marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, obligaciones del vendedor, entrega de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: MATO MAGDALENA Y OTRO c/ AYALA OVALE JOSE L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-02

En la interpretación amplia del artículo 1409 del Código Civil, que postula parte de nuestra doctrina y jurisprudencia, cuando la ley le impone al vendedor la obligación de entregar la cosa "libre de toda otra posesión" no sólo alude a los poseedores en sentido jurídico, sino también a todo aquél que se encuentra en ella, sea en carácter de tenedor u ocupante, pero ello es así en la medida en que no se hubiera convenido lo contrario, o que el comprador haya conocido la existencia de ocupantes al momento de celebrar el negocio.
Honorarios, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Durieux, Roberto Osvaldo c/ Gregorio Marinich S.R.L. y Hugo Leonardo Rodríguez s/ Juicio Ejecutivo. Durieux, Roberto Osvaldo c/ Gregorio Marinich S.R.L. y Hugo Leonardo Rodríguez s/ Juicio Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-10-26|1993-10-26

El art. 15 de la ley 2011, resulta inaplicable en los supuestos en que el proceso encuentra obstáculo en una excepción dilatoria -como es la de incompetencia-, lo cual implica que el trámite del mismo puede continuar no bien se allane la dificultad creada con el objeto de la excepción, por lo que corresponde se aplique lo dispuesto por el art.20 de la ley arancelaria vigente, en concordancia con los arts. 5, 6, 7 y concordantes.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urquiza, Claudia c/ Navarro, Carlos Favio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

Un diagnóstico se establece progresivamente, y la cuestión no es tanto la de saber si un médico puesto al día ha cometido un error, sino la de precisar de qué medios dispone la medicina actualizada para asegurar un diagnóstico exacto y si en el caso tales medios han sido empleados o no, y en la negativa, porque no han sido empleados.
Recurso extraordinario, interpretación de la constitución, cuestión federal, daños y perjuicios, libertad de prensa, derecho a la intimidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Roviralta,  Huberto c/ Editorial  Tres  Puntos  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Es admisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de los daños y perjuicios ocasionados por una publicación, toda vez que se ha cuestionado la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional, y la decisión impugnada es contraria al derecho que los recurrentes pretenden sustentar en aquéllas.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Cabral, Julia María y Otro c/ Petrolla, Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-08

La prioridad de paso no se determina por la posición de los vehículos en el lugar del impacto, sino en el instante en que cada uno llega a la bocacalle.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: SEIJAS DE NATALIZIO, Inés c/ DECIMA, Rubén Darío y Otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-16

La antigüedad del vehículo no es un elemento obstativo para que se produzca su desvalorización. Naturalmente -a no ser piezas buscadas precisamente por su fecha de fabricación-, el rodado antiguo vale menos, pero tiene un precio que, a su vez puede ser disminuido por deterioros que tengan real envergadura.
Propiedad intelectual, derechos de autor, plagio, responsabilidad del editor
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE Y OTRA c/ MARYMAR EDICIONES  S.A.  Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

En principio, escapa a toda capacidad de control por parte de una editorial la posibilidad de comprobar si en la obra ofrecida por el autor, éste ha utilizado ideas ajenas, dándolas como propias, ni cabe encasillar al editor en la óptica de la responsabilidad derivada de los cuasidelitos, porque en la idea de la reprochabilidad por los hechos propios la culpa debe entenderse como la omisión de las diligencias que exigen la naturaleza del hecho o actividad correspondientes a las circunstancias de personas, tiempo y lugar y, finalmente, debe excluírselo de la responsabilidad "in solidum" establecida en el art. 1081 del Código Civil, porque ésta requiere la participación en el hecho como autores, consejeros o cómplices, lo que no es aplicable a la figura del editor, desde que no se le puede achacar ninguna de esas calidades, pues ello supone una orquestación previa al hecho. Ello es así en tanto no surja haberse acreditado que obrara con culpa o dolo participando en el ilícito con algún grado de reprochabilidad, ya que si realmente ha sido coautor, consejero o cómplice del plagio, debe responder.

La venta de un libro plagiado no constituye complicidad en el hecho antecedente del plagio, mucho menos cuando dicha calidad se hallaba discutida y no decidida judicialmente.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.J. c/ D. DE L.E.H. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-10

Tratándose de demandados con domicilio desconocido que deben comparecer a estar a derecho, y no habiéndolo hecho ni por sí ni por apoderado, debe intervenir el Defensor Oficial, quedando con ello salvaguardado su derecho de defensa del modo que las leyes lo han reglamentado en esta situación particular (arts. 14 de la Const.

Nacional; 145 y 147 del CPCC.).
Solve et repete, deuda previsional, depósito previo, actualización monetaria, intereses, defensa en juicio, división de poderes, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a ser oído
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAFETY S.A. c/ D.N.R.P. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Si bien el requisito para habilitar la instancia judicial, por aplicación del principio "solve et repete", consiste en abonar el capital adeudado con más su actualización e intereses (arts. 15, ley 18.820 y 12, ley 21.864), es también intención legislativa que la liquidación final se practique según valores resultantes a la fecha de la resolución administrativa (cfr. último párrafo, art. 15, ley 18.820). En consecuencia, habiendo transcurrido más de dos años entre el dictado de la decisión que se cuestiona y la liquidación previsional practicada, resultaría ilegítimo hacer cargar contra el recurrente todo el peso de la mora administrativa, cercenando su acceso a sede judicial, lo que podría implicar violación de los arts.

18 (garantía de defensa en juicio) y 109 (zona de reserva del Poder Judicial, prohibición al Poder Administrativo de ejercer funciones judiciales) de nuestra Carta Magna. Coadyuva en tal sentido la directiva del art. 8 de Pacto de San José de Costa Rica.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Ibañez, Daniel Hernán s/ Robo. Abuso de armas Aguirre, Angel Antonio s/ Robo calificado Melgarejo, Raúl A. s/ Robo calificado Denett, Julio César s/ Tentativa de robo Castilla, Roberto Eliseo s/ Robo calificado Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado Segura, Fermín Miguel s/ Robo calificado por el empleo de armas Alvarenga, Pablo Yonatan s/ Robo agravado de aut.tor Espil, Juan Carlos s/ Robo calificado Donato, Carlos R. y otros s/ Robo simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19|1992-03-03|1991-12-23|1994-03-15|1991-07-30|1993-03-30|1993-02-23|1993-04-27|1990-12-18|2001-10-03

Constituye agravante la seria intimidación que produce el empleo de un arma aún desconociéndose si efectivamente es apta (art. 41 inc.

1, C.P.).
Administración fraudulenta, compraventa de automotores, contrato de comisión, responsabilidad del comisionista
Materia: PENAL
Carátula: MOSES, GUSTAVO J. s/ DEFRAUDACION   -  RETENCION  INDEBIDA  -  ADMINISTRACION  FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

Configura el delito de administración fraudulenta, el accionar del procesado que recibió un automóvil para su venta y no entregó el dinero producto de la transacción, pues violó el deber de fidelidad al apropiarse, después de efectuada la venta del vehículo, de la suma de dinero que debió entregar a quien le había conferido el mandato.
Ordenanzas municipales, tasas retributivas de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Los Juanes S.A. c/ Municipalidad de Vista Alegre s/ acción procesal administrativa Cifuentes, Cesar Alejandro y otros c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-09|2018-10-10

La Corte ha sostenido que "la circunstancia de que una ordenanza municipal fije el monto de la tasa retributiva de los servicios que presta en un tanto por mil del valor del inmueble, no significa que haya establecido una contribución territorial. Se ha considerado equitativo y aceptable que, para fijar la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos, se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad tributaria de éstos, representada por el valor del inmueble o el de su renta" (Fallos 234:663).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, representación procesal, mandato, personería, acreditación de la personería, legitimación procesal, falta de personería, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fata Soc. Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. SRL y otro s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ¨Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario) s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ­Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-10-08

Dentro de la sistemática de nuestra ley de rito, se tiene establecido que en los juicios declarativos, la excepción dilatoria de falta de personería en el procurador del actor, sólo puede proponerse en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento y dentro de los plazos de tres o diez días según se trate de juicio ordinario o sumario (artículos 138, 139 inciso 2, 140 y concordantes, de la ley 5531). Por donde cabe concluir que dentro de tal período "depuratorio" del proceso, deberán ventilarse y decidirse en definitiva la legitimación procesal de los personeros, de modo de contar "ab-initio" con la certeza de la existencia de una relación procesal válidamente constituida antes de entrar a la etapa de la deducción y consideración de las cuestiones correspondientes a la relación sustancial litigiosa. De modo pues que, por vía de principio, cabe concluir que las cuestiones relativas a la personería, en caso de la falta de articulación oportuna acerca de su perfección formal, quedan convalidadas justamente a raíz de la falta de deducción de la pertinente articulación al respecto, en el tiempo, forma y modo impuestos por la ley procesal analizada. (Del Voto del Dr. Salgado). En el caso la cuestión a resolver es si, fuera del orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de personería ¿rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales?
Línea telefónica, denuncia, denuncia anónima
Materia: CIVIL
Carátula: Boico, Roberto Jose c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-09

Procede ordenar al Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación a estudiantes y docentes de escuelas públicas de la Ciudad con base en hechos y conductas denunciados anónimamente por la línea 0800 creada por dicho organismo, ya que las normas de procedimiento administrativo local, en lo que respecta a la relación de los funcionarios con los ciudadanos, establecen la identificación del interesado y en ningún caso se admiten presentaciones verbales y anónimas, por lo que el criterio ministerial es claramente ilegal, porque con ello resultarían dañadas en forma irreparable las garantías de defensa y debido proceso adjetivo de las personas denunciadas de este modo.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Se advierte en el razonar de la mayoría un análisis fáctico rayano a la contradicción, que priva de validez lógica a la solución, pues para justificar la falta de representación y aceptación del resultado por parte del imputado, se concluyó que la conducta desplegada por éste había resultado inmediata e irreflexiva, al no haberse cerciorado respecto a la existencia de otras personas en el lugar cuya integridad física pudiera ponerse en peligro; sin embargo, en otro apartado -al reproducir parte de la declaración del justiciable- se asumió que el condenado era consciente de las circunstancias que rodearon su actuación, particularmente de los segundos previos a descender del colectivo, cuando observó desde su interior las condiciones en la que se estaba desarrollando la persecución por parte del Comando Radioeléctrico. (Del voto del Dr. Erbetta, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Netri, Falistocco y Gastaldi)
Prueba, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: Toro Ernesto Rafael s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-12

El art.337 del C.P.P., al referirse a los "interesados" permite inferir que es suficiente que indistintamente, el imputado o su defensor hayan tenido conocimiento de un hecho antes del vencimiento del término de prueba de Primera Instancia, para que no pueda alegarse lo previsto en el inciso 1ro. del artículo de mención.
Sentencia interlocutoria, apelación en relación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PUIG, HORACIO R. c/ E.N.  MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Toda vez que la resolución reviste carácter de sentencia interlocutoria, el recurso que a su respecto se interpuso debe ser concedido en relación, art. 243, párr. 2 del CPCCN
Recurso de inconstitucionalidad, tercera instancia, quiebra, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SINDICATURA LE RONDINI S.R.L. c/ BRANCATELLI, CLAUDIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-06

La impugnación planteada no traduce sino la intención de los recurrentes de que se reanude un debate ya agotado en la instancia ordinaria, lo cual no se compadece con la naturaleza propia del recurso de inconstitucionalidad, que -como reiteradamente se ha sostenido- no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los recurrentes, toda vez que se advierte que, a pesar de las razones en contrario esgrimidas por los recurrentes -en orden a que se habría asignado una incorrecta naturaleza y efectos al Acuerdo de Entendimiento; violado su derecho de defensa al incorporarse y considerarse pruebas que no se pudieron controlar a partir del Plan Piloto de Oralidad - Justicia 2020 al que señalaron como inconstitucional; prescindido de prueba decisiva e invocado prueba inexistente; incurrido en falta de motivación al aplicar el instituto de extensión por confusión patrimonial omitiendo que se trata de un instituto de interpretación restrictiva; incurrido en una contradicción al desestimar el pedido de revocatoria concursal por depósito y caución del monto total de los pasivos previsto en el artículo 94 y siguientes de la ley de concursos y quiebras-, lo cierto es que tales planteos no logran desvirtuar los fundamentos brindados por el A quo para sustentar lo decidido, ni demuestran que las hipótesis alegadas encuentren suficiente apoyo en las circunstancias fácticas que componen el caso. - CITAS: AyS T 58, p 307; T 59, p 319; T 134, p 294; T 141, p 330; T 62, p 366; T 65, p 40; T 83, p 112. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 94.
TRATADO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO DE 1889, aplicación de la ley, extradición
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MIARA, Samuel y otra s/ suposición de estado civil, etc. Causa nro. 11.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El Tratado de Derecho Penal Internacional firmado en Montevideo el 23 de enero de 1889 entre nuestra Nación y la República del Paraguay y otros Estados parte -que es el que ha hecho viable el extrañamiento de los imputados- sólo permite sus juzgamientos en relación a los delitos por los que fue solicitada y luego concedida la entrega de los mismos, en virtud del principio de universalidad, según el cual "...ciertos y determinados delitos son juzgados y reprimidos por cualquier tribunal sin atender al lugar de comisión... por merecer un sistema de represión universal".

