Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-16


AUTOS Nº 9402 "ALCARAZ ARIAS, Alejandro Ariel C/ Foderami S.A.C.I.F. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil trece, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Lucía E. Daroni de Pontoriero, Miguel Ernesto Novoa y Delfor Edgardo Benítez, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9402, caratulados "ALCARAZ ARIAS, ALEJANDRO ARIEL C/ FODERAMI S.A.C.I.F. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada por el Sr. Juez del Segundo Juzgado Laboral se resolvió rechazar la demanda interpuesta por el actor contra la firma Foderami SACIF, con costas al primero, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.- Contra este fallo se alza la parte actora, deduciendo recurso de apelación, obrando a fs. 250/254 la pertinente expresión de agravios; que no es contestada por la contraria.- A fs. 273 vta. se da participación a Fiscalía de Cámara, y a fs. 276 se llama autos para resolver.- A fs. 277 se practica el sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas; el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Benítez.- A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? Segunda cuestión: Costas.- SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se desestimaron los rubros indemnizatorios reclamados por el actor, por considerarse que el despido directo dispuesto por la empleadora está fundado en justa causa.- Para llegar a dicha conclusión, el A quo sostuvo: 1)- Que el actor ha expresado que solicitó verbalmente permiso al gerente de la empresa, para no asistir al trabajo los días 28, 29 y 30 de Julio del año 2008; lo que le fue concedido.- 2)- que por su parte la contraria niega tal extremo, y expresa que después de las inasistencias se le solicitó al actor que justificara sus incumplimientos, lo que no hizo.- 3)- Que la jurisprudencia ha decidido que la asistencia irregular a sus tareas por parte del trabajador, resulta causal suficiente y legítima para justificar el despido, cuando éste es inmotivada, reiterativa, sin aviso y más que todo, si con anterioridad se habían tomado medidas disciplinarias de menor gravedad con el fin de poner coto al ausentismo.- 4)- Que a fs. 39/42 obran las sucesivas sanciones aplicadas al actor con motivo de inasistencias, y en todas se le hace saber que en caso de reincidir se procederá a la ruptura de la relación laboral por su culpa.- A lo que se suma que el hecho desencadenante del despido fueron las inasistencias de los días detallados ut supra.- 5)- Que el extremo que invoca como defensa (aviso y permiso del gerente) no ha sido acreditado por quien lo alega.- 6)- Que en definitiva, estima que los incumplimientos del actor son de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la LCT.- 7)- Que considera no alterado el principio de contemporaneidad, en tanto la sanción ha sido impuesta en un lapso razonable, teniendo en cuenta que, como lo indica la demandada, se esperó a que el actor justificara las faltas, tal como surge de la comunicación del distracto.- Contra esta parte del fallo se alza el accionante, en sus dos primeros agravios.- Expresa: a)- Que si bien no es fácil probar una autorización verbal para faltar, la actora ha hecho un gran esfuerzo en tal sentido, acompañando importantes testimonios, como los de los Sres. Robledo, a fs. 114; Páez, fs. 115 y Vieyra, fs. 154, de los que surge que era usual que el Sr. Murano, gerente, otorgara permisos para faltar en forma verbal, y luego se compensaran las horas o jornadas no trabajadas arreglando con él la forma de devolverlas.- b)- Que la demandada no ha probado haber requerido en forma verbal al actor, la justificación de las ausencias; resultando extraño que el procedimiento fuera escrito -como expresan los testigos de la demandada- y el requerimiento se haya hecho en forma verbal al actor.- Aparte el demandado no acompañó el legajo del actor, a pesar de haber sido intimado para ello, como tampoco acompañó un régimen o reglamento de convivencia, y por ello, conforme teoría de la carga probatoria dinámica, su afirmación no está probada.- Es decir, no se ha probado que el procedimiento fuera escrito, ni que se hubiera emplazado al actor a justificar las faltas.-c)- Afirma que el actor nunca fue intimado a presentar la justificación, siendo que trabajó cuatro semanas seguidas después de ellas; por lo que sostiene que el despido es extemporáneo.