Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-27


AUTOS Nº 9746 - "Ríos Rafael Ángel C/ Rubio Subiron, Bernardo y Otro S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Julio Coll, Miguel Ernesto Novoa y Lucía E. Daroni de Pontoriero, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9746, caratulados: "RÍOS RAFAEL ANGEL C/ RUBIO SUBIRON, BERNARDO Y OTRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que contra la sentencia de fs. 742/756 de autos, el Sr. Juez del Primer Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, lo que provoca la apelación de la actora a fs. 760/768, que fue contestada a fs. 771/779; y de la demandada a fs. 787/794, respondida a fs. 796/799.

Que a fs. 806/807 consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 811 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 812 el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Coll. ; y 3) Dra. Daroni de Pontoriero A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la actora? Segunda cuestión: Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada? Tercera cuestión: Costas? SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia aludida, el Sr. Juez del Primer Juzgado del Trabajo resolvió entre otros puntos sometidos a su consideración, que la fecha de ingreso y la categoría del actor, es la consignada en los recibos y libros de sueldos acompañados por la demandada. Fundamentó su decisión en que: 1) La actora afirma que la relación laboral comenzó en fecha 01/12/1990 y la demandada el 01/12/2007. 2) Las testimoniales no resultan suficientes para desvirtuar las constancias de la documental aludida, puesto que el testigo de fs. 324/326, expresa que la vinculación ya existía en el año 1973; el de fs. 328, antes del año 1978; y el de fs. 329 en 1987. Es decir que no coinciden con el comienzo afirmado por el propio trabajador. 3) Las testimoniales que contradigan los recibos y libros mencionados, deben ser categóricas, amplias y no dejar lugar a dudas; lo que no ocurre con las prestadas en juicio. 4) De la informativa de la AFIP, de fs. 53 y 428/432, resulta que el demandante trabajó en 03/1997, para Buenaventura Gutiérrez y desde 12/2007 hasta 01/2009, para Rubio Subiron Bernardo y Domingo Rubio y que fue registrado como personal de temporada para el empleador José Luís Carvajal desde el 11/03/06 hasta el 28/03/06; lo que no se condice con la afirmación del trabajador, de que lo hizo en esos períodos en forma permanente e ininterrumpida para los demandados. 5) Si bien es cierto que los empleadores han reconocido que el trabajador se desempeñó para ellos,, conforme el informe de fs. 426 (en temporada), no se pudo constatar que lo hizo en forma ininterrumpida, atento lo dicho. 6) Por todo ello, corresponde tener por ciertas las constancias de los recibos y libros de sueldos acompañados por los accionados.

Que también resolvió que de acuerdo a la prueba rendida, las tareas desempeñadas por el actor, fueron las de obrero común, conforme el CC. 154/91, porque no exceden las previstas para dicha categoría.

Que finalmente impuso las costas en el 30% a cargo de la Actora y en el 70% a la demandada, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 125 y conc. del CPL..

II.-Que contra dicho fallo se alza la demandante en el recurso antes mencionado, discrepando con el mismo, en tanto entiende que: 1) Oponer al trabajador los recibos de sueldos y su contenido, es un despropósito, puesto que es analfabeto y ello ha sido demostrado con testigos. 2) No hay contradicción alguna en las testimoniales, en tanto han reconocido que el actor trabajó para la firma demandada, aunque no expresen con exactitud las fechas, pues transcurrió entre el hecho y la declaración, un lapso de 20, 30 o 40 años atrás. 3) Los testigos no ha hecho más que admitir que la relación existió antes de la consignada en los recibos y libros; lo que por otra parte está reconocido por la propia demandada, de que prestó servicios en temporadas, aún antes de la fecha consignada en la documentación. 4) El contrato de trabajo no es exclusivo, por lo que bien pudo el dependiente prestar servicios para otros empleadores; sobre todo que lo fue en épocas de cosecha. 5) La categoría del demandante resulta del art. 5 del CC 154/91, puesto que las labores del obrero especializado, son las de podador, desorillador, sulfatador, azufrador y curador manual y desbrotador; lo que resulta de las testimoniales, que expresan que lo vieron podar y desbrotar. 6) El principio "pro operario", debe extenderse compensatoriamente mas allá de la duda sobre la aplicación del derecho sustancial y no puede ser limitado solo al caso de duda insuperable, pues debe aplicarse al caso de insuficiencia de prueba. 6) Atento lo expuesto, corresponde se haga lugar a los rubros desestimados y se impongan las costas a la demandada, en razón que el actor es el vencedor, puesto que la pretensión ha progresado en los sustancial III.-Que corrido el traslado correspondiente a la demandada, lo responde en la fojas aludidas precedentemente, resistiendo la pretensión del accionante, por los fundamentos que cabe dar por reproducidos por razones de economía y en tanto han de ser valorados en el presente.

IV.-Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia, de los agravios y su contestación, corresponde avocarse al examen y decisión de la impugnación.

1).-Que con relación al primer punto del recurso, que se vincula con el valor probatorio de los recibos y libros de sueldos firmados por el demandante y no desconocidos en su firma, pero impugnados en su contenido (inicio de la relación y categoría), por tratase el actor de un analfabeto; adelanto opinión en sentido contrario al apelante.

Que para arribar a la conclusión precedente, tengo en cuenta que: a) no se indica prueba alguna de la que surja la circunstancia mencionada; b) los recibos y libros adjuntados a la causa, se encuentran firmados por el trabajador y el mismo no ha negado dicha rúbrica, aunque haya impugnado su contenido. Ello permite afirmar que los documentos tienen el valor de un instrumento público entre los que lo han firmado, en un todo de acuerdo con los arts. 1012 y 1026 del Código Civil; c) la circunstancia de ser analfabeto, no empece la conclusión que surge de las normas aludidas. Al respecto sostiene Salas, Código Civil Anotado, nota art. 1012: "Es válido como instrumento privado el documento suscrito por un analfabeto que solo sabe firmar...".

2).-Que lo vinculado con el segundo, tercer y quinto punto de la impugnación, soy de opinión que deben seguir la misma suerte que el primero. Para ello tengo en cuenta que: a) este Tribunal ha sostenido en más de una oportunidad, que la falsedad intelectual de los documentos puede ser demostrada por cualquier medio de prueba, siempre que la misma sea cierta, clara e incontrovertible. b) haciendo aplicación de lo expuesto, resulta evidente que las testimoniales producida por el actor no reúnen tales requisitos, puesto que las fechas en que los declarantes dicen haber visto al demandante prestar servicios, no se condice con lo que él mismo afirma en su demanda; si bien se trata de hechos de larga data, refieren circunstancias personales (cuando el testigo comenzó a trabajar o cuando fue el mundial del 78), lo que permite inferir que no pueden haber equivocado las fechas, pues tienen puntos de referencia; las diferencias son abismales, pues afirman el trabajo en épocas que distan entre quince o más años de la sostenida en la demanda; no siendo creíbles tales declaraciones con relación a la fecha de ingreso, tal ineficacia debe extenderse a las prestaciones que afirman realizaba el dependiente.

Que si bien es cierto que los demandados han admitido la vinculación con anterioridad a la consignada en los recibos, lo cierto es que no resulta de la prueba que lo fuera en los términos que se afirman en la demanda, esto es obrero común, con carácter permanente, que es la causa de la pretensión sobre la cual únicamente puede este Tribunal pronunciarse, conforme el principio de congruencia, so pena de violar el derecho de defensa.

3) Que si bien es exacto que el contrato de trabajo no es exclusivo, lo concreto es que la prestación para otros empleadores durante el período que se afirma el desempeño permanente para los demandados en forma ininterrumpida, permite afirmar que tal relación no existió, o por lo menos no con la característica pretendida. Es más, esas relaciones de temporada, más la acreditada con los accionados, pone de manifiesto que antes de 1990, el actor no prestó servicios en forma permanente para ninguno empleador, conforme los informes de la AFIP (fs. 426).

Que ello permite desestimar también el punto cuarto del recurso de apelación deducido.

4).-Que en cuanto al argumento de que la duda debe extenderse a la insuficiencia de prueba, propicio se rechace, en tanto en el caso tal duda no existe conforme las pruebas arrimadas a la causa y en cuanto acceder a los pretendido, importaría violar el principio consagrado en los arts. 340 del CPC, de aplicación y art. 9 de la LCT.

Que si bien es cierto que el art. aludido en primer lugar, permite exigir mayor colaboración probatoria a la parte que tiene menor dificultad de aportar evidencias; lo concreto es que la demandada ha aportado todos los elementos existentes en su poder y resultaría contrario a derecho pretender que acredite hechos negativos, como que el actor no trabajó.

5) Que finalmente y en cuanto a las costas, este Tribunal ha sostenido que: "El principio general sobre imposición de costas se halla contenido en el art. 125 del CPL, que dispone que: "las costas del juicio serán a cargo de la parte vencida aunque no mediare pedido de la contraria".- Siguiendo a Palacio en Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 369, "por parte vencida debe entenderse, a los efectos de la norma citada, aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso", agregando en pág. 378, "que una de las contingencias propias de todo proceso es la de que ninguna de las partes obtenga la satisfacción íntegra de su pretensión o de su oposición, resultando ambas, en forma total o parcial, vencedoras y vencidas".

Que haciendo aplicación de dicha doctrina al caso de autos, se advierte que la actora ha resultado también parte vencida, pues no ha obtenido satisfacción íntegra de su pretensión, como lo es con relación a la fecha de ingreso y categoría y por ende el monto de las indemnizaciones; razón por la cual debe cargar con las costas en proporción, conforme art. 125 CPL y 70 del CPC, de aplicación.

V.-Que por todo ello, voto por el rechazo total del recurso de apelación deducido por la actora.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia se hace lugar a las indemnizaciones del art. 76 de la ley 22.248. Fundamentó su decisión el Inferior en que: 1) El empleador dispuso el despido del actor, con fundamento en la falta o disminución de trabajo derivada de la situación de desastre agropecuario, reconocido por la autoridad administrativa correspondiente. 2)Para que el distracto laboral por tal motivo sea justificado, se requiere que se cumpla con los siguientes requisitos: a) existencia de la falta o disminución de trabajo, que por su gravedad no consienta la prosecución de la vinculación; b) La situación no sea imputable al empresario; c) se respete el orden de antigüedad; d) La crisis sea perdurable; e) se acredite por el patrón que tomó las medidas propias de un buen empresario, para evitar que los efectos se prolonguen en el tiempo y sobre los trabajadores, que no son partícipes de las crisis empresarias, como por lo general, de las ganancias de la empresa; f) La actividad agraria, por su particular naturaleza, esta expuesta a las inclemencias del tiempo y por tanto sujeta a pérdidas que el empleador debería contemplar y no puede pretender que sea el trabajador el que asuma las consecuencias de las pérdidas. g) La declaración de emergencia agropecuaria por afectar el 50% de la producción, no es suficiente para el despido, pues el demandado debió probar la imposibilidad de continuar el giro comercial.

Que también resolvió hacer lugar a las diferencias salariales, entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, incluido; como la imposición de costas en la proporción antes indicada.

II.-Que contra dichas partes del fallo se alza la demandada en el recurso antes aludido, discrepando con el mismo, en tanto entiende que: 1) Se ha probado que en el caso se dan todos los requisitos exigidos por la doctrina, para la procedencia del despido por falta o disminución de trabajo. 2) Así por ejemplo, con las constancias de fs. 292/300 y 390/402, que las propiedades donde el actor prestaba servicios, fueron declaradas en emergencia agropecuaria por la autoridad de aplicación, por resultar afectadas en el 50% de su producción, por haber perdido el 50% de las plantaciones. 3) También la gravedad de la situación, con dichos informes, de los que resulta que es imposible mantener el mismo plantel que cuando el desastre no se produjo. 4) La inimputabilidad, en tanto se trata de hechos de la naturaleza. 5) La perdurabilidad, que no debe ser analizada solo con relación al granizo, tormenta, helada, etc. que afectó la empresa, sino teniendo en cuenta su incidencia para el futuro. 6) No corresponde el rubro diferencias salariales, puesto que han sido pretendidas con sustento en la diferente categoría, lo que ha sido rechazado en la sentencia. 7) Corresponde se impongan las costas en el 100% al actor.

III.-Que corrido el pertinente traslado a la contraria, lo evacua en las fojas antes indicadas, por los fundamentos que cabe reproducir, por las mismas razones que se indicaran para la contestación del recurso del actor.

IV..Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia, los agravios y su contestación, corresponde avocarse al examen de la impugnación.

1) Que en primer lugar, corresponde hacer la aclaración, de que si bien el empleador da por terminado el contrato por falta o disminución de trabajo y el art. 64 de la ley 22.248, a diferencia de la LCT, no incluye en las causales que dan lugar al despido, a tal circunstancia y solamente lo hace con relación a la fuerza mayor; lo concreto es que en general la doctrina y jurisprudencia exigen los mismos requisitos para su procedencia, por lo que en razón del principio contenido en el art. 20 del CPL, me he de referir al caso como regulado por el inciso d) del art. aludido primeramente.

2) Que con relación a la expresión de agravios, este tribunal en innumerables oportunidades ha expresado: "Si el recurrente se desentiende totalmente del principal argumento de la sentencia y dada la autonomía y definitividad que tiene la cuestión tratada en él, resulta innecesario tratar el agravio traído en recurso, por cuanto aún cuando fuese procedente, la sentencia sería válida (P.R.E. 1988-Sala Segunda, T.1) y es que el fin del recurso extraordinario (el de apelación también), es la sentencia definitiva (J.S.J. 1981- 129/130) y el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustenten la conclusión, bajo el riesgo de considerar firmes, con la inmutabilidad de la cosa juzgada, esos puntos de la sentencia o consideraciones no rebatidas. (P.R.E. 1968-121/123).

Que haciendo aplicación de la doctrina judicial mencionada al caso concreto de autos, se advierte que el apelante no se ha hecho cargo de los fundamentos que se exponen en la sentencia y que se refieren en el Punto I, inc. 2), sub. inc. e) y g), vinculados: con la necesidad de que se acredite por el empleador que tomó las medidas para evitar que se prolongaran los efectos del desastre agropecuario en el tiempo; con el argumento en el sentido que la inclemencias del tiempo son propias del giro agrícola y deben estar contempladas por el empresario; y con el fundamento de que no se probó la imposibilidad de continuación del giro comercial.

Que siendo así, entiendo que dichos argumentos han quedado firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada y son suficientes para sustentar la decisión de primera instancia, como para el rechazo del recurso en esta parte.

3).-Que refiriéndose al despido por fuerza mayor, expresa Meilij, en su obra Contrato de Trabajo, nota al art. 247, pag. 519 que es necesario: "que el hecho sea extraño o ajeno al empleador, y que el obstáculo sea insuperable, irresistible y contemporáneo con la medida ".

a).Que haciendo aplicación de dicha opinión, se avisora fácilmente que la insuperabilidad que se afirma, no es tal, pues ninguna prueba se ha arrimado. Es más, habiéndose afectado el 50% de la producción, es fácil presumir que tal circunstancia es superable al año siguiente, si se trabajan los cultivos debidamente luego del desastre.

Que no está demás agregar, que la demandada al contestar la demanda habla de afectación del 50% de la producción, pero no de los cultivos, lo que recién introduce en su expresión de agravios; por lo que no corresponde su tratamiento, conforme art. 124 del CPL. Sin perjuicio de ello, la afectación de éstos cabe descartarla, pues se trata de parrales, que no obstante heladas, granizo, etc., mantienen por lo general y por ser permanentes, su capacidad productiva para el futuro y que su destrucción por el fenómeno afirmado pero no individualizado, no se ha probado en modo alguno. (fs. 392 vta. y 393 vta.).

b).Que también se advierte, que en el caso el empleador no ha probado que el obstáculo sea contemporáneo con el despido que produjo, pues si bien resuelve el contrato en fecha 06/11/09 (fs. 288): lo concreto es que la emergencia agropecuaria que invoca para disolver el vínculo, recién es admitida por la autoridad correspondiente, el 27/10/11, fs. 299/300, sin que en estos documentos se exprese a qué momento o ubicación del inmueble se refiere dicho reconocimiento, lo que impide vincularlo con la fecha de extinción del contrato.

Que en nada empece lo expresado, la circunstancia que la presentación de los demandados de fs. 293, para que se les reconozca la emergencia citada, haga referencia a la cosecha 2008/2009, pues recién es presentada en el año 2010 (fs. 293, parte superior), con la aclaración de que no lo habían solicitado anteriormente. Circunstancias que permiten dudar de la existencia de una emergencia agropecuaria, que no estaba pedida ni declarada a la fecha del distracto o que fue solicitada luego de la disolución del vínculo, para justificarlo.

c).Que finalmente y como corroborante de la decisión del A-quo, advierto que la accionada, no ha producido prueba alguna, que ponga de manifiesto que tomo las medidas tendientes a superar la crisis, sin verse obligada a despedir al demandante; por lo que no corresponde admitir su pretensión.

d) Que por todo ello, propicio se desestime este agravio, por los fundamentos expuestos en la sentencia de primera instancia y en la presente.

4).-Que con relación al agravio vinculado con las diferencias salariales, soy de opinión que corresponde admitir el recurso, en tanto no se advierte que con la liquidación de fs. 2/3 de autos, se haya cumplido por el actor, con la exigencia del art. 67 inc. b) del CPL y por ende pueda este Tribunal conocer lo que ha de ser materia de decisión, pues se han consignado cifras globales por cada período, sin explicar cuál es el monto que correspondía abonar; cuál el abonado y como se llega a la diferencia. Es más, conforme los hechos expuestos en la demanda, se advierte que la pretensión tiene su origen en la antigüedad y diferente categoría, que al haber sido desestimadas, carecen de eficacia para admitir la pretensión.

5).-Que atento la solución que propugno para este recurso, soy de opinión que las costas de primera instancia deben imponerse en el 35% a la actora y en el 65% a la demandada. Art. 125 CPL y 70 CPC; manteniendo el porcentaje de las regulaciones. Todo lo que importa admitir también parcialmente la impugnación de la demandada.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que con relación a las costas de esta instancia, voto porque se impongan a la actora en el recurso por ella intentada y en el 50% a cada parte, en el interpuesto por la demandada; regulándose los honorarios de los Dres. Eduardo Villalobos Godoy y Guillermo Rahme Quattropani, ambos en doble carácter, en el 4,40% y 5,50% y 4,4% y 4,40%, respectivamente. Arts. 125 CPL y 70 CPC.

LOS DRES. JULIO COLL Y LUCIA DARONI DE PONTORIERO DIJERON:

Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora, en un todo de acuerdo con los fundamentos precedentes.

II) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, conforme los argumentos de la presente.

III) Imponer las costas y regular los honorarios, tal como se indica en las consideraciones de esta sentencia.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.