Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 07 días del mes de abril del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Daniel Luis Caneo y Fernando Salvador Luis Royer, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "R., E. A. y otros p.s.a. Administración Fraudulenta" (Expediente 20.502 - R - 2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 1211: Rebagliati, Caneo y Royer.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

1.- Que vuelven las presentes actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de dictarse nueva sentencia con arreglo a los precedentes citados en el fallo.

Corresponde entonces ingresar directamente al tratamiento de la cuestión planteada en el recurso de casación interpuesto por el defensor particular de R. W. H., doctor T. R., con el patrocinio letrado del doctor E. L. M.

La Cámara en lo Criminal de la ciudad de Puerto Madryn mediante sentencia del día 3 de octubre de 2005 (cfr. fs. 916/932 vta.), condenó al imputado a la pena de tres años de prisión en suspenso, una multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000.-), más las costas del proceso, imponiéndosele trabajos no remunerados a favor del Estado o instituciones de bien público, durante doscientas horas en el término de dos años, al hallarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta por el hecho cometido en aquella ciudad, entre los meses de enero de 1996 y febrero de 1999, en perjuicio de Servicoop (artículos 173, inciso 7°, 22 bis, 26, 27 bis y 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal).

II) El recurso se fundó en dos motivos de agravios.

El primero de ellos denuncia arbitrariedad, y sostiene que el fallo es producto de una instrucción deficiente y excedida irrazonablemente en el tiempo, que perjudicó al imputado.

Indicó que el hecho objeto del proceso no había sido debidamente definido, lo que impidió un adecuado ejercicio de defensa.

Asimismo criticó que durante la audiencia se incorporó documentación que fue utilizada para fundar la condena, afectándose de esta manera los principios de preclusión y defensa en juicio.

Para terminar con este punto, sostuvo que el tribunal, al incorporar esta nueva documentación al proceso, censuró su posibilidad de rendir cuentas por lo exiguo del plazo otorgado a las partes y no hizo referencia del destino de los fondos retirados por el imputado.

El segundo agravio tiene que ver con el planteo efectuado en los alegatos, y denuncia que el Tribunal nada dijo en la sentencia al respecto, lo que provocó una violación al principio ne bis in idem.

III) Puesto a analizar los puntos de controversia, invertiré el orden para el tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta lo ordenado por el Máximo Tribunal.

Así, en el punto relativo a la posible violación al principio de "ne bis in idem", que dejara expresada la Defensa en su recurso de casación ante este Tribunal -en su anterior composición- y luego ante la Corte Suprema de la Nación diré lo siguiente:

Luego de celebrada la audiencia de fs. 1202/vta, se agregó copia de sentencia dictada en los autos "H. R. W p.s.a de Administración fraudulenta -PM- (Expte N° 72/00 C.1ª.C.), en los que el imputado R. H. resultó absuelto de los hechos imputados y que consistían básicamente en que: Siendo el nombrado H. presidente de S. habría efectuado pagos indebidos por sobrefacturación en una obra en la que se debían realizar movimientos de suelo y para la que fuera contratada la empresa M. S.R.L. Dichos trabajos habrían sido presuntamente ejecutados en el período Noviembre - Diciembre del año 1994.

Como se puede apreciar de las constancias de dicho pronunciamiento y los hechos imputados en la presente causa, las conductas atribuidas resultan ser distintas y aún cuando posean una igual calificación delictiva (Administración Fraudulenta), permiten ser escindidas en su reproche, por estar enmarcadas en un tiempo y modo diferentes.

En ese sentido, cabe recordar que la garantía constitucional contra la doble persecución penal sólo es susceptible de tutela inmediata, en tanto veda someter a un nuevo juicio a quien ya lo ha sufrido por el "mismo hecho", sin importar los diversos encuadramientos que se pueden efectuar respecto de aquél. En los casos en que se aprecie que ha existido continuidad o permanencia la garantía del ne bis in idem solamente abarcaría el tramo delictivo que se extiende hasta que la sentencia dictada en el proceso en el que son juzgados queda firme, no abarcando al tramo posterior a la firmeza de tal sentencia.

En el primer caso, insisto, lo que ha existido es el juzgamiento de H., por hechos que si bien han merecido igual calificación delictiva que en el presente, y revistiendo en ambos casos el nombrado una igual representación ante el mismo ente presuntamente perjudicado (Presidente), lo han sido por distintas circunstancias fácticas tanto en su modalidad como en su contenido.

En efecto, en un caso la conducta atribuida estaba referida a pagos indebidos por sobrefacturación a una empresa en un determinado tiempo, en cambio en el sub lite se trata de haber recibido sumas de dinero en concepto de gastos o anticipos que debía rendir, en un tiempo posterior al primero. Es por ello que, al no existir tal identidad fáctica, no se encuentra afectado el principio "ne bis in idem" y en consecuencia el agravio así deducido debe ser rechazado.

En lo atinente a la queja por las formas y el alcance de la denuncia que abriera este proceso, he de expresar en primer lugar que la interposición de una denuncia penal no es más que un acto inicial del proceso, un disparador de la investigación de un hecho presuntamente delictivo, que autoriza -previo requerimiento de instrucción- la recolección de aquella prueba legítima y eficaz que permita la formulación de una acusación válida contra un autor o autores determinados.

Una denuncia no requiere formalidad alguna, siendo suficiente la manifestación indubitada y expresa debidamente documentada, hecha ante la autoridad competente encargada de la averiguación y la persecución delictiva.

En el sub lite, el hecho denunciado fue concreto, se trataba del accionar de miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Eléctricos y Viviendas de la ciudad de Puerto Madryn quienes, entre los años 1996 a 1999, habrían percibido indebida e ilegítimamente sumas de dinero en concepto de gastos reservados, de representación o de viáticos, bien porque tales conceptos habían sido suspendidos por resoluciones internas, o bien porque no se correspondían con los que se rindieran o porque su monto habría excedido un determinado límite impuesto.

En cuanto a las críticas sobre la investigación desarrollada he de expresar en principio que, tratándose de una maniobra eventualmente defraudatoria, resulta habitual que la prueba de mayor relevancia esté constituida regularmente por la documental y las registraciones contables que a tal efecto se hubieren realizado o se encontraren en poder del ente presuntamente damnificado. Es por ello que entre las primeras medidas de instrucción se encuentra la realización de una pericia contable cuyos puntos pretendían establecer la veracidad de los aspectos denunciados.

Para tal cometido, se autorizó al perito a consultar la documentación existente en la Cooperativa y fue sobre esa base que el idóneo produjo el dictamen que se agrega a fs. 53/56, el que, como bien se dice en la sentencia, debido a sus falencias técnicas constituyó escasamente una mera guía de los hechos imputados al aquí condenado.

Ello así, por cuanto de la sola lectura de la experticia producida por el contador L. C. T., puede colegirse que el nombrado se ha limitado a enunciar globalmente el monto de las sumas que la tesorería le habría entregado a R. H., sin que a su respecto exista comprobante alguno de su rendición. Para ello el perito se limita a remitirse a la documentación que indica como existente en el anexo 20, cuando allí solo se puede observar un listado y no la individualización concreta de la documentación atribuida.

El imputado oportunamente impugnó el resultado de esta pericia (ver fs. 61) y afirmó que en los cartulares que consultó no existía un solo recibo firmado por él. Dijo que el único recibo que se le adjudicaba poseía una firma apócrifa. El desconocimiento así formulado tuvo principio de confirmación con el resultado de la pericia caligráfica agregada a fs. 661/675.- Por lo demás, surge a fs. 371 que el imputado solicitó la realización de una pericia contable a sus costas tendiente a establecer fehacientemente el retiro de dinero por parte de los miembros del Consejo de administración, conforme a la determinación y clasificación de la documentación que así lo acredite.

La providencia que ordenó poner a disposición del perito de parte la documentación específicamente solicitada, no resultó a mi criterio lo suficientemente clara como para que el profesional tenga acceso a los recibos cuya verificación de autoría estaba reclamando el imputado. Aún así, con el informe agregado a fs. 408/412, no se puede establecer con claridad cuales han sido los retiros que fundamentan las conclusiones del perito T.

La cuestión no es menor pues en definitiva la imprecisión apuntada terminó por contaminar la pieza acusatoria al limitarse esta última a transcribir en forma genérica conceptos que había formulado antes el perito T. en su dictamen.

Es recién en oportunidad de dictarse el fallo condenatorio que el vocal de primer voto -Dr. Cortelezzi- supliendo la tarea del Ministerio Fiscal, fija con claridad y precisión la imputación e indica la documental en que se basa para formular el reproche. Antes de ello, había efectuado una crítica a la investigación efectuada durante el período instructorio a raíz de haberse prolongado largamente en el tiempo y sin que se hayan aportado más elementos relevantes que aquellos que inicialmente había aportado el perito en su experticia, indicando además, que la requisitoria de elevación a juicio escasamente superaba los requisitos exigidos por el Art. 305 del CPP.

Dicha documental -basamento de la imputación- recién pudo ser consultada por las partes durante el curso del debate, a raíz de haber sido incautadas de la Cooperativa días antes de la realización de la audiencia, y contando los imputados con un día de gracia para su observación.

Sólo la condición de letrado del imputado y su omisión de haber postulado las diligencias probatorias necesarias que dudó en peticionar durante el curso del debate y al tiempo de serle exhibida la documentación tomada como incriminatoria, me llevan a sostener que en el caso no se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio.

Como dejara expresado antes, el juez Cortelezzi enunció todos y cada uno de los recibos que estimó aceptados tácitamente por H., arribando a la conclusión que el nombrado en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, "retiró en dichas ocasiones, dinero y conociendo cabalmente la obligación que tenía de rendir cuentas del uso del mismo, omitió voluntariamente efectuarlo obteniendo así un lucro al que arriba abusando de la situación caótica que él mismo se encargó de sostener en el tiempo". Consideró que en dicha actividad se agotaban los elementos objetivos y subjetivos del delito de Administración fraudulenta previsto y penado en el Art. 173 inc. 7 del C.P.- La imputación -como se observa de la mera lectura de su texto- fue residual y recortada de las que al tiempo de la acusación le atribuyera el Ministerio Fiscal. Descartando el juez de primer voto -por falta de pruebas- el resto de los reproches. El criterio así expuesto fue compartido por la Juez Mallo, con lo cual se conformó la mayoría del decisorio que tornó innecesario la intervención del tercer vocal.

En realidad entiendo que ha sido mal utilizado el verbo en la acción ilícita que se le adjudica a H., pues retirar implica "apartar o separar a alguien o algo de otra persona o cosa o de un sitio", y lo que en realidad hizo H. fue "recibir" de la tesorería de la cooperativa, determinado monto, para lo cual firmaba un recibo, en el que se consignaba las palabras "anticipo" o "gastos a rendir", es decir, aquél tomaba lo que le entregaban. Con lo cual resulta claro que quien resulta recipiendario de dinero que otro le entrega es porque no lo ha poseído antes ni tiene la libre disponibilidad de él y por ende no puede estar a cargo de su administración. En el caso, no hay duda que H. aceptaba bajo recibo el dinero que -bajo un determinado concepto- le entregaba el tesorero de la entidad, cuyo monto luego debía ser contabilizado en el cierre de caja diario.

Si era una obligación a rendir era el tesorero quien debía solicitarla, o bien poner en conocimiento del gerente su omisión para su intimación si era necesario, cuestión que ulteriormente no podía pasar desapercibida del control de la sindicatura de la cooperativa.

Ahora bien, tampoco cabe duda que conforme a las constancias de la causa y las características organizativas del ente presuntamente perjudicado que H. en su condición de "presidente" ejercía la representación de organismo y que juntamente con el consejo de administración, era el encargado de la marcha de la cooperativa y demás atribuciones previstas en el Art. 65 de su estatuto, pero en lo que respecta al manejo de los fondos y demás operaciones contables propias de una administración, las mismas se encontraban a cargo de un tesorero, gerente y eventualmente afectados al control de la sindicatura del ente como dijera antes.

En consecuencia los fondos que H. recibía y para los cuales firmaba el correspondiente recibo, estaban afectados -como bien lo dice el fallo- a la obligación de rendir cuentas, entendiendo como tal actividad la obligación que pesa sobre toda persona que administra bienes total o parcialmente ajenos y realiza actos por encargo, en nombre y por cuenta de otro (doctr. art. 1909 C. Civil), siendo acreedor de aquélla el mandante, dueño del negocio; si él está incapacitado, su representante legal; si ha fallecido, sus herederos (conf., Mosset Iturraspe, "Mandatos", pág. 217).

Sobre esta obligación, no surge de autos que H. haya sido intimado o requerido en algún momento de su gestión por quienes estaban autorizados y obligados a hacerlo, tampoco por el nuevo Consejo de Administración cuando detectó las falencias y que posteriormente denunció. Ello así, por cuanto la omisión a rendir cuentas de lo recibido no implicaba de por sí, la configuración del delito atribuido.

En efecto, sobre el particular el maestro Nuñez explica con claridad que, el momento de la rendición de cuentas es el de la terminación de la administración. Pero los interesados pueden adelantarlo, sea que el mandante las exija o el mandatario las rinda por propia voluntad. Las cuentas pueden rendirse extrajudicialmente o en juicio civil de cuentas, especial o no. Sólo si la imputación de que en su rendición el administrador ha cometido alguno de los hechos mencionados en el inc. 7°, autoriza el ejercicio de la acción penal por este delito, pues la rendición de cuentas, formal o informalmente hecha, o un acto que la implique, constituye la base de la acusación. Antes de ello, el alzamiento o fuga del administrador u otras conductas irregulares suyas, podrán autorizar la exigencia de que rinda cuentas o acciones criminales por omisión de restituir o estafa, pero no constituirán ni siquiera el corpus de una tentativa del delito del inc. 7°. (R.C.Nuñez "Derecho Penal Argentino - Parte Especial T. V. pág. 383) Por otro lado, el desorden contable en que estaba inmersa la administración de la cooperativa, el mismo fallo se encarga de establecer -conforme los testimonios rendidos en el debate- que tal situación precedía a la gestión de H., razón por la cual debía acreditarse lo que se predica como fundamento del dolo de la conducta enrostrada, es decir que el imputado conocía esa situación y que aprovechándose de ella omitía la debida rendición de cuentas, cosa que, por el contrario no aparece debidamente esclarecida en estos autos. Menos aún cuando se advierte la existencia de otras múltiples entregas de dinero en las que sí el imputado presentaba comprobantes.

No obstante ello, ulteriormente tal desorden contable, no constituiría una presunción iure et de iure de administración fraudulenta, aunque sí un indicio relevante de una deficiente gestión que puede ser susceptible de generar responsabilidad civil por los daños causados que debería estar en cabeza de otros sujetos responsables de tal actividad y no en la persona del aquí enjuiciado.

Más allá de la adecuación típica que ut supra he destacado, la prueba del dolo tampoco en autos se ha fundado debidamente, siendo como es un requisito indispensable para adecuar una conducta reprochada al tipo penal esencialmente defraudatorio del art.173 inc.7 CP., ya que no sólo requiere tal modalidad subjetiva, sino que además carece de una previsión legal que hubiera descripto la posibilidad culposa.

Por los argumentos hasta aquí desarrollados entiendo que el fallo ha señalado prueba insuficiente a los fines de acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable, pues los extremos objetivos indicados en el reproche no constituyen en sí mismos una conducta típica, razón por la cual propicio acoger el recurso de casación interpuesto y en consecuencia revocar la sentencia condenatoria impuesta a R. W. H. en orden al delito de Administración Fraudulenta (Art. 173 inc. 7 C.P.), Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

Que la Corte Suprema de la Nación revoca la sentencia oportunamente dictada por este Superior Tribunal de Justicia.

