Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-05


Salta 05 de mayo de 2.010.

Vistos estos autos caratulados: "LUNA, María Amalia vs. PURMA S.R.L. - Ejecución Hipotecaria" Expte. N° 113.214/04 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación, Expte. CAM 271.325/9 de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y C O N S I D E R A N D O 1) Contra la sentencia dictada a fs. 162/172 que no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de titulo opuesta por la parte demandada ni al planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora y mandó llevar adelante la ejecución, deduce recurso de apelación la parte demandada, sosteniendo el mismo en presentación obrante a fs. 182/184. Allí se queja, en primer término, que se rechaza la excepción opuesta con fundamento en que su parte omitió negar la existencia de la deuda reclamada pese que expresamente negó a todo evento la existencia y legitimidad de la misma; que se afirma que realizó un reconocimiento expreso. En segundo lugar, se queja que el juzgador entienda suficiente que se haya iniciado la presente ejecución con copia de la escritura hipotecaria cuando debe arrimarse el titulo original. También lo agravia la fecha que se fijó la mora, la que se hizo de modo arbitrario ya que del expediente no surge prueba alguna que permita tenerla por acreditada desde la fecha fijada; que el propio juzgador afirma que el ejecutante no la ha precisado con exactitud. Se agravia, por último, de la falta de imposición de costas a la parte actora pese a su derrota en el planteo de inconstitucionalidad y lo previsto por el art. 68 del CPCC. Que el juzgador lo funda en la disparidad de criterios y la complejidad del tema, lo que resulta una apreciación subjetiva y ello, dice, no se ajusta ni al derecho ni a la jurisprudencia vigente. La parte actora, en presentación agregada a fs. 195/196, afirma que debe declararse desierto el recurso porque el memorial de agravios no reúne los requisitos estatuidos por el art. 255 del CPCC y solo es una repetición de argumentos ya tenidos en cuenta por el juez al momento de sentenciar. Que sin perjuicio de ello, expone sus argumentos que tornan a su entender, improcedente el recurso.

2) Resulta inatendible el recurso de apelación si las quejas expresadas por el apelante carecen de una critica prolija y circunstanciada de las razones en que se apoya la sentencia que concluyó en el rechazo de las excepciones opuestas y en el progreso de la ejecución en contra del apelante. Y si el recurrente no controvierte de manera eficaz la totalidad de los razonamientos en los cuales se apoyan las conclusiones del fallo, es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia superior (SCJ tomo 110: 3948).

En autos, el apelante en el escrito de fs. 182/184 mediante el cual sostiene el recurso interpuesto, tal como lo advierte la contraria, el mismo solo puntualiza las partes del fallo que le causan agravio pero no realiza la critica a los argumentos expresados por el juzgador para fallar del modo que lo hizo. No descalifica, con argumentos propios y sólidos lo resuelto respecto de cada ítem que dice lo agravia, se queda en su enunciación.

3) Respecto del primer agravio -en cuanto a la afirmación de que el ejecutado había efectuado un reconocimiento expreso de la deuda- cabe señalar que hubo desconocimiento de la misma al oponer la excepción de inhabilidad de titulo pues "ha negado a todo evento la existencia y legitimidad" (fs. 55, II y fs. 55 vta., III.3). También es cierto que no se puede afirmar a partir del pedido de pesificación de la obligación y morigeración de intereses a aplicar, que ello implica reconocer la deuda puesto que se trata de peticiones subsidiarias. Sin embargo, ello no incide en relación a la excepción opuesta, como se verá. 4) La queja en relación a que se dio inicio a la presente ejecución con una copia de la escritura hipotecaria, el apelante solo reitera su afirmación que para ello debe arrimarse el original, sin rebatir los bastos argumentos expresados a su respecto por el juzgador en el fallo. Se dice allí -con sustento en jurisprudencia nacional- "que la fotocopia autenticada con su firma por el escribano que intervino en su otorgamiento quien ha certificado que es copia fiel y auténtica del original que ha tenido a la vista, es un instrumento hábil para promover una ejecución hipotecaria"; también "que la copia de la escritura en la cual se constituyó una hipoteca, certificada por escribano público, es titulo hábil para promover la pertinente ejecución pues se trata de un instrumento público de acuerdo a lo establecido por el art. 979 inc. 2º del código civil" (considerandos de fs. 162 vta. y 163). El apelante solo manifiesta su disconformidad con lo expresado y lo hace en un párrafo (fs. 182 vta. punto II. 2) de su memorial de agravios. No dice ni acredita que dicha doctrina no resulta aplicable al caso de autos. Tampoco alega respecto de la prueba informativa producida a dichos fines y agregada a fs. 120/125.

5) Lo dicho resulta válido también para la queja sobre la fijación de la fecha de mora de la obligación (ver fs. 182 vta. del memorial y fs. 166 del fallo). Como lo destaca el sentenciante, la parte actora al promover la presente ejecución ha manifestado que la demandada se encontraba en mora con antelación a enero de 2002 (fecha de promulgación de las leyes de emergencia) y por eso, ha establecido que la suma por la que se lleva adelante la ejecución debe ser abonada desde 06/01/02. Al respecto el fallo apelado advirtió que no hubo por parte de la ejecutada refutación en ese sentido y por eso entendió que no mediaban inconvenientes para tener por cierto que la mora se ha producido con antelación a la sanción de las leyes en cuestión. 6) Por último y respecto de la quejas sobre la falta de imposición de costas a la parte actora al haber resultado vencida en su pretensión de inconstitucionalidad, se alega falta de fundamentación en la decisión para apartarse del principio general de la derrota. A ello debe decirse que el juez con sustento en el art. 67 del código procesal, expuso las razones por las que consideró que debía apartarse de dicha premisa: la complejidad del tema a decidir y la disparidad de criterios existentes tanto en la doctrina nacional como en la jurisprudencia ampliamente puesta de relieve en su pronunciamiento (fs. 172 del fallo). No se advierte ni se indica en que consiste la subjetividad que se denuncia ni la falta de fundamentación en la imposición de costas. A lo que la Sala agrega como fundamento para mantener el decisorio en este punto, que no puede calificarse como una incidencia en sentido propio (art. 175 CPr) el planteo sobre la inconstitucionalidad de la ley 25.561 formulado por la actora, en razón que lo ha sido dentro o como parte de la demanda ejecutiva. Y la demandada en el escrito que se opone a la ejecución, refutó o alegó sobre lo pretendido. Con lo que la forma de imposición de costas sobre un punto de lo pretendido en la demanda en el proceso ejecutivo y en el que se ordena llevar adelante la ejecución por la suma reclamada (art. 568), es arreglada a derecho. El vencimiento se determina por el resultado del proceso y con un criterio objetivo. Siendo así, el agravio no puede prosperar. De lo expuesto se concluye que el apelante no ha cumplido de modo eficaz con la conducta que exige el art. 255 del código procesal local.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

No Hace Lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 180. Con Costas.

Dispone se registre, notifique y baje.