Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-04-15


La Plata, abril 15 de 2009.

ANTECEDENTES El Tribunal del Trabajo nº 1 de Bahía Blanca rechazó la demanda promovida, con costas por su orden.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente CUESTION ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? A la cuestión planteada, la doctora Kogan dijo:

I. El tribunal del trabajo rechazó la demanda promovida por A. O. S. y M. M. P. contra "Federación Patronal de Seguros S.A." y C. A. H., por la que reclaman las prestaciones prescriptas por el art. 18 de la ley 24.557, con motivo del fallecimiento de su hijo A. R. S..

Sostuvo el juzgador que en el marco de la ley 24.557, resulta menester tener en consideración que cuando la norma del art. 18 prevé la indemnización para el caso de muerte del trabajador regula un beneficio iure propio en cabeza de sus derechohabientes, quedando vedada en consecuencia cualquier correspondencia con el esquema hereditario que prevé el Código Civil. De ese modo -sostuvo- el concepto de derechohabiente se inserta en el de familia del trabajador no identificable con el de pariente con vocación hereditaria y es clara la norma en cuanto su remisión al art. 53 de la ley 24.241, precepto este último que sólo contempla al viudo o viuda, convivientes e hijos según las circunstancias y no incluye a los padres del fallecido.

II. Contra el pronunciamiento de grado se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

III. El recurso debe prosperar.

1. Para una correcta solución de la situación planteada habré de seguir el criterio delineado por esta Suprema Corte en los precedentes individualizados como L. 79.784, "Vallejos", sent. del 28-IX-2005 y L. 82.285 "Massone", sent. del 24-V-2006, imponiéndose, en el caso, la invalidez constitucional del art. 18 de la ley 24.557, como lo solicitara el recurrente por encontrarse en colisión con la norma del art. 14 bis de la Constitución nacional como así también otras normas de jerarquía constitucional reconocidas en el art. 75 inc. 22 de aquélla (ver puntos 3.2.6 y 3.2.7, fs. 142 vta.).

2. He de comenzar el análisis del caso abordando la validez constitucional del art. 18 de la ley 24.557.

En los precedentes citados "Vallejos" y "Massone" -donde adherí al voto del colega doctor Negri- se estableció que en el marco de la ley 24.557 resulta menester tener en consideración -y aquí coincido con el a quo- que cuando la norma del art. 18 prevé la indemnización para el caso de muerte del trabajador regula un beneficio iure propio en cabeza de sus derechohabientes, quedando vedada en consecuencia cualquier correspondencia con el esquema hereditario previsto en el Código Civil.

De ese modo el concepto de derechohabiente se inserta en el de familia del trabajador no identificable con el de pariente con vocación hereditaria.

Si bien debe admitirse que los distintos regímenes legales no proveen una noción unívoca de familia a la hora de operativizar el derecho constitucional a su protección integral (baste para ello pasar revista a las leyes de obras sociales, de sistema integrado de jubilaciones y pensiones, de beneficios sociales, de asignaciones familiares, de contrato de trabajo, entre otras), lo cierto es que todas ellas apuntan a delinear (ora de modo expreso, ora implícitamente) un concepto amplio de familia.

Dicho ello, y sin desconocer que es el legislador a quien le incumbe dar contenido y perfilar los alcances del derecho que garantiza la Constitución, considero que cuando -como en el caso- ese derecho aparece definido en la ley aplicable de un modo que antes que ser reglamentado por la misma es transgredido, se torna imperioso prescindir de su aplicación en defensa de la Constitución vulnerada.

Derecho que se encontrará formulado en otras leyes, en la Constitución o, en último grado, en principios que se presenten como objetivos a la luz de la conciencia universal.

En el caso, los actores padres de un trabajador de dieciocho años que falleció en un accidente de trabajo, no pueden acceder a las prestaciones previstas en la ley 24.557 por no encontrarse los progenitores incluidos en la nómina de beneficiarios del art. 53 de la ley 24.241, al que reenvía el art. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Es claro que los accionantes son quienes directa e indudablemente padecen el impacto de esa muerte prematura, no sólo en el terreno de los afectos sino también en el de la dura lucha por sobrevivir, en la que ya no contarán con el beneficio de la obligación alimentaria que les asistiría en el marco del derecho común. En ese contexto no puede considerarse respecto de los padres de la víctima que la exclusión impuesta por la norma cuestionada resulte razonable y acorde con el derecho constitucional de "protección integral de la familia" (art. 14 nuevo, Const. nac.).

En ese orden de consideraciones y frente a tal imperativo constitucional, la omisión de atribuirle a los padres el derecho de ser indemnizados en caso de fallecimiento en ocasión del trabajo del hijo soltero y sin descendencia vulnera el art. 39 de la Constitución provincial y el 14 bis de la Constitución nacional, como así también otras normas de jerarquía constitucional reconocidas en el art. 75 inc. 22 de aquélla, tales como los arts. V, VI, XIV y XXX de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 7, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Preámbulo y 17 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-.

Finalmente, y sin desconocer el principio de irretroactividad de las leyes, he de señalar que la posterior inclusión de los padres del trabajador fallecido entre los beneficiarios de las prestaciones previstas en la ley 24.557, en ausencia de los derechohabientes enumerados en el art. 53 de la ley 24.241 y sin otra condición (v.gr. escasez de recursos, condición de familiar a cargo, etc.) por el decreto 1278/2000 (art. 9, modificatorio del art. 18, L.R.T.), publicado en el Boletín Oficial el día 3 de enero de 2001, no hace sino captar de modo más armonioso y pleno el mandato constitucional, dejando atrás la iniquidad manifiesta que vengo de señalar.

IV. En tales condiciones juzgo que habiendo quedado probado a fs. 97 vta. que la empleadora demandada del trabajador fallecido tenía contratado con la aseguradora demandada "Federación Patronal de Seguros S.A.", una cobertura de riesgo laboral, corresponde rechazar la demanda promovida en contra de C. A. H., por carecer de legitimación pasiva y hacer lugar a la demanda promovida por A. O. S. y M. M. P. contra "Federación Patronal de Seguros S.A.", en concepto de la indemnización por muerte del hijo trabajador (art. 18, ley 24.557).

En la instancia de origen se practicará la liquidación correspondiente.

Imponer las costas de ambas instancias a cargo de Federación Patronal de Seguros S.A. (arts. 19, ley 11.653, 68 y 289, C.P.C.C.) y las correspondientes a la pretensión contra C. A. H. deberán ser soportadas por su orden.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el doctor Genoud dijo:

Adhiero al voto de la distinguida colega doctora Kogan por evaluarse y definirse la cuestión de modo idéntico a la expuesta en la causa L. 82.285, "Massone" (sent. del 24-V-2006), oportunidad en la que acompañé el voto del doctor Negri en el mismo sentido que ahora se impone a la que nos ocupa.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el doctor Hitters dijo:

1. Si bien habré de coincidir con los colegas que me han precedido en la votación en cuanto a que el pronunciamiento recurrido debe ser rescindido, me apartaré del sustento argumental que los lleva a concluir de tal modo, en tanto en mi parecer, y como seguidamente lo explicaré, para ello no considero sea menester la declaración de inconstitucionalidad de precepto alguno.

2. En efecto, siguiendo el temperamento adoptado por el doctor Soria en la causa L. 82.285, "Massone", sent. del 24-V-2006, al que presté adhesión entiendo, en situación igual a la que concurría en aquella causa, que los agravios expuestos en la queja ya han encontrado acogida en un cambio normativo de fecha anterior al pronunciamiento atacado.

Me refiero al decreto de Necesidad y Urgencia 1278 del 28 de diciembre de 2000 del Poder Ejecutivo nacional que modificó el texto del art. 18, ap. 2, de la ley 24.557, reconociendo el derecho de los padres del trabajador fallecido a percibir las prestaciones del régimen reparador frente a la ausencia de derechohabientes definidos en el art. 53 de la ley 24.241.

Como lo dejó expuesto dicho colega en aquel pronunciamiento, y en pasaje que permito aquí transcribir: "la norma modificada resulta de aplicación a estos autos de acuerdo al principio iura curia novit por el cual los jueces deben resolver los conflictos sobre la base de las normas legales vigentes, con prescindencia de las que hubieran invocado las partes en sus escritos postulatorios, aún aquellas sancionadas con posterioridad a la promoción de la demanda judicial ya que, en tanto no se modifiquen los supuestos fácticos del caso, la determinación del régimen normativo pertinente para su solución es facultad del órgano judicial" (doctrina causas B. 51.819, "Pacheco", publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-82; B. 51.723, "Leguizamón", publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1991-IV-309; B. 52.220, "Baldomar", sent. del 3-IX-1996 y B. 56.161, "Melo", sent. del 28-IX-1999, entre muchas otras).

A ello agregó que: "si el art. 163 inc. 7º del Código Procesal Civil y Comercial (rectius: inc. 6, 2do párrafo), (aplicable supletoriamente al proceso laboral conforme dispone el art. 63 ley 11.653) permite a los jueces hacer mérito de los hechos constitutivos, modificatorios o extintivos acaecidos durante la sustanciación del juicio, el mismo principio resulta aplicable -y con más razón aún- cuando se produce una modificación de las normas jurídicas que rigen la relación sustancial materia del litigio, como ocurre en el sub discussio".

Se señaló en tal sentido a su vez que: "... la Corte Suprema nacional, ha admitido la aplicación de normas sancionadas o dictadas con posterioridad a la promoción de la demanda judicial, sosteniendo que, en tanto no se modifiquen los supuestos fácticos del caso, la determinación del régimen normativo pertinente para su solución es facultad judicial, no impugnable con fundamento constitucional ('Fallos', 274:192; 268:471; 298:612)".

Sobre la base de tales consideraciones, el sufragio al cual me vengo refiriendo, dejó expresado también que el reconocimiento del derecho de la impugnante sobre la base de la aplicación de la norma de marras no importa un supuesto de aplicación retroactiva de la ley. Así, invocando un precedente de este Tribunal quedó dicho allí que: "... una ley es retroactivamente aplicada cuando suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior. Pero ello no ocurre cuando la ley nueva está llamada a establecer el contenido, alcance y régimen de las prerrogativas derivadas de una situación jurídica preexistente, siendo en tales casos de aplicación inmediata las normas que tienen por finalidad delimitar las aptitudes personales para la titularidad o el ejercicio de un derecho (conf. doct. causa B. 61.184, sent. de 27-X-2004), como resulta la situación planteada en autos".

Se concluyó allí entonces que: "el hecho de articularse con la demanda la inconstitucionalidad del art. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo -con sustento en una exclusión de sujetos legitimados al cobro de las prestaciones que desoye los mandatos de la Carta Magna-, introdujo en el debate un conflicto normativo que debió ser zanjado en favor de la postura de la accionante al momento de dictarse el pronunciamiento recurrido (26 de diciembre de 2002, ver fs. 289), desde que a tal fecha el legislador nacional le dio la razón a su planteo al modificar el texto de la norma cuestionada".

3. En virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar el pronunciamiento recaído en la instancia de origen, reconociendo a los accionantes -progenitores del trabajador fallecido- por imperio de lo dispuesto en el art. 18 de la ley 24.557, según la modificación introducida por el decreto 1278/2000, la legitimación para reclamar las prestaciones establecidas en el primer párrafo del citado precepto.

4. Dispuesta la rescisión de la sentencia, prosigue en el cometido de este Tribunal la decisión positiva del litigio (art. 289 ap. 2º del C.P.C.C.).

a. En ese quehacer se hace necesario abordar en primera medida el planteo del coaccionado C. A. H. en orden a que, a tenor de lo dispuesto por el art. 39.1 de la ley 24.557, no es sujeto pasivo de la acción incoada.

La defensa lleva razón, en tanto reclamadas como en el caso exclusivamente las prestaciones que la ley 24.557 tiene prevista para la contingencia alegada -fallecimiento del trabajador- es decir sin cuestionar su insuficiencia pretendiendo una reparación integral sobre la base de la aplicación de las normas de responsabilidad contenidas en el Código Civil, ni objetada a la vez la validez del sistema en tanto pone como único deudor de tales prestaciones a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo con quien el empleador ha celebrado el correspondiente contrato de afiliación, no existen dudas por imperio del propio diseño normativo de la Ley de Riesgos de Trabajo, que este último no es legitimado pasivo de la pretensión en esos términos demandada (arts. 6, ap. 1, 11, 15, 18 ap. 1, 39 de la ley 24.557) .

b. Establecido lo anterior sigue ahora examinar la concurrencia en el caso de los extremos fácticos que dan lugar a la actuación de las normas sobre las cuales se asienta la pretensión.

i. En este sentido señalo en primer lugar que no ha mediado controversia entre las partes sobre la existencia de contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557, entre el empleador y Federación Patronal Seguros S.A., como así que el señor A. R. S., hijo de los reclamantes se encuentra entre el personal cubierto (ver cartas documento de fs. 7/9 y escrito de contestación de la demanda, fs. 97 vta.).

ii. De la misma manera no ha habido disputa en orden a la ocurrencia del hecho que derivara en el fallecimiento del trabajador, como así tampoco que dicho evento debe considerarse "accidente de trabajo", subsumiendo dentro de las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos de Trabajo (art. 6 ap. 1; v. nuevamente cartas documentos de fs. 7/9 y contestación a la demanda).

c. Verificada la concurrencia de los recaudos que hacen a la procedencia de acción incoada, corresponde disponer el acogimiento de la demanda.

5. En cuanto a las costas, y me refiero primero a las correspondientes a la pretensión que contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo prospera, si bien en la citada causa "Massone" siguiendo también en este aspecto al doctor Soria propicié con él su imposición en ambas instancias a la accionada, una nueva reflexión sobre el punto me convence de la necesidad de abandonar tal solución, proponiendo en su lugar que las mismas sean sufragadas en el orden que han sido causadas. Y ello atendiendo a los propios fundamentos utilizados para resolver la impugnación en la forma que lo propongo (arts. 19 segundo párrafo, ley 11.653; 68 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial).

Las que se derivan de la pretensión que propongo desestimar, esto es la dirigida al empleador C. A. H., propicio sean afrontadas en su totalidad por los accionantes, aplicando sin más en este aspecto, el objetivo principio del vencimiento (art. 19 primera parte de la ley 11.653).

6. Por lo expuesto, si la posición que sustento es compartida, corresponde: i. Hacer lugar el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto, disponiendo la revocación del pronunciamiento en cuanto rechazó la demanda por ausencia de legitimación de los reclamantes (art. 289 ap. 1 del C.P.C.C.). ii. Disponer el progreso de la demanda promovida por A. O. S. y M. M. P. contra "Federación Patronal de Seguros S.A.", en concepto de la indemnización por muerte del hijo trabajador (art. 18 de la ley 24.557), para lo cual en la instancia de origen se practicará la correspondiente liquidación (art. 289 ap. 2º del C.P.C.C.) iii. Imponer las costas en el orden causado por la acción que prospera, y a los accionantes las correspondientes al rechazo que se dispone respecto del demandado en cuanto corresponde por la pretensión que se rechaza en relación al empleador C. A. H. (arts. 19 segundo párrafo, ley 11.653, 68 segundo párrafo, C.P.C.C. y 19 primer párrafo, ley cit., respectivamente).

Voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos de la doctora Kogan, votó también por la afirmativa.

Los doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Hitters, votaron también por la afirmativa.

El doctor Negri, por los mismos fundamentos de la doctora Kogan, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la ausencia de legitimación de los actores. En consecuencia, se resuelve (art. 289, ap. 2º C.P.C.C.): 1) Hacer lugar a la demanda promovida por A. O. S. y M. M. P. contra Federación Patronal de Seguros S.A. en concepto de indemnización por fallecimiento del hijo trabajador (art. 18, ley 24.557), con costas de ambas instancias a cargo de esta última (arts. 19, ley 11.653; 68, Cód. cit.); 2) Declarar la falta de legitimación pasiva de C. A. H., rechazándose -por ende- la reclamación impetrada contra él; con costas de ambas instancias por su orden (arts. 19, segundo párrafo, ley 11.653 y 68, segundo párrafo, Cód. cit.). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda. - Hilda Kogan. - Luis Esteban Genoud. - Juan Carlos Hitters. - Eduardo Néstor De Lazzari. - Daniel Fernando Soria. - Eduardo Julio Petiggiani. - Héctor Negri.