Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29


Y.P.F. contra RACCA, Agustín y otro Reg.: A y S t 193 p 30-34.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "Y.P.F. contra RACCA, Agustín y otro _Consignación_ sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 104, año 1994).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?;

SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Gutiérrez y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

1. Por sentencia de fecha 10.9.1991 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario resolvió modificar el pronunciamiento recurrido haciendo lugar a la consignación efectuada por Y.P.F.; y aclaró que los intereses que se deberán abonar son los contemplados en los pliegos licitatorios.

En cuanto a las costas, las distribuyó por entender que se daba el supuesto de vencimientos recíprocos, disponiendo que el acreedor soporte las suyas y el 80% de las del consignante, y que éste cargue con el 20% que resta.

Contra ese fallo interpusieron los señores Erminio Salvucci y Agustín Miguel Racca recurso de inconstitucionalidad aduciendo "arbitrariedad sorpresiva" y "apartamiento de la recta inteligencia constitucional". Como causales de arbitrariedad invocaron: a) prescindencia del texto legal sin dar razón plausible y b) autocontradicción.

En cuanto a la primera de ellas argumentaron que la afirmación de la Sala relativa a que "el actor no podía consignar en el momento del vencimiento de las deudas, ya que se produjeron ellas durante la feria de enero y este tema no está previsto en el artículo 233 de la ley 10.160", carece de toda razonabilidad y contradice lo preceptuado en el inciso 5 del citado artículo, que prevé como asuntos urgentes o de feria los que se encuentran expuestos a la pérdida de un derecho o a sufrir un grave perjuicio.

Luego de efectuar diversas consideraciones citando normas del Código Civil concluyeron que incurriendo en mora el deudor si no se admitía su demanda como asunto de feria, se lo exponía a la pérdida de un derecho.

No obsta a ello _añadieron_ que con posterioridad a la interposición de la demanda y a destiempo, el actor se "allanara" a pagar los intereses moratorios.

Afirmaron que el actor después de haber iniciado una demanda por consignación no depositando los intereses, si con posterioridad a su impugnación dice que se allana no cumplimentando su prestación, no hace sino reconocer el derecho del accionado que impugna su consignación por insuficiente.

Entre otras aseveraciones sostuvieron que la feria judicial no interrumpe el plazo de la obligación y quien no puede pagar por consignación a tiempo incurre en pérdida de sus derechos.

Por otra parte _siguieron_ no es posible jurídicamente confundir el "allanamiento" con un tardío reconocimiento posterior a la demanda, no acompañado por el pertinente depósito en consignación de los intereses moratorios en que se incurriera.

A su entender este es un "típico y claro" caso de arbitrariedad sorpresiva que hace imposible la reserva y el planteo durante la litis.

Respecto al vicio de autocontradicción recordaron que ellos objetaron la consignación por ser insuficiente, lo que se admitió en la sentencia, en la que se lee "lo consignado no respetó el principio de integridad, debiéndose los intereses".

Este reconocimiento importa, a su criterio, la pérdida del juicio para la actora. Al haberse invocado la falta de integridad en la consignación, ello tuvo que determinar la condena en costas del vencido, al mediar reconocimiento por parte del sentenciante. No puede hablarse de compensación de costas _dijeron_ pues la pretensión de su parte debió prosperar 'in totum', aunque se haya desechado uno de los argumentos en que aquélla se fundaba.

No se da en la especie el caso previsto en el artículo 252 del C.P.C. y C., pues el resultado del pleito no pudo nunca ser parcialmente favorable para ambos litigantes ya que el rechazo de la consignación se fundó en tres argumentos:

no haber sido efectuada en tiempo, no mediar duda razonable y no ser suficiente.

En cuanto al tiempo señalaron que el a quo incurrió en prescindencia del texto legal sin dar razón plausible; en cuanto a la persona (razonable duda sobre el sujeto pasivo) admitieron, por ser una cuestión de hecho, el criterio del a quo respecto a que se dio el caso de duda razonable previsto por el artículo 757, inciso 4 del C.C.; y en relación al objeto puntualizaron que el propio sentenciante reconoció la carencia de "integridad".

Añadieron, con cita de doctrina y jurisprudencia, que la eficacia del pago por consignación requiere la concurrencia de los principios de identidad e integridad, pues el acreedor no puede ser obligado a recibir algo distinto a lo debido ni algo incompleto.

Faltando cualquiera de esos requisitos la consignación debió rechazarse, pues basta con que uno sólo de los argumentos esgrimidos prospere para que corresponda el rechazo de la consignación y por ende el vencimiento del accionante.

Entendieron, en síntesis, que existe una evidente autocontradicción sorpresiva en la sentencia al reconocer, por una parte, que la consignación era insuficiente y por ende carecía del requisito de "integridad", y por la otra, considerar a la parte vencida en su pretensión, como vencedora.

Reiteraron por último que el fallo es arbitrario y debe descalificarse por las dos causales señaladas, las que surgieron sorpresivamente.

Por otra parte, bajo el título "inconstitucionalidad por apartamiento de la recta inteligencia constitucional", alegaron que el fallo además de arbitrario, adolece del vicio previsto en el inciso 2do. del artículo 1ro., de la ley 7055, por afectar gravemente derechos que se apoyan en una recta inteligencia de los preceptos de la Constitución provincial que tutelan los derechos de defensa, jurisdicción y debido proceso; afectándose con ello su derecho de propiedad. Invocaron los artículos 6, 7, 9, 15 y '25' de la Constitución local.

2. Denegada por el a quo la concesión del recurso, sus postulantes ocurrieron directamente ante esta Corte, quién concedió el recurso limitado a las causales fundadas en el inciso 3ro. del artículo 1 de la ley 7.055.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro motivos para apartarme de la resolución adoptada por este Cuerpo en A. y S., T. 105, págs. 305/308, al momento de resolver aquélla presentación directa.

Voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo:

1. Magüer lo reiterativo, el recurrente ha sido preciso en su expresión de agravios constitucionales y entiendo que su disenso, en los límites en que se concedió el recurso, encuentra mérito en las constancias de autos.

2. Copiosa jurisprudencia (ver por todos J.A. 1981_I_619) ha consagrado como recta interpretación del artículo 758 del Código Civil que, en su aplicación, no puede exigir, como requisito indispensable, la consignación "en tiempo". De hecho, el pago es válido si se efectúa en cualquier momento del plazo concedido al efecto y, si en las postrimerías de aquél término, se produjese alguno de los eventos que hacen operativo el pago por consignación (art. 757 Código Civil), pocas o ninguna demanda de este tipo podría prosperar.

Lo enunciado, en mi criterio, coloca en una zona gris el punto en el cual se diferencian la interpretación del derecho común y el apartamiento de un texto legal; dilema que habrá de resolverse en el caso concreto.

Surge del sub lite que antes del 30 de diciembre de 1987 la actora se encontraba anoticiada de la negativa de "Empresa Bissutti S.R.L." a reconocer legitimidad a todo tercero que bajo cualquier título pretendiese el cobro de las facturas impagas.

Las que aquí interesan vencían los días 4 y 18 de enero de 1988, por lo que, operando la mora automáticamente a partir de tales fechas, Y.P.F. se encontraba expuesta a la pérdida de un derecho (aunque con la salvedad anteriormente efectuada).

La afirmación del a quo destacando que el actor no podía consignar en el momento del vencimiento de las deudas ya que se produjeron ellos durante la feria de enero y este tema no está previsto por el artículo 233 de la Ley 10.160 resulta, en principio, una lectura errónea de dicha norma en su integridad.

No obstante ello, es el caso destacar, fundamentalmente en orden a la que considero una correcta interpretación del artículo 758 del Código Civil, que no se trata aquí de juzgar si el pago por consignación ero o no materia ínsita en el artículo 233 de la ley 10.160, pues resultaría meramente conjetural para este Tribunal y aún para el a quo, presumir una decisión que sólo compete a los tribunales de feria. Se trata sí, de ameritar la conducta del deudor en mora y si a éste le era exigible, más allá de la razonable duda sobre la persona del acreedor, intentar la consignación en tiempo oportuno.

Aquí debo advertir que, en las particulares circunstancias de la causa en la que mediaban dudas razonables sobre la persona del acreedor y la viabilidad del pago por consignación como materia de feria, no puede dejar de ponderarse que hay jurisprudencia y doctrina que admite sin dudarlo la posibilidad de que el deudor en mora pueda consignar -a condición de que lo haga con el daño moratorio- (Llambías, Jorge J., Código Civil Anotado, T. II-B, pág. 283, entre otros). Ello torna a la materia de agravio, cuanto menos, opinable y, por ende, exenta de ser analizada por la vía extraordinaria.

3. Directamente relacionado con lo expuesto, ya que la cuestión se traslada así al punto sobre la integridad de la consignación, encuentro razón al recurrente en lo relativo al segundo de los agravios constitucionales expuestos.

En la causa "Milo" (A. y S., T. 82, págs. 127/137) expuse sintéticamente que si procuramos describir en rasgos gruesos el camino seguido al fallarse una causa, podemos recurrir a la figura lógica del silogismo práctico (no teórico) o prudencial en donde la premisa mayor tiene por objeto el fundamento normativo, la premisa menor se ocupa de la selección del material fáctico, y la conclusión coincide con la parte resolutiva; y cómo, trasladando simplificadamente el cuadro de arbitrariedades (normativa, fáctica, axiológica y lógica) al silogismo descripto, se comprueba que la última de aquellas se da cuando la estructura formal que exhibe el razonamiento del juzgador no se concilia con las leyes del pensar correcto.

En el sub examine ocurre que con el fin de estipular la condena accesoria de intereses, el a quo formula una afirmación fáctica (premisa menor: falta del requisito de integridad del pago) y en la conclusión no refleja el resultado que el pensar correcto impondría a la luz de la premisa mayor (ineficacia de la consignación) sino exactamente lo contrario.

Advierto de todos modos, que la solución del a quo aparecería como de mayor practicidad a la hora de solucionar el conflicto y destaco que no es aislada la jurisprudencia que, haciendo aplicación del artículo 743 del Código civil, ha entendido que procede la consignación depositando el importe líquido de la deuda y ofreciendo pagar la parte ilíquida cuando sea determinada (J.A. 1984_II_síntesis 107), pero ese no es el caso de autos donde no medió ofrecimiento alguno previo a la impugnación y, entonces, encontrándose ésta justificada (J.A. 1980_II_695; L.L. 1985_B_173, 1987_B_125; BCNECyC 981_702, núm. 10.544,), lo decidido al amparo del principio de economía procesal jamás podía derivar en la condena en costas a la demandada.

Este es, en mi opinión, el quid de la cuestión y el recurrente lo sintetiza cuando sostiene que "No puede ser que al mismo tiempo una consignación en pago vulnere el principio de integridad y sin embargo se la recepcione con costas al que invocó la carencia ...., cuando la pretensión es virtualmente acogida".

4. En conclusión, el a quo ha quebrantado (en principio) las normas del pensar correcto haciendo efectiva una consignación tras destacar la carencia de uno de sus requisitos esenciales (integridad del objeto), pero ninguno de tales eventos darían sustento al reproche constitucional de su fallo ("acogimiento virtual", en los términos del recurrente) si no mediare una opción grave y notoriamente injusta (arbitrariedad axiológica) en la imposición de costas.

Con el alcance expresado, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado, con costas al vencido (art. 12, tercer párrafo, ley 7.055). Remitir la causa al tribunal que corresponda para que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el decisorio impugnado, con costas al vencido. Remitir la causa al tribunal que corresponda para que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)