Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-11


SENTENCIA NÚMERO: CINCO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de abril de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 98/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Álvaro Tomás Molina por la Defensa de Mario Alberto Córdoba en contra de Sentencia Nº 34/2012 recaída en Causa Expte. Nº 239/11 - Córdoba, Lucas Isaías y otro -Doble homicidio calificado criminis causa en calidad de co autores - Icaño -Dpto. La Paz", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las prue-bas y, a consecuencia de ello, ha aplicado erróneamente el art. 80 inc. 7º del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 34/2012, dictada en los autos principales, reúne, en principio los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 12, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer tér-mino, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

I. Por Sentencia Nº 34/2012, dictada el 24/08/2012, la Cá-mara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad resolvió: I) Declarar culpable a Mario Alberto Córdoba de condi-ciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de Doble Homicidio Calificado Criminis Causa (arts. 80 inc. 7, 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua con más accesorias de ley (art. 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del CPP) (.) El hecho que el tribunal tuvo por acontecido es el siguiente: "Que el día 10 de Diciembre del año Dos Mil Diez, en un horario que no se ha podido precisar con exactitud, pero que estaría comprendido entre las horas 13:00 y 18:00, en circunstancias en que los ciudadanos Ángel Chame, Hiladia Vallejos y el nieto de esta última, el menor de quince años Alejandro Elías Juá-rez Exeni, se encontraban en el domicilio sito a unos 150 metros (hacia el punto cardinal norte) de la Ruta Provincial Nº 2 (en sentido este-oeste) de la localidad de Icaño, Dpto. La Paz, Provincia de Catamarca, se hicieron presentes LUCAS ISAÍAS CORDOBA y MARIO ALBERTO CORDOBA, con claras intenciones furtivas y obrando de consuno, munidos de un arma de fuego y luego de ingre-sar a la morada por la puerta de atrás, previo amenazar de muerte a sus propie-tarios, se apoderaron ilegítimamente de dinero, joyas y celulares. Hecho esto, los incoados LUCAS ISAIAS CORDOBA y MARIO ALBERTO CORDOBA procurando lograr que su robo quede impune, toda vez que conocían a los ciu-dadanos Hiladia Vallejos y Ángel Chame, y para facilitar la concreción del ro-bo, sosteniéndola por atrás a la Sra. Hiladia Vallejos procedieron con un cuchi-llo a cortar su cuello, quedando la misma tirada en el piso en el medio de un profuso charco de sangre, no satisfecho con ello, los cuales para concluir con su designio criminal, con clara y evidente intención de dar muerte a la Sra. Valle-jos le realizan un disparo con arma de fuego en su cabeza, provocándole de esta manera la muerte a causa de un paro cardio-respiratorio producto de un shock hipovolémico. Inmediatamente proceden a interceptar al Sr. Ángel Chame quien se encontraba en el pasillo de la vivienda y luego de ser sometido a una feroz golpiza, lo reducen y tomándolo por atrás le cercena el cuello con un cu-chillo, no cesando con su accionar hasta asegurar el resultado mortal, quedando el Sr. Ángel Chame tirado en el medio del pasillo en un profuso charco de san-gre, falleciendo a causa de un paro cardio-respiratorio producto de un shock hipovolémico procurando de esta forma lograr que el robo quede impune y pre-vio dejar en un dormitorio de la vivienda con vida al menor Alejandro Elías Exeni, proceden a darse a la fuga".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Álvaro Tomás Molina, en su calidad de asistente técnico del imputado Mario Alberto Córdoba, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º, 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Como primer agravio, denuncia inobservancia o erró-nea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Cuestiona que el voto mayoritario del tribunal fundamentó sus conclusiones solamente en lo declarado por el coimputado, Lucas Isaías Córdoba. Señala que Lucas Isaías, con sus dichos, sólo quiso librarse de la res-ponsabilidad que le corresponde en el hecho, mientras que su defendido se pre-sentó espontáneamente ante la justicia, dispuesto a asumir responsabilidades penales. Considera que lo referido por su asistido son los dichos que deben to-marse como verdaderos. En tal sentido, formula consideraciones con respecto a lo declarado por Lucas Córdoba, señalando las contradicciones en las que, a su entender, ha cometido.

A continuación, reitera que el voto mayoritario del tribunal ha incurrido en una errónea interpretación de la prueba al subsumir el hecho en la figura del art. 80 inc. 7 del CP -homicidio criminis causa-, y no en la del art. 165 del C.P. Consecuentemente, solicita se aplique la escala penal establecida en el art. 165 del C.P. y que se tengan en cuenta las circunstancias atenuantes de la pena que le correspondería a Mario Córdoba (grado cultural, su ambiente y modo de vida, su falta de antecedentes, su presentación espontánea y arrepen-timiento sincero y la colaboración prestada con el esclarecimiento de los hechos).

III. Antes de iniciar el tratamiento puntual de los agravios expuestos, cabe destacar que si bien el casacionista denuncia como motivos de casación los previstos en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 454 C.P.P., ha omitido fundar en forma separada y clara en qué consisten cada uno de los defectos del pronunciamiento, omitiendo así, cumplimentar adecuadamente lo prescripto en nuestra ley procesal penal vigente (art. 460 C.P.P.).

En tal sentido, esta Corte ha sostenido (A.I. Nº 19, 30/06/2010) que: ".el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa. Ello es así, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador " (C.S.J.N., "Ca-sal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

En efecto, si bien son escasos y entremezclados los funda-mentos ensayados por el recurrente, advierto que lo que intenta cuestionar es la errónea apreciación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prue-ba, lo que a su entender, ha implicado una errónea aplicación del art. 80 inc. 7º del C.P. En consecuencia, a fin de garantizar el derecho de defensa del imputa-do, el cual goza de jerarquía constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22), con los lími-tes señalados, se analizará el recurso interpuesto.

Sentado lo anterior, corresponde ahora ingresar al trata-miento del primer agravio que invoca la defensa, consistente en argumentar genéricamente que son los dichos de su asistido -Mario Alberto Córdoba- los que deben tenerse por verdaderos, pues deviene de un arrepentido ignorante que no especula con las consecuencias de su declaración. Aquí, advierto que el recurrente ha omitido señalar, especificar y fundamentar, cuáles son las expre-siones de su asistido que entiende debieron ser ponderadas a su favor, o cuál es el yerro puntual en el que ha incurrido el tribunal. El escrito se inicia con el reconocimiento de que Mario Alberto Córdoba ha aceptado su autoría en el homicidio, mas se limita a decir que "su relato difiere en cuanto a las circuns-tancias ocurridas antes del hecho, en el interior de la vivienda y en los resulta-dos de la misma". Esto pone en evidencia la ausencia de especificación y ar-gumentación de los puntos concretos que le causan agravio; es decir, omite de-nunciar cuáles son las diferencias, que a su modo de ver, serían capaces de conmover la decisión del tribunal.

Dice también	que las contradicciones en las que ha incurri-do Lucas Isaías Córdoba ha llevado al tribunal a una errónea interpretación de la prueba y a subsumir la conducta de su asistido en la figura del art. 80 inc. 7º C.P. Debo decir, que aquí tampoco el recurrente formula un desarrollo de los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que sustenten el cambio de calificación legal que propone, esto es, de la figura de Homicidio Criminis Causa impuesta por el tribunal de juicio a la de Homicidio en ocasión de robo (art. 165 C.P.), pretendida por la defensa. En efecto, el recurrente se ha limitado a referir que Lucas Isaías Córdoba dijo que desde afuera escucha un disparo, para más tarde afirmar que escucha un golpe, aparentemente un disparo, esto es a escasos metros donde dice ocurren los hechos. En tal sentido, sostiene la de-fensa, que está probado que la víctima tenía un disparo en la cabeza, pero que del relato de Isaías Córdoba, se debe colegir que hay más de un disparo, lo que no está probado -afirma-, como tampoco que haya sido Mario Córdoba el que tenía el revólver, no se sabe si él disparó, quién mató a las víctimas, si le roba-ron dinero, si las víctimas conocían a los imputados, no se sabe cuál de los dos dice la verdad.

Las afirmaciones postuladas quedan sin sustento en el análi-sis efectuado por el tribunal, que luego de realizar un pormenorizado y compa-rativo examen de lo expuesto por Mario Córdoba y Lucas Isaías Córdoba, cote-jando ambas versiones con el resto del material probatorio debidamente incor-porado a debate, logró, a la luz de la sana crítica, concluir del modo en que lo hizo respecto al imputado Mario Córdoba. El a quo entendió probada la sus-tracción de bienes muebles, ejercitándose para su perfección la violencia física sobre los afectados. En tal sentido ponderó el tribunal que Lucas Córdoba ma-nifestó que su primo Mario portaba los elementos sustraídos, escondidos en una camisa, entre sus piernas, elementos éstos negados por Mario Córdoba. No obs-tante ello, dicha tenencia ha quedado corroborada también, con el testimonio brindado en debate por Ignacio Edgardo Barrionuevo quién en la oportunidad reconoció que Mario Córdoba se apersonó en su domicilio, solo, y le ofreció dos teléfonos celulares, alhajas de oro y hasta un revólver -esto último, también desvirtúa lo afirmado por el casacionista, quien niega que su asistido haya por-tado el arma-. Dijo el testigo que le adquirió los dos celulares, desechando la compra del arma de fuego, diciéndole que a las joyas las podría ofertar a su mu-jer, María Jesús Funes de Barrionuevo, quien en debate afirmó la solitaria pre-sencia del imputado Mario Córdoba en la emergencia referida, quien se trasla-daba solo y expresaba vender esas cosas ya que tenía que viajar a la provincia de Córdoba. Dichos objetos fueron entregados en forma voluntaria por los pre-nombrados a la instrucción, conforme se constata en el Acta de Entrega volun-taria de elementos, obrante a fs. 97, los que fueron reconocidos y entregados a la hija de una de las víctimas (fs. 122), elementos probatorios que han sido de-bidamente incorporados a debate contando con la anuencia de las partes.

En la señalada dirección, el tribunal también consideró la actitud posterior al delito verificada por el acusado Mario Córdoba, quien de manera casi inmediata procuró ausentarse del lugar de los hechos, regresando a su provincia de origen -Córdoba-, destino en el cual se quebró reconociendo ante su padrastro Gregorio Figueroa, cuya declaración testimonial fue incorpo-rada a debate, que se había mandado una macana diciendo que él en compañía de su primo son los que habían entrado en la casa de los ancianos.

De igual modo considero que no tiene sustento la afirma-ción de la defensa en cuanto pretende desvirtuar lo declarado por Lucas Isaías Córdoba, expresando que no está probado que su asistido haya disparado más de una vez, como lo sostiene Lucas. Desvirtúa tal aseveración el razonamiento del tribunal a quo, quien puntualmente destacó que, al momento de ejecutarse los actos preparatorios a la sustracción, el incuso Mario Alberto Córdoba, al adquirir el arma de fuego utilizada para tal fin, le expresó a su primo la necesi-dad de contar con la escopeta para hacer unos tiros y robarle a los ancianos que vivían cerca de la ruta, advirtiendo en ese momento Lucas Isaías Córdoba, que su primo portaba un cuchillo, el que llevaba entre sus ropas. Que una vez en el lugar de los sucesos, Lucas escuchó un disparo, lo que se corrobora con la comprobación pericial pertinente realizada sobre la ropa de cama secuestrada (ver Acta de Inspección Ocular y Secuestro (fs. 402/403 vta.) y Placas Fotográ-ficas (fs. 420, 457 bis y 458, fotos 28 y 29) para luego advertir que Mario exi-gía dinero a Chame, a quien hiere mortalmente para lograr su objetivo. Asu-miendo idéntica conducta con Vallejos la que le pedía que no le hagan nada porque los conocía (ello desvirtúa también el argumento de que no conocían a las víctimas), imploración que fue desatendida por el acusado, que igualmente cercenó su cuello y le efectuó un disparo de arma de fuego. Ello a todas luces denota la comprobación fehaciente de los dos disparos a los que refirió Lucas Córdoba.

Tampoco pueden tener acogida favorable las críticas rela-cionadas con la ausencia de rastro de la escopeta que Lucas Córdoba dice haber prestado a Mario Córdoba. Tal aseveración queda totalmente sin sustento si se analiza el material probatorio obrante a fs. 106/106 vta. (acta de registro domi-ciliario) y el Informe Técnico Balístico de fs. 394/397, al que alude el senten-ciante.

Cuando el recurrente dice "no sabemos si Mario Córdoba tenía un revólver, nos sabemos si él lo disparó", más allá de lo analizado y pro-bado, debo decir que ninguna incidencia tiene para modificar la calificación legal que aquí intenta discutir. Digo ello, puesto que ha quedado fehaciente-mente acreditado que la muerte de ambas víctimas ha sido producida por la en-vergadura de la herida contuso cortante presentada en el cuello, lo que les pro-dujo hemorragia importante con el consiguiente shock hipovolémico y la muer-te de ambos, concluyéndose que tanto la muerte de Hiladia Vallejos como la de Ángel Chame se produjo a causa de un paro cardiorespiratorio producto del shock hipovolémico (Informe de Autopsia, fs. 137/142).

En este orden de ideas, el sentenciante puntualmente fun-damentó que la portación desde un comienzo de dos armas diferentes pero am-bas de enorme poder vulnerante sumado a sus manifestaciones iniciales de que quería el arma para hacer "unos tiros", objetivizan la voluntad direccionándola indiscutiblemente hacia la concreción del "animus encandi" propio de la figura típica del homicidio subjetivamente calificado por su finalidad. De igual modo, argumentó que en la producción ilícita señalada -robo- el delito previo impres-cindible para la existencia del más gravoso -aclaró-, queda absorbido por la acción final, constituyéndose en un elemento normativo del tipo legal referido. Así, destacó que la intención o ánimo determinante se patentiza en el actuar desarrollado en el hecho delictivo verificado, observándose a su respecto que el acontecimiento homicida al Sr. Chame se produjo ante la necesidad de perfec-cionar el ilícito antecedente, operando igual motivo en el caso de la Sra. Valle-jos, a lo que se adiciona en este la previsión de evitar un futuro reconocimiento del sujeto activo del emprendimiento criminoso, pretendiendo de esta forma lograr su impunidad.

Consecuentemente, el tribunal con acierto, en forma unáni-me, concluyó que la situación corroborada en el caso se subsumía con holgura dentro de los cánones legales del delito agravado; aclarando que la conducta atribuida a Mario Alberto Córdoba se despojaba de las previsiones conceptua-les del Homicidio en ocasión de robo, precepto legal en el cual el resultado mortal no se encuentra vinculado subjetivamente por una predisposición teleo-lógica, siendo, en este caso, la relación causal observada el fruto de decisiones volitivas autónomas, condicionadas por las circunstancias vivenciales autóno-mas.

Corresponde aquí recordar lo sentado por esta Corte en el precedente "Ibáñez" (S. nº 4, 02/03/2011), en donde el suscripto sostuvo que: ".la relación existente entre las figuras del homicidio críminis causa y el homicidio en ocasión de robo (art. 80 inc. 7mo., y 165 C.P.), desde el punto de vista dogmático, se discute si los resultados mortales del art. 165 pueden ser reprochados incluyendo o no a muertes dolosas, sólo a resultados culposos o a éstos y los preterintencionales (Cfr. Breglia Arias y Gauna: "Código Penal y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Bs. As., Astrea, 1985, p. 552 a 557; Laje Anaya-Gavier, "Notas al Derecho Penal Argentino", t. II, Parte Especial, Ed. Lerner, l995, p. 312; "Cuaderno de Doctrina y Jurispru-dencia Penal": "La jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, en relación al homicidio en ocasión de robo" por Leonardo Gabriel Pittevia, Año IV. nº 8, Ed. Ad-Hoc, Bs. As. 1998, p. 667). Lo que está fuera de discusión, por encontrarse ampliamente aceptado, es que cuando el art. 80 inc. 7º requiere que para su configuración, que exista en el agente una finalidad, la misma sólo es compatible con el dolo directo. En dogmática, la mayor consecuencia de este reconocimiento es que cuando concurre una circunstancia de esta naturaleza el delito no puede atribuirse a título de dolo eventual (Núñez, Ricardo C., "Ma-nual de Derecho Penal", parte general, 4ta. edición actualizada por Roberto Spinka y F. González, 1999, p. 189; Soler, Sebastián: "Derecho Penal Argenti-no", t. 2, p. 104, t. 4, p. 258, Ed. Tea, Bs. As., 1983; Bacigalupo, Enrique: "Ma-nual de Derecho Penal", Ed. Temis, Bogotá, 1998, p. 114; Vidal, Humberto: "Derecho Penal Argentino", parte general, Ed. Advocatus, Córdoba, 1994, p. 123 y sgtes., para quien "estos elementos sirven, frecuentemente para agravar la culpabilidad"; Fontán Balestra, Carlos: "Tratado de Derecho Penal", t. II, parte general, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1990, págs. 53 y 264; Zaffaroni, Eugenio Raúl: "Manual de Derecho Penal, Parte General", sexta edi-ción, Ed. Ediar, Bs. As., p. 420). En consonancia con lo expresado, entiendo que resulta imperiosa la descripción del comportamiento con la especificación de circunstancias modales claramente reveladoras de sus componentes subjeti-vos, en consecuencia, si se trata de una figura legal que acepta plurales elemen-tos subjetivos, como ocurre con el homicidio críminis causa, se debe individua-lizar cuál de ellas concurre en el caso.

Sentado entonces, que la figura aplicada por el Tribunal re-quiere un elemento subjetivo, corresponde analizar si, conforme las circunstan-cias del caso, el resultado mortal se compadece con los extremos del delito por el cual Mario Córdoba viene condenado.

Con relación a la coexistencia de las figuras del art. 80 inc. 7º y 165 CP., enseña Núñez que la regla es que corresponden a la primera, los casos en los cuales el ladrón ha vinculado ideológicamente el homicidio con el robo, sea como medio para cometerlo, ocultarlo, asegurar sus resultados o su impunidad, sea como manifestación de desprecio. Por el contrario -continúa-, el art. 165 comprende los homicidios que son el resultado accidental de las vio-lencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo. El homicidio es aquí un suce-so eventual que altera el designio del ladrón y que resulta de las violencias físi-cas ejercidas por él para facilitar o cometer el robo o para facilitar su impuni-dad, o de las violencias desenvueltas por la víctima o terceros a raíz de las vio-lencias del autor, pues la ley, a diferencia de lo que dispone respecto de las le-siones (art. 166 inc. 1º), no requiere que el homicidio sea causado por las lesio-nes ejercidas para realizar el robo, sino, lo que tiene mucho más amplitud, y es que el homicidio resulte del robo.

El tipo del art. 165 es incompatible con la preordenación del homicidio respecto del robo, pero no lo es con el dolo del homicidio simple (Núñez, Ricardo C.: "Tratado de Derecho Penal", t. IV, 229 a 231, Ed. Lerner, Bs. As., 1978).

Se señala -como ya se advirtiera- que dicha disposición comprende todas las muertes que se originen en el proceso de violencia desata-da a raíz de la consumación o tentativa del robo y que no sean preordenada-mente dirigidas a preparar, facilitar, consumar, u ocultar el robo ni a asegurar sus resultados o a procurar su impunidad, o la de otro, o por no haber logrado el resultado perseguido. Por ello, el ámbito de aplicación no se restringe única-mente a las muertes causadas culposamente, sino que también, comprende aquellas muertes causadas por la violencia propia del proceso ejecutivo del ro-bo, de sus secuelas posteriores en las que la muerte aparece como un resultado preterintencional (Soler, Sebastián, ob. cit., t. 4, p. 258/259, bajo la forma de responsabilidad culposa), y aún aquellas en que la actitud subjetiva del autor que tiende al robo, sea compatible con algunas de las formas de dolo admitidas por el homicidio simple sin que se advierta una conexidad de causa final o im-pulsiva entre el homicidio y el robo (Cfr. Laje Anaya-Gavier, ob.cit., pag. 312)".

A partir de la doctrina precedentemente consignada, cabe concluir que la conducta de Mario Alberto Córdoba resulta compatible con un obrar doloso. Que datos fácticos establecidos en el hecho acreditado, no permi-ten calificarlo como homicidio con motivo de robo (art. 165 ibidem), por lo que estimo correcta la calificación dispuesta por el tribunal al imputado de mención (homicidio criminis causa - art. 80 inc. 7mo. C.P.).

En efecto, en el caso, ha quedado suficientemente estableci-da la especial situación subjetiva exigida por el tipo penal contenido en dicho precepto, que demuestra la vinculación de uno y otro hecho delictivos compro-bados y que constituye el fundamento de la agravante contenida en el art. 80 inc. 7º del CP.

Por ello, en tanto las circunstancias precisadas en la senten-cia traducen inequívocamente el propósito del imputado de matar a las víctimas para asegurar el provecho del robo a las mismas y su impunidad en ese evento, resulta adecuado el encuadre legal dado a los hechos fehacientemente compro-bados en el juicio.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisi-ble el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Álvaro Tomás Moli-na, en su carácter de asistente técnico del imputado Mario Alberto Córdoba. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimi-dad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Álvaro Tomás Molina, en su carácter de asisten-te técnico del imputado Mario Alberto Córdoba.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.