Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 9 de 2004.

Y Vistos: Estos autos para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada OSBA a fs. 67/113, contra la sentencia de esta sala obrante a fs. 61.

I. Conforme las disposiciones contenidas en el Título III, ley 402 (art. 28) corresponde a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso.

Al respecto cabe señalar que, de acuerdo a las previsiones del art. 27 de ese ordenamiento legal, el excepcional remedio intentado cabe contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

II. El pronunciamiento impugnado no se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Superior Tribunal por vía del recurso de inconstitucionalidad, ya que la decisión dictada no es una sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, y el recurrente, no ha demostrado que dicha decisión le ocasione un perjuicio irreparable y, por lo tanto, sea equiparable a definitiva.

La sentencia cuestionada -puramente de carácter procesal- sólo se limitó a declarar inadmisible la queja interpuesta y nada resolvió sobre la mentada competencia ni sobre la citación de terceros, ya que en ella sólo se confirmó el rechazo de la improcedente apelación interpuesta.

Lo expuesto demuestra la inexistencia en este estadio de sentencia definitiva. La ausencia de tal requisito no puede ser soslayado ni aun bajo la invocación de lesiones constitucionales.

A ello hay que añadir que en ningún momento el recurrente intenta demostrar la existencia de un perjuicio irreparable, a fin de justificar, por excepción, la admisibilidad del recurso.

En suma, las cuestiones suscitadas durante el curso del proceso resultan ajenas, en principio, al remedio intentado, salvo situaciones de excepción al principio general (es decir: sólo es recurrible la sentencia definitiva).

III. Al fundar su recurso de inconstitucionalidad la recurrente invocó de forma genérica diversas disposiciones constitucionales.

Si bien la parte invoca la violación de normas constitucionales, no ha logrado exponer, con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justifique la intervención del Tribunal Superior en los términos del art. 27 de la ley 402 (TSJ, expte. 605/01, "Skurnik Carlos Marcelo y otros c. GCBA. - Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro s/ Amparo", del 11/10/01), exigencia impostergable para la admisibilidad del recurso que -según lo dicho- no se suple con la simple referencia ritual a derechos y/o principios constitucionales.

IV. En cuanto a la doctrina de la arbitrariedad, es preciso destacar que si bien no es una causal expresamente reconocida en la ley 402, la mayoría del TSJ ha admitido su invocación, sin perjuicio de especificar que: a) sólo comprende situaciones de carácter excepcional; b) no alcanza a la discrepancia con respecto a la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas por los jueces; c) no es un medio para corregir sentencias equivocadas; y d) sólo es admisible ante decisiones que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas.

Es decir: no puede tratarse de una vía oblicua para exponer agravios que no involucren razones constitucionales, sino un remedio excepcional para que el Tribunal superior conozca sobre decisiones manifiestamente carentes de fundamentos y que, de esa manera, lesionen el derecho de defensa, en cuanto incluye el derecho a obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los hechos de la causa. Se trata, así, de un remedio ante decisiones "desprovistas de todo apoyo, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces", según la letra de la Corte Federal en el caso "Rey" (Fallos: 112:384) y de otras situaciones semejantes que el referido Tribunal ha ido sistematizando, como lo muestra la actual clasificación de los casos de arbitrariedad que contiene la propia publicación oficial de sus fallos (conf. Narciso Lugones, "Recurso extraordinario", Lexis-Nexis, 2002, segunda edición actualizada, pág. 286).

Estas situaciones sin embargo no se verifican en el caso, pues la sentencia puede ser objeto de críticas jurídicas pero no ser descalificada como autocontradictoria, o carente de lógica o de insuficiente fundamentación jurídica.

Por supuesto, las criticas efectuadas sólo son examinables por medio del recurso de inconstitucionalidad si y sólo si incluyen, en su exposición, razones constitucionales.

Tales razones, además, deben tener un desarrollo adecuado ("configuración clara y precisa del caso") y, a la vez, tener una relación directa con el pleito.

V. También debe ser rechazado el recurso en cuanto se invoca la doctrina de la gravedad institucional (ver punto V, fs. 88 vta.), en tanto se trata de una construcción de la Corte Federal, específicamente relativa al recurso extraordinario federal. El recurrente, en el caso, no efectuó justificación alguna que avale su traslación al ámbito del recurso de inconstitucionalidad local, y no expone un agravio autónomo.

VI. En suma: no se impugna una sentencia definitiva; no se argumenta de manera formalmente correcta un caso constitucional; no se alega de forma útil la doctrina de la arbitrariedad, y la invocación de la doctrina de la gravedad institucional no permite subsanar todas las falencias antes indicadas.

En mérito a las consideraciones expuestas; el Tribunal resuelve: No conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.- Horacio G. A. Corti.- Carlos F. Balbín.- Esteban Centanaro.