Proceso penal, recurso de casación, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Espinosa Diego Sebastián s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación al ex-pediente "E" Nº 030/10 Espinosa Diego Sebastián
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12

El Presidente de la Cámara Criminal, en ejercicio de la jurisdicción unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba.

Contra dicho pronunciamiento, la Defensa interpone este recurso de casación, en el que invoca lo dispuesto en el art. 456 inc.1º del Código de Procedimientos Penales y dice que el Tribunal efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriéndose con ésta al art. 76 bis, última parte del Código Penal.

Se agravia el recurrente porque el a quo sostuvo también que no resultaba de aplicación el instituto debido a que, en el caso, la eventual condena no sería de ejecución condicional.

Al decir que, de conformidad con el precedente "Acosta", la suspensión del juicio es de plena aplicación si de la escala penal surge que es factible una condena condicional, le asigna el recurrente un irrazonable alcance a la doctrina de la Corte, en tanto esa interpretación importa ignorar los términos mismos de la norma del art. 76 bis del Código Penal.

Es que el precepto faculta -no impone- al Tribunal disponer la suspensión del juicio, y esa precisión semántica supone que la decisión sobre la procedencia del instituto se encuentre precedida de un juicio de valor sobre las circunstancias del caso, el que sería absolutamente innecesario si, como pretende el recurrente, la cuestión se agotara en la consulta a la escala penal prevista para el delito imputado por la mera posibilidad de condena condicional que emerge de su solitaria consideración, con prescindencia de los demás elementos de juicio objetivos y subjetivos que resulta menester ponderar para fundar adecuadamente el juicio de probabilidad sobre esa excepcional modalidad de cumplimiento de la eventual pena.

En contra de la interpretación que propone el recurrente se alza también la intervención que del Ministerio Público Fiscal exige la norma mencionada en tanto no parece razonable que se requiera su audiencia solamente para constatar, a modo de informe actuarial, la entidad de la amenaza punitiva prevista en abstracto con relación al delito atribuido.

Es que, en el 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal, con la alusión a las circunstancias del caso, se refiere indudablemente el legislador a las particularidades concretas del acontecimiento histórico de cuyo juzgamiento se trata, las que deben ser evaluadas por el Representante del Ministerio Público Fiscal y por el Tribunal a los fines de decidir si la entidad de la lesividad que revelan esas específicas circunstancias autorizan el excepcional apartamiento del principio de legalidad que importa el Instituto y si economizar recursos, evitar el estigma que implica la condena, o la concurrencia de alguna otra razón de política criminal, justifican resignar la potestad punitiva estatal y suspender el ejercicio de la acción penal.

En el caso, revela el recurso que esa valoración fue practicada, y que, en atención al modo de ejecución del hecho y a su grave resultado concluyó el a quo que no sería de aplicación una condena en suspenso.

Por lo tanto, dado que la decisión impugnada resulta suficientemente fundada en los motivos expresados, que éstos no han sido rebatidos por el apelante ni su razonabilidad ha sido cuestionada por el mismo y que dichos motivos son acordes -contrario sensu- con los fines del instituto, atento a que ponen en evidencia que en el caso es necesaria la intervención estatal, el agravio no puede ser acogido.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.