Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2008-09-16


San Salvador de Jujuy, setiembre 16 de 2008.

El doctor Jenefes dijo:

La Sala Primera del Tribunal del Trabajo, resolvió el 22 de octubre de 2007, hacer lugar a la demanda incoada por Feliciano Carabajal en contra del Estado Provincial, en concepto de indemnización por la incapacidad total y permanente que padece el actor, derivada del accidente que sufriera el 24/09/98 mientras prestaba servicios en la Policía de la Provincia, con costas.

El tribunal a quo, en lo que aquí interesa, rechazó la defensa de prescripción opuesta por el demandado, porque consideró que no existe constancia en las actuaciones administrativas que permitan asegurar con absoluta certeza que el actor conocía su incapacidad desde el 14/06/01, fecha del certificado extendido por la Junta Médica Provincial (fs. 39 de la Historia Clínica Nº 1097 del Ministerio de Bienestar Social y fs. 4 del Expte. 0412-000538-2001, que rolan agregados por cuerda al principal).

En este orden, señala que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que la única diligencia de notificación, fue realizada el 28/06/04 y que puso en conocimiento del actor su baja del servicio a partir del 1/07/04, obrante a fs. 60/60 vta. del Expte 0412-000538-01 iniciado el 15/11/01 y que concluyó el 17/06/04 con el dictado del Decreto Nº 1425-G.

Expresa que, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia establece que en el derecho laboral la interpretación de las normas que regulan el instituto de la prescripción debe ser más estricta que en el derecho común, por lo que en caso de duda debe resolverse a favor del mantenimiento de la acción. Concluye que, entre el dictado del Decreto Nº 1425-G el 28/06/04 y la promoción de la demanda el 25/07/05 no transcurrió el plazo bienal previsto para la prescripción.

En contra de este pronunciamiento, la Dra. Eugenia Ovando, Procuradora Fiscal en representación del Estado Provincial, interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria a fs. 8/13 vta. de autos. Refiere que el tribunal a quo se apartó infundadamente de la prueba rendida en autos, de la que surge que el actor tenía conocimiento de su incapacidad y su relación con el accidente de trabajo denunciado, desde que la Junta Médica Provincial dictaminó el 14/06/01 y fue notificado, conforme la historia clínica (fs. 39) del expte. Administrativo, y de la pericia médica fs. 108 y 125.

Corrido el traslado, contesta el recurso el Dr. R. E. N., en representación de Feliciano Carabajal a fs. 22/28 vta. de autos. Habiendo emitido su dictamen el Sr. Fiscal General (fs. 35/38 de autos) y cumplidas las demás diligencias procesales de estilo, la causa se encuentra en estado de resolver.

Adelanto opinión adversa al progreso del recurso.

De los términos del escrito recursivo se desprende que la quejosa orienta toda su crítica a la ponderación que de la prueba producida en el juicio laboral realizara el tribunal a quo, pretendiendo que en esta instancia extraordinaria se revisen cuestiones vinculadas a la meritación de los hechos y de la prueba producida en el proceso principal en relación al comienzo del cómputo de la prescripción.

Es doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia, que el tribunal de mérito es soberano en la apreciación y valoración de las pruebas, no pudiéndose por vía de los recursos extraordinarios hacer un nuevo examen para establecer una plataforma fáctica distinta (L.A. Nº 39, Fº 123/125, Nº 49; L.A. Nº 42, Fº 251/260, Nº 90; L.A. Nº 45, Fº 78/79, Nº 31, entre otros). Este principio sólo puede ser superado cuando la probanza que motiva el fallo criticado revele con absoluta claridad, defectos que permitan calificarla de absurda, situación que no advierto en autos.

En efecto, analizadas las constancias obrantes en la causa, las mismas revelan que el fallo impugnado cuenta con razones suficientes de hecho y derecho, por ende, se encuentra exento de arbitrariedad, habiendo efectuado el tribunal a quo una adecuada ponderación de la prueba agregada en los autos principales, y los argumentos invocados por la recurrente solo constituyen meras discrepancias con lo decidido por el sentenciante.

Cabe señalar que, la excepción de prescripción debe ser analizada en cada caso con criterio restrictivo, pues se ha ponderado la necesidad de favorecer la conservación de los derechos (Corte Sup., 11/5/1978, LA LEY, 1978-D, 137. cit. C. Nac. Trab., sala 4º 27/03/2008, "Borquez, Dante L. v. V. Masson Transportes Cruz del Sur S.A - Lexis Nº 350217539), y "cuando se trata de derechos laborales esa estrictez debe ser aún más rigurosa" (L.A. Nº 50, Fº 1584/1586, Nº 519) En la especie, no advierto que se configure el supuesto excepcional de absurdidad en la determinación que efectuara el tribunal a quo, del momento en el que se inicia el cómputo del plazo prescriptivo, y que estableció el 28/06/04 (fs. 60/60 vta. del Expte. 0412-000538-01 que en fotocopias certificadas rola agregado por cuerda). Por ende, entre dicha fecha y la interposición de la demanda el 25/07/05 (fs. 20 vta. del principal), no ha transcurrido el plazo bienal.

La ley 24.557 aplicable al caso, establece que el plazo de prescripción de dos años, comienza en la fecha en que la prestación debió ser pagada o prestada y, en todo caso, desde el cese de la relación laboral (art. 43, ap. 1 y 44 ap. 1).

Al respecto, la jurisprudencia sostiene que ".... Atento a la cantidad de situaciones legales y la multiplicidad de casos particulares, habrá que analizar en cada caso concreto cuando es exigible la obligación para contar desde allí el momento inicial para el cómputo de la prescripción. Debemos rescatar el criterio de interpretación restrictivo al respecto y que en caso de duda deberá estarse a favor del trabajador y de la validez de las acciones planteadas (Sup. Corte Just. Mendoza, 26/08/2002, "Vera, Juan Carlos v. Termas Villavicencio SAIC s/enf., accid.)." En la causa "Fajardo c/ Servicio Penitenciario" (L.A. Nº 51, Fº 1001/1003, Nº 353), de características similares al presente caso, hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en igual sentido. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos.

Las costas de esta instancia deben ser impuestas al recurrente en su carácter de vencido (art. 102 del Código Procesal Civil) y se regulan los honorarios profesionales Dr. R. E. N. en la suma de pesos once mil cincuenta y tres ($11.053) (arts. 2, 4, 6, 11 y concordantes de la ley 1687), más el impuesto al valor agregado, si correspondiere..

Los doctores Tizón, del Campo y Demattei de Alcoba, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, resuelve: 1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por la Dra. Eugenia Ovando, Procuradora Fiscal, en representación del Estado Provincial. 2º) Imponer las costas al recurrente vencido.

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. R. E. N. en la suma de pesos once mil cincuenta y tres ($11.053), más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder. 4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula. Se deja constancia que el Dr. Gustavo F. Cau Loureyro, no participa del Acuerdo, por encontrarse en uso de licencia. - Héctor Eduardo Tizón. - José Manuel del Campo. - Noemí Demattei de Alcoba.