marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Licencia por enfermedad, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: FASANI, CESAR ERNESTO c/ TRANSPORTE DEL TEJAR SA. 'LINEA 67' s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-31

En los casos de enfermedad, el trabajador se encuentra imposibilitado de gozar de las vacaciones (con obtención de los beneficios higiénicos y sociales que inspiraron el acogimiento legislativo del instituto), por lo tanto, no es admisible que se le otorgue la licencia durante ese período; debe esperarse el restablecimiento del trabajador y sólo después concederlas.

(Conforme Sala III, en autos 'Vidal, Armando c/ Colgate Palmolive SA ').
Viajantes de comercio, agentes de propaganda médica, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, JOSE MARIA Y OTRO c/ LABORATORIOS DOMINGUEZ  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

La doctrina del fallo plenario nro. 69 (in re "NUCIFORA c/ SIAM DI TELLA") puede resultar aplicable a los casos de agentes de propaganda médica retribuidos por comisión individual pero no a aquellos cuya remuneración está integrada por un sueldo fijo y por una especie de "comisión colectiva" que se liquida por partes iguales, luego de calcular un porcentaje sobre las ventas globales que todo el plantel de visitadores realizaba.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, resoluciones inapelables, resoluciones apelables, secreto fiscal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: SL & C SA  c/  s/ quiebra s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde admitir la queja y conceder la apelación interpuesta por la AFIP, pues la resolución que dispone el levantamiento del secreto fiscal previsto en la ley 11683: 101 excede el contenido habitual del juicio universal. Por consiguiente, ese pronunciamiento, dado su tenor y la materia involucrada, es susceptible de revisión en segunda instancia.
Indemnización por accidente de trabajo, cómputo de intereses, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA en la causa Camacho, Oscar Carlos c/ Curtiembres Becas S.A. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

Es arbitraria la sentencia toda vez que la jueza de primera instancia fijó la suma resarcitoria a valores actuales y a su turno, la cámara confirmó ese aspecto del fallo pero, sin proporcionar razón alguna, modificó lo resuelto en materia de intereses al ordenar que corriesen desde la primera manifestación invalidante, en tanto el pronunciamiento dejó de guardar correspondencia con el enunciado previo, conforme al cual el monto de condena se hallaba determinado en cálculos hodiernos, es decir en importes vigentes al tiempo del dictado de la sentencia de primera instancia, elevando así exponencialmente el importe de la condena, al punto de superar más de diez veces el monto reclamado por la actora en su demanda.
Acción popular, revocación del mandato
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: O., D.F. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09

Haciendo un boceto de la acción de revocación popular de mandatos electorales, puede decirse que una vez recepcionada la denuncia en la que se solicita se de inicio al trámite de la revocatoria, el órgano competente, en este caso el Tribunal Electoral Municipal, habrá de considerarla a efectos de verificar la observancia de los requisitos previstos por la respectiva ley. Esta valoración comprende dos aspectos, uno formal y otro sustancial.

El primero no puede referirse sino al cumplimiento de las exigencias fijadas legalmente entre las que se encuentran que la presentación se haya realizado por escrito, acompañando las firmas pertinentes, con expresión clara y concreta de las causales en que se funda, taxativamente enumeradas en el art. 139, 2da. parte de la Ley Nro. 3098 denominada de las Corporaciones Municipales.

Avanzando en el trámite del proceso, deberán validarse adecuadamente las firmas que acompañan el pedido en cuestión, para lo cual habrán de considerarse dos requisitos, en lo que nos interesa por ahora, uno material, es decir si cada una de las firmas pertenece o no a ciudadanos que revistan la condición de electores de la división electoral por la que el funcionario o representante en cuestión fuera elegido oportunamente.

No es un requisito menor, la identidad entre el origen del funcionario y la calidad de electores de los promotores de la acción de revocatoria de mandato se funda en la esencia misma del instituto, esto es que el mandato oportunamente otorgado sea dejado sin efecto por quienes conforman legítimamente esa voluntad popular y no por electores ajenos a su jurisdicción. La cuestión central radica en la determinación del sujeto legitimado a efectos de intentar la puesta en marcha del procedimiento.

En este sentido, la calidad o carácter de electores que se requiere, conforma una doble garantía. Por un lado a favor del funcionario denunciado, toda vez que sólo los electores correspondientes a su ámbito político de ejercicio del mandato podrán juzgar el contenido del mismo, por otro lado, esto es en pro del electorado local como único sujeto legitimado como titular de la voluntad popular originaria a través de la cual es factible revocar los mandatos electorales por ella concedidos.

Además la garantía en cuestión valora dos importantes aspectos del instituto revocatorio, el primero de ellos es que su promoción por una parte del electorado implica necesariamente la imposición al resto del cuerpo electoral de la obligación de concurrir a manifestar de modo expreso su voluntad en un comicio de revocatoria, (arts. 147 y 148 Ley Nro. 3098). El segundo, radica en la oportunidad elegida para el pronunciamiento popular, lo que dependerá siempre del electorado mismo, procurando evitar la manipulación o indebida utilización del instituto con otros fines.
Procedimiento laboral, demanda, traba de la litis, ampliación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Birencwajg Adrián Edgardo c/ Telearte S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

No procede la ampliación de la demanda, a los fines de ampliar los términos de la litis, si una de las codemandadas ya había sido notificada y contestado la acción. En este sentido, se aprecia que el art. 70 L.O. -según texto ley 24.635- es muy preciso al fijar un límite temporal para el ejercicio de la facultad en examen: "El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada...". Y ante el argumento del actor en el sentido de que la modificación que pretendía involucraba únicamente a la acción dirigida contra la codemandada que no se encontraba notificada al momento en que formuló la petición, cabe sostener que la CNAT, en uso de la atribución conferida por el art. 23 in fine de la L.O., dictó la resolución 18/97 interpretativa de las previsiones de la ley 24.635, mediante la cual textualmente se estableció que "Art. 10: La modificación de la demanda en los términos del artículo 70 del procedimiento laboral, reformado por el artículo 39 de la ley 24.635, podrá hacerse hasta el momento en que la notificación del traslado llegue a poder de alguno de los demandados...". Así quedó fuera de discusión que, en supuestos de litisconsorcio pasivo, la modificación de la demanda únicamente puede tener lugar antes de que alguno de los codemandados sea notificado del traslado.
Caducidad de instancia, juicio ejecutivo, intimación de pago, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GAS DEL ESTADO c/ UPAEGA  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

De la correlación de los arts. 532 y 557 del CPC. no resulta la irrecurribilidad de la providencia que ordena librar mandamiento de intimación de pago sino, más bien, su inapelabilidad.Por consiguiente, ella sólo es susceptible de reposición, y de allí entonces que la perención debe ser acusada dentro del término atinente a dicho recurso que es de tres días.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, expropiación, indemnización expropiatoria, valuación del bien, aumento de la indemnización, avenimiento (administrativo), interpretación de la ley, jurisprudencia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Benet y Contreras, Oscar Agustín y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

No es arbitraria la sentencia que admitió la procedencia del plus del 10% previsto por el art. 13 de la ley 21.499, no obstante que no había mediado avenimiento, fundándose en una interpretación razonable del texto legal, la doctrina plenaria aplicable y las circunstancias particulares de la causa.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: RIVEROS, JUAN ALDO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-20

Para que el pago de impuestos adquiera fuerza considerable como elemento que acredite al animus domini, debe haber sido efectuado con periodicidad regular que no pueda considerarse como prueba complementaria de la posesión, si el pago de los impuestos y tasas atrasados se satisfizo en un sólo acto.
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, coronavirus, derecho a la salud, falta de agravio concreto, cuestión no federal, inadmisibilidad del recurso, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PENAL
Carátula: MATURANO, Orlando Neri s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso incoado, pues la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para denegar el arresto domiciliario y la morigeración de la prisión preventiva requeridas. Al fundar su resolución, el tribunal oral, en sintonía con lo dictaminado por el fiscal, tuvo en consideración la gravedad de la pena en abstracto con que amenaza el delito enrostrado -delito previsto el al art. 864 en función del art. 866, con las agravantes previstas en el art. 865 inc. a) y g)-, que impide a su vez que pudiese recaer condena de ejecución condicional, la magnitud de la maniobra delictiva presuntamente llevada a cabo y el estado de las actuaciones -debate oral en curso-, circunstancia que permitían inferir que existe una posibilidad seria de que Maturano busque eludir la acción de la justicia en caso de que se le conceda la prisión domiciliaria solicitada. Por otra parte, se descartó la concurrencia de alguno de los supuestos legales previstos por el art. 10 del CP y por el art. 32 de la ley 24660- Al respecto, se evaluó que si bien el nombrado cuenta con 63 años de edad, no surge de su~ presentación que sufra alguno de los padecimientos descriptos por la OMS y por el Ministerio de Salud de la Nación (MSal) para el caso de contraer la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y que durante el mes de abril, al resolverse un pedido de arresto domiciliario, la autoridad de la unidad carcelaria en que se encuentra alojado había informado que el nombrado no presentaba patologías de riesgo preexistentes. En definitiva, se advierte que la resolución impugnada analizó en profundidad la razonabilidad del encierro cautelar del imputado Orlando Neri Maturano, en base a la normativa procesal vigente e invocada por la defensa -arts. 210, 221 y 222 del CPPF-, argumentos que el recurrente no logra conmover ante esta instancia. Sin perjuicio de lo expuesto, compete encomendar al a quo que continúe requiriendo a la unidad carcelaria donde Maturano se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e' higiene. La disidencia señaló que, sin perjuicio de la solución que en el caso pudiera corresponder, correspondía habilitar la vía intentada. Dres. Figueroa, Barroetaveña y Ledesma -en disidencia.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, caducidad, impulso procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VEINTICCINQUE, VICTOR ANTONIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 468 AÑO 205)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-20

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que si bien la controversia, por su naturaleza procesal constituye una materia propia de los jueces de la causa e insusceptible de revisión por la vía intentada, cabe hacer excepción a ello cuando lo decidido importa agravio constitucional.

Efectivamente, siendo que la resolución cuestionada por la parte actora ha declarado la caducidad de la instancia -con fundamento en el transcurso del plazo legal sin que se verifiquen actos de impulso procesal- en la etapa anterior al dictado del auto de admisibilidad del recurso contencios o administrativo (art. 12, ley 11.330), resultan aplicables al caso las consideraciones expuestas por esta Corte en el precedente "Espósito", donde se decidió que la respuesta jurisdiccional, en la medida que pone en cabeza del actor una carga impulsoria inexistente, no satisface las exigencias de fundamentación derivadas del ordenamiento constitucional -más allá de que la referencia normativa de esos precedentes se acota al artículo 13 de la ley 11.330-.

Ello así, toda vez que, en la especie, proveída la tramitación del recurso contencioso administra tivo, los pasos previo s a la resolución prevista en el artículo 12 del digesto citado que debían cumplimentarse -y que también ordenara el a quo - en modo alguno modifican que, bajo tales circunstancias, el trámite de admisibilidad del recurso podía resolverse de oficio.

En consecuencia, la respuesta jurisdiccional, al sobredimensionar las formas en detrimento del derecho de acceso a la jurisdicción, no resulta derivación necesaria del derecho vigente, con sujeción a las circunstancias del caso. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Spuler)
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del procurador
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMBRANO, Luis María c/ CABRAL, Oscar y Otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INC.EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-05

No corresponde regular honorarios como procurador, al letrado que actúa por sí en causa propia.
Recurso de casación, contratos administrativos, contrato de obra, perfeccionamiento del contrato, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL
Carátula: Visor Consultora S.R.L. c/ Comisión Especial Ley 2312 y/o Provincia de Río Negro s/ Ordinario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-07-11

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia de Río Negro y revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones dado que, conforme a los principios y normas del derecho público provincial y de derecho privado y a las reglas de interpretación enunciadas, en el caso en análisis no se ha perfeccionado el contrato de locación de obra en cuestión, en tanto no se ha cumplido con las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación.
Acción de inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Gorosito, Juan Ramón c/ Riva S.A. y otro  s/ daños y perjuicios -inconst. art. 39 L. 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

La impugnación de inconstitucionalidad no es pertinente cuando el fin con que se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado, sino el restablecimiento de un régimen normativo derogado, lo cual es de incumbencia del legislador.
Relaciones de familia, menores, vías de hecho, actos unilaterales, residencia habitual
Materia: CIVIL
Carátula: A. B., E. A. C /R., F. F. S /RESTITUCION S/ CASACION (X/C: C-2RO5700-F16-19) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-06-09

Si bien el lugar de residencia habitual de los niños no resulta ser un concepto inmutable, ello no implica que pueda ser establecido o modificado por uno de los padres en perjuicio de los derechos del otro o por vías de hecho, aun cuando tuviere la guarda de sus hijos. Debe propiciarse que quien desee mudar el lugar de residencia de sus hijos, inicie las acciones pertinentes requiriendo la correspondiente autorización, sin llevar adelante acciones unilaterales e inconsultas que pongan a los niños en riesgo y vulneren sus derechos fundamentales. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)
Seguros, seguro de retiro, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: F., W.A. c/ S.S.E. SA s/ Demanda Laboral (Diferencias Salariales)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-07

"El aporte para Seguro de Retiro Complementario, creado por la CCT 130/75, carece de una regulación específica en cuanto a su prescripción. Esto hace que caiga dentro de lo dispuesto por el art 256 LCT en cuanto establece la prescripción de dos años para los créditos que provienen "...en general de disposiciones de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo".
Discriminación, prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Para la parte que invoca un acto discriminatorio, es suficiente con la acreditación de los hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, y si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, intervención quirúrgica, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MENDOZA, María Mercedes c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

La operación originada en el diagnóstico de litiasis vesicular configura un tratamiento tendiente a la mejoría en la salud del paciente, por lo que obviamente en sí misma no es un hecho antijurídico. De ahí que la sola mención de esa circunstancia no tiene entidad como hecho antecedente del resultado dañoso, si no se alega el obrar deficiente de alguno de los que participaron en la cirugía o en el cuidado posterior que pueda haber provocado dicho resultado.-
Constitucionalidad, prisión perpetua
Materia: PROCESAL
Carátula: Calello Juan Ernesto c/  s/ Homicidio doloso agravado (art. 80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-26

Por otra parte, la sentencia se ajusta a la doctrina fijada por esta Sala Penal en una causa parcialmente análoga a la presente, en donde se ratificó la constitucionalidad de la norma que impuso la pena de prisión perpetua (R.I. n° 151/2017, "Alarcon Medina, Gonzalo Hernan s/ homicidio", rta. el 31/10/2017).
Tutela anticipada, medidas cautelares, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó el pronunciamiento que había admitido la medida anticipatoria considerando que, a diferencia de las medidas cautelares clásicas, la admisión de la misma exigía la "casi certeza" de que el derecho pretendido existía, ya que omitió evaluar la incidencia de la imputación objetiva -a título de riesgo creado- formulada en la demanda en los términos del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil, y dicho examen resultaba particularmente exigible dado que la mención de la incidencia causal que la conducta de la víctima -menor que se encontraba circulando en bicicleta- podría haber tenido en la producción del evento no resulta sustento bastante para denegar la procedencia de la tutela requerida, so pena de restringir injustificadamente su ámbito de aplicación.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: LULLO, CARLOS M. s/ INFRACC. ARTS. 286 Y 189 BIS C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

La ignorancia sobre la inclusión de un arma en la categoría que el Decreto 395/75 define como de guerra es un error de prohibición en tanto hubiera recaído sobre la antijuricidad de la conducta, es decir, sobre la relación entre ésta y el ordenamiento jurídico.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lujan, Manuel Alfredo c/ Herrera, Zulema s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El art. 1113 requiere una prueba indubitable de la culpa del damnificado o de un tercero para eximir de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa riesgosa, y esa carga no se cumple creando una mera duda o acreditando la simple verosimilitud de un obrar imprudente o negligente.
Facultades del concejo deliberante, debido proceso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zurita, Carmen Rosa c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación Vaca, Nidia Sabrina; Coca, Carmen Liliana; Muñoz, Moira Roxana c/  s/ recurso de inconstitucionalidad - Concejal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-26|2019-11-27

El mérito de la decisión destitutoria es una facultad política del Concejo Deliberante. Lo judiciable no es, entonces, la razón de oportunidad, mérito o conveniencia tenida en cuenta por el órgano legislativo municipal para adoptar decisiones que le son propias, sino la observancia de las normas del debido proceso. Ello en atención a que las decisiones adoptadas por tales órganos en ejercicio de las facultades disciplinarias acordadas por el art. 183 de la Constitución Provincial constituyen una expresión del poder inherente a toda asamblea en orden a velar por la dignidad y funcionamiento del Cuerpo, que la Constitución ha reservado al exclusivo y definitivo juicio del órgano legislativo.
Patentes, medidas cautelares, daño irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Syngenta  Participations  AG c/ Atar  Semillas  Híbridas  SA s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

No puede compartirse la tesitura planteada por la actora cuando afirma que la prueba de la infracción de la patente hace presumir la irreparabilidad del daño. Porque bastaría con acreditar la verosimilitud en el derecho para que la cautelar sea despachada en forma favorable, sin audiencia de parte, extremo que tornaría letra muerta el régimen bilateral previsto como regla en la ley de patentes y también contemplado en el art. 50 del ADPIC. Y también sería estéril evaluar -ya no acreditar- la existencia del perjuicio que las normas exigen, justamente, para que la precautoria pueda dictarse de esa forma.