Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30


Buenos Aires, octubre 30 de 2009 El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

La Sra. Juez a-quo mediante resolución obrante a fs.4, intimó a la parte actora para complete los datos de su demanda para permitir el traslado o en su defecto para que explique los motivos por los cuales no podría hacerlo, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (art. 67 L.O.). A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. Al fundamentar el recurso el demandante sostiene -basicamente- que tratándose de una acción declarativa fundada en el primer párrafo del art. 3986 del Código Civil, debe entenderse que se encuentran cumplidos los extremos del art. 65 de la L.O:, habiendo identificado a las partes y los rubros reclamados.

Conforme lo señalara el Dr. Miguel Ángel Maza al votar en primer término en los autos "Schetsco Vladimiro c/ Ruiz Paulina Yolanda s/ despido" sentencia Int. Nro. 55.179 del 13/3/07, -a cuyos términos adherí oportunamente-, en nuestro ordenamiento positivo no existe norma concreta que prevea el supuesto de demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción de los rubros que han de reclamarse en el futuro, sino que exclusivamente se encuentra contemplado el efecto interruptivo del curso de la prescripción en caso de demanda defectuosa o interpuesta ante un juez incompetente. En efecto, de la nota efectuada al art. 3986 del Código Civil por Vélez Sárfield se desprende que el legislador hace prevalecer la subsistencia de la acción y la vigencia de la obligación, sobre aspectos formales previstos con otra finalidad.

Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que, no corresponde al Tribunal de Alzada expedirse sobre la virtualidad de la demanda articulada por el accionante, dado que se trata de una cuestión que debe ser resuelta por el juez que, en definitiva, conozca en las actuaciones principales en caso de que la contraria oponga excepción de prescripción.

En tal orden de ideas -y sin que tales consideraciones importen abrir juicio alguno sobre el resultado definitivo de la pretensión- con relación al planteo concreto que motiva el agravio del quejoso, corresponde puntualizar que la señora juez, además de examinar los presupuestos de su competencia (art. 4 del CPCCN y art. 155 L.O.), de conformidad con lo normado en el art. 67 L.O., debe sanear el litigio a fin de que la demanda se ajuste a los requisitos previstos en el art. 65 L.O. para la correcta constitución de la litis; y, a tal efecto, cuenta con la facultad de intimar al accionante para que subsane los defectos de forma, omisiones o imprecisiones de la demanda, en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada sin más trámite ni recurso. Como lo ha señalado mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza, esa primera providencia judicial que, con base en el art. 67, dispone la intimación, no resulta recurrible, ya que conforma el cúmulo de facultades-poderes que el judicante posee por imperio de la ley, y no puede provocar, por sí misma, agravio atendible (conf. "Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo", dirigida por Amadeo Allocati (Astrea S.A., Buenos Aires, 1999, 2da. edición, Tomo 2, pág. 60 y sgtes.). Por lo demás, la resolución motivo de agravio del apelante, no se inscribe en los supuestos previstos en el art. 105 de la L.O., ni aún en el contemplado por el inciso h) de dicha norma, ya que la intimación efectuada por el Sr. Juez a-quo con fundamento en el art. 67 LO, -precisamente- tiene por objeto reforzar la garantía de defensa en juicio. Asimismo, en la medida que la resolución de fs.4 no pone fin al proceso, por si sola, no ocasiona al recurrente un gravamen irreparable que justifique la concesión del recurso.

Sin perjuicio de todo ello, cabe señalar que la intimación de fs.4 no importa exigir la actora que fundamente el reclamo de una eventual pretensión de condena, sino que está dirigida a que el escrito inicial se ajuste a los requisitos formales mínimos e indispensables para la viabilidad formal de su presentación; ya que, el juez debe examinar si es competente o no; y debe conocer, asimismo, los datos esenciales de la relación, los hechos en los que pretende fundarse la petición y la cosa demandada, a los efectos de saber qué es lo que tendrá presente y respecto de qué acciones recaerá el posible efecto interruptivo del reclamo. En el caso, no puede reputarse satisfechos los recaudos reseñados, con la sola identificación de las partes y sus domicilios, ya que la mera enunciación que se efectúa en el escrito inicial destinada a interrumpir la prescripción por "...despido, diferencias y deudas salariales, diferencias indemnizatorias, multas ley 24.013, 25.323 y 25.345 y ley 25561, extensión de certificados y comprobantes de aportes y contribuciones del art.80 de la LCT, Daños y Perrjuicios" (ver ap.II de fs. 3), en modo alguno resultan suficientes para considerar cumplidos, siquiera mínimente, los recaudos exigidos por el art. 65 de la L.O.

Por lo demás, conforme lo sostuvo la CSJN "in re" "García de Morales, Ofelia c/ Cavasso, Carlos y otro", el art. 67 LO prevé el ejercicio de una facultad saneadora derivada de la no satisfacción del requerimiento allí dispuesto, que cae bajo las previsiones del art. 3986 del Código Civil, que en forma expresa atribuye virtualidad interruptiva de la prescripción a la demanda defectuosa (Fallos, 315-1:285). De modo que, cualquiera sea la conducta que adopte el actor respecto del emplazamiento de fs 4, su queja no responde a un interés legítimo actual, porque, de hacerse efectivo el apercibimiento previsto a fs. 4 con fundamento en el art. 67 de la L.O., en principio, no quedaría afectado el objeto perseguido por el recurrente de interrumpir el curso de la prescripción; y sin perjuicio de remarcar que dicha valoración, en definitiva, deberá ser efectuada por el juez que entienda en el fondo de la cuestión y siempre que la demandada oponga excepción de prescripción (conf. art. 3964 del Código Civil).

Por ultimo advierto que no obra en autos constancia de que se haya cumplido con el procedimiento de conciliación obligatoria previsto por el art. 36 de la ley 24.635 que incorpora como inc. 7º del art. 65 LO., la presentación de la constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliadora. Como lo señalara el Dr. Miguel Ángel Maza en los autos precedentemente reseñados, -a cuyo voto, reitero, he adherido-, la demanda interruptiva de prescripción no está excluída del cumplimiento de dicho procedimiento (conf. art. 2 ley 24.635). En virtud de todo ello, más allá de lo que eventualmente decida el juez, -que entienda en el fondo de la cuestión-, en torno a la pretensión de la parte actora, considero que no puede ser objetada la intimación de fs 4 en la medida que, a través de ella, también se requirió que el actor acredite el cumplimiento del inciso 7 del art. 65 de la L.O. (art. 7 res. CNAT 18/97). En consecuencia, estimo que corresponde confirmar la resolución obrante a fs 4.

De acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado por no haber mediado oposición (art. 68 CPCC).

Eládoctor Miguel Ángel Maza dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la resolución de recurrida en todo cuanto fue materia de agravios. 2) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado.á -Miguel Ángel Maza. - Miguel Ángel Pirolo á