marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, costas, régimen de visitas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: T., R.G. c/ B., A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-06

En cuestiones de derecho de familia no patrimoniales, con excepción del divorcio y los reclamos alimentarios, en principio no corresponde imponer las costas con fundamento en el principio de la derrota, pues la intervención del juez es una carga común, necesaria para componer las diferencias entre las partes. Sólo cabe imponer las costas a uno de los cónyuges en estos asuntos, cuando su conducta fuera irrazonable, gratuita o injustificada y la consiguiente intervención de la justicia obviable. Este principio general resulta aplicable en los asuntos en donde se discute el régimen de visitas, porque es plausible que ambos progenitores procuren ejercer sus funciones y, en definitiva, al decidirse la cuestión se atienda a lo que mejor convenga a los hijos.
Incendio y otros estragos, delito de incendio, daño, calificación legal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Sandoval Colelle, Hernán Darío c/  s/ Infr. art. 186, inc. 1, CP - incendio u otro estrago s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde atribuir la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional pues no puede desecharse que en el caso sub-exánime se haya desplegado una conducta idónea para generar el riesgo o peligro común requerido por el artículo 186, inciso 1° del Código Penal, en el sentido de la producción de una merma real en la seguridad de bienes indeterminados. Por ello, ante la falta de medidas tendientes a verificar, prima facie, que se configuran los delitos previstos en los arts. 183 y 186 del Código Penal, la declaración de incompetencia del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional tiene carácter prematuro. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, embargo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Despa, Nidia G. c/ Crédito Mercantil y/o Pugliotti, Carlos A. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-17

La naturaleza mutable de las medidas cautelares no causan instancia, hace procedente la modificación de las mismas en cualquier estadio, a fin de prevenir posibles perjuicios a condición que garantice eficientemente el derecho del acreedor. Debiendo mediar un equilibrio, entre la garantía que éste merece y el hecho que la misma no perjudique al deudor en una medida mayor de lo posible, obligando a no prescindir de la realidad económica litigiosa, lo cual conduce que las mismas deben ser efectuadas con la máxima prudencia, para no incurrir en excesos perjudiciales a los intereses de todos, contemplándose la situación del afectado sin desmedro del acreedor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Aralla, Santiago c/ Arenera Campana S.A. s/ Indemnización art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial requiere que los argumentos que se aleguen ante la Suprema Corte se refieran directa y concretamente a los conceptos que estructuran la solución jurídica en que se sustenta la sentencia de origen.
Nulidad de matrimonio, impotencia, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ RAQUEL ELISABETH c/ MELIAN PABLO HECTOR s/ NULIDAD DE MATRIMONIO - EXPTE N° 39-M-2002
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-12

Debe destacarse que el hecho a probar es la impotencia del marido, pues por esta causa se demandó la nulidad del matrimonio, y para traer ese hecho al proceso la prueba idónea es la pericial médica que se erige en prueba necesaria para su constatación pues requiere de conocimientos específicos en la ciencia de curar. Por aplicación del principio de originalidad de la prueba, "el medio de la prueba ofrecido debería referirse en lo posible a la fuente original e inmediata de la cual se pretende o debe más bien extraer la representación de los hechos..." (Kielmanovich Jorge. T. de la prueba y medios probatorios, Abeledo Perrot 1996 - Pág. 71).
Accidente de tránsito, seguros, cláusulas predispuestas, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Almonacid Fernando Jose c/ Nuñez Sandra Patricia s/ D Y P Derivados del Uso de Automotores (Con Lesion o Muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-15

Habiéndose calificado al contrato de seguro como un contrato de consumo, por adhesión a cláusulas predispuestas por el asegurador, y en tanto las víctimas de accidente de tránsito son consumidores, está claro que en todos los juicios de accidente de tránsito se debe aplicar la normativa de protección de los consumidores (artículos 42, Constitución nacional, 1°, Ley N° 24440, y 1092 a 1122, CCyC). Y es que allí -proceso de daños- convergen dos pretensiones, la derivada del hecho ilícito y la que surge del contrato de seguro. [...] Por otro lado, tampoco debe olvidarse la función social del seguro, en tanto seguro obligatorio (artículo 68, Ley N° 24449) y que sus efectos exceden el mero interés de las partes e irradian a la sociedad toda.
Retención indebida, cuenta corriente mercantil, cuenta simple o de gestión
Materia: PENAL
Carátula: PENOUCOS, R.L. s/ DEFRAUDACION- APROPIACION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-12

1) La CONSIGNACION es título que genera obligación de entregar en los términos del segundo inciso del artículo 173 C.P. y la existencia de una cuenta entre las partes no cambia la naturaleza de las cosas cuando -como en el caso de autos- no se trata de una de aquellas a que se refiere el artículo 771 Código Com., sino de las que conceptualiza el artículo 772 ibid.

2) Si bien la CUENTA CORRIENTE MERCANTIL supone que las remesas son transmitidas en plena propiedad, no ocurre lo propio cuando se está frente a una cuenta simple o de gestión.

Por cuanto en autos sólo se halla demostrado que se acreditaron depósitos a favor del denunciante, con parte de los cuales se efectuaron pagos a terceros, conservando cada partida su individualidad; estos elementos objetivos permiten descartar la existencia del contrato a que se refiere el impugnante, debiéndose en consecuencia confirmar el auto de prisión preventiva recurrido
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo detenido, autopistas nacionales
Materia: CIVIL
Carátula: C.O.P.L.A.LTDA. c/ Marozzi Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

En rutas de intenso tránsito donde está autorizado desplegar una velocidad significativa, la detención inadecuada de un rodado sin que se hayan adoptado las medidas de seguridad indispensables para prevenir accidentes, configura un factor de perturbación generador de riesgo que exige sea desvirtuado por aquél a quien, en el caso, se imputa responsabilidad.

Conducir un vehículo con desperfectos que lo inhabilitan a circular por una autopista de tránsito ligero y a una velocidad inferior a la que establecen como mínima las disposiciones de tránsito, constituyen indicadores de la grave responsabilidad que cabe al conductor en la producción de un accidente, que no obstante su gravedad no exculpa la omisión de guardar una distancia principal por parte del vehículo que venía atrás y que ante la detención súbita del primero hizo inevitable la colisión.
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ VICTOR H. Y JUAN CARLOS DIAZ s/ CESE DE PRISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

Si bien la protección de los fines del proceso habilitan la decisión judicial de la prisión preventiva del procesado, ello no puede colisionar con superiores principios constitucionales que hacen al debido proceso penal, entre los que se incluyen el derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad. En tal sentido, para nuestro derecho positivo el plazo previsto en el art.1 de la Ley Nro. 24.390 constituye un límite infranqueable para el encierro preventivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dirección Nacional de Comercio Interior, medida de no innovar, defensa del consumidor, medicina prepaga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Total Médica S.A c/ SIC Y M -Disp. 31/VIII/00
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-26

La Dirección Nacional de Comercio Interior tiene facultades para decretar una medida de no innovar con el fin de que la empresa de medicina prepaga preste cobertura a los estudios de pretransplante renal (art. 45, párrafo 10 de la ley 24.240 y leyes 23.660, 23.661, 24455 y 24.754).
Inviolabilidad del domicilio, allanamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tizon, Darío Ezequiel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-31

La orden de allanamiento es un acto de poder jurisdiccional que necesita legitimarse a través del auto fundado que la dispone y la justifica, y que opera como presupuesto esencial para enervar la garantía de la inviolabilidad del domicilio resguardada por la Constitución Nacional en su art. 18, y los Tratados Internacionales de igual jerarquía suscriptos por la República Argentina (Declaración Universal de los Derechos Humanos -art. 12-, Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 11, ptos. 2 y 3-,Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre -art. IX-). (Voto de las Dras. Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos, según su voto).
Cláusula penal, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: LOHAY DE BARCELO, NELLY ALICIA c/ LOBOS, ORLANDO SAMUEL Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-14

La cláusula penal, como su nombre lo señala, es una pena de origen convencional, a la cual se somete el sujeto pasivo de un deber jurídico, con la finalidad de reforzar o garantizar el cumplimiento de dicho saber. Por su parte, los intereses cualquiera sea su especie, son frutos civiles de un capital, equivale a decir que su importe o cuantía no es discrecional sino proveniente de una tasa o porcentaje que se calcula con relación a una suma determinada. La aproximación entre el interés punitorio y la pena es innegable, muy especialmente cuando dicha pena se fija en una suma de dinero.
División de condominio, contestación de la demanda, tasa de justicia, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Seara Juan Ignacio c/ Seara María Victoria  s/ División De Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Las formas procesales son -como el lenguaje- convenciones útiles y necesarias para la inteligencia de lo que se quiere significar. No se trata de ritualismos superfluos la necesidad de procurar ceñirse las partes, munidas de la técnica específica del proceso, a aquellas normas que lo hacen fluido, armónico y ordenado, con expresión clara y categórica. Si -como en el caso- la parte demandada, al contestar la demanda, no dijo reconvenir -ni en su encabezamiento, ni en el petitorio- y, si luego de las negativas de rigor, no culminó impetrando la repulsa de la demanda, si no se ajustó a los recaudos del art. 330 del C.P.C.C., si no hizo pago de la tasa judicial; no cabe inferir que existe reconvención porque ella no puede ser implícita al estar sujeta a todos los requisitos sustanciales y formales de una demanda (arts. 330 y 357 del C.P.C.C.), máxime si el supuesto reconviniente consintió la providencia que tuvo por contestada la demanda y no ordenó el traslado de la reconvención. No puede -entonces- el demandado pretender que existió tal reconvención sin ignorar la preclusión operada.
Sobreseimiento, auto de elevación a juicio, acción civil en el proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA DANIEL ALEJANDRO c/ DIGANCHI, HILTON EDGARDO; DIGANCHI PASTOR MIGUEL s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE-LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

Por imperio de lo dispuesto en el art. 12 del C.P.Crim. Corr., dado el cambio de la situación jurídica del recurrente que se produce a partir del sobreseimiento definitivo en la oportunidad procesal del auto de elevación de la causa a juicio, la acción civil tal como fuera promovida, no podía proseguir en sede penal, tal y como originariamente había sido interpuesta sin violentar el derecho de defensa, debiendo haber excluido la sentenciante al recurrente del juicio.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roitman, Claudio N. s/ incidente de verificación (en Maida, G. s/Quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Es competente el juez del concurso o de la quiebra para fijar el estipendio en favor de los profesionales intervinientes en causas atraídas a este tipo de procesos universales, atento que tal petición regulatoria no puede ser dispuesta por quien ha perdido competencia en virtud de los arts. 22 y 136 de la ley 19551 en la medida que la retribución puede afectar los intereses del concurso
Acción de amparo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roquel, Héctor Alberto c/ Santa Cruz, Provincia de (Estado Nacional) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-10

Cabe desestimar la acción de amparo deducida por los actores en su carácter de ciudadanos electores de la Provincia de Santa Cruz, usuarios, consumidores y beneficiarios, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN 1277/2012 y de su anexo, por el cual se aprobó la reglamentación de la ley 26.741 (YPF), así como también de toda otra norma dictada en su consecuencia, pues no se verifica la presencia de un interés jurídico inmediato o directo que dé lugar a una controversia actual o concreta.
Acceso a la información pública, solicitud de información, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI Dto. 1172/03 s/ amparo ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

El art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ampara el derecho de las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto, debiendo aquélla ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legitima restricción, y su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.
Menores, protección del menor y la familia, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: ESCOBAR, MAURO DANIEL c/ PALAVECINO, PAOLA FERNANDA s/ RESTITUCION DEL MENOR E.P.C.D.-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

El pretexto de rigorismos procesales y el cumplimiento de los plazos que permiten resolver el fondo de las cuestiones, debe ceder ante la prevalencia de la delicada temática de la minoridad, donde cobran preeminencia los supremos intereses de los niños, niñas o adolescentes, ante la eventual producción de un gravamen irreparable que pudiere afectar su salud psico-física; buscando de este modo evitar o amortiguar mayores perjuicios para esto, de los que motivaron la controversia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, comodato, dispositivos de seguridad, contrato de caja de seguridad, robo, pedidos de exenciones, acción de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Gire SA c/ Papa, Luisa Segunda y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

En su caso, queda al deudor la posibilidad de probar las circunstancias que evidencien el abuso u otras causas de apartamiento del principio de libertad contractual. Por ello, cabe mantener la validez y vigencia de lo pactado en virtud de lo dispuesto por el CCIV 889 y 1197, sin que pueda sostenerse presente nulidad alguna (conf. CNCom, Sala C, 10/9/75, ED 68-137; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Editorial Astrea, 1979, t. 2, p. 667, apartado "e", t. 9, p. 1079, n° 4, texto y nota n° 5).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Batan, Fabio Alberto c/ Municipalidad de Rufino s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

Se advierte que, tanto en la presentación directa como en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, la impugnante ha traído a consideración cuestiones que -aun soslayando que algunas de ellas no han sido debatidas en la causa, por lo que resultan en verdad fruto de una reflexión tardía- no refieren en rigor al tema discutido sino a la responsabilidad de ciertos funcionarios de la anterior gestión municipal (violación de la ley 13230, de las convenciones contra la corrupción, y de los artículos 58 y 60 de la ley 2756). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13230; Ley 2756, artículos 58 y 60
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, mandato tácito
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SCIANCA, BAUTISTA c/ MAURO HERIBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 225  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

Es parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que, si bien los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, los sentenciantes le han conferido al caso un tratamiento irrazonable desde los planos fáctico y jurídico, incurriendo en un dogmatismo que determina que la sentencia impugnada no pueda ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

En el caso, para declarar procedente la acción de escrituración, la Alzada se limitó a afirmar -confiriendo en definitiva verosimilitud a la tesis del "mandato tácito" defendida por la actora-, que eran válidos los pagos efectuados por la inmobiliaria a uno de los condóminos, por lo que cabía aplicar a su actuación lo dispuesto por el artículo 2709 del Código Civil, afirmación ésta que -si bien se mira- carece de todo valor justificatorio (y constituye por ello un fundamento solo aparente), en la medida que omite considerar los alcances del invocado precepto -meramente referido a actos de administración-, cuya aplicación al caso supuso desbordar estrictamente el campo de las posibilidades hermenéuticas e incurrir en un dogmatismo arbitrario, lesivo del derecho de propiedad y de la garantía del debido proceso.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, aplicación de la ley, graduación de la pena, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Walter Gastón c/ Maiztegui, Héctor Ariel y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

Aun cuando es improcedente la utilización de fórmulas bajo la aplicación del CC, no estando discutido en sí el empleo de la misma, si éstas contienen la variable "intereses" del 4% y, además, al resultado del cálculo se le adiciona intereses TABNA desde la fecha del hecho hasta su pago, se incurre en un evidente anatocismo, en cuyo caso corresponde que la suma resultante del empleo de la formula genere intereses desde la fecha en que fue emitido el pronunciamiento judicial.
Acto administrativo, interpretación del contrato, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HOTEL INTERNACIONAL IGUAZU  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  - LICITACION PUBLICA - PLIEGO SILENCIO DE  LA ADMINISTRACION - PRESUNCIONES  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

El silencio de la administración es una conducta inepta para ser considerada como una manifestación positiva de voluntad pues salvo disposición expresa del orden normativo, el silencio debe ser interpretado en sentido negativo (artículos 913, 918, 919, 1145, 1146 del Código Civil y artículo 10 de la ley 19.549). Nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del concesionario.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Incidente de revisión promovido por Esmilsud S.A. en autos Tecnokrat S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

En mérito a la estructura de las incidencias específicas de la ley concursal -arts. 301 y sgtes.-, de marcada similitud con los procesos plenarios abreviados -juicios sumarios-, cabe acudir a las normas arancelarias locales con el objeto de procederse a la regulación de honorarios, valorando consecuentemente las etapas cumplidas, el monto del incidente y la eficacia e idoneidad de la labor profesional (arts. 21, 22, 23, 24, 26, 28 inc. "b", 16 y concds.

dec. ley 8904/77; 38- 2da. parte-, 67, 74, 75 y concds. ley 19551).
Procedimiento administrativo, reapertura del procedimiento administrativo, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Ana Carolina c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Frente a los términos del art. 3°, in fine, del decreto 1377/74, reglamentario de la ley 20.606, los fundamentos de la sentencia que confirmó lo resuelto respecto a falta de impugnación de la resolución que denegó la reapertura de la instancia y estimó que las pruebas eran inhábiles para reabrir el procedimiento, aparecen revestidos de un injustificado rigor que es contrario a las pautas de hermenéutica en la materia, en la que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela, por lo que corresponde revocar lo decidido.
Recurso de apelación (procesal), legitimación procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., O. s-Homicidio r-Víctima s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-11

"...la concesión del recurso de apelación deviene de la existencia de motivos de agravios o, en otras palabras de la existencia de un interés directo en obtener una modificación, revocación o sustitución de la resolución que da lugar al recurso. Quien no tiene ese interés directo y actual no puede tener derecho a recurrir, y por lo tanto tampoco entonces derecho a que se le dé intervención en el trámite del recurso".
Recurso extraordinario, traslado, sentencia definitiva, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Brenta  Liliana  Alba  y  otro c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

En esta emergencia provocada por el colapso del fuero Contencioso Administrativo Federal, existen razones de tiempo y espacio que, frente a la jurisprudencia del Alto Tribunal -"Tabliabue", del 6/5/03-, aconsejan prescindir del ritualismo procesal de conferir traslado de un recurso extraordinario improcedente por cuestionar una sentencia no definitiva.
Prisión domiciliaria, tratamiento médico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Campos, Rodolfo A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-19

Corresponde hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria habiéndose acreditado que el alojamiento del imputado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal podría dificultar el tratamiento y seguimiento de la patología.