Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 96/99.

Santa fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Lisandro Julián Paz, Ramón Fabián Larrea y Emanuel Héctor Robledo, contra la resolución 436 del 11 de setiembre de 2017, del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "PAZ, LISANDRO JULIÁN, LARREA, RAMÓN FABIÁN Y ROBLEDO, EMANUEL HÉCTOR - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'PAZ, LISANDRO JULIÁN; LARREA, FABIAN RAMON Y ROBLEDO EMANUEL HECTOR S/LESIONES LEVES AGRAVADAS, ROBO CALIFICADO, PORTACIÓN DE ARMA DE GUERRA' - (CUIJ 21-06359715-2)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511608-9); y, CONSIDERANDO:

1. Por resolución 436 de fecha 11 de setiembre de 2017, el Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó la resolución apelada en cuanto dispusiera tener por admitida la acusación fiscal y rechazar los sobreseimientos de: Emanuel Robledo, por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, y portación ilegal de arma de fuego, en concurso real -arts. 166 inc. 2, párrafo 2; 167, inc. 2; 189 bis, inc. 2, pfo. 4; y 55 del C.P.- (carpeta judicial CUIJ 21-06505398-2); Fabián Ramón Larrea, por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por ser cometido en poblado y en banda -arts. 166 inc. 2, párrafo 3; y 167, inc. 2, del C.P.- (carpeta judicial CUIJ 21-0648921-6); y de Lisandro Julián Paz, por el delito de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer con violencia de género -arts. 89; 92; y 80 incs. 1 y 11, del C.P.- (carpeta judicial CUIJ 21-06308227-6) (fs. 9/10v. y conf. Sistema Informático de la Oficina de Gestión Judicial y registro de audio y video).

2. Contra dicho decisorio, la defensa técnica de Emanuel Héctor Robledo, Fabián Ramón Larrea y Lisandro Paz interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 11/19).

Refiere que si bien la resolución recurrida no es definitiva, es equiparable a tal, al ocasionarle un gravamen irreparable pues se los envía a juicio sin que hubiere fundamentos para ello; y entendiendo que la misma no reúne "...las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción..." (fs. 11v. y 12).

Invoca afectación a los principios de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley y también "...arbitrariedad normativa y fáctica..." (f. 13). Expresa haber sido la defensa, durante el proceso, víctima de "bullying" por parte de la fiscal actuante (f. 14).

Aduce arbitrariedad al decir que la Alzada no fundamentó su postura en orden a la inapelabilidad de las cuestiones resueltas durante la audiencia preliminar (f. 14v.).

Y concluyendo en que "...no se han fundado los motivos (constitucionales) del porqué se priva a un ciudadano de su libertad ambulatoria..." achacando carencia de fundamentación (fs. 15v. y 16).

3. La Alzada, por resolución 807 del 23 de octubre de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en ausencia de oportuna introducción de la cuestión constitucional, de autoabasto, de definitividad y de arbitrariedad en la resolución recurrida (fs. 26/30); lo que motiva la presentación directa ante esta sede (fs. 1/4).

4. Se adelanta que el recurso de queja impetrado ante esta Corte no ha de prosperar.

4.1. Ello así pues, de manera liminar, se observa palmariamente incumplido el recaudo de autoabasto, conforme se desprende del memorial introductor (fs. 11/19), el cual entremezcla variadas cuestiones desde una versión propia y parcializada de los hechos; por lo que se omite detallar, en forma objetiva y suficiente, la base fáctica. Advirtiéndose asimismo insuficiencias en el desarrollo argumentativo de los agravios, pues se omite puntualizar en concreto cómo los mismos no habrían sido atendidos por la Alzada. Inconsistencias que impiden una adecuada comprensión de los cuestionamientos, que no podrían ser suplidas ni aún por vía inferencial, sin distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación (art. 3, inc. 2, ley 7055).

4.2. Por otro lado, ni aún desde un esfuerzo de comprensión de sus alegaciones la queja interpuesta podría prosperar. Ello así por cuanto el artículo 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución supuestamente agraviante pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local, y es que se trate de sentencia definitiva o auto equiparable. Y atento su naturaleza, el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación. Ni se demuestra o advierte un supuesto de asimilación por irreparabilidad del gravamen (A. y S., T. 114, pág. 491; T. 117, pág. 367; T. 120, pág. 309 y 320, entre otros; Fallos:308:1832).

Y en el "sub lite", el pronunciamiento recurrido no reúne el carácter de definitividad exigido en la citada norma ni importa un supuesto que habilite excepcionarla. Pues, la decisión de la Alzada, de confirmar el auto dictado en los términos del artículo 303 del Código Procesal Penal, admitiendo la acusación fiscal contra Emanuel Robledo, Fabián Ramón Larrea y Lisandro Julián Paz, no se encuentra entre las que reúnen tal calidad; ello así toda vez que su única consecuencia es que los imputados continúan sometidos a proceso penal (A. y S., T. 100, pag. 453; T. 110, pag. 83; T. 129, pag. 382; T. 165, pag. 61).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ(POR SU VOTO)-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER(POR SU VOTO)-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER:

Compartimos la solución por el rechazo de la queja, toda vez que atenta contra la admisibilidad del recurso la falta de autosuficiencia y de motivación de la que adolece el memorial introductor de la vía extraordinaria local.

En efecto, sabido es que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 7055 se debe exponer, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso -demostrando la concurrencia de los requisitos formales necesarios- y sobre su procedencia -explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional introducida-.

En ese orden, un adecuado relato de los antecedentes de la causa resulta imprescindible para que la Corte pueda comprender el alcance de los agravios, verificar el nexo entre los vicios acusados y las normas constitucionales supuestamente vulneradas y comprobar la decisividad de los planteos para la solución de la litis, todo ello sin necesidad de acudir a los autos principales.

En el caso, el remedio deducido no se basta a sí mismo, no sólo porque la recurrente no desarrolla ni siquiera tangencialmente una mínima reseña de las circunstancias fácticas que fueran atribuidas a los imputados, de lo ocurrido durante el transcurso del proceso y de los argumentos esgrimidos por la Alzada en la resolución que impugna y sobre los que discrepa, sino que además los agravios que infructuosamente pretende formular se circunscriben a la invocación genérica de afectación de garantías constitucionales y a la ausencia de motivación judicial, mas se encuentran desprovistos de concretos cuestionamientos que permitan evidenciar cuál es en definitiva el objeto recursivo sobre el que funda sus reproches. Así las cosas, la mera mención de mandas constitucionales que aparecerían violentadas, resulta insuficiente -por las patentes deficiencias antes apuntadas- en pos de evidenciar la decisividad e idoneidad que tales planteos ostentarían para poner en crisis lo resuelto por la Cámara.

Por tanto, la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3 de la ley 7055, es suficiente para desestimar la queja interpuesta.

FDO.: GUTIÉRREZ-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción, doctor Carbone.