Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los13 días del mes de noviembre del año dos mil doce, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular el Dr. Fernando Salvador Luis Royer y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis Pasutti y Daniel Luis Caneo para dictar sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ S. A. F. E. Y OTROS s/ Ordinario (Expte. N° 1948/1999 Juz. Civil)" (Expte. N° 22.625-P-2012). Teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1035 y según lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. Pasutti, Caneo y Royer.--------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? -------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. José Luis Pasutti dijo:-------------- ------ Llegan las presentes actuaciones para conocimiento de esta Sala, por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que la tercera citada dedujo a fs. 982 y fundó a fs. 1003/1012 vta., contra la Sentencia Definitiva Nº 54/2011 dictada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel.----------------------- ------ ANTECEDENTES: ----------- ------ 1.- La Provincia del Chubut promovió demanda contra S.A. F. E. (en adelante SAFE), R. A. V. y E. A. A. Peticionó la nulidad de un acuerdo transaccional por ejecución de honorarios celebrado entre SAFE y el Dr. A. La primera, obligada al pago y el segundo, acreedor de los honorarios. Por ese acuerdo se estableció que los honorarios reclamados en la ejecución se abonaban mediante el pago con ". madera en pie de sus forestaciones en Puerto Patriada, Epuyén.".------------------------------- ------ La actora alegó que SAFE transfirió al letrado un derecho que poseía, de naturaleza administrativa, y que la autorizaba, bajo ciertas condiciones regidas por su contrato de concesión, a la tala de árboles fiscales y la extracción de madera. Aclaró que el contrato no contenía previsiones respecto de la transferibilidad o no de los derechos emergentes de la concesión. Por eso se aplicaba el principio de intransferibilidad contenido en el art. 40 de la ley nacional N° 13.273, régimen al que adhiere la Ley Provincial N° 124.-------------------------- ------ Entendió, además, que según el art. 40 de la Ley N° 13.273, las concesiones y permisos forestales son intransferibles sin previa autorización administrativa, bajo pena de caducidad. Agregó que la autorización debió haber sido dada por el Poder Ejecutivo Provincial, y que al no hacerse así el acto jurídico era de objeto ilícito, porque la transferencia de la concesión no estaba permitida por la ley.------------- ------ 2.- El co-demandado, R. A. V., notificado de la acción, opuso, entre otras, la excepción de falta de legitimación para obrar. Alegó no ser titular de la relación jurídica que se pretendía anular. A fs. 147/148, por Sentencia Interlocutoria, se hizo lugar a la excepción y se rechazó la demanda en su contra.- ------ 3.- El codemandado E. A. contestó la demanda a fs. 99/112, y requirió la citación como tercera interesada de la Sra. D. I. B., a quien le había cedido los derechos emergentes del contrato impugnado. Solicitó el rechazo de la acción y que se calificara de temeraria y maliciosa la conducta de la actora. Expresó además que ". en su momento." haría a la accionante ". responsable de los daños y perjuicios que se han generado y se generarán al patrimonio del Dr. A.".----------------------------- ------ Argumentó la "inexistencia de objeto ilícito" y señaló que no existía decreto, reglamentación, ley, ni norma jurídica que prohibiera la venta a los dueños de las forestaciones, o sea, a quienes hubieran implantado bosque artificial. Adujo que la madera de forestaciones era materia negociable y sujeta al libre comercio por parte del forestador. Entre otros argumentos, sostuvo que no existía concesión a SAFE sobre las forestaciones hechas por la empresa porque la propiedad de la madera de los árboles cultivados era del implantador o forestador.--- ------ Cuestionó la legitimación activa de la Provincia, por entender que las tierras pertenecían al municipio de El Hoyo. Pidió citar como tercera interesada y con intervención obligada a la Sra. D. B., por haberle cedido los derechos emergentes del acto impugnado. Formuló reserva de reclamar oportunamente los daños y perjuicios.---- ------ 4.- Ordenada la citación de la tercera interesada, Sra. D. I. B., se presentó a fs. 134. La citada señaló que se oponía al progreso de la acción por los mismos argumentos expuestos por el Dr. A. A su turno, el representante de la codemandada SAFE indicó también que adhería a los argumentos expuestos por el codemandado A. (fs. 166).-- ------ La Sentencia de Primera Instancia.

------ A fs. 885/896 se dictó la sentencia de primera instancia, por la cual se rechazó la defensa de falta de legitimación activa interpuesta por el codemandado A. Además, se declaró abstracta la cuestión objeto de autos, y se impusieron las costas por su orden, regulando honorarios.------------------ ------ El magistrado entendió que la Provincia del Chubut se encontraba legitimada para demandar, por hallarse una parte de las forestaciones transferidas enclavadas en una superficie adjudicada en venta, por contrato con el Estado de fecha 12/2/1963; y otra parte, en 144 has. vendidas por la Provincia a SAFE. Luego destacó que si la Provincia por Decreto dictado en el año 2002 (N° 1349) pudo hacer caducar la adjudicación en venta de dichas tierras fiscales, con mayor razón, estuvo facultada para accionar por nulidad contractual, por disponerse en dicho acto jurídico sobre bienes allí enclavados.---------- ------ Refirió, además, que el Decreto N° 1349/02 fue agregado con posterioridad a la demanda y contestación, y que no solo no fue objetado por las partes sino que la tercera citada en autos expresamente lo reconoció, manifestando a su respecto que: ". como objetivamente lo precisa la resolución de fs. 310/311 ha caducado la adjudicación de las tierras a SAFE, de la que es depositaria la señora., de acuerdo al decreto provincial N° 1349/02 el que dispone que la D.G.B.y P. procederá a tomar posesión formal de la tierra. Esta norma goza de presunción de legalidad y resulta ejecutiva." (fs. 313).----------------- ------ Afirmó el juez que "si se reconoció la existencia, validez y legitimidad del Decreto emanado del Poder Ejecutivo Provincial que terminó con la concesión de las 144 has. que el propio A. sostuvo eran donde -en parte- estaban enclavadas las forestaciones con que se le abonan los honorarios.", mal podía indicarse que la provincia no estuviera legitimada para plantear la nulidad requerida en autos.------------------------------------ ------ Agregó que, en tanto el resto de las forestaciones estarían enclavadas en las tierras referidas al contrato de fecha 12/2/63, aprobado por Decreto N° 108/63, dicha concesión también se declaró extinguida mediante Decreto del Gobierno Provincial N° 1561/99, razón que refuerza la legitimación de la provincia.------------------------- ------ Luego, consideró que la cuestión a dilucidar, es decir, la nulidad o no del contrato celebrado entre SAFE y A., se tornó abstracta, y que por ello no resultaba factible emitir un juicio válido acerca de circunstancias que perdieron actualidad.------------------------- ------ Razonó para ello, que por el Decreto N° 1548/98 se declaró la caducidad de la concesión otorgada a SAFE respecto de 858 hectáreas, con pérdida de las mejoras implantadas e introducidas. También consideró que por Decreto N° 1561/99 se declaró extinguida la concesión respecto de las superficies en las que, según afirmara el demandado, se encontraban parte de las forestaciones motivo de la transacción. Agregó que por Decreto N° 1349/02 se declaró la caducidad con pérdida de las sumas ingresadas por todo concepto y las mejoras introducidas en el predio, y que en estas tierras también se sostenía que se encontraba la otra parte de las forestaciones motivo de la transacción cuestionada.------------ ------ Entendió, con cita de un fallo de la C.S.J.N., que como efecto de la caducidad decretada se privó al concesionario del derecho de hacer aquello que el acto de concesión le otorgaba como privilegio. Indicó, además, que dichos efectos estaban pactados expresamente en los contratos suscriptos por SAFE con la Provincia, y los detalla.------------ ------ Razonó el Juez que no había similitud con el fallo de este Tribunal dado en los autos "K.", pues allí se destacó que no se habían respetado los actos de disposición celebrados con terceros, cuando estaba expresamente previsto en el contrato de concesión. Advirtió que esto no ocurría en los presentes autos.------------------------ ------ La Apelación de la tercera citada.