Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-02-12


EXPTE. Nº 317- AÑO: 2014 - AUTOS: EN CONSULTA ART. 640 C.P.C.C. "M. R. E. S/ DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y CURATELA DE M. A. S.". Santiago del Estero, doce de Febrero de Dos mil quince.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en los del epígrafe, elevados en consulta conforme lo establecido en el art 640 último párrafo del C.P.C.C.;

Y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 56/57 obra resolución declarativa de incapacidad de A. S. M., designando curador definitivo de la incapaz a su padre el Sr. R. E. M.; y ordenando su inscripción ante el Registro General del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A fs. 66 vta., el Sr. Juez a-quo eleva los autos en consulta de conformidad a lo previsto en el art. 640 del C.P.C.C., los que, previa vista a los Ministerios Públicos quedan en estado de recibir resolución. II.- Que el art. 640 del CPCC (Ley 6.910) instrumentó en los procesos de declaración de incapacidad, cuando la sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda, la remisión del expediente en consulta al tribunal de alzada a los efectos del control, por un posible error, del cumplimiento de las formas y el fondo de la decisión por tratarse la capacidad de las personas materia que involucra el orden público. La consulta es formulada por un tribunal a su alzada respectiva con el objeto de que ésta revise lo resuelto por él, medie o no un recurso de apelación interpuesto por la parte interesada, o sea que el superior se pronuncia en definitiva sobre el mantenimiento o modificación de lo decidido por el inferior (cfe. Peyrano, "El regreso del recurso de consulta", LL 1980-A-707). En esa inteligencia, la consulta no es técnicamente recurso, atento sus especiales características atributivas de una naturaleza jurídica distinta, a saber, no participa del principio dispositivo ni le alcanza la limitación de competencia circunscripta a los agravios arrimados ante el tribunal de alzada, rige siempre la reformatio in peius; más bien, se trata de un sistema de revisión fundado en el orden público como un medio más de protección al insano, frente a la incapacidad de hecho absoluta que determina su interdicción. En la consulta existe libertad judicial para analizar toda la causa, sin sujeción a centralizaciones de cuestión o a eliminación de aspectos (cfe. Abatti-Griffi-Rocca (h), "El instituto de la consulta a Alzada de la declaración de demencia según los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal Civil y Comercial -Ley 22.434", en ED 97-873). Y según Hitters debería denominarse revisión obligatoria o automática o ipso jure de determinados fallos (cfe. HITTERS, Juan Carlos, "El mal llamado recurso de consulta", J.A. 1985-I-789). En cuanto a las facultades de la Cámara, en esos casos, son amplias, pues a fin de dilucidar si se han observado las formalidades esenciales del procedimiento y si la sentencia resulta ajustada a derecho a partir del informe de los médicos forenses, cuenta con facultades ordenatorias o instructorias a fin de reducir al mínimo posible la posibilidad de error judicial, en razón de la trascendencia de la sentencia, la que no queda firme hasta tanto se expida el tribunal. Se puede decir que la consulta tiene carácter suspensivo de los efectos de la sentencia de primera instancia, por lo que no se debe comenzar la ejecución del fallo -aceptación y discernimiento de la curatela y libramiento de los oficios correspondientes- hasta que el trámite concluya. (Cfe.Cifuentes-Rivas Molina-Tiscornia, Juicio de Insania. p. 345). En ese orden de ideas, se ha decidido que "la consulta no puede ser considerada, en puridad de verdad, como un carril de ataque contra los fallos, pues justamente le falta una de las características propias de tales medios, como lo es sin duda, la estimulación de parte. La doctrina ha estado conteste en este aspecto, al descartar la posibilidad de encarrilar dicho instituto en los andariveles funcionales de las sendas de la impugnación, por faltarle ese rasgo fundamental que es el alzamiento del interesado. Tal caracterización de la consulta, relativa a que la misma opera como un procedimiento automático en todos aquellos casos en que la ley así lo determina, tiene como lógica y directa consecuencia que el contenido de la sentencia que en su consecuencia se dicte no responda, como ocurre en los medios de impugnación, a los agravios expuestos por el recurrente, o dicho en otras palabras, el trámite de la consulta prescinde del interés como requisito genérico de todo acto procesal de parte" (SC Tucumán, 6-06-95; El Dial- BB11712). III.- Analizando desde esa óptica las actuaciones surge que se han cumplido con las exigencias del trámite instituidas por los arts. 631 y sig. del CPCC, produciéndose el informe pericial forense en los términos del art. 638 del mismo ordenamiento legal -fs. 50/50 vta.- en el que se describe el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad y el régimen aconsejable para la protección de la presunta incapaz, datos que guardan relación adecuada con la documentación obrante a fs. 1 y 5. A fs. 34/34 vta. obra exámen psicológico de la presunta insana, realizado por la Lic. María Teresa Lagares. Previa vista a los Ministerios Públicos se pronunció la sentencia en revisión en esta instancia. El examen integral del expediente permite apreciar la legalidad del trámite que finalizara con la decisión de fs. 56/57, la cual resulta ajustada a derecho, por lo que no existe elemento de juicio alguno que impida su confirmación. IV.- Se advierte finalmente que a la fecha de la iniciación de la presente causa se encontraba vigente la nueva ley de Salud Mental Nº26.657 que introdujo el art. 152 ter al Código Civil, del cual se desprende que los jueces en sus sentencias, atendiendo a las particularidades de cada caso deben establecer la incapacidad genérica del sujeto a excepción de la facultad para realizar ciertos actos -los cuales deben especificar-; o, en los casos de extrema gravedad, en los que la tutela del insano así lo exija, disponer su incapacidad para toda clase de actos. En el sub-examine, el Sr. Juez resuelve declarar la incapacidad de A. S. M. por el término de 3 años, el que una vez vencido deberá ser evaluado nuevamente conforme lo estipulado por el art. 152 ter del C.C. Sin embargo, omite establecer para que tipo de actos se encuentra incapacitada la misma. De las constancias de autos se desprende -informe pericial forense de fs. 50/50 vta.- que del examen realizado a A. S. M., resulta que la nombrada es insuficiente en sus facultades mentales en el grado de retraso mental profundo; que necesita de un tercero para su desenvolvimiento personal y social. Asimismo, del informe psicológico obrante a fs. 34/34 vta. surge entre otras cosas que las funciones o actos que puede realizar la nombrada en su entorno socio-comunitario y social, son habilidades de tipo práctico y manual; que realiza tareas sencillas, que ayuda en tareas de cocina, que tiene preferencia para la lectura y que sabe contar hasta cien. Que necesita de contención y supervisión desde su entorno, y que se observan limitaciones estructurales que limitan su autonomía y capacidad de autodeterminación por lo que siempre va a necesitar el acompañamiento de terceras personas. Por lo que cabe deducir que la incapacidad de A. S. M. se extiende a todos los actos de la vida civil, con excepción de aquellos actos patrimoniales de pequeños montos y la contratación de suministros indispensables, para los cuales debe mantener el ejercicio de sus derechos civiles. Sin perjuicio de la aclaración precedente, es aconsejable - a los fines de disipar las dudas que puedan presentarse al respecto- fijar un monto máximo ( en este caso de $ 100) para la realización de los actos patrimoniales autorizados a la nombrada.- V.- Por último, habiéndose declarado la incapacidad de A. S. M. para todos los actos de la vida civil, -con la excepción ut-supra mencionada- conforme informe interdisciplinario producido del que se infiere que carece de aptitud para dirigir su persona y administrar y/o disponer sus bienes, resulta conveniente establecer como sistema o red de apoyo, que el curador procure que la causante continúe efectivamente el tratamiento impartido, y reciba los estímulos necesarios para desarrollar paulatinamente su autonomía evitando la pérdida de la que ejerce hasta este momento. Con la salvedad referida, se observa que la sentencia reúne todos los demás requisitos para su confirmación.

Por todo lo expuesto y habiendo sido oídos el Defensor de Incapaces y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE:

1º) CONFIRMAR la sentencia de fs. 56/57 venida en consulta, dejando expresamente establecido que los actos patrimoniales que A. S. M. puede realizar, tienen un tope máximo de Pesos Cien, ($100).- 2º) No imponer costas en esta instancia ante la naturaleza de la cuestión planteada y la ausencia de sustanciación.- Agréguese copia, notifíquese y resérvese su original por Secretaría.- Fdo.: Dres. Víctor Manuel Rotondo, Graciela Neirot de Jarma y María Pía de la Rúa.- Ante mí Dra. María de los Ángeles Arnedo de Miranda.- Es copia fiel de su original.- Doy fe.- Conste.-