marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Licitación pública, Registro de licitadores de obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRASCAETA, RAFAEL CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 148-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-30

Los registros de licitadores coadyuvan a la finalidad selectiva de la licitación pública, no debiendo constituir un simple recaudo formal más, sino que su organización y funcionamiento debe asegurar efectivamente, que los inscriptos reúnan las condiciones básicas de idoneidad moral, técnica y económica necesarias y un comportamiento contractual adecuado en sus relaciones con la administración, que no haya dado lugar a sanciones graves, retardos, incumplimiento, rescisiones, etcétera, y que la inscripción en tales registros en sí misma implica o debe implicar, toda una garantía de moralidad y de eficiencia técnica y financiera; aspectos todos que justifican, en adecuada atención al interés público, el efecto preventivo, razonablemente dispuesto por la Administración.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: MERIÑO, SUSANA c/ GUARNIERI DE YAPPERT, ELSA s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD GOROSITO, CARLOS c/ ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE VIEDMA s/ AMPARO SINDICAL S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-02|1993-10-26

Corresponde vincular el concepto de sentencia definitiva con el efecto de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado, pues mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio, no hay razón para conceder el recurso extraordinario.
Concurso preventivo, quiebra, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORVALAN OSVALDO c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTIAGO DEL ESTERO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-16

Si el acreedor solicitó la verificación de su crédito y consintió el informe del Síndico que proponía una verificación sin privilegio, lo que condujo a su verificación como crédito quirografario, no puede pretender disponer del dinero afectado a la quiebra para su cobro como si tuviera algún privilegio.-
Extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido, despido por fuerza mayor, despido por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: Porma, María Elena c/ Asociación de Obras Sociales s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-09

"El despido de la mujer embarazada, aún en situación de compromiso económico financiero de la empresa, requiere para liberar del pago de la indemnización especial del art. 178, LCT, una prueba convincente de que no hay medio razonable de continuar el vínculo de que se trata.

En el caso se trataba de una reestructuración de la empresa y debió demostrarse que la trabajadora no podía ser contemplada en dicha reestructuración".
Ejecución de honorarios, administrador judicial, perito contador, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Rípoli de Hernández, Eva c/ Azzi, Enzo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la excepción de falsedad de la ejecutoria opuesta por un ex administrador judicial, y ordenó llevar adelante la ejecución de honorarios promovida por un perito contador, ya que aquél no puede ser tenido como parte litigante, toda vez que por la índole de la representación ejercida, no actúa en nombre propio ni desarrolla una gestión en su beneficio personal (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Prescripción, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Margarita Sofía y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

La facultad prevista en el art. 3962 C.C. aparece como un derecho potestativo que, cuando se materializa en la oposición de la prescripción liberatoria no necesita imponerse por vía de acción, y su titular lo realiza por sí mismo, en su propio interés y sin necesitar de la cooperación del sujeto pasivo. (Voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de suministros, cláusulas exorbitantes, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEL SANTO s/ ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-09

El actor al contratar con el Estado Nacional se sometió voluntariamente a las normas que rigen sus contrataciones formativas de un régimen exorbitante de derecho privado, que en caso de autos, por lo menos, no ha sido cuestionado desde el enfoque constitucional. Este régimen prevé para el contrato de suministro la recomposición del capital por medio de la actualización de éste en función de la depreciación monetaria y los respectivos intereses, tal lo dispuesto en la ley 21.391. En el caso no se da la situación prevista en el inc. 5 del dec. 5720/72, puesto que el reconocimiento de las variaciones de costos están allí dadas para hacer factible el cumplimiento de la prestación debida por el cocontratante cuando causas extraordinarias o imprevistas modifiquen la economía del contrato.

Es una excepción a la invariabilidad de los precios correspondientes a la adjudicación.
Ley arancelaria, interpretación restrictiva, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: Cardozo, Jorge Mario c/ Ason, Marta Elena s/ Ordinario-Daños y perjuicios materiales y morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-04

Toda norma que restrinja los derechos de los profesionales a percibir honorarios conforme lo que resulte de aplicar directamente las leyes arancelarias pertinentes, debe ser objeto de interpretación restrictiva o estricta, por lo que ha de tenerse en cuenta que el tope regulatorio sólo juega para los honorarios devengados en la instancia principal, no comprendiendo los trabajos incidentales ni los que pudieran devengar en segunda o ulterior instancia.
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: CAIRO, FRANCISCO c/ PECCIOLONI, DARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 203 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

El "iura novit curia" se traduce en la necesaria libertad que debe tener el Sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que gobiernan al caso.

