Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-29


Salta, 29 de diciembre de 2016.	(Tomo 209:633/644) Y VISTOS: Estos autos caratulados "FLORES, SILVIA NATALIA VS. CHALABE DE CAUSARANO, CAROLINA RAQUEL - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 38.295/16), y___ ____________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 179/186 de autos, la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de fs. 170/176.	Según la impugnante el fallo de la alzada conculcó garantías de jerarquía constitucional como el sistema republicano de gobierno, al no respetar la división de poderes y fallar en contra de expresas disposiciones legales, vulnerando -a su entender- el valor seguridad jurídica y los principios de razonabilidad y legalidad.______________________________________________________________	Indicó que la sentencia resultó contraria a lo expresamente dispuesto por las leyes y expresó que no se consideraron las disposiciones del Decreto Ley Nº 326/56, el que debió ser interpretado armónicamente con la Ley 25239. Cuestionó el análisis que efectuó la Cámara del art. 1º del decreto ley de mención al sostener que la norma prevé tres supuestos de exclusión distintos e independientes, señalando que ese alcance no surge de la letra del precepto. Con cita de doctrina y jurisprudencia -a la que calificó de mayoritaria- refirió que los supuestos de exclusión a los que refiere el decreto ley bajo análisis son acumulativos y no alternativos.	Adujo la recurrente que el fallo cuestionado no valoró la interpretación efectuada por la Secretaría de Servicios de Salud, que dictaminó que los trabajadores del servicio doméstico que estén en relación de dependencia bajo el Decreto Ley Nº 326/56 -es decir, quienes cumplen cuatro horas diarias por cuatro días a la semana por más de un mes- estaban regulados por el régimen general y que por ellos deberán efectuarse los aportes y contribuciones. De esa manera -dijo- las restantes empleadas están incluidas en los preceptos de la Ley 25239 y son las que revisten condición de autónomas. Sobre estas bases -indicó- la actora era una trabajadora autónoma conforme con la legislación vigente de la época.	Agregó que la sentencia impugnada resultó autocontradictoria porque si bien aplicó, por un lado, el Decreto Ley Nº 326/56, por el otro la condenó a pagar una indemnización por integración cuando este rubro no se encuentra previsto en la norma antes mencionada. Asimismo, controvirtió el cálculo efectuado por la alzada que le reconoció a la actora integración por el mes de febrero del año 2011, cuando el distracto ocurrió el 26/01/2011.	Finalmente, la recurrente atribuyó a la sentencia errores aritméticos, en especial la determinación de los rubros correspondientes a integración, preaviso, antigüedad y vacaciones, afirmando que de esa manera se conculcó su derecho de propiedad.	Concedido el recurso por el tribunal "a quo" a fs. 189/190, se agregaron las memorias presentadas por las partes a fs. 204/211 y 212/213.	El señor Fiscal ante la Corte Nº 1 dictaminó a fs. 215/216 vta. pronunciándose por dejar sin efecto la sentencia de la Sala I de la Cámara Laboral, en virtud de los argumentos allí desarrollados.	A fs. 218 se llamaron autos para resolver.	2º) Que si bien las cuestiones entre empleados y empleadores que atañen a derechos que emanan de la relación laboral y son debatidas ante los tribunales de la causa remiten al análisis de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria, tal regla debe dejarse de lado cuando se verifica un supuesto de arbitrariedad que conduce a la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (cfr. CJSN, Fallos, 324:1528, entre otros).	3º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59: 527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 99:889).	Esta Corte en reiteradas oportunidades ha señalado que la causal de arbitrariedad por prescindencia del texto legal requiere la demostración de un apartamiento palmario de la solución normativa aplicable al caso o decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado (cfr. Tomo 88:799; 95:109; 96:495; 204: 41, entre otros).	En consonancia con ello, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional (cfr. CSJN, Fallos, 301:1002; 310: 1638).	4º) Que en el caso, la Cámara, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y desestimó el de la demandada; revocó el punto I de la parte dispositiva de la sentencia dictada en primera instancia y condenó a la accionada a pagar la suma de $ 18.791,22 por los rubros que consideró admisibles conforme a la planilla que formuló.	En el fallo impugnado los jueces analizaron la contestación de la demanda efectuada por la señora Carolina Raquel Chalabe de Causarano (v. fs. 19/22) y consideraron al reconocimiento (parcial) de los hechos como decisivo para sostener que la actora trabajó por más de cuatro horas diarias. Sobre la base de esa sola circunstancia, entendieron que resultaba aplicable al caso el Estatuto del Servicio Doméstico (art. 1º del Decreto Ley Nº 326/56).	Estimaron que esa disposición estableció las relaciones que quedan excluidas de su ámbito de aplicación y las enumeraron como aquellas que tuvieran una duración 1) inferior a un mes, 2) menos de cuatro horas por día, y 3) menos de cuatro días por semana. Explicaron que los tres supuestos son distintos e independientes, es decir que cada uno de ellos configuró una causal de excepción al régimen y que cada una de las causales rige con total independencia de las otras dos.	Con respecto al agravio referido a la errónea valoración de la testimonial, en la sentencia se puso de resalto que el juez de grado no incurrió en arbitrariedad en el análisis de la prueba que le permitió establecer la cantidad de días y horas trabajados, y las tareas prestadas por la actora, sino que la consideró conforme a los arts. 386 y 458 del C.P.C.C. y decidió en consecuencia. Asimismo, la Cámara concluyó que ninguna de las testimoniales producidas acreditó que la actora se haya desempeñado de lunes a sábados pero sí -destacó- admitían haberla visto varias veces a la semana, y al no haberse demostrado todas las tareas complementarias que adujo en su presentación, rechazó los agravios dirigidos a cuestionar la categoría laboral que se le reconoció.	Asimismo, valoró la alzada los alcances de los aportes de la seguridad social efectuados por la demandada y los relacionó con las Leyes 25239 y 26063. Finalmente, en ese contexto, determinó que la actora trabajó tres días a la semana de 08:00 a 14:20 hs. y encuadró las tareas que realizaba dentro de la categoría 5ª. -con retiro- conforme al Estatuto del Servicio Doméstico. De esa manera, declaró procedente el reclamo efectuado por los rubros emergentes de la relación laboral y formuló planilla.	5º) Que al así decidir, la Cámara incurrió en una errónea interpretación del art. 1º del Decreto Ley Nº 326/56, vulnerando de ese modo los derechos a un debido proceso y de defensa en juicio, circunstancia que posee entidad suficiente para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.	En efecto, la doctrina de la arbitrariedad, invocada por el impugnante, al exigir que las sentencias sean fundadas tiende a resguardar la garantía a un debido proceso, a fin de que el derecho a la defensa en juicio tenga efectiva vigencia (esta Corte, Tomo 119:191; 120:69, 157; 197:161).	Con arreglo a ello, el pronunciamiento cuestionado se encuentra teñido de arbitrariedad, toda vez que el tribunal "a quo" soslayó lo dispuesto por el art. 1º del Decreto Ley Nº 326/56. En el caso, no se encuentra controvertido que la actora trabajó para la demandada en el horario diario de 08:00 a 14:20, por lo que debió dilucidarse si tal prestación -que excedió el límite de horas diarias- se efectuó por un término menor a cuatro días a la semana o si lo superaba. Lo que sí se discutió es si sobre la base de esa sola circunstancia temporal -más de cuatro horas diarias- podía subsumirse la causa en el Estatuto del Servicio Doméstico, máxime cuando su inaplicabilidad fue enfáticamente sostenida por la recurrente tanto en su contestación de demanda (v. fs. 20 vta., segundo y tercer párrafos), como en el memorial de agravios (v. fs. 109 pto. 2), y sostenida esa defensa en el recurso de inconstitucionalidad que fuera concedido por el tribunal de grado (v. fs. 179 y sgte. pto. III).	Al respecto cabe señalar que el Decreto Ley Nº 326/56 estableció en su art. 1º lo siguiente: "El presente decreto ley regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones de trabajo que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador lucro o beneficio económico, no siendo tampoco de aplicación para quienes presten sus servicios por tiempo inferior a un mes, trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador".	A la luz de lo expuesto, la interpretación efectuada por la Cámara del art. 1º del Decreto Ley Nº 326/56 no se condice con su verdadero alcance. Al respecto la doctrina sostuvo que para determinar correctamente el ámbito de aplicación de la norma debe atravesarse un doble tamiz. Uno positivo, que exige el cumplimiento de determinados requisitos -tales como la actividad desarrollada en el ámbito y en tareas inherentes al hogar que no representen ganancia o beneficio económico para el empleador-, y otro negativo, a partir del cual de verificarse determinado presupuesto, se generará la exclusión del régimen. Las causales de exclusión pueden ser clasificadas, por razón de la edad, del tiempo, del parentesco y del tipo de tareas. En este contexto, circunscribiendo el análisis a lo que fue materia de agravio, cabe precisar que en razón del tiempo en que se desarrollan las tareas (lapso inferior a un mes, menos de cuatro horas por día o menos de cuatro días a la semana), se expresó que "verificada cualquiera de estas tres circunstancias, la vinculación entre las partes dejará de estar regulada por el dispositivo en cuestión" (cfr. Ackerman, Mario E., "Tratado de Derecho del Trabajo. La relación individual del trabajo - IV", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, Tomo V, págs. 472/ 473)._____________________________________________________________	En idéntico sentido al expuesto, se sostuvo que el art. 1º requiere por un lado, una antigüedad mínima (un mes de servicio), una cantidad mínima de días por semana (cuatro días) y una cantidad mínima de horas por día (cuatro horas). Estos dos últimos requisitos son acumulables, de modo que un trabajador que, por ejemplo, preste servicios durante seis días a la semana pero por un lapso de tres horas diarias, no se encuentra incluido en el estatuto (cfr. Ojeda, Raúl Horacio, "Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y Concordada", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, Tomo I, pág. 69).	Consecuentemente con lo aquí expresado, José Daniel Machado entendió en lo atinente a la condición temporal de aplicación de los extremos que menciona el art. 1º del Dcto. Ley Nº 326/56, cuya concurrencia ha de requerirse acumulada y no alternativamente, que constituyen la principal valla para la actuación del ámbito de protección desde que, con el devenir, se ha impuesto como modalidad sociológicamente dominante la llamada "con retiro" o "cama afuera", que parece haber sido más bien excepcional en tiempos del dictado de la norma. El estatuto recepta así la doctrina de la continuidad, conforme a la cual ha entendido que no bastan las prestaciones de carácter eventual, esporádico o intermitente para alcanzar el tratamiento protectorio allí dispensado, desagregando también a quienes no sean ocupados según una carga horaria que permita inferir una cierta exclusividad o, por lo menos, una dedicación intensiva a favor del mismo empleador. En cualquier caso, para la ley argentina pasa a ser relevante uno de los elementos que la doctrina comparada considera accidental: la concertación de los servicios con arreglo a una modalidad sistemática (cfr. "Estatutos y otras actividades especiales - I", Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003-2, pág. 301).	Cabe concluir, entonces, que el fallo impugnado ha incurrido en una vulneración a las reglas de la defensa en juicio y del debido proceso, al omitir valorar los restantes requisitos temporales a los que se refiere el art. 1º del Decreto Ley Nº 326/56, como ser: relación laboral durante no menos de cuatro días a la semana. De esa manera, sólo se valoró la existencia de sólo uno de sus supuestos para justificar la aplicación al caso del Estatuto del Servicio Doméstico.	6º) Que en atención a que lo señalado resulta suficiente para resolver la cuestión, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.	En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 179/186; dejar sin efecto la sentencia impugnada y ordenar que bajen los autos a la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas.	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad de fs. 179/186, dejar sin efecto la sentencia impugnada y ordenar que bajen los autos a la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).