marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Castillo de Moya, Juana Olga c/ Voshallo, Guillermina Emilia s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-08-16

Tratándose de una demanda de daños y perjuicios, con trámite ordinario, con todas las etapas cumplidas y finalizada por sentencia de fondo, modificada parcialmente por sentencia de alzada, se desprende que la regulación de honorarios luce acertada, en tanto la labor profesional realizada por el apoderado de la actora se desarrolló a lo largo de un período de 6 años, resultó eficaz por el resultado obtenido, además de tenerse en cuenta las restantes pautas fijadas por el art. 15 de la ley 5480 de la Provincia de Tucumán.
Prescindibilidad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guichonet, Angela c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ Demanda contencioso administrativa Cuenca, Osvaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de diputados) s/ Demanda contencioso administrativa Tissot, Elena Ivana c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de Diputados) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30|1997-09-16|2005-05-18

La mera invocación de razones de servicio no constituye por sí misma suficiente fundamento de una separación del cargo de un agente público protegido por la garantía constitucional de la estabilidad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba, presunciones, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Doldán, Sebastián Maximiliano y Lifman, Mariel Clarisa s/ robo de automotor - Causa N. 4349 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

La apreciación de la prueba, incluso la de presunciones, incumbe a los jueces de la causa y es, como principio, insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.G.S. Asociados S.R.L. c/ Municipalidad de Alberti. Coadyuvante: Fiscal de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones de la obra pública municipal establece expresamente la aplicación de la ley de obras públicas 6021 en forma directa, deben ajustarse las variaciones de costos a dicho sistema en las cuestiones que omite reflejar el método del INDEC previsto en el Pliego de Bases y Condiciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia previsional, partes del proceso, AFIP DGI
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: CORRALÓN PARANA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. FASCIOLO - ETALA - HERRERO s/ DEUDAS CON LAS CAJAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-21

La ley fija de modo exclusivo y excluyente la competencia de la C.F.S.S. circunscripta al área previsional. Por ende, la materia que ciñe y define su competencia, con exclusión de cualquier tópico de índole tributaria, es la seguridad social en su aspecto contributivo. La D.G.I. acota su intervención en el fuero cuando sea llamada a juicio por apelación de sus resoluciones administrativas que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda, en las quejas por apelación denegada y en las ejecuciones fiscales, en las que persiga los créditos atinentes a la seguridad social (ley 24.463, arts. 18, 26 -modif. del art. 39 del dec. ley 1285/58- y ley 24.655).
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad parcial, capacidad residual
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.L. c/ G., D.B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

Cuando se establece una incapacidad "global" por diversos daños, carece de importancia que se la fije y discrimine en sus diversos porcentuales en relación a los daños, correspondiendo indemnizar la totalidad de la minusvalía sufrida, ya que no se trata de una disminución de una capacidad residual restante que proviene de situaciones anteriores; esto es tomando el 100 % de capacidad.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cerrudo, Daniel Alberto c/ Poloni, Ricardo Alberto s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-05

Estando a cargo de la actora la demostración de la existencia de la relación laboral que invocara en su escrito inicial y, siendo que la principal y prácticamente única prueba del actor fue la testimonial, para que de ella pudiera inferirse la existencia de una relación laboral, la misma debió ser convincente, sin fisuras ni contradicciones.
Competencia, resoluciones
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercemento S.A.I. y C c/ Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-03-14

La resolución dictada por el Consejo Profesional de Arquitectura carece de carácter de ser emanada de autoridad pública y por lo tanto no puede constituirse en auto generador del Contencioso Administrativo siendo incompetente el Superior Tribunal de Justicia para entender en el caso.
Cheque de pago diferido, cheque en blanco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CREDITO SOCIAL SOCIEDAD COLECTIVA c/ DACUNDA CONCEPCION ESTHER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-12

El remanente argumental se responde recordando a la quejosa que la ley nada dice sobre quien debe -escribir- integrar el cheque. Sólo exige que sea firmado por el librador. Entonces, es correcto admitir que el cheque pueda ser escrito -o en forma más amplia integrado- por cualquier persona con excepción, conforme vimos, de la firma que debe corresponder al librador tal como acontece en la especie.- La validez del cheque, sea escrito e incluso integrado por tercera persona o por el mismo librador antes del acto de presentación al banco girado resulta incuestionable de acuerdo con la propia naturaleza jurídica del mencionado título.-
Honorarios, regulación de honorarios, actualización monetaria, derecho a la justa retribución, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: CADIPSA  S.A.  y WELBERS INSUA  S.A. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ REGULACION  DE  HONORARIOS  -  DEPRECIACION  MONETARIA - DERECHO A LA  JUSTA RETRIBUCION - DERECHO DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

