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Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, insolvencia fraudulenta, acumulación de procesos, concurso aparente de leyes, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AMOEDO, Alfredo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

La concurrencia de la modalidad comisiva agravada prevista en el artículo 2° bis de la ley 13.944 excluye la aplicación de la figura básica del artículo 1°, en tanto " ... al analizar los tipos correspondientes a los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y de insolvencia alimentaria fraudulenta, se advierte que media una relación de concurso aparente por especialidad, ya que la conducta proscripta por el primero se encuentra comprendida dentro del segundo. Repárase al respecto que en ambos casos la sustancia de la infracción se circunscribe al incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, radicando la diferencia entre ambas figuras en que la calificada del artículo 2° bis prevé una modalidad comisiva especial, añadiendo un contenido disvalioso adicional. Así, mientras que en el caso del artículo 1° lo que se sanciona es el simple incumplimiento, el artículo 2 bis conmina a quien lo hiciera mediante la disminución del valor de su patrimonio" (*).

Así, resulta jurídicamente intrascendente el momento en que se hubiera desarrollado una u otra acción, pues en la medida en que el delito continuado precedente no se ha interrumpido, la acción defraudatoria posterior integra su contenido, y queda constituida la figura agravada" (**).

Se presenta la existencia de un único suceso, que a fin de resguardar la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, y evitar la doble persecución penal, corresponde declarar la nulidad del auto de procesamiento decretado en orden al delito de insolvencia fraudulenta alimentaria (art. 2° de la ley 13.944), y el dictado en orden a la conducta prevista en el art. 1 de la ley 13.944, debiendo procederse a la ampliación de la declaración indagatoria del imputado y a la acumulación material de ambos legajos.
Delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Juan Francisco Bueno Alves y Carlos A. B. Pérez Galindo (querellantes) c/  s/ Recurso de hecho deducido en la causa "Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa N° 24.079"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Aun cuando la fuerza que impulsa la política de terror y/o persecución no sea la de un gobierno, para que un hecho pueda ser considerado delito de lesa humanidad, debe verificarse el requisito de que al menos debe provenir de un grupo que tenga control sobre un territorio o pueda moverse libremente en él. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho a la imagen, publicación de fotografía, consentimiento, buscadores de Internet
Materia: CIVIL
Carátula: Mazza, Valeria Raquel c/ Yahoo SRL Argentina y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Las personas construyen una identidad a lo largo de su vida, mediante las experiencias y las decisiones que adoptan; por ende, el ámbito de protección del derecho a la imagen se encuentra delimitado por la propia voluntad de su titular, que es a quien, en principio, le corresponde decidir si permite o no la captación o difusión de su imagen por un tercero, circunstancia que abarca su defensa frente a usos no consentidos (Disidencia parcial de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Denegatoria del recurso, homologación del acuerdo, pacto de cuota litis, ley arancelaria, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arce Rodríguez, Carmen Dora  c/  s/ juicios sucesorios (ab-intestato) inc. de varios (homologación de convenio) (Dallosso, Florencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-15

Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por el incidentado y en su mérito, confirmar la homologación del convenio de honorarios, dado que tanto el ordenamiento de fondo como la Ley Arancelaria autorizan a que los profesionales pacten con sus clientes las obligaciones y derechos que crean pertinentes; así, se admite en el marco de un proceso sucesorio un "acuerdo de honorarios". Dicho ello, el convenio en cuestión resulta amparado por el primer párr. del art. 3º de la Ley 512, en tanto de sus términos surge claramente que abogado y cliente han acordado una suma de dinero en contraprestación por un trabajo, suma que si bien ha sido acordada en un porcentaje, podrá ser determinada con la adjudicación de bienes a nombre del cliente en el sucesorio -que constituye la base del porcentual-. Por otro lado, vale aclarar que la "aleatoriedad" de la cual carece dicho convenio, es una característica propia y exclusiva de "uno de los contratos" de honorarios que contempla la ley, el pacto de cuota litis.
Empleados públicos, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Caminos, Feliciano Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

No es posible aceptar la disolución unilateral del vínculo por la Administración sin derecho a reclamo de ninguna índole. La irrazonable prolongación de la relación que unió al actor con la Administración bien pudo generar expectativas en el agente en punto a su mantenimiento o, cuanto menos, a una ruptura no intempestiva. Desde esta óptica, el obrar controvertido deviene arbitrario, pues conlleva un apartamiento repentino, inmotivado y contrario al anterior accionar gubernamental.(del voto de la doctora Kogan)
Responsabilidad del abogado, obligaciones del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: Turello, G. M. c/ Empresa Almafuerte s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Es deber del abogado antes de poner en un escrito judicial los hechos que le relata su cliente, examinar su verosimilitud.
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Giardelli, Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del Estado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Las discrepancias del apelante con el criterio de selección y apreciación de las pruebas no autoriza a la Corte a sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que por su naturaleza le son privativas, ello es así en razón del carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad.
Patentes, caducidad de patente, prórroga del plazo, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dr.    Karl  Thomae  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung c/ Instituto     Nacional  de  la  Propiedad  Industrial  y otro s/ denegatoria de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Las solicitudes de prórroga de patentes de invención deben ser examinadas a la luz de las normas vigentes a la fecha en que fueron presentadas ante la autoridad con competencia en la materia (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Régimen penitenciario, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: C.J.M. s/ HOMICIDIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-10

El principio que guía nuestro sistema carcelario es el de resocialización del penado. Diferentes tratados incorporados a nuestra Carta Magna rubrican este precepto, así la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, ap. 6 dispone que: ? Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados? , el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fija en su artículo 10, ap. 3 que: ? El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados?.

En concordancia con estos principios, la ley 24.660 que organiza el régimen de ejecución de la pena privativa de libertad, expresa en su artículo 1 que: ? La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad? . La citada norma nacional establece en su art. 6 y subsiguientes un régimen progresivo que promueve la incorporación gradual del penado a la sociedad a través de diversos procesos en las cuales se implementan varios institutos. Los establecimientos abiertos, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y la libertad condicional son algunos de los que se vale el régimen de progresividad para posibilitar la reinserción social del penado.
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido
Materia: LABORAL
Carátula: PRIETO, MANUEL RAUL c/ DEUTZ ARGENTINA SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

La influencia de los ruidos en el ser humano no es susceptible de valoración rígido y no existe una cifra tope de decibeles que trace el límite entre lo dañino y lo no dañino, pues lo que para algunos seres humanos es perfectamente soportable, para otros no lo es. No se trata de que se trasgredan o no normas sobre la seguridad industrial sino de saber si el ambiente sonoro causó perjuicio en el organismo de un determinado obrero (conforme Sala VI, sentencia número 7718, 23 de junio de 1977, 'Lucarelli, Atilio c/ Manufactura Textil Boss SA.').
Emergencia económica, pesificación, equilibrio contractual, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-06

Habida cuenta del alcance de los cambios económicos que se produjeron a partir del dictado de las leyes de emergencia, el reajuste equitativo habrá de obtenerse aquí mediante la utilización de un porcentaje de distribución de la carga patrimonial generada por la variación cambiaria, que se ubique en una posición intermedia entre los definidos en "Rinaldi" y "Longobardi", habida cuenta del tratamiento diferencial dado por el legislador a las diferentes situaciones. De ese modo, el cálculo debería efectuarse transformando el capital a razón de un peso por dólar estadounidense más el 40% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- del día en que corresponda efectuar el pago.(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Concursos, fuero de atracción, desistimiento, liquidación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero, Héctor c/ Gómez, María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

La citación en garantía del asegurador pedida por el asegurado demandado, implica el ejercicio de una acción judicial contra aquel, que por su contenido patrimonial, se ve comprendida en el fuero de atracción establecido por la Ley Concursal, art. 136. En consecuencia, el desistimiento de la citación en garantía formulado por el actor no obsta al fuero de atracción, si la petición de la intervención ha sido mantenida por la demandada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, tercería de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Escandón s/ Tercería de dominio en autos: <Banco Oddone> S.A. c/Grastx.  Ejecutivo Blanco, Angela R. c/ Martínez, Humberto y Kusterman, Eduardo C. s/ En tercería de mejor derecho en autos `Martínez c/Kusterman s/Cobro  ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28|1994-09-13

El monto del litigio, a los efectos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está configurado por el valor de la parte proporcional del bien que es objeto de la tercería de dominio, debidamente actualizado, siendo carga del recurrente acompañar la valuación fiscal del inmueble a tales efectos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, tarjeta de crédito, delitos, incidente de impugnación, resumen de cuentas, información crediticia, banco de datos, lista de deudores morosos, banco central
Materia: BANCARIO-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Una de las obligaciones primordiales de cualquier banco, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que éstos sean brindados, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con total seguridad para el cliente. Máxime, considerando que inciden directamente sobre el patrimonio del usuario (conf. Garrigues, J., "Curso de Derecho Mercantil", t. IV, p. 165).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, enfermedad accidente, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, NICOLAS c/ CORMASA CORNI MACEABLE SUDAMERICANA S.A.F.I.C. s/ INCAPACIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-28

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, luego de precisar que el tribunal de la instancia anterior tuvo por no acreditado el vínculo causal entre la incapacidad auditiva que afectaba al actor y las condiciones en que se cumplieron las tareas, resolvió que esa era una materia no revisable por ella por no haberse demostrado la existencia de "absurdo" en la valoración de la prueba. Ello así, pues los agravios tendientes a demostrar la existencia de absurdo -supuesto que hubiera posibilitado la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley-, solo trasuntan la discrepancia del recurrente con el criterio empleado por los jueces de la causa en la selección y valoración de la prueba, cuestiones éstas que, por su índole, les son privativas y no encuentran respaldo en la doctrina de la arbitrariedad (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertolucci, Enrico s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-19

Sin desmedro de la posibilidad abierta de incluir algún bien omitido en el sucesorio una vez alcanzado el estadio de la declaratoria de herederos, es jurídicamente insostenible pretender enervar el derecho retributivo del profesional porque existen bienes relictos aún de incierta propiedad del causante.
Queja por denegación o retardo de justicia, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Odilio D. c/ Zalbidea, Jorge y otro s/ Queja por retardada justicia -DañoS y perjuicios (Expte.: C.S.J.  Nro. 754 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

Si, más allá de los recursos de que pueda encontrarse asistido el recurrente, al momento de interponer el recurso de queja por retardada justicia las resoluciones que pudieron hallarse pendientes ya habían sido dictadas, y que él mismo ha desplegado una actividad recursiva en la que ha yuxtapuesto distintos remedios procesales, a la par de la cuestión sobre la representación que se encuentra ejerciendo, ha generado un marco en el que no resulta claro el cómputo de los distintos plazos procesales o, al menos, la eventualidad de su suspensión. Por ello y advirtiendo que el recurso de queja por retardada justicia no es ámbito destinado a discutir la validez formal de resoluciones que ya han sido dictadas, corresponde desestimar la queja formulada.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crespo c/ Di Cianni, Claudio Mario s/ Daños y Perjuicios Fisco de la Provincia c/ Berardi de Di Cianni, Lina s/ Daños y Perjuicios Guanini de Crespo, Ana María c/ Di Ciani, Lina s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31|1992-03-31|1992-03-31

La indemnización de daños y perjuicios ha de efectuarse a valores vigentes a la fecha de la sentencia, y si bien ello es así, no corresponde establecerlo atendiendo a valores de la época en que ocurrió el daño para reajustarlo después mediante la aplicación de coeficientes indicativos de la depreciación monetaria, pues ésta es sólo una de las circunstancias de hecho necesarias para determinar la reparación integral.
Contrato de trabajo, fraude laboral, cooperativa de trabajo
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Walter Antonio c/ Procter & Gamble Argentina SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-11

Constituye una de los supuestos más comunes de fraude enmascarados bajo la fachada de "cooperativas de trabajo" la situación en la cual, como en el caso, la única finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros. Los interesados recurren a ella (una suerte de agencia) a fin de obtener empleo, deben asociarse y ésta, en tal carácter, los envía a terceros (clientes) donde se les asigna trabajo efectivo. La beneficiaria persigue un interés ilícito interponiendo a la cooperativa entre ella y los trabajadores subordinados que le sirven para cumplir su actividad empresaria, con la clara intención de no cumplir ninguna de las normas del derecho laboral coactivo. Así, la constitución de la sociedad cooperativa para proveer trabajo a terceros (es decir sin fines cooperativos ya que el aporte del trabajo no será para ésta sino para terceros) pretende soslayar la solidaridad que prevé la ley (art. 29 de la L.C.T.). La obtención de personal por dicha vía resulta a todas luces más "económica" que la contratación de trabajadores con las correspondientes cargas sociales.
Medidas cautelares, embargo, bienes inembargables, créditos a favor del Estado, presupuesto nacional, ejecución del presupuesto nacional, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: PROCESAL
Carátula: MALLA MARIA NELIDA c/ CNAS s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

La lectura del artículo 19 de la Ley 24.624 no sugiere la inembargabilidad de créditos a favor de la CNAS, sino de aquéllos medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, utilizados para atender las situaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación. De tal manera, lo que la ley protege son aquellos recursos inherentes a ese específico fin, de modo que por un acto de ejecución forzada no puedan ser desviados de su correspondiente asignación. En el caso de autos se meritó que se habían embargado recursos de la CNAS y no del Estado Nacional, motivo por el cual se mantuvo la medida dispuesta en primera instancia. Ver causa 421/91 de la misma fecha.
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

En este marco de emergencia y con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 C.N. se dicta la ley 25561, que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias. El Poder Ejecutivo a través del decreto 214/02 (B.O. del 04-02-02) estableció que: "A partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen - judiciales o extrajudiciales - expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos" (art. 1); y en el art. 8 dispuso que "las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de U$S 1 = $ 1, aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4 decreto 214/02. Si por aplicación de esta disposición el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio.

En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada.

De no mediar acuerdo a este respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora, cuando esta le resultare imputable. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos, deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes". Posteriormente, el art. 1 del Decreto 320/02 aclaró que las disposiciones del decreto 214/02 son aplicables a todas las obligaciones en dólares estructuradas por la ley 25561 a la relación de un peso igual a un dólar estadounidense y que el art. 8 del Decreto 214/02 es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley 25561.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arana, Jorge c/ Aselle, Miguel S. s/ Cobro de alquileres. Reservado. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

El pronunciamiento de la Cámara, en tanto decide la inaplicabilidad al caso de lo dispuesto por la ley 24.283, reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incapacidad laboral, incapacidad total
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, FRANCISCO c/ FUNDICIONES SANTINI SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-28

El concepto de incapacidad absoluta del artículo 254 LCT. (to.

1976), debe entenderse referido al trabajador que, a causa de una enfermedad o accidente inculpable, no puede realizar más las tareas que cumplía para su empleador, ni otras adecuadas a su situación deficitaria dentro de la organización empresaria. Tal es la interpretación adecuada pues la norma utiliza la expresión 'con sus obligaciones' y se remite al artículo 212, aludiendo a las prestaciones propias de la relación vinculante de las partes.
Impuestos, régimen penal tributario, evasión simple, declaración jurada
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: SUIZO ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. s/ Régimen penal tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

No resultan constitutivas del delito del Art. 1 de la ley 24769 las declaraciones juradas con las que se procuraba una exención de tributos que no correspondía, las cuales no resultan engañosas en tanto el representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló expresamente ante el Juez a quo que los hechos generadores del tributo no fueron ocultados al organismo recaudador por lo que no puede entenderse que haya habido ardid ni engaño.