Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-07


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 13 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los7 días del mes de septiembre de dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CESAR ERNESTO OVIEDO, JOSE RICARDO CACERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte No 76/05 "José HADDAD e Hijos S.R.L. - s/ Concurso Preventivo - RECURSO DE CASACION",el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- 2) Costas.- Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 58, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSE RICARDO CACERES, CESAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, - A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 5/49 el apoderado del síndico del concurso preventivo promueve recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria No 70/05 emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando las causales previstas en los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C..- Comienza el relato de los hechos señalando, que con motivo del concurso preventivo de la firma comercial José Haddad e Hijos S.R.L. su mandante fue designado por sorteo como síndico. Que a los efectos de verificar sus créditos se presentaron 179 solicitudes, recibiendo en fecha posterior los informes individuales correspondientes. Que en Primera Instancia se decide su remoción como síndico dada las irregularidades detectadas en los informes presentados.

Que en Segunda Instancia se confirma la sentencia, y se resuelve, atento a la omisión del iudicante, imponerle cinco años de inhabilitación para desempeñarse como síndico en concursos y quiebras, pues las faltas graves constatadas y que se materializaron, a juicio de los Camaristas, en criterios contradictorios respecto a los informes individuales, como la omisión de inhibirse y de controlar debidamente la documentación que le fuera presentada, ameritaba la máxima sanción.- En ese orden y a fin de fundar los agravios que le causa la sentencia impugnada, expresa el recurrente que la sanción impuesta deviene nula al haberse violado las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio. En efecto, aduce que si el iudicante encontró observaciones que formulara los informes presentados por la sindicatura debió promover de oficio el incidente de remoción, y no tratar de suplir dicho trámite con una audiencia previa donde se le pidieron inquisitivamente explicaciones de algunos de los 179 informes, pues en aquélla no se pudo ejercitar el derecho de defensa que la Constitución garantiza como paso previo a la calificación de su conducta.

Que por tal motivo la sanción impuesta deviene extemporánea a más de desproporcionada con la conducta reprochada, pues la lógica indicaba que primero debería haberse emitido la sentencia prevista en el Art. 36, en la cual se valoraran los informes, declarando las solicitudes como verificados, admisibles o inadmisibles.

Asimismo manifiesta, que para así disponer la sanción más grave, no se tuvo en cuenta las constancias de la causa que dan cuenta del escaso margen de error, solamente 5 de los 179 informes presentados fueron cuestionados por el A-quo respecto al criterio en ellos sostenidos, como tampoco se analizó lo exiguo del plazo con que disponía para desarrollar su tarea, y la falta de antecedentes a lo largo de su carrera profesional. Desde otro ángulo enfatiza que los informes individuales representan solo un mero consejo que tiene como destinatario al juez quien puede compartirlos o no.

Por último señala, que el vicio de arbitrariedad se manifiesta al haberse extralimitado el Tribunal de Alzada fallando ultra petita, ya que a la sanción impuesta por el Juez del concurso se le añadió en la Segunda Instancia la inhabilitación de cinco años para ejercer el cargo de síndico. Finalmente hace reserva del caso federal, peticionando en definitiva la revocación de la sentencia, con costas.- A fs. 52 la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible el recurso promovido.- A fs. 53/56 vta. se agrega dictamen del Sr. Procurador General, con lo que la causa, previo llamamiento de autos, se encuentra en estado de ser resuelta.- Siendo ello así, cabe recordar que la instancia extraordinaria es impulsada a fin de obtener la revocación de la sentencia que por unanimidad decidiera confirmar la sanción de remoción impuesta al síndico del concurso preventivo, en razón de haber encontrado los iudicantes que los errores cometidos por éste en numerosos informes individuales configuraban la negligencia y, en algunos casos, hasta falta grave que ameritaban tamaña sanción.- A fin de refutar los argumentos esgrimidos en el acto sentencial, invoca el recurrente la injusta aplicación del derecho como consecuencia de la errónea valoración de los hechos, lo que conlleva una sanción desproporcionada a la conducta desplegada, pues de los 179 informes individuales solamente 5 fueron observados por el Juez, encontrándose ello justificado por lo exiguo del término legal para tal presentación y la cantidad de legajos que debieron ser analizados.

