Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-11


"GARCIA BARTHE MONICA SUSANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 13957 / 0 Buenos Aires,11 de mayo de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte accionada (fs. 61/68), cuyo traslado fue contestado por la parte demandante (fs. 74/81), contra la sentencia dictada en la instancia anterior (fs. 53/57) a través de la cual el señor juez de grado resolvió hacer lugar al amparo interpuesto. I.- La actora inició la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Salud), con el objeto de que se ordene el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 282/96 - que modificó el artículo 5º del Decreto Nº 6395/87-, en cuanto a que le corresponde acrecer un mínimo de 12 horas semanales en planta, como prolongación de las 24 horas que trabaja los días domingo como Profesional de Guardia Médica (psicológica) en el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez". Destacó que, pese a que no le asignaron las 12 horas en planta reclamadas, concurre gratuitamente al hospital en días de semana con la finalidad de colaborar con la sobrecarga de atención de pacientes. Expresó que pese a sus reiterados reclamos administrativos, no recibió una respuesta satisfactoria. Señaló que algunos colegas lograron obtener la prolongación de sus cargas horarias, y acompañó documental en prueba de ello. Luego se refirió a los principios, derechos y garantías constitucionales que considera afectados. Finalmente, como medida cautelar solicitó que se ordene el inmediato pago retroactivo de todas las sumas correspondientes a los períodos en que debió darse cumplimiento al incremento horario dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nº 282/96 (fs. 1/8). Al presentar el informe previsto por el art. 8 del decreto ley 16986, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó el rechazo de la presente acción de amparo. E n primer lugar, sostuvo su improcedencia formal, atento su extemporaneidad y la falta de acreditación de la ineptitud de otras vías judiciales. Por otra parte, respecto a su admisibilidad sustancial, señaló que la acción de amparo no es un cauce idóneo para debatir cuestiones patrimoniales y que a la parte actora no le asiste un derecho subjetivo a acrecer 12 horas semanales de planta como prolongación de las 24 horas que como profesional trabajaría en el sector de guardia los días domingo. Al respecto sostuvo que, interpretado el artículo 6 del Decreto Nº 282/96 de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la referida norma, es claro que éste que tuvo por finalidad que aquellos profesionales designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87 cumplan el mínimo de 24 horas semanales exigidos por la carrera profesional. Por ello la demandada consideró que nada autoriza a interpretar que el derecho a la prolongación horaria prevista en el artículo 6 del Decreto Nº 282/96 pueda tener vigencia más allá del 18 de marzo de 1998 (fecha en que se cumplieron los dos años de su dictado). Añadió, asimismo, que sería arbitrario que la prolongación horaria estuviera garantizada únicamente para los profesionales que se desempeñan los días domingo en el sector de urgencia. En torno a la violación del principio de igualdad, destacó finalmente la accionada que la amparista no demostró que el tratamiento a ella otorgado sea distinto al de los restantes agentes en su misma situación (fs. 40/47). A fs. 53/57, el señor juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la presente acción de amparo. Para así decidir, en primer lugar, alegó la falta de certeza sobre el momento en que el plazo de caducidad comenzó a correr. Además, destacó que no se controvirtió el amparo como vía idónea para tutelar los derechos de la actora. En cuanto a la cuestión de fondo, concluyó en que el art. 6 del decreto 282/96 era una norma destinada a perdurar, estableciendo que los profesionales que se desempeñan los días domingo en el sector de Urgenc ia deben cumplir un horario mínimo en planta de doce horas semanales. A fs. 61/68 la parte demandada interpuso y fundó su recurso de apelación contra dicha decisión. Cuestionó la aptitud de la vía ya que, según su criterio, no existe una ilegitimidad manifiesta ni un perjuicio inminente. Agregó que la actora no demostró, por un lado, la inexistencia de otros medios procesales más idóneos y, por el otro, la situación de urgencia objetiva. En cuanto a la sustancia del conflicto, planteó que el decreto 282/96 estuvo destinado primordialmente a solucionar problemas que se planteaban al momento de su puesta en vigencia y que contiene disposiciones de carácter transitorio. Señala que la cuestión es sumamente importante porque está en juego "la creación de empleos en el ámbito del Gobierno, con afectación del principio de separación de los poderes ínsito en el régimen republicano adoptado por las constituciones nacional y local" (sic. fs. 67 y vta.). Reiteró que el decreto nº 282/96 tiene por destinatario al servici o de salud ("la más adecuada prestación del servicio...") y no a los agentes que se desempeñan en él. Menos aún, el salario asignado a aquéllos. Además, señaló que el citado decreto fue sancionado para palear situaciones que se planteaban al momento de su entrada en vigencia y que dichas situaciones han variado con motivo del paso del tiempo, de la nueva legislación y de otras variantes. De este modo, consideró que la amparista no tiene un derecho subjetivo a que se prolongue su horario 12 horas más. La recurrente agregó que la ampliación horaria dependerá de la existencia de horas profesionales financiadas y que el médico solicitante de la prolongación cumpla con los requisitos impuestos por la Ordenanza nº 41.455. Alegó que se trata de un régimen complejo, con múltiples variables y diferenciaciones que no han sido consideradas por la sentencia de grado y que descarta la posibilidad de acceder automáticamente a un incremento horario a favor de los profesionales de guardia de los días domingos. Finalmente, re saltó que en el marco de la Comisión Paritaria Sectorial se arribó a un acuerdo que fue receptado por la resolución nº 2160/SHyF/2005 (en verdad 609-SHyF-2005) donde se dejó asentado que el decreto nº 282/96 alcanzaba únicamente a quienes a la fecha de su dictado se encuadraban en sus disposiciones. A fs. 74/81 contestó el traslado la acccionante y a fs. 87/88 dictaminó la señora Fiscal de Cámara. VOTO DE LOS DRES. CARLOS F. BALBÍN Y HORACIO G. A. CORTI: II.- Por una razón de orden corresponde expedirse en primer término sobre la procedencia del cauce procesal del amparo, pues la conclusión a la que se arribe condicionará el tratamiento de los restantes agravios. Al respecto corresponde ponderar que -tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal- la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constituci ón Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reún a las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (C.S.

J.N.; Fallos, 241:291;280:228). Por ello, teniendo en cuenta que en el presente caso el actor ha cuestionado la omisión en el cumplimiento del art. 6º del decreto municipal nº 282/96; el art. 5.2. del capítulo V de la ordenanza nº 41.455 y sus modificatorias y el decreto nº 3544/91 por parte del Gobierno de la Ciudad -conducta que considera palmariamente arbitraria e ilegal-, invocando la vulneración de su derecho constitucional a trabajar y un acto de discriminación. Asimismo, cabe observar que el presente caso no reviste en sí especial complejidad como para requerir un proceso de conocimiento mayor, y por ello resulta inaplicable el art. 2 -inc. "d"- de la ley 16.986 (Morello, Augusto M. - Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 39). Asimismo, debe tenerse presente que, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese precepto de la ley de amparo "...no debe ser entendido de manera absoluta, porque ello equivaldría a destruir l a esencia misma de la institución que ha sido inspirada con el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales de la persona..". (Fallos, 267:215). Lo expuesto aduna a favor de la idoneidad de la vía del amparo, máxime si se tiene en cuenta que para determinar si el proceder impugnado resulta manifiestamente ilegítimo o arbitrario y si ha lesionado o amenazado derechos o garantías constitucionales o legales, no se requiere más que la compulsa de las normas cuestionadas y las constancias incorporadas al proceso -de las cuales surgen los hechos conducentes para resolver-. En consecuencia, el primero de los agravios debe ser desestimado, admitiéndose la vía del amparo para tramitar el debate sustanciado en autos. III.- En cuanto al plazo de caducidad de la acción de amparo, es dable señalar que el agravio no constituye una crítica concreta y razonada de la parte de la resolución que considerada errada, toda vez que se limita a reproducir los dichos de la demanda en lugar de rebatir eficazmente los a rgumentos que dieron fundamento a la decisión de grado. En efecto, el señor juez de primera instancia basó su decisión en el hecho de que, por tratarse de una omisión, no existe certeza sobre el momento a partir del cual comenzó a correr el término establecido en el art. 2º, inc. e) de la ley 16.986. A ello agregó que se observa una continuidad en la lesión, circunstancia que impide la procedencia del cómputo del plazo de la caducidad. Tales argumentos no fueron objetados por la recurrente quien se limitó a reiterar que la actora ingresó a trabajar en el año 1997, sin desvirtuar la existencia de una continuidad en la lesión y la certeza sobre el momento en que comenzó a transcurrir el plazo de caducidad de la ley de amparo. Por ello, este planteo habrá de ser declarado desierto. IV. La conclusión expuesta en el considerando precedente impone conocer sobre la cuestión de fondo sometida a decisión del Tribunal. V.- En primer lugar y por razones de mejor exposición, resulta pertinente describir el marco legal qu e resulta de aplicación en el sub lite. Toda vez que el actor es un profesional de la salud, el régimen legal que rige su actividad surge de la Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias. Así, el artículo 5.2 del anexo de dicha ordenanza determina que "Los profesionales de ejecución del sector de urgencia, denominados profesionales de guardia y especialistas en guardia, podrán desempeñar un horario en planta de acuerdo a lo que fije la reglamentación" La referida reglamentación se materializó con el dictado del Decreto Nº 2745/87, en el cual se estableció que los profesionales que cumpliesen función en los días domingo se desempeñarían en planta doce horas semanales. Luego, el Decreto Nº 6395/87 reglamentó el funcionamiento del régimen de urgencia de los días domingo, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 6.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, y a su vez esta norma fue reformada por el Decreto Nº 282/96. En particular, el Decreto Nº 6395/87 creó dos dotaciones de doce horas de duración cada una para ejercer la atención de la urgencia en los días domingo, una de ellas de 8 a 20 y otra de 20 a 8 (artículo 2º) y estableció que la atención de dicho sector sería efectuada por profesionales que desarrollarían su actividad bajo el modo de función (artículo 3º). Asimismo, dicha norma introdujo distintas modificaciones a la reglamentación de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud a fin de adecuarla a la nueva modalidad de atención de la urgencia en los días domingo. Al respecto dispuso que al cesar la función - tres o seis años - el agente sería reubicado en planta manteniendo el horario que venía cumpliendo en ella y completando las 24 horas en el sector adecuado a la necesidad de unidad de organización (artículo 4º), de manera que los profesionales que cumpliesen función en los días domingo, desempeñarían en planta 12 horas semanales (artículo 5º). VI.- Posteriormente, el Decreto Nº 282/96 introdujo modificaciones a la reglamentación del funcionamiento de la atención de la urgencia en l os días domingo (artículo 1º). Entre sus considerandos se expresó que con el régimen anterior no se habían logrado los resultados esperados, puesto que uno de los mayores inconvenientes era la imposibilidad de cubrir en su totalidad las dotaciones asignadas para cada turno de doce horas. Asimismo se expresó en dicha norma que, en razón de que los hospitales nacionales que habían sido transferidos al sistema de salud de la Ciudad poseían un régimen de atención de guardia de los días domingo de veinticuatro horas, coexistían dos modalidades distintas de funcionamiento. Entre otras reformas que introdujo, la norma dispuso que la atención en dicho sector sería efectuada por profesionales de planta que desarrollarían su actividad en guardia bajo el modo función o por aquellos que se designen con nombramiento de guardia, en ambos casos con un desempeño en la guardia no inferior de 24 horas (artículo 3º) y que todos los profesionales que presten funciones en el sector de urgencia en los días domingo deberían cumplim entar un horario mínimo en planta de 12 horas semanales, prolongación que se efectivizará en un plazo no mayor de dos años de su dictado (artículo 6º). La finalidad de dichas modificaciones ha sido, sin duda, unificar en la carga horaria los diversos regímenes existentes. Del análisis de las previsiones citadas surge claramente que del decreto analizado surgen dos clases de disposiciones, a saber; unas, de carácter permanente; otras, transitorias. En efecto, mientras que algunas se refieren a contemplar situaciones temporarias y tienen por destinatarios a profesionales de los días domingo designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87, otras tienen vocación de permanencia por cuanto tienden a la reglamentación del funcionamiento de la atención de la urgencia en los días domingo. VII.- Por su parte, en relación a los profesionales designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87 y que no hubiesen cumplido 6 años desde su designación, el Decreto Nº 282/96 dispuso que continuarían desempeñándose en su horari o habitual (artículo 4º) Además estableció - como cláusula transitoria - que los que hayan completado en los 6 años en la guardia de los días domingo bajo el régimen del citado decreto y quienes los completen en el futuro podrían optar por: a) prestar servicios en planta; b) continuar en la guardia de los domingos con modalidad de función de guardia de su nombramiento en planta y; c) solicitar cubrir, de existir algún cargo vacante en la dotación de lunes a sábado, el cargo como función de guardia de su cargo de planta (artículo 13). A su vez, el citado decreto fijó que los profesionales que ingresaron por el régimen del Decreto Nº 6395/87 no podrán desafectarse o ser desafectados de la función de los días domingo exclusivamente, en forma aislada de su cargo de planta, excepto lo determinado por el punto 6.7 de la Ordenanza Nº 41.455 (artículo 5º). VIII. Detallados en los considerandos precedentes las normas que resultan de aplicación al caso, cabe ahora analizar la cuestión de fondo debatida en autos. En est e aspecto, cabe adelantar que este Tribunal disiente con los argumentos de la parte demandada en cuanto interpretan que el artículo 6 del Decreto Nº 282/96 consagra una solución transitoria de aplicación a aquellos profesionales de guardia designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87. Por el contrario, se considera adecuada la solución a la que arriba la Sala II de esta Cámara en autos "Luque, Gladys Mabel c/ GCBA s/ amparo", ello de acuerdo a los argumentos que se reproducen a continuación. IX.- A fin de sustentar esta posición corresponde señalar, en primer lugar, que el artículo 6º del Decreto Nº 282/96 modificó el artículo 5 de la reglamentación para el funcionamiento de la atención de la urgencia en los días domingo (Decreto Nº 6395/87), dictado en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 6.9 del art. 6 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud. De ello es posible inferir que, a diferencia de otras normas del citado Decreto, ésta reviste carácter permanente, lo que además resulta corrobo rado por sus términos, en cuanto en forma imperativa prescribe que todos los profesionales que se desempeñen en el Sector de Urgencia en los días domingo deberán cumplimentar un horario mínimo en planta de doce (12) horas semanales. Por otra parte, cabe recordar que el Decreto Nº 6395/87 establecía, respecto de los profesionales que cumplían funciones en el sector de urgencia los días domingo, que éstos desempeñarían en planta 12 horas semanales, de lo que resulta que incluso estos profesionales trabajaban un mínimo de 24 horas semanales, de conformidad con lo establecido por el art. 5º de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud. X.- Ello permite afirmar, a su vez, que no es exacto que su dictado obedeció a la necesidad de compatibilizar lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Nº 282/96 - en cuanto dispone que los cargos de los profesionales de los días domingo designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87 que no hayan cumplido seis (6) años desde su designación continuarán desempeñándose en el horario habitual hasta cumplimentar dicho plazo- con la exigencia horaria antes descripta. Por el contrario, como se señaló, incluso durante la vigencia del Decreto Nº 6395/87 los profesionales que cumplían funciones en el sector de urgencia los días domingo - cabe recordar al respecto que ésta se encontraba organizada con dos dotaciones de 12 horas cada una - desempeñaban un mínimo de 24 horas semanales. Esta circunstancia no obsta a que otras disposiciones contenidas en Decreto Nº 282/96 revistan carácter transitorio, entre ellas aquellas destinadas a los profesionales designados bajo el régimen del Decreto Nº 6395/87, ya mencionadas. Sin embargo, de lo antes expresado surge claramente que éste no es caso de su artículo 6º que, como ya se expresó, modificó el artículo 5º del decreto Nº 6395/87, es decir la reglamentación del funcionamiento de la atención de la urgencia en los días domingo, dictada en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 6.9 del art. 6 de la Ordenanza Nº 41.455. XI.- Con relación a la pauta temporal que contiene el artículo en cuestión, en cuanto prescribe que la prolongación se efectivizará en un plazo no mayor de 2 años de su dictado, es necesario señalar que tal previsión no avala la postura sostenida por la parte demandada y para ello basta con analizar su contenido dispositivo a la luz de lo expresado en sus considerandos. En efecto, el Decreto Nº 282/96 establece en sus considerandos que "al incorporarse los Hospitales ex Nacionales a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con la guardia de los días domingo bajo el régimen de veinticuatro (24) horas comenzaron a coexistir en el sistema de Salud dos modalidades de funcionamiento". Es decir que - entre otras razones -, esta norma tuvo por objeto unificar los citado regímenes. Así, en el caso de los profesionales de los hospitales transferidos, la aplicación del nuevo régimen exigía - a fin de cumplir un horario mínimo en planta de 12 horas semanales - que se prolongue su horario en esa cantidad de horas. Ahora bien, teniendo en cuenta la "existencia de limitados recursos presupuestarios que dificultan efectuar modificaciones al stock de vacantes de dotación del Sistema de Atención de Urgencia" (cfr. los considerandos del Decreto Nº 282/96) el artículo en análisis estableció un plazo para que la referida ampliación se hiciera efectiva. Es decir que operado el vencimiento del plazo de dos años previsto por el artículo 6º del Decreto Nº 282/96, "todos los profesionales que se desempeñen en el Sector de Urgencia en los días domingo deberán cumplimentar un horario mínimo en planta de doce (12) horas semanales". XII.- Lo expresado en los considerandos precedentes resulta corroborado, a su vez, por lo expresado por la Comisión Asesora Permanente de la Carrera de Profesionales de la Salud, mantenida en el informe Nº 41/00 (vid. fs. 42), quien expresamente ha sostenido la vigencia y aplicación del artículo 6º del Decreto Nº 282/96 a todos los profesionales de la salud, sin efectuar distinción alguna respecto de su ingreso con anterioridad al dictado del decreto. Cabe recordar que este órgano - que posee funciones consultivas - se encuentra previsto en el artículo 4º del Anexo a la Ordenanza Nº 41.455 - Carrera Municipal de Profesionales de la Salud - y sobre el particular opinó que el derecho a la ampliación horaria asiste a todos los profesionales con funciones en la guardia de los días domingo. En tal sentido el artículo 12 del Decreto Nº 282/96 establece que "cualquier otro problema que se presentarse fuera del artículo anterior, deberá ser resuelto por la Comisión Permanente de Carrera Profesional". Así, el informe antes aludido se refiere a diferencias entre las guardias de los días domingo y las de los restantes días, y puntualiza que el artículo 6º del Decreto Nº 282/96 sólo se aplica a las primeras. XIII.- A su vez, no obsta a las conclusiones precedentes las consideraciones efectuadas por la parte demandada con sustento en lo dispuesto por la Resolución Nº 609/SHyF/05 que instrumentó el acuerdo plasmando en el Acta de Negociación Col ectiva Nº 7, celebrada en el marco de la Comisión Paritaria Sectorial y constituida para dar tratamiento de temas relacionados con la Secretaría de Salud . En efecto, el hecho de que el artículo 1º de la citada resolución ordene cumplir con los términos del Decreto Nº 282/96 respecto de los profesionales que venían desempeñando tareas de guardia con anterioridad a su dictado, no permite colegir sin más que no les asiste idéntico derecho a los profesionales designados con posterioridad. Por el contrario, se trata sencillamente de una norma operativa del acuerdo en cuestión, sin que resulte posible afirmar, al mismo tiempo, que ésta excluye a quienes no han sido incorporados a su régimen, puesto que en este aspecto resultan de aplicación diversos principios y garantías que emanan de la Constitución y de la CCABA. XIV.- Así las cosas, y de conformidad con las consideraciones antes efectuadas, el Tribunal considera que el accionante tiene derecho a trabajar 36 horas semanales (24 horas de guardia de domingo y 12 horas semanales en planta), de acuerdo con el régimen fijado por el artículo 6º del Decreto Nº 282/96, puesto que de acuerdo al contenido dispositivo de la mencionada norma todo profesional que se desempeñe en el sector de urgencia en los días domingo debe cumplimentar un horario mínimo en planta de 12 horas semanales y, en consecuencia, así corresponde ordenarlo. DISIDENCIA DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: II.- A los fines de analizar la cuestión planteada, en primer término debe analizarse la procedencia de la vía intentada. III.- Al respecto, debe puntualizarse que conforme lo establecido por los artículos 43 CN y 14 CCABA la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y l os tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba (Fallos 306: 1253; y 307: 747). Luego, resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede oc asionar un daño grave e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado. Precisamente por esta última consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional, prevista para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal. De lo dicho se desprende que el carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para no acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (cfr. mi voto en la causa "Oliveira Fabián y otros c/GCBA s/amparo (ART. 14 CCABA)", Sala II, EXP 5412 / 0, del 13 de diciembre de 2002). IV.- Así, cabe tener en cuenta que el artículo 2º, inciso e, de la ley 16.986 dispone que el amparo no es ad misible cuando "...la demanda no hubiese sido presentado dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse..." Tal como lo ha expresado el máximo Tribunal de la Ciudad, "[d]e acuerdo con el art. 5º de la ley 24.588 continúan vigentes en el ámbito local las leyes y ordenanzas que regían hasta el momento del dictado de la Constitución, mientras no sean derogadas o modificadas por las autoridades nacionales o locales, según corresponda. Entre esas normas se encuentran: a) la ley 16986..." (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad in re "Perrone, Héctor Alejandor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" del 22-4-99, doctrina reiterada por el mismo Tribunal en "Asociación de Receptorías de Publicidad c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" del 12-5-99; "Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso de queja" del 20-06-00, "Vera, Miguel Ángel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos A ires s/ Recurso de queja" del 4-5-01). También esta Sala se ha pronunciado respecto de la vigencia de la citada ley afirmando que hasta tanto el Poder Legislativo de la Ciudad se expida al respecto, continúa vigente la Ley Nº 16.986 en todo lo que no resulte incompatible con la CCABA (in re "Klimovsky c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo" del 16-11-00 y "J.C. Taxi S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo" del 21-11-00, entre otros). V.- Así las cosas, es pertinente poner de relieve que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa Vera, fallada el 4 de mayo de 2001, se ha pronunciado por la procedencia del plazo de caducidad del artículo 2º inc. e) de la Ley Nº 16.986, en la medida en que exista una pauta temporal para empezar a computar el plazo (voto de Dres. Muñoz, Conde, Maier). En este sentido, la aplicación de un plazo prudencial para iniciar la acción de amparo deriva de la propia naturaleza de la acción y de lo intolerable del vicio atacado. Si la ilegalidad es tan grave, si el agravio es de suma entidad, no puede quien demora el inicio de la demanda de amparo invocar el gravamen irreparable que le significa el largo trámite ordinario. El propio texto constitucional al contemplar como presupuesto de procedencia de la acción la existencia de una lesión "actual o inminente", determina que la facultad de ejercer esta acción no puede dilatarse sine die. Es útil destacar que "este criterio resulta plenamente compatible con los postulados de la Carta Magna, e importa, como también ocurre con los demás derechos y garantías, la relatividad del derecho al ejercicio de esta acción. En síntesis, el derecho constitucional de accionar por vía de amparo, en tanto derecho, no es absoluto, y por su contenido, debe ser ejercido por un espacio de tiempo determinado" (CNCiv.yCom. Fed -en pleno- , Capizzano de Galdi, Concepción c/IOS s/amparo, 06-06-1999, del voto del Dr. de las Carreras). VI.- Sentados los fundamentos en torno a la validez del plazo de caducidad esta blecido en el artículo 2, inciso e, del decreto-ley Nº 16.986, corresponde determinar a partir de cuando deben computarse los quince días hábiles. En el caso el inicio del plazo se vincula con el momento en que el actor tomó conocimiento del acto lesivo. En el sub examine, la actora pretende en esta acción de amparo que se le otorguen 12 hs. en planta de conformidad con el régimen del decreto 282 de 1996, cuando tiene conocimiento fehaciente desde el día en que fue designada en el hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez" que los términos de su nombramiento incluyen una guardia de 24 hs. semanales los días domingo. Asimismo, según surge del relato de los hechos y de las constancias adjuntadas, la accionante pertenecía a la guardia del mismo hospital y prestaba funciones como interina, por lo cual es razonable suponer el conocimiento del régimen jurídico en que se encontraba. En idéntico sentido resta señalar que la propia amparista reconoce que presentó sendas notas en defensa de su trabajo y de su salari o ante la autoridad administrativa (anejadas a fs. 14, 20 y 21) en las que peticionaba el cumplimiento de la norma en cuestión. Por tanto, es claro el conocimiento que desde diversas fuentes tenía de la omisión lesiva que invoca desde mucho tiempo antes de la interposición de la demanda de amparo. Establecidas estas circunstancias basta, en definitiva, puntualizar que la acción ha sido impetrada el 25 de noviembre del 2005 para concluir en su extemporaneidad, situación que lleva, a su vez, a su rechazo. VII.- A lo expuesto se agrega, finalmente, que el rechazo de la acción intentada no causa agravio irremediable al actor, quien puede, de acuerdo con los cauces procedimentales idóneos recurrir a los medios de tutela judicial que la legislación prevé. En mérito a las consideraciones vertidas, normas citadas, y oído el Ministerio Público Fiscal; el Tribunal RESUELVE:. 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida; 2) imponer las costas a la vencida (art. 14 , CCABA). Notifíquese, y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho. Regístrese y, oportunamente, devuélvase. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti Esteban Centanaro