marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Marcas, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud, control de razonabilidad, costas, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: BANCO INTERFINANZAS SA c/ DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Cuando la denegatoria de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es razonable, las costas deben imponerse en el orden causado, habida cuenta de la función propia del Ente Estatal (cfr.

Sala III, Causa 6.764 del 10.5.90; Sala I, Causas 63 del 21.10.80;

1.136 del 28.5.82; 4.217 del 7.10.86), pero si dicho organismo excede ese marco de razonabilidad, debe soportar las costas (cfr. Sala I, Causas 2.398 del 30.3.84; 3.251 del 26.4.85; 5.480 del 3.11.88; 1.121 del 24.8.90).
Reincidencia, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Palmieri Ismael D. s/ Hurtos Reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-05-14

La reincidencia es una calidad del condenado y no un carácter del hecho delictivo que para configurarse requiere necesariamente la consideración de la condena por el primer delito. En consecuencia, si la ley vigente al tiempo de la comisión de éste estipulaba un plazo de prescripción agotado al momento de incurrir en el segundo delito, a los fines de la reincidencia y su prescripción, es aquella disposición normativa la que reclama su aplicación.
Locación, derechos del locatario, reparaciones por cuenta del locador
Materia: CIVIL
Carátula: Otam S.A.C.I c/ Peyrallo Hugo s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

El derecho que la ley confiere al locatario frente al locador que no hiciere o retardare realizar las reparaciones es el de ejecutarlas por cuenta del arrendador. Si el inquilino efectúa los arreglos tiene derecho a retener parte del alquiler, pero no puede retener por su sólo arbitrio el arrendamiento como anticipo de las reparaciones a llevarse a cabo.
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PENAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOREYRA, M. A. s/ JURISPRUDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-05

No obstante la estricta opinión personal que pueda tener un magistrado, sobre la significación jurídica que debería darse a un hecho, como por disposición legal los jueces no se pueden apartar del criterio mayoritario que conforma la opinión del Tribunal de Alzada cuando ha sido convocado para unificar jurisprudencia contradictoria, necesariamente debe acatar la decisión del pleno.
Competencia contencioso administrativa, Superintendencia de Seguros de la Nación, daños y perjuicios, jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: RIPA ALSINA, Pablo Gonzalo c/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-29

Debe declararse la competencia del fuero Cont. Adm. Fed. para entender en la demanda contra la Superintendencia de Seguros de la Nación, tendiente a resarcir los daños y perjuicios derivados de su obrar ilícito, consistente en la omisión en el cumplimiento de sus funciones de órgano de contralor, respecto de una entidad aseguradora sometida a su poder de fiscalización, que debía cubrir el siniestro padecido y entró luego en proceso de liquidación. Ello, por razones de economía procesal y por aplicación del fallo de la C.S.J.N., del 6 de abril de 1993. Rizzo, Pedro Pablo c/E.N.(Superint.

de Seg. de la Nac. s/ juicio de conoc.).
Control de constitucionalidad, Ministerio de Menores, debido proceso, nombramiento, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

Si bien es correcto que el juez debe verificar la personería con la que concurren al proceso quienes representan a terceros, también lo es que, por regla, en el marco de un proceso dispositivo, él debe hacerlo a instancias de parte y no de oficio.

Nada indica que el control de oficio de la personería de los magistrados del ministerio público pueda considerarse una excepción razonable a esta regla, ya que el deber de los jueces de preservar la adecuada conformación del proceso no opera aisladamente y debe ser armonizada con las atribuciones y funciones de los magistrados del ministerio público, a quienes la Constitución garantiza cumplir su cometido con autonomía e independencia de criterio (art. 124, CCBA), y también con las atribuciones de las partes en el juicio (art. 18, CN, art. 13, CCBA), que, en el caso particular, no fueron tan siquiera oídas en relación con la cuestión planteada. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, disolución de sociedades, rendición de cuentas, socios, capital social
Materia: COMERCIAL
Carátula: OTAEGUI,  JAVIER  FRANCISCO c/ GHERGHERIAN, ALEJANDRO GREGORIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

Corresponde hacer lugar al pedido de rendición de cuentas respecto de la actividad desarrollada por uno de los integrantes de una sociedad de hecho, desde su disolución hasta la partición, toda vez que para ello utilizó la denominación y línea telefónica que por presunción derivada de la Ley 19550 art. 45 -no desvirtuada expresamente- pertenecen a la sociedad, así como los programas de computación usados, que según dictamen del perito actuante, fundado en principios técnicos, tampoco desvirtuados por pruebas de igual mérito, muy probablemente son una derivación de los utilizados por la sociedad que fueron modificándose, ya sea para su readaptación o bien con cualquier otra finalidad.
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia Judicial Tribunal Oral N. 7 s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

Existe un conflicto en los términos del art. 24, inc. 7., del decreto 1285/58 cuando dos tribunales - la Cámara de Casación y un tribunal oral en lo criminal - reclaman para sí recíprocamente el ejercicio de atribuciones como propias y exclusivas y no hay otro superior común para dirimirlo que la Corte Suprema.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, honorarios, regulación de honorarios, actualización monetaria, juicio, monto del juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE S.A. c/ MARCONETTI, HILDA DELIA Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)- DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 554 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el Tribunal A quo al confirmar y hacer suyos los argumentos del juez de baja instancia, arriba a una regulación de honorarios que se desentiende de la realidad del expediente, apartándose notoriamente de los extremos fácticos de la causa e incurriendo a su vez en rigorismo formal al sustentarse en dos pilares que, en definitiva, tergiversan la pretensión de los letrados:

En primer lugar, por cuanto a fin de determinar la cuantía del juicio para regular los honorarios pertinentes, evidencian un equívoco y una deformación de lo efectivamente reclamado y del modo en que se dirigió el pedido de regulación, y en segundo lugar, porque desestiman la procedencia de la actualización monetaria por no haber sido peticionada en la demanda estando vigente la ley 23.928, desentendiéndose de realizar un análisis sustancioso de las constancias de la causa cuyo tratamiento resultaba trascendente para establecer la real cuantía del pleito.

En suma, y a la luz de que cualquier interpretación para el cálculo de honorarios debe hacerse con criterio amplio, tratando en lo posible de no afectar el reconocimiento de la labor profesional, el decisorio en crisis debe ser anulado toda vez que, como queda explicado, resulta contrario a la garantía constitucional de preservación del patrimonio, pues prescindió de circunstancias y datos concretos que surgen del expediente, trasluciendo un exceso en las formas en la determinación de la cuantía -tal como la misma Sala lo advierte en su auto de concesión-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: González, Manuel Víctor y otro c/ Teledifusora Olavarría S.A. y/o Nativa Compañía Argentina de Seguros s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Determinar si el quantum indemnizatorio respeta o no el principio de reparación integral es ajeno al menester de la Suprema Corte, salvo absurdo que debe ser invocado con denuncia de violación del precepto legal que rige la labor axiológica de los jueces de mérito.
Confirmación de sentencia, estafa, sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sueldo Egger, J. O. y otros  c/  s/ estafa (Causa Nº 7.266/2021)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-09

Defraudación.

Sobreseimiento.

Querella que recurre.

Nietos de quien falleciera días después de ser internada que denunciaron a quienes se hallaban al cuidado de la occisa por haber sustraído bienes y dinero, haciéndose pasar por familiares y ocultando deliberadamente el deceso.

Adecuado análisis de las constancias incorporadas al legajo que permite sostener la atipicidad de las conductas denunciadas. Denunciantes que no tenían un contacto asiduo y no han podido individualizar con certeza qué bienes -muebles, electrodomésticos, joyas de valor y dólares componían el patrimonio. Disposición plasmada por escrito en la autorización extendida en favor de una de las imputadas de dejar en orden los pagos y servicios que se condice, a su vez, con los retiros de dinero para abonar los montos de internación y la donación y distribución de bienes entregados a gente carenciada, de conformidad con la voluntad que al respecto realizara en su último acto de voluntad. Denunciantes que pueden recurrir eventualmente ante la justicia civil para hacer los reclamos vinculados a las acciones de colación, reducción, entrega de la legítima o reipersecutorias. Protección de los bienes jurídicos que no se realiza solo mediante el Derecho Penal. Cuestionamientos referidos al falso vínculo familiar asentado en la orden de internación y en la posterior autorización de retiro del cuerpo que tampoco corresponde que se atendido toda vez que los instrumentos no estaban destinados a acreditar lazos familiares. Investigación que luego de dos años se encuentra agotada.

Confirmación.
Contrato de servicios, pago, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V.E.RAMIREZ c/ JUAN A. GIANOTTI s/ ORDINARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-08

Según la regla del artículo 1636 del Código Civil, a falta de convención al respecto, el pago del precio debe hacerse a la entrega de la obra. Los pagos a cuenta del total adeudado, realizados voluntariamente por el comitente, no empecen a tal conclusión, pues, de entender el locador que el pago adelantado era condición de realización del trabajo, no debió receptar tales adelantos o debió acordar por escrito la aludida modalidad.
Competencia federal, competencia por la materia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Hipotecario SA c/ Avila, Oscar Alejandro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-04

La competencia federal en razón de materia no es susceptible de ser prorrogada por voluntad de los litigantes.
Recurso extraordinario, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado de la Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

El recurso extraordinario, a tenor de lo prescripto por el art. 285 del C.P.C.C. , procede contra las sentencias de Cámaras de Apelación y/o Tribunales Colegiados de Instancia única, y la Juez sentenciante no forma parte de los mismos, en consecuencia, debe rechazarse la inhibición deducida, dejando a salvo el decoro y delicadeza personal. (Dra. Catella: según su voto).
Acto administrativo, causa del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: DEL BUONO, RAFAEL c/ M.C.B.A s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

Por causa de un acto administrativo han de entenderse los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo, que por ejemplo, en el acto de cesantía de un empleado por mala conducta es el comportamiento irregular de dicho empleado (Marienhoff; Trat. de D. Adm.). Esta definición es compartida por la mayoría de la doctrina, ha sido aplicada por la jurisprudencia y nuestra ley expresamente la consagra sin que haya lugar en nuestro ordenamiento para la concepción subjetivista de la causa, la cual la identifica con la voluntad del sujeto que emite el acto.-
Medidas cautelares, contracautela, cauciones, monto de la caución
Materia: PROCESAL
Carátula: Inversiones de Telecomunicaciones S.A. c/ E.N. -Dto. 266/96- s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

La medida cautelar es la que protege la pretensión del actor sobre un derecho que aún es litigioso, por lo que la contracautela debe contemplar la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que aquélla pudiera ocasionar en el supuesto de que hubiera sido trabada injustamente. De ahí que, en principio, debe ser real o personal y no simplemente juratoria -LL 1985-E, 34-. Su monto y graduación debe encontrarse en correspondencia con dicha responsabilidad, para lo cual el magistrado debe tener en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el menoscabo patrimonial que a la postre pudiera derivarse -LL 1985-A, 452-. (Cons. 3º).
Delito de acción privada, abandono de la querella, error de petición, renuncia del agraviado
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, JULIO. s/ CALUMNIAS  E  INJURIAS.  ABANDONO  QUERELLA.  Correc.  "G",  sec. 51.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

