marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Herederos, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CERNADAS, JORGE Y OTRO C/DEL CARRIL MENDEZ, CORA ADELA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Y ello se advierte ajustado a las previsiones del CPR 53-5°, con prescindencia de lo actuado por los herederos ya presentados en autos, en tanto se desconoce si se trata de la totalidad de ellos o existen otros. Esta norma prevé expresamente la intervención del funcionario para el caso en que los herederos del causante no puedan ser citados por no conocerse su domicilio, sin efectuar discriminación alguna sobre su calidad de actores o demandados. No modifica lo expuesto lo previsto por el CPR 343, en tanto dicho supuesto solo resulta aplicable al traslado de la demanda, cuando se trate de personas inciertas o se desconozca su domicilio.
Carácter remuneratorio, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: Massa, Juan Carlos y Otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Tiene dicho esta Corte que el "sueldo" incluye la totalidad de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su modalidad, los que forman parte integrante del mismo para los efectos legales pertinentes, incluyendo el "sueldo anual complementario" por tratarse de un salario diferido.(doctor de Lázzari, mayoría)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, emergencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Balbiani, Carlos Ignacio c/ PEN ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 (Bontes) s/ proceso de conocimiento ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

El recurso extraordinario deducido es formalmente admisible, toda vez que se discute la interpretación de normas federales (ley 25.967 y resolución 73/02 del Ministerio de Economía, entre otras) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Urdiales, Susana Magdalena c/ Cossarini, Franco y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Las garantías individuales existen y protegen a las personas por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución, independientemente de las leyes que las reglamenten (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso penal, competencia, cuestiones de competencia, robo con armas, concurso de delitos, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MILONE, Luis Marcelo s/ Infr. art. 189 bis CP - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-31

En el caso al debatirse la competencia sobre el hecho de robo a mano armada, no se trata de una cuestión de hecho y prueba, ya que del enunciado mismo del delito tipificado en el artículo 164 del Código Penal y el agravante surge la unión de sus elementos objetivos: el apoderamiento y la ostentación del arma, y que dieron el sustento fáctico de la imputación.

La supuesta portación del arma se desarrolló en el mismo segmento temporo-espacial que la sustracción ilegítima y es una decisión imputar dicha conducta como agravante de la figura de robo o como sustento fáctico del delito de portación, por lo que resulta claro que una interpretación elimina la otra.

Tomando en consideración dichos presupuestos respecto del concurso de referencia, puede sostenerse sin hesitación alguna que el hecho se adecua claramente al concurso ideal de delitos, toda vez que existe un nexo causal y/o un cruce -dependencia- entre los tipos objetivos (robo y tenencia de arma), es decir para cometer el tipo penal agravado previsto en el artículo 166 del Código Penal es necesario tener justamente un arma, de allí que el hecho debe ser tomado como una unidad -hecho único- y jamás podrá escindirse.

Ello así, corresponde que entienda el Magistrado con competencia en materia de instrucción, atento su aptitud suficiente para investigar los delitos imputados, a fin de evitar el escándalo jurídico que puede resultar de sentencias contradictorias.
Subcontratación laboral, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: M., C. F. c/ P. H. S.A. y Otro s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-31

Si bien este Cuerpo ha tenido la ocasión de expedirse en un tema tan álgido, como lo es la solidaridad emanada del art. 30 de la L.C.T., fijando incluso algunas líneas rectoras en orden a su interpretación; no puedo dejar de considerar que hoy la realidad presenta un sinnúmero de situaciones que se generan a raíz de los grandes cambios que se vienen suscitando en el ámbito empresarial. Las distintas y complejas estructuras y tipos asociativos, y su repercusión en las fases de la actividad productiva o de servicios, conminan a una constante reorganización, no sólo desde lo tecnológico sino también desde los recursos humanos. Entiendo que este nuevo escenario es el que impide, desde nuestra disciplina, fijar reglas rígidas de interpretación de la norma citada so pena de afectar, desde el ángulo constitucional, al sujeto de preferente tutela, como lo es el "trabajador". Reitero, es ante estos nuevos fenómenos -tercerización, descentralización productiva, fragmentación, externalización, etc.- donde la norma laboral debe mostrarse más tuitiva.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Díaz Lynch, César c/ Estado Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-19

El principio según el cual las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas, reconoce excepción cuando la medida dispuesta causa un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pudiera ser irreparable.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Michele, Ana y otra c/ Varela Duarte, Luis s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

