marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barral, Mauro Rafael s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-21

La importancia y validez probatoria del testimonio brindado en el juicio oral, donde las personas son vistas y escuchadas directamente por el Tribunal encargado de juzgar, surge no solamente del contenido intrínseco del relato o de las respuestas dadas, sino también de la manera en que las personas se manifiestan, circunstancias éstas que indudablemente le sirven al Tribunal para apreciar con mayor exactitud o idoneidad la veracidad o no de los respectivos testimonios.
Filiación, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: BOLAÑEZ TERESITA VIRGINIA c/ FONZO EMILIO CLAUDIO s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-29

En un juicio de filiación puede reclamarse el daño material y en esto incide el tiempo negado a la persona en el emplazamiento de estado familiar por culpa del demandado, pero esta situación no configura en si misma un daño material, si no está debidamente acreditada como perjuicio.
Recurso de inconstitucionalidad, convenios colectivos de trabajo, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: TORRES, SERGIO c/ 20 DE JUNIO SRL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  AUSTRALES (CSJ EXPTE N. 344-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-21

Para franquearse la vía de la instancia extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad, el recurrente debe demostrar -con relación a la vigencia y aplicación de Convenciones Colectivas de Trabajo- que dicha normativa ostenta carácter imperativo, y, por tanto, el desconocimiento de la misma por parte del sentenciante merece reproche constitucional. En el sub judice, la norma que el recurrente dice soslayada por el A quo (artículo 29 del Convenio Colectivo suscripto entre UTA y CETUP de fecha 13-07-1976) no había sido invocada expresamente en baja instancia, no advirtiéndose de qué manera la imposibilidad de descargo para el actor podría haberse convertido en una violación al derecho de defensa desde que, judicializada que fuera la ponderación de la ruptura del vínculo laboral, la demandante contó con la posibilidad de amplio debate y producción de medios probatorios propios del proceso, a fin de persuadir acerca de la injusticia del despido.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Son presupuestos del concepto de garantía parlamentaria, por un lado, el interés, es decir, una relación de utilidad entre un sujeto y un bien, y, por otro, el peligro, esto es, la posibilidad de un evento dañoso que, nacido de fuerzas antagónicas, pueda menoscabar o destruir dicho bien. En el juego de estos presupuestos es evidente que la garantía aparece como el aprontamiento defensivo predispuesto para la tutela del primero contra la posible producción del segundo.
Desestimación de la denuncia, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: P. C., L. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-20

Mauro Divito, en disidencia, precisó que la circunstancia de que el fiscal hubiera postulado la desestimación de la denuncia y en esta instancia no formulara adhesión el fiscal general al recurso de la pretensa querellante, no impedía que el trámite de la causa avanzara.
Intervención judicial, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Acuña, Carlos c/  s/ intervención judicial a agrupación política - Partido Justicialista Orden Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-09

Corresponde ordenar la intervención judicial del partido político y designar un interventor judicial, habida cuenta que los resultados electorales adversos obtenidos en las dos últimas elecciones profundizaron la división interna que venía gestándose con antelación y que en dichos comicios se ha observado que reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el partido no formó parte, o directamente se postularon como candidatos de esas agrupaciones que compitieron contra el propio partido. Asimismo, cabe destacar que la última reunión del Congreso Nacional partidario fue realizada hace más de dos años y que dicha inacción resulta inexplicable frente a la cantidad de cuestiones que deben resolverse para posicionar la agrupación partidaria frente a las elecciones de 2019.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, deuda previsional, AFIP
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cueto, Patricio Ignacio c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fisco nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Además, la cuestión planteada debe abordarse en el marco de la regulación establecida por la ley 24241 que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en cuanto dispone que "...están obligatoriamente comprendidos en él, las personas físicas mayores de 18 años que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República cualquier actividad lucrativa que no configure una relación de dependencia... " y que "...los afiliados autónomos tienen el deber de depositar los aportes obligatorios a la orden del SUSS (ley 24241: 8, 10-c, 11 y 13-b); sin que obste a tal obligatoriedad la circunstancia de estar comprendido, además, en otro régimen jubilatorio nacional, provincial o municipal, ni el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro; ni tampoco el ejercicio simultáneo de una actividad, salvo en los casos que expresamente determina... (ley 24241: 2-b, 5 y ccs.)" (conf. Dictamen del Procurador Fiscal en la causa "Scalise").
Programa Médico Obligatorio, medicina prepaga, medidas cautelares, planes de cobertura médica
Materia: PROCESAL
Carátula: BILLAR FRANCISCA c/ GALENO ARGENTINA DIVISION BLANCO s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

Más allá de la inclusión o no de la prestación reclamada en la convención que vincula a las partes y en el Programa Médico Obligatorio, se debe tener presente que el Tribunal ha destacado que las empresas que prestan servicios de medicina prepaga deben cubrir -como mínimo- idénticas prestaciones obligatorias que las dispuestas para las obras sociales, puntualizando que ello conforma el límite inferior del universo de prestaciones exigibles, mas no necesariamente su tope máximo (cfr. esta Sala causas Nº 5411/07 del 9-10-08, 2867/05 del 26-2-08). Considerando el estado de salud de la actora (enfermedad de Alhzeimer), que deambula en silla de ruedas, incontinencia urinaria y fecal, cuidados permanentes para sus necesidades básicas, que la hacen depender absolutamente de terceros; y ponderando que la accionada también controvierte su obligación de cubrir las prestaciones que recomienda su facultativo, teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita el agravamiento de las condiciones de vida de la actora, objetivo este que, en el contexto de autos, esta por encima de intereses exclusivamente crematísticos. El mantenimiento de la medida dictada por el señor juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por los médicos tratantes, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
Contrato de trabajo, despido, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: De la Torre, Leandro Javier c/ Establecimiento Gráfico Impresores S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

Si el trabajador reconoció expresamente que dejó de concurrir a su puesto de trabajo (retención de tareas) y que la razón de sus inasistencias se justifica por los incumplimientos patronales achacados en el intercambio telegráfico (falta de registración del vínculo laboral), de conformidad con lo normado en el art. 377 del CPCCN, pesaba sobre el trabajador acreditar que sus ausencias estaban realmente justificadas, o lo que es lo mismo, demostrar que los incumplimientos invocados para sustraerse a la prestación de servicios eran reales. Ante la ausencia de dicha prueba el despido directo dispuesto por el empleador resulta justificado. (Del voto del Dr. Balestrini, en mayoría).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marvag Constructora S.R.L. c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La fuerza de convicción que puedan o no aportar las respuestas concretas del experto no está en función de cómo han sido formuladas las preguntas, sino del valor intrínseco de dicha respuesta para esclarecer los hechos controvertidos.
Medidas cautelares, banco central, entidades financieras, autorización para funcionar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Banco  Europeo para América latina (BEAL) SA c/ BCRA-RESOL 93/04(Expte 66219/02)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-18

Debe concederse la medida cautelar solicitada suspendiendo parcialmente los efectos de la resolución del B.C.R.A. en cuanto a la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera en los términos del art. 44 inciso d) de la ley entidades financieras, hasta tanto se resuelva el recurso judicial directo interpuesto por la parte actora en virtud de lo disuesto en el art. 47 de la ley 21.526, fijándose a tal efecto una fianza como caución real equivalente al 5% de los activos de la actora en moneda de curso legal u otra forma de garantía.
Desacato, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Mitchell Mary s/ Den. desacato en Junín. Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Ante la presunta comisión del delito de desacato, la competencia se determina por el lugar en que aquél se habría perpetrado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, trabajadores fuera de convenio, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: REYES  CUBILLOS  RODOLFO  RICARDO c/ ORIGENES A.F.J.P. S.A.Y OTROSS/ s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-12

Comprobada la inexistencia de convención colectiva aplicable en el ámbito de la sociedad demandada y habida cuenta que el art.

16 LCT proscribe la aplación extensiva o analógica de las convenciones colectivas de trabajo, se debe calcular la indemnización por despido sin aplicación de tope.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: PETRUCCELLI FIDEL PRIMO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - PERSONAS JURIDICAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

Si bien las personas jurídicas como la Municipalidad responden de los daños que causen quienes las dirigen o administran, en ejercicio o con ocasión de sus funciones, como también de los hechos de sus dependientes, debe necesariamente probarse la concurrencia de los elementos de los hechos ilícitos de dichas personas físicas. No basta proclamar, en el supuesto de responsabilidad del Estado una culpabilidad difusa o genérica ante aparentes desaciertos en la promulgación de leyes u ordenanzas y en los diversos actos administrativos. Procede la indemnización del lucro cesante en virtud de la responsabilidad del Estado por las consecuencias de sus actos lícitos.

Tanto en materia de responsabilidad aquiliana como en la proveniente de actividades lícitas el Estado debe cumplir el principio de la reparación integral, a menos que se trate de situaciones en las que esté prevista legalmente la exclusión del lucro cesante y a salvo el tema de su constitucionalidad. Frente al silencio legal respecto de la indemnización o no del lucro cesante debe cobrar todo su imperio aquél principio.

Así se lo ha reconocido, en particular, en los casos de revocaciones de permisos para edificar. No procede, la aplicación analógica de las normas y principios de la expropiación y de otros régimenes, en lo que atañe a la improcedencia del reclamo por lucro cesante, debiendo prevalecer, en el caso de una resolución unilateral del contrato administrativo, el principio de la responsabilidad plena del Estado por perjuicios originados a través de sus actos lícitos.

Demandados daños y perjuicios por las restricciones edilicias, ya que los accionantes no pudieron hacer el edificio proyectado, con permiso en trámite, a tenor de las posibilidades que ofrecía el anterior Código de la Edificación, pues el inmueble fue afectado a una obra pública, tramitándose el juicio de expropiación irregular con sentencia de ambas instancias que no llegaron a cumplir por la desafectación consecuente al desistimiento de la obra vial, y toda vez que es posible levantar otro edificio de menor altura y superficie cubierta, es decir con inferior producción de unidades para la venta o provecho propio, la pérdida de la ganancia estará dada únicamente en la medida de la diferencia entre lo que se habría podido obtener en las condiciones edilicias que autorizaba el Código de la Edificación y lo que será dable lucrar con la construcción ahora permitida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Peloso, Héctor Raúl s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que cuestiona la no consideración de una supuesta atenuante si en un sentido la misma fue tenida como integrante de una circunstancia de atenuación en la sentencia recurrida, y el recurrente no explica en qué otro sentido podría revestir tal carácter.
Impuestos, retenciones impositivas, comercialización de combustibles, transferencia de combustibles
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Y.P.F. S.E. c/ Esso  S.A.P.A. s/ proc.  de  conoc".  y susacumulados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

Conforme al artículo 3 de la ley 17.597 el Poder Ejecutivo se encontraba facultado a fijar los valores de retención, es decir, la parte del precio que remuneraba los costos de su refinación, transporte y comercialización, en cuyo ejercicio debía cuidar que su fijación permitiese la cobertura de los costos de producción y la obtención por parte de las empresas de una utilidad.
Candidatos, impugnación de la elección, cuestión abstracta, muerte
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales, Gerardo Rubén - Presidente de la Unión Cívica Radical- s/ Impugna a Diputado Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Corresponde declarar abstracta la cuestión si se había impugnado la candidatura de un ciudadano a diputado nacional con fundamento en el incumplimiento del requisito de residencia establecido en el art. 48 de la Constitución Nacional y, con la actuación preliminar cumplida por los tribunales electorales oficializando dicha candidatura, y ante el juicio ulteriormente llevado a cabo por la Cámara de Diputados de la Nación a fin de incorporarlo a su seno (art. 64), el proceso electoral se encuentra actualmente conluido en todas sus etapas, a lo que se agrega el reciente fallecimiento del diputado.
Despido con causa, mala fe, daño moral, licencia por enfermedad, trabajo en otra empresa
Materia: LABORAL
Carátula: V. C. D. C. c/ Sánchez, Claudia Mariel s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-06-22

Cabe rechazar la existencia de daño moral dado que la mala fe en la que incurriera la actora en su accionar -trabajó para otro empleador mientras se encontraba con licencia médica- importó un aprovechamiento de la situación y causó un perjuicio a la empleadora y, en consecuencia, se relativizan los términos vertidos en la misiva de despido. Es que en el contexto en que se presentaron los hechos, las frases utilizadas se presentan en directa conexión con la conducta llevada adelante por la accionante que trasuntó en un actuar contrario a la buena fe.
Quiebra, boleto de compraventa, verificación de créditos, cosa juzgada, incidente de revisión, tercería de dominio, juicio ordinario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sanchez Pascasio Bernandino s/ Tercería de Dominio o de Mejor Derecho - Quiebra Pedida - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-02-17

1- La obligación asumida por el vendedor en el contrato de compraventa es transferir la propiedad de una cosa (art. 1323 CC) obligación ésta que se integra con la instrumentación adecuada del contrato (escritura), la tradición y la registración. La multiplicidad de conductas que conforman la prestación debida, posibilitan su discontinuidad, pero pese a ello sigue tratándose una prestación única, necesariamente indivisible: transferir el dominio al comprador.

2- La sentencia, recaída en la tercería, declara el derecho personal del incidentista a obtener la escrituración de que se trata, pero la ejecución de ese derecho frente a la masa, está condicionada por lo que al respecto dispone la ley concursal y requiere la insinuación en la ejecución colectiva. Desechada ésta mediante pronunciamiento firme, mal puede el incidentista reiterar su pretensión con ese objeto.

3- El principio general e insoslayable es que los créditos insinuados tempestivamente (art. 33, ley 19.551, art. 32, ley 24.522) sobre los cuales ha mediado pronunciamiento expreso acerca de la pretensión sustancial o relación jurídica, no pueden reproponerse mediante verificación tardía o por vía de tercería, sino que contra los resultados adversos sólo resta el carril del incidente de revisión.

4- La declaración de quiebra genera la carga procesal de todos los acreedores de insinuar sus créditos para obtener el reconocimiento de la cuantía y graduación de los mismos; es un procedimiento típico completado por el incidente de revisión, en el que al interesado -como en cualquier otro proceso- le incumbe la prueba de los hechos jurídicamente relevantes en que asienta su pretensión. Así, la tercería,(en sede civil), es alcanzada por el efecto negativo de la cosa juzgada que impide el replanteo de esta cuestión ya decidida, ante la falta de utilización del proceso incidental que la ley falimentaria ha previsto con exclusión a todo otro.

5- La sentencia recaída en la tercería, declara el derecho personal del incidentista a obtener la escrituración de que se trata, pero la ejecución de ese derecho frente a la masa, ésta condicionada por lo que al respecto dispone la ley concursal y requiere la insinuación en la ejecución colectiva. Desechada ésta mediante pronunciamiento firme, mal puede el incidentista reiterar su pretensión con ese objeto.
Prisión domiciliaria, madre del menor, interés del menor
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Chocobar, Norma Gladys s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-13

Está debidamente fundada la denegatoria de la prisión domiciliaria solicitada por una encausada en orden al delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización, madre de una menor de cuatro años de edad y de un bebé, si tal solución es la que mejor se compadece con los intereses de los menores, ya que actualmente la niña se encuentra bajo el cuidado de su tía paterna y el bebé está junto a la encartada en su lugar de detención, en condiciones que se informaron aptas para alojar a madres con niños menores de edad.
Acción de amparo, gravamen actual, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. J. I. V. c/ Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-28

La carga de demostrar la procedencia de este proceso de excepción, no puede sino recaer en cabeza de quien así lo invoca: "...la posible lesión -actual o inminente- a tales derechos debe ser satisfactoriamente demostrada por los demandantes".
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "ENTE Provincial de Energia del Neuquén (TF 19218-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

La exención es un hecho que enerva la eficacia generadora del hecho imponible, es decir que cuando se configura la exención la realización de dicho hecho ya no se traduce en el mando de pago que la norma tributaria originariamente previó. (Cons. IV).
Caducidad de instancia, recusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL. (D.N.R.P.) c/ VEGA GUTIERREZ VEGA S.H. s/ CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. RECUSACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

La providencia que hace saber el juez que va a conocer en caso de recusación -entre otros contemplados- debe ser notificada por cédula Las reglas atinentes a la determinación del "turno" constituyen un mero ordenamiento administrativo del fuero, que no tiene por qué ser conocido por los litigantes a los efectos del seguimiento de las causas. Por tanto, la omisión del juzgado en hacer saber de oficio a los interesados el lugar en que la causa ha quedado radicada y habrá de tramitar en lo sucesivo -no obstante haberlo ordenado- cursando las pertinentes notificaciones, obsta a la procedencia de la perención acusada, ya que en el caso la demora es imputable al Tribunal.-