marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, privilegios (comercial), crédito privilegiado, crédito hipotecario, cesión de créditos, sociedad anónima, oponibilidad al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TREPAT,  ANTONIO  JORGE s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISIÓN POR ITAVESA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Del dictamen fiscal 88197:.

Procede conceder el privilegio solicitado por una sociedad cesionaria de un crédito garantizado con derecho real de hipoteca cuando, -como en el caso-, dicho derecho real se encontraba debidamente inscripto, como así tambien la cesión de créditos, solo que a nombre de un gestor. En tal sentido cabe precisar, que la falta de inscripción de la aceptación de la cesión, no puede considerarse un obstáculo que, por si solo, obste a la admisión del privilegio (lc: 241-4), puesto que no está en duda que lo cedido fue un crédito garantizado con hipoteca y que la cesionaria actuó por medio de gestor, quien era presidente del ente societario. Por ende, el solo hecho de que el ente social haya instado la pretensión verificatoria, constituyó una ratificación valida de lo actuado por su presidente en caracter de gestor. De modo pues, no se advierte fundamento para considerar que el crédito del cual, por cesión, es titular la incidentista, deba ser reconocido sin el privilegio que -como crédito con garantía real- le corresponde ministerio legis. Es que tanto la hipoteca como la cesión son oponibles a la falencia en virtud de la inscripción registral, y el cambio de titularidad del beneficiario de la cesión se ha justificado con la documentación aportada en el expediente.
Violación de domicilio, funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, delito continuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

El ingreso de personas encapuchadas que revestían la calidad de funcionarios públicos al domicilio de la víctima en horas de la noche, con armas y cumpliendo órdenes que provenían de jefes militares al grito de "Policía", configura el delito de violación del domicilio cometida por funcionarios públicos -art. 151 del C.P-, pues se encuentran presentes elementos del tipo objetivo y subjetivo, ya que el ingreso se efectuó sin orden judicial habilitante, sin la concurrencia de circunstancias autorizadas por la ley y sin el consentimiento libre del morador, aun cuando la esposa de la víctima haya abierto la puerta de calle por lo que no tuvieron necesidad de forzar la puerta.
Bienes de la sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: Ochoa, Gladys Irene c/ Strizic, Luis Alejandro s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 12925/96 Separación de Bienes.L.A. Nro.  45 F. 1052/1054 Nro.  460. Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 12925/96 Separación de Bienes.L.A. Nro.  45 F. 1052/1054 Nro.  460.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-11-14

El crédito que surja luego de la disolución de la sociedad conyugal otorga al cónyuge una acción personal carente de todo privilegio frente a terceros acreedores, pues el reconocimiento de una jerarquía preferencial exigiría una norma clara y concreta, toda vez que los privilegios sólo vienen de la ley, no pueden crearse por analogías y son de interpretación restrictiva, conforme jurisprudencia pacífica y conteste, citada por Gustavo A. Esparza "Ley de Concursos y sociedad conyugal", ed. Depalma, pág. 56 a 62, punto 2C.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: AVARO, HORACIO LUIS RAMON c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-29

Cabe desestimar la recusación planteada con fundamento en que esta Corte ya se habría expedido con anterioridad, desde que su actuación -en lo que respecta al dictado de la resolución que reenvió la causa a fin de que fuera nuevamente juzgada- lo ha sido en ejercicio de sus atribuciones específicas y en el marco estricto de la ley vigente, existiendo juzgamiento y no prejuzgamiento de este Tribunal; y nada de ello es causal de apartamiento de sus integrantes cuando intervinieron en el ejercicio de potestades constitucionales y legales.
Reajuste jubilatorio, aplicación de la ley, beneficiario previsional de escasos recursos, confiscatoriedad, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROMERO, JUAN c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

Si la sustitución del régimen de movilidad establecido en la ley 14.499 por el prescripto en la ley 18.037 se traduce en un descenso del nivel de haberes del titular, que por su magnitud resulte irrazonable y confiscatorio (perjuicio patrimonial que se configura cuando se comprueba una diferencia mensual superior al 10%), corresponde hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad de los art. 53 y 55 de la referida ley 18.037.
Incomunicación, Pacto de San José de Costa Rica, pena privativa de la libertad, garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio, principio de legalidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL
Carátula: Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador c/  s/ Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1997-11-12

La decisión de incomunicar a una persona legítimamente detenida, en tanto medida de carácter excepcional, debe tener como único propósito impedir el entorpecimiento de la investigación de los hechos, limitándose al período de tiempo determinado expresamente en la ley, debiendo el estado cumplir siempre con su deber de asegurarle al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención Americana, muy especialmente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención y la garantía de acceder durante su aislamiento, a una defensa efectiva.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, ordenanzas municipales, decretos municipales, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Jorge Omar c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la nulidad de la ordenanza municipal 34.378 y del decreto municipal 2380/77, si no advierte en un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a la competencia extraordinaria.
Tarifa de servicios públicos, concesión de servicio público, consumidores
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-18

La autoridad del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciaría ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evaluación de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación.
Educación, decreto de necesidad y urgencia, bienestar general
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Toda vez que lo que se encuentra en juego es la organización y funcionamiento del sistema educativo a nivel local, no basta la mera invocación del bienestar general para sustentar una norma nacional como el DNU 241/2021, pues para poder justificar la medida que pretende adoptar el Estado Nacional, este debía explicar por qué otra razón la continuidad de la modalidad de clases presenciales en el ámbito de la ciudad afecta el bienestar general de todas las provincias (Voto del juez Rosenkrantz).
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Papalardo, Antonio Miguel s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

No existe quebrantamiento de los arts. 338 y 363 del CPP si durante la audiencia de debate el tribunal llamó a un testigo no ofrecido en la ocasión que marca el primero de los preceptos indicados, cuando se trata de una persona mencionada en el debate como presente en el escenario de los acontecimientos y éstos habrían sido acompañados de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que no hacían inadecuada tal presencia, máxime si se tiene en cuenta que no medió afectación del derecho de defensa en juicio, puesto que las partes estuvieron en igualdad de condiciones para controlar la prueba producida.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, Estado Provincial, citación a juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramos, Juan Bautista c/ SAMCO s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   241-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

No puede ser considerada decisiva para calificar a la materia debatida en el litigio como contencioso administrativa, la cuestión relativa al carácter en que fuera citado el Estado Provincial a la causa, pues, desde luego, su sola intervención no basta a los fines de determinar la competencia constitucionalmente atribuida a la Corte.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: TRAVAGLIO, LEANDRO JOSE c/ INSTITUTO CULTURAL MARIANISTA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

La determinación de las cuestiones comprendidas en la litis, como el alcance de las peticiones de las partes, son materias propias de los jueces de la causa y ajenas el recurso extraordinario.
Prescripción de la acción penal, morosidad del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Muszalski, Claudio Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

La injustificada demora que se aprecia en la causa, si bien no alcanza a la extinción de la acción penal -pues no ha transcurrido el máximo de la escala penal, de seis años, indicada en el art. 14 segunda parte ley 23.737, según art. 62 inc. 2° CP- constituye fundamento para la doctrina del plazo razonable pues la dilación indebida comprobada en las actuaciones fue exclusiva responsabilidad de los diferentes funcionarios intervinientes y ajena en un todo a la actividad de la defensa, ya que arrastró la incertidumbre del encausado durante casi once años de proceso sin que se haya llegado a un pronunciamiento firme que defina su situación frente a la ley penal.
Regímenes jubilatorios especiales, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, determinación del haber jubilatorio, aportes previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bastida, Edgardo y otros y sus acumuladas B. 56.992 y B. 56.943 c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

No cabe prescindir de lo dispuesto por la ley 11.322 que en su art. 44 establece que el afiliado tendrá derecho a una jubilación equivalente al ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración con aportes correspondientes a la mayor categoría escalafonaria de que era titular a la fecha de cese en el servicio, y que deben efectuarse aportes previsionales sobre las remuneraciones que integren el haber del empleado (art. 5 inc. a) y 6, ap. 1) quedando excluidas las sumas asignadas por fallas de caja, ayuda familiar y gratificaciones vinculadas con el cese en relación de empleo. (Minoría u opinión personal)
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29


C. 265. XLVI. RECURSO DE HECHO Consorcio Tres de Febrero 1248 c/ Gutiérrez, María Cristina y otro s/ oposición a ejecución de reparaciones urgentes.

á Buenos Aires, 29 de junio de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por María Cristina Gutiérrez por sí y Fernando Abal en la causa Consorcio Tres de Febrero 1248 c/ Gutiérrez, María Cristina y otro s/ oposición a ejecución de reparaciones urgentes", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que habida cuenta de que las cuestiones que han dado origen al planteamiento de la presente queja por denegación de jurisdicción, ya han sido resueltas por los tribunales intervinientes en las respectivas causas, tal como surge de los informes de fs. 61/64 y 178/180, ha devenido inoficioso el tratamiento de esta presentación directa.

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA.
Daños y perjuicios, culpa penal, culpa civil, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: YOLANDA LILIA ZERRISUELA DE FIGUEROA c/ SILVERIO ROMUALDO LESCANO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-02-19

Ya se ha expresado que una misma conducta puede ser juzgada en orden a la culpabilidad de manera diferente en sede penal que en sede civil. Por consiguiente, la misma prueba, la misma materia probatoria, puede ser valorada de distinta manera en ambas sedes.

Vale decir que no es necesario que el juicio civil verse sobre pruebas diferentes, o sobre otras pruebas que las del juicio penal
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHIARITI, OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-21

Las medidas cautelares, por su propia naturaleza, no requieren la prueba terminante y plena del derecho invocado. Quien las pide sólo debe acreditar que el derecho es verosímil, y el juez las otorga sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. La referida verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, y no a una incontestable realidad que sólo se logra al agotarse el trámite (cfr. C.N.Civ., Sala A, sent.

del 23/7/81, E.D. 15-591 Nº 20; Sala E, sent. del 4/11/80, L.L. 1981-A-509; citados por Fenochietto y Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", TºI, pág. 665).
Competencia de paz, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: Cabral Toribio s/ Sucesion  Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-08

Es competente el juzgado de paz para entender en el sucesorio iniciado en 2011, pues la Ley N° 5907 en cuanto organiza y determina la competencia de la Justicia de Paz, en su Art. 7 inc. d) dispone que los Jueces de Paz conocerán en este tipo de procesos, cuando el valor del acervo hereditario no supere la suma de $ 15.000 y en el caso se ha acreditado con la valuación fiscal agregada que el valor del inmueble de autos no supera dicho monto.
Suspensión de las garantías constitucionales, suspensión del derecho de huelga, despido por huelga, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: DI LEO c/ MULTIPLAST SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

La única forma de remover el obstáculo que supone el artículo 8 de la ley 21400 y poder valorar judicialmente el incumplimiento laboral, es la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Juicio oral, menores, deberes del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CABELLO, OSCAR GABINO c/ AGUILERA, SIXTO JAVIER s/ ROBO SIMPLE EN PERJUICIO DE OSCAR GABINO CABELLO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-07-31

La ley 22278, expresa que el juez debe tener una impresión directa del menor en caso de aplicarle una sanción, o por el contrario, en caso de decretar su absolución, por lo que el juez que interviene en la tramitación del juicio oral es el indicado para tomar estas determinaciones.
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, liquidación, moneda extranjera, banco central, mercado cambiario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Kraus, Owen c/ Medanito SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-06

Corresponde rechazar la impugnación opuesta por la ejecutada contra la liquidación presentada en autos, en tanto no existe controversia en cuanto al cálculo aritmético de la liquidación, la tasa empleada, la fecha de mora ni la moneda, sino en relación al modo de cancelar el resultado de la liquidación. Ello así, pues surge del aviso de suscripción de obligaciones negociables, que la emisora ejecutada renunció a las facultades del CCCN 765, aclarando que no se liberaría "...de la obligación de pago en dólares asumida en las Obligaciones negociables... a través de dar el equivalente en moneda de curso legal...", es decir, que estas obligaciones se encuentran abarcadas por la excepción al CCCN 765.
Locación, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: BRITOS JUAN MANUEL c/ GONZALEZ ANTERO s/ CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-26

Uno de los caracteres del contrato de locación es que es transmisible mortis causa. Este principio ha sido recogido expresamente en el art. 1496 del Código Civil, que debe ser correlacionado con el art. 1498 del mismo ordenamiento; en realidad, se trata de una aplicación de la regla general contenida en el art.

1195, 1 parte, del C. Civil.
Proceso contravencional, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: PIGHIN, FRANCISCO ALBERTO c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-22

Teniendo presente que la materia de faltas es de naturaleza penal, el proceso diseñado para su averiguación y eventual sanción debe respetar las garantías constitucionales propias de toda legislación penal; por lo cual, mediando entre delitos y faltas contravencionales una distinción meramente cuantitativa, por imperativo constitucional -e incluso considerando la remisión supletoria al Código Procesal Penal que establece el artículo 4 del Código de Faltas provincial- corresponde la intervención de un acusador en este tipo de procesos para garantizar el debido proceso, la defensa en juicio y la imparcialidad del juez, y, por tanto, el proceso diseñado para su averiguación y eventual sanción debe respetar las garantías constitucionales propias de toda legislación penal.
Sucesiones, incapacidad para suceder, indignidad
Materia: CIVIL
Carátula: PANZERI DE COLLAZO, Adela c/ COLLAZO, Sergio Ricardo s/ EXCLUSION DE HEREDERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Para que la sanción de indignidad prevista en el art. 3295 del Código Civil se haga efectiva, se requieren fundamentalmente dos circunstancias, íntimamente ligadas, el estado de demencia del difunto y su abandono por parte de su heredero, sin que sea necesaria la declaración de demencia judicial, ni que la asistencia se preste en forma directa, recogiéndolo y cuidándolo, desde que puede prestarse en forma indirecta, internándolo en un establecimiento adecuado, que puede ser público o privado.
Responsabilidad parental, plan de parentalidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D. M. D. O., M. A. - Homologación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-28

La responsabilidad parental es el conjunto de facultades y deberes en cabeza de ambos progenitores tendientes a la protección del niño, niña y adolescente. De ella se deriva el deber de cuidar al hijo y la facultad de tener un fluido derecho a la comunicación; siempre que ello sea viable y no afecte el mejor interés del grupo familiar. Este derecho a la comunicación se encuentra garantizado por los arts. 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y por el art. 11 de la Ley 26061, y su reconocimiento, tiene por objeto salvaguardar la estructuración psíquica y moral de los niños y adolescentes.
Indemnización, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ DE BARRIONUEVO, EMILIA c/ DOMINGO MALDONADO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-05-19

La indemnización por la muerte de una persona solo debe ser otorgada cuando le hubiere producido un perjuicio económico al reclamante, que puede ser actual o bien significar la privación de una ayuda futura- pérdida de una chance- para subvenir a sus necesidades o a la atención que la vejez hace imprescindible, máxime cuando el occiso es el propio descendiente del eventual alimentario.
COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA, tribunal de disciplina
Materia: PROCESAL
Carátula: Perez, María Filomena c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario, Daños y Perjuicios, Otras formas de Responsabilidad Extracontractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-07-20

Frente al accionar negligente del letrado apoderado de la accionante -que no devolvió al juzgado el expediente del beneficio de litigar sin gastos requerido para pasar los autos principales a despacho, dejando transcurrir más de un año sin impulsar la acción-, que determinó la perención de la instancia, y ante la posibilidad de que la misma configure una falta disciplinaria en los términos del art. 19 de la ley 5805 de la Provincia de Córdoba, se impone remitir las actuaciones al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, encargado de conocer y juzgar, de acuerdo a las normas de ética profesional, las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de la profesión. (Del voto en disidencia de la Dra. Palacio de Caeiro).
Acción de amparo, LEY DE OBRAS SOCIALES
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMPOS Mariela c/ O.S.E.C.A.C. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-24

La ley 23.660; tienen la obligación de prestarles a sus afiliados, la cobertura total de las prestaciones básicas indicadas en la ley de discapacidad. Entre ellas, las que contempla el art.15 referido a la rehabilitación y el art. 27 inc.b) que se refiere a la provisión de prótesis, ayudas técnicas y/o aparatos ortopédicos.
Nulidad del acto jurídico, oposición a la elevación a juicio, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PEREYRA, JULIO HERNAN Y NARANJO, DANIEL GUSTAVO. s/ INCIDENTE CESE DE PRISION PREVENTIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

El Tribunal se pronuncia (respecto a la Nulidad de la causa y del incidente por las indebidas limitaciones a la oposición a elevación a juicio) desde ya en el mismo sentido que el Ministerio Fiscal. En efecto, y por razón de economía, deja dicho que el proceso penal constituye un conjunto de actos concatenados y progresivos, en donde el progreso de una etapa está normalmente supeditado a la preclusión de la anterior, impidiendo el regreso a estadios y momentos ya extinguidos y consumados. En consecuencia, deviene en manifiestamente extemporáneo el planteo de la defensa (Arts. 364, 365 y 369 CPPT).

DRES.: ROMERO LASCANO - PRIETO.