marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reconvención, juicio sumario, juicio de desalojo, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: EDIFICIO CORRIENTES 2570 c/ ROCCA s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

En el proceso sumario y en especial en el juicio de desalojo, la admisibilidad de la reconvención debe apreciarse con criterio restrictivo a fin de evitar la perturbación de acciones que deben responder a un trámite abreviado.
Proceso penal, etapas del proceso, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P, L M s/ Recurso de inconstitucionalidad -Estafa procesal y extorsión (Expte.   CSJ N.  630-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en modo alguno puede servir para sostener que el Tribunal de Alzada carece de atribuciones para convertir un fallo absolutorio en una sentencia condenatoria. Ello a poco que se tenga en cuenta la diferencia que existe entre la actividad que le compete a cada una de las partes en la esfera del procedimiento instructorio con la que se lleva a cabo a partir de la formulación de la requisitoria de elevación a juicio, es decir cuando se ingresa a la etapa del juicio propiamente dicho. En este último supuesto -y aunque resulte de toda obviedad-, el imputado tiene la posibilidad de efectuar la correspondiente defensa (arts. 378 y s.s. Código Procesal Penal); de ofrecer y producir la prueba que considera pertinente (arts. 385 y s.s.) y, por último, contestar las formulaciones de las otras partes y efectuar las conclusiones (arts. 397 y s.s.). Todo este proceso, sucintamente descripto, que aparece totalmente ajeno a la etapa instructoria y que en modo alguno puede ser suplido, en el caso, por la intervención conferida por los artículos 440 y 441 del Código Procesal Penal, justifica que el tribunal de segunda instancia tenga un cúmulo de atribuciones que no tiene al resolver cuestiones propias de aquella etapa, como lo es: el procesamiento directo y el consecuente encuadramiento legal. (Del Voto de la Mayoría)
Proceso penal, derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR H. s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. CHAVEZ JORGE DANIEL s/ PEDIDO DE OFICIO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-16

El alcance que se le asigna al principio non bis in ídem, en especial a partir de la reforma de 1994 que incorpora con rango constitucional Pactos Internacionales de Derechos Humanos, es el previsto por el art.8 ap.4 Pacto de San José de Costa Rica que dice: "el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos"; y por el Art.14, ap.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que expresa: "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
Alimentos, hijo mayor de edad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIROD MARIA ALEJANDRA Y OTRA c/ GIROD OMAR RENE s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-07-06

Reconociendo la estrechez del vínculo paterno filial que es fuente de las obligaciones alimentarias que en autos se procuran, se imponía dar al artículo 370 del Código Civil, en su correcta hermenéutica, una interpretación amplia e inversamente proporcional a la proximidad del vínculo, respecto a la exigencia de demostrar la imposibilidad de adquirir los medios necesarios para la subsistencia con su trabajo, en tanto que cuanto más cercano es el vínculo invocado, menor es la carga procesal, al sustentarse el contenido obligacional, primordialmente, en profundas raíces morales.
Confirmación de sentencia, competencia por el territorio, delitos informáticos
Materia: INFORMATICO
Carátula: Giménez Puebla, M. c/  s/ incompetencia. estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

Cabe confirmar la resolución que declaró la incompetencia en razón del territorio en favor del Tribunal de la Provincia de Córdoba, pues es doctrina de la CSJN que tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquel en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial conforme a razones de economía procesal. Es por eso que más allá de que la transferencia de dinero se concretó por medios electrónicos en la Ciudad de Buenos Aires -en cuyo ámbito también reside la víctima-, se ha valorado que el titular de la cuenta a la que se giraron los fondos vive en Córdoba. Las circunstancias persuaden acerca de la conveniencia de que la investigación se sustancie en la ciudad de Córdoba -donde habrán de materializarse la mayor cantidad de diligencias-, dado que ello se ajusta al criterio sostenido por el más Alto Tribunal para supuestos como éste donde se investigan conductas que habrían tenido lugar en diversas jurisdicciones; la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, despido, honorarios, sentencia arbitraria, proceso judicial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: José Antonio MADELA c/ FIBRALANA  S.A. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  PRINCIPIOS GENERALES - CONTRATO DE TRABAJO - DESPIDO -   REMUNERACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

Es inadmisible la tacha de arbitrariedad, si las objeciones acerca de la inexistencia de despido así como respecto del monto de honorarios sólo remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que la sentencia ha resuelto con fundamentos suficientes de ese mismo carácter que, más allá del grado de su acierto, bastan para sustentarla.
Firma, cuerpo de escritura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corpel S.A. c/ DAC PRODUCCIONES S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

El art. 392 del Código Procesal, sólo prevé la formación de cuerpo de escritura a falta de documentos indubitados. Por consiguiente, cabe concluir que el dictamen ofrece absoluta validez (art. 384, CPCC).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, interpretación de la ley, participación criminal, código penal
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Lo resuelto en materia de interpretación de la ley -art. 45 del Código Penal, en el caso, por los jueces de la causa. Solo puede revisarse cuando media arbitrariedad que consistiría en un manifiesto apartamiento del marco normativo. En tal sentido, el exhaustivo examen histórico dogmático que, sobre los límites de la norma, se realiza en la sentencia permite afirmar la inexistencia de cuestión federal que habilite la jurisdicción extraordinaria.
Recurso directo, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA JOSE EN J: MAYORGA DE MORAN c/ SOSA s/ Desalojo (LIBRO: A155 - 399)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-20

Se hace lugar al recurso directo y se declara mal denegado el recurso de apelación en razón de que el incidente de nulidad es siempre apelable y en el caso de autos, la limitación del art. 399 bis ap.II inc. 7 del C.P.C. es respecto de los incidentes de nulidad anteriores al fallo, nada dice de los planteados, como es el caso, despúes de la sentencia.-
Sociedades comerciales, liquidación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Figlioulo, Jorge Luis c/ Editotial La Capital S.A. s/ Cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Una sociedad en liquidación no interrumpe su personalidad, la que continúa y no es una ficción de la ley, ni una nueva sociedad al sólo fin de la liquidación sucesora de la anterior, ni una simple comunidad de bienes. La continuidad de la personalidad durante esa etapa es una realidad jurídica y material; el contrato de sociedad continúa; la administración es conducida por los liquidadores y los socios que no quedan liberados del vínculo que los une entre sí y con la sociedad. Los liquidadores representan a la sociedad y los deudores de ésta no pueden oponer el estado de liquidación para eximirse de sus obligaciones, que les pueden ser reclamadas por aquéllos.
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Omar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-29

Si la defensa solicita al interponer el recurso que se tengan en cuenta las manifestaciones que el condenado virtiera en otra presentación sin firma de letrado, ello no comporta la extensión de la asistencia técnica a ese respecto y, en consecuencia, no es apto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 472 del Código Procesal Penal. Cuando el recurrente expresa concretamente sus agravios individualizando las normas sustantivas vinculadas con la cuestión de fondo decidida en la resolución que impugna, que reputa inaplicadas, corresponde la admisibilidad formal del recurso de casación.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Giallonardo Hermanos S.R.L. c/ Provincia   de  Buenos  Aires.  -  Dirección  de  Comercio  Interior. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La acción de amparo no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar la jurisdicciones vigentes: art. 2, inc. a) de la ley 16.986).
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, excarcelación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Jofré, Teodora s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Si bien las resoluciones que deniegan la excarcelación del imputado no constituyen sentencias definitivas, toda vez que no ponen fin al proceso, corresponde equipararlas a éstas a los efectos de posibilitar la vía recursiva prevista por el art. 14 de la ley 48, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Adolfo Roberto Vázquez y E. Raúl Zaffaroni).
Gastos del proceso, honorarios, ley arancelaria, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: T. M. P. S.A. (T.) c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-13

La obligación de fundar la decisión que conduce a la determinación de los honorarios, implica que el fallo debe concordar con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad. Entonces, en la hipótesis de que exista un valor económico comprometido en el litigio, cuando el juez decida apartarse en la regulación, y no considerarlo como monto del proceso, deberá dar suficientes razones en su sentencia.
Monto de la demanda, ampliación de la demanda, ampliación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: TALEB JARNUB MAHMUD c/ REYNA, MARIA s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

La simple petición ampliatoria de la cuantía originariamente reclamada puede formularse en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia (Lino E. Palacio "Derecho Procesal Civil"). Como bien lo consigna el art. 331 del Código Procesal, debe tratarse de un requerimiento expreso de la parte interesada de ampliar la cuantía y no de la mención de que se reserva el derecho a ampliar cuantitativamente la acción instaurada.
Extorsión, intimidación, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: Rachi,  Alberto  Silvano;  Casto  Insúa, Eduardo y Parodi, SilviaNora s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

No puede perderse de vista que el medio utilizado por los justiciables para lograr una suma de dinero, que oscilaba en alrededor del millón doscientos mil pesos, fueron pancartas y volantes tendientes a desprestigiar a la empresa aseguradora.

Pero si bien esa campaña podría haber tenido efectos difamatorios, esa posibilidad no puede asimilarse al efecto intimidante del elemento típico del delito de extorsión. Podría más bien asemejarse a un chantaje previsto en el artículo 169 del Código Penal, que también deviene atípico porque requiere el ataque al honor de una persona, requisito del que carecen los entes jurídicos. Podrán tener fama, crédito, pero no honor.

(Voto de la Dra. Catucci en disidencia).
Proceso judicial, carga procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cademartori, Gustavo Alcides s/ sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

El art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial impone a las partes la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o las normas que invocaren como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos privados, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López Jacinta Lilia c/ Ocupantes s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

Mediante el interdicto de recobrar se pretende el hecho de la posesión o tenencia sobre una cosa ilegalmente alterada, no correspondiendo alegación o prueba alguna relacionada con el derecho posesorio que puedan invocar cada una de las partes. Por lo tanto, desbordan el objeto de este proceso tanto las cuestiones atinentes a la eficacia, ineficacia o alcance del título presentado por el actor, cuanto las razones que pueda o no tener la demandada para fundar su actitud y retener la posesión de la cosa.
Policía judicial, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUAREZ, JESUS ALBERTO Y OTROS s/ RECONOCIMIENTO DE PERSONAS - POLICIA JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-03

El reconocimiento fotográfico del imputado por un testigo en sede policial, no es un acto procesal en sentido estricto sino un acto pre-procesal llevado a cabo por la policía en ejercicio de sus poderes autónomos de investigación en el que no concurren las exigencias formales establecidas por la ley del rito para el reconocimiento jurisdiccional, con la salvedad de que se valor probatorio deberá ser efectuado por el Juez dentro del contexto probatorio a la luz de la sana crítica racional.-
Recurso de casación, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: ANTONIO, CRISTINA c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (I.P.V.U.) s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEANAL - CASACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-27

El recurso casatorio basado en el absurdo, es un remedio último y excepcional, sólo justificable en casos extremos, y por ende, este no se configura cuando la apreciación sea discutible o poco convincente, ni se demuestra en base a la mera exhibición de una opinión discrepante.-
Ley penal, Estado, división de poderes, Poder Legislativo, Poder Judicial, control de constitucionalidad, derecho a la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

Si resulta evidente que lo dispuesto por el poder político no comporta un verdadero ejercicio de la prudencia política, sino que conduce en el caso concreto a soluciones injustas, este Tribunal debe asumir su responsabilidad y declarar la invalidez de la norma "imprudente", solución a la que no es oponible el "argumento republicano" (esto es, el respeto debido a la división de los poderes) pues este principio puede ser invocado para paralizar la acción del Poder Judicial con respecto a la actuación de los poderes políticos del gobierno, en tanto éstos se desenvuelvan dentro del ámbito que la Constitución les ha trazado y sin afectar los derechos y libertades constitucionales, pero nunca podría servir para dejar sin el amparo de los tribunales a los valores supremos que el sistema institucional sirve: la libertad y la dignidad del hombre;

como que, precisamente, el instituto de la separación de los poderes reconoce como finalidad última asegurar la protección efectiva de la libertad individual, no siendo por ende un fin en sí mismo. (Del Voto del Dr. Ulla).
Faltas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acassuso, Pedro A. c/ Municipalidad de Necochea s/ Apel. sanción municipal-cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Es ajena a la competencia de la Suprema Corte conocer y decidir la anulación de las decisiones adoptadas por la autoridad municipal en el marco del procedimiento de faltas reglado por el código de faltas municipales, dado que la revisión judicial de dichas decisiones está confiada a los jueces ordinarios con competencia en lo correccional (arts. 54 y sigts. dec. ley 8751/77 y conc. art. 1º inc. 3 y 52 ley 5827). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ REGULACION DE HONORARIOS. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE   PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 126-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

