marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ,  Maximiliano Daniel c/ ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINOy otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-11

La dificultad que pueda presentar la exacta determinación entre el daño sufrido y el monto pretendido no exonera al reclamante de realizar una labor que permita establecer la razonabilidad del quantum de su pedido, porque de lo contrario, el exceso podría resultar injustificado. De tal manera, ante la carencia de fundamentos que justifiquen la procedencia y cuantía de los montos reclamados y ante la prueba que desvirtúa la magnitud que se les atribuyó, corresponde la aplicación de la figura de la pluspetición inexcusable prevista en el art. 72  del Código Procesal. No obsta a lo expuesto la expresión de que se deja librado los montos a lo que "en más o en menos" resulte de la prueba, pues ésta no puede consistir en un vacío formulismo para justificar reclamar sin razón atendible montos que exceden notablemente los otorgados por las Salas de la Cámara para supuestos similares, información de fácil acceso para cualquier profesional.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Se puede traer como única pretensión por vía de la acción contencioso administrativa que se decrete la inconstitucionalidad de la ley, decreto, ordenanza o reglamento sobre el cual se fundamentó el acto administrativo particular, siempre que se cumplan los restantes presupuestos de admisibilidad de la acción contenciosa administrativa como así también, que el planteo de inconstitucionalidad sea formulado en la primera oportunidad procesal viable al efecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interpretación de la ley, duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GonzáIez Tavera, George Martin y otros s/inf. art. 82, CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Al margen del acierto o error de la interpretación desarrollada por los jueces para determinar qué normas deben regir el caso, si las de los arts. 104 y 105, CPP, o la del art. 42, CC, lo cierto es que la defensa no ha logrado demostrar la relación entre la vulneración de la garantía de la duración razonable del proceso contravencional y la decisión que cuestiona y, consecuentemente, la invocación de la afectación de dicha garantía aparece, en el caso, como una mera afirmación. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, declaración de incompetencia, acción de amparo, establecimientos educacionales privados, decreto de necesidad y urgencia, acción de inconstitucionalidad, educación presencial, emergencia sanitaria, coronavirus, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Desarrollos Educativos SA c/ Estado Nacional y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

No corresponde a la competencia originaria de la Corte la acción de amparo deducida por un Colegio contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires a fin de que se ordene la cesación de las medidas dispuestas por el DNU 241/21, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y se exceptúe al establecimiento educativo de la suspensión de la presencialidad, toda vez que no justifica la intervención del Estado Nacional el mero hecho de que sea demandado por su actividad legislativa, lo cual sólo determina el marco jurídico aplicable, sin pasar por ello a integrar la relación jurídica sustancial sobre la base de la cual se entabla la demanda; supuesto que sí se verifica respecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien sería el único obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio de derechos que se denuncian como vulnerados, en el eventual supuesto de admitirse la presente demanda. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Competencia correccional, facultades del juez, instancia única, citación a juicio, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BELIZ, Gustavo Alejandro s/ Inc. de excep. de previo y especial pronunciamiento, Causa nro.  29.114
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal ha señalado que "parece claro que, habiéndose superado en autos la citación a juicio que manda el artículo 428 del código de rito, la vía recursiva contra los pronunciamientos de aquellos magistrados es la casacional, ya que sólo recursos de carácter extraordinario son procesalmente compatibles con el principio de que el juez correccional tiene las atribuciones propias del presidente y del tribunal de juicio y que, como tal, juzgará en única instancia de acuerdo con las reglas del juicio común. (art. 405 idem)".
Títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: C. SA c/ B., H. SRL y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-07

Habida cuenta de que el título base del juicio ejecutivo carece de un presupuesto formal necesario como es la cita del lugar de su emisión, el mismo resulta inválido como pagaré por disposición legal e inhábil como título ejecutivo.
Trabajo extramuros, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: O., R. s/ Extramuro
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-12-22

...no puede prescindirse del contexto y finalidad del art. 2° del decreto Ley especial de aplicación, cual es condicionar de modo especial la concesión del beneficio a la valoración del juez de la causa quien deberá atender y evitar una posible burla a la acción de la justicia o el entorpecimiento de una investigación de la defensa, traería como consecuencia negar toda operatividad a la aplicación de dichas condicionantes legales en casos como el de autos.
Aplicación de la ley, accidente in itinere, ley sobre riesgos del trabajo, carga de la prueba, enfermedad accidente
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Gladis Mavel c/ Consolidar Art y otro s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-06

En cuanto al acaecimiento del accidente, tal como fuera relatado en la demanda, lo cierto es que esto se compadece con lo expuesto oportunamente al denunciar el siniestro y así es recogido por la Comisión Médica. Esta denuncia no mereció reparo alguno por la Aseguradora en dicha oportunidad. Debo decir aquí que el argumento de defensa que ensaya en punto a que tal reconocimiento debe circunscribirse al ámbito sistémico no puede ser receptado, en tanto importaría ir en contra de sus propios actos. Consiguientemente, más allá del necesario análisis de existencia de omisión de la Aseguradora y de la relación de causalidad entre esa omisión y el daño generado por el evento dañoso, la ocurrencia de éste, debe tenerse por acreditada.
Cheque, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yacoub, Alberto c/ Rappe, Ana María s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

Persiguiéndose en el proceso el cobro de las sumas emanadas de cheques, deviene aplicable el art. 41 inc. 2 del decreto ley 4776 /63, ratificado por la ley 16478, según el cual el portador del cheque no pagado puede reclamar los intereses al tipo bancario corriente en el lugar de pago, a partir del día de la presentación al cobro, vale decir, el que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones normales de descuento a treinta días (art. 565, tercer apartado, Cód. de Comercio).
Imputado, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SANTANGELO, JAVIER; BARDINA, MARIO DANIEL; BULAY, CARLOS GABRIEL; LORINZ, ESTEBAN MANUEL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta, en razón de que el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -en cuanto anula la absolución dispuesta en favor de tres de los imputados y reenvía la causa al reemplazante legal para que dicte nueva sentencia no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, toda vez que la sentencia cuestionada se limita a anular parcialmente la dictada por el Juez de grado, encontrándose los imputados actualmente en libertad y sin que se demuestre en modo alguno que lo dicho por la Cámara determinará que el Tribunal del reenvío -si dicta una condena- deba repetir los considerandos de la resolución de la Alzada, ni que resulte imposible que aquél pueda incluso insistir con una absolución.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad, servicio militar, orden público, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Negarse a la convocatoria del servicio militar, no es una acción privada de los hombres que sustrae la Constitución Nacional a la autoridad de los magistrados (art. 19), sino un obrar externo que afecta el justo orden público argentino y al bien común de la sociedad
Notificación en el domicilio, cambio de domicilio, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTELEZZI, Beatriz Lidia c/ U.B.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-06

Razones de seguridad y certeza imponen -como principio- que para que el cambio de domicilio adquiera eficacia sea necesario el dictado de una decisión judicial expresa en la que se admita la modificación (confr. Palacio, L. Dcho. Proc. Cicv. , T. IV, Bs. As., 1988, ed. Abeledo Perrot, págs. 45 y 52; Podetti, R. Dcho. Proc., Civ. ... , Bs. As., 1955, ed. ediar, pág. 39; Colombo, C. Cód. Proc.

Civ. ... , T. I, pág. 268; Fassi. S.-Yáñez, C, Cód. Proc. Civ. y Com. , T. I, Bs. As., 1988, ed. Astrea, pág. 314). Este principio como tal- no es absoluto y no debe ser aplicado en aquellos supuestos en los que, no obstante la ausencia de ese requisito, quede demostrado que la parte contraria tuvo pleno conocimiento de la existencia del nuevo domicilio procesal por haberlo tomado por otra vía. Lo contrario importaría un excesivo rigorismo formal que vulneraría el derecho de defensa en juicio.
Indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Aguilar de Ponce, Julia Antonia c/ Onzari, Orlando s/ Juicio Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-10-19

La vida humana tiene un valor económico cuya pérdida justifica por sí sola la reclamación del resarcimiento.
Enjuiciamiento de magistrados, denuncia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., H.O. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1981-09-08

El juicio político "no debe ser tan débil que ampare con la impunidad a los delincuentes o permita el trastorno de la función pública pero tampoco debe ser tan represivo que aliente toda clase de acusaciones, movidas las más de las veces por causas o afines que no son precisamente los del bien público".
Capacidad, capacidad de derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Saguir y Dib, Claudia Graciela
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-06

La regla general fundada en el esencial respeto a la libertad y a la dignidad humana es que, por principio, la persona tiene capacidad para ser titular de todos los derechos y para ejercerlos y ello con más razón respecto a los derechos de la personalidad. Las incapacidades y limitaciones al libre ejercicio de la voluntad deben estar señaladas por el ordenamiento jurídico, no pudiendo extenderse por analogía los impedimentos o restricciones de la capacidad (Voto de los Dres. Pedro J. Frías y Elías P. Guastavino).
Acción de amparo, discriminación, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Arquidiocesano de Educación Católica (CONADEC) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-11

Si adoptamos un temperamento coincidente con los desarrollados para el derecho ambiental, y respecto a los derechos del usuario y consumidor, la discriminación puede ser el género a tutelar, ubicándose en la tónica de los derechos de pertenencia difusa o en la dimensión de los derechos o intereses colectivos, según el caso.

Como se advierte y más allá de las cuestiones interpretativas generadas en torno al art. 43 de la C.N. está claro que la discriminación ilegítima (cualquiera sea su forma) es una causa autónoma de amparo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, intereses, tasas de interés, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

La tasa de interés fijada por los jueces de grado -en el caso en estudio, 18% anual desde el reclamo administrativo- resulta una opción razonable en la interpretación y aplicación de la ley 23928, por lo que en la especie no aparece configurada cuestión constitucional alguna. (De la Disidencia del Dr. Falistocco)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orsi, Guillermo José c/ Distribuidora de diarios s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Los créditos reconocidos en la sentencia y con el alcance dado por la misma, se hallan incorporados al patrimonio del actor e integran por ende el concepto constitucional de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional), cuya vigencia se mantiene siempre que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Productos transgénicos, publicación de productos transgénicos
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

No se me escapa que la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha sancionado la Ley Nro. 579 en fecha 29-05-03 (promulgación del 04-08-03 y publicación del 25-08-03) la que ya establece para todos los comercios expendedores de productos alimenticios y bebidas para consumo humano o animal tales como mercados, supermercados, hipermercados, autoservicios, quioscos, almacenes y afines de la provincia, la obligación de poseer un listado emanado de la autoridad de aplicación que será entregado a cada uno de los mismos, en el cual se informe al consumidor los productos alimenticios para consumo humano o animal comercializados en la provincia que contienen, entre sus ingredientes, organismos transgénicos o derivados de los mismos, así como también un letrero que indique la disponibilidad de este listado
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, acto administrativo, vicios del acto administrativo, Administración Pública, desviación de poder, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIGLIOTTI, JUAN MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 347 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que los elementos de convicción de que dan cuenta estas actuaciones no permiten tener por acreditado el vicio de desviación de poder invocado por el recurrente, porque no se ha demostrado que la adscripción cuestionada haya sido dispuesta para satisfacer un fin distinto al que justifica esa potestad de la Administración, ni que, en fin, el acto que la ordenó haya sido dictado para castigar o perjudicar al recurrente. En efecto: en los considerandos del decreto impugnado se expresa que la medida se motiva en "la falta de personal existente en la Dirección General de Despacho y Servicio Interministerial" y, en el caso, el agente no ha puesto en entredich o esa afirmación demostrando, por ejemplo, que la aducida carencia de personal no era en verdad real. Cierto es que el agente, en diversas oportunidades, se dirigió a las autoridades de la Caja de Asistencia Social -Lotería- (sede de su anterior adscripción) sugiriendo medidas o temperamentos y denunciando una serie de irregularidades, pero de esa sola circunstancia, que no ha sido puesta en relación con otros indicios o elementos de convicción, no es posible extraer la persecución de un fin desviado al haberse dispuesto la cuestionada adscripción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: López, Juan Carlos s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

El reclamo referido a la aplicación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- pierde virtualidad desde que se lo hace depender exclusivamente del éxito de los planteos referidos a la impugnación de la prueba que han sido desestimados.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, secretario de Estado, jubilaciones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Agostini, Eugenio Ricardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es formalmente admisible el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, concediendo en los términos de los arts. 19 de la ley 24.463 y 254 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tendiente a establecer si la "jerarquía ministerial ", que la ley 14.439 atribuyó a los secretarios de Estado, tiene por consecuencia que, a quien se desempeñó como secretario general de la presidencia (decreto de creación n. 15.803/60), se liquide su haber jubilatorio con base en la remuneración del cargo de ministro y no en la de secretario de Estado.
Concursos, efectos entre partes, homologación del acuerdo, conclusión del acuerdo preventivo, actos de administración, fideicomiso, declaración de ineficacia
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Tarcol SA c/  s/ quiebra s/ incidente por internacional de alcoholes sa y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

Procede declara ineficaz un contrato de fideicomiso de garantía y administración celebrado por la fallida con la incidentista, por el cual aquella, en carácter de fiduciante aportó bienes a un fondo fiduciario a fin de que la última, como fiduciario, garantice los contratos que la sociedad pudiera suscribir con terceros, en función de lo cual acordaron transferir a su nombre, cierto inmueble. Ello por cuanto, en la especie se trata de una operatoria celebrada durante la etapa del cumplimiento del acuerdo, siendo que el fideicomiso fue celebrado con anterioridad al dictado de la resolución que dio por concluido el concurso preventivo, en los términos de la LCQ 59. De ello se sigue que, como lo señaló el juez de grado, al momento de la celebración del fideicomiso declarado ineficaz, se mantenían las limitaciones previstas en la LCQ 15 y 16, por lo que, a los fines de suscribir un instrumento como el objetado, en donde se pactó la obligación de la fallida de aportar bienes, y en particular el inmueble consignado en la tercera parte del fideicomiso, debió requerirse las correspondientes autorizaciones al juez de grado. Ello pues no puede predicarse que tal operación no excedía de la administración ordinaria de la empresa. Así, deben considerarse actos que exceden la administración ordinaria a aquellos que importen, o no, una enajenación, alteren sustancialmente los valores productores del patrimonio, los que formen su capital, o bien que comprometan por largo tiempo su porvenir o destino (conf. Cámara-Martorell, "El concurso preventivo y la quiebra", t. I, pág. 512). Aquí, hubo una enajenación, un compromiso de aportar bienes, que claramente afectaron el patrimonio de la fallida al producir su reducción. Por tales circunstancias, ante la ausencia de la autorización judicial, corresponde la ineficacia declarada.
Amenazas, telegrama obrero, notificación al empleador, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: FERREIRO, Mariana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-05

Muchas amenazas quedan fuera de la persecución penal en virtud de la causa o el fin que las inspira y que las priva de un elemento fundamental para considerarlas típicas: la calidad de injustas. Las amenazas de causar un daño amparado por el derecho no pueden considerarse constitutivas de un delito penal (*).

Si de las cartas documento presentadas en el juzgado laboral se desprende que denunciaría a los destinatarios ante la justicia las posibles infracciones tributarias y otros hechos que considera delictivos, no obstante se alegue que su fin era el cobro de una indemnización "a cambio de guardar silencio sobre hechos que podrían perjudicar a la empresa", la conducta denunciada resulta atípica y corresponde confirmar el auto que desestimó las actuaciones por inexistencia de delito.
REPÚBLICA ARGENTINA, derecho interno, desproporcionalidad de la pena, control de razonabilidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, periodistas, competencia, tribunales internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, libertad de expresión, ex presidente de la Nación, hijo extramatrimonial
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29

La Corte Interamericana considera que el Estado Argentino no ha violado la obligación impuesta en el artículo 2 de la Convención, por cuanto no existe incompatibilidad alguna entre el artículo 1071 bis del Código Civil que atiende a la protección de la vida privada y la intimidad, con el Tratado, pues la violación a su artículo 13 - libertad de expresión y de pensamiento-, ha sido el resultado de la decisión adoptada por la Corte Suprema de aquél país que confirmó la condena civil impuesta por un tribunal de alzada contra dos periodistas -que habían dado cuenta de la existencia de un hijo extramatrimonial del entonces Presidente de la República-, no siendo la norma en sí misma la que determinó el resultado lesivo e incompatible con la Convención, sino su aplicación de parte de las autoridades judiciales, que no observó criterios de necesidad y razonabilidad en su sentencia.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, fallo plenario, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: ABUD, JORGE OSVALDO c/ SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-16

El plenario nº 31 dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso: "Mancarella, Sebastián y otros c/Viñedos y Bodegas Arizu S.A." no obsta a la posibilidad de calificar como laboral dependiente el vínculo que unió a las partes, pues la solución en definitiva queda librada a las circunstancias de cada caso en particular, con especial reafirmación del principio de primacía de la realidad.