Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17


Ciudad de Buenos Aires, 17 de marzo de 2006. VISTO: El expediente mencionado en el epígrafe a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 219/224 vta., contra la sentencia obrante a fs. 207/209, y CONSIDERANDO: 1. Que los señores E. D., D. U., E. N. B. -en representación de su hijo menor R. V., C. G. C., y E. J. G. y S. E. C. -por sí y en representación de su hijo menor A. G.-, promovieron acción de amparo contra "el decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nro 692 y las normas complementarias y correctoras posteriores concordantes" (ver fs. 1). Sostuvieron que con posterioridad a la tragedia del local "República de Cromagnon" el Gobierno de la Ciudad había implementado un sistema de atención hospitalaria y ayuda económica para solventar, entre otras cosas, los gastos de traslado entre los establecimientos de atención física y psíquica y para cubrir de alguna forma la pérdida del ingreso por sus trabajos debido a que no se encontraban aptos para desarrollarlos y carecían de tiempo debido a la concurrencia a los distintos centros de atención. Manifestaron que esa "ayuda económica" era absolutamente discrecional, que el monto dependía de las necesidades o de lo que el Gobierno entendía que podían necesitar. Indicaron que mediante el decreto 692 no sólo se estableció un monto mucho menor del que percibían bajo el sistema anterior, sin oque se había configurado una injusta e ilegal diferenciación entre los familiares de las víctimas fatales y los sobrevivientes y sus familias, creando una desigualdad, categorizando, de alguna manera, el dolor de unos y de otros. Señalaron que en el caso de los familiares de las víctimas fatales el subsidio era el doble de lo que se estipulaba para los sobrevivientes y sus familias ($1.200 y $ 600, respectivamente), y que de la lectura de la norma en cuestión no se desprendía el motivo por el cual se efectuaba esa distinción. Sostienen, finalmente, que la diferencia es irrazonables, discriminatoria, arbitraria, y afecta el principio de igualdad. 2. Que la señora juez de grado rechazó la acción de amparo incoada (ver fs. 207/209). Para fundar su decisión afirmó que no se advertían razones fácticas o jurídicas para descalificar la constitucionalidad del decreto 692/05. Adujo que la norma en cuestión había sido dictada para otorgar una solución específica a la problemática nacida a partir del siniestro República de Cromagnon, puesto que hasta su dictado, los subsidios otorgados a sobrevivientes y familiares de las víctimas habían sido instrumentados en el marco del programa "Nuestras Familias" que atendía contin gencias diferentes a las nacidas como resultado de la catástrofe. Destacó, en ese sentido, que la distinción en la cuantía de las ayudas económicas plasmada en el decreto 692/05 no era nueva sini oque se implementaba antes de su entrada en vigencia, ya que sus alcances se evaluaban "según la especificidad del daño". Por otra parte, entendió que parecía razonable establecer una diferenciación entre quien fue sobreviviente y quien falleció en la tragedia y, a partir de allí, fijar una distinta escala de ayuda económica. Por último, puntualizó que no se había probado concretamente el daño causado por la alegada insuficiencia del subsidio y que, además, el objeto de la norma en cuestión no era una indemnización de daños y perjuicios -ventilable por otra vía- sino que se dirigía a instaurar una "ayuda económica" que no podía relacionarse con las consecuencias pecuniarias que se habrían originado en la tragedia. 3. Que la sentencia reseñada fue apelada por los actores (fs. 219/224 vta.), y sus argumentos fueron con testados por su contraria a fs. 228/235 vta.. En su memorial, insisten con la irrazonabilidad de la diferenciación dispuesta en el decreto 692/05, basándose en la identidad del daño sufrido entre el familiar de la víctima fallecida y el sobreviviente. Explicó que ambos sufrían un daño psicológico que podía derivar en un daño físico que requiera un tratamiento. Además, señaló que el sobreviviente sufrió un daño físico y psíquico, lo cual originó la concurrencia a cetros asistenciales por las consecuencias psicológicas. Hicieron hincapié en que categorizar a las víctimas era absolutamente irracional, máxime cuando se lo dividía entre quienes han fallecido y quienes han sobrevivido para establecer quien merece un monto mayor y quien otro menor. Puntualizaron, por último, que el hecho de que oportunamente no hubiesen efectuado reserva no implica que hubiesen renunciado al derecho a una justa retribución. 4. Que, a fs. 240/241 vta., dictaminó la Sra. Asesora General Adjunta, propiciando la confirmación de la resol ución apelada. En el mismo sentido dictamino la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 243/245. 5. Que cabe recordar que en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece -en lo que aquí interesa- que "Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte" (confr. en el mismo sentido artículo 43 de la Constitución Nacional). 6. Que, en ese orden de ideas, corresponde examinar si la cuestión planteada en autos puede enmarcarse en el citado artículo 14. Para ello, es adecuado tener en cuenta q ue en el decreto 692/05 se establece que: "...1) Créase un subsidio único y especial destinado a las víctimas del 30 de diciembre de 2004, el que será otorgado en siete cuotas mensuales y consecutivas desde el 1 de junio al 31 de diciembre d 2005... 3) La autoridad de aplicación ... podrá otorgar el subsidio, a solicitud de la víctima, cuando ésta se encontrare en situación de vulnerabilidad por haber sufrido la pérdida de un familiar directo o por haber padecido o padecer afecciones en su salud que requieran tratamiento médico y/o psicológico y que, por su naturaleza y origen, podrían guardar relación directa con los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004...4) En el caso que la situación de vulnerabilidad derivara del deceso de un familiar directo, se autorizará el pago de un único subsidio de hasta 7 cuotas mensuales iguales y consecutivas de pesos un mil doscientos cada una...5) En el caso de personas, cuya situación de vulnerabilidad derivara del padecimiento de afecciones en la salud que requieran t ratamiento médico y/o psicológico por haber estado en el lugar de los hechos, el subsidio será de hasta siete (7) cuotas mensuales iguales y consecutivas de pesos seiscientos ($600) cada una...". 7. Que el examen de la norma transcripta no permite, a criterio del Tribunal, extraer las conclusiones que los actores desarrollan respecto de la arbitrariedad e ilegalidad. En efecto, de sus considerandos se desprende que fue dictado como consecuencia de la necesidad de implementar una segunda etapa en las acciones de asistencia, marco en el cual se consideró oportuno brindar una ayuda material directa, de carácter excepcional, a las víctimas que se encontraran en situación de vulnerabilidad. Queda claro, entonces, que no fue instituido como reparación económica sino como paliativo de una determinada circunstancia con el propósito de contención. En ese orden de ideas, puede verse que específicamente se manifestó que el subsidio en cuestión (o "esta ayuda") se sustentaba en el principio de solidaridad social, en el c onvencimiento de que el Estado debe atender situaciones como la referida sin que ello implique asumir responsabilidad material sobre los hechos acaecidos (el destacado no pertenece al original) y que para contribuir a la recuperación integral de las víctimas la asistencia debía coordinarse con el conjunto de acciones vigentes (vgr. atención médica, contención psicológica y asistencia social). Es decir, el subsidio establecido en el decreto 692/05 no es más que un eslabón en la cadena asistencial que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó como consecuencia de la tragedia tantas veces referida. En esa "cadena", distintos son los grados de afectación que pueden llegar a tener las "víctimas". Y también distintas van a ser las medidas asistenciales que recibirán. Es en esta inteligencia donde no hacen pie los agravios de la parte actora, quien no ha podido demostrar cuál sería la irrazonabilidad que detentaría la diferenciación en la cuantía del subsidio creado por decreto 692/05. Es que no puede sosl ayarse que no se trata de distinciones efectuadas entre miembros de una determinada "categoría" (para utilizar la denominación creada por la parte actora), sino que, en la especie, se trataría de brindar una solución disímil a clases de sujetos diferentes. Por tal razón, es aplicable la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que "...las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable..." (confr. doctr. de Fallos: 311:1565, entre muchos otros) y la que establece que el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que se consideren diferentes (confr. CSJN, "Gemelli, Esther Noemi c/ Anses s/ reajustes por movilidad", del 28 de julio de 2005). 8. Que lo expresado, sumado al hecho de que "...la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados..." (confr. CSJN, "Droguería del Sud S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del 20 de diciembre de 2005), lleva a confirmar el pronunciamiento apelado. 9. Que, sin perjuicio del modo en que se resuelve, es menester aclarar que no le es ajena al Tribunal la penosa situación por la que debieron y deben atravesar quienes han sido víctimas (en cualquiera de sus formas) de la tragedia acaecida en el local República de Cromagnon, como tampoco se desconoce el hecho de que, bajo ningún aspecto, la "asistencia" brindada logrará atemperar el dolor y el daño sufrido por aquellos; mas ello no puede significar que se pierda la objetividad al momento de resolver una cuestión puntual como la aquí discutida. Es decir, más allá de las aristas que rodean esta causa, no debe confundirse el alcance de la acción entablada. Lo que aquí se decide es el planteo de inconstitucionalidad del decreto 962/05, el cual se rechaza por los motivos antes expuestos. Las cuestiones relacionadas con los daños de toda índole sufridos por los actores, así como su derecho a una justa retribución (ver fs. 224) deberán ser planteadas, de considerarlo pertinente, por las vías que correspondan. 10. Que, por último, debe rechazarse -por extemporáneo- el planteo efectuado por la parte demandada en el acápite VI del escrito de fs. 228/235 vta. respecto a la falta de legitimación activa del coactor C. En cuanto a lo requerido en el punto VI I del referido escrito, toda vez que asiste razón al solicitante cuando manifiesta que el coactor G. suscribió el recurso de apelación una vez vencido el plazo establecido al efecto en el artículo 15 de la "ley" 16.986, corresponde hacer lugar a lo peticionado y declarar extemporáneo el recurso de apelación por él deducido. Por las razones expuestas, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: 1) Denegar, por extemporáneo, el recurso de apelación del coactor E. J. G. 2) Confirmar la sentencia apelada. 3) Con costas en el orden causado (art. 14 CABA). Regístrese, notifíquese -a la mencionada funcionaria y a la Sra. Asesora General Adjunta en sus respectivos despachos- y devuélvase.