marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Consorcio de propietarios, daños en el inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: Maidana, Miguelina c/ Consorcio de propietarios Cachimayo 11 s/ daños y perjuicios  derivados de la propiedad horizontal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

Debe rechazarse la acción incoada por el dueño de un departamento contra el consorcio de propietarios por los daños ocasionados en su vivienda ante la existencia de humedades, toda vez que no surge demostrado que el consorcio haya incumplido su obligación de reparar los daños, mas aun si el accionante adicionó otras refacciones que no pueden ser solventadas por el demandado, en tanto dichos gastos y erogaciones redundan sólo en su beneficio y ello no ha sido pactado.
Competencia contencioso administrativa, facultades jurisdiccionales, acción de amparo, facultades del juez, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Escobal, Alejandro de los Angeles c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-28

El derecho a la tutela judicial efectiva surge del Art.18 de la Constitución Nacional e incluye el derecho que la sentencia sea cumplida. Porque cuando ésta se incumple por los Poderes Públicos implica un atentado contra el Estado de Derecho y, por ende, el sistema jurídico debe contemplar este incumplimiento asegurando la efectividad de las sentencias o resoluciones judiciales firmes.

En razón de lo expuesto este Superior Tribunal Provincial en uso de facultades constitucionales y legalescontenidas en los Arts.205 de la Constitución Provincial, Art.166 del CPCC, se encuentra investido de imperio para hacer cumplir sus sentencias.

Sobre la materia esta Corte de Justicia ha sentado doctrina legal a través de sucesivos y uniformes pronunciamientos, en el sentido de que da cuenta la jurisprudencia reseñada por la parte, publicada en la Revista LLNoroeste, Año15/Nº02/11, p.147.-, que se da por reproducida in extenso. "la resolución judicial estimatoria de la acción de amparo, que se traduce en la orden de pronto despacho judicial, no tiene carácter meramente declarativa, -como parece interpretar la demandada-, sino el de una sentencia condenatoria que impone un mandato y como tal lleva implícita la facultad de obligar a las partes para que cumplan las medidas ordenadas en el proceso (Conf.: Alsina, "Tratado Teórico Practico de Derecho Civil y Comercial", Vol.II, p.427).

Que una interpretación contraria, implicaría la negación de un principio elemental del sistema republicano de gobierno como es la división de poderes, en virtud del cual incluso el Poder Ejecutivo se encuentra sometido a la jurisdicción que tanto la Constitución Nacional como Provincial atribuyen al Poder Judicial".
Acción meramente declarativa, facultades reglamentarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COSTA MARINA S.A. c/ AFIP - DGI s/ ACCION DECLARATIVA. (Reg. 12.948)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Ante el agravio referido a la discrepancia con el criterio de que la ley 23.101 permite la delegación al Poder Ejecutivo de las facultades reglamentarias (art. 2), y ello no vulnera el régimen constitucional vigente desde 1994 porque dicha ley data del año 1984, cabe señalar que carece de importancia que a la fecha de la sanción de la ley 23.101 la reforma constitucional de 1994 todavía no estuviera vigente.

Si bien es cierto que la ley 23.101 era anterior al año 1994, y que incluso los decretos 173/85, 553/89 y 2657/91 también lo fueron, la norma constitucional aplicable en la época del nacimiento de tales regulaciones también impedía al Poder Ejecutivo alterar el espíritu de las leyes al reglamentarlas (art. 86 inc. 2 C.N. anterior a la reforma). (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, VICENTE ARTURO c/ GUARDIAN S.R.L s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-13

La pérdida de confianza esgrimida por el empleador al trabajador como causal justificada del despido, debe necesariamente estar referida tanto al factor subjetivo, como un hecho objetivo que conlleve entidad suficiente para provocar la injuria, es decir, debe existir un hecho injurioso, cuya valoración corresponde al juzgador de conformidad a las pautas otorgadas por el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero además del régimen genérico que regula la injuria en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, se debe tener presente el conveni colectivo que regula la actividad en cuestión, donde se reglamentan obligaciones específicas de la misma por lo que requieren obviamente de un minucioso análisis para armonizarlo con el criterio sentado por el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso de apelación (procesal), notificación de la sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Z, O B Y OTRO s/ PECULADO REITERADO EN CALIDAD DE PARTICIPE PRINCIPAL     ENCUBRIMIENTO      EXPTE NRO 90-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-21

La constancia de notificación de la sentencia carente de la certificación del actuario o del notificador, no es una notificación válida, por más que implique el conocimiento de aquélla.

Tal acto no puede fundamentar una resolución concediendo o denegando el recurso interpuesto; dicha resolución resulta pues nula, tratándose de una nulidad declarable de oficio pues se vulneran las garantías de la defensa en juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, recurso contencioso administrativo, derecho de registro e inspección, base imponible, realidad económica, impuestos, hecho imponible, ley tributaria, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: SIPAR ACEROS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 468 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Corresponde rechazar la queja incoada contra la decisión de la Cámara que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo, desde que la misma muestra un acabado análisis de la situación fáctica, normativa y probatoria de la litis, sin que tales circunstancias sean desmerecidas por la quejosa con la sola invocación de que se habría dejado de lado la realidad económica del caso.

Es que fue valorando el sustrato de los hechos que llegó a la conclusión de que la actora efectuaba su operatoria comercial de ventas desde el establecimiento ubicado en la ciudad de Rosario, en donde contaba con local habilitado, y que el decreto municipal que insta al pago de los importes correspondientes al Derecho de Registro e Inspección no podía reputarse ilegítimo en tanto pretendía percibir el tributo establecido en su jurisdicción con arreglo a la ordenanza local, el Código Tributario Municipal y el Convenio Multilateral.

Además, afirmó que los precedentes jurisprudenciales invocados por la actora no eran de aplicación por cuanto tienen en cuenta la distribución entre distintas jurisdicciones adheridas al convenio; en cambio -aclaró- en el caso de autos "... se trata de la distribución entre municipios de una jurisdicción adherida cuya forma de atribuirlos, conforme a las normas del Código Tributario Municipal, se encuentra perfectamente prevista en la norma, y su aplicación resulta coherente con la remisión que efectúa el artículo 35 del Convenio Multilateral".

Y estimó que ello es así por cuanto "... las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes s imilares de las jurisdicciones adheridas sólo permiten la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, pudiendo gravar, en el caso, el municipio hasta el ciento por ciento del monto atribuible al fisco provincial donde el contribuyente posea la correspondiente habilitación".

En otro orden de ideas, sostuvo que el principio de la realidad económica -alegado por la compareciente- es aplicable en tanto el legislador no haya previsto la forma de efectuar la imputación de base imponible entre los municipios, que en el caso exige la existencia de local habilitado.
Sanciones administrativas, pena, multa, responsabilidad penal
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Federico Meiners Ltda. S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 496-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Respecto de la "naturaleza penal" que la recurrente asigna a la potestad sancionatoria que ejerció la Administración, es preciso señalar que la responsabilidad penal (sujeción a la pena como consecuencia de un hecho constitutivo de delito) se distingue de la responsabilidad administrativa (sujeción a una sanción administrativa derivada de la violación de un deber administrativo frente a la Administración) porque son formas distintas e independientes entre sí, que pueden coincidir sobre un mismo hecho suponiendo, por eso mismo, sanciones distintas comprobadas y ejecutadas por procedimientos y autoridades distintos y autónomos. Y en el caso, además de suscitarse violaciones a resoluciones de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias -lo que originó sanciones administrativas- el Código de Faltas vigente al momento de suceder los hechos, en su artículo 74 bis -incorporado por la ley 10550-contemplaba también distintas penas respecto de conductas como la que originó la sanción de multa cuestionada.
Protección constitucional del trabajo, crédito laboral, intereses, quiebra
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la señora Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa Club Ferrocarril Oeste c/  s/ quiebra/ incidente de levantamiento/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

La condición de los trabajadores como sujetos de preferente tutela constitucional mantiene vigor ante la insolvencia del empleador y debe ser armonizada con los principios concursales que procuran alcanzar una solución colectiva frente a la crisis de la insolvencia; en este sentido, una de las finalidades de la ley 26.684 es proyectar la preferente protección de los créditos laborales en el ámbito de los concursos preventivos y las quiebras. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Derecho penal, Derecho procesal, derechos y garantías constitucionales, víctima del delito, imputado, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: TAPIA Gerardo Rodolfo c/ PONCE Ismael Mario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-04-03

El acto en sí de declarar es idéntico para un caso u otro siempre que quien lo haga cuente con más de 18 años, forma, requisito, garantías y derechos que el Código en la materia es sumamente claro con independencia a si se trata de una causa de menores o como habitualmente se conoce de mayores.

De este modo pues, si en autos el imputado alcanzó los 18 años al momento de prestar declaración indagatoria, no se advierte cuál puede ser el motivo que traiga aparejado la nulidad del acto, cuestión que si hipotéticamente existiera un vicio invalidante, es menester para alcanzar tal efecto la demostración o invocación por parte de quien lo solicita, su eventual interés o perjuicio que se le ocasionó; y ello ya se trate de una nulidad absoluta o relativa, porque en contrario importará consagrar la nulidad por la nulidad misma.

Con lo dicho se advierte un motivo más o razón lógica para denegar la nulidad, porque si la defensa técnica y el Asesor de Incapaces en su momento, se notificaron sin hacer observación alguna, importa ello dar conformidad a los actos procesales llevados a cabo y por ende, carencia de invocación o interés en demostrar que otra habría sido la declaración del imputado si hubiera estado acompañado por sus padres, tutor, curador, Asesor de Menores e Incapaces y, finalmente, por su defensor técnico.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso de apelación (procesal), plazo, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: P., D. E. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL-APELACION DEFENSA AUDIENCIA PRELIMINAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

La declaración de inadmisibilidad de la apelación -en función del plazo de su presentación- implicó en el caso un excesivo rigor formal y, a su vez, una clara vulneración de disposiciones superiores, no constituyendo por tanto un acto jurisdiccional válido pues, si bien el Camarista juzgó extemporánea la impugnación por haber operado la caducidad del plazo para interponerla, tal decisión no incluyó consideración alguna acerca de la omisión de la notificación personal al imputado y de que, por tanto, existía una falta que debía ser subsanada a los fines de salvaguardar los derechos del justiciable, no habiendo comenzado aún a correr los plazos para la apelación ordinaria.
Recurso extraordinario, notificación, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Corsico, Jorge Carlos c/ Conuar  SA  y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Corresponde suspender la tramitación de la queja y devolver los autos principales al tribunal de origen, si la Cámara denegó el recurso extraordinario sin haber dado cumplimiento, en forma previa, al traslado que determina el art. 257, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Quiebra, calificación de conducta, libros de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZURLO BALBI, M. s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

El sujeto individual debe según su actividad, aun no siendo comerciante matriculado, llevar papeles o documentación que permitan controlar los ingresos y egresos que su labor provoque; su omisión lo hace pasible de que su conducta sea calificada en los términos de la LC: 235-11x.
Ley previsional, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cal Herbertz, María de los Dolores c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

En materia revisional existen criterios diferentes de interpretación de las normas que se aplican a situaciones también distintas. En lo que respecta a las prestaciones que se otorgan a la generalidad de los beneficiarios y que responden a los fines propios del régimen jubilatorio, no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela, mientras que en relación a prestaciones excepcionales que se conceden a grupos singulares de personas mediante el cumplimiento de menores exigencias o recaudos, el alcance que cabe asignar a las normas que los consagran no se aviene con las reglas amplias de interpretación antes señaladas, debiendo dilucidarse la cuestión con criterio estricto y riguroso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: Bolloni de Mosti, Susana y otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-07-13

La pretensión de la actora de que se considere el exhorto como medio de prueba ante la cámara, que debía resolver en apelación el incidente de caducidad de instancia, no configuraría la introducción de una cuestión judicial ya resuelta, si en la anterior oportunidad la Sala no la evaluó. (En disidencia: Dr.Absi).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

No basta, para dar curso a la tramitación de una acción declarativa de inconstitucionalidad la invocación de la afectación de garantías constitucionales si los fundamentos que la sostienen no presentan la razonable vinculación argumental que requiere una presentación de esta naturaleza. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, fundamentación del recurso, prescripción, excepciones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAFUERTE, Jorgelina del Carmen c/ JARZUN, Silvia del Milagro s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-04

Que el artículo 42 penúltimo apartado de la ley 5298 y sus modificatorios, que establece las únicas excepciones admisibles como previas, al contemplar la prescripción, expresamente dispone que tal defensa se resolverá en tal oportunidad, siempre que no requiera producción de prueba.
Juicio ejecutivo, embargo, medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rossi, Rodolfo c/ ABOUT S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Imbricándose la controversia en el régimen instrumental que edicta el Libro III, Título II, Capítulo II del Digesto ritual, deviene improcedente, en esta etapa del proceso, condicionar el admitido embargo ejecutivo a una fianza como pretende el apelante, pues ello vendría a contrariar la dinámica específica del proceso especial ejecutivo (arts. 529, 532, 534, 536, 538, 540, 54l, 549, y concds.

Código Procesal), sin perjuicio de la facultad que, en una eventual etapa de ejecución, otorga al ejecutado artículo 589 del Código Procesal.
Hecho diverso, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SANCHEZ GARCIA, DELFIN s/ HECHO DIVERSO - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-03-12

Si al imputado se lo ha condenado por un hecho distinto del contenido en la requisitoria de elevación a juicio, no habría tenido en el curso del proceso el conocimiento y la posibilidad necesarios para defenderse frente al nuevo cargo, lo que supone una falta de intervención de aquel.-
Inimputabilidad, error de hecho (civil)
Materia: PENAL
Carátula: Moavro, M.B. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

Sólo exime de responsabilidad el error o ignorancia no imputable al autor que lo padece. De manera que el error es invencible cuando el autor no se pudo librar de él usando cautelosamente los sentidos y la razón y, por consiguiente, el error le es imputable al autor si proviene de su falta de diligencia o prudencia.-
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Nievas,Rodolfo Ricardo c/ Volonté, Carlos Arturo s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Pierde entidad probatoria la pericia médica basada en una circunstancia no acreditada en la causa.
Contribuyentes, impuesto a las ganancias, impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, pericia contable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ENAP SIPETROL SA c/ EN-AFIP-DGI- Resol 2/13 (LGCN) s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Se rechaza la pretensión de la firma contribuyente de computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, período fiscal 2004 -que había sido determinado de oficio por AFIP-, con un saldo a favor proveniente del "impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operaciones", período fiscal 2010 (Ley 25.413, Decreto 380/01 y RG 2111/06). Observaciones y desaprobación del dictamen pericial contable como elemento de prueba idóneo (art. 477, CPCCN), en atención a que sus conclusiones no tienen fundamentos más que aparentes y distorsionan la realidad de las alternativas administrativas de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, sentencia condenatoria, prueba testimonial, diagnóstico médico, cámara Gesell
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., M. J. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

Haciéndose cargo de los reparos formulados en relación a los testimonios vertidos por el círculo familiar íntimo de la víctima, los Magistrados remarcaron que la reconstrucción fáctica emanada de los mismos -de donde surgía que la extraña manera en que la menor caminaba llamó la atención de sus hermanas y motivó la indagación sobre la situación que generara esas dificultades y su estado de salud mediante un examen forense que constató lesiones en zonas paragenitales- además de aventar cualquier pretensión de animosidad o intencionalidad en el relato de las declarantes, daba crédito a lo expresado por aquélla durante la particular entrevista en Cámara Gesell rendida en los presentes atento a la coincidencia de sus conclusiones; y ello no llega a ser desvirtuado por el recurrente, quedando reducidos los agravios a la mera discrepancia con la valoración que de las constancias de la causa con arreglo a las normas procesales en juego efectuaron los Jueces, materia que, como principio, no habilita la apertura de esta instancia de excepción.
Recurso de inconstitucionalidad, relación de dependencia, competencia contencioso administrativa, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, trabajador, remuneración, compensación especial por jubilación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TUTERA, JUAN ANTONIO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE  PESOS LABORALES (EXPTE.: C.S.J. NRO.197 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco demandado desde que el actor pretende el pago de la "gratificación especial por jubilación" instituida por resolución del Directorio del Banco, y dicha cuestión remite al análisis de una relación de empleo público por lo que se encuentra comprometida la competencia contencioso administrativa. Dicha circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, más lo cierto es que tampoco puede escapar al juicio del Tribunal que la cuestión debatida ya ha sido decidida definitivamente por él mismo in re "Vieitez" , extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un inútil dispendio jurisdiccional. Ello así, ante el hecho de que el señor Procurador General no ha formulado objeciones a la admisibilidad del recurso ha de concluirse en que la materia de autos no constituye uno de los supuestos excepcionales cuyo conocimiento y resolución se han atribuido a los tribunales ordinarios, por lo que corresponde anular la sentencia impugnada en lo atinente a dicho rubro de conformidad con el precedente mencionado.