marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, in dubio pro consumidor, aplicación de la ley, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FEDERACION ECONOMICA DE CATAMARCA c/ EDECAT s/ ACCION DE AMPARO JUDICIAL DE INTERESES DIFUSOS O DERECHOS DIFUSOS S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-19

Por aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional y del principio in dubio pro consumidor que consagra la propia ley de defensa del consumidor en su art. 31, la norma general prevalece sobre la especial cuando es ella y no la legislación particular la que contempla con mayor benevolencia la situación de los usuarios.

El criterio de que la legislación específica de los servicios públicos debe armonizarse con la ley 24.240 surge de su propio contenido al establecer en su art. 31 que: "las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas ...", y concluye que "en caso de duda, se estar siempre a la interpretación más favorable para el consumidor".

Si es en este marco y dirección que deben considerarse estos conflictos y, precisamente, con esa orientación la Cámara resolvió, no se advierte la errónea interpretación de la ley atribuida por el recurrente al fallo de grado, debiéndose rechazar el recurso de casación interpuesto por este agravio.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Raquel L. c/ Instituto Médico Constituyentes S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Al empleador le está vedado introducir modificaciones de las condiciones de trabajo del representante sindical quien en tal caso, tiene derecho a reclamar su restablecimiento, o bien colocarse en situación de despido indirecto (art. 52, ley 23.551), sin que configure un recaudo legalmente exigible la comprobación del ejercicio efectivo de la función gremial pues el presupuesto para la actuación de la norma es el título sindical y no su ejercicio de hecho.
Contrato de trabajo, verdad jurídica objetiva, prueba, apreciación de la prueba, grupo económico, fraude laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: SAIRES, MIGUEL c/ RAMONA SA Y OTRO s/ ACCIDENTE LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

Cuando una persona jurídica, apartándose de los fines para los que fue creada, abusa de su forma para obtener un resultado no querido al otorgársele esa prerrogativa, debe descorrerse el velo de su personalidad para penetrar en la real esencia de sus sustracto personal o patrimonial y poner de manifiesto los fines de los miembros cobijados tras su máscara (Crit. esta Sala sent. del 18/2/85, "Insfran C/ Arroyo SRL y otro" DT 1985-651 entre otros). En el caso concreto, los elementos de prueba acreditaron que las codemandadas atomizaron su responsabilidad patrimonial (constitución de distintas sociedades para cumplir con su objetivo societario) como un medio de vulnerar derechos laborales. Para más, al momento de absolver posiciones, resultaron representadas por el mismo sujeto físico que se presentó como gerente de relaciones laborales de ambas empresas. Por todo ello, corresponde declarar la responsabilidad solidaria de ambas codemandadas en los términos del art 31 LCT.
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hadad Guillermo Carlos c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de E.R s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-07

Con respecto a la aplicación del instituto de la prescripción recién alegada en esta instancia judicial por la demandada, enfatizo que no resulta audible esa defensa originariamente en esta órbita jurisdiccional ya que debió- y no lo fue- ser formulada en sede administrativa a través de los decisorios respectivos de los órganos de dicha órbita para que pueda ser meritada en la decisión que aquí se adopta sobre el reclamo efectuado, siendo tardía la manifestación vertida en el decreto que resuelve la apelación jerárquica articulada desde este proceso se inició a partir de la denegatoria tácita por la demora burocrática en decidir acerca del mismo.-
Corrupción, abuso deshonesto, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, JULIO ALBERTO s/ CORRUPCION  DE  MENORES  CALIFICADA  -  ABUSO DESHONESTO CALIFICADO -  CONCENSO IDEAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-02

Debe responder por los delitos de abuso deshonesto calificado y corrupción calificada, en concurso ideal (C.P., arts. 127 en función del 122, 125 y 54) el padre que sometió a su hija, de ocho años de edad, mediante amenazas, a tocamientos sexuales consistentes en el restregamiento de su pene en los genitales y zona anal de aquélla, al tiempo que la besaba e introducía su lengua en dichas zonas y también en su boca, por cuanto los actos realizados, en reiteradas oportunidades, no tuvieron como propósito el simple desfoque libidinoso, sino que tendieron a despertar prematura y torcidamente los instintos sexuales de la impúber.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisdicción, límites del pronunciamiento, sentencia arbitraria, indemnización, intereses, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ré, José J. P. y otra c/ Nación Argentina (Ejército Argentino) s/ indemnización daños y perjuicios).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La Corte carece de jurisdicción para examinar los agravios fundados en la arbitrariedad en que habría incurrido la cámara en las cuestiones vinculadas con el monto de la indemnización, la determinación de los intereses y en la constitucionalidad del decreto 2140/91, ya que el recurso extraordinario no fue concedido respecto de esos puntos y no interpuso el recurrente la correspondiente queja.
Recurso de casación, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Recabarren, Adriano s/ DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACIóN. Cardenas Ferrada, Amadeo c/ Alonso, Hugo Cayetano y otros s/ SUMARIO S/CASACIóN. Nazar Anchorena Viñedos Río Colorado c/ Provincia de Río Negro s/ SUMARIO S/CASACIóN. GARCIA, BERNARDO s/ QUEJA  EN:"GARCIA,  BERNARDO  C/URIAGUERECA,  FRANCISCO  Y  OTROS  S/  EJECUCION  HIPOTECARIA  S/INCIDENTE  DE  REGULACION  DE  HONORARIOS". SANDOVAL, PEDRO A. c/ MARTINEZ, LIDIA E. Y OTROS s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY BREIDE, NASSIF c/ SUEZ, JORGE s/ COBRO DE ALQUILERES S/CASACION. DI PASCUAL, CESAR G. s/ QUEJA EN:'SERRANO, NESTOR O. C/FERNANDEZ, JORGE Y OTRO S/ORDINARIO' BENTEVENGA, NESTOR C. Y OTROS c/ MURCHINSON SA. ESTIBAJES Y CARGAS Y OTROS s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY UPCN c/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY ROBERTO AGUIRRE SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE VERIFICACION TARDIA POR BANCO DE LA  PROVINCIA DE RIO NEGRO S/CASACION' VICIDOMINI, ANGELA A. s/ QUEJA EN:'BARITOLI DANIEL C. Y OTRO C/MULLER HORACIO ANIBAL Y OTROS  S/SUMARIO' YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA EN AUTOS:'BRUCK, E. s/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA S/CASACION' ALFARO, LIDIA ESTER Y OTRO s/ QUEJA EN:'ALFARO, LIDIA ESTER Y OTRO C/ROA, HERNALDO DEL TRANSITO  S/SUMARIO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-18|1990-06-11|1990-08-31|1991-03-08|1991-03-15|1991-12-12|1993-02-02|1993-02-05|1993-02-05|1993-05-31|1993-07-27|1993-10-26|1993-11-19

Este Superior Tribunal tiene dicho que todo aquello que suponga impugnación de bases computables a los fines de la regulación no es revisable por la vía del recurso de casación.
Abuso de firma en blanco, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casaldi Angel c/ Aldo Scuderi s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S143 - 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-25

Cheque entregado en blanco. Carga de la prueba en cabeza del EXCEPCIONANTE presunción de existencia y licitud de causa a favor del actor que ejecuta el instrumento (art. 500 y 1016 del Código Civil).
Costas, alimentos, obligación alimentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTOS DE CASTRO, MARIA C. c/ CASTRO, RICARDO E. s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

Es principio general en materia de alimentos que -en mérito a la naturaleza y fines del deber alimentario- las costas del juicio especial respectivo deben ser soportadas por el alimentante. Por tal razón, no corresponde imponer las costas al alimentado por cuanto ello importaría desvirtuar la naturaleza de la prestación, gravando cuotas cuya percepción integra se presume ante una necesidad de
Prescripción, compraventa de acciones, socios
Materia: CIVIL
Carátula: MARTI Joaquín c/ Ales Evaristo s/ Cobro de Pesos - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-28

El contrato, se ha materializado entre dos accionistas de la S.A. indicada, la que como tal, no ha intervenido en dicha operación, pues no adquirió, ni transfirió acciones en su nombre ni por cuenta propia.

"Esta clase de operatorias resulta por principio, en tanto parasocial, inoponible a la sociedad, a cuyo respecto es "res inter alios". Por ende, no la convierte en parte de la negociación referida".

En consecuencia, resulta de aplicación el plazo de diez años, dispuesto por el art. 846 del Código de Comercio, a los fines del cómputo de la prescripción.

"La violación de los presupuestos fácticos del convenio celebrado venta al Estado del paquete mayoritario de acciones de una sociedad anónima - importa incumplimiento contractual, que otorga al demandado reconviniente derechos susceptibles de ser reclamados dentro del plazo de prescripción previsto en el art. 846 del Código de Comercio.
Obligaciones de dar sumas de dinero, desagio, obligaciones a plazo
Materia: CIVIL
Carátula: GHIGGIERI HNOS. S.A.C.I.F.S.A. c/ E.N.TEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

No procede la aplicación mecánica del desagio a todos los supuestos de obligaciones a plazo pues la expectativa inflacionaria no se presume. Por el contrario, se trata de un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio y que debe constatarse en cada caso (C.S.J.N., in re, Mancina , 25-10-88.
Derecho laboral, facultades disciplinarias, cobro de sumas de dinero, pérdida de confianza, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Ramón Horacio c/ Securitas Argentina S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-01

Para receptar la "pérdida de confianza" como causal de despido, es menester la existencia de hechos objetivos que la justifiquen, que generen un daño a los intereses del empleador, y no necesariamente a los patrimoniales, pues basta con que lo sea a los puramente morales, provocando el convencimiento de que el dependiente ya no es confiable. Debe haber una lesión al deber de fidelidad que no permita la continuación de la relación laboral. Y la cuestión debe ser valorada teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, oportunidad y proporcionalidad. La valoración de la injuria debe realizarla el juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad. El hecho, para constituir una justa causa de despido, debe revestir una gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art. 10 LCT) (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Repetición de impuestos, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Buono, Jorge Rafael c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Toda vez que la jueza de grado se ha apartado de lo dispuesto por la resolución n° 4151/SHYF/03 sin dar razones suficientes, y habiéndose limitado a fijar los intereses conforme el plenario "Eiben" -esto es: al promedio resultante de las sumas líquidas que se obtengan de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA- sin siquiera dar cuenta de la existencia de una regulación específica, la referencia (posterior) que efectúa la magistrada al conceder el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a que la falta de expresión de argumentos para apartarse de la tasa reglada "implica haber declarado la invalidez de la mencionada norma en forma implícita", intenta dotar de fundamentos, tardía e inadmisiblemente, a una decisión viciada. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiedler, Luisa c/ Centro Deportivo Huracan s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, desde que esa posibilidad sólo traduce la facultad de suplir el derecho y no comporta, por ende, violación a la garantía de la defensa, pero permitir la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas, no importa la aplicación del principio de "iura novit curia", sino el acogimiento de una acción planteada oportunidad.-
Cuestión política, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, vivienda
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

No corresponde al Poder Judicial seleccionar políticas públicas ni expedirse en torno a su idoneidad o conveniencia y mucho más evidente surge la falta de medios para asumir tal tarea, medios que faltan precisamente porque no atañe al Poder Judicial asumir la misión de elaborar un plan de gobierno, circunstancia que no importa negarle toda intervención posible en materia de vivienda. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F.

