Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23


Buenos Aires, mayo 23 de 2007.

Resulta: 1. El defensor oficial de David Domingo Díaz interpuso ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas un recurso de revisión contra la sentencia firme de esa Sala que, el 29 de junio de 2005, confirmó la condena a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa de mil pesos ($ 1000) impuesta a Díaz por el juez de primera instancia en juicio abreviado (art. 60, LPC), por ser autor del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal -art. 189 bis, inc. 2, primer párrafo, del CP (art. 1º, ley nacional nº 25.886)- (fs. 24/26). El recurso fue rechazado por inadmisible (fs. 27/30).

2. El defensor oficial interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 31/37), alegando que la resolución de la Cámara desatiende una correcta interpretación de los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, y del derecho al recurso y el principio pro homine, en tanto declara formalmente inadmisible un recurso de revisión sólo en razón de que las causales de revisión son taxativas de acuerdo a una regulación infraconstitucional como es la del CPPN, cuando lo que se pretende a través de ese medio es evitar el mantenimiento de una condena que, según entiende, vulnera del principio de legalidad material (art. 18, CN) en tanto tuvo por base una conducta "impune al momento de los hechos" (fs. 34 vuelta).

El recurso de inconstitucionalidad fue denegado (fs. 38/39) y el defensor oficial de David Domingo Díaz se presenta ahora ante este Tribunal en queja (fs. 40/48). En su recurso, el presentante mantiene los agravios expuestos en sus anteriores escritos y critica la resolución que denegó su recurso extraordinario local. Básicamente, la defensa busca que este tribunal se expida sobre "cuál debe ser la aplicación de las causales de revisión bajo el prisma constitucional: si una literal, restringida a los taxativos supuestos que la Cámara entiende que la ley amerita, o, una más amplia, (...) acorde (...) con una correcta interpretación de los principios constitucionales en cuestión" (fs. 41 vuelta).

3. Por su parte, el Fiscal General Adjunto opina que la defensa no ha planteado adecuadamente un caso constitucional, circunstancia que justifica, por las razones expuestas a fs. 55/6, el rechazo de la pretensión intentada (art. 27, ley nº 402).

Fundamentos El doctor Lozano dijo:

1. Aunque interpuesta en tiempo oportuno la queja no puede tener acogida favorable.

2. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 31/37 se interpuso contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas que declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el defensor oficial en los términos del art. 479, inc. 4, del CPPN, por medio del cual se cuestionaba la sentencia de fecha 5 de mayo de 2005 que condenó al Sr. Díaz a la pena de diez meses de prisión de cumplimiento efectivo y multa de mil pesos, por el delito de tenencia de armas de uso civil (art. 189 bis, inc. 2, párrafo primero del CP). La Cámara fundó su decisión en que las causales que dan lugar al recurso de revisión son taxativas y la invocada por el defensor no configuraba ninguno de los supuestos previstos en la norma. Construyó dicho razonamiento advirtiendo que consentir la invocación de un supuesto extraño a los taxativamente previstos en el art. 479 del CPPN -no tachado de inconstitucional- implicaría soslayar el principio de la cosa juzgada.

3. El recurso de inconstitucionalidad constituye una competencia del TSJ que emana directamente de la CCBA que lo crea y que atiende a "todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en esta Constitución". Visiblemente inspirada en el orden normativo federal, la ley nº 402 limitó la revisión a "la sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa" (cf. art. 27). Como principio, son definitivas aquellas sentencias que dirimen la controversia poniendo fin al pleito por los méritos de la causa (cf. Esteban Ymaz - Ricardo Rey, El recurso extraordinario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, páginas 199 y 200, aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local).

A esta clase de decisiones, la CSJN suma las que impiden la continuación del pleito, y, consecuentemente, la emisión de la sentencia definitiva, lo cual, a su turno, significa una frustración inexorable del derecho federal invocado (ver, por ejemplo, Fallos: 42:274; 180:21 y 186:531). Con base también en el impacto que tienen en la sentencia definitiva les ha equiparado aquellas que, emitidas con anterioridad, provocan un perjuicio de insuficiente o imposible reparación ulterior y aquellas otras que, posteriores a la definitiva, importan un apartamiento palmario de ella, esto es, la desvirtúan. Finalmente, algunos derechos de los que el recurso extraordinario federal sirve para restablecer aparecen como sólo susceptibles de tutela en oportunidades distintas a la revisión de la sentencia definitiva (Fallos 248:232 y 322:2826, entre otros).

El Tribunal ha tomado como fuente doctrinaria esta construcción, la cual, por cierto, tiende a armonizar los recaudos introducidos por la ley nº 402 con la vocación amplia del art. 113, inc. 3º, de la CCBA -por ejemplo, in re "Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ ejecución fiscal'", expte. nº 3137/04, resolución del 22/12/04, y "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC, apelación", expte. nº 1215/01, resolución del 19/12/01-; "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 (Junín 1787)'", expediente 4087/05, resolución de fecha 19/12/2005 y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gómez, Elías Martín s/ art. 39 CC -apelación-'", expte. nº 4085, resolución del 30/11/05.

4. En este orden de ideas, la equiparación a definitiva de una sentencia que no lo es constituye un remedio al que sólo debe recurrirse en aquellos casos en los que una aplicación literal del art. 27 frustraría el ejercicio útil de la competencia encomendada en el art. 113 inc. 3 de la CCABA -conocer por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en esta Constitución-. Esta interpretación no solamente es la que pone al art. 27 comentado en armonía con el texto de la constitución (cf. doctrina de Fallos: 314:1445; 321:730) sino que es la que responde a la fuente doctrinaria en la que visiblemente ha abrevado el legislador local, lo cual permite entender que es la que responde a su voluntad.

5. Aplicado a nuestro caso, la sentencia definitiva en este pleito no es aquella que declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto, impugnada por el recurso de inconstitucionalidad denegado, sino la que dispuso de la controversia con una condena, dictada previamente con fecha 29 de junio de 2005 (ver fs. 10/12). Así, la decisión impugnada ahora no es la que pone fin al pleito por los méritos de la causa, ya sea que se caracterice a la pretensión que nos ocupa como recurso, tal como lo hace la ley procesal, o como acción. En sentido concordante, puede verse, por ejemplo, el reciente pronunciamiento de la CSJN in re "Chonev, Kiril Iordanov Krstev c. Siderca S.A.I. y C. y otro s/ proceso de ejecución", sentencia del 14/11/2006, en el que, por remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, la CSJN consideró que, a los efectos del recurso extraordinario federal, no era definitiva, sino tan sólo asimilable a tal, una resolución que hizo lugar a una excepción de cosa juzgada, impidiendo que la acción intentada siguiera su curso -ver punto IV del referido dictamen-. Ello por aplicación de la idea según la cual una resolución constituye una "sentencia definitiva" no porque quede firme o cierre la posibilidad de proponer nuevamente la cuestión, sino, centralmente, por haber analizado los méritos de la pretensión resistida y dispuesto de ella. A su turno, esta conclusión se condice con la terminología utilizada por el propio CPPN, que reserva el giro "sentencia definitiva" para aquellos casos en los que la Cámara, además de admitir el recurso de revisión y anular la condena, la reemplaza de modo directo (cf. art. 485), distinguiéndolo de aquellos otros en los que la Cámara anula la condena y remite a un nuevo juicio (cf. art. 485), o, como en autos, declara que el recurso no es admisible "sin pronunciarse sobre el fondo" (cf. art. 444, aplicable al recurso de revisión por la remisión de los artículos 483 y 465).

En cuanto a si la resolución impugnada es equiparable a definitiva, en primer lugar, debe destacarse que no constituye un apartamiento de aquella decisión. Por el contrario, la mantiene incólume. En segundo lugar, el recurrente tampoco invoca un derecho de aquellos que suscitan la intervención de este Tribunal y cuya tutela sólo sea posible en esta ocasión. En efecto, el recurso de inconstitucionalidad denegado -más allá de la mención de ciertas garantías, exclusivamente dirigidas a criticar la omisión de tratar el recurso de revisión sobre la base de razones formales-, en definitiva, está dirigido a obtener la tutela del principio de legalidad material, invocado por la vía del recurso del art. 479 del CPPN. En ese orden de ideas, y asumiendo por hipótesis (la más favorable al actor) que la invocación de dicho principio en el caso involucra una cuestión constitucional, lo cierto es que su tutela, lejos de ser posible sólo en esta ocasión, pudo haber tenido lugar mediante la utilización de las vías recursivas hábiles para impugnar la sentencia condenatoria -apelación ordinaria ante la cámara a quo y subsiguiente apelación extraordinaria ante este tribunal-. Nótese que el recurrente no alega que en virtud del dictado de la disposición RENAR 50/2006, el tipo penal en virtud del cual fue condenado perdió vigencia con carácter retroactivo al momento de la comisión del hecho, ni que dicha disposición constituye una ley posterior más benigna. Lisa y llanamente, alega que al momento de la comisión del hecho, la norma en virtud de la cual fue condenado no estaba vigente. Así, el recurso de revisión no es más que un intento de replantear una cuestión que el recurrente pudo introducir dentro del universo de las que debían ser resueltas por la sentencia definitiva emitida el día 29 de junio de 2005, habiendo podido suscitar posteriormente, si hubiera reunido los demás recaudos, la competencia de este tribunal en el marco de un recurso de inconstitucionalidad.

En tales condiciones, la oportunidad de obtener la tutela del principio de legalidad por parte de este tribunal, en el caso, no se ve frustrada por el texto del art. 27 de la ley nº 402, sino por la conducta procesal del recurrente. Por tanto, se impone la respuesta negativa a la pregunta acerca del carácter definitivo, o su equiparación a tal, de la decisión apelada.

6. En este orden de ideas, la cuestión de autos no es equivalente a la ventilada en anteriores precedentes en los que este tribunal se entendió con competencia para revisar una resolución del a quo que había rechazado un recurso de revisión -causas "Gómez, Elías Martín" y "Martínez, Alfredo Luis", citadas en el punto 3 in fine de este voto-. Ello así, toda vez que, por una parte, en esos precedentes el a quo había admitido el recurso de revisión y, por ende, se había expedido en cuanto al mérito del recurso, analizando si circunstancias sobrevinientes a la sentencia de condena ameritan modificarla. Por la otra, no concurría en esos precedentes la circunstancia comentada en el punto anterior -existencia de una efectiva posibilidad pretérita de haber sometido a la competencia de este tribunal las cuestiones (constitucionales por hipótesis) cuya revisión solicita ahora el recurrente-, determinante en la solución de este voto. En aquellos supuestos, el recurrente intentaba obtener la modificación de su condena sobre la base de una ley posterior que consideraba más benigna. En otras palabras, en esos precedentes, de no haberse equiparado a definitiva la sentencia recurrida, la resolución de la cuestión constitucional adoptada por el a quo habría devenido inmodificable, constituyendo en irreparable el gravamen, a raíz del modo en que el legislador diseñó el procedimiento de apelación ante este tribunal. Tal es lo que, conforme fue expuesto, no tolera el art. 113 inc. 3 CCABA.

En autos, en cambio, el diseño procesal adoptado por el legislador permitió al recurrente presentar al tribunal las cuestiones que ahora pretende que sean revisadas, en oportunidad de recurrir la sentencia de condena. En tales condiciones, la irreparabilidad del gravamen es fruto de la conducta del recurrente, por lo que no es procedente la equiparación de la resolución a definitiva.

En otras palabras, si la inadmisibilidad de la revisión pretendida se funda en el desconocimiento de un derecho que quien recurre por la vía del artículo 113 inc. 3 CCABA no pudo traer en una oportunidad anterior, la resolución debe ser equiparada a definitiva por las razones apuntadas más arriba. Si, por ejemplo, fuera arbitraria la interpretación sobre cuya base la ley posterior a la sentencia definitiva no fuera considerada como más benigna que la aplicada para fundar la condena, esto daría ocasión al recurso, toda vez que ello no podría haber sido planteado con antelación. Pero si se replantea una cuestión que pudo formar parte de las que debían ser tratadas en la sentencia definitiva, y no lo fue porque no fue propuesta, la circunstancia de que el recurso de revisión no sea tratado o admitido no es suficiente para tener por definitiva la resolución y suscitar la competencia de este tribunal. Ello no varía por la circunstancia de que la resolución impugnada sea arbitraria.

7. Por otra parte, conforme expusieron en el acuerdo judicial y expresan en sus votos la Dra. Ana María Conde y el Dr. José Osvaldo Casás, el recurso de inconstitucionalidad denegado por el a quo tampoco presenta un caso constitucional hábil para suscitar la competencia de este tribunal, razón adicional para rechazar la queja interpuesta.

8. Por la razones apuntadas en mi voto en la causa "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, voto por declarar no exigible el depósito previsto en el art. 34 de la ley nº 402.

Por lo expuesto, voto por rechazar el recurso de queja.

La doctora Conde dijo:

1. La presentación directa, aunque interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar, por cuanto, en mi opinión, no presenta fundamentos suficientes de orden constitucional que habiliten su tratamiento en esta instancia de excepción.

Primeramente, considero necesario señalar que la crítica del auto que realizó el recurrente contiene un aserto que, sin perjuicio de resultar inhábil a los fines de demostrar la presencia del caso constitucional que forzosamente debe plantearse para acceder a este estrado, merece una respuesta precisa de mi parte. Es simple, en el examen preliminar de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que la queja defiende, la Cámara sostuvo de manera absolutamente tangencial y secundaria que el pronunciamiento que rechaza un recurso de revisión no reviste "carácter definitivo", pues su improcedencia "no obsta el derecho [del condenado] de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos" (fs. 38 vta, in fine). Si bien pareciera que este motivo no ha sido determinante para denegar su recurso -desestimado, en verdad, por no plantear una controversia constitucional (fs. 38)-, el defensor acierta al exponer que aun cuando efectivamente puede deducir una nueva revisión (art. 489, CPPN), la revisión que ya fue rechazada por inadmisible, no puede discutirse, sobre la base de esos fundamentos, en otra oportunidad útil más allá del recurso de inconstitucionalidad incoado. En tal sentido, este Tribunal ya se ha expedido en otras causas en las cuales el a quo había desestimado total o parcialmente recursos de revisión (art. 479, CPPN) y, en cuanto aquí interesa, ha conferido implícitamente "carácter definitivo" a dichas decisiones a los efectos del recurso de inconstitucionalidad local ("Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gómez, Elías Martín s/ art. 39 CC -apelación-'", expte. nº 4085, resolución del 30/11/05; "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio s/ ley 255 (Junín 1787)'", expte. nº 4087, resolución del 19/12/05), y de forma expresa a los efectos de determinar la admisibilidad del recurso extraordinario federal (expte. nº 4085 [antes citado], resolución del 01/03/06; expte. nº 4087 [ya citado], resolución del 22/03/06). En consecuencia, asiste razón al defensor oficial en cuanto al carácter que envuelve a la sentencia inicialmente impugnada, pero, aún así, la controversia sometida a consideración del Tribunal -como lo anticipara- no se involucra de manera directa con la afectación concreta y relevante de los principios, derechos y garantías mencionadas en el escrito sub examine.

Ahora bien, una vez superado este primer escollo, sólo resta expresar los motivos que provocan el rechazo de esta queja:

a) La invocación de los principios de razonabilidad y de interpretación pro homine, tal como han sido presentados en el recurso, sólo deja traslucir una simple discrepancia con la interpretación efectuada por la Cámara sobre los supuestos en los cuales procede la acción de revisión (art. 479, CPPN), pero no demuestra la inconsistencia del razonamiento expuesto por ésta. En efecto, el tribunal de alzada entendió que el planteo del defensor excedía las posibilidades del recurso de revisión, básicamente porque las circunstancias descriptas por la defensa para argumentar su pretensión no se traducían en ninguna de las consecuencias previstas taxativamente por la norma adjetiva, esto es, en pocas palabras, no importaba la inexistencia del hecho, ni la falta de participación del condenado en él, ni su conducta encuadraba en una ley penal más favorable (art. 479.4, CPPN). Sintéticamente la defensa pretendía que la Cámara revisara una sentencia condenatoria firme porque el delito de "tenencia de arma de fuego de uso civil" previsto en el art. 189 bis (2), primer párrafo, CP (ley nº 25.886), según una nueva y particular interpretación de la cuestión, por cierto muy distinta de la que lo llevó a aconsejarle a su asistido a consentir y firmar el acuerdo de juicio abreviado, no se encontraba vigente al momento del hecho, toda vez que la autoridad administrativa de contralor en materia de armas (RENAR) no había dado cumplimiento a la manda legal de facilitar un "registro sencillo y gratuito" (art. 4º, ley nº 25.886).

Más allá de que pueda o no compartirse la interpretación restrictiva de los supuestos de hecho que genéricamente tornarían viable aquella revisión, o inclusive si las circunstancias reseñadas por el recurrente podían constituir "nuevos hechos o elementos de prueba" (art. 479.4, CPPN), lo cierto es que la fundamentación propuesta en esta queja, lejos de revelar algún absurdo o irracionalidad en la decisión impugnada, remite a una mera discrepancia con la inteligencia de las normas aplicadas al caso, sin demostrar concretamente ninguna lesión de los principios constitucionales mencionados. Ahora bien, y por si esto no fuera suficiente para desestimar su presentación, bastaría con señalar que la defensa ha guardado silencio sobre los motivos por los cuales la interpretación aquí propuesta no pudo ser esgrimida con anterioridad a la aparición de la disposición nº 50/06 RENAR que autorizó el "registro sencillo y gratuito"; o dicho de otro modo, por qué razón la defensa creyó que un tipo penal estaba vigente cuando, en realidad, a su criterio, su vigencia dependía de ciertas "medidas pertinentes" que aún no se habían tomado. De cualquier forma, a mayor abundamiento, pareciera que la vigencia de ese delito quedó subordinada al vencimiento de un "plazo" puntual y no al cumplimiento de la "condición" de que el Poder Ejecutivo facilitara tal trámite, lo cual, al margen de resultar razonable, se desprendería, con absoluta nitidez, de los términos de esa norma (art. 4º, ley 25.886). En consecuencia, la posible demora en la implementación de aquellas facilidades no es materia de juzgamiento en el caso, pero, incluso si lo fuera, para que tal demora tuviera alguna relevancia, el condenado al menos debió demostrar sus intentos por regularizar el arma que tenía ilegítimamente (para lo cual, obvio es decirlo, debía cumplir con la totalidad de las condiciones personales, legales y reglamentarias propias de este tipo de permisos, pues sencillez o gratuidad no importan prescindencia) y fundamentar que no logró concretar su registro, ni su "entrega voluntaria" a la autoridad de contralor, por la ausencia de aquella disposición del RENAR, extremos, todos ellos, extraños al planteo presentado.

b) La vinculación directa e inmediata entre esta causa y el principio de igualdad no aparece adecuadamente explicada en la queja, pues no basta el convencimiento del defensor de que si se mantiene la condena del imputado se lesionaría tal principio, por cuanto "respecto de otras personas se discute actualmente si pueden ser sobreseídas o absueltas" (fs. 45 vuelta). En rigor, tales circunstancias hipotéticas no han sido mínimamente acreditadas y una muestra de ello es que todas las sentencias de primera instancia citadas por el recurrente (fs. 45 vuelta), como indicativas de la supuesta situación de desigualdad, han sido revocadas por la Cámara (causa nº 13145-01/CC/06, caratulada "Incidente de sobreseimiento en autos Eusebio, Héctor Dardo s/ inf. art. 189 bis CP" de la Sala III, resolución del 11/08/06; causa nº 2727-00/CC/06 caratulada "Quispe Tirico, Leonardo Leodán s/ inf. art. 189 bis CP" de la Sala II, resolución del 09/08/06; causa nº 1792-00/CC/06, caratulada "Aldao, Mauricio Angel s/ inf. art. 189 bis CP -apelación-" de la Sala II, resolución del 19/07/06; y causa nº 25084-01/CC/06, caratulada "Incidente de apelación en autos: 'Zolorzano, Rubén Darío s/ inf. art. 189 bis CP'" de la Sala III, resolución del 08/02/07). Cualquiera que sea la posición que adopte finalmente este Tribunal si ellas llegasen a nuestro conocimiento, se advierte que, de momento, el pretendido agravio constitucional alegado no es cierto y mucho menos actual.

c) La vinculación del derecho al recurso con la causa en estudio, en la cual se ha declarado inadmisible un pedido de revisión de una condena hoy firme, es sólo aparente y no puede constituir caso constitucional alguno. Es simple, en autos, no se verifica la supuesta afectación, porque, tal como este asunto ha sido planteado por el quejoso, a dicho derecho lo relaciona con la exigencia de una doble conformidad con la sentencia condenatoria, para lo cual fue suficiente con haber tenido la oportunidad real de alcanzarla -en el caso, esta condena no fue recurrida probablemente por resolverse mediante un juicio abreviado-, empero, aquella exigencia, no puede ser extendida sin más a todos los pronunciamientos jurisdiccionales que se dictan, afirmación que resulta indudable, cuando, como sucede aquí, se desestima un remedio extraordinario -de revisión- con argumentos suficientes para sustentar su improcedencia (ver en este sentido, mutatis mutandi, "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio s/ ley 255 (Junín 1787)'", expte. nº 4087, resolución del 19/12/05). Huelga recordar que la competencia restringida del Tribunal Superior no funciona como parece pretenderlo el defensor técnico, y sus aspiraciones recursivas no pueden verse satisfechas en esta instancia, a menos que, claro está, se denuncien verdaderas cuestiones de naturaleza constitucional; lo que en autos, por cuanto llevo dicho, no ha ocurrido.

2. Por el conjunto de razones que dejo expuestas, propongo rechazar la queja deducida e intimar la integración del depósito de ley.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la doctora Ana María Conde en cuanto sostiene que la presente queja debe ser rechazada, pues con sólidos fundamentos ha expuesto que el recurso de inconstitucionalidad que se pretende sostener ante este estrado no ha logrado articular un verdadero caso constitucional en los términos del art. 27 de la ley nº 402.

2. Se advierte que, más allá de su acierto o error, la decisión de la Alzada resulta ser una interpretación fundada y razonada de las normas infra-constitucionales aplicables al caso. Por su parte, tal como lo pone de resalto mi colega, los argumentos esgrimidos por la defensa no logran demostrar la inconsistencia del razonamiento efectuado por el a quo sino que se limitan a exponer su discrepancia con una interpretación específica de una norma procesal, a fin de que este Tribunal se expida respecto de la que, a su criterio, resulta la correcta interpretación de la letra del art. 479, CPPN y, en particular, sobre la viabilidad del recurso de revisión interpuesto a través del análisis del supuesto de hecho que describe; aspectos cuya valoración corresponde con exclusividad a los jueces de mérito y que, en estos términos, no podrían ser analizados por este Tribunal sin violentar los límites de su competencia extraordinaria constitucionalmente determinada.

3. En cuanto al depósito previsto en el art. 34, LPTSJ, considero que, al declararse la improcedencia de la queja y dado que el imputado no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (nº 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado un beneficio de litigar sin gastos, corresponde intimarlo para que cumpla con la integración del mismo. En homenaje a la brevedad, me remito a los desarrollos que efectuara al votar en las causas: "Empresa de Transporte Pedro de Mendoza C.I.S.A. -causa nº 459-CC/00- s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. nº 724/00, resolución del 14 de febrero de 2001 (en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. III, ps. 16 y siguientes); "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 6- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto y Marquez, Sandra Rosana s/ ley 255 - apelación", expte. nº 2266, sentencia del 16 de julio de 2003 (en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 437 y siguientes) y "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación-'", expte. nº 3996/05, resolución del 14 de septiembre de 2005.

Por ello, entiendo que corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto. Así lo voto.

El doctor Maier dijo:

1. En primer lugar, corresponde puntualizar que la queja triunfa, no sólo porque cumple con los requisitos formales de tiempo, lugar y forma, sino porque, a la vez, posee una crítica razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad que logra desvirtuar la inadmisibilidad declarada por la Cámara.

En efecto, por un lado, y tal como lo señala la defensa a fs. 42, se trata de una sentencia definitiva, en tanto niega la vía de la revisión. Más allá de que el recurso de revisión puede ser interpuesto aun después de la muerte del imputado, lo cierto es que los motivos que se aduce para su apertura no podrán ser planteados nuevamente (rebus sic stantibus). El hecho de que el recurso de revisión no tenga plazo de interposición está lejos de significar que un rechazo no cierre la vía.

Por otra parte, el defensor ha tornado plausible que una interpretación rigurosa de la ley procesal -en este caso del art. 479, CPPN, en tanto motivos del recurso de revisión- podría afectar derechos constitucionales: para el caso, el rechazo de la revisión contra la sentencia de condena, recurso que, en principio, alega la irrupción de un nuevo hecho, mediante el cual podría resultar claro que la acción punible para la sentencia se cometió en el período de vacancia de la prohibición penal.

2. Sin embargo, obsta a la concesión del recurso de revisión el hecho de que a la condena se llegó -y ella quedó, en principio, firme- con la aquiescencia expresa del imputado y del defensor recurrente. Ellos consintieron la aplicación de la pena de 10 meses de prisión por el hecho punible investigado, sin necesidad de un debate público. Ahora bien, ello, en verdad, no alcanza quizás todavía a resultar un óbice absoluto para una posterior revisión de la condena que, eventualmente, sería posible. No obstante, no lo es precisamente en este caso. En efecto, decisivo es aquí que el imputado y su defensor, en lugar de acordar la condena con la fiscalía, pudieron haber esgrimido ya en ese entonces -incluso en debate público- el argumento que en definitiva hoy pretenden introducir, por vía de la revisión, de la mano de la disposición del R.E.N.A.R. invocada: la falta de reglamentación de la ley nº 25.886, cuya consecuencia sería la falta de entrada en vigencia de la prohibición penal (período de vacancia). En lugar de hacerlo, prefirieron soportar una condena con prescindencia del debate, prescindencia que el señor juez consideró adecuada, según se lee en la propia sentencia condenatoria acompañada con el recurso.

Para decirlo con otras palabras: el hecho de que ahora exista una disposición del R.E.N.A.R., nº 50/2006 de fecha 22/02/2006, que pretende cumplir con el art. 4º de la ley nº 25.886 (B.O. del 05/05/2004) no constituye un verdadero hecho nuevo en el sentido de la revisión, porque el argumento principal que se halla detrás de la presentación de la defensa pudo haber sido introducido, sin más, al momento en que tuvieron lugar la imputación y el acuerdo.

Con ello, se resuelve también, junto con el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, el fondo de la cuestión planteada (art. 31, 2º párrafo, ley nº 402).

3. Por todo ello, voto por admitir la queja, rechazar el recurso de inconstitucionalidad e imponer al recurrente las costas del recurso de revisión fracasado (art. 489, CPPN).

La doctora Ruiz dijo:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de un recurso de queja que interpuso la defensa del Sr. David Domingo Díaz, contra la sentencia de la Sala II de la Cámara, que desestimó su recurso de inconstitucionalidad. Este último tiene por objeto impugnar la resolución a través de la cual la Cámara rechazó el recurso de revisión intentado por la defensa. El fundamento esgrimido es que la sentencia de la alzada sería violatoria por un lado de los principios constitucionales de "igualdad y razonabilidad (arts. 16 y 28 de la Constitución Nacional)" y por el otro del "derecho al recurso y el principio pro homine" (fs. 34 vta. y 35).

De fs. 41 a 47 vuelta del recuso de queja, la defensa desarrolla los agravios que planteó al interponer el recurso de inconstitucionalidad, cita los fundamentos utilizados por los Camaristas para desestimarlos y realiza una crítica particularizada de estos últimos.

2. Dos son las cuestiones que el quejoso critica a través de su recurso de hecho. Por un lado controvierte la afirmación de la Cámara según la cual el recurso de inconstitucionalidad "deviene improcedente en virtud de que el nudo gordiano de la cuestión radica en una mera discrepancia interpretativa del Sr. Defensor con el criterio adoptado por esta Alzada respecto de las causales de viabilidad recursiva previstas en el art. 479 CPPN"; y por el otro defiende el carácter definitivo de la decisión de la Cámara.

Respecto de la inexistencia de una sentencia definitiva postulada por la Cámara para fundar el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, acierta la defensa al afirmar que no asiste razón a la Cámara dado que "lo que la ley habilita es a presentar un nuevo recurso de revisión siempre y cuando los elementos que se aporten sean diferentes, pero, en lo que respecta al específico motivo que esta defensa ha planteado en la revisión actualmente en discusión, la resolución que lo rechaza sí es definitiva, pues el recurso no podrá ser presentado por la misma causal" (fs. 42).

Con relación a la disputa acerca de la interpretación de los motivos del recurso de revisión contenidos en el art. 479 del CPPN, la defensa ha podido demostrar en su recurso de queja que la postura de la Cámara no da cuenta de por qué la postura que sostiene no afecta garantías de rango constitucional, tal como lo dijo la defensa en el recurso de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, la queja es admisible.

3. Corresponde ahora analizar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley nº 402).

De tener razón la postura de la defensa, el dictado de la disposición nº 50 del Registro Nacional de Armas (R. E. N. A. R.) a fin de reglamentar el art. 4º de la ley nº 25.886, constituye un hecho nuevo en los términos del art. 479, CPPN, lo que posibilitaría la revisión de la condena impuesta al Sr. Díaz.

El argumento de fondo es que la forma en la que la Cámara limita el recurso, impide la revisión de una condena impuesta en virtud de la comisión de un hecho no punible, circunstancia que se hizo evidente con el dictado de la disposición nº 50.

Dicho en otros términos, la defensa afirma que el dictado de la reglamentación constituye un hecho nuevo en los términos del art. 479, CPPN dado que hace evidente el momento a partir del cual se debe contar el plazo de seis meses previsto para la regularización de la tenencia de armas de fuego; plazo cuyo vencimiento determina el momento en el que la conducta se torna punible.

4. Por lo tanto, la cuestión a decidir es si la forma en que fue interpretado el art. 4º de la ley nº 25.886 se torna inconstitucional a partir de la entrada en vigor de la disposición nº 50, por ser violatoria de los criterios constitucionales de igualdad, razonabilidad y pro homine.

5. El art. 4º de la ley nº 25.886 establece -en lo que aquí interesa- que "el Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a partir de la promulgación de la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de SEIS (6) meses... El primer párrafo del punto 2 del artículo 189 bis (en el que se fundó la sentencia ahora en cuestión) entrará en vigencia a partir del plazo establecido en el presente artículo".

A su vez el art. 4 de la disposición del R. E. N. A. R. nº 50 (publicada en el B.O. del 04/04/2006) prescribe que: "dentro del término de SEIS (6) meses, los titulares del material así registrado, deberán alcanzar la condición de Legítimo Usuario de Armas de Fuego en la categoría correspondiente".

6. Surge de la redacción de la disposición administrativa que su propósito es establecer un procedimiento acorde a lo prescripto por la ley nacional, que permita -en el plazo de seis meses-, regularizar la portación de armas de fuego. Obviamente, durante la vigencia de ese período de seis meses, y a fin de cumplir con el objetivo de la ley, la tenencia simple de armas de fuego de uso civil no es punible (de lo contrario la norma sería ineficaz).

El caso constitucional que plantea la defensa del Sr. Díaz es determinar a la luz de los principios de razonabilidad y pro homine, si su derecho al trato igualitario se encuentra vulnerado. Dicho en otros términos, ¿es posible presuponer la voluntad persecutoria estatal durante el intervalo de tiempo que va desde la sanción de la ley nacional hasta la sanción de la disposición administrativa? 7. Entiendo que la respuesta es negativa. En primer lugar porque las razones por las que el Poder Ejecutivo demoró en disponer "las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de SEIS (6) meses" (conf. art. 4º, ley nº 25.886), de forma tal que la prohibición comenzara a regir, no son atribuibles al condenado.

Tal como ya lo sostuve en virtud de "los principios que deben regir toda interpretación en materia de garantías, en especial el pro homine... es necesario recordar aquí que la obligación dirigida a los jueces de interpretar de la manera más restrictiva posible -consecuencia obligada del principio de legalidad material- les impone descartar cualquier posibilidad de ampliar, por vía de la hermenéutica judicial, el poder punitivo estatal habilitado por las normas emanadas del órgano legislativo... La ineficacia de la acción punitiva estatal por impericia o falta de celeridad de los agentes estatales encargados de instrumentarla no puede ser utilizada en contra del procesado" (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrera, Juan s/ art. 189 bis CP -apelación-'", expte. nº 4750, resolución del 24 de octubre de 2006).

8. En segundo lugar porque sancionada la disposición nº 50, se tornó evidente que si seguimos la tesitura de la Cámara, esa disposición es ineficaz dado que el plazo de 6 meses -contados desde la sanción de la ley- ya estaba cumplido. Y ello más allá de que la Cámara siguiera la interpretación consagrada del art. 4 de la ley 25.886, ya que la circunstancia de que existiera una lectura consagrada de esa norma legal, no puede ser esgrimida frente a la afectación del principio de razonabilidad.

9. Voto en consecuencia por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, y en cumplimiento de lo prescripto en el segundo párrafo del art. 31, ley nº 402, hacer lugar al recurso de revisión y absolver al Sr. Díaz en virtud de haberse producido un hecho nuevo que hizo evidente que a la fecha de su comisión el hecho no era punible.

Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Rechazar la queja agregada a fs. 40/48. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, junto con los autos principales. - Luis F. Lozano. - Ana María Conde. - José O. Casás.- Julio B. J. Maier.-- Alicia E. Ruiz.