Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28


Causa nº15.391 "Giangrante, Gabriel Marcelo s/recurso de casación" Sala III REGISTRO NRO. 1375/12 //n la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil doce, reunidos los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Eduardo R. Riggi como presidente, y los doctores Liliana E. Catucci y Mariano H. Borinsky como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa nro. 15.391 del registro de esta Sala, caratulada: "Giangrante, Gabriel Marcelo s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público, el Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y a la querella P. P. F., los doctores Jorge Daniel Pirozzo y Carlos Federico Bossi Ballester. Ejerce la defensa particular de Gabriel Marcelo Giangrante los doctores Eduardo Daniel Perrone y Carlos Alberto Sánz.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: Borinsky, Catucci y Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO: El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo: PRIMERO:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal nº 25 de la ciudad de Buenos Aires, por veredicto glosado a fs. 1020/vta., y fundamentos a fs. 1022/1042, resolvió:

CONDENAR a GABRIEL MARCELO GIANGRANTE en orden al delito de abuso sexual, cometido contra una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor y su relación de preeminencia, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de las costas procesales (art. 26, 29 inc. 3º, 45, y 120, en función del artículo 119, tercer párrafo del Código Penal).

II. Contra esa sentencia el doctor Jorge Daniel Pirozzo por la querella, a fs. 1060/1068 dedujo recurso de casación, mientras que el Fiscal General doctor Horacio Ricardo Michero hizo lo propio a fs. 1069/1075 vta., al igual que los doctores Eduardo Perrone y Carlos Alberto Sanz por la defensa del imputado a fs. 1077/1084.

Los referidos recursos fueron concedidos a fs. 1092/1093 y mantenidos a fs. 1103, 1104, 1108/1109, respectivamente.

III. Recurso deducido por el apoderado de la querella doctor Jorge Daniel Pirozzo.

El recurrente sustentó la procedencia de la vía recursiva con invocación en la causal establecida en el inc. 1º del art. 456 del C.P.P.N., en tal sentido explicó que el error in iudicando se presentó con relación al modo en que el tribunal calificó la conducta atribuida al imputado estupro simplecuando debió ser condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Al respecto, adujo que el imputado para acceder carnalmente a la menor se valió de una relación de autoridad o dependencia dada por su rol de profesor de música, maestro de canto y director de más de siete coros, y por la confianza que obtuvo de ella a través de la seducción que desplegó previamente.

Añadió que "En la violación, la intimidación sobre la víctima debe contemplar el efecto psicológico sobre ella, pudiendo presentarse la amenaza mediante palabras, señales o actos en forma oral o por mímica, de manera que afecten la capacidad de elección del sujeto, coartando su libertad".

Sostuvo que la relación de superioridad que lo unía a la víctima impidió que ella pudiera dar un consentimiento válido para los actos sexuales a los que Giangrante la sometió.

Por otra parte, expresó que debió aplicarse en el caso la agravante de "encargado de la educación" dispuesta en el art. 119, cuarto párrafo, inc. b) del C.P., ya que el imputado le enseñaba a su asistida en los coros en los que la dirigía.

Por último expresó que al imponer la pena los jueces omitieron considerar el daño psicológico que se le causó a la víctima, el que fue corroborado por los distintos profesionales que la asistieron.

Hizo reserva del caso federal.

Recurso deducido por el Fiscal General doctor Horacio Ricardo Michero El recurrente criticó la significación jurídica que el a quo le otorgó al hecho atribuido al imputado, pues descartó aplicar las agravantes establecidas en el cuarto párrafo, inciso b) del art. 119 del C.P. encargado de la educación y de la guardade la menor.

"3".

En tal sentido sostuvo que la guarda se configuró cuando el imputado se ocupó de trasladarla a los ensayos.

En lo que respecta a la agravante de la educación, adujo que la norma no contempla supuestos de educación formal, programática o extra programática, sino de la educación en cualquiera de sus facetas.

Dejó planteada la reserva del caso federal.

Recurso de casación interpuesto por la defensa de Gabriel Marcelo Giangrante Expresó el recurrente que la sentencia impugnada no cuenta con pruebas suficientes para tener acreditado el delito atribuido a su asistido. Asimismo, las constancias fueron erróneamente analizadas, por lo que la conclusión a la que se arribó resulta ilógica.

Indicó que el tribunal omitió apreciar los testimonios que esa parte ofreció como descargo, los cuales permitirían desechar la tesis acusatoria. Asimismo, no se tuvieron en consideración las contradicciones en las que incurrió la víctima al declarar en la "Cámara Gesell" y también al llevarse a cabo las entrevistas psicológicas.

Hizo reserva del caso federal.

En la etapa procesal prevista en los arts. 465 del C.P.P.N., el Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé solicitó que se haga lugar al recurso de casación deducido por su predecesor; mientras que la defensa de Giangrante amplió los fundamentos de su recurso.

A fs. 1138 se dejó constancia de haberse cumplido con las previsiones del art. 468 del C.P.P.N., ocasión en la que la defensa de Giangrante y la querella acompañaron breves notas.

SEGUNDO:

Liminarmente, es del caso recordar que el tribunal tuvo por probado que a mediados del año 2007, Gabriel Marcelo Giangrante aprovechándose de la inmadurez sexual de PF y de la relación de preeminencia que tenía respecto de ella, la condujo a un hotel del barrio de Flores de esta ciudad, donde quiso materializar una relación sexual que comenzó con un intento de penetración vaginal, desistido a causa del dolor expresado por la joven, tras lo cual empujó su cabeza llevándola hacia su miembro terminando la relación en una felatio.

Para así decidir, el tribunal consideró que el relato brindado por la damnificada PF resultaba preciso, verosímil, coherente y detallado. A su vez, no presentaba evidencias de animosidad ni en el contenido ni en el modo en que fue trasmitido.

En ese contexto los jueces tuvieron en cuenta que la víctima no solamente dio precisiones respecto del suceso, sino que también describió el comportamiento que el causante tuvo antes, durante y después de que se produjera el delito.

Las referencias vertidas por la nombrada le permitieron a los jueces concluir que el imputado la llevó al hotel con la inequívoca intención de mantener relaciones sexuales, pues si bien le dijo que concurrirían bajo el pretexto de repasar cuestiones musicales, lo cierto es que una vez que ingresaron el causante de inmediato dejó claramente establecido su verdadero propósito.

Asimismo, el a quo tuvo en cuenta que el relato sobre lo que aconteció en el inmueble se mantuvo inalterable en todas las oportunidades en la que la damnificada fue convocada a declarar.

Por otra parte ponderaron que las conversaciones que mantuvo con el imputado se ajustan a su edad, dan cuenta de su inexperiencia sexual y se adecua al tipo de relación sentimental que pretendía mantener con el imputado.

Finalmente el fallo para corroborar la veracidad del relato de la víctima, consideró preponderante el testimonio de Maía Selene Gutiérrez, quien confirmó que su amiga PF le confesó que Giangrante la había llevado a un departamento y que no había podido mantener relaciones "porque le dolía". Asimismo, señaló que en una ocasión escuchó cuando el imputado le decía a PF que "la amaba". A la vez que declaró que tuvo la ocasión de leer una de las cartas que el imputado le escribió a su amiga.

También los jueces tuvieron en cuenta que la doctora Virginia Berlinerblau del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, luego de entrevistar a la joven concluyó que su relato tenía una estructura lógica, resultaba coherente, y poseía suficientes detalles.

Descartó el a quo que el testimonio de PF fuera fabricado o inventado con la intención de perjudicar al imputado, habida cuenta que en varios tramos de su relato describió al imputado como una persona "dulce", que se encargaba de protegerla, comprenderla y valorarla. Esa conclusión a su vez fue respaldada por el informe elaborado por la Psicóloga del Cuerpo Médico Forense, Licenciada María Laura Marandino, quien a fs. 35 informó que la nombrada no presentó desajustes de índole psicótico, ni propensión a la sobrecarga imaginaria patológica, y se comunicó sin fallas lógicas.

Finalmente entendió que Giangrante se valió de su personalidad para lograr aquel propósito, ya que de los informes psicológicos realizados a la menor se desprende que presentaba baja autoestima, depresión y conflictiva emocional.

En otro punto de la sentencia los jueces consideraron que la prueba de descargo invocada por la esforzada defensa resultaba insuficiente para modificar la decisión recurrida, en tanto los testigos de descargo al no haber presenciado el hecho atribuido al causante no pudieron aportar ningún elemento de juicio que permita poner en duda la versión de la víctima, a la vez que los aspectos que aquellos brindaron sobre la personalidad del causante tampoco alcanzaba para descartar la comisión del delito de estupro.

Además constataron el estudio de personalidad del imputado en el que se concluyó que presentaba un fenómeno especial denominado "Ilusión de Semejanza", y que esa patología "se corresponde con un sujeto que tiene una tendencia a la búsqueda de seguridad a través del control y de la proyección y racionalización como mecanismos defensivos". Añadieron, que el imputado posee rasgos narcisistas, egocentristas e inmadurez emocional.

Así, advierto que el tribunal ha dado sobrados fundamentos que permiten verificar y controlar el proceso lógico seguido por los jueces para arribar al grado de certeza requerido para considerar a Giangrante responsable del delito de estupro.

Las críticas dirigidas por la defensa a la valoración que el a quo efectuó del plexo cargoso simplemente deja trasuntar su disconformidad con la conclusión alcanzada, ya que no se hizo cargo de demostrar fundadamente de qué modo se materializó la alegada arbitrariedad.

En efecto, dos son las cuestiones planteadas en el escrito recursivo: la primera respecto a la veracidad del testimonio de la víctima PF, y en segundo lugar a que la prueba de descargo aparece suficiente para demostrar la inocencia de su asistido.

Un correcto abordaje de la primera cuestión, conlleva a la necesidad de señalar que el sistema de la sana crítica racional adoptado por nuestro código procesal vigente permite que el tribunal de juicio funde la certeza sobre la existencia del hecho ilícito por medio de la apreciación del relato de un único testigo, siempre y cuando luego de practicado un exhaustivo control, fundadamente permita inferir que sus dichos resultan veraces y conducentes para la solución del caso.

En el sub examine, se advierte que el plexo probatorio que sustentó la condena de Giangrante reposa sustancialmente en el relato que brindó P. F. quien fuera considerada por los jueces víctima del delito de estupro. Y para arribar a dicha conclusión advierto que concretaron un exhaustivo análisis que les permitió establecer la veracidad de su versión.

Concretamente advirtieron que poseía una estructura lógica, acorde a su edad y a las particularidades atingentes al hecho denunciado, el cual se concretó en el marco de una relación sentimental cuya existencia pudo tenerse por acreditada.

También se le otorgó preponderancia al hecho de que a pesar de la edad de la nombrada, en cada una de las ocasiones en las que se le solicitó que relate lo que le había acontecido, efectuó la misma descripción.

Asimismo, los jueces con el objeto de otorgarle mayor convicción confrontaron el referido testimonio con otros datos recabados, y con las explicaciones proferidas por los médicos que la evaluaron.

En ese contexto, se tuvo en consideración que Maia Selene Gutiérrez, amiga y confidente de la víctima, confirmó que PF le narró lo que había acontecido en el referido inmueble, y estaba al tanto que Giangrante no había podido penetrarla a causa de los dolores que a ella le traía aparejado. Asimismo, dio detalles de la relación sentimental que tenían los nombrados la que incluía el envío de cartas de ese tenor.

Del mismo modo los informes efectuados por los facultativos de la salud que tuvieron la posibilidad de entrevistarla aparecen concluyentes en el sentido de que su relato resultaba creíble.

Por otra parte, concuerdo con el a quo en cuanto a que las supuestas contradicciones en que según la defensa incurrió PF cuando fue entrevistada por las facultativas que la analizaron psicológicamente, no poseen entidad para modificar el concepto que de ella se hicieron los jueces. Ello así, pues ninguna de las referencias que invocó en esas ocasiones se encuentra directamente referida a aspectos relativos al hecho que se tuvo por probado, sino que aluden a cuestiones que ni siquiera fueron abordadas por el tribunal.

Advierto igualmente que los jueces entendieron que resultaba innecesario cotejar lo que la joven declaró en la "Cámara Gesell", y en los estudios psicológicos habida cuenta que ellos contaron con la posibilidad de apreciar directamente los dichos de la víctima.

Consecuentemente, cabe concluir que el tribunal ha dado suficientes y convincentes fundamentos para tener por acreditado la veracidad y verosimilitud del suceso que PF relató durante la celebración del debate, como así también en la responsabilidad que en tal hecho le cupo al causante.

En segundo término comparto las consideraciones efectuadas por el tribunal respecto a que la prueba de descargo constituida principalmente por los dichos de personas allegadas al imputado impide arribar a una decisión diferente a la impugnada, pues ellos declararon sobre aspectos o circunstancias personales de Giangrante, que se encuentran desvinculadas con el hecho atribuido, y por ende carecen de entidad para demostrar la mendacidad en los dichos de la menor y la inocencia del imputado.

En tal sentido, el tribunal consideró que los testigos Santiago Otero Ramos, Gabriel Apropiano, Juan Pablo De Miguel, Osvaldo Gabriel Petit Mahler , Alejandro Vernet, Ricardo Escobar, Sabrina Nulchis Graffitti no se expresaron sobre los aspectos que conforman los sucesos atribuidos al causante, sino sobre otras cuestiones que no permitían conmover la decisión impugnada, aspecto que al no haber sido refutado por el recurrente, impide, en este estadio, otorgarles una significación diferente al que se efectuó en el fallo.

Por consiguiente, cabe sostener que la sentencia en lo que respecta a la acreditación de la materialidad del delito y la responsabilidad del imputado cumple acabadamente con la fundamentación exigida por los arts. 123 y 404 inc. 2º del C.P.P.N., por lo que cabe rechazar este agravio.

b) En cuanto al agravio de la querella y la fiscalía respecto a la significación jurídica escogida en la sentencia, encuentro necesario efectuar las siguientes consideraciones.

En primer término discrepo con la querella en cuanto entiende que en el caso se encuentran satisfechos los elementos objetivos y subjetivos de la figura legal prevista en el tercer párrafo del art. 119 del C.P.

Para que se configure el delito de abuso sexual con acceso carnal resulta indispensable que la conducta ilícita se concrete mediante alguna de las modalidades previstas en el primer párrafo del referido artículo.

Contrariamente a lo alegado por la querella no advierto que en el sub examine se presenten los elementos previstos en el primer párrafo del art. 119 del C.P.. Para ello tengo en cuenta que en varios pasajes de la sentencia se tuvo por acreditado que la relación sexual se concretó en el marco de un vínculo sentimental en el que PF prestó voluntariamente su consentimiento, es decir que no hubo de su parte una manifiesta resistencia a los requerimientos sexuales del imputado.

La verificación de esa circunstancia descarta que Giangrante haya tenido que emplear violencia física o psicológica.

Tampoco se desprende del plexo cargoso que el imputado logró su propósito profiriendo intimidaciones o amenazas. PF en ningún momento aludió a la existencia de un fundado temor en su ánimo, ni que se vio obligada a actuar de un modo no querido por ella.

Menos aún que aquella conducta hubiera acaecido como como consecuencia de una coacción, relación de autoridad o jerarquía, ni que Giangrante se hubiera encontrado con la víctima en relación de preeminencia.

Al respecto refiere Edgardo Donna que la relación de dependencia puede presentarse en el ámbito laboral, educacional, institucional, religioso, "siempre que no caiga en la agravante prevista en el cuarto párrafo del mismo artículo" (Delitos contra la integridad sexual, segunda edición, Ed. RubinzalCulzoni, pág 31).

En consecuencia, siendo que PF en el juicio reconoció que consintió el acto sexual, no obstante que "no le gustaba", aunado a que no se encuentran acreditadas ninguna de las circunstancias alegadas por la querella, corresponde descartar la figura prevista en el art. 119 del C.P..

En efecto el art. 120 del citado cuerpo normativo, sanciona a quien mediante actos de seducción desplegados sobre una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez presta su consentimiento, en razón de la mayoría de edad del autor y su relación de preeminencia respecto de la víctima.

Al respecto Donna refiere que la seducción no se presume sino que debe ser real, es decir que los jueces tienen que demostrar que el autor se aprovechó de la inmadurez sexual de la víctima, y que para ello resulta necesario verificar los medios que se valió el autor en la realización de la conducta típica.

Si bien no fue objeto de controversia, cabe señalar que la inmadurez sexual de PF se tuvo por demostrada en razón a la edad que ella tenía cuando aconteció el ilícito, sumado a su falta de experiencia y conocimientos de índole sexual.

De igual modo, y si bien los métodos de seducción desplegados por Giangrante tampoco fueron cuestionados por la defensa, considero que resultaron idóneos para lograr el consentimiento de PF. En efecto, los distintos y valiosos obsequios que recibió como ser celulares, la organización de su fiesta de cumpleaños, las llamadas, los mensajes de texto y las cartas de contenido sentimental que le enviaba, y de otros cuidados que le dispensaba, contribuyeron en alcanzar el propósito pretendido por el imputado.

Asimismo, el imputado se valió de su situación de preeminencia -entendida como una mera ventaja o circunstancia facilitadora de la seducciónque tenía sobre la víctima en razón a que se trataba de un sujeto de 47 años, y que además era quien le impartía conocimientos musicales.

Por consiguiente, cabe concluir que conforme las particulares circunstancias del caso el imputado consiguió el consentimiento por medio de las modalidades supra referidas, y no por aquellas enumeradas en el inciso 1º del art. 119 del C.P..

En lo que respecta a aplicación de las agravantes de "encargado de la educación o de la guarda" cabe realizar las siguientes apreciaciones.

?13? Resulta necesario señalar que el tribunal no aplicó la primera de ellas en el entendimiento de que encargado de la educación es aquél que tiene a su cargo la formación intelectual de la persona, y por ende Giangrante por su calidad de director de coros no tenía esa responsabilidad.

Respecto al alcance que debe otorgársele al referido concepto coincido con Ricardo Núñez en cuando refiere que "encargado de la educación" es aquel que "tiene a su cargo la tarea de instruirla en cualquier materia o corregirla; sea que lo haga en forma individual o colectiva, por convención o por función pública o privada. Tanto está encargado de la educación el profesor universitario o secundario o el maestro de escuela primaria, como el preceptor particular, la institutriz o el maestro en un arte u oficio" ("Derecho Penal Argentino parte especial IV", Editorial Astrea, pág. 275).

Ese argumento es compartido por Edgardo Donna quien sostiene que ese concepto comprende no solamente a los maestros de escuela primaria, secundaria y universitaria, sino también "todo aquel que con la víctima tenga una relación de impartir conocimientos, siendo necesario que el juzgador aprecie debidamente si quien proporcionaba las enseñanzas gozaba de un predicamento tal que le permitiera abusar de la confianza otorgada para comenzar la ejecución del acto" en tanto el fundamento de la agravación reside "en la infracción de los deberes particulares inherentes al cargo del autor o las obligaciones que asumiera voluntariamente. Es decir, es la particular relación del agente con la víctima la que la ley ha tenido en cuenta para fundar la mayor punibilidad" (op. cit. p. 93/94).

En el mismo sentido Jorge E. Buompadre considera que encargado de la educación es el profesor universitario, el secundario, el maestro de escuela, el preceptor de un colegio, el maestro de algún arte u oficio, el maestro particular que educa, corrige, enseña, imparte lecciones a otra persona ya sea que lo haga de modo permanente, transitoria o circunstancial, y que al momento de la comisión del delito la relación o cargo exista (Derecho Penal -parte especialTomo 1, 2º edición actualizada, Ed. "Mave", Bs. As. 2003, pág. 382).

De acuerdo a los referidos lineamientos, debe entenderse por "encargado de la educación" a toda persona que imparte conocimientos en cualquier materia, arte o profesión, ya sea que esa actividad la realice en establecimientos públicos, privados o particulares, y que aquella se aproveche de esa situación para llevar a cabo la conducta ilícita.

Sobre este punto Buompadre advierte que la aplicación de la agravante se fundamenta en la violación de los deberes particulares inherentes al cargo o a las obligaciones asumidas (op. cit. P. 382).

En este contexto, la razón de la subsunción de ese concepto en el sub exámine se corresponde con el hecho de que Giangrante en su carácter de director coral era el encargado de trasmitirle a F. conocimientos de música coral.

Por consiguiente la aplicación de esta agravante se justifica en el aprovechamiento que la relación maestroalumno trae aparejada, y el quebrantamiento de la confianza, respeto y ascendencia por parte de quien se encuentra encargado de impartir los conocimientos, por lo que poco importa si la enseñanza estaba destinada al desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas, artísticas o de otra índole.

A mayor abundamiento cabe puntualizar que esta Sala, in re: "Ortega, Néstor José s/recurso de casación", Reg. Nº 182.03, rta. el 16/04/2003 (voto del doctor Tragant) sostuvo que que el profesor de Sipalkido "estuvo a cargo de la educación del menor, en lo relativo a esta práctica deportiva como segmento de la integridad de su formación física y espiritual".

Por consiguiente no encuentro ninguna razón que impida considerar al causante comprendido en el concepto "encargado de la educación".

Cabe consignar que fue en el contexto del vínculo producto de la enseñanza de la actividad coral que el imputado concretó el acto sexual. Es decir que Giangrante aprovechó su condición de instructor, y de la inmadurez sexual de PF, y por los medios supra referidos logró su consentimiento, por lo que en el sub lite se encuentran acreditadas las circunstancias requeridas en el art. 119 párrafo cuarto inciso b) del Código Penal.

De adverso, entiendo que no se presentan las circunstancias para aplicar la agravante "encargado de la guarda", ello así, pues con sujeción al plexo probatorio incorporado no puede sostenerse válidamente que por el hecho de haber trasladado a PF hacia los lugares donde se realizaban los ensayos, corresponda asignarle a Giangrante la responsabilidad pretendida por los recurrentes, por lo que en la especie no se presenta una nueva y diferente situación de aprovechamiento a la que ya fue tratada, y por tanto esa conducta al formar parte de un único designio debe quedar comprendida en el concepto de "encargado de la educación".

d) En virtud de lo hasta aquí expuesto, propiciaré al acuerdo rechazar el recurso de la defensa, hacer lugar parcialmente a los recursos del fiscal y de la querella, y por consiguiente casar parcialmente la sentencia obrante a fs. 1022/1042., condenando a GABRIEL MARCELO GIANGRANTE como autor del delito de abuso sexual, cometido contra una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia, y agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima, accesorias legales y las costas del proceso (art. 120 en función del art. 119, cuarto párrafo, inciso b) del Código Penal.

Lo antedicho conlleva a la necesidad de imponer un nuevo monto de pena, atento la nueva escala penal aplicable. En esa tarea tendré en cuenta la falta de antecedentes penales que el imputado registraba, los informes relativos a su situación social y familiar, como así también la impresión personal que me formé luego de haber escuchado al causante en la audiencia dispuesta en el art. 41 del Código Penal.

En cambio, no habré de valorar el daño psicológico causado a la menor como pretende la querella. Ello así, pues entiendo que los jueces luego de escuchar durante el juicio a PF llegaron a la conclusión de que su relato no se desprendía la vigencia del alegado padecimiento.

Debe recordarse que los jueces son soberanos en la selección de aquellos elementos de juicio que entienden a la justa solución del caso, y por ende no se encuentran compelidos a tener que valerse de los informes psicológicos, máximo cuando aquella conclusión derivó de la prueba producida ante ellos en razón al principio de la inmediatez.

Si bien, no se puede cuestionar la prueba que el a quo percibió directamente, ello, no me impide controlar otras constancias como ser los estudios psicológicos informan que PF al momento de ser analizada presentaba angustia, síntomas fóbicos y frustración. Conducta inhibida y rechazo hacia el sexo opuesto, culpa y vergüenza (cfr. fs. 467/477), sin embargo ninguna de estas referencias resultan concluyentes para colegir que la nombrada presente secuelas psicológicas de tal magnitud que tuvieran que ser ponderadas por los jueces al fijar la pena.

En consecuencia, a partir de la escala punitiva aplicable por el delito atribuido y a las circunstancias ponderadas por el "a quo" que han quedado incólumes de acuerdo con los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P., encuentro ajustado a derecho y a las constancias de la causa, definitorias del grado de culpabilidad del imputado por los hechos concretos endilgados, CONDENAR a GABRIEL MARCELO GIANGRANTE como autor del delito de abuso sexual, cometido contra una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia y agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima, a la pena que se eleva a seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3º, 120 segundo párrafo en relación con el art. 119, cuarto párrafo, inciso b) del Código Penal).

En orden a lo expuesto, propongo al Acuerdo: a) Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Giangrante, con costas (art. 470, 471 ambos "a contrario sensu", 530 y 531 del C.P.P.N.). b) Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por el Fiscal General doctor Horacio Ricardo Michero, y por el doctor Jorge Daniel Pirozzo en representación de la querella, sin costas, y en consecuencia CONDENAR a GABRIEL MARCELO GIANGRANTE como autor del delito de abuso sexual, cometido contra una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia y agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima, a la pena que se eleva a seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3º, 120 segundo párrafo en relación con el art. 119, cuarto párrafo, inciso b) del Código Penal). Tal es mi voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo: Comparto las consideraciones expuestas por el señor juez que abrió el acuerdo. Sólo he de acotar que a través de las constancias de la causa se advierte que el encausado habría aprovechado su condición de educador musical para crear con su asedio comunicacional y atenciones especiales una situación amorosa con la menor, relación buscada para conseguir como lo logró sus fines sexuales sin su resistencia. Conducta que atendiendo a la edad y experiencia del autor contaba con un resultado asegurado, tal como ocurrió. Por consiguiente me adhiero a la elevación del monto punitivo propiciado por mi colega.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo:

Por análogos fundamentos a los expresados por los distinguidos colegas que me preceden en el orden de votación, emitimos nuestro voto en idéntico sentido.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

a) RECHAZAR el recurso de casación deducido por la defensa de Marcelo Gabriel Giangrante, con costas (art. 470, 471 ambos "a contrario sensu", 530 y 531 del C.P.P.N.).

b) HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación interpuestos por el Fiscal General doctor Horacio Ricardo Michero, y por el doctor Jorge Daniel Pirozzo en representación de la querella, sin costas, y en consecuencia CONDENAR a GABRIEL MARCELO GIANGRANTE como autor del delito de abuso sexual, cometido contra una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia y agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima, a la pena que se eleva a seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3º, 120 segundo párrafo en relación con el art. 119, cuarto párrafo, inciso b) del Código Penal).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen, a sus efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.