Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


Expte. Nº 4403/0 "Babio María Teresa y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)" En la Ciudad de Buenos Aires a los días del mes de febrero de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Doctores Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Ángel Russo, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 540/543) que hiciera lugar parcialmente a la demanda interpuesta condenando a la demandada a reliquidar los rubros 094 y 096 del modo y con los alcances que allí se indican; y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Nélida Mabel Daniele, Eduardo Ángel Russo, Esteban Centanaro, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteda la Doctora Nélida Mabel Daniele dijo que: ANTECEDENTES: 1.- Elida Aure lia López de Solla, Mercedes Anunciación Trípodi, Graciela Cecilia Otero, María Azucena Rego, Graciela Olga Viscay, Adriana Aminta María Glucklich Pietranera, Angélica Concepción del Rosario Vitiello, Delia Inés Alonso, Azucena Beatriz Ovejero, Marta Herminia Fernández Pazos, María Teresa Babio y Martha Delia Castillo -personal docente del Gobierno de la Ciudad- iniciaron la presente acción contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con la finalidad de obtener un pronuncimaineto judicial que condene a aquella a incorporar al rubro sueldo (identificado como 001) -con carácter remunerativo y bonificable- las asignaciones creadas por Decretos 4937/91, 5787/91 y 1055/92 (identificados como "094", "095", "096" y "097"). Advirtieron que estas sumas poseen carácter general y se han percibido de manera permanente, por lo cual creen que de negarse su naturaleza remunerativa se desconocerían principios jurídicos elementales aplicables a la materia. Agregaron que con la adopción de este tipo de políticas s alariales, la Comuna violó la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y la normativa en materia de remuneración contempladas en el Estatuto Docente (Ordenanza Nro.40.539 y sus modificatorias). Afirmaron que, además, se encuentran vulneradas las normas referidas a aportes a las obras sociales. En tal orden, planteó la inconstitucionalidad de los Decretos 4937/91, 5787/91 y 1055/92, por cuanto al establcer su carácter no remunerativo y no bonificable se lesionaron los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional (v. fs. 5). Destacaron la normativa que entienden aplicable al sub examine y citaron jurisprudencia en apoyo de su tesitura. Concluyeron que las asignaciones abonadas de acuerdo con los códigos identificados anteriormente poseen carácter salarial, motivo por el cual debieran ser declaradas remunerativas y bonificables, incorporadas al haber mensual y aplicadas en la determinación de los montos de los suplementos que por Ley correspondan. Asimismo reclamaron el pago de las difere ncias devengadas y no abonadas desde su implementación. Fundaron en derecho, ofrecieron prueba y dejaron planteada la cuestión federal. 2.- A fs. 362 se dispuso el traslado de la acción interpuesta, la accionada se presentó a fs. 382/391 y solicitó la desestimación del temperamento propuesto por su contraria, con imposición de costas. En lo que interesa, el GCBA -reconociendo el vínculo laboral con la parte actora y la percepción mensual de los adicionales creados por los Decretos referidos- opuso excepción de prescripción de conformidad con el artículo 4027 del Código Civil, para luego efectuar una negativa cerrada de los extremos invocados por su contraria. Específicamente negó: (a) que cause perjuicio a las accionantes la percepción de sumas bonificables y no remunerativas, (b) que esas "percepciones" sean en "negro" porque no integran el sueldo, (c) que los Decretos 4937/91 y 5787/91 sean inconstitucionales, (d) que se adeude a la parte actora suma alguna por cualquier concepto, y (e) en general todos los hechos que se encuentren controvertidos. En punto al fondo de la cuestión, en primer término expuso que los suplementos cuya naturaleza se debate en autos fueron creados en el año 1991 y que "(...) las accionantes consintieron durante un lapso más que prolongado (...) las liquidaciones de haberes practicadas mensualmente en su favor, sin objetarlas ni efectuar reclamo o protesta alguna hasta el inicio de la presente acción" (v. fs. 385, párrafo 4º), entendiendo que ello autoriza a aplicar la doctrina de los propios actos. Posteriormente encuadró la relación entre los docentes y la administración como de empleo público, razón por la cual sostuvo que se trata de un régimen jurídico con características propias, exorbitante al derecho laboral privado. En relación a los suplementos salariales consignó que -dentro de ese régimen exorbitante- su creación, modificación y derogación resultan consecuencia de la facultad discrecional del órgano administrativo. Añadió que aquellos no son permanentes ni generales para to do el personal de la administración, por cuanto -a su criterio- son revocables y particulares. Por lo tanto, consideró que no existe violación a derecho constitucional alguno pues su dictado obedece a su facultad reglamentaria y no afecta el nivel retributivo alcanzado por los agentes al momento de la creación de los complementos. Finalmente, realizó un análisis de los decretos cuestionados e indicó cuáles eran a su entender las especialidades que presentan. Fundó en derecho, ofreció prueba y dejó planteada la cuestión federal. 3.- A fs. 540 / 543, la Sra. Juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, condenando al GCBA a " 1) (...) reliquidar los rubros 094 y 096 como remunerativos pagando las diferencias del Sueldo Anual Complementario (...); todo ello a contar de los cinco años de la presentación del reclamo o escrito de demanda en su defecto. 2) (...) liquidar los rubros en cuestión de aquí en adelante como remunerativos (...)" e impuso las costas a la vencida. Para así decidir, precisó: ( a) que el artículo 43 de la Constitución local sostiene la aplicación de los principios del derecho laboral para la interpretación de las normas de empleo público local, (b) con cita del dictamen de la Sra. Fiscal de la instancia de grado in re "Farías, María Antonía c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)", el carácter "habitual" y "normal" de dichos suplementos lo que implica reconocerle carácter remunerativo, (c) que en el ámbito de la Ciudad las facultades "exorbitantes" de la administración en materia de empleo público deben ser justipreciadas con los alcances que dimanan del artículo 43 de la Constitución de la Ciudad; (d) recordando precedentes de la Excma. Cámara del Trabajo de la Nación, que el salario del empleado no puede ser modificado unilateralmente por el empleador; (e) en punto al carácter "bonificable" de los suplementos -con remisión a la jusrisprudencia del Alto Tribunal in re "Machado, Pedro José Manuel c/ Estado Nacional s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.", de fecha 05.09.02- consideró que es facultad discrecional del legislador otorgarle a un suplemento esa naturaleza; (f) que se encontraba prescripta -de conformidad con el artículo 4023 inciso 3º del Código Civil- toda suma devengada con anterioridad a los cinco años de interposición del reclamo administrativo o la demanda judicial, según sea el caso; (g) por último, que por encontrarse involucrados aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social ordenó librar oficio al "organismo de la Seguridad Social Nacional". 4.- A fs. 544, la demandada interpone recurso de apelación, concediéndose el remedio procesal articulado a fs. 545, expresando agravios a fs. 559/564. Dispuesto el pertinente traslado de la expresión de agravios (v. fs. 565) la actora guardó silencio. 4.1- La crítica del GCBA contra el pronunciamiento recurrido se circunscribe a los siguientes puntos, a saber: (a) la decisión se apoya en una errónea interpretación del artículo 43 de la Constitución local, toda vez que se extiende de modo directo al derecho público principios del derecho laboral "privado". En tal sentido, recuerda lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 20.744; (b) por otro lado, señala que la Señora Juez de grado en su decisorio no trató los argumentos desarrollados por su parte, relativos al carácter de los suplementos indicados, sus razones y objetivos, por ese motivo los da por reproducidos en esta instancia; (c) en ese orden, postula que no se ha demostrado en la causa que el carácter no remunerativo y no bonificable de los suplementos haya causado perjuicio a los actores. Así, propicia que "Deviene de lo anterior que el hecho de que algunos adicionales sean "no remunerativos", en el sentido de que no generan contribuciones patronales ni aportes propios del agente, no causa agravio actual a las demandantes, toda vez que lo que ellas no destinan a esos aportes les es pagado mensualmente y un eventual incremento en el sueldo anual complementario, a lo que se refiere el a quo, resultaría anulado con creces por los mayores descuentos a los fines jubilatorios" (v. fs. 561 vta. párrafo 5º); (d) Agrega la agraviada que tampoco la a quo tuvo en cuenta las proyecciones de su sentencia, por cuanto el plantel docente es el más numeroso y complejo de administrar, con lo cual una modificación salarial requiere de un detenido análisis de su factibilidad económico - financiera que el pronunciamiento en crisis ha soslayado; (d.i.) Entiende que "Los incrementos materializados en los adicionales "no remunerativos" bien podrían haberse otorgado en la forma que las actoras pretenden. Sin embargo, el Administrador priorizó la percepción directa y total de las sumas presupuestariamente disponibles en atención a razones de oportunidad, mérito o conveniencia que apuntaban a mejorar la calidad de consumo y el nivel de vida de un sector de su personal, el docente" (v. fs. 562 vta. párrafo 3º); (d.ii.) A su vez, postula que lo decidido desconoce el artículo 53 de la Constitución local toda vez que modifica los alcances de los suplementos no remunerat ivos; (e) finalmente, dice que el oficio que se ordenó librar en el punto 5) del decisorio recurrido es improcedente toda vez que ese organismo no es parte ni ello fue requerido por la actora en su demanda. 5.- A fs. 567 se ordenó correr vista al Ministerio Público Fiscal, quien se expide en el sentido que dan cuenta las presentes actuaciones a fs. 571/573, cuyos términos doy por reproducidos brevitatis causae. CONSIDERANDO: 6.- Preliminarmente, corresponde recordar que los jueces no se encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni tampoco hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que se valoren aquéllas que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. atrículo 310 del CCAyT y doctrina de Fallos 272: 225; 274:486, entre muchos otros). 7.- Sentado ello, corresponde comenzar a tratar los agravios propuestos por la accionada, no sin antes señalar que esta Sala tuvo oportunidad de decidir cuestiones sustancialmente análag as a la aquí planteada in re "Bartulos, Alicia Norma y Otros c/GCBA s/Empleo Público (No cesantía ni exoneración)" -Expediente Nº EXP -510- de fecha 11.03.05 y "Amstutz, María Laura c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración) -Expediente 214/0- de fecha 12.11.04. En punto al primer agravio, referido a los alcances del artículo 43 de la Constitución de la Ciudad, debemos señalar que ya parte de la doctrina administrativista precisaba que "(...) un derecho de gran trascendencia para el agente público es el de percibir una suma de dinero como contraprestación por su trabajo en el desempeño de su función o empleo (...). Esa suma de dinero -que por regla general se paga por mes constituye el `sueldo´ del funcionario o empleado público(...). De manera que por `sueldo´ debe entenderse la retribución en dinero que el Estado abona periódicamente al funcionario o al empleado por la tarea que se le ha encomendado (conf. Marienhoff, Miguel Santiago, Tratado de Derecho Administrativo, tomo III-B, Abeledo Perrot , 1998, pág. 268/9). . En un sentido concordante se ha expedido la doctrina laboralista al sostener que "el salario es la ventaja patrimonial (ganancia) que se recibe del empleador como contraprestación del trabajo subordinado" (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico del Derecho del Trabajo; tomo II, La Ley, 1990, pág. 1169). En un sentido similar, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 define la remuneración como "la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo". Asimismo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 471 de "Relaciones Laborales en la Administración Pública de la CABA" reconoce el derecho a "una retribución justa conformada por distintos componentes que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo" (conf. art. 9, inc. e) y establece que "(...) el régimen remuneratorio garantiza el principio de igual remuneración por igual t area para todos los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El régimen remuneratorio debe incentivar la mayor productividad y contracción a las tareas de los trabajadores de la Ciudad y puede estar conformado por distintos componentes que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada, y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo, acreditada a través de las respectivas evaluaciones anuales" (conf. artículo 15). Sin embargo, la misma Ley prevé que el personal comprendido en los estatutos particulares se regirán por estos hasta tanto se celebren las convenciones colectivas de trabajo respectivas (arts. 5, 66 y 90 de la Ley 471). Por tanto, hay que acudir a las disposiciones del Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593), que de modo coincidente con la normativa nacional y local citada reconoce al personal docente el derecho al "goce de una remuneración justa y actualizada, establecida con el asesoramiento de una Comisión Salarial formada por r epresentantes gremiales y de las autoridades correspondientes al gobierno municipal" (conf. artículo 7 inciso b). Así las cosas, se advierte que tanto en el ámbito público como privado los conceptos resultan sustancialmente similares, con lo cual no cuadra al respecto formular ningún tipo de distinciones. 8.- En punto al agravio relativo a la naturaleza jurídica que corresponde otorgar a los suplementos creados por los Decretos 4937/91 y 5787/91, debemos señalar que el artículo 118 del estatuto docente -inserto en el capítulo correspondiente a las remuneraciones- dispone que "(...) la retribución mensual del personal docente en actividad se compone de: a) Asignación por el cargo que desempeña; b) Bonificación por antigüedad; c) Las restantes retribuciones que le correspondan en virtud de las disposiciones legales." (el destacado me pertenece). En este punto, debe advertirse que el Gobierno de la Ciudad, ha reconocido que los adicionales implementados por los decretos 4937/91 y 5787/91 se abonaban a la parte a ctora en forma permanente y regular todos los meses, por tanto se encuentran contenidos en la categoría de las restantes retribuciones mencionadas en el inciso c) del artículo 118. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que para la administración local forman parte de la "retribución mensual del personal docente". Así las cosas, en sentido concordante con lo expuesto en el Considerando 7.-, tengo para mi que los adicionales creados por los Decretos precitados poseen naturaleza salarial, independientemente de la denominación que se les ha otorgado. 8.1.- El decreto 4937/91 otorgó "a partir del 1º de octubre de 1991, un Adicional no remunerativo, bonificable por antigüedad, para el personal docente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (art. 1º). Por su parte, el decreto 5787/91 estableció el pago de un adicional no remunerativo y bonificable por antigüedad, es decir, con las mismas características que definían al otorgado por decreto 4937/91. Aunque originalmente fue implementado por el mes de diciembre de 1991, fue prorrogado ininterrumpidamente hasta la fecha. Conforme los términos de las disposiciones citadas, es posible determinar que los adicionales examinados fueron otorgados para todos los docentes, con carácter general y que sus prórrogas sucesivas implícitamente le otorgaron naturaleza habitual. Por lo tanto, resulta infundado y debe rechazarse el pretendido carácter particular y precario que la accionada les imputa. Es más, la regularidad y universalidad con la cual es abonada a los docentes, disipa toda duda en punto a la cuestión. En ese orden, nuestro Alto Tribunal ha expresado que "no obstante la calificación de 'no remunerativo' que a tal adicional le asignó el decreto de su creación, y pese a la ratificación que de ella efectuó el art. 44 de la Ley 24.624, pues se trata de normas poco afortunadas, carentes de contenido, y que evidencian un contra sentido en cuanto pretenden negar lo que la realidad de las cosas marca, o sea, que frente al carácter general del adicional su condición remuneratoria no puede ser negada (doctrina de Fallos: 312:296), al par que niegan una reiterada doctrina elaborada por esta Corte que, insístese, siempre asignó naturaleza remuneratoria a asignaciones generales como la aquí considerada (doctrina de Fallos: 316:1551, considerando 7º del voto de los jueces Rocca y Herrera)". (conf. CSJN, "Machado, Pedro José Manuel c/ EN s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.", sentencia del 5/9/2002). Por lo demás, en reiteradas oportunidades ha señalado que el carácter general con que fueron otorgadas las asignaciones le confiere una indudable y nítida condición remuneratoria o salarial (conf. CSJN "Lalia, Oscar Alberto c/ Estado Nacional (Mterio. Del Interior - CRJP de la Policía Federal) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad" del 20/3/2003; "Torres, Pedro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal" del 17/3/1998; "Susperreguy, Walter Jorge c/ Estado Nacional - Miniterio de Defensa s/ cobro de pesos" del 6/6/1989, "Arakaki, Marcela Noem í y otros c/ E.N. - CSJN - AC 57/92 s/ empleo público" del 7/10/2003, entre otros). Finalmente cabe señalar que no escapa al conocimiento de este Tribunal la reciente sanción de la Ley 1528 (B.O.C.B.A. Nro.2102 del 5 de enero de 2005). En su artículo 1, dicha norma establece que "los conceptos que perciben los docentes dependientes de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en los recibos de haberes conforman adicionales no remunerativos serán incorporadas (sic( al sueldo básico rubro 001, eliminándose así la actual naturaleza no remunerativa. El Poder Ejecutivo procederá durante el Ejercicio 2005 a la incorporación dispuesta en el presente artículo" Conforme la disposición citada, es posible afirmar que -en cierta medida- la demandada ha reconocido la legitimidad del planteo efectuado por las actoras. Sin perjuicio de ello, los términos allí contenidos, no alcanzan para tornar abstracta la cuestión aquí debatida en lo referido al carácter remunerativo de los adicionales cuestion ados. Ello porque, la pretensión de las actoras consiste en el reconocimiento de tal carácter, en su correcta liquidación y en el consecuente reclamo de diferencias salariales que de ello derivara, para períodos anteriores al año en curso. Así, sin perjuicio del reconocimiento efectuado por medio de la Ley 1528, a fin de evacuar los requerimientos planteados ha sido necesario examinar la naturaleza de los suplementos de la manera en que aquí se ha hecho. 9.- No obstante que lo expuesto es -a mi criterio- suficiente para desestimar el temperamento propuesto por la apelante, estimo que razones de prudencia obligan a la suscripta a tratar el agravio relativo a las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que la demandada invoca para sostener que lo debatido en el sub lite hace a la "zona de reserva de la administración", afectando -de tal manera- el pronunciamiento recurrido lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución local. Liminarmente advierto que comparto el criterio del Sr. Fiscal General Adjunto , interinamente a cargo de la Fiscalía de Cámara quien señala que lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad, no se encuentra relacionado en forma alguna con los extremos debatidos en el sub examine (v. fs. 573 vta., 2º párrafo). Dicho ello, corresponde señalar que "Montesquieu, partiendo de la hipótesis de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, concibió su teoría de la separación de los poderes: que el poder contenga al poder, lo que se lograría dividiendo el poder estatal y oponiendo las partes respectivas para que se refrenen recíprocamente; ello a su vez se consigue distribuyendo las funciones estatales entre diferentes órganos (...)"(Gordillo, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, tomo 1, capítulo IX, FDA, 8º edición), la premisa siempre fue y es la misma: preservar la libertad frente a la autoridad. Así las cosas, en nuestro sistema institucional cada Poder del Estado tiene funciones propias y exclusivas, fundado ello no sólo en evitar la concentración del poder sino también en la especialidad de las funciones que se deben cumplir (CSJN, Fallos 310:112); dentro de esa distribución de atribuciones compete al Poder Judicial "(...) el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las Leyes y normas nacionales y locales (...)" (artículo 106 CCABA). En ese orden, no creo que exista "zona de reserva" si con ello lo que se pretende es sustraer infundadamente del control judicial parte de la actividad de las administración. Por tanto, si bien cada Poder del Estado tienen funciones que le son propias -de ordinario- éstas se encuentran sujetas, en el marco de un caso o controversia, al control jurisdiccional. En rigor, ni la Constitución local ni la Constitución Nacional legitiman dentro de su articulado la existencia de la pretendida "zona de reserva", sin querer con ello significar que los jueces puedan sustituir a la administración o al legislado r en la determinación de las políticas públicas, pero sí sosteniendo con ahínco su control de legalidad y constitucionalidad como función primordial del Poder Judicial dentro del Estado de Derecho. Así las cosas, la accionada -en el agravio en tratamiento- recurre a un concepto vago y laxo ("zona de reserva"), y es a partir del límite impreciso que aquél posee que se pretende "excusar" (en el sentido en que ejemplificaba Genaro Carrió en su monografía Sobre los límites del lenguaje normativo, Astrea) el control de legitimidad de la actividad administrativa. En la emergencia, lejos de debatirse la oportunidad y conveniencia de la política salarial fijada por la administración con los Decretos Nº 4937/91 y 5787/91, se cuestiona la legalidad del proceder de la administración al otorgar a tales suplementos -en lo que aquí interesa- carácter "no remunerativo"; extremos estos que tornan de por sí improcedente el agravio del GCBA. Por último, no puedo dejar de señalar la peligrosidad del planteo de la demandada, por cuanto a medida que se pretende aumentar el poder del Estado (a través de conceptos como los propuestos) disminuye proporcionalmente la libertad de los ciudadanos, siendo que la regla que dimana del artículo 19 de la Constitución Nacional es justamente la inversa. Es decir, a partir del axioma de que todo lo que no se encuentra prohibido se halla permitido para los habitantes de la Nación se colige que en todo caso la "zona de reserva" es de los ciudadanos frente al poder y no otra. 10.- Por último, en lo relativo al agravio referente al oficio que la Sra. Juez de grado ordenó librar al organismo de la Seguridad Social Nacional por encontrarse involucrados aportes y retenciones al sistema de la seguridad social tengo para mí que -como correctamente lo apunta el Sr. Fiscal General Adjunto (v. fs.573 vta. 4º párrafo)- el apelante no logra exponer de modo concreto y fundado el agravio que la medida le irroga, por lo cual debe ser declarado desierto (arts. 236 y 237 del CCAyT). A mayor abundamiento, debe señalar se -sin que ello enerve las conclusiones expuestas por el Excmo. Tribunal Superior in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Amstutz, María Laura c/ GCBA s/ Empleo Público(no cesantía ni exoneración)´" de fecha 14.09.05- que la medida dispuesta es sólo una comunicación que de por sí no importa otorgar calidad de parte o de tercero al Estado Nacional. Vale decir, se trata de dar a conocer un pronunciamiento en el cual puede llegar a mediar un interés del Fisco Nacional, sin afectar la bilateralidad del proceso ni la garantía de defensa en juicio de las partes; por cuanto en su oportunidad y por la vía procesal que correspondiere será el Estado Nacional quien resolverá el curso de acción a seguir. Por todo lo expuesto, propongo confirmar la decisión apelada, sin costas en atención a la inactividad de la contraparte. En este sentido dejo expresado mi voto. Los Doctores Eduardo Ángel Russo y Esteban Centanaro adhieren, por los fundamentos expuestos, al voto de la Doctora Nélida Mabel Daniele, por lo tanto el Tribunal Resuelve: rechazar el recurso articulado por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado, sin costas en atención a la inactividad de la contraparte. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse al juzgad