Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


ACUÑA, Francisco y otros contra MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS Reg.: A y S t 198 p 494-497. Santa Fe, 7 de julio del año 2.004.

VISTOS: Los autos "ACUÑA, Francisco y otros contra MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS - Acción de Amparo-Medida Cautelar- sobre AVOCACION (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. nro. 2, año 2.004), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

I. Contra el decisorio de este Cuerpo registrado en A. y S. T. 195, págs. 200/204, por el cual se declaró que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole a los actores el plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330, deducen éstos el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 63/73) expresan que poseen legitimación para recurrir; que el recurso se interpone temporáneamente; que oportunamente se introdujo la cuestión constitucional.

Asimismo, efectúan un relato de los antecedentes de la causa.

Seguidamente, sostienen que la sentencia impugnada tiene el carácter de definitiva, por cuanto si bien no ha resuelto la cuestión de fondo llevada a debate por su parte, "de consentirse se verá privada de que el trámite a través del cuál se debata y resuelva la cuestión de fondo sea el que prevé la ley de amparo 10.456 y el propio art. 43 de nuestra carta magna", por lo que les causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior y resulta equiparable a definitiva.

Alegan la existencia de una cuestión federal compleja directa y esgrimen como "Primer Agravio", que han demostrado acabadamente los requisitos de admisibilidad de la acción intentada a la luz de las disposiciones del artículo 6 de la ley 10.456, en síntesis, el despido incausado sin sumario administrativo previo; la frustación del derecho alimentario; la inutilidad del reclamo administrativo previo, acreditando en consecuencia, el peligro en la demora y el perjuicio irreparable.

Consideran que el procedimiento que impone la sentencia recurrida no tiene los alcances necesarios para restituir el derecho conculcado, por cuanto si bien el Tribunal consideró que los actores pueden solicitar cautelar autónoma, -dicen- que dicha solicitud es viable siempre y cuando se haya transitado previamente y ante la autoridad municipal requerimiento administrativo, por lo que el fallo resulta arbitrario y vulnera el artículo 18 de la Constitución nacional y la firmeza de la supremacía del artículo 43 de la citada Carta Magna por sobre la ley 11.330.

Bajo el acápite "Segundo Agravio", aducen que el fallo vulnera el artículo 16 de la Constitución nacional, por cuanto -según entienden- discrimina a los particulares y beneficia al Estado municipal al desconocer, en el caso, la aplicabilidad de la ley 10.456, lo que implica desconocer la vigencia del texto constitucional del cual se nutre.

Agregan, que al disponerse en el pronunciamiento la suspensión de la cautelar, se limitan y cercenan dispositivos que fueron creados para asegurar que las eventuales sentencias a dictarse en un proceso judicial no se tornen ilusorias o abstractas, pues la alternativa de restitución del derecho quebrantado no es viable con los alcances y efectos que prevé la ley 11.330.

In extenso refieren a la vulneración de las garantías constitucionales contenidas por los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 33 y 43 de la Constitución nacional (fojas 70 vto./72).

Corrido traslado a la contraria, lo contesta a fojas 86/93, postulando el rechazo del remedio intentado fundado en la inadmisibilidad del mismo.

II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge que el pronunciamiento recurrido carece de la definitividad requerida por el artículo 14 de la ley 48 para franquear la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, la resolución impugnada, en cuanto declaró que la presente causa es de la competencia de las Cámaras Contenciosas Administrativas, otorgando a los actores un plazo a fin de que adecuaran sus pretensiones a los términos de la ley 11.330, no es sentencia definitiva ni auto interlocutorio con fuerza de tal, de conformidad a las pautas jurisprudenciales elaboradas por el más alto Tribunal nacional.

En tal sentido, debe tenerse especialmente en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rogiano" (C.S.J.N., causa R. 426 XXXV, del 15.2.2000) por el cual rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de esta Corte provincial que -al igual que la ahora impugnada- resolvía un pedido de avocación por competencia (artículo 2, ley 11.330).

Dicho recurso extraordinario que había sido concedido por este Cuerpo, haciendo excepción a la falta de definitividad por entender que el núcleo central del caso fincaba en la operatividad de la garantía de la intangibilidad salarial, fue rechazado por el Alto Tribunal nacional, con fundamento en que la resolución recaída en esa causa no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal en los términos del artículo 14 de la ley 48.

En el sub-lite, no demuestran los recurrentes que concurran algunos de los supuestos excepcionales que autorizarían a tener por superada la deficiencia apuntada.

Efectivamente, este Tribunal ha decidido una cuestión de competencia, de conformidad a la norma del artículo 2 de la ley provincial 11.330 que autoriza a esta Corte, aún de oficio a dirimirla, sin que los recurrentes hayan cuestionado la constitucionalidad de esta norma.

Y, en el caso, no se encuentra comprometido el fuero federal.

Tal como lo ha sostenido el más alto Tribunal nacional, "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal" (Fallos 303:1702; 307:1929; entre otros).

En cuanto a las alegaciones que fincan en la supremacía del artículo 43 de la Constitución nacional, achacándole al fallo desconocer la aplicabilidad de la ley 10.456, lo que implicaría desconocer el texto constitucional del cual se nutre; se advierte que carecen de debido sustento.

Así, para resolver como lo hizo, consideró este cuerpo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineada en torno al amparo con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994 y explicitó las razones por las que entendió que los recurrentes deben adecuar sus pretensiones a los términos de la ley 11.330, sin que los comparecientes -que se limitan a insistir en el desarrollo de su propia tesitura- logren descalificar los fundamentos del mismo.

Asimismo, resultan insuficientes a los fines de entender excepcionalmente superada la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, los cuestionamientos atinentes al cese de la medida cautelar.

Es que, el tribunal al declarar que la competencia le correspondía a las Cámaras Contenciosas Administrativas, como consecuencia natural, dispuso el cese de la medida cautelar despachada por un juez incompetente y consideró en relación a los argumentos referidos al supuesto agravio irreparable aducido por los comparecientes que "se encuentra vigente la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte -como tribunal de lo contencioso administrativo- admisoria de la tutela cautelar anticipada -ver "Buasso", A. y S. T. 145, pág. 299; "Godoy", A. y S. T. 150, pág. 141; y "Bazet" A. y S. T. 167, pág. 111-".

Se advierte del cotejo de la pieza recursiva con el fallo de marras, que la prédica de los impugnantes al respecto, carece de suficiente respaldo, en tanto conforme a la jurisprudencia antes citada se admite la posibilidad de solicitar tutela cautelar con anterioridad a que la instancia contenciosa administrativa se encuentre habilitada.

Por lo que la crítica de los recurrentes, sólo trasunta su disconformidad con el criterio sustentado por este Tribunal, más sin hacerse cargo de rebatir con el rigor que exige esta instancia recursiva las razones expuestas en el decisorio.

En suma, no demuestran los impugnantes la vulneración de derechos constitucionales, habida cuenta que -como se dijo- el fallo decide acerca de una cuestión de competencia entre tribunales provinciales y a los recurrentes, en definitiva, no les es negada la posibilidad de tramitar su reclamo ante el Tribunal que, conforme a la interpretación brindada por esta Corte, es el competente según el ordenamiento jurídico local.

Por lo expuesto, en las consideraciones ut-supra expuestas, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario, por cuanto no se deduce contra sentencia definitiva ni auto equiparable a tal.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)