Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y W. Gustavo Mitchell como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 4135/4139 de la causa n° 7906 del registro de esta Sala caratulada: "Rolón, Mauricio Gerardo s/recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y la Defensa por la Defensora Pública Oficial doctora Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Juan E. Fégoli y en segundo y tercer lugar los doctores Pedro R. David y W. Gustavo Mitchell, respectivamente.

El señor juez doctor Juan E. Fégoli dijo:	I- 1°) El Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 resolvió imponer a Mauricio Gerardo Rolón la pena única de treinta y un años de reclusión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena única de veinticinco años de reclusión, accesorias legales y costas impuesta en la causa n° 510 del registro de ese Tribunal con fecha 13 de octubre de 1999, comprensiva a su vez de la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas y de la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas recaída en la causa n° 514/625 también de ese Tribunal con fecha 5 de marzo de 1999, la que a su vez comprende la de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas y la de seis meses de prisión cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso y costas impuesta en la causa n° 321 con fecha 7 de diciembre de 1996 por ese Tribunal; y la de siete años y seis meses de prisión dictada por la Excma. Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción de la provincia de La Rioja con fecha 21 de junio de 2006 (arts. 12, 29 inciso 3°, 55, 56 y 58 del Código Penal) (cfr. fs. 4138vta./4139).

Contra dicha decisión la doctora Graciela L. de Dios, Defensora Pública Oficial, fundó técnicamente a fs. 4154/4167vta. la voluntad recursiva expresada por Mauricio Gerardo Rolón a fs. 4141, habiendo concedido el a-quo el recurso de casación a fs. 4170 y vta. , fue mantenido a fs. 4177.

2°) Que el recurso de casación lo estimó procedente en virtud de lo establecido en el art. 456, inc. 1° del C.P.P.N. al entender -conforme los argumentos que desarrolló en su escrito- que se ha verificado una errónea aplicación de lo dispuesto en el art. 58 del Código Penal al considerar que la pena única impuesta excede el límite legal permitido por el cuerpo legal citado (fs. 4154).

Atento a ello solicitó se case la sentencia recurrida y se reduzca ostensiblemente la pena a un monto que no supere los veinticinco años de prisión, efectuando reserva del caso federal (fs. 4157vta. y 4167vta.).

3°) Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem el señor Fiscal de Cámara, doctor Pedro Narvaiz, presentó el escrito de fs. 4199/4200vta. en el que, atento a las razones allí esgrimidas, solicitó se rechace el remedio articulado.

4°) Que a fs. 4187 y 4210 las partes renunciaron a la realización de la audiencia prevista en el art. 468 del C.P.P.N.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456 inciso 1° del C.P.P.N. es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la errónea aplicación de la ley sustantiva; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del C.P.P.N.

III- Con respecto a la cuestión referida al alcance de la expresión "máximum legal de la especie de pena que se trate" (conforme la anterior redacción del art. 55 C.P. según ley 21.338, ratificado por la ley 23.077) -tema traído a estudio en la presente causa- esta Sala ya ha tenido oportunidad de puntualizar que la interpretación según la cual el máximo de pena de prisión previsto aumentó a 37 años y 6 meses en virtud de la reforma introducida por la ley 23.077 no se compadece con el sistema de nuestra legislación (confr.: De La Rúa "Código Penal Argentino, Parte General", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 138/139 y esta Sala in re: "Franco, Hugo Norberto s/recurso de casación", causa n° 3863, rta. el 18/9/02, reg. n° 5152 y -más recientemente- causa n° 6548 "Argañaraz, Carlos Roberto s/recurso de casación", reg. n° 8865, rta. el 17/7/06).

Se sostuvo que si bien la Ley 23.077 introdujo en el Código Penal un nuevo artículo, el 227 ter, por el cual el máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional (primer párrafo), ello no implica que el máximo de pena haya aumentado automáticamente para aplicarla a las situaciones previstas en los arts. 55 y 58 del C.P. -concurso y unificación-.

En dicho sentido se puntualizó que no fue esa la intención del legislador y que el derecho penal representa la última línea de defensa en contra de la lesión de valores jurídicos fundamentales, siendo función del legislador articular los grandes lineamientos de la política criminal más adecuada a la defensa de esos valores esenciales en una determinada circunstancia socio-histórica (confr.: causa n° 36, "Costilla, Jorge y otros s/ recurso de inconstitucionalidad", reg. n° 61, rta. el 24/11/93). En esta línea de pensamiento, la ley 23.077, como decisión política, es el resultado del contexto socio-político de la época, proceso histórico de resurgimiento de la democracia y, particularmente aquí, un intento de protección al orden constitucional.

Se sostuvo además que esta especificidad de la voluntad política-criminal del legislativo, tendiente a proteger valores tan caros a la Nación, como son la armonía constitucional y democrática, no puede llevar, sin más, a modificar, en un sentido tan gravoso como el que aquí se pretendió, la escala del art. 55 del C.P, por cuanto la fijación de un marco penal capaz de respetar el principio de proporcionalidad se vincula con la importancia del bien jurídico protegido (en este sentido, Urquizo Olaechea, José, "Principio de Determinación de la Pena", en "Homenaje al doctor Marino Barbero Santos. In Memoriam", Dirigido por Luis A. Arroyo Zapatero, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y otros, Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha y Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, España, 2001, Vol. 1, pág. 1356/1358).

Por ello, a los efectos de delimitar el verdadero alcance de una norma determinada, en este caso el art. 227 ter, en función del art. 55 ambos del Código de fondo, "los criterios de base constitucional deben compatibilizarse con la norma penal y los fines de protección que la ley penal recoja", puesto que "la interpretación que amplía la base de protección de forma desmesurada y se aleja del sentido literal posible, se convierte en una traición al ciudadano que no podrá oponer una defensa cierta ante una ley así interpretada" (confr. aut. y ob. cit. pág. 1340).

Además, si bien la doctrina es pacífica con el principio por el cual para fijar el máximo legal de la pena que se trate debe acudirse a la parte especial del Código Penal, ello no obsta a la hermenéutica que se sostiene, por cuanto, con una técnica legislativa palmariamente objetable, el art. 227 ter ha establecido una regla general, aplicable para todos los tipos de delitos (en este sentido, Jorge De La Rúa, ob. cit., pág. 138, en la nota 120). Nótese también que el artículo 235 del C.P., padece del mismo vicio, introduciendo una norma general -que permite aumentar al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en el Título X del C.P.-, que si se interpretara como lo hizo en esta ocasión el Tribunal Oral con el art. 227 ter, llevaría, en verdad, a soluciones aberrantes.

Se recordó que Soler ha sostenido que llegar a cantidades tan desproporcionadas con la duración de la vida de un hombre "entrañan una especie de hipócrita imposición de penas perpetuas" y que en este sentido: "La ley penal debe ser honesta: ¿eliminación? ¿corrección?" (confr.: "Derecho Penal Argentino", T. II, pág. 362, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951).

Por otro lado, las escalas del Código Penal y de las leyes especiales, incorporadas o no, no han excedido, en concreto, el tope de 25 años para las penas privativas de la libertad temporales y, en los casos en que ha previsto la pena privativa de libertad más grave en forma alternativa con la perpetua -como es el caso de delito de traición, art. 214 del C.P., regulado por la propia Ley 23.077 que restablece el texto original-, no ha excedido los 25 años (previendo reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua). Así, "para el legislador la pena privativa de la libertad temporal máxima es de 25 años; de lo contrario, carecería de sentido que el legislador no habilitara una cantidad superior a los 25 años, entre este monto y la perpetuidad" (confr.: Jorge De la Rúa, ob. cit. pág. 139).

Por último, se sostuvo que dicha solución se desprende con mayor claridad de toda la sistemática del código, por cuanto el máximo de especie en 25 años es el más adecuado atento a las escalas previstas para la libertad condicional, la tentativa y complicidad secundaria en delitos reprimidos con pena perpetua (arts. 13, 44 y 46 C.P.), así como se refleja en la prescripción de la acción (art. 62, inc. 1_ del C.P.) y de la pena (art. 65, incs. 1 y 2 del C.P.) -confr.: Jorge De la Rúa, ob. cit. pág. 139-. Sostener lo contrario, aplicando el máximo de 37 años y 6 meses, implica recurrir a forzadas interpretaciones que llevan, por ejemplo, a aplicar en el caso de la tentativa y la participación secundaria, la escala prevista para los delitos reprimidos con prisión perpetua -por resultar más favorable-.

Adviértase que dicha hermeneútica posibilitaría que la pena que el legislador ha establecido como más gravosa, esto es la prisión perpetua, termine siendo más benévola que la pena de prisión temporal, al momento de aplicar los institutos mencionados en este párrafo, lo que no resulta acertado en tanto la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y que se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090 y 1962, entre muchos otros) debiéndose, en definitiva, interpretar las leyes teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan, y ello comprende no sólo la armonización de sus preceptos sino también su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico (Fallos: 287:79).

IV Por lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial a fs. 4154/4167 vta, sin costas (arts. 470, 530 y concordantes del C.P.P.N.), y en consecuencia devolver las actuaciones al tribunal de origen a los efectos de fijar una nueva pena conforme a la doctrina fijada precedentemente y en virtud del derecho a la doble instancia. Tal es mi voto.

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

Que adhiere al voto precedente.

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

La primera vez que se trajo a consideración de esta Cámara el tema que es motivo de concreto agravio en la presente causa fue ante la Sala III -que a la sazón integraba- in re "Manfredi, Luis Alberto y otro s/recurso de casación" (causa N° 3182, reg. N° 471/01, rta. el 8/08/01).

Por los argumentos que allí sostuve y que doy por aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad, voto por que se rechace, con costas, el recurso de casación deducido por la Defensa Pública Oficial (en igual sentido se expidieron posteriormente la Sala I en autos "Navarro, Víctor Elio s/recurso de casación" -causa N° 4185, reg. N° 5477, rta. el 14/11/02-, y la Sala IV en "Salvador, José Américo s/recurso de casación" -reg. N° 4941.4, rta. el 2/6/03- y "Mella, Gastón Leonardo y otro s/recurso de casación" -reg. N° 5108.4, rta. el 22/08/03-).

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial a fs. 4154/4167 vta, sin costas (arts. 470, 530 y concordantes del C.P.P.N.) y, en consecuencia, devolver las actuaciones al tribunal de origen a los efectos de fijar una nueva pena conforme a la doctrina fijada precedentemente y en virtud del derecho a la doble instancia.

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo. Dres. Fégoli, David y Mitchell. Ante mí: Dra. García.