marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Fernando c/ Guarnero, J. s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Son inapelables por el ejecutado, las resoluciones dictadas durante este trámite, salvo cuando se trata de cuestiones que no encuadran dentro del marco habitual de las ejecuciones o que causen un agravio que no pueda ser reparado por juicio ordinario posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Juzgado de Instrucción de Goya s/ eleva  solicitud  de  juicio  político  a la Sra. Juez de Paz Letrado  Nro. 2, María Elisa Maydana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

En los casos aptos para ser conocidos por la Corte según el art.

14 de la ley 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquél órgano, en tales supuestos.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, personal militar, Fuerzas Armadas, impugnación del acto administrativo, estabilidad del empleado público
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Pastor Eduardo y otro  c/ En - M° Seguridad - PFA  s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Los señores Pastor Eduardo Barraza y Sergio Fabián Pereyra, invocando la calidad de agentes de la Policía Federal Argentina -órgano estatal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en adelante PFA-, accionaron con miras a que se declare la nulidad de la resolución 210/16 (que comunicó el listado de agentes traspasados en los términos del convenio de transferencia n° 1/16), por medio de la cual la mencionada cartera de Estado dispuso sus traslados al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alegaron que la resolución atacada evidencia vicios notorios y graves al pretender aplicarles un régimen administrativo, disciplinario y laboral diferente al que venían desarrollando, modificando así la extensión de la jornada laboral, cambios en las licencias anuales, pérdida o cambio de jerarquías y alteraciones en el régimen previsional. Sobre el punto, interpretaron que, de convalidarse el acto impugnado, se verían vulnerados sus derechos constitucionales como empleados públicos, violando su estabilidad al subordinarlos a un régimen laboral distinto al que poseían con anterioridad, en presunta transgresión al artículo 14 de la Constitución Nacional. Asimismo, plantearon la inconstitucionalidad de diferentes artículos de la ley 5.688 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpretando que dicha normativa restringía los derechos que posee el personal policial de mantener su condición de empleado bajo los parámetros de lo dispuesto por la ley 21.965 para el Personal de la PFA. La sala, luego de efectuar un análisis de la normativa involucrada en el caso, rechaza la apelación deducida por la parte actora, y confirma el pronunciamiento de grado, por considerar que tanto la resolución como el convenio impugnados no constituyeron una desviación ilegítima de lo establecido en la ley marco de la Policía Federal Argentina, sino que, por el contrario, resultaron la conclusión de todo un proceso complejo, legal y constitucional, de transferencia progresiva de actividades, del ámbito federal al local. En paralelo, se añade que los imprecisos y poco claros planteos del apelante -además de una evidente orfandad probatoria- resultan a todas luces insuficientes para acreditar que, en el caso, el traspaso articulado por medio de la resolución 210/16 y la consecuente aplicación del régimen previsto en la ley 5.688 conduzca a la afectación de sus derechos, mereciendo la declaración de nulidad e inconstitucionalidad, solicitadas.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, privilegios (civil), crédito fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Calle Buenos Aires 2219/31 c/ Famularo Angel y/o quien resulte propietario s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

Conforme el art. 17 de la ley 13512 el crédito por expensas comunes goza del privilegio previsto en el art. 3901 del Cód. Civil y si bien la remisión no ha sido de lo más adecuada, ya que el artículo se encuentra ubicado dentro del capítulo destinado a tratar el privilegio sobre los bienes muebles, lo que llevó a un sector de la doctrina nacional a considerar que se trataba de un error numérico o un privilegio inoperante por falta de asiento, lo cierto es que se comparte el criterio que lo adecuado es interpretar que la ley de Propiedad Horizontal ha creado un nuevo privilegio sobre inmuebles.
Oposición al registro de marca, marca de hecho, marca notoria, uso de marca, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS BAGO SA c/ NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

El criterio que se pudo tener hace unos 20 años no necesariamente debe ser perpetuo y sin posibilidad de cambio. Y, por otro lado, al ser requerido el signo Acudyne la marca Acryline nunca había sido realmente usada (ni lo fue con posterioridad); situación esta que pone una diferencia que otorga cierto justificativo al cambio de criterio de nordmark arzneimittel gmbh: esta, desde 1980, tiene en el mercado el producto Acudyne (primero por una licenciataria del laboratorio alemán), es decir, que la oposición se funda en una marca que tiene una antigüedad de alrededor de 17 años en uso, de manera que se trata de defender un signo registrado en uso y que, como es natural, muy probablemente haya convocado una clientela. De allí que el cambio de posición objetado se sustenta en una variación de las circunstancias y no impresiona como una actitud simplemente caprichosa o arbitraria. Desde otro ángulo, variaciones de criterio de las partes pueden configurar un elemento valioso para objetar la coexistencia cuando quien antes defendió la confundibilidad pasa a afirmar la inconfundibilidad. Pero, en la situación inversa, el cambio de opinión no resulta decisivo porque en ese supuesto se prescindiría de un aspecto fundamental en la materia: el interés del público consumidor, que podría verse afectado si -por las actitudes de los comerciantes- se autorizara la coexistencia de marcas confundibles.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Belen Hernán Saúl c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Tercería de mejor derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

La norma emergente del art.1185 bis del C.C. es de carácter excepcional, por lo que para su aplicación se requiere de la prueba fehaciente de los requisitos o presupuestos del derecho que confiere al adquirente de un inmueble. Ello así, en cuanto los contratos, en principio, no pueden oponerse a terceros (art.1199 C.C.) y la adquisición de inmuebles no es oponible a éstos mientras no estén registradas (art.2505 C.C.).
Juicio, demanda, falta de contestación de la demanda, recurso de apelación (procesal), apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Habiendo planteado el recurrente la irregularidad procesal consistente en el rechazo de su solicitud de apertura de la causa a prueba después de la incontestación de la demanda, conforme lo previsto por el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial;

aparece a todas luces irrazonable la exigencia de la Alzada referente a que no se hubiera intentado la apertura de la causa a prueba en segunda instancia, ya que se desentiende por completo de lo expresamente normado en el código adjetivo, donde taxativamente se determinan las excepcionales circunstancias en que procedería el pedido de las partes para que se reciba la causa a prueba (artículo 369 del Código Procesal Civil y Comercial), va de suyo, inaplicables al caso de Autos. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, incendio, rutas nacionales, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional Argentino en la causa Ceballos, Estefanía Itatí y otro c/ Dirección Nacional de Vialidad y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

Es arbitraria la sentencia que condenó al Estado Nacional al pago de los daños y perjuicios ocasionados al campo del actor por un incendio que se habría originado en la banquina de una ruta nacional, pues se consideró al Estado Nacional como titular de bienes que posiblemente no le pertenecían -tal era, precisamente, uno de los puntos a discernir- y responsable de competencias que el ordenamiento jurídico había descentralizado y atribuido explícitamente a una persona jurídica diferente.
Administración Pública, acto administrativo, contratos administrativos, Municipalidad, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fibraca Constructora SCA c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 36-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

La competencia para dejar sin efecto un acto administrativo corresponde al órgano de quien emanó, denominado por la doctrina como 'principio sobre paralelismo de las competencias'. En el caso, habiendo la Municipalidad demandada determinado con claridad los órganos y sujetos que contaban con aptitud para contratar y efectuar las precisiones sobre el objeto del contrato a raíz de las modificaciones que sobre el mismo pudieran verificarse (el Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa de la ley 2756), no puede prosperar el argumento de la actora que intenta basarse en supuestas órdenes verbales de funcionarios de menor jerarquía.
Suspensión del juicio a prueba, incumplimiento de resolución judicial, rehabilitación (penal)
Materia: PROCESAL
Carátula: F. S., J. c/  s/ suspensión del proceso a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-03

Agregó que el imputado había reconocido que perdió su vacante por no haberse presentado regularmente al tratamiento de rehabilitación para su adicción al alcohol, reiniciándolo recientemente. Puntualizó que debía tenerse en cuenta la naturaleza de la imputación porque la obligación oportunamente asumida jugaba a favor de su salud y de la armonía del entorno familiar.
Impuesto inmobiliario, prescripción, plazo, código tributario, Municipalidad, leyes, ley vigente, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: LA ROSSA y CIA. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 68 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

No cabe hacer lugar a la pretensión actora de aplicación al caso de la reforma introducida por la ley 11.443 al plazo de prescripción de las facultades del Municipio para exigir el pago de tributos que plantea la actora desde que no se hace cargo de lo expresamente dispuesto en el artículo 2, en tanto establece que el plazo previsto "regirá del 1 de enero de 1997, para toda norma fiscal que venza a partir de esa fecha". Por otra parte, elementales razones de técnica jurídica llevan al rechazo de este planteo puesto que no se advierte de qué manera pudo la Administración valorar en el caso una normativa que no existía al tiempo en que fue resuelto el reclamo en sede administrativa, no habiendo aportado la accionante razón o elemento alguno que permita justificar la aplicación retroactiva de una ley que, previendo expresamente su entrada en vigencia, fue sancionada con posterioridad al marco temporal en que se efectuó el reclamo y en que fueron dictados los actos que se someten a revisión del Tribunal.
Absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giafrate, Juan c/ Santana Blanes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

El absurdo valorativo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser discutible, objetable o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL HOGAR OBRERO COOP., EDIF. Y CREDITO LTDA. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR INELCO SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La LC: 90 solo exige prueba sumaria del crédito por lo que debe admitirse la petición, sin perjuicio de su posterior consideración.
Excusación, ministros de la Corte Suprema, vacancia, renuncia al empleo
Materia: PROCESAL
Carátula: Beratz, Mirta Ester c/ P.E.N. s/ amparo - med. cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

A los fines de decidir sobre las excusaciones formuladas por dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y teniendo en cuenta, además, que se encuentra vacante un cargo por la renuncia de otro miembro del Tribunal, corresponde integrar el mismo según lo establecido en el art. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 23.498.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Almirón, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas Tosi, Mario Andrés; Sleidel, Daniel Ricardo s/ Lesiones culposas Viera, Miguel Angel s/ Lesiones culposas Blaciche, Norberto E. s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73. López, Elba B. s/ Art. 96 incs. "e" y "f", dec. ley 8031/1973 Grave, Carlos Alberto y otros s/ Exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|1998-02-24|1999-04-13|2000-03-08|2001-09-12|2000-12-20

La única condición de interponerse contra una sentencia definitiva no basta para que resulte habilitado el recurso de inaplicabilidad de ley; pues deben mediar las restantes, impuestas en el Capítulo II del Título III del Código de Procedimiento Penal. Con esta interpretación, que no es restrictiva sino declarativa de la ley, el recurso de inaplicabilidad de ley que no cumpla con las mentadas condiciones no se halla legalmente previsto -art. 161 inc. 3 letra a) de la Constitución de la Provincia. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cugnoni, Osvaldo Alberto c/ Pittorino, Marcelo Argentino s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Desde que corresponde a los tribunales de trabajo como función privativa la determinación de si se configura o no la nota de subordinación que exige el vínculo laboral, la impugnación, para ser eficaz, debe dirigirse a controvertir la valoración de la prueba cumplida por el juzgador mediante la pertinente denuncia de absurdo y cita de la norma legal correspondiente.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TERUEL, HECTOR OSVALDO c/ CAJA  DE  RETIROS,  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE LA POLICIA FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

La interpretación de las leyes de previsión social requiere una máxima prudencia, ya que la inteligencia que se le asigna puede llevar a la pérdida de un derecho o un retaceo.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paszkowki, Andrés P. y otros s/ recurso extraordinario". Causa n. : 2033.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Esta Sala ha hecho excepción al principio de irrevisibilidad en sede casacional de las cuestiones de hecho y prueba cuando ha advertido que la sentencia del a quo resulta huérfana de sustento por deficiencias en su fundamentación, motivación y razonabilidad.
Suspensión del juicio a prueba, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: SERRANGELI, Jonathan Emanuel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-05

El art. 76 ter sexto párrafo CP no especifica ni hace distingo alguno sobre el modo en que el imputado ha de ser desvinculado del expediente en el que solicitó la primer probation -por haber cumplido las reglas de conducta o por prescripción- a los efectos de que posibilite el otorgamiento de una segunda. La declaración de extinción de la acción penal por prescripción constituye la conclusión del proceso por el cual se concedió al imputado la primer probation siendo dicha fecha a partir de la cual debería computarse el plazo de ocho años previsto por el art. 76 ter sexto párrafo CP, el cual claramente no ha transcurrido. La disidencia, con fundamento en que la norma debe ser interpretada en armonía con las restantes del artículo en cita y del art. 76 bis CP reglamentarios del instituto, atendiendo a la naturaleza y teleología de la probation, y del modo que mayores derechos acuerde al individuo, señaló que su operatividad está subordinada a una declaración de extinción de la acción penal motivada en el cumplimiento de las reglas impuestas durante el término por el cual se hubiera fijado la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis cuarto párrafo primera parte CP), mientras que en la causa se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, circunstancia que revela en la actualidad la inexistencia de obstáculo legal manifiesto para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, en los términos de lo normado en el art. 76 ter sexto párrafo CP.
Rendición de cuentas, etapas del proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: H., A. H. c/ R., R. E. -Ordinario Liquidación Sociedad Conyugal s/ incidente rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-29

El juicio de rendición de cuentas tiene un régimen autónomo (art. 635 y ss. CPCC), y solamente puede tramitarse vía incidental cuando se dan las circunstancias contempladas en el art. 636 del CPCC, es decir, cuando ya estuviere establecida la obligación. De acuerdo con ello, no establecida la obligación de modo previo, y de considerarse necesario, se debe abrir el juicio a pruebas para determinar el derecho. Si se valora prueba sin cumplir con este paso procesal, se produce una violación al derecho de defensa.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, prescripción, cómputo del plazo, costas, cobro al cliente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Emma del Valle Corpacci y Luis Sánchez Recalde c/ Herrera, L. Floridor s/ Medida cautelar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-11

Cuando se solicita regulación de honorarios, resulta esencial determinar a fin de establecer el momento inicial del cómputo de la prescripción, distinguir, si aquellos son consecuencia de una condenación en costas, o si son los establecidos en virtud del contrato de mandato.

En efecto, si el honorario emerge de la condena en costas habrá que esperar el momento en que la sentencia adquiera firmeza para recién a partir de ahí, computar el plazo de prescripción, pues antes de eso el profesional carece de acción para perseguir su cobro, no pudiéndose hablar en consecuencia de prescripción, ya que "mientras no hay sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el abogado o procurador no tiene acción contra la contraparte; esa acción recién nacerá cuando se la condene en costas" (Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1, 9/4/1991, ED 150-652, voto de la Dra. Kelmemajer de Carlucci); lo que no sucederá si los honorarios reconocen su origen en el contrato celebrado entre el abogado y el cliente, donde sin duda el "dies a quo" estará dado por la extinción del vínculo contractual, el que podrá concluir entre otras razones por renuncia del mandato, muerte de alguna de las partes, revocación, etc. En estos casos el plazo de prescripción sólo rige respecto del cliente.

En el caso, se procura el cobro al cliente no en virtud de la relación contractual sino en razón de la sentencia que al imponer las costas por su orden lo obliga al pago, engendrando así un nuevo vínculo jurídico ajeno al que, hasta el momento, relacionaba a los letrados con su ex mandante.

En esa inteligencia, el plazo de prescripción comenzará a correr desde el momento en que la pretensión de cobro de los honorarios puede ser ejercida, ésto es, a partir de la condena en costas firme, y no antes.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, escrito deficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Querella   por calumnias e injurias (Expte. CSJ Nº 701-98) Andrés, Yolanda c/ Telecom Argentina s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   laboral (Expte. CSJ Nº 2-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30|1999-06-30

Reiteradamente se ha pronunciado la Corte a partir del caso "Nasurdi", acerca de los requisitos que deben cumplirse en miras a la demostración de la procedencia de la impugnación en su contacto liminar con el fondo de la cuestión, de modo de no obligar a ese Cuerpo a contar con los principales para verificar la entidad constitucional del reclamo en su confrontación con la realidad del caso. Es decir, para cumplir con la mentada exigencia formal, tras enunciar el cumplimiento de las cuestiones formales, el recurrente debe articular, en su escrito de interposición del recurso, una hipótesis abstracta de arbitrariedad y demostrar su aplicabilidad al caso de autos, para luego señalar de qué manera concreta una solución distinta haría cambiar la suerte de la litis y redimiría el agravio constitucional que le causa el decisorio que ataca.
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE GRUCCI CARLOS FRANCISCO c/ MAGRAN CARLOS s/ EJECUTIVO- INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-21

Cuando el embargo es ordenado y tratado luego de despachada la ejecución reviste el carácter de ejecutivo y por ello resulta inapropiado someterlo a los recaudos fijados para el embargo preventivo.