marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: ALFREDO VIGIL GONZALEZ FIRMO s/ DENUNCIA HURTO DE AUTOMOTOR  EXPTE. N. 444-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-26

Llegándose a determinar la ebriedad total y absoluta y aunque voluntaria no preordenada, y no existiendo forma legal culposa del delito de hurto de automotor se entiende que la sentencia en recurso debe ser revocada, absolviéndose al imputado del delito por el que se lo procesará, por aplicación del art. 34, inc. 1 del Código Penal.
Juicio de desalojo, legitimación activa, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scolaro, Tindara c/ Pasquini, Daniel y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

El proceso especial de desalojo se caracteriza porque cuando existe la obligación de restituir exigible, los efectos de la sentencia se hacen efectivos no sólo contra el locatario, sino contra todos los integrantes del grupo familiar, e incluso contra quienes han revistado como meros ocupantes, mientras no enerven debidamente el derecho que esgrime el actor (doc. art. 676 Cód. Proc.). Y desde luego, no puede lograrse tal efecto enervante por el hecho de que se desconozca totalmente la relación contractual, si el contrato suscripto entre locador y locatario, debe tenerse por auténtico en razón del allanamiento del locatario (arts. 1028 Cód. Civil y 307 Cód. Proc.). En tales condiciones, como el instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores (art. 1026 Cód. Civil), la recurrente no puede desconocer los efectos de dicho contrato (arts. 1197 y 1198 1ra. parte, Cód. Civil). Carece así de todo sustento la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, que se ha opuesto (art. 676, 2do. apartado Cód. Procesal).
Medicina prepaga, obras sociales, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

Por imperio del art. 1 de la ley 24.754, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resulten obligatorias para las obras sociales. Esto último comprende las prestaciones que, con dicho carácter obligatorio, establezca y actualice periódicamente la autoridad de aplicación en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 28 de la ley 23.661. Y también, en lo que atañe a las personas con discapacidad, todas las que requiera su rehabilitación (art. 28 cit.), así como, en la medida que conciernan al campo médico asistencial, las demás previstas en la ley 24.901.
Costas, interés concreto, Administración Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: INGENIERO OSCAR A. DIEZ  S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  DE PLENA JURISDICCION Y SUS ACUMULADOS -CON LOS  ALCANCES DEL ARTICULO 342 DEL C.P.C. Y C. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291  AÑO 1995 Y SU ACUMULADO 856/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

Corresponde imponer las costas por su orden, atento que en el caso medió razón bastante para litigar (cf. art. 84, inc. "c", ley 4106, y 24, ley 11.330), teniendo en cuenta las particularidades asumidas por el iter procedimental, en que la Administración, habiendo inicialmente acogido el reclamo formulado por la empresa, finalmente lo rechazó, mediando sucesivas anulaciones.
Procedimiento tributario, patrocinio letrado, delitos tributarios, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Godoy, Roberto Carlos s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La ausencia de asistencia técnica en el procedimiento administrativo no guarda relación directa e inmediata con la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, si la solución alcanzada atendió a los recaudos previstos en la pertinente norma de procedimiento (artículo agregado a continuación del 44 de la ley 11 683) cuya validez no fue impugnada, y el imputado pudo, finalmente, acceder a los estrados judiciales con la debida asistencia letrada.
Defraudación, administración fraudulenta, sujeto activo
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO DE MOURAS, ELISA s/ RECURSO DE CASACION. Causa:  446
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Pueden ser sujetos activos de este delito, entre otros, los administradores y, en general, quienes tienen poder para decidir junto con otros acerca de intereses ajenos, como ocurre con los miembros de un directorio. La acción, desde el punto de vista objetivo, se integra con dos condiciones: a) violación de deberes, b) perjuicio o creación abusiva de obligaciones. Aunque no exista un efectivo desequilibrio económico entre el activo y el pasivo, basta una abusiva creación de obligaciones, circunstancias todas estas de hecho que deberán acreditarse en cada caso. (Voto de la Dra. Durañona y Vedia).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cofre, Nazario y Antifil. c/ Ezquerra, Luis Alberto. s/ Accidente s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-05

Si una resolución judicial no trata todas las cuestiones o pruebas que una parte trajo al proceso y sólo considera algunas de ellas como basamento de su apoyatura en el decisorio, no por ello será liminarmente inválida. Pero no es menos cierto que: "el magistrado deberá hacer una evaluación de suficiencia del material probatorio, pues ello constituye una exigencia funcional para el pronunciamiento de la sentencia. Es en definitiva, un requisito que hace a la forma de sentencia, y su violación provoca ineludiblemente la nulidad del fallo. (En disidencia: Dr. Leiva).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Guillermo J. c/ Acosta, Abel y ots. s/ Inc. ejec. de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

No reviste carácter definitivo la decisión que en un incidente de ejecución de honorarios rechaza la excepción de inhabilidad de título por entender que los pactos de cuota litis carecen de fuerza ejecutiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asignaciones familiares, aportes previsionales, aplicación de la ley, derecho de preferencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HOSPITAL BRITANICO BUENOS AIRES c/ D.G.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-25

La situación en que se encuentran aquellas instituciones que contribuyen al sostenimiento del régimen de asignaciones familiares con un aporte sobre las remuneraciones abonadas a su personal que no supera el 50% de los importes establecidos por tal concepto para el común de las empresas (cfr. concepto art. 1 in fine, Ley 15.223, que se mantuvo pese al dictado de la ley 18.037), no se vio alterada por la ley 24.013, ya que de ella no puede inferirse validamente que se haya modificado el porcentaje de imposición para quienes venían gozando de un tratamiento preferencial como tampoco se hizo respecto de las empresas comprendidas en el aporte común.
Quiebra, pedido de quiebra, embargo, depósito judicial, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRYSF    SOCIEDAD  ANONIMA-SURTE  SOCIEDAD  RESPONSABILIDAD  LIMITADA s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

La falta de atención del documento que motivara el pedido de quiebra suscitó la apariencia del "hecho de quiebra" a que alude el voto de la mayoría en el fallo plenario "Pombo".

El haber desvirtuado tal apariencia con posterioridad, a través del depósito a embargo de la suma reclamada, no exonera al deudor de su anterior accionar entre cuyas consecuencias se encuentra el pago de las costas judiciales originadas en la fundada actuación judicial de su contraparte.
Lucro cesante, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: QUIJADA HECTOR c/ PASKVAN ALBERTO RODOLFO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

El lucro cesante sólo comprende las ganancias dejadas de percibir a consecuencia del accidente hasta que se dio de alta al lesionado debiendo determinarse en base a las últimas ganancias obtenidas por la víctima del hecho ilícito. Conjuga las pérdidas durante el tiempo de inactividad o disminución a la actividad laboral ya sea total o parcial, pero transitorio. La doctrina y la jurisprudencia separan los conceptos de lucro cesante o incapacidad sobreviviente, pero si la víctima reclama el menoscabo patrimonial que le produce la incapacidad permanente del 100%, en el tiempo probable de su vida útil el primero es improcedente
Alimentos, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. de Z., M. A. c/ Z., N. s/ Alimentos (inc. art. 250 del CPC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

La liquidación de intereses correspondientes a las cuotas alimentarias adeudadas, se hará a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación -art. 622 C.C.; Dec.

reglamentario Ley 23928; SCBA Ac. 43448-.
Procedimiento judicial de la seguridad social, terminación del proceso, caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: LAJUD CURA, ANA MARIA c/ La Bs. Aires, Cía. Arg. de Seg.", sent. del 25.09.97). (Del voto de la Dra. Maffei).A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-18

La caducidad de instancia es una institución procesal por la cual, ante la inactividad de las partes, se extingue el proceso. Sin perjuicio de ello, ha de señalarse que la C.S.J.N. ha resuelto en numerosos casos la interpretación restrictiva en la aplicación de la caducidad, afirmando el criterio de evitar un excesivo ritualismo y considerar la necesidad de conservar el proceso (cfr. Fallos 312:1243;

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Competencia, competencia por la materia, procesos de conocimiento, tercería de mejor derecho, simulación, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: Carrasco Cortés, Benedicto A. c/ García Miralles, Horacio y otros. s/ Tercería e/a.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-26

El hecho de que la causa que ha originado la tercería y la anexada acción de simulación, sea un juicio ejecutivo que tramita por ante el Juzgado de juicios ejecutivos, de manera alguna importa un obstáculo a la competencia por razón de conexidad que juzgo debe prevalecer.

Por lo tanto, no advierto ningún impedimento para que en este caso, particular por cierto, ante la existencia de conexidad en estos dos juicios de conocimiento, pueda intervenir el juez de la ejecución, a cuyo fin deberá disponerse en la instancia de origen, la tramitación en un mismo expediente de ambas causas, para lo cual deberá cambiarse el trámite dado a la tercería, atento el procedimiento ordinario que corresponde al de simulación.
Administración Pública, procedimiento administrativo, aplicación de la ley, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARIAS LUIS DEL VALLE Y GERBINO OSCAR ANTONIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-16

En el orden local provincial, la materia procesal administrativa fue caracterizada con referencia a la impugnación de actos administrativos emitidos por la Administración Pública, por lo tanto queda definida por su naturaleza -establecida en el art. 1 de la Ley Nº 2297-.
Prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez M.A. c/ Manufactura Peletera Gualeguay S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-28

El plazo de la prescripción, tratándose de honorarios de abogados que fueron oportunamente regulados, es de 10 años, ya que estamos en presencia de "una actio judicati" fundada en una sentencia firme, que abre un plazo de 10 años desde la fecha en que la sentencia queda ejecutoriada.
Personal de casas particulares, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Moreno Rosa Elvira c/ Zapata Hector s/ Apelación de sentencia, resolución y honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-26

Si bien quien cuida enfermos es personal doméstico, está excluido del estatuto homónimo. Tal naturaleza surge al reunirse los requisitos de aquéllas personas que encuadran en el decreto ley 326 /56; ejecutan tareas inherentes al hogar, por serlo en el ámbito físico donde reside el empleador y los servicios prestados son propios de la vida hogareña (el cuidado de los parientes o convivientes es típico fin de la familia) y media ausencia de lucro con las tareas por parte de la persona que la contrata -enfermo para sí o familiar conviviente de aquél para el mismo-.

A su vez, la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 2 inciso b), excluye de su ámbito al personal doméstico, siendo la inaplicabilidad de tal preceptiva en función de la naturaleza de los servicios que se prestan.

Sería un error considerar que la exclusión del decreto ley 326/56 del personal que cuida enfermos en el ámbito doméstico, conlleva sin más su inclusión en la citada norma cuando, a tal efecto, es necesario en función de la naturaleza de la relación, verificar si encuadra en el ámbito personal de la norma a aplicar, que los excluye, al igual que otros empleados domésticos.
Competencia contencioso administrativa, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orioli, Hugo del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-05

Comparece la parte actora, interponiendo recurso extraordinario federal en los términos del Art. 14 de la Ley 48, en contra de la Sentencia Definitiva Nº 03/12 dictada por esta Corte de Justicia, que resuelve rechazar la acción de nulidad y plena jurisdicción, interpuesta en contra del Estado Provincial.

En orden a la consideración del recurso extraordinario federal interpuesto en contra de la sentencia definitiva de este Superior Tribunal Provincial, se impone como análisis preliminar en su proposición, la verificación de la satisfacción por parte del recurrente de los requisitos formales extrínsecos determinantes de la viabilidad formal del mismo.

De ello resulta que la recurrente pretende la apertura del remedio extraordinario federal mediante la somera invocación, en segundo orden de la causal de arbitrariedad que incurriría, a su criterio, el fallo definitivo de este Superior Tribunal provincial.

La invocación de la causal de arbitrariedad argüida como descalificante del pronunciamiento de este Cuerpo, en tanto resulta una variante de creación pretoriana de la CSJN, reviste carácter excepcional, que implica por parte de la Corte un control de razonabilidad de los actos judiciales para garantizar su constitucionalidad, (Conf.: JC Hitters, Recursos Extraordinarios y Casación, p. 699/700).

De lo que se colige, que el juego armónico en la exégesis manejada por el Tribunal de las normas de superior jerarquía y derecho público provincial que motivan la sentencia, se exhibe como razonablemente enderezada ha garantizar la prelación normativa dentro del estado de derecho, con incondicional respeto al debido proceso adjetivo y derecho de propiedad en sentido lato conforme a la normativa provincial, los que se encuentran garantizados en el pronunciamiento, que hace merito en su argumentación central de la actuación que le cupo al recurrente en el desarrollo del proceso licitatorio de conformidad a normas vigentes en la provincia.

Por ello, y haciendo lo propio lo dictaminado por el Sr. Procurador General que agota la materia traída a decisión, corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario federal por no mediar arbitrariedad en la sentencia de esta Corte de Justicia, con costas a la parte recurrente.
Honorarios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INSUA DE SAAVEDRA, Marta E. c/ SEGBA s/ HONORARIOS: ACTUALIZACION - MORA EN LA OBLIGACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Los honorarios regulados en segunda instancia al Dr. Parini, constituyen un accesorio de la condena, por manera que, no habiendo sido abonados dentro del plazo de quince días corridos establecido con carácter firme en la sentencia de primera instancia para el cumplimiento de aquélla, contados desde su notificación, la obligada se halla incursa en mora, procediendo actualizar los honorarios desde la fecha del auto regulatorio, desde que la retribución fue determinada conforme con los valores vigentes a esa fecha y no a los que regían un mes después, cabiendo agregar que el sistema arbitrado por la ley 21.839 no se opone a esta solución.-
Jueces, juicio, empleador, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: ACORONI, GUSTAVO JUAN c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Esta Corte provincial -si bien con diferente integración- ha postulado sobre la sanción en debate, en cuanto a que en principio, calificar la conducta del empleador en orden a lo dispuesto por el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una facultad privativa de los jueces de grado y, en tanto no desborden los límites que las leyes autorizan y no medie un evidente exceso en sus facultades, resultan exentas de revisión por esta vía de excepción, salvo que se alegue y se demuestre arbitrariedad en lo decidido; a lo que cabe agregar, en atención a la crítica del impugnante, respecto a que la ley imputa exclusivamente la conducta maliciosa o temeraria del empleador, que la extensión de su aplicación a la aseguradora es una cuestión superada conforme a la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal in re "Rivero, Alejandro c. Asociart ART S.A." - CITAS: CSJStaFe: Vallejos, José c. Lumbreras y Prarizzi S.C.C. y otros, AyS T 196, p 137; Rivero, Alejandro c. Asociart ART S.A., AyS T 300, p 154. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 275
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jolani, José Enrique c/ Piñero, Orfilio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

Procede el levantamiento del embargo respecto de la mesa, sillas y un modular por considerarse de "uso indispensable" conforme lo establece el artº 219 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dolo, encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa
Materia: PENAL
Carátula: BARONE, RICARDO DANIEL s/ RECEPTACION SOSPECHOSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-28

No es cierto que la interpretación de CREUS que cita la sentenciante refiere a un texto anterior de la ley penal, puesto que es la que se refiere a la expresión "debía sospechar" que legisla la reforma operada por la ley 23468 del mes de noviembre de 1986 y se encuentra expuesta por el citado tratadista en la segunda edición actualizada impresa por Astrea en 1988 (C. Penal, pte. Especial, t. II). No es solitario, por otra parte, ese criterio interpretativo (Nuñez, R. en "análisis de la ley 21338, Lerner y Ure E. , en "receptación culposa", en J. A. del 3 de diciembre de 1970, referente a la ley 17567, ni tampoco cabe diferenciarlo con los términos "debía presumir" de las leyes 17567 y 21338, pues ambas expresiones tiene similar significado que conduce a igual conclusión: quien debió presumir o sospechar, pudo no haber presumido o sospechado. Los legisladores de la ley 23468, en la discusión parlamentaria, expresaron mas de lo que el texto quiere decir, y al legislarlo, reflotaron en forma de receptación que no es ajena al derecho comprado y que, en su nivel típico inferior, el culposo, importa una lesión a la administración de justicia por vía de violación a una norma de cuidado respecto del trafico de cosas que, de acuerdo a las circunstancias, Deben presumirse o sospecharse provenientes de un delito.
Recurso de casación, prueba testimonial, interrogatorio de testigos, apreciación de la prueba, facultades discrecionales del juez
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: García Balastegui, Gines s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-02

Al Tribunal Superior le está vedado en casación efectuar valoraciones sobre la prueba testimonial por impedírselo el principio de oralidad, comprensivo del de la inmediación, que preside nuestro ordenamiento procesal. Ni siquiera en el caso de autos donde los sentenciantes transcriben expresiones parciales de los testigos resulta pertinente tal valoración, por cuanto la expresión escrita nunca puede suplir las impresiones que recogen los magistrados que examinan a los testigos en el momento en que éstos hacen su declaración. Estas impresiones son intransferibles y gracias a ellas pueden los iudicantes efectuar una interpretación correcta de las testimoniales, pronunciándose acerca de la veracidad que ellas encierran, así como de su sentido y alcances.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: U.C.R.  -  C.F.I.  Partido Federal y  FREJUPO s/ presentaciones    sobre  la  forma  de  computar  los  votos  de  las  elecciones del 14-5-89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

La Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico del que es base normativa deben ser examinados como un todo coherente y armónico en el cual cada precepto recibe y confiere su inteligencia de y para los demás. De tal modo, ninguno puede ser estudiado aisladamente sino en función del conjunto normativo, es decir, como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad.

Esa interpretación debe tener en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad, reacia a ser contenida en fórmulas inmutables.
Falta de fundamentación, recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, violencia familiar
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lavalle, José María s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-24

Carece de motivación el recurso de casación que se limitó a reiterar sus propias convicciones sin asumir la carga de demostrar que el a quo -al denegar la probation fundándose en el carácter vinculante del dictamen del MPF- aplicó erróneamente la ley, máxime tratándose de un caso de violencia intrafamiliar -se imputa al marido haber causado lesiones dolosas de carácter leve a su cónyuge- en el que rigen las obligaciones contraídas por el Estado Argentino al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en particular la Convención de Belém do Pará y resulta aplicable la doctrina CS "Góngora". La disidencia postuló la admisión del recurso por considerar que la resolución atacada podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. (Dres. Borinsky, Hornos -en disidencia- y Gemignani).