Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10


4000433/2009 En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Marcelo J. López Mesa y Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. S.A. c/ B. C. S.A. s/ Rectificación de cuenta corriente" (Expte. 433 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 448.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa, dijo:- Que a fs. 394/406, la Sra. Juez de grado falló esta causa, haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por G. SA contra el B. C. SA. Se impusieron las costas en un 75% al actor y en un 25% al demandado, regulándose los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes.

Que a fs. 417 la parte actora apela dicho decisorio, siendo concedido su recurso a fs. 418 y fundado a fs. 434/445 y vta.-- Se agravia la parte actora apelante en primer lugar del rechazo del pedido de devolución del rubro debitado bajo el código 34. Tilda de errónea a esta decisión, alegando que no existe causa para tales descuentos, por lo que debió haber procedido su reintegro. En segundo lugar se agravia de las "diferencias de cheques", respecto de las cuales se ha rechazado su pretensión, sobre la base de lo que el apelante llama un "razonamiento simplista", Indica el recurrente que nunca pretendió su parte que desaparezca la deuda contraída, sino que se reintegren las diferencias debitadas de más, con sus respectivos intereses. Aduce que el Banco demandado ha actuado incorrectamente respecto del cobro de dos cheques de pago diferido, que ha debitado luego de un plazo de espera, que produjo el vencimiento del título, lo que impedía su depósito en cuenta y débito posterior. Alega que el Banco demandado ha cometido una irregularidad y un exceso en el manejo de la cuenta corriente de su mandante, abusando de su posición dominante.

Luego se agravia del rechazo de la devolución de los débitos indebidos efectuados por el Banco por el impuesto proveniente de la Ley 25063. Afirma que el argumento que utilizó la a quo de que el Banco actuó como agente de retención de tales créditos y que nada percibió para sí resulta insuficiente para sustentar el rechazo de su reclamo. Seguidamente se agravia de los intereses exhorbitantes que aplicó el banco a su cliente, entendiendo que la a quo ha omitido pronunciarse sobre el particular, empleando indebidamente la presunción del art. 565 primera parte del Código de Comercio. Solicita se haga lugar a la morigeración de intereses conformo lo peticiona en el escrito inicial de autos. Luego se agravia de la fecha de inicio del cómputo de intereses, entendiendo que tal hito no es la fecha de cierre de la cuenta corriente sino la fecha desde que cada suma fue debitada indebidamente. Por último cuestiona la distribución de costas, agraviándose de que se distribuyeran las costas cuando no ha habido pretensiones recíprocas deducidas por vía de demanda y reconvención o bien acumulación de acciones. Aduce que la distribución de costas solamente debe prosperar en casos tales. Subsidiariamente, para el caso que esta Sala no lo entienda así, cuestiona la medida de la distribución de costas, la que dice no se compadece con el resultado evidenciado en la causa. Solicita que se deje sin efecto tal distribución o, en caso contrario, se tenga en cuenta al distribuirlas la entidad de las pretensiones en juego y el resultado económico obtenido.

Corrido traslado de los agravios a la contraria a fs. 446, no son contestados los mismos.

Ingresando al tratamiento del primer agravo, relativo al reintegro de la suma de pesos catorce mil ciento dieciseis con sesenta y cuatro (agravio A.1), es dable destacar que posee razón el recurrente en su planteo.- La a quo rechazó el reintegro de este monto, sobre la base de argumentos que no constituyen derivación razonada del derecho vigente, ni resultan de aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Lo concreto es que está debidamente acreditado en la litis que la suma de $ 14.116,64 debitada por débitos varios carece de causa. La perito actuante a fs. 311 llega a la conclusión, luego de un detallado análisis de débitos varios, que ellos han sido indebidos y que carecen de causa, poniendo de resalto que no se aportó documentación alguna demostrativa de las razones por las cuales el banco actuó de la forma en que lo hizo en este aspecto. La discrepancia del consultor técnico es inverosímil y hace gala de pseudo argumentos que no tienen base alguna más que en prácticas bancarias cuestionables o en su subjetividad más cruda. Lo que denomina "espera crediticia" el consultor no es otra cosa que el ropaje o disfraz de la carencia de causa de tales débitos y así debe entenderse.

Y claro está que así como los jueces no pueden crear obligaciones no establecidas por la ley, un contrato u otra fuente regular (cfr. mi voto de la causa "B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW, s/ Ordinario" (Expte. Nº 22.813 - año: 2008) e ídem, in re "V. O., R. C. c/ N. S.A. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 458 - Año 2009 CANE); menos aún pueden crear tales obligaciones los consultores técnicos designados por una parte en la causa. Y amén de la opinión, carente de todo fundamento legal, jurisprudencial o doctrinal, y basada exclusivamente en su más cruda subjetividad, expresada por el consultor técnico a fs. 311vta., no existe fuente alguna que se corresponda con el débito de $ 14.116,64 que se debate en este punto.

No me parece dudoso que se debe aplicar a este caso lo dispuesto en los arts. 499 a 502.- En cuanto al primero de los citados, es claro que por causa se entiende la fuente jurídica de la obligación, como se preceptúa en la regla general del art. 499 del Cód. Civil: un contrato cualquiera, una convención, un testamento, un precepto legal, etc (C. Nac. Com., sala B, 7/8/85, "Zavala Sáenz, Armando c. Radio Familia, S. A.", LL 1986-B, 24 y DJ 1986-2-22). Constituyen "causa de la obligación" los hechos o actos que de modo directo e inmediato le hubieran dado origen (Corte Sup., 16/3/99, "David, Simón c. Dirección Nac. de Vialidad", JA 2000-III-491 y en LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 560).-- Es que los créditos deben encontrar una causa en lo que se reconoce normalmente como fuente de las obligaciones: contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, a lo que podrá agregarse la ley, el abuso del derecho o alguna otra, según los distintos criterios. Es inadmisible que una sola y desamparada referencia a la equidad o los usos sirva de fuente a un crédito que las partes pretenden fundar en un contrato (en este sentido, C. Nac. Com., sala D, 9/4/84, "Xerox Argentina, S. A. c. Fernández, Roberto", LL 1985-B, 565 (36.821-S).- No cabe más que coincidir con el criterio de que la obligación que pretende hacerse recaer en un sujeto, requiere como elemento esencial la existencia de una causa o fuente, esto es, el hecho o relación jurídica que la ha originado (art. 499 Cód. Civil) pues, como enseña Llambías, "no es posible pensar en una obligación que exista porque sí y sin dependencia de un hecho antecedente que la haya producido". Tampoco en el mundo del derecho hay generación espontánea, de modo que si algo existe, esto postula la necesidad de otro algo que de razón a la existencia del primero (C. 2ª Civ. Com. La Plata, sala 3ª, 14/5/95, "Cremaschi, Ida A. c/ Garaventa, Silvia", LLBA 1995-720; en similar sentido, C. Nac. Com., sala A, 12/4/85, "Jinkus, Juan S. c. Dalla Vía, Dante M.", JA 985-III-335).-- Es decir que no puede concebirse una obligación que exista con prescindencia de una causa que le de nacimiento y validez. Y en el caso que nos convoca, de la aplicación de los arts. 500, 501 y 502 del Código Civil, surge sin hesitaciones que el débito practicado por el Banco por el valor ya referenciado reiteradamente carecía -y carece- de causa, pese a lo cual fue erróneamente rechazado su reintegro por la juez inferior.

Veremos cómo estas normas se aplican al caso y marcan el norte de la ausencia manifiesta de causa:

Art. 500 C.C.. Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario. La presunción de causa que pudo existir quedó desvanecida con la conclusión pericial de fs. 311 que certifica que no ha encontrado el perito documentación alguna que respalde el débito. Es más, la discrepancia del consultor técnico de fs. 311vta. no hace otra cosa que solidificar la conclusión de la carencia de causa, toda vez que el consultor se opuso o discrepó porque sí, sin dar fundamento alguno atendible a su discrepancia. La presunción iuris tantum de causa que establece el art. 500 C.C. ha caido en este caso, por imperio de las detalladas comprobaciones periciales existentes a fs. 311, a las que se han opuesto en este caso solo declamaciones y sofismas especiosos, que no cabe atender aquí.--- Art. 501.- La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Caída la presunción iuris tantum de causa que establece el art. 500 C.C. correspondía al acreedor acreditar que, pese a carecer el débito efectuado bajo el Código numérico especificado de una causa verdadera, existía otra alternativa y válida que sí le daba apoyatura y respaldo. Al no haber probado ello el Banco demandado, la aplicación al caso de este artículo confirma la carencia de causa del débito.-- Art. 502.- La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público. Interpretando esta norma, en mi Código Civil anotado, espigué un fallo, cuyo criterio comparto, que decidió que "el art. 501 del Código Civil al disponer que -la obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa si se funda en otra causa verdadera- hace prevalecer la voluntad real sobre la declarada. El concepto de -causa verdadera- previsto en este artículo, debe interpretarse como causa oculta lícita puesto que, de no ser así, el acto oculto sería nulo (CSJN, 16/6/93, "Cinalli, Oscar c. Decurgez de Cortés, María Elena y otro", JA 1994-I-717 y en LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", cit, t. I, p. 564). - El concepto abierto que porta la norma cuando se refiere a la causa ilícita como aquella contraria a las leyes o al orden público es un concepto amplio que, por ejemplo, da cabida adecuada al principio jurídico que veda el enriquecimiento sin causa. Un débito indebido de cuenta corriente, cuando la obligación carece de causa, vulnera la prohibición de enriquecerse sin causa a costa de otro (vid. a mayor abundamiento, mi artículo, publicado en revista La Ley del día 19 de Agosto de 2009, titulado "Acción de enriquecimiento sin causa. Presupuestos y caracteres").-- Bien se ha apuntado que "se produce un enriquecimiento sin causa, también denominado en España "enriquecimiento injustificado" o "enriquecimiento torticero", "cuando una persona se beneficia o enriquece a costa de otra, sin que exista una causa o razón de ser que justifique este desplazamiento patrimonial. Por consiguiente, al no estar justificada la atribución patrimonial, la persona que recibió deberá restituir..." (LETE DEL RÍO, José M., "Derecho de Obligaciones", 3ª edic., Edit. Tecnos, Madrid, 1995, vol. II, p. 173).

El enriquecimiento sin causa es un aumento patrimonial que el derecho, por alguna razón no convalida (TERRÉ, François - SIMLER, Philippe - LEQUETTE, Yves, "Droit Civil. Les Obligations", Edit. Dalloz, París, 1996, p. 788, Nº 968). Dicha ineficacia del enriquecimiento a los ojos del derecho no es otra cosa que una sanción al acto que lo produjo, lo que constituye una aplicación de la teoría de la causa, pues lo que se cuestiona, precisamente, es la causa de esa atribución patrimonial más que ella en sí misma.-- En el caso de autos, la carencia de causa del débito practicado en la cuenta corriente del actor, torna ineficaz al acto al tratarse no ya de un débito regular relacionado a una causa lícita, sino una extracción de fondos irregular, carente de causa lícita que la sustente, al plasmar un enriquecimiento sin causa, que debe hacerse cesar.

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo el progreso de este agravio, modificándose en este punto la sentencia apelada, y ordenándose además de lo dispuesto en ella el reintegro al actor por el demandado de la suma de $ 14.116,64, con más los intereses previstos en la sentencia de grado, desde la realización de los débitos y hasta el efectivo pago.--- En relación al agravio identificado como A.2) cuestiona el apelante que la a quo haya rechazado el reintegro de la suma de $ 11.566,52, sobre la base de lo que considera un razonamiento evidentemente simplista, que ha omitido considerar debidamente la situación planteada y efectúa conclusiones jurídicas equivocadas. Alega que su parte nunca pretendió que desaparezca la deuda contraída, sino que se le reintegre el monto excesivo que se imputara a dicha deuda.

Concretamente, la Sra. Juez de grado rechazó este reintegro, aseverando "que si el Banco compró antes del vencimiento cheques de pago diferido librados por la actora a favor de terceros, pasó así a ser beneficiario de dichos títulos, y al no haber sido pagados por G. S.A. o tener fondos en su cuenta corriente para cancelarlos a término, ciertamente la entidad bancaria pasó a ser su acreedora. En cuanto a que el Banco estaba obligado a descontarle esos cheques no abonados dentro de los 30 días a partir del vencimiento, no surge de ninguna norma legal. Nótese que la ley de cheques sólo prevé que la presentación tardía hace perder la acción ejecutiva, pero no su derecho a percibir de alguna manera esos importes, con sus respectivos intereses moratorios, puesto que opera la mora automática a partir del vencimiento de esos cheques. Reitero, la única consecuencia de presentar los cheques fuera de los 30 días del vencimiento es la pérdida de la acción ejecutiva, pero de ninguna manera desaparece la deuda contraída, como parecería pretender la accionante (arts. 25, 38 última parte y 58 última parte de la ley de cheques)" (cfr. Fs. 401).

Nuevamente soy del criterio de que dicho párrafo -sustancialmente el único fundamento de este rechazo- no constituye derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa. No es cierto que no exista ninguna norma legal que obligue al Banco a descontar esos cheques al actor dentro de los 30 días a partir del vencimiento de los mismos. La práctica de esperar hasta que existan fondos en cuenta corriente para debitar los importes de los cheques luego de caducar éstos no es una práctica regular y no se encuadra dentro de la interpretación admisible de la Ley 24542. Tampoco acierta la a quo cuando afirma que el actor pretende que se deje sin efecto su deuda. No es ello lo que éste planteara en la demanda, y surge además a simple vista, como que la deuda que generó el exceso cuyo reintegro se reclama alcanza a más de veinte veces la suma indicada en la demanda. No es ese tampoco un buen argumento para el rechazo. Además de todo, la juez de instancia se aparta con tal razonamiento de conclusiones periciales bien determinadas y expuestas, sin expresar por qué se aparta de ellas. - En relación a esta temática, la perito de oficio dictamina en impecable faena que la suma de pesos 261.052,80 que se debitara bajo el código 34 -Débitos varios- arroja una diferencia de $ 11.502,80 y otra más de $ 63,72 ambas debitadas de más, sin que se hayan exhibido a la perito elementos que permitan determinar por qué dichos valores no fueron debitados a su vencimiento, no aceptando la perito el recargo por intereses, comisión e impuestos practicado (cfr. fs. 311vta.). Frente a tal comprobación, el consultor técnico discrepa, afirmando que "tiene una opinión diferente" y agrega luego que "una forma totalmente habitual y común para los bancos de otorgar créditos a sus clientes, es "demorar" el débito en cuenta corriente de aquellos cheques librados por el cuenta correntista que no cuenten con provisión de fondos suficientes. Se trata de una manera ágil de crédito.Sin lugar a dudas que esta "espera" es onerosa. de modo que, el Banco ha hecho lo correcto devengando intereses por esa espera." (cfr. Fs. 312, "discrepancia" del consultor técnico del Banco demandado).- Llama la atención la liviandad de las aseveraciones de un experto contable, así como la ausencia de todo fundamento jurídico que avale su postura; pero más llama la atención que el consultor no haya reparado en los términos del art. 793 in fine del Código de Comercio, que establece que "Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina".- No ha mencionado el experto consultor de qué convención suscripta entre las partes surge la autorización para la aplicación de la "espera crediticia", por lo que es dudoso a la luz de la norma transcripta en el párrafo anterior la corrección de tal práctica en lo que a este caso puntual, al menos, se refiere.

Por otra parte, el consultor técnico parece desconocer que los expertos intervinientes en un juicio como auxiliares del juez no debe expresar opiniones sino comprobaciones científicas, esto es, juicios que puedan ser reconducidos a principios científicos de la ciencia de que se trate. -- En un voto anterior, actuando como juez subrogante de la Sala B de esta Cámara, dejé plasmado que los datos o comprobaciones periciales no pueden ser entelequias o ficciones que surja de pronto de un informe, sin que ese dato se corresponda con razones científicas que lo justifiquen y enmarquen (cfr. mi voto, en sentencia de la Sala B de este Cuerpo, de fecha 10/2/09, in re "N., J. O. c/ L., C. J. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.052 - año 2007).

Agregué allí que desde los griegos hasta hoy, la ciencia para ser tal debe ser verificable. Objetiva y verificable, de otro modo no es ciencia sino opinión y así debe tomarse. Los griegos distinguían el saber en Doxa y Episteme. Episteme era el conocimiento científico, regido por reglas, enmarcado por principios y aquilatado en una lex artis asentada y asumida por la Academia. Doxa era la opinión vulgar, de suyo insegura y asentada en terreno cenagoso, que hoy podía pasar por válida y mañana demostrarse su absoluta inatendibilidad.

Y dije luego que un dato no es científico por el hecho de que emane de un profesional en determinada materia. Un dato determinado se transforma en científico cuando va acompañado de la expresión de los principios que han regido su extracción, a partir de hechos comprobados. No hay ciencia sin verificabilidad. Y no hay verificabilidad sin fundamentos suficientes (cfr. mi voto, en sentencia de la Sala B de este Cuerpo, de fecha 10/2/09, in re "N., J. O. c/ L., C. J. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.052 - año 2007). De lo anterior concluí que cuando el dato presuntamente científico luce huérfano de los principios que lo alumbraran y justifican científicamente, así debe declararse, no debiendo tomarse en cuenta tal comprobación.- Pues bien, en autos ocurre ello con la "opinión" del consultor técnico de la demandada, que pretende echar mano a conceptos metajurídicos como el de "espera crediticia" carentes de apoyatura jurídica y ajenos al mundo del derecho.-- Respecto de la contraposición entre el dictamen de la experta designada de oficio y el parecer u opinión del consultor de parte en este punto, debo decir que de los párrafos expuestos supra, que condensan la doctrina legal vigente en esta materia, surge claro que no resultan admisibles los intentos de refutación doxal de la episteme; en palabras llanas, que no pueden rebatirse idóneamente comprobaciones científicas, basadas en principios científicos y en datos ciertos y comprobables de la perito, con opiniones personales del consultor, huérfanas de fundamentos atendibles.-- La "espera crediticia" no es un concepto jurídico ni, menos aún, una fuente creditoria, con aptitud para dar nacimiento a una obligación exigible; compulsé en diversas bases de datos de jurisprudencia nacional y extranjera y no encontré un solo sumario que siquiera la mencione. No hay un solo fallo que la admita y la práctica se contrapone a la ley de cheques, en lo que al débito del cheque con posterioridad a su plazo de caducidad se refiere.

No tratándose de un concepto jurídico ni de una práctica receptada legalmente, por tanto, no puede constituir una fuente jurídica admisible del débito que aquí se discute. Ergo, no existe una explicación coherente y jurídica para tal débito y debió haber prosperado en la instancia de grado su reintegro.

Y por qué digo que lo que el consultor denomina "espera crediticia" es un concepto metajurídico; simplemente porque dicho instituto no se encuadra sino que se contrapone a lo dispuesto en la Ley 24452 (arts. 1, 25, 29 y 58).

Discrepo con la opinión de la a quo sobre que ninguna norma obligaba al Banco a debitar los cheques dentro del plazo de treinta días a partir de su vencimiento. Por el contrario, no es ilimitado el plazo en que pueden presentarse al cobro los cheques de pago diferido, por cuanto si bien el legislador omitió definirlo en una norma expresa, de la interpretación coherente y armoniosa de diferentes disposiciones de la Ley de Cheques surge prístinamente el criterio de que el plazo de presentación al cobro de dichos cheques es de treinta días a partir de su vencimiento, ya que no pueden presentarse antes de él. Consecuentemente, la "espera crediticia" que es un instituto no legislado en general, en caso de que el débito se haga luego de treinta días de la fecha de vencido el plazo diferido del cheque, constituye lisa y llanamente una práctica antijurídica y ya no "innovadora" sino indebida.--- Ello así, pues de conformidad con lo dispuesto por el art. 58 in fine de la Ley 24452, "serán aplicables al cheque de pago diferido todas las disposiciones que regulan el cheque común, salvo aquellas que se opongan a lo previsto en el presente capítulo", con lo que resultan de aplicación al cheque de pago diferido los arts. 25, 29 y 38 del mismo cuerpo normativo y, según el citado art. 25, el plazo de presentación al cobro de un cheque común es de treinta días contados desde la fecha de creación; dicho plazo, o a partir de la fecha de vencimiento para los cheques de pago diferido.- La jurisprudencia de prestigiosos tribunales así lo ha resuelto también, dejando sentado que los cheques de pago diferido caducan cuando son presentados al cobro luego de los 30 días de la fecha de pago establecida, pues con tal criterio, lejos de aplicar una norma ajena a la naturaleza jurídica de los títulos ejecutados, simplemente se aplica en forma integral un ordenamiento específicamente contemplado para el cheque como instrumento de pago más allá de las modalidades de su libramiento; ya que si bien respecto del cheque de pago diferido, existe un vacio legal en cuanto no fue previsto a su respecto el término de caducidad; la ley 24452: art. 54, lo define con los lineamientos generales del ahora llamado cheque común -en su momento establecidos en el art. 1 del decreto 5965/63 - con la variante de que la orden de pago no es "pura y simple "sino que se emite..." a días vista, a contar de su presentación para registro en una entidad autorizada", encontrándose descartado -en forma expresa- la responsabilidad del girado si el cheque no fuere pagado a su vencimiento. a más, resulta advertible el paralelismo existente entre ambas figuras, el llamado cheque común y el pago diferido, en el inc. 4 del art. 54, donde se expresa como requisito propio de este último que contenga el plazo, no menor a treinta días ni mayor a trescientos sesenta en el que será pagado con posterioridad a su presentación a registro. por lo tanto y de conformidad con la norma de reenvío consagrada por el art. 58 de la citada ley, resulta aplicable al cheque de pago diferido el régimen de caducidad previsto para el cheque común (C. Nac. Com., sala A, 29/12/99, "EG3 SA v. BONOMÍ, HUGO Y OTRO S/ EJEC.", en AbeledoPerrot online).

En similar sentido, quien fuera nuestro profesor de Derecho Comercial II en la Universidad Nacional de La Plata -un agudo comercialista- el Prof. Osvaldo Gómez Leo, enseña que "el término de presentación al pago del ChPD, corre a partir de su vencimiento y es el que determina el art. 25 LCh para el cheque común" (Cfr. Gómez Leo, Osvaldo R., "LEY DE CHEQUES", Bs. As., 2002, 3ª parte, punto 7). Es más, se ha decidido en un fallo que si la totalidad de los cheques de pago diferido en los que se fundó la ejecución fueron presentados al cobro luego de vencido el plazo previsto por la ley 24452 (art. 25) y no se invocaron razones de fuerza mayor que hubieran impedido la presentación de aquellos en los términos de la ley 24452 (art. 26), tal presentación tardía perjudica la acción ejecutiva de esos cheques -arg. art. 38 ley 24452-, correspondiendo admitir la excepción de inhabilidad de título y rechazar su ejecución (C. Nac. Com., sala E, 10/09/03, "ECHEVERRÍA, MARIO A. E. v. PAOLINI, ANA M. F. s/EJECUTIVO", en AbeledoPerrot online).- Como la a quo rechazó indebidamente el reintegro del rubro, procede modificar parcialmente su decisorio en este aspecto y proceder a disponer el reintegro al actor por tal rubro de la suma de $ 11.566,52, con más los intereses previstos en la sentencia de grado desde la retención y hasta la fecha del efectivo e íntegro pago del concepto.

En lo tocante al agravio identificado como A.3), por el que se cuestiona el rechazo de la devolución de débitos indebidos efectuados por el Banco por el impuesto proveniente de la Ley 25.063, adelanto que asiste razón al quejoso y su agravio habrá de merecer acogida.

La a quo deniega el reclamo del rubro, sobre la base de un solitario párrafo, que expresa: "Que en lo que hace al pedido de revisión por el débito por el impuesto proveniente de la ley 25.063, no corresponde su acogimiento, dado que la experta aclaró que los importes debitados en exceso por este concepto no beneficiaron al Banco, sino que se imputaron a un impuesto nacional en el que la entidad bancaria funciona como agente de retención (fs. 314, al pie); y ello no fue cuestionado (art. 477 del CPCC)" (cfr. fs. 401vta., primer párrafo).

Se trata de un fundamento solo aparente, que carece de aptitud y trascendencia para sostener el decisorio en este punto. El párrafo, además, plasma una idea equivocada, que no puede dejarse pasar: de admitirse el razonamiento de la a quo, todo agente de retención que no se quede con los fondos retenidos podría retener cualquier suma por cualquier concepto, con absoluta impunidad, lo que es inadmisible de suyo.

El agente de retención es el "sujeto que, en razón de su función, oficio, actividad o profesión entra en contacto con una masa de riqueza que adeuda o que debe entregar al contribuyente, de la cual detrae, resta o amputa una parte, con la obligación de ingresarla a las arcas fiscales" (confr. Vicchi, Juan Carlos, "Los agentes de retención, condiciones de responsabilidad y límites para instituirlos en Derecho Fiscal" T. XLVI, pág. 206). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 269:261-, sostuvo que integra la relación jurídica Tributaria, puesto que el hecho imponible se verifica con respecto al sujeto pasivo de la retención; habiéndose asimismo señalado que los agentes de retención (...) manejan, en cumplimiento de ese mandato legal, fondos que no le son propios sino que pertenecen a los contribuyentes, a quienes le han detraído el impuesto al efectuarles un pago o intervenir en un acto de tal naturaleza (...), y que esta actividad reviste el carácter de intermediación en virtud de un mandato legal expreso que "los sujeta incluso a consecuencias de naturaleza patrimonial y penal en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus deberes"; agregándose que, "en suma, retiene esencialmente en interés del fisco y cuando ingresa los fondos, dicho pago es imputado desde el punto de vista impositivo al contribuyente, sin perjuicio de que lo libere de sus propias responsabilidades" (confr. dictamen del Sr. Procurador Fiscal de la Corte Suprema en Fallos: 308:442; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, 5/4/95, "HOCHTIEF CONSTRUCCIONES S.A. y Otro v. Cámara Nacional de Energía Atómica / COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA s/ contrato de obra pública", en AbeledoPerrot online, voto del Dr. Buján).-- Ha quedado claro del fallo anterior que el agente de retención es un intermediario entre el Estado y el contribuyente; de ello se deriva que, cuando el intermediario exceda sus facultades, ejerciendo una retención excesiva, el camino que le queda al contribuyente al que se le ha retenido en exceso o indebidamente una suma dineraria no es únicamente el reclamo del crédito fiscal, sino que puede reclamar contra el agente de retención por el exceso de facultades propias en que ha caído. Lo contrario implicaría un proceder antisocial y llevaría a que quien ha actuado negligentemente sea liberado de toda responsabilidad, porque no se ha enriquecido con ello. Lo dispuesto en diversas normas del Código Civil, como los arts. 519 y 1109 C.C. reaccionan contra tal criterio, sea que se ubique el caso en el hontanar contractual o extracontractual, lo que no es el tema debatido aquí.- Lo que sí se debate aquí y debe quedar perfectamente esclarecido es que los agentes de retención de sumas por cuenta de otro, deben responder también ante el sujeto retenido por las retenciones efectuadas, cuando ellas han sido incorrectas. Lo contrario implicaría conceder al retentor un "bill de indemnidad" frente al retenido, con tal que deposite las sumas retenidas en la cuenta del beneficiario de la retención, criterio que además de no surgir de norma alguna, constituye un desideratum de inmoralidad, ya que fomentaría todo género de colusiones entre el agente de retención y el beneficiario de la misma, así como favorecería el descuido del agente de retención en cumplir al retener las normas legales y limitarse a retener lo que corresponde según ellas y la causa fuente de la retención y no más que ello. - Además, en la pericia contable obrante en la causa, a fs. 324, tanto la perito de oficio, como el consultor técnico del Banco coinciden en que el demandado retuvo indebidamente impuestos en exceso, por valor de $31.210,36, no siendo el aislado párrafo de fs. 401vta. un fundamento bastante para apartarse de constataciones periciales tan claras y terminantes.- Por tales argumentos, entiendo procedente el agravio, debiendo reintegrarse al actor por tal rubro la suma de pesos treinta y un mil doscientos diez con treinta y seis ($ 31.210,36), con más los intereses previstos en la sentencia de grado desde la retención y hasta la fecha del efectivo e íntegro pago del concepto.- Mediante el agravio identificado como B) se cuestiona el rechazo de la pretensión de la actora de que se revisen y morigeren los intereses aplicados por el banco demandado sobre los saldos en descubierto. Cuestiona el apelante que la a quo se basara para rechazar la pretensión exclusivamente casi en la condición del banco demandado de entidad pública, cuya actuación se presume regular.

Ingresando al tratamiento del agravio, debo decir liminarmente que la presunción de regularidad en el actuar, derivada de la condición de entidad bancaria pública que ostenta el banco demandado, no puede ser llevada al extremo de amparar cualquier actuación del banco, así se demuestre que la misma excede lo admisible.

La presunción que establece el artículo 565 Cód. Com. no es una presunción absoluta, irrefragable o imposible de desvirtuar. Por el contrario, se trata de una presunción iuris tantum, esto es, que admite prueba en contrario (cfr. ROUILLÓN, Adolfo A. N., "Código de Comercio comentado y anotado", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, T. I, p. 1020, Nro. 11).- Por lo demás no cabe soslayar que, cuando el legislador establece presunciones absolutas, también llamadas iuris et de jure, debe expresarlo claramente, de modo de no dejar dudas. Ello ocurre por caso, en lo tocante al art. 624 del Código Civil, para quienes opinan que se trata de una presunción, pues otros, como quien suscribe este voto, consideran que se trata de una causal legal de extinción, de mayor alcance todavía que una presunción, aunque con efectos similares. En lo que aquí importa, la regla en materia de presunciones es su relatividad. Si no surge indudable del texto legal que se trata de una presunción absoluta o iuris et de jure, la regla es que se trata de una presunción relativa y, por ende, pasible de desvirtuación. La formulación del principio podría sintetizarse asï: en la duda, a favor del carácter relativo de la presunción.

Y establecido que la presunción contenida en el comienzo del art. 565 Cód. Comercio puede desvirtuarse, debe darse un paso más y analizarse las constancias de autos para comprobar si ha sido o no tal presunción desvirtuada en este caso.

Para ello, como primera medida debo recordar que, conforme surge de la pericia de autos, el banco aquí demandado cobró a la actora por adelantos transitorios en cuenta corriente, tasas variables que oscilaron entre el 52,92% y el 117,78% sobre el capital anticipado (cfr. dictamen de fs. 315).- Durante el período en que se aplicaron esas tasas, el Banco de la Nación Argentina aplicó tasas sustancialmente menores, conforme se acredita con el responde del oficio oportunamente librado por esta Sala, respuesta que obra a fs. 456/457.-- Esta discordancia, que se produce por la superación evidente de las tasas cobradas a la actora por la demandada de la tasa testigo que establece el Banco de la Nación, no puede ser cubierta por la presunción en que se amparara la a quo. Ello, porque justamente tal demasía en los accesorios implica desvirtuar la presunción de regularidad del actuar.- No debe olvidarse que si bien la primera parte de la norma dispone que "Mediando estipulación de intereses, sin declaración de la cantidad a que éstos han de ascender, o del tiempo en que deben empezar a correr, se presume que las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos públicos y sólo por el tiempo que transcurra después de la mora", el in fine del art. 565 C.Com. establece que "Siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses de plaza o intereses corrientes, se entiende los que cobra el Banco Nacional".

Ello implica que queda a cargo del Banco de la Nación Argentina la fijación de una tasa testigo que los demás bancos deben respetar cuando las partes no han pactado una superior. A falta de intereses determinados, deben aplicarse las que fijan los bancos públicos, pero éstos no pueden fijar cualquier tasa, sino que deben amoldarse en casos como éste a la tasa testigo que fija el Banco de la Nación. Piénsese que en este caso se han llegado a aplicar tasas del 117,78% anual, guarismo que lejos está de ser proporcionado y razonable y que excede cualquier consideración macroeconómica, de ecuación financiera o, peor aún, axiológica.--- Si los bancos privados no pueden superar cierta medida en la tasa, los bancos públicos no son libres para fijarla tampoco en cualquier guarismo. Es más, dada su condición, ellos deben dar el ejemplo en cuanto a la corrección de su actuar.--- Algún pronunciamiento judicial ha declarado que cuanto más alta sea la función ejercida por los poderes del Estado, tanto más les será requerible que adecúen aquéllas a las pautas fundamentales sin cuyo respeto la tarea de gobierno quedará reducida a un puro acto de fuerza, carente de sentido y justificación (CSJN, 21/9/89, "Cía. Azucarera Tucumana SA. c/ Estado Nacional s/ expropiación indirecta", Fallos 312:1725).

Y en otro fallo se dijo que el principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado (CSJN, 19/10/95, "Chacofi SA c/ Dirección Provincial de Vialidad", JA 1996-II-624; en igual sentido, Voto del Dr. Carlos S. Fayt, en causa "Cía. Azucarera Tucumana SA. c/ Estado Nacional s/ expropiación indirecta", Fallos 312:1725).-- De ello se desprende como necesaria conclusión para este caso que los bancos oficiales deben guardar un escrupuloso control de su actuar, el que debe ser adecuado al principio general de la buena fe (art. 1198 C.C.) motivo por el cual el exceso o demasía en la aplicación de una tasa de interés que multiplica por dos y hasta por tres la tasa de referencia del Banco de la Nación en ese mismo período, no puede ser convalidado sobre la base de aplicar al caso presunciones que han quedado desvirtuadas por prueba obrante en la causa y por su propia actuación.-- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo que, firme que se halle la presente, la experta designada en autos practique una determinación del exceso de tasa aplicada respecto de la que, período por período, aplicaba el Banco de la Nación, procediéndose a disponer el reintegro de tales sumas percibidas en exceso al actor de autos, con los intereses correspondientes desde que cada suma es debida y hasta su efectivo e íntegro pago.

En lo atinente al agravio identificado como C), y relativo a la fecha de inicio del cómputo de intereses, se agravia el apelante de que la a quo haya tomado como fecha de inicio del cómputo de accesorios en todos los rubros, la fecha de cierre de la cuenta corriente. Solicita el apelante que se revoque este aspecto del decisorio y se condene a la demandada a abonar intereses desde que cada suma es debida y no desde el cierre de la cuenta.

Interpretando la cuestión jurídicamente y a la luz de las comprobaciones periciales contables, encuentro que posee razón el apelante y debe hacerse lugar a este aspecto del recurso.

No ignoro que el art. 784 del Código de Comercio edicta que "La conclusión definitiva de la cuenta corriente fija invariablemente el estado de las relaciones jurídicas de las partes, produce de pleno derecho, independientemente del fenecimiento de la cuenta, la compensación del íntegro monto del débito y crédito hasta la cantidad concurrente, y determina la persona del acreedor y deudor" y que el artículo 785 del mismo cuerpo normativo estatuye que "El saldo definitivo y parcial será considerado como un capital productivo de intereses".-- Pero, una cosa es que el saldo de cuenta corriente produzca intereses, lo que requiere que se cierre la cuenta y otra, muy distinta, es que lo que se está reclamando aquí es el reintegro de sumas debitadas sin causa alguna que las justifique. En este caso, aplicar intereses desde el cierre de la cuenta corriente no se justifica ni normativamente, ya que el art. 785 citado se aplica a un supuesto distinto ni, menos aún, axiológicamente, ya que vulneraría la manda de la llamada cláusula o norma moral del ordenamiento jurídico argentino, que no es otra que el art. 953 del Código Civil, que quien se ha quedado con fondos ajenos y los ha usufructuado durante un largo período sin causa alguna para la retención, no pague intereses al dueño del dinero durante una parte de ese período.

El reintegro de un pago sin causa no debe significar, por la forma en que se disponga, un premio a quien se enriqueció indebidamente a costa de otro. Y, en caso de mantener el término a quo de los intereses fijados en el grado, se estaría premiando al demandado de autos, lo que no procede.

Ello así, en los términos del art. 622 de Código Civil, corresponde hacer lugar a la apelación también en este aspecto y disponer que cada suma, cuyo reintegro al actor se ordena en la sentencia de grado y en esta, irá acompañada de los intereses a la tasa prevista en la sentencia de grado desde que cada suma fue indebidamente retenida y hasta la fecha de su efectivo pago.- Es que, como establece esta norma, "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar".-- De tal suerte, la mora de cada obligación y no el cierre de la cuenta corriente, constituye el hito temporal de inicio del cómputo de intereses en este caso, lo que así propongo al Acuerdo se resuelva, dejando de lado el criterio establecido en este punto en primera instancia.

En lo tocante al agravio postrero, referente a la distribución de costas, debo decir que bien analizada la cuestión, es dable concluir que carece de razón el apelante en este punto.

El apelante se vale de una cita de Gozaini, quien sostiene una opinión particular, al extremo de ser solitaria en el derecho argentino. No comparto ese criterio que el apelante menta, por lo que no me parece que el mismo sea acogible aquí.

Por el contrario, entiendo que asiste razón a la doctrina ampliamente mayoritaria en este tópico, que ha sostenido que "el vencimiento "parcial y mutuo" tiene lugar cuando ninguna de las partes ha logrado ver satisfechos íntegramente sus planteos judiciales" (LOUTAYF RANEA, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", Edit. Astrea, Bs. As., 1998, p. 121, § 52).

En abono de esta idea argumentó el autor citado que "Puede ocurrir que ni la pretensión ni la oposición se vean satisfechas en su integridad. Sería el caso, por ejemplo, en que la parte actora reclamara diez mil pesos, y la demandada se opusiera al reclamo aduciendo que no debe nada, y luego la sentencia acogiera la reclamación por cinco mil pesos. En este caso, el vencimiento ha sido parcial por cuanto la actora (que pretendía diez mil) sólo ha obtenido cinco mil; y a la demandada, que alegaba no deber nada, se la condena a pagar la suma que indica la sentencia. También ha sido "mutuo" porque ambas partes han sufrido un vencimiento parcial" (cfr. op cit, p. 121, punto a).-- Y luego el mismo autor rebate a Gozaini, expresando que "Se ha considerado que no hay vencimiento parcial y mutuo cuando existe una sola acción entablada, a cuyo progreso se opuso la demandada en su contestación; para que haya vencimiento mutuo es necesario que existan pretensiones recíprocas deducidas por vía de demanda y reconvención, o bien acumulación de acciones, de las cuales alguna sea admitida y otra rechazada. Sin embargo acertadamente a nuestro parecer, un fallo ha cuestionado el criterio expuesto: cuando una demanda se rechaza, dice la sentencia, nadie duda de que el actor revista la calidad de vencido, aún cuando el demandado se haya limitado a desconocer los hechos y derecho que se invocaron; tampoco hay razones decisivas que lleven a una solución distinta cuando el rechazo es parcial, hipótesis en la cual tanto el actor como el demandado, en la respectiva medida del rechazo y del progreso de la acción resultan parcialmente vencidos, determinando el juego del art. 71 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación. Por otra parte, el párr. 2º del art. 72 dice que si la parte a quien se hace el reclamo no hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia, "regirá lo dispuesto en el artículo precedente": si no se admite la posibilidad de vencimiento parcial y muto en estos casos de demanda y oposición, carecería de sentido y aplicación esta parte de la norma; ello también confirma que en estos supuestos de demanda y oposición puede existir vencimiento parcial y mutuo" (Loutayf Ranea, op cit, pp. 122/123).-- En similar sentido, se ha entendido que para que exista vencimiento parcial y mutuo, no se requiere que existan pretensiones recíprocas (Fassi - Yañez, Código Procesal Civil y Comercial, t. 1, p. 440).- E incluso autores que sostienen inicialmente que la situación de vencimiento parcial y mutuo "se da particularmente en el caso de que se acumulen acciones o cuando el demandado reconvenga u oponga excepciones" (FENOCHIETTO - ARAZI, "Código Procesal... comentado y concordado", Edit. Astrea, Bs. As., 1983, T. I, p. 280), luego de esta frase agregan que "asimismo por aplicación de este artículo (71 CPCyC) corresponderá la imposición de costas al actor en la parte correspondiente a las reclamaciones desestimadas. La medida del éxito o del fracaso de cada litigante es la pauta para la distribución prudente y equitativa de las costas"(cfr. op y loc cit).- Y la jurisprudencia mayoritaria ha decidido que el vencimiento parcial en juicio puede producirse aunque una de las partes se haya limitado a impugnar las pretensiones de la contraria. En tal caso, o los pedimentos de una de las partes son varios y hay vencimiento del demandado en cuanto a las pretensiones admitidas y vencimiento del actor en cuanto a las pretensiones no admitidas; o la solicitud es una, pero divisible (CNCom., Sala B, 30/6/88, "Syncro Argentina SA c/ Sanatorio Charcas Agrupación médica Arg. SA", ED, 134-644).-- -Se ha dicho allí también que la hipótesis de vencimiento parcial y mutuo tiene lugar cuando la pretensión contenida en la demanda o defensa, no ha prosperado en forma absoluta; en tales circunstancias las costas deben imponerse en forma proporcional (CNCom, Sala B, 30/6/88, "Syncro Argentina SA c/ Sanatorio Charcas Agrupación médica Arg. SA", ED,134-644). Y, en la misma senda, que corresponde distribuir las costas en el orden causado, conforme a lo dispuesto por el art. 71 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, si la demanda progresó parcialmente (CNCom. Sala A, 21/6/74, "Núñez, Manuel F. Y otros c/ Casa Arteta SA", ED, 58-321).-- En tal situación, no cabe acceder a la pretensión del apelante de dejar sin efecto la distribución de las costas entre actor y demandado, porque aunque no se haya reconvenido, en la medida que las pretensiones del actor no prosperaron en su integridad, existe vencimiento parcial y mutuo y la medida de la distribución la dan las pretensiones del actor que fueran rechazadas.--- No procede analizar aquí y a esta altura si la distribución de costas efectuada en el grado se corresponde con el resultado obtenido en el grado, ya que la modificación parcial del fallo apelado en importantes aspectos torna necesario adecuar las determinaciones de costas efectuadas en la instancia anterior al nuevo resultado aquí dispuesto, en virtud de lo dispuesto por el art. 279 C.P.C. y C.-- Analizando la forma en que prosperan las pretensiones del actor en esta litis, de acuerdo al resultado obtenido en esta instancia, entiendo que existen vencimientos parciales y mutuos en el reclamo, que llevarán a una distribución de las costas (art. 71 CPCyC). En cuanto a la medida de dicha distribución entiendo que lo realmente acontecido en la litis, el balance de progresos y rechazos de las pretensiones del actor y el hecho que éste se vio obligado a litigar en contra de la accionada, dada la conducta antijurídica de ésta al certificar un saldo deudor de cuenta corriente no sólo erróneo, sino que ni siquiera pudo ser explicado por el accionado en varios aspectos, amerita la imposición de costas de grado en el orden causado, decisión que entiendo correlacionada con la suerte del litigio y, a la vez, la más justa para el caso, vistas sus circunstancias.- De conformidad con lo anteriormente analizado y los fundamentos dados, procede la modificación parcial del fallo apelado en los siguientes aspectos:- a) disponer el reintegro de sumas debitadas a la actora por un total de $ 25.683,16 con sus intereses correspondientes, calculados desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;b) hacer lugar al reintegro de las retenciones fiscales efectuadas sin causa por la suma total de $ 31.210,36 (conf. pericia, fs. 324) con más sus respectivos intereses desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;

c) disponer la reliquidación y cálculo de los intereses correspondientes según las tasas aplicadas por el Banco de la Nación Argentina durante el período y por los conceptos reclamados, debiendo reintegrar el banco demandado a la actora las sumas percibidas en exceso, con adición de los intereses respectivos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.

Este pronunciamiento torna necesario adecuar las determinaciones de costas efectuadas en la instancia anterior al nuevo resultado aquí dispuesto, en virtud de lo dispuesto por el art. 279 C.P.C. y C.

Las costas de grado, teniendo en mira los vencimientos mutuos de ambas partes, deberán ser soportadas en el orden causado (art. 71 C.P.C. y C.).

En cuanto a los emolumentos curiales de grado, los mismos serán mantenidos tal como fueron fijados en el grado, ya que al haber sido fijados en términos porcentuales y adecuarse las alícuotas a la trascendencia, mérito, eficacia y resultados de las diferentes labores, no existe necesidad de adecuarlos, al ser los fijados correcto reflejo de cada labor realizada en la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47, 61 y conc., Ley 2.200).

Fuera de las modificaciones ya explicitadas al fallo de grado, el mismo será confirmado en los restantes aspectos motivo de recurso y agravios.- En cuanto a las costas de alzada, ellas serán impuestas en un noventa por ciento (90%) a la demandada y en un diez por ciento (10%) a la actora, dada la forma en que progresan los agravios y el contenido y trascendencia de los que prosperan y el que no.

Los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. R. O. C., letrado apoderado de la actora, se fijarán en el 33% de los honoraros que se le fijen como pertenecientes a la instancia anterior; ello, en atención a la extensión, trascendencia, mérito y resultado de sus labores realizadas en la alzada grado (conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38, 47 y ccs., Ley 2200). Los honorarios a que dé lugar la labor encomendada a la experta contable E. M. I., se regularan de acuerdo a la complejidad de su aporte, luego de realizado éste.

