marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, exención de costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL LEMANS SA c/ CEMIVA SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

La sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es por si suficiente para eximir de costas al perdidoso, pues es indudable que quien somete una cuestión a los tribunales lo hace porque cree tener razón. Que pudiera haberse creído con derecho a peticionar no autoriza excepción al principio, porque no es relevante la subjetividad de la peticionante, sino la situación objetiva de la contraria quien debió afrontar gastos para su defensa, que deben ser atendidos por quien la hizo necesaria.
Acción, prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, María Rosaura y otros s/ Infracción art. 139 inc. 2º del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

El debate sobre si debe buscarse el concepto de "juicio" para la ley penal en las legislaciones procesales es irrelevante. En primer lugar porque lo que interesa es establecer dicho concepto para la ley penal, que es la que se está interpretando. Y, en segundo lugar, por que la cuestión no debe observarse en función de las atribuciones legislativas de la Nación y de las provincias sino en tanto las leyes se manifiestan mediante símbolos que implican conceptos de modo que así como el Código Penal pudo remitir a la moral para determinar un concepto o a los regímenes nacionales o locales también pudo referirse al derecho provincial respecto del concepto de "juicio". Pero en el caso no cabe buscar en el régimen legal de la Provincia el concepto de "juicio" sino la concurrencia o no- de acusación, querella, etc., con vistas a satisfacer el concepto de lo que es un "juicio" para el Código Penal.
Accidente en supermercado, falta de prueba, incapacidad sobreviniente, pericia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS BUSTINGORRY JUANA BEATRIZ C/ COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-05

En tanto no se conoce que consecuencias patrimoniales ha tenido la afectación psicológica de la demandante, y a tal punto ello es así que, conforme lo pone de manifiesto la a quo en su sentencia, no se encuentra probado si la actora trabajaba en oportunidad del hecho dañoso y de qué tipo de trabajo, en su caso, se trataba; tal ausencia de prueba obligó a la jueza de grado a utilizar el salario mínimo, vital y móvil para cuantificar la reparación por la incapacidad sobreviniente. Este déficit en la prueba impide también conocer si la afección psíquica de la accionante trasciende a la esfera laboral o de capacidad de ganancia de la actora, más aún cuando el informe pericial psicológico siempre alude a consecuencias sobre la vida social y de relación de la víctima. (del voto de la Dra. Clerici, en mayoría).
Contratos comerciales, interpretación del contrato, conducta de las partes, modificación del contrato, prueba confesional, valor probatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: DE BENEDETTI EGISTO ORLANDO Y OTRO c/ RADIODIFUSORA DEL PLATA Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

De la confesional suministrada por el Presidente de la demandada, se presume que hubo consentimiento tácito de ambas partes para la modificación convencional de la facturación y cobro de la publicidad. Dicha presunción la baso en la consideración siguiente:

al desempeñarse como Presidente de la emisora, presupone que por su participación en el contrato, no puede alegar la ignorancia o no recordar la estipulación modificatoria. Así pues su respuesta evasiva debe ser interpretada como admisión según lo preceptuado en el último párrafo del art. 413 del CPCC. Además, la modificación contractual operó durante dos meses y medio aproximadamente, por lo que la limitación probatoria del art. 1193 del Cód. Civil no rige en el caso, porque es un supuesto en que la convención se ha ejecutado; y, además porque tratándose de un contrato innominado, la conducta anterior al acto es un elemento idóneo para su interpretación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, indemnización, daños y perjuicios, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OSCAMOU Y ACQUISTAPACE, OLGA MARIA C. Y OTRO. c/ CATUOGNO, MARIA M. Y OTROS. s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS. COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda que perseguía la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en el inmueble perteneciente a los actores, pues los planteos relativos a la falta de responsabilidad de los apelantes, fundados en la hermenéutica que -a criterio de éstos- corresponde asignar al texto del art. 1647 del Código Civil, no habilitan la instancia de excepción, pues solo trasuntan una opinión diversa a la sostenida por el juzgador, insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.
Excepciones procesales, prescripción de la acción penal, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: F. del R. s/ ser tenida por querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

Debe rechazarse la excepción de prescripción de la acción penal opuesta por el imputado en orden al delito de administración fraudulenta si desde la fecha del último episodio atribuido no transcurrieron aun los seis años que prevé el Código Penal, es que, el delito tiene en mira la totalidad de la gestión involucrada en el manejo del patrimonio, sin que los diversos episodios infieles impliquen reiteración o multiplicación del delito, que sigue siendo único e inescindible.
Adopción, citación de los padres de sangre, partes, responsabilidad parental, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: G., L.L. s/ Adopción Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1978-10-25

El silencio, la inactividad, la pasividad en lograr la intervención como parte, obra tal como si dada ésta por el juez, no se tomara.

Retrotraer el proceso, por solicitud no del supuesto interesado sino del Ministerio Fiscal, al traslado de demanda a los padre que ya antes tuvieron conocimiento del juicio, sin que conforme a la ley hayan solicitado su participación -que limitaron a una oposición carente de sustentos objetivos-, bajo la invocación de principios constitucionales que no se hayan claramente vulnerados, configurarían un flagrante y poco afortunado ejemplo de declaración de nulidad sin interés. Porque el desinterés en la defensa de una situación jurídica que excede -aunque comprende- a la pérdida de la patria potestad, no cabe sea explicado como simple consecuencia de la ignorancia que se atribuye a los padres de sangre.
Partidos políticos, inscripción registral
Materia: ELECTORAL
Carátula: PARTIDO CORRIENTES PATRIA LIBRE s/ RECONOCIMIENTO PROVINCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-05-10

Resultaría atendible el cambio de número de registro e individualización de un Partido político unificándolo con el otorgado en la Jurisdicción Nacional.
Tasa de justicia, querellante, acusación, acción civil en el proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Torne, Patricia S. M. s/ Tasa Judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

El querellante sólo debe hacerse cargo de la tasa judicial en los supuestos de sobreseimiento definitivo o absolución (arts. 1 y 2 de la ley 21.859) por lo que resulta improcedente el reclamo de su pago al formular acusación con el ejercicio subsidiario de la acción civil.
Cheque sin fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: COUGHLAN, LUISA TERESA s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 34771.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

1-No corresponde desestimar la denuncia respecto de los cheques mencionados por carecer de la indicación del beneficiario (de lo que se infiere que fue puesto en circulación sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley).- 2-La omisión de las formas que la ley comercial establece para que una orden de pago valga como cheque no supone la pérdida de su valor obligatorio patrimonial.- 3-Cuando se produce una frustración intencional después de dar una orden de pago, el objeto de tutela legal contemplado en el inc. 3 del art. 302 del C.P. no es la confiabilidad de las formas de las que depende que esa orden valga como cheque. Es la buena fe comercial de la que se abusa con una verdadera maniobra. En esas condiciones, no puede afirmarse que el hecho no constituye delito cuando la denuncia supone una maliciosa contraorden para el pago.
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del transportador, privilegios sobre el flete, privilegios sobre el buque, Ley de Navegación, interpretación de la ley
Materia: NAVEGACION
Carátula: ANTORCHA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. SIRIUS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

En la Exposición de Motivos de la Comisión redactora del proyecto de la actual Ley de la Navegación, al tratar el contrato de "Time Charter" y relativamente al art. 235 se expresa "Además, se reservan los derechos de terceros, ejercitables sobre el buque y sobre el flete, en razón de los privilegios establecidos en el Código, aunque el responsable en las relaciones fletante-fletador fuere este último, o cuando frente a terceros, sea el fletador responsable, en forma exclusiva" (Ley de la Navegación, Dirección y Notas de José D.

Ray, ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1981; el subrayado no está en el original). Y concordantemente, el art. 235, tercer párrafo y último parágrafo, norma que se complementa con la disposición del art. 476, inc. h), que contempla como privilegiados en segundo lugar "Los créditos que tengan su origen en contratos de locación o fletamento de un buque o en un contrato de transporte";, en recta interpretación, protegen al tercero damnificado por el fletador, titular de un crédito privilegiado, autorizándolo a adoptar medidas sobre el buque (art.

235, parágrafo 4°); ello, sin perjuicio de la responsabilidad del causante frente al fletante por los daños que sufra con motivo de acciones originadas en la responsabilidad del fletador y que se hagan efectivos sobre el buque.
Juicio de apremio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Las Flores c/ Bustamante, Walter s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-19

El apoderado de la Municipalidad apela contra el auto por declararse el Juez de Paz incompetente para intervenir en el juicio de apremio en virtud de la modificación por el art. 77 Ley 11796 al art. 3 Ley de Apremio 9122/78 (La ley 11.796 suprimió la competencia de los Jueces de Paz para intervenir en los juicios de apremio).
Daños y perjuicios, Comunicaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

El empleo del modo potencial no resulta pleno ni identificable junto al uso simultáneo de expresiones intercaladas claramente asertivas. (Minoría u opinión personal)
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Coronel, Jorge Fernando c/ Estado Nacional y otros s/ amparo e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12

El art. 16 de la Ley Fundamental no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, atribuyéndose a su prudencia una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166), aunque que ello es así en la medida en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos: 315:839; 322:2346). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. -Del precedente "Agüero", sentencia de la fecha.-
Responsabilidad del empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

Es responsable la firma empleadora de la enfermedad que sufre el obrero como consecuencia de haber prestado servicios en la empresa, por haber omitido aquélla cumplimentar el deber estrictamente legal puesto a su cargo por el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, de resguardar la vida e integridad psicofísica del obrero, ya que precisamente su violación constituye el substrato de la responsabilidad civil extracontractual en los términos del art. 1109 del Código Civil, que también adujo la actora.
Familiares de la víctima, REPÚBLICA ARGENTINA, derecho a la integridad física, torturas, responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, daño psíquico, extranjeros residentes, nieto, hija, privación de justicia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bueno Alves c/ Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-05-11

Deben ser considerados víctimas por la Corte Interamericana, en los términos del artículo 5.1. de la Convención Americana, los integrantes del núcleo familiar íntimo de quien siendo nacional uruguayo y residente en Argentina, fue torturado en sede policial, atento el perjuicio emocional que padecieron quienes con él convivían -hija y nietos-, por los tormentos y posterior denegación de justicia sufrida.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, actos de fellatio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Mendieta, Carlos Eduardo s/ s/recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-14

La inmisión del pene del autor en la boca de la víctima debe ser considerada como constitutiva del "acceso carnal por cualquier vía" previsto por el art. 119 tercer párrafo C.P., puesto que un adecuado análisis teleológico de la norma impide asignar al concepto de "acceso carnal" los mismos alcances que tenían en su anterior redacción, por cuanto tornaría en estéril el aditamento "por cualquier vía" con la que se pretendió ampliar el tipo penal bajo estudio. Si bien el ataque de epilepsia simulado por la víctima se erigió en una interferencia imprevista y ajena a la voluntad del imputado, y constituyó un serio obstáculo para perpetrar el ilícito, no puede ser beneficiado con las previsiones del art. 43 C.P. pues la tentativa sólo puede desistirse mientras que para el autor sea factible alcanzar la consumación típica y, en el caso, su desistimiento no obedeció a su exclusiva decisión voluntaria sino que estuvo motivado en circunstancias ajenas a su voluntad. (Dres. Diez Ojeda, Hornos, González Palazzo y Hornos).
Allanamiento, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PETRUZZI, RUBEN OMAR c/ E.N. s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Corresponde imponer las costas de ambas instancias en el orden causado en atención a que el Estado Nacional se allanó a las pretensiones de la actora, sin que existiera un reclamo administrativo previo a la acción judicial, como por la circunstancia que la CSJN ha adoptado este criterio al resolver causas sustancialmente análogas.
Recurso de inconstitucionalidad, docentes, reglamentación de la ley, sindicatos, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARTOMIOLI, ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

Si la resolución cuestionada no fue tildada por el sector gremial que representa los intereses de la amparista, como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los derechos de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, la discusión paritaria debe considerarse fruto de la autonomía colectiva de los distintos estamentos que representan los intereses de los trabajadores docentes y se convierte en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; de lo que se desprende que las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirles a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal les confiere. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirieron los Ministros Dres. Gastaldi, Netri y Román).
Constitución Nacional, tratados internacionales, delitos contra la humanidad, facultades del Poder Legislativo, Ley de Amnistía por Hechos Políticos, Sociales, Estudiantiles y Gremiales, ley derogada
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "CRESPI, Jorge R. y otros s/ falta de acción".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Aunque se pueda criticar la labor del Congreso de la Nación por su técnica legislativa, de ningún modo puede afirmarse que dicho órgano carece de facultades de anular leyes ni tampoco puede afirmarse que lo establecido por la ley 25.779 constituye una intromisión en la esfera del Poder Judicial. Antes bien, el acto legislativo de anulación de leyes de amnistía por crímenes contra el derecho internacional cumple con la obligación del Congreso de remover todo obstáculo que imposibilite la investigación y sanción de graves violaciones de los derechos humanos; y, asimismo, se sustenta en la doctrina derivada de la hermenéutica del artículo 29 de la Constitución Nacional por la cual no es posible amnistiar delitos que importen el ejercicio de la suma del poder público o facultades extraordinarias. No es la primera vez, en la historia institucional de la Nación, que el Poder Legislativo anuló una amnistía. Precisamente, mediante la ley 23.040 el Congreso de la Nación derogó por inconstitucional y declaró insanablemente nula a la ley de facto 22.924 mediante la cual se amnistiaban los crímenes perpetrados por la última dictadura militar. Lo dispuesto por la ley 23.040 fue tildado de inconstitucional en similares términos en los que hoy se cuestiona la validez de la ley 25.779. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 309:1689 se pronunció sobre la cuestión convalidando la anulación por vía legislativa de la ley de amnistía 22.924. La declaración de insanablemente nulas de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" expresa la voluntad del Congreso de utilizar la fórmula expuesta en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que declara nulos a los actos que puedan significar el ejercicio de facultades extraordinarias o la suma del poder público. Se trata, en realidad, de una analogía que tiene por finalidad privar de efectos legales a las amnistías y, consecuentemente, evitar la impunidad de hechos atroces y aberrantes.Las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" tuvieron la misma finalidad que la ley de autoamnistía  22.924, porque todas estas disposiciones tienen por objeto dejar impunes hechos ilícitos perpetrados por el régimen de facto.
Acción de amparo, tasas de la IGJ, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Becher, Enrique y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Debe confirmarse la sentencia que declaró la nulidad del art.

3º del decreto 360/95, en relación al importe a pagar a la Inspección Gral. de Justicia por la tasa anual retributiva correspondiente al año 1995. (En autos se demandó que se declarara la arbitrariedad, ilegalidad manifiesta y la consecuente inaplicabilidad del decreto 360/95, en tanto allí se establecía un incremento en un 6.132 % de la tasa anual que la actora -en su carácter de sociedad anónima- debía abonar a la Inspección Gral. de Justicia).
Asociaciones profesionales de trabajadores, dirigente gremial, despido del delegado gremial, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico Asoc. Civil y Otros c/ Estado Nacional s/ medida cautelar Aranibar Aversa Germán Francisco c/ Instituto Nacional de Tecnología Indusctrial Ministerio de Producción de la Nación s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-18|2018-09-17

El actor fue despedido durante el lapso en que habría estado amparado por la garantía de inmunidad gremial y todo ello, sin haber la empleadora acudido al expediente de previo desafuero.

A través de la medida cautelar interpuesta el accionante reclama el cese de dicho despido y su reinstalación en el cargo. El principio general de interpretación no puede ser sino el de admisibilidad de la medida cautelar, pues sólo de ese modo ha de encontrar adecuado amparo el principio rector de incolumidad de la tutela sindical. El conjuro a la situación de daño inminente e irreparable sólo puede concretarse mediante la restitución inmediata al puesto. Las constancias de la causa acreditan verosímilmente, prima facie, que el accionante ostentaría la calidad gremial invocada, por lo cual debe confirmarse la sentencia de grado haciendo lugar a la medida cautelar solicitada. (Del voto del Dr. Pesino, en minoría).
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, grandes contribuyentes
Materia: PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Incidente de apelación de Matadero y Frigorífico Federal S.A. s/ Competencia, Causa nro. 14.060
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

La categorización como "Gran Contribuyente Nacional" que dentro de la órbita administrativa efectúa la Dirección General Impositiva, no determina la competencia territorial en materia penal, ya que seguir el temperamento contrario significaría concentrar en la Capital Federal -por ser asiento central de dicha Dirección- todas las causas en las que la misma se encuentre perjudicada y desvirtuar así las reglas que determinan la competencia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, menores, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: JULIO HAROLDO MONTINI c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ PROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - GARANTIAS CONSTITUCIONALES    INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION -  MENOR DE EDAD - ALIMENTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

No procede el recurso extraordinario, si los agravios contra la sentencia que denegó la indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente en el que falleció una menor cuya guarda había sido otorgada al actor con arreglo a la ley 6661 de Buenos Aires, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común.