Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01


"HOEFFNER, Jorge Ricardo c/ Estado Nacional Dir. Nac. de Constr. Portuarias y Vías Nav. s/ responsabilidad extracontractual del Estado".- En Buenos Aires, a los 1 días del mes de junio de 2000, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y conforme el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

I.- Jorge Ricardo Hoeffner, promovió demanda con el objeto de obtener una indemnización por daños y perjuicios, con motivo del accidente que sufriera en ocasión del traslado a su lugar de trabajo en un vehículo perteneciente a la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, ocurriendo que, al descender, habría enredado su pie derecho en la cinta del cinturón de seguridad del asiento del acompañante, y cayó al suelo, produciéndosele la fractura de su cadera derecha, por lo cual, luego de realizarle la tracción de su pierna, fue intervenido quirúrgicamente para implantarle un clavo chapa metálico con tornillos a lo largo de su fémur.

Oportunamente, el titular del Juzgado No. 6 del fuero, en la sentencia de fs. 526/529, rechazó la acción deducida fundándose, en lo principal, en que: a) no existe prueba sobre el mal funcionamiento del cinturón de seguridad; b) habría sido colocado incorrectamente por el actor; c) no se demostró que el estacionamiento estuviera a oscuras; d) se efectuó reclamo por accidente de trabajo a la Obra Social, para la cual trabajaba el actor.

II.- De esta decisión recurrió la parte actora (fs. 531), por los argumentos que explícita a fs. 565/571, los que cabe reputar circunscriptos a: 1) el apartamiento del fallo de las circunstancias de la causa, haciendo aplicación errónea del derecho, 2) la falta de responsabilidad del actor, no habiéndose probado que hubiera actuado contrariando el orden natural de las cosas, cuando el cinturón de seguridad correspondía al asiento delantero y él viajó en el asiento trasero derecho; 3) la circunstancia de riesgo del cinturón de seguridad mal colocado y la oscuridad del recinto en el que debía descender del vehículo fueron las productoras del evento, y 4) si se considera encuadrada la cuestión en los "daños causados con las cosas", la accionada (que no contestó los agravios), no alegó, ni demostró la inexistencia de culpa de su parte (contestados a fs. 573/574 por la demandada).

Se apelaron por bajos y por altos la totalidad de los honorarios de los profesionales que intervinieron (fs. 532, 533, 537, 540 y 550).

III.- No se encuentra controvertido en autos que en ocasión de uno de los viajes diarios y habituales, donde el actor era trasladado desde su domicilio al lugar de su trabajo, la Obra Social del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al descender de un vehículo perteneciente a la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables (fs. 109), en el garage de ésta, el Dr. Jorge E. Hoeffner se enredó el pie con el cinturón de seguridad correspondiente al acompañante, cayendo al suelo sobre la pierna derecha, lo cual le ocasionó la rotura de su cadera del mismo lado, y motivó luego una intervención quirúrgica para colocarle un tornillo y una placa de fijación.

IV.- Sin considerar al damnificado, no existe otro testigo del episodio.

El chofer Pérez Lavin sólo atinó a socorrer al actor luego del infortunio, habiendo declarado respecto de cómo ocurrió "... que sintió un grito, una queja, al bajar el Sr. Hoeffner, y cuando llegó al lado del Dr. Hoeffner, el mismo estaba en el suelo luego de haberse enganchado en el cinturón ..." (resp. 8a. fs. 212).

Teniendo en cuenta esta circunstancia, y partir de la falta de prueba de los hechos tal como se produjeron en realidad, aun atendiendo sólo a la propia versión del actor, tengo para mí, que no es posible trasladar su responsabilidad al propietario del automóvil, invirtiendo, por ende, el principio de la carga de la prueba en la materia (art. 377 y 386 del código de rito).

V.- En efecto, ello es así por cuanto, si era habitual que el Dr. Hoeffner, aun careciendo de jerarquía administrativa para ser trasladado todos los días en automóvil de su domicilio a la Obra Social, conocía que el lugar donde debía descender se encontraba a oscuras o muy oscuro -como el mismo lo sostiene a fs. 566, segundo párrafo-, un elemental deber de prudencia en la forma de conducirse en un movimiento tan personal aconsejaba verificar minimamente las condiciones para hacerlo.

