marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, daño moral, caída de árbol
Materia: CIVIL
Carátula: OSTROWER ISAAC. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Si está demostrado que el accionante únicamente sufrió daños materiales en su automotor como consecuencia de la caída de un árbol en la vía pública no puede admitirse el daño moral. El desagrado o las molestias que para aquél pueda haber generado el accionante son consecuencias personales y no es suficiente para la procedencia de dicho reclamo (conf. C.N.Civ. Sala E, E.D. 61-295; íd. Sala A, E.D.

73-215; C.Esp.Civil y Com., Sala IV, Rep. E.D. 16-310 Nro. 24). La caída del árbol y el consiguiente daño que ello ocasionó en un bien de propiedad del accionante, forma parte de los riesgos que se corren diariamente en la ciudad y se ve reparado mediante la indemnización del perjuicio material.
Jurisdicción especial, competencia federal, competencia por el territorio, robo, Fuerzas Armadas, Defensa nacional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Lugo, Julio César s/ Denuncia de Robo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Corresponde a la jurisdicción federal el juzgamiento de un robo ocurrido en un casino de suboficiales del Ejército Argentino ubicado dentro de los límites de seguridad que imponen los fines de defensa contemplados por la ley 18.310.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, liquidación de sociedades, privilegios (comercial), honorarios, banco central, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Manquillán  SA  Cía. Financiera s/ quiebra   -  incidente  de  verificación  de  crédito  promovido  por  Liporace, Francisco L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que dispuso el pago de los honorarios del incidentista por un banco en liquidación, en tanto el agravio atinente a la prioridad de cobro del Banco Central remite a la interpretación de las leyes 21.526 y 22.529, normas de carácter federal.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavié, Horacio c/ Juárez, María s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-05

La mera notificación no resulta suficiente para constituir en mora por cuanto es necesario que el deudor sea interpelado a efectos de que cumpla con su obligación en forma expresa, categórica, precisa y coercitiva, es decir, debe contener una exigencia clara y concreta de pago (art. 509 del C. Civil).
Reformatio in pejus, pena más grave, ultraactividad de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Aún cuando la primera sentencia dictada en el proceso no haya sido impugnada por la parte acusadora y el desarrollo procesal posterior haya sido consecuencia de haber prosperado el recurso interpuesto por la defensa, no existen fundamentos para asignar ultraactividad a la individualización de las penas fijadas en la sentencia que fue anulada (Disidencia de las Dras. Elena I.

Highton de Nolasco y María Susana Najurieta).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, tallerista, reparaciones urgentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Testino, Luis María c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Procede confirmar la resolución que admitió la acción de daños y perjuicios ocasionados al actor por la compra de un vehículo que resultó defectuoso y que las accionadas nunca repararon eficazmente. Ello por cuanto, en el caso, el automóvil adquirido estuvo en el taller de la codemandada desde su compra, más de 400 días. Así, la acción promovida -falta de concurrencia de un "servicio técnico adecuado" en los términos de la LDC 12- se encuentra acreditada y justifica la aplicabilidad de la LDC 13, 17 y 40. Los desperfectos que motivaron la presente demanda, habrían sido por problemas inherentes al vehículo desde su origen y a la falta de una apropiada respuesta técnica por parte de la concesionaria autorizada. La mera circunstancia de que el vehículo siguiera circulando durante 7 años y más de 220.000 Km no constituye un hecho que evidencie "per se" que el rodado cumplió con los requisitos de "durabilidad, utilidad y fiabilidad". No se dijo que el vehículo no funcionara, sino que marchaba con dificultad (en condiciones que distan de las esperadas para un vehículo 0Km de alta gama como el de autos) y por esa circunstancia tuvo que ser sometido a varias intervenciones de un servicio técnico que no le brindó una efectiva solución. Salvo que las demandadas pretendan alegar que es usual que un vehículo de alta gama esté parado por meses en un taller y que es normal la cantidad de veces que el rodado entró para reparaciones, lo cual es inadmisible.
Sentencia definitiva, desistimiento del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: DE BONIS ADRIANA ROSA c/ ALCAIDE ENRIQUE AGUSTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-15

Las resoluciones que deciden sobre el desistimiento del derecho son definitivas, porque el mismo es uno de los actos procesales expresamente diferenciados por la ley como causa de la terminación de los juicios.
Medidas cautelares, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Kasdorf  s.a. c/ Jujuy, Provincia de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

El art. 6to. del decreto acuerdo nro. 88/91 de la Provincia de Jujuy permite levantar todas las medidas ejecutorias sin distinguir el estado en que se encuentren.
Acciones de clase, admisibilidad del recurso, derechos de incidencia colectiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines) c/ E.N. - Ley 27642 - Dto. 151/22  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

La Corte sostuvo que para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, pues resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar procesos colectivos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE OMAR GUTIERREZ MANQUEPAN Y OTROS s/ VIOLACION  EXPTE. N. 7918-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-10-30

La interposición del recurso debe contener un ataque directo al cimiento jurídico del fallo de segunda instancia, para poder operar como vértice impugnaticio cargado de la entidad que requiere la ley procesal a fin de tornar admisible el mismo.
Entes reguladores provinciales de servicios públicos, agotamiento de la instancia administrativa, control judicial directo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2003-09-23

La idea básica a la que responde la creación de los entes reguladores es: quien concede el servicio público no debe ser quien lo controla; desde esta óptica, el rol atribuido a los entes reguladores es completamente distinto al del Estado concedente, el fin de esta diferencia es evitar conflictos de interés y asegurar la transferencia del sistema. Para garantizar la independencia es menester reducir al máximo el control de las decisiones del ente por parte del poder político, y por eso es indispensable que no exista recurso de alzada o de otro tipo de control o tutela administrativa de la Administración central. El único control debe ser el judicial en forma directa, sin agotamiento alguno de la vía administrativa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Tejada, Juan José s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es ajeno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el argumento referido a que determinado aspecto del decisorio impugnado carece de fundamentación legal, pues este es un tema propio del de nulidad.
Servicio público, actividad comercial, recurso de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

La circunstancia de que el cliente no sea consumidor, en razón de tratarse de un comerciante que reclama a la empresa de telefonía por los daños causados en su negocio por la demora en el traslado de la línea telefónica, no quita que se esté frente a la prestación de un servicio público de carácter esencial.
Remuneración, gratificaciones, extinción del contrato de trabajo, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: PACIOCCO, JOSUE c/ COMETARSA CONSTRUCCIONES METALICAS ARGENTINAS  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-26

No resulta ilícito ni contrario al orden público laboral el pacto por el cual se conviene que la suma entregada al trabajador en carácter de gratificación especial y voluntaria sea compensable con cualquier crédito que resulte a su favor como consecuencia de la disolución del contrato de trabajo, ya que no constituye renuncia a ningún beneficio establecido por la ley, sino que por el contrario ha de considerarse un pago a cuenta (artículo 260 Ley de Contrato de Trabajo) dado que lo sujeto a condición era el título gratificatorio del pago, prestación a la que el empleador no estaba obligado (conforme Sala III, sentencia 57527, 10 de febrero de 1982, 'Sander, G. c/ VASA Vidriera Argentina S.A. ')
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, emergencia sanitaria, actividad presencial, coronavirus, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Romani, Adriana Alcira  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (Iapser)  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-01

El art. 6.1 de la Ley 24557 exige que el accidente se produzca "por el hecho o en ocasión del trabajo". Se trata de dos supuestos distintos: el primero -"por el hecho"- hace referencia al trabajo como causa eficiente del siniestro; el segundo -"en ocasión del trabajo"- es una ampliación del factor de atribución y/o imputación, del cual se desprende que no solo los accidentes sufridos estrictamente por el hecho del trabajo quedan protegidos por la normativa, sino además todos aquellos que ocurren al trabajador en alguna relación de ocasionalidad con el empleo. La expresión "en ocasión del trabajo" ha sido incorporada por el legislador (en el art. 6° de la Ley 24.557) para incluir dentro del marco de responsabilidad del empleador todos aquellos eventos dañosos que giren en torno al ambiente laboral y al desarrollo de la relación laboral. Esta nueva redacción del articulo 6.1 de la Ley 24557 supera la limitación que contenía la anterior legislación, habilitando la posibilidad de que pueda verificarse un daño producido "en ocasión del trabajo" sin que al momento del siniestro el trabajador hubiera estado prestando servicios. Tal es la única interpretación posible, toda vez que adoptar una distinta significaría privar de todo sentido -y por tanto obviar su razón de ser- a la supresión legislativa antes referida, y proceder como si ella no hubiese tenido lugar (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Falsificación de sellos, extinción de la acción penal, falsificación de sellos, timbres o marcas por funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: WINCKLER CATAPANO, Alicia Sonia c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-12

Uno de los votos concurrentes recordó su postura relativa a la imposibilidad de extinción de la acción penal en los delitos cometidos por funcionarios públicos, y el otro voto concurrente señaló que, a los efectos del derecho penal, el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones de carácter público, circunstancia esta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente. Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente-, Hornos -voto concurrente-.
Competencia, consentimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Andriotti Romanin Carlos A. y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Si al recibir el expediente el magistrado no cuestionó la remisión su competencia queda cuestionada, por lo que mal puede intentar -con posterioridad- volver las cosas a su estado anterior. Más aún cuando la circunstancia alegada no es un acontecimiento posterior al envío, pues si hubiera revisado minuciosamente la causa, habría advertido el obstáculo que ahora quiere invocar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, empleador, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: LAZEREVIC, NISSA c/ COPELLO MANSILLA DERQUI  S.R.L. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

Las notas distintivas que caracterizan al empresario comprenden:

una organización propia productiva o de prestación de servicios, con solvencia económica para ejecutar la obra contratada, y con los elementos técnicos y personales para actuar independientemente de la organización de la persona a la que se presta el servicio.
Contrato de trabajo, pago en negro, pago de la remuneración, despido, indemnización por despido, ley de empleo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Mamani, Juana del Carmen c/ Empresa Petroservice S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-14

"Si el trabajador se da válidamente por despedido y la ruptura del contrato tiene relación directa con las remuneraciones pagadas en negro por el empleador es procedente la indemnización establecida por el art. 15 de la Ley 24.013 para cuya efectivización no es necesario esperar el plazo de treinta días, toda vez que en esta hipótesis que interesa a la ley es la relación causal entre la cesantía y alguna de las irregularidades que prevén los artículos 8 a 10 de dicha ley. Si el trabajador se da por despedido antes del vencimiento del plazo del art. 11, pero el empleador no hace los reconocimientos oportunos dejando vencer el término indicado de treinta días independientemente de la fecha en que se produjo la ruptura del vínculo, no existe razón alguna para liberarlo del pago de las indemnizaciones del artículo 10 de la ley de empleo".
Leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferro, Emilio s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-03-25

El único supuesto en que jurisdiccionalmente puede validamente autorizarse el apartamiento de la ley es cuando previamente se ha declarado su inconstitucionalidad.
Autonomía universitaria, gobierno de la universidad, ley reglamentaria, constitucionalidad, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La fijación de los porcentajes mínimos de integración en los órganos de gobierno (art. 53 de la ley 24.521) no importa, de manera alguna, inmiscuirse en la potestad normativa de la universidad; por el contrario, ello se relaciona directamente con la configuración de un modelo concreto de universidad, y por lo tanto, encuentra sustento en el art. 75, inc. 18, de la Constitución Nacional.
Empleo público, sanciones disciplinarias, cesantía, instrucción, notificación, salarios caídos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARGUELLO DE GUARDIERO RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MORTEROS s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  - EMPLEO PUBLICO - SANCION DISCIPLINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-03

La ordenanza Municipal Nro. 355/75 prevé una amplia reglamentación respecto a las formalidades que deberán seguirse en el trámite sumarial. El procedimiento resulta viciado ya que se obvio la notificación a la actora de la apertura a prueba y la fijación de fecha para la recepción de las pruebas testimoniales, a lo que debe agregarse que solo se la notifico "a sus efectos" las conclusiones emitidas por el sumariante, lo que revestía particular importancia atenta la falta de patrocinio letrado. Asimismo el dictamen no profundizó en las pruebas rendidas pues no se deslindaron las responsabilidades en cuanto al hecho imputado -distribución de leche maternizada-, el testimonio en que se apoya emano de la "reemplazante" de la actora y ni siquiera se intentó probar que algún niño menor de dos años hubiera carecido de la mencionada leche. Procede el pago de los haberes caídos desde que existe un derecho de carácter administrativo en tal sentido (art. 50 Ord.), Los que se abonaran actualizados por el índice de costo de vida e intereses al 8% anual.
Administración Pública, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO JOSE MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-06

La administración pública puede hacer uso de la facultad de remover a sus agentes otorgada por el ordenamiento estatutario provincial durante el período que va desde su designación en propiedad hasta transcurrido un año (período de prueba), de evaluar la designación efectuada, y en su caso, dejar sin efecto la incorporación de personal en planta permanente, en virtud del art. 12 de dicho ordenamiento.
Derecho procesal, juicio ordinario, prueba, prueba pericial, prueba informática, factura, correo electrónico
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Prenaval Seguridad SRL c/ Consorcio de Propietarios Santos Dumont 2719/21/23/55 s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

Procede hacer lugar a la demanda por cobro de facturas adeudadas al actor, enviadas por mail cada mes al accionado, en el marco de la prestación de servicios de vigilancia. Ello por cuanto, en el caso, el perito informático analizó los correos y determinó que eran auténticos. Al respecto cabe señalar que debe entenderse como correo electrónico, en sentido amplio, cualquier sistema de mensajería electrónica, tales como podrían ser los mensajes enviados a través de las redes Facebook, Blackberry Messenger, Whatsapp, SMS, etcétera. Sin embargo, usualmente, cuando se habla de correo electrónico o e-mail se hace referencia al sistema de mensajería electrónica más utilizado actualmente para transacciones comerciales y que utiliza el "Simple Mail Transfer Protocol", o "protocolo SMPT". Desde ese enfoque -que es el que aquí interesa-, el correo electrónico es un medio de comunicación y, como tal, permite el envío de documentos -electrónicos- que pueden instrumentar actos y hechos jurídicos. Estos documentos, al ser electrónicos, satisfacen el requerimiento legal de la escritura, previsto en el art. 6 in fine de la ley 25506 (Ley de Firma Digital) y, por lo general, se sostiene que están firmados al indicar el nombre y/o el nombre de usuario del autor (cfr. Bender, Agustín, "El correo electrónico como prueba en la jurisprudencia y en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación", publicado en Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 (marzo), DJ 27/11/13, 91). Nuestros tribunales han interpretado que los correos electrónicos que carezcan de firma digital o de firma electrónica reconocida o acreditada deben ser considerados meros documentos particulares no firmados, o bien principio de prueba por escrito en los términos del CCIV 1191 (cfr. CNCiv, Sala I, 11/08/05, in re "Leone, Jorge Néstor c/ Maquieira, Jorge Sabino s/ Cobro de sumas de dinero"; en igual sentido, esta CNCom, Sala D, 02/03/10, in re "Bunker Diseños SA c/ IBM Argentina SA s/ ordinario"), no poseyendo estos documentos, por sí mismos, valor probatorio intrínseco (cfr. esta CNCom, esta Sala A, 11/04/18, in re "Gestam Argentina SA c/ Unionbat SA s/ ordinario"; bis idem, 30/06/17, in re "Casano Gráfica SA c/ Ligier SA s/ ordinario"; ter ídem, 27/06/06, in re "Coop. de Viv. Créd. y Cons. Fiduciaria Ltda. c/ Becerra Leguizamón Hugo Ramón s/ Incidente de apelación"). Mas, la prueba por excelencia, a tales efectos, está dada por el peritaje informático, debiendo el experto encargarse de identificar cuáles fueron los equipos de origen y de destino del mensaje y, además, recabar cualquier otro dato de utilidad que permita determinar el contenido del e-mail en cuestión (en igual sentido, Calvinho, Gustavo, "La prueba de los correos electrónicos", LL 2010-E, 276).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, beneficios previsionales, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Campomenosi de C., Susana c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la Policía Federa s/ jubilación voluntaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Cuando la Corte sostiene que las solicitudes de beneficios previsionales de excepción deben dilucidarse con criterio estricto y riguroso, con tal pauta está señalando que no cabe extender dichos beneficios a quienes no resulten titulares de los mismos por expresa disposición legal.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de L., A.M. c/ L., A.F. s/ Divorcio K. de G., Z.M. c/ G., H.T. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26|1995-04-04

La circunstancia de que no haya prueba sino de un hecho aislado al que solo se refiere un testigo, y aún si no existiera prueba de otro hecho injurioso sucedido a lo largo de los años de convivencia, no siempre obsta a la configuración de la causal de injurias graves:

acreditada la agresión física, el demandado debió en el caso probar las razones -si es que existen- que pudieran explicar que él, como marido, haya arrojado a la esposa una cosa altamente susceptible de herirla. En caso contrario, lo vituperable del hecho en sí, torna procedente la demanda de divorcio. Así, ha resuelto nuestro Superior Tribunal -en un caso que entiendo similar- que si uno de los cónyuges ha golpeado con el puño el rostro del otro, tal hecho, aunque no fuera objeto de reiteración, constituye causal de divorcio, ya que por su magnitud y característica traduce un absoluto desprecio no solo por la dignidad del cónyuge sino también por su misma integridad física.
Recurso extraordinario, interposición en subsidio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Granillo, Olga Celia c/ Tedeschi, Lorenzo Cayetano y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Cada uno de los remedios legales para cuestionar las resoluciones judiciales tiene autonomía conceptual y normativa y, con excepción de la apelación subsidiaria a la reposición, deben deducirse en forma directa y principal, ya que no tienen viabilidad los ataques subordinados a la suerte de otro medio de impugnación interpuesto en primera fila. (Minoría u opinión personal)