marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tenencia ilegítima de armas, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Amato, Vicente Ernesto s/ tenencia de arma de guerra (art. 189).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

El peligro para la seguridad común que el art. 189 bis del Código Penal quiere evitar puede ser creado, indistintamente, por la tenencia no autorizada de un arma de guerra o de su munición.
Menores, inimputabilidad, internación, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: B., C. I. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

No puede revocarse la medida de internación dispuesta al menor inimputable, pues en el caso el juez ha evaluado, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la ley 22.278, con todos los informes requeridos a la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, la necesidad de mantener la medida dispuesta. La disidencia consideró que la internación recomendable era en la Residencia "Simón Rodríguez" dependiente del SENNAF y desde allí trabajar para lograr una vinculación progresiva con la familia otorgando licencias paulatinas con control de un familiar responsable que asuma el compromiso de que el joven sea retirado y reintegrado al centro, con la obligación de inclusión de escolaridad. (Dres. David, Slokar y Figueroa -en disidencia-).
Seguridad jurídica, calificación jurídica
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La norma punitiva, sea penal o administrativa, debe existir y resultar conocida o poder serlo antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar en aras de resguardar la seguridad jurídica, según ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Sentencia, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ CARLOS ALBERTO c/ LA MONTARAZ  S.R.L. s/ RECURSO DIRECTO - CASACION - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-14

Debe casarse el pronunciamiento si carece de razón suficiente (art. 94 L.P.T.) porque no se considero acreditado el nexo causal entre la afección psíquica reclamada y las tareas desarrolladas por el actor, en base a afirmaciones dogmáticas, que no encuentran sustento probatorio, sino que parten de apreciaciones subjetivas del juez, oponiéndose a principios de la ciencia y de la técnica;

como asimismo, al régimen legal de prescripción. El tribunal se aparto, incurriendo en el vicio aludido, de la pericia médica incorporada a la causa, en cuanto niega la posibilidad de que se pueda reaccionar depresivamente frente a un estímulo negativo ocurrido tiempo atrás, pese a que los informes proporcionaron argumentos científicos para arribar a una conclusión opuesta.

No procede el reclamo de indemnización por incapacidad derivada de la mentada afección psíquica, porque el actor no cumplió con su carga probatoria al efecto. As i, frente al hecho controvertido:

responsabilidad patronal, aparece como único elemento probatorio la pericia médica, que resulta insuficiente para fundar la condena, porque el diagnostico, grado de incapacidad y calificación médico legal como "enfermedad del trabajo" que en ella se consigna, se basa en el relato que el actor efectuara a los médicos, y no encuentra aval en prueba independiente (testimonial renunciada; inexistencia de otro elemento idóneo). Estos elementos fácticos son -como sostienen los mismos profesionales- de probanza jurídica y no médica.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, multa, daño punitivo, Internet, facturación excesiva
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: García, Martín Miguel  c/ L' Voiture SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde imponer una multa punitiva a una empresa proveedora de servicios con motivo de la injustificada liquidación de facturas con posterioridad al pedido de baja solicitado por su cliente, incluso con posterioridad a la celebración de un acuerdo conciliatorio ante el COPREC. Ello así, considerando que la actuación de la demandada resultó particularmente desaprensiva y dañosa al no brindar al consumidor la posibilidad y las facilidades necesarias para que dé de baja el servicio de internet en el tiempo requerido.

Dicho comportamiento contraviene el deber de los proveedores establecido en la LDC 8 bis, de garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios y el art. 10 quater que determina: prohíbase el cobro de preaviso, mes adelantado y/o cualquier otro concepto, por parte de los prestadores de servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, en los casos de solicitud de baja del mismo realizado por el consumidor ya sea en forma personal, telefónica, electrónica o similar.

Asimismo, en virtud de lo establecido en la LDC 26, las empresas indicadas deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.
Puertos, concesión de obra pública, Puerto de Buenos Aires, impacto ambiental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Béliz Gustavo -Incidente Med.- y otros c/ P.E.N. -Dto. 357/98 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Aún cuando actualmente no se encuentran realizados los necesarios estudios que permitan convencer sobre la inexistencia de un impacto ambiental negativo como consecuencia de la ejecución de todas y cada una de las obras de ampliación del Puerto de Buenos Aires a que llevaría la realización de las contempladas en el Proyecto elaborado por la ex-Administración General de Puertos, lo cierto es que éste, en el marco del proceso licitatorio, no pasa de revestir la naturaleza de un anteproyecto preliminar, sujeto a las revisiones que resulten como consecuencia del análisis de las eventuales propuestas que en su momento formulen los postulantes que -como consecuencia de la convocatoria que para la primera etapa se llamara por la resolución (M.E. y O. y S.P.) nº 814/98- resulten precalificados para participar en la licitación -y, consecuentemente, para acceder al Archivo de Datos-, por lo que nada hace presumir que la totalidad de tales estudios no se encuentre realizada al momento en que se confeccione el Proyecto Técnico definitivo que integrará el Pliego de Bases y Condiciones que se apruebe para el llamado a licitación para la ejecución efectiva de las obras que en función de aquéllos análisis se considere conveniente encarar. (Consid. VII).
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: LEYRIA  DE  GOMEZ  ALICIA EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR GUSTAVO c/ ESTHER DE ARAUJO Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-09

El daño moral no debe confundirse con el daño material (arts. 1068 y 1069 del C. Civil) ni con el daño patrimonial indirecto. Los intereses comprendidos alcanzan al las molestias, a la seguridad personal, al goce de los bienes, y a la lesión en los sentimientos.

En definitiva, se comprometen valores espirituales, los que de algún modo integran el campo de los derechos personalísimos. Conforme a ello, no es menester ni imprescindible para que se configure el daño moral, la existencia del daño material previsto en los arts. 1067, 1068 y 1069 del C. Civil, pues el art. 522 admite la reparación del agravio moral causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad, y circunstancias del caso.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, multa procesal, sanciones procesales, abogados, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Espinosa, Néstor René c/ Inter Rutas  SA s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Corresponde dejar sin efecto la decisión que impuso una multa al letrado de la demandada, si no demostró la necesaria correlación entre la imputada falta de seriedad de los planteos efectuados y el propósito especial que tipifica la causal de malicia procesal.
Recurso de apelación (procesal), domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial del Tandil S.A. c/ Depietri, Guillermo A. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Cuando en el caso del art. 249 del Código Procesal Civil y Comercial (tribunal ad quem con sede distinta al del apelado) el apelante -por error- consignó como domicilio el que correspondía al del tribunal apelado, corresponde asimilar el supuesto al que prevé el art. 42 del Código citado porque hubo constitución de domicilio -aunque errónea- y no falta de ésta.
Prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO YAGUANE S.A.-FLORES, HUMBERTO DANIEL. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de exención de prisión de Humberto Daniel Flores.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-06

La Constitución Nacional establece que nadie puede ser penado sin juicio previo y resulta evidente que el encarcelamiento en razón de la mayor gravedad del delito constituye una pena que sería aplicada sin juicio previo, de modo tal que el único encarcelamiento que cabe disponer es aquel que obedece a razones de cautela y el Art. 319 del CPP, a contrario sensu, conduce a excluir la privación de libertad si no concurren esa clase de razones (Del voto del Dr Hendler, en disidencia).-
Declaración testimonial, apreciación de la prueba, relación de dependencia
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sadir, Anuar c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

Si bien es criterio del Tribunal destacar el valor probatorio de las declaraciones efectuadas por los em-pleados ante las autoridades administrativas, por considerarlas más relevantes que las que pudieran manifestarse con posterioridad, en tanto éstas podrían obedecer a posibles influencias de los empleado-res interesados en el ocultamiento de la realidad de la situación analizada, no por ello debe desatender-se la importancia que tiene la totalidad de las probanzas arrimadas a la causa, las que deberán servir como suficientes elementos de convicción que permitan verificar razonablemente que el caso se en-cuentra dentro de una relación laboral.
Seguridad de la navegación, asistencia y salvamento, derecho comparado, locación de obra
Materia: NAVEGACION
Carátula: Pesquera San Carlos c/ Frumar Frutos Marítimos  S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La doctrina dominante asigna al instituto de la Asistencia y Salvamento (además de la obligación extracontractual comentada) una condición de eminente naturaleza contractual. A partir de las regulaciones sobre la materia sentada en Códigos Latinos, la mayoría de los autores se inclinan en calificarla como una locación de obra dado que "sin resultado útil ningún derecho genera el servicio prestado", es decir se corre el albur de no percibir nada. Tal convención, que reconoce el consentimiento de quien requiere la asistencia y de quien la brinda, suele hacerse en condiciones anormales de urgencia, peligro y demás circunstancias constreñientes, la ley suple reglamentariamente la forma de calcular las retribuciones judicialmente.
Personal municipal, transferencia del personal, intendente, delegación de facultades a la Administración, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANDEREGGEN, RUBEN ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 487 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

