Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-28


AUTOS N° 118303/CA (Contencioso Administrativo) (SALA III 11812) "ABALLAY Carlos Américo C/ Municipalidad de Santa Lucia - Contencioso Administrativo" En la Ciudad de San Juan, a 28 días del mes de Agosto de 2017, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Luis Alberto Recio y Juan Carlos Pérez, a los fines de resolver respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 478 por la parte actora contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2017, obrante a fs. 457/473.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo:

En los presentes autos, y sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez a la que me remito, paso a expresar brevemente los hechos a los fines de dar la suficiente autonomía a la presente.

En la demanda de cobro de pesos el actor pretende obtener una condena contra la demandada Municipalidad de Santa Lucía, para que esta pague en dinero en efectivo y de contado la sumas que dice le adeuda, por tareas realizadas en relación de dependencia laboral, monto que surgirá de la diferencia entre lo percibido efectivamente y lo determinado por el salario mínimo, vital y móvil existente en el período de la relación laboral desarrollada bajo su dependencia desde el día 23 de marzo de 1992 hasta que se consideró despedido indirectamente en fecha 24 de septiembre de 2008 por injurias graves y al impedirle continuar desempeñándose en sus tareas. También reclama la efectivización del pago de los correspondientes aportes y contribuciones a la seguridad social por todo el período que denuncia como trabajado en relación de dependencia.

La demandada, al contestar demanda, interpone excepción de falta de legitimación procesal pasiva de la Municipalidad de Santa Lucía, y además señala que ninguna vinculación laboral se creo con el actor sino que éste prestó servicios en la Municipalidad a través de otro tipo de modalidad que no implicaron relación de dependencia.

La Sra. Juez de primera instancia al momento de emitir sentencia resuelve: "1. Rechazar la Excepción de Falta de Acción planteada por la accionada conforme se analizó en el Considerando 2.a) de la presente. Imponer las costas a la parte demandada vencida, regulando los honorarios profesionales de la Dra. CECILIA MUT RUSSO, como apoderada de la parte actora gananciosa en la suma de pesos Dos mil ($2.000.-) y a los Dres. JUAN JOSÉ VICTORIA Y JUAN MIGUEL LIÑÁN BUSLEIMAN, en forma conjunta como apoderados de la parte demandada vencida, en la suma de Pesos Un mil doscientos ($1.200) II. Rechazar la demanda por Cobro de Pesos planteada por el Sr. CARLOS AMÉRICO ABALLAY contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA. III. Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 66 del C.P.C.), regulando los honorarios profesionales de los Dres. JUAN JOSÉ VICTORIA Y MIGUEL LIÑAN BUSLEIMAN, en forma conjunta como apoderados de la parte demandada gananciosa, por las etapas cumplidas, en un 14% de la liquidación que se practique al efecto, y al DR. MIGUEL SEBASTIÁN DÁVILA, como apoderado de la parte demandada gananciosa, por la etapa de alegato, en un 7% de la liquidación que se practique al efecto; sin que corresponda regular a favor de los Dres. FABIAN MARTÍN Y DANTE ROBLES ROCA (Cfr. art. 20 inc. b) Ley 56-O). Y de la Dra. CECILIA MUT RUSSO, como apoderada de la parte actora perdidosa, en un 60% de lo regulado a los letrados de la parte vencedora en autos." sic.

Contra dicha resolución se alza la actora interponiendo recurso de apelación a fs. 478, el que fuera concedido a fs. 479. La expresión de agravios luce agregada a fs. 481/493. En dicho memorial, la apelante luego de efectuar una reseña del reclamo establecido en la demanda, y los fundamentos que llevaron al actor a su interposición, detalla los agravios que le produce el dictado de la sentencia en su contra, así en el punto 1. y luego de expresar y reseñar la documental acompañada a los autos por actor y demandados, referida a la prestación de servicios del actor, manifiesta que lo expuesto en relación a ella demuestra las contradicciones y falacias vertidas por la patronal para encubrir el fraude laboral, absolutamente omitido por el a-quo en el fallo apelado. Que en consecuencia le agravia a su parte que la Magistrado, reconociendo la existencia de la prestación de servicios y con la prueba contundente que existe en la causa niegue derecho laboral alguno al trabajador y que arbitraria e irracionalmente se someta a los justificativos del fraude expuestos por la demanda al rechazar la acción.

En el punto 2. del escrito expresa que le agravia que la Sra. Juez al rechazar la excepción de falta de legitimación, en los considerandos, "adhiera" a los lineamientos de la demanda y acepte las figuras fraudulentamente utilizadas por la patronal como determinadoras de la naturaleza del vínculo entre las partes, desconociendo así todos los derechos protectorios que amparan a los trabajadores. Que asimismo, por un lado le reconozca legitimación procesal para intervenir y la relación sustancial que subyace, pero no le reconozca derecho laboral alguno, re - victimizándolo como sujeto del fraude laboral producido por la patronal y consolidado por el a-quo.

En el punto 3. expresa que le agravia el marco normativo bajo el cual analiza la pretensión esgrimida por la actora, sosteniendo en coincidencia con el dictamen fiscal que la relación de autos se sitúa fuera del ámbito del Derecho Individual del Trabajo, y enmarcado en el Derecho Administrativo y Constitucional. Aduce que si bien la competencia es rechazada prima facie ello para nada define el derecho de fondo el que queda establecido una vez producida la prueba pertinente.

Sostiene que la Sra. Juez desconoce los derechos constitucionales que amparan al trabajador y acepta el encuadre legal que presenta la patronal como pantalla. Que a su vez no tenga en cuenta los pasos firmes que ha dado la C.S.J.N. y los tribunales inferiores a los fines de reconocer derechos de los trabajadores insertos en la Administración Pública, más allá de las diferentes formas de contratación por las cuales prestan sus servicios. En materia de estabilidad propia, menciona la causa Madorran c/ Administración Nacional de Aduanas, Ramos c/ Estado Nacional, "Cerigliano", etc. mencionando la jurisprudencia sentada en los mismos.

Al punto 4. expresa que también le causa agravios que se pretenda excluir al actor del derecho laboral constitucional en razón y con fundamento en el Acuerdo General N° 54 de la Corte de Justicia, conforme la competencia que esta asigna al Juzgado Especial sustrayendo de este modo al demandante de la aplicación de las normas laborales y las protecciones constitucionales, como la finalidad reparadora de la indemnización, de remuneración mínima, de igual remuneración por igual tarea, vacaciones, etc.

Así al punto 5. expresa que le agravia la conclusión del a-quo que dice: " al fijarse la competencia del tribunal, este se encuentra inhibido de considerar las normas y principios del Derecho Laboral para la solución de la controversia planteada debiéndose aplicar estrictamente las normas y principios de Derecho Administrativo, atendiendo que no se encuentra debatido ni controvertido que el actor se encontraba vinculado a la Municipalidad accionada por una relación de empleo público a través de contratos de locación de servicios primero, luego de obra y por último como beneficiario del Programa de Desarrollo de empleo Local establecido por el Ministerio de Trabajo, empleo y Formación de Recursos Humanos de la nación, según se analizó en el acápite anterior".

En el punto 6 reitera que le agravia que la Sra. Juez se niegue a fallar sobre los reclamos de la actora excusado en la competencia de su fuero, esto en una franca denegación de justicia, violatoria de los principios que la obligan a resolver el caso tal como lo establece el nuevo Código Civil, en su art. 3. En igual sentido el agravia que la Sra. Juez transcriba doctrina y jurisprudencia que niega a los trabajadores contratados por el estado de manera irregular y fraudulenta cualquier derecho, lo que se contradice con el principio de progresividad que va consagrando la jurisprudencia en cuanto a la protección constitucional de todos los trabajadores.

En el punto 7. sigue repitiendo su agravio en cuanto al modo de fallar del magistrado con fundamento en las normas de derecho Administrativo resaltando que ésta no manifiesta ni fundamenta porque no debe aplicarse la normativa Laboral especifica, que solamente esgrime a groso modo dos ideas. 1- porque es el fuero contencioso administrativo, 2- Porque ella entiende que las relaciones de empleo Público no se las aplica las normas de la Ley del Contrato de Trabajo. Funda la quejosa en jurisprudencia contraria.

Analiza por otro lado la jurisprudencia citada por la Sra. Juez de primera instancia señalando en todos los casos la errónea aplicación de la misma al caso de autos, como así también la situación de precarización laboral sufrida por el actor y el sometimiento del mismo por necesidades materiales propia y de su familia, no tenidas en cuenta por el Juzgador y que contrarían el sometimiento voluntario del mismo fundada en la teoría de los actos propios, que pretende endilgársele.

Finalmente, señala que le causa agravios la condenación en costas establecida en su contra y la regulación de los honorarios, excluyéndose al particular de las disposiciones de la ley 883 - A, siendo el mismo una consideración discriminatoria en los términos de la Ley 23592 y del principio de igualdad y no discriminación sentado por el art. 2° de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre.

Acto seguido, denuncia violación del derecho a producir prueba en Primera Instancia y solicita se disponga su producción en segunda instancia. expresa al efecto que la Sra. Juez a fs. 331 provee y priva al actor del derecho de producir prueba informativa, confesional y testimonial de manera arbitraria e irracional violando el debido proceso y el derecho de defensa de su parte, lo que confirma al rechazar a fs. 335/336 el recurso interpuesto contra dicha negativa.

Conforme lo dispuesto por el art. 253 del C.P.C., solicita se disponga la producción en la Cámara de la prueba denegada, consistente en Informativa, confesional, testimonial.

Concluye efectuando las reservas constitucionales de recurrir por ante los recursos extraordinarios en el ámbito local Ley Provincial 2275 y del orden nacional Ley 48.

Corrido traslado de los agravios los contesta el Dr. Miguel Sebastián Dávila a fs. 496 / 497 quien solicita el rechazo de los mismos con costas.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	En primer término corresponde el avocamiento de este Tribunal al planteo efectuado por la recurrente respecto de la producción de los medios probatorios articulados en primera instancia y denegados por la Sra. Juez conforme decreto de fs. 331 en oportunidad de abrir la causa a prueba, referida a la confesional, testimonial e informativa.

En este sentido, en el decreto cuestionado, se advierte que la Sra. Juez a - quo, en su resolución ordena la producción de los medios probatorios ofrecidos por las partes y que conducen al esclarecimiento de los hechos vertidos en la demanda, desestimando los ofrecidos por la actora que considera, o inconducentes, u ofrecidos de manera deficiente, por no contener los requisitos establecidos en el art. 295 y 392 del C.P.C, ello en cuanto a la prueba testimonial. Advierto que dicho decreto, fue cuestionado por la apelante con el pertinente recurso interpuesto a fs. 332, rechazado por la Sra. Juez de primera instancia conforme resolución obrante a fs. 335 / 336 de autos, que considero debidamente fundada y acertada.

Es necesario recordar, que el diligenciamiento o producción de prueba en segunda instancia, tiene carácter excepcional, no pudiendo convertirse en una causa de desequilibrio de la igualdad que debe primar entre las partes, ni un premio a la desidia, ya sea por cuanto ésta no fue producida en término o por la deficiencia en su ofrecimiento tal como ocurre en el presente proceso. Además, las posibilidades emergentes del art. 253 inc. 2º del C.P.C., deben ser interpretadas en forma restrictiva. No basta que el recurrente mencione las medidas denegadas, se deben invocar las razones demostrativas de la necesidad de prueba y se exige una crítica concreta y razonada de la resolución desestimatoria de la misma que recayó en primera instancia, señalando los errores incurridos por el Juzgador, en forma similar a lo que ocurre con la expresión de agravios definida en el art. 253 segundo párrafo del C.P.C. (Conf. Fenochietto-Arazi: Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nac. - Tº 1, pág. 828 y ss.; Palacio: Derecho Procesal Civil, Tº V-pág. 280; Fassi: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº IV, pág. 313.- Ver Prot. de Autos, Tº II, Fº 319/320, Año 1986). AUTOS N° 68.997 (9916) DE LOS RÍOS, JUAN D. C / ORELLANO, HUGO WALTER Y OTROS. DAÑOS Y PERJUICIOS. PROT. DE AUTOS T° I F° 38 AÑO 2010- 24-02-2010.

Nada de lo expresado anteriormente ha llevado a cabo la apelante. En su escrito de replanteo de prueba simplemente se limita a expresar que le resulta una situación discriminatoria la denegación de la prueba señalada, pero no refuta los argumentos expresados por el a - quo en la resolución desestimatoria de fs. 235/236, por lo que considero procedente desestimar el pedido en cuestión.

Ahora bien, entrando a los agravios expresados y que motivan el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2016 obrante a fs. 457/473, diré que:

Ante todo, el razonamiento efectuado por la Sra, Juez de primera instancia aparece impecable, tanto en lo que respecta al encuadre jurídico que la misma otorga a la presente causa, como a la valoración de la prueba ofrecida en autos, items estos que postulan la queja del actor, ello por cuanto es la propia accionante quien en primer término solicita que la relación laboral que dice mantener con la demandada sea equiparada a la del personal de planta permanente de la Municipalidad para así hacer surgir el derecho a indemnización o resarcimiento que demanda, en tal caso la relación que uniría a éstos agentes con el ente se encuentra determinado y regido por el derecho público. La Municipalidad de Santa Lucía, empleador demandado es un ente público estatal, integrante de la Administración Pública Provincial en sentido amplio, sin mengua, de la autonomía dispuesta por el art. 247 de la Constitución Provincial, por lo que le son aplicables las normativas propias del empleo público. Todo ello sin perjuicio de que al argumento expresado por el apelante respecto del sometimiento del caso a la normativa laboral, resulta extemporáneo a esta altura del proceso, por haber precluído su planteo al haber consentido el actor conforme lo obrado en fs. 84 a 88 de autos la actuación del Tribunal en lo Contencioso Administrativo.

Tampoco resulta desacertada la valoración efectuada por la Sra. Juez, como dijera, de la prueba respecto de la vinculación laboral efectuada en autos y el razonamiento para distinguir y otorgar consecuencias jurídicas a la situación acreditada en autos, respecto a que el actor no pertenecía al personal de planta permanente de la Municipalidad, sino que se desempeñó como trabajador en la misma vinculado por diversos tipos de contratos. Por lo que no puede alegar estabilidad en su función, más cuando desarrollo actividades en su mayor período como beneficiario de un programa de empleo. En tal caso, es exacta la distinción realizada al efecto del que surge que el personal de planta temporaria, como sería el caso, participa de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos de modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.

En concordancia con lo anterior, es necesario recordar que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo desarrollado entre la Municipalidad y el actor, está dado por la modalidad de la designación de éste último, en tanto para ingresar al régimen de planta permanente o para hacerlo como transitorio, la ley exige el cumplimiento de ciertos requisitos que no pueden desconocerse. De allí que en el marco establecido por la condición jurídica de agente de planta temporaria no pueda consolidarse una relación de empleo estable ni aspirar a ejercer un derecho a ella. (conf. SCBA, L. B. 57.741, "Iori", cit.; B. 61.215, "Zocchi", sent. del 01/03/2006; B. 57.828, "Fleitas", sent. del 02/05/2007; B. 51.133, "Pícaro", sent. del 03/03/2010).

Dicho ello, de la prueba documental acompañada por ambas partes, contratos de servicios, surge del propio texto de los mismos que en sus cláusula tercera se especificó, respecto de las responsabilidades que el mismo asigna a la Municipalidad que en caso de continuar la ejecución de contrato " .....deberá interpretarse que no se trata de una renovación automática y jamás podrá interpretarse como novación, intervención o cambio de las condiciones pactadas...". Por otro lado en el convenio marco entre la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de Santa Lucía de la Provincia de San Juan, al punto primero se establece "La Municipalidad se compromete a ejecutar proyectos de infraestructura económica y social en el marco de Programa DESARROLLO DEL EMPLEO LOCAL V, brindando ocupación transitoria a trabajadores / as desocupados / as". De lo antedicho, se desprende. que ya sea por contrato de servicios o a través del programa último mencionado el actor prestó funciones transitorias en el municipio demandado, situaciones que fueron consentidas, durante la vigencia de los mismos, por lo que no puede generar dicho tipo de vinculación una legítima expectativa de permanencia laboral en el agente o su continuidad en el empleo aún cuando ellos hubieren sido sistemáticamente renovados, que es lo que haría surgir la indemnización reparadora que solicita. De cualquier modo, ya sea por conducto del primer nombramiento o de los restantes que se sucedieron posteriormente, siempre se mantuvo al Sr. Carlos Aballay, como trabajador con carácter temporario.

En este orden de ideas, es dable resaltar, que el voluntario sometimiento del actor sin reserva expresa, a un régimen jurídico comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación, ya que aceptada la forma de contratación que no se caracteriza por un régimen de estabilidad, le veda a éste la posibilidad de reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en la relación, dado que de otro modo se violenta el principio que impide ir contra actos propios, que se basan en hechos concretos, sin que pueda inmiscuirse el Juzgador a valorar las condiciones personales o el ánimo del agente, por cuando las mismas son cuestiones subjetivas, vedadas al juzgamiento de la cuestión. Ello en función de rebatir el fundamento expuesto por la apelante en el sentido de no haberse tenido en cuenta la situación del actor y su necesidad familiar.

Retomando lo expresado con anterioridad, el reclamante se encuentra excluído de las previsiones que en materia de estabilidad prevé el plexo normativo aplicable, pues su condición de agente temporario le ha impedido adquirir aquel carácter. El acto de designación en un cargo, es el que imprime el régimen aplicable a la relación, sin que, en el caso, esa situación de revista haya resultado modificada. Su desempeño dentro de la Municipalidad de Santa Lucía lo fue en virtud de las contrataciones temporarias que le permitieron desarrollar sus labores. De lo contrario, si se atribuyera la condición de agente permanente a quien no fue incorporado a los cuadros de la administración municipal con los recaudos y medios de selección previstos para ello se estaría alterando el régimen establecido por ley.

En virtud de lo expresado, concuerdo con la solución adoptada por la Sra. Juez de primera instancia y en consecuencia voto por el rechazo de la demanda y postulo la desestimación del presente recurso de apelación.

Ahora bien, análisis aparte merece el agravio referido a la falta de aplicación de la ley 883 - A en materia de imposición de costas. La apelante se queja que las mismas fueran impuestas en su contra por el rechazo de la acción. Propicio, en tal sentido el acogimiento de este agravio, ello por cuanto, los argumentos efectuados por la Sra. Juez de primera instancia no encuentran fundamento jurídico satisfactorio. Al respecto la norma invocada Ley 7675 - hoy 883 - A - es clara en lo relativo a las causas judiciales que se encuentran sometidas a la misma en sus arts. 1° y 2°, dentro de la que cabe incluir a la presente, siendo el art. 3° el que regula específicamente las excepciones a su aplicación.

La presente causa, es una reclamación de contenido patrimonial, siendo uno de los entes del Estado, la Municipalidad de Santa Lucía es la demandada, por lo que se cumplen las previsiones establecidas en los artículos citados de la norma, en consecuencia se hace lugar a este agravio, determinado la imposición de costas en la presente, tanto en primera como segunda instancia por el orden causado conforme lo establecido en el art. 20 de la ley 883 - A.

Honorarios. Se regulan honorarios a los letrados intervinientes Dra. Cecilia Mut Russo y Miguel Sebastián Dávila, por su actuación en esta instancia y conforme el resultado de la presente en el 30% de la regulación fijada, a él o los letrados de cada parte que intervinieron en primera instancia. Así voto.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

Por todo ello, normas, jurisprudencia y doctrina citada, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 478 por la actora contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2016, la que se confirma, con excepción de lo que la misma dispone respecto de la imposición de costas, las que se determinan en primera y segunda instancia por el orden causado conforme a lo preceptuado en los arts. 1, 2 y 20 de la ley 883 - A, en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos que anteceden.

2) Regular los honorarios de los letrados intervinientes Dra. Cecilia Mut Russo y Miguel Sebastián Davila, por su actuación en esta instancia y conforme el resultado de la presente en el 30% de la regulación fijada a él o los letrados de cada parte, que intervinieron en primera instancia (art. 21 inc. a) Ley 56-O.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C. FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 42/49 AÑO 2017