Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-23


SENT Nro. 475 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato -por excusación del doctor Antonio Gandur- y el doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el Dr. Víctor Justiniano Chocobar -ex apoderado del actor- en autos: "Petech, Bruno Carlos vs. Orellana, Marcelo Fabián s/Cobro ejecutivo de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 177/179 por el Dr. Víctor Justiniano Chocobar -ex apoderado del actor que promueve en autos la ejecución de sus honorarios profesionales- en contra de la sentencia de fecha 21/8/2002 dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 150) dispuso revocar la sentencia apelada, declarando la procedencia de la excepción de pago oportunamente opuesta y rechazando por tanto, la ejecución de honorarios seguida en contra del actor.

A fs. 183, el señor Bruno Petech contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 7/11/2002 que glosa a fs. 188, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, alega el recurrente la infracción a la preceptiva del art. 543 del CPCC por entender que la Sala a quo acogió un recurso -el de apelación de la sentencia de trance y remate- que nunca pudo ser admitido. Expresa que el ejecutado invocó en su defensa el pago de los honorarios cuya ejecución se persigue sin que se haya producido prueba respecto de la autenticidad del instrumento con el que pretendía acreditarlo.

Desde este enfoque, considera que el tribunal de alzada debía declarar mal concedido el recurso interpuesto pues al no haber ofrecido ni producido prueba alguna sobre la autenticidad del instrumento cuestionado por su parte (conf. art. 308 procesal), le estaba vedada la vía recursiva intentada.

Sostiene que contrariamente a lo expresado por el ejecutado, la prueba mencionada le estaba impuesta pues lo que el notario interviniente certificó, es la autenticidad de la fotocopia del recibo acompañado mas no la autenticidad del instrumento de pago, expresamente negada por su parte.

Se agravia de que la Sala a quo invoque algunas de las actuaciones cumplidas en sede penal (la existencia de pericias caligráficas practicadas por personal policial oportunamente impugnadas por el recurrente, el pedido de sobreseimiento de la Fiscal de Instrucción, etc.) para afirmar su convicción respecto de la autenticidad del instrumento en cuestión.

Expresa que pese a no haber ofrecido los accionados prueba alguna, la Cámara requirió como medida para mejor proveer, la remisión de las actuaciones penales (fs. 130), diligencia a la que su parte se opuso (fs. 133); y que se tuvo por cumplida con sólo algunas fotocopias de la causa criminal presentadas por el señor Petech y no la totalidad de los autos.

Señala que no se acompañaron las copias de las impugnaciones practicadas por su parte a las pericias caligráficas de la policía (que tacha de parcialidad), ni las copias de la pericia informática cumplida en sede penal.

Destaca que si bien existe un pedido de sobreseimiento de la Fiscal de Instrucción interviniente, el Juez de Instrucción -que debía decidirlo- se opuso a tal requerimiento, lo que determinó la elevación de los autos al Fiscal de Cámara para su pronunciamiento definitivo.

Señala que el escrito de fs. 148 revela (en el que los ejecutados "acompañan sobreseimiento") el engaño y la mentira con que pretenden confundir al sentenciante pues tal pronunciamiento no existe.

Reitera que la Sala a quo, en cumplimiento de la preceptiva aplicable al caso (art. 543 del CPCC), debía declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado; norma de la cual prescindió el pronunciamiento impugnado.

IV.- Asiste razón al recurrente en tanto el examen de admisibilidad de la apelación deducida por el ejecutado, debía ajustarse a la directriz del art. 543 del CPCC.

En efecto, en el proceso ejecutivo, las posibilidades recursivas se encuentran limitadas por la preceptiva formal específica (art. 543 procesal), conforme la particular naturaleza y finalidad del proceso en que se inscribe (cfr. Arazi-Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado", T. II, pág. 815).

La admisibilidad del recurso está dada en la medida que se presenten algunos de los supuestos contemplados por la norma adjetiva; excluidos los cuales, la regla es la inapelabilidad de la sentencia de trance y remate (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Civil y Comercial de la Nación y Leyes Complementarias", T. II, pág. 918; Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", T. III, pág. 163). Tal restricción se justifica porque si el ejecutado no excepciona, o lo hace y no prueba los hechos en que se funda, queda en evidencia un propósito dilatorio que justifica restringir los actos procesales que conduzcan a concretar aquella finalidad (Podetti, "Tratado de las Ejecuciones", T. VII-A., pág. 402; Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación", T. 1, pág. 405).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 543 de nuestro código de ritual, el ejecutado sólo podrá apelar la sentencia de trance y remate cuando hubiera opuesto excepción legítima y, en las cuestiones de hecho, cuando hubiera producido prueba sobre los mismos.

V.- En el caso de autos, el ejecutado opuso excepción de pago acompañando al escrito de fs. 91/92, copia de un recibo con el que pretendía acreditar el hecho en que fundaba su defensa. Adjuntó asimismo copia simple de una pericia caligráfica producida en las actuaciones penales (iniciadas por el propio Dr. Chocobar) y del decreto que disponía el supuesto archivo de la causa criminal.

A fs. 99, el recurrente negó el pago invocado por el ejecutado y la autenticidad del instrumento que se adjuntara al escrito de oposición de excepciones. Expresó que la pericia mencionada había sido oportunamente impugnada por su parte (acompañó copia) y que contrariamente a lo invocado por el ejecutado, la causa penal continuaba su trámite.

Pese a las cuestiones fácticas planteadas y a la necesidad de determinar la eficacia probatoria del instrumento con que se pretendía demostrar el pago invocado, el ejecutado no produjo prueba alguna tendiente a acreditar la autenticidad de la firma inserta en el recibo acompañado.

La sentencia de trance y remate dictada por el Juez a quo (fs. 116) destacó precisamente la inobservancia de las reglas que rigen el onus probandi (art. 308 procesal) por parte del ejecutado; motivo por el cual rechazó la excepción de pago alegada y mandó llevar adelante la ejecución promovida por el Dr. Víctor J. Chocobar.

El pronunciamiento resultaba así irrecurrible para el demandado, ya que a los fines de la admisibilidad del recurso, la ley le imponía la carga de producir la prueba pertinente como condición necesaria para ejercer el derecho de apelar.

No obstante lo expresado, la apelación interpuesta a fs. 117, es concedida a fs. 118; circunstancia que motivó la oposición del ejecutante a fs. 124.

En esa oportunidad procesal, expresó que el recurso debía declararse mal concedido por aplicación del art. 543 del CPCC y destacó que pese a lo invocado en la expresión de agravios de fs. 123, la certificación de la copia del supuesto recibo por un notario, en modo alguno eximía al ejecutado de la carga de demostrar la autenticidad de la firma inserta en el instrumento, tal como se cuestionara.

Conforme surge de las constancias de la causa (fs. 130), la Sala a quo ordenó como medida para mejor proveer, la remisión de las actuaciones penales caratulada "Petech, Bruno Carlos y otro s/Falsificación de instrumento privado" que tramita por ante la Fiscalía de Instrucción de la IXº Nominación; diligencia que el ejecutante cuestionó a fs. 133, señalando -desde su perspectiva- la improcedencia de la medida.

Luego de oficios reiterados y no siendo posible la remisión de la causa criminal por el estado del trámite (fs. 136 vta.), a instancias del ejecutado, se agregan a la causa, copias certificadas del expediente penal (fs. 142 vta. y fs. 145/148).

El pronunciamiento recurrido hace mérito de la pericia caligráfica producida en sede penal -admitiendo que la misma se encuentra impugnada por el ejecutante y que existe otra pericia, la informática, que pone en dudas las conclusiones de la anterior- y del pedido de sobreseimiento formulado por el Fiscal de Instrucción para llegar a la convicción que debía revocarse la sentencia del juez a quo y rechazar la ejecución promovida en autos.

VI.- Asiste razón al recurrente en tanto el tribunal de alzada debía, con carácter previo, practicar un nuevo examen de admisibilidad sin soslayar la directriz impuesta por el art. 543 procesal.

De un lado, y tal como lo destacara el pronunciamiento de Iº instancia, el ejecutado no acreditó el hecho constitutivo de su defensa; esto es, el pago de los honorarios que se ejecutaban en autos. La mencionada carga probatoria venía impuesta precisamente en atención a la posición asumida por las partes y a las cuestiones propuestas por ellas (la alegación del pago por el ejecutado y la negativa del ejecutante, con impugnación del instrumento y de la firma inserta en el mismo).

No puede soslayarse que ante la defensa opuesta por el ejecutado y la posición asumida por el ejecutante, la medida para mejor proveer suponía, no la adopción de una facultad jurisdiccional complementaria de la prueba aportada por las partes, sino una medida de sustitución de la actividad probatoria que a aquéllas incumbía.

"Las medidas para mejor proveer, tienen la finalidad de mejorar el conocimiento del juez, cuando ha quedado algún hecho sin una prueba clara y concluyente...es decir que es necesario que se haya producido alguna prueba, por deficiente y elemental que ella sea..." (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", T°. I, pág. 148).

"El esclarecimiento de la verdad de los hechos, objetivo liminar de las medidas para mejor proveer, no puede invocarse válidamente como cobertura de la negligencia evidenciada en autos. Estas prerrogativas jurisdiccionales no deben concebirse con un alcance tal, que conduzcan al extremo de sustituir a las partes, ni suplir sus omisiones imputables y falta de diligencia, puesto que la existencia de facultades instructoras de esta naturaleza en el acervo jurídico del magistrado, no significa excluir al principio dispositivo como la regla esencial que ordena el proceso, atribuyendo a las partes la obligación de instar el diligenciamiento probatorio de conformidad a las pautas que gobiernan la distribución de la carga de la prueba. (cfr. arg. CSJTuc., sent. 579 del 31/7/2000, "Banco Río de la Plata S.A. vs. Abraham Adrián Turbay s/Cobro ejecutivo de pesos"; sent. 1013, del 23/12/97, "Lazo, Carlos María y otros vs. Dirección Provincial de Obras Sanitarias s/inconstitucionalidad de la ley 5306").

La circunstancia de que el ejecutado haya acompañado una copia certificada por escribano público -donde el oficial público da fe de que la fotocopia se corresponde con el original que se tiene a la vista- no permite tener por acreditada la autenticidad del recibo de pago fotocopiado en la misma (cfr. arg. CSJT, sent. 655, "Castro, José Ramón vs. Suc. de Juan Jacinto Gómez s/Escrituración"); conclusión que desmerece el argumento encaminado a eximir al ejecutado de la carga probatoria que le era impuesta.

A mayor abundamiento, las constancias de la causa penal donde se investiga la eventual comisión del delito de falsificación de instrumento privado no logran justificar lo resuelto por la Sala a quo.

La jurisprudencia tiene dicho que como principio, y dada la naturaleza del pronunciamiento a dictarse en el juicio ejecutivo, no cabe considerar la posibilidad de un conflicto o colisión entre la sentencia del fuero penal y la que se dicte en el fuero civil (cfr. CNCom., Sala D, 21/4/95, "Iglesias, Néstor c/Cristian A. Resta", LL 1996-B,730; ).

En las concretas circunstancias de la causa y tal como se encontraba el estado del trámite de las actuaciones penales al momento de emitir pronunciamiento (pericias caligráficas favorables al imputado impugnadas por el recurrente, una pericia informática que ponía en duda aquellas conclusiones, pedido de sobreseimiento del fiscal de instrucción, oposición del juez de instrucción y dictamen del fiscal de Cámara), no se advierte que las constancias de la causa penal funden en suficiencia el criterio adoptado.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto, conforme la siguiente doctrina legal:

"En el juicio ejecutivo, la apelación de la sentencia de trance y remate se encuentra condicionada a la concurrencia de los supuestos previstos en el art. 543 procesal, conforme el principio de inapelabilidad que rige en este tipo de procesos".

"Si se opuso como defensa el pago de los honorarios ejecutados y la firma del recibo fue puntualmente impugnada por el ejecutante, incumbe al ejecutado la prueba sobre su autenticidad. La circunstancia de que se acompañara una copia autenticada por escribano público del recibo en cuestión, no releva al interesado, de la prueba pertinente. La inobservancia de las reglas que rigen el onus probandi no puede ser suplida por el sentenciante".

"Apelada la sentencia de trance y concedido el recurso, el tribunal del alzada debe con carácter previo, verificar los presupuestos de admisibilidad y declarar mal concedido el mismo cuando no concurran los supuestos previstos por el art. 543 del CPCC".

Conforme lo expresado, se dicta como sustitutiva, la siguiente: "I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el señor Bruno Petech a fs. 123, confirmando en consecuencia, el pronunciamiento apelado. II.- COSTAS, al apelante vencido".

VI.- Las costas se impondrán al ejecutado vencido, conforme los principios que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Adhiero al relato de los antecedentes que en los apartados I, II, y III de su voto efectúa el señor vocal preopinante doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana y a ellos me remito.

En relación al agravio expuesto por el recurrente en orden a que el recurso de apelación del ejecutado debió ser declarado mal concedido, estimo que el mismo no puede prosperar.

En efecto, resulta muy claro, a mi entender, que al oponer la excepción de pago a fs. 91/92 el ejecutado acompañó la prueba que en su criterio la respaldaba, esto es, copia de un recibo de pago, copia de una pericia caligráfica, y copia de un dictamen fiscal (fs. 62 a 86).

Por tanto, cumplió acabadamente con la exigencia del art. 534 inc. 7 de que la excepción de pago sea opuesta debidamente documentada. Y tal como fue presentada la prueba de referencia, no era menester producir ninguna otra, pues el ejecutante no ofreció prueba que hubiera que producir a posteriori en la etapa correspondiente, sino que la que presentó estaba en ese instante autoproducida.

Ahora bien, una cuestión distinta es la de determinar qué valor tiene esa documentación, es decir, si realmente prueba o no el pago que se alega como defensa. Y esto se vincula con el juicio de mérito de la prueba, pero el presupuesto del mencionado inc. 7 se satisface con adjuntar la prueba que documente el pago según la estimación del excepcionante, lo que no significa que efectivamente logre con ella acreditar que el pago realmente se concretó y que, por consiguiente, se tenga por extinguida la obligación.

De allí que, al haber opuesto la defensa de pago "debidamente documentado", al resultarle adversa la sentencia de primera instancia, la misma era apelable a tenor de lo dispuesto por el art. 543 CPCC.

En cambio, existe una causal de nulidad de la sentencia en recurso en tanto la misma transgrede los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia en tanto afecta al derecho de defensa, viola el principio del proceso debido, e incumple con la motivación exigida.

En efecto, ante la mentada sentencia desfavorable, el ejecutado apela la misma, pero al agraviarse limita su agravio a sostener que la defensa que invocó, o sea el pago de la obligación, estaba probada "mediante una copia certificada por escribano público" y que por ello "no tenía necesidad de volver a demostrar que el instrumento sea auténtico", por cuanto "sería redundante, inoficioso y procesalmente antieconómico librar oficio a fin de consultar sobre la autenticidad de un documento que ya ha sido certificado por un notario" (sic, fs. 123).

Sin embargo, el tribunal de alzada excedió el límite de su competencia recursiva -que está dado por el memorial de agravios- y se pronunció sobre una cuestión que nadie la había planteado ni pedido en la instancia de apelación (en los momentos procesales oportunos), esto es, valoró dos pericias caligráficas, una pericia informática y un dictamen del Fiscal de Instrucción de la IXa. Nominación, obrantes en una causa penal que la Cámara trajo a su vista mediante una medida para mejor proveer. De allí concluyó en la autenticidad del documento (que según el ejecutado acredita el pago).

Adviértase el límite acotado del agravio expuesto por el apelante a fs. 123, y si se lo coteja con el examen de los antecedentes que la Cámara tuvo a la vista se colige que este tribunal consideró pruebas que no fueron aportadas por el recurrente ni siquiera mencionadas en su memorial de agravios, ni estaban incorporadas al expediente en primera instancia (una de las dos pericias caligráficas, la informática y el dictamen del Fiscal), más aún, el apelante circunscribió el fundamento de sus agravios a sostener su posición en base a que al estar la copia certificada por escribano público era redundante e inoficioso volver a consultar acerca de su autenticidad.

Al pronunciarse de esa forma, el tribunal de apelaciones transgredió el principio de congruencia desoyendo la reiterada jurisprudencia de la Corte de la Nación y de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el sentido de que el límite a la jurisdicción impuesto por los agravios reviste jerarquía constitucional, pues prescindir de ellos importa agravio a las garantías de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18 CN). El carácter constitucional del principio de congruencia, en lo que hace a los límites de la jurisdicción de las Cámaras dados por el alcance de los recursos concedidos, como expresión de estos derechos, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos, y no a la perjudicarlos. Por ello, lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias (CSJTuc., "Barrionuevo, F. M. vs. Elena Isidro s/daños y perjuicios", del 4/4/98; ídem, "Vides de Tamayo L. E. vs. Riostori O. R. s/cobro ordinario", del 18/02/2000; CSJN, fallo nro. 93.082 del 13-10-94).

Esta Corte ha señalado que, en la instancia ante la alzada, campo específico del recurso de apelación, el principio antes aludido muestra límites más rigurosos en la competencia del tribunal para resolver los planteos de los apelantes, toda vez que el objeto de la apelación se encuentra circunscripto a las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita y condiciona al juez del recurso. Sus agravios constituyen el marco referencial sobre el cual la sentencia de segunda instancia debe resolver en virtud del principio "tantum apellatum quantum devolutum" (CSJTuc., "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Rodríguez Joaquín y otro s/cobro de pesos", 21/12/2001; "Amenta, Antonio vs. Dip Afif Tanus y otro s/solicitud de restricción y límites al dominio", 25/4/95; "Banco Mayo Coop. Ltdo. vs. Ezquer Emilio Alberto y otro s/cobro ejecutivo y embargo preventivo", 24/5/2000; entre otros).

El fallo afectó el principio de congruencia, con base en las normas constitucionales referidas, y expresamente establecido en el art. 34 CPCC y del que se derivan las normas de los arts. 272, 273, incs. 4 y 8, 280, 285 incs. 3, 4 y 5, 775 y 779 CPCC, por lo que debe ser anulado a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia del tribunal de alzada que transgrede el principio de congruencia".

Las costas del recurso de casación se distribuyen por su orden al no ser imputable a las partes la nulidad que se declara (art. 106 inc. 1 CPCC).

La presente decisión no implica abrir juicio sobre la procedencia del agravio del apelante vertido a fs. 123.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en el mismo sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado Víctor J. Chocobar contra la sentencia del 21/8/2002 dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones; en consecuencia se casa y anula la misma a tenor de la doctrina legal enunciada, debiendo volver los autos al tribunal de alzada para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia) RENE MARIO GOANE