marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución fiscal, medidas cautelares, intervención judicial, interventor recaudador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fisco Nacional - A.F.I.P. c/ Transportes Automotores La Estrella S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Habida cuenta de la antigüedad de la sentencia recaída en autos -puesta de relieve por el a quo en su pronunciamiento-, no procede una nueva valoración de los elementos de juicio en base a los cuales el magistrado dictó la medida cautelar originaria. Ello así, máxime cuando el límite fijado -20% de las entradas brutas de la ejecutada- es notoriamente inferior al límite máximo establecido por el art. 223 del C.P.C.C., y de las actuaciones obrantes en autos no se desprende el ánimo de la demandada de regularizar la situación. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que rechazó la reducción solicitada por la ejecutada. (Del voto de la mayoría. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).
Movilidad del haber jubilatorio, índices de actualización, determinación del haber jubilatorio, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Declarada la inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18037 y decidida la aplicación de un índice promedio obtenido entre los salarios de peón industrial y de costo de vida, como paso previo al cálculo del haber inicial, deberá discriminarse mes a mes las retribuciones percibidas por el afiliado durante los últimos diez años calendarios de actividad inmediatamente anteriores al año de cesación en el servicio. Para ello deberán desagregarse mes a mes en la misma proporción que resulte del índice de salarios del peón industrial las remuneraciones correspondientes a cada año calendario, según la siguiente fórmula: las remuneraciones anuales nominales se corresponderán a la suma de los índices del año, y la retribución de cada mes será igual al total anual nominal percibido dividido por esa suma de índices y multiplicado por el índice correspondiente al mes de que se trate. Las remuneraciones mensuales nominales así obtenidas se actualizarán conforme la evolución del índice combinado que refleje la variación habida en aquellas entre el penúltimo mes anterior al del cese y el penúltimo mes anterior al de su devengamiento, ambos incluidos. A continuación se sumarán las remuneraciones mensuales ya actualizadas y se determinará el haber inicial, aplicando el porcentaje correspondiente a la edad del titular sobre la remuneración promedio resultante de dividir por 36 las tres mejores remuneraciones ajustadas (del voto del Dr.

Fasciolo).
Asociaciones sindicales, recurso extraordinario, sindicatos, libertad sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Potenze, Pablo c/ Federación de Empleados de Comercio s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-04-12

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechaza la demanda tendiente a obtener el reintegro del aporte del 1% mensual percibido por la Federación de Empleados de Comercio si, como en el caso ocurre, el apelante no impugnó válidamente el fundamento en que la entidad gremial sustenta su derecho en las convenciones colectivas invocadas, ni desconoce que los fondos así recaudados tienen un destino específico, a saber, el sostenimiento de servicios sociales que benefician a todos los trabajadores del gremio, estén afiliados o no; ni alega tampoco, que la contribución sea autónoma e independiente de otras previsiones sinalagmáticas de interés común que rigen la actividad, por lo que cabe entender que la contribución cuestionada integra el conjunto de estipulaciones generales de las que resulta el mérito y la eficacia del convenio colectivo que determinan las condiciones de trabajo.
Intervención de terceros, intervención obligada, consorcio de propietarios, culpa concurrente, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: GUINARD DE VINELLI BLANCA HAYDEE Y OTRO c/ MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Sin perjuicio de sostener que como regla no corresponde la condena del tercero llamado a juicio por aplicación del art. 94, Código Procesal, existe en el caso culpa concurrente del consorcio del edificio por los daños ocasionados en el departamento de los actores. La prueba rendida lleva a la conclusión de que al inundarse el patio del departamento por tener su desagote obstruido (responsabilidad del demandado), el agua escurría a traves de la capa hidrófuga averiada (responsabilidad del consorcio citado) causando los daños en el departamento de los actores que motivan este litigio. (Se hizo lugar a la demanda, condenando al Estado Nacional, sin perjuicio de su derecho a repetir el 50% de ese importe contra el tercero citado).
Accidentes de trabajo, honorarios del perito, IVA
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Retamar, Claudio Gabriel c/ Prevención Art S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Recién al momento de percibir sus honorarios el perito médico, puede considerarse que se efectuó su pago, por lo que, si antes de dicho cobro se produjo un cambio en su situación impositiva ante la AFIP la demandada estará obligada al depósito de las sumas correspondientes al IVA en su relación.
Establecimientos educacionales, seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura, interés superior del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por La Meridional Cía. Arg. de Seg. S.A. en la causa Gómez Rocca, Javier Hernán y otros c/ Creatore, Víctor Juan y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

