Proceso penal, prisión preventiva, excarcelación, extradición, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, intención de eludir la acción de la justicia, medidas de seguridad, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CARRO CORDOBA, Cristian Ramón s/ recurso de casación c/ s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

El recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo 463 del C.P.P.N. En el caso, el a quo concluyó fundadamente que se encontraban configurados los peligros procesales que justifican un encarcelamiento preventivo. En efecto, dado el estado del proceso -a la espera de que Carro Córdoba cumpla con sus obligaciones en la Argentina para ser trasladado al estado requirente-, el a quo se encontraba en una posición de garante frente al cumplimiento del compromiso internacional asumido entre la República Argentina y la República del Paraguay, puntualmente de concretar la entrega de Carro Córdoba, para su juzgamiento en el último país en el marco de la causa por la cual fuera requerido. A su vez, en la resolución recurrida se hizo hincapié en los graves hechos por los que todavía debe afrontar un proceso penal en la República del Paraguay, hechos análogos a los investigados en las distintas causas por las cuales ya recibió condena en este país. En tal sentido refirió que "la expectativa de afrontar un nuevo proceso penal por graves hechos (secuestro extorsivo y falsificación de documentos), lo podrían llevar a evadir la ejecución de este proceso de extradición, conociendo las formas para instrumentarlo, nótese que a su vez es requerido para afrontar una investigación por hechos vinculados a la falsificación de distintos documentos destinados a acreditar la identidad, conducta similar por la cual también fuera condenado por el Tribunal Oral Federal de Formosa". Por otro lado, se resaltó lo destacado por el representante del Ministerio Público Fiscal, relativo al hecho de que Carro Córdoba huyó hacia nuestro país luego de la presunta comisión del delito que se le atribuye en Paraguay. Por otra parte, el a quo fundadamente destacó que la detención a disposición de ese tribunal lleva poco más de cuatro años, plazo más que razonable a la hora de evaluar todas las particularidades del caso y que el plazo de quince años ininterrumpidos al que alude su defensa no puede ser aquí considerado, desde que el mismo guarda vinculación directa con los demás procesos que se le siguen en este país, circunstancia que motivó el diferimiento de su entrega a la República del Paraguay. Por último, la resolución recurrida resulta fundada y coherente con la grave situación actual, relacionada con la propagación del Covid-19, en tanto la defensa no ha invocado cuestiones de salud que afecten particularmente al encausado o que lo coloquen dentro de algún grupo de riesgo concreto y actual. Además, la decisión luce razonablemente motivada cuando se consideró que las medidas alternativas previstas en el art. 210 del C.P.P.F. no resultan viables para neutralizar la presunción de riesgo procesal verificada. En virtud de lo expuesto, el razonamiento evidenciado en el caso por el a quo importa una adecuada interpretación de las reglas contenidas en nuestro código de rito, y en particular de los artículos 210, 220, 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que reglamentan las medidas de coerción disponibles durante el proceso penal en el orden federal y establecen sus límites y de los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, que regula los plazos de la prisión preventiva. Sin perjuicio de lo expuesto, se encomendó al a quo que solicite a la Unidad Carcelaria donde el acusado se encuentra detenido que arbitre todos los medios necesarios para extremar las medidas de aislamiento, prevención e higiene que garantice el derecho a la salud dentro del establecimiento penitenciario. Dres. Hornos y Borinsky.