marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonzalez Gold, Amaro Enrique c/ Salvat, Ovidio Julio s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-11-13

Toda vez que la parte actora al contestar el acuse de caducidad de instancia introducido por la accionada.planteó que en autos se daba el supuesto previsto por el art. 293 del código de rito y por ende la perención debía ser desestimada. Sin embargo, la Cámara, al revocar la decisión de primera instancia, no dio respuesta a la defensa desplegada por el actor -relativa a la aplicación al caso del aludido art. 293 del código de procedimiento-. En razón de lo expuesto...entendemos que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad.
Convención sobre los derechos del niño, derecho del menor a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J.P. c/ M., T.E. s/ Reintegro al Hogar de las menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-01

Lo que la Convención sobre los Derechos del Niño quiere es que este pueda desempeñar una actitud autónoma; o sea que le asiste el derecho, verbigracia, de plantear una posición diferente a la fórmula negociada por sus progenitores. Como bien se ha dicho, "de que valdrá el derecho a ser oído si no se lo puede ejercer de un modo útil y eficaz".
Responsabilidad solidaria, directores de SA, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Aragón Miguel Ángel c/ Paseo de la Vaca SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Los codemandados, familiares entre sí, apelan la decisión de grado que los condenó en los términos de la Ley de Sociedades. Así, cabe confirmar lo decidido en la anterior instancia condenando a uno de los codemandados en cuanto presidente de la sociedad anónima, y al otro, en cuanto director suplente del organismo. Dicha responsabilidad resulta de la interpretación armónica de los arts. 59 y 274 L.S., en la medida en que no pudieron desconocer la existencia de la irregularidad denunciada por el actor en torno a la falta de registro de la relación laboral, ni el perjuicio económico que ello representó para el dependiente, en tanto la relación laboral se encontraba al margen de todo registro. (Del voto del Dr. Raffaghelli, en mayoría).
Sistema federal, competencia, ley provincial, distinta vecindad, ley nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Míguez, José Fernando y otra s/ Inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Lo razonable de una organización federal como la de nuestro país, es que las leyes locales sobre competencia sólo rijan para las personas que tienen su domicilio dentro de la respectiva provincia.

Cuando ambas partes se domicilian en provincias diferentes, no es una ley local la que puede establecer la competencia, sino una ley nacional, que es la única que puede legislar teniendo en cuenta la necesidad de coexistencia de las diversas jurisdicciones.
Prescripción, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colegio de Escribanos de Entre Ríos y otro c/ Carminio Castaño s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-06

Siendo la prescripción de interpretación restrictiva no cabe efectuar una aplicación analógica en desmedro de la subsistencia de las acciones que protegen los derechos.
Principios procesales, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VILLA, INÉS c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución de astreintes".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

La C.S.J.N. ha sostenido que "el derecho a requerir la tutela jurisdiccional supone el cumplimiento, por parte del interesado, de los requisitos procesales establecidos por las normas vigentes" (cfr. "Asociación de Testigos de Jehová c/ Consejo Provincial de Educación del Neuquén", sent. del 19.08.05) como, asimismo, que la garantía constitucional de la defensa en juicio no impone que los litigantes deban ser oídos y tengan el derecho de producir su prueba en cualquier momento y sin restricción de forma; confiere sólo un derecho que debe ser reglamentado en su ejercicio, o sea, restringido o limitado por las leyes de procedimientos, a fin de hacerlo compatible con el derecho análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz. En sustancia, la inviolabilidad de la defensa sólo exige que el litigante sea oído y tenga oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma que prescriben las leyes de procedimiento (Fallos 185:242).
Honorarios del abogado, incidente de nulidad, monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PETROQUIMICA C.R.S.A. c/ Biliba, Pablo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-27

Los honorarios por los trabajos realizados en el Incidente de Nulidad, deben determinarse de acuerdo a lo dispuesto en el art. 33 del Decreto-Ley 2.200; por su parte, a fin de precisar los que hubieran correspondido al juicio principal -base a tener en cuenta para aplicar la referida norma arancelaria-, se advierte que en autos se ha declarado la nulidad del proceso habiéndose cumplido en consecuencia una sola etapa del juicio ordinario. En tal caso resulta aplicable el art. 20 del Dec.Ley 2.200, tomándose como monto del juicio la mitad del valor estimado -que no fuera cuestionado por la contraria-.
Escritos judiciales, cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Salgado, Armando Carlos c/ José Barthe y Ana Lezcano de Barthe s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-28

No es acertado sostener que el pedido en diligencia haya sido realizado en tiempo y forma toda vez que el mismo no está acompañado del cargo o de la suscripción a que se hace referencia el párrafo segundo del art. 7° del Reglamento para el Poder Judicial. Careciendo de cargo que dé fe de la fecha de realización del pedido en diligencia no es posible sostener que el mismo haya sido puesto cuando lo alega el accionante.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, obligaciones accesorias, ley de emergencia, emergencia económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

El carácter accesorio de los honorarios debe entenderse que se mantiene en la ley 23.982, toda vez que su similar 23.696 constituye un antecedente de ella y ambas integran un marco normativo general, dentro de la política trazada, destinado al logro del objetivo de poner fin o remediar la situación de gravedad económica.
Quiebra, bien de familia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pirillo, Víctor s/ quiebra  s/  incidente  de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear  1934/6.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El art. 38 de la ley 14.394 admite la subsistencia del bien de familia aún en caso de quiebra del constituyente, estableciendo un sólo régimen - fundado en la distinción de los créditos según sean sus causas anteriores o posteriores a la inscripción respectiva -, aplicable tanto en el supuesto del deudor in bonis, cuanto en la hipótesis de que estuviera concursado.
Subasta, comprador remiso, saldo de precio, depósito judicial
Materia: CIVIL
Carátula: De Piano de Oviedo. c/ De Piano A. s/ Division de Condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

La resolución judicial que declara postor remiso al adquirente en subasta pública que no hizo efectivo el saldo de precio en el plazo previsto por el art. 588 del Código Procesal, no acarrea la pérdida de la seña para aquél, sino que la afecta a los