marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUELLO, RAUL s/ SENTENCIA - DEFENSA EN JUICIO - DEBIDO PROCESO - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-24

Vicia de nulidad la sentencia por falta de motivación legítima, o sea, por motivación sólo aparente, pero la inexistencia jurídica, que la anula parcialmente, por así suponerlo los arts. 9 de la Constitución Provincial, 120 y 432, inc. 2do., C.P.P., si la Cámara para calificar el hecho como lesiones graves, sostuvo que "la víctima no está capacitada para trabajar antes del 30 del corriente", conclusión que extrae de un informe médico forense efectuado durante la audiencia.

Ello es así pues el informe aludido solo expresaba que la víctima no estaría capacitada para el trabajo antes del 30 del corriente; si el hecho ocurrió el 30 de octubre, todo lo que permitía ese informe era inferir que antes del 30 de noviembre,o sea, antes de la hora 24 del 29 de noviembre, no estaría en condiciones de hacerlo;si se está a los normas del C.C. (arts. 23, 24, 27 y 28) y C.P. (art. 77), resultan ser treinta los días aludidos, y por tanto no autorizaba razonablemente a la Cámara a concluir afirmando el plazo de más de treinta días.-
Facultades delegadas, pesificación, depósito bancario, moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El art. 2° del decreto 214/02 excede los términos de la delegación que el Congreso hiciera en cabeza del Poder Ejecutivo a través de la ley 25.561, pues si bien mediante ésta se lo autorizó para fijar el tipo de cambio de las monedas extranjeras, no se lo facultó para convertir a pesos los depósitos constituidos en tales divisas, otorgándole solamente la atribución de reestructurarlos a los efectos de preservar el capital de los ahorristas, tal como surge del texto de la citada ley y de la inequívoca voluntad expresada por los legisladores durante el debate parlamentario que precedió a su sanción (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: O. A. A. c/ P. A. M. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-21

El ordenamiento civil no admite más que dos parcelas del daño: el patrimonial y el moral.

Y ello es así, pues por imperio del art. 1068 del Cód. Civil el daño que se involucra reconoce sólo esa dualidad. Daño es lo que altera la integridad física hasta el menoscabo de la morada, pasando por el del prestigio, del crédito comercial o del derecho del nombre o la invasión a la esfera íntima y en todos los casos debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales.

Pero siempre, en función de esos dos anaqueles que nos autoriza la ley positiva.

No hay terceros géneros indemnizatorios. Y como tal, dicho daño debe ser computado, si resulta indemnizable, dentro del rubro daño moral o dentro del acápite patrimonial, o en ambos a la vez, según las particularidades del caso; pero en ningún caso cabe su resarcimiento autónomo.
Policía federal, juntas de calificación, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stipelman, Carlos Arnoldo c/ E.N. (Policía Federal) s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-07

Es verdad que, los jueces no podrán suplantar la valoración que haga la Junta respecto de la aptitud profesional y ética del agente.

Pero, no cabe duda alguna de que es al Poder Judicial a quien le compete examinar la razonabilidad con que aquel organismo ejerció esa facultad; es decir, constatar la existencia de los hechos que dieron fundamento a la medida, así como la razonable relación existente entre la entidad de aquellos y la descalificación dispuesta. (Del voto del Juez Galli, consid. 6º).
Declaración de inconstitucionalidad, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Embotelladora Del Atlántico ("La Empresa" y/o "EDESA") c/ Municipalidad de Justo Daract s/ Accion contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-10-16

Se declara la inconstitucionalidad de oficio del artículo 19 de la Ley Nº IV 0099-2004 (5698 R) en cuanto dispone aplicar como tope a la regulación de honorarios del abogado la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención; pues dicha norma violenta el derecho de propiedad del profesional en cuanto al aplicar la misma se traduciría en una regulación inequitativa en mérito al éxito obtenido y al trabajo realizado.
Intereses, liquidación, tasas de interés, indemnización, mora, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El resarcimiento del daño moratorio previsto en el art. 622 del Código Civil cuenta con una presunción legal de causalidad que comprende tanto la existencia del menoscabo patrimonial como la determinación de su contenido, mediante una indemnización que se liquida únicamente por los intereses legales.
Relación de dependencia, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cufi, Roberto y otros c/ Mary Luz de Fortuny y/o Mario Fortuny y/o Susana de Fortuny y/o Patricia Fortuny, con domicilio en calle 15 esq. 20 ciudad y/o quien resulte responsable y explote el local comercial Bahía ubicado en calle 18 e/17 y 19, ciudad s/ Diferencia de Haberes, indemnización por despido, preaviso.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que acoge la demanda contra un demandado, haciendo lugar a la excepción de legitimación pasiva respecto de los co-demandados. Ello así, ya que el hecho probado y reconocido de que los familiares co-demandados hayan participado en el manejo del negocio, por sí solo no los hace corresponsables de las obligaciones laborales del titular del negocio. No probándose, por ningún medio que los demás demandados hayan participado de pérdidas o ganancias en el negocio, el segundo agravio basado en las absoluciones de posiciones, no puede prosperar.
Explotación de hidrocarburos, concesión administrativa, caducidad del contrato administrativo, Estado Nacional, intervención de terceros
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Tecpetrol S.A. c/ Neuquén Provincia del y otro (Estado Nacional citado como tercero) s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Corresponde rechazar el pedido de citación como tercero del Estado Nacional en el marco de una causa en que se pide se prive de efecto jurídico a la declaración de caducidad de la concesión de explotación, si la política hidrocarburífera fijada por aquél y su calidad de concedente de la explotación o exploración de gas o petróleo no trae aparejado que deba participar en el proceso en la forma requerida.

-En cuanto al fondo de la cuestión el Tribunal se remitió a la causa P. 287. XLVIII. "Petrobras" de la misma fecha-.
Quiebra, calificación de conducta, domicilio constituido, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: METALURGICA ATLANTICA  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Los efectos de la constitución de domicilio en los estrados del juzgado, decretada como consecuencia de lo dispuesto en la LC: 95 7 , alcanzan al trámite de la calificación de conducta, pues este incidente no presenta una autonomía jurídico procesal sino que constituye el conjunto de la quiebra. Sin embargo, ello resulta procedente, solamente, con las personas que integraban el directorio de la fallida al tiempo de la quiebra, no alcanzando a los directores que dejaron de serlo ni al síndico societario.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, planteo oportuno, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: ODONE, LUIS ALBERTO c/ ESTADO PCIA SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO POR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  COBRO DE PESOS - DAÑO MORAL  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 509 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10

Es dable consignar que in re "Recurso de hecho deducido por la actor a en la causa Baca, Laura Mercedes c/ Baca, Osvaldo Marcelo", el señor Procurador Fiscal, en su dictamen -a cuyos fundamentos remitió el Alto Tribunal en su sentencia-, señaló que "el requisito de la introducción oportuna sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el artículo 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención del Tribunal, último intérprete de las mismas. Mas la arbitrariedad (...) no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en la reglamentación del recurso extraordinario, sino, en rigor, la causal de nulidad del fallo, por no constituir, a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales, 'la sentencia fundada en ley' a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional. De allí que las partes no tienen por qué admitir de antemano que el juzgador podría incurrir en ese fundamental defecto. Y por eso es que (la Corte) ha sido muy amplia al respecto, y sólo ha exigido el planteo previo en el supuesto en que la cámara confirma por iguales fundamentos la sentencia del juez de grado y ante ésta no se hubiera invocado la tacha, desde que ello importa un consentimiento de validez que luego no permite introducirla tardíamente. Porque, de lo contrario, habría que reservarla siempre, como un mecanismo indispensable, respecto de la eventual desatención de la totalidad de las propuestas de derecho o de hecho y prueba debatidas en la causa, desde que cualquiera de ellas, es previsible, podrían ser decididas de modo arbitrario".
Competencia federal, competencia penal, lesiones leves, funcionarios públicos, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Devicense, Marcos Alberto y otros s/ atentado a la autoridad y lesiones leves.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Corresponde a la justicia federal investigar el presunto delito de lesiones leves cometido contra un empleado de la Dirección General Impositiva mientras se desempeñaba en un procedimiento de control del cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, habida cuenta de la inequívoca relación existente entre el hecho investigado y el entorpecimiento del legítimo ejercicio de las funciones de carácter federal que la víctima cumplía al momento de los sucesos y a que resulta evidente que el delito presuntamente cometido, es de aquellos que corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación en los términos del art. 3°, inc. 3° de la ley 48.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, reenvío, derechos y garantías constitucionales, jueces naturales, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARIAS, ALBERTO RODOLFO c/  s/ APELACION FISCAL SOBRESEIMIENTO-SCC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Si bien el artículo 12 de la ley 7055 establece que en supuestos de arbitrariedad corresponde anular la sentencia impugnada y remitir la causa a otro juez o tribunal para que sea nuevamente juzgada, en el caso tal mecanismo no resulta adecuado, dado que alongaría aún más el proceso penal y deviene innecesario; por ello, teniendo en cuenta que el Tribunal de Alzada no se expidió de forma completa sobre la admisibilidad de la apelación deducida por el representante del Ministerio Público de la Acusación -limitándose a afirmar que el recurso incoado por el señor Fiscal resultaba inadmisible por extemporáneo-, corresponde -a fin de resguardar la garantía de juez natural en los casos en que no se vislumbre necesaria la integración de un nuevo tribunal conforme los parámetros elaborados por esta Corte y el Máximo Tribunal nacional en relación a la garantía de imparcialidad- declarar procedente el remedio interpuesto, anular la resolución impugnada y consecuentemente, el auto que rechazó el recurso de apelación deducido, remitiendo la causa a los mismos Magistrados para que efectúen un análisis completo de la admisibilidad del recurso incoado por el Fiscal contra el sobreseimiento del imputado, teniendo en cuenta lo expresado en el presente fallo; y conviniendo hacer excepción al reenvío de la causa al tribunal subrogante para que sea nuevamente juzgada, utilizando la solución prevista legalmente para los casos de revocación de la sentencia con remisión de los autos al mismo tribunal para que dicte una nueva conforme a la doctrina sentada por esta Corte, al estar involucrada la tutela efectiva de mandas constitucionales. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 294, p 1. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 12
Régimen disciplinario administrativo, acción penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pacífico Carlos Vicente c/ Banco Nacional de Desarrollo (Patrim. en liquidación) s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

Desde antiguo se han señalado las diferentes órbitas en que se desarrollan la actividad sancionatoria penal y la disciplinaria, toda vez que mientras la primera -en términos generales- tiene por finalidad la prevención y represión de la delincuencia, la segunda persigue el mantenimiento de la disciplina como elemento indispensable para el buen funcionamiento de la organización administrativa, más allá de la común naturaleza derivada del ius puniendi estatal (conf. Fallos 305:102; 310:316 y sus citas; Sala I in re "Abadía, César R. c/ Servicio Penitenciario Federal", del 7/5/97). (Del voto de la juez Herrera, cons. 6).
Empleados públicos, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Caminos, Feliciano Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

Las designaciones del personal de planta temporaria deben responder, necesariamente, a las pautas fijadas en las normas respectivas. Es decir, resulta menester consignar en tales actos cuáles son los servicios, obras o tareas a las que se destinará al agente, en tanto, el plantel temporario (personal mensualizado y jornalizado) se compone con aquellos empleados necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no pueden ser realizados con personal permanente de la Administración.(doctor Negri, minoría)
Prestación de servicios, prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Mato, Jesús Luis c/ Fernández, Miguel Angel y otros s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-09-08

El hecho de la prestación de servicios, debe ser debidamente acreditado, siendo a cargo del actor la prueba de la prestación de los mismos, más allá que puedan jugar presunciones ominis que llevan a aliviar la requerida carga, pero no a suprimirla. De modo tal que quien demanda, debe asumir la carga aludida para aportar al Juez laboral la prueba de los hechos que le brindará a esta la convicción necesaria, que le permita valorar la situación fáctica en orden a la actividad llevada a cabo, así como también el comportamiento asumido por las partes vinculado a las facultades de organización, de dirección y fiscalización del empleador. Es más, ésta última no puede faltar para que se configure la relación laboral.
Personal docente civil de las Fuerzas Armadas, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ETCHEPARE, EDUARDO VICTOR c/ GOBIERNO NACIONAL (MRIO. DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

El decreto 6.669/71 (reglamento para escuelas anexas a las fuerzas armadas) estableció la intervención de los comandos en la designación de los maestros (art. 23 inc. g), pero no modificó el alcance de la estabilidad de estos - que comprende también su ubicación (art. 6 inc. a, ley 14.473) - ni la sujetó a la apreciación discrecional de la autoridad militar.
Recusación, excusación, trámites judiciales, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: CERRATO, CARLOS ALBERTO Y GALLEGOS, CAROLINA s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-30

La posibilidad de suplir magistrados de una circunscripción judicial por integrantes de otras circunscripciones en modo alguno puede ser interpretada como una habilitación a evitar los trámites legalmente establecidos en casos de recusación o excusación, considerando que en realidad se impone el respeto del trámite legal previsto independientemente de que el juez que deba resolver en caso de apartarse al magistrado interviniente sea de la misma o de otra circunscripción judicial; por lo que corresponde que se remitan las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia a fin de que se resuelva de modo urgente la situación del juez recusado.
Seguros, seguro de vida, reticencia, prueba, dictamen pericial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Agüero, Ernesto. c/ HSBC New York Life SA. s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-07-31

La reticencia que determina la nulidad del contrato de seguro de vida o que habilita el incumplimiento de la cobertura asumida no requiere solamente de la ocultación de información relevante, sino también que necesita que se acredite que esta omisión hubiese impedido el contrato o hubiera modificado sus condiciones (art. 5, Ley 17.418).

Y esta última circunstancia no puede acreditarse por cualquier medio probatorio, sino que, por mandato legal, tiene que surgir del juicio de peritos.
Concurso preventivo, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Urbanotec S.A. c/ Concurso Preventivo s/ legajo (art.  247 cpcc)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-05

Si bien el cierre de una cuenta bancaria constituye materia en la que prima la libertad de contratación (CN 14 y 17) y que el juez concursal, en principio, no puede interferir en las relaciones particulares imponiendo obligaciones indeseadas a un co-contratante (entidad bancaria), dicho criterio debe armonizarse con la necesidad de posibilitar a la empresa deudora operar comercialmente con un mínimo de regularidad a fin de no dificultar la superación de la crisis que la afecta y el mantenimiento de las cuentas corrientes bancarias es necesario para el desarrollo normal de la operatoria comercial de la concursada e importa un beneficio no sólo para los acreedores, sino también para los dependientes de la empresa.
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

En cuanto al segundo agravio, vinculado a la tasa de interés, le asiste razón al Sr. Fiscal General Adjunto. Resulta evidente que se trata de una cuestión de Derecho común, sin implicación constitucional directa alguna con el derecho de propiedad indicado.

Por lo demás, la cuestión no se ha fundado adecuadamente, pues el recurso no intenta, tan siquiera, efectuar una operación matemática que dé cuenta de la trascendencia del agravio que se denuncia.
Concursos, proceso de verificación, verificación tardía, costas, incidentes, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRIDENT SOUTHERN EXPLORATIONS DE ARGENTINA SRL c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR LAN & KRAMER SRL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Cabe imponer las costas de ambas instancias al acreedor tardío. Sabido es que en orden a lo previsto por la LCQ 56 las costas generadas por el incidente de verificación tardía deben ser soportadas, en principio por el acreedor. Nuestra doctrina y jurisprudencia resultan contestes con ese principio, salvo que existan razones atendibles que excusen la demora. Esa situación de excepción a juicio de esa Sala no se verifica en la especie, habida cuenta que el incidentista ha concurrido a verificar el crédito después de la fecha de verificación tempestiva, sin siquiera haber esbozado justificación alguna de tal proceder. Ello así, obsta a que las costas del incidente sean impuestas a la deudora, aún cuando hubiese resistido la pretensión. En función de ello, no resultó acertado el temperamento adoptado en la anterior instancia, puesto que inexcusablemente la verificación fue iniciada de manera tardía, sin siquiera justificar el acreedor los motivos que motivaron el retardo acaecido que pudiera justificar un apartamiento del principio general para relevarlo de tal imposición (cfr. mutatis mutandi esta sala "Companía Exportadora Argentina SA s/ quiebra s/ inc. de Verif. por Administración Federal de Ingresos Públicos" del 30/3/10).
Interpretación de la ley, Constitución Nacional, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ SEGBA (SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES) s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

La interpretación de la ley debe practicarse computando la integridad de sus preceptos, de manera que armonicen con todas las normas del orden jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional y, en dicha materia constituye una regla de fundamental importancia procurar el cumplimiento de la voluntad del legislador, máxime cuando se trata de normas jurídicas íntimamente vinculadas a los textos constitucionales que exigen entenderlas cuidando no alterar e l equilibrio del conjunto (Disidencia del Dr. Elías P. Guastavino).
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, debido proceso, asociaciones de consumidores, mediación, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-15

Procede renovar la resolución que declaró caduco el trámite de mediación previa. Ello por cuanto quien no resulta perjudicado directo de los actos reprochados, mal podría resignar en un trámite conciliatorio extrajudicial los derecho afectados por tales actos de los sujetos en cuyo interés dice actuar (v. "Dirección General de Defensa del Consumidor c/ Banco Río de la Plata s/ sumarísimo", del 7/12/04; "Unión de Usiarios y Consumidores c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ sumarísimo", del 30/4/09 y "Acyma c/ Manhattan Viajes SRL s/ sumario", del 8/4/14). Tan es así, que si bien la LDC 54 prevé la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción en el marco de un reclamo de incidencia colectiva, exige para ello la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal, extremo que, sólo podrá ser logrado en la instancia judicial.