El criterio de fijar una base que ya había perdido actualidad al tiempo de su pronunciamiento se aparta de lo expresamente estipulado por las partes al respecto y, además, no se compadece con el art. 22 de la ley 21.839 ni tampoco con el fin de asegurar una adecuada contraprestación de los servicios profesionales, lo que se encuentra resguardado por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccione, Carlos Víctor c/ Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda. s/ Cumplimiento contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

No es óbice para analizar la conducta del tercero la circunstancia que quién transportaba a la actora no fuera citado a juicio por la demandada conforme lo autoriza el art. 94 del Cód. Procesal, pues esa falta de intervención no puede derivar en perjuicio para los medios de defensa que asisten a la accionada (art. 18 Const. Nac.), habiendo puntualizado la Suprema Corte bonaerense con relación al tercero o citado que "su ausencia del juicio no va en desmedro de su derecho de defensa porque no le podrá ser opuesto lo que en este proceso se decida permitiéndolo hacer de ese modo lo dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil.
Quiebra, concursos, tribunales arbitrales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bear Service S.A. c/ Cervecería Modelo S.A. de C.V.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Aun en la hipótesis de la quiebra, el art. 134 de la ley de concursos -numeración correspondiente a la ley 24.522- respeta el juicio arbitral si se hubiese constituido el tribunal de árbitros o arbitradores antes de la declaración de quiebra, lo que significa que aun hallándose en trámite un concurso preventivo puede constituirse el tribunal arbitral antes del auto de quiebra, y si así se constituye, el art. 134 respeta su competencia para entender en el asunto aun después de declarada la misma.
Homicidio simple, dolo, participación criminal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bufanio, Leonel; Horisberger, Néstor Alberto; Mendieta, Hernán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-25

Corresponde absolver en orden al delito de homicidio al miembro de un grupo de jóvenes que, mientras los otros integrantes del grupo golpeaban a la víctima hasta darle muerte, permaneció la lado del rodado en el que finalmente huyeron, dado que la circunstancia de la agresión verbal previa y el haber descendido del vehículo mientras los otros perpetraban el homicidio, no constituyen por sí solos elementos de convicción suficientes para tener por constatada aquella cooperación dolosa, con cierta impronta de coordinación y con voluntad de lesionar a la víctima para ser considerado partícipe de un homicidio.
Competencia, depositario, obligaciones del depositario, excusación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCAGLIONE, MAURO c/ OTT, GUSTAVO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

No se advierte razón de por que la eventual comisión de un delito penal llevado a cabo, en el caso, por el accionante en el marco del depósito judicial concretado en el proceso, inhiban al magistrado de grado de la posibilidad de seguir entendiendo en la ejecución del crédito objeto de la litis, toda vez que mas allá de que no hay norma legal que así lo establezca, tampoco se advierten razones prácticas o de decoro que así lo aconsejen. A más, en el caso, vista la existencia de sentencia de trance y remate firme contra el demandado, no es posible concluir que el proceso carezca de crédito cierto susceptible de ser ejecutado. (En el caso, el magistrado impuso al actor una multa equivalente al 30% del capital reclamado, por cuanto este, como depositario judicial de un vehículo propiedad del demandado, lo habría dañado haciendo uso indebido de aquel y considero que dicho obrar podría considerarse tipificado en el delito de malversación de caudal publico. Lo cierto es que dicha circunstancia la inhibia de continuar con la ejecución en el estado que se encontraba, con base en que, con prescindencia de que el crédito que asiste al actor bien podría entenderse compensado con los daños que aquel causo a su contraria por el indebido proceder aludido, lo cierto es que lo contrario podría llevar a la consecución del aludido delito. Así concluyo que el subexamine carecia de crédito cierto susceptible de ser ejecutado).
Autonomía universitaria, ley reglamentaria, inconstitucionalidad, facultades de la administración, título profesional
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

No pueden prosperar los cuestionamientos constitucionales dirigidos al art. 29, inc. f, de la ley 24.521 en cuanto dispone que corresponde a las universidades otorgar grados académicos y títulos habilitantes, conforme a las condiciones que se establecen en la ley, toda vez que no constituye obstáculo alguno a la autonomía universitaria el hecho de que el Estado establezca las condiciones, no ya para el desenvolvimiento de la vida universitaria, sino para el reconocimiento de títulos que, sin más trámite, habilitarán el ejercicio profesional (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Responsabilidad del abogado, expropiación, indemnización expropiatoria, aumento de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ ECHEPARE J.R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-09

DEL VOTO DE LA MAYORIA:

El mero hecho de que los fondos llamados a cubrir la condena dictada en el juicio de expropiación no se hubiesen provisto dentro del plazo de cumplimiento, y que esa circunstancia hubiese generado mayores costas y accesorios al crédito, no acredita de por sí que tales vicisitudes puedan serle reprochadas a quien se desempeñaba como letrado patrocinante de la comuna en el pleito, pues para ello era menester acreditar que fue su conducta la que tuvo virtualidad suficiente para motivar el retardo y derivar en esos eventuales perjuicios.

Aunque se haya probado que el trámite interno para requerir el aporte del dinero necesario para hacer frente a las condenas, debía ser incoado por el letrado dentro de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme el pronunciamiento respectivo, y no resulta controvertido que tal recaudo no se satisfizo de manera oportuna en el juicio de expropiación, al haberse demostrado que el escrito donde se desistió del recurso contra la sentencia no fue suscripto por el letrado accionado se desvanece la posibilidad de atribuirle al mismo la dilación habida en dicho trámite y sus consecuencias dañosos.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Casas de Scalfaro, M. R. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Carece de derecho a que se le "restituya" la movilidad automática del ochenta y dos por ciento el agente que ha obtenido su beneficio en los términos del art. 54 de la ley 5425 (t.o. 1954), modificada por ley 6469 y del decreto 7719/67 en tanto su situación previsional no se constituyó con dicha movilidad, toda vez que en tales condiciones, el monto del haber se determinó, desde el inicio, sobre la base de un porcentaje inferior resultante de la aplicación conjunta de las normas referidas y de la escala de reducción entonces vigente, punto que nunca cuestionó. En consecuencia, es improcedente la pretensión de que se le restituya aquello que no conformó su patrimonio.
Recurso de casación, absurdo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Zingoni, Daniel Jesús c/ Provincia de Río Negro s/ INCUMPLIMIENTO    DE   CONTRATO  Y  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-12

Para sostener el recurso de casación y desvirtuar un fallo donde se ha efectuado un prolijo estudio de los elementos de juicio y se ha seguido un razonamiento que no merece reproches de orden lógico, no bastan los argumentos expuestos por el recurrente que sólo evidencian una discrepancia. En el caso de autos el recurso puntualiza la prueba que lo favorece cuestiona las conclusiones, pero no demuestra que ellas se apartaron de toda regla lógica y que en consecuencia lo afirmado es absurdo o carente de fundamento.
Concesión parcial del recurso, Ministerio Público Fiscal, nulidad de sentencia, evasión fiscal, IVA, retroactividad de la ley, ley penal más benigna, sobreseimiento, fallos de la Corte Suprema, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Katz, Jaime Elías. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

Corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación deducidos por el representante del Ministerio Público y por la representante de la querella (AFIP- DGI), anular la resolución recurrida en cuanto sobreseyó por prescripción de la acción penal a Jaime Elías Katz con relación a la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio anual 2007, y reenviar la causa al tribunal de origen, a sus efectos. La cuestión traída a estudio en punto a la aplicación retroactiva de la ley n° 27.430, en razón del principio constitucional de ley penal más benigna en materia de delitos tributarios no resulta novedosa. En el caso, la realización de los hechos podría haber implicado la utilización de facturas apócrifas como medio ardidoso para efectuar la evasión. Sin dejar de tener en cuenta que los hechos habrían acaecido con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley -y a la del antecedente inmediato, el art. 2° inc. d) de la ley 24.769, redacción conforme ley 26.735 del 28/12/2011-, tanto el juez de grado como la Alzada, dictaron el sobreseimiento cimentándose en los términos de la ley 27.430. Es pertinente recordar la doctrina reiterada por la CSJN en el precedente de Fallos 329:5323, oportunidad en que - por remisión al dictamen del Procurador Fiscal- se recordó que cuando "'la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior'". Frente a tal marco, el temperamento remisorio respecto de la imputación por evasión del período fiscal IVA 2007 ($2.337.148,30), considerando prescripta la acción penal para perseguir el hecho por no constituir evasión agravada, sino evasión simple por efecto de la ley 27.430, aplicada merced al principio de ley más benigna, omitió realizar un análisis integral de las circunstancias del caso. De igual modo, la cuestión atinente al encuadre normativo que correspondía darle a la imputación por ese período fiscal fue oportunamente planteada por la querella en la apelación, erigiéndose en tópico conducente para la correcta solución del caso, por lo que la Cámara tenía el deber inexcusable de tratar esta cuestión. La omisión respecto de este planteo conlleva, en los términos del artículo 123 del CPPN, un supuesto de arbitrariedad.
Tarjeta de crédito, obligaciones de las partes, emisor de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERLISE, EDUARDO Y OTRO c/ VISA ARGENTINA SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-30

Con las bandas magnéticas en uso y los posnet, las administradoras de tarjetas de crédito, quienes son las que realizan el "grabado de tarjetas", cuentan con elementos técnicos que le permitan agregar mayores datos que se traduzcan en una más sólida seguridad en las transacciones; por lo que desde la óptica de la responsabilidad objetiva, es la entidad que realiza el procesamiento de datos y clearing, quien como profesional, con un alto nivel de especialización en la administración del sistema de tarjetas de créditos -dada su superioridad técnica- es quien debe soportar las consecuencias frente a sus contratantes en inferioridad jurídica, frente a operaciones realizadas con tarjetas falsificadas (CNCom. Sala B en autos: " Otegui, Rodolfo c/ Diners Club Argentina SAC y de T s/ ordinario" del 21/08/2002; "Hierrotech de Di Masi Pascual y Ceres Juan (s.h.) c / Diners Club Argentina SA s/ sumario " Sala E del 13/03/2001; Sala B del 26.04.01, " in re " en autos: " Rodríguez, Luis María y otro c / Banco de Galicia y Bs. As. SA y otro "; Sala C del 21.05.98, " in re" "Jaraquionis Nefi c / Banco de Boston y otro" - ED 180-325; "Gómez, Carlos Alberto c / Argencard SA y Citibank NA s/ ordinario", Sala B, 06/12/2002)" (sentencia de primera instancia del Juzgado 3 del 8.7.2008, confirmada por CNCom Sala E, 19.4.2010, "Silva Walter A. c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario").
Estafa, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: Berduc, Miguel Enrique su denuncia. s/ Denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Al no existir simultaneidad entre las contraprestaciones, por tratarse de una operación de crédito, la acción del imputado no constituye el ardid determinante del delito de estafa, sino que el hecho encuadra en los supuestos del art. 302 del Código Penal, que en principio, corresponde investigar al juez con jurisdicción sobre el domicilio del banco girado.
Integración del tribunal, Ministerio Público Fiscal, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Barros, Luis Alberto y otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-18

La integración del Tribunal de sentencia con el Ministerio Fiscal, es ilegítima en razón de la incapacidad funcional para asumir funciones jurisdiccionales.
Decreto de necesidad y urgencia, contribuciones especiales, tributos, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: STERVERLYNCK, Jorge M. c/ INST. NAC. DE CINEMATOGRAFIA s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

Este Tribunal comparte el criterio seguido por la Sala III del fuero, entre otros precedentes, in re Video Cable Comunicación S.A.

, donde se expresó que ...la validez de los decretos de necesidad y urgencia, aún dentro del criterio sumamente amplio sostenido por la C.S.J.N. en su actual integración, tiene como límite la imposición de contribuciones y tributos, situaciones en las que parece imponerse la obligada participación del Poder Legislativo (C.S.J.N., in re Peralta , del 20-12-90).
Homicidio culposo, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vásquez, Diego Ariel s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Víctor Manuel Pinto contra Sentencia Nº 66/12 de Expte. Coorte Nº 72/12 - Recurso de Casación (...) Vásquez, Diego Ariel p.s.a. Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-17

El Juzgado Correccional condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, a sufrir la pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva e inhabilitación especial de siete años y seis meses para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar, mediante sentencia Nº 66/12.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el asistente técnico interpone el presente remedio federal.

Los argumentos relacionados con la supuesta vulneración al principio in dubio pro reo tampoco son de recibo debido a que el agravio no fue presentado en la carátula (art. 2º i) Acordada Nº 04/2007 de la Corte de Justicia) ni en la instancia anterior.

Además, toda vez que la condena impugnada, por homicidio culposo (art. 94 del Código Penal) fue dictada con arreglo a la comprobada negligencia del imputado como causante del fallecimiento de la víctima, al imputado no le fue reprochada la intención de matar.

Por ello, el recurrente no demuestra la concurrencia en el caso de la situación que condiciona la aplicación de dicho principio destacando -como lo hace con negrita- que su ahijado procesal en ningún momento tuvo la intención de matar; y tampoco lo hace meramente afirmando -sin precisar sus dichos-, que los elementos de convicción existentes en contra del imputado fueron controvertidos por los testigos.

En estas condiciones, el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.