Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-10


SENT Nro. 876 San Miguel de Tucumán, 10 DE NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la empresa concursada en autos: "Ignacio Liprandi Oliva S.R.L. s/Concurso preventivo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por la representación letrada de la empresa concursada en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 04/9/2003, por la cual se denegó la concesión del recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 02/7/2003.

II.- El Tribunal a quo considera que en la especie no existe sentencia definitiva en los términos del art. 813 procesal pues no se trata de una sentencia que resuelve el pleito, ni de una cuestión incidental que dé por terminado el mismo o haga imposible su continuación. Que, como lo expresara este alto Tribunal, la armónica interpretación de las disposiciones contenidas en los art.813 inc. a) y 814 el acto jurisdiccional pasible de impugnación por el recurso de casación, ha sido definido legislativamente por la concurrencia de requisitos positivos y negativos que tornan notoriamente más restringido el concepto doctrinario sobre sentencia "definitiva". Que, en efecto, según dichas preceptivas de la ley de rito, no basta que se trate de un acto del órgano judicial en cuya virtud éste, agotadas las etapas de iniciación y desarrollo, decide actuar o denegar la actuación de la pretensión que fue objeto del proceso sino que, además, debe contener pronunciamiento "sobre la cuestión de fondo, materia de la demanda fijando el derecho de las partes". Finalmente, agrega que debe concurrir la circunstancia negativa que las sentencias definitivas, con los alcances señalados "no dejen abierta una vía de reparación sea por conocimiento ordinario o sumario". Que en la especie la sentencia recurrida no decide la cuestión de fondo, sino que se refiere a una cuestión accesoria planteada durante el período informativo concursal por lo que no queda aprehendida en el supuesto del inc. a) del art. 813.

Por lo expuesto, concluye desestimando el recurso de casación.

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

Esta Corte Suprema entiende, sin embargo, que no se ha llenado en la especie el recaudo exigido por el art. 813 del CPCC en tanto, de un lado, es evidente que la sentencia recurrida no es definitiva; también lo es que no termina el pleito, ni impide su continuación. Tampoco se advierte el gravamen irreparable que alega el quejoso pues no se observa que la "privación del derecho de usar las diferentes instancias dispuesta por la ley" (sic fs. 66 vta.) vulnere garantía constitucional alguna desde que la pretensa pérdida de tal derecho viene dada, conforme lo resolviera la Cámara, por la propia conducta del recurrente al interponer en forma extemporánea el recurso de apelación, por ello mismo denegado.

Ello así, la cuestión materia de la casación cuya admisibilidad es desestimada no estaba constituida por la inconstitucionalidad planteada, sino por la interpretación y aplicación al caso del art. 163 procesal. La pretensión de inconstitucionalidad de algunas normas concursales no pudo continuar por efecto de la preclusión operada en relación con la interposición extemporánea de un recurso -computándose los términos mediante la aplicación de aquel dispositivo procesal- y no por una decisión que ponga fin al planteo sobre la inconstitucionalidad alegada. De allí que los argumentos del quejoso referidos a este último tópico: cita de precedente de esta Corte que "parece haber sido dictado para el caso de marras" -fs 64 vta.- o respecto a que el planteo de inconstitucionalidad configura una cuestión principal y no accesoria que no fue tratada por ninguno de los jueces de la causa lo que lo somete a indefensión (que, por lo expuesto, no es tal), no obstan a la solución dada por la Cámara.

Desde esta perspectiva cabe expresar que no se observa, a fin de lograr la apertura de la vía extraordinaria soslayando la exigencia del recaudo de definitividad sentencial, la existencia de gravedad institucional (por otra parte, no alegada expresamente por el recurrente), toda vez que no se da la aplicación irrazonable de normas procesales con afectación del derecho de defensa en juicio; no se han vulnerado principios o normas legales procesales vinculados con el sistema de notificación del digesto procesal. Por el contrario, el sistema legal ha sido respetado en el caso.

En efecto, el art. 163 dice expresamente que "Toda providencia que no deba ser objeto de notificación personal, quedará notificada por imperio de la ley, el primero de los dos días designados semanalmente a ese efecto, subsiguiente a aquél en que fue dictada, sin necesidad de nota, certificado o formalidad alguna. La Corte Suprema designará estos dos días de notificación. En los incidentes, procesos sumarísimos, especiales, conservatorios, ejecutivos e informativos, será diaria la obligación de las partes de comparecer a oír providencias, lo que así se decretará".

De lo expuesto surge prístina la carga de los letrados de concurrir los días de la semana designados al efecto o diariamente a fin de las notificaciones. Asimismo, emerge claro que la notificación se produce "por imperio de la ley" y "sin necesidad de nota, certificado o formalidad alguna". Consecuencia de ello es que la lista de partes y/o apoderados que contiene el Libro de Comparendo, lo es "a los efectos de deslindar responsabilidades de los funcionarios y empleados" conforme lo dispuesto en el punto I, b) de la Acordada 35/93, y no para obviar la carga procesal legalmente impuesta puesto que las resoluciones de este alto Tribunal respecto de las formalidades con que debe llevarse el libro, no pueden modificar las reglas ni los efectos de las notificaciones previstos en la ley procesal. Asimismo, esta Corte tiene dicho, en conceptos que son aplicables "mutatis mutandi" al caso de autos que los avatares acontecidos por el expediente en los trámites internos de la Oficina Judicial no pueden tener virtualidad bastante como para mutar el tipo y carácter de la notificación -haciendo personal una notificación automática o por nota- cuando su naturaleza y cualidad ha sido prevista expresamente por ley. Caso contrario, la fuerza de los hechos por sí misma podría tener como efecto el de trasladar la potestad legisferante desde el Poder al que le está reservada expresamente, al Juzgador quien no está facultado para modificar el sistema de notificaciones previsto legalmente...Tampoco procede el agravio referido a que no existió ninguna notificación por no haber estado su nombre ni el de ninguna de las parte en el proceso, en el libro de comparendo del Juzgado toda vez que, en el punto, se aplican supletoriamente las normas del digesto procesal civil de la provincia. Y allí, la regla en materia de notificaciones está determinada en al art.

163 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, al establecer "Toda providencia que no deba ser objeto de notificación personal, quedará notificada por imperio de la ley", mecanismo éste que se presenta coherente con el principio de celeridad y economía procesal... De allí que, siendo notificado por el imperio de la ley, la circunstancia alegada por el impugnante, de no haber sido -ni éste, ni ninguna de las partes- incluido en el listado de notificaciones no empece a la producción del efecto previsto explícitamente por el art. 163 procesal (CSJT, sent. 1033/2002).

Por lo dicho, esta carga de suscripción del libro de asistencia en los días indicados, que el quejoso considera "desproporcionada e irracional" (conf. fs. 47) es nada más ni nada menos que la que la ley indica y es aquélla que debía haberse respetado en el presente caso, no obstante los calificativos que tal dispositiva provoque en el ánimo del quejoso y las ineficaces consecuencias prácticas que éste deriva del sistema así legalmente delineado.

A su vez, el art. 154 procesal no contempla, entre sus supuestos, la notificación personal (que propone el recurrente) del decreto que rechaza el recurso de apelación. Por ello, la norma del sistema aplicable a estos casos viene dada por lo dispuesto en el art. 163 procesal y, conforme sus expresos términos y por lo manifestado supra, ella no se ve desvirtuada por el hecho de la demora de Secretaría de colocar los autos a la Oficina, pues ello no puede "convalidar" ni "subsanar" la falta de la carga procesal de concurrir los días de notificaciones -provocando que no se lo repute notificado cuando la ley dice que lo está- y esto, más allá, como se dijo, de los reparos que presenta el recurrente respecto del actual sistema de notificaciones y sus efectos prácticos. Y es que no puede tener relevancia el obrar de Secretaria en relación a la puesta en la Oficina del expediente desde que, conforme a lo previsto expresamente en el art. 163 C.P.C.C., la notificación se produce "sin necesidad de nota, certificado o formalidad alguna".

El recurrente plantea, desde esta óptica, su discrepancia con lo resuelto por el tribunal de alzada al otorgar valor determinante al informe de la Actuaria que manifiesta que el expediente fue puesto a la oficina el día 13 de marzo de 2003, por lo que la finalidad de la firma del libro de comparendo se halla suplida por esta directa manifestación de un fedatario de que los autos no podían ser compulsados en los días anteriores. El tribunal a quo, por el contrario, considerando expresamente el obrar del Juzgado (y ello, como lo menciona el mismo recurrente, tanto en lo que refiere a la demora en proveer la apelación como a la de la Secretaría en poner a la oficina el expediente, lo que es evidente con la sola lectura de los autos, (fs. 48) entiende que estas demoras en nada obstativas del cumplimiento de la carga procesal que le imponía la reglamentación en vigencia al recurrente.

Y en ello, no se advierte gravedad institucional alguna, antes bien la llana aplicación del régimen de notificaciones procesales que, por sobre las críticas que éste pueda suscitar en el quejoso, constituye claramente el actual sistema establecido el que, por lo expuesto, corresponde fielmente aplicar.

Por último, se recuerda lo expresado en otra oportunidad por esta Corte Suprema en el sentido de que la ley procesal ha establecido con evidencia un completo régimen de notificaciones, con imperio para las partes y para el juzgador, del que es imposible apartarse. En efecto, los actos procesales se consideran conocidos desde su notificación efectuada en forma fehaciente, más aún cuando la ley ha establecido esta forma de comunicación. Que la parte no haya oído la notificación por causas que se desconocen, cuando hay un imperativo legal de conocer las notificaciones, es responsabilidad del interesado, pero esta situación no habilita a sostener la creencia de que cuando pueda o quiera conocer, se entienda haberse tenido conocimiento del acto procesal que se recurre (conf. CSJT, sent. nro.422 del 29/7/1994).

En definitiva, se advierte que el quejoso presenta, por medio del recurso tentado, su discrepancia con la tesis sentencial la cual, pese al esfuerzo argumental con que la expuso, no llega a demostrar que confluyen, en el caso, los recaudos previstos por el art. 813 del digesto procesal civil de la provincia, por lo que el medio impugnativo directo deviene insuficiente para hacer penetrar al presente caso por la vía del recurso extraordinario de la casación.

Por ello, y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la representación letrada de la empresa concursada en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 04/9/2003, con pérdida del depósito.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA