marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, medidas cautelares, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LANDI  OSVALDO  ALBERTO c/ OSPLAD s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22

El médico neurólogo infantil, de FLENI, expresamente afirmó que "dado la patología del niño y la necesidad de lograr una integración y mejoría en la calidad de vida, considero imprescindible la continuidad del tratamiento intensivo e integral.". En función de los elementos obrantes en autos al presente y -como se dijo- el estrecho marco cognitivo del ámbito cautelar, concluyese en que resulta aconsejable no introducir cambios en el tratamiento que actualmente recibe Javier -de 10 años y discapacitado-, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo (esta Sala, causa 10.690/00 del 18.9.01 y su cita). Máxime cuando la terapia ha tenido principio de ejecución; circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación médica recibida por la peticionaria (Corte Suprema, Fallos 327:5373).
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Antriao, José s/ QUEJA    EN:'ANTRIAO,  JOSé,  C/  KNORTZ,  ANTONIO  S/  ACCIDENTE  DE  TRABAJO'-
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-30

Un derecho se adquiere cuando se reúnen todos los presupuestos de hecho exigidos por la norma para su imputación a favor del sujeto en calidad de prerrogativa jurídica individualizada, por lo que la prescripción comenzará a correr desde que el trabajador afectado por un accidente de trabajo estuvo en condiciones de enterarse de la existencia de su incapacidad.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Deysan S.A. c/ Interprocess S.A. y ot. s/ Cobro de factura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-02

Al percibir el acreedor las sumas correspondientes al capital, en forma directa y sin reservas, se extingue su derecho a reclamar la desvalorización monetaria e intereses, o bien un reajuste de dicho capital (art. 624 Cód. Civil).
Deudas impositivas, actualización monetaria, igualdad ante la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: F.N.   D.G.I. c/ Excelsior Cía. Arg. de Seguros  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

La existencia de dos regímenes distintos de actualización como consecuencia de haberse dictado la resolución 10/88 - uno para los créditos del estado (res. 10) y otro para el de los particulares (artículo 129 de la Ley 11.683), no altera el principio de igualdad (artículo 16 de la C.N. ), toda vez que cada uno de ellos resulta de aplicación para todos aquellos que se encuentran en la situación que las normas respectivas prevén: deudor o acreedor del Fisco Nacional.
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Villafañez, Angel Rafael s/ Recurso Extraordinario presentado en Expte. Corte Nº 69/04 "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos F. Avellaneda en conta de la Sentencia 41/04 recaída en Expte. Nº 03/02 "Villafañez, Angel Rafael p.s.a. Falso Testimonio - Capital s/ Reconstrucción"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-19

Conforme a consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos 298:33; ; 301:693 ; 310:670 ; 320:2603 ; entre otros).

En el caso, el hecho de la muerte del único imputado en la causa, ocurrida durante el trámite del reenvío dispuesto por el Máximo Tribunal, pone fin a toda discusión que involucre la faz penal del presente proceso, resultando inoficioso a la fecha de este pronunciamiento, decidir sobre la cuestión planteada en el remedio casatorio.

En consecuencia, al tenerse por acreditado el fallecimiento del encausado, corresponde sobreseerlo totalmente del delito, por extinción de la acción penal (art. 59 inc. 1 del C.P.) y declarar abstracta la cuestión propuesta en el recurso de casación
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción de amparo, Estado Provincial, emergencia previsional, CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BREBBIA, ROBERTO Y OTROS DEMANDADO: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 761 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-23

No pueden prosperar los reproches de la recurrente en torno al decreto 56/96 del Gobernador de la Provincia, que reconoció al sector pasivo las políticas salariales aplicadas a los activos, toda vez que la Sala A quo al fundamentar la admisión del amparo, tuvo por configurada la ilegalidad manifiesta en el criterio adoptado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ya que al no cumplir con su obligación por "carecer de partidas presupuestarias" había soslayado la imputación efectuada en el artículo 7 del decreto 56/96.

Se infiere de lo anterior que los argumentos que desarrolla la quejosa en orden a la omisión de inclusión presupuestaria y a la aprobación del presupuesto para dicho año, se muestran claramente insuficientes para controvertir la eficacia normativa del decreto del propio Poder Ejecutivo provincial en sus especificaciones, que por lo demás no fue suspendido, anulado, ni revocado, y por tanto era obligatorio en la propia esfera de la Administración, mas aún cuando sus considerandos tomaron en cuenta las disposiciones de emergencia señalando expresamente la necesidad de cumplimiento irrestricto con el sector pasivo.

Por ello y elementales razones de juridicidad, de acatamiento y subordinación a sus propias decisiones e imposibilidad de alzarse contra sus propios actos, se concluye en la manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad de la Caja de Jubilaciones al resistirse al pago de lo reclamado por los accionantes. (De los Fundamentos de la Sra. Ministra Dra. Gastaldi)
Abordaje de buque, competencia, excepción de incompetencia, buque de bandera nacional, buque de bandera extranjera
Materia: NAVEGACION
Carátula: Aconcagua Compañía de Seguros  S.A. c/ Ultraocean  S.A. y otros s/ Abordaje.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Es en el proceso por abordaje que todas las cuestiones derivadas o conexas con él deben ser sustanciadas, de manera de evitar pronunciamientos contradictorios (art. 552 de la Ley de Navegación);

confr. L. B. Montiel, "Curso de Derecho de la Navegación", p. 407, Garibi Undabarrena, "Derecho Marítimo Práctico", Madrid 1958, p.

350). En el caso, aun cuando la demanda de la actora contra el buque POPI - cuyo agente marítimo planteó la excepción de incompetencia - se funda en un contrato de transporte que habría sido, eventualmente incumplido por causa de innavegabilidad del buque, a esta altura larval del proceso no se puede descartar la responsabilidad del buque SUDESTADA, por lo que parece razonable - y concorde con la finalidad perseguida por el art. 552 de la Ley 20.094- que todas las relaciones jurídicas y responsabilidades vinculadas con el abordaje sean examinadas y resueltas por un mismo tribunal, de modo que, habiéndose declarado la competencia del juez argentino para conocer del abordaje, corresponde que también éste intervenga en el sub lite dada la conexidad existente. Dicha conclusión armoniza - en el caso - con la que surge del art. 619, inc. "c", de la Ley de Navegación - toda vez que los responsables del navío POPI otorgaron garantías locales en concordancia con la previsión del art. 612 del mismo cuerpo legal; normas que responden a la Convención de Bruselas de 1952 sobre modificación de ciertas reglas relativas a la competencia civil en materia de abordaje (Ley 15.787), que es aplicable ya que Grecia ratificó dicho ordenamiento internacional (causa 8400 "Ultraocean S.A. c/ buque POPI s/ Ord.", del 20/3/92.
Administración Pública, asistencia social, entidades de bien público, instituciones de beneficencia, gobierno nacional, ley de contabilidad, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad de Beneficiencia de la Capital. c/ Estado Nacional. s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Los empleados de la Sociedad de Beneficencia ocupaban puestos rentados "en la Administración Nacional", y aquélla debía preparar a principios de todos los años el presupuesto de gastos del organismo y de los establecimientos a su cargo, pasándolo luego al Gobierno para su aprobación. Asimismo, la actividad de la institución debía regirse de acuerdo a las normas vigentes para la administración pública, como cuando para resolver sobre las obras, refacciones o provisiones que hubiere que encarar, era necesario hacerlo por licitación, en la forma dispuesta por la ley de contabilidad.
Incompatibilidades del juez, incompatibilidad de ejercicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

El ejercicio de la magistratura judicial conlleva la prohibición absoluta de ejercer, con la excepción de la docencia, no sólo la profesión de abogado sino cualquier actividad rentada (Voto del Dr. Alberto Manuel García Lema).
Responsabilidad del Estado, error judicial, testigos de Jehová, transfusión de sangre
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paladino, Cayetano y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

El Estado debe responder por el acto jurisdiccional que autorizó realizar una práctica médica (transfusión de sangre) a una persona que por convicciones religiosas (testigo de Jehová) había previamente dado su oposición a ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, régimen jubilatorio, médicos, relación de dependencia, vacaciones, prueba testimonial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS NORBERTO QUIRNO (C.E.M.I.C.) c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento administrativo que desestimó la impugnación de deuda planteada contra los cargos formulados por el organismo, si de la atenta lectura de los testimonios producidos en la causa se desprende que los médicos que prestan servicios para la recurrente no se hallan ligados a ella por un vínculo laboral, puesto que no hay horarios fijos, no reciben directivas de personal jerárquico superior, no perciben aguinaldo ni gozan de vacaciones anuales, sino que toman un período de descanso cuando quieren y por el tiempo que desean.

(Del voto del Dr. Laclau)
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, obligaciones del empleador, prácticas desleales, terceros
Materia: LABORAL
Carátula: CEDRON, IGNACIO JOSE c/ DISCO S.A. Y/O PRIPOL S.R.L. Y/O RESPONSABLE LEGAL s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-07

Respecto del tema en cuestión, Eduardo Álvarez señaló que: "Tal cual como lo advirtiera al dictaminar en el Fallo Plenario Nro. 323 en autos "Vázquez María Laura c/ Telefónica Argentina S.A. y otros s/Despido" nuestra disciplina por motivos diversos e imaginables, que sería ocioso, reseñar ha tenido que lidiar con conductas, en su mayoría teñidas de antijuricidad, tendientes a desplazar al lugar del empleador por interposición de personas y a lograr que éste se transforme en un concepto desdibujado.

Más allá de su genérico tratamiento común por razones históricas que he criticado y que se han difundido, tanto en la doctrina como en los documentos internacionales, no debe confundirse, desde el punto de vista científico, la tercerización y la descentralización productiva con la intermediación propiamente dicha.

Sobre este último aspecto, nuestro país y sin perjuicio de los avatares legislativos, ha seguido la posición de la Organización Internacional del Trabajo y el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo optó por considerar que todo trabajador contratado por terceros con vista a ser proporcionado a una empresa, fuera considerado empleado directo de quien utilizase la prestación, estableciéndose una responsabilidad solidaria, cualquiera fuere el acto o estipulación fijado entre las partes.

Es oportuno recordar, asimismo, que la Ley 24.648 ratificó el Convenio Nro. 26 de la O.I.T sobre agencias retribuidas de colocación y que el Decreto 1694/06, que derogó el Decreto 342/92, reglamentó los arts. 75 al 80 de la Ley 24.013 y estableció un intenso control administrativo unido a la solidaridad pasiva dispuesta por ley". ("Tercerización, descentralización productiva y Derecho del Trabajo" por Eduardo Álvarez, citado en " Derecho del Trabajo"- página 5 - Año 1- Nº 1-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Presidencia de la Nación-Ed. Gráfica Campichuelo 2012 ).
Falsificación de instrumento público, uso de documento adulterado, licencia de conducir
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, J. M. s/ FALSIFICACION - DOCUMENTO PUBLICO - CARNET CONDUCTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-12

La adulteración del carnet de conductor constituye el delito de adulteración de instrumento público, ya que lo que caracteriza al mismo es la fe que merece su autenticidad, que deriva de la intervención del funcionario que lo suscribe y de las demás formalidades de que se le reviste. El mencionado carnet está documentando la habilitación conferida por el Estado por medio de uno de sus organismos, a determinada e individualizada persona, para conducir vehículos. La fe que por sí merece ese instrumento es lo que hace público y es lo que se viola con la adulteración.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

