marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos bancarios, responsabilidad del banco, contrato de caja de seguridad, contenido de la caja de seguridad, dinero, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DAVIDZON, ISIDORO MANUEL c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-26

Cabe rechazar el reclamo de restitución de una suma importante en dólares (u$s 160.000) que, según lo declarado por el contratante de una caja de seguridad, tenia guardados en ella al momento de haberse cometido el robo; pues, aún cuando resulte innegable la responsabilidad del banco en tal caso, si este pretende la restitución de dicho monto, deberá probar en forma fehaciente su existencia, no bastando a tal fin alegar que su esposa había percibido una importante suma en concepto de honorarios que fuera objeto de sucesivas inversiones; o bien el testimonio de un tercero que habría intervenido en la intermediación para la compra de una casa, para lo cual el peticionante contaba con la suma reservada en el cofre bancario, pues tales argumentaciones carecen de apoyatura documental u otros hechos que reúnan las características exigidas por el C.P.C.C. art.163-5°, parr. 2°
Seguros, cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Malervi, José Luis c/ Pratti, Antonio Nicolás y Otros s/ Indemnización por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-27

El destino o finalidad de las cosechadora es la realización de tareas agrícolas, para las cuales necesariamente debe estar provista de equipos opcionales sin los cuales la herramienta carece de sentido. No es lógico que a quien contrate seguro para una cosechadora, no se le advierta que no tendrán cobertura aquellos equipos de utilidad indispensable para la realización de tareas a las que está destinada. Este tipo de maquinaria no está alcanzado por las previsiones del Decreto Ley 6282/58 y tratándose de un bien no registrable adquiere virtualidad el artículo 2412 del Código Civil.
Competencia, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. C. c/ POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Accidente de Trabajo (Acción Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-24

Cuando el hecho que motiva la pretensión es en el caso un accidente de trabajo, y la norma que ha de dirimir la contienda exclusivamente de Derecho Privado, extraña al Derecho Público Constitucional o Administrativo, sin perjuicio del sujeto demandado, la justicia competente para conocer de ella es la ordinaria.

Habida cuenta de que la Ley Nº 4070 (B.O 5/04/95) que había establecido para el caso de optar el trabajador -o sus causahabientes- por "el resarcimiento integral de los daños y perjuicios que tengan origen en accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales" la competencia de los Jueces de Primera Instancia en materia Civil, ha perdido vigencia en tanto a posteriori la Ley V Nº 120 (antes Ley Nº 5816) -que aprobó el Digesto Jurídico- en su art. 5º dispuso la abrogación de las normas incorporadas a su Anexo "E", encontrándose aquélla en éste (conforme el texto del precepto se encuentra "implícitamente abrogada").
Buscadores de Internet, derecho a la intimidad, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés Favio c/ Dirección General de Defensa y Protección del Cosumidor del G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-10

Corresponde admitir la acción de amparo interpuesta por un ciudadano contra el GCBA -Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor - y ordenar que en un plazo de 180 días, adopte las medidas necesarias a fin de exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces de Internet domiciliados en la Ciudad que incorporen de manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad de los usuarios de Internet, dado que los arts. 10 y 12.3 de la Constitución local establecen un mandato expreso de garantizar tal protección y se advierte una omisión por parte de la Administración al no dictar en el ámbito de sus competencias la normativa referida, lo cual produce una amenaza real y actual al derecho a la intimidad de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Costas, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Compta de Ruesch, Esther Antonia y Heraldo Ruesch c/ Gerlero, Juan Carlos y otros s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-15

La excepción de incompetencia fue puesta con toda justicia, fundada en una disposición legal que es la que basamenta la resolución del inferior, por lo que existió vencimiento que justifica la imposición de costas a la actora.

No existiendo mérito para litigar ni atenuante alguno no se encuentra justificado admitir la eximición de costas que pretenden los apelantes.
Delitos contra la integridad sexual, declaración de la víctima, pericia médica
Materia: PENAL
Carátula: Q., I. s/ Abuso Sexual de Menor de Trece Años con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-28

Cuando la prueba del delito de violación se encuentra integrada por la imputación de la víctima y del denunciante, la comprobación de lesiones mediante el peritaje médico, el indicio de oportunidad derivado de la declaración indagatoria y la personalidad del reo, proclive a la pérdida de control sexual, basta para tener al procesado como autor plenamente responsable de este delito.
Jubilaciones, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Petrucci, Ricardo Oscar c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 41-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-25

Con posterioridad al acto administrativo que otorga el beneficio previsional e incorpora al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada categoría (en el caso un promedio), no puede aceptarse que - so color de efectuar reestructuraciones internas- se modifiquen los elementos que integran el estado de jubilado, pues ello importaría en la práctica una retrogradación de la condición de pasividad que resulta incompatible con las garantías constitucionales de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Ley Suprema.
Obligaciones solidarias, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martocci, Adriana c/ Banco Buenos Aires y ot. s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Cuando la acción se sustenta en la obligación de responder por el hecho de los subordinados por aplicación de la responsabilidad consagrada en el art. 1113 del C. Civil, si bien no se estaría frente a una obligación solidaria en sentido estricto, lo cierto es que sus efectos son los propios de aquélla: reclamar el total del daño a cualquiera de los deudores (doc. arts. 1113 y 1122 del C.

Civil) con lo que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 5º inc.

5º del C. Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GONZALES, LUIS R.CENTURION, VEGA LEONIDO s/ Régimen Penal Tributario Causa 35731
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-05

Al no designar el indagado defensor particular de su confianza, es obligación legal inexcusable del juzgador designarle un defensor de oficio o pronunciarse sobre la aptitud de aquel de defenderse por sí mismo. Dispositivos estos que al no ser observados dejan en estado de indefensión al imputado violando la garantía constitucional a la defensa en juicio, todo lo que trae aparejada la nulidad absoluta de las actuaciones.
Prescripción de la acción penal, abuso de autoridad, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Sobisch Jorge Omar s/ Infracción Art. 248 C.P
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-03

Corresponde casar por errónea aplicación de la ley sustantiva el pronunciamiento que declaró extinguida la acción penal respecto del funcionario imputado por abuso de autoridad, puesto que, tanto la doctrina mayoritaria como los antecedentes jurisprudenciales del superior tribunal provincial conducían a que el magistrado correccional ponderara el plazo máximo de cuatro años, que se corresponde con la pena de prescripción mayor -inhabilitación- y no que en su lugar y sin argumento jurídico alguno, tomara en consideración con exclusividad el término de la pena privativa de libertad.
Escritos judiciales, deberes procesales, obligaciones del abogado, probidad, expresiones incorrectas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ MARIA EN J.: DOMINGUEZ DE BENAVENTE Y ALEJANDRO BENAVENTE s/ Divorcio Ejecución de Convenio (LIBRO: A073 - 191)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-24

La facultad de prevenir por el uso de lenguaje ofensivo y contrario al estilo judicial, debe ser ejercida con prudencia, sopesando el acto y sus consecuencias, para no limitar inadecuadamente el ejercicio profesional. El punto cardinal a evaluar, debe ser el respeto mutuo que se deben los litigantes y profesional entre sí, y éstos con relación a los jueces y funcionarios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, ley penal, jueces, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La aplicación del instituto consagrado en el artículo 76 bis del Código Penal queda acotado a los delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión o reclusión, lo que indefectiblemente orienta a la competencia material de los Juzgados en lo Penal Correccional. Realizar esfuerzos intelectuales para extender su aplicación a otros delitos de mayor gravedad y pena, colocaría a los jueces no en interpretadores de la ley, sino en transformadores de la misma. (Del Voto del Dr. Bassó). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roberto de MATTHAEIS c/ Héctor José LEONETTI s/ RECURSO EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA  - HONORARIOS DE ABOGADOS Y  PROCURADORES  -  DEPRECIACION  MONETARIA  -  DERECHO    DE  PROPIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-05

No cabe hacer lugar a los agravios vinculados con la determinación del monto del litigio, pues la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes son materia propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario.
Daños y perjuicios, prescripción, suspensión de la prescripción, proceso penal, querella
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BENTUREIRA, Roberto c/ GOMEZ, Jesús s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. c/LES. O MUERTE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

1- Para que se opere la suspensión de la prescripción prevista por el art. 3982 bis del Código Civil, no basta con la mera denuncia del delito ante la justicia penal, sino que es necesaria propiamente la querella criminal, reveladora de una actitud cierta de la víctima de defender sus derechos activamente.

2- Cuando los Códigos procesales penales no admiten la figura de "la querella", la presentación de la víctima en el proceso penal como particular damnificado, tiene los mismos efectos suspensivos de la prescripción, aunque no haya solicitado la indemnización de los daños ni procurado obtener medidas cautelares.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, bancos, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Calogero, Guillermo  c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SAU  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Corresponde imponer una sanción de multa punitiva a una entidad bancaria (LDC 52 bis) en tanto se probó que actuó al menos culposamente, pues debitó cinco veces el importe de una deuda en moneda extranjera de la caja de ahorro del actor por un supuesto error de sistema que no probó y que, de todas formas no lo eximiría de responsabilidad -nadie puede alegar a su favor su propia culpa o torpeza- y reintegró el dinero, luego de incansables reclamos y a los diez días -según reconocimiento del demandante- provocando la indisponibilidad de un capital que le pertenecía al cliente y un enriquecimiento indebido en su favor, todo cuanto evidencia un desprecio por los derechos ajenos (en igual sentido: CNCom, Sala E in re "Ruiz, Ricardo Gabriel c/ American Express Arg. SA y otro s/ ordinario", del 22/03/18; entre otros).
Empleados públicos, concurso de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAÑILEO, A. - ALVEAR, N. - LLANCAQU s/ HOMICIDIO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-07-12

LAS FACULTADES DISCRECIONALES SE REFIEREN EN EL CASO DE UN CONCURSO A EVALUAR LOS ASPECTOS FAVORABLES Y NEGATIVOS DE LOS POSTULANTES CON MIRAS A CUBRIR LO MAS ADECUADAMENTE POSIBLE EL CARGO VACANTE. EL CRITERIO SELECTIVO PODRA SER DISCUTIBLE PERO, SI NO RESULTA MANIFIESTAMENTE ARBITRARIO, ES IRREVISABLE EN LA VIA JUDICIAL.
Recurso extraordinario federal, seguros, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, queja por denegación del recurso extraordinario, sentencia arbitraria, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Inca S.A. Cía. De Seguros s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Corresponde tratar conjuntamente el recurso extraordinario concedido en cuanto se encontraba en discusión la inteligencia de normas federales -ley 20.091- y la queja por denegatoria de la alegación de arbitrariedad, lo cual impone avocarse primero a los agravios vinculados con la arbitrariedad pues, de haberse configurado ésta, no existiría sentencia propiamente dicha (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.

F. López).
Concursos, demanda de verificación, asegurador por riesgos del trabajo, multa, crédito quirografario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO  METALURGICO  BASSANO  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. PROMOVIDO POR SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-23

Del dictamen fiscal 90307: El crédito basado en multas aplicadas por la superintendencia de ART a la fallida, por haber incurrido en violación de normas de seguridad e higiene, debe ser verificado con carácter quirografario, ya que sólo gozan de privilegio general asignado por la Ley 24522 Art. 246-2 el correspondiente a capital por prestaciones adeudadas y no las multas, que si bien constituye una de las fuentes de recursos con que cuenta el fondo de garantía de la ley sobre riesgos de trabajo (Ley 24557 art. 33-3), en tanto derivan de la potestad sancionatoria de la superintendencia, no pueden ser incluidas en el concepto de "capital" mentado en la referida norma concursal.
Falsificación de documentos, falsificación de instrumento público, habilitación municipal, transporte de carga, bien jurídico protegido, fe pública
Materia: PENAL
Carátula: Martí, Raúl O. s/ c. 43.597
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-19

La imitación del instrumento público en el que se usaron los nombres de autoridades realmente existentes - funcionarios públicos en cumplimiento de su actividad específica -, hiere la fe pública, ya que está destinado precisamente a ser exhibido y a justificar con él una actividad que debe ser controlada en beneficio de la salud de la población, debiéndose incluir el contralor del transporte de sustancias alimenticias en el marco del poder de policía del Estado en materia de salubridad, control que se soslayó con el procedimiento falsificador descubierto.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, aplicación errónea de la ley, falta de fundamentación autónoma
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rodriguez, Violeta Eliana c/ Consolidar Comercializadora S.A. y otros s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-09

La parte demandada interpone recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara que hace lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, consecuentemente, hace lugar a la acción por despido incausado y desestima los rubros indemnización de los Arts. 1 y 2 de la Ley 25.323.

Respecto a la primera causal alegada, errónea interpretación de la ley, el recurrente no se ha hecho cargo de los fundamentos expuestos por los sentenciantes en cuanto a que no existía razón o fundamento que justifiquen el lapso temporal entre el hecho y la sanción, toda vez que la circunstancia exculpatoria ensayada por la accionada sobre que las decisiones deben ser tomadas en Buenos Aires, lo que a su criterio justifica el lapso temporal no son de recibo, en virtud de que la tecnología actual desempeña un papel fundamental estableciéndose comunicaciones de modo inmediato; por tal motivo resulta extemporánea la comunicación del despido y además no obra ninguna constancia en autos de que se hubiera labrado algún tipo de investigación que conlleve algún trámite especial que justifique el retardo.

Tal consideración sobre la que se asienta el fallo para tener por extemporánea la sanción no fue mínimamente rebatida por el recurrente, pues se limita a sostener que se debió tener en cuenta la aplicación del Art. 67 de la LCT, por cuanto el recurso carece de fundamentación autónoma por no haber refutado los fundamentos esenciales del fallo. Costas al recurrente.
Responsabilidad médica, médico cirujano, médico anestesista, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: ABRAHAM, JULIO c/ COVARO, JORGE AUGUSTO s/ SUMARIO (ASISTENCIA MEDICA)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Si bien es cierto que no compete al cirujano la tarea de oxigenación del paciente propia de la función del anestesista, al igual que el control de los parámetros vitales, también lo es que advertidos cualquiera de los trastornos de la ventilación por deficiente oxigenación es obligación suya suspender la operación hasta que hubieran desaparecido.

Esa sola circunstancia compromete la responsabilidad del cirujano que es quien dirige la totalidad del acto quirúrgico y debe disponer las medidas correctivas ante cualquier síntoma de alarma que se suscite.
Víctima menor de edad, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: V., L.L. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García, en causa Nº 119/09: V., L.L. - Abuso Sexual Simple, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-04

La Cámara en lo Criminal resolvió: "1). Absolver por el beneficio de la duda a V. del delito de Abuso sexual simple, continuado, agravado por el vínculo (1º hecho) 2). Declarar culpable a V. como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual con acceso carnal, continuado, agravado por el vínculo (2º hecho), por el que venía incriminado, condenándolo, en consecuencia a sufrir la pena de once años de prisión.".

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación invocando el motivo previsto en el art. 454, inc. 2º del C.P.P.

El recurrente, refiriéndose puntualmente al Hecho Nominado Segundo, propugna la nulidad de la sentencia, al sostener que en ella el tribunal ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de pruebas.

Adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida. Ello es así por cuanto el decisorio objeto de embate resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por el análisis fragmentario y parcializado efectuado por el recurrente.

En efecto, del fallo en crisis se advierte que el tribunal, al valorar la participación responsable del imputado en el hecho Nominado Segundo que se le endilga, no sólo tuvo en cuenta la totalidad de la prueba común producida en juicio sino que, además, ponderó la recíproca complementación de los elementos que la integran, los que irremediablemente sindican al imputado.

Es decir que el juzgador concluyó, de modo firme y categórico, con el grado de certeza requerido en la pertinente etapa procesal, que se encuentran reunidos y acreditados los extremos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva.
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, efectos entre partes, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carchedi, Federico Oscar c/ Lucamar Logística SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

La finalidad del instituto es lograr el dictado de una sentencia que, después de la intervención del tercero, lo alcanzará como a todos los litigantes principales (ley 25488: 96; cfr. CSJN in re "Alanis Moyano Francisco c/ Raúl Acevedo Guerrero y otra s/ daños y perjuicios", del 03/03/92; ídem CNCom, Sala D in re "Amoroso Horacio c/ Spuch SA s/ ordinario", del 06/10/04).
Daño irreparable, CUBA, deber de información, defensor interamericano, medidas de seguridad y protección, derecho a la vida
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 56/2016 - Medida cautelar No. 96-15 - Ampliación de beneficiarios a favor de miembros de Cubalex con respecto a Cuba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-11-14

Se encuentra configurado el requisito de irreparabilidad en el caso de los defensores de derechos humanos, miembros de la organización "Cubalex", cuyos derechos a la vida e integridad personal se encuentran gravemente afectados, pues encontrándose el Estado Cubano advertido acerca de los derechos violados, no sólo no remitió los informes debidos al organismo interamericano, sino que recrudecieron contra a aquellos los actos de violencia, por lo que corresponde hacer lugar en forma inmediata a la ampliación de las medidas de protección solicitadas, por cuanto la inmediatez del daño potencial no permite demoras.