Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15


Expte. nº 14716/17 "RCI Banque s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: RCI Banque c/ GCBA s/ repetición'" Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. Llegan estas actuaciones al Tribunal para resolver el recurso de queja (fs. 100/110) deducido por RCI Banque contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que declaró inadmisible su recurso de inconstitucionalidad (fs. 98/99).

2. En el caso, RCI Banque promovió acción de repetición contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, también: GCBA) por la suma de novecientos noventa y siete mil setecientos treinta y ocho con 02/100 pesos ($ 997.738,02) -que había abonado en concepto de anticipo y 59 cuotas del plan de facilidades de pago previsto y regulado por las resoluciones n° 1489-MHGC-09 y nº 1674-MHGC-09, que se suscribió mediante acta del 3/2/2009-, haciendo expresa "reserva [d]el derecho de ampliar el monto del presente reclamo a medida que se vayan produciendo los vencimientos de nuevas cuotas" (fs. 8/16; en particular, fs. 8).

En el escrito de inicio el actor relató que mediante la resolución n° 1003/DGR/2009 el fisco de la Ciudad determinó de oficio el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el período 12/2002 y le impuso una sanción del 65% de las sumas determinadas por considerarlo incurso en la figura de omisión fiscal. Explicó que contra esa resolución interpuso recurso de reconsideración y que, ante su rechazo, articuló un recurso jerárquico que también fue desestimado mediante la resolución n° 474/AGIP/2009, notificada el 27/7/2009.

Expuso que impugnó judicialmente aquel acto determinativo (expediente n° EXP 35985/0), trámite que -ante la denuncia del GCBA- fue declarado caduco en primera instancia. RCI Banque relató haber apelado esa decisión y que, ante el rechazo de su recurso por la Cámara de Apelaciones del fuero, interpuso un recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria dio lugar a una presentación directa que este Tribunal rechazó -mediante la sentencia del 14/5/2014, dictada in re: "RCI BANQUE - Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: RCI BANQUE - Sucursal Argentina c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expediente n° 9747/13-.

El actor también sostuvo que ". las acreencias reclamadas corresponden al pago indebido por diferencias sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, período anticipo 12/2002, a consecuencia de la ilegítima determinación impositiva practicada por dicho fisco mediante la Res. 1003/DGR/2009" (fs. 8 vuelta); y fundó su pretensión en que, al momento de la determinación oficiosa, se encontraban prescriptas las acciones y poderes fiscales para la determinación del gravamen. En ese sentido, postuló que correspondía la aplicación al caso de las pautas contenidas en el derecho común con respecto al momento en que debe comenzar a computarse el término de la prescripción y con relación a las causales de suspensión de ese plazo. A la vez, con fundamento en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, solicitó que se declararse la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal local que se apartaban de las disposiciones de derecho común relativas a aquellos aspectos del instituto de la prescripción.

3. Cumplido el traslado de la demanda, el GCBA opuso excepción de inhabilitación de la instancia (fs. 63/70 vuelta).

En apoyo de su defensa sostuvo que el acto determinativo de oficio había quedado firme y no correspondía que sea revisado por vía de la demanda de repetición. Expresó que tanto las diferencias abonadas como su causa habían sido consentidas por el actor, de modo que no puede intentar reabrir, por medio de la acción de repetición, una discusión que debía considerarse finiquitada.

Manifestó, además, que el banco contaba con un término perentorio de 90 días hábiles para iniciar la acción judicial impugnativa (art. 7 del CCAyT), plazo que ya había transcurrido al momento de la interposición de la demanda de repetición.

4. La jueza de primera instancia rechazó la defensa previa (fs. 72/72 vuelta).

Contra esa decisión, el GCBA interpuso recurso de apelación (fs. 117/123 vuelta), que fue admitido por la Cámara, rechazándose la demanda (fs. 75/78).

Al fundar el pronunciamiento, los jueces que conformaron la mayoría manifestaron compartir la doctrina de este Tribunal conforme a la que resulta imposible cuestionar un requerimiento de pago de tributos por la vía de la repetición cuando, con anterioridad, se siguió la vía impugnatoria. Refirieron, en ese sentido el precedente "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expediente n° 9989/13, sentencia de este Estrado del 23/12/2015.

En ese orden, tras considerar las circunstancias procesales del caso, concluyeron que resultaba ". inconducente la vía elegida para tramitar la pretensión seguida en estos actuados, por lo tanto corresponde, sin más, el archivo." (fs. 76). A ello agregaron que la discusión vinculada a la prescripción de las acciones y poderes del fisco para reclamar el tributo objeto de la causa debía discutirse en el marco del proceso impugnatorio del acto de determinación y no en el juicio de repetición.

5. Disconforme, RCI Banque interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 80/89 vuelta) cuya denegatoria motivó la interposición de la queja referida en el punto 1 precedente.

6. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la presentación directa (fs. 131/134).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja fue interpuesta en tiempo, forma y por parte legitimada (art. 32, ley n° 402). Sin embargo, no puede prosperar pues el recurrente no logra rebatir las razones por las que la Cámara denegó su recurso de inconstitucionalidad.

2. La Cámara denegó el remedio extraordinario local con fundamento en que el recurrente no había logrado demostrar la configuración de una cuestión constitucional que autorizara su concesión.

Más allá del acierto o desacierto de las consideraciones de la Alzada, lo cierto es que los planteos plasmados por el actor no superan la mera discrepancia con la valoración que realizara el a quo, alegando de manera genérica y meramente dogmática la afectación de derechos de raigambre constitucional -acceso a la justicia y derecho de defensa en juicio-, sin lograr demostrar una clara vinculación entre aquellos y lo decidido en la sentencia en crisis.

Se limita, en efecto, a proponer el abordaje de cuestiones de hecho y procesales -en tanto alega que se registran en el caso circunstancias estrictamente análogas a las dadas en el precedente "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expediente n° 9989/13, sentencia del 23/12/2015, lo que justificaría una solución idéntica a la adoptada en aquel fallo-, vinculadas a la aplicación de normas infraconstitucionales -referidas a la repetición de tributos, a la habilitación de la instancia y a la imposición de costas-; todo lo cual resulta ajeno, en principio, a la instancia recursiva intentada.

3. Con respecto al invocado apartamiento de la doctrina sentada por este Tribunal -por mayoría- en la citada causa "Bank Boston", cabe realizar las siguientes consideraciones:

a)	el recurrente omitió rebatir el argumento desarrollado en el fallo aquí atacado, en cuanto a que las circunstancias particulares del caso (detalladas en el considerando nº 5 del voto mayoritario) diferían sustancialmente de las tenidas en cuenta por el Dr. Lozano en la causa "Bank Boston" (en los considerandos 5º y ss. de su voto, que conformó la mayoría junto a los pronunciamientos de los Dres. Casás y Paz);

b)	aún cuando soslayáramos lo anteriormente expuesto, lo cierto es que la Cámara también brindó argumentos serios para apartarse del aludido precedente, pues estimó que la mayoría allí alcanzada resultaba meramente "circunstancial" en virtud de no haber emitido su voto la Dra. Weinberg -lo que obligó a integrar el Tribunal con la designación de la Dra. Paz-, quien -según la Cámara- probablemente "seguiría, como integrante del Tribunal, la línea desarrollada por las juezas Ruiz y Conde" (ver fs. 75 vta.);

c)	y por último, estimo que el criterio explicitado por el voto mayoritario en el fallo aquí recurrido, que postula la "imposibilidad de reconducir hacia una de las vías dispuestas para cuestionar requerimientos al pago de tributos por parte del fisco -en el caso, la de repetición- cuando, con anterioridad, se siguió la vía impugnatoria" (ver considerando 4º último párrafo, a fs. 75 vta.), no constituye un cercenamiento ilegítimo del acceso a la justicia -como sostiene el recurrente-, sino una consecuencia de la propia conducta válidamente adoptada por el recurrente. El criterio opuesto, a mi entender, implicaría convalidar un obrar errático, contrario a los propios actos y violatorio de los principios de buena fe y seguridad jurídica, y consentir una forma de eludir el cumplimiento de los plazos exigidos para interponer la acción impugnatoria -conforme mi voto emitido en la causa "Bank Boston"-.

4. Habida cuenta de ello, resulta aplicable la jurisprudencia de este Tribunal que reiteradamente ha señalado la necesidad de que la queja contenga una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los motivos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso que se intenta defender (cf. este Tribunal in re: "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expediente nº 291/00, resolución del 22/3/2000; "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expediente nº 865/01, resolución del 9/4/2001; entre muchos otros).

A ello cabe añadir que este Estrado también tiene dicho que las decisiones referidas a la procedencia o no de la habilitación de instancia remiten, en principio, a cuestiones procesales propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla, al recurso de inconstitucionalidad (cf. "MVS S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: MVS S.A c/ GCBA s/repetición", expediente n° 8286/12, sentencia del 11/4/2012; entre otros).

El mismo criterio resulta aplicable para rechazar el agravio relativo a la imposición de costas, toda vez que, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades -en el marco del recurso extraordinario federal, sin perjuicio de lo cual estos conceptos son trasladables al ámbito del recurso de inconstitucionalidad local-, la imposición de costas en las instancias ordinarias es una cuestión ajena al recurso extraordinario (Fallos 322:1716, entre muchos otros).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja de RCI Banque - Sucursal Argentina (en adelante, también, "RCI") ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada. Sin embargo, no puede prosperar ya que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero CAyT denegó el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. La Sala II no admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por RCI contra la sentencia que hizo lugar al recurso de apelación del GCBA y rechazó la demanda por no encontrarse habilitada la instancia judicial.

Los camaristas señalaron que:

(i) ". las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y decisión (.) quedaron circunscriptas a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen (CCAyT y Código Fiscal), todas ellas de carácter infraconstitucional" (fs. 98 vuelta); y (ii) "[l]a parte recurrente (.) en aquellos pasajes en que intenta vincular sus agravios con normas constitucionales, lo hace en forma genérica y sin satisfacer el mínimo de explicación necesario para vincularlas con las circunstancias de la causa" (fs. 98 vuelta). En cuanto a la arbitrariedad que RCI atribuye al fallo atacado, los vocales afirmaron que ". más allá de (.) que la parte recurrente discrepe con la solución adoptada, ella se presenta como debidamente fundada y constituye un acto jurisdiccional válido" (fs. 99).

3. En su recurso directo, RCI no logra poner en crisis las razones reseñadas en el punto anterior.

Es que allí insiste en objetar el modo en que la Sala II interpretó los hechos, la prueba y las normas infraconstitucionales que rigen la cuestión, sin articular sus dichos en forma precisa -y desde una concreta perspectiva constitucional a la luz de las constancias de la causa- con los términos del auto denegatorio.

Como lo expliqué al votar en "Technology Bureau S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Technology Bureau S.A. s/ ejecución fiscal'", expediente nº 4426/05, resolución del 21/06/06, entre otros antecedentes, "?e?s requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re 'Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad', expte. nº 865, resolución del 09/04/01)". Y, el incumplimiento en el caso con el referido recaudo define el rechazo del recurso directo intentado e impide avanzar en el análisis más allá de lo expuesto.

4. Por las razones apuntadas, corresponde rechazar la queja deducida por RCI Banque - Sucursal Argentina. Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Corresponde rechazar la queja interpuesta por RCI Banque (fs. 100/110), porque no muestra que la decisión recurrida -la de Cámara que rechazó la acción de repetición por no encontrarse habilitada la instancia judicial- (fs. 75/78), sea arbitraria y, por lo demás, no rebate el auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la falta de vinculación directa de sus agravios con las garantías constitucionales que aduce conculcadas.

2. La Cámara consideró que, mediante la acción de repetición, la parte actora intentaba introducir una cuestión -aquella referida a la prescripción de la acción- que debió haber sido abordada en el marco del juicio de impugnación del acto administrativo que determinó la deuda y que luego fue declarado caduco. Luego, entendió aplicable la doctrina de este Tribunal según la cual el sistema instrumentado por el legislador para entablar una discusión sobre una obligación tributaria regulada por el Código Fiscal impide, en principio, al contribuyente reconducir a la vía "reclamatoria" una discusión que fue planteada por la vía impugnatoria (cf. los votos de las juezas Conde y Ruiz y mi voto in re "Bank Boston NA c/GCBA s/repetición (art. 457 CCAyT) s/recurso de apelación ordinario concedido", expte. nº 9989/13, sentencia del 23 de diciembre de 2015). Finalmente, estableció que la solución excepcional arribada en el precedente "Bank Boston" (ya citado) no resultaba aplicable al caso (cf. fs. 74/78).

3. RCI Banque postula que el Código Fiscal no establece expresamente esa solución. Además, alega que la acción de repetición intentada es autónoma respecto de la acción impugnativa que finalizó con la caducidad de la instancia dado que, la mencionada en primer término, persigue ".la devolución de una determinada suma de dinero abonada -bajo protesto- ante el requerimiento de la Administración, por carecer de causa, en tanto los períodos que se reclamaban se encontraban prescriptos" y no la impugnación del acto administrativo que determinó de oficio la deuda. Finalmente, RCI Banque alega que el caso bajo estudio resulta análogo al analizado por este Tribunal en la causa "Bank Boston" y, por lo tanto, entiende que la Cámara debió aplicar la solución allí establecida, consistente en tener por habilitada la instancia judicial. Sobre dicha base, afirma que la decisión recurrida viola, entre otras, la garantía de acceso a la justicia y su derecho de propiedad (art. 12 inc. 6 CCABA y 14 y 17 CN) porque lo priva de ejercer una acción legalmente prevista apartándose de la letra de la ley y sin fundamento alguno.

La cuestión planteada ha sido abordada por este Tribunal en el precedente "Bank Boston" (antes citado) y, con anterioridad, en mi voto in re "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Laboratorios Mar SA c/GCBA s/repetición (art. 457 CCAyT)", expte. nº 9719/13, sentencia del 11 de junio de 2014.

Como señala la Cámara en la sentencia recurrida, en el precedente "Bank Boston" se reafirmó el criterio según el cual no resulta posible instar la acción de repetición si el contribuyente o responsable inició previamente la vía impugnativa (cfr. mis votos en las causa mencionadas arriba vis a vis el punto 3.3 del voto de la Dra. Conde y el punto 4 del voto de la Dra. Ruiz en la causa "Bank Boston"). Cierto es que en dicho precedente se resolvió que la instancia se encontraba habilitada. Pero ello fue así porque integré excepcionalmente la posición minoritaria en virtud de la existencia de una situación excepcional, esto es, que la parte actora había podido razonablemente pensar que la controversia se había visto renovada con el dictado de la resolución que resolvió la adhesión a ese Plan por las particularidades que presentaba y porque había suscripto el Plan de Facilidades dentro del plazo de caducidad para instar la acción judicial. Pero no menos cierto es que en el presente expediente la parte recurrente no muestra que concurran tales extremos.

Por lo demás, si bien mis colegas, las Dras. Conde y Ruiz, disienten conmigo respecto de la solución para ese caso, sí coinciden en que, como regla, una vez instada la acción impugnativa, no es posible reconducirla a la vía reclamatoria, así como que la elección de la vía impugnativa, como principio, determina la aplicabilidad del art. 7 CCAyT para obtener una revisión judicial de lo actuado por el Fisco en sede administrativa.

Las alegaciones de la parte recurrente en cuanto a que los integrantes de la Cámara "[e]sbozaron meras conjeturas sobre comentarios efectuados en cuanto a la conformación del TSJ." (cf. fs. 87 vta.) no rebate la razones expuestas por la Cámara para considerar que la solución de ese precedente no era aplicable al caso.

En esas condiciones, para mostrar la alegada "independencia de las acciones", RCI Banque debió mostrar que la cuestión que intentaba traer a debate con esta nueva acción resultaba independiente de las cuestiones contempladas en la determinación de oficio original que fuera objeto de impugnación administrativa y judicial por RCI Banque. Sin embargo, no lo hizo.

De los documentos adjuntos a la presentación directa tampoco surge dicho extremo. No surge ni de los términos del acta de adhesión al Plan de Facilidades firmada por el contribuyente (obrante a fs. 56) ni de las Resoluciones Nº 1489/09 y 1674/09 (obrantes a fs. 57/58 y 59/60, respectivamente). Por el contrario, de la lectura de esos instrumentos, se deduce que la deuda incluida en el Plan de Facilidades es la misma que la que surge del acto de determinación de oficio.

4. Por lo demás, si la única defensa de la actora es que la acción del fisco se encontraba prescripta al momento en que la actora adhirió al Plan de Facilidades y pagó los importes que ahora intenta repetir, entonces esa obligación constituía una obligación natural cuyo cumplimiento no resultaba compulsivo, pero cuyo pago no era indebido ni, por lo tanto, podría repetir (art. 515, inc. 3 del Código Civil de la Nación, vigente en ese momento).

5. Por último, el agravio relativo a la imposición de costas al vencido en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazado en tanto, en virtud de la forma en que se resuelve la queja, el recurso de hecho no resultaba la vía procesal para plantear dicha discusión.

Por las razones expuestas, voto por rechazar la queja.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja y el recurso de inconstitucionalidad de RCI Banque -Sucursal Argentina- (que se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva del tribunal superior de la causa, dado que la decisión de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fs. 75/78 priva al recurrente del único medio legal actualmente disponible para tutelar su derecho) deben ser estimados.

2. La cuestión planteada, aunque por una vía procesal diferente, es sustancialmente análoga a la considerada por el Tribunal in re "Bank Boston N.A. c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. nº 9.989/13, sentencia del 23 de diciembre de 2015. De los fundamentos desarrollados en mi voto allí -a los que remito in extenso- surge que la decisión del contribuyente de impugnar el acto de determinación de oficio del impuesto sobre los ingresos brutos (administrativa y/o judicialmente) no le impide detenerse en algún punto o abandonar dichas impugnaciones, pagar el tributo e iniciar una acción de repetición, en la medida en que aquella no esté prescripta y se cumplan los restantes requisitos de procedencia establecidos en el Código Fiscal, dado que no se trata de vías alternativas en las que la elección de una determine la pérdida irremediable de la otra.

3. En este caso, RCI Banque -Sucursal Argentina- interpuso recursos de reconsideración y jerárquico contra la determinación de oficio (que fueron rechazados) y una acción de impugnación de acto administrativo (en que se declaró la caducidad de la instancia). Asimismo, el contribuyente pagó el tributo resultante de la determinación (que pretende repetir) a través de un plan de facilidades de pago especial que no implicó el reconocimiento de la deuda incluida en aquél.

De esta forma, tratándose de un pago a requerimiento del Fisco local (en que resulta innecesario iniciar un reclamo administrativo de repetición antes de interponer la acción judicial) y en la medida en que tanto la existencia de un pago indebido o sin causa como la prescripción de la acción (de ser opuesta como defensa por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) deberán ser analizadas por las instancias de mérito en oportunidad de sentenciarse el fondo de la controversia, corresponde revocar la sentencia de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fs. 75/78 y declarar habilitada la instancia judicial, con costas de primera y segunda instancia a la vencida y las del recurso de inconstitucionalidad por su orden, dado que como consecuencia del desglose de la contestación de dicho remedio por el GCBA, no existió propiamente contradicción (artículos 2º de la ley nº402 y 62 del CCAyT).

Agréguese -por Secretaria- copia del precedente citado en el considerando 2º.

Así lo voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por RCI Banque.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal el 23 de diciembre de 2015 en los autos "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido" (expte. nº 9989/13) como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales. La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.