El art. 19 de la Constitución Nacional es la base misma de la libertad moderna, o sea, autonomía de la conciencia y la voluntad personal, la convicción según la cual es exigencia elemental de la ética que los actos dignos de mérito se realicen fundados en la libre, incoacta creencia del sujeto en los valores que lo determinan.
Daños y perjuicios, indemnización, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: LEIRO REDONDO, MANUEL c/ CASTELLANO, OSCAR L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

No todo déficit físico o psíquico se traduce en un perjuicio patrimonial que debe indemnizarse. En la indemnización se compensa el riesgo actual de la inseguridad económica en que el inválido o disminuido queda frente a la vida, riesgo del que sólo está exento quien por su situación patrimonial está a cubierto de cualquier contingencia.

Si por la opulencia de su fortuna o por cualquier otro motivo, el lesionado no practica actividad lucrativa alguna, sería un sarcasmo enriquecerlo con una titulada indemnización, en razón de una teórica disminución de la capacidad de trabajo, que él no había empleado hasta entonces y que, seguramente, no habría de utilizar en el futuro.

Esta cuestión ha de solucionarse con el mismo criterio aplicado al tema del valor económico de la vida humana. Así como no es correcto pensar que ésta tiene "per se" un valor patrimonial, es incorrecto afirmar que siempre cualquier disminución física representa al afectado una pérdida pecuniaria, lo cual depende de las circunstancias de cada caso. Lo que sí es dable presumir, es que a toda disminución de aptitudes corresponde una correlativa merma de utilidades y provechos. Sin embargo, no cabe cerrar la puerta a la posibilidad de que el autor de las lesiones desvirtúe esa presunción, simplemente "hominis", comprobando que su víctima no ha sufrido a causa de las lesiones daño patrimonial alguno, pese a la disminución de una aptitud para el trabajo, a la que verosímilmente no habría jamás de recurrir. En tales condiciones cualquier indemnización tendría de tal solamente el nombre y en rigor sería un enriquecimiento sin causa.
Competencia civil, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, causas de justificación, solicitud de audiencia
Materia: CIVIL
Carátula: J., P. F. c/ M., F. C. M. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Al menos en nuestra provincia, y fuera de los supuestos enumerados por el punto 11° del "Protocolo de buenas prácticas para escucha de niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia", no se puede hablar de la escucha como obligatoria, y cuando no exista una directiva expresa que imponga recabar la opinión del niño, el juez debe atender para concretar este tipo de audiencias, la situación del menor y las particularidades del conflicto, evitando se transformen en una mera formalidad que ordinarice un acto que exige de la jurisdicción especiales ajustes, cuidado y preparación rigurosa, y que para el menor de edad depara un previsible sufrimiento emocional y estrés por la exposición a un medio ajeno.
Constitución Nacional, Estado Nacional, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viceconte, Mariela C. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

El bien común, cometido esencial de la sociedad organizada, se logra a través de fines que sólo pueden ser alcanzados por el Estado mismo, tales como la defensa nacional, o la justicia, en sus manifestaciones más frecuentes y comunes. Pero hay otros fines que el Estado asimismo procura y que son concurrentes, en tanto su alcance no corresponde en exclusividad al Estado, sino puede determinar también la acción de los particulares o de otras sociedades (confr. Fallos 305:1524, voto del Dr. Bargalló). De esa índole pueden considerarse los fines educacionales, culturales o de prevención de la salud.
Daño moral, muerte del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: Novillo, Raúl. c/ Coto, Francisco M. y otros. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

No puede sostener que, por el hecho de haber concretado una nueva relación matrimonial -que debe alegrar y no ser objeto de reproche- el dolor padecido por la triste muerte de la Sra. Maggi, que dejó a su marido imprevistamente a cargo exclusivo de sus dos niñas -una recién nacida- no haya ocurrido. Ese acontecimiento que sobrevino pudo haber tenido la virtud de atenuar el dolor (es razonable que así se lo interprete), pero es imposible aceptar que el dolor y el padecimiento que fue no lo haya sido. El duelo -o aflicción, como también se lo llama- por la muerte del cónyuge pasa por distintas etapas, que en algunos casos se superan más rápidamente que en otros, pero ellas son dolorosas y es necesario recorrerlas, aún cuando sea más común entre los viudos el hecho de que contraigan nuevo matrimonio antes de las viudas.
Juicio correccional, recurso de casación, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INC. DE FALTA DE ACCION PROM. DRA. CAMACHO" s/ CAUSA NRO. 27.945
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

"Parece claro que, habiéndose superado en autos la citación a juicio que manda el artículo 428 del c.P.P.N., la vía recursiva contra los pronunciamientos de aquellos magistrados es la casacional, ya que solo recursos de carácter extraordinario son procesalmente compatibles con el principio de que el juez correccional tiene las atribuciones propias del presidente y del tribunal de juicio y que, como tal, juzgara en única instancia de acuerdo con las reglas del juicio común (art. 405 ídem).
Responsabilidad médica, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: V., J. R. y otra c/ W., S. G. s/ sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-23

Tratándose de la responsabilidad de los médicos deben probarse no solo los daños sino también la relación de causalidad entre el obrar negligente de aquellos a quienes se atribuye su producción y tales perjuicios.
Jubilación por invalidez, regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berner, Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Exigir, para acceder al beneficio de jubilación por invalidez previsto en el art. 9 de la ley 8320, que la incapacidad exista a la fecha del cese, no vulnera lo establecido en el artículo incorporado por le ley 8577 a la ley 8320, sino que lo armoniza con la previsión del art. 9, que resultará aplicable a los ex legisladores que acrediten haberse encontrado incapacitados a la fecha de cesar en sus mandatos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación insuficiente, competencia por la materia, accidentes de trabajo, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: SEGOVIA, CLAUDIA DEL CARMEN c/ CLORETIL S.A.I.C.I.F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Corresponde declarar procedente el recurso intentado, en tanto el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, con afectación de los principios y garantías constitucionales invocados, desde que la Sala se limitó a valorar meramente las pautas procesales requeridas para corroborar su competencia en razón de la materia, mas desatendiendo que el dictado de un pronunciamiento para dos imputaciones diferentes (de responsabilidades contractual y extracontractual) aunque derivadas del mismo hecho causal (accidente de trabajo) tiene como finalidad evitar veredictos contradictorios en razón de preservar la seguridad jurídica. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Erbetta)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Albarenque, Néstor Abel y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

Es insuficiente el reclamo vinculado con un medio de prueba no utilizado por el tribunal.
Sentencia, lenguaje inclusivo y genérico, lectura fácil
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Rosales, Claudio Jerónimo Rubén c/ Vázquez, Clara del Carmen y Otro s/ Ordinario - despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-04-20

Corresponde agregar a la resolución un apartado redactado en lenguaje corriente y sencillo en el que se plasme una síntesis del resultado del juicio y sus fundamentos, a los efectos de que el pronunciamiento pueda ser totalmente comprendido por las partes y por cualquier persona sin formación jurídica, dado que los fallos se elaboran con un lenguaje técnico, propio de la ciencia jurídica, y muchas veces resultan ininteligibles para el común de los ciudadanos y en particular para las partes.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENUZZI RIESTRA, PUBLIO IGNACIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-11

Si bien en el remedio introductor de la vía extraordinaria se invoca arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la exégesis del artículo 84 del Código Penal, se advierte que la interesada no demuestra liminarmente que su planteo tenga un mínimo contacto con las constancias de la causa.

En todo caso y tal como se expuso, su articulación deja traslucir su desacuerdo con la interpretación que de los hechos, prueba y derecho común efectuó la Cámara en ejercicio de funciones propias -como se dijo en el respectivo auto denegatorio-, sin que se avizore la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte (Del voto en disidencia del Dr. Netri).