Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-14


San Miguel de Tucumán, 14 de septiembre de 2004.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "PUNTANO IRMA OLGA C/RODRIGUEZ WALTER IGNACIO S/ Z- DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expte. n°: 1916/98, y CONSIDERANDO:

Que apela a fs. 592 el codemandado Walter Ignacio Rodriguez, letrado que actúa por sus propios derechos, la sentencia dictada en autos con fecha 11 de Marzo de 2004 (fs. 587/8), por la que se acoge, con costas a su cargo, la excepción de inhabilidad de título opuesta por Rio de Uruguay Cia. de Seguros Ltda., tambien co-demandada y aseguradora del nombrado, sentencia dictada en la ejecución de honorarios promovida por el letrado contra la misma.

Que para mejor comprender las circunstancias del presente, cabe señalar que concluída la litis por el acuerdo transaccional celebrado entre actor y aseguradora del letrado demandado, éste obtuvo regulación de honorarios por la actuación profesional que cumpliera en autos en su propia defensa, los que pretende percibir mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que iniciara y en cuyo curso se plantea la excepción aquí tratada.

Que el recurrente, en su memorial de fs. 595/602, considera que el acuerdo transaccional celebrado es de interpretación restrictiva y constituye res inter allios acta a su respecto, destacando que por otro lado en el mismo se estableció que todos los gastos y costas de la litis serían a cargo de la aseguradora (cláusula quinta), a lo que prestó consentimiento considerando que en dichos gastos y costas estaban incluídos sus honorarios.

Que no obstante lo anterior, es correcta la afirmación del fallo (y no hay objeción de la parte concretamente en este aspecto), en cuanto a que al apersonarse la aseguradora y contestar demanda (fs. 187/200), en punto IV° formuló reserva respecto a que conforme cláusula 4ª de la póliza, pueden los asegurados designar los profesionales que los asistirán, pero en este caso lo será a su costa, excluyéndose expresamente de cualquier carga, gasto u honorario que por este motivo se pueda devengar en su contra.

Lo cierto es que el asegurado, en este caso el letrado y co-demandado Rodriguez, asumió su propia defensa contestando demanda (fs. 206/214), y realizando todas las actuaciones profesionales posteriores que registran esta actuaciones, sin formular objeción o impugnación alguna a la reserva mencionada.

Que en este decisivo aspecto y donde radica el nudo central de la cuestión, considera el Tribunal que más allá del acuerdo o no del recurrente con la reserva manifestada por la aseguradora, cuenta con operatividad la cláusula contractual de las condiciones generales de póliza. En virtud de la misma expresamente está establecida la eximición del pago de honorarios letrados en las condiciones señaladas, razón por la que a partir de la fuerza que dá a dicha convención el art. 1197 del Cod. Civil, mal puede el letrado apelante pretender le asisten derechos para percibir honorarios de su aseguradora, quien por otra parte había asumido antes la dirección del proceso, al contestar demanda, y tras intervenir en el desarrollo de toda la litis, finalmente completó la obligación de cobertura al pagar por vía transaccional la suma pactada con la víctima del siniestro, manteniendo así indemne, como era su obligación primordial, al patrimonio del asegurado, el letrado ejecutante.

Que en el caso se dá la particular circunstancia que el asegurado, en su carácter de letrado, asumió su propia defensa, por lo que no puede invocar desconocimiento de lo por el contratado al asegurarse. Pero, suponiendo todavia como otra hipótesis extrema y subsidiaria de la anterior, que contractualmente no existiera previsión alguna para el caso que el asegurado, además de la defensa que asume la aseguradora, tenga como en este caso la suya propia, tampoco desde la normativa aplicable le asiste derecho a hacer cargar a la aseguradora con los honorarios devengados, según lo ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Mendoza: "La asunción de la defensa por parte del asegurado designando su propio abogado le acarrea como consecuencia el pago de los honorarios de tal letrado; del juego armónico de los arts.109, 110 inc.a) y 118 inc.c) de la Ley de Seguros se deduce que estos preceptos imponen a la aseguradora la obligación de mantener indemne al asegurado, asumiendo la dirección del proceso, pero ninguno de ellos comprende el crédito del abogado que asiste al asegurado que ha designado su propio abogado; la aseguradora no es deudora de los honorarios regulados a ese letrado ni, obviamente, existe acción directa de esos acreedores contra la aseguradora." ("AUTOTRANSPORTE ANDESMAR S.R.L. EN J: ALMONACID, MARIO Y OT c/ SUC.ANGEL BARRO s/ DAñOS Y PERJUICIOS - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION" - Fallo: 199300 - Suprema Corte de Justicia - Circunscripción: 1 - Sala: 1 - Mendoza - 2000/12/01 Magistrados: KEMELMAJER DE CARLUCCI - ROMANO - NANCLARES. Citar: elDial - MZ37DC) Que sentado lo anterior, corresponde la confirmación del fallo, resultando irrelevante el argumento del apelante de que si se le regularon honorarios, por el principio de practicidad de los actos judiciales debe suponerse que era para que los cobrara, y no de sí mismo, lo que sería aburdo, encontrándose por otra parte los mismos extinguidos por confusión. En tal sentido no cabe por vía de esforzada interpretación dar a la sentencia regulatoria otros alcances que los que en si misma tiene, resultando evidente que si la parte pide regulación, la misma le corresponde, pero que una cosa es la determinación cuantitativa de la labor profesional y otra muy distinta quien habrá de pagarla, esto es que determinada la primera, no se sigue que por ello deba pagarla quien no ha sido condenado expresamente en costas, o le resulte tal obligación de un claro mandamiento legal, que en el caso no solo no existe, sino que es expresamente contrario a las pretensiones del ejecutante.

Que así lo ha sostenido jurisprudencia de esta Cámara: "El auto regulatorio resuelve únicamente sobre el importe con que el trabajo profesional debe ser remunerado, pero nada fija sobre el derecho a percibirlos, ni nada anticipa sobre la procedencia y forma de su cobro (CSJNac., LL 1988-B-793)" (CCCC Tuc., Sala Ia.,DRES.: BRITO - FRIAS DE SASSI COLOMBRES, in re: "Zalazar c/Banco de la Provincia s/Daños", Expte. N° 272/92 del 22/10/1992).

Que considerando otro de los agravios del quejoso, resulta correcta la calificación jurídica formulada por el Sr. Juez a-quo al encuadrar la defensa en lo dispuesto por el art. 581, inc. 1° del CPCC, norma que es la aplicable en este proceso de ejecución de sentencia, y no la por él citada (art. 543, inc.4° del CPCC), que se refiere al procedimiento del juicio ejecutivo.

Que en cuanto a las situaciones irregulares que el recurrente menciona bajo fé de juramente ocurrieron en el Juzgado de orígen en la tramitación del presente, cabe que encamine las mismas por la vía administrativa correspondiente, al exceder manifiestamente la cuestión de materia tratable en un recurso de apelación. Por lo que tampoco corresponde el testado solicitado por el apelado en su contestación del memorial a fs. 607/8, por referirse los pretensos excesos de expresión a cuestiones vinculadas con la situación materia de la denuncia a formular por el letrado quejoso.

Que asimismo, y respecto al planteo de inconstitucionalidad de la resolución apelada que por presunta violación a los arts. 16, 17, 18 y 28 de la C.N efectúa el recurrente, no cabe su tratamiento en el marco de la apelación, sino que debera orientarse por otras vías procesales que el letrado estime idóneas, teniéndose presente al respecto la reserva del caso federal efectuado en punto III° de su petitorio (fs. 602).

Que por lo expuesto cabe la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia, considerando el Tribunal, en cuanto a la imposición de las costas de Ira. y IIa. Instancia, que las mismas pueden aplicarse por el órden causado, atento haber contado el recurrente con razón probable para litigar, derivada de su actuación profesional en la litis y de una sentencia regulatoria de honorarios, lo que aunque erroneamente, pudo hacerlo considerarse con derecho a perseguir el cobro de esos aranceles (art.106, inc. 1° y 108 in fine del CPCC).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la sentencia dictada en autos con fecha 11 de Marzo de 2004 (fs. 587/8), MODIFICANDOSELA en cuanto a la imposición de costas, que se aplican por su órden, según lo considerado.

II) COSTAS de IIa. Instancia, tambien por su órden.

III) HONORARIOS: Oportunamente.

IV) TENER presente la reserva del caso federal formulada.

HAGASE SABER.- RICARDO JORGE ROBINSON MARTHA E. GONZALEZ DE PONSSA