Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09


HELPORT S.A. contra COLOMBO Y MAGLIANO S.A.

Reg.: A y S t 205 p 277-285. En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de marzo de dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "HELPORT S.A. contra COLOMBO Y MAGLIANO S.A. -Juicio Ordinario por Indemnización por Daños y Perjuicios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 341, Año 2003). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Falistocco y Netri. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa, y por sentencia de fs. 1018/1031, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista-en lo que es de interés- hizo lugar a la apelación planteada por "Colombo y Magliano S.A." y, en consecuencia, rechazó la demanda en todas sus partes, con costas a la actora. Contra dicho decisorio dedujo la vencida recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055, agraviándose de que aquél adolece de falta de motivación, toda vez que prescinde de elementos decisivos para la suerte de la causa, y en particular del expediente de tercería de posesión y dominio que vinculó a las partes y a Pedro Anselmi, del cual surge acreditado el obrar por lo menos abusivo, "si es que no con dolo o culpa", de la demandada, que embargó y secuestró un stock de semovientes inmovilizándolos injustamente durante más de siete años, y que , a través del embargo del boleto de marca, frustró la venta del Establecimiento a tranquera cerrada, obligando a su parte a someterse a "la arbitraria imposición de que la demandada le secuestre 170 vacas y 64 crías al pie y las traslade unos 150 kilómetros hasta la Sociedad Rural de Reconquista". Adujo que la Alzada, cuando expresa que su parte no probó que la embargante abusó o excedió en el derecho que otorga la ley para obtener la cautelar, Agregó que los aparentes fundamentos dados en el fallo -en cuanto se afirma que "la demandada no actuó abusivamente, ni con culpa ni dolo"- violentan la cosa juzgada material que surge de la causa "Helport S.A. c/Colombo y Magliano S.A. y Anselmi, Pedro Angel s/Tercería de posesión y dominio" (Expte. 907/79), y evidencian que -no obstante sus dichos- la Alzada no analizó el expediente. Destacó que la Cámara omite considerar:

i) que Colombo y Magliano S.A. sabía que el campo donde se embargan los animales era de Helport S.A. (lo cual quedó demostrado por haber sido aquélla la intermediaria en la compra de dicho inmueble); ii) que el mandamiento no habilitaba al allanamiento de domicilios de terceros, ni al embargo de bienes de terceros, y que las cosas muebles en posesión de Helport S.A. hacían presumir su propiedad; iii) que la hacienda cautelada había sido comprada por Helport S.A. a Colombo y Magliano S.A., la cual "no podía desconocer que lo que cautelaba era de un tercero distinto de Anselmi"; y iv) que la demandada admitió saber que Helport S.A. tenía prácticamente concluida la venta del Establecimiento La Juana a tranquera cerrada, y que no obstante ese conocimiento y las cautelares trabadas sobre 234 semovientes de Helport S.A. y 29 de Anselmi, amplió la cautelar sobre el boleto de marca a fin de impedir la venta de los 1400 animales de Helport S.A.. Sostuvo que la Alzada también violó el derecho de defensa de su parte en tanto entendió que la demandada había obrado lícitamente (al haber demandado a Anselmi y obtenido sentencia favorable), fundándose para ello en un proceso en el cual Helport S.A. no fue parte. Alegó que el fallo, cuando sostiene que Helport S.A. no desconocía, o no debía desconocer, que Anselmi compraba animales a su nombre, invoca circunstancias ajenas a la litis y carentes de relevancia, profundizando el absurdo cuando le atribuye a su propia negligencia la ignorancia de tal situación, lo que significa "que un tercero agredido por una cautelar sin derecho a su respecto es negligente por ignorar los créditos y débitos que pueden tener el pretenso acreedor respecto del tercero supuesto deudor". Destacó que no existe ninguna prueba que respalde la tesis del tribunal de que si Anselmi compraba a su nombre animales que se facturaban a nombre de Helport S.A. y esta firma se los pagaba a Colombo y Magliano S.A., ésta no podía saber quién era el real propietario, "ya que esos elementos son los propios de una compraventa con tradición que prueban la prop Postuló, finalmente, que "el tema de la 'apariencia' también fue motivo de debate y resolución en el juicio de tercería de posesión y dominio que precedió al presente y cuya sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada", por lo que el fundamento del fallo viola dicha autoridad y, con ello, conculca la garantía del debido proceso y la inviolabilidad del derecho de propiedad (fs. 1035/1066 v.). Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 1068/1070), la Cámara denegó la concesión del recurso por auto de fs. 1073/1075, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 185, pág. 114) En el nuevo juicio de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar la rectificación del criterio entonces s Tal conclusión resulta de considerar que en el caso la recurrente omite demostrar que el fallo atacado haya vulnerado efectivamente las normas y principios que invoca, o excedido el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de hechos y pruebas (cfr., Fallos, 312:1983; 315:886), limitándose sus planteos -en definitiva- a explicitar la mera disconformidad de su parte con los fundamentos expuestos por la Alzada para justificar su decisión, extremo que -insisto- exorbita la vía intentada. Cabe recordar en ese orden que, para entender que correspondía revocar el decisorio de baja instancia, el a quo partió de considerar que, trat solicitante de la medida aparecen claros, y siempre que la culpa resulte significativa de una conducta irreflexiva, precipitada o imprudente que injustamente lesio La Alzada también destacó, en abono de dicha conclusión, los siguientes extremos:

a) que "de la facultad de allanar domicilio y de denunciarlo que tenía el autorizado a intervenir, se desprende, contrariamente a lo sostenido por el a quo y por la actora, que no existió violación de domicilio, sino que se actuó dentro de las facultades que confería el mandamiento"; b) que posteriormente Colombo y Magliano S.A. dedujo demanda contra Anselmi a fin de cobrar un saldo de la cuenta corriente adeudado por éste, la cual finalmente prosperó mediante sentencia firme que "dio certeza al derecho invocado para la cautelar" (Expte. 406/79), saldo que provenía de compras de ganado hechas por Anselmi a nombre propio con la intermediación de Colombo y Magliano S.A., firma ésta en la cual Helport y Anselmi llevaban cuentas corrientes separadas, algo de lo cual Helport S.A. tomó conocimiento luego de designarlo administrador (citándose al respecto la pos. 11ª., a fs. 730 del expediente de tercería); y c) que a la hacienda comprada por Anselmi "éste le colocó su marca", como lo expresó la actora en su escrito inicial de la tercería, a fs. 67 v., "habiendo tomado conocimiento, según dice su representante, de que Anselmi marcaba con su marca recién luego de revocado el poder (para administrar) (...), lo cual si bien es de dudosa creencia, muestra al menos -como lo expresara el Juez de baja instancia- una falta de diligencia o torpeza respecto de los animales que poblaban su campo", en una situación que "resulta igualmente criticable e inconcebible" tratándose de una empresa como Helport S.A. carezca de una marca propia para sus animales. "Esa realidad que surge de autos me lleva a descartar que de la intervención de Colombo y Magliano S.A. en la compra del campo por parte de la actora y de la vinculación -como cliente o amigo- de Habegger (...) con Anselmi se pueda deducir que Colombo y Magliano sabía que los animales que estaban en el campo de Helport, que como vimos tenían la marca de Anselmi, eran de Helport. Por el contrario, entiendo que del modus operandi de Anselmi, que compraba a su nombre, fácil resultaba deducir que la hacienda era suya, más aun de dichas compras adeudaba el importe que reclamó la demandada y que dieron lugar a las medidas cautelares". En cuanto a la insolvencia de Anselmi, consideró el Inferior que de ella tampoco podía extraerse responsabilidad para la demandada, porque ésta se había limitado a decir que no la podía precisar (no siendo cierto que la hubiese reconocido) y, además, porque "habiendo probado la certeza de su crédito, ello justifica la defensa de lo que entiende eran sus derechos en el referido juicio de tercería, ante las razones aparentes que tenía para juzgar que la hacienda embargada era de Anselmi, juicio en el que, de los términos de sus escritos, no puede inferirse una voluntad dilatoria, sino la de ejercitar lo que entendía era su derecho", lo cual no era generador de responsabilidad (omito las citas de jurisprudencia), siendo de destacar -añadió- que concluido el referido juicio "el apoderado de la demandada solicitó el levantamiento del embargo sobre la hacienda", haciéndose cargo la misma "del costo del baño, peones y traslado". 2. Habiéndose cuestionado la validez de dichas conclusiones con los argumentos reseñados ut supra, la ponderación de los mismos a la luz de las constancias de autos me convence de que -conforme lo anticipara- nos encontramos ante la inequívoca e inadmisible pretensión de reanudar, bajo el matiz de la impugnación constitucional, un debate ya agotado en las instancias ordinarias, y que la recurrente no intenta otra cosa que revisar la corrección de una respuesta que, más allá de su acierto o error, no puede verse ciertamente como un acto "inconcebible dentro de una racional administració 5º). En concreto entiendo que Helport S.A. no ha logrado desvirtuar los postulados centrales sobre los que se asienta el fallo de la Alzada, entre los cuales se destaca la ausencia de convicción acerca de que asistiese razón a aquélla cuando sostenía en su demanda que Colombo y Magliano S.A. "utilizó esa cautelar con una finalidad distinta a la legal excediendo los límites impuestos por la buena fe, moral y buenas costumbres" (vide fs. 8), ausencia de convicción que resultaba decisiva -dentro de la lógica del discurso del tribunal- para la suerte de la causa, atento a la ya explicitada adhesión de aquél a la tesis subjetiva que demanda la concurrencia de dolo o culpa para incurrir en responsabilidad por la traba de medidas cautelares, tesis que encuentra asidero mayoritario en doctrina y jurisprudencia (vide Alsina, Hugo, "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 1962, pág. 493; Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado", 1969, t. II, pág. 237; Colombo, Leonardo A., "Culpa aquiliana", 1947, pág. 299; Serantes Peña, Oscar E.- Clavell Borrás, J., "Código Procesal Civil y Comercial", 1957, pág. 445; Parellada, Carlos Alberto, "Responsabilidad Civil por las medidas cautelares trabadas sin derecho", en J.A. 1991-IV, pág. 661 y jurisprudencia allí citada; Sup. Trib. Santa Fe, 12.XI.1943, en L.L., t. 33, pág. 394; CNCom, Sala A, 31.X.1984, en LL, 1986-B, 609; SCBs. As., 1.XII.1992, en LL, 1993-A, 487; CNCom., Sala A, 7.VI.1989, en LL, 1989-E, 486; CNCom, Sala E, 7.X.1992, en LL 1993-B, 94; CCC Lomas de Zamora, Sala I, 26:VII.1994, en LLBA-1996, 70), en particular cuando se trata de embargos trabados sobre bienes de terceros en la hipótesis de que hubiera derecho del actor contra el demandado (algo en lo cual coinciden incluso quienes sostienen genéricamente la tesis objetivista o del riesgo creado: así, Podetti, J. Ramiro, "Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral", t. IV -"Tratado de las medidas cautelares"- , 2a. ed., 1969, pág. 159), un criterio que ha merecido incluso el explícito aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Giménez, Delfor" -Fallos, 308:1061, citado por el a quo-, cuando expresara que "ninguna disposición legal -ya sea sustancial o procesal- establece en este ámbito una responsabilidad sin culpa" y destacara -con relación al abuso del derecho- la necesidad de que medie un exceso de "los límites de la buena fe", extremos que en el caso la Cámara descartó en claros términos haciendo hincapié -al propio tiempo- en la existencia de la culpa por parte del propio tercero que en definitiva padeció los efectos del embargo, extremo del cual Helport S.A. no se hace debidamente cargo, en tanto pretende descalificar el "argumento de la negligencia" con la mera alegación de que el mismo supondría el absurdo de reprocharle a su parte la ignorancia de los créditos y débitos que pudieran haber existido entre terceros.

Vale la pena reiterar que en su hora la Alzada afirmó que "Helport S.A. no desconocía o no debía desconocer que Anselmi compraba animales a su nombre (ver certificados de campaña, por ella acompañados a fs. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de la tercería de dominio) y si, como sostiene, no tenía conocimiento de ello, se debe a su propia negligencia, pues los certificados datan desde mayo de 1978 en adelante, es decir casi un año antes de que decidiera revocarle el poder por graves irregularidades como administrador" (la cursiva me pertenece), reproche sobre el cual la Cámara insiste a fs. 1024 v., diciendo que la pretendida ignorancia del hecho de que Anselmi colocaba su marca sobre los animales adquiridos "muestra (de parte de Helport S.A.) al menos una falta de diligencia o torpeza respecto de los animales que poblaban su campo", en una situac Cabe tener presente, en este sentido, que conforme reiterada jurisprudencia constitucional, "determinar en qué clase de situaciones existe ejercicio abusivo de un derecho constituye una cuestión reservada a los jueces de la causa y ajena, como regla, a la instancia extraordinaria" (Fallos, 306:1850; 311:1337; 316:2033; 324:2460) -por representar una materia estrechamente ligada a la ponderación de las constancias de la causa- y que tal principio que sólo debe ceder cuando la decisión es el resultado de afirmaciones dogmáticas sustentadas en la sola voluntad de los jueces, extremo que - conforme a lo expuesto, y no obstante las alegaciones de la impugnante- no se advierte configurado en autos Establecida -sin objeción desde el plano constitucional- la imposibilidad de formular un juicio de reproche por no concurrir un obrar culposo ni doloso (esto es, de mala fe) -tal como lo postulaba la actora en su demanda-, pierde decisividad y se torna forzosamente irrelevante el punto vinculado con la eventual desproporcionalidad (insuficientemente acreditada, por lo demás) que mediaría entre el crédito de Colombo y Magliano S.A. contra Anselmi y el valor de los bienes cautelados (que aquélla embargó en la creencia -no desvirtuada, según los jueces de la causa- de que se trataba de la marca del referido Anselmi), pues su obligación de resarcir sólo podría fundarse, en tales condiciones, sobre una tesis objetivista (como la del riesgo creado -vide Maurino, Alberto Luis, "Abuso del Derecho en el Proceso", La Ley, Bs. As., 2001, pág. 60-), expresamente rechazada por el Inferior con un criterio cuya revisión escapa a la competencia de esta Corte, por remitir al examen de cuestiones de interpretación del derecho común, resueltas con fundamentos no capr sí examinó las derivaciones del juicio de tercería, concluyendo en que el hecho de haber sido vencida en el mismo no significaba per se responsabilidad para Colombo y Magliano S.A., siendo por lo demás claro que dicho vencimiento -parafraseando un precedente que conserva autoridad- no supone dolo o culpa ni equivale a reprimir la comisión de un acto ilícito (Sup. Trib. Santa Fe, 12.XI.1943, en L.L., t. 33, pág. 396), todo lo cual conduce a reafirmar que no se verifica ni siquiera en grado liminar la concurrencia de un supuesto de prescindencia de pruebas o constancias decisivas (Fallos 242:179; 238:566; 296:177, entre otros) y que en definitiva sólo existe una fuerte discrepancia de la impugnante con el criterio asumido por los jueces de la causa al examinar tales constancias, en un planteo que, por versar sobre extremos de hecho y prueba, permanece ajeno -insisto- al recurso extraordinario. Además, tampoco debe olvidarse que, sin perjuicio del escrupuloso respeto que merece la cosa juzgada -cuya jerarquía constitucional se reconoce pacíficamente-, ello no debe llevar al arbitrario extremo de extender su valor formal más allá de límites razonables (Fallos, 310:302 y 2063; 312:173; 314:423; 316:3126; 317:381; 318:2068; 321:2730, etc.). De todo lo expuesto se deriva la forzosa conclusión de que la recurrente en definitiva no pretende otra cosa que renovar un debate ya agotado y cerrado en la instancia de grado, insistiendo en argumentos que ya fueron razonablemente desestimados -v.gr., el del "allanamiento ilegal", que no consulta los amplios términos que resultan del mandamiento de fs. 14 (expte. 314/79)-, con el objeto último de que este Tribunal sustituya por su propio criterio el adoptado por los jueces de la causa al valorar las constancias de la causa, pero sin introducir planteos susceptibles de superar el valladar de la admisibilidad de la vía intentada, por lo que se impone su desestimación. Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 1087/1088 v., voto por la negativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta. Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055). Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar inadmisible el recurso, con costas. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)