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Ejercicio profesional, abogados, ética profesional, convenio con colegas, sanciones del Colegio Profesional, sanciones pecuniarias
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA MEDINA, VICENTE s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Resulta irrelevante para eximir de responsabilidad por violación al art. 18 del cód. de Etica profesional, que se refiere al cumplimiento estricto de los acuerdos o convenios que se realicen con los colegas, -por lo que es procedente la multa equivalente al 20% de la remuneración mensual de un Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Cap.Fed., -la circunstancia de que el escrito denominado "formulan acuerdo", no fuera aprobado judicialmente ya que el tema de la presentación de una nueva liquidación, asignando al acuerdo el carácter de pago parcial, implica dicha violación en tanto desconoce al acuerdo suscripto y la circunstancia de que la liquidación practicada haya sido receptada por el Juzgado y la Cámara Laboral, ella no excluye el reproche en cuanto a la conducta profesional ejercida.
Notificación, demanda, traslado, retiro del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: CERINI, Alicia Z. c/ SUCES. JOSE SUFRA s/ PETICION DE HERENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-21

La notificación tácita del traslado de la demanda sólo puede darse en supuestos excepcionales, cuando media, por ejemplo, retiro del expediente por el demandado o su apoderado.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, indemnización por despido, tope indemnizatorio, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fabbro, Luis Antonio c/ Camea S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Procede el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a las diferencias de indemnización por despido y declaró la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y la res. 7/89 de C.S.M.V.M. si los motivos por los que el tribunal se apartó del tope legal no satisfacen las exigencias de fundamentación.
Derecho a la integridad física, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

No puede considerarse que el derecho a la integridad física sea tan preeminente que por tal razón desplace a otros, porque si no tal derecho se convertiría en ilimitado, lo que repugna al propio concepto de derecho subjetivo, el cual de por sí es limitado, pues todo lo que está jurídicamente garantido está también jurídicamente limitado.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Ismael Omar c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03

Los dictámenes médicos necesarios a los fines del trámite de un beneficio previsional no pueden contener un mero enunciado de sus conclusiones, sin brindar una ponderación de los hechos y circunstancias acreditadas en el caso, siendo procedente la descalificación por menoscabar el derecho de defensa de los interesados, de los actos administrativos denegatorios basados en informes médicos que no reúnen las formas de una peritación ni proporcionaban ningún elemento de juicio en apoyo de sus afirmaciones, en tanto no hacen posible el juicio autónomo de los órganos jurisdiccionales sobre su fuerza probatoria respecto de la incapacidad invocada.
Proceso penal, archivo del expediente, instrucción, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: FORNARI SEGREDO, NELIDA s/ Cheque sin fondos, Incidente de apelación Causa 34175
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

El archivo de las actuaciones es un temperamento que cabe únicamente cuando se trata de actuaciones policiales, no cuando media un requerimiento de instrucción del Ministerio Público (Art.

195 del Código Procesal Penal (Ley 23984)).
Contratos, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-03

Los contratos no pueden perjudicar a terceros, no pueden serles opuestos, ni invocarse por ellos ( art. 1199, C.C.) Ya que sólo crean obligaciones y derechos a cargo de los intervinientes, quienes no pueden imponer obligaciones a terceros mediante las convenciones celebradas por ellas.
Medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Rawson c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-18

No existe obstáculo alguno para decretar la medida cautelar en el ámbito del proceso de inconstitucionalidad, sin embargo por el peculiar carácter del acto suspensivo -norma legal- su procedencia será excepcional y de interpretación restrictiva.
Expropiación, indemnización, mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RIVOIRE CARGNOLINO, MARIA LUISA RAVIZZINI BULGHERONI DE Y OTROS Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTEN PROPIETARIOS s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE Nº 600-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17

Para la determinación del justiprecio de las mejoras existentes en el inmueble que se expropia resulta decisivo el dictamen de la Comisión de Tasaciones.
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jaurena de Vivas, Amalia c/ Freyre de Murganti, María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-18

La falta de oportuno pago del premio de la póliza por parte del asegurado, provoca la suspensión de la cobertura, por lo que, ocurrido el siniestro en tales circunstancias, el pago posterior no purga el efecto de dicha suspensión (art.31, ley 17418).
Competencia federal, fletamento, contrato de transporte, lugar de cumplimiento del contrato, jurisdicción internacional, demandado, domicilio, actor procesal, opción de competencia
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: AGENCIA DE CARGA AMAZONIA LTDA. c/ CENTENARY S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Se ha decidido que en las acciones derivadas de contratos de fletamento y transporte poseen jurisdicción internacional los jueces del lugar de cumplimiento del contrato y los jueces del domicilio del demandado, a elección del actor (conf. Goldschmidt, W., "Jurisdicción internacional en el derecho marítimo", pub. LL., 1976-B, 93/97, en nota al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Eberth Clemens B.M.B.H. c/buque "Pavlo", del 25.11.75, Fallos: 293:

455; Sala 3, causa 8131 del 1.9.93).
Balance o informes falsos, querellante, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: FIRESTONE S.A. s/ Balance Falso, incidente de apelación, Causa: 38215.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

1 - En los delitos de acción pública, para que un particular pueda constituirse en parte querellante, es requisito indispensable ser particular ofendido (art. 82, 1er.párr. del CPP).- 2 - Si bien por el presunto delito de balance falso pueden producirse lesiones económicas a terceros, aquél hecho no permite poner en cabeza de aquéllos la calidad de directos damnificados, lo que impide que sean parte querellante, pues este derecho de ser reconocido como tales, surge de la lesión de un bien jurídico tutelado por la ley penal y corresponde, como regla general, al titular del derecho violado.- 3 - La maniobra presuntamente defraudatoria (ocultación dolosa de pérdidas y obligaciones en el pasivo de la denunciada), a la que hace referencia el recurrente, conduce a la provisoria calificación aludida (art. 300, inc. 3) CP) y pierde su sustantividad al ser comprendidas en la figura especial (Cf. Sala B, Reg. 242/96).
Infracciones aduaneras, contrabando, competencia en lo penal económico, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZELERSTEIN, César y otros s/ APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-20

La interrupción de la prescripción prevista en el art. 3 de la ley 11.585, -al cual remite el art. 64, inc. 2) de la ley 11.683 (t.o. 1960 y modif.)- debe interpretarse que la misma no es aplicable al sub lite,. Ello es así, toda vez que el procedimiento judicial que tiene lugar a raíz de la intervención que el Administrador de Aduana de la Capital resuelve dar al Juez Federal en turno a fin de investigar el delito de contrabando, no es integrativo de las cuestiones que se debaten en sede administrativa, hecho éste que justificaría que el curso de la prescripción se vea interrumpido a la espera de un pronunciamiento. En efecto, el art. 196 de la ley de la materia establece dos jurisdicciones diferenciadas por un lado la Justicia en lo Criminal Federal (hoy Penal económico) en lo concerniente a personas (delitos) y la Aduanera en lo referente a las mercaderías en su aspecto fiscal y en la infracción fiscal implícita en el contrabando (comiso, multas).-
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, ley de emergencia, igualdad ante la ley, crédito laboral, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, intereses, Poder Judicial, control de razonabilidad, control de legitimidad, control de legalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defilippi de Sirolesi, Elba Concepción c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Ordinario - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

El justificativo de la ley 8250 es la subsistencia del Estado, amenazada por una bancarrota insuperable, y es la coyuntura financiera de aquí y hoy, la que debe ser meritada para evaluar la razonabilidad de las severas restricciones impuestas al ejercicio de los derechos adquiridos, como medio necesario para superar la aludida bancarrota.

La ley 8250 tiende a solucionar la quiebra del Estado Provincial. Siendo el Estado expresión de la comunidad toda, va de suyo que la moratoria consulta el interés común y no el de una categoría de personas en perjuicio de otras. Aún asumiendo que la crisis afecta en igual medida a los particulares, la conclusión expuesta no se altera, ya que los particulares tienen, para el supuesto de bancarrota, la solución legal que brinda la ley de concursos, inaplicable al Estado y, por otra parte, la salvación del Estado hace también al interés de esa persona en quiebra. En principio, la emergencia estatal es la emergencia de todos y, por tanto, la norma que en ella se funda no beneficia a ningún sector en detrimento de otros. (VOTO DEL DR. FERRER.)
Excepciones procesales, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucero, Héctor Hugo c/ Maderera Pampeana S.A. y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-10

El fuero federal es excepcional y se acuerda al vecino de distinta provincia de aquella en la que se inicia el pleito, por lo tanto no puede reclamar este fuero quien es demandado ante la justicia ordinaria de su provincia.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brunello, Humberto Maximiliano y ot. c/ Bercovich de Guina, Gerónima Ana y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

No media violación del art. 1103 del Código Civil cuando el sobreseimiento definitivo deriva del acuerdo de fiscales (arts. 213 y 383, C.P.P.) y no hace suyas las expresiones del Fiscal sobre las circunstancias del hecho.
Costas, interés actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique Friedl S.R.L s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-02-27

No habiendo sido condenado en costas el recurrente, ni habiendo la sentencia hecho una declaración especial en su parte resolutiva respecto a que la pericia fue necesaria para resolver el pleito, poniendo al mismo tiempo el costo de la misma a cargo del demandado (quien manifestó oportunamente su desinterés), o de ambos litigantes, entiendo que no ha sido resuelto aún quién será responsable del pago, lo que determina la falta de interés actual para recurrir, como así torna prematuro, hipotético y conjetural el agravio vertido.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Jorge Alberto y otra c/ Mottin, Angel y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

El art. 27 del decreto ley 6582/58, modificado por ley 22.977, expresamente prescribe que "hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se producen con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa", aclarándose que tal responsabilidad cesará, además, si con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor.
Derechos humanos, tratados internacionales, obediencia debida, Ley de Punto Final
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

A partir de la modificación de la Constitución Nacional en 1994, el Estado argentino ha asumido frente al derecho internacional y en especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes, de jerarquía constitucional, que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos como los que determinaron el dictado de las leyes de punto final y obediencia debida.
Robo, testigo único, declaración autoincriminante, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARGUELLO, Miguel Angel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-18

Las manifestaciones del imputado resultan válidas en tanto no se encuentra vedado que aquél declare autoincriminándose sino que lo que se prohíbe es que sea coaccionado para que lo haga (*).

Por tanto, aún cuando el denunciante resulte el único testigo presencial del hecho, si sus dichos se encuentran corroborados parcialmente por los agentes preventores y la libre referencia hecha por el imputado que da cuenta de su participación en el suceso, debe confirmarse el procesamiento decretado en orden al delito de robo.
Improcedencia del recurso, defensa, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, código penal, sustracción de menores, fundamentos insuficientes
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Resulta improcedente la queja de la defensa de quienes fueron encontrados coautores penalmente responsables de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años, con base en que las conductas de sus defendidos no se adecuarían al primero de los delitos mencionados en tanto no pudo acreditarse como presupuesto típico que se tratara de un niño previamente sustraído por ellos, pues el recurso no contiene argumentos que permitan contrarrestar las conclusiones expuestas por el a quo.
Asegurador por riesgos del trabajo, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V., N. B. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de Seguros de la Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-02-06

En el marco de una acción de derecho común, la aseguradora no puede ser condenada a pagar las indemnizaciones derivadas del accidente laboral que sufrió el trabajador si fue traída a juicio por el empleador no como citada en garantía sino como tercero con fundamento en los arts. 94 y concordantes del CPCC de Chubut, sin perjuicio de la oponibilidad de la sentencia a su respecto.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta, cuestión desplazada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monterde, Edgardo Osvaldo c/ Oleaga, Luis Alberto; Codaro, Oscar Arturo y Universal S.R.L. s/ Daños y perjuicios Herbin de Dammig, Elvira Paulina c/ Dammig, Omar Alberto s/ Cobro arrendamientos Horestein, Marcelo c/ Municipalidad de Pinamar s/ Cobro de pesos González, Luis Alberto y otra c/ Guerra, José Antonio y otros s/ Daños y perjuicios Delger, Julia Elena c/ Blanchard, Horacio s/ Nulidad, falsedad de escritura, rendición de cuentas y liquidación  de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1998-09-29|1998-09-29|2000-02-23|2001-06-20

No deben equipararse dos conceptos distintos: una cosa es resolver tácitamente una cuestión - pero resolverla- y otra desplazar una cuestión -no resolverla- por lo que se decide respecto de otra. En el primer caso cabe entender que lo resuelto tácitamente constituye resolución en el sentido constitucional. Porque aun cuando ello sólo resulte de modo implícito es perceptible que el juzgador decidió dicha concreta cuestión. Pero en el segundo caso no existe resolución sino inconstitucional silencio sobre la cuestión desplazada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres ,Norberto Rolando c/ A.S.T.A.R.S.A. s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

Reviste carácter definitivo la resolución que decide sobre la procedencia o no de la regulación de los honorarios del síndico en incidentes tardíos de verificación, cuando las costas han sido impuestas al acreedor.
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Solari José Luis c/ Sauan Modesto Mauricio s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-09

La reconocida y probada co-ocupación del inmuble por parte del tercerista y la ejecutada al tiempo del embargo, a igualdad de título, y la prueba rendida por el primero en pos de la acreditación de la exclusividad de su posesión sobre los mismos por su adquisición, aparece más que suficiente para arribar a la lógica conclusión de que la misma vale a título, debiendo atribuirse al pretensor su propiedad levantando el embargo trabado sobre los mismos
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Al derrumbarse el artículo 46, gran parte del sistema del cuerpo legal de marras queda en falsete y es inaplicable al sub lite, ya que resulta imposible fracturar el modelo de la ley, y hacer que se aplique sólo parcialmente, si tenemos en cuenta que se trata de una arquitectura monolítica donde sus distintos componentes están de tal modo entrelazados -y la argamasa es tan férrea que se convierte en un todo inseparable-
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parini de Toselli, Beatriz y otros c/ Sociedad Civil Edificio Parwue San Martín y otros s/ Daños y perjuicios Petrelli, S.C. c/ Conjunto Habitacional 2 de Octubre s/ Ejercicio abusivo revisión de convenio - Incidente de apelación Rivero, Pedro c/ Propietarios y/o Editorial Responsable Diario El Atlántico y Cronica s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17|1991-03-26|1994-02-03

Si la parte contraria afirma la inexactitud de la situación patrimonial descripta por el peticionante del beneficio de litigar sin gastos, debe aportar lo necesario para justificar los hechos positivos que pusieran de manifiesto la existencia de otros recursos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., M. V. s/ Autorización judicial de venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

En el supuesto de disposición de un inmueble propio, sede del hogar conyugal y con una hija menor, quien dispone es el cónyuge titular del bien, más allá que también se requiera el consentimiento del otro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba documental, registros laborales, libros del empleador, valor probatorio, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDACE, ROBERTO O. c/ COMPAÑIA EMBOTELLADORA ARGENTINA SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

La falta de inscripción del trabajador en los libros no constituye prueba valiosa respecto de la ausencia de la relación laboral, ya que tales libros, aún llevados en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido si existen (como en el caso) otros elementos de juicio que los contradigan, pues los datos allí volcados, por emanar exclusivamente del empleador, son inoponibles al trabajador. (Conforme Sala VII, sentencia 7118, 24 de octubre de 1984, 'Puente, Erberto César c/ Muzzupappa, Néstor s/ despido').
Empleados públicos, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, reescalafonamiento, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STRINGINI, ENRIQUE JULIO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

La movilidad de las prestaciones deberá fijarse de conformidad con la evolución de las remuneraciones de quienes se encuentren en actividad sin que corresponda efectuar distingo en cuanto a la denominación que se le asigne siempre, claro está, que el incremento dispuesto sea de naturaleza remuneratoria. Así, el dictado de un nuevo escalafón establece expresamente las equiparaciones con el preexistente y del que derivan nuevas escalas remuneratorias para el personal en funciones, impera que serán estas últimas las que deberán tenerse en cuenta para reajustar los haberes de pasividad.
Acción dependiente de instancia privada, ejercicio de la acción pública, instrucción, daños y perjuicios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rosa, Diego Marcelo Servin, Arturo Marcelino s/ recurso decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-27

Al instar la acción penal por un agravio determinado, la víctima no abre la puerta al Estado de modo ilimitado para que se pongan en marcha investigaciones criminales vinculadas con eventos distintos a aquel que motivó la denuncia o querella y cuyo juzgamiento también depende su decisión. Los perjuicios que, en estos casos, el proceso penal pudiera ocasionar a la víctima por delitos cuya investigación no fue excitada por ella, en modo alguno pueden entenderse consentidos por la instancia la acción penal concretada respecto de otro u otros delitos y, por consiguiente, no resulta legítima la "formación de causa" respecto de ellos. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).