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Derechos y garantías constitucionales, Poder Judicial, jueces, remuneración, Estado Provincial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

La intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de las personas de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial,a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes para preservar su absoluta independencia.

Sustancialmente, en consecuencia, la garantía establecida por el artículo 96 de la Constitución Nacional (texto 1853) -en lo que hace a la intangibilidad de la remuneración de los jueces- no es estrictamente una garantía en favor de tales magistrados, sino un seguro de independencia efectiva. En tales condiciones, dicha cláusula constitucional beneficia tanto a los jueces como a la misma sociedad. Es decir, que otorgando a los jueces una situación jurídica sin duda peculiar inamovilidad, intangibilidad de la remuneración- se le asegura a la sociedad, al pueblo, la estricta vigencia del Estado de Derecho y del sistema republicano de gobierno. Esta suerte de bivalencia de la citada disposición constitucional supone y exige un juego armónico en sus efectos. Así, de ninguna manera la garantía de la intangibilidad de la remuneración podría jugar en forma que traicionase la finalidad que el constituyente previó para ella, o recibir una aplicación de tal suerte irrazonable que conduzca a resultados no queridos frente al contexto de la situación general.(De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Hugo Manuel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es ineficaz el agravio en el que se denuncia la violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal que a las conclusiones expresadas por la Cámara sólo opone su personal interpretación de los hechos -reiteración de los argumentos expuestos en su alegato-, fundándose en reiteradas oportunidades en pruebas que se habrían producido en la audiencia oral y que no constan en autos, incurriendo así en la insuficiencia de no hacerse cargo del verdadero contenido de los desarrollos realizados por el sentenciante ni de los fundamentos de hecho y de derecho que los sustentan.
Nulidad procesal, acusación fiscal, enunciación genérica de la acción
Materia: PENAL
Carátula: Piñeiro, Jorge y otro s/ Infr.  arts.  173  inc.  2do.  y  174  inc.  5to.  del  Código  Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

Es nula la acusación fiscal que se limita a enunciar genéricamente una acción sin especificar ni detallar claramente como sucedieron los hechos ni en que consistió cada uno o cuales son las probanzas que individualmente los acreditan.
Daño, tipo penal, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: MOLAIES RUBEN ORLANDO Y OTRO s/ DAÑO INTENCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19

El delito de daño requiere un dolo directo, constituido por la voluntad de querer dañar la cosa en sí. Y aun cuando no resulten necesarias finalidades trascendentes o motivaciones particulares, la acción dañosa exige que el agente haya querido expresamente el daño.
Facultades ordenatorias, integración de la litis, herederos
Materia: PENAL
Carátula: Martinez Alicia Noemi y otros c/ Martinez Mirta Susana y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-10-17

La resolución judicial que dispuso citar herederos en carácter de demandados, es inapelable, ya que la misma esta incluida dentro de las facultades denominadas ordenatorias o instructorias (arts. 31, 33 y subsiguientes del CPCyC), excluida además de la enumeración del art. 239 del citado Código.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, resoluciones irrecurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P.Ñ.O. y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asesoría Tutelar CAyT N° 1 y otros c/ GCBA y otros s/ amparo - educación - otro c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-28

Corresponde denegar las quejas toda vez que los agravios vertidos por ambos recurrentes en sus presentaciones -relativos a determinar si la información suministrada por el GCBA en el marco de la implementación de la "Secundaria del futuro" y la participación dada a los grupos involucrados era suficiente; si se hallaba acreditada una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el accionar del GCBA; y si había necesidad de dictar un acto administrativo, según como se interprete el alcance de las innovaciones educativas-, conllevarían a revisar cuestiones de hecho, prueba y normativa infraconstitucional tenidas en cuenta por la alzada para resolver del modo en que lo hizo. Y sabido es que todos estos aspectos resultan extraños -como principio- a esta instancia extraordinaria, ya que no importan desentrañar la inteligencia de cláusula constitucional alguna. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Proceso electoral, leyes de facto
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: MOLINA, MARIA ELENA Y PARTIDO FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

En relación a los reparos vertidos sobre el origen de la norma en cuestión -atento a que el dictado del decreto ley 9280/83 ocurrió durante el período de facto, en tanto se estableció para fijar el régimen electoral en las elecciones de 1983-, cabe destacar que el Máximo Tribunal de la Nación ha dicho que la Corte tiene resuelto que la validez de los actos y normas del Poder Ejecutivo de facto está condicionada a que, explícita o implícitamente el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda los reconozca; y el legislador santafesino derogó un artículo del mentado decreto ley quedando en evidencia la aceptación de sus restantes disposiciones, como así también aludió a la disposición cuestionada en la ley 10524 de 1990 y refirió expresamente a aquella norma en las elecciones de 2010, mencionándola asimismo en la convocatoria de comicios generales para 2015, por lo que no hay duda que el piso electoral fijado integra el ordenamiento jurídico aplicable y ello fue consentido por todos los que participaron en las presentes elecciones. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Ramón O. c/ Molino San Joaquín s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-12

La ley de accidentes de trabajo indemniza incapacidades actuales y comprobadas, no futuras y potenciales que puedan surgir por una mayor progresión de la afección del trabajador, lo que ulteriormente podrá discutirse en una acción de reagravación. Por ello, cabe revocar el fallo que consideró la incapacidad total y permanente, y otorgar un grado de incapacidad del treinta por ciento establecido por la pericia médica, en base a las dolencias existentes al momento de producirse el examen médico.
Locación de inmuebles, convenio de desocupación
Materia: CIVIL
Carátula: Galdo de Tollan,  N.V. . c/ Greco, Genaro V. s/ Homologación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

Partiendo de la base de que la actual ley de locaciones urbanas 23.091, no derogó la anterior 21.342, y que el art. 2 de la ley 22 434, modificatoria del Código Procesal, sólo abroga los arts. 33 a 46, puede concluirse que el art. 47 de la ley 21.342, que se refiere a convenios de desocupación, continúa vigente.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: CERVERA, Héctor José y otro c/ A.N.A. (Resolución 1203/93)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

El control judicial tendiente a efectuar la revisión de actos administrativos, comprende en principio el control de legalidad, pero no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades regladas del poder administrador, porque no es admisible una actuación discrecional e irrevisable de aquellas potestades.
Síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de verificación en autos: "Confelom S.A.C.I. e I. Concurso  preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01

La declaración sobre la pertinencia del patrocinio letrado del Síndico (art. 281, ley 19.551) debe ser realizada no sólo cuando la retribución pueda comprometer a la masa, sino también cuando las costas deban ser soportadas por un tercero, pues debe armonizarse aquella norma con la del art. 276 que establece la indelegabilidad de las funciones del Síndico.
Intereses, tasas de interés, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: ZYIWCA c/ CASTIÑEIRA s/ EJEC. HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

Tratándose de sumas actualizadas y habiéndose pactado intereses punitorios, la tasa de interés comprensiva de los compensatorios y punitorios no puede exceder del 15 por ciento anual.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, recurso de apelación (procesal), confirmación de sentencia, albergue transitorio, tarjeta de crédito, daños y perjuicios, derecho a la privacidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corte, Maria Fernanda c/ De Carlo SRL Motel New Capri y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-15

Procede rechazar el recurso de apelación incoado por la actora, y por tanto, confirmar la sentencia que rechazó la acción interpuesta -endilgando responsabilidad a los demandados por haber detallado en el resumen de su tarjeta de crédito, un consumo bajo el nombre de un motel, lo cual le habría producido múltiples consecuencias disvaliosas- a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios que alegó haber sufrido, dado que la recurrente no alcanza a refutar las argumentaciones vertidas por el a quo y sólo se reduce a reiterar los argumentos que presentó en la anterior instancia -los que han sido desestimados y rebatidos por el judicante apelado-. Por lo tanto, bajo las prevenciones del art. 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, no es suficiente para ser de recibo el remedio procesal intentado. A mayor abundamiento, vale decir que ha sido el propio comportamiento de la reclamante la causa eficiente que produjo el quebrantamiento de su privacidad.
Obligaciones, reconocimiento en sede judicial, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: GRANDIN TERESA DOLORES c/ CLUB ATLETICO SAN LORENZO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-06

Si la obligación estipulada en el contrato debía abonarse al momento del sorteo, por aplicación del principio de buena fe que rige las relaciones contracutales, ante el reconocimiento expreso por la demandada, de la oportunidad en que debía cumplirse la obligación no puede pretender la misma ampararse ante la falta de prueba de la interpelación por escrito respecto del cumplimiento del contrato y a los fines de la respectiva constitución en mora, en dicha ausencia probatoria, ello de conformidad al principio de "venire contra factum propium non valet".
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: J., C.A. s/ infracción art. 77 inc. 2 ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Si una norma o acto de autoridad pública está en pugna con un precepto constitucional que establece una garantía o una atribución irrenunciable a un poder, el juez no debe aplicarlo, en razón de lo que dispone el art. 31 de la Constitución Nacional. En substancia, se trata de un orden de prioridad de normas.
Contratos, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, derechos de las partes, obligaciones de las partes, moneda nacional, seña, entrega del automotor, acreditación de saldos, interpretación de la ley, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andreotti, Manuel Roberto c/ Sauma Wagen San Isidro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Toda vez que la demandada vendió al actor mediante un contrato predispuesto un automotor nuevo por un precio formal y materialmente expresado en moneda de curso legal, resultando que el símbolo que identifica nuestra moneda ($) aparece impreso cuatro veces en el referido instrumento, precediendo en cada caso a los valores antes indicados, y teniendo en cuenta que en la misma fecha el actor entregó la seña convenida en pesos, cabe concluir sin asomo de duda, que el precio fue fijado en dinero, es decir, pactado en moneda de curso legal y no en dólares estadounidenses (CCCN 765, primera oración, y 1123; Calderón, M., "Compraventa y contratos afines", Buenos Aires, 2019, p. 152).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Leiva, Amelia Sesto de c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

La índole alimentaria de las prestaciones en juego no excusa, como regla, el requisito de la sentencia definitiva para habilitar la instancia de excepción.
Ejercicio profesional, abogados, tribunal de disciplina, obligaciones del abogado, buena fe procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Vivero, Néstor H. y otra s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Corresponde a la competencia del Tribunal de Disciplina el control del ejercicio de la profesión dentro de los estrados judiciales y fuera de ellos y la falta de lealtad, probidad y buena fe previstas en el artículo 6, inciso e) de la Ley 21.187 no puede considerarse circunscripta a la relación con el cliente sino que es comprensiva de todos los sujetos intervinientes en la relación profesional. Ello abarca, por supuesto, la actuación frente a los magistrados, que debe ser irreprochable porque no solo se compromete el prestigio del abogado sino el del foro al que pertenece.
Manifestación de la voluntad, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BRANDON, CESAR A. c/ PORCEL, TEODORO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

Sin perjuicio de lo que expresa el art. 57 LCT en cuanto al valor presuncional del silencio, hay que integrar esa norma con el art.

919 del C.Civil y considerar que el silencio observado por el empleador frente a la intimación del trabajador importa manifestación de voluntad "conforme... a la interrogación..." porque había una obligación de explicarse ante la ley.
Proceso penal, tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Scarpello, Claudio Esteban.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La previsión del art. 13 inc. d) de la ley 23.898 no constituye una verdadera exención del pago de la tasa de justicia, toda vez que aquél está sujeto a la resolución que recaiga en el pleito y diferido hasta ese momento.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Libro: S057-047)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-10-06

El derecho de los recaudadores fiscales a percibir un porcentaje de las multas no tributarias surge de la Ley 2019, art. 21 inc. b). Su pago no constituye una remuneración especial que repugne al art. 67 de la Constitución de la Provincia; pues son remuneraciones normales dispuestas por el Estado y a que tienen derecho los recaudadores.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., N.A. s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-08

Cuando la apelante ataca al expresar agravios la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, pidiendo se lo revoque en forma completa, ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de su jurisdicción, de modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, aquél ejerce en forma normal la competencia apelada.
Universidades, concursos docentes, jurado del concurso, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02

Si bien la designación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrarios para la selección del cuerpo docente no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, ello no es obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos de selección de los docentes universitarios (confr. C.S.J.N., in re: "Mocchiutti, Juan c/ UNC s/ contenciosoadministrativo", del 4/11/97). (Consid. VII).
Mediación, reapertura de la mediación
Materia: CIVIL
Carátula: DÍAZ,  Carlos  Alberto c/ TRANSPORTE TTE. GRAL. ROCA S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-30

Corresponde la reapertura del trámite de mediación cuando la demanda se dirige contra algún demandado que no haya sido citado ni comparecido en la etapa de mediación. (Sumario N°20163 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rinland, Roberto Mario s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal, exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole propia de la casación.
Daño moral, prueba, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA OROZCO CINTIA SOLEDAD c/ MILLAPI RITA s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (SIN LESION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

El agravio moral -(precedente "Sánchez" antes citado)- en principio, por su naturaleza, no necesita una concreta demostración, no pudiendo sin embargo pasarse por alto, que existen situaciones límites en que la prueba o acreditación de aquél resulta exigible. .el problema de la prueba del daño moral podría concretarse en los siguientes términos: cuando el daño moral es notorio, no es necesaria su prueba y quien lo niega tendrá sobre sí el "onus probandi"; fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otro, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca, máxime si se tiene presente que el daño a un bien patrimonial, por sí solo, no trae aparejado un perjuicio al espíritu indemnizable como daño moral. Cabe agregar que si bien la privación de uso del automotor produce un daño emergente susceptible de ser indemnizado, cierto es que la misma, en principio, no genera un daño moral resarcible, toda vez que el agravio moral no tiene por objeto indemnizar cualquier inquietud o perturbación del ánimo causadas por la carencia transitoria de un bien material determinado, por mucho que en él se encuentren comodidades y expansiones, de tan relativa trascendencia cuando se las deriva de la posesión de un automotor.
Recusación, excusación, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ALLENDE, Alfredo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

Corresponde hacer lugar a la recusación y posterior excusación de los señores jueces en el marco de la presente incidencia toda vez que las razones en base a las cuales los señores jueces emiten su excusación y la defensa particular su planteo de recusación tornan incuestionable su admisión, en resguardo máximo de la garantía de imparcialidad.
Remuneración, viáticos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Domingo Rolando c/ Provincia de Bs.As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-18

La ley previsional en su art. 40, segundo párrafo, expresamente excluye a los viáticos de la definición de remuneración, atento que tal asignación no constituye una contraprestación por los servicios prestados, sino el pago de una compensación de gastos originados en el ejercicio de las funciones, tal surge de las normas que lo crearon.
Ejecución prendaria, excepciones procesales, causa del título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO FEIGIN S.A. c/ ANDINA DEL SUR S.A. s/ Ejec - Prend (LIBRO: S084 - 281)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-29

Si bien el art. 30 inc. 6 de la ley 12962 posibilita el planteo de la excepción de nulidad del contrato de prenda, esa nulidad debe surgir de la misma prenda, por lo que debe desestimarse la pretensión de la demandada de que se analice la formación de la deuda que mantenía con la entidad bancaria, y para cuyo pago se habría otorgado el mutuo con garantía prendaria. Tal cuestionamiento no surge del título mismo y por ello debe ser motivo de amplia discusión, la que desnaturalizaría la sumariedad que la ley otorga a la ejecución prendaria.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08


Buenos Aires, de de VISTO:

El escrito presentado por la actora a fs. 10, y CONSIDERANDO:

Que la parte actora cuestiona la resolución de la Sra. Juez "a quo" que desestimó el embargo al considerar que no se reunían en el caso las exigencias previstas en el art. 62 de la ley 18.345.

Que en atención al planteo en tratamiento se han remitido las actuaciones al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien se pronunció mediante el dictamen Nº 48.720 del 12 de agosto de 2009 (fs. 19).

Que concordantemente con lo expuesto por el Sr. Fiscal, se advierte que el demandado alude a la existencia de una grave situación financiera y económica que afectaría su desenvolvimiento.

Que conforme lo ha sostenido el Ministerio Público en reiteradas oportunidades en casos análogos se impone un criterio amplio en lo que hace a la viabilidad de las medidas precautorias, y en especial en los supuestos, como en el sub examen, en los cuales no se ha saldado la deuda correspondiente a la indemnización reducida que la empleadora pretende abonar.

Que conforme los términos de la liquidación efectuada a fs. 16vta./17 y lo alegado por el demandado a fs. 40, el embargo peticionado debe proceder por la suma de $65.000 con más la suma de $10.000 que se presupuestan para responder a intereses y costas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: Revocar la resolución apelada y hacer lugar al embargo preventivo solicitado, el que procederá por la suma de $65.000 con más la suma de $10.000 que se presupuestan para responder a intereses y costas.

Regístrese, notifíquese y vuelvan bg BEATRIZ I. FONTANA JUEZ DE CAMARA JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA