Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-04


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (4) de Marzode dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-,bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la demandada en autos: "López, Carlos Horacio y otra vs. Mutual Rivadavia de Seguros del Autotransporte Público de Pasajeros s/Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 124/128 por el letrado apoderado de la demandada Mutual Rivadavia Seguro de Transporte de Pasajeros, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. de fecha 14/4/2004.

Expresa que el tema de fondo en este amparo es lo atinente al tope indemnizatorio establecido por el art. 68 de la ley 24.449, que regula el seguro obligatorio de responsabilidad civil, reglamentado por dto. 2.254/92 y las resoluciones generales Nro. 21.999 y 22.058. Sostiene que la sentencia en recurso es definitiva por cuanto da por concluido el presente juicio, a diferencia de las cautelares que se agotan en sí mismas. Invoca además la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre la misma cuestión, con lo que se configuraría el supuesto de gravedad institucional, por verse afectadas las garantías de defensa en juicio y de igualdad ante la ley, lo que excede el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia.

Al concretar agravios, manifiesta que la sentencia impugnada reconoce en forma expresa el tope reglamentario de $1.000, conforme a lo dispuesto por el art. 68 de la ley 24.449; y sin fundamento legal o doctrinario condena a su parte, a más de abonar la cantidad de $ 850 para completar dicho tope, a proveer a la actora un aparato ortopédico, que en todo caso habrá de superar con creces la suma referida. Destaca que la actora no ha cuestionado la constitucionalidad de la norma legal o su reglamentación; y que el único fundamento expuesto por la Cámara remite a la responsabilidad por el daño causado, lo cual corresponde a una acción distinta de la incoada en autos.

De otra parte, alega haber sido condenado a proveer un rubro no peticionado por el actor; derivando de ello que la Sala a quo habría fallado ultrapetita, en violación a lo dispuesto por los arts. 273 inc. 6), 280 y cc. del CPCC. También cuestiona por imprecisa la decisión de mandar a su parte a proveer un aparato ortopédico, cuyas características habrán de ser resueltas en el trámite de ejecución de sentencia, "donde las partes deberán acordar al respecto o eventualmente acudir a la opinión de un especialista en la materia que establezca la oportunidad del implante, modelo o tipo de la prótesis a emplear". Reitera que este rubro no integró la demanda de amparo, y por tanto tampoco han sido acreditadas las características del mismo, ni la urgencia en su provisión; requisitos que estima esenciales de la acción incoada.

Al proponer doctrina legal, se remite a un precedente dictado por la Sala Ia. de la Cámara a quo en los autos "Mercado, Norma vs. Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros s/amparo", y a la establecida por esta Corte Suprema de Justicia en la causa "Maldonado, Mariela Ester vs. La Caja de Seguros S.A." (sentencia Nro. 1110 del 28/12/2001). Concluye con el planteo de cuestión federal, dejando a salvo su derecho a recurrir ante la Suprema Corte Nacional por vía del art. 14, ley 48.

2.- De las constancias de autos resulta que las letradas apoderadas de los actores iniciaron la presente acción de amparo de conformidad con lo previsto por el art. 50 y demás cc. del CPC, solicitando la ampliación de la medida autosatisfactiva prevista en el art. 68 de la ley nacional de tránsito Nro. 24.449 contra la Mutual Rivadavia Seguro de Transporte de Pasajeros; y dejaron librado al prudencial criterio del Tribunal la "cualificación" del monto en atención a los fundamentos expuestos. Entendieron que el monto previsto en la resolución general Nro. 21.999 de la S.S.N. resulta insuficiente en razón de las necesidades de atención médica que expone; y que resultaron de las lesiones sufridas por sus representados al ser embestidos por una unidad de la línea de transporte de pasajeros 122. Destacaron que no obstante ser las víctimas terceros con respecto al contrato de seguros, rige la ley de tránsito por expresa disposición de la ley de seguros; cuyo art. 109 prevé que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado, en relación a lo que éste pueda deberle a un tercero como consecuencia de un hecho ocurrido durante la vigencia de un contrato de seguro. Que según doctrina y jurisprudencia dominantes, el asegurador debe satisfacer el pago de los gastos de sanatorio sin poder invocar excusa o causa liberatoria; y que tales gastos comprenden "internación, honorarios médicos, costos de medicamentos, remedios, radiografías, análisis etc.". Igualmente, que no cabe dilatar el pago invocando la vigencia de un plazo para expedirse sobre el siniestro, la culpa grave o cualquier causa liberatoria; sin perjuicio del derecho de repetición que pudiera corresponder. Aclararon que ante la gravedad de las lesiones sufridas por sus representados, el reclamo no se ajusta a la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación -Resol. Nro. 21.999- en cuanto prevé como tope de la medida autosatisfactiva la suma de $1000, por no resultar aplicable al caso. Que según tiene dicho la jurisprudencia, si bien en la generalidad de los casos la aseguradora cumple con la obligación de la ley 24.449, art. 68 abonando el tope tarifario en otros supuestos donde están en juego en forma clara valores como la vida humana, se admite la procedencia de montos superiores.

