Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09


NEUQUEN, 9 de diciembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ TELEFONICA MOVILES ARG. S.A. S/ APREMIO" (EXP Nº 493154/2013) venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- Contra la sentencia que rechaza las excepciones de incompetencia, inhabilidad de título y prescripción, y manda llevar adelante la ejecución, la demandada interpone recurso de apelación.

A fs. 62/93 expresa agravios. En primer lugar, sostiene que debe dejarse claramente establecido que lo que la Municipalidad de Neuquén reclama en esta causa es la tasa por ocupación del espacio público. A su juicio, más allá de que el Municipio le dé una denominación distinta, la realidad de los hechos -que surgen de la propia documentación acompañada por la actora- es que está exigiendo una tasa por ocupación del espacio público que realiza su parte para la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Dice que ha sostenido la incompetencia del fuero provincial para conocer en estas actuaciones por cuanto la cuestión discutida en autos es federal y, por ende, corresponde a la justicia de aquel fuero. Ello así por cuanto la tasa reclamada, además de desconocer abiertamente la norma federal (art. 39 de la ley 19.798) implica afectar la normal prestación del servicio interjurisdiccional de telecomunicaciones que ella presta en todo el país.

Luego de enumerar las normas federales que entiende involucradas, plantea que los argumentos expuestos por la Sra. Jueza de grado se apartan de los criterios fijados por la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema.

Insiste que en el caso no hay que indagar sobre la causa de la obligación, sino resolver si -como sostiene su parte- resulta aplicable la exención contemplada en el art. 39 de la ley 19.798 que establece que la ocupación y uso que realicen las prestadoras de telecomunicaciones se encuentran exentas de todo gravamen.

Agrega que la pretensión municipal importa un indebido avance sobre la reglamentación que el Gobierno Nacional ha hecho en una materia delegada por las Provincias a la Nación (incs. 13 y 32 del art. 75 de la Constitución Nacional).

En cuanto a la excepción de inhabilidad de título, afirma el recurrente que si no puede determinarse el origen del gravamen, es porque la deuda es improcedente. Cita fallos de la Corte que admiten la vía extraordinaria cuando resulta manifiesta la inexistencia de la deuda.

Abunda sobre la exención normativa de la ley 19.798 y los precedentes del Tribunal Federal recaídos sobre ese tema.

A continuación, objeta que se haya rechazado la excepción de prescripción que también dedujera. Dice que si bien la magistrada sigue la doctrina de la Corte Provincial dictada en el año 2007, se aparta sin fundamento alguno de los pacíficos precedentes de la Corte Suprema de la Nación sobre idéntica temática.

Cuestiona el cómputo del plazo de prescripción realizado en la instancia anterior, tanto en lo que refiere al inicio de aquél, como a la aplicación de las causales de suspensión.

Reitera luego, y con más citas de la Corte, los agravios constitucionales que le provoca la sentencia. En tal sentido, sostiene que la pretensión de la Municipalidad afecta el comercio interjurisdiccional que lleva a cabo su parte, viola las cláusulas de comercio (art. 75, inc. 13, CN) y progreso (art. 75, inc. 18), a más del principio de supremacía nacional (art. 31).

Por último, apela los honorarios regulados al letrado apoderado del actor, por considerarlos altos.

2.- Corrido el traslado de ley, el Municipio lo contesta a fs. 96/112 vta. y solicita su rechazo, con costas.

3.- A fs. 118 y vta. dictamina el Fiscal de Alzada. Propicia la competencia de la Justicia Federal.

4.- A mi criterio, el recurso no puede prosperar.

La accionada ha basado su defensa en que la tasa que el Municipio pretende ejecutar refiere al uso del espacio público municipal y, por ende, resulta violatoria de una norma federal, tal la ley 19.798, que en su art. 39 la exime del pago de todo tributo que grave la ocupación o el uso de espacios pertenecientes al dominio público.

Todos sus agravios parten de esa premisa: que la tasa reclamada se origina en la ocupación del espacio de jurisdicción municipal en franca oposición con lo dispuesto por el art. 39 de la ley de telecomunicaciones.

La Municipalidad actora, por su parte, admite que el uso del espacio público se encuentra exento de cargas impositivas en razón del ámbito de protección otorgado por la norma federal al servicio de telecomunicaciones, pero sostiene que la deuda cuyo pago persigue corresponde a un tributo distinto, cual es el "derecho de inspección y control de seguridad e higiene de actividades comerciales, industriales y de servicios".

Ahora bien, del certificado de deuda agregado a fs. 2 surge que la obligación tributaria se corresponde con la denominación invocada por el Municipio ejecutante, sin que la leyenda contenida en la primera columna ni la intimación que se agrega a fs. 3 -y que la Comuna atribuye a un error material en la confección de la cédula- resulten suficientes para considerar que la tasa que se reclama responda a un concepto distinto al que emana de sus términos.

Principios básicos de autonomía, literalidad y abstracción del título ejecutivo, impiden adoptar una solución distinta, máxime cuando no existen otras constancias que lo refuten.

Coincido aquí con la sentenciante, en punto a que el examen acerca de cuál tributo en definitiva es el que persigue el Municipio -si el que emana de la literalidad del certificado de deuda o el que alega la accionada-, remite al análisis y discusión de la relación causal, lo cual, por regla, se halla vedado en el juicio ejecutivo, naturaleza de la que participa el apremio.

Por otra parte, cabe señalar que si bien es cierto que la Corte Suprema ha seguido una línea jurisprudencial definida en punto a las tasas municipales que han pretendido gravar directamente el uso del dominio público municipal, reafirmando que esa potestad es contraria a lo preceptuado en el citado art. 39 de la ley 19.798 ("Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ acción meramente declarativa" (T.197.XXVII) y "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pico s/ acción meramente declarativa" (fallos 320:162), "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ acción declarativa" (T.125.XXXIII), "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ repetición" (fallos 333:255), distinto ha sido el criterio cuando los tributos locales tienen como contraprestación un servicio específico brindado por parte de la municipalidad, o bien se relacionan con cuestiones tales como el control de seguridad e higiene, como acontece en autos (para un análisis más profundo sobre ambos cauces jurisprudenciales, puede verse AYALA, Javier Solano, "El necesario poder tributario local como garantía de la autonomía municipal. Breve análisis de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de tasas municipales", LLGran Cuyo 2013, 229). En esta última dirección, la Corte se ha pronunciado en la causa "Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús s/ acción meramente declarativa" (fallos 320:619), citada por la actora en su responde de agravios.

En dicho fallo la Suprema Corte recordó que "de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) (Fallos: 304:1186, entre muchos otros). Dentro de ese contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5° y 123)." También señaló que la jurisdicción federal sobre el servicio público de telefonía es compatible con el ejercicio del poder de policía y de la potestad fiscal por parte de las provincias y de sus municipalidades, pero que uno y otro ejercicio no deben condicionar de tal modo la prestación del servicio que puedan obstruirlo o perturbarlo, directa o indirectamente.

Advirtió la Corte que las tasas municipales objeto de la litis -por los servicios de inspección, seguridad, salubridad e higiene, y relativos a la habilitación de locales comerciales, y a aspectos atinentes a la publicidad y propaganda de la actividad en la vía pública- no guardan relación con lo establecido en el art. 39 de la ley 19.798, sino que dichas gabelas "se inscriben dentro del ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los municipios." Asimismo, manifestó que "el examen armónico e integral de los textos que regulan el servicio telefónico nacional conduce a la conclusión de que éstos no incluyen lo relativo a las tasas citadas como de incumbencia de las autoridades federales, toda vez que dichos textos se refieren a los aspectos eminentemente técnicos de la prestación del servicio y no a los de índole típicamente municipal -y que hacen a la 'buena vecindad' de los ejidos-, como son, por ejemplo, la observancia de normas relativas a la 'salubridad' o 'higiene'. Lo mismo cabe afirmar respecto de la 'publicidad comercial' en la vía pública." En definitiva, la Corte concluyó que en este caso no existe "conflicto entre la ordenanza municipal y las disposiciones federales, pues las obligaciones que la primera impone a la empresa por los servicios administrativos vinculados con el empleo de un inmueble ubicado en su ámbito jurisdiccional, no está en pugna con las últimas, que rigen intereses, derechos y deberes de otra naturaleza, directamente inherentes a la condición jurídica de empresa de comunicaciones de telefonía (confr. doctrina de Fallos: 135:19 y 161:437, entre otros)." (cfr. AYALA, ibid).

Y agregó que "si bien las tasas cuestionadas resultarían ilegítimas en caso de llegar al extremo de dificultar o impedir la libre circulación territorial del servicio de telefonía, el planteo resulta inatendible si no fue efectivamente demostrada la existencia de un perjuicio de tal naturaleza", tal como entiendo aquí también acontece, desde que ninguna probanza o argumento idóneo se ha arrimado a tal fin.

En sentido similar, se pronunció en la causa "Telefónica de Argentina S.A. c. Municipalidad de Luján", (CSJN, DJ 1997-3 , 532), al señalar: "Una elemental hermenéutica de los arts. 75, incs. 13, 14, y 126 de la Constitución Nacional lleva a la conclusión de que no fueron concebidos para invalidar absolutamente todos los tributos locales que inciden sobre el comercio interprovincial -en el caso, el de telefonía- reconociendo a éste una inmunidad o privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las provincias". Esta tesitura ha llevado a los tribunales inferiores a considerar que "el régimen de beneficios fiscales instituido por la ley nacional nº 19.798 no da lugar a una situación de inmunidad tributaria absoluta de las empresas de telecomunicaciones ... respecto de los tributos locales, lo que queda claramente demostrado por la doctrina de nuestro más Alto Tribunal reiterada en la causa: "Telefónica de Argentina v. Municipalidad de Chascomús" (Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "G.C.B.A. c. Telecom Argentina S.A. - Stet France Telecom S.A. Continuador s/ ej. fisc. - otros s/ recurso", cita L.L. online: AR/JUR/11416/2011).

Lo expuesto demuestra que en el caso, como señalara la jueza de grado, no se halla en juego de modo directo e inmediato la interpretación o aplicación de la legislación relativa a las comunicaciones interprovinciales a que alude la ley 19.798.

Y es claro que no procede la jurisdicción federal cuando no concurren los recaudos de admisibilidad contemplados en el art. 2 de la ley 48, y la cuestión versa sobre materia tributaria local.

Tampoco corresponde dicha jurisdicción en razón de la materia, toda vez que se trata del cobro de una deuda municipal, cuya percepción se encuentra contemplada en normas de carácter local (arts. 228 a 231 Ord. 10.383).

Y conforme tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia, mediante razonamientos trasladables a la renta municipal: "la recaudación de las rentas provinciales es función que le incumbe al Estado provincial, en especial cuando se procura el cobro de tributos, gravámenes o, como en el caso, derechos reclamados con arreglo a la ley local.

Ello, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser oportunamente llevada a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la interposición del recurso previsto por el art. 14 de la Ley 48, siempre que se plantee una cuestión federal de las allí previstas o se accione por devolución de lo pagado indebidamente (cfr. doctrina de Fallos 95:337, 130:157 y 288)" (R.I. 6825/09, S.D.O.) Lo hasta aquí analizado permite colegir que la excepción de incompetencia ha sido correctamente rechazada por la magistrada.

5.- Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios relativos a la excepción de inhabilidad de título. Como adelantara, los argumentos esgrimidos tampoco logran refutar lo decidido en la anterior instancia.

Tal como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "la defensa de inhabilidad de título sólo procede en casos de vicios en sus formas extrínsecas, lo que debe entenderse como excluyente del examen judicial de la causa del crédito; aunque se ha reconocido también que no puede exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos" (Fallos: 278:346; 298:626; 302:861 y 318:646 entre otros).

Pero no es el caso bajo examen un supuesto que amerite tratar o considerar lo que es la formación misma del título ejecutivo, apartándose así de los principios liminares que rigen la materia, pues lejos está el excepcionante de acreditar una inexistencia manifiesta de la deuda, hipótesis que admitiría excepcionalmente un examen del título más allá de sus formas extrínsecas.

Nótese que el recurrente, más allá de su postura en torno a que la tasa exigida responde a un concepto distinto del que surge de la literalidad del certificado de deuda, nada dice puntualmente en torno al "derecho de inspección y control de seguridad e higiene de actividades comerciales, industriales y de servicios" previsto en los arts. 228 y ss. del Código Tributario Municipal. No manifiesta haber abonado dicha tasa ni que no corresponda su exigencia por algún motivo distinto al ya aludido y descartado en los párrafos anteriores.

Entiéndase que, por regla, en este tipo de juicios "deviene inadmisible la discusión sobre el procedimiento administrativo antecedente, el acierto o desacierto de la determinación y toda otra oposición relativa a la creación del título, aspectos que se refieren al origen del crédito ejecutado..la restricción relativa a las controversias sobre el origen del crédito ejecutado se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los títulos ejecutivos, y obedece a la imperiosa necesidad de que se perciban sin mayores dilaciones las sumas que se adeuden destinadas a fines de utilidad general" (CApCivCom de La Plata, sala III, Aguas Bonaerenses S.A. c. Vicent y Nardacchione Amanda Beatriz s/cobro ejecutivo), como resulta el pago de las tasas municipales que se reclaman en autos.

6.- Resta analizar la queja atinente a la excepción de prescripción.

En tal sentido, toda vez que dicha defensa ha sido resuelta en la instancia de grado conforme a los lineamientos del Código Tributario local, siguiendo la doctrina que sobre este punto mantiene nuestro Tribunal Superior de Justicia, entiendo que no es posible hacer lugar al agravio deducido sobre este aspecto.

Cabe señalar que la postura de nuestro Máximo Tribunal Provincial en orden a que el régimen de la prescripción administrativa (plazos, supuestos de interrupción o de suspensión) no se rige por el Código Civil sino por la legislación local, ha sido ratificada recientemente en los siguientes términos:

"...si la autoridad que los precedentes judiciales -incluidos los de la Corte Suprema- proyectan sobre casos análogos surge de la plausibilidad de los argumentos que los sustentan y, si este Tribunal puede apartarse de ellos en tanto brinde razones suficientes que no hubieran sido refutadas o desechadas por el Máximo Tribunal Nacional en sus fallos sobre el tema, es claro que hasta que la CSJN -tratamiento mediante- no refute o deseche los nuevos argumentos dados sobre el tópico, este Tribunal mantendrá su interpretación judicial sobre la cuestión (cfr. nuevos argumentos introducidos en autos "Corvin" (Acuerdo N° 1366/07), mantenidos a través de los Acuerdos N° 1376/07, 1414/07, 1415/07, 1422/07, 1423/07, 1427/07, 1455/07 y ampliados en los recientes fallos "Cebrero" (Ac. 49/13) y "Camuzzi Gas del Sur" (Ac. 1/14).

Cabe reparar en que esta serie de fallos fue dictada teniendo en vista los precedentes "Filcrosa" y "Verdini" (Fallos: 326:3899; 327:3187) y se brindaron razones que se consideraron hacían inaplicable lo decidido por la Corte Suprema en esos casos, en tanto no habrían sido ponderadas por el Máximo Tribunal en su momento. No obstante, con excepción de "Corvin" (C. 531. XLIV, fallada por la CSJN el 12/8/2008, queja rechazada por incumplimiento de la Ac. 4/07) los restantes fueron revocados por la Corte Suprema, mas sin contestar o refutar los argumentos introducidos por este Cuerpo, sino remitiéndose nuevamente a "Sandoval" (Fallos: 320:1344) y "Verdini" (cfr. fallos de la CSJN del 6/11/12 en autos "Nisalco c/ EPAS", "Ampel", "Nisalco c/ IPVU", "Toqui", "Siracusa", y del 20/11/12 en "Toqui - Ampel").

... En definitiva, sin ánimo de abundar sobre el tema -que ya ha sido decidido de otro modo por la CSJN- sino para salvar y ratificar el criterio de este Tribunal en punto a que todo lo que concierne al régimen de la prescripción administrativa (plazos, supuestos de interrupción o de suspensión) se rige por la legislación local y no por el Código Civil se procederá, a continuación, al dictado de un nuevo fallo" (Ac. 30/14, Sala Procesal Administrativa del TSJ).

Y en materia específicamente tributaria, el Alto Tribunal de la Provincia ha señalado: "...En definitiva, si la regulación de las obligaciones de derecho público no fue delegada a Nación, tampoco encuentro que se haya delegado una de las formas de su extinción -o sea la prescripción-, a tenor de las especiales normas y principios que la informan desde el atalaya del interés público ("Corvin").

El efecto principal de la prescripción es tornar inexigible a la obligación que subsiste sólo como natural, por ello lo lógico es aplicarle el mismo derecho que rige la obligación a la que privará de eficacia jurídica. El interés de la sociedad en que las acciones tengan un límite cierto es aquél donde la acción tiene nacimiento, y ella nace con la obligación; es entonces la ley del lugar donde la obligación se forma -a la que la obligación está sujeta- la que debe regir la prescripción.

Específicamente, en cuanto a la Ley de Procedimiento Tributario Nacional (11.683 y sus modificatorias), que estipula un plazo de prescripción para la acción de repetición de tributos, la Corte ha enfatizado que dicha norma "reviste naturaleza federal o local nacional, con arreglo a la naturaleza de los gravámenes a que se refiere" (Fallos: 332:2250, in re "Bruno").

O sea que, se reconoce que la regulación de la prescripción en la materia bajo análisis sigue la misma naturaleza del tributo al que se refiera y ésta puede ser local nacional o federal y -permítasenos agregar- local provincial.

Ciertamente, cabe añadir, la materia tributaria provincial no integra el derecho común delegado al Congreso Nacional por virtud del artículo 75, inciso 12, de la CN; en palabras del propio fallo "Filcrosa": "no es hecho controvertido en autos que, dentro del régimen de competencias asignado por la Constitución Nacional, es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional la de establecer los tributos [municipales o provinciales]".

La delegación del artículo 75, inciso 12, CN para que el Congreso Nacional sancione los códigos, comprende las ramas del derecho que están destinadas a regular las relaciones entre los habitantes de toda la Nación y las consecuencias de sus actos -distintas ramas del derecho privado y el derecho penal, que es público porque las penas lo son- pero claramente no se trata de reglas dirigidas a los Estados provinciales, a quienes solamente incumbe su aplicación a los casos bajo su jurisdicción. En cuanto a las provincias, además de la genérica declaración del artículo 121 de la CN, de que conservan todo el poder no delegado expresamente, tienen garantizado el goce y ejercicio de sus instituciones propias (artículo 5 CN).

...En base al desarrollo anterior, cabe concluir que corresponde aplicar al caso los plazos de prescripción, comienzo de cómputo y causal de interrupción, legisladas en el Código Fiscal de la Provincia del Neuquén" (Ac. 1/14, de idéntico registro actuarial).

Razonamientos que resultan trasladables, en el caso, y atento el origen de la deuda en juego, al Código Tributario Municipal.

Luego, aun cuando la intimación cursada responda a un supuesto suspensivo del curso de la prescripción (art. 100 CTM), lo cierto es que no se advierten prescriptos los períodos que denuncia el apelante, toda vez que el cómputo del plazo se reanudó un año después, momento en el cual el actor todavía estaba en condiciones de iniciar la acción, lo cual hizo en forma temporánea.

Además, el cómputo que efectúa el quejoso a fs. 82vta. y 83 no resulta correcto, toda vez que fija el inicio del plazo de prescripción sin observar lo que prescribe el art. 99 del régimen citado.

6.- Por último, analizando la suma fijada al letrado apoderado del actor y efectuados los cálculos de rigor, de conformidad con las disposiciones y pautas previstas por los arts. 6, 7, 10 y 40 de la Ley Arancelaria Nº1594, como así también el modo en que fueron impuestas las costas, se observa que la sumas fijadas al citado profesional se encuentran dentro de las parámetros fijados por la norma citada, debiendo ser confirmadas.

Por todas estas razones, entiendo que el recurso de apelación deducido por la ejecutada debe ser rechazado, con costas (art. 558 CPCC). MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede sin perjuicio de señalar que, respecto al rechazo de la excepción de prescripción, la demandada no planteó la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ordenanza fiscal municipal y por ello la A-quo se limitó a aplicar las normas legales vigentes que no habían sido tachadas de inconstitucionales, de tal forma que su análisis excede la competencia de la Alzada (arts. 271 y 277 del C.P.C. y C) y el agravio no cumple con la carga del art. 265.

Ello, a diferencia de lo tratado y resuelto en los autos "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ TIERRA DEL SOL S.A. S/ APREMIO" donde se había planteado concretamente la inconstitucionalidad de las disposiciones pertinentes del C.F.

Tal mi voto.

Existiendo disidencia parcial en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 54/58 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Fernando M. GHISINI Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.