayan desarrollados las mismas, en las "singularidades relacionadas con las personas jurídicas y sus personas humanas y otras corporaciones posiblemente vinculadas" y en la "notoria opacidad en torno a la efectiva actividad social tendiente al cumplimiento de sus múltiples objetos sociales habilitados y a las notorias contrataciones efectuados partiendo de capitales sociales mínimos". En ese marco, se estima que los motivos referidos, por su generalidad, están requeridos de mayores precisiones y si se pretende indagar, principalmente la inconsistencia existente entre el capital social y el valor económico involucrado en la operatoria que estaría siendo investigada en sede penal en la causa aún en trámite, deberán precisarse concretamente los extremos que se desean investigar, detallando todos los informes que se requieren, los libros y documentación que se desean examinar en sus facultades de fiscalización, requiriendo judicialmente las concretas medidas de auxilio que fueren de menester llegado el caso. Solo una resolución con un fundado requerimiento en el modo indicado ha de brindar, adecuado sustento, a la tarea de fiscalización que pretende llevar adelante la "IGJ", conforme la facultad que a dicho organismo le confiere la LGS 301-b). Es que, en modo alguno, puede autorizarse el poder administrador un avance indebido sobre entes de carácter privado que exceda las funciones que le son propias o sobre terceros que es en definitiva lo que son las "sociedades vinculadas" sin la correspondiente identificación de esas entidades y sin la debida fundamentación de requerimiento, solicitando la intervención del Poder Judicial por la vía pertinente, en su caso, si es que el organismo de contralor considerara necesario avanzar en tal sentido por razones de interés público, las cuales deben ser debidamente explicitadas en cada caso.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, facultades del juez
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V., S.A. y V.Y. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-17

Conforme el derecho vigente se admite la intervención jurisdiccional en los conflictos suscitados entre padres con relación a sus hijos sujetos a su autoridad, ya que "el 'interés superior' del menor se emparenta con la de su bienestar en la más amplia acepción del vocablo y son sus necesidades las que definen su interés en cada momento de la historia y de la vida.
Prisión preventiva, excarcelación, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., S. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-08

Las restricciones a la excarcelación contenidas en el ritual, viables para afirmar la prisión preventiva hasta por dos años, pierden efectividad agotado dicho lapso, por expresa voluntad del legislador.

Otorgarles efecto importa desconocer que su legitimidad se extravía, con daño a la Constitución local, por el mero hecho del transcurso del tiempo sin que los órganos jurisdiccionales resuelvan la condena.
Oficios, deberes del juez, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ VIALCO S.A. s/ ORDINARIO- III CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-23

Mientras no se viole de modo manifiesto el orden público, el tribunal al que se dirige el oficio sólo debe examinar las formas extrínsecas del oficio, pues todo intento de revisión importaría una evidente sustitución o arrogación de funciones con detrimento de la jurisdicción y competencia del exhortante.
Impugnación del acto administrativo, procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SORIANO, Salvador María Justo c/ M° del Interior -Policía Federal- s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

A la impugnación de los actos administrativos no les es aplicable, en principio, la exigencia del art. 30, ni las excepciones del art. 32 (ley 19.549), sino la instancia preliminar regulada con sus propias excepciones específicas (doc. C.S.J.N.

"Fallos" 301:797; Sala I, 16/6/84, "Raia" ED. 112-351; Sala II, 3/4/79, "D' Abhraccio", ED 85-506; Sala III, 1/3/88, "Alvarez Lancellotti"; Sala IV, 25/9/86 "Conafer", consid. XI, Doc. Jud.

1987-I-734).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, selección de causas, quiebra, regulación de honorarios, honorarios del síndico del concurso, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schcolnik S.A. s/ quiebra s/incidente de distribución de fondos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El recurso extraordinario contra la sentencia que reguló los honorarios correspondientes al síndico y su letrado por la presentación en la quiebra de un proyecto de distribución parcial es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, penas contravencionales, multa contravencional, pago de la multa, pago en cuotas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, J. S. s/ artículo 47 y 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-04

Corresponde analizar la petición del impugnante respecto a la concesión de un plan de doce cuotas a fin de oblar el monto de la multa impuesta. No escapa a los suscriptos las circunstancias económicas, sociales y culturales existentes en el país, y la indiscutida repercusión que estos hechos tienen sobre toda la sociedad -en la que, obviamente, incluimos al presentante-; por ello, si bien compartimos lo manifestado por el titular del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada en cuanto que la situación económica aludida en modo alguno pretende ser demostrada, siendo una mera manifestación; dados los serios acontecimientos económicos por los que nuestra Nación atraviesa, corresponde acceder a las cuotas solicitadas.

Esta conclusión es la más compatible con la ratio legis que fundamenta las normas atinentes a la fijación y cumplimiento de las penas impuestas, la que está circunscripta por la necesidad de valorar las posibilidades reales del individuo sujeto al proceso, a los fines de lograr que la pena cumpla su función tanto de prevención especial como general. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, intereses, tasas de interés, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BONELLI, GASTON DANTE c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

No se aprecia que la quejosa haya acreditado o justificado la irrazonabilidad y/o exorbitancia económica a la que supuestamente arribaría la tasa de interés definida por el Tribunal a quo, toda vez que, efectuados los cálculos pertinentes, y con independencia de la escasa fundamentación brindada para la elección de la tasa en cuestión, en el caso concreto, los accesorios definidos por la Sala han sido fijados en base a una exégesis posible de las normas en juego y la situación económica reinante y, por ende, acorde a las pautas postuladas por esta Corte Provincial (in re "Olivera", A y S t. 278 p. 295) y el Máximo Tribunal nacional (cfr. "Bonet", Fallos: 342:162), por lo que no aparece disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos 342:162; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, deberes y facultades del juez, solicitud de información, sindicatura, acción por omisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEFRANCO FANTIN REYNALDO LUIS S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-18

Procede revocar la resolución mediante la cual el magistrado de grado dispuso que, una vez que el fallido le hiciera entrega del libro de Registro de Acciones de la sociedad de la que era accionista, el síndico debía presentar en el plazo de cinco días, un informe en el que debía determinar la participación accionaria del deudor en la referida sociedad, y expedirse respecto de la validez de las decisiones tomadas por dicho ente y de las acciones que estimara pertinente promover. Ello por cuanto, en el caso, el procedimiento ordenado por el magistrado respecto de dicha presentación no resultó el adecuado. De tales presentaciones y de las peticiones allí realizadas, debió correrse traslado a la sociedad, al fallido y a quienes invocaban su calidad de accionistas. Ello, previo a dictar cualquier resolución sobre la materia. Es que las decisiones que implicaban las peticiones de la sindicatura -determinación de la participación accionaria y validez de las decisiones asamblearias de la sociedad- involucraban derechos e intereses de terceros, como lo es, el propio ente, el fallido y quienes alegan tener titularidad sobre las acciones en discusión, quienes deben ser escuchados y a quienes debe dárseles la oportunidad de desvirtuar las alegaciones de la sindicatura. Véase que la omisión de sustanciar tales planteos con los interesados, sin permitirles exponer los hechos y fundamentos que pudieran tener con relación a la adquisición de las acciones y la validez de las decisiones tomadas en las asambleas que se cuestionaron y ofrecer toda la prueba que acreditara sus dichos, conculcó, sin lugar a dudas, sus derechos de defensa en juicio, tutelados constitucionalmente (CN 18). En efecto, las decisiones apeladas fueron tomadas sin haberse dado a los apelantes, oportunidad de efectuar y probar sus alegaciones, afectándose no sólo su derecho de defensa en juicio sino también, sus derechos patrimoniales. Ello, a criterio de este Tribunal, invalida la decisión recurrida.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez de Gudiño, Marta Isabel c/ Marotta, Vicente s/ Indemnización despido incausado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

El art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial se viola cuando el juzgador impone a una de las partes la demostración de un extremo que incumbía a la otra y no cuando se adjudica a la actora el deber de acreditar los presupuestos fácticos en que funda su pretensión.
Tercería de mejor derecho, dación en pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fhur, Alfonso s/ Tercería de mejor derecho en autos "Caamaño, Fernando c/Garralda,  Gregorio. Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Si bien es cierto que la publicidad registral hace a la seguridad jurídica de quien adquiere, también lo es que no existe norma legal que establezca esa obligación. De manera que su ausencia no empece a la posibilidad de oponer el boleto contra quien adquiriera un derecho sobre el bien con posterioridad al mismo, puesto que para ello la ley exige que adquiera fecha cierta por alguno de los supuestos establecidos por el art. 1.035 del Código Civil.
Incumplimiento del contrato, modificación de la cláusula penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PITTELLA,  MIGUEL  ALBERTO  Y  OTRO c/ ISSEL, GUILLERMO JUAN s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

Para que se proceda a la reducción de la cláusula penal se exige que el monto de la pena sea desproporcionado y que haya un aprovechamiento por parte del acreedor respecto de la situación del deudor, obteniendo por ello una ventaja patrimonial evidentemente injustificada. Dicha facultad debe limitarse estrictamente a corregir los abusos y no irrumpir lo pactado libremente entre las partes, por puro espíritu de equidad (CNCom, Sala B, "Suldon SA c/ Cortese, Daniel", del 19-05-08). Ello en miras de hallar una razonable proporcionalidad entre el valor de la cláusula penal con el grado y las consecuencias del incumplimiento (CNCom, esta Sala "Ram Olavaria SA c/ Esso Petrolera Argentina SRL", del 16-03-10). La cláusula penal tiene una función esencialmente compulsiva de modo que su magnitud no quede desvinculada del particular interés de cumplimiento del compromiso por lo que, en principio, no debe extrañar el mayor rigor que conllevan, que se vincula con su poder de disuasión; y, además, cumple una finalidad resarcitoria, que debe ser suficiente porque no admite indemnizaciones complementarias.
Tercerías, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Emauri S.A. s/ Tercería de dominio en autos: Barassi, Horacio c/ Concol S.A. y  otros s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Es oponible al comprador de un inmueble el embargo anotado en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la fecha de la escritura traslativa de dominio pero antes de la inscripción de éste a nombre del nuevo titular.
Medidas cautelares, procedimiento contencioso administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ incidente de apelación - otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Si la sentencia final estimatoria de la pretensión no satisfizo por sí misma la medida cautelar, dando lugar a que se modifique la naturaleza de la medida que pasa de ser cautelar a una de ejecución, produce efectos hasta tanto se satisfaga el derecho reconocido en la sentencia o hasta que el juez la modifique en esta etapa del proceso, por lo que la cuestión no pierde actualidad. (Del voto de los jueces De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tasas de interés, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V. S., J. I. c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

Los cuestionamientos del compareciente sobre la confirmación de la tasa de interés fijada por los jueces de primera instancia -quienes habían considerado no aplicable el decreto 472/14 y, en su lugar, dispusieron como índice dos veces la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos a 30 días-, no logran acreditar la concreta conexión que existiría con la cuestión constitucional que invoca, por cuanto no demuestra el quejoso la irrazonabilidad y/o exorbitancia económica, limitándose a achacarle a la Sala la desmesura del índice elegido y a fundamentar sus críticas en la utilización por el A quo de una fórmula comparativa, pero sin lograr plasmar en concreto la hipótesis de arbitrariedad enarbolada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 472/14.
Contratos, compraventa, efectos entre partes, factura, prueba, valor probatorio, falta de prueba, resoluciones judiciales, rechazo del reclamo, presunciones, AFIP
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gestión Logística y Distribución SA c/ Metanoia Eq SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

4 - Si no se ha utilizado el sistema que facilita la AFIP según el cual con la emisión es viable la simultánea remisión de la factura a su destinatario (esta Sala, causa "Angostura...", cit.), la "entrega" de una factura electrónica por vía remota supone dos momentos: la salida del correspondiente correo electrónico del servidor propio, y la llegada o recepción de él a la cuenta o servidor ajeno (correo saliente y entrante, respectivamente).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, AFIP DGI, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Parques Interama S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Corresponde revocar la sentencia que dejó sin efecto la resolución de la Dirección General Impositiva, que había rechazado las solicitudes de transferencia de créditos fiscales, si lo resuelto encuentra fundamento en una exégesis inadecuada de la norma aplicable, que la desvirtúa y torna inoperante, con serio menoscabo de las facultades que la ley asigna al organismo recaudador.
Tutela, tutor especial
Materia: CIVIL
Carátula: LL., M.E. y otro c/ A., D.A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-29

Cuando, por diversas circunstancias, se hace aconsejable que la atención de ciertos intereses no esté a cargo de los progenitores o del tutor general, la tutela especial que se provea coexistirá, entonces, con la patria potestad o la tutela general, pero limitada a los asuntos respecto de los cuales, quien resulte designado, será representante exclusivo del menor. Es decir, la tutela "ad litem" se refiere exclusivamente a la defensa de bienes o pleitos determinados y nunca de la persona.-
Recurso de inconstitucionalidad, salarios caídos, empleados públicos, suspensión del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Tenaglia, Hugo Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo s/Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-17

Corresponde admitir parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que, admitió el reclamo de salarios caídos peticionado por un empleado público suspendido por un procesamiento penal y limitó el reconocimiento del rubro a dos años, pues la sola referencia señalada por el a quo fundada en la pretendida analogía que guardaría el caso con el precedente "Alcácer" de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, no satisface en grado mínimo el requerimiento de fundamentación propuesto, es que, las diferentes circunstancias entre el supuesto de cesantía y el de suspensión ameritaban un mayor análisis atento a que en el "sub caso" se mantuvo incólume la relación de empleo público y meramente se suspendió la obligación de prestar servicios, mientras que en los supuestos de cesantía desaparece la obligación de prestar servicios a consecuencia de la ruptura de la relación de empleo pudiendo el agente, dedicar su capacidad laborativa a otro empleo. (Del voto del Dr. Falistocco)
Daños y perjuicios, ofensas cometidas por medio de la prensa, libertad de prensa, libertad de expresión, publicación periodística
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brieger, Pedro Rubén c/ Widder, Sergio Daniel y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

La demanda entablada a fin de obtener la reparación de los daños derivados de la publicación de expresiones consideradas injuriantes en el portal de un diario debe ser rechazada, toda vez que dichas expresiones controvertidas -"kapo judio" y "cómplice de antisemitas"- no atribuyen al actor conductas ilícitas específicas ni constituyen afirmaciones de hecho de las que se pueda predicar la veracidad o falsedad, sino que se trata de juicios de valor que relacionan la postura del actor con una ideología determinada. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Quiebra, recursos, sellado judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dïangiola, Arcucci S.A. s/ Quiebra  Solicitada  por  López, Eladio Julio y Crim de Daher, Lucia  Mabel-Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-05-30

La cuestión relativa al sellado que corresponde oblar por una petición de quiebra escapa estrictamente al proceso concursal. Por tanto la inapelabilidad prevista por el art. 273 inc. 3 no es aplicable.
Transporte aéreo de pasajeros, pasaje aéreo, actualización monetaria
Materia: AERONAUTICO
Carátula: GUIDO, FRANCISCO ALBERTO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-03

El hecho de poder utilizar el billete durante un año no significa, de suyo, el derecho al mantenimiento inalterado de la tarifa; máxime cuando, como en el caso ocurre, existe previsión reglamentaria que dispone el pago de diferencias, ya que de acuerdo con la Resolución SETOP 53/76, en los casos de pasajes adquiridos con anterioridad a la fecha para la que fueron expedidos y en los que no se haya consignado la fecha de realización del viaje, "será ajustada a la tarifa real vigente al día que se realice el viaje, para lo cual el usuario deberá abonar la diferencia en el momento de viajar o en acto previo a hacerlo".
Pagaré, títulos de crédito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Credecon S.A. c/ Fraguas, Fernando Rafael s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-12

La acción emergente de un pagaré concebido a la orden, aún cuando se ejerza por vía ordinaria, no hace perder al documento su condición de título de crédito, ni convierte a aquella acción en la acción causal derivada de la relación original.
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, querellante, traslado, falta de notificación, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bernasconi, Hernán Gustavo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Corresponde dejar sin efecto el auto de concesión del recurso extraordinario si el a quo no dio expresa intervención a las partes querellantes.
Medidas provisionales, obligaciones internacionales, COLOMBIA, responsabilidad internacional del Estado, incumplimiento de resolución judicial, derecho a la vida, derecho a la integridad física, medidas de seguridad y protección, intimidación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia S/Solicitud de medidas provisionales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-26

Resulta necesario mantener las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida e integridad personal de algunos de los familiares de los 19 comerciantes colombianos desaparecidos, luego de haber sido arbitrariamente detenidos -lo que motivara la declaración de responsabilidad internacional de dicho Estado por violación a la Convención Americana, según Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C No. 109-, pues persiste, prima facie, la situación de extrema gravedad y urgencia que pudiera causarles daños irreparables a su vida e integridad, en tanto bajo la vigencia de las medidas de seguridad desarrolladas por el Estado, han sufrido hechos intimidatorios.
Confirmación de sentencia, improcedencia del recurso, automotores, siniestro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Riestra, Sergio Raúl y otro c/ Fca Importadora SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Corresponde confirmar la sentencia que dispuso la entrega a la coactora de un vehículo igual al siniestrado o aquél que lo hubiera sustituido, y rechazar el recurso interpuesto por la importadora demandada, en cuanto plantea que la condena se volvió de cumplimiento imposible. Ello así, teniendo en cuenta que se trata de un bien hecho en serie, razón por la que aquél es lógicamente reemplazable por otro igual o uno de similares características. Ergo, la obligación es realizable y por ello no corresponde en esta oportunidad admitir su reemplazo.