Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-07


Expte. Nº 5853/12 "LOZADA Ricardo Walter c/ Provincia de San Juan y Sucesores de Quiroga Pedro Rodolfo Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a siete ( 07 ) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha treinta de mayo del año dos mil doce, en autos Nº 21207 - 97407 caratulados: "Lozada Ricardo Walter c/ Provincia de San Juan y Sucesores de Quiroga Pedro Rodolfo - Daños y Perjuicios"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:----------------------------------------------------- --- La parte actora plantea sendos recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.---------------------- --- En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 69/74 de estos autos, el a quo -en lo que resulta de interés a los recursos aquí planteados- rechaza la apelación deducida por la accionante, y, en su consecuencia, confirma la sentencia de primera instancia que declaró operada la perención de la segunda instancia.----------- --- El tribunal llega a tales conclusiones, tras considerar que para la doctrina mayoritaria, la segunda o ulterior instancia se abre con la concesión del recurso ordinario o extraordinario, o bien con su interposición, con prescindencia de si ha sido concedido o no. Que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue concedido el 10/11/2010 y el planteo de la caducidad de segunda instancia tuvo lugar el 17/03/2011, por lo que transcurrió con exceso el plazo establecido en el artículo 274 apartado 2º del CPC, sin necesidad de que la resolución de concesión fuera notificada por cédula, pues este recaudo sólo es exigible para el plazo de presentación de la fundamentación (art. 253 ibidem).---- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en las causales de los incisos 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275: lo primero, por cuanto la recurrente afirma que las instancias de mérito se han arrogado facultades legislativas, con grave lesión al principio de independencia de poderes y violación de principios fundamentales de la Constitución Nacional (arts. 14, 16 y 17) y Provincial; lo segundo porque, según alega, la sentencia es arbitraria y viola sus derechos de defensa y propiedad, al carecer de fundamentación.-------------- --- Al fundar el agravio encuadrado en el inciso 2º del artículo 11, la impugnante aduce que la alzada se arroga facultades legislativas, por cuanto realiza una interpretación subjetiva del artículo 253 del CPC. Señala que esta norma establece que la concesión del recurso de apelación y la orden de poner el expediente a disposición del apelante, debe notificarse por cédula, pero que los sentenciantes no lo expresan así.---------- --- En cuanto al agravio basado en el inciso 3º, la quejosa alega que el fallo carece de fundamentación; que se limita a transcribir citas jurisprudenciales y doctrinarias, mayoritarias y minoritarias, para después concluir que la notificación del recurso es exigible para fundamentarlo, no para el cómputo de la caducidad. Agrega que el a quo tampoco argumenta por qué no correspondía aplicar el criterio restrictivo de la perención -cuestión planteada por su parte en el recurso-, como así también por qué consideró que la segunda instancia estaba abierta, siendo que la demandada no había sido notificada de la sentencia definitiva.-------------------------------- --- El recurso de casación es subsumido en los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. La recurrente dice que el tribunal de mérito ha aplicado erróneamente al caso el artículo 135 del CPC y que ha omitido aplicar los artículos 253 y 275 inciso 6º del mismo cuerpo.----- --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 90. Se corrió traslado a la parte demandada y al Fiscal General de la Corte, contestando la primera a fojas 95/97 y emitiendo dictamen el segundo a fojas 99/101.--------------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré el rechazo de los recursos extraordinarios incoados por las razones que paso a analizar.

--- En forma liminar, advierto que la inconstitucionalidad fundada en el inciso 2º del artículo 11 de la ley 2275 resulta inviable, porque el cuestionamiento de la impugnante está dirigido contra la interpretación asignada por el a quo a una norma de carácter procesal -el artículo 253 del CPC-, sin discutir la inteligencia de ésta en su confrontación con la Constitución Nacional. Como es sabido, los errores de interpretación y de aplicación de la ley procesal pueden conculcar el derecho de defensa y, en su caso, motivar el recurso de inconstitucionalidad, pero para que éste se funde en los incisos 1º y 2º, en los que -en definitiva-, se pone en juego una crítica casatoria constitucional, es necesario que se haya cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento, al argüir su contradicción con la Constitución (inc. 1º), o bien cuestionado la inteligencia de una cláusula constitucional cuando la resolución adoptada sea contraria a la validez del título, derecho o garantía que se funde en dicha cláusula (inc. 2º).------------------------------------- --- Efectuada tal aclaración, corresponde abordar -en primer término- el planteo de arbitrariedad enrostrado al fallo, para luego -y a sus resultas- establecer si la interpretación de las normas procesales efectuada por el a quo, vulnera o no el derecho de defensa de la recurrente. En efecto, de prosperar el primer planteo, la sentencia sería nula, inválida, con lo que el análisis restante devendría en abstracto.--------------- --- Dicho esto, resulta que la quejosa, pese a alegar la arbitrariedad del fallo, se limita en realidad a discrepar con el criterio adoptado por el a quo, para interpretar las normas procesales implicadas. Al respecto, memoro que esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (PRE S.2ª-1990-I-97; S.1ª-1990-II-1; etc.).---------------------------------- --- En la especie, no resulta irrazonable concluir como lo hizo la alzada -siguiendo a la doctrina mayoritaria-, en el sentido que la segunda o ulterior instancia, se abre con la concesión del recurso ordinario o extraordinario "aun cuando no se hubiesen elevado los autos supeditado a notificaciones pendientes", o bien con su interposición, con prescindencia de si ha sido concedido o no. Que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue concedido el 10/11/2010 y el planteo de la caducidad de segunda instancia tuvo lugar el 17/03/2011, por lo que transcurrió con exceso el plazo establecido en el artículo 274 apartado 2º del CPC, sin necesidad de que la resolución de concesión fuera notificada por cédula, pues este recaudo sólo es exigible para el plazo de presentación de la fundamentación (art. 253 ibidem).- --- Yerra a mi juicio la actora cuando afirma que el a quo incurrió en arbitrariedad al omitir pronunciarse sobre dos planteos expresos de su parte: el relativo a la interpretación restrictiva de la perención y el vinculado a la imposibilidad de que la segunda instancia estuviera abierta, por encontrarse pendiente de notificación la sentencia definitiva a la demandada.---- --- El abordaje del primer planteo resultaba estéril por cuanto, para el tribunal de mérito, el plazo previsto en el artículo 274 inc. 2º del CPC "había transcurrido en exceso", por lo que la situación de duda que amerita la aplicación de la regla, tendiente a mantener viva la instancia, no se configuró. Y es que, la opción jurisdiccional de mantener vivo el proceso, resulta procedente en supuestos de duda en torno a la aplicación del instituto, más no cuando inequívocamente se constata inactividad procesal idónea durante los plazos legales.- --- En cuanto al segundo planteo, fue tratado expresamente por el a quo, al adoptar la posición mayoritaria que entiende que la segunda instancia se abre con la concesión del recurso -o con su interposición-, "aun cuando existieran notificaciones pendientes" (fs. 71). Es más, deja en claro que la tesis que considera que no corresponde computar el plazo de caducidad, hasta que se encuentren notificadas de la resolución apelada la totalidad de las partes -invocada por la recurrente-, es minoritaria y que -tácitamente- no la comparte.----------- --- Descartado como ha sido el vicio de arbitrariedad enrostrado al fallo, resta analizar por esta vía (artículo 11 inciso 3º de la ley 2275) si la sentencia, no obstante encontrarse debidamente fundada, vulnera el derecho de defensa de la recurrente, en la interpretación signada a las normas procesales puestas en crisis: artículos 253 y 275 inciso 6º del CPC.------- --- Anticipo opinión en el sentido que la interpretación efectuada por el tribunal de mérito, es la correcta. Por el contrario, la propiciada por la recurrente se aparta de los principios generales que rigen la materia, desvinculando las normas cuestionadas del sistema integral en la que están inmersas: el Código Procesal Civil Provincial.--------------------------------------- --- El razonamiento que propicia la quejosa es el siguiente: a) el artículo 253 ordena la notificación por cédula, del decreto que concede el recurso de apelación; b) dicha actividad -notificación- se encuentra a cargo del juzgado: juez, funcionarios; c) no habiendo cumplido el tribunal con dicha diligencia, la perención de segunda instancia no procede, en virtud de lo dispuesto por el artículo 275 inciso 6º ibidem.------------------- --- En el silogismo precedente, la impugnante omite fundamentar cuál es la norma que impone al juzgado la notificación oficiosa de dicho decreto. Y es que en materia procesal civil, rige el principio dispositivo en virtud del cual el impulso del procedimiento corresponde a la parte interesada -en este caso, a la que articuló el recurso-. La actuación del juez tendiente a evitar la paralización del proceso es facultativa (art. 35 inciso 1º del CPC), con lo que, cuando determinada actividad se pone a cargo del órgano jurisdiccional, debe serlo en forma expresa. Así surge del texto del artículo 275 inciso 6º, citado por la recurrente: "No correrán cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal; ni cuando la prosecución del trámite esté atribuida según este Código o la reglamentación de superintendencia a una actividad del Juez, del secretario o del prosecretario" (el subrayado me pertenece).------------- --- Un ejemplo de notificación que la ley ritual pone en cabeza del tribunal, es la prevista en el artículo 450 del CPC que determina que "la sentencia será notificada de oficio.". Pero, como dijera, tales cargas deben estar expresamente contempladas en la ley, atento al principio dispositivo que rige en la materia.--------------------- --- Por otra parte, la atenta lectura del artículo 253, nos permite advertir la escisión existente entre la concesión del recurso -por un lado- y su fundamentación -por otro-. Así la norma textualmente refiere que: "En la misma resolución que conceda el recurso, se mandará poner el expediente a disposición del recurrente para que exprese agravios en el plazo de DIEZ DÍAS de ser notificado por CÉDULA.". De otro modo, no se explica por qué la denegatoria del recurso de apelación, por el motivo que fuere -extemporaneidad, decreto irrecurrible, etc.- quedaría notificada ministerio legis (art. 126 ibid) por ser consecuencia inmediata del pedido de la parte interesada (art. 135 segundo párrafo ibid), mientras que a su concesión, no se le aplicaría idéntico principio: una ilogicidad. Estas reflexiones refuerzan mi convicción en el sentido que la segunda instancia se abre en la oportunidad prevista en el artículo 275 inc. 1º del CPC, con independencia de su notificación por cédula.------------------------------------------------- --- De donde, la falta de notificación por cédula de la concesión y puesta a disposición para fundamentar el recurso (art. 253, segundo párrafo), obsta que sea declarada su deserción (art. 253, tercer párrafo), pero no impide que transcurridos los plazos previstos por ley (art. 274 inc. 2º) desde que el recurso se concediera (art. 275 inc. 1º), la parte contraria acuse la perención, ya que incumbe al interesado -quien promovió la vía recursiva- procurar su avance hasta que se encuentre en condiciones de ser decidida. Una interpretación diferente podría conducir a su virtual paralización sine die. "Por lo tanto, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, la parte que da vida a un proceso (o a una de sus etapas o instancias incidentales) debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, porque de lo contrario expone a la otra parte a la pérdida de tiempo y de dinero que implica una instancia indefinidamente abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa con respecto a los deberes que les conciernen". -------------- --- Por todas las consideraciones efectuadas, propicio el rechazo del recurso de inconstitucionalidad planteado por la parte actora.------------------------------------ --- En cuanto al recurso de casación -como ya anticipara- resulta inadmisible por cuanto las cuestiones de interpretación y aplicación de la ley procesal viabilizan el recurso de inconstitucionalidad pero no el de casación, que se encuentra instituido para verificar la correcta aplicación e interpretación de las normas que definen la relación sustantiva (PRE 1985-II-288; 1984-III-11, etc.) En su consecuencia, corresponde sin más remitir la causa al tribunal de origen.-------- --- En cuanto a las costas generadas en esta instancia extraordinaria, propongo que sean impuestas en el orden causado (art. 20, ley 7675).---------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora.-------------- --- II) Imponer las costas generadas en esta instancia en el orden causado (art. 20, ley 7675).---------------- --- III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales que deberán bajar al tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívese.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.

Ef-5853 E.B.T.

PRE S1ª 2013-III-444