Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 179/185.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Daniel Kantor, contra la resolución del 8 de agosto de 2016, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati, y Georgina Depetris, en autos "SÁNCHEZ, MATÍAS REINALDO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'SÁNCHEZ, MATÍAS REINALDO S/ ROBO CALIFICADO'- (CUIJ N° 21-06257472-8)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511204-1); y,	CONSIDERANDO:	1. En fecha 8 de agosto de 2016, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati, y Georgina Depetris, resolvieron -en cuanto aquí interesa- separar al señor Defensor Público doctor Daniel Kantor de la defensa del imputado Matías Reinaldo Sánchez, comunicando dicha circunstancia al señor Defensor Regional para que se provea de un nuevo defensor público, y efectuar un severo llamado de atención al mencionado profesional, a fin que adecúe su conducta a los principios de lealtad, probidad, y buena fe, evitando incurrir en actitudes sorpresivas o en conductas que impliquen abuso de derecho procesal -además de anular la sentencia objeto de dicho recurso- (fs. 42/47v.).	Interpuesto recurso de revocatoria y subsidiaria apelación por el doctor Daniel Kantor contra dicho decisorio, en fecha 20 de febrero de 2017, el Tribunal rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y denegó -por inadmisible- la apelación subsidiariamente dispuesta (fs. 50/v.).

2. Contra dicho decisorio, el doctor Daniel Kantor interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 52/95v.).

Como antecedente a sus agravios, efectúa el recurrente una reseña de lo acontecido en la causa seguida al señor Matías Reinaldo Sánchez, relatando que encontrándose éste acusado del delito de robo calificado en grado de tentativa y en calidad de autor, en el marco de un procedimiento abreviado suscribió un acuerdo, por el cual aceptó la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, que debía unificarse con una pena anterior. Y que se dejó a discusión ante el Juez la eventual declaración de reincidencia y el método a aplicar para unificar ambas penas.

Expresa que finalizada la audiencia en la cual se dictó sentencia admitiendo el acuerdo, el señor Matías Reinaldo Sánchez manifestó por escrito y al suscribir el acta, su intención de apelar. Por lo que fundó el recurso así interpuesto. Y que al hacerlo, entendió que su mandato implicaba agotar todas las posibilidades defensivas, agraviándose sobre la declaración de reincidencia dispuesta por el Juez, sobre el método aplicado para unificar las penas, sobre la calificación legal asignada (y consecuentemente con la pena) y sobre la competencia de aquél para llevar a cabo dicha unificación.

Señala, por fin, que, llegado el caso al Tribunal de Alzada a fin de tramitarse el recurso de apelación, al momento de resolver dispuso imponerle una sanción (llamado de atención) y apartarlo de la defensa -además de invalidar la sentencia condenatoria-. Y que en cuanto dispuso su sanción y apartamiento, interpuso revocatoria y subsidiaria apelación, el que en su oportunidad fuera rechazado (fs. 52/v.).

Contra dicho decisorio endereza sus agravios el recurrente.

Achaca -en primer término- falta de objetividad e imparcialidad en el Tribunal, lo que se traduciría en una resolución ilegítima, arbitraria e inconstitucional. En tal sentido, afirma que se lo prejuzgó sin siquiera escucharlo (fs. 80v./81/v.). Invoca entonces arbitrariedad en lo resuelto por un tribunal que no le concedió derecho de defensa alguno y que resolvió, a su criterio, de manera sesgada (f. 82).

Aduce, asimismo, falta de análisis de los planteos propuestos, lo que habría importado el dictado de una resolución carente de motivación. En tal sentido, señala que no se analizaron los agravios que fueron interpuestos, remitiéndose tautológicamente la Alzada a la misma resolución recurrida (f. 82). Expresando que, mediante una afirmación dogmática, se omiten contestar los agravios planteados, en el entendimiento de que dicho Tribunal no pudo demostrar las señaladas inconsistencias en su actuación profesional (f. 82v.).

Peticiona, en definitiva, se admita el recurso, y en su oportunidad, se declare su procedencia, disponiéndose la anulación de la resolución 62 del 20 de febrero del 2017 que rechazara la revocatoria y se tengan por no pronunciados los puntos 2) y 3) del fallo 502 del 8 de agosto de 2016, en cuanto dispusiera su apartamiento de la defensa del señor Matías Reinaldo Sánchez y llamado de atención (f. 89).

3. Los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, doctores Ivaldi Artacho, Depetris y Lurati, por resolución del 12 de abril de 2017, resolvieron denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 96/99v.) lo que motiva la presentación directa ante esta Corte (fs. 1/38).

4. Se adelanta que la queja no puede prosperar.

Ello así pues, en primer lugar, la resolución que se intenta atacar por vía del recurso de incostitucionalidad, no constituye "sentencia definitiva" ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación, en los términos del artículo 1 de la ley 7055, tal como lo señalara la Alzada al disponer la inadmisibilidad del mismo; sin que las razones dadas por la misma hayan sido debidamente controvertidas en el escrito introductor de la presente -más allá del tinte de definitividad que el recurrente pretende conferirle-.

Por otro lado, no se demuestra -ni se advierte- que la resolución objeto del recurso provoque al recurrente un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior. Ello así teniendo en cuenta que, el doctor Daniel Kantor no logra rebatir adecuadamente lo señalado por la Alzada, cuando negara la existencia de un "derecho subjetivo" para continuar en el ejercicio de la defensa del señor Matías Sánchez (fs. 37/v). Y otro tanto cabe señalar respecto del "llamado de atención" impuesto desde que no se han controvertido las afirmaciones de la Alzada al afirmar que ni siquiera importa la misma una verdadera respuesta disciplinaria, siendo su naturaleza meramente preventiva (f. 99). Y sin que las alegaciones del recurrente, en pretendida concurrencia de un "caso constitucional", -al sostener que el llamado de atención terminará afectando la eficacia de futuras defensas-, logren conmover esas argumentaciones las que, por tanto, permanecen incólumes (fs. 34/v./35).

Echa de verse que se alega, en un pretendido supuesto de arbitrariedad, que la Alzada carecería de atribuciones para disponer su separación tal como lo hizo. Más sin hacerse cargo de controvertir el marco legal a que se hiciera referencia (arts. 118/122, C.P.P.). Y sin que se observe que la interpretación dada a las normas hubiera resultado irrazonable o excesiva.

Tampoco resultan descalificantes, desde la óptica constitucional, las observaciones del impugnante en pretendida fundamentación de la concreta irrazonabilidad de la separación dispuesta. Pues si bien insiste en que entendió ejercer adecuadamente la Defensa del señor Matías Sánchez, tales alegaciones resultan insuficientes en demostración de irrazonabilidad en el criterio de la Alzada cuando le achacara a la Defensa haber incurrido en inobservancia al deber de lealtad, probidad y buena fe en su actuación; sobre todo lo cual omite puntualmente referirse y cuestionar.

En mérito a ello, y desde que el quejoso no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por el Aquo encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -integrada- RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.	FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA(EN DISIDENCIA)-FALISTOCCO (EN DISIDENCIA PARCIAL)-GASTALDI(EN DISIDENCIA PARCIAL)-NETRI (POR SU VOTO)-PRIEU MANTARAS-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI:

4. La queja interpuesta por el impugnante -doctor Daniel Kantor- se dirige a cuestionar por un lado el llamado de atención impuesto por la Cámara, y por el otro, la separación como defensor del imputado Matías Reinaldo Sánchez, decisión sobre la que entabló recurso de revocatoria y apelación en subsidio, los cuales fueron rechazados y motivaron la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Más allá del requisito de definitividad del pronunciamiento impugnado, la presente queja no ha de prosperar, en tanto se aprecia que los agravios esbozados resultan insuficientes para derrumbar el pronunciamiento atacado desde la óptica constitucional, quedando la decisión del A quo dentro del ámbito de sus atribuciones.

Ello es así desde que los vicios invocados -dirigidos a cuestionar el llamado de atención impuesto y la separación del cargo como defensor en la causa- sólo reflejan la mera disconformidad del impugnante con la interpretación que de las constancias de autos y del derecho aplicable efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, cuestión ajena -en principio- al recurso de inconstitucionalidad.

En tal sentido, si bien el recurrente sostiene que la Alzada resolvió de manera arbitraria, sin brindarle posibilidad de ser oído, violentando el derecho de defensa, configurando con lo decidido un perjuicio y una severa violación a la dignidad personal y funcional, atentando contra la autonomía de su ejercicio como defensor público y condicionando ilegítimamente su función a futuro, lo cierto es que de su análisis se advierte que los Magistrados desarrollaron una suficiente y adecuada motivación en sustento de su pronunciamiento; brindando argumentos que, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados por el compareciente desde la óptica constitucional, al no demostrar apartamiento del derecho vigente.

Así, con respecto al llamado de atención impuesto, a fin de que "adecue su conducta a los principios de lealtad, probidad y buena fe, evitando incurrir en actitudes sorpresivas o en conductas que impliquen abuso del derecho procesal" (f. 47), como señalara la Alzada en el auto denegatorio, el mismo se trata de una práctica que no conforma una respuesta disciplinaria, sino meramente preventiva, y como tal, no sólo no resulta apelable, sino tampoco susceptible de ser impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, en lo atinente a la separación del cargo como defensor de Sánchez, el Tribunal refirió que el impugnante "pareciera revelar su convencimiento y así sustentar, sobre la existencia en el caso de un 'derecho subjetivo' suyo a defender al inculpado cuya situación judicial ha demorado con sus pretensiones inadmisibles" (f. 98).

Sobre tales premisas, el recurrente no alcanza a demostrar el perjuicio invocado, y los agravios esbozados en relación a la violación al derecho de defensa y derecho a ser oído se desvanecen, a poco que se atienda a las opiniones doctrinales que rigen sobre la materia.

En efecto, se ha dicho que "el llamado de atención no constituye 'stricto sensu' una corrección disciplinaria, sino un medio profiláctico tendiente a evitar la aplicación de sanciones de ese tipo. De ahí que dicha advertencia no sea apelable. La materialización de un llamado de atención (que puede decretar el tribunal en uso de sus facultades genéricas concedidas a fin de que pueda mantener el buen orden del proceso) no está sujeto a ningún tipo de procedimiento previo" (cfr. Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O., "El llamado de atención como facultad disciplinaria", en "Estrategia procesal civil", Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1982, pág. 49).

Asimismo, es criterio jurisprudencial afincado que "los agravios referentes a la valoración de las actitudes procesales y a la procedencia de la sanción remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho no federal, materia propia de los jueces de la causa y ajena, por su naturaleza, a la vía extraordinaria" (Fallos:312:607, 1076; 317:1124; 318:892; entre muchos otros; A. y S., T. 189, pág. 72; T. 242, pág. 434; T. 257, pág. 159).

Ante ello, los reproches de arbitrariedad endilgados sólo vislumbran -como se anticipó- su mera discrepancia con la hermenéutica de las normas procesales en juego efectuada por la Alzada materia que, por regla, es ajena al conocimiento de esta Corte, en particular si -como en el "sub examine"- la decisión cuenta con fundamentos razonables y suficientes que descartan esa tacha.

En conclusión, desde que el recurrente no ha podido justificar que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por tales razones, la queja interpuesta debe rechazarse.

FDO.: NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

4. La queja interpuesta por el letrado no puede prosperar en cuanto al llamado de atención impuesto por no adecuar su conducta a los principios de lealtad, probidad y buena fe.

Ello es así por cuanto el "llamado de atención" no puede ser considerado sanción disciplinaria y por ello es irrecurrible.

En efecto, como lo destaca el A quo en el auto denegatorio, esa advertencia constituye el ejercicio de una facultad jurisdiccional implícita, de índole postestativa, y por ende no susceptible de ser objeto de recurso alguno, debiendo tenerse presente lo dicho por este Cuerpo relativo a que el llamado de atención no importa sanción alguna de las catalogadas en la ley 10160 (cfr. actas N° 24, 123, 152, correspondientes a los Acuerdos celebrados, respectivamente, el 3.4.1990, el 24.10.1990 y el 3.10.1991 y A. y S. T. 263, pág. 11; T. 110, pág. 327) ni tampoco se vincula con las establecidas en la ley 13014.

Del mismo modo, no consigue el quejoso demostrar que la resolución cuestionada de algún modo lesionara el derecho de defensa en juicio.

En este contexto, no se advierten cuestiones de índole constitucional como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

5. En relación a la separación de Daniel Kantor como defensor de Matías Sánchez, de la lectura del memorial recursivo se advierte que las postulaciones del impugnante cuentan -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: FALISTOCCO-GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

4. Adelanto que entiendo que la presente queja también debe ser admitida.

Es que, más allá de la definitividad de la resolución aquí impugnada y de la naturaleza del gravamen que la misma podría irrogar y sin que resulte necesario evaluar el contenido de los agravios del recurrente, considerando que en el día de la fecha se resolvió la queja interpuesta en el expediente CUIJ N° 21-00510918-0 en el que propicié la admisión de la queja, y que en ambas causas se impugna igual sentencia, siendo lo aquí dispuesto consecuencia de lo decidido en aquélla, es que estimo corresponde asimismo admitir la presente y, por ende, conceder el presente recurso de inconstitucionalidad, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción, doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati, y Georgina Depetris.