Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-20


En la ciudad de Trelew, a los 20 días de Noviembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P. , N. L. c/ OBRA SOCIAL D. P. D. B. D. L. , C. Y A. s/ COBRO DE ASIGNACIONES FAMILIARES INDEM. DE LEY" (Expte. nº 22363 año: 2007). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 151.

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Ferrari dijo:

I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 128/131 vta.) hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, condenando a la obra social demandada a abonarle a la actora la suma de $ 4.435,16 con más sus intereses y costas del proceso.

II. El fallo es apelado por ambas partes. La representación letrada de la parte demandada sostiene su recurso a tenor del memorial glosado a fs. 137/138 y la de la parte actora lo hace a través de la pieza obrante a fs. 139/141.

III. Agravios de la parte actora:

Los motivos de queja expresados por la parte demandante son, en síntesis, los siguientes: 1) se ha rechazado la indemnización prevista en el art. 80 L.C.T. sobre la base de que la intimación cursada por la actora fue prematura, lo cual contraría palmariamente las constancias probatorias de la causa. Cita jurisprudencia. 2) También le causa gravamen el rechazo de su reclamo por "comisiones" adeudadas. Sostiene que conforme a los arts. 42 y 44 L.C.T. era la demandada quien debía probar que había abonado los rubros reclamados. 3) Objeta asimismo el rechazo de su reclamo basado en "decretos poder ejecutivo" bajo el reproche de falta de precisión ni indicación del monto preciso ni la norma en que se funda dicha petición. Afirma que el principio iura novit curia lo exime de mayores precisiones al respecto, para expresar luego que se refería a los Decretos del PN Nros. 1347/03 y 2005/04 que otorgaron incrementos no remunerativos de $ 60. y $ 100., solicitando se revoque el fallo a fin de hacer lugar a dichos rubros. 4) Cuestiona que no se haya hecho lugar a la multa por conducta maliciosa y temeraria de la demandada en los términos del art. 275 L.C.T., asegurando que se encuentran reunidos los requisitos para su procedencia, y que en nada influye el progreso sólo parcial de su demanda, ya que dicha norma prevé el supuesto de que el empleador perdiere total o parcialmente el juicio.

Solicita, en síntesis se revoque el fallo en lo que ha sido materia de recurso, con costas.

IV. Agravios de la demandada:

El único motivo de gravamen planteado por esta apelante está referido a la carga en costas. Considera que las afirmaciones del sentenciante para decidir este aspecto aludiendo a la actividad desplegada por su parte, son arbitrarias; máxime cuando el propio a quo ha reconocido que la actora se excedió en su pretensión. Asegura que ello implica un castigo adicional para su parte y que resulta claramente aplicable al caso lo establecido en el art. 71 del C.P.C.C. V. La sanción del art. 80 L.C.T.: Opino que este agravio no debe prosperar. Como se desprende de las constancias causídicas, la ruptura del vínculo tuvo lugar con el envío de la comunicación fechada el 02/09/2005 por parte de la actora, quien en ese mismo despacho incluyó la intimación y el apercibimiento previstos en la norma del título. Así, según puede observarse, el fallo está totalmente ajustado a derecho en este aspecto, por cuanto reiteradamente ha dicho esta sala que resulta improcedente por prematura la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo si la intimación para la entrega de los certificados es cursada en la misma misiva en la que se denuncia el vínculo laboral, ya que no respeta el plazo de treinta días a contar desde el distracto, exigido por el decreto 146/2001 (conf. mis votos en Exptes. 19569; 20270; 20422; 20425; 20813 C.A.N.E; entre otros).

En el mismo sentido se viene pronunciando de manera pacífica y reiterada la jurisprudencia nacional (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII o 30/08/2006 o C. , L. A. y otro c. B. , M. ; id. CNAT, sala X o 23/02/2006 o D. , J. c. C. G. de F. S. S.A.; id. CNAT, sala IX o 28/04/2005 o U. , M. C. c. C. G. y E. o DJ 20052, 1180; o La Ley Online; entre muchos otros).

En consecuencia, votaré por la confirmación del decisorio en tal sentido.

VI. El reclamo por "comisiones" adeudadas:

Considero que la recurrente marra su planteo al invocar como fundamento en su favor las previsiones de los arts. 42 y 44 L.C.T. Es cierto que la falta de exhibición de los libros torna operativa la presunción favorable al trabajador respecto de las anotaciones que debieran figurar en los mismos, máxime cuando el trabajador ha prestado declaración jurada acerca de los hechos que debieran constar en dichos registros (conf,. arts. 52 y 55, L.C.T. art. 42, Ley N° 69; su doctrina). También lo es que cuando se encuentren controvertidos los montos por cobros remuneratorios, la prueba en contrario pesará sobre el empleador (art. 44 Ley N° 69). Mas es preciso señalar que cuando la determinación y existencia de los créditos en cuestión dependen de ciertos supuestos de hecho particulares (ej. realización o no de horas extras, concertación o no de rubros adicionales por productividad, comisiones, etc.) y ellos están controvertidos en la causa, será siempre necesario como condición esencial para su procedencia, que el actor acredite el supuesto de hecho en discusión en el que funda su alegado derecho (conf. art. 377, C.P.C.C; arts. 45 y 76, Ley N° 69). Aquí no se trata, pues, de una controversia sobre registración contable o sobre montos salariales, sino que el punto en debate consiste en establecer si la trabajadora había convenido o no el pago adicional de comisiones, y lo cierto es que la interesada no aportó ninguna probanza para demostrar ese presupuesto fáctico, por lo que, en mi opinión, dicho reclamo ha sido correctamente desestimado. VII. El reclamo por "decretos del Poder Ejecutivo":

En su postulación inicial, la actora hace una escueta referencia a esos "decretos", sin determinarlos ni precisar las sumas reclamadas, ni tampoco brinda datos concretos acerca de las que incluye en su liquidación (conf. demanda, fs. 3 vta./4). Como puede apreciarse, esta formulación incierta e imprecisa no cumple con las exigencias mínimas del rito, que impone la "designación precisa de lo que se demanda", así como "las cuestiones de hecho y de derecho, expuestas en forma clara" (conf. art. 46, inc. 3° y 4°, Ley N° 69). Este aspecto es de suma relevancia, por cuanto la carga procesal del demandado de reconocer o negar expresamente los hechos afirmados en la demanda tiene precisamente como presupuesto que los mismos le sean expuestos por la parte actora en forma clara y concreta a fin de que, llegado el caso, pueda hacerse efectivo ese apercibimiento (conf. Stafforini, E.R., "Derecho Procesal Social", pág. 479; con cita de Alsina Tea, 1956), de manera que su incumplimiento por el demandante pone en riesgo el derecho de defensa de la parte contraria (conf. mis votos en Exptes. 17993; 19103; 19324, 20396 C.A.N.E.; entre otros). Por lo tanto, a mi criterio, el rechazo dispuesto por el a quo resultó ajustado a derecho y debe confirmarse en tal sentido.

VIII. La multa del art. 275 L.C.T.:

Sí considero que le asiste razón a la parte actora en este agravio. De los antecedentes obrantes en la causa puede observarse que la demandada no sólo negó totalmente la existencia de la relación laboral, sino que desconoció la recepción de los despachos cursados por la actora y hasta el domicilio de la sede en la que esta última prestaba servicios (ver contestación, fs. 22/23), constatándose más tarde, en el curso del proceso, que todos esos hechos eran ciertos.

Sabido es que el derecho de defensa admite la oposición de todas los resguardos o articulaciones a las que la parte se considere con legítimo derecho, mas esa garantía no llega a amparar comportamientos que, en forma notoria e inequívoca, carecen de todo fundamento fáctico y/o jurídico. En la especie, la demandada bien podía discutir los alcances o límites de los reclamos efectuados por la actora de hecho, hubo rubros que no prosperaron mas no puede admitirse que ella ignorara ninguno de esos tres aspectos ya señalados. Esta situación, apreciada en forma razonable y objetiva, denota una conducta sin ningún fundamento por parte de la demandada, que pone de manifiesto la clara conciencia de su sinrazón acerca de dichos aspectos. En este orden, se ha sostenido que el desconocimiento total de la relación laboral por parte de la empleadora sin que existiera motivo alguno para dudar de su existencia, configura una conducta temeraria y maliciosa que enmarca dentro de la previsión del art. 275 L.C.T. (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I o 08/09/2006 o L. V. , G. M. c. F. , F. E. C. o id. CNAT, sala IV o 28/04/2006 o G. , M. R. c. G. , Karina V. o id. Tribunal del Trabajo Nro. 2 de Mar del Plata o 28/12/2005 o V. L. , L. S. c. T. de A. S.A. o id. Tribunal del Trabajo Nro. 1 de Bahía Blanca o 07/10/2003 o M. , E. c. J. C. I. S.A. o id. Tribunal del Trabajo de Morón o 30/12/1993 o R. , J. A. c. R., C. y otro o La Ley Online; entre otros).

En consecuencia, considero que debe revocarse la sentencia en tal sentido, a fin de acoger la multa reclamada, fijándola en una tasa de interés equivalente al doble de la percibida por el B. del C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuentos, a aplicar sobre las sumas de condena dispuestas en el fallo apelado. Así lo dejo votado en este Acuerdo.

IX. De compartirse los criterios expuestos precedentemente, la revocación parcial del fallo conllevará la adecuación de las costas y honorarios de primera instancia por aplicación supletoria del art. 279 C.P.C.C., lo cual convierte la apelación sobre costas incoada por la parte demandada en una cuestión abstracta, de aquellas sobre las que no corresponde pronunciarse.

En este orden, teniendo en cuenta que han mediado vencimientos parciales y mutuos al rechazarse los rubros correspondientes asignaciones familiares reclamadas, multas de los arts. 9 y 10 de la Ley 24.013 y la prevista en el art. 80 L.C.T., considero aplicable al caso la regla del art. 71 C.P.C.C. Para el caso, ha de atenderse tanto a la cantidad de pretensiones que prosperaran y son rechazadas cuanto a su incidencia económica global en el pleito. A mérito de esos parámetros de valoración, considero justo distribuir las costas de primera instancia de la siguiente manera: a) el 60% a cargo de la parte actora; b) el 40% a cargo de la demandada.

En cuanto a los honorarios profesionales por las actuaciones en aquella sede, vista la extensión, complejidad, eficacia de las tareas realizadas por los letrados actuantes y los resultados respectivamente obtenidos, propongo fijarlos en los siguientes porcentajes sobre el monto del proceso debidamente liquidado: a) para la representación y dirección letrada de la parte actora, en conjunto, en el 16,8%; b) para la representación y dirección letrada de la parte demandada, en conjunto, en el 15,4% (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).

En vista del resultado del recurso impetrado, las costas de Alzada también merecen ser distribuidas atendiendo al resultado parcialmente favorable obtenido, para lo cual propicio distribuirlas en el 40% a cargo de la parte actora y en el 60% restante por cuenta de la demandada (art. 71 C.P.C.C. ya citado). Y en cuanto a las retribuciones profesionales, creo justo fijarlas en los siguientes porcentajes: a) para la representación letrada de la actora, en el 4,8% y b) para la representación y dirección letrada de la demandada, en el 3,9% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).

En todos los casos, deberá adicionarse a los estipendios regulados el I.V.A. correspondiente.

Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTIÓN PRIMERA EL Dr. Velázquez expuso: Por respeto a la siempre deseable brevedad, doy por reproducida aquí la correcta síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por los actor recurrentes hiciera el colega preopinante. Coincide mi opinión con la del ponente y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las breves consideraciones siguientes.

I. La intimación incluida en el telegrama de fs 6 de la doc. res. fue inidónea a los fines del art. 80 "in fine" L.C.T. Es que dicha misiva constituyó al propio tiempo la comunicación del despido indirecto, de modo que sólo a partir de ella comenzó a cursar el plazo establecido por el art. 3 del dec. 146/01, a cuyo agotamiento recién quedaba habilitada la exdependiente para efectuar ese requerimiento. Así pues, tal interpelación resultó extemporánea por anticipada a la oportunidad legal y, por tanto, ineficaz. Inhábil ella, que es presupuesto para la aplicación del art. 80 últ. párr. L.C.T., la indemnización allí reglada resulta improcedente en el caso (esta alzada, amén de las ya citadas por el colega antes sufragante, c. 20.993 S.D.L. 6/06).

II. Como el ponente, considero que la norma del art. 42 de la ley 69 no es aplicable al caso en cuanto al reclamo por comisiones adeudadas, mereciendo confirmación el fallo atacado en ese aspecto. Cual declaráramos en varios precedentes (c. 11.599 S.D.L. 52/95, c. 12.262 S.D.L. 34/97), el juramento estimatorio previsto en la recordada norma es especie del género de las declaraciones de parte como medios de prueba, resultándole, por ende, exigibles los mismos requisitos que a la confesión para que adquiera eficacia probatoria (confr.: Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., II17, nº 186). Uno de ellos es el de la claridad y concreción en cuanto al hecho al que se refiere (art. 411 C.P.C.C., su doct.). Nótese que el propio art. 42 de la ley 69 invierte la carga de la prueba si el trabajador presta declaración jurada "sobre los hechos que debieron consignarse" en la documentación no presentada por el empleador. Así pues, la declaración jurada debe precisar los hechos que debieron consignarse en los libros, planillas y registros (art. cit.); las afirmaciones deben concretar las circunstancias que debían constar en tales asientos (art. 55 L.C.T.).No presentó esos caracteres la prestada en autos por la actora, que se refirió a "la veracidad de los hechos expuestos en esta demanda que deben consignarse en dicho registro" (fs. 5, párr. 1°), mas sin nada aclarar en punto a las comisiones. Tampoco pueden extraerse datos útiles sobre la cuestión del resto del escrito liminar, pues la demandante se limitó a alegar que por sus tareas percibía una remuneración mensual "más comisiones" (fs. 2 vta., párr. 2°) y a atestar en su liquidación que las no abonadas alcanzaban a la suma de $ 1.360 (fs. 4, pto. 4°), sin brindar en cambio explicación alguna acerca de sobre qué operaciones le correspondían comisiones, cuál era el importe fijo o porcentual de ellas y a qué períodos correspondían las reclamadas. Careció entonces la declaración jurada de un mínimo de precisión que permita tenerla en cuenta como elemento convictivo, pues la ausencia de concreción, amén de obrar en desmedro del derecho defensa de la otra parte, la desprovee de fuerza probatoria. Lo primero, porque la imprecisión obstaculizó a la demandada la producción de la prueba en contrario a que tenía derecho. Lo segundo, porque llegado el momento de la decisión mal puede juzgar el órgano jurisdiccional acerca de la existencia de comisiones insolutas cuando no se aclaró ni de dónde provienen, sin que sea dado inferirlo siquiera ni del juramento propiamente dicho, ni de otro dato alegado al demandar. Tampoco cabe en el subexamen, y por similares razones, la aplicación del art. 44 de la ley 69. Tengo expresado (v. gr., c. 11.599 S.D.L. 52/95) que si bien ese precepto pone en cabeza de la patronal demandada la carga de producir prueba en contrario a la reclamación del empleado, para resolver la duda judicial aplicando dicha regla es insoslayable contar con una precisa reclamación de la parte actora. Ese precepto del "onus probandi" permitiría descartar las defensas opuestas por el demandado que no hubiere acreditado los presupuestos de actuación de ellas y estar a los montos reclamados por el actor, mas su funcionamiento tiene un "prius" lógico: que la demanda presente un mínimo de precisión en el caso, que se hubiere explicado, como mínimo, el modo de liquidar las alegadas comisiones y lapsos a los que ellas corresponderían, ya que de lo contrario la posibilidad del adversario de plantear defensas puntuales y aportar probanzas que las sustenten es más una utopía que una realidad y, sabido es, la defensa en juicio, sin la cual no hay proceso constitucionalmente válido en nuestro país, supone por definición que aquel contra quien se dirige la pretensión haya sido no sólo oído, sino también puesto en condiciones de hacer valer sus derechos, entre ellos el de probar en el pleito ( confr.: C.S.N., Fallos 251:86). No se me escapa que en su pieza de agravios la actora procuró explicar el origen del monto peticionado en concepto de comisiones (fs. 140, párr. 1°), pero ello ha significado una modificación de su demanda inadmisible a esa altura. También en esta instancia de apelación rige el principio de congruencia y no es dado en consecuencia extralimitar la relación procesal diagramada con los escritos constitutivos, para cuya modificación no es pieza idónea la expresión de agravios, que no da oportunidad para modificar la demanda. III. Nueva imprecisión es advertible en la demanda en lo atinente a "decretos del Poder Ejecutivo", la que no puede cubrirse con la aplicación del aforismo "iura novit curia". Aquí no se trata de identificar las normas en que se subsumiría el caso, sino de la ausencia de concreción acerca de lo reclamado con fundamento en ellas, con lo cual la demanda incumplió los requisitos de "contener la designación precisa de lo que se demanda" (art. 46 inc. 3 de la ley 69), "la petición en términos claros y positivos" (art. 330 inc. 6° C.P.C.C.). Nuevamente en este punto la apelante ofreció precisiones al expresar sus agravios contra el fallo (fs. 140, pto. "C"), mas, otra vez, ello ha sido extemporáneo, porque, lo reitero, no es ese escrito el que da ocasión a la modificación del reclamo original. IV. Corresponde sí acompañar a la recurrente en su impugnación relativa a la sanción del art. 275 L.C.T. Haber negado la existencia de una relación laboral, hasta su propio domicilio y la recepción de correspondencia, todo lo cual fue luego acabadamente acreditado, ha configurado una conducta temeraria y maliciosa, contraria a los principios rectores de lealtad y buena fe, savia moral de nuestro ordenamiento jurídico. La petición de sanción debe consecuentemente ser acogida. V. El decisorio en crisis debe pues ser parcialmente revocado para incluir en él la aplicación de la multa de marras, confirmándolo en lo demás que fuera materia de agravios. Desde que tal conclusión influye en la proporción en que los litigantes resultaron vencidos y vencedores en el pleito, corresponde adecuar a este novel fallo la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el precedente grado (art. 279 C.P.C.C.). Visto el vencimiento parcial y mutuo registrado y atendiendo al número de rubros acogidos y desechados, así como al importe de ellos, concuerdo con el Dr. Ferrari en que las costas de primera instancia deben imponerse en un 60 % a la actora y en un 40 % a la demandada (art. 71 C.P.C.C.). Esta decisión torna cuestión abstracta por falta de actualidad la cuestión planteada con el recurso de la demandada. De similar manera han de distribuirse las costas de alzada, toda vez que al prosperar uno solo de los agravios de la actora igualmente queda delineado en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo. Atendiendo a la significación económica de las quejas que prosperan y se desestiman, creo equitativo cargas dichas costas en un 40 % a la actora y en un 60 % a la demandada. Tocante a los honorarios profesionales por las tareas de los dos grados jurisdiccionales, hallo las sumas propiciadas por el preopinante adecuadas a la extensión, calidad y resultado de dichas labores (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.ley 2.200).

Me expido en esta cuestión pues por la PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó:

En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, revocándolo parcialmente en cuanto al reclamo de la multa por conducta temeraria y maliciosa (art. 275 L.C.C.T) que será acogida, fijándose los intereses sobre las sumas de condena en el doble de la tasa que percibe el B. del C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuentos. II) Adecuar las costas y honorarios de primera instancia, distribuyendo las primeras en un 60% a cargo de la parte actora y en el 40% a cargo de la demandada, y regulando los honorarios profesionales en aquella sede como sigue: a) para la representación y dirección letrada de la parte actora, en conjunto, en el 16,8%; b) para la representación y dirección letrada de la parte demandada, en conjunto, en el 15,4%. III) Distribuir las costas de Alzada, imponiéndolas en el 40% a cargo de la parte actora y en el 60% restante por cuenta de la demandada, y regulando los honorarios profesionales como sigue: a) para la representación letrada de la actora, en el 4,8% y b) para la representación y dirección letrada de la demandada, en el 3,9%. IV) En todos los casos, deberá adicionarse a los estipendios regulados el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 ley 1130, textos de la ley 4550).

Trelew, 20 de Noviembre de 2007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, revocándolo parcialmente en cuanto al reclamo de la multa por conducta temeraria y maliciosa que será acogida, fijándose los intereses sobre las sumas de condena en el doble de la tasa que percibe el B. del C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuentos; ADECUAR las costas y honorarios de primera instancia, distribuyendo las primeras en un 60% a cargo de la parte actora y en el 40% a cargo de la demandada, y regulando los honorarios profesionales en aquella sede como sigue: a) para la representación y dirección letrada de la parte actora, en conjunto, en el 16,8%; b) para la representación y dirección letrada de la parte demandada, en conjunto, en el 15,4%;

DISTRIBUIR las costas de Alzada, imponiéndolas en el 40% a cargo de la parte actora y en el 60% restante por cuenta de la demandada, y regulando los honorarios profesionales como sigue: a) para la representación letrada de la actora, en el 4,8% y b) para la representación y dirección letrada de la demandada, en el 3,9%;En todos los casos, deberá adicionarse a los estipendios regulados el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 73 DE 2007 SDL. Conste.