Lozano. En sentido concordante ver voto Dr. José O. Casás).
Pequeña y mediana empresa, obligaciones del empleador, registros laborales, empleo no registrado, temeridad o malicia
Materia: LABORAL
Carátula: SANDOVAL, Mariano c/ SANTACROCE, Ernesto s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-20

Cuando la demandada no ha demostrado estar en los supuestos descriptos en la ley 24467 (art 83), no se encuentra exenta de la carga de inscribir el contrato en el Ministerio de Trabajo. Su incumplimiento en tal sentido constituye un elemento más de la precariedad porque alarga, sin razón, la solución del pleito y la satisfacción del crédito del actor. En tales casos surge la consideración de la conducta de la demandada que, con conciencia de la propia sinrazón, sigue el proceso. Tal conducta puede calificarse de maliciosa en los términos del art 247 LCT.
Revocación de sentencia, absurdo, principio de congruencia, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Taboada, Miguel Jesús c/ Carpin Cruz S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Debe revocarse la sentencia del Tribunal del Trabajo que -valorando absurdamente los escritos constitutivos, vulnerando el principio de congruencia y variando la causa de despido, en franca transgresión a la prohibición consagrada en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina legal- consideró extinguido el vínculo laboral por la causal establecida en el art. 241 in fine del citado cuerpo normativo (mutuo acuerdo resolutorio tácito), aun cuando ésta no había sido invocada por ninguna de las partes (doctor NEGRI, sin disidencia).
Prescripción, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GODOY, Hernando Gabriel c/ PICCIONE, Alejandro y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE) - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

Si bien la expresión "demanda", que contiene el art. 3986 del Código Civil, no tiene el sentido estricto que se le asigna en el derecho procesal, sino que comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una clara manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, no puede inferirse, sin embargo, que la adjudicación del Centro de Informática importe un acto procesal, ya que no tiene el alcance de un cargo judicial (art.

41, párrafo 21 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil) ni interrumpe el plazo de la prescripción.-
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: González, Martín Emiliano c/ El Palacio del Bife S.R.L. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

La figura del abandono de trabajo, como lo señala su norma regulatoria (art. 244, L.C.T.) exige para su configuración la constitución en mora del trabajador con carácter previo a su concreción, recaudo que tiene por objeto evitar la ruptura unilateral de la relación laboral por el mero hecho de que el trabajador no concurra a realizar sus labores cuando pudieran existir motivos impeditivos con justa causa.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, decretos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Massot, Gladys Dobler de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 666-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

Si bien el decreto 1086/92 intentó procurar el sostenimiento del poder adquisitivo de los agentes del sector público -en particular de aquéllos de menores ingresos-, y autorizó a la Caja de Jubilaciones a disponer el pago de determinados porcentajes a jubilados y pensionados, conviene aclarar que esa proporción para la determinación originaria del haber en pasividad no necesariamente debe mantenerse con el tiempo. En efecto, esa relación entre las remuneraciones del activo y del pasivo con dicho porcentaje no debe mantenerse absolutamente, pero la variación entre unas y otras no debe alterar el justo equilibrio, es decir que se tiene que mantener dentro de límites razonables, sin desnaturalizar el fin de la movilidad, para la efectiva realización de uno de los contenidos fundamentales de la seguridad social: el previsional.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Hugo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

No hay razones sistemáticas que impidan acordar -en función del texto del art. 256 in fine, C.P.P. (n.a.)- el carácter de elemento básico de la prueba compuesta a los medios imperfectos de carácter directo que la norma menciona, esto es al testimonio hábil, a dos testigos inhábiles y a la confesión extrajudicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, nulidad del acto jurídico, acción de nulidad, orden público
Materia: COMERCIAL
Carátula: KOWALLCZUK MARIO ATILIO c/ LA CASA DEL TECNICO  S.R.L.  - s/ DEMANDA - NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-11-15

Una sociedad es nula "ab initio" por falta de tipificación societaria, aunque la sociedad haya funcionado y el socio haya percibido utilidades; aunque se hayan efectuado balances como si la sociedad fuese perfectamente constituida, y aunque se hayan efectuado contrataciones con terceras personas.

Este tipo de nulidad, se da en las sociedades regularmente inscriptas ,cuyas cláusulas atípicas han escapado al control de legalidad, por lo que quedan excluidas las sociedades de hecho. Esta sanción legal a las sociedades registradas se justifica en razón de que la nulidad sobreviniente del contrato social quita la posibilidad de que el socio se ampare en la responsabilidad limitada, de allí que la ley no distingue quien puede iniciar la acción de nulidad, pues sólo queda excluida de ella el deudor social, no así el socio que se encuentra afectado por un vicio que le atañe.

La nulidad absoluta, a pesar del principio establecido en la ley societaria referida la continuidad de la empresa está establecida para proteger el orden social, las buenas costumbres o de un modo más general, cuando se afecte el orden público.
Impuestos, realidad económica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Salerno, Nelly Hilda y Otros (TF 23.674-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-19

La aplicación del principio de realidad económica como mecanismo tendiente a posibilitar el análisis de la situación fiscal del contribuyente prescindiendo de las estructuras jurídicas en base a las cuales éste ha declarado sus impuestos, requiere que dichas estructuras se revelen como inadecuadas, esto es, en los términos del artículo 2, que no sean las que en derecho privado mejor se adapten a la verdadera intención práctica perseguida por el contribuyente; o que, en su defecto, no respondan a la realidad económica subyacente en los hechos tenidos en cuenta para la consideración de la situación impositiva (Cons. V).
Ministerio Público Fiscal, caución real, arresto domiciliario, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Baez, Lazaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

El voto concurrente señaló que los jueces de la instancia anterior se apartaron de la suma en pesos solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, e impusieron otra que prácticamente duplica el valor requerido. En efecto, el Fiscal de la instancia anterior dictaminó que la suma de la caución real impuesta debía determinarse en $386.578.500. Explicó que arribó a dicha suma mediante la conversión del monto de 5.500.000 dólares estadounidenses a pesos argentinos conforme a la cotización del dólar minorista publicada por el Banco Central de la República Argentina, la que ubicó en $70,287 por dólar. Sin embargo, los jueces entendieron que dicho cálculo debía realizarse en base a la cotización del dólar que rige en el mercado electrónico de pagos (MEP) ya que, según su criterio, era la que mejor se adecuaba para garantizar el sometimiento de Báez al proceso. En definitiva, fijaron el monto de la caución establecida en la suma de $632.500.000. Así, no resulta difícil colegir que el tribunal incurrió en un exceso jurisdiccional al imponer un monto mayor al solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, lo que implica una vulneración al límite del acusatorio que surge expresamente para las medidas cautelares de coerción del art. 210 del CPPF, actualmente vigente en función de lo establecido por el art. 1° de la Resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal (B.O. 13/11/2019). En lo que refiere al arresto domiciliario también se advierte que no se verificó controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica y lo dictaminado fundadamente por el Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior, ratificado por el Fiscal General ante esta instancia. Por ello, el pronunciamiento impugnado trasunta un excesivo rigor formal al soslayar el tratamiento de las cuestiones planteadas en los términos de la falta de contradictorio entre las partes. Dres. Carbajo y Borinsky -voto concurrente-.
Accidente de tránsito, prueba, daños al automotor, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: BENITEZ ALBERTO CESAREO c/ GUAITA ALFREDO LUIS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

La prueba del daño ocasionado por un accidente de tránsito, se ha dicho reiteradamente, es esencial para la admisión judicial del resarcimiento, pues si bien es facultad de los jueces al fijarlo aunque no resulte acreditado exactamente, debe siempre probarse la realidad del perjuicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, ordenanzas municipales, Impuesto sobre los ingresos brutos, contribución especial de emergencia
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Tejidos Argentinos  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

No habilita la instancia extraordinaria, la discrepancia con la inteligencia asignada a la ordenanza 40.208/84 que establece un adicional de emergencia del impuesto a los ingresos brutos.