Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-29


Buenos Aires, 29.9.2009 VISTO Y CONSIDERANDO:

El recurso de apelación que interpuso la parte actora a fs. 333/340 contra la resolución de fs. 324/328, en la que el Sr. Juez "a quo" desestimó los planteos de inconstitucionalidad y de irretroactividad de la ley 23.982, efectuados por el apelante a fs. 304/315.

Por los argumentos vertidos en la presentación de fs. 333/340, afines a la exposición de fs. 304/315, el recurrente solicita la revocatoria del decisorio de fs. 324/328 y que se apruebe la primera liquidación efectuada por el Juzgado a fs. 285/286.

Cabe recordar que en la sentencia definitiva dictada por esta Sala (ver fs. 256/261), se confirmó la sentencia de grado que admitió el reclamo del accionante (ver fs. 176/180) y condenó a la demandada a abonarle al actor la suma de $2.044,53, con más su actualización monetaria e intereses allí fijados (actualización conf. art. 276 L.C.T. desde Abril/90 con más sus intereses al 15% anual, cesando toda indexación de créditos desde el 1.4.91 y a partir de allí, desde el 1.4.91 hasta el 31.3.92 una tasa de interés del 24%, desde el 1.4.92 hasta el 31.3.93, del 15% y desde el 1.4.93 en adelante del 12%).

En lo que atañe al planteo de irretroactividad de la ley 23.982 al caso de autos, dada la invocación de la fecha de toma de conocimiento de su dolencia por el actor (febrero/90) y de la interposición de la demanda (3.4.90), cabe señalar que no asiste razón al recurrente, toda vez que la ley 23.982 - cuya constitucionalidad ha sido admitida en numerosos pronunciamientos por la C.S.J.N. y por esta Sala (vg. Sent. Nro. 70.479 del 8.9.1992, in re "Milano Antonio Osvaldo c/ D.G.I. Dirección General Impositiva".) -, es una norma de orden público y dispone la consolidación en el Estado Nacional de todas las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1º de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero en los casos detallados en los incisos a), b), c) y d), por lo que resulta evidente que en el "sub exámine", considerando la fecha en que el accionante tomó conocimiento de la incapacidad que padece, cabe concluir que la citada normativa resulta aplicable, contrariamente a la postura sostenida por el quejoso.

Por otra parte, es evidente que no se trata de la aplicación retroactiva de la norma ya que, en la medida en que la obligación establecida en la sentencia no se encontraba cumplida al 1/4/91, quedó inmediatamente comprendida en el régimen de consolidación previsto en la norma citada. Como lo ha señalado la C.S.J.N. , en la medida en que tales disposiciones revisten el mencionado carácter (de orden público), resultan aplicables a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas pasibles de ser consolidadas (Fallos:317:739) y que la sentencia que dispone la inmediata ejecución de un crédito por las vías comunes no encuentra sustento en la normativa aplicable e importa prescindir de ella, la que resulta de inexcusable aplicación habida cuente del carácter de orden público de la ley de consolidación (Fallos: 326:1632). (C.247.XLI.R4curso de Hecho ."Cisneros, Luis Alberto s/ p.s.a. homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, causa nro. 13/97.) Cabe remarcar que la decisión otrora adoptada en origen (y confirmada en esta instancia) se adecuó a lo dispuesto por esta Cámara en el marco del Acta Nro. 20/92,pues se fijaron las bases de la condena con abstracción de toda norma que, como la de consolidación, sólo sobrevendría y cobraría virtualidad, en la etapa de ejecución, como, de hecho, aconteció en autos.

Por lo tanto, no se verifica en el pleito la alteración de la cosa juzgada,que el apelante denuncia entre sus argumentos en su memorial, puesto que, como o sostuviera esta Sala en otras oportunidadas (ver Sent. Nro. 90.667 del 8.7.2002 en autos "Mahmoud Jorge Alfredo c/ Somisa Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/Accidente ley 9688"), la sentencia, aún tratándose de una norma jurídica individual, debe emitirse liberada de toda excepcionalidad como la que dimana de la normativa en cuestión, proyectando íntegramente no sólo los requisitos de fondo sino también los de forma y dentro de éstos últimos, establecer de la manera más clara y concreta la condena en el momento en que se dicta el acto sin que se vea afectada por hechos que seguramente sobrevendrán y cobrarán virtualidad, como son las alternancias que plantea la ley de consolidación, que eventualmente resultarán aplicables en la etapa de ejecución de sentencia, pero que en ese momento procesal no rigen. Entender lo contrario podría traer aparejada que una derogación de la norma - hipotéticamente consignada en la sentencia - suscitara un vacío en la decisión jurisdiccional a partir de ese momento En la liquidación de fs. 285/286, practicada por el Juzgado, - cuya procedencia invoca la parte actora -, se advierte un cómputo de intereses hasta el 21.4.08, cuando, por tratarse de un crédito de origen anterior al 1.4.91, el capital de condena constituye una deuda alcanzada por la ley de consolidación nro. 23.982 y por lo tanto la liquidación debe estar expresada al 1.4.91 conforme lo establece su art 5. Según el art. 6 del mismo plexo normativo, dichas obligaciones generarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de Ahorro común que publique el Banco Central de la R.A., capitalizable mensualmente, por lo que deviene inapropiado el cálculo pretendido por el quejoso. Por otra parte las liquidaciones judiciales deben entenderse aprobadas en cuanto ha lugar por derecho, por lo tanto, ante cualquier error materializado respecto del cómputo de los intereses, debe ser reparado, pues ello no implica una modificación esencial de lo decidido, sino, más bien, la adecuación cabal de lo actuado al fallo dictado. Ello es así, porque no puede soslayarse que la noción de cosa juzgada sustancial fue elaborada por los juristas para evitar la prolongación y/o reiteración de cuestiones litigiosas pero su valor no ha sido absoluto pues las normas adjetivas salvaguardan la posibilidad de que le propio juzgador (advertido de su equivocación) subsane todo error numérico (arts. 36 inc. 3 y 166 inc. 1º del Código Procesal), posibilidad receptada también por las normas adjetivas del Fuero del Trabajo (conf. art. 104 de la ley 18.345) (ver "Corrección de Errores Numéricos en el mundo laboral" Carlos Pose, DT 1988º,pag. 761 y sgtes.

Sentado lo expuesto, se advierte que lo decidido a fs. 301 (que aprobó la liquidación de fs. 298/9), y que se mantuvo en el resolutorio de fs. 324/328, denota que, ante el planteo de la cuestión sobre la aplicación de la normativa de consolidación de deuda pública en la anterior instancia, el Sr. Juez "a quo", abordó su tratamiento, y concluyó que, en tanto el crédito es anterior a la fecha de corte establecida por la ley 23.982, se trata de una deuda consolidada y tuvo en cuenta que la liquidación de fs. 298/99, se ajustaba a las pautas establecidas en la sentencia recaída en autos y a la norma citada, cuyas disposiciones - se reitera -, son de orden público.

En tal contexto, por los fundamentos vertidos en los considerandos que anteceden, corresponde la confirmación de lo decidido a fs. 324/328 en todo cuanto fue materia de agravios y que las costas de la Alzada, en atención la naturaleza de la cuestión planteada, sean impuestas en el orden causado. (art. 68 CPCCN., 2do.párrafo).

Por lo que el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución de fs. 324/328 en todo cuanto fue materia de agravios. 2) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rja Graciela A. González Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara