Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15


Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La señora Rosa Elsa Parrilli interpuso recurso directo en los términos del art. 29, ley nº 54 y del art. 123, CCABA (fs. 1/40), contra las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento que, respectivamente, la destituyeron como jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas (dictada el pasado 23 de diciembre de 2009), y le rechazaron los planteos de nulidad efectuados con anterioridad (emitida el 17 de diciembre de 2009).

Expresó que en el proceso tramitado por ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad dicho órgano incurrió en arbitrariedad al violentar garantías constitucionales locales y federales, a saber: a) "falta de una imputación prima facie en el primer traslado (violación al derecho de defensa)"; b) " A mplitud probatoria para la acusación y restricciones probatorias para la defensa durante la etapa preliminar (violación al derecho defensa)"; c) A cusación del Dr. Vega en exceso del mandato del plenario (falta de jurisdicción, violación al principio de congruencia, violación al debido proceso)"; y d) " E l irregular nombramiento de los representantes del estamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (violación a la garantía del juez natural)" -fs. 1 vuelta-.

Agregó que el Jurado de Enjuiciamiento también pecó de arbitrariedad "en la subsunción de los hechos en la causal `mal desempeño´" por "ignorar" a su respecto "el derecho público local" (fs. 18 vuelta). A su vez sostuvo que esta arbitrariedad se desdobla en: a) arbitrariedad en la configuración de la causal; b) arbitrariedad en la subsunción de los hechos en tal causal y en la valoración de la prueba y c) arbitrariedad en la utilización de la causal "inhabilidad psíquica" como causal concurrente o subjuntiva (fs. 1 vuelta).

Asumió expresamente que su conducta es reprochable y que merece ser sancionada (fs. 38 vuelta), pero peticionó -con sustento en "los principios de garantía penal, fundamentalmente la prohibición de la analogía como corolario del principio de legalidad, y los principios de extrema ratio, culpabilidad y proporcionalidad" (fs. 36)- que se deje sin efecto lo decidido por el Jurado de Enjuiciamiento por considerar nulos en subsidio y en este orden: el primer traslado conferido; la conformación del Jurado de Enjuiciamiento por el estamento legisladores y la acusación efectuada por el -entonces- consejero Vega. Con el mismo carácter subsidiario y también solicitó que se reencauce el procedimiento hacia el tipo disciplinario del inc. 4º del art. 31 y/o se disponga la convocatoria a una Junta Médica para que se determine si la recurrente "se encuentra en condiciones de continuar como magistrado o si, por el contrario, se presenta la causal de inhabilidad psíquica establecida por el inc. 6º, del art. 16 de la ley 54" (fs. 39 vuelta/40).

Por último y para el caso de que algunos de los planteos introducidos "no se consideren dentro de la causal recursiva `manifiesta arbitrariedad´", planteó "la inconstitucionalidad federal de la restricción recursiva contenida en el art. 28 de la ley 54 C.A.B.A" (fs. 1).

2. A fs. 44/45 se recibió de la Secretaria Letrada Ad Hoc del Jurado de Enjuiciamiento y se reservó en Secretaría de Asuntos Originarios las actuaciones originales que tramitaron ante dicho Jurado, oportunamente requeridas mediante auto de Presidencia de fs. 42 (punto 3).

3. A fs. 57/58 el Tribunal aceptó la excusación formulada a fs. 48/49 por el juez José Osvaldo Casás -quien se desempeñó como Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Parrilli-, y ordenó la integración prevista en el art. 24 de la ley nº 7 para suplir, además, la vacante existente desde el año 2009 con motivo por la renuncia del juez Julio B. J. Maier.

A esos efectos fueron designados los Presidentes de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dres. Marta Paz y Carlos F. Balbín, respectivamente (fs. 59).

4. A fs. 88 se corrió traslado del recurso al Consejo de la Magistratura, que lo contestó a fs. 100/112 y sostuvo que "el recurso presentado por la Dra. Parrilli no cumple con los requisitos determinados por la Ley Nº 54 y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su viabilidad, ya que ha declinado demostrar la arbitrariedad manifiesta de la sentencia del 23.12.09, con fundamentos del 5.1.10" y porque, en definitiva, los "argumentos brindados en su recurso han sido reiteraciones de presentaciones anteriores" (fs. 105 y vuelta) ya resueltos por el "Jurado de Enjuiciamiento en su resolución de [...] fecha 17 de diciembre de 2009" (fs. 100) limitándose a esgrimir "meras discrepancias subjetivas [...] declinando efectuar una crítica concreta y acabada [...] que resulte idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho y/o inadecuada valoración de las pruebas producidas" (fs. 103).

Agregó que las "sentencias cuestionadas (...) han sido dictadas conforme a derecho, se han analizado en profundidad cada una de las probanzas rendidas, se ha garantizado en todo momento el derecho de defensa" (fs. 106 vuelta).

Por último y con relación "al pedido de inconstitucionalidad de la restricción recursiva del art. 28 de la ley 54, atento la acusación magra y genérica", estimó que debería ser rechazado (fs. 106 vuelta).

5. A fs. 114/136 dictaminó el Sr. Fiscal General y propició el rechazo del recurso directo interpuesto por las razones brindadas a fs. 118vuelta/136.

6. A fs. 141/143 el Tribunal aceptó la decisión de la jueza Marta Paz, formulada a fs. 139, de apartarse del conocimiento de estos actuados.

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso interpuesto por la Dra. Rosa Elsa Parrili se dirige tanto contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que la destituyó de su cargo de jueza de la Ciudad de Buenos Aires , como contra la resolución del mismo órgano de fecha 17/12/2009 que rechazó los planteos de nulidad interpuestos como cuestiones preliminares al iniciarse el juicio. Además, si bien con carácter subsidiario, la recurrente plantea "la inconstitucionalidad federal de la restricción recursiva contenida en el art. 28 de la ley 54 C.A.B.A" para el caso de que algunos de los cuestionamientos que efectúa "no se consideren dentro de la causal recursiva 'manifiesta arbitrariedad'" (fs. 1).

Ante ello, considero que es necesario, en primer lugar, dejar en claro cual es el alcance de la revisión judicial que efectuará este Tribunal.

2. En lo que a esta cuestión interesa, el párrafo tercero del art. 123 de la Constitución de la Ciudad establece: "Los jueces sólo podrán ser removidos si la decisión contare con el voto de, al menos, cinco de los integrantes del jurado. El fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá por efecto destituir al magistrado [...].

Paralelamente, el artículo 28 de la ley nº 54 dispone: "La decisión adoptada por el Jurado sólo tiene por efecto destituir al integrante de la magistratura o del Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle. // La resolución es irrecurrible, salvo los casos de manifiesta arbitrariedad." De la simple lectura de ambas normas se infiere, sin dificultad, al menos tres conclusiones. La primera, que las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles. La segunda, que hay una excepción a esa regla que sólo alcanza a la resolución de destitución, pues se admite el recurso contra dicho fallo en "los casos de manifiesta arbitrariedad". La tercer conclusión es que el art. 28 de la Ley nº 54 meramente se ha limitado a repetir lo previsto en la disposición constitucional aludida supra.

Lo expuesto es suficiente para dejar en claro:

a) Que la pretensión de la Dra. Parrilli de recurrir en forma autónoma la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de fecha 17/12/2010 es improponible. Ello no obsta, sin embargo, a que los cuestionamientos que respecto a ella plantea puedan ser considerados por el TSJ en la medida que reflejen uno o más supuestos de manifiesta arbitrariedad que conciernan a la decisión final con el alcance que se explicitará Infra.

b) Que la eventual pretensión de inconstitucionalidad federal del art. 28 de la ley nº 54 también carece de andamiento, en tanto sólo repite lo dispuesto en el art. 123, párrafo tercero, CCABA, y contra esta disposición no se ha realizado impugnación alguna. Todo ello sin perjuicio de lo que se dirá en el considerando siguiente acerca del alcance de la revisión judicial impetrada.

A todo lo expuesto se agrega que, simultáneamente, el art. 29 de la ley de mención establece que él órgano judicial competente para conocer del único recurso posible es el Tribunal Superior de Justicia.

3. Establecido que la revisión judicial que realizará el Tribunal no procede respecto de cualquier resolución del Jurado de Enjuiciamiento sino sólo de su decisión final -del fallo destitutorio- y sólo en "casos de manifiesta arbitrariedad", corresponde ahora determinar cuál es el significado que debe darse a esta condición en los términos de la vasta doctrina de la C.S.J.N. acerca del alcance de la revisión judicial en casos como el del subjudice, delineada en el marco del respeto de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, y del "derecho a la protección judicial" o "derecho a un remedio judicial" que contempla el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese orden creo pertinente recordar que he expresado en oportunidad de votar en la causa "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en 'Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14 CCABA)'", Expte. n° 4312/05, resolución del 9/11/2005, que el recurso de marras cobija "todas aquellas cuestiones que pudieron haber afectado, con manifiesta arbitrariedad, el debido proceso (art. 29, ley 54)". En el mismo sentido expresé en este precedente que es por intermedio del recurso directo de mención "[.] cuando el magistrado destituido puede cuestionar ante el Tribunal Superior de Justicia todas aquellas decisiones, que, a su consideración, pudieron haber afectado su derecho al debido proceso legal o a la defensa en juicio. (conf. ,además, doctrina de la CSJN, Fallos 308:961 y L.L. 1995-C, 434)".

Precisamente, es a partir del citado Fallo 308:961 que el Alto Tribunal sienta la doctrina en materia de revisión judicial de juicios políticos a jueces provinciales, que luego extendió a los juicios políticos de jurisdicción nacional -tanto cuando tales trámites de remoción se desarrollaron ante órganos legislativos o ante jurados de enjuiciamiento- doctrina que viene reiterando pacíficamente desde entonces y hasta la fecha.

Efectivamente, como señalamos en el voto conjunto realizado con mi colega el juez José Osvaldo Casás in re "Ibarra, Aníbal s/ SAO - otros en 'Ibarra, Aníbal s/juicio político'", expte. nº 4882/06, resolución del 26 de febrero de 2007, a partir del precedente Graffigna Latino la Corte Suprema de Justicia de la Nación "ha sostenido invariablemente que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos en los ámbitos locales, dictadas por órganos ajenos a sus poderes judiciales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso. Consecuentemente ha dejado sentado que esas decisiones no escapan a la revisión judicial, maguer en el limitado ámbito en que se advierta palmariamente comprometido el derecho constitucional de defensa, siendo ineficaz, para sustentar su inmunidad al escrutinio judicial, la calificación del procedimiento como una cuestión de naturaleza política no justiciable. // [.] Este criterio encuentra sustento asimismo en los Tratados y Pactos de Derechos Humanos que integran la CN (art. 75, inc. 22), en particular la CADH y el PIDCyP y en la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impone garantizar el control judicial -si bien excepcional y limitado conforme lo admiten los procesos de responsabilidad política- para asegurar el derecho del enjuiciado en relación con las formalidades que debe guardar el debido proceso (conf. doctrina de la causa Aguirre Roca [ .]".

Resulta útil recordar, a los efectos del presente análisis que, en el marco doctrinario desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del leading case mencionado, se han establecido pautas esenciales que han ido dado un contorno específico al ámbito y al contenido de dicho control judicial en este tipo de procesos, y que, en sustancia, pueden resumirse de la siguiente manera:

3.1. Quien pretenda el ejercicio de revisión judicial debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (Doctrina de Fallos, 328:3148 , 329:3027 , 331:810 y 331:1784 , entre otros). En otras palabras, que conforme al principio de trascendencia no cabe declarar la nulidad por la nulidad misma (cf. Fallos 316:2940 , 326:4816 , 327:1914 , 329:1305 , entre otros).

3.2. La observancia en el curso del trámite de enjuiciamiento de las reglas procesales relativas a la garantía de defensa en juicio adquiere el rango de materia revisable judicialmente, pero el examen que debe realizar el órgano judicial no puede sustituir al jurado en su deliberación, ya que lo atinente a la subsunción de los hechos en las causales constitucionales de destitución y la apreciación de la prueba de las acciones u omisiones que hayan motivado la acusación y la puesta en funcionamiento del proceso, constituyen ámbitos reservados al exclusivo juicio de los órganos designados por la Constitución para realizar este tipo de procesos de naturaleza política-institucional (Doctrina de Fallos C.S.J.N. 318:2266 ; 327:4635 , 330:452 , 331:2156 y 332:2504 , entre otros.) 3.3. Paralelamente, como una consecuencia derivada del objeto y naturaleza de esta clase de procesos, la aludida observancia de las reglas procesales relativas a la garantía de defensa en juicio debe verificarse ". si bien no con el rigor que le es exigible a un tribunal del poder judicial con competencia en materia penal, pero sí con la precisión y el cuidado que deje a salvo el derecho de defensa del enjuiciado, lo que se entenderá logrado únicamente cuando éste ejercite efectivamente ese derecho" (cf. causas: "Boggiano" -considerando 11º in fine del voto de la mayoría- y en términos equivalentes: "Moliné O'Connor"-considerando 8º in fine del voto de la mayoría-).

En otras palabras, el control judicial debe apuntar a comprobar si el enjuiciado pudo ejercer en forma efectiva su derecho de defensa en el marco de un debido proceso, antes que a controlar el respeto riguroso de las formas procesales.

3.4. El objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, es el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad (Fallos 331:1784 y 332:2504, entre otros).

De todo lo expuesto puede colegirse que, en definitiva, la condición de "manifiesta arbitrariedad" exigida por la Constitución de la Ciudad para permitir la revisión judicial del fallo destitutorio del Jurado de Enjuiciamiento, debe ser entendida con el alcance y los límites de los parámetros descriptos.

En tal sentido, la revisión judicial permitida por "manifiesta arbitrariedad" -más allá de los distintos significados que pueda otorgarse al vocablo "arbitrariedad", que lo han convertido en un concepto sumamente elástico- debe resguardar eficazmente toda afectación al debido proceso y al derecho de defensa en los términos establecidos en la doctrina del Alto Tribunal.

Ello implica que, siempre dentro de dichos términos, por vía del recurso directo ante el Tribunal previsto en los arts. 123, CCABA y arts. 28 y 29, ley nº 54, el magistrado destituido podrá requerir el tratamiento de todos aquellos agravios referidos a su derecho de defensa y a la garantía del debido proceso en cualquiera de las etapas del juicio político al que fuera sometido, siempre y cuando los cuestionamientos de esa índole hubieran sido planteados oportunamente durante dicho trámite, y mantenidos en el recurso ante este Tribunal.

4. Los agravios de la recurrente.

Determinadas las pautas atinentes al alcance de la revisión judicial bajo las que habrá de examinarse los agravios invocados por la Dra. Rosa Elsa Parrilli, realizaré a continuación el examen pormenorizado de ellos. A tal fin los ponderaré en el orden en que han sido concretamente planteados por la recurrente en el punto 2 de su escrito de interposición del recurso bajo examen. Esto es, la violación a su derecho de defensa por la falta de una imputación en el primer traslado conferido mediante resolución CDyA n° 30 de fecha 6/10/2009 por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; la violación a su derecho de defensa por las restricciones probatorias que se le impusieron en la "etapa preliminar"; violación al debido proceso, falta de jurisdicción y violación al principio de congruencia por haber sido sujeto de una acusación formulada en exceso del mandato del plenario del Consejo de la Magistratura; violación a la garantía del juez natural por el "irregular nombramiento de los representantes del estamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; arbitrariedad en la configuración de la causal de "mal desempeño"; arbitrariedad en la subsunción de los hechos en tal causal y en la valoración de la prueba; y arbitrariedad en la utilización de la causal "inhabilidad psíquica" como causal concurrente o subjuntiva".

A ese efecto, el Tribunal tiene a la vista -como se detalló en las resultas- las actuaciones originales del expediente n° 1/2009 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado por el Expte. SCD-187/09-0 "SCD s/Denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA" y las actuaciones tramitadas ante el Jurado de Enjuiciamiento. De ahora en más este expediente será referenciado en este voto como: "Expte. de Procedimiento de Enjuiciamiento" o "Expte. PE".

4.1. Violación al derecho de defensa por la falta de una imputación en el primer traslado conferido mediante resolución CDyA n° 30 de fecha 6/10/2009 por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La recurrente reflexiona en este punto que, en ocasión del trámite preliminar previsto en la resolución CMCABA n° 272/08, al dársele traslado de los hechos ocurridos el 15/9/2009 que dieron origen a la denuncia del señor Ministro de Justicia, se omitió encuadrarlos en alguna de las hipótesis previstas como causales de destitución o de sanción disciplinaria y, con ello, que se afectó su derecho de defensa, pues se le "obligó" a defenderse "a ciegas", se "encontr[ó] en la insegura situación de contestar el traslado intuitivamente, sin conocimiento preciso de la causal que efectivamente se [le] iba a atribuir".

Es de destacar que esta cuestión fue resuelta oportunamente primero por el propio Consejo de la Magistratura de la Ciudad mediante resolución n° 672/09 (fs. 343/353, Expte. PE) y luego por el Jurado de Enjuiciamiento (fs. 693/707, Expte. PE) y que la argumentación que realiza la recurrente no sólo es una simple reiteración de la expuesta anteriormente, sino que, además, lo único que trasunta es la mera discrepancia con los fundamentos brindados por el Consejo y el Jurado en las oportunidades señaladas. Discrepancia que lejos está de constituir un nítido, inequívoco, concluyente, flagrante y grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa, en los términos de la jurisprudencia de la C.S.J.N. arriba citada.

Por otra parte basta acudir a la contestación del traslado en cuestión, que luce a fs. 206, Expte PE, donde se expresa que se lo responde "suponiendo cuáles son las causales que se me imputan" y seguidamente se explaya no sólo sobre todas las causales de remoción previstas en la Constitución y en la ley ("Comisión de delitos dolosos" a fs. 210/211, Expte. PE; "Mal desempeño" a fs. 211/212 vta., Expte. PE; "Inhabilidad física o psíquica" a fs. 212 vta./213, Expte. PE; las demás causales -"Negligencia grave", "Morosidad en el ejercicio de sus funciones" y "Desconocimiento inexcusable del derecho"- a fs. 213, Expte. PE), sino que, asimismo, discurre acerca de "la hipótesis de un proceso sancionatorio" en relación a las conductas que constituyen faltas disciplinarias (fs. 214/215, Expte. PE) y sobre la prueba agregada hasta el momento (fs. 215 vta./217, Expte. PE).

Es decir que el contenido de su propia respuesta neutraliza -objetivamente- la pretendida trascendencia de la falta de encuadre de los hechos imputados en una causal de remoción o de sanción disciplinaria determinada, a lo que cabe agregar que, en definitiva, lo esencial era que tal calificación se verificara -como ocurrió- en ocasión del acto que tanto técnica, como formal y materialmente, dió origen al trámite de enjuiciamiento propiamente dicho, esto es la acusación formulada por el Consejo de la Magistratura ante el Jurado de Enjuiciamiento (art. 123, CCABA), en la que los hechos de marras fueron encuadrados en la causal de "mal desempeño" (ver fs. 343/353 y 406/417, Expte. PE).

En el mismo sentido, cabe traer a colación la opinión del Procurador General de la Nación, al dictaminar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 327:1914. Expresó en esa ocasión, en lo que aquí interesa y mutatis mutandi, que "para analizar las críticas que se formulan a la actuación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, cabe recordar que en su seno se desarrolla una etapa preliminar del proceso de juicio político, que no se trata del 'juicio' propiamente dicho. Este tiene lugar en el Senado, constituido como tribunal de enjuiciamiento, una vez que la otra cámara aprueba por mayoría calificada, la acusación de algún funcionario de los mencionados en el art. 53 de la Constitución Nacional. // Desde esta perspectiva, los vicios que -por vía de hipótesis- pudieran tener lugar en la etapa previa pueden ser subsanados en ocasión del debate" (Punto IX del dictamen).

4. 2. Violación a su derecho de defensa por las restricciones probatorias que se le impusieron en la "etapa preliminar".

En esencia, el agravio reside aquí en una supuesta "desigualdad de armas" sustentada en que "en la etapa preliminar la Comisión [de Disciplina y Acusación] ha desplegado cuanta medida de prueba ha considerado necesaria para construir su imputación [.]" en tanto que " [.] sobre la base de lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento [para la apertura del procedimiento de remoción y disciplinario de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público], a la suscripta sólo se le dejó aportar prueba documental, negándosele sistemáticamente la producción de cualquier otra medida probatoria".

Nuevamente el reclamo constituye mera retórica y, únicamente, refleja la discrepancia de la Dra. Parrilli con las razones expuestas por el CM y el Jurado de Enjuiciamiento al rechazar idénticos planteos en las mismas oportunidades indicadas en el apartado anterior.

Más allá de que la prueba denegada en esa etapa preliminar podía ser requerida al contestar la acusación -lo que en definitiva ocurrió, como se verá Infra- y, por ende, subsanada la presunta afectación de su derecho de defensa en ocasión del debate, lo cierto es que, amén de la prueba documental que acompañó Parrilli al realizar a fs. 206/219, Expte PE, el descargo previsto en la resolución CDyA n° 30 de fecha 6/10/2009, sólo ofreció la testimonial de Diego Luna y Teresa González y la remisión de la filmación realizada en la Playa de Infractores ubicada en Carlos Pellegrini y Sarmiento el día 30/9/2009 entre las 17.45 y 18.45 hs. Esta última destinada a acreditar el pedido de disculpas que la nombrada realizó a las señoras Gómez y Albe, y la declaración de Luna destinada a atestiguar sobre ese pedido de disculpas y "deponer sobre los problemas de salud de la suscripta, y de mi hija Sol" (ver fs. 218 vta./219, Expte. PE). Nada dijo sobre la razón del testimonio de González, pero de todas maneras lo desistió a fs, 308, Expte. PE.

Es decir que no obstante el discurso grandilocuente acerca de la afectación de su derecho de defensa en juicio, la prueba denegada consistió estrictamente en la grabación de mención y la testimonial de Luna. Y sobre ella Parrilli omite demostrar de que modo su producción hubiera variado la suerte del proceso en los términos del principio de trascendencia exigido por la C.S.J.N. en la doctrina más arriba citada, máxime teniendo en cuenta que ambas probanzas fueron ofrecidas (ver fs. 472 y 613 vta., Expte. PE), y producidas en ocasión del debate (ver fs. 668 vta. y 671, Expte. PE), lo que exime de otros comentarios acerca de la irrelevancia de este planteo en orden al menoscabo del derecho de defensa de la Dra. Rosa Elsa Parrilli.

Párrafo aparte merece la cuestión referida al ofrecimiento de una pericia "al presentar el certificado médico suscripto por el Dr. Mega" -en escrito posterior al del descargo, que obra a fs. 334, Expte. PE- que, afirma la recurrente, "hubiera podido conducir, por ejemplo, a una decisión distinta, sea en el plano infraccional, sea incluso en el plano de la destitución pero invocando una causal distinta: incapacidad psíquica" (Ver fs. 7) Ello así porque tal aseveración lo único que refleja es una o más posibilidades de consecuencias inciertas -en otras palabras: sólo conjeturas- como surge de las expresiones transcriptas. Tal entidad -la de meras suposiciones- es insuficiente para demostrar que la producción del peritaje ofrecido hubiera modificado el resultado del proceso, con lo cual, esta cuestión, también es irrelevante a la luz de la doctrina citada supra.

Todo lo dicho sin perjuicio de resaltar que el peritaje en cuestión fue ofrecido como prueba ante el Jurado de Enjuiciamiento (ver fs. 479/480 y 534/540, Expte. PE), admitida su producción (ver fs. 499/503 y . del Expte. PE), efectivamente realizado (ver fs. 632/646, 647/654 y 689/691, Expte. PE) y valorado en la sentencia como surge de los distintos votos.

4.3. Violación al debido proceso, falta de jurisdicción y violación al principio de congruencia por haber sido sujeto de una acusación formulada en exceso del mandato del plenario del Consejo de la Magistratura.

Sustancialmente sostiene la recurrente que el órgano constitucionalmente facultado para formular la acusación -el Consejo de la Magistratura conforme al art. 123, primer apartado, CCABA-, tomó la decisión de acusarla por la causal de mal desempeño con relación, únicamente, a los hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2009 en dependencias de las cabinas de control de documentación de la Playa de Infractores dependiente de la Dirección del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, ubicada en la calle Carlos Pellegrini y Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, y excluyó tanto como objeto de la acusación y como prueba, los hechos concernientes a las Actas de Comprobación B 09298981, B 08127255 y B 08127256, según se desprendería de la resolución CM nº 672/09 y de la versión taquigráfica de la reunión del plenario en la que se decidió la acusación.

Agrega que, no obstante ello, el acusador designado por el Consejo de la Magistratura en el marco de lo previsto por la ley nº 54 y la Resolución CM nº 272/08 -el Consejero Gabriel Vega-, introdujo las actas de mención en la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada el 9/11/2009, "como apoyo a la acusación que formula, incluyéndolas además como prueba documental que debe ser valorada".

Concluye, en síntesis, que el Dr. Vega ha excedido el mandato que le otorgó el CM, que se ha afectado sus derechos de defensa y al debido proceso y que, en consecuencia, la acusación es nula porque "ha insertado en el debate una cuestión que evidentemente ha tenido virtualidad para incidir en su decisión", y en orden a la cual "no se produjo prueba alguna sobre las circunstancias consignadas en las mencionadas tres actas de comprobación [.] sea para acreditar la veracidad de esas circunstancias, sea para permitir que la defensa las refute".

Este agravio fue primitivamente introducido por la Dra. Parrilli como cuestión preliminar al iniciarse el juicio y, asimismo, fue motivo de consideración por el Jurado de Enjuiciamiento como se puede leer en su resolución de fecha 17/12/2009 que obra a fs. 693/707 del "Expte. PE." Sin perjuicio de advertir que los argumentos vertidos por la recurrente, nuevamente sólo trasuntan una mera discrepancia con las razones vertidas por el Jurado al rechazar el planteo de mención, específicamente en lo atinente a que los hechos concernientes a las actas de marras no formaban parte del objeto de la acusación, a que tales actas sólo fueron incorporadas como prueba "indiciaria" de los hechos que sí eran objeto de la acusación -los ocurridos el 15/9/2009-, a que la resolución CM nº 672/09 que decidió la acusación expresamente incluía a las citadas actas como prueba de los hechos por los que se acusaba; y a que de la versión taquigráfica de la reunión del plenario del CM en la que se adoptó la decisión materializada en la aludida resolución nº 672/09 sólo surgía la exclusión del objeto de la acusación de los hechos concernientes a las actas de mención como hechos autónomos; lo cierto es que este agravio carece, de todas maneras, de toda significancia a la luz del principio de trascendencia reseñado supra, en el punto 3.1. de este voto, como se verá seguidamente.

En primer lugar, al argumentar en el recurso introducido a fs. 1/40 sobre la acusación realizada por el Dr. Vega ante el Jurado de Enjuiciamiento, sólo se formulan afirmaciones genéricas tales como que "las actas fueron valoradas como prueba de cargo en varios de los votos que dispusieron mi destitución" (punto 3.7., párrafo 2, fs. 5 vta); o que Vega incorporó tales actas "como apoyo a la acusación que formula, incluyéndolas además como prueba documental que debe ser valorada" (punto 5.5, párrafo 4, fs. 11); o bien que el acusador "ha insertado en el debate una cuestión que evidentemente ha tenido virtualidad para incidir en su decisión", y en orden a la cual "no se produjo prueba alguna sobre las circunstancias consignadas en las mencionadas tres actas de comprobación [.] sea para acreditar la veracidad de esas circunstancias, sea para permitir que la defensa las refute" (punto 5.6., párrafos 2 y 10, fs. 11 y 11 vta.).

En segundo lugar, cuando analiza la sentencia destitutoria sólo hace referencia a la cuestión al reflexionar sobre el voto del Dr. Vergara en relación a la subsunción de los hechos en la causal de "mal desempeño'", ocasión en que refiere que el nombrado miembro del Jurado valoró las actas en cuestión como prueba a los fines de concluir -luego de encuadrar la conducta de Parrilli en la causal de mal desempeño- que "esas inconductas serían reiteradas ya que hechos de similar índole se habrían producido con motivo de las actas de comprobación B 09298981, B 08127255 y B 08127256" (fs. 28 vta) Resulta claro entonces que la recurrente no ha probado que haya sido destituida por los hechos documentados en las actas de marras -no sólo no lo ha probado, sino que además ello no ha ocurrido, como se desprende de la lectura de la sentencia, en particular del capítulo "Objeto" (ver fs. 719) y, aun en la mejor de las hipótesis, es decir que tuviera razón en cuanto a la indebida inclusión de dichas actas en la calidad de "prueba", tampoco ha acreditado que ello haya tenido incidencia alguna en el resultado destitutorio, puesto que sólo uno de los ocho jurados que coincidieron en su remoción las tuvo en consideración.

4.4. Violación a la garantía del juez natural por el "irregular nombramiento de los representantes del estamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El agravio se asienta aquí en la circunstancia de que los tres miembros del Jurado de Enjuiciamiento que representaron al estamento " Legislatura" en los términos del art. 121, CCABA, fueron elegidos de una lista confeccionada por el parlamento porteño el día 15 de octubre de 2009, es decir -en palabras de la recurrente- "seleccionados como jueces de la causa" con posterioridad a los hechos que fueron motivo del juicio, acaecidos el día 15 de septiembre de 2009.

El reclamo en orden a esta cuestión fue introducido en la etapa preliminar ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, reiterado ante el CM recusando a los miembros desinsaculados, diputados Borrelli, Maffia y Puy, y reproducido ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En sustancia se afirma que se incumplió con la normativa vigente y se violaron las garantías del juez natural y también la de imparcialidad "toda vez que las opiniones de los legisladores se encontraban condicionadas y algunos, inclusive, ya habían sentado postura respecto del caso".

4.4.1. Una vez más se advierte que la cuestión ha sido ampliamente abordada por el Jurado de Enjuiciamiento y que las consideraciones de la Dra. Parrilli sólo muestran su discrepancia con los argumentos que sustentaron la resolución contraria a su pretensión, particularmente en orden a la presunta violación de la normativa y a sus efectos.

De todas formas cabe traer a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del significado de la garantía del "juez natural", que ya hemos mencionado en el voto suscripto conjuntamente con el juez Casás en el precedente "Ibarra" consignado precedentemente, doctrina que derrumba la construcción argumental de la recurrente. Expresamos en esa oportunidad (considerando 3.2.4.1.) que "Ha dicho el tribunal cimero in re: 'Mónica R. Sueldo de Polesman y Otra' (Fallos: 310:804), sentencia del 22 de abril de 1987, receptando el dictamen del Procurador General Sebastián Soler del 17 de abril de 1956, in re: 'Francisco Mariano Grisolía' (Fallos: 234:482) que '[l]a declaración de que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada causa, porque claro está que la sustracción de un caso particular a la jurisdicción de jueces que siguen teniendo el poder de juzgar en otros casos similares implica la negación de esa justicia imparcial e igual para todos que la Constitución garantiza. Ahora bien, si esos jueces han dejado de serlo, o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, entonces no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar las causas de que se trate, por donde resulta evidente que cuando otros tribunales permanentes asumen el poder jurisdiccional que a ellos correspondía no les quitan o sacan algo que siguiera estando dentro de sus atribuciones. Por esta misma razón, tampoco se sustrae un procesado a su juez natural cuando, a raíz de la renuncia, jubilación o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa conociendo de la causa iniciada con anterioridad. // Lo inadmisible, lo que la Constitución repudia es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente investido por ese magistrado de ocasión. // En definitiva, pues: con la primera parte de la cláusula se ha establecido el principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; con la segunda, se ha reforzado ese principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta esta prohibición mediante la remisión de un caso particular al conocimiento de tribunales a quienes la ley no les ha conferido jurisdicción para conocer en general de la materia sobre la que el asunto versa'. // En el mismo sentido expresó en la sentencia antes referida: 'Que en consecuencia, no es el juez natural que exige el art. 18 de la Constitución Nacional el juez -órgano institución u órgano individuo- que ilegalmente sustituyere al designado antes del hecho de la causa, aunque al sustituto se le diera -o éste se arrogare- jurisdicción permanente y general para entender en asuntos de la misma naturaleza. Por regla general caen bajo la prohibición constitucional todos los casos en que por error o por abuso se atribuya poder para juzgar a individuos no investidos por la ley con la jurisdicción para tal género o especie de delitos y en los que los jueces mismos se atribuyan facultades para entender o decidir en causas no sujetas a su jurisdicción' (primera parte del considerando 7º)".

4.4.2. A ello se agrega que la queja acerca de la violación de la garantía de imparcialidad, está basada en simples suposiciones tales como la transcripta más arriba acerca del presunto condicionamiento de las opiniones de los legisladores, o la que se ve el en punto 3.6. (fs. 5) donde expresa "Y acaso no es cierto que si desde la esfera de la política sólo se escucharon pronunciamientos condenatorios y descalificatorios contra la suscripta, es objetivamente sospechoso de parcialidad un político designado juez luego de los hechos, luego de la denuncia y luego de esos pronunciamientos?".

Al respecto, no se han acreditado siquiera tales pronunciamientos, mucho menos que hubieran correspondido a los tres legisladores que integraron el Jurado y, además, tampoco se ha hecho cargo la Dra Parrilli de explicar de qué forma, ante la circunstancia que señala -los aludidos pronunciamientos condenatorios y descalificatorios en su contra producidos en "la esfera de la política"- hubiera cambiado algo que la lista de los ocho legisladores prevista en el art. 121, inc. 4, CCABA hubiera estado conformada antes del 15/9/2009.

En este orden debo señalar que ya he expresado en el considerando 3.2.4.2. del precedente "Ibarra" antes referido, que los "legisladores tienen el derecho de manifestarse, comunicándose con sus colegas y, más aún, con sus electores y el pueblo en general para contribuir a formar su opinión al respecto. La Constitución prohíbe que [un] legislador pueda ser molestado -para el caso léase recusado- 'por las opiniones, discursos o votos que emita en el ejercicio de su función' (art. 78 CCABA, en el mismo sentido art. 68, CN) y, no cabe duda, entre las funciones del legislador están las de integrar la Sala Acusadora, o la Sala de Juzgamiento (art. 93, CCABA, y en el mismo sentido, las funciones del Senado y de la Cámara de Diputados, art. 59, CN). // Por eso, el agravio referido a la existencia de diputados "predispuestos en contra" del acusado (o del "investigado" ante la Sala Acusadora) se relativiza, porque también han de existir diputados predispuestos a favor. El nudo de la cuestión se desplaza entonces a la necesidad de preservar el instituto en la medida en que de admitirse la procedencia de recusaciones -o de apartamientos voluntarios [.] el organismo juzgador se desintegraría porque no hay mecanismo de sustitución constitucional posible, con lo cual la institución del juicio político perdería su razón de ser como herramienta de control entre poderes. Como bien señaló el Procurador General al dictaminar en la causa 'Boggiano' ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 'No puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que al que se desarrolla en sede judicial, pues si se pretendiera hacerlo ... debería declararse inconstitucional la institución por entero. Es que nunca habría un Senado imparcial en los términos de la garantía' (cf. punto V, noveno párrafo del dictamen)".

En el mismo sentido recordamos en "Ibarra" (considerando 3.4.4.2.) que la garantía de "imparcialidad en el marco de un proceso de juicio político ha sido abordada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los siguientes términos al fallar in re: 'Boggiano (voto de la mayoría, considerando 17): 'Con particular referencia a la imparcialidad del órgano juzgador a partir de su integración con una significativa cantidad de miembros que, en opinión de la recurrente, no satisfacían subjetiva ni objetivamente aquella condición, cabe traer a consideración el precedente Del Val de Fallos: 314:1723, en el cual esta Corte ha prevenido -hace más de una década- que en materia de enjuiciamientos políticos no son inconstitucionales las normas que limitan las causales de recusación, pues de admitirse las recusaciones múltiples se llegaría a desintegrar el órgano establecido por la constitución para efectuar el control entre los poderes. De este modo, subrayó el Tribunal con perspicacia anticipatoria, se bloquearía el funcionamiento del sistema, al no resultar factible proveer la integración del cuerpo con otros funcionarios, pues cualquier modo de reemplazo que se hubiera seguido podría haber sido cuestionado de inconstitucional ya que, al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el sistema, su armonía se vería destruida por la disfuncional actuación de un elemento.' // En el mismo sentido se explayó la mayoría de la Corte al fallar in re: 'Moliné O'Connor' (voto de la mayoría, considerando nº 17) en cuanto expresó que 'de acuerdo con el sistema de integración de las Cámaras del Congreso por los representantes del pueblo previsto en nuestra Constitución, no resulta factible proveer la subrogancia parcial o ad hoc de los diputados o senadores apartados con otros funcionarios, 'pues cualquier modo de reemplazo que se hubiera elegido podría haber sido cuestionado de inconstitucional ya que, al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el sistema, éste quedaría destruido' (Fallos: 314:1723, considerando 9°)'".

4.4.3. Como colofón debo señalar que, de todas maneras, el planteo de la Dra. Parrilli no pasa de ser una pretensión de nulidad por la nulidad misma, en la medida de que ocho miembros del jurado -entre los que se hallan los correspondientes al estamento Legislatura, diputados Borrelli, Maffia y Puy- votaron por su destitución. A partir de lo cual, aun restando esos tres votos, se ve verificada la mayoría de cinco votos que exige el art. 123, párrafo tercero, de la Constitución local, para decidir la remoción. Ello es así por aplicación de la doctrina atinente al principio de trascendencia citada en el considerando 3.1. de este voto (Cf. asimismo Fallos 331:1784, voto del Dr. Maqueda, considerando 5º) 4.5.Arbitrariedad en la configuración de la causal de "mal desempeño", arbitrariedad en la subsunción de los hechos en tal causal y en la valoración de la prueba; y arbitrariedad en la utilización de la causal "inhabilidad psíquica" como causal concurrente o subjuntiva.

En esencia Parrilli sostiene aquí que los vicios que imputa a la sentencia se vinculan con que el voto de la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento configuró errónea y arbitrariamente la causal de mal desempeño debido a que se ignoró, "deliberadamente, la totalidad del sistema normativo disciplinario de los jueces según el derecho público de la CABA"; limitándose a "aplicar la causal de mal desempeño como si de derecho federal se tratara". Alude asimismo a que "la conducta que se le atribuye ha sido subsumida en la causal local 'mal desempeño', cuando está clarísimo que la suscripta no estaba en el ejercicio de sus funciones", y afirma que "Si ya es dudoso que la conducta que se me atribuye sea 'mal desempeño' a nivel federal, mucho más dudoso lo es a nivel local".

En relación a la valoración de la prueba no cuestiona los hechos "registrados en la filmación del 15 de septiembre de 2009 en la Playa de Infractores [.]" aunque si discute "la significación conceptual que se ha atribuido a esos hechos [.]". Paralelamente expresa que cuestiona los hechos referidos a: la diligencia de acarreo de su vehículo hacia la playa de infractores, a lo sucedido entre el acarreo y el momento en que me apersonó en la playa de infractores, y al trámite realizado ante la controladora de faltas, Dra. Angotti.

También refiere que "[g]ran parte de los argumentos desarrollados en la sentencia aluden a supuestas incapacidades psíquicas de la suscripta cuando en realidad ello constituye una causal de remoción autónoma sobre la que nunca me pude defender".

Finalmente reflexiona que los ocho miembros del jurado que votaron a favor de la destitución señalaron en primer lugar que la conducta de la enjuiciada abastecería la causal de mal desempeño, pero concluyeron su análisis afirmando que por los elementos probatorios colectados, en especial las pericias psicológicas y psiquiátricas, tal conducta también configuraría la de inhabilidad psíquica" (fs. 33 vta.). Y agrega que ello la agravia porque el Jurado, no obstante considerar que existía otra causal de destitución -la de inhabilidad psíquica- la destituyó por mal desempeño porque no fue acusada por inhabilidad psíquica, cuando esta última desplaza a la otra causal mencionada.

4.5.1. En primer lugar, no es difícil advertir que, el extenso desarrollo argumental realizado en torno a estas cuestiones por la recurrente, concierne a una materia extraña a la revisión judicial en este tipo de procesos conforme a la doctrina de la C.S.J.N. reseñada supra (punto 3.2), pues, como ha expresado la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, "ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho que han llevado al jurado al juicio de remoción e inhabilitación constituyen materia de pronunciamiento, dado que no se trata de que el órgano judicial convertido en un tribunal de alzada sustituya al criterio de quienes por imperio de la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado" (Fallos 330:1777 en muchos otros) .

4.5.2. En segundo lugar, y sin perjuicio de lo expuesto, de la simple lectura del fallo destitutorio puede advertirse que cuenta con fundamentos mínimos y bastantes -en realidad son abundantes y más que suficientes- que impiden descalificarlo como acto válido.

En este sentido puede observarse que, contrariamente a lo que afirma la Dra. Parrilli, el voto del jurado Casás que concluyó en su destitución, sí tuvo en consideración el derecho público local, sus diferencias con el nacional, y la cuestión desde el punto de vista disciplinario local (fs. 721 vta./722 del Expte. PE), para arribar, tras considerar copiosa doctrina y jurisprudencia nacional al encuadramiento de los hechos en la causal de mal desempeño prevista en la CCABA. Además, particularmente analizó los hechos motivo de acusación -los del 15/9 registrados fílmicamente - valoró su prueba, y examinó la cuestión atinente a la ocurrencia fuera del ejercicio de la función de juez.

b) A este voto adhirieron expresamente seis de los ocho jurados restantes. Con lo cual queda claro que no sólo hubo fundamentación bastante sino, asimismo, coincidencia entre siete de los ocho jurados que votaron la destitución.

En particular, el jurado Kesselman agregó, además, fundamentos propios en los que se explayó sobre el alcance de la causal de mal desempeño, controvirtió los argumentos de la defensa acerca de que la conducta de Parrilli -la concerniente a los hechos del 15/9/2009 registrados fílmicamente, por los que fue acusada- era "ajena a la función jurisdiccional", y valoró la prueba producida.

Por su parte los jurados Russo y Puy -que efectuaron su voto conjuntamente- realizaron "aclaraciones y ampliaciones de fundamentos", en los que se extendieron acerca del significado de la causal de mal desempeño, particularmente en relación a lo establecido en la Constitución porteña.

También la jurado Diana Maffia adhirió a los fundamentos del Dr. Casás y agregó propios acerca de la naturaleza del proceso, la conformación del Jurado, el alcance de la causal de mal desempeño en relación al art. 122 de la CCABA con cita de doctrina.

A su turno el jurado Borrelli añadió "a los fundamentos del voto emitido por el Dr. Casás" sus reflexiones acerca del "alcance y sentido para el derecho público local del concepto de 'mal desempeño'" (fs. 769 vta. Expte PE).

Finalmente el sexto jurado que adhirió al voto del juez Casás fue el Dr. Awad, y lo hizo sin otro comentario que una salvedad -referida a la denominación de la Constitución local- que es irrelevante a los fines que nos ocupan.

4.5.3. Por otra parte, también resulta patente de la lectura del voto del jurado Casás (fs. 739 vta.) del Expte. PE) que sus reflexiones acerca de "la eventual configuración" (la negrita me pertenece) de la causal de "inhabilidad psíquica" las realizó en un obiter -que, como tal, no integra la ratio decidendi- y que a ella se refirió, como claramente lo indica el título de ese acápite, como una "eventualidad", sujeta a otras "eventualidades", es decir a hechos o circunstancias de realización incierta o conjetural -una acusación adecuadamente orientada, mayor debate y prueba-, lo que enerva la argumentación de la recurrente acerca de esta cuestión y exime de mayores comentarios al respecto.

Por otra parte, los seis jurados que adhirieron al voto del jurado Casás lo hicieron al voto completo, es decir obiter incluido, y sólo algunos de ellos realizaron alguna reflexión aparte sobre esta temática, siempre dentro de la impronta hipotética establecida en el voto del Presidente del Jurado.

Así el jurado Kesselman se refirió a las pericias psicológica y psiquiátrica efectuadas a la recurrente y a las declaraciones de los "expertos" durante el juicio, puntualizando a fs. 759 vta./760 del Expte. PE, que de ellas se advertía que "del proceder de la Dra. Parrilli pudo resultar la exteriorización de trastornos y desequilibrios de orden psíquico [.]" (la negrita me pertenece). En otras palabras se refirió a la cuestión como una posibilidad y no como un hecho cierto y probado, lo cual, además, resultó coherente con sus palabras finales expresadas en modo condicional al aludir a que "las mencionadas circunstancias referidas a la salud de la Dra. Parrilli configurarían un virtual impedimento para el cumplimiento de la función judicial" (la negrita también me pertenece).

Los jurados Russo y Puy consideraron "la eventual configuración" de la causal de inhabilidad psíquica "conforme así fuera analizado por el Dr. Casás en el punto IV de su voto" -es decir, nuevamente de manera conjetural y con referencia al obiter del jurado Casás-, analizaron las declaraciones del Dr. Andrés Mega -médico psiquiatra testigo de la defensa- y los dictámenes periciales y psicológicos realizados a la Dra. Parrilli, y concluyeron que "no puede afirmarse que el estado psíquico descripto en los párrafos anteriores resulte de por sí suficiente para su inclusión simultánea dentro de la causal prevista en el inc. 6. del art. 10 de la ley 54" (fs. 763, Expte. PE - la negrita me pertenece).

En tanto que los jurados Maffía, Borrelli y Awad ninguna consideración extra efectuaron sobre el tema tratado por el jurado Casás en su obiter.

4.5.4.Todo lo aquí expuesto pone en evidencia que, una vez más, los agravios de la recurrente o bien sólo discrepan con los argumentos desarrollados por la mayoría del jurado, o bien intentan desvirtuar su contenido en algún punto, tal como el referido a la configuración de la causal de remoción por inhabilidad psíquica.

De todas maneras vale reiterar lo expresado arriba, acerca de que el TSJ no puede sustituir al Jurado de Enjuiciamiento en su deliberación, ya sea en lo que atañe al encuadramiento de los hechos en las causales constitucionales de destitución o a la apreciación de la prueba de las acciones que motivaron la acusación, pues ello constituye un ámbito reservado al exclusivo juicio de dicho órgano conforme a la Constitución de la CABA y a la doctrina del Tribunal Supremo.

En otras palabras, no hay lugar para la revisión judicial sobre el aspecto valorativo de la decisión destitutoria en orden a, v.g., si la conducta reprochada a Parrilli, desarrollada "extramuros", es decir fuera del ejercicio específico de sus atribuciones de magistrada, afecta su idoneidad para el desempeño de la función, o si tiene o no tiene "gravedad" como para tipificar la causal de mal desempeño prevista en la Constitución local, cuestiones que son nucleares en los agravios desarrollados por la recurrente.

5. Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso incoado por la Dra. Rosa Elsa Parrilli.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con la solución propiciada por el fundado voto de mi colega, jueza Ana María Conde, pues tal como allí se concluye los agravios esgrimidos por la recurrente no logran demostrar que el pronunciamiento impugnado pueda ser descalificado por padecer "manifiesta arbitrariedad", supuesto que habilita la revisión que a este estrado le asigna el art. 123 de la CCBA y la ley 58.

2. La recurrente postula que la falta de imputación concreta durante el trámite que precedió la decisión del Consejo de la Magistratura de promoverle un jury de enjuiciamiento, concretamente en el traslado conferido por la Comisión de Disciplina y Acusación, menoscabó su derecho defensa. Al margen de las distinciones que pudieran establecerse, a los efectos de analizar la lesión de la garantía invocada, entre la etapa preliminar indicada y el juicio de remoción previsto por la CCBA, lo cierto es que el agravio no demuestra que el Consejo, al concretar la acusación, no hubiera formulado una imputación concreta que le permitiera a la imputada ejercer su defensa, ni que haber tomado conocimiento de ella en esa oportunidad le hubiera significado perder medios de defensa, pues el recurso no los identifica y por tanto menos aún muestra cuál habría sido su capacidad para modificar la destitución resistida.

3. En línea con lo anterior, la denegatoria de prueba en la etapa preliminar aparece invocada sin indicar cómo los medios probatorios denegados habrían podido influir en la determinación de la imputación formulada por el Consejo de la Magistratura. Así, no se explica por qué la prueba testimonial y la filmación, orientadas según la recurrente, a probar que se disculpó con las empleadas que intervinieron en ocasión del trámite suscitado por la infracción registrada en el acta B12042971, podrían haber determinado que el Consejo estableciera una sanción de menor gravedad o formulara una acusación orientada a destituir por un supuesto diferente al de mal desempeño. La causal de remoción que provocó la destitución, en definitiva, no aparece ligada a ninguna de las pruebas que en la etapa preliminar se estimaron irrelevantes. Por su parte, en relación con el peritaje psicológico, producido en ocasión del juicio, cabe destacar que, a diferencia de lo postulado por la recurrente, el Jurado valoró el dictamen y lejos de estimarlo idóneo para rechazar la acusación resolvió que el comportamiento de la recurrente ameritaba la destitución por mal desempeño. Dicho de otro modo, en la mejor de las hipótesis para la recurrente, el déficit que achaca al modo en que se preparó la acusación debió conducir al rechazo de la destitución requerida siendo el debate ante el Jurado la oportunidad para generar convicción al respecto. Empero fue el propio jurado el que en ejercicio de sus potestades arribó a una conclusión diferente.

4. El agravio vinculado con la denuncia de falta de jurisdicción y violación del principio de congruencia, porque la acusación fue formulada excediendo el mandato del plenario del Consejo de la Magistratura, tal como indica mi colega preopinante, fracasa por cuanto el voto que tuvo en cuenta las actas no incluidas en la imputación del acusador no era necesario para lograr la mayoría exigida para la destitución (art. 122 CCBA).

5. La lesión de la garantía del juez natural se invoca de un modo en el que no resulta probado que los legisladores desinsaculados para integrar el jurado no lo hubieran sido para cualquier magistrado sometido al proceso de destitución, sino que quedaron elegidos en vistas a decidir la situación particular de la recurrente. En ese terreno, cobra relevancia la circunstancia de que no existe una disposición en la CCBA ni en la ley que regule la oportunidad para conformar las listas de los potenciales integrantes del Jurado de Enjuiciamiento (art. 121 CCBA y art. 4 de la ley 54).

De cualquier modo, no es ocioso señalar que una interpretación contraria a la señalada llevaría a que la demora en que se incurriere, se convertiría en una frustración del control que incumbe al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, cada uno de ellos con su propia perspectiva y cometido. Ciertamente, la circunstancia de que la Legislatura escoge un universo dentro del cual, a su turno, son sorteados quienes integrarán el respectivo jurado aleja la posibilidad de que el órgano sea una comisión especial. Pero, aunque en mi criterio sea insuficiente la sola circunstancia apuntada para invalidar el proceso de remoción y, más precisamente, tornarlo imposible, no es dudoso que el sentido de la manda constitucional, relativa a la integración del jurado de enjuiciamiento, es que el universo dentro del cual deben ser desinsaculados los integrantes por la Legislatura debe estar permanentemente disponible para el sorteo. Elegirlo a propósito del examen de una acusación ya decidida por el CM lleva a poner en vilo al proceso.

6. Finalmente, en el recurso se sostiene que la decisión impugnada incurre en arbitrariedad tanto al tener por configurada la causal de mal desempeño a partir de los hechos valorados, como cuando utiliza la causal de "inhabilidad psíquica" como argumento concurrente para la destitución.

La condena aquí impugnada es la conclusión de un proceso regulado por la CCBA. Por ello, establecer si los poderes desplegados en ese ámbito fueron ejercidos dentro del marco constitucional constituye competencia de este estrado (mutatis mutandi, entre otros, Fallos 316: 2940, considerando 17, y 324:3421, considerando 4, ambos con cita del precedente "Powell vs. Mc. Cormack, 395 U.S. 486).

El margen de esa constatación no es idéntico cuando se trata de procesos de remoción de un funcionario del Poder Ejecutivo que cuando alcanzan a magistrados. Para el primer supuesto, la discrecionalidad a fin de valorar su conducta en el plano político es amplia mientras que la destitución de un juez por mal desempeño exige mayor rigor. En tal sentido, tengo dicho in re "Ibarra, Aníbal s/ SAO - otros en 'Ibarra, Aníbal s/ juicio político'", expte. n° 4882/06, sentencia del 26/2/2007, que la remoción por mal desempeño difiere en los supuestos enunciados y que:

"[e]llo obedece a que el desempeño difiere en órganos de naturaleza diversa y, por ende, el vicio o defecto en él. Un juez debe aplicar la ley, buscando despejar los inevitables márgenes de incertidumbre con pautas objetivas distintas de la voluntad del pueblo, ya que no está llamado a expresarla. Su discrecionalidad depende habitualmente de la impotencia del sistema jurídico para unir soluciones únicas a las hipótesis que prevé. Sólo de modo ocasional y muy limitadamente (no es del caso tratar aquí las limitaciones), el legislador delega en él de modo deliberado la facultad de disponer según su prudente criterio. Un jefe de gobierno debe observarla y hacerla observar; pero, a ese fin, tiene acordada la facultad de emitir reglamentos que precisan las obligaciones previstas en la ley. Su discrecionalidad consiste en un espectro de alternativas entre las que opta según su albedrío, como representante de la voluntad popular. Tiene también la posibilidad de promover la reforma de la ley, si ve que ello conviene al bien común cuyo logro le está encomendado. A diferencia del juez cuya tarea creativa consiste en elaborar la doctrina que sistematiza el orden jurídico, el titular del poder ejecutivo escoge, dentro del ámbito a su cargo, guiado no tanto por criterios hermenéuticos sino como expresión del albedrío del pueblo, cuya mayoría lo eligió a ese fin. Tal como cualquier persona en su esfera privada, el jefe de gobierno decide, en la parte de la pública que le atañe, observando la ley; pero, dentro de ella, identificando lo más conveniente, lo más saludable, según pautas de prudencia, cálculos de costo-beneficio, y, en última instancia, su estimación de cuál es el sentir del pueblo, a veces poniéndolo hipotéticamente en su propio punto de mira, que pueden ser apreciados con esos mismos patrones, bien distintos de los que serían útiles para apreciar el desempeño de un juez. Basta comparar los supuestos de los arts. 92, por una parte, y 110 y 122, por la otra, para advertir que el constituyente distinguió con nitidez esos dos supuestos. En el caso del juez, la regla que enuncia el constituyente en el art. 110 es que mantiene su empleo mientras dura su buena conducta, pauta que el art. 122 despliega en negligencia grave, morosidad en el despacho, o inhabilidad física o psíquica, desconocimiento inexcusable del derecho, además de la comisión de delitos dolosos. Está previsto, al igual que en el art. 92 el mal desempeño, pero ocupando un lugar más reducido en la lista. Ello presumiblemente obedece a la dificultad que encierra establecer que existe mal desempeño cuando, a ese fin, se debe examinar una sentencia. Las causales son en buena medida su conducta y aptitud más allá de la función, en cuanto rodea a la emisión de sentencias de un marco de confianza o, inversamente, de imposibilidad de mantenerla. Los supuestos del art. 92, en cambio, apuntan centralmente al mal desempeño o delito en el ejercicio de la función, y sólo a la comisión de delitos en el ámbito externo a ella. Los supuestos del art. 92 alcanzan también a jueces, los de este Tribunal. Pero, mayormente a funcionarios titulares o dependientes del poder ejecutivo. Más significativo es, en mi criterio, el hecho de que difiere el órgano a cargo de resolver el juicio, la Sala de Juzgamiento, en el supuesto del art. 92, y el Jurado de Enjuiciamiento, en el del art. 122. De ambos, indudablemente, hacer una evaluación política, como la que cabe al mal desempeño de un funcionario del ejecutivo, es más propio de los legisladores que componen el primero de ellos. Para hacer esa evaluación, no existen estándares cuya aplicación concreta puedan administrar jueces sino criterios políticos en cuya sustancia se combinan racionalidad y preferencia, conocimiento y conjetura, ciencia y arte. No se trata de identificar deberes jurídicos incumplidos sino apartamientos de la búsqueda del bien común, concebidos como incorrectos, siempre según opiniones políticas. Para esta tarea no están convocados los jueces por no ser criterios susceptibles de reconocimiento y aplicación judicial o 'judicially discoverable and manageable standards for resolving it', según la terminología del precedente Baker v. Carr (369 U.S. 186, 217) cuya doctrina fue recogida por la CSJN in re 'Zaratiegui Horacio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/nulidad de decreto' (Fallos: 311:1191, [sic rectus 311:2580]), sentencia del 5 de julio de 1988. En definitiva, esto implica que el control a cargo de las salas en que se divide la Legislatura depende no solamente de las facultades otorgadas como privativas a un poder sino también de las características del cargo cuya titularidad es puesta en tela de juicio".

De todos modos, más allá del amplio desarrollo que podría darse al tema, basta ahora con señalar que en el supuesto que nos ocupa, la arbitrariedad se denuncia sin mostrar que las conductas que el jurado tuvo por probadas se apartan de lo jurídicamente posible en cuanto a las que puede abarcar el mal desempeño medido a la luz de deberes que pesan sobre los jueces.

A su turno, la impugnación vinculada con el uso de la "inhabilidad psíquica", como argumento concurrente para la destitución, se formula sin demostrar que la decisión del jurado hubiera buscado apoyo en esa causal para justificar la condena impuesta. En otras palabras, no ha sido acreditado que la destitución no fue exclusiva consecuencia del mal desempeño imputado a la recurrente, que el jury tuvo por configurado (v. punto 4.5.3 del voto de la jueza Conde).

Por las razones dadas, de acuerdo con lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General, voto por rechazar el recurso planteado Rosa Elsa Parrilli.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de la señora Rosa Elsa Parrili contra la sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento en la que se dispusiera su destitución por "mal desempeño" fue interpuesto en tiempo y forma y los agravios que contiene habilitan su tratamiento en esta instancia.

2. El plexo normativo que rige en el caso se integra con los principios consagrados en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los arts. 116 inc. 4 y art. 122 de la CCBA, la Ley orgánica del Consejo de la Magistratura nº 31, la Ley del Jurado de Enjuiciamiento y Procedimiento de remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público nº 45, y las disposiciones del Régimen de responsabilidad disciplinaria en la CABA, Reglamento para la apertura del procedimiento de remoción y disciplinario de magistrados e integrantes del Ministerio Público (anexo I, res. Nº 272/2008 CM).

3. El Tribunal Superior de Justicia tiene una competencia exclusiva y limitada para entender en los recursos que por "manifiesta arbitrariedad" pudieran plantearse contra la decisión definitiva del Jurado de Enjuiciamiento (art. 28 ley nº 54).

El artículo 123 CCBA impone que el procedimiento de enjuiciamiento garantice debidamente el derecho de defensa del acusado. Es condición necesaria para ello que el recurso por "manifiesta arbitrariedad" resguarde eficazmente aquella garantía. Ello supone que, por la vía del recurso previsto ante el Tribunal, el afectado podrá requerir el tratamiento de los agravios que refieran tanto a errores de procedimiento como a errores de juzgamiento, ocurridos en cualquier etapa del proceso.

"Manifiesta arbitrariedad" significa aquí cualquier forma de afectación al debido proceso y al derecho de defensa, oportunamente denunciada ante el órgano acusador o ante el jurado, que el recurrente deberá denunciar y/o actualizar en el recurso ante el Tribunal, luego de concluido su enjuiciamiento (conf. mi voto en el expte 4312/05 "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en 'Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14 CCBA)'".

4. Los agravios deducidos encuadran, en principio, en la única causal admitida de "manifiesta arbitrariedad" porque todos ellos aluden, directa o indirectamente, a la afectación de garantías constitucionales.

Sin embargo, los agravios individualizados en los Resulta con las letras a), b), c) y d) vinculados a las nulidades deducidas por la defensa y rechazadas por el Jurado el 17/12/09 (fs. 693/707) no alcanzan a exhibir que la decisión haya sido arbitraria ni que implique convalidar violaciones al derecho de defensa y al debido proceso.

Es más, el recurso traído ante el Tribunal Superior reitera el contenido de las presentaciones que la defensa hiciera ante el Consejo de la Magistratura y luego ante el Jurado de Enjuiciamiento, que éste órgano tuvo en cuenta y analizó pormenorizadamente al resolver el 17/12/09. Subrayo que las impugnaciones no agregan nuevos argumentos que pongan en crisis la resolución mencionada y que ameriten su consideración en esta instancia.

Cito la conclusión a la que arribara el Jurado el día 17 de diciembre, que deja en claro que las objeciones fueron atendidas y resueltas con ponderación: "si bien los suscriptos estimamos que la acusación no adolece de la nulidad alegada por la defensa, al menos en razón de la invocación de las actas de comprobación, se debe señalar que ellas deben ser excluidas como objeto de valoración probatoria y el Jurado no puede hacer mérito de ellas para sustentar la decisión que finalmente se adopte en este proceso. Tal precisión, efectuada en esta oportunidad procesal, sólo tiene por objeto asegurar la credibilidad del procedimiento y evitar que el exceso en el ejercicio de las facultades del consejero acusador pueda contaminar el proceso, afectando la apreciación por parte de los integrantes del Jurado del plexo probatorio que se aporte a la causa. En consecuencia, a criterio de los suscriptos, el objeto de la acusación se restringe a apreciar si, de conformidad con la prueba producida (y con exclusión de las actas de comprobación), está conformado por los hechos descriptos con precisión en el Capítulo II del escrito de acusación" (fs. 707).

En otros términos, y como ya anticipara, no se configura en los agravios referidos a las supuestas nulidades, ninguna forma de arbitrariedad, por lo que no volveré sobre ellos.

5.- La causal de mal desempeño.

5.1. La Defensa de la Sra. Parrilli afirma que hubo arbitrariedad en la subsunción de los hechos en la causal mal desempeño por ignorar a su respecto el derecho público local (conforme fs. 18 vuelta). En este agravio distingue arbitrariedad en la configuración de la causal; en la subsunción de los hechos y en la valoración de la prueba; y en la subsunción de la conducta en la causal inhabilidad psíquica.

La CCBA (arts. 121 y 122) fija las siguientes causales de destitución: "comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica" Por otro lado, la ley nº 31 determina en los arts. 31 y 32 el régimen de faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a los magistrados.

El reglamento aprobado por el Consejo de la Magistratura como anexo I de la resolución nº 272/2008 reitera las disposiciones citadas de la ley nº 31 y establece una pauta para graduar las sanciones en el art. 17: "1) la gravedad de la falta en el contexto en que fuera cometida; 2) la incidencia de la falta cometida en el funcionamiento del servicio.

La clasificación de las situaciones y/o conductas que habilitan la destitución de jueces en el ámbito local difiere de la que es propia del orden federal, lo que exige una muy prudente traslación de conceptualizaciones incluidas en Fallos de la CSJN, a fin de no hacer uso de criterios interpretativos inadecuados.

Resulta de lo indicado que el campo semántico del concepto de "mal desempeño" es más restringido en el ámbito local, dado que excluye las causales que son mencionadas por separado en la CCBA.

5.2. Ahora bien, a tenor del recurso deducido, la clave para decidir si los hechos evaluados por el Jurado se adecuan o no a la causal de "mal desempeño", pasa por: a) cómo se fijan los límites siempre imprecisos de ese concepto, que presenta como nota peculiar su indeterminación; b) cómo se vincula esa definición de "mal desempeño" con el tipo disciplinario previsto en el inc. 4º del art. 31 de la ley nº 31 que alude a "actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo"; c) cuál es la gravedad que se atribuye a las conductas de la Sra. Parrilli que dieron lugar a su enjuiciamiento.

En mi opinión la noción de mal desempeño como causal de destitución de jueces en el ámbito de la Ciudad, por ser un concepto jurídico indeterminado, debe ser precisada en cada caso en el que se la aplique. En esa línea coincido con el Dr. Treacy en que, a los fines conceptuales, se pueden distinguir entre "- conductas que se realizan con motivo o en ocasión del ejercicio del cargo de magistrado/a (que no constituyan negligencia grave, ni morosidad en el ejercicio de sus funciones, ni desconocimiento inexcusable del derecho ni inhabilidad física o psíquica) [y] - conductas que se realizan fuera del ejercicio del cargo" (fs. 777 del expediente del Proceso de Enjuiciamiento, en adelante "expte. PE"). Y, en principio, en ambos ámbitos se puede incurrir en el mal desempeño previsto en el art. 122.

También comparto que para considerar configurada la causal de mal desempeño fuera del ejercicio del cargo, los actos de inconducta deben ser graves, y habría que poder deslindar para ello las conductas indecorosas de un magistrado (pasibles de una sanción disciplinaria) de aquellas que constituyan mal desempeño. Dice el Dr. Treacy "el test del mal desempeño, cuando las conductas del magistrado fueron realizadas fuera del ejercicio del cargo, obliga, en consecuencia, a establecer de qué modo la conducta reprochada se traduce en una afectación de esas cualidades que un juez debe tener cuando ejerce el cargo. Si tal afectación es grave, pues la conducta revela una irremediable falta de compromiso con los derechos humanos, o una violación de los deberes de independencia e imparcialidad, estaremos en presencia de un acto de inconducta grave que sería constitutivo de la causal de mal desempeño" (fs. 778vta. del expte. PE, la bastardilla obra en el original).

Más adelante admite que la misión de impartir justicia "obliga a sus operadores a estándares de conducta más elevados de los exigibles a cualquier ciudadano", pese a lo cual "en modo alguno puede prescindirse de la gravedad de los hechos y del contexto en que las acciones se llevaron a cabo." (fs. 778 vta. del expte. PE) y que ".cabe postular que el mal desempeño en tanto causal de destitución, debe ser precisado en forma adecuada cuando el objeto de reproche es una conducta acaecida fuera del contexto del ejercicio del cargo. El criterio para distinguir la falta de decoro del mal desempeño radica en que esa conducta debe repercutir en el desempeño del cargo judicial en tal supuesto, cuando la conducta incide en el cumplimiento de los deberes funcionales del juez (orientados a la misión de impartir justicia con independencia e imparcialidad), se puede hablar de mal desempeño" (fs. 779 del expte. PE, la bastardilla obra en el original)./ Por lo tanto, el mal desempeño que sanciona la Constitución ha de consistir en hechos graves que cuando son ajenos a la función judicial, deben reflejarse en el desempeño de la función judicial, caracterizada por las exigencias de idoneidad técnica, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos humanos" (fs. 780 del expte. PE).

6. En una apretada síntesis el núcleo central de la argumentación de la Defensa se conforma de la siguiente manera: "el mal desempeño" únicamente puede producirse cuando un juez está en el ejercicio de la función judicial; la conducta que se le atribuye a la Sra. Parrilli encuadra en el tipo disciplinario del inc. 4º del art. 31 de la ley nº 31 por tratarse de "actos socialmente disvaliosos pero aislados y de menor gravedad", que "no podrían ser calificados como 'mal desempeño' sino como aquellos ofensivos al decoro que comprometen la dignidad del cargo" (fs. 21vta.).

En apoyo de su postura la Defensa se remite al voto del Dr Treacy: "un criterio para distinguir la falta de decoro del mal desempeño radica en que esa conducta debe repercutir en el desempeño del cargo judicial .cuando la conducta incide en el cumplimiento de los deberes funcionales del juez (orientados a la misión de impartir justicia con independencia e imparcialidad), se puede hablar de mal desempeño. para que un acto indecoroso ajeno a la función judicial sea considerado mal desempeño, debe probarse que el mismo afecta el desempeño de la función judicial, caracterizada por las exigencias de idoneidad técnica, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos humanos" (fs. 26vta., las bastardillas y el destacado obran en el original), nada de lo cual, a juicio de la Sra. Parrilli, está acreditado en estas actuaciones.

7. Son hechos probados y/o reconocidos: la diligencia de acarreo del vehículo, lo sucedido en el acarreo y lo sucedido entre el acarreo y el momento en que se apersono en la playa de infractores, y el trámite ante la controladora de faltas (ver fs. 27/32 -correspondientes al recurso en tratamiento- y fs. 727/737 vta. del expte. PE -correspondientes a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento-).

Por su lado, la Sra. Parrilli admitió que ".objetivamente, la suscripta injustamente insultó y maltrató a las empleadas Rocío Gómez e Itatí Albe. Tales conductas, vergonzantes y bochornosas, podrán ser objeto de una sanción administrativa pero no se vinculan, objetivamente, con el desempeño de mis funciones de jueza. no puede descartarse alguna explicación de raíz psicológica, ya que el modo en que la suscripta maltrató a las dos empleadas no se condice en su historia de vida en el marco de la defensa de los derechos humanos y del apoyo y respeto a los sectores sociales más desfavorecidos" (fs. 27).

En el mismo recurso, la Sra. Parrilli discute la calificación atribuida a los hechos referidos arriba como amenazas, abuso de poder, discriminación, como también "la significación subjetiva de las circunstancias registradas en la filmación, tanto desde el punto de la suscripta (¿hubo ostentación de cargo o simplemente la necesidad de resolver la situación de frustración debido a problemas personales?), como desde el punto de vista de las supuestas víctimas (¿realmente se sintieron amenazadas y discriminadas como reiteradamente afirmaron frente a los medios de comunicación?)" (fs. 27). Y agrega ".las frases 'todas morochas, ni una rubia contratan' tendrían algún viso de corte discriminatorio, por aludir a la apariencia física y al color de piel de las empleadas, pero no abastecería el tipo penal del art. 3 de la ley nº 23.592" (fs. 28).

El contexto fáctico reconocido por la Sra. Parrilli coincide con el que tomara en cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento para decidir como lo hizo. No ocurre lo mismo con la entidad que le asigna para configurar un caso destitución.

8. Discrepo con la hipótesis de la Defensa de la Sra. Parrili en cuanto a que, sólo en ejercicio de la función judicial, un magistrado puede incurrir en mal desempeño.

Discrepo asimismo con la calificación de "actos socialmente disvaliosos pero aislados y de menor gravedad" (fs. 21vta.) que la Sra. Parrilli propone para los que son objeto de enjuiciamiento.

Como aparece en el voto del juez Treacy ya citado, el "mal desempeño" como causal de destitución abarca conductas ocurridas tanto dentro como fuera del ámbito y de la competencia del cargo desempeñado por un juez, con los matices y particularidades que deberán ser evaluadas de modo diferenciado, y siempre que afecten el desempeño de la función que le es propia.

Por tanto considero que era posible encuadrar los hechos en la causal invocada, con lo que la estrategia defensiva pierde buena parte de su poder de convicción.

Las circunstancias fácticas de la acusación, se circunscriben a la conducta de la Sra. Parrilli el día 15/09/2009. Si bien como lo refiere el Dr. Treacy las calificaciones de esos hechos no se mantuvieron inalteradas desde la acusación al alegato, lo cierto es que las referencias al mal uso de la función o calidad de jueza y al ejercicio abusivo del poder persistieron a lo largo del proceso de enjuiciamiento, como así también -en lo que resulta significativo- el recurso a la amenaza, cierta forma de discriminación y falta de decoro grave.

El Jurado de Enjuiciamiento valoró los hechos acreditados y entendió que, por su gravedad, eran constitutivos de la causal de remoción "mal desempeño" (art. 122 CCBA). El razonamiento empleado para arribar a esta conclusión fue juicioso en todas sus etapas, y no puede ser tachado de arbitrariedad manifiesta.

El análisis efectuado por el Presidente del Jurado, y compartido por la mayoría de sus integrantes, (fs. 737vta. y siguientes del expte. PE) resulta ilustrativo de este punto.

En efecto, a fs. 737vta., el Presidente pondera la conducta enjuiciada y se pronuncia acerca de su gravedad, afirmando que lo ocurrido en la Playa de Infractores además de resultar en ".hostigamiento, discriminación y violenta agresión verbal dirigidos contra las agentes públicas." implica ".un palmario caso de abuso de poder" (la bastardilla obra en el original).

El Dr. Casás considera que la acusada ".hizo (.) ostentación de su cargo de jueza cuando, al dirigirse a una de las agentes del GCBA, dijo en alto tono de voz: 'más vale que no vengas a mi jurisdicción, porque te mando presa por ochos meses a vos". Se demuestra de este modo la forma en que "los giros y expresiones de la acusada., evidentemente, se conectan en forma inescindible con el cargo de jueza en lo penal, contravencional y de faltas" (fs. 738 del EXPEDIENTE, las bastardillas obran en el original).

El Dr. Casás califica la conducta reprochada y realiza al respecto una interpretación plausible en cuanto a su conexión con la función judicial. Sostiene que esa conexión se evidencia ante la pretensión de la Sra. Parrilli de invocar su calidad de jueza, específicamente del fuero que tiene a su cargo el juzgamiento de las infracciones de tránsito, con la finalidad de incumplir la ley.

Comparto la opinión del Jurado de Enjuiciamiento: la mala conducta de un magistrado, aún fuera del ejercicio de sus funciones, puede comprometer la función judicial cuando, por su gravedad, implica una afrenta a los derechos humanos, incompatible con la función encomendada al Poder Judicial por la CCBA, y puede debilitar, en consecuencia, la confianza en la objetividad y mesura que cualquier litigante espera, razonablemente, de quien ha de juzgarlo. En este caso es insoslayable la significación del carácter francamente racista y discriminatorio de los dichos de la Sra. Parrilli. Además, las destinatarias de la agresión por su carácter de legas en la materia, no estaban en condiciones de saber si en efecto se encontraba en ejercicio de su cargo.

9. A partir de las consideraciones precedentes entiendo que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, tanto en la determinación de los hechos cuanto en la evaluación de la prueba y el consecuente encuadramiento en la causal de mal desempeño no es "manifiestamente arbitraria". (reitero una vez más, que ése el límite de la revisión que corresponde a este Tribunal).

10. En mi opinión es razonable esperar que los jueces actuemos con el mayor apego a los principios y preceptos consagrados en el orden jurídico nacional e internacional que debemos obedecer como ciudadanos y aplicar por el cargo para el que fuimos elegidos. Por otro lado, los jueces debemos poner un celo mayor que el común en el cumplimiento de ese deber, porque no podemos ignorar el poder que ejercemos y los efectos simbólicos de nuestro obrar. La apelación innecesaria e indebida de la condición de magistrado en el espacio público, el uso de calificativos agraviantes o discriminatorios no son actos de menor entidad ni pueden entenderse como faltas al decoro. En un estado de derecho el efecto performativo del discurso de los jueces siempre va más allá de las sentencias que dictan, y por ello no son admisibles excusas o invocaciones atendibles para otros. Es un mandato constitucional ineludible estar a la altura del parámetro de conducta que señalo. Al mismo tiempo es un compromiso irrenunciable para quienes estamos seriamente preocupados por la consolidación y ampliación del orden democrático y de los derechos humanos.

11. Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso interpuesto.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I.- La recurrente, Dra. Rosa Elsa Parrilli, dedujo recurso directo por manifiesta arbitrariedad -art. 29 de la ley 54, CABA- contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de fecha 23 de diciembre de 2009. En dicho marco planteó, además, "la inconstitucionalidad federal de la restricción recursiva contenida en el art. 28 de la ley 54 C.A.B.A." (fs. 1).

II.- Conforme los planteos deducidos por la presentante corresponde, en primer término, expedirse sobre la inconstitucionalidad alegada.

A tal fin, vale recordar que el control de constitucionalidad consiste en "una verificación o fiscalización que tiende a detectar si la constitución ha sido transgredida, y a emitir un pronunciamiento afirmativo o negativo. En sentido amplio, esta técnica es una garantía, es decir, un procedimiento de reaseguro para la supremacía de la constitución.[que] se convierte, a su vez, en una garantía en pro de los individuos" (Bidart Campos, Germán J., La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1987, pág. 118). Ya lo había dicho la Corte Suprema a fines del siglo XIX: "es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos" (CSJN, Municipalidad de la Capital c/ Isabel de Elortondo", 14 de abril de 1888, consid. vigésimo quinto). Ello así, procederá la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal cuando se aparte del espíritu y la letra de la Constitución.

En tal entendimiento, debe ponerse de relieve que la ley 54 establece, en su art. 28, que "la decisión adoptada por el Jurado sólo tiene por efecto destituir al integrante de la magistratura o del Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle.// La resolución es irrecurrible, salvo los casos de manifiesta arbitrariedad". En sentido concordante, el art. 29 de dicho cuerpo legal dispone que "Dentro de los diez (10) días de notificados los fundamentos del fallo dictado, se puede impugnar el mismo por recurso directo, fundado en manifiesta arbitrariedad, por ante el Tribunal Superior de la Ciudad".

Ahora bien, para determinar si dicha regulación se aparta de los cauces constitucionales, debe indagarse qué establece la Ley Suprema sobre la cuestión deducida.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 123, dispone que "El fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá por efecto destituir al magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle" (el resaltado no está en el original). A su vez, la Constitución Nacional señala -en el art. 115- que "Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresas del art. 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.// Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado" (énfasis agregado).

De las normas transcriptas, surge de manera elocuente que el art. 28 de la ley 54 no sólo no se opone al ordenamiento constitucional local, en este aspecto, sino que es una reproducción casi textual de sus términos.

Es más, a diferencia de la Constitución Nacional que sólo hace mención a la irrecurribilidad de la decisión del jurado de enjuiciamiento, la Constitución local reconoce la posibilidad de apelar tal decisión en los casos de manifiesta arbitrariedad. La Ley Suprema de la Ciudad se condice, pues, con la doctrina referida a la revisión judicial de las cuestiones políticas en cuanto sostiene que "toda cuestión es judiciable, o sea, sujeta a control, pero que efectuado el control, el tribunal sólo reputará que hay inconstitucionalidad si descubre una decisión arbitaria." (Bidart Campos, Germán J., La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1987, pág. 168; en términos similares, Haro, Ricardo, El control de constitucionalidad, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, pág. 192; Cayuso, Susana, Constitución de la Nación Argentina Comentada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 453).

Así las cosas, debe concluirse que no se verifica la inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 54, en tanto éste se ajusta literalmente a la norma constitucional local y resulta aún más respetuoso de los derechos fundamentales que la norma nacional en tanto admite expresamente la recurribilidad del fallo. Ello así, no es posible ni razonable declarar la inconstitucionalidad de una norma que se adecua expresamente a los términos constitucionales.

Más aún, es necesario destacar que el poder constituyente -sin adentrarse a distinguir entre originario o derivado- debe ser una clara expresión de la voluntad popular que habilita a la Convención Constituyente a ejercer su imperio creando las normas de máxima jerarquía a las que, tanto los poderes del Estado como la sociedad, deberán adecuar sus conductas en un momento histórico determinado.

Siendo ello así, no resulta posible que el poder constituido -en el caso, el legislador- sancione una ley que desconozca el expreso mandato de los convencionales constituyentes, quienes -en el art. 123 de la CCABA- establecieron la recurribilidad de la decisión adoptada en el marco de un juicio político en los supuestos en que se configure una arbitrariedad.

Sólo resta agregar (a pesar de que no ha sido requerida por la recurrente la declaración de inconstitucionalidad de la norma constitucional local), en virtud de las facultades que los jueces tienen de analizar de oficio la inconstitucionalidad de las normas (cf. doctrina de la Corte en la causa "Mill de Pereyra"), que el art. 123 de la norma suprema local supera el umbral mínimo que surge del art. 115 de la Constitución Nacional en tanto reconoce mayores garantías a los derechos constitucionales de los enjuiciados. Nótese que "Se reconoce a las Provincias la facultad de dictar sus propias Constituciones adaptadas a los requisitos que esta norma [art. 5º, CN] le impone. Esta atribución implica el reconocimiento del 'poder constituyente derivado' y su ejercicio debe someterse a las disposiciones de la norma constitucional que establece las condiciones de su legitimidad. Su autonomía se manifiesta en la posibilidad de consagración de mayores derechos y garantías de sus habitantes y en la adaptación del régimen de gobierno a las peculiaridades de cada una unidad política" (Sabsay, Daniel - Onaindia, José M., La constitución de los argentinos. Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, 6ª edición ampliada y actualizada, Ed. Errepar, Buenos Aires, 2004, pág. 33).

En síntesis, el pedido de inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 54 no puede ser admitido. Dicha norma se ajusta cabalmente al art. 123 de la Constitución local. Además, tras efectuar un control de constitucionalidad de oficio de dicha cláusula local, corresponde concluir que aquélla supera, en beneficio de la presentante, las pautas establecidas por la Constitución Nacional en su art. 115.

III.- Sentado lo anterior, corresponde analizar cuál es el alcance del control judicial. En otras palabras, el aspecto bajo debate en este estadio es si el proceso de remoción es jurisdiccional y ello trae dos consecuencias relevantes. Por un lado, la aplicación de todas las garantías individuales y, por el otro, el control judicial amplio.

Con el objeto de contestar estos interrogantes (garantías y control judicial) en el marco normativo vigente es necesario recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Ante todo, cabe recordar que, como lo puso de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la Corte Interamericana ha señalado que 'es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos'". De ello, concluye el Máximo Tribunal que "el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (CIDH Serie C N° 154, caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágraf. 124)" (cf. CSJN, "Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad", 13 de julio de 2007, énfasis agregado).

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que "la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa.//. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias". Más aún, destacó que "[t]odos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8.1 de la Convención, que alude al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos" (Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Apitz Barbera y otros vs. Venezuela", 5/8/2008).

En sentido análogo, sostuvo que "De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana" (Cf. "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú", sentencia del 31/01/2001) De lo hasta aquí expuesto, se desprende que, en los procesos de destitución de los magistrados, el órgano constitucionalmente encargado de llevar adelante el proceso ejerce funciones materialmente jurisdiccionales cuyo objeto es aplicar eventualmente una sanción (destitución). En efecto, si el Jurado de Enjuiciamiento lleva a delante un proceso contra un magistrado cuya finalidad es determinar si procede o no su destitución, es decir, si corresponde aplicar la máxima sanción, esto es, la pérdida de su investidura, no cabe más que concluir que se trata de un proceso materialmente jurisdiccional cuyo objeto es juzgar y, en su caso, aplicar un reproche. Vale destacar que la Corte Interamericana en la ya citada causa "Apitz" reconoció justamente el carácter de sanción que reviste la destitución, al señalar que "la Corte considera que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando con ello las 'debidas garantías' ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri" (énfasis agregado). A su vez, en la causa "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú" (sentencia del 31/01/2001), la Corte Interamericana señaló que "la destitución de las tres supuestas víctimas fue producto de la aplicación de una sanción por parte del Poder Legislativo en el marco de un juicio político" (el resaltado no está en el original).

Esta definición del juicio político incide en la aplicación de las garantías constitucionales y el alcance de su revisión en sede judicial.

Así, se impone la obligación de respetar, a lo largo de su sustanciación, todas las garantías constitucionales que hacen a la defensa de sus derechos. Así lo entendió la Corte Interamericana al destacar que "toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete" (causa "Aguirre Roca"). También lo compartió la Corte Suprema en la causa "Alberto Oscar Nicosia", sentencia del 9 de diciembre de 1993, cuando destacó que, en el enjuiciamiento de los magistrados, las garantías constitucionales deben ser resguardadas con el mismo rigor que en los procesos judiciales.

En igual sentido el artículo 123 de la Constitución de la Ciudad dice que "el procedimiento garantiza debidamente el derecho de defensa del acusado".

Pero además, tratándose de un proceso jurisdiccional, cabe concluir que, por un lado, se trata de un proceso reglado - en particular respecto del tipo- y, por el otro, está sujeto a un control judicial amplio.

En tanto proceso reglado, el juicio político no es simplemente "político", sino que es básicamente "legal", toda vez que tiene por objeto analizar si las conductas de los funcionarios se adecuan a las normas vigentes (en el caso, si la conducta de la Dra. Parrilli se ajusta al art. 122 de la Constitución de la Ciudad, examen que se desarrolla más adelante).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al elevar a la Corte Interamericana el caso "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú" (sentencia del 31/01/2001) destacó que "En especial, en los procedimientos sancionatorios las potestades deben ser absolutamente regladas y conforme al debido proceso".

En síntesis, el análisis al que aluden los arts. 123 de la Constitución local y 28 de la ley 54, debe ser efectuado con criterio amplio conforme lo establece la jurisprudencia internacional en los autos "Apitz Barbera" y "Aguirre Roca", aplicable en esta jurisdicción conforme los términos de la Corte en el caso "Mazzeo".

Cabe poner de resalto que no se desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos 318:2266; 327,4635; 330:452; 331:2156; 322:2504, entre otros, referida al alcance de la revisión judicial en materia de juicio político; empero, considero razonable seguir la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos toda vez que, en materia de juicio político, el órgano internacional admite -como ya fuera puesto de resalto- un control judicial amplio del proceso de destitución por considerar que se no se trata simplemente de un juicio de conveniencia sino de un proceso legal, criterio que se condice con el respeto por los derechos y garantías constitucionales que los jueces están obligados a observar en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Así, el carácter político del proceso de destitución de funcionarios, más aún tratándose de miembros del Poder Judicial, no implica limitar el control que el Poder Judicial debe realizar respecto del respeto que todos los poderes del Estado deben guardar en relación con las garantías constitucionales de las personas, más allá de las propias y específicas del proceso penal. Más aún, no se puede tolerar que la decisión adoptada en el marco de un proceso de destitución haya transgredido las garantías recogidas en el bloque de constitucionalidad. Como dijo la Corte Suprema, no puede avalarse este tipo de irregularidad "al amparo de las normas constitucionales que prevén la inexistencia de recursos contra la decisión final. Tales disposiciones procesales sólo tienen virtualidad respecto de los pronunciamientos dictados en forma regular -por los órganos y según los procedimientos previstos en la ley fundamental-, de modo que no pueden ser invocados para superar defectos que. podrían comprometer la habilidad del tribunal para intervenir en el enjuiciamiento" (CSJN, "Recurso de hecho deducido por Juan Carlos Nellar en la causa Nellar, Juan Carlos s/ recurso de queja", sentencia del 30 de abril de 1996, del voto de los Doctores Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).

IV.- Definido el marco normativo (texto y alcance) dentro del cual cabe analizar el recurso deducido por la Dra. Parrilli, corresponde determinar en primer lugar el hecho que se le ha imputado y luego los agravios.

En este contexto, cabe destacar que la denuncia es el hecho generador de la investigación respecto de una determinada circunstancia fáctica que debe ser encuadrada en algunas de las causales de remoción de los magistrados establecidas en el art. 16 de la ley 54 y 122 de la Constitución local. La acusación se realiza ante el Jurado de Enjuiciamiento cuando la denuncia es considerada procedente por el Consejo de la Magistratura. La resolución nº 272/2008 establece -en su art. 10- que "La 'Comisión' deberá citar al denunciado para que dentro del plazo de cinco (05) días formule su descargo respecto de las imputaciones en su contra". Dicha resolución, asimismo, establece que "la 'Comisión' producirá dictamen fundado. con el fin de proponer al 'Plenario' la formulación de la acusación del magistrado., la reencausación del trámite. o la desestimación de la denuncia" (art. 11). Si se considera procedente la apertura del procedimiento de remoción, el Plenario debe designar al Consejero que lleva adelante la acusación.

Sobre el particular, la ley 54 dispone -en su art. 19- que "la acusación debe ser debidamente fundada, conteniendo los hechos relacionados con las faltas o delitos imputados, ofreciendo la prueba destinada a acreditarlos y acompañando la documental". El Jurado debe correr traslado de dicha acusación a la parte acusada adjuntado copia íntegra de la misma y de la documental para que ofrezca la prueba de la que intente valerse.

Conforme surge de la resolución nº 672/09 (del 27/10/2009), la apertura del procedimiento de enjuiciamiento tuvo sustento en "los hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2009 en dependencias de las cabinas de control de documentación de la Playa de Infractores dependiente de la Dirección del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, ubicada en la Calle Carlos Pellegrini y Sarmiento de esta ciudad, reseñados en el punto IV de los considerandos de la presente resolución".

El mencionado punto IV pone de resalto que la recurrente "se dirigió a las empleadas María Itatí Albe y Rocío Marlene Gómez en forma exaltada, profiriéndoles de manera prepotente y con mal modo expresiones agresivas, intimidantes y amenazantes, indicando que debían proceder a su respecto, a su vez que golpeaba con sus pies y manos la cabina que aquellas ocupaban.// Que en su primer ingreso a la citada dependencia específicamente les refirió que 'soy jueza, me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento'; .'por favor, no tengo nada que pagar'; '¿con quién tengo que hablar?', '¿con qué superioridad tengo que hablar?'; .'venga acá que la que manda soy yo acá'; 'yo soy jueza y estoy haciendo un procedimiento y me sacaron el auto, yo no tengo que pagar, como no pago nunca en la vida'; '¡qué controlador ni tres pelotas, si yo soy la que doy las órdenes a los controladores, tonta!...// Que,.Parrilli se expresó en forma similar cuando.se dirigió a su automóvil, ocasión en la que repitió las mismas frases que había dicho momentos antes a las empleadas Albe y Gómez.// Que luego regresó a las 16:37 hs., a las dependencias de las cabinas de control de documentación, dirigiéndose nuevamente a Albe y Gómez de manera aún más exaltada.reiterando el modo prepotente y las expresiones agresivas, intimidantes y amenazantes.//.en esta segunda parte del hecho específicamente expresó 'te tendría que dar una cachetada, quiero salir ya!... un cachetazo por hacerme perder el tiempo'.'Más vale que no vengas a mi jurisdicción porque te mando presa por ocho meses a vos', 'les pagan mil doscientos pesos por joder a la gente'; todas morochas, ni una rubia contratan; 'unos nacen con estrella y otros nacen estrellados'.".

Conforme surge de la transcripción precedente, el hecho imputado ha sido claramente definido y, por ende, no es susceptible de crear dudas o incertezas a la recurrente respecto de las conductas que debieron ser objeto de su descargo. Nótese, a más de lo expuesto, que tales hechos han sido incluso admitidos por la propia recurrente lo cual se desprende de sus propios dichos (punto 3.3. del recurso, fs. 2, al decir "sin perjuicio de haberme disculpado por aquella conducta").

V.- Delimitado el hecho objeto de la acusación, corresponde adentrarse en el análisis de los agravios deducidos por la recurrente.

Ante todo, adhiero a las conclusiones arribadas por mis colegas preopinantes, sin perjuicio de efectuar las siguientes consideraciones.

Las quejas vertidas por la Dra. Parrilli pueden ser agrupadas del siguiente modo: a) agravios previos a la acusación y b) agravios posteriores a la acusación.

V.a) Agravios previos a la acusación V.a.1. Violación del derecho de defensa por falta de imputación en el primer traslado y desigualdad de armas.

V.a.1.1. Previo a analizar este agravio, es dable resaltar que en los procesos de destitución corresponde distinguir dos etapas. La primera transcurre entre la presentación de la denuncia y la decisión del Consejo de la Magistratura de archivar la causa, reencausarla o formular la acusación formal ante el Iure de Enjuicimianto; la segunda se inicia cuando se declara procedente la denuncia y se eleva la misma al Jurado para que analice la conducta de la parte acusada y se decida si procede o no su destitución. Es a partir de la acusación formal, es decir, en esta segunda instancia del proceso, donde deben respetarse las garantías constitucionales de los acusados hasta su máxima expresión en el marco de un proceso jurisdiccional.

Es decir, en este tipo de juicios puede hablarse de una primera etapa que culmina con la decisión de elevar a juicio o archivar las actuaciones y una segunda etapa donde -decidida la acusación- se lleva adelante el juzgamiento propiamente dicho.

En tal sentido, el trámite preliminar es una etapa preparatoria cuya tarea es reunir y seleccionar las pruebas sobre el hecho para cumplir con su finalidad, esto es, obtener una acusación que de base al juicio o evitarlo.

Más aún, en esta etapa la producción de prueba responde a criterios de utilidad y pertinencia, a diferencia del juicio propiamente dicho.

Sentado lo anterior y teniendo en cuenta que los agravios se refieren a la etapa preliminar del proceso de destitución y no se manifiestan como arbitrarios, deben ser rechazados.

V.a.1.2. Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar -respecto a la falta de imputación en el primer traslado- que la situación planteada por la recurrente (esto es la alusión a una acusación formulada en términos poco claros) ha sido justamente opuesta, tal como fuera puesto de resalto ut supra.

El hecho objeto de la acusación se encuentra delimitado y fue descripto en términos claros y precisos, circunstancia que ha permitido a la acusada defenderse adecuadamente. Nótese que el propio voto en disidencia del Jurado de Enjuiciamiento reconoce que "los hechos del día 15 de septiembre de 2009 han sido debidamente circunstanciados en el escrito de acusación, en cuanto al modo, tiempo y lugar en que acaecieron" (fs. 128 de la resolución del jurado).

V.a.1.3. También a modo de obiter, resta agregar, en cuanto a la queja referida a la desigualdad de armas que, tal como lo pusiera de resalto el Juez Lozano, la prueba testimonial y la filmación sólo tendían a demostrar que la recurrente se disculpó con las empleadas que participaron en los sucesos del 15 de septiembre, lo que -es dable señalar- coadyuvaría a tener por acreditado el hecho imputado. No debe perderse de vista que la disculpa es la "razón que se da o causa que se alega para excusar o purgar una culpa".

V.a.1.4. Asimismo, en lo que se refiere a la pericia psicológica, cabe destacar que ella ha sido producida durante la sustanciación del juicio y ha sido valorada por el Jurado de Enjuiciamiento.

V.a.2. Violación a la garantía del juez natural por el irregular nombramiento de los representantes del estamento de la Legislatura de la CABA.

La conformación del Jurado de Enjuiciamiento ha sido regulada en el art. 2 de la ley 54. El artículo en cuestión establece que "El Jurado de Enjuiciamiento está integrado en forma permanente por treinta y dos (32) miembros, de acuerdo a la siguiente composición: 1. Dos (2) miembros del Tribunal Superior, 2. Ocho (8) Legisladores/as, 3. Seis (6) jueces y juezas, 4. Ocho (8) abogados y abogadas, 5. Ocho (8) integrantes del Ministerio Público".

A su vez, el art. 13 dispone que "Cuando el Plenario del Consejo de la Magistratura decida la apertura de un procedimiento para resolver sobre la remoción de un/a integrante de la magistratura o del ministerio público, debe proceder, por sorteo, a la integración del Jurado que conocerá en la causa dentro de los tres (3) días.". Por su parte, el art. 14 señala que "Cuando se inicie una causa contra un juez o jueza, se desinsaculan tres (3) abogados/as, tres (3) legisladores, dos (2) jueces/juezas y un miembro del Tribunal Superior. El sorteo se efectúa ante el Presidente/a del Consejo de la Magistratura, labrándose acta con el resultado, quedando notificado en ese acto el imputado/a. Debe notificarse dentro de los tres (3) días a los desinsaculados" Además, el art. 4 (referido a la elección de los legisladores/as) establece expresamente que "deben estar en ejercicio.// Son elegidos en sesión especialmente convocada al efecto, por el voto de las dos terceras partes del total de diputados y diputadas.// Debe garantizarse la representación de género, no pudiendo pertenecer más del setenta por ciento (70%) de los designados a un mismo sexo.// Debe reproducirse, en lo posible la representación que los distintos partidos tengan en la Legislatura al momento de la elección. Duran en sus funciones hasta que expire el término del mandato por el que fueron elegido/s.// A medida que vaya finalizando el mandato de los legisladores, o se produzca una vacante por renuncia, destitución o muerte, la Legislatura debe elegir tantos legisladores como sean necesarios para cubrir los cargos vacantes".

En coincidencia con lo observado por el Ministerio Público Fiscal, el ordenamiento constitucional y legal no establece plazo alguno para la celebración de la sesión especial a la que se refiere el art. 4 de la ley 54, sesión en la cual se debe confeccionar el listado de miembros de la Legislatura que, eventualmente, pueden formar parte del Jurado de Enjuiciamiento.

Nótese que la agraviada no aduce la existencia de una lista que fue dejada sin efecto a los fines de crear una comisión especial. Por el contrario, la recurrente señala que "aquella lista de 24 miembros. no se encontraba conformada en su totalidad ni siquiera aún antes de la denuncia que diera origen a este procedimiento y, obviamente, tampoco antes de los hechos acaecidos el 15 de septiembre. Ello así, toda vez que la Legislatura porteña recién el 15 de octubre de 2009 conformó la nómina de candidatos sobre la que el Consejo de la Magistratura realizó el sorteo.".

Debe recordarse que "La garantía del juez natural sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa al tribunal que continúa teniendo jurisdicción para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene" (CSJN, "Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/ formula denuncia solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados -Juicio Político a los Miembros de la Corte de Justicia de San Juan-", 29/12/1987, T. 310, P. 2845). Es la garantía por medio de la que se prohíbe que "los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o ser sacados de los jueces legítimamente nombrados (art. 18 de la Constitución Nacional)" (CSJN, "Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación", 23/05/2007, T. 330, P. 2361).

Sentado lo anterior, cabe poner de resalto que la integración del jurado de enjuiciamiento no ha sido modificada a fin de intervenir en el caso de la señora Parrili. En efecto, su integración con "tres (3) abogados/as, tres (3) legisladores, dos (2) jueces/juezas y un miembro del Tribunal Superior" (art. 14 de la ley 54) ha sido respetada y, en consecuencia, no puede razonablemente sostenerse que se ha creado una comisión especial para este caso particular.

Una situación es la integración permanente del Jurado (hecho que no ha sido modificado) y otro es la desinsaculación de sus integrantes. Nótese que el art. 13 señala expresamente que "Cuando el Plenario del Consejo de la Magistratura decida la apertura de un procedimiento para resolver sobre la remoción de un/a integrante de la magistratura o del ministerio público, debe proceder, por sorteo, a la integración del Jurado que conocerá en la causa dentro de los tres (3) días" (énfasis agregado). En efecto y en especial (dada las características propias del órgano legislativo), la lista de legisladores varía en virtud de la composición de dicho cuerpo como consecuencia del término de los mandatos políticos y su escalonamiento.

No debe olvidarse que la finalidad perseguida por el constituyente, al dar participación a diversos sectores (abogados, jueces, legisladores) es garantizar el pluralismo y la transparencia en el proceso de destitución de los magistrados.

A su vez, la finalidad de que el jurado de enjuiciamiento tenga una representación múltiple (política, académica y estamental) hace justamente a la búsqueda de una decisión que no pueda estar teñida de parcialidades políticas e implique un proceso injusto.

Ello así, la conformación de la lista de 24 legisladores no tuvo por objeto transgredir la garantía del juez natural, sino por el contrario crear las condiciones necesarias para llevar adelante el juicio político ajustado a las pautas constitucionales y legales.

Nótese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la garantía del juez natural señaló que ésta no se viola "cuando, a raíz de la renuncia, jubilación o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa conociendo de la causa iniciada con anterioridad ya que lo inadmisible, lo que la Constitución repudia, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente investido por ese magistrado de ocasión" (CSJN, "Moliné O´Connor, Eduardo s/ su juicio político", 26/11/2003, T. 326, P. 4745; doctrina reiterada en la causa "Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición", 18/04/2006,T. 329, P. 1245 -del dictamen del Procurador General al que remitió la Corte).

Aplicando este razonamiento del Máximo Tribunal Federal al caso de autos, la necesidad de conformar la lista de legisladores con motivo de la renovación de la Legislatura de acuerdo a las pautas que la ley 54 establece, se asemeja a los supuestos de jubilación o renuncia aludidos en la causa citada, situaciones que -a criterio de la Corte- no derivan en una violación a la garantía del juez natural.

Por el contrario, si no se hubiera procedido a constituir al jurado en su plenitud (esto es, incorporando a los nuevos legisladores), dicha circunstancia podría haber sido alegada por la recurrente como violatoria del procedimiento del juicio político, por transgredir la ley 54 y la garantía del juez natural. Además, no debe perderse de vista que "Un jurado numeroso imposibilitará, o por lo menos restringirá, la factibilidad de cualquier tipo de maniobras tendientes a la destitución por fundamentos contrarios a la ética. Un jurado de pocos miembros se prestaría a la posibilidad teórica de casos de corrupción. Ya hemos citado a Hamilton.al sostener: 'El tremendo poder discrecional [del jurado] para destinar al honor o al oprobio a los personajes en quienes más se confía y más se confía y más distinguidos de la comunidad [los jueces], impide que esa misión se encomiende a un reducido número de personas" (Armagnague, Juan, Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento en la Nueva Constitución Nacional, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 300).

Tampoco es razonable pretender que una nueva conformación del órgano legislativo local permita evitar el juzgamiento de las conductas de la recurrente, pues, en ese caso, debe recordarse el fin constitucional de este tipo de proceso: la preservación de la función jurisdiccional y la protección del eficiente servicio de justicia. En dicho entendimiento, se ha dicho que "la finalidad del juicio político es la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa que representan el abuso de poder oficial, el descuido de las obligaciones funcionales o la conducta incompatible con la dignidad del cargo" (cf. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 3º edición ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 946).

En virtud de todo lo manifestado corresponde rechazar el presente agravio V.a.3. Violación del principio de congruencia.

Este agravio se sustenta en que el órgano acusador habría incluido actas de infracción al debate (B 09298981; B 08127255 y B 08127256) que no fueron consideradas por el Plenario del Consejo de la Magistratura al formular la acusación. Añadió que el Consejo circunscribió la imputación a los hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2009 en dependencias de las cabinas de control de documentación de la Playa de Infractores dependiente de la Dirección del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y que la acusación incorporó tales actas "como apoyo a la acusación que formula, incluyéndolas además como prueba documental".

Sin embargo, se advierte que el proceso de destitución se limitó a los hechos que dieron origen a la acusación, esto es, los acaecidos el ya citado 15 de septiembre, en el lugar y hora indicados. Nótese que el fallo del Jurado de Enjuiciamiento, en el punto III "Objeto del proceso", expresamente reza: "En la presentación efectuada por el consejero Gabriel Vega. se circunscribieron los hechos objeto de la imputación efectuada a la magistrada Rosa Elsa Parrilli. de la siguiente manera: 'El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución CM nº 672/2009, de fecha 27 de octubre de 2009, tuvo por acreditado que la doctora Rosa Elsa Parrilli ingresó el 15 de septiembre de 2009, a las 15,41 hs., a las dependencias de las cabinas de control de documentación de la Playa de Infractores dependiente de la Dirección del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, ubicada en la calle Carlos Pellegrini y Sarmiento de esta Ciudad.".

Una situación diferente hubiera sido que dicho objeto hubiese abarcado los sucesos acontecidos el día 15 de septiembre de 2009 y las situaciones a las que aluden las actas B 09298981; B 08127255 y B 08127256. Ello, sí, hubiera constituido un vicio en el procedimiento que acarreaba la consiguiente violación del debido proceso y la garantía de defensa.

Más aún, tal como se desprende del fallo del Jurado, aquéllas ni siquiera han sido consideradas sustancialmente por dicho órgano. Por ejemplo, en el voto del Dr. Vergara se las ha citado para destacar por qué tales actas no deben ser consideradas. Es más, el citado miembro aclaró que "debe quedar muy en claro que dichas actas no implican reproche alguno que justifiquen la destitución de la magistrada, por cuanto no forman parte de la acusación. De reprochar tales actuaciones de vulneraría el principio de congruencia. No puede valorarse el contenido de esas actas para apoyar el reproche que justifique la destitución".

Por ende, debe concluirse que las actas en cuestión no han incidido en la decisión adoptada por el Jurado en relación a la procedencia de la destitución.

V.b) Agravios posteriores a la acusación V.b.1. Arbitrariedad en la configuración de la causal de "mal desempeño V.b.1.1. Arbitrariedad en la tipificación y subsunción de los hechos imputados El agravio se sustenta en la arbitrariedad de la aplicación de la causal de mal desempeño, con sustento en que no se consideró "la totalidad del sistema disciplinario de los jueces". A su vez, sostuvo la recurrente que dicha causal es improcedente porque no estaba en ejercicio de sus funciones. Cuestiona, además, que se utilizara -como elemento coadyuvante para la destitución con sustento en el mal desempeño-, la "inhabilidad psíquica" siendo que esta última constituye una causal autónoma.

Para comenzar resulta necesario referirse a la causal de "mal desempeño".

La Corte Suprema ha sostenido que "Los actos de un funcionario que pueden constituir 'mal desempeño' son aquellos que perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública e impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución" (CSJN, "Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/ formula denuncia solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados -Juicio Político a los Miembros de la Corte de Justicia de San Juan-", 29/12/1987, T. 310, P. 2845). Por ello, se aplica respecto del "desempeño de vida fuera y dentro del Tribunal" (Quiroga Lavié, Humberto, "Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento", LL, 2000B-1008, énfasis agregado).

Esta causal resulta ser un concepto jurídico indeterminado que no ha sido delimitado por el constituyente. Dicha laxitud se manifiesta en que son variadas las conductas que pueden ser incluidas en su definición. En términos de la Corte, este tipo de conceptos imponen a los jueces un análisis casuístico "ponderando las circunstancias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier aplicación mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas circunstancias humanas" (cf. CSJN, "Arcángel Maggio S.A. s/concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo preventivo", 15/03/2007, T. 330, P. 834). En particular, observó que "'Mal desempeño' no es un concepto que pueda ser aprehendido bajo fórmulas sacramentales o inflexibles, sino que su configuración depende de una conducta grave, trascendente para el desempeño de la función y que prudentemente ponderada por el juzgador, revele la ineptitud del magistrado para continuar ejerciendo el cargo con que fue investido (CSJN, "Moliné O'Connor, Eduardo s/ su remoción", disidencia de los Dres. Román Julio Frondizi y Arturo Pérez Petit, 01/06/2004,T. 327, P. 1914; en igual sentido, "Boggiano, Antonio s/ recurso de queja", disidencia de los Dres. Horacio E. Prack y Carlos Antonio Müller, 16/08/2006, T. 329, P. 3235).

Es por ello que su contenido queda librado al Jurado de Enjuiciamiento a fin de determinar si procede la destitución del magistrado por la causal indicada.

Sin embargo, la decisión del Jurado no es discrecional sino que resulta imprescindible subsumir los hechos en una causal legalmente establecida. A su vez, dada la vaguedad del tipo es plausible e incluso acertado, en términos de reconocimientos de derechos del imputado, definir subtipos de conductas según las circunstancias del caso.

De allí que la acusación haya aludido, entre otras cosas, a las figuras de abuso de poder, incumplimiento de la ley mediante el ejercicio del cargo, invocación del cargo para fines personales, amenazas, hostigamiento, discriminación y violencia moral.

Estos subtipos no hacen a la imprecisión de la acusación -como alega la recurrente-. Por el contrario, conforman la materia que debió ser desacreditada a fin de evitar la destitución. Nótese que el propio voto en disidencia del jurado de enjuiciamiento destacó que "la acusación circunscribió el concepto de mal desempeño desde diferentes valoraciones" (fs. 128 de la resolución del jurado). Es decir, no se excedió de la causal elegida sino que se refirió detalladamente a las diversas situaciones que la conformaron en el caso bajo análisis.

Más aún, si hipotéticamente se hubiera limitado al "mal desempeño", sin referirse la acusación a los subtipos señalados, la recurrente podría haber sostenido que la imputación era incompleta y que dicha circunstancia le impidió desarrollar todas las defensas y presentar todas las pruebas que consideró pertinentes y necesarias para defenderse adecuadamente.

Esta construcción llevada a cabo por el Jurado garantiza con un mayor alcance los derechos de la parte acusada pues, al subsumir los hechos no sólo en el tipo legal establecido en términos generales sino también en subtipos, se garantiza que la parte acusada desarrolle todas las defensas que considerase adecuadas y presentase las pruebas necesarias a tal fin.

En virtud de todo lo dicho, debe concluirse que la causal de mal desempeño puede razonablemente incluir subtipos de conductas a fin de garantizar a la parte acusada un despliegue pleno y cabal de su derecho de defensa.

V.b.1.2. Agravio referido a la improcedencia de la causal de mal desempeño cuando no se está en ejercicio del cargo Sentado lo anterior, y en relación al agravio concreto de la recurrente, debe ponerse de resalto que -a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es posible sostener que la causal de mal desempeño -en el caso de los jueces- tiene mayor especificidad que en el supuesto de los funcionarios políticos.

Dicha especificidad importa excluir ciertas materias de su alcance. En efecto, tratándose de los magistrados no configura mal desempeño la interpretación jurídica del caso. Es decir, el juez no es pasible de juicio político cuando la imputación se refiere al contenido de las sentencias o a la configuración de error judicial. Ello encuentra fundamento en las garantías de independencia e imparcialidad de las que gozan los jueces en ejercicio de su mandato constitucional y tiene por finalidad evitar que sean enjuiciados lisa y llanamente en términos políticos por sus opiniones jurídicas.

Debe agregarse a lo expuesto que, tratándose de magistrados "Acontecimientos que ponen en evidencia actos de la vida privada o conductas que señalan un patrón de comportamiento escandaloso o simplemente desarreglado o indelicado por parte de los funcionarios públicos, tienen diferente peso a la hora de evaluar la procedencia del enjuiciamiento político según se trate de integrantes del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. En este último caso, la apreciación de la causal debe ser más rigurosa. porque a diferencia de los magistrados judiciales, el presidente, vicepresidente y ministros no son inamovibles sino por el período para el que fueron electos los dos primeros." (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, La Ley, 3º edición ampliada y actualizada, Bs. As., 2006, pág. 557).

Sin embargo, la causal de "mal desempeño" no se limita exclusiva y excluyentemente a acontecimientos ocurridos en el ejercicio de las funciones de juez. Más precisamente el mal desempeño puede tener sustento en conductas que se realizan fuera de dicho ámbito. El caso de autos es un supuesto particular pues si bien la conducta desplegada por la recurrente no fue realizada en ejercicio de sus funciones de magistrada, lo cierto es que en su proceder invocó su calidad de jueza para obtener un beneficio personal y privado, cual es la liberación del pago de la multa y el acarreo de su vehículo que había sido transportado a la playa de infractores por haber sido encontrado mal estacionado.

Adviértase que la señora Parrilli invocó frente a terceros su condición de funcionaria del poder judicial para lograr una finalidad personal que, además, era ilegítima.

En efecto, tal como ha sido acreditado durante el proceso de destitución, la recurrente ha alegado su cargo de magistrada frente a terceros a fin de obtener beneficios personales indebidos. Además, lo ha hecho con la finalidad de evadir el cumplimiento de la ley. Con dicha invocación, asimismo, la recurrente pretendió que las empleadas incumpliesen con sus deberes y obligaciones como agentes públicos.

Más aún, con la finalidad de evitar el pago de una multa, cometió abuso de poder pues puso en evidencia su investidura frente a personas que no estaban en igualdad jerárquica e incurrió en actitudes discriminatorias.

En este entendimiento, coincido con la jueza Ruiz, quien puso de resalto que la conducta de un magistrado, aún fuera del ejercicio de sus funciones, puede comprometer la función judicial.

En el caso, la entidad de los hechos que dieron origen al proceso de destitución y la gravedad de la conducta dan sustento a la causal de mal desempeño y permiten tenerla por configurada con el alcance establecido en el fallo de destitución.

Ello así, los agravios vertidos al respecto deben ser rechazados.

V.b.1.3. La inhabilidad psíquica También la recurrente se agravió de que la conducta reprochada debió ser tratada como una inhabilidad psíquica.

Tal como se pusiera de manifiesto en párrafos precedentes, estas circunstancias han sido valoradas por el Jurado de Enjuiciamiento quien, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, consideró que el dictamen no resultaba idóneo para rechazar la acusación. Nótese que el perito oficial Burgueño aseveró que el proceder de la recurrente no tenía relación con la ingesta de los antidepresivos; más aún, dicha conducta -conforme la perito Rivas- no resultaba sorprendente en personalidades como la de la recurrente.

Por el contrario, permitió crear la convicción de que el comportamiento de la señora Parrilli ameritaba la destitución y tal como lo pusiera de manifiesto el voto de la jueza Conde, las alusiones a la eventual configuración de una inhabilidad psíquica fue realizada a modo de obiter.

A lo hasta aquí dicho, debe añadirse también -tal como lo ha puesto de manifiesto el juez Lozano- que la recurrente aduce la existencia de arbitrariedad sin demostrar que las conductas que el jurado tuvo por acreditadas se apartan de las que pueden quedar inmersas en la causal de mal desempeño conforme los deberes que pesan sobre los magistrados. La mera discrepancia respecto de lo decidido por el Iure no es suficiente para obtener la revocación de la decisión del Jurado (cf. CSJN, ""Echazu, Rodolfo s/ pedido de enjuiciamiento - causa nº 12/2004-", 03/05/2007).

VI.- Por todo lo manifestado, voto por rechazar el recurso planteado por la Dra. Rosa Elsa Parrilli.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso interpuesto por la Dra. Rosa Elsa Parrilli.

2. Mandar que se registre, se notifique a la recurrente, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal y oportunamente se archive.

Firmado: Conde - Lozano - Ruiz - Balbín.