marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sobreseimiento, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., J. L. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2022-12-28

Dispone el sobreseimiento por extinción de la pretensión penal de un sujeto acusado del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, toda vez que de las constancias de la causa, se advierte no se trata de un enrevesado proceso penal, ni se observan maniobras dilatorias o de entorpecimiento concretadas por el imputado y/o su defensor -todo lo contrario, se observa una inacción defensiva desde el inicio de la causa hasta efectuarse el requerimiento de elevación a juicio, oportunidad en la que interpuso la solicitud de sobreseimiento; y la actividad funcional del Ministerio Fiscal fue inicialmente diligente hasta que dejó de serlo, encontrándose paralizada la causa sin justificación alguna por un lapso de ocho años, hasta que se solicita su elevación a juicio, de manera que no caben dudas que se configura un caso de duración irrazonable del proceso penal.
Apelación de honorarios, costas, cosas accesorias, resoluciones inapelables, concesión parcial del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, Osvaldo c/ VANGUARDIA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Las costas, como accesorias, deben seguir la suerte de la sentencia que integran, de acuerdo con el viejo principio latino "accessorium sequitur principale". Nada impide declarar inapelable la sentencia, incluida la distribución de las costas, y conceder el recurso respecto de los honorarios, pero éstos aunque constituyan el concepto más importante de las costas, no deben extender a éstas su apelabilidad. (Del voto del Dr. Vaccari, en minoría).
Abandono de personas, declaración de incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: V. A. G. c/  s/ contienda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-31

Finalmente indicaron que dado que la competencia del delito de abandono de persona investigado ha pasado a la órbita de la CABA, ello podrá dar lugar eventualmente a una nueva declaración de incompetencia, una vez establecida la existencia del hecho típico.

Fuente del sumario: OFICIAL
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, reclamo del haber jubilatorio, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PALACIOS, ALBERTO RAIMUNDO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-11

Tomar como punto de partida para aplicar el plazo previsto en el art. 2, inc. e) de la ley 16.986, el día en que la actora fue a percibir sus haberes y no pudo hacerlos efectivos o, en su caso, el del vencimiento del plazo para resolver el reclamo que dedujo, constituiría una aplicación meramente ritual de la norma citada, que no tendría en cuenta que la actuación -manifiestamente ilegítima y arbitraria de la demandada- se sigue prolongando en el tiempo y que el derecho de la demandante se ve afectado con cada incumplimiento del pago de los sucesivos haberes mensuales (cfr. C.N.Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 15.12.92, "Molina de Jacobs, Hebe c/ I.N.O.S.").
Daños y perjuicios, daño material, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NOVARA, Antonio c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

En punto al daño material, sólo se está indemnizando la pérdida de la chance del padre de recibir, en el futuro, ayuda de su hijo.

Visto el problema desde esta perspectiva y habida cuenta de la edad del progenitor y de la víctima, su situación económica y la circunstancia de que aquél tenga otros hijos, llévame a pensar que, lo más apropiado, es dejar en pie la pretérita suma de A 20.000, que a valores de hoy significan A 24.800.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, contrato de trabajo, indemnización por despido, remuneración, pago de la remuneración, salarios adeudados
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Campi, Miguel Angel y otro c/ Gómez Ferrán Interamericana  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó las demandas por cobro de salarios adeudados e indemnizaciones por despido, al no advertirse un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte.
Desviación de poder, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sir, Enrique Abraham c/ Oficina Provincial de Asuntos Previsionales - OPAP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-08

El primer elemento a analizar, para determinar si un acto administrativo es violatorio de las garantías constitucionales, es establecer si quien lo ha producido ha actuado con competencia, habida cuenta que en el orden jurídico-administrativo la competencia constituye un elemento esencial que confiere validez a la actuación de los órganos estatales.

Ello, a punto tal que la competencia no se configura como un límite externo a tal actuación, sino, antes bien, un presupuesto para ella, en virtud de la vinculación positiva de la Administración al ordenamiento jurídico.

La Ley 5.192 le atribuye a la OPAP competencia única y exclusiva en cuanto a la determinación de los haberes previsionales, siempre de acuerdo a las pautas de la movilidad establecidas por las leyes que regían al momento de la transferencia, respecto a los haberes jubilatorios otorgados por la Caja Transferida. En efecto, el Art.2 de la ley citada, expresamente estatuye: ". reconozca este derecho adquirido a la movilidad de los titulares de los Beneficios Previsionales, al amparo de la normativa por la cual adquirieron sus Jubilaciones". - A su vez, el Art.4 estipula: "La asignación dispuesta será determinada por el Poder Ejecutivo y resultará de la diferencia entre el haber previsional pagado por la ANSeS mensualmente y el 82% y/o la movilidad establecida para cada régimen jubilatorio del haber calculado, sujeto a las condiciones prestacionales y a las categorías de revistas determinantes del beneficio, y de acuerdo a las escalas salariales vigentes de los agentes y funcionarios de la Administración Pública Provincial en actividad".

Por lo expuesto, resulta necesario destacar que la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales no tenía competencia para modificar, suspender, revocar o sustituir la resolución otorgante de la prestación, por lo cual no cabe duda que la OPAP ha incurrido en el vicio de desviación de poder, habida cuenta que la atribución del Órgano Administrativo ha sido utilizada con una finalidad distinta a la prevista en la ley que le otorgaba la competencia.

En efecto, la desviación de poder es un vicio que distorsiona uno de los elementos esenciales del acto administrativo: el fin o la finalidad, es decir, el elemento teleológico en el cual encuentran no sólo su razón de ser, sino además, la sustentación de su propia perfección y validez.

Ergo, el "acto administrativo" carece de validez y por lo tanto es arbitrario el descuento que se le efectuaba al amparista.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Méndez; Eladio y Segundo, Ceferina c/ Arnaldo Humberto Amadeo Sánchez s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. A - 10807/00 Indemnización por accidente de trabajo. L.A. N 47 F 1325/1327 N 578 Amadeo Sánchez s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. A - 10807/00 Indemnización por accidente de trabajo. L.A. N 47 F 1325/1327 N 578
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-03

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Civil, el dueño o gardián de la cosa a cuyo riesgo o vicio se imputa el daño, sólo se exime de responsabilidad si demuestra que su acaecimiento se ha debido al exclusivo obrar de la víctima o de un tercero por quién no debe responder." (C.S.J.N. Causa Gazzi, María Ester c/ Travado, Osvaldo y otra, 19/8/99, Fallos 322:1773).
Juicio, integración de la litis, demanda, contestación de la demanda, prueba, prueba confesional, sentencia, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., D. A. c/ G., D. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Nulidad de matrimonio (Expte.:  C.S.J. Nro. 578 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Es menester destacar el poder vinculante que tiene lo expresado por las partes como hechos sucedidos en sus escritos de demanda y contestación, ya que la litis debe decidirse según lo probado, pero ante todo según lo alegado, dado que ello constituye la versión sobre la cual puede la contraparte oponer sus defensas y sobre la que han de desplegarse los elementos probatorios. Tal estadio no puede lograrse a través de un medio de prueba como lo es la absolución de posiciones, en tanto su objetivo no es fijar el tema a decidir, sino acreditar el que de antemano ha quedado establecido, ya que en ello se encuentran en juego principios básicos tales como el de preclusión de los actos procesales y congruencia de las sentencias judiciales. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zurita, Cintia Vanesa y Otro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-11

Corresponde anular la resolución que carece de fundamentación pues -al conceder la suspensión del juicio a prueba- fijó las reglas de conducta sin dar tratamiento al agravio del recurrente relativo a la solicitud del beneficio sin la imposición de tareas comunitarias debido a las condiciones socio-ambientales de sus pupilos -vivían en la calle-.
Concursos, pedido de quiebra, medidas cautelares, presentación en concurso, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVELLANEDA, EDUARDO s/ PEDIDO  DE  QUIEBRA POR VILABOA, DAMIEN S/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

Las medidas precautorias mentadas por la LC: 92 no resultan alcanzadas por la suspensión del proceso que resultaría de la presentación en concurso preventivo.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, falta de fundamentación, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: COOKSEY, JON c/ ESTEFANO, DIANA CRISTINA s/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24

Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la sentencia que admite la demanda y ordena el desalojo del inmueble por no reunir el mismo los recaudos del art. 265 del CPCC. Ello así habida cuenta que la norma exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De esta manera el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, inhabilidad de título, violencia familiar, amenazas, abuso de firma en blanco
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-PROCESAL
Carátula: F. J. O.  c/ M. A. D.  s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-11-28

Procede hacer lugar al recurso de apelación incoado por la demandada, revocar la sentencia y en consecuencia, hacer lugar a la excepcion de inhabilidad de título deducida por la misma y rechazar la ejecución seguida en su contra en base al pagaré que se pretende ejecutar, pues si bien el título cumple con la totalidad de los recaudos formales exigidos por la Ley cambiaria, la impugnación de la accionada no apunta en realidad a un abuso de la firma dada en blanco sino a la nulidad misma del instrumento en razón de que fue emitido mediante el uso y abuso a través de la fuerza para que se celebre el acto; la emisión del pagaré estuvo viciada porque la voluntad de la emisora no fue libre ni espontánea sino bajo amenaza. La valoración de todo ésto en el marco del art. 276 del CCyC hace presumir la verosimilitud del argumento de la demandada, ésto es, un pagaré emitido bajo presión y amenazas ejercidas en un contexto de violencia familiar ejercida sobre la emisora, lo que determina la inhabilidad del título para su ejecución por esta vía sin perjuicio de que la definitiva validez de la obligación contenida en el pagaré sea juzgada en el juicio ordinario posterior, con la amplitud de debate y pruebas que esa vía permite.
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, régimen disciplinario, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de santa fe s/ amparos - (Expte. 186/2020 - CUIJ 21-03678784-5) s. recurso de inconstitucionalidad (concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-29

El análisis de la procedencia de la impugnación debe limitarse a los cuestionamientos de la Provincia relacionados con lo resuelto por la Cámara en torno a la inconstitucionalidad de la ley provincial 13807 -que reformara la ley 13013 en relación al procedimiento disciplinario aplicable a los fiscales-, por lo que de conformidad con el señor Procurador General, corresponde la declaración de improcedencia de la presente vía. En este sentido, los argumentos esgrimidos por la Provincia para sostener la constitucionalidad de la norma analizada y cuestionar la motivación ensayada por la Alzada para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 13807 en el caso, no pueden ser acogidos en esta instancia. (Del voto en disidencia del Dr. Erbetta)
Abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatoris, Ana c/ Almagro, Guillermo E. s/ Repetición de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Cuando se comprueba que la pérdida del expediente es imputable a algún profesional, deja de ser aplicable la multa prevista en el art. 128, CPCC, para dar lugar a otra sanción pecuniaria mucho más grave, lo que queda librado al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional.
Testimonio incorporado por lectura, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

La incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales -art. 391 del Código Procesal Penal de la Nación- resulta válida, pues es una potestad del tribunal la decisión acerca de la admisión y rechazo de la prueba, ámbito donde el tribunal es soberano en el ejercicio de sus poderes discrecionales, incensurables en casación, salvo que exista una efectiva privación de defensa.
Agravantes de la pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Martín, Gustavo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

El hecho de considerar como agravante a los efectos del art. 41 del C.P.  la circunstancia de que durante el enfrentamiento armado haya resultado herida una persona, integra la extensión del daño y del peligro causado con el accionar delictivo en los términos del inciso 1° del precepto de mención, por lo que no se advierte violación alguna al principio de responsabilidad penal personal. (Voto del Dr. Madueño).
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), honorarios, impugnación de la liquidación, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Incidente  de regulación de honorarios- Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 341  Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

Si la accionante, en ocasión de promover la demanda contenciosa administrativa, solicitó se condene a la provincia demandada "al pago de las sumas adeudadas en concepto de certificados impagos, intereses por mora, gastos improductivos y financieros, con más su actualización monetaria e intereses, conforme al informe pericial que oportunamente se producirá en autos", esa cuantificación será la que va a determinar la base económica para el justiprecio de los emolumentos profesionales devengados (a excepción de que la cantidad que resultare de la sentencia fuera mayor a la reclamada), a lo que debe agregarse que la parte actora -en el caso- ratifica que la pericia justiprecia económicamente el alcance de su pretensión, resultando, por lo tanto, lisa y llanamente operativa la norma del artículo 8 de la ley 6767.
Propiedad industrial, propiedad intelectual, falta de prueba, indemnización, cese de uso de marca
Materia: CIVIL
Carátula: Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S.A. c/ Inmobiliaria Bullrich S.A. s/ Varios propiedad industrial e intelectual. Y causa n° 10.090/2008 acumulada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-01

Lo específico del litigio es que al amparo del registro indebido, la demandada ha explotado el prestigio y la historia de la marca "BULLRICH" y esta conducta merece ser sancionada, aun cuando no existe ninguna prueba sobre los libros de la actora que demuestre si, en alguna medida, su patrimonio sufrió algún impacto por el uso de su signo por la demandada a partir de 1997. Por lo demás, si bien se ha producido un dictamen pericial sobre los libros de la parte demandada, que revelan sus pérdidas y ganancias a partir de 1996 en adelante, entiendo que los volúmenes de sus negocios están en función del posicionamiento de su actividad en el mercado inmobiliario y no hay indicios objetivos de una derivación de esos números del uso de la marca "BULLRICH". Tampoco puedo inferir que la firma Adolfo Bullrich y Cía. Ltda S.A. hubiera dejado de tener ganancias por una actividad que no tuvo voluntad de defender ni de desarrollar en los años que interesan en este conflicto. En suma, considero que procede una indemnización por la conducta antijurídica que reconozco en la parte demandada y que provoca la nulidad del registro n° 1.771.592, pero propiciaré modificar la condena pronunciada en primera instancia ante la total orfandad probatoria de la parte actora y ante la gran dificultad de inferir un beneficio económico de la demandada, que no sea el resultado de su propia actividad en el ramo inmobiliario. Por tanto, propiciaré que la indemnización a favor de Adolfo Bullrich y Cía. Ltda S.A. sea establecida en la suma de $ 300.000 a valores actuales.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-03

Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial, ya que desconocer esa premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad.
Sumario policial, acta prevencional
Materia: PENAL
Carátula: Ibarrola, Juan Carlos s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-09

No existe "capitis diminutio" alguno para el personal policial que se desempeñe como testigo de actos de la prevención, que el objeto de la reforma del artículo 142 del Cód. Procesal Penal no procuraba instaurar dicha prohibición, sino solamente asegurar que el personal uniformado que actuara en ese carácter, lo hubiere sido realmente en todo el transcurso de las diligencias y que la nulidad resultante del incumplimiento de las prescripciones es de carácter relativo, saneable con la ratificación en sede judicial de su intervención.

Como se reconoce, el testigo civil y el policial estuvieron presentes desde el inicio del acto y hasta su finalización. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, contracautela, mejora de la contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA NAVIERA ASUNCION SRL c/ TOYOTOSHI SA Y OTROS s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

En el reducido marco de las medidas cautelares, es improcedente una intimación a los efectos de conocer el estado patrimonial de la aseguradora, ya que resulta una cuestión ajena a la litis y, en definitiva, la suficiencia o insuficiencia de la garantía queda reservada al órgano judicial (cfr. Sala III, Causa 77 del 16.7.92).
Políticas sociales, asistencia social, República de Cromagnon, incendio del establecimiento, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: U. D. Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

De los considerandos del Decreto Nro. 692/05 se desprende que fue dictado como consecuencia de la necesidad de implementar una segunda etapa en las acciones de asistencia a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia del local "República de Cromagnon", marco en el cual se consideró oportuno brindar una ayuda material directa, de carácter excepcional, a las víctimas que se encontraran en situación de vulnerabilidad.

Queda claro, entonces, que no fue instituido como reparación económica sino como paliativo de una determinada circunstancia con el propósito de contención.

En ese orden de ideas, puede verse que específicamente se manifestó que el subsidio en cuestión (o "esta ayuda") se sustentaba en el principio de solidaridad social, en el convencimiento de que el Estado debe atender situaciones como la referida sin que ello implique asumir responsabilidad material sobre los hechos acaecidos y que para contribuir a la recuperación integral de las víctimas la asistencia debía coordinarse con el conjunto de acciones vigentes (vgr. atención médica, contención psicológica y asistencia social).

Es decir, el subsidio establecido en el Decreto Nro. 692/05 no es más que un eslabón en la cadena asistencial que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó como consecuencia de la tragedia tantas veces referida. En esa "cadena", distintos son los grados de afectación que pueden llegar a tener las "víctimas". Y también distintas van a ser las medidas asistenciales que recibirán.

No se trata de distinciones efectuadas entre miembros de una determinada "categoría", sino que se trataría de brindar una solución disímil a clases de sujetos diferentes.

Por tal razón, es aplicable la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que "...las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable..." (confr. doctr. de Fallos: 311:1565, entre muchos otros) y la que establece que el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que se consideren diferentes (confr. CSJN, "Gemelli, Esther Noemi c/ Anses s/ reajustes por movilidad", del 28 de julio de 2005).
Entidades financieras, interpretación de la ley, hipoteca, prenda con registro, ejecución hipotecaria, ejecución prendaria, concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Símbolo Cía Financiera SA c/ SUCESION DE EDUARDO CARLINO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

La excepción contenida en la parte final del art. 51 de la ley 21 526 debe interpretarse restrictivamente.