Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11


SANCHEZ, Sara Edith; FERREYRA, Omar Rubén y FERREYRA, Cristian Daniel contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 199 p 251-261.

En la ciudad de Santa Fe, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SÁNCHEZ, Sara Edith; FERREYRA, Omar Rubén y FERREYRA, Cristian Daniel contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 91, año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día cuatro del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: I.1.

Sara Edith Sánchez, en nombre y representación de sus hijos menores Omar Rubén Ferreyra y Cristian Daniel Ferreyra, promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rafaela, con el fin de que se le abone la indemnización por fallecimiento por accidente de trabajo del agente municipal Mario Ferreyra ocurrida el 28.9.1990, en ocasión de desempeñar tareas para la mencionada Municipalidad, con más actualización por depreciación monetaria, intereses y costas.

Relatan que dicho accidente de trabajo se produjo como consecuencia de un fuerte golpe sufrido por Ferreyra en el costado izquierdo de su pecho -zona en donde se encuentra el corazón- al descender de una pala mecánica que conducía en cumplimiento de sus tareas en la Municipalidad de Rafaela, provocando su fallecimiento en forma casi instantánea.

Expresan que el accidente que nos ocupa reúne los presupuestos básicos requeridos por el artículo 1 de la ley 9688 (ley de accidentes de trabajo); es decir: el accidente ocurrió durante el tiempo de prestación de servicios a favor de la Municipalidad de Rafaela; sobrevino por el hecho o en ocasión del trabajo, existiendo un nexo de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión producida; y ocasionó el fallecimiento del trabajador.

De ello coligen que en tanto el trabajador ha sido víctima de un daño que le causó la muerte, provocada por una cosa de propiedad o sometida a la guardia del empleador en ocasión de desempeñar tareas para éste, se genera una responsabilidad de indemnizar a los derechohabientes del trabajador fallecido (artículo 8 de la ley 9688); y agregan que de las actuaciones penales, cuyas fotocopias obran en las actuaciones administrativas, surgen con total claridad los extremos invocados en sustento de la pretensión esgrimida.

Por último, entienden que del principio general en materia de responsabilidad por accidentes de trabajo que regula la legislación específica en la materia -presunción de la responsabilidad del empleador por los accidentes ocurridos a su personal-, se desprende la inversión de la carga de la prueba, siendo el empleador quien debe acreditar la existencia de causales que lo eximan de su responsabilidad, las cuales se hallan taxativamente enumeradas en el artículo 4 de la ley 9688.

Dichas circunstancias -agregan- se dan cuando el accidente hubiere sido producido intencionalmente o proviniere de culpa grave de la víctima o cuando fuere debido a caso fortuito o fuerza mayor extraña al trabajo; las cuales no se dan en el presente caso, por lo que la responsabilidad de la empleadora resulta "evidente y fuera de toda discusión".

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 18), se cita y emplaza a estar a derecho a la demandada (foja 19 vto.).

A foja 27 comparecen los recurrentes y amplían la demanda.

Sostienen que en autos se encuentran cumplimentados los requisitos para la procedencia de la acción instaurada, entre ellos la relación de causalidad entre "el elemento -pala mecánica que conducía la víctima, cosa propiedad de la empleadora- y la lesión en el organismo", lo cual se halla corroborado por las declaraciones de los empleados prestadas en sede prevencional.

Agregan que en el caso de autos resulta de plena aplicación la ley especial 9688 y su modificatoria 23.643, para la cuantificación del infortunio laboral producido.

Solicitan, además, se decrete la rebeldía de la accionada, lo que así se dispone a foja 29.

3. Comparecida la demandada (foja 35) y cesada la rebeldía decretada, se le corre traslado de la demanda, contestándola a foja 38, en la cual rechaza todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado en la demanda y su ampliación que no sean objeto de expreso reconocimiento.

Afirma que de las constancias del expediente como así también de las testimoniales producidas en las actuaciones prevencionales, no surge que la muerte de Ferreyra se hubiera debió a una caída del vehículo por él conducido.

Agrega, por otra parte, que las otras heridas -cortaduras en la frente y arriba de un ojo- que presentaba el agente fallecido abonan la hipótesis de que haya participado de una reyerta.

En este sentido expresa que de confirmarse tal hipótesis, no se configuraría la definición del accidente de trabajo establecida en el artículo 1 de la ley 9688 ya que la contingencia "no fue producto del hecho o en ocasión del trabajo, ni tampoco por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo", agregado asimismo que nos encontraríamos en el supuesto contemplado en el inciso a) del artículo 4 de la ley 9688, eximente de la responsabilidad patronal.

Expresa que al momento de producirse el hecho origen de la presente causa, contaba con cobertura de seguro de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, razón por la cual solicita se la cite en garantía.

Peticiona, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

4. Abierta la causa a prueba (foja 42 vto.), se produce la que consta en autos.

A foja 119 la Municipalidad advierte que la aseguradora no ha sido emplazada, solicitando se proceda a su citación, lo que se dispone a foja 120.

A foja 126 comparece a estar a derecho la aseguradora.

Mediante escrito de fojas 135/137 solicita su desvinculación de la causa, con fundamento en la extemporaneidad de su citación (art. 118, ley 17.418). De este pedido se corre vista a la Municipalidad, quien la contesta a foja 141.

A fojas 149/150 los actores informan sobre el mérito de la causa.

A fojas 151/154 y 155 se agregan sendos memoriales de la Municipalidad; y a fojas 156/157 informa la aseguradora.

A foja 158 se llaman autos para sentencia.

Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II.1. Como primera medida, debe dilucidarse la cuestión de la intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros en la presente causa, quien fue citada por la Municipalidad demandada.

Adelanto que corresponde hacer lugar al pedido de desvinculación de la presente litis formulado por la aseguradora.

Para así decidir debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que al contestar la demanda, la Municipalidad solicitó la citación en garantía de dicha entidad (v. punto "4" del petitorio; f. 39), también lo es que consintió el decreto de foja 42 vto. por el cual la Presidencia del Cuerpo dispuso la apertura a prueba, como así también que recién instó la citación en la fecha en que debía informar sobre el mérito de la causa (v. f. 119), oportunidad, en la que -naturalmente- ya se encontraba producida la prueba del caso.

Surge claro, entonces, que la aseguradora fue finalmente emplazada en una etapa procesal impropia y vedada por el artículo 118 de la ley 17.418, según el cual el asegurado puede citar en garantía al asegurador "hasta que se reciba la causa a prueba".

Elementales exigencias vinculadas a la preclusión procesal y, en fin, al derecho de defensa obstan a que la Caja Nacional de Ahorro y Seguros pueda ser considerada parte de la presente litis (conf. Sup. Corte Buenos Aires, "Batalla Rodolfo Irineo c. Cometarsa S.A.I.C.", del 19.5.1998).

Así decidirlo implica el rechazo del pedido de la Municipalidad formulado a foja 141, en el cual trae citas jurisprudenciales que refieren a supuestos que no guardan relación con las circunstancias ahora analizadas.

Así, por ejemplo, en el caso "Palleres", la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, analizaba la supuesta liberación de la obligación del asegurador respecto del asegurado con motivo del dictado de una sentencia que no incluyó en la condena a "la aseguradora (que) ha concurrido al proceso en virtud de citación en garantía, se ha hecho parte y ha asumido la defensa del asegurado demandado" (ED T. 113, pág. 346; en particular, consid. 4to, pág. 349).

Por su parte, la causa "Bernardi" (publicada en Zeus T. 19, pág. 283), refiere a un supuesto en el que no se debatía la cuestión de la oportunidad en que fue citada la aseguradora; muy por el contrario: el profesional que representaba al mismo tiempo al allí demandado y a la aseguradora había expresado que "todos los actos procesales producidos por mí en representación de la parte demandada lo fueron indistintamente por... el demandado ...y por la compañía..." (consid. VI, pág. 284).

Tampoco guardan relación con los aspectos que caracterizan al sub judice las circunstancias que configuran al caso "Archilla" (ED T. 109, pág. 114), en el que "la asegurada citó en garantía a la compañía de seguros en la oportunidad prevista en el art. 118 de la ley de seguros, esto es, antes de la apertura a prueba.

Y es en virtud de tal citación que la aseguradora comparece al juicio y asume, en calidad de garante, la defensa del asegurado".

En esa causa el juez interviniente había ordenado la separación de la aseguradora de la causa, hecho ante el cual "era obligación de ésta resistir tal proveído y no conformarse con el mismo, separándose de la causa y dejando librado a su suerte al asegurado".

De ahí que la "liberación del asegurador" mencionada por el tribunal interviniente -y destacada por la Municipalidad aquí demandada- no sólo que refiere a aspectos sustanciales de la relación entre asegurado y compañía aseguradora (aspectos absolutamente ajenos a los que ahora corresponde juzgar) sino que constituye una consecuencia que se deriva de las especiales circunstancias expuestas en ese precedente.

Finalmente, en cuanto al sumario de jurisprudencia mencionado a foja 142, debe decirse que ningún elemento indica que lo allí resuelta guarda relación con la oportunidad en que puede ser citada la aseguradora.

Corresponde, pues, hacer lugar al pedido de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros y disponer su desvinculación de la presente causa, imponiendo a la Municipalidad de Rafaela las costas del trámite de citación en garantía.

2. En cuanto al fondo del asunto, se observa que los actores afirman que el hecho que ocasionó la muerte de Mario Ferreyra el 28.9.1990 encuadra en las previsiones del artículo 1 de la Ley 9688.

Frente a tal postulación, corresponde primeramente delimitar el alcance de la norma mencionada, según la cual "todo empleador será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de la prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo.

El empleador será igualmente responsable del accidente cuando el hecho generador ocurra al trabajador en el trayecto entre su lugar de trabajo y su domicilio, o viceversa, siempre que el recorrido no haya sido interrumpido en interés particular del trabajador o por cualquier razón extraña al trabajo...".

Se advierte que la norma no define qué se entiende por accidente de trabajo; sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación uniformó el concepto diciendo que "es toda lesión proveniente de la acción violenta y súbita de una causa exterior.

Tal causa exterior puede ser hasta el producto de la acción de otro hombre" (Conf. Código del Trabajo, Krotoschin-Ratti, 7ma. Edición, Depalma, pág. 307).

Por su parte, la doctrina se ha encargado de establecer los elementos configurativos del accidente de trabajo.

Dichos extremos han sido convenientemente expuestos por la jurisprudencia de este Tribunal en diversos precedentes -ver, por todos, "Rodríguez", de A. y S. T. 115, pág. 302-; y entre ellos ocupa un lugar fundamental la denominada "causa externa".

Así, se ha dicho que esa causa debe tratarse de un hecho externo provocado por una cosa o por el hombre, que puede ser el mismo empleador, un compañero de la víctima o un tercero.

A su vez, ese hecho ajeno puede operar de diversas maneras: 1) Cuando es una cosa, puede serlo en virtud de su riesgo o vicio, o por simple fatalidad.

2) En cambio, la acción de otra persona, que puede corresponder a un compañero o no de la víctima, puede haber sido causado por dolo, culpa o fruto del azar.

Lo que se requiere fundamentalmente es que el hecho haya ocurrido con motivo o en ocasión del trabajo y que el agente productor del daño esté vinculado con la prestación del trabajo o en ocasión de ella; u ocurrido en el trayecto de ida y vuelta al lugar de trabajo (accidente "in itinere").

Según el artículo 1 de la ley mencionada, la responsabilidad alcanza aun a los infortunios que han sido producidos por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo.

La acreditación del hecho, cuando éste ha sido negado, corre por cuenta del trabajador o sus familiares (v. "Torres", de A. y S. T. 96, pág. 10; "Rodríguez" - mencionado-; "Vega", de A. y S. T. 190, pág. 249).

En este sentido, resulta importante tener en cuenta la disidencia de los doctores Belluscio, Moliné O'Connor y Bogiano en la causa "González, Nélida Esther c. Soprano, Miguel Ángel y otro" (Fallos 315:1652), según la cual "si bien la ley 9688 presume la responsabilidad del empleador por todo accidente de trabajo, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción previstos en su art. 4, ello no exime al trabajador de la carga de la prueba de conformidad con los términos de la litis y una razonable interpretación de los principios del 'onus probandi' cuando se ha negado en forma expresa la producción del infortunio".

Debe señalarse que en ese caso, la mayoría del Alto Tribunal -doctores Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt y Nazareno- resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario allí deducido con base en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

También la doctrina especializada en el tema avala unánimemente esta postura.

Así, por ejemplo, Rainolter y Paglione, comentando la norma del artículo 5 de la ley 9688, señalan que "acreditado el hecho y la relación de causalidad con el daño ocasionado, se presume la responsabilidad con relación a la incapacidad producida con motivo de aquél", y agregan que "el trabajador víctima del infortunio debe acreditar el hecho o evento dañoso, y la relación de causalidad y la existencia de una relación contractual de tipo dirigido..." ("Régimen de Accidentes del Trabajo; Astrea, 2da. edición corregida, Buenos Aires, 1991, págs. 34 y 35).

Por su parte, Meilij ("Comentarios a la Ley de Accidentes del Trabajo", Ediciones Jurídicas Ariel; Buenos Aires, 1977, págs. 41 y 42), en referencia a la misma norma mencionada, apunta que la presunción allí consagrada "no incluye la relación de dependencia, que deberá ser probada por el trabajador; ni exime al mismo de probar el hecho dañoso, ya que sólo está referida a la responsabilidad del patrón.

Es decir, que la inversión de la carga de la prueba alcanza únicamente a la responsabilidad del empleador, pero no a los demás extremos, indispensables para el progreso de la acción, que corren por cuenta del accidentado".

También Vázquez Vialard ("Accidentes y enfermedades del trabajo"; Hammurabi, Buenos Aires, 1986, pág. 60), indica que "la acreditación del hecho, cuando éste ha sido negado, corre por cuenta del trabajador o sus familiares que lo invocan.

La disposición contenida en el art. 5 de la ley 9688 ... se refiere a la aplicación de una consecuencia propia de la llamada responsabilidad objetiva. Según la misma, la persona a la que la ley le imputa la responsabilidad, no puede exonerarse de ella aunque acredite que el evento dañoso ocurrió sin que mediara culpa de su parte ... Ello no significa que quien invoca un hecho esté eximido de cargar con la prueba de acreditar su existencia, lo que deberá efectuar conforme las reglas que al efecto establezcan las normas del procedimiento aplicable".

Por su parte, Krotoschin y Ratti (citado) recogen criterios jurisprudenciales unánimes, según los cuales "la presunción que establece el artículo 5 se refiere exclusivamente a la culpa del patrono, pero no exime al accidentado de acreditar el hecho mismo del accidente" (pág. 310; los subrayados, en todos los casos, no corresponden a los respectivos originales).

En el presente caso, la dilucidación de este aspecto constituye el primer punto de debate.

En efecto, los recurrentes dicen que Ferreyra, en ocasión de descender de la pala mecánica que conducía para el cumplimiento de sus tareas "se golpea su costado izquierdo del pecho con una de las partes de la precitada máquina, la que al impactar en forma violenta en dicha zona -donde se encuentra el corazón- le produjo, en forma casi instantánea, su fallecimiento" (foja 10 vto.); y, por su parte, la principal defensa opuesta por la Municipalidad -quien niega genéricamente todos los hechos que no sean de su expreso reconocimiento- radica, precisamente, en afirmar que no surge "que la muerte de Ferreyra se debió a la supuesta caída del vehículo por él conducido" (foja 38).

Como se observa, debe analizarse si los actores han logrado probar el acaecimiento del accidente que denuncia en autos.

La demandante ofreció y produjo prueba documental e informativa (v. ofrecimiento a foja 47). La primera abarca diversos elementos: el expediente administrativo nro. S-128.691-F- 48; el expediente penal originado en la denuncia policial de la muerte de Ferreyra -se encuentra agregado en copia a las actuaciones administrativas mencionadas-; y finalmente el legajo personal y la carpeta médica del extinto agente.

La prueba informativa está dirigida a la División Personal de la Municipalidad a los fines de que esta dependencia determine diversos aspectos propios de la relación de empleo que vinculaba a la Municipalidad con el agente.

La demandada, por su parte, ofreció la misma prueba documental que los actores; y también produjo diversas testimoniales y una absolución de posiciones (v. ofrecimiento a foja 45).

Ofreció también una pericial médica, que no fue producida.

Seguidamente se analizarán si estos elementos son suficientes para otorgar sustento a los dichos de los actores.

Ante todo, debe señalarse que le asiste razón a la demandada cuando sostiene que ningún testigo presenció la caída de Ferreyra de la máquina y el golpe que ella le habría provocado.

Esta conclusión se corrobora con el repaso de las declaraciones de los testigos que fueron traídos a la causa y de los que declararon en sede policial.

Así, por ejemplo, el testigo Schmidt -quien, según dice, trabajaba en el corralón municipal- declara que al llegar a dicha dependencia, "tomó conocimiento que el empleado Mario Ferreyra había sufrido descompostura y que el mismo fue atendido por personal de S.U.M.A., que se hizo presente en una unidad móvil, y pese a los esfuerzos realizados por los mismos, el mencionado Ferreyra dejó de existir" (declaración en sede policial; v. f. 12, expte. adm. cit.). Al ampliar su denuncia (f. 13), aclara que no presenció ni el momento en el que Ferreyra supuestamente se accidentó ni el del deceso final, hechos que, según dice, le son conocidos por comentarios de otras personas: concretamente, dice que "escuché comentarios de que Ferreyra se habría golpeado, no sé si al bajar o al subir de la pala que era la máquina que él manejaba" (f. 13 vto.). Lo mismo se extrae de las declaraciones prestadas por Sara Edith Sánchez, concubina del extinto Ferreyra.

Conforme la declaración prestada a foja 14 de las actuaciones administrativas, la Señora Sánchez tampoco presenció el momento en el que Ferreyra se habría golpeado contra la máquina: "ese día, yo me encontraba en mi casa preparando la comida más o menos a la hora en que mi concubino Mario Ferreyra volvía del trabajo, cuando entonces, llegó mi sobrino y me dijo que vaya rápido hasta el obrador porque mi marido estaba descompuesto, pero yo no fui y lo mandé a mi sobrino, y pasado un tiempo y al ver que no volvía me fui hasta el obrador, pero no me dejaron llegar porque él ya estaba muerto...".

De hecho, reconoce que "a mí me dijeron que él primero había tenido un accidente durante esa mañana...".

Tampoco el agente municipal Simón Ferreyra (hermano del agente fallecido) vio el accidente.

Así surge de la declaración prestada ante la autoridad prevencional, en la que se observa que recién tomó contacto directo con los hechos cuando vinieron a avisarle que "había un muchacho ahí en el suelo", oportunidad en la que, acercado al lugar "vimos que mi hermano se encontraba recostado en el piso boca arriba, a un metro aproximadamente de distancia de la rueda de atrás de la máquina que él manejaba, entonces, inmediatamente llamamos a S.U.M.A..." (f. 15 de las actuaciones administrativas).

Este testigo agrega que "tengo entendido que un empledo de apellido Ledesma que vive en calle Ciudad de Esperanza quizás vio cuando mi hermano se golpeó" (f. 15 vto.).

Sin embargo, el propio Ledesma desbarata aquella suposición, ya que declara que "ese día, cuando llegamos al obrador, siendo aproximadamente las doce menos cuarto ... tuvimos que darle lugar a una ambulancia de S.U.M.A. que entraba al obrador, y ahí fuimos a guardar las herramientas al galpón, y me enteré que el Mario Ferreyra se había descompuesto..." (declaración en sede policial; foja 24 del expte. adm. cit.).

Dice que sólo escuchó un comentario del capataz del obrador, quien daba cuenta de que Ferreyra esa mañana le había dicho que se había caído de la pala.

La declaración prestada por Ledesma en estos autos coincide con la recién transcripta: "no lo vio golpearse; el comentario de los muchachos ahí era que se había patinado" (contestación a la pregunta cuarta; foja 94 de autos).

Desde luego, tampoco presenció el supuesto accidente la doctora Patricia María Pisciolari (del servicio de emergencias médicas), quien fue convocada, precisamente, una vez que se produjeron los hechos cuya configuración se intenta comprobar.

En sede policial esta testigo declara, en lo que ahora interesa, que una vez que desistió de las maniobras de reanimación, procedió a constatar el diagnóstico final de paro cardio-respiratorio, agregando que "posteriormente me relatan que el señor se había caído de una máquina y que había ido a hacer la denuncia en el obrador sin llegar a terminarla". (foja 85/vto. de autos).

Tampoco presenció el accidente el señor Gasparotti, capataz del obrador.

Este testigo declaró ante la policía que "siendo aproximadamente las 12 menos diez, yo me encontraba en portería del obrador municipal, cuando llegó Mario Ferreyra y se bajó de la pala y se me acercó y me dijo que al subir a la máquina se había resbalado y se había golpeado en el pecho, entonces yo le pregunté si le dolía mucho y me contestó que sí y que casi le había cortado la respiración" (foja 19).

Tampoco lo hizo el testigo Mario Gerónimo Castillo, quien, según puede extraerse, estuvo con Ferreyra inmediatamente después de haber estado con Gasparotti (declaración de foja 18).

Finalmente, resta mencionar que el testigo Juan Antonio Mendoza -quien depuso sólo en sede policial- da cuenta de que "cuando llegué, (Ferreyra) ya estaba muerto" (f. 17 expte. adm.). De lo hasta aquí expuesto surge que, tal como se anunció, ninguno de los testigos presenció el momento en el que Ferreyra se habría accidentado en la máquina que operaba.

Por esa elemental razón tampoco ninguno de ellos podría dar cuenta de que dicho suceso implicó, concretamente, un "impacto violento" de alguna parte de la maquinaria en el tórax del operario.

Nótese que la imprecisión sobre tal aspecto del caso llega al punto tal de que no resulta del todo claro si el accidente denunciado ocurrió "en ocasión de descender el precitado ex agente municipal de la máquina -pala mecánica- que conducía" (punto "III" del escrito de demanda; foja 10 vto.) o "al subir a la máquina" (declaración de Gasparotti).

La dilucidación de tales extremos resulta indispensable en este tipo de causas, en la que se debe establecer un nexo causal lógico entre el hecho y el daño sufrido por el trabajador -aspecto que, agrego, también debe ser probado por quien demanda-.

Dicha exigencia se ve particularmente agudizada en el presente caso en el que se denuncia que un golpe provocó la muerte del agente.

En este sentido, debe señalarse que tampoco resultan concluyentes sobre este aspecto del caso las referencias que hacen los testigos con relación a las marcas que presentaba el cuerpo de Ferreyra.

En efecto, el capataz del obrador (señor Gasparotti) fue el primer testigo que vio a Ferreyra con posterioridad a la supuesta caída.

En lo que ahora interesa, dice que mientras hablaba con Ferreyra, éste "se levantó la camisa y me indicó el sector donde se había golpeado" (foja 19, expte. adm.), y que "fue a la altura del esternón, en su parte baja" (foja 90 de autos). Sin embargo, aclara que no le notó marcas de golpes o heridas (respuesta a la pregunta cuarta; foja 89 de autos).

Después de este encuentro, tal como se dijo, Ferreyra se habría dirigido a la oficina de personal que era atendida por el empleado Castillo, quien nada dice sobre heridas o marcas en el cuerpo del agente.

Los restantes testigos que declararon tanto en sede policial como en esta causa dicen que el cuerpo de Ferreyra presentaba dos tipos de marcas: heridas cortantes en la zona de la frente y de las cejas por una parte, y una marca en el tórax, por otro, denominada por algunos declarantes como "hematoma" o "moretón", indistintamente.

Paso a describir estas declaraciones.

La señora Sánchez dice que vio "que estaba cortado en la frente y arriba de un ojo"; Simón Ferreyra (foja 15) declara haber visto que su hermano sólo "presentaba unos cortes sobre un párpado y otro golpe arriba de la ceja izquierda".

De lo hasta aquí expuesto puede extraerse una primera conclusión: las lesiones que presentaba el cuerpo de Ferreyra en la zona de la frente y sobre una de las cejas, evidentemente, no estaban originadas en el accidente ahora denunciado.

En efecto, de la simple correlación de las testimoniales prestadas en la causa es claro que ellas se produjeron después de haber estado con Gasparotti y Castillo.

Con una alta probabilidad, puede aseverarse que son producto del momento en que Ferreyra cayó al piso sin conocimiento.

Ahora bien: otros testigos dicen haber advertido un moretón en la parte izquierda del pecho de Ferreyra (testigos Mendoza y Ledesma; fojas 17 y 25 de las actuaciones administrativas, respectivamente), también lo hace la ahora recurrente en la declaración mencionada precedentemente ("también tenía un golpe en el pecho, porque ví que tenía morado").

Sin embargo, este dato resulta manifiestamente insuficiente para provocar la convicción de la efectiva existencia del impacto mortal denunciado al demandar, tal como lo hacen los actores al informar sobre el mérito de la causa; máxime si se tiene en cuenta que estos testigos declaran haber visto esta marca cuando ya había intervenido el servicio médico de emergencia, el que llevó a cabo una maniobra de reanimación cardio-respiratoria "manual, primero, con medicamentos después y desfibrilándolo ... durante unos veinte minutos" (declaración de la doctora Pisciolari).

En este sentido, no debe perderse de vista que Ledesma dijo que cuando llegó al obrador "ya estaban los médicos" (respuesta a la pregunta octava; foja 94); que la señora Sánchez afirma que "no la dejaron llegar al obrador porque él ya estaba muerto"; y que Mendoza vio el moretón en el pecho cuando ayudó a cambiar de ropas al cuerpo de Ferreyra (foja 17 de las actuaciones administrativas).

Con relación a los dichos de Mendoza, debe hacerse una aclaración. La afirmación consistente en que a las "dos menos diez" se retiró del corralón sin que todavía no hubiera llegado ningún médico, no coincide con el resto del material probatorio reunido en la causa, según el cual, la intervención del servicio médico tuvo lugar indudablemente antes de esa hora (según el certificado médico, la llamada fue recibida a las 12:50).

De allí que resulte válido interpretar que Mendoza indudablemente tomó contacto directo con el cuerpo de Ferreyra con posterioridad a la atención del servicio de emergencia; conclusión que se ve reforzada por el hecho de que, según lo que él mismo declara, ese día se encontraba trabajando "en Aristóbulo del Valle al final, cuando llegó el hombre que nos va a buscar en la camioneta y nos dijo que el Mario Ferreyra había sufrido un ataque y que había muerto" (declaración de foja 17 de las actuaciones administrativas).

Constituye un importante aval de la conclusión que se viene propiciando el hecho de que el certificado extendido por la doctora Pisciolari da cuenta de que éste presentaba solamente "heridas desgarradas en frente, presunta caída" (v. f. 108 del cuadernillo de pruebas confeccionado en respuesta al oficio nro. 112/95, identificado bajo el número 260- S).

Esta información coincide con las declaraciones de la facultativa prestadas más tarde en sede policial, y a su turno, en esta causa en el sentido de que "sinceramente, no noté otro golpe" (f. 16, expte. adm.) y de que "no recuerda heridas de importancia que pudieran haber causado la muerte súbita" (foja 85/vto. de autos).

Finalmente, debe decirse que, en las circunstancias ahora analizadas, la anotación que consta en el acta de defunción vinculada a que Ferreyra habría fallecido por "muerte violenta" (v. foja 11 extpe. adm. S-128.691-Fichero 48) tampoco constituye un elemento que coadyuve a la comprobación de los extremos que se vienen analizando.

Según se indica en dicho instrumento, esa anotación se efectúa sobre la base de lo expuesto por la doctora Pisciolari en el certificado médico respectivo.

Pues bien, ante todo debe decirse que el mencionado certificado nunca podría ser el que en fotocopia se agrega a foja 108 del cuadernillo de pruebas, por la sola razón de que dicho certificado consta como extendido en "nov. 1990" y el acta de defunción mencionada es de fecha 1.10.1990.

Y aunque así hubiera sido, debe asignarse a la expresión "muerte violenta" el alcance que la propia facultativa le ha asignado en los hechos de la causa.

En efecto: más allá de que en su declaración en sede policial la doctora Pisciolari hubiera afirmado que el diagnóstico final (una vez que desistió de las maniobras de reanimación) era de "paro cardio respiratorio" (foja 10, expte. adm.) y de que, ya en esta sede, dijo claramente que la emergencia que asistió se trataba de una "muerte súbita por paro cardiorrespiratorio" (foja 85; frase, por lo demás, coincidente con la declaración de Castillo, según el cual la doctora habría puesto en una planilla que la muerte de Ferreyra había ocurrido, precisamente, por "muerte súbita" -v. foja 13 vto., expte. adm. cit.-), lo decisivo en el caso es que la médica -tal como se dijo antes- declaró en ambas oportunidades que no había constatado ninguna herida de gravedad.

Por lo demás, la relatividad del concepto "muerte violenta" queda claramente expuesta en sus propias palabras, cuando, al ser preguntada por las diferencias técnicas que podrían existir "entre muerte violenta y muerte por paro cardio respiratorio", requirió que se aclare "qué debe entenderse por muerte violenta" (foja 85 vto.), para finalmente explicar que un "un golpe o (por) una descarga eléctrica" -aspectos, insisto, no comprobados en la causa- pueden constituir causa de un paro cardio respiratorio.

Como se observa, los demandantes no han logrado comprobar el acaecimiento de los hechos fundamentales que configuran al accidente laboral que denuncian.

Tal como se ha visto, ningún testigo presenció el golpe a que se alude en la demanda; tampoco ello puede derivarse de los restantes elementos de prueba.

Ello impide, tal como se dijo, todo razonamiento que permita vincular los hechos mencionados con la muerte de Ferreyra.

Resta aclarar que la deficiencia señalada no puede ser alterada por el principio "in dubio pro operario", el cual no corresponde que sea aplicado en la apreciación de los hechos, sino en los supuestos de aplicación o de interpretación de la ley.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "ni aun en el supuesto de la aplicación al procedimiento laboral del principio 'in dubio pro operario' corresponde al juzgador suplir la falta de acreditación de ciertos hechos o la negligencia de la representación letrada, sino, en todo caso, hacer uso adecuado de las facultades instructorias que la ley le confiere a fin de descubrir la verdad real sobre la formal" ("Corones, Gladys María c/ Marval y O'Farrell Sociedad Civil", Fallos 313:577; "Fernández, Nicolás c/ Ferrocarriles Argentinos s/ indemnización por enfermedad", Fallos 325:2794).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde desvincular de la presente causa a la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, imponiendo a la Municipalidad de Rafaela las costas del trámite de citación en garantía.

Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas a los actores (art. 84, ley 4106). Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Desvincular de la presente causa a la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, imponiendo a la Municipalidad de Rafaela las costas del trámite de citación en garantía.

Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas a los actores (art. 84, ley 4106).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)