Enfermedad profesional, riesgos del trabajo, fundamentación de sentencias, rechazo de la demanda, citación en garantía, Derecho civil, recurso de casación, interpretación de la ley, partes, debido proceso, defensa en juicio, pericia médica, interposición de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ PEDRO E. c/ JUAN MINETTI S.A. s/ DEMANDA INCAPACIDAD - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-05-20

El a quo tras calificar como profesionales a algunas de las enfermedades que padece el actor (insuficiencia respiratoria 3% e hipoacusia 8%), considerándolas "contingencias comprendidas en el sistema de la LRT". Rechazó la demanda indemnizatoria y exoneró de responsabilidad a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo porque no fue demandada en forma directa ni se le requirió las prestaciones de dicho régimen.

Destacó que la citada en garantía, fue por un reclamo efectuado a la demandada basada en normas de derecho civil por lo que admitió el planteo de falta de legitimación sustancial pasiva. Interpuesto el recurso de casación, expresa agravio el demandante por el rechazo de la acción incoada, descalificando el resolutorio por errónea interpretación del art. 48 CPT, y en lo que refiere a la aseguradora traída al proceso por la accionada. Planteada la cuestión, se trata de determinar la procedencia del recurso deducido.

El Sr. Magistrado del primer voto, admite las razones esgrimidas, que más allá del error en la invocación normativa, se debe resolver la controversia de acuerdo a la regla de derecho que subsuma el caso.

Considera en los fundamentos, la obligación impuesta a los empleadores de afiliarse a una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo" de su libre elección (art. 3 inc. 3, Ley 24.556), y la que por su parte dispone respecto a que "éstos últimos en cuanto tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley" (art. 26, inc. 3ro.), las que se encuentran específicas en los arts. 11 a 20 ib., para las situaciones por ella cubiertas -art. 6-.

Que efectuados los reclamos en forma subsidiaria la reparación tarifada que contempla dicho régimen y resultando amparadas las contingencias señaladas (art. 6, inc. 2), son a cargo de la ART.

Ello así en cuanto no fuera demandada en forma directa sino traída a juicio por la accionada como tercero, en razón de que tuvo amplia participación en el debate, contestó la demanda, reconoció que la empleadora se encuentre asegurada, puntualizando que la cobertura da derecho únicamente a las prestaciones en las condiciones allí contempladas.

De tal modo, se vuelve un desgaste jurisdiccional inútil diferir la consideración de su responsabilidad por el daño probado en la salud del trabajador, en los términos de la normativa que la regula.

Finalmente, subrayó: "Si el tercero citado contestó la demanda, ofreció y produjo prueba, presentó su alegato y respondió los agravios de la actora, sin invocar restricción alguna derivada de la calidad en que fue incorporado al proceso y sin articular defensas con ese fundamento, su posición resulta equiparada a la de la parte principal, en uso de todas las prerrogativas, derechos y deberes que legalmente le competen, por lo que la condena no vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio".

Encontrándose firme en autos que el actor sufrió un daño físico que lo incapacita en un 11% TO, derivado de enfermedades calificadas como profesionales, en mérito de la pericia médica, el a quo consideró que tenía entidad suficiente para tener por ciertos los extremos vinculados con el diagnóstico y grado de incapacidad.

Entonces, la contingencia, como se dijera, se encuentra prevista por la LRT, resulta indemnizable y la responsable de su pago es -se reitera- la Aseguradora interviniente.

En relación a los agravios que se formulan ante el rechazo de la indemnización por las patologías extrasistémicas, y al planteo de la inconstitucionalidad de las normas de la LRT (arts. 6 y 39) y del art. 75 LCT, al igual que de los arts. 8, 21 y 22 LRT y los decretos reglamentarios. La presentación en este aspecto es inadmisible.

El recurrente no evidencia los quebrantamientos que atribuye al pronunciamiento, se desconoce que el a quo advirtió que la demanda no fue deducida con base en el art. 1072 CC (arg. Art. 39, apartado 1, LRT), introduciendo y debatiendo en juicio los presupuestos de la responsabilidad civil pretendida.

Luego, no resulta dirimente, la declaración de inconstitucionalidad, si considerada antes la cuestión, por la vía civil, fuera desestimada por razones fácticas y jurídicas irrevisables en esta instancia.

En lo demás -refiere a los estudios médicos- la impugnación solo trasunta discrepancia con la conclusión del Juzgador respecto de la efectiva realización de los exámenes médicos pertinentes. Por último, el agravio referido a la hipoacusia se encuentra satisfecha por la decisión que se adopta para los presentes obrados.