Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-21


SENT Nº 800	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiuno (21) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los actores Esteban Darío Sotelo y Claudia Mabel Radin en autos: "Sotelo Esteban Darío y otra vs. EDET S.A. s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 108/121, por los actores Esteban D. Sotelo y Claudia M. Radin, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia de fecha 05/12/2008, dictada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. El pronunciamiento mencionado (fs. 101/102) dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmar la sentencia que dejó establecido que el capital adeudado devengaría el interés promedio mensual de la tasa pasiva del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).

2.- Alega el recurrente que la sentencia impugnada se ha expedido sobre los agravios sustantivos -la tasa de interés aplicable- invocados al recurrir la misma, y que la firmeza de tal resolución impide a su parte reeditar en un juicio ordinario posterior, estas alegaciones. Señala que habiéndose cerrado la posibilidad de revisión posterior, se configura un perjuicio irreparable a la parte actora.

Invoca asimismo, la existencia de una quaestio iuris vinculada a la determinación del procedimiento de cálculo de los intereses que se adicionarán al monto de la condena. Denuncia configurado asimismo, el supuesto de arbitrariedad de sentencia, pues considera que lo resuelto en autos "constituye una franca trasgresión al adecuado servicio de la administración de justicia".

Entiende, por otra parte, que el pronunciamiento impugnado asume caracteres de gravedad institucional (art. 813 inc. "b" del CPCC) pues se "desconoce los términos expresados en el título ejecutivo", esgrimido en autos y "se prescinde de la legislación específica aplicable al caso".

Sostiene que se imponía reconocer que al capital adeudado -que emerge del título base de la presente ejecución-, debía adicionarse el interés establecido en el propio instrumento; esto es, el que corresponde al supuesto de mora del deudor, equivalente al 5% mensual.

Se agravia de que el tribunal a quo haya prescindido de la normativa aplicable, tanto convencional como legal. Cuestiona que con una genérica referencia al art 622 del Cód. Civil, sostuviera que "en el presente caso, no se han convenido intereses". Afirma que la Sala sentenciante decidió la cuestión "sin tener en cuenta las constancias que figuran en autos y que resultan relevantes para la solución del litigio" e ignorando "lo expresado en el mencionado título ejecutivo".

Cita un precedente del propio tribunal de apelaciones, que guardaría estrecha relación con el presente caso, y conforme al cual "el documento presentado por la actora -Resoluciones del EPRET y Decreto del Poder Ejecutivo-, configuran un título ejecutivo de carácter complejo, hábil en tanto que suficiente, para ser base del proceso incoado e "imposible de ser obviado por el sentenciante" (fallo de la Sala II, recaído en los autos "López Carlos Eduardo c/ EDET S.A. s/ Cobro Ejecutivo Expte. 6585/06).

Cuestiona, por otra parte, que el tribunal exprese que los intereses legales invocados por su parte, con fundamento en los arts. 3 y 4 de la ley 6423, se refieran a una "situación distinta de la de autos". Se agravia de que el pronunciamiento concluya señalando que "no existiendo intereses legales por mora, se deben aplicar los que fija el juez por sentencia".

Invoca la infracción al art. 42 de la Constitución Nacional, a los arts. 26 y concordantes de la Ley 24.240 y a los arts. 3 y 4 de la Ley Provincial 6423. Alega que lo resuelto en autos no solo afectaría la situación de los usuarios que son parte en el presente pleito sino también, la de los aproximadamente 300.000 consumidores de energía eléctrica que distribuye la empresa EDET S.A. en Tucumán.

Considera que el pronunciamiento consiente una inadmisible diferencia entre la tasa de interés que debe soportar el cliente de la empresa prestataria del servicio demandada y los que ésta debe afrontar cuando resulta deudora de una suma de dinero e incurre en mora. Afirma que existe una "desproporción que no resiste el mínimo análisis".

Denuncia un injustificado apartamiento de las normales legales que, en su opinión, resultan de estricta aplicación al caso (la Ley 24.240 de defensa del consumidor y la Ley provincial 6423), que son ignoradas, so pretexto de aplicar el art. 622 del Código Civil. Reitera que esta infracción normativa compromete los intereses de la comunidad en su conjunto (art. 813 inc. "b" procesal) y justifica la revisión en casación.

Sostiene que el tribunal analizó en forma parcializada los agravios sobre el punto, pues "solamente reproduce el parágrafo referente a los arts. 3 y 4 de la Ley Provincial 6423, y relegando la continuidad de la construcción lógica del escrito de apelación". Insiste en que su parte explicitó cuál era el interés que la empresa demandada se hallaba autorizada a percibir por mora, rehabilitación y conexiones domiciliarias. Señala que en mérito a lo normado en la ley provincial citada, EDET S.A. reclamó cobros al actor, aplicando una tasa de interés del 5% mensual, que esta situación fue expuesta con respaldo documental concreta y que dichas alegaciones y pruebas fueros ignoradas por los sentenciantes. Expresa que una vez denunciada la conducta asumida por la demandada, invocó de forma expresa la Ley 24.240 de defensa del consumidor. Cita en particular el art. 26, que textualmente dice: "Reciprocidad en el Trato. Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora". Sostiene que el sometimiento de la empresa EDET S.A. a la Ley 24.240 resulta palmario.

Insiste en que el título esgrimido en autos establecía la invocada tasa de interés, pese a la negativa del tribunal de alzada. Expresa que el título "se conformó con el instrumento público integrado por el Expediente 902-390-S-2005, base este de Resoluciones del EPRET nº 587/05, nº 175/05 y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 3504/3 (MDP) de fecha 01/10/06, y que ha resultado demostrado en la etapa procesal correspondiente que los intereses por mora fueron fijados por el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET) en ejercicio de sus atribuciones legales". Señala que en las resoluciones del EPRET, la cuantía de las multas se expresa en kilowats y que por ello, su parte solicitó al mencionado ente, la transformación de kws. a pesos y la actualización de la deuda, por el incumplimiento de la demandada, "todo ello dentro de las atribuciones establecidas por la Ley Provincial 6423".

Afirma que el título contenía claramente, una obligación de dar una suma de dinero líquida o fácilmente liquidable, exigible y de plazo vencido. Sostiene que el tribunal de alzada "ha roto con la unidad del título ejecutivo -sin exponer argumento alguno- al negar la existencia de intereses por mora determinados en el mismo".

Cita un precedente de esta Corte (sent. nº 530 del 25/6/2007) para sostener que los instrumentos públicos emanados del EPRET son títulos ejecutivos que contienen una obligación de dar una suma de dinero, con más los intereses que allí se determina y que conforme las constancias de la causa, la tasa de interés adeudada por la demandada es la establecida por el EPRET en ejercicio de las Normas Provincial 6423, en los arts. 3 y 4, en conjunción con la Ley Nacional 24.240, en su art. 26, y que resultaría ser de un cinco por ciento (5%) mensual a partir de la mora en el cumplimiento de la obligación.

Tacha de arbitrario al pronunciamiento recurrido imputándole "la ausencia de una fundamentación normativa real y el quebrantamiento de las reglas de la lógica, con la omisión de las normas expresas que regulan la cuestión". Denuncia la infracción al deber de motivación impuesto a la sentencia judicial (art. 30 de la Constitución de la Provincia y art. 272 del CPCC).

3.- El tribunal de alzada sostuvo que conforme a lo previsto de modo expreso por el art. 622 del Cod. Civil, el deudor moroso debe los intereses que estuvieren convenidos en la obligación. Solo a falta de convención expresa puede recurrirse a los intereses que estuviesen previstos en leyes especiales, o a los que determine el juez en cada caso.

Consideró que en el presente caso, no se han convenido intereses, y que si bien los apelantes invocan la existencia de intereses legales con fundamento en los arts. 3 y 4 de la Ley 6423 (equivalentes al 5% mensual, que es la tasa de interés que cobra EDET S.A. a las facturas con más de 30 días de vencidas y que no han sido canceladas), se trata de una tasa de interés establecida para otra situación distinta de la de autos, en que se ejecuta una multa aplicada a la empresa demandada, por EPRET.

Concluyó señalando que no existiendo intereses legales por mora, se deben aplicar los que fija el juez por sentencia.-	4.- El recurso ha sido interpuesto en término, los recurrentes acompañan constancia del depósito impuesto por el art. 817 del CPCC y la sentencia recurrida resulta definitiva en los términos del art. 813 inc. "a" procesal. Sin embargo, confrontados los agravios con los fundamentos del pronunciamiento que se impugna y los antecedentes del caso, se advierte que el recurso no puede prosperar.

En autos, los actores Esteban Darío Sotelo y Claudia Mabel Radin, ejecutan la multa que el ente regulador EPRET aplicó como sanción a la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica EDET S.A., a favor de los usuarios accionantes.

La deuda por el capital reclamado en autos emerge de la Res. 587/05 del EPRET, que constituye el título base de la presente ejecución (fs. 20/22). En el punto 1° de la citada resolutiva, el ente regulador provincial dispone aplicar a EDET S.A. la multa a favor del cliente normada en el art. 1 de la Res. EPRET 129/99, por la suma de $ 163. Por su parte, en el punto 3° de la misma resolución, dispone "sancionar a EDET S.A. con la multa fijada en el numeral 12.7 del Anexo 4- Volumen II del contrato de concesión con un monto equivalente en dinero a 44.600 kwh. a favor del reclamante por no cumplir con su deber de información...". Los actores acompañaron como parte integrativa del título, la planilla de cálculo realizada por el Jefe de Área Normas de Calidad del EPRET, Ing. Rodolfo Manzano, que tradujo en un monto dinerario la multa impuesta a la empresa demandada (inicialmente establecida en kwh.) y que actualizó la deuda hasta la fecha del inicio del presente proceso (fs. 30). Dicha planilla determinó que la multa ascendía a $6.502,23 y que con el cálculo de los intereses correspondientes (que emerge de un procedimiento no explicitado en la citada planilla), la deuda ascendía a $10.753,24.

El juez de primera instancia mandó llevar adelante la ejecución por el monto del capital neto, es decir, la sanción equivalente a 44.600 kwh., por la suma de $6.502,23, con más $163 que resulta de la multa impuesta en la misma resolución del EPRET (punto 1). Dispuso además que "el monto reclamado devengará el interés promedio mensual de la tasa pasiva que fije el Banco Central de la República Argentina, desde la mora hasta el efectivo pago". Conforme los fundamentos ut supra reseñados, el tribunal de alzada confirmó lo resuelto por el juez a quo.

Pese a las alegaciones en contrario de los recurrentes, se advierte que el título base de la presente ejecución no consigna la existencia de una deuda a título de intereses por mora. La Res. 587/05 del EPRET que glosa a fs. 20/22 dispone la aplicación de la multa cuya cuantía hoy se ejecuta, sin contemplar deuda accesoria en concepto de intereses moratorios, para el caso de incumplimiento por parte de la empresa sancionada. De ello se sigue que los agravios referidos a que la Sala sentenciante decidió la suerte del recurso de apelación interpuesto "sin tener en cuenta las constancias de autos, relevantes para la solución del litigio" ignorando "los términos expresados en el título ejecutivo", resultan inviables.

Tampoco encuentra respaldo en las constancias del expediente, el argumento conforme el cual, el pronunciamiento impugnado "ha roto con la unidad del título ejecutivo". Ello así por cuanto el título base de la presente ejecución es la Res. 587/05 emitida por el ente regulador; éste y no otro es el instrumento al que se ha reconocido fuerza ejecutiva en las instancias de mérito, interpretando que la liquidación de la deuda, peticionada por el beneficiario de la multa y practicada por un funcionario del EPRET conforme la planilla de fs. 30, no convertía a esa actuación administrativa, en parte integrativa de un título complejo.

La planilla de cálculo mencionada solo contiene la conversión de kwh. a pesos, en relación al capital adeudado (la multa), y una estimación del monto que, a criterio del Jefe de Área Normas de Calidad del EPRET, se debería adicionar en concepto de intereses. Consecuentemente, la liquidación de la deuda por el capital adeudado encuentra su causa en la citada resolución 587/05 y la estimación de una deuda accesoria en concepto de intereses "por mora" no encuentra respaldo en el título que se ejecuta.

"Si bien en general los códigos procesales no han enumerado los requisitos configurativos de los títulos ejecutivos, limitándose algunos -como el nuestro- a describirlos, la doctrina es conteste en que son elementos esenciales que constituyen el fundamento de la ejecución, los siguientes: legitimación sustancial; objeto cierto; débito líquido y exigible (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, CPCCN, T. VI-A, pág. 257) o, lo que es similar: legitimación sustancial; causa lícita; objeto cierto y determinado o fácilmente determinable; plazo vencido; obligación pura o condición cumplida. Estos requisitos pueden sintetizarse en dos: que formalmente el título sea hábil y, sustancialmente, que sea exigible (cfr. Podetti, Ramiro, Tratado de las Ejecuciones, pág. 120)" (CSJT, sent. 485 del 20/6/2000, "Chahla, Jorge vs. Tonnetti, Juan s/ Cobro ejecutivo de pesos"). Esta Corte tiene dicho que la existencia y habilidad del título constituyen presupuestos inexorables para el ejercicio de la acción ejecutiva. Y que corresponde al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y, aún a falta de oposición del ejecutado, al momento de dictar sentencia de trance y remate. Este deber legal, en caso de apelación, viene impuesto asimismo, al tribunal de alzada porque el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es característica del juicio ejecutivo (CSJT, sent. 1082 del 10/11/2008, "La Gaceta S.A. vs. Tale Luis Roberto y otro s/ Ejecución hipotecaria"; sent. 1178 del 28/12/2005, "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Zurita Ángel Rolando y otros s/ Cobro ejecutivo; sent. 251 del 26/4/2004, "Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento vs. Muñoz, Antonio s/ Apremio"; sent. 344 del 19/5/2004, "Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento vs. Omodeo S.A. s/ Apremio"; entre otros pronunciamientos).

Resulta innegable que a falta de pago oportuno por parte del deudor, el acreedor sufre un daño moratorio cuyo reconocimiento se impone a favor del titular del crédito. La doctrina ha expresado que "es ésta otra especialidad de las deudas de dinero: el deber de pagar intereses moratorios desde que se produce la mora y sin que el acreedor esté obligado a probar que sufrió algún perjuicio (cfr. Wayar, Ernesto C., Derecho Civil-Obligaciones, T. II, pág. 520).

El régimen jurídico de los intereses moratorios tiene su base en el art. 622 del Cód. Civil conforme al cual "el deudor moroso debe los intereses que estuvieren convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que se debe abonar".

El tribunal de alzada entendió que no existían intereses convencionalmente establecidos; conclusión que resulta ajustada a los antecedentes del caso, pues la deuda ejecutada tiene origen en una sanción impuesta por el ente regulador, en el ejercicio de las atribuciones que le son propias. Consideró asimismo, que los "intereses moratorios" de carácter legal invocados por los recurrentes, habían sido establecidos para un supuesto distinto del analizado; y tal como se advierte, esta conclusión sentencial fundada en las constancias de autos, no logra ser rebatida por los actores.

Los recurrentes sostienen con insistencia que los intereses que corresponde adicionar al capital son los establecidos por el EPRET, en ejercicio de los art. 3 y 4 de la Ley 6423, equivalentes al 5% mensual. Se menciona asimismo que el marco legal que rige la prestación del servicio por parte de EDET S.A., "...las facturas con más de 30 días de vencidas y que no hayan sido canceladas estarán sujetas a un recargo adicional del 5% (cinco por ciento) por cada período de 30 días o fracción que se verifique en el momento de cancelación de las facturas... " (Anexo 1, Régimen Tarifario, Cap. 10, referido a "Mora. Tasas de rehabilitación del servicio y conexiones domiciliarias", inc. 1° A, 7mo. párrafo). Se cita asimismo, la preceptiva del art. 26 de la Ley 24.240 de defensa del consumidor conforme la cual "las empresas.deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora". Sin embargo, las alegaciones reseñadas resultan insuficientes para descalificar jurídicamente el criterio adoptado por el tribunal de alzada.

Tal como lo expresara la Sala sentenciante, el interés por mora que el régimen legal tenga establecido para el supuesto de mora en el pago de la facturación por el servicio, ha sido establecido para el supuesto allí contemplado y la pretendida aplicación de esa solución legal a un supuesto distinto, como el del sublite, no luce justificada. En autos se ejecuta una multa impuesta a la empresa EDET S.A. por el ente regulador, a favor del usuario ejecutante. No se trata de un capital adeudado por facturaciones indebidamente cobradas, cuyo reintegro torne operativa la preceptiva del art. 26 de la Ley 24.240.

De lo expuesto se colige que la infracción a la ley de defensa de los consumidores no es tal e igualmente indemostrada resulta la alegada afectación de los derechos de incidencia colectiva tutelados por el art. 42 de la Constitución Nacional.

El tribunal expresó que los intereses moratorios legales invocados por la parte actora, no encontraban sustento en los arts. 3 y 4 de la Ley 6423. La atenta lectura de las normas citadas -referidas a las "misiones" (art. 3) y "funciones" del EPRET (art. 4)- no permite sino concluir que el criterio de la Cámara se ajusta al real contenido del texto legal, que omite cualquier referencia a cuestiones vinculadas con la cuestión debatida en autos.

Párrafo aparte merece la cita que los recurrentes efectúan de un precedente de esta Corte (CSJT, sent. 530 del 25/6/2007), como respaldatorio de su posición. Cabe destacar el pronunciamiento en cuestión se limita a declarar la competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones a fin de entender en el cobro ejecutivo iniciado por la empresa actora contra EDET S.A.

Atento a que la infracción normativa denunciada no luce configurada y que tampoco se logra justificar la tacha de arbitrariedad formulada contra el pronunciamiento impugnado, el recurso debe ser rechazado.

5.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 108/121, por los actores Esteban Darío Sotelo y Claudia Mabel Radin, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia de fecha 05/12/2008, dictada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.