No puede prosperar el planteo del recurrente que sostiene que el único funcionario que puede disponer el traslado de los agentes municipales es el Intendente municipal, y no una autoridad inferior -como en el caso, el Secretario de Obras y Servicios Públicos-, por cuanto soslaya que el artículo 42 de la ley 2756 dispone que el Intendente "designará uno o más secretarios, cuyas funciones serán determinadas por una ordenanza del Concejo", y el artículo 69 admite la existencia de resoluciones "dictadas por una autoridad con poder de resolver que no sea el Intendente municipal". A su vez, la ordenanza 2490/91, modificatoria de la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo en su artículo 6 regula las funciones de los Secretarios y, concretamente, en el apartado "2.3" establece como un aspecto de su "competencia específica", la función de "resolver por sí mismos los asuntos concernientes al régimen administrativo interno de su Secretaría, dictando al efecto las medidas de orden, disciplina y economía, así como las instrucciones del Intendente municipal tendientes a tal fin" y conforme al artículo 17 de la ordenanza, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos "le compete en particular ... 1. Planificar, programar, ejecutar y supervisar las obras y servicios públicos".Teniendo en cuenta las normas mencionadas, las que, en el caso, deben ser interpretadas a la luz del principio de especialidad, corresponde concluir que el Secretario municipal resulta competente para trasladar, de una dependencia a otra dentro de la secretaría, a los agentes que se desempeñan bajo su directa dependencia.
Relación de dependencia, ausencia de testigos, falta de documentación
Materia: LABORAL
Carátula: Schaumann Guillermo Eduardo c/ Chesini Lucía Elvira s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-19

La práctica tribunalicia enseña que cuando un vendedor "placista", como se presenta el actor, efectúa un reclamo judicial, suele traer al proceso documentación comercial proveniente de su supuesta empleadora, en aval de su postura. Usualmente informa los comercios que visitaba y -en algunos casos- pide prueba de informes a los mismos, dado que en su contabilidad podría haber quedado constancia del paso del trabajador-vendedor -Voto del Dr. Ronconi (mayoría: Dr. Ronconi, con adhesión parcial del Dr. Romero/ En cuanto al alcance del beneficio de gratuidad, el Dr. Ronconi quedó en minoría, mayoría: Dres. Romero y Welp)
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: L., S.C. c/ S. de M., L. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-19

La inutilidad del testimonio surge cuando por ejemplo, el hecho no necesita prueba;, porque goce de presunción legal o de derecho, cuando se pretenda desvirtuar un hecho que fue declarado en sentencia con valor de cosa juzgada, cuando el hecho por probar con los testimonios goce de clara notoriedad, cuando el hecho a probar se encuentra plenamente establecido por otros medios, cuando el hecho narrado por los testigos haya sido admitido o confesado por ambas partes; etc; d) Ausencia de interés personal o familiar del testigo en el litigio sobre el hecho objeto de su testimonio; e) Que no haya contradicciones graves con los testimonios de otras personas, que merezcan similar o mayor credibilidad.
Enfermedad profesional, responsabilidad civil, prueba, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Mendez Silvana Analia c/ Galeno Art S.A s/ enfermedad profesional acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-11-07

En la hipótesis que se tratase de una enfermedad profesional (lo que no se ha acreditado) ella por sí sola no provoca responsabilidad civil sino se acreditó la relación de causalidad adecuada entre la falta u omisión que se le atribuye y el daño, en tanto no estamos ante una acción tarifada en el marco de la ley de Riesgo del Trabajo sino ante una acción civil.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, daños y perjuicios, indemnización, pretensión resarcitoria, relación de causalidad, información crediticia, negligencia, información errónea o desactualizada
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MEYSA SRL Y/O BURSA, ROBERTO c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y  PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-04

Es inadmisible la queja desde que no excede los márgenes interpretativos razonables el decisorio de la Sala que consideró que, siendo el principal agravio del recurrente que el Juez no habría ponderado la inexistencia de nexo de causalidad adecuada entre el accionar antijurídico suyo reconocido y el daño padecido por los actores" (con relación a la errónea información que se difundió respecto del nivel de endeudamiento de un sujeto), había de tenerse por "superada cierta inflexión conceptual del planteo (entre "extensión del resarcimiento" y "relación de causalidad") en tanto 'el art. 520 no define qué es una consecuencia inmediata, ni era menester que lo hiciera porque de ello se ocupa el art. 901'... centrándose en la alegada 'relación de causalidad' predicada como uno de los 'presupuestos de la reparación'.