Mediante providencia de fs. 18, el Sr. Juez de primera instancia mandó precisar y cuantificar los montos y conceptos reclamados por cada uno de los actores (fs. 18). A fs. 25, las actoras expresaron adjuntar un presupuesto por implantes de pierna, obrante a fs. 24 y que asciende a la suma de $5.000, según se expresa en la presentación de fs. 27.

Corrido traslado de ley, a fs. 40/44 corre agregada contestación de la demanda. En lo sustancial, la aseguradora planteó la improcedencia de la acción incoada, por haber dado cumplimiento con lo dispuesto en las resoluciones generales Nro. 21.999 y 22.058 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que fija un tope de $1.000. Que a López sólo se le abonaron $150 por haber incumplido con la acreditación fehaciente de los gastos médico sanatoriales de urgencia. Sostuvo que los actores tampoco demostraron los extremos exigidos para la acción incoada, ni los presupuestos para la procedencia del amparo; entre ellos la certeza del derecho invocado, que debe ser incontestable, evidente y admisible de plano sin necesidad de mayor análisis o controversia. Puso además de relieve que la acción de amparo debe reservarse para situaciones delicadas y extremas en las que, por falta de otros medios legales, pueden verse afectados derechos constitucionales; toda vez que la existencia de los mismos para proteger los derechos lesionados, excluye la admisibilidad del amparo. Que deben concurrir simultáneamente los requisitos consistentes en la existencia de un proceder que en forma manifiesta e inequívoca conculque derechos constitucionales, la urgencia en reparar el perjuicio o hacer cesar los efectos de tal proceder, y que por su naturaleza la cuestión no pueda solucionarse por otra vía legal.

La sentencia de primera instancia rechazó la acción de amparo -medida autosatisfactiva- promovida en autos. Luego de reseñar los caracteres de esta clase de medidas, valoró que de acuerdo a un precedente de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. que cita, las mismas no resultan incompatibles con su sustanciación a través del procedimiento de la acción de amparo, que confiere bilateralidad al trámite previo al dictado de la sentencia, a diferencia del proceso monitorio que no está expresamente legislado. Seguidamente, estimó necesario determinar si los actores tienen una acción directa y autónoma contra la aseguradora; pronunciándose por la afirmativa con cita de doctrina y jurisprudencia. A partir de esta premisa, valoró como extremos que deben probarse para la procedencia del reclamo fundado en el art. 68 de la ley 24.449, la existencia del siniestro y los gastos de sanatorio (internación, honorarios médicos, costos de remedios, radiografías, análisis etc.). En relación a Juan Carlos López, entendió que no se acreditó en autos la alegada amputación de la pierna izquierda a raíz del accidente; y rechazó igualmente los reclamos de la Sra. Palavecino por falta de prueba de la necesidad de realizar los gastos invocados en sustento de su pretensión.

Apelado el pronunciamiento, la Sala IIIa. de la Cámara recordó su doctrina favorable a la admisibilidad de la vía del amparo para reclamar las medidas en examen; como también a la existencia de medidas autosatisfactivas preventivas y correctivas. En relación a la demandante Mafalda Palavecino, puso de relieve que en autos no se justificó de manera fehaciente la necesidad de atención especializada en un centro sanatorial privado de mayor complejidad, para su total curación. Que tampoco se probó imposibilidad de someterse a cirugía, ni la necesidad de la silla de ruedas o de elementos quirúrgicos reclamados. Consideró que otros de los gastos invocados deben tenerse razonablemente por cubiertos con los $ 1.000 ya abonados en cumplimiento del seguro obligatorio existente. Por lo expresado, desestimó la apelación respecto a la nombrada, sin que ello dé lugar a agravio de su parte.

Respecto al codemandante Carlos Horacio López, la Cámara verificó el error denunciado por los apelantes, toda vez que en autos está acreditada la realización de una amputación supracondílea de su miembro inferior izquierdo, como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el siniestro de que se trata. Consideró lógico pensar que ante tal circunstancia será necesario implantarle una prótesis para que de esta manera pueda valerse en el futuro por sí mismo. Valoró en tal sentido que la integridad física, considerada un bien jurídico en el más amplio sentido, es un derecho fundamental de la personalidad, estimando evidente que el monto proporcionado extrajudicialmente por la aseguradora es manifiestamente insuficiente, y que resulta imperioso el debido resguardo de aquélla ante la particularidad de la afección, y la consecuente limitación laboral y en la vida de relación que actualmente padece el accionante. Añadió que como regla general, la reposición de las cosas a su estado anterior debe efectuarse de la manera más estricta que sea posible. En su mérito, receptó las quejas del apelante, estableciendo que la determinación de las características del aparato ortopédico a implantar deberá resolverse en el trámite de ejecución de sentencia, con las modalidades que se indican en la misma sentencia.

De otra parte, el Tribunal entendió que los gastos justificados en autos en concepto de curación, con sustento en el art. 68 de la ley 24.449, deben ser también abonados por la aseguradora, al margen de los $ 150 ya abonados para la adquisición de muletas. Finalmente, hizo lugar al reconocimiento de gastos de farmacia y los estimó prudencialmente en la suma de $475, "remanente del tope reglamentario señalado".

3.- La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto obrante a fs. 143. Por mayoría de sus integrantes, esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el recurso de casación constituye una vía idónea para impugnar las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencias Nro. 573 del 04/7/2002; Nro. 816 del 27/10/2003; Nro. 93 del 01/3/2004). En consecuencia, procede examinar si en autos están cumplidos los recaudos de admisibilidad propios del carril impugnativo intentado.

Se verifica que la impugnación ha sido interpuesta en término, y a fs. 123 corre agregada boleta que acredita el depósito de ley. Igualmente, debe considerarse cumplido el recaudo de definitividad, necesario para la apertura de la instancia casatoria, atento a las circunstancias en que se desenvolvió el proceso de amparo y a los fundamentos del decisorio recurrido. La sentencia es equiparable a definitiva, en los términos que exigen los arts. 813 inc. a) y 814 del CPCC, en cuanto hizo lugar a la pretensión esgrimida en atención a su fundabilidad, pronunciándose sobre el fondo de la cuestión controvertida. De otra parte, la naturaleza de la acción y su fundamento normativo determina la definitividad de lo resuelto en autos, en relación al objeto perseguido por las actoras con sustento en el art. 68 de la ley 24.449, y en el marco de este proceso; por lo que es susceptible de impugnación a través del recurso extraordinario local.

4.- De la reseña precedente surge que la medida autosatisfactiva peticionada por vía de la presente acción de amparo se ha sustentado en la obligación prevista por el art. 68 de la ley 24.449. Los planteos casatorios exigen efectuar, previamente, algunas consideraciones sobre el deber legal impuesto a las aseguradoras en el 5º párrafo de la norma citada.

4.1.- Conforme a la regla de reparación integral, la ley civil argentina no ha sujetado la cuantificación del daño a baremos o topes indemnizatorios por daño material o moral: su determinación se practica según los perjuicios concretos que el damnificado acredite en cada caso particular, en adecuada conexión causal con el hecho generador.

En materia de aseguramiento, el régimen de la ley 17.418 responde a los principios de la responsabilidad civil; es necesaria la prueba de un factor de atribución que permita asignar al asegurado el deber de reparar. El resarcimiento no es automático ni preestablecido, pues resulta necesario acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil; que no se agotan en la constatación del daño.

En el ámbito nacional, el seguro obligatorio por accidentes de tránsito fue introducido por el art. 67 del dto. 2254/92, que aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (dec. 692/92). Si bien la ley 17.418 ha estructurado el seguro de responsabilidad civil como protección al asegurado, pues su función es mantenerlo indemne en aquellos supuestos en que la ley pone a su cargo la obligación de reparar los daños causados, en este caso el Estado impone la obligación de contratar un seguro, con una clara finalidad tuitiva de las posibles víctimas de estos siniestros. El objetivo es reparar daños -especialmente los de índole personal- y no mantener la integridad patrimonial del responsable (cfr. Barbato, Nicolás Héctor, El seguro obligatorio de automotores establecido por el artículo 68 de la "ley de tránsito" 24.449. LL 1995-C, 1016).

La ley 24.449 (B.O. del 10/02/1995) contiene una norma similar al art. 67 que deroga, al disponer en su art. 68 que "Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores. Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del Artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo. Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del Artículo 66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística". En su quinto párrafo agrega que "Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes. Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago. La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia del seguro". La doctrina consideró que ambos textos consagraron una "obligación legal autónoma" a cargo de la aseguradora (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio D., Derecho de tránsito - Ley 24.449. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 199, pg. 278).

4.2.- El seguro obligatorio establecido en la ley de tránsito incluye en su cobertura la denominada "obligación legal autónoma" -gastos de sanatorio y velatorio-, con los límites que emergen de los términos empleados por la misma norma. Se trata de gastos sanatoriales y de sepelio, calificados como de extrema urgencia (a título descriptivo se consideran comprendidos en los primeros, los gastos de "internación, honorarios médicos, costos de remedios, radiografías, análisis etc." : cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, ob. cit.; Pagés Lloveras - Beles de Astorga, Medidas autosatisfactivas en el derecho del seguro, en Medidas Autosatisfactivas (Jorge W. Peyrano - Director). Rubinzal - Culzoni, 2001, pg. 503 y sgtes.). Su característica más notoria es el avance hacia la distribución social del riesgo, previendo un mecanismo ágil para que la víctima pueda solventar "de inmediato" los gastos previstos en la norma. De allí que un sector de la doctrina considera que "las acciones que puedan ejercerse luego", sólo alcanzan a las que resulten de la ulterior demostración de responsabilidad de un tercero; mas no podrían dirigirse contra la víctima, cuando su demandada es desestimada.

Esta obligación se presenta desvinculada de la efectiva constatación de un factor de atribución de responsabilidad hacia el asegurado, y es exigible independientemente del resultado de la pretensión resarcitoria integral que la víctima pudiera ejercer. Autorizada doctrina encuentra similitud en los seguros obligatorios no - fault (sin culpa) implementados en el derecho comparado con la finalidad de proteger a las víctimas; aunque, como se ha destacado, se trata de algo más que desestimar la falta de culpa (cfr. Mosset Iturraspe - Rosatti, ob. cit., pg. 278). Estos sistemas se caracterizan por vedar a la aseguradora la alegación de ausencia de nexo causal: el reclamo es procedente sin necesidad de individualizar un responsable. Se persigue el pago inmediato a las víctimas de un accidente de tránsito; generalmente con una cobertura limitada.

En nuestro derecho, la implementación de la acción directa del damnificado contra las aseguradoras se ve limitada a los gastos descriptos en el art. 68 antes citado. De este modo, se convierte -en relación a aquéllos- en un seguro a favor de terceros; receptando positivamente y en ese ámbito la tendencia hacia un sistema de protección social de todos los miembros de la comunidad, respecto de ciertos daños. El reclamo fundado en aquella "obligación legal autónoma" (gastos de sanatorio o velatorio), no requiere ser dirigido contra el asegurado, con citación en garantía de la aseguradora. La ley 24.449 ha implementado una acción directa exclusivamente contra esta última, para obtener su cumplimiento.

4.3.- Conforme a lo previsto en el citado art. 68 de la ley 24.449, el seguro obligatorio deberá contratarse de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora. Cabe recordar que la Superintendencia de Seguros de la Nación fue creada en 1973 y se rige por el decreto-ley 20.091/73. En virtud de lo establecido por el art. 67 del dto. 2254/92, este organismo dictó la resolución general Nro. 21.999 del 29/12/92, destinada a establecer las condiciones del seguro obligatorio; teniendo en cuenta la clara finalidad de tutela de las víctimas que inspira el instituto. La misma previó "límites mínimos" para cubrir los gastos de sanatorio y de sepelio "cuyo pago esté fehacientemente acreditado", y dispuso que deben ser abonados por la aseguradora al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor dentro del plazo máximo de tres días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del asegurado respecto del daño. Con posterioridad se dictaron otras resoluciones generales para establecer, respectivamente, las condiciones generales del seguro obligatorio (res. 22.058) y del seguro contra la responsabilidad civil (res. 22.187), con apoyo normativo en las facultades reconocidas al organismo por la ley 20.091 (cfr. Pagés Lloveras, Roberto M., responsabilidad Civil y Seguros con relación a la tutela de las víctimas de accidentes de tránsito (LL, rev. del 16/9/2004).

