Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.138 CAUSA N° 48.967 /2010 SALA IV "DIAZ RAQUEL NOEMI C/ SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 21.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 09 DE MARZO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 527/531 que hizo lugar a la demanda por despido, se alzan la actora (fs. 540/541), su letrada (fs. 540 vta.) y la demandada (fs. 535/538).

II) La actora se queja porque el fallo habría omitido diferir a condena los salarios del mes de agosto de 2009 y la integración del mes de despido.

La supuesta omisión podría haber encontrado remedio por vía del recurso de aclaratoria (art. 99 L.O.), pero no por vía del de apelación, ya que el monto cuestionado ante la alzada ($ 3.325) no alcanza el umbral previsto por el art. 106 de la L.O. que, a la época de decidir sobre la concesión del recurso, era de $ 7.500.

Corresponde entonces declarar mal concedida la apelación.

III) La demandada se agravia, en primer lugar, porque el Sr. Juez a quo consideró que la trabajadora había acreditado en autos haber justificado todas las ausencias que registró en los meses de junio y julio de 2009, lo que -a criterio de la apelante- "no tiene correlato en autos".

Anticipo que, a mi juicio, la queja no merece trato favorable.

Digo esto, pues, como bien lo señala el Dr. Gorla en su muy fundada sentencia, la confesión ficta de la demandada conduce a tener por ciertos los hechos alegados por el actor, salvo prueba en contrario, que no se ha producido (art. 86 L.O.). Al respecto, esta Sala tiene dicho que la rebeldía del art. 86 L.O. produce la inversión de la carga de la prueba sobre todos los hechos expuestos en la demanda o contestación -en su caso- (S.D. 69767 del 29/12/93, "Leguizamón, Mario c/Dalla Rosa s/despido" y S.D. 92.790 del 16/11/07, "López, Luis Javier c/ Repicky S.A. s/ despido", entre muchísimas otras), y que la presunción de veracidad consagrada en esa norma adjetiva no requiere ser corroborado por ninguna prueba (S.D. 93.892 del 19/2/09, "Díaz, Miriam Isabel c/ Domiser S.R.L. s/ despido"; cfr. Guisado, Héctor, "La rebeldía en el proceso laboral", DT 1986-B, 1619).

Así cabe tener por cierto, entre otros hechos, que la actora, desde el comienzo de su enfermedad, notificó telegráficamente a su empleadora que se encontraba con reposo médico y que ponía a su disposición los certificados médicos respectivos.

A su vez, la constancia de fs. 31 (no cuestionada por la demandada), evidencia que la trabajadora entregó efectivamente esos certificados a su empleadora; mientras que la prueba informativa de fs. 443/444 acredita la autenticidad de la constancia d el 8 de junio de 2009, que da cuenta de la afección psíquica de la trabajadora (crisis aguda de angustia manifestada en síntomas corporales que se agudizan en horario laboral debido al stress) y la consiguiente recomendación de reposo y alejamiento del ámbito laboral. La circunstancia de que esa constancia haya sido suscripta por una psicóloga no le quita entidad probatoria, pues se trata de una profesional de la salud, y su diagnóstico fue respaldado luego por una médica psiquiatra (fs. 29/20). Es más: el propio control médico de la empleadora constató luego la existencia de la afección psiquiátrica y le otorgó licencia médica hasta el 13 de setiembre de 2009 (conf. conclusión firme de fs. 529).

En tales condiciones, cabe confirmar el pronunciamiento en cuanto admite el reclamo salarial.

Idéntica solución corresponde adoptar respecto del reclamo indemnizatorio, pues no se trata en el caso de "la falta de pago de un día de trabajo o en su caso un par de días" (como livianamente aduce la recurrente a fs. 536 vta.), sino de la falta de abono de dos meses de salario (junio y julio completos), lo que a mi juicio constituyó claramente una injuria de gravedad suficiente como para justificar la denuncia del contrato de trabajo (art. 242 LCT).

IV) Es también motivo de queja por parte de la demandada la base salarial receptada por el Sr. Juez a quo para la fijación del monto de condena ($ 1.662,855), ya que, a su criterio, la mejor remuneración percibida por el actor fue de $ 1.325 en octubre de 2008. Puntualiza que el importe establecido en el fallo incluye la suma de $ 405 en concepto de viáticos, que no reviste carácter remuneratorio en virtud de lo dispuesto en el art. 33 del CCT 507/07.

Estimo que no le asiste razón a la apelante.

En efecto, en un caso sustancialmente análogo al sub lite (dado que se trataba de un juicio contra la misma demandada de autos, en el que se debatía el carácter salarial de los viáticos previstos en el citado art. 33 del CCT 507/07) tuve oportunidad de expresar que:

"En primer término debo memorar que por viático se entiende a 'las sumas de dinero que se entregan al trabajador para soportar ciertos gastos que le impone su trabajo fuera de la empresa'.

Estimo, adhiriendo a la tesis postulada por el doctor Fernández Madrid al votar en mayoría en el plenario 'Aiello, Aurelio c/ Transportes Automotores' que 'el rígido principio general expresado en el art. 106 de la LCT encuentra una válvula de escape para aquellos casos en que por la naturaleza específica de la actividad que se trate sea necesario afirmar una regla distinta a la expresada. En algunos supuestos esta regla consistirá en acordar carácter remuneratorio a viáticos que se otorgan con rendición de cuentas (caso de los viajantes de comercio; art. 7º de la ley 14456) a excluir dicha condición salarial a rubros que se otorguen con la finalidad de cubrir determinados gastos necesarios y en definitiva a liberar al empleador de la prueba de un gasto documentado cuando la imputación a comida y alojamiento resulta de un convenio colectivo de trabajo en términos tales que no permiten dudar acerca de que los aportes respectivos constituyen un gasto necesario derivado del tipo de tarea que se realice. En estos supuestos queda excluida la hipótesis de fraude a la que en definitiva apunta la disposición del art. 106 de la LCT. Es decir se trata de situaciones especiales en presencia de las cuales las partes colectivas crean una regulación particular que facilita el desenvolvimiento del contrato sin gravar la situación del empleador por el hecho de que se reconozca un viático con imputación a un gasto necesario' (sic; el subrayado me pertenece).

Es preciso aclarar que, aún dentro de la tesis mayoritaria del plenario Aiello, no se autoriza, per se, a que, por vía de los convenios colectivos de trabajo, se disfracen rubros salariales bajo el ropaje de viáticos. Considero que es necesario analizar el contenido de la cláusula convencional a los efectos de determinar si el ejercicio de la autonomía colectiva, se efectuó con adecuación al orden público laboral. Y considero que en el caso de autos este principio se ve afectado. Digo ello porque coincido con el doctor Arias Gibert cuando afirma que 'ninguno de los supuestos mencionados (a- un gasto que debe ser compensado y b- una expresa delegación normativa desde la ley al convenio colectivo de trabajo) concurre en el caso presente en el que las partes sin alegar gasto alguno, han decidido que una parte de lo que el trabajador percibe como consecuencia del cumplimiento del contrato de trabajo sea considerado como no remuneratorio en violación a la tipicidad del art. 103 LCT'.

La demandada alegó, en su memorial recursivo, que el destino de los viáticos estaba destinado a cubrir los "gastos de un destino de trabajo a otro, lo cual es habitual en esa actividad". Sin embargo dicha erogación de gastos no se ve acreditada en el desempeño de las tareas del actor, ya que éste prestó tareas, al menos en el último tiempo, en un solo lugar de trabajo: Colgate Palmolive (hecho reconocido por ambas partes); por lo que no se evidencia que el señor Monges haya tenido que incurrir en algún gasto necesario de movilidad ya que no tenía varios "destinos" u "objetivos" de trabajo. Debo agregar, además, que luce al menos "sospechoso" que éstos conceptos, que evidentemente son variables ya que deben ser calculados en razón de la distancia entre distintos puestos de trabajo, sean determinados en una suma fija y de manera indiscriminada para todo trabajador (tenga o no que trasladarse).

Es por ello que entiendo que el hecho de que un convenio colectivo de trabajo (en el caso el 507/2007) denomine 'viático' a una suma fija no sujeta a comprobantes de gastos y, asimismo determine que esas sumas 'tendrán carácter no remunerativo' no es suficiente para excluirlo del concepto genérico de remuneración a que hace alusión el art. 103 de la LCT" (esta Sala, 28/10/10, S.D. 94.992, "Monges, Carlos Antonio c/ Search Organización de Seguridad SA s/ despido"; en igual sentido: íd., 31/5/11, S.D. 95.483, "Aiza Cruz, Desiderio Isidoro c/ Fuegos SRL s/ despido"; íd., 11/11/11, S.D. 95.887, "Silva, Viviana María c/ Correo Oficial de la República Argentina SA s/ despido").

Mutatis mutandi, estas consideraciones resultan aplicables al caso de autos y, en su mérito, corresponde confirmar el fallo en cuanto a la base salarial.

V) Las conclusiones a las que arribé en los puntos anteriores, conducen a desestimar las objeciones vertidas por la demandada en el primer párrafo del denominado "tercer agravio" de fs. 537 vta., pues, establecido el carácter salarial de los supuestos viáticos, éstos debían ser abonados también durante el lapso en que la trabajadora se encontraba imposibilitada de trabajar a raíz de su enfermedad inculpable (conf. art. 208 LCT).

Igual suerte negativa merece la impugnación contenida en el párrafo siguiente, pues, contrariamente a lo afirmado por la apelante, del informe del Banco Francés (fs. 409/413) no surge que la demandada hubiese depositado, en concepto de haberes del mes de julio, la suma indicada en el memorial ($ 196,80). Por otra parte, del recibo de sueldo acompañado por la propia demandada se desprende que, si bien la empleadora consignó como "total remuneraciones" la mencionada suma de $ 196,80, en el mismo instrumento insertó un "total retenciones" por un importe idéntico, con lo cual el "neto" resultó ser igual a cero (fs. 77). En otras palabras: no medió pago alguno.

VI) Asimismo se agravia la demandada del acogimiento del reclamo de la indemnización del art. 80 de la LCT.

El único (aparente) fundamento de la impugnación es que, a criterio de la recurrente, "el a quo no tuvo en cuenta las distintas cuestiones de hechos y de derecho indicadas por mi mandante y acreditadas en autos en forma fehaciente" (sic, fs. 537 vta.). Esta simple (y vaga) afirmación no satisface los requerimientos del art. 116 de la L.O. en orden a la "crítica concreta y razonada" del pronunciamiento, "para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores". Por ello, cabe declarar desierto este segmento del recurso.

VII) La letrada de la actora apela sus honorarios por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios regulados a la representación y patrocinio de la actora lucen equitativos, por lo que cabe confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, y L.O.). Cabe aclarar que esos emolumentos corresponden sólo a la actuación en primera instancia, por lo que queda a salvo el derecho de la interesada a requerir la regulación de sus honorarios por la actuación ante el SECLO.

VIII) En síntesis, voto por: 1) Declarar mal concedida la apelación de la actora. 2) Confirmar el pronunciamiento en todo cuanto ha sido motivo de recurso por la demandada y por la letrada de la actora. 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68, Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar mal concedida la apelación de la actora. 2) Confirmar el pronunciamiento en todo cuanto ha sido motivo de recurso por la demandada y por la letrada de la actora. 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68, Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria