marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aborto propio, tentativa, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: G. E. V. p.s.a. Aborto c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-28

Debe dictarse el sobreseimiento de la imputada, por el hecho calificado como aborto, ya que media excusa absolutoria (arts. 350, inc. 3°, último supuesto art. 88 CP), toda vez que la encartada no logró consumar dicho ilícito, encontrándose embarazada y desarrollando la vida de un feto sin dificultad.
Locación, posesión, prescripción adquisitiva, juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mercadal, Alberto J. c/ Lo Bruno, Francisco J. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

El art. 2353 del cód. civil consagra el principio de inmutabilidad de la causa de la relación real, que no puede ser cambiada por la mera voluntad del sujeto ("nadie puede cambiar por sí mismo"), prologándose en el tiempo el emplazamiento originario ("ni por el transcurso del tiempo"). De modo que quien "comenzó a poseer por sí", continúa en ese carácter mientras no pruebe que se ha convertido en tenedor ("ha comenzado a poseer por otro").Y, quien comenzó su relación real como tenedor ("poseer por otro"), persiste en tal condición hasta tanto acredite que se transformó en poseedor ("mientras no se pruebe lo contrario"). La interversión del título no puede operarse por un acto de propia y exclusiva voluntad del sujeto -locador-, sino que es necesario que la misma se exteriorice por actos que no dejen lugar a la más mínima duda y que claramente revelen al público la decisión de alcanzar aquel propósito, ya sea por un acto jurídico que manifieste esa voluntad -art. 2387-, o por la expulsión violenta de la parte interesada o por actos exteriores que tienen por finalidad privar al poseedor de disponer de la cosa, produciendo ese efecto -art. 2455 y 2458 del Cód. Civil .-
Protección de la vivienda, derechos y garantías constitucionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL
Carátula: LICHA, AZIS Y OTRO c/ VIDAECHEA, MIGUEL ALEJANDRO s/ DEMANDA EJECUTIVA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   313-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto especial énfasis en el fin tuitivo del bien de familia al interpretar la ley 14394.

Y, claro está, que la razón de ser del alcance asignado radica en el arraigo constitucional que reconoce el bien de familia en el artículo 14 bis de la Carta Magna Nacional; ello así puesto que, si bien la fórmula consagrada en ésta ("...en especial, la ley establecerá...") se encuentra dirigida al legislador, también habilita al Poder Judicial para deparar protección defensiva a la cláusula constitucional cuando resulta necesario establecer la hermenéutica de la normativa que rige la materia.
Costas, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ HECTOR A. c/ TRANSPORTES RUTA AZUL CARGAS S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-15

Es improcedente la pretensión de la demandada de que no se le impongan las costas por la excepción de prescripción, por haberse rechazado la totalidad de los rubros demandados. En primer término, procesalmente siempre debe tratarse el tema de la prescripción, instituto formal que sólo se refiere al tiempo transcurrido artículo 256 Ley de Contrato de Trabajo-, para la viabilidad de cobro de diferencias salariales e indemnizatorias. Resuelta esta temática, corresponde el análisis de los otros rubros que fueron desestimados por el a quo por fundamentos diferentes a la prescripción, defensa que opuso libre y voluntariamente la demandada y que resultó improcedente. En consecuencia, fue correcta la decisión del a quo de aplicar las costas de la excepción, a la demandada y, con relación a los rubros pretendidos por la actora, a ésta.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Martelli, Aníbal Emilio c/ Machín, Alicia A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

De conformidad a lo establecido por el D.O.M.B.A. 7278/63) la señal de "ceda el paso" indica la obligación de detener por completo la marcha del rodado para reiniciarla nuevamente una vez asegurado la posibilidad de efectuar el cruce sin riesgos (v. asimismo D.O.M B.A. 84.173/78); constituyendo en consecuencia la inobservancia de esa obligación, en juego armónico con lo prescripto por el artículo 49 de la Ley 13.893 ("ajustar su conducta a las indicaciones que sean dadas .... señales fijas..."), una contravención grave contra la seguridad del tránsito y de las personas que crea en su autor en caso de accidente, la responsabilidad inherente a los daños que ocasiona.

La Avenida General Paz es una arteria de tránsito fluido en donde justamente deben adoptarse todas las indicaciones que las disposiciones legales establecen, y de manera especial las observaciones de un cartel allí instalado.
Fuerzas Armadas, beneficios previsionales, adicionales de remuneración, herederos, falta de legitimación para obrar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TORRES,  DANIEL  OMAR c/ E. N. - Ministerio de Defensa - I.A.F. s/ Personal  militar  y  civil  de  las  fuerzas  armadas  y  deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Para rechazar la acción iniciada por los herederos en procura de la obtención del cobro de adicionales (en el caso, los establecidos por los Decs. 628/92 y 270/93) que nunca habían sido reclamados por el causante, basta aplicar las específicas normas previsionales, dado que los actores carecen de legitimación por no revestir la calidad de causahabientes.
Anuncio publicitario, lesiones culposas, cosa riesgosa, vía pública, falta de certificado habilitante
Materia: PROCESAL
Carátula: A., E. D. y otra c/  s/ procesamiento-lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

Explicaron que tanto el presidente de la firma y el apoderado concurrían con cierta regularidad al local, por lo que no les pudo pasar inadvertida la frágil sujeción del cartel y el riesgo que importaba, siéndoles exigible, desde su posición de garantes, la adopción de los recaudos necesarios en la utilización de un objeto peligroso en la vía pública. Agregaron que la falta de permiso municipal para la colocación, más allá de la falta administrativa que pudiera constituir, tuvo injerencia en su defectuosa colocación, pues para su habilitación deben cumplirse exigencias vinculadas con la seguridad de los transeúntes. Descartaron el agravio de la defensa vinculado al fuerte e imprevisible viento que sopló ese día, pues el Servicio Meteorológico Nacional lo catalogó de "viento regular" y, de las imágenes fílmicas acompañadas, se desprende que la acción del viento no era excepcional y que el cartel no contaba con los elementos destinados a neutralizar dicha fuerza.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, servicio militar, objeción de conciencia, testigos de Jehová
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Falcón, Javier Ignacio y otro c/ Nación Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-30

Si bien en el sub lite se presenta la situación del art. 230, inc. 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que las consecuencias del cumplimiento o no del servicio militar por los recurrentes tornarían quizá, de cumplimiento imposible una eventual sentencia favorable a sus pretensiones, ello no puede obstar al ineludible cumplimiento de lo dispuesto por el inc. 1° de dicha norma, esto es la acreditación prima facie del bonus fumus iuris, lo que aparece configurado en el caso en el que se confirmó la sentencia que rechazó la pretensión de que se suspendiera la incorporación a tal servicio de los recurrentes, en su carácter de seminaristas o novicios de los ¨Los Testigos de Jehová¨.
Integración de la litis, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertolini, Jorge Alberto Primo. c/ Gobierno de la Provincia de Misiones e Instituto de Previsión Social. s/ Demanda Contenciosa Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-16

El cuestionamiento de la ley que es el antecedente necesario del acto administrativo impugnado, dado que lo integra, obliga a que sea oído el Estado a quien le incumbe la función de dictar las leyes a través del Poder Legislativo, en autos, el excepcionante no fue demandado tan solo por haber emitido el decreto que ratifica la Resolución revocatoria, sino por haber dictado la norma que obligaba al Instituto de Previsión Social a dictar esa Resolución; podría no haber una expresión autónoma de la voluntad del ente previsional, sino el mero cumplimiento de un mandato legal, el fundamento que integra el acto que se denuncia como lesivo, era además la ley que se lo imponía en forma concreta.

Es decir la Ley 2.793 es fundamento del acto, y lo integra.
Inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUIROGA, Eliana Edita c/ González, Salvador Santiago y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-27

Imponer las costas por su orden cuando no existe un deber de impulsar el proceso impuesto por la norma, es una decisión que contradice abiertamente la razonabilidad, el derecho de propiedad y el debido proceso.

La imposición de las costas, es una carga que se impone a quién resulta perdedor en una contienda procesal, en un litigio traído a los tribunales para que la jurisdicción se expida, pues se entiende que litigó sin razones jurídicas.

Como se colige, es por un accionar negligente de quien tiene el deber de impulsar el proceso, el actor, que se produce la caducidad de la instancia. Es por ello que conceder al negligente la eximición en costas es una solución irrazonable por cuando es ella la que provocó a la contraria y obligó a ésta a defenderse participando del proceso abonando los sellados de ley y requiriendo la participación necesaria de los profesionales del derecho para que lo asistan.

Mandar abonar las costas del proceso generadas para su defensa, a quien fue requerido a participar compulsivamente en el proceso, no tiene culpa alguna por la extinción anticipada del proceso producida por la negligencia o inercia del actor, implica una agresión al derecho de propiedad del demandado protegido por el art. 17 de la CN que planteo la caducidad de la instancia.
Prueba confesional, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gajate Carlos Alberto y otra c/ González Gustavo Daniel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Para que una manifestación pueda computarse como confesión en perjuicio de quién la hace, debe ser terminante, cierta, ya que, de lo contrario debe interpretarse a favor de quién la hace (art.422 Código Procesal).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, actos y diligencias procesales, preclusión, personería, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Fata Soc. Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. SRL y otro s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ¨Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario) s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ­Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-10-08

La preclusión procesal, es aplicable a las cuestiones de personería, salvo el caso contemplado en el artículo 42 donde existen controversias doctrinarias y jurisprudenciales que podrían admitir la existencia de un Plenario. (Del Voto del Dr. Dedomenici Sánchez).

En el caso la cuestión a resolver es si, fuera del orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de personería ¿rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales?
Higiene y seguridad del trabajo, culpa concurrente, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ENRIQUE, REMINCIO c/ MURAGES  S.A.  Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

Si bien la ley 19587 responsabiliza a ambas partes por la inobservancia de sus prescripciones, es palmario que la situación del operario sólo queda comprometida en tanto omita el empleo de los elementos protectorios que el patrono coloca a su disposición, porque de no ocurrir esto, es el empleador el único responsable.
Estado, poder de policía
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

Bien es cierto que la emergencia como ejercicio del poder de policía del Estado supone válidamente -en principio- la restricción momentánea de derechos de los particulares y resulta ser una potestad exclusiva del Legislativo. Pero se rescata la doctrina de la Corte (Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte) en cuanto a la "transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales", a lo que se agrega la razonabilidad del medio elegido por el legislador y su adecuación al fin público perseguido, para desembocar finalmente en el respecto "del límite infranqueable trazado por el art. 28 en orden a las garantías constitucionales". Ello debe ser así cuando en la práctica la legislación supone el incumplimiento de las consecuencias jurídicas declaradas por la sentencia y no sólo una modificación del modo de su cumplimiento. (Del Voto del Dr. Echarren).
Recurso contencioso administrativo, solve et repete, deudas impositivas, actualización monetaria, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

Actúa correctamente la Presidencia de la Corte al exigir la actualización de la deuda impositiva invocando el artículo 8 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que tal medida correspondía por imperio de la ley 8565 de 1980, por la complementariedad de las normas involucradas. De lo que se sigue que la actora en el momento en que ingresó el monto nominal de la deuda atribuida no pagó el equivalente de ella, es decir, con actualización como correspondía, de conformidad a las normas vigentes, sino una suma depreciada por el proceso inflacionario;

careciendo de sustento jurídico el argumento de que el artículo 8 no establece o exige actualización ni que ésta no está exigida por ninguna otra.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamparo, Vilma Elda c/ Provincia del Chaco. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Las normas deben interpretarse siempre teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones.
Ley sobre riesgos del trabajo, capital ingreso base
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRELLON CARMINIA BEATRIZ SOLEDAD Y OTRO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE LOS OCHO S.R.L. Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR MUERTE Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-29

Para el cálculo del Ingreso Base Mensual quedan comprendidos en el art. 12 de la ley 24.557 todos los rubros "remuneratorios", esto es, aquellos que se encuentran a cargo del empleador y que tengan causa en el contrato de trabajo.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ YPF S.A. S/ COBRO EJECUTIVO c/ s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-16

La excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada basada en la inexistencia de la deuda debe rechazarse, ya que invoca un cúmulo de circunstancias que no solo remiten a una interpretación de la normativa legal que gobierna la determinación de las regalías, sino a concretas cuestiones de hecho que claramente exceden el marco del juicio ejecutivo. (Del voto del Dr. Jose I. Noacco).
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, registros públicos, acciones de clase, apreciación de la prueba, sentencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Centro de Educación Médica E Investigaciones Clínicas Norbeto Quirno (Cemic) s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

1 - Ante la existencia de un importante número de procesos colectivos iniciados en diferentes tribunales pero con idéntico o similar objeto, es deber de los magistrados, que intervienen en esos pleitos, disponer las medidas necesarias para evitar -por un lado- que esa multiplicidad de juicios redunde en un dispendio de recursos materiales y humanos, y -por el otro- que se dicten pronunciamientos contradictorios (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "García José y otros c/ PEN y otros s/ amparo ley 16986", del 10/03/15).
Costas, omisión de pronunciamiento, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: M. De N., A. s/ INCIDENTE-FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-28

Aún cuando el pronunciamiento sobre costas debe emitirse en oportunidad de dictarse la sentencia definitiva o cualquier interlocutoria, la omisión en que se pudo haber incurrido no descalifica la sentencia, desde que la imposición de costas no constituye trámite esencial para la validez del acto jurisdiccional, y sólo da derecho a la parte vencedora a apelarla, o a pedir aclaratoria, sin perjuicio de que el juez de oficio subsane tal omisión. En caso contrario, las costas deben considerarse impuestas en el orden causado.
Denuncia del accidente de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Julio César c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-03

El trámite ante las Comisiones Médicas, requiere un ejercicio de meritación de hechos y prueba según las reglas de la sana crítica, actividad que es de exclusivo resorte del Poder Judicial; no obstante la Resolución 298/17 de la SRT establece un verdadero código procesal a ser aplicado por los señores médicos, código que no trepida en otorgar a "las partes" el derecho a ofrecer toda la prueba de que intenten valerse, facultando a la C.M a rechazarla si la considera "improcedente, superflua o meramente dilatoria", y a ponderarla luego de escuchar los alegatos (art. 7 y 8). Y, esas deficiencias del órgano administrativo-médico no quedan salvadas por la incorporación de un Secretario Técnico letrado porque dicho cargo se creó por Decreto (art. 5 del Dec. 1475/2015) y no es válido que un decreto modifique una Ley (24.241) (Voto Ronconi)
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORIA, RAUL ALFREDO c/ GEREZ, SELVA MERCEDES Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-03

Al ser el dominio un derecho real que requiere para su constitución de título y modo, si el actor no adquiere la posesión del inmueble, falta uno de los presupuestos a tal fin; en consecuencia, no se encuentra legitimado para promover la acción de reivindicación, ya que precisamente es la posesión lo que se rescata con la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, caducidad, plazo, juicio, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAPSE S.A. DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 53  AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-25

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la objeción relativa a que la Cámara resolvió la causa por aplicación de reglas inaplicables a esta jurisdicción provincial, no logra demostrar la recurrente que las razones expuestas por el Organo con cita de doctrina y jurisprudencia luzcan irrazonables.

Es que el Oficio consideró que los trámites atinentes a la tasa de justicia no suspenden ni interrumpen el curso del plazo de caducidad, distinguiendo de todos modos, el curso del proceso con anterioridad y una vez rechazado el planteo de la recurrente relativo al sellado, sin que la compareciente logre persuadir que el Tribunal hubiese desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones al valorar las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, en el ejercicio propio de su labor jurisdiccional.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, inhabilitación (civil), inhabilitados, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVA AMIEIRO FERNANDEZ DE G. F. M. c/ PEREYRA MARIA ELENA BIBIANA s/ FIJACION DE PLAZO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Demandada la escrituración de un inmueble, y estando en trámite el juicio seguido por presunta incapacidad de la vendedora donde los dictámenes médicos concluyen que no padece enfermedad mental que permita la declaración del art. 141 del Cód. Civil, pero sí anomalías que encuadrarían en el art. 152 bis del Cód. citado, no registrando trámite alguno sin justificación de largo tiempo no puede juzgarse la validez o invalidez del negocio a la luz de los arts. 472 y 473 del Cód. Civil, que regulan los actos otorgados por los dementes declarados en juicio, antes o después de la declaración de su incapacidad mediante sentencia. Es en cambio aplicable el art.

921 del código citado y sus concordantes 897, 900 y 1045 que comprenden tanto a los interdictos como a los dementes no declarados y que preve el supuesto de la ausencia de discernimiento o la falta de razón en él al celebrarse el acto, no bastando la sola prueba de la enfermedad mental por la época en que se llevó a cabo el negocio, aunque fuera pública y notoria, sino la precisa demostración de la falta de razón o discernimiento en el mismo momento de la declaración de voluntad.