Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-20


Salta, 20 de Abril de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "REYES, Abel Armando; CARDOZO, Rubén Carlos; GAVILAN, Juan José ; ARAOZ, Emanuel Narciso; FARFAN, Sergio Gustavo por ABUSO SEXUAL a CHILO, Ana Paula", Expte. Nº 80.810/09 del Juzgado de Instrucción Formal de 3ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 26958/10 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que a fs. 848/851 la Dra. Guadalupe Yolanda Delgado interpone nulidad contra el fallo de este tribunal de fecha 01 de Marzo de 2.011, a tenor del art. 161 y cc. del C.P.P., que rechaza el recurso interpuesto por esa parte declarándolo erróneamente concedido por extemporáneo. En su caso plantea en subsidio recurso de reposición, peticionando a sus efectos una nueva resolución.

Argumenta la Dra. Delgado que la impugnación se interpuso dentro del tiempo legal establecido, ya que la defensa técnica fue notificada con fecha 29 de Octubre de 2.010 del procesamiento de su defendido, en razón de lo cual interpone recurso de apelación con fecha 4 de Noviembre de 2.010, solicitando la suspensión de los plazos procesales que estuvieran corriendo ya que los presentes obrados no se encontraban en el Juzgado, siendo notificada en fecha 19 de Noviembre de la providencia de fecha 17 de Noviembre "SUSPENDIÉNDOSE LOS PLAZOS que a su respecto estuvieran corriendo, los que se reanudarán a partir de la pertinente notificación de disponibilidad de las actuaciones". Expresa que en fecha 06 de Diciembre es notificada nuevamente de una providencia dirigida a ella y al Dr. Vilca Banda, que las presentes actuaciones se encuentran a su disposición y que los plazos procesales se reanudarán a partir de la notificación de esa providencia para quien las retire primeramente, manteniéndose la suspensión respecto de la otra parte. Con fecha 15 de Diciembre es notificada que "las presentes actuaciones se encuentran a su disposición, y que los plazos procesales se reanudarán a partir de la notificación de la presente providencia".

Sostiene la nulidicente que teniendo en cuenta la cronología de las notificaciones, los agravios fueron presentados con fecha 17 de Diciembre de 2.010 a horas 8:40, dentro del plazo de gracia que vencía a horas 9,00, y que al rechazarse el recurso de apelación se está afectando derechos constitucionales de su defendido y el debido proceso legal. Agrega que no se puede presentar los agravios desconociendo los fundamentos de los considerandos, y que las deficiencias del Juzgado de origen no pueden perjudicar al imputado. En su dictamen de fs. 857/858, la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación , entiende que al no estar legislada la suspensión de plazos procesales, la única norma que ofrece la posibilidad de su otorgamiento es una interpretación in bonam parte del art. 463 del C.P.P., y que su procedencia debe serlo de manera excepcional y en razón de motivos atendibles, ya que de aceptarse su aplicación irrestricta se podrá incurrir en un tratamiento desigual de las partes, comprometiéndose la seguridad jurídica y la estabilidad de los actos procesales. Señala que resultando atendible la suspensión de plazos dispuesta por el Instructor, el recurso de apelación presentado en fecha 17 de Diciembre de 2.010 a hs. 8:40 fue interpuesto en tiempo y forma, por lo que en su opinión procede hacer lugar al planteo realizado por la Dra. Guadalupe Yolanda Delgado dejándose sin efecto el punto I) del auto resolutivo de fs. 842/846 en lo que a ella respecta.

Puesto en la tarea de analizar la cuestión suscitada debo decir desde ya que no corresponde hacer lugar al planteamiento de nulidad formulado por la Dra. Delgado, ni tampoco a la revocatoria pretendida, y en su mérito se debe mantener el fallo de fs. 842/846, ya que ni remotamente le asiste razón a la impugnante.

Ello por cuanto de acuerdo a las constancias de autos, el escrito de apelación con presentación de agravios de la Dra. Delgado sin duda alguna se interpuso fuera de término, es decir lo fue en un tiempo que excede largamente al dispuesto por el art. 460 del Código Procesal Penal.

Así, el contenido del decisorio de fs. 730/738 vta. fue notificado a esa parte el día 29 de Octubre de 2.010 (según consta en la cédula agregada a fs. 759 y vta.), por lo que en principio estrictamente hablando el vencimiento del plazo para recurrir operaba el 08 de Noviembre de 2.010 a hs. 9,00, incluido el plazo de gracia previsto en el art. 159 del C.P.P.. En fecha 04 de Noviembre de 2.010 la Dra. Delgado presentó en el Juzgado el escrito agregado a fs. 765 en el cual expresa que "Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante vengo por este acto a interponer recurso de apelación" y que "hasta tanto esté a mi disposición la causa para cumplir con lo encomendado solicito la suspensión de plazo que estén corriendo". En cuanto a la primera parte del escrito, no puede pasarse por alto que en rigor a la verdad, más allá de los anhelos de la Dra. Delgado, el recurso de apelación allí interpuesto no reúne mínimamente los recaudos previstos en el art. 161 del C.P.P. para hacer uso de esa vía recursiva, ya que establece dicha norma que "Conjuntamente con el escrito de interposición de la apelación se expresarán los agravios", lo que no fue cumplimentado en esa oportunidad por dicha defensora.

Respecto al pedido de suspensión de términos, surge que desde la fecha de notificación del recurso hasta la presentación efectuada el 04 de Noviembre de 2.010 transcurrieron cuatro días. Sobre el particular se debe tener presente que tal como consta a fs. 750 vta., el expediente había sido remitido a Fiscalía Penal Nº 3 en fecha 02 de Noviembre de 2.010, siendo devuelto el 08 de Noviembre. No obstante ello, omitiendo proveer lo peticionado por la Dra. Delgado el 04/11/10, el Juzgado remitió el 08/11/10 las actuaciones a la Defensoría Oficial de Menores Nº 2, las que fueron devueltas recién el 17/11/10 (ver fs. 750 vta. in fine y fs. 755 vta.). De ello se desprende que no existía obstáculo alguno para que el Sr. Juez de Instrucción se expidiera en relación a la presentación de la Dra. Delgado de fecha 04/11/10, mientras aún estaba vigente el término para apelar, no obstante lo cual recién dictó la providencia suspendiendo los términos en fecha 17 de Noviembre de 2.010 (fs. 767), es decir cuando ya había vencido en exceso el término para apelar. Si bien esta Sala de manera excepcional, en una interpretación in bonam parte, aceptó que en determinadas circunstancias, dentro de la vigencia del término para apelar se admitiera la suspensión de términos para recurrir, de ninguna manera es la situación planteada en el caso analizado. Ello por cuanto de lo reseñado supra, surge que en el momento en que el Juzgado dispone suspender los plazos que estuvieren corriendo, éstos ya habían caducado, pues desde la notificación de la resolución (29/10/10) hasta el decreto de fs. 767 (17/11/10) transcurrieron doce días hábiles. Entonces, mal puede el Magistrado suspender plazos que no están corriendo.

En tal sentido, es clara la jurisprudencia al señalar que " El decreto que ordena la suspensión de los términos que estuvieren corriendo no puede resucitar el plazo perentorio ya fenecido" (C.Apel.C.C. Salta, Sala II, fs. 561/562, Fallo Tomo IV bis, Año 1.983, 22/08/83).

Nótese además que la defensa técnica en ningún momento siquiera instó que se le provea su pedido de suspensión de plazos efectuado el 04/11/10.

Este Tribunal en innumerable cantidad de fallos ha reiterado su posición respecto a que la suspensión de los plazos procesales para recurrir no está prevista en nuestro Código de ritos, a excepción de la instancia aclaratoria, prevista en el segundo párrafo del art. 118 del C.P.P., supuesto éste que no se compadece con el caso de marras. La falta de regulación de esa institución en la normativa procesal penal, común en el Derecho Procesal Civil, no permite aplicación analógica ni acepta su integración con normas extrañas; ello además hace a un principio de seguridad jurídica, pues bien es sabido que para que el proceso penal cumpla su función de garantía de justicia (no de instrumento de represión) la forma en que el Magistrado y las partes se han de desenvolver en el proceso debe estar prevista de antemano, sin que le sea permitido a ninguno de los sujetos intervinientes (Juez, Fiscal e imputado) modificar a su gusto las "reglas del juego".

No puede la profesional actuante plantear un instituto procesal inexistente en nuestra normativa y quedarse prácticamente de brazos cruzados esperando que lo resuelvan favorablemente.

No escapa a mi consideración la cuestión de una posible afectación a una garantía más importante que la aludida, cual es la defensa en juicio, lo que ha llevado en muchos casos a este Tribunal a flexibilizar las formas cuando desde los Juzgados de origen se suspenden los plazos para permitir a los litigantes un efectivo ejercicio de esa garantía, pero siempre en la medida que hubiese sido dispuesta estando vigente el plazo. Esto ocurre normalmente para evitar desconocer la legitimación para recurrir que -aunque extra lege- se ha otorgado y se acostumbra a otorgar, salvando al mismo tiempo la pauta de seguridad jurídica.

No obstante ello, en este caso no advierto que se haya conculcado la garantía de defensa pues aunque el expediente se haya encontrado en el despacho de la Sra. Fiscal cuando compareció la Dra. Delgado al Juzgado, para el ejercicio de la defensa (en este caso: impugnación) bastaba con que esa parte cuente con los argumentos por los cuales el Magistrado le había rechazado su pedido, lo que habría quedado satisfecho con la simple copia de la resolución, extraída del libro de protocolos que todo Tribunal está obligado a llevar. Es cierto que nos damos con una mala práctica de los Juzgados cuando notifican a los defensores particulares por cédula y al mismo tiempo remiten la causa a la Fiscalía, lo correcto sería librar dicha cédula una vez notificado el Ministerio Público Fiscal, de forma tal que el expediente esté siempre a disposición cuando sea requerido por la defensa. Pero esta circunstancia no impide al litigante compulsar y/o fotocopiar la respectiva copia de la resolución agregada en el protocolo.

Recordemos que al adoptar nuestra Constitución Nacional la forma republicana de gobierno (art. 1º), que implica el subprincipio de la publicidad de los actos, la exhibición del libro de protocolos es un deber de los Magistrados pues se trata de instrumentos públicos. Este deber es conocido por todos los Jueces y Secretarios, quienes normalmente autorizan la extracción de copias. De todas formas, suponiendo que la defensora haya tenido alguna complicación porque los empleados o funcionarios intervinientes desconozcan su deber constitucional, ello no obsta la presentación de un escrito donde expresamente haga alusión a esa circunstancia, sin perjuicio de denunciar ante la autoridad respectiva la responsabilidad que le cabría a esos operadores por denegar el acceso a un registro público.

Además de ello, el expediente estuvo sólo cuatro días en la Fiscalía y sin embargo la Dra. Delgado simplemente siguió esperando que le suspendan los plazos; sin advertir que de haberse presentado al Juzgado, en varias oportunidades habría podido compulsar y o fotocopiar la causa, además de la resolución del protocolo que en todo momento tuvo a su disposición para extraerle copia.

En otras palabras, el derecho de defensa requiere que se haya dado al imputado, o al abogado que actúa en su representación, la oportunidad de ejercerlo dentro de un marco legal. En nuestro caso, teniendo oportunidad suficiente para recurrir, la defensa técnica no aprovechó la posibilidad de acceder al fallo registrado en el protocolo, contentándose con plantear una institución que no está prevista en el Código Procesal Penal. Entonces en vez de ejercitar su función bajo las pautas procesales disponibles (las cuales no obstruían esa actividad) eligió un camino que no tiene recepción legislativa.

En conclusión, no se puede justificar la negligencia en el ejercicio de la defensa técnica con una supuesta conculcación al mismo, pues ningún derecho es absoluto y, por tanto, debe predicarse "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14 de la Constitución Nacional).

Desde otra óptica, y más allá de la inapropiada tramitación dada al expediente, aún en la hipótesis que se admitiera como válida la incorrecta suspensión de términos dispuesta, resulta más que evidente que el recurso interpuesto por la Dra. Delgado el 17 de Diciembre de 2.010 lo fue de manera extemporánea.

Ello por cuanto la mencionada Defensora fue notificada en fecha 06 de Diciembre de 2.010 (cédula de fs. 794 y vta.) que "las presentes actuaciones se encuentran a su disposición y que los plazos procesales se reanudarán a partir de la notificación de la presente providencia, para quien las retire primeramente", lo cierto y real es que el Dr. Vilca Banda, a la sazón defensor de otro co imputado, recién retiró el expediente el 09 de Diciembre de 2.010 (informe de fs. 798 vta.), es decir que de haber sido retirado luego de horas 9,00, lo habría sido incluso cuando ya expiró el plazo de gracia para apelar de la Dra. Delgado, por lo que de manera alguna podía mantenerse o correr una nueva suspensión de los términos, haciéndoselo indebidamente reanudar recién mediante una nueva providencia, a la sazón la de fecha 14 de Diciembre de 2.010 (fs. 796).

Párrafo aparte merece señalarse la omisión de los debidos recaudos que debieron ser tomados por el Juzgado de origen en cuanto a la cédula obrante a fs. 797, fechada el 14 de Diciembre de 2.010, la que habría sido retirada personalmente por la Dra. Delgado desde la propia sede del Juzgado, sin que conste la fecha de entrega de la mencionada cédula, limitándose la actuaria de dicho Juzgado de Instrucción a fs. 875 a informar, a requerimiento de este Tribunal de alzada, simplemente que "es imposible determinar la fecha real de tal notificación".

No obstante ello, y más allá de lo manifestado por la Dra. Delgado en cuanto a que retiró esa cédula el 15 de Diciembre, y si bien la lógica nos indica que por estar fechada como suscripta el día 14 de Diciembre, tendría que haber sido retirada de sede del Juzgado ese mismo día, ya que de lo contrario habría sido diligenciada mediante Ujiería, lo cierto y real es que nos encontramos sin mayores elementos para comprobar tal extremo, al no haberse adoptado por el Juzgado de origen los recaudos pertinentes. En definitiva, desde la notificación de la resolución a la Dra. Delgado el 29 de Octubre 2.010 (fs. 759 y vta) hasta el escrito de apelación de fs. 801/807 de fecha 17 de Diciembre de 2.010, transcurrió más de un mes y medio, lo que más allá de la improcedente suspensión de términos y el inapropiado trámite dado al expediente, habla a las claras de la notoria extemporaneidad de la apelación. ______ Por las razones expuestas, soy de opinión que no debe hacerse lugar a la nulidad impetrada por la Dra. Delgado ni tampoco a su pedido de revocatoria, y en su mérito mantener el punto I) del fallo de fs. 842/846. Así voto.

El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

______Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

_________ En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

________ I) NO HACER LUGAR al planteo de nulidad y revocatoria impetrado a fs. 848/851 por la Dra. Guadalupe Yolanda Delgado por improcedente, y en su mérito mantener el punto I) del fallo de fs. 842/846, conforme lo expresado en los considerandos.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.