Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


ALIENDRO, Juan Carlos contra COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION Reg.: A y S t 198 p 312-321.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALIENDRO, Juan Carlos contra COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 419, año 1995), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día veinticuatro del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

I. 1. Juan Carlos Aliendro, por apoderado, promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de Empalme Villa Constitución, impugnando la Resolución 107 por la cual se rechazó su recurso de reconsideración deducido contra el acto mediante el que, a su turno, se había denegado su reclamo.

Solicita, en consecuencia, se le reconozca su carácter de empleado permanente y "los derechos laborales" emergentes de tal calidad, se lo reincorpore -"en su hora y si su condición física lo permite"- o, en su caso, se le abone la correspondiente indemnización.

Relata que "presta servicios en la Comuna de Empalme Villa Constitución desde hace cinco años a la fecha", que sus funciones -propias de Planta Permanente- han sido negadas por la demandada.

Asevera que las tareas las realizó en relación de subordinación y dependencia, en forma uniforme, reiteradas diariamente y correspondían a las que la comuna presta a los contribuyentes en cumplimiento de su fin institucional.

Según indica percibía sus haberes en forma semanal, "totalmente en negro" y con prescindencia total de los derechos que emanan de la ley, ya que, solamente le abonaron sus magros salarios, totalmente desprovistos de otro aditamento o asistencia.

Señala que, estabilidad, retribución justa, carrera, licencias, permanencia en el cargo, beneficios jubilatorios, suministro de indumentaria y asistencia social -con invocación del artículo 15 de la ley 9286- fueron derechos que la demandada ignoró.

Consigna que los servicios que prestaba, por su naturaleza, se definen como tipificantes de funciones laborales de planta permanente.

En la tarea de analizar el texto de la ley 9286, destaca que la misma se refiere con absoluta claridad al personal no permanente, entre los que enumera a: 1) Personal de Gabinete, -según sostiene- comprensivo de asesores directos del Poder Ejecutivo -art. 6- cuya vinculación es esencialmente política; 2) Personal contratado, el que -en su criterio- realiza tareas que por su naturaleza o duración no puedan ser efectuadas por personal permanente -art. 8- y, 3) Personal Transitorio, que -a su entender- se emplea para la realización de servicios de carácter eventual, temporario o estacional que no puedan ser efectuados por personal permanente -art. 9-.

Es a tenor de las disposiciones legales citadas y de las tareas específicas que desempeñaba, que concluye en que su encasillamiento debe considerarse como de personal de planta permanente.

Además, propone que el tiempo transcurrido en la prestación del servicio, sumado a la conservación del "statu-quo ilegal", lo convirtieron automáticamente en un trabajador de carácter permanente (con cita de los arts. 133 y 134 de la ley 9286).

Prosigue relatando que, en fecha 15.4.1994, sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía desde su trabajo a su domicilio particular, lo que, entiende, agravó aun más la situación.

En este sentido se explaya en que fue impactado por un camión -cuyos datos proporciona, así como de su conductor, que le produjo traumatismo de cráneo, herida cortante en la región glútea izquierda y múltiples escoriaciones en zona occipital, lo que determinó su internación de urgencia en el Hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario.

Aclara que a ese momento se encontraba sufriendo los efectos del mismo.

Le atribuye a la falta de atención social por parte de la demandada y a su carencia de medios, haber incidido en que "al presente subsista con ano contra natura y librado a la buena de Dios" (remite a las constancias obrantes en el Sumario 271/94 del Juzgado en lo Penal de Instrucción y Correccional de Villa Constitución ofrecido como prueba).

Refiere que la demandada, "desde esa fecha jamás abonó un solo peso ...ni se ocupó de su asistencia social", por lo que entiende asumió una posición caprichosa, unilateral, arbitraria e ilegal, cuyo cese debe ordenarse.

I. 2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (fs. 15 y vto.), comparece la Comuna de Empalme Villa Constitución (f. 22) y contesta la demanda (fs. 25 y 26).

En su escrito de responde reconoce como cierto que el actor promovió un reclamo administrativo requiriendo el pago de salarios desde el 15.4.1994, mas otros adicionales, denunciando que a esa fecha había sufrido un accidente cuando "salía del trabajo". Indica que el reclamo se sustanció mediante expediente administrativo 313/95, en donde previa opinión de la Subsecretaría de Municipios y Comunas, se dictó la resolución 90/95 rechazando el reclamo y luego la revocatoria que fuera planteada fuera de término.

A su vez, niega que: el actor preste servicios en la Comuna demandada y que los mismos sean de carácter permanente; que percibiera salarios "en negro" y que la accionada ignorase elementales derechos laborales del actor; que haya sufrido un accidente cuando se trasladaba desde el trabajo a su domicilio, advirtiendo en este sentido que "el día del hecho ... se retiró de la Comuna a las 13.57. Y según constancias policiales el accidente se habría producido pasadas las 20 hs."; así como la aplicación del derecho invocado.

Postula como desacertado el razonamiento del actor en cuanto a que por las tareas que realizó hasta el 15.4.1994, deba ser considerado como personal de planta permanente en forma automática, por el mero transcurso del tiempo.

Entiende que parte de un concepto erróneo en la aplicación de la ley 9286, al pretender que todo el personal transitorio, por el solo hecho de prestar servicios por espacio de más de tres meses, queda incorporado en forma automática a la planta permanente.

La relación de empleo es una relación de derecho público -según propone- que debe ser precedida de un acto administrativo, dictado con todas las formalidades de la ley, que designe al agente en un cargo vacante de la estructura orgánica funcional del Municipio.

Vinculada a ello, expresa la inexistencia de aprobación de esa estructura, de lo que extrae como conclusión la imposibilidad de aplicación de la norma invocada.

En sus labores transitorias -afirma- se le abonó al actor conforme a esas tareas, con una partida global presupuestaria y no con una partida individual correspondiente a un cargo vacante.

Además -acota la resistente- es jurisprudencia de esta Corte que la relación de empleo público es formal y exige la investidura del agente, por lo que es menester que se instaure por autoridad competente y con el contenido que le es propio.

Finalmente, entiende equivocada y carente de sustento la interpretación que la accionada pretende darle a la ley 9286, ya que no es factible que personal transitorio sea considerado permanente, sin contar con el acto administrativo de designación efectuada por la Comisión comunal del ente público demandado, la que debe constar en la pertinente acta de reunión, debiendo tomarse las decisiones por mayoría de miembros que la integran.

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

I. 3. Abierta la causa a prueba (f. 27), producida la que consta en autos, y agregado el informe sobre el mérito de la causa (fs. 164/166 y 167 y vto.), se llaman autos para sentencia (f. 168). Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

I. 4. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S., T. 12-13, pág. 35; T. 14, pág. 372; T. 16, págs. 19, 30, 47, 290; T. 42, pág. 228; T. 44, pág. 84; T. 51, pág. 382; T. 56, pág. 177; T. 109, pág. 198; T. 142, pág. 1).

I. 4. a. La primera cuestión a decidir es de índole formal atento a que la Administración comunal en oportunidad de rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución comunal 90 (del 19.5.1995), entre sus fundamentos, invocó la extemporaneidad del mismo alegando que en sede administrativa el día de gracia no estaba previsto.

Anticipo que la posición sustentada por la demandada no se condice con lo sostenido por este Tribunal, por lo que el recurso resulta formalmente admisible.

En efecto, esta Corte -con distinta integración- ha aceptado la vigencia del "día de gracia" en el trámite administrativo previo, a partir del caso "Monsalvo" (A. y S. T. 39, pág. 20) manteniéndose luego en posición uniforme sobre el particular (causas "Scotti", A. y S. T. 112, pág. 193; "Refrescos Santa Fe", A. y S. T. 39, pág. 306; "Belén", A. y S. T. 50, pág. 316).

De las actuaciones administrativas acompañadas por el ente comunal surge que, por una parte, la resolución -que en Acuerdo de miembros emitió el Presidente comunal- de rechazo del reclamo (nro. 90, del 19.5.1995) se notificó mediante cédula remitida por Correo oficial, certificada con aviso de recepción, obrando constancia de su recepción en fecha 8.6.1995 (cfr. f. 9 vto. act. adm.) y, por la otra, el recurso de reconsideración ante la Comisión comunal, conforme surge del cargo de mesa de entradas (nro. 600-B-95, de f. 12 de las act. adm.) se presentó el día 26.6.95.

Consecuentemente, atento a que el plazo señalado por la ley 2439 (art. 166, t.o. decreto 823 de 1986) para el recurso premencionado era de "diez días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la resolución al interesado, sin computarse el día en que ésta se verifique", y tomando en consideración el feriado correspondiente al día 20 de junio del año 1995, cabe afirmar que la vía recursiva en sede administrativa se ejercitó en el undécimo día administrativo hábil, es decir en el día de gracia.

Corresponde, pues, rechazar la defensa analizada.

I. 4. b. Ahora bien, el accionante introduce a fojas 164/166 de autos, otras pretensiones, bajo la denominación de aportes previsionales, así como pago de indemnización y seguro por accidente.

Respecto de estas peticiones, se observa que concurre una diversa causal de inadmisibilidad, ya que se trata de pretensiones no propuestas en sede administrativa.

En efecto: de la lectura de los términos del reclamo (obrante a fs. 1/2 vto. de las act. adm., con cargo de ingreso 12.4.1995), como así también de la sucesiva presentación formulada con posterioridad en oportunidad de interponer recurso de reconsideración ante la Comisión comunal (cfr. fojas 11/12 act. adm., con constancia de ingreso 26.6.1995), se justiprecia que Aliendro en ningún momento aludió siquiera a dichos rubros.

Las exigencias propias de la naturaleza revisora de la instancia contencioso administrativa impiden que el Tribunal considere pretensiones que no fueron ejercidas por el actor en sede administrativa (criterio de A. y S., T. 148, pág. 7; T. 196, pág. 385; T. 197, pág. 265; entre muchos otros).

En razón de lo expresado, el presente recurso debe ser considerado inadmisible en cuanto se dirige a la obtención de aportes previsionales, pago de indemnización y seguro por accidente.

Por lo expuesto, con el alcance que surge de las consideraciones precedentes, corresponde pues, declarar parcialmente admisible el recurso.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticas razones a las vertidas por el señor Presidente preopinante y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

II. 1. En primer lugar, debe considerarse la tacha que la accionada formula del testigo señor Taglienti (f. 57 vto.), ofrecido por el accionante.

Entiendo que la misma debe rechazarse, con costas.

Al respecto, no es superfluo memorar que tachas son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar, y que debe repararse en el criterio jurisprudencialmente recibido de interpretación restrictiva de las mismas, conforme lo expresado en "Suárez" (A. y S. T. 119, pág. 171, reiterado en "Baroni", A. y S. T. 127, pág. 354; "Yba Ruc", A. y S. T. 153, pág. 58; "Romero", A. y S. T. 154, pág. 415, entre muchos otros).

No se advierte -en el sub lite- la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable- (cfr."Delgado", A. y S. T. 94, pág. 326), siendo a esos fines insuficiente lo aducido por la demandada en sustento de su pedido.

Afirma que "de su contestación a la pregunta Nro. 1 surge que el señor Taglienti se considera acreedor de la Comuna y esta circunstancia resta objetividad a sus respuestas".

Debe señalarse que esa circunstancia, por sí sola, no es causa suficiente que permita deducir la inclinación del testigo a deponer en su contra (criterio de "Mansilla", A. y S. T. 93, pág. 117; "Yba Ruc", A. y S. T. 153, pág. 58; "Ferreyra", A. y S. T. 161, pág. 68; "Goris", A. y S. T. 161, pág. 45).

En efecto, la circunstancia de que este testigo refiera haber tenido un accidente de tránsito con un vehículo comunal aproximadamente un año antes de su deposición, sólo por vía de hipótesis lo convertiría en potencial acreedor del ente demandado, por lo que no alcanza para sustentar la tacha, máxime cuando el mencionado testigo depone sobre hechos de interés para el Tribunal (criterio de "Suárez", ya citado) y sus declaraciones no evidencian -prima facie- contradicción ni manifiesta parcialidad (criterio de "Mansilla" y de "Ferreyra", ya citados; entre otros).

Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar del testimonio (cfr. "Ferreyra", ya mencionado).

II. 2. Conforme surge del relato que antecede, el actor ataca la resolución 107, dictada en el expediente administrativo nro. 0313-A-95 caratulado "reclama calidad de empleado planta permanente, salarios caídos y diferencia salarial", solicitando se deje sin efecto la misma, otorgándole "los derechos laborales conculcados".

En consecuencia, peticiona se le reconozca su carácter de empleado permanente y los "derechos laborales" emergentes de tal calidad, se lo reincorpore -"en su hora y si su condición física lo permite"-, o, en su caso, se le abone la correspondiente indemnización.

Además, vincula su situación laboral con el accidente de tránsito acaecido el 15.4.1994, que alega ocurrió cuando se dirigía de su trabajo a su domicilio y le produjo las lesiones -que describe- que determinaron su internación de urgencia en el Hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario, cuyos efectos estaría sufriendo al momento de interposición del recurso.

La demandada, por su parte, se opone a la procedencia de la pretensión argumentando que el actor prestaba servicios como personal transitorio -hasta el 15.4.1994- habiéndosele abonado conforme a tal carácter; que es errónea la interpretación al efecto formulada de la ley 9286 e improcedente la pretensión de que el personal transitorio por el hecho de prestar servicios por más de tres meses, queda incorporado en forma automática a la planta permanente; y que el actor no sufrió el invocado accidente cuando se trasladaba desde el trabajo a su domicilio, alegando un horario de egreso laboral distante de aquél en que se habría producido el hecho.

En primer lugar, debe destacarse que las partes no discrepan en cuanto al régimen jurídico aplicable a la relación, en tanto la consideran comprendida por la ley 9286.

Asimismo, no hay divergencias en cuanto a que el ingreso del accionante a la Comuna se produjo en el carácter de personal transitorio.

En ese sentido puede señalarse que el recurrente en el reclamo administrativo expresó que ingresó "como transitorio" (f. 2 vto. del expte. adm.). La Administración comunal, por su parte, durante la tramitación de las actuaciones administrativas siempre se refirió al actor (y a otros agentes que se encontraban en su misma situación) como personal "eventual" (providencia de f. 3 expte. adm.), y en base a ese enfoque jurídico se emitió el dictamen que hizo suyo la Comisión Comunal en la resolución 90/95.

Por otra parte, al contestar la demanda, la accionada destacó especialmente que el actor prestaba servicios en calidad de personal transitorio (f. 25 vto.).

En consecuencia, la discrepancia se verifica en cuanto a la "modalidad" que cabe asignar en definitiva a la relación de empleo público en análisis.

II. 3. En ese orden, corresponde analizar en primer lugar las alegaciones del recurrente basadas en que ha cumplido funciones con carácter permanente y que, por tal circunstancia, debe ser "encasillado" como personal de planta permanente.

Resulta trasladable a este respecto el criterio sustentado por este Cuerpo -con distinta integración- en la causa "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40). En dicha oportunidad se sostuvo que "aun en el supuesto de que los cargos ejercidos por los reclamantes se hallaran comprendidos entre aquellos de carácter permanente, resultaría aplicable al sub lite la jurisprudencia del más Alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento..." (criterio reiterado en "Stefanini", A. y S. T. 153, pág. 75).

Por lo demás, este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse con relación al mero transcurso del tiempo (en la causa "Musre" -anterior integración-, A. y S. T. 120, pág. 434) sosteniendo que "no puede trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente no permanente y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración".

Por ende, debe rechazarse la pretensión de estabilidad en el empleo fundada en las causales recién examinadas.

II. 4. Argumenta también el recurrente que su pretensión de incorporación a la planta permanente encuentra fundamento en lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la ley 9286, por los cuales habría adquirido "en forma automática" la calidad pretendida.

II. 4.a. En cuanto a la invocación del artículo 133 de la precitada ley cabe recordar que dispone: "El personal que a la fecha de promulgación del presente Estatuto se encuentre revistando en carácter de transitorio, contratado, jornalizado, estacional, etc., contando con tres meses de antigüedad en la Administración Municipal o Comunal, automáticamente quedará incorporado a la Planta Permanente, encasillándose dentro de la función que desempeña".

La valoración de los elementos que constan en la causa permite rechazar liminarmente la pretendida aplicación de esta norma al caso.

En efecto, de los propios dichos del demandante (ver fs. 8 vto. y 164) surge que no se encuentra configurado el supuesto fáctico exigido por la norma consistente en revistar en carácter de personal transitorio a la fecha de promulgación del Estatuto (1.8.1983).

En consecuencia, este planteo debe ser desestimado.

II. 4. b. En cuanto a la pretendida aplicación del artículo 134 de la ley 9286, cabe recordar que mediante dicha norma se dispone: "Aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal y/o comunal por los artículos números 8 y 9 del presente Estatuto al cumplir los tres (3) meses de antigüedad y cumplan funciones determinadas por el presente, automáticamente pasarán a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñe. Quedan exceptuados los casos a que refiere la última parte del artículo precedente".

Por su parte, el artículo 133, última parte, prevé que "quedan exceptuados de esta disposición los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental".

De las constancias de autos (principalmente, testimoniales obrantes a fs. 55/57 vto.) no surge que el vínculo haya tenido por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental.

Por ende, y sin perjuicio de lo que seguidamente se señalará, el caso resultaría susceptible de ser encuadrado en el artículo 134 del Anexo I de la ley 9286.

Ahora bien: este Tribunal, en el marco de la causa "Álvarez" (A. y S. T. 130, pág. 267) ha concluido -por los fundamentos que en el aludido decisorio se desarrollaron "in extenso", a los que corresponde remitir- que el automatismo al que refiere la norma mencionada debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente, a la que sólo se los podría incorporar si, además de reunir las condiciones a que refiere el artículo 134, cumplimentasen los recaudos de ingreso previstos en la ley 9286.

Por lo tanto, también debe desestimarse lo pretendido por el actor con fundamento en la norma analizada.

II. 5. Cabe examinar ahora la pretensión de reincorporación a sus funciones (y supletoria indemnización en caso de no resultar ello posible) esgrimida por el recurrente.

Para ello es menester liminarmente determinar el momento hasta el cuál se extendió la relación transitoria que unió a las partes.

Inicialmente debe destacarse que la dilucidación del presente punto resulta sumamente dificultosa a raíz del escasísimo material probatorio.

Partiendo de los elementos acreditativos obrantes en autos, no puede precisarse con certeza de que modo se desarrolló la relación entre las partes con posterioridad al accidente del 15.4.1994.

En lo que aquí resulta de interés, el actor no demostró haber instado la resolución de su situación laboral sino hasta su reclamo formulado en fecha 12.4.1995 (fs. 1 y 2 del legajo adm.).

Ante dicho reclamo, directamente enderezado a lograr una definición de su situación jurídica frente a la Administración comunal, ella dictó una resolución expresamente denegatoria de lo peticionado.

Ésta constituyó la primera oportunidad en que la Administración se expidió no otorgándole carácter de personal permanente a la relación y, a la vez, no manifestó su voluntad de continuar con la misma.

En tales condiciones, y atento a que ninguna de las partes intentó siquiera probar algo distinto, cabe razonablemente entender que al momento de interponerse el pertinente recurso contencioso administrativo ante esta Corte la relación de empleo público transitorio ya no subsistía.

Hecha la aclaración precedente, se hace necesario volver sobre la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes.

Como se expresó en los considerandos anteriores, en el caso dicho vínculo consistió en una relación de empleo público transitorio.

Esta modalidad está expresamente prevista en el artículo 9 de la ley 9286 y ella incluye a los empleados que están en esta condición dentro del personal no permanente.

Ahora bien, una de las características de las relaciones de empleo no permanente es, precisamente, la ausencia de estabilidad.

En efecto, la ley 9286 claramente, cuando alude a los derechos de que goza el personal comunal, señala que "de los derechos enunciados sólo alcanzarán al personal no permanente los comprendidos en los incisos..." no incluyendo éstos el de estabilidad (art. 15).

Dentro del particular contexto que surge de los extremos recién valorados (fundamentalmente la carencia de estabilidad del agente) no cabe sino concluir en la falta de asidero del pedido atento a que no se alcanza a advertir siquiera cuál sería la razón jurídica por la cual correspondería acceder al "reintegro" solicitado.

II. 6. En cuanto a las demás indemnizaciones y resarcimientos peticionados de manera genérica en la demanda ante la eventualidad de que no fuera posible proceder a la reincorporación solicitada, corresponde disponer su rechazo habida cuenta de la conclusión a la que se arribó en el considerando precedente.

II. 7. Sostiene el recurrente que la demandada dejó de abonarle los salarios (sin prestarle atención social alguna) con posterioridad al 15.4.1994.

Tal agravio se encuentra indudablemente vinculado con la alegación de desconocimiento de derechos establecidos en la ley 9286 (art. 15, Anexo I) por parte de la Comuna.

La demandada, por su parte, al referirse a este planteo se limitó a negar haber incurrido en un comportamiento "antisocial" y a afirmar que cumple con la atención de todos los carenciados y con mayor razón para con sus trabajadores; pero "...dentro de las normas legales que regulan el accionar de la Administración Pública".

Como ya se indicó la relación recién fue extinguida por el Ente comunal con la denegatoria del reclamo (mediante Resol. 90/95, del 19.5.1995), adquiriendo eficacia para el accionante a partir de su notificación, la que conforme a las constancias de la causa se concretó el 8 de junio de 1995 (cfr. fs. 9 y vto. del legajo adm.).

Consecuencia de la subsistencia de la relación hasta esa fecha, subsistencia que fue consentida por la Administración comunal, y atendiendo a que el actor se encontraba a su disposición, es que resulta procedente el reconocimiento de los haberes devengados desde el 15.4.1994, con el límite temporal determinado por la fecha de notificación del acto denegatorio (8.6.1995); previa deducción de aportes, si correspondiere.

Resulta insoslayable destacar que, más allá de la ambigua negativa esbozada por la accionada en su responde, no existen elementos en autos que acrediten que se le hayan abonado al actor, desde la fecha indicada, las sumas correspondientes a sus haberes.

En cuanto a las costas, atento al éxito parcial obtenido, entiendo que deben imponerse en un 50% a la actora y un 50% a la demandada (art. 84 inc. c, ley 4106).

Con el alcance que surge de lo precedentemente expuesto, voto parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco, y votaron -con el mismo alcance- en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar la tacha formulada por la accionada, con costas y, declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto.

Condenar a la demandada a pagar en legal forma, de acuerdo a la liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de 30 días de quedar firme la presente sentencia, el importe correspondiente a los salarios dejados de percibir durante el período comprendido entre el 15.4.1994 y el 8.6.1995; previa deducción de aportes, si correspondiere.

Costas 50% a la actora y 50% a la demandada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Spuler y Vigo, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar la tacha deducida por la accionada, con costas y, declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto.

Condenar a la demandada a pagar en legal forma, de acuerdo a la liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de 30 días de quedar firme la presente sentencia, el importe correspondiente a los salarios dejados de percibir durante el período comprendido entre el 15.4.1994 y el 8.6.1995; previa deducción de aportes, si correspondiere.

Costas 50% a la actora y 50% a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)