marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, contrabando calificado, agravantes de la pena, estupefacientes, condiciones personales
Materia: PENAL
Carátula: MOLINA ARANGUIZ, PEDRO s/ Contrabando, Incidente de excarcelación Causa 28666-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-23

No cabe hacer lugar a la excarcelación en atención a sus condiciones personales si puede considerarse que el procesado por el delito de contrabando de estupefacientes intentará eludir la acción de la justicia si ha admitido dedicarse habitualmente al punguismo y está sujeto simultáneamente a un proceso ante la justicia federal y otro ante la justicia provincial, por los que se le dictó prisión preventiva estimándose inadecuado el haberse pronunciado sin considerar la situación global del encausado, esto es haciendo mérito de la unificación de la pena que podría corresponderle por aplicación de lo que disponen los Arts. 55 y 58 del Código Penal, en los distintos procesos que se le siguen. (Del voto del Dr. García Quiroga).
Dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: R., N.F. c/ G., L.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-30

"Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél".
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Leonetti, Jorge Héctor y otros s/ Sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

Es por ello que ".la conducta punible es la de interesarse en el contrato u operación, o sea la de hacer intervenir en ellos un interés propio y particular, situarse ante ellos no sólo como funcionario sino, conjuntamente, como particular interesado en una determinada decisión o actuación de la administración." (Carlos Creus, "Derecho Penal. Parte Especial", T. 2, editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, páginas 308/309)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Farah).
Bancos, deuda previsional, mora, aportes previsionales, huelga, fuerza mayor
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BUNGE Y BORN S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

La situación de huelga de los dependientes del establecimiento bancario excusa al deudor previsional de la mora en el pago de los aporte y contribuciones. No puede olvidarse, en tal sentido, que la empresa es libre de planear su giro financiero en la entidad que elija y no tenía por qué saber que el personal del establecimiento iba a adoptar una medida de fuerza cuya existencia autoriza a la aplicación de los arts. 513 y 514 del Código Civil (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 28.02.92, "SYF Trachter e Hijos SRL") y, por cierto, la generalidad de la doctrina coincide en argumentar que respecto a los terceros ajenos a la relación de trabajo, la huelga debe ser considerada como una situación de fuerza mayor (cfr. Cabanellas, "Tratado de Derecho Laboral", T. III, vol. 2, pág. 277).
Inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio, cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Paz Yohana Natali  c/ Rodríguez Mariana Vanesa y otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-15

La inexistencia de una expresión de agravios válida limita las atribuciones del tribunal de Alzada porque ante la inexistencia de crítica suficiente a éste le resulta vedado pronunciarse, debiendo en este aspecto considerar inadmisible el recurso, por deserción parcial. El Tribunal de apelaciones no puede ingresar a tratar aquellas partes del fallo apelado que no fueron objeto de cuestionamiento por parte del recurrente. Tales "porciones" sentenciales arriban "firmes" a la Alzada y ésta, aunque lo desee, no tiene jurisdicción para ejercer su labor de revisión respecto de las mismas. Así, la sentencia que dicta esta Alzada nunca debe expedirse sobre cuestiones de hecho y de derecho no sometidas a la decisión del juez de primera instancia (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, actos ilícitos, daño moral
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VALDERREY, CARMEN c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-18

La incorrecta liquidación del haber jubilatorio por parte de la A.N.Se.S no configura un acto ilícito en los términos del art.

1078 del Código Civil, por lo que corresponde desestimar la procedencia del daño moral (conf. art. 278 del C.P.C.C)
Prueba documental, pericia caligráfica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALOPPO ANTONIO c/ TOLEDO NORBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si bien hasta ahora el Tribunal tenía resuelto que la prueba pericial caligráfica no se puede producir si el interesado al ofrecerla no indica los "documentos que han de servir de base para la pericia" (arts. 389 y 458 CPC) es el caso que la S.C.B.A., posteriormente, ha resuelto que esa exigencia "no puede inferirse de los arts. 388 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y que llevaría a extremar los requerimientos en detrimento de una adecuada comprobación de la unidad material", (Ac. 39214 del 13 de setiembre de 1988) jurisprudencia acatada en adelante por esta Cámara.
Accidente de tránsito, cosa inerte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sequeira Laura c/ Favre de Rndoni Elsa y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-14

Una puerta en movimiento, interfiriendo el tránsito vehicular, no es una "cosa inerte". La sola consideración de una cosa como inerte no excluye la aplicación del artículo 1113 del Código Civil.
Recurso de revisión penal, improcedencia del recurso, hechos nuevos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ekcart, Walter Diego s/ recurso de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28

Los instrumentos de los que se vale la defensa para que se realice una amplia revisión de la sentencia condenatoria, no constituyen nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable -art. 479, inc. 4°, del C.P.P.N.-, por lo que no debe hacerse lugar a la revision solicitada por la recurrente. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, laudo arbitral, convenios colectivos de trabajo, industria metalúrgica
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Teniendo el laudo arbitral carácter de fuente de derecho (artículo 1 inciso c), Ley de Contrato de Trabajo) y los efectos de una convención colectiva de trabajo las que, en virtud de la ley 14250 (artículo 7) son de cumplimiento obligatorio, corresponde la aplicación del referido laudo 29-75 a la actividad de fabricación y reparación de carrocerías. (Del Voto del Dr. Villar). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, Poder Legislativo Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montoya, Bernardo Alfredo y otros c/ Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa s/ Nulidad de sesión extraordinria de fecha 06/12/00 Legislatura de la Provincia de Formosa s/ Nulidad de sesión extraordinria de fecha 06/12/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-12-21

La presente cuestión referida al ejercicio conforme a su propio reglamento de la actividad propia y específica de la Legislatura Provincial no puede ni debe ser impedida ni obstaculizada por la intervención de otro Poder, atento que ello implicaría la intromisión de un Poder del Estado en la esfera privativa de otro y el consecuente quiebre del equilibrio que debe, por imperativo constitucional primar entre ellos, máxime por no tratarse de una específica acción que hace a su legitimidad ni constitucionalidad.

Tratándose de un cuestionamiento a la actividad interna, dentro de la propia esfera legislativa, a través de sus mecanismos de funcionamiento interno se encuentran las pautas concretas de solución de sus problemas domésticos, no correspondiendo que la misma sea de conocimiento y solución por este Tribunal. Que siendo en consecuencia la cuestión planteada (nulidad de sesión extraordinaria de la Honorable Legislatura) una situación que tiene su tipificación, tratamiento y solución a través del propio reglamento que se invoca como incumplido, tal situación interna y meramente de superintendencia, tiene que ser resuelta en su propio ámbito administrativo con las soluciones que el mismo reglamento plantea conforme lo establecen sus arts. 172 y 177. Este Superior Tribunal de Justicia no tiene atribuciones para conocer y resolver originariamente cuestiones jurisdiccionales que no se encuentran taxativamente enumeradas en el art. 167 de la Constitución Provincial y en el art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fundamento del Dr. Héctor Tievas.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, indemnización, honorarios del abogado, base regulatoria, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Marin, David Juan Marcelo c/ Galeno ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-23

[.] esta Cámara de Apelaciones reiteradamente se ha pronunciado respecto de la improcedencia de aplicar el art. 3 de la ley 26.773 a un accidente de trabajo in itinere (cfr. autos "Segovia c/ I.A.P.S.E.R.", expte. n° 443.696/2011, sentencia de fecha 7/8/2014, entre otros).
Sobreseimiento, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Alberto y Blanco Humberto s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-09-22

Dictado el auto de prisión preventiva o procesamiento, en su caso, el pedido de sobreseimiento resulta viable en tanto, con posterioridad a cualquiera de las resoluciones referidas, se hayan producido nueva o nuevas pruebas que puedan modificar los presupuestos que sirvieron de antecedentes para dictarlas. Ello así, por el carácter netamente provisional que revisten las aludidas providencias y porque el Código de Forma no contiene ninguna disposición expresa que lo impida transcurriendo la etapa del sumario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Gabriel Leonardo c/ E.N. -U.B.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones substanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisible consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad discrecional del obligado renuente a satisfacer ese derecho (confr. 296:723;

304:871). 304:871).
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Espinosa, Raimundo c/ Danone Argentina SA y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-25

Los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal resultan competentes para tramitar y dirimir los reclamos que los trabajadores inicien fundados en la ley 24557 - si las reglas de atribución de competencia territorial así lo autorizan en cada caso- y así lo ha entendido la CSJN al dirimir conflictos negativos de competencia trabados entre aquellos y la Justicia Federal de la Seguridad Social. En efecto, el Alto Tribunal ha decidido en las causas "Venialgo, Inocencio c/ MAPFRE Aconcagua ART S.A." del 13/3/07 y "Marchetti, Héctor Gabriel c/ La Caja ART S.A. del 4/12/07, que los conflictos contenciosos entre un trabajador y una persona de derecho privado con una ART, basados en una ley de derecho común como es la LRT, deben ser resueltos por los tribunales de cada Estado Provincial pues nada justifica en tales supuestos, la competencia Federal.
Homicidio, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Leonel Máximo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Corresponde aplicar tanto al homicidio simple como al calificado del art. 80, inc. 7°, del C.P., la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del código sustantivo. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhiere el Dr. Madueño, Dra. Catucci adhiere según su voto).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villares, Carlos M. c/ Banco del Oeste (quiebra) s/ Inc. nulidad parcial. Auto de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

En el caso de un pedido de levantamiento de una medida cautelar que se dice erróneamente trabada contra quien se considera tercero respecto de la fallida, la cuestión no tiene carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues teniendo dicho tipo de medidas carácter provisional no causan instancia y nada obsta a que, por remisión del art. 301 de la Ley de Concursos pueda el interesado encontrar en todo tiempo tutela a su derecho en otras vías procesales idóneas (doctrina arts. 202, 220, 228, 104 y concordantes del Código citado y 303 de la ley 19.551).

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de familia, procesos de familia, convenios de cooperación, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: M., P. G. c/ V., M. N. s/ medida cautelar genérica (medida cautelar anticipada)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-05

La Ley Procesal de Familia de la Provincia de Entre Ríos exige para todo tipo de actuación en su art. 1 inc. 12), veracidad y colaboración procesal, lo que alcanza a terceros ajenos a la contienda, sobre quienes también pesan cargas y deberes procesales, bajo la idea de un "Servicio Público Judicial" que justifica las imposiciones correspondientes y, asimismo, la incidencia del principio de cooperación procesal respecto a ellos.
Falta de legitimación para obrar, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, JORGE LUIS s/ OBLIG. EXIGIB. DE DAR CANT. DE COSAS, VALORES Y MUEBLES CIERTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-04

En materia de imposición de costas derivadas del planteo de falta de legitimación activa, debe distinguirse si la misma fue opuesta como defensa de fondo en la contestación de demanda o como excepción previa: en el primer caso, no cabe imposición de costas en forma autónoma porque el planteo no implica la formulación de un incidente sino una defensa más integrada a las otras defensas, mientras que en el segundo caso, al ser interpuesta como excepción previa con traslado a la contraria, corresponde la imposición de costas.
Contrato de suministros, adjudicación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SACOAR S.A.I.C. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La notificación de la adjudicación practicada mediante carta documento constituye un medio idóneo que documenta la aceptación de la oferta. Tal extremo incluso se inscribe en la propia excepción que autoriza el régimen especial (art. 54, Regl. de Contrataciones).
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi, Neri Elizabeth c/ Usandivaras, Marcelo y/o La Victoria S.A s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-04-17

Las partes son libres para pactar salarios por encima de los mínimos legales, corriendo a cargo de quién invoca dicho pacto la prueba de tal acerto.-
Acción de amparo, patrimonio cultural, legitimación activa, derechos subjetivos, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAGGIONE RAFAEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-12

El derecho constitucional invocado -defensa de los intereses difusos o colectivos frente a actos u omisiones de la Administración Provincial-, reconoce su fuente en el art. 33 de la Constitución Nacional, de donde se sigue que no puede predicarse la obligación del actor de requerir la legitimación activa personalizada en el Defensor del Pueblo.

El art. 53 de la Constitución de la Pcia. de Córdoba, estatuye que la "ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en esta Constitución". Y aún cuando esta norma no se encuentra reglamentada, por encima de ella se emplaza jerárquicamente la ley Suprema de la Nación que en su art.

33 preceptúa que "las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Una norma análoga luce en la Constitución Provincial (art. 20).

Entre los derechos implícitos de rango constitucional que surgen del principio de soberanía y de la forma republicana de gobierno, se cuenta el derecho a la preservación del patrimonio cultural y de los bienes que lo componen. Este moderno derecho constitucional cobra relevancia social destacable, pues refiere la concreta posibilidad de acceder a la identidad histórica a través de los bienes y símbolos culturales, de que gozan los habitantes de la provincia, y la comunidad misma. Si bien este derecho no se encuentra enumerado, surge implícitamente como sucede con otros derechos implícitos sobresalientes.-
Empleo público, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nieto, Manuel Alejandro c/ Poder Ejecutivo s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

Si bien el cargo en el que fue designado y después desplazado el actor -Jefatura del Departamento de Informática- su cobertura definitiva debe ser por concurso, considero que nada impide a la Administración que dentro de sus facultades privativas decida su reemplazo bajo las misma condiciones, -un interino por otro interino-, ello por cuanto, no hay una disposición expresa de la ley que no le permita, y sin que pueda ponerse en discusión la calificación personal del nuevo designado como lo destaca el voto que me antecede, pues ello también queda dentro de la esfera de las potestades discrecionales de la Administración, el valorar las condiciones del personal con miras a un mejor funcionamiento del servicio en aras al interés general y al bien común.

En los hechos, tampoco se advierte que con esta decisión, derechos del actor se hallen vulnerados. En lo que hace al cargo del cual fue apartado nunca hubo al respecto derecho de estabilidad, las funciones transitorias carecen de estabilidad. Este carácter, sin lugar a equívoco para el administrado, surge del texto de la Resolución por la que fue designado, ".encargado de la jefatura hasta nueva disposición.". Asimismo porque mientras duró su permanencia en esta función cobró el adicional por subrogancia y también porque por ley, su titularidad, debe cubrirse por concurso.

Por lo demás, tampoco se observa su afectación a la carrera administrativa, dado que mientras ejerció la jefatura, mantuvo la categoría del escalafón que revestía al momento de la designación y cuando sus funciones concluyeron fue recategorizado a la categoría 22.

En esta línea de pensamiento es que compartiendo el amplio análisis efectuado por la Sra. Procuradora General Subrogante en su dictamen, haciendo propio el mismo y teniendo por reproducido en el presente, en aras a la brevedad, es que disiento con el voto que me antecede y expido el mío por el rechazo de la acción intentada.

Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Burgonzio, Luisa y Arce, Salvador s/ Sucesión ab intestato Zeese, Enrique c/ Polo, Teresa s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08|1989-06-27

La regulación de honorarios no resulta exigible sino desde su notificación conforme al art.54 del dec.ley 8904, produciéndose la mora del deudor a partir del vencimiento del plazo que dicho precepto establece.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Di Santo, Luis Alberto s/ Formula denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Son admisibles los recursos extraordinarios interpuestos contra la resolución que desestima la personería del presunto particular damnificado, obstándole la posibilidad de recurrir el sobreseimiento dictado en el mismo auto por el que se la rechaza. Sin perjuicio de señalar que el denunciante no se había constituido aún en actor civil -aunque es evidente el interés de reparación patrimonial dada la naturaleza de la acción entablada-, ello no puede alegarse en detrimento de la admisibilidad de los recursos, habida cuenta que según el art. 86 del Código de Procedimiento Penal, podría hacerlo hasta que se ordene el pase en vista dispuesto por el art. 213 del ritual, etapa procesal posterior y lógicamente excluida por el sobreseimiento reseñado.
Educación, derecho de enseñar y aprender
Materia: LABORAL
Carátula: Loker María Margarita Angélica y otros c/ Consejo General de Educación de la Prov. de Entre Ríos y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-05-13

Corresponde admitir la acción de amparo, ya que existen normas que imponen al Estado el deber de garantizar el debido ejercicio de los derechos de enseñar y aprender pudiendo citar, a título de ejemplo, la Ley Provincial de Educación Nro. 9330 que en su artículo 11 establece, entre las atribuciones del Consejo General de Educación, "Garantizar que los establecimientos de enseñanza reúnan las condiciones edilicias, higiénicas y pedagógicas necesarias" -artículo 64 inciso 11)-; la Ley Federal de Educción 24195 en sus artículos 3, 43 inciso f), este último en cuanto establece el derecho del educando a desarrollar su aprendizaje ... en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad que cuenten con instalaciones y equipamientos que aseguren la calidad y eficiencia del servicio educativo"; expresas disposiciones de la Constitución Nacional en sus artículos 5, 14, etc.; la Constitución de la Provincia en sus artículos 201 y sgtes.: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José en sus artículos 19, Derechos del Niño); Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") en su artículo 13 dedicado al derecho a la educación, etc., todo lo cual, es indudable, no es observado por los responsables directos en el caso concreto, cuyas consecuencias por los daños causados o sufridos por los alumnos menores cuando se encuentran bajo el control de la autoridad educativa, surge de lo dispuesto por el artículo 1117 del Código Civil, reformado por la Ley 24830, artículo 2).