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Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, falta de agravio concreto, emergencia sanitaria, admisibilidad del recurso, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: LEMA, Carlos Ademar s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Corresponde casar la resolución impugnada, conceder la morigeración del art. 10 inc. a) del CP y art. 33 inc. a) de la ley 24.660 durante la situación de excepción imperante, y remitir las actuaciones al origen a fin de que determinen las condiciones de cumplimiento y con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con el criterio aquí establecido. Es que los graves problemas de salud y la urgencia por la que debió ser trasladado fuera del complejo penitenciario para su atención, sumado al contexto de riesgo generado por la pandemia del COVID-19, habilitan, en tales excepcionales circunstancias, a encuadrar la situación en los supuestos previstos en el inciso "a" del art. 32 de la ley N° 24.660 y "f", punto 2, de la Acordada 9/20 de esta Cámara. El voto concurrente dejó a salvo su discrepancia en punto a la nulidad de lo actuado por ausencia de la actuación del fiscal y consideró justificada la prisión domiciliaria de Lema a fin de resguardar su salud mientras perdure la emergencia sanitaria, en virtud del principio de humanidad de las penas y la consecuente prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; todo lo cual cobra mayor virtualidad de considerar que es el Estado quien debe garantizar a las personas en condición de encierro el derecho a la salud. El voto en minoría resaltó que la ausencia de intervención del Ministerio Público Fiscal constituye motivo suficiente para anular lo actuado. No obstante, dada la situación de emergencia sanitaria vinculada a la pandemia de COVID 19, las condiciones que presenta el ámbito carcelario, conforme se ha reconocido en la declarada emergencia penitenciaria (Res. N° 184/2019) y el alto riesgo que presenta Lema por sus patologías, era deber del judicante evaluar con estrictez y adecuada ponderación la factibilidad del arresto domiciliario con vigilancia electrónica durante la emergencia sanitaria. La resolución en crisis ha soslayado considerar cuestiones de ineludible prelación, vinculadas a las agudas necesidades de atención interdisciplinaria de la salud del incuso, cuya satisfacción se dificulta precisamente por las medidas de seguridad adoptadas para prevenir el ingreso del virus a los establecimientos penitenciarios. En efecto, el imputado requiere atención médica extramuros, en un contexto en el que aparecen disminuidos los traslados a instituciones sanitarias externas. Tampoco hizo mérito de la sobrepoblación que afecta al establecimiento penitenciario que aloja al sindicado, en donde -además- se conoce certeramente de la detección de casos con Covid-19. Dres. Slokar -voto en minoría-, Mahiques y Yacobucci -voto concurrente-.
Empleados de banco, competencia provincial
Materia: LABORAL
Carátula: CAPARROS, ALBERTO GUILLERMO Y OTRO c/ BANCO PROVINCIAL DE SALTA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La Justicia Provincial es la única competente para entender en las causas contra el Banco Provincial de Salta, ya que los dependientes de éste deben ser considerados como funcionarios o empleados cuyos derechos y obligaciones son establecidas y gobernados por el respectivo régimen constitucional y administrativo, provincial o local. Ello no es desvirtuado porque el respectivo régimen provincial de los empleados bancarios haya adherido a las leyes nacionales que norman el sistema, ya que la incorporación al mismo fue por decisión de las autoridades provinciales y dentro de las facultades a ella reservadas.

(conforme Corte Suprema de Justicia, Tomo 199, Folio 1508, 'Rodríguez Elizalde, Diego c/ Banco Provincial de Salta').
Libertad de prensa, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: Jardines José Antonio y otra c/ Nuevo Diario de Santiago del Estero y José Cantos s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-20

El sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenidas en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos, que responden a la circunstancia histórica en la que fueron sancionadas. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a alguna de sus partes. La libertad de expresión garantizada por los mencionados artículos de la Ley Fundamental y por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Ley 23054, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Enrique s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes ya que la impugnación debe ser alegada y probada en juicio pues es condición esencial de la organización del Poder Judicial que no le sea posible controlar por propia iniciativa la validez de los actos legislativos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LACOMBE, E c/ INTERACCION ART s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA AUTONOMA DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 546 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

