Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-08-14


AUTOS Nº 98.890 (11º JUZGADO CIVIL) (SALA III Nº 9121) "PROVINCIA DE SAN JUAN (D.G.R.) C/ GONZALEZ EDGARDO SEGUNDO EJECUCION FISCAL" ///Juan, 14 días de Agosto de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido al demandado a fs. 30, contra la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2007 obrante a fs. 23 y vta.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo en la sentencia recurrida resolvió: "I) Admitir la demanda, ordenando se siga esta ejecución adelante por todos sus trámites contra el demandado EDGARDO SEGUNDO GONZALEZ, hasta hacer trance o remate de los bienes embargados o a embargar; y con su producido hacer íntegro pago del capital reclamado de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.840,48), con más los intereses conforme ley 3908 (Cód. Tributario), desde la fecha de vencimiento de la obligación, hasta el momento del efectivo pago. II) Imponer las costas a cargo de la demandada, regulando los honorarios del Dr. JORGE ALBERTO OSMAN, en un valor equivalente al 15% de la planilla que oportunamente se practique. III) Aclarar que no se admitirán liquidaciones, fuera de las previsiones del art. 544 y 574 del C.P.C.".

Contra dicho pronunciamiento el demandado interpone recurso de apelación a fs. 25, el que se le concede a fs. 30. Funda el mismo a fs. 31/34, fundamentación que fue respondida por la contraria a fs. 36/39 vta.. Las partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

Según constancias de autos a fs. 04 y vta. la actora -Provincia de San Juan, D.G.R.

promueve demanda ejecutiva contra el Sr. Edgardo S. González. Reclama la suma de pesos: Cinco mil ochocientos cuarenta con 48/100 ($5.840,48) en concepto de impuesto al automotor, más intereses y costas, de conformidad a lo previsto por la Ley Nº 3.908. Adjunta certificado de deuda e intimación de pago (fs. 02/03). Solicita que, oportunamente, se mande seguir adelante la ejecución y se condene al demandado al pago del capital reclamado, más intereses y costas (Ley 3.908).

Por decreto de fecha 31/08/07 ( fs.8 vta.) se le imprime a la causa el trámite de ejecución fiscal (Ley 3908). Se ordena librar contra el demandado mandamiento de intimación de pago y hacerle saber que, al momento de oponer excepciones deberá abonar el 0,75% del monto reclamado, más la suma de 60 u.t.; y que, el pago del sellado ha de ser considerado requisito de admisibilidad del planteo de oposición de excepciones de acuerdo a lo previsto por los arts. 254 y 279 del C.T. y art. 62 inc. 5º Ley 3725. Asimismo que el incumplimiento de tal requisito -sin justificación suficiente conduce a que se tenga por no presentadas las excepciones. A fs. 10/11 corre agregado el mandamiento de pago, que fue diligenciado con los apercibimientos contenidos en el decreto de fs. 8 y vta..

A fs. 12/16 comparece el accionado y solicita se declare la nulidad del mandamiento diligenciado, por entender que no fue citado al proceso en la forma que instituye imperativamente la ley de rito. Subsidiariamente contesta la demanda incoada en su contra, negando cada uno de los hechos expuestos por la ejecutante. No obstante reconoce que es deudor del valor nominal (sin intereses) de las cuotas 07 a 11 de 2002, 01 a 11 de 2003 y 01 a 09 de 2004 del impuesto a la radicación de automotores. Deposita la suma de pesos: Seiscientos veintisiete con sesenta centavos ($627,60). Opone excepción de prescripción por la cuota 01 de 1998 a cuota 06 de 2002 inclusive. Asimismo opone excepción de falsedad del título acompañado por la ejecutante para exigir el pago de la deuda pretendida. Impugna y tacha de nula a la carta de intimación y al certificado de ejecución adjuntados por la accionante. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.

