marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad condicional, competencia
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA Dante Omar s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Si el procesado ha sido condenado anteriormente a pena única, comprensiva de la inflingida en la causa, le corresponde al mismo magistrado decidir lo atinente al pedido de libertad condicional.
Acción contencioso administrativa, habilitación de instancia, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grosso, Juan C. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Corresponde desestimar la demanda por su improcedencia formal si se cuestiona un acto, dictado por órgano inferior de la entidad demandada, que no reviste el carácter de definitivo (arts. 1, 28 inc. 3, 36 y concs. del C.P.C.A.).

(En el caso, se cuestiona un acto dictado por el Gerente General de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires). (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, denegatoria del recurso, falsedad ideológica
Materia: CIVIL
Carátula: Giuliano, Norberto Carlos y otro. c/ Provincia de Buenos Aires y otro/a. s/ ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09

Habiéndose comprobado la falsedad de la única premisa en la que el apelante ha fundado su recurso, corresponde rechazar la apelación deducida pues por ello ha quedado carente de fundamentación alguna.
Contrato de obra pública, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Proveedora Industrial S.A. y otra c/ D.O.S.B.A. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Cuando la autoridad administrativa niega la aplicación de la teoría de la imprevisión en realidad interpreta el contrato respectivo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Teoría del delito, causas de justificación
Materia: PENAL
Carátula: M., M.A. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-18

"Las causas de justificación son razones jurídicamente buenas para ejecutar una conducta que, sin embargo es, en sí prohibida".
Acciones posesorias, dominio público, concesión administrativa, derechos reales
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

La acción turbatoria de la posesión parece inconciliable con las cosas que forman parte del dominio público del Estado y que, por consiguiente, están fuera del comercio (art. 2400 del Código Civil) y tal principio no resulta invalidado ni siquiera en el supuesto de admitirse defensas posesorias derivadas de relaciones nacidas del ejercicio de derechos reales administrativos como la concesión y el permiso.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alegre, Graciela Beatriz y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

La presunción del daño ocasionado al agente por una cesantía ilegítima equivale a la privación del sueldo durante un tiempo prudencial suficiente para obtener otra actividad lucrativa, circunstancia que determina la reparación en un porcentaje respecto de los salarios dejados de percibir, cuya fijación debe hacer el Tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso.
Costas al demandado, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARTON S.R.L. EN LIQUIDACION c/ MARQUEZ FERNANDEZ, José s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Al no haberse trabado la litis, ni siquiera en rebeldía, porque el demandado no fue citado al proceso, mal se le pueden aplicar las costas a éste, quien no es parte, sin que a ello obste que pudiera haberse enterado extrajudicialmente de la existencia de una demanda en su contra.-
Apertura de la instrucción, instrucción de oficio, nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PENAL
Carátula: MEILA, CARLOS ALBERTO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

1- El art. 179, inc. 4° del Código de Procedimiento Penal autoriza iniciar de oficio el sumario, pero esa autorización resulta una verdadera excepción al principio "ne procedat iudex ex oficio", principio este que supone que el ejercicio de la acción penal no debe ser provocado por el órgano jurisdiccional.- 2- El ejercicio de la atribución de disponer oficiosamente por el mismo juez la instrucción de un sumario debe rodearse de la formas específicamente señaladas en la ley, las que tienden a que quede claramente puntualizados el hecho por el que se procede. Así lo impone el art. 182 del Código de Procedimiento Penal que se considera el recaudo mínimo para evitar pesquisas indiscriminadas.- 3- La omisión de cumplir con lo exigido por el art. 182 del Código de Procedimiento Penal al dictarse la providencia que dispuso instruir el sumario importa un vicio cuya gravedad y transcendencia deriva de la sustancial restricción que sufre el derecho de defensa de quien se ve sometido a una pesquisa dispuesta por quien debe resguardar la imparcialidad de las averiguaciones como es el juez de instrucción. La decisión de iniciar el "correspondiente sumario" frente a una denuncia de quien se decía víctima de un delito crea una dudosa situación que es un evidente obstáculo para la efectividad de la defensa de la supuesta víctima transformada en acusada. En esas condiciones debe considerarse viciadas la totalidad de las actuaciones que se desarrollaron a partir del acto inicial inválido.- 4- Declarada la nulidad del acto en que se dispuso la instrucción del sumario y de todo lo actuado con posterioridad no corresponde absolver sino devolver al juez las actuaciones para que sustancie un nuevo proceso (Art. 512, Código de Procedimiento Penal) (Del voto de la mayoría).- 5- Declarada la nulidad del acto en que se dispuso la instrucción del sumario y de todo lo actuado con posterioridad, corresponde absolver al imputado pues de obrarse conforme con el art. 512 del Código de Procedimiento Penal se retrotraería la causa al estado inicial y se conculcaría el derecho del inculpado a obtener un pronunciamiento definitorio de su situación en el lapso más breve posible, lo cual choca con principios resguardados en la Constitución Nacional. (De la disidencia parcial del Dr. Hendler).
Recurso de casación, honorarios del perito, aplicación de la ley, admisibilidad del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Centro Living S.R.L. y Agrícola Industrial Don Francisco S.A. s/ Agrupamiento - Concurso Preventivo, hoy Quiebra - Enajenación - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-14

Se interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al recurso interpuesto por el martillero y corredor, elevándolos a la suma de Pesos Tres Mil por la tarea realizada en autos, correspondiente a la tasación de los inmuebles a liquidar en la quiebra.

La sentencia señala que no corresponde aplicar la LCQ en razón que solo es para los funcionarios de la quiebra, por lo que regula los honorarios siguiendo las pautas del art. 6, incs. b), c) y d) y art. 58 de la Ley 3956.

El afectado señala que existe una errónea aplicación del derecho en virtud que la tarea desempeñada no es la de un simple auxiliar de la justicia y que en caso de duda debe estarse a los principios generales del derecho, por lo que se debe tener en cuenta en primer termino la Ley Concursal; y alega también que la sentencia es arbitraria por presentar defectos de fundamentación.

Atento lo expuesto precedentemente considero que la cuestión planteada no contiene monto determinado, por lo que en principio encontrándose a prima facie cumplido los requisitos establecidos por el art. 292 del CPC, corresponde declarar la viabilidad formal del recurso, sin que ello signifique abrir juicio de valor definitivo al respecto lo que pudiera ser revaluado al momento del tratamiento de su procedibilidad en la sentencia definitiva.

(Del voto en disidencia de la Dra. Sesto de Leiva)
Sentencia, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, archivo del expediente, tipo penal, orden de prelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CASA Isenbeck s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-17

Encuentro que la resolución de los señores Magistrados de la anterior instancia, que confirma el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, resulta arbitraria en su aceptación de ausencia de fundamentación, sobre un tópico que requería un adecuado tratamiento habida cuenta de su especial relevancia, privando así al acto que viene recurriendo de validez, en tanto su eficacia resulta sólo aparente, pues la condiciona un razonamiento desprovisto de fundamentos inobjetables. Y si bien la falta no ha sido revelada por la parte impugnante, su presencia impide, en orden a su concatenación en la construcción sistemática de la teoría del delito con el permiso normativo cuyo ejercicio se debate, la posibilidad de asegurar el contralor sustantivo, que si reclama, de este tribunal de casación. Es que la coherencia de esta estructura dogmática presupone que al nivel valorativo de la antijuricidad, progrese un suceso que reúna los elementos fundamentales del juicio de tipicidad. Así, antes de actuar el ejercicio de exclusión que supone la congruencia de alguna causa de justificación, debe realizarse una aguda consulta sobre su congruencia con una hipótesis legal determinada, y sobre la presencia de las exigencias intelectuales de conocimiento de la prohibición y volitiva de oposición entre la voluntad individual y de la norma. Y en este punto advierto a la sentencia carente de la motivación necesaria para permitir a esta alzada controlar si el ejercicio de la causa de justificación utilizada para fundar el archivo de los actuados, descansa en la previa confirmación de que las publicaciones que son su objeto procesal reúnen todos los requisitos que el tipo penal del art. 239 del C.P. ordena. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Pena de inhabilitación, código penal
Materia: PENAL
Carátula: Lago, Manuel Antonio y otros. s/ INFRACCION    ART.   189  BIS  Y  LEY  20.840.  (SEGURIDAD  NACIONAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La inhabilitación absoluta prevista en el art. 12 del Código Penal no puede aplicarse sola y en forma autónoma , sino que acompaña la imposición de una pena principal, de cuya existencia depende, siendo, en consecuencia, una sanción que constituye un efecto necesario de determinadas penas.
Acción de amparo, Ingreso Familiar de Emergencia, asignaciones familiares
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: E., Y. V.  c/ Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES- s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

Se hace lugar a la acción de amparo y ordena el otorgamiento del IFE ya que la resolución de ANSES por la cual lo rechazó vulnera manifiesta y arbitrariamente los derechos de la amparista. Conforme surge de la prueba adjuntada, la accionante percibe la cuota alimentaria de sus hijos y, por embargo, la SUAF que se le otorga a su ex pareja -quien se encuentra en relación de dependencia-, y no integra el grupo familiar de la amparista y si bien sus hijos son los beneficiarios de la cuota de alimentos y AAFF y ellos sí integran el grupo familiar junto a su madre, esto no los convierte por transición en trabajadores en relación de dependencia. Por lo tanto, no puede condenarse a una mujer al no acceso a una prestación de la seguridad social porque se ha separado de su pareja (y él cuenta con un trabajo formal en relación de dependencia y ella no), desatendiendo que es ella quien tiene a su a cargo los cuidados y asistencia sus hijos, que los mismos no concurren presencialmente a la escuela; todo ello en el marco de emergencia sanitaria y del impacto que esto está teniendo en las economías mundiales y en los puestos de trabajo en particular.
Accidentes de trabajo, acción civil, daño resarcible, reparación integral, mensajería en moto
Materia: LABORAL
Carátula: Pollard Gabriel Alberto c/ URG TRANS SRL y otro s/ accidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

El pronunciamiento de Primera Instancia a favor del actor, quien planteando la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 había demandado la reparación integral con fundamento en el art. 1113 del Cód. Civil por el accidente sufrido, condenándose a la A.R.T. en los términos del la ley 24557; no respeta la necesaria congruencia adjetiva. Ello, en razón de que el reclamente, quien realizaba tareas de mensajería en moto, al lograr probar que el riesgo y/o vicio de la cosa logró reunir los presupuestos atributivos de responsabilidad previstos en el artículo referido del Código Civil. No obsta a esta conclusión, el hecho de que la motocicleta perteneciera al actor, puesto que se trataba de una herramienta de trabajo que le resultaba indispensable, sin la cual no podía cumplimentar las tareas encomendadas por su empleadora.
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ AEROLINEA ARGENTINAS s/ INTERRUMPE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-21

En el transporte aéreo, cuando se trata del incumplimiento del contrato por falta de entrega, la responsabilidad de la compañía de aviación -salvo supuestos de valor declarado o alcanzados por los límites normativamente puestos a esa responsabilidad- está dada por el valor en plaza de las mercancías al tiempo del arribo de la aeronave, a determinar por alguno de los medios juzgados pertinentes y por la establecida en materia de transporte por agua, que incluyen, en último caso, la prudente estimación judicial. (S2 1717,210683)
Superintendencia, recusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Comunicaciones - Trovato, Francisco Miguel s/ sanción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Las disposiciones sobre recusación contenidas en los códigos de procedimientos para el trámite ordinario de las causas no son aplicables cuando se trata del ejercicio de facultades de superintendencia.
Corretaje, martillero, comisión del martillero, autorización de venta, vencimiento del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROMEO DE FRETES, MARGARITA c/ SEGRE, MARCELA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Resulta improcedente la acción judicial deducida por un martillero tendiente al cobro de su comisión, si -como en el caso- se verifica que, si bien durante la vigencia de la autorización de venta del inmueble dada por el vendedor accionado, el reclamante obtuvo un interesado en la operación, sin embargo, la misma fue concretada entre las mismas partes luego de un lapso de tiempo de significativa extensión al vencimiento de aquella por un precio bien diferente, durante el cual el enajenante publicó avisos de "venta directa" de su propiedad.
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: PUZZO c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-06

El daño admitido por privación del uso del automotor apunta a solventar el perjuicio que produce el verse impedido de utilizar un rodado durante el lapso de su reparación dado que genéricamente se estima que los vehículos prodigan un beneficio patrimonial al usuario, aunque no se los destine estrictamente a las actividades laborales o productivas.

Esta partida resarcitoria, por definición, tiende a solventar la privación del uso durante el tiempo aplicado a la reparación de los perjuicios que ocasionara el actuar del responsable, por lo cual, como cualquier otro daño moratorio, requiere como presupuesto la factibilidad de esa reparación "in natura"; es decir, que durante un plazo razonable el vehículo se encuentre detenido mientras se llevan a cabo los arreglos. Pero si por la destrucción de la cosa tales arreglos no van a existir, no es factible reconocer dicho concepto que -por hipótesis- conduciría a una infinita contabilización del daño, ya que nunca el rodado va a ser reparado y la privación de su uso sería eterna.

Si el perjuicio que experimentó el accionante por la destrucción del vehículo consistió en no haber contado, desde el mismo momento del hecho, con la suma de dinero que representara el valor del rodado, o sea, la indemnización que le posibilitara adquirir inmediatamente un bien semejante, esa privación del capital es, precisamente, el fundamento que hace viable el cómputo de los intereses sobre el capital resarcitorio que confiere el art. 1094 del Código Civil, dado que se supone que esa falta de disponibilidad determinó que el acreedor tuviese que tomar créditos cuyo costo debe serle sufragado.

Si a más de ello se le confiriera al damnificado una suma para cubrir la contingencia de no haber contado, desde el mismo momento en que acaeció el hecho ilícito, con el fungible dinero que le permitiera comprar otro coche similar, se le estaría resarciendo doblemente un mismo concepto, ya que la privación del rodado no dependía de arreglos que lleven su tiempo, sino de la posibilidad del acreedor de contar con los fondos que le permitieran adquirir un automóvil en sustitución del destruido.

Si el damnificado percibió el resarcimiento correspondiente a la destrucción del rodado, sin formular reserva ni salvedad alguna respecto de la partida, privación del uso del automotor, que luego reclamó administrativamente, dicha omisión determinó que el pago efectuado haya sido cancelatorio de la obligación indemnizatoria, que no puede posteriormente ser revivido en ninguna de sus partidas, porque la liberación del responsable que implicó dicha erogación, tiene un sello definitivo y representa para él un derecho adquirido del que no se lo puede privar sin afectar la garantía de la propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Reordenamiento del sistema financiero, quiebra, depósito judicial, pesificación, indisponibilidad de los depósitos
Materia: COMERCIAL-ECONOMIA
Carátula: TRANSPORTES AUTOMOTORES CHEVALLIER SA s/ QUIEBRA. (LL 14.03.02, F103.447).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

1.Es improcedente sujetar a los depósitos judiciales -en el caso, provenientes de una quiebra- las normas que regulan el denominado "corralito" con la consiguiente pesificación y reprogramación de plazos de devolución, toda vez que los mismos no se encuentran específicamente contemplados en las normas regulatorias ni mencionados entre las operaciones afectadas por el régimen de restricción a la disponibilidad de depósitos.

2.La colocación de fondos judiciales en bancos oficiales o privados de primera línea -en el caso provenientes de una quiebra- no puede ser considerada una operación mas del mercado financiero a fin de aplicar las normas que regulan el denominado "corralito", pues los jueces no son en verdad propietarios de los fondos que depositan a su nombre y la única razón por la que son alojados en bancos es porque no existe otra forma de custodiar y disponer de ese dinero que a través del sistema financiero. 3.Los depósitos judiciales -en el caso, provenientes de una quiebra- no están alcanzados por las actuales restricciones financieras impuestas por el denominado "corralito", pues para que la justicia pueda cumplir con sus objetivos es menester que el juez cuente en todo momento con la posibilidad de disponer de los fondos depositados a la orden del tribunal, no pudiendo quedar a expensas de los vaivenes del mercado financiero ni verse condicionado por restricciones a esa disponibilidad. 4.Es improcedente aplicar a los depósitos judiciales -en el caso, provenientes de una quiebra- las normas sobre restricciones al retiro de fondos -"corralito"-, pues el fundamento de tal normativa fue evitar el colapso del sistema financiero ante la caída masiva del nivel de depósitos, situación que no se observa frente a los citados fondos judiciales en tanto es inimaginable que los jueces dispongan, simultáneamente y en forma coordinada y corporativa, el retiro de dinero ingresado a sistema. 5.Resulta injusto e irrazonable someter a los depósitos judiciales provenientes de una quiebra a las disposiciones del "corralito financiero" y reprogramación de los plazos de devolución, pues ello implicaría dilatar inaceptablemente la distribución de los fondos entre los acreedores, extremo reñido con la finalidad del concurso y el sentido del tramite liquidatorio de la falencia, máxime cuando una parte importante del pasivo se compone de créditos de naturaleza laboral o prestaciones de carácter estrictamente alimentario.
Trabajadores ferroviarios, personal apartado de servicio, cómputo de servicios, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: RODIN, ARTURO E. Y OTROS c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-25

La situación de 'apartado de servicio' importa la continuidad de la vigencia de los contratos de trabajo (artículos 7 y 9 ley 21580) por lo que corresponde que tal lapso se compute a los efectos del cálculo de las vacaciones, pues nada impide apartarse de lo dispuesto en los artículos 150 y subsiguientes de la LCT.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, ejecución contra el concursado, ejecución hipotecaria, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA VASCONGADA  SA  S/ QUIEBRA c/ SERPESA  SA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Si bien el concurso preventivo no impide que se inicien nuevas ejecuciones hipotecarias y prendarias, el inicio de las nuevas o la continuación de las pendientes, están expresamente supeditadas a que el ejecutante acredite haber solicitado la verificación de su crédito y de su privilegio (ley 24522: 21-2.). Por tanto, siendo suficiente tal verificación, sin ser necesario esperar la resolución al respecto, no procede suspender el trámite, y, en tanto en las ejecuciones hipotecarias no es de aplicación el fuero de atracción (ley 24522: 21-2.), la ejecución debe continuar en su juzgado de origen.
Recurso de inaplicabilidad de ley, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-29

En la medida que aparece cuestionado el fallo, por contrariar las previsiones de la ley de convertibilidad, controversia que fue oportunamente introducida a los jueces de grado, se suscita una cuestión de derecho, con entidad suficiente para provocar el avocamiento del Tribunal y en ejercicio de la jurisdicción que ello justifica, sentar criterio o doctrina legal. (Dr. Bertolini: Según su voto).
Proceso penal, reconstrucción histórica
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

La reconstrucción de la verdad histórica, la cual no es más que una verdad probable, se produce en un proceso que supone la valoración intransferible de los datos obtenidos por el investigador. Esto no constituye una dificultad que nos impida aceptar, rechazar y en definitiva juzgar las conclusiones del historiador. En razón de ello, cuando se trata de valorar el rigor del trabajo reconstructivo de los hechos realizado por los investigadores, sus conclusiones siempre se expresan como aproximaciones probables a la verdad.-