Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-24


RAWSON, 24 de Octubre de 2011.- VISTOS:

Estos autos caratulados: "M., J. C. c/POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT s/Accidente de Trabajo (Acción Civil) (Expte. N° 10057- Año 2.011-Letra 10057-)" (Expte. N° 22.377 -M- 2011).-- DE LOS QUE RESULTA: -- 1.- Que a fs. 42/49 vta., el Sr. J. C. M., dependiente de la Policía Provincial, actualmente -dice- en el grado de Sargento Ayudante, promovió "demanda por daños y perjuicios derivado de accidente de trabajo, acción de derecho común, basado en el art. 1113 y concordante del Código Civil" contra la Provincia del Chubut (Punto II-OBJETO) ante el Juzgado Laboral Nº 2 de Puerto Madryn.-- En el acápite "IV-RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA", manifestó estar eximido de ésta por el art. 138 y sigs. de la Ley I - Nº 18 (antes Dto. Ley Nº 920) porque el presente tiene por objeto el reclamo de daños y perjuicios derivado de un accidente de trabajo, encontrándose habilitada la vía jurisdiccional.

/// Relata, en el Capítulo V-1), que el 12/11/2007, mientras se encontraba realizando tareas habituales de empleado policial cumpliendo una orden superior, y se dirigía a la Unidad Regional de policía Sección Segunda de aquella ciudad a entregar correspondencia, se resbaló al bajar una escalera, cayendo y golpeándose la espalda. Sintió un fuerte dolor lumbar, en la zona en que había sido operado anteriormente. Fue asistido en el lugar; posteriormente recibió atención médica, prescribiéndosele inyecciones y sesiones de kinesiología. Luego del alta médica intensos dolores persistieron -refiere-, sin embargo sus superiores lo obligaron a cumplir tareas pasivas, pero uniformado y con arma reglamentaria, tareas de seguridad pública -aclara- durante casi tres meses. Recuerda que recibió varios días de arresto por no poder cumplir debidamente las órdenes impartidas ante la imposibilidad de realizarlas.- Solicitó -continúa- que se realizase una Junta Médica, la que se reunió el 22/01/2008. En ésta se detectó que se había quebrado un tornillo colocado en la intervención quirúrgica anterior -año 2006. Su médico particular entonces, le diagnosticó una nueva operación para extraer el elemento destruido del cuerpo y "sacarlo del cumplimiento de servicio". Se practicó la intervención en Buenos Aires, extrayéndole clavos rotos, colocándole nuevos, además de otros clavos y una placa, a más de un injerto, extrayendo parte de hueso.- Afirma que efectuó una denuncia ante la ART -L. C. A. S.A.-contratada por su empleadora, la Provincia del Chubut, atento que ésta no la había realizado. Que ante "la negativa de la ART" demandó a ésta en ///autos "M., J. C. c/ L. C. A. S.A. s/Accidente" (Expte. Nº 16715/2008) ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 54 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictándose la Sentencia Nº 17.538/10 haciendo lugar a su demanda, condenando a aquella Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonarle determinada suma. Transcribe partes del fallo. Comenta que se determinó una incapacidad parcial y permanente del 20 % de la total obrera en relación de causalidad con el accidente sufrido.- Aclara que si bien "hizo opción en elegir la acción tarifada y sistémica, en un primer momento" él interpreta que "a tenor de lo establecido por la doctrina expuesta por la Corte Suprema en los fallos "Aquino" y "Losco" tiene derecho a una indemnización integral, no pudiendo quedar ningún aspecto sin reparar, por lo que estima encontrarse habilitado para ejercer la presente acción.

Añade que los perjuicios no fueron solamente físicos, sino que además fue sancionado por no realizar sus labores a causa de su infortunio, imposibilitándole los ascensos correspondientes, conforme la Ley Orgánica de Policía Nº XIX-Nº 8.

Se manifiesta agraviado porque su minusvalía no le permite llevar adelante las actividades que venía prestando en su función policial, decidiendo iniciar esta acción.- /// En el capítulo "V-2) Responsabilidad del Estado" argumenta que el Estado Provincial en su carácter de empleador debe observar las normas reglamentarias sobre higiene y seguridad del trabajo y adoptar las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador. La omisión en el cumplimiento de estas obligaciones que hace incurrir a aquél en responsabilidad de resarcir el daño causado, la radica, por un lado, en haberlo obligado a cumplir sus tareas habituales, pasivas pero con uniforme y arma reglamentaria por tres meses, cuando tenía dos tornillos destruidos en su espalda, situación que habría agravado su salud, con consecuencias irreversibles -señala-. Por otro, en la actividad que desarrollaba, y la forma en que la ejecutaba al producirse el siniestro, en momentos que cumplía tareas asignadas por su empleadora, la Policía del Chubut. Razona que el ejercicio de la función policial presupone que el Estado dote al personal de medios y preparación necesaria para cumplir sus propósitos; y que frente a la materialización del riesgo inherente a la actividad, afronte las consecuencias dañosas sufridas por sus agentes. Estima que deben distribuirse en toda la comunidad los perjuicios acaecidos por quienes velan por la seguridad personal y patrimonial de aquélla. Alude a la responsabilidad contractual. Aduna jurisprudencia.- En "V-3) Incumplimiento de normas de seguridad" plantea como hipótesis que de haberse acatado las normas de higiene y seguridad del trabajo "Ley XIX-Nº 8 (antes Decreto Ley 1561) en consonancia con la Ley Nº 19.587, Dto. 351/79" -reglamentario de esta última ley, aclara y alude luego a sus previsiones- si la demandada hubiera cumplido con las prescripciones "fijadas en el art. 31 y conc. de la L.R.T.", de haberse ///brindado la protección necesaria, el infortunio en cuestión no se hubiera producido. Con el agravante de su conducta -insiste- que proporcionó e influyó a intensificar aquél, quitándole la protección médica necesaria y obligándolo a cumplir tareas habituales de policía de seguridad, uniformado y con arma reglamentaria.-- Describe en VII los "rubros" que reclama como indemnización por daño patrimonial y daño moral.-- Daño patrimonial como consecuencia de la incapacidad laborativa determinada en la Sentencia antes referida. En el capítulo VII-2 describe que lo calcula utilizando la fórmula "Moore Bernasconi", tomando en cuenta el salario promedio mensual del actor, el grado de incapacidad, la tasa de interés anual y la edad al tiempo del accidente. Incluye su reclamo: "incapacidad social (parcial). gastos terapéuticos futuros. y pérdida de chance". Funda esta indemnización en el art. 1113 del Código Civil y en el art. 19 de la Constitución Nacional e invocando, a través de la jurisprudencia de la Corte Nacional -fallo "Aquino."- y otros de Tribunales Nacionales, la prohibición del "alterum non laedere" y los arts. 1077, 1078, 1109 y 1112 de aquel Código.- El daño moral lo describe en dos capítulos de la demanda. En V-4) alude a uno psicológico derivado de la incapacidad para desempeñar sus tareas habituales, emanado del perjuicio físico, motor y estético provocado por el accidente, que afecta su vida familiar, sus relaciones ///sociales, ocupaciones y labores. Como consecuencia directa de ello -aduce- atraviesa un período de depresión y angustia. Describe un estado de tristeza permanente, sentimientos de inutilidad, desesperanza, falta de interés por cualquier actividad y en la vida en general, enmarcado en un stress postraumático asociado a una depresión reactiva muy severa. El mismo lo perjudica especialmente: como sostén de su familia y en su trabajo, porque al verse en una situación de "inferioridad" frente a sus pares, por la mutilación a su imagen corporal y por la actividad forzada a la cual fue expuesto, resulta la "grave consecuencia que se ve impedido de ascender en grado en su carrera de oficial de policía". En el acápite VII-2 reitera el actor que el daño moral deriva del accidente que ha padecido. Aduna jurisprudencia. Funda en otras normas del Código Civil: arts. 1078, 1084, 1085, además del 1109 y 1113.

Sustenta en definitiva sus argumentos en los distintos capítulos de la demanda en distintas normas: genéricamente, en la Ley XIX-Nº 8 (antes ley Nº 1561 arguyendo un deber de seguridad que pesa sobre "la patronal" de tutelar la indemnidad física de sus dependientes. Asimismo en los arts. 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los arts. 512, 513, 514, 519, 520, 904, 1073, 1074, 1078, 1084, 1085 1107, 1109 y 1113 del Código Civil. Alude a responsabilidad contractual y extracontractual, objetiva y subjetiva, por omisión de controlar el cumplimiento de sus tareas como trabajador, sin instruirlo sobre normas del trabajo y en qué condiciones debía llevarlas a la práctica, ni la provisión de elementos de protección de vida, circunstancias que ///hubieran evitado -itera- las graves consecuencias dañosas que reclama en esta acción.-- Advierte en el punto IX-Derecho, que en virtud del art. 39 de la Ley Nacional Nº 24.557 el empleador queda eximido de la responsabilidad civil si se reclama la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo. En el caso de autos -aclara- "no se reclama la cobertura de dicha disposición legal, sino lo establecido en los arts. 1109 y 1113 correlativos y concordantes del Código Civil, arts. 75 LCT, Ley 19587 (dec. 351/79), en especial los arts. 4, 5 inc. 1º. 8, 15, 16, 18, 19, 23, 34, 39, 111, 204, 208, art. 14 bis de la CN y Constitución Provincial, ley 15.544, Derechos y Declaraciones del Hombre, Normas del Pacto de San José de Costa Rica y art. 1 y concordante de la Ley 7987" -detalla.- Para el caso que se pretenda interpretar -acota- que aquel art. 39 veda el acceso a un reclamo indemnizatorio fundado en derecho común, efectúa en "VI-PLANTEO SUBSIDIARIO DE INAPLICABILIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD", del mismo y de los arts. 1, 2, 6, 8, 9, 14, 15, 49 y disposición adicional 1ª de la Ley Nacional Nº 24.557.- También del 2º párrafo del art. 75 de la Ley 19.587. Todos, por considerar que vulneran la Constitución Nacional al lesionar intereses y derechos de los trabajadores. Se explaya respecto de cada precepto; en particular cuestiona el art. 39 por el "distingo inaceptable" entre el trabajador y cualquier otro habitante del país, al establecer que éste sólo puede acceder a la vía civil en caso de dolo del empleador, hipótesis que tilda ///de "absurda". Ello implica la denegación de un derecho -arguye- el trabajador debe tener como los demás habitantes el pleno e irrestricto acceso al Derecho Común. A su juicio la aplicación de este artículo importaría "un acto discriminatorio" contrario a las Convenciones Internacionales y a la Ley Nacional Nº 23.592 -se funda en los arts. 14 bis, 16, 17, 75 inc. 19 y 22 CN, Declaración Universal de los Deberes y Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica-, cuando se obstruye o deniega arbitrariamente el pleno goce de derechos fundamentales reconocidos en la Carta Nacional, en un criterio economicista de "disminuir el costo laboral"; no encuentra otro fundamento lógico o jurídico para ello.-- Detalla la prueba, ofrece otra y realiza petitorio de estilo.

2.- La Sra. Jueza en lo Laboral Nº 2 de Puerto Madryn, por providencia de fs. 50 decidió que previo a examinar la competencia del Juzgado a su cargo, se corriese vista al Ministerio Público Fiscal.- A fs. 51 se expide la Sra. Fiscal General dictaminando que la Sra. Jueza resulta competente, toda vez que se trata de una acción por daños y perjuicios a causa de un accidente de trabajo en el marco de una relación de dependencia laboral. Funda en el art. 1 de la Ley XIV Nº 1 (antes Ley Nº 69).- Por ello -concluye- no resulta necesario el reclamo administrativo previo.- Cita el art. 139 inc. a) de la Ley I -Nº 18 (antes Dto. Ley Nº 920).- /// A fs. 52 la Sra. Jueza provee que el texto de la vista resulta confuso en la lectura, y ordena correr nueva vista. A fs. 53, la Sra. Fiscal General reiterando los mismos argumentos de su dictamen de fs. 51, alude a un error involuntario de configuración, por lo cual quedó mal impreso.- A fs. 55/56 la Sra. Jueza en lo Laboral Nº 2 reprocha al actor que no ha justificado la competencia del fuero laboral y ha fundado "su derecho" en normas del derecho común: art. 1113 del Código Civil, lo que por sí solo implica mutar la naturaleza administrativa de la relación laboral. Estima que normas de esta naturaleza rigen su relación con la Policía del Chubut, como órgano provincial del derecho público. Concluye en que la condición de persona de derecho público de la accionada, vinculada con el actor en una relación de empleo público, determina su incompetencia. La declara, en razón de la materia, con sustento en el art. 32 inc. 3 de la ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) y art. 1º de la Ley XIV Nº 1 (antes Ley Nº 69 - Sentencia Interlocutoria Nº 62/2011-SIJLNº2) atribuyéndola a este Superior Tribunal de Justicia.-- Apela el actor (fs. 58) y expresa sus agravios (60). Insiste -con citas de jurisprudencia de Tribunales provinciales- en que compete a los Jueces Laborales entender en los casos en que el trabajador accidentado reclame, invocando la Ley sobre Riesgos del Trabajo o el Código Civil a su empleadora o a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, cuando se reclamen daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo. Con similares fundamentos a los expuestos en la demanda acerca de su ///derecho a obtener una reparación integral, sin perjuicio de la tarifada por aquella Ley, reitera que éste es un reclamo de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, en virtud del art. 1113 de aquel Código.- A fs. 65/67 la Excma. Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirma la apelada sentencia de la Sra. Juez en lo Laboral de esa ciudad a través de la Sentencia Interlocutoria Nº 24/2011-SIL. Para así decidir toma jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia relativa a pautas generales para determinar la competencia contencioso administrativa; no obstante no la aplica. Así, al citar que el solo hecho de que la demandada sea una persona de Derecho Público no tiene significación alguna en lo que a la competencia que acuerda la norma -el art. 32 inc. 3 de la ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37)- si el objeto del acto no está regido por el derecho constitucional y/o administrativo. que el verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda, teniendo en cuenta la descripción de los hechos efectuada al encuadrar la pretensión, que determina "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la relación jurídica, sin que implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser en última instancia el régimen legal aplicable.- Describe el objeto de la demanda: un resarcimiento económico por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, fundado en normas del derecho común: art. 1113 del Código Civil. "Pero ello no obsta a considerar" que se sustenta en una relación de empleo público, porque es empleado policial, "circunstancia que desplaza a las disposiciones del Derecho del ///Trabajo Privado".- Funda en jurisprudencia de la Cámara Nacional de Trabajo.- A fs. 68 el actor se notifica de esa Sentencia y la consiente. A fs. 70 se ordena la remisión de la causa a este Superior Tribunal de Justicia.-- 3.- A fs. 72 se reciben las actuaciones en esta sede y pasan a Dictamen del Sr. Procurador General. Se expide el Magistrado a fs. 73 interpretando que la Sra. Jueza en lo Laboral de Puerto Madryn y la Cámara de Apelaciones de esa ciudad han entendido que se configura en el caso el supuesto previsto en el art. 32 inc. 3 de la Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) al considerar la persona accionada, vinculada al actor por una relación de empleo público, estimando asimismo que la pretensión patrimonial habría de analizarse con normas y principios de Derecho Público Provincial. Considera que pese a tal inteligencia, pretendida del Estado Provincial una indemnización de daños sufridos en una relación de empleo público, el caso habrá de resolverse aplicando primordialmente normas de derecho común. De conformidad con un precedente de este Cuerpo (SI Nº 2/SCA/11) concluye que debería quedar radicada la causa ante el Juzgado de Primera Instancia de origen. Así dictamina.-- CONSIDERANDO: - /// I.- Que la inhibición del magistrado requerido -la Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2 de la ciudad de Puerto Madryn (SI Nº 62/2011-SIJL)- confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones de esa ciudad (SI Nº 24/2011-SIL) para entender en esta acción, en la que entienden se reclama una "indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, en virtud del artículo 1.113 del Código Civil", se funda en la condición de persona de derecho público de la accionada y la relación de empleo público que la vincula con el accionante -Suboficial de Policía dependiente de la Provincia del Chubut. Por consiguiente, interpretan que para entender en la causa la competencia es la propia de este Superior Tribunal de Justicia, dada por el art. 32 inc. 3 de la ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37).- II.- Desde que la competencia es un presupuesto del proceso que debe ser discutido in limine litis y sobre el cual el juez requerido debe pronunciarse de oficio (Conf.: art. 4 y 340 de la Ley XIII Nº V (antes arts. 4 y 337 del C.P.C.C.; PODETTI "Tratado de la Competencia", pág. 364), ha de resolver esta Sala sobre la propia para entender en la presente causa.- Que la jurisprudencia del Cuerpo -siguiendo la doctrina de los maestros procesalistas- ha definido la competencia "como la aptitud que la ley otorga a los jueces para conocer de las distintas controversias que le son planteadas, constituyendo una categoría reguladora de las relaciones de los tribunales entre sí en lo que al ejercicio de la jurisdicción se refiere, y está fijada por reglas destinadas a atribuir a los ///distintos órganos el conocimiento de los litigios (FENOCHIETTO- ARAZZI- Código Procesal Civil de la Nación comentado y concordado - Astrea 2º Ed.- Tomo I - págs. 44/45)". Estos autores -con cita de CHIOVENDA- indican "que la misma se divide en Absoluta y Relativa, distinción que trasciende el marco jurisprudencial, toda vez que la Ley, y sólo ella, es la que señala tal criterio. La Relativa -disponible por las partes- es la territorial; la Absoluta en cambio, improrrogable, indelegable y de orden público, debe ser observada al encontrar su fundamento vinculado con la administración misma de justicia y de suyo indirectamente interesado el poder jurisdiccional, tal la por razón de la materia, grado, valor". (SI Nº 74/SCA/11).- En este marco, ha dicho que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda; ello más allá del derecho que se invoque en el reclamo. El criterio determinante es en definitiva el del derecho aplicable, y se ha resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado" (CN Fed. en pleno "in re" "Boccardo..." LL 1987-C-5; SI STJCH N° 30/SCA/07, 02/SCA/09, 28/SCA/2010 entre otras.-).- El actor instó la jurisdicción ante el Juzgado Laboral Nº 2 de la ciudad de Puerto Madryn, describiendo los hechos según se expone en ///las resultas. La pretensión tiene su fuente en un accidente de trabajo, por el cual oportunamente demandó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante un Juzgado Nacional del Trabajo, obteniendo una sentencia favorable, pero con el fin de obtener una "reparación integral" por daños materiales y moral, acude a este pleito, planteando la inconstitucionalidad del art. 39 y otros preceptos de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y fundando su derecho, que estima preponderantemente amparado por normas del Derecho Privado - en el Código Civil, Ley de Contrato de trabajo y Ley de Riesgos de Trabajo, a más de invocar preceptos de la Constitución Nacional y Provincial. Reclama ser resarcido del incumplimiento de la obligación que pesa sobre su empleadora -la Provincia del Chubut- de brindar seguridad e higiene a sus empleados en el régimen que rige su vínculo laboral. Obligaciones éstas que resultan impuestas por preceptos laborales, ya que en la materia son aplicables las normas de fondo que regulan las relaciones de trabajo.- Que la exposición de los hechos y el derecho contenida en el libelo introductorio, clara y expresamente ratificada por quien acciona al expresar sus agravios frente a la sentencia por la que se declaró incompetente la Sra. Jueza Laboral, exhibe que el actor ocurrió a esa vía, conciente del vínculo de empleo público que lo une a la demandada, manifestándose en este sentido.- Insistió al apelar en que la vía elegida, fue la adecuada a su pretensión: una indemnización de daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo fundada en el art. 1113 del Código Civil -sostuvo.-- /// Que en mérito de tal preceptiva invocada es que la cuestión deberá ser resuelta; esto es, se aplicarán disposiciones del Derecho Privado preponderantemente, sin perjuicio de que otras de Derecho Público pudiesen llegar a analizarse en la sentencia.

Que "En términos generales, el carácter contencioso administrativo de una causa judicial se halla determinado por la concurrencia de dos factores: el subjetivo, que está dado por la circunstancia de ser parte en el conflicto un órgano de la Administración Pública, y el objetivo, que deriva de la naturaleza o normas aplicables.- (PALACIO, Derecho Procesal Civil, Tº II, p. 524).- Y en particular Julio A. DE GREGORIO LAVIE, dice que si la cuestión debe resolverse por aplicación de normas de carácter administrativo corresponderá la competencia contencioso-administrativa, y siendo la legislación común: la civil y comercial ("La competencia contencioso administrativa", p. 132).-- Que esta enunciada es la doctrina que este Cuerpo ha mantenido invariablemente en su jurisprudencia (recientemente en SI Nº 28/SCA/2010, en "G.."). Ambos factores deben estar presentes y así se falla desde antiguo: "la cuestión es contencioso administrativa, no sólo cuando está involucrado el Estado o sus entidades descentralizadas o autárquicas, sino cuando se relaciona con actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo, mas no cuando dichos actos caigan bajo el imperio de normas de Derecho Privado" (SD Nº 40/85 y ///Nº 17/86, SI Nº 79/91, Nº 118/91, Nº 1/92 y Nº4/94, entre muchas).- No empece a ello, que el derecho reclamado finque -entre otras fuentes- en un deber de resarcir de fuente constitucional tal como se invoca, pues "Como tantas veces lo ha dicho el Cimero Tribunal, y se comparte, no hay derecho que no encuentre su raíz y origen en la Constitución; mas ello no es atributivo de competencia judicial, pues de así considerarse, no tendría razón de ser la distribución de la misma en distintos fueros. Ni ha de olvidarse que esa fuente en particular deriva de circunstancias históricas, que durante décadas, ya largamente superadas, retrajeron al Estado justamente de la aplicación de las normas civiles" (SI Nº 9/SCA/10).- No es ocios recordar además, que se tiene dicho que "debe admitirse que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas. Muchos Códigos en lo Contencioso-Administrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante (v.g. Pcias. de Corrientes, Formosa, Buenos Aires - Ver ///Revista de Derecho Público - Proceso Administrativo I -2003-1)" (SI N° 30/SCA/07; SI Nº 28/SCA/2010).- Ha considerado el Tribunal además que "en el ámbito jurisprudencial aunque -señala Héctor POZO GOWLAND- en los hechos muchas veces ocurre que la distribución en materia de competencia entre la justicia federal contencioso administrativa y la civil y comercial no fueron resueltas con un criterio científico sino por un sentido equitativo de distribución de causas". Y que "aún así, la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo"(conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01, "Estado Nacional v. Aguas Argentinas...", Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más); (SI N° 30/SCA/07 y SI Nº 28/SCA/2010).- En numerosos precedentes -con cita de Roberto Enrique LUQUI (Revisión Judicial de la Actividad Administrativa - Astrea 2005 - págs. 106 a 113, 130 a 133)- en las S.I. N° 41/SCA/06 ("T. S.A...."), 50/SCA/06 (R...."), 21/SCA/07 ("G., N. y otros..."), 02/SCA/09. ("G..") -entre otras- este Cuerpo dijo: ".debe analizarse la singularidad de la materia litigiosa, pues será ésta la que ///en cada caso ha de conducir al establecimiento de la competencia, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado". Y ". decidir cuándo predominan las normas de Derecho Público sobre las de Derecho Privado no es un tema simple, y por tanto ésta no es pauta suficiente.- Y para que un litigio sea de competencia contencioso-administrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa.- Lo relevante, es la cuestión sustancial y en caso de duda, la competencia será del Juez Ordinario por ser residual. (Ob. cit. pág. 110/112)" (S.I. N° 41/SCA/06 y 50/SCA/06, SI Nº 28/SCA/2010, entre otras).- Que en tanto el hecho que motiva la pretensión es en el caso un accidente de trabajo, y la norma que ha de dirimir la contienda exclusivamente de Derecho Privado, extraña al Derecho Público Constitucional o Administrativo, sin perjuicio del sujeto demandado, la justicia competente para conocer de ella es la ordinaria. Habida cuenta de que la Ley Nº 4070 (B.O 5/04/95) que había establecido para el caso de optar el trabajador -o sus causahabientes- por "el resarcimiento integral de los daños y perjuicios que tengan origen en accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales" la competencia de los Jueces de Primera Instancia en materia Civil, ha perdido vigencia en tanto a posteriori la Ley V Nº 120 (antes Ley Nº 5816) -que aprobó el Digesto Jurídico- en su art. 5º dispuso la abrogación de las normas incorporadas a su Anexo "E", ///encontrándose aquélla en éste (conforme el texto del precepto se encuentra "implícitamente abrogada") el actor ocurrió ante el Juez laboral del lugar de su trabajo, respondiendo a la naturaleza de la materia en conflicto, lo que no puede objetarse.-- VII.- En consecuencia, oído el Sr. Procurador General, no hay lugar a dudas acerca de que no corresponde la causa a la competencia atribuida por el art. 32 inc. 3 de la ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) a este Superior Tribunal de Justicia.- Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia; -- - RESUELVE:

1°) DECLARAR la incompetencia de este Superior Tribunal de Justicia para entender en la presente causa, conforme los Considerandos que anteceden.- 2°) DEVOLVER estos autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Puerto Madryn.- 3°) REGÍSTRESE, notifíquese al Sr. Procurador General, por Secretaría ofíciese a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción ///Judicial de Puerto Madryn con copia de la presente a fin de que tome conocimiento y devuélvase.- La presente se firma con dos Miembros de la Sala por encontrarse el Dr. Daniel L. Caneo en uso de licencia.- Fdo. Dres. PASUTTI y ROYER.- Recibida y registrada por Secretaría el 25/10/11 bajo el Nº 97.