Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Cuatro.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 16 días del mes de Abril del año dos mil doce, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y LUIS RAÚL CIPPITELLI, bajo la presidencia de la Dra. SESTO DE LEIVA; Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 08/10 "OLMOS, Fabio Adrián c/ Yersiplast S.A. y Otros - s/ Beneficios Laborales- s/ RECURSO DE CASACION", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? - 2) Costas.- Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 40, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUÍS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 3/15 vta. la parte demandada interpone recurso de casación en contra de la misma sentencia que fuera emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando las causales previstas en los incs. "a" y "c" del art. 298 del C.P.C.C.- Comienza el relato de los hechos, informando que el actor inicia demanda de daños y perjuicios con fundamento en lo establecido en los arts. 1109 y 1113 del C.C, solicitando asimismo los rubros derivados del despido. Señala que el actor ingresó a trabajar para Yersiplast el 1/8/1997 en calidad de operario, y que a partir del mes de Mayo de 1998 cumplió tareas como tejedor hasta que en el año 2001 lo trasladan al depósito a realizar tareas de estibaje, es decir de carga y descarga de materias primas. Aduce que en agosto de aquel año el trabajador sintió un malestar en la espalda, siendo asistido por distintos profesionales y en diferentes centros de salud, diagnosticándole hernia de disco, con lo que se aconsejaba la cirugía, pero que ni la empleadora, ni la obra social, ni la aseguradora de riesgos, respaldaron la intervención quirúrgica. Esgrime que en marzo de 2003 la empresa lo despidió al vencer el año de reserva de su puesto de trabajo. Que así invocando el art. 1113 del C.C reclama en concepto de daños y perjuicios, el daño emergente por los haberes que debía percibir desde el mes de licencia hasta la fecha del despido, lucro cesante, daño moral que estima en un 20% del monto total del daño material, como los rubros derivados del despido incausado. Informa que en primera instancia se hace lugar a la demanda en contra de la empleadora y la ART condenándolas en forma solidaria a abonar la suma de $ 60.750,00 en concepto de daño material y moral, condenando asimismo a la empresa empleadora a abonar la suma de $ 18.952,45 en concepto de haberes adeudados, SAC, preaviso, Vacaciones proporcionales, antigüedad e indemnización del art. 16 ley 25.561. Que apelada la sentencia por la empleadora y la aseguradora, en Cámara se revoca el fallo en cuanto a la condena solidaria por daño material y moral impuesta por el A-quo, y se confirma todos los demás puntos cuestionados.- Que contra la sentencia de Cámara que al confirmar el fallo del A-quo condena a la empresa demandada por todos los rubros derivados del despido incausado, se deduce el presente recurso extraordinario.- En orden a fundar el mismo, aduce el recurrente que la sentencia es arbitraria dado que omite valorar el reconocimiento judicial como extrajudicial que el trabajador efectuara de la patología denunciada como enfermedad inculpable. Que ante ello, no es posible afirmar como hacen los jueces de Cámara que la patronal omitió probar el carácter inculpable de la enfermedad, si ha quedado determinado en esa instancia que la enfermedad no ha sido provocada por causa o motivo del trabajo. De allí, que la enfermedad denunciada era inculpable, ya que ante las patologías de un trabajador existen dos estadios, o es una enfermedad laboral o es inculpable. Así es que dándose este último supuesto, la empresa demandada aplicó el proceder previsto para el caso, cumpliendo con todas las exigencias legales.- En conexión con ello también alega, que debe ser valorada la contradicción que comete el actor ya que no es posible reclamar por una enfermedad inculpable y obtener la protección que brinda ese estado, como la suspensión de los efectos del contrato, el pago de haberes sin prestación efectiva de servicio, reserva del puesto de trabajo por un año, y con posterioridad alegar accidente de trabajo. Que por ello el despido fue legítimo, pues habiéndose sustentado en el reclamo que formuló el trabajador por enfermedad inculpable, y en el informe de la ART que no fue impugnado por aquel, al vencimiento del periodo de reserva del empleo, sin que el trabajador demuestre el alta medica de la enfermedad para volver a trabajar, el empleador puede extinguir el contrato sin consecuencias indemnizatoria, conforme el art. 211 de LCT.- Todas estas razones son las que configuran a su juicio la arbitrariedad y la errónea aplicación de la ley, razón por la que solicita la revocación en este punto de la sentencia impugnada. Con costas.- A fs. 19/23 vta. obra contestación de la parte contraria, quien solicita por los motivos que allí expone y a los que me remito en honor a la brevedad el rechazo del recurso con costas.- A fs. 32 la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.- A fs. 33/37 vta. se agrega dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, con lo que la causa previo llamamiento de autos queda en estado de ser resuelta.- Que siendo ello así, he de señalar que a través del presente recurso de casación la parte demandada pretende la revocación de la sentencia de Cámara que confirmando la sentencia del A-quo condena a resarcir todos los rubros derivados del despido incausado.- En lo que al caso interesa, aduce que la arbitrariedad se configura cuando se omite valorar en la sentencia el reconocimiento que hace el trabajador en sede judicial como extrajudicialmente del carácter inculpable de la enfermedad. Que en base ello y lo informado por la ART, es que procedió observando y cumpliendo todas las exigencias legales, por lo que no probando el trabajador su aptitud para reintegrarse a trabajar es que dispuso la rescisión del contrato.- En consecuencia, el despido responde a justa causa porque al tiempo de producirse había vencido el periodo de reserva del puesto de trabajo.- La temática como podrá advertirse gira en torno a una típica cuestión de hecho y prueba, que como se sabe resulta inabordable a través de este medio extraordinario salvo que se demuestre el error grave y manifiesto en la apreciación de los elementos que obran en la causa, desacierto que no logro advertir en la presente litis, pues conforme fuera analizado la enfermedad que el trabajador denuncio como inculpable en realidad se produjo con motivo del trabajo realizado.- El principio de primacía de la realidad y de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador direccionan mi razonamiento en tal sentido, no obligando a la jurisdicción como afirma -la Procuradora General Subrogante- la calificación que el o las partes den a la patología descripta. Por ello la circunstancia de que el actor, haya invocado una enfermedad inculpable no es óbice en mi opinión para concluir que la enfermedad es laboral ya que debe estarse a la realidad de cómo se han desarrollado los hechos, de los que se extrae el infortunio laboral que desencadena la dolencia del trabajador.- Así las cosas, y habiendo sido anoticiado el empleador a través del intercambio telegráfico de las dolencias que padecía y de la falta de respuestas para asistirlo en la enfermedad tanto de la obra social como de la aseguradora contratada, los deberes de colaboración y de buena fe le imponían como mínimo comprobar por sus propios medios la enfermedad denunciada por aquel, no siendo suficiente al respecto el informe de la ART de que la misma era inculpable y ajena al sistema de la LRT, pues de dicho informe no surgen cuales han sido extremos analizados ni los estudios realizados para concluir que la patología era inculpable. A "contrario sensu" extraigo de dicho informe que el diagnostico "protusiones discales múltiples" es una patología que esta fuera del sistema cerrado de la LRT, lo cual es muy distinto a afirmar que la misma es extraña al trabajo o bien que no guarda conexión causal con las tareas cumplidas.- En ese contexto y existiendo divergencia de criterios, lógico y necesario hubiera sido que el empleador requiriera otro dictamen medico o la formación de una junta medica que determine el carácter de la enfermedad. Dicha omisión no puede ser invocada en perjuicio del trabajador, pues era como se ha visto una facultad suya verificar las dolencias realizando los controles médicos pertinentes conforme al art. 210 de la LCT que acuerda al empleador el derecho de control de la enfermedad, por lo que si este derecho no lo ejerce pierde la posibilidad de cuestionar lo invocado por el trabajador, en tanto no estará en condiciones de aportar una opinión profesional para controvertir la imposibilidad que aquél invocó.- De allí, que su omisión lo haya llevado a una errónea calificación de los hechos - enfermedad inculpable- subsumiendo el caso en normas que no resultaban aplicables, desacierto que como he dicho no puede ser invocado en perjuicio del trabajador.- En ese marco resulta cuantos menos excesiva la medida dispuesta de poner fin a la relación, pues la prudencia aconsejaba que el empleador arbitre una razonable solución.- En conclusión, comparto el razonamiento efectuado por la juez de primera instancia de que el despido dispuesto en esas circunstancias ha sido sin causa, razón por la cual estimo deberá confirmarse aquel pronunciamiento íntegramente, como la sentencia de Cámara en lo que a este agravio se refiere. Por las razones expuestas deberá rechazarse el recurso deducido por la parte demandada. Así emito mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. José Ricardo Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que habiéndose agotado el tema en los votos que me preceden me adhiero a los mismos. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Las costas se imponen conforme se resuelve a cargo de la vencida. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte que resulta vencida. Es mi voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez más, adhiero a lo expresado por los Ministros preopinantes respecto a la presente cuestión, votando, en consecuencia, en el mismo sentido. - En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procurador General Subrogante en su dictamen Nº 41/11 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 2/15 vta. de autos, por improcedente.- 2) Costas a la vencida.-	3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de 2da. Nominación, que deberá transferir el depósito judicial obrante a fs. 1 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina - Suc. Ctca..-	4) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.-	5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.- Presidente: Dra. Amelia del Valle SESTO DE LEIVA.- Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Vice Decano: Dr. Luís Raúl CIPPITELLI.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.-