marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración indagatoria, defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AZZARO, Emilio José s/ procesamiento, Causa nro. 14.174
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Tiene dicho este Tribunal que lo relevante a los fines de un acabado derecho de defensa por parte del imputado es que se le imponga detalladamente el hecho que se imputa (art. 298 del C.P.P.), y que éste sea el mismo en virtud del cual se dispone cualquier medida a su respecto, respetándose así el principio de congruencia.
Contaminación ambiental, nulidad procesal
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: INGENIO ÑUÑORCO s/ PRES. INFARTS. 55 Y 56 DE LA LEY 24.051.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-11-18

En el marco de una investigación por contaminación ambiental, resulta improcedente el planteo de nulidad de la declaración indagatoria del imputado, toda vez que se advierte que el acto procesal es plenamente válido, por cuanto se le informó al encartado no tan solo del hecho que se le atribuye, sino que también se procedió a la lectura de los elementos de prueba existentes, ofreciéndole así todas las posibilidades para que ejerza su derecho de defensa, con la alternativa de poder abstenerse, tal como lo hizo en el presente caso.
Derecho a la vivienda digna, políticas sociales, plan para la vivienda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A. D. G. c/ GCBA y otros s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El GCBA podrá arbitrar los mecanismos que considere pertinentes para dar cumplimiento a la condena dispuesta en este proceso -consistente en asegurar el acceso prioritario del grupo familiar actor a una vivienda mientras persistiesen las condiciones que sometían al grupo familiar en situación de vulnerabilidad-, para lo cual puede o no incluir al IVC. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia federal, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, interpretación de la ley, aplicación de la ley, competencia por la persona, recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Incidente de inhibitoria - impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Corresponde hacer lugar a la inhibitoria planteada por el GCBA y declarar la competencia del fuero local ya que el caso, en el que se cuestiona la validez de la pretensión fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicar a la actora la alícuota diferenciada en el ISIB establecida en los artículos 57 y 64, 1 b) de la ley n° 5723 exige la interpretación de reglas de derecho público de la Ciudad y de la pretensión de la accionada fundada en dichas normas, debiendo así considerarse y valorarse normas de la Legislatura local además de las reglas de derecho federal. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Reconstrucción del expediente, dictamen fiscal, copia auténtica
Materia: PROCESAL
Carátula: VALENZUELA, GUSTAVO E. s/ RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE - EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-04

La reconstrucción de un expediente no implica instrumentar un nuevo expediente sino la recolección de los instrumentos que reflejan los actos procesales esenciales ya ejecutados en expedientes extraviados o destruidos.

El dictamen fiscal o su copia legalizada, constituye elemento indispensable sin el cual no se puede tener por abierto el debate, lo que torna imposible en el futuro la sustanciación de aquél.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.G.S. Asociados S.R.L. c/ Municipalidad de Alberti. Coadyuvante: Fiscal de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Cuando el régimen de flexibilidad salarial se encuentra vigente al momento en que el contratista formula su oferta y el Pliego de Bases y Condiciones establecía el reconocimiento de variaciones de costos por aplicación del índice del INDEC (costo de la construcción), metodología que no contemplaba la incidencia de dicho régimen, (recién la incorporó en diciembre de 1980), debe concluirse que la interesada consintió soportar los aumentos excluidos de los índices y aceptó entonces la liquidación de cualquier mayor costo mediante el mecanismo de ajuste previsto contractualmente.
Deuda previsional, impugnación de deuda impositiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Zenit Transporte S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

Las sanciones fiscales tienen un carácter -valga la redundancia- sancionador, tendientes a prevenir y reprimir las transgresiones y no a reparar ningún daño. Tales infracciones no constituyen una desobediencia a las órdenes de la administración y el elemento material del ilícito no consiste en el quebrantamiento de un fin administrativo; por el contrario, infringir o trasgredir disposiciones fiscales, no importa una mera desobediencia a las órdenes de la autoridad, sino quebrantar un verdadero deber social como es el de sustraerse al pago de los tributos, esenciales para el mantenimiento del estado y alterar el orden jurídico de la colectividad.
Daños y perjuicios, servicio público, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ MARIA ESTER c/ AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

Deviene procedente la indemnización por daño moral puesto que, la accionante ha visto alterada su tranquilidad de espíritu a causa de la caída sufrida cuyo origen radica en los trabajos de reparación por una empresa de servicios públicos y de las lesiones que debió padecer como consecuencia de la misma.
Intervención de línea telefónica, actos incorporados por lectura, fundamentación de sentencias, secuestro de estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zegarra Ara, Noé y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-03

Si bien la firmeza de la sentencia condenatoria no representa obstáculo para que quienes resultan imputados en una causa distinta que se deriva de ella, o que aproveche informaciones obtenidas en ella, cuestionen la validez de la decisión, en la medida en que se demuestre que sus efectos se extienden al proceso actual, ello no conduce a declarar la nulidad de la orden de intervención telefónica, pues la defensa no ofreció ninguna vía para demostrar la alegada nulidad y pretendió que competía a la fiscalía demostrar su validez. No corresponde hacer lugar al planteo fundado en la incorporación por lectura de las transcripciones de las escuchas telefónicas si la defensa tenía las cintas a su disposición y podía requerir su reproducción a fin de confrontarlas con las transcripciones y este argumento, que se refiere a la discusión acerca del valor convictivo de las transcripciones, no aparece rebatido adecuadamente. La cantidad y calidad de los estupefacientes secuestrados son indicadores pertinentes para evaluar una mayor intensidad de injusto en virtud del aumento del riesgo jurídicamente desaprobado que está en la consideración de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, paralelamente, resulta carente de motivación considerar como agravante el hecho de que el estupefaciente estuviera en el domicilio del imputado y su familia, al no haberse efectuado precisiones que pongan en evidencia una extensión de riesgos, como sería la posibilidad de acceder a la droga por parte del menor. Es válido el juicio de imputación efectuado si la sentencia remite a pruebas testimoniales de las que surge el traslado de los estupefacientes por parte del encausado al lugar donde fueron incautados, la relación existente entre ambos imputados y su vínculo con el tráfico de estupefacientes y el fallo se hizo cargo de desplazar las alegaciones exculpatorias brindadas por los acusados, sin que se hayan advertido indicadores de parcialidad, arbitrariedad o mala fe que puedan poner en crisis la veracidad de los testimonios brindados por los funcionarios de seguridad. La disidencia parcial sostuvo que, más allá de las inferencias que pudiesen extraerse de los contactos telefónicos o personales entre ambos imputados, resulta imposible tener por probado, fuera de toda duda razonable, que el material estupefaciente secuestrado estuviera en algún momento en poder del imputado, pues su mochila se encontraba vacía. (Dres. García -en disidencia-, Yacobucci, Mitchell).
Competencia contencioso administrativa, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-04

La actora interpone acción contencioso administrativa en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la nulidad de la Resolución Ministerial que rechaza el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Disposición que declara a la actora infractora de la Ley 24.240, imponiéndole una multa.

Analizada la materia que involucra la pretensión se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts.1, 5, 7 y 13 CCA, por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art.3 de igual plexo normativo y oficiar a fines de la remisión del expediente administrativo.
Deber de información, investigación del hecho, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, desaparecidos, supervisión de cumplimiento de sentencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina S/ Supervisión de cumplimiento de sentencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-08-30

Debe permanecer abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la medida ordenada por la Corte Interamericana, en el caso en que el Estado Argentino asumió su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana, en perjuicio de dos personas que fueron víctimas de desaparición forzada en abril de 1990, luego de haber sido detenidas por agentes de la policía provincial, pues transcurridos más de 27 años, no se han investigado los hechos en forma eficiente, por lo que el estado debe informar circunstanciadamente, en el plazo de tres meses, las medidas adoptadas a los fines de lograr procesar y sancionar a los responsables.
Divorcio contradictorio, exclusión del hogar, medidas cautelares, resolución inaudita parte
Materia: CIVIL
Carátula: Z.A c/ S.S. s/ INCIDENTE ARTICULO 250 C.P.C - DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-02

Si bien es cierto que existe doctrina y jurisprudencia que, al analizar la norma del art. 68 de la derogada ley de matrimonio civil, similar a la actual redacción del art. 231 del Código Civil reformado por la ley 23.515, entendió que el pedido de exclusión de un cónyuge debe ser sustanciado a fin de comprobar las circunstancias fácticas que avalen la determinación judicial, también lo es que en hipótesis en que las referidas circunstancias se encuentren justificadas de algún modo y ante casos urgentes, la mencionada sustanciación no es exigible y se admite que la solicitud sea tratada como una medida de carácter precautorio e inaudita parte.

El espíritu de la norma está dirigido a obtener paliativos para situaciones graves que se presentan en supuestos en los que, habiéndose llegado a un enfrentamiento que origina el juicio de divorcio, los cónyuges continúan viviendo en un mismo domicilio, por lo que se autoriza al Tribunal a examinar los elementos fácticos que se le hayan podido arrimar, analizar las circunstancias del caso y, en su mérito, adoptar una decisión provisional sobre la atribución del hogar, teniendo en cuenta al mejor interés que corresponda al núcleo familiar y ponderando las distintas posibilidades que las partes tengan para obtener una vivienda.

Las posturas adoptadas por los cónyuges, quienes han solicitado tanto en la demanda como en la reconvención, el divorcio, invocando en ambos casos una serie de causales graves, ponen de manifiesto una situación de tirantez tal en la relación matrimonial que justifica la exclusión de uno de ellos del hogar mientras dure la tramitación de las causas abiertas.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ecología y Desarrollo Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Corresponde rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad si la pretensión excede las facultades con las que la Constitución de la Ciudad ha investido a este Tribunal en el ejercicio de su control de constitucionalidad (artículo 113). Tal como se viene sosteniendo pacíficamente, dentro de las competencias para controlar en abstracto la constitucionalidad de las normas que dicten los otros poderes "este Estrado se encuentra habilitado para ejercer el control concentrado de constitucionalidad y actuar, llegado el caso, como legislador negativo (...) mas no como legislador positivo (conforme el voto del José O. Casás en "Barga, Lisandro Arturo y Otros c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad", expte. 866/01, sentencia del 26-12-2001, "Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 3032/04, resolución del 18-5-2005, entre muchos otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Excusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosales Cuello, Raúl Alberto c/ Agremiación Médica Platense s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

No obstante que con los elementos de juicio obrantes en autos al tiempo de ser interpuesta la demanda, el Sr. Juez que previno se expidió favorablemente respecto de la medida de no innovar requerida por el actor, la prealudida naturaleza esencialmente variable y circunstancial que caracteriza a toda medida de aseguramiento no impide, luego de la revocatoria de la Cámara, el reexamen de la cuestión por el mismo magistrado, aunque se de la particular circunstancia de que los nuevos elementos de juicio incorporados por el requirente vengan a robustecer aquella primigenia apreciación, motivo por el cual se torna improcedente la excusación formulada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Procede acceder a la subasta de derechos hereditarios del accionado solicitado por el ejecutante en el marco de un juicio ejecutivo, toda vez que tal enajenación forzada se encuentra autorizada por el Cód. civil arts. 1327, 1435, 1444 y conc. y -en el caso según lo informado por el magistrado civil, al ejecutado le corresponde una parte sobre cierto inmueble, por lo que no existe inconveniente alguno en admitir la subasta.
Averías, buques, daños y perjuicios, dictamen pericial, monto del juicio, facultades del juez
Materia: NAVEGACION - CIVIL
Carátula: RENEVIGU DE SEGUNDO REMIGIO QUINTANA Y CIA. SOC. O . c/ SERGI, CARLOS RAUL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

Teniendo por probado el daño - demérito del valor del yate por avería en un parte estructural que sólo recibió una reparación provisional - y no ocurriendo lo propio respecto de su cuantía, ya que el perito naval no vio la zona afectada y tampoco pudo apreciar cuál fue la magnitud de la rajadura, rige en este supuesto el art.

165 del Código Procesal, que faculta al juez para establecer el quántum del resarcimiento, prerrogativa que ha de ejercerse prudentemente, pues a la actora le incumbía acreditar el monto del perjuicio, de modo que si no lo logró, el Tribunal debe evitar el reconocimiento de un beneficio indebido.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramundo, P. s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

La pretensión de intervenir líneas telefónicas, en un proceso de divorcio, para asegurar la prueba de la infidelidad de su contraria, resulta inadmisible en este tipo de procesos, estando en juego principios constitucionales que podrían verse afectados en caso de acogerse la medida, sin un estado de necesidad que la presuponga basado en normas de la misma calidad pero de mayor enjundia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, sociedad constituida en el extranjero, aplicación de la ley, cuestiones de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIDI  LEON  OSCAR s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION (ART. 250CPCC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-05

Procede confirmar la resolución que rechazó la excepción de incompetencia deducida por el fallido, al contestar el emplazamiento de la LCQ: 84, ello así en tanto, en el caso, el deudor ha acreditado que su domicilio real se encuentra en otro país -Uruguay-, y ninguna prueba ha producido que corrobore su versión en cuanto a que allí realiza la mayoría de sus operaciones comerciales, o las de mayor envergadura. Ello así, la situación que se configura en el caso, ciertamente exige el examen de las disposiciones existentes en el Tratado de Derecho Comercial Internacional Terrestre de Montevideo de 1940 (artículos 3 y 40), las cuales desplazan al derecho de fuente interna consagrado en la Ley 24522 (artículo 75 inciso 22º CN). Prescribe el aludido artículo 40: "Son jueces competentes para declarar la quiebra, los del domicilio del comerciante o de la sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otro u otros Estados, o tengan en alguno o algunos de ellos, agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad del establecimiento principal". Síguese de la transcripción antecedente, que el domicilio comercial del deudor es consignado como factor atributivo de la jurisdicción para tramitar el proceso falencial. Pues bien, el alcance del término se halla en el artículo 3 del mismo cuerpo legal, donde es definido como "el lugar en donde el comerciante o la sociedad comercial tienen el asiento principal de sus negocios. Si constituyen, sin embargo, en otro u otros Estados, establecimientos, sucursales o agencias, se consideran domiciliados en el lugar en donde funcionen, y sujetos a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen". En este marco, aún cuando no pudiera establecerse de modo fehaciente que el asiento principal de los negocios del fallido se encontrare aquí, la realización de variada actividad comercial en el territorio nacional, aunada a la inscripción existente en el Registro Público de Comercio, habilitaría de igual modo la intervención de estos Tribunales dentro del propio marco que proporciona la integral hermenéutica del Tratado de Derecho Comercial Internacional Terrestre de Montevideo de 1940, artículos 3 y 40. Cobra así plena vigencia, la jurisdicción como una forma del ejercicio del poder de policía y la soberanía nacional; que no podría ser inválida o evadida mediante el simple artilugio de mudar un domicilio al exterior.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, honorarios, tasas de interés, mora, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pluspetrol  S.A. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

No es arbitrario el pronunciamiento que, al determinar una tasa de interés para actualizar los honorarios regulados, estaba autorizado para ello por el art. 10 del decreto 941/91 -modificatorio del art. 8° del decreto 529/91, que reglamentó la ley 23.928- máxime si aclaró que dicho interés tendía a mantener incólume el contenido económico de la deuda; por lo que cabe concluir que el interés y su tasa no tuvieron como fundamento la mora del deudor, sino que fueron uno de los tantos métodos utilizables para la actualización de un capital (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia, sentencia de trance y remate, embargo, actos u omisiones de particulares, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fidalgo, Jorge c/ Isenberg De Amorrortu, Carlos Federico s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Corresponde confirmar la resolución de grado que hizo efectivo un previo apercibimiento y ordenó la suspensión del curso de los intereses del crédito del ejecutante mientras los fondos depositados en el expediente, existiendo liquidación aprobada en autos, no sean retirados.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Barey, Fabio Ricardo y otros c/  s/ lavado de activos de origen ilícito y encubrimiento y sus acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-12-10

Es autor -cualquier persona- en definitiva, es el que cometa algunas de las acciones típicas estipuladas en la norma (convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal) con el fin de que esos bienes de origen espurio tengan apariencia legal -siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre sí-.
Derecho laboral, asociaciones profesionales de trabajadores, personería gremial, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c/ Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (Cta) y otros s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

Los actores cuestionan la disposición dictada por la Comisión Ejecutiva Nacional que declaró la ineficacia de la sólo aparente reunión del Consejo Directivo Nacional del 20 de diciembre de 2017 y consecuentemente de todos los actos que hubieran tenido lugar a partir de la misma. Los actores arguyen falta de quórum frente a la disposición que sesionó el 20/12/2017, y en la cual se dio el puntapié inicial al proceso electoral que culminó con la elección del Secretario general del gremio. Ante tal contexto cabe analizar el Estatuto Social correspondiente al caso. Nótese que el 15 refiere, en primer lugar, a la composición de la Comisión Ejecutiva Nacional y, en cuanto a su integración, ninguna condición introduce para con los vocales titulares; amén de las 'funciones' que pudieran tener. En esta postura, el quórum exigiría de 20 miembros presentes; lo cual deja sin sustento la postura que esgrime el apelante a entorno a que el quórum se establece en la mitad más uno de las 23 Secretarias, lo que equivale a 12. En efecto, del Acta Notarial aplicable al caso surge el incumplimiento de dicho requisito, por lo cual corresponde rechazar el recurso interpuesto. (Del voto del Dr. Corach en mayoría con el Dr. Pirolo)