Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-14


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 13.621 EXPEDIENTE N°: 50.455/10 SALA IX	JUZGADO N° 13 AUTOS: " BONNET SILVANA ELIZABETH C/ ELEKTRA DE ARGENTINA S.A S/ DESPIDO" Buenos Aires, 14/11/12 VISTO:	El recurso de apelación planteado por la parte actora a fs. 154/156 contra la resolución de fs. 152/153 que admitió la nulidad articulada a fs. 75/78.

La contestación de la expresión de agravios efectuada por la demandada a fs. 173/174 vta.

Requerida la opinión del Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se expidió a fs. 181/vta la Sra. Fiscal General Adjunta. Y CONSIDERANDO:

I.- Que en primer término cabe señalar que nuestro régimen procesal no admite la nulidad por la nulidad misma, sino que sólo procede cuando el acto no ha cumplido la finalidad a la que estaba destinado y, además, la parte posea un interés concreto y un perjuicio invocable derivados del acto cuestionado, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 58 L.O. y 172 C.P.C.C.N.

Asimismo, como remedio de excepción que es la nulidad procesal y teniendo en cuenta la necesidad de que el proceso avance asentándose sobre actos procesales firmes, el art. 59 L.O. estipula que el planteo debe efectuarse dentro del tercero día de tomar conocimiento del acto viciado. Sentado ello, cabe memorar -tal como lo puntualiza la Sra. Fiscal General Adjunta a fs. 181/vta.- que la norma establecida en el art. 11 inciso 2° de la ley 19.550 (según modificación introducida por la ley 22.903) determina que las notificaciones cursadas a una sociedad comercial se tendrán por válidas y vinculantes siempre que se dirijan al domicilio social inscripto, extremo que interpretado en consonancia con lo dispuesto por el art. 90 inciso 3° del Código Civil lleva a concluir que debe dirigirse al domicilio donde la sociedad inscribió su sede comercial al momento de la constitución de la persona jurídica, salvo modificación posterior.

Y, al efecto, cabe señalar que dada la naturaleza del acto procesal de traslado de la demanda y su trascendencia por involucrar el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), la jurisprudencia del más alto tribunal ha atenuado las exigencias para la declaración de nulidad, otorgándole prevalencia al derecho de defensa en juicio (C.S.J.N., "Lebedinsky, Mario J. c/ Mociulsky, Marta, del 30/4/96; C.S.J.N., "Cerecedo Schettini, Susana B. c/ Evans, Eduardo G. y otro", 27/8/96; C.S.J.N., "Kehoe, Carlos G. c/ Droguería del Centro S.A.", del 1/4/97; entre otros).

Particularmente en atención a las graves consecuencias que del estado de contumacia procesal se derivan se impone que la apreciación de la validez de la notificación del traslado de la demanda sea efectuado con criterio riguroso (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Tomo 2, Bs. As., 2001, págs. 360/361) y que cuando se encuentra controvertido el adecuado traslado de la demanda, de subsistir alguna duda sobre su regularidad debe estarse a la solución que evite conculcar garantías de neta raíz constitucional (FGT Dictamen Nro. 23.224 del 3/9/97 en "Gomez c/ Segovia y otros s/ despido").	II.- En la especie el Tribunal adelanta que se verifican las circunstancias de excepción a las que se ha aludido, ya que, más allá de que la diligencia efectuada bajo responsabilidad de la parte actora en el domicilio de Callao 410 piso 1º, informado por la I.G.J. a fs. 45 (ver cédula de fs. 52vta.); lo cierto es que de los informes que contestara posteriormente la I.G.J. obrantes a fs. 123/136 y a fs. 146/151 (en particular fs. 126/127, 129 y fs. 150/vta.), surge que por Acta de Directorio del 7/9/10 la demandada dispuso la modificación de su domicilio a la calle Junín 405, circunstancia que se comunicó a la I.G.J. -iniciándose el pertinente trámite de modificación de domicilio- y se publicó en el B.O. con fecha 8/11/10 (ver copia certificada agregada a fs. 74/vta).

Todo ello permite concluir que al momento en que se notificó el traslado de la demanda (9/5/11 ver fs. 52vta.) la sede social inscripta de la empresa referida ya no se encontraba en el domicilio de Callao 410 primer piso al que fue enviada la cédula de notificación en cuestión y si bien la dilación del trámite administrativo no es una circunstancia que pueda atribuírsele a la parte actora, así como tampoco puede imputársele falta de diligencia en la verificación del domicilio legal de la empresa (conforme oficiaría dirigida a IGJ con antelación a practicar la notificación bajo responsabilidad), no puede soslayarse que a la fecha en que se practicó la notificación el ente societario había cumplimentado las instancias que se exigen para la modificación del domicilio societario.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que a la fecha en que se efectuó la diligencia cuya nulidad se impetra (13/5/11) el domicilio de Elektra de Argentina S.A. no era aquél en el que se llevó a cabo la notificación del traslado de demanda "bajo responsabilidad de la parte actora"; por lo que cual no puede ser considerado domicilio real de la persona de existencia ideal en los términos de lo dispuesto por los arts. 11 inc. 2 de la ley 19.550 y 90 inc. 3 del C.C. y, por ende, no se pueden tener por cumplidos los fines estipulados por los arts. 32 y 48 de la ley 18.345, sin que lo argumentado por la recurrente en el escrito que se analiza logre refutar lo hasta aquí expresado.	Que -en definitiva- por las consideraciones vertidas precedentemente, teniendo particularmente en cuenta la naturaleza del acto procesal atacado y las garantías constitucionales involucradas, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General Adjunta ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 181/vta, el Tribunal concluye que corresponde confirmar la resolución apelada que declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del traslado de demanda.

Asimismo, y toda vez que la sentenciante de grado se pronunció sobre la cuestión de fondo planteada en autos, corresponde remitirle los autos a efectos de su notificación, quien luego deberá girarlos para su prosecución al juzgado que sigue en orden numérico.

III. En atención a la solución a la que se arriba y la naturaleza de la cuestión planteada en esta incidencia, las costas se declaran en el orden causado en ambas instancias (art.68 C.P.C.C.N.) y se difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos para el momento procesal oportuno.

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General Adjunta a fs. 181/vta, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la resolución apelada. 2) Declarar las costas de esta incidencia en el orden causado en ambas instancias (art. 68 C.P.C.C.N.). 3) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos para el momento procesal oportuno. 4) Devolver los autos al juzgado de origen a efectos de que se tome nota de lo aquí decidido y, oportunamente, se los gire al juzgado que sigue en orden numérico para la prosecución de la causa.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- Dr. Alvaro E. Balestrini	Roberto C. Pompa JUEZ DE CÁMARA	JUEZ DE CÁMARA Ante Mí