Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-12-19


Córdoba, diciembre 19 de 2005.

1º ¿Son procedentes los recursos de casación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - La doctora Cafure de Battistelli dijo:

I. Los co-demandados Néstor Odilio Filippa y Héctor Juan Cravero -el primero de ellos mediante apoderados- interponen sendos recursos de casación contra la sentencia 3 del 11 de febrero de 2002 dictada por la Cámara Civil, Comercial y Contencioso-Administrativa de San Francisco, con fundamento en los incs. 1 y 3 del art. 383 del C. de P. C., los que fueron sustanciados con los accionantes, quienes respondieron a fs. 583/88 el traslado conferido, habiendo sido concedidos por el tribunal de juicio (autos interlocutorios 198 y 205, del 6 y 13 de noviembre, respectivamente, del mismo año).

Radicado el expediente ante esta sala, dictado y firme el proveído que llama los autos a estudio, quedan los recursos en condiciones de ser resueltos.

II. El presente juicio se inicia a partir de la demanda entablada por Zarranz y Stassi de Zarranz en contra de la "Asociación Mutual de Ayuda entre asociados y adherentes del Jockey Club" y en contra de Néstor Odilio Filippa y Héctor Juan Cravero, estos últimos en sus condiciones de miembros del Consejo Directivo de la entidad. Se reclama la cantidad de trece mil ciento noventa y nueve dólares y sus correspondientes intereses; suma de dinero que fuera depositado por los demandantes en la mutual y que ésta nunca les restituyó.

De la confluencia entre las sentencias de primera y segunda instancia resulta que la jurisdicción decidió actuar la pretensión en toda sus extensión y, en consecuencia, condenó a todos los demandados a pagar la cantidad de dinero perseguida.

Dos de los accionados, Filippa y Cravero, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia y levantan contra ella censuras semejantes. Denuncian vicios "in procedendo" y errores "juris in judicando" en los términos de los incs. 1 y 3, respectivamente, del art. 383 del C. de P. C. Desde el primer punto de vista dicen que el pronunciamiento es incongruente. Acusan igualmente falta de fundamentación lógica de la sentencia en los siguientes aspectos. Por un lado en el voto de la vocal que se expide en tercer término con relación a las dos cuestiones sometidas a votación de la Cámara. Por otro lado, en las premisas del voto del vocal emitido en primer lugar atinentes al reproche de culpabilidad que se les dirige a ellos, a la validez que se la atribuye a la prueba pericial en que basan ese juicio, al nexo de causalidad que como presupuesto de responsabilidad civil debe mediar entre la culpa y el daño, y -por fin- al argumento vertido en referencia a la eximente de responsabilidad prevista en el art. 15, ley 20.321, que en calidad de defensa subsidiaria opusieran al progreso de la demanda. En tanto, los errores "juris in judicando" que denuncian al amparo del inc. 3 del art. 383 consisten, por una parte, en que el fallo se basaría en una errónea interpretación del art. 15 de la Ley de Asociaciones Mutuales 20.321, y por otra, que en él se violan los principios generales del derecho civil recogidos en la ley 20.321 y en el art. 953 y concs. del Código Civil.

III. Comienzo examinando los capítulos de los recursos mediante los cuales se ataca la legalidad formal de la sentencia y me expido en primer lugar sobre el defecto de incongruencia que ambos recurrentes le endilgan a la misma.

En este orden de ideas coinciden en sostener que en la demanda se accionó con base en el contrato de depósito y en los certificados que acreditaban tal operación, no sólo en relación al reclamo dirigido contra la mutual en su condición de co-contratante que recibió los fondos, sino también respecto de la pretensión formulada contra los directivos, a quienes se extendía idéntico reclamo atribuyéndoles la calidad de co-deudores solidarios que oficiaban de garantes en los términos del art. 15, ley 20.321. Añaden que de la demanda no surge que se haya accionado contra los administradores con fundamento en eventuales actos de culpa o dolo que hubieran podido haber cometido en el desempeño de sus funciones, respecto de lo cual ninguna imputación concreta se hizo en el escrito de introducción. Sin embargo -concluyen- el juez de primer grado, y luego la Cámara, los condenó en función de una acción distinta de la realmente instaurada, porque lo hizo en la inteligencia de que habían incurrido en actos culposos en el desempeño de sus gestiones, vale decir que acogió una acción de responsabilidad que en rigor no había sido ejercida.

En mi opinión la sentencia no cometió el vicio de incongruencia denunciado y por el contrario guardó la debida correspondencia con la acción que respecto de los dos recurrentes se acumuló en la demanda.

En efecto, la atenta y serena lectura del escrito de introducción permite advertir que, fuera de la pretensión deducida contra la Mutual con base en el contrato de depósito, se promovió en contra de los directivos de la entidad una acción de responsabilidad extracontractual, tendiente a hacer efectiva la indemnización del daño que los pretensores sufrieron como consecuencia de la falta de restitución de los fondos oportunamente depositados, y cuya "causa petendi", si bien estaba integrada por el contrato de depósito en cuanto el mismo constituía uno de los antecedentes de hecho justificantes del reclamo impetrado, estaba también conformada por el mal desempeño que se les enrostraba en la gestión administrativa y en el manejo e inversión de los fondos sociales. Aún siendo cierto que en ningún pasaje del texto de la demanda se usan los conceptos de "culpa" o "dolo" que son los factores típicos de atribución de responsabilidad extracontractual por hechos personales, ello de ninguna manera impide efectuar la calificación de la acción que propongo si los pretensores aludieron inequívocamente a graves irregularidades en que habrían incurrido los directivos en el desarrollo de su gestión y a quebrantamientos de las leyes y de las normas estatutarias que ellos habrían obrado en tal actividad, lo que desde luego implica la atribución del deber de responder en concepto de culpa, o sea al margen de una relación contractual preexistente. Si alguna duda pudiera subsistir al respecto, ella queda disipada apenas se advierte que los demandantes no se limitaron a aludir de manera genérica a irregularidades que se habrían cometido sino que también procedieron a enumerar algunas de ellas, individualizando al propio tiempo los preceptos legales y estatutarios que en su opinión habrían sido inobservados. En este sentido mencionaron que no existían a disposición de los asociados una serie de documentos concernientes a la constitución y funcionamiento de la entidad, dijeron también que no existían lineamientos básicos y elementales para la prestación del servicio y que se otorgaron créditos sin avales suficientes. En situación así, la invocación que se hace en la demanda del art. 15, ley 20.321, como fundamento de derecho de la pretensión, no obsta a identificar la acción en la forma precedente. Constituye un principio inconcuso del Derecho Procesal Civil que los jueces deben identificar las acciones que se deducen ante ellos en función de la materialidad de los hechos que se alegan para fundarlas, y con abstracción de la denominación que les asignen las partes o de las normas de derecho que ellas invoquen, cuyos errores u omisiones no resultan vinculantes en este aspecto de la función jurisdiccional ("jura novit curia"). En todo caso debe entenderse que a juicio de los demandantes la norma del art. 15 citado prestaba sustento al derecho que esgrimían y que precisamente por ello lo invocaron en su apoyo.

