Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08


Se transcriben parcialmente los fundamentos del fallo anotado:"...debe recordarse que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en los autos Bramajo, Hernán -recurso de hecho-, B. 851.XXXI, que la correcta interpretación del artículo primero de la Ley 24.390 a la luz de los Tratados Internacionales y precedentes de la Comisión Interamericana y de la Corte Europea de Derechos Humanos, lleva a sostener que los plazos fijados por esa norma no resultan de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados y que deben ser valorados en relación a las pautas establecidos por los artículos 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal respectivamente a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable. De lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos y otros no se compadece con la misión de administrar justicia. Asimismo, debe agregarse que ese Alto tribunal en los autos Estevez, José", rtos. el 3.10.97, c. n° 96.529, en concreta aplicación del criterio antes expuesto, hizo lugar al recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución apelada por cuanto se habría denegado el beneficio sobre la base de fórmulas genéricas y abstractas.

Finalmente, debe reiterarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe n■ 2 del 11.3.97, en el párrafo 18, ha ratificado que ese cuerpo considera que el plazo razonable para la prisión preventiva no puede ser establecido en abstracto, bien que agregara que la razonabilidad debe estar fundada en la prudente apreciación judicial (ver c. 30.087 Ribelli, J. y otros s/prórroga prisión preventiva" resuelta por este Tribunal el 15.12.98, reg. N° 1081).

Debe entonces este Tribunal analizar si se encuentran verificados los supuestos normados por los artículos 316, 317 y por el 319 del código de rito a fin de evaluar la procedencia del pedido liberatorio.

En primer lugar, conforme se desprende de las actuaciones "R.E.I" fue detenido el día 15 de julio de 1996, razón por la cual y por aplicación de lo dispuesto por el art. 7■ de la ley 24.390, a la fecha lleva privado de su libertad cuatro años y casi cuatro meses.

Asimismo, debe consignarse que con fecha 16 de septiembre de 1996 este Tribunal confirmó el procesamiento de "I" por considerarlo partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado, lesiones -leves, graves y gravísimas- y daño, cometidos todos ellos en forma reiterada y agravados en función de lo dispuesto por la Ley 23.592 (arts. 45, 55, 80 inc. 4, 89, 90 91 y 183 del Código Penal); ello en virtud de la participación que le cupo con relación al atentado a la sede de la Asociación Mutual israelita Argentina acaecido el día 18 de julio de 1994. Estos hechos concurren en forma real con el de tentativa de privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con extorsión del día 15 de marzo de 1994, en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad en concurso real con el de extorsión el 4 de abril de 1994, en concurso real con el de extorsión el día 10 de julio de 1994, en concurso real con el de asociación ilícita, en carácter de coautor (arts. 42, 45, 54, 55, 168, 144 bis, inciso 1°, y 120 del Código Penal)..."