No puede tener favorable acogida la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, ya que la quejosa -en efecto- no alcanza a desvirtuar de modo adecuado en su presentación directa, los fundamentos vertidos por la Sala en la denegatoria -pretensión de una tercera instancia a los fines de reproducir el debate ordinario-, dejando incumplida la exigencia que le impone el artículo 8 de la ley 7055. Así, con la sola alegación de que su intención no consistió en renovar la discusión pues "... es indudable que el debate no se hallaba concluido, es más diría que ni siquiera había empezado, el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda in limine...", no alcanza a demostrar a la Corte que sus reproches no traduzcan sino la mera discrepancia con lo resultado en una cuestión que remite a materia propia de los jueces de la causa, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, circunstancia que no acontece en el sub examine.
Estafa procesal, boleto de compraventa, fotocopia, delito imposible, falsa denuncia, calumnias, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA JUAREZ. s/ ESTAFA PROCESAL. DELITO IMPOSIBLE. CALUMNIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

1) No puede responsabilizarse al procesado por el delito de estafa procesal, porque si bien se halla acreditado que adulteró la fotocopia de un supuesto original de un boleto de compraventa, suprimiendo los agregados posteriores injertados por un escribano, mediante el pegado de tiras de papel sobre el original, con miras a lograr la enervación judicial de un posible consentimiento a los agregados, lo cierto es que también la otra parte pudo conducirse maliciosamente al hacer injertar al escribano la fecha, toda vez que, al carecer de ella el boleto, la parte vendedora se hallaba frente a la necesidad de una declaración judicial de fecha, sin la cual no es procedente la mora (arts. 509, 618 y 751 Cód. Civil) y, menos aún, la obligación de escriturar.

2) Aún no pudiéndose acreditar por las deficiencias probatorias quién falseó las condiciones primitivas de la operación en procura de un engaño judicial, corresponde afirmar que la acción desplegada por el encausado reviste las características de un DELITO IMPOSIBLE, porque la obtención de una fotocopia adulterada de su ejemplar del contrato, es una prueba absurda para quien, como lo es una sola de las partes contratantes, no está en condiciones de adulterar, a su vez, el ejemplar de la otra parte (art. 1021 Cód. Civil). Y el delito imposible no es siquiera una tentativa, precisamente porque la acción no puede llegar a poner en peligro el bien jurídico tutelado.

3) Derogada la figura de querella calumniosa por la ley 23.077 estaba prevista en el art. 276 bis C.P.-, la acción atribuida al imputado consistente en la falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública configuraría, no el delito de falsa denuncia, sino el de calumnia, que, por tratarse de un delito de acción privada exige una querella particular de impulso procesal privado, lo que no ha ocurrido en el caso, debiendo también absolverse al procesado en este hecho.
Seguro de vida, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ENRIQUEZ RAMON FAUSTINO c/ DUCILO SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-12

En virtud de lo dispuesto por el artículo 1 del decreto 1567/74 el hecho de la concertación del seguro descarta la responsabilidad del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 701 del Código Civil.
Ley de empleo, regularización del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Mamani, Juana del Carmen c/ Empresa Petrosevice S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-22

La ley 24.013 reconoce la posibilidad al trabajador de actuar en el sentido de la disolución, intimando a su empleador por dos días. Siendo así, al no "esperar" el plazo legal, se coloca automáticamente al margen de la regularización de la Ley Nacional de Empleo, y por consiguiente no puede pretender que se operen los efectos jurídicos de la intimación prevista en ella, cuando negó al empleador la oportunidad -que por otro lado es la ley la que se la otorga-, de subsanar los errores del registro.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pago, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINTO, MARISA GUADALUPE c/ MORANDO, PURA ROSA FLORES DE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

El impugnante, pese a su esfuerzo discursivo, no consigue demostrar que la Alzada hubiera desbordado el ámbito propio de sus atribuciones al concluir que el instrumento acompañado por la actora -fotocopia del convenio que vinculara a las partes con un texto mauscrito en el que consta el texto finalización de saldo, fecha y monto- resultaba suficiente como prueba del pago del saldo de precio, y -en base a ello y a muchas otras consideraciones que no lucen cuestionadas en esta instancia- declarar que correspondía rechazar la apelación del codemandado y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocando la sentencia de baja instancia, acogiendo la demanda y condenando a la accionada a otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble identificado en autos a favor de la accionante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, monto de la pena, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAAVEDRA, CRISTIAN DANIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA BLANCA Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Los cuestionamientos invocando insuficiente motivación al mensurar la pena impuesta, resultan inidóneos a los fines de la vía intentada, por cuanto la compareciente se limita a cuestionar genéricamente que la Cámara no expresara cuáles habían sido los marcos teóricos o circunstancias tenidas en cuenta para mensurar la pena, mas sin hacerse cargo, ni en mínima medida, de las razones proporcionadas, omitiendo toda argumentación que demuestre la exorbitancia o o irrazonabilidad de la pena a seis años y seis meses de prisión impuesta a su defendido -condenado por un delito cuyo mínimo, en abstracto, es de cinco años de prisión-. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: RAYMON, Robert William s/ EXCEPCION DE COSA JUZGADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Sea cual fuere la calificación que en definitiva pueda caber al hecho motivo de autos, el Tribunal entiende que el eventual delito que corresponde a la tenencia de D.N.I. ajeno se consumó en el momento en que se produjo su apropiación o apoderamiento ilegítimo.
Divorcio, cónyuge culpable, reconvención
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: T. S. G. c/ S.J. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-14

Ante la demanda por divorcio, resulta imprescindible interponer la reconvención o contrademanda, si el accionante pretende además de repeler la acción, lograr un pronunciamiento contra el actor, no bastando la alusión en la contestación de la demanda, a determinados hechos que encuadren en las causales d divorcio ni los cargos e inculpaciones que revelen la intención de no mantener la unión matrimonial.
Auto de elevación a juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Peloso, José Ramón s/ Tentativa de violación violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-07-28

Si bien en el auto de elevación se establecen los motivos por los que se disienten con la calificación legal que efectuara la Fiscalía, en lo atinente al requerimiento defensivo no se explicitan razones por las que no se hace lugar a la petición, lo que torna nulo al auto por no tener fundamento suficiente.
Intervención de línea telefónica, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Stanislawsky, Jorge O. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-06

No corresponde, ab initio, restar todo valor probatorio a la grabación de una supuesta conversación telefónica entre la víctima y victimario del delito de concusión que fue aportada por el primero -uno de los interlocutores- sin el conocimiento del otro cuando, como en el caso, no existió orden judicial previa.
Derecho laboral, remuneración, adicionales de remuneración, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Luis Alcides c/ Cooperativa Ltda. Agrícola Ganadera de Sunchales s/ Laboral (Expte Nro. 291-01, Resolución Nro. 48, Tomo 20, Folio 213/217)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

No pudiéndose determinar con precisión el monto exacto del plus remuneratorio, resulta de aplicación el art. 56 L.C.T. que contempla expresamente la solución para el caso: "En los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por discusión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias del caso". Así ha procedido la sentenciante, al decidir con suficiente fundamento por haber corroborado que la demandada abonaba un plus a sus dependientes, cuyo monto no aparece comprobado con precisión. Al respecto ha expresado la jurisprudencia especializada, "el principio objetivo que debe regir las relaciones jurídicas, buscando el justo equilibri o de los intereses de ambas partes, está sometido a discrecional prudencia del magistrado".
Caducidad de instancia, incidente de nulidad, declaración de oficio, terceros interesados, oficial notificador
Materia: PROCESAL
Carátula: Viavattene, Héctor Raúl y otro c/ Suarez, Cesar Eduardo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Cabe confirmar la resolución que decretó la caducidad de instancia de un incidente de nulidad, que si bien fue declarada de oficio, había sido pedida por el oficial notificador, quien advirtió el cumplimiento del plazo, puesto que si bien la enunciación de los posibles peticionarios de la perención de instancia que formula el art. 315 CPCCN descarta la posibilidad de que la caducidad sea requerida por quienes no revisten el carácter de parte, un tercero interesado, sin intervenir abiertamente en el pleito, podría hacer notar al juez interviniente la posibilidad de que haya transcurrido el plazo de perención. En consecuencia, nada obsta a que el juez, de conformidad con el art. 316 CPCCN y si lo estima procedente, proceda a comprobar si efectivamente se encuentra vencido el plazo señalado en el art. 310 CPCCN
Honorarios del perito, transacción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rojas, Sixto c/ Consorcio Urugua-I o Grupo Constructor UTE Sideco S.A. - Sade S.A. - IECBA S.A. y/o EMSA S.A. y/o I.P.S s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-16

Atendiendo a la forma de terminación del juicio - acuerdo de partes - no se puede evaluar si la pericia pudo o no tener incidencia en el resultado de la causa. No obstante meritando que el perito ha respondido a todos los puntos peticionados en forma explícita aportando conocimientos propios de la profesión que detenta, ni su extensión ni su complejidad justifican que el monto fijado por honorarios sean elevados en esta instancia; por resultar equitativo, suficiente y guardar la debida relación prescripta en la norma de aplicación.
Acción de amparo, costas, desistimiento de la acción
Materia: CIVIL
Carátula: NECON S.A. SOCIEDAD COMERCIAL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O D.I.P.O.S. Y/O COMITE DE PRIVATIZACION Y/O QUIEN CORRESPONDE s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-28

La regla amplia y general obliga a imponer costas a quien desiste, más las particularidades de un caso pueden recomendar una solución contraria a este principio; como el hecho de que el desistimiento del recurrente se efectúe antes de que el Tribunal requiera a la autoridad pública el informe que exige el art. 8 de la Ley 6.296; y como hasta esa instancia procesal no tuvo participación el demandado, no se requiere de su conformidad para tener por desistido al recurrente. No existen entonces razones fundadas que justifiquen la imposición de costas al desistente.
Gastos médicos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jara Sara Laura c/ Ramón Gutierrez y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 174)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-22

En principio, pues tampoco es regla absoluta, en materia de prueba de este tipo de gastos, debe existir cierta flexibilidad, no obstando la deficiencia probatoria para la fijación de un importe aproximado, si los gastos pueden inferirse razonablemente de las lesiones producidas, en cuyo caso, se ha sostenido, la indemnización correspondiente debe ser establecida con suma prudencia, pues la falta de una prueba específica, que incumbe al demandante (art. 179 C.P.C.) y cuya omisión obliga a recurrir al dispositivo del art. 90 inc. 7 de la ley formal, no puede convertirse en una fuente de indebido beneficio
Control de constitucionalidad de oficio, declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, iura novit curia, jerarquía constitucional, jurisprudencia aplicable, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Pereyra Jorge Luis y otra  c/ Ejercito Argentino  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Si bien los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Constitución Nacional) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, la constitucional, desechando la de rango inferior (Voto del juez Carlos S. Fayt). -(Criterio sostenido en su disidencia en "Peyrú" -Fallos: 310:1401-; delineado en "Mill de Pereyra"- Fallos: 324:3219- y finalmente adoptado por la mayoría del Tribunal en "Banco Comercial de Finanzas S.A"-Fallos:327:3117-)-.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Di Palma, Angel F. s/ Hurto reiterado de grado menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución de la Provincia por no fundarse el decisorio en el texto expreso de la ley, si el tribunal invocó plena prueba documental y citó el art. 256 del Código de Procedimiento Penal con lo cual dio estricto cumplimiento constitucional cuyo quebranto se alega.
Tasa de justicia, monto del juicio, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Entel -en liquidación c/ Iata S.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Corresponde negar la solución prevista en el art. 5º de la ley 23.898 en aquellos supuestos en los que la indeterminabilidad surja sólo de las manifestaciones del actor y sin apoyo probatorio alguno de tal circunstancia (confr. esta Sala, 13/8/97, "Entel -en liquidación c/ José Sueiro y Cía.").
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, incompetencia, coparticipación federal, superposición de impuestos, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Colorantes Industriales Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

Es ajena la causa a la instancia originaria de la Corte, pues tanto el examen del art. 182 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, como el atinente a la violación del régimen de coparticipación federal de impuestos que produciría la pretensión tributaria provincial por generar una superposición de gravámenes prohibida por el art. 9°, inc. b, segundo párrafo, de la ley 23.548, constituyen cuestiones de índole local relevantes para la solución del asunto.
Recursos, acción de amparo, efecto suspensivo, improcedencia del recurso, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, María Soledad c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación - amparo (Art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Como regla, la interposición de una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado no suspende el curso del proceso. Excepcionalmente este Tribunal puede, mediante resolución expresa, suspenderlo antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja (art. 32, ley n° 402). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Principios procesales, cámaras de casación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Acosta, Manuel Benito s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-30

Por el principio iura curia movit en la casación, en materia laboral (art. 17 Ley 6764), se impone verificar si el agravio encuadra en alguna otra causal; en caso afirmativo, resolver las pautas de procedencia de la misma, sin atender al nombre que el casacionista le haya dado a su agravio. En el tramo pertinente, el presente recurso se presenta insuficiente, no siendo posible analizarlo a la luz de algún otro motivo casatorio, dado que la misión del Tribunal de Casación está limitada por los términos del recurso y circunscripto a la extensión de éste, por su carácter de extraordinario.