Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, derecho a la salud, faltas relacionadas con la higiene y la salud, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Monserrat, Daniel Adrián s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, anular la resolución recurrida y remitir las actuaciones al a quo a fin de que, previo recabar nuevos informes que satisfagan los requisitos exigidos en las disposiciones aplicables al sub examine -y con anterior intervención de las partes- dicte un nuevo pronunciamiento, lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto de la procedencia de la detención domiciliaria. Se advierte que el petitum defensista que aparece acompañado por el favorable dictamen fiscal encuentra sustento en las condiciones de salud del encausado ante el actual contexto de pandemia. El Fiscal General actuante opinó que a los fines de garantizar el derecho a la salud de Monserrat, teniendo en consideración su situación concreta, no guardaba objeción que formular al pedido de morigeración de la detención en la modalidad domiciliaria mientras dure el estado de emergencia sanitaria, previa acreditación del domicilio donde habrá de cumplirse la medida dispuesta. Al respecto señaló que la función jurisdiccional se ve acotada tanto por los límites marcados por el contradictorio, es decir, la controversia planteada por las partes ante el juez, como así también por la frontera de la pretensión del acusador si el dictamen -más allá de su acierto o error- alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación. A continuación, afirmó que se advierte una insuficiente evaluación de las circunstancias que, en principio, resultan conducentes a los fines de evaluar la posibilidad de conceder -o no- el arresto domiciliario impetrado. Así es; de la módica prueba sobre la que se soporta el dictamen fiscal y lo decidido por el a quo, es decir, los dos certificados médicos practicados desde la Unidad N° 5 dependiente del SPF, con más la mentada planilla acompañada por la autoridad, no aparece suficientemente acreditada la pertenencia del encausado a la población de riesgo con el grado de certeza que requiere este supuesto extraordinario. El déficit se desprende de la falta de adecuación de lo acompañado a la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación del 19 de marzo pasado, habida cuenta que ninguno de los reportes remitidos -luego valorados por el Ministerio Público Fiscal y el tribunal actuante- justifican dentro del grupo de las inmunodeficiencias que el nombrado se trate de un paciente "con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis", tal la hipótesis que se incluye en el Acápite V, Tercer punto, del referido dispositivo. Lo propio en cuanto atañe a los estándares establecidos por la misma autoridad penitenciaria en las Directivas respecto de Alerta Epidemiológica del Coronavirus - (COVID- 19) del 13 de marzo ppdo., ME-2020-16932042-APN-DGRC#SPF, en cuanto exigen que se trate de un paciente inmunosuprimido bajo corticoterapia. Tampoco se explica el impacto de la expresada hipertensión arterial en su caso, en tanto no es una dolencia que per se resulte incluida en la mentada nómina, sino que debe aparecer asociada a otras patologías, en razón de lo cual no se enumera bajo esa denominación en ninguna de las disposiciones de mención, ni -por fin- se hace alusión alguna a si el encausado padece -o no- cáncer, tal como alegó su defensa en el escrito original. En definitiva, por cuanto las certificaciones recibidas no abastecen los requisitos normativamente establecidos, resta un informe completo y con especificidad en base a la historia clínica y al tratamiento por medicación brindado al causante, a fin de examinar su situación en el marco de la emergencia sanitaria imperante. Siendo que el a quo también motivó su apartamiento de la posición de las partes con apoyo -entre otros extremos- en los deficientes informes médicos, el decisorio recurrido exhibe una fundamentación tan sólo aparente. Los votos concurrentes, coincidieron en que la resolución cuestionada posee fundamentación aparente, por basarse en informes médicos deficientes para realizar un análisis del estado de salud de Monserrat. Dres. Slokar, y Yacobucci y Mahiques -votos concurrentes-.