marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Platini, Hilda Norma c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

La pretensión de obtener un reajuste previsional computando servicios posteriores al cese en la Provincia en base a los cuales se otorgó el beneficio, invocando a tal fin los preceptos relativos a los servicios simultáneos, no sólo contraría las disposiciones legales específicas sobre el punto, sino que asimismo, subvierte lo dispuesto para la determinación del haber de la jubilación ordinaria que se regula en un porcentaje de la remuneración asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiera desempeñado. (En el caso la actora obtuvo la jubilación por servicios correspondientes a la carrera médico hospitalaria cumplidos hasta el año 1976, y pretende un reajuste del haber sobre la base de servicios docentes desempeñados hasta el año 1986).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lavin, César Ismael c/ Ellissalt de Plumet, Luisa s/ Haberes y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Incurre en absurdo en la valoración de la prueba y del propio reconocimiento de la demandada, el tribunal del trabajo que tuvo por percibidos -sobre la base de una errónea interpretación del dictamen pericial- los haberes reclamados en el caso.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Industrial de Guillermo Martínez y Cía. c/ Municipalidad de Rauch s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Corresponde el pago de la diferencia de alícuota del I.V.A. pagado por la contratista previsto contractualmente para el supuesto de que las viviendas licitadas como de clase económica no se ajustaran a dicho concepto, si en base a las normas de la Secretaría de Estado y Urbanismo de la Nación (Res. 368/76) se dictaminó que sus características las califican como vivienda común.
Costas, derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Ovejero Paz, Magdalena c/ Telecom Personal s/ sumarísimo o verbal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-02-09

El texto de la ley 24.240 no exime el pago de las costas causídicas al usuario o consumidor por el sólo hecho de serlo, motivo por el cual no aparece como una interpretación adecuada de aquel resolver en tal sentido sin más y siempre al consumidor cuyas postulaciones o pretensiones son rechazadas judicialmente. Es que, si bien es cierto que la ley consagra el llamado beneficio de justicia gratuita, no lo es menos que el mismo está referido al acceso a los estrados judiciales.
Muerte de las partes, nulidad de sentencia, nulidad procesal, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Robles, Carlos José y otro c/ Gramajo, Enzo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-04-03

No debe hacerse lugar a la nulidad articulada ya que si bien es cierto que en la cédula por la que se les corrió el traslado de la demanda y en la demanda figura el nombre de la causante, que falleció antes del inicio de la demanda, no pueden los nulidicentes ir en contra de los propios actos y sin contrariar el principio de buena fe, desconocer que se los citó para que contesten la demanda en el carácter de herederos de la causante. Se agrega que al tiempo de plantear la nulidad, contestaron la demanda, por lo que no se advierte afectación del derecho de defensa. Tanto los principios legales como la doctrina son concluyentes en el sentido de que si no obstante el vicio, el destinatario pudo conocer el acto judicial y este logró su finalidad, no hay motivo para declararlo inválido. Integra además el tema de presupuesto de la nulidad el principio de "trascendencia" que significa que no hay nulidad sin perjuicio; es decir que quién invoca la nulidad demuestre que el vicio le produjo un perjuicio concreto e irreparable que no puede subsanarse de otra manera.
Beneficios previsionales, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cieza de Rodríguez, Ilda c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa Gendarmería Nacional - s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

No existen derechos adquiridos en cuanto al contenido económico de los beneficios previsionales, por lo que pueden ser válidamente objeto de disminución siempre que la reducción no importe desconocer, suprimir, o alterar los derechos acordados, sino solo rebajar para el futuro el monto del haber, doctrina que es también aplicable a los retiros militares.
Daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Barreda, Ignacio y Otro c/ Neguen S.A. y Otra s/ Juicio Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-15

La pauta distintiva que permite encuadrar un daño en una u otra de las dos grandes categorías de patrimoniales o morales es la clase de consecuencias que genera. Nótese que si el daño es la consecuencia perjudicial que se sigue de un ataque o agresión, para categorizarlo no debe atenderse a la índole del derecho agredido, sino a los efectos de la lesión. Así, será patrimonial cuando ocasione un menoscabo de esa naturaleza y será moral cuando provoque una modificación disvaliosa del espíritu, en ambos supuestos de modo directo o indirecto.
Facultades del juez, monto de la pena, defensa en juicio, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

El perjuicio es evidente en razón de que el sorpresivo monto punitivo les impidió a los imputados evaluar y ejercer defensas respecto de los hechos y el derecho de la culpabilidad que el a quo tradujo en el guarismo ultra petitum.

