Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-11-14


ACUERDO N° 111. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS KOHON y OSCAR E.MASSEI con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Dra. Luisa Analía Bermúdez para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN c/ VÁZQUEZ ANA TEODORINDA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. 3636/2012, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 6/10 se presenta el Fiscal de Estado de la Provincia del Neuquén, con patrocinio letrado, e inicia demanda contra la Sra. Ana Teodorinda Vázquez, por la suma de $3.023,96, solicitando se haga lugar a la demanda y se condene al reintegro del capital reclamado con más sus intereses desde la fecha de pago sin causa y las costas del juicio.

Explica los antecedentes fácticos que provocaron que la demandada perciba haberes en exceso y las gestiones pertinentes para el recupero de la deuda.

Sostiene que las liquidaciones en exceso se correspondieron al mes de abril de 2009, que se habría pagado la suma de $5.114,28, cuando correspondía solo 218,36; que se obtuvo un recupero voluntario de $1.871,96, quedando pendiente la suma demandada en autos.

Alude a los fundamentos de la demanda: el pago indebido y el enriquecimiento sin causa.

II.- Declarada la admisión del proceso mediante RI Nº 184/14 a fs. 14, y corrido el traslado de la demanda, a fs. 16 la actora opta por el proceso ordinario y ofrece prueba.

A fs. 34/41, contesta la demandada, que niega por imperativo procesal en forma genérica todos y cada uno de los hechos narrados por la Provincia del Neuquén, y ofrece su versión: que el reclamo de la actora no solo resulta infundado sino que también carece de legitimidad.

Detalla que desde el mes de julio de 1989 es docente de la Provincia del Neuquén y presta servicios como tal en la Escuela 102 y Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente Nº 1, ambos establecimientos educativos de la ciudad de Cutral-Có.

Sostiene que el 23 de marzo de 2009, momento en que se desempeñaba como directora de la Escuela 102, inició el goce de licencia por enfermedad profesional, que culminó con un alta médica de la ART de la empleadora, con fecha 3 de abril de 2009.

Luego, indica que el 4 de abril tomó posesión en sus cargos de maestra de grado en la Escuela 102 y en el Departamento de Aplicación de la Ciudad de Cutral Có hasta el 1º de julio del mismo año, fecha a partir de la cual se hizo cargo de la Vicedirección.

Admite que con fecha 1º de julio de 2009 fue notificada de una deuda, mediante la Nota 5035/09; que se presentó en el Distrito Educativo II, de Plaza Huincul, donde le informan que fueron mal liquidados sus haberes, ello como consecuencia de que no informaron su licencia por enfermedad profesional en el cargo de Directora de la Escuela primaria 102 por el período 23/03/2009 - 03/04/2009.

Asevera que presentó sendas notas de las que no obtuvo respuesta.

Niega el supuesto pago sin causa, insiste en que la Directora actuante le generó un perjuicio en sus haberes al no informar su licencia, lo que denunció.

Ofrece prueba, funda en derecho y formula el petitorio.

III.- A fs. 61 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por la parte actora.

A fs. 160 se clausura el período probatorio. A fs. 174/176 ofrece alegato la parte actora.

IV.- A fs. 178/181 dictamina el Sr. Fiscal General quien, atendiendo a los términos del proceso, propicia hacer lugar a la demanda.

V.- A fs. 182 se dicta la providencia de autos para sentencia, la que firme, coloca a estas actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo.

VI.- El presente supuesto, se enrola en el marco del Decreto 1494/02 -Reglamento de gestión del módulo de deudas contra la Administración Pública Provincial-, artículo 7:". en el caso que el agente hubiera percibido sumas en más indebidamente y no reintegra las diferencias a su empleador en forma inmediata a su percepción, tales diferencias serán recuperadas por la Administración, previa notificación al agente, en la forma que ésta disponga, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar, si no se reintegraran los fondos y no fuera factible una compensación".

El artículo 8, establece que "excepcionalmente la Administración podrá, con causa justificada, aprobar un Acuerdo de reintegro de fondos en cuotas con intereses, bajo las modalidades que establezca la reglamentación que dicte la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos".

El artículo 10 dice "no procederá el desembolso de liquidación conforme el artículo anterior, cuando registrada deuda, no se verificara la compensación respectiva de crédito y débito".

El artículo 11, prevé que "las obligaciones de reintegro o compensación de fondos mal liquidados a los agentes de la Administración, serán cumplidas con la afectación de haberes y podrán extenderse a cualquier otro ámbito patrimonial del deudor".

El artículo 12 establece que "La Administración será la que realizará la imputación de los fondos que le fueran reintegrados" y el artículo 13, "si se verificara incumplimiento de un Acuerdo de reintegro o fuera manifiesta la reticencia al reintegro de fondos habidos irregularmente, o fuera imposible la compensación, las actuaciones respectivas serán giradas a la Fiscalía de Estado por las vías jerárquicas correspondientes para el ejercicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar".

Entonces, como puede seguirse del reglamento aludido, el Organismo que pagó erróneamente haberes debe: notificar al deudor, viabilizar una compensación, puede aprobar un acuerdo de reintegro de fondo en cuotas con intereses; es la Administración la que realizará la imputación de los fondos que fueran reintegrados y, recién, si no se cumple con el acuerdo de reintegro o fuere manifiesta la reticencia del deudor o fuera imposible la compensación, debe girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para el recupero judicial de la deuda. VII.- En los presentes, se pretende el recupero de haberes abonados en exceso, los cuales fueron previamente intimados a devolver.

De este modo, la cuestión central reside, entonces, en determinar si la Sra. Ana Teodorinda Vazquez debe restituir al Estado Provincial la suma reclamada. Para ello, corresponde determinar si la misma ha sido abonada en forma indebida, en carácter de haberes de abril de 2009 para el cargo de Directora de Primera, escuela común, tiempo completo.

En efecto, la demandada sostiene que ejerció funciones de Directora hasta el 3/04/2009, y que desde el 23/03/2009 hasta dicha fecha, usufructuó licencia por enfermedad.

Del cotejo del Expediente Administrativo Nº 5225-00245/9 y en especial del informe de la Dirección De Sueldos (Dirección General de Recursos Humanos y Sistemas) del Consejo Provincial de Educación -obrante a fs. 101-, se desprende que la Sra. Vazquez percibió en el mes de abril 30 días correspondientes al cargo DAI-3: Directora Escuela Primaria.

No obstante, del mismo informe, surge que el cese en dicho cargo operó el día 23/03/2009, y que a partir de allí se dio el alta en el cargo de DBA-3: Maestra de Grado Escuela Primaria (con cese el 01/07/2009). Por lo tanto, se reliquidaron 22 días del mes de marzo de 2009, y ningún día del mes de abril de 2009.

Por su parte, del legajo laboral de la Sra. Vázquez -acompañado- se desprende que la licencia usufructuada entre el 23/03/2009 y el 03/04/2009 corresponde al código de cargo DBA-3 (Maestra de Grado Titular), que es la situación de revista titular de la Sra. Vazquez.

Así lo corroboran la nota de la Sra. Directora (08/04/2009), y el certificado Médico Laboral - Formulario 012 (29-04/2009).

De esta manera, calculadas las diferencias, solo correspondía abonar a la demandada la suma de $218,36, aunque se abonó $5.114,28, lo cual da un saldo a favor de la Provincia de $4.895,92.

Constan dos recuperos de sumas, mediante Cheque 24321759 de $1.191,83; y 243211757 de $680,13; por lo que la diferencia de saldo restante de $3.023,96 es reclamada en sede administrativa (Expte. precitado adjuntado) y en autos.

Es por ello que la actora no reclama suma alguna correspondiente al mes de marzo, y la controversia se suscita en torno a 3 días del mes de abril, en los cuales la demandada sostiene que se encontraba bajo licencia médica en el cargo de Directora; en tanto la actora sostiene que aquella había cesado en el cargo en el mes de Marzo.

No puede soslayarse bajo este vértice, que la demandada no logra probar que le correspondía percibir los haberes del cargo DAI-3 en el mes de abril de 2009.

A mayor abundamiento, mediante RI Nº 477 -fs. 155/6- se declaró la negligencia de la prueba de la parte demandada y en su mérito, dado por perdido el derecho a producir la pericia contable y el requerimiento de la documental no producida.

En consecuencia, las constancias administrativas recién reseñadas, que no han sido desvirtuadas en autos, dan suficiente respaldo a la pretensión actoral.

En este orden, sabido es que el enriquecimiento sin causa actúa como un principio general del derecho, que, como tal, es inmanente a nuestro régimen jurídico, no siendo descartable su aplicación en la esfera administrativa (cfr.

Acuerdo Nº 939, "Aroca", con cita de Acuerdo Nº 74/82, "Petrovial").

Tenemos entonces, que los requisitos para que proceda el enriquecimiento sin causa quedarán conformados a partir de la existencia del enriquecimiento de una parte, el empobrecimiento de la contraria; una relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, entrelazado todo ello, por la inexistencia de una causa lícita que justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo empobrecimiento del otro.

Por lo tanto, procede la repetición promovida por la Fiscalía de Estado de la suma de $3.023,96, correspondiente a haberes pagados a la demandada en demasía.

VIII.- En relación con los intereses de dicha suma, peticionados por la parte actora, cabe reiterar el criterio sentado en Acuerdos Nº 33/13 y 54/13, por cuanto los mismos se deben desde la fecha en la que la demandada debería haber cumplido con la restitución de lo percibido.

Es que, tal como establece el art. 7 del Decreto Nº 1494/02, el recupero por parte de la Administración de las sumas percibidas en más, requería una previa notificación al agente y, en el caso, el emplazamiento fehaciente fue efectivizado a través de la carta documento recibida el 06/04/2010, donde se le hizo saber que contaba con un plazo perentorio e improrrogable de 10 días hábiles para que abonara la suma debida.

Entonces, la suma de $3.023,96 genera intereses desde del vencimiento de dicho plazo y, a los fines de su liquidación, se aplicará la tasa promedio entre la activa y pasiva del Banco Provincia del Neuquén.

En cuanto a las costas, no se aprecian motivos para apartarse de la regla, que es su imposición a la demandada vencida (art. 68 del CPCy C). MI VOTO.

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: Adhiero en un todo a los fundamentos expuestos por el Dr. Massei en su voto. Por estas consideraciones, emito mi voto en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar a la demanda promovida por la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén y, en consecuencia, condenar a la Sra. Ana Teodorinda Vazquez a reintegrar la suma de $3.023,96, con más los correspondientes intereses, que se calcularán en la etapa de ejecución de sentencia, desde la fecha determinada según el considerando VIII y hasta que se haga efectivo el pago del capital, a la tasa promedio activa-pasiva mensual del Banco de la Provincia del Neuquén. 2º) Costas a la demandada (art. 68 del CPCy C). 3°) Diferir la regulación de honorarios hasta que existan pautas para ello. 4°) Regístrese, notifíquese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes, por ante la Actuaría, que certifica.

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria