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Uso de documento falso, estafa procesal, tentativa, concurso ideal, sucesiones, escritos judiciales, homologación judicial, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL
Carátula: SERHJAN, A.H. s/ USO   DOCUMENTO  PRIVADO  FALSO.  ESTAFA  PROCESAL.  CONCURSO  IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-13

1) El accionar del procesado que presentó en el Juzgado un documento falso con el objeto de ser homologado y lograr así la escrituración del inmueble, perjudicando, en el supuesto de haber conseguido lo último,a los derecho-habientes del causante, configura los delitos de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO EN CONCURSO FORMAL CON EL DE TENTATIVA DE ESTAFA PROCESAL.

2) No se ha configurado el delito de FALSIFICACION por cuanto no se probó quien falsificó la firma del causante en el escrito de transacción presentado por el acusado en el juicio civil. No obstante ello como el procesado lo usó sabiendo que era falso, se ha configurado el delito de USO DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSO que concurre formalmente con el de tentativa de estafa procesal.

3) Por cuanto el procesado no logró la escrituración del inmueble a su favor y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble el -fin que se propuso al promover el juicio y agregar documento falso- la ESTAFA quedó en grado de TENTATIVA, ya que ningún perjuicio patrimonial sufrieron los derecho-habientes.

4) Hay UNIDAD DE DELITO por unidad de hecho y de resolución ya que el "uso" del documento privado consumó la falsedad y el medio engañoso que integra la estafa.
Competencia, prórroga del plazo, competencia por el territorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rudoni, Juan Carlos c/ Matilia, Guillermo josé y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

La competencia territorial es de carácter relativo y renunciable, y puede ser prorrogada, ya sea en forma expresa o tácita por las partes, se trate de acciones reales o personales, pues no se opone a ello ningún principio de orden público.-
Recusación, Asesoría de menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Fierro Zanardi, Tabare Royi s/ infr. art. 183 CP art. 2 y 3 Ley 23592'". s/ infracción art. 183 CP art. 2 y 3 Ley 23592'". (Expte. n° 7221/10). 27-04-11.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-27

La recusación intentada contra el juez de grado que intervino en la investigación penal preparatoria a fin de que no participe también en la etapa intermedia no parece relacionarse de forma alguna con un asunto que sea de incumbencia propia de la Asesoría Tutelar; sobre todo cuando no le compete ofrecer pruebas, ni invocó que pretendiera formular excepciones ni proponer una vía alternativa para el proceso y tampoco será dicho magistrado quien entienda en la etapa de juicio. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Bartolomé c/ Fundiciones Canning S.A. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

El valor del litigio a los efectos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es de monto determinado y está representado para el recurrente por la suma a cuyo pago condena la sentencia definitiva, actualizada a la fecha de interposición del recurso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, consumación del delito, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Desde un punto de vista semántico, concuerdo con Jorge de la Rúa, cuando en su Código Penal Argentino señala que el sentido gramatical de las expresiones "de" y "a", están referidas, como "desde" y "hasta". Con lo cual el cuestionado artículo 44 del Código Penal quedaría redactado de la siguiente manera "la pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá "desde" un tercio "hasta" la mitad". Ahora bien, en lo qu e no concuerdo es que estos "desde" y "hasta" estén referidos a la "disminución" (postura que él adopta), sino que están en vinculación con "la pena" (o para decirlo de otra manera: la escala penal). En la oración, el sujeto es "la pena", por tanto la "disminución" (verbo) y los complementos ("de un tercio a la mitad"), están en referencia a aquél. Aceptando que ambos extremos (el tercio y la mitad) están referidos al mínimo y máximo, respectivamente, podemos razonablemente concluir que el "de" (o mejor "desde") hace referencia al mínimo, con lo cual estaríamos diciendo que en abstracto, la escala penal que corresponde a la tentativa abarca "desde un tercio del mínimo, hasta la mitad del máximo". De allí es que me inclino por la primer interpretación gramatical que el mismo de la Rúa señala como posible: "El Código dispone que se "disminuirá (la pena) de un tercio a la mitad". La expresión puede ser entendida en dos sentidos: a) que el mínimo se reduce a un tercio (tomando como si el precepto dijera "la pena queda reducida a una escala de un tercio a la mitad de la que corresponde al delito consumado". La opción b) que señala como posible interpretación es la que él adopta y dice que el mínimo se reduce en un tercio.

Como explicité, no acuerdo con esta respetable opinión. (Del Voto del Dr. Rondina). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de incompetencia por inhibitoria tramitado ante el Juzgado de Instrucción N. 18 Capital Federal. s/ INCIDENTE POR INHIBITORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

La atribución de los jueces penales para reclamar la competencia de la que se crean asistidos, tiene como presupuesto la existencia de un procedimiento válidamente iniciado ante el propio magistrado que requiere la inhibición de otro. Tal procedimiento puede ser un sumario por los mismos hechos investigados en otra causa, o una cuestión de competencia propuesta por parte legitimada para hacerlo ante el juez que luego expide la solicitud de inhibitoria.
Sentencia arbitraria, suspensión del juicio a prueba, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barroso, Pedro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-14

Es arbitraria la sentencia que deniega la suspensión del proceso a prueba teniendo como único fundamento la falta de conformidad del imputado, y no habiendo hecho lugar a la audiencia solicitada por no ser "la única vía" para ratificar el pedido. Resulta evidente el exceso ritual manifiesto, puesto que la voluntad del imputado para acogerse al beneficio -que es, en definitiva, el requisito que prevé el art. 76 bis del C.P.se colige con claridad de otras constancias de la causa, tales como el escrito presentado por la defensora oficial del imputado solicitando audiencia personal a su defendido y el planteo de reposición contra la denegatoria de la audiencia. (Voto del Dr. David).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Daniel Alberto. Lubowski, Juan s/ Hurto calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Constituiría exceso ritual tener por no citado el art. 259 in fine del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modificaciones- y así declarar la insuficiencia del planteo a él vinculado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de la ley o doctrina legal, despido, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: Procesal Laboral
Carátula: Skardzius, Juan José c/ Expreso Diadema y-u otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-05-06

La situación planteada, cae dentro del ámbito de aplicación del art.

30 de la Ley 21.297, en virtud de que, teniendo en cuenta que para determinar dicho ámbito de aplicación, es necesario precisar que la actividad "normal" de una empresa nace y se desarrolla en función de la decisión tomada por el empresario, a efectos de alcanzar el fin económico perseguido; y actividad "específica" es aquella labor, que no atañe directamente al cumplimiento del fin perseguido; pero que es necesaria, de apoyo, -aunque secundaria-; para que se puedan llevar a cabo las otras tareas; de manera tal, que si por considerarlo necesario, "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A." contrató con "Expreso Diadema", el traslado de su personal desde sus domicilios hasta el lugar de trabajo, efectuado diariamente por el actor; dicha actuación contiene los elementos necesarios para ser regulada por el art. 30 Ley contrato de trabajo, conforme consideraciones antes citadas.
Servicio público, audiencia pública, información al consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores -Incidente med.- c/ E.N. -Secretaría de Transporte y otros s/ amparo -proceso sumarísimo-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

El instituto de la audiencia pública (que, tras la Reforma del Estado dispuesta en virtud de la ley 23.696, resulta previsto en las leyes regulatorias de los servicios públicos de transporte y distribución de la electricidad y del gas y en el decreto 1185/90) constituye uno de los cauces posibles para el ejercicio de los derechos contemplados en el art. 42 de la C.N.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez, competencia penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., P. s/ LESIONES CULPOSAS QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD  CSJ EXPTE NRO 323-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-28

Surgiendo de la sentencia impugnada que el tribunal estimó probado el perjuicio sufrido por el pago de las sumas reclamadas en base a la "documental agregada a autos expresamente reconocida por quien tuvo a su cargo el contralor de los gastos de reparación", el supuesto agravio esgrimido por la recurrente -omisión de pronunciarse acerca del perjuicio- no traduce sino la disconformidad con la valoración de las pruebas aportadas, cuestión que no habilita la instancia de excepción.
Suspensión del juicio a prueba, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Santillan, Yesica Roxana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Corresponde al juez de ejecución el control del cumplimiento de las pautas de conducta impuestas a la imputada y en caso de que dicho magistrado entienda que fueron cumplidas o dé por extinguido el término de suspensión, debe ser el tribunal de juicio, que oportunamente le otorgó el beneficio, el que se expida respecto del posible sobreseimiento por extinción de la acción penal. La disidencia sostuvo que corresponde declarar mal concedido el recurso al no aparecer en la objeción articulada la existencia de perjuicio.
Concursos, quiebra, acuerdo resolutorio, prórroga del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Park Dong Woo c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-22

Procede revocar la resolución que denegó el pedido de prórroga del periodo de exclusividad y, encontrándose vencido dicho período, decretó la quiebra por haberse acompañado conformidades que no reúnen los recaudos de la LCQ 45. Ello por cuanto, en el caso, en el auto de apertura del concurso preventivo se fijó el vencimiento del plazo de exclusividad sin otorgarse al entonces concursado el plazo de noventa (90) que prevé la ley para que acompañe las conformidades de los acreedores. En ese contexto, teniendo en cuenta que la petición de prórroga fue formulada antes de que operara su vencimiento, el recurso debe prosperar. Máxime teniendo en cuenta que uno de los cuatro acreedores verificados se comprometió a presentar la aprobación de la propuesta de acuerdo con lo previsto por la LCQ 45, ya que la conformidad presentada no cumplió con los requisitos establecidos en la mencionada norma. En consecuencia, procede ampliar el vencimiento del período de exclusividad.
Contrato de trabajo, muerte del trabajador, indemnización por muerte del trabajador, período de prueba, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: Lemos,  Fortunata c/ Unión  Argentina  de  Limpiadores  SRL s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Ante el fallecimiento del empleado durante el período de prueba, no cabe aplicar la doctrina del Plenario "Sawady c/ Sadaic" del 30.3.79 mediante el cual se dispuso que "el trabajador con antigüedad no mayor de tres meses despedido sin causa, no tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 266 de la LCT". Por su parte el art. 92 bis prevé la ausencia de responsabilidad resarcitoria frente a la ruptura del contrato de trabajo cuando dispone que "cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción...". Sin embargo un supuesto muy distinto es la extinción del contrato de trabajo, aún durante el período de prueba, por fallecimiento del empleado. Dicha indemnización es autónoma, al punto tal que ha sido incluída en el capítulo VI (con un único artículo, el 248) en el Título XII de la LCT denominado "De la extinción del contrato de trabajo".
Acción penal, métodos alternativos de solución de conflictos
Materia: PENAL
Carátula: P., I. D. s/ Dcia. Lesiones Leves y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-14

Es en verdad de la más rancia estirpe jurídica considerar que el conflicto que se genera cuando existe una infracción al catálogo penal traduce una colisión entre el sujeto y la ley, sólo disponible por el afectado en escasas circunstancias perfectamente catalogadas.

Por eso es que los críticos consideran que se produce una verdadera "expropiación" del conflicto social pues desaparece de escena la víctima y es el Estado quien se hace cargo del restablecimiento del orden alterado.

Sin embargo, y sin que se hubiera abrogado ese principio, se han sancionado ordenamientos como el de esta provincia que confieren a las partes, con participación de los órganos estaduales, diversas maneras alternativas de resolver los conflictos que el desarrollo del proceso hasta la decisión que le pone fin.
Efectos del matrimonio, deberes de los cónyuges, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.G. c/ G., V.M. s/ Ordinario (Divorcio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-29

"En el derecho positivo vigente argentino el deber de fidelidad entre los cónyuges (art. 198, Código Civil) sólo cesa por nulidad del matrimonio, por muerte de uno de los cónyuges, por presunción de fallecimiento y por divorcio vincular" (arts. 213, 221 a 223, Código Civil).
Uso de documento falso, gestor, radicación de extranjeros, certificación de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: R. F., A. A. y otro  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-14

Corresponde dictar el procesamiento de los imputados, en orden al delito de presentación de documentación falsa, reiterado en ochenta oportunidades, agravado por tratarse de una actividad habitual (arts. 118 y 120, inc. a, de la Ley Nacional de Migraciones Nro. 25.871), quienes habrían presentado certificados de domicilio apócrifos en el marco de distintos expedientes promovidos ante la Dirección Nacional de Migraciones, en su calidad de apoderados de ciudadanos extranjeros, con el objeto de que éstos obtuvieran su residencia temporaria en la República Argentina, dado que la Dirección Nacional de Migraciones informó que numerosos trámites iniciados por los imputados, contaban con la presentación de certificados de domicilio que contenían la firma presuntamente falsa del personal policial interviniente, lo cual refleja una situación falsa, menoscabando el sentido de una medida de corroboración vital en este tipo de trámites, como lo es la certificación del domicilio.
Medidas de seguridad, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Antuña Guillermo Javier s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-13

Si no se ha cuestionado el trámite ni el orden seguido al dictar el sobreseimiento por inimputabilidad, encontrándose a salvo el ejercicio de la defensa en juicio, ha operado la caducidad prescripta en el art. 170 CPPN. La medida de seguridad prevista en el art. 34 inc. 1 CP debe depender y ser proporcionada a la peligrosidad y no a la escala penal del delito, por lo que está condicionada a la desaparición de las condiciones que hicieran peligroso al sujeto. La internación civil se refiere a supuestos no involucrados en delitos y en todo caso a la protección de los bienes, no así de su persona que en el fuero penal es exclusiva del juez pertinente. La disidencia señaló que de haberse respetado los derechos que le asisten a toda persona sujeta al proceso penal, previo a decretar el sobreseimiento por inimputabilidad, debió evaluarse el orden establecido en el art. 336 CPPN, sobre todo respecto de los incs. 2, 3 y 4, ya que implicarían la desvinculación completa del proceso penal y el inc. 5 el sometimiento a una medida de seguridad y, asimismo, que al declararse inimputable a una persona que comete un delito, debe cesar la intervención penal pues no sólo en su caso operaría como una pena de prisión encubierta, sino que también la misma puede ser desproporcionada e ilimitada en el tiempo y que el respeto irrestricto de los principios constitucionales que rigen la materia el doble control -civil y penal- debe cesar a favor del primero. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Catucci y Riggi).
Acusación de la querella, requerimiento de pena, falta de requerimiento de pena, delito de acción privada, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Noro Villagra, Jorge s/ Nulidad Procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

Por cuanto la acusación de la querella en los delitos de acción privada, debe ser autosuficiente, es nula si se omite todo requerimiento de condena, ya que la ausencia de reclamación punitiva no es asimilable a la indeterminación de una especie de pena.
Daños y perjuicios, indemnización, muerte de la víctima, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez, Sabina c/ Minervino, Pedro s/ Cobro de australes. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   805-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-10

Si en la sentencia de responsabilidad por daño -en el caso, a las personas- no se ha encontrado alusión alguna a los ingresos (probados o no) percibidos por el fallecido al momento del infortunio, ni -muchos menos- a la porción de los mismos que era destinada al sostenimiento del hogar común, y tampoco se menciona la categoría laboral de aquél, ni se indica la entidad pecuniaria del daño que le causó a la actora -concubina del causante- la pérdida de la obra social, en su relación con las demás circunstancias dañosas presentes en la causa, se puede decir que la determinación de los montos indemnizatorios se ha efectuado a partir de la mera enumeración de pautas en forma genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce al resultado a que se arriba. Esta ausencia de referencias a elementos objetivos para ponderar las consecuencias económicas del hecho dañoso -sin perjuicio de que el catálogo de tales elementos pueda resultar inagotable- perjudica la fundamentación de la sentencia.
Iter criminis, defraudación, estafa, ardid, engaño, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Mauricci, Blanca Nieves s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El "iter criminis" del delito de estafa comienza con el despliegue del procedimiento ardidoso o engañador, a efectos de lograr del sujeto pasivo la disposición patrimonial perjudicial y la figura se consuma cuando se realiza efectivamente esa disposición.
Empleados públicos, cesantía, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA ANTONIO O. c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ NULIDAD DE LOS DECRETOS Nro. 4760/87 Y 6791/87 GOBIERNO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1989-12-07

Declarada la inconstitucionalidad de la norma en que se fundó el decreto por el que se dispuso la cesantía del recurrente, atendiendo a la garantía de estabilidad en sentido propio consagrada por el artículo 21 de la Constitución de Entre Ríos, quien no prestó servicios sin causa que le sea imputable, tiene derecho a las remuneraciones que dejó de percibir como consecuencia de la medida dispuesta por la administración.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de leyes federales
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Angel Moiso y Cia. S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-24

Procede el recurso extraordinario si se ha cuestionado la constitucionalidad de una norma reglamentaria de carácter federal - decreto 3057/70 - y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión del recurrente.
Remuneración, unidad retributiva
Materia: LABORAL
Carátula: G., A.M. c/ J.C. C.C. SA s/ Resolución de Contrato  Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-10

En los contratos por unidad simple cada medida o pieza constituye un pequeño contrato, lo que permite que, concluida cada una de ellas, las partes se desvinculen sin consecuencias resarcitorias. Es que la obligación del locador de ejecutar cada unidad, determinada por un cierto número de días de trabajo, es divisible cual establece el artículo 670 Código Civil y lo mismo cabe afirmar de la obligación del locatario en cuanto al precio de cada unidad.
Prescripción, honorarios, abogados, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OTAÑO MORENO LUISA MARIA c/ LA LUISA DE SUIPACHA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

En materia de prescripción, y particularmente tratándose de honorarios profesionales, debe imperar una interpretación restrictiva; es decir, en caso de duda, debe optarse por el régimen más favorable al beneficiario de la retribución, máxime si se tiene en cuenta su carácter excepcional, la brevedad del término (bienal) y la naturaleza alimentaria del crédito (conf.

Passarón, J.F., Pesaresi, G.M., Honorarios Judiciales 2, p. 374, Buenos Aires, 2008).
Concurso preventivo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Rivas, Ricardo c/ Atahualpa S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-13

La apertura del concurso deja sin efecto la vigencia del convenio colectivo de la rama de la actividad de trabajadores de la concursada y a diferencia de otras situaciones dispuestas en el texto legal por ejemplo en relación a terceros, a acreedores, donde los efectos se producen a partir de la presentación en concurso, en el caso operan desde la apertura, desde la resolución que el juez dicta aceptando la petición del concurso. Durante dicho plazo las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y la Ley de Contrato de Trabajo, manteniendo las convenciones previstas entre la parte empleadora y trabajadora por las que se establecieron ciertas condiciones particulares de desempeño de las funciones de esta última y manteniendo así plena vigencia la Ley de Contrato de Trabajo 20744 lo que asegura el cumplimiento del fin protectorio para el cual fue dictada.