marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: CANTEROS, Oscar Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Se incurre en error al atribuir a la existencia de interés un efecto enervante del testimonio. Por cierto que, conforme la sana crítica, para fundar el acogimiento de la declaración cuando un testigo dice tener interés en el resultado de la causa, siempre debe observarse con cuidado. Pero no es esa la razón suficiente para descalificar su versión testimonial. Cuando se interroga a un testigo como lo dispone el art. 152 del CPP se tiende a verificar si existen factores distorsionantes de la veracidad del dicho en aras de favorecer o perjudicar así la situación en alguno de los sujetos procesales.-
Trabajadores del turf, contrato de trabajo, Jockey Club Argentino
Materia: LABORAL
Carátula: MORENO, ROSARIO DEL CARMEN c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

Existe relación de trabajo entre Jockey y el Hipódromo Argentino, y por ende con el Estado Nacional a través de la Lotería Nacional de Beneficencia y CAsinos que explota las instalaciones del hipódromo
Jueces, facultades disciplinarias, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: NUTRIENTE S.A. s/ QUIEBRA (HOY CONCURSO PREVENTIVO) S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-18

Las sanciones disciplinarias -temeridad y malicia- en el proceso están consustanciadas con la función jurisdiccional, por lo que, el primer agraviado con la inconducta es el juez, en quien recae el deber de sancionar. El juzgamiento de la conducta procesal es independiente de la petición de la contraparte, pues en el fondo representa un verdadero abuso de la jurisdicción.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, cobradores
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, Baldomero y otros c/ MEDISALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-26

Al no probar los demandantes que tenían una compensación económica garantizada y ajena al riesgo de ejecución de la prestación laboral que desempeñaban, ni acreditar el cumplimiento de horario, resultando su actividad ligada a su libre voluntad y lejos de la órbita de vigilancia del empleador no puede considerárselos como dependientes de la demandada, que el 5 % de comisión que recibían, lo era asumiendo los riesgos de las cobranzas que realizaban de las cuotas de afiliados de la empresa, para el caso que éstos no cumplan con tales pagos. Mas aun cuando durante el largo período que duró la relación que los vincula no formularon reclamo alguno sobre seguro social, aportes y obra social, que manifiestan en la demanda se les adeuda.(voto en minoria, Paz de Gomez). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, prueba pericial, esterilidad, negligencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RUGONI, Olga Beatriz c/ INSTITUTO MEDICO DE OBSTETRICIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

Más allá de que a partir de la bibliografía acompañada y la opinión pericial no se desconoce que la existencia de un inhibidor de factor VIII de coagulación es una rara patología que se presenta en muy escasas oportunidades durante el post-parto, como así también que el hecho de que la actora careciera de antecedentes familiares, por ser adoptada, pudo haber dificultado en alguna medida su detección, tal circunstancia no permite justificar la negligente actuación de los médicos ni mucho menos afirmar que en autos se configuró un caso fortuito que los exime de responsabilidad, sobre todo cuando, tanto el perito médico designado en la causa como los expertos del Cuerpo Médico Forense, reconocieron que dicho cuadro puede detectarse fácilmente con un simple análisis donde se mezclan el plasma del paciente con plasma normal, para comprobar si existe un alargamiento progresivo del tiempo de coagulación de la mezcla.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez Udaondo, Josefina Elvira Manuela c/ Cinco Cerros de Udaondo SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Cabe recordar que es doctrina del Alto Tribunal que "la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria y la prescindencia de tal limitación causa agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y defensa en juicio" (CSJN, 23.8.88, "Banco Sidesa SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por el Banco Central de la República Argentina", Fallos: 311:1601; íd., Fallos: 301:925, 304:355). Sobre tal base, se entendió que dicha jurisdicción se limita a pronunciarse sobre la procedencia del pedido de aclaratoria y de los recursos extraordinarios interpuestos, y no comprende -como línea de principio y sin perjuicio de situaciones verdaderamente excepcionales- la facultad de anular un pronunciamiento anterior dictado por la misma Sala, aun cuando se hubiese alegado haber incurrido en un error (CSJN: Fallos: 311: 1601, ya citado), y máxime si no se encuentra en juego el orden público (CSJN, Fallos 320 Folio: 459). Este criterio ha sido reiterado y mantenido por distintas Salas de este Tribunal y de otros Fueros (CNCom, Sala F, 15.12.09, "Fernández Juan Carlos c/ Aberg Cobo Susana s/ ejecutivo"; íd. 18.2.10, "Compañía Inversora Latinoamericana SA c/ Torrado Juan Pablo s/ ejecutivo"; Sala E, 29.12.88, "Superlana SAIC s/ concurso s/ incidente de impugnación por Cía. Financiera de Automotores y Servicios SA"; íd. 19.7.96, "Ortiz Almonacid, Juan c/ Industrias Mecánicas del Estado SA"; íd. 23.3.98, "Casa San Diego s/ conc. s/ inc. de rev. por Bco. Multicrédito"; íd. 12.8.98, "Testori, Roberto s/ suc. c/ SKS SA s/ med. precaut."; Sala C, 8.5.89, "Avella J. c/ Caneva s/ sum"; Sala D, 26.12.07, íd. "CAF La Conexión SRL s/ conc. prev"; Sala A, "Orlando Giuliano e Hijos S.R.L. c/ Loyca SRL y otros", JA 1985-I- 226; CNCiv., Sala C, 24.9.91, "Bertorello, Kelvin A. c/ Piazza, José y otro", JA 1992- I-661; éstos últimos citados por Roland Arazi, en "Recursos ordinarios y extraordinarios en el régimen procesal de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires", Santa Fe, 2005, pág. 261).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, declaración indagatoria, declaración policial, apremios ilegales, nulidad procesal, declaración autoincriminante
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "BENITO, Carlos A. y otro s/ secuestro extorsivo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso "Montenegro" (Fallos 303:1938) tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la validez de las confesiones de los imputados prestadas bajo tormento. En ese caso la Corte advirtió que existía un conflicto entre dos intereses distintos: por un lado, el interés social de aplicar rápida y eficientemente la ley penal y, por otro, el interés de la comunidad de que los derechos de los individuos no resulten menoscabados por métodos inconstitucionales de ejecución de la ley penal. Nuestro Máximo Tribunal se inclina por la supremacía del interés mencionado en segundo término sosteniendo: "...tal conflicto se halla resuelto en nuestro país desde los albores de su proceso constituyente cuando la Asamblea de 1813, calificando el tormento como 'invención horrorosa para descubrir los delincuentes' mandó quemar los instrumentos utilizados para aplicarlo..., decisión que se concretó en la prohibición contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional de obligar a alguien a declarar contra sí mismo...el acatamiento de los jueces de ese mandato constitucional no puede reducirse a disponer el procesamiento y castigo de los eventuales responsables de los apremios, porque otorgar valor al resultado de su delito y apoyar sobre él una sentencia judicial, no solo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito".Tal como se desprende de lo expuesto, la aplicación de tormentos y apremios a los detenidos para que brinden información sobre un hecho ilícito implica una afectación directa al derecho constitucional consagrado por el art. 18, en tanto allí se establece que "nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo contra sí mismo".La verificación de la violación de este derecho fundamental impone, en primer término, el deber separar del análisis del caso todas las piezas de actuaciones que den cuenta de las manifestaciones que los imputados pronunciaron bajo los efectos de los apremios, amenazas y tormentos o con ausencia de su defensa.Esta circunstancia, se halla en el caso de que se da por probada por la justicia de instrucción, la concurrencia de apremios y torturas por parte del personal policial interviniente en la prevención. Y mas allá de la responsabilidad penal en la que pudieron incurrir, por objetivas e insoslayables, deben ser tomadas en consideración para la toma de una decisión, además, no pueden ser tildadas de excesos policiales en la utilización de la fuerza pública imprescindible para el cumplimiento de una misión y con la única finalidad de obtener una confesión autoincriminante.
Honorarios del abogado, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: Esquivel, Francisco Ramón c/ Nuñez, Yolanda s/ Incidente de Reducción de Cuota Alimenticia. Incidente de Reducción de Cuota Alimenticia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-09-24

Los honorarios correspondientes a un incidente se regulan a razón de un porcentaje de los honorarios que resultarían del principal, con independencia del monto del incidente.
Requerimiento de elevación a juicio, intervención de línea telefónica, tráfico de estupefacientes, in dubio pro reo, reglas de la sana crítica, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Nacimiento, Miguel Ángel y otros c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

Debe rechazarse el planteo relativo a la imprecisión de la acusación si en el requerimiento de elevación a juicio cuestionado se relató en forma clara, precisa y circunstanciada la plataforma fáctica así como también se individualizaron los datos personales de los imputados, se consignó su calificación legal (arts. 45 CP y 5 inc. "c" y 11, inc. "c", ley 23.737). Está debidamente probada -mediante escuchas telefónicas- la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. No puede tener favorable acogida la aplicación del principio in dubio pro reo (art. 3 CPPN) que postula la defensa, pues las críticas esbozadas por los impugnantes no han logrado conmover la fundamentación efectuada en el fallo impugnado respecto de la materialidad ilícita y la participación de los imputados en el evento endilgado. El tribunal de juicio tuvo por comprobado que el imputado conocía el contenido ilícito de la camioneta que condujo (concretamente, había 173 kilogramos de marihuana en la misma) en atención al tenor de las comunicaciones a las que calificó de "trascendentes". No resulta de aplicación la doctrina de la arbitrariedad pues la sentencia impugnada en cuanto determinó su intervención en el hecho por el cual resultó condenado, constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias comprobadas en la causa en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción, sin que las críticas esbozadas por los defensores logren demostrar la arbitrariedad que alegan. La circunstancia de que el imputado no haya podido arribar al destino programado por ser detectado el traslado del estupefaciente, no impide tener por configurado el delito previsto y reprimido por el art. 5, inc. "c" ley 23.737. La agravante contenida en el art. 11, inc. c, ley 23.737 releva el mayor grado de injusto que ostenta la actuación de tres o más personas que actúan en forma organizada pues tal accionar incrementa la eficacia de la maniobra delictiva. La agravante en cuestión resulta comprensiva no sólo de los coautores sino también de la participación primaria como de la secundaria.
Beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GATTI, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-15

La vigencia de la ley 24.241 es lo que debe tenerse en cuenta para delimitar, con los alcances a que refiere la ley 25.344, la inclusión de una obligación en la consolidación por ella dispuesta. En consecuencia, las acreencias de un beneficio previsional otorgado en los términos de la referida ley 24.241 no se hallan sujetas a lo dispuesto en los arts. 13 de la ley 25.344, 1 y 2 de la ley 23.982 y 6 del Dec. Reg. n° 1116/00, y por lo tanto cabe declarar que las sumas que corresponda abonar se encuentran excluidas de la aplicación de los mencionados cuerpos legales (conf. arts. 7 y 8 del decreto reglamentario citado).
Jueces, recusación, incidentes, trámites judiciales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., M. G. y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio  calificado - Incidente de recusación (Expte.: C.S.J. Nro. 283 año  2001) D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11|2004-06-30

El incidente de recusación es un artículo de características muy específicas, de hecho, se ha considerado que no se trata de un trámite del proceso sino de una derivación de carácter administrativo-judicial, tendente a regularizar la composición del órgano jurisdiccional, y el Código Procesal Penal de la Provincia reafirma ese concepto diferenciador cuando en el artículo 58 pone límites a la excusación e integración del Tribunal a esos efectos y acepta, de manera implícita, que un juez intervenga en el incidente aun cuando luego -quizás por las mismas causas por las que decide el apartamiento de aquél a quien suple- no pueda el intervenir en la causa principal.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, excepción de incompetencia, declaración de incompetencia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Esteban Albano  SA. c/ Córdoba, Provincia de s/ restitución de sumas desagiadas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si bien la declaración de falta de aptitud para entender en la instancia originaria es procedente en cualquier estado de la litis, tal facultad no exime de la obligación de articular las excepciones previas en el tiempo oportuno ya que el Código Procesal ha fijado etapas preclusivas para su deducción y lo exceptuado por el segundo párrafo de su art. 352 es la declaración de oficio de la incompetencia.
Recurso de casación, habilitación de instancia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Forman, Abraham Alberto s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el tribunal se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

"... tiene calidad de vencido aquél contra quien tiene efecto el reconocimiento judicial emanado de la sentencia, por lo que el hecho de que la acción no haya prosperado en toda su extensión, no justifica la liberación de costas respecto del que sin allanarse siquiera parcialmente obligó a litigar al acreedor para obtener el reconocimiento de su derecho. Y en este sentido son múltiples los pronunciamiento que sostienen que, el que ha sido condenado, aunque sea en medida inferior a la pretendida por el accionante, reviste la condición de vencido".
Contienda negativa de competencia, juez de circuito, demanda, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: DONNET, SERGIO RICARDO c/ SPINARDI, DIOSNELA ROCIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Corresponde disponer que siga entendiendo en la causa el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, toda vez que el quantum de la pretensión inicial con su posterior modificación supera el monto equivalente a sesenta unidades jus según el valor fijado por esta Corte Suprema para la determinación de la competencia cuantitativa de los Juzgados de Primera Instancia de Circuito en materia de responsabilidad civil extracontractual. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: CSJStaFe: Acordada del 23.06.2020, Acta N° 18, punto 11.
Transporte de carga por agua, conocimiento de embarque, lugar de emisión, Convención de Bruselas, aplicación de la ley, Ley de Navegación
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA UNIVERSAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. c/ VSP. Y/O ARM. Y/O pROP. BQ. MARIA FRANCESCA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Desde que la Convención de Bruselas de 1924 sobre unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos no fue ratificada por Canadá, país donde se emitió el conocimiento del caso, el análisis debe ser practicado con referencias a las normas de nuestra Ley de la Navegación; bien entendido que, como se puntualizó en la causa 7480 "Deutz Argentina S.A.I.C. c/ E.L.M.A.", del 22.6.79, la autonomía de la disciplina jurídica de que aquí se trata no ha de llegar a ignorar la ancha base que le proporcionan las instituciones del derecho civil, pues la coexistencia de éstas con aquélla debe ser resuelta mediante una adecuación inteligente de los principios generales a las situaciones específicas de la navegación.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad del odontólogo
Materia: CIVIL
Carátula: CARABCIEVSCHI, Emiliano Vladimiro c/ HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-17

El rol del odontólogo en las tareas de recuperación bucal abarca no sólo la aplicación de los conocimientos para la curación de las afecciones mediante el empleo de una amplia gama de medidas terapéuticas sino además la denominada terapéutica preventiva como herramienta que impida el agravamiento de la enfermedad bucal o aparición de otras.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, iura novit curia, thema decidendum, religiosos profesos, aval, personas desvalidas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CIA. ARGENTINA FINANCIERA S. A. c/ ROSA SILVIO D. Y OTROS s/ DEMANDA EJECUTIVA- SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA  EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 431 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Alzada incurrió en un exceso de jurisdicción al decidir que no obstante ser aplicable la norma contenida en el artículo 2011, inciso 6 , del Código Civil invocada por el demandado, el mismo tenía sin embargo capacidad para avalar la obligación que diera lugar a la ejecución atento concurrir una de las excepciones previstas en el citado precepto, por tratarse de un aval otorgado "en pro de una persona "desvalida", sin que ello no pueda cohonestarse con la invocación del principio iura novit curia en la medida que "la calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas", por lo que -si bien se mira- la apelación al referido brocárdico no tiene otro valor que el de ofrecer una fundamentación solo aparente (y, en cuanto tal, arbitraria), en la medida que se lo pretende aplicar en un ámbito que excede el propio, como ocurre entre otros supuestos cuando los sentenciantes modifican las postulaciones de las partes, con la consiguiente lesión del derecho de defensa.
Cheque, acción cambiaria, juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: HECTOR EDUARDO CHRESTIA c/ FRANCISCO TORRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-08-31

La acción cambiaria emergente del cheque, a la que el titular puede hacerla valer tanto por la vía ejecutiva como en proceso ordinario, cuando resulta perjudicada, se pierde, y ya no se la puede ejercitar en ninguno de los dos tipos de procesos.
Recurso de casación, sobreseimiento, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Gómez de Gutiérrez, Nancy Beatriz s/ Homicidio agravado por el vínculo por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-07-28

No resulta admisible la casación contra el auto que revoca el sobreseimiento dictado anteriormente, puesto que el mismo no pone fin a la acción penal, sino que por lo contrario, dispone su continuación. Tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena, desde el momento en que no habiendo sentencia definitiva tampoco hay, todavía, pena. Toda referencia a ella resulta, por lo tanto, prematura y consecuentemente extemporánea.
Decreto de necesidad y urgencia, declaración de inconstitucionalidad, discriminación, igualdad ante la ley, transporte de pasajeros, seguro de transporte, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Risolía de Ocampo, María José c/ Rojas, Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente) otros s/ ejecución de sentencia (incidente)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La norma impugnada por inconstitucional -Decreto 260/97- consagra un trato discriminatorio, pues traslada la situación de crisis en el servicio público de pasajeros sólo a las víctimas de los accidentes de tránsito, es decir, a la parte más débil de la relación, con lesión al derecho fundamental de la igualdad ante la ley, pues las víctimas terminan por financiar una crisis que no causaron. (voto del Dr. Belluscio en mayoría).

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Cuidado personal compartido, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez Rojas, Hilario c/ Ortíz, Célida s/ Tenencia Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1989-10-12

El artículo 362 del código de rito no resulta aplicable en el supuesto que corresponda analizar el caso a la luz del art. 258 inc.

5 de la legislación adjetiva, que permita la apertura de la causa a prueba cuando se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el artículo 362, o se tratare del caso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 363 del C.P.C. y C.. El hecho nuevo - cambio de domicilio de la demandada - había tenido lugar con posterioridad a la oportunidad prevista por el citado artículo 362 (primera parte) cobra por ello vigencia el inciso 5 del artículo 258, resultando admisible la apertura a prueba en la alzada.
Recurso contencioso administrativo, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMIREZ, RUBEN DARIO Y DELTIN, ALCIDES RENE c/ COMUNA DE EL RABON s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 522-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

No difiriendo sustancialmente los términos aplicables a las actuaciones administrativas en sede municipal y comunal de los previstos por el decreto 10204-58, corresponde reconocer a la accionante el derecho a los haberes caídos desde el momento de la baja y por el término de dos años.