Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-03


En la ciudad de Trelew, a los 03 días de junio del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E. , F. A. c/ E. D. M. S.A. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.676 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿deben modificarse los honorarios apelados a fs. 418? y TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 449. A LA PRIMERA CUESTIÓN dijo el Dr. Ferrari: --- I. La sentencia definitiva de fs. 408/412 vta. hizo lugar parcialmente a la demanda, desestimando el reclamo por diferencias salariales y acogiendo las pretensiones indemnizatorias por un monto de $ 72.222,60 con más sus intereses, y distribuyó las costas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% por cuenta del actor.------------- II. El fallo es apelado por ambas partes. La representación letrada de la demandada funda su recurso a fs. 426/429, respondida por la contra parte a fs. 435/439, mientras la representación letrada del actor sostiene su apelación mediante la pieza glosada a fs. 431/433 vta., respondida a fs. 441/442. III. Agravios de la demandada: ----------- Los motivos de agravio expuestos por esta parte son, en síntesis, los siguientes: 1) la mejor remuneración normal y habitual tomada por la sentenciante para liquidar los rubros indemnizatorios no coincide con la denunciada por el actor en su demanda. Además, según la pericia contable, surge que la mejor remuneración es la correspondiente al mes de marzo de 2002, y de la misma pericia ha quedado en evidencia que no se ha podido determinar el mejor salario mensual y habitual, por lo que no corresponder tomar como base de cómputo indemnizatorio la suma de $ 4.376,33 sino la de $ 2.127,72. 2) Causa agravio la aplicación de la multa del art. 16, Ley 25.561 (100%) por cuanto a la fecha de ruptura se hallaba vigente el decreto 823/04, que redujo dicha indemnización al 80% de los montos indemnizatorios correspondientes por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. 3) Se ha tenido por injustificada la negativa a otorgar tareas, condenándose a la apelante a abonar la indemnización del art. 245 L.C.T., siendo que no existían tareas para otorgar al trabajador acorde a su recalificación laboral luego del accidente. No fue por falta de voluntad sino por imposibilidad, lo cual ha sido acreditado en autos, por lo que conforme al art. 212 L.C.T. no correspondía el pago de las indemnizaciones a la que fue condenada.--- Por todo ello solicita la revocación de la sentencia en lo que ha sido materia de agravios, con costas. IV. Agravios del actor: ------ El concreto motivo de agravio de este apelante finca en la desestimación del reclamo por "salarios a órdenes". Sostiene que los fundamentos del rechazo no ha tenido en cuenta las presunciones contenidas en los arts. 8 y 57 de la L.C.T. y en el art. 44 de la Ley N° 69. Del juego armónico de dichas normas -afirma- se desprende que incumbía a la demandada demostrar los eximentes de responsabilidad por el pago reclamados en la demanda, entre ellos, el rubro "días a órdenes", sin que haya aportado ninguna prueba al respecto. Para fundamentar su queja, relata las gestiones realizadas ante la empresa para que le fueran asignadas tareas, al comienzo mediante un reclamo verbal y luego mediante comunicación epistolar , resultando todas ellas infructuosas ante la actitud patronal evasiva. Relata que al remitir el telegrama del 13/04/2004 se hizo expresa mención al alta médica oportunamente notificada y aceptada por la empresa, así como también a la recalificación laboral con recomendación de labores. En esa oportunidad, la contraria sólo se expidió respecto de la falta de tareas para asignarle al actor de acuerdo a su recalificación laboral, lo que demuestra sin dudas su conocimiento previo en lo atinente a la fecha de alta y la recalificación. Es claro entonces -sostiene- que por no haberle asignado labores a E. encontrándose en plena vigencia la relación laboral, la empresa debió abonar el rubro "días a órdenes" en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el C.C.T. 356/03. Tocante a que no se hubiera acreditado que el telegrama de fecha 23/01/04 (fs. 51) haya sido recepcionado por la demandada, a fs. 170 obra el oficio 810/05 donde se solicitó al Correo Oficial se expida sobre la autenticidad de varias piezas postales, entre ellas la mencionada, mediante la cual el actor se puso a disposición de la demandada. Por todo ello solicita se revoque el fallo apelado, haciéndose lugar a este reclamo, con costas.----------- V. Abordaré el tratamiento de los agravios planteados comenzando por los de la parte demandada.---- VI. Examen sobre la justa causa del despido indirecto: ----------- La sentenciante consideró ajustado a derecho el autodespido del trabajador por cuanto la ex empleadora no aportó pruebas que demostraran su imposibilidad de asignarle tareas conforme a su recalificación laboral luego del alta por el accidente. En su pieza, la apelante sostiene que esa prueba ha sido aportada al proceso a través de pericial contable, que demostró que los puestos de trabajo para tareas similares acordes a su recalificación laboral con que contaba la empresa ya se encontraban ocupados. Sobre el punto, es útil recordar que está a cargo de la empleadora probar que no tiene tareas adecuadas a la aptitud física y psíquica del trabajador (art. 212 L.C.T.; su doctrina - id. CNTrab., sala I, 27/07/1993, DT 1994-A, 359 - sala II, 13/12/1994, DT 1995-A, 401; sala II, 29/07/1994, DT 1994-B, 2133; entre muchos otros). A partir de esta premisa y contra lo sostenido por la recurrente, puede apreciarse que la a quo valoró la prueba pericial contable y de ella extrajo que, a la fecha de los hechos, existían empleados en puestos similares a los del actor con menor antigüedad (conf. fallo, fs. 409), fundamento que no ha recibido de parte de la quejosa una crítica concreta y razonada (art. 265,C.P.C.C.: su doctrina). Por otra parte, la prueba de esta imposibilidad debe apoyarse en elementos sólidos y convincentes y no en meras inferencias, por cuanto el tribunal no está en condiciones de ponderar a través de un mero listado del personal de revista la real situación del esquema de tareas de la empresa y la real disponibilidad o no de un puesto de trabajo adecuado a la situación del trabajador que solicita reintegro a sus labores.------- -- Así las cosas, ante la ausencia de probanzas que demuestren esa alegada imposibilidad, la no asignación de tareas se erige en una injuria suficiente para que el trabajador se considere indirectamente despedido y con el consiguiente derecho a las indemnizaciones del art. 245 y conc. de la L.C.T. ya que en los supuestos del art. 212 L.C.T. la ley no contempla ninguna variante en la cuantía indemnizatoria por el hecho de que sea una u otra parte la que comunique la finalización de la relación (conf. CNTrab., sala VII, 30/04/1992 - O., R. c/ Ferrocarriles Argentinos - S, 20566 - La Ley, Ley de Contrato de Trabajo comentada, pág. 405 - sum. 53).----------- Voto entonces por la confirmación de la sentencia en este tópico.--- VII. Mejor remuneración normal y habitual - art. 245 L.C.T.: - Al criticar este aspecto, la recurrente señala que el monto de la mejor remuneración tomado en consideración por la juzgadora es superior al consignado por el propio actor en su demanda. Mas allá de lo que quepa resolver en la especie, a priori puede advertirse que este argumento carece de aptitud para descalificar la decisión sobre el punto, ya que como es sabido, el art. 71 de la ley procesal del fuero N° 69 permite, supliendo la omisión o el error del demandante, fallar ultra petita.-- Los fundamentos invocados por la juzgadora para optar por el salario informado en la pericia, con adecuada cita de jurisprudencia, son razonables y desde ya puedo anticipar que los comparto, atendiendo a las circunstancias particulares del caso bajo examen.- En primer lugar, el texto legal es claro a referirse a la remuneración "del último año ...de prestación de servicios", en clara alusión a los salarios correspondientes a la prestación normal y efectiva de tareas y no a las retribuciones de otra naturaleza, por lo que mal podría tomarse en consideración a este objeto los salarios de enfermedad, que como es sabido, constituyen una prestación de seguridad social impuesta a la ley por el empleador, con total prescindencia de que lo pagado sea inferior, igual o superior a lo que hubiese percibido de haber prestado servicio (conf. Vázquez Vialard, A. A., Tratado...", t. 4, pág. 898 y sus citas - Astrea, 1983).-- Por otra parte, no se advierten motivos para un apartamiento de lo informado por el perito contador acerca de la mejor remuneración normal y habitual percibido en el curso del último año de actividad efectiva, ya que dicho dictamen se basa en la compulsa documental efectuada a ese fin, habiendo dado adecuadas razones para ello. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: "Aunque el perito desarrolle conclusiones personales, si sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta y se apoyan suficientemente en los antecedentes de las causa y en sus conocimientos técnicos específicos, quedará satisfecha su labor como auxiliar de la justicia a la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia". (CSJN, Fallo 892.104, Diciembre 1-1.992 en "Pose, José C. Provincia de Chubut y Otra". LL 6/05/94, Pág. 3 - id. ).- En síntesis, opino que la apelante no ha logrado desmerecer el juicio lógico expuesto en el fallo, cuya conclusión encuentra adecuado sustento jurídico y respaldo probatorio en la causa, por lo que propongo la confirmación del decisorio en este aspecto, lo que así dejo votado.-------- VIII. Multa art. 16, Ley 25.561: ---------- Sostiene la apelante que atendiendo a la fecha del distracto, correspondía aplicar el decreto 823/04 que redujo esta sanción al 80%. Liminarmente puede comprobarse que la queja no es atendible, por cuanto el decreto en cuestión fue publicado el 28/06/2004, de manera que cuando se produjo la ruptura (28/04/04) se hallaba vigente el decreto 369/04, que mantenía el porcentaje originalmente dispuesto en la norma del título (100%). En consecuencia, el agravio debe ser desestimado.--------- IX. Salarios a órdenes: ------ Resta tratar el agravio planteado por la parte actora, quien en su demanda reclamó los salarios a órdenes devengados durante los dos años anteriores a la disolución del vínculo. Como se recordará, la sentenciante desestimó el reclamo por considerar que: a) durante gran parte de ese período el actor estuvo de baja médica a raíz de las secuelas del accidente laboral, por lo que no pudo devengar dicho rubro; b) obtenida el alta, no hay constancias que acrediten su puesta a disposición de la empleadora hasta la intimación efectuada en marzo de 2004 (... fs.) que culminó con su autodespido al mes siguiente, ya que no se ha acreditado la recepción del telegrama del 23/01/04 (fs. 51). Estimo que le asiste parcial razón al apelante en este planteo. En efecto, desde que no se acreditó el anoticiamiento previo por otros medios, la primera intimación formal cursada por el trabajador es, en efecto, la cursada el 23/1/04 (fs. 51). Ahora bien: a su respecto, la demandada negó la remisión y el contenido de dicha comunicación (conf. contestación a la demanda, fs. 98, puntos 15 y 16); mas no negó la recepción de la misma. Esta comprobación, lejos de ser menor, a mi juicio resulta dirimente para decidir este aspecto del conflicto, por cuanto conforme a lo previsto en el art. 356, inc. 1°, C.P.C.C. (aplicable por remisión del art. 76, Ley N° 69) era carga procesal de la demandada negar expresamente dicha recepción en forma expresa y categórica, ya que de no hacerlo, "... se los tendrá por recibidos" (textual, art. citado). En este contexto, además, la presunción legal encuentra refuerzo en dos datos relevantes: 1) la autenticidad y emisión del telegrama ha sido corroborada a través del informe del correo oficial (fs. 214); 2) en el mes de febrero de 2004, la demandada abonó al actor los salarios a órdenes -previsto en los arts. 41, inc. "b", 64 y conc., C.C.T. 356/03- correspondientes a dicho período (conf. recibo de fs. 4), lo cual no tiene otra plausible explicación más que la de haberse anoticiado de que dicho trabajador gozaba del alta médica correspondiente. Frente a estas comprobaciones, no cabo sino inferir que el actor se hallaba a órdenes de la empleadora, por lo que estimo procedente acoger el rubro por el período que medió entre esa puesta a disposición y el momento del distracto, ocurrido el 28/04/04. De tal manera, habiéndole abonado los salarios correspondientes a febrero, debe acogerse el rubro por el mes de marzo y los días proporcionales de abril de 2004, conforme al monto remuneratorio que surge de dicha liquidación (en tanto la misma no fue objeto de cuestionamiento por el actor), es decir, a razón de $ 31,87 diarios ($956,25 / 30), de lo que resulta: por el mes de marzo $956,25; por el mes de abril ( 28 días): $ 892,36. De compartirse esta postura, corresponderá en definitiva incrementar el monto de condena a la suma de $ 74.071,21, lo que así dejo votado.- X. Conclusiones: -- Como culminación de todas las consideraciones precedentes, opino que debe confirmarse en lo principal el fallo apelado, revocándolo única y exclusivamente en cuanto al rechazo del reclamo por salarios "a órdenes", que debe recibir parcial acogida por la suma de $ 1.848,61, con lo cual el monto de condena ascenderá, en definitiva, a la suma de $ 74.071,21 con más los intereses ya fijados en dicho decisorio.- En vista de la escasa incidencia de la modificación propuesta, opino que no será necesario adecuar las costas y honorarios correspondientes a la anterior instancia por aplicación del art. 279 C.P.C.C., ya que ambos accesorios se muestran adecuados al resultado obtenido, sin perjuicio de lo que corresponderá resolver respecto de los honorarios apelados, aspecto que será materia de abordaje en el apartado siguiente.-- En cuanto a las costas y honorarios de Alzada, atendiendo a la decisión que aquí se propicia, estimo adecuado distribuir las costas en atención a los respectivos vencimientos y derrotas (art. 71, C.P.C.C.), imponiéndolas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante por cuenta del actor, al tiempo que propongo regular las retribuciones por las tareas profesionales de Alzada, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de las labores realizadas y resultados respectivamente obtenidos, como sigue: a) para los Dres. L. G. G. y M. A. B. , en conjunto, en el 4 %; b) para el Dr. G. A. C. , en el 5,4% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).-- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-------- A TAL CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: --- Suficientemente reseñados ya por el colega preopinante los antecedentes del caso y los agravios expresados por los apelantes, a la tal síntesis me remito en homenaje a la brevedad. Concuerda mi opinión con la del ponente y para fundarla individualmente según lo requiere la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastará formular las siguientes consideraciones, que verteré en el mismo orden utilizado por quien en el uso de la palabra me precediera. I.- Tocante a la no disponibilidad por la demandada de tareas acordes a la capacidad conservada por el trabajador, también de mi parte considero que aquélla no satisfizo la carga probatoria que sobre ella pesaba por ser ese el supuesto fáctico de aplicación de la norma fundante de su defensa (arts. 212 párr. 2° L.C.T. y 377 C.P.C.C.; esta sala, c. 20.512 S.D.L. 43/05). La mera enumeración de los trabajadores que en la empresa se desempeñaban como cocineros consignada por la perito contadora en su dictamen (fs. 368) no acredita ese extremo, porque ese sólo dato nos deja ayunos acerca de con cuántos empleados de esa categoría precisaba contar, de modo de poder establecer si le era dado emplear a otro más.--- Además de ello, la Señora Magistrada "a quo" argumentó otro motivo pasa sustentar su decisión: algunos de los cocineros ocupados poseían en el empleo menor antigüedad que el actor y contra ese fundamento la recurrente no expuso crítica concreta y razonada alguna, con lo cual la apelación en tal aspecto ha quedado desierta (arts. 265, 266 C.P.C.C.).--- II.- Que el monto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual tomada en cuenta por la sentenciante del anterior grado para liquidar la indemnización del art. 245 L.C.T. haya resultado superior al invocado por el trabajador en su demanda no es objeción válida a formular al decisorio, vista la atenuación del clásico principio dispositivo consagrada en el art. 71 de la ley 69, norma que faculta a los jueces a fallar "ultra petita" en proceso laboral.- Atinente al monto de dicha mejor remuneración mensual, bien hizo la juzgadora de origen en tomar por tal el de $ 4.376,33 correspondiente a abril de 2002. La impugnación a ese respecto la creo lisa y llanamente inadmisible, toda vez que fue la propia empleadora demandada quien hizo constar ese guarismo al expedir el certificado de servicios (fs. 67 vta.), de modo que el contradecir a esta altura ese dato importa ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Harto sabido es que una defensa opuesta dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo del comportamiento anterior del sujeto no puede prosperar, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe receptado en los arts. 63 L.C.T. y 1198 Cód. Civ., del que la imposibilidad de "venire contra factum" es derivación necesaria e inmediata (confr.: Diez Picaso, "La doctrina de los actos propios", ed. Bosch 1963, págs. 163 y 223). Ya no se tratará de las razones que adunen dicha defensa, sino de la lisa y llana improponibilidad de la misma, bloqueada por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial (confr.: Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-865, cap. XVIII).----- III.- El dec. 823/04 dispuso la reducción del agravamiento indemnizatorio determinado por el art. 16 de la ley 25.561 al 80 % de los montos originales, pero lo hizo desde el día 1°/7/04, de manera que el caso de autos, donde el despido aconteció el 28/4/04, no es subsumible en esa norma, sino en la del dec. 369/04 vigente a la data de la extinción del vínculo.-- IV.- Apto para el servicio el actor desde septiembre de 2003 en que, tras el alta médica, fuera recalificado, no probó él sin embargo haber reclamado a la demandada la asignación de tareas con anterioridad al telegrama del 23/1/04 (fs. 51).----- Que la indicada comunicación fue recibida por la empleadora debe ser considerado cierto, porque al contestar la demandada ella no negó tal recepción del modo categórico que el art. 356 inc. 1° C.P.C.C. le exigía. En efecto, desconoció la empresa la emisión y texto de la pieza (fs. 98, ptos. 15 y 16) y aunque en ello iba implícita la negativa de recepción, al demostrarse luego con el informe de correos de fs. 214 la autenticidad del telegrama -y con ello su texto y envío- la ausencia de un desconocimiento categórico del recibo de la comunicación se torna relevante, forzando a los jueces a tenerlo por tal ("se los tendrá por...recibidos", reza imperativamente la disposición de marras).--- En conocimiento la empleadora de la circunstancia de contar el trabajador con alta médica y requiriendo la asignación de tareas, corrieron desde entonces los salarios a órdenes previstos en los arts. 48 inc. "h" y 64 del C.C.T. 356/03 y tan es así que la misma empresa se los abonó por treinta días con los haberes de febrero de 2004, según surge del recibo de fs. 4. Pero dejó de hacerlo más tarde, de manera que al actor le son adeudados los correspondientes al mes de marzo y los veintiocho días de abril corridos hasta el despido indirecto. Nada me es dado objetar al importe de ese crédito que el ponente calculara correctamente.- V.- Por lo motivos expuestos, concordantes con los dados por el Dr. Ferrari, como él considero que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada, a fin de acoger en la medida indicada el reclamo por salarios a órdenes, confirmándose el fallo en lo demás que fuera materia de agravios.--------- Rechazados los tres agravios de la demandada y prosperando de modo parcial y escaso monto el único expresado por el actor, las costas de segunda instancia han de distribuirse a tenor de dicho vencimiento mutuo imponiéndolas a la primera en un 90 % y a la segunda en un 10 % (art. 71 C.P.C.C.).----- Vistas las dimensiones, cualidades y resultados de las tareas profesionales cumplidas, hallo adecuadas las sumas que el antes sufragante propusiera regular como honorarios de alzada (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200). Me expido entonces en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - A fs. 418 los letrados apoderados de la parte demandada apelaron por altos los estipendios regulados a los letrados del actor. Opino que la queja no debe prosperar. Teniendo en cuenta el doble carácter en el que actuara la representación y dirección letrada de la parte actora, la relativa complejidad de las cuestiones jurídicas en debate, la extensión y calidad de las tareas realizadas y la extensión del triunfo obtenido, considero que la regulación practicada a su favor, considerando las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200, es más que prudente y razonable, por lo que en mi opinión merece ser confirmada, por lo que mi voto a esta cuestión lo será por la NEGATIVA.------- A ESA MISMA CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez manifestó: --------- La actividad desplegada en primera instancia por los profesionales que patrocinaran y representaran al actor muestra, en cuanto a extensión, calidad y eficacia, méritos suficientes para ser retribuida con honorarios equivalentes en conjunto al 18 % del monto del proceso, emolumentos que distan de ser excesivo cual pretendieran los apelantes de fs. 418.---- Me pronuncio así en este tópico por la NEGATIVA.--- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari finalizó diciendo: -- En vista del acuerdo arribado acerca de los anteriores interrogantes, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, revocándolo única y exclusivamente en cuanto al rechazo del reclamo por salarios "a órdenes", que debe recibir parcial acogida por la suma de $ 1.848,61, con lo cual el monto de condena ascenderá, en definitiva, a la suma de $ 74.071,21 con más los intereses ya fijados en dicho decisorio. II) Distribuir las costas de Alzada, fijándolas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante por cuenta del actor, regulando las retribuciones por las tareas profesionales realizadas en esta sede como sigue: a) para los Dres. L. G. G. y M. A. B. , en conjunto, en el 4 %; b) para el Dr. G. A. C. , en el 5,4%.---- Así lo voto.------- A ESTA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió: ---- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).------ Trelew, 03 de junio de 2.008.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, revocándolo única y exclusivamente en cuanto al rechazo del reclamo por salarios "a órdenes", que debe recibir parcial acogida por la suma de $ 1.848,61, con lo cual el monto de condena ascenderá, en definitiva, a la suma de $ 74.071,21 con más los intereses ya fijados en dicho decisorio.---- DISTRIBUIR las costas de Alzada, fijándolas en un 90% a cargo de la demandada y en el 10% restante por cuenta del actor, regulando las retribuciones por las tareas profesionales realizadas en esta sede como sigue: a) para los Dres. L. G. G. y M. A. B. , en conjunto, en el 4 %; b) para el Dr. G. A. C. , en el 5,4%.------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 34 DE 2.008 - SDL.- Conste.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA