Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-02


2º Instancia.- Santiago del Estero, setiembre 2 de 2005.

Considerando: Que el fallo en crisis rechaza la excepción de pago total interpuesta por el ejecutado, y lo condena a pagar la suma reclamada en dólares estadounidenses con más los intereses y demás accesorios pactados. La sentencia reconoce como argumentos centrales que el pago debe acreditarse a través del documento que emane del acreedor, su causante o de quien lo represente, referido concreta y circunstancialmente a la deuda cuyo cobro se persigue. Confrontados estos principios con el caso en análisis, dado que los excepcionantes acompañaron un formulario de uso interno perteneciente a la Administradora de Activos S.A., concluye la a quo, que no constituye comprobante de pago pues se trata de un instrumento de detalle de las imputaciones practicadas. Contra el decisorio se alza el ejecutado expresando sus agravios a fs. 87/88. Centra sus quejas en los siguientes aspectos: a) Describe en primer término cual fue la relación entre el Banco Mayo C.L., en liquidación, a raíz de la transferencia del crédito al Banco Comafi S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Acex, resultando el Citibank N.A. Sucursal Argentina gestor de cobranzas de todos los activos que forman tal fideicomiso, quien a su vez otorgó poder a la Administradora de Activos S.A. para gestionar los cobros. Se agravia entonces de la valoración que hizo la Sentenciante de la documentación presentada en respaldo de la excepción de pago total documentado. Arguye que el referido instrumento menciona clara y concretamente el préstamo 7990242564 que motivara la firma del pagaré en ejecución, y que la ausencia de información al momento de liquidarse el Banco Mayo demoró la cancelación del crédito. Agrega que la tenencia de los documentos, base de la ejecución en poder del acreedor, admite prueba en contrario. b) Reprocha la no admisión de la pesificación de la deuda solicitada por tratarse de un compromiso anterior a la coyuntura de la emergencia económica. Sostiene la obligatoriedad de la misma rebatiendo la omisión en la aplicación de la legislación sobre emergencia económica, de orden público. c) Se queja de la regulación de estipendios a los profesionales intervinientes por considerar altos los montos estimados. Los mencionados agravios merecen la réplica de la contraria que se explicita a fs. 90/94. El apelado afirma concretamente, que el recurrente realiza una inadecuada, errónea y contradictoria apreciación de la prueba documental aportada por su parte para acreditar el pago total documentado deducido como excepción, afirmando que el certificado acompañado no tiene entidad ni características de un recibo válido. Que el mismo no se extendió a favor del deudor sino que se trata de una comunicación interna del gestor de cobranzas dirigido al Citibank N.A., a efectos de la imputación del plazo fijo a las deudas que mantenía el ejecutado, por lo que no puede atribuírsele el carácter de recibo. Que la Administradora de Activos S.A. remitió al deudor con fecha 12/4/00 Carta documento -fs.23-. Rebate el segundo agravio arguyendo la inaplicabilidad de la normativa de emergencia económica con sustento en el art. 3º del Cód. Civil que veda la aplicación de la nueva ley a las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados. Subsidiariamente solicita la declaración de inconstitucionalidad de las normas de emergencia alegando violación de los derechos de propiedad e igualdad. Culmina refutando la queja relativa a honorarios y afirma que los mismos fueron regulados conforme a las disposiciones de la ley arancelaria. Previo al desarrollo de la temática a abordar es necesario realizar una descripción de las circunstancias de hecho que constituyen la plataforma fáctica para el ulterior análisis del decisorio impugnado. El actor promueve juicio ejecutivo contra Salomón Bension