Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-08-22


Libro de Acuerdos nº 44 Fº 813/817 Nº 373 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintidós días del mes de Agosto del año dos mil uno, reunidos en la sala de acuerdos, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Raúl Octavio Noceti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte nº 653/01, caratulado: "Recurso de casación interpuesto en expte. 28/00 (Sala Iª de la Cámara Penal): F., C. A.; L., J.G.; L.S., M. s.a. fraude a la administración pública en concurso real con el delito de abuso de autoridad en grado de participación necesaria- D., C. A.; R., J. M. y A., S. s.a. fraude a la administración pública en concurso real con el delito de abuso de autoridad en el grado de coautores. Ciudad", y acumulado Nº 650/01 "Rec. de inconstitucionalidad...", y	El Dr. Tizón dijo:

1.- La Sala Primera de la Cámara en lo Penal condenó a los procesados C. A. F., M. E. L.S. y C. A. D., a la pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos en la función pública por el término de cuatro años, con más costas, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad, conforme los artículos 248 y 26 del Código Penal, y absolvió de los delitos con que venían acusados a J. M. R., S. A. y J.G. L.

2.- Contra dicha sentencia, el señor Fiscal de Sala interpuso recurso de casación, conforme los artículos 467, 468 y concs. del Código Procesal Penal. Este recurso fué oportunamente sostenido por el señor Fiscal General habilitado (fs. 1162, del Expte. 653/01), dando cumplimiento así a lo que dispone el art. 471 idem.

3.- Para refutar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Sala, los letrados Ana M. López Salgado y Luis Canedi, Ascencio Mariano Castellón e Isidoro Arzud Cruz, en nombre y representación de sus respectivos defendidos M. E. L.S., C. A. D. y C. A. F., presentaron sendos memoriales.

4.- También, en contra de la sentencia interpusieron recurso de inconstitucionalidad, en los términos previstos en la ley 4346, los letrados Ascencio Mariano Castellón, en representación de C. A. D., Ana M. López Salgado y Luis Canedi, por M. L.S., e Isidoro Arzud Cruz, representando a C. A. F.

5.- Los argumentos principales del Fiscal de Sala expuestos en el recurso de casación (fs. 1143/1152) son: no se ha atendido al encuadre legal señalado en la acusación, ni tampoco en las penas correspondientes; se ha realizado una violación y transgresión a normas legales, tales como la Constitución de la Provincia de Jujuy y de normas legales específicas, como el reglamento de contrataciones y, además, se ha hecho una deficiente valoración de la prueba.

Sostiene también el Fiscal de sala en su recurso que a las mismas penas que, según su opinión, caben respecto de F., L.S. y D., debe ser condenado el coprocesado J.G. L., como coautor responsable.

6.- En los memoriales de responde al recurso de casación deducido, los defensores refutan pormenorizadamente la argumentación del Fiscal de Sala, con excepción del defensor de F., quien en su exigüo escrito se remite a lo que expresa en el recurso de inconstitucionalidad articulado, arrimado por cuerda separada.

En el memorial presentado por los defensores de López Salgado se hace hincapié en que no existió dolo en la conducta de su defendido, sino en todo caso, un error o una falta disciplinaria, no un delito. Manifiestan que su defendido no tuvo intervención alguna en las diligencias o trámites de pago de la compra de los medicamentos, que la urgencia o excesiva diligencia puesta en la compra fue impuesta por el estado de necesidad, al estar los centros de salud de la Provincia escasos de remedios específicos.

Por su parte, el letrado Ascencio M. Castellón, defensor de C. A. D., que también se opone al recurso de casación del Fiscal de Sala, define al acto administrativo de la compra de medicamentos destinados a los centros de salud de la Provincia, como un acto discrecional propio de la Administración Pública e inalcanzable al Poder Judicial para su revisión o mérito. Insiste en que, por parte de su defendido, no hay responsabilidad por comisión de delito, sino en todo caso, civil y disciplinaria. Niega, además, que haya existido sobreprecio en la compra de los medicamentos, tampoco mora en la entrega de los mismos, ni alteración a las normas de ley sobre la adquisición por compra directa.

Finalmente, el defensor de F., en su breve memorial -como ya lo hemos indicado- se remite a lo que argumenta en su escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad.

7.- A los fines dispuestos en el art. 9 inc. 4º de la ley 4346, se ordena pasar los autos de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, a conocimiento del señor Fiscal General, habilitado, el que emite dictámen a fs. 139/140, foliatura del Expte. nº 650/0l, al que se acumularon los demás, aconsejando el rechazo de los recursos tentados, por las razones que expone en su escrito.

8.- A fs. 1.209, a los fines de dictar un único pronunciamiento, se ordena la acumulación a la presente causa, de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos y que se encuentran a su vez acumulados al Expte. nº 650/01, los que van acollarados por cuerda separada.

9.- Anticipo opinión adversa al progreso tanto del recurso de casación cuanto de los recursos de inconstitucionalidad deducidos, en base a las consideraciones y fundamentos que a continuación se expresan.

10.- Ya en los orígenes remotos de la forma republicana de gobierno, que hemos adoptado por voluntad de nuestros constituyentes, está la necesidad de poner límites, frenar o acotar el excesivo poder del Estado -y el Estado son los funcionarios que le dan encarnadura y representan- para evitar los abusos respecto de los habitantes, en el ejercicio de esos poderes conferidos.

El tipo penal de la omisión de los deberes del funcionario público no requiere específicamente la exigencia de malicia -aunque en este caso la misma existió, ello por las características del accionar y la voluntad manifiesta de eludir los contralores de la ley-, siendo suficiente a sus efectos el dolo directo, esto es un obrar a sabiendas de ser contrario al deber jurídicamente exigible y que sea "ilegalmente" intencional.

El artículo 248 del Código Penal sólo alcanza al funcionario público que, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o por alguno de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución o las leyes cuyo guardián celoso debió ser.

Por ello es que se afirma que el bien jurídico protegido en esta clase de delitos, es la preservación y vigencia irrestricta de las leyes y la Constitución, en cuanto incumbe su cumplimiento y efectiva aplicación, tanto desde una óptica substancial como formal, en relación con la función que desempeña (cfr. Villada, J.L. "Delitos contra la función pública", ed. Abeledo-Perrot, pag. 217).

Lo que decide sobre la existencia del dolo -como lo advierte Ricardo Nuñez- no es siempre el hecho delictivo en sí mismo, ni la imposibilidad del autor de probar que no actuó con dolo. Sobre si el autor obró con dolo o sin dolo, dirán circunstancias tales como la índole del acusado, las manifestaciones precedentes del hecho, la causa para delinquir, la naturaleza de los medios empleados, la manera de obrar, etcétera. Y eso puede ser deducido por conjeturas exteriores.

Los procesados y condenados C. A. F., M. L. S. y C. A. D., al tiempo de cometer los hechos desempeñaban los cargos de Gobernador de la Provincia, Ministro de Bienestar Social y Director General de Administración del Ministerio de Bienestar Social, respectivamente; y los tres actuaron con dolo, puesto que no podían ignorar ni la Constitución de la Provincia, ni la legislación específica para el caso. Y exigiendo la figura penal transgredida, por lo que fueron condenados, el dolo genérico, está claro que el mismo está presente -sin duda- en la conducta de estos funcionarios, independientemente de su expresa voluntad, ya que, como lo enseña Soler, el dolo genérico existe no sólo cuando se ha querido un resultado, sino también cuando se ha tenido conciencia de la criminalidad de la propia acción y a pesar de ello se ha obrado. De este modo sus conductas resultan típicamente antijurídicas y quedan atrapadas en la figura penal quebrantada.

Si bien es cierto, a mi juicio, que, a pesar de las irregularidades habidas respecto de la adquisición de los medicamentos, ello no resulta suficiente para tener por acreditado que F., L.S. y D. hayan incurrido como autores en fraude a la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y, además, porque el Tribunal de Cuentas no concluyó con el juicio de responsabilidad idóneo para determinar si hubo o no efectivo daño patrimonial al erario público. Todo ello torna aplicable el beneficio de la duda respecto de dicho delito. Y esto vale también respecto del coprocesado J.G. L., absuelto pero cuya condena pide el Fiscal de sala en el recurso de casación. En cambio resulta evidente y palmario que los tres condenados han incurrido, en efecto, en abuso de autoridad -como bien está señalado en el fallo-, ya que con sus conductas han contrariado la Constitución de la Provincia al evitar que el Tribunal de Cuentas interviniera preventivamente en las órdenes de pago (art. 200 inc. 2 de la Constitución) y Fiscalía de Estado ejerza el control de legalidad. Y estos -ya lo dije más arriba- no son errores excusables ni negligencia, ya que del texto mismo del acto administrativo surge lo que debe hacerse previo a realizarlo y no obstante no se cumplió con ello, y se ordena ejecutarlo. Es allí donde el dolo se efectiviza y determina.

Respecto del entonces Gobernador F., de su Ministro de Bienestar Social, tanto como del Ctdr. D., director de administración, es evidente que actuaban con manifiesta arbitrariedad, ya que no cupo nunca ni siquiera un "error de interpretación". Esto es un hecho notorio, y por lo tanto exento de otra prueba -notoria non egent probatione- como Dice Lino Palacio en "La prueba en el proceso penal", pág. 21.

Por todo lo expuesto debo concluir que no advierto errónea interpretación de la ley y, en consecuencia, el recurso de casación es improcedente. Ello es así, también, porque el recurso de casación es una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y la garantía de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio (cfr. De la Rua, "La casación penal").

En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, coincido también con el dictamen del Fiscal General habilitado, en que deben rechazarse los mismos. Ello así, porque es doctrina ya muy afincada en este Superior Tribunal que las cuestiones atinentes a la interpretación de normas jurídicas resultan, por vía de principio, ajenas a la revisión mediante este recurso, que es extraordinario, salvo supuesto de arbitrariedad. Y no corresponde hacer lugar al planteo de arbitrariedad que se intenta bosquejar en los recursos bajo examen -en lo que respecta al alcance otorgado por la Sala de la Cámara Penal a la normativa del art. 248 del Código Penal, en punto a sustentar la condena impuesta a los recurrentes por el delito de abuso de autoridad- por cuanto la materia objeto de agravio concierne decididamente a las facultades interpretativas que atañen a los jueces al decidir las causas respectivas.

Voto, en consecuencia por el rechazo del recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Sala, asimismo por el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad articulados por los defensores de C. A. F., M. E. L.S. y C. A. D., estos últimos con costas a sus promotores.

11.- Los doctores, del Campo, Valdecantos, Arnedo y Noceti, adhieren al voto que antecede.

Por ello el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,	RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Sala.

II) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los letrados defensores de C. A. F., M. E, L.S. y C. A. D., con costas.

III) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Ascencio Mariano Castellón, en la suma de mil pesos ($ 1.000); Ana M. López Salgado y Luis A. Canedi, en igual suma, en forma conjunta; los del Dr. Ascencio Mariano Castellón, en la cantidad de mil pesos ($ 1.000), y los del Dr. Isidoro A. Cruz, en la misma suma.

IV) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.