En el título IX de la ley 24.449 -Disposiciones transitorias y complementarias- se ubica su art. 94, que dispone la entrada en vigencia de aquélla a partir de que lo haga su reglamentación; la cual, a su vez, determinará las fechas en que, escalonadamente, las autoridades irán exigiendo el cumplimiento de las disposiciones nuevas, creadas por la ley, con respecto a la legislación reemplazada. De manera expresa, el segundo párrafo prevé que la reglamentación existente antes de su entrada en vigencia, "continuará aplicándose hasta su reemplazo, siempre y cuando no se oponga a la presente ley". A su vez, el art. 95 deroga las leyes 13.893 y 14.224 y el dto. 692/92, t.o. por dto. 2254/92, los arts. 3º a 7º, 10 y 12 y el anexo I, así como cualquier otra norma que se oponga a la presente a partir de su entrada en vigencia". Mas, según lo dispuesto en la norma precedente, ello no implica la derogación de la reglamentación existente; cuya vigencia ha sido mantenida en términos generales a menos que sea reemplazada, y siempre que no se oponga al texto legal. El art. 68 de la ley 24.449 no ha sido reglamentado por el dto. 779/95; y su notoria similitud con el texto derogado - art. 67, dto. 692/92 (t.o. por dto. 2254/92) autoriza a concluir que las referidas resoluciones generales continuaron vigentes. En apoyo de esta conclusión puede citarse la circular 3809/98 de la SSN, que ratificó la vigencia de esa resolución al precisar que debe ser considerada reglamentaria del art. 68 de la ley 24.449.

Finalmente, cabe advertir que la vigencia de límites máximos ha sido mantenida en posteriores resoluciones de la SSN. Así, la resolución Nro. 25.429, parcialmente modificada por resol. 25.460, que declara abierto el Registro de Entidades Aseguradoras para aquellas sociedades que deseen operar en forma exclusiva en las coberturas derivadas del seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, prevé entre los riesgos cubiertos, la cobertura de la obligación legal autónoma por los siguientes conceptos: "1) gastos sanatoriales por persona hasta $1.000; gastos de sepelios por persona hasta $1.000 (cláusula 3, Anexo II). Agrega esta resolución que los pagos efectuados por la aseguradora o el asegurado por estos conceptos, serán considerados como realizados por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor, y no importarán asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado. El asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte contractual o extracontractualmente responsable (cfr. Pagés Lloveras, ob. cit.) Desde otra perspectiva, se ha señalado que la mentada autonomía de la acción contra la aseguradora ex - art. 68, resultará factible en la práctica en los casos en que la entidad de la reclamación del damnificado se encuentre dentro de los límites de la cobertura. Si la excede, la aseguradora solo responderá en la medida del seguro, conforme dispone el art. 116 de la ley de seguros (cfr. Barbato, Nicolás Héctor, ob. cit., nota Nro. 13).

A mérito de las razones expresadas, se concluye que la reglamentación citada por la aseguradora no ha sido derogada por la ley 24.449.

5.- En lo atinente a la vía procesal destinada a reclamar judicialmente el cumplimiento de esta obligación, los precedentes jurisprudenciales muestran que los reclamos basados en el art. 68 citado dieron lugar al planteamiento de medidas cautelares y autosatisfactivas; como a la deducción de acciones de amparo. La doctrina ha señalado la necesidad de que el sistema contenga disposiciones que, respondiendo a directivas u orientaciones procesales, suministre resultados útiles y efectivos, y contribuyan a que las causas sea más ágiles y económicas. Ello en procura de la mayor economía procesal de gastos y esfuerzos, evitando la irrazonable prolongación del proceso, pues la tutela de un derecho comprometido, alcanzado tardíamente, deviene en inoperante (cfr. Stiglitz, Rubén y Gabriel, Seguro automotor obligatorio. Abeledo-Perrot, Bs. As., pg. 16).