A los fines de la regulación de honorarios, corresponde determinar si la demanda declarativa en examen, habrá de ser considerada susceptible de apreciación pecuniaria o no, en la medida en que pueda apreciarse la existencia de utilidades directamente derivadas de la declaración que se haga mediante la sentencia. Ello así, porque si algún perjuicio se hubiera derivado del acto administrativo impugnado -mediante el cual la Municipalidad demandada exigió a la actora la presentación de los planos de demolición de la parte siniestrada del elevador de granos de su propiedad levantado en el Puerto de Rosario bajo apercibimiento de clausurar la planta, aplicando, además, una multa-, lo que no ha sido materia de reclamo en este proceso, el mismo debería ser debidamente probado para ser, en definitiva, acogido por el juez;

advirtiéndose de tal forma, que su determinación importa la tramitación de un proceso que estuvo ausente en la presente causa y que, por el contrario, estará contenido en aquella otra seguida por las mismas partes por ante el juez ordinario de Rosario. En consecuencia de lo expuesto se concluye que la presente causa es sólo susceptible de apreciación pecuniaria en relación a la multa integrante del acto administrativo cuestionado; y, sobre tal valor -debidamente actualizado a la fecha- corresponde efectuar la regulación, sin perjuicio de atender a lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 6767.
Asistencia médica, médicos, apreciación del juez
Materia: PROCESAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-05

La contratación de profesionales para la atención médica, sea que se trate de profesionales autónomos o dependientes, tiene como punto en común la prestación de servicios, por eso los jueces deben estudiar en forma minuciosa las características de la relación existente entre el profesional médico y la institución hospitalaria a los efectos de dar una correcta solución al litigio.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arsemiz, Cecilia M. y ot. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 del Código Procesal, el juez tiene facultades instructorias -no obligaciones ni cargas-; y en tanto las demoras en el proceso no se vinculen al dictado de resoluciones que hacen al fondo del asunto, es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la perención de la instancia.
Medidas cautelares, embargo, embargo ejecutivo, embargo preventivo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gasparri, Oscar Pascual c/ Reyes, Miguel s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 30- 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

La solución adoptada por la Cámara de Circuito a quo traduce, en definitiva, la elección de una de las tantas posturas formuladas en cuanto a la naturaleza del embargo en la instancia de ejecución.

En efecto, si bien en autos se han manejado las categorías de "embargo preventivo" y "embargo ejecutivo", el que nos ocupa -en la etapa de ejecución de sentencia- puede ser incluido en lo que ha sido denominado "embargo ejecutorio", especialísima categoría que se encuentra en una zona gris entre las medidas cautelares y las de ejecución forzada. (De la Disidencia del Dr. Vigo)
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva, incidente de caducidad, recursos, legitimación activa, agravio concreto, principio de contradicción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almirón Tomás Humberto c/ Hugo M. Zelaya s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

Desvirtúa el principio procesal del contradictorio, la resolución que deniega participación en la alzada al demandado por el sólo hecho de no haber apelado la resolución de primer grado.

La citada premisa, "quien no apela no es parte en la tramitación de los recursos ante la alzada" es errónea porque olvida la situación del que reviste la calidad de "recurrido" o "apelado", que magüer no haya incoado recurso alguno, conserva un auténtico interés en el resultado de la cuestión en apelación.
Declaración de inconstitucionalidad, decretos municipales, participación ciudadana, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabandie Juan y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-18

El Decreto 376/11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que crea a las Unidades de Atención Ciudadanas -UAC- resulta inconstitucional, pues únicamente desconcentra la ejecución presupuestaria e infringe directamente el art. 47 de la ley local 1777 que impone al Poder Ejecutivo implementar un proceso de transición que contemple la efectiva participación de los representantes de las organizaciones vecinales, máxime cuando revive, bajo la figura de las UAC, a los CGPS.
Acción de amparo, personas con discapacidad, tratamiento médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALONSO MALENA AGUSTINA c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30

Se encuentra debidamente acreditado que los padres de Malena A. Alonso cumplen obligaciones laborales de lunes a viernes desde la mañana hasta la tarde; y dicho extremo -como lo puso de manifiesto el a quo- no fue objeto de cuestionamiento alguno por la accionada. Los padres no tienen la posibilidad real de usar el automóvil adquirido en virtud de las disposiciones de la ley 19.279 para trasladar a su hija discapacitada a los distintos lugares donde realiza sus tratamientos. En función del agravio expresado por OSDE, pues, cabe preguntarse lo siguiente: ¿debería alguno de ellos incumplir sus obligaciones laborales para trasladar a su hija en el automóvil en cuestión?; ¿debería directamente renunciar a su trabajo? La madre agrega otra alternativa: ¿deberían "contratar un chofer para usar el auto y luego pedir el reintegro a la obra social?". La respuesta, en todos los casos, es ciertamente negativa, a la luz de las pautas que surgen del más elemental sentido común.