En virtud del dictado de la ley 25820 (art. 3 que reemplaza el texto del art. 11 de la ley 25561) el libramiento del mandamiento de intimación de pago en la moneda pactada -dólares-, y la limitación de la posibilidad de pronunciarse el juez más allá de los aspectos formales del instrumento, art. 529 del C.P.C.C., resultarían un injustificado dispendio totalmente ajeno a principios de economía procesal que es prioritario salvaguardar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, suspensión del juicio a prueba, violencia de género
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villegas Carrión, Víctor Guillermo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19

La omisión de celebrar de la audiencia prevista por el art. 293 CPPN no implica una afectación al derecho de defensa en juicio que asiste al imputado, puesto que -siendo absolutamente necesaria su presencia a los fines de su realización- habiendo sido anunciada su incomparecencia, el agravio resulta insustancial. Está debidamente fundada la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba si se trata de un hecho de violencia de género -el imputado golpeó varias veces a su esposa- en que la decisión jurisdiccional debe atender las obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional. La disidencia parcial consideró que, si bien la omisión de la audiencia que establece el art. 293 CPPN implica negarle la posibilidad a la defensa para que exponga sus argumentos ante el juez competente, produciendo una afectación a la defensa en juicio, debe considerarse si corresponde la concesión de la suspensión del juicio a prueba según los parámetros de la doctrina CS "Góngora". (Dres. Cabral -en disidencia parcial-, Figueroa y Gemignani).
Notificación, publicación de edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: La Lealtad S.A. s/ Incidente de nulidad en autos: Ubando, Jorge A. c/Bessone, Raúl y otro  s/Proceso laboral (Acc.  Trab.) y Ubando, Jorge A. c/La Lealtad S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-03-12

El Art. 146, C. Pr. sanciona con la nulidad la actitud del litigante que declara falsamente ignorar el domicilio de su oponente y haber realizado sin éxito gestiones tendientes a conocerlo.

En consecuencia, la nulidad no procederá cuando la parte haya desarrollado sin éxito "una razonable actividad" tendiente a conocer el domicilio ignorado.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Licussatti, Daniel Alejandro s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Si los señores defensores en la expresión de agravios no alegaron la inhabilidad del testigo ni tampoco controvirtieron la naturaleza probatoria del secuestro, y sus reproches contra la computación de esos elementos en el fallo de primera instancia se dirigieron hacia otro género de cuestionamientos, el Tribunal de Alzada no estaba obligado a la reiteración de la indicación de los medios probatorios a que pertenecerían tales elementos, pues sobre ellos no existían motivos de agravio (art. 342, C.P.P., t.o.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio unipersonal, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: Soto, Andres Alberto y otros c/  s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

Se verifica un supuesto de intervención de juez unipersonal conforme lo establecido en el art. 30 bis, 2º párrafo, inc. 1 del C.P.P.N. (cfr. ley 27.384).Corresponde declarar competente al Tribunal oral que interviene en la presente causa toda vez que si bien aceptó la conexidad subjetiva del presente proceso junto a otro que tramita por otro tribunal, es necesario señalar que es en la presente causa que se investiga el delito primeramente cometido, en tanto el que se investiga en la otra causa es de fecha posterior, por lo que resultan de aplicación al caso las reglas establecidas en los arts. 41 inc. 3º y 42 inc. 2º del C.P.P.N. Dr. Borinsky.
Competencia contencioso administrativa, plazos administrativos, aplicación analógica de la ley, silencio de la administración, reclamo administrativo previo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ c/ ESTADO NACIONAL (M. DE EDUCAC. Y JUSTICIA) s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Independientemente de los plazos que el art. 31 de la ley 19.549 fija para habilitar la acción contencioso administrativa por silencio, el reclamo es un procedimiento administrativo regulado por el decreto 1759/72, susceptible de ser urgido por la vía del art. 28 de la ley. Su decisión está sujeta a lo dispuesto por su art. 61 del decreto, que al no establecer que debe entenderse por "de inmediato" permite la aplicación analógica del art. 91 a fin de estimar el plazo razonable para emitir la resolución de fondo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, honorarios del síndico del concurso, fallo plenario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: CEBULA  DE  VIZZOCO,  MARIA.  S/QUIEBRA  S/INC.DE  REVISION POR CIPAZ s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

El síndico - ejerciendo derecho personal- dedujo recurso extraordinario contra la decisión en cuánto negó regularle honorario por éste incidente en aplicación de la doctrina plenaria del fuero.

Sin embargo, la doctrina que fundó la decisión impugnada ha sido modificada mediante un nuevo fallo plenario dictado en la causa "Cirugía Norte S.A." del 29.12.88.

Ante ésta circunstancia, es adecuado dejar sin efecto lo resuelto en cuánto deniega regular honorarios al síndico, pues resultaría antieconómico conceder el recurso extraordinario cuando la doctrina -que es obligatoria para la cámara- ha sido revisada en éste sentido.
Costas, allanamiento, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Misiones, Prov. de c/ Estado  Nacional  (M  de  Economía  -  Sec.  de  Estado  de Hacienda) s/ coparticipación    federal   de  impuestos  (ley  20.793,  art.  3x).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Con relación al pedido de exención de costas formulado por el Estado Nacional, la Corte Suprema no puede ignorar las enormes y notorias dificultades económicas que afectan a aquél, las cuales no pueden considerarse temporarias ni pasajeras.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad, derecho a la identidad de género
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de casación con preso - P., C.; D. V., J. J. por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas; criminis causa y por violencia de género, en perjuicio de Á., G. - queja por rec. de inconst. denegado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-09

Debe rechazarse la concesión del recurso extraordinario federal si los argumentos expuestos, relativos a la inexistencia de violencia de género y al desconocimiento por parte del imputado del cambio de género de la víctima, son una reiteración de los agravios vertidos al interponer los recursos de casación e inconstitucionalidad.

Si bien a la Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, ello no la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión constitucional introducida por el recurrente, analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional, a la luz de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Medidas cautelares, universidades, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Gil  Domínguez,  Andrés  -Inc. Med_ c/ UBA -Facultad de DerechoResol. 5226/08 (CD) s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

Una primera lectura del art. 49 del Reglamento para la provisión de Cargos de Profesores Regulares Titulares, Asociados y Adjuntos de la U.B.A. -el cual establece: "Cuando el Consejo Superior deje sin efecto el nombramiento de un profesor por no haberse hecho cargo de sus funciones (artículo 47), o por haberse aceptado su renuncia, o cuando la unidad académica hubiese dispuesto la aplicación del artículo 51 del Estatuto Universitario, el Consejo Directivo podrá proponer la designación de quien le sigue en el orden de méritos establecido por el jurado"- parece indicar que esa atribución del Consejo Directivo resulta de ejercicio facultativo, y no obligatorio (Cons. VII).
Accidente de tránsito, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CLAPIER LIDIA LILIANA c/ BIANCHI JUSTO ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Habiéndose expresado en la demanda promovida por la madre de la víctima que la acción estaba dirigida contra los padres del conductor, en su calidad de sucesores de éste -mención no puesta en duda por aquéllos al contestarla- es resaltable que la propia contestación de la demanda constituye dato elocuente de la asunción de tal calidad de herederos, en cuanto ello conforma acto procesal que sólo pudieron llevar a cabo como tal, situación irrevocable que quita relevancia al cuestionamiento posterior efectuado al contestar la demanda promovida por el padre de la víctima (arts. 3319, 3325 y 3341 C. Civil).
Jubilaciones, reciprocidad jubilatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: S., E. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-25

Importante es, no controvertir las certificaciones dadas por ANSES, sino discernir su "encaje" en el régimen de reciprocidad provincial, en tanto cabe -con mayor razón en el régimen de reciprocidad- interpretar las normas aplicables teniendo en cuenta el derecho de los eventuales beneficiarios, armonizado con la protección del fondo común -solidario- con que se los solventa; considerando asimismo que se afecta la finalidad del instituto frente a la posibilidad de su desnaturalización por quienes procuran su amparo.
Procedimiento contencioso administrativo, notificación, demanda, traslado de la demanda, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: EMP.CONST ING OLIVA c/ INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CABA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

En el caso, es procedente el planteo de nulidad de la notificación de la demanda porque, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda- es patrocinado judicialmente por la Procuración General y en consecuencia, la notificación de ese traslado debió haberse efectuado en el domicilio de dicho órgano de la Constitución en los términos del artículo 278 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y no en el domicilio del Instituto demandado, como se hizo.
Accidente in itinere, factores atributivos de responsabilidad, confirmación de sentencia, prioridad de paso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.  c/ Alberca, Gloria Matilde y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-04-25

La responsabilidad atribuida es un aspecto del pleito que ha adquirido firmeza y como tal, deviene inmodificable; ello así, la demandada no ha respetado la prioridad de paso que le asistía al conductor que embistió, por lo que debe mantenerse el porcentaje de atribución de responsabilidad pronunciado por el a quo -85% al conductor embistente y 15% al conductor embestido-.
Prueba, inspección ocular
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ RAMON c/ SALVADOR FERRARO NORAMBUENA Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S070 - 129)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-06

La inspección ocular debe ser realizada necesariamente por el Juez de la causa, salvo que deba practicarse fuera de la circunscripción judicial, en cuyo caso será delegada al de igual clase y grado con jurisdicción en el lugar. Si se lleva a cabo por un funcionario subalterno de la administración de justicia (Secretario o empleado), pueden producirse errores sustanciales en su contenido que determinen que el Juez deba apartarse de ella; o bien puede siempre dejarla de lado cuando en el proceso existan otras pruebas que le produzcan confianza y certeza sobre hechos contrarios a los relatados en el acta de inspección.
Reconocimiento en sede judicial, notificación, defensa en juicio, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FRAGA DE JAFELLE, GRACIELA s/ RECONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Se afectan formas sustanciales del procedimiento, que por menoscabar el derecho de defensa en juicio, acarrean indefectiblemente la nulidad de los actos de reconocimiento, si fueron practicados sin la debida notificación a la defensa de los imputados (art. 200 del C.P.P. ), surtiendo tal omisión los efectos previstos en el inc. 3 del art. 167 y la nulidad debe ser declarada de oficio en virtud de lo ordenado en el art. 168, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal.
Defensa en juicio, prueba testimonial, testigo protegido
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Rocco Vanella, Daniel Federico y Otro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-07

La decisión del tribunal que los testigos declararen sin la presencia de los imputados no importó violación al derecho de defensa pues se implementó un procedimiento a través del cual dispusieron que luego de que declare cada uno de los testigos las defensas debían poner en conocimiento de los imputados los dichos de los testigos, y que si las circunstancias lo merituaban, sería convocado nuevamente el testigo requerido para que se formulara alguna repregunta útil para la defensa. La decisión que adoptó el tribunal no tuvo por finalidad vulnerar los derechos de defensas de los imputados, sino que se fundamentó en el temor hacia los imputados que evidenciaron tener algunos de los testigos convocados a declarar durante el juicio, ello aunado a la necesidad de recolectar prueba que permita alcanzar la verdad real de los sucesos ventilados durante la celebración del juicio, situación que no podría lograrse en caso de que los testigos hubieron declarado sin haberles brindado la mínima protección de modo que no se vieran intimidados de expresar aquello que conocían. En definitiva, esa situación no se tradujo, como pretenden las defensas, en la violación al derecho constitucional de defensa en juicio, habida cuenta que el tribunal procuró un procedimiento a través del cual les garantizó a los letrados defensores llevar a cabo un control útil y eficaz de los dichos de los testigos. La medida adoptada por el tribunal luce razonable y se basó en los pedidos que, de manera espontánea, formularon algunos de los testigos, fundamentada en la actitud que desplegaron los imputados durante la comisión de los hechos y con la única finalidad de evitar que los testigos pudieran sentirse intimidados. (Dres. Borinsky, Riggi y Catucci).
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, prescripción adquisitiva, herederos, concubinato
Materia: PROCESAL
Carátula: Pobliti, Mónica Fernanda y otros c/ Valentini, Cyntia Natalí y otros s/ prescripción adquisitiva vicenal/Usucapión (expte 55.438) y su acumulada Valentini, Cintia Natalí y otra contra Pobliti, Mónica Fernanda y otros. Reivindicación (expte. n° 57.226). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por las sucesoras de la actora contra la sentencia que rechaza la acción de prescripción adquisitiva en tanto queda demostrado el absurdo en el razonamiento de la alzada, que no ha dado entidad a los actos que revisten la condición de posesorios (art. 2384, Cód. Civil) al basarse en la suposición de que la requirente, por el solo hecho de haber sido concubina, una vez disuelta la convivencia, mantuvo la ocupación del bien en carácter de representante del titular del dominio, es decir de mera tenedora. La sentencia desconoce, en la ficción que crea, las contundentes actitudes demostrativas del animus domini.(doctor de Lázzari, mayoría).
Responsabilidad de la concesionaria, deber de información, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Adanez, Matías  c/ Brenson Autos SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Por lo tanto, la responsabilidad de la concesionaria es consecuencia de una comprobada infracción al deber de información que tiene el proveedor (CCCN 1100, y LDC 4), cuyo incumplimiento autoriza al consumidor a rescindir el vínculo y reclamar por los daños y perjuicios causados (LDC 10 bis; Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., "Ley de defensa del consumidor comentada y anotada", Buenos Aires, 2009, t. I, ps. 72/73, n° 5 y 6).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud; es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).