Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-04


Comodoro Rivadavia, cuatro de febrero de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "INSTITUTO PROV. DE LOTERIA Y CASINOS DE LA PROV. DEL CHUBUT en autos: "C., A. A. c/ INSTITUTO PROV. de LOTERIA y CASINOS s/ Sumario expte N° 182/90 s/ INCIDENTE", Expte. N° 14.498/04, venidos de juzgado letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería N° 1, Secretaría N° 1 (Expte. N° 833/03).- I.- Que a fs.209 se presenta el Dr. C. M. Z. apoderado de I. C., y apela la sentencia de fs.198/201.

Expresa agravios a fs.213/220, solicita se declare la nulidad de la sentencia, y que se resuelva sobre el fondo de las cuestiones propuestas, indicando que la condenada incidentista debe dar cumplimiento a la condena de autos principales en la forma establecida en la Sentencia firme recaída en el Expte.182/90, abonando sin mas demoras las sumas a la titular del crédito I. C., cesionaria de los derechos y acciones que correspondían al actor Don A. A. C..

Se agravia, en cuanto a lo resuelto por él a quo advirtiendo que se ha omitido pronunciarse sobre la cuestión más trascendental sometida a su conocimiento, en cuanto a los alcances del derecho de la representada I. C. a la percepción de las sumas de dinero que corresponden a la condena de autos principales, y especialmente en cuanto a los alcances jurídicos de su condición de cesionaria del crédito pretendido en autos principales, y sus efectos con relación a los demás sujetos de la causa.

Considera que él a quo avanza en otras cuestiones que tienen que ver con la calidad del bien propio o ganancial del crédito de que se trata, cuando debió examinar la situación jurídica y los alcances del derecho que corresponde a I. C..

Destaca que dicha omisión torna al fallo nulo, y que además de la contradicción que resulta del cotejo de la omisión con la determinación que respecto de las costas trata y resuelve en el considerando cuarto y en punto 4) de la parte resolutiva del fallo, pues si bien no se le reconoce derecho alguno en forma expresa, en la parte resolutiva del fallo se indica el pago con carácter preventivo a favor de la persona que acredite en legal forma sus derechos y acciones, y se condena en forma expresa en el 100% de las costas judiciales en orden a los honorarios que se regulan a favor del Dr.L..

Concluye que la sentencia nada resuelve sobre las cuestiones sometidas a su tratamiento, pues lo que corresponde resolver es si I. C. la cesionaria de los derechos y acciones que correspondían al actor, tiene derecho a percibir los importes resultantes de la condena en autos.

Respecto de la nulidad señala que la misma se sustenta en la omisión en el tratamiento de cuestiones propuestas que resultan esenciales para la solución del pleito; realizando consideraciones respecto de ellas.

Hace referencia del resultando punto a) cuarto párrafo en cuanto alude que el Dr. J. M. F. d. l. C. ha hecho presentaciones judiciales, en su carácter de apoderado de la Sra. G. D. C., a los efectos de percibir honorarios profesionales invocando precisamente el carácter ganancial de las acreencias debidas al Sr. C., y se omite señalar que a fs.57 del expte.332/96 se declaró la nulidad de los embargos efectivizados mediante oficios así como los notificados mediante cédula ley al Instituto de Lotería, por cuanto no identificó la persona embargada, y porque su acreencia por concepto de honorario es contra G., que no tendría nada que percibir en el Expte.182/90, donde el sujeto activo de la relación procesal, y beneficiario exclusivo de la condena de autos es su ex esposo el Sr. C. .

En cuanto al considerando tercero, entiende que el juez se excede en considerar el carácter ganancial o no del crédito, desde que el bien que salió en todo caso de la sociedad conyugal, y se desplazó a favor de la cesionaria por efectos de la cesión que fue aceptada por el propio Instituto.

No obstante al respecto, en los autos del divorcio vincular que cita, explica que se ha hecho denuncia de los bienes integrantes de la Sociedad Conyugal y se ha procedido a la adjudicación de los mismos-, concluyendo que por ser muy anterior la separación de hecho a la fecha de adquisición de la boleta de juego y por los alcances de la declaración del divorcio por presentación conjunta de los esposos, debe asignarse a dicho crédito el carácter de bien propio del conyuge C. .

Agrega que no existe un razonamiento completo del a quo por cuanto no avanza mas allá del art.1272 del Cód.Civ. y aborda el examen de los arts.1276 y 1306 del mismo código, concluyendo que si la sentencia de divorcio o separación personal se dicta con fundamento en la interrupción prolongada de la convivencia, sin analizar la culpabilidad de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá derecho a participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separación de hecho. Añade comentario a las actuaciones Expte.524/89 señalando que los esposos se encontraban separados de hecho, y sin voluntad de unirse como quedó plasmado en la sentencia de divorcio.

Por otra parte sostiene la legitimidad de la cesión efectuada el 11 de noviembre de 2000, por el cual se celebró el contrato, se abonó y percibió el precio de la operación, y se cumplió luego con la obligación de elevar a escritura pública.

Sostiene que las disposiciones por el 100% de los bienes en los términos del art.1276 del C.C. y con los limites que impone el art.1277 del C.C. no se refiere a situaciones como la presente, agregando que el 1277 se refiere a bienes muebles registrables e inmuebles, por lo que entiende que la cesión resultó legitima.

Señala que no es aplicable al caso el principio del nemo plus iuris, precisando que el art.3271 del C.C. establece expresamente que dicho principio no rige en materia de muebles.

Abarca también su análisis respecto de la cesión, su naturaleza, destaca las actuaciones incorporadas a los autos relativas a la cesión, y que el deudor cedido ha aceptado en forma expresa la legitimidad de la cesión fs.518 de autos principales. Expresa al respecto que el art.1446 del C.C. se refiere a la cesión de derecho litigiosos, y que se permite cederlos con mayor razón cabrá tal posibilidad respecto del crédito originado en una sentencia, destacando que el caso de autos no se trata de un crédito litigioso. Agrega al respecto que habiendo escritura pública de cesión de los derechos incorporados a la sentencia que fue de fecha 02 de diciembre de 2002 y que dicha sentencia ya se encontraba ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada, no era exigible ya la instrumentación en escritura pública.

Destaca asimismo que en el caso de autos ha mediado conformidad expresa del deudor cedido, no han existido embargos anteriores a la notificación de la cesión del crédito, y que los que hubo fueron declarados nulos, concluyendo que no se observa obstáculo por el cual el deudor cedido dé integro cumplimiento de la sentencia, abonando a I. C. la totalidad de los montos de condena.

Por último solicita costas a la incidentista, agraviandose por las impuestas a su cargo en el 100% en lo relativo a los honorarios del apoderado de la incidentada, cuando el fallo solo reconoce el 50% de los montos de condena, y establece el pago con carácter preventivo, y hasta tanto se resuelvan en sede judicial los procesos pendientes que permitan adjudicar en forma definitiva el saldo restante a la persona que resulte legitimada para recibir su cobro, solicitando una solución concreta que ponga a resguardo sus derechos.

Hace reserva del caso federal.

Corrido traslado no es contestado por la incidentista.

II.- Corresponde anticipar que resulta improcedente la nulidad impetrada, toda vez que contra la sentencia procede cuando la misma ha sido dictada sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma previstos por la ley, quedando, por lo tanto, excluidos del ámbito de este recurso los agravios que atañen al fondo de la cuestión debatida, son materia del recurso de apelación.

En tal sentido es dable recordar que el recurso de nulidad implícito en el de apelación está destinado solamente a reparar los vicios o defectos propios de la sentencia, no de actuaciones que la preceden (CºCCBahia Blanca, Sala I 2/3/82 LL t.1984-B, p.473).

En tal sentido no puede prosperar la pretendida nulidad que contra la sentencia del a quo se articula recursivamente, porque los argumentos del recurrente se refieren al acierto o error de lo resuelto sobre el fondo del asunto.

Por lo expuesto, precedentemente se rechaza el planteo de nulidad impetrado, configurando el tratamiento de los agravios elevados mediante el recurso de apelación resguardo formal y suficiente de los mismos, por estar subsumido aquel planteo dentro del recurso de apelación.

III.- Sentado lo anterior, corresponde, a los efectos de dilucidar los agravios traídos a examen, precisar cuales son los puntos de acuerdo y en cuáles existe controversia.

Existe coincidencia en que el Sr. C. A. A. realizó una jugada de P... en marzo de 1988, de la que resultó ganador.

Que a esa fecha estaba casado con la Sra. G. D. C. L. S., de quien se divorció el 29 de mayo de 1989.

Que con fecha 5 de noviembre de 2002 se protocolizó la cesión de derechos realizada por el Sr. C. A. A. a favor de C. I., por la que se transfirió las acciones y/o derechos que tuviere o le pudieren corresponder en los autos "C. A. A. c/ Instituto Provincial de Loteria y Casinos de la Provincia del Chubut s/ sumario" Expte 182/89, expediente en el que dictó sentencia este Tribunal a fs.365/374, confirmado por el Superior Tribunal de Justicia a fs.435/451, en la que se condenó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Pcia. de Chubut a abonar al Sr. C. A. A. la suma de PESOS CINCUENTA con SETENTA Y SIETE CTVS. con la actualización e intereses establecidos en los considerandos pertinentes.

En lo que no existe interpretación concordante es en la facultad del Sr. C. y en cuanto la calidad del objeto (propio o ganancial) para haber efectuado la cesión de derechos, como lo hizo.

Lo cual básicamente motivo a la aquí accionante a promover la acción meramente declarativa.

IV.- En cuanto a la primer cuestión corresponde señalar lo expresado por el art.1276 "Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en el art.1277.".

Al respecto se manifiesta que la ley 17.711 modificó los art.1276 y 1277 del Cód.Civil, apartándose de la unidad de administración o gestión marital y derogando el régimen de los bienes gananciales de administración reservada a la mujer previsto por el art.3º de la ley 11.357. También se incorporó como principio general la gestión separada, por la cual cada cónyuge administra y dispone de los bienes propios y gananciales que adquiere. Se advierten ahora durante la comunidad dos masas de administración, una formada por los propios y gananciales adquiridos por la mujer y administrados por ella, y otro masa compuesta por los propios y gananciales de titularidad del marido y cuya gestión le corresponde.

Por su parte el art.1277 exige que "Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o usos de dichos bienes a sociedades.".

Norma que refuerza el poder de disposición de bienes de derechos litigiosos, pues no requiere el art.1277 el consentimiento de ambos cónyuges en dicho supuesto.

Para precisar lo expuesto, Vidal Taquini expone con relación a la administración y disposición de la sociedad conyugal, que la administración separada o plural es consecuencia natural del hecho de que durante el matrimonio medie separación de bienes. Lo esencial en este modo de administración es la libertad de acción del administrador que actúa, a cuya acción se subordina el interés económico del otro cónyuge, que asiste pasivamente a la gestión que se desarrolla respecto de los bienes gananciales. Con esta administración queda reafirmado que cada cónyuge es el exclusivo propietario de los bienes que en cabeza tiene, los que administra y dispone libremente. Esa libertad experimenta tres restricciones, a) cada cónyuge no puede realizar actos en fraude de los derechos del otro; b) las limitaciones impuestas por el art.1277; c) lo dispuesto en el art.1807 inc.2º. Esta autor añade que cada cónyuge administra y dispondrá libremente de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo. Dentro del concepto indicado ingresa en realidad todos los bienes gananciales sin excepción, de manera que no cabe efectuar distinciones de ninguna índole.(conf. Vidal Taquini "Régimen de Bienes en el Matrimonio" Ed.Astrea, p.324/325).

Debe tenerse presente que la comunidad de bienes gananciales surgida del matrimonio no importa copropiedad de los mismos. De lo normado por el art.1276, C.C., se desprende que la ley presume la titularidad del adquirente del bien, al conferirle las facultades de administración y disposición. De allí que el asentimiento conyugal exigido para ciertos actos por el art. 1277 C.C. sólo importa la conformidad respecto del acto ajeno (cfr.Zanonni Eduardo A., "Liquidación y calificación de bienes de la sociedad conyugal", pág.22). En consecuencia las condiciones de gananciabilidad, durante el matrimonio, son expectativas, pero no derechos adquiridos con vigor actual, aun cuando la gestión del cónyuge titular resulte controlada respecto de ciertos bienes mediante el asentimiento exigido por el art.1277 C.C.(que debe prestar, en caso de actos de disposición, el otro conyuge) (cfr. Sentencia N° 735 - "SUCESION DE I. D. P. O., C. c/ SUCESION DE M. A. I. Y OTRO s/ RECONOCIMIENTO DE CALIDAD DE CESIONARIO Y OTROS (CASACION)" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Tucuman- 22/10/1996).

Es claro entonces que pudo válidamente disponer como lo hizo el Sr.C., sin perjuicio de la calidad del bien objeto de la cesión efectuada el 11 de noviembre de 2000 y pasado a escritura pública el 2 de diciembre de 2002 (cfr. fs. 492/513 de expte 182/90).Toda vez que dicha cesión no requiere el asentimiento conyugal al tratarse de una disposición de derechos no registrables.

El art.1272 del C.C. claramente establece que son bienes gananciales ".Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, etc.", como es el supuesto de autos.

En comentario de la norma se considera que la misma se justifica en que el hecho fortuito que genera la adquisición se ha producido durante la vigencia de la sociedad conyugal. No podrá argumentarse, por ejemplo, que el billete de lotería ha sido donado o regalado a uno de los cónyuges para tratar de considerarlo un bien propio y por consiguiente que el premio correspondiente también tiene esta condición, porque lo relevante es el azar que determina la adquisición (conf. Jorge O.Azpiri "Régimen de bienes en el matrimonio" Ed.Hammurabi. p.92).

Recordamos que C. A. A. realizó una jugada de P... en marzo de 1988, de la que resultó ganador, que a esa fecha estaba casado con la Sra. G. de C. L. S., de quien se divorció recién el 29 de mayo de 1989.

V.- En el caso corresponde en los términos expuestos, concluir que el premio constituye un bien ganancial, pero que ello no es obstáculo para poder disponer del mismo como se hizo. Máxime si se tiene en cuenta, que el cedente solo esgrimió como objeto de cesión una pretensión de derechos y acciones contra Loteria de la Provincia, cesión que fue muy posterior a la disolución de la sociedad conyugal, por lo que legitima en cierta forma la facultad de disposición del mismo, no siendo susceptible de encuadrarse dicha situación al fraude regulado por los arts.1297 y 1298 del código Civil.

Aún en el caso que hubiese fraude, cuando el tercer adquirente es de buena fe y a título oneroso, el acto se mantiene pero se computa en la porción del cónyuge demandado y condenado por fraude el monto del valor del bien, resultando, en consecuencia un crédito a favor del cónyuge actor (cfr. Jorge O.Azpiri "Régimen de Bienes en el matrimonio", p.239).

Siendo válida así la cesión de derecho efectuada correspondiendo que el Instituto Prov.de Loteria y Casinos de la Provincia del Chubut abone la sentencia devenida firme en el Expte.182/90 a la Sra. I. Z., el 100% de los derechos y acciones a ella cedidos, sin perjuicio de los derechos de la Sra. L. S. G. de C., a reclamar del producido de la cesión de derecho efectuada al Sr. C., cuestión ajena a la presente solución del caso.

VI.- En cuanto al agravio de las costas, conforme se resuelve la presente se impondrán las de ambas instancias en el orden causado, en atención a la complejidad de la cuestión en debate, siendo razonable la acción declarativa iniciada por la incidentista, asi como la posición sostenida por la incidentada (68, 69 y cc. del C.P.C.Ch.). Corresponde la readecuación de los honorarios de la primera instancia al contenido del pronunciamiento, de acuerdo a lo previsto por el artículo 279 del ritual. A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados se tendrán en cuenta, las pautas que para su fijación se establecen el artículo 6, siempre dentro de las escalas previstas por los arts. 7º, 33 y cc. del Dto-Ley 2200 modificado por ley 4335.

En cuanto a los honorarios de esta instancia, para su determinación se ponderará el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada los porcentuales previstos por el art. 14 del régimen arancelario citado.

VI.-Por todo expuesto corresponde, rechazar el planteo de nulidad y hacer lugar a los agravios en cuanto dispone efectuar el pago del 50% al Sr. C., disponiendo que el Instituto de Loteria y Casino de la Provincia del Chubut abone el 100% al I. C..

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Rechazar el planteo de nulidad y hacer lugar a los agravios en cuanto dispone efectuar el pago del 50% al Sr. C., disponiendo que el Instituto de Loteria y Casino de la Provincia del Chubut abone el 100% al I. C. .

2).- Devolver las actuaciones requeridas a los pertinentes juzgados de origen, mediante los oficios de estilo.- 3).- Téngase presente la reserva del caso federal expuesta por el quejoso a fs. 51.

4).- Costas de ambas instancias en el orden causado (cfr. art. 68 y 69 de CPCCh.) Regúlanse los honorarios de la primer instancia al Dr. J. F. L. G., apoderado de la actora, en el 10% y los del Dr. C. M. Z. y J. C. C., en forma conjunta, en el 10%, los del Dr. J. M. F. d. l. C. en el 5%, todos de lo corresponda de la liquidación a practicarse en el proceso principal (conf. arts.6, 7, 9, 33 del Dto-Ley 2200 modificado por ley 4335).

Respecto de los honorarios de la Alzada, se regulan los del Dr. C. M. Z., en el 30% de lo que le correspondiente en la primer instancia (conf. art.14 y cc. del Dto-Ley 2200 modificado por ley 4335).

5).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 006 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS