marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RUSSOMANO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

En cuanto a la esgrimida violación del plazo razonable es dable destacar que la extensión misma de un proceso más allá de todo parámetro de razonabilidad configura gravamen irreparable, ostentando relevancia a la hora de adoptar una definición sobre la irrazonabilidad del lapso del proceso cuestiones tales como: la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes, circunstancias éstas que fueron ponderadas como elementos a escrutar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso 11.245 del 1.3.1996) y la Corte Europea en oportunidad de expedirse sobre la exégesis del artículo 6.1 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

En la presente causa seguida a la justiciable por estafa, no puede pasar desapercibido que transcurridos más de siete años desde la indagatoria, el alongamiento del plazo del proceso -achacado por la actual defensa- no resultó ajeno a la actividad procesal de las partes- se interpusieron medidas recursivas, se integró tres veces la Sala, asumiendo secuencialmente distintos profesionales la defensa de la justiciable, etc.- lo que contribuyó al alongamiento del plazo de duración del proceso, el cual en dichas circunstancias no se manifestaría irrazonable. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gataldi).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Destefani, Pablo c/ Municipalidad de Junín s/ Indemnización por despido Buttaro, Rodolfo E. c/ Banco Quilmes Sociedad Anónima s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07|2001-12-19

La ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo origina la obligación de pagar las indemnizaciones previstas en la ley que comprenden cualquier perjuicio padecido por el trabajador a causa de su despido. En este supuesto la ley presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral padecidos por el dependiente con motivo de la extinción del vínculo y establece tarifadamente la reparación correspondiente.
Decreto de necesidad y urgencia, facultades del Presidente de la Nación, Poder Ejecutivo Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carlos A. Colque y otros c/ Municipalidad de Santa Clara s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad int. en Expte. nº A-07731/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. A-02038/98 Ordinario Clara s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad int. en Expte. nº A-07731/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. A-02038/98 Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-04-25

Sólo los ejecutivos nacional o provinciales se hallan investidos de la atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia, a los fines de sortear el excepcional obstáculo que -ante la emergencia de satisfacer una necesidad social acuciante- representa la imposibilidad de observar el proceso formativo de la ley fijado en la Constitución por parte de las correspondientes legislaturas.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, libertad de expresión, hostigamiento o maltrato
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prestofelippo, Eduardo Miguel c/  s/ 71 Ter - Hostigamiento Digital
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-27

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia recurrida, dado que las expresiones examinadas por el a quo sobre las que se sustenta la condena quedan amparadas por la garantía constitucional a la libertad de expresión. La conducta calificada de hostigamiento consistió en expresiones dirigidas a generar opinión, no a la persona descalificada. Esto la aleja de ese tipo contravencional. Aun cuando quepa pensar en maniobras de hostigamiento indirecto, esto es, maniobras dirigidas a terceros antes que a la víctima, lo cierto es que tienen que ser concebidas para generar impacto en ella, hacerla sentir herida o amenazada. Por ello, el tribunal a quo no pudo encuadrar las acciones que describe en la figura que elige. En tales condiciones, las expresiones del imputado están protegidas por la CCBA. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Gustavo R. c/ Municipalidad de Pehuajó. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

En el caso de cesantía ilegítima, se presenta un supuesto de compensación del lucro con el daño, porque dicha cesantía -que priva al agente de su remuneración- al mismo tiempo lo libera porque no debe destinar su actividad personal a la tarea administrativa (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE DETERMINACION DE MONTO LITIGIOSO EN: ALBERTO, JOSE c/ VEGO, HUGO ORLANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-05

La facultad que tienen los jueces de disponer, en cualquier estado del proceso, las medidas necesarias para el mejor esclarecimiento del caso, no puede ser renunciada en circunstancias en que su eficacia para la determinación de lo justo sea indudable.
Escritos judiciales, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Santiago, Héctor Pablo y otra c/ Galerías Broadway S.A. y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

La validez de un escrito judicial incorporado a la causa debe juzgarse en base a la legislación vigente al tiempo en que aquél ha sido agregado a los autos (conf. doct. art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación).(doctor Soria, sin disidencia)
Obras sociales, procedimiento de impugnación de deuda previsional, Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A. c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Si bien la C.S.J.N. en autos "Techint Cía. Técnica Internacional S.A.C.I. c/Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción y otro s/Impugnación de deuda", atribuyó competencia a la C.F.S.S. para conocer en decisiones de organismos vinculados al régimen de obras sociales, lo hizo "sin abrir juicio sobre la procedencia de la vía elegida por el actor para orientar su pretensión", tema que dejó a cargo del Tribunal dilucidar. Al respecto debe advertirse que el art. 26 de la ley 24.463 no contempla recurso alguno ante la Cámara contra decisiones de esta índole, por lo que no cabe aceptar la procedencia del recurso de apelación intentado, derivado de lo dispuesto por los arts. 21 de la ley 23.660 y 21 del Anexo I del Dec. Reg. 576/93, toda vez que dicha normativa está exclusivamente referida al régimen de fiscalización y verificación de las obligaciones emergentes de la ley referida. En consecuencia, de manera alguna pueden hacerse extensivas a casos como el presente las normas atinentes al recurso judicial previsto en la ley 18.820, Res. A.N.Se.S. 877/93 y art. 26, inc. b) ley 24.463; correspondiendo declarar la improcedencia del recurso intentado.
Acciones de filiación, filiación extramatrimonial, impugnación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: ASESORIA DE FAMILIA E INCAPACES c/ S., J. D. s/ Acción de impugnación de Filiación extramatrimonial y Acción de reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Se sostiene que si el hijo aparece inscripto como extramatrimonial de tercero, quienes pretenden ser los verdaderos progenitores podrán impugnar la paternidad y la maternidad que surgen de los asientos, y reclamarla para sí, de conformidad con el art. 263
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, fundamentación de sentencias, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Osses, Eduardo Roberto y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revisión promovido por la Dirección General  Impositiva (Expte. CSJ Nº 194-99) Dirección General Impositiva c/ Concurso preventivo de Arcas, José María y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesta  por la Dirección General Impositiva en autos "Arcas, José María y   otro sobre concurso preventivo" (Expte. CSJ Nº 243-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08|2000-11-22

La pretensión de que en cada sentencia dictada en expedientes similares donde actúa la parte recurrente, se citen íntegramente los mismos fundamentos, implica una exigencia que desconoce el valor del precedente y contradice elementales principios de economía procesal. Por ello la posibilidad de invalidar una sentencia en virtud de recurrir esa legitima técnica de fundamentación, constituye una exigencia formalista y sin sustento constitucional.
Derecho laboral, leyes, antecedentes parlamentarios, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

La evolución del derecho laboral se plasma, primeramente, con la reforma constitucional del año 1957, que incorpora a la Constitución nacional el llamado "artículo nuevo", a continuación del artículo 14, introduciendo "derechos sociales", elevándolos a la misma altura constitucional que hasta entonces sólo tenían los "derechos civiles". Se dispone, además, que corresponde al Congreso de la Nación dictar el "código del trabajo y seguridad social" (art. 67, inc. 11). En el año 1974 se presentó un proyecto limitado al contrato de trabajo que con algunas modificaciones fue convertido en la ley 20.744. Esta codificación parcial del derecho individual del trabajo, excluyendo al derecho colectivo, cumplió con una tarea importante desde el punto de vista de la unificación de por los menos algunas partes de la legislación dispersa relativa al contrato de trabajo. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr.

Falistocco. Fundamentos del Dr. Netri)
Robo de automotor, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal, principio de legalidad, derechos adquiridos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guerediaga, Edgardo José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

La aplicación del decreto ley 6282/58, confirmado por la ley 14.467 -con rigor incluso al tiempo de prestar el imputado su declaración indagatoria- bajo el pleno imperio del principio del "tempus regis actum", resultaba ser observada ineludiblemente, pues como afirmaba Tejedor, la aplicabilidad de la ley del tiempo de comisión del hecho es un derecho adquirido del sujeto, pudiendo incluso extenderse su adaptación judicial, siempre que resulte más favorable, a instancias posteriores a su derogación. Lo expuesto obliga al intérprete jurisdiccional a actuar su concreta aplicación a todos los casos perpetrados bajo su vigencia, no sólo en cuanto a la sanción prevista, sino también en lo referente al conjunto de elementos que constituyen el presupuesto para su aplicación al acontecimiento bajo estudio. La única forma válida de soslayar el cumplimiento del principio de legalidad es el acaecimiento posterior, en forma de sanción, de una legislación cuyas previsiones, confrontadas con las que dominaron la conducta del autor al momento de su ejecución, resulten más favorables a la situación del sujeto enjuiciado o condenado, autorizando el art. 2 del Código Penal a que "sus efectos se proyecten hacia el pasado abarcando situaciones ocurridas antes de su vigencia". (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, notificación, notificación personal, notificación por cédula, interpelación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Propietaria s/ Ejecución fiscal Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-04

La normativa procesal es clara y precisa en lo referente a las intimaciones que se decreten en el expediente. Así, en el artículo 119 inciso 5 del mencionado código, se dispone que deben notificarse personalmente o por cédula las resoluciones que las decreten. Esta disposición se funda en la gravedad que contiene toda intimación bajo apercibimiento de la pérdida de un derecho.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aprea de Marchini, Ida Elsa s/ Conc. prev. s/Inc. de Revisión promovido por Ida Elsa Aprea de  Marchini
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Si bien la regulación de los honorarios por las tareas de Cámara tiene como pauta referencial el monto fijado por los trabajos en la primera instancia, el cálculo se hace a valores de la época de su determinación, sin retrotraerlos en su fijación a los de ésta, como ocurre cuando revisa los honorarios regulados en la primera instancia (art. 31 y su doctrina del dec. ley 8904/77).
Costas, sentencia, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALANIZ, MARGARITA c/ ACENALOZA DE PETTINARI, M s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-03-13

Si se anula la sentencia impugnada, el agravio relativo a la imposición de costas, por ser accesorio, deviene abstracto, careciendo de objeto expedirse acerca de si fue arbitraria en relación a lo decidido, pues la nueva sentencia a dictarse deberá, una vez considerados y resueltos los temas objeto de agravios, pronunciarse acerca de la imposición de costas en consonancia con el resultado final de la causa.
Recurso de apelación (administrativo), recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, preclusión, sentencia firme, astreintes, sanciones conminatorias, tierras fiscales, adjudicación de tierras, ley de orden público, ejecución de sentencia, agotamiento de la instancia administrativa, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B, R. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO-DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y COLONIAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-04

La sentencia del "a quo", en rigor, no hizo lugar a la pretensión de la actora, consistente en una adjudicación lisa y llana y no en una adjudicación en venta. En efecto el decisorio que ordena a la Provincia de Río Negro adjudicar en venta la fracción de tierra en cuestión "...de conformidad a las pautas de la ley 279..."; dicho pronunciamiento quedó firme al ser consentido por ambas partes en este litigio, razón por la cual todos los argumentos introducidos por la apelante tendientes a descalificar la persistencia en otorgar la adjudicación en venta, bien podrían haber sido introducidos en la etapa recursiva, de la cual, no se han servido las partes en la oportunidad procesal pertinente y por lo tanto la misma precluyó; en vista de ello, resulta inadmisible que la recurrente tardíamente, en ocasión de apelar la decisión que puso fin a las astreintes, introduzca los referidos argumentos a los fines de revivir, en la práctica, la pretensión ya fenecida porque se vislumbra que, en definitiva, lo que se pretende con el mantenimiento de las astreintes es conminar a la Administración a efectuar una adjudicación lisa y llana.

Tampoco se debería interpretar que mediante un ulterior procedimiento de ejecución de sentencia se pueda eludir o soslayar la aplicación integral de una ley de orden público como lo es la Ley 279, sobre todo teniendo en cuenta que, con relación a la Disposición D.T. y C. Nro. 25/00, no costa en autos que se haya agotado la vía administrativa (conf. arts. 88, 89, 91, 93, 95, concordantes y complementarios de la Ley 2938)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, LEY DE CONCURSOS
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIMACO S.A. c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

Si bien la impugnación planteada remite al examen de cuestiones que por su naturaleza resultan prima facie ajenas al recurso intentado, corresponde hacer excepción a dicho principio cuando -como ocurre en el sub examine- el Tribunal a quo ha adoptado una solución que sólo en apariencia satisface la exigencia de que los pronunciamientos judiciales constituyan el resultado de la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa; desde que asiste razón al recurrente cuando tacha de arbitraria la interpretación brindada por Sala a la regla concursal genérica de inapelabilidad del artículo 273, inciso 3, de la ley 24522, por no compadecerse con su recto sentido. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 273, inciso 3
Sociedad anónima, administración de la sociedad, representación de la sociedad, directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIVIERE DE PIETRANERA, LIDIA c/ RIVIERE E HIJOS  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

La tarea desempeñada por el director de una SA no se trata de un trabajo en relación de dependencia, ni de un mandato, sino que existe una función orgánico-societaria específica, incita ya en la naturaleza del sujeto de derecho a sociedad.
Falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Castro de Depetris, Juana del C. c/ Provincia de Catamarca y/o I.P.S.S. y/o I.P.S.S. Residual s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, de  Anulación o Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-12

La cuestión previsional ha llegado a conocimiento de esta Corte en diciembre de 1996, como consecuencia de la Resolución dictada por el Instituto Provincial de Previsión Social en noviembre de 1992 y se hizo el pertinente reclamo en los plazos previstos por la ley adjetiva. Ello así, la cuestión queda comprendida en la cláusula duodécima del convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia a la órbita de la Nación y pertenecen a la Provincia los aportes devengados con anterioridad a la vigencia del mentado convenio.

Por ello deviene improcedente la citación del ANSES como tercero interesado en la presente causa contencioso administrativa y debe hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por ese organismo nacional.
Interpretación de la ley, debido proceso, sentencias contradictorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno Ocampo, Luis s/ recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

Los términos "interpretación de la ley" y "doctrina aplicable" a que aluden los arts. 10 y 11 de la ley 24.050 no se refieren en exclusividad a aspectos de la ley de fondo sino que se integran también con las normas procedimentales, pues de lo que se trata es de evitar que se produzca un acto lesivo a la garantía del debido proceso con el alcance de un supuesto de privación de justicia, aplicando normas procedimentales con excesivo rigor formal, todo ello en cumplimiento del mandato constitucional que exige un adecuado servicio de justicia, por cuanto aflora evidente el deterioro de la seguridad jurídica cuando un texto legal es interpretado por distintas Salas de un mismo Tribunal en forma contradictoria en situaciones semejantes en el sentido de ser susceptibles de regulación jurídica, mediante la misma interpretación formulada en el precedente; la contradicción debe versar sobre aspectos fundamentales de la norma interpretada de modo que la doctrina pueda influir en situaciones parecidas. Para unificar la jurisprudencia, evitar sentencias contradictorias, o interpretar la ley aplicable al caso, en cumplimiento del mandato de la ley, los requisitos formales de admisibilidad deben ceder ante el escándalo producido por la contradicción de las sentencias que necesariamente debe resolverse. En definitiva, propicio eliminar como requisito de admisibilidad, también del recurso de inaplicabilidad de ley, la definitividad de la sentencia y atenernos exclusivamente a la necesidad de unificar la jurisprudencia, y fundamentalmente a corregir contradicciones. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-).
Contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia Mona, Susana c/ Zamora, Justo s/ Resolución de contrato Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

En materia de compraventa se considera abusivo el ejercicio del pacto comisorio cuando se ha pagado parte importante del precio -en general- más de la mitad, pues debe estarse a la preservación del contrato cumplido casi íntegramente, no propiciando una solución contraria al orden de las cosas, armonizado ello con los principios de buena fe y lealtad que ampara el art. 1198 del C.C. (art. 1071 Cód. Citado).
Revocación de la prisión preventiva, cuestión federal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Camarelli, Antonio Alberto y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-11

La resolución que dispone el cese de la prisión preventiva puede ser, en sus efectos, equiparable a una sentencia definitiva y la naturaleza del planteo suscita cuestión federal.
Acción de despojo, acciones posesorias, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Páez, Armando Rubén c/ Rivarola, Lucas Agustín y otro s/ Acción de Despojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Si bien es cierto que en la acción posesoria no es necesario evaluar el derecho que una y otra parte tiene a la posesión, lo cierto es que "el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión" (art. 2270 del CCyC). Ello resulta especialmente relevante en el caso, dada la fecha del título del actor y en el hecho de que los demandados no lograron desvirtuar la presunción que el art. 1914 del CCyC regula a favor del accionante.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ RAUL JOAQUIN c/ GUZMAN JUAN MANUEL s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-22

No es procedente el recurso de casación si la sentencia que se pretende invalidar se fundó en una razonable interpretación de las disposiciones vigentes en la materia, en armonía con las circunstancias particulares de la causa, aún cuando esa inteligencia resulte opinable.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, recusación sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: COHN, JORGE RODOLFO c/ LOZA, MARTA BEATRIZ s/ Apelación en Subsidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-26

El artículo citado (14 C.Pr.) es claro al respecto, ya que establece que no procede la recusación sin causa en los procesos de familia; el hecho de calificar de incoherente a dicha norma y de manifestar que la entienda violatoria al derecho de defensa sin especificar los motivos que la tornarían atentatoria a normas constitucionales, no impide que la misma sea aplicada.

Más allá de ello, se observa que los agravios vertidos, son copia exacta de los argumentos expuestos al deducir la revocatoria, de manera que la presentación del recurrente no contiene los requisitos exigidos por el artículo 255 CP. dado que contiene meras afirmaciones y consideraciones que son reiterativas de las ya expuestas, sin hacer una crítica del fallo en la forma que requieren la norma transcripta citado y de clasificar al presente de juicio ordinario.

En tal caso el recurso debe ser considerado desierto.