Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-11-11


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de noviembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 17/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Mariana Vera -Defensora Penal Nº 5-, en contra de la sentencia Nº 06/11 en causa Expte. Letra "S" Nº 126/10" (SORIA, Rodrigo Edgardo p.s.a. Robo Agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y Lesiones Leves); el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº SEIS/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº SEIS/2011, dictada el 11/03/2011, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió: (.) IIº) Declarar culpable a Soria, Rodrigo Edgardo, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa (hecho nominado primero), previsto y penado por los Arts. 166 inc. 2º, segundo párrafo en función del art. 42 del Código Penal y del delito de Lesiones Leves (hecho nominado cuarto), previsto y penado por el art. 89 del Código Penal, todo ello en concurso real (art. 55 y 45 del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más accesorias de ley (Arts. 12, 40 y 41 del Código Penal); declarándolo reincidente por primera vez (art. 50 del Código Penal).Con costas (Arts. 407, 536 y cc del C.P.P.) (.).

II. Contra ese decisorio, comparece la Dra. Mariana Vera -Defensora Penal Nº 5-, en representación del imputado Rodrigo Edgardo Soria, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incisos 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Como primer embate, cuestiona por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y que, como consecuencia, el tribunal ha incurrido en la errónea aplicación de la ley sustantiva. En tal sentido, refiriéndose puntualmente al Hecho Nominado Primero, argumenta que no hubo dolo como requiere la figura atribuida (art. 166 inc. 2º, segundo párrafo en función del art. 42 del C.P.), es decir que su pupilo no sabía lo que hacía y que la sentencia es arbitraria porque tal extremo no ha sido lógicamente descartado por el juez. Agrega que se ha vulnerado el principio de no contradicción, ya que el juez concluye con afirmaciones opuestas o contradictorias respecto a la ingesta o no de alcohol y pastillas de Soria. En esta dirección, aclara que Rafael Adolfo Quiroga no era amigo del imputado, que fueron las víctimas las que describieron con distintas palabras el estado en el que se encontraba Soria; sin embargo -enfatiza-, el juez da más valor, para afirmar la conducta responsable de Soria, a una circunstancia que sólo dijo el testigo Gonzalo Figueroa, que ni siquiera concurrió al debate, que ocultaba el arma cuando veía pasar un auto, cuestión no repetida en los otros tres testigos directos. Sostiene que la hipótesis del juzgador en cuanto a que Soria comprendía la criminalidad de sus acciones y podía dirigirla, porque ocultaba el arma cuando venía un auto, o porque permitió que Quiroga se fuera, son conclusiones derivadas de razonamientos conjeturales que no superan la duda razonable.

Considera arbitraria la valoración de la prueba cuando el juez afirma que "no existe prueba alguna solicitada por las partes que tienda a determinar la verosimilitud de que Soria había ingerido 30 pastillas de clonozepam". Pero sí existe -enfatiza la recurrente- prueba sobre el consumo de clonozepam en el Informe Tóxico realizado al imputado a pedido de la defensa.

Se agravia, también, cuando el tribunal sostiene que no hay prueba alguna de pericia psiquiátrica ni psicológica que establezca la salud mental del acusado. Si no hay prueba, concluye, hay duda, en razón de la cual se debe beneficiar al imputado y no fundar su posición en pruebas inexistentes.

Señala como contradicción que, si el arma fue arrebatada por Gonzalo Figueroa y se la llevó del lugar del hecho, cómo puede ser que, conforme el Acta de Procedimiento (fs. 2/3), haya sido secuestrada en el lugar del hecho. Dice que esto fue planteado en los alegatos y que no ha sido explicado ni superado por el juez en su sentencia. Denuncia que el arma no haya sido exhibida en el debate para reconocimiento de las personas que la vieron, llegando a la conclusión de que ningún arma obra como secuestro en la causa Solicita se revoque la sentencia y se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Refiriéndose luego al Hecho Nominado Cuarto, sostiene que la prueba valorada por el juez es subjetiva y le comprenden las generales de la ley por su relación de parentesco con el denunciante. Sostiene que el juez nada dice de lo declarado por el padre del imputado, Pedro Rosalín Soria, lo que además coincide con lo declarado en debate por Rodrigo Soria -imputado-. En tal dirección, cuestiona que el tribunal no haya permitido citar a declarar a un testigo presencial y objetivo, cuyo nombre ha surgido del debate. Se agravia al sostener que el juez haya aceptado que hay versiones contradictorias entre el denunciante y Soria, descartando de plano y sin fundamentos, sólo con afirmaciones dogmáticas, la postura de Soria. Enfatiza en que, como no se aceptó escuchar a una de las personas que acompañaban a Dany Soria -hermano del imputado- cobraría credibilidad la versión dada por el imputado de que eran varias personas las que le pegaban a Dany Soria, y por eso uno de ellos fue a pedir auxilio.

II. b. El eje central de discusión radica en analizar si, efectivamente, el a quo ha aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, en relación a los Hechos Nominados Primero y Cuarto y si, a consecuencia de ello, ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva. Concretamente, la recurrente denuncia -Hecho Nominado Primero- que no se encuentra debidamente probado el dolo del imputado Soria como así, que el sentenciante ha incurrido en contradicciones en la valoración efectuada al momento de descartar la ingesta de alcohol.

Ingresando puntualmente al tratamiento de este primer embate, repárese que se vulnera el principio de no contradicción cuando "se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho" (Cfr., NUÑEZ, Ricardo, "Código Procesal Penal", Lerner, 2da. ed., Córdoba, 1986, nota 7 al art. 417, p. 394; DE LA RUA, Fernando, "La casación penal", Depalma, Bs.As., 1994, pp. 156/158). Además, se ha sostenido que es requisito lógico de ello que la contradicción resida en dos juicios referidos al mismo objeto, toda vez que no puede achacarse dicho antagonismo cuando los argumentos o manifestaciones del Tribunal no se refieren a las mismas circunstancias o hechos a probar.

Tal defecto lógico no se detecta en la valoración llevada a cabo por el a quo, pues en modo alguno se advierte que éste haya formulado juicios antagónicos respecto a una misma situación. Por el contrario, de la lectura de los argumentos brindados en la resolución impugnada surge, a las claras, que el sentenciante tomó en consideración que el propio imputado en audiencia de debate, más precisamente en el interrogatorio de identificación, refirió que ingiere bebidas alcohólicas los fines de semana y que la ingesta le produce alteración y pérdida de conocimiento, señalando también que consume marihuana y pastillas. Consecuentemente, el tribunal concluyó que el imputado Soria, voluntariamente, ingirió vino, puesto que no existe entre la prueba reunida, ni tampoco lo menciona el imputado, evidencia alguna que demuestre que la ingesta de alcohol haya tenido otro origen que la propia voluntad y decisión del incuso. En esta dirección, también resaltó que Soria conocía los efectos nocivos que el alcohol le producía y, a pesar de ello, emprendió la ingesta. A ello se suma (según el relato del imputado, aclara el tribunal) el consumo de 30 pastillas de clonazepam (2,5 mg.), destacando que, seguramente, esta combinación o cóctel ha tenido efectos negativos en el organismo del imputado, pero de ninguna manera -enfatizó- autoriza a dar crédito a la pretensión de la defensa técnica. De este modo, el sentenciante concluyó que Soria voluntariamente se colocó en un estado que sabía y le constaba que habría de producir alteración y pérdida de conocimiento.

En el punto, el tribunal citó jurisprudencia referida a las exigencias de la ciencia médica para que la ebriedad pueda obrar a título de eximente de responsabilidad, desechando tal circunstancia en el caso de autos, al entender que Soria desplegó acciones de evidente lucidez mental, tales como distinguir en un grupo de cuatro personas, quiénes serían víctimas de su comportamiento antijurídico y quiénes no, incluso permitiendo que este individuo -Quiroga- se retire del teatro de los acontecimientos, u ocultar el arma entre sus ropas cuando pasaba por el lugar algún vehículo, en momentos en que desplegaba su accionar criminoso, para evitar llamar la atención.

Asimismo, agravia a la defensa lo referido por el juzgador en relación a que "no existe constancia alguna debidamente incorporada a debate, que permita afirmar la existencia de alcohol en sangre del incoado Soria, lo cual impide profundizar el examen sobre la cuestión". Esta afirmación, en modo alguno debe interpretarse como contradicción. Adviértase que, si bien es cierto que no se encuentra científicamente comprobada la existencia de alcohol en sangre del acusado, no obstante ello, el tribunal ha ponderado ciertas circunstancias que dan cuenta que el imputado había ingerido alcohol. Ello, en modo alguno, implica que el tribunal afirme y al mismo tiempo niegue la ingesta de alcohol, todo lo contrario, puesto que lo que claramente se vislumbra y ninguna duda cabe, es que el a quo ha descartado que esa ingesta le haya impedido a Soria saber lo que hacía.

En esta dirección, el a quo señaló que, si bien es cierto que algunas víctimas refirieron que Soria denotaba hallarse como perdido, no obstante ello, a fin de demostrar su participación responsable en el hecho, destaca circunstancias demostrativas -que surgen evidente del material probatorio incorporado a debate- de que sabía lo que hacía. Así, puso de resalto que si bien en el escenario del hecho se hallaban Guillermo Mamaní, Jorge Sánchez Maltese, Gonzalo Figueroa y Adolfo Quiroga -amigo del acusado, con quien se encuentra y arriban juntos al lugar en donde se encontraban las víctimas-, el prevenido Soria saca el arma y exige la entrega de dinero, emprendiendo sólo su acción disvaliosa contra los tres primeros, pero no contra Quiroga. También resaltó el a quo, que a este último, el imputado le permitió, momentos después, retirarse a su domicilio. Así, el sentenciante concluyó que no estaba tan "perdido" como se sostiene por cuanto quedó demostrado que distinguía perfectamente contra quiénes dirigía su acción antijurídica y a quién dejar afuera de su deleznable propósito.

En consonancia con ello, resaltó que si se examina el testimonio de Adolfo Quiroga, se advierte que este deponente un rato antes de que se produce el suceso, encuentra a Soria y advierte el estado en que este se hallaba, relata que se da cuenta de que Soria quería hacer una maldad, que quería cometer un robo. Con relación a esto último, la recurrente cuestiona que el juez haya ponderado que Quiroga era amigo de Soria, argumentando que sólo eran conocidos. Estas críticas no encuentran sustento en autos, puesto que las manifestaciones de Quiroga denotan un cierto grado de amistad entre ambos como bien lo señala el a quo. Repárese que Quiroga encontró a Soria, advirtió el estado en el que se encontraba, se preocupó por él "no quería que haga ninguna maldad", habló con los chicos de la garita, lo quería sacar para que no haga nada, sabía que tenía un arma porque la sacó cuando venía con él e hizo un disparo, o dos; esto demuestra también que ambos se conocían bien, porque en ningún momento relató haber tenido miedo ante tal situación, es más, trató de persuadir a Soria para que no hiciera nada incorrecto, y al darse cuenta de que todo era en vano, se fue. Soria lo dejó ir, porque era su amigo, y porque sabía que no daría aviso a la policía, y en efecto, no lo hizo. Desde otro ángulo, se agravia la defensa argumentando que la valoración de la prueba es arbitraria cuando el a quo afirma que "no existe prueba alguna solicitada por las partes que tienda a determinar la verosimilitud de que Soria había ingerido 30 pastillas de clonozepan". En relación a ello, lo que el tribunal ha ponderado es que no existe ninguna prueba tendiente a demostrar la sobredosis que se argumenta, sólo existe la explicación del testigo -ofrecido por la defensa-, Denis Ríos Ovando, psiquiatra especializado en droga dependencia, quien aclaró no haber asistido al imputado, explicitando en debate que es típico, cuando hay una sobredosis que el individuo no recuerde los hechos, "puede tener ideas muy fugaces pero no hay una relación del acontecimiento, va a recordar el momento de que lo ha ingerido y hasta cierto momento, de ahí no", y el Informe del Laboratorio de Toxicología y Química Legal (fs. 205/205 vta.), en el que sólo se anoticia que la muestra de orina del imputado Soria, contiene restos de cocaína, restos de marihuana y sus metabolitos.

Entiendo que el análisis integral del material probatorio no genera duda que beneficie a Soria, ni la invocada falta de compresión de lo que hacía el imputado. El a quo, puntualmente, argumentó que no existía prueba alguna solicitada por las partes que tienda a determinar la verosimilitud (repárese aquí, que las muestras de sangre y orina fueron tomadas al imputado para su análisis, un día y medio después de cometido el hecho) de que Soria haya ingerido 30 pastillas de clonozepam (2,5 mg). Es decir, que lo que ha descartado el tribunal es la sobredosis que habría impedido a Soria la compresión de la comisión del hecho que se le atribuye. En esta dirección, ponderó que sólo la defensa técnica propuso el testimonio del médico psiquiatra -Denis Ríos- quien se expidió en torno a la composición y a los efectos del medicamento de mención, brindando también datos e información en general sobre las consecuencias que acarrea la ingestión de clonazepam (2,5 mg), pero no examinó ni tuvo como paciente al acriminado Soria. También ponderó que no existe solicitud de ninguna pericia psicológica o psiquiátrica a fin de establecer, aunque sea en forma genérica, la salud mental del imputado. Esto último, también ha sido cuestionado por la recurrente quien alega que, a falta de prueba, se debe favorecer al imputado. Sin embargo, como ya lo adelantara concluyo que, en base al caudal probatorio analizado por el tribunal, a mi entender, ninguna duda genera la participación responsable del acusado Soria en el Hecho Nominado Primero relatado en los siguientes términos: "Que con fecha 25 del mes de Julio de 2010, en un horario que no se pudo determinar con precisión, pero que podría estar comprendido a las 04:00 hs. de la madrugada, RODRIGO SORIA se hizo presente en Avenida Juan Pablo Vera al 200 de esta ciudad Capital, más precisamente en una garita donde se encontraban los ciudadanos GUILLERMO HERNÁN MAMANI, GONZALO MARTÍN FIGUEROA y JORGE EMILIANO SÁNCHEZ MALTESE, y luego de entablar conversación con ellos, SORIA, mediante la utilización de un arma de fuego (pistola calibre 22 GMC, Nº 7894, la cual se encontraba en buen estado de conservación y funcionamiento, con aptitud para el disparo), previo a apuntarles con el arma y amenazarlos de muerte y efectuar un disparo al aire intentó apoderarse ilegítimamente de la suma aproximada de $ 9,00 y el DNI del ciudadano Gonzalo Martín Figueroa, no logrando su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, al ser desapoderado del arma de fuego aludida por parte del ciudadano Gonzalo Martín Figueroa".

Por último, cabe decir que las supuestas contradicciones que señala la recurrente con respecto al lugar en el que se encontró el arma o sobre qué arma se realizó la pericia, en nada incide en las conclusiones arribadas por el a quo. Digo ello porque, independientemente del secuestro o no del arma, en la sentencia ha quedado plenamente acreditado el empleo de un arma de fuego en la comisión del hecho atribuido a Soria -Hecho Nominado Primero-, por el testimonio de los damnificados, siendo todos coincidentes en que Soria con el arma realizó un disparo hacia arriba, que todos estaban atemorizados, incluso uno de ellos lloraba; por el secuestro de un proyectil calibre 22, con punta hueca de plomo, y por una vaina de cobre sobre la base de la misma (Acta de Procedimiento y secuestro de fs. 1/2), todo lo cual, constituye una derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias fácticas comprobadas en el proceso. En efecto, considero que, aún no habiéndose incautado el arma de fuego, debe igualmente tenerse por acreditada su utilización, pues resulta suficiente con que por algún medio relevante se haya comprobado la existencia de un arma de fuego para llevar a cabo el atraco, sin que sea necesario el secuestro de ésta.

Por lo que las argumentaciones propuestas no pueden tener acogida favorable en esta instancia.

Refiriéndose ahora al Hecho Nominado Cuarto -Lesiones Leves-, la defensa cuestiona la sentencia por orfandad probatoria, alegando que la única prueba de las lesiones está constituida por el testimonio de un sobrino y el de la madre de la víctima.

Según surge de la Sentencia, el Hecho Nominado Cuarto ha quedado relatado de la siguiente manera: "Que el día seis de marzo del año dos mil nueve, en horario que no se puede precisar con exactitud, pero que podría situarse a hs. 21:45 aproximadamente, en circunstancias que Dante Ricardo Contreras se encontraba en la esquina próxima a su domicilio, ubicado éste en el Bº 144 viviendas, casa Nº 27 de esta ciudad Capital, más precisamente en el descampado frente a la casa de la Sra. Manuelita, llega al mencionado lugar RODRIGO SORIA quien, aprovechando que Contreras se encontraba en el suelo, a causa de agresiones recibidas, saca de entre sus ropas un cuchillo, tipo de cocina y procede a lesionar a Contreras, para luego darse a la fuga del lugar, junto a otros intervinientes, no individualizados hasta el momento por la instrucción, ocasionando con su accionar un detrimento en la salud de Contreras -herida cortante suturada en mano derecha, herida cortante superficial segundo y tercer dedo mano derecha-, que determinan un tiempo de curación de diez días y cinco días de incapacidad laboral, tal cual consta en examen técnico médico practicado por el Dr. Sergio Leonardo Andrada, médico de policía".

En primer término, corresponde reiterar lo sostenido en innumerables oportunidades por esta Corte (S. nº 7, 04/04/ 2011; S. nº 34, 07/10/10; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en cuanto a que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal".

Ello sustenta el mérito del a quo, quien luego de haber visto y oído en audiencia de debate a la víctima, Dante Ricardo Contreras, ponderó sus dichos con lo relatado por los demás testigos presenciales, Lorenzo David Contreras y Lucía Herrera de Contreras (incorporados a debate con plena anuencia de las partes), concluyendo así, que de tales declaraciones surge que en momentos en que Dante Contreras y su sobrino Lorenzo David Contreras se hallaban realizando tareas de jardinería en la casa de una señora de nombre Manuelita, se hacen presentes en el lugar Dany Soria y otros dos sujetos. Que entre Dante Contreras y Dany Soria se inicia una discusión y luego comienzan a pelear. Que luego uno de los sujetos que acompañaba a Soria busca al imputado Rodrigo Soria, hermano de Dany. Que éste, al llegar al lugar, le tira "un puntazo" con un cuchillo tipo "Tramontina", ocasionándole una herida en la mano. Sumado a ello, ponderó el examen técnico médico, el cual describe las lesiones denunciadas, prescribiendo 10 días de curación y 5 de incapacidad.

En efecto, el tribunal enfatizó que tanto Dante Contreras, su madre -Lucía Herrera de Contreras-, como su sobrino Lorenzo David Contreras, señalan sin duda alguna a Rodrigo Soria como el autor del injusto. De este modo, restó credibilidad a la defensa ensayada por Soria, al entender que los argumentos que éste brindó, no lograban armonizar con la prueba incorporada a debate. En consecuencia, estimo que los fundamentos dados por el juzgador desvirtúan las pretensiones del recurrente, en lo que a este tópico se refiere.

Ahora bien, antes de finalizar, cabe agregar que tampoco pueden tener acogida favorable los cuestionamientos aludidos en relación al invocado rechazo, por parte del tribunal, del testigo nuevo -Juan Carrizo-. En primer lugar, cabe referir que dicha petición no consta en el Acta de Debate, la que además ha sido suscripta por la recurrente. No obstante ello, tampoco se advierte, ni se ha logrado demostrar, de qué manera dicho testimonio hubiese impactado en las conclusiones arribadas por el tribunal.

Con base en todo lo expuesto, a diferencia de lo postulado por la defensa del acusado, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener, con grado de certeza, la participación responsable del incoado Rodrigo Edgardo Soria en los hechos -Primero y Cuarto- atribuidos; esto es, Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa y Lesiones Leves en Concurso Real.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Subsidiariamente, la recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena. Argumenta que el a quo no realiza una exposición lógica y razonada para arribar a la conclusión de que le corresponde una pena tan elevada, pues incurre arbitrariedades: a) Sólo tiene en cuenta a favor del imputado su juventud y sus estudios primarios completos. b) No tiene en cuenta su estado al momento de cometer el hecho, ya que estaba bajo los efectos de estupefacientes mezclados con alcohol, es decir, ante un chico enfermo. c) Tampoco, que no hubo afectación alguna al bien jurídico de la propiedad (Hecho Nominado Primero) y la afectación fue mínima (10 días de curación y 5 de incapacidad) -Hecho Nominado Cuarto-. Asevera que, por razones de política criminal, aplicar una pena tan excesiva a una afectación insignificante o mínima del bien jurídico revelaría una irracionalidad en el poder punitivo tan manifiesta como injusta. d) Realiza doble valoración respecto a la utilización de elementos para aumentar su poder ofensivo (constituye un elemento del tipo). e) Refiere, sin prueba alguna y sin que lo haya introducido el Ministerio Público, que el motivo que lo llevó a delinquir fue el ánimo de lucro. Es un mérito puramente subjetivo. f) Efectúa un análisis parcializado del Informe Socio-Ambiental. g) No se expidió sobre la pena mínima solicitada por la defensa, siendo que es deber de los juzgadores resolver en la sentencia todas las cuestiones que le son planteadas.

En definitiva, sostiene que no explica ni da razones suficientes de por qué se aparta del mínimo de tres años y tres meses que corresponde a los delitos por los cuales fue condenado, relevando la carencia de motivación suficiente impidiendo conocer cual fue el fundamento para aplicar esta pena tan elevada.

Finaliza formulando expresa reserva del caso federal.

IV. a. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo, en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado Rodrigo Edgardo Soria.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 16, 06/06/11; S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), la facultad discrecional de fijar la pena es, en principio, exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida, en principio, a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del C.P. No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

En idéntica dirección, cabe afirmar que, si bien lo relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 es propio de los jueces de mérito, no puede haber arbitrariedad manifiesta, afirmaciones abstractas que no condicen con la causa, u omisión de las constancias atenuantes.

Finalmente, también debe advertirse, que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente, es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que, su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y, por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in ídem.

IV.b. Ingresando puntualmente a los agravios traídos a estudio, debo decir que el primero de ellos, radica en denunciar que el a quo al tratar la Tercera Cuestión ha omitido considerar, a favor del imputado Soria, el estado en el que se encontraba al momento de cometer el hecho. Asevera la defensa, que Soria estaba bajo los efectos de estupefacientes mezclados con alcohol, enfatizando que nos encontramos ante un chico enfermo.

Con relación a ello, considero que la impugnante yerra en su interpretación, puesto que el tribunal, al tratar la Primera Cuestión, ponderó que el prevenido se dispuso voluntariamente a la ingesta de bebidas alcohólicas, aún conociendo el efecto que ello le producía. Consecuentemente con tal razonamiento, estimo que resultaría incoherente y contradictorio ponderar dichas circunstancias a favor del acusado a los fines de individualizar la pena a imponer, como se pretende.

La recurrente reclama, también, la atenuación de la pena, resaltando que no hubo afectación al bien jurídico de la propiedad (Hecho Nominado Primero). En relación a ello, debo decir que, si bien es cierto lo sostenido por la defensa, no obstante, esta afirmación encuentra sustento y se condice plenamente con la calificación atribuida al acusado, esto es, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. En idéntica dirección, refiere que ha sido mínima la afectación (10 días de curación y 5 de incapacidad) refiriéndose al Hecho Nominado Cuarto. Contrariamente a lo ponderado por la recurrente, téngase presente que, conforme ha quedado acreditado, la lesión se produjo con un cuchillo tipo tramontina. Asimismo, cabe destacar lo relatado por la propia víctima, quien en debate refirió que estuvo casi un mes para que le cicatrizara la herida y que no podía trabajar -destáquese también que, conforme lo constatado en el Acta de Debate, la víctima es de profesión jornalero-; análisis que deja sin sustento las pretensiones esgrimidas.

En idéntica dirección, adelanto que tampoco pueden tener acogida favorable los argumentos que denuncian que el a quo ha incurrido en doble valoración cuando alude a la utilización de elementos para aumentar su poder ofensivo (constituye un elemento del tipo, asevera la defensa). En primer lugar, este planteo está sacado de contexto, puesto que el tribunal, al considerar los medios empleados para ejecutar la acción disvaliosa que se le endilga a Soria, tuvo en cuenta que el comportamiento antijurídico del imputado se llevó a cabo valiéndose de la nocturnidad (Hecho Nominado Primero), utilizando elementos para aumentar su poder ofensivo (por ejemplo, un cuchillo para producir las lesiones del Hecho Nominado Cuarto), colocando a las víctimas en una situación de peligro que él mismo gesta (destáquese que Mamaní dijo: ".le empezó a pegar a uno de mis amigos primero, y éste se puso a llorar y luego le pegó a otro porque no le entregaba las cosas. A mí me apuntó en el pecho. Luego nos apuntó e hizo un tiro al aire."; Sánchez Maltese refirió: que a él le apuntó en la cabeza y a Guillermo -Mamaní- en el pecho. ".con el arma realiza un disparo hacia arriba, es decir, al aire, allí nos preguntaba si había algún problema con el disparo y nosotros le decíamos que no porque teníamos miedo; seguidamente nos vuelve a apuntar a cada uno y nos preguntaba si éramos "machos", y le apunta a la cabeza a mi amigo Gonzalo, pegándole en la misma tres o cuatro veces con el revólver, mientras que a mí y a Guillermo en el pecho también con el arma.").

En efecto, vale aclarar que no existe doble valoración cuando se toma en cuenta, para la fijación de la pena, un elemento previsto en el tipo penal, con el objeto de particularizar su intensidad; esto es lo que ha ocurrido en el caso bajo examen. Consecuentemente, cabe destacar lo sostenido por esta Corte en precedente anterior (S. nº 18, 18/05/10), en donde se dijo, que "la garantía del non bis in idem, no impide valorar las circunstancias especiales que presenta cada caso en particular. La naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, establecidos en el art. 41 del C.P. no es un concepto abstracto, sino que se refiere a la manera en que se desarrolla el hecho constitutivo del delito. Este modo de ejecución es particular de cada ilícito y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados -ya sea como atenuante o agravante- al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente. Un ejemplo ilustrará acabadamente esta idea: Imaginemos dos hechos. En el primero, los agentes ejercen una mínima violencia física sobre la víctima con el fin de vencer su resistencia -vgr.: un arrebato en el que la víctima es empujada o recibe un golpe produciéndole algún tipo de lesión-. En el segundo, los agentes se apoderan ilegítimamente de una cosa ajena ejerciendo una violencia física extrema intensa para vencer la resistencia de la víctima -vgr.: dos sujetos le aplican una severa golpiza a la víctima de sexo femenino para quitarle la cartera-. Aún cuando ambos hechos constituyen técnicamente el delito de robo, parece claro que no pueden ser valorados de igual modo a los fines del reproche penal, que se refleja en la imposición de una pena: el mayor ejercicio de violencia física contra la víctima da sustento a la aplicación de una pena más severa".

Descartado el agravio anterior, resta ahora referir que tampoco pueden tener acogida favorable los cuestionamientos alusivos a que es un mérito puramente subjetivo, que haya sido el ánimo de lucro el que llevó a delinquir al imputado. Cabe preguntarse, entonces, de no ser así, cuál fue, puesto que ha quedado acreditado que no ha sido la miseria, ya que del informe socio ambiental se constata que el imputado Soria trabajaba hasta el momento del hecho, percibiendo diariamente $ 100. Aquí, tampoco la defensa ha explicitado o demostrado concretamente cuál sería, en este caso, el móvil tendiente a desvirtuar la apreciación del a quo.

Desde otro ángulo, cuestiona que el tribunal ha efectuado una ponderación parcial del informe socio ambiental (fs. 161/162), crítica que no puede prosperar, puesto que el examen del mismo le ha permitido al a quo verificar el concepto moral de Soria, sus costumbres y su conducta para con sus vecinos. De este modo, resaltó que el imputado goza, en general, de un mal concepto en el vecindario, aclarando que algunas personas que fueron consultadas al respecto, reservaron su opinión en relación Soria. Destáquese,además, que del propio informe se desprende que "su personalidad temperamental lo llevó a tener mala relación con sus vecinos". Por último, cabe decir que la apreciación formulada por la impugnante en cuanto a la omisión del tribunal de expedirse sobre la pena mínima solicitada, tampoco resulta de recibo. En tal sentido, considero que no se advierte omisión alguna puesto que, al tratar la tercera cuestión, el sentenciante ha ponderado las distintas circunstancias atenuantes y agravantes que justifican el monto de pena impuesto el cual, además, ha sido fijado respetando los límites de la escala penal aplicable En razón de lo expuesto, entiendo que no se vislumbra la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/8 vta., por la Sra. Defensora Penal Nº 5, Dra. Mariana Vera, en su carácter de asistente técnico del imputado Rodrigo Edgardo Soria. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/8 vta., por la Sra. Defensora Penal Nº 5, Dra. Mariana Vera, en su carácter de asistente técnico del imputado Rodrigo Edgardo Soria.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.