En el supuesto de autos, mucho más cuando, el lugar donde debía realizarlo, tal como el lo sabía, se encontraba a oscuras o con sólo la luz de día que se filtraba por el portón de entrada, atento las restricciones presupuestarias (cfr. resp. 6a. test. Pérez Lavin; informe de fs. 455), por lo cual debió advertir la contingencia de un cinturón de seguridad mal colocado, o que le obstruía o molestaba el descenso.

Es en estas condiciones que tengo el "riesgo en la cosa" que el actor atribuye (fs. 368) al cinturón de seguridad mal colocado (hecho no probado), no puede, por sí generar la responsabilidad del empleador cuando el daño se produjo mediando la participación inexcusable de la víctima en el evento dañoso (imprudencia o culpa), en tanto no ha procedido con la "habilidad" o "destreza" (" serán necesarias para la simple acción de bajar de un automóvil ") mínima e indispensable para conducirse frente a una contingencia previsible y evitable, procediendo a eludir con cuidado el objeto de marras al tiempo del descenso, o anticipación, previendo la situación por la representación de la contingencia instantes antes de ingresar el vehículo al garage (cfr. arg. art. 1111 del Código Civil).

En particular, no creo que en el episodio de autos sea exagerado concluir que si el actor hubiera obrado con el cuidado y la previsión elemental con el que se debe conducir una persona en forma habitual, no se habría producido el accidente.

VI.- Asimismo, coadyuva a esta solución la falta de comprobación de que se hubiera verificado una situación inadecuada o irregular para la generalidad de las personas en igual posición, como la presentación como una exigencia no común, o realmente extraordinaria o desproporcionada, ni tampoco existen constancias de igual o parecidas situaciones que le hubieran ocurrido a otros compañeros del actor asignados a las mismas tareas, induciendo otra conclusión.

VII.- Por otra parte, tampoco se demostró que la ausencia de diligencia suficiente en los movimientos previos a la caída haya sido provocada para evitar o sortear una situación que se hubiera presentado como un mal mayor e inminente (cfr. esta Sala, Causa No. 1455/93, del 19/9/1995).

En suma, no encuentro motivos suficientes para atribuir a la accionada la responsabilidad que el actor le pretende endilgar sobre la base de la aplicación de los arts. 512, 907 y 1113 del Código Civil, argumentos por los cuales, entiendo deben desestimarse los agravios de la parte actora.

VIII.- Por último, desde la perspectiva de análisis propuesta por la demandante, abona la confirmación del decisorio recurrido la circunstancia de que el actor optó por la vía de promover la acción del derecho común contra el propietario del automóvil y del garage (art. 1113 del Código Civil), habiendo reclamado previamente la indemnización tasada del art. 17 de la ley 9688 (cfr. Belluscio "Código Civil Anotado", t. 5, págs. 574 y sig.), conforme lo indica el documento agregado a fs. 43.

Y ello es así, toda vez que para obtener una condena de responsabilidad en esta última sólo es suficiente la existencia de la relación laboral como causa, motivo, o concausa. Puede existir liberación civil pero no laboral para el caso de la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor (cfr. Rivas, José M. "Caso fortuito y fuerza mayor en el derecho del trabajo", DT 1964-113), siendo que ésta sólo quedaría excluida de indemnización por la culpa grave del operario.

Por el contrario, a fin de obtener el reconocimiento de la indemnización civil, como la perseguida mediante el "sub lite", se hace necesario demostrar: 1) no el riesgo y/o vicio de y en la cosa (lo cual, por otra parte, no ha quedado probado), sino la mera intervención de la cosa en el evento dañoso; y 2) la culpa del empleador.

En este orden de ideas, en el "sub lite" no se ha demostrado que hubiera mediado la intervención activa de la cosa (DT 1979-1096); o que ésta no estuviere en perfectas condiciones de uso o manipulación, y no es menos que el daño se produjo exclusivamente a partir de los movimientos físicos del actor, no habiéndose probado que el empleador hubiera incumplido las diligencias debidas (atenerse a la testimonial del chofer a fs. 212 de donde no se desprende que manifestara que el cinturón estuviera mal colocado). Por todo ello es que tampoco puede haber indemnización civil posible, fundada en el art. 1113, 2o. párrafo, si no se acreditó la culpa del accionado.

Es entonces que corresponde atenderse a la exclusiva relación de causalidad de la habilidad o cuidado con que se desenvolvió el Dr. Hoeffner en la realización de los determinados movimientos físicos para descender del vehículo que lo transportaba con relación al daño que le produjera su caída, puesto que aquí, en principio, no rigen las presunciones que sí lo hacen, con amplitud, en la legislación laboral (arts. 1o. y 195 de la Ley de Contrato de Trabajo), para la que sólo es necesario que el accidente se haya producido con motivo o en ocasión del trabajo, haya mediado causa o concausa (cfr. Belluscio op. cit. punto 85 a pág. 581 y sig.).

Por todo lo expuesto, la dolencia del actor debe atribuirse -con relación de causalidad- a una situación atribuible a su propia conducta (art. 1111 del Código Civil), y pretender trasladar a la accionada una responsabilidad civil fundada en los arts. 512, 907 y 1113 del Código Civil, aparece francamente improcedente, por lo cual voto por confirmar la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del código de rito).

El Dr. Martín D. Farrell adhiere al voto precedente.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de agravios, incluso en cuanto a las costas, las que en esta instancia correrán también a cargo de la vencida.

Por tratarse de una hipótesis de rechazo de la acción la Cámara ha resuelto repetidamente que si bien como principio se debe tener en consideración el monto reclamado en la demanda (cfr. C.N.Fed. en pleno "Ford Motor S.A. C/ Gobierno Nacional" de 7/9/76), tal doctrina no es aplicable a los procesos por daños en los que la estimación responde a un criterio discrecional del demandante. En tales supuestos, la Sala ha resuelto adoptar como base la suma por la que razonablemente habría de prosperar la demanda (causas 1263, del 9/10/90; 886, del 30/7/91; 1027 del 10/5/95; 1458/91, del 20/2/96, entre muchas otras).

Cabe recordar, por lo demás, que el monto reclamado no es ni puede ser la única base computable para efectuar una regulación de honorarios (Corte Suprema, Fallos: 241:202,257:143, entre otros), puesto que se debe también adecuar al mérito, a la extensión, a la naturaleza y a la importancia de la labor profesional realizada, como lo pone de manifiesto el precepto del art. 6 del arancel, incisos b, c, d y f.

Por consiguiente, meritando las particularidades enunciadas y las etapas cumplidas, se confirman -teniendo en cuenta la discriminación establecida por el señor juez a fs. 547 y 556- los honorarios de los profesionales de la actora, Dres. Hernán Villanueva Vernengo y Ana M. García Gregori en pesos setecientos ($ 700) y pesos dos mil cien ($ 2100), respectivamente y se confirman también los de la dirección letrada y representación de la demandada y los de la dirección letrada y representación de la citada; (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y procuradores).

Considerando análogas razones, en lo pertinente, la gravitación que el peritaje ha tenido para el resultado del juicio y la adecuada proporción que los honorarios de los peritos debe tener con los que les corresponden a los profesionales de las partes (Corte Suprema, Fallos: 300:70, 303:1569, entre otros), se reducen los del médico Horacio A. Bolla y los del contador Rubén O. Bello a las sumas de pesos mil quinientos ($ 1500) y pesos mil doscientos ($ 1200), respectivamente.

Por la labor realizada en la Alzada, valorando el monto disputado y el éxito obtenido, se regulan los honorarios de la letrada apoderada de la actora, Dra. Ana M. García Gregori, en pesos novecientos ($ 900) y los de la letrada apoderada de la demandada, Dra. María C. Pintos Prat, en pesos mil trescientos ($ 1300); arts. 14 y cit. del arancel.

Sólo suscriben la presente dos vocales por encontrarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Francisco de las Carreras - Martín D. Farrell