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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión constitucional, nulidad procesal, sentencia de primera instancia, jueces, Poder Judicial, nombramiento, juicio, llamamiento de autos, decretos, partes, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: A, J A; G, P; L, E R; M, J J s/ APREMIOS ILEGALES     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-18

Debe considerarse idóneo para la admisión de la queja el agravio del recurrente que, ante la decisión de la Cámara de denegar en su momento la impugnación sustentada en la nulidad del fallo de primera instancia por haber sido firmado por una magistrada que no reunía las condiciones de nombramiento exigidas por el artículo 83 del Código Penal, en el entendimiento de que las partes habían consentido la actuación de aquélla, dado que la misma había firmado previamente el decreto "autos para sentencia", el cual fue notificado sin plantearse objeción alguna; argumenta que el dictado de dicho decreto no podía purgar el vicio de procedimiento y que el artículo 162 del Código Procesal Penal establece la sanción de nulidad cuando no se observen las formas de nombramiento, capacidad y constitución del Juez o Tribunal, pudiendo ser declarada dicha nulidad en cualquier instancia del proceso (artículo 164 del citado digesto).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso, Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO - PROCESAL
Carátula: Zapata Timberlake, Marta María Guadalupe c/ Stehlin, Carlos José Federico. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

La referencia de la actora a la aplicación del derecho extranjero en virtud de lo establecido en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado en su art. 2 constituye el fruto de una reflexión tardía al ser planteada por primera vez al deducir la apelacion extraordinaria y resulta ineficaz para habilitar dicha vía.
Revocación de sentencia, regulación de honorarios, facultades del juez
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: CAPORASO, ALFREDO EDGARDO c/ TALU  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

En función de lo normado por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la Cámara tiene plena competencia para resolver sobre las costas y el monto de los honorarios, aún cuando ellos no resultaran específicamente apelados, si recurrido el fondo de su decisión es revocatoria o modificatoria de la de primera instancia.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SESMA LAURA Y OTRA c/ DTO. EJECUTIVO MUNICIPAL s/ AMPARO APELACIÓN RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-14

Solo en caso de cuestionarse una sentencia definitiva procede la impugnación extraordinaria por vía del recurso de casación debiendo entenderse por tal aquella resolución que compone el litigio pronunciándose sobre el fondo de la cuestión sustancial en debate o concluye el pleito impidiendo que dicha cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio.

En forma excepcional se considera procedente la revisión por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo en la medida que el mismo ocasione o sea susceptible de ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación ulterior.
Dominio, automotores, contratos, buena fe, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soria, Helga de c/ Milanof, Julio Esteban. s/ Cumplimiento de Contrato. Casación. Automotor. Carrera de Tamburini, Ana Beatriz c/ Chico, Raúl Osvaldo s/ ORDINARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-10-26|1989-03-06

El contrato celebrado entre el poseedor de un automotor y su comprador no es oponible a quien además de titular de su dominio es manifiestamente tercero respecto de esa vinculación contractual, sin perjuicio de las dudas acerca de la buen fe de quien siendo adquirente no adopta siquiera algún recaudo para verificar la registración preexistente y lograr la propia.
Competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Greber, Jacobo c/ Telefónica de Argentina  SA s/ Incumplimiento de Servicio de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-07

Merece citarse la antigua jurisprudencia (anterior a la estatización ahora desaparecida por las últimas privatizaciones).

Así, entonces, antes de que la empresa telefónica nacional fuera estatal, es decir cuando en sus albores gran parte de ella era privada -situación que ahora vuelve nuevamente a ser de actualidad- se había decidido que en litigios entre compaÑías de teléfonos y particulares por cuestiones vinculadas a la regularidad y condiciones bajo las cuales se prestaba el servicio (tales como lo atinente a tarifas, instalación de líneas telefónicas, etc.).

Correspondía la justicia federal. Esta posición coincide con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Davaro, Saúl c- Telecom s/ juicio de conocimiento", Comp. Nro. 979 XXIII, del 8-9-92 en el cual nuestro más alto Tribunal luego de determinar la competencia federal "rationae materiare" en este tipo de pleitos por los análogos argumentos a los expuestos precedentemente señala que tratándose de una cuestión suscitada, en forma directa, en el marco de relaciones jurídicas contractuales entre particulares corresponde que sea la Justicia en lo Civil y Comercial la que entienda en estos juicios.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, resoluciones, resoluciones apelables, ley procesal, interpretación de la ley, honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUTUAL DEL CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA c/ SUIPA S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Asiste razón al recurrente cuando acusa la arbitrariedad del decisorio por la irrazonabilidad del alcance otorgado en el sub lite al artículo 484 del Código de procedimientos local, en tanto los Juzgadores encuadraron la cuestión como propia de un juicio ejecutivo, cuando en realidad la apelación versaba sobre una cuestión ajena al trámite de ejecución entre el actor y demandado -por lo demás ya terminado-, dado que involucraba una cuestión atinente a la integridad de la retribución del profesional apelante -que combina varias cuestiones, entre ellas los honorarios, accesorios y su incidencia como costas del proceso- y como tal debe regirse por las normas especiales aplicables a los estipendios profesionales, esto es, la ley 6767 (y su modificatoria ley 12851); por lo que cabe concluir que el decisorio atacado efectuó un erróneo encuadre normativo al impedirle el acceso a la instancia revisora con fundamento en una norma procesal a la que confirió un alcance desmedido que no se compadece con la finalidad que la inspira, por lo cual el pronunciamiento debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 484; Leyes 6767 y 12851.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA GUMERCINDO Y OTROS c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS s/ DIFERENCIA DE HABERES,ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-31

Si bien corresponde eximir del depósito previo previsto por el Art. 142 de la ley 3603 a la parte actora, ello no ocurre cuando el mismo fue interpuesto en interés del abogado del actor por una omisión en el tratamiento de las costas.
Recurso de casación, Superior Tribunal de Justicia, sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PUEYRREDON JORGE c/ ROUX OCEFA  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

No obstante la aclaración que efectúa la a quo en su auto de denegatoria de la casación en el sentido de que cuando dijo "total" no quiso significar "absoluta", el pronunciamiento en este aspecto se halla viciado. Las resultas del pleito conducían a sostener que la demanda debía admitirse por una incapacidad "parcial y permanente" del cuarenta por ciento de la total obrera y sólo en esa proporción es responsable la parte demandada. Por tanto el pronunciamiento que se refiere a una incapacidad "total" debe casarse en este aspecto.-
Hecho diverso, cambio de calificación legal, non bis in ídem, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: CHACON MARIO ORLANDO s/ ACUSACION - HECHO DIVERSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-10

Como regla que conforma el principio del proceso penal de la inviolabilidad de la defensa, en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a las del requerimiento fiscal o auto de elevación a juicio (C.P.P., art.

393) para lo cual es necesario tener en cuenta que la intimación haya contenido esa posibilidad -calificación jurídica distinta- a los efectos de que no se exagere el amparo a la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio y la del "non bis in idem".

Pero no se debe exagerar el principio, que atañe al hecho imputado y no al derecho o norma penal que se pretende aplicar: si a un sujeto se lo procesa por robo, porque en su poder se encuentran las cosas robadas, nada obsta a que el auto de procesamiento o la sentencia se refieran solamente a esa tenencia, imputándosele al acusado sólo encubrimiento. Este hecho está comprendido en el robo que se atribuyó en primer lugar. Lo absurdo es sobreseer por el robo y dictar procesamiento por hurto, puesto que el núcleo central es el mismo.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etim  S.A. s/ quiebra  s/ incidente de bienes ubicados en laAdministración General  de  Puertos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

El recurso extraordinario contra la resolución que estableció que la Administración Nacional de Aduanas debía verificar su crédito en la quiebra no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Medidas cautelares, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Luis Elpidio c/ EN - GN s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

A raíz de la sanción del Decreto 1307/12 que suprimió los adicionales transitorios cuyo carácter remunerativo era objeto de cuestionamiento, carece de interés jurídico una decisión al respecto, toda vez que aquella ha devenido abstracta, de modo que cualquier pronunciamiento resulta inoficioso.
Ejecución fiscal, inconstitucionalidad, resoluciones, banco central, multa penal
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: B.C.R.A. c/ Rota, Pedro Camilo s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-01

Resulta inadmisible en el juicio ejecutivo plantear la inconstitucionalidad de la resolución del B.C.R.A. que aplicó la multa.
Asegurado, asegurador, cese del patrocinio, conflicto de intereses, patrocinio letrado, queja por apelación denegada, representación procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Sergio Andrés  c/ Suvire Jas, María Celina s/ daños y perjuicios (recurso directo de queja - legajo de copias)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-06-07

El conflicto de intereses entre la compañía de seguros y su asegurado -en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de una cobertura mínima, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial de la segunda (doctr. art. 109, ley 17.418), no debe ser soslayado por los profesionales circunstancialmente a cargo de la defensa técnica de ambas partes. En todo caso, deben los mismos declinar la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron claramente confrontados.
Seguro de vida obligatorio, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ,  MARÍA DE LOS ANGELES c/ HIJOS DE MARIA HILDA B.A. DEBONADEO Y CIA. S.C.S. s/ Seguro de v
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-16

El seguro de vida obligatorio, es un instituto social, puesto que cubre la contingencia social de la muerte del trabajador en relación de dependencia, y ha sido implementado como una "obligación" a cargo del empleador. El trabajador (o su beneficiario en caso de muerte de aquél) es ajeno a la concertación del negocio jurídico -contrato de seguro- celebrado entre la Compañía aseguradora y la empleadora, la que en defecto de la existencia de tal contrato era quien debería afrontar la contingencia social (invalidez o muerte). Por ende, corresponde en todo caso, que ambas empresas (asegurada y seguradora) resuelvan entre ellas las consecuencias de los posibles incumplimientos que pudieran haberse originado como consecuencia de la existencia de ese vínculo comercial (firma del contrato de seguro) ya que no pueden ser oponibles al trabajador las cláusulas de la cobertura entre asegurado y asegurador, porque aquél resulta ser un "tercero" en la celebración del contrato. Es decir, no pueden la patronal ni la compañía de seguros, pretender ampararse en errores (en el caso falta de la firma de la trabajadora fallecida al designar beneficiaria del seguro a la actora) que pueden originarse al concertar dicho contrato.
Emergencia económica, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallardo, Amalia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Diferencias Salariales, Nulidad eInconstitucionalidad de Decreto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-05

La Corte Suprema ha admitido en situaciones de emergencia reconocidas por el Congreso Nacional la constitucionalidad de Leyes que suspendían temporalmente los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se alterara la sustancia de la decisión, a fin de proteger los intereses superiores del país y la razonabilidad del medio empleado, entendiendo por tal, la adecuación de éste al fin perseguido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Mateos, Francisco Manuel; Mateos, Ricardo Alberto; Mateos, Hugo Marcelo; Campos, Juan Carlos s/ Lesiones leves en riña - Violación de domicilio - Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que realiza un alegato hacia la que considera errónea valoración de la prueba, en especial la testimonial, sin denunciar la violación de norma legal alguna relacionada con el medio probatorio que lo disconforma, pues de tal manera deja de cumplir con lo requerido por el art. 346 n.a.) del C.P.P..
Quiebra, conclusión de la quiebra, acuerdo resolutorio, crédito laboral, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU SOCIEDAD ANONIMA POR RICO ROBERTO s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

Al crédito laboral, en situación de acuerdo resolutorio del principal, resultan aplicables las reglas que gobiernan la convocación preventiva de acreedores. Corresponde así, acoger la pretensión indexatoria del crédito verificado sin interrupción por causa de la declaración de quiebra.

Respecto de los intereses post-falenciales, debe aplicarse la ley 19.551: 133.
Responsabilidad del Estado, menores, Derechos humanos
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY DI LULLO MARTA s/ RETARDO DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-05-12

Los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de derechos humanos de personas menores de edad deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades.
Sumario administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diorio de Erriest, Eve Susana c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

No empece un lapsus calami, como en el que incurriera la autoridad administrativa en su resolución (en el caso, la cita equivocada de un inciso por otro al fundar el decisorio), si -como ocurrió- la inculpada tuvo clara conciencia de cuál era el cargo que se le reprochaba y pudo en consecuencia ejercer cabalmente su derecho de defensa.
Huelga, legitimidad de la huelga, medidas de fuerza, paro de actividades, ocupación del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Camy,  Dora  Luján  y  otros c/ Cayetano D'Angelo e Hijos S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-25

A los fines de analizar la legitimidad de la huelga no puede estarse sólo a la circunstancia de que la entidad sindical no la hubiera dispuesto, en la medida que el incumplimiento contractual del empleador (falta de pago), habilita a los trabajadores a retener tareas. Así, un grupo de trabajadores unidos por un reclamo de los denominados de "derecho", atendiendo a la falta de pago del salario ejercieron su derecho de huelga en dos de sus manifestaciones: "brazos caídos" y "toma del establecimiento". Si el empleador debe los salarios, la medida de fuerza es legítima. Ello pues, siendo que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, recibe como única compensación un salario, de carácter alimentario y su falta de pago, hace presumir que no pueda dar cumplimiento con su débito laboral y que ello le acarreará serias dificultades para su subsistencia. Toq. 1180.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Luis Napoleón c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Los fallos de la Corte Suprema nacional no revisten calidad de vinculantes. La obligatoriedad general de sus doctrinas implicaría introducir un componente externo dentro del sistema del art. 31 de la Constitución nacional. Además, el art. 100 (actual art. 116) limita la competencia de la Corte Suprema a las particulares "causas" en que intervengan, restricción que se repite cuando el art. 101 (actual 117) se refiere a los "casos" en que ejercerá su jurisdicción la doctrina de la obligatoriedad no encuentra apoyo expreso ni implícito en nuestro ordenamiento jurídico. La decisión final a la que se refiere el art. 100 de la Constitución lo es, por cierto, dentro de los límites de las causas en que aquélla se produce. Contra lo expuesto no pueden invocarse razones de seguridad jurídica, tranquilidad pública y paz social, ni buen orden, necesidad y estabilidad institucional puesto que, precisamente a la inversa, en el sistema jurídico argentino la satisfacción de tales objetivos se busca mediante la organización de división de poderes que obsta al ejercicio de la jurisdicción más allá de los casos a que se refieren las sentencias judiciales, tampoco son atendibles los supuestos de economía procesal en tanto ellos no estuviesen receptados por la Constitución y la ley; y, por otra parte, en nuestro régimen procesal no media la certeza de que los tribunales mantengan indefinidamente sus doctrinas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, IVA, hecho imponible, contratos de préstamo garantizados
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "BANCO COLUMBIA SA (TF 22697-I) c/ DGI". s/ incumplim. de prest. de obrasoc. / med. prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

La resolución apelada refiere a "costo de fondeo" y no "costo computable" atribuible a un tercero, conclusión que resulta del análisis económico y jurídico de la operación como un préstamo (adelanto) en el que la prestación -agregación de valor- está en cabeza del cesionario. Por lo demás, tanto la expresión costo computable como "ganancia computable a los fines del prorrateo" denotan tanto la confusión de la AFIP en punto que la ley de impuesto al valor agregado que aquí se discute -que grava las ventas las locaciones y prestaciones de servicios y no los ingresos, rentas o ganancias, como la falta de argumentos concretos para rebatir las consideraciones del organismo jurisdiccional.
Jornada de trabajo, trabajo nocturno, sereno
Materia: LABORAL
Carátula: JACQUERAIN, SERGIO ANIBAL c/ SINDICATO GRAFICO ARGENTINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-21

La sola circunstancia de que el trabajador haya pernoctado en la sede de la demandada o que se le hubiere facilitado una habitación en la misma para pasar la noche no lo habilitan para reclamar la categoría de sereno toda vez que resulta imprescindible demostrar que se cumplen las funciones correspondientes al puesto y las obligaciones inherentes al mismo.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, liquidación de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTAMARIA JOSE c/ VICTOR ARROYO s/ Ordinario (LIBRO: A073 - 349)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-30

Es aplicable la escala para monto determinado a los casos de disolución y liquidación de sociedades comerciales. Si no se han impuesto las costas en el orden causado, la regulación de honorarios debe efectuarse sobre el monto del interés social de cada parte. Por tanto, si por ej. a un socio le corresponde un 25 y al otro un 75 por ciento del activo societario, debe considerarse que es en ese porcentaje la base que han defendido.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JIMENEZ MARANZANO EMPRESA CONSTRUCTORA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS s/ COBRO DE AUSTRALES-ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-27

Uno de los principios fundamentales del ordenamiento procesal es el que prohíbe a los jueces caer en apartamiento palmario respecto de la sentencia que hacen cumplir. La observancia de la decisión judicial ha de ser fiel y estricta, o sea que ha de importar leal acatamiento.
Concursos, ley procesal, interpretación de la ley, plazo de gracia, plazos procesales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bollatti, Norberto Mario y Di Santo de Bollatti, Ebe Telma s/ Concurso preventivo (Expte Nro. 212-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-12

Ninguna norma del régimen concursal permite, directa ni indirectamente, resolver la situación que se presenta frente al cierre de las oficinas judiciales antes de la hora del vencimiento del plazo legal para cumplir con la carga procesal de que se trate;

porque si los plazos se computan por días hábiles judiciales (artículo 296, inciso 2º, ley 19551), sin que se defina el día de distinto modo al del Código Civil, por aplicación del artículo 16 de éste, el plazo vencerá a las veinticuatro horas del último día (artículo 24 Código Civil), teniéndose al derecho de cumplir con la carga procesal hasta el momento en que el plazo fenezca. La ley citada no prevé la solución a dicho problema; y cualquier interpretación basada en normas de ésta que impida resolver el desajuste entre el plazo de que goce el litigante y el horario de atención al público de los órganos judiciales, restringiría su derecho y conllevaría afectar la defensa en juicio garantizada constitucionalmente, ya que la efectiva posibilidad de concurrir a la Justicia es recaudo de aquella garantía. (De los Fundamentos de la Dra. Lepenies). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Rige el plazo adicional previsto por el artículo 70 del C.P.C.C. llamado "día de gracia" en los procesos concursales?