Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


ROLUAR S.A. contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 466-476.

En la ciudad de Santa Fe, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro Decano doctor Rodolfo Luis Vigo a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ROLUAR S.A. contra PROVINCIA DE SANTA FE -Demanda Ordinaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 441, año 2001). Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores Vigo, Spuler, Falistocco, Netri. Asimismo las cuestiones a resolver son: PRIMERA:¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? A la primera cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 170 págs. 224/228 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 24 de agosto de 2000 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, por entender que, desde la apreciación mínima y provisoria que correspondía a ese estadio, el planteo efectuado por la recurrente contaba con asidero en las constancias de autos, e importaba articular con seriedad hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Un nuevo estudio de la causa, realizado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs.420/423 vto.).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro Decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión _en su caso ¿es procedente?_ el señor Ministro Decano doctor Vigo dijo: 1. Surge de las constancias de autos que "Roluar S.A." promovió demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la Provincia de Santa Fe por la suma de dos millones setecientos veintiseis mil doscientos cincuenta pesos, con más intereses desde la mora. Relató en dicha oportunidad que su parte firmó un contrato de comisión mercantil con la firma mexicana Construexport S.S. de C.V. y que ejercitando el mandato conferido por ésta se presentó en la licitación pública internacional llamada por la Dirección Provincial de Vialidad conforme a la ley 10.019, para la provisión de 225 motoniveladoras.

Que mediante resolución nro. 1948 del 21 de octubre de 1988 la D.P.V. adjudicó a Roluar S.A. la provisión de 45 motoniveladoras, expidiendo la orden de provisión nro. 420/88.

Posteriormente, el 20 de julio de 1989, la D.P.V. dicta la resolución nro. 1096/89, mediante la cual amplía la adjudicación a Roluar S.A. en la provisión de 45 motoniveladoras, librando la orden de provisión nro. 119/89 del 21 de julio. Que el 28 de julio de 1989 pone en conocimiento del Fiscal de Estado que la operación no podía concretarse debido a que el Banco Provincial de Santa Fe había rechazado la solicitud de la Dirección Provincial de Vialidad por considerar que la Provincia estaba excedida en el endeudamiento con dicho Banco. Luego de relatar las distintas vicisitudes acontecidas en torno a la apertura de la carta de crédito, manifestó que agotados todos los plazos ésta no se abrió, por lo que Construexport comunicó a Roluar S.A. la rescisión de la operación, la que a su vez fue comunicada por Roluar S.A. mediente sendas cartas documentos dirigidas al Gobernador de la Provincia, al señor Ministro de Hacienda y Finanzas, a la Sra Fiscal de Estado, al Sr. Administrador General de Vialidad y al Pte. del Directorio del Banco de Santa Fe S.A., en fecha 13 de septiembre de 1991. La Dirección Provincial de Vialidad rechazó la imputación de responsabilidad exclusiva y mediante carta documento rechazó la rescisión unilateral y notificó la apertura de carta de crédito, cuando ya el plazo estaba vencido y el contrato había sido rescindido por Construexport.

Aseguró que la presente demanda corresponde a la órbita del derecho privado, analizando las relaciones que unieron a Roluar S.A., Construexport S.C. y la Provincia de Santa Fe, y justificando por qué, a su criterio, no es procedente la vía contencioso administrativa. En cuanto a los rubros reclamados, éstos refieren a comisiones impagas por motoniveladoras y repuestos y compensación por el descrédito internacional.

A f. 102 comparece la Provincia de Santa Fe a contestar la demanda. Afirmó que estamos ante una relación contractual de derecho administrativo, que nació a partir del dictado de un acto administrativo de adjudicación por parte de un ente autárquico, cuyas partes son Roluar S.A. y la D.P.V.. A su entender el particular debió respetar la naturaleza de la relación y de la situación jurídica invocada, dado que reclamó por la frustración de un supuesto contrato privado (comisión mercantil), que tiene como presupuesto inexorable la previa frustración del contrato de suministro. Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia contencioso administrativa en cuestiones relativas a la frustración de contratos administrativos. Aseguró que la contratista no tenía derecho alguno a disponer per se la rescisión por culpa de la Administración, omitiendo el procedimiento aplicable para que ésta pueda operarse y, bajo cualquier supuesto, no medió un comportamiento culpable que la justifique. Y, aunque erróneamente se aceptase la omisión procedimental expuesta, la resistencia de la Administración a la rescisión unilateral debe ser cuestionada ante el Tribunal en lo contencioso administrativo. Por otro lado refirió a la naturaleza subsidiaria de la responsabilidad del Estado, asegurando que la Provincia no formó parte del contrato y que la Dirección Provincial de Vialidad no fue traída al proceso. Aseguró, asimismo, que tampoco puede hacerse lugar a la pretensión de la actora por supuesta responsabilidad de la Provincia.