Libertad que subsiste aun en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones, resultando pacífica la opinión de que el acogimiento de tal principio implica conferirle al Oficio la facultad de calificar libremente la relación jurídica, sin reparar en que los contradictores pudieran haber efectuado un encuadre diverso. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Acumulación de acciones, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Abdo, José y otros c/ D.G.I. s/ cobro de australes por diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

En casos en los que ha mediado acumulación facultativa de acciones el valor disputado en cada una de ellas debe superar el monto fijado periódicamente por la Corte Suprema.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ustúa, Emilio Oscar s/ Tercería de dominio en: Estanislao F. y Carlos A. Picado S.R.L.  Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

La interpretación de los escritos presentados y de las manifestaciones de las partes constituye una cuestión de hecho.
Medidas cautelares, Programa Médico Obligatorio, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Brie  María  Celina c/ Consolidar  Salud  S.A. s/ incidente deapelación medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

La inclusión o no de la prestación reclamada en la convención que vincula a las partes y en el programa médico obligatorio, se debe tener presente que el Tribunal ha destacado que las empresas que prestan servicios de medicina prepaga deben cubrir como mínimo idénticas prestaciones obligatorias que las dispuestas para las obras sociales (art. 1° de la ley 24.754), puntualizando que ello conforma el límite inferior del universo de prestaciones exigibles, mas no necesariamente su tope máximo (confr. causas 11.708/06 del 23.2.07; 11.006/05 del 15.3.07 y 1721/07 del 17.7.07). Ante la indicación concreta del profesional interviniente, se debe optar por la solución indicada por el juzgador, teniendo en cuenta que uno de los bienes involucrados en el conflicto es la salud de un ser humano, inescindiblemente relacionada con el derecho a la vida.
Hurto simple, apropiación de cosa habida por error, cuenta corriente bancaria, cotitular de cuenta corriente, depósito bancario
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: Osorio, Martha A. s/ Delito contra la propiedad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Constituye el delito de hurto -art. 162 del C.P.- la conducta de la procesada, quien siendo cotitular de una cuenta bancaria realizó diversas extracciones de ella, mientras que los fondos pertenecían a otros clientes, por haber sido depositados erróneamente por el banco en dicha cuenta, pues cada extracción de dinero implicó apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena en los términos de la citada disposición legal.
Acción de amparo, derecho a la identidad, Derechos humanos
Materia: PROCESAL
Carátula: R.E.C. c/ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-02

La novel concepción del derecho a la identidad sexual, distinta a la tradicional visión de la problemática, y la falta de legislación específica sobre la temática concreta exigen un mayor esfuerzo de los magistrados para efectivizar los caminos procedimentales a través de los cuales los particulares puedan ver protegidos sus derechos. El personalísimo derecho a la identidad de género o sexual, a más de constituirse como una exigencia constitucional (Bidart Campos, Germán J. "Notas de Actualidad Constitucional", en E.D. 104/110-1983, t. 104, p. 1010/1028; punto XV, "Derecho a la Identidad Sexual", p. 1024), también involucra toda una serie de derechos fundamentales como son el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad personal, a la personalidad, a la salud en sentido integral, a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, al proyecto y a la adecuada calidad de vida, al nombre y a la efectiva garantía judicial de los mismos; conforme lo normado en los arts. 14, 16, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional; arts. 3, 5, 11, 18, 24, 25 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

arts. 1, 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 2 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y concordantes del bloque federal constitucional; derecho éste que incluso ha llegado a ser calificado como un ?derecho a la verdad? (Bidart Campos, Germán J, ? La modificación registral del sexo y el cambio de documentación -El derecho a la verdad y la identidad sexual-? , en LL 2001-F, 216). En este contexto, es obligación del pretor velar, a través de la sentencia, por hacer efectivos los derechos y libertades de las personas, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino. En este marco, no podemos sino juzgar que la vía constitucional del amparo deviene idónea para garantizar los derechos reclamados por la actora, más si partimos de la base que ? por medio del derecho a la identidad, se protege la vida humana en su radical realidad que es la propia persona humana en sí, única, indivisible, individual y digna. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad personal, a ser considerado como realmente es, a ser "él" y no "otro" (Gil Domínguez, Andrés, ? El derecho a la identidad en un caso de hermafroditismo:

un interesante estándar constitucional? , en LLBA 1999, 1104).

