Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-08-24


Ushuaia, agosto 24 de 2011.

Voto del doctor Muchnik:

1. A fs. 28/29, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó el auto por el que el juez de instrucción no hizo lugar a la pretensión formulada por Ariel Orlando Moya y Oscar Adrián Villalba de constituirse como parte querellante en la presente causa. Si bien los nombrados invocaron su calidad de hermanos de la víctima (Nicolás Moya), el a quo estimó que dicho grado de parentesco no estaba legitimado por el art. 70 del C.P.P. para asumir el rol de querellante: Art. 70: "Cuando el particularmente ofendido por el delito sea un incapaz, actuará por él su representante legal. Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer el derecho de querella el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal. El representante, en los supuestos referidos, y también el ofendido cuando accione en ejercicio de su derecho, si se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos".

á2. A fs. 31/42, Ariel Orlando Moya y Oscar Adrián Villalba, con el patrocinio letrado del Dr. J. H. L., interpusieron recurso de casación. Tras repasar los requisitos formales del recurso (fs. 31/34), exponen los agravios sobre los que estructuran su impugnación. Invocan el art. 8, punto 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos ("Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"), y explican que el art. 70 del C.P.P. deviene inconstitucional porque deniega su derecho de acceder a la jurisdicción (art. 34/36). Mencionan la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Urteaga", que -dicen- permitió tener a los hermanos como parte querellante en una causa penal (fs. 35). Seguidamente, realizan una exposición genérica y teórica respecto del alcance de las garantías constitucionales (fs. 36/37); describen "La cuestión constitucional en el proceso penal" (fs. 37/38); relatan la importancia de "La razón de las garantías" (fs. 38/39) y de "El cumplimiento de la garantía constitucional como fin en sí mismo" (fs. 39/40); y formulan consideraciones -también en forma genérica- con relación al avasallamiento a las reglas de la sana crítica (fs. 40/41). Finalmente, solicitan ampliar oralmente los fundamentos brindados; hacen reserva de acudir a la instancia federal y formulan su petitorio (fs. 41/42). Durante la audiencia de ampliación oral cuya acta luce a fs. 59, el letrado repasó rápidamente estos argumentos.

3. Comparto el criterio expuesto por el Sr. Fiscal ante este Estrado en cuanto expresa que el recurso no puede tener acogida. Ello en tanto no se avizora la vulneración de los preceptos constitucionales que rigen el proceso, ni de las reglas de la sana crítica, encontrando las conclusiones vertidas por el juzgador fundamentos serios y atendibles, siendo fruto de un razonamiento coherente que las justifica. Del texto del art. 70 del C.P.P. surge con claridad que los hermanos de la víctima de un ilícito que le produjo la muerte no se encuentran habilitados para asumir el rol de querellantes. Tal es el criterio expuesto por la Cámara de Apelaciones. En igual sentido, se han pronunciado distintos tribunales: "Cuando se produce un delito cuyo resultado es la muerte, el art. 82, párr. 3, del C.P.P. no contempla a los hermanos del fallecido para adquirir la calidad de querellantes" (Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala I, "Uriburu, Luis Benjamín s/Denegatoria parte querellante" del 13.02.2002, Base de datos SAIJ, sumario G0021501; en igual sentido: Sala VII: "Rosciano, Darío y otro s/falta de calidad de parte" del 27.02.98, SAIJ, sum. G0011767; y Sala IV: "Guereño, Enrique s/querella. muerte. hermano del occiso" del 24.09.87, SAIJ, sum. G0002869 y "Degaetano, Osvaldo s/Querella. Acción para querellar. Homicidio culposo" del 17.12.87, SAIJ, sum. G0003253; a los que pueden sumarse, también, los señalados por el Dr. Fappiano a fs. 60, citados por Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo 1, Hammurabi, 2004, pág. 267).

4. Lo expuesto no escapa al conocimiento de los casacionistas y su letrado, quienes denuncian la inconstitucionalidad de esta norma. En respaldo de esa postura, remiten a lo resuelto por la Corte Suprema en el caso "Urteaga, Facundo R. c/Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas", de fecha 15.10.98 (Fallos, 321:2767). Tal pronunciamiento fue examinado por el a quo. y marcó las diferencias respecto del presente caso. A fs. 19, explicó que en "Urteaga" se discutía la legitimidad del hermano de una persona desaparecida durante la dictadura militar para deducir acción de habeas data, mientras en el sub spes se cuestiona la facultad de ejercer en forma particular la persecución penal. Y continuó su análisis recordando que la Corte le reconoció al hermano de la persona desaparecida el derecho de accionar para obtener información sobre su fallecimiento y, eventualmente, sobre la localización de sus restos. También afirmó que el actor era titular del derecho de esclarecer las circunstancias en que se había producido la muerte de su hermano. Establecido ello, la Cámara señaló: "Ahora bien, en el presente caso no se trata de una persona 'desaparecida', sino de una víctima fallecida en circunstancias que se han podido ir conociendo a partir de la investigación judicial desarrollada en la causa (véase el auto de procesamiento de fs. 319/341), las que serán finalmente determinadas en juicio oral y público (art. 344 y sigtes CPP), al igual que la eventual responsabilidad del imputado. Adviértase que el Ministerio Público fiscal ya ha presentado el requerimiento de remisión a juicio (fs. 385/401vta.)".

5. Sobre estas consideraciones, en el recurso de casación nada se dice, limitándose a invocar aquella doctrina de la Corte Suprema, fundadamente desestimada por la alzada. Asiste razón al Dr. Fappiano cuando a fs. 60vta. sostiene que la parte insiste y reitera los argumentos expresados, sin desarrollar una crítica idónea a la decisión dictada. La parte debió centrar su examen en las razones brindadas por el a quo para dejar de lado la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo evaluado. Respecto del deber de fundar las pretensiones, ha sostenido este Tribunal: "Es sabido que el recurso no cumple con la finalidad perseguida cuando su fundamentación no contiene una crítica razonada y concreta de la sentencia contra la que se alza, indicando punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento, cuando median afirmaciones genéricas sobre la prueba sin precisarse el yerro o el desacierto en que incurrió el sentenciador en sus argumentos y cuando las impugnaciones son de orden general. /En ese sentido se ha señalado que 'la fundamentación del recurso debe contener, esencialmente, una crítica o censura de las motivaciones de la sentencia apelada. De donde se sigue que no cumple la misión para la cual está destinado, el escrito que ni siquiera intenta rebatir la argumentación del juez 'a quo'. La crítica debe ser concreta; esto es, precisa, dirigida a las argumentaciones desarrolladas en el fallo impugnado. En este orden de ideas, la expresión de agravios debe indicar, punto por punto, los errores, omisiones y deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento jurisdiccional. No bastan apreciaciones genéricas o desvinculadas de las consideraciones esenciales de la sentencia, ni las citas doctrinarias y jurisprudenciales sin indicación de su atingencia al caso. Asimismo, la expresión de agravios debe ser razonada. No alcanza a superar el vallado del juicio de admisibilidad enunciar los errores que exhibe la sentencia impugnada; es necesario demostrarlos...' (Juan José Azpelicueta Alberto Tessone, 'La Alzada. Poderes y deberes', Ed. Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 24/25)" (según se dijo en los autos "Slomka, María Rosa c/Constructora Fueguina S.R.L. y otros s/Incumplimiento de contrato daños y perjuicios y daño moral s/Recurso de queja" expte. nº 659/03 SR, resolución del 19.11.2003 registrada en el Libro IX, folios 538/543 , citados por el Dr. Fappiano a fs. 60vta., criterio reiterado en "Castro Molla, José Santos Carmelo s/Apelación ley provincial 168, art. 456, inciso 6º" -expte. nº 1008/07 SR del 14.09.2007, Libro XIII, fº 492/498-, entre otros).

6. Como Juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones he compartido esa posición. En los autos "Villalon, Sergio Leonardo s/Inc. suspensión del juicio a prueba" expte. nº 2684, resolución del 05.12.2006 registrada bajo el nº 44 en el Tomo I, folios 103/104-, señalé: "Recuérdese que esta Sala ha puesto de relieve que el recurso de apelación debe interponerse fundado, y relacionarse con los puntos de la resolución cuya revisión pretende, de manera de habilitar la competencia de este Tribunal para su consideración: '...fundar, en los términos del art. 420 del C.P.P.P., es justamente dar a conocer los motivos y explicaciones por los cuales la parte considera que la resolución del magistrado de grado es incorrecta, oponiendo además aquella argumentación que se pretenda, sobre la base de las circunstancias de la causa y el derecho aplicable a ellas" (Cfr. c. nº 2364, "Slaen", rta. el 12/11/04, Reg. Nº 249 Tº II Fº 404 de Sent. Interl., con cita de "La Colla, Jorge Julián s/inf. arts. 293, 294, 298, 261, 265 y 239 del Código Penal, y art. 1º de la ley 13.944", Nº 1757 del registro de Secretaría, entre otros precedentes)". Si bien ello se expresó con relación al recurso de apelación, tal postura resulta aplicable en esta instancia casatoria, máxime cuando debido a la naturaleza extraordinario del recurso, no es posible que el Tribunal supla las omisiones del recurrente (criterio fijado en "Araoz, Angel s/Recurso de queja por casación denegada" expte. nº 198/95 SDO del 14.03.96, Libro IV, fº 71/72 ; "Zeballos, Oscar Darío s/Lesiones culposas qte.: Irma Noemí Ibarra" expte. nº 351/99 SR del 23.02.2000, Libro VI, fº 68/75 ; "De La Riva, Alejandro Rafael s/Legajo de ejecución" expte. nº 447/01 SR del 16.10.2001, Libro VII, fº 563/575 ; entre muchos otros). Las consideraciones genéricas efectuadas a fs. 36/41 no alteran este temperamento, ya que no confluyen decisivamente en la solución del caso. Ello así, toda vez que, por su generalidad, tampoco constituyen una crítica concreta y precisa de los fundamentos expuestos a fs. 28/29.

7. Avanzando un paso más en el análisis, corresponde indicar que comparto el criterio expuesto por el a quo en cuanto sostuvo que la posición expuesta por la Corte Suprema en los autos "Urteaga" no puede traspolarse linealmente a nuestro caso. Los recurrentes señalan que en aquel fallo, la Corte permitió que los hermanos del damnificado sean tenidos como querellantes en una causa penal (ver fs. 35). En rigor, no se trataba de una causa penal, sino de una acción de habeas data (conf. consid. 1º de los votos concurrentes de los Dres. Nazareno y Moliné O'Connor, y de los Dres. Belluscio y López; y los votos individuales de los Dres. Fayt, Petracchi, Bossert y Vázquez; el Dr. Boggiano remitió a un precedente de la propia Corte). De la lectura de ese pronunciamiento, se observa que el examen realizado por la Corte se circunscribió a la materia llevada a su estudio y conocimiento, esto es, si el hermano de una persona desaparecida durante la dictadura militar se encontraba habilitado para presentar una acción de habeas data a fin de obtener los datos acumulados y procesados en los registros estatales, militares o civiles y, de ese modo, obtener información sobre su fallecimiento y, eventualmente, sobre la localización de sus restos. La pretensión había sido desestimada in límine en las instancias inferiores, en el entendimiento de que, por un lado, los datos que pretendía recabar no estaban referidos a su persona; y por otro, la finalidad esgrimida no se compadecía con lo que surge del texto constitucional (ver el consid. 2º del voto conjunto de los Dres. Nazareno y Moliné O'Connor). Cabe recordar que esa acción, contenida en el párrafo tercero del art. 43 de la Constitución Nacional, no se hallaba reglamentada por ley: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística". Se trata de una modalidad especial de la acción expedita y rápida de amparo, enunciada en el primer párrafo de la norma. A través de diversos votos concurrentes, que involucran el derecho a la verdad de lo acontecido durante las luctuosas circunstancias que vivió el país, el derecho a conocer lo relativo a la muerte de un familiar cercano, la defensa del derecho a la personalidad, entre otros, la Corte hizo lugar a la pretensión y dejó sin efecto lo resuelto. En su voto, el Dr. Bossert sintetiza algunos de estas consideraciones al señalar que el derecho invocado constituía una forma específica de acción de amparo, que no excluía otras formas de indagación de datos asentados en registros públicos y privados, ya que ni la letra ni el espíritu del texto íntegro del art. 43 autorizaban a sostener una interpretación restrictiva (consid. 22º). La parte no explica de qué modo lo dicho por la Máxima Instancia Judicial del país resulta de aplicación a nuestro caso, el que -sin dudas- presenta un presupuesto fáctico distinto, e involucra las reglas que rigen en el proceso penal. En este ámbito, el legislador fueguino estableció que cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer el derecho de querella el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal. Ello no constituye una innovación: similar redacción presenta el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), precedente inmediato de la normativa local.

á8. También acierta la Cámara de Apelaciones al destacar que, en autos, los órganos estatales vienen impulsando la investigación del delito denunciado, lo que permite satisfacer el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo que sucedió y de saber quién -o quiénes- fueron los responsables de la muerte de su hermano Nicolás Moya (fs. 29 y vta.). Es claro que el rechazo de la pretensión de Moya y Villalba no les imposibilita mantenerse en contacto con la fiscalía para aportar datos a la investigación y/u obtener información respecto del trámite del proceso. No debe verse en la solución adoptada un excesivo apego a un ritualismo formal, en tanto todo procedimiento -judicial, administrativo y legislativo-, se rige por normas formales. Toda actividad procesal, cualquiera que ella fuere, se realiza por medio de reglas, ya que no se concibe la existencia de un procedimiento o proceso sin formas. Estas reglas tienen por fin garantizar el debido proceso. Chiovenda dijo que "las formas procesales por ser sugeridas por la lógica y por el sistema, son constantes y objetivas y no se debe caer en vagas tendencias equitativas que, con el pretexto de combatir el formalismo y adoptar elásticamente las formas a la sustancia, es abrir el camino a las pasiones y arbitrariedades" (Tomás Hutchinson, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", tomo 2, Astrea, 1988, pág. 265; citado en "Dr. José Raúl Velazco s/Recurso de queja por casación denegada" -expte. nº 293/96 SDO del 10.09.96, Libro V, fº 95/103-).

9. Finalmente, no dejo de advertir una actuación errática de los presentantes a lo largo del proceso. Previo al pedido que impulsó la formación de la presente incidencia, Oscar Adrián Villalba y Ariel Orlando Moya solicitaron ser tenidos como querellantes (fs. 2/9), pretensión rechazada con fecha 17 de enero de 2011 por la jueza de instrucción interviniente (fs. 10). Notificada esa decisión en forma telefónica al letrado patrocinante (Dr. Eduardo Gustavo Trotti, fs. 11), los interesados no recurrieron lo resuelto. Luego, el 6 de febrero, ya con la asistencia del Dr. Juan H. Ladereche, reiteran aquella petición (fs. 12/15). No es que se notificaron y recurrieron lo resuelto a fs. 10, sino que se presentan como si lo actuado con anterioridad no existiese.

10. En definitiva, el recurrente se limita a exponer su visión sobre la normativa aplicable al caso. Mas no logra demostrar el absurdo en el razonamiento expuesto por la alzada, ni que la exégesis llevada a cabo a fs. 28/29 desvirtúe el texto legal, o avasalle garantías constitucionales de los presentantes en su pretensión de "acceder a la jurisdicción" para el esclarecimiento del crimen sufrido por su hermano. El art. 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (trascripto a fs. 34/35), no altera los límites fijados por el legislador en el art. 70 del C.P.P. Atento las consideraciones expuestas, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 31/42 por los pretensos querellantes, contra la decisión de fs. 28/29. Corresponde eximir de costas a los vencidos, de acuerdo a lo normado por el segundo párrafo del art. 492 del C.P.P., toda vez que por las cuestiones jurídicas implicadas en la causa, pudieron considerarse razonablemente con derecho a recurrir lo resuelto por la alzada.

El doctor Sagastume comparte y hace suya la propuesta formulada por el Juez Muchnik, votando en igual sentido.

Por las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 31/42 por los pretensos querellantes, contra la decisión de fs. 28/29. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.). 2º) Mandar se registre, notifique y remita copia a la Cámara de Apelaciones a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y sea incorporada a los autos principales.- Javier D. Muchnik.- Carlos G. Sagastume.