Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-17


SENTENCIA NUMERO: DOCE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 98/10, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en contra de Sentencia Nº 56/10 - Expte. Nº 042/2007 - "PIHUALA, César Fabián - HOMICIDIO CULPOSO", contra la Sentencia Nº CINCUENTA y SEIS/2010, dictada con fecha dieciocho de octubre dos mil diez por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado, por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Debe dejarse sin efecto la condena civil impuesta al imputado César Fabián Pihuala? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 30, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº CINCUENTA y SEIS/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº CINCUENTA y SEIS/2010, del 18/10/2010, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) Declarar Culpable a PIHUALA, CESAR FABIAN, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, por el que viene incriminado (art. 84 segundo párrafo, art. 45 y concordantes del C. Penal, y arts. 407, 409 apartado tercero y concordantes del C.P.P.), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos (02) años de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial de seis (06) años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 26, 40, 41 y conc. del C. Penal); ordenándose una vez firme esta sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de los oficios de rigor y en la forma de estilo a las Autoridades Administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos con remisión de copia de la presente Sentencia. 2)- Ordenar que PIHUALA, CESAR FABIAN fije residencia y se someta al cuidado del Patronato de Liberados una vez cada tres meses y por el término de tres años; como asimismo que se abstenga de relacionarse con los familiares del extinto Claudio Julio Herrera (art. 27 bis del C. Penal y art. 407 del C.P.P.). 3)- Hacer lugar parcialmente a la demanda Civil instaurada por el Dr. Marcos Denett, en representación de los Sres. Claudio Julio Herrera, Argelia del Valle Herrera, Rosa Argentina Herrera, Julio César Herrera y Lucía del Carmen Herrera; y en contra de César Fabián Pihuala, de la Empresa de Transporte "Líneas G.M. SRL" y de la Compañía Aseguradora citada en garantía "La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales"; condenándolos a éstos últimos a abonar al Actor Civil en forma conjunta y/o solidaria y en un término de treinta días desde que quede firme esta Sentencia, la suma total de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000) en concepto de indemnización por daño moral. Estos montos deberán ser actualizados desde la fecha del hecho (28 de Agosto de 2006) y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme a la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina y con más un medio por ciento (0,5%) nominal mensual (Sentencia Nº 02/05 en Expte. Corte Nº 48/04, Expte. Corte Nº 08/04 y otros).9)- Determinar con relación a las costas del proceso: a) En la cuestión penal: Costas a cargo del imputado (arts. 535, 536, 537, 539, 541 y concordantes del C.P.P. y Ley Nº 3956). b) En la cuestión civil: Costas a cargo de los demandados en un setenta por ciento (70 %), y el treinta por ciento restante a cargo del Actor Civil (arts. 536, 537, 539, 541 y concordantes del C.P.P. y Ley Nº 3956). ".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Enrique Lilljedahl -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado César Fabián Pihuala, e interpone recurso de casación invocando el motivo previsto en el art. 454, inc. 2º del C.P.P.

II. a. Concretamente denuncia que la sentencia contradice los elementos probatorios que se sustanciaron en el debate (testigos presenciales), despreciando la atribuibilidad subjetiva del accionar de Pihuala. Sostiene que ha existido un grave error al calificar de imprudente una conducta que evidentemente no lo era; que el a quo basó la responsabilidad criminal en el conductor del vehículo, independientemente de la gravedad de la falta cometida por el caminante quien se autopuso en situación de peligro al cruzar por donde no debía y sin prestar la mínima atención, lo que resulta inadmisible a la luz del principio subjetivo en el que se apoya la responsabilidad penal (culpabilidad). Reclama que el Informe Planimétrico y la Pericia Accidentológica contradicen lo relatado por los testigos presenciales, los que no ubican al accidentado (víctima fatal) sobre la línea imaginaria trazada arbitrariamente por el técnico planimétrico. En consecuencia, pide se case la sentencia, se absuelva a su asistido por el beneficio de la duda, y se lo exima de responder civilmente (culpa exclusiva de la víctima), imponiéndoseles las costas a los actores civiles. Por último, formula expresa reserva del caso federal.

II. b. De los agravios expuestos, se advierte que el eje central de la discusión se basa en analizar si efectivamente el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y si, a consecuencia de ello, corresponde absolver al imputado por el beneficio de la duda.

El hecho que el tribunal tuvo por acreditado consistió en que: "El día veintiocho de Agosto del año 2006 en horario comprendido entre las 10:15 y 10:30 aproximadamente, en oportunidad en que César Fabián Pihuala conducía el colectivo de la Línea Mº 103 interno Nº 47, marca Deutz, dominio XAU-306 de la Empresa G.M., para la cual presta servicios de chofer, por Avenida Güemes en sentido Este-Oeste al llegar a la intersección de Avenida Hipólito Irigoyen de esta Ciudad Capital, comenzó a girar a su izquierda para tomar por dicha Avenida en sentido Norte-Sur, prima facie en forma imprudente, ya que no advirtió que en ese momento intentaba cruzar caminando por dicha Avenida Hipólito Irigoyen el ciudadano Claudio Julio Herrera, impactando la humanidad del mismo quien cayó debajo del rodado mayor sufriendo numerosas heridas que provocarían su muerte por politraumatismo con atropello, caída y arrastre, gran traumatismo de cráneo con hundimiento, estallido y pérdida de masa cerebral, según informe de operación de autopsia".

La defensa técnica del imputado Pihuala centra su estrategia recursiva intentando demostrar que el fatídico accidente se ocasionó por exclusiva culpa de la víctima. Sostiene que era imposible advertir la presencia del peatón, porque éste salió de manera intempestiva, por detrás de una camioneta estacionada en doble fila, por un lugar indebido, y con posterioridad a que Pihuala mirara hacia ese sector, cuando el colectivo estaba doblando con luz verde y guiño puesto.

Contrariamente a lo expresado por la defensa del imputado, el a quo ponderó, en primer término, que de la posición exculpatoria asumida por Pihuala, se advierte que éste, no sólo reconoció su ubicación en el lugar del hecho, su recorrido y trayectoria al mando del colectivo embistente, sino que también admitió no haber visualizado a la víctima. Que giró a su izquierda, pero como dirigiéndose también hacia su derecha, pues allí se encontraba la parada, y en esos momentos sintió un golpe sobre el lado izquierdo, y que ello ocurrió en el momento que tomó un poquito de velocidad, pensando que se trataba de un desperfecto en la rueda; que una pasajera le dijo que había atropellado a una persona; y que de no haber sido advertido, hubiese seguido su recorrido hasta la parada. En idéntica dirección, el judicante puso de resalto que Pihuala también señaló, en su declaración, que pudo ver que en la parada había mucha gente, destacando que aquélla se encontraba hacia su derecha en ese momento, y que el impacto se produjo con la parte frontal izquierda del colectivo. De esta manera, el tribunal concluyó que Pihuala en ningún momento miró hacia el sector izquierdo cuando dobló -conforme lo enfáticamente aseverado por la defensa- y por lo tanto, no advirtió que por allí cruzaba un peatón, infringiendo de esta manera el deber más elemental y básico que debe tener todo conductor de vehículos -destáquese que en el caso de autos, se trata de un chofer de trasporte público-, cual es el de mirar y observar las contingencias del tránsito, en donde se incluye el cruce de peatones por la calzada.

Corresponde hacer aquí ciertas consideraciones que estimo pertinentes. La primera de ellas, consiste en que de los elementos probatorios debidamente incorporados a debate no se advierte, ni ha quedado fehacientemente comprobada la presencia de la camioneta blanca estacionada en doble fila a la que aluden el imputado y su defensa, salvo por la declaración del testigo nuevo -Ana María Izquierdo (fs. 261)-, quién cuatro años después de acaecido el hecho, en debate, refiere a la presencia del mencionado vehículo. Asimismo, cabe decir que, aún reconociendo las pretensiones del recurrente en cuanto a que el imputado miró hacia su izquierda divisando en la oportunidad vehículos estacionados del lado izquierdo en diagonal -tal se constata en las placas fotográficas obrantes a fs. 59/60 y 63-, éste debió entonces extremar las precauciones atento a la cantidad de autos que dice haber visto estacionados; al horario en el que se desplazaba (10:15 o 10:30 hs.); a que era un día hábil; a la fluidez de tránsito vehicular y de personas; a que transitaba por una zona de gran movimiento comercial; por lo que, al estar en presencia de personas circulando, debió o pudo prever alguna imprudencia por parte de las mismas. En razón de ello, el juzgador desvirtuó con argumentos suficientes la posición exculpatoria del acusado, quien pretende justificarse expresando que no vio cruzar al peatón, pues su deber era ver, observar y prever eventuales contingencias.