Las nuevas perspectivas, a partir de la necesidad de efectiva protección de los derechos fundamentales, condujeron a importantes mutaciones en el derecho procesal (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, La tutela civil inhibitoria, LL 1995 - C, 1217). En tal sentido, han sido puestas de relieve las transformaciones del derecho sustancial, en procura de dar respuesta a las víctimas de daños injustos; lo cual se evidencia en la utilización de mecanismos procesales de urgencia, como la tutela anticipada (también llamada cautela material, o tutela urgente) y las medidas autosatisfactivas (cfr. Gozaíni, Osvaldo A., El daño y su tutela a través del amparo, en Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI - Homenaje al Prof. Dr. Roberto M. López Cabana (Ameal, Oscar J - Dir - y Silvia Y. Tanzi - coord..). Abeledo-Perrot, Bs. As., 2001). Señala este autor que en el derecho procesal está presente la búsqueda de un sistema de discusión y debate más próximo a la realidad del conflicto, y a los requerimientos del derecho material. Citando a Peyrano, estima necesario distinguir la tutela cautelar, de la urgencia de tutela. "Lo cautelar exige la apariencia del derecho invocado, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela; en cambio, lo urgente, si bien requiere el peligro en la demora, no precisa de la verosimilitud sino de una fuerte probabilidad para que sean atendibles las pretensiones deducidas en juicio.

La actuación urgente puede presentarse con la modalidad de sentencias anticipadas, que definen la relación jurídica material (subsidiaria), o como medidas autosatisfactivas (proceso autónomo). A su vez, la actuación cautelar puede darse como medidas asegurativas de prueba, medidas asegurativas para la ejecución o medidas provisionales. En tal sentido, un amplio sector de la doctrina procesalista admite la viabilidad de las denominadas medidas autosatisfactivas, y su procedencia en el supuesto previsto por el art. 68 de la ley 24.449.

En todo caso, no puede soslayarse que la amenaza de producir un daño, o la necesidad de impedir su agravamiento pueden o no lesionar, alterar, modificar o restringir, con arbitrariedad o ilegalidad un derecho subjetivo o de incidencia colectiva. De ello se sigue que la vía del amparo no es la única posible para encauzar pretensiones de esta naturaleza (cfr. Gozaíni, ob. cit.). Las vicisitudes de este proceso son elocuentes, en el sentido de que la discusión sobre la entidad y monto de los rubros reclamados dilatan la efectiva realización de la finalidad de la norma.

6.- En autos, por la vía sumarísima del amparo, la representación letrada de los actores encauzó un reclamo que calificó de autosatisfactivo, dirigido a que la accionada cumpla con la obligación impuesta por el art. 68 antes citado, más allá de los límites que emergen de la disposición legal invocada y su reglamentación. Los caracteres normativos de la pretensión autónoma esgrimida vedan al órgano jurisdiccional ponderar otras circunstancias que, en su caso, podrían dar lugar al dictado de otras medidas excepcionales de naturaleza urgente o cautelar. Su despacho requiere ineludiblemente un juicio de valor sobre recaudos que les son propios, como -según el caso- la verosimilitud del derecho, peligro en la demora, posibilidad de provocar un daño irreparable, etc.; que adviertan al órgano judicial requerido la necesidad de suministrar una tutela material urgente, o anticipo de jurisdicción en el caso concreto (cfr. CSJNac., causa "Camacho Acosta, Máximo vs. Grafi Graf S.R.L. y otros", Ed, pg. 61 y s ig.).

El reclamo autosatisfactivo esgrimido en autos por vía de amparo, encuentra límites cualitativos precisos en la norma legal invocada -en el caso, gastos sanatoriales-; y los cuantitativos que emergen de la reglamentación. Se reitera que la efectiva tutela reclamada por vía de esta acción de amparo, se basó excluyentemente en una disposición legal que prescinde de toda otra valoración; y se impone a la aseguradora por fundamentos distintos de los que sustentan la pretensión resarcitoria integral; la cual responde a los principios de la responsabilidad civil.

Por lo considerado, se concluye que en el caso particular, la medida autosatisfactiva se agota en la obtención de aquello que la ley y su reglamentación reconoce a favor de la víctima. En este punto asiste razón al impugnante, toda vez que el Tribunal se hace cargo del tope legal invocado por su parte, y lo menciona en relación a los gastos reconocidos, mas concluye estableciendo una condena adicional fundada en valoraciones propias del sistema de responsabilidad civil. Tal como ha sido trabada la litis, la pretensión no puede prosperar más allá de los rubros o conceptos reconocidos por la ley, ni del tope establecido en la reglamentación. Limitada exclusivamente la controversia entre las partes al cumplimiento de esta "obligación legal autónoma" -y sin perjuicio de las acciones ordinarias o cautelares que pudieran ejercerse- el presente amparo sólo habrá de progresar por aquel monto.

Por las razones expresadas, se hace lugar al recurso en examen de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "La obligación autónoma que el art. 68, 5º párrafo impone a las aseguradoras, de pagar los gastos sanatoriales o de sepelio, es exigible con los límites cualitativos y cuantitativos que emergen de la norma y su reglamentación". En consecuencia, se modifica el punto I de la dispositiva contenida en la sentencia en recurso, y en sustitución: "I.- MODIFICAR la sentencia del 11 de marzo de 2.004 en cuanto rechazara la acción de amparo - medida autosatisfactiva promovida por Carlos Horacio López y proveyendo lo pertinente se resuelve: HACER LUGAR a la misma, condenándose a la Mutual Rivadavia Seguro de Transporte de Pasajeros a abonarle en el término de tres días de ser notificada la suma de $850. En lo que hace a la co-demandante Mafalda Palavecino de López se mantiene dicho pronunciamiento" 7.- Las costas del recurso de casación serán soportadas por el orden causado, a mérito de la naturaleza de las cuestiones controvertidas y del resultado a que se arriba.

El Señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Me adhiero al voto del vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, en el enjundioso relato que efectúa de los hechos en los puntos 1 y 2.

2.- Sin embargo, del examen de las actuaciones se advierte la inadmisibilidad del recurso tentado. En efecto, la casación impetrada no procede contra medidas adoptadas en el proceso de amparo constitucional previsto en el CPC, ley 6944. En efecto, encontrándose vigente el Código Procesal Constitucional (ley 6944) resulta improponible el recurso interpuesto, conforme a las pautas del art. 28 del mismo Código. Este ordenamiento contempla como sendero impugnativo de la sentencia de amparo, el recurso de apelación (art. 28) por ante la Cámara de Apelaciones, cuando la misma es dictada por un juez de primera instancia (art. 19). La apelación a la Corte Suprema de Justicia sólo ha sido prevista por vía del recurso de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su continuación, en causas cuya materia principal se enmarque en las previstas en los arts. 91 y 92, a cuyo efecto, las sentencias de las Cámaras de Apelaciones o las de instancia única, se consideran definitivas (art. 6). El Código tampoco legisla sobre el recurso de casación, como vía posible de impugnación. El art. 31 prescribe que "son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia", y se infiere del mismo que se aplican en subsidio las normas del Código Procesal Civil en el trámite de los procedimientos previstos en la ley 6944. Precisamente, el cuerpo procesal constitucional, al estructurar los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, no prevé el recurso de casación, por lo que obviamente no pueden aplicarse en su trámite las normas procesales civiles, por la simple y determinante razón de su inexistencia. Ello así, las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo sólo son pasibles de apelación mediante el recurso de inconstitucionalidad, cuya admisibilidad dependerá de que se satisfagan las exigencias legales respectivas (cfr. CSJTuc., sentencia n° 510 del 15/6/99 y sent. n° 812 del 22/10/99; sent. n° 629 del 17/8/2002. En igual sentido sentencias números.: 469 "Alves Jesús y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo" del 13/6/2000 y 470 "Figueroa Zoilo y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo" del 13/6/2000; sent. n° 32 "Acosta Daniel Omar s/Amparo" del 12/02/2003; sent. n° 93 del 01/3/2004), las que no se configuran en el caso de autos.

Por lo considerado, corresponde declarar mal concedido el recurso tentado.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, vota en el mismo sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 124/128 por el letrado apoderado de la demandada Mutual Rivadavia Seguro de Transporte de Pasajeros, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. de fecha 14/4/2004, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, se modifica el punto I de la dispositiva contenida en la sentencia en recurso, y en sustitución: "I.- MODIFICAR la sentencia del 11 de marzo de 2004 en cuanto rechazara la acción de amparo -medida autosatisfactiva promovida por Carlos Horacio López y proveyendo lo pertinente se resuelve: HACER LUGAR a la misma, condenándose a la Mutual Rivadavia Seguro de Transporte de Pasajeros a abonarle en el término de tres días de ser notificada la suma de $850. En lo que hace a la co-demandante Mafalda Palavecino de López se mantiene dicho pronunciamiento" II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITOHÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA (en disidencia) RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA