marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, apertura del concurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Transporte Ideal San Justo SA  c/  s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-08

Si bien la medida cautelar dictada por el magistrado de grado en el auto de apertura del concurso mediante la cual se le ordena a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte - apelante- que se abstenga de sancionar o impedir la realización de trámites para el normal funcionamiento de la empresa, motivadas en la falta de pago de cierta tasa, no podría interceder en las facultades de control del ente respecto de la seguridad en el transporte (cfr. ley 19549: 3 y ley 21844: 1, y normas contenidas en el Dec. 1399/96); cabe acotar la cautela de abstención, a las sanciones que pudieran derivarse de incumplimientos que tengan causa o título anterior a la presentación en concurso. En su caso, cualquier exceso o apartamiento de estos parámetros, podrá ser expuesto en forma concreta frente al magistrado concursal como director del proceso.
Homologación del acuerdo preventivo, categorización de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Samid, Jose Alberto  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-22

Corresponde rechazar la pretensión de excluir al Fisco Nacional de la base para el cómputo de las mayorías exigidas por la LCQ 45. Ello en tanto el concursado recurrente aceptó haber incluido a los acreedores fiscales en diversas categorías, por lo que no cabe ahora prescindir de su voto, máxime que, tras ser presentada la propuesta, el señor juez del concurso dispuso, por providencia que quedó firme, que el concursado "deberá contar con la conformidad de los organismos fiscales de modo previo a la homologación del acuerdo". En tal sentido, el deudor que pretenda cancelar sus deudas con los organismos fiscales deberá contar con la conformidad de tales acreedores, siendo otra cuestión la oportunidad en que deban consolidarse los planes de pago, lo cual deberá cumplirse una vez homologado el acuerdo. Para cumplir con el plan de pagos es menester la previa homologación del acuerdo y para que el juez pueda adoptar esta decisión es imprescindible contar con todas las conformidades, incluyendo las fiscales.
Fuerzas de seguridad, Prefectura Naval, empleo público, enfermedad profesional, responsabilidad del Estado, responsabilidad del empleador, obligación de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Castillo, Cesar Ariel c/ Estado Nacional Ministerio de Seguridad de la Nación - Prefectura Naval Argentina s/ accidente de trabajo/enferm. prof. acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-30

La afección sufrida en el ámbito laboral y en el curso del desempeño de las funciones propias o con motivo de ellas, implica infracción al deber de seguridad que incumbe al principal respecto de sus dependientes en orden a la preservación de su integridad psicofísica, deber que es inherente al contrato, llámese de trabajo o de empleo público, que vincula a las partes y preexistente al infortunio.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, crédito laboral, Organización Internacional del Trabajo, intereses compensatorios, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Pajón, Francisco Agapito c/  s/ incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

La indemnización por accidente de trabajo a la que fuera condenada la ART demandada constituye un crédito laboral en los términos del artículo 11 del Convenio 17 de la OIT y por ello, no se deben suspender los intereses compensatorios devengados con posterioridad a la quiebra de la aseguradora, pues dicha norma presupone que el crédito es de naturaleza laboral y que resulta irrelevante si su causa es el contrato de trabajo en cuyo marco tuvo lugar el accidente o el contrato de seguro suscripto con la aseguradora; ello surge del título del instrumento ("Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo) y del hecho de que la disposición trata indistintamente al empleador y a la aseguradora, a quienes considera igualmente responsables de satisfacer el crédito frente a la insolvencia, sin distinción.
Caducidad de instancia, incidente de verificación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Garbarino SA  c/  s/ incidente de verificación de crédito por Guerreño, Véronica Mariela y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-02

Corresponde declarar operada la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, en tanto la circunstancia de que haya sido declarada a instancia de la sindicatura, no constituye causal que habilite su desestimación. En efecto: corresponde conferir legitimación al síndico para plantear la caducidad de instancia en su calidad de órgano del proceso concursal, máxime ponderando que la cuestión puede ser declarada de oficio luego de transcurrido el plazo legal.
Crédito laboral, pago en cuotas, reforma laboral, ley de modernización laboral, principio protectorio, confiscatoriedad, derecho de propiedad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Burgos, Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios Calle Cuenca 2379 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-27

El art. 56 de la Ley 27802 es violatorio del principio protectorio (art. 14 Bis CN) pues le da un trato diferente y más favorable a la deudora de un crédito laboral, en lugar de dárselo al sujeto de preferente tutela constitucional como es el acreedor laboral. Además, resulta confiscatorio porque impide al trabajador cobrar su crédito laboral de forma íntegra y oportuna, obligándolo a percibirlo en cuotas sin justificación concreta e impidiéndole disponer libremente de las sumas de carácter alimentario que una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada reconoció a su favor, con la evidente afectación de su derecho de propiedad (art. 17 CN).
Juicio ejecutivo, cosa juzgada formal, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: Br Capital SA c/ Sanchez, Julieta y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-21

La sentencia dictada en el caso sólo tiene el alcance de cosa juzgada formal que hace a la sentencia ejecutiva, permitiendo la revisión de todos sus efectos en un juicio ordinario posterior. Frente a ello, la norma prevista por el CCCN 1775 no resulta -como regla- aplicable a supuestos como el aquí analizado. Es que, así como la sentencia de trance y remate puede quedar sin efecto mediante el señalado proceso de conocimiento, ésta también sería la vía idónea para encauzar los efectos de una sentencia penal en contradicción con lo resuelto en la ejecución, con lo cual queda descartada toda posibilidad de escándalo jurídico.
Sentencia arbitraria, proceso penal, suspensión del debate, plazos procesales, nulidad procesal, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Procurador General de la Provincia del Chubut en la causa Provincia del Chubut c/ Figueroa, Samuel Josué s/ causa n° 100630
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad del juicio y la condena impuesta al considerar que se excedió el plazo máximo de suspensión del debate previsto en la normativa procesal, pues no se observa el perjuicio -ni lo aclara el a quo- que la demora le habría ocasionado al imputado, en tanto en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción social de responsabilidad, quiebra, competencia, juez del concurso, concursos, acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sindicatura en Economax SRL  c/ Giovagnorio, José Luis y otro - Acción ordinaria - Acción de responsabilidad s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-10

Cuando se trata de acciones de responsabilidad contra administradores y socios iniciadas en el marco de una quiebra, va de suyo la aplicación del art. 175 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). De igual modo, corresponde la aplicación del art. 176 in fine, LCQ, que establece la competencia del juez del concurso (de la quiebra) para entender en las acciones reguladas en la sección de la ley titulada ("Responsabilidad de Terceros").
Honorarios, quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Troisi, Mario Andrés  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-20

Si bien es cierto que la regla general es que son a cargo del síndico los honorarios de su letrado (LCQ 257), existen ciertas presentaciones efectuadas por este último que resultaron útiles en el caso, para la masa de acreedores. En este contexto, es que parte de sus honorarios estarán a cargo de la quiebra.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo, tasa de justicia, obligatoriedad del precedente, plan de pagos, remuneración
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corceba SRL - Gran Concurso Preventivo - Cuerpo de Copia de Apelación del Auto n° 44 de fecha 17/5/2022 interpuesto por la Tasa de Justicia, Caja de Abogados y Caja de Profesionales de Ciencias Económicas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-10

Los aportes previsionales, tienen fines diferentes de los que ostentan los honorarios profesionales regulados. Mientras que aquéllos tienden al sostenimiento del sistema previsional, el honorario retribuye el servicio profesional prestado. Sin embargo, no puede soslayarse que comparten un origen causal común, que es la gestión de los profesionales que intervienen en el proceso universal. Por ello, aun cuando la norma previsional no prevea tope similar al que establece el art. 266 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) para los honorarios, el aporte debe guardar adecuada proporción y armonía con el emolumento o salario percibido. De lo contrario, se configuraría una situación absurda: que la concursada tenga que pagar en concepto de aportes sumas exorbitantes y muy superiores a las que debe sufragar en concepto de honorarios regulados. Desde esta perspectiva, no se avizora divorcio en la determinación de ambos aportes respecto de los honorarios regulados que conduzca a costos previsionales irrazonables de modo que el resultado numérico obtenido en base a la aplicación de las alícuotas de ambas leyes previsionales sea efectivamente susceptible de lesionar los principios y garantías establecidos en los arts. 28, 31 y 33, CN
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo, tasa de justicia, proporcionalidad tributaria, obligatoriedad del precedente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corceba SRL - Gran Concurso Preventivo - Cuerpo de Copia de Apelación del Auto n° 44 de fecha 17/5/2022 interpuesto por la Tasa de Justicia, Caja de Abogados y Caja de Profesionales de Ciencias Económicas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-10

Frente a puntuales planteos de inconstitucionalidad del porcentaje fijado para la tasa de justicia, no puede cristalizarse una posición y sostenerla en toda hipótesis, sin atender a las particularidades del caso concreto, donde las normas impositivas no han fijado un límite (tope) máximo, más allá del cual no exista obligación alguna y la base del cálculo está representada por el activo del sujeto en concurso, sin consideración alguna respecto del pasivo, ni del patrimonio neto. En efecto, resulta menester determinar -caso por caso- si los importes resultantes de la aplicación de las directivas legales sobre el activo involucrado en la causa, luce excesivo, irrazonable y desproporcionado, al punto de producir una afectación concreta al derecho de propiedad del concursado (art. 17, Constitución Nacional) y a los principios de supremacía constitucional (art. 31, CN) y razonabilidad (art. 28. CN).
Defensa del consumidor, relación de consumo, cláusulas leoninas, prescripción, aplicación de la ley, deber de información, contratos de adhesión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gama SA  c/ Fernández, María Macarena - Ordinario - Cumplimiento/ Resolución de contrato s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

Al resolver que se tengan por nulas o "no convenidas" las cláusulas contractuales referidas a la tasa de interés pactada, por infracción del régimen consumeril, corresponde proceder a la integración del contrato, de conformidad con lo previsto en el estatuto del consumidor; labor que resulta simplificada desde que -según impone- los intereses serán ajustados a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato (art. 36, tercer párr., LDC).
Concurso preventivo, desistimiento
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Saaied, Martin Javier Salomon  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-22

Corresponde tener por desistido el presente concurso preventivo tras incumplir con la carga de publicar edictos en lo que refiere al diario de amplia circulación en el lugar del domicilio del deudor. Ello sin que adquiera relevancia la alegada onerosidad, pues resultó efectuada luego de un mes de la sentencia de apertura, lo que solo revela una conducta dilatoria e impropia en trámites como el de marras. Por lo demás, el hecho de que se hubiese realizado la publicación en el Boletín Oficial, no es extremo que habilite a prescindir del efectivo cumplimiento de la restante publicación que dispone también la LCQ 27.
Defensa del consumidor, relación de consumo, cláusulas leoninas, prescripción, aplicación de la ley, deber de información
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gama SA  c/ Fernández, María Macarena - Ordinario - Cumplimiento/ Resolución de contrato s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

Como consecuencia del principio protectorio dispuesto en el art. 42 de la CN, fruto de la desigualdad estructural de los consumidores, se impone al proveedor un deber de información agravado, previsto luego en el art. 4, LDC y art. 1100, CCC. Información que no debe suministrarse de cualquier manera, sino en las condiciones que el mismo art. 4, LDC conf. Ley n.° 27250, establece. Se advierte así, que el deber de información constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen protectorio de la LDC, de raigambre constitucional.
Acción social de responsabilidad, quiebra, competencia, juez del concurso, concursos, acreedor, prueba, presunciones, daño material
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sindicatura en Economax SRL  c/ Giovagnorio, José Luis y otro - Acción ordinaria - Acción de responsabilidad s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-10

En el marco de una acción social de responsabilidad iniciada por la sindicatura en contra de los administradores y socios de la sociedad fallida, la prueba informativa dirigida a los fiscos nacional, provincial y municipal, que -a su vez- se condicen con las respuestas de las entidades bancarias, resulta determinante para dar por sentado, vía indiciaria, que los demandados no han sido administradores desleales con su empresa ni han actuado en interés propio. De lo contrario, al menos un registro fiscal y una cuenta bancaria activa debieran poseer para iniciar una actividad económica profesional o empresaria, en forma concomitante o con posterioridad a la falencia.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo, tasa de justicia, proporcionalidad tributaria, obligatoriedad del precedente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corceba SRL - Gran Concurso Preventivo - Cuerpo de Copia de Apelación del Auto n° 44 de fecha 17/5/2022 interpuesto por la Tasa de Justicia, Caja de Abogados y Caja de Profesionales de Ciencias Económicas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-10

Cuando, en el marco de la homologación de un acuerdo preventivo se discute la declaración de inconstitucionalidad del porcentaje fijado para la tasa de justicia, la idea clave que gobierna la materia reside en que el importe de la gabela debe ser proporcional a la importancia del servicio de justicia prestado, su jerarquía, el grado de utilidad y el costo general del servicio brindado (TSJ, Sala C y C, en "Appia Motor Argentina S.A. - Gran Concurso Preventivo" Expte. n.° 5953617, Sent. N° 37, 18/5/2023). Por ello, es fundamental corroborar en cada proceso concursal homologado, que la aplicación mecánica de los guarismos que prevé la ley impositiva sobre el activo, no arroje un resultado exagerado en concepto de tasa de justicia que ponga en jaque el éxito de la salida concordataria y los fines de la ley concursal. Para ello, es indispensable poner la lupa en el estado actual de la causa, la jerarquía del servicio prestado, la utilidad o provecho de quien se sirvió de él y, en definitiva, el costo general del proceso.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Procurador General de la Provincia del Chubut en la causa Provincia del Chubut c/ Figueroa, Samuel Josué s/ causa n° 100630
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

La nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; por ello exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho, ya que de lo contrario, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Crédito laboral, pago en cuotas, reforma laboral, ley de modernización laboral, discriminación, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Burgos, Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios Calle Cuenca 2379 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-27

La pauta establecida por el art. 56 de la ley 27802, que reformó el texto del art. 277 LCT, para el pago en cuotas de los créditos laborales, resulta discriminatoria por tratarse de una prerrogativa o trato diferente a favor de la empleadora, carente de racionalidad y proporcionalidad alguna conforme disposiciones constitucionales y convencionales y pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Defensa del consumidor, relación de consumo, cláusulas leoninas, prescripción, aplicación de la ley, deber de información
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gama SA  c/ Fernández, María Macarena - Ordinario - Cumplimiento/ Resolución de contrato s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

Independientemente de la fecha del contrato de consumo o de si resulta aplicable el art. 2562, inc. a del CCC, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por el proveedor al planteo de nulidad del consumidor, cuando éste ataca diversas cláusulas contractuales por reputarlas abusivas; en razón de la imprescriptibilidad de la acción que le asiste.
Cuestiones de competencia, lavado de activos, sucesiones, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Criscuolo, María Macarena y otros c/  s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-31

Es competente la justicia federal para entender en la causa donde se investiga el presunto origen ilegal de los fondos provenientes de eventuales irregularidades financieras o de carácter tributario involucrados en las adquisiciones de los bienes que conformarían luego el acervo hereditario, pues no se advierte que el juez declinante hubiera realizado una suficiente pesquisa que autorice a descartar la existencia de conductas compatibles con el ingreso irregular al sistema formal de dinero de procedencia ilegal, sin que conste siquiera la realización de medidas tendientes a conocer el origen de esos fondos o, en particular, a establecer o descartar, si éstos provendrían de actividades que afectasen el orden financiero nacional o de conductas que generasen perjuicio al fisco de la Nación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Inhabilidad de título, cheque, robo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Br Capital SA c/ Sanchez, Julieta y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-21

Cabe rechazar la defensa de inhabilidad de título, en tanto el hecho de haber sido el presunto portador del título víctima de un robo, no afecta la validez de los cheques base de la presente ejecución y tras una lectura de los documentos en cuestión no se advierte el incumplimiento o ausencia de requisitos formales que condicionen su habilidad, por lo que la defensa debe desestimarse. En todo caso si los cheques fueron obtenidos mediante un acto ilícito, ello podrá ser objeto de investigación en un proceso penal, pero su promoción no es motivo para rechazar el juicio ejecutivo.
Robo, bien jurídico protegido, derecho de propiedad, valor del bien, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: Machado Durán, J. R.  c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-27

Cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el art. 162. La insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, dado que no se atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante a los fines de graduar la pena.
Acción social de responsabilidad, quiebra, competencia, juez del concurso, concursos, acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sindicatura en Economax SRL  c/ Giovagnorio, José Luis y otro - Acción ordinaria - Acción de responsabilidad s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-10

La versión de los hechos aportados por la sindicatura actora, en relación al retaceo y ocultamiento de documentación por parte de los administradores y socios, carece de sustento fáctico cuando el tribunal advierte una conducta procesal colaborativa por parte de los demandados, al requerirles información jurídicamente relevante para el proceso y, sobre todo, para determinar su responsabilidad en la quiebra de la sociedad fallida. De igual manera, la acusación que el órgano sindical encuadra en las hipótesis previstas en los arts. 54 y 59, LGS, por omitir -los demandados- toda acción tendiente a rescatar a la sociedad del estado de cesación de pagos, puede ser rebatida. Es que el hecho de que la firma solicite el concurso preventivo, sumado a otros actos de administración efectuados con posterioridad a la apertura concursal, con conocimiento del tribunal del concurso, tales como renegociar el contrato de alquiler de la sede comercial y buscar un gerenciamiento externo, revelan una voluntad incuestionable de no dejar librada a la sociedad a su propia suerte. Por el contrario, ello visibiliza el propósito de los administradores de encauzar la crisis y reestructurar sus pasivos para continuar con la explotación. En este sentido, la decisión de continuar con la explotación y, luego, prestar colaboración en la sustanciación del trámite de la quiebra indirecta, no resulta una conducta asimilable a vaciar o dejar morir a la sociedad.