marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pretensión procesal, iura novit curia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

En tanto el juez no altere los hechos suministrados por las partes "en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él". El juez calificará la relación jurídica (material o procesal según el caso), con sujeción a los principios comunes que rigen su actividad en el proceso. Calificar la relación jurídica importa determinar la norma que la rige, porque la acción se individualiza por los hechos y son los hechos en realidad los que determinan la norma.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestiones de competencia, ejecución fiscal, competencia ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CALLEGARI, DOMINGO JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ORDINARIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 313 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

Es sabido que los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio y en relación a ello- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ero. de la ley 7055; como así también que la Corte local ha establecido que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contencioso administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11330. Sin embargo, no se advierte que el presente caso -en donde la impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 15% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal- pueda ser encuadrado en dicha excepción. Es más, de la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala, en ejercicio de funciones propias, al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar la naturaleza del contrato vinculante con el actor, las normas aplicables, el examen objetivo de la pretensión y la efectiva naturaleza del litigio- que el contrato celebrado con el actor escapa a la competencia material establecida en el artículo 93, inc. 2) de la Constitución provincial y refiere a cuestión civil. No se advierte, pues, que estemos ante un caso que justifique la intervención de la Corte provincial como custodio último de la ley y la Constitución.
Defensa del consumidor, contrato de prestaciones médicas, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Mo-lina Cesar Andres, Urios Paola Lorena c/ c/ Clínica Pellegrini SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-21

Debe recordarse que el consumidor de prestaciones médico asistenciales está protegido por el status constitucional del consumidor (art. 42 de la Constitución Nacional y ley 24240), por lo que resulta que le es aplicable además del régimen correspondiente a la obligación de seguridad propia de la responsabilidad contractual, el régimen específico establecido por los arts. 5 y 40 de la ley de defensa del consumidor
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, jueces, competencia, medidas cautelares, bienes inmuebles, escrituración, medidas urgentes, domicilio inscripto
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Di Donato, Roberto Fabio (Síndica Comba Martha) c/ Scrugli de Di Donato, Antonia (Síndica Taboada Susana) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Véase que se trató de un pronunciamiento oficioso, ya que no existe presentación alguna en la que las sindicaturas hubieran siquiera insinuado su intención de iniciar el juicio de escrituración en sede concursal, sino que el pedido que introdujeron se circunscribió al embargo del inmueble cuya escrituración pretenden. De modo que no cupo que el juez de la quiebra decidiera la sede donde corresponde a la sindicatura iniciar la acción de escrituración.
Juicio ejecutivo, temeridad o malicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diconno, Susana c/ Elosegui, Liliana y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

La multa procesal por temeridad sólo está prevista para el ejecutado que hubiera litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones improcedentes o que de cualquier manera hubiere demorado injustificadamente el trámite (art. 549, CPCC.).
Impuesto de sellos, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-12

Corresponde hacer lugar a una demanda que pretende el reintegro de sumas de dinero en concepto de impuesto de sellos y declarar la inconstitucionalidad del art. 39, primera parte, capítulo II, Título IV de la Ley XXIV N° 57, y su inc. 2 que diferencia el porcentaje del impuesto a abonar según la radicación de la concesionaria, toda vez que justificar que la diferenciación de alícuotas aplicables obedecían principalmente a la necesidad de brindar especial protección a las empresas locales en función de la "formidable" inversión de recursos realizada, así como a la incidencia que tenían en las economías regionales, no resulta razonable.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, liquidación, tasa pasiva, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: Faerman, Raul; Azucena del Valle de Faerman y J. A. Fillipin c/ El Club de Pesca y Náutica El Tala s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-15

Debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto y en consecuencia revocar la sentencia interlocutoria por la que el A-quo hace lugar a la impugnación de la planilla formulada por el Estado Provincial respecto a la liquidación presentada por la actora, ordenando se practique una nueva planilla. En efecto, la sentencia base de la liquidación aplica la tasa pasiva y el método para calcularla debe ajustarse al procedimiento establecido en la Comunicación B 4635-B-C del Banco Central, conforme al cual al índice actual debe restársele el índice inicial correspondiente al período que se quiere actualizar, obteniendo un porcentaje de actualización que se aplica al capital; en consecuencia la tasa pasiva a aplicar a los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral es del 48% y no el obtenido por la demandada como resultado de dividir los índices.
Falta de legitimación para obrar, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: BALO GERMAN LEONEL c/ ANSES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-19

La falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado es excepción de previo o especial pronunciamiento cuando fuera manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, WhatsApp, accidentes de trabajo, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOSQUEDA, LUCAS FABIAN c/ ALBERTO, FRANCISCO JAVIER s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-29

De la sentencia obrante en autos surge que la Sala, al evaluar la pericial informática -con apoyo en doctrina y jurisprudencia-, coligió que el accionante no probó la titularidad de la línea que se atribuye ni la identidad de los restantes hipotéticos participantes de los grupos de whatsapp, sin que se llegue a la convicción de autenticidad, integridad y autoría requerida para los documentos electrónicos que no cuentan con firma digital o algún otro medio de indubitable identificación; asimismo en la denegatoria; y, en torno al expediente por el accidente de trabajo iniciado por el actor, la Alzada expresó que a pesar de tramitarse autónomamente, no acumularse ni haber sido ofrecido como prueba por éste en los presentes, fue requerida la remisión ad effectum videndi ante su pedido, y agregó que tras la lectura del mismo, precisó -en relación a la póliza de seguros- que como mero indicio, no resulta suficiente para tener por probada la prestación de servicios en el marco de la orfandad probatoria existente, concluyendo entonces que el accionante no generó el convencimiento necesario respecto del nexo laboral invocado.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Novillo,  Andrés  Eusebio c/ Servicios  Compass de Argentina SA yotro s/ diferencias             de            salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-23

El concepto de "actividad normal y específica", que prevé el art. 30 LCT, juzga el proceso productivo o prestador de servicios en forma integral. Así, se entiende que el objeto empresarial se logra merced a actos específicos y otros de apoyo, sin los cuales los primeros no serían fructíferos ni útiles. El objetivo empresarial se nutre de actos propios y específicos (esenciales), pero también de otros secundarios que les dan soporte y sin los cuales aquel no puede brindarse, dándose en llamar a esta vinculación tan estrecha "inescindibilidad" de las actividades.
Contrato de trabajo de temporada, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra de Martínez, Ramona. c/ Fruempac SA. s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-06

Resulta absurdo decir que la reincorporación de los trabajadores de temporada depende de causas objetivas, de factores climáticos y de ahí la elasticidad del artículo 4 del convenio colectivo, para luego afirmar que el empleador debe fijar la fecha exacta en que va a llamar a cada obrero al comenzar la temporada puesto que es ésta la consecuencia de la exigencia del plazo fijo para disponer una suspensión.
Objeto de la demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Salazar, Jorge Carlos c/ Sociedad Cooperativa Popular Limitada de C.R. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-17

Cuando el objeto de la demanda es una suma de dinero, debe especificarse, aun en forma aproximada, la cantidad que se pretende, sin perjuicio de que la misma dependa de circunstancias de hecho que quedarán esclarecidas con la prueba. Su determinación se relaciona con el principio de congruencia, que impide al juez excederse cualitativa o cuantitativamente del objeto de la pretensión o emitir pronunciamientos sobre cuestiones no planteadas en la demanda, y con el derecho de defensa en juicio de la contraparte, a quien, a raíz de ese proceder, se la priva de toda oportunidad útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia y de cumplir con la exigencia de admitir o negar lo que se le reclama, máxime cuando no concurren en el caso los supuestos de excepción que prevé el art. 330 Cpr., ni se ha invocado la necesidad de promover la demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción.
Defensa de la competencia, multa administrativa, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación  de  Anestesia Analgesia y Reanimación s/ apel. resol.Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Y si bien las disposiciones de la ley 22.262 han sido derogadas por el art. 58 de la ley 25.156, habida cuenta de que se mantiene el órgano de aplicación de aquel régimen legal, es pertinente recordar -a los fines del referido deslinde de facultades y como un elemento más para fundar el criterio propiciado en el caso concreto- que dicha ley atribuía facultades al secretario de Estado para imponer una multa, previo traslado al presunto responsable y dictamen de la CNDC, ante el incumplimiento de la orden de cese o abstención de la conducta imputada de acuerdo con el art. 26, inc. b) (ver art.

28). Y no es relevante, a los fines que interesan, que dicha orden esté contenida en una resolución previa o definitiva, puesto que imponer una sanción de multa implica, en ambos casos, el ejercicio de una atribución resolutoria. Los arts. 46 y 58 de la ley 25.156, invocados por la CNDC, no le otorgan la facultad para dictar la resolución que ha sido apelada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, administración fraudulenta, concursos, expediente, copias
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: R., O. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ADMINISTRACION FRAUDULENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11

Carece de idoneidad para lograr la apertura de la instancia de excepción el agravio del recurrente acerca de que la omisión en acompañar y valorar el expediente concursal, privó de analizar lo dispuesto en el artículo 1104 del Código Civil, estando en presencia de una cuestión prejudicial, que versa sobre la calificación de la quiebra decretada, agregando que "el análisis de todo el expediente, permitía mensurar si existió o no perjuicio, cual era la calificación de conducta, si existieron ahorristas perjudicados, etc. Es que "la pertinencia o idoneidad de la prueba que se dice omitida para cambiar el resultado del pleito tiene que justificarse razonablemente" y en el caso, ello no ha acontecido, pues el impugnante no explica concretamente de qué modo el análisis de la totalidad del expediente concursal podría contradecir la valoración efectuada por la Cámara del plexo probatorio incorporado a la causa -que incluía fotocopias de las partes de dicho expediente relacionadas con los puntos señalados por la defensa en su escrito de ofrecimiento de prueba (documentación referida a Estados Contables, Balances, Memoria, Informes de Auditoría Interna y Extern a y de la Sindicatura)- y modificar el pronunciamiento en su favor.
Despido con causa, pérdida de la licencia de conducir, chofer de colectivos, enfermedad profesional, dolo, falta de dolo, ausencia de culpa, reincorporación
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: BENTOS, RAMON c/ TRANSPORTE DEL TEJAR S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-17

Si la imposibilidad del actor para cumplir con su actividad sometida a habilitación especial tuvo su origen en el padecimiento de un mal en su salud (una incapacidad), sin que pueda imputarse a su dolo o culpa grave, tal situación se enmarca en las disposiciones del art. 212 LCT. Es distinta a la que se podría producir como consecuencia de ilícitos o negligencias reiteradas por su parte, lo cual si bien llevaría al mismo resultado se encontraría contemplado en el art. 254 21 parte . (Del voto del DR. Vázquez Vialard, en mayoría).
Menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BONELLI JOSE RAMON c/ FERNANDEZ ROSALINA Y OTROS s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La palabra "representación" que utiliza el Código, no está tomada en su sentido habitual. El Ministerio no realiza actos a nombre de los incapaces, ni es su mandatario convencional o legal. La representación consiste en que obrando en favor de sus intereses, concurre con su dictamen en todo litigio en que el menor sea parte, y controla la actuación judicial o extrajudicial de sus representantes necesarios. No hay pues procuración o delegación sino asistencia y control.-
Sentencia arbitraria, integración del tribunal, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Correa Córdoba, Carlos s/ Arbitrariedad - Hurto - Sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Aunque parezca contrariar un esencial principio de equidad que frente a similares conductas una persona sea primero absuelta por algunos hechos y luego condenada por otros, se excluye una posible arbitrariedad judicial, frente a la nueva integración del Tribunal, y lo opinable de la cuestión siendo la independencia de criterio una garantía consagrada por el sistema republicano de gobierno.
Compraventa inmobiliaria, certificado catastral
Materia: CIVIL
Carátula: BLADRILLA S.A. c/ DIAZ DE RABINOVICH, Nélida H. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

El plano catastral no integra el contenido del acto jurídico por el que se realiza una compraventa inmobiliaria, es algo extrínseco a la voluntad declarada o a los recaudos formales exigibles para la validez de la transmisión de los derechos y de allí que no tiene significación sobre las obligaciones implicadas en el contrato respectivo. Luego, si tal plano no se adecua a la realidad constructiva del bien, corresponde modificarlo, sin que por ello se alteren los derechos en cuestión, desde que el error de metraje no afecta la disposición del bien, ni su pleno goce.-
Recursos, excesos u omisiones en el pronunciamiento, jurisdicción, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-02

Corresponde hacer parcialmente lugar al recurso ordinario de apelación, en tanto GCBA no pudo revocar en sede administrativa, el decreto que se cuestiona. Ello así, debido a que el decreto cumple con los requisitos extrínsecos de forma y competencia que determinan la existencia de un acto administrativo, no se ha mostrado el conocimiento de un vicio por el administrado, no se ha ejercido acción de lesividad, ni aun supletoriamente, y tampoco cabe decir, dentro de lo que este debate permite, que el acto adolece de un vicio que lo haga nulo o anulable. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano). "Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido y recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido" y su acumulado expte. n° 14490/17
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Auzón de Martinelli, Lía Mónica c/ Mº de Cultura y Educación s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La potestad del Poder Judicial para revisar los actos disciplinarios de la Administración sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad lo que supone el de la debida aplicación de las normas de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal, con un prudente y razonable ejercicio de las facultades con que se haya investido a los funcionarios competentes, sin juzgar la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas adoptadas (esta Sala, 4/12/87, "Riccomi, Humberto A. s/ art. 40, ley 22.140).
Recurso de casación, libertad condicional, informe de establecimiento penitenciario, delitos contra la integridad sexual
Materia: PENAL
Carátula: CAZZOLLA, Jonathan Ezequiel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Los informes de la autoridad penitenciaria sirven como una herramienta que contribuye a formar la convicción del juez que resuelve el pedido de libertad condicional quien debe controlar su objetividad y razonabilidad pudiendo apartarse de sus conclusiones, tanto para denegar como para conceder el instituto, siempre que lo haga fundadamente (voto de los jueces Días y Morin)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, honorarios, carácter accesorio, Estado, régimen de consolidación de deudas, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Peña, María de Las Mercedes c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio por honorarios profesionales  (Expte.: C.S.J. Nro. 110 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

El Máximo Tribunal nacional in re "Dirección Nacional de Vialidad v.

Cervecería y Maltería Quilmes" declaró que no se encontraban comprendidos por las disposiciones de la ley 23.982 los honorarios regulados en el juicio de expropiación allí ventilado, y entendió aplicable al caso la doctrina sentada en Fallos, 317:779 (disidencia de los jueces Belluscio y Petracchi). En la referida disidencia se destacó -con relación al tema del encuadre legal de los créditos por honorarios de causa o título anterior a la "fecha de corte"- que "el carácter accesorio de los honorarios -al igual que el de las demás costas del proceso- respecto del capital sobre el que versa la sentencia, encuentra su fundamento en la voluntad del legislador.

Ese carácter surge del decreto 1105/89 reglamentario de la ley 23.696, dictada con base en los poderes de emergencia del Estado; y así lo receptó-en el precedente de Fallos, 313:1638- cuando admitió la validez de la suspensión del cobro de los honorarios devengados por los profesionales intervinientes, no en virtud de una causa autónoma sino en razón de esa accesoriedad, que entendió ser el elemento dominante"."Tal condición de los honorarios debe entenderse que se mantiene en la ley 23.982, toda vez que su similar 23.696, antes citada, constituye un antecedente de ella; ambas integran un marco normativo general, dentro de la política trazada, destinado al cobro del objetivo de poner fin o remediar la situación de gravedad económica, social y política del país y, por el tiempo transcurrido desde la fecha en que este Tribunal emitió la doctrina reseñada hasta que el Congreso sancionó la ley en examen, ella no pudo ser ignorada por el legislador como para omitir plantear en la norma de un criterio opuesto o diverso".
Prescripción, suspensión de la prescripción, mora, mora del deudor, constitución en mora, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL c/ D'ARIELLI MARIA ANGELICA s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

El concepto de "deudor constituido en mora" a que se refiere el art. 3986, segunda parte, Código Civil (texto según ley 17.711 y 17.940), debe ser interpretado en el sentido de "deudor interpelado", pues la suspensión de la prescripción allí prevista es un efecto de la interpelación auténtica, y no de la situación de mora a la que alude el art. 509 del mismo cuerpo legal, la que por si misma no produce el efecto suspensivo de que se trata (cfr. Borda, G. A., "La Reforma del Código Civil - Prescripción", ED, 29, 723, Cap. III; esta Cámara, Sala II, Causa 2241 del 4.11.83, entre otras). Por su parte, la "forma auténtica" exigida por dicho art. 3986, segunda parte, para que la interpelación suspensiva de la prescripción sea llevada a cabo, ha sido interpretada en el sentido de que debe tratarse de un requerimiento que "aleje toda duda sobre su veracidad y fecha" (cfr. Borda, G. A., op. cit., pág. 748; esta Cámara, Sala II, Causas 4822 del 9.11.76; 8989 del 21.8.81; 1877 del 24.5.83; etc.), con lo cual mas que una limitación al principio de libertad en la elección de las formas que rige la materia interpelatoria, lo atinente a la "forma auténtica" se reduce a una cuestión de prueba (cfr. Wayar, E. C., "Tratado de la Mora", N° 105, pág. 618).