marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cosa juzgada, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: Chiappero, Lucas Damián c/ Díaz, Juan Félix s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-12

La circunstancia de que el fallo se encuentre firme y haya adquirido la calidad de cosa juzgada, no empece a que en el trámite de ejecución de sentencia se puede aplicar lo dispuesto en el art. 505 del C. Civil, pero el dispositivo no debe aplicarse oficiosamente por el tribunal y es el obligado al pago quien debe solicitar su aplicación en la etapa de ejecución de sentencia, en oportunidad de corrérsele vista de la planilla de capital, intereses y costas. (Del voto del Dr. Vanzetti)
Vista de las actuaciones, derecho a extraer fotocopias, defensor, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, Ramón s/ FOTOCOPIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

El derecho de tomar vista de las actuaciones contemplado en el art. 106, C.P.P., por parte de los letrados defensores ya propuestos y que aún no aceptaron el cargo, también comprende el de solicitar a su costa la extracción de fotocopias del expediente, lo cual tiende a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de su asistido.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Luque, Claudio Roberto c/ Transtex SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

Al mediar despido injustificado debe acogerse la pretensión referida al art. 2 de la ley 25323, si el actor intimó el pago de los resarcimientos por despido con resultado negativo. (Del voto del Dr. Catardo).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: RIO PARANA CIA. FINANCIERA c/ ZAMPA, OSCAR E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

El presente recurso no puede prosperar, pues más allá de las insuficiencias que pudieren achacarse al cumplimiento del autoabasto, los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo en confrontación con la sentencia atacada, revelan la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Alzada, que entendió que habían mediado actos interruptivos de la prescripción en curso. En tal sentido, el Tribunal señaló que el pedido de desarchivo del expediente efectuado por la ejecutante, la orden del juez haciendo lugar a tal pedido y mandando los autos al casillero y la solicitud del accionante de que le fuera entregado el expediente a fin de proceder a practicar liquidación, fueron realizados para mantener vivo su derecho y ejecutar la sentencia favorable, sin que en todo ese momento la fallida hubiera opuesto defensa de prescripción alguna. Y frente a ello, la compareciente debía hacerse cargo de demostrar, con base en las constancias de autos, por qué resultaba insuficiente esa motivación en relación a las circunstancias del caso, lo que no logra entreverse como configurado.
Derecho colectivo del trabajo, libertad sindical, asociaciones profesionales, conflicto gremial, procedimiento administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO REGIONAL UNION PERSONAL PANADERIAS ZONA NORTE c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

El sistema de los arts. 60 y siguientes y su remisión al art. 59 de la ley 23551 rige sólo en la medida en que no se hubiese alegado que la controversia interna conllevara un impedimento y obstaculización del ejercicio regular de los derechos emergentes de la libertad sindical ya que, de configurarse este supuesto, debe privar la específica disposición del art. 47 de la mencionada norma.

Lo contrario significaría colocar a los actores sociales del derecho colectivo del trabajo en una situación distinta de la del resto de las personas del CPCCN o el actual art. 43 de la CN cuando un particular les afecta derechos o garantías.
Falta de legitimación para obrar, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Guevara, Elsa Margarita c/ Clínica del Valle y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-27

Quien contesta la excepción de falta de legitimación activa debe agregar "toda la prueba instrumental", cumpliendo idéntico requisito que quien lo opone.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rapagnini, Fernando Javier c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

El art. 48 de la ley 5920 no establece un orden de prelación excluyente entre quienes menciona como causahabientes con derecho a pensión, por lo que tal vacío debe llenarse por remisión a los principios de leyes análogas, en el caso, la solución legal adoptada en el régimen general de previsión para los agentes provinciales (art. 171 de la Const. prov.) que establece la concurrencia de la cónyuge supérstite del causante con los hijos menores de éste en el goce de la pensión (arts. 34 y 49 del dec. ley 9650/1980).
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-01


SENT Nro. 503 San Miguel de Tucumán, 01 DE JULIO de 2003.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Olivar, Paula Marcelina vs. Guibert, Enrique José y otros s/Acción de responsabilidad civil y daños y perjuicios", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene la presente causa, a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, por la competencia del Tribunal para actuar en los autos del rubro.

El Dr. Hugo Gómez, en su carácter de apoderado de Paula Marcelina Olivar, promueve juicio de responsabilidad civil, en contra de los señores magistrados de la Sala IIIº de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, doctores Enrique José Guibert y Ebe López Piossek y en contra de la señora Secretaria de la Sala doctora Susana Fernández de Antoni. La acción se funda en la presunta mala praxis jurídica que la actora imputa a los jueces y a la funcionaria demandados en la tramitación de los autos "Olivar, Paula Marcelina vs. Comuna de San Pedro de Colalao y otra s/Contencioso Administrativo".

Alega que la actuación de los demandados en autos sumió a la actora en el más absoluto desamparo, por la arbitraria denegatoria de los derechos que oportunamente invocara. Señala que los magistrados dictaron sentencia con invocación de hechos falsos y prescindiendo de prueba esencial para la solución del litigio.

II.- El art. 50, apartado I, inc. c de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6238 determina la competencia material de esta Corte Suprema de Justicia, para entender en las acciones de responsabilidad civil promovidas contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con motivo del ejercicio de sus funciones, sin necesidad de remoción previa.

De los términos de la demanda resulta que el caso queda aprehendido en esta normativa, desde que se acciona civilmente (por daños y perjuicios) contra dos magistrados y una funcionaria judicial, atribuyéndole responsabilidad por su actuación en un proceso contencioso administrativo sometido a su conocimiento.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 32, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia de esta Corte Suprema de Justicia (art. 50, apartado I, inc. c de la Ley Orgánica del Poder Judicial) para entender en la presente causa.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA
Notificación, sentencia firme
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.V.P. c/  s/ Infracción a la ley N° 23.737 en perjuicio de la Salud Pública - Apelaciones menores Etapa Instr. con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-01-29

La notificación del defensor del menor de la resolución que rechaza su pedido de libertad, atento su defendido se encuentra alojado en el Centro de Atención de Jóvenes en conflicto con la ley penal, conlleva el consentimiento pleno de la defensa técnica con lo decidido, que por ello adquiere firmeza y plena ejecutoriedad como acto jurisdiccional.
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Reyes Marte, Arturo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-22

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -voto concurrente-).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boiero, Pablo Víctor c/ Finnemann, Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

La apreciación de la prueba en general y de la testimonial en especial, así como la preferencia de unos testimonios respecto de otros, son típicas cuestiones de hecho cuyos juicios quedan en principio libres de censura en la instancia extraordinaria.
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, obligaciones del locatario, restitución del inmueble, prórroga del plazo, emergencia habitacional
Materia: CIVIL
Carátula: PENAS, SEGISMUNDO c/ SALINAS, ALBERTO s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La retracción de la oferta en el mercado locativo no puede ser invocado por el inquilino para negarse a restituir el inmueble, pues el Poder Legislativo no ha dictado una ley de orden público que prorrogue plazos convenidos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, personal de casas particulares, Derecho laboral, trabajador, prueba, carga de la prueba, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Fernández de Veliz, Nélida E. c/ Merlat, Ana María y/o Cribioli, Pablo A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos laboral (Expte. CSJ Nº 824-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

No configura una cuestión constitucional idónea para habilitar la instancia de excepción -cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables-, la postulación impugnativa que no traspasa el límite de la disconformidad en cuanto a la ponderación del material confirmatorio y el alcance asignado por la Sala a normas de derecho común -Ley de Contrato de Trabajo y Estatuto del Personal del Servicio Doméstico- y, por ende, con el encuadre jurídico de la situación de autos, temas propios de las instancias ordinarias. En el caso, los sentenciantes sostuvieron que "...de acuerdo a las reglas de la carga de la prueba, la actora debe acreditar la realización de tareas de servicio doméstico y el cumplimiento de días de la semana y horas de cada jornada que hacen quede su contrato incluido en el referido estatuto..."; lo que no había logrado demostrar. Frente a este razonamiento opone la impugnante que resulta de aplicación común a todos los trabajadores -sean domésticos o no, estén comprendidos o no en el marco regulatorio de la Ley de Contrato de Trabajo- los principios rectores del derecho del trabajo entre ellos, el protectorio del cual se derivan presunciones a favor del trabajador. Sin embargo, esa fundamentación en modo alguno resulta suficiente para desvirtuar uno de los pilares esenciales de la resolución: que aunque pudiera considerarse a la actora incluida dentro del estatuto especial, de todos modos no rige "...el sistema presuncional de la Ley de Contrato de trabajo, sin perjuicio de aplicárseles los principios generales si así correspondiere por tratarse de verdaderos trabajadores...".
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Schiaffi, Rosa Alicia s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El supuesto incumplimiento del art. 260 regla 3ra., del C.P.P. en ningún caso podría constituir, por sí mismo, omisión de cuestión esencial desde el punto de vista legal, pues las sentencias de las Cámaras de Apelación estan reguladas, en sus formas, en los arts.

333 del Código citado y 10 de la ley 3560, régimen del que no resulta referencia alguna equivalente a la regla 3ra. citada; y tampoco desde el punto de vista de su contenido, ya que de ella no depende el resultado del juicio.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, prescripción de la acción penal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: EMECE DISTRIBUIDORA S.A.C.I.F. Y M. s/ Control de Cambios Causa 30359-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

No es sentencia definitiva en los términos del Art. 14 de la Ley 48 ni asimilable a ella, el pronunciamiento que se limita a rechazar la defensa de prescripción pues remite al análisis de extremos de hecho y de derecho común como lo son los relativos a determinar el plazo aplicable para el transcurso de dicho instituto y el momento en que ha de comenzar su cómputo o ha de estimárselo cumplido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, proceso penal, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., J. L. c/  s/ EXHIBICIONES OBSCENAS, LESIONES LEVES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

En relación a la no revisión en apelación ordinaria de la desestimación de los pedidos de nulidad, el pronunciamiento cuestionado no satisface el recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055; y al no demostrar la interesada la configuración de alguna de las excepciones que esta Corte tiene admitidas, corresponde el rechazo de la queja en este aspecto. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Recurso contencioso administrativo, solve et repete, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

El fundamento político del principio "solve et repete" es el mismo de la ejecutoriedad en general que consiste en la necesidad que la satisfacción de los intereses generales, para los cuales los actos administrativos son dictados, no sea obstaculizada por la voluntad contraria de los particulares y que tal obstáculo, donde deba ser superado, no importe algún retardo a los fines antedichos.
Infracciones aduaneras, multa aduanera, egreso de divisas, fundamentación de sentencias
Materia: ADUANERO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa PBB Polisur SA  c/ EN - DGA - resol. 465/12 BABL (expte. 664/12)  s/ Dirección General de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

No es arbitraria la sentencia que confirmó la multa que la Dirección General de Aduanas impuso por infracción al art. 954, ap. 1°, incs. a) y c), del Código Aduanero al considerar que había girado al exterior un importe de divisas superior al declarado en el despacho de importación y expresado en la factura presentada ante el servicio aduanero, pues la Cámara rechazó la pretensión de la actora por no haber acreditado en el expediente que los importes excedentes girados al exterior correspondiesen a pagos de otras operaciones de importación diferentes a la que motivó la intervención aduanera en el caso. (Voto del juez Rosatti).
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DïAngelosanto, Hipólito c/ Desiderio, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La desmentida que el actor hace de su propio relato, en cuanto al sentido de circulación de su vehículo, solo encuentra apoyo en el decir del perito mecánico, quien a casi tres años del accidente, sin que en autos existan otros elementos que los ya analizados y en ausencia de otro relato del suceso como no sea el que brota de labios de los contendores, ha de dictaminar en igual sentido.

Esta curiosa aserción por parte de quien no presenció el encontronazo de los dos vehículos, ni cuenta en el expediente de datos imparciales y desinteresados que avalen la misma, ni individualiza o precisa -en todo caso- cual fue la fuente de su conocer, lejos de poseer eficacia probatoria parece ser fruto de un error o de una extralimitación del experto (arts. 384, 474 del CPCC).
Expropiación, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Graffigna Bustelo, José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación inversa - II cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-28

En materia del cómputo de intereses, es preciso destacar que la desposesión tiene especial importancia en lo atinente al cobro de los mismos por parte del titular del bien. Si tal desposesión o desapoderamiento tuvieron lugar, el propietario tiene derecho a percibir intereses sobre el valor de la cosa desde la fecha de desposesión.

Que el Tribunal debe hacer mérito de la prueba documental y constancias obrantes en autos a fin de determinar correctamente el cómputo de los intereses, habida cuenta que en los casos de expropiación inversa a veces no se cuenta con la certeza de la fecha de desposesión, o directamente no hay desposesión, pero si restricción, o el libramiento de la fracción al uso público fue en cierta fecha que puede surgir de las constancias de autos.

De la evaluación de todos estos elementos y su merituación, debe surgir el hecho de la desposesión, como generador de la fecha desde la cual deben computarse intereses.
Prostitución, bien jurídico protegido, publicación periodística, anuncio publicitario, derecho a la intimidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTOYA, Rosa M. s/ INFRACCION LEY 12331
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-12

El ejercicio de la prostitución en forma individual o independiente, no constituye delito y no corresponde confundir esa conducta con la que verdaderamente posee relevancia penal, que no es otra, que la desplegada por los sostenedores, administradores o regentes de la prostitución. Tanto la prostitución ejercida en las condiciones enunciadas, como su "presunta" promoción periodística, no constituyen delito. La simple lectura del anuncio en forma alguna habilita al Estado a invadir la esfera de la intimidad de las personas consagradas en el art. 19, C.N., lo que vicia todo lo actuado (*).
Prueba confesional, confesión extrajudicial, perito médico
Materia: PROCESAL
Carátula: PELLEGRINO, VICTORIO c/ DANUBIO SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-16

Las manifestaciones efectuadas por el trabajador al perito médico, no constituyen confesión extrajudicial en los términos del artículo 425, primer párrafo del cpccn., Dado que la norma requiere la presencia de la contraparte o de quien lo represente y el experto no inviste en ningún momento tal carácter.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Transporte
Materia: LABORAL
Carátula: Arias Sergio c/ Logística del Mar SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

El transporte y distribución de mercaderías desde el depósito de un supermercado a sus diferentes sucursales responde a una necesidad de la empresa principal de centralizar la recepción proveniente de los distintos proveedores. Como la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, el transporte realizado en dichas circunstancias resulta indispensable para la comercialización de los productos que vende el supermercado recurrente, razón que lo torna solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. por las obligaciones laborales asumidas por las empresas de logística que admitió haber contratado a esos efectos. (En el caso, la codemandada Día Argentina S.A. fue condenada solidariamente en primera instancia respecto de las obligaciones laborales de sus litisconsortes).

Fuente del sumario: OFICIAL
Fundamentación insuficiente, apreciación de la prueba, transporte de estupefacientes, falsedad ideológica, prueba documental
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Alejandro Daniel Alberto y otros c/  s/ recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

La sentencia recurrida, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados, a la participación que en ellos cupo a los imputados se encuentra correctamente argumentada, fundada y motivado y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento. La maniobra delictiva achacada a los imputados, quienes, en su gran mayoría, pertenecían al cuerpo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, importó el transporte de 1662,35 kilogramos de marihuana, encubrimiento y la falsificación ideológica del documento público confeccionado en el marco del procedimiento que dio inicio a las presentes actuaciones. Por otro lado, se imputa también la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La sentencia recurrida no es producto de un relato aislado, sino de la reconstrucción propia de la totalidad de las declaraciones, de la prueba documental y pericial incorporada, que debidamente relacionados otorgan un detalle preciso y circunstanciado de lo ocurrido y posibilitan una apreciación integral de todo lo sucedido. Conforme lo descripto ut supra, corresponde señalar que las manifestaciones expuestas en las presentaciones casatorias, no resultan suficientes para controvertir los dichos de los testigos de la actuación, las escuchas telefónicas, de los registros fílmicos y fotográficos, y las demás pruebas que acreditan la versión inculpatoria, en tanto no obra en los actuados prueba alguna que logre corroborar aquellas versiones esbozadas por los recurrentes. Tampoco logran las defensas exponer argumentos suficientes que permitan apartarse de lo acreditado por el a quo. A ello corresponde agregar que la posición invocada muestra simplemente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró la prueba, toda vez que no fundan de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea, limitándose a señalar que no existe una sola prueba directa, cuando, como bien ha sido reseñado, la prueba resulta suficiente para fundar la imputación en orden a los tipos penales dispuestos por el a quo, que dan cuenta del rol de los encausados en los hechos imputados.
Tenencia de armas de guerra, robo calificado, concurso aparente de leyes, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Berurena, Ezequiel Humberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Media un concurso aparente entre los delitos de robo doblemente agravado por la causación de lesiones y por haberse cometido con un arma de fuego y el de portación de arma de guerra, dado que la portación de arma es complementaria del robo calificado, existiendo una única conducta (del voto en disidencia parcial del Dr. Gemignani)