No obstante la magnitud del daño ocasionado a los alumnos del establecimiento educativo demandado, no es posible considerar que la condena a la aseguradora más allá de la póliza contratada esté sustentada en el interés superior del niño, pues una aplicación de tal principio como fuente directa de integración de nuevas prestaciones patrimoniales al contrato de seguro celebrado por terceros, implicaría por un lado, desbordar la finalidad a la que alude el art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por el otro, desnaturalizar la razonable previsibilidad que constituye el eje del funcionamiento del contrato, instrumento fundamental mediante el cual las partes programan su futuro, administran sus recursos, ordenan sus preferencias y controlan sus riesgos. -Los jueces Maqueda y Rosatti, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Calumnias, injurias, personas jurídicas, injurias a personas jurídicas, sujeto pasivo, querellante
Materia: PENAL
Carátula: BANCO AVELLANEDA S.A. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-24

Las personas colectivas, al no poder ser castigadas como autoras de delitos comunes, no pueden ser sujetos pasivos del delito de calumnia, porque no pueden ser ofendidas por una imputación calumniosa a raíz de un delito atribuído a sus representantes o integrantes.

Tampoco pueden ser sujetos pasivos del delito de injuria porque no pueden verse ofendidas, aún reconociéndoles un honor objetivo, porque la imputación afecta directa o indirectamente a sus miembros.

El agravio sólo a ellas lesiona, siendo los particularmente ofendidos en la ley actual.

Las personas colectivas no pueden por sí mismas y abstracción hecha de los componentes que la forman, ser sujetos pasivos de injurias, cuya objetividad jurídica se concreta solamente en el honor de la persona humana y no en el de una ficción de la ley.

Si la ley civil la trata como si fuera persona, reconociéndole derecho para contratar y faltar a sus obligaciones, en defecto de texto expreso actual para que se le reconozca capacidad para delinquir y responder por sus delitos, no puede ser tenida por parte querellante, en tanto esta calidad sólo corresponde a la persona física, pues sólo ella es capaz de ejecutar las acciones o incurrir en las omisiones que legítimamente puedan entrar en el ámbito del derecho penal.

NOTA: Se citaron: Fontán Balestra, 'Derecho Penal'; Ramos, Juan P., 'Los delitos contra el honor'; Moreno, R., 'Cód. Penal y sus antecedentes'; Molinario, 'Der. Penal'; Gómez, E., 'Tratado de Der.

Penal'; Soler, 'Der Penal Argentino'; Peco, José, 'Delito contra el honor: calumnia, injuria y difamación'; Núñez, R., 'Der. Penal Argentino'; Maggiore, G., 'Der. Penal'; Malagarriga, C., 'Cód. Penal Argentino'; Creus, 'Reformas al Cód. Penal'; Saint Hnos. c/Botana N , Int. 13/12/21, Fallos C.N.Crim., t. I, pág. 81; L.L., t. 36, pág.

268, 23/6/44; in re 'Festa', 28/5/59, J.A. 1957-II, pág. 439;

'Peralta Ramos', L.L., 3/1/67; 'Vinocur', Sala VI, 8/3/74;

'Albamonte, L.', Sala III, 24/7/70; 'Lara, A.', Sala I, c. 9846, 26/8/69; S.C.Bs.As, 'Méndez, A. y otros', 26/7/60, L.L., t. 106, pág. 310 y notas de Carlos M. Herrán; 'Sociedades y Asociaciones sin personalidad jurídica', J.A., t. 68, sec. doc., pág. 108 y 'Forlenza y otro c/Vengorov y Cía.', Cámara Civil, del 1/4/30, con nota de Alejandro Rayse; Sala VI, c. 29.790, 'Cicardo', Int. 14/3/85.
Acción meramente declarativa, reforma laboral, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Transportes Automotores 12 de Octubre y otros c/ Unión Tranviarios Automotor s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-09

Corresponde declarar con grado de certeza, que las disposiciones del capítulo laboral de la referida normativa se encuentran suspendidas en su aplicación para todos los trabajadores y empleadores del país a partir del 03/01/2024, y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa "Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ amparo", puesto que las decisiones adoptadas en el expediente nombrado invalidaron el capítulo IV por su origen contrario a la Constitución Nacional (fundamentalmente por no darse ni la "necesidad" ni la "urgencia" en su dictado, estando el Parlamento en pleno ejercicio de sus funciones), y que en el caso, no importa que las partes no hayan sido parte de dicho proceso, pues sí lo fue -y con un resultado adverso- el Estado Nacional, quien, como emisor de la norma cuestionada, es el único que podía ejercer adecuadamente la defensa de un acto general como el cuestionado y finalmente invalidado.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PARAFITA DE RICARDI, MARTA c/ BORGES, DARBI s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

En el juicio de desalojo el ámbito dentro del cual las partes pueden probar los hechos que alegan es limitado (conf. art. 685 del Código Procesal), por lo que todo análisis sobre la cuestión debe efectuarse con criterio restrictivo, con el propósito de no olvidar la finalidad perseguida por la ley: la celeridad de las actuaciones -
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. c/ Grodnienski, Marcos s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

Toda ejecución implica la realización de un derecho previamente declarado en un acto; acto que, a su vez, ha de tener una constancia formal inequívoca y una certeza de contenido y de destinatario que dispensa de la necesidad de una previa interpretación de su alcance y de su extensión y que permita pasar a su realización inmediata: Ha de ser, por lo tanto, aquello que técnicamente se llama título ejecutivo, circunstancia que funda el antiguo principio "nulla executio sine título" que, desde luego, resulta también aplicable al ámbito de la ejecución forzosa del acto administrativo.
Secuestro de objeto no autorizado, allanamiento sin orden
Materia: PENAL
Carátula: CORREA RAMON; NIEVA JOSE A. s.d.  HOMICIDIO SIMPLE, HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE PARTICIPE  SECUNDARIO e.p. de LEOPOLDO LOZANO NIEVA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-03

El secuestro de un objeto relacionado con el hecho delictivo, puede ser practicado, inclusive, sin orden judicial, cuando razones de seguridad y urgencia, así lo aconsejen.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lamas de Reinaldi, Delfina Rosa y otros c/ Ibarra de Torrejon, Rosalia y/o sus sucesores; Torejon, David y otros s/ ordinario por prescripción adquisitiva de dominio Torrejon, Rosalia y/o sus sucesores; Torejon, David y otros s/ ordinario por prescripción adquisitiva de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-11-30

Corresponde admitir la demanda de prescripción adquisitiva pues conforme a los antecedentes expresados y solicitados en la demanda existen elementos de convicción suficientes que demuestran la vocación de dominio de la parte actora, sobre todo, teniendo en cuenta la encuesta social practicada, que la construcción del inmueble data de muchos años, que no existen otros interesados en el bien que se prescribe, que no está afectado al uso público con destino a ruta, que no tiene ocupación arqueológica prehispánica ni restos arqueológicos superficiales.
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, responsabilidad de la empresa ferroviaria, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: CORTES ARIAS VIUDA DE GOMEZ MANUELA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

En los accidentes ocurridos entre un tren y un peatón, resulta de aplicación la teoría del riesgo creado prevista en el art. 1113, 2do párrafo, 2do. apartado del Cód. Civil, razón por la cual para que la empresa de ferrocarriles se libere de responsabilidad debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Costas, gastos superfluos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: D.G.I. c/ WATTEAU  S.A.I.C.F.I. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Dentro del concepto de costas no cabe incluir los gastos superfluos e inútiles, art. 77 CPCCN.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Héctor Sesmero, Soc. Anónima. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

El recurso fue interpuesto en tiempo hábil, habiéndose oblado la tasa de ley. El monto del juicio es habilitante de la instancia extraordinaria, en tanto que la resolución recurrida puede ser asimilada a definitiva, pues si bien no causa estado, lo cierto es que en las particulares condiciones de autos, en que el deudor tiene pedidos de quiebra pendientes, la situación podría llevar a frustar la finalidad de la ley, que es la conservación de la empresa.

Ello, y la circunstancia de debatirse en autos cuestiones de derecho, como que se refieren a la discusión sobre la apelabilidad o no de disposiciones judiciales juegan en favor de que el recurso sea declarado formalmente admisible.
Control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Biosystems S.A.  c/ EN - M° Salud - Hospital Posadas  s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

No es necesario pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de una norma cuando el caso puede ser resuelto adecuadamente con otros argumentos.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Decreto de necesidad y urgencia, emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

No sólo el Honorable Congreso de la Nación no legisló en contra de la vigencia del dec. 214/02 con posterioridad a su sanción sino que -por el contrario- ratificó implícitamente su art.4, al que se refiere también su art.8, al prorrogar hasta el 30 de septiembre del año en curso el Coeficiente de Estabilización de Referencia para todas las obligaciones de dar sumas de dinero inferiores a $ 400.000 a cargo de personas físicas y/o jurídicas, no excluyendo de modo alguno a quienes estuviesen en mora con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561 (art. 1 de la ley 25.642). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viera, Emilio y otro c/ Benegas, Aurora y otros s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

La prueba del pago de impuestos tiene un valor meramente complementario por lo que aún cuando ese pago no se haya producido la usucapión puede ser demostrada por otros medios corroborantes de la prueba testimonial.
Jornada de trabajo, call center, jornada reducida
Materia: LABORAL
Carátula: Osler Paola Cecilia c/ Covedisa SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

En el caso, la actora, trabajadora de call center, y la empleadora se encuentran contestes en la extensión de la jornada que cumplía la actora: 36 horas semanales. El debate transita en dilucidar si se trató de un supuesto de jornada reducida (art. 198 L.C.T.), o de contratación bajo la modalidad de contratación "a tiempo parcial", cuyo exceso en el límite de jornada genera "la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma." (art. 92 ter inc. 2 L.C.T.). Las demandadas resaltan que la res. MT Nº 782/2010 ratifica que la jornada habitual en la actividad referida es de 36 hs. semanales e invocan el art. 198 L.C.T.. El contrato a tiempo parcial "es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad". Y en el caso, la trabajadora no se obligó a prestar servicios una cantidad de horas al día o a la semana inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad -que es de 48 hs según refiriera la actora-, ya que de haber sido así, habría pactado una jornada diaria o semanal de 5,33 o 32 horas, respectivamente. En este contexto, en el caso, resultan aplicables las previsiones del art. 198 L.C.T.
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: LONGO, Gloria Mabel s/ Delito normado por el art. 302 inc. 2do. del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

El elemento subjetivo "a sabiendas" de "que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado", contenido en la figura delictiva del art. 302 inc. 2do. del C.P. integra el cuerpo del delito, y como tal debe estar plenamente probada su existencia para dar por acreditado el hecho delictivo que tratamos, con independencia de que su ausencia haya sido alegada o no.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Axion Energy Argentina SA c/ Municipalidad de Vicente López s/ Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-14

Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación, por lo que el pronunciamiento impugnado que, al desestimar la apelación por insuficiente, dejó firme la providencia de primera instancia en la que se resolvió que la accionante no se hallaba eximida del pago de la tasa y sobre tasa de justicia y, en consecuencia, ordenó el cumplimiento de las mismas, no reúne aquel carácter en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Crímenes de lesa humanidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Tommasi, Julio Alberto y otros c/  s/ causa n° 15710
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

La gravedad de los delitos de lesa humanidad atribuidos a los recurrentes y la indignación moral que causa el uso de la fuerza estatal al servicio de un plan de atroz criminalidad no pueden justificar que las condenas por tales delitos se impongan prescindiendo de la certeza de que los hechos imputados fueron cometidos por los acusados (Voto del juez Rosenkrantz).
Regulación de honorarios, juicio, codemandado, litisconsorcio pasivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARCONI, CARLOS ROMERO c/ LHERITIER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

El tema de los honorarios es ajeno a la revisión mediante la vía extraordinaria, resultando particularmente restringida -en esta materia- la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad ya que las normas que rigen la actividad regulatoria conceden margen amplio para la razonable discreción judicial.

La excepción se despliega cuando la impugnación constitucional logra demostrar que se incurre en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o cuando media una decisiva carencia de fundamento, lo que no ocurre en el caso, desde que- si bien la recurrente alega que se interpretó erróneamente el art. 6 de la ley de aranceles, no justificándose regulaciones múltiples al mismo profesional ya que los escritos de contestaciones de demandas indicaban que se utilizaron términos iguales para defender a todas las empresas- la arbitrariedad alegada pierde toda consistencia al no rebatirse una ponderación fáctica basal del a quo: que las tres empresas reconocen al actor distintos cargos y períodos de trabajo, aceptando implícitamente el esbozo de estrategias procesales diversificadas con el consecuente quehacer intelectual, lo que podría llevar a que la valoración entre los diversos escritos defensivos fuera susceptible de gradación, para determinar la regulación de honorarios en forma individual por cada una de las codemandadas.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, administración fraudulenta, funcionarios públicos, interventor, Ministerio de Trabajo, trabajadores de Luz y Fuerza
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: SINDICATO LUZ Y FUERZA DE CAPITAL FEDERAL s/ COMPETENCIA  FEDERAL-  ADMINISTRACION  FRAUDULENTA-  INTERVENCION  DE  SINDICATO-  SINDICATO  LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL- ACTO DE SERVICIO  MILITAR- EMPLEADOS DE LA NACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

Aun cuando no intervino en la contienda, es competente la justicia federal para conocer la causa seguida por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta, ya que quienes se desempeñaron por decisión ministerial como interventores e integrantes de la comisión transitoria del Sindicato Luz y Fuerza Capital Federal, revisten la calidad de funcionarios públicos, y en atención al ámbito territorial de aquél, que excede el estrictamente local, ejercieron en su caso funciones eminentemente federales. Ello es así, toda vez que tales sucesos resultan comprendidos por las previsiones del art. 3ro., inc. 3ro., de la ley 48, que abarca a los delitos que obstruyen o corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación.