marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, privación ilegal de la libertad, sustracción de menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

En los casos de sustracción de menores derivados relacionados con desapariciones forzadas de personas aparecen enfrentados principios y derechos constitucionales de similar jerarquía, circunstancia que obliga a los jueces a ponderar con extrema prudencia los valores e intereses que coexisten con el fin de arribar a una solución que conjugue de manera armoniosa aspectos propios de la esfera de la intimidad de las personas, protegidos por el art. 19 de la Constitución Nacional, con otros que la trascienden y acaban por interesar a la sociedad toda.
Filiación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.E.I. c/ M.L. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La eventual oposición de la esposa del demandado fallecido a la prueba pericial que requiere la exhumación del cadáver no puede frustrar tal diligencia, justificada en razón de atención a otros valores prevalecientes. Esto es, el interés social afectado en su esencia misma, por cuanto la filiación es el cimiento de la institución de la familia y ésta lo es a su vez de la sociedad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tutela sindical, trámites judiciales, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

La determinación del procedimiento a seguir para el amparo sindical es competencia de las leyes y tribunales locales, conforme a nuestro régimen constitucional federal, por lo que la disposición que contiene el art. 47 De la ley 23551 constituye un mero precepto indicativo.
Daños y perjuicios, daño resarcible, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OQUI c/ PICCIONI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S063 - 054)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-03-01

No se concebiria logica y racionalmente, que una persona tenga un automovil afectado al servicio publico de pasajeros como taxi, sin ningun tipo de beneficio, o que desempeñe una actividad como mero esparcimiento.-
Cuestiones de competencia, competencia previsional, restitución de sumas de dinero, haber jubilatorio, caja complementaria, objeto del proceso, pretensión, acceso a la justicia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ Volpini, Hugo Nestor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

Así como no existen dudas acerca de la competencia de la justicia de primera instancia de la seguridad social en una causa en la que la A.N.Se.S. demanda a un beneficiario por reintegro de sumas pagadas en exceso en el haber previsional (aunque dicho supuesto no esté expresamente previsto en el art. 2 de la ley 24.655), tampoco escapa a la esfera competencial del mismo fuero una acción en la que, si bien quien demanda es el Banco de la Nación Argentina, lo hace persiguiendo el cobro de sumas desembolsadas en más, en virtud del pago de un subsidio que tendía a garantizar un adecuado haber de pasividad. Al respecto, señala Bidart Campos que la ausencia de normas procesales no es un obstáculo insalvable para que se sustancie un proceso . Por otro lado, confundir la naturaleza de la pretensión con la persona que pretende, como pauta de deslinde competencial, genera una suerte de dispersión de la faena jurisdiccional, frustra el acceso a la justicia y menoscaba el derecho de defensa de las partes. (Del voto del la mayoría)
Primacía de la realidad, secreto profesional, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Teniendo en cuenta la primacía que la ley de fondo tiene sobre la adjetiva, de una atenta lectura del texto del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, se desprende que el deber de denunciar -que está dirigido a los profesionales allí enunciados, sin distinción entre los que prestan servicios en reparticiones públicas o privadas-, debe analizarse siempre en relación a la excepción aludida en la última parte del inciso 2 de dicha norma. En efecto, no ante cualquier noticia de la probable comisión de un delito se tiene la obligación de poner en conocimiento del mismo a la autoridad que corresponda, sino que primordialmente debe tenerse en cuenta que tal conducta no se encuentre al amparo del secreto profesional. Es decir, el deber de guardar secreto no es absoluto, sino que está supeditado a que no se quebrante el secreto profesional. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Belagarde, Adolfo Guillermo c/ Gentili, Emilio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

El art. 118 del Código Procesal Civil y Comercial, en su inc. 1, establece que los escritos deberán confeccionarse en tinta negra o azul negra, exigencia que se extiende a la firma de los mismos.
Renuncia al empleo, validez del acto jurídico, derechos irrenunciables, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Bernabé Jesús y Otro c/ Search Organización de Seguridad SA s/ Indemnizaciones de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

La renuncia negociada es en principio legítima y no cabe juzgarla siempre y necesariamente nulo por aplicación del artículo 12 L.C.T. La nulidad establecida prevista en esta norma alcanza a la renuncia a derechos indisponibles, no a la renuncia al empleo, que es regida por los principios generales relativos a la validez e invalidez de los negocios jurídicos. Si bien es cierto que por medio de la renuncia al empleo puede llegarse a la renuncia a los derechos inherentes al despido injustificado y que la indisponibilidad de éstos impone un examen riguroso de los requisitos necesarios para la validez de los actos jurídicos, ello no es bastante para autorizar una presunción de vicio de la voluntad ni mucho menos una extensión automática de la nulidad prevista para la renuncia de derechos.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fuertes, Mariana V. c/ Picasso, Luis A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

La ley arancelaria (D.L. 8904/77) distingue tres tipos de convenios en torno a los honorarios profesionales: a) aquél en que simplemente se pacta la remuneración por un trabajo (art. 3); b) aquél en que el letrado se hace partícipe en el resultado del juicio, denominado "pacto de cuota litis" (art. 4); c) aquél en que la prestación asume la modalidad del tracto sucesivo -el servicio es permanente y sobre asuntos indeterminados- y su remuneración es periódica (art.

18). La registración en el colegio departamental que este artículo 18 establece, sólo rige respecto a la última modalidad, donde la remuneración preestablecida que se percibe en lapsos también preestablecidos, es obstativa de cualquier reclamo por honorarios judiciales a cargo de su cliente que pudieran corresponder al profesional.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Fiorino, Marcelo Ariel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-05

No procede la concesión del beneficio cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa (art. 76 bis último párrafo del CP) y en tanto su naturaleza de pena se impone sólo a quien se ha declarado culpable por lo que no se la puede considerar como una medida autoreferente. La disidencia expresó que procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación en virtud que la CSJN en el fallo "Norverto" admitió -en forma tácita- la procedencia del instituto en el caso señalado. Se remitió al fallo "Balenzuela, Graciela Susana s/rec. de casación", reg. 15.155 del 17/9/09 de esa Sala. (Dres. Yacobucci, Mitchell -en disidencia-, García).
Declaración de insania, menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., Julio s/ INSANIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Tratándose de un incapaz menor de edad, de quien sus progenitores se han desentendido, faltando a sus deberes primarios en ejercicio de la patria potestad, lo que de hecho impide la representación del incapaz, resulta indispensable el nombramiento de un curador (art. 468 Cód.Civil).
Competencia provincial, reproducción ilegal de obra intelectual, videocassette
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Rossi, Luis Daniel s/ INFR.ART. 72 INC. A. LEY 11.723.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Es competente la justicia provincial para conocer en la comisión del delito previsto en el art. 72, inc. a) de la ley 11723 consistente en la reproducción, sin autorización, de video-casetes.
Acción contencioso administrativa, depósito previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Expreso Quilmes S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La condición que el artículo 30 impone a la procedencia de la demanda no se cumple cuando el pago se efectúa mediante un depósito judicial, pues en tales supuestos -con independencia del importe depositado- es indudable que resulta ineficaz que la suma de que se trate sea depositada en forma oficiosa y unilateral en una cuenta judicial, pues en tal caso el pago no es estrictamente "previo" y en rigor se trata de un procedimiento que no constituye siquiera un "pago" en los términos de las normas que rigen el instituto.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: A. M. A. c/ A. R. C. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-17

El Código Civil contempla la atribución de responsabilidad en un evento dañoso conforme dos posiciones extremas, es decir o la culpa del dañador que produce la atribución de la totalidad de las consecuencias dañosas, o la de la víctima, que lo exime completamente. Sin embargo cabe atribuir, en consonancia con la jurisprudencia generalizada, las consecuencias dañosas de un accidente en parte al dañador y en parte al dañado. Tal el caso de autos, en tanto ha sido acreditada una concurrencia de culpas, la del demandado, al embestir a la actora conduciendo sin el debido dominio de su vehículo y con un grado aunque sea leve de alcohol en sangre, causándole los daños acreditados y que no son materia de cuestionamiento por parte de los recurrentes y, en forma conexa, la de la víctima que sufrió el daño también por su negligencia al haber asumido el riesgo de detenerse en contravención a la ley de tránsito a arreglar un desperfecto en la calzada, de noche y sin iluminación suficiente, constituyendo un obstáculo imprevisible para los conductores.

Para la existencia de culpa recíproca es necesario que tanto el conductor como la víctima hayan tenido activa participación en el mismo (concausa) como que el daño sea el resultado de una conducta asumida por ambas partes y haber sido cada una de ellas, condición indispensable para la producción del perjuicio procreando esa concurrencia. Es menester que el hecho de la víctima sea a su vez ilícito, imprudente o antirreglamentario o sea haber causado el daño en cierta medida y ser culpable de ello.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño material, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez de García, Tapia Adelina c/ Olivera, Casimiro R. y otros s/ Daños y perjuicios y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

Corresponde a la demandada demostrar que alguno de los daños ya los padecía con anterioridad el rodado, o en su caso que fueron ocasionados en otra colisión posterior.
Vacaciones, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Miguel Angel c/ Dall'Agnese, Francisco y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Con arreglo a lo normado por el art. 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador que pretende que el pago anticipado de las vacaciones no configuró su efectivo otorgamiento debe demostrarlo en el juicio.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño
Materia: PENAL
Carátula: M.L.C y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-01

Tanto la CDN como la ley N°26.061 disponen que en toda decisión judicial, administrativa o proveniente de organismos intermedios de la sociedad (familia, escuela, club, etc.) la consideración primordial para resolver cualquier conflicto de intereses en que estén involucrados los derechos de niños y adolescentes será priorizar sus intereses por sobre el delos adultos. Tal principio también ha sido consagrado en forma expresa en el flamante CCyCN, disponiendo su art. 706 inc. c) que la decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas. Tal atención al interés superior del niño y adolescente a la que hacen mención el art. 3 CDN y el art. 706 CCyCN viene a constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a su efectiva protección.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto  Provincial  del  Seguro  y  Gobierno  de  la Provincia de Misiones s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-05

La introducción de la cuestión federal, aún cuando se funda en la doctrina de la arbitrariedad, y no se exijan términos sacramentales ni solemnidades especiales; sí es necesaria la mención concreta del derecho federal en juego y su vinculación directa e inmediata con la materia debatida en la causa, la mera declaración efectuada por la demandada respecto a que "la sentencia estaría lesionando derechos constitucionales de propiedad. Tal reserva nada significa en realidad, porque se funda en expresiones inconcretas y ajenas a la materia.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: Demaio De Posse, Maria c/ Plastix S.A.C.I.C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1964-10-06

En casos de incendios originados en un edificio y propagados a una finca contigua, al propietario del inmueble donde comenzó el fuego le corresponde acreditar que el siniestro se debió a un caso fortuito, pues el incendio -por sí solo- no constituye un caso de esa naturaleza.
Divorcio, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

El artículo 7 del nuevo Código Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3 del anterior Código Civil, según decreto ley 17.711/1968), sienta dos directivas básicas: en primer término, la inmediata eficacia de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.(del voto del doctor Soria).
Seguros, prescripción, cómputo del plazo, seguro colectivo, juicio ordinario, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acosta Salinas, Daniel Hernán y otro c/ Mapfre Argentina Seguros de Vida SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-27

1 - El modo en que el plazo de prescripción anual se computa en los seguros de vida se asienta en una "normativa especial" (así se la califica en Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio, comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 94, n° 4) que, por tanto, se diferencia de otras modalidades del seguro. Así, dejando de lado el caso en que el siniestro esté dado por una incapacidad, cuando lo es la muerte del asegurado, el plazo de un año comienza a correr el día del fallecimiento. Tal la regla general (conf. Halperin, I., Seguros - Exposición crítica de la ley 17.418, Buenos Aires, 1972, p. 666, n° 14).