- Expuestos suscintamente los antecedentes del agravio, y compulsadas las actuaciones obrantes, escritos introductorios, fundamentos de la sentencia y del escrito recursivo, adelanto opinión en sentido favorable al apelante, disintiendo con la opinión del sentenciante, en cuanto considero que el despido directo dispuesto en la causa, no ha sido fundado en justa causa, conforme infra se expone.- Conforme surge de las constancias de autos, existe consenso entre las partes en que los días 28, 29 y 30 de Julio del año 2008, el actor habría faltado a sus tareas.- También se encuentran consentidos los antecedentes disciplinarios aplicados al accionante por faltas cometidas durante la relación de trabajo, en los que se le advertía que en caso de reincidir, se procedería a la ruptura de la relación laboral por su culpa (constancias de fs. 39/42, expresamente reconocidas por la actora a fs. 60 de autos).- Ahora bien, expresa el accionante que fue autorizado por el Sr. Murano verbalmente para faltar los días antes consignados, lo que se encuentra acreditado con los testimonios de los testigos de fs. 114 Robledo, fs. 115 Paez y fs. 154 Vieyra; quienes declaran que era común que el gerente autorizara verbalmente a faltar o a retirarse en ocasiones, compensando posteriormente las horas no laboradas.- Por su parte, la contraria, ha aportado los testimonios de fs. 103 Lijo, 105 Ciotti y 117 Murano, de los que surge lo contrario, es decir, que el procedimiento de permisos y autorizaciones era por escrito.- Expuesto ello, me permito disentir con la opinión del sentenciante, en cuanto afirma que el actor no ha acreditado su extremo defensivo.- Por el contrario, considero que en la causa, sí obran elementos de convicción, que permiten decidir que el despido dispuesto ha sido incausado.- 1)- Puede decirse primeramente, que si bien es cierto que en la causa se han producido testimonios contrapuestos, nada impide que se le otorgue mayor credibilidad a unos sobre otros; y en el caso, me inclino por acordarle mayor eficacia probatoria a los primeros, teniendo en cuenta las demás circunstancias de la causa; que infra se consignan.- Se ha dicho en este sentido que "En principio cuando los dichos de los testigos son contradictorios, se anulan recíprocamente y este género de prueba pierde virtualidad. Pero nada obsta a que el juzgador deseche la versión de algunos de los declarantes, acordando veracidad a otros, cuando éstos reciben el apoyo de elementos de convicción diferentes" (CCiv.Com. LZamora, Sala I, 24/2/81, ED, 94-253).- 2)- Conforme los hechos reconocidos en la causa, entiendo que resulta poco creíble que el accionante careciera de permiso para no concurrir al trabajo por tres días, resultando extraño que el mismo no hubiera sido intimado por la patronal, en tiempo prudencial, a presentarse a trabajar, dejando transcurrir casi un mes para disponer el despido por no haber justificado las faltas.- De ello, cabe presumir entonces, o bien que el trabajador efectivamente había sido autorizado a faltar, o bien que la patronal consintió tales ausencias, al permitirle seguir desempeñándose por casi un mes, sin haber tomado medida disciplinaria alguna durante ese lapso.- 3)- Por otro lado, cabe destacar que si bien los testigos de la empleadora expresaron que el procedimiento de permisos y autorizaciones era por escrito (a fs. 103 Lijo, 105 Ciotti y 117 Murano); ello no ha sido corroborado con algún otro elemento probatorio; aún cuando era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de hacerlo mediante prueba de incuestionable valor, acompañando las constancias pertinentes obrantes en la empresa que demostrare tal procedimiento.- 4)- Tampoco ha acreditado de modo alguno la empleadora, haber requerido verbalmente al trabajador, como lo expresa en la misiva de despido, para que justificara sus inasistencias; con lo que el tiempo de casi un mes dejado transcurrir hasta la adopción de la sanción del despido, torna extemporánea la medida adoptada; máxime cuando no se trata de hechos injuriantes que necesitan de previa información ni constatación alguna por la patronal.- Es decir, ello mereció una respuesta razonablemente inmediata; tal como en otras oportunidades lo efectivizó la patronal, por ejemplo en las sanciones que constan a fs. 39, 41, y 42 de autos.- La infracción no sólo debe ser grave; sino también contemporánea; requisito que no se advierte cumplido en la especie.- Cabe aclarar, que si bien la ley no contempla el requisito de la oportunidad en forma expresa, la jurisprudencia siempre fue uniforme en requerir que el lapso que medie entre la infracción al contrato y el despido, sea breve; apenas el necesario para conocer la situación, valuarla y obrar en consecuencia.- En cuanto a la prueba de la contemporaneidad, pesa sobre el empleador; como una consecuencia necesaria de su obligación de probar la causa del despido; que incluye la de probar también sus condiciones de idoneidad.- 5)- Por último, y conforme lo dispone el art. 9 de la LCT, no debe perderse de vista que la duda en la apreciación de la prueba, debe resolverse en el sentido más favorable al trabajador.- Dicho lo precedente, propicio entonces la admisión de los dos primeros agravios, y la consiguiente modificación del fallo atacado, declarándose procedentes las indemnizaciones reclamadas por el despido injustificado; a saber, por antigüedad, preaviso e integración mes de despido; en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 245, 232 y 233 de la LCT y conforme antigüedad y remuneración denunciadas.- Asimismo, resulta procedente la indemnización art. 2° ley 25.323, teniendo en cuenta que la empleadora fue oportuna y fehacientemente intimada al pago de los rubros indemnizatorios, conforme surge de las misivas obrantes a fs. 130 y 131 de autos.- A los montos que resulte de la liquidación que oportunamente se practique, deberá agregarse el interés correspondiente a la tasa activa promedio mensual que el Banco de la Nación fija para operaciones de descuento, conforme ley 4119, desde que cada crédito se hizo exigible, y hasta su efectivo pago.- II- Que le agravia al recurrente el silencio del A quo respecto a la pretensión jurídica del actor de que se tuviera por probado el incumplimiento de la accionada respecto a su obligación legal de acreditar el depósito pertinente de las cargas o pagos de la seguridad social (obra social, cuota sindical, previsional, etc), en función de lo previsto en el art. 132 bis de la LCT.- Al respecto debo manifestar, que de la compulsa del escrito de demanda surge que tal reclamo no se formalizó expresamente, habiendo sólo el accionante procedido a hacer reserva de exigir el cálculo de dicha multa; reserva que no se compadece con la obligación contenida en el art. 67 del CPL, en su incs. b y f, en cuanto determina como requisitos de la demanda, que la misma contendrá la designación de lo que se demanda, discriminando sus rubros, y formulando liquidación en forma clara, expresa y precisa, y la petición en términos claros y positivos.- En tal punto, y teniendo en cuenta que los derechos no se reservan, se ejercen, asiste razón a la demandada, cuando en su contestación de demanda desconoce dicho rubro, dejando constancia que el actor no lo ha demandado.- De acuerdo a lo expuesto, corresponde desestimar el agravio, por improcedente, en cuanto no se advierte omisión alguna en la sentencia.- III- Por último, se agravia la apelante de la imposición de costas.- Atento lo resuelto en el primer punto, y lo dispuesto por los arts. 264 del CPC, de aplicación supletoria, y 125 del CPL, propicio que las mismas se modifiquen, debiendo cargar con el pago de las costas la demandada vencida.- Asimismo, deberán invertirse los porcentajes de honorarios regulados a los profesionales intervinientes; los que se determinan para el Dr. Alaníz en el 18%, y para el Dr. Arancibia, en el 20% del monto de la sentencia.- SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de esta instancia, propicio se fijen en el 80% a la demandada, y en el 20% restante a la actora, conforme arts. 125 del CPL y 70 del CPC, y resultado del recurso.- Atento el estado de la causa, lo dispuesto por el art. 800, 10° inc. del CPC, 222 y 196 del CPL, y tomando en consideración el contenido económico del recurso, propicio se fijen los honorarios de alzada de los Dres. Mario Daniel Arancibia y Jorge Diego Alaníz, ambos en doble carácter, en el 8% y 5,4% respectivamente, del monto de la sentencia.- LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y DELFOR EDGARDO BENÍTEZ DIJERON: Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.- Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, en un todo de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y modificar en consecuencia la sentencia recurrida, conforme se dispone.- II)- Imponer las costas y regular honorarios de ambas instancias, en la forma dispuesta al tratar la primera cuestión, pto. III, y la segunda cuestión.- III)- Tener presente las reservas de derecho formuladas.- IV)- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.