De acuerdo a los desarrollos anteriores, a la primera cuestión voto en forma parcial POR LA NEGATIVA A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: -----I. Con la reseña efectuada por el colega de primer voto quedan satisfechas las exigencias del rito referidas a la relación sucinta de los antecedentes y cuestiones que informan el caso (arts.163 y 164, C.P.C.C.), sin que resulte necesario abundar al respecto, por lo que abordaré directamente el tratamiento de los aspectos que motivan la convocatoria a este acuerdo.---II. Débitos efectuados bajo el concepto "diferencias de cheques": ---En concordancia con la opinión del Dr. López Mesa, debo decir que a mi criterio la entidad bancaria no ha justificado en grado suficiente la causa de las hipotéticas obligaciones atribuidas a G. S.A. que darían lugar a los débitos efectuados en la cuenta corriente de dicha empresa bajo el código "34" - "débitos varios".---Según lo expresa el perito contador actuante, dichas partidas consisten en 15 débitos realizados bajo el concepto de "diferencias de cheques por pago fuera de término" por un total de $ 14.116,64 (ver dictamen, fs. 310vta./311). Tras manifestar que la demandada le "informa que ello se debe a que los cheques no fueron pagados en término, es decir, el día de su vencimiento", la perito "entiende que no se aportó documentación alguna demostrativa de las razones por las cuales el mismo banco no debitó los cheques a su vencimiento y tampoco exhibe documentación demostrativa que haga operativo el art. 41 de la ley 24.452, que admite el reclamo de intereses a partir del día de la presentación al cobro, por lo que no se justifica el recargo por intereses, gastos e impuestos" (textual, fs. 311/vta.).-El dictamen pericial da cuenta además de otros débitos realizados bajo el mismo número de código 034, por las sumas de $ 63,72 y 11.502,80, supuestamente originados en las ventas al banco por parte de terceros de cheques de la actora. Expresa que según le fue informado por la entidad bancaria, dichos cargos responderían a cheques que no fueron pagados en término, es decir, el día de su vencimiento. La perito entiende que no se aportó documentación alguna demostrativa de las razones por las cuales el mismo banco no debitó los cheques a su vencimiento y tampoco exhibe documentación demostrativa que haga operativo el art. 41 de la ley 24.452, que admite el reclamo de intereses a partir del día de la presentación, por lo que no se justifica el recargo pro intereses, gastos e impuestos (dictamen, fs. 311/vta.). El consultor técnico deja sentada su discrepancia al respecto, señalando que estas operaciones obedecen a una "espera crediticia", que "puede asumir múltiples formas y variantes".----Al decidir acerca de este planteo, la juzgadora de primera instancia partió de una hipótesis: "si el banco compró antes del vencimiento cheques de pago diferido librados por la actora a favor de terceros, pasó así a ser beneficiario de dichos títulos, y al no haber sido pagados por G. S.A. o tener fondos en su cuenta corriente para cancelarlos a término, ciertamente la entidad bancaria pasó a ser su acreedora" (textual - fallo, fs. 401). Dedujo luego que no surge de ninguna norma legal que el banco estuviera obligado a descontarle esos cheques no abonados dentro de los 30 días a partir del vencimiento, pues según los arts. 25, 38 última parte y 58 última parte de la ley de cheques la única consecuencia por la presentación de cheques fuera de ese término es perder la acción ejecutiva, agregando que el vencimiento opera la mora automática y no afecta el derecho a percibir esos importes.Considero que la opinión técnica de la perito es contundente y decide la suerte en sentido favorable de esta pretensión actoral, pues no comparto la interpretación efectuada por la a quo acerca de este rubro.-En primer lugar, por cuanto el razonamiento reseñado no remonta un escollo a mi juicio insalvable, cual es la ausencia de documentación respaldatoria de los débitos efectuados en el cuadro del dictamen por la suma de $ 14.116,64. Este dato es decisivo, ya que como lo ha señalado con todo acierto el colega de primer voto, ello se conecta con un requisito elemental de toda obligación exigible, cual es la existencia de causa (conf. art. 499, ss. y conc., Cód. Civil).--Con franqueza, creo que la a quo incurre en un error en su proceso racional-deductivo, al partir de una hipótesis puramente especulativa, sin correlato probatorio en el proceso, ya que como lo señalara la perito actuante, no existen respaldos documentales de esos registros contables. ¿Cómo posible dar por sentada la existencia de una obligación que carece causa comprobable? Ni aún la hipotética conformidad tácita emergente de la falta de observación en término de los resúmenes de cuenta corriente (art. 793, 2do. párrafo del C.Com. y Com. "A" 3244 del B.C.R.A., punto 1.5.2.3 in fine) autoriza esta interpretación, ya que dichas normas sólo sientan una presunción iuris tantum que se desvanece frente a pruebas concretas de errores o violación de normas legales de orden público (por ej., las que consagran principios que preservan la moral y las buenas costumbres- arts. 21 y 953 Cód. Civil - conf. Villegas, Carlos G. - "Teoría y práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria" - p. 170/171 - Villegas Grupo Editor - Vázquez Mazzini Editores - Bs. As., 2001).-Como lógica consecuencia de haber partido de una falsa premisa -esto es, la existencia de obligaciones cuya causa en realidad no ha sido demostrada-, el silogismo jurídico elaborado por la sentenciante deriva en un espejismo lógico insalvable. Sabido es que las normas civiles son aplicables al derecho comercial den cuanto no estén modificadas por el Código de Comercio (art. 207), de manera que la situación bajo examen enmarca dentro de la previsión genérica del art. 499 del Código Civil, al no haberse demostrado la existencia de una causa que legitime las aparentes obligaciones que habrían dado lugar a dichos débitos. Como bien lo señala la doctrina, no es concebible una obligación que carezca de causa eficiente; las obligaciones aparentes son jurídicamente inexistentes (conf. Llambías, J.J., "Tratado...", Obligaciones, t. I, N° 36, p. 47 - Ed. Perrot, 1967 y sus citas). Cabe resaltar además que en la especie tampoco se configura la inversión probatoria emergente del art. 500 C.Civ., dado que ni siquiera se han aportados títulos o documentos que instrumenten las hipotéticas obligaciones que motivaron dichos débitos (conf. Llambías; Salvat; Lafaille).-En consecuencia, compartiendo el criterio del colega de primer voto, opino que aparte de la rectificación ya acogida en la anterior instancia, la entidad bancaria demandada deberá reintegrar a la actora las sumas indebidamente debitadas bajo el código "34" sin documentación respaldatoria, por un total de $ 14.116,64 con adición de los respectivos intereses ya fijados en el fallo, computados desde que cada suma fue debitadas y hasta su efectivo reintegro (arts. 499, 508, 622 y conc., C. Civil).-En cuanto a las sumas debitadas que el dictamen detalla en los cuadros por las sumas de $ 63,72 y $ 11.502,80, considero que la sentenciante ha hecho una errónea interpretación de la ley, al afirmar que al banco demandado no le alcanzaban las normas referidas al plazo de presentación al cobro de los cheques por no surgir tal obligación de "ninguna norma legal". Lejos de ello, las disposiciones aplicables son las que surgen de la ley 24.452 y sus normas complementarias y reglamentarias.- Así, el art. 25 de la ley de cheques establece como principio general que "el término de presentación de un cheque librado en la República Argentina es de treinta (30) días contados desde la fecha de su creación". A partir de la creación del llamado "cheque diferido", aquella regla debe compatibilizarse con esta última figura, contabilizando dicho plazo máximo desde el día indicado para su pago, que no debe ser excedido (ver en el mismo sentido, Villegas, C.G., ob. cit., p. 545), salvo en supuestos de fuerza mayor (art. 26, ley citada). Así lo estatuye además en forma expresa la reglamentación pertinente, al determinar que "En el caso de cheques de pago diferido, ese plazo se computará a partir de la fecha de pago consignada en el cartular" (conf. Comunicación "A" 3244 - punto 1.5.2.6). De más está decir que dicho plazo está señalado para el acreedor "beneficiario" o portador del cheque, que según concluyera la sentenciante, en estos casos era el propio banco adquirente de dichos valores, quedando de tal modo en situación de paridad con cualquier otro tenedor común. Lo que no hay, entonces, al contrario del razonamiento expresado por la judex a quo, es norma alguna que conceda una excepción a esta regla general para el banco demandado; por tanto, dicha entidad sólo tenía dos alternativas: efectuar los débitos pertinentes dentro del plazo legal señalado o, en su caso, proceder al rechazo de los cheques por libramiento sin fondos suficientes en la cuenta corriente e informar en este último caso al Banco Central de la República Argentina (conf. art. 38, ley citada y Comunicación "A" 3244 - punto 1.5.2.11). Debo puntualizar que el texto de la norma es imperativo y categórico (el girado "deberá" siempre recibirlo. Si no lo paga "hará constar la negativa en el mismo título"), por lo que no admite dudas interpretativas.-De tal suerte, está visto que al banco no le era dado en cambio "demorar" a su entera voluntad y criterio el débito de esos cheques por tiempo indeterminado -a título de una autodenominada "espera crediticia", cual lo expresara el consultor técnico de la demandada (conf. pericia, fs. 311 vta./312), sin aclarar qué dispositivos o normas darían sustento legal dicha práctica-, ni tampoco se ha probado la existencia de una estipulación contractual expresa entre las partes destinada a legitimar un procedimiento que, a la postre, sólo ha mostrado producir un mayor gravamen para el patrimonio del deudor.En síntesis, al no hallarse probada en forma documentada la causa fuente de los débitos en cuestión y en tanto, según las razones invocadas por el banco, dichas operaciones derivarían de procedimientos o prácticas que no se compadecen con las disposiciones legales vigentes, corresponde acoger la pretensión actoral y en su mérito disponer la revocación parcial del fallo, a fin de que la entidad demandada reintegre a la actora las sumas respectivas por un total de $ 25.683,16 con sus intereses correspondientes, calculados desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago. Así lo dejo votado. III. Débitos por impuestos - Ley 25.063: --En relación a este reclamo actoral respecto de sumas debitadas en exceso por el impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario (art. 5, ley 25.063), la perito contadora actuante en autos estableció que "el banco no tuvo en cuenta la modificación del límite establecido" (en las leyes 25.239 y 25.260) "en las liquidaciones de los períodos que se solicitan e indican a continuación, habiéndose debitado en exceso los montos que en cada caso se indican" en el anexo III, apartados "a" y "b" (conf. dictamen, fs. 314). El monto retenido a la actora por este concepto ascendió a $ 31.210,36 (dictamen, fs. 324).-Como puede apreciarse, nos hallamos nuevamente ante la realización de cargos efectuados en la cuenta corriente de la actora sin la existencia de una causa válida generadora de obligaciones, sino debidos a un simple error de la entidad bancaria demandada al obrar en su carácter de agente de retención para el Fisco.-La actuación que le compete a las entidades bancarias en este carácter, según la doctrina y jurisprudencia -como bien lo ha citado el Dr. López Mesa-, implica una intermediación legal que no puede realizarse de modo ligero o descomedido, en tanto implica una delegación de facultades destinada a la concreción del interés fiscal comprometido y como tal, la actuación irregular observada en el cumplimiento de dicha encomienda recaudatoria debe generar la consiguiente responsabilidad por los eventuales perjuicios causados, sea al Estado y/o a los contribuyentes.---Esta responsabilidad de agente de retención no se desvanece ni traslada por la mera circunstancia de que los tributos indebidamente retenidos sean posteriormente transferidos al Fisco. Si bien es cierto que el contribuyente tendría el derecho de repetición contra el Estado (art. 21 y conc., ley 11.683, texto seg. Decr. 821/98) por las sumas indebidamente abonadas, no resulta justo obligarlo a acudir a esa vía si decide optar en cambio -como sucede en la especie- por dirigir su pretensión contra la entidad bancaria que, obrando en forma negligente, ha sido la directa causante del menoscabo patrimonial provocado, al retener indebidamente sumas en exceso de las realmente debidas.----A mérito de estas consideraciones y en concordancia con el apreciado colega de sala, considero que el banco demandado deberá restituir las retenciones fiscales efectuadas sin causa por la suma total de $ 31.210,36 (conf. pericia, fs. 324) con más sus respectivos intereses (arts. 499, 508, 622 y conc., C.Civil; su doctrina).- IV. Intereses aplicados sobre saldos en descubierto: ----La solicitud de que se revisaran y morigeraran los intereses percibidos por el banco por saldos en descubierto, tildando la actora de excesivas y exorbitantes las tasas aplicadas por ese concepto, fue denegada por la señora jueza de grado anterior con base en la condición de banco público que inviste la entidad demandada y en la presunción sentada en el art. 565, primera parte, del Código de Comercio.- Aduce la apelante que esta conclusión no constituye una razonable derivación del derecho vigente, ya que tal carácter público no habilita al banco a aplicar cualquier tasa de interés, sin límite alguno, si a la par se reconoce en el fallo que se ha admitido la revisión y morigeración de dichos intereses respecto de los bancos privados, lo que constituye una violación al derecho de igualdad de trato.Estimo conveniente recordar, a título inicial, que la presunción del art. 565 Cód. Com. debe considerarse iuris tantum, esto es, que puede ser destruida por prueba en contrario (conf. Rouillon, A. A. N., "Código de Comercio comentado...", t. I - p. 1020 - Ed. La Ley, 2005).---Luego, es dable señalar asimismo que la presunción del art. 565 C.Com. se aplica en tanto y en cuanto se hayan estipulado intereses sin haberse pactado la tasa aplicable. En la especie, según el informe pericial contable, puede apreciarse que las partes estipularon una tasa "variable", siendo la del 23,97 % una tasa de referencia. En el curso de la relación las partes, según el mismo informe, el banco percibió por adelantos transitorios en cuenta corriente tasas que oscilaron entre el 52,92% y el 117,76% (conf. dictamen, fs. 315).-Por su parte, al responder a la medida para mejor proveer dictada por este tribunal a fs. 449, el Banco de la Nación Argentina informó las tasas de interés aplicadas por los distintos conceptos durante el período en cuestión (ver. Inf. de fs. 456/457). Dicho informe permite corroborar que, en efecto, las tasas aplicadas por el B. C. S.A. a las operaciones en cuenta corriente con el actor, en general, han sido superiores -y a veces, en grado sustancial- a las fijadas del Banco de la Nación por los distintos conceptos bajo análisis -adelantos en cuenta corriente, descubiertos con y sin acuerdo-, conforme se desprende asimismo de los cuadros elaborados por el perito a fs. 304 vta./305, 306 y 308.A partir de estas verificaciones, opino que el fundamento invocado por la sentenciante a quo para denegar este aspecto de la pretensión no es compartible. Expresa sobre el punto la juzgadora que los casos jurisprudenciales citados en los que prosperaron las revisiones o rectificaciones de cuentas corrientes se referían a bancos privados, mientras que en el caso, el demandado es un banco público, que actúa como agente financiero del Estado y que los jueces locales aplican sus tasas las sentencias en las que se condena al pago de intereses cuando los mismos no están convenidos. Agrega que por tanto resulta de aplicación el art. 565, primer párrafo, C.Com. y no corresponde efectuar rectificación alguna respecto de este rubro.--Considero que al exponer este razonamiento, la sentenciante no tuvo en cuenta que las normas del Código de Comercio deben ser interpretadas en forma sistemática. Y en ese sentido, no puede soslayarse la regla establecida por el art. 565, último párrafo, que al definir a los llamados "intereses de plaza" o "intereses corrientes" a los que cobra el Banco Nacional, ha sentado una pauta interpretativa para mensurar los posibles abusos que pudieran generarse en el ejercicio de la libertad contractual entre las partes. Adviértase además que en las convenciones entre la actora y la demanda se estipulaba que la tasa inicialmente pactada podía ser "aumentada o disminuida por el B. C. S.A. cuando por disposiciones internas de éste se varíe la tasa para operaciones similares o cuando así lo dispongan normas reglamentarias del B.C.R.A." (conf. pericia, fs. 305). Pues bien: en supuestos análogos, la evolución jurisprudencial ha sentado algunos principios orientadores, entre las que cabe citar aquí: 1) por encima de las convenciones o voluntad de las partes, las tasas abusivas o usurarias no pueden tener amparo judicial y la facultad judicial de morigerarlas se funda en razones de preservación del orden público y las buenas costumbres; 2) No obsta a ello el hecho de que, en oportunidad de ser notificado, el cuentacorrentista no haya objetado los intereses aplicados; 3) el silencio del tomador de un crédito en descubierto no permite inferir una conformidad con las tasas aplicadas por el banco demandado cuando ellas conducen a un resultado incompatible con las exigencias de la moral y las buenas costumbres; 4) la potestad de fijación unilateral de rédito por parte del banco -como ocurre en el caso bajo examen- no justifica la aplicación de "cualquier" tasa, ya que la "razonabilidad" en el uso del poder que posee el banco y el respeto al derecho de propiedad garantizado constitucionalmente, son vallas infranqueables en cualquier supuesto (ver Villegas, Carlos G. "Teoría y Práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria", p. 140/142 y sus citas - Villegas Grupo Editor - Vázquez Mazzini Editores - Bs. As., 2001).-En similar orientación se ha sostenido asimismo que ante la procedencia de la demanda de arreglo de cuenta corriente bancaria y rectificación de partidas por percepción de intereses excesivos y capitalizaciones indebidas, debe morigerarse la tasa de interés percibida por el banco y aplicarse la que cobra el Banco Nación para sus operaciones de descuento, por aplicación del art. 565 del Cód. de Comercio, pues no habiéndose acreditado la estipulación respecto de la cantidad a la que debían ascender los réditos, se supone que las partes se sujetaron a la tasa que perciben los bancos públicos (del voto de la doctora Piaggi - conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A integrada o 17/02/2004 o Avan S.A. c. Banco Tornquist o LA LEY 2004-D, 400 - LA LEY 2004-D, 951, con nota de Carlos G. Villegas; LA LEY 27/10/2004, 6, con nota de Miguel Angel Martín; RCyS 2004, 1313). A mi juicio, la circunstancia de que la entidad demandada sea, en efecto, el banco público provincial, no impide aplicar las pautas y principios citados precedentemente. Por el contrario, las razones sustanciales de orden público que han inspirado esta corriente jurisprudencial no podrían variar simplemente por el carácter público o privado de la entidad financiera que ha incurrido en un exceso en sus facultades al fijar las tasas de interés aplicables. Opino que una vez constatado el exceso, debe acudirse a la pauta sentada en el art. 565, último párrafo, del Código de Comercio, a fin de tomar como tope para el ejercicio de esa atribución estipulada por las partes a los intereses percibidos en operaciones análogas por parte del Banco de la Nación Argentina en la plaza local que, conforme dicha norma, deben considerarse los intereses corrientes o de plaza.--Pese a lo sostenido en contrario por la entidad bancaria al contestar la demanda, esta interpretación también encuentra respaldo normativo en lo prescripto en el art. 37, inc. b) de la ley 24.240, en cuanto determina que, "sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas... b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte". En la especie, el banco, siendo la parte predisponente en un típico contrato de adhesión como lo eran las solicitudes de crédito, si bien ab initio estipulaba con su cliente un interés referencial, se reservaba en definitiva la potestad de variar en el futuro las tasas aplicables, incluso por "resolución interna". Aun cuando esta facultad contractual en principio es lícita y aceptable, no puede conducir a la tutela de un ejercicio arbitrario o excesivo. Así lo ha considerado la jurisprudencia en señeros fallos, al sostener, por caso, que los sujetos intervinientes en los contratos de servicios bancarios se encuentran aprehendidos por la referida ley 24.240, por cuanto la condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado, desde una perspectiva realista, lo que impone al juez una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal. Y si bien la ley de defensa del consumidor no menciona explícitamente a las entidades bancarias -salvo en lo referente a los créditos para el consumo- éstas quedan incluidas dentro de las personas jurídicas mencionadas en su artículo 2 (conf. CNCom., Sala B, in re "Coya Rodolfo José c. Banco Caja de Ahorro S.A. s. ordinario", del 1.4.2003; id. CNCom., Sala A, in re "Modesta Pedro Miguel c. Banco del Buen Ayre S.A. s. ordinario", del 30.8.2000; íd., Sala B, in re "Dederian Carlos c. Citibank NA s. sumario", del 12.9.2002; íd., Sala C, in re "Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco de la Provincia de Buenos Aires s. sumarísimo", del 4.10.2005; id. Sala C in re Marchetto, Silvia Adriana c. Banco de la Provincia de Buenos Aires, del 19/10/2007; entre muchos otros - ver, en el mismo sentido, Drucaroff Aguiar, A., "Responsabilidad derivada de contratos y servicios bancarios" en "Cuenta corriente y responsabilidades bancarias", , p. 289 y ss., Ed. Ad-Hoc, 2006).Como síntesis de lo expresado, coincide con el Dr. López Mesa en que deberá revocarse este aspecto del fallo a fin de que en la etapa de ejecución de sentencia se proceda a la reliquidación y cálculo de los intereses correspondientes según las tasas aplicadas por el Banco de la Nación Argentina durante el período y por los conceptos reclamados, debiendo reintegrar el banco demandado a la actora las sumas percibidas en exceso, con adición de los intereses respectivos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.V. "Dies a quo" para el cómputo de los intereses sobre las sumas a reintegrar: -También en este tópico comparto el criterio expresado por el Dr. López Mesa, cuyos términos comparto y no reiteraré aquí en honor a la brevedad. Sólo diré adicionalmente, para fundar mi voto (art. 169, C.N.) que la decisión de la a quo al fijar como fecha inicial para el cálculo de intereses sobre las sumas de condena desde la fecha de cierre de la cuenta corriente no se compadece con las normas sobre responsabilidad civil emergentes de la indebida percepción y/o retención de fondos a la cuentacorrentista. El reintegro de sumas ilegítimamente retenidas o debitadas implica una situación de mora y esa conducta antijurídica, connaturalmente, genera la obligación de abonar los intereses correspondientes, que cumplen una función resarcitoria desde que la obligación es exigible, y en el caso, lo fueron desde que cada suma fue debida (arts. 508, 622 y conc., C. Civil; su doctrina - ver, en el mismo sentido, López Mesa, M.J., "Código Civil ....", t. I, p. 585 y p. 754 y jurisp. allí citada - LexisNexis, 2008).-En consecuencia, deberá modificarse asimismo el fallo en tal sentido.- VI. Adecuación de las costas al nuevo pronunciamiento: Por aplicación del art. 279 del C.P.C.C. corresponde adecuar las costas y honorarios de primera instancia al nuevo resultado que surge de este acuerdo. Para ello, ha de partirse de los vencimientos parciales y mutuos registrados en esta contienda, que conduce a aplicar en materia de costas la regla establecida en el art. 71 del C.P.C.C., tal como lo tiene resuelto esta sala habitualmente en casos análogos. Así, atendiendo a la trascendencia jurídica y económica de los triunfos y derrotas recíprocos, se aprecia razonable la propuesta del colega preopinante de imponer las costas de primera instancia por su orden, sin modificar las regulaciones de honorarios efectuadas a los letrados y al perito actuante, ya que las mismas -fijadas como han sido en términos porcentuales- retribuyen adecuadamente las tareas profesionales realizadas, atendiendo a su eficacia, complejidad, extensión y a los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 9, 10,13, 37, 39, 47, 61 y conc., Dec. Ley 2.200).-En lo que concierne a esta alzada, coincido en que atendiendo al progreso mayoritario de la apelación incoada, resulta apropiado imponer las costas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante por cuenta de la actora (art. 71, C.P.C.C.). Comparto asimismo la propuesta de fijar como retribución por las labores profesionales realizadas por el Dr. R. O. C. en esta instancia el 33% de las que les correspondieron por su actuación en la instancia de origen (conf. arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).--VII. Conclusiones: --A mérito de todo lo expresado, voto por la modificación parcial del fallo en los aspectos ya expresados, emitiendo mi voto a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa dijo: -- Que al existir coincidencia de pareceres, procede el dictado de la siguiente sentencia:

