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Asegurador por riesgos del trabajo, deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo, enfermedad profesional, concausa, derechos del trabajador, daño por el hecho o en ocasión del trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Almeida Valeriano Baltazar c/ Prevención Art S.A.  s/ Enfermedad Profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-17

Si la ART hubiera cumplido siquiera sus deberes más elementales y, además de inspeccionar las instalaciones del frigorífico y efectuar control ergonométrico de las tareas, hubiera realizado estudios médicos periódicos a los operarios, efectuando recomendaciones y prescribiendo el uso de elementos de protección, entonces hubiera evitado la aparición de enfermedades directamente relacionadas con las tareas, o que determinadas tareas obraran como concausa de la aparición o agravante de morbos con distinta génesis (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Cheque, frustración maliciosa del pago del cheque
Materia: PENAL
Carátula: LIDIO HUMBERTO PAUL s/ VIOLACION ARTICULO 302, INCISO 3 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-09

La figura incriminada al imputado es la de Frustración Maliciosa de Cheque -artículo 302 inciso 3º, última parte del Código Penal- por lo que debe resultar de suma importancia la conducta de éste en la acción objetiva hoy probada, cual es el cierre de su cuenta corriente. Es decir que, para que se de el tipo, ha de existir malicia, intención de no pagar el valor antes librado, lo que debe ser acreditado.
Tercería de dominio, automotores, prenda con registro, ejecución prendaria, falta de inscripción, responsabilidad del escribano, tercero adquirente de buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: TISAL  S.C.A. c/ MARIN s/ EJECUCION  PRENDARIA  S/  TERCERIA DE DOMINIO POR OSVALDO SANGUINETTI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

Si la inscripción de la prenda, que dio lugar a la ejecución en donde se practicó el secuestro del vehículo -dispuesto por el juez interviniente-, no se registró en el domicilio o pedanía que correspondía al mismo, de conformidad con lo prescripto por la ley 12962: 12, no le es oponible al tercero adquirente de buena fe, en tanto priva de efectos al contrato que no se inscribió en los registros correspondientes a la ubicación del automotor. No resulta aplicable la directiva del apartado segundo de la citada norma cuando se trata de un único bien prendado o de la totalidad, ubicados en la misma jurisdicción.

(En el caso, está fuera de discusión que el tercero es el titular del dominio del automotor -sobre la procedencia de la tercería-, no obstante que la prenda sea de fecha anterior a la adquisición del bien, como quiera que no fue debidamente inscripta).

La buena fe del comprador -que la ley presume- no puede quedar comprometida por el hecho de que el escribano que intervino en la transferencia haya agregado el certificado de libre prenda a su protocolo con posterioridad a la fecha de secuestro del rodado, dispuesto por el magistrado interviniente, cuando la propia ejecutante comienza por admitir que el adquirente había iniciado los correspondientes trámites con una anterioridad de casi un año.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, transporte de pasajeros, presentación extemporánea, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mavares Chaparro, Richar Eduardo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Mavares Chaparro, Richar Eduardo sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Corresponde desestimar la queja porque como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, el término para interponer el recurso es perentorio, por lo cual su vencimiento deja firme la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad decidido por la instancia previa. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Alicia E.C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Ministerio Público Fiscal, derecho a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

La víctima ha ido teniendo un reconocimiento cada vez mayor por parte de la sociedad en lo que se refiere a prestarle atención a su opinión en la solución del conflicto penal. Y si bien esta cuestión no tiene anclaje constitucional, el legislador común y los jueces (mayoritariamente), vienen ampliando y consolidando sus facultades de intervención en el proceso penal, sin perjuicio de la posición asumida por el Ministerio Público Fiscal (voto del juez Bruzzone).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, regulación de honorarios, tope regulatorio, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Perez, Hugo Sebastian c/ Unitan S.A.I.C.A. s/ Accion Por Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-06

Debe desestimarse el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución que, al regular los honorarios del perito, superó el veinticinco por ciento del monto del proceso que establece el art. 505 del C. Civil, toda vez que la recurrente debió introducir la cuestión al tiempo de presentar la propuesta conciliatoria. Al no haberlo considerado en esa oportunidad, consintió la regulación de honorarios practicada.
Colegio Público de Abogados, derecho fijo, falta de presentación, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sapuppo Víctor Alberto c/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

El incumplimiento de la obligación de pagar el bono de derecho fijo, si bien vulnera el deber jurídico que impone a los letrados el art. 51 ap. a) de la ley 23.187 -y, por ello, susceptible de ser sancionado de conformidad a lo normado en el inciso h) del art. 44 de este ordenamiento que tipifica como conducta reprochable a "todo incumplimiento de las obligaciones o deberes que él establece-, no puede razonablemente considerarse que afecta las normas morales o principios éticos que, sin querer agotarlos con la enunciación, ponen en juego valores tales como el honor, la lealtad, la probidad, la dignidad, la buena fe, la verdad. la seriedad, la prudencia, la confianza, la mesura, el decoro, cualquiera sea el enfoque bajo el que quiera vérselos formulados. (En autos se devolvieron las actuaciones al Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F., para que, por la Sala que corresponda, y juzgando la conducta reprochada como "leve" en los términos del inc. a) del art. 26 del citado código, aplique la sanción que entienda corresponder en orden a lo previsto en el inc. a) del mentado art. 28 de ese ordenamiento jurídico).
Ley de empleo, despido indirecto, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Barrio Zulma Elizabeth c/ Bordón Julio César y Ghilardi Daniel s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-29

En relación al reclamo de la multa del art. 15 de la ley de empleo se tiene por procedente, no obstante que la actora no ha respetado el plazo de 30 días del emplazamiento para darse por despedida. Y ello es así porque la demandada no contesta los emplazamientos cuando tiene obligación de hacerlo y a su tiempo; y ante la autoridad administrativa del trabajo niega la relación laboral y ante el perito contador se contradice manifestando que ha sido su única empleada y que no la registró.-
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaneton, Mario Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

El art. 23 inc. b) de la ley 10.430 se ocupa de la "bonificación por dedicación exclusiva" para el personal jerarquizado con estabilidad mientras que el art. 15 regula idéntico rubro pero para el personal sin estabilidad que es aquel que se desempeña en los cargos que el art. 12 de la citada norma enumera, entre los que se encuentra el de Director.
Cobro de sumas de dinero, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUZ REN? GUILLERMO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO DE PLENA JURISDICCIÓN DïONOFRIO CLOTILDE ELBA s/ TERCERIA DE DOMINIO EN RIOS CARLOS ALBERTO C/ FRIGORIFICO LA DARSENA  Y OTROS S INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO - CASACION LABORAL DïONOFRIO CLOTILDE ELBA s/ TERCERIA DE DOMINIO EN RIOS CARLOS ALBERTO C/ FRIGORIFICO LA DARSENA  Y OTROS S INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-05-28|2008-02-26

Para obtener el cobro de una suma de dinero reconocida por un acto administrativo de alcance particular, en la especie la solicitud de acogimiento de consolidación de pasivo Decreto Serie B Nro. 570/94 y cc., el cauce del recurso contencioso administrativo es improcedente.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: Filacanavo, María de las Mercedes  c/ Torre, Jorge Gabriel  s/ ejecutivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-04

En el marco de una acción en la que el ejecutado apeló una resolución que estableció que el deudor podía desligarse de la obligación en la moneda convenida (dólar estadounidense), o en su defecto en pesos, conforme cotización del día hábil anterior del dólar MEP, es dable señalar que conforme el CCCN 765 dicha obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.

En dicho contexto y a los efectos de determinar el "equivalente en moneda de curso legal", la jurisprudencia tuvo en cuenta las restricciones vigentes en el mercado oficial de cambios y la necesidad de arribar a una solución justa, que concilie la totalidad de los intereses involucrados en las circunstancias particulares de cada causa, teniendo presente la llamada "doctrina del esfuerzo compartido" que busca restablecer el equilibrio contractual con basamento en la equidad.

Bajo ese prisma, considerando la nueva normativa vigente en materia cambiaria - Resolución General AFIP 5393/23- así como las novedosas circunstancias imperantes en la actualidad y a efectos de encontrar una solución equitativa para las partes, se entiende que la cotización que cumple prima facie con esas premisas en esta coyuntura es aquella correspondiente al cambio oficial con más el 30% que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como "dólar solidario" (ley 27541: 35-1°) con más el 45% en concepto de percepción autorizada por la Resolución General AFIP 4815/20, artículo 5, a), modificado por la Resolución General AFIP 5393/23.
Pesificación, mora del deudor, aplicación de la ley
Materia: ECONOMIA
Carátula: Banco Provincia de Jujuy c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. 6522/02 Copias refrendadas. L.A. N 47 F 781/785 N 342 Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nro. 6522/02 Copias refrendadas. L.A. N 47 F 781/785 N 342
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-07

La aplicación del artículo 11 de la ley 25.561, modificado primero por el artículo 3 del decreto 214 y ampliado en su espectro por la ley 25.820, resulta incuestionable aún cuando no estaba vigente al tiempo de dictarse la resolución atacada ni al de la interposición y contestación del recurso, porque son disposiciones de orden público (artículo 4) y porque sus previsiones están dirigidas a regular situaciones existentes al tiempo de su dictado siempre que no hayan sido resueltas mediando acuerdos privados o sentencias judiciales (artículo 3, párrafo 5).
Seguros, ley de defensa del consumidor, prescripción
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Bordón, Angel Andrées c/ Río Uruguay Cooperativa Argentina de Seguros Limitada y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La preeminencia de la ley de seguros frente a la del consumidor (cfr. CNCom, Sala C in re "Cabral, Oscar Alberto c/ Caja de Seguros de Vida SA s/ ordinario", del 05/03/10), también debe ser aplicada al plazo de prescripción previsto en la LS 58, por tratarse de una disposición específica, y no el que dispone en forma general, la ley 24240 (CNCom, Sala D, in re "Zandona, Hugo Mario c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 02/09/09). Pero lo dicho no descarta aplicar al caso los principios protectorios de la ley de defensa del consumidor en tanto puedan ser coordinados con los especiales de este contrato.
Juicio correccional, juicio por delitos de acción privada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Tello, Irma Ramona en autos "Tello, Irma Ramona s-Querella" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-15

En cuanto a los juicios por delitos de acción privada, el procedimiento previsto se caracteriza por carecer del período de la instrucción, siendo juzgado este tipo de ilícitos por los Jueces en lo Correccional en única instancia, sujetos los recursos a las disposiciones comunes.
Prueba documental, documentos en poder de terceros, autenticidad
Materia: CIVIL
Carátula: GILL GUILLERMO c/ YULN LUIS CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Cuando el art. 356 del CPCC expresa que "...En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos..." Se esta haciendo referencia a los emanados de las partes y no a los de un tercero, como por ejemplo el presupuesto del tallerista; en consecuencia, quien presento ese documento deberá probar su autenticidad.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Transportadora  de  Gas  del  Norte  S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas -Resol. Enargas 19/93
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20

Siendo objeto y fin de las nulidades procesales el resguardo constitucional de la defensa en juicio, debe acreditarse en cada caso el perjuicio a ése derecho, pues de lo contrario se estaría decretando la nulidad por la nulidad misma.
Régimen penal tributario, excarcelación, caución real, monto de la caución, personas jurídicas, sociedad anónima, gerentes
Materia: PENAL
Carátula: MASERATTI, HUGO RAUL s/ Incidente de excarcelación Causa 30429
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-11

1- El hecho de que la ley haya fijado una determinada forma de caución, la de carácter real, no es en sí mismo violatorio de ninguna garantía constitucional, desde que se trata de una manera razonable de asegurar la comparecencia del procesado que, en sí misma, no impide el ejercicio del derecho a permanecer en libertad durante el enjuiciamiento, sobre todo en tanto caben siempre las alternativas de afectar distintas clases de bienes según lo autoriza expresamente la ley procesal aplicable: art. 384 del Código de Procedimientos en Materia Penal.- 2- Es inaplicable la norma del Art. 17 de la Ley 23771 en tanto establece una correlación entre el perjuicio fiscal con el monto de la caución real si hay carencia de estimación de dicho perjuicio-el Juez "a quo" consideró vago e impreciso el informe de la Dirección General Impositiva (D.G.I.), por lo que no pudo tenerlo en cuenta-y si además se une a la circunstancia de que el solicitante de la excarcelación figura en las actuaciones como gerente comercial de la sociedad anónima cuyas obligaciones tributarias habrían sido el objeto de las maniobras en averiguación, su eventual responsabilidad penal debe apreciarse en función de la norma que establece el castigo de los gerentes de personas jurídicas y sociedades (Art. 12 Ley 23771).- 3- No siendo aplicable el Art. 17 de la Ley 23771, son de aplicación las pautas indicatorias en la ley procesal (Arts. 382 y 383 del Código de Procedimientos en Materia Penal) que tienen como objetivo el garantizar la comparecencia del procesado cuando sea requerido, sin perjuicio de una ulterior modificación que quepa con nuevos elementos de juicio que puedan incorporarse (Art. 397 Código citado).
Daños y perjuicios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mariani, Alberto R. c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-12

Determinar si está acreditada la existencia del daño como así la relación causal entre el hecho y el daño constituyen cuestiones de hecho, solamente abordables en casación si se se ha demostrado que el Juzgador ha incurrido en absurdo.
Régimen de consolidación de deudas, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional c/ Textil Escalada SAIF. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

Del texto del art. 4° de la ley 23.982 se infiere que la admisibilidad del pedido de levantamiento de las medidas ejecutivas o cautelares está sujeta a la condición de que la obligación que es objeto de la pretensión principal se encuentre incluida entre las mencionadas por el art. 1° de la norma.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Antonio c/ Villate, Mirta R. y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

El art. 5 de la ley 23091 ha modificado el régimen dispuesto por el art. 1579 del Código Civil, que autorizaba la acción por resolución del contrato de locación (comprensiva de la acción de desalojo) ante la falta de pago de dos períodos consecutivos de alquileres. Dicha disposición en consonancia con el art. 509 mencionado, facultaban al locador a reclamar el desalojo por falta de pago, si necesidad alguna de interpelación, cuando se había producido la mora ex-re.

Aparece con la citada disposición (que la propia ley califica de orden público -art. 29 ley 23091- un requisito de cumplimiento insoslayable (haya o no mora ex-re): la interpelación previa para poder promover la acción de desalojo por la causal de falta de pago.

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Ministerio Público Fiscal, fiscales adjuntos móviles
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CATTANEO s/ LEGITIMACION DE FISCALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Los procuradores fiscales móviles designados para actuar en determinadas causas, quedan representados en la alzada por el respectivo fiscal de cámara.
Femicidio, agravantes de la pena, violencia de género, homicidio calificado, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Duré, Jorge Claudio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-04-26

No cabe considerar la ausencia de condenas penales como atenuante respecto de quien resulta autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja que mantenía con la víctima y mediando violencia de género -artículos 45 y 80 inc. 1° y 11 del Código Penal-, pues dicha ausencia no representa per se un atenuante que amerite un menor reproche en tanto resulta esperable que las personas se comporten de acuerdo a las pautas emergentes del ordenamiento jurídico, máxime cuando el imputado aprovechó la desigualdad entre ambos para darle muerte, golpeando su cabeza -luego de asfixiarla-, para asegurar que no tenga vida, envolvió el cuerpo y lo introdujo en un ropero, cosificando a la víctima incluso post mortem a raíz del modo en que trató el cuerpo ya sin vida, quitándole cualquier rasgo de humanidad, como ser el derecho a un digno sepulcro y la posibilidad que sus familiares cumplan sus deberes morales.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA   ELECTRICA  Y  OTROS  SERVICIOS  DE  CONCORDIA  LIMITADA c/ EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE CONSUMO LIMITADA s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-09

Si el recurso de apelación que erróneamente acordado, consecuentemente la providencia que lo concedió era insuceptible de generar la apertura de la segunda instancia a los efectos de la perención.- Por lo que cabe sin más declarar mal concedido el recurso de apelación y abstracto el tratamiento de la perención de la instancia.-
Abastecimiento, precio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TIM (Tecnología Integral Médica). s/ LEY 20680 - APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La empresa, al conocer los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio se encontró ante la posibilidad de observarlos o no prestar los servicios. En el supuesto de entender que se hallaba en la obligación de proseguir con la actividad y que como consecuencia de ello sufriría un grave e irreparable perjuicio económico, debió solicitar la revisión parcial o total de las medidas mediante el procedimiento a que da lugar el art. 2, inc. d) "in fine" de la ley 20.680; sin que su promoción la excuse de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas por la autoridad.
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaute, Juan Rodolfo s/ Recurso de queja en autos:Gaute, Juan Rodolfo c/ Guenovart, Ivana  Marcela s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

No cabe duda que todas las decisiones adoptadas durante la tramitación de un juicio, con relación a la guarda o tenencia de los menores y a se régimen de visitas, son asimilables a las providencias cautelares (art. 494 del Cód. Procesal).-
Cheque sin fondos, instigación, autoría mediata, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: MATELINI DELANOY, ARIOSTO MARTIN; RODRIGUEZ, JAVIER s/ Cheque sin fondos, Apelación del auto de procesamiento, Causa:  36952.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-28

1 - La fundamentación del auto que dispone el procesamiento, aunque imprescindible, basta con que sea somera y no es definitiva ni vinculante, pudiendo ser revocada durante la instrucción y al concluirla hay oportunidad de cuestionar la elevación a juicio.- 2 - Corresponde confirmar el auto de procesamiento dictado respecto a quien se imputa haber instigado a dar la indebida contraorden de pago de cheques librados por otra persona, siendo que en realidad los había negociado, actitud que debe entenderse determinante de la frustración de los documentos aún cuando la intención del librador de denunciar el extravío fuera anterior. Esa determinación encuadra en el art. 45 CP tanto en el caso de que haya sido otro el autor del hecho como en la hipótesis de que el imputado hubiera actuado como "autor mediato".
Acción meramente declarativa, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Berdún Luis Alberto c/ Circulo Odontológico San Nicolás s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-09

La acción meramente declarativa está implementada para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica (art. 322 CPC). No se cumplimenta tal finalidad en el caso, en que la aceptación de la renuncia del profesional al colegio respectivo por esta entidad implicó la culminación de un procedimiento informado a aquél, quien siguió los pasos que tal Círculo le hiciera saber, aceptándose la renuncia concluido los sumarios y sin aplicársele ninguna medida expulsiva. En consecuencia, cesado tal procedimiento antes de trabarse la litis, y modificada la demanda por el recurrente para el juzgamiento de la imposición de costas, deviene procedente hacerle cargar con las mismas.-