Por otra parte aduce que la sanción ha sido emitida extemporáneamente, es decir, antes de que el Juez del concurso emitiera la sentencia que prescribe el Art. 36 de la L.C.; y que la misma adolece del vicio de nulidad pues ha sido impartida sin haberse respetado el derecho al debido proceso legal.- A renglón seguido esgrime el vicio de incongruencia que ostenta la sentencia, ya que so- pretexto de determinar las consecuencias legales de la sanción de remoción impuesta por el Juez del concurso, la Cámara, extralimitándose en las facultades, le agrega la inhabilitación de 5 años para ejercer el cargo de síndico.- Expuesto de esta forma los agravios, corresponde comenzar este voto recordando, una vez más, que las cuestiones de hecho y prueba escapan en principio al control que implica la casación, pues sabido es, este Alto Cuerpo no es un tribunal de tercera instancia con facultades para rever todas las cuestiones planteadas en las instancias de grado, ya que el recurso extraordinario de casación no consiste en otra impugnación por apelación, sino que es un remedio excepcional establecido por la Constitución de la Provincia para custodiar la aplicación de la ley y de la doctrina legal a los hechos definitivamente juzgados en las instancias de mérito.- Establecido ello, liminarmente he de consignar que la materia sometida a control sugiere la revisión del criterio empleado por el Juez del concurso, cuando al valorar la conducta observada por el sindico en los distintos informes presentados decide imponerle la sanción de remoción. Para así decidir el Juez analiza numerosos informes de los que extrae posturas contradictorias en verificaciones de créditos de características similares, omisiones de cierta entidad e irregularidades que en modo alguno condicen con la labor de la sindicatura de un concurso.- Sobre el particular cabe señalar, que la temática propuesta configura aquella materia privativa de los jueces de la causa, por ser de naturaleza procesal y fáctica y, por lo tanto, ajena a esta instancia extraordinaria. Ello en tanto se puede comprobar que las facultades ejercidas por el magistrado al momento de graduar la sanción ha sido dentro de los límites impuestos por las leyes respectivas.- En consecuencia he de señalar, que bajo el título de errónea aplicación de la ley, el recurrente se limita a invocar argumentos que giran sobre la valoración de los hechos y pruebas, lo que pone de manifiesto una deficiente técnica recursiva, toda vez que la alegación y sustentación de los motivos casatorios se efectúan de manera confusa, denotando así la pretendida queja tan sólo disconformidad con lo resuelto en la sentencia impugnada, sin lograr demostrar prima facie la errónea interpretación o aplicación, menos aún, violación de las disposiciones legales en que se sustenta la solución cuestionada.- Respecto al procedimiento empleado por el Juez del concurso, y del cual el recurrente aduce su irregularidad en tanto no se formó el respectivo incidente de remoción dándole la oportunidad de ejercer debidamente el derecho de defensa, dable es poner de resalto, como bien lo hace el Sr. Procurador, que la ley de concursos y quiebras faculta al juez del concurso, ante faltas manifiestas, a imponer sanciones de oficio, inclusive puede hacerlo sin necesidad de darle vista o requerirle las explicaciones del caso.- Siendo ello así, ninguna objeción puede formular el síndico recurrente, pues en autos ha quedado comprobado que el A-quo antes de decidir sobre la sanción que posteriormente aplicó, lo citó a una audiencia para que formule las aclaraciones pertinentes.- Por último se invoca el vicio de incongruencia dado que el Tribunal de Alzada ha violado los límites impuestos fallando ultra petita, puesto que amplió la sanción aplicada agregando a la remoción la inhabilitación de cinco años para ejercer el cargo de síndico.- Una vez más debo expresar mi total coincidencia con el criterio sostenido por el Sr. Procurador, pues se sabe, es el juez del concurso el que se encuentra investido de las facultades para establecer las eventuales sanciones que pudieran imponérseles a los funcionarios del concurso.- En consecuencia y careciendo el Tribunal de Alzada de competencia para determinar la inhabilitación por el término establecido, deber revocarse en este punto la sentencia, remitiéndose los autos al juzgado de origen para que sea el Juez del proceso universal el que establezca el término de la inhabilitación.- En conclusión, estimo deber revocarse parcialmente la sentencia. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Adhiero in integrum al voto del Sr. Ministro preopinante y a lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Corte, que agotan el tema traído a decisión.- Así voto. - A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por los Sres. Ministros preopinantes para la solución de la causa, votando en igual sentido. - A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Atento al resultado obtenido deber n imponerse las costas por el orden causado.

Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez más adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, votando en consecuencia, en el mismo sentido. - A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que coherente con mi adhesión a la primera de las cuestiones propuestas, voto a la presente en el mismo sentido que los votos precedente. Es mi voto. - En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído el Sr. Procurador General en su dictamen No 56/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1)Casar parcialmente la Sentencia Interlocutoria No 70/05dictadas en los autos Cámara No 129/04, en consecuencia y careciendo el Tribunal de Alzada de competencia para determinar la inhabilitación por el término establecido, debe revocarse en este punto la sentencia, conforme lo establece los considerandos de la presente.- 2) Rechazar el recurso de casación en todo lo demás que fuera materia de agravios.- 3) Costas en el orden causado.- 4) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Segunda Nominación, que deber proceder a la devolución al recurrente el depósito judicial obrantes a fs. 3 de autos.- 5) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.- 6) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.-