marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, sentencia, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V, M D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (CSJ EXPTE N. 148-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-07

El proceso penal exige que el núcleo fáctico sometido al juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso: desde su intimación en la indagatoria, su descripción en el procesamiento, su formulación en la requisitoria de elevación a juicio a su análisis en la sentencia. La unidad esencial de objeto entre la acusación y la sentencia no se exige por amor a la simetría, sino para asegurar la defensa del acusado, para evitar que a éste se lo condene por un hecho que no tuvo en cuenta. Lo único realmente valioso para la actividad defensiva es que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente.
Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, responsabilidad del Estado, violencia familiar, hostigamiento o maltrato
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Suarez Miriam Antonia c/ Albarracin Francisco Eugenio s/ protección de persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-23

Procede ordenar como medida de seguridad a favor de la damnificada que el demandado sea vigilado y patrullado por el personal de la fuerza policial de la Comisaria de Monteros durante las 24 horas en este plazo de 90 días, en su domicilio particular, en la vía pública y cualquier otro lugar donde éste se traslade dentro de los límites municipales; para ello, el jefe a cargo de dicha unidad deberá reportar cada 48 horas a esta Magistrada cualquier conducta del denunciado que sea contraria a las medidas de protección dispuestas. Es obligación del Estado proteger integralmente a la actora en su condición de mujer víctima de maltrato y/o violencia familiar. Ello mucho más aun cuando partimos de la base de que la violencia no es algo estático que surge en un momento y queda tal cual, sino que las actitudes y comportamientos abusivos del culpable del maltrato que se deslizan a lo largo de un continuum puede ir desde los actos denunciados originariamente hasta el propio incumplimiento a la orden judicial oportunamente dispuestas en su contra. Que hechos como los denunciados en todas estas oportunidades revelan la profundización de la violencia en contra suyo, que menoscaba y anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales -art. 1 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW [Ley 23179 incorporada a la CN art. 75 inc. 22-. Esos derechos y libertades comprenden: a) El derecho a la vida; b) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; entre otros.
Costas, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: BLOUSSON, SILVESTRE RICARDO Y OTRO c/ MARIN DE PEREZ ROLDAN - VISITACION Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Así como la ley impone a quien se le adjudica una firma la obligación de expedirse en juicio sobre la autenticidad de ella, pues parece improbable que no advierta si es o no suya, dicha carga no se hace extensiva a los sucesores del presunto firmante, pues éstos no necesariamente tienen que haber conocido la manera de firmar del causante; es por ello que gozan de la facultad de manifestar que ignoran la autenticidad, debiendo en tal caso acudirse a la pericia correspondiente (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", t. II-B, p. 199, N 1). Esta facultad de los sucesores de desconocer la firma del causante, que se encuentra consagrada en el art. 1032 del Código Civil, debe hacerse también extensiva a los hechos porque podrían no constarles como lo reconoce el art. 356, inc. 1, 2do apartado, del Código Procesal.

Cuando los herederos se ven competidos a adoptar esa postura desconocer las firmas y los hechos- haciendo uso de las facultades que les confieren aquellas normas legales, no parece razonable que deban soportar las costas del juicio porque no estén haciendo más que un uso regular de su derecho (art. 1071 del Código Civil). En tales supuestos el accionante se encuentra constreñido necesariamente a obtener la declaración de legitimidad de su crédito a autenticar la firma de su deudor puesta en la obligación y a probar los hechos.

Pero esa doctrina no resulta de aplicación si las accionadas no se limitaron a desconocer la firma y los hechos, ateniéndose al resultado de la prueba que se produzca, sino que negaron categóricamente la existencia de la operación, alegando que nunca fue suscripta por el causante, que no fue abonado el precio y no se le entregó la posesión, postura procesal ante la que no cabe otra solución que imponerles las costas devengadas en la tramitación del juicio.
Prueba testimonial, valor probatorio, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: ROPERO PUERTA, Ricardo E. y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-12-25

El relato de la víctima y el reconocimiento que ésta haga del reo en rueda de presos, deben ser computados como dos evidencias de cargo independientes. Así como aquél no alteraría su valor probatorio si por alguna circunstancia el reconocimiento no pudiera practicarse con éxito, resulta obvio que deban acumularse en el caso contrario.
Choferes, enfermedad accidente, várices
Materia: LABORAL
Carátula: REYES, ALBERTO c/ LA EQUITATIVA DEL PLATA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

La realización de labores de chofer favorece la formación y evolución de várices, ya que los conductores, por permanecer sentados durante un lapso prolongado, ven alterado el proceso de irrigación sanguínea en el organismo.
Non bis in ídem, cosa juzgada material
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

La garantía ne bis in idem no se encuentra vulnerada por el proceso penal seguido contra los imputados por el asesinato de detenidos en la base aeronaval, por cuanto el Sumario Militar que investigo tales hechos y terminó con el dictado del Decreto Nacional 425/73 no implica cosa juzgada en sentido material, en tanto fue un sumario meramente formal, y las autoridades intervinientes en dichas actuaciones, todas pertenecientes a las fuerzas armadas, no guardaron la garantía de independencia e imparcialidad, limitándose a reproducir la versión oficial y atento a que el mencionado Decreto pretendió sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en la impunidad.
Igualdad ante la ley, ejecución de la pena, progresividad del régimen penitenciario, readaptación del condenado, libertad condicional, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Benegas, Bruno Javier c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

La disidencia sostuvo que los artículos 56 bis de la ley 24.660 y 14 del C. violan los principios constitucionales de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75, inc. 22, CN; 24 CADH; 26 PIDCyP; 7 DUDH; 2 DADDH y 26 PIDCP), de razonabilidad de los actos de gobierno (art. 28 CN) y de progresividad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y su finalidad de reinserción social (Art. 18 CN; 5.6 CADH y 10.3 PIDCP), en cuanto veda la posibilidad de los condenados de acceder a la libertad condicional por la sola razón de haber cometido un determinado delito. A la luz de la doctrina inveterada del Máximo Tribunal, se advierte que la diferenciación establecida en los artículos 56 bis de la ley 24.660 y el artículo 14, segundo párrafo, del Código Penal, se presenta arbitraria y carente de un criterio válido que la sustente. En otras palabras, no se advierte, en los incisos previstos en los artículos en cuestión, una comunidad de características que permitan afirmar, de manera razonable, que haya entre ellos iguales circunstancias que impongan igualdad de severidad en orden al tratamiento que los perpetra. Es decir, no han quedado expresados los motivos suficientes por los cuales el legislador nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales (Art. 75 inc. 12 de la CN), ha decidido que quienes hayan cometido estos delitos determinados, no puedan acceder a uno de los institutos principales del régimen de progresividad penitenciaria (la libertad condicional). Dres. Gemignani (voto en disidencia), Catucci y Riggi
Admisibilidad formal, economía procesal, gravamen irreparable
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pave, Andrea Vanesa y otro c/Ochoa, Daniel Román s/ordinario s/queja. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-22

Si bien el escrito de queja exhibe únicamente la firma del letrado patrocinante, razón por la cual no sería, en rigor, admisible formalmente; de todos modos, razones de economía procesal, aconsejan resolver directamente sobre la queja teniendo en cuenta que, aun si se pasara por alto tal obstáculo formal, aquella no podría prosperar. En efecto, la providencia recurrida -por la cual, a los fines de proveer cierta presentación, el señor juez exigió la firma de la coactora- no ocasiona un gravamen insusceptible de reparación ulterior, desde el momento que la omisión señalada puede subsanarse por diversas vías (v. gr. firma de la coactora, gestión procesal).
Caducidad de instancia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALEGRE S.R.L. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-05

La caducidad de la instancia tiene por objetivo evitar la duración indefinida de los juicios ante la inacción o desinterés de una de las partes de impulsar el proceso. En el ámbito de la acción contenciosa administrativa, tiende a evitar que los actos de la Administración Publica atacados por dicha vía impugnaticia, permanezcan por tiempo indeterminado en duda acerca de su efectividad, con el fin de proteger un interés superior al de los particulares, siendo de aplicación necesaria en aquellos supuestos en que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, para su operatividad.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: RAMON EDUARDO MONTENEGRO s/ INFRACCION ARTICULO 288 CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-12

El dejar o no en suspenso la accesoria del art. 52 del código sustantivo, queda librado a la apreciación del Juez "en los casos de menor peligrosidad del condenado".
Competencia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/  s/ daños s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

La justicia de la Ciudad (al igual que, en su caso, podría hacerlo la nacional) podrá pronunciarse acerca de cualquiera de los tipos penales enunciados en la imputación, puesto que, una vez suscitada su competencia, los jueces penales no federales en el ámbito de la CABA no tienen limitaciones para la calificación de delitos que aún no fueron transferidos (en el caso de los jueces de la CABA) o que, en el pasado, fueron parte de su quehacer (en el caso de los jueces nacionales). Consecuentemente, el juez al que queda asignada la causa tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo, aun cuando la causa evolucionara hasta revelar una figura cuyo juzgamiento incumbiere a la otra jurisdicción de esta contienda. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Prescripción de la acción penal, delito de acción privada, querella, audiencia de conciliación, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: HANONO, Deborah I. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

Reviste eficacia interruptora del curso de la prescripción, la interposición de la querella en los procesos de acción privada, que se equipara con el requerimiento de apertura a juicio establecido por el art. 67 inc. c del C.P. . No así el primer comparendo de conciliación previsto en el art. 424 del C.P.P.N., ya que la ley 25.990 limita restrictivamente, por su enumeración taxativa, los actos procesales con entidad interruptiva de la prescripción, razón por la que el mentado comparendo, al no ser contemplado por dicha norma, carece de tal efecto.

La convocatoria a audienciade conciliación no resulta asimilable al llamado a prestar declaración indagatoria, toda vez que este último no es un acto extraño a los procesos por delitosdeacción privada, tal como se desprende de lo prescripto por el art. 427, párrafo primero del C.P.P.N., a lo que debe agregarse que el querellado no se encuentra obligado a comaprecer a la audiencia de conciliación, conforme surge del art. 424 segundo párrafo del citado ordenamiento, lo cual no se condice con la naturaleza del llamado a prestar declaración indagatoria (arts. 294 y concordantes del C.P.P.N.).

Tal como se desprende del texto del art. 67 inc. "d" del C.P., el auto de citación a juicio del art. 428 del C.P.P.N. es el siguiente acto procesal con naturaleza interruptora del curso de la prescripción, como así también el supuesto previsto en el art. 67, inc. "e" de la ley sustantiva referido al dictado de sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme.

Si desde la presunta comisión del delito que se les atribuye a los imputados, ha mediado causal interruptiva del curso de la prescripción,siendo ésta la presentación de la querella; considerando la escala penal máxima asignada al delito de calumnias (art. 109 del C.P.) y no verificándose la comisión de un nuevo delito, ha transcurrido el plazo estipulado por el art. 62 inc. 2 del C.P.
Desindexación, crédito laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, OSCAR c/ GERONIMO PONTORIERO s/ COBRO DE AUSTRALES-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-03-28

En el texto de la ley 24.283 el legislador ha dejado expresamente establecido que el régimen allí instituido se aplicará "cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquiera prestación", siendo entonces de toda obviedad que alcanza también a los créditos originados en relaciones laborales.
Emergencia económica, pesificación, mutuo hipotecario
Materia: ECONOMIA
Carátula: Parada, Esther c/ Bellagamba Lara, Agustín Ángel s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Tratándose de un mutuo hipotecario en el que no está afectada la vivienda única y familiar del deudor y cuyo monto supera la suma de US$100.000, supuesto reglado en la ley 26.167 y que ha sido objeto de pronunciamiento en el precedente "Rinaldi", para determinar el monto de la obligación corresponde convertir a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio-tipo vendedor- del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, previsto en las norma de emergencia económica arroje un resultado superior. -Del precedente "Longobardi", al que remitió la Corte Suprema-.
Constitución Nacional, debido proceso, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado la prolongación del juicio, son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía a obtener un juicio sin dilaciones indebidas (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert).
Honorarios del abogado, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Niz Raul Horacio c/ C.E.R.S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-26

Si bien la demanda alude al carácter de aseguradora de la apelante, si promovió juicio por cobro de australes y accidente de trabajo sin distinguir entro lo que reclamaba a uno de los codemandados y lo que podía ser in solidum, colocó al recurrente a la situación procesal de interesar el rechazo de la demanda en todos aquellos conceptos no cubiertos por el contrato de seguro en la oportunidad de contestarla, cumplimentando la directiva del artículo 64 del Código Procesal Laboral, lo cual generó, indudablemente, su derecho a percibir honorarios respecto de los rubros que posteriormente fueron desistidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barros, Aurelio Ernesto c/ Bajo, Ramón y Barros, Rubén Ernesto s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

La tercería de dominio se funda en la propiedad de los bienes embargados. Tal el título que quien acciona por dicha vía debe acreditar para triunfar en su demanda (art.97, C.P.C.), toda vez que la tercería importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en el proceso se afectan los derechos del propietario, y la prueba de dicho dominio, cuando se trata de bienes muebles requiere la demostración de que el tercerista se encontraba en posesión del objeto embargado (arts. 577, 2412 y conc. cód. civil).-
Herederos forzosos, simulación, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PAZ, Norma María Mercedes c/ DICMAR S.A. y otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-10

Quien, en su carácter de heredero forzoso y en amparo de su legítima, ataca la simulación de una venta realizada por el causante, puede valerse de toda clase de pruebas, incluso presunciones.
Concurso de delitos, robo de automotor, motovehículo
Materia: PENAL
Carátula: VELIZ, GERARDO ANTONIO. s/ ROBO DE MOTOVEHICULO Y OTROS DELITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

En base a la quinta enmienda norteamericana, el imputado ha reconocido su participación en los hechos y, la confesión queda dividida en su contra, por cuanto no hay ninguna prueba de que, los otros dos sujetos sean los autores de la sustracción y él confiesa en la indagatoria que se encontraba en el lugar del hechos dispuesto a entregarle la moto a la Sra. M.S., por el dinero antes referenciado y que le había robado a la Srta. F.. Es correcto el requerimiento del Ministerio Público en el debate pero falta la Tentativa de Estafa porque están dado todos los elementos para calificar de esa forma. Los hechos han sido perfectamente establecidos, solo falta decir como lo establece el Sr. Juez de Instrucción, que el arma que portaba V. pertenece al agente, y que el art.167 en concordancia con el 163, establece que: el texto del inc. 6 del art.163 del C.P. al penalizar en forma agravada el hurto de vehículos dejados en la vía publica o de acceso público, tiende a brindar mayor protección a aquellos bienes que, por su ubicación, quedan disminuidos en la custodia y defensa que normalmente le presta su dueño; ene. Art. 189 bis: se ha establecido de que, ". la portación conlleva dos elementos característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de inmediatez de uso, lo que implica que el arma debe estar cargada y dispuesta para ser utilizada; en segundo lugar el ámbito espacial (lugar público de acceso público), según la autora, la delimitación espacial no tiene consecuencias doctrinarias, sino inminentemente practicas y nosotros consideramos que en el momento del hecho hubo una perfecta portación de armas.

Ninguna duda puede existir en aquellos casos en que encontrándose el arma cargada, se verifica el hecho en el ámbito espacial indicado: el individuo porta y no transporta el arma, podríamos, entonces, preguntamos porque se hace alusión a las condiciones inmediatas de uso, como algo distinto a un arma cargada: Supongamos el caso de una pistola descargada, pero con el cargador completo junto al arma: se encontraría en condiciones de uso inmediato, pese a no encontrarse cargada; por lo tanto debe imputarse al condenado en minoría que previo violentar la traba del tambor de seguridad de la motocicleta, que se encontraba estaba estacionada en la vereda ., se subió al rodado apoderándose del mismo dándose a la fuga del lugar.. En el segundo hecho, nos encontramos con todo el operativo policial y la detención del imputado a la que el Fiscal la divide en dos partes, considera que intentar vender un bien robado no típico, con lo que me inhabilita para condenar, pero si considera que la portación del arma de fuego es delito y doloso. (Del voto en disidencia del Dr.

Pellegri).
Actos y diligencias procesales, notificación por nota, plazos procesales, días inhábiles
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.  LA RAZON s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Si alguno de los días de nota (martes o viernes) fuere inhábil, la providencia pertinente quedará notificada el siguiente martes o viernes hábil.
Incapacidad permanente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Solis, Manuel Teófilo c/ El Cóndor S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-07

La indemnización por incapacidad total y permanente tiene por objeto la compensación monetaria del trabajador incapacitado, siendo más una prestación de carácter previsional cuyo cumplimiento le es impuesto por el Estado al empleador, en determinadas circunstancias, por ello es que para interpretarla debe recurrirse además de las finalidades perseguidas por el legislador, a las pautas dadas en materia de la Seguridad Social. La indemnización procede con prescindencia de que la disolución del contrato se haya producido por el despido, o renuncia, con tal que esté acreditado que cualquiera de ellos ha tenido como causa la incapacidad del trabajador.
Uso de documento falso, idoneidad de la falsificación, auto de procesamiento, licencia de conducir
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MONTERRUBIANO, Juan Pablo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

En el delito de uso de instrumento público falso lo esencial para la ley penal es que el instrumento resulte con la apariencia de verdadero y que la falsedad sea presentada con idoneidad para perjudicar (*).

Si el imputado no usó la licencia de conducir presuntamente apócrifa sino que se encontraba junto a su documentación personal que exhibió ante el requerimiento del oficial de la P.F.A. y no conducía ningún vehículo que precisara exponer el documento, no se ha demostrado la existencia concreta del uso del instrumento ni un perjuicio, requisitos que configuran el delito endilgado.

Con ello, debe revocarse el procesamiento dictado.
Absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Mazza, María Mabel c/ Maggio, Antonio s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

La excepcional hipótesis habilitante que contempla el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653 no se configura cuando se pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica o probatoria, como lo es aquella vinculada con la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).