Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-16


NEUQUEN, 16 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "LACOSTE NORMA SUSANA C/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN S/ COBRO DE HABERES" (EXP Nº 435047/11) venidos en apelación del JUZGADO LABORAL NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y condena al accionado a abonar a la actora la suma de $15.076,60 con más intereses y costas, se alza el Banco de la Provincia del Neuquén.

Se agravia porque, a su entender, la jueza de grado incurrió en una errónea interpretación del CCT 18/75 y actas acuerdos acompañadas.

Afirma que la sentencia desconoce la fuerza obligatoria de dichas actas y considera que, en cambio, debe aplicarse el art. 25 CCT 18/75, por resultar más favorable al trabajador, pero que omite así contemplar el motivo por el cual fueron celebradas, que no es ni más ni menos que conferir mayores ingresos a los trabajadores.

Se agravia porque, a su criterio, la sentenciante no expresa los fundamentos técnicos por los cuales encuentra vulnerado el orden público laboral, el principio de la norma más favorable al trabajador y sus derechos irrenunciables.

Dice que la actora no puede beneficiarse con las sumas pactadas en las negociaciones y volcadas en el acta acuerdo de 2005, y luego desconocer la parte del acta que no la favorece. Ello vulnera el principio según el cual las convenciones son ley para las partes. A continuación cita jurisprudencia de la Corte Suprema que otorga relevancia a la voluntad de las partes al momento de la negociación.

Luego, tacha el fallo de arbitrario por haber omitido valorar la prueba informativa dirigida a ABAPPRA.

Esgrime que por la primacía del derecho común, según el art. 31 CN, la vinculatoriedad (sic) de los acuerdos colectivos de trabajo prevalece sobre otros ordenamientos, sobre todo teniendo en cuenta que dichos acuerdos no han afectado los mínimos de convenio ni desjerarquizado el nivel salarial de los trabajadores ni el orden público laboral.

Por todo ello, solicita se revoque la sentencia dictada en la instancia anterior.

II.- Los agravios son replicados por la contraria a fs. 204/207 vta., quien solicita su rechazo, con costas.

III.- La cuestión que se plantea en los presentes radica en determinar si el "adicional por zona desfavorable" previsto en el art. 25 CCT 18/75 podía ser liquidado de conformidad al modo de cálculo estipulado en el Acuerdo del 20/12/05 -que utiliza una suma fija- o si, en cambio, debía hacérselo a tenor del porcentual previsto en el Convenio Colectivo citado (40% del sueldo inicial sobre las remuneraciones mensuales totales).

Entrando a considerar el recurso, adelanto mi opinión favorable a la confirmación del fallo recurrido, habida cuenta que, como bien señala la parte actora al responder los agravios de la contraria, los acuerdos suscriptos en los años 2003 y 2005 se refieren puntualmente al Decreto 392/03, y no se ha pactado expresamente su extensión a los firmados en los años 2006 y 2007 -objeto del presente reclamo-1, respecto de los cuales debe aplicarse el art. 25 del CCT, con la consecuencia evaluada en la pericial contable rendida en autos y consentida por la demandada.

En este punto, es necesario tener presente que el art. 25 del CCT 18/75 se halla plenamente vigente, pues no ha sido reemplazado por otro (art. 6 de la ley 14.250 -t.o. 2004-).

Sobre el fenómeno de la "ultra actividad" de los convenios colectivos de trabajo, ha expresado la Sala II, en criterio que comparto: "...como detalla Simon, el concepto de ultraactividad se relaciona con la sobrevivencia que tiene la convención colectiva con posterioridad a su caducidad o extinción, se produzca ésta por el vencimiento del plazo de vigencia estipulado, por el cumplimiento de una condición resolutoria expresa o por causas extrínsecas, como pueden ser el mutuo consentimiento, la denuncia, el caso fortuito o la fuerza mayor".

"Tal sobrevida del convenio colectivo, o prórroga de su ámbito de aplicación temporal, se entiende, como pauta general en el sistema de relaciones laborales argentino, de duración indeterminada, es decir, que perdura hasta que el convenio colectivo sea renegociado o sustituido por otro (art. 6º ley 14.250, t.o 2004). Teniendo presente esta característica que asume el instituto en el sistema laboral argentino, Zamorano la presenta como un principio en virtud del cual las cláusulas de los convenios colectivos se consideran subsistentes hasta tanto un nuevo convenio colectivo las reemplace" (Mario Ackerman Director-Diego Tosca Coordinador "Tratado de Derecho del trabajo"-Tomo VIII- Capítulo a cargo de Hector Omar García -pág. 435 y sgtes. -Rubinzal Culzoni Editores)." "Para finalizar en este tema, y a modo de conclusión, el autor señala: "Como expresa Zamorano, el fundamento de la vigencia indefinida de los contenidos de los convenios colectivos descansa, como la mayoría de los institutos del Derecho del Trabajo, en el presupuesto de la hiposuficiencia del trabajador y, por ende, en la necesidad de que la normativa laboral contrarreste esta condición de inferioridad, dado que si el convenio colectivo dejara de aplicarse al fenecer su plazo porque las partes negociadoras no pudieran acordar otro en su reemplazo, los trabajadores comprendidos en su órbita funcional podrían ver disminuidos sus derechos por un lapso impreciso, por cuanto la caducidad del convenio generaría un vacío normativo que los empleadores podrían aprovechar para reducir sus costos, aplicando exclusivamente las disposiciones generales contenidas en la LCT" (ob. citada pág. 437) -lo resaltado en negrita me pertenece-." "La doctrina transcripta echa por tierra cualquier posibilidad de que el concepto pueda relacionarse exclusivamente con lo expresado por el apelante, pues aún cuando es cierto que la ultraactividad permite llegar a la mesa de negociación con ese piso, ello no quita que durante todo el período que transcurra hasta la firma de un nuevo convenio colectivo, se siga aplicando el anterior." (Expte Nº 368976/8, "Zurita"; 412644/10, "Melo", entre otros).

Pero aun cuando se estimara que el Acuerdo salarial del año 2005 tenía efectos sobre los incrementos remuneratorios futuros, es necesario indagar sobre la prelación que intenta atribuirle el quejoso.

Al respecto, debe recordarse que la ley 25.877 que implicó la reforma laboral en materia de contrato individual de trabajo y de derechos colectivos de trabajo, estableció de una manera absolutamente clara en su art. 24 que un convenio posterior puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito. Pero un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, puede modificar un convenio anterior solamente en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador (v. art. 19 Ley 14.250, t.o. 2004).

En lo particular la ley prevé que la condición más favorable se juzgue y se determine a partir de la comparación por institutos según la teoría del conglobamiento orgánico previsto por el art. 9° de la L.C.T. (Cfr. ETALA, Juan José, "Articulación y concurrencia de normas convencionales en la ley 25.877. Criterios de preferencia", DT 2004, 1183).

Y bien, la pericia contable agregada a autos puso de relieve que entre lo abonado por el Banco a la actora y lo que correspondía por aplicación del art. 25 CCT, existe una diferencia a favor de la aquí reclamante, de modo que es evidente que las actas acuerdo invocadas no resultan más beneficiosas para los trabajadores.

En esta misma línea, ha expresado esta Sala, en su anterior composición:

"El debate lo centra la parte en si corresponde aplicar el CCT 18/75 en su artículo 25, tal cual lo hace la a quo, o, como ella sostiene, lo aplicable era el acta acuerdo del año 2005".

"En la interpretación de las normas laborales, debe estarse siempre a la que resulta más beneficiosa para el trabajador (art. 9 LCT)".

"..Del dictamen pericial contable (fs. 128/131) surge con claridad que la demandada ha abonado incorrectamente el adicional por zona desfavorable que, por aplicación del art. 25 del CCT, correspondía le fuera liquidado al actor".

"...Por tales razones, y en virtud del principio de la norma más favorable para el trabajador, no puede ser aplicada una disposición posterior (actas acuerdos) en perjuicio del mismo, frente a la categórica solución plasmada en las normas de los arts. 8 y 9 de la LCT".

"Resulta de aplicación al caso la jurisprudencia que establece:... "En efecto, en el ámbito del Derecho del Trabajo, el orden jerárquico de las normas no coincide con el orden de prelación o de aplicación concreta de ellas a un caso determinado. Al regir el principio protectorio con sus tres reglas (in dubio pro operario; la aplicación de la norma más favorable; y la condición más beneficiosa para el trabajador), una norma jerárquica inferior puede prevalecer sobre otra de jerarquía superior si resulta más favorable al trabajador; por ejemplo, un convenio colectivo puede aplicarse por encima de la ley si establece condiciones más favorables al trabajador. Ello así, el convenio colectivo tiene eficacia derogatoria respecto de una ley anterior menos beneficiosa y deja sin efecto el convenio colectivo anterior, aun cuando otorgara mejores derechos al trabajador; también deroga cláusulas menos favorables incluidas en el contrato individual. En cambio, las cláusulas normativas de los convenios colectivos no se incorporan al contrato individual. Al contrario: ni la ley ni el convenio colectivo pueden afectar el contrato individual anterior que otorga mayores beneficios al trabajador; en este caso, el contrato individual se impone tanto al convenio colectivo como a la ley (cfr. Grisolía, Julio Armando; "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Depalma, 5º edición, ampliada y actualizada, Bs.As. 2001, fs. 92/94)." (TORO ROLANDO FLORENCIO C/ LA VELOZ DEL NORTE S.R.L. s/ DESPIDO (ORDINARIO), 17/03/2004, Sentencia Nº 150, Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y Contencioso Administrativo, LDT) -Expte. Nº 368819/8, "Encina".-.

En idéntico sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, al señalar:

"Distinta solución merece el agravio que plantea la improcedencia de las diferencias por adicional zona desfavorable".

"Dicho adicional "...compensa al trabajador las molestias que significan prestar servicios en zonas alejadas, distantes de centros urbanos, donde el nivel de costo de vida es mayor o la privatización del acceso a algún tipo de confort es compensado monetariamente, de manera tal que se incentiva al trabajador con la retribución de estas molestias, facilitando una mejor cobertura de los servicios que presta el empresario..." (LS 304-463)".

"...Ahora bien, a mi entender, la pretensión de la recurrente no resulta procedente porque propicia la modificación de un convenio colectivo de trabajo a través de un acta acuerdo, lo que resulta jurídicamente incompatible, al tratarse de normas de diversa categoría legal".

"En tal sentido lo ha resuelto esta Sala in re 75.055 "Bressant, Juan Carlos en j: 17.786 Bressant, Juan Carlos c/ Bco. Regional de Cuyo SA p/ ord. s/ inc. cas". (LS 332-034), al disponer que "Un acuerdo salarial no puede dejar sin efecto o modificar una disposición contenida en una convención colectiva de trabajo, no puede pretenderse modificar o interpretar un derecho conferido por la convención, la que tiene efectos generales y directos no sólo para las entidades firmantes y sus representados, sino también a quienes no pertenecen a la entidad. Una norma sólo puede ser modificada por otra norma y los acuerdos salariales deben limitarse a tocar sólo estos aspectos y no otros reglamentarios y generales previstos en las respectivas convenciones colectivas de trabajo e interpretadas por los jueces en caso de discusión judicial de sus cláusulas. Se trata en definitiva de aplicar en realidad la norma más favorable al trabajador, en este caso la convención colectiva de trabajo. Conforme lo dispuesto por los arts. 7, 8, 9, 12, 13 LCT, los contratos individuales en la materia no pueden contener normas menos favorables que las de la ley o el convenio colectivo aplicable, ya sean éstas preexistentes o sobrevinientes. Por otra parte, los arts. 131 y 149 de la LCT son disposiciones de orden público por imperio de lo establecido en el art. 7 de dicho cuerpo legal y no pueden ser dejadas de lado por acuerdo de partes, criterio que se encuentra corroborado por la disposición del art. 133 de la Ley citada" (SCMza, sala II, Banco Santander Río S.A. en J° 8059 Perruzzi, Cintia Lorena c. Banco Río de La Plata, 14/12/2010, LLGran Cuyo 2011 (abril), 254; DJ 29/06/2011, 38).

La solución que planteo ha sido, por otra parte, la adoptada en diferentes precedentes de esta Cámara de Apelaciones en sus distintas Salas e integraciones (cfr. Expte Nros. 388543/09, 427580/10 y 412644/10, 368976/08, 368819/9, ya citados, entre muchos otros), e incluso por la suscripta, al adherir al voto de mi colega en autos "Monsalve" y "Guiñez", exptes. Nros. 399586/9 y 423398/10.

Por último, y respecto al agravio referido a la omisión de prueba esencial, el recurrente no explica de que modo la prueba informativa que alega influye en el sentido del decisorio, a más de la contradicción en la que incurre en relación con lo manifestado al contestar la demanda, tal como apunta la contraria al responder agravios.

Por estas consideraciones, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido, confirmando la sentencia de grado en todo cuanto ha sido motivo de agravios, con costas al recurrente vencido. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 181/187 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17 Ley Nº 921).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma definitiva que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, a la parte demandada al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en la casilla asignada al Dr. ... por el Poder Judicial. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.