También han quedado desvirtuados, y así lo interpretó el a quo, los tardíos cuestionamientos efectuados en relación a que la víctima salió por un lugar indebido y no por la senda peatonal, tildando de arbitrario el Informe Planimétrico debidamente incorporado a debate. El juzgador refirió que las críticas efectuadas, pretendiendo introducir confusión entre el lugar de detención final del colectivo y el lugar momento del impacto, no resultan de recibo, resaltando la clara, elocuente y cohesiva labor de la Policía Científica, preguntándose incluso por qué razón los oficiales, técnicos y peritos actuantes tendrían interés en perjudicar a Pihuala, o modificar el lugar del hecho. Sumado a ello, ponderó que la prueba técnica científica da cuenta, en forma contundente, del embestimiento producido. En la señalada dirección, puso de resalto que el Croquis Ilustrativo (fs. 91) ubica con el punto "C" el lugar momento del impacto dentro del marco de una línea imaginaria de la senda peatonal, lo que coincide con lo plasmado en el Acta de Procedimiento de fs. 02/04, en las placas fotográficas (fs. 59/60, 63, 73) tomadas en el lugar, como así, con la Pericia Accidentológica (fs. 127/132) que adjudica la causa del accidente a la pérdida de control y dominio del vehículo por parte del conductor del colectivo, aseveración que tuvo en cuenta la zona de producción del accidente y los riesgos propios de la circulación. De tal manera, se logró determinar que el colectivo se detiene sobre Av. Hipólito Irigoyen, a dieciocho metros con diez centímetros de la prolongación imaginaria del cordón Sur de la Av. Güemes, lo que cohesionado con el punto "C" de la Planimetría (esto es, a cuatro metros de la prolongación imaginaria del cordón Sur de la Avenida Güemes), da cuenta efectiva y concreta -puntualizó el a quo-, de que el embestimiento se produjo en un sector de representación imaginaria de senda peatonal, en plena mañana, con buena visibilidad y en una avenida que posee un ancho de veinte metros.

Considero que ello es suficiente para desvirtuar la postura del recurrente, en cuanto pretende ubicar el lugar de impacto a mitad de cuadra, sosteniendo que no es lo mismo, a los efectos de la imputación de responsabilidad penal, atropellar a alguien mientras cruza por la senda peatonal, que hacerlo respecto de quien cruza prácticamente por la mitad de cuadra y sale subrepticiamente entre vehículos que imposibilitan al conductor advertir su presencia. Es que, de los elementos probatorios debidamente analizados, ninguna duda cabe, como se dijo, con respecto al lugar en donde el colectivero embistió a la víctima. En efecto, lo plasmado en el Croquis Ilustrativo, en la Inspección Ocular (fs. 2 vta./3), en las Placas Fotográficas y en la Pericia Accidentológica, demuestran con claridad que el lugar de impacto fue a cuatro metros de la prolongación imaginaria del cordón Sur de la Avenida Güemes, el cual está dentro de la prolongación imaginaria de la senda peatonal, tal como lo indica el croquis pertinente ("C") (fs. 91).

Sostiene la defensa que ninguno de los testigos del accidente lo sitúan sobre la línea imaginaria trazada arbitrariamente por el técnico planimétrico -25 metros según el croquis-, sino que, a su entender, la detención se produjo a los pocos metros del golpecito que le fuera anoticiado al chofer de la unidad, quien de otra manera no lo hubiera advertido, pensando que sólo se trataba de un desperfecto de la rueda.

Al respecto, se evidencia el error en la interpretación del recurrente, puesto que la detención final del colectivo ha sido a 14,10 mts., si se toma el lugar de impacto y la parte trasera del vehículo; o bien, a 24,50 mts, si se mide desde el frente del colectivo (que mide en total 10,40 mts.) hasta el lugar de impacto (Croquis de fs. 91).

De igual modo, debo decir que, pese al esfuerzo argumentativo de la defensa, pretendiendo poner en tela de juicio lo plasmando en dicho instrumento -el que ilustra respecto al lugar del hecho-, y en la Pericia Accidentológica, intentando otorgar mayor peso a lo relatado por los testigos, tampoco estas críticas pueden tener acogida favorable, ya que dichas circunstancias han sido correctamente tratadas por el a quo en el fallo en cuestión. En efecto, el tribunal destacó que las testimoniales recepcionadas en plenario han sido congruentes con la mecánica del evento: nadie en particular advirtió la presencia previa al accidente del peatón; sólo Acevedo dijo haber visualizado la cabeza de una persona al momento del impacto, y la testigo Arce señaló que la gente que estaba en la vereda les gritaba en advertencia por lo sucedido, dato éste que el magistrado puso de resalto y cohesionó con los cálculos de recorrido del colectivo post-impacto, consignados en Planimetría y Pericia Accidentológica. Igualmente, aclaró que la testigo Izquierdo (testigo nuevo ofrecido en debate), decididamente minimizó el episodio en cuanto a la culpa del chofer, e inclusive llegó a sostener que la víctima apareció de golpe y de atrás, ubicando el siniestro hacia el sector Este de la Av. Irigoyen, lo que de hecho no se condice con ninguna prueba y se contrapone a las otras testimoniales. Al respecto, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en fallos anteriores (S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en donde se dijo que, por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos, a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. Así, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual, el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).

Asimismo, destáquese que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes, por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible, por la vía casatoria, invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen".

Lo dicho, sustenta lo meritado por el a quo, quien luego de haber visto y oído en audiencia de debate a los testigos Acevedo, Arce e Izquierdo, concluyó que lo expresado por el último de ellos (testigo que declaró por primera vez en debate, luego de cuatro años de ocurrido el hecho), intentando minimizar el episodio y trasladando exclusivamente la culpa a la víctima, no logra apoyatura en los restantes elementos de prueba precedentemente analizados.

De este modo, el tribunal descartó la culpa de la víctima como determinante del resultado final y, consecuentemente, como eximente de responsabilidad, aunque reconoció que sí hubo una confluencia causal, limitada en el accionar de la víctima por su evidente desatención al cruzar la calzada en momentos en que el semáforo permitía el tránsito vehicular. No obstante ello, aclaró que de ninguna manera este reproche luce en desmedro de la preponderancia causal de la conducta asumida por el imputado, la que consideró violatoria del deber de cuidado y de prevención (art. 39 inc. "b" de la Ley Nº 24.449).

En orden a la causalidad en los delitos culposos, el autor es quien crea el peligro de causación del resultado típico y no aquel que concurre simplemente poniendo una condición para que el suceso se corporice. Consecuentemente, cabe aclarar que, si bien el derecho penal no tolera la compensación de culpas, resulta innegable que para no computar la culpa del peatón desprevenido en desmedro del conductor acusado, es necesario acreditar de parte de éste, una concreta violación del deber objetivo de cuidado, el cual ha quedado plenamente demostrado en el caso de autos. Adviértase, que no se detectó frenada de ninguna naturaleza; que no hay indicios de alguna maniobra tendiente a evitar el impacto; que el imputado reconoció no haber visto al peatón; que sintió un golpe, pero creyó que se trataba de un desperfecto en la rueda; refirió que al girar a la izquierda vio sobre mano derecha a mucha gente en la parada del colectivo; no obstante ello, también dijo que había varios autos estacionados y que la víctima salió de atrás de una camioneta blanca estacionada en doble fila, pues debió extremar las precauciones atento a la mencionada cantidad de gente en el horario -pleno día, 10:15 o 10:30 hs.- y el lugar -comercial, de gran movimiento- en el que transitaba, como asimismo el hecho de haber varios vehículos estacionados, debió o pudo prever alguna imprudencia por parte de los transeúntes. En consecuencia, más allá de reconocer algún grado de imprudencia por parte de la víctima, ha quedado fehacientemente demostrado que ella no ha sido la causa determinante de la colisión, puesto que si el chofer la hubiese visto, debería haber frenado o la debería haber esquivado. No caben dudas de que Pihuala ha incurrido en infracciones a las normas de tránsito, las que se reconocen como generadoras del nexo causal determinante del hecho (art. 39 inc. "b" de la Ley Nº 24.449).

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener, con grado de certeza, la participación responsable del incoado César Fabián Pihuala en el hecho que se le endilga. En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. En íntima relación con los agravios expuestos en primer término, el recurrente, al invocar culpa exclusiva de la víctima, solicita se revoque el punto tres de la parte resolutiva del fallo que ataca (condena civil), y en consecuencia, se imponga íntegramente las costas a los actores civiles.

III. a. Atento lo resuelto al tratar la cuestión anterior, el presente embate ha quedado sin materia.

En consecuencia, voto negativamente.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/15, por el Dr. Enrique Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico del imputado César Fabián Pihuala. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/15 por el Dr. Enrique Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico del imputado César Fabián Pihuala.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.