Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-07


2º Instancia. - San Miguel de Tucumán, mayo 7 de 2004 El doctor Díaz Ricci dijo:

I. Conforme a los términos de la demanda y su responde constituyen hechos admitidos y por ende exentos de prueba los siguientes: 1º) existencia de la relación laboral permanente que vinculó al actor Luis Angel Masetti con la firma Telecom. Argentina Stet France Telecom. SA; 2º ) fecha de ingreso computable (22/9/82) y egreso (24/7/2000),tareas desempeñadas (gerente de administración), remuneración percibida hasta junio/97 ($4256,00) y última remuneración percibida ($3453,00); 3º) existencia de acuerdo celebrado el 2/7/97 instrumentado por acta notarial -escribanía de registro nº 3- reduciendo la remuneración de $4256 a $3453; 4º) extinción del vínculo laboral mediante despido directo incausado comunicado por telegrama del 24/7/2000; 5º) liquidación y pago de la suma de $75.739,64 percibida por el trabajador.

Atento a ello y no habiéndose negado la documentación adjuntada a la demanda en la oportunidad prevista en el inc. a) del art. 88 CPL propicio tener por acreditados los hechos aludidos y por auténticos los instrumentos adjuntados por el actor a su escrito de demanda. Asimismo propicio encuadrar la relación jurídica substancial dentro del régimen de la ley 20.744 (reformada).

II. En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales este tribunal deberá pronunciarse son las siguientes: 1º) excepción de prescripción liberatoria; validez del convenio de fecha 2/7/97; 2º) rubros e importes reclamados.

1º cuestión. - 1. Preliminarmente cabe señalar que la excepción de prescripción encuentra fundamento en razones de seguridad, de orden y de paz social, pues al derecho también le interesa sobremanera liquidar ciertas situaciones inestables, impidiendo que puedan ser materia de revisión después de pasado cierto tiempo. De tal manera se da certeza a los derechos. En tal sentido, comparto la jurisprudencia sobre el tema y la doctrina autorizada que sostiene que la excepción de prescripción debe ser resuelta en primer termino en la sentencia definitiva (C.S.J.N. 20/7/55, "Nación Argentina vs. José Aguirre Cámara y otro", fallo 232:654; Cámara del Trabajo de Tucumán, sala III Causas: "Córdoba, José Desiderio vs Edificadora del Norte S.A.s/ antigüedad" sent. nº 146 del 21/9/94; "Carrum, Félix Marcelino vs Empresa El Centauro s/cobro de pesos",sent. nº 156 del 17/10/94 y Perugini, Procedimiento Laboral, p.221).

Es del caso recordar que la excepción de prescripción es de las llamadas perentorias, por tratarse de una defensa que se refiere al fondo del asunto y debe resolverse en forma previa antes que las otras defensas en la sentencia definitiva.

Para determinar si una acción se halla prescripta o no,es menester analizar la excepción sin entrar a la investigación de la procedencia de la pretensión, ya sea en cuanto al fondo (derecho) o a la legitimación activa o pasiva (calidad), como si estas dos condiciones concurrieran en el caso (CNCiv., sala E, 18/11/85, ED, 118-426).

2. En la presente litis, la firma demandada deduce excepción de prescripción liberatoria fundado en primer lugar, en el vencimiento de los dos años para interponer la acción de nulidad para enervar la validez del acuerdo celebrado con fecha 2/7/97, y en segundo lugar, en forma subsidiaria opone prescripción contra las pretensiones del actor fundado en el transcurso del plazo bienal del art. 256 LCT, "desde su desvinculación laboral ocurrida el 24/7/2000 y en los dos años anteriores a la misma".

La parte actora solicita el rechazo de la excepción obligando que ninguno de los créditos cuyo reconocimiento y pago se demandan están afectados por la prescripción toda vez que el acuerdo es inválido por contener cláusulas simuladas y fraudulentas; sostiene además que las diferencias fueron reconocidas en el responde. Asimismo añade que el plazo prescriptivo fue suspendido por un año al constituir en mora a la demandada (cf. art.3986, CC) mediante telegrama del 25/8/2000.

3. Por razones metodológicas se analizará en primer término la prescripción opuesta contra la acción de nulidad del convenio, y en segundo lugar la deducida contra los rubros e importes reclamados.

A. Prescripción de la acción de nulidad del convenio de fecha 02/07/97:

La parte actora cuestiona la validez del acuerdo celebrado con la empleadora -instrumentado en acta notarial de fecha 2/7/97 pasada por la Escribanía de Registro nº 3-, que redujo el haber remuneratorio mensual del Sr. Masetti de $4256 y a $3453, invocándose razones tales como adelantos tecnológicos, variaciones organizativas y redimensionamiento de las responsabilidades del Sr. Masetti. La nulidad alegada se funda en que el dependiente jamás prestó su consentimiento para la reducción salarial, existiendo voluntad viciada por la amenaza explícita de pérdida de empleo, como también la falta de homologación de la autoridad de aplicación, además de considerar la modificación del contrato laboral contrario a los arts. 7º, 15 y 63 de la LCT, porque la rebaja de la remuneración, constituye una renuncia a derechos indisponibles del trabajador.

La firma demandada opone excepción de prescripción liberatoria de dos años para interponer la acción de nulidad del acuerdo de fecha 2/7/97. Al contestar el traslado, la parte actora solicita su rechazo fundado en que el aludido convenio contiene cláusulas fraudulentas y simuladas porque el cambio de funciones que motivara la reducción salarial no ocurrió, generando un enriquecimiento indebido a expensas del trabajador. Además, entiende que no es el plazo para promover la acción de nulidad la que debe marcar la dies a quo prescriptiva, sino la primacía de la realidad que en el caso es la reducción salarial sin que exista un cambio de categoría laboral.

Planteada en estos, términos la cuestión y analizada la prueba pertinente y atendible para resolver la misma estimo acreditados los siguientes hechos.

a. El CPN Masetti se desempeñó como Gerente Administrativo de la Compañía Argentina de Teléfonos SA desde su ingreso el 22/9/82, continuando en ese cargo y funciones, después de ser transferido su contrato de trabajo a la firma demandada Telecom Argentina Stet France Telecom SA con fecha 16/4/92 (fs.13). Esta última comunicó al actor que su retribución mensual bruta ascendería desde el 1 de junio de 1993 a $4256, mediante nota de fecha 23/6/93 (fs.14). Ello se desprende de las respuestas b) y c) del cuestionario del actor propuesto en la pericial contable (fs. 178/179), no impugnadas por la accionada en esos puntos, como también de los instrumentos adjuntados a la demanda -no desconocidos en el responde- ofrecidos como prueba en el CPA nº 1 y nº 2 y CPD nº1.

b. Con fecha 2/7/97, los litigantes celebraron un convenio modificando las condiciones remuneratorias del contrato individual de trabajo al estipular una reducción salarial fundada en el redimensionamiento de las responsabilidades de Masetti por los cambios tecnológicos incorporados y por las variaciones organizativas. Asimismo se convino adecuar la remuneración de Masetti a nivel de Gerente de Administración a partir del 1/7/97 en la suma de $3453 mensuales con la finalidad de conservar la fuente de trabajo, atento a la difícil situación del mercado laboral. Igualmente, se estableció que Masetti se desempeña como personal fuera de escala. Finalmente se estipuló que las partes solicitarían la homologación del acuerdo conforme al art. 15 de la LCT al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así se desprende del acta notarial nº 106 del 2/7/97 pasada ante el Escribano Público R. A. P. (fs. 15).- c. El convenio mencionado tuvo cumplimiento parcial en el curso de los tres años que duró el mismo hasta que se operó el distracto laboral.

En efecto, está probado que a partir del 1/7/97 se practicó la reducción salarial de los haberes mensuales de Masetti a $3453 como surge de los recibos de haberes adjuntados a fs. 114/144 (CPA nº 4) y de la pericial contable (CPA nº 5 y CPD nº2). También está probado que se mantuvo inalterado el nivel gerencial del actor hasta que fue despedido el 24/7/2000, tal como se desprende de la testimonial rendida por Rafael Alfredo García (fs. 265) y Ricardo Omar Lurati (fs. 266), no tachados por la actora, quienes atestiguaron que el Sr. Masetti continuó en la jefatura en la gerencia de Tucumán, con funciones de "pagar cuentas", "tesorería", "contabilidad general", y "cuentas de clientes", y que sus funciones fueron recién reducidas a las tareas de "cuentas de clientes", poco antes de su desvinculación de Telecom (CPD nº 4), ello fue corroborado por la pericial contable de fs. 177/185, cuyas impugnaciones de la demandada se rechazan por falta de mérito, por estar probado el nivel gerencial del actor (CPA nº 5 y CPD nº2).

Sin embargo, no hay prueba que demuestre que se cumpliera con la obligación de homologar administrativamente el acuerdo de fecha 2/7/97 de conformidad a lo normado por el art. 15 de la LCT.

d. La plataforma fáctica acreditada en la causa permite arribar a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, el convenio cuestionado tuvo por finalidad modificar una de las condiciones del contrato individual de trabajo, relacionada con el nivel remunerativo, al disponer de común acuerdo una reducción de $4256 a $3453, empero quedó inalterado el nivel jerárquico-funcional de gerente administrativo de Tucumán, que venía cumpliendo Masetti. La falta de homologación el acuerdo por autoridad competente, constituye una cuestión vinculada a la validez o no del acta acuerdo y no a su eficacia, por lo tanto debe ser tratada al analizar la acción de nulidad deducida en su contra, siempre y cuando no esté prescripta.

En segundo lugar, también ha quedado probado que el actor revistió la condición de personal jerárquico de Telecom. SA, antes y después de celebrado el convenio discutido, circunstancia que lo colocó funcionalmente como personal fuera de escala del convenio colectivo de la actividad. Consecuentemente, los haberes percibidos por Masetti en ese lapso ($4256 o $3453) fueron superiores a los mínimos asegurados por la ley y por la convención de trabajo colectiva (fs.201/92, Anexo I, Acta del 24/12/96 que fija la suma de $961 para la categoría E (supervisor administrativo o representante comercial de 1º). Sólo estos últimos revisten el carácter de irrenunciables por constituir la manifestación mas clara del orden público laboral (cf. art. 12, LCT).

Por lo tanto, la reducción salarial acordada no significó una derogación de los importes mínimos garantizados por la ley sino una modificación del nivel remuneratorio situada por arriba de esos mínimos legales. En este aspecto la cláusula modificatoria de las condiciones salariales no exhibe una violación manifiesta de principio de irrenunciabilidad (arts. 7º, 8º, 9º, 12, 13, 40, LCT) que convierta en imprescriptible la acción de nulidad contra ella por el dependiente (conf. art. 1047, C. Civil).

En tercer lugar, respecto a la prescripción opuesta por la demandada al cuestionamiento de validez del convenio estimo que la defensa prescriptiva resulta procedente. En efecto, las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas en la demanda se fundan en la nulidad de cláusulas simuladas y fraudulenta y en el vicio de la voluntad del acuerdo de fecha 2/7/97. Dicha acción es prescriptible de conformidad al art. 256 de la LCT, que admite la prescripción de las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo. Esta norma, tiene carácter de orden público (conf. art. 256 2º párr., LCT) y debe complementarse con el art. 4030 del Cód. Civil que establece la prescripción bienal de la acción de nulidad de los actos jurídicos cuando se alegare violencia, intimidación, dolo, error o falsa causa, haciendo arrancar el plazo desde que hubiese cesado la violencia o intimidación, y desde que el error, el dolo, o falsa causa fuere conocida.

En la causa no hay pruebas que demuestre que Masetti hubiese realizado actos jurídicos tendiente a suspender o interrumpir el plazo de prescripción de la acción de nulidad del convenio de fecha 2/7/97. Por el contrario, durante más de tres años -desde su celebración el 2/7/97 hasta el rechazo del despido directo mediante carta documento de fecha 25/8/2000- el dependiente consintió la reducción salarial y omitió cuestionar la validez del acuerdo por vía extrajurisdiccional o administrativa (conf. art. 257, LCT). De igual modo, no hay pruebas que demuestre que Telecom S.A. en ese lapso, hubiere reconocido expresa o tácitamente el derecho del actor a una retribución mayor a la convenida el 2/7/97 (conf. arts. 721 y 3989, Cód. Civil). Por lo tanto, al momento de objetarse la validez del acuerdo modificatorio del nivel remunerativo, con el telegrama de fecha 25/8/2000, ya se encontraba cumplido el plazo de prescripción bienal para deducir la acción de nulidad.

Finalmente, cabe añadir que no es ajeno al régimen laboral el encuadramiento legal de la cuestión prescriptiva dentro del art. 4030 del Código Civil, toda vez que la procedencia de la excepción de prescripción remite al examen de cuestiones de derecho común tal como lo tiene dicho desde hace tiempo la CSJNac (sent. del 15/6/76, TSS, 1976-569) y recogida por la doctrina de los autores (Etala, C. A., Contrato de Trabajo, Astrea, Bs. As. 1998, ps.577-578).

e. En consecuencia, por las razones arriba expuestas propicio admitir la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la firma demandada Telecom Argentina SA contra la acción de nulidad del convenio de fecha 2/7/97 deducido por el actor, base de las pretensiones de pago de las diferencias reclamadas en la demanda.

B. Prescripción de los créditos reclamados:

En cuanto a la prescripción de los créditos pretendidos en la demanda fundado en el transcurso del plazo del art. 256 LCT estimo que corresponde distinguir entre los rubros e importes que derivan de la disminución salarial originada en el acta acuerdo de fecha 2/7/97 -diferencias de remuneraciones (septiembre/98 a julio/2000), indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, mes de despido integrado, vacaciones proporcionales/2000, SAC proporcional 2º/2000, diferencias de aguinaldo 2º sem/1998, 1º y 2º sem/1999 y 1º/2000- y el aquel otro rubro -"pus" indemnizatorio- que tiene su origen en el reconocimiento y pago efectuado por la demandada a otros trabajadores al momento de la extinción laboral.

En cuanto al primer grupo estimo inoficioso pronunciarse, porque las diferencias salariales e indemnizatorias pretendidas tienen causa o fuente jurídica en la reducción salarial pactada entre los litigantes, mediante un convenio que el actor cuestionó en su validez transcurridos los plazos de prescripción de la acción, atento a las consideraciones precedentes.

En cambio, el rubro restante -"plus" indemnizatorio- la situación es diferente y corresponde pronunciarse en esta ocasión, haciéndolo en sentido negativo a la procedencia de la excepción de prescripción.

En primer lugar, porque la causa de la obligación cuyo cumplimiento se pretende tiene origen en el despido directo ocurrido el 24/7/2000 y en el reconocimiento y pago unilateral de este rubro por el empleador a otros dependientes.

En segundo lugar, porque conforme al art. 256 LCT, los créditos laborales se extinguen por el transcurso de dos años de silencio o inactividad de su titular, pudiendo interrumpirse por reclamación administrativa durante su trámite pero en ningún caso por un plazo mayor de 6 meses, sin perjuicio, de las otras causales de interrupción y suspensión previstas en el Código Civil (confr. art. 257, LCT). Entre los supuestos de suspensión de la prescripción contenidos en el Código Civil se encuentra el caso de constitución en mora al deudor en forma fehaciente, la cual suspende el curso de la prescripción que estuviere corriendo por el término de un año (cfr. art. 3986, 2º párr., CC).

En tercer lugar, porque está probado que Masetti, mediante telegrama del dependiente de fecha 25/8/2000 (fs. 17) -ante el despido directo notificado el 24/7/2000 (fs. 16)- emplazó a Telecom SA por 72 horas para que proceda a abonar el "plus" indemnizatorio, como lo hizo con otros dependientes (CPA nº fs. 89). También está probado que la firma empleadora tuvo conocimiento de la constitución en mora efectuada por el accionante, toda vez que rechazó la intimación mediante telegrama del 29/8/2000 (fs.19), negando adeudar suma alguna y los hechos alegados por el dependiente.

Las consideraciones precedentes permite subsumir la cuestión dentro del supuesto previsto en el art. 3986, 2º párrafo del Código Civil -arriba mencionado- y tener por suspendido el término prescriptivo desde el 25/8/2000 por un año hasta el 25/8/2001, habiendo transcurrido desde el despido -24/7/2000- hasta la constitución en mora, solamente 32 (treinta y dos) días.- En consecuencia, al momento de la promoción de la demanda ocurrida el 22/3/2001 (fs. 5) el rubro "plus" indemnizatorio no estaba afectado por el término prescriptivo bienal, por lo que propicio declarar improcedente la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la demandada, para este concepto.- 2º cuestión. - El actor pretende el pago de la suma total de $63.838,21 o lo que resulte de las probanzas, con más sus intereses, gastos y costas por las diferencias derivadas de los siguientes conceptos: diferencias de remuneraciones (septiembre/98 a julio/2000), indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, mes de despido integrado, vacaciones proporcionales/2000, SAC proporcional 2º/2000, diferencias de aguinaldo 2º sem/1998, 1º y 2º sem/1999 y 1º/2000, plus indemnizatorio (30% s/2+3). Reconoce haber percibido la suma de $75.739,64.

Analizada la cuestión de conformidad a lo prescripto por el art. 273 inc. 6 CPCyC corresponde examinar por separado los conceptos reclamados, atento ellos a que pueden ser agrupados en dos conjuntos. El primero está constituido por las diferencias de remuneraciones (septiembre/98 a julio/2000), indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, mes de despido integrado, vacaciones proporcionales/2000, SAC proporcional 2º/2000, diferencias de aguinaldo 2º sem/1998, 1º y 2º sem/1999 y 1º/2000. Y el segundo por la suma pretendida en concepto de plus indemnizatorio (30% s/2+3).

Respecto al primer grupo considero que no corresponde admitir la procedencia de ninguno de ellos, porque las diferencias salariales e indemnizatorias pretendidas se fundan en la invalidez del convenio del 2/7/97 que dispuso la reducción salarial, cuestionamiento cuya acción quedó prescripta como ya fue establecido al tratar la primera cuestión.

En cuanto al otro concepto -plus indemnizatorio- tampoco es admisible toda vez que la extinción del vínculo laboral del actor se produjo por despido directo (confr. 245, LCT) y no por voluntad concurrente de las partes (cfr. art. 241, LCT) como ocurrió con los otros dependientes a quienes la demandada reconoció este concepto, según surge de los expedientes administrativos adjuntados al oficio nº 175 (fs. 97) (CPA nº3).

Debe recordarse que la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo posibilita que el empleador pueda pactar el pago de una suma de dinero que no la abonaría cuando dispone un despido directo. Por lo tanto, en la especie se estima que el actor carece de derecho a este rubro y en su caso la falta de pago no conculca el principio de igualdad de trato y de no discriminación prescrito por los arts. 17 y 81 de la LCT, garantizado constitucionalmente por el art. 14 bis (igual remuneración por igual tarea) y por el art. 16 (igualdad ante la ley).

III. Costas.

Atento al resultado arribado y al progreso de la excepción de prescripción liberatoria propicio imponer las costas a la parte actora de conformidad al principio objetivo de la derrota (art. 106, CPCyC).

IV. Honorarios.

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la ley 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el art. 50 inc b) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto reclamado en la demanda, debidamente corregido con la tasa pasiva de interés que fija el Banco Central de la República Argentina y reducido al 30 %, lo que arroja el siguiente resultado:

Monto reclamado en la demanda al 24/07/00 $63.838,21 Interés tasa pasiva B.C.R.A. al 31/03/04 $63.838,21 X 64,9395% $41.456,21 Total al 31/03/04 $105.294,42 Artículo 50 inc. b) ley 6204 $105.294,42 X 30% $31.588,32 Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los arts. 15, 39 y concordantes de la ley 5480 y 51 del C.P.T., se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado E. L. D. por su actuación en el doble carácter por el actor en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $4000.

2) Al letrado J. G. P. por su actuación en el doble carácter por la accionada en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $9000.

3) Al perito contador A. C. M. por el informe pericial rendido en autos la suma de $950. Es mi voto.

El doctor San Juan dijo:

Por compartir el análisis de la prueba de autos, los fundamentos vertidos y la conclusión a la que arriba el vocal preopinante, me pronuncio en idéntico sentido.

Sólo agregaré que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos similares ha tenido presente para la resolución lo siguiente: 1) Los derechos irrenunciables son los emanados de la ley de contrato de trabajo o de las disposiciones estatutarias, laudos con fuerza de tales o convenios colectivos como expresamente señala el art. 12 de la LCT (Fallos: 310:558); 2) Es decisiva la valoración de las condiciones personales del trabajador, su calificación profesional y categoría profesional (personal de dirección) (Fallos: 314:253) y 3) El tiempo transcurrido desde que se produjo el cambio de condiciones hasta el reclamo formal del trabajador (Fallos: 255: 117), privilegiando la seguridad jurídica por sobre la Irrenunciabilidad. Es mi voto.

Por lo tratado y demás constancias de autos esta sala III de la Cámara del Trabajo, resuelve: I. Rechazar la demanda promovida por Luis A. Masetti, en contra de la firma Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. por lo considerado. En consecuencia se absuelve a ésta última del pago de los rubros e importes reclamados. II. Admitir parcialmente la excepción de prescripción liberatoria opuesta por la parte demandada Telecom Argentina Stet France Telecom S.A., únicamente respecto a la acción de nulidad del convenio de fecha 02/07/97 promovida por el actor Sr. Luis Angel Masetti, conforme a lo considerado, rechazándose la excepción de prescripción opuesta contra los créditos pretendidos, según lo tratado. III. Costas: como se consideran. IV. Regular honorarios: conforme a lo tratado, de la siguiente forma: 1) Al letrado E. L. D. la suma de $4000; 2) Al letrado J. G. P. la suma de $9000 y 3) Al perito contador A. C. M. la suma de $950. - Raul M. Díaz Ricci. - Carlos San Juan.