Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-06-24


2º Instancia. - Córdoba, junio 24 de 2010 Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

1º ¿Se han quebrantado normas previstas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad? 2º ¿Media inobservancia de la ley sustancial? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Juan Sesin 1º Cuestión. - El doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

I. 1. La parte demandada se agravia porque el a quo verificó un ejercicio abusivo del "ius variandi" y lo entendió injuriante. Sostiene que existió una causa objetiva para el traslado: supresión del puesto de asistente de Director por razones económicas y faltante de personal en "servicio al cliente". Que además, el Reglamento Interno prevé la polivalencia funcional y no se afectaron los elementos esenciales del contrato de trabajo -jornada, salario, categoría-. Afirma que el daño moral denunciado no fue acreditado. Y que probar la "razonabilidad" de la medida no es una exigencia legal.

Remarca que de la testimonial -en especial Brondo- surge que la supresión del puesto fue una resolución de la Administración Central; que nadie ocupó ese lugar y que las tareas se distribuyeron. Por otra parte, el Juzgador no explicitó el parámetro por el cual entendió que el ahorro no era significativo ni consideró que, en otras oportunidades, se trasladó a la actora y nada dijo. Además, desde que se le comunicó el cambio hasta la desvinculación pasó más de un mes y medio -convalidación de la medida-. Descarta que la conducta del empleador fuera arbitraria: se le dieron opciones -"auditoria" o "atención al cliente"-.

Finalmente, cuestiona la tasa de interés fijada porque la situación económica tenida en cuenta in re "Hernández ..." (TSJ S. Nº 39/02) difiere de la actual en la que los Tribunales locales adicionan a la tasa pasiva un 0,5% mensual.

2. En reiteradas oportunidades esta Sala sostuvo que "El ius variandi es válido como ejercicio de una potestad reconocida, no para la realización de un interés individual, sino del interés colectivo, con exclusión de su uso meramente caprichoso y arbitrario". Por ello, es que "se le reconoce al empleador la posibilidad de introducir modificaciones en los contratos de trabajo que en situaciones normales le estarían vedadas, cuando tienden a paliar una situación general y profunda de crisis, evitando un mal mayor, esto es, haciendo prevalecer los principios de subsistencia de la fuente de trabajo y solidaridad, sobre el perjuicio circunstancial causado" (Sents. Nros 146/01, 84/05, 90/09, entre otras). Mas este concepto que el presentante trae no logra demostrar que resulte vulnerado en el caso subexamen.á Es que se limita a insistir en la grave situación económica por la que atravesaba el "hipermercadismo", sin desvirtuar lo afirmado por el el Juzgador en orden a que no hay indicadores económicos que revelen que la crisis "post devaluación" (2.001/2.002) -a la que alude el empleador- se hubiera proyectado hasta mediados del 2.005 (fs. 210 vta.). También refiere a la "polivalencia funcional" que, aunque prevista en el reglamento interno, no puede interpretarse con el alcance que justifiqueá el ejercicio abusivo del poder de organizar la empresa (fs. 211). También parcializa los términos del decisorio al decir que no se establecieron párametros para considerar "poco significativo" el ahorro invocado, si prescinde de lo manifestado a fs. 210 vta. Esto es, que la supresión del puesto de la actora en nada incidía frente a que "Libertad SA emplea a más de cinco mil quinientas personas" (sic).

Por otra parte, el casacionista pone énfasis en la ausencia de modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo y en la inexistencia de daño material por una supuesta "carrera truncada", aspectos que fueron expresamente analizados por el Tribunal (fs. 209 vta.) y carecen de importancia dirimente si -a juicio de aquél- hubo perjuicio "moral" susceptible de ser indemnizado en los términos del art. 1.071 CC (fs. 211). Luego, la aislada afirmación de que el menoscabo no existió, no resulta eficaz para conmover las extensas razones dadas por el a quo para concluir que hubo "desjerarquización /degradación" de la trabajadora (fs. 210).áá Tampoco surge de las constancias de autos que la empleada pudiera elegir. Por el contrario, aparece como una decisión unilateral de la empresa asignarla a "atención al cliente". Nótese que el testigo en el que el recurrente funda su agravio -Brondo- manifestó que "auditoria dijo que no la podía ocupar por un tema personal" (sic) (fs. 207). Lo propio ocurre con la orden de la Administración Central a que refiere el mismo testigo. La empleadora no aportó elemento independiente que corrobore la generalidad de la medida y fue decisivo para el a quo (fs. 210 vta.).

En cuanto al planteo de falta de contemporaneidad, el impugnante no evidencia que la reacción actora -al mes y medio- resulte desproporcionada en el contexto en que acaeció el traslado -vacaciones del superior y aparente transitoriedad del cambio- (fs. 209). Muy por el contrario, la actitud que se le reprocha responde al deber de colaboración previsto en el art. 84 LCT.áááá 3. La crítica a la tasa de interés aplicada (Tasa Pasiva del BCRA más 2% mensual) también debe rechazarse. El Sentenciante adoptó -por el período cuestionado- la fijada por este Tribunal a partir de los autos "Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral..." -S. Nº 39/02- (Vé. Sents. Nros. 102, 130/08, 18/09, entre muchas otras). Y el motivo que explicita el recurrente es genérico lo que torna infundada la pretensión.

II. 1. Por último, el impugnante entiende que el contexto en que acaceció el distracto justificó la renuencia del empleador que castiga el art. 2 de la ley 25.323.

2. Le asiste razón al recurrente en este particular. No hay dudas que el desahucio sin invocación de causa -ad nutum- y la posterior intimación para lograr su pago, hace operar la sanción prevista en la norma de que se trata (50% de incremento de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso). Sin embargo, las circunstancias que rodearon la desvinculación de Finelli, vuelve compleja la cuestión y dispensa la conducta adoptada por el empleador, supuesto previsto en el último párrafo de la ley. Ello pues lo que provocó el desenlace del contrato resultó litigioso. No se verificó -a juicio del Juzgador- daño patrimonial, ya que lo dirimente para aquél fue el perjuicio moral para configurar el ejercicio abusivo invocado.á En consecuencia, corresponde anular el pronunciamiento con el alcance señalado (art. 105 CPT). Y entrando al fondo del asunto, rechazar la demanda en cuanto pretendía la indemnización del art. 2 de la ley Nº 25.323.

Voto pues por la afirmativa en lo que antecede y por la negativa en lo demás.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesin, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

2º Cuestión. - El doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

I. La conclusión de la cuestión anterior satisface los agravios vinculados a los arts. 66 LCT yá 2 de la ley Nº 25.323.

II. 1. Respecto de la errónea aplicación del art. 16 de la ley 25.561, el recurrente aduce que el Sentenciante refirió a "todos los rubros derivados del despido" cuando el dispositivo sólo duplica la indemnización del art. 245 LCT. Y que el Poder Ejecutivo al dictar el art. 4 del decreto Nº 2.014/04 incurrió en un exceso reglamentario.

2.á El Juzgador, previo a expedirse por la validez de las normas involucradas, ordenó se incrementaran al 80% la "indemnización por antigüedad", "omisión de preaviso" e "integración del mes de despido" (fs. 212 vta./214). Luego, la interpretación que efectúa el recurrente invocando una supuesta "intención legislativa" para limitar el incremento al art. 245 LCT, no resulta eficaz para evidenciar el defecto legal que denuncia. Además, los decretos reglamentarios -a los que tilda de excesivos-, fueron dictados en uso de las atribuciones delegadas por la propia norma al PEN en el marco de la emergencia, lo que sanea los defectos de instrumentación legislativa que se señalan -fs. 213 vta.- (en igual sentido Sents. Nº 77, 152/08, 82/09, entre otras).

III. Este mismo planteo introducido a través del art. 107 CPT, justifica no convocar al Tribunal en Pleno. Ello por estar unificada la jurisprudencia en torno a la materia y para evitar un mayor desgaste jurisdiccional.

Voto pues por la negativa.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesin, dijo:

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

3º Cuestión. - El doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Por el resultado de la votación que antecede corresponde admitir parcialmente el recurso de casación deducido por la parte demandada. Anular el pronunciamiento en cuanto ordenó abonar el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Desestimarlo en lo demás. Con costas. Los honorarios de los Dres. María Helena Canals y Juan José Castellanos serán regulados por la a quo en un treinta por ciento, para cada uno, de la suma que resulte por aplicación de la escala media del art. 34, ley 8.226 sobre lo que fue motivo de discusión (arts. 37, 38, 104 ib.; 125, ley 9.459). Deberá tenerse presente el art. 27 de la última ley citada.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesin, dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por el señor Vocal Dr. Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, RESUELVE:

I. Admitir parcialmente el recurso de casación deducido por la parte demandada y anular el pronunciamiento en el aspecto señalado.

II. Rechazar la demanda en cuanto pretende el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

III. Desestimar la impugnación en lo demás.

IV. Con costas.

V. Disponer que los honorarios de los Dres. M. H. C. y J. J. C. sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento, para cada uno, de la suma que resulte por aplicación de la escala media del art. 34, ley 8.226 sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá tenerse presente el art. 27 del CA.

VI. Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe. - Luis Enrique Rubio. - M. Mercedes Blanc de Arabel. - Domingo Juan Sesín