marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Rechazo de la demanda, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, infracciones de tránsito, falta de licencia de conducir
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Berón, Alexis Denis Xavier c/ Cahisa, Pablo Alejandro y Otro/a s/ Daños y Perj.Autom. c/Les. o Muerte (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

El encuadre normativo dado por el a quo al rechazar la demanda por los daños y perjuicios reclamados en ocasión del accidente de tránsito en el que fue partícipe el actor junto al demandado, es correcto al remitir al art. 1113 del Cód. Civ. en cuanto pregona la teoría del riesgo creado como factor de imputación objetivo, que se configura cuando se conducen cosas potencialmente riesgosas tales como un ciclomotor y un automóvil, por lo que es atinado el razonamiento del a quo al señalar que hubo una interrupción del nexo causal o bien lo que es lo mismo, un aporte relevante causal del actor para la ocurrencia del siniestro, en tanto se verifican varias infracciones de su parte, como lo son conducir su motocicleta sin casco y sin licencia para ello.
Pensiones, separación de hecho, culpa, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba, estado de necesidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJAL ROSA ESTER c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

Sin perjuicio de los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico motivados por la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, no es posible soslayar que la legislación específica en la materia sostiene como única condición para la pérdida del derecho a pensión a la culpa -conjunta o individual- del cónyuge en la separación de hecho (cfr. art. 1 de la ley 17.562). Por lo tanto, teniendo en cuenta el principio de división de poderes, no corresponde fijar mayores restricciones a los derechos de las que fueran estipuladas de forma expresa por las normas. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Carnota. El Dr. Fantini votó en disidencia).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: REDONDO, RAUL CESAR c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA s/ ADICIONALES POR FUNCION TECNICA, ZONAS Y HORAS EXTRAS s/ ADICIONALES POR FUNCION TECNICA, ZONAS Y HORAS EXTRAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1989-06-22

Resulta conveniente que ante la interposición del recurso extraordinario el tribunal de la causa proceda a sustanciarlo, posibilitando que, a más de efectivizar los principios de bilateralidad del proceso e igualdad de las partes, -cf. art. 34 inc. 5 ap. c C.P.C.C.- se preserve de mejor modo el derecho de defensa del apelado al posibilitar que con su intervención pueda expedirse acerca de la existencia de las causales de arbitrariedad esgrimidas por el recurrente y controlar -además- la concurrencia de los extremos formales determinantes de la admisibilidad del recurso.

Este criterio -de sustanciación- resulta de la aplicación supletoria del trámite previsto en la ley ritual respecto del recurso extraordinario por arbitrariedad en jurisdicción federal. Así, previo a resolver la concesión del recurso extraordinario, el tribunal de la causa debe sustanciarlo dándole traslado a la contraria del recurrente por el término de cinco días (cf. art. 150 C.P.C. y C.).
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: HERMIDA, Aníbal Atilio s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La simple comparecencia ante la autoridad policial como testigo citado al efecto, no puede considerarse un acto que obedezca al designio de denunciar o acusar, pues ello no constituye instancia, la que no puede suplirse ni por el órgano público ni por la instancia ilegalmente realizada por quien no es titular de su ejercicio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RIDLEY, FRANCISCO A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

El pronunciamiento atacado se desliza por el andarivel de la arbitrariedad ya que, soslayando los criterios rectores que le imponían una particular rigurosidad en el examen de los presupuestos de admisibilidad del amparo, concluyó en que debía revocarse el fallo de baja instancia, mediante un razonamiento trunco e incompleto de aquellos aspectos que debieron integrar la sentencia, lo cual no puede ser en esta instancia convalidado.

En efecto, en orden al recaudo de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" del acto u omisión de que se trate, la calificación de manifiesta implica que los vicios "deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial"; es decir, cuando el "ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria"; la pretensión del amparo no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sustento aparece opinable o discutible y, por ende, requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de un medio judicial más idóneo (ver por todos, "Bacchetta", ant. cit.).

En el "sub lite", las alegaciones de los amparistas al sostener arbitrariedad por "...afectación al dominio en la aplicación que los funcionarios municipales hacen de los artículos 1, 2 y 4 del decreto 12802, 1, 2 y 3 de la ordenanza 7156 y su Anexo I, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y la aplicación que de ella hicieran los funcionarios públicos en ejercicio de las atribuciones conferidas por el ordenamiento legal. ( del voto del Dr. Netri que hace mayoría)
Lesiones, lesiones leves, agresión con arma
Materia: PENAL
Carátula: García Noli, Alberto E. s/ Abuso de armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-18

La producción de las lesiones concurren con la agresión con armas (art. 104, C.P.), sin perjuicio de que no haya existido herida, pues el bolso que usó el procesado es un arma impropia, en el sentido de que es un objeto que aumenta el poder ofensivo del agresor.
Medidas cautelares, beneficios previsionales, personal policial
Materia: PROCESAL
Carátula: Jofre Teresa Pasión c/ Narvaez Carlos C. s/ Divorcio    Vincular-Ordinario-Inc.    de  Ejecución  de  Honorarios  promovido por el Dr. Leonardo M. Larrubia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-10-10

En las disposiciones del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional (Ley 6696) y sus modificaciones (Ley 6861) establece que, si bien las obligaciones de pago de los retiros y pensiones a los beneficiarios de la Policía se rige por la Legislación Provincial, con una forma de evaluación propia para la concesión de los beneficios; resultan de aplicación para las demás cuestiones la normas previsionales nacionales.

La cláusula primera de la ley 6861, en la parte pertinente textualmente dice: En todos los supuestos serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este convenio, la leyes Nacionales Nro. 24.241 y sus modificatorias, y Nro. 24.463, o los textos legales que pudieran sustituirlos. En consecuencia, es de aplicación a la cuestión en tratamiento lo establecido en el art. 14, inc. 14, apart. "c" de la ley Nro. 24.241, norma que no excluye al personal policial.

No obstante lo manifestado señalamos que, la ley Nro.5444 tiene una disposición análoga a la antes citada. El art. 33 establece que todas las prestaciones que prescribe esta ley revisten los siguientes carácteres: El inc. "c" textualmente dispone que:, Son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas y obligaciones a favor de la Provincia, cualquiera fueran sus causas.
Cobro de expensas comunes, certificado de deuda, reglamento de copropiedad y administración, pacto de ejecutividad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LAS YUNGAS RESERVA PRIVADA COUNTRY CLUB c/ CIGLIUTTI GERARD0 ADOLFO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-03

Es verdad que el art 502 del C.P.C.C. no menciona al certificado de deuda de expensas comunes entre los títulos que traen aparejada ejecución. La ley 13.512 tampoco determinó el procedimiento para asegurar el cumplimiento de una elemental obligación de todos los consorcistas. Volviendo a nuestro Derecho procesal, el art. 401 inc i del C.P.C.C., establece que se tramitarán por juicio sumario, "los cobros de expensas comunes en los edificios sujetos al régimen de propiedadhorizontal, que no tengan pactada la vía ejecutiva para su cobro".

Una correcta interpretación de ésta norma permite concluir que nuestra ley procesal admite la vía ejecutiva para el cobro de éste tipo de créditos, a condición de que ella se hubiere pactado. Conforme se ha resuelto con criterio que compartimos, "el reglamento de copropiedad y administración forma parte integrante del título de propiedad, además es de naturaleza contractual (contrato de adhesión), y cada propietario, al adquirir uninmueble, adhiere a todas las cláusulas de aquél; es la ley del consorcio, y como tal, de cumplimiento obligatorio.

Se debe considerar entonces, como si las cláusulas hubiesen sido redactadas por él mismo, como integrante del consorcio...." (Cámara Civil y Comercial Común Sala 3, sentencia n° 172 del 14/6/95).

En el caso, el ejecutado entonces no puede ignorar las disposiciones del reglamento acerca de la vía pactada y del carácter de título ejecutivo del certificado base de la demanda, que, porotra parte, reúne todos los requisitos que la ley exige para reconocerle ése carácter.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vázquez, Diego Ariel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en Expte. 61/07: Vázquez, Diego Ariel s/ Homicidio Culposo Agravado - Loc. Tres Puentes - Valle Viejo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-27

El Juzgado Correccional condenó al imputado a sufrir la pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo más siete años y seis meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado (art. 84 2º párrafo del Código Penal).

Contra la nominada sentencia, el defensor del imputado interpone este recurso de casación.

La crítica efectuada a la pena impuesta tampoco puede ser acogida debido a que el recurso no proporciona argumentos que demuestren la irrazonabilidad del mérito efectuado por el Tribunal a quo para determinar la que en el caso estimó como justa.

Quien recurre señala que el daño ocasionado en el delito de homicidio es la privación de la vida de la víctima, por lo que, en tanto se encuentra comprendido en la calificación legal del hecho, no puede ser considerado en la cuantificación de la pena.

Sin embargo, en rigor, de los fundamentos de la sentencia resulta que lo que el Tribunal tuvo en cuenta como circunstancia agravante es el peligro causado por el imputado que con su hecho no sólo privó de la vida a la víctima sino que también puso en riesgo la vida de otras personas, de todo el que se cruzara por su camino en esa zona densamente poblada donde ocurrió el evento, según los términos consignados en la sentencia y no desvirtuados en el recurso.

En cuanto al agravio por el "escape" del imputado (el entrecomillado es de quien recurre), constato que las quejas presentadas no ponen en evidencia la improcedencia de su valoración como agravante de la pena.

Así lo considero puesto que, aunque posterior al hecho, en casos como el de autos, en abstracto, esa conducta revela un déficit de la personalidad de su autor en tanto traduce indiferencia por el daño causado a un semejante y por las posibilidades de evitar que sean mayores, al tiempo que trasunta intención del actor de eludir la responsabilidad por las consecuencias del propio obrar.

Por último, contrariamente a lo que dice quien recurre, constato en la sentencia que sí fueron considerados los datos favorables al imputado que surgen del informe socio-ambiental y sobre sus antecedentes penales, y también observo que fueron valorados como insuficientes para superar el peso de los agravantes computados.

Asimismo, que la pena discernida resulta coherente con esa ponderación en tanto fue fijada apenas por encima de la media de la escala prevista para el delito imputado.

Por ello, en tanto la mera discrepancia con ese criterio no basta para descalificarlo, toda vez que quien recurre no demuestra que la medida en que la pena fue discernida excede la culpabilidad del autor, su agravio sobre el punto no es de recibo.
Facultades jurisdiccionales, publicación de la sentencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kook Weskott, Matías s/ abuso deshonesto -causa N° 963-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

En tanto la justicia debe ser administrada públicamente, la regla republicana es la publicación de las sentencias con los nombres completos, y las excepciones son solamente las que se establecen en la Constitución Nacional, los tratados internacionales -art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, y las leyes nacionales, o las situaciones contempladas por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Carga de la prueba, producción de la prueba, préstamo bancario, confirmación de sentencia, negligencia procesal, negligencia probatoria, temeridad o malicia, incumplimiento de los deberes procesales, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL-BANCARIO-PENAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Pablo Eliseo c/ Banco Patagonia s/ Daños y Perjuicios - Expte. Nº 339/18-A6
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-14

Toda vez que la falta de producción de prueba obedeció exclusivamente al proceder de la accionada -un banco que sostenía contar con toda la documentación necesaria, en particular los instrumentos relativos a la solicitud de un préstamo personal-, mostrando un actuar negligente, errático y contradictorio, puesto que reiteradamente debió intimársele para que cumpla con sus deberes procesales provocando un desgaste jurisdiccional innecesario, es que resulta procedente confirmar tanto las sanciones conminatorias como la multa impuesta por el a quo al banco demandado.
Cheque, falta de pago, excepciones procesales, excepción de prescripción, intimación fehaciente, domicilio especial, efectos entre partes, recursos, suspensión preventiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOAMAR SA C/SERVICIOS VERTUA SA S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Cabe revocar la resolución que estimó la excepción de prescripción deducida y rechazó la ejecución, con base en que la intimación cursada por Carta Documento no surtió efectos suspensivos dado que fue devuelta sin resultados. Ello por cuanto, en el caso, dicha misiva fue dirigida al domicilio que surge del anverso de los formularios de los títulos que pretenden ejecutarse, al que cabe otorgarle el carácter de "especial" a todos los efectos legales derivados del cheque (ley 24542: 3; esta Sala, 24/11/09, "Club Atletico Rosario Central c/ Grinbank Daniel Ernesto s/ ejecutivo"). Y los términos empleados en aquella no arrojan dudas en torno al cumplimiento del anoticiamiento previsto por el CCCN 1620 y a la contundencia de la interpelación, a partir de la explícita referencia que se formula para el pago de las sumas consignadas en los cheques detallados y sus intereses. Así, la circunstancia de que no haya sido efectivamente recepcionada por el destinatario no comporta, en este caso particular, una circunstancia que le reste eficacia (v. en esta orientación, esta Sala, 27/11/18, "Zorrilla Mohalem, José Elias s/ ped. de quiebra por Arata Nicolás", Exp. COM N° 4457/2016). Aquel emplazamiento exteriorizó la realización de un acto opuesto a la inacción del acreedor y no fue realizado en cualquier lugar sino en el "domicilio especial" consignado en los títulos reclamados, el cual cabe inferir que no es otro que el registrado en el banco.
Medios de prueba, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Andino Flores, Leonor c/ Hospital Italiano - sociedad italiana de beneficencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

A pesar de que en nuestro sistema la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Indemnización, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, prueba, daño moral, partida de matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: KNOP JULIO ANIBAL Y OTRO. c/ SALZMAN ALBERTO Y OTROS. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-02

El art. 522 del Código Civil, al emplear el verbo "podrá" en su redacción, ha permitido interpretar la norma en el sentido de que la imposición de un resarcimiento al incumplimiento de una obligación contractual ha quedado librada al prudente arbitrio judicial, para lo cual el juzgador está facultado para apreciar libremente el hecho generador y sus circunstancias para imponer o liberar al deudor de esta reparación, sin que pueda derivarse de cualquier molestia que ocasione el incumplimiento (conf. C.N.Civ. Sala E, C. 2799 del 28-12 83 y C. 16497 del 30-10-85).

La situación es diferente a la originada en la responsabilidad extracontractual, en la que, en principio, se otorga el daño moral ante el solo pedido del damnificado y en virtud de la acción antijurídicas (conf. Orgaz, "El daño resarcible" 3ra. ed. p. 216 Nro. 66; C.N.Civ. Sala E, C. 7274 del 10-8-84; C. 5219 del 30-5-84;

C. 11800 del 14-10-85), en tanto que dentro de la órbita de la contractual requiere una prueba fehaciente de su existencia.

La acreditación del matrimonio de los adquirentes mediante la partida respectiva, no demuestra por sí sola, de ninguna manera, la producción de alguna afección en sus sentimientos o perturbación o molestia por la demora en la entrega del inmueble que merezca una reparación por daño moral.
Validez de la notificación, declaración testimonial, víctima menor de edad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Perren, Juan Carlos s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-06

Es válida la notificación vía telefónica pues la defensora tuvo oportunidad de asistir y efectuar preguntas en oportunidad de la declaración de la madre de la niña. Debe rechazarse el agravio fundado en la falta de credibilidad del testimonio de la madre pues ésta concurrió al hospital para que se atendiera la niña y fueron los médicos quienes dieron inicio a las actuaciones. Cabe descartar la alegación de que la menor habría tenido un accidente con la bicicleta si está debidamente fundada la sentencia que se sustentó en la firme imputación de la víctima quien, pese a su corta edad, fue verosímil y coincidente en sus declaraciones, a lo que se suma la acreditación del desgarro que presentaba y las declaraciones de los facultativos. No es contradictoria con lo resuelto la referencia a que debía descartarse la agravante del art. 119 inc. c) C.P. ante la remota posibilidad de que se hubiera contagiado por intermedio de la madre, pues ello es producto de descontextualizar lo expresado por el juzgador. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño).
Empleados públicos, prescindibilidad, remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: SCAPUZZI Mabel c/ M.C.B.A s/ RECLAMOS A LOS AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

No corresponde el pago de salarios por funciones no desempeñadas a los agentes públicos a los que ilegítimamente se hubiera dado de baja, a menos que existan disposiciones en contrario.-
Conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), levantamiento de la inhibición
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUÑOZ PASCUAL ISIDRO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Cabe admitir el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes recaída sobre los bienes del fallido, a efectos de constituir una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar la deuda que mantiene con la AFIP y así poder concluir la quiebra por avenimiento. Ello así, toda vez que los acreedores con créditos verificados han otorgado carta de pago; se satisfizo el crédito por publicación de edictos; el síndico prestó conformidad; y la AFIP también lo hizo. En tal situación, no se advierte óbice para acceder a la solicitud del fallido.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orsini, Salvador c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Para la procedencia de la jurisdicción originaria de la Corte, según los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentados por el art. 24, inc. 1º del decreto 1285/58, son requisitos que una provincia sea parte en un pleito de naturaleza federal con lo cual resulta indiferente la vecindad de la contraria.
Contratos administrativos, Secretaría de Hacienda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camtral  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos  S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La ley 21.391 atribuyó expresamente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y no al ente contratante, la facultad de dictar las normas aclaratorias y de procedimiento necesarias para el eficaz cumplimiento del régimen por su intermedio instaurado.
Delitos relacionados con los servicios de telefonía móvil, telefonía celular
Materia: PENAL
Carátula: " Segura de Loyola, Elizabeth s/ inf. Ley 23.737. 5 C ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21

"Esta Sala ha dicho que: "...el hecho de que una persona posea un teléfono celular bajo condiciones irregulares, no configura ´per se´ el tipo penal en cuestión. Por el contrario, su estructura contiene otros elementos, sin cuya acreditación, la norma permanece estática..." (vid causa n° 43.764 "González, Pablo", reg. 370/10, rta. 27/4/10). En el caso de autos sólo se ha comprobado la tenencia de dos celulares adulterados por parte de la endilgada y el hecho de que, cuanto menos eventualmente, los habría utilizado. No obstante, estos datos nada dicen acerca de su procedencia ni del conocimiento por parte de la imputada de que aquélla fuese ilegítima.
Poder Judicial, jueces, proceso penal, acción civil, acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: C, O s/ DENUNCIA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 339-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-31

Para la admisión de la acción penal contra un Juez nombrado con acuerdo legislativo hay un óbice constitucional, el del artículo 91 de la Constitución de la Provincia que atribuye la forma del enjuiciamiento a la ley y mientras el Tribunal de enjuiciamiento no se pronuncie, no puede existir admisión de la promoción de dicha acción penal y por consiguiente, no puede haber actor civil. Admitir lo contrario importaría introducir indirectamente un interés privado en una acción puramente pública como lo es la normada por la ley 7050 en violación de lo normado por el artículo 8vo de dicha ley.