Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-04-04


SENT Nº 119	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Abril de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la codemandada Susana del Valle Picón de Barrera en autos: "Matías Esteban Sergio vs. Stradda Gaggiamo Héctor y Picón de Barrera Susana del Valle S.H. s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la codemandada Susana del Valle Picón de Barrera (fs. 271 a 276 vta.), contra la sentencia Nº 666, de fecha 30 de noviembre de 2009, dictada por la Sala III de {{la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones (fs. 264/5); por la que se rechazó -parcialmente- el recurso de apelación interpuesto por la misma codemandada, en contra de la sentencia del 28 de abril de 2009 del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Iª Nominación, (fs. 143/146), confirmándose, en consecuencia, la orden de llevar adelante la ejecución iniciada. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del CPCCT y contestado el mismo (fs. 294 a 295 vta.), el recurso fue concedido por sentencia Nº 163, de fecha 14 de mayo de 2010 (fs. 301) del referido Tribunal de Alzada.

II.- De las constancias de autos relevantes surge que el actor promovió demanda ejecutiva (fs. 8/9), en cuyo objeto puede leerse que la misma fue iniciada en contra de "Héctor Stradda Gaggiamo, D.N.I. 8.068.492 y de Susana del Valle Picón de Barrera, D.N.I. 6.054.363, Sociedad de Hecho, con domicilio en Crisóstomo Álvarez 397, San Miguel de Tucumán, por la suma de $6.000" (sic). La demanda se fundó "en tres cheques de pago diferido, librados por los demandados contra el Banco Empresario de Tuc. Coop Ltado., pertenecientes a la cuenta Nº 010247/8, cuyo titular es la Sociedad de Hecho integrada por los demandados" (sic). Asimismo, el accionante solicitó embargo "sobre los haberes que el codemandado Héctor A. Stradda Gaggiamo, D.N.I. 8.068.492, tenga a percibir en su carácter de dependiente de La Gaceta S.A.(.) y la intervención de Caja del telecentro que explota la sociedad de hecho integrada por los demandados y que se encuentra ubicado en calle Crisóstomo Álvarez 397". El ejecutante acompañó, como documentación respaldatoria, los tres cheques de pago diferido (fs. 12), a la orden del accionante, con cargo Banco Empresario. El primero de ello, identificado bajo el N° 5201907, por $1.000, correspondiente a la cuenta 010247/8 de Stradda Gaggiamo H. y Picón de Barrera S.H., CUIT 30-69177226-4; el segundo N° 51982648, por $2.500, correspondiente a la cuenta 010247/8, figurando como librador Stradda Gaggiamo Héctor A., CUIT 20-08068492-5 y el tercero N° 51982649, de idénticas condiciones que el anterior; todos ellos rechazados por la causal "cta. cerrada s/fdos.". (cfr. copias obrantes a fs. 3 y vta.).

El mandamiento de intimación fue librado por la suma de $6.000, más acrecidas contra "Stradda Gaggiamo Héctor Andrés y Picón de Barrera Susana del Valle S.H., ambos ubicados en Crisóstomo Álvarez 397" (fs. 15). Ante la devolución del mismo, sin diligenciar (fs. 16 vta.), el actor denunció domicilio real de los dos demandados (como personas físicas), solicitando que se los intime de pago (fs. 20), lo que se consumó mediante sendas intimaciones (fs. 24 y 26).

La codemandada Susana del Valle Picón de Barrera se apersonó y opuso excepciones de falsedad material y de inhabilidad de título, ésta última basada en falta de legitimación pasiva, por entender que la demanda se dirigía contra la sociedad de hecho que ella integra como socia, más no contra ella de modo personal, por no ser ni titular de la cuenta bancaria ni libradora del cheque ejecutado (fs. 35 a 36 vta.).

Héctor Andrés Stradda Gaggiamo dedujo incidente de nulidad de la intimación de pago, y opuso excepciones en subsidio (fs. 52/55). En fecha 31/10/2006 el juez a quo dictó sentencia haciendo lugar a la nulidad reclamada (fs. 148 y vta.).

De la prueba producida en autos resulta relevante, a los fines de la resolución del presente recurso extraordinario, el contrato de sociedad de hecho y de locación acompañados (fs. 27 a 30), la prueba pericial caligráfica cuya conclusión arrojó como resultado que las firmas que reposan en los cheques ejecutados pertenecen a la mano caligráfica de la Sra. Susana del Valle Picón.

Mediante sentencia del 28/4/2009, el juez a quo, resolvió el rechazo de las excepciones de falsedad material e inhabilidad de título deducidas por la codemandada Susana del Valle Picón de Barrera; declaró inhábil el título respecto a Héctor Andrés Gaggiamo, y ordenó se lleve adelante la ejecución en contra de Susana del Valle Picón de Barrera, a la que, asimismo, se le impuso una multa por aplicación del ex art. 539 procesal (fs. 239/240).

La sentencia fue apelada por la codemandada condenada, resolviéndose dicho recurso mediante el dictado de la resolutiva -que se pretende casar- Nº 666 de fecha 30/11/2009 (fs. 264/265), en la que se rechaza al recurso ordinario interpuesto, confirmándose la sentencia de primera instancia, salvo en lo relativo a la multa impuesta a la codemandada, la que fue dejada sin efecto. III.- La sentencia de segunda instancia consideró que la codemandada, en tanto socia de la sociedad de hecho, es solidaria e ilimitadamente responsable por las obligaciones sociales, siendo su responsabilidad idéntica a la de la sociedad misma, pudiendo el acreedor demandar a la sociedad o a cualquiera de los socios individualmente, sin perjuicio de las acciones de repetición que pudieran plantearse entre ellos.

Asimismo, juzgó, el decisorio en crisis, que el acreedor está autorizado para prescindir de la ejecución en contra de la sociedad y demandar directamente a los socios, por las deudas sociales.

IV.- Ante ello la codemandada condenada interpuso el presente recurso de casación.

Luego de justificar la admisibilidad de la vía recursiva intentada, la recurrente sostiene que ha mediado violación de normas de la Constitución Nacional, Provincial y del Código Procesal Civil y Comercial. Promiscuamente, entiende -el impugnante- que se ha verificado arbitrariedad sentencial, infracción a norma de derecho y gravedad institucional.

En primer lugar, justifica la procedencia del remedio impugnativo tentado, en la gravedad institucional que surge de la existencia de pronunciamientos contradictorios dictados por idéntica Sala de la misma Cámara, cuya sentencia ahora se ataca, y cita pronunciamientos de esta Corte que estima favorables a su pretensión. Insiste, extensamente, en la gravedad institucional que supone la existencia de un pronunciamiento de fecha 28/7/2005, de la misma Sala, contradictorio con la sentencia de fondo, ahora impugnada.

En segundo lugar, basa su pretensión recursiva en la convicción de que los tres cheques ejecutados fueron librados por una "sociedad de hecho", que era la titular de la cuenta bancaria respectiva; y como prueba de ello destaca que de la demanda y de la carátula del juicio se desprende que la ejecutada es dicha sociedad y no los socios de la misma individualmente considerados, lo que justificaría la procedencia de la excepción de inhabilidad de título opuesta oportunamente.

Propone doctrina legal.

El actor contesta memorial de agravios (fs. 294/295). V.- Descriptos los agravios del recurrente, corresponde analizar la admisibilidad de la impugnación tentada.

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 276 vta.), se dio cumplimiento con el depósito que exige el art. 752 del CPCCT (fs. 270), y está dirigido contra la sentencia, donde el punto debatido asume gravedad institucional (art. 748 inc. 2 del CPCCT). En este sentido, esta Corte ha dicho repetidamente que se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional, que suple la ausencia de definitividad, cuando existen pronunciamientos contradictorios en un mismo asunto, por cuanto la cuestión planteada trasciende el interés meramente personal de las partes al comprometer el buen orden y la correcta administración del servicio de justicia (CSJTuc., sentencia N° 983, del 19/10/2009, en autos "Colesnik Pedro Carlos vs. Provincia de Tucumán s/Amparo", entre muchas otras). Adviértase que -en el caso sub examen- la supuesta contradicción radicaría en dos sentencias dictadas por la misma Sala, en el marco del presente proceso; por un lado, la sentencia N° 419, del 28/7/2005, por la que se revoca un embargo de haberes (agregada a fs. 269), y, por el otro, la resolución N° 666 del 30/11/2009 (fs. 264/265), que resuelve el fondo de la ejecución y ha sido impugnada mediante el presente recurso extraordinario local. El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del CPCCT; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho, por lo que el recurso deviene admisible.

VI.- Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia de la vía impugnativa pretendida. De su confrontación con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, es dable anticipar su improcedencia.

