Consentimiento, interés superior del niño, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C.,C.D. s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en contra de la Sentencia Nº 29/2010 en causa Expte. Letra 'C' Nº 18/10 C. C. D.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-02

Contra la sentencia que condenó al imputado a veintiún años de prisión como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con acceso carnal agravado, comparecen los asistentes técnicos e interponen recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incisos 1º y 3º del art. 454 del C.P.P.

Desarrollan su primer agravio invocando la causal de casación contendida en el inc. 1º del citado artículo, esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Sostienen que la sentencia es nula por violación al principio constitucional de defensa en juicio, causando gravamen irreparable (art. 18 C.N.). Los argumentos por los cuales los recurrentes resisten la sentencia versan en cuestionar la legitimidad de la fundamentación al haberse valorado el testimonio de la víctima -principal testigo de cargo- incorporado por su lectura. Aseveran que ello ha vulnerado el derecho de defensa del imputado.

La incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción resulta procedente siempre que éstas hubieren sido recibidas por funcionarios del Poder Judicial-, y en el caso el testimonio fue brindado ante el Fiscal de Instrucción, encontrándose presentes además de la menor víctima, su progenitora, el Asesor de Menores y el Secretario actuante y medió acuerdo entre el Tribunal y las partes.

De igual modo, cabe decir que sólo procede la sanción de nulidad respecto a la incorporación por lectura al debate de testimonios prestados en la etapa instructoria cuando no se le garantizó al imputado, al menos en algún momento del procedimiento, el derecho de efectuar un control útil y eficaz de tales declaraciones, supuesto en el cual la inclusión de los dichos incriminatorios conculca los derechos que consagran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que conduciría a la descalificación del acto procesal y del pronunciamiento que ha sido su consecuencia cuando la prueba restante no habilita un juicio de certeza acerca de la culpabilidad del acusado.

En las constancias de la causa se advierte que son diversos los actos procesales en los cuales el imputado y su defensa tuvieron oportunidad de ejercer el control del cuestionado testimonio. Así, al momento de tomarle declaración de imputado, se le hizo conocer al incoado y a su defensa todas y cada una de las pruebas que existían en su contra, a lo que respondió darse por enterado de todas las pruebas obrantes en autos.

De igual modo, al momento de la notificación del requerimiento fiscal de prisión preventiva, como el dictado de la misma por el Juez de Control de Garantías, donde no formularon observación en contra de lo atestiguado por la menor víctima, cuestionamiento que también omitieron realizar al momento de la notificación del requerimiento fiscal de citación a juicio.

De igual modo, al momento de ofrecer prueba en los términos del art. 360 del C.P.P., la defensa técnica del acusado, pese a presentar dos nuevas testimoniales y solicitar la realización de una nueva pericia médica en la persona de la víctima, nada más pidió al respecto.

Además, no puede dejar de mencionarse que la decisión de no hacer comparecer a la menor a la audiencia encontraba sustento en el informe de la licenciada en psicología, que refería que la menor no se encontraba en condiciones psicológicas de prestar declaración. Dicho informe fue notificado a la defensa del imputado, siendo consentido por quien ahora recurre; es decir, omitió impugnar el mismo.

Con lo reseñado, es evidente que la parte no puede alegar vulneración al derecho de defensa o falta de oportunidad de controlar la prueba que ahora intenta cuestionar.

En definitiva, en el caso bajo examen, la incorporación por lectura de la declaración de la menor no resulta ilegítima, toda vez que, teniendo en miras el interés superior del niño, debe primar el derecho a no ser revictimizados con un nuevo interrogatorio.

Dicha conclusión tiene como fundamento que las consecuencias del abuso sexual de menores son de suma gravedad y producen daños físicos, psicológicos y sociales (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, 07/VI/2006, "in re": "Brancca, Carlos", voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi, J. A., C.D. año 2006, documento 22.10077).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.