marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Uniones convivenciales, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL
Carátula: V. C. R. c/ V. M. J. s/ EJECUCION PACTO DE CONVIVENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

El acuerdo de partes no contempla el modo de distribuirse los bienes ni compensación económica alguna, cuestiones que la actora peticiona que se determinen como efectos del cese de la unión convivencial. [.] Entonces, a la luz de tales pautas, deberá la actora encausar su reclamo en la forma indicada por la Jueza de grado, dando estricto cumplimiento -además- a lo dispuesto por los arts. 330, 333 y cc. del código procesal
Recurso extraordinario, remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Machado,  Pedro  José Manuel c/ E.N. - Mº de Justicia s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que no atribuyó carácter remunerativo y bonificable a los suplementos otorgados por el decreto 2807/93, si los argumentos del fallo no fueron controvertidos ni siquiera de modo mínimo por el recurrente.
Concursos, quiebra, efectos entre partes, pactos preexistentes, verificación de créditos, ampliación de la demanda, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Darex SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por marino, javier
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar el incidente de verificación tendiente a obtener el reconocimiento de ciertos gastos con relación a determinados inmuebles, toda vez que debieron ser incorporados al primigenio reclamo de escrituración. Ello es así, en tanto la cuestión deriva de un mismo reclamo, proveniente de un acuerdo, en donde en la etapa tempestiva se solicitó y obtuvo la admisión de una porción, y mediante el presente proceso se busca -en forma tardía- la verificación de otra porción restante.

La eventual omisión incurrida por el propio incidentista al tiempo de formular su pedido verificatorio no puede ser válidamente subsanada en el marco de este proceso. Ello así, por cuanto la insinuación fija la extensión del reclamo, tanto en orden al monto del crédito, cuanto en punto a su causa y graduación. Determina así el thema decidendum, por lo que si en aquella ocasión, la acreedora omitió alguno de los aspectos que hacen a su debida integración, no puede -a priori- introducir la cuestión con posterioridad.
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Quinzacara, Adrián Gustavo c/ Mar Hel S.A.C.I.F.I. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-11

No procede la indemnización por accidente de trabajo fundada en el artículo 1113, cuando la demanda no cumplió en señalar las circunstancias del infortunio, atribuyendo al actor todas las dolencias al trabajo, por lo que cabe advertir que no se puede afirmar que toda la actividad de la empresa genera un riesgo, porque llevaría al empleador a responder económicamente por el deterioro lógico que con el transcurso del tiempo toda persona sufre en su salud por el sólo hecho de trabajar. Tampoco se individualizó concretamente la cosa productora daño, ni explicó la causalidad entre cosa, infortunio, daño.
Defraudación, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, escritura traslativa de dominio, partes comunes de uso privativo
Materia: PENAL
Carátula: Vicario, M. J. y otro s/estafa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

- Defraudación por suscripción de documento por medio de engaño. Procesamiento.

- Elementos suficientes como para agravar la situación procesal. Imputados que conocían la existencia de los expedientes municipales y habían sido allí intimados a paralizar la obra en un primer momento y, posteriormente, a su demolición, siendo ello relevante pues en ello radica el engaño al afirmar, tanto en el boleto de compraventa como en la escritura traslativa de dominio, respecto al "uso exclusivo" que iban a tener los compradores de la terraza. Omisión de brindar información que acredita el dolo requerido para la figura en análisis.

- Confirmación.
Cese de oposición al registro de marca, traslado de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bago Group S.A. c/ Delibra S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

La actora adjuntó un mail con fecha 29 de abril de 2013 a las 11.10 hs. dirigido a la demandada, pero sin acreditar su recepción. La doctora Barbado lo tuvo por cierto. Sin embargo, discrepo con esta solución puesto que -por un lado- la demandada negó la documental y dijo que recién tuvo conocimiento de la limitación ofrecida por la actora al ser notificada del traslado respectivo, lo que constituye una negativa suficiente en los términos que exige la ley procesal y -por el otro- resaltó que la comunicación fue enviada a una dirección de mail distinta a con la que había tenido el intercambio original y, además, después de haber presentado la actora la ampliación de la demanda (ambas del 29-4-13 pero con diferencia de horas). En ese sentido, si bien es una realidad incontrastable que el correo electrónico (e-mail) emergió como un nuevo medio de comunicación que permite transmitir datos, información y mensajes a personas por medio de una red de interconexión entre computadoras, no implica la efectiva recepción de su destinataria (CNComercial, Sala F, causa 27221/10 del 27-8-10).
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, interpretación restrictiva, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: LABORAL
Carátula: Muñiz, Carlos Gabriel c/ Seguridad Integral Empresaria S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

