Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-01


SALA PRIMERA Expte. Nº 6224 "MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO c/ Zabala Francisco Javier S. - Ejecutivo - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a un ( 01 ) días del mes de abril del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Carlos Eduardo Balaguer y José Abel Soria Vega, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintidós del mes de noviembre del año dos mil trece, en autos Nº 21729 - 82897 caratulados: "Municipalidad de 9 de Julio c/ Zabala Francisco Javier S. - Ejecutivo".---------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:--------------------------------------------------- --- Mediante la resolución impugnada, el a quo rechaza la apelación de la actora. De esta manera, confirma la resolución de primera instancia que decretó la caducidad de la segunda instancia. Ello, respecto de la apelación concedida a la misma actora en un incidente que, según indica la recurrente, habría sido resuelto en sentencia de fecha 30 de junio de 2011.--------------------------- --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el a quo concluye:----------------------------- --- 1º) Que la apelación resulta improcedente porque la última actuación impulsora es la providencia que corrió traslado al demandado de la expresión de agravios de la actora. Dicha providencia debía ser notificada personalmente, o bien por cédula suscripta por el letrado de la apelante (CPC, arts. 137 y 254).---------- ---	2º) Que el secretario del juzgado sólo debe firmar las cédulas cuando el juez expresamente lo disponga (por razones de urgencia o por el objeto de la providencia); cuando se notifiquen embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o modificación de derechos; o cuando no haya letrado patrocinante o apoderado.--------------- --- 3º) Que, desde la providencia impulsora de fojas 156 hasta el día del pedido de perención de la segunda instancia, transcurrió el plazo de perención que estipula la ley procesal.------------------------------- --- 4º) A mayor abundamiento, el a quo señala que las razones invocadas en todo caso demuestran que no existe responsabilidad exclusiva del Secretario del Juzgado en la suscripción y remisión de la cédula que notifica el proveído de fojas 156.---------------------------------- --- 5º) Por último, el Tribunal expresa que sólo puede admitirse que la caducidad resulte improcedente en el caso en que el nuevo CPC -la cita corresponde al art. 256- pone única y exclusivamente a cargo del secretario la elevación del expediente.---------------------------- --- La actora encuadra su recurso en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de su derecho de defensa. Que, al declarar la caducidad de la segunda instancia, le quita el derecho de poner en consideración de la Cámara Civil el recurso de apelación oportunamente planteado. Afirma que su parte no estaba obligada a desarrollar actividad alguna de impulso procesal, el cual correspondía al tribunal.-------------------------- --- En cuanto a la finalidad del recurso, expresa que su interés consiste en "revocar el fallo de segunda instancia" y lograr que este Tribunal "disponga el rechazo del planteo de caducidad de segunda instancia, dejando sin efecto la sentencia recurrida, y de esa manera permitir que la causa siga adelante según su estado".------------------------------------------------ --- En primer lugar, se agravia de que el a quo no haya tratado un planteo que efectuó al expresar agravios, referido a la caducidad del incidente de perención. También se agravia de que el Tribunal haya ratificado el criterio del Juez de primera instancia relativo a que la carga de impulsar el proceso seguía correspondiendo a su parte.-------------------------------------------------- --- Tras exponer los antecedentes del recurso planteado, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlo, pues la arbitrariedad invocada no queda en evidencia.----------- --- Comienzo a referir al agravio referido a la omisión de pronunciamiento. Es cierto que la recurrente incluyó un primer capítulo titulado "Caducidad del planteo de segunda instancia" en el escrito en que expresó agravios; y que el a quo no se expidió sobre el particular. Sin embargo, la omisión de pronunciamiento no ha de dar lugar a la apertura del recurso. En primer lugar, porque la recurrente consintió dicha omisión, al no intentar subsanarla mediante el instrumento procesal adecuado, que es el pedido de aclaratoria. Al respecto, tiene dicho el Tribunal que es inadmisible formalmente el recurso extraordinario cuando no se dedujo aclaratoria, conforme lo establece el artículo 4, 2º apartado de la ley 2275 (PRE S.2ª 1989-I-48; 1988-III-96; 1978-III-411; 1999-III-484; etc.).------------------ --- Por otra parte, el planteo no considerado resultaba manifiestamente improcedente, con lo que la omisión resultaría en todo caso inocua. La recurrente alegaba que la contraparte se había notificado de la sentencia de primera instancia en fecha 8 de febrero de 2013 y que recién confeccionó la cédula para su parte el día 11 de marzo; concluía que había transcurrido el plazo de caducidad del propio incidente de perención, en los términos del artículo 274 inciso 4º del CPC. Como digo, el planteo era improcedente, por dos razones: la primera, que la propia recurrente tenía la carga impulsora, tal cual se infiere, contrario sensu, del artículo 279, primer párrafo, última parte del CPC: "La perención puede ser pedida. en los recursos por la parte recurrida". Segundo: que en todo caso la recurrente obviaba computar dos actos claramente impulsivos, como su propia apelación (15/2/2013) y la providencia del Juez de primera instancia que concedía la apelación (18/2/2013).-------------- --- Paso a referir al restante agravio, vinculado con la interpretación de los artículos 37, 137, 254 y siguientes del CPC. En este aspecto, los argumentos de la recurrente son: a) que estaba a cargo del Secretario del Juzgado la notificación de la providencia de fecha 7 de febrero de 2012 que corrió traslado de su expresión de agravios; b) que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 275 inciso 5º del CPC, el plazo de caducidad no corre luego de finalizado el período de prueba.--------- --- En cuanto al primer argumento, la decisión del a quo de interpretar que la apelante mantenía la carga de impulsar el procedimiento no resulta arbitraria. Se basa en una interpretación válida de las normas procesales implicadas, que coincide con el criterio sentado reiteradamente por esta Corte. En efecto, el Tribunal tiene dicho que, en lo que hace al curso de la caducidad de instancia en aquellos procesos en que se encuentra pendiente de cumplimiento alguna actuación a cargo de un funcionario del Tribunal, la parte sólo queda eximida de cumplir la carga de instar el proceso en aquellos casos en que no existe posibilidad de impulso por parte de los litigantes, situación que sólo se da cuando la causa se encuentra en estado de dictar una resolución interlocutoria o definitiva (PRE S.1ª 1998-I-20; S.2ª 1998-I-65; S.2ª 2000-II-295; S.2ª 2002-III-403; etc.).-- --- Por su parte, el segundo argumento, resulta claramente inviable. El artículo 275 inciso 5º del nuevo CPC presupone la apertura de un plazo de prueba y su ulterior finalización, lo que no ha ocurrido en autos.-- --- Por ello, voto por desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad.-------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Df-6224 Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, Carlos Eduardo Balaguer y José Abel Soria Vega. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- E.B.T.

PRE S.1ª 2014-I-76.