Mediante pronunciamiento de fecha 4 de setiembre de 1998 la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 5ta. Nominación de esta ciudad resolvió admitir la demanda, condenando a la accionada a abonar a la actora la cantidad de u$s 2.271.875, con intereses y costas. Dicho decisorio fue apelado por la demandada, pronunciándose la Alzada en fecha 24 de agosto de 2000. Dicho Tribunal decidió admitir parcialmente el recurso de apelación revocando el pronunciamiento recurrido en lo que respecta a la admisión de los rubros indemnizatorios por las comisiones por repuestos y descrédito internacional que se dejan sin efecto, confirmándolo en lo demás. Impuso las costas de ambas instancias en razón de los vencimientos recíprocos, en un 60% a la accionada y en un 40% a cargo de la actora.

La Sala, para arribar a dicha conclusión, ante todo, descartó que estemos en presencia de un caso que deba resolverse ante la jurisdicción contencioso administrativa. Luego de precisar la razón de la demanda introducida por Roluar S.A. afirmó en cuanto a la relación que unió a esta con la accionada, que nos hallamos ante una adjudicación por licitación que no se perfeccionó contractualmente por faltarle dos requisitos esenciales a tal fin, esto es la apertura de la carta de crédito y la aprobación de la misma por parte del Poder Ejecutivo, ubicándonos en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita del mismo. Luego de justificar dicha fuente de responsabilidad desde el plano normativo y doctrinario afirmó que en el caso se dio una lesión al derecho de propiedad, siendo los daños reclamados consecuencia directa e inmediata del obrar del Estado. Ello así, porque entendió que la omisión del Poder Ejecutivo Provincial al no aprobar la licitación (artículo 118 ley 1757; artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones) y la falta de apertura de la carta de crédito como correspondía debido al endeudamiento del Estado Provincial con el Banco Provincial de Santa Fe, son las causas relevantes de la responsabilidad endilgada a la accionada, asegurando que existió una conexión causal suficiente entre tal conducta y el daño ocasionado a la accionante y aclarando que la falta de ilicitud en el proceder de la Provincia no la releva de indemnizar el perjuicio sufrido en el patrimonio de la actora, lucro cesante, toda vez que ante el origen y naturaleza del derecho agraviado -civil y comercial- la indemnización ha de ser integral. Por último, luego de desechar la calificación de subsidiaria de la responsabilidad de la accionada, explicó que la indemnización en el caso sólo puede abarcar el lucro cesante perseguido, de la comisión correspondiente por la venta frustrada de las cuarenta y cinco motoniveladoras, pero en modo alguno pueden incluir las comisiones por repuestos, ni la compensación por descrédito internacional.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la Provincia de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad. Ante todo cabe señalar que la impugnante en su presentación extraordinaria puntualiza que en autos se ha planteado la discordancia de la pretensión ejercida con la norma de competencia prevista en el artículo 93, inc. 2) de la Constitución provincial, habiendo su parte planteado la cuestión a fin de que el Juez de Primera y Segunda Instancia declinasen intervenir en el proceso. Agregó que, no obstante y desestimando la aplicación de la norma constitucional, pudo el Juez habilitar la vía escogida, por lo que medió resolución contraria al invocado derecho de jurisdicción constitucionalmente protegido.

Posteriormente le imputa al Tribunal incurrir en arbitrariedad por prescindencia de los extremos conducentes a la resolución del litigio y el desenfoque del análisis por defectos en la consideración de aquellos.

Asegura al respecto que la Sala prescinde de inequívocos datos respecto de la existencia de una relación jurídica contractual de derecho público perfeccionada para, a fuerza de conclusiones dogmáticas, remitirla al ámbito de la responsabilidad extracontractual, para luego vincular el hecho con un sujeto no responsable concluyendo, en franca contradicción con los principios generales que rigen la materia, en un deber de indemnizar a cargo de quien no dañó ni tiene el deber de reparar.

Señala los datos incontrovertibles y prescindidos de la causa, a saber: -La ley 10.019 autorizó directamente y por las razones excepcionales que la motivaron, a la D.P.V. a efectuar el procedimiento licitatorio y hacer uso del crédito con tal objeto, no mediando delegación legislativa alguna al Poder Ejecutivo ni de éste al Ente Público que permitiese conferir un atisbo de sustento a la conclusión de que lo actuado por el inferior debiese ser sometido a aprobación del Gobernador de la Provincia.

-La D.P.V. desarrolló exclusivamente por sí y ante sí el procedimiento licitatorio convocando, seleccionando y adjudicando dentro o no del marco normativo que mandaba aplicar la ley 10.019. Su decisión fue unilateral pues bastaba su sola voluntad para la emisión del acto o actos incardinados en el procedimiento, y perfecta, en tanto por sí sola era eficaz al fin perseguido de obtener la provisión requerida.

-El artículo 118 de la ley de Contabilidad refiere al supuesto en que media una escisión funcional entre quien adjudica y aquél que tiene competencia para aprobar o desechar ese acto efectuado por vía de delegación, resultando inaplicable al presente supuesto en que la ley 10.019 confirió expresamente la prerrogativa total a la D.P.V..

-La ley 10.019 puso en cabeza de la D.P.V. la obtención -como solución opcional- de la apertura de una Carta de Crédito. El ente público fue quien solicitó al Banco Provincial dicha apertura y fue éste último quien, en su caso, la denegó, careciendo de trascendencia en el pleito las motivaciones que aquél invocara respecto a sus relaciones financieras con un tercero (la Provincia).

A su entender la prescindencia absoluta de esos extremos conducentes opera la fractura insalvable que introduce el fallo, dado que admite un proceso no constituido por las únicas partes posibles de la relación sustancial -Roluar S.A., D.P.V. y, en su caso, el Banco Provincial de Santa Fe-; y materializa la inclusión como sujeto pasivo de aquél que no sólo no integró la relación sustancial en el origen, desarrollo y finiquito.

Manifiesta que el Poder Ejecutivo no tenía, en el caso, ni el status ni la prerrogativa decisoria atribuida en el fallo, dado que la ley la había puesto en otro sujeto de derecho.

A su criterio, en nada modifican esas conclusiones la exégesis del decreto 2008/1991, el que bien puede considerarse como una conducta de auxilio al ente inferior ante el eventual fracaso de un procedimiento licitatorio de su cometido y con el objeto de evitarlo, o bien puede interpretarse en la necesidad de asistir a la finalidad del Legislador sancionante de la ley 10.019. Destaca que el argumento que asigna al decreto 2808/1991 una toma de conciencia sobre su propia responsabilidad, queda huérfano de antecedentes en tanto no resiste su conciliación con el plexo legal y fáctico incontrastable del procedimiento y el contrato.

Luego reitera que la Provincia de Santa Fe no formó parte del contrato y señala que si a consecuencia de que el Banco no abrió la Carta de Crédito y Vialidad no pudo cumplir con el contrato, no puede condenarse a la Provincia por responsabilidad, puesto que por expresa voluntad del Legislador santafesino esa responsabilidad es de naturaleza subsidiaria. También destaca que la apertura de la Carta de Crédito era una de un menú de opciones a cargo de la contratante y no un requisito inexcusable del procedimiento y que la argumentación de la Sala para desechar que la Provincia sólo respondía, en su caso, subsidiariamente, se basa en un error insalvable al entender que la Provincia podía y debía aprobar la adjudicación para perfeccionar el contrato.

Por otro lado, bajo el título "la materialización de la arbitrariedad" aduce que las partes y los Tribunales intervinientes han sido contestes en la existencia de una relación sustancial de derecho público; sin embargo -dice- por una suerte de metamorfosis desconocida hasta ahora, tal vinculación muta a una de derecho privado por un acto secuencial a su perfeccionamiento. Frente a ello pone de manifiesto que entre las ofertas fue elegida la de Roluar S.A. y que esa adjudicación no fue impugnada lo que provoca la firmeza e inmodificabilidad del citado acto, con los efectos de significación contractual que ello conlleva (art. 118 de la ley de contabilidad). Y que aunque la adjudicataria se encuentre vinculada al fabricante por un contrato de comisión mercantil no la convierte en mandataria respecto de la Administración Pública; como así tampoco la convierte la circunstancia que, conforme a la ley, la Administración esté habilitada a aceptar financiaciones de los fabricantes. Por ello, sostiene, que el A quo se encontraba frente a un contrato de suministro cuyas partes eran Roluar S.A. y la Dirección Provincial de Vialidad y que las normas contractuales prevén obligaciones que si no son cumplidas por la Administración ésta incurre en responsabilidad administrativa de tipo contractual, por violación de un deber predispuesto. Dice que el error de ambos pronunciamientos sobre el momento de la perfección de los contratos, la naturaleza jurídica y efectos del acto administrativo de adjudicación y sobre las consecuencias de incumplimientos de obligaciones contractuales, en este contrato público provincial, llevaron a dictar sentencias no ajustadas a derecho y a la causa, violando el artículo 95 de la Constitución Provincial.

Aclara que el contrato se ha perfeccionado con lo cual se aplican plenamente las normas de derecho público; pero aun un contrato no perfeccionado no desplaza la aplicación de las normas de derecho público que siempre rigen la actividad interna de la administración o la aludida "responsabilidad precontractual" o por actividad lícita según el decisorio cuestionado. Al remitir las bases a la ley 5188, la actora debió solicitar la rescisión del contrato por culpa de la Administración y hacer efectivas las consecuencias de esa rescisión culposa. A su entender, en el caso, si Vialidad o el Banco no cumplieron con su obligación de abrir la carta de crédito, debió pedir la rescisión del contrato puesto que los pliegos envían a la ley 5188.

También puntualiza que el pretendido derecho invocado, tenga amparo en normas de derecho privado (arts. 233 del Cód. de Com.), no desnaturaliza el carácter público de la situación jurídica alegada, que el particular debió respetar. Si bien reclamó por la frustración de un supuesto contrato privado de comisión mercantil, ello tiene como presupuesto inexorable el previo fracaso del contrato de suministro.

Cita el artículo 90 de la ley 5188 que establece expresamente que el contratista debe solicitar la rescisión, para lo cual tiene plazos específicos de caducidad (art. 91) y, finalmente, la rescisión del contrato debe ser resuelta por la Administración. Por lo tanto, la actora no podía pretender que se reparen las consecuencias dañosas del accionar administrativo, sin previamente obtener la declaración de ilegitimidad de tal comportamiento, lo que vincula el análisis derivado al órgano judicial con exclusiva competencia para resolverlo por imperio del artículo 93, inc. 2), de la Constitución provincial.

Luego de señalar los supuestos que tipifican la competencia contencioso administrativa, presentes en el caso, sostuvo que cuando el fallo atacado cita la causa "Genaro García S.A.", se dice bien que el análisis de la competencia principia por el contenido y naturaleza de la pretensión esgrimida, pero dicho análisis no puede prescindir de establecer si esos aspectos pretensionales se adecuan a los hechos y al derecho que se invoca. También sostiene que los casos "Miskov" y "Pérez" citados por la Sala no son trasladables al presente y que resulta contradictorio sostener la existencia de una relación jurídica previa no perfeccionada por falta de aprobación del Poder Ejecutivo y luego condenar a la Provincia por responsabilidad extracontractual.

Por otra parte advierte que si se trata de un supuesto de responsabilidad por actividad lícita del Estado, como sostiene el Tribunal inferior, ese supuesto es, sí o sí, un supuesto de conflicto contencioso administrativo no susceptible de ser resuelto por los jueces con competencia ordinaria.

En otro punto, bajo la tacha de arbitrariedad por violación de la naturaleza revisora de la Sala adujo exceso en la aplicación del principio "iura curia novit" y conculcación de la garantía del debido proceso.

Al respecto dijo que la Sala altera, sin que se lo permitieran los términos de la demanda, el factor atributivo de responsabilidad que la actora invocó al responsabilizar a la Provincia por lo que calificó de daño por actividad lícita cuando claramente la actora adujo incumplimiento contractual. Explica que se ha ido modificando sucesivamente los términos de la discusión llevada a cabo por las partes, sin que en dichos cambios se hubiera garantizado suficientemente el contradictorio y apartándose del 'thema decidendum', al cual debe ajustarse el órgano judicial, cuyo alcance y contenido había sido delimitado por las partes en oportunidad de la traba de la litis y al expresar y contestar agravios. La decisión de la Alzada al basar la responsabilidad en el daño que habría producido el accionar lícito, cuando la parte invocó rotundamente al ilícito, viola la congruencia. También refiere el impugnante a dicho principio y sus implicancias.

Como último ítem refiere a que la condena inadecuada es fruto de la valoración deficiente y la inaplicabilidad de la ley.

Asevera que el lucro cesante no procede en ningún caso, aunque se considere al contrato perfeccionado o no. Aclara que la relación se perfeccionó por inexistencia de norma que exija la "aprobación del Poder Ejecutivo" y el lucro cesante no procede pues no sólo se debió solicitar la rescisión sino porque también por disposición reglamentaria o contractual del pliego se aplica a la relación las disposiciones de la ley 5188 que en su artículo 92, inc.

e) prevé como consecuencia de la rescisión por culpa de la Administración una indemnización objetiva limitando el denominado lucro cesante.

Agrega que una relación contractual de derecho público no perfeccionada por cualquier circunstancia sigue siendo una relación jurídica de esa naturaleza. Que no sea contractual -dice- no quiere significar que no sea relación jurídica y pública, y máxime cuando se trataría, en la tesis de la Sala, de un procedimiento administrativo de selección no terminado. Los efectos o consecuencias de eventuales ilegitimidades deben surgir del ordenamiento jurídico aplicable; las pautas para la integración e interpretación en el ordenamiento jurídico administrativo son claras en doctrina y jurisprudencia. No debe, en tal sentido, recurrirse a las normas de derecho privado, pues primero deben utilizarse las normas y principios de derecho administrativo. Asegura que si se trata de un procedimiento administrativo tendente a celebrar un contrato y el mismo no finalizó o, lo que es lo mismo, el contrato no se perfeccionó -según la Sala-, quiere decir que Roluar como cualquier oferente no tiene un derecho subjetivo sino un interés legítimo y sobre ello destacó que los titulares de esas situaciones jurídicas subjetivas nunca tienen derecho a reparaciones integrales, conforme precedentes de esta Corte que cita. Por ello, a su juicio, el fallo adolece de una desconceptualización improcedente como acto jurisdiccional, al igual que con respecto al fundamento de la Sala en la actividad lícita del Estado causante del daño, porque debió recurrir a esos principios o instituciones de derecho público y, en su caso, compatibilizarlos con las normas del derecho administrativo provincial (Vg. Ley de expropiaciones), cuya aplicación al caso hubiera traído la misma consecuencia desestimatoria del "lucro cesante". Además, señala, que los principios son extraídos no solo del bloque jurídico público, sino también del privado del que también se infiere el principio de los distintos alcances del reconocimiento con motivo de actividad lícita o ilícita de particulares, lo que aparece igualmente ajeno al razonamiento de la Sala.

Refiere, en sustento de su planteo, a la teoría de la responsabilidad del Estado y a la de la indemnizaciones públicas, con referencia a su recepción doctrinaria y normativa, sosteniendo que no puede desconocerse en el caso las líneas sobre la que se constituyó el sistema normativo provincial aplicable a la relación jurídica pública motivo de la presente causa judicial.

Finalmente afirma que la sentencia prescinde también de sus alegaciones en torno a la falta de certidumbre del daño invocado. A su entender, la indemnización reconocida como lucro cesante trasvasa cualquier límite de razonabilidad y certeza imprescindibles para su reconocimiento.

3. Para resolver el presente recurso resulta necesario analizar ante todo el planteo de la demandada vinculado a la incompetencia de los jueces ordinarios para intervenir en la presente causa, atento a estar comprometida materia contencioso administrativa, resultando por ello aplicable la norma de competencia prevista en el artículo 93, inciso 2) de la Constitución provincial.

Como surge del relato que antecede Roluar S.A. al demandar a la Provincia expresa que fue adjudicataria de una compra de maquinarias por parte Vialidad Provincial, librándose la correspondiente orden de provisión, aclarando que existió un típico contrato de suministro mediante licitación y que en el mismo actuaba como mandataria de Construexport, con quien había celebrado un contrato de comisión mercantil. Destacó - esecialmente- que con la demanda se persigue el lucro cesante de Roluar S.A. proveniente del no cobro de las comisiones mercantiles pactadas en la contratación privada con Construexport al no haberse concretado la operación. Y en orden a fundar la competencia de los jueces ordinarios aclaró que se demanda la indemnización por frustración de un típico contrato privado, lo que justifica la vía elegida.

La demandada, por su parte, al contestar la demanda, en apoyo de su planteo de incompetencia, afirmó que estamos frente a una relación jurídica contractual de derecho administrativo, que nació a partir del dictado de un acto administrativo de adjudicación por parte de un ente autárquico. Y que si bien Roluar reclamó por la frustración de un supuesto contrato privado (comisión mercantil), ello tiene como presupuesto inexorable la previa frustración del contrato público de suministro, citando toda la normativa involucrada que debe tenerse presente para resolver la cuestión. La Sala, por su parte, desestimó el agravio vinculado al rechazo del A quo de la excepción de incompetencia por entender que la pretensión de la actora -indemnización del daño que la actividad lícita del Estado habría causado a su patrimonio- no resultaba encuadrable en los supuestos que habilitan la instancia revisora de la Corte en materia contencioso administrativa.

La Provincia, en el recurso de inconstitucionalidad insiste en que la solución de la Sala viola la norma de competencia prevista en el artículo 93, inciso 2) de la Constitución provincial.

Ahora bien, para dilucidar si en el caso asiste razón a la demandada es necesario recordar algunos conceptos que esta Corte ha ido delineando en torno a la competencia contencioso administrativa.

Al respecto cabe destacar que este Tribunal ha intervenido, aun de oficio, cuando podía verse comprometida su propia competencia contencioso administrativa (A. y S.

T. 98, pág. 204; T. 121, pa´g. 54; etc.); que puntualizó que el artículo 2 de la ley 10.160 no puede incluir el supuesto en el cual la competencia 'ratione materia' deriva de la Constitución provincial (A. y S. T. 119, pág 247); que las especiales características de dicha competencia, determina que ningún tribunal inferior puede atribuírsela "per se" contra la Constitución y la ley, porque de admitirse un criterio distinto se estaría comprometiendo el diseño institucional que el ordenamiento jurídico provincial establece en relación a la competencia de los diferentes órganos judiciales, generando una grave confusión en los papeles asignados a los diferentes poderes (A. Y S. T. 106, pág. 141); señalando asimismo que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa (A. y S. T. 163, pág. 71; T. 145, pa´g. 132); es más, ha afirmado que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes (A. y S. T. 132, pág. 477).

In re "Bozzi" aclaró que no obsta a dichas conclusiones que se hayan creado por ley 11329 las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales con competencia específica en dicha materia, cuya raigambre constitucional remarcó, como así también la improrrogabilidad de dicha competencia, aún entre ellas.

De allí que resulte de fundamental importancia desentrañar debidamente cuando un caso cae dentro de dicha competencia, a efectos de no permitir desplazamientos de ésta violatorios de las normas legales y constitucionales. Cabe recordar muy especialmente que esta Corte ha afirmado que si bien sostuvo en diversos decisorios no ser competente para resolver sobre materia indemnizatoria (A.

y S. T. 84, pág. 77; T. 92, pág. 40, etc.), el sentido de los pronunciamientos indicados, si bien resulta válido como criterio genérico, no corresponde hacerlo extensivo a todas las situaciones litigiosas que pudieren suscitarse, exigiendo una complementación con otros elementos de juicio. Porque en ciertos casos, el no reconocimiento de la competencia contencioso administrativa, por hallarse eventualmente en juego pretensiones indemnizatorias, podría llevar a una desnaturalización de los fundamentos que justifican esta competencia, remitiendo el conocimiento de aspectos netamente administrativos a los jueces ordinarios (A. y S. T. 113, pág. 195).

Tal el caso de autos, en donde una visión parcializada y aislada de la pretensión ejercida por la actora llevó al sentenciante a considerarse competente para intervenir en un caso en donde la dilucidación de los distintos aspectos involucrados para decidir la admisibilidad y, en su caso, la procedencia del reclamo de Roluar nos conduce indefectiblemente al análisis previo del contrato de suministro que vinculó a las partes, y las distintas cuestiones planteadas en torno al mismo; es decir, a su perfeccionamiento, a las obligaciones de los sujetos intervinientes, a las vicisitudes vinculadas con la apertura de la carta de crédito y la conducta a seguir por las partes, etc., todo lo cual formó parte de la discusión necesaria en torno al reclamo de Roluar, comprometiendo una normativa claramente exorbitante del derecho privado (esencialmente: ley 10.019, ley de Contabilidad, ley orgánica 4908, ley 5188, pliego de bases y condiciones generales) lo que pone de manifiesto que resulta inescindible la pretensión de la actora de aquellos aspectos y normas de derecho público involucrados, lo que solo puede y debe ser analizado y resuelto por la justicia constitucionalmente asignada para ello. Es que, como sostiene la Provincia, la pretensión de Roluar, supone la previa frustración de un contrato de derecho público y la responsabilidad en ello -fuertemente resistida a lo largo de todo el proceso- de la demandada. Lo que implica, para resolver el reclamo, un análisis previo del actuar de la Administración y de las consecuencias del mismo, a la luz de las normas de derecho público aplicables, lo que debe efectuarse en el ámbito propio de lo contencioso administrativo. Al respecto resulta oportuno destacar el criterio que surge -a contrario sensu- de la causa "Roberto J. Azcoitía y Cía S.R.L. contra Municipalidad de Santa Fe" (A. y S.

T. 98, pág. 204-209) respecto a que, cuando la solución del caso remite a la interpretación de cláusulas de un contrato de carácter administrativo para poder determinar la procedencia o no de la pretensión de la actora, la vía de la justicia contenciosa administrativa es la procedente.

Por las razones expuestas, es que considero que la sentencia de la Sala en cuanto consideró que la pretensión de Roluar no resultaba encuadrable en los supuestos determinados por la ley que habilitan la instancia de lo contencioso administrativo, efectuó un análisis incompleto de la cuestión, que la llevó, previa aceptación de su competencia, a terminar juzgando cuestiones -como, por ejemplo, la vinculada al perfeccionamiento del contrato de suministro- que exceden en el caso el ámbito propio de su jurisdicción, desplazando así al órgano con idoneidad constitucional para entender en la causa. Tal razonamiento invalida todo su decisorio y debe ser anulado, resultando por ello innecesario considerar el resto de los agravios esgrimidos por la demandada.

Resta agregar que, en las circunstancias del caso, estimo prudente otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que adecue su pretensión a los términos de la ley 11.330, conforme lo ha resuelto este Tribunal in re "Mori" (A. y S. T. 131, pág.

105) y reiterado en "Cires" y "Cases" (A. y S. T. 131, págs. 108 y 113, respectivamente). En cuanto a la imposición de costas, los particulares contornos del caso aconsejan adoptar el criterio seguido por este Tribunal en supuestos análogos (A. y S. T.

178, pág. 163 y pág. 185; T. 185, pág. 279, entre otros). Consecuentemente, cada parte deberá soportar las costas causadas a su instancia y la porción que le corresponda en las comunes en todas las instancias (cfr. también, "Leones", A. y S. T. 186, pág. 69; "Ortega", A. y S. T. 187, pág. 283; "Foresi", A. y S. T. 198, pág. 241, entre otros). Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro Decano doctor Vigo y votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión el señor Ministro Decano doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada; con costas conforme a lo especificado al tratar la segunda cuestión. Otorgar a la actora el plazo de 30 días a fin de que adecue su pretensión a los términos de la ley 11330. Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro Decano doctor Vigo, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas en el orden causado. Otorgar a la actora el plazo de 30 días a fin de que adecue su pretensión a los términos de la ley 11330.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro Decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)