La pretensión del actor de ser reincorporado en su puesto en las mismas condiciones laborales y pago de los salarios correspondientes con anterioridad a la comunicación extintiva, no tiende a mantener la situación existente sino a alterar el estado de hecho o de derecho vigente al momento de su dictado. En consecuencia, al tratarse de una medida precautoria innovativa, debe evaluarse con mayor grado de estrictez el "fumus bonis iuris" y el "periculum in mora", toda vez que se trata de una decisión excepcional, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final que pudiere decidirse en el marco de un proceso de conocimiento pleno.
Costas, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ, Pedro Santos c/ Carmona, Haydee Clara y Otros s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-19

El actor debe considerarse vencedor aunque su pretensión haya progresado parcialmente frente a quien negaba tuviese derecho indemnizatorio alguno. Tan vencedor es que las costas se impusieron a la contraria.

Por otro lado, los honorarios no están regulados sobre el total demandado sino en la medida del progreso de la pretensión, y en esa medida el actor es vencedor.

Las costas se imponen sobre la base del progreso de la demanda y en esa medida, y de ninguna manera importan una injusticia ya que la demandada obligó a litigar a la actora (lo que implica costas aun en el caso de allanamiento) y fue efectivamente vencida en su postura, por lo cual la condenación es justa y legítima (art. 74 CPC).
Proceso penal, expediente, paralización del expediente, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: S., G. E. c/ B. N. D. L. S.A. y F., N. E. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-02

Si el proceso penal se encuentra virtualmente paralizado, sin que existan elementos que permitan presumir su próxima activación, corresponde dejar de lado la prejudicialidad penal instituida por el art. 1101 del Código Civil y proceder al dictado de la sentencia en sede civil.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grupo Editorial Planeta SAIyC c/  s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-17

En el caso GEP, es conocida en el medio desde hace años por su actividad relacionada con la edición, publicación y comercialización de libros. En autos acreditó la titularidad de las marcas PLANETA y GRUPO PLANETA, entre otras (confr. constancias e información que surge del sitio web del INPI, de acceso público, en el que puede consultarse el listado de marcas vigentes que tiene concedidas en diversas clases del nomenclador). En el caso de "PLANETA" n° de registro 1.752.877, renovado bajo el n° 2.942.592, cubre la clase 16 (libros) y data de septiembre de 1999 (confr. información del sitio web ya mencionado). De acuerdo a la explicación que dio en su escrito inicial y a la impresión del sitio web planeta.es -ver constancia-, forma parte -junto a una gran cantidad de editoriales-, del Grupo Planeta, cuya "cabeza" se encuentra en España. El conflicto de autos gira en torno al nombre de dominio "planetadelibros.com.ar", anotado originalmente por el recurrente y en la actualidad inscripto cautelarmente a nombre de la firma actora (confr. informe, suscripto por el Director Nacional del Registro de Dominios de Internet).
Desistimiento del recurso, extinción de la acción penal, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Reina, Héctor Gonzalo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-05

Corresponde tener por desistido el recurso de casación contra el pronunciamiento que -con fundamento en el carácter sustantivo y la operatividad del art. 59 CP introducido por ley 27.147- dispuso declarar extinguida la acción penal una vez que el imputado satisfaciera la donación o realizara las tareas comunitarias, ya que el dictamen del MPF resulta debidamente fundado en cuanto consideró que la falta de reglamentación procesal no puede oponerse como obstáculo para la aplicación de una causal de extinción de la acción penal, pues una interpretación contraria implicaría aceptar que una norma de carácter local pueda dejar en letra muerta otra de legislación común.

Fuente del sumario: OFICIAL
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 17 de 2009.

Y Vistos: 1. Viene apelado el decisorio de fs. 2129/2130 por el cual la juez de primera instancia impuso al Sr. Juan Bautista Gargantini hacerse cargo al menos por el momento y provisoriamente de los honorarios de la administradora judicial designada en autos, Dra. S. L. P.

Para así decidir, la a quo tuvo en consideración las circunstancias de este proceso en que el nombrado Gargantini consignó judicialmente parte del paquete accionario de una sociedad, lo cual tornó necesario la designación de una administradora. Puso a salvo el derecho de repetición que corresponda en su caso y agregó que aquél tendrá acceso a los fondos necesarios para afrontar los honorarios.

2. La apelación provino de Gargantini, quien sostuvo su recurso con el memorial de fs. 2134/2137, contestado por la Dra. P. a fs. 2140/2142.

El recurrente basó su memorial en que la imposición de los honorarios a él sería extemporánea porque no medió aún en autos pronunciamiento de costas y sería nada más que el resultado de una especie de "descarte" para que alguien pague los honorarios, constituyendo ello un tratamiento desigual.

3. Estima la Sala que en las particulares circunstancias exteriorizadas en esta causa y que subyacen tras la argumentación de la juez de primera instancia no es impropio lo que decidió en cuanto a los honorarios de la Dra. P.

Pero más allá de ello el recurrente no cuestionó debidamente la salvedad que destacó la juez en cuanto a que hacerse cargo ahora de los emolumentos no perjudica eventuales acciones de repetición, tratándose de una medida provisoria, que, así las cosas, no puede irrogar al apelante un verdadero perjuicio. Al menos no revierte esa circunstancia el memorial a estudio, fundado en aspectos procedimentales, pero sin controvertir una parte de los fundamentos del decisorio, omisión que deja al recurso desprovisto del carácter de una verdadera crítica de los aspectos centrales de la decisión (art. 265, Cód. Procesal).

En tales circunstancias, se desestimará el recurso. No obstante, atendiendo a que la atribución del pago no dejó de obedecer a las peculiares circunstancias de este litigio, lo cual pudo generar en el recurrente la creencia de que asistía a él razón para apelar, las costas de esta instancia se distribuirán en el orden causado (conf. art. 68, 2do. párr., Cód. Proc.).

4. Por ello, se resuelve: rechazar el recurso y confirmar el decisorio de fs. 2129/2130, con costas de Alzada en el orden causado.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones. - José Luis Monti. - Bindo B. Caviglione Fraga. - Juan Manuel Ojea Quintana.
Incidentes, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: BRIZ VICENTE Y OTROS c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-23

El tope establecido en el nuevo art. 505 del Código Civil (modificado por la ley 24.432) solo funciona respecto de los honorarios devengados en la instancia principal, no comprendiendo los honorarios incidentales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Hugo Manuel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

A los efectos del procedimiento penal la ausencia de constancia, en el acta respectiva, de la concesión de la palabra al acusado ocasiona la nulidad prevista en el art. 283 del Código de Procedimiento Penal. Pero la previsión, en el mismo texto legal, de la "falta grave" origina una cuestión distinta, de naturaleza disciplinaria, que impone dos órdenes de consideraciones. En primer lugar, no puede adoptarse la resolución solicitada sin que los magistrados a que se refiere ejerzan el derecho de defensa (arts. 18 de la Constitución de la Nación y 9 y 44 de la Constitución de la Provincia). Y en cuanto al fondo de la cuestión deberá establecerse si concurren los presupuestos correspondientes para la existencia de la responsabilidad disciplinaria.
Obras sociales, acción de amparo, medidas cautelares, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BRES  MATIAS GABRIEL c/ OSSEG s/ incidente de apelación de medidacautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

Está acreditada en autos su carácter de afiliado a la OSSEG, la incapacidad que padece el menor, la gravedad de su cuadro (actualmente internado en terapia intensiva por una infección intrahospitalaria) y la necesidad inmediata de su tratamiento, todos extremos que no han sido desvirtuados por la recurrente. En consecuencia, se encuentra configurada tanto la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Según surge de autos la empresa Sanity Care, prestadora de la OSSEG, ha sido denunciada penalmente por el actor por no poder brindar personal idóneo para atender la enfermedad que sufre el menor, circunstancia que determina que las prestaciones deberán ser efectivizadas a través de la empresa "Terapias Médicas Domiciliarias" recomendada por la institución en donde está internado el menor, máxime que la demandada no ofrece otra alternativa que no sea Sanity Care.
Honorarios, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G. P. A. I. c/ N. S. s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-02

No escapa a este Tribunal que la carga de probar que la beneficiaria haya mejorado de fortuna -demostrando su suficiencia económica- le corresponde a la acreedora, por medio de la correspondiente vía incidental (art. 11, Ley 6314 y art. 253 del CPC) como es el caso en estudio.

