Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 376-381. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia de Santa Fe (Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social) contra la sentencia nro. 200 del 27.10.2000 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo- (Expte. 282/00)" (Expte. C.S.J. nro. 15, año 2001); y, CONSIDERANDO: 1.

Contra la sentencia del 27.10.2000 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, por ende, a la acción de amparo, dejando sin efecto la resolución dictada por la Dirección Regional Rosario de la Secretaría de Estado de Trabajo por la cual obliga a "Agricultores Federados Argentinos" S.C.L. a contratar obligatoriamente personal de la Bolsa de Trabajo para las tareas eventuales, en los casos en que las realice con su propio personal permanente; deduce la Provincia de Santa Fe (Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social) el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055 (artículo 1, incisos 1 y 3).

Considera que en el sub lite se configura el supuesto previsto por el artículo 1 inciso 1 de la ley que regula el recurso de inconstitucionalidad local, por cuanto el decisorio asigna validez a la ley 10.468 (Secretaría de Trabajo), la que en su artículo 56 prescribe que "el decreto provincial 10204/58, en materia de recursos no es aplicable ..." por sobre lo dispuesto en el artículo 72 inciso 18 de la Carta Magna provincial, la que establece que "El gobernador de la Provincia...Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración de la provincia...".

Entiende que lo normado por la ley especial en su artículo 56 (Título VII- Normas Complementarias) resulta aplicable, solamente, en los supuestos de multas.

Sostiene que el fallo impugnado concluye erróneamente en que las vías recursivas fueron agotadas por la amparista, como así que su parte actuó arbitrariamente, incurriendo de tal suerte en falta de fundamentación fáctica al no ponderar que con posterioridad a la promoción de la acción de amparo la actora dedujo varios recursos (los que obran agregados por cuerda en el expediente de la Secretaría de Estado de Trabajo Provincial).

Cita en su apoyo destacada doctrina.

Le agravia que el Tribunal a quo resolviera la causa sin analizar si se encontraban reunidos en el sub examine los presupuestos de admisibilidad de la vía elegida (amparo, artículo 43 de la Carta Magna nacional), razón por la que entiende que la sentencia incurre en prescindencia del texto legal.

Le imputa al decisorio desconocer jurisprudencia de este Cuerpo -si bien, con distinta integración- en torno a la procedencia del amparo para cuestionar la aplicación de sanciones como así, en cuanto a la descalificación efectuada respecto de la exigencia del depósito previo del importe de la multa.

En este punto, pone de manifiesto la constitucionalidad jurisprudencialmente reiterada del principio "solve et repete".

En tal sentido, señala que el perjuicio invocado por la actora y reconocido por el Tribunal a quo no es tal, por cuanto la Secretaría de Estado de Trabajo provincial no le aplicó a la amparista ninguna sanción de multa; por lo que la simple "amenaza de lesión" no autoriza la vía elegida (según artículo 2, ley 10.456).

Cuestiona finalmente las afirmaciones de la Sala para juzgar viable el amparo, referidas a existencia de ilegitimidad manifiesta; entidad de los derechos lesionados y actuar irrazonable de su parte.

Considera que el Tribunal a quo contradictoriamente sostiene la ilegitimidad manifiesta para luego limitar los efectos de su decisión, al dejar sin efecto la resolución dictada por la Dirección Regional Rosario de la Secretaría de Estado de Trabajo, por la cual obliga a Agricultores Federados Argentinos S.C.L. a contratar obligatoriamente personal de la Bolsa de Trabajo para las tareas eventuales, en los casos en que las realice con su propio personal permanente.

La Sala a quo, mediante auto nro. 139 del 28.12.2000 denegó la concesión del remedio interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede.

2. Aún cuando se consideraran superados los recaudos formales relativos al oportuno planteo de la cuestión constitucional y autosuficiencia del libelo impugnativo -objetados por la Sala en el auto denegatorio- la presente queja no puede de todos modos prosperar.

Ello así, toda vez que si bien en el memorial introductorio del remedio extraordinario la recurrente invoca diversas causales de arbitrariedad, de la confrontación de tales agravios con la resolución impugnada surge que toda la argumentación recursoria -pese al matiz constitucional que aquélla aspira otorgarle- se vincula con el criterio con que la Sala interpretó el caso bajo examen; y traduce, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento de la quejosa a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones que le son propias, pero sin lograr demostrar que en esa faena aquél hubiera desbordado el ámbito propio de sus atribuciones.

En efecto, la impugnante discrepa -esencialmente- con el análisis que el Tribunal efectuara de la concurrencia -en el caso- de los presupuestos necesarios para la viabilidad de la acción intentada.

Así, sostiene -en primer término- que la amparista debió agotar la instancia administrativa ante el Gobernador y que la conclusión a la que arriba la Alzada en cuanto a que las vías recursivas "fueron agotadas por la amparista, conforme las previstas en la ley 10468, que dispone (art.56) que el Decreto Provincial N 10204/58, en materia de recursos, no es aplicable.

No corresponde entonces sostener su aplicación conforme el art. 72 por cuanto la ley especial lo descarta expresamente", resulta violatoria de la ley y de previsiones de la Constitución Provincial, que estatuye en su art. 72 inc. 18 que el Gobernador de la Provincia "Resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la administración provincial..." El acuerdo atacado -dice- asigna validez a una norma por sobre la previsión de la Constitución Provincial, evidenciando un claro supuesto de arbitrariedad normativa encuadrable en el artículo 1 inc. 1 y 3 de la ley 7055.

Agrega que la mención que se efectúe en una ley especial -como la 10468- respecto de la no aplicación del decreto 10204 en materia de recursos no puede estar por encima de una expresa previsión de la C.P.

Por otra parte, aduce que la sentencia deja de lado los presupuestos normativos establecidos al efecto, tanto por la Constitución Nacional (art. 43), Constitución Provincial (art. 17) y ley 10456, en el sentido de que dado el carácter de vía de excepción e inexistencia de otras vías administrativas o judiciales eficaces, la actora debió demostrar cómo y por qué, de agotar la vía administrativa ante el Gobernador se le ocasionaría un perjuicio irreparable.

Asimismo entiende incumplido el requisito de "lesión", ya que -a su criterio- la Alzada lo tiene por configurado en base a una formulación en abstracto respecto de la amenaza de perjuicio que representaría para la actora una sanción de multa no aplicada, cuyo depósito previo para acceder a la apelación admite dispensa.

Puntualiza que la admisión de la vía del amparo para el cuestionamiento de sanciones como asimismo la descalificación que se efectúa respecto de la exigencia del depósito previo del importe de la multa, conlleva a dejar de lado la jurisprudencia de la Corte Provincial.

Respecto del agravio reseñado es dable puntualizar que el mismo se desvanece a poco que se tenga en cuenta el análisis efectuado por los Sentenciantes de los presupuestos de vialbilidad del amparo emergentes de las normas que se dicen soslayadas, concretamente las cláusulas constitucionales que consagran la institución del amparo (art. 43 C.N. y 17 C.P.). Así, surge de la sentencia impugnada que los Juzgadores valoraron tanto la arbitrariedad con que actuó la Administración (punto 2 ), como la ilegitimidad manifiesta del acto atacado (puntos 3 y 4) , la existencia de otras vías idóneas (punto 5), la entidad de los derechos lesionados y la grave lesión inferida contra éstos (punto 6).

En cuanto a los agravios enderezados a demostrar que en el caso no se había agotado la vía administrativa, y que la conclusión a la que había arribado la Alzada se contraponía con lo dispuesto por el art. 72 inc. 18 de la Constitución provincial, pretendiendo encuadrar el caso en la causal de procedencia del recurso de inconstitucionalidad prevista en el inciso 1 de la ley 7055, es dable destacar que en modo alguno surge de las constancias de la causa que la recurrente haya cuestionado con anterioridad a la sentencia recurrida -con el correspondiente desarrollo argumental que ello supone- la congruencia con la ley Fundamental local de la ley 10.468 (cuestión que recién se introduce al interponerse el recurso de inconstitucionalidad), lo que obsta a su viabilidad.

A ello -cabe agregar- que la quejosa no ha logrado demostrar que la hermenéutica propiciada por los Jueces de la causa -en el marco de la ley 10.468 y Decreto Provincial N 10.204/58- resulte ilógica o arbitraria.

Al respecto, resulta oportuno recordar algunas de las consideraciones vertidas en autos "Bachetta" (A. y S. T. 132, p. 67) y reitradas en la causa "Genaro García" (A. y S. T. 150, p. 284) en torno tanto a los requisitos previstos en el texto de la Constitución Nacional para la procedencia del amparo como al alcance que dicha vía tiene cuando se encuentra presente la materia contencioso administrativa y a las que corresponde remitir en mérito a la brevedad.

Así, en relación a este tópico -idoneidad de la vía elegida-, se puntualizó que " No parece posible generalizar en la indagación de un patrón para determinar -a priori y en abstracto- cuáles son las pautas para calificar como aptas o no a las otras vías legales a las que podría acudir quien pretende tutelar los derechos presumiblemente violados.

En este aspecto, se ha juzgado (in re "Louzán", loc. cit.) que "esta Corte ha descartado igualmente la procedencia del amparo cuando la cuestión requiere una mayor amplitud en el debate y la prueba, óbice insalvable para el remedio sumarísimo elegido".

Es de toda obviedad que, en la evaluación de la complejidad del tema a estos efectos (cuya consecuencia será el desborde de la esfera prevista para el amparo) debe mantenerse un sabio equilibrio con los fines de tutela asignados al instituto por el texto constitucional.

Establecer si el acto cuestionado produce un agravio irreparable le proporciona al juez una guía que, aunque variable, es insoslayable porque en su variedad se encierra el reaseguro de no aniquilar este preciado recurso por las dos maneras en que se podría dar su muerte: por su ensanche hipertrofiado o por raquítico.

Esa guía variable se enriquece a la luz del material fáctico de cada caso, dicho ello con respecto a la idoneidad de la vía." (del voto del doctor F Tampoco se advierte que la amparista haya soslayado dicha temática, como pretende la recurrente.

Así, en las argumentaciones vertidas al agraviarse de que el Juez de Primera Instancia hubiera rechazado el recurso por no haberse demostrado ese extremo, sostuvo que "tampoco existe la vía ordinaria sugerida, ni menciona la jueza cuál sería la misma.

Y no la ha mencionado simplemente porque no existe.

En efecto, se ha explicado en la demanda cuál es el sistema instituido por la ley de creación de la Secretaría, que excluye expresamente la aplicación del decreto 10.204 de procedimiento administrativo, por lo cual se excluye éste y deja al particular virtualmente sin otro camino que el amparo.

No puede agotarse la vía administrativa porque la propia ley la descarta, y tampoco puede llegarse a V.E. por la vía de la nulidad porque ésta procede sólo en el caso de las multas.

Quiere decir, entonces, que hay pocos casos tan claros en que, como el presente, el amparo se presente no solo como la vía más idónea sino como la única vía idónea" (f.33).

Agregando - f.33vto., que "Tampoco se advierte que el amparo no sea la vía idónea, siendo necesario recurrir a la vía ordinaria para la amplitud de plazo y probabilidad probatoria.

De lo que se trata aquí, es exclusivamente de determinar si es arbitrario o no el acto administrativo que ordena aplicar un régimen, por lo cual lo único que hay que determinar es si una norma está o no vigente, y ello no requiere de ningún procedimiento ordinario, de un plazo largo ni depende de prueba alguna, sin perjuicio que la que arrimó la actora muestra que le asiste razón".

En cuanto a los vicios vinculados a la motivación brindada por el A quo en torno al requisito de "lesión", también habrán de desestimarse.

Ya que pese a afirmar la impugnante que la Alzada lo tiene por configurado en base a una formulación en abstracto respecto de la amenaza de perjuicio que representaría para la actora una sanción de multa no aplicada, cuyo depósito previo para acceder a la apelación admite dispensa; del decisorio atacado surge que la Sala tuvo en cuenta, en primer lugar, la grave lesión que implicaba para los derechos "de primer nivel" de la amparistas "la pretensión de forzarla a realizar contrataciones no queridas, no ya en cuanto a la persona del trabajador, sino en cuanto a la contratación en sí" y que "la contratación de personal para tareas que la amparista puede realizar con el suyo propio, la obliga a abonar salarios no previstos" (f.49).

Por otra parte, no se advierte que la mera consideración efectuada de la posibilidad de la aplicación de sanciones apelables previo depósito del importe de la multa y de la importancia económica que las mismas podían revestir, a los fines de evaluar el daño, implique la admisión de la vía del amparo para el cuestionamiento de sanciones o una descalificación de la exigencia del depósito previo del importe de la multa.

De manera, entonces, que la argumentación impugnativa tendente a persuadir sobre la ausencia de los presupuestos de viabilidad del amparo resulta inconsistente para franquear esta instancia extraordinaria, toda vez que la quejosa no logra demostrar que, efectivamente, los Jueces de la causa hayan propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión que desnaturalice los fines para los cuales fue consagrado, ni efectuado -más allá de su acierto o error- una valoración de los recaudos de aquél que conlleve el soslayamiento de las normas que lo regulan.

Igual suerte adversa ha de correr el agravio sobre la imputada autocontradiccion del decisorio impugnado en cuanto pese a sostener la derogación del sistema de contratación por Bolsas de Trabajo del personal no permanente, luego en el último considerando y en la parte resolutiva, se limita a dejar sin efecto la resolución dictada por la Dirección Regional Rosario de la Secretaría de Estado de Trabajo, por la cual obliga a "Agricultores Federados Argentinos S.C.L." a contratar obligatoriamente personal de la Bolsa de Trabajo para las tareas eventuales, en los casos en que las realice con su propio personal permanente.

Ello así por cuanto el discurso argumental de la impugnante no aporta razones que induzcan a concluir que el Judicante haya incurrido en un claro desenfoque de la cuestión sometida a revisión, ni que haya arribado a conclusiones opuestas, de modo tal que la resolución padezca de irremediable incongruencia interna entre las proposiciones que la integran, surgiendo del mismo decisorio las razones de dicha limitación, esto es que es en ese ámbito "donde la ilegitimidad aparece configurada con inequívoca e inmediata claridad y contundencia" (f. 49/49vto).

No resultando ocioso aludir a lo expuesto por el A quo en el auto denegatorio, respecto de que "Analizando detenidamente los argumentos de la accionada parece que la misma -en realidad- se queja de la prudencia del Tribunal al analizar y circunscribir estrictamente los alcances del recaudo de ilegitimidad..."(f.66 vto.) En suma: la presente impugnación debe desestimarse, pues se funda en una discrepancia con la conclusión a la que arriba la Sala- en el sentido que cabía revocar la resolución que rechazara la pretensión actora-, en un marco de razonabilidad que la recurrente no logra desvirtuar.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Juticia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)