marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo calificado, coautoría, ferrocarriles, circulación con puerta abierta, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: DE VATTINO, LUIS s/ ROBO. COAUTOR. TREN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-16

Debe responder a título de coautor en el delito de robo calificado, quien mantuvo la puerta del tren abierta cuando éste se hallaba en movimiento, no pudiendo aceptarse que desconocía los propósitos del coprocesado cuando le pidió que mantuviera la puerta en las condiciones mencionadas, ya que el único propósito pudo haber sido el ponerse de acuerdo para ejecutar el hecho delictuoso.
Acción de amparo, empleo público, recurso de casación, vicios del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRÍQUEZ, VERÓNICA ANDREA. c/ MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL. s/ ACCIÓN DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15

Es procedente el recurso de Casación por Inaplicabilidad de Ley deducido por el municipio demandado contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en Todos los Fueros de Zapala, la cual revoca el rechazo de la acción decidida por la instancia de grado y hace lugar a la acción de amparo al entender que el Decreto 8/11 que dispuso la baja del actor de la Administración Pública Municipal es arbitrario y manifiestamente ilegal, pues, en el sub lite están configuradas las causales previstas por los incisos b) y d) del Art. 15° de la Ley 1.406, por haber mediado infracción al Art. 1° y ccdtes. de la Ley 1.981 y de la doctrina sentada en el caso "RIVAROLA CLARO", en orden a la determinación de los presupuestos procesales que habilitan la acción de amparo, ya que en la especie no se configura el extremo requerido en punto a la existencia de notoria arbitrariedad o ilegalidad, para habilitar la vía procesal elegida por la actora.

Cuando ello no se evidencia, resulta insatisfecho uno de los presupuestos indispensables para que proceda la vía elegida.

De allí que la idónea será otro tipo de juicio, con amplitud de medios de prueba, plazos, etc., en salvaguarda de la garantía del debido proceso y defensa en juicio, de raigambre constitucional (Art.

18 Constitución Nacional). (del voto del Dr. Kohon, en mayoría).
Daños y perjuicios, infección intrahospitalaria, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Heredia Esther Noemí c/ Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano y Otro s/ Ordinario - Daños y Perjuicios - Mala Praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-08-30

La responsabilidad del ente asistencial debe ser valorada a la luz de un factor objetivo de responsabilidad que impide la demostración de la ausencia de culpa como elemento exonerante. Si ha quedado acreditado que una persona contrajo una infección hospitalaria que determinó el fracaso de la intervención a la que fue sometida, en consecuencia, se ha configurado la omisión del centro médico de cumplir con la obligación de seguridad que pesaba sobre su cabeza de evitar que los pacientes sufran daños corporales.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, Derecho laboral, horas extra, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VARELA, PATRICIA ALEJANDRA c/ SANATORIO SAN FRANCISCO Y/U OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL- COBRO PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 56 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27

Corresponde rechazar la queja desde que no se advierte configurada arbitrariedad en la sentencia que rechaza el reclamo de pago de las horas extraordinarias al no aplicar la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por el contrario, echa de verse que el Tribunal consideró especialmente -con cita de precedentes de la C.S.J.N.- que "...tratándose de reclamos basados en supuestos de excepción, como es la extensión de la jornada normal de trabajo, cabe exigir prueba fehaciente de que tal prestación ha existido...", agregando que "...la presunción del art.55 L.C.T. no basta para acreditar, en forma concluyente, el cumplimiento del horario denunciado en el escrito inicial...", traduciendo sus cuestionamientos sólo la mera discrepancia -sin entidad constitucional- con el criterio de los Sentenciantes al evaluar la prueba de autos, que más allá de su acierto o error, no habilita la instancia extraordinaria.
Libertad de expresión, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pando de Mercado, María Cecilia c/ Gente Grossa S.R.L. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

La mayor amplitud de la tutela constitucional reconocida a los juicios de valor o a las opiniones críticas no importa convertirlas en una "patente de corso" para legitimar la vulneración de otros derechos que también gozan de protección constitucional, ni constituye un salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular del derecho de crítica.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: R. C., J. L. c/  s/ abuso sexual simple-apelación resolución de fecha 04.11.2022-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Si bien la impugnante invoca, como gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, que una actuación inicial irregular derivada de la ausencia de la abogada del niño y, por ello, pasible de anulación, implicó, en definitiva, el encarcelamiento de su defendido, omitiendo hacerse cargo en debida forma de lo señalado por la Alzada al respecto, en ocasión de denegar la presente vía, cuando expresamente indicara que tal circunstancia encontraba sustento en una pluralidad de elementos independientes de la irregularidad que la Defensa mencionaba como fundamento de la nulidad, y sin demostrar además, ningún perjuicio concreto, real y actual que habilite a su declaración, lo cierto es que tal recurrente confunde evidentemente en este punto, como se indicó claramente en la resolución cuestionada, que la razón por la que se encuentra actualmente en prisión preventiva el encartado no lo fue por aquella irregularidad (esto es, en cuanto a la asistencia, patrocinio y en su caso, representación de las menores) sino porque las menores lo sindicaron -en distintas deposiciones- como el autor de los hechos delictivos que sufrieron como víctimas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 220
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, sentencia interlocutoria, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GALEANO, Graciela s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-11-22

La recta hermenéutica del art. 32, inc. 7, de la ley N°37, al que remite el art. 254 del CPC, indica que la norma alude a las resoluciones judiciales que identifica el inciso 1° del art. 242 del CPC en concordancia con el art. 164 del mismo cuerpo, no comprendiendo, las providencias simples ni los autos interlocutorios.

Y ello así en base a una sentencia de este cuerpo -en anterior composición- que es la N° 26-1985, que se dicta en relación a un proceso ejecutivo y se adopta, en el punto, como precedente general de interpretación. Abraza entonces a los proceso de amparo, que se resuelven con la forma ritual de sentencias o autos interlocutorios.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, factura
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO DE ENERGIA E INMUNOLOGIA c/ O.S.P.L.A.D. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-02

La preparación de la vía ejecutiva supone la existencia de un título que cumpla los recaudos pertinentes, pero que requiere ser integrado por la determinación de su especificidad o por un extremo que configure la exigibilidad de la obligación: en el título no se basta a sí mismo, las omisiones no pueden ser subsanadas mediante el procedimiento previsto en el art. 525 del Código Procesal.

Las facturas acompañadas no resultan suficientes, habida cuenta de que se hace necesario que la fuerza ejecutiva del título resulte de la ley o provenga de la voluntad de los contratantes cuando la ley no lo prohíba.
Accidentes de trabajo, asistencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez Navarrete N. H. c/ Compañía Financiera SIC s/ Cobro de gastos de intervención quirúrgica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

No se ajusta a lo normado por el art. 26 de la ley 9688 el fallo que declara el derecho de la trabajadora a hacerse intervenir quirúrgicamente a costa de su patrono.
Abuso deshonesto, abuso deshonesto calificado, director de escuela, pena
Materia: PENAL
Carátula: Travagli, Nelson Rubén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-06

Carece de la debida fundamentación la fijación de la sanción impuesta pues, al mensurar la pena -por el delito de abuso deshonesto-, se valoró inadecuadamente como agravante el cargo de director de escuela del imputado, circunstancia ya contenida en la agravante genérica "encargado de la educación".
Secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: vELIZ ESPIRITU JORGE s/ SECUESTRO EXTORSIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

El secuestro coactivo previsto por el artículo 142bis del Código Penal, figura legal en la que entendemos se encuentran inmersos los hechos bajo estudio, requiere tal como lo postula Zaffaroni que cualquiera de las conductas que detalla sea ejecutada con "...el fin de forzar la voluntad de la víctima, o de un tercero, en el sentido descripto -entendiendo que el verbo "obligar" comprende tanto a la coacción psíquica cuanto la puramente física-...la privación de la libertad es le medio utilizado por el agente para alcanzar el fin coactivo..." (conf. op. cit. pág. 225)".
Hurto calificado, hurto con llave o ganzúa, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Chichizola, Raúl Rubén s/ recurso de casación. Causa: 604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Procede la calificante cuando el lugar al que accede el ladrón es un rodado, ya que de ese modo supera la defensa diligentemente establecida por el poseedor de la cosa, burlando con su accionar esa mayor protección.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, ejercicio profesional, abogados
Materia: LABORAL
Carátula: Dargains Cesar Hernan c/ Michel Juan Adolfo y Otra s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-03

En el presente caso se advierte lo que constituye una marcada deformación profesional que suele afectarnos a los abogados. Es que apasionados por las implicancias jurídicas y principistas que un planteamiento puede acarrear, omitimos detenernos en lo básico y esencial, cual son los hechos que subyacen en la controversia a resolver. Al obrar así, además de invertir los términos lógicos de la solución del conflicto, no seguimos la sabia y añeja directiva del legislador que, al indicar el contenido que debe tener toda demanda menciona "Los hechos en que se funde, explicados claramente", mientras que respecto del Derecho solo pide sea "expuesto sucintamente" (arg. arts. 59 CPL y 318 del CPCC - Ley 4870) (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Grupo económico, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Farinazzo, Carlos Daniel c/ Pempri S.R.L s/ Cobro de Pesos - S/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-11-20

Corresponde confirmar la sentencia que condenó a las empresas codemandadas como un grupo económico frente al reclamo laboral realizado por el trabajador, en tanto quedó acreditado que tenían un objeto social similar (emergencias médicas), funcionaban en el mismo domicilio, eran representadas por una misma persona y muchos de sus empleados habían trabajado sucesivamente en ambas empresas.
Sentencia, nulidad de sentencia, acta de inspección, nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRIZO MANUEL ANTONIO c/ OSCAR ALFREDO TORALES Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-09

No inhabilita la sentencia de grado ni puede sustentar su nulidad, la no incorporación del acta de inspección ocular que se realizó en el inmueble con la presencia de ambas partes, lo cual impidió su evaluación, por ser este reparo, en definitiva, una cuestión procesal, cuyo vicio se produjo en la primera instancia, y es allí donde debió reclamarse su corrección. .
Competencia comercial, juicio ejecutivo, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Boragina, Gabriel c/ Consorcio De Copropietarios De La Calle Tacuarí N° 796 De Capital Federal s/ ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-22

Resulta competente este fuero mercantil para conocer en la ejecución de un pagaré creado como instrumento de pago de un convenio de honorarios que también fue anexado a la causa, toda vez que dicho cartular per se trae aparejada ejecución, es plenamente suficiente y se basta a sí mismo (cfr. Decreto Ley 1285/58: 43 bis -modificado por la ley 23637: 10-).
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Ricardo Hector s/ Robo agravado Díaz, Héctor Ariel s/ Robo agravado Ortiz, Antonio J.; González, Carlos E. s/ Robo agravado Torres, Miguel A.; De Luca, Héctor s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1996-11-05|1997-03-18|1997-05-20

Una cosa es que mediante la expresión de agravios sea el Fiscal de Cámaras quien debe precisar los reclamos del ministerio fiscal y otra que por esa vía también pudiera remover aquello que ya se halla firme para la acusación. Esto último resultaría vulnerante del art.

310 -n.a.- del C.P.P..
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, recién nacido
Materia: CIVIL
Carátula: MARIÑO, Fabián R. y otros c/ SANATORIO LAVALLE S.R.L. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROF. MEDICOS Y AUXILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

1- A los fines de evaluar la incapacidad sobreviniente, debe hacérselo en función de pautas razonablemente generales, constituidas por las actividades del sujeto, encuadrables en la normalidad actual o presumiblemente futura de toda persona, comprendiendo no sólo un aspecto estrictamente laboral, sino también todas aquellas consecuencias que afecten a la personalidad de la víctima integralmente considerada, aún fuera del ámbito propiamente económico y productivo, abarcando aspectos tales como la vida social, sexual, de relación y esparcimiento.- 2- Si se ha lesionado el derecho a la integridad física y psíquica que le asiste a un recién nacido, cabe ponderar que, por encima de las normas civiles, se encuentra asegurado por normas constitucionales y por los tratados que con tal jerarquía se incorporaron a la Carta Magna. El bien jurídico tutelado es la intangibilidad corpórea, que abarca no sólo al cuerpo del sujeto, sino también su salud, entendida ésta como el estado de perfecto bienestar físico, mental y social, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. De tal manera, debe tenerse en cuenta que la integridad física de una persona tiene por sí un valor por su repercusión presente y futura.-
Recurso extraordinario, plazo, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Y.P.F. S.A. c/ Provincia del Neuquén.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Si bien el término para deducir la apelación extraordinaria no se suspende con motivo de la interposición del recurso de revocatoria o de reposición declarado improcedente, tal principio no es absoluto ya que cede cuando es rechazado mediante una resolución que agrega nuevos fundamentos, la cual, de este modo, integra la sentencia, máxime al estar expresamente prevista en las normas de la provincia la procedencia de la reposición contra decisiones como la impugnada (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, contrato de franquicia
Materia: LABORAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lastra Molano, Oscar Alexander c/ Leichter, Pedro y Sapero, Ernesto Horacio Soc. de Hecho y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

Del contrato de franquicia surge que el franquiciado será responsable de la contratación de sus empleados y que para ello dispondrá de total autonomía, pero también se advierte la injerencia del franquiciante en la contratación, elección, capacitación y control de los registros del personal de la sociedad franquiciada, evidenciándose una fuerte intromisión en las relaciones del franquiciado con sus empleados, circunstancias que impiden considerar como ajena a los intereses del franquiciante, la actividad de aquél. Y, una interpretación integral de los términos del contrato permite concluir que a través del mismo se habilita al franquiciado para llevar adelante el desarrollo de tareas propias de la actividad normal y específica del franquiciante. Por lo tanto, resulta adecuado y razonable encuadrar la situación ventilada en la normativa prescripta en el artículo 30 LCT, más allá de las cláusulas referidas a la indemnidad en la que se obliga el franquiciado a mantener al franquiciante, propias del acuerdo bilateral entre ellos celebrado, las cuales son de eficacia restringida frente al trabajador, a quién esas limitaciones de responsabilidad le resultan inoponibles de acuerdo a lo dispuesto precisamente por el precitado artículo 30 de la LCT.
Notificación, notificación por cédula, oficial notificador
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GRAFFIGNA LTDA.  S.A.  Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-07

La mecánica de la notificación por cédula que regulan los artículos 140 y 141 del Código Procesal exige que el funcionario o empleado encargado de practicarla requiera en primer término, la presencia del interesado y sólo en defecto de éste podrá practicar validamente aquélla en una persona distinta. Y como del acta labrada por el Oficial Notificador, surge que fue requerida, tal circunstancia legítima la notificación practicada en el encargado del edificio.
Daños y perjuicios, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Columbia  S.A.  de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-29

Salvo cuando la existencia misma del perjuicio debe presumirse porque la ley lo impone o porque así surge del curso ordinario de las cosas, los daños deben probarse, pues el sólo peligro de su producción no basta y la carga de hacerlo incumbe a quien pretende el resarcimiento.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: Troxler, Rene Carlos s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-02-12

El "decoro y delicadeza" como causal de excusación es insuceptible de juzgamiento por otro magistrado que el que se excusa;

estando reservado al fuero íntimo de la Señora Juez el juzgar acerca de su situación personal respecto de la causa. (Diblasi: En disidencia).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Los planteos atinentes a que la Corte habría excedido sus atribuciones legales y habría fijado montos discrecionales para satisfacer el depósito previo exigido por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no ponderan las facultades delegadas al Tribunal por el art. 3. de la ley 22.434 ni que el art.

8. de la ley 23.853 le confirió la potestad de establecer aranceles, fijar sus montos y actualizaciones, aparte de disponer de su patrimonio, determinar el régimen de percepción, administración, control de sus recursos y ejecución.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Laprida, Hugo Osmar y otros c/ Municipalidad de Colón s/ Acción de reinstalación (art. 52 ley 23.551)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

No hay razones que justifiquen la prevalencia de la ley provincial 11.184 respecto de la ley nacional 23.551 porque -en el caso- nada impedía al Municipio demandado promover la acción sumarísima de exclusión de tutela sindical exigida por la ley 23.551 para luego en tal hipótesis si hacer uso de la "facultad" que le fue conferida según el art. 9 de la ley de emergencia provincial para colocar en situación de disponibilidad a los trabajadores amparados por su función gremial, al margen de la validez de su aplicación al caso, sobre lo cual no corresponde pronunciarse.
Honorarios, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escauriza y Herrera Abel German c/ E.N. -Mº de Defensa-Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única pauta a tener en cuenta para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse asimismo, al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional, y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, no es menos cierto que este examen no puede derivar en una regulación sustentada en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los establecidos al respecto por la ley (C.S.J.N. 6/9/84 publicado en LL.

1984-D-594).
Derecho a la presencia del defensor, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: S., A.M.L. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-23

El juicio de "benignidad" que produce comparar dos leyes adjetivas, necesita que ambas puedan emplearse al mismo tiempo, en el mismo caso, situación extraña a la de los supuestos bajo estudio, donde la sucesión legislativa escapa tanto a los actos ya realizados, presididos por preceptos derogados, como a los futuros, ceñidos por las nuevas reglas. Por último, que las normas rituales sean retroactivas, porque actúan aún en delitos anteriores a su rigor, no desbarata actividades cumplidas. Una cosa es la retroactividad que impulsa una mejor reglamentación jurídica sobre delitos ya cometidos y otra, muy distinta, la que revisa, para dañar, los actos forjados con arreglo a la legislación pretérita. Lo primero tiene justificación en la segunda norma del Código Procesal, lo otro, a falta de previsión expresa, menoscaba -incluso para el imputado- el debido proceso constitucional por la imposición de sanciones que elongan gratuitamente al trámite.
Constitución Nacional, autonomía provincial, gobierno provincial, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

De acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) y, dentro de ese contexto cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123).