2 - Puede ocurrir, empero, que el beneficiario del seguro de vida ignore la muerte del asegurado o, no desconociéndola, que ignore su condición de beneficiario. En cualquiera de las dos hipótesis, la ignorancia opera como una dificultad o imposibilidad de hecho que impide temporalmente el ejercicio de la acción (conf. CNCom, Sala D, 31/5/94, "Sanguinetti, Julio c/ Instituto Italo Arg. de Seguros Grales. SA s/ ordinario"; íd. Sala A, 16/6/88, "Ulmete, Asdrubal c/ La Meridional Cía. de Seguros SA"; Stiglitz, R., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2008, t. III, p. 351, n° 1259; Meilij, G. y Barbato, N., Tratado de Derecho de Seguros, Rosario, 1975, p. 196, n° 293). 3 - Y, en atención a ello, la ley modifica el punto de arranque de la prescripción, sin que esa modificación importe establecer un término extintivo mayor al anual (conf. CNCom, Sala A, 16/6/88, "Ulmete, Asdrubal c/ La Meridional Cía. de Seguros SA"). Se produce, así, una excepción a la indicada regla general de que la prescripción corre a partir de la fecha de deceso del asegurado.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, OCTAVIANO c/ FRUGOLAN  S.A. s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Si las lesiones padecidas por el trabajador fueron consecuencia de que éste hubiera embestido una máquina a causa de un traspié o resbalón, no puede afirmarse que tal hecho fuera consecuencia de la falta de protección adecuada, y el empleador no responde en los términos del art. 1113 del C.Civil, sino que el caso queda enmarcado en la ley de accidentes de trabajo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo, agravantes de la pena, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

La acepción estrictamente gramatical del vocablo "arma", es definida en el diccionario de la Real Academia Española como "Instrumento, medio o máquina destinados a ofender o defenderse", poniéndose así énfasis en el destino del instrumento y no en la habilidad para cumplirlo en determinado momento, que puede ser circunstancial y subsanable. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Recurso de casación, cosa juzgada, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., J. L. s/ Incidente de Excarcelación en autos 1234/06
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-25

"Cualquiera que sea el motivo de casación, si el recurso ha sido desistido expresa o tácitamente... o es rechazado por cualquier causa por el tribunal de casación, la sentencia también quedará firme y desde su origen. Si el recurso de casación es rechazado, a nadie se le ocurrirá sostener que la decisión de la relación controvertida está constituida por la decisión de la Corte Suprema.

La sentencia del tribunal de casación que rechaza el recurso, hace adquirir, inmediatamente, el carácter de cosa juzgada a la sentencia que fue objeto de impugnación. Esa decisión tiene carácter meramente declarativo y se limita a dejar en vigor la sentencia de mérito.

No es la sentencia del tribunal de casación la que constituye la cosa juzgada material, sino que ese carácter lo tendrá la sentencia definitiva, que resulta por esta vía confirmada, expedida en su eficacia jurídica".
Procedimiento laboral, recurso de casación
Materia: LABORAL
Carátula: REMELLO SUSANA B. Y OTRAS c/ ASOCIACION    DE    REHABILITACION  DEL  NIÑO  LISIADO    A.R.E.N.A. s/ DEMANDA POR DESPIDO-RECURSO DE CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-31

La interpretación del a-quo implica apartamiento de los términos de la litis, por cuanto la juzgadora -a partir de los hechos invocados por las partes (falta de notificación del estado de embarazo) aplicó el derecho efectuando la labor de subsunción que era su deber realizar. Si la norma exige determinadas condiciones para hacerse acreedor a un derecho, la circunstancia de que el juez verifique su cumplimiento no trae aparejado sin mas un apartamiento de los términos de la relación procesal. El "conocimiento del estado de embarazo" como causa determinante del despido, negado por la demandada, requiere -según la interpretación que formula la a- quo no sólo la comunicación de tal estado, sino también su acreditación fehaciente por los medios impuestos legalmente. De allí que la negativa inicial se extiende a este último aspecto sobre el cual no ha mediado prueba alguna. El recurso debe rechazarse.
Libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrantes, Juan Martín; Molinas de Barrantes, Teresa - TEA S.R.L. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

El punto de partida de la doctrina de la real malicia está en el valor absoluto que tiene que tener la noticia en si, en su relación directa con un interés público y su trascendencia para la vida social, política o institucional, a lo que se suma la misión de la prensa, su deber de informar a la opinión pública proporcionando el conocimiento de qué y cómo actúan sus representantes y administradores, si han cometido hechos que deben ser investigados o incurren en abusos, desviaciones o excesos, revelando así el prioritario valor constitucional según el cual debe resguardarse el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran la discusión sobre asuntos públicos como garantía esencial del sistema republicano democrático. (La jueza Argibay, en disidencia parcial, respecto a los agravios atinentes a que los montos concedidos en concepto de indemnización eran excesivos y constituían una censura encubierta, declaró inadmisible el recurso (art. 280 del CPCC).