Parnás y Graciela Magdalena Pereyra, reclamando el pago de U$S14.656,30 con más sus intereses, gastos y costas. Basa la demanda en el pagaré sin protesto firmado por los accionados a favor del Banco Mayo Cooperativo Ltdo. por la suma de U$S60.000 en fecha 3 de junio de 1998. Se encuentran reconocidos en el libelo inicial -fs.24-, los pagos parciales que efectuara el deudor, por lo que al 15/12/98 la suma adeudada ascendía al monto demandado. Así demarcada la situación existente, debe analizarse en primer capítulo, la procedencia de la excepción de pago total articulada por la parte demandada. Al respecto debe reseñarse, que en forma unánime doctrina y jurisprudencia han exigido para el sustento de la excepción de pago total o parcial, la agregación a la causa del recibo o documento equivalente, emanado del acreedor, con expresa referencia al título que sustenta la acción promovida, que permita establecer la cancelación total o parcial. Es decir que la cuestión medular presentada en el primer agravio reside en la equiparación o no de la documental acompañada por el excepcionante, al recibo de pago de la deuda reclamada. La sola circunstancia de que los instrumentos resulten dudosos, basta para desestimar la defensa. Cuando en razón de la situación particularísima, el mismo accionante acepta implícitamente la existencia de la operación de préstamo a la que alude el excepcionante, resulta absurdo que bajo la tesis que veda analizar la causa de la obligación, se deje de lado aquella operación, para imponer al deudor la exigencia de traer el recibo imputado al pagaré por el que se intenta ejecutar lo adeudado; ello cuando se sabe de antemano que por efectuarse el pago mediante débito automático, la única instrumentación para justificar el pago, es en función de esa operatoria de base y en forma de resúmenes de cuentas. Por ello resulta carente de seriedad la descalificación que el ejecutante hace al responder a la excepción, en tanto verificados el membrete y demás detalles de su contenido no puede negarse que se tratan de instrumentos expedidos por el propio representante del Banco acreedor. Sin embargo, de la documental presentada por los demandados, en las que pretenden fundar su defensa (fs. 30 y 31), no surge en forma indubitable que se hubiese operado la cancelación del préstamo 7990242564, por cuanto sólo se expide el instrumento sobre la ausencia de deuda en tarjeta de crédito, sin hacer mención expresa al mutuo acordado. Debe destacarse además que este documento data del 20 de abril de 1999 y un año después, el 12 de abril de 2000, la Administradora de Activos S.A. intimó al deudor al pago del saldo de capital adeudado, intereses y accesorios (ver carta documento de fs. 23). Acerca de la suficiencia que debe presentar la documental agregada por el ejecutado para enervar la pretensión de cobro ha dicho la Jurisprudencia: "... A los efectos de la procedencia de la excepción de pago, el documento exigido por el art. 544, inc. 6 del Cód. Procesal es un recibo u otro documento equivalente emanado del acreedor, referido a la defensa opuesta y conteniendo imputación clara a la obligación que se ejecuta..." (CNFed. Civ. y Com., sala II, marzo 24-98, "in re" "Banco de la Nación c. Solís Carlos y otro", DJ, 1999-I, 76). La pretendida cancelación del préstamo ha de ser demostrada entonces mediante otros medios probatorios de mayor complejidad, cuya producción resulta incompatible con el ceñido ámbito del proceso ejecutivo. De la normativa procesal -art. 536 inc. 6- e instrumento probatorio acompañado por la parte ejecutada, deriva la inadmisibilidad de la pretensión esgrimida por el apelante respecto al acogimiento de su defensa, dada la contundencia de los términos obrantes en la liquidación adjunta. "La excepción de pago debe estar acompañada de la documental respaldatoria autosuficiente para acreditar la defensa, sin que sea menester efectuar otras investigaciones, siendo innecesaria la recepción de otras pruebas, por cuanto ha de sostenerse la defensa con el instrumento de pago. La jurisprudencia fue clara y terminante al exigir como requisito de admisibilidad de la excepción la circunstancia que el pago se encuentre documentado en instrumentos emanados del acreedor o de su legítimo representante, debiendo existir en el instrumento una clara e inequívoca imputación al crédito" (Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Comodoro Rivadavia, Chubut Sala Civil (Marta Susana Reynoso de Roberts, Nélida Susana Melero, Graciela Mercedes García Blanco). "L., H. O. c. C. S. SA y Otros s/Ejecutivo", sentencia del 19 de junio de 2002). Capítulo aparte merece el pedido de pesificación de la deuda en el que corresponde tratar la tacha de inconstitucionalidad efectuada por el actor al responder a los agravios. Arguye el mismo que la normativa de emergencia viola los derechos de propiedad e igualdad. La Magistrada en su decisorio entendió que tratándose de una deuda anterior a la coyuntura de emergencia económica no corresponde su pesificación, sin que ello sirva de fundamento congruente a los planteos formulados en el transcurso de la litis. La doctrina define la emergencia como "lo que sobreviene imprevistamente y modifica, en ciertas circunstancias, una prestación o el cumplimiento de un convenio, la emergencia es, en sentido semántico un hecho, un accidente que sobreviene" (confr. Hutchinson Tomás, "Emergencia, Constitución y después", en Miljiker María Eva (coord.) "El derecho administrativo de la emergencia" I, p. 179, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 2002). La situación de emergencia que requiere medidas adecuadas para enfrentarla, justifica el carácter extraordinario de las mismas. Lejos de la concepción clásica, tradicional del contrato y prohijando primordiales principios de equidad; no puede adoptarse una postura desentendida de la justicia contractual, del equilibrio funcional o riesgo imprevisible, de la moral negocial, del abuso de las facultades o prerrogativas negociales, de la buena fe y de la alteración de las bases del negocio. Esa visión estática del contrato, apegada a los "requisitos" que lo perfilaban como acuerdo seguro, firme, inmutable, inalterable (a la que Carlos Cossio presenta como una anhelada seguridad, hija de una visión unilateral, de un solo ojo, pues significaba lisa y llanamente, en la realidad negocial la inseguridad para la otra parte, la contratación a riesgo y ventura), no tuvo en cuenta -afirma Cossio- que la seguridad es un valor bi-polar, que debe satisfacer las apetencias de anticipación, de conocer lo que acontecerá, qué derechos se gozarán y qué deberes deberán cumplir para uno y otro de la relación negocial. No puede pretenderse ubicar la "autonomía de la voluntad" por encima de la justicia y la solidaridad, estimando esos valores como irrelevantes (Carlos Cossio "La teoría de la Imprevisión". Notas sobre la teoría de la Imprevisión, Ed. Abeledo Perrot). Contra tales criterios, señala Jorge Mosset Iturraspe ("La frustración del contrato y la pesificación", p. 48) reacciona el derecho actual. Se vuelve en alguna medida a la doctrina de Santo Tomás sobre los contratos como medio de realización de la justicia conmutativa. La directriz del fallo "Bustos" dictado por nuestra Corte Suprema Nacional, anida en el principio de solidaridad, en la conjunción de la justicia conmutativa y distributiva, intentando la realización de una planificación social donde el derecho imponga un orden que se sustente en tales principios (ver "Constitucionalidad de la pesificación: luces y sombras sobre un fallo polémico", por Francisco Junyent Bas, DJ, 2004-3, 921/932). No es ajustada a una situación de gravedad institucional (marcada por la crisis económica, política y social) que una relación contractual pueda facilitar la presencia de prestaciones en desequilibrio.

"El art. 1198 Cód. Civil constituye una pauta interpretativa no vedada al legislador, ni al juez, y desde esta perspectiva es evidente que si el equilibrio inicial entre las partes fue quebrado por un acto del príncipe, justo es reconocer que se exciten los instrumentos que se han previsto como medios de recomposición del valor del crédito" (Junyent Bas- obra citada). El deudor lógicamente se ha visto sorprendido por el fenómeno económico experimentado por nuestro país que ha resultado exhorbitante a toda expectativa considerable al tiempo de obligarse, cuando al firmar el documento ejecutable consintió que se expresaran los montos en moneda extranjera (dólares). Quien confió en el país de la intangibilidad al contraer el préstamo, hoy debe soportar con su patrimonio las consecuencias de la abrupta devaluación de la moneda nacional. Si bien los contratos han sido celebrados para ser cumplidos, no es menos cierto que ellos no pueden llevar a la ruina a una de las partes cuando ella no ha sido culpable del incumplimiento. "No puede ser el contrato un instrumento de opresión o de injusticia..." y "lo que las partes, razonablemente no pudieron prever no forma parte del deber de conciencia de cumplir con lo prometido" (Suplemento especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley - Pesificación II - p. 16 artículo de Guillermo Julio Borda). Con muy buen criterio la Cámara Civil y Comercial de San Isidro en fallo plenario del 11/07/2002 "in re" "Zanoni Amalia Nelly c. Villadeamigo Valeria Mariana y otro", admitió la pesificación aun en caso de mora del deudor afirmando "... Las devastadoras consecuencias de la crisis actual y la devaluación de la moneda son circunstancias que exceden los efectos de la mora del deudor y no guardan relación con la misma. Es que si bien el deudor está en mora, la excesiva onerosidad -proveniente y originada por la crisis actual y la consecuente devaluación de la moneda- no es causada por dicha circunstancia, la cual resulta al efecto irrelevante: la incidencia de la inflación, como factor general de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sucede con independencia de la actitud del sujeto contractual singular y, por lo tanto, es ajena a él (Atilio Alterini, en la "Doctrina de la Imprevisión frente a la mora irrelevante", La Ley, 1980-C, 1109)... Siendo tarea del Juez el acercamiento de las partes para el logro de la equidad sustentada en la doctrina del art. 1198 del Cód. Civil que contemple la distribución equitativa de la devaluación y de la abrupta salida de la convertibilidad. Porque la equidad es una de las fuentes legales, con fundamento en la norma recién citada, para sustentar la modificación o restablecer los valores de un contrato..." (del voto del doctor Bialade).

Por lo expuesto resulta de estricta justicia, la contemplación de aquellos deudores que creyéndose amparados en las leyes que aseguraban la paridad del cambio de la divisa extranjera, contrataron y se obligaron en dólares estadounidenses, viéndose, con posterioridad, sorprendidos con las modificaciones experimentadas por la legislación emergente a raíz de la caótica crisis económica-financiera que debió atravesar nuestro país, de ribetes inéditos y hasta podría decirse terminales. Como opinara el doctor Daniel Malamud, vocal de la Excma. Cámara Civil y Comercial de San Isidro, sala II en fallo dictado el 2002/07/10 "in re" "Inversiones Yatay S.A. c. Ferreyra Ramón A.", "... El derecho subjetivo de comprar un dólar por cada peso, era propio de acreedores y deudores por igual". Con la emergencia surge el conflicto de quien se considera con derecho a ser pagado en dólares a su valor real y quien se cree amparado en lo que el Estado le prometió, y con la prerrogativa de liberarse de la obligación asumida en valores marcados por la paridad cambiaria vigente en aquel momento. En este marco conflictivo corresponde al Juez, ante la falta de composición de intereses de las partes, como expresamente lo dispone el art. 8º de la ley 25.561 arbitrar las medidas tendientes a preservar el sinalagma funcional del contrato, alterado por el hecho del príncipe. Debe traerse a colación el propio texto constitucional incorporado por la reforma de 1994 al art. 99 inc. 3 tercer párrafo referido a los "decretos de necesidad y urgencia" en caso de "circunstancias excepcionales (que) hicieran imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes" (ver "Emergencia y Propiedad", Eduardo A. Russo - Revista La Ley, agosto 2003 - ps. 64/71). Párrafo aparte merece la ratificación por parte del máxime intérprete de la Constitución sobre los límites del control jurisdiccional. Recuerda que los controles de legalidad administrativa y de constitucionalidad que competen a los jueces no los facultan a sustituir al Poder Administrador en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad. Es decir que "el ejercicio de los mencionados controles no puede justificar que todas las medidas de política económica de los poderes competentes sean sometidas a la revisión, no de su legalidad sino de su acierto o su oportunidad, pues ello implicaría sustituir a los órganos constitucionales que tienen su origen directo en la voluntad popular por el criterio predominante técnico del Poder Judicial". Insiste el Máximo Tribunal en que los poderes políticos tienen un ámbito de reserva donde el control jurisdiccional no puede arribar: la oportunidad de las medidas tomadas por quienes invocan la representación del soberano. ... Ello no implica lesionar la 'pars conditio' entre los diversos órganos de gobierno, sino de sujetar a cada uno dentro de su ámbito, posibilitando en definitiva un correcto desempeño de cada función". Que la legislación de emergencia argüida de inconstitucionalidad, fue motivada preponderantemente, para paliar los perjuicios experimentados por la banca pública y privada ante la cesación de pagos del Estado. Es decir que si se pretendió proteger a las entidades de crédito con el régimen instituido, cuando resultaba deudora de los ahorristas que pretendían recuperar los depósitos efectuados en dólares estadounidenses, igual amparo merece quien a la inversa resulta deudor de aquellas entidades, para quienes también fue prevista la normativa. Es que no puede pretenderse, al abrigo del art. 17 de la Constitución, impugnar las leyes de emergencia que también sirvieron para amparar a la banca deudora de depósitos en moneda extranjera. El derecho de propiedad en su recta interpretación no puede ser invocado en beneficio de unos cuando a su vez genera perjuicios injustos a otros. Creemos que su hermenéutica exige una equilibrada ponderación que debe asumir la solidaridad como columna estable en una sociedad que debe reedificarse desde sus raíces. Un razonamiento contrario, apartado del marco institucional, político, económico y social, con el desfasaje antes apuntado, sí generaría violación al principio de igualdad ante la ley, abstraído del contexto en que se generó y desenvolvió la relación jurídica motivadora de la deuda que hoy se reclama. Resulta oportuno reseñar el fallo dictado por la Cámara Nac. Civil - Sala F, 16/3/04 en autos: "Steinfeld Mauricio V. vs. Zamora Tapia María E.", en el que con acertado criterio el Tribunal sostuvo: "Los derechos constitucionales deben ser protegidos no sólo a favor de los acreedores, sino también de los deudores que podrían encontrar vulnerados aquellos ante el mantenimiento de las pautas contractuales en un contexto totalmente distinto e imprevisible al momento de contratar, donde los riesgos asumidos por las partes han sido superados por los parámetros que impone la realidad. ... En definitiva, las normas imponen la necesidad de que todos soporten equitativamente las consecuencias de la emergencia, de modo que nadie se beneficie con la crisis a expensas de otros. ... "No puede ser mantenido un acuerdo en el tiempo y en el espacio cuando la nueva temporalidad indica que las condiciones se modificaron sustancialmente". Queda afianzada, con este criterioso pronunciamiento, la postura adoptada por este Tribunal. Parafraseando a Bidart Campos, señalamos que la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma, ello así, por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, no resulta compatible con fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Bidart Campos, Germán, "La Corte Suprema", p. 59). Con relación a la irretroactividad de la normativa de emergencia debe destacarse con similares fundamentos, que estimando la prevalencia de razones político-jurídico-económicas, el legislador acudió al recurso técnico de la retroactividad, y extendió la vigencia de la emergencia, a un período anterior, desde que remite a obligaciones existentes al tiempo de la sanción de la ley 25.561 (sin hacer distinciones ver generalidades y considerandos dec.-ley 214/02) evitando la modificación del status perseguido, en razón del "orden público" comprometido en aquella, atendiendo a la continuidad de los supuestos de hecho y fundamentos que motivaron su sanción. Que el tema relativo a la retroactividad y aplicación al deudor en mora ha sido superado con la modificación del art. 11 de la ley 25.561 por la ley 25.580 el que será analizado "infra". Rechazado el planteo de inconstitucionalidad plasmado por el apelado, la aplicación de la pesificación instaurada por la ley de emergencia económica 25.561, resulta indudable en el "sub examine" a partir de la sanción de la ley 25.820 que modificó el art. 11 del plexo legal antes nombrado. Respecto a su adaptación a negocios jurídicos celebrados con entidades integrantes del sistema financiero ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia de Viedma, Río Negro: "Normalmente, y salvo supuestos de excepción, la pérdida que la pesificación ha traído a los acreedores de obligaciones en dólares incumplidas antes de la vigencia del régimen de emergencia es la que resulta de la pérdida de la capacidad de compra en el mercado nacional. Medir el daño exclusivamente con relación al valor del dólar constituye un grave error, pues el valor de los bienes no siempre acompaña a las variaciones de la moneda extranjera. Reconociendo la indemnización conforme a la pérdida del poder adquisitivo en el mercado interno se brinda una adecuada tutela a la propiedad del acreedor, evitando de tal forma entender que la retroactividad que emerge de los decs. 214/2002 y 320/2002 avanza sobre las garantías constitucionales. Que a lo expuesto, si todavía quedaba alguna duda respecto a la aplicación de las normas de emergencia al deudor moroso, considero que la misma ha quedado definitivamente zanjada a través de la modificación introducida por la ley 25.820 (promulgada por el dec. 1171/2003 del 02/12/03), al aludido art. 11 de la ley 25.561, que establece respetar la conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 06/01/02, expresada en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor. No obstante que el aludido art. 11 se refiere a las obligaciones no vinculadas al sistema financiero, no hay duda, pues, de que el legislador del año 2003 prestó su adhesión lisa y llana a la tercera posición antes reseñada" (Sala Civil Balladini - Lutz - Sodero Nievas (Según su fundamento: Balladini: F0016584, F0016585) "Banco de La Pampa c. L. S. s/Prepara Vía Ejecutiva s/Casación" sentencia del 28 de diciembre de 2004 - Sala Civil (Balladini-Lutz-Sodero Nievas (Según su fundamento: Balladini: F0016570, F0016571, F0016572, F0016573, F0016574, F0016575, F0016576, F0016577, F0016578, F0016579, F0016580 y F0016581) "Banco de La Pampa c. P. S. A. s/Ejecutivo s/Casación" sentencia del 22 de diciembre de 2004). Cabe destacar que por imperio de la ley 25.561 y dec.-ley 214/02, la pesificación resulta obligatoria y las partes no pueden soslayar la misma, y esto surge de la combinación de los arts. 2º y 19 de la norma citada en primer término, en cuanto le otorga al P.E.N. la potestad de definir la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, revistiendo esta disposición el carácter de orden público. "La reciente sanción de la ley 25.820 aventa toda duda e incertidumbre respecto de la llamada 'pesificación' de obligaciones dinerarias contraídas en moneda extranjera en situación de mora. Conforme lo dispone el flamante texto normativo que en su art. 3º dispone la sustitución del art. 11 de la ley 25.561, las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en Dólares Estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S1) = un peso ($1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace según el caso y estableciendo a renglón seguido un procedimiento de reajuste de las ecuaciones económicas (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut-Sala Casación José Luis Pasutti - Daniel Caneo - A.C.) "N.S.A. c. I.Ch.S.A. s/Ejecución Hipotecaria", sentencia del 6 de febrero de 2004). La pretensión de la actora que se excluya de la pesificación al deudor moroso, aun cuando se aceptara la postura que sostiene la inaplicabilidad de lo dispuesto en el dec. 214/02, resulta contraria a derecho en cuanto se trata de reparar un daño que no es consecuencia inmediata de su incumplimiento. "Las desvastadoras consecuencias de la crisis actual y la devaluación de la moneda, son circunstancias que exceden la mora del deudor y no guardan relación con la misma" (Cámara de Apelaciones Civil Comercial, Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Sala 2 -Marco-Ahumada-Rojas- "in re" "Sosa Carlos Enrique c. Pons Maria Eugenia s/Ejecución Hipotecaria" Interlocutorio del 3 de setiembre de 2003). De la exposición efectuada "ut supra" cabe concluir que corresponde la pesificación de la deuda conforme a las disposiciones del art. 3º del dec. 214/2002 (art. 3º - Todas las deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada) es decir la conversión a razón de un dólar estadounidense = un peso, dado el carácter de entidad financiera que reviste el acreedor (arts. 1º y 2º ley 21.526). Que es este Tribunal ad quem el que debe determinar las pautas para una liquidación futura del crédito conforme a las constancias de la causa. Por imperio del art. 4º del mismo decreto (art. 4º - A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los arts. 2º, 3º, 8º y 11 del presente decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto) resulta de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia, lo que permite la actualización del capital. Con respecto a la tasa de interés es menester señalar que la sumatoria de la tasa pactada en el contrato obrante a fs. 20, de 14,20 T.N.A. (interés compensatorio según cláusula 4º de las condiciones especiales del crédito - fs. 21) con más el 50% de la misma en concepto de punitorios arroja una tasa acordada del 21,30% anual y del 1,77 mensual. Que ante una entidad prestataria de naturaleza comercial, corresponden intereses legales que cobran los bancos públicos, conforme a la tasa activa (que en el caso debe ser la del Banco de la Nación) y de la comparación efectuada con las tasas suministradas por esa entidad oficial, en el período que deben computarse intereses a la deuda pesificada, la tasa pactada no resulta desproporcionada resultando aplicable al caso desde la fecha de la intimación fehaciente al deudor, esto es 12 de abril de 2000, dada la forma en que se desarrolló la relación contractual con la entidad acreedora y la caducidad de plazos para el cumplimiento de la obligación comunicada al deudor en tal fecha, razón que impone tomar la misma como inicial para el cómputo de intereses. Establecidas las pautas para la re liquidación de la deuda, cabe mencionar las cuestiones relativas a los estipendios curiales y las costas. Con relación a los primeros debe señalarse que a los fines de la determinación del monto del litigio deberá en la etapa de ejecución practicarse liquidación general del juicio con los parámetros señalados en este decisorio y sólo en ese estadio procesal existirá base económica válida para justipreciar los emolumentos de los abogados intervinientes. Que al modificarse el monto de la ejecución por efecto de la pesificación, repotenciación del capital pesificado con aplicación del C.E.R. y el cómputo de intereses necesariamente habrá de revocarse el auto regulatorio de honorarios, el que deberá ser nuevamente practicado por el Juez de la instancia inferior una vez firme la liquidación aludida. Con respecto a las costas debe atenderse a los principios en juego y al modo en que se resuelve, y en ese sentido, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia deben imponerse en el orden causado en ambas instancias, ante el vencimiento parcial y mutuo en las cuestiones debatidas. "Si hubo un vencimiento parcial y mutuo las costas se deben imponer en el orden causado" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mar del Plata, Buenos Aires - Cámara 01, Sala 02 (Oteriño - Dalmasso - Zampini - Penchszadeh, "Daniel c. Azorin, Lilia y otros s/Ejecución de alquileres" interlocutorio del 21 de febrero de 1995).

En mérito a los fundamentos vertidos y las disposiciones de la ley 26.561, dec.-ley 214/2002 y normas procesales invocadas en los considerandos de la presente, el Tribunal resuelve: I. Admitir parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la accionada, haciendo lugar a la pesificación de la deuda en los saldos impagos, a razón de un dólar estadounidense igual a un peso (1U$S = 1$), por lo que la ejecución deberá proseguir por la suma emergente de la liquidación que deberá practicarse en la Instancia de Origen, con aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia con más sus intereses calculados con la tasa pactada de 14,20% T.N.A. para compensatorios más el 50% de la misma es decir el 7,10% anual para punitorios desde la constitución en mora del deudor conforme a lo consignado en los fundamentos de la presente. II. Revocar el auto regulatorio de honorarios conforme a los razonamientos expresados en los considerandos de la presente. III. Costas en el orden causado. - Azucena B. de Zurita. - Pablo S. Sirena. - María A. W. de Nasif.