Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15


Expte. nº 13141/16 "Asesoría Tutelar n° 3 CAyT (Res. n° 5206/08) c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucio-nalidad concedido" Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe;

resulta:

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia interpuso recurso extraordinario federal (fs. 1109/1128 vuelta) contra la resolución de fecha 7 de marzo de 2018 mediante la cual el Tribunal, por mayoría, rechazó su recurso de inconstitucionalidad y el deducido por el Ministerio Público Tutelar (fs. 1074/1088 vuelta).

Al contestar el traslado conferido, solo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo contestó, quien solicitó su rechazo con expresa imposición de costas (fs. 1138/1146).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Los planteos de la recurrente en torno a la interpretación efectuada por la mayoría del Tribunal de la noción de "causa" aplicada a las acciones de incidencia colectiva, y que estima contraria a lo dispuesto en el art. 18 y 43 de la CN, propone un debate de los contemplados en el art. 14 de la ley 48.

En efecto, si bien el recurso no se hace cargo de refutar los fundamentos sobre los que se basó la sentencia recurrida, en cuanto a la necesidad de "suficiente concreción e inmediatez" y a la falta de homogeneidad de los derechos individuales que se pretendían, lo cierto es que discutir si hay o no "causa" o "caso" judicial pone en juego el alcance de lo dispuesto en el art. 18 de la CN en cuanto allí se establece la garantía de acceder a la justicia a fin de que los jueces se expidan acerca de los derechos de las personas cuya defensa pretenden.

Por ello, a fin de garantizar mejor el ejercicio de la defensa, voto por conceder el remedio federal.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal interpuesto en tiempo oportuno por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

En este sentido, al emitir mi voto en la sentencia de fecha 07 de marzo de 2018, expuse que la pretensión de la actora no constituye una "controversia judicial" que habilite la intervención del poder judicial en los términos del art. 106 de la CCABA a la luz de lo establecido en el art. 116 de la CN. Ello así, por aplicación de los lineamientos fijados por la Corte Suprema en las causas "Halabi", Fallos 332:111, "Thomas", Fallos 333:1023 y "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia", Fallos 333:1212, en las cuales se estableció que incluso en los supuestos de ampliación de la legitimación derivada de la reforma constitucional del año 1994, resulta exigible la configuración de un "caso judicial", pues en ellos también debe acreditarse que la pretensión tiene "suficiente concreción e inmediatez" y no se trata de un mero pedido en el que se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de normas o actos de otros poderes.

En este contexto, más allá de las lábiles argumentaciones esbozadas en el remedio extraordinario federal, la sustancia esencialmente constitucional de la cuestión, me conducen a concederlo para que la CSJN --quien en definitiva debe escrutar el cumplimiento de los requisitos de la vía del art. 14 de la ley 48-- sea quien haga un juicio definitivo sobre el punto.

Por lo expuesto, voto por conceder el recurso extraordinario federal interpuesto.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso extraordinario federal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ- ha sido interpuesto en tiempo y forma y por parte legitimada.

2. ACIJ plantea una cuestión federal (art. 14 inc. 3 de la ley n°48) que tiene relación directa con la resolución de la causa: el alcance que cabe asignar a las normas contenidas en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a una tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia.

3. En consecuencia, voto por conceder el recurso extraordinario federal.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso extraordinario federal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ha sido interpuesto en tiempo oportuno. Sin embargo, debe ser denegado puesto que no se ha logrado acreditar la configuración de cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley nº 48.

2. La decisión de la mayoría del Tribunal que la parte recurrente impugna resolvió rechazar su recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Sala II -que revocó la de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la acción de amparo- por entender que la pretensión que daba origen al proceso no permitía configurar un caso, causa o controversia judicial susceptible de ser ventilado ante el Poder Judicial de la Ciudad.

A dicha conclusión se arribó a partir de que la demanda interpuesta perseguía el dictado de una decisión judicial tendiente a garantizar el derecho a la salud integral, a la alimentación, a la igualdad y a la autonomía personal de todos los niños, niñas, adolescentes y personas con padecimiento de salud mental que solicitaban las prestaciones previstas en los programas alimentarios de la Ciudad -en particular, Programa "Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho" y Programa "Ticket Social"-.

Puntualmente, se sostuvo que el art. 106 de la Constitución de la Ciudad -al igual que el art. 116 de la CN- establecía como presupuesto procesal y requisito imprescindible para excitar la jurisdictio la existencia de un "caso", "causa" o "controversia judicial", que se verificaba cuando se perseguía en concreto -no en forma eventual, meramente consultiva, hipotética, abstracta o general- la determinación de un derecho debatido entre partes adversas (conf. fs. 1075 vuelta); y que si bien la acción de amparo local legitimaba a "cualquier habitante" para su interposición (art. 14, CCABA), ". dicha regulación en modo alguno puede modificar el alcance normativo otorgado a la representación del MPT respecto de los menores -más allá de su concreta individualización o probable determinabilidad- en la causa o caso judicial que plantea" (fs. 1076). Al mismo tiempo se afirmó que al no haber ". quedado identificado un perjuicio directo e inmediato respecto de algún derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico (.) si se admitiera la procedencia de la presente acción de amparo, con la extensión con que (.) ha sido articulada, se desatenderían las esferas de actuación que la Constitución local asigna a los magistrados judiciales" (fs. 1077 vuelta). Finalmente se ponderó que ". el análisis de la legitimidad o ilegitimidad de la política pública en materia de atención de necesidades de alimentación reclamadas en la demanda, sólo podía resultar susceptible de revisión ante los tribunales dentro del marco de un proceso mediante el cual pueda identificarse de manera suficiente el 'caso judicial', y no a través de una pretensión genérica." (fs. 1079).

3. Los mismos motivos que determinaron el rechazo del recurso de inconstitucionalidad (ausencia de causa o caso judicial) sirven de fundamento para el rechazo del recurso extraordinario federal. Es que la existencia de un caso o causa judicial es un presupuesto esencial para el ejercicio de la función judicial y, en consecuencia, de la competencia de la CSJN para resolver un recurso extraordinario. Es por ello que el art. 14 de la ley nº 48 exige, como primer requisito del recurso extraordinario federal, la circunstancia de que se haya "radicado un juicio". En este contexto, es posible advertir que las cuestiones efectivamente examinadas en la sentencia objetada remiten a la ponderación del alcance de las pretensiones esgrimidas en el escrito de inicio a la luz de la normativa constitucional e infraconstitucional local. De ese modo, en la medida que la decisión se apoya en consideraciones de asuntos de hecho y de derecho no federal, la cuestión que se intenta plantear resulta ajena a la vía intentada pues, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas ocasiones, el respeto a las autonomías locales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión definitiva de las causas que, en lo sustancial, versan sobre la interpretación y aplicación de las leyes y disposiciones de orden local (doctrina de Fallos: 296:642; 305:112; 308:551; 323:1217; entre muchos otros), como ocurre en este proceso.

Se advierte así que la invocación de derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente -arts. 18 y 75, inc. 22 de la CN- no ha sido debidamente conectada con lo resuelto en autos. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria (doctrina de Fallos: 266:135; 295:335; 310:2306; y muchos otros) ya que la relación directa que la ley exige existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto aducido (doctrina de Fallos: 187:624; 248:129, 828; 268:247). De otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos: 295:335; 310:2306).

Por lo expuesto, corresponde denegar el recurso extraordinario federal deducido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Las costas se imponen a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota y por no mediar, en esta ocasión, circunstancias que justifiquen apartarse de él (art. 68, CPCCN).

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.