1) Modificar parcialmente la sentencia de fs. 394/406 y acoger parcialmente el recurso de fs. 434/445vta., modificándose el decisorio de grado en cuanto a los siguientes aspectos:a) Hacer lugar al reintegro de sumas debitadas a la actora por un total de $ 25.683,16 con sus intereses correspondientes, calculados desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;b) Hacer lugar al reintegro de las retenciones fiscales efectuadas sin causa por la suma total de $ 31.210,36 (conf. pericia, fs. 324) con más sus respectivos intereses desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;c) Disponer la reliquidación y cálculo de los intereses correspondientes según las tasas aplicadas por el Banco de la Nación Argentina durante el período y por los conceptos reclamados, debiendo reintegrar el banco demandado a la actora las sumas percibidas en exceso, con adición de los intereses respectivos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.

2) Confirmar la sentencia apelada en los restantes aspectos.

3) Mantener las determinaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado (a fs. 405vta.), dado que al ser las mismas realizadas en términos porcentuales, se compadecen con las labores realizadas por sus destinatarios, magüer la modificación parcial aquí dispuesta.-- 4) Modificar la imposición de costas dispuestas en la sentencia de grado (fs. 405vta., adecuando éstas (arts. 279 y 68 CPCyC) al nuevo resultado del pleito.----5) Imponer las costas de grado en el orden causado 6) Imponer las costas de alzada en un noventa por ciento (90%) a la demandada y a la actora en el diez por ciento (10%) restante..--- 7) Regular los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. R. O. C., letrado apoderado de la actora, se fijarán en el 33% de los honoraros que se le fijen como pertenecientes a la instancia anterior. Los honorarios a que dé lugar la labor encomendada a la experta contable E. M. I., se regularan de acuerdo a la complejidad de su aporte, luego de realizado éste 8) Regístrese y notifíquese.

Así lo voto.---- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.---Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550).---Trelew, de diciembre de 2009.---En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: - --MODIFICAR parcialmente la sentencia de fs. 394/406 y acoger parcialmente el recurso de fs. 434/445vta., modificándose el decisorio de grado en cuanto a los siguientes aspectos:a) HACER LUGAR al reintegro de sumas debitadas a la actora por un total de $ 25.683,16 con sus intereses correspondientes, calculados desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;b) HACER LUGAR al reintegro de las retenciones fiscales efectuadas sin causa por la suma total de $ 31.210,36 (conf. pericia, fs. 324) con más sus respectivos intereses desde la fecha en que cada uno de dichos débitos fueron efectuados y hasta su efectivo pago;c) DISPONER la reliquidación y cálculo de los intereses correspondientes según las tasas aplicadas por el Banco de la Nación Argentina durante el período y por los conceptos reclamados, debiendo reintegrar el banco demandado a la actora las sumas percibidas en exceso, con adición de los intereses respectivos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.

CONFIRMAR la sentencia apelada en los restantes aspectos.

MANTENER las determinaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado (a fs. 405vta.), dado que al ser las mismas realizadas en términos porcentuales, se compadecen con las labores realizadas por sus destinatarios, magüer la modificación parcial aquí dispuesta.-- MODIFICAR la imposición de costas dispuestas en la sentencia de grado (fs. 405vta., adecuando éstas (arts. 279 y 68 CPCyC) al nuevo resultado del pleito.----IMPONER las costas de grado en el orden causado IMPONER las costas de alzada en un noventa por ciento (90%) a la demandada y a la actora en el diez por ciento (10%) restante..--- REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. R. O. C., letrado apoderado de la actora, se fijarán en el 33% de los honoraros que se le fijen como pertenecientes a la instancia anterior. Los honorarios a que dé lugar la labor encomendada a la experta contable E. M. I., se regularan de acuerdo a la complejidad de su aporte, luego de realizado éste.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----- REGISTRADA BAJO EL Nº 55 DE 2.009 - SDC.- Conste.- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA