marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones prejudiciales, proceso penal
Materia: LABORAL
Carátula: Portillo, Hector Ramón y otros c/ International Pine Products SA s/ Cobro de Pesos (Indemnización Antiguedad,Preaviso, S.A.C. y otro)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-12

Corresponde declarar inaplicable -ante la suspensión del Juicio a prueba resuelto en Sala Penal- la prejudicialidad de los Arts. 1101 Y 1102 del Código Civil de conformidad con lo prescripto en el Art.

76 quater del Código Penal, agregado por Ley 24316 - B.O. 19/05/94.
Acciones reales, prescripción adquisitiva, actos posesorios, alambrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ BRUNO s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S061 - 289)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-07-11

Debe considerarse actos posesorios, "hacer una casita", "realizar cultivos", "alambrar". Quien actúa de esta forma debe entenderse lo hace como dueño, ya que un arrendatario o un comodatario, no edifican una casa.
Accidente de tránsito, lesiones culposas
Materia: PENAL
Carátula: U., R.A. s/ Lesiones culposas (art. 94 C.P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-21

Corresponde absolver al automovilista imputado por el delito de lesiones culposas cometido en perjuicio de la víctima de un accidente de tránsito ocurrido en una intersección donde no funcionaba el semáforo, pues no se verificó el nexo de causalidad entre la pretensa violación normativa -velocidad excesiva- y el resultado, dado que la velocidad de circulación del encartado se encuentra dentro de los parámetros permitidos establecidos por la norma municipal reguladora del tránsito, lo cual conduce obligadamente a la absolución por aplicación del beneficio de la duda
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, aportes previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Harretch, Horacio Jesús s/ su solicitud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 18.037, si para así decidir omitió examinar debidamente planteos del apelante que podrían haber conducido a una solución diferente (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, María E. c/ Prov. Bs. As. (Direc. Gral. de Esc.) s/ Demanda contencioso administrativa Caporale, Héctor O. c/ Prov. Bs. As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27|1992-10-27

Si la actora omite cuestionar ante la autoridad demandada el acto originario, en los términos del régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo, no se halla cumplimentada la exigencia precisada por la doctrina del Tribunal en lo que respecta a la obligatoriedad de la interposición de por lo menos un recurso administrativo contra el acto que se pretende enjuiciar, requisito exceptuado únicamente en los casos de actos desestimatorios de recursos resueltos por la vía jerárquica o por autoridad administrativa competente en un proceso impugnatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desbaratamiento de derechos acordados, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, rescisión del contrato, hipoteca
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, L. s/ DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DERECHOS ACORDADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-04

Tratándose de un boleto de compraventa de un inmueble no puede considerarse configurativo del delito de DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS, la existencia de un acto por el cual el vendedor da por rescindido el contrato, pues se realice dicho acto con o sin derecho, no es esa la forma típica de tornar litigioso el derecho acordado por el boleto suscripto.

Si bien la jurisprudencia del Tribunal ha admitido que respecto del boleto de compraventa puede cometerse el delito mencionado cuando el presunto acto desbaratador es la constitución de hipoteca a favor de tercero, resulta necesario, para la configuración del delito de desbaratamiento de derechos acordados, que dicha hipoteca tenga eficacia para obstar el cumplimiento de la obligación de hacer que emana del derecho de compraventa, sea impidiéndolo o tornándolo incierto o litigioso y por cuanto en el caso de autos no se probó que la suscripción de hipotecas tuvieran los efectos jurídicos mencionados anteriormente, sobre el derecho acordado al querellante, corresponde sobreseer provisionalmente en la causa.
Asociaciones sindicales, personería gremial, representación del trabajador, representación individual
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Funcionarios y Empleados Deliberativos (A.F.E.D.) y otra s/ Acción de inscontitucionalidad y de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-03-14

Aún si la asociación hubiera demostrado su personería gremial, para representar los intereses individuales de los trabajadores debió acreditar el consentimiento por escrito, por parte de los interesados, del ejercicio de dicha tutela, según lo establece el art. 22 del Decreto Nº 467/88 que reglamenta el art. 31 de la ley Nº 23551.
Certificado médico, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: GALVEZ FEDERICO S.D AMENAZAS Y LESIONES LEVES E.P NIEVA FERNANDO GABRIEL. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-17

No puede ser privado de valor probatorio el certificado médico extendido por quien tiene un grado de parentesco con la abogada del denunciante, por cuanto fue expedido por un profesional autorizado perteneciente a una institución pública. Máxime si se considera que las lesiones están acreditadas además mediante testimonios concordantes con los datos que aporta el certificado.
Municipalidad, ausencias injustificadas, exoneración, sumario administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LATINO, PEDRO AUGUSTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 231-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Si el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas exige que antes de aplicar la sanción de suspensión, cuando medien determinadas causales, se debe correr vista al imputado a efectos de que dentro de las setenta y dos (72) horas de la notificación, informe circunstanciadamente como se produjeron los hechos o las causas que lo motivaron, es lógico que tal regla -exigencia para aplicar una sanción correctiva- sea tanto más exigible para una sanción expulsiva. Por ello, no resulta violatorio de la Constitución la no exigencia de un complejo procedimiento sumarial para los supuestos de simple comprobación de inasistencias. Basta el descargo -mediante el cual se ejerce el derecho de defensa- para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en su disculpa.
Pago, lugar de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Libertini, José Luis c/ Eleno, Ricardo y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

Si en el contrato no se acordó acerca del lugar de pago, aquel debió ser verificado en el domicilio del mutuario al tiempo del vencimiento de la obligación, es decir, su domicilio al momento de originarse la mora. Es que el Código ha instituído como 'regla general' que el lugar de pago de las obligaciones de dar sumas de dinero es el 'domicilio del deudor' al tiempo del vencimiento de la obligación, es decir, su domicilio al momento de originarse la mora.

El principio condice con el art. 747, parte final, que así lo dispone para toda clase de obligaciones.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar, Patrocinio c/ Compañía Fulget S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Corresponde la anulación de oficio del pronunciamiento recurrido si en él faltan los presupuestos fácticos necesarios para resolver la cuestión litigiosa, o no se exponen conclusiones sobre una cuestión esencial que integró la litis, lo que impide conocer cabalmente del recurso de inaplicabilidad de ley; y cabe tal nulidad aunque no medie denuncia de infracción a los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial, puesto que nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas para la mejor administración de justicia.
Acción de amparo, derecho a la salud, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. P., E. N. c/ IOSPER s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-25

Es arbitraria la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta a fin de obtener la incorporación como afiliada a una obra social, pues el tribunal interpretó con infundado ritualismo los recaudos para la admisibilidad del amparo al exigir que la actora acredite la ausencia de otra cobertura de salud, sin ponderar la naturaleza de los derechos implicados en la acción, cuyo objeto es objeto asegurar el goce de los derechos a la vida y al disfrute del más alto nivel posible de la salud que se encuentran ampliamente reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN).
Contrato de trabajo, empleo no registrado, regularización del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, DIEGO c/ NABELONE  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Para que sean procedentes las indemnizaciones establecidas por los arts. 8 y 15 de la ley 24013 es necesario que medie el requerimiento previsto por el art. 11 de la misma, con las especificaciones allí establecidas y que transcurra el plazo de 30 días expresado en la última norma, necesario para la configuración de un ilícito susceptible de proyectar sus efectos fuera del ámbito estrictamente administrativo, para convertirse en fuente de resarcimiento tarifado a favor del contratante.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontela, Sixto c/ Rua, Marío s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

La carga de urgir la producción de la prueba pericial médica, declarada común, corresponde a ambos justiciables y ninguna de las partes pueden acusarse negligencia, salvo que mediara oportuno desistimiento. En este último caso, el plazo de inactividad para decretar la negligencia, debe computarse a partir de la fecha de haber quedado firme el proveído del desistimiento formulado por una de las partes. De ahí que si le negligencia es acusada el mismo día en que se produjo el desistimiento de la prueba común por una las partes debió desestimársela porque es a partir de ese momento que pudo apreciarse la pasividad de la contraria, y por ende corresponde admitirse el replanteo en la alzada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, acción de reintegro, aceptación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goussal, Rita Liliana c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-05-22

No se puede soslayar la realidad de los hechos sopretexto de mantener incólumes algunos principios constitucionales como el de la estabilidad del empleado público, porque sin dejar de reconocer que el acto administrativo de nombramiento constituye la base para afirmar el criterio de la estabilidad, aprecio que la reiteración de situaciones que prolongan en el tiempo un estado de cosas da sustento al reclamo consecuente de un derecho constitucional. La actora lo afirma y no lo desconoce el Estado Provincial, no se mantuvo transitoriamente dentro de la administración pública por un espacio breve, sino que su permanencia, sistemáticamente renovada y consentida por el Estado contratante se prolongó más allá de lo razonable para considerarla empleada accidental, de ahí que cobra fuerza la posición que adopta en el sentido de que es aplicable el art.40 de la ley 2017 y normas concordantes de la ley de Contrato de Trabajo, correspondiendo, en consecuencia, interpretar que le asiste razón a la actora para reclamar su reintegro a la Administración Pública en igual cargo y función debiendo ordenarse también su designación como personal de planta permanente.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Aconcagua Compañía Sudamericana de Seguros c/ Perujo, Angel s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-06-21

"Existe culpa concurrente de ambos conductores, si ambos en el momento de ocurrir el hecho no conducían sus respectivos vehículos con la prudencia y precaución que requería el lugar por donde transitaban".
Jurisdicción y competencia, facultades disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Madueño, Nancy Beatriz c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-13

Una agente de la Administración Pública Provincial interpone demanda Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción en contra del Decreto S Nº 817/08 dictado por el P.E.P que en su oportunidad rechazara recurso de reconsideración y nulidad contra el Decreto Nº 105/07 que disponía la cesantía de la agente de mención. Peticionando en definitiva se declare la nulidad por ilegitimidad del Decreto Nº 817/08 ordenándose su reintegro al cargo que ostentaba, se abonen las remuneraciones dejadas de percibir, con más intereses compensatorios y daños y perjuicios, incluido daño moral.

La cuestión de autos se sintetiza en diversos cuestionamientos al procedimiento y a los actos administrativos que determinan la cesantía de la ocurrente, o más genéricamente trátase de la petición de revisión en esta instancia de la regularidad mostrada por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus potestades disciplinarias.

En relación al tema creo necesario recordar "lo que tiene dicho la jurisprudencia en relación a los límites que debe observar la jurisdicción judicial en la revisión del ejercicio de las facultades disciplinarias de la Administración, en tal sentido se ha sostenido que: "aunque las potestades disciplinarias de la Administración sean reguladas, mientras no trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o no se ofrezca su ejercicio como expresión de una merituación irrazonable, los criterios empleados conservan, dentro de tales delimitaciones el trasfondo de una discrecionalidad adecuada a las razones ínsitas en la eficacia misma del servicio público con cuya prestación responsable se vinculan.

La revisión judicial, pues debe encararse con criterio excepcional o restrictivo". También se ha considerado que: "la exclusión al control jurisdiccional. se justifica, por una parte, por autonomía funcional de la Administración Pública, que está dotada de una jurisdicción disciplinaria exclusiva. y, por otra parte, por la posibilidad de una relajación de la disciplina y una pérdida de prestigio de la autoridad, si sus decisiones en materia disciplinaria, que incluirían menudencias sin importancia, estuvieran sometidas a una revisión que dilatara los efectos de la sanción" (a salvo por supuesto la hipótesis de incompetencia y violación de las formas sustanciales) C. S. J. Bs. As. 10/12/79 y 13/04/81 (de mi voto en Autos Corte Nº 121/03 - Ríos Roberto Daniel c/ Provincia de Catamarca - Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación).

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia
Concursos, acreedores del concurso, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chiapino,Luis R.,Restaurant o Parrilla Luisito s/ Concurso Preventivo S/ Incidente de Exclusión de Bienes del Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-29

Producida la muerte o la quiebra del deudor o ambas,el acreedor anterior debe tener frente a sí los mismos bienes que tenía de la existencia del proceso colectivo.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TFELI,  Lidia c/ AGUAS  ARGENTINAS  S.A. y otro s/ BENEFICIO DELITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-18

La regla del art. 78 del Código Procesal autoriza la deducción del beneficio de litigar sin gastos en cualquier momento procesal. De tal manera, si se lo inicia con anterioridad a la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho o en una oportunidad posterior y se alegan las causas sobrevinientes que justifiquen tal proceder, sus efectos serán retroactivos a la fecha de promoción de la demanda. En cambio, si se lo promueve con posterioridad a la audiencia de prueba o a la declaración de puro derecho y no median tales circunstancias, sus efectos no serán retroactivos sino que regirán para el futuro.

(Sumario N°18856 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerriero, Angel Hugo c/ Maglieri, Domingo Antonio s/ Cobro ejecutivo Gerriero, Angel Hugo c/ Maglieri, Domingo Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12|1990-06-12

El artículo 3879 del C. Civil establece que los gastos de justicia gozan del primer privilegio, como son los honorarios y aportes de los profesionales que representan a la parte actora, comisión del martillero y gastos efectuados por éste en el remate; también tal concepto integra los impuestos y demás cargas del inmueble de que se trate y que sin cuyo pago no se podría efectuar la venta y liquidación de los bienes. Ello a su vez es congruente con lo dispuesto por el artículo 581, in fine, del C. Procesal y respecto al cual debe interpretarse integrativamente el art. 590 del mismo ordenamiento legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Error judicial, costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Hugo Daniel. c/ Homes SRL. s/ Demanda  Laboral.  Inaplicabilidad  de  Ley  e  Inconstitucionalidad.  Error Judicial. Costas. Allanamiento.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-15

La previsión de los artículos 68, 69 y cc. del CPC, incluye también a las costas derivadas del error judicial, excepto que medie oportuno allanamiento de la otra parte al pedido de rectificación formulado. Ello así, en tanto su conducta procesal mantenga al afectado por el error en situación de riesgo ante la eventualidad de un pronunciamiento desfavorable ha de cargar con las costas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Calzada, Oscar Hugo c/ Poder Ejecutivo Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Si el recurrente tuvo conocimiento u omisiones de autoridades pvvierte en relación a él que el carácter secreto que la norma tenía para el público en general haya podido, por sí, afectar sus derechos constitucionales.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Rovere, Roberto Adolfo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 866-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

Que la regulación de honorarios se aproxime más al monto máximo que al mínimo, no resulta un agravio atendible, pues ello resulta de una ponderación discrecional privativa del Tribunal en tanto no se superen esos guarismos, correspondiendo desestimar la revocatoria interpuesta cuando dicha regulación respeta los parámetros y limitaciones legales.
Recurso de casación penal, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, homicidio culposo, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Crigna, Francisco Luis s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

Corresponde hacer lugar al recurso de casacion interpuesto por el Ministerio público fiscal y anular la resolución que dispuso la suspensión del juicio a prueba en orden al delito de homicidio culposo. En este sentido, ha sido establecido que no procede la suspensión del juicio a prueba, cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, razón por la cual y atento que el delito investigado, conforme el art. 84 del C.P.N., lleva aparejada tal sancion; sumado a que el agente fiscal se opuso oportunamente a su procedencia, debe rechazarse la concesión de mismo, procediéndose al sorteo de nuevos juces que continúen con la prosecución del proceso. (sumario confeccionado por el S.A.I.J)
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Keyko S.A. c/ Municipalidad de San Vicente s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Para obtener una sentencia favorable que otorgue el título de dominio, la acreditación del corpus y del ánimus domini debe ser cabal e indubitable.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: COLANERI RICARDO N.S.R.L. c/ CHIRINO ROMANO SAMBATARO s/ COBRO DE AUSTRALES-SUMARIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-12-26

La apreciación de la prueba documental constituye una típica cuestión de hecho, y como tal, privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena en principio a la casación, salvo casos de absurdo, tal como ocurre con la interpretación del alcance de los recibos acompañados y de las constancias de pago estampadas en los documentos obrantes en autos. Asimismo los efectos de la confesión ficta es cuestión de hecho y al absolvente se lo tendrá por confeso sobre los hechos personales teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, lo que envuelve un marco discrecional para el sentenciante.
Acción de amparo, acción declarativa de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, control concreto, control difuso
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rubiolo Adriana Delia y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

En la especie, los demandantes procuran la tutela jurisdiccional del pleno goce de su derecho a la salud en condiciones de igualdad, que entienden vulnerado. Lo que se discute es quién brindara cobertura de salud a los amparistas, y la oportunidad en que ello debe ser determinado, invocándose daño grave e irreparable a los derechos subjetivos que se dicen involucrados y solicitándose una medida cautelar positiva en resguardo de esos derechos.La presente acción escapa al encuadre propio de la regulada por el artículo 113 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que los demandantes han invocado, a los fines de su legitimación, la protección de un interés subjetivo particular y concreto, la existencia de un agravio propio y diferenciado, estimulando que la jurisdicción brinde una tutela individual ajena al cometido de la acción cuya competencia originaria ha sido confiada por esa Constitución al Superior Tribunal, en resguardo único de la validez del ordenamiento jurídico y la preservación de la jerarquía de las normas que lo integran. Se trata, precisamente, de la configuración de un "caso" o "causa" donde quienes acuden a la jurisdicción lo hacen en procura de la protección de un interés particularizado, distinto del propio de todo ciudadano a la vigencia del orden constitucional. La circunstancia de que personas ajenas a la concreta acción promovida puedan encontrarse en situación similar a la de los amparistas, no resulta hábil per se para modificar su naturaleza jurídica. (Del voto de los Dres. Centanaro y Balbín).