marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas data, registros públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional consagra una garantía, establece un medio eficaz para que el titular pueda conocer y controlar los datos referidos a su persona que figuren en los registros públicos o privados destinados a proveer informes para que, en caso de falsedad o inexactitud, pueda exigir la supresión, confidencialidad o actualización cuando ellos afecten derechos consagrados en la Constitución (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, acción de amparo, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Arbonés, Mariano Francisco Juan c/ U.N.C. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

No procede el recurso extraordinario contra el fallo que declaró formalmente inadmisible la acción de amparo intentada contra la decisión que separó al actor del consejo directivo de una facultad, fundándose en la existencia de otras vías, con sustento en el art.

2x, inc. a) de la ley 16.986, en tanto se han resuelto cuestiones de hecho, prueba y de derecho procesal, propias de los magistrados de la causa y ajenas, en principio, a la vía del art. 14 de la ley 48 y el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes de la misma naturaleza que lo sustentan y obstan al progreso de la tacha de arbitrariedad .
Amparo por mora, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ, MARTA ROSA c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

El art. 28 de la ley 19.549 sólo resulta aplicable ante la morosidad de la autoridad administrativa en emitir dictamen o resolución.

La petición destinada a urgir un pago queda fuera de tales supuestos.
Promoción industrial, derechos de exportación, cláusula FOB
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROMIELEX (SA) c/ ESTADO NACIONAL s/ ADUANA-DERECHOS-PROMOCION  INDUSTRIAL-SUBSIDIO A LA EXPORTACION-VALOR  (FOB)-PRESCINDENCIA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

El decreto 2785 de 1975 estableció un régimen tendiente a permitir la continuidad de las ventas al exterior de los exportadores tendiente a asegurar el mantenimiento de las condiciones económicas contractuales. A tal fin el artículo 4to. de dicho decreto garantiza el contravalor en pesos, de las divisas y reembolso o derechos de exportación según corresponde, vigentes a la fecha de inscripción en un registro especial, de la operaciones de exportación.

Asimismo se previó la corrección del referido contravalor, aplicando índices de precios internos de producción y de precios internacionales. Como dicho régimen podía provocar un "ajuste compensador" (artículo 3ro.) el cálculo de éste resulta de la aplicación de una fórmula cuyo objetivo resultaba con mayor claridad en el régimen del artículo 4to. de la reglamentación del decreto 624 de 1973 que fue sustituido por el decreto 2785 de 1975, es decir, comparar si la suma en pesos que debe recibir el exportador como contravalor por las divisas que negocia más los reembolsos, es por lo menos igual a la que le había correspondido al momento de la inscripción mencionada (en sentido coincidente ver le artículo 8vo.

del decreto 624 de 1973). Y en esto es análogo la intención que deriva del párrafo primero del artículo 2do del decreto 2785 de 1975, de modo que la obligación de incluir reajustes sobre el "precio" fijado en divisas (artículo 4to. 1er. párrafo IN FINE) que no podían resultar inferiores a determinada pauta, tiene por fin permitir esa comparación entre dos momentos. Además la aclaración que predican las resoluciones 1839 (SCE) y (NEI) y el decreto 624 297 de 1981 no resulta objetable, porque reglan un supuesto que no fue previsto de modo expreso por el decreto 2785 de 1975, dado que en el caso tanto el reajuste del precio contractual como el valor (FOB) vigente al tiempo del embarque están referidos a un precio oficial, hipótesis que no contempla el decreto 2785 de 1975.
Superior Tribunal de Justicia, contrato de obra pública, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Misiones s/ Plantea Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-09-08

Siendo un contrato de Obra Pública el que origina el Litigio, la competencia jurisdiccional para intervenir no puede ser otra que la denominada "contencioso administrativa". Es entonces por imperio de expresas normas constitucionales (art. 145 inc. 3) inexcusable e inmodificable, por ley y mucho menos por las partes, la intervensión del Superior Tribunal de Justicia.
Transporte de carga por agua, Ley de Navegación, ley imperativa, responsabilidad del transportador, descarga, obligaciones del transportador, cláusulas del contrato, conocimiento de embarque
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

En el art. 27l, LN., se enumera las obligaciones del transportista con relación a la mercancía proceder en forma conveniente y apropiada a la carga, manipuleo, estiba, transporte, custodia, cuidado y descarga. Mas aquí, en la segunda parte de este artículo, se establece "Las partes pueden convenir que las operaciones de carga y descarga, salvo en su aspecto de derecho público, sean realizadas por el cargador y destinatario, dejando debida constancia en el conocimiento..." Y esta norma se complementa con la del art. 284 "Las partes pueden convenir libremente el régimen de responsabilidad en sus relaciones contractuales anteriores a la carga y posteriores a la descarga, siempre que dichas estipulaciones no sean contrarias al orden publico". Una hermenéutica razonable del contexto normativo permite reconocer a) que son aspectos reglados por normas imperativas, y por tanto las obligaciones que ellas establecen son indelegables y absolutamente nulo todo convenio que las restrinja, los atinentes a poner la debida diligencia en abstracto y en concreto (incs. a y c del art. 270), como también cuidar del cargamento una vez embarcado; y b) que las partes están facultadas para contratar libremente las operaciones anteriores a la carga y posteriores a la descarga (arts.

284 y 271, Ley de la Navegación).
Prueba documental, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Monserrat SA. c/ Belardo Oscar Emilio s/ Cobro ordinario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Tratándose de una simple boleta bancaria cuya cifra no está contemplada en letras, frecuentemente presentada en ventanilla ya confeccionada, por lo que es fácil agregar un número por la misma mano y esferográfica al ejemplar que queda en manos del cliente, la autenticidad y fuerza probatoria del instrumento ha de resultar de su confrontación con las constancias obrantes en el banco.
Declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez, acción de amparo, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones y Lewin Arcadio y otros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

Si bien el Art. 43 de la Constitución Nacional faculta a los jueces a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes objeto del acto lesivo, ello no implica que el tr mite sumarísimo de la vía del amparo, se reduzcan las posibilidades de defensa en juicio de alguna de las partes.(Dra. Poggiese de Oudín:en disidencia).-
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, declaración de insania
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CARMEN MARCIANA VARGAS. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

La determinación del domicilio del presunto insano con el objeto de fijar el lugar del juicio respectivo requiere cierta amplitud de prueba, necesaria para el resguardo de los intereses que pudieron hallarse comprometidos. En el caso, toda vez que la dirección consignada en el parte médico -que coincide con el domicilio que en ese parte se atribuye al solicitante de la internación- no resulta bastante para resolver la cuestión de competencia con base en hechos suficientemente acreditados en la causa, y habida cuenta de que la presunta insana se halla internada en un establecimiento de la Capital Federal, cuya justicia civil ha adoptado las medidas del caso con arreglo a la ley 22.914, cabe que la Corte a los fines de dirimir el conflicto, se atenga a la residencia que deriva de la internación mencionada (artículo 5to., inciso 8vo., 2do. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Pretensión, objeto del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. C. y Otros c/ Chubut, Provincia del y Otro (Río Negro) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21

En la demanda "aparece inevitablemente la pretensión como fin concreto que el demandante persigue, y que tiene dos elementos esenciales: su objeto, que es el determinado efecto jurídico perseguido (derecho o relación jurídica que se pretende o responsabilidad que se imputa al sindicado) por lo tanto la tutela jurídica que se reclama; y la razón que es el fundamento que se le da, y se distingue en razón de hecho o de derecho, o sea el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material o sustancial, identificándose con la "causa petendi" de la demanda y con los hechos en que se basa la imputación formulada, esto es, la "causa imputandi".- A su vez la pretensión tiene un fin, cual es la tutela particular del pretendiente, puntualizado en la demanda, mediante sentencia favorable".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente, prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Haurigot, Jorge Alberto c/ SOMISA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-27

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se desentiende de los razonamientos que se exhiben en el fallo, procurando contraponer su criterio a la opinión del sentenciante y olvidando que, en principio, es facultad de los jueces de grado seleccionar las pruebas y dar preferencia valorativa a unas sobre otras, sin que ello signifique transgresión a la apreciación en conciencia del material probatorio rendido, con arreglo a lo dispuesto en el art. 44 inc. 'e' del dec-ley 7718/71.
Culpa de la víctima, prueba, accidentes de trabajo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ HUGO LEONCIO Y OTRA c/ ALEGRE LUCAS GERARDO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-11

La culpa de la víctima en un accidente laboral debe probarse aún cuando se opte por la vía civil, el artículo 1113 del CC sobrepone el riesgo de la cosa dándole preeminencia para cambiar la incumbencia del onus probandi.

Conforme ello, el argumento basal en que la demandada ciñe los agravios vertidos en el escrito recurrente, se desenvuelve en la noción y concepto de la culpa de la víctima, que la cosa fue usada contra la voluntad expresa del dueño y los efectos jurídicos que de ello deriva. La legitimación, los los artículos 1084 y 1085 del CC no son taxativos en cuanto a los posibles accionantes.

Una interpretación sistemática no puede desatender la regla general contenida en el art. 1079, en cuya virtud la muerte de la víctima hace nacer una acción resarcitoria a favor de cualquier persona que haya sufrido un perjuicio, sin limitación de los legitimados. El occiso no tenía cónyuge ni descendientes, por lo que sus padres se encuentran legitimados a reclamar por la vía elegida, resultando acertada la solución arribada por el ad-quem en el punto.
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación, habeas corpus, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gruver, Blanca Juana c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en sobre habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no contesta los argumentos de los jueces intervinientes en cuanto a que, a los efectos de la acción pretendida en este caso (habeas corpus), el carácter todavía conjetural o hipotético del riesgo de afectación de la libertad ambulatoria impide el avance de su pretensión. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Embargo preventivo, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Bark, Alfredo Pablo c/ Molina, Luis Enrique y-o otros s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-30

Aún cuando no se den los supuestos contemplados en los incisos del art. 210 del Código de rito, igualmente es factible trabar un embargo cuando se reclama por daños y perjuicios pero, en tal situación, será necesario acreditar la verosimilitud del derecho así como también el peligro en la demora y prestar la correspondiente contracautela.
Propiedad participada, vencimiento del plazo, feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL
Carátula: MACHIN, ROBERTO FRANKLIN c/ E.N.  (MINISTERIO DE ECONOMIA) Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-28

Resultan suficientes las razones alegadas por el actor (vto. el próximo 29 de julio del plazo para adherir al Programa de Propiedad Participada), así como la naturaleza de la acción planteada, para acceder al pedido de habilitación de la feria judicial (art. 153 del C.P.C.C.N. y 4 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Proceso judicial, trámites judiciales, partes del proceso, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Seiler Edgardo Daniel c/ Peruchena Edgardo Omar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Aunque no fuere parte en el proceso -en el cual aún no ha sido el ejecutado intimado de pago y citado para oponer excepciones- el tercero depositario del bien embargado puede ser requerido para que manifieste si el vehículo tiene seguro y eventualmente lo exhiba, debiendo estarse a las resultas de dicho requerimiento para decidir la medida necesaria para asegurar el crédito reclamado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COZZI DE PESCUMA SABINA c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-20

Corresponde excluir a las ferias judiciales del cómputo del plazo de perención en razón de la imposibilidad de las partes de realizar actos impulsivos durante ese tiempo debido a una situación que no les es imputable. A su vez, el cómputo de la feria de enero implicaría para algunos restar un mes al plazo de perención.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta, Eduardo y otra c/ Gavilan, Julio Celestino y/u otros s/ juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-20

A fin de regular los honorarios profesionales en un juicio de daños y perjuicios que tramitó por las normas del procedimiento ordinario -dividido en tres etapas- y culminó por caducidad de instancia en la primera etapa, se debe atender al monto del juicio reclamado en la demanda y la etapa en la que se produjo la caducidad; considerando las tareas efectivamente realizadas, la cuantía de los intereses comprometidos -arts. 8 y 9 de la Ley 512 de Formosa- y el carácter en el que actuó el recurrente -art. 69 de la Ley 512 de Formosa-.
Administración Pública, empleados públicos, licencia por enfermedad, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALETTI, JOSE ENRIQUE PEDRO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 227-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-15

En caso de no concurrencia del agente a los controles médicos dispuestos por la Administración, ésta puede interrumpir la licencia médica o dejarla sin efecto, pero siempre con referencia a los días que resten. Puede incluso adoptar medidas disciplinarias con fundamento en la eventual falta de colaboración del agente pero no fundándolas en la injustificación de inasistencias que hubiera justificado con anterioridad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, monto mínimo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Fernando y/o Equipamiento Integral s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-05

Este Superior Tribunal ya tiene resuelto en distintos precedentes que el monto del litigio está referido a la cuantía del agravio en sí, es decir que el mínimo requerido por la Ley para la procedencia del recurso está representado por la diferencia que pretende o rechaza el recurrente. Dicho de otra forma el mínimo no se refiere al monto de la demanda, ni siquiera al de sentencia, sino al del agravio que hace que se recurra a esta instancia. También se decidió que corresponde al recurrente demostrar que ese monto es igual o superior al mínimo requerido por el artículo 295 del C.P.C.C.

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Habilitación de feria, cheque judicial, libramiento del cheque
Materia: PROCESAL
Carátula: Procikieviez Francisco E. y otro c/ Pami s/ Incidente de embargo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-12

El actor sólo insiste en la supuesta urgencia en el trámite de estos obrados (en particular que se ordene el libramiento del cheque por las sumas embargadas) y abunda en argumentos que ya ha ensayado lo largo de todo este incidente, pero en modo alguno, -importa remarcar- ha podido desvirtuar el hecho de que todavía existen en autos situaciones importantes pendiente de resolución y a las que no es posible abocarse durante este período de Feria judicial. Adviértase la excepción planteada por la demandada -falsedad de la ejecutoria- frente a la citación de venta cursada mediante el auto de fs. 25 y la oposición que ha efectuado la señora Defensóra Oficial respecto a la entrega del dinero, amén de que todavía no se encuentra firme el auto que aprobó la liquidación por la suma que hoy se pretende retirar. En consecuencia, no existe un caso de extrema urgencia que justifique la intervención del Tribunal durante este período de receso judicial. Cuestiones como las propuestas pueden ser decididas una vez iniciada la actividad ordinaria de los tribunales (confr. esta Cámara, Sala de Feria, causas N° 10.668/0l del 14-1-02; N° 6194/08 del 29-7-2008 y N° 7157/07 del 28-1-2009, entre otras).
Acciones posesorias, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUDUEÑA ALBERTO c/ TISSERA HUGO s/ ACCION DE RETENER
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-14

Procede el interdicto de retener deducida por quien demuestra la calidad o condición de poseedor cualquiera sea la naturaleza de la posesión por lo que, consecuentemente, la acción puede ser incoada por el simple tenedor(Del voto del Dr. Sársfield Novillo).-
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, indemnización, intereses, seguro con franquicia, autonomía de la voluntad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MARSILI, MARIANA c/ OLIVIERI, ENRIQUE OMAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-10

Es inadmisible la queja desde que los agravios de la citada en garantía recurrente- que se hayan tomado valores actuales para fijar la indemnización por cuanto ello colisiona con la ley 23928 y torna ilusoria la franquicia a cargo del asegurado- no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa con el criterio con que el Tribunal delimitó la extensión de los rubros indemnizatorios y fijó las tasas de interés aplicables.

Al respecto, es dable destacar que los mecanismos de "indexación" presuponen una operación matemática donde se aplican índices o coeficientes sobre sumas preexistentes, en cambio en el "sub lite" la cuantificación efectuada por los Judicantes es la expresión de la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, sin que la impugnante demuestre de qué modo debería operar el ajuste de la franquicia pactada y por qué ésta situación no podría haber sido zanjada a través de la autonomía de la voluntad.
Recurso de casación, sentencia definitiva, agravio concreto, videofilmación, audiencia, juicio oral
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gaggero, Juan José s/ recurso de queja. Causa: 558
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

En la medida en que la filmación del juicio fue llevada a cabo en sede de la justicia penal, el único agravio actual para la defensa es la afectación que ese procedimiento pudo aparejar para dicha parte y su proyección sobre el resultado del juicio, la que, de existir, debe ser traída a la instancia mediante el recurso de casación que se articule contra la sentencia definitiva.
Responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PICCINI, SILVIA SUSANA Y OTRO c/ LA RIOJA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

El principio de congruencia veda no sólo el pronunciamiento sobre peticiones o defensas no postuladas por las partes, sino también la desviada consideración de los hecho conducentes, que contienen las alegaciones formuladas por aquéllas en los escritos constitutivos del proceso.
Prueba anticipada, costas, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COSMOS BULK TRANSPORT INC. s/ PRUEBA  ANTICIPADA  - HONORARIOS PERITOS - REPETICION ULTERIOR, SEGUN  CONDENA EN COSTAS EN EL JUICIO POR EL PETICIONANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

En las medidas de prueba anticipada, cuya procedencia es resuelta por el juez inaudita parte, se cita al futuro demandado ante la necesidad de restaurar el desequilibrio inicial que rodea su admisión, resguardando el principio de bilateralidad en el momento de su producción. Su comparecencia, a fin de controlar la prueba, le hace incurrir en gastos con motivo de una actividad originada en el interés del peticionante.

Por ello, las costas de la medida conservatoria están a cargo de quien la pidió -sin perjuicio de su oportuna repetición- y resulta inaplicable, en la especie, la doctrina sentada en el fallo plenario, dictado por esta Cámara in re: "Agua y Energía c/Oliver Ind. y Com. s/cobro de pesos" del 16 de septiembre de 1976, que presupone la existencia de una relación procesal trabada entre dos partes que, bajo determinadas condiciones, serán solidarios por los honorarios adeudados a los peritos.