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Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, alteración de la fachada, falta de autorización de los propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: BAGLINI, Raúl Eduardo c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARCOS 1953 s/ ACCION DENEGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

La falta de derecho de un copropietario a realizar una obra sin el asentimiento de todos los copropietarios no puede subsanarse, obviamente, con hechos consumados, ni estos obligan al Consorcio a resignar su postura, lo que no sólo generaría desorden en el régimen de la propiedad horizontal sino que implicaría premiar a quien pretende valerse de tales hechos en contra de la ley. Máxime, si en la asamblea extraordinaria se meritaron informes proporcionados por ingenieros, en los cuales se puntualizan las implicancias de la obra en orden a la desvalorización de los departamentos y reparos en las normas municipales vigentes (esto último corroborado por el perito designado de oficio en la causa)y también se hizo hincapié en el hecho de haberse mantenido el edificio sin modificaciones durante veinticinco años, lo que bien puede llevar al Consorcio a prever las consecuencias negativas de un antecedente que abra las puertas a la multiplicación de otras modificaciones a la fachada.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucarini, María Marta c/ OSDE s/ amparo - recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-01

Si bien el art.17 de la ley 16.986 establece la supletoriedad de la aplicación al proceso de amparo de las normas procesales en vigor, ante la norma específica del art. 15 de la ley 16.986 respecto de las resoluciones apelables, la aplicación de las normas ordinarias del Cód. Procesal tornaría inoperante ese artículo, debiendo considerarse que cualquier trasplante mecánico de los institutos subsidiarios a un pleito de amparo implicaría la extinción de éste como acción rápida o inmediata.
Intereses, tasa activa, convertibilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Oscar Zalazar y Gabriel Zalazar s/ Juicio Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-04-20

Debe estarse a la tasa de interés pactada expresamente por las partes luego de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, resultando procedente la condena de esos términos, en virtud de la fuerza obligatoria del contrato. Ello claro está sin perjuicio de la facultad morigeradora que, aún de oficio, posee el Juzgador, en supuesto de cláusulas objetivamente abusivas, que en la especie no se advierte.
Concurso real, pena
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO, Federico s/ Estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Si la teoría de la acumulación es válida, debe ser aplicable con visión totalizadora, comprensiva de todos los casos en que la pluralidad delictual cae en la concurrencia material. Sin embargo, es aquí por donde aparece la incongruencia de una asistematicidad manifiesta. La teoría de la "acumulación" funciona exclusivamente en los casos de concursos reales del art. 55 del C.P. Esto porque la coincidente especie de pena permite discurrir a la creación. En cambio, resulta inaplicable, tratándose de un concurso real del art.

56 del mismo cuerpo, caso en el que la técnica penalizadora se determina por un sistema que no es el de la suma de los máximos de pena amenazados.-
Carga procesal, notificación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Trangoni, Daniel Omar c/ Remisses Resistencia y/o Pochettino, Luis Horacio Ubaldo y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-09

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el proveído por el que se intima a la demandada para que proceda a publicar edictos a fin de lograr la comparecencia de tercero citado a juicio. Fundamenta en que el impulso procesal le corresponde al actor, debiendo en consecuencia publicar los edictos del mismo. Ello así, ya que más allá de las actuaciones realizadas por la actora tendientes a lograr la comparencia del tercero solo quién solicita dicha intervención y le interesa obtener la participación del tercero en el juicio es a quien le incumbe la carga de concretar la debida notificación de la citación decretada.

Y, ante la renuencia a hacerlo, corresponde que a pedido de parte o de oficio, se le fije un plazo para que cumpla las respectivas diligencias, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la citación en cuestión. Debemos resaltar que nos encontramos ante la figura procesal denominada "intervención coactiva" prevista en el art.94 del C.P.C.C., en la que el demandado solicitara la citación de un tercero, citación declarada admisible, la que debe practicarse conforme las prescripciones de la notificación de la demanda, pero que debe circunscribirse a poner en conocimiento del tercero el pedido de intervención, para que en su caso, si lo desea, haga valer sus derechos ante la posibilidad de una posterior acción progresiva, pero su incomparencia no determina la declaración de rebeldía, ya que dicha citación no supone incorporarlo a la litis como actor o demandado.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, patronato de menores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Barreto, Alberto Paulino.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación de la ley de Patronato de Menores de la provincia de Buenos Aires -ley 10.067- se encuentra circunscripto a la jurisdicción de esa provincia, corresponde resolver el conflicto entre un juez de la misma y otro de la provincia de Santa Fe de conformidad a lo normado por el art. 37 del Código Procesal Penal de la Nación, que recepta el principio de territorialidad.
Trabajadores de la construcción, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Juan Armando  c/ Toro, Julio Máximo  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-10-19

Se recordó que, en el régimen de la construcción, cuando finaliza una relación laboral, el empleador está obligado a hacer entrega de la libreta de aportes conforme a las previsiones de los arts. 13, 14 y concordantes de la ley 22.250. Sin embargo, la norma estatuaria en ningún momento lo libera de también hacer entrega de los certificados del art. 80 LCT, máxime teniendo en cuenta que de la referida libreta de aportes no surgen los fondos ingresados a la seguridad social ni las sumas afectadas a los aportes sindicales correspondientes, sino que solamente constan los aportes obligatorios realizados al Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Por lo que, no resulta la obligación de entrega de los certificados del art. 80 LCT incompatible con la naturaleza y modalidades de la actividad en análisis, toda vez que se trata de cuestiones relacionadas con el derecho previsional del trabajador, considerado de naturaleza fundamental y, por tanto protegido por diversas normativas internacionales tales como La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (aprobada en Argentina por Ley N° 27.360, B.O. 31/05/2017), debe entender que esa obligación también existe en el ámbito de la industria de la construcción (Sentencia de fecha 08/02/2022 (CAp.Trabajo de Salta, SALA I Libro 2022 Tomo I SEN fº 150-155) en autos: "Avalos Julio Cesar c/Deco Desarrollos Constructivos SRL, PRIN SRL s/ordinario" (Expte. N° 44.006/18).-
Demanda de verificación, indicación de la causa, títulos de crédito, cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESPOSITO  HECTOR  AGUSTIN s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DEREVISION (POR EL CONCURSADO AL CRED. DE STUPIA GUILLEMO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-06

El solicitante de la verificación, con fundamento en un cheque con firma atribuida al concursado debe declarar y probar la causa. Tal doctrina, sustancialmente destinada a evitar el concilio fraudulento, no exige una prueba acabada y contundente de la causa (Ccom., esta Sala, in re "La Farola Norte SRL s/concurso preventivo s/ incidente de revisión por Beltrami, Fabián", del 22-6-92), pero sí una explicación plausible de las circunstancias que motivaron su libramiento, lo que no ha ocurrido en autos. El pretenso acreedor debe explicar al menos de manera somera pero convictiva las circunstancias concernientes a la existencia de sus créditos, ya que sus coacreedores, la sindicatura y el juez necesitan saber que pasó entre el concursado y cada acreedor en relación con el origen y las ulteriores vicisitudes del crédito cuya verificación se solicita (v. Rouillon, "La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos abstractos al dogmatismo judicial al facilismo de ciertos dictámenes de la sindicatura", LL 1999 -Ed Ad Hoc- D 199). (En el caso se sustenta el reclamo en cheques invocándose haber otorgado al concursado un préstamo diverario en el año 2001).
Carrera administrativa, reescalafonamiento, título universitario, acto administrativo de alcance particular, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: RUSSO, Ana María c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-20

Resulta irrazonable la postura seguida por la Comuna, si dictó una resolución concreta asignando a la accionante las funciones de Asistente Social, sin abonarle los adicionales y suplementos inherentes a la nueva función, y sin proceder al reencasillamiento que le corresponde con arreglo al Escalafón nuevo y especial -creado en base a la Ordenanza Nº 45.199 y decreto reglamentario 2544/92- para profesionales universitarios que prestan servicios en el área.
Marcas, vocablo de uso común, isotipo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  PATAGONIA  SUDAMERIS  S.A. c/ NEFTIS INVESTMENTS SL MADRIDZUG BRANCH S/ s/ ESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

No siendo monopolizable el vocablo "PAGO", el peticionario puede formar marcas vinculadas con esa modalidad de pago utilizando ese termino. Siempre y cuando, claro está, le adicione ingredientes que permitan distinguir el conjunto formado de otros que lo han precedido. En concreto: el nuevo signo debe ser "claramente distinguible" del anterior (art. 3º, incs. "a" y "b", de la Ley de Marcas). Sólo así es posible plasmar en la realidad los altos fines que persigue dicha norma: la protección del público consumidor y la tutela de una sana competencia mercantil (C.S.J.N. Fallos: 272:190; 279:150, entre muchos otros). Por lo tanto, si bien la marca de la actora "PAGO YA" posee el ingrediente común "PAGO" -no monopolizable-, el añadido en el nuevo signo del elemento "YA", dota al conjunto en cuanto tal de caracteres diferenciales suficientes para impedir la proximidad de los signos enfrentados.
Régimen jubilatorio provincial, haber jubilatorio, aplicación de la ley previsional, restitución de sumas de dinero, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Becerro, Demetrio c/ Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos de la Provincia del Chaco s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta por el actor a fin de que la demandada cese en la aplicación de la ley 4837 de la provincia de Chaco -que estableció un nuevo cálculo de los haberes jubilatorios- y se practique la devolución de los montos descontados en virtud de dicha norma, dado que el a quo no estudió el problema básico de la controversia, esto es, independientemente de la movilidad, la admisibilidad constitucional de modificar por una ley posterior la base del cálculo de un beneficio incorporado al patrimonio del jubilado a partir que había sido concedido y de su efectivo cobro. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Embargo, levantamiento del embargo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: RUSARO SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION POR FISCO NACIONAL DGI.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-18

Procede disponer el levantamiento de un embargo sobre fondos de la AFIP depositados en el Banco Nación, toda vez que el producto de la recaudación impositiva fue declarado inembargable por la ley 24624 art. 19 -incluído en la ley 11672, complementaria permanente del presupuesto- (cfr. CSJN, 30.6.98, in re: "Sucesión Miguel Seleme c/ Dirección Nacional del Azúcar", fallos 321:1844). Dicha norma fue dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de las facultades de arreglar el pago de la deuda interna y de dictar la ley de presupuesto (CN art. 75-7 y 8), lo que incluye la potestad de eximir de la ejecución y del embargo sobre determinados bienes a fin de imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, evitando el desvió de los recursos presupuestarios (cfr. CSJN, 10.12.98, in re: "La Austral CIA. de Seguros SA c/ Lade s/ Faltante y/o Averia de Carga de Transporte Aéreo", fallos 321:3384). A más, lo anterior es refrendado por la ley 25565 art. 39-parr. 2
Sistemas penales, prevención y responsabilidad penal juvenil, competencia contravencional y de faltas, reglas procesales, prescripción, principio de legalidad, derechos de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

El Tribunal Superior de Justicia resolvió, por unanimidad, que la regulación de la prescripción de la acción penal se somete a las exigencias del principio de legalidad. Asimismo, rechazó la aplicación retroactiva del nuevo régimen de prescripción (arts. 63 y 67 conforme ley n° 27206) a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, dado que ello comprometería una de las derivaciones de tal principio, en particular, la prohibición de retroactividad de las leyes penales más gravosas. Y, en consecuencia, rechazó los recursos de inconstitucionalidad y confirmó el sobreseimiento del imputado por algunos de los hechos investigados. Por su parte, los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, con la finalidad de ponderar adecuadamente todos los intereses involucrados, resolvieron que, respecto de los hechos que están abarcados en esta incidencia, se debe seguir observando las prerrogativas que titularizan las víctimas, especialmente las vinculadas a sus derechos a ser informadas y oídas.
Confirmación de sentencia, código aduanero, infracciones aduaneras
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Cabe confirmar la revocación de la multa impuesta por infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero, toda vez que ha sido descartada la existencia de diferencias entre la declaración comprometida por la actora y el resultado de la comprobación de sus pagos a su proveedor, requisito ineludible para que se configure el tipo penal en examen (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario, art. 280 CPCCN
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, competencia contencioso administrativa, docentes, sustracción de materia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHERVO ISOLA, MARIA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Ha de declararse admisible el recurso interpuesto desde que la propia amparista sostiene que fue en cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia que obtuvo el escalafonamiento sin distinción entre escuela pública y privada y titulares o suplentes, y que recién pudo titularizar en febrero de 2012 -dada la ausencia de vacantes-, argumentando también que aún cuando se confirme su derecho al puntaje otorgado en el escalafón en virtud de las sentencias ya no cambiará su situación por ausencia de cargos en ese concurso y por haber titularizado en concurso posterior; por lo que la situación invocada no consigue sustraer la materia sometida a juicio de este Tribunal ni para la demandada el interés en el pronunciamiento a dictar, no sólo respecto a la juridicidad de sus propios actos dictados en ejercicio de facultades propias en regulación de una especial actividad estatal (educación pública) en relación a las partes y con influencia sobre terceros, sino también en lo que respecta a la imposición de los gastos causídicos del juicio (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri)
Prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-02

Corresponde declarar extinguida la acción penal por violación a la garantía del plazo razonable si no existen razones suficientes para justificar el tiempo que irrogó la tramitación de la causa donde se investiga la venta del predio ferial de Palermo, hecho acontecido hace más de diecinueve años y denunciado hace once, pues si bien se trata de la investigación de hechos de cierta complejidad, las medidas probatorias no han sido numerosas, ni constituyen justificativo razonable de la dilación, sin que se advierta la existencia de una conducta dilatoria por parte del imputado. El voto concurrente señaló que, teniendo en cuenta que no se puede hablar de juicio durante la etapa instructoria, ha transcurrido el plazo máximo de diez años previsto para el delito imputado -art. 261 CP- y que, habiendo cesado el encartado en la función que diera origen a la imputación hace más de diez años, resulta arbitrario no haber justificado mínimamente de qué manera podría haber obstaculizado las investigaciones desde el ejercicio de la función de Senador Nacional que ocupó con posterioridad. La disidencia señaló que más allá de que la confirmación del rechazo de una prescripción de la acción penal no es sentencia definitiva, resulta inconveniente aplicar un instituto paralelo a ella, no operada en razón de lo prescripto en el art. 67 CP. (Dres. Riggi, Catucci -en disidencia- y Ledesma -voto concurrente-).
Ordenanzas municipales, jornada de trabajo, descanso semanal, supermercado, declaración de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Es arbitraria la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza 1660/2014 del Municipio de Arroyito -prohibición de apertura de supermercados los días domingo-, pues la norma resulta, en una recta interpretación del plexo jurídico en su conjunto, una reglamentación razonable orientada a la consecución de fines constitucionalmente válidos para el gobierno local (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti y voto del juez Lorenzetti).
Honorarios del abogado, funcionarios de la DGI, crédito fiscal, regulación de honorarios, interpretación de la ley, costas al vencido, presunción de onerosidad
Materia: PROCESAL
Carátula: SUK MAN SOON s/ Infracciones tributarias, incidente de regulación de honorarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-03

1 - Ninguna de la limitaciones al derecho de percibir honorarios establecidas por el Art. 98 de la Ley 11683 se verifica en el caso dado que en en el expediente principal no se persiguió, ni era posible hacerlo, el cobro de crédito fiscal alguno, ya que su objeto se vinculó con la aplicación de las sanciones de multa y clausura previstas por el art. 40 de la ley 11.683, no habiendo sido parte de aquél objeto la ejecución de aquellas sanciones y no es posible supeditar el derecho a la percepción de los honorarios de las letradas intervinientes devengados en la causa a una condición ajena al expediente (el cobro de un crédito fiscal) y también ajena a las tareas que éstas podían llevar a cabo en la causa (Del voto del Dr. Hornos en disidencia).- 2 - Conforme lo dispuesto por el Art. 98 de la Ley 11683, la regulación de honorarios que es el objeto de la incidencia no está supeditada a que éstos esten a cargo de la Nación ni que se haya satisfecho el crédito fiscal, pues éstas son condiciones para la percepción de los honorarios y no para la regulación de los mismos, la cual tiene como único requisito que los trabajos profesionales se hayan efectuado (Del voto del Dr. Hornos en disidencia).- 3 - En tanto la condena en costas recayó sobre la parte sancionada (por infracción a la Ley 11683), los honorarios a ser regulados por la actividad desarrollada por las letradas representantes del organismo de recaudacion no estarán a cargo de la Nación (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 4 - La limitación prevista por el Art. 2 de la Ley 21839 (modificada por Ley 24432), en cuanto se excluye del régimen de dicha ley a los trabajos realizados por "... los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia...", no importa en modo alguno la imposibilidad de regular honorarios, toda vez que su actuación se presume onerosa (conf. Art. 3) y la cuestión relativa a la prohibición del Art. 2 no puede ser introducida sino a través de la excepción de falta de legitimación activa opuesta al cobro intentado por el ejecutante (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).
Interpretación de la ley, Derecho laboral, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Antonio Rómulo c/ Agencia Marítima Rigel  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

En relación con los principios de interpretación del derecho del trabajo, cabe tener presente sus finalidades, sobre todo sus aspectos protectorios, pero, por otro lado, también la necesidad de equilibrio de fuerzas e intereses opuestos y considerar la finalidad del bienestar colectivo mediante una interpretación deontológica, amparando los derechos de ambas partes en la medida en que la igualdad jurídica es compatible con aquellos aspectos tuitivos.
Violación, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: ESPINDOLA Eusebio Domingo s/ VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-19

La violación se consuma con el acceso carnal, cualquiera sea el grado de penetración (puede haber principio de penetración sexual) sin necesidad de desgarro o rotura del himen.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prueba crítica, responsabilidad civil, lucro cesante, farmacéuticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALANIZ, MARGARITA c/ ACENALOZA DE PETTINARI, M s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-03-13

Es descalificable el fallo que se sustenta en un razonamiento que en algunos aspectos no sigue un desenvolvimiento lógico, y en otros es insuficiente para demostrar reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil -y no obstante condena a la demandada al lucro cesante reclamado por la actora con fundamento en que se vio privada de ejercer su profesión de farmacéutica-, habiéndose omitido además, valorar prueba que pudo llevar a conclusiones distintas.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Correa, Isaac s/ Homicidio simple, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Tratándose de un "alcohólico crónico", hablar de "ingesta voluntaria" de alcohol es una incongruencia inadmisible, ya que ello se contrapone con la propia definición científica y generalizada de las características y alcances de este padecimiento.