Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-20


SENT Nro. 343 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 20 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Labinca S.A. vs. Ousset Alvarez, Félix César s/Exclusión sindical".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala IVa. de la Excma. Cámara del Trabajo del 23/9/2002 (fs. 433/437 vta.), la parte demandada interpone recurso de casación, el que fue concedido por resolución del 08/11/2002 (fs. 454 y vta.). Según informe actuarial de fs. 464, ambas partes presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPTT.

2. La sentencia impugnada hace lugar al recurso de apelación y en consecuencia revoca el pronunciamiento del Juez de Conciliación y Trámite de la IVa. Nominación del 17/4/2001 (fs. 367/378), disponiendo, sustitutivamente, hacer lugar a la demanda de exclusión de tutela sindical.

3. Comienza el recurrente haciendo una síntesis de los antecedentes de la causa, luego refiere a cada uno de los requisitos de admisibilidad del recurso intentado con mención de las disposiciones legales en su criterio infringidas, de la presencia del vicio de arbitrariedad y que la sentencia impugnada asume gravedad institucional.

Sostiene que el pronunciamiento adolece de carencias que lo vician como pronunciamiento válido, afectando el principio de congruencia y transgrediendo la defensa en juicio. Sustancialmente funda la nulidad en que la sentencia debe contener todos los requisitos para su validez y que, en el caso particular, no existe un análisis concreto del mismo, ni las probanzas fueron valoradas en su integridad. Apunta que se limita al análisis del agravio y sólo tiene en vista los componentes de la causa y los párrafos de la sentencia de origen que son referenciados en el agravio en un absoluto aislamiento, resultando un acto voluntarista del sentenciante, apartado de la sana crítica y violatorio de los arts. 272 y 273 del CPCCT. Añade que carece de fundamentos legales, la califica de conceptualmente pobre y que al no existir demanda, contestación y más pruebas y párrafos que aquellos que al apelante se le ocurrió referir, afecta el principio de bilateralidad.

Analizando puntualmente el fallo, expone, en relación al segundo agravio examinado por la Cámara y denominado "Omisión total del análisis del tema de las visitas al Dr. Néstor Caneppa", que en ese punto se pone en evidencia la arbitrariedad y el desconocimiento del derecho y se concreta la violación a las reglas de la prueba y de la sana crítica. Para el recurrente el fallo es categórico al expresar que de los partes diarios y de las hojas de ruta no surge el lugar en que el citado galeno era visitado por el APM, por otro lado descalifica como elemento probatorio las recetas emitidas por el citado galeno y acompañadas en el responde porque no fueron autenticadas en forma alguna, para luego apartarse del criterio restrictivo de admisibilidad de prueba al analizar el acta notarial aportada por la empleadora, a la que, si bien reconoce que no revisten los dichos el carácter y jerarquía de hechos comprobados por el notario, le da un valor probatorio del que carece, invirtiendo la carga probatoria al exigir que su p arte pruebe la falsedad de esos dichos y no que sean acreditados por quien los invoca. Previa mención de la norma del art. 993 del CC afirma que las actas, de las características arrimadas, no hacen plena prueba ni de ninguna naturaleza de los hechos que alguien hubiera relatado al escribano y que no fueron constatados por él, y que la interpretación de la Cámara es violatoria de esa norma, al admitir como válida, salvo prueba en contrario una testimonial rendida en violación de los arts. 308, 383, 385, 386 del CPCCT, pues en ella no hay juramento de decir verdad, lo que libera al dicente de las consecuencias de falso testimonio y no tiene contralor de partes y lo que, es peor, contralor judicial. Agrega que no debe perderse de vista que cada acta notarial, como la referente al Dr. Cáneppa, agregadas a fs. 359/364 no están manuscritas, lo que implica que no fueron confeccionadas en el lugar a que en cada caso el notario se traslada y son ratificadas y firmadas exclusivamente por el requirente, Sr. Dayer y no por los profesionales requeridos, quienes vierten los dichos, cuando en una testimonial rendida en el marco de un proceso, con la cual el sentenciante en los hechos la asimila, es un requisito insoslayable.

Respecto del tercer agravio examinado por la Cámara bajo el título "Testimonio de la Dra. Racedo de Soria", sostiene el recurrente que yerra nuevamente la sentencia en el valor probatorio dado a los dichos vertidos por esta testigo en presencia de escribano, por las razones antes pormenorizadas, destacando que esa testigo nunca es sometida a reconocer el contenido del acta notarial por lo que las manifestaciones no pueden ser consideradas ya que no son el resultado de una prueba testimonial. Añade que dio valor probatorio a una nota que la testigo reconoce de su autoría cuando no se acredita el medio de entrega de la misma y es un instrumento privado carente de fecha cierta, que pudo ser confeccionado para redondear la causal que la empleadora busca sostener. Asimismo sostiene que no existe en autos elemento probatorio alguno por el cual se acredite que el demandado le haya sacado fotografías a la testigo; que es totalmente increíble lo sostenido por la testigo de que es dueña de realizar una denuncia cuando puede, pues donde estaría el gran temor que manifiesta haber sentido?; que es ligera la conclusión de que, pese a estar reconocida expresamente la receta por la testigo, no fue entregada al Sr. Ousset, sin dar fundamento alguno; y, que no considera que la conducta de la Dra. Racedo de Soria hacia su mandante trasunta una enemistad manifiesta hacia su persona, reflejada en la falsa denuncia policial efectuada y en las manifestaciones vertidas en la audiencia testimonial, lo que, entiende, descalifica su testimonio.

En cuanto a la declaración del Dr. Núñez, expone el recurrente que de nuevo yerra la sentencia en el valor probatorio de las manifestaciones vertidas ante el escribano, ya que no se le pidió en la audiencia que reconozca la misma, dando por reproducido lo expuesto en el primer agravio. Asimismo se queja de la conclusión de la Cámara cuando descalifica a este testigo.

Respecto del Doctor Quintana una vez más ratifica lo expresado en cuanto a la falta de validez de las manifestaciones vertidas ante escribano, ya que no es prueba testimonial ni constatación de hechos, ni nada jurídicamente. Agrega que ni siquiera fue ofrecido como testigo por la actora.

De otra parte denuncia violación del art. 242 de la LCT, doctrina y jurisprudencia ya que si bien se trata de una acción de exclusión, el sentenciante debe valorar si se reúnen los requisitos de esa norma para despedir al trabajador con justa causa, lo que no hace siquiera tangencialmente. También, afirma que la doctrina y jurisprudencia es conteste en sostener que para que sea aplicable el art. 242 debe darse la contemporaneidad entre los hechos imputados al trabajador y la sanción, supuesto que no se da en autos, ya que se le imputan los incumplimientos que surgen de las actas notariales, realizadas entre el 30/09/98 y el 01/10/98 y la demanda pidiendo la quita de tutela es del 30/03/99.

Finalmente solicita costas de todas las instancias a la otra parte.

4. Respecto del juicio de admisibilidad que a esta Corte compete efectuar, el recurso de casación intentado ha sido deducido en término contra un pronunciamiento susceptible de ser equiparado a definitivo y el afianzamiento es inexigible (arts. 130, 132 y 133 del CPTT). La naturaleza y suficiencia de los agravios se examinarán en relación a cada uno de ellos (arts. 131 y 132 del CPTT).

4.1 En relación a que la sentencia impugnada carecería de requisitos imprescindibles para constituirse en un pronunciamiento válido, apartándose de lo prescripto por los arts. 272 y 273 del CPCC, se advierte que la resolución en cuestión exhibe las enunciaciones y exigencias previstas en los distintos incisos de la primera de las normas citadas, que, en lo pertinente, son propias de una sentencia de segunda instancia, según lo prescribe el mencionado art. 273 del CPCCT.

Ello así por cuanto el referido pronunciamiento, dictado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, comienza con una síntesis de la causa desde del dictado de la sentencia del juez inferior, prosigue con la enunciación de los distintos agravios formulados por la parte apelante, indicando que la demandada presentó la contestación de los agravios en tiempo oportuno y describe el trámite del expediente hasta que la cuestión quedó en estado de resolver. Luego, el pronunciamiento se ocupa de cada uno de los planteos formulados por la actora, todos referidos a la prueba aportada a la causa, concluyendo en que están acreditadas las actitudes negativas imputadas al demandado y que son lo bastante graves como para proceder al desafuero. Más tarde se pronuncia sobre las costas de las dos instancias y reserva pronunciamiento sobre regulación de honorarios. Finalmente la parte dispositiva hace lugar al recurso de apelación y consecuentemente queda revocado el pronunciamiento recurrido, dictando la pertinente dispositiva; impone las cost as y dispone oportuna regulación de honorarios.

Surge así que el fallo impugnado se ajusta a las disposiciones procesales aplicables al caso, en cuanto a las exigencias que debe contener el pronunciamiento de segunda instancia, y además respeta los límites impuestos al Tribunal en orden a las cuestiones que el mismo puede resolver, toda vez que consideró y se pronunció sobre cada uno de los planteos -todos referidos a la valoración de hechos y pruebas- expuestos en la expresión de agravios. Consecuentemente, la denunciada afectación del principio de bilateralidad y la falta de fundamentos suficientes, en las que el recurrente basa su pedido de nulidad (infracción arts. 272 y 273 del CPCC), debe ser desestimado.

4.2 Los cuatro agravios que siguen al antes analizado refieren, sustancialmente, al valor probatorio asignado por la Cámara a los dichos del Dr. Caneppa en acta labrada por escribano público, a las declaraciones de la Dra. Racedo de Soria por ante escribano público y también cuando fue llamada como testigo, a las manifestaciones del Dr. Núñez igualmente vertidas por ante escribano público y como testigo y a las del Dr. Quintana ante escribano público. Como se advierte, los planteos son esencialmente fácticos y, por ende, inadmisibles en esta instancia, salvo que se invoque y funde suficientemente la presencia del vicio de arbitrariedad.

Respecto de las declaraciones de los mencionados facultativos ante el escribano público, el recurrente hace una crítica común, fundada en que el criterio del Tribunal de que tales declaraciones tienen valor probatorio que puede ser desvirtuado por prueba en contrario es arbitrario ya que se trata de testimoniales rendidas en violación a las disposiciones de los arts. 383, 385 y 386 del CPCCT pues no hay juramento de decir verdad, liberando al dicente de las consecuencias de falso testimonio y sin control de parte ni del Juez, y, en esa línea, sostiene que el Tribunal habría invertido caprichosamente la carga de la prueba.

El planteo no reúne el recaudo de suficiencia exigido por el art. 132 del CPTT, toda vez que se pretende desvirtuar la fuerza de convicción de una prueba instrumental -actas declarativas ante notario- y hace mención a una supuesta inversión de la carga probatoria, señalando que tales declaraciones no se habrían ajustado a las disposiciones regulatorias que rigen otro medio de prueba, la testimonial. En otras palabras, el recurrente sólo hace referencia a las disposiciones legales en las que la Cámara funda el valor probatorio de las mencionadas instrumentales, sin hacerse cargo del razonamiento sentencial ya que su crítica está centralmente orientada a demostrar que las cuatro declaraciones impugnadas no habrían respetado las reglas que rigen la prueba testimonial y respecto de dos de ellas, que los facultativos no habrían sido llamados en el pleito como testigos.

Las demás apreciaciones relativas tanto a las declaraciones testimoniales de los médicos Racedo de Soria y Núñez como a las expresiones vertidas por los cuatro profesionales en las antes mencionadas actas, sólo expresan un criterio discrepante del recurrente con el valor probatorio asignado por el Tribunal, pero no alcanzan a demostrar que el mismo esté viciado de arbitrariedad.

4.3. Por último el agravio referido a la causal del despido y contemporaneidad de los hechos y la sanción (violación del art. 242 de la LCT), tampoco reúne el requisito de suficiencia, previsto en el art. 132 del CPTT, y por ende es inadmisible, ya que prescinde del alcance del procedimiento de exclusión de la tutela sindical previsto en el art. 52 de la Ley 23.551, configurado como necesario para que el empleador tome o no la medida invocada en la demanda de este procedimiento; razón por la cual, si su decisión es de aplicar la medida, la legitimidad de la misma será ampliamente debatida en el ámbito de otro proceso judicial. A propósito dijo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que "el empleador antes de adoptar las disposiciones enunciadas en el art. 52 de la ley 23.551 (ADLA, XLVIII-B, 1408) debe requerir ante la justicia la autorización pertinente para disponer la medida señalada en su demanda, la que será resuelta en atención a las circunstancias que "prima facie" hagan verosímil el planteo sometido a decisión. Vale decir que la exclusión de la tutela sindical lo es al solo efecto de que el patrono adopte la medida invocada, asistiéndole recién entonces el derecho a efectivizarla". ("Vidal Carlos A. y Otros c. Municipalidad de Colón", 04/10/1994, LLBA, 1994-899).

5. La inadecuación del recurso a los requisitos de los arts. 131 y 132 del CPTT conducen a declararlo mal concedido, con costas (arts. 49 del CPTT y 106 del CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I. NO HACER LUGAR, en relación al agravio examinado en el punto 4.1 de los considerandos, al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala IVa. de la Cámara del Trabajo del 23/9/2002 (fs. 433/437 vta.) y DECLARARLO MAL CONCEDIDO, respecto de los restantes agravios considerados en los apartados 4.2 y 4.3 II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO