Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17


AYALA PAPICH, Juan Ismael Reg.: A y S t 213 p 273-277.

Santa Fe, 17 de mayo del año 2.006.

VISTOS: Los autos "AYALA PAPICH, Juan Ismael -Actuaciones ordenadas por Acta acuerdo Nro. 19 Punto 11) de fecha 24.5.95 que dispone la instrucción de Sumario Administrativo al agente de los Tribunales de Rosario- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. Nro. 199, Año 2.000) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto el señor Juan Ismael Ayala Papich para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fojas 40/43; y, CONSIDERANDO:

1. Mediante la sentencia impugnada, esta Corte resolvió declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Juan Ismael Ayala Papich contra lo decidido en el acuerdo de fecha 19.03.1992 (Acta Nro. 15, punto 15), por el cual se desestimó el recurso de reconsideración deducido contra lo dispuesto en el acuerdo de fecha 4.12.1991 (Acta Nro. 172, punto 11), por el cual se suspendió preventivamente a dicho agente en sus funciones, sin goce de haberes, en razón de hallarse incurso en la causal de inhabilidad prevista por el artículo 192, inciso 1ro., de la ley 10.160 (en el articulado entonces vigente), atento al dictado de auto de procesamiento en su contra por delito doloso.

El interesado funda el presente remedio en la existencia de una "cuestión federal simple ... por ser la resolución contraria al derecho sustentado directamente en la Constitución nacional y Pactos internacionales con rango de tal, y en la doctrina pretoriana de la arbitrariedad y con sustento particularizado en la omisión de tratamiento de cuestiones y pretensiones conducentes, contradicción palmaria con las constancias objetivas de la causa y la realidad del proceso y paralelo apartamiento normativo".

Como primera causal de arbitrariedad, invoca la autocontradicción de la sentencia impugnada, en tanto en ésta se reitera que la causal de la suspensión se basó en la aludida norma de la ley orgánica del Poder Judicial que expresamente disponía la suspensión para el caso de "procesados por delitos dolosos", mas no se explica por qué, habiendo cesado tal procesamiento en el año 1994, se mantuvo luego esa medida.

Alega que en dicho texto legal se fundó la Corte -como único argumento- para el dictado de la suspensión preventiva, y que no son aplicables las modificaciones normativas posteriores que pudieran resultarle perjudiciales.

Además, señala que al haber desaparecido la causal, debió el Tribunal disponer la cesación de la medida atento a los graves daños que ello le causaba a su parte -habida cuenta de la suspensión del pago de haberes-.

Asevera que la misma se convirtió por su extensión temporal -a pesar de los límites fijados por la propia ley 10.160- en una verdadera pena.

Por ello, en segundo lugar, imputa la configuración de un apartamiento normativo, consistente en la violación del principio "non bis in idem" por entender que fue sancionado dos veces por la misma causa: prolongación ilegítima de la suspensión preventiva y cesantía, por la cual -aduce- se pretende justificar "los seis años en que (se lo) mantuvo separado de su cargo y desprovisto de todo tipo de remuneración ...", en violación no sólo del texto de la referida ley sino de los más elementales principios en materia de medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador.

Bajo ese reparo también acusa la violación del principio contenido en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto la suspensión le fue notificada y ejecutada mientras se encontraba en uso de licencia por enfermedad, lo cual resulta agraviante, al vedársele no sólo el sueldo sino el acceso a la cobertura social.

Amén de lo dicho, agrega, a la fecha de la medida ni siquiera tenía sumario administrativo iniciado.

La última hipótesis de arbitrariedad postulada radica en la desproporción de los plazos de la medida cautelar, lo que importa, al no guardar un mínimo de razonabilidad, una manifiesta violación del artículo 28 de la Constitución nacional (fs. 46/58).

2. En el juicio fundado acerca de la admisibilidad del remedio federal interpuesto que le corresponde emitir a esta Corte, ha de señalarse, en primer lugar, que no se observa una adecuada introducción de la cuestión federal, pues no satisface esa exigencia la reserva formulada a foja 26 vto., de modo que el concreto planteo de los agravios recién en el memorial del recurso extraordinario aparece como una reflexión tardía para acoger favorablemente la vía excepcional del artículo 14 de la ley 48.

Ello es así, a pesar de que algunas de las hipótesis de arbitrariedad articuladas se presenten como propias de la sentencia recurrida, toda vez que de la argumentación expuesta sólo surge una nueva disconformidad con la resolución de este Tribunal de no abrir la instancia extraordinaria local para la revisión de la decisión adoptada en el ejercicio de atribuciones derivadas de su competencia en materia de Gobierno del Poder Judicial (suspensión preventiva del agente sin goce de haberes, dispuesta a la luz de las propias normas de la Ley Orgánica de dicho Poder), conclusión a la que arribó tras el análisis de los planteos articulados por el quejoso.

En ese sentido, ha de señalarse que por vía de principio, ello escapa al examen del Alto Tribunal de la Nación en el marco del recurso extraordinario federal, por remitir al examen de cuestiones de derecho público local (cfr., por todos, A. y S. T. 174, p. En ese sentido, y con relación al agravio fundado en que con la suspensión preventiva se habrían violado las normas constitucionales y convencionales que consagran la presunción de inocencia, se sostuvo que tal planteo "persigue en definitiva la decla "En efecto -se observó entonces-: la lectura del recurso evidencia que el impugnante, cuando pretende fundar su pretensión de inconstitucionalidad, se limita a la simple invocación genérica de normas y principios de rango superior vinculadas con la tutela debida al principio que establece la presunción de inocencia, sin demostrar la conexión directa e inmediata que la garantía en cuestión guarda con los hechos del caso y sin cumplir con la especial carga de argumentación que pesaba sobre su parte en orden a demostrar la injustificada lesión que la misma habría sufrido por la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por el artículo 192, inciso 1, de la ley 101.60, carga que en el presente exhibe notas particularmente intensas en atención a que aquí se pretende la invalidación de una norma mediante la cual el legislador santafesino -en sintonía con similares regulaciones del orden nacional y provincial- ha "En sintonía con lo apuntado -se agregó-, y si bien pensando en los escribanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que "no resulta irrazonable" la facultad otorgada por el Congreso al organismo de control de la actividad de los escribanos para suspender preventivamente a aquéllos en tanto se sustancie el proceso penal", agregando que "resulta aquí enteramente aplicable lo dicho por la Corte respecto de la potestad de suspender preventivamente a los funcionarios y empleados contra los que se sigue un proceso penal: '... Que, sin duda, el hecho de que el R.J.N. exija que funcionarios y empleados reúnan determinadas condiciones éticas configuradas en una conducta irreprochable es un arbitrio adecuado al buen funcionamiento de la justicia (...)' (resolución dictada en el expediente de Superintendencia S-2499/89, del 26 de marzo de 1991, considerando 9º -"Matilde Vela Segovia", publicado en Fallos, 314:187-)" (cit. en Fallos, 318:259 [269])".

Se sostuvo asimismo, en punto al agravio fundado en la no aplicación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el mismo tampoco podía prosperar atento a que "sólo tiene el valor de explicitar la opinión del recurrente acerca de las reglas que debieron tenerse en cuenta en la presente, sin que se demuestre en concreto la decisividad e inequívoca aplicabilidad de tal reglas al caso, con lo que la articulación respectiva remite -a lo sumo- al examen de cuestiones de interpretación y aplicación de normas (aspecto ajeno al recurso de inconstitucionalidad), careciendo por ello de eficacia para poner en cuestión la razonabilidad de la decisión de la Corte, la cual -conviene destacarlo- se derivó de un precepto que no contempla excepciones para su funcionamiento, y cuya efectiva aplicación no aparece ni siquiera en grado liminar como teñida de un excesivo rigor formal lesivo de derechos de raigambre constitucional".

Frente a tales consideraciones -se insiste- el impugnante se limita a sostener la arbitrariedad de lo resuelto con fundamento en una pretendida autocontradicción (sic) que resultaría de no haberse considerado por el Tribunal la circunstancia sobreviniente de su absolución por falta de prueba en el proceso que se le siguiera por la comisión del delito de extorsión en grado de tentativa, omitiendo hacerse cargo de que la materia recursiva que en las presentes actuaciones se sometió en su hora al juicio de esta Corte se limitaba a establecer la validez constitucional de la resolución que dispuso la suspensión preventiva de Ayala Papich (fs. 1), que fuera cuestionada por el agente mediante la revocatoria de fojas 3/5, siendo por ello inconducente la consideración del pedido de "reinstalación en el cargo" efectuado juntamente con la "denuncia (de) hecho nuevo" a fojas 24/27, que importó articular un pedido ajeno a los términos de la cuestión debatida (arg.

art. 243 C.P.C.C.), lo cual a su vez habilita a recordar que los tribunales no están obligados a considerar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes, sino solo aquellos que estiman conducentes para la correcta solución del caso (Fallos: 325:1571; 326:673; 327:525, 2675, etc.), conducencia que -como es elemental- no depende de la calificación conferida por el proponente.

A ello se agregan los datos -de importancia no menor, por cierto- de que, por un lado, Ayala Papich formuló idéntico pedido de reinstalación y denuncia de hecho nuevo en el sumario administrativo que se le siguiera por ante esta Corte en sede de Gobierno (v.

Expte. 975/2000, fs. 161/162), y que -como ya se expresara- en las mismas actuaciones, con anterioridad al dictado de la sentencia ahora recurrida, esta Corte finalmente resolvió calificar como graves las faltas cometidas por Ayala Papich solicitando en consecuencia al Poder Ejecutivo provincial su "cesantía" (acta acuerdo nro. 30, de fecha 2 de agosto de 2000), resolviendo con ello de manera definitiva la situación del aludido agente.

No se ha incurrido, pues, en una desatención descalificable de dicha cuestión, ni el razonamiento del Tribunal exhibe una irremediable incongruencia interna entre las proposiciones que lo integran.

Menos aun puede sostenerse válidamente que con lo resuelto se le ha impuesto al impugnante una nueva sanción por la misma causa en franca violación a sus derechos de raigambre constitucional.

Idéntico déficit ostenta la acusación de apartamiento normativo sustentado en una presunta violación del principio contenido en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la medida en que ese reproche se reduce a una reiteración de lo que ya fue propuesto en la pieza del recurso regulado por la ley 7.055 (v. f. 13 vto.), sin que el impugnante haya efectuado un planteo concreto en orden a rebatir la respuesta brindada al respecto en el fallo recurrido.En tales condiciones, la ausencia de una postulación capaz de poner de manifiesto una cuestión federal que justifique la revisión de lo resuelto por la Corte Nacional fulmina la viabilidad del remedio intentado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)