marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Litisconsorcio necesario, legitimación pasiva, actuación de oficio, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Zimmerman Lidia Marta c/ Dickenstein Jaime Isidro Y Dickenstein Delia s/ Prescripción Adquisitiva Bicenal Del Dominio De Inmuebles
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-18

Debe anularse la sentencia que rechazó la demanda de usucapión por no estar correctamente integrada la litis, pues tratándose de un litis consorcio pasivo necesario, cuando no participan la totalidad de los sujetos legitimados, el órgano de primera instancia debe integrar la litis de oficio citando a los litisconsortes no involucrados por el pretensor, - art. 89 del CPC- ya que, están involucrados los principios sustanciales del proceso, como lo es la legitimación, y porque de proceder de otro modo se configuraría un supuesto de inutilier datur, es decir, una sentencia imposible de hacer valer respecto a quienes no fueron oídos respecto al litigio.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, juicio de apremio, honorarios, contratos administrativos, cláusulas exorbitantes, recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

La resolución afirmativa en cuanto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver una demanda de apremio por cobro de honorarios originados en un contrato de obra pública, resulta de considerar supuestos ya resueltos por el Tribunal (casos "Ruiz de Galarreta" A y S t 54 p 324 y otras similares), pero además afirma tal criterio la presencia como parte -en este caso- de una persona jurídica pública (ente público menor, administración menor, persona autárquica territorial), frente a otro que es llamado por su apoderado, persona jurídica no estatal (o en todo caso, persona privada en ejercicio de funciones públicas) acordando en el inicio del pacto la realización de una obra pública, de conformidad con reglas y procedimientos exorbitantes del derecho privado, lo que bastaría para esa singularización.
Empleo público, concurso de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ, Hernán Eduardo c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-03-12

En tal sentido, la fijación del orden de prioridad de los participantes de un concurso de ascenso, la evaluación de las respuestas del examen y el puntaje otorgado a tales respuestas, es extraño al control judicial, salvo demostración y verificación de arbitrariedad, ilegalidad o violación a la norma legal que reglamenta los concursos. Ello por cuanto la valoración de las condiciones de idoneidad de un agente para ser ascendido en tal o cual categoría, involucra facultades discrecionales de la administración pública en el cumplimiento de sus cometidos propios. " Así, "La competencia de un Juez para dilucidar cuestiones suscitadas en torno a los resultados de un concurso, se encuentra restringida al control de legitimidad, siéndole vedado entrar a considerar cuestiones de mérito opinables que son de exclusivo resorte de las personas a las que se encomendó la función de dictaminar y revisar los resultados, y en los que cabe presuponer una mayor idoneidad al respecto" (conf. Serra Mónica Helena c/ Universidad de Buenos Aires", expte. 41908/99, CNACAF, Sala I, 11/12/01). Idéntico criterio sostiene nuestro más alto Tribunal al expresar "Esta Corte, según conocida jurisprudencia, tiene establecido que los procedimientos arbitrados para la selección [en el caso de agentes para ocupar un cargo] no admiten, en principio, revisión judicial salvo en aquellos casos en que los actos administrativos impugnados en el ámbito judicial estén afectados por arbitrariedad manifiesta (Fallos: 177:169; 235:337; 267:450; 283:189; 295:39; 314:1234; 317:40, entre otros) o cuando ello es obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos dictados )Fallos: 307:2106; 320:2298)." (conf. CSJN, causa "Piaggi", 29/6/04). -
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, pérdida de la audición
Materia: CIVIL
Carátula: GUERRA DE OVEJERO Lucía H. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-15

La responsabilidad médica es de origen contractual, mientras no existan matices dolosos que encuadren en los actos ilícitos, y responde frente al enfermo en mérito a lo dispuesto por los arts.

511, 512, 520 y 902 del Código Civil. La obligación que asume el profesional del arte de curar es poner todo su empeño, su saber, su diligencia y los medios de que disponga para obtener la curación del enfermo, sin que pueda garantizar el logro de tal objetivo, no sólo por la prohibición que establece el art. 20 de la ley 17.132 sino porque la complejidad de los elementos que juegan en cada caso médico, sumado a las particularidades que hacen la individualidad de cada enfermo impiden tener la certeza de que un organismo responderá en la forma en que lo hacen los demás. El carácter inductivo de la ciencia médica no permite afirmaciones terminantes o matemáticamente categóricas. Precisamente esa característica propia de esa rama del saber es lo que ha llevado a calificar a la obligación del galeno, como de medio y no de resultado por la imposibilidad de su ciencia o arte para abarcar la infinita variedad de cada individuo. Dentro de las limitaciones actuales de la medicina, puede responsabilizarse sólo cuando se pruebe que el tratamiento adoptado por el profesional constituye un evidente y grosero error que resulta inexcusable en un graduado y no cuando se le ofrecen al médico varias actitudes, admisibles científicamente, eligiendo aquella que a su juicio y según las particularidades del caso resulta más apta. No cabe responsabilizar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por los daños provocados a una persona a consecuencia de la pérdida total de audición experimentada por el suministro de antibióticos, si ante la seriedad que revestía el estado de la paciente el cuerpo médico se vio enfrentado a la alternativa de suspender el medicamento, específicamente aconsejado para el caso y agravar más el peligro de muerte que corría cierta y concretamente, o sobrepasar ese umbral peligroso si sólo implicaba correr un riesgo más hipotético y sobre todo menos importante puesto que se conservaba la vida de la enferma. La elección finalmente adoptada no parece encuadrar en un proceder reprochable, dados los valores que se encontraban en juego, no correspondiendo resarcir por un perjuicio que no procede de un notorio error médico (conf. C.N.Civ. Sala C, E D. 98-577; íd. Sala D, E.D. 95-302, íd. L.L. 1984-C-582 y nota de Trigo Represas).-
Nombramiento, Ministerio de Menores, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

El juez no puede controlar de oficio la validez del acto de designación del asesor tutelar sino tan sólo su existencia. Una vez que encuentra un acto de poder público, su capacidad de control queda inhibida. Es que las potestades para corroborar la existencia del acto le imponen un singular deber de cuidado, para no convertir la tarea de establecer si el acto ha sido emitido, en la potestad de ingresar al examen de su validez. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, Estado Nacional, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, TERESA LILIANA c/ ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-26

El art. 30 L.C.T. no presupone la comisión de un fraude en perjuicio del trabajador: por el contrario, a fin de evitar juzgar acerca de patología jurídica de difícil acreditación, impone al empresario principal o, en su caso, al contratista el control del cumplimiento de su parte, o en su caso del subcontratista, de las normas laborales y de la seguridad social respecto de sus propios trabajadores y, para garantizar mejor este control y asegurar que su incumplimiento no redunde en perjuicio de los trabajadores privados empleados por un contratista o subcontratista eventualmente insolvente, extiende al principal la responsabilidad solidaria por las deudas de este último. Por otra parte, la obligación de responder del empresario principal o del contratista que prevé la norma precitada no está condicionada a que se trate de un "empresario" o que tenga en miras el "fin de lucro", pues el texto legal utiliza el pronombre "quienes" y no excluye a las personas públicas de tal órbita específica de responsabilidad, por lo que se trata de una situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de aplicación del art. 2° inc. a) L.C.T.. (Del voto del Dr. Zas, que fuera desarrollado en los autos"Miño Nora Ruth c/Infantes SRL y otro s/despido" SD 73240 del 23/6/2011, con adhesión del Dr. Arias Gibert).
Accidentes de trabajo, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, RAMON H. c/ COSEANI, JUAN C. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-11

Las situaciones que se configuran con el paso del tiempo y que en curso de la constitución de la vieja ley 9688 aún no se hallan plenamente configuradas, al entrar en vigencia la nueva ley 23643 les resulta aplicables esta; no propiciándose con ello una indebida aplicación retroactiva de la ley, lo que habría ocurrido si el accidente de trabajo y la determinación de la incapacidad hubieran sucedido antes de entrar en vigencia la nueva ley, caso que no es el de autos.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Sitra   S.A.I.C.F.I. c/ Estado  Nacional  -M  Salud  y Acción Social- s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

La expresión "sin sus accesorios" del art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución 1360/91 de la Corte, determina que los intereses devengados no pueden ser tenidos en consideración para fijar el valor disputado a los fines de la procedencia del recurso ordinario de apelación (Disidencia de los Dres. Julio S.Nazareno, Carlos S. Fayt, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, divorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guezales, Laura Raquel c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La separación basada en la petición conjunta de los cónyuges no importa por sí sola la exclusión del derecho a pensión derivado del fallecimiento del padre de la actora, ya que dicha consecuencia impuesta por la ley de fondo sólo sería procedente si se probara en forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta de la interesada (en la causa había quedado demostrado que el divorcio estuvo precedido por un estado de separación de hecho prolongado por más de diecisiete años; que la ruptura se produjo por abandono del marido; que la actora dependía económicamente de sus padres y se encontraba en situación de incapacidad de ganancia). Tal el fundamento con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia dictada por el tribunal con fecha 15-X-91.
Calumnias, ofensas cometidas por medio de la prensa, libertad de prensa, fuentes de información, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: ORDOÑEZ, Matías c/ Verbitsky Causa nro. 12.439 s/ querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la exigencia que en su desenvolvimiento la prensa libre resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, no implica imponer a los responsables el deber de verificar en cada supuesto la exactitud de una noticia sino de adecuar primeramente la información a los datos suministrados por la propia realidad, máxime cuando se trata de noticias con evidente potencialidad calumniosa o difamatoria y, en todo caso, difundir el informe atribuyendo directamente su contenido a la fuente, utilizando un tiempo de verbo potencial, o guardando en reserva la identidad de los implicados.
Cámara de Apelaciones, voto de los jueces, abstención de votar, ley procesal, interpretación de la ley, leyes, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., J. s/ Recurso de inconstitucionalidad (Expte Nº150-98, Resolución Nº117,  Tomo 4, Folio 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-31

La criticada abstención de emitir opinión de uno de los miembros del Tribunal ante la existencia de votos totalmente concordantes de los otros dos vocales, se ciñe estrictamente a una alternativa presentada por la ley 10.160 (Orgánica de Tribunales), alternativa que ha sido reiteradamente analizada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia ("Alvarez c/ Instituto Neuroquirúrgico de Santa Fe", "Azcoitía c/Municipalidad de Santa Fe", "Gómez c/ Caja de Previsión social de los agentes civiles del Estado") sin hallar en ella vicio constitucional alguno. Frente a semejante situación y no avizorándose cambio alguno en la jurisprudencia de nuestro supremo tribunal provincial, la abstención en cuestión ha de considerarse como no violatoria de principio constitucional alguno.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, fallo plenario, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: MAMANI BARAO, Yola c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-01-06

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación si lo resuelto se ajusta a la doctrina del plenario "Díaz Bessone" ya que se configuran presupuestos de riesgo procesal -gravedad del delito, la pena en expectativa, que los hechos delictivos se habrían configurado mediante una organización conformada por pluralidad de sujetos (algunos no habidos) que actuaban en sede interjurisdiccional y valiéndose de temerarias prácticas de inteligencia criminal- que obstan a la soltura anticipada, y la resolución en crisis ya recibió el "doble conforme".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, accidentes de trabajo, indemnización, aplicación de la ley, ley vigente, RIPTE, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, OSCAR ALFREDO c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

En relación a los cuestionamientos de la apelante vinculados a la aplicación de la ley 26773 al caso, corresponde considerar lo expresado por este Cuerpo al pronunciarse al respecto in re "Britos", en el que se sostuvo que en "Espósito" el Supremo Tribunal de la Nación efectuó un repaso del sistema de reparación de infortunios y enfermedades laborales establecido por la ley 24557 y sus sucesivas reformas, así como de las pautas de aplicación temporal consagradas en cada una de las normativas, para concluir que las precisas reglas emanadas del juego armónico de los artículos 8 y 17.6 y 17.5 de la ley 26773, establecen que el reajuste mediante índice RIPTE de los importes de las prestaciones de sumas fijas y pisos mínimos reajustados se aplicarán a las contingencias futuras, es decir, accidentes acontecidos o enfermedades manifestadas con posterioridad a la publicación del referido régimen legal; por lo que cualquier hermeneusis que conlleve a la aplicación del RIPTE frente a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de "Espósito", criterio que corresponde aplicar no sólo en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones de la Corte nacional, sino porque en el caso concreto, el Máximo Tribunal ha decidido la causa de manera directa, fijando para este caso la solución que indefectiblemente se debe acatar. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346/356. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 24557 y 24773, artículos 8, 17.5 y 17.6. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045589.
Inexistencia de delito, suspensión de la importación, mercadería falsificada, procedencia del recurso, revocación de sentencia, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: R.G. TRANSPORTES INTERNACIONALES c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

La resolución que confirma el auto que desestimó una denuncia por inexistencia de delito (art. 180, párrafo tercero, del CPPN), es delas previstas en el art. 457 CPPN, al tornar imposible la continuaciónde las actuaciones. La denominada "importación suspensiva" es aquella en virtud de la cual, la mercadería ingresa al territorio Argentino sólo a los efectos de circular a través su territorio, "de paso" o "en tránsito", para llegar a un tercer país en el que se produce la importación final del producto. A partir de la reforma de la CN del año 1994, los tratados tienen preeminencia sobre la legislación local. Los arts. 15, 16, 17 y 18 del ATIT, que regulan las formalidades que deben observar las aduanas de paso de frontera y de destino, de ningún modo establecen un límite a las potestades regulatorias de los funcionarios aduaneros. En tanto la importación de mercaderías falsificadas cuenta con una prohibición económica de carácter absoluto en el Código Aduanero, la maniobra consistente en ocultar dentro de un cargamento de productos legítimos, un número menor de mercadería falsificada, podría ser considerada como un ardid idóneo para eludir el control de las autoridades aduaneras y, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la AFIP y revocar la resolución que desestimó la denuncia, ya que la base argumental utilizada por el a quo demuestra una errónea interpretación de la ley sustantiva aplicable al caso concreto y no permite descartar, a esta altura del proceso, la tipicidad de las acciones cuya investigación pretende la parte acusadora. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Antonio Rómulo c/ Agencia Marítima Rigel  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Tratándose de cargas razonables, que impliquen prestaciones que no sean exorbitantes o expoliatorias, rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa, que de ningún modo podría hacerse depender jurídicamente de la subsistencia de regímenes inequitativos.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, concursos, caducidad, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

La circunstancia de no haber mencionado el Tribunal a quo de manera concreta la norma aplicable -en el caso, el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial-, no es razón para entender que la sentencia prescindió del texto normativo, toda vez que al declarar la caducidad (en el trámite de un recurso de apelación concedido en relación y con efecto suspensivo dentro de un incidente de revisión de verificación de crédito en un concurso preventivo), la resolución fue congruente con los hechos de la causa, resultando improcedente el recurso de inconstitucionalidad intentado.
Imputado, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., H.H. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-10

Los argumentos de la defensa se enfocan de igual modo que en otros tantos casos, donde se le ha señalado que equivoca el enfoque en la etapa, pretendiendo introducir las exigencias probatorias propias de la sentencia condenatoria, cuando para la instrucción basta el juicio de probabilidad.
Averías comunes o gruesas, situación de peligro
Materia: NAVEGACION
Carátula: ELMA SA c/ ASTILLEROS ALIANZA SA Y OTROS s/ AVERIA GRUESA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El buque salió normal del puerto, por lo que la avería se origina necesariamente por el choque de las palas con un objeto duro.

No existe otra explicación posible para las torceduras de las que informa la pericia, siendo factible que la colisión no se haya percibido por el temporal que afectaba la navegación del buque.

Producida la avería, ella constituía un peligro potencial, pero no por ello menos real, por lo que la entrada al puerto de El Ferrol constituyó arribada forzosa. En tales condiciones, se encuentra caracterizada y debidamente probada la ocurrencia de avería gruesa.
Recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PALLAVICINI, JORGE FELIX c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-26

Es opinión de la Corte Provincial que sólo corresponde la duplicación de plazos (establecida en la ley 7234, artículo 5) si se trata de juicios en los que el sujeto demandado es un ente público provincial, y además se trata de un plazo procesal judicial. No participa de esa naturaleza el plazo para interponer la demanda contencioso administrativa (Ley 4106, artículo 5).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, bienes inmuebles, prescripción adquisitiva, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: BALDI, JUAN RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-02

El recurso resulta inadmisible pues si bien la impugnante afirma que la resolución atacada -en cuanto ordena la restitución provisional de un inmueble- reviste carácter definitivo por causar un gravamen de imposible, difícil, tardía o insuficiente reparación ulterior, ya que interrumpe la posesión que ostenta, argüida en un juicio de prescripción adquisitiva que tramita en sede civil, lo cierto es que la medida adoptada tiene carácter cautelar y queda sujeta en su duración a los resultados de la acción penal incoada y a la sentencia que se dicte, no advirtiéndose la decisividad que tendría la misma sobre la circunstancia que invoca la quejosa en orden a demostrar la irreparabilidad pretendida, pues es de suponer que al momento de interponer la demanda de prescripción adquisitiva -la que fuera deducida con posterioridad a la formulación de la denuncia penal- debió contar con los requisitos de la posesión exigidos, esto es, que la misma ha sido pública, pacífica, continua e interrumpida y que ha durado el tiempo exigido por ley; pues interpretar lo contrario importaría la posibilidad de enervar los efectos de la medida cautelar prevista en el artículo 231 bis del Código Procesal Penal mediante la mera interposición de un juicio de usucapión (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirió el Dr. Spuler).