marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de revisión penal, régimen penal de la minoridad, menores, reclusión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: C., D. F. s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-01

Resulta admisible el pedido de revisión de la condena de prisión perpetua impuesta a un menor de edad por los delitos de robo calificado y homicidio triplemente agravado, pues conforme los estándares internacionales fijados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el Informe 172/10 en materia de menores, la privación de libertad debe ser aplicada únicamente como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda, con posibilidad de revisión periódica de la condena, lo que resulta inviable respecto del delito imputado, teniendo en cuenta que a tenor de las prohibiciones estatuidas en el artículo 14 del Código Penal y el artículo 56 bis de la ley 24.660, no serían procedentes los beneficios de libertad condicional y de salidas transitorias.
Competencia provincial, sistema federal, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lugones, Marcelo Ramón y otros c/ Provincia de Santiago del Estero s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-15

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Gimenez, Hermenegildo c/ Martina, Gloria y/o Alí de Martina, Mirian s/ Daños y Perjuicios Martina, Mirian s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-07-10

En lo que hace al lucro cesante, aunque no se exija la prueba fehaciente de la cuantía, es menester acreditar de modo efectivo la frustración de ganancias esperadas, demostrando el desarrollo de tareas habituales por ello la parte actora no puede alegar un daño por la imposibilidad de ejercer la actividad que aduce, si no demuestra que la ejercía regularmente.
Responsabilidad del Estado, personal policial, portación de armas, arma reglamentaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDEZ LUCAS ANIBAL Y OTRO c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

La tenencia obligatoria del arma reglamentaria implica una delegación y presupone un irrenunciable deber del Estado de ejercer un control eficaz en la elección de quienes deben cumplir funciones de preservar la seguridad de la comunidad.(sumario confeccionado por el SAIJ).
Sustitución de identidad, cambio de nombre, interés superior del niño, procedencia del recurso, autosuficiencia del agravio, ley vigente, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: H. B., C. B. c/  s/ cambio de nombre
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

Cabe admitir el recurso de apelación incoado por la adolescente y, en consecuencia, hacer lugar al pedido de sustitución de su apellido paterno compuesto por el apellido materno compuesto, librándose desde la instancia de origen los oficios, testimonios y notificaciones que resulten necesarios para efectivizar dicha medida. A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el régimen jurídico del nombre de las personas humanas ha dejado de estar normado en la Ley 18248, encontrándose ahora su regulación incorporada dentro del diseño de la Parte General del nuevo ordenamiento, junto con el tratamiento de los otros atributos de la personalidad y de los derechos personalísimos. De este modo, el nuevo plexo legal no asigna preferencia al apellido de ninguno de los progenitores, suprimiendo la prioridad del varón en la transmisión del nombre a su descendencia y la consiguiente obligatoriedad de la portación del apellido paterno contenida en la anterior regulación.

A mayor abundamiento, tratándose del cambio de apellido del hijo o hija, debe valorarse especialmente la opinión del niño, niña o adolescente, comprendiendo el mandato convencional y constitucional de escuchar a los niños el derecho de éstos a expresar su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez y a que ésta sea debidamente tenida en cuenta. En el caso, la adolescente no se siente identificada con el apellido paterno ni parte de esa familia y tuvo trato frecuente con su progenitor hasta sus 12 años de edad, por lo que habiendo sido consultada por el Asesor de Menores sobre la posibilidad de adicionar el apellido materno sin suprimir el paterno, la misma se pronunció por la negativa. Además desde hace ya más de cuatro años ésta se presenta y se identifica con el apellido materno, con éste la conocen sus amigos y compañeros; en definitiva es el que utiliza en el colegio y en su vida cotidiana. Es así, que de ningún modo puede sostenerse que se trata de una decisión intempestiva o motivada en un enojo o sentimiento circunstancial. Por todo lo dicho y en aras a respetar la identidad percibida por la adolescente y la opinión que la misma posee respecto de la composición de su nombre como atributo y reflejo de aquélla, se encuentra debidamente acreditado que la utilización del apellido paterno importa para la joven una afectación de su personalidad que configura un justo motivo para su sustitución por el apellido materno -art. 69 inc. "c" del Código Civil y Comercial-.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El tipo de información que da origen al derecho de respuesta, rectificación o réplica es aquélla que se refiere directamente al presunto afectado o lo alude de modo tal, que resulte fácil su individualización.

Si se reconociera este derecho sin el mencionado "requisito de individualización", se abrirá la posiblidad de infinitos cuestionamientos a expresines ideológicas o conceptuales que, en definitiva, afectarían a la libertad de prensa.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosaenz, Alfredo David c/ Paz, José Luis y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

El art. 354 inc. 1 del Cód. Proc. frente a la falta de una negativa categórica o ante el silencio guardado por el accionado al contestar la demanda, faculta al juzgador a tener por reconocidos como verdaderos hechos pertinentes y lícitos descriptos en el escrito introductorio de la instancia y, en cuanto a los documentos, impone directamente su reconocimiento.
Jubilaciones, empleados públicos, cargo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BINETTI, NICOLAS ALFREDO ELSO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 61-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

Si la resolución mediante la cual se le acordó el beneficio jubilatorio al recurrente, no consignaba en base a qué cargo se otorgaba, sino que sólo hacía mención a la categoría presupuestaria, y la demandada en sede administrativa no cuestionó ni objetó expresamente, sino sólo con una contestación genérica y evasiva el cargo manifestado por el actor, debe tenerse por cierta la afirmación del beneficiario de la jubilación.
Remuneración, franco compensatorio
Materia: LABORAL
Carátula: ALVARADO PAREDES CIRILO ANTONIO c/ NOTA ADA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-05

Con relación al reclamo de pago por los días de descansoo semanal no gozados, no cabe su acogimiento, no sólo por la indemostración de los 78 días que el actor reclama, conforme fundamenta el juzgador su rechazo, sino porque el descanso semanal impuesto por la ley tiene por finalidad precisamente que el trabajador goce de dicho descanso y por ello, establece el mecanismo para que pueda hacer uso de ese derecho que en modo alguno puede ser compensado en dinero atento su finalidad (conf. art. 207 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Concursos, distribución en la quiebra, honorarios del abogado, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), cuestión abstracta, improcedencia del recurso, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: EXTRADER SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-11

Si se declaro "abstracto" el recurso de apelación deducido por un letrado, contra la providencia que regulo honorarios correspondientes a dos distribuciones de fondos, como consecuencia de que una posterior decisión anulo la regulación concerniente a la última distribución y fijo nuevos honorarios; procede -como en el caso-, la queja interpuesta contra la citada declaración de "abstracción", toda vez que quedaron vigentes las regulaciones referidas a la precedente distribución, e igualmente vigente la apelación deducida al respecto. Por tanto, corresponde revocar la antedicha declaración con referencia al recurso deducido, cuya vigencia y operatividad se mantiene.
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, información sensible, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lascano Quintana, Guillermo Víctor c/ Veraz S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El mero hecho de haberse vinculado en un informe al actor con una sociedad de la cual era presidente no constituye una injerencia desmesurada en la privacidad del actor, ponderada en relación con la finalidad que persigue una base datos que presta informes comerciales (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Ejercicio profesional, abogados, contrato de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: VELAZQUEZ DE LOPEZ, BEATRIZ c/ MARIO ALBERTO GIL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-26

En general en la locación de servicios, el abogado en su asistencia al cliente debe colocar los medios necesarios empeñando todo saber y el máximo de diligencia, pero es innegable, que por mas que el cliente espere el triunfo en el proceso, el resultado mediato no es ni puede ser por su alietoriedad garantizado.

Distinto es el caso en aquellas hipótesis en que el profesional (abogado) asume una obligación de resultado como es cuando se obliga a redactar por ejemplo un contrato de sociedad.

En caso de la locación de servicios para imputar responsabilidad es preciso demostrar el incumplimiento de la obligación de general prudencia, común u ordinaria diligencia. En el caso de la locación de obras, basta el hecho objetivo de la no obtención del resultado, para imputarle responsabilidad.
Sistema republicano, competencia de la Corte Suprema, Estado Provincial, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de s/  amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Cuando se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, en el sentido que da a esos términos la Ley Fundamental, y que constituyen los pilares del edificio por ella construido con el fin irrenunciable de afianzar la justicia, no puede verse en la intervención de la Corte una intromisión ni un avasallamiento de las autonomías provinciales sino la procura de la perfección de su funcionamiento, asegurando el acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional y que la Nación debe garantizar.
Recurso de apelación (procesal), preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Felix Ignacio c/ Velazquez, Oscar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

El agravio plantea una cuestión que deviene extemporánea, pues por esta vía no puede intentarse la invalidación de actos procesales preclusos (Cód. Proc. arts. 482 y 495).
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tierno, José María c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La determinación legislativa del órgano al que compete tomar la decisión respecto a la correlación de cargo es de orden público y, por consecuencia, no puede ser limitada, renunciada o menoscabada por decisión de quien la tiene (arg. art. 3ro. del dec. ley 7647 /77), en el caso, el Poder Ejecutivo Provincial (art. 51 dec. ley 9650/80).
Menores, menores en situación de desamparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K., N. C. s/ Ley 10067 art. 10 inc. "b" G., C. y otra s/ Intervención Tribunal de Menores G., C. y otra s/ Intervención Tribunal de Menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14|1994-08-24|1994-08-24

La apreciación del abandono ha de hacerse con independencia de que sus nocivos efectos se hayan producido y ponderarse por el peligro a que ha sido expuesto el menor, siendo ésta la solución impuesta por la reforma al régimen de la patria potestad (art. 307 inc. 2 del C.

Civil, t.o. por ley 23264).
Medicina prepaga, planes de cobertura médica, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GAMBOA  MARIA ERNESTINA c/ CEMIC s/ incidente de apelación medidacautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

No está discutida en esta oportunidad la afiliación del accionante, su edad -90 años-, la enfermedad que padece -fractura medial de cadera habiéndosele practicado osteosíntesis, y demencia senil- ni la necesidad de recibir la prestación de enfermería domiciliaria. En cambio, la demandada niega su obligación de brindar la cobertura del 100% que la afiliada reclama. La ley 24.754 dispone que las entidades que prestan servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones (art. 1). El art. 28 de la ley 23.661 establece que los agentes del seguro deberán desarrollar un programa de prestaciones de salud a cuyo efecto la autoridad de aplicación establecerá y actualizará periódicamente, de acuerdo a lo normado por la Secretaría de Salud de la Nación, las prestaciones que deberán otorgarse obligatoriamente, dentro de las cuales deberán incluirse todas aquellas que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas. Lo subrayado adquiere relevancia en que el sistema de la ley 23.661 tiene como ".objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible" (art. 2) vinculándose estrechamente con el disfrute al más alto nivel posible de salud como así también a una mejora continua de las condiciones de existencia, enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 12.1 y 11.1), con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Frances S.A. c/ Cardozo Graciela s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

La tasa de interés que supera el limite impuesto por el mercado, el cual coloca al aditamento fuera de la realidad del ámbito finaciero, implica una vulneración a la moral y buenas costumbres (arts. 953, 954, 1069 y 1071 del Código Civil).
Accidentes de trabajo, indiferencia de la concausa, iura novit curia, sentencia ultra petita
Materia: LABORAL
Carátula: CABALLERO, CARLOS c/ COMERCIAL UNION ASSURANCE COMPAÑIA LIMITADA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-22

No es indispensable que el trabajador haya invocado la concausalidad como fundamento de su pretensión. La existencia de un proceso artrósico anterior, agravado por el accidente de trabajo que da origen a la acción, no obliga a pedir su reparación en forma expresa. Constituye una cuestión de derecho implícita o subsumida en el principio iura novit curia, y el juzgador al aplicar la teoría de la indiferencia de la concausa no decide extra petita sino ultra petita, conforme lo autoriza el artículo 56 Ley Orgánica.
Indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: BURLOT DE VARGAS, MARIA c/ COLUMBIA  S.A.  SEGUROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

A los fines de adecuar el monto de condena al tope indemnizatorio establecido por el art. 8 de la ley 9688, modificada por la ley 23643, corresponde aplicar el salario mínimo y vital vigente a la fecha de la determinación de la indemnización y no el vigente a la época del fallo recurrido. Este último criterio implicaría desplazar la certeza sobre la cuantía de la reparación a la fecha en que se dicte la sentencia, que resulta variable según la duración de los pleitos.
Proceso penal, prueba, producción de la prueba, oportunidad procesal, requerimiento de elevación a juicio, facultades del fiscal, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: VALENZUELA, Lucas Matías s/ inf. art. 189 bis CP- Apelación" Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-25

No vulnera el derecho de defensa el hecho de que el fiscal eleve la causa a juicio sin realizar todas las diligencias requeridas por la defensa al ofrecer prueba, atento que su falta de producción no implica agravio alguno ni fulmina de invalidez el requerimiento de elevación a juicio, toda vez que todavía existen oportunidades procesalmente útiles para solicitar dichas medidas probatorias.

Así, la Ley Nro. 1.287 establece en el artículo 59 inciso 2, que una vez que el juez recibe la causa, verifica el cumplimiento de las prescripciones que regulan la investigación penal preparatoria y cita a las partes para que en el plazo de cinco días comparezcan a efectos de examinar las actuaciones, ofrecer prueba e interponer las recusaciones que estimen pertinente.

Vencido el plazo fija audiencia de juicio y en la misma providencia admite las pruebas ofrecidas, pudiendo rechazar fundadamente las que sean inconducentes. Vale decir, que aún la defensa puede requerir todas aquellas diligencias que considere necesarias.
Impuestos, IVA, crédito fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Ascona S.A. CIA de Reaseguros (TF 14.761-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02

Estando los créditos fiscales por IVA referidos mayoritariamente a operaciones de exportación y en condiciones de solicitar el tratamiento del artículo 41 de la ley 23.349, esos créditos podían además de compensarse con débitos futuros, ser acreditados frente a otros tributos a cargo del organismo recaudador, o solicitado sus devolución o transferencia a terceros (Cons. VI).
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Abogado Defensor de G.A.T. s/ Recurso de Apelación en autos  "O., M.B. s/homicidio r/víctima"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-27

La nulidad constituye una institución procesal que sólo debe ser aplicable, a pesar de que supone siempre un retroceso en la actividad procesal cumplida, cuando de esta última surge un perjuicio concreto para alguna de las partes imposible de subsanarse de otro modo; cuando tal solución se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.
Recurso de revisión (procesal), competencia federal, prueba, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL -CIVIL
Carátula: BAIGORRIA JOSE ANGEL c/ EDGARDO GABINO GANCHIER Y OTRO s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-08

El lapso de permanencia en un lugar puede o no ser relevante a los fines de determinar la vecindad.

La manifestación de la parte, hecha en instrumento público, sobre el lugar del domicilio, debe ser preferida a la declaración de testigos.

Esta circunstancia, sumada a otros elementos de prueba introducidos al proceso a través de un expediente traído del fuero penal, como también el carnet de conductor del co-demandado de donde surge el domicilio en Avellaneda, Pcia. de Santa Fe, título de propiedad y cédula verde del vehículo del demandado protagonista del siniestro, con domicilio en Reconquista, permiten afirmar sin duda alguna, que los demandados son vecinos de extraña provincia. Adquiere fundamental importancia para esta conclusión el reconocimiento de la situación controvertida, efectuada por el accionante al denunciar el domicilio de los accionados en el libelo introductorio.

Sólo ante una sumisión expresa o tácita debe estarse a la renuncia a tal derecho (art. 874 del C. de P.C), y como dicha renuncia no acaece, debe otorgarse razón al quejoso y determinar el ámbito de la justicia federal como el legítimo para la dilucidación del conflicto.
Regulación de honorarios, base regulatoria, valor del bien
Materia: PROCESAL
Carátula: Chonev, Kiril Iordanov R. c/ Dálmine Siderca  S.A.I.C.  y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-05

A partir de la notificación de la presente, tendrán las partes diez días para presentar de común acuerdo el valor que asignan a los bienes existentes en la draga; si transcurrido ese plazo no arribaren a ninguna solución, cada una de ellas deberá presentar al Juzgado su propia valuación dentro del término de los cinco días siguientes al vencimiento del primer plazo y, finalmente, si estas valuaciones resultaren realmente inconciliables a criterio del juzgador - el que obviamente cuenta con todos los mecanismos a los fines de ejercer sus facultades - recién en ese supuesto se deberá realizar la pericia de tasación.
Recurso extraordinario, confirmación de sentencia, forestación, beneficios tributarios, deducciones impositivas
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Desarrollo Forestal  S.A.  de Forestación. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Corresponde confirmar la sentencia que estableció que si bien el art. 120 del decreto reglamentario exigía un plan de forestación aprobado por la Administración Nacional de Bosques como condición para el goce de las deducciones establecidas por el art. 60, inc. m) de la ley 11.682 y de los beneficios contemplados por el decreto 2069/62, no surgía de su texto que la solicitud de aprobación debiera efectuarse durante su vigencia para acceder a sus beneficios, ni que el beneficiario debiera ser titular de aquél.