Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27


CAUSA N° 195-01/CC/2004 "Cristaldo, César Miguel s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de febrero de 2007, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Francisco José Malini Larbeigt, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 5 a fs. 17/21, contra la resolución obrante a fs. 14/16 dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, Carlos Horacio Aostri, de la presente, de la que, RESULTA:

1.- Que a fs. 1 luce la copia del acta de audiencia de fecha 7/6/2006 en la que el Sr. Juez de Grado resolvió -entre otras cuestiones-: Suspender el juicio a prueba respecto de César Miguel Cristaldo por el término de un año, durante el cual el nombrado quedó sujeto al cumplimiento de las siguientes pautas de condición (art. 27 bis del CP): 1) Fijar residencia en el lugar que diera como domicilio, debiendo comunicar al Juzgado cualquier cambio en el mismo; 2) Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; 3) Presentarse cada tres (3) meses durante el período por el cual se ha suspendido el presente juicio a prueba en la sede del Juzgado; 4) Realizar tareas comunitarias por el espacio de diez (10) meses, consistentes en ciento sesenta (160) horas, a llevarse a cabo a razón de una (1) jornada semanal de cuatro (4) horas de duración en el Hospital Ramón Castillo, sito en la localidad de Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.

2.- Que a fs. 7 luce la certificación actuarial en la que surge que el imputado Cristaldo se encuentra detenido, desde el 14/7/2006, en la Comisaría 9na. de La Plata a disposición del Juzgado de Garantías nº 3 del Departamento Judicial de La Plata.

3.- Que a fs. 12/13 consta el acta de realización de la audiencia prevista en los términos del art. 515 del CPPN, llevada a cabo el 2/11/2006, en la que el Sr. Defensor Oficial solicita, en atención a que su ahijado procesal se encuentra detenido, que Cristaldo pueda realizar las tareas comunitarias en su lugar de detención, y expresa que por el momento no se dan los supuestos para revocar el beneficio otorgado..

4.- Que a fs. 14/16, el Magistrado interviniente, con fecha 7/11/2006, resuelve revocar la suspensión del juicio a prueba otorgado en favor del encartado (art. 76 ter del CP).

Al respecto, señala que Cristaldo no ha dado cumplimiento con las reglas de conducta impuestas, en atención a que el nombrado debía presentarse cada tres meses ante la sede del Juzgado además de cumplir con el trabajo comunitario en un hospital de la zona, las que no había comenzado a cumplir. Por otro lado, no acreditó ni siquiera el comienzo del cumplimiento de aquéllas, ni comunicó por algún medio al Juzgado su situación procesal actual.

5.- Que a fs. 17/21 se agrega el recurso de apelación impetrado por el Defensor Oficial, Francisco José Malini Larbeigt, contra la resolución ut supra mencionada.

Al respecto, refiere que el a quo no especificó qué regla de conducta incumplió su ahijado procesal, y tampoco consideró que su incumplimiento es consecuencia directa de una imposibilidad material debido a su actual situación de encierro. Sostiene, asimismo, que no pudo dar comienzo con las obligaciones impuestas por cuestiones ajenas a su voluntad y tampoco fue intimado por parte del Magistrado de Grado respecto del incumplimiento injustificado de las reglas impuestas, como se desprende del art. 27 bis del CP.

6.- Que a fs. 26/27 la Sra. Fiscal ante esta Alzada, en su dictamen nº 261/FC2/06, sostiene que debe hacerse lugar al recurso impetrado y revocar la resolución del Sr. Juez de Grado, compartiendo, en tal sentido, los argumentos expuestos por el Sr. Defensor Oficial actuante.

En este sentido, señala que la resolución que otorgó el beneficio no estableció a partir de qué fecha Cristaldo debía comenzar a cumplir con las tareas comunitarias, considerando que la suspensión del proceso a prueba fue concedida por el término de un año y la realización de las tareas se dispuso por el plazo de diez meses. Así, se desprende que todavía contaba con once meses para cumplir con las tareas impuestas, por lo que no puede inferirse válidamente que no haya cumplido con las normas impuestas. Respecto al incumplimiento de presentarse cada tres meses ante el Juzgado, advierte que resulta prematuro sostener que no tuvo intención de concurrir puesto que se vio imposibilitado antes de que finalice el plazo por encontrarse privado de su libertad.

Por otro lado, sostiene que en este caso no debió concederse la suspensión del juicio a prueba dado que Cristaldo registraba una condena de tres años de prisión en suspenso dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 del Departamento Judicial de San Isidro. Esta circunstancia debió llevar en su oportunidad al Representante del Ministerio Público Fiscal a oponerse a la concesión del beneficio impetrado. Así, considera que razones de política criminal habrían justificado la oposición fiscal al otorgamiento del instituto.

Finalmente, el nuevo proceso iniciado a Cristaldo desvirtúan nuevamente los fines de la suspensión del proceso a prueba, pues si se pretende evitar el encarcelamiento de corta duración, ya no es posible tal circunstancia en atención a que el encartado se encuentra privado de su libertad y procesado por delitos que prevén penas elevadas.

