marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho contravencional, cosa juzgada, non bis in ídem, sobreseimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, D. L. y R, C. B. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

En el caso, el hecho que se les imputara otrora en sede penal y luego en esta Justicia Contravencional es uno e inescindible, pues se trata del mismo comportamiento atribuido a los mismos encartados. Ahora bien, si el proceso contravencional es de íntima naturaleza penal, habremos de concluir que se advierte en el caso la identidad de la causa de persecución referida.

Ciertamente, el aditivo de identidad en la causa de la pretensión punitiva penal surge de dos vertientes, estas son: por un lado la situación generada por el sometimiento a un nuevo juzgamiento que puede llegar a darse del hecho a los mismos encausados y por otro, la idéntica naturaleza penal que poseen tanto el fuero de instrucción como el nuestro, con lo que, la habilitación de la eventualidad persecutoria, fluye fatalmente en la violación de la garantía constitucional que protege contra el doble juzgamiento.

Si bien el mismo juez de instrucción ordenó la extracción de testimonios y su remisión a este fuero, es innegable que la continuación de la persecución penal -ahora en esta sede- implicaría una violación a la garantía de non bis in idem, pues los imputados serían llevados a juicio, por la misma conducta por la que anteriormente fueron sobreseídos en el estrado de instrucción; así corresponde afirmar que dicho decisorio, hace cosa juzgada en este fuero, impidiendo volver a perseguirse a los imputados por el mismo hecho.

Ello así, propugnar lo contrario implicaría violentar el derecho constitucional a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho toda vez que existe sobreseimiento -en los términos del artículo 336 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación- dictado en sede penal en una causa anterior por los mismos hechos y protagonizados por los mismos sujetos y, en consecuencia, la resolución recurrida habrá de ser cohonestada en este estrado. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Contrato de transporte, responsabilidad del transportador, plazo, averías, caducidad, proceso judicial, diligencias extrajudiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: BENEDETTO, GUSTAVO c/ TRANSPORTE DIVANO HNOS. SRL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-04

El C.COM. art. 183, dispone que la acción contra el porteador por detrimento o avería, tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recibo. Tratándose este de un plazo de caducidad, debe ser interpretado restrictivamente. Es por ello, que la doctrina entiende que el reclamo al que se refiere el artículo puede ser judicial o extrajudicial, y que no requiere de un modo específico, pudiendo realizarse aun verbalmente. Sin embargo, si -como en el caso- el porteador conocía acabadamente la producción de los daños, ninguna actividad del accionante era menester.
Prueba, plena prueba, valor probatorio, libros de comercio
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Salletti de Despósito A. C. c/ M.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Para que los libros de comercio sirvan como plena prueba en favor de la parte que los exhibe, debe tratarse de pleitos seguidos entre comerciantes, de modo que los libros de uno de ellos puedan ser neutralizados o asientos del otro. Es preciso que los libros sean de la clase y número previstos en la ley, llevados en legal forma, encuadernados y rubricados (art. 43, 44, 53, 54, 55 y 63 del Código de Comercio). Los libros no llevados en esa forma pueden ser prueba contra el comerciante que los lleva, pero no a su favor (art. 63, 2da. parte). Esta reglas responden a la circunstancia de que se trata de una excepción al principio de que nadie puede crearse un título "Nemo sibi adscribit y nemo tenetur edera contra se".

Aunque los asientos de los libros de comercio no constituyen prueba plena frente a un no comerciante, cabe reconocerles un valor presuncional, cuya eficacia probatoria el juez debe apreciar y establecer de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Las contabilidades precarias llevadas con claridad y no sospechosas pueden tener también un valor indicarlo, que apoye otros elementos de convicción. También los estudios contables basados en los comprobantes, documentos que respalden las registraciones o anotaciones hechas fuera de aquellos requisitos, puedan tener fuerza probatoria - con abstracción de la prueba de los libros de comercio propiamente dicha - por ser una combinación de la prueba instrumental con la pericial; cuyo alcance de convicción debe apreciarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 386, 387 y sgtes. y 457 del Código Procesal). Pero si no se ha acreditado la autenticidad de muchos instrumentos privados que componen dichos comprobantes emanados de terceros, la pericia pierde fuerza de convicción.
Costas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: DI RISCIO A. c/ MARUDA S.C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

No priva de promover un nuevo incidente el hecho de que el auto que aplicó las costas al incidentista no las haya determinado, pues, en tal supuesto, no resulta factible el depósito a embargo previsto por el art. 69 del Código Procesal, al no haberse regulado los honorarios correspondientes.-
Proceso contravencional, garantías procesales, derecho a elegir defensor, oportunidad procesal, acta contravencional, audiencia ante el fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

Es a partir del momento en que existe un presunto imputado en el acta contravencional, y no con la audiencia prevista por el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, que aquél puede designar defensor y, en consecuencia, en caso de no elegirlo, el juez o fiscal deberá dar intervención inmediata al defensor oficial, conforme a la normativa legal señalada supra. Lo contrario significaría un menoscabo al derecho de defensa en juicio (Fallos: 308:1386; 311:2502, entre otros).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Carranza, Juan Leonardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art.166 inc.2 del Código Penal si el motivo de agravamiento para el a quo no fue la intimidación producida por el uso de la pistola que no funcionaba -como pretende la defensa- sino el peligro personal corrido por la víctima en tanto el procesado tenía en su poder el revólver cargado -apto para disparar-, respecto de lo cual silenció la impugnación.
Inconstitucionalidad, sociedades civiles
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

Estimo como demasía declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley V-0112-2004 (5703) por aquello de que así procede solo como última ratio. En efecto, en todo el texto de esta extensa ley no vuelve a mencionarse a las sociedades civiles lo que demuestra, al nombrárselas en al Art. 2, se ha cometido un desliz, un error simple, no importante, porque, como es lógico, tratándose de un dispositivo de control de Justicia, no regula nada sobre ellas. Basta con revocar lo resuelto...
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: DI DONATO, María Angélica c/ DI DONATO, Roberto Fabio s/ INCIDENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

A los fines de determinar la base regulatoria en un proceso que culmina de modo anormal, no corresponde efectuar la reducción que impone el art. 12, inc. g), de la ley 24.432, por ser ésta aplicable en los supuestos en los cuales el juicio no se ha terminado.-
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Guzman,  Santiago;  Retamal,  Silvio  César;  Chávez,  José H.; Peña, Ariel Hernán (Menor Punible) s/ ROBO CALIFICADO REITERADO EN CONCURSO REAL S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-25

El concepto de banda insertado en la figura agravada de robo se refiere básicamente al modo de ejecución, bastando para la configuración del delito, la acción de tres o más personas unidas sólo en forma fugaz o transitoria y concomitante.
Recurso de casación, actualización monetaria, cuestiones de hecho y prueba, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO JORGE ANTONIO Y OTROS c/ VAZQUEZ JULIO Y/O PROP. s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-24

Es cuestión de hecho, y por tanto irrevisable en casación, lo relativo a la actualización de valores por incidencia de la depreciación monetaria, salvo absurdo.
Régimen de consolidación de deudas, títulos públicos, pagaré
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Premoldeadora Patagónica S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-24

Los "pagarés ajustables" de Leyes 3364, 3411 y otras, son títulos de la deuda pública, extraños al derecho común. Ninguna analogía encontraba entre ellos y los pagarés del Derecho Comercial - autónomos e incausados- que facilitan el tráfico de los créditos dinerarios entre particulares, pero que no pueden servir a la razón y sentido de la regulación de estado de necesidad pública a la que estos títulos responden.
Procesamiento, playas de estacionamiento, improcedencia del recurso, incumplimiento del deudor
Materia: PENAL
Carátula: J., F. R. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

Los vocales Lucini, González Palazzo y Laíño descartaron las nulidades esgrimidas por la defensa apelante y precisaron, respecto de la figura penal en cuestión (Art.173, inc.5 del CP) que "...la acción típica prevista en el artículo 173, inciso 5° del Código Penal consiste en sustraer una cosa mueble propia que se encuentra legítimamente en poder de un tercero. No hay dudas de la legitimidad de la tenencia que detentaba la prestataria del servicio mencionado al momento del desapoderamiento.." Agregaron que ".A su vez el artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: "todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa. Tiene esa facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos". Que ".J. al retirar un automóvil del ámbito donde la empresa "BRD- SEC SA" lo mantiene en depósito, sin autorización y sin pagar previamente el acarreo, frustró su derecho como legítimo tenedor de la cosa mueble para lograr obtener el cobro del servicio, causándole un perjuicio patrimonial, que descarta la atipicidad alegada (ver, con una conformación parcialmente distinta, la causa n° 38694 "C., J. L. s/ sobreseimiento", rta. 15/2/10)..". Resaltaron también que la comprobación de que la cerradura del rodado estaba dañada verifica el dolo directo que exige la figura y descarta la falta de dolo en la que pretende escudarse la defensa.
Honorarios del perito, base regulatoria
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Delgado, Cecilia del Carmen c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-07-07

El perito designado en autos, presenta planilla de liquidación a efectos de determinar la base para la regulación de sus honorarios profesionales, la que asciende a la suma de $13.426.487,76.

El Estado Provincial, impugna dicha planilla en la consideración de que toma el monto total del acuerdo transaccional suscripto entre las partes, siendo que la pericia realizada sólo fue en relación a los reclamos formulados por algunos actores y no por la totalidad, cuyos reclamos ascienden a la suma de $287.141,33 por lo que partir de la suma presentada es erróneo.

Contestan el traslado los actores a través de su apoderado legal e impugnan la planilla de liquidación efectuando consideraciones similares a las expresadas por los representantes legales del Estado Provincial.

Según las constancias de autos el contador fue designado perito para que se expida sobre los reclamos un numero reducido de actores-diez-, mientras que la planilla de liquidación ha tomado como monto la totalidad del acuerdo transaccional celebrado por todos los actores que iniciaron la presente acción, -ciento cuarenta y ocho-, es evidente que en la planilla luce una cifra incorrecta que no encuentra su justificación legal, habiendo creado un valor que no se condice con las constancias de la causa, por cuanto su determinación esta dada por el valor de lo percibido en el acuerdo transaccional por cada uno de los actores que estuvieron involucrados con la pericia quedando, por lo tanto, fuera de dicho cálculo los restantes.

Por ello, corresponde hacer lugar a la impugnación practicada debiendo presentarse una nueva planilla de liquidación tomando como base el valor nominal que le correspondió percibir, a cada uno de los actores sobre los cuales se realizó la pericia, conforme al acuerdo transaccional celebrado en autos.
Justicia municipal de faltas, recurso de queja (procesal), recurso de revisión (procesal), competencia contravencional, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultades reglamentarias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, A. E. S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de queja s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-03

Se equivoca la Cámara de Faltas cuando declara la inconstitucionalidad de la Ley Nº 87 artículo 2 y de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que esta Alzada es competente para entender en la revisión de las resoluciones dictadas por la Justicia de Faltas.

El Consejo de la Magistratura, en ejercicio de su atribución reglamentaria (art. 116 CCBA y Ley 31), dictó con carácter provisorio la reglamentación interna con relación al trámite procesal que debe darse al recurso de revisión previsto en la Ley Nº 87 a través de la Resolución Nº 43, actualmente sustituida por la Disposición Transitoria 2º del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad aprobado por Resolución Nº 152.

Así han subsanado un vacío legislativo, con el objeto de evitar que se tornara ilusoria la garantía constitucional del debido proceso adjetivo.

(Del voto en disidencia parcial de la Dra. Robledo)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, portación de armas, tipo penal, proporcionalidad de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLANI, ALAN EZEQUIEL c/  s/ PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

La decisión del Juzgador de aplicar una pena que erosiona el límite mínimo de la escala penal prevista para el delito de portación de armas de fuego de guerra ha sido motivada en la falta de acceso a la educación del justiciable por haber concretado la misma hasta cuarto grado, por entender que el tope mínimo de la escala penal se tornaba irrazonable cuando su aplicación en el caso concreto se desconectaba -a su criterio- de los principios de culpabilidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, convirtiéndose en el caso en una pena cruel e inhumana, agregando el segundo Vocal que la propuesta de una condena condicional resultaría eficaz y proporcional a los fines de prevención especial y general que hoy las armas de fuego plantean; empero, la resolución exhibe un déficit que pone en evidencia una lesión constitucional, toda vez que el A quo no persuade que, en autos, la escasa formación educativa del imputado resulte un argumento de peso suficiente para excepcionar el régimen legal dispuesto en desmedro del principio de legalidad, a los fines de asegurar la esencialidad del fin readaptativo de la pena, ni alcanza a fundamentar con suficiencia -y a partir de esa sola circunstancia- cómo el mínimo de la escala penal prevista para el delito atribuido se torna irrazonable en el caso concreto por la desconexión del monto de la pena con los principios de proporcionalidad y culpabilidad en el caso. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dr. Erbetta)
Seguros, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Eduardo Adrián c/ Copan Cooperativa de Seguros Limitada s/ Cumplimiento de contrato. Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Si tal como lo expresa el segundo párrafo del art. 4° de la ley 17.418, la propuesta, cualquiera sea su forma, no obliga al asegurado ni al asegurador, va de suyo que su emisión o lanzamiento por parte del futuro asegurado (y aunque se vehiculice en el formato de solicitud diseñado por la aseguradora) no representa la estación final en el iter contractual, ni cobra el rol de la aceptación llamada a cerrar el juego recíproco de gestación del consentimiento (oferta y aceptación) y a dar definitiva concreción al contrato (arts. 1144 y sgts.CC, 207 del C.Com.).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: Esteban, Claudio c/ De Rosa, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Entiendo que los gastos terapéuticos que han de realizarse en el futuro son resarcibles cuando sea previsible la necesidad de una intervención quirúrgica. Si se demuestra la necesidad de realización de una operación en el futuro para aliviar las consecuencias del daño naturalmente debe condenarse a la indemnización de éste, en concepto de un daño futuro cierto.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: NAVEGACION
Carátula: Compañía  S.K.F.  Argentina  S.A. c/ Capitán y/o Propietario y/o Armador Buque Lloyd Mandu s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-18

La circunstancia de que sólo se hayan tenido en cuenta operaciones de la propia consignataria no es de por sí motivo suficiente para descalificar la pericia, pues bien pudo haber estimado el perito un valor promedio después de compulsar varias ventas hechas a distintos clientes de la actora, a cuyo fin no sólo habría tenido en cuenta la lista de precios sino también las facturas emitidas a aquellos compradores. En tales supuestos, se hubiera tratado de una cumpulsa seria, puesto que se habrían verificado operaciones concretas que hubieran permitido establecer razonablemente el reflejo del mercado, y con lo cual el resultado contrariamente a lo que aquí ocurre, no se habría obtenido en la mera compulsa de una lista de precios que aisladamente considerada apenas constituye un elemento de juicio unilateral.
Habilitación de feria, conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral, realidad económica, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: LABORAL
Carátula: Rueda Silva, Gustavo Fernando c/ Panatel S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

Corresponde habilitar la feria judicial extraordinaria a los efectos de homologar el acuerdo conciliatorio, al cual arribaron las partes luego de la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda por despido promovida por el trabajador, habida cuenta que las razones expuestas, en relación a la delicada situación económica del trabajador, que pueden presumirse agravadas por la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia del Coronavirus, justifican la especial urgencia del acto procesal solicitado, advirtiendo que su resolución constituye un asunto que no admite demora.
Debate, prueba, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARDOZO JUAN DOMINGO s/ SENTENCIA - PRUEBA - TESTIMONIO - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-09-26

No es legal introducir una confesión mediante el testimonio policial para desvirtuar las defensas materiales expuestas personalmente ante la Cámara por el imputado. Axiomático es que la sentencia no puede fundarse en pruebas ilegales. No sólo no es posible incorporar a ella pruebas nulas, sino que tampoco llegan a ella pruebas ilegales.-
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Busada, Claudio Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad ley 11.685 Marino, María B. y ot. s/ Inconstitucionalidad art. 10 ley 11.685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-06-21

El espíritu de las normas que tienden a regular la situación de incompatibilidades es el de propender a privilegiar el desempeño cabal de la función, de conformidad a las obligaciones inherentes que impone la prestación de servicios del agente público como colaborador de las funciones atribuidas a los Departamentos Ejecutivo y Deliberante. Tanto del régimen que continuó preservando el Constituyente de 1994, en el actual art. 53 de la Constitución de la Provincia, como de las normas dictadas antes de la sanción de la ley 11.685, cuyo art. 10 se ataca de inconstitucionalidad (leyes 8078, 8147), dicho sistema ha venido constituyendo una clara línea política de preservar aquel objetivo.
Artistas de variedades, actores, derecho a la imagen
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, HECTOR ALBERTO c/ RADIUX INMOBILIARIA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-27

Las normas de la CCT. 323/75 referidas al resguardo de la imagen del actor (artículo 20) resultan aplicables al contrato anterior a su celebración. Esta interpretación se funda en la voluntad de las partes del pacto colectivo, en la finalidad de la norma, en la existencia de efectos ulteriores del contrato que caen bajo el nuevo convenio y en la norma prohibitiva de todo abuso de derecho. En la materia no se hallan en juego sólo valores económicos, sino también otros relativos a derechos personalísimos del trabajador.
Recurso de reposición (procesal), providencia simple, sentencia interlocutoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SADI de LURO, MATILDE c/ I.M.P.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

La doctrina ha sostenido que la providencia simple es la única susceptible de ser motivo de una recurso de reposición. Sin embargo, la referida regla tiene excepciones. Así es que se registran casos - aislados y puntuales- en el panorama de los ordenamientos procesales civiles, en los que se reputa viable interponer reposición respecto de resoluciones interlocutorias y aún en relación a determinadas decisiones de mérito (cfr. Peyrano, Jorge W., "Noticias sobre la reposición in extremis", E.D., 30.11.95, pág. 7; C.S.J.N., "Acelco S.A.", sent. del 18.05.89).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERIS MERCEDES Y OTRO c/ RODOLFO GUEVARA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S069 - 323)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-07

La conducta del menor es intrascendente a los efectos del art. 1113 CCI, ya que al ser éste inimputable, no existe culpa, y aquella norma determina como causal liberatoria la culpa (no el hecho) de la víctima, cuyo presupuesto es la imputabilidad.

La única manera de eximirse de responsabilidad entonces, radicaría en que el hecho del inimputable revistiera los caracteres del caso fortuito (imprevisibilidad e inevitabilidad).