Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-15


AUTOS Y VISTOS:

/// la ciudad de Buenos Aires, a los	15 días del mes de diciembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara Matías S. Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 549/555 vta. de la presente causa Nro. 9868 del Registro de esta Sala, caratulada: "B., J. s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral de Menores Nro. 3 de esta ciudad, en la causa Nro. 4015 de su Registro, con fecha 12 de septiembre de 2008, resolvió NO HACER LUGAR a la excepción de falta de acción promovida por la defensa de F. J. B. y M. A. D. (fs. 539/544).

II. Que, contra dicha decisión, el doctor Diego Freedman, abogado defensor de B., interpuso recurso de casación a fs. 549/555 vta., el que fue concedido a fs. 556/556 vta.

III. Que el recurrente invocó la vía casatoria prevista por el art. 456, inc. 2°, del C.P.P.N., alegando una errónea interpretación de las normas procesales que rigen la materia.

Afirmó que las presentes actuaciones se iniciaron en junio de 2003 y que, luego de más de cinco años de trámite, pese a no advertirse ninguna complejidad en el hecho investigado, aún no se realizó la audiencia de debate. A ello agregó que, desde hace dos años, el expediente se encuentra absolutamente paralizado.

A partir de tal premisa, consideró que el estado de incertidumbre procesal de su defendido fue sometido a un dilatado período de tiempo, lo que resultó violatorio de la garantía constitucional del plazo razonable de todo proceso penal (arts. 7.5 y 8.1 de la C.A.D.H., 25 de la D.A.D. y D.H. y 14.3 del P.I.D.C. y P.).

Citó en su apoyo la doctrina asentada por Corte Interamericana de Derechos Humanos en los precedentes "Suárez Rosero" (del 12/11/97) y "Tibi vs. Ecuador" (del 7/9/04) y también reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Mattei" (Fallos 272:188) y "Mozzatti" (Fallos 300:1102), mediante la cual se entendió que la prolongación indefinida del proceso, más allá de los límites estrictamente necesarios, constituye, en sí misma, el padecimiento de una pena informal.

Remarcó que la presente controversia no debe ser resuelta a la luz de la prescripción de la acción penal, pues si bien tal instituto es un modo de efectivizar la garantía del plazo razonable del proceso penal, debe reconocerse que la mencionada prerrogativa constitucional tiene su propia vigencia, al margen de la reglamentación procesal que la recepte. En este sentido, observó que el instituto de la prescripción posee un sistema específico, donde lo relevante es el transcurso del tiempo entre ciertos actos procesales, que tienen capacidad interruptiva del curso prescriptivo y que, además, expresamente se prevén causales de interrupción y de suspensión. Precisó que ello no ocurre con la garantía constitucional analizada, la que sólo atiende a la razonabilidad de la duración global del proceso, con prescindencia de sus interrupciones o suspensiones.

Señaló que en el caso de menores, como el presente, la garantía constitucional en cuestión encuentra su especial reconocimiento en el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el art. 20.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

Afirmó que como el estándar que rige esta clase de procedimientos es, en razón de la mayor vulnerabilidad y necesidad de protección del menor, una mayor exigibilidad hacia el Estado en el respeto de las garantías de aquél, ello necesariamente implica que los organismos judiciales deben actuar con mayor celeridad ante un imputado menor que respecto de un mayor.

Por último, estimó que la vía procesal adecuada para encauzar su pretensión resulta ser el art. 343 del C.P.P.N., que dispone el sobreseimiento ante la acogida favorable de una excepción perentoria, que resulta ser aquella interpuesta ante "la falta de acción, porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiera ser perseguida, o estuviera extinguida la acción penal (art. 339, inc. 2°)".

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según Ley 26.374), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Augusto M. Diez Ojeda, Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Augusto Diez Ojeda dijo:

I. Respecto de la admisibilidad del recurso bajo estudio, corresponde señalar que, en principio, la resolución atacada no resulta susceptible de ser impugnada por la vía casatoria intentada, toda vez que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a ella por sus efectos, puesto que tampoco se trata de aquellas que "pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena", tal como lo exige el art. 457 del C.P.P.N..

Sin perjuicio de lo apuntado, si se demuestra la existencia de una cuestión de índole federal, debidamente introducida y fundada, quedaría habilitada la jurisdicción de esta Cámara Nacional de Casación Penal, como órgano judicial intermedio, instituida en tal carácter por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la doctrina establecida en el precedente "Di Nunzio" (D.199.XXXIX, causa Nro. 107.572, rta. el 3/5/05).

En el sub iudice, el aquí impugnante solicitó en la instancia anterior que se declare la extinción de la acción penal, pedido que fue rechazado por el tribunal a quo. Ello motivó que acudiera ante esta sede, alegando una concreta vulneración de la garantía constitucional de la duración razonable del proceso penal.

Ahora bien, dado que en nuestro sistema procesal vigente no se encuentra previsto otro recurso que no sea el de casación contra ese pronunciamiento, por lo que no existe otra alternativa procesal para preservar en forma inmediata el derecho constitucional invocado en el caso, considero que la omisión de su tratamiento provocaría un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que requiere tutela inmediata. Máxime teniendo en cuenta que, a la luz de la naturaleza de la garantía invocada, el perjuicio de tardía reparación ulterior radica, precisamente, en permanecer sometido a un proceso cuya duración reputa como irrazonable.

II. Con tal finalidad, debe destacarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya había sostenido que "la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve posible, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito" ("Mattei", Fallos 272:188). Idéntico criterio mantuvo el Alto Tribunal en el precedente "Mozzatti", oportunidad en la que asentó que las garantías de presunción de inocencia, defensa en juicio y debido proceso legal "se integran por una rápida y eficaz decisión judicial" (Fallos 300:1102).

Ahora bien, a partir de la reforma de 1994, la garantía de obtener un juicio sin dilaciones indebidas adquirió textual y expreso reconocimiento, por vía del art. 75, inc. 22°, de la C.N., en los arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9.3 y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos 318:514; 319:1849; 323:4130), señaló que "el principio del plazo razonable al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente" (caso "Suárez Rosero", del 12/11/97, § 70). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó "...que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal" (Informe Nro. 12/96).

En el ámbito nacional, a partir de la vigencia de la nueva Ley Fundamental, la Corte Suprema retomó tal doctrina cuando reconoció "la inserción constitucional del derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas" ("Barra", Fallos 327:327; fallo, este último, que se remitió a la minoría disidente de "Kipperband", Fallos 322:360), precisando, también, que "son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente y sin dilaciones indebidas. Hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción a ese deber, sea que ella se haya producido por la desidia judicial o por la actividad imprudente del letrado que asume a su cargo la defensa técnica, produce una restricción al derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de dicho derecho, conforme el art. 18 de la Constitución Nacional" ("Espósito", Fallos 327:5668).

III. Que, para verificar si se ha lesionado la garantía invocada, la Corte Interamericana brindó "tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales" (C.I.D.H., "Suárez Rosero", § 71).

Además, a tales baremos debe aunarse la especial consideración de que los imputados se tratan de menores sometidos al régimen especial previsto en la ley 22.278; que la Convención sobre los Derechos del Niño expresamente consagra que todo menor involucrado en una causa penal tiene derecho a "que la causa sera dirimida sin demora por una autoridad u órgano competente" (art. 40.2.iii) y por su art. 3.1, establece que todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas, entre ellas los tribunales judiciales, deben ser adoptadas en consideración del "interés superior del niño".

Ahora bien, completando las pautas generales señaladas, resulta útil acudir a las leyes que brindan contenido a la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable. Tales normas no son otras que las que corresponden a la legislación procesal penal, sean éstas la nacional o las provinciales, de conformidad con nuestro orden federal.

Es que así como la legislación de fondo, mediante la regulación de la extinción de la acción penal por prescripción, reglamenta el derecho constitucional a una sentencia en un plazo razonable, también corresponde a la legislación procesal, con mayor énfasis aún, proveerlo de una razonable reglamentación de los plazos y términos del procedimiento.

En este contexto, adquiere gran relevancia lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación, en sus artículos 125, del Capítulo 2: "Actos y resoluciones judiciales"; 161 y cc. del Capítulo 6: "Términos"; 207 "Duración y prórroga" de la instrucción; 354 "Citación a juicio"; 359 "Designación de audiencia", y 400 "Lectura de sentencia", en tanto establecen los términos máximos para la realización de los actos que nos ocupan y la duración máxima de la instrucción. De allí que pueda sostenerse que a partir del primer llamado a prestar declaración indagatoria, el requerimiento acusatorio (cfr. letras 'b' y 'c' del artículo 67 del código de fondo), sólo resultará respetuoso del derecho constitucional al "plazo razonable" si es practicado dentro de dichos términos.

En lo relativo al auto de citación a juicio y el dictado de sentencia condenatoria, previstos por las letras 'd' y 'e' del citado artículo 67, encuentro que los plazos máximos para su dictado, respetando la garantía en examen, surgen de los artículos de cita y sus concordantes y, en todo caso, no debe superar el de dos años, computado de la última interrupción. Tomo el plazo de dos años por ser el mínimo que establece el artículo 62 para la prescripción de la acción penal, coincidiendo, además, con el establecido por la ley 24.390 y, por el hecho, prácticamente notorio, que la casi totalidad de los procesos concluyen o podrían haber concluido con una sentencia, no firme, en el plazo de dos años.

No se me escapa que, gran parte de la doctrina y jurisprudencia señalan que los términos fijados para el cumplimiento de los actos de los órganos del Ministerio Público Fiscal y, particularmente, de la jurisdicción, revisten el carácter de ordenatorios y, por lo tanto, su incumplimiento no acarrea nulidad. Pero debe advertirse, que no estamos ocupándonos de la eficacia procesal de tales actos, sino de establecer el tiempo razonable en que deben acontecer. Ello nos brindará, en el sub lite, un importante baremo al momento de dilucidar la razonabilidad de la duración del trámite de las presentes actuaciones.

Es que, de otra manera, le concederíamos al Estado, en perjuicio de sus ciudadanos, la posibilidad de purgar los efectos de su propia incuria, ya que el sólo dictado o realización de aquellos actos, por el Ministerio Público Fiscal o el Tribunal, traería como consecuencia -paradójica- la de poner a cargo del imputado, en desmedro de su garantía a un juicio rápido (speedy trial de los norteamericanos), la dilación de la sentencia, acaecida por causa de los órganos estatales y, además, se configuraría una enorme arbitrariedad al concedérsele al Estado el doble beneficio de purgar el tiempo transcurrido y prolongar su potestad persecutoria, como premio a su propia torpeza. Ello además de oponerse al consagrado adagio latino "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", desnaturalizaría la garantía constitucional involucrada, lo que está prohibido por el art. 28 de la Constitución Nacional, en tanto establece: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por la leyes que reglamenten su ejercicio".

IV. Sentado ello, estimo adecuado reseñar brevemente el trámite de las presentes actuaciones.

Se iniciaron los actuados el día 2 de junio de 2003, fecha en la que se citó a F. J. B. a prestar declaración indagatoria y se dio intervención a la Asesora de Menores, a los fines de la disposición provisoria del menor, a tenor del art. 412 del C.P.P.N. (cfr. fs. 62).

Con fecha 18 de junio del mismo año, el señor Juez de instrucción decretó el procesamiento de B. -junto a otros consortes de causa- en orden al delito de robo en poblado y en banda en concurso real con daño calificado (arts. 55, 167, inc. 2° y 184, inc. 5° del C.P.), sin prisión preventiva, a la vez que lo declaró inimputable en orden a los delitos de lesiones leves calificadas, amenazas, daño simple y resistencia a la autoridad, sobreseyéndolo parcialmente en cuanto a ese aspecto de la imputación (cfr. fs. 203/210 vta.).

Dicho auto de procesamiento fue apelado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 228/231 y por Damián RAFASQUINO, consorte de causa de B., a fs. 240/241. Con fecha 30 de junio de 2004, la Cámara de Apelaciones revocó parcialmente el sobreseimiento dictado a RAFASQUINO y B. en orden a los delitos de lesiones leves calificadas y amenazas.

Durante el transcurso del año 2004, el imputado Maximiliano Andrés DAVILA fue individualizado como uno de los perpetradores del hecho investigado (cfr. copias certificadas de fs. 273/277), por lo que el Instructor, con fecha 15 de julio de 2004, ordenó la realización de una serie de ruedas de reconocimiento, a fin de que las víctimas damnificadas manifiesten si podían reconocer al mencionado y a otros coimputados (cfr. fs. 283). Luego de una serie de incompareciencias por parte de los damnificados a las diligencias ordenadas, las mismas fueron realizadas en los meses de noviembre de 2004, marzo y abril de 2005.

Con fecha 19 de abril de 2005, el Instructor citó a M. A. D. a prestar declaración indagatoria (cfr. fs. 370), resolviéndose su auto de procesamiento el día 19 de mayo de 2005, sin prisión preventiva (cfr. fs. 387/395).

Con fecha 19 de septiembre de 2005, el señor representante del Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio respecto de B., D. y los restantes co-imputados, considerando el obrar de los nombrados como coautores de los delitos de daño (art. 183 del C.P.), daño agravado por recaer sobre un bien de uso público (art. 184, inc. 5° del C.P.), robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167, inc. 2° del C.P.) y mediante el empleo de arma impropia (art. 166, inc. 2° del C.P.) y resistencia a la autoridad (art. 239 del C.P.), todos ellos en concurso real (art. 55 del C.P.) - (cfr. fs. 444/448 vta.).

Con fecha 22 de noviembre de 2005 fue declarada clausurada la instrucción y se elevó la causa a juicio (cfr. fs. 476/477 vta.). El Tribunal Oral de Menores citó a las partes a juicio, a tenor del art. 254 del C.P.P.N., con fecha 10 de agosto de 2006 (cfr. fs. 496). Una vez diligenciado todo el trámite del ofrecimiento de prueba, con fecha 19 de octubre de 2006 el tribunal dispuso "vuelvan los autos a despacho a fin de fijar fecha para la realización de Audiencia de Debate Oral" (cfr. fs. 518).

Finalmente, con fecha 24 de junio de 2008, la defensa de B. y D. interpuso excepción por falta de acción, cuya denegatoria motivó el presente recurso de casación.

V. Reseñado todo lo anterior, considero que, en el presente caso, efectivamente ha mediado una vulneración a la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. Ello así, por las siguientes razones.

En primer lugar, la instrucción preparatoria insumió más de dos años y medio, habiendo mediado entre la citación a prestar declaración indagatoria (2/06/03) y el requerimiento de elevación a juicio (15/09/95) un lapso de más de dos años y tres meses, lo que implica un significativo apartamiento de los plazos previstos en el art. 207 del C.P.P.N.

Seguidamente, elevada la causa a juicio, se dictó el auto de citación a juicio con fecha 10 de agosto de 2006, no habiéndose fijado todavía fecha para la celebración de audiencia de debate.

Corresponde, entonces, analizar si el plazo total de más de cinco años utilizado hasta el presente, particularmente los más de dos años sin ningún avance procesal, constituyen o no un agravio a la garantía invocada, examinando la controversia conforme lo postulado por el Tribunal Internacional, es decir, a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.

En ese orden de ideas, debo señalar que no concurre el primero de los extremos en cuestión, el que ni siquiera fue invocado por el representante del Ministerio Público Fiscal, ni meritado por el tribunal a quo al resolver su rechazo.

En relación a la segunda de las variables, corresponde señalar que el tratamiento de las apelaciones interpuestas contra el auto de procesamiento -articuladas por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de un consorte de causa del recurrente, que insumieron un año entero de trámite, tampoco corresponde imputarlo al actuar procesal de la defensa de B..

Ahora bien, merece una consideración aparte lo afirmado por el mismo Tribunal Oral de Menores, en la resolución impugnada, en cuanto a que ese fuero se encuentra sobrecargado de tareas por el cúmulo de procesos en trámite, por lo que, ante la infraestructura insuficiente, priorizan aquéllos en los que se encuentran personas detenidas.

Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...las ingentes dificultades que agobian a los jueces por el exceso de tareas y ciertas carencias estructurales (...) aún cuando permitiere explicar las demoras en que se ha incurrido y justificar a los jueces por esa misma demora, no autoriza a hacer caer sobre la cabeza del imputado los inexorables costos de lo sucedido" (conf. "Barra" ya citado, consid. 15; doctrina que ya recepté al analizar un caso similar al presente, al emitir mi voto en la causa Nro. 8403 de esta Sala IV, "BALATTI, Lidia Inés s/recurso de casación", Reg. Nro. 11.013, rta. el 7/11/08).

A partir de ello, se colige que el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados y establecer, en su caso, la responsabilidad del incuso, provocó una prolongación injustificada e indefinida del estado de incertidumbre de J. F. B., que resultó incompatible con su derecho a un juicio sin demoras indebidas, en función de lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran, por vía del art. 75, inc. 22° (arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9.3 y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 40.2.iii) de la Convención sobre los Derechos del Niño) y configura un agravio constitucional que sólo puede ser reparado mediante la extinción de la acción penal.

En este último sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "resultando el único remedio posible a dicha transgresión constitucional la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción, en la medida en que ella constituye la única vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho fundamental vulnerado" ("Barra", consid. N° 16; en igual sentido: causa A. 556. XXXIII, "Amadeo de Roth", rta. el 4/5/00, consid. N° 11).

VI. Concurre en igual dirección el principio general de política criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, que extrema su vigor cuando de menores infractores se trata. A punto tal que, la Convención sobre los Derechos del Niño, expresa y específicamente, prescribe que "la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño [...] se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda" (art. 37.b.). En consonancia con tales principios, la ley 22.278 admite la posibilidad de prescindir de la imposición de pena respecto de un menor que ha sido sometido a tratamiento tutelar, cuando prescribe que si, en función de "las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez [...] fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá" (art. 4°, el subrayado me pertenece).

A partir de lo expuesto, no puede dejar de considerarse que el sistema tutelar previsto por dicha ley opera de un modo materialmente análogo al de la suspensión de juicio a prueba del art. 76 bis. del C.P. (más allá de que formalmente se le conceda o no, al menor, tal beneficio).

Ello así, pues mientras el instituto de la probation se dirige, mediante el cumplimiento de las pautas de conducta que han sido fijadas, a lograr la reinserción del imputado a través de un medio formal no punitivo, provocando la extinción de la acción penal, paralelamente, el tratamiento tutelar previsto por la ley 22.278 tiende a lograr la inserción social del menor a través de una solución formal, alternativa a la respuesta punitiva, en un todo de acuerdo a las reglas consagradas por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Guiado por estas últimas consideraciones, advierto de la compulsa del legajo tutelar de B., que corre por cuerda, que el Juzgado de Menores Nro. 6 sometió al encartado a tratamiento tutelar con fecha 4 de junio de 2003, disponiendo su internación en el "Centro de Admisión y Derivación" del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y designó asistentes tutelares para que lo visiten y confeccionen los informes pertinentes (cfr. fs. 7 del legajo tutelar). Con fecha 20 de junio de ese mismo año, se dispuso el egreso definitivo del menor bajo la modalidad de libertad asistida, disponiendo la visita periódica de asistentes tutelares a su domicilio particular (cfr. fs. 26).

Posteriormente, el menor fue nuevamente internado en el C.A.D. por disposición del Juzgado de Menores Nro. 7, cediendo la tutela del menor al Juzgado que había intervenido con anterioridad (cfr. 44). Con fecha 9 de diciembre de 2003 se dispuso que B. permanezca internado en el Instituto "Manuel Rocca" (cfr. fs. 57) Habiéndose realizado los respectivos informes tutelares del menor en su lugar de internación, así como los respectivos informes sociales y psicológicos, con fecha 18 de marzo de 2004 se dispuso nuevamente su egreso (cfr. fs. 89/91). En igual fecha, se designaron nuevos asistentes tutelares a fin de que visiten al menor en su domicilio, debiendo presentar los correspondientes informes (cfr. fs. 96).

Una vez elevada la causa a juicio, con fecha 29 de junio de 2004, el Tribunal Oral de Menores lo citó a comparecer a fin de hacerle conocer la dependencia del Tribunal y los alcances de la ley 22.278 (cfr. fs. 104), lo que el menor cumplió al día siguiente (cfr. fs. 105).

A fs. 108/109, 114, 115, 119, 120, 124, 132, 135, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 y 153 lucen los informes realizados por los asistentes tutelares que concurrieron a entrevistarse con el menor en su domicilio particular, en el período comprendido entre agosto de 2004 y noviembre de 2006.

Es de destacar que los referidos informes no sólo remarcaron los avances del menor en materia de educación y ocupación laboral, sino que a fs. 125 luce el Informe de Cierre del Programa, emitido por el Departamento de Libertad Asistida, el que concluyó señalando que "dada la situación planteada, donde se ha cumplido en buena medida los objetivos previstos para nuestra intervención, damos por finalizada nuestra intervención" (sic.).

Así pues, se colige que el tratamiento dispuesto por el Juzgado de Menores fue cumplido por el menor B., recibiendo en su domicilio particular a los asistentes tutelares que lo visitaban e incluso aportando fotocopias de sus recibos de sueldo, para así demostrar su ocupación laboral.

De la reseña de su tratamiento tutelar, puede concluirse que se ha configurado una situación semejante a aquella que, tratándose de imputados adultos, llevaría a la extinción de la acción penal; a lo que se aduna, en el sub iudice, que tampoco subsista la necesidad de imponer al encartado una pena, situación que torna más injustificada, aún, la prolongación del estado de incertidumbre del nombrado que comporta la vigencia de la acción penal respectiva.

En virtud de todo lo expuesto, habré de propiciar al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, y se declare la extinción de la acción penal por prescripción en relación a F. J. B..

VI. Cabe también destacar que, si bien el agravio referido a la violación a la garantía analizada fue traído a esta instancia exclusivamente por la defensa de B., lo cierto es que su recurso impugnó una resolución que analizó la particular situación del nombrado y de su consorte de causa DAVILA.

Por ello, la favorable acogida que aquí se propone del recurso interpuesto, conlleva la necesidad de analizar si corresponde adoptar el mismo temperamento respecto de DAVILA, en atención al efecto extensivo que todo recurso exitoso comunica a los demás imputados, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales (art. 441 del C.P.P.N.).

En este sentido, si bien DAVILA fue citado a prestar declaración indagatoria con fecha 5/5/05 y la causa fue requerida a juicio con fecha 15/9/05 -no advirtiéndose, a su respecto, ninguna vulneración al plazo previsto por el art. 207 del C.P.-, lo cierto es que, posteriormente, el Estado incurrió en la misma inactividad procesal advertida en relación a su consorte de causa, pues desde el auto de citación a juicio, dictado con fecha 10 de agosto de 2006, no se advirtió ningún impulso procesal de las actuaciones.

Ciertamente, esta última prolongación indefinida del procedimiento no le fue imputable al actuar procesal de su defensa, sino a la mera inacción reconocida por el propio tribunal a quo, justificadas en atención a la sobrecarga de tareas.

Así pues, a la luz de las pautas señaladas ut supra, el sometimiento de DAVILA a un proceso durante más de tres años y medio, habiendo permanecido la causa absolutamente paralizada durante los dos últimos años, sin siquiera fijarse fecha para la celebración de la audiencia de debate, para así poder arribar a un pronunciamiento de mérito que ponga fin a su estado de incertidumbre, constituyó, en el sub lite, una injustificada extensión del procedimiento, que resultó incompatible con su garantía constitucional a ser juzgado sin demoras indebidas.

Por tales motivos, también propiciaré declarar la extinción de la acción penal respecto de Maximiliano Andrés DAVILA, por resultar el único medio jurídico idóneo para cesar la afectación a la garantía invocada.

Tengo también en cuenta las reflexiones asentadas en el acápite anterior, atinentes al rol del tratamiento tutelar, en función a la necesidad de pena que, en cada caso, debe meritarse.

En este último sentido, de la compulsa del legajo tutelar de DAVILA, que corre por cuerda, surge que el Juzgado de Menores Nro. 6 sometió al encartado a tratamiento tutelar con fecha 19 de agosto de 2005, designando un asistente tutelar para que presente los correspondientes informes (fs 13.).

El mencionado funcionario concurrió mensualmente al domicilio del menor durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2005, presentando los respectivos informes a fs. 15, 16 y 17.

Una vez elevada la causa a juicio, con fecha 7 de marzo de 2006, el Tribunal Oral de Menores lo citó a comparecer, a fin de hacerle conocer que la causa había quedado allí radicada (fs. 19), lo que el menor cumplió a la semana siguiente (fs. 20).

Con fecha 3 de mayo de 2006, el tribunal a quo dispuso la designación de un nuevo asistente tutelar, a fin de que presente los informes de evolución del menor. A tal fin, con fecha 6 de junio de 2006, el tribunal citó al encartado para que se entreviste con el asistente (fs. 23). A fs. 27 luce el respectivo informe, que da cuenta que DAVILA concurrió a la entrevista.

Finalmente, con fecha 14 de agosto de 2006, en atención a que el incapaz adquirió la mayoría de edad, se declaró extinguida la disposición tutelar (fs. 28).

Así pues, se advierte que el tratamiento tutelar dispuesto a su respecto, que estuvo vigente durante el plazo de un año, fue cumplido por el menor DAVILA, recibiendo en su domicilio particular a los asistentes tutelares que lo visitaban, y concurriendo a los estrados del Tribunal en cada oportunidad en que fue citado.

A partir de tal reseña, entiendo que en el sub iudice tampoco se ha demostrado la necesidad de imponer al encartado una pena, situación que torna más injustificada, aún, la prolongación del estado de incertidumbre del nombrado, que comporta la vigencia de la acción penal respectiva.

Por todo ello, también propiciaré se declare la extinción de la acción penal por prescripción en relación a Maximiliano Andrés DAVILA.

Así voto.- El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. I. En cuanto a la admisibilidad de la impugnación incoada cabe recordar que esta Sala IV ha resuelto en numerosas oportunidades que la resolución por la cual se resuelve el rechazo de la prescripción de la acción penal no se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. de esta Sala IV: Causa 4878: "SOLMESKY, Alberto s/ recurso de queja", Reg. Nro. 6023, rta. el 8/9/2004 -con la cita de la Causa Nro. 2373 "VERGARA ESCUDERO, Patricio s/recurso de queja", Reg. Nro. 3091.4, rta. el 27/12/00; Causa Nro. 2819 "GRANELL PAVIA, Emilio s/recurso de queja", Reg. Nro. 3506.4, rta. el 5/7/01; Causa Nro. 2084 "CASCO, Julio Aníbal s/recurso de queja", Reg. Nro. 2680.4, rta. el 29/8/00; Causa Nro. 3182 "CASTIGLIONI, María Cristina s/recurso de queja", Reg. Nro. 3904.4, rta. el 15/3/02-; y la Causa Nro. 4142 "TOREA, Héctor s/recurso de queja", Reg. Nro. 5128.4, rta. el 29/8/03; Causa Nro. 4017: "MUZIKANT, Dora Elena s/ recurso de queja", Reg. Nro.5012, rta. el 3/7/03; y Causa Nro. 4526: "BARRAZA PECE, Pedro Francisco s/ recurso de casación", Reg. Nro. 5654, rta. el 27/4/04; entre varias otras).

Decisión que se ha adoptado incluso en casos en los que el rechazo de la prescripción de la acción penal se había resuelto en la etapa de juicio (cfr.: esta Sala IV: Causa Nro. 4142 "TOREA, Héctor s/recurso de queja", Reg. Nro. 5128.4, rta. el 29/8/03; Nro. 4045: "FUENTES, Juan Pedro s/ recurso de queja", Reg. Nro. 5050, rta. el 18/7/03; y Nro. 5552: "RAUCH, Federico y otro s/ recurso de casación", Reg. Nro. 7565, rta. el 20/6/06; entre varias otras).

II. Sin perjuicio de ello, expondré a continuación losmotivos por los cuales entiendo que el recurso impetrado por la defensa del imputado B. no debe gozar de favorable acogida .

En diversas oportunidades nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323: 982; recientemente, P. 762. XXXVII. "Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato", resuelta el 7 de marzo de 2006; A. 2554. XL. "Recurso de hecho deducido por Néstor Horacio Acerbo en la causa Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando -causa N 51.221-", resuelta el 21 de agosto de 2007), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.

En igual sentido, el Alto Tribunal sostuvo (Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327) que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años. No obstante, la Corte identificó entonces, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios con que debe ser apreciada la duración del proceso: la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales (sentencias en el caso "König" del 28 de junio de 1978 y del caso "Neumeister" del 27 de junio de 1968, publicadas en "Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1959-1983", B.J.C, Madrid, págs. 450/ 466, párrafo 99, y 68/87, párrafo 20, respectivamente; en el mismo sentido, más recientemente "Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123).

En idéntica inteligencia jurisprudencial, el Tribunal de Estrasburgo ha resuelto que el carácter razonable de la duración del proceso debe estar determinado según las circunstancias de cada caso, pero especialmente tomando en consideración la complejidad del caso y la conducta del recurrente y de las autoridades competentes (CEDH, "Katte Klitsche de la Grange vs. Italy", caso 21/1993/416/495, sentencia del 27/10/1994, párr. 51°; "X vs. France", caso 81/1991/333/406, sentencia del 31/3/1992, párr. 32°, entre otros).

En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 319:1840; 323:4130), remitiéndose al criterio elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos, señaló que "... es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales" (Corte IDH, Casos "Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago", sentencia del 21/6/2002; "Suárez Rosero", sentencia del 12/11/97, y "Genie Lacayo", sentencia del 29/1/1997, entre otros).

II. Ahora bien, si bien la resolución traída a revisión casatoria implica para el imputado continuar sometido a proceso, habiéndose rechazado en la etapa de juicio su reclamo de que se declare extinguida la acción penal en orden a la alegada violación de las garantías de debido proceso y de ser juzgado en un plazo razonable, no surge en el caso la posibilidad de equiparar la resolución pronunciada a definitiva. Ello, pues dicha afectación no ha sido demostrada con evidencia, ni se desprende plausiblemente de la compulsa de autos, más aún teniendo en consideración que los actuados se encuentran actualmente en la etapa de juicio y los imputados no se ven privados de su libertad, por lo que, la obtención de una resolución definitiva del pleito que ponga fin a las restricciones que implica el mero sometimiento de la recurrente al juicio penal no puede considerarse actualmente un derecho denegado (artículo 16 de la C.N.).

En este sentido resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que las decisiones que recha-zan la prescripción pueden ser equiparadas a definitivas en sus efectos, en la medida en que "cabe presumir que hasta la sentencia final puede transcu-rrir un lapso tan prolongado que, por sí solo, irrogue al procesado un perjui-cio que no podrá ser ulteriormente reparado" (sentencia del 15 de marzo de 1979 "in re" "BALIARDE, José y otros s/ ley 12.906" -sumario en Fallos 301: 197-; y dictamen del Procurador General, y voto del Ministro Vázquez en el fallo B 898.XXXVI. Recurso de hecho. "BARRA, Roberto Eugenio Tomás s/defraudación por administración fraudulenta -causa n° 2053-W-31"; reiterada en el fallo dictado en S. 2491.XLI: SANTÁNGELO, José María s/ defraudación por administración fraudulenta", rto. El 8 de mayo de 2007), dicha circunstancia no se advierte configurada en el caso. Del estudio de las específicas características del trámite conferidas al presente proceso, no se advierte que pueda calificarse su prolongación como irrazonable y, por lo tanto, considerar afectados los derechos de defensa en juicio y debido proceso en cuanto integrados por una rápida y eficaz decisión judicial (contrariamente a lo que se considerara en el precedente "MOZATTI" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos: 300: 1102-, y "BARRA, Roberto Eugenio Tomás", ya citado).

El tribunal de "a quo" sostuvo que "... la causa ha tenido hasta el momento un trámite regular pero aún tratándose de hechos de poca complejidad y de las aspiraciones del Tribunal de fijar la pertinente audiencia en el menor tiempo que resulte factible, ello no se ha concretado en razón de encontrarse excedidas sus posibilidades ante la desproporción existente entre las causas que ingresan y la insuficiente infraestructura con las que cuenta, lo que obliga a escalonar los debates según el orden de urgencias en el que resultan prioritarias, sin duda, aquellas en las que se encuentran personas detenidas ..." (fs. 542 vta.).

Continuó su raciocinio denegatorio el colegiado anterior señalando que "... fácilmente se advierte que sin un adecuado cambio legislativo que se sume al diario esfuerzo de empleados, funcionarios y magistrados, no es posible revertir el hecho de que un proceso como éste se vea demorado por las razones expuestas supra, lo que nos lleva a concluir - y sin que ello implique considerar que las falencias del sistema deban recaer en cabeza de los imputados que se ven afectados por la incertidumbre que conlleva la falta de una sentencia firme- que en la actual situación, objetivamente, el presente no registra un tiempo de trámite mayor que otros similares en cualquier Tribunal Oral de Menores de esta Ciudad, y que, consecuentemente, no se ha excedido el plazo razonable para su culminación" (fs. 542 vta./543).

Ahora bien, habiéndose reseñado previamente el iter resolutorio transitado en primer lugar por el Juzgado de Menores y, posteriormente por el Tribunal minoril (consideraciones a las cuales me remitiré breviatis causae al punto III del voto que lidera el acuerdo), no se advierte que su prolongación presente una demora tal que permita calificar de evidentemente irrazonable el plazo que ha demandado, y considerar así afectados en consecuencia los derechos de defensa en juicio y debido proceso en cuanto integrados por una rápida y eficaz decisión judicial (contrariamente a lo que se considerara en el precedente "MOZATTI" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos: 300: 1102-, y "BARRA, Roberto Eugenio Tomás", ya citado).

Para así sostener, he tenido esencialmente en consideración: a) la crítica situación estructural en la que se encuentra actualmente el Tribunal Oral de Menores N°3 -tal como supra señalado-; b) que ninguno de los imputados se encuentra actualmente privado de su libertad; c) que el delito que se les imputa es el de daño calificado por recaer sobre un bien de uso público y robo doblemente agravado -por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y mediante el empleo de arma impropia- ambos en concurso real (arts. 45, 55, 166 inc. 2°, 167 inc. 2° y 184 inc. 5° del Código Penal), delitos cuyas penas máximas previstas en los respectivos artículos son de 15 años de reclusión o prisión y 4 años de prisión según la normativa entonces vigente, y; d) que la partes ya fueron convocadas a juicio tal y como prevé el art. 354 del Código ritual, y el sumario se encuentra pronto para la realización de la audiencia de debate.

En consecuencia, adquiere relevancia recordar que la garantía de obtener un juicio sin dilaciones indebidas (que surge no sólo del artículo 18 de la C.N., sino también de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, p.ej del artículo 14, inciso 3° del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles) puede encontrar tutela en el prescripción de la acción. En este sentido, como se adelantó, es cierta la relación existente entre "duración del proceso" y "prescripción de la acción penal", que ha sido reconocida varias veces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr.: Fallos: 306:1688 y 316:1328). Y también que la modificación de la ley 25.990 acota estrictamente la exégesis de las causales de interrupción de la acción del artículo 67 del Código Penal.

Así, el plazo de máxima de quince años que pautan los artículos 166 inc. 2°, 167 inc. 2° y 184 inc. 5°, todos concursando bajo la figura del art. 55 del C.P, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62, inciso 2°, del C.P., se encuentra vigente, ya que la citación de las partes a juicio (del 10 de agosto de 2006 ha interrumpido la prescripción de la acción penal incoada (cfr. en tal sentido mis votos en las causas: causa Nro. 1026: "MALDONADO, Roberto Mario s/ recurso de casación", Reg. Nro. 1509.4, rto. el 2/10/98; y Nro. 5415: "GONZÁLEZ DE LOWESTEIN, Diana Lía s/ rec. de casación", Reg. Nro. 7130; Nro. 5417: "TOREA, Héctor s/ recurso de casación", Reg. Nro. 7131; Nro. 5418: "DANZINGER, Danilo s/ rec. de casación", Reg. Nro. 7132; Nro. "FABALE, Juan C. s/ recurso de casación", Reg., Nro. 7133; y Nro. 5416 "MAZZITELLI, Antonio s/ rec. de casación", Reg. Nro. 7134; todos resueltos el 14 de diciembre de 2005; entre muchos otros).

Finalmente, habré de señalar que el imputado B., por encontrarse sujeto al régimen minoril, la eventual pena a aplicar en caso de ser necesaria podría ser reducida en los términos de la tentativa, tal como reza el art. 4° de la Ley 22.278, coincido con el "a quo"en cuanto a que no es ésta la oportunidad procesal para entrar en el mérito, ya que la aplicación o no del canon mencionado deberá resolverse al momento de la sentencia, y a la luz del resultado del tratamiento tutelar.

III. En virtud de todo lo expuesto, propicio al acuerdo que se declare mal concedido el recurso de casación interpuesto, sin costas (arts. 530 y 531 "in fine" del C.P.P.N.).

El señor juez Mariano González Palazzo dijo:

Por coincidir sustancialmente, adhiere a la solución que propicia el voto del Dr. Gustavo M. Hornos.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría:

RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto a fs. 549/555 vta. por el doctor Diego FREEDMAN, asistiendo a F. J. B., sin costas (530 y 531 "in fine" del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la parte recurrente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral de Menores Nro. 3 de esta ciudad, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.