marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retiro policial, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Donadío, María Zulema c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Debe rechazarse la pretensión de reajuste del haber jubilatorio si la actora no ha logrado demostrar la existencia de la resolución alguna de la Jefatura de Policía que por motivos de mejor servicio le hubiera designado para desempeñar las funciones de Jefe de División, como tampoco que éstos estuviesen contemplados en tal carácter por la estructura orgánico-funcional de la repartición policial durante el período en que la accionante dice haber desempeñado dicho cargo ( arts. 25, C.P.C.A.y 375 C.P.C.C.).
Marcas, registro de marca, vocablo de uso común
Materia: COMERCIAL
Carátula: KASDORF  S.A. c/ LABORATORIO BAGO  S.A. s/ OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Toda vez que haya un vocablo de uso común y de naturaleza débil, habrá que tolerar la concurrencia de marcas que lo reivindiquen, con la condición de que los titulares de esas otras marcas lo combinen con aditamentos que otorguen a los nuevos conjuntos una fisonomía propia.
Recusación, excusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza Ramona Elizabeth c/ Benitez Jose Domingo y/u otros s/ juicio ordinario (inc. de desobediencia judicial)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-11

Resulta procedente la inhibición planteada respecto del magistrado que intervino en la causa principal como Juez A-quo, no sólo por el dictado de resoluciones sino también por haber presidido la audiencia preliminar, oportunidad en la que, además de tomar conocimiento del expediente, se decide acerca de la procedencia de las pruebas a producirse, todo ello conforme las previsiones de los arts. 17 -inciso 7º- y 30 del C.P.C.C. de Formosa.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, inmunidad de jurisdicción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dibur, José Nicasio. c/ Ricardo  Francisco  Molinas  por injurias - art. 110 del Código Penal s/ Querella por injurias - Artículo 110 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

La inmunidad procesal no constituye un privilegio de irresponsabilidades para quien ejerce el cargo de Fiscal General de Investigaciones Administrativas, ni excluye la atribución de los jueces para instruir sumarios, realizar investigaciones y diligencias tendientes a la comprobación de hechos presumiblemente delictuosos e, incluso, establecer "si prima facie" y objetivamente configuran algunos de los tipificados como delitos por la ley penal.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Benítez c/ Ríos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-25

No siendo que el empleo de una motocicleta implique culpa in re ipsa, como lo insinúa el apelante, cabe confirmar el fallo apelado en materia de responsabilidad.
Contrato de trabajo eventual, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Letourneau, Nelia c/ Gutierrez, Omar Eduardo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

El empleador tiene la carga de acreditar que el contrato de trabajo es eventual y para ello su instrumentación debe ser por escrito -con entrega en el plazo de treinta días de copias al trabajador y a la asociación sindical- y demostrar que la contratación tuvo como objeto alguno de los supuestos que refiere el art. 99 de la Ley de Contato de Trabajo.
Cuestiones de hecho y prueba, contrato de trabajo, competencia ordinaria, recurso de casación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: FIGUEROA KARLSTROM ALEJANDRO CONSTANTINO c/ COOPERATIVA DE TRABAJO DE TRANSPORTE DE PASAJERO Y CARGA "SPORTMAN LTDA." s/ COBRO DE PESOS INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-05-19

La existencia e interpretación de los contratos de trabajo, de la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación ya la distribución y carga de la prueba, o absurdo o arbitrariedad, que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARCURI DE MAIO ANNA c/ SALVADOR MAIO s/ Divorcio y Tenencia (LIBRO: A071 - 116)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-12

Ante la existencia de una causa penal de lesiones culposas ofrecida como prueba en el juicio de divorcio, corresponde al advertirse la existencia de prejudicialidad en esta Alzada, suspender los procedimientos hasta tanto se dicte resolución en la causa penal.

El fallo de primera instancia no es definitivo al estar recurrido, y su posible nulidad será materia de análisis en la sentencia de Cámara.-
Robo, disposición de la cosa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Costa Bustamante, Mario Samuel y otros s/ robo en poblado y en banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-09-17

En definitiva, podemos resumir que hoy predominan dos posiciones: "la teoría del desapoderamiento" y la "teoría de la disponibilidad", siendo -en la práctica- muy estrecha la vinculación entre ambas.

En la especie, tanto apliquemos cualquiera de estas teorías, el robo resultó perfectamente consumado toda vez que ya en la carrera que emprendieron ante la presencia del móvil policial, no cabe duda que los imputados quitaron los elementos de la esfera de custodia de sus legítimos poseedores, pudiendo -incluso- disponer de los mismos.(voto del Dr. González Godoy)
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del Estado por actos lícitos, bien común, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

Cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general-, esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derivación razonada del derecho vigente, ley arancelaria, base regulatoria, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Chalbaud, José María J. L. (sucesión) c/ Molinas, Ricardo Luciano s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

El A quo comenzó señalando que el debate en segunda instancia debía circunscribirse exclusivamente a si correspondía o no una limitación a la escala del art. 6 de la ley de honorarios, encontrándose vedado el análisis de las demás cuestiones, y en este sentido, la Alzada explicó que se ha enrolado en una de las posibles interpretaciones respecto a la retribución de incidentes con cuantía económica propia y que la regulación de honorarios se ajustó a dichos extremos, por lo que los reproches endigaldos resultan una fuerte desavenencia con un fallo que no les conforma, frente a lo cual los impugnantes se limitan a sostener que la resolución cuestionada carece de un criterio referido a los planteos concretos del escrito de interposición, encubriendo así una discrecionalidad no autorizada para crear una apariencia de juzgamiento, mas no se hacen cargo de rebatir los argumentos expuestos por el A quo, particularmente en cuanto a que lo decidido constituye incuestionablemente una remuneración razonable, que satisface la exigencia constitucional de retribución justa, habiéndose asegurado la adecuada proporcionalidad entre la misma y las labores desarrolladas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 6
Jurisdicción y competencia, competencia federal, secuestro extorsivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Blumberg, Axel Damián s/ secuestro extorsivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Corresponde que la justicia federal continúe conociendo en la causa donde se investigan los secuestros extorsivos si el trabajo mancomunado realizado por la Unidad Fiscal Especial Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos -creada, justamente, para posibilitar una investigación coordinada de este tipo de hechos delictivos- y otros miembros del Ministerio Público, permitió comprobar la conexión entre diversos hechos, perpetrados en distintas jurisdicciones, finalmente atribuidos a una misma banda organizada. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso penal, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: "CUADERNILLO DE APELACION DE INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS: IBAÑEZ JULIO CESAR Y OTRO S.D ROBO CALIFICADO E.P. GIMENEZ ALBERTO AGUSTIN". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-01-03

Las medidas de coerción, cuya finalidad es la realización del proceso, solo deben ser dispuestas en casos en que exista peligro de frustración del mismo, debiéndose aplicar siempre la menos gravosa hacia los derechos del imputado.
Prescripción de la acción penal, acusación fiscal, secuela de juicio, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CACCIATORE, Osvaldo A. s/ Causa 27.536
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La acusación fiscal es el acto procesal que constituye secuela de juicio en los términos del art. 67 del C.P., sin que pueda equiparársele a tales efectos la posterior acusación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, desde que dicha diligencia no modifica en modo alguno la etapa procesal inaugurada por aquel dictamen. De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la naturaleza jurídica de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en el sentido de que la actividad del organismo en una causa judicial no puede suplir la específica función del Ministerio Público.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, elecciones, voto acumulativo, director suplente
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Chemea, Marcos S/ Sucesión y otro c/ Boeing SACIEI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Procede declarar, en el caso, la nulidad de la decisión asamblearia que resolvió no elegir directores suplentes. Ello así, el sistema de votación acumulativa es un instituto que se traduce al régimen de elección de directores y tiene como objetivo primordial asegurar cierta representación el órgano de gobierno por parte de los accionistas minoritarios. Este sistema no garantiza resultado, solo es un medio que brinda la posibilidad de acceder al cargo pretendido. Tal modalidad es uno de los varios sistemas que la ley ha previsto para la elección de directores y se encuentra regulado en el art. 263. Ahora bien, en la especie y conforme indica la LGS 258 y lo dispuesto en el Estatuto de la sociedad accionada, la asamblea podría designar suplentes, siendo esta un cuestión facultativa y no una obligación. Máxime cuando la sociedad cuenta con una Sindicatura facultada e indudablemente tal elección fue el resultado de la imposición de la mayoría ante la posición minoritaria de accionistas. Por lo tanto, las aseveraciones formuladas en lo vinculante a que la minoría no se estaría asegurando la permanencia del director elegido por voto acumulativo ante una situación de vacancia resultan verosímiles. En otras palabras, al haber elegido a un Director una minoría realmente accedió a la participación el órgano de gobierno y en pos de respetar tal voluntad, la elección de los suplentes por igual medio garantizaría el propósito perseguido mediante la inclusión del instituto del voto acumulativo. Si bien, la Ley de Sociedades no reglamenta acabadamente la designación de los directores suplentes, el ordenamiento societario vela por el mantenimiento de un adecuado equilibro entre las distintas órbitas de intereses en la planificación societaria y es por ello que luego de haber superado las dificultades económicas y de organización interna del ente que culminó con la quiebra y su posterior levantamiento resulta necesario velar por este equilibrio. A más, la designación de directores suplentes por idéntica vía que los otros titulares no genera un perjuicio a la sociedad pero una solución contraria convalidaría una considerable desventaja de la minoría y otorgaría un injustificado beneficio a los accionistas mayoritarios que a través del Síndico elegido podrían nombrar un director en una vacante que originalmente correspondía a quienes obtuvieron por voto acumulativo.
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Escobar, Rosa c/ Federico, Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

La justificación de la personería con posterioridad al vencimiento del plazo legal, no purga la nulidad; de allí que una vez vencido el referido plazo sin que justifique el gestor la personería, la nulidad no es subsanable, ya que no resulta de aplicación en estos supuestos lo prescripto por el art. 169 del C.P.C.C..
Concurso preventivo, remoción del síndico del concurso, sanciones disciplinarias, apercibimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLORES, AURELIO s/ CONCURSO CIVIL S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

Resulta improcedente separar o remover de su cargo al síndico del concurso por la circunstancia de ejercer en el patrocinio letrado de un acreedor del concurso, pues la consecuencia de tal situación ha de ser en todo caso la conclusión del patrocinio y no la inversa. Asimismo, deviene excesivo imponer como sanción la remoción del funcionario concursal ante el incumplimiento de su deber de controlar la anotación de medidas asegurativas del concurso en extraña jurisdicción, cuando tal omisión no ha provocado un perjuicio concreto a la masa, más si constituye una conducta negligente que justifica la aplicación de la sanción de apercibimiento.
Compraventa de automotores, falta de transferencia del automotor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Monserrat, Claudia María Guadalupe c/ HRH Automotores SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-07

En definitiva, la vendedora tenía la obligación de entregar el vehículo ya registrado a nombre de la compradora o en condiciones de hacerlo, lo cual no fue concretado. Y claramente no adoptó las medidas necesarias para asegurar la transferencia, recaudo que es sabido es constitutivo en este tipo de operaciones. Ni siquiera registró la anotación que prevé el artículo 9 del Régimen Jurídico del Automotor (decreto 6582/58, reformado por ley 22977), lo cual hubiera permitido el traspaso o, en su defecto, hubiera anoticiado a la vendedora del impedimento y evitado los inconvenientes posteriores que dieron causa a este juicio.
Sentencia, ejecución de sentencia, apercibimiento, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Della Siega, Hector Enrique c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Incidente  de apremio- Recurso de aclaratoria (Expte.: C.S.J. Nro. 47 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-25

Los apercibimientos y distintos modos de ejecución de los pronunciamientos judiciales se encuentran impuestos por la ley, sin perjuicio de la posibilidad de que en el caso concreto los fije el Tribunal atendiendo a las particulares circunstancias que en él se presenten. Con esa inteligencia, la Corte local ha fijado y ejecutado apercibimientos judiciales y ha desechado la utilización de instrumentos legales que en la especie se tornaban irrazonables, pero en todo caso la falta de fijación de un apercibimiento judicial específico no constituye una omisión de pronunciamiento desde que el mismo es una facultad privativa del Tribunal en orden a lograr que sus pronunciamientos se hagan efectivos.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Garrote, Alberto c/ Cooperativa Ltda. de Previsión de Electricidad Obras y Serv. Públicos, Créditos, Vivienda y Consumo de Carlos Tejedor s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Si el asegurado no obtiene éxito en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dedujera quedando firme a su respecto la condena al pago de indemnización por accidente de trabajo, resulta estéril el recurso autónomo de la aseguradora citada en garantía porque estando ésta constreñida a cumplir con su obligación de indemnidad y no siendo un litisconsorte necesario de aquél, un eventual e hipotético éxito en su recurso no beneficiaría al asegurado ni -mucho menos- podría conducir a liberarlo de la antedicha obligación.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones Argentina S.A.I.C.I. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Demanda Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-21

La incorporación -de la falta legitimación para obrar, dentro del capítulo de "excepciones previas"-, encuentra sustento en el principio de economía procesal. Si bien la admite como excepción de previo y especial pronunciamiento, prudentemente ha limitado su tratamiento, al supuesto que ella aparezca en forma "manifiesta". Esto implica que debe resultar de los términos en que está concebida la demanda, de los documentos agregados en ella o del escrito en el que se opone la excepción; es decir, cuando los elementos de juicio incorporados inicialmente a la causa permitan resolverla sin una indagación exhaustiva. No concurriendo este recaudo debe diferirse su consideración
Quiebra, verificación tardía, honorarios, base regulatoria, deudor
Materia: COMERCIAL PROCESAL
Carátula: CASFEC EN: GANDUR HNOS  S.A s/ CONCURSO  PREVENTIVO  -  QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA -  HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-04-21

El tribunal superior de justicia ha sostenido que en los incidentes de verificación tardía la base regulatoria es el valor del crédito actualizado desde la fecha de la iniciación del incidente (sala civil, " Lokman inc. Rev. en Settembrini - quiebra ". auto Nro 41, del 5 -7 -87).

Los estipendios se determinan con la base del capital demandado actualizado y los profesionales tienen derecho a cobrarlos a los beneficiarios de los servicios independientemente del resultado del pleito. Aunque el acreedor no perciba un centavo al tiempo de la distribución , su abogado tiene la facultad de exigirle el pago de los honorarios que corresponda.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), providencia simple, asignación de funciones
Materia: PROCESAL
Carátula: García Sierra, Viviana Betina c/ Lanutti, Mónica Isabel s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Procede hacer lugar a la queja por la denegatoria del recurso de apelación que dedujo la incidentista contra el proveído suscripto por la secretaria del juzgado. Ello por cuanto, si bien el ordenamiento adjetivo pone a disposición de la parte para lograr que se modifique o revoque un proveído del secretario, un requerimiento al efecto ante el magistrado (CPR 38 ter) y la resolución que se dicte al respecto es inapelable; empero en el caso, la Actuaria se arrogó facultades propias del juez de la causa. Es que de acuerdo al CPR 160, únicamente puede firmar aquellas providencia de mero trámite (CPR 38-4°). En la decisión apelada la Actuaria se extralimitó en sus funciones al proveer, respecto de la petición efectuada por el incidentista, que debía estarse "a la producción de las pruebas ordenadas oportunamente". Ello así, porque el recurrente en la mencionada presentación denunció que la cuenta bancaria indicada por la contraparte no era de su exclusiva titularidad, y solicitó que se deje sin efecto el libramiento del oficio oportunamente ordenado. Además, pidió que se revea la procedencia de la prueba informativa ofrecida al Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque consideró que la información requerida a esa entidad bancaria podía violentar el secreto bancario y el resguardo de sus datos personales; todo lo cual ameritaba una decisión por parte de la magistrada de grado. Así es que la providencia citada, contrariamente a lo señalado al denegar el recurso de apelación, ocasionó un gravamen irreparable y, por lo tanto, la queja debe ser admitida.
Competencia, competencia por la materia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA GRAL. FABRIL FINANCIERA SA S/QUIEBRA c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

La justicia federal en lo civil y comercial posee una competencia de atribución genérica, en tanto que la del fuero contencioso administrativo federal es de atribución especial, pues, de conformidad con lo dispuesto por el art. 41 de la ley 13.998, los jueces de este fuero civil mantendrían la competencia resultante de la ley 1893, salvo las causas que por el art. 45 de dicha ley, se atribuían a los jueces en lo contencioso administrativo, enumeradas taxativamente (cfr. Cncont. Adm. Fed., Sala iv, in re "Ferrocarriles Metropolitanos SA c/Varela Francisco José y otros intrusos y/o ocupantes s/Proceso de Conocimiento", del 3.9.96).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jardín de los Ceibos S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-02

No constituye absurdo descartar determinadas pericias y hacer base de la decisión en otras, cuando las razones alegadas son suficientes para ello.
Caso fortuito, fuerza mayor, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Abbot Laboratorios Argentina S.R.L c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-09-11

Aun dentro del derecho administrativo, la conceptualización de la fuerza mayor o del caso fortuito como supuestos de inimputabilidad en el incumplimiento de las obligaciones, presenta caracteres que resultan propios del derecho privado, resultando un concepto comprensivo de ambos supuestos, el que surge del art. 514 del Código Civil en cuanto alude a todo hecho imprevisible o inevitable, ajeno a las partes, sobreviniente a la constitución de la obligación, que viene a impedir su cumplimiento.
Honorarios, peritos, acumulación de acciones, pericia contable
Materia: PROCESAL
Carátula: MADRID JOSE Y OTROS c/ ZUAZO  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-20

Los puntos de pericia contable comunes sirven para todos los litis consorte activos que acumularan acciones objetivas y los pasivos. La acumulación en este caso no implica la multiplicación de los actos periciales integrantes de la única pericia sean una o varias las acciones independientes en esos puntos comunes, la situación en autos no es distinta. El trabajo pericial es el mismo:

dictaminar sobre puntos comunes que hacen a las particulares relaciones comerciales y laborales de las empresas que surgen de elementos, correspondiendo meritarla en los términos del art. 36 incs. 2, 4, 6, 7, 8 y 10 de la Ley 8226, sin salir del estrecho marco del art. 47 ib., de cinco a treinta jus.-