- ------ La decisión fue recurrida por la tercera citada, Sra. B. En sus agravios señaló la nulidad del fallo, ante la incorporación del Decreto N° 1349/02 y su uso como fundamento dirimente en la sentencia. Indicó que no fue alegado por las partes ni incorporado como hecho nuevo. Entendió que el deber jurídico directo del juez era el rechazo inmediato de ese acto administrativo, y que al no haberlo hecho, incurrió en un inexcusable error de derecho, nulificante de su decisión. Afirmó que con el dictado del decreto, la provincia, unilateralmente, modificó su posición en este juicio, lo que consideró era un accionar de mala fe.------------ ------ Dedujo que el juez de grado incurrió en inexcusable error de derecho al no rechazar de inmediato la incorporación del decreto. Consideró que el magistrado, al admitir tal acto administrativo, delegó su propia competencia al Poder Ejecutivo, admitió la validez de un acto administrativo revocatorio de derechos otorgados por un decreto anterior a favor de SAFE, y no verificó que la actora hubiera dado cumplimiento al proceso de la acción de lesividad de la Ley I-18. Reiteró que es la Provincia quien resuelve el conflicto a su favor, eliminando por decreto el objeto de una demanda judicial, preexistente a su dictado.----------------------------- ------ Acusó al decisorio de no constituir derivación razonada del derecho vigente, por cuanto entendió que el juez omitió analizar quién era el dueño de los árboles objeto de la transacción. Entre otras aserciones, sostuvo que si la provincia revoca una de sus concesiones -de aprovechamiento de su vegetación nativa- necesariamente subsiste la propiedad de los árboles plantados, sembrados, forestados por el plantador, porque la provincia no es dueña de lo plantado artificialmente.-------------------------- ------ Seguidamente se refirió al fallo de este S.T.J. dictado en los autos "K." SD. 08/SCA/00, relativo a la revisión de oficio de los actos administrativos, y afirmó que la situación de los presentes autos es similar a los que llevaron al dictado de la citada sentencia.------------ ------ Aseveró que no se transó sobre la concesión sino respecto de la propiedad privada de la empresa, resultante o derivada de haber llevado adelante la explotación concesionada de bosques nativos y haber plantado pinos y abetos.------ ------ Señaló que el juez de grado no entiende de qué manera se producen los efectos del Decreto N° 1349/02, y los enuncia: a) el destinatario directo de la "revocación" es la concesionaria, SAFE. b) No involucra al Dr. A. pues no formaba parte de la empresa concesionaria, ya que solo adquirió de buena fe un bien de dicha empresa mediante transacción. Mucho menos tendría efecto la revocación respecto a la cesionaria de buena fe, Sra. B. c) A. y B. no intervinieron en el proceso sumario que originó y dio lugar al decreto N° 1349/02 ni pudieron ejercer su derecho de defensa. De todo ello dedujo la nulidad del Decreto N° 1349/02.---------------------------------- ------ Argumentó que carece de importancia el hecho de que la provincia haya revocado todas las concesiones de explotación de sus bosques nativos a SAFE. Agregó que debe reconocerse que las plantaciones llevadas a cabo esta empresa constituyen su propiedad privada y puede hacer con ellas lo que mejor creyera conveniente.------ ------ Advirtió que de la revocación no puede derivarse que la Provincia se apropie de las forestaciones implantadas por su ex concesionaria y tome posesión de ellas. Tampoco que lo haga con las tierras municipales, porque el Decreto N° 1349/02 es nulo de nulidad absoluta, por violación del derecho de defensa de: 1) el ex concesionario; 2) la municipalidad de El Hoyo; 3) del Dr. E. A.; 4) de la Sra. B., concesionaria de buena fe y a título oneroso de los derechos del Dr. E. A.------------------------------ ------ En el último agravio, cuestionó el modo en que se impusieron las costas, por su orden. Reiteró la solicitud de que se apliquen a la actora sanciones por litigar con temeridad y malicia.------------------------------ ------ La sentencia de la Cámara de Apelaciones.

------ La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel confirmó parcialmente el decisorio apelado, y lo modificó con relación a los honorarios regulados a favor del Dr. R. T. G. L.---------- ------ El Magistrado que votó en primer término, Dr. F., entendió que el agravio referido a la nulidad de la sentencia no podía prosperar, por ausencia de interés recursivo en el apelante, al haberse rechazado la acción contra el demandado.------ ------ Luego, no encontró en la conducta de la actora los presupuestos necesarios para la procedencia de la excepcional sanción por litigar con temeridad y malicia, por lo que no admitió este planteo.------------- ------ Con relación a la queja por la imposición de costas en orden causado, señaló que la declaración de abstracción implica la disolución del parámetro esencial para la vigencia del principio objetivo de la derrota. En consecuencia las costas se deben imponer por su orden. Por ello, confirmó la decisión de primera instancia, pero entendió que le asistía razón al letrado apelante, en cuanto a que los emolumentos resultaban bajos, y consideró que debían ser ajustados a derecho.------- ------ El Dr. Früchtenicht dijo textualmente, "la sentencia hoy en crisis eliminó dudas sobre la vigencia de aquél acuerdo transaccional que luego la actora pretendió anular, decidiendo el juez no ingresar en el estudio de aquélla nulidad, ya que hacerlo, a su juicio y que comparto, sería emitir juicio sobre una cuestión carente de actualidad y con fines exclusivamente científicos o académicos, no siendo función del juez hacerlo. Así, ante la ausencia de perjuicio, desaparece el interés, y en su virtud, el agravio no puede prosperar en esta sede".-------------------- ------ Entendió que la sentencia recurrida era ajustada a derecho, toda vez que la causa quedó sin objeto y las circunstancias sobrevinientes tornaron inútil la decisión pendiente. ------ Tampoco consideró procedente el agravio referido a la sanción por temeridad y malicia. Halló que las costas debían mantenerse por su orden y coincidió con el Dr. Flass en elevar los honorarios regulados.-- ------ La apelación de la tercera interesada, Sra. D. I. B.

------ En esta instancia, la tercera citada se agravia de que la sentencia de la Cámara de Apelaciones haya rechazado el recurso por considerar que existía "ausencia de interés para apelar". Opina que se trata de una aserción dogmática, pues se dice erróneamente que se "rechazó la acción" cuando, en realidad, se declaró abstracta la cuestión. Señala que por tal razón su parte no resultó "vencedora". Entiende que si con la sentencia que se dicta no puede obtener una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, ambas partes, así como los terceros traídos a juicio, tienen derecho a impugnar la resolución respectiva. Agrega que al no haberse dirimido la contienda litigiosa, no puede tampoco contar con la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada que le permita repeler cualquier acción posterior similar por parte de la Provincia del Chubut. Afirma que esto motiva la existencia de un "interés" para recurrir el fallo de la primera instancia.---------- ------ Aclara que en su recurso no solo requería la revocación de la sentencia sino también su nulidad, basada en haber admitido un acto jurídico nuevo posterior a la traba de la litis, sin dar traslado a las partes y sin ser incorporado legalmente al proceso. Luego, a resultas de lo expuesto, solicita que se reconozca la existencia de interés recursivo y se resuelvan sus planteos relativos a la sentencia de la primera instancia.--------------------------------- ------ Su último agravio se encuentra dirigido a cuestionar la imposición de las costas en el orden causado. Entiende que la Cámara tiene argumentos contradictorios, pues no admitió el recurso de la tercera citada por considerar que al resultar vencedora no tenía interés en recurrir, pero en las costas dijo que como la cuestión era abstracta no había vencedores ni vencidos. Puntualiza que en los autos existen circunstancias importantes para dejar de lado la doctrina que afirma que las costas deben decretarse por su orden cuando la cuestión se vuelve abstracta.------------------------ ------ El dictamen del Sr. Procurador General ------ A fs. 1032 obra dictamen del Señor Procurador General subrogante, quien opina que debe confirmarse la sentencia venida en recurso.----------------------------------- ------ ANÁLISIS.

------ I.- El recurso que llega a conocimiento de esta Sala, interpuesto por la tercera citada al proceso, Señora D. B., está previsto en el art. 32 inc. 6 de la Ley V N° 3. La doctrina refiere que este instituto recursivo encuentra su justificación en la protección que merece el interés público, cuando se hallan en juego cuantiosos valores que comprometen el patrimonio del Estado nacional, y en la necesidad de conceder una seguridad de acierto a las sentencias que deciden esas cuestiones. Es decir, se tiene en cuenta la índole jurídica de los asuntos, su trascendencia económica, social y los intereses pecuniarios que en ella se conjugan (Elena Highton - Beatriz Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 5, pág. 2).--------------- ------ La norma que regula la vía recursiva establece una serie de requisitos formales que deben estar presentes en la causa, para habilitar el examen de las cuestiones de fondo que procuren someterse al Tribunal. El primer recaudo se encuentra dado por la limitación de los sujetos legitimados para interponer la apelación. Este andarivel requiere que sea parte directa o indirecta la provincia, las corporaciones municipales y/o entidades autárquicas.--------------------- ------ Esto, sin perjuicio de acotar que tanto en el orden nacional, como en el provincial, se admite sin hesitación su utilización por el litigante contrario al Estado, siempre, claro está, que se reúnan los demás requisitos de la vía intentada. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que "no cabe concluir que esta vía de impugnación hubiese sido concedida exclusivamente al Estado, puesto que también alcanza a los particulares que litigan con él, y sobre el particular, la legislación vigente no permite crear cortapisa alguna fundada en la calidad del sujeto legitimado para recurrir en tales supuestos" (Fallos 310:434).--------------------------------- ------ Se exige también que se recurra una sentencia definitiva emanada de la Cámara de Apelaciones. Es decir, que se trate de aquellas que ponen fin al pleito o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la defensa de su derecho.---------- ------ Por último, se demanda la existencia de un contenido patrimonial directamente en debate, susceptible de afectar los intereses del fisco provincial en el supuesto de autos. Tal como recordé en la Sentencia Definitiva 05/SROE/2005, en la Sentencia Definitiva N° 2/95 se dijo que "la vía es admisible cuando, como lo exige el art. 32, inc.7 de Ley N° 37, exista un valor disputado para el cual se había previsto un mínimo, que la antigüedad de la norma convierte en obsoleto" y con cita de otro pronunciamiento -Sentencia Definitiva N° 41/94- se indicó que "ante esta circunstancia, y mientras no se modifique el quantum mínimo, ha de aceptarse que el Recurso procede, no sólo cuando se condena al fisco a pagar sumas de dinero, sino cuando exista un contenido patrimonial directamente en debate susceptible de afectar sus intereses". E interpretando los términos "valor disputado" ó "evidente contenido patrimonial" ó "cuestiones de determinada cuantía" se concluía, luego de comparar la norma con la vigente a nivel nacional en que -ante la inaplicabilidad de un mínimo- "...cada caso debe merecer un análisis determinativo por el Superior Tribunal, en orden al cumplimiento del recaudo para establecer la admisibilidad del recurso, atenta su finalidad. Del mismo modo, y aunque sin dudas la demostración del recaudo es una carga del apelante, también es competencia del Cuerpo, aventar el rigorismo formal o el exceso ritual, si la cuantía de los intereses patrimoniales en juego surge obvia y clara de los elementos objetivos obrantes en la causa" (Sentencia Interlocutoria N° 85/SCA/07).-------- ------ En idéntico sentido, ha dicho nuestro Alto Tribunal que " . si bien es cierto que el mentado recurso ordinario ha sido concedido no sólo al Estado sino también a los particulares que litigan con él, ello es así en tanto resulte comprometido un interés económico de la Nación (Fallos: 322:253 y sus citas)" (Fallos: 328:3876). Y por aplicación del aludido recaudo, indicó que "La sentencia que se limita a declarar que la actora es acreedora de indemnización por parte del Estado, a determinar en otro juicio, no contiene condenación específica, a los fines del recurso ordinario en tercera instancia". (Fallos: 250: 594).----- ------ II.- Según lo expuesto, corresponde establecer que en el recurso analizado encuentro reunidos los dos primeros requisitos de admisibilidad formal de la vía. Pero es evidente que no se halla presente el tercer recaudo señalado, aquel referido a la existencia de un contenido económico directo o de un valor patrimonial discutido en la litis.--------------------------------------- ------ Sostengo mi afirmación en que los antecedentes del caso y la expresión de agravios deducida a fs. 1003/1012 vta. por la tercera citada, Sra. D. B., hacen referencia a un proceso en el que se debate, con exclusividad, la nulidad de un contrato celebrado entre una ex concesionaria del Estado Provincial y el abogado acreedor de esta, Dr. A. De lo destacado se deduce en forma clara que no existe suma alguna debatida, cuestionándose en abstracto el punto atinente a la transferencia acaecida (conf. Fallos 217:982). Asimismo, ni siquiera con el fin de acreditar que en autos se encuentran en juego derechos patrimoniales podría contemplarse el monto del convenio por honorarios nulidicho. Es de recordar que el propio demandado A. formuló "reserva de reclamar oportunamente los daños y perjuicios" (fs. 110 vta.), lo que implica que los autos analizados carecen de contenido patrimonial directamente ponderable. Esto, sin dejar de indicar, además, que los restantes demandados y citada a juicio adhirieron a la contestación de demanda realizada por A., y por lo tanto, a la reserva formulada (fs. 134 y 166).-------- ------ Agrego a lo dicho que la apelante citó jurisprudencia del Tribunal referida al recaudo analizado (fs. 982), pero nada expuso para fundar su cumplimiento, como era su obligación, dada la particular naturaleza y fines de la vía recursiva que intentara.------------------------ ------ Conforme lo dicho, el presente recurso de apelación ordinaria no satisface los recaudos formales de admisibilidad, por lo que propongo al Acuerdo que así se lo declare. ASÍ LO VOTO.-------------------------- ------ A la misma cuestión, el Dr. Daniel Luis Caneo dijo: -------------- ------ El Recurso Ordinario de Apelación se encuentra legislado en los arts. 257 y 258 del C.P.C.C.. Además de exigir los requisitos característicos de toda apelación común, requiere la existencia de los específicos del remedio, previstos en el art. 32 inc. 6 de la Ley V N° 3. El voto del Ministro que me antecede ha desarrollado en forma holgada los recaudos de admisibilidad de la vía en el orden local. Ello a fin de delimitar con claridad los supuestos en que los litigantes pueden recurrir a este remedio procesal. Por mi parte, no abundaré en su análisis, para no fatigar con reiteraciones innecesarias.---------------- ------ Es así que, llegados los autos a esta instancia, corresponde que esta Sala se detenga en el estudio de la idoneidad de la impugnación, es decir, si el recurso es pasible de ser tratado. La tarea consiste en constatar que se encuentren reunidos los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico para tal fin. Para ello debe tenerse en cuenta que pesa mayor estrictez en su análisis, toda vez que la naturaleza y finalidad específicas del remedio en cuestión, tienen por objeto proteger los intereses del fisco y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones que comprometan el patrimonio de la Nación o la Provincia (Conf.: TAWIL, Guido Santiago, "Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", Ed. Depalma, 1.990, pág. 53; SD N° 06/SROE/2008 y 30/SROE/2011; Fallos: 241:218; 304:984; 320:2379; 326:1176; 329:5148; etc.).------------------------- ------ Sentado lo expuesto, la lectura de la pieza recursiva me permite establecer, sin más, la inadmisibilidad formal del recurso de apelación deducido. Como apuntó el Sr. Ministro Dr. Pasutti, en los presentes autos, no existe contenido patrimonial susceptible de afectar intereses del fisco provincial.-------------------- ------ La pretensión deducida por el Estado Provincial en esta litis se limitó a la determinación de la nulidad de un acuerdo celebrado entre su entonces concesionaria y el abogado Dr. A. De ello, se sigue que la finalidad de la acción era restaurar el orden jurídico infringido. La eventual sentencia no podía ir más allá de establecer si era necesario o no requerir la autorización de la administración en forma previa a la celebración al convenio cuestionado. Nada más. Es decir, no se encuentra comprometido en estos autos el patrimonio del estado provincial, pues aun cuando hipotéticamente se diera por válido el acuerdo celebrado, ello no implicaría, en forma directa, detrimento alguno o perjuicio para el fisco, ya que solo se estaría determinando quién estaba facultado para llevar adelante la explotación de la madera en pie.------------------------------------ ------ Por lo indicado, ante la falta de contenido patrimonial del proceso que directamente pudiera afectar los intereses del fisco, coincido con el Dr. Pasutti en que el recurso de apelación ordinaria deviene formalmente inadmisible. ASÍ LO VOTO.------------------------ ------ A igual cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis Royer dijo: --- ------ Los sufragios de los Dres. José Luis PASUTTI y Daniel Luis CANEO, conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería de este Superior Tribunal de Justicia, de modo que no emitiré mi voto (art. 28 de la ley V. N°3). --------------------------------- ------ A la segunda cuestión el Dr. José Luis Pasutti dijo:--------------- ------ Conforme la decisión arribada al votar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) Rechazar por inadmisibilidad formal el Recurso de Apelación Ordinaria deducido a fs. 982 y fundado a fs. 1003/1012 vta. ; 2) Imponer las costas a la recurrente, de conformidad al art. 69 del C.P.C.C.; 3) No regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes, desde que la actuación ante esta sede devino inoficiosa, y la Provincia del Chubut, al contestar el traslado conferido, no aportó argumentos en el sentido que se resuelve la presente (conf.: juego armónico de los arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4, C.S. Fallos: 312:1826). ASÍ LO VOTO. ---------- ------ A la misma cuestión el Dr. Daniel Luis Caneo expresó: ---------- ------ Conforme los términos de mi voto, concuerdo con la solución que propicia el Ministro Pasutti. ASÍ LO VOTO. -------------------------- ------ A idéntica cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis Royer señaló: ----------------------------------- ------ Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.--------------------------------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:---------------------- ------------------------------- S E N T E N C I A ---------------------------- ------ 1°) RECHAZAR por inadmisibilidad formal el Recurso de Apelación Ordinaria deducido a fs. 982 y fundado a fs. 1003/1012 vta..

------ 2°) IMPONER LAS COSTAS a la recurrente. (art. 69 del C.P.C.C.). ------------------------------- ------ 3°) NO REGULAR honorarios a los letrados intervinientes en autos, desde que la actuación ante esta sede devino inoficiosa (Conf.: juego armónico de los arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4, C.S. Fallos: 312:1826).------------------------------- ------ 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.----------------------- Fdo.: Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI.------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.012	REGISTRADA BAJO S. D. N° 08S.R.O.E/2012 CONSTE.