Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-11


AUTOS Nº 77316 (8° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11183) "DIAZ DE MIRANDA Mirtha Elena - Prescripción Adquisitiva" ///En la ciudad de San Juan, a 11 días del mes de Agosto de dos mil quince, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Juan Carlos Pérez y como vocal el Dr. Oscar Roberto Otiñano, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 115, concedido a fs. 116, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2009 obrante a fs. 111/114 de autos.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

El señor Juez del Octavo Juzgado Civil a fs. 111/114 en sentencia definitiva resolvió: "1) Desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la accionada. 2) Rechazar, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes, la demanda interpuesta en todas sus partes. Imponer las costas a la vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad".

Contra tal resolución se alza a fs. 115 la actora interponiendo recurso de apelación, el que es concedido a fs. 116. Expresa agravios a fs. 138/148, denuncia hechos nuevos posteriores al llamamiento de autos y acompaña documental a fs. 117/137 y 157/160. La accionada contesta el traslado a fs. 165/168. La apelante hacer reserva de los recursos extraordinarios de la ley N° 2275 y del caso federal del art. 24 de la Ley 48.

A fs. 186/187 obra sentencia de ésta Sala Tercera por la que se admite parcialmente la denuncia de hechos nuevos alegados por la actora y se ordena producción de prueba. A fs. 196/226 se produce la misma, alegando sobre su mérito la accionada, a fs. 231/232 y la actora, a fs. 236/238.

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el señor Juez del Octavo Juzgado Civil, a los fines de dar una razonable autonomía al presente, se relatan sucintamente los hechos. La acción se origina en la demanda por Prescripción Adquisitiva iniciada por la Sra. Mirtha Elena Díaz de Miranda, con motivo de la posesión veinteañal que ha ejercido sobre el inmueble ubicado en calle 9 de julio N° 712 Oeste de la Ciudad de San Juan, Plano de Mensura N° 01-24411-03 Nomenclatura Catastral de origen 0157/890550, con una superficie Total según mensura de 470,80 m2. Se encuentra inscripto en el Registro Inmobiliario como Dominio Privado Provincial, dirigiéndose la acción contra el titular del dominio. La accionante manifiesta haber ejercido la posesión veinteañal desde octubre de 1983, momento en que ocupa el inmueble junto a su esposo, señor Julio Miranda, ya fallecido, y el resto de la familia. Denuncia haber realizado diversas construcciones en el inmueble demostrativo del "animus domini", construyendo la vivienda que se encuentra en el predio, extremo que acredita con las facturas y recibos que acompaña. Hizo conexión de gas natural, aprobada por Gas del Estado y las obras necesarias para instalación de cañerías de agua, todas obras realizadas en carácter de propietario. Respecto del servicio de energía eléctrica ( SES y Energía San Juan) acompaña la totalidad de los pagos abonados desde el año 1984 hasta la fecha, también demostrativo del animus domini. En igual sentido acredita los pagos por el servicio de gas domiciliario. Respecto del servicio de Agua, OSSE se negó a recibir pagos y a realizar planes de pago aduciendo que se carece de documentación que acredite la propiedad, en tanto el dominio de la Parcela ya referida, pertenece a la Provincia de San Juan. Igual situación se vivenció con el pago de impuesto inmobiliario expedido por la Dirección General de Rentas y con la contribución Municipal, sin perjuicio de ello puede acreditar el pago de algunos de esos tributos, tasas y servicios, como elemento probatorio de la posesión pacífica y el animus domini. Tales hechos posesorios se ven reafirmados con la mensura del inmueble realizada por Ingeniero Agrimensor, con publicación de edictos y citación de colindantes, sin que haya mediado oposición alguna a tal acto. Solicita se dicte sentencia declarando la adquisición por prescripción veinteañal de la actora respecto del inmueble individualizado.

A fs. 54 comparece por Fiscalía de Estado en representación de la Provincia de San Juan, la Dra. Nancy Mabel López y opone falta de acción o excepción de falta de legitimación para obrar con fundamento en que la ley expresamente ha vedado la compra o prescripción de aquellos bienes de dominio público destinados al uso de la comunidad y a satisfacer necesidades colectivas, tratándose de un bien debidamente adquirido, inscripto y publicitado en el respectivo registro. Expresa que del informe del Registro Inmobiliario acompañado por el accionante y de los propios términos de la demanda surge la procedencia de la excepción deducida. En subsidio contesta demanda, negando todos y cada uno de los hechos invocados en la misma que no sean expresamente aceptados. Considera acertada la negativa de las empresas y organismos estatales a otorgar servicios o conceder planes de pago atento el carácter del dominio que ejerce el estado provincial sobre el inmueble, el que no es susceptible de apropiación, posesión, prescripción o compra ya que se encuentra afectado al dominio público, pese a no estar así registrado en el registro Inmobiliario. Siendo clara la ficha de dominio que expresa que fue adquirido por expropiación mediante procedimiento regular y para afectado a utilidad pública. El inmueble fue inscripto como dominio provincial, para utilidad pública adquirido por sentencia en los autos que denuncia e individualiza. Cuando se desafectan inmuebles correspondientes a los ferrocarriles, se establece un procedimiento especial para disponer de los mismos en adelante, sin contemplar la acción de autos como posibilidad. Solicita el rechazo de la acción con costas.

A fs. 58/60 contesta la actora el traslado de las excepciones deducidas, solicitando su rechazo. Sus fundamentos son, primero, por cuanto es sujeto legitimado para interponer esta acción en mérito al art. 3950 del C. Civil, en tanto todos los que pueden adquirir pueden prescribir, cumpliendo con todos los requisitos legales que exige la ley para tal modo de adquisición del dominio. Y segundo, por cuanto se trata de un bien que pertenece al dominio privado (no público) del estado, lo que surge de la propia registración del mismo en el Registro General Inmobiliario en contraposición de los bienes de dominio público cuya inscripción consta en los registros catastrales. Y si bien el estado provincial tuvo la posibilidad y el derecho a afectarlo al dominio público nunca lo hizo, habiendo ejercido la accionante la posesión animus domini por mas de veinte años, lo que se encuentra acreditado con las constancias probatorias aportadas. A fs. 67/68 obra sentencia interlocutoria que rechaza con costas la excepción de falta de legitimación interpuesta. Producida la prueba se dicta sentencia definitiva en fecha 30-09-2009, la que obra fs. 111/114, contra la cual se alza en recurso la actora a fs. 115, concedido a fs. 116. Obra la expresión de agravios a fs. 138/148 y la contestación a fs. 165/168.

Los agravios expresados por el accionante pueden sintetizarse de la siguiente forma: Primero) Le agravia la decisión del sentenciante de rechazar la demanda de autos con fundamento en que la calidad de utilidad pública asentada en el registro inmobiliario respecto del inmueble objeto de la presente, importa una condicionante negativa a la viabilidad de la pretensión y cuyo análisis excedería el marco de éste proceso. El sentenciante ha omitido valorar prueba esencial y dirimente, desconociendo los informes de fs. 47/49 de geodesia y catastro y registro general inmobiliario que acreditan la inscripción en éste último del inmueble como bien perteneciente al dominio privado provincial. Considera errada la interpretación que el A-quo otorga a la inscripción realizada en el registro Inmobiliario del inmueble cuando consigna que se inscribe "en calidad de utilidad pública con destino a....", ya que tal inscripción no convierte al inmueble objeto de autos en un bien del Dominio Público". Para ello debe existir un asentamiento expreso (por ley o acto administrativo) o implícito de la autoridad administrativa competente, un título traslativo de dominio en poder del estado y que la afectación sea actual, es decir el bien debe estar real y efectivamente afectado al uso o servicio público. Y el inmueble de autos no está ni estuvo nunca afectado al uso o servicio público, estando siempre bajo la posesión pacífica, continua, con animus domini, del accionante. La provincia de San Juan nunca acreditó que el inmueble en cuestión integre el dominio público, ni el Estado tomó nunca posesión del inmueble ni perfeccionó expropiación alguna sobre el mismo. Segundo) Le agravia el considerando del sentenciante que obra a fs. 113 vta., cuando en referencia a los intentos frustrados de pago de impuesto inmobiliario, tasa municipal y OSSE e informe de ésa repartición sobre la inscripción en el registro Inmobiliario del inmueble como bien perteneciente a la Provincia de San Juan por expropiación a los anteriores propietarios, pretende justificar el prejuzgamiento en cuanto a la calidad de utilidad pública del inmueble, aún cuando no lo califica ni encuadra como bien de dominio público, impidiendo a su parte la adquisición por prescripción adquisitiva del inmueble, violando derechos constitucionales de la propiedad y del debido proceso. La accionada nunca perfeccionó la supuesta expropiación a que alude en el conteste ni arrima elemento probatorio que lo acredite, lo cierto es que nunca se perfeccionó, y nunca estuvo afectado el inmueble al uso o servicio público, nunca pagó indemnización, nunca tomó posesión del mismo ni dictó acto administrativo o sentencia judicial que demuestre que el estado Provincial afectará el inmueble al Dominio Público, todos requisitos para que se perfeccione la expropiación pública. La demandada encontrándose en la mejor posición para hacerlo, no ha demostrado hecho impeditivo ni extintivo alguno que impida hacer lugar a la pretensión actora, debiendo probar y no lo hizo que el inmueble se había afectado al régimen excepcional y especial del Dominio Público. Al no haberse afectado nunca al uso o utilidad pública se revela una conducta desafectante del Estado Provincial, tácita pero inequívoca de inclusión del inmueble al dominio privado provincial. Los hechos nuevos alegados y probados demuestran que es la Provincia quien cobra impuestos a la actora, a través del impuesto inmobiliario y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan tiene como propietario contribuyente al esposo fallecido de la actora, lo que descarta toda posibilidad de encuadrar el inmueble como de dominio público. Tercero) La imposición de costas a la actora debe ser revocada en consonancia con lo peticionado en los agravios expresados, revocando la sentencia y haciendo lugar a la acción, con costas a la demandada.

Los agravios son contestados por la demandada a fs. 165/168.

TRATAMIENTO DEL RECURSO Por encontrarse íntimamente relacionados, se tratan conjuntamente el Primer y Segundo Agravio recurso de fs. 138/148.

El proceso de adquisición de dominio tiene por objeto la constitución, por vía judicial, de un título supletorio de dominio a favor de quien ha poseído un bien inmueble durante el plazo y las condiciones previstas por el artículo 4015 Cód. Civil.- Está reglado por la ley 14.159 reformada por el decreto-ley 5756/58, siendo el mismo de carácter contencioso y debiendo entenderse con quién resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias de Catastro, Registro de la Propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble (ver art. 24).- La acción declaratoria de la usucapión prescripta por el art. 4015 C.C., persigue establecer la situación de hecho que corresponde a su derecho buscando la eliminación del obstáculo (inscripción contraria en el Registro, presunción de vacancia del inmueble) que impide o perturbe la libre disposición del dominio por él adquirido originariamente (Prot. de Sent. Tº II- Fº 260/266- 2002). Cabe recordar que la comprobación de los extremos exigidos para la adquisición del dominio por usucapión debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente, toda vez que la posesión veinteañal constituye un medio excepcional de adquisición del dominio.

Conforme ha sido acreditado a través de los informes emitidos por la Dirección de Geodesia y Catastro y Registro General Inmobiliario de la Provincia de San Juan, obrantes a fs. 47 y 49 respectivamente, el inmueble objeto de la presente acción por usucapión, se encuentra inscripto en el Registro Inmobiliario a nombre de la Provincia de San Juan, bajo el N° 750, F° 50, Tomo 8 del Dominio Privado Provincial, Zona "B", del año 1980, Figurando en Observaciones que la inscripción se hace en calidad de utilidad pública con destino a emplazamiento de la estación Única de pasajeros y Encomiendas de la Ciudad de San Juan, Ferrocarriles Belgrano y General San Martín". Precisamente tal observación en la inscripción ante el registro Inmobiliario ha sido determinante para la decisión del juez de grado de rechazar la demanda de autos, en tanto sostiene, la calidad de utilidad pública importa una condicionante negativo a la viabilidad de la pretensión, faltando la condición exigida por el art. 3952 del C. Civil que prevé que pueden prescribirse todos las cosas cuyo dominio o posesión puede ser objeto de una adquisición, eludiendo la posibilidad de analizar la calidad de utilidad pública y su vigencia, por considerarlos temas que exceden el marco de éste proceso. Adelanto opinión contraria a tal conclusión y por ello favorable a la admisión del primer agravio expuesto por la actora.

El art. 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Tratándose o de un derecho garantizado por la Constitución, su regulación y las imposiciones de limitaciones solo pueden ser establecidas mediante un instrumento de rango legal, y con fines de utilidad pública o de interés general. El art. 1° de la Ley 21.499 de Expropiación, expresa que la utilidad pública sirve de fundamento legal a la expropiación y comprende todos los casos en que se produce la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

El concepto de utilidad pública no es único, pudiendo variar según el lugar, época y ordenamiento jurídico que se consideren, " porque lo que es de utilidad pública en un lugar y momento determinados puede no serlo en otros, teniendo una naturaleza contingente y circunstancial según momentos históricos, sociales o políticos de cada sociedad" (Bielsa, Tratado de Derecho Administrativo, t.IV, 885, pág. 392.) La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha expresado en tal sentido que "el concepto de utilidad pública" es siempre relativo y varía con las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad a que se lo refiera". (SCBA, 3-3-64 "Bonfante Alberto A" ED,14-273). Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho. "La utilidad pública -esencia y razón de ser de la expropiación comprende todo aquello que satisface una necesidad cuya cobertura tienda a maximizar el bienestar general" (CSJN, Fallos, 33:194).

Ninguna duda cabe que encontrándose el inmueble objeto de éste proceso de usucapión, inscripto en el Registro General Inmobiliario de la Provincia de San Juan, como bien perteneciente al dominio privado del Estado, resulta de aplicación el art. 2342 inc. 4° del C. Civil que considera del dominio privado del estado todos los bienes adquiridos por el estado o por los estados por cualquier título. Por ello, la circunstancia solamente denunciada por la demandada en el conteste y considerada por el Juez A-quo en la resolución cuestionada de que el inmueble habría sido adquirido a través de un proceso expropiatorio, no resulta impedimento alguno para que el inmueble en cuestión pueda ser adquirido por prescripción adquisitiva, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales para la viabilidad de la misma. Es decir, que la parte pretendiente acredite fehacientemente haber entrado en la posesión de la cosa, realizando actos de tal naturaleza y que se mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por prescripción conforme art. 4015 del C. Civil y que el pretenso poseedor no sólo tenga la cosa bajo su poder, sino que sus actos posesorios se manifiesten de forma tal que indiquen su intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, elemento subjetivo que importa no reconocer la titularidad del dominio en otro.

"En lo que hace a la forma de adquisición, el art. 2342 del Código Civil en su art. 4° considera bien del dominio privado del estado, todos los bienes adquiridos por el estado o por los Estados "por cualquier título". Entonces, el hecho de la expropiación y la finalidad que la autorizó no resultan impedimento alguno para que sea susceptible de usucapión, con el solo límite que impone la normativa legal que rige dicho instituto. (CC000 DO 88632 RSD 48-10-s 09-03-2010 Ledesma Carlos Rodolfo c./ Fisco de la Prov. de Bs. As. s/ Usucapión". Desde tal óptica, sí resulta necesario en el marco del presente proceso en contraposición a lo expresado por el juez de grado, analizar si la observación inscripta en el registro inmobiliario respecto al inmueble integrante del dominio privado de la provincia de San Juan que indica que la inscripción se hace en calidad de utilidad pública, se encuentra o no vigente, teniendo en cuenta los alcances de la expresión utilidad pública, que ya se ha expresado, no es unívoca y puede variar conforme las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad a que se lo refiera. En tal sentido la sola mención de que la inscripción se realiza en "calidad de utilidad pública" no convierte a ese bien del dominio privado en un bien de dominio público, ni significa que esté afectado al uso público, aún cuando haya sido adquirido a través de un proceso expropiatorio, ya que para ser incorporado al dominio público debe el bien estar real y efectivamente afectado al uso o servicio público, extremos que a través de las constancias probatorias de la causa, no ha sido acreditado. Concretamente para que un bien forme parte del dominio público del estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha exigido la "consagración real y efectiva al uso público o servicio público" (Fallos: 192:210, 242:168,328:3590), no habiendo demostrado la demandada tal extremo en el curso del proceso.

El art. 24 apartado c) de la Ley 14.159 y su modificatoria, el decreto ley 5756/58 admite la acreditación de la usucapión mediante el empleo de cualquier clase de prueba, no pudiendo basarse el fallo solo en la testimonial y será especialmente considerado el pago por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble.- Es decir que la prueba nunca puede ser exclusivamente testimonial y se establece como requisito de la demanda una prueba documental del "animus" ya que tal es el carácter que se atribuye al pago de los impuestos o tasas por el usucapiente.- Así lo ha entendido uniformemente la jurisprudencia (Prot. de Sent. Tº II- Fº 260/ 266- 2002).

Tal como lo tiene dicho la Excma. Corte de Justicia de San Juan, en el fallo "Nery de la Plata, Dolores-Posesión-Casación" (del veintiuno de setiembre de mil novecientos setenta y siete): se requiere una prueba compuesta, que pueda dar al Juzgador la certidumbre de que real y verdaderamente el actor ha poseído el inmueble como para proceder al otorgamiento del título supletorio de dominio que pretende. (Prot. de Sent. Tº II- Fº 245/250-2001; Tº I- Fº 14/16- 2002). Cabe recordar que, el fundamento de la usucapión es de interés social y su finalidad de orden público. El cumplimiento de los requisitos legales deben ser exigidos a las partes por los Tribunales, quienes tienen la obligación, aún de oficio de examinarlos (Prot. de Sent. Tº I- Fº 14/16-2002).

En la especie, la accionante ha demostrado no solo haber entrado en la posesión de la cosa realizando actos de naturaleza de los mencionados en el art. 2373 del C. Civil., es decir con la intención de tenerla como propia, sino también que se mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por el medio utilizado, conforme artículo 4015 del C. Civil. Habiendo ya expresado que es necesario y constituye una condición sine quanon, que el pretenso poseedor no solo tenga la cosa bajo su poder, sino que los actos posesorios se manifiesten de forma tal que indiquen su intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad; este elemento subjetivo importa no reconocer la titularidad del dominio en otro" (Fallos: 311:2842 y 328:3590).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la comprobación de tales extremos debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente. Ello así, toda vez que "la posesión veinteañal constituye un medio excepcional de dominio (fallos 123;285; 284:206). No basta con que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir y que sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponde los derechos que le han sido desconocidos" (Fallos 326:2948).

Es del caso recordar que la posesión no debe confundirse con la simple tenencia de las cosas que contemplan los arts. 2352 y 2461 del C. Civil, sino que para que se configure aquella es necesario no solo que el poseedor detente la cosa bajo su poder sino también manifestarla con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad conforme art. 2351 del C. Civil. Y "la cuestión depende no solo de la voluntad y la acción del pretendiente sino también de la pasividad del que tenía la posesión" (Salvat Raymundo, Tratado de Derecho Civil Argentino. derechos reales, actualizado por Manuel J. Argañaraz, T II, pág 232/233).

En este sentido, no ha sido acreditado por la accionada, acto alguno impeditivo de la aprehensión de actos de naturaleza de los indicados en el art. 2373 del C. Civil, (corpus y animus domini) realizados por la actora, expresada por acto administrativo ni normativa legal alguno indicativa de que tal inmueble se encuentre real y efectivamente afectado a uso o utilidad pública, resultando evidente que en el terreno donde se ubica el inmueble en cuestión nunca fue emplazada la estación única de pasajeros y encomiendas de los Ferrocarriles Belgrano y General San Martín de la Provincia de San Juan, habiéndose mantenido por mas de veinte años integrando el dominio privado de la Provincia y en posesión pacífica de la actora y con anterioridad también de su esposo fallecido.

De hecho, se ha construido sobre los terrenos que originariamente ocupaba el Ferrocarril, la obra vial denominada "Conector Sur" proyectada en el año 2007 y que une actualmente la capital de San Juan con el Departamento Rawson. Por su parte, aún cuando no constituye un acto posesorio la realización del plano de mensura del inmueble agregada a fs. 16/43, en tanto se trata de un acto voluntario y ejecutado al solo fin de promover este juicio, resulta un aporte probatorio de importancia respecto a tal afirmación, en tanto surge claramente del croquis de ubicación del inmueble, la ubicación de la obra vial referida.

En definitiva, correspondía a la accionada, Provincia de San Juan, acreditar con elementos probatorios fehacientes, la afectación efectiva del inmueble al dominio Público, extremo no acreditado en tanto el Estado Provincial nunca tomó posesión del inmueble en cuestión, permaneciendo el mismo bajo la posesión pacífica y sostenida tanto del la actora como de su esposo prefallecido, desde el año 1983, tal como lo denuncia al demandar.

Lo dicho tiene sustento en la copiosa prueba rendida por el accionante a la que cabe adunar la pertinencia de la aportada como hecho nuevo y cuya producción fue ordenada por resolución de ésta Sala obrante a fs. 186/187.

Obra en la prueba reservada, individualizada como Anexo "C", constancias de pago de boletas del servicio eléctrico domiciliario aportadas por la actora correspondientes al inmueble ubicado en calle 9 de julio N° 712 Oeste, facturado desde el año 1984 por las distintas empresas proveedoras de tal servicio, Servicios Eléctricos Sanjuaninos (SES), EDESSA y Energía San Juan S.A., elemento probatorio hábil que acredita la posesión del inmueble por parte de la accionante durante mas de veinte años. También resulta ser prueba hábil demostrativa de tal carácter, la individualizada en el " Anexo "B", obras realizadas por la actora en el inmueble destinada a la provisión de servicio de gas domiciliario a través de la contratación de las mismas con una Empresa constructora que data del año 1992, supervisada por Gas del estado, acompañando también los recibos de pago de la obra. Por su parte, surge del Anexo "D" de la prueba reservada, constancias de pago de facturas del servicio de gas proveído en el inmueble a usucapir, que datan de esa fecha. Y como Anexo "F", corre la prueba aportada por la accionante que acredita contrataciones de obras y facturas de pago de materiales de construcción, sanitarios, pinturas, etc. referidas a las obras realizadas en el inmueble, denunciadas al demandar y que acreditan no solo la posesión pacífica del inmueble por parte de la pretendiente si no que la misma ha actuado siempre con ánimo de dueño durante el período invocado.

Si bien estas constancias datan del año 1997, a través de las declaraciones testimoniales rendidas, ha sido acreditada la posesión "animus domini" por parte de la actora, desde la fecha invocada al demandar. Coinciden los testigos Nicanor Hugo Pacheco (fs. 95), Humberto Reinaldo Sosa (fs. 96, Zulma Graciela Zalazar (fs. 97 y Carlos Máximo Arroyo (fs. 98) en que la Sra. Díaz de Miranda habita el inmueble de calle 9 de julio entre España y Las Heras desde aproximadamente 1982 o 1983, que vive y vivió desde esa época en el inmueble con su hijo y antes con su marido, ya fallecido e hijas mujeres, ya casadas. Que ha hecho refacciones, obras para instalación de agua, también las medianeras, que tiene un negocio en el inmueble al que atiende personalmente, habiendo actuado siempre como dueña. Todas declaraciones coincidentes, asertivas y fundadas que provocan convicción de veracidad.

Especial valoración cabe, respecto de las constancias acreditadas a través de la prueba rendida en calidad de hecho nuevo y que a todas luces acredita el reconocimiento del titular registral, Provincia de San Juan, de la posesión con ánimo de dueño de la Sra. Díaz de Miranda respecto del inmueble que pretende usucapir, habiendo considerado contribuyente del impuesto inmobiliario al cónyuge prefallecido de la Sra. Díaz de Miranda. En efecto, invoca la accionante al denunciar los hechos nuevos acaecidos con posterioridad al llamamiento de autos para sentenciar y cuya admisión fue ordenada oportunamente por ésta Sala a fs. 186/187, que la conducta asumida por la Provincia al comenzar a cobrar el Impuesto Inmobiliario a partir del año 2007 teniendo como contribuyente al esposo de la accionante Señor Julio Aristóbulo Miranda, como también la tasa Municipal correspondiente al inmueble a usucapir, es un claro reconocimiento por parte de la Provincia de San Juan a su calidad de contribuyente poseedor. Conducta asumida por la Provincia que a criterio de la accionante amerita la aplicación de la doctrina de los actos propios.

En este sentido la postura adoptada por la accionada de cobrar impuesto inmobiliario por el inmueble cuya usucapión se pretende en este proceso, extremo que surge acreditado a través de la documentación agregada a fs. 117/125 y corroborada a través del informe del Registro General Inmobiliario de fs. 221/226 de donde resulta que el señor Julio Aristóbulo Miranda, cónyuge prefallecido de la accionante, es contribuyente del impuesto respecto del inmueble de calle 9 de julio N° 712-Oeste del Departamento Capital de la provincia de San Juan, no condice con la postura adoptada al contestar la demanda y en el curso del proceso cuando invoca como impedimento a la adquisición por prescripción del inmueble en cuestión, la cláusula de utilidad pública, anotada en el Registro Inmobiliario. Postura que torna aplicable plenamente la doctrina de los actos propios.

La misma ha sido recepcionada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al advertir que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallo SCJN: tomo 320, Folio 2509 del 25/11/1997).

Esta Sala ha expresado en AUTOS 91846 (SALA III n° 11314) " POLONI NATALIA C/ FEDERACION CICLISTA SANJUANINA Y OTRO-DAÑOS Y PERJUICIOS" PROT. SENT. T° I F° 18/31 AÑO 2015, citando pronunciamiento de la Sala primera de ésta Cámara. "Los fundamentos de la doctrina de los actos propios están avalados por el más alto Tribunal de la Nación, que ha decidido que la postura sostenida en sede judicial no puede ser admitida en tanto esté en contradicción con la asumida en sede administrativa (CSJN, Fallos: 307:1602; 308:72; 315:890, y 320:2233, entre otros). Alejandro Borda, refiriéndose a ella la caracteriza de la siguiente manera: ". La teoría de los propios actos requiere tres condiciones para que pueda ser aplicada: a) una conducta anterior relevante y eficaz; b) el ejercicio de una facultad o derecho subjetivo, atentatorio de la buena fe y contradictoria con la anterior y c) la identidad de sujetos que se vinculan en ambas conductas." ("Teoría de los Propios Actos", p. 68). En el mismo sentido, Luis Díez Picazzo enseña: ". La teoría requiere, para ser aplicada, una primera conducta, anterior, relevante y eficaz. La conducta importa una toma de posición frente a una situación determinada. Refleja una actitud." ". El segundo requisito es la llamada pretensión contradictoria. Esta conducta contradictoria es inadmisible por ser incompatible con la conducta primigenia." ". El tercer elemento, es la necesidad de que los sujetos intervinientes como emisor y receptor de las conductas sean los mismos." ". Cuando una persona con su conducta, ha suscitado en otra, una confianza fundada, conforme a la buena fe, en una determinada conducta futura, no debe defraudar la confianza depositada y resulta inadmisible toda actuación incompatible con ella." ("La Doctrina de los Propios Actos"; Editorial Barcelona 1963, p. 142). Estos conceptos vienen siendo confirmados reiteradamente por este Tribunal (vgr. L. de S. Tº 77, Fº 63/66, fecha: 06/03/2000; L. de S. ,Tº 80, Fº 124/158, fecha: 08/08/2001). AUTOS N° 19.536 (40.280 - 8º CIVIL) L. DE S. Tº 100, Fº 171/179 - FECHA: 23/06/08.

En la especie, a través del informe de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan obrante a fs. 47 y del Registro General Inmobiliario de fs. 49, ambos del año 2005, quedó acreditado que el inmueble cuya usucapión se pretende con la acción de autos fue inscripto en el año 1980 como Dominio Privado Provincial, bajo el N° 750. F° 50,T° 8 del Registro de Transferencias Área II, no habiendo integrado nunca el Dominio Público del Estado. Esta postura anterior, de reconocimiento de la calidad de Propiedad Privada del estado del inmueble en cuestión, expresada a través de los organismos pertinentes del Estado corroborada luego a través de la conducta asumida por la Provincia de cobrar el impuesto inmobiliario al poseedor con calidad de contribuyente a partir del año 2007, como también el canon por servicio de agua de OSSE, resulta incompatible con las postura asumida al contestar la demanda y en el curso del proceso.

Si bien sostiene la accionada a fs. 231 al alegar respecto de la prueba incorporada como hecho nuevo, que el pago de impuestos y servicios no constituye un acto posesorio y en todo caso, los acreditados en autos no alcanzan para completar el tiempo exigido por la ley para demostrar la prescripción adquisitiva veinteañal, comparto el criterio jurisprudencial que propugna que en el proceso de prescripción adquisitiva el pago de impuestos no tiene porqué abarcar el lapso veinteañal, quedando sujeto al prudente arbitrio judicial la consideración acerca de la antigüedad necesaria para conformar la requerida prueba compuesta.

En el presente proceso, ninguna de las pruebas bastaría individualmente para acreditar el cúmulo de circunstancias que constituyen los presupuestos de la adquisición del dominio por prescripción veinteañal, sin embargo la denominada prueba compuesta permite combinar aquellas que son simples o imperfectas y que en su conjunto crean convicción suficiente de posesión durante el tiempo requerido por la ley y la acreditación del "corpus" y del "animus domini" de manera indubitable. Que es precisamente la valoración que propugno en el presente voto, en tanto juzgo que a través de las pruebas rendidas se ha acreditado la antigüedad necesaria para conformar la prueba compuesta. "En el proceso de prescripción adquisitiva el pago de impuestos no tiene porqué abarcar el lapso veinteañal, quedando sujeto al prudente arbitrio judicial la consideración acerca de la antigüedad necesaria para conformar la requerida prueba compuesta, aquella que por diversos medios probatorios da pauta cierta de una posesión durante ese lapso y que supone la acreditación del "corpus" y del "animus domini" en forma cabal e indubitable. CC0102 LP 205982 RSD-222-89 S Fecha: 07/12/1989 Lex Doctor 9.9).

Por último cabe agregar que durante la secuela del juicio de posesión veinteañal, la posesión subsiste y continúa generando sus efectos propios, entre ellos el de hacer adquirir el dominio por prescripción al mantenerse ininterrumpidamente durante veinte años. Es así que aún cuando ese plazo se cumpla durante la tramitación del proceso, el hecho adquisitivo existe y debe ser considerado al fallar, en tanto el juez puede hacer mérito de los hechos constitutivos producidos durante la sustanciación del juicio (art. 163, inc. 6°, Cód. Proc.). Es que durante la tramitación de este proceso, en que los accionados se han limitado a resistir la pretensión actora, la posesión continuó siendo pública, pacífica y no interrumpida, sin que exista norma alguna que indique que la iniciación del juicio por usucapión sea interruptiva o suspensiva de ese proceso adquisitivo. REFERENCIA NORMATIVA: CPCB Art. 163 Inc. 6 CC0002 SM 50548 RSD-55-2 S Fecha: 19/03/2002 Juez: MARES (SD) Carátula: Pérez, Manuel s/ Posesión veinteañal Mag. Votantes: Mares-Occhiuzzi Lex Doctor 9.1.

Por las razones expresadas propicio admitir los agravios expuestos por el apelante, revocando la sentencia recurrida en cuanto rechaza la acción de usucapión y en su lugar hacer lugar a la demanda en todas sus partes. En consecuencia declarar la adquisición por parte de la actora señora Mirtha Elena Díaz de Miranda del dominio del inmueble ubicado en calle 9 de Julio 712- oeste- Departamento Capital Provincia de San Juan, inscripta en el Registro General Inmobiliario como Propiedad Privada de la Provincia de San Juan, bajo el N° 750, F° 50, T° 8 del Año 1980, según plano de mensura N° 01-24411-03, Nomenclatura catastral de Origen 0157/890550. Previa cancelación del dominio anterior, habrá de girarse la ficha correspondiente al Registro General Inmobiliario con la documentación prevista en la Disposición Técnico Registral Nº 24/2001, debiendo acompañarse copia certificada de esta sentencia.

Tercer Agravio.

En función de la postura adoptada por el apelante quien persigue la revocación de la sentencia de grado y en su lugar la admisión de la demanda en todas sus partes, le agravia la imposición de costas a su parte decidida por el A-quo solicitando, para el supuesto de procedencia del recurso deducido, sean impuestas en su totalidad a la demandada conforme art. 66 y c.c. del C.P.C..

Conforme la postura al tratar los dos primeros agravios de la actora y en la medida en que han sido declarados ambos admisibles, corresponde que las costas deben ser impuestas al vencido en función del criterio objetivo de la derrota previsto por el art. 66 y c.c. del Código Procesal Civil, Comercial y Minería.

Cabe aclarar que de conformidad a lo estipulado en la ley 7675, hoy n° 883-A, la presente causa está excluida de su aplicación, de acuerdo a lo estipulado en el art. 3 inc. a) de la citada norma, por lo que las costas deben ser aplicadas conforme lo establece el Código Procesal. El Juicio de prescripción adquisitiva se funda en una acción meramente declarativa y el resultado del mismo es una sentencia del mismo carácter como aquí se ha resuelto.- Así lo ha sostenido esta Cámara en la causa "RODRÍGUEZ, LUCIO c/ MAS DE PLANA, MARINA Y OTROS s/ ACCIÓN REIVINDICATORIA - II CPO. del 14 de Abril de 2004. "No es una acción que conduzca a una sentencia constitutiva del dominio adquirido por el usucapiente, sino meramente declarativa, tendiente a comprobar judicialmente y en proceso contradictorio con el titular de la registración dominial, especialmente, los extremos legales pertinentes, a fin de obtener la correspondiente inscripción registral del dominio así adquirido y su consecuente validez "erga omnes", conforme a los arts. 2505 del Código Civil; 24 y 25 de la ley 14.159, textos s/ Dec. Ley 5756/58." Así también la Cámara Nacional Civil sostuvo que: "La intervención judicial mediante el proceso de usucapión lleva a la comprobación de aquellas condiciones y en su caso, al dictado de una sentencia meramente declarativa que da fehaciencia de tales antecedentes y logra la publicidad de la situación adquirida mediante la inscripción registral." Auto: ARNAUDO, Fernando c/ GENARO OLIVA(S/SUC. HERENCIA VACANTE) y otros s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA. - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. - Sala: Sala F. - Mag.: HIGHTON DE NOLASCO, ZANNONI, POSSE SAGUIER. - Tipo de Sentencia: Libre - Fecha: 10/04/2003 - Nro. Exp. : L.388517.

En función de ello propongo que las costas sean soportadas por la demandada vencida. Así Voto.

COSTAS DE LA INSTANCIA	Por iguales fundamentos expresados al tratar el Tercer agravio de la actora, deben imponerse las costas de esta instancia a la demandada vencida conforme a lo estipulado por art. 66 del Código Procesal.

Corresponde regular honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, fijando para el Dr. Emiliano Mattar Simó y Carlos Eduardo Tinto, apoderados de la actora en forma conjunta en el 40% de los que correspondiere en primera instancia; y a los Dres. Nancy Mabel López, Luis A. Lloveras y Lisandro Zapata, apoderados de Fiscalía de Estado en representación de la Provincia de San Juan, en forma conjunta en el 30% de los que se fijen en primera instancia. (arts. 196, 190 de la ley 2150 y 800 inc. 10 del CPC).

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citadas,	SE RESUELVE:

I) Admitir el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 115, concedido a fs. 116.

II) Revocar en lo pertinente la sentencia de fs. 111/116.

III) Hacer lugar a la demanda instaurada por la Sra. Mirtha Elena Díaz de Miranda y declarar que ha adquirido por prescripción veinteañal adquisitiva el inmueble ubicado en calle 9 de Julio 712 -oeste- Departamento Capital Provincia de San Juan, inscripto en el Registro General Inmobiliario como Propiedad Privada de la Provincia de San Juan, bajo el N° 750, F° 50, T° 8 del Año 1980, según plano de mensura N° 01-24411-03, Nomenclatura catastral de Origen 0157/ 890550. Previa cancelación del dominio anterior, habrá de girarse la ficha correspondiente al Registro General Inmobiliario con la documentación prevista en la Disposición Técnico Registral Nº 24/2001, debiendo acompañarse copia certificada de esta sentencia.

IV) Imponer las costas a la demandada (Art. 66 del C.P.C.)	V) Costas de la Instancia a la demandada (Art. 66 del C.P.C.)	VI) Regular los honorarios de Segunda instancia, los que se fijan, a los Dres. Carlos E. Tinto y Emiliano Mattar Simó, en forma conjunta en el 40% y a los Dres. Nancy Mabel López, Luis A. Lloveras y Lisandro Zapata, en forma conjunta en el 30%, ambos de los que les correspondiere en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. JUAN CARLOS PEREZ; DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 65/77 AÑO 2015.