marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, relación de causalidad, relación de consumo
Materia: CIVIL
Carátula: G. S. E. c/ Y. A. N. y otros s/ daños y perjuicios extracontractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-22

Corresponde revocar parcialmente la sentencia que hace lugar a la acción por daños y perjuicios contra todos los demandados, rechazándola respecto de los organizadores de una fiesta privada en la cual el actor recibió un golpe de puño que le provocó una fractura de mandíbula, toda vez que no está probado que los organizadores se dedicaran en forma profesional a prestar el servicio de organización de fiestas, de modo que no resulta aplicable el derecho de defensa del consumidor, dado que la invitación a una fiesta por redes sociales no lleva a presumir una relación contractual, máxime cuando la lesión se produce afuera de la quinta, ocasionada por un altercado con motivo del estacionamiento de un auto y no por algo vinculado a la fiesta, es decir, que no hay relación causal entre el hecho y el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad. Y aun si se considera que existe causalidad entre la obligación de seguridad asumida y el hecho dañoso, perfectamente puede encuadrarse lo sucedido en el caso fortuito que interrumpe la relación causal.
Menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BONELLI JOSE RAMON c/ FERNANDEZ ROSALINA Y OTROS s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La representación promiscua tiene caracteres peculiares, puede convertirse en una verdadera representación si por parte de los representantes principales existiere omisión en el cumplimiento de actos propios a la función.-
Daños y perjuicios, inundación, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Recanati, Hugo O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Ante la inexistencia de documentación que respalde la importancia de la explotación económica, en función de lo que indican las normas de experiencia universal aparece lógico que se ocurra a los promedios de ocupación de hospedaje vecinos y, asimismo, que se tome en consideración las tarifas de hospedajes de similares características (arts. 375, 384, 474, 163 inc. 5 Cód. Proc.).
Personal militar, aportes previsionales
Materia: PENAL
Carátula: Gonzalez , José Mercedes y otros c/ Gendarmería Nacional y Otro s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el art. 10 de la ley 22.919, al personal militar en retiro se le efectúa un descuento del 11% sobre el haber, lo establecido por el Dec. 679/97 -al elevar el aporte del 8% al 11%- encuentra respaldo en la propia normativa aplicable al personal de Gendarmería en virtud de la equiparación con los haberes del personal militar dispuesta en el art. 75 de la ley 19.349.
Defensa en juicio, elevación a juicio, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., M. Z. s/ art. 50 Falta de supervisión de menor. menor.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

La garantía de defensa en juicio que invoca la Sra. Defensora no se ve afectada en modo alguno por la elevación a juicio de la causa, toda vez que es el juicio el que asegura el más amplio debate de las cuestiones planteadas, conforme las disposiciones del artículo 45 de la Ley de rito, por el cual la defensa puede ofrecer prueba dentro de los cinco días de notificada y resguardar acabadamente los derechos que hacen a las partes en el mismo. Solo después de dictada la sentencia por él a quo y notificada la misma, estarán las partes en condiciones de plantear las concretas violaciones que se hubieran producido a los derechos que hacen a cada parte, y que pudieran dar a origen a nulidades. Del voto de la Dra.

Robledo.
Ley federal, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

La acción declarativa de inconstitucionalidad que, como el amparo, tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en resguardo de los derechos, es un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la actora - en tanto procura se declare la inconstitucionalidad de normas nacionales de carácter federal por ser presuntamente violatorias de la Carta Magna y de varios tratados internacionales - por lo que puede prescindirse válidamente del nomen iuris utilizado por la interesada y atender a la real sustancia de la solicitud mediante el ejercicio de la demanda declarativa que regula el art. 22 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Impuestos, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

Si bien la traslación impositiva es un fenómeno regido por las leyes de la economía, existen casos en los que es posible y además necesario reconocer trascendencia jurídica a los efectos económicos de los impuestos para arribar a una solución que resulte armónica con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional y con el ordenamiento jurídico vigente.
Contrato de trabajo, trabajadores marítimos, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: PIÑERO,    JAVIER    OMAR c/ AGUA    MARINA   SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-22

Si el actor, tripulante de un buque, entendía que la empresa que los había contratado le adeudada salarios, y su intención no era la de retener tareas en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 1204 del Código Civil, pudo invocar dicha situación y negarse a embarcar; perso, si no procedió de tal modo, una vez a bordo no es admisible que resistiese las órdenes del capitán ya que la autoridad de éste es un principio fundamental de la actividad marítima: esa autoridad no es la común y corriente del patrono respecto del obrero en el contrato laboral terrestre, sino una autoridad especial en la que aparecen entremezcladas la autoridad del patrono con la autoridad pública a quien el capitán representa. No resulta aplicable la exceptio non adimpleti contractus al contrato de ajuste. El incumplimiento por parte del empleador de pagar las remuneraciones no libera al tripulante de su obligación mientras el buque se encuentra en curso de navegación.
Improcedencia del recurso, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: CORONEL, Paulo Ceferino c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

Está debidamente fundada la oposición del MPF si el hecho atribuido al imputado tuvo lugar -presuntamente- durante el término de la suspensión anterior y en cuya virtud fue dictada la extinción de la acción penal, de modo tal que no se constata la expiración del plazo de suspensión que el art. 76 ter -anteúltimo párrafo- CP prevé como punto de partida para el cómputo del plazo de ocho años allí establecido ni, correlativamente, el transcurso de este último.
Privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL
Carátula: Senin Celso y otros en j: Monteavaro, Manuel c/ Alejandro Rodríguez s/ Regulación - Inconstitucionalidad (Libro: S051-452)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-04-07

El art. 25 de la ley 1382, que establece la inembargabilidad del seguro, está en conflicto con el art. 3900 del Código Civil que establece la preferencia de los gastos de justicia; en tal caso debe prevalecer este último por el imperio del art. 22 de la Constitución Nacional.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30

Como inexistencia y nulidad son en rigor especies de una misma categoría, la de la ineficacia, se puede declarar la nulidad de lo actuado, puesto que los efectos son iguales.
Proceso penal, audiencia de trámite
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ESTEVEZ, GONZALO MIGUEL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-30

No puede receptarse la crítica que esboza el recurrente en cuanto a la falta de celebración de la audiencia de trámite en la Alzada, en razón de que el impugnante formula meras alegaciones genéricas, sin explicitar el perjuicio concreto que ello acarrea frente a un planteo recusatorio que -tal como resalta el señor Juez de Cámara en el auto denegatorio y que no es rebatido idóneamente por el quejoso- no estuvo acompañado por ofrecimiento de prueba alguno, resultando insuficientes las mismas en orden a evidenciar la decisividad que ello tendría respecto a la efectiva afectación de una garantía constitucional.
Ley penal tributaria, cuestiones de competencia, competencia por la materia, fraude a la Administración Pública, aportes y contribuciones previsionales, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CALCAGNO QUIJANO, Jorge L. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La ley 24.769 , establece para los fraudes cometidos respecto de los aportes y obligaciones con los organismos como la Dirección General Impositiva "D.G.I". y la Administración Federal de Ingresos Públicos "A.F.I.P.", la jurisdicción federal. Si la Administración Federal de Ingresos Públicos resulta acreedor quirografario con privilegio general, por la falta de ingreso de aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, por varios períodos en un expediente comercial, el patrimonio del Estado Nacional, podría encontrarse directamente afectado en sus rentas, por lo cual deberá seguir interviniendo en las actuaciones la justicia federal.

Por ello corresponde que continúe en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
Juicios contra el Estado, Estado Provincial, medida de no innovar, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, José Alejandro c/ Yersiplast S.A. s/ Daños y Perjuicios - Accidente de Trabajo - Interpone Recurso de   Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-27

Formulada recusación con causa contra el Juez Civil y Comercial, el recusado la rechazó in limine, ante lo cual el accionante interpuso recurso de apelación, la que fue denegada por entender que una resolución sobre el rechazo de recusación es inapelable. Planteado Recurso de Queja por apelación denegada y habiendo repasado las actuaciones, cabe afirmar que si bien, en principio, el proveído recurrido es correcto, el hecho de haber sido dictado por el juez recusado lo vuelve apelable, sin que ello implique ni siquiera un somero análisis de las razones planteadas ni para recusar ni para rechazar la recusación.

En efecto, por disposición del Código Procesal, a partir del momento en que la recusación se deduce y hasta que sea resuelta por la Cámara, el Juez recusado debe abstenerse de continuar interviniendo en la misma y debe pasar el expediente a quien le sigue en orden de turno, con el informe de ley. Dice también la ley que, en caso de ser procesalmente inadmisible la recusación con causa por no encuadrar en los presupuestos legales o por no haber sido presentada en tiempo oportuno, debe ser rechazada por el Tribunal competente para entender en ella, que es la Cámara de Apelaciones.

Por lo tanto, corresponde declarar de oficio la nulidad de la resolución del A-quo que rechazó in limine la recusación con causa y ordenar al Magistrado actuante que cumpla con lo señalado en el art. 26 del C.P.C.C.
Recusación con causa, recusación por interés en el proceso, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Toscanini  Yesica  Ruth c/ Yahoo  de Argentina S.R.L. y otro s/ incidente de recusación con causa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

La libertad de las partes con respecto a la recusación -que indudablemente trae trastornos en el desenvolvimiento del proceso- se justifica por la sospecha de parcialidad. Pero la sospecha debe fundarse en hechos concretos y relativos a la causa misma, circunstancias que deben actuar como índices de un peligro en cuanto a la recta administración de la justicia (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo II, Ed. Ediar, pág. 241). Por eso, es indispensable la exposición de tales hechos -que justifiquen la parcialidad- para dar sustancia al pedido de recusación. Y ello es así pues la garantía de la imparcialidad del juez es de tanta entidad como la garantía del juez natural (cfr. esta Sala, causa 30.659/95 del 1-9-09).
Alimentos, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAINEZ DE ARRIZABALAGA, MARIA MAGDALENA c/ ARRIZABALAGA, MIGUEL ANGEL s/ EJECUCION CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-11

El reajuste de la cuota tiene su origen en un convenio de partes, vigente ya la ley 23.928, donde se acordó la actualización con el índice del costo de vida en forma semestral automática. Esta circunstancia relativiza la limitación legal en tanto ha sido dejada de lado por el consentimiento recíprocamente prestado en sentido contrario a sus previsiones. Al convenio de partes no puede juzgarselo violatorio del orden público, por cuanto al estipular la actualización de la cuota alimentaria, no abdican de la condición de deudas de valor que poseen los alimentos y, en función de esa índole preveen el modo de definirla en las prestaciones futuras. El acuerdo de partes es válido y no afecta el orden público, no pudiendo cuestionarlo quien lo firmó por implicar ello contradecir los "propios actos".-
Facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Daniel Agustín s/ Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140. interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22

Los jueces no pueden ser la boca muda o que repite las palabras de la ley como un gramófono inane. Esta es una vieja polémica superada; así como el legislador manda cuando vota una ley adecuada al superior orden constitucional. "El juez, en el caso concreto es libre para escoger como bien le parezca entre las diferentes interpretaciones admisibles de un texto dado", como postula Perelman (La lógica jurídica y la nueva retórica, págs. 55, 57 y sgtes).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho, pena máxima eventual
Materia: PENAL
Carátula: LOPOLITO, Jorge L. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

Si el encausado fue procesado en orden a los delitos de homicidio y lesiones leves agravados por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real, su situación procesal no se ajusta a ninguna de las hipótesis liberatorias contempladas en los arts. 316 y 317 del C.P.P.N., por ello corresponde confirmar el rechazo de la excarcelación. La gravedad de la imputación, reflejada en las escalas penales previstas para los delitos reprochados -perpetua- implica que, en caso de recaer condena, su cumplimiento no podría ser dejado en suspenso (art. 26 del C.P.). Esta circunstancia conforma una pauta objetiva para considerar que, ante la magnitud de la pena en expectativa -evaluada a tenor del principio de proporcionalidad- y, especialmente, su efectivo cumplimiento para el caso de ser hallado culpable, si se accediera a la excarcelación solicitada, el imputado intentará eludir la acción de la justicia (art. 319 del C.P.P.N.) . Asimismo, la imposición de medidas cautelares de menor intensidad previstas por la ley adjetiva no resultarían suficientes para neutralizar los peligros procesales contemplados por el art. 319 del C.P.P.N. El tiempo de detención no resulta desproporcionado si se tiene en cuenta la complejidad de los hechos investigados y la cantidad de intervinientes que aún faltan identificar. Es decir que, existe la posibilidad cierta de que, de recuperar su libertad, pueda ocultar pruebas o influir en los testigos. En definitiva, el riesgo de entorpecer la investigación y, por ende, frustrar el proceso penal, permite fundadamente denegar la excarcelación del imputado. Además, aun cuando el imputado estuviera próximo a cumplir los 70 años de edad, ello no implica que inevitablemente habrá de aplicarse el art. 33 de la ley 24.660 pues la norma no establece una obligación para el juez de disponer la prisión preventiva domiciliaria ante un dato objetivo, como es la edad del imputado, sino una facultad, que debe ser evaluada en cada caso en particular. Por ello, corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la excarcelación del imputado.
Graduación de la pena, proporcionalidad de la pena, finalidad de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: REYNA, Norberto A. s/ UNIFICACION DE PENAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

De este modo se logra, satisfacer más adecuadamente el principio de proporcionalidad que informa a la función retributiva de la pena y que acrecienta las posibilidades de lograr la resocialización del encartado, a través de un tratamiento penitenciario eficaz.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, resoluciones inapelables, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Agroindustrias Pampa Gringa SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por gcba s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

En el caso, no solo no se configura ninguno de esos supuestos de excepción, sino que -por el contrario- la ley concursal expresamente establece que en el trámite incidental sólo es apelable la resolución que le pone fin (conf. LCQ 285); efecto del que carece, sin lugar a hesitación, el decisorio impugnado (CNCom, Sala D in re "Obra Social Bancaria Argentina s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación promovido por Bollero, María Mercedes", del 26/12/16; entre muchos otros).
Acción contencioso administrativa, contribución de mejoras, pavimentación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crosetti, Carlos Alberto y otros c/ Comisión de Fomento de Casas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.  609-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

No le asiste razón a los recurrentes que sostienen que la comuna es incompetente para imponer un tributo como el cuestionado -contribución de mejoras para financiar la pavimentación del acceso al cementerio local-, postulando para ello que, de acuerdo a su extensión y base imponible, la contribución consiste, en definitiva, en un impuesto inmobiliario, ajeno a la órbita de las potestades comunales, resolviendo el planteo -en definitiva- en una crítica al alcance que la Comuna le ha otorgado a la imposición, esto es, abarcando a todos los vecinos, tanto de zonas urbanas como rurales, como así también a la base imponible escogida. Pero, dichos aspectos no resultan ilegítimos. En efecto, ante todo debe señalarse que la caracterización de la contribución analizada como "impuesto inmobiliario", resulta infundada. En el caso, es claro que la Administración dispuso que la construcción de una obra de innegable interés público -acceso al cementerio de la localidad- deba ser solventada por todos los vecinos, por haber entendido que, en definitiva, todos recibirían ventajas diferenciales. Ello es suficiente para concluir que el tributo analizado en el presente caso consiste en una contribución de mejoras.
Enjuiciamiento de magistrados, renuncia al empleo
Materia: PROCESAL
Carátula: Lona, Ricardo s/ pedido de enjuiciamiento -causa nº 9-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Si bien una interpretación meramente semántica del art. 5° del Reglamento Procesal del Jurado de Enjuiciamiento llevaría a la conclusión de que el mero acto de renuncia, sin necesidad de su aceptación por el órgano competente, tendría como consecuencia la conclusión del procedimiento, integrada esa disposición con la del art. 9 bis del Reglamento para la Justicia Nacional, cabría concluir que para que el proceso de enjuiciamiento concluya resulta necesario que la renuncia del magistrado sea aceptada.
Obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: de Lorenzo, Edgardo Raúl c/ Smits, Gaidis y otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

El aspecto fáctico derivado de la característica misma de la obligación de entregar el certificado de trabajo establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no admite la extensión solidaria de dicho deber. Es que, las constancias necesarias para otorgar la certificación surgen de un libro que exclusivamente debe llevar el empleador y no el tercero condenado solidariamente, quien no dispone de los elementos de juicio para poder confeccionarla. (del voto del Dr. Pettigiani - opinión personal)
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPORA CARLOS ANGEL c/ DE ROSA MARIA EVA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Deben para igualarse las culpas si uno de los intervinientes en el suceso sobrepesó o se adelantó al otro por la derecha y este cambió de marcha en ese momento sin haber ocupado el lado derecho de la calzada, de acuerdo al art. 72 inc. 1ro. de la Ley 5800.
Quiebra, declaración de quiebra, obras sociales, persona jurídica pública no estatal
Materia: COMERCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE ARTISTAS DE VARIEDADES s/ QUIEBRA S/ INC. CPR 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La circunstancia de que una obra social sea una persona pública no estatal no resulta óbice para la declaración de quiebra, toda vez que las obras sociales no se encuentran excluidas de los sujetos que menciona la ley 24522: 2, más allá de la calificación como persona jurídica de carácter público o privado que pudiera asignárseles sobre la base de la caracterización que se efectúa en el art. 1.
Testigos, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: Bilbao, Gustavo F. y San Martín, Pedro F. s/ Estafa en concurso real con Robo agravado por el uso de armas (Bilbao)  y estafa en concurso real con falsa denuncia concurriendo idealmente  con falso testimonio (San Martín)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-07

Sólo puede ser considerado testigo y por tanto pasible de las penas previstas en el art. 275 CP quien presta declaración en causa ajena.