VI.1.- El primer agravio del recurrente se encuentra dirigido a demostrar la gravedad institucional que conlleva la supuesta existencia de sentencias contradictorias emitidas por la misma Sala III, de la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones. Cabe precisar que la "gravedad institucional" denunciada constituye -en rigor- un presupuesto de admisibilidad de la vía extraordinaria intentada (lo que ya ha sido resuelto en el punto anterior de la presente) y no de procedencia, como promiscuamente ha sido planteado en el libelo impugnativo. Sin perjuicio de la ambigüedad en el modo en que el fundamento recursivo ha sido formulado, la diferencia de soluciones jurídicas sobre el mismo punto en debate, amerita su estudio por parte de esta Corte.

La sentencia de fs. 264/265 dice: "Los agravios de la apelante carecen de sentido ya que como socia de la sociedad de hecho, es solidaria e ilimitadamente responsable por las obligaciones sociales, siendo su responsabilidad idéntica a la de la sociedad misma, pudiendo el acreedor demandar a la sociedad o a cualquiera de los socios individualmente. el acreedor está autorizado para prescindir de la ejecución en contra de la sociedad y demandar directamente a los socios por las deudas sociales". Por su parte, en el pronunciamiento N° 419 del 28/07/2005 (agregado a fs. 269) se ha estimado que: "De los términos de la demanda, no resulta que se encuentren demandados los integrantes de la sociedad de hecho, en forma personal, sino que la demandada es la sociedad. No puede pretenderse por tanto un embargo de haberes de Héctor Andrés Stradda Gaggiamo, que no ha sido demandado ni es parte en el juicio".

Ahora bien, debe rechazarse el argumento impugnativo, puesto que no se tratan de dos sentencias "de fondo" contradictorias. Así, mientras una (de fecha 30/11/2009) resuelve de manera definitiva y substancialmente la temática "de fondo" planteada, la otra (del 28/7/2005) solo se pronunció sobre una cuestión cautelar, haciendo una tangencial y elíptica referencia al asunto principal. VI.2.- En segundo lugar, corresponde dar respuesta al interrogante sobre quién es el legitimado pasivo en una ejecución con las particularidades como la que nos ocupa; es decir, ante una deuda de una sociedad de hecho, ¿corresponde demandar solo a la sociedad, solo al socio comprometido, a todos los socios, o a todos los anteriores, conjunta o indistintamente?. Luego de lo cual debe verificarse cuáles han sido los sujetos efectivamente demandados en autos. Por tanto, el thema decidendum no es otro que el de determinar si se puede condenar a los socios de las sociedades de hecho, sin haber sido previa o contemporáneamente demandada y condenada éstas.

Por la naturaleza compleja de la cuestión trazada, debe -preliminarmente- reflexionarse acerca del estado de la cuestión en el derecho actual. La jurisprudencia nacional, de manera mayoritaria, acepta que la responsabilidad de los integrantes de una sociedad de hecho es no sólo solidaria e ilimitada, sino también directa (CNCom, Sala E, 05/12/97, DSE ene. 1999, p. 611, nº 92. Ídem CNCom, Sala B, 30/4/1993 "General de Fianzas y Garantía de seguros c/ Corralón Los Tiros y otros", en la ley online. Ídem CNCom, Sala D, 20/03/75, LL 1975-C-521; CNCiv, Sala A, 31/10/74, LL 1975-A-426, entre muchos otros) y que los socios -de la sociedad de hecho- responden por el íntegro patrimonio social aun cuando no hayan actuado en todos los actos (Molina Sandoval, Carlos, Régimen societario. Parte General, t. 1, Buenos Aires, LexisNexis, p. 524), y sin beneficio de excusión (Etcheverry, Raúl, Sociedades Irregulares y de hecho, Buenos Aires, Astrea, 1981, p. 227; Roitman Horacio, Ley de Sociedades Comerciales. Comentada, 1ª ed., Buenos Aires, La ley, 2006, p. 462).

En este sentido se ha concluido que los terceros que contratan con una sociedad de hecho pueden demandar individualmente o colectivamente a sus socios integrantes, pues éstos últimos son obligados directos, personal, ilimitada y solidariamente con la sociedad (CNCiv. y Com. Mar del Plata, Sala II, 12/10/04, LLBA, 2005-207. En similar sentido CNCom., Sala C, 30/6/93, LL 1994-D-113).

Con meridiana claridad, parte de la doctrina autoral ha expresado que la opción del tercero de dirigirse contra la sociedad o contra los socios se conserva aun en caso de haberse intentado la acción contra uno u otro (Nissen, Ricardo Augusto, Sociedades Irregulares y de Hecho, 1ª ed. 2da. reimp., Buenos Aires, Hammurabi, 1994, p. 104. Igual pensamiento exhibe Garo, Sociedades anónimas, t. II, p. 109). Así, en materia de responsabilidad cambiaria, como la que, propiamente, nos ocupa en el sub lite, se ha dicho que: "Si fueron librados cheques pertenecientes a la cuenta corriente de una sociedad de hecho, por la persona cuya firma se encuentra registrada y archivada en la institución bancaria como socio de aquella, ello es suficiente para concluir que el firmante obligó a la sociedad y por ende, la legitimación pasiva de ésta deviene manifiesta" (CCiv. y Com., 1ra., San Nicolás, 16/4/2002, en "Sempe Edgardo c/Defferrari Hnos S.A. y otros", LLBA 2002-1325). También es dable remarcar que se ha sostenido que "el emplazamiento formulado a cualquiera de los socios (en tanto aparezca formalmente dirigido a la sociedad), vinculará al ente irregular" (CNCom., Sala D, 14-07-2000, ED 190-240).

En el razonamiento que se viene describiendo, parte de la doctrina ha considerado que al negársele a los integrantes de las sociedades de hecho el beneficio de excusión, se los considera como deudores solidarios, y en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 705 del Código Civil, el acreedor o cada acreedor puede exigir el pago entero de la deuda contra todos los codeudores solidarios en forma conjunta o contra cualquiera de ellos (Nissen, Ricardo Augusto, Sociedades Irregulares y de Hecho, 1ª ed. 2da. reimp, Buenos Aires, Hammurabi, 1994, p. 103; Ídem Vázquez, "La responsabilidad de los socios en las sociedades irregulares o de hecho", ED 99-381). Por su parte, Roitman, sostiene tajantemente que en los juicios ejecutivos se puede demandar derechamente a los socios, ya sea a uno, a varios o a la totalidad de ellos, a opción del tercero, o bien demandar a la sociedad y a los socios simultáneamente (Roitman Horacio, Ley de Sociedades Comerciales. Comentada, 1ª ed., Buenos Aires, La ley, 2006, p. 467/8, con citas jurisprudenciales en dicho sentido).

Luego de haber descrito las principales posiciones jurídicas delineadas en orden al tópico objeto de agravio y, circunscribiéndonos estrictamente al caso en concreto, desplegado en el marco de una ejecución cambiaria a una sociedad de hecho de naturaleza comercial, cabe concluir que la Ley de Sociedades Comerciales establece la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa (no subsidiaria) de los socios de la sociedad de hecho, por lo que resulta razonable que los acreedores sociales puedan demandar directamente a aquéllos, o conjuntamente a la sociedad y a los socios, sin necesidad de que medie, necesariamente, previa condena a la sociedad de hecho.

El pensamiento jurisprudencial que considera que para ello es necesario que exista previamente una sentencia condenatoria respecto la sociedad no resulta atendible, al menos en el presente caso en concreto, en tanto ello implicaría una distorsiva interpretación de los arts. 23 y 24 de la LSC y un exceso de rigorismo formal, que atentaría contra el principio de economía procesal, al menos ante una obligación cartular ejecutada.

A mayor abundamiento, la propiciada parece ser la hermenéutica que mejor condice con la postura sentada por la Corte Suprema Federal (en autos: "Martínez, T. v. El Ceibal -Zeitune, Mizrahi y Cía.-", del 04/8/1969), que ha interpretado que los integrantes de una sociedad de hecho son parte interesada en un juicio en que es demandada la sociedad, y tienen derecho a estar en juicio y a ofrecer las pruebas que estimen convenientes.

En síntesis, en una ejecución cartular contra una sociedad de hecho comercial no resulta indispensable que medie previa condena del ente societario, para recién habilitarse la instancia de ejecución a sus socios, si las circunstancias del caso concreto así lo permiten, conclusión ésta que signa negativamente la suerte del primer agravio. VI.3.- En cuanto al segundo agravio, el impugnante sustenta su pretensión recursiva en la convicción de que los tres cheques ejecutados fueron librados por una "sociedad de hecho", que era la titular de la cuenta bancaria respectiva y, como prueba de ello, destaca que de la demanda y de la carátula del juicio se desprende que la ejecutada es dicha sociedad y no los socios de la misma individualmente considerados, lo que justificaría -a criterio del impugnante- la procedencia de la excepción de inhabilidad de título, por falta de legitimación pasiva, opuesta por la codemandada condenada.

A más de hacer extensivo contra tal argumento, el pensamiento ut supra delineado, cabe agregar que de las propias constancias de autos se desprende que no media la esgrimida incongruencia entre la pretensión del actor y la sentencia recaída, en tanto puede inferirse que los socios sí fueron efectivamente demandados. No obstante que la técnica utilizada por el actor -en la confección de la demanda- resulta confusa, el recurrente no acreditó suficientemente su conclusión de que -en el sub lite- solo se haya demandado a la sociedad de hecho y no a sus integrantes.

Efectivamente, si bien en el objeto del escrito de demanda (fs. 8) se menciona a la sociedad de hecho como accionada, en el mismo párrafo se individualiza a los dos socios integrantes de la misma como demandados, con identificación de los documentos de identidad de cada uno de ellos y sin referencia al CUIT de la sociedad de hecho (por cierto que contribuye a la confusión, el hecho de que la sociedad lleva por nombre el de ambos socios integrantes de la misma).

A su vez, bajo el título "fundamentos" de la demanda se señala a los integrantes de la sociedad, como "demandados"; lo que resulta conteste con la descripción realizada en el pedido de embargo de la demanda, donde se solicita que se intime de pago a "los demandados" (refiriéndose a los socios, evidentemente) y no solo a la "sociedad demandada". Así, en diversas oportunidades procesales el actor aclara que los socios son ejecutados.

La referida promiscuidad terminológica que se desprende de estos actuados, también se observa en el mandamiento de intimación (fs. 16) donde, por un lado, parecería que la ejecución recae solo sobre la sociedad, mas se utiliza -a continuación- la expresión "ambos" demandados, al anotarse el domicilio donde debe practicarse la medida.

Asimismo, ante la devolución -sin diligenciamiento- del primer mandamiento, el actor requiere se libre oficio a la Secretaría Electoral, a los fines de que se informe sobre el domicilio de cada uno de los socios demandados, a los cuales se los identifica individualmente (fs. 17). Del mismo modo, en siguiente presentación, se denuncia el domicilio de los socios demandados, requiriéndose la intimación de pago a cada uno de ellos, individualmente (fs. 20), que es -en definitiva- lo que concluyó aconteciendo y de lo cual devendrán, finalmente, las contestaciones de demandas correspondientes. Por ello, los argumentos del impugnante de que, en autos, solo se ha demandado a la sociedad de hecho y no a los miembros de la misma no resultan atendibles, conforme se desprende del análisis de las constancias del expediente.

Lógicamente, el fundamento del recurrente basado en la denominación de la carátula del expediente tampoco puede ser tomado en consideración, ya que la traba de la litis se define por los actos procesales consumados por las partes, no pudiendo hacerse depender la misma de la sola mención contenida en una carátula. Por lo que el segundo agravio del recurrente también debe ser rechazado, más cuando ya se ha expedido opinión (en el punto anterior) sobre la legitimación pasiva que detentan los socios, respecto de las deudas de una sociedad de hecho. Restaría señalar, a mayor abundamiento, que en un precedente idéntico al de la plataforma fáctica y procesal comprendida en el sub examen, se ha concluido que "si del examen del expediente no surge claramente a quien se ha querido demandar el actor, pues primero manifiesta en el objeto de su demanda que lo hace contra una sociedad de hecho cuyos integrantes menciona y a renglón seguido se refiere a los demandados integrantes de la sociedad de hecho, y si además el traslado de la demanda se hizo a personas físicas, no estando la sociedad citada en momento alguno, debe entenderse que -pese a la afirmación inicial- la demanda se ha entablado personalmente contra los socios" (cita jurisprudencial de Verón, Alberto Víctor, Sociedades Comerciales Ley 19.550 comentada, anotada y concordada, t. 1, 2 ed. Actualizada, Buenos Aires, Astrea, 2007, p. 250, nota 56), que es exactamente lo que ocurre en la especie, y así debe ser entendido, lo que refuerza la improcedencia de la pretensión impugnativa incoada.

VII. Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado. Las costas del presente recurso se imponen a la recurrente vencida, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del CPCCT).	Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la codemandada Susana del Valle Picón de Barrera, contra la sentencia Nº 666, de fecha 30 de noviembre de 2009, dictada por la Sala III de {{la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones, con pérdida de depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.	HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA