marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Sequeira, Luis y otro s/ Homicidio - Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Actuó con exceso en la defensa quien fue agredido en su derecho al descanso, al de no ser ofendido, al de preservar la intimidad de su morada y la de su propia integridad física sin que haya sido provocador del hecho y, ante la existencia de un peligro actual e inminente que legitima la necesidad de obrar para repeler la conducta persistentemente hostil de la víctima, infirió golpes con un hierro a su atacante, que fueron excesivos.
Inadmisibilidad del recurso, juez de ejecución, debido proceso, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz Sandra Daniela s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar al recurso de apelación y confirmó la disposición penitenciaria si -según surge de las compulsa de las actuaciones- el juez de ejecución penal del tribunal oral resguardó el derecho de defensa de la interna, así como la garantía del debido proceso, al efectuar un pormenorizado control de las constancias probatorias y de las circunstancias del caso que, finalmente, llevaron a homologar dicha sanción, por lo que se realizó una amplia y suficiente revisión judicial de la sanción impuesta por la autoridad administrativa. La disidencia expresó que corresponde declarar la nulidad de la sanción disciplinaria -aislamiento individual- impuesta a la interna toda vez que la falta de asistencia letrada de la interna durante el procedimiento administrativo ha configurado una lesión a su oportuno y completo derecho de defensa.
Jueces, cesantía, remoción de jueces, gobierno de facto, actos del gobierno de facto, nombramiento del personal judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAMAYO, DOMINGO RAUL s/ REPOSICION EN EL CARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

Aún cuando la vacante dejada por la cesantía de quien, habiendo sido designado juez por el procedimiento constitucional y considerándose ilegítimamente privado del cargo por un gobierno de facto, no ha sido provista por los poderes con competencia para ello, la propia designación de la Corte Suprema por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado implica ratificación de las remociones de los jueces que desempeñaban sus cargos el 24 de marzo de 1976.
Jubilación ordinaria, incapacidad laboral, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Carlos Filemon c/ Layco S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-05-13

La eventual obtención de la jubilación ordinaria no impide la percepción de la indemnización por incapacidad absoluta, siempre que esta incapacidad se haya concentrado durante la vigencia del contrato. Una persona que conserva capacidad residual para mantener su vida social, o para determinado tipo de labores intelectuales, puede no tener objetivamente chance para seguir compitiendo en el mercado de trabajo, sea por la índole de sus dolencias, por su edad, o por su estado práctico de la salud.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: De la Fare, Cristian y otro c/ Misiones, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

No basta para habilitar el fuero federal la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: BAUDONET, Hugo E. s/ recurso extraordinario Causa 25.382
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

El mero hecho de que los Tribunales de Segunda Instancia remitan o adhieran a los fundamentos vertidos por los Magistrados de anterior grado en los fallos impugnados, no es motivo suficiente para suscitar la tacha que se alega, la que reviste carácter excepcional y requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación que descalifique la sentencia como acto jurisdiccional válido, exigencia que de ningún modo puede reputarse concurrente en la especie, por lo que ha de rechazarse el recurso extraordinario por arbitrariedad.
Recurso contencioso administrativo, base regulatoria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cena, Juan Manuel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Regulación  de honorarios - Impugnación (Expte.: C.S.J. Nro. 312 Año 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Corresponde hacer lugar a la impugnación del auto regulatorio efectuado por la Provincia demandada, si el apoderado de la parte actora ha utilizado la tasa pasiva promedio de interés como un indebido método de repotención del capital, por cuanto la desidia del letrado en solicitar la regulación de honorarios lo colocaria en una situación sensiblemente mas ventajosa que si la hubiese solicitado en tiempo, porque en caso de haber requerido la regulación en la fecha en que quedo aprobada la liquidación, los honorarios hubieran corrido la misma suerte que el capital, es decir, intereses a la tasa pasiva promedio vigente a esa fecha y de alli en mas, los correspondientes a los Bonos previsionales de la Provincia de Santa Fe.
Poder de policía, responsabilidad del Estado, deber de obrar con prudencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Izaurralde, Roque Rafael c/ Buenos Aires, Provincia de  y  otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

El ejercicio del poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (arts. 512 y 902 del Código Civil).
Recurso de apelación (procesal), patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Héctor Hugo del Cura c/ Luis Pérez y/o quien resulte propietario s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-03-15

Resulta claro que ningún agravio causa al presentante que ni siquiera invoca, ni tiene, representación de las partes, habiéndose su actuación limitado a patrocinar al actor en algunas oportunidades

Por lo tanto, no teniendo interés personal en contra de la sentencia que apela, ni invocando, ni teniendo representación procesal de parte (Título II, Capítulo II, arts. 46 y sgtes. del C P.C.C. , el Recurso interpuesto fue mal concedido y así debe resolverse.
Adopción simple, adopción por el cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

En un supuesto de adopción integrativa, frente al incumplimiento de los requisitos de edad, años de matrimonio y/o imposibilidad de procreación, tratándose de un supuesto legal de nulidad absoluta, cabría preguntarse en qué se vulnera el orden público al conceder la adopción que se solicita. Antes bien, entendiendo a éste último como el conjunto de principios fundamentales en los que se cimenta la organización social, cabe afirmar que se lo satisface, ya que lo contrario supondría negar el reconocimiento de la jurisdicción a una relación paterno-filial, cuando existe un menor que quiere a su padre y lo necesita, quien, de hecho, convive en familia desde hace años y que tiene un hermano nacido de la unión entre su madre biológica y el solicitante de la adopción. Luego, considerar la solución legal como un imperativo insoslayable, impuesto por el orden público, chocaría contra el sentido común.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Bruni, Luis Omar s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Es insuficiente el agravio sobre la confesión extrajudicial utilizada por el fallo para formar la prueba compuesta si se omite vincularlo con los textos legales pertinentes y, habiéndose investigado (para más con resultado negativo) los apremios denunciados, no media afectación alguna de la validez probatoria de la pieza cuestionada.
Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aplicación temporal de la ley, víctima menor de edad, competencia de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, SOLEDAD LUJAN s/ COMPETENCIA -CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE LA SALA CUARTA DE LA CAMARA DE APELACION EN LOPENAL Y LA SALA SEGUNDA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, AMBAS DE ESTA CIUDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-17

La nueva ley 12.967 de "Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", no contiene disposiciones transitorias especiales sobre su aplicación temporal, lo que en el estado de autos genera el conflicto que hoy se trae a consideración- donde la intervención adoptada por la señora Jueza de Menores respondió a la competencia que le asignaba el art. 5, párrafo primero, del Código Procesal del Menor, ley 11.452-.

En tal sentido, debe recordarse que esta Corte, en el precedente "More" (A.y S., T. 232, pág. 134) al dirimir un conflicto de competencia en el que se debatía la aplicación de las normas de competencia establecidas por la nueva ley, destacó que "...la referida ley, modificatoria en lo que aquí respecta de normas sobre jurisdicción y competencia no contiene disposiciones transitorias especiales sobre aplicación temporal, por lo que debe regir en forma inmediata y operatoria en atención al carácter de orden público que le es propio ".

Ante la disyuntiva de asignar el conocimiento de la causa a un tribunal al que por cuestiones de procedimiento en tanto tenía asignada la radicación al momento del dictado de la ley le correspondería entender y asignarla a un tribunal que está integrado por especialistas en la materia que constituye el fondo sobre el que se debe decidir, no caben dudas de la conveniencia de inclinarse por esta última opción; máxime en una materia tan delicada como lo son las relaciones de familia , por lo que se impone - en el caso- declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.
Organismos del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Aseguradora Rio de La Plata Compañia de Seguros S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

La decisión del Ministerio de Obras Públicas de fijar el monto por el cual la provincia pretende cobrar el seguro de caución constituido en garantía de una obra pública, y encomendar a la Fiscalía de Estado, -su representante en juicio (art. 1 ley 7543)-, las acciones judiciales tendientes a su percepción, no excede el ámbito normal de facultades necesarias para una buena administración y no invade atribuciones judiciales. Por el contrario, constituye una declaración dirigida a someter la controversia a la decisión de los jueces.
Recurso de inaplicabilidad de ley, subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ METRALLE MIGUEL SANTOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-28

Ante un depósito efectuado en una subasta al día siguiente de su vencimiento, y ante la resolución de la Excma. Cámara, que lo tiene por no efectuado, ordenándose la realización de una nueva subasta, pudiendo así ejercer nuevamente su derecho el agravio en la misma, no se perfila por lo tanto, el carácter de difinitividad que debe darse para que el recurso de inaplicabilidad de ley sea viable, no se configura no correspondiendo en consecuencia esta Sala entrar en el análisis de los agravios planteados por el recurrente.
Acción de amparo, menores, cobertura médica, derecho a la salud, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-SALUD PUBLICA-CIVIL
Carátula: C., L.  c/ / OMINT S.A. de Servicios  s/ Amparo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-11

En tales condiciones, en este estado liminar en el que se encuentra la causa, y habida cuenta de que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, resulta razonable hacer prevalecer el derecho a la salud del niño y mantener la medida cautelar dictada, toda vez que una decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida del menor. Entiende el Tribunal -en el mismo sentido que el señor Juez de primera instancia- que hacer lugar a la medida solicitada es la solución que, de acuerdo a lo indicado por la profesional tratante del infante y a la específica normativa aplicable al asunto, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 24, inciso 1º de la Convención de los derechos del Niño aprobada por Ley 23.849), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; conf. Sala I, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 53/01 del 15.2.01 y 2038/03 del 10.7.03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1.3.93;C.Fed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, ED del 5.9.00).
Facultades disciplinarias, probidad, buena fe, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: S. I. V. c/ I. D. P. Y. S. S. D. L. P. D. T. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16

La pertinaz y obcecada reiteración de una posición sobre la materia, objeto de la controversia entre las partes, pese a que aquélla ha sido harto declarada como improcedente, configura una meridiana actitud de falta de probidad y buena fe procesales por parte del ente autárquico recurrente en esta instancia extraordinaria, con evidente y exclusivo propósito dilatorio del cumplimiento de la sentencia en cuestión, que amerita la aplicación de una sanción pecuniaria (cfr. CPCC artículo 43; Código Procesal Administrativo artículo 89 y Acordada N° 293-2005).

Ante la falta de un depósito legal que garantice la seriedad del planteo recursivo, y al efecto de disuadir conductas futuras que, como la de autos, terminan abusando de la gratuidad del proceso de amparo, al aprovecharlas para un fin espurio, estimo prudente fijar la referida sanción en la suma de $1.300 (PESOS UN MIL TRESCIENTOS).

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR (EN DISIDENCIA PARCIAL) - POSSE (EN DISIDENCIA PARCIAL) - GANDUR (CON SU VOTO).
Intervención de terceros, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS c/ ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-15

La expropiación tiene como efecto principal derivado de su propia naturaleza la transferencia de la propiedad. De allí que la demanda no puede ser entablada sino frente a quién aparece como titular del dominio. Ello excluye toda posibilidad del tercero de pretender legítimación para demandar o ser demandado en este tipo de proceso (artículo 87 inciso 2 y 88 apartado 2) en cuanto ha invocado como fundamento de su intervención, el derecho a obtener a su nombre la escrituración de su intervención, el derecho a obtener a su nombre la escrituración del inmueble expropiado o al precio que se pagaré por causa de la expropiación. En función de ello, recordando que en nuestro derecho formal la llamado intervención principal o excluyente no ha sido admitida, la intervención acordada al tercero en los términos y alcances del artículo 87 inciso 1 y 88 párrafo 1 es ajustada a derecho.
Actuaciones administrativas, valor probatorio, instrumentos públicos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MELLIO, LEOPOLDO J. Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Si bien el carácter de instrumento público que para supuestos como el de autos -en el que se cuestiona la validez del certificado a plazo fijo- puedan otorgársele a las actuaciones administrativas (art. 939, inc. 2, del Código Civil), traduciría por principio, hacer fe de la existencia material de los hechos que los oficiales públicos hubieran anunciado como cumplidos por ellos mismos o que han pasado en su presencia (art. 993, Cód. cit.), tal conclusión no puede extenderse a las opiniones que hubieran vertido las cuales no operan con fuerza vinculante para el juzgador, pues la significación jurídica de tales hechos, depende, sin lugar a dudas, de su libre valoración.
Recurso de apelación (procesal), medidas cautelares, efecto devolutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Linares, Hugo Oscar c/ Bendowski, Adela Carmen y Otro s/ Embargo Preventivo s-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-01

El artículo 198 del CPCCCh dispone el principio de la apelabilidad en materia de medidas cautelares, discriminando que en caso de admitirse la medida, será con efecto devolutivo.

Sostiene la doctrina con relación a esta temática: "Considero que esta concesión del recurso en el sólo efecto devolutivo rige en exclusividad en el supuesto específicamente aprehendido por el artículo, no pudiendo ser extendida la solución a ningún otro auto que no sea estrictamente el de admisión de la medida cautelar, como por ejemplo a las providencias que resuelvan solicitudes de sustitución, modificaciones de contracautela, etc.".
Competencia, contienda negativa de competencia, división de condominio, bienes inmuebles, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDOZA, PRUDENCIO FRANCISCO c/ PEREYRA, MARIA ARGENTINA s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

Deberá seguir entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Circuito, desde que el límite cuantitativo establecido para la competencia de los juzgados de circuito no resulta superado por el valor del inmueble consignado en el avalúo fiscal, y en este sentido, de lo resuelto por este Tribunal en el antecedente "Anconetani", se desprende que, en principio, la competencia cuantitativa de los tribunales intervinientes debe determinarse a través de los parámetros consignados en el avalúo fiscal, a menos que de las constancias de la causa surjan indudables y especialísimas particularidades que aconsejen lo contrario, como una contradicción manifiesta e insalvable entre el avalúo referido y la situación real del inmueble cuya usucapión se pretende, extremo que no fue acreditado en el supuesto de autos, puesto que la valuación del inmueble acompañada por la actora no constituye un parámetro válido que determine a este Tribunal a apartarse de la pauta uniforme y objetiva contenida en el avalúo fiscal, ni constituye una situación excepcional como la tenida en cuenta para dictar el precedente invocado en el párrafo anterior. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 262, p 473.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Belcastro de Ruiz, Catalina c/ Miksa, Elena María y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

En tanto la sentencia cuente con fundamentos suficientes, la doctrina de la arbitrariedad es inaplicable, aún cuando se alegue error en la solución del litigio. Aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamentos igualmente razonables, ello no es suficiente para impugnar de arbitraria la sentencia, si cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional.

Una cosa es que existan distintos criterios de decisión, y otra muy distinta calificarla solo por ello de arbitraria.
Periodistas, Internet, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: HOJMAN, EDUARDO Y OTRO c/ XSALIR.COM.SA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-17

Las nuevas tecnologías, entre ellas Internet, rebasan el contenido tradicional y real del periodismo escrito, oral o televisivo, para abrirse al aspecto virtual del mismo. En tal sentido quienes intervienen en la redacción de un portal de internet que contiene información, notas, entrevistas y agendas culturales que se difunden en la red, pueden asimilarse a quienes elaboran el suplemento cultural de un diario. El objeto social de las empresas demandadas resulta indiferente a los efectos de determinar la aplicación del régimen laboral especial, toda vez que si ocupa a una persona para el cumplimiento de tareas periodísticas, estará alcanzado por la ley 12908
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pluckhi, Pedro c/ Competiello, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

En materia de responsabilidad por los daños que sufren las personas, la idea de solidaridad y de tutelar consecuentemente a la parte más débil de la relación jurídica, es la que insufla la labor del juez en miras a lograr la reparación más plena e integral (art. 1083 Cód.

Civil).
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: Pedro A. Duhalde y Cía. c/ Lanz, Lucía R. s/ Cobro de pesos s/ competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

El fuero de atracción del sucesorio no rige en el supuesto de que haya más de un codemandado fallecido, pues no existe motivo alguno para determinar la preferencia de una sucesión sobre la otra.
Confirmación de sentencia, multa, ley de defensa del consumidor, bancos, cuentas bancarias, DAÑOS Y PERJUICIOS
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubén, Juan Martín c/ Banco Santander Río SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Procede confirmar la aplicación de la multa prevista por la LDC 52 bis a la entidad bancaria demandada. Ello por cuanto, en el caso, se encuentran configurados los requisitos de procedencia del instituto en cuestión. En efecto, a pesar de tratarse la accionada de una entidad cuya concreción de operaciones como la que derivó en el conflicto de autos son moneda corriente, su actuación resultó particularmente desaprensiva y dañosa en tanto que además de no gestionar la baja o nueva recalificación de la cuenta pese a los innumerables reclamos esbozados por el accionante, intentó poner en cabeza del consumidor las causas de su desidia. Es más, la encartada pretende acreditar sus dichos con el audio de una comunicación telefónica de la cual no se pueden extraer las conclusiones por ésta expuestas. En este sentido, no puede perderse de vista que -en el caso- el banco cobró la indebida comisión por el término de dos años y medio, sin que el actor, que había dado de baja la tarjeta de crédito oportunamente pedida. Con anterioridad a recibir el plástico dado que un cambio en su situación personal le impedía asumir cualquier tipo de gastos, haya encontrado favorable acogida a ninguno de los múltiples reclamos llevados a cabo. Por el contrario, dado que aun pese a los múltiples reclamos y advertencias respecto al descontento con la recategorización y el rechazo de la misma, la entidad encartada se mantuvo en su accionar, la mala fe surge aquí de sus propios actos. Tal actitud dolosa o, cuanto menos, gravemente negligente conllevó para la demandada un beneficio dado el cobro de una comisión por un servicio que no había sido contratado.