Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-27


RAWSON, 27 de Agosto de 2.007.- VISTO:

Estos autos caratulados: "P S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Recurso Contencioso Administrativo" (Expte. N° 20.608-P-2.006).

DE LOS QUE RESULTA:

Que vienen estos autos a consideración del Tribunal en virtud de la solicitud formulada a fs. 358 por la Dra. N B. L de E, a fin que se supla la omisión incurrida en la S.D. N° 03/SCA/07, pues no se trató el Recurso de Apelación que oportunamente intentó a fs. 305/307 de autos.

El agravio que funda el remedio refiere al fallo por el que el Tribunal a quo procede -a petición de la Dra. C R que representara a la demandada Municipalidad de Comodoro Rivadavia- a suplir la omisión en que incurriera en la Sentencia Definitiva Nº 28/2006 (fs. 263/286), al no regularle a dicha profesional los honorarios pertinentes.

A resultas de ello, la Sentencia Definitiva Nº 46/2006 (fs. 294 y vta.), en tanto hizo lugar a la ///solicitud de la Dra. R, modificó -sostiene la apelante sustancialmente- el contenido de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2006, reduciendo sus honorarios, cuando -entiende- la Cámara de Apelaciones ya había perdido jurisdicción respecto del tema.

Puntualiza que aún cuando existió una omisión y que ésta podía suplirse en la misma instancia, la Cámara carecía de facultades para modificar la regulación efectuada a su favor, ya que la corrección del error debió realizarse a través de otra regulación que no afectara la ya realizada, mediante ampliación de la sentencia.

Destaca que de la fórmula utilizada por la Cámara de Apelaciones en la regulación de sus emolumentos, emerge que no se fijaron los mismos en forma genérica a los "apoderados de la parte demandada", sino que se dirigió en forma concreta a dos profesionales específicamente individualizados, lo que obstaba a que luego por vía de aclaratoria, se los redujera.

Señala que sin que mediara apelación alguna respecto de la regulación, el mismo Tribunal que la efectuó la revoca, disminuyendo sus honorarios de $ 9.000 a $ 6.000. Cita jurisprudencia.

Concretamente, denuncia violación de la limitación impuesta por el art. 166 inc. 2º del C.P.C.C., en la medida que se ha alterado lo sustancial de la decisión en cuanto a monto de honorarios regulados a su favor, y peticiona se declare la nulidad de la sentencia recurrida, mandando a dictar una nueva, ajustada a derecho.

CONSIDERANDO:

Que efectivamente asiste razón a la presentante, en tanto esta Sala omitió en la Sentencia Definitiva dictada en fecha 28 de junio de 2007, el tratamiento del Recurso de Apelación que obra a fs. 305/307.

Que el mismo -según se ha descripto- se impetra contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala A, que al hacer lugar a la aclaratoria interpuesta por la Dra. C R redujo los honorarios de la recurrente, aduciendo ésta que con ese decisorio se ha sobrepasado la limitación impuesta por el art. 166 inc. 2º del C.P.C.C., al alterarse lo sustancial de la decisión en relación con el monto de honorarios que le fueran regulados.

Que la Sentencia N° 28/06, fijó estipendios a los representantes de la demandada Dres. J A G H y a la hoy impugnante, en forma conjunta en la suma $18.000.

A fs. 290, la Dra. C R plantea Aclaratoria, por cuanto -dice- el fallo omitió regular sus honorarios como apoderada del Municipio accionado.

La Sentencia opugnada - N° 46/06- estima corregir la omisión, y entonces, atendiendo a la actuación de la peticionante -que individualiza- modifica el punto 2) del fallo antes dado y regula los honorarios de los profesionales en él nombrados y de la Dra. R, en conjunto, en la misma suma de $18.000.

Así resulta reducida en $3.000 lo que en Sentencia N° 28 se había estipulado para la recurrente y el Dr. G H, cada uno.

Que el Recurso de Aclaratoria, como se expresó en S.I. 66/SRE/2002, procede para casos en que se compruebe un "error material" (expresión equívoca o errónea de la parte resolutiva de la resolución generalmente contradictoria), "concepto oscuro" (cualquier discordancia que resulte entre la idea y los vocablos utilizados para representarla) u "omisión material" (silencio respecto de un tema que debió decidirse en el pronunciamiento) de conformidad con el art. 166 inc. 2 CPCC.

Así -señalan FENOCHIETTO -ARAZI- la aclaratoria por "error material" sirve para enmendar un defecto de expresión, no un defecto de intelección ni de volición;

cuando se alude al "concepto oscuro" el término concepto debe interpretarse como expresión, dándose cuando la idea no aparece clara por falta de precisión en las frases o en el lenguaje empleado; y por "omisiones del pronunciamiento" se hace referencia al olvido al fallar en relación con alguna pretensión, principal o accesoria. (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1, pág. 599).

La naturaleza jurídica de este carril procesal es discutida desde la doctrina, puesto que algunos autores lo consideran un recurso (PODETTI, PALACIO, IBAÑEZ FROCHAM), otros entienden que se trata de un incidente (SENTÍS MELENDO), y una tercera posición -ecléctica- opina que el instituto asume en algunas circunstancias el ropaje de un verdadero recurso, como cuando se busca enmendar un error material o suplir una omisión, y que no lo sería si tiende a perfeccionar el pronunciamiento a través de la interpretación del mismo, en el supuesto de un concepto oscuro (HITTERS).

Que, cualquiera sea la posición que se adopte, debe el remedio observar el límite impuesto por las normas rituales a la actuación jurisdiccional, ya que está prohibido alterar lo sustancial de la decisión.

Es decir, la nueva resolución que se dicta -integrativa- no debe alterar o sustituir a la anterior ni puede colocarse en contradicción con lo ya decidido, por cuanto el sentenciante debe mantener la unidad de la dirección lógica del pensamiento siendo entonces que la corrección que se permite, ante una evidente equivocación, no debe requerir la necesidad de recurrir a otras consideraciones (SCBA, autos "Colabel ..." causa L. 60.204).

Mas - ha de acotarse- tal limitación genérica no alcanza a la subsanación de cualquier omisión sobre aspectos introducidos y ventilados en el proceso, porque dicho límite puesto a la integración del pronunciamiento apunta a las cuestiones que no formaron parte de la litis, toda vez que si las mismas fueron deducidas y discutidas en el litigio, se abastece a la defensa en juicio (Cám. Nac. Civ., Sala D, 20-10-82, L.L. 1983 -A- 235). Ello, sin dejar de advertir que la causal que atiende a la subsanación de omisiones es sustancialmente distinta de las otras que también habilitan la procedencia del recurso, pues aquí no hay nada que corregir sino que en realidad debe integrarse el fallo.

Si ese límite ha sido o no franqueado constituye el asunto a dilucidar, pues la apelante formula reproche por el que acusa la alteración de lo sustancial de la decisión.

Que liminarmente ha de señalarse, que cuestiones esenciales son aquellas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito, y no cualquiera que las partes consideren de ese modo. (SCBA, Ac. 50428, S.I. 23/4/92).

Refiere GIANNINI que el concepto de modificación de la sustancia ha sido -y continúa siendo- la clave de bóveda del instituto; y luego de analizar distintas posturas para arribar a una adecuada aplicación del mismo, encuentra como la más valiosa y funcional la que se basa en la naturaleza de la modificación y no ya en el "grado" de la misma con relación al "resultado" del decisorio.

Con cita de SENTÍS MELENDO refiere que "la aclaratoria (agregamos: utilizada dentro de sus límites) no determina una modificación de la sentencia, puesto que la volición que la constituye sigue siendo la misma, limitándose a enmendar la expresión de dicha volición".

Aclara luego que es casi unánimemente reconocido que la cuestión de los límites de la aclaratoria resulta un aspecto en el cual la jurisprudencia permanece como una fuente necesaria, en tanto la delimitación de sus contornos debe buscarse en las particularidades de cada caso. (Los límites de la aclaratoria en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, L.L. 28/07/04, p. 6).

En su análisis sobre el tema, expone T. que mientras la enmienda esté dirigida a eliminar el desacuerdo entre el concepto de la sentencia y su expresión material, y la aclaración a despejar dudas interpretativas generadas en deficiencias idiomáticas o imprecisión terminológica, se estará dentro de la zona permitida, mas no es dable por esta vía corregir equivocaciones o errores conceptuales.

Contrapuestamente, en punto a la omisión de cuestiones, en donde la aclaratoria cumple una función integradora del pronunciamiento jurisdiccional, no resulta tarea sencilla demarcar sus límites, toda vez que la integración supone un nuevo acto de voluntad del juzgador acerca de la cuestión o cuestiones omitidas.

Continúa señalando este autor que a fin de encontrar un punto de equilibrio frente a la prohibición dirigida al juez de "alterar lo sustancial de la decisión" -a su juicio- el único obstáculo que detiene la función integradora está dado por la imposibilidad de entrar en contradicción con el soporte argumental del fallo, es decir, su antecedente lógico, y la consecuente solución que brinda al caso justiciable.

Asimismo destaca que las omisiones que aquí interesan son aquellas producto del descuido o inadvertencia del sentenciante. (Algunos aspectos de la aclaratoria - L.L. 1987-E, 773).

Lo expuesto, sin desconocer que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires señaló que es evidente que la inalterabilidad a que se refiere la norma del ordenamiento adjetivo apunta a los supuestos de oscuridad, ya que en los otros dos motivos -errores materiales u omisiones- resulta obvio que cualquier enmienda o agregado puede, en definitiva, modificar la sustancia del fallo. (conf. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Ordinarios, 2da. edición, pág. 216).

FALCÓN -que limita la posibilidad de actuar por aclaratoria al caso de cuestiones secundarias o complementarias de la decisión final- refiere a los casos jurisprudenciales más habituales en materia de omisión de pronunciamiento, encontrando entre ellos el que nos convoca en autos, y señala que los supuestos de mayor aplicación de la aclaratoria por omisión se relacionan con las costas y los honorarios, hipótesis esta última en el que el tribunal debe emitir un acto regulatorio ulterior a la sentencia o interlocutorio donde debiera haber estimado tales estipendios.

Agrega que la preterida regulación de que adolece una sentencia o un interlocutorio, es una suerte de pedido de aclaratoria cuya procedencia abarca la hipótesis de "olvidos" jurisdiccionales. (La Aclaratoria (Alcance y contenido), Medios de Impugnación -Recursos - I, pág. 25/59).

Asimismo, y específicamente en materia de honorarios se dijo que "la Cámara no viola los arts. 166, inciso 2º y 36 inc. 3º del Código Procesal, si advertida por el recurrente del error material padecido al considerar que la regulación de los honorarios del letrado patrocinante del síndico quedaba comprendido por lo que se había resuelto con relación a éste en los autos principales sobre quiebra, procede a aclarar su pronunciamiento previo y así conocer del Recurso de Apelación deducido por dicho letrado"; y que "no es de las autorizadas por dichos preceptos legales, la aclaratoria que modifica las regulaciones de honorarios sobre la base de una nueva valoración de las actividades desarrolladas por los letrados intervinientes por la parte, ya que la modificación de las pautas computadas en la decisión originaria, implica una variación sustancial del fallo definitivo, emitido con exceso del ejercicio de la atribución invocada mediante la cita de las normas referidas" (SCBA, DJABA, v. 120, 344; y SCBA, DJABA, v. 122, 157, ambos citados en MORELLO, SOSA, BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial ..., Comentados y Anotados, II-C, pág. 279 -el destacado es propio).

Que del devenir del proceso resulta, que la representación letrada de la comuna de Comodoro Rivadavia, fue encomendada y estuvo a cargo, aunque no simultáneamente, de la Dra. L de E, el Dr. G H y la Dra. C R.

El desempeño que a esta última le cupo se enmarcó ///por completo en la etapa de prueba de las actuaciones, encontrándose presente en todas las audiencias señaladas (ya sean testimoniales o de absolución de posiciones, aún cuando algunas no fueran concretadas por ausencia de testigos o representante legal de P S.A.), el que se encuentra plasmado desde la fs. 122 hasta el dictado de la sentencia de la Cámara de Apelaciones.

En tanto, la participación de los dos primeros nombrados lo fue al momento de contestar (fs. 95/111) el mal llamado "Recurso Contencioso Administrativo" en la Ley 3098, ya que como se indicó en Sentencias Interlocutorias Nº 49/95 ("P ..."), 13/SCA/96 ("P ..."), inclusive -aunque tangencialmente- en S.D. Nº 8/SRE/96 ("F..."), la naturaleza jurídico - procesal importa la de verdaderas "acciones". Luego, ninguna actividad registraron éstos en la etapa probatoria, llegando así al dictado de Sentencia Definitiva Nº 28/2006.

En oportunidad de regular honorarios, el Dr. NAHUELANCA destacó que no se trataba de un pronunciamiento que determine el monto del juicio, por lo que consideró prudencialmente "el monto indicativo mensual del programa comprendido en el plazo de entrega 8/5/93, con aplicación de los arts. 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Aranceles 2200 y ref. Ley 4335". Concordó con ello la Dra. ALONSO de ARIET, con particular sustento en los incs. c), d), y f) del art. 6 de la ley arancelaria.

Se evidencia entonces que en ocasión de valorar la actuación profesional las pautas tenidas en cuenta han sido comprensivas de la ///defensa íntegra desplegada por la demandada, no sólo en oportunidad de la contestación de la acción sino también en la etapa ulterior -probatoria- hasta arribar al dictado de la sentencia.

Ello es así pues el decisorio efectuó un pormenorizado análisis de las pruebas arrimadas, fueran estas testimoniales (a fs. 275 y vta.), o el reconocimiento ficto de la recurrente (fs. 280), y ello de por sí no autoriza a sostener que se apreciara en forma aislada y fragmentada la actuación de los profesionales que llevaran adelante la defensa Municipal, sino que afianza la conclusión que la valoración ha sido efectuada "in totum".

De ello surge que la omisión de incluir en la primigenia regulación de honorarios a la Dra. R se debió a un "error" del Tribunal -el "olvido jurisdiccional" en la concepción citada de FALCÓN- subsanable por vía de la aclaratoria dictada, sin que por esto pueda ser considerado como una alteración sustancial del decisorio.

No hay contradicción con el "soporte argumental" -según el criterio de TESSONE- ni una "nueva" valoración.

El olvido, es claro, violentó la verdad objetiva emergente de la actuación profesional en el pleito, perjudicó a la Dra. R, y a la par enriqueció sin causa a los otros letrados que participaron por la Municipalidad demandada.

Asimismo no puede soslayarse que el Superior Tribunal ha admitido por vía de Aclaratoria la corrección de fallos en los que existen equivocaciones aritméticas en la medida que no se viola el principio de cosa juzgada de la sentencia, puesto que el efecto de la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juez (Fallos: 34:65, 286:300, 307:516).

Ello propendiendo a la preservación de la verdad jurídica objetiva (STCH S.I. N° 42/91, 32/SCA/96, 61/SCA/97), criterio igualmente aplicable al sub lite, más aún cuando también se ha dicho que advertido el equívoco si los jueces no lo subsanaran, incurrirían en grave falta pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconoce como causa el error (conf. CS Fallos 286:300 y otros) (S.I. N° 10/SCA/04).

Que por lo tanto, el fallo recurrido no es objetable, pues no se ha transmutado la decisión que se pretende aclarar, ni se advierte que exista contradicción con el desarrollo argumental de la primera.

En consecuencia, corresponde confirmar la Sentencia Definitiva Nº 46/2006, por la que se regulan los honorarios, en conjunto, a los Dres. J A G H, N B. L de E y C R.

Que no cabe regular honorarios en el presente atento a la manera en que se resuelve.

Que por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

R E S U E L V E :

1°) RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. N B. L de E, en contra de la Sentencia Definitiva Nº 46/06 de la Excelentísima Cámara de Apelaciones Sala A de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la que se confirma.

2°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. Fdo.: Dres. José Luis Pasutti, Fernando S. L. Royer, y Alejandro Javier Panizzi.

Recibida y Registrada en Secretaría el 28/08/07 bajo el N° 72/SCA/07.

Rawson, dede 2007.

NOTA n°/07 S.I.J.