Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-11-30


AUTOS Nº 120340 (C.C. -SALA IV- Nº 723) CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Baltor S.A. S/ Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.).- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F°205/208 - AÑO 2015.-	San Juan, 30 de noviembre de dos mil quince.

VISTO: Para resolver en autos Nº 120340 (C.C. -SALA IV- Nº 723) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ BALTOR S.A. S/ Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.)" el recurso de apelación interpuesto a fs. 90 contra la sentencia de fecha 03 de Marzo de 2015 obrante a fs. 85/86 vta. que fuera concedido a fs. 91 sin efecto suspensivo.	CONSIDERANDO: Mediante el fallo apelado la Sra. Juez desestimó las liquidaciones practicadas a fs. 75/76 y 79/80 (pto. I); ordenando que la parte actora formule nueva planilla de liquidación conforme las pautas establecidas en los Considerandos 4 y 5 de la resolución de mención (pto. II); e impuso las costas en el orden causado (pto. III).

Contra dicho pronunciamiento la apoderada de la parte actora - Dra. Marcela Andrea Cumpian - interpuso recurso de apelación el que fuera fundado a fs. 92/96 y replicado por la ejecutada a fs. 99/101 de autos.

Agravia al recurrente la resolución interlocutoria de fs. 85/86 vta. en cuanto dispone que los intereses que debe adicionarse al capital expresado en el certificado de ejecución corresponden al previsto por el inc. g) del artículo 43 del C.T.P. Al respecto afirma el recurrente, tras efectuar una breve referencia a los incisos que integran el artículo 43 del Código Tributario, que de su lectura se desprende con toda claridad la existencia de dos regímenes de actualización diferentes, a saber a) una actualización a través de la aplicación de un coeficiente - legislado desde el inciso a) al g); b) Un régimen de actualización por el cual las deudas de la DGR devengan un interés legal, fijado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia (inc. h) art. 43).

Respecto del primer régimen afirma que se trata de un sistema de actualización monetaria a través de la aplicación de un coeficiente al que se le suma en forma accesoria una tasa de interés mensual. Afirmando al respecto que dicho Régimen de actualización fue derogado por la ley 23.928 y cuyo contenido normativo fuera ratificado por la CSJN en la causa YPF c/ Provincia de Corrientes y otro. Así entiende que en la actualidad se encuentra derogada toda norma Provincial (inclusive el Código Tributario Provincial) que legisle sobre cualquier régimen de actualización, en consecuencia considera que el a-quo interpreta en forma errónea el término "actualización" mencionado en el citado inciso g), el cual hace exclusiva referencia a la deuda actualizada conforme la base de variación del índice de precios al por mayor, nivel general elaborado por el INDEC y no al monto resultante de la sumatoria del capital originario y el interés aplicado por la DGR, conforme surge de las columnas del certificado de ejecución de deuda obrante a fs. 02 de autos.

Luego expresa que con el criterio de actualización utilizado por el a-quo se caería en el absurdo que los intereses aplicados en sede administrativa serían infinitamente superior a la tasa de interés fijada judicialmente, por lo que considera erróneo que la deuda demandada judicialmente sea actualizada mediante la tasa de interés prevista por el inc. g) del artículo 43 del CTP.

En relación al inciso h) del artículo 43 afirma que dicha norma contempla la posibilidad que, en caso de que no se pudieran actualizar las deudas fiscales a través de un coeficiente y/o índice, la misma devengue un interés resarcitorio y punitorio mensual, el cual será fijado por el MHF a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas por resolución fundada. En atención a lo expuesto solicita la revocación del fallo apelado y que se mande a llevar adelante la ejecución fiscal conforme la liquidación practicada por su parte a fs. 75, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el inciso h) del artículo 43 del C.T.P..

A fs. 99/101 la parte ejecutada contesta traslado y en función de lo que allí expresa solicita el rechazo de la apelación con costas.

A fs. 113 obra certificación de pase de autos a despacho para resolver en definitiva.	Tratamiento de la cuestión sometida a estudio del Tribunal	De la simple lectura del escrito de fundamentación del recurso surge que el agravio central se basa en que la Sra. juez a-quo - a los fines de desestimar la liquidación practicada por la actora a fs. 75/76 - aplicó el inciso g) del art. 43 bis del Código Tributario, cuando el apelante considera que debe aplicarse el inc. h) del referido dispositivo legal.

Sobre el particular diremos, que luego de leer detenidamente el pronunciamiento apelado y de compulsar las constancias del expediente, compartimos lo resuelto por la Sra. juez en el sentido que corresponde aplicar lo dispuesto por el inc. g) del art. 43 bis del C.T. el que se encuentra vigente y no ha sido derogado tácitamente por la Ley de Convertibilidad del Austral (N° 23928) como lo aduce el apelante, conforme los argumentos que aquí se expondrán. Ello sin perjuicio de advertir que en los certificados de ejecución traídos a juicio ya se encuentra incluida la actualización del capital nominal.

En efecto, del simple cotejo de la copia obrante a fs. 02 se advierte que está claramente diferenciado en el certificado de ejecución- la columna en la que se determina el año y la cuota adeudada, el monto histórico del impuesto, el importe de intereses y el neto actualizado.; de modo tal que aparece cierta contradicción en la liquidación que acompaña la actora a fs. 75/76 en cuanto actualiza la deuda histórica, desconociendo de este modo el importe final contenido por el certificado de deuda ($ 20.274,10) que corresponde al monto por el que se promueve la demanda y que manda pagar la sentencia obrante a fs. 09 de autos.

En consecuencia consideramos que si la deuda ejecutada se encuentra actualizada a la fecha de interposición de la demanda, resulta correcta la aplicación del inc. g) del art. 43 bis del C.T. tal como lo resolviera la Sra. juez de grado.

Recuérdese que el inciso en cuestión expresamente dispone que tratándose de deudas actualizadas las mismas devengarán en concepto de interés el uno por ciento (1%) mensual, que se calculará sobre el monto de la deuda resultante desde la fecha del comienzo de la actualización hasta la fecha en que se pague, debiendo considerarse a tal efecto que el certificado de ejecución fue calculado al día 01 de noviembre del año 2011.

Reiteramos que por tratarse de deuda, en la que ya se encontraba incluida la actualización del capital nominal al momento de interponer la demanda, no corresponde aplicar de ninguna manera el inc. h) del art. 43 bis de la Ley n° 151- I que justamente contempla el caso contrario, esto es, deudas no actualizadas. Tal es el criterio que ha sostenido este Tribunal en autos Nº 117864 (C.C. -SALA IV- Nº 657) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ ALBE S.A. S/ Ejecución Fiscal Monitoria" ( PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 302/305 - AÑO 2015.)	En relación al agravio referente a que la ley 23928 ha derogado tácitamente el artículo 43 del C.T.P. cabe señalar que este Tribunal ha sostenido que: "En cuanto a la prohibición de actualización que consagran las leyes 23928 y su modificatoria 25.561, cabe señalar que dicha legislación es de carácter nacional, resultando aplicable en las provincias en la medida que estas adhieran a su contenido conforme lo establece el artículo 14 de la ley 25.561. No obstante lo expresado cabe señalar que todas las cuestiones de carácter procesal, al igual que las normas Tributarias (v. gr. Ley 3908 - Hoy LP N° 151 I), son de la competencia exclusiva de las provincias, por ser materia no delegada a la Nación. En tal sentido y como prueba de ello baste señalar que el art. 622 del Código Civil en materia de intereses remite a las disposiciones de las leyes locales. Por tanto esta materia resulta ser de competencia Provincial siendo las leyes Nacionales aplicables, solo en la medida que la Provincia de San Juan adhiera a las mismas en el marco de sus atribuciones constitucionales." (AUTOS N° 118.559/CA (C.C. SALA IV Nº 632) DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ MARTIN B. ADRIAN ESTEBAN Y OTROS - EJECUCIÓN FISCAL (EN CONT. ADM.)" PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 205/208 - AÑO 2015.) .

Tampoco debemos olvidar que en la concepción sistémica establecida por las leyes locales, en lo que atañe al mecanismo de actualización de deudas en los procesos en que el Estado es parte, el legislador a través de la sanción de la ley 7675 (Hoy ley 883 - A) ha establecido la aplicación de la tasa pasiva (art. 23); de igual modo lo fija el inc. b) del artículo 1° de la ley Provincial n° 6434 (Hoy ley 475 - I).

Así las cosas no caben dudas que tanto, en aquellos casos en que el Estado persigue el cobro de un crédito como cuando debe honrar el pago de una deuda, la ley ha definido una tasa de interés similar.

Por los fundamentos expuestos se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora confirmando en consecuencia el pronunciamiento obrante a fs. 85/86 vta..

Costas. Atento la forma en que ha sido resuelto el presente recurso y por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.) las costas se imponen al apelante vencido. Asimismo y conforme lo establecido por el artículo 800 inc. 10 de la ley Nº 988-O modificatorio del artículo 47 de la ley Nº 56-O y artículo 21 de la citada ley corresponde regular los honorarios profesionales del patrocinante de la parte demandada por su labor en esta instancia, en el 30% de los honorarios que le fueran fijados mediante el punto III de la sentencia obrante a fs. 85/86 vta.. No se regulan honorarios en favor de la apoderada de la parte actora en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley Nº 319-E.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C..

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 91 contra la sentencia de fs. 85/86 vta.; la que se confirma por los fundamentos expresados en los considerandos de la presente.	II) Imponer las costas al apelante vencido. III) Regular los honorarios profesionales del patrocinante de la parte demandada por su labor en esta instancia, en el 30% de los honorarios que le fueran fijados mediante el punto III de la sentencia obrante a fs. 85/86 vta.. No se regulan honorarios en favor del apoderado de la parte actora en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley Nº 319-E.	Protocolícese, agréguese copia autorizada a autos y notifíquese. Bajen los autos al juzgado de origen.