Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-16


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a dieciséis (16) de Mayo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Lazarte, Marcelo René vs. Equipos y Sistemas S.R.L. y otro s/Cobros ".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (fs. 257/261 vta.) contra la sentencia dictada, por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 27 de diciembre de 2002, obrante a fs. 244/245 vta. de autos, posteriormente rectificada por auto de fecha 18/6/03 (fs. 274), que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 14 de abril de 2004 (cfr. fs. 288). Únicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 298, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la referente a la admisibilidad del recurso extraordinario local.

Como surge de las constancias de autos, la sentencia impugnada reviste el carácter de definitiva; el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, conforme surge de la notificación practicada a fs. 295 vta. y del cargo inserto a fs. 261 vta.; no resulta exigible el afianzamiento que prevé el artículo 133, por recurrir la parte actora y se invoca infracción a normas de derecho. En consecuencia el recurso es admisible; voto porque así se declare..

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, resulta contradictorio con el de la Sala V, del mismo tribunal, sentencia Nº 250 de fecha 17-12-02, recaída en los autos: "Petroff, Iván José y otra vs. Equipos y Sistemas SRL y otros s/ Cobro de pesos".

Dos son las cuestiones respecto a las cuales la agravia la sentencia en crisis.

La primera alude al reclamo del pago de las comisiones y diferencias de sueldo descalificando el rechazo del rubro con fundamento en que se trata de un reclamo global porque su cálculo requiere la discriminación, no es exacto ya que ello surge del texto de la demanda y el reverso de la planilla de liquidación, no obstante, si el juzgado entendía que hubo error, debió aplicar el artículo 57 del CPT. Agrega una serie de consideraciones que, en lo que resulten pertinentes y suficientes para la solución a que arribaré sobre esta cuestión, serán valoradas al momento de juzgar su procedencia.

La segunda cuestión se refiere a que la sentencia descarta la solidaridad entre Equipos y Sistemas S.R.L. y Telecom Personal S.R.L., porque encuadra al contrato que las vincula como franquicia o concesión y porque materialmente no forman una unidad técnica de fabricación del bien objeto de venta.

Al respecto, la recurrente luego de citar doctrina, jurisprudencia de la CSJN, transcribe parcialmente el voto del doctor Luis Antoni en la causa "Petroff Iván José y otro vs. Equipos y Sistemas S.R.L. y otros s/Cobros", destacando que del análisis del contrato celebrado entre los co-demandados, dicho vocal infiere la existencia de unidad técnica de ejecución, ya que Telecom Personal S.A. participa, regula y controla todas y cada una de las operaciones de Equipos y Sistemas S.R.L. hasta 6 meses posteriores a la rescisión del contrato, y por lo tanto declara la existencia de solidaridad entre los co-demandados a tenor del artículo 30 LCT.

De ello infiere el error sentencial cuando excluye la solidaridad de las co-demandadas usando una terminología inadecuada a la relación contractual que las une, que es de comercialización de servicios y bienes y no la de fabricación de bienes.

Asimismo, desarrolla una serie de argumentos y razones que, en lo pertinente, valoraré más adelante, parágrafo V.2. de este considerando.

IV.1.- La sentencia, objeto del recurso casatorio, ante la no contestación de la demanda por parte de Equipos y Sistemas S.R.L. y teniendo por acreditada la prestación de servicios, aplica la presunción de certeza de los hechos invocados en la demanda a su respecto, condenándola.

En cuanto a comisiones y diferencias, sostiene que "dichos conceptos reclamados de modo global, no corresponden habida cuenta que su cálculo requiere la discriminación de los haberes percibidos, de los que correspondían, en el caso tratándose de comisiones por ventas y las diferencias resultantes mes a mes. Las referencias aproximativas que puedan resultar de la apreciación de la prueba testimonial, no son suficientes para la cuantificación salarial, cuando ésta se encuentra contenida en la escala de convenio que prevé el mínimo inderogable".

IV.2.- Con relación al planteo de falta de acción de la co-demandada Telecom Personal S.A., vincula la cuestión con el alcance de la solidaridad dispuesta por el artículo 30 LCT y partiendo del criterio limitativo de la jurisprudencia de la CSJN, excluye los contratos de concesión, distribución o franquicia "y que los "establecimientos" compongan una "unidad técnica o de ejecución", referida a la "fabricación" de un producto determinado. La primera de naturaleza "contractual", la segunda de origen "material", en cuanto el producto final ha sido "fabricado" fragmentariamente en los establecimientos.

Sostiene que surge de la causa que Equipos y Sistemas S.R.L. era agente de ventas de Telecom Personal S.A., cuyo objeto eran las ventas de conexiones del servicio de telefonía móvil y de teléfonos móviles celulares, pudiendo autorizar al agente la venta de terminales y accesorios provistos por otras empresas.

De la copia del contrato entre ambas co-demandadas, agregado a fs. 100, según el fallo, surge que Telecom presta un servicio de telefonía móvil como licenciataria de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, en el cual el agente promoverá la venta de conexiones al STM y terminales celulares, a cuyo término dicho agente tendrá derecho a cobrar por todo concepto una comisión de conformidad con la cantidad de conexiones efectivamente habilitada.

Destaca la exclusión de solidaridad bajo el concepto de unidad técnica de fabricación del objeto de venta en distintos establecimientos, ya que la actividad normal y específica de la co-demandada resulta de la Resolución Nº 11-95 de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la cual es licenciataria, sin que pueda afirmarse que la venta de la conexión del servicio constituya una actividad con los caracteres de normal, específica y propia, puesto que la especificidad, en el caso, depende de la autorización estatal, lo que exorbita el concepto privado de venta.

Sobre la base de estos argumentos y otros que adiciona, considera que en el caso no existe solidaridad y hace lugar a la falta de acción interpuesta por Telecom Personal S.A.

V.- De la reseña realizada surge la necesidad de determinar la existencia de sentencias contradictorias, a partir de lo cual, existirían dos cuestiones a debatir: a) el rechazo del rubro comisiones y diferencias salariales y b) la existencia de solidaridad entre las co-demandadas a tenor del artículo 30 LCT.

V.1.- Tal como surge de autos y de la copia de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, recaída en la causa "Petroff Iván José y otro vs. Equipos y Sistemas S.R.L. y otros s/Cobros", agregada a fs. 280/284 de autos, el presente caso es fácticamente similar a dicho precedente, ya que ambos pleitos tratan el reclamo de trabajadores dependientes de la empresa Equipos y Sistemas S.R.L, que cumplían las mismas tareas (vendedores B), que se consideraron injuriados por idénticos motivos y por lo tanto se autodespidieron. Demandan a su empleadora Equipos y Sistemas S.R.L. conjuntamente con Telecom Personal S.A. por ser la primera una de las agentes de venta de la segunda, dedicada a la comercialización de teléfonos celulares marca Personal S.A. no sólo en Tucumán, sino en todo el Noroeste donde tiene varias sucursales.

En ambos pleitos, Equipos y Sistemas S.R.L. no contestó la demanda, por lo que acreditada la prestación de servicios por parte de los actores, se aplicó la presunción del artículo 58 CPT.

Sin embargo, la interpretación legal realizada por las sentencias, en materia de comisiones y diferencias salariales y solidaridad entre las co-demandadas son sustancialmente distintas, por lo que considero configurada la situación prevista por el artículo 131, inciso b) del CPT.

Con relación a la cuestión referida al rubro comisiones y diferencias salariales, la sentencia se ha limitado a rechazar dichos rubros por considerarlos reclamados de modo global sin discriminación.

Sin embargo, asiste razón al recurrente en cuanto se agravia porque no fueron objeto de consideración los elementos fácticos y planilla de liquidación contenidos en la demanda respecto a tales cuestiones, ni ponderada la documentación acompañada con la misma, no desconocida por la co-demandada Equipos y Sistemas, ni se han considerado adecuadamente las consecuencias jurídicas de la aplicación de la presunción legal que surge del artículo 58 del CPT, máxime cuando del informe actuarial de fs. 212 surge, que la co-demandada Equipos y Sistemas S.R.L., no ha producido prueba alguna.

En efecto, conforme lo prescribe el artículo 58 de la Ley N° 6204, en caso de no contestación de demanda se presumirá ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los instrumentos acompañados a la demanda, siempre que el trabajador acredite el hecho principal de la relación laboral.

Siendo ello así, la confesión ficta de la demandada -originada en la incontestación incurrida-, tratándose de un juicio ordinario, produce efectos que han sido previstos por el artículo 58 (párrafos 2º, 3º y 4º) de la ley ritual, norma de la cual debe destacarse, como cuestión medular, la consagración de presunciones legales en contra del empleador que cobran operatividad relativa recién a partir de la efectiva acreditación del hecho principal de la prestación de servicios laborales.

Por otra parte, acreditada que fuere la relación de trabajo, como ocurre en autos, surgen a partir de entonces las presunciones de que los hechos invocados por el actor son ciertos y de que los documentos acompañados son auténticos.

Desde esta perspectiva cabe destacar que se trata pues de presunciones iuris tantum, lo que implica simplemente poner en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar válidamente, las situaciones comunes y propias del cumplimiento de la relación de trabajo, descripta en la norma, desbaratando así, mediante prueba en contrario, la presunción legal.

Debe ponerse de relieve que al no oponerse de manera automática la aplicabilidad de las presunciones establecidas, dado que ello depende de las probanzas arrimadas en autos, constituye una facultad exclusiva de los jueces de mérito disponerla cuando las constancias de autos así lo requieran.

Pero en el presente caso, la inversión de la carga probatoria ha sido decidida por el tribunal, a tenor del artículo 58 CPT, ante la incontestación de la demanda, luego de considerar probada la existencia de relación laboral, "bajo cuya condición opera la presunción de certeza sobre los hechos invocados en demanda" (sic).

Sin embargo, desde esta última perspectiva, la sentencia bajo la afirmación dogmática de que los rubros fueron reclamados en forma global y sin discriminar, omite analizar los hechos invocados y las planillas de liquidación contenidas en la demanda y las pruebas con ella acompañadas, del que resulta una inadecuada aplicación del régimen de presunciones del artículo 58, configurándose el vicio de arbitrariedad.

Por ello el agravio de la actora con relación a las comisiones y diferencias salariales, resulta procedente, debiéndose hacer lugar sobre el respecto al recurso de casación incoado conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que no obstante haber dispuesto la aplicación del sistema de presunción del artículo 58 CPT, rechaza un reclamo de la actora, omitiendo analizar los hechos invocados y las liquidaciones practicadas en la demanda." Sobre el particular, y por las razones prolijamente expresadas por esta Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, en sentencia N° 759 del 29-9-97, corresponde remitir estos autos a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento sobre la cuestión de marras.

V.2.-En cuanto al planteo referido a la existencia de solidaridad entre las co-demandadas a tenor del artículo 30 LCT, el fallo niega tal posibilidad en base a los fundamentos que sucintamente reseñara en el punto IV.2 de este considerando.

V.2.1.-Estimo oportuno efectuar, en modo preliminar, una aclaración que resulta pertinente.

Como surge de las constancias de autos, en el sub examine quien recurre en casación, es la parte actora, agraviada porque el Tribunal a quo, examinando las constancias de autos, arriba a la conclusión que entre las empresas "Telecom. Personal S.A." y "Equipos y Sistemas S.R.L." no se configuran los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en consecuencia, no resulta de aplicación en la especie la solidaridad, entre ambas empresas codemandadas, que la disposición legal de marras instituye. Por lo tanto, el actor ha introducido, como objeto de su recurso extraordinario local, la referida cuestión de derecho, abriendo así la competencia jurisdiccional de esta Corte Suprema de Justicia, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, para abocarse a su tratamiento.

Siendo ello así, se está ante una cuestión esencialmente distinta a la que fuera traída a conocimiento y decisión de este Tribunal, en instancia casatoria, en los autos "Petroff, Iván José vs. Equipos y Sistemas S.R.L. y otros s/Cobros", que fuera resuelta por sentencia N° 325 del 17-5-2004, obrante a fs. 567/569 del referido juicio que tengo a la vista. En este proceso, la codemandada Telecom. Personal S.A. planteó recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, fundamentando -como segundo agravio- "la nulidad de la sentencia por hacerse extensiva a Telecom. Personal sanción contenida en los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013" (cfr. fs. 541 y vta.), no por cuestionar que la sentencia que impugnaba había decidido que, entre dicha empresa y la codemandada Equipos y Sistemas S.R.L., con arreglo a las circunstancias acreditadas en autos, se configuraban los presupuestos fácticos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en consecuencia, resultaba de aplicación en el caso la solidaridad, entre ambas empresas accionadas, que la disposición legal de marras instituye, sino porque se había violado las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013, por cuanto el Tribunal a quo aplicó las sanciones pecuniarias que esas disposiciones prevén, condenando a su pago a la recurrente, no obstante no haberse cumplido, respecto a la misma, con el requisito sine qua non que las normas legales de marras instituyen para la procedencia de ellas: "...la intimación por parte del empleado o la asociación sindical a quien detenta el carácter de empleador, a los fines de que regularice la relación laboral, si "intimado" no cumple con la requisitoria deberá abonar las sumas que en concepto de sanción determine la ley" (cfr. fs. 541 vta.). En otras palabras, en ese proceso, no fue propuesta en absoluto, como objeto del recurso de casación incoado por la codemandada Telecom. Personal S.A., la controversia sobre si en el caso estaban configurados los presupuestos de hecho previstos en el artículo 30 de la LCT y consecuentemente si la demandada recurrente y la accionada Equipos y Sistemas S.R.L. quedaban aprenhendidas por la solidaridad que aquella disposición legal instituye; cuestión que fuera resuelta afirmativamente por la Sala a quo, sino que el agravio se limitó a plantear, como cuestión de derecho, exclusivamente la referida falta de intimación, como única razón de la invalidez de la sentencia que impugnaba por condenarla a abonar aquellas multas. Obviamente, consentida por la recurrente la conclusión a la que arribara la sentencia en crisis sobre la cuestión de derecho de la aplicación en la especie de lo normado por el artículo 30 de la LCT, esta Corte Suprema de Justicia, en la instancia casatoria, no podía ejercer su competencia jurisdiccional para reexaminar tal cuestión que había quedado firme para la recurrente-, debiendo sobre un tal presupuesto, resolver la cuestión jurídica traída a su conocimiento y decisión: si, con arreglo a las circunstancias fáctico-jurídicas inconmovibles del caso, podía condenarse a la recurrente a abonar el importe de sanciones previstas en los artículos 8 y 15 de la LCT, aun cuando "previamente no había sido intimada" como tales normas exigían.

V.2.2- En el horizonte clarificado, por la distinción preliminar efectuada en el punto precedente, considera que otra cuestión debatida en estos autos, en esta instancia casatoria, gira en torno a la interpretación del artículo 30 de la LCT, cuyo primer párrafo expresamente dispone: "Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o sub-contraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberá exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social." Como sostiene Antonio Vázquez Vialard ("La extensión de la responsabilidad laboral del empleador a un tercero", Boletín de La Ley del 11-5-04, pág 1/2), "...La disposición refiere a dos situaciones distintas; una corresponde a la cesión total o parcial del establecimiento o explotación y la otra, sin alcanzar esa dimensión, consiste en delegar aspectos propios de la gestión de dicho establecimiento o explotación. Se encarga, delega, encomienda a un tercero que complete o complemente, a través de su actividad, los procesos necesarios para alcanzar el logro de la gestión emprendida." "...El primer dispositivo (cesión de establecimiento), no lleva a mayores complicaciones, en cuanto se refiere a su interpretación, ya que la norma es clara al respecto; se trata de la cesión total o parcial de la gestión del establecimiento. En cambio, la segunda situación plantea mayores dificultades, ya que se trata de la delegación de operativos que integran la referida explotación que el comitente continúa realizando por sí. La norma hace referencia a que las mismas correspondan "a la actividad normal y específica propia del establecimiento" (art. 30, párrafo 1º, LCT). Si no se cumple ese presupuesto, lo que debe ser resuelto respecto a cada caso concreto, no se genera ese tipo de débito." "...La mayor parte de las situaciones jurídicas que ha tratado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), se refieren a la segunda situación, o sea cuando el gestor del negocio que mantiene la explotación del establecimiento en su totalidad, le ha encomendado a otro (para lo que contrata operarios) parte de la gestión. Al efecto, delega determinados aspectos, por lo que la ley lo responsabiliza por las obligaciones laborales del otro, aunque, insistimos no lo considera empleador." "...Dado el efecto propio de la técnica receptada por el art. 30, LCT; transferir a un tercero las consecuencias propias de la responsabilidad que asume el empleador de una relación laboral, adquiere singular importancia el análisis de los casos en que opera ese procedimiento de excepción. Al respecto, como lo ha destacado la CSJN, el juez debe proceder con cautela en la interpretación de los hechos, a fin de que la aplicación de esa norma no resulte lesiva al interés general que podría verse afectado cuando se altera el necesario sistema de pesos y contrapesos propios de todo ordenamiento jurídico." Dentro de la doctrina de la CSJN se ha considerado que extender la responsabilidad a un tercero, a quien se obliga a abonar una deuda que, en principio, le es ajena, tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad, por agraviar la intangibilidad del patrimonio, por lo que la aplicación del artículo 30 LCT exige mucha cautela (cfr. sentencia de fecha 15 de abril de 1993, recaída en autos: "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro", parágrafo 8° del considerando, Fallos 302: 1284, DT.LIII-A-753), ya que una interpretación demasiado lata de la norma podría poner en peligro la realización de ciertos procesos de producción y comercialización, estrictamente necesarios, que no consisten en ningún fraude, y que, por otra parte, también pone en juego otros derechos garantizados constitucionalmente, en tanto se debilite la confianza en el régimen legal como en el sistema de contrapesos destinados a otorgar seguridad en las relaciones económicas.

Ahora bien, el problema interpretativo aludido, a mi juicio, se vincula fundamentalmente con lo que debe entenderse por "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento" para que exista solidaridad entre cedente y cesionario, contratistas o sub contratistas, por obligaciones laborales contraídas por el primero.

Al respecto, María del Pilar Mancini y Ramón Daniel Pizarro ("Algunas reflexiones en torno a las obligaciones solidarias en el Derecho del Trabajo", Revista de Derecho Laboral, Edit. Rubinzal Culzoni, "La solidaridad en el contrato de trabajo", 2001-I, pág. 86) sostienen que: "Entienden por actividad "normal y específica" de una empresa, aquella que conforme al curso normal y ordinario de las cosas es habitual y permanente del establecimiento, o lo que es igual, relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa. Se trata de la contratación de prestaciones que completan o complementan la actividad propia del establecimiento. Ello supone que la asignación de responsabilidad solidaria deba ser determinada caso por caso, atendiendo a las particularidades de la vinculación y a la asunción de riesgos empresariales." Análogas consideraciones he desarrollado en mi voto en autos "Sosa, Enrique Rolando vs. Segubank S.R.L .s/Cobros".

En tal sentido la CSJN, en un intento por establecer pautas claras y unificar la jurisprudencia, ha sostenido que la norma menta la hipótesis de encomendar "a un tercero la realización de aspectos a facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. El tribunal asimiló dicha situación a la de contratar o sub contratar prestaciones que completan o complementan la del establecimiento, en la media en que estén comprendidas dentro de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines, a través de una o más explotaciones (artículo 6 LCT) (CSJN, in re "Rodríguez, Juan R. c/Cía. Embotelladora Argentina SA y otro", precedentemente citado y más recientemente, in re "Encinas, Marcelino c/Francisco Ballester y otro s/Indemnización", 25-8-98).

De ese modo, el más Alto Tribunal de la Nación considera que se dan las circunstancias a las que refiere el artículo 30 LCT, en cuanto se trata de "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito." Al efecto estima que no se configura tal situación, cuando se trata de la operación de venta de un producto o de un servicio, aún necesario para la tarea, pero no ligado estrictamente al proceso técnico de producción y el cedente se desliga de todas las gestiones posteriores al caso.

Igualmente ha sostenido, reiteradamente, que no corresponde la aplicación del artículo 30 LCT, cuando un empresario suministra a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración o distribución. Este efecto se logra en la práctica comercial con los contratos de concesión, distribución, franquicia, y otros que permiten a los fabricantes, o en su caso a los concedentes de una franquicia comercial, vincularse con una empresa determinada, sin contraer riesgo crediticio alguno por las actividades de esta última, que actúa a nombre propio y a su riesgo. Esta finalidad económica de la referida contratación, se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicio de la economía nacional, por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones en contratos de este tipo (cfr. CSJN, in re "Rodríguez, Juan R. c/Cía. Embotelladora Argentina SA y otro", ut supra citado.

En autos "Luna, Antonio c/ Agencia Marítima Rigel SA y otros" (CSJN, 2-7-93, D.T. 1993-B-1407), el Alto Tribunal sostuvo que "...debe tenerse en cuenta que la regulación legal no implica que todo empresario deba responder por todas las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establecen contratos que hacen a la cadena de comercialización (...). La asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la sola noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvimiento empresarios. Si tanta amplitud fuera admitida mediante interpretación judicial, caería en letra muerta no solo el texto legal sino la posibilidad cierta de que más empresas asuman los riesgos propios del desarrollo económico".

Ahora bien, en el caso de autos, el actor, dependiente de Equipos y Sistemas S.R.L. se auto despidió con causa justificada y demandó conjuntamente a ésta y a Telecom Personal S.A. planteando la solidaridad de los co-demandados, por ser la primera, como uno de los agentes de venta de Telecom. Personal S.A.

En efecto, obra a fs. 100/118 de autos, un contrato comercial de agencia de ventas del servicio de telefonía móvil de Personal celebrado entre Equipos y Sistemas S.R.L. y Personal SA, por el cual el primero acepta la designación como agente de venta del segundo, cuyo objeto es la promoción, gestión, concreción y administración de ventas de conexiones al STM y terminales celulares provistas por Personal SA, en un determinado territorio.

Caracterizado por la doctrina comercial como un contrato de colaboración, la agencia constituye una de las modalidades de los contratos de distribución.

La moderna decisión empresarial de distribuir sus productos y servicios a través de contratos de agencia, concesión o franquicia, es decir canalizar la distribución a través de empresas independientes, que asumen sus propios riesgos empresarios, obedece a la necesidad de disminuir costos de contratación y fraccionar la responsabilidad frente a terceros.

En general, la distribución es una relación jurídica que se establece entre empresas, basada en el suministro de bienes y servicios con el objeto de ser puestos a disposición del consumidor (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, "Fraccionamiento de la responsabilidad laboral", Revista de Derecho Laboral, Edit. Rubinzal Culzoni, "La solidaridad en el contrato de trabajo", 2001-I, pág. 125).

En sentido estricto, la distribución es un contrato en virtud del cual se asume el compromiso de vender a otro, en forma estable y exclusiva, productos en una zona determinada, sin que haya representación. Como existe transmisión de propiedad, el distribuidor soporta las consecuencias frente a terceros que no se trasladan al proveedor (Lorenzetti, citando a Julio César Rivera, en ob. cit. pág. 125, nota al pie).

Siendo la agencia una de las figuras contractuales del género distribución, Lorenzetti (ob. cit., pág. 125) explica que "En la agencia una persona encarga a otra la promoción de sus negocios, con o sin representación, de una manera estable. No hay transmisión de la propiedad de las cosas a vender entre las partes, ya que el agente actúa en nombre del principal, o sin representarlo, promueve negocios para su beneficio. El agente, a diferencia del concesionario, no tiene obligación de comprar, sino sólo de promover contratos: la relación con terceros. Hay un importante control del principal sobre el agente, de manera que si hay venta debe ser aprobada por el principal." Desde esta óptica, en el caso, la relación jurídica que vincula a Equipos y Sistemas S.R.L. y Personal SA, como agente de venta de conexiones de servicio de telefonía móvil y de teléfonos celulares, instrumentado en un contrato privado entre las partes, constituye una modalidad del contrato de distribución, excluido por la doctrina del la CSJN de la aplicabilidad del articulo 30 LCT, doctrina que debe ser acatada por los Tribunales de la Nación, atento al carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia que reviste nuestro más Alto Tribunal, excepto que se arrimasen nuevos argumentos que justificasen la modificación de la doctrina, a efectos de imponer la norma referida de la solidaridad laboral.

A mayor abundamiento, si bien Telecom S.A también puede vender conexiones y teléfonos celulares, el objeto principal de su actividad es la prestación de servicios de telefonía celular en una área y con los alcances que determinen las licencias acordadas por la autoridad competente, y no la comercialización de conexiones y teléfonos celulares.

Por el contrario, Equipos y Sistemas S.R.L. tiene a su cargo la comercialización de las conexiones y de los teléfonos, lo que indica que, en el caso, no se trata de la delegación de trabajos o servicios que completen o complementen la actividad normal y específica propia de Telecom SA, en el sentido de prestar el servicio de telefonía celular, pues la operación de venta de un producto o de un servicio, aunque necesario para la tarea, sin embargo no ligado estrictamente al proceso técnico de prestación del servicio.

Tampoco debe perturbar que conforme al contrato de agencia; Telecom S.A haya establecido un control rígido sobre su agente, pues tratándose de un contrato comercial de intermediación en la venta de productos, sus estipulaciones se refieren a las modalidades de cumplimiento de la tarea de promover negocios (de allí las facultades de control del proponente) y concluirlos en nombre del proponente en su caso. Las estipulaciones más frecuentes y necesarias son: identificación de las partes, nominación del contrato (concretamente asignándole el tipo de agencia comercial), objeto, zona de actuación, plazo, modalidad operativa frente a terceros y entre partes; información que debe proveer el agente comercial a su proponente; facultades del agente; facultades de control del proponente; organización del agente, remuneraciones; causales de terminación del contrato; y jurisdicción y legislación aplicable (cfr. Raúl Aníbal Etcheverry, "Derecho Comercial y Económico", Contratos, Parte Especial I, Edit. Astrea, Bs. As., 1991, pág. 375/378).

Por todo lo expresado, y en lo que a este agravio se refiere, el recurso casatorio incoado por la parte actora resulta improcedente y debe ser rechazado.

VI.- Atento al resultado arribado, y por la complejidad del tema en examen, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur; dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, votan en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 27 de diciembre de 2002, obrante a fs. 244/245 vta. de autos. En consecuencia CASAR PARCIALMENTE la misma, en cuanto no hace lugar al rubro comisiones y diferencias de sueldo, conforme la doctrina legal expuesta en el parágrafo V.1. del considerando y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento al respecto. NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia en crisis, conforme lo expresado en el parágrafo V.2.2. del considerando.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.- ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA