Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25


Salta, 25 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "SCHLEE, MARCELA ALEJANDRA Y OTROS VS. ESCUELA PRIVADA DR. RAUL GOYTIA Y/O RESPONSABLES - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. nº CJS 25.530/03), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 146/150, la actora interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, de fs. 142/145.

Invoca un supuesto de arbitrariedad sorpresiva por introducción imprevista de una cuestión federal; y argumenta inconstitucionalidad por haberse dejado de lado las leyes aplicables y la doctrina de ambas Salas de la misma Cámara, y la vulneración a los dere-chos de igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio y a un debido proceso.

Sostiene que se trata de una relación laboral privada regida por el Estatuto Docente -ley 13047-, mas se aplicó la Ley de Educación de la Provincia que rige a los docentes de establecimientos públicos provinciales. Aduce que se incurrió en el mismo error que en el caso "Miranda vs. Instituto Hernando de Lerma", al considerarse que en virtud del art. 38 de la Ley Federal de Educación nº 24195, los docentes de gestión privada reconocida tienen derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de gestión estatal, y que para su determinación es aplicable la escala salarial para el personal docente de la Provincia es-tablecido por decreto 322/92 como sistema normativo de referencia. Arguye que el presente es idéntico al caso "Lazarte vs. Instituto Facundo de Zuviría", donde se declararon proce-dentes las diferencias salariales aplicándose la escala de los docentes privados.

Alega que el "a quo" hace decir a la juez lo que no dijo, cuando considera procedente e improcedente, a la vez, la aplicación de la escala de SADOP, y que se han reiterado con-siderandos de la sentencia recaída en "Burgos vs. Educar para la excelencia" para revocar el acogimiento de las diferencias salariales, cuando en aquel caso se las había rechazado. Niega que su parte deba probar alguna remuneración pactada, tema que no formó parte de la litis, pues es el juez quien debe decidir la ley que rige el caso. Entiende que existe confu-sión al aplicar la ley 6829, porque el Estado supervisa el servicio educativo, pero la norma no regula las relaciones entre los propietarios de escuelas y sus empleados docentes. Es discriminatorio -aduce- sostener que el docente privado debe tener un sueldo mínimo igual al público, de $ 229,39, cuando al último se le agrega el incremento establecido por decreto 804, antigüedad e incentivo docente, que totaliza aproximadamente $ 400.

Sostiene que hubo despido directo comunicado a las actoras cuando éstas solicitaron se les aclare su situación laboral; y que es contradictorio lo considerado a fs. 144 "in fi-ne"/145, respecto a que en el libro de firmas figuran las actoras hasta diciembre, y que hay recibos de sueldos de febrero/01. Invoca la vulneración de la LCT por exigirse requisitos no previstos, pues no obstante referirse a las intimaciones cursadas por las actoras, se afirma que no se aportó prueba sobre la intimación de pagos, aludiendo a que no se determinó cuantitativamente la deuda por diferencias salariales ni los conceptos que la integran.

Concedido el recurso por el tribunal "a quo", a fs. 152 bis/153, presentan memoriales las partes a fs. 161/166 vta. y 167/171. A fs. 173/176 dictamina el Sr. Fiscal de Corte nº 2, en el sentido de que corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, encontrán-dose ahora los autos en estado de resolver.

2º) Que como se ha señalado reiteradamente, el recurso extraordinario, vía impugna-ticia especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitu-cionales; por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional resulta la base mis-ma del recurso (cfr. esta Corte, Tomo 61:577; 76:343, entre muchos otros). Y constituye una carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona garantías constitucionales, si el apelante -como en este caso- no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia impugnada.

3º) Que la arbitrariedad de sentencia por prescindencia del texto legal, requiere la demostración de un apartamiento de la solución legal aplicable al caso o una decisiva ca-rencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado (esta Corte, Tomo 67:197, 491; 91:91; 93:665), circunstancias que en este caso no se presentan.

En efecto, la apelante no demuestra la vulneración de los derechos que invoca, por-que la sentencia cuestionada ha concluido, atendiendo que ambas actoras se desempeñaron como maestras de grado de la Escuela Privada Dr. Raúl Goytia -establecimiento de educa-ción pública de gestión privada reconocido (ley 6929, art. 5º)-, y a mérito de lo dispuesto por el art. 38 de la ley nacional 24195, que corresponde la determinación de la remunera-ción mediante la aplicación de la escala salarial que para el personal docente de la Provin-cia establece el decreto 322/92 como sistema normativo de referencia.

Esta Corte, en el precedente citado por la misma apelante: "Miranda, Gabriela del Valle vs. Instituto Hernando de Lerma y/o Valero de Hevia, Elsa y/o responsable -Recurso de inconstitucionalidad", Expte. nº CJS 25196/03, registrada en Tomo 93:543, ha señalado que el artículo 38 de la Ley Federal de Educación nº 24195 dispone que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remunera-ción mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal y deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente en cada jurisdicción. El reconocimiento de este derecho supone que el salario de los docentes de los institutos educativos de gestión privada estará ligado al que cada jurisdicción establezca para los docentes de institutos educativos de gestión estatal. Y, así como se los equipara en derecho, se los iguala en requisitos de título para el ejercicio de la docencia (cfr. Luis Ricardo Silva, "La Aplicación del Estatuto del Personal Docente de los Establecimientos de Enseñanza Privada (ley 13047)" en "Re-vista de Derecho Laboral - Estatutos y otras Actividades Especiales - I", Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 85).

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia nº 6829, dispone en el artículo 30 que los servicios educativos públicos de Gestión Privada integran el Sistema Educativo Provincial y están sujetos al reconocimiento previo y a la supervisión del Ministerio de Educación. A su vez, el art. 32 establece que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada tienen el derecho a la retribución mínima referida en el artículo 38 de la Ley Federal de Educación.

En consecuencia, no se verifica el pretendido agravio de la recurrente cuando por aplicación del decreto 322/92, y luego de evaluar las constancias de los recibos de sueldos, el "a quo" concluye que los haberes fueron liquidados correctamente, en tanto los códigos y montos se corresponden con los especificados en dicho decreto.

Por otra parte, es inatendible la queja respecto a que existiría una discriminación por el monto del haber correspondiente al docente privado, si se lo compara con los rubros que perciben los públicos, pues ello, además de constituir una reflexión tardía, introducida en esta instancia y no planteada en las anteriores, es descalificable desde que la impugnante no ha rebatido mínimamente lo considerado por la Cámara respecto a que el informe de SA-DOP de fs. 89/90 se basa en la normativa aplicada en la alzada, y que en la demanda no se ha especificado los rubros que las actoras consideraban impagos con relación a las diferen-cias que se les adeuda. En ese contexto, la impugnante no ha logrado demostrar la arbitrariedad e inconstitu-cionalidad que alega respecto de la equiparación salarial con los docentes públicos resuelta en el fallo impugnado, y sus razonamientos no demuestran la existencia de una cuestión de índole constitucional, en razón de que sólo evidencian una mera divergencia con lo decidi-do, circunstancia que en modo alguno viabiliza el remedio extraordinario.

4º) Que el recurso de inconstitucionalidad resulta de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, deviene esencial para la resolución de la causa. Por ello, el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, y no para revisar sen-tencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalifica-ción como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229).

5º) Que lo relativo al rechazo de las indemnizaciones por despido, resulta igual-mente inatendible. A ese respecto, la recurrente ha dejado incumplido uno de los requisitos imprescindibles en el análisis de la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, referi-do a la introducción temporánea y adecuada del invocado caso constitucional, lo que impli-ca explicitar las garantías que se dicen conculcadas y mantener tal alegación en las instan-cias posteriores, a fin de que los jueces de la causa tengan la posibilidad de examinar la cuestión, resolviendo concretamente sobre ella. En efecto, es regla elemental en la materia que la sentencia impugnada por la vía de este recurso debe contener decisión expresa sobre el caso constitucional oportunamente planteado, y, para ello, debe haber sido concretamente incorporado a la litis.

Cabe reseñar que la sentencia de primera instancia, aún cuando había acogido la demanda de diferencia de haberes, desestimó el reclamo de indemnizaciones por despi-do. Siendo ello así, la cuestión constitucional que, a decir de la impugnante, se suscita-ría en el fallo de la alzada al confirmar en este punto la anterior, debió ser planteada en oca-sión de expresar agravios en la apelación ordinaria, pues constituía una eventualidad previ-sible el rechazo del recurso deducido, y ello requería la concreta formulación de la cuestión constitucional en esa oportunidad, con mención suficiente de las garantías y derechos cons-titucionales comprometidos y su vinculación con lo hechos de la causa (cfr. esta Corte, Tomo 43:469; 58:131; 90:475), lo que la impugnante ha omitido, lo cual motiva la extem-poraneidad de la alegación de inconstitucionalidad formulada al deducirse el recurso extra-ordinario, circunstancia que conduce a la declaración de improcedencia de la queja deduci-da (cfr. CSJN, Fallos, 303:1307; 306:1679; esta Corte, Tomo 71:195; 79:197; 93:543).

Ello no obsta a señalar que las cuestiones que se suscitan entre empleados y emplea-dores, que atañen a derechos que emanan de la relación laboral, no dan lugar, por ser ex-tremos de hecho, prueba y de derecho común, a la vía extraordinaria (cfr. CSJN, Fallos, 308:1478, 1745; 310:2277; esta Corte, Tomo 64:161; 67:57; 84:479; 86:757; 90:339), regla de la cual no existe mérito para apartarse en el presente. En efecto, no se avizora en la sen-tencia de la Cámara la argüida arbitrariedad por carencia de fundamentación, ni el aparta-miento de las disposiciones de la LCT, ya que al haber considerado el "a quo" comprobado que las accionantes se dieron por despedidas por injuria patronal, sin determinar causal de distracto, ni cumplir con lo dispuesto por el art. 243 de dicho cuerpo normativo, ni demos-trado los hechos agraviantes que determinaron esa actitud, para hacerse acreedoras de las indemnizaciones, sumado a que no se aportó prueba de que hayan intimado alguna vez al pago de las diferencias salariales, ni los conceptos que las integraban, y a que los haberes abonados se ajustaban a la grilla salarial vigente, ha arribado con fundamentos suficientes al resultado que dice la apelante le agravia, mas sin lograr conmover sus fundamentos, sus-tentados en la apreciación de los hechos comprobados de la causa, y en la interpretación del derecho aplicable (arts. 243 y 246 LCT), excluyentes de la tacha de arbitrariedad. Por lo demás, no se advierte en el pronunciamiento la existencia de autocontradicciones o auto-oposiciones que la tornen jurídicamente incomprensible o demuestren una arbitrariedad intrínseca que la descalifique como acto judicial.

6º) Que, en suma, la impugnante podrá o no coincidir con la solución a la que arriba el pronunciamiento cuestionado, pero éste satisface las exigencias de todo fallo válido, pro-ducido dentro del marco de la legalidad y razonabilidad de sus fundamentos, lo cual exclu-ye la causal de arbitrariedad._ Resta destacar, con relación al invocado apartamiento, por parte del tribunal "a quo", del criterio utilizado para resolver un caso similar, que esa sola aserción no basta para descalificar lo decidido, en tanto el pronunciamiento de la alzada se sustenta, en cuanto al fondo del asunto, en normas de derecho común. Máxime cuando la recurrente ni siquiera ha demostrado que el precedente por ella citado refiera a una situación de hecho y de derecho análoga a la aquí planteada (cfr. esta Corte, Tomo 76:343).

7º) Que, en razón de lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de inconstitu-cionalidad. Con costas (art. 302 Cód. Proc. Civ. y Com.).

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA, _RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 146/150. Con costas.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-