Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-06


Salta, 06 de Junio de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CARRAZANA, Angel Manuel por el delito de AMENAZAS CON ARMAS en perjuicio de MARTINEZ, Oscar Alejandro (PERSONAL POLICIAL)", Expte. Nº 2533/11 del Juzgado Correccional y de Garantías Cuarta Nominación del Distrito Judicial del Centro. Causa Nº CAM 29454/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

I.- Que vienen a revisión estos obrados por haber denegado la Sra. Juez Correccional y de Garantías de Cuarta Nominación Dra. Sandra Espeche, una eximición de detención que a favor de Angel Manuel Carrazana peticionara su defensa técnica mediante escrito de fs. 15.

En tal resolución cuyo contenido obra agregado a fs. 10/11 y vta., previo calificar provisoriamente los hechos que se le endilgan a Carrazana como configurativos de los delitos de Resistencia a la Autoridad y Amenazas con Armas, evalúa a lo largo de su considerando que se desprende de su planilla prontuarial una clara actitud de pretender eludir la acción de la justicia atento las considerables registraciones de pedidos de captura y detenciones, lo que amerita luego de desarrollar jurídicamente aquellos principios y normas procesales que ante tal situación avalan una restricción de la libertad a los fines de posibilitar en un futuro la realización del pertinente juicio y con ello la aplicación de la ley sustantiva, a decidir en la forma en que anteriormente hice referencia.

A su turno, el Dr. Guillermo Adriano Polliotto, mediante escrito de agravios de fs. 17/18 y vta., interpuso recurso de apelación con fundamentos a los que me remito en honor a la brevedad, sin perjuicio de señalar someramente, que están basados en haber aplicado un derecho penal de autor al aludir como motivo de denegatoria los antecedentes registrados en la planilla prontuarial de su defendido.

Así entiende que se le privó de la libertad no por lo que hizo, sino más bien por ser "un enemigo del Estado que se muestra renuente a cumplir con las leyes que nos rigen y a quien hay que extirpar de la sociedad".

En tal contexto entiende que en el supuesto se le está aplicando una condena anticipada para neutralizar su eventual peligro a la sociedad, olvidando que la restricción de la libertad sólo puede ser ordenada antes de que se dicte una sentencia condenatoria, a título precautorio, remitiéndose en este sentido a lo dicho por la Sala II de este Tribunal de apelaciones, en cuanto a que no debe importar un anticipo de pena o estar motivada en fines tendientes a evitar la reiteración delictiva.

En otro orden de cosas, recuerda la vigencia del principio de inocencia y la posibilidad de aplicar otras medidas restrictivas de la libertad sin llegar al extremo de su privación, máxime cuando en autos ni tan siquiera obra un requerimiento de juicio.

II.- Con carácter previo a analizar los agravios formulados, los que a su vez deben serlo conforme a los fundamentos dados en la resolución cuestionada, amerita consignar que la acción recursiva se interpuso en legal tiempo y forma por lo que está habilitado su tratamiento y resolución.

De igual modo es necesario consignar, que la materia objeto de revisión gira en torno a saber si la eximición de detención que fuera denegada, se ajusta a derecho, análisis que por obvio sea decirlo, no sólo se debe limitar a saber si ello responde a los principios lógicos y jurídicos que eventualmente avalen tal decisión, sino y fundamentalmente si tal privación de libertad fue ordenada en consonancia a los principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, toda vez que si esto último se dispuso en abierta contradicción a lo que las normas aludidas mandan, en vano resulta acertado saber si en el supuesto corresponde o no ordenar la libertad de una persona.

A tal fin es menester acudir a las constancias de la causa, la que por tratarse de un Incidente, es de suponer está formado por todas aquellas piezas procesales que hacen a la detención de la persona, antecedentes de importancia al estar íntimamente relacionados a los derechos de defensa del imputado en grado de que en base a su conocimiento, podrá ejercitar sus derechos, que en el supuesto se materializarían en su escrito de eximición de detención, momento en que por obvio sea decirlo, sabiendo y conociendo las razones jurídicas que hacen a los fundamentos de tal restricción de libertad, podrá certeramente cuestionarlos.

Se advierte así la importancia y necesidad de conocer las razones de su detención, razones volcadas en la orden que al Juez en cumplimiento a preceptivas constituciones y normas internacionales con igual jerarquía, se le exige como instrumento necesario para disponer una medida de extrema gravedad como lo es la privación de la libertad de una persona.

Sin embargo, cansados estamos de ver que medidas de tal envergadura, se dictan y se efectivizan con una soltura tal que en extremo llegan a ordenarse sin que obre una disposición de Juez competente, bastando una mera consulta de la policía a la Fiscalía interviniente, para que ésta le transmita su voluntad de que permanezca detenida la persona, deseo que a posteriori se lo transmiten al Juez de Garantías, quien sin más instruye se le haga conocer causa de detención. También se verificó en distintas oportunidades, que supuestos como los comentados que llegaron en revisión a este Tribunal, en muchos de ellos bajo una aparente invocación de ser representativos de un eventual peligro procesal, tal como acontece en autos, la privación de la libertad en rigor de verdad está motivada por causas que nada tienen que ver con los principios que rigen a este instituto, tal como comúnmente acontece que por problemas vinculados a cuestiones de violencia familiar, se decide privarlo de la libertad en aras de preservar la integridad física de los miembros de una familia, fin sin duda loable y digno de ser tenido en cuenta, aunque ello lo debe ser conforme a otros parámetros porque en definitiva esos problemas, normas regulatorias y fines perseguidos, son ajenos al instituto de eximición de detención en análisis.

De igual modo se advierte el uso de argumentos sustentatorios de una eventual privación de la libertad de la persona que tienden sin duda alguna a poner punto final a un raid delictivo, anticipando una futura condena que por el cariz de la falta cometida y la no acumulación de causas y resoluciones de las múltiples que figuran registradas en una planilla prontuarial, sin duda alguna por llevarse a cabo el proceso judicial bajo los parámetros de las normas del procedimiento sumario -que son para delitos inferiores a cinco años- la eventual condena a futuro si es que se hace merecedora de ella, por lo general será de cumplimiento en suspenso, en cuyo caso se pone en evidencia la improcedencia y falta de utilidad práctica de la privación de la libertad para asegurar la suerte de un juicio en el futuro cuando las circunstancias del caso no tienen porqué dar a entender que el imputado tenderá a eludir la acción de la justicia ante la previsión de que de corresponderle condena, está no será de cumplimiento efectivo.

Pero si todo ello fuera poco para poner en evidencia la sin razón de las privaciones de la libertad ordenadas dentro del marco trazado por las normas del procedimiento sumario, sabido es y también se puntualizó por parte de este Tribunal de apelaciones, que tal procedimiento fue concebido y plasmado legalmente para que se lleve a cabo sin persona detenida, concibiéndoselo como aquella etapa de labor policial bajo la supervisión del Fiscal Correccional necesaria para recaudar elementos que evidencien encontrarnos en presencia de una conducta delictuosa atribuible a alguien, en cuyo caso el Fiscal requiere juicio o por el contrario, decide su archivo por no constituir delito el hecho.

Como se advierte, una privación de libertad en esta etapa, sin que se haya requerido juicio, importa no solo una medida totalmente apresurada y sin fin alguno, sino y fundamentalmente de extrema peligrosidad ante la eventualidad como en la práctica ocurrió en varias oportunidades, de que el Fiscal archive las actuaciones, poniendo en evidencia la sin razón de la medida ordenada por el Juez de Garantías a más del menosprecio a las normas jurídicas que en aras de preservar los derechos fundamentales de las personas, están plasmados en la Constitución Nacional y en mayor amplitud a modo de reglamentario de ellas, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Por todas esas razones se advierte al menos de lo que surge de las constancias obrantes en este Incidente, que la detención de Angel Manuel Carrazana es nula por no obrar una orden de Juez competente y por desconocerse las razones que la motivaron, vicios que a la postre repercuten directamente en su eventual ejercicio de defensa real, efectiva y concreta, que excede con creces a la conceptualización implantada en la práctica de nuestros Juzgados en trámites llevados a cabo bajo supervisión de un Juez de Garantías, en donde se concibe su acatamiento por el simple hecho de tomar conocimiento de las actuaciones y el derecho a designar abogado defensor, sin que conozca porque no está plasmado por escrito al no obrar una orden de detención, sus fundamentos o razones que lo habiliten a cuestionar con suerte tal medida.

Muy por el contrario, como acontece en autos el imputado y su abogado defensor conocieron las razones de su detención en el auto denegatorio de la eximición que solicitaron, lo que implica decir que previo a ello formuló un pedido a ciegas porque no sabía cuál o cuáles eran los motivos de la detención y la finalidad que perseguía, evidenciándose una clara e incontrovertible vulneración al derecho de defensa, que bajo ningún concepto, motivo o razón alguna, puede tolerarse acontezca.

Con una simple lectura a estas actuaciones, se advierte ello; en reverso de fs. 1, obra acta policial en la que se deja constancia que se comunicó la privación de la libertad de Carrazana por flagrancia delito, comunicación efectivizada al Dr. Cristian Medina, a la sazón Secretario del Fiscal Correccional Dr. Gabriel Portal, obteniendo como respuesta de aquél, que a la Fiscalía le interesa su detención, sin dar razones de ello. A renglón seguido se deja constancia mediante otra acta, que se comunicó con el Dr. Ramón Medina, Secretario del Juzgado Correccional interviniente en la causa, quien por orden de la Dra. Sandra Espeche, se hace lugar a lo solicitado, disponiendo se haga conocer causa de detención y se dé intervención al Juez de Detenidos.

Efectivizado todo ello en la faz policial, radicadas las actuaciones ante el Juez de Garantías, se interpuso un pedido de eximición de detención que como se dijera, fue denegado, conociéndose recién en esa oportunidad las razones que motivaron su detención, situación que por tratarse de la privación de una libertad en el marco de un procedimiento sumario, por no existir posibilidad cierta y eficaz de ejercer un auténtico y real ejercicio de defensa y por no obrar una orden de detención librada por Juez competente, se pone en evidencia una clara situación irregular con grave perjuicio al detenido, atendiendo fundamentalmente a la carencia de un requerimiento de juicio y la imposibilidad de ejercitar ampliamente su legítimo derecho de defensa, tiempo real de detención más que suficiente para que sin justificativo alguno se remedie de inmediato declarando la nulidad de su detención, disponiendo de inmediato su libertad.

En ese sentido debe tenerse presente que es obligación de todo Tribunal cualquiera sea su instancia, declarar la nulidad de oficio cuando defectos de forma cuya inobservancia trae aparejada la vulneración de alguna garantía constitucional, actuar en consecuencia, situación que como se dijera y demostrara a lo largo de esta resolución, acontece en autos, imposibilitando ante la ausencia de orden de Juez competente y razones de tal disposición, la imposibilidad de que aquél sobre quien ha recaido la medida, ejerza ampliamente sus derechos de defensa.

A más de lo expuesto, y con ello se advierte lo desaprensivo de la medida ordenada, debe tenerse en cuenta que el procedimiento sumario está concebido como una etapa a desarrollarse sin persona detenida, por entenderse que importa la labor policial bajo supervisión del Fiscal tendiente a recolectar pruebas y datos que den sustento a una eventual acusación, de forma tal que si ella aún no se materializó como en el supuesto, toda eventual privación de libertad no sólo es apresurada, sino también, no responde a los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional en su art. 18, norma que alude al concepto de "juicios" para exigir un proceso judicial, tal como lo afirma Claria Olmedo en tratado de Derecho Procesal Penal, actualización Tomos I a VII, por Roxana Gabriela Piña y Vanesa Alfaro en pág. 152. En el se dice que "Nuestro máximo Tribunal ha sostenido que las garantías consagradas en el art. 18 de la Carta Magna consiste en la observancia de las formas sustanciales del proceso, vinculadas a la acusación, defensa, prueba y sentencia de los jueces naturales del imputado (CSJN, Fallos, 331:1664, 330:5187... entre otros)".

Continua diciendo el autor citado, que "Dicho principio contiene una diversidad de reglas procesales que se encuentran relacionadas entre sí, ha saber: 1) la necesidad de una intervención del imputado; 2) la necesidad de un proceso que asegure el contradictorio; 3) la necesidad de que el proceso se base en una imputación concreta, que en el debate debe estar contenida en una acusación formal; 4) la necesidad de que la imputación sea intimada de manera correcta, incluso en los casos de su ampliación; 5) la necesidad de que exista correlación entre la acusación intimada y el pronunciamiento; 6) la imposibilidad de una condena civil de oficio; 7) la necesidad de que una sentencia encuentre su base en pruebas que fueron incorporadas al debate".

Se advierte fácilmente que todos estos postulados se materializan a partir del momento en que obra acusación, vale decir, aquel momento que da inicio a la etapa correccional, concibiéndose por ende lo que se conoce como procedimiento sumario, una etapa preparatoria que puede llevarse a cabo en ausencia del acusado con el objeto de que en esa etapa se investigue lo sucedido y se identifique al presunto autor del suceso delictual, conceptos vertidos de conformidad a lo dicho por el autor citado en págs. 81 y 213.

En definitiva, obrando en la detención de Carrazana un serio vicio en su efectivización que repercute directamente en su eventual derecho de defensa, amerita que en los términos del art. 163, 2da. parte del C.P.P., se declare la nulidad de su detención, disponiéndose su inmediata libertad a efectivizarse con igual carácter por parte el Juzgado de origen. Así voto.

El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) DECLARAR NULA la detención oportunamente dispuesta en perjuicio de Angel Manuel Carrazana, de condiciones personales rolantes en autos, conforme a lo estatuido por el art. 163, 2da. Parte del C.P.P., correspondiendo en consecuencia ordenar su inmediata libertad, a efectivizarse con igual carácter por parte del Juzgado de origen.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.