Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-28


La Plata, octubre 28 de 2009.

1º ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de violación de domicilio? 2º ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Kogan dijo:

1. El día 23 de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado O. V. L. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Azul que lo condenó a la pena de nueve años de prisión con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena y costas procesales, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias y violación sexual en concurso real (fs. 63/68 vta. del legajo de casación).

2. Contra ese pronunciamiento el señor Defensor Oficial ante ese Tribunal articuló el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 84/104, que fue admitido por esta Corte (fs. 107). Se llamaron autos para dictar sentencia a fs. 113.

3. El dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, ap. cuarto, incs. 'b' a 'e') del Código Penal hace necesario que previamente este Tribunal analice si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito previsto en el art. 150 del Código Penal, se ha extinguido (conf. P. 83.722, sent. del 23-II-2005).

En efecto, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código de fondo (C.S., Fallos 287:76).

Además, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. en el orden nacional, entre varios, doctr. C.S.J.N., Fallos 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778 y, en el ámbito local, P. 50.959, sent. del 17-V-2000; P. 61.271, sent. del 23-VIII-2000; P. 62.689, sent. del 3-X-2001; P. 83.147, sent. del 14-IV-2004, entre muchas otras).

4. Por otra parte, como lo he sostenido en P. 79.797, sent. del 28 de mayo de 2003, a cuyas consideraciones me remito, la prescripción de la acción penal corre y se opera en relación con cada delito -aun cuando exista concurso entre ellos (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 186:281; 201:63; 202:168; 212:324; 305:990, entre otros)- debido a que la interpretación y aplicación estrictas de las reglas del concurso real conducen a la acumulación de penas, pero no a la de los plazos de prescripción de las acciones (conf. Zaffaroni, E.R. y otros; "Derecho Penal; Parte General", Ediar; Buenos Aires, 2000, pág. 863); interpretación que ha sido receptada en forma expresa por la ya citada ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) en el actual art. 67 del Código Penal.

5. Bajo esas consideraciones, aún contabilizando desde la sentencia del tribunal intermedio de fs. 63/68 vta. (legajo de casación) la que fue dictada el 23 de diciembre de 2004, ha transcurrido con exceso el máximo de duración de la pena (dos años) correspondiente al delito de violación de domicilio, por el que -junto a otros ilícitos- viene condenado L. (arts. 150 y 62 inc. 2º del C.P., conf. art. 67, párrafo final -según ley 25.990-, también del C.P.).

Tampoco se ha establecido que en el plazo a computar el procesado hubiese cometido otro delito a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 119/121) y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (fs. 118).

6. De todo lo expuesto se sigue que debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de O. V. L. en orden al delito de violación de domicilio, por el que -junto a otros ilícitos- viene condenado (arts. 2, 55, 59 inc. 3º, 62 inc. 2º, 67 -según ley 25.990- y 150, todos del C.P.).

En consecuencia, voto por la afirmativa.

El doctor Soria por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

De acuerdo con mi postura tradicional, expuesta en causa P. 79.797, "V." (sent. del 28-V-2003), en la que adoptara la tesis del paralelismo para el cómputo de la prescripción de la acción penal en el supuesto de concurso real de delitos (arts. 55 y 62 inc. 2º del Cód. Penal), adhiero al criterio sustentado en la presente por la doctora Kogan en cuanto corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en relación a O. V. L. en orden al delito de violación de domicilio por el que junto a otros ilícitos fue condenado (arts. 2, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 150 del C.P.).

Voto así por la afirmativa.

El doctor Negri por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

2º cuestión.- La doctora Kogan dijo:

1. Contra el pronunciamiento reseñado en el ap. 1 de la cuestión anterior al que me remito en razón de brevedad, el señor Defensor Oficial ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 84/104-. Denunció la errónea aplicación de los arts. 55, 142 inc. 1º, 119 inc. 3º y 150 del Código Penal.

Y dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior corresponde analizar los agravios planteados por el recurrente sólo en relación con los delitos de violación y privación ilegal de la libertad por los que también viene condenado O. V.L., en concurso real entre sí.

2. El representante de la Procuración General dictaminó por el rechazo del recurso (fs. 109/112).

3. a. Inicialmente el señor Defensor sostuvo que la sentencia atacada resulta arbitraria por "incorrecto tratamiento de los agravios planteados en el recurso casatorio" lo que derivó en la errónea aplicación de los arts. 119 inc. 3º y 142 inc. 1º del Código Penal, y en la infracción de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fs. 94).

Controvirtió así la calificación legal otorgada al hecho en cuanto ha sido subsumido en la figura receptada en el art. 119 inc. 3º del Código Penal, argumentando que no existe probanza alguna en la causa que acredite la falta de consentimiento de la víctima. Puntualizó en tal sentido que el juzgador de origen "... ha guardado absoluto silencio a la hora de motivar..." dicho elemento del tipo (fs. 89, últ. párr.); y que frente a ese agravio, el tribunal intermedio incurrió en un inadecuado control al omitir establecerlo (fs. cit.).

Por otro lado señaló, sobre la base de la interpretación de un tramo del voto del doctor Sal Llargués -v. fs. 66 2do. párr.- que transcribió parcialmente, que sostener como lo hizo el sentenciante, que es el inculpado quien debe demostrar "... la existencia de consentimiento prestado por el sujeto pasivo..." del proceso (fs. 89 vta.) afecta las garantías constitucionales que prohíben la inversión de la carga de la prueba (art. 18 de la Constitución nacional).

Adicionó a lo expuesto una serie de consideraciones dogmáticas acerca de los elementos requeridos por la norma cuestionada (v. fs. 90/90 vta.) y solicitó, en definitiva, que se absuelva a su defendido respecto del delito de violación sexual (v. fs. 90 vta./91).

4. En primer lugar, corresponde destacar que la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento (tal el modo en que ha sido desarrollado el reclamo de la defensa) es una cuestión eminentemente procesal y por lo tanto, ajena por regla al conocimiento de esta Corte (art. 494, C.P.P.).

5. En tren de examinar si la decisión recurrida constituye un pronunciamiento arbitrario que -en consecuencia- podría ser susceptible de habilitar posteriormente la instancia extraordinaria federal, anticipo que la defensa no ha demostrado que la decisión del órgano revisor, al resolver el agravio relacionado con el consentimiento de la víctima, haya emitido un pronunciamiento que merezca la tacha formulada.

La respuesta brindada por el tribunal revisor al agravio relativo a la deficiente prueba de la falta de consentimiento de la víctima consistió en señalar que esa parte desconocía la materialidad ilícita comprobada. Y que frente a ella, las críticas dirigidas a la valoración de los distintos elementos de prueba utilizados por el juzgador de origen no lograban desbaratar el fallo en el aspecto cuestionado.

En efecto, el tribunal de origen dio por acreditado que: "... durante ... el mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, una persona de sexo masculino ingresó al domicilio de la calle Rivadavia nº ... contra la voluntad expresa de sus moradoras, haciéndolo por la parte posterior de la vivienda, previo saltar un paredón que circunda el inmueble. Que una vez en el patio, tomó del brazo a la menor ... y conduciéndola por la fuerza hacia el interior de la vivienda, la encerró con llave en el baño. Que posteriormente, el mismo sujeto mediante el uso de violencias e intimando con una cuchilla que le colocó sobre el cuello a V. ... la obligó a ingresar al dormitorio de la casa donde le sacó la ropa y mantuvo con ella acceso carnal..." (fs. 21/vta. del presente legajo).

Con base en dicha materialidad el tribunal intermedio señaló que "La pretensión de la recurrente pasa por el desconocimiento de la materialidad ilícita que el 'a quo' ha dado por probada..." (fs. 65 vta.) y luego de descartar brevemente cada una de las críticas de la defensa sobre los elementos de prueba utilizados en la sentencia, concluyó que esa parte no había logrado demostrar cómo habría mediado consentimiento de la joven víctima de la violación (conf. fs. cit./66).

En definitiva, la defensa se apoya en una frase del pronunciamiento del tribunal casatorio, a la que aísla, para concluir que habría existido una inversión de la carga de la prueba. Pero en rigor de verdad, ha tergiversado el contenido y sentido del razonamiento del tribunal. En consecuencia, el déficit denunciado no se aprecia pues el revisor confirmó razonadamente la evaluación probatoria que definió, en el caso, que el acceso carnal se produjo "mediante el uso de violencias e intimando con una cuchilla" (fs. 21 vta.; fs. 65 vta./66).

Para concluir con este reclamo, es útil recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (C.S.J.N., Fallos 310:234). Y más allá de su discrepancia con el tribunal, el recurrente no pone en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (doct. art. 495 del C.P.P.).

6. Seguidamente, el quejoso denunció que el Tribunal no abordó adecuadamente la queja relativa al alcance del art. 142 inc. 1º del Código Penal y su relación con el art. 141 del mismo cuerpo normativo.

Este reclamo también se dirige a cuestionar al fallo desde el andarivel de la arbitrariedad, pues consiste en que no habrían sido respondidos todos los argumentos planteados por la defensa en la nota presentada con posterioridad a celebrarse la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal (fs. 91/vta.).

7. El presente agravio tampoco puede ser atendido.

El Tribunal de Casación al tratar ese tramo de la impugnación resolvió que "... ambas menores refieren violencia por parte del encartado quien habría usado una cuchilla (con vaina agrega V.) con la que reduce a ésta" y a ello agregó que "Respecto de la voluntad de excluir la misma resulta palmaria en el complemento de los dichos de las menores que ejecutaran la orden de su progenitora de no abrir la puerta al imputado quien -en contra de esa expresa voluntad- supera los cerramientos y -para consumar la agresión sexual- reduce a la hermana menor privándola de libertad" (fs. 66). De esa forma, el revisor confirmó la subsunción legal cuestionada.

La defensa no logra demostrar de qué modo podría tildarse de arbitraria la respuesta brindada por el sentenciante. Su pretensión, en rigor de verdad, se apoya en una opinión diversa a la del revisor sobre el alcance de las figuras penales, pero ese método no es pertinente para desvirtuar la validez del pronunciamiento desde la perspectiva traída (art. 495, C.P.P.).

Tampoco la parte expone porqué el hecho de que algún argumento no sea respondido expresamente en la sentencia conlleve necesariamente a reputarla arbitraria (art. cit.). De todas maneras, si la defensa consideraba que alguna de las cuestiones que dice no contestadas era esencial debió recurrir a la vía recursiva prevista para reparar tales deficiencias (art. 491, C.P.P.).

8. La crítica subsidiaria relativa a que en el caso se configuró un concurso ideal y no real de delitos también debe ser desestimada pues, además de limitarse a exponer una opinión divergente a la del tribunal recurrido, método ineficaz para lograr su modificación, lo cierto es que la parte no reparó -y por lo tanto dejó incólume- en que la respuesta dada por el órgano intermedio incluyó reprocharle insuficiencia al reclamo original. Todo ello sella la suerte de esta pretensión (art. 495, C.P.P.).

9. Finalmente, la recurrente dedica la última parte de su impugnación -en una confusa formulación- a agraviarse del procedimiento utilizado por el tribunal de mérito para determinar la pena aplicable, al que considera ratificado por el tribunal revisor en función de que este último no hizo caso a lo requerido por la defensa al respecto.

En este sentido, el recurrente cuestiona que el tribunal revisor se haya negado a tratar el planteo articulado por la defensa en la nota presentada luego de la audiencia que prescribe el art. 458 del Código Procesal Penal argumentando que el agravio sobre las pautas para graduar la sanción no devenía "subsecuente" de lo expresado en el recurso de casación (v. fs. 94/95).

Alega así que aun cuando ello fuera cierto, la casación debía tratarlo igual, en razón de lo que denomina la "prerrogativa constitucional de la reformatio in melius", por la cual "... si existe una posibilidad de mejorar la situación del imputado en cuanto a la pena impuesta..." se debe optar por ella (conf. fs. cit.).

En consecuencia, tachó de arbitraria a la sentencia, por falta de fundamentación en relación con aquel punto de agravio y por apartarse de los precedentes establecidos por el Supremo Tribunal federal que -en su interpretación- se relacionan con el principio de la reformatio in melius; y señaló que ese modo de decidir conculca las garantías constitucionales vinculadas con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. cit.).

Sobre el final del escrito el defensor (v. punto 6, fs. 102 y ss.), reproduce la crítica llevada por su colega ante el Tribunal de Casación, relativa a la ausencia de motivación de las agravantes ponderadas por parte del órgano del debate; crítica que no fue tratada por dicho tribunal -como anticipé- con fundamento en su interpretación de las reglas que regulan su propia competencia.

10. Desde otra perspectiva, se quejó del procedimiento del tribunal del debate para graduar la pena porque computó de oficio circunstancias agravantes. Señaló que éstas deben ceder porque fueron valoradas sin ser requeridas por la acusación (conf. enunciación de fs. 94 vta.).

En su ataque a la sentencia originaria especificó que el juzgador computó las siguientes agravantes: a) la extensión del daño causado b) la corta edad de la víctima A. L., c) la modalidad empleada para lograr el acceso carnal que comprendió la utilización de un arma blanca, y d) la constancia de padecer la víctima V. D. una disminución intelectual moderada (v. fs. 96).

Invocó doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estimó aplicable al asunto y tras desarrollar una serie de consideraciones sobre el debido proceso legal, la distinción entre los conceptos imputación y acusación, la defensa en juicio y la imparcialidad de la jurisdicción, consideró que la pena debía adecuarse en función de la exclusión de las agravantes indebidamente ponderadas (conf. fs. 98/102).

11. Ninguna de las dos perspectivas del reclamo puede prosperar.

a. En su primer perfil, la crítica se relaciona con el alcance que el Tribunal de Casación otorgó a su propia competencia. La cuestión que se intenta someter a discusión, de eminente naturaleza procesal, excede por dicha razón el marco de conocimiento legalmente habilitado a este Tribunal (art. 494, C.P.P.).

No obstante lo expuesto y dejando también de lado la escasez argumental del recurso para intentar evidenciar la sugerida tacha de arbitrariedad del pronunciamiento en el punto cuestionado, lo cierto es que esta Corte ya ha definido en otros precedentes cuestiones similares en torno de la interpretación de las reglas de competencia del Tribunal de Casación, que en lo pertinente resultan de aplicación y determinan el rechazo de la pretensión.El tribunal intermedio resolvió en el caso que "La noción de agravio subsecuente no cuaja en esta causa en la que -a estar al contenido del recurso original- la señora defensora que lo introdujera nada dijo de las pautas para graduar la sanción. Motivo deducible de uno introducido es aquel que sin dificultad puede considerarse connotado en el antecedente. Pero -si como en el presente- no se ha criticado el modo de cuantificación de la sanción, entonces ese capítulo escapa al marco de las cuestiones que se han sometido a este Tribunal" (fs. 66 vta. último párr./67 primer párrafo).

El corte temporal establecido por la casación para calificar la intempestividad del agravio en cuestión implica la correcta intelección de la regulación legal de la vía casatoria.

En efecto, tal como lo ha resuelto esta Corte en la causa P. 94.681, sent. del 13-XII-2006, entre otras, el art. 434 del Código Procesal Penal (t.o. según ley 11.922 y sus modificatorias), determina el alcance del conocimiento del tribunal de alzada, que, claramente, lo limita "a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios". Por otro lado, el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual, marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".

Las posteriores ocasiones procesales, en especial, la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.

Es decir que, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional sólo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquél.

De otro lado, la invocación del art. 435 del Código adjetivo no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal de Casación cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. doctrina causas P. 81.725, sent. del 16-IX-2003; P. 81.525, sent. del 24-III-2004; P. 94.681 cit.; P. 95.291, sent. del 13-VIII-2008).

En consecuencia, la decisión impugnada comporta la recta aplicación de la solución legal expresamente delimitada para una situación como la del caso y se ha sujetado a las reglas legales vigentes en materia recursiva.

Y en tal sentido, la defensa no logra poner en evidencia que la decisión del tribunal revisor de considerar en definitiva extemporáneo el agravio implique necesariamente una interpretación desnaturalizadora del principio de la reformatio in melius (art. 435 del C.P.P.). Allí se establece una competencia facultativa para el tribunal revisor, que en el caso no ha sido ejercida y la quejosa no pone en evidencia alguna transgresión en tal proceder (art. 495, C.P.P.).

Por último, en lo que a este asunto se refiere, tampoco ha sido demostrado que el pronunciamiento pueda ser reputado de arbitrario por falta de fundamentación; en tanto expresamente brindó los fundamentos -suficientes y apropiados- para delimitar su marco decisorio (v. fs. 66 vta. cit.); ni mucho menos que proceda esa tacha en cuanto la defensa le reprochó por apartarse de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los que -sobre este aspecto puntual- ni siquiera individualizó (art. 495, C.P.P.).

b. En la segunda perspectiva del reclamo, la parte no dedica ninguna línea a atacar el fallo de la casación. La lectura del recurso no permite identificar ningún cuestionamiento directo a ese pronunciamiento.

Sólo podría interpretarse que pretendía -aunque insisto, no lo explicita en ninguna parte- que el Tribunal de Casación revisara el cómputo de las agravantes de pena valoradas por el tribunal de juicio -desde una perspectiva que recién introduce en esta instancia extraordinaria- a pesar de que no le fue llevada a su conocimiento ninguna crítica de esa naturaleza. Y que, al no haberlo hecho incurrió en algún déficit de fundamentación.

Si esa era la pretensión, nuevamente cabe señalar que la cuestión es totalmente ajena al conocimiento de esta Corte (art. 494, C.P.P.).

Tampoco correspondería considerar arbitrariedad en el pronunciamiento por defecto en la jurisdicción -vicio que como dije siquiera ha sido precisado por la parte en esta porción de la impugnación- pues las cuestiones que fundamentan esta parcela (fs. 96/102) no fueron llevadas a conocimiento de la sala de casación; de modo que no sería posible atribuirle al órgano revisor la incursión en algún vicio de esa índole al no considerarlas (art. 495, C.P.P.).

En el caso de interpretar que la defensa invocó el principio de la reformatio in melius como aplicable a este asunto, también cabe predicar su improcedencia. Ello pues el Tribunal de Casación no está obligado a extender su examen por fuera de los límites del recurso. Como ya fue indicado en el punto anterior, dicho principio -regulado en el art. 435 del Código Procesal Penal-- no constituye una regla que sustituya la carga de las partes de formular sus planteos en la oportunidad legalmente establecida en el art. 451 del mismo cuerpo legal (P. 81.525, sent. del 24-III-2004; P. 95.864, sent. del 4-VII-2007); sino una competencia facultativa para el tribunal revisor que en el caso no ha sido ejercida.

Por último, si el objetivo de la parte puede ser considerado como un intento de que este Tribunal afronte de modo originario las cuestiones no llevadas ante el tribunal revisor, entonces es menester recordar que la competencia de esta Corte no puede ser impetrada por fuera de los casos legalmente previstos. En tal sentido, la regla de la competencia extraordinaria de esta Corte establecida en el recurso intentado es que ella se habilita para revisar, en determinados casos, lo decidido por un tribunal anterior (art. 494, C.P.P.).

En consecuencia, si el reclamo se entendiera de ese modo, cabe indicar que los planteos defensistas relativos a las pautas de agravación de la pena ponderadas por el tribunal de juicio resultan extemporáneos -art. 451, Código Procesal Penal- pues ninguno de ellos fue introducido oportunamente en el recurso de casación interpuesto (v. fs. 31/39 del legajo de casación) no obstante haberse considerado las circunstancias cuestionadas en la sentencia de origen (v. fs. 17/27 del legajo de casación; conf. P. 78.901, sent. del 7-XI-2001; P. 76.382, sent. del 28-VIII-2002, entre otras).

La invocación del "principio procesal de elasticidad" con el que la defensa sugiere -al inicio de la impugnación, v. fs. 84 vta.- que debe sortearse esta barrera es ineficaz por no importar más que la expresión de un criterio contrario a la inveterada doctrina acuñada por este Tribunal en orden a la tempestividad procesal de los planteos recursivos (doct. art. 342, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.- y doct. art. 451 cit.; conf. P. 85.039, sent. del 30-III-2005; P. 82.718, sent. del 29-X-2003; P. 83.340, sent. del 12-XI-2003; P. 94.431, sent. del 1º-XI-2006, e.o.).

La defensa, finalmente tampoco ha alegado con suficiencia más razones que posibiliten excepcionar el obstáculo temporal aludido (conf. mi voto en P. 94.431, cit.; P. 90.955, sent. del 20-XII-2006; P. 92.161, sent. del 29-VIII-2007); máxime teniendo especialmente en cuenta la doctrina de esta Corte relacionada a la temática, v. mis votos en P. 94.431, cit., P. 94.467, sent. del 7-V-2008 y el precedente P. 91.490, sent. del 1-IV-2009 (doct. art. 495, C.P.P.; P. 95.574, sent. del 10-XII-2008; P. 97.695, sent. del 25-III-2009).

Voto por la negativa.

El doctor Soria por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión también por la negativa.

El doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto de la ponente por compartir sus fundamentos.

Voto por la negativa.

El doctor Negri por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión también por la negativa.

3º cuestión.- La doctora Kogan dijo:

Conforme han quedado resueltas las cuestiones anteriores, corresponde:

1. Declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto del procesado O. V. L. en orden al delito de violación de domicilio por el que venía condenado (arts. 2, 59 inc. 3º, 62 inc. 2º, 67 -conf. ley 25.990- y 150, C.P.).

2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, C.P.P.).

3. Devolver los autos a la instancia de origen para que dicte respecto del procesado O. V. L. un nuevo fallo graduando la pena a imponer conforme lo decidido.

Así lo voto.

Los doctores Soria, de Lázzari y Negri por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la tercera cuestión en el mismo sentido.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal -quien dictaminó por disposición superior a fs. 109/112-, se resuelve: 1. Declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto del procesado O. V. L. en orden al delito de violación de domicilio por el que venía condenado (arts. 2, 59 inc. 3º, 62 inc. 2º, 67 -conf. ley 25.990- y 150, C.P.). 2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, C.P.P.). 3. Devolver los autos a la instancia de origen para que dicte respecto del procesado L. un nuevo fallo graduando la pena a imponer conforme lo decidido.- Hilda Kogan.- Héctor Negri.- Eduardo N. de Lázzari.- Daniel F. Soria.