Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-07-07


Mendoza, julio 7 de 2009.

Antecedentes.

A fs. 11/17 el abogado E.L., por Domingo Liguori, deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la resolución dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 184 y vta. de los autos nº: 112.900/38.640, caratulados: "Liguori Domingo en j. 109.364 Bco. Multicrédito SA s/Quiebra c/Marta Bizzotto PVE p/Tercería p/Incidente".

A fs. 22 se admite formalmente el recurso deducido y se manda correr traslado a la contraria, quien a fs. 28/30 contesta y solicita su rechazo con costas.

A fs. 32/33 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja rechazar el recurso deducido.

A fs. 35 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 40 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión. ¿Son procedentes los recursos interpuestos? Segunda cuestión: En su caso, ¿qué solución corresponde? Tercera cuestión: Costas.

A la primera cuestión la Dra. Aída Kemelmajer de Carluccci, DIJO:

I. Plataforma fáctica.

Los hechos relevantes para la resolución de estos recursos son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 30/12/1998, en autos nº: 109.364, originarios del Décimo Tercer Juzgado en lo Civil, Banco Multicrédito SA S/Quiebra inició ejecución cambiaria contra las Sras. Marta Bizzotto de Bonavía, Marta Bonavía de Rovati, Wanda Bonavía de Sanchez y Susana Mónica Bonavía. El acreedor trabó embargo sobre un inmueble inscripto en el registro inmobiliario a nombre de Marta Bizotto de Bonavía.

Posteriormente, se agregó al expediente la escritura de venta pasada ante el escribano E.R. L. el 7/09/2000 (ver fs. 42/43 vta) conforme la cual Marta Beatriz Bizzotto vende a Domingo Liguori y Gladi Norma Carloni el inmueble ubicado en el distrito Russell de Maipú. La escritura relata que sobre ese inmueble recaían cuatro embargos; el primero y el segundo fueron levantados conforme sentencias firmes recaí-das en sendas tercerías de dominio interpuestas por el Sr. Domingo Liguori; el tercero es el trabado en autos nº:109.364, caratulado: "Banco Multicrédito SA S/Quiebra c. Bizzotto" y el cuarto se individualiza como trabado en autos nº:146.623, caratulados: "Atuel Fideicomisos". Respecto a estos últimos, la escritura deja expresa constancia que "los compradores Domingo Liguori y Gladi Norma Carloni asumen los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas y relacionadas en este acápite, no así las obligaciones de cuyas ejecuciones derivan dichas medidas, haciendo expresa reserva de las vías recursivas que resulten de aplicación en resguardo de sus derechos...".

2. El 2/08/2002, en autos nº: 112.900, el Sr. Domingo Liguori interpuso tercería de mejor derecho y pidió se levantaran los embargos. Relató que el inmueble embargado había sido vendido por la Sra. Marta Beatriz Bizzotto al Sr. Mario González mediante boleto de compraventa de fecha anterior al embargo, que acompañaron; a su vez, el Sr. González vendió a Domingo Liguori y Gladi Norma Carloni; que en ambos casos hubo tradición, recibiéndose la posesión; que ocupan el inmueble con sus hijos, desde que allí han levantado una vivienda; que en tales condiciones, resulta aplicable el plenario de la Suprema Corte recaído en el caso Ongaro de Mini (LS 265-193) según el cual el boleto de compraventa es oponible al embargante; que así fue como fue resuelta la cuestión en otros dos expedientes en los que solicitó el levantamiento de otros dos embargos.

3. La embargante se opuso a la tercería; adujo que había sido deducida sólo por el Sr. Domingo Liguori y no por la condómina; que además, al adquirir el inmueble, ambos condóminos tomaron a su cargo las consecuencias de las medidas trabadas por lo que no era aplicable el plenario antes aludido.

La deudora, en cambio, se allanó a la tercería 4. Además de la prueba instrumental, se rindió testimonial de las siguientes personas:

Remigio Fernando Encina; conoce a Liguori y sabe que compró el inmueble aproximadamente hace seis años; vio que lo nivelaba y que tiró abajo paredes de adobe.

Juan H, Campos y Oscar Zani: conocen que Liguori ha hecho una casa en ese terreno.

5. A fs. 127/130 el Juez de primera instancia rechazó la tercería de mejor derecho y confirmó el embargo trabado conforme las constancias de fs. 32.

6. Apeló el Sr. Domingo Liguori. La acreedora contestó y solicitó se confirmara la decisión. La Fiscal de Cámara entendió que la apelación debía ser rechazada 7. A fs. 184 y vta., la Cámara rechazó el recurso con estos fundamentos:

(a) El tribunal comparte y hace suyos los fundamentos expuestos por la Fiscal de Cámara en su dictamen a los que se remite. En especial, estima que la jurisprudencia de la Suprema Corte en los plenarios Ongaro de Mini del 6/12/1991 y Fernández del 30/05/2006 relativo al adquirente de buena fe por boleto de compraventa no resulta aplicable porque no se trata de un boleto. La venta a través del instrumento privado ha sido superada por el otorgamiento de la escritura pública traslativa de dominio en la que el comprador reconoce la existencia del embargo trabado en virtud de una obligación incumplida contraída por la vendedora y el adquirente asumió los efectos y consecuencias de la medida asegurativa trabadas que declara conocer.

(b) A través de esa cláusula, los adquirentes del inmueble declararon que "asumían los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas pero no las obligaciones". Ello significa que el adquirente el inmueble no sólo conocía la existencia de los embargos sino que asumió unilateralmente las consecuencias de la garantía que importa esa medida asegurativa de la ejecución por lo que no podía obtener la liberación sin el consentimiento del acreedor embargante o la sustitución por otra garantía. Ello así, con posterioridad a ese reconocimiento, el recurrente no puede pretender la declaración de inoponibilidad del embargo sobre la base de su calidad de poseedor del inmueble con anterioridad a la traba de la medida.

II. Los agravios.

El recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria por violar el derecho de propiedad sobre su vivienda única al interpretar incorrectamente una cláusula del contrato y los asientos registrales. Argumenta del siguiente modo:

1. La cuestión versa sobre la interpretación que corresponde a una cláusula contractual vertida en la escritura traslativa de dominio del inmueble.

La cláusula tiene tres tramos.

El primero dice: "Los compradores Domingo Liguori y Gladis Norma Carloni asumen los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas y relacionadas...". El segundo recalca "no así las obligaciones de cuyas ejecuciones derivan dichas medidas". El tercero aclara: "Haciendo expresa reserva de las vías recursivas que resulten de aplicación en resguardo de sus derechos".

2. La expresión "asumir los efectos y consecuencias" no significa "asumir la medida asegurativa en sí misma". Si la intención hubiese sido asumir la medida, así se hubiese dicho. ¿Cuál es la razón por la cual se lo interpreta como asegurando la medida si no es eso lo que las partes han querido y, por el contrario, han descartado la medida en sí misma? Los esposos Liguori asumieron una garantía subsidiaria, pero en modo alguno la calidad de "embargados".

No son embargados; como propietarios, como máximo, eventualmente, podrán tener que soportar la ejecución sobre ese inmueble, pero ellos no son deudores y responderían sólo en tanto afectados sobre el inmueble hasta el monto que se obtuvo de la subasta, pero no más allá.

Por el contrario, si ellos hubiesen asumido el embargo y quedase un saldo deudor tendrían solidaridad sobre su propio patrimonio.

La cláusula no dice que se asumen las obligaciones que emergen de esas precautorias; por el contrario; expresamente se dice que no se asumen. Por lo tanto, los adquirente no son sujetos obligados ni tampoco embargados. La única obligada embargada sigue siendo la titular registral que responde por la obligación en todos los casos, salvo que los adquirentes hubieran asumido la obligación, hecho expresamente negado.

El hecho de que el inmueble haya sido trasmitido a un "tercero no deudor" impide la ampliación del embargo; si ese monto es insuficiente, el embargante deberá trabar embargo sobre otros bienes de su deudor pero no de los adquirentes.

3. El tercer tramo muestra que uno de los derechos adquiridos era el de propiedad, y otro fundamental, que genera ser propietario, el de oponerse a los terceros que tengan pretensiones sobre el inmueble, esto es, la posibilidad de accionar repeliendo los embargos a través de una tercería de mejor derecho.

4. La secuencia muestra que los adquirentes han salvaguardado el derecho de propiedad adquirido. Sabían del peligro de nuevas medidas precautorias, y por ello escrituraron y asumieron los efectos y consecuencias de las medidas, pero antes de que se efectivicen dichos efectos y consecuencias ejercieron la acción de la que han hecho reserva a través de la tercería de mejor derecho.

En otras palabras, ellos pueden repeler las acciones de terceros oponiéndose a toda cautelar posterior a su boleto, y por eso, cualquier precautoria les resulta inoponible.

5. La escritura de ningún modo altera el derecho adquirido y sólo perfecciona la relación de los esposos Liguori con el inmueble; o sea, antes de la escritura ya detentaban su derecho a interponer la tercería, hecho ratificado en su reserva de acciones declarada; no podían desconocer la existencia de la medida y, precisamente por ello, asumen los efectos y consecuencias, en la certeza de que los mismos nunca podrían producirse a la luz del resultado que legítima y legalmente debía recaer en esa tercería que se trabó y resulta objeto de esta litis. El derecho a interponer la tercería, entonces, lo detentaban con anterioridad a la traba del embargo.

Únicamente resultando perdidosos en la incidencia, recién se habilitan los efectos y consecuencias que se derivan de las obligaciones. Pero si no se asumió ni el embargo ni las obligaciones y se hizo reserva de accionar en resguardo de la propiedad, resultan anacrónicas las sentencias negatorias de la tercería.

6. Primero debió analizarse la procedencia esencial de la tercería interpuesta.

La tercería es procedente por la prevalencia cronológica en la accesoriedad o condicionalidad. El acto principal es el derecho de propiedad; lo accesorio es la cautelar; en consecuencia, el embargo producirá sus efectos sólo en tanto y en cuanto el derecho de propiedad de los Sres. Liguori no esté vigente.

Si se lo analiza como un acto condicional, los efectos y consecuencias del embargo sólo podrían operar bajo la condición de que cese el derecho de dominio de los Sres. Liguori.

Por eso, hay evidente prioridad del derecho de dominio sobre la cautelar. En efecto, al momento de la traba del embargo, los Sres. Liguori ya tenían derecho en tanto poseían y su derecho era oponible a los embargantes; con estos argumentos vencieron a otros acreedores embargantes (uno de ellos por caducidad de instancia).

IV. La cuestión a resolver.

La cuestión que debe ser resuelta por esta Sala es si resulta arbitraria o normativamente incorrecta una decisión que rechaza una tercería de dominio dados los siguientes hechos no discutidos:

1. Conjuntamente con su esposa, el tercerista suscribió el boleto de compraventa, y recibió la posesión, con anterioridad a la traba del embargo 2. Con posterioridad a la traba del embargo, la titular registral les transfirió el dominio por escritura pública.

3. Al momento de la escrituración, el adquirente había resultado vencedor en dos tercerías de mejor derecho deducidas contra otros embargantes, decisiones de las que se dejó constancia en la escritura pública traslativa del dominio.

4. Ese mismo instrumento público contiene una cláusula que dice: "los compradores asumen los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas y relacionadas en este acápite, no así las obligaciones de cuyas ejecuciones derivan dichas medidas, haciendo expresa reserva de las vías recursivas que resulten de aplicación en resguardo de sus derechos...".

5. La sentencia de grado recurrida descarta la aplicación de los plenarios de esta Corte del 6/12/1991 (J. de Mza 41-5, Foro de Cuyo nº 4-99, LL 1992-B-160; DJ, 1992-1-1093, Rev. Notarial nº 912-409 y ED, 147-437) y del 30/5/1996 (LS 265-193, publicado en Voces Jurídicas 1996-3-197, JA 1997-I-83 y reseñado en RDC y Comunitario 2002-2-489) por dos razones:

(a) Esos plenarios contemplan la situación del adquirente por boleto anterior al embargo; en cambio, el tercerista es un adquirente por escritura pública, posterior al embargo.

(b) La escritura no hace referencia alguna al boleto de compraventa; por el contrario, contiene una cláusula de la cual deriva que el adquirente conocía el embargo y se hizo cargo de las consecuencias que derivan de esa cautelar.

6. No se ha discutido que el resto de los requisitos para la aplicación del plenario del 30/05/1996 está cumplido; tampoco está en duda que el inmueble embargado está destinado a la vivienda familiar del tercerista.

V. Adquirente por boleto y adquirente por escritura pública.

El primer argumento esgrimido por el Tribunal es insuficiente para apartarse de la solución del plenario; explicaré por qué:

1. Es verdad que la escritura pública no hace mención al boleto de compraventa; sin embargo, como he dicho, la actora nunca ha negado que el tercerista efectivamente ingresó al inmueble como poseedor sobre la base de un boleto de compraventa anterior al embargo. Por lo tanto, su situación no puede ser analizada sólo a la luz de lo que acontecía al momento de la escrituración sino que hay que retrotraerla al tiempo de la firma del boleto y la toma de posesión.

2. Siendo así, la suscripción de la escritura pública, un acto jurídico que fortalece la posición del adquirente por boleto en tanto adquiere el dominio, como regla, no puede convertirse en un acto que debilite su situación jurídica, salvo que de ese acto emerjan voluntades expresas en contrario.

Dicho de otro modo: si el adquirente por boleto hace oponible su posición a los terceros, como regla, tal oponibilidad debe verse reforzada y no debilitada cuando se alcanza la escrituración.

VI. La cláusula convenida entre enajenante y adquirentes.

1. Aclaración inicial.

Reconozco que la cláusula convenida en la escritura: (a) no es un dechado de claridad; (b) impacta negativamente su redacción, especialmente si se tiene en cuenta que es un instrumento autorizado por un profesional del derecho; (c) no es una cláusula de estilo; (d) su interpretación exige esfuerzos suplementarios.

Adviértase que, simultáneamente, la cláusula dice que los compradores:

(A) asumen los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas;

(B) no asumen las obligaciones de cuyas ejecuciones derivan dichas medidas;

(C) se reservan las vías recursivas que resulten de aplicación en resguardo de sus derechos.

2. Lo medianamente claro y lo obscuro.

(a) Parece medianamente claro que los compradores no asumieron las obligaciones ejecutadas. Esto significa que nunca se constituyeron en deudores de la obligación que dio lugar al embargo; o sea, quedan descartadas las figuras de la novación subjetiva imperfecta, la cesión de deudas, etc.

(b) La reserva de las acciones recursivas es menos clara.

Parecería referirse a las relaciones "enajenante/adquirentes"; o sea, a las acciones que los compradores se encuentren en la necesidad de iniciar en el futuro contra el vendedor.

Siendo así, esta reserva podría ser interpretada en perjuicio del tercerista, desde que estaría previendo que tiene que pagar al embargante y luego repetir.

No obstante, la fórmula tampoco descarta una interpretación que lo beneficie, pues el punto de partida sería que su posición contractual le permite seguir oponiéndose a los embargantes, y que sólo en el supuesto en el que fuera vencido, nacerían las acciones recursorias contra el enajenante.

En otras palabras, los adquirentes sabían que "compraban dos nuevos pleitos" (los dos embargos que quedaban), previeron la posibilidad de que esos juicios se perdieran y, en tal caso, iniciarían las acciones recursorias.

c) La parte más oscura es la relativa a la asunción de los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas.

Los jueces de grado entendieron que la expresión usada significa que los compradores asumieron el embargo y, por lo tanto, no pueden solicitar su levantamiento.

Esta interpretación contradice diversas reglas jurídicas, tal como lo explico en los puntos siguientes.

3. Algunas reglas de derecho que obstaculizan la interpretación de la sentencia de grado.

3.1. La interpretación contextual, sistemática o de "unas con otras". Canon hermenéutico de la totalidad.

El art. 218 inc 2 del Código de Comercio ordena: "Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darle, no tanto el significado que en general les pudiera convenir cuanto el que corresponde por el contexto general".

La doctrina coincide en que los convenios no pueden ser comprendidos interpretando sus cláusulas en forma aislada, dispersa o fragmentaria. "El contrato es un todo lógico y la voluntad de las partes que en él han convergido no puede ser estudiada en manera analítica en cada una de las cláusulas sino en rigor como una auténtica totalidad. Por eso, la hermenéutica de los contratos exige una síntesis de un razonamiento práctico, en el que interactúan diversas etapas complementarias" (Cám. 5º CC Córdoba, 6/5/1996, Cenit c/Mepricord SA, La Ley Córdoba 1996-1273; conf. Cám. Nac. Com. sala A, 18/3/1998, Club Hípico Argentino c/Muñoz, DJ, 1999-2-463). En consecuencia, "no cabe prevalerse de una palabra aislada de un acto jurídico para atribuirle efectos que no coinciden con el tenor general de la declaración ni con la voluntad in-equívocamente manifestada en ella" (Cám. Nac. Civ. Sala A, 6/5/2004, Sociedad de autores y compositores c/Radio Mitre SA, JA 2004-IV-538). De allí que se hable del principio de interpretación "coherente" del contrato (Para este tema ver Houtcieff, Dimitri, Le principe de cohérence en matiÞre contractuelle, Marseille, ed. Presses Universitai-re d'Aix-Marseille, 2001, págs. 75 y ss ).

La afirmación de que los compradores asumieron el embargo, en principio, contradice la parte más clara de la cláusula según la cual "no asumieron las obligaciones de cuyas ejecuciones derivan dichas medidas".

3.2. La renuncia al ejercicio del derecho a interponer nuevas tercerías de mejor derecho.

La interpretación dada por los jueces de grado implica presumir que, al momento de escriturar, o sea, cuando afianzaban su derecho sobre el inmueble comprado por boleto, los adquirentes renunciaron al derecho a invocar la doctrina plenaria de esta Sala recaída en el plenario del 30/05/1996.

Esta presunción no responde, razonablemente, a la voluntad expresada desde que:

(a) La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (argumento art. 874 del CC).

(b) El adquirente había resultado vencedor en dos juicios anteriores, que habían concluido con la aplicación de la doctrina plenaria de esta Corte.

(c) No se advierte razón alguna por la cual los adquirentes renunciarían para el futuro a esta doctrina, desde que no hay en la escritura pública ninguna cláusula que les otorgara otra ventaja patrimonial complementaria que compensara esta desventaja.

(d) Sin razones explícitas, esta renuncia favorecería a un tercero, que no ha sido parte en el acto y que, de no haberse introducido esta cláusula, habría estado en la misma posición que los otros embargantes.

4. Una posible interpretación que guarde coherencia con el resto de las circunstancias.

¿Qué quiere decir, entonces, la obscura cláusula según la cual "los adquirentes asumen los efectos y consecuencias de las medidas asegurativas trabadas? Interpretar que los adquirentes simplemente tomaron conocimiento de la existencia de los embargos es insuficiente desde que, obviamente, ese conocimiento está implícito en la publicidad registral (arts. 22 de la ley 17.801 y concs).

En mi opinión, conforme los hechos anteriores a la escrituración, esta cláusula podría indicar que los adquirentes liberaron a la enajenante de otras consecuencias y efectos que pudieran producirse; dicho en otras palabras, los adquirentes compraron asumiendo que deberían pleitear contra los dos embargantes existentes, posteriores al boleto y anteriores a la escrituración, y si perdían, se reservaban las acciones recursorias contra el enajenante; en cambio, cualquier otra consecuencia que derivara de esos embargos (por ej., la pérdida de la posibilidad de concertar un préstamo bancario por no estar el inmueble libre de todo gravamen, la pérdida de la posibilidad de vender a un tercero por iguales razones, etc) no podría ser reclamada al enajenante.

Admito que incluso esta interpretación es dudosa, pero es la única que permite conciliar todas las partes de la cláusula y respetar la doctrina plenaria de esta Corte en torno a la oponibilidad del boleto de compraventa, especialmente cuando está en juego la vivienda familiar VII. La presunta falta de legitimación del recurrente En las instancias de grado, el actor ha sostenido que el recurrente carece de legitimación para interponer la tercería en tanto es sólo un condómino.

El argumento es insuficiente para rechazar la pretensión. En efecto, si un condómino puede interponer acción reivindicatoria por el todo (ver argumento art. 2679 del CC), con mayor razón puede solicitar una medida menor, cual es el levantamiento de una cautelar.

VIII. Conclusiones:

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corresponde acoger el recurso deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado y, en su lugar, hacer lugar a la tercería deducida.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

A la segunda cuestión la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la primera cuestión corresponde hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad articulado a fs. 11/17 de autos, y revocar la resolución de fs. 184 vta de los autos nº: 112.900/38.640, caratulados: "Liguori Domingo en Jº 109.364, "Bco Multricrédito S.A. s/ quiebra c. Marta Bizzoto P.V.E. p/ tercería p/ incidentes". En consecuencia, declarar procedente el recurso de apelación interpuesto a fs. 131 por la tercerista, revocar la resolución de fs. 127/130, y hacer lugar a la tercería de mejor derecho articulada a fs. 57/60 de autos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

A la tercera cuestión la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrida vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad articulado a fs. 11/17 de autos, y revocar la resolución de fs. 184 vta de los autos nº: 112.900/38.640, caratulados: "Liguori Domingo en Jº 109.364, "Bco Multricrédito S.A. s/quiebra c/Marta Bizzoto p.v.e. p/tercería p/incidentes"; la que queda redactada de la siguiente manera: I. Hacer lugar al recurso de apelación promovido a fs. 131 por el tercerita y revocar la resolución de fs. 127/130 por la siguiente:

I. Admitir la tercería de mejor derecho interpuesta a fs. 57/60 y vta de autos y en consecuencia ordenar el inmediato levantamiento del embargo trabado conforme las constancias de fs. 32 y vta de los autos principales.

II. Imponer las costas a los demandados vencidos.

III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. R.D. en la suma de pesos dos mil quinientos sesenta y dos ($ 2.562), E.R.L. en la suma de pesos mil doscientos ochenta y uno ($ 1.281); y A.C. en la suma de pesos mil setecientos noventa y tres ($ 1.793); sin perjuicios de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder. (Art. 2, 4, 9 inc. j y 31 Ley 3641).

II. Imponer las costas a los recurridos vencidos.

III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. E.L. en la suma de pesos mil veinticinco ($ 1.025), y A.C. en la suma de pesos setecientos diecisiete con cincuenta ($ 717,50) (Art. 15 Ley 3641).

II. Imponer las costas a la recurrida vencida. (Art. 35 y 36 C.P.C.) III. Regular los honorarios profesionales devengados por el recurso de Inconstitucionalidad de los Dres. L.S. en la suma de pesos mil veinticinco ($ 1.025); E.R.L. en la suma de pesos trescientos siete con cincuenta ($ 307, 50); A.S. en la suma de pesos setecientos diecisiete con cincuenta ($ 717, 50); y A.C. en la suma de pesos doscientos quince ($ 215). (Art. 15 y 31 Ley 3641).

IV. Firme que quede la presente agréguense las actuaciones y remítanse con carácter de urgente a origen a los fines del cumplimiento de la medida ordenada en el punto I. del resolutivo.

Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Fernando Romano, por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 ap. III C.P.C.). - Aída Kemelmajer de Carlucci. - Alejandro Pérez Hualde.