Expresado en otras palabras, en la demanda la "causa petendi" no quedó circunscripta al solo contrato de depósito celebrado con la mutual, a cuyo respecto se atribuiría a los directivos la calidad objetiva de garantes a tenor del art. 15, ley 20.321; antes bien incluyó la imputación de actos culposos a los integrantes del consejo directivo en el cumplimiento de sus funciones, los que habrían conducido al incumplimiento del aquel contrato y a la consiguiente contracción de una deuda indemnizatoria por encima del solo vínculo contractual.

De allí que el juez -y también la Cámara- se mantuvieron dentro del marco de la relación procesal sin incurrir en incongruencia alguna al condenar a los directivos demandados sobre la base de las irregularidades e inconductas que habrían cometido en el desempeño de sus funciones de administración.

IV. Establecida la congruencia de la sentencia, corresponde encarar a continuación el embate que, en concepto de falta de fundamentación, el co-demandado Cravero le dirige al voto de la Vocal que se expide en tercer término; deber de motivación que le incumbía a la magistrada en los términos del art. 382, CPC, respecto de las dos cuestiones sometidas a votación en razón de la disidencia formulada por el Vocal que se expidió en segundo lugar, el cual no puede reputarse satisfecho con las afirmaciones lacónicas y vagas que virtió con ese propósito.

En el examen de estas censuras es necesario analizar separadamente los votos emitidos por la magistrada de tercer voto respecto de cada una de las cuestiones de que se trata, comenzando por el vertido en respuesta a la apelación de Cravero.

Aunque al respecto es de admitir que ella no debió limitarse a adherir a las consideraciones expuestas por el vocal de primer voto, habida cuenta de la disidencia formalizada por el vocal de segundo voto y en vista de que en esta apelación se incluían agravios diferentes de los expresados por el co-apelante Filippa (CPC, art. 382), no obstante en mi opinión tal omisión no reviste trascendencia anulatoria porque los agravios agregados por Cravero eran inconsistentes y carecían de aptitud para conmover la sentencia de primera instancia que se impugnaba. Así en lo concerniente al defecto de incongruencia que se le objetaba al fallo del primer juez, es de destacar que el tema fue replanteado en esta sede como vicio de casación y que me he expedido precedentemente al respecto descartando que la demanda hubiese tenido el sentido y alcance que le adjudican los recurrentes y que por consiguiente la sentencia de Cámara -que en este aspecto es semejante a la de primera instancia- hubiese proveído una acción diferente de la realmente incoada. Por otro lado en lo tocante al agravio mediante el cual se articuló la inconstitucionalidad del art. 15, ley 20.321, la omisión en que se incurrió tampoco es idónea para comprometer la validez de la sentencia. Tal como se puntualizó en el primer voto, era evidente que la cuestión constitucional no fue planteada al conformarse la relación procesal en primera instancia, lo que desde el punto de vista del sujeto pasivo de la acción debía hacerse en oportunidad de contestarse la demanda, razón por la cual el Tribunal de Grado carecía de poderes para expedirse sobre el particular. Por eso el hecho de que la magistrada no se hubiese expedido sobre la cuestión constitucional carece de la relevancia que se le atribuye respecto de la validez formal de la sentencia en examen. Añádase a lo expuesto que en este orden de ideas el casacionista se limita a formular este reproche estrictamente formal, pero en ningún momento se encarga de cuestionar, ni siquiera en forma subsidiaria, el juicio de extemporaneidad vertido sobre el tema por el vocal de primer voto, respecto del cual ninguna crítica formula, de suerte tal que la censura queda en un plano puramente formal y desprovisto de trascendencia sobre su derecho de defensa en juicio.

En lo atinente a la objeción que se aduce respecto del voto emitido por la doctora F. L. en relación al recurso de apelación de Filippa, es de entender que, aunque lacónica o concisa, la fundamentación expuesta es válida frente a las exigencias de la ley y que no es posible considerarla dogmática o aparente.

A fin de justificar la conclusión anticipada es menester ante todo observar que el voto en cuestión se escinde en dos partes, la primera de las cuales versa sobre el tópico de derecho del pleito con particular referencia al sentido en que debe ser interpretado el art. 15 de la ley 20.321, y la segunda atañe a los puntos de hecho relacionados con las circunstancias particulares del caso concreto. Sin embargo el embate del impugnante se ciñe a este segundo momento del razonamiento y deja fuera de cuestionamiento el primero, a cuyo respecto ningún reparo se aduce.

Así las cosas, seguidamente es preciso advertir que la disidencia que determinó el deber de la doctora F. L. de fundar su voto a tenor del art. 382, CPC., versó exclusivamente sobre la cuestión de derecho reproducida en los recursos de apelación, esto es si el orden jurídico establece o no "in abstracto" una obligación resarcitoria de los integrantes del Consejo Directivo de una Mutual frente a asociados y terceros a partir de los daños que les causen con sus culpas personales. Pero no se refirió en absoluto a la cuestión de hecho consistente en esclarecer si en el caso particular los administradores demandados se comportaron en forma negligente o imprudente en el desempeño de sus tareas directivas, asunto acerca del cual el magistrado que quedó en minoría ninguna consideración efectuó en razón de la opinión que virtió en el sentido que las leyes no autorizan el tipo de acción ejercida en autos, por lo que estimó que estaba exento de expedirse sobre la cuestión de hecho del litigio. De allí que la vocal de tercer voto, cuyo parecer contribuyó a formar la mayoría decisoria, en rigor no estaba en el deber de examinar en forma exhaustiva la problemática de hecho del pleito, bastándole al efecto con remitirse a las consideraciones formuladas por el vocal de primer voto y con aludir a las probanzas rendidas en el expediente (fs. 443 y vta., 2º cpo.).

V. Me ocupo ahora de las críticas que en concepto de falta de fundamentación se manifiestan contra el voto emitido por el vocal de primer voto, y de entre ellas comienzo por las que gravan las premisas concernientes al obrar culposo que se atribuye a los demandados.

En tal sentido los casacionistas señalan en primer lugar que se incurrió en violación del principio lógico de no contradicción porque, si bien por un lado se afirmó que la responsabilidad de los administradores sólo es posible cuando han obrado con culpa, luego en otro pasaje de la motivación se sostuvo en cambio que esa responsabilidad es directa y emerge del solo hecho de que la Mutual no hubiese restituido los depósitos.

En forma subsidiaria, para el supuesto que se entendiera que el factor de atribución en cuya virtud se decidió dictar la condena fue de carácter subjetivo y consistió en la conducta culposa que ellos habrían observado en el desempeño de sus funciones, esgrimen dos cuestionamientos. Por un lado arguyen que la Cámara -a través del voto del magistrado que se expide en primer término- basó su veredicto condenatorio en prueba incorporada ilegalmente al juicio. Refiéranse al dictamen pericial contable rendido por el Cr. C. en el expediente penal labrado contra los administradores de la mutual por el presunto delito de administración fraudulenta. Elemento de convicción en que el tribunal de juicio se apoyó para deducir que los directivos demandados incurrieron en irregularidades en el desempeño de sus funciones y en una sistemática transgresión de las normas legales y reglamentarias que rigen la mutual. Explican que, diversamente de lo que se afirma en la sentencia, ellos no pudieron participar ni ejercer contralor alguno en la preparación y diligenciamiento de tal medio probatorio, porque se practicó apenas presentada la denuncia y en etapa de investigación preliminar, incluso con anterioridad a que se recibieran las declaraciones indagatorias de los imputados, y desde luego antes de que se hubiera promovido la acción penal, de donde infieren que tal pericia no pudo erigirse en fundamento válido de la condena dictada en contra de ellos. Por otro lado destacan que se ha inobservado el principio de razón suficiente por cuanto no se determinaron ni precisaron cuáles habrían sido concretamente los actos culpables o negligentes que habrían sido cumplidos personal e individualmente por ellos. Agregan que el juzgador sólo aludió a irregularidades en general que habría cometido la asociación en su funcionamiento, y de aquí dedujo en forma dogmática -sin justificar la inferencia- que ellos incurrieron en culpa y que, por tanto, contrajeron responsabilidad civil, pero no señaló cuáles habrían sido específicamente los actos culposos concretos de los que ellos habrían sido autores.

El primero de los ataques reseñados no es de recibo, porque un atento y cuidadoso repaso de los pasajes pertinentes de la sentencia, revela que de ninguna manera se violó el principio lógico de no contradicción en el desarrollo del razonamiento fundante del fallo.

En efecto y dejando de lado la incoherencia en que incurren los propios recurrentes, quienes en oportunidad de tildar de incongruente el pronunciamiento admitieron que el mismo se fundó en el comportamiento culposo que ellos habrían desplegado en la administración del ente (ver supra II), es indiscutible que el judicante estuvo lejos de entender que los directivos de la mutual devenían directamente en co-deudores solidarios de las obligaciones contraídas por el ente. Por el contrario, de la fundamentación se desprende que se estimó que el orden jurídico consagra la responsabilidad extracontractual y de base subjetiva de los miembros del Consejo de Administración, es decir una responsabilidad que queda comprometida en virtud de actos culposos que los administradores cometan en el ejercicio de sus funciones y no como mera extensión de la deuda que recae sobre la mutual (fs. 430/33). Si alguna duda pudiera mantenerse, ella desaparece apenas se repara que en un segundo momento del razonamiento y haciendo aplicación de tales principios y preceptos jurídicos en el caso, el magistrado examinó la prueba rendida en el juicio y a partir de ella formó su convencimiento de que los directivos accionados obraron de manera irregular y con desidia en el cumplimiento de sus funciones, o sea que mantuvieron un comportamiento reprochable en concepto de culpa, todo lo cual justificó el pronunciamiento del fallo condenatorio (fs. 435/41, 2º cpo.). Es real que en un pasaje de la motivación parece sentarse una tesitura diferente cuando el vocal de primer voto expone que "... el mero incumplimiento de la restitución de los créditos, es suficiente para responsabilizar tanto a la Mutual como a los autores del manejo de ella, los directores y los fiscalizadores, los que por imperio de la ley los torna obligados solidarios en los términos del art. 15 de la ley 20.321" (fs. 441 vta.). Pero es claro que esa es una afirmación aislada que no puede considerarse reveladora del verdadero temperamento de la mayoría sobre la cuestión, porque ella debe ser considerada dentro del marco de las numerosas apreciaciones efectuadas por el magistrado sobre el punto, de las cuales se desprende inequívocamente que -tal como se acaba de indicar- en opinión de la Cámara en el caso se configura una responsabilidad extracontractual fundada en la culpabilidad de los miembros del órgano de Administración. En situación así, no es posible sostener que en este fragmento de la fundamentación el tribunal de juicio entendió que los demandados debían responder en base a una supuesta solidaridad que impondría directamente el art. 15, ley 20.321.

La objeción a la validez de la prueba pericial tampoco se presenta atendible en virtud de las siguientes razones.

Por más que los recurrentes tuvieran razón en punto a que el dictamen pericial se practicó sin que ellos hubieran tenido oportunidad de intervenir en la producción del mismo, asunto que no es posible dilucidar en función de las actuaciones radicadas ante este Tribunal pues el cuerpo correspondiente a la pericia fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 622, 3º cuerpo), de todos modos tal circunstancia no es idónea para comprometer la validez de la prueba pericial. Ello así como consecuencia de la actitud que los aquí demandados asumieron frente a idéntico medio probatorio en el proceso que en el Fuero Penal se sustanció con relación a los mismos hechos que se ventilan en el presente juicio. En efecto, tal como resulta de dos pronunciamientos dictados por la Sala Penal de este Alto Cuerpo para los autos "Nicolini, Jorge Carlos y otros -p.ss.aa. de Defraudación por Administración Fraudulenta-Recurso de Casación e Inconstitucionalidad" (Auto Interlocutorio 127/02 y sentencia 32/02), en el correspondiente juicio plenario, además de ventilarse la acusación penal, se sustanciaron acciones civiles resarcitorias en contra de Filippa y Cravero, y entre las pruebas que se rindieron a fin de demostrar los presupuestos de las pretensiones en juzgamiento se encontraba precisamente la pericia del Cr. C. de que aquí se trata (v. auto interlocutorio citado, considerando II, 2, b). Tal dictamen se incorporó en el debate a través de su lectura sin formular absolutamente ningún tipo de oposición, con lo que adquiere total validez a su respecto. Cabe añadir todavía a propósito del consentimiento prestado a la pericia, que si bien los aquí recurrentes articularon recurso de casación contra la sentencia condenatoria que recayó contra ellos en el fuero penal, la impugnación se basó exclusivamente en la falta de competencia del tribunal de juicio para conocer en la acción civil, pero no se incluyó como cuestionamiento de carácter subsidiario la presunta ilegalidad de que adolecería el dictamen pericial por vulneración del debido contradictorio (ver sentencia 32/02 citada). La tacha de nulidad que se pretende en esta causa es contraria a los actos propios referidos a la prueba de que se trata y por lo tanto no puede tener acogida (confr. esta Sala, Autos Interlocutorios 287/02 y 292/04, Borda, G., "Tratado de Derecho Civil, parte General", 11 ed., 1996, Editorial Perrot, t. 1, ps. 28/29). Siendo ello así y aunque se trate de una conducta observada en otro proceso, es de entender que el informe del Cr. C. quedó convalidado tácitamente por el silencio que mantuvieron frente al mismo Filippa y Cravero, quienes en consecuencia no pueden pretender ahora tacharlo de nulo y basarse en tal circunstancia para postular la anulación de la sentencia que se fundó en esa pieza probatoria (CPC., art. 383, inc. 1 in fine).

El dictamen pericial rendido en la causa penal, cuya incorporación al juicio pudo ser cuestionada por el recurrente y no lo hizo, constituyó prueba válida del mal manejo administrativo que allí se relata así como las numerosas irregularidades que en ese informe se describen. En este orden de ideas, es de conceptuar que las alusiones que la Cámara hace a la circunstancia de que el perito actuante era un funcionario del Poder Judicial, y al hecho de tratarse de un trabajo serio y muy bien fundamentado, como así también lo que manifiesta en el sentido de que sus conclusiones no fueron impugnadas por medios probatorios válidos (2º cpo., fs. 437), comportan la expresión de una operación crítica y valorativa por parte de los magistrados juzgantes, destinada a demostrar que tal pieza convictiva era apta para infundir convicción acerca de las inconductas obradas por los directivos de la mutual. Adviértase que el tribunal de juicio, a través del voto del magistrado que orientó el sentido del fallo, no se limitó a remitirse a las conclusiones sentadas por el técnico para fundar sin más su decisión. Antes al contrario y no obstante que sobre el contenido de ese informe los accionados no formularon ninguna clase de cuestionamientos, el juzgador se preocupó en destacar las razones que convergían para acordarle credibilidad, al paso que transcribió los pasajes más relevantes y consistentes del mismo, lo cual permite considerar que en el razonamiento desarrollado por la Cámara, tal elemento de convicción constituyó el antecedente de una presunción "hominis" hábil para generar convicción acerca de los extremos fundantes de la acción resarcitoria.

Pese a la suficiencia de lo expresado para dejar respondido el cuestionamiento que nos ocupa, a mayor abundamiento cabe añadir las siguientes apreciaciones que contribuyen a mostrar la adecuada fundamentación de la decisión adoptada por la Cámara. Por un lado, que de la lectura de los pasajes de la sentencia donde se relacionan las conclusiones sentadas por el especialista, cuya adecuación al verdadero contenido del dictamen no ha sido controvertida de ninguna manera por los casacionistas, se desprende que el informe es efectivamente detallado y exhaustivo en la enumeración y explicación de todas las transgresiones e irregularidades que se cometieron en el desenvolvimiento de la mutual, tanto en lo concerniente a la contabilidad de la entidad cuanto en lo tocante a la conformación de su patrimonio neto, pasando por la existencia de saldos deudores permanentes y por el inicio de la actividad de captación de depósito sin contarse con la autorización pertinente del Instituto Nacional de Acción Mutual (2º cpo, fs. 437 vta./441). Por otro lado, que la sentencia de primera instancia también hizo mérito -además de otras pruebas- de la nota presentada por la Cra. V. en concepto de auditoría que le fuera encargada, en la cual se aludió al desgobierno y falta de controles suficientes en la asociación (2º cpo., fs. 351 vta.), y respecto de esta apreciación del primer juez los demandados no expresaron absolutamente ningún agravio en sus recursos de apelación.

El embate que se dirige contra el juicio del sentenciante mediante el cual se atribuyó culpa a los demandados, tampoco consigue conmover la motivación del pronunciamiento, cuyas premisas observaron debidamente el principio lógico de razón suficiente.

En efecto, en mi opinión la sola circunstancia de que en la sentencia no se haya individualizado ningún acto positivo y concreto obrado personalmente por los directivos demandados, no autoriza a entender que la condena se basó en fundamentos dogmáticos o aparentes y que, en consecuencia, el fallo no pueda sostenerse como acto jurisdiccional válido. Ello así en razón de las propias características de los antecedentes de hecho que se alegaron en respaldo de la acción, los cuales a su vez fueron considerados comprobados por la Cámara y fueron también descriptos y explicados en forma detallada y exhaustiva en la motivación de la sentencia. Ciertamente, en la acción de responsabilidad civil ejercida en autos no se perseguía la indemnización de un daño proveniente de un acto específico cumplido individualmente por los directivos demandados. Al contrario y tal como se destacó al examinarse el vicio de incongruencia aducido en los recursos, el perjuicio cuyo resarcimiento reclamaban los demandantes consistía en el sufrido como consecuencia de que la Mutual no restituyó los depósitos que en su oportunidad efectuaran. A su turno la "causa petendi" alegada en respaldo de la pretensión, además de estar constituida por tal daño y por los contratos de depósito, lo estaba por el hecho de que en el funcionamiento de la asociación se incurrió en una sistemática transgresión de las normas que la regulan con desnaturalización de los fines que este tipo de entidades debe perseguir, lo que terminó desembocando en un estado de insolvencia en cuya virtud no se pudieron devolver los importes depositados. Quiere decir entonces que las faltas alegadas en la demanda, las que luego fueron tenidas por demostradas y enumeradas por la Cámara, revestían un alcance general y amplio en cuanto involucraban toda la administración del ente en su conjunto y habían acontecido durante los pocos años que duró su desenvolvimiento. Siendo ello así, cabe conceptuar que la imputación de culpa dirigida a los dos directivos demandados dista de presentarse como dogmática e infundada y que, a la inversa, ella aparece como una derivación razonada de aquellas apreciaciones concernientes al mal manejo de los fondos sociales, y apoyada por tanto en argumentos convincentes.

Por otro lado conviene recordar que, de acuerdo a los principios generales imperantes en el Derecho de Daños, la responsabilidad civil puede generarse por omisión de conducta del sindicado como responsable, esto es por no haber hecho lo que según las circunstancias y las normas aplicables debió hacer a fin de evitar que se causara un daño ilegítimo (Código Civil, art. 1074). Justamente en el caso de autos muchos de los reproches en los cuales se fundó la condena pronunciada contra los accionados consistieron en conductas de abstención por ellos cumplidas, las que aparejaban responsabilidad en cuanto implicaban omisión de ejecutar los deberes inherentes al cargo que ocupaban en el órgano, lo que explica por qué en la sentencia no se mencionaran actos positivos y personales obrados directamente por los demandados.

Se enfatiza que la reprobación subjetiva que la conducta de los integrantes del Consejo Directivo merecía, surge de las propias consideraciones que en la sentencia se efectuaron a propósito del desgobierno de la mutual y de las infracciones en que incurrieron en su administración, en las cuales está ínsita -"in re ipsa"- la falta de diligencia y el abuso de facultades en que consiste la culpa de los administradores en los términos de la ley. La sola comprobación de las numerosas y variadas faltas cometidas en el funcionamiento del ente llevaba implícito el reproche de culpabilidad hacia los administradores en el desempeño de su labor, lo cual en consecuencia no requería ser tratado en forma expresa y particularizada en el fallo para que el tema se tuviera por considerado. Es evidente que al determinarse un manejo ilegal de los fondos sociales y una mala gestión administrativa, tácitamente quedó asimismo verificada la imprudencia e impericia con que se condujeron los agentes, la que está sobreentendida en la propia antijuridicidad de la conducta cumplida (comp. Junyent Bas F., "Responsabilidad civil de los administradores societarios", ed. 1996, ps. 57 y 60).

VI. Siempre en concepto de falta de fundamentación y con referencia al voto del magistrado que se expidió en primer término, en los recursos se denuncian también las siguientes infracciones.

Por un lado dicen que se omitió examinar una defensa esencial conducente a la justa resolución de la causa, aquella basada en la cláusula contractual inserta en los certificados de depósito acompañados a la demanda, según la cual los ahorros de los asociados no tienen otra garantía salvo el patrimonio de la propia Mutual, lo que -de acuerdo a sus puntos de vista- tendría el alcance de excluir la responsabilidad de los consejeros de la entidad.

Por otro lado afirman que se quebrantó el principio de razón suficiente en cuanto se omitió justificar el nexo de causalidad que debería mediar entre las varias irregularidades habidas en el seno de la asociación y el daño sufrido por los actores consistente en la no devolución de los depósitos.

Por fin, acusan un razonamiento lógicamente incorrecto y contrario a las reglas de experiencia en la apreciación que se formuló en torno a la eximente prevista en el art. 15, ley 20.321; defensa que, aducida en el responde, fue recreada en grado de apelación y que se fundaba en la nota que presentaron al Presidente de la Mutual con fecha 21 de octubre de 1994. Al respecto destacan que de las constancias de autos surge que ellos ignoraban las operaciones que realizaba la Mutual y que esa fue la verdadera razón por la cual no se opusieron con anterioridad. De allí deducen que la sola constatación efectuada en la sentencia en el sentido que la nota fue presentada con posterioridad a los actos ilícitos no es idónea por sí sola para descartar la eximente aducida.Se comienza por la primera de estas tachas. Es verdad que Filippa incluyó en la expresión de agravios correspondiente a su recurso de apelación el argumento de exoneración consistente en la dispensa de responsabilidad que, según su criterio, surgiría de los certificados de depósito (fs. 374, 2º cpo.), y que por su lado la Cámara no se expidió en la sentencia sobre el punto.

Pero tengo para mi, que tal omisión no reviste trascendencia anulatoria y por consiguiente no autoriza la procedencia de la casación, en razón de la inconsistencia de la defensa preterida. Al margen del propósito que haya podido inspirar la inclusión de aquella cláusula en los certificados, la que muy probablemente intentaba dejar aclarado que el único deudor de los contratos de depósito allí instrumentados era la mutual misma y que no era posible dirigirse directamente contra los asociados y directivos en calidad de co-deudores o garantes de la operación, lo cierto es que no es dable advertir en el texto en cuestión una cláusula de eximición de responsabilidad extracontractual de los administradores, según lo proponen los recurrentes. Si bien no es menester utilizar fórmulas sacramentales al efecto, de todos modos es claro que una renuncia anticipada de este tipo, o sea la abdicación de un eventual crédito indemnizatorio proveniente de la culpa personal de los integrantes del Consejo Directivo, debe ser formulada en términos expresos e inequívocos que no dejen dudas acerca de la voluntad del interesado. Si es regla general que la intención de renunciar los derechos no se presume y que la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (Código Civil, art. 874), es claro que tal pauta de valoración se aplica con mayor razón todavía cuando se trata, no ya de derechos que efectivamente se invisten, sino de derechos futuros completamente inciertos, tal precisamente la situación que se verificó en la especie.

En lo que atañe al vínculo de causalidad, es de advertir que de una consulta serena de los pasajes pertinentes de la sentencia se desprende que en ella se trató ese elemento constitutivo de responsabilidad civil, de modo que la Cámara observó también en este aspecto el requisito de fundamentación lógica que imponen las leyes. En efecto, el tribunal de juicio se ocupó de considerar si en el caso concreto concurrían los presupuestos del derecho de indemnización invocado por los actores, y en este emprendimiento se orientó a dilucidar, por un lado, la efectividad de las infracciones que habrían cometido los administradores en el desempeño de su gestión al frente de la mutual, y por otro, el nexo de causalidad que era dable comprobar entre aquéllas y el perjuicio sufrido por los accionantes. Sobre este último punto se observa una mención expresa en el texto de la motivación (fs. 441 vta., 2º cpo.), de suerte que, diversamente de lo que se asevera, no medió una omisión absoluta de consideración del tema. Pero fuera de eso, el tratamiento de tal extremo de la acción está implícito en las proposiciones vertidas acerca de la entidad y variedad de las faltas e irregularidades detectadas, las que por sí mismas y sin necesidad de agregar otras consideraciones permiten fácilmente comprender que -en el temperamento de la Cámara- ellas arrastraron a la mutual a un estado de insolvencia patrimonial en cuya virtud se frustró en definitiva la restitución de los depósitos, o sea que se provocó el perjuicio cuyo resarcimiento se pretende. En una palabra, el requisito del vínculo de causalidad entre los actos ilícitos y el daño fue indudablemente contemplado y dilucidado en la sentencia, por lo cual el recurso de casación no puede prosperar en este punto.

En lo tocante a la censura atinente a la eximente, es de replicar que el presunto error de razonamiento que se denuncia carece de trascendencia anulatoria porque, aún en el supuesto de que efectivamente se hubiera cometido, no sería idóneo para comprometer la validez de la sentencia, cuya conclusión final seguiría adecuadamente sostenida en el conjunto de premisas en las cuales se enunciaron las faltas e irregularidades obradas por los miembros del Consejo Directivo. Ello es así pues la nota que los demandados presentaran al presidente de la Mutual con fecha 21 de octubre de 1994 y sobre la cual fundaron la eximente en cuestión, se limitaba a expresar la oposición de ellos únicamente con relación al inicio de la actividad de ayuda económica en razón de que no había recaído la correspondiente aprobación emanada del organismo administrativo de aplicación (fs. 213/15, 2º cuerpo; fs. 104 vta./105 vta., 1º cuerpo). Pero este solo acto antijurídico dista de haber sido el único afirmado por la Cámara en calidad de causa-fuente de la responsabilidad civil que le atribuyó a los accionados. Decisión que por el contrario se fundó en un cúmulo de irregularidades que se cometieron en la administración del ente y en el desgobierno generalizado que caracterizó la corta vida de la asociación, incluyéndose en este conjunto de irregularidades -entre otras- el hecho de que ya en el balance correspondiente al primer ejercicio la entidad registraba un patrimonio neto negativo del orden de los $ 532.199, como así también la circunstancia de que se concedió a los titulares de las cuentas de ahorro mutual la posibilidad de extraer importes superiores a sus respectivos saldos, lo que derivó en la existencia de saldos deudores permanentes (fs. 438 y vta., 2º cuerpo); inconductas todas estas sobre las cuales no versaba la nota que esgrimieron en su defensa los demandados. De aquí que el eventual vicio de razonamiento en que hubiera podido caer el tribunal a quo al valorarla no podría ejercer influjo en el juicio de culpabilidad que con base en todas aquellas otras faltas se formuló en la sentencia respecto de los demandados.

Ahora bien, aún prescindiendo de la objeción formal que se acaba de puntualizar, de todas maneras la censura es inexacta porque no es verdad que el magistrado de primer voto se hubiera constreñido a ponderar que la nota fue presentada en un tiempo posterior al acto ilegal para deducir de allí, sin más, la improcedencia de la eximente. Una cuidadosa lectura del pasaje correspondiente de la fundamentación permite advertir que además juzgó inexcusable la presunta ignorancia argüida por los demandados para justificar la falta de oposición oportuna, lo que por cierto importa un reproche de culpabilidad que justifica la responsabilidad del directivo. En efecto, tal es el juicio que está implícito en la apreciación que se formuló en la sentencia en el sentido que a los demandados les cabe responsabilidad por haber actuado negligentemente y no haber cumplido con la función que les incumbe como integrantes del órgano directivo de la Mutual, al menos en lo concerniente al contralor de su administración (fs. 442, 2º cpo.).

Aparte de lo expuesto se configura otra razón para desestimar el cuestionamiento. Verdaderamente, si alguna duda pudiera subsistir acerca de la corrección lógica del breve razonamiento expuesto por el judicante, ella se disipa apenas se lo contempla en consonancia con la enumeración efectuada poco antes en la sentencia del conjunto de infracciones y entuertos comprobados en la gestión administrativa, las que incluso habrían comenzado a suscitarse -siempre a tenor del temperamento del a quo- apenas iniciada la vida de la entidad. Ciertamente, en una situación de desgobierno generalizado y extendido como la que la Cámara tiene por comprobada, es evidente que el argumento de desconocimiento esgrimido por el co-demandado Cravero a título de eximente de responsabilidad, deviene lógicamente incompatible y queda desprovisto de sustento razonable. Se subraya que en el criterio del magistrado de primer voto que determinó el sentido de la decisión, la responsabilidad de los demandados quedó comprometida fundamentalmente porque se abstuvieron de cumplir adecuadamente los deberes que les competían en razón de los cargos que ocupaban en la mutual y por no haber adoptado las medidas y diligencias conducentes a evitar el desmanejo de los fondos de la entidad, con lo cual contribuyeron a que ésta arribara al estado de insolvencia que determinó la imposibilidad de restituir los depósitos. Ello así, no queda margen para sostener en forma convincente la eximente fundada en la ignorancia; al menos sin pruebas concretas y categóricas que demuestren que efectivamente él padeció un estado subjetivo de desconocimiento que le fue excusable o insuperable.

VII. Como consecuencia de todas las razones manifestadas en los considerandos precedentes ha quedado establecida la validez formal que exhibe la sentencia en recurso, por lo cual corresponde que encare a continuación las dos censuras que gravan el contenido de la misma.

En esta nueva perspectiva el primer error "juris in judicando" que denuncian al amparo del inc. 3 del art. 383 consiste en que el fallo se basaría en una errónea interpretación del art. 15 de la ley 20.321. La Cámara entendió que la norma autoriza el ejercicio de la acción resarcitoria de terceros o asociados perjudicados en contra de los miembros del Consejo Directivo de las asociaciones mutuales. Para los impugnantes, en cambio, una adecuada interpretación de la disposición conduce a considerar que consagra la responsabilidad civil de los administradores y fiscalizadores de la entidad sólo frente a la asociación y por daños causados a los intereses de ésta, y que la responsabilidad de ellos frente a terceros y asociados únicamente puede quedar comprometida cuando la entidad es sometida a liquidación. Agregan que la directiva legal en cuestión no establece una responsabilidad solidaria de los administradores ante los asociados y terceros respecto de las obligaciones asumidas por la asociación. A fin de habilitar la competencia de la Sala sobre este punto de derecho alegan una sentencia emanada de una Cámara Civil, en la cual se habría sentado al respecto una exégesis diferente de la formulada en el pronunciamiento que impugnan (sentencia 27, del 26 de noviembre de 1999, in re "Girula Dante Raúl c. Mutual de Asociados del Club Tiro Federal Gral. San Martín de Isla Verde y otros-D. Ordinaria", dictada por la Cámara Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Marcos Juárez). Por su lado Néstor Odilio Filippa añade a este precedente un pronunciamiento emanado de este Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual justamente se confirmó aquella sentencia (sentencia 91, del 24 de julio de 2001, in re "Girula c. Mutual del Club Tiro Federal Gral. San Martín de Isla Verde y otros-Ordinario").

El embate es improcedente.

Para justificar la conclusión anticipada conviene empezar destacando que la censura parte de una idea equivocada acerca del verdadero fundamento en que se asentó la condena impuesta en la sentencia de Cámara que se impugna; idea que -por lo demás y tal como se puntualizó al examinar el vicio de falta de fundamentación- resulta contradictoria frente a las afirmaciones que ellos mismos virtieron al denunciar el vicio de incongruencia que habría cometido el tribunal de juicio, oportunidad en la cual admitieron que el fallo condenatorio se había dictado sobre la base de un obrar culposo en que habrían incurrido los directivos demandados. Ciertamente y como ya se dejó sugerido al tratar los deméritos atinentes a la falta de motivación, una atenta lectura de los pasajes pertinentes de la sentencia permite advertir con toda claridad que el judicante estuvo lejos de entender que el precepto significara excluir el concepto de personalidad jurídica recogido por el art. 39 del Código Civil, y de considerar que convertía a los directivos de la mutual directamente en co-deudores solidarios de las obligaciones contraídas por el ente. Muy por el contrario, de la contemplación de la fundamentación se desprende claramente que, en el criterio del magistrado que guía el pensamiento de la mayoría, la norma consagra la responsabilidad extracontractual y de base subjetiva de los miembros del Consejo de Administración, es decir una responsabilidad que queda comprometida en virtud de actos culposos que ellos cometan en el ejercicio de sus funciones y no como mera extensión de la deuda que recae sobre la mutual. Como directa consecuencia de este error en la captación del auténtico tenor de la motivación de derecho del pronunciamiento, se verifica el obstáculo al progreso de la impugnación, cual es la ausencia de una crítica razonada y eficaz de los verdaderos argumentos expuestos por el magistrado de primer voto en aval de la condena, los que en consecuencia sortean airosos el ataque de los recurrentes. En efecto, se subraya que la Cámara -a través del voto del doctor M.- se preocupó en demostrar que el ordenamiento jurídico autoriza "in abstracto" la acción de los terceros que han sufrido perjuicio en sus derechos en contra de los integrantes del órgano directivo, a cuyo fin examinó detenidamente las normas correspondientes de la Ley de Sociedades y del Código Civil, al tiempo que citó doctrina en apoyo de la interpretación formulada; además y dentro de ese marco hermenéutico estimó que el art. 15 de la ley 20.321 debía ser entendido como especificación de aquellos principios y normas para el supuesto de las mutuales y que, por consiguiente, únicamente en el caso de que los directivos cometieran delitos o cuasidelitos civiles, ellos podrían ser sindicados como responsables frente a los damnificados (fs. 430/33). Si alguna duda pudiera subsistir al respecto, la misma se desvanece no bien se advierte que en una segunda fase del razonamiento y haciendo aplicación de tales principios y preceptos jurídicos en el caso concreto, el magistrado examinó la prueba obrante en el juicio y a partir de ella formó su convencimiento de que los directivos demandados obraron efectivamente de manera irregular y con desidia en el cumplimiento de sus funciones, o sea que mantuvieron un comportamiento reprensible a título de culpa, todo lo cual justificó en definitiva el pronunciamiento del fallo condenatorio (fs. 435/41). Es verdad que en un pasaje de la extensa motivación de la sentencia parece sentarse la tesitura que los recurrentes atribuyen a la Cámara; concretamente cuando el vocal de primer voto manifiesta que "... el mero incumplimiento de la restitución de los créditos, es suficiente para responsabilizar tanto a la Mutual como a los autores del manejo de ella, los directores y los fiscalizadores, los que por imperio de la ley los torna obligados solidarios en los términos del art. 15 de la ley 20.321" (fs. 441 vta.). Pero es evidente que esa es una proposición aislada que no puede considerarse reveladora del verdadero pensamiento de la mayoría sobre la interpretación que debe hacerse de la norma legal en cuestión, porque ella debe ser considerada dentro del marco de las numerosas apreciaciones efectuadas por el magistrado sobre el punto, de las cuales se deriva inequívocamente que -tal como se acaba de indicar- en opinión de la Cámara el precepto contempla una responsabilidad extracontractual fundada en la culpabilidad de los miembros del órgano de Administración. En situación así, no hay margen en absoluto para sostener que el tribunal de juicio condenó a los demandados en base a una supuesta solidaridad que impondría directamente el art. 15, ley 20.321. Se enfatiza que, por su lado, los recurrentes se limitaron a sostener dogmáticamente que el art. 15, ley 20.321, sólo establece la responsabilidad de los administradores y fiscalizadores frente a la asociación y en virtud de los perjuicios sufridos por ésta, sin hacerse cargo empero de aquellas apreciaciones que se acaban de relacionar y sin expresar cuáles serían las razones por las cuales tales directivas y principios no resultarían aplicables al supuesto de las entidades mutuales.

En este orden de ideas es oportuno aclarar que, por más que el recurso se funde en el motivo del inc. 3 del art. 383, ello no significa que baste la sola comprobación de que los pronunciamientos que se compulsan sostengan interpretaciones diversas acerca de la norma legal en cuestión para que, sin más, este Alto Cuerpo quede investido del conocimiento del asunto. Desde que no deja de tratarse de un recurso interpuesto en contra del pronunciamiento de un tribunal inferior, como en todo recurso la procedencia del mismo está condicionado por la expresión de una crítica razonada y eficaz de los motivos en que aquél se basa y por la demostración de los errores que contiene, máxime tratándose de una impugnación de naturaleza extraordinaria y excepcional; y como se señaló precedentemente tal "expresión de agravios" no se ha verificado en el sub lite.

Más allá de lo expuesto, aun cuando se prescindiera de esta inidoneidad técnica que padece en este aspecto el escrito de recurso, de todas maneras el embate en estudio no podría prosperar en virtud de las siguientes circunstancias.

En lo concerniente al antecedente emanado de la Cámara de Marcos Juárez, porque de una pormenorizada lectura del mismo se desprende que, en rigor, se interpretó el sentido de la norma del art. 15 de la ley 20.321 en forma coincidente con la sentencia impugnada, esto es, que establece la responsabilidad de los directivos de las entidades mutuales para el supuesto que éstos incurran en una conducta subjetivamente reprochable a título de dolo o de culpa. En una palabra, que el precepto comporta una especificación para los directivos de las mutuales del principio general recogido en el art. 1109 del Código Civil. Ahora bien, si a pesar de sentar esa inteligencia, la Cámara no descendió a examinar las pruebas acumuladas en el juicio con el propósito de averiguar si en el caso particular los administradores demandados obraron de manera culpable en el desempeño de sus funciones y concluyó desestimando la demanda, ello se debió a que -a juicio del tribunal y tal como se destaca en el texto de la motivación- la acción ejercida en la especie era de carácter contractual y no estaba fundada en el dolo o culpa de los demandados, lo que impidió resolver la causa desde aquel punto de vista jurídico (fs. 495, 3º cpo.). Por consiguiente, quiere decir que si en ese pleito se hubiera pretendido efectivizar sobre los accionados una responsabilidad de naturaleza extracontractual y se hubiera alegado que ellos observaron una conducta reprochable en concepto de culpa, entonces la Cámara hubiera considerado que la pretensión estaba fundada en derecho; vale decir que, en coincidencia con el temperamento acogido en la sentencia en recurso, habría sentado como premisa de su decisión que el ordenamiento jurídico consagra "in abstracto" la responsabilidad extracontractual de los directivos de una asociación mutual frente a los terceros y asociados en función de los daños sufridos por éstos en sus personas. Y en un segundo momento de la motivación hubiera encarado la valoración de la prueba a fin de desentrañar si en el caso se realizaban los hechos previstos en hipótesis en las normas. Todas las apreciaciones que en el precedente se efectuaron acerca del concepto de personalidad jurídica que invisten las asociaciones mutuales y en torno a uno de sus corolarios, cual es la independencia del patrimonio de la misma frente a los patrimonios de sus asociados y directivos, al igual que las consideraciones que, en consonancia con ello, se enunciaron en el sentido que el art. 15, ley 20.321, no puede interpretarse como haciendo extensivas las obligaciones que incumben a la entidad sobre las personas de los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, ni siquiera en calidad de fiadores, deben ser entendidas adecuadamente, en el contexto de los restantes argumentos expuestos en la motivación, y teniendo presente fundamentalmente el tipo de acción que se estimó ejercida en ese pleito. En efecto, tales premisas, sobre las cuales basan los recurrentes el extremo del recurso que nos ocupa, no excluyen ni resultan incompatibles con el juicio también contenido en el pronunciamiento, en cuya virtud se consideró que la norma legal de referencia autoriza la acción de responsabilidad extracontractual contra los directivos de la mutual, y por otro lado se justifican en el marco de la acción concreta que allí se proveyó, cuya "causa petendi" se concentraba en el contrato de depósito que se había celebrado con la mutual y no comprendía eventuales hechos culposos que pudieran haber cometido los administradores demandados en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, desde el punto de vista del precedente emanado de este Alto Cuerpo, que dicho sea de paso se trata justamente de la sentencia que rechazó el recurso de casación que se interpuso contra aquel fallo, el cuestionamiento tampoco merece atención. Ello así porque en tal pronunciamiento la Sala se redujo a fiscalizar la corrección lógica de la parte de la motivación concerniente a la interpretación que debe efectuarse del art. 15, ley 20.321, examinando específicamente si en el desarrollo del razonamiento atinente a esa cuestión de derecho se había inobservado o no el principio de no contradicción. Es decir que ejercitó un contralor de la legalidad puramente formal de los fundamentos de la sentencia en el marco del recurso de casación por infracción de formas organizado por el inc. 1 del art. 383 del C. de PC. Pero en ningún momento el Tribunal se avocó al conocimiento del mérito de la relación jurídico-sustancial ventilada en el juicio, y menos todavía se expidió acerca del acierto intrínseco de las consideraciones enunciadas por la Cámara respecto de los alcances que debían atribuirse a aquella norma legal. Verdaderamente, sobre ese punto de derecho no se formuló absolutamente ninguna apreciación, de modo que no es posible encontrar en esa sentencia ninguna interpretación de la ley que pueda oponerse como contraria a la sentada en el fallo que se impugna. Más aún, los argumentos que este Tribunal expresó al inspeccionar la regularidad lógica de la motivación del decisorio se dirigieron a poner en evidencia los dos distintos órdenes de ideas manejados por la Cámara al tratar la problemática relacionada con el significado del art. 15, ley 20.321, tal como se acaba de hacer en esta sentencia al confrontar el tenor del fallo de la Cámara de Marcos Juárez con el que es objeto de impugnación.

VIII. También desde la perspectiva sustancial el co-demandado Cravero agrega otro reproche contra el pronunciamiento en recurso, sosteniendo que en él se violan los principios generales del derecho civil recogidos en la ley 20.321 y en el art. 953 y concs. del Código Civil.En este sentido afirma que la operación que es base de la demanda padece de nulidad absoluta por ilicitud de su objeto, en razón de que la asociación no estaba autorizada por el Instituto Nacional de Acción Mutual para desarrollar tales actividades. Añade que como consecuencia de los caracteres del vicio que afecta el contrato y por aplicación del principio general que impide alegar ante los Tribunales la defensa de derechos derivados de la propia torpeza, la demanda debió ser directamente desestimada. Para abrir la competencia del Tribunal sobre esta cuestión de derecho alega las dos sentencias antes relacionadas recaídas en la causa "Girula ..." (CPC, art. 383, inc. 3).

La hipótesis de casación intentada requiere insoslayablemente de dos condiciones a las que se supedita su habilitación: a) que los supuestos fácticos puestos a consideración de diversos órganos jurisdiccionales sean análogos, y b) que en la sentencia traída en contradicción para fundar la casación, se haya efectuado una interpretación de la ley, dirimente en la solución de la causa, contraria a la sentada en el pronunciamiento recurrido. Dicho en otras palabras, para la procedencia formal de este motivo casatorio se requiere que ante situaciones fácticas semejantes, las soluciones de derecho hayan sido diversas, por haberse interpretado idéntico precepto en forma antagónica. De tal modo se pretende no solamente la genuina inteligencia legal ("ratio legis" del instituto casatorio) sino, como consecuencia residual, superar la distinta interpretación jurisprudencial existente, rindiendo tributo a la seguridad jurídica.

En el caso la lectura de las sentencias que se confrontan revela la ausencia del segundo de los presupuestos formales mencionados, lo que impide a la Sala el ejercicio de la competencia uniformadora que le acuerda la ley, y por añadidura le veda fiscalizar la exactitud de las premisas de derecho fundantes del fallo en recurso. Es cierto que en la sentencia de la Cámara de Marcos Juárez se formularon las apreciaciones de derecho que el recurrente propugna para la dilucidación de la causa, es decir, que los contratos de depósito celebrados sin que el organismo de aplicación hubiere autorizado la prestación del servicio de ayuda económica padecen de una nulidad de tipo absoluta por ilicitud del objeto y que, como consecuencia de ello y por aplicación del principio que veda alegar la propia torpeza ("Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans"), el depositante carece del derecho de obtener la devolución de los importes depositados, lo que a su vez implicaría privar de respaldo jurídico a la acción que promueve contra directivos del ente con base en la culpa que habrían cometido en el desempeño de sus funciones administrativas; temperamento que, dicho sea de paso, fue sostenido en la sentencia dictada por esta Sala en el mismo expediente sólo en carácter de mayor abundamiento, pero sin que se erigiera en fundamento directo de la decisión de rechazar la casación interpuesta contra el fallo de la Cámara. Empero, aún siendo ello así y tal como se adelantó, este extremo del recurso no resulta formalmente admisible porque en ningún pasaje de la motivación de la sentencia que se impugna se efectuaron consideraciones acerca de la nulidad de que pudiesen estar afectados los contratos de depósito ni en torno al tipo de invalidez que los aquejarían o sobre las consecuencias que tal sanción legal aparejaría sobre las prestaciones cumplidas en ejecución de los negocios. Quiere decir que la a quo no formuló absolutamente ninguna clase de apreciación con relación a la problemática de las nulidades de los actos jurídicos que fuera susceptible de compararse y de estimarse divergente frente a la doctrina sentada en el antecedente traído en aval de la impugnación, y por el contrario agotó el tratamiento de los puntos litigiosos y falló el pleito en función de argumentos y razones pertenecientes exclusivamente a la esfera del Derecho de Daños. En situación así, no puede decirse que de la compulsa de los pronunciamientos en cuestión se desprenda una disparidad en la manera de interpretar las normas legales o que resulte comprometida la uniformidad de la jurisprudencia, de manera que, contrariamente a lo que sostiene el impugnante, el recurso no satisface un requisito formal y primario que condiciona la competencia de la Sala para conocer en los aspectos de derecho del litigio.

Al margen del óbice relacionado, converge otro motivo para desestimar el ataque, y es que el mismo representa una defensa que se articula en forma extremadamente tardía. En efecto, en las fases ordinarias del juicio Cravero abundó en diferentes argumentos orientados a conseguir el rechazo de la demanda entablada en su contra, pero en ningún caso -ni en el responde, ni en el alegato de bien probado, ni en la apelación que dedujo contra la sentencia del primer juez- arguyó en el sentido de la nulidad absoluta que padecerían los depósitos y en la consiguiente ausencia de acción de los depositantes para reclamar la devolución de los fondos entregados; defensa que, por otro lado, tampoco fue aducida por el otro directivo demandado, y ni siquiera por la propia mutual a pesar de que la objeción la involucraba directamente a ella. Por consiguiente y por más que en el enfoque del impugnante se tratara de una nulidad absoluta pasible de ser declarada de oficio por los jueces en ejercicio de sus poderes de iniciativa en orden a la selección e interpretación de las normas jurídicas ("jura novit curia"), no puede pretender instalar el tema después de consumidas las instancias ordinarias del proceso y recién a través de un recurso de carácter extraordinario y excepcional como es la casación, cuya función se agota en la fiscalización de la sentencia de Cámara tal como ella ha sido efectivamente dictada y sin extenderse sobre la relación jurídico-sustancial ventilada en el juicio, el conocimiento de la cual incumbe a los órganos judiciales ordinarios; dicho en una palabra, constituiría el fruto de la reflexión harto tardía y fuera de las oportunidades previstas expresamente por la ley al efecto.

IX. En definitiva y como consecuencia del conjunto de razones expresadas, es de concluir que los recursos de casación no se presentan procedentes en ninguno de los capítulos que los integran, lo que me determina a responder negativamente la cuestión propuesta, emitiendo en tal sentido mi voto.

El doctor Andruet(h.) dijo:

Comparto los fundamentos y solución a que arriba la vocal del primer voto. Así voto.

El doctor Sesín dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a que arriba la doctora Cafure de Battistelli. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.

2º cuestión. - La doctora Cafure de Battistelli dijo:

Atento las conclusiones arribadas al tratar la cuestión anterior, propongo que se rechacen los recursos de casación. Las costas de esta sede extraordinaria se deben imponer a los impugnantes en sus condiciones de vencidos (CPC., art. 130). Los honorarios del abogado de la parte actora se establecen en el 34 % del mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226, no correspondiendo regular honorarios en esta oportunidad a los letrados de los recurrentes (ley cit., art. 25). Así voto.

El doctor Andruet(h.) dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la doctora Cafure de Battistelli. Por ello, voto en idéntico sentido.

El doctor Sesín dijo:

Adhiero a la solución a que arriba la vocal del primer voto. Así voto.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial resuelve: I. Rechazar los recursos de casación. II. Imponer las costas a los impugnantes. Establecer los honorarios del doctor R. O. V. en el treinta y cuatro por ciento (34%) del mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226. No regular honorarios en esta oportunidad a los doctores J. M. M., J. G. M., G. M. U. y G. C. M. -María E. Cafure de Battistelli. - Armando S. Andruet (h.). - Domingo J. Sesín.