El mentado tratado multilateral prevé en el artículo 26 que "...Podrán ser juzgados y penados, previo consentimiento del Estado requerido, acordado con arreglo al presente Tratado, los delitos susceptibles de extradición que no hubiesen dado causa a la ya concedida".
Tribunal colegiado, voto de los jueces, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Kraus de Rodríguez, Susana c/ Villegas, Hugo Fernando y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-05-15

Si bien de "lege lata" no puede inferirse, para el caso de autos otra solución, es recomendable, de "lega ferenda", que los vocales de Tribunales colegiados fundamenten su voto en oportunidad de definir una cuestión que divide la opinión de los votos precedentes; ello concederá mayor fuerza motivante a la posición prevalente, evitando que la misma surja de una simple suma de votos coincidentes, también proporcionará una mejor visualización del derecho aplicado, que se hace concreto en el acto jurisdiccional por excelencia, la sentencia.
Despido, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Toltl, Gabriel Fernando Benito c/ Telplasa SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-12

La instalación y reparación de líneas telefónicas constituye una faceta inescindible de la prestación del servicio telefónico que efectúan la contratista y subcontratista, de manera que se trata de una actividad que completa o complementa la que la empresa de telefonía codemandada lleva a cabo en su establecimiento, por lo que dicha contratación se encuentra alcanzada por las disposiciones del art. 30 L.C.T.. Estas tareas eran normales de mantenimiento y desarrollo del servicio de acceso a Internet brindado por Telefónica a sus abonados, e integraban la estructura empresarial y de servicios de la codemandada Telefónica debiendo el actor acatar las órdenes e instrucciones de trabajo impartidas por personal jerárquico de dicha empresa que organizaba y controlaba la actividad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pelen o Pelem, Luis Oscar s/ Tentativa de robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Es insuficiente el agravio fundado en la transgresión del art. 18 de la Constitución nacional, alegando que se ha vulnerado el principio de defensa en juicio al desestimarse el reconocimiento en rueda de personas oportunamente solicitado, si la Cámara sostuvo que dicha diligencia aparecería manifiestamente inconducente pues estaba el procesado perfectamente individualizado en la detención.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, régimen de consolidación de deudas, banco central
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Banco Israelita del Río de la Plata S.A. s/ liquidación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que decidió que la ley 23.982 no resultaba aplicable a la obligación impuesta al Banco Central de la República Argentina (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Concurso de delitos, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: ITURRIA, Juan Carlos s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

Las mismas razones por las que se ha admitido, salvando opinión personal, la doctrina emergente del decisorio dictado por el Superior en la causa P. 44.190, llevan a acoger, también en contra de la opinión personal que igualmente deja a salvo, el criterio del Superior adoptado en innumerables fallos en orden a que en el concurso de delitos, la prescripción de la acción penal opera en el término de la suma de las penas de posible aplicación con el límite que señala el art. 62 inc. 2º última parte del C.P.-
Pensiones, separación personal, denegatoria del beneficio, cónyuge culpable, apreciación de la prueba, otorgamiento del beneficio, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALEGRE, ELVIRA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

Conforme lo prescripto por el art. 1 de la ley 17.562, para que la denegatoria del beneficio sea procedente no basta con que exista separación, sino que es preciso que ésta sea producto de la culpa de quien solicita la pensión. En consecuencia, no surgiendo de autos la culpabilidad de la peticionante (más allá de las contradicciones exhibidas por la prueba testimonial rendida, pero que no se refieren a dicho aspecto) y atento el carácter asistencial del beneficio y la regla hermeneútica que establece que, en caso de duda, ha de resolverse en materia previsional en favor de los derechos del peticionante, corresponde conceder el beneficio de pensión solicitado. (Disidencia del Dr. Laclau).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, oficio ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DISTRIBUIDORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARCO S.A. y ots. en J: "91176-Of.Ley San Juan en J:Bco. Udecoop.Coop.Ltdo." s/ Incidente de Nulidad (LIBRO: A074 - 008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-22

En los casos de oficios correspondientes a la ley 22172, la regulación de honorarios corresponde al tribunal oficiado de acuerdo a la ley arancelaria local pero teniendo en cuenta el monto del juicio si constare, la importancia de la medida a realizar y demás circunstancias del caso. Por tanto si el juez oficiante consigna dicho monto, sobre el cual se reclaman accesorios legales y actualización, dicha suma debe servir como pauta regulatoria además de la aplicación de la ley arancelaria local que regula el caso, y no las pautas correspondientes a juicios con monto indeterminado.-