Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-01


N°__283__/RESISTENCIA, 01 de diciembre de 2014.

Y VISTOS:

Para resolver en estos autos: "CENTURION, JORGE SEBASTIAN C/ DEL CAMPO, JOSE ALEJANDRO S/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC., EXPTE. Nº 4118/13 S/ QUEJA EXTRAORDINARIA", expte. Nº 28/14, año 2014, CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 1/53 se presenta el demandado en los autos principales e interpone recurso de queja contra lo decidido por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en cuanto declaró desierto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad articulado por su parte, glosado en fotocopia a fs. 23/34 vta. de estos actuados, por incumplimiento de la carga económica prevista en el art. 140 de la ley 2383.

2º) Que a fs. 54 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y a fs. 75 se llamó autos, por lo que la cuestión se encuentra en estado de ser resuelta.

3º) En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso de queja por extraordinario denegado, contemplados en los artículos 4 y siguientes de la Resolución Nº 1.197/07 , notamos que el libelo recursivo se encuentra excedido en exactamente el doble de páginas que las permitidas. No obstante ello, de la lectura de los agravios expuestos en el memorial, advertimos que el recurrente plantea la suficiencia del embargo trabado sobre los camiones de su propiedad, en razón de su valor, para garantizar el crédito del actor. Asimismo apreciamos que en forma subsidiaria el quejoso cuestiona la validez constitucional del artículo 140 del antiguo código procesal laboral, materia respecto de la cual los suscriptos tienen opinión inveterada en el sentido de su inconstitucionalidad (con la salvedad que se hará en el apartado siguiente).

4º) Así las cosas y antes de continuar, es preciso señalar que a la fecha en que la parte recurrente interpusiera su remedio de inconstitucionalidad -20 de mayo del corriente- y, con posterioridad, el recurso de queja bajo estudio -el día 18 de julio de 2014-, se encontraba aún en vigor el código de rito laboral, aprobado mediante ley 2383, que regulaba, en el aludido artículo 140, la necesidad para el empleador de acompañar conjuntamente con la interposición del recurso extraordinario el depósito por el importe total de la condena, cuya constitucionalidad el impugnante objeta en esta instancia.

Pero resulta que en el transcurso del trámite del último de los remedios, se produjo la sanción del nuevo código de procedimientos en materia laboral, mediante ley 7434, publicada en el Boletín Oficial de la provincia del Chaco en fecha 12 de septiembre de 2014, y que a la fe-cha del presente pronunciamiento se encuentra en plena vigencia. De tal forma, analizado este último cuerpo normativo, y particularmente el artí-culo 312, vemos que al igual que el ordenamiento anterior, se ha establecido la obligación de la patronal de depositar el importe de la condena como requisito para acceder a esta vía de excepción; a su vez, en iguales términos que los utilizados en el aludido artículo 140 (ley 2383), que sirvió de antecedente. Como consecuencia de lo expuesto, y en consonancia con el temperamento que hemos sostenido repetidamente al resolver casos análogos, estimamos que en el sub judice corresponde dar recepción favorable a la queja que opusiera la demandada y declarar la inconstitu-cionalidad del depósito previo contemplado en el art. 312 de la ley 7434 (antiguo art. 140, ley 2383). Ello conforme criterio sustentado por los suscriptos en reiteradas oportunidades (conf. Resol. Nº 429/06, Nº 282/08, Nº 169/09, Nº 95/10, Nº 131/12, Nº 158/13, Nº 115/14, Nº 146/14 y Nº 239/14, entre muchas otras de esta Sala).

5º) Lo adelantado pues entendemos que la obligación impuesta a la patronal de depositar el importe total de la condena, conjuntamente con el escrito de interposición del recurso extraordinario, resulta lesivo de sus derechos constitucionales. Concretamente menoscaba el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional y en el art. 8 de la Carta Magna Provincial.

6º) En tal sentido, hemos puntualizado que la carga impuesta por la norma tachada de inconstitucional importa una exigencia en detrimento de los patrones, lo que resulta inadmisible a la luz de las disposiciones referidas anteriormente.

7º) Asimismo, no observamos que en el caso de marras concurran "objetivas razones" de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad, resultando la distinción efectuada por el legislador en el art. 312 absolutamente injusta. Máxime si se tiene en cuenta, como ya lo hemos resaltado, que su consagración legal tiene como antecedente el objetivo primordial de tratar de evitar que la patronal haga uso -y abuso- de este remedio extraordinario para dilatar innecesariamente el cumplimiento de una sentencia que le ha resultado desfavorable, lo que a todas luces contraría los principios que imbuyen nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático, porque equivale a presumir la mala fe del patrón, vedándole la posibilidad de acceder a esta instancia de excepción.

8º) También es dable recordar que la postura asumida no debe ser interpretada como una negación de inveterados principios del derecho laboral, como el protectorio, ni su carácter tuitivo, ya que éstos -en el caso de que no existiera el depósito previo- permanecerían incólumes, al contar los trabajadores con otros recursos a su alcance que le permiten garantizar su crédito con igual eficacia, los que se traducen en las medidas precautorias previstas en el mismo art. 312.

9º) Por las razones dadas, y demás argumentos esbozados al resolver supuestos similares -a los cuales nos remitimos brevitatis causae- debe decretarse la inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 312 de la ley 7434 (antiguo art. 140, ley 2383), en cuanto exige a la patronal el depósito del monto de la condena, conjuntamente con la interposición del recurso extraordinario ante este Tribunal.

10º) En mérito a lo expresado, deviene abstracto el tratamiento del argumento vertido por el quejoso en orden a la suficiencia del embargo trabado en autos a fin de tener por cumplida la carga del art. 312 del nuevo Código Procesal Laboral. En efecto, al haberse calificado al precepto aludido como inconstitucional deja de ser necesario satisfacer la exigencia de depósito previo a la interposición de los recursos extraordinarios, y por ende desapareciendo tal requisito resulta inoficioso analizar las cuestiones apuntadas en relación a la medida cautelar (conf. Sent. Nº 393/09).

11º) Por otra parte, es preciso señalar que atento la decisión impugnada por esta vía fue adoptada de oficio por el tribunal apelado, las costas se imponen en el orden causado (art. 281, ley Nº 7434).

12º) En virtud de ello, corresponde hacer lugar a la queja deducida por el demandado y, en consecuencia, remitir la presente causa a la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña a fin que cumplimente con lo dispuesto en los arts. 26 y 27 de la ley 6997, en relación a la sustanciación y concesión del recurso extraordinario que en fotocopia obra a fs. 23/34 vta. de los presentes autos.

Por ello, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto a fs. 1/53 por el Sr. José Alejandro Del Campo; y en consecuencia declarar mal denegado, sólo en cuanto se exigió como requisito de admisibilidad el depósito previo contemplado en el art. 312 de la ley 7434 (antiguo art. 140 de la ley 2383), el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que en fotocopia obra a fs. 23/34 vta., del presente expediente, contra el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuya copia obra a fs. 3/18 de estas actuaciones.

II.- REMITIR, una vez firme la presente, la causa sub examine conforme lo establecido en el considerando 12º) del Acuerdo que antecede.

III.- IMPONER las costas de la presente en el orden causado.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmente o por cédula. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la Sra. Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos como está ordenado en el punto II. ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS-SEC. FERNANDO ADRIÁN HEÑIN