Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-15


En la ciudad de Mendoza a los catorce días del mes de marzo de dos mil once, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, los Dres. Ana María Viotti y Horacio Gianella, trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa nº 151.946/42.144 caratulados: "B, J. L. Y OTRO POR SU HIJO MENOR L. A. B. C/ GO-BIERNO DE LA PROV. DE MENDOZA P/ D. Y P." originaria del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos al Tribunal por apela-ción de fs. 247, contra la sentencia de fs. 231/237.- De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteándose las siguientes cuestiones a resolver:

1a. Cuestión: ¿Es justa la sentencia? 2a. Cuestión: Costas.- Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Viotti, Leiva y Gia-nella.- Sobre la Primera Cuestión, la Dra. ANA MARÍA VIOTTI dijo:

I.- Que a fs. 247 la parte actora promueve recurso de apelación contra la sentencia de fs. 231/237, en cuanto rechaza el rubro incapacidad sobreviniente imponiendo las costas a la accionante.

A fs. 260/263 expresa agravios la apelante quien manifiesta su disconformidad con la sen-tencia de primera instancia, que rechaza la indemnización reclamada en concepto de inca-pacidad en base a un erróneo análisis de la prueba rendida. Afirma que en autos ha quedado demostrada la existencia de lesiones, que fueron constatadas por el médico que le extendió el certificado de fecha 17/06/05, donde hace referencia a un 29 % de incapacidad y que no obstante, la conclusión de la pericia médica, sobre la ausencia de incapacidad, de la absolu-ción de posiciones del actor, surge que presenta secuelas ya que no desarrolla sus activida-des habituales con normalidad, no anda en bicicleta, le quedó miedo del impacto y sufre dolores de cabeza. Critica las conclusiones de la pericia, médica en cuanto, no atribuye nin-gún porcentaje de incapacidad, no obstante la existencia de secuelas, que guardan relación con las lesiones sufridas. Agrega que el perito no tuvo en cuenta la cicatriz en la rodilla que presenta el actor, ni se admitió el daño psicológico que padece, no obstante que la perito no fijó un índice de incapacidad. Solicita que el rubro peticionado sea otorgado a título de in-capacidad parcial.

Por otra parte se agravia de la imposición de costas a la actora por el rechazo del rubro in-capacidad. Afirma que al momento de demandar el actor padecía las secuelas incapacitan-tes que luego evolucionaron, por lo que existía razón valedera para litigar y que se trata de un rubro de difícil prueba y cuantificación que sujetó a lo que en más o en menos surjan de la prueba a rendirse.

A fs. 294/295 contesta la parte demandada, solicitando el rechazo del recurso planteado por las razones que allí expone y a fs. 308 se llama autos para sentencia, practicándose el sorteo de la causa.

II.- Este Tribunal, ha resuelto reiteradamente que: "La lesión a la integridad psicofísica, es el presupuesto de los daños resarcibles (morales y patrimoniales), pero no deben confundirse las lesiones que pueden inferir un determinado hecho, con el o los daños resarcibles que aquellas lesiones pueden producir. No siempre surge un perjuicio resarcible a pesar de la causación de determinadas lesiones. Por ejemplo, no existe daño material al-guno, a pesar del menoscabo a la integridad psicofísica, para quien ha visto cubiertos sus gastos terapéuticos por un ente mutual, no ha sufrido pérdida de ganancias durante el perío-do de curación y no experimenta secuelas incapacitantes o aminorantes ulteriores. Por ello, en materia de resarcimiento del perjuicio emergente, por atentado contra la integridad psi-cofísica, interesa la invocación y prueba, no sólo de las lesiones en sí mismas o en su mate-rialidad, sino también de los gastos que debieron afrontarse para la asistencia médica, si la víctima desempeñaba alguna actividad productiva o de otra índole que se vio interrumpida, si concurren secuelas incapacitantes futuras y cuál sería su gravitación previsible en la órbi-ta económica o existencial del disminuido, y si dichas secuelas son verosímilmente tempo-rales o permanentes (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2 a, Da-ños a las personas, Bs. As., Hammurabi, 1.996, fs. 74).

En conclusión, no todo ataque contra la integridad corporal o la salud de una persona gene-ra incapacidad sobreviniente. A tal efecto, es menester la subsistencia de secuelas que el tratamiento o asistencia prestadas a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen total-mente. En principio, los daños físicos y la consiguiente incapacidad, deben acreditarse me-diante peritaje, por tratarse de materia técnica que torna relevante la opinión de expertos. El peritaje, tiene importancia para comprobar la índole de las lesiones y su gravitación negati-va, así como la relación causal con el accidente.

La indemnización, debe resarcir el daño efectivamente producido, por lo que los porcentua-les de incapacidad laborativa fijados desde el punto de vista médico legal, no pueden tras-ladarse automáticamente a la evaluación del perjuicio. La jurisprudencia, reiteradamente ha resuelto que para fijar la indemnización, no se debe atender a porcentuales de incapacidad determinados en fijación de tablas genéricas propias del derecho laboral, sino que se debe ponderar la concreta incidencia patrimonial que las secuelas del accidente pueden tener sobre la víctima, según su naturaleza y entidad y las circunstancias personales y sociales en que se desenvuelve la vida del damnificado (L.L. 1.987-E-78; L.L. 1.998-D-519).

En el caso concreto de autos, la Juez a-quo ha realizado una correcta valoración de la prueba rendida, en especial, las conclusiones de las pericias médica y psicológica, en cuanto a la inexistencia de secuelas incapacitantes.

La prueba pericial médica resulta fundamental para probar la incapacidad. La prueba pericial vale tanto como resulta de sus fundamentos y de la claridad de su expo-sición, de manera que aún en ausencia de observaciones, puede ser inatendible, si se basa en circunstancias no probadas o meras hipótesis o abstracciones o versiones sin respaldo objetivo en las constancias de la causa o contrarían hechos notorios o máximas de expe-riencia o las reglas de la lógica.

En autos, el perito médico que dictamina a fs. 135/137, luego de un exhaus-tivo examen físico; y de los exámenes complementarios, consistentes en radiografías de cráneo, de columna cervical y dorsal, y de rodilla y electroencefalograma, con resultados normales, concluye que el actor no presenta incapacidad laboral atribuible al accidente, puede realizar tareas de esfuerzo o prácticas deportivas y también actividad intelectual; pudiendo sortear un examen preocupacional. Expresamente el perito manifiesta que no concuerda con el certificado médico acompañado en autos, ni con la incapacidad fijada (29 %). Expresamente destaca que no hay ningún estudio complementario ni seguimiento para avalar tal certificado.

Conforme surge de las actuaciones policiales, causa n° 1748/05, "Av. Lesiones culposas", de la Sexta Fiscalía Correccional, en el Hospital Central, donde fue llevado después del accidente, el Dr. Sebastián Garciarena sólo le diagnosticó, traumatismo en pierna izquierda a la altura de la rodilla por accidente vial. En base a las reglas de experien-cia, estas lesiones físicas sólo pueden haber ocasionado una incapacidad parcial, transitoria o temporal; donde el paciente se recupera luego de unos días de reposo. En este sentido, hay que tener en cuenta; que habitualmente, los deportistas de alto rendimiento que sufren, golpes, traumatismos e incluso; fracturas, se recuperan después de un tiempo, retornando a las competencias deportivas, sin sufrir incapacidad alguna.

Además, la pretensión del apelante de que se indemnice el rubro incapacidad transitoria, resulta improcedente, ya que en autos no se ha rendido ninguna prueba que acredite, que como consecuencia, del accidente, el actor sufrió la pérdida de sus ingresos, mientras duró la recuperación, ya que a fs. 3 acompañó el recibo de sueldo, correspondiente al mes de abril de 2005, omitiendo agregar los de los meses de mayo y junio de ese año, donde constare alguna disminución de haberes o pérdida de presentismo.

En cuanto al daño estético y al daño psicológico que surgen de la pericia médica y psicológica, hay que tener en cuenta que es jurisprudencia uniforme que no cons-tituyen categorías distintas de daños, sino que se incluyen en el daño material, cuando su existencia produce la pérdida o disminución de ingresos y en caso contrario, se indemnizan dentro del daño moral.

En el caso concreto de autos, en que el actor no ha sufrido pérdida de ingre-sos por la existencia de una cicatriz, ni por el stress sufrido como consecuencia del acciden-te, no corresponde la inclusión en el rubro incapacidad.

Por otra parte, el apelante se agravia de la imposición en costas por el recha-zo de la indemnización en concepto de incapacidad, alegando que existió razón valedera para litigar y la necesidad de rendir prueba pericial frente a rubros de difícil cuantificación.

Conforme lo dispuesto por el artículo 36 del C.P.C., en materia de imposi-ción de costas, corresponde que las mismas sean soportadas por el vencido. Excepcional-mente pueden imponerse en el orden causado o al vencedor, cuando se dan los supuestos previstos en el inciso V del mencionado artículo, que no contempla, la razón valedera para litigar que prevé el Código procesal nacional.

La jurisprudencia unánime de los tribunales provinciales, a partir del caso "Chogris", resuelto por la Suprema Corte de Justicia considera que en los juicios de daños y perjuicios, la determinación del monto de la indemnización, es una facultad discrecional del Tribunal de sentencia, de modo que no procede dividir la condena a los efectos causídicos ni a otros, en la parte que prospera y en lo que se rechaza la demanda, salvo situaciones de evidente irrazonabilidad en la petición o ante el rechazo de algún rubro por su cualidad. Por tales razones, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, cuando el reclaman-te ha sujetado el monto del resarcimiento a las resultas de las probanzas efectivas, dejando en última instancia la estimación del daño librada a la prudencia y discrecionalidad del Juz-gador, no resulta aplicable la norma del art. 4° inc. b) ap. B) de la ley 3641; en tanto, el supuesto fáctico en ella contenida no se hace presente en tales casos.

Por tanto, en el caso de autos, en que el rubro incapacidad fue rechazado en su totalidad, corresponde que la parte actora soporte las costas, ante la improcedencia del reclamo.

Por todo lo expuesto precedentemente se debe rechazar el recurso de apela-ción promovido a fs. 247 por la parte actora y confirmar la sentencia de fs. 231/237 en cuanto ha sido motivo de apelación. Así voto. El Dr. Horacio Gianella, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la Segunda Cuestión, la Dra. ANA MARÍA VIOTTI dijo:

Atento el resultado del recurso planteado las costas deben imponerse a la recurrente venci-da (arts. 35 y 36 del C.P.C.). Así voto.

El Dr. Horacio Gianella, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

Por lo que se dio por terminado el presente acuerdo procediéndose a dictar la parte resoluti-va de la sentencia la que se inserta a continuación.

SENTENCIA Mendoza, 14 de Marzo de 2.011.- Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo precedente el Tribunal RESUELVE:

I.- No hacer lugar al recurso de apelación promovido a fs. 247 por la parte actora y en con-secuencia, confirmar la sentencia de fs. 231/237 en lo que ha sido materia de apelación.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.

III.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente forma: Dra. ALEJANDRA NA-TALIA LANCI en la suma de $ 2.880; Dr. FEDERICO HILGER SIRI en la suma de $ 2.016; Dr. MANUEL G. LINARES en la suma de $ 605 (arts. 15 y 31 ley 3.641 modificada por decreto-ley 1.304/75.- NOTIFÍQUESE Y BAJEN.-