Sostiene el máximo Tribunal que el tratamiento dispensado a los agravios relacionados con la calificación legal aplicable a la conducta imputada y a la afectación del principio ne bis in idem resultaron rechazados de manera dogmática y genérica.

De esta manera habré de ingresar al tratamiento de las cuestiones planteadas en el recurso, siguiendo el orden fijado por el colega que me precede.

La afectación al principio de ne bis in idem surgiría del hecho investigado en el expediente nro. 72/00, caratulado: "H., R. E s/ administración fraudulenta", en donde con fecha 21 de mayo de 2002, la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew, absolvió al imputado H. del delito de defraudación por administración fraudulenta.

Surge de las fotocopias agregadas a fs. 1205/09 que allí se investigó la conducta desplegada por R. W. H., en su carácter de Presidente de Serviccop, cuando contrató la empresa "M. SRL" para efectuar trabajos de movimiento de suelos en terrenos aledaños a las actuales piletas de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Puerto Madryn, presuntamente ejecutados en el período noviembre-diciembre de 1994, con facturas sin contabilizar, abonadas directamente por vía bancaria, pagando altos intereses y otros gastos financieros, sobre facturas que no fueron controladas por las áreas correspondientes, habiendo abonado indebidamente por obras ejecutadas un valor de $ 90.000, por trabajos cuyo valor no superan los $ 17.386,67, existiendo una sobrefacturación de un 400%, irregularidades que causan un perjuicio económico al ente cooperativo, y de esta manera no observó los deberes a su cargo confiados conforme el cargo que detentaba en la misma.

Mientras que en la presente causa se llevó adelante el juicio oral y público por el hecho que se desprende del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal. El mismo consiste: ". en períodos comprendidos entre le mes de julio de 1996 y julio de 1999, teniendo por lo tanto a su cargo la administración de los bienes de la Cooperativa, según las funciones que le acuerda el estatuto de la misma, incurrieron en hechos configurativos del tipo penal de Administración fraudulenta toda vez que procuraron para si un lucro indebido, violando los deberes a su cargo. Es así que habrían realizados los siguientes hechos: (primero se mencionan los relacionados con el Consejo de Administración, quienes han sido absueltos). g) asimismo, R. efectuó retiros vinculados a gastos reservados desde enero de 1996 hasta abril de 1999 sin obrar comprobantes de rendición, por el monto de dos mil setenta y cinco con noventa y ocho centavos, conforme anexo 20 de la pericia contable y la suma de nueve mil setecientos veintiocho con doce centavos suma de la que consta egreso sin documentación de respaldo alguna.´ Si bien es cierto que el delito de defraudación por administración fraudulenta se vincula con una unidad de gestión que puede estar constituida por varios actos infieles, entiendo que en los casos mencionados no existió una imputación global.

El hecho adjudicado en el expediente donde fue absuelto el imputado es independiente y escindible respecto del reproche aquí formulado.

Así, como bien lo indica el doctor Rebagliati, las conductas adjudicadas son distintas por encontrarse situadas en diferentes períodos y tener una distinta modalidad.

Es cierto que ambas conductas fueron calificados como defraudación por administración fraudulenta, pero las maniobras incriminadas en el primer caso no configuraron delito, y lo que se investiga en la presente son actos diferentes y respecto de los cuales habré de expedirme a continuación.

Por lo expuesto voto por rechazar el planteo esgrimido en este sentido.

En cuanto al segundo agravio, habré de coincidir en la solución del caso con quien me precede en orden de votación.

Coincido con la Cámara en que la instrucción ha sido extremadamente deficiente, ya que no sólo se prolongó en el tiempo indebidamente, sino que también no se procuró realizar todas aquellas medidas probatorias tendientes a demostrar la existencia del delito.

Esta situación provocó que la plataforma fáctica construida en la primera etapa del proceso sea imprecisa e indefinida.

Recién en la sentencia, el juez que lideró el acuerdo, reformuló el hecho imputado, y estableció, luego de exhibir la documental secuestrada antes de la audiencia, que H., en su condición de integrante -presidente- del consejo de administración, y en uso de las atribuciones que el Estatuto de la cooperativa le concedía, tenía la libre administración, el cuidado y el manejo de los bienes y de los intereses de los asociados, así como que ejerciendo la presidencia, durante el período que marcan los años 96 y 99 retiró dinero, y conociendo cabalmente la obligación que tenía de rendir cuentas del uso del mismos, omitió voluntariamente efectuarlo obteniendo así un lucro al que arriba abusando de la situación caótica que él mismo se encargó de sostener en el tiempo.

Advierto, como bien lo indica el juez Rebagliati en primer lugar, que en realidad el imputado no ´retiró´ sino que ´recibió´ dinero por parte de la tesorería de la cooperativa, lo que implicaba dejar constancia de ello mediante la suscripción del pertinente recibo.

De esta manera, el dinero que recibía el imputado estaba afectado a la correspondiente rendición de cuentas.

Y esto es justamente lo que se reprocha al imputado, no haber rendido cuentas de los gastos efectuados, cuando sabía que tenía la obligación de hacerlo.

El hecho así descripto es bastante parecido al informado en el requerimiento de elevación a juicio.

Sin embargo se observa que en ningún momento se mencionó en qué consistieron concretamente los actos fraudulentos que autorizarían la posibilidad de perseguir penalmente al imputado por este delito.

Seguramente el doctor Cortelezzi haya advertido esta abstención por parte de los funcionarios judiciales, y en su voto intentó remendar lo que se había omitido, y agregó -en la reconstrucción del hecho-, que el imputado H. obtuvo un lucro por abusar de la situación caótica que él mismo se encargó de sostener en el tiempo.

Así las cosas coincido plenamente con el Ministro que me precede.

Existen motivos formales que me obligan a votar por la revocación del fallo, como ha sido la falta de claridad, precisión y circunstancias de los hechos adjudicados a H., lo que implicó una evidente vulneración al derecho de defensa en juicio.

Pero por otro lado, y de acuerdo a lo expresado, estimo que el hecho, como ha sido detallado en la sentencia, no constituye delito.

La falta de rendición de cuentas no constituye por sí solo el delito de defraudación por administración fraudulenta previsto en el artículo 173, inc. 7° del Código Penal, sino que tiene que ir acompañada de actos fraudulentos por parte de quien tiene la administración de los bienes. Si la Acusación no logró demostrar que el imputado cometió alguna de las acciones mencionadas en la figura penal escogida, en cualquiera de sus dos formas, el hecho adjudicado deviene atípico.

No comparto el fundamento dado por el Tribunal de Mérito para acreditar la existencia del dolo que exige el tipo, que consistió en sostener que el desorden contable comprobado dentro de la administración de la cooperativa fue utilizado por el imputado para cometer el delito.

Por todo lo expuesto corresponde revocar la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Puerto Madryn y absolver a R. W. H. del delito de defraudación por administración fraudulenta. Así me expido y voto.

El Juez Fernando S.L.Royer dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Daniel Luis Caneo existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el artículo 357 del Código Procesal Penal (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--S E N T E N C I A - 1º) Declarar procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 941/51, sin costas (artículos 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

2°) Revocar la sentencia de fs. 916/32 vta., y absolver a R. W. H. del delito de defraudación por administración fraudulenta, por el hecho cometido en la ciudad de Puerto Madryn entre los meses de enero de 1996 y febrero de 1999, en perjuicio de S.

3º) Regular los honorarios profesionales de los señores defensores, en forma conjunta, en el treinta y cinco por ciento (35%) de lo regulado en el juicio, no incluye IVA (artículos 6º, inciso "d", 10, 14 y 45 del Dto. Ley 2200, T.O. 4335).

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: R. Russell, Caneo, Royer.