De la misma forma, la obligada podría haber evitado el trámite de éste incidente, y consecuentemente la regulación de honorarios acaecida, si hubiera denunciado tempestivamente que mejoró de fortuna, lo que no hizo.

De lo preconsiderado se concluye, que la actividad realizada por la letrada merece una retribución justa por su impulso procesal cumplido en esta incidencia.

Actividad que resultaba indispensable a los fines de determinar la actual condición económica de la actora, y poder contar con los elementos necesarios para alcanzar el objetivo principal: poder perseguir y obtener el cobro de los honorarios que le corresponden por su actuación en los autos principales.
Oferta al consumidor, contrato de publicidad, deber de información, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Editorial   Perfil  S.A. c/ DNCI  -Disp  N°  571/2009  (Expte.s01:20454/07)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-01

Si la encartada realizó una publicidad de oferta de productos con limitación cuantitativa, sin informar cuál de esa limitación, corresponde que sea sancionada por infracción al art. 7 de la ley 24.240 y al art. 7 del decreto 1.798/94 reglamentario de la ley 24.240.
Competencia contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-04-13

Nuestra Provincia no cuenta con un Código Contencioso Administrativo, este Tribunal atiende, en lo que resulte pertinente, a las reglas de competencia que establece el Código Procesal Civil y Comercial (Ley XIII N° 5). Éste, en su art. 5, prevé que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y fija reglas generales que determinan el juez competente, sin perjuicio de que puedan aplicarse otras, establecidas en normas especiales.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia vinculante, concurso preventivo, crédito verificado, depreciación monetaria, actualización monetaria, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOW, MARCOS s/ CONCURSO PREVENTIVO.    RECURSO DE REVISION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 329-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-10

Siendo procedente el recurso de inconstitucionalidad la sentencia se anula y debe ser dictada por el tribunal subrogante de acuerdo a lo dispuesto por este cuerpo (artículo 12 ley 7055); por lo que en el caso deberá reconocer el reajuste del crédito. Pero esto no implica que se tenga que efectuar un ajuste matemático -al momento del efectivo pago-, desconectado de la real incidencia que pueda tener en la especie tal actualización sobre el activo del concurso preventivo, la evolución que éste puedo experimentar, su eventual adecuación en relación a la variación de los índices de desvalorización monetaria y los demás créditos. Queda a salvo la facultad de morigeración del juez, acorde con los principios y fines que inspiran el régimen concursal.
Acción de amparo, permiso administrativo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guindi, Aldo y otros c/ Municipalidad de Morón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

El permiso de uso otorgado por la administración tiene un carácter precario por lo que la facultad emergente del mismo no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo ya que su propia esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización.-
Propiedad horizontal, actividades molestas
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Los Lapachos c/ Gerstenfeld Jaime s/ Sumarisimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-15

Siendo que el reglamento permite puntualmente a los ocupantes de los departamentos abrir en los mismos "oficinas", las que -como se dijera precedentemente, se ha interpretado que pueden ser de cualquier tipo, desde luego siempre y cuando no resulten contrarias a la moral o a las buenas costumbres o comprometan la seguridad del inmueble-, no puede sin mas sostenerse que por tener un "taller" propio de su actividad, donde se dictan clases sobre las materias artísticas a grupos de personas, especialmente a mujeres, mayores de edad y en su mayor parte profesionales , de alguna manera la inquilina del demandado haya destinado la unidad a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad, y que el apelante -como copropietario del consorcio- no debió haber autorizado el destino mixto que en definitiva se le diera. Debe destacarse que el "atelier" instalado en el departamento del demandado por su inquilina no es un taller mecánico o de chapa y pintura, de tornería o carpintería, sino el lugar donde se dicta por aquella clases de pintura, gravado, etc. y se enseña a arreglar o restaurar muebles deteriorados. Desde el momento en que el reglamento expresamente prevé que a los departamentos se los puede destinar para oficina de sus propietarios y/u ocupantes y, por lo tanto, faculta a aquellos a ejercer en los mismos las tareas propias de su actividad tanto civil, como comercial, en esas condiciones los consorcistas deben tolerar las molestias e inconvenientes propios del funcionamiento de las mismas, en la medida en que fueran razonables.