Parigual, se toma nota de que el principio que impide la reformatio in peius con fundamento en el derecho de defensa no rige solo en la etapa recursiva, sino que es aplicable también en la etapa del juicio, de modo que el Tribunal no puede exceder el marco impuesto por la acusación, en virtud de no tener habilitada la jurisdicción (conf. cons. 19 del voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni in re "Amodio").

En definitiva, el "plus" de pena que impuso el Tribunal representa un supuesto de aplicación de una privación de libertad sin pedido de parte, es decir, sin contradicción (bilateralidad, art. 18 C.Nac.), lo que implica una situación más grave sobre la base de una interpretación -de normas-destinada a restringir una garantía de rango constitucional, en el caso, la relativa al principio de defensa en juicio. (Disidencia: Dra. Zaratiegui)
Obligación tributaria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Bustos, Rafael Roberto c/ Estado provincial s/ Acción contencioso administrativa de nulidad e ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-23

Los alcances que cabe otorgar a lo dispuesto por el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son equivalentes, en relación con el principio "solve et repete", a los fijados por la Jurisprudencia de la CSJN, elaborada con mucha antelación a dicho tratado, con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Es así que atenuó el rigor del principio en numerosos casos, que la Doctrina ha resumido así: 1) admisión de la discusión de cuestiones constitucionales mediante el recurso extraordinario en los juicios de ejecución fiscal, cuando se causa al demandado un agravio de imposible o tardía reparación ulterior; 2) en casos anómalos claramente excedentes del ejercicio normal de las facultades impositivas propias de los Estados; 3) en casos de gravedad institucional en el que el ejercicio del poder tributario resulta frustratorio de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de un servicio público. 4) cuando, al desestimarse una excepción fundada en una ley federal, no exista juicio ordinario posteriror; 5) en casos de juicios sucesorios, cuando la inconstitucionalidad ha sido planteada en el incidente de liquidación del impuesto y no en ocasión de su cobro; 6) cuando se manda llevar adelante una ejecución sobre la base de una deuda inexistente; 7) en casos en que se halla afectada la inviolabilidad de la defensa en juicio; 8) al declararse admisible la acción declarativa en materia fiscal.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: BURLATO, SALVADOR c/ ABB MEDIDORES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-24

La indemnización prevista en el 4º párrafo del art. 212 LCT no guarda ninguna vinculación con la finalización del vínculo o con la terminación del período de prueba al que alude el propio artículo, toda vez que el único requisito es que la incapacidad se haya manifestado durante la existencia del contrato de trabajo.
Gobierno de facto, validez de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz Cousello, José María c/ U.B.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

Los actos emanados de un gobierno de facto son válidos o bien pueden legitimarse por su real efectividad, lo que significa que tiene fuerza interpretativa y rigen mientras no sean derogados o revocados lícitamente, y mientras perduran generan derechos subjetivos constitutivos de propiedad lato sensu, si esto resulta de su contenido.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, cierre de cuenta bancaria, efectos entre partes
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: Rubel, Sara c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

La posibilidad de emitir un certificado de saldo deudor exige el previo cierre de la cuenta corriente, lo cual podrá suceder por alguna de las razones que se enumeran en el art. 1404 del código civil y comercial. Y en la especie, cabe tener por cierta la afirmación del emplazado en punto a que el motivo por el que se pretendió cerrar la cuenta corriente de marras fue producto de la decisión unilateral del banco actor, en tanto lo así alegado no fue objeto de negativa o controversia. Ese modo de proceder se encuentra autorizado en el inciso a) de la norma citada, no obstante, se exige para su operatividad un previo aviso -con una anticipación de diez días- por parte de quien unilateralmente decide el cierre, salvo que, de común acuerdo, los contratantes hubieran ampliado o incluso restringido tal término. En la especie, no fue acreditado por el ejecutante -sobre quien pesaba tal carga en virtud de lo dispuesto por el art. 53 LDC-, ni el envío del preaviso, o bien, de su falta de necesidad, por encontrarse su parte eximida de hacerlo por así haber sido acordado. Y ello no es un dato menor, puesto que el art. 1406 del código civil y comercial es claro al establecer que para que el banco pueda emitir el certificado de saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, a efectos de su ejecución, primeramente debe procederse a su cierre (Jorge H. Alterini, "Código civil y comercial comentado. Tratado exegético", T. VII, pág. 142, edit. La Ley). En ese contexto, la irregularidad habida en torno al cierre de la cuenta corriente bancaria como consecuencia de la falta de cumplimiento de los recaudos a los que refiere el inc. a) del art. 1404 del código civil y comercial, incide directamente sobre la regularidad del certificado de saldo deudor cuya expedición es autorizada por el art. 1406 del mismo cuerpo legal, tornándolo de tal modo inhábil.
Abogados, honorarios, liquidación final
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA HORACIO DANIEL c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-05-30

