marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: ANTONIO CAPUZZI E HIJOS S.A. s/ Lealtad Comercial Causa 33810
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-12

Corresponde revocar la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que impuso pena de multa por no coincidir el contenido neto declarado en el rótulo de los envases del producto en análisis con la cantidad que resultaron de las muestras analizadas si sobre veinte muestras se verificó en siete un contenido igual al declarado en el rótulo (en algún caso superior) mientras que en las restantes trece muestras el contenido, inferior al declarado, era sin embargo mayor al mínimo aceptado en el régimen de tolerancia, siendo además que en el caso no se ha dado la situación de abuso de tolerancia contemplado en el art. 21 de la ley de Lealtad Comercial 22802 (Del voto del Dr. Repetto).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torlaschi de Ianattone, Elsa c/ Torres, Enrique A. y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Dependiendo el daño moral, de la índole del hecho generador, no tiene porqué guardar proporcionalidad con el daño material y comprende al daño psíquico, pues no existe autonomía entre este daño y el daño moral a los fines resarcitorios.
Competencia federal, competencia penal, malversación de caudales públicos, Policía Provincial, armas
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Carlos Rodolfo LAURIDO s/ COMPETENCIA  FEDERAL  -  CAUSAS  PENALES  - PATRIMONIO DE LA NACION -  POLICIA PROVINCIAL - ARMAS - POLICIA DE SEGURIDAD  -  PODER EJECUTIVO  NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Corresponde a la justicia federal de Paraná -y no a la provincial- conocer de los hechos que por malversación afectan al patrimonio de la Nación. Ello es así, toda vez que la propiedad de armas de la policía de la provincia -al ser aquéllas decomisadas en procedimientos por infracción a la Ley Nacional de Armas nro. 20429 sustanciados ante dicha policía- ha sido sucedida por el Estado Nacional, conforme con lo dispuesto por el art. 70 del decreto 395/75 -reglamentario de la ley 20.429-, pues aún cuando no se haya dictado todavía la disposición administrativa de distribución material, estas facultades de distribución e incluso de destrucción de las armas, quedan reservadas al Poder Ejecutivo Nacional, presuponiendo su propiedad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Francisco Solano s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca sólo algunas de las circunstancias meritadas por la sentenciante para excluir la existencia de dolo eventual.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, asociaciones sindicales, SEGBA
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE SEGBA. c/ GOBIERNO DE LA NACION (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

Es ajena a la vía del amparo la impugnación -efectuada por la asociación gremial de SEGBA- contra lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto estableció para los trabajadores pertenecientes a empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación mayoritaria estatal, cuyo régimen remuneratorio se encontraba comprendido en convenciones colectivas, incrementos salariales diversos de los que previó para los del sector privado, también incluidos en el régimen de los convenios señalados.

Ello es así, pues no se advierten, ni se alegan, las razones que harían ceder la regla que excluye del ámbito del amparo a las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y reglamentos, así como a las que exigen una mayor amplitud de debate o de prueba. Asimismo, tampoco se observa ni se demuestra, la inexistencia de otros recursos o remedios que permitan obtener la protección de los derechos o garantías de que se trata (art. 2, inc a, de la ley 16.986), máxime cuando la acción deducida no tiene por finalidad obviar los trámites legales aptos, ni la de urgirlos.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo, comité de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA HECTOR HORACIO c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-08

En el marco de un "gran concurso", la función de control de cumplimiento del acuerdo queda delegada en el comité definitivo de acreedores, cuya conformación debe ser presentada por el deudor como parte integrante de la propuesta (LCQ 45, 59, y 289). De tal modo, el síndico es desplazado en esa específica actividad -cesando sus funciones al respecto- por el mencionado comité, quien tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de parte del deudor de la propuesta homologada y todo lo vinculado a ella (por ej., mantenimiento de las garantías que hubiesen sido dadas; v. CNCOM, Sala C, 28.4.17, en "Urbano Express Argentina SA s/ concurso preventivo"). Siendo que, en el caso, la composición de tal comité se encuentra propuesta, y no se advierten razones que pudieran justificar la actuación de dos órganos distintos para cumplir una misma función, -la sindicatura y el comité de acreedores- al menos para el tiempo posterior a la aceptación del cargo por parte de todos los integrantes del comité de acreedores, la Sala considera que, una vez que se constituya el comité aludido, corresponderá hacer cesar la intervención de la sindicatura en relación a la función de control de cumplimiento del acuerdo; sin perjuicio de aquella otra que sí deberá continuar cumpliendo, vinculada con aquellos trámites donde lo pretendido guarde vinculación con la incorporación de créditos al pasivo concursal o el régimen de la LCQ 16 y 17, que la jueza de primera instancia dispuso mantener en la especie. Lo expuesto, claro está nada predica acerca de la viabilidad de incrementar oportunamente el control si, por hipótesis, él no fuera efectivamente ejercido por el aludido comité, supuesto en el cual el juez del concurso -que conserva sus facultades de director del proceso también en esta etapa posconcursal (LCQ 274)- deberá proceder en consecuencia.
Actos ilícitos, relación de causalidad, consecuencias remotas
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

"Creus sostiene que en un plano natural cualquier factor que aparezca como condición de resultado dentro de su proceso de producción, puede ser catalogado como "causa" de él (equivalencia de condiciones). Pero, evidentemente, el derecho no puede cargar a un hombre con la responsabilidad por un resultado, sólo porque él haya puesto una de las tantas condiciones integrativas de su proceso causal, ya que ello implicaría exigencias exageradas de conducta; lo obligaría a prever sus consecuencias más remotas de modo "antihumano" y por tanto, inaceptable para el derecho (que regula conductas en condiciones humanas). De ahí que se procure determinar, dentro de la serie causal, aquella o aquellas condiciones que humanamente (es decir jurídicamente) pueden ponerse a "cargo" del hombre para que él responda de un resultado."
Recurso de apelación (procesal), hábeas data, información errónea o desactualizada, bancos, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: VIDOU  MARIA  CRISTINA c/ BANCO CENTRAL DE LA PEPUBLICA ARGENTINAY OTROS s/ HABEAS DATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Toda la argumentación desarrollada por el apelante prescinde del hecho de que fue su conducta errónea y negligente la que motivó la presente acción de hábeas data. El banco recurrente, que fue el causante del asentamiento de los datos falsos objetados, a pesar de estar en conocimiento del error cometido respecto de la actora y de la necesidad de remediarlo, no realizó ninguna gestión para solucionar el problema con anterioridad a la interposición de la demanda, razón por la cual no media razón alguna para prescindir en el caso del principio objetivo de la derrota (conf. Sala 2, doctr. causa 571/2001 del 20.11.01; CNCAF., Sala IV, causa 32.064/99 del 22.2.00; CNCiv., Sala "B", in re "Rodeles c/ Banco de Galicia s/ hábeas data", del 28.5.97). Y, en el caso, la aplicación de tal principio determina que el banco apelante deba cargar con las costas de todas las relaciones procésales establecidas, por cuanto fue su conducta discrecional la que provocó la existencia de este litigio. No resulta admisible que se pretenda que recién en oportunidad de obtener una sentencia favorable -según propone el apelante- se oficiara a los restantes codemandados para que suprimieran la información falsa de sus bases de datos. Ello comporta la exigencia de una conducta a su contraparte que, al margen del dispendio de tiempo que hubiera ocasionado, absolutamente opuesto al espíritu que anima al art. 43, Constitución Nacional -que establece una vía expedita y rápida para la solución de cuestiones como la aquí planteada-, prescinde del hecho de que la citación que ahora se cuestiona resultaba fácilmente evitable mediante la simple comunicación de su parte -en tiempo oportuno- al B.C.R.A. y a la "Organización Veraz" del error cometido y la consecuente petición de que se rectificaran los datos falsos. En cambio, el "Lloyds Bank", a pesar del reconocimiento efectuado en marzo del 2000 y el compromiso asumido en consecuencia, optó por adoptar una conducta negligente que determinaba la persistencia del error en la información -con el consiguiente perjuicio para la actora que incluso se prolongó con una decisión de no presentarse en este juicio. Tampoco es conducente el agravio relativo a que la accionante no se ajustó al procedimiento establecido por los arts. 13 a 16, ley 25.326, habida cuenta de que para la fecha de inicio de estas actuaciones aún no había sido sancionado dicho texto legal.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal, deberes del fiscal, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TULES, María Rosa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

El Ministerio Público Fiscal debe motivar las conclusiones de sus dictámenes, art. 69 del C.P.P.N aún en aquéllos casos en los que se emita opinión sobre la procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, el que queda sujeto a control jurisdiccional. (del voto del doctor Hornos. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Basualdo, Hugo Crispín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyas citas legales no guardan relación con el contenido del mismo.
Falta de personería, poder, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Presa, Rosa Gdak de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio. Excepciones de falta de personería y falta de   legitimación (Expte. CSJ Nº 313-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

La excepción de falta de personería está referida al defecto total o insuficiencia del mandato del sedicente apoderado para el ejercicio de una pretensión ajena determinada.
Amenazas, falta de mérito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALTSCHULLER, Jerónimo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

La actitud de un numeroso grupo de personas -piqueteros-, liderado por el imputado, de colocarse frente a las boleterías para impedir la venta de pasajes bajo la exigencia de que se les proporcione trabajo, pudo haber obrado como un factor de intimación idóneo para anular la libertad de determinación del personal de la empresa, que se habría visto obligado a proceder de la forma que le fuera impuesta por el encausado y sus acompañantes y a soportar la argüida exigencia injusta.

Por ello, si falta establecer si existieron gestos intimidantes y daños, o alguna actitud de los manifestantes que pudiera haber amedrentado al personal, corresponde revocar el sobreseimiento y dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer respecto del imputado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, gobierno de facto, responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Dragoevich,  Héctor  Ramón c/ M°. J. y DD.HH - art. 3° ley 24.043(resol. 612/01).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Es admisible el recurso extraordinario si se halla en tela de juicio la interpretación de la ley 24.043 -sus normas reglamentarias y ley modificatoria 24.906- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que en ella funda la apelante (art. 14, inc. 3º de la ley 48). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Protección del medio ambiente, desechos peligrosos, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: CLAUSEN, Erico Jorge s/ procesamiento Causa 29.732
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Los delitos previstos por la Ley 24.051 integran la categoría de los delitos de peligro abstracto, bastando para su consumación el acto de arrojar residuos de tal naturaleza, sin necesidad de acreditar puntualmente el efectivo poder contaminante que posee cada uno de ellos y se requiere al menos posibilidades de envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarra, Pedro y otra c/ Landa, Sergio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Carece de todo sustento legal la pretensión de aplicar el principio "non bis in idem" con referencia a la reparación de los daños perseguida en sede civil cuando el responsable fue condenado en sede penal. Pues va de suyo que el resarcimiento no es una pena, entre otras consideraciones, porque no se da en proporción a la falta cometida sino en función del efectivo daño causado.-
Denegatoria del recurso, recurso extraordinario federal, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Expte. N° 266-STJ-2012- A.F.I.P. - D.G.I. S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. Nº 6.239/1999 - Goyeneche, Fulvia Tamara S/ Concurso Preventivo" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2015-02-02

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal, no resulta viable por no cumplimentar con el art. 3 inc. a) de la Ac. Nº 04/07, habida cuenta que el mismo ataca una resolución del Superior Tribunal de Justicia Provincial cuya nota característica no es la definitividad ni puede ser asimilable a ella.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, jubilaciones, pensiones, jueces, adicional por dedicación exclusiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Dacharry, Julio c/ Estado Nacional s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la apelación deducida por el Estado Nacional - con fundamento en que lo resuelto se habría apartado del régimen de la ley 23.982 - contra la resolución que había ordenado el depósito de los fondos correspondientes a la asignación por dedicación exclusiva reconocidos a un magistrado jubilado.
Sentencia condenatoria, sentencia firme, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: L.E.,G.J.,L.J. s/ SUP.HOMICIDIO SIMPLE, SUP. ABUSO DE ARMAS.CAPITAL" EXPTE.N 9634/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-05-24

Resulta improcedente el pedido del cese de prisión preventiva cuando la sentencia condenatoria que impone una condena de prisión se encuentra firme.
Aportes y contribuciones previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HARDOY HECTOR HUGO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Asiste razón al peticionante que cuestiona el porcentaje del 0,85% por año de servicios con aportes a computar para el cálculo de la PAP previsto por el art. 30 de la ley 24.241 (texto originario), por cuanto resulta manifiestamente exiguo e insuficiente para arribar a una prestación cuya cuantía refleje adecuadamente el esfuerzo de aportación del trabajador durante su vida activa que satisfaga el mandato constitucional del art. 14 bis, 3ra. parte. En ese orden de cosas, cabe señalar que no existe razón válida alguna que justifique la diferencia de trato brindada al desempeño de un trabajador por 30 años con anterioridad a julio de 1994, compensándolo con una PC equivalente al 45% de la base de cálculo (1,5% por año conf. art. 24 de la ley 24.241), en tanto igual período de trabajo posterior a la entrada en vigencia del S.I.J.P. sólo sea retribuido con una PAP equivalente al 25% de la misma base (0,85% conf. art. 30 antes referido), a no ser que se considere suficiente a tal fin -lo que ha de considerarse inadmisible- una marcada voluntad legislativa de favorecer la opción por el régimen de capitalización, en detrimento del carácter alimentario de la prestación y de su carácter sustitutivo. Vale recordar que esta situación fue corregida por el legislador a partir de la reforma introducida por el art. 2 de la ley 26.222
Intereses, intereses convencionales, tasas de interés, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Boston Cía. Arg. de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Río Neuquén" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

La doctrina y la jurisprudencia han sido constantes en interpretar el artículo 622 del Código Civil, consecuente con el artículo 565 del Código de Comercio, en el sentido de que, cuando no haya una tasa de interés pactada, se deben los que las leyes especiales hubieran determinado, y en su defecto, los que los jueces determinen, que no serán otros que los que cobra el Banco oficial del lugar - en nuestro caso esta Cámara determinó para tal fin, el Banco de la Nación Argentina -, intereses que coinciden con los percibidos en las operaciones de descuento. Esta posición guarda congruencia considerando que, por analogía en materia civil, los jueces deben atender la directiva sentada por el último párrafo del artículo 565 del Código citado: "siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses de plazos o intereses corrientes, se entiende los que cobra el Banco Nacional".
Ejecución fiscal, juicio ejecutivo, liquidación de impuestos, deudas impositivas, presunción de legitimidad, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Sr. Propietario Alvear 1889 s3 02 s/ Ejecución fiscal Alvear 1889 s3 02 s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-13

La legislación local permite al estado exigir coactivamente el pago de las obligaciones tributarias, mediante un procedimiento especial y sumario denominado juicio de ejecución fiscal, atendiendo a la rápida satisfacción de las rentas públicas y a la presunción de legitimidad que acompaña a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos.

A diferencia de otras legislaciones en que en virtud de la autotutela ejecutiva se faculta a la Administración a imponer forzosamente sus actos sustituyendo el papel del juez, nuestra legislación reguló en materia de ejecuciones fiscales un proceso judicial, que se desarrolla ante una autoridad judicial independiente (heterotutela judicial). No existe en nuestra legislación un procedimiento administrativo de ejecución, como sí admiten otras legislaciones en las que la Administración se autotutela, ejecutando por sí misma sus actos, valiéndose, si ello es preciso, de medios coercitivos sin que les sea preciso acudir a los tribunales de justicia para vencer la eventual oposición de los administrados.
Personal de casas particulares, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ DIAZ, OLGA MARGARITA c/ BONOMO DE RODRIGUEZ, NELLY s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-30

El cuidado de enfermos, extraño al estatuto del servicio doméstico, es aquél que, ya sea prestado o no bajo relación de dependencia, con o sin habilitación profesional, lleva como finalidad principal la de brindar las atenciones que requiere la salud de una persona, sea a través de la vigilancia permanente de su estado, administración de medicamentos o de prácticas terapéuticas, etc., pero no se configura este supuesto cuando -como en el caso- según los propios términos de la demandada, la tarea que se presta consiste -dentro de un horario establecido- en prestar colaboración en la higiene, esparcimiento, compañía y distracción de un miembro de la familia, lo que es propio de categorías de empleados domésticos que, como la denominada "dama de compañía", aparecen específicamente reglamentadas en las escalas salariales respectivas.
Honorarios del abogado, ejecución de sentencia, base regulatoria
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOTTERI, Carlos c/ LUNA DE PALOMO, Bersabé A. y otros s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-05

La labor posterior al dictado de la sentencia que tienda al cumplimiento de la misma, debe ser objeto de regulación, pero los honorarios deben fijarse en proporción al trabajo cumplido. Si la ejecución no se ha cumplido en todas sus etapas, los honorarios de los profesionales deben regularse en proporción a los trabajos realizados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, régimen de consolidación de deudas, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CIVIL
Carátula: Ibalo de Reinoso, Rosa c/ Com. Mun. de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

Es de aplicación a las obligaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lo establecido en la Segunda parte del art.

2do. de la ley 23.982, de consolidación de deudas del Estado Nacional, aunque esta debe dictar la reglamentación pertinente, dado que como lo señala el art. 23 de la ley citada establece expresamente que la misma "entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Sucesiones, acervo sucesorio, honorarios del abogado, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CURRAS, Manuel s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-28

Si bien es cierto que hasta tanto no resulte posible determinar el monto del haber relicto no puede comenzar a computarse el plazo de expiración del derecho a reclamar los emolumentos, esta situación queda configurada cuando quien pretende su cobro conoce la composición del patrimonio transmitido, pues a partir de allí nace para él la carga de activar, en tiempo propio, la correspondiente tasación. Es que si se admitiera que hasta tanto no se establezca el monto de los bienes no comienza a correr el plazo de prescripción, se dejaría exclusivamente en manos del interesado determinar su punto de partida