Con ello los Judicantes adoptaron una postura de interpretación posible referida al deber de reparar y a la teoría de la causalidad adecuada, en relación a la previsibilidad del daño y al deber de diligencia en el productor del mismo , enrolándose en una de las principales corrientes jurisprudenciales y doctrinarias relativas al tema bajo examen, importando la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes, habiéndose brindado una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Sequeira, Ernesto Alejandro s/ Robo calificado Damiani, Carlos Alberto s/ Asociación ilícita. Privación ilegal de la libertad. Robo calificado Aranibe, Juan C. s/ Robo calificado Fernández, Carlos Jinés s/ Robo calificado por el uso de arma - Asociación ilícita - Tentativa  de violación Méndez, José Enrique s/ Robo calificado Bustos, Juan Carlos s/ Robo Monsalvo o Monzalvo, Raúl Mauricio y otros. s/ Robo agravado Torres, Hugo Walter s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27|1994-12-29|1995-05-23|1993-12-21|1996-03-04|2001-03-21|2002-09-11|2000-10-11

No es necesario demostrar la ofensividad del arma de fuego a los efectos de la configuración de la calificante prevista en el art.

166 inc. 2º del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, accidentes de trabajo, policía federal, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Calizaya,  Armando c/ Ministerio de Justicia Seguridad y DerechosHumanos s/ accidente-ley especial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-09

Frente a la denuncia de un suboficial excribiente de la Policia Federal Argentina de un accidente de trabajo por el que reclama la reparación de daños en los términos de la ley 24557 y del art. 1113 Cód. Civil, corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, teniendo en cuenta el derecho invocado por el accionante y lo dispuesto en el art. 20 de la ley 18345
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, nulidad procesal, cuestión federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Giano, Osvaldo Horacio y otros c/ Calo, Guillermo Alfredo s/ resolución de contrato c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

Corresponde declarar la nulidad de la resolución que concedió el recurso extraordinario si no se expidió concretamente sobre la existencia de un supuesto de arbitrariedad que diera lugar a una cuestión federal como la invocada por el recurrente, no obstante lo cual consideró -sin mayores explicaciones- que la apelación extraordinaria era procedente en razón de presentarse un caso que habilitaba la apertura de la instancia en los términos del art. 14, inc. 3°, de la ley 48
Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento domiciliario, AFIP DGI, jueces
Materia: PENAL
Carátula: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ Régimen penal tributario, Recurso de queja por apelación denegada  Causa 31475
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

Si bien por un lado la Dirección General Impositiva (D.G.I.) no es parte en las actuaciones dado que su rol es de preventor (al igual que podría ser la Policía Federal o la Administración Nacional de Aduanas)-excepto cuando se presenta como parte querellante-y la solicitud de órdenes de allanamiento es una medida propia de la prevención, es facultad discrecional del Juez otorgar o rechazar el pedido, sin que dicha medida resulte apelable.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, contratos, locación, contrato de obra, resoluciones judiciales, industria de la construcción, derecho extranjero, improcedencia del recurso, indemnización, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asesoramiento y Desarrollos Industriales Adi SA c/ Pecom Servicios de Energía (antes Sade Skanska) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

3 - Si, en cambio el Código Penal de aquel país, en el capítulo dedicado a la responsabilidad civil, estipula que toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito (art. 84). En rigor, la reparación del daño moral es admitida conforme lo allí dispuesto cuando el daño proviene de hechos ilícitos penales, supuesto que no aplica en autos al no haberse cometido ni denunciado ningún ilícito penal.
Derecho laboral, trabajador, estabilidad propia, convenios colectivos de trabajo, SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA, despido, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE A c/ SADAIC ROSARIO s/ NULIDAD DE DESPIDO    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 157-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

El sistema de estabilidad propia contemplado por la convención colectiva de trabajo 84-75 -SADAIC Empleados-, no es compatible con la libertad de comercio e industria garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional en tanto impide, por medios gravemente coactivos, el ejercicio del mínimo de facultades discrecionales que es preciso reconocer a las empresas privadas, en orden a la dirección de sus actividades, y resulta lesivo de la garantía de la propiedad. El eventual derecho que asiste al demandante es el de reclamar la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouro, Vicente y otra c/ Paz, Ricardo y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La reductibilidad de la cláusula penal pactada en el contrato de locación, es un aspecto que escapa al marco del proceso de desalojo y debe ser tratado en el juicio por cobro de alquileres, en donde se acciona en base a dicho contrato que contiene la referida cláusula y cuya reductibilidad ha sido planteada por la parte demandada.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: WERFFELI, GUILLERMO CARLOS A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 966-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

La "amistad íntima" que se manifiesta con la frecuencia de trato no se trasunta del mero desempeño de funciones comunes, por lo que debe entenderse que la circunstancia de que los Ministros de la Corte Provincial compartan con funcionarios inferiores ciertas actividades que la función supone, no autoriza a sostener que entre ellos exista "amistad", con el alcance previsto en la causal recusatoria prevista en el artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial.