Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13


SALTA, 13 de marzo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "BARAÑADO, Marcelo Daniel c. EL INDIO S.A.; LA VELOZ DEL NORTE S.A. y /o QUIENES RESULTEN RESPONSABLES - SUMARIO: Daños y perjuicios por accidente de tránsito", Expte. Nº 81.013/03 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia 5ª Nominación, CAM 2-178.717/07 de esta Sala Primera, y _CONSIDERANDO:

I.- Que contra la sentencia que a fs. 567/578 acogió la demanda interpuesta en autos y condenó a la empresa El Indio S.A. y a la aseguradora "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales" a pagar in solidum al accionante la cantidad de $ 40.020.- (pesos cuarenta mil veinte) con más los intereses previstos en el punto XIII de dicha resolución, en el plazo de diez días de notificada la misma bajo apercibimiento de que los incrementos continúen su curso por el mismo método hasta su efectivo pago, ambas codemandadas apelaron (fs. 584 y 591), recursos que fueron concedidos a fs. 592, libremente y con efecto suspensivo.

Para resolver como lo hizo, el Sr. Juez en grado analizó la mecánica del accidente en el que el colectivo dominio SYW 162 de propiedad de la empresa "La Veloz del Norte S.A." chocó al automóvil Ford Escort dominio CXK 206 conducido por el Sr. Pedro Juan Domínguez en el extremo delantero derecho. Sostuvo que "evidentemente, el topetazo fue ocasionado por la conducción desmesurada y desaprensiva del colectivero", que la velocidad de este último era excesiva, que circulaba por la mano izquierda, por lo que la aparición sorpresiva del móvil del Sr. Domínguez no le permitió otra maniobra que estrellarse sobre el mismo. Destacó la existencia de matorrales en la esquina. En síntesis, concluyó afirmando que el elemento decisivo en la ocurrencia del suceso fue la velocidad del colectivo. Para arribar a esta conclusión tuvo en cuenta el dictamen pericial de fs. 478/480, las testimoniales de fs. 385 de autos y de fs. 65 y 127 de la causa penal.

Descartó imprudencia en la conducción por parte de Domínguez al haber detenido su marcha en la esquina, con el frente sobre el carril izquierdo de la colectora por donde transitaba el colectivo y le asignó la culpa exclusiva del accidente al Sr. Manuel Eduardo Chocobar, chofer de este último.

Al evaluar las defensas opuestas por los demandados, desentrañó las características del contrato de leasing que vincula a la firma "La Veloz del Norte S.A." con "El Indio S.A.", desvinculando a la primera de la causa.

Con respecto a la aseguradora "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales", consideró que la franquicia de $ 40.000 es excesiva e injusta porque no contempla lo atinente a terceros damnificados. En el marco de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referida a la oponibilidad al tercero damnificado de la franquicia pactada en la póliza, afirmó que si a la aseguradora le corresponde cargar con las responsabilidades económicas del seguro debe ser ella quien con posterioridad se encargue de repetir dichos importes de su garantizada.

Sostuvo que el actor, como damnificado y no responsable, puede dirigir su acción contra todos los participantes, de acuerdo a los artículos 1081 y 1109 del Código Civil; estimó patentizados los daños a la vivienda a partir de las circunstancias probadas en la causa y, con sustento en el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial, determinó que los mismos alcanzan las sumas aducidas por el actor ($ 17.218,- los daños del inmueble y $ 2.802,- los sufridos en los bienes muebles). Calculó que el daño moral que se le ocasionara asciende a la suma de $ 20.000,-, estipulando un interés anual del 13 % computable a partir del 14 de abril de 2.003, fecha del siniestro.

En cuanto a las costas, sostuvo que deben ser soportadas sólo por la Empresa "El Indio S.A." y la aseguradora.

Al expresar agravios (fs. 609/615), la empresa "El Indio S.A." alega que, no obstante su participación en el accidente, se encuentra acreditada una causal de exención total a partir de la culpa exclusiva y excluyente del conductor del vehículo Ford Escort, que -sostiene- no extremó las precauciones mínimas e indispensables de conducción, pretendiendo ganarle la prioridad de paso al ómnibus. Afirma que en este punto el sentenciante se aparta de las conclusiones de la pericia de fs. 468/482 y de lo declarado por Quiroga, Farfán y Vilte. Sostiene que el ómnibus no fue la causa sino la condición del hecho dañoso pues, aunque hubiera circulado en alta velocidad, el evento no se hubiera producido si el automóvil no hubiera violado la prioridad de paso. Entiende que se encuentra probada la ruptura del nexo causal a partir del accionar de Domínguez, el conductor del vehículo particular, y que para determinar la responsabilidad del colectivo debió probarse que el resultado no se habría producido de no mediar en el evento el accionar y presencia del Ford Escort; sostiene que no se produjo prueba en tal sentido. Agrega que la conducta de Domínguez obra también como una suerte de caso fortuito o fuerza mayor. Insiste en que el conductor de ese automóvil debió cerciorarse de que su paso se encontrara expedito para entrar al Bº San Remo y que no frenó pese a la prioridad de paso del colectivo. En síntesis, considera inexistente la prueba que determine la viabilidad de la condena a la empresa "El Indio S.A.", en los términos de las normas que rigen la responsabilidad por daños en el Código Civil.

Se agravia también de los montos y rubros por los que prospera la acción pues -expresa- no se incorporaron facturas ni documentación que respalde la suma establecida por la sentencia, aludiéndose sólo a conceptos oscuros y genéricos, alegando que un daño improbado no existe para el Derecho y que la carga en ese sentido pesa sobre el damnificado. Considera arbitraria en este aspecto la decisión porque, dice, se aparta de las constancias de autos. Entiende excesiva también la suma fijada en concepto de daño moral, sosteniendo que tampoco existen elementos de convicción suficiente al respecto.

El actor contesta el recurso a fs. 624/628, solicitando su rechazo. Considera que no se ha formulado una crítica concreta y razonada del fallo impugnado, limitándose el recurrente -afirma- a invocar la prioridad de paso a su favor y la ruptura del nexo de causalidad. Agrega que no se indicó clara y prolijamente la irrazonabilidad del monto reconocido en cada concepto. Destaca que el Sr. Domínguez detuvo totalmente su marcha en la encrucijada, otorgando la prioridad de paso al ómnibus embistente que circulaba por su mano izquierda a alta velocidad (más de 30 km/h) lo que -sostiene- provocó el accidente. Asegura que no existe posibilidad dentro de la teoría del riesgo de la cosa del artículo 1113 del Código Civil de eximir de responsabilidad a la empresa apelante. Alega que no se impugnó la prueba pericial realizada en la causa penal. Menciona la prueba que en su criterio acredita la envergadura de los daños tasados por el Tribunal.

La empresa aseguradora formula memorial a fs. 636/637 vta. Dice que le agravia la condena emitida en su contra. Cita en apoyo de su derecho jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte de Justicia de Salta. Esgrime doctrina y jurisprudencia según la cual la condena no debe hacerse extensiva a su parte en razón de lo dispuesto por la Ley de Seguros Nº 17.418.

El actor contesta los agravios a fs. 639/642 vta., solicitando su rechazo. Expresa que la apelante no refuta los argumentos contenidos en la sentencia ni invoca gravamen alguno, limitándose a enunciar jurisprudencia que -en su opinión- no es aplicable al caso. Entiende que debe declararse desierto el recurso. Destaca que la suma precisada en la condena es sólo de capital, a la que deben adicionarse intereses, gastos y costas, lo que descartaría la posibilidad de aplicar la aludida franquicia o descubierto a cargo del asegurado y cuya constitucionalidad, además, cuestiona. Hace notar que en la sentencia se hizo mención de los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, y el objetivo de protección de las víctimas de accidentes de tránsito. Hace una evaluación del contrato de seguro y alega que se desnaturaliza en caso de imposibilitarse la percepción de la indemnización por daños, examinando la ley 24.449 y la resolución 25.429, en el marco de la teoría general de la responsabilidad civil de la ley 17.418. Finalmente invoca la calidad de consumidor o usuario que su parte tiene según la ley 24.240, afirmando que es ilegítimo que ante el derecho de la víctima se opongan cláusulas contractuales basadas en resoluciones administrativas. Eventualmente, tacha de inconstitucional el artículo 40 de la Ley Orgánica de Tribunales de la Provincia de Salta.

A fs. 644 se llaman autos para sentencia, encontrándose la causa a despacho por providencia firme de fs. 681.

II.- Que los recursos fueron interpuestos en término, conforme surge de las constancias de fs. 584 y 590, y de fs. 588 y 591.

III.- Que, por razones de orden procesal, es conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la apelante de fs. 584, empresa "El Indio S.A." que, como ya se señaló, alega en síntesis la inexistencia de relación causal entre el obrar del conductor del colectivo y el resultado dañoso.

No obstante el esfuerzo de la apelante para desvirtuar las afirmaciones del sentenciante respecto a su responsabilidad, no discute que el colectivo encaró la bocacalle a una velocidad marcadamente superior a los 30 km/h según el límite establecido por la Ley de Tránsito 24.449/95, conclusión que el Sr. Juez sustenta tanto en la pericia de fs. 478/480 y en las testimoniales producidas tanto en estos autos como en el expediente penal, a contrario de lo que afirma el apelante, según quien la velocidad no se encuentra probada en autos (v. fs. 609 vta.). Tampoco discute que el automóvil particular frenó. Finalmente, nada dice del trayecto cumplido por ese rodado entre la esquina del choque y la casa de propiedad del actor. Sólo reitera una y otra vez que el colectivo gozaba de prioridad de paso por provenir de la derecha.

Sin embargo, determinar lo atinente a la regla de la prioridad de paso -que, además, no implica un "bill de indemnidad" para el vehículo que transita por la derecha en el escenario del siniestro- en realidad no resulta suficiente para resolver el caso aquí planteado. En efecto, luego del choque entre los dos vehículos, el colectivo se desplazó 7,80 metros hasta arrollar un árbol en mitad de la avenida por la que venía transitando y continuó cruzándola por otros 17,80 metros más hasta impactar con el inmueble (v. plano realizado por la Policía de Salta, agregado a fs. 88 del Expte. Nº 76.689/03 del Juzgado de Instrucción Cuarta Nominación, reservado como prueba de este juicio).

De tal modo, desplazar la discusión, como lo pretende la apelante, al tema de la prioridad de paso o de la aparición supuestamente fortuita del Ford Escort, dejaría sin evaluar la verdadera causa de los daños sufridos por el accionante, que no es otra que la velocidad a la que venía circulando el colectivo y la consiguiente falta de control del rodado luego del primer impacto, como acertadamente lo afirmó el Sr. Juez A quo.

Ninguno de los argumentos expresados por la recurrente refiere concretamente a este aspecto, que es donde radica el verdadero sustento de la decisión atacada que, por otra parte, encuentra absoluto fundamento en las constancias de la causa (pruebas pericial, testimonial y documental, ya aquí mencionadas y minuciosamente examinadas en primera instancia), según las cuales el colectivo, circulando -aunque por la derecha en la bocacalle- a más de sesenta kilómetros por hora (60 km/h), por su carril izquierdo, embistió al automóvil que se encontraba detenido y siguió su movimiento hasta estrellarse contra el inmueble.

Siendo ello así, los agravios expresados en este sentido por la codemandada Empresa "El Indio S.A." deben ser rechazados.

IV.- Que, en relación a la valuación efectuada por el Sr. Juez en grado de los daños materiales producidos por el evento, es menester señalar que el magistrado los precisó con apoyo en fotografías acompañadas en la causa penal (fs. 91 y 93), en el dictamen pericial de fs. 24/28 del Expte. Nº 69.792/03 del Juzgado a su cargo, de las declaraciones testimoniales rendidas en este juicio, valorando lo expresado a fs. 417/418 frente a las testimoniales que abonan dichas manifestaciones, y haciendo uso de la facultad acordada por el artículo 165 última parte del Código Procesal, por las razones allí más que razonablemente explicitadas.

El daño moral, por su parte, fue estimado teniendo en cuenta las pruebas mencionadas en el parágrafo XI de la sentencia, cuyo análisis valida la conclusión del A quo tanto en su existencia como en la suma estimada como compensatoria de este rubro.

No se comprueba, como lo aduce el recurrente, que se haya apelado a conceptos oscuros o genéricos ni que se ha estipulado una indemnización sin prueba que la motive. Tampoco el monto fijado aparece como excesivo, justipreciando la entidad de los perjuicios. Ningún elemento de crítica concreta o que permita avizorar la posibilidad de otra conclusión ha brindado el apelante.

En tal orden, tampoco estos agravios pueden ser atendidos, debiendo en definitiva rechazarse su recurso, con costas en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.).

V.- Que, examinando el planteo de la empresa aseguradora, se tiene que ésta solicita que la condena no se extienda a su parte, en los términos del artículo 118 de la ley 17.418, alegando que debe respetarse lo acordado entre el tomador y la aseguradora en cuanto a la franquicia.

El juzgador, partiendo de su conclusión de que la vivienda, en su inmovilidad, únicamente pudo ser objeto de la agresión por parte de la desaprensiva conducción del colectivo asegurado, y luego de comentar las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre el límite de cobertura establecido por las franquicias, consideró razonable que sea la aseguradora la que se encargue de repetir los correspondientes importes de su garantizada.

Tienen decidido ya tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte de Justicia de Salta que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado, razón por la cual, la sentencia condenatoria en la acción de daños y perjuicios no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (causa "Moreno, Zulma Vilma, 18/12/12 AR/JUR/71335/2012, entre muchos otros antecedentes; CJSalta, Tomo 122:367).

Siendo ello así, la decisión del Sr. Juez de instancia anterior que consideró, desde la perspectiva del damnificado, disvaliosa la situación devenida de la estipulación contractual y en definitiva condenó a la aseguradora a iniciar otro proceso a fin de hacer valer sus derechos, debe ser revocada, ya que de esa forma se vulneraría el objetivo fundamento de esta figura, "franquicia o descubierto obligatorio", que consiste en estimular el interés del asegurado en la no realización del riesgo cubierto a través de la imposición de una mayor diligencia en evitar la verificación de siniestros; dichos fines son, pues, lícitos y éticos, pues procura moralizar el contrato de seguro, especialmente en el campo de la responsabilidad civil, donde se reprocha al asegurado su indiferencia por los daños causados a terceros.

Pero, además -y aunque nada haya expresado el apelante sobre este punto, corresponde mencionarlo atento los intereses que involucra- mandar a la compañía aseguradora a que aguarde el juicio posterior para recién poder alegar las cuestiones atinentes a la limitación de su responsabilidad frente a la alternativa de solución que surge de la jurisprudencia de los Máximos Tribunales Nacional y Provincial resulta inconveniente, ya que generaría un dispendio de actividad jurisdiccional incompatible con el adecuado servicio de justicia (cfr. CSJN, Fallos, 318:2060; 322:437 y 323:3501), aparte de que aumentaría la litigiosidad y generaría innecesarios costos para ambas partes (cfr. CJSalta, Tomo 137:1083).

Finalmente, y con motivo de la argumentación expuesta por el sentenciante para fundar su decisorio, resulta imprescindible señalar que, si bien no obstante lo dicho es necesario examinar cada caso particular a fin de discriminar aquéllos en los que la aplicación de la franquicia puede afectar el acceso a la reparación de los daños sufridos por la víctima del accidente (CSJN, causa "Tarzari", AR/JUR/714/2012, conforme doctrina causa "Ortega", 20/10/2009, LA LEY 2010-A, 304, a la cual remite), tal extremo no ha sido materia de debate ni se advierte aquí su concurrencia.

En virtud del análisis precedente, corresponde acoger los agravios de la aseguradora y, en consecuencia, dejar sin efecto la condena impuesta a su parte in solidum en el punto II de fs. 577 vta./578.

Las costas se imponen al vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota plasmado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FALLA:

I.- RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 584 por la Empresa "El Indio S.A.". Con costas.

II.- HACIENDO LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 591 por la empresa "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales" y, en su mérito, DEJANDO SIN EFECTO la condena dictada en su contra en el punto II de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 567/578. Con costas.

III.- MANDANDO se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.