Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-25


Salta, 25 de febrero de 2016.	(T. 203:903/914) Y VISTOS: Estos autos caratulados "SALEH, MARIELA DEL VALLE - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 37.724/15), y	__________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1º) Que a fs. 15/29 la actora, invocando el carácter de propietaria y titular del local bailable que gira bajo el nombre de fantasía "La Lola", en los términos del art. 704 del C.P.C.C., deduce acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Nº 14624, modificada por la Nº 14647 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y su Decreto Reglamentario Nº 283/15, a través de los cuales se regula el funcionamiento de los comercios donde se desarrollan actividades nocturnas de acceso público. A tales fines, dicho ordenamiento exige -en lo que aquí interesa- la utilización y mantenimiento de un sistema de videovigilancia que garantice la seguridad de los datos mediante la instalación de cámaras que cubran íntegramente el perímetro exterior de los locales bailables y, además, el uso de dispositivos automáticos de control de concurrentes con el objeto de contabilizar su ingreso y egreso.	Asegura la presentante que las obligaciones que tales preceptos imponen en cuanto a la colocación de cámaras de seguridad y el mecanismo de control de asistentes, como así también el deber de asegurar y verificar en forma permanente su buen funcionamiento, la nitidez de las imágenes y el sonido, fecha y hora de los registros y de la totalidad de los elementos que se obtengan de las filmaciones, de adoptar los recaudos técnicos y organizativos tendientes a garantizar la seguridad de los datos evitando alteraciones, pérdidas y tratamiento o acceso no autorizado, se tratan de medidas que deben realizarse a costo exclusivo de la Municipalidad, ya que trasladar el gasto que ellas implican a los establecimientos comerciales, afecta de modo directo su patrimonio y el derecho de propiedad e importa -a su criterio- una delegación de facultades que la Ley 7273 otorga exclusivamente a la comuna.	Alega que los poderes públicos no pueden delegar potestades conferidas por la Constitución Provincial ni asignarse otras que las expresamente acordadas; que los dispositivos cuestionados adoptan un criterio de atribución de facultades reñido con los postulados de la estructura jurídica en que se asientan las Leyes Fundamentales, tanto nacional como provincial; y que por su generalización y abstracción, aquéllos transgreden los límites del art. 28 de la Constitución Nacional y violentan el art. 21 apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1, 8 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XVII) y 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.	Sostiene que la demandada no puede delegar sus atribuciones a los ciudadanos transmitiéndole las obligaciones de adquirir, mantener y supervisar el control de las personas que concurren a un local nocturno para esparcimiento, ocio o diversión. En ese lineamiento y dado que el art. 1 de la Ley 7273 establece que el Estado no delega la facultad y el deber del uso de la fuerza pública en materia de seguridad en relación con las personas y bienes de la comunidad, considera inexplicables las exigencias que los actos atacados le imponen, pues, según sus dichos, conllevan no sólo un compromiso económicamente significativo -porque el precio de los equipos asciende a $ 74.589 aproximadamente, más la mano de obra- sino que, además, eleva considerablemente el costo mensual por su mantenimiento y la ocupación de personal.	Hace referencia a un avance de la arbitrariedad desde el propio Estado que pone en riesgo garantías constitucionales al fundamentarse en una peligrosa visión de modernizar el servicio de control bajo un costo que debe ser absorbido por el comerciante.	Por último, señala que las previsiones destinadas al aseguramiento del bienestar de los ciudadanos y su seguridad, no pueden exceder en su contenido y alcance las limitaciones impuestas por la Ley Fundamental.	2º) Que corrido traslado, a fs. 57/58 vta. contesta la Municipalidad de Salta solicitando el rechazo de la demanda. Expresa que no se avizora cuestión constitucional que la justifique, reduciéndose la cuestión planteada a un interés patrimonial de la accionante tendiente a evitar un gasto propio del tipo de negocio que explota comercialmente, esto es, un boliche bailable con todas sus derivaciones, siendo de conocimiento público los hechos de violencia que se suceden a la salida de ellos y el ingreso de personas excediendo la capacidad física del lugar.	Niega la vulneración del derecho de propiedad invocado en razón de no haberse demostrado que el gasto que demande el cumplimiento de la normativa cuestionada fuese absurdo, sobre todo teniendo en cuenta el carácter lucrativo de la actividad involucrada y que los equipos que se adquieran serán de propiedad de sus titulares.	Recalca la aludida naturaleza lucrativa de la actividad de la actora para afirmar que el gasto en seguridad pasó a integrar el giro normal de su negocio y que, tratándose de locales privados cuya recaudación se traduce en una ganancia para sus dueños o explotadores, sería ilógico que la comuna deba afrontar los costos que su funcionamiento implique.	Descalifica la argumentada delegación de facultades en materia de seguridad sosteniendo que carece de asidero, toda vez que la necesidad de los elementos que prevé la normativa se encuentran relacionados directamente con el tipo de actividad que explota la accionante y la consecuente necesidad de control del Municipio sobre su cumplimiento.	Destaca que el ejercicio de su poder de policía está contemplado en el art. 7 inciso o) de la Carta Municipal, Ley 6534, que habilita su potestad reglamentaria en consonancia con el art. 14 de la Constitución Nacional, y que, específicamente, el art. 7 inciso r) establece como deber y atribución del Municipio "reglamentar la habilitación y funcionamiento de los locales comerciales, industriales y de servicios".	3º) Que habiendo sido declarada la cuestión como de puro derecho y presentado alegato la actora a fs. 67/69, dictamina el señor Procurador General de la Provincia a fs. 71/75 en el sentido de que corresponde rechazar la demanda, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.	4º) Que la Ley Suprema no ha reconocido derechos absolutos, sino limitados por las normas que los reglamentan, de manera que es incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad. Ello sin embargo, tales medidas son susceptibles de impugnación constitucional cuando resultan irrazonables, es decir, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando no guardan proporción con la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido en el caso, o cuando consagran una manifiesta iniquidad (cfr. CSJN, Fallos, 307:2262, considerando 7° y sus citas).	En ese marco, cabe recordar que el examen de razonabilidad de las normas en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las disposiciones en ellas contenidas, y no sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, ya que ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños (cfr. CSJN, Fallos, 311:1656 y sus citas).	5°) Que bajo tales premisas el control de constitucionalidad que compete a este Tribunal debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto "la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces" (Tomo 58:1087; 59:1077; 61:337, 465, entre otros). Igualmente se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico (CSJN, Fallos, 302:1149; 303:241, 1708; esta Corte, Tomo 77:627; 83:665; 95:649; 117:1041; 151:97).	Por tales motivos, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contradice la Constitución y le causa de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que acredite y precise fehacientemente, en los autos, el perjuicio concreto que le origina la aplicación de la disposición (cfr. CSJN, Fallos, 307:1656 y sus citas; 324:754), extremo este incumplido en el "sub lite".	En efecto, los argumentos de la actora relacionados con la implementación de los sistemas de videovigilancia y de control electrónico de asistentes de su local constituyen agravios que, por su generalidad y falta de apoyo en elementos objetivos de juicio, no consiguen demostrar la afectación de los derechos constitucionales invocados ni la incompetencia de la comuna para el dictado de la reglamentación cuestionada, la que de acuerdo con la Constitución Provincial y su pertinente Carta Municipal, cuenta con indudable potestad para la gestión del bien común (art. 170 de la Const. Pcial.) y en su mérito, para disponer en la órbita local la implementación de mecanismos tendientes a brindar mayores condiciones de seguridad de las personas que asisten a locales bailables, siempre que ellas no resulten arbitrarias (arts. 176 inc. 10 de la Const. Pcial. y 7 inc. r) de la Carta Municipal).	Ciertamente no se encuentra probado en autos que las medidas adoptadas resulten irrazonables, es decir, que no se justifiquen frente al tipo de actividad desarrollada y los riesgos que ella implica para la seguridad del público que asiduamente concurre a los eventos nocturnos que convoca. Tampoco la accionante alegó ni mucho menos acreditó la imposibilidad de hacer frente a los nuevos costos de funcionamiento ni la existencia de una desproporcionada magnitud entre ellos y su concreta capacidad económica dada por el giro comercial de su negocio. Todo ello permite concluir que sus agravios se reducen a una mera disconformidad con las disposiciones objetadas, sin que alcancen a evidenciar el perjuicio concreto que ellas podrían irrogarle, como así tampoco que se aparten manifiestamente del texto de la Constitución o consagren una inequidad o irrazonabilidad ostensible.	Cabe recordar que en la delicada función de juzgamiento en los procesos de inconstitucionalidad, la misión del Poder Judicial consiste en asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual consecuencia, invalidar las disposiciones legales que se encuentren en clara y abierta pugna con sus preceptos. Pero ese cometido no puede tener la implicancia de sustituir a la administración en el juicio de oportunidad, adecuación a la realidad social y conveniencia política que supone la sanción de reglamentos como los aquí examinados.	No cabe soslayar que en la realización del interés público, la libertad de acción que tiene la administración en ejercicio de la discrecionalidad, le permite valorar la posibilidad de actuar o no en un momento dado y de apreciar la entidad, el modo y la instrumentación de la actividad. Estas diversas opciones, que comprenden la valoración de los intereses secundarios concurrentes públicos o privados en juego, no pueden escapar al límite impuesto normalmente por el interés público genérico y específico, cuya satisfacción se impone por sobre los demás (cfr. Sesín, Domingo Juan, "Administración Pública, Actividad Reglada, Discrecional y Técnica", Depalma, 1994, pág. 138).	Por lo demás, es indudable que quien debe soportar los costos del riesgo generado es aquel que ejerce la actividad comercial lucrativa.	6°) Que en tales condiciones y toda vez que como principio nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, ni a su inalterabilidad (cfr. CSJN, Fallos, 283:360; 299:93; 310:2845; 315:2999, entre muchos otros), corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta a fs. 15/29, con costas.	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	1º) Que adhiero a lo manifestado en los considerandos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º -1º, 2º y 3º párrafos- y 6º del voto que antecede así como a la solución que allí se propicia, estimando necesario señalar que lo relevante a efectos del control de constitucionalidad que incumbe a este Tribunal queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que, como ha sido configurada por conocida jurisprudencia, supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y carecer de inequidad manifiesta (CSJN, Fallos, 243:449, 467; 248:800; entre otros).	2º) Que en orden a ello, no se advierte que las medidas impugnadas en autos resulten irrazonables, siendo de la órbita de las facultades de la Municipalidad capitalina la reglamentación de las cuestiones que, como en el caso, atañen a la seguridad y al bien común, no evidenciándose desproporción entre el fin perseguido y las disposiciones que se han tomado para lograrlo, ni se verifica un supuesto de inequidad manifiesta. Por el contrario, el derecho a ejercer el comercio o la industria reconoce la existencia concomitante de deberes y obligaciones que la propia actividad emprendida conlleva y que no cabe desconocer so pretexto de los que corresponden al Estado en esta materia.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad deducida a fs. 15/29 de autos. Con costas.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar y Guillermo Félix Díaz -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).