Por decreto de fecha 14/09/07 se tienen por no opuestas las excepciones -arts. 254 y 279 C.T. y 62 inc. 5º de la ley 3725 por no haber cumplido el accionado con los requisitos de admisibilidad transcriptos en el mandamiento de intimación de pago. A fs. 21, el 25 de septiembre de 2007, pasan los autos a resolver.

El fallo apelado -transcripto en su parte dispositiva causa agravios al accionado, los que resumiremos del siguiente modo: El fallo recurrido es dogmático y arbitrario, carece de fundamentos suficientes. Ha sido dictado inaudita parte y extra lege. Impone a su parte el pago de montos ajenos a la controversia, más costas. Asimismo contraría el debido proceso, surge claramente del mismo que el Inferior actuó en oposición al principio consagrado por el art. 19 de la C.N.. El Juez a-quo impuso una sanción a su parte, que la ley 3908 no impone ni admite. Dicha sanción está prohibida por la ley ritual y es consecuencia de dos providencias anteriores inválidas y arbitrarias.

La primera de fecha 31/08/07 (fs. 8) porque el juez a-quo asumió la calidad de legislador, "haciendo decir al Código Tributario, lo que la norma no establece". Al exigir el Inferior el pago del 0,75% del monto reclamado, como requisito de admisibilidad de cualquier planteo de oposición de excepciones contra la demanda, desconoció y tornó abstracta la facultad del demandado de esperar el resultado de la sentencia para abonar ese sellado.

La segunda de fecha 14/09/07 (fs. 17), que convalida el decreto de fs. 8 mediante la cual el juez a-quo desestimó in límine, inaudita parte, sin sustanciación alguna y contra lo dispuesto por la ley, las excepciones y planteos introducidos por su parte. Además el Inferior mediante tal proveído, obvió que su parte había oblado el sellado requerido (depósito en efectivo de $627,60, respecto de los créditos que admitió eran exigibles).

Se agravia también el demandado de lo resuelto por el sentenciante, por ser consecuencia de la certificación obrante a fs. 21. La misma fue erróneamente emitida, porque su parte se encontraba en término para impugnar el proveído de fs. 17, ya que quedó notificado ministerio legis el 18/09/07.

Omitió considerar el aquo el art. 238 inc. 5º del C.T., por el cual se faculta a la parte que desconoce su legitimidad, a no oblar el sellado sino hasta el dictado de la sentencia definitiva cuando excepciona en contra de la acción y de la prosecución de la causa. El fallo es nulo de nulidad absoluta e insanable. Pide su revocatoria.

Al contestar los agravios la actora solicita se declare desierto el recurso, por no reunir la fundamentación del mismo los caracteres previstos en el art. 265 del C.P.C.

Previo a entrar al estudio del recurso concedido al demandado, nos pronunciaremos en relación al pedido efectuado por la actora al momento de contestar los agravios.

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la que dice: "Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.) ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del Cgo. citado, en caso de duda, y a condición de que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación.

(Prot. de Sent. Tº III Fº 527/529 Año 1999), entre otros.

PROT. DE AUTOS Tº I Fº 27/28 AÑO 2002). De acuerdo a la jurisprudencia citada, nos avocaremos al tratamiento del recurso.

Entrando al estudio de los agravios expresados, los mismos serán tratados conjuntamente. El apelante se agravia porque el Inferior sostiene que las excepciones por él opuestas -mediante el escrito obrante a fs. 12/16, no cumplen con los requisitos de admisibilidad y manda seguir adelante la ejecución. Sostiene que el juez a-quo impuso una sanción a su parte, que la ley 3908 no impone ni admite.

En relación a dicho agravio diremos que: Al presente juicio se le imprimió el trámite de ejecución fiscal. Tratándose de un juicio ejecutivo, el artículo 236 inc. e, impone a las partes que intervengan en el proceso la obligación de responder solidariamente del pago del sellado y establece la oportunidad para hacerlo efectivo. Así, el accionante debe pagar la mitad del gravamen al promover la demanda y el resto deberá abonarlo el accionado en la primera oportunidad que se presente. La obligación de abonar el impuesto es por lo tanto, una exigencia para ocurrir a la justicia.

Hemos dicho al respecto: "Conforme a lo dispuesto por el art.236, inc."e" de la ley 3908, el demandado debe pagar la mitad del impuesto correspondiente sobre el monto de la demanda.

El pago del sellado, siguiendo a Palacio, constituye un requisito extrínseco de la admisibilidad de los actos procesales de los particulares en los juicios (Prot.de Autos, TºIII, Fº 440/441-1999).

Si bien la exigencia de su pago, impidió el trámite de la excepciones opuestas, ello no atenta contra el derecho constitucional de la defensa en juicio, por cuanto quien no puede oblar su importe, el Código Procesal ha previsto un procedimiento para obtener la exención del tributo, como lo es el Beneficio de Litigar sin Gastos (art. 84), que puede ser solicitado en cualquier estado del proceso.

PROT. DE AUTOS Tº I Fº 5/7 AÑO 2002. Prot. De Autos Tº IV Fº 629/630 Año 2003 .

Este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada en relación al pago del sellado de actuación en el juicio ejecutivo cuando el demandado opone excepciones (Prot. de Sent. Tº II-Fº 389/390-1998; Prot. de Autos Tº III Fº440/441-1999): "Las prescripciones contenidas en el art. 236 inc. e de la Ley 3908, como así también las disposiciones del art. 261 de la referida norma legal por tratarse de una norma especial prevalece con preferencia sobre otra del mismo rango pero de carácter general (según jurisprudencia de la Excma. Corte de Justicia de San Juan P.R.E. 1998-Sala I-Tº I-Fº 30/35).

También este Tribunal ha dicho que: "Si bien el demandado debe pagar la mitad del impuesto correspondiente sobre el monto de la demanda, al excepcionar, hay que establecer una diferencia de acuerdo al sistema a seguir para su cobro.

El Código Tributario reglamentó un doble sistema que le permite asegurarse el pago de los impuestos y tasas de justicia. Por un lado estableció un sistema de pago previo a la prestación del servicio de justicia (arts. 254, 255, 261 y 279) que tiene como sanción, justamente, no brindar el servicio al litigante que lo requiere y no paga la contribución establecida. Este es el caso en tratamiento motivo de recurso. El sistema del cobro por vía del juicio ejecutivo, a través de la actuación del Ministerio Fiscal, está previsto para el caso en que por error de la administración de justicia, se ordene tramitar actuaciones sin el pago previo del sellado correspondiente (arts. 260 y 284). En la presente causa el Aquo, en la providencia atacada de fs. 48 vta.; intimó al pago del sellado y en consecuencia suspendió el trámite del proceso hasta su reposición. Todo de conformidad a lo dispuesto por los arts. 254 y ss. y 279 del Código Tributario.

Los autores que han hecho referencia al tema concluyen en que el pago del sellado constituye un requisito extrínseco de admisibilidad de los actos procesales de los particulares en los juicios (Palacio Lino-Derecho Procesal Civil, Tº I-pág. 412/413).

Conforme a lo expuesto precedentemente y a las prescripciones de la Ley 3908 citadas, se concluye que el abono del tributo es una exigencia para ocurrir a la administración de justicia."La presentación realizada en el juicio, sin cancelar el correspondiente pago de los impuestos y tasas es condicional por cuanto está sujeta a la satisfacción de los mismos establecida en el Cód. Tributario. Si la parte obligada al pago persiste en la conducta de incumplir con el abono del sellado, esa condicionalidad se transforma en la exclusión definitiva del proceso de la presentación llevada a cabo en contravención con la Ley Fiscal (Ver Trabajo Dr. Pascual Alferillo-Tributo de Justicia y Derecho de Defensa págs. 9 y ss.).

A mayor abundamiento se expresa: "El pago de los Tributos Fiscales es un requisito extrínseco de admisibilidad de los actos procesales de los particulares en los juicios".(AUTOS Nº 42466 (5456) "BANCO FRANCES S.A. C/CARMODY MIGUEL ADOLFO Y OTRA EJECUCION HIPOTECARIA".

PROT. DE AUTOS Tº I Fº 172/174 AÑO 2000 PROT. DE SENT. Tº II Fº 223/225 AÑO 2004;PROT. DE SENT. Tº I Fº 79/82 AÑO 2005).

El apelante aduce que: "El Código Tributario no impone la sanción de no tener por presentadas las excepciones, para el caso de incumplimiento en el pago del sellado", y le asiste razón en tal sentido. La sanción que sí prevé la ley en sus arts. 254 y 279 -normas citadas por el Inferior es que no se dará curso a las presentaciones es decir, no se proveerán los escritos que presentaren los litigantes sin que previamente hayan repuesto el sellado. En tal caso lo que corresponde es intimar al pago de lo adeudado, ya que según el decreto de fs.17 de fecha 14/09/2007, lo había sido en forma parcial. Pero dicho decreto, como luego veremos no fue cuestionado en término por el demandado.

El apelante al expresar agravios hace referencia a los dos decretos el de fs. 8 del 31/08/07 y el de fs. 17 del 14/09/07, que considera dieron lugar a la sentencia apelada. Admitió haber quedado notificado del decreto de fecha 14/09/07 (mediante el cual se tuvieron por no presentadas las excepciones, por no haber abonado el sellado) el día 18/09/07 (fs. 32 in fine), efectuados los cómputos pertinentes, tal decreto quedó firme. El demandado no utilizó en tiempo oportuno los remedios procesales que la ley otorga a fin que dicho proveído fuera revocado.

No habiendo planteado contra el decreto de fecha 14/09/07 recurso alguno, quedó firme, como lo señaláramos precedentemente. El apelante expresa que se encontraba en término para impugnar el decreto de fecha 14/09/07, cuando se emitió la certificación de fs. 21, lo que surge de autos no es correcto. Tal certificación es de fecha 25/09/07, siendo emitida cuando ya había vencido el plazo para apelar el decreto de fecha 14/09/07. Por que el proveído de fs. 17 quedó consentido por el accionado.

El apelante en sus agravios denuncia que su parte abonó el sellado de las actuaciones. Esta circunstancia debió ser motivo de cuestionamiento en la primera instancia contra el decreto de fs. 17.

En cuanto al principio de preclusión procesal tenemos dicho que: "Las normas y principios que vedan reeditar etapas procesales precluídas son de orden público.

Si el derecho o Facultad se extingue para la parte tampoco el Juez puede volver a revisar o dejar sin efecto actos sobre los que ya operó la preclusión" (Prot. de Autos Tº II-Fº 312/315-Año 1990 "Quinto Cuartel c/Dpto. de Hidraúlica Medida Preliminar").

Expresan Fenochietto-Arazi (Tº I pág. 512) "Que la Preclusión procesal atañe a la misma estructura del juicio, pues las distintas etapas procesales se desarrollan sucesivamente, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas o momentos procesales ya extinguidos o consumados.

Todo proceso, cual más cual menos para asegurar la precisión y rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, ponen límites al ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia siguiente; fuera de esos límites esas facultades no pueden ejercitarse" (Prot. de Autos Tº II Fº 398/400 Año 1997 Epte. Nº 1591 (4445) "Los Parrales S.A. c/ Moreno Emilio y Otros).

"En virtud del principio de preclusión procesal le está vedado al litigante la renovación de una cuestión ya decidida o impugnar tardíamente una providencia, tampoco el Juez puede luego de consentido el procedimiento desconocer o dejar sin efecto su propia decisión sin que se afecte los principios de seguridad que fundamentan la perentoriedad de los plazos" (Prot. de Sent. Tº I-Fº 70/76 Año 2992) Expte. Nº 6595 (2291) "Cabrera Oscar Alfredo c/Eduardo Garciulo-Daños y Perjuicios").

"Los derechos originados en los principios de derecho procesal, son tal respetables y dignos de protección como los emanados de resoluciones que deciden cuestiones de fondo por lo que resulta obvio reconocer que el debido acatamiento al de preclusión en el proceso, impide la reapertura de asuntos definitivos decididos, durante la sustanciación de la causa (C.N.Civ., Sala D-noviembre 1979 "Parpagliani de Ibarra García Dora-Suc.) "idem Sala A-Julio 24-2979" Echabsis Donato c/Rawson S.A.)(R:E:D: 14-741 Nº 5).

"La preclusión es la extensión de la facultad de realizar un acto en su debida oportunidad o ya realizada refiriéndose también al carácter firme de una resolución al punto tal que la cosa juzgada es la suma preclusión" (C.N.Civl, Sala F, mayo 26-1980) (R.E.D. 14-741 Nº 10).

"Todo proceso, cual menos, escribió Chiovenda, para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento en los actos judiciales, pone límites al ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia siguiente: Fuera de esos límites esas facultades ya no se pueden ejecutar..." (Inst. III pág. 267) "Prot. de Sent. Tº I-Fº 70/76-Año 1992) (Expte. Nº 6595 (2291) "Cabrera Oscar Alfredo c/Eduardo Gargiulo-Daños y Perjuicios").(AUTOS Nº 59.757 (PRIMER JUZGADO CIVIL) (SALA III Nº 8743) "ENERGIA SAN JUAN C/ MARIANO RAPAPORT E HIJOS S.R.L.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE SERVIDUMBRE".

PROT. DE AUTOS Tº III Fº 579/587 AÑO 2007).

También expresa el recurrente que el Inferior omitió considerar el art. 238 inc. 5º del C.T.. Entendemos no le asiste razón al apelante ya que, dicho dispositivo legal prevé la eximición del sellado cuando se alegare, no ser parte en el juicio. De las constancias de autos surge que -al momento de comparecer el accionado reconoció expresamente (ver fs. 13 vta.) ser titular del dominio del vehículo que generaba el impuesto que se le reclama en el presente -aunque no reconoció la suma total pretendida-, admitió encontrarse obligado al pago del valor nominal de las cuotas 07 a 11 de 2002, 01 a 11de 2003 y 01 a 09 del año 2004. No se da en el caso de marras el presupuesto necesario -alegar no ser parte en el juicio para que proceda la eximición en el pago del gravamen.

Es jurisprudencia de este Tribunal: "La norma que contempla el art. 238 inc. 5º del Código Tributario-Ley 3908-, como excepción al pago del sellado de justicia, no está referida al demandado excepcionante, sino a quien en forma expresa alega no ser la parte demandada." PROT. DE AUTOS Tº IV Fº 716/717 AÑO 2002. Prot. de Autos Tº II Fº 337/338 Año 2003.

Respecto al depósito de la suma de pesos: Seiscientos veintisiete con sesenta ctvs. ($ 627,60), que acompaña en concepto de pago del capital puro que reconoce adeudar, de lo que se agravia por no haber sido considerado en la sentencia, ello tiene su fundamento en el decreto de fs. 17.

Por lo que se rechaza el recurso de apelación concedido al accionado. Las costas en la Alzada se imponen a cargo del apelante vencido (art. 543 C.P.C) en virtud del resultado del recurso.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido al demandado a fs. 30, contra la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2007 obrante a fs. 23 y vta.. En consecuencia, se confirma el pronunciamiento apelado, de conformidad a lo expresado en los considerandos pertinentes. Las costas en la Alzada se imponen a cargo del apelante vencido (art. 543 C.P.C.).

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE SENT. Tº III-Fº 408/413 14-08-08