Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


VERINO, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 351-361. En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular, doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VERINO, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 570, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día treinta de junio del corriente año. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: I.

1. a. Juan Carlos Verino promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente a ob Asimismo, que se recomponga su carrera administrativa, como si se hubiera desempeñado como titular del cargo en cuestión, a todos los efectos laborales, previsionales y demás aspectos, debiendo reconocérsele la antigüedad en el servicio en el cargo de Gerente y el derecho a que se le abonen, en su nombre y en favor de terceros, las retenciones y aportes previsionales y demás correspondientes.

Peticiona también se condene a la demandada a designarlo en el cargo de Gerente de Planeamiento Eléctrico, Nivel G-2 de planta permanente; todo, con costas.

Plantea que la resolución nro. 2320/85, por la que se propuso al Ingeniero Enrique Labarre como Gerente de Planeamiento Eléctrico, viola el artículo 17 del C.C.T. 36/75, omite la mención de la disposición legal en que se fundó la elección y fue dictada sin previo informe favorable de la Gerencia de Relaciones Industriales.

Contra dicho acto, prosigue, interpuso revocatoria; transcurrido un lapso sin que ésta fuese resuelta, Labarre fue separado del cargo de Gerente, dictándose la resolución nro. 231/88, por la cual se designó provisoriamente al Ingeniero Del Colle.

Tal resolución, afirma, adolece de los mismos graves vicios de la anterior, violándose el artículo 18 de la C.C.T., y omitiéndose mencionar en base a qué inciso del artículo 6 de la ley nro. 10.014 se efectuaba la designación. Sostiene que al dictar las resoluciones impugnadas la Empresa Provincial de la Energía omitió proceder al "llamado a inscripción de postulantes", y a dar intervención a la oficina correspondiente para que en base a los artículos 17 y 18 del C.C.T. y al legajo personal de cada inscripto, determinara el orden de prioridad para cubrir el cargo, sin que fuese necesario efectuar prueba de oposición, por tratarse de un puesto para el que se requería título profesional universitario (artículo 17, inciso "b", C.C.T.).

Refiere a continuación al ordenamiento que entiende aplicable al caso.

En tal sentido, menciona el decreto nro. 3621/83, por el que se estableció que los cargos de Gerentes Generales y Zonales en las áreas Técnica, Comercial, Contable, Administrativa y Divisionales Interior, Santa Fe y Rosario quedaban "sujetos al régimen laboral vigente en el organismo para el resto del personal", esto es, al C.C.T. 36/75 en su versión originaria, cuya aplicación en la entonces Dirección Provincial de la Energía había sido autorizada por decreto provincial nro. 2751/75.

Dichos cargos del máximo nivel - explica- eran los que conformaban el cuerpo gerencial, siendo las actuales Gerencias sus directas sucesoras.

En cuanto a la resolución nro. 2120/83, postula su invalidez, por contrariar el artículo 6, inciso 13, de la ley nro. 8066, según el cual la superioridad de la Dirección de la Energía sólo podía aplicar convenios laborales previa autorización del Ejecutivo provincial.

Añade que la posterior ley orgánica -nro. 10.014- mantuvo la exigencia. Sostiene que no es aplicable el texto del C.C.T. 36/75 homologado por resolución nro. 2278/87 del Director Nacional de Relaciones del Trabajo, debido a la falta de decreto autorizante , en cumplimiento del artículo 22 de la ley 10.014. Invoca la ley nacional nro. 23.126, según cuyo artículo 2 no corresponde que las partes del C.C.T. cambien o varíen el texto originario del convenio colectivo nro. 36/75, sino solamente que pacten el tiempo de su aplicación. Refiere al artículo 96 de la ley complementaria de presupuesto nro. 7866 -sucesivamente prorrogada en su vigencia, artículo 35, ley 9560, artículo 35, ley 9820 y artículo 36, ley nro. 11.092-, por el cual se facultó al Poder Ejecutivo a incorporar al régimen escalafonario del C.C.T. 36/75 al personal de la Dirección Provincial de la Energía que correspondiera, una vez efectuada la actualización de los planteles básicos, niveles de funciones y movimientos de personal.

Ello, dice, se concretó mediante decreto nro. 884/85, en el cual se incluyó al nivel superior o gerencial, por lo que todo el personal, incluidos los gerentes hasta el máximo nivel, deben considerarse alcanzados por el texto originario del C.C.T. 36/75. Asevera que los cargos gerenciales son "de carrera", ya que, de conformidad con la ley orgánica nro. 8066/77, los únicos "cargos políticos" eran los de Administrador y Sub- Administrador General, y según la nro. 10.014/87, lo son los integrantes del Directorio, lo que aparece reconocido por resolución nro. 169/90-E.P.E., Acta 1-49, punto 3ro., del 17.4.1990.

En cuanto al artículo 22 de la ley 10.014, destaca que dicha ley no regía al tiempo de la designación de Labarre por resolución nro. 2320/85, por lo que no resulta aplicable para resolver la impugnación deducida contra tal acto.

Argumenta que al entrar en vigor -el 8.7.1987- se encontraba vigente el texto originario del C.C.T. 36/75, por lo que la disposición en análisis "para nada alteró"; y agrega que la circunstancia de que el máximo nivel jerárquico -Nivel G-I- quede sometido a la ley de contrato de trabajo no obsta a considerar a todos los cargos gerenciales como "de carrera".

Expone que el cuerpo gerencial cuenta con distintos niveles, a saber, Gerentes de Área (G- 1), Departamentales (G-2) y Zonales (G-3), con remuneraciones y facultades - delegadas por el Directorio- diferenciadas.

Para el caso de considerarse hipotéticamente incluido al Nivel G-2 en el último párrafo del artículo 22 de la ley 10.014, formula las siguientes observaciones: primero, que dicho párrafo no debe considerarse una excepción al principio general establecido al comienzo de la norma, en cuanto En relación al régimen jurídico que sucesivamente rigió al personal jerárquico del ente prestador del servicio de energía eléctrica en la Provincia, explica que, a partir del 1.5.1973, se le aplicó el C.C.T. 430/73; que este convenio fue firmado entre la entonces "Asociación del Personal Jerárquico de la Dirección Provincial de la Energía" y el Gobierno provincial, y comprendía a supervisores, jefes y sub-jefes de división y jefes y sub-jefes de departamento, al mismo tiempo miembros naturales del Consejo de Administración; que los Gerentes de hoy son los sucesores de aquellos jefes de departamento -Técnico, de Explotación, Contable y Jurídico-; y que la aplicación del mencionado convenio colectivo, no obstante haber sido firmado por representantes del Gobierno provincial, fue autorizada por decreto nro. 1849/73, cumpliéndose incluso en este caso con la autorización que exigía la ley 5189.

El 25.2.1975 -prosigue- se firmó el denominado "Convenio de Unidad de los Trabajadores de Energía Eléctrica", por medio del cual aquella asociación de personal jerárquico quedó absorbida totalmente por el gremio Luz y Fuerza, y se procedió al inmediato reordenamiento del C.C.T., de tal forma que comprendiera "en un solo régimen a todos los trabajadores de la energía eléctrica, cualquiera sea su nivel o categoría".

Este reordenamiento se concretó mediante la concertación y firma de dos actas, de fecha 15.7.1975 -cuando ya se encontraba vigente el C.C.T. 36/75-, tanto para el personal de producción como de conducción.

Y es precisamente dentro del personal de conducción que se encontraban los entonces jefes de departamento, hoy Gerentes de máximo nivel G-1, y con mayor razón los niveles G-2, G-3 y S-G.

Entonces, con motivo del Convenio de Unidad, de las Actas de Reordenamiento, del decreto nro. 2751/75 y de los artículos 95 y 96 de la ley complementaria de presupuesto nro. 7866, todo el personal de la Dirección Provincial de la Energía se incluyó en el régimen del C.C.T. 36/75, concretado y autorizado por decreto nro. 884/85 del Poder Ejecutivo.

Hasta la fecha -remarca- no se ha establecido por ley un estatuto jurídico laboral diferente al C.C.T. 36/75, ya sea para el personal jerárquico y/o cuerpo gerencial.

Por otra parte, el C.C.T. 36/75, texto ordenado según decreto nacional nro. 246/81, no fue autorizado por decreto provincial a los fines de su válida aplicación en la D.P.E., por lo que no cabe tenerlo por vigente en su momento. Respecto del decreto nro. 1945/94, por el que se rechazó el recurso jerárquico, plantea una serie de agravios. En primer lugar, que "tiene una posición mental hacia el futuro, desde la fecha de su dictado", ya que "aconseja o menciona" que, si las autoridades de la E.P.E. lo consideran conveniente, procedan a llamar a concurso; en cambio, nada resuelve acerca de su planteo, consistente en la impugnación de las resoluciones nro. 2320/85 y 231/88, "actos administrativos del pasado".

En segundo lugar, que incurre en una flagrante contradicción, al advertir que él cumplimentaba los requisitos fijados por el artículo 17 del C.C.T. 36/75, admitiendo que estaba "ubicado incluso con mejores antecedentes que el Ingeniero Del Colle", y al mismo tiempo ignorar el mencionado artículo 17 al considerar la designación de este último.

En tercer lugar, que yerra al considerar que la designación de Del Colle se basa en el inciso "v" del artículo 6 de la ley 10.014, cuando este inciso refiere a contrataciones temporarias, mientras que la designación provisoria encuadra en el inciso "r" de dicho artículo 6.

Resalta que los cargos de planta permanente deben ser cubiertos únicamente mediante designaciones o nombramientos, ya que refieren a tareas y funciones ordinarias, comunes, del organismo.

En cuarto lugar, que incurre en trato discriminatorio e ilegal, ya que cuando el decreto trata de su posibilidad de designación, hace alusión expresa a procedimientos de selección y/o concurso, en cambio cuando refiere a Del Colle, "se olvidó de dicho procedimiento y concurso, y le bastó que la autoridad política evaluara y merituara los antecedentes, sin necesidad de procedimiento alguno".

En quinto lugar, que falla cuando estipula que si las autoridades de la E.P.E. lo consideran conveniente pueden proceder a llamar a concurso, pues el punto 1, inciso "a", del artículo 16 del C.C.T. 36/75 obliga a la E.P.E. a cubrir las vacantes en un plazo máximo de 30 días.

En sexto lugar, que omite considerar la resolución nro. 2320/85, de designación del Ingeniero Labarre.

En séptimo lugar, aclara que no solicitó -mediante los recursos finalmente rechazados por decreto nro. 1945/94- que lo designaran en un futuro inmediato, como para que el decreto decidiera que el recurso debía rechazarse porque no podía accederse directamente a su solicitud de nombramiento; sino que recurrió las resoluciones que habían designado mal a Labarre y Del Colle, cuando a él le correspondía el cargo.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso interpuesto, con costas. b. A fojas 77/81 puntualiza las diferencias que a su entender exhiben la presente causa y la juzgada por resolución registrada en A. y S. T. 109, págs. 164/197 ("Alcacer"), a saber: los actos aquí atacados, al ser posteriores al objeto de impugnación del precedente mencionado, refieren a un bloque legal diferente; el cargo del cual era titular Alcacer era Gerente General, Nivel G-1, es decir, el de máximo nivel jerárquico; su relación laboral se rigió, hasta la vigencia del decreto nro. 3621/83, por la ley 8525, mientras que la relación laboral de los titulares del cargo de Planeamiento Eléctrico o del Servicio Eléctrico, creado por resolución nro. 770/85, nunca fue sometida a dicha ley, sino que se encontraba regulada por el C.C.T. para el personal de Luz y Fuerza, a raíz del dictado del decreto nro. 884/85 aprobatorio de dicha resolución -nro. 770/85-.

Señala que, no obstante las modificaciones que pudieron haberse efectuado sucesivamente al articulado del C.C.T. 36/75, los artículos 15 a 18 nunca se alteraron; que para el caso de autos carece de trascendencia el decreto nro. 3621/83, que refiere exclusivamente a los Gerentes Generales y Zonales, no incluyendo el cargo de Gerente de Planeamiento Eléctrico o del Servicio Eléctrico, Nivel G-2; y que a partir de la vigencia del decreto provincial nro. 884/85 cambia la regulación laboral para Gerentes y Sub-Gerentes, que quedan incluidos en el C.C.T. para el personal de Luz y Fuerza, y luego vuelve a cambiar con motivo de la vigencia de la ley nacional nro. 23.126, que deroga la nro. 21.476, restaurando la C.C.T. originaria 36/75.

Plantea su desacuerdo con lo considerado en el punto II.3.3. del precedente "Alcacer" -en cuanto que los efectos del decreto nro. 3621/83 fueron someter al actor "...a las modalidades de trabajo propias del ente autárquico"-, puesto que el "régimen laboral" a que refiere el decreto nro. 3621/83 y las "modalidades de trabajo" a que alude la sentencia son conceptos distintos; el fallo, además, obvia toda explicación, pues es evidente que el mencionado decreto nro. 3621/83 refería al C.C.T. de Luz y Fuerza, como con facilidad y sin mayor esfuerzo interpretativo surge de la simple lectura de la nota nro. 637/83, del 28.7.1983, del Ministerio de Hacienda de la Provincia, y del mismo decreto nro. 3621/83 cuando hace referencia al nro. 2751/75.

Tampoco comparte lo que se sostiene en el párrafo 14 del punto mencionado -en el sentido de que con el decreto nro. 3621/83 no se ha decidido en contra del decreto nacional nro. 246/81-, puesto que no decidió en contra, sino que extendió la C.C.T. a los gerentes comprendidos en el decreto nro. 3621/83, ya que nada impedía al Poder Ejecutivo a hacerlo.

Afirma que las consideraciones contenidas en el punto II-3-1 del fallo en cuestión son insuficientes, y efectúa nuevamente una reseña de la evolución del régimen aplicable al personal de la ex Dirección Provincial de la Energía, refiriendo al decreto nro. 884/85, retroactivo al 1.11.1984, el cual, con fundamento en los incisos 6 y 8 del artículo 6 de la ley orgánica de la Dirección nro. 8066 y en los artículos 32, 95 y 96 de la ley complementaria de presupuesto nro. 7866 -anualmente prorrogada por las leyes nro. 9560, 9820 y 11.092-, aprobó la resolución nro. 770/85, poniendo en vigencia la estructura orgánico funcional, la planta de personal permanente en todos sus niveles, "... así como la adjudicación por antecedentes e idoneidad en el nivel gerencial", detallados en el Anexo II.

De ello extrae que quedan comprendidos en el mismo todos los niveles gerenciales.

c. Mediante presentación agregada a fojas 83/84, "modera" la pretensión, "desistiendo" del pedido de designación en el cargo de Gerente de Planeamiento Eléctrico, insistiendo, en cambio, con su solicitud de que se declare que contaba con derecho "prioritario y excluyente" a ocupar el mencionado cargo al tiempo del dictado de las resoluciones nro. 2320/85 y 231/88.

Determina, además, el monto del "resarcimiento económico" que reclama -equivalente a la diferencia de haberes que dejó de percibir-, en la suma aproximada de $ 317.583, calculada desde el 23.9.1985 y hasta el 30.6.1974, y sujeta a la liquidación final; y pide que se condene a la demandada a mantener "de forma permanente, como adicional remunerativo, la diferencia salarial entre un cargo categoría 18/3 y el nivel G-2..., sin que dicho adicional absorba futuros aumentos salariales".

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (fojas 93/94), se cita y emplaza a estar a derecho a la demandada, la que lo hace a foja 101, contestando la demanda a fojas 104/108.

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en dicho escrito, la Provincia plantea que los recursos deducidos en sede administrativa contra las resoluciones nro. 2320/85 y 231/88 son extemporáneos, conforme surge de cotejar el cargo de los respectivos escritos con la fecha de emisión de los actos administrativos cuestionados.

Aduce que la resolución nro. 2320/85 carece de virtualidad jurídica para generar efectos respecto de terceros, ya que se trata de una solicitud formulada por la repartición al Poder Ejecutivo, es decir, corresponde a la actividad interna de la Administración.

Destaca que el acto posterior de designación -decreto nro. 1234/85- no fue impugnado.

En cuanto a la resolución nro. 231/88, argumenta que encontró motivación en la valoración del cometido de planificación, y dispuso la designación provisoria, por licencia del titular, del Ingeniero Del Colle, lo que no supone un apartamiento de lo previsto en las normas de aplicación (artículos 17 y 18 C.C.T. y ley 10.014), sino, por el contrario, un ajuste a las mismas, que demandan la inmediata cobertura del cargo en caso de ausencia del titular.

El carácter provisorio de la designación -amplía- permite inferir que no se ha generado perjuicio a los derechos subjetivos del actor, atento a que la misma no supone descartar el procedimiento selectivo previsto para la cobertura de los cargos, sino atender una situación coyuntural relacionada con el servicio.

Sostiene que las normas de aplicación sólo resultaban eficaces para fundar la pretensión de que se pusieran en funcionamiento los mecanismos inherentes a la producción de un procedimiento selectivo, tal como lo admite el propio actor -en el punto 6 de la demanda-.

Es decir, éste sólo podía aspirar a la realización de un concurso, como titular de un interés legítimo, pero ello no supone viabilizar la pretensión de designación directa, que no se halla contemplada como mecanismo alternativo para el supuesto de vacancia en ninguna de las normas de aplicación a la materia.

Expresa que resultan insuficientes las alegaciones expuestas por el actor en relación con las motivaciones que dieron lugar al dictado del decreto nro. 1945/94, que puso fin a la instancia administrativa; y que surgen de modo expreso de la lectura del mismo, los fundamentos que respaldan su legitimidad, advirtiéndose el análisis pormenorizado del caso, desde la base de las normas de aplicación que lo rigen, todo lo cual determinó oportunamente el rechazo de lo peticionado en sede administrativa.

Postula que el actor no puede, por vía de la interposición del recurso contencioso administrativo, demandar el reconocimiento de un mejor derecho, que aquel efectivamente previsto por las normas aplicables a la especie -realización de un procedimiento de selección-.

Ello así, por cuanto el Poder Judicial no puede sustituir a la autoridad administrativa en la selección de personal, por lo que sólo pudo y debió exigir el cumplimiento del régimen que estimaba aplicable pero nunca su designación directa en el cargo.

De ello extrae, además, que debe rechazarse la pretensión vinculada a la percepción de diferencias salariales, respecto de la cual remarca que el actor no desempeñó en el lapso reclamado las funciones inherentes al cargo, lo que también obsta, conforme jurisprudencia que cita, al reconocimiento salarial que pretende.

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (foja 108 vto.), producida la que consta en autos, y agregados los informes de las partes (fs. 174/178 y 179/183), se llaman autos para sentencia (f. 184). Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Esta Corte ha sostenido invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S. T. 12-13, pág. 35; T. 42, pág. 228; T. 67, págs. 81/92; T. 105, págs. 125/135; T. 108, págs. 466/475, entre otros precedentes).

En el presente caso, conforme se ha relatado, diversas son las causales de inadmisibilidad que aduce la Provincia demandada, a saber: a. extemporaneidad de las revocatorias deducidas contra las resoluciones nro. 2320/85 y 231/88; b. falta de interés al recurso respecto de la resolución nro. 2320/85, dado su carácter de acto interno de la Administración, y falta de impugnación del posterior decreto de designación; c. falta de derecho subjetivo a ser directamente designado en el cargo pretendido; postulación de un interés legítimo a que la designación se efectúe previa realización de los procedimientos de selección previstos en las normas cuya aplicación invoca el actor; d. carácter privativo de las atribuciones de la Administración en materia de selección de personal.

En el sub judice, el recurrente impugna -en definitiva- las resoluciones nro. 2320/85, por la cual se dispuso la designación del Ingeniero Labarre como Gerente de Planeamiento Eléctrico, nivel G-2 (v. fs. 9/10 de estos autos), y nro. 231/88, mediante la que se nombró provisoriamente a cargo de dicha Gerencia al Ingeniero Del Colle (v. fs. 13/14), postulando -básicamente- que a través de dichos actos se vulnera su derecho subjetivo a desempeñarse en ese puesto -sea en carácter definitivo, sea provisorio-, por aplicación de los artículos 17 y 18 del C.C.T. nro. 36/75. Y bien: este Cuerpo tuvo ocasión de analizar una pretensión similar -si bien referida a un cargo de Jefe de Depatamento-, en la causa "Sgrignuoli", registrada en A. y S. T. 123, pág. 480.

En dicho precedente se consideró que "la pretensión del recurrente al cargo ... no recibe del ordenamiento jurídico tutela directa e inmediata, como interés propio y exclusivo, porque el órgano administrativo tiene una facultad discrecional de elección con miras al interés público", lo que no permite en el caso que se generen derechos subjetivos, sino sólo intereses legítimos.

Se destacó que "no puede entenderse que la autoridad administrativa carezca de la facultad de evaluar en los agentes la capacidad necesaria para los cargos, y así lo determina la propia Convención Colectiva de Trabajo 36/75 que cita el recurrente (art. 17, apartado a.)". Con remisión al criterio emergente de A. y S. T. 56, págs. 498/500, se agregó que la anulación del acto por el que se designó a otro agente "no depararía para el recurrente el derecho a ser designado en el cargo que pretende, sino sólo, el de que la nueva designación se efectúe sin el supuesto vicio que se le imputa al acto".

Y que el cuadro normativo invocado no contenía "normas de relación" que generasen en cabeza del recurrente el derecho invocado.

Se concluyó que el actor, al no ser titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, debió acudir a este Cuerpo, a efectos de cuestionar la legitimidad del acto atacado, por la vía del recurso de ilegitimidad y no -como lo hizo- por el de plena jurisdicción.

Por aplicación de tales consideraciones, a las que cabe en lo pertinente remitir "mutatis mutandi" en honor a la brevedad, el recurso interpuesto -en el que se invocan similares normas a las allí analizadas como sustento del derecho subjetivo cuya titularidad pretende el actor- debe juzgarse, tal como lo propone la demandada, inadmisible.

Por otra parte, corresponde agregar que en el Tomo III del expediente nro. 1-99-327.001- E.P.E., remitido en contestación al Oficio nro. 1384, en el que se solicitó, en lo que ahora es de interés, el legajo personal del Ingeniero Verino, obra copia de la disposición nro. 2/90, dictada por la Gerencia de Relaciones Industriales de la Empresa Provincial de la Energía el 5.1.1990, y notificada al aquí recurrente el 15.1.1990 (fs. 171/172), por la cual se resuelve "no hacer lugar al reclamo incoado" por éste, "en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente disposición" (v. artículo 1).

A su vez, en el segundo párrafo de éstos, se menciona "que en extensas notas de presentación obrantes a fojas 1, 2 y 3 (Verino) expone los motivos que según su criterio han vulnerado su prioridad para el cubrimiento de los máximos niveles gerenciales de carrera dentro de la denominada Gerencia General de Planeamiento y Control de Gestión, ya que no se tuvieron en cuenta, según alega el recurrente, la normativa convencional vigente, esto es, el C.C.T. nro. 36/75". Esta disposición fue confirmada por decreto nro. 1161/92, de fecha 24.4.1992 (v. fs. 165/166 del legajo), mediante el cual se rechazó el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra la misma (v. artículo 1), constituyendo la firmeza de tales actos un nuevo obstáculo a la admisibilidad del presente recurso.

A mayor abundamiento puede agregarse, con relación a la acusada extemporaneidad del recurso deducido contra la resolución nro. 2320/85, que surge de las constancias de la causa que ésta fue dictada el 23.9.1985, y la revocatoria con apelación en subsidio se interpuso el 13.10.1988 (v. fs. 1/3, expte. adm. nro. 16201-0109208-V, agregado al nro. 00601-0012201/93), esto es, más de tres años después de efectuada la designación a nivel gerencial que se impugna.

Al informar sobre el mérito de la causa, el actor aduce -para justificar tan prolongada inacción- no haber sido jamás notificado del acto por la Oficina de Personal de la E.P.E.; que ello obedeció a que desde el 15.8.1985 se encontraba adscripto al Senado provincial, situación que se extendió hasta el 20.9.1991, "es decir que cuando se dicta" aquella resolución "no se encontraba trabajando en la ex D.P.E."; que, "apenas tuvo conocimiento" de la misma, presentó el pertinente recurso administrativo; y que, por consiguiente, se respetó el plazo fijado por el decreto 10.204/58 (v. f. 174 de estos autos).

Cierto es que a foja 66 del expediente administrativo nro. 00601-0012201/93 la Oficina de Personal de Administración Central de la E.P.E. informa que la resolución nro. 2320/85 no se notificó a Verino "por no corresponder al mencionado"; mas también lo es que a la época en que el actor afirma haber tomado conocimiento del acto -septiembre de 1988- subsistía la situación que, según su propio planteo, había justificado en su momento la falta de notificación, esto es, su adscripción al Senado provincial, la que, por lo demás, se prolongó por -aproximadamente- tres años más.

Por otra parte, entre el material probatorio agregado a la causa obran constancias que demuestran que, aun mientras persisitió el alejamiento del recurrente de la Empresa, éste estaba en conocimiento de los movimientos producidos en la Gerencia de la que formaba parte.

Así lo demuestra, por ejemplo, el escrito agregado a foja 59 del legajo personal antes citado, en el que afirma conocer que "por expte. nro. 1-85-53340-D.P.E. se tramita una nueva Planta Funcional de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión que modificaría la oportunamente aprobada por decreto nro. 884/85".

En dicha oportunidad, Verino expresó "que en el mencionado expediente simultáneamente con la nueva estructura se pretende designar en forma directa al personal que ocupará los cargos en cuestión, lo que estaría soslayando todas las normas para cubrimiento de vacantes impuestas en esta D.P.E. ..., aplicadas oportunamente para el cubrimiento de todos los cargos publicados en noviembre de 1985".

Objetó además "la forma en que se han distribuido los cargos G.Z. Rosario y en Administración Central (Santa Fe)" por considerar "que no se corresponden con las reales necesidades de la Empresa".

Por todo ello solicitó se arbitraran los medios necesarios "a fin de que la nueva estructura de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión sea objeto de un estudio profundo" ... "y oportunamente los cargos que de ella resulten sean concursados de acuerdo a la normativa vigente".

Asimismo, cabe citar la presentación agregada a fojas 184/186 del legajo, que lleva cargo de fecha 27.11.1987, en la cual Verino -según dice, en reiteración de consideraciones ya vertidas en nota del 16.6.1986-, expresó "es importante remarcar que los cargos de Gerente no fueron concursados, sino que los mismos fueron cubiertos por personal designado por la Administración General".

Y que "con las modificaciones sufridas por la Gerencia de Planteamiento, no sólo se me provocó una disminución en la jerarquía que por derecho me correspondía, sino que fueron incorporados agentes que hoy se encuentran a mi nivel sin haber concursado los cargos, logrando una ubicación jerárquica que normalmente no tendrían, poniendo en un pie de igualdad a agentes que cumplieron con los requisitos para ocupar diversos cargos, como es mi caso, con otros que fueron designados sin respetar las normas convencionales para el 'cubrimiento de vacantes', produciéndome un perjuicio evidente".

Solicitó, en consecuencia, se solucionara su caso, se ponderasen sus antecedentes personales y técnicos desarrollados a los largo de la carrera administrativa, y se lo ubicara en el nivel que efectivamente le correspondía, es decir, "el máximo nivel concursable".

Tales expresiones permiten aplicar, en las especiales circunstancias del caso -en que la designación de un Gerente es impugnada recién tres años después de haberse dispuesto-, el criterio que emerge del artículo 29 del decreto 10.204/58, y asignar razón a la demandada en el aspecto bajo análisis. Por todo lo expuesto, voto por la negativa.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde no ingresar al tratamiento de esta cuestión y pasar a la siguiente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri coincidieron con lo expuesto por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas al recurrente (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí doy fe.

Fdo.

:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)