7.- Que a fs. 30/31, el Sr. Defensor Oficial contesta la vista conferida y expresa que comparte y hace suyos los argumentos expresados por la Fiscalía de Cámara en cuanto a los motivos por los cuales debe revocarse la resolución del Sr. Juez de Grado. Por otro lado, refuta las consideraciones respecto a que no debió concederse la suspensión del proceso a prueba de su asistido.

8.- Que a fs. 32 pasan los autos a estudio del Tribunal, siendo la cuestión a resolver si resulta admisible el remedio procesal impetrado y, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que si bien no se trata de una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 55, LPP y 449, CPPN).

En efecto, la decisión que revoca el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es pasible de desentrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un juicio que su defensa quiere evitar, por lo que corresponde afirmar que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En el caso de autos, se agravia la defensa por la decisión del Sr. Magistrado de Grado que resolvió revocar la suspensión del juicio a prueba por sostener que el imputado César Miguel Cristaldo incumplió con las reglas de conducta oportunamente impuestas el 7/6/2006 al concedérsele el beneficio en cuestión.

Ingresando al análisis del agravio, se advierte que la ley establece dos grupos de supuestos que permiten revocar una suspensión concedida: a) incumplimiento de las condiciones que impone el art. 76 ter, cuarto párrafo del CP, y b) si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena (art. 76 ter, tercer párrafo).

Ahora bien, dentro del primer supuesto, el incumplimiento de las reglas de conducta, para permitir la revocación de la suspensión del procedimiento, debe revestir una entidad suficiente que revelen la falta de voluntad por parte del beneficiado de cumplirlas.

Asimismo, es criterio de esta Sala, que no cualquier incumplimiento de las condiciones acordadas resulta suficiente para configurar una causal de revocación de la suspensión de juicio a prueba, sino que el mismo deber ser "... claro y flagrante ... El incumplimiento debe ser de naturaleza tal de dar certeza de la voluntad del imputado de no someterse a las reglas impuestas..." (Luis M. García, "Suspensión del juicio a prueba: Probation", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, Números 1-2, pág 375, Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1996) (Causas Nº185-00-CC/2004 "Flores, Juan Alberto s/infr. art 68 CC", del 17/02/2005; N° 112-02/CC/2006 "Incidente de Apelación en autos: Mila, Alejandro y Cieri, Cristian s/art. 85 ley 1472", del 18/10/2006).

En el mismo sentido, se ha afirmado que "... el Estado deberá esforzarse plenamente en la búsqueda de alternativas de cumplimiento ... El logro de esta noble finalidad (evitar el tratamiento penal del caso) exige otro presupuesto para la revocación, consistente en que el incumplimiento de las reglas revista, además suficiente gravedad (no bastando con cualquier incumplimiento mínimo) ..." (Vitale, Gustavo L. , "Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. Del Puerto, 2004, p.273).

Sobre esta base, el Tribunal sólo después de celebrar la audiencia del art. 515 del CPPN estará facultado para revocar la suspensión del juicio a prueba si determina un incumplimiento injustificado de tales reglas. El órgano judicial que toma conocimiento de un posible incumplimiento de éstas, debe citar al imputado y escucharlo en un audiencia, antes de disponer la revocación, para posibilitarle el ejercicio de la defensa en juicio (art. 18 CN).

En el caso sub examine, se celebró la audiencia correspondiente el 2/11/2006 (ver fs. 12/13) en donde el imputado tuvo la oportunidad procesal de expresar los motivos por los cuales no comenzó a realizar las tareas impuestas por el a quo. Sin embargo, en esa ocasión Cristaldo -a través de su abogado defensor- no manifestó las razones por las cuales no había dado comienzo al cumplimiento de las pautas establecidas durante aproximadamente mas de un mes desde que se acordó la suspensión del proceso a prueba (7/6/2006) hasta que el encartado fuera detenido en sede provincial (14/7/2006). Sólo se limitó a solicitar el cambio de las reglas de conducta dado su situación procesal actual sin justificar su incumplimiento de iniciar con las tareas comunitarias.

Por otro lado, tampoco puede sostenerse que el imputado podría haber empezado a realizarlas dentro de los dos meses siguientes a la resolución del Juez de Grado que concedió el beneficio, en atención a que ese mismo día se le entregó el oficio correspondiente para presentarse en el Hospital próximo a su domicilio a efectos de ponerse a disposición de la institución.

Tales extremos revelan la falta de voluntad del encartado de cumplir con las pautas impuestas, y la escasa seriedad del compromiso afrontado por el encartado al concederse el beneficio en cuestión.

Por estos motivos, corresponde confirmar la resolución del Magistrado actuante que revocó la suspensión del juicio a prueba oportunamente concedida a César Miguel Cristaldo, de acuerdo a lo normado en el art. 76 ter -cuarto párrafo- del CP, y, en consecuencia, disponer la continuación de las actuaciones según su estado procesal.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR lo resuelto por el Sr. Juez a quo obrante a fs. 14/16 -de fecha 7/11/2006-, en cuanto revoca la suspensión del juicio a prueba respecto de César Miguel Cristaldo otorgada con fecha 7/6/2006 en orden al delito calificado prima facie como portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis del CP) -art. 76 ter del CP-.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente los a efectos antes mencionados.

va Ante mí: