Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-13


Expte. Nº 4591 "c/Expte. Nº 4591 "c/N. N. -delito contra la integridad sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en perjuicio de N. N. Casación" En la Ciudad de San Juan, a trece(13) días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: Contra la resolución dictada por el Dr. Arturo Velert Frau en fecha 22/08/2008, actuando como tribunal unipersonal de la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional, interpone recurso de casación la defensa técnica de N. N., ejercida por el Dr. Ricardo Esteban Moine.

El decisorio atacado, que obra a fs. 437/439 vta., dispuso no hacer lugar a la reposición planteada por la defensa, debiendo continuar la tramitación de la causa según su estado, fijándose nueva fecha para el debate oral. Cabe destacar que la pretensión de la defensa estaba centrada en lograr la suspensión del juicio y la absolución de N. N. por cuanto consideraba que se estaba exponiendo al acusado a un doble juzgamiento y a la posibilidad de que se le imponga una condena mas grave que la oportunamente impuesta y que fuera revocada por esta Corte de Justicia. El a quo consideró la improcedencia del planteo sosteniendo que el fallo de la Corte de Justicia no fue recurrido por la defensa por lo que ahora se pretende hacer renacer un derecho precluído; y además porque no existe violación alguna de los principios "non bis in idem" y "reformatio in peius" dado que la sentencia anulada carece de efectos, no pudiendo decirse que al dictarse una nueva haya dos fallos que juzguen el mismo hecho.

En el recurso de casación (fs. 442/448) se invocan los dos supuestos que contempla el artículo 574 de la ley ritual, y al momento de concretarse los agravios se sostiene que: 1) Se ha inobservado el artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 33 de la Constitución Provincial y artículo 8, g, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al violarse la garantía del "non bis in idem"; ya que al haberse anulado o revocado tan sólo la sentencia y no así los actos del debate éstos se encuentran firmes y consentidos (al igual que la citación a juicio y el ofrecimiento de pruebas), habiendo precluído la posibilidad de realizarlos nuevamente. Se afirma que la garantía de mención tiene vigencia a partir de que el imputado adquirió el derecho a que se lo declare culpable o inocente del hecho por el que se lo acusó, y en este caso donde el debate fue concluido válidamente se impone en forma imperativa el dictado de una sentencia que resuelva el fondo de la cuestión, que deberá ser absolutoria dada la imposibilidad de realizar un nuevo debate. En definitiva considera que resulta violatorio del principio el ordenar la realización de un nuevo debate. 2) También se sostiene que se ha violado el artículo 18 de la Constitución Nacional como consecuencia de que la resolución atacada es violatoria del derecho de defensa en juicio y al debido proceso, al violentarse la prohibición de "reformatio in pejus". Considera la defensa que la realización de un nuevo debate implica exponer al acusado a la posibilidad de una condena más severa que la que había motivado el recurso de casación anterior. 3) Con similares argumentos se dice que la resolución atacada contiene una fundamentación sólo aparente y resulta contradictoria, ya que el caso sub examen se ha resuelto en base a afirmaciones dogmáticas sin sustento en las circunstancias fácticas que surgen del expediente.

A fs. 449/450 el recurso de casación interpuesto fue concedido por el a quo; y una vez radicadas las actuaciones en esta Corte la defensa presentó su memorial donde reiteró sus agravios.

A fs. 464/466 vta. tomó participación el Sr. Fiscal General de la Corte quién se pronunció fundadamente por el total rechazo del recurso.

Finalmente a fs. 467 se llamó autos a estudio, por lo que corresponde avocarse al tratamiento del recurso y emitir opinión al respecto.

Considero que la impugnación formulada resulta a todas luces improcedente y la pretensión ejercida no merece acogida alguna; y para fundamentar el rechazo que propicio he de invocar lo dicho por la Sala Segunda de la Corte en el precedente "Ortega Dardo" de fecha 30/10/2008 y registrado en P.R.E. S.2ª. 2008-III-551, donde el mismo doctor Ricardo Esteban Moine articuló un planteo básicamente idéntico al del sub examine que fue desestimado; todo lo cual en lo pertinente doy por reproducido y me remito en honor a la brevedad.

Sin perjuicio de ello estimo oportuno destacar algunas cuestiones precisas que hacen a este caso en particular.

También resulta improcedente el planteo por su extemporaneidad dado que en su momento la defensa consintió el fallo dictado por la Corte, obrante a fs. 402/407, y precisamente allí se disponía la anulación de la sentencia condenatoria, la realización de un nuevo debate oral y el dictado de una nueva sentencia ajustada a derecho. Y si tal decisión fue consentida por la defensa ahora no puede ponerse en contradicción con sus propios actos.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el principio "non bis in idem", de rango constitucional y que básicamente proscribe la doble persecución por el mismo hecho, significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa (triple identidad: sujeto, objeto y causa). Esta garantía surge como consecuencia del derecho de defensa, ya que si un individuo pudiera ser sometido a juicio en más de una oportunidad por una misma causa, luego de haber sido absuelto o condenado, se estaría despreciando la jerarquía de la cosa juzgada en materia penal. Pero lo importante de destacar es que debe tratarse de un proceso que haya finalizado con una resolución judicial que le haya puesto fin -sentencia firme de condena o absolución o desincriminante-, mediante una acción válidamente ejercitada ante un juez que podía conocer el contenido total de la imputación y siempre que la decisión jurisdiccional haya podido agotar el contenido fáctico de la imputación.

De modo que no hay segunda persecución ni violación de principio alguno cuando, como en este caso, se anula la sentencia y se reenvían los autos a un nuevo tribunal, pues se trata de la misma causa que prosigue y no de una nueva, ya que no concluyó definitivamente, pues con la declaración de nulidad no existe una sentencia válida que haya puesto fin al proceso. El fallo dictado por el Sr. Juez de Cámara Dr. Diego Román Molina (glosado a fs. 312/313 y 329/368 vta.) que fue anulado por esta Sala carece de efectos, de eso no hay duda, y la realización de un nuevo debate oral como acto previo al dictado de una sentencia ajustada a derecho (decisión que fue consentida por la defensa) responde a la íntima conexión (cfr. art. 207 segundo párrafo del C.P.P.) que debe existir entre debate y sentencia, y a los principios de inmediación y oralidad que deben primar como garantía en el proceso penal y que de no cumplimentarse generan nulidad de carácter absoluto. Resultaría contrario a todo criterio jurídico y norma vigente que este caso, dado su estado procesal, deba resolverse definitivamente sin la realización de un nuevo debate oral como lo propugna la defensa. Indudablemente también en ese nuevo debate oral no se podrá exponer al imputado a una situación más gravosa de la ya acontecida.

En relación al tema de la violación del principio de la "reformatio in peius", el planteo formulado por el defensor denota un llamativo desconocimiento del instituto.

Dicha garantía hace referencia a que el órgano de alzada no tiene mas poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos y que veda la posibilidad de agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente, impidiendo que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable. Está más que claro que la reformatio in peius se refiere con exclusividad a las situaciones posteriores a un primer pronunciamiento condenatorio jurisdiccional recurrido; de modo que este principio parte de un presupuesto indispensable: la existencia de una sentencia vigente y recurrida.

Aquí, tal como se tiene dicho, la sentencia condenatoria recaída ha sido anulada por esta Corte, de manera que no existe ningún acto jurisdiccional válido que torne pertinente considerar esta garantía, atendiendo al estado de la causa. Quizás su invocación sea oportuna ante la eventualidad de un futuro pronunciamiento contrario a los intereses del imputado; cuestión que escapa al cometido de este recurso, ya que la Corte no puede entender sobre agravios que carecen de actualidad.

---- En virtud de todo ello voto por el rechazo del recurso de casación interpuesto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.

Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4591 P.R.E. S.2ª. 2009-I-44