En los delitos de acción privada, el error en la petición no determina que se le dé al querellante por abandonada la acción, pues no debe presumirse la renuncia de la acción por parte de quién, a través de un pedido incorrecto, ha instado el procedimiento,ya que no puede identificarse el abandono de la acción con el desacierto de un ejercicio procesal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, Comisión Nacional de Previsión Social, nulidad de la notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Eduardo Adalberto c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

No obstante que los agravios se vinculan con cuestiones procesales, corresponde dejar sin efecto la decisión de la Cámara que desestimó la nulidad de la notificación de una resolución de la Comisión Nacional de Previsión Social, fundándose en que se la debió haber planteado en sede administrativa -dado que en ese instante se había producido el vicio alegado- pues la negativa a atender dicha impugnación constituye un exceso ritual que vulnera el derecho de defensa.
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Novel Card S.A. c/ Mazzoni, Héctor Ricardo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Es de aplicación de plazo trienal de prescripción cuando se trata de una acción cambiaria iniciada contra el librador de un pagaré en tanto ésta es aplicable al aceptante de la letra de cambio y atento que el librador del vale o pagaré se encuentra obligado en los mismos términos que aquél (arts. 96, 103 y 104 del Dto. Ley 5965 /63).
Prescripción, bienes inmuebles, tenencia simple, posesión, prescripción adquisitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fontanarrosa, Fernando y otra c/ Trivisonno, Miguel A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desalojo rural (Expte CSJ Nº   660-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

La sentencia que consideró que el locador (a la sazón, propietario o copropietario del predio cuyo desalojo se solicita) siempre conserva su derecho a recuperar el bien en cualquier tiempo, en tanto no haya dejado poseer la cosa por otro durante el lapso requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por usucapión, encuentra justificación bastante en una hermenéutica posible de las normas civiles, y no logra ser conmovida por el planteo de los impugnantes, quienes postulan una particular "interpretación constitucional" de los preceptos en juego sustentada en la regla de prescriptibilidad de las acciones, olvidando que, por lo demás, importante doctrina y jurisprudencia ha destacado el carácter meramente enunciativo de la enumeración del artículo 4019 del Código Civil.
Despido por falta o disminución de trabajo, procedimiento de crisis de empresas, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, VICTORIANO c/ JG SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-24

Para que las defensas de la empleadora, basadas en la situación de Procedimiento preventivo de crisis (art. 98 y sgtes de la ley 24013) puedan ser oponibles al trabajador, es necesario que tal circunstancia sea anterior a la intimación del dependiente referida a la dación de tareas y cumplimientos de las obligaciones omitidas. En tal sentido es clara la disposición del art. 98 de la citada ley que dispone que deberá sustanciarse el procedimiento preventivo en cuestión "con carácter previo a la comunicación de despidos y suspensiones". Si en el caso concreto no se demostró que con antelación al distracto se hubiere sustanciado el procedimiento invocado por la empresa, no cabe analizar la controversia desde la perspectiva prevista en la misma.
Tercería de dominio, acreedor embargante
Materia: CIVIL
Carátula: Pastor, Dora Amanda c/ Cappello, Victor Hugo s/ Ejecutivo-Incidente de Tercería de Dominio Ejecutivo-Incidente de Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-07-03

En el supuesto de conflicto entre un poseedor con boleto y un acreedor embargante del vendedor, será preferido el primero si la tradición es anterior al embargador por la función publicitaria de aquella y siempre que tenga buena fe, lo que se presume. Ello así pues el titular del boleto exhibe un derecho a la cosa in natura en tanto que el embargante ostenta una titularidad creditoria dineraria que no ha sido potenciada ni modificada por la anotación registral, desde que el embargo no es un derecho real, ni concede poderes sobre la cosa, sino que se limita a construir una simple afectación al pago de un crédito en dinero, salvo que exista un titular con derecho preferente, como lo es el poseedor con boleto.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vega, Hector c/ Encina, Alberto s/ Daños y perjuicios Lo presti, Héctor c/ Bria, Pedro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25|1990-08-14

No debe presumirse la gratuidad de la asistencia en los establecimientos hospitalarios oficiales pues sus propias autoridades han admitido sus carencias y requieren la ayuda de los familiares del paciente para suplirse.-
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bulacios, Esteban Telésforo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Es improcedente la denuncia de violación del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial alegando omisión del tratamiento de una cuestión esencial referida a la autoría del procesado si en el propio escrito se transcribe una parte del pronunciamiento que se refiere al tema, resultando ajeno al recurso de nulidad si la prueba utilizada es o no pertinente.
Extinción por jubilación del trabajador, intimación a jubilarse, trabajador en condiciones de jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: Matuk, Oscar c/ El Còndor Empresa de Transportes S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-30

El empleador no está obligado a mantener a su servicio a un trabajador a quien el sistema previsional considera en condiciones de pasividad. Puede, por lo tanto, obligarlo a jubilarse sin que tal decisión le irrogue costo indemnizatorio alguno (en sentido análogo, sent. 72141 del 30/08/96 en autos Pizzino, Gustavo c/ Teleinterior S.A. del registro de esta Sala). En el caso de autos, la demandada intimó al actor a iniciar los trámites necesarios para obtener el beneficio jubilatorio y a retirar las certificaciones pertinentes, y ante la duda de si había obtendio o no el beneficio, otorgó una prórroga de treinta días hábiles, pero ante el retraso del trabajador en iniciar los trámites necesarios para obtener el beneficio jubilatorio y a retirar las certificaciones pertinentes, sin dar ninguna explicaciòn, y vencidos todos los plazos legales, no puede cuestionarse la extinción del vínculo, especialmente si se tiene en cuenta que la demandada procedió conforme al principio de buena fe (art. 63 LCT).
Proceso penal, apreciación de la prueba, sana crítica racional, fundamentación de sentencias, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Roberto Aroldo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en causa Nº 234/08 "Carrizo, Roberto Aroldo - Homicidio Calificado en Grado de Autor"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-15

Contra la sentencia que condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, cuya pena deberá atenuarse en función de la concurrencia de circunstancias extraordinarias, comparece el asistente técnico e interpone recurso de casación, invocando los motivos previstos en el art. 454, incisos 2 y 4, del C.P.P.

Sostiene que, ante la inexistencia de pruebas directas que lleven a la conclusión asertiva de que el imputado es realmente el autor de la muerte de su hijo, el tribunal ponderó elementos indiciarios que evidencian -a entender del impugnante- una excesiva y arbitraria amplitud discrecional.

Subsidiariamente, el recurrente también solicita la nulidad de la sentencia, al entender que se ha violado el principio de inocencia. Reitera que se ha condenado a su defendido sin certeza (art. 454 inc. 4 del C.P.P.), y sostiene que debió haber prevalecido el principio in dubio pro reo.

Si bien el recurrente ha invocado separadamente dos motivos casatorios (previstos en el art. 454 incs. 2 y 4), los fundamentos dados en el primer embate tienden a demostrar tanto la inexistencia probatoria como la falta de certeza para condenar al imputado, planteo que reitera al invocar subsidiariamente su segundo cuestionamiento.

En consecuencia, corresponde analizar si el a quo efectivamente ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas como lo asevera el recurrente, y en su caso, si corresponde absolver al incoado en cuestión por el beneficio de la duda, conforme a lo peticionado, lo que impone efectuar el tratamiento conjunto de ambos embates.

Las apreciaciones formuladas por el recurrente en modo alguno logran desestabilizar la resolución puesta en crisis. Ello es así porque la lectura de la sentencia impugnada muestra un fallo sólido, con una correcta valoración del material probatorio rendido y con un análisis pormenorizado de los testimonios brindados en debate.

Por ello, las pruebas receptadas en el debate permiten sostener con el grado de certeza exigido la participación responsable del incoado en el hecho que se el imputa.

Corresponde, entonces, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto