Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


CENTURION, Julio C. y otros contra AGER S.A. y MOTOR PARTS S.A. Reg.: A y S t 195 p 305-307.

Santa Fe, 17 de marzo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 27 de febrero de 2002, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "CENTURION, Julio C. y otros contra AGER S.A. y MOTOR PARTS S.A. -Laboral- (Expte. 102/01)" (Expte. C.S.J. nro. 260, año 2002); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado revocó lo resuelto en baja instancia, que había acogido la pretensión actora y condenado a las accionadas a pagar solidariamente a los actores determinadas sumas de dinero en concepto de indemnización por despido sin causa más la correspondiente al artículo 52, párrafo cuarto, de la ley 23551 (fs. 7/16).

Contra dicha resolución interponen los actores el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055 (fs. 20/30).

En primer lugar, sostienen que la Cámara interpreta arbitrariamente la norma del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo atinente a la extinción del contrato de trabajo por falta o disminución del mismo no imputable al empleador, apartándose del criterio restrictivo que emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según dicen también habrían soslayado la jurisprudencia que enseña que las dificultades económicas no constituyen el supuesto de hecho de la norma, con la consecuencia de trasladar "el simple riesgo empresario" al trabajador.

Agregan que también se apartan los Sentenciantes de aquéllos criterios que señalan que el empleador debe demostrar que desplegó una conducta diligente para sortear la "dificultad económica" y que la causa le resulta ajena inevitable e irresistible, y no riesgos propios de la actividad empresaria (ajenos al trabajador). Insisten con su postura respecto a que la interpretación dada a la normativa laboral, a la luz de los hechos de la causa, resulta inconstitucional en tanto se la interpreta en un sentido amplio y no restrictivo, con violación de la protección constitucional del crédito del trabajador y trasladando los efectos de las "dificultades económicas empresarias" a su ingreso.

Dicen que la sentencia desnaturaliza el principio protectorio del crédito del trabajador modificando uno de los aspectos sustanciales del contrato de trabajo: "la ajenidad del riesgo".

Finalmente agregan que, con respecto a la estabilidad gremial, el A quo sostiene que dicha garantía no procede frente al cierre del establecimiento, siendo que se encuentra acreditada la existencia de un "conjunto económico" que incurre en fraude laboral. Ello en tanto los socios de ambas empresas son los mismos, los productos que fabricaba "Ager S.A." pasaron a ser fabricados por "Motor Parts S.A.", los empleados pasaron a la empresa absorbente y las máquinas también fueron transferidas.

2. Por auto del 21 de junio de 2002, el Tribunal a quo declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que las argumentaciones de la recurrente sólo revelaban su discrepancia con la interpretación de los hechos, la prueba colectada y las normas de derecho común aplicables al caso. Ello motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Sede (fs. 43/44).

3. Del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, tal como han sido expuestos por la recurrente, en su confrontación con la resolución atacada, surge únicamente la mera disconformidad con la valoración probatoria y con la solución dada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias -al entender la Cámara que debían desestimarse los reclamos de los actores persiguiendo el cobro de la indemnización del artículo 245 de la LCT más la correspondiente a la calidad de delegados gremiales- ámbito que resulta ajeno en principio a esta instancia extraordinaria, en la medida en que aquéllos no logran persuadir que el fallo impugnado sea reprochable constitucionalmente.

Efectuada por la Sala la interpretación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (invocado para el despido), los quejosos disienten con aquélla, que indica que la normativa exige dos circunstancias para que el empleador tenga por extinguida la relación laboral: que la crisis económica tenga un grado de perdurabilidad suficiente y que la empleadora demuestre las diligencias en la emergencia tendentes a revertir tal situación. En esta línea de razonamiento, el Tribunal -tras valorar las pruebas obrantes en autos- entendió que, con base a la pericial contable que da cuenta del esfuerzo de la empleadora para contrarrestar los resultados negativos de la explotación mediante la incorporación de una nueva actividad, más la prueba informativa demostrativa de la carencia de perspectivas favorables para revertir los resultados de la explotación y además, documentación (actas de reuniones con el personal) tendiente a acreditar las medidas de la empresa en orden a agilizar decisiones administrativas para operaciones de exportación e importación para allegar fondos; concluía que la extinción del contrato de trabajo, en el caso de los actores, se debió a "falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" fehacientemente acreditada en autos.

Como puede verse, partiendo la Sala del alcance del texto señalado en precedencia, consideró probado los extremos legales, sin que la hermenéutica efectuada o la valoración de las pruebas excedan los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados que permitan considerar lo resuelto "inadmisible". Por cierto, esbozan razones que lucen inconsistentes en orden a demostrarlo como, por ejemplo, que la interpretación del artículo 247 de la normativa laboral resulte arbitraria y contraria al texto constitucional, o que la empleadora no haya acreditado una causa ajena inevitable e irresistible y que no se traten de riesgos propios de la actividad empresaria.

Conforme lo precedentemente expuesto, igual suerte adversa corren los reproches por el rechazo de la indemnización del representante gremial, siendo que en punto a ello la Cámara consideró -con cita de precedentes propios, así como de jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo y de autorizada doctrina- que "...la tutela del representante sindical no puede invocarse en los supuestos de cesación de las actividades del establecimiento y de la suspensión general de éstas...". Concretamente: "...al desaparecer el extremo que condicionaba la representación (las tareas en el establecimiento), hubiera carecido de eficacia y de causal determinante el desempeño de los actores como delegados del establecimiento..." caducando -por ende- su representatividad (fs. 14 vto./15).

Sin que los recurrentes demostraran que el alcance asignado por los Juzgadores a la normativa de la ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la luz de caso fuera arbitrario o no aplicable al "sub judice", cuando -se reitera- motivaron sus conclusiones con cita doctrinaria y jurisprudencial.

En suma: las falencias atribuidas al decisorio revelan tan sólo el propósito de los perdidosos de reabrir el debate acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria ajena a la esfera del remedio ensayado, no traspasando el planteo el límite de la disconformidad en cuanto a la valoración de la situación fáctica acaecida y su encuadre jurídico, aspectos propios de las instancias ordinarias y, por ello, excluidos de este control al no haberse demostrado que las apreciaciones de los Sentenciantes -más allá de su grado de acierto o error- resulten ilógicas o irracionales, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial. La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica y jurídica sobre temas de derecho común -ya tratados en las instancias ordinarias- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria en esta sede, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)