DRES.: ESTOFAN (EN DISIDENCIA) - GANDUR - POSSE - SBDAR (CON SU VOTO).
Confirmación de sentencia, prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, calificación legal, escala penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Grecco, R.  c/  s/ prescripción de la acción penal (Causa Nº 32.368/2013)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-17

Extinción de la acción penal por prescripción. Rechazada.

Agravios: Transcurso en exceso y en forma ininterrumpida del plazo previsto para la prescripción en los términos del art. 62, inc. 2° en función del 59, inc. 3° del mismo código de fondo desde que dejara de ser vicepresidente de la empresa.

Hechos que no pueden ser seccionados sobre la base de calificaciones legales. Intervención del imputado que no se limitó simplemente a su ejercicio en el cargo de vicepresidente. Maniobra única y compleja. Imputados que, de manera continuada y extendida en el tiempo, habrían generado un perjuicio económico a la empresa que dirigían con su consecuente vaciamiento, en pos de beneficiar y acrecentar, principalmente, el capital de las empresas que formaban parte del "holding" en las que tenían mayor participación accionaria, al punto de lograr acuerdos sin la anuencia del directorio. Aportes esenciales posteriores a la salida del directorio que, de no haber existido, la maniobra atribuida no se podría haber concretado. Ultimo suceso que data de agosto de 2016 y convocatoria a prestar declaración indagatoria de octubre de 2019. Acción penal que se encuentra vigente teniendo en consideración el máximo de la escala penal de la figura del art. 173, inc. 7° del Código Penal -en función del art. 172 del CP-, ello sin perjuicio de que en etapas ulteriores puedan verificarse calificaciones legales más gravosas.

Confirmación.
Concurso preventivo, quiebra, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DONDERO HNOS Y CIA SACIPI s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-26

El art. 277 del Código Fiscal dispone que por los servicios que preste la Justicia se deberán tributar tasas de acuerdo a la naturaleza y cuantía de los procesos, con la aplicación de las siguientes normas: inciso g) en los concursos preventivos el monto imponible resulta del importe de los créditos verificados o en su defecto del pasivo denunciado. (Minoría u opinión personal)
Ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, vencimiento del plazo, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Unione e Benevolenza Asoc. Italiana de Socorros Mutuos c/ Scarafiocca, Sergio Roberto s/ Ejecución hipotecaria (Expte. Nro.347-00, Resolución Nro.22, tomo 1,   folio 49/50)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-27

Si bien se discute si la estipulación que consiste en la pérdida de plazos acordados es o no una cláusula penal, es indudable que puede llegar a representar un agravamiento de la entidad de los intereses.

Si bien corresponde aplicar la referida cláusula, cuando el régimen de cancelación del mutuo hipotecario es el denominado "sistema de amortización francés" (que cuota a cuota cancela, en proporciones variables, capital e intereses) al registrarse un decaimiento de los plazos con bastante antelación el plazo previsto para el cumplimiento regular de las obligaciones del mutuante, éste, en los hechos, resulta ser objeto de una desproporcionada carga de intereses, por lo que sería justo el cálculo de todos los intereses con un tope máximo del 30% anual lo que debe ponderar las resultas del mencionado "decaimiento de plazos" y remitirse hasta el origen del mutuo hipotecario, formulando una recomposición general de lo adeudado por el recurrente.
Detención sin orden, estado de sospecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Esteban Eduardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si bien del código de rito se desprende que, fuera de los casos expresamente establecidos, la policía no podrá detener a las personas sin orden de juez competente, la medida procederá si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional. Ante ese caso, el sospechoso podrá ser conducido a la dependencia policial, con noticia al juez con competencia en turno. En autos, la actividad de los preventores fue llevada a cabo conforme a derecho, desde que el estado de sospecha -requerido por la ley procesal- fue previo a cada acto del procedimiento de la policía, sin que a ello obste el hecho de que los indicios de culpabilidad se hayan referido a un delito diferente al que efectivamente se estaba cometiendo. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Despido indirecto, prueba, responsabilidad del cesionario, indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, diferencias salariales, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Despido: Moyano Sarmiento, María Regina y Moyano Sarmiento, Paula Cristina c/ Palue S.R.L. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-07-13

La situación de despido indirecto en la cual las actoras se colocaron no se encuentra perfeccionada con su empleador, pues el intercambio epistolar se realizó entre las accionantes y la institución demandada cuando no era ésta su empleadora -ello independientemente de las responsabilidades que le caben en su calidad de cedente de parte de su explotación comercial, art. 30º y cctes. de la LCT, en el caso, la concesión del comedor ubicado en su propiedad-. Así las cosas, no es una cuestión menor que la institución demandada les haya informado quiénes eran los empleadores y ellas hicieron caso omiso. Por lo tanto, deben rechazarse los rubros indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, indemnización art. 1º y 2º de la Ley 25.323 e indemnización art. 16 de la Ley 25.561. Ahora bien, en relación a los rubros salariales que se demandan y no obstante que los empleadores no forman parte de la relación jurídica sustancial, corresponde condenar a la accionada en su calidad de deudora solidaria -art. 30 de la LCT-. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Dominguez)
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Gladys Lydia y Otro c/ Alisia Obdulia Villafañe de Lorenzo s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-28

Los hechos que construyen los Magistrados del mérito no pueden ser derogados por los jueces de la casación con una nueva ponderación de las pruebas incorporadas. Salvo que existan evidentes violaciones a las reglas de la sana crítica racional o carencias de razón suficiente -que no se advierte en el sub-lite- la actividad buscada no será asumida sin un ensanchamiento ilegal de la competencia taxativa que corresponde al Cuerpo.
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Seoane, Sebastián Andrés  c/ Estudio Cárrega Abogados Sociedad de la Sección IV LGS y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-05

El actor realizaba tareas para la codemandada Federación Patronal de Seguros S.A., que consistían en liquidación de siniestros, que hacían a su actividad normal y específica, toda vez que el estudio jurídico donde laboraba el actor entre las actividades que hacían a su objeto social contaba con las vinculadas a operaciones de seguros reaseguros y coaseguros en general. Así, Federación Patronal Seguros S.A. reconoció que contrató al estudio accionado con el objeto de contar con servicios jurídicos vinculados con aquellos reclamos que sus propios asegurados o terceros realizaran a la compañía. El actor habría prestado servicios para este estudio jurídico cumpliendo tareas de investigación de los siniestros, las cuales consistían en la constatación de los domicilios e investigación de las personas siniestradas. Resulta aplicable el art. 30 de la LCT que impone la solidaridad a aquellos que "contraten o subcontraten cualquiera, sea el acto que le da origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito...".
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Protti, Patricia Beatriz c/ Marcomet S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

En un homicidio ocurrido en ocasión del empleo; ello conforma una controversia individual del trabajo entre el empleado y los causahabiente trabajador fallecido, fundada en disposiciones legales o reglamentaria derecho del trabajo o de derecho común, aplicables al trabajador o sus causahabientes, que es de competencia exclusiva (ratione materia) de cámara laboral en la Pcia. de Bs. As. (arts. 3° del Cód. Civil; 1°, 2°, 8° inc. a y 16 de la Ley 24028, 1° y 2° inc.

a Dec. Ley 7718).
Derecho procesal, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, prueba, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Sansuste, Fernando Andres le pide la quiebra Trend Capital SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

El recurso de inaplicabilidad de la ley sólo es admisible con relación a las sentencias definitivas, entendiendo por tales a aquellas que terminan el pleito o hacen imposible su continuación (CPR 289; CNCom, Sala D, in re "International Colection Management SA s/ pedido de quiebra promovido por Telmex Argentina SA", del 30/06/09; ídem "Estructuras y Servicios SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito promovido por Cabrera Silvia Alejandra", del 24/09/08). Fuera de estos casos, el recurso es inadmisible, aunque la resolución que lo motiva cause -como sostiene el aquí recurrente- un gravamen apriorísticamente irreparable (conf. CNCiv, Sala J, in re "Fraccaro, Raúl F. c/ Nieto, Mercedes L.", del 30/05/95).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, incendio de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS DE CARUSO M. c/ ROSEMBERG GUILLERMO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

En el caso de daños y perjuicios producidos como consecuencia de incendio y después de la reforma de 1968 al Código Civil, es aplicable el art. 1113, apartado 2 según el cual para descargarse de culpa el propietario debe probar la del damnificado o la de un tercero por quien no debe responder (conforme Cámara Nacional Civil Sala D, J. A. 16-1972-196 y siguientes). Esta es la tendencia actual, muy uniforme, que inclusive hace responsable al propietario y al inquilino o guardián frente al tercero, confiriéndole a éste la posibilidad de demandar a ambos o a uno indistintamente (conforme Cámara Nacional Civil, Sala D, L. L. 1980-D-77, con nota en esta parte aprobatoria de Llambías, Responsabilidad objetiva: daños mediatos y daño moral; Sala B, E. D. 61-403).-