Es cierto que el art. 40 de la Ley 1519 conforme Ley 2050, contempla el supuesto de regulaciones de honorarios por la labor resultante en la ejecución de la sentencia, que no es el supuesto de autos en que se ejecutan honorarios ya regulados por la ejecución de la sentencia y se pide nueva regulación por el nuevo procedimiento ejecutivo incoado por el profesional, hipótesis ésta no contemplada por la ley de aranceles, con lo cual debe interpretarse que aquellas regulaciones de honorarios emergentes del juicio principal y por la etapa de ejecución de sentencia deben perseguirse su cobro conjuntamente con ésta e incluirse en la liquidación final que se practique en la ejecución de sentencia, previo a finiquitar la etapa final de la misma.
Recurso de apelación (procesal), considerandos de la sentencia, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUIRET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ TEXTIL PLUMINAS SOCIEDAD ANONIMA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

La apelación resulta viable no obstante estar referida únicamente a los "considerandos", pues si bien es cierto que estos últimos no son susceptibles en principio del recurso de apelación ya que este último alcanza sólo a la parte dispositiva donde aquéllos están implicitos, resulta imperioso que como la cosa juzgada cubre la parte dispositiva y aquella parte de la motivación que es necesaria para determinar el contenido de la misma en relación a los elementos de identificación de la demanda y defensa propuestas por las partes, formando los presupuestos lógicos de la decisión, se reconozca a las partes la posibilidad de cuestionar esa parte de los "considerandos" más aún si como en la especie, dirimen implícitamente sobre temas que no fueron expresamente discutidos en el litigio con efectos eventuales de cosa juzgada sobre posibles futuros reclamos emanados de la misma relación jurídica.
Medidas cautelares, defensa en juicio, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ incidente de apelación - otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Cualquiera sea su mérito, lo cierto es que la sola circunstancia de ser posterior a la definitiva no torna arbitraria una medida cautelar, ni la recurrente intenta poner en tela de juicio la constitucionalidad del art. 19 de la ley de amparo, si le fuera posible hacerlo. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Estados extranjeros, embajadas, amenazas, amenaza telefónica, Embajada de Israel
Materia: PROCESAL
Carátula: Hospital Israelita s/ víctima de intimidación pública - causa n. 36.498-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Si - sin perjuicio de que los estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no revisten calidad de aforados - ningún funcionario, de la representación diplomática ha pedido formalmente ser tenido por querellante en la causa por amenaza telefónica recibida en el Hospital Israelita en la que se hizo referencia a la colocación de artefactos explosivos en la Embajada de Israel, y no se advierte que se haya afectado el desempeño de las actividades propias de la legación, el tema es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema.
Imposibilidad legal del pago del cheque, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA, JULIO ARGENTINO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

La atribución de una suerte de "dolo eventual" no puede ser admitido respecto de una figura (Art. 302, inc. 2°, del Cod.Penal) que al exigir que el libramiento sea "a sabiendas" de la imposibilidad legal de pago requiere el dolo directo y excluye el dolo eventual.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Agostino, Oscar  A. y otro c/ Municipalidad de Tandil y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-29

El efecto concreto en la aplicación de "pérdida de chance" resulta la morigeración del quantum indemnizatorio: "...será siempre inferior a la que corresponde al padecimiento final que sufre el paciente como consecuencia del desarrollo de la enfermedad que lo aqueja. Debe ser ostensiblemente menor a la que corresponda otorgar en caso de una indemnización total aunque las pautas a tomar en cuenta pudieran ser similares...".
Amparo por mora, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aroca, Aldo Hugo c/ Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-29

Conforme a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa, en virtud de lo establecido en los Arts.5 y 6 de la Ley 4795, modificada por Ley 4850, que le confieren competencia originaria e improrrogable en la acción de amparo por mora de la administración, entendiéndose asimismo que se encuentran satisfechos los requisitos previstos por el Art.7 del citado cuerpo normativo. Constituye jurisprudencia reiterada de este Tribunal sobre la naturaleza de la acción que se ventila, en tanto la finalidad del amparo por mora es obtener el pronto despacho del actuar administrativo que se estima demorado, que se requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga vigencia. Conforme se desprende de los hechos narrados en el memorial de demanda, que encuadran en las previsiones contenidas en el Art.2 de la Ley 4795, se encuentra acreditado el presupuesto fáctico de admisibilidad de la acción, mediando una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse ante los requerimientos del administrado; asimismo, el artículo mencionado establece una perspectiva amplia en cuanto al objeto de esa orden de despacho, extendiéndola tanto a los actos resolutorios cuanto a los de mero trámite, y tiene por objeto impulsar la actividad del funcionario administrativo ante su inacción. Se desprende de lo analizado que, conforme lo reconoce el apoderado de la demandada, el trámite administrativo se ha encontrado paralizado en el Municipio que ha sido objeto de la requisitoria, sin que a la fecha medie decisión alguna sobre el planteo efectuado por la accionante en su reclamo administrativo. En virtud de ello, debe tenerse por configurada la situación objetiva de demora administrativa, toda vez que se evidencia que ha transcurrido un tiempo prudencial para que la Administración se expida acerca de lo peticionado por la accionante, por lo que corresponde hacer lugar a la acción entablada y, en consecuencia, ordenarse pronto despacho judicial para que en el plazo de diez (10) días, bajo los apercibimientos de ley, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú se expida sobre el planteo articulado mediante el reclamo administrativo impetrado, respecto a la pertinencia del pago de los haberes reclamados por el actor mediante Expediente Administrativo Letra "A" Nº033/10.Con costas a la demandada.
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y mutual, relación de dependencia, cooperativa de trabajo, régimen jubilatorio, aportes de trabajadores autónomos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO DE EDUCADORES LIMITADA c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-13

El Instituto Nacional de Acción Cooperativa, a través de la Res. 183/92, estableció la inexistencia de relación laboral entre los asociados y la cooperativa de trabajo, determinando en su art. 2 la obligatoriedad de cumplir con el régimen previsional en el sistema de trabajadores autónomos u otro legalmente habilitado (apartado a). Por su parte, la Res. 784/92 de la A.N.Se.S. declaró como norma general que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las mismas, debiendo considerárselos como trabajadores autónomos; correspondiendo a la D.G.I. en el ámbito de su competencia, verificar la existencia de fraude laboral y/o evasión de los recursos de la seguridad social en aquellas cooperativas que se encuentren en actividad. (dec. 2015/94). Más recientemente, la Res. Gral. 4328/97 de D.G.I. ratificó que los asociados a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas a funcionar por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, deberán ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social como trabajadores autónomos. En consecuencia, para desvirtuar la presunción en favor de la vinculación asociativa y no de la laboral, debe demostrarse que se está en presencia de una simulación o un fraude, sin que de dicha prueba esté exento el órgano administrativo cuando pretende imponer un cargo por una supuesta omisión o evasión previsional.
Sentencia, monto del juicio, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VERTA, Carlos Fabián c/ MARTINEZ, Marcelo Alejandro y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

Cuando el monto se subordina a "lo que en más o en menos resulte de la prueba" o "de las constancias de la causa" o fórmulas similares, no hay inconveniente legal alguno para que el magistrado condene por una suma mayor a la inicialmente estimada, siempre y cuando dicha locución no importe un subterfugio que esconda la reticencia o ambigüedad del reclamante y que en definitiva se traduzca en una inconducta procesal, violatoria de los principios de buena fe, igualdad y lealtad procesal.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, inhabilitación especial, inhabilitación profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

Respecto de la pena de inhabilitación dispuesta por el art. 20 bis del Código Penal, cabe desestimar los agravios deducidos en tanto fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante en su alegato oral, con lo que se encuentran cumplidos los requisitos procesales que exigen su pedido por la parte acusadora.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: JANIN DE MBAZBAZ, DELIA A. c/ LOZA, EDUARDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

La prioridad de paso que consagra el art. 49, inciso b), de la Ley 13.893 no es absoluta ni es por sí sola un eximente de responsabilidad, pues deben apreciarse las demás circunstancias que puedan incidir desfavorablemente. La inapropiada velocidad pudo así impedirle a la víctima mantener el pleno dominio de su vehículo o realizar alguna maniobra tendiente a evitar el hecho dañoso, como podría haber sucedido si hubiera aminorado su marcha o aplicado sus frenos ante las contingencias del tránsito que habitualmente y, es por todos conocido, sucede en las bocacalles.
Medidas de seguridad, cesación de la medida de seguridad, ausencia de motivación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L. G., C. R. s/ inimputabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27

La decisión del juez de dejar sin efecto una medida de seguridad tomada respecto de un inimputable declarado tal en una causa penal, fundada en la opinión de una siquiatra que lo atendía en el Hospital Público, aparece "ab initio" carente de motivación sustancial y producto de una pura determinación dogmática, ya que no atiende el dictamen de los peritos forenses que se manifestaban contrarias a ese cese y libertad por la peligrosidad del individuo y desconoce la necesidad de validación de la pericia por el Juez aplicando las reglas de la sana crítica racional.