Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


SCOTT, Mónica Angela Micaela contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 199 p 181-185. Santa Fe, 4 de agosto del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia nro. 25, de fecha 7 de noviembre de 2002, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario, en los autos caratulados: "SCOTT, Mónica Angela Micaela contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre Recurso Contencioso Administrativo (Expte. C.C.A. 2, nro. 642/01)" (Expte. C.S.J.nro. 36, año 2004);

y, CONSIDERANDO: 1. Que según las constancias de autos por sentencia nro. 25, del 7.11.2002, la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario, resolvió declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas. Contra ese pronunciamiento, la actora deduce recurso de inconstitucionalidad por considerar que se aplicó una ley provincial "en base a una interpretación invocada con posterioridad a su derogación", contrariando principios y garantías constitucionales provinciales y nacionales; y porque la decisión resulta arbitraria.

En tal sentido dice, que la sentencia impugnada la priva del derecho a su jubilación, al excluir servicios nacionales contemplados por el régimen de reciprocidad; que para así decidirlo se invocaron criterios jurisprudenciales sustentados en una nueva legislación que se aplicó retroactivamente, afectando de ese modo el derecho de propiedad (arts. 17, C. N. y 15, C. P.).

Asegura que la interpretación dada a la norma aplicable -a su criterio, la más desfavorable al jubilado- frustra derechos previsionales que gozan de especial tutela en preceptos de la Constitución nacional y de la provincial (arts. 14 bis y 21, respectivamente).

Añade que el fallo también es inconstitucional, en razón de que vulnera el principio de igualdad (arts. 16, C. N. y 8, C. P.), al generar dos categorías de administrados en el sistema de seguridad social local: por un lado, los que obtuvieron la jubilación con anterioridad al cambio de criterio motivado por la sanción de la ley 11.373; y por otro, aquellos que, no obstante haber cesado antes de la vigencia de esa norma -como en su caso- , se les aplicó el "nuevo criterio" más restrictivo y menos tuitivo, consistente en exigir que el cese debía darse exclusivamente en el ámbito de la Administración pública (requisito hasta entonces nunca solicitado), con prescindencia del régimen de reciprocidad. Tacha a la resolución de arbitraria porque (el juzgador) se ha erigido en legislador, al convalidar el cambio de criterio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia estableciendo un nuevo requisito para la obtención del beneficio que no regía al momento del cese; por carecer de fundamento la omisión de aplicar el régimen de reciprocidad; porque incurre en afirmaciones dogmáticas; porque emplea una interpretación inexacta; y porque, en Entiende que fundar la decisión en "la expresión literal de la ley" y en "la interpretación estricta del texto", constituyen criterios dogmáticos en materia de seguridad social y merecen reproche constitucional. Asevera que lo dicho en la sentencia con relación a que "...el beneficio demandado no aparece regulado por las normas del sistema de reciprocidad", carece de fundamento y resulta una expresión dogmática. En esa dirección, expone que la sentencia, al igual que los antecedentes jurisprudenciales que cita, resulta contradictoria en tanto deniega el beneficio apoyándose en la necesidad de respetar un "sistema", pero excluye "nada menos que al sistema de reciprocidad"; en este sentido dice que la inaplicabilidad del "régimen", a los fines del cómputo de la edad, no surge del expreso texto de la ley, ni del mensaje de elevación de su proyecto, ni de la "recta interpretación de la finalidad de la ley".

Sostiene que tal solución, violenta las garantías expresas de irrenunciabilidad e integralidad de los beneficios e inviolabilidad de la propiedad contenidas en Normas Superiores. En otro orden, critica el sentido que dio el juzgador a la expresión "ambos computables", cuando se refirió a los requisitos de edad y servicios que deben reunirse para obtener el beneficio pretendido. Se queja de que la sentencia, tras una "invocación literal de la norma" concluye en que servicios y edad deben cumplirse únicamente en la Administración pública provincial; insiste en que se "crea" un requisito no exigido por la ley: que para acceder al beneficio se debe cesar en el ámbito mencionado, no obstante haber efectuado los 30 años de aportes requeridos. En ese sentido, añade que el resultado al que llega el decisorio tampoco surge del mensaje de elevación de la ley 8618.

Colige que ante la ausencia de fundamentos queda entonces la sentencia "desnuda con la expresión literal de la ley y su interpretación estricta"; es decir consagrando -reitera- un criterio contrario a principios hermenéuticos constitucionales en materia de seguridad social. Por último, se agravia de que el fallo no trató "el argumento de que la decisión traída en revisión importaba una solución inconstitucional en cuanto frustra la realización de la justicia en el caso concreto"; que ello implica incurrir en un "subtipo de interpretación arbitraria", por cuanto la sentencia acuerda a la norma un alcance impropio desvirtuando su finalidad y En ese sentido, de la simple lectura del fallo impugnado surge que el sentenciante no sólo que no mencionó a ley 11.373, sino que en ningún momento consideró, siquiera por hipótesis, que pudiera ser ese régimen legal el que debía aplicarse al caso. Por el contrario: es claro que el Tribunal analizó la situación de autos a la luz de la ley 6915, con la modificación introducida por la ley 8618, conforme lo señaló expresamente en el punto 2 de la sentencia (párrafo sexto). En consecuencia el agravio no se encuentra configurado y debe ser rechazado. En otro orden de ideas, la recurrente acusa que la sentencia prescinde dogmáticamente, sin fundamentos ni razón del régimen de reciprocidad jubilatoria del decreto-ley 9316/46 (al que se encuentra adherido la Provincia).

Más, cabe señalar que este planteo tampoco puede prosperar. Ello así, pues de los fundamentos de la sentencia surge, en definitiva, que la aplicación del régimen de reciprocidad carece de incidencia a los fines de tener por cumplido el requisito de la edad para acceder a la jubilación ordinaria " El sentenciante concluyó que en función de los fundamentos legales, no podía admitirse la argumentación desarrollada por la recurrente con sustento en que cumplió la edad requerida estando en servicio en otro ámbito. De tal manera, de la sentencia se extrae que la inaplicabilidad del régimen de reciprocidad, surge precisamente del tipo legal invocado, que al fijar los requisitos para acceder al beneficio pretendido, excluye el cómputo de los años de servicios y edad en otro ámbito.

Y, en este punto es necesario señalar que el precepto analizado no fue tachado de inconstitucional por la recurrente. También, la Cámara desechó los argumentos de la quejosa apoyados en el régimen de reciprocidad, al entender por un lado, que los servicios como autónoma eran innecesarios para alcanzar el mínimo; y por otro, que ello implicaría considerar el cese en el ámbito privado como producido en la Administración pública provincial, transformando al ingreso en dicha actividad como un reingreso en la Administración publica provincial, consecuencia -por lo demás- de la que la recurrente ahora no se hace cargo. Frente a dicha línea argumental , es claro entonces que los reproches que formula la actora no se hallan configurados y se resumen en la mera discrepancia sobre este aspecto, para con la hermenéutica realizada por la Cámara de los preceptos de la ley 6915, lo que no depara cuestión constitucional.

Igual suerte adversa ha de correr el planteo de la quejosa en cuanto endilga a la sentencia arbitrariedad por haber creado un requisito no exigido por la ley, consistente en que para acceder al beneficio pretendido se debe cesar en el ámbito de la Administración pública; desde que no logra convencer a esta Corte que su agravio se encuentra efectivamente configurado en autos, pues no surge que la tarea realizada por el sentenciante hubiera traspasado los límites interpretativos que las normas aplicables al caso permiten.

En ese sentido no se puede soslayar que la sentencia consideró que la recurrente no reunía el requisito de la edad, no sólo en el momento del cese en la Administración pública provincial, sino tampoco en los dos años posteriores a dicho cese. De tal manera lo postulado por la quejosa no trasunta más que una reiteración de su particular criterio acerca de que cumplió las exigencias legales para obtener el beneficio pretendido al cesar en los servicios como trabajadora autónoma. Por otra parte, la recurrente no logra convencer que el fallo resulta inconstitucional y Frente a tal respuesta, la compareciente no logra demostrar que en las circunstancias de autos, ello resulte descalificable en esta instancia excepcional. En este sentido, corresponde precisar que el juzgador destacó que el ejercicio de su potestad jurisdiccional era sustancialmente de crítica y revisión de legitimidad del acto administrativo impugnado en el caso, desde el punto de vista de su conformidad con el derecho, para mantenerlo o anularlo.

Y, si bien esta solución, podrá no conformar a la recurrente -quién insiste en sostener su propio criterio interpretativo sobre el punto-, de ningún modo puede ser objetada de arbitraria. De todo lo expuesto, surge que el fallo no resulta descalificable desde una óptica constitucional, al no alcanzar el quejoso con sus planteos a demostrar que lo resuelto por la Cámara en ejercicio de su cometido jurisdiccional adolezca de los vicios invocados ni que resulte violatorio de derechos de raigambre constitucional, por lo que el presente recurso deviene inadmisible.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)