Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-16


Comodoro Rivadavia, 16 de abril de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M. M. A. c/ F. E. s/ Desalojo", Expte. N° 16.270/2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 2, Sec. N° 4,(Expte. N° 324/07), por haber interpuesto la actora a fs.40, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el decreto de fs.39, que remite a lo dispuesto en el Expte. no 320/07.

Rechazado el primero por extemporáneo, se concede el segundo en relación y con efecto suspensivo elevándose las actuaciones a estudio de esta Cámara.

Se agravia la parte en su memoria de fs. 40, por entender que no corresponde el pago de sellado de rentas del contrato presentado a fs. 4/7 de cesión de derechos. Alega que conforme se expresa en la cláusula 7ma. del mismo, el escribano interviniente ha actuado como agente de retención y sostiene que éste efectuó dicho pago. Solicita se revoque el decreto impugnado.

Previo al análisis del recurso de la actora por las facultades otorgadas a esta alzada por el código procesal, cabe destacar que toda resolución -aún las que se consideran de trámite-, deben respetar el cumplimiento de requisitos esenciales que hacen a la trascendencia del acto procesal. Entre ellos, contar con las formalidades previstas por ley, respetar el principio de congruencia y estar debidamente motivada y fundada conforme a derecho.

Se ha dicho que la motivación o fundamentos de hecho y derecho en que se basan las resoluciones judiciales, constituyen el único medio a través del cual pueden las partes en general, verificar la justicia de las decisiones judiciales y comprobar la adecuación de éstas a las valoraciones jurídicas vigentes. Ello, porque la falta de motivación de la resolución afecta el derecho de defensa en juicio (Palacio-Alvarado Velloso." Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencialmente". Tomo 2º Reimpresión. Págs. 81 y ss. Ed. Rubinzal Culzoni). Como se evidencia en el presente, la resolución dictada a fs. 39, no se encuentra debidamente motivada. Esto es así pues, en respuesta a la petición de la parte (demanda de desalojo), el tribunal dicta el decreto fs. 39 por el que remite a lo resuelto en otro expediente no acumulado al presente, violando así el postulado de congruencia del acto jurisdiccional y también el principio constitucional de derecho de defensa en juicio.

El principio de congruencia se viola en cuanto no se da en la resolución impugnada, una identidad de sujeto, objeto y causa dado que se expide en base a otras actuaciones ajenas al presente trámite.

Respecto al principio constitucional del derecho de defensa en juicio, deviene contrario al mismo la decisión del tribunal por la que pretende o supone que la actora debe conocer lo resuelto en un expediente distinto al presente proceso, obligación que la ley no le impone.

De las constancias de autos, se colige que no se ha cumplimentado debidamente con la obligación de fundamentar la resolución dictada como la ley procesal prevé en su art. 34 inc 4º CPr, norma aplicable por analogía a las resoluciones simples, deviniendo lo resuelto en el supuesto de fundamentación aparente y por lo tanto nulo.

Ello es así, porque en el caso específico la resolución dictada obsta el ejercicio de una facultad procesal causando un gravamen irreparable a la parte, pues impide la prosecución del trámite sin que la actora pueda advertir las razones que motivan la decisión adoptada por el juzgador en el caso específico, siendo obligada a una suerte de adivinanza o presunción de las motivaciones del juez al momento de dictar la resolución impugnada.

Por ello, de acuerdo a lo señalado y las previsiones de los arts. 169 y 172 del CPr., se concluye que el acto procesal de fs. 39 no reúne los requisitos esenciales que hacen a su validez como tal, produciendo un estado de indefensión respecto de la actora.

En consecuencia, corresponde a esta Cámara el dictado de un despacho saneador, por lo que se declara la nulidad de la resolución de fs. 39 dejando sin efecto la misma, de acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, debiendo el tribunal de grado dictar una nueva resolución de acuerdo a derecho.

Atento lo resuelto, carece de virtualidad analizar el recurso de la actora habiéndose tornado abstracta la cuestión planteada por la parte.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y el resultado obtenido, las costas de la alzada se imponen por su orden. Se regulan los honorarios de la letrada actuante conforme la labor desarrollada, etapa procesal y éxito obtenido (arts. 6,7,8, 33, 47 y ss. ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE: 1º).- Declarar la nulidad de la resolución de fs. 39 dejando sin efecto la misma, debiendo el tribunal de grado dictar nueva resolución conforme a derecho.

2º).- Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios de la Dra. N. G. A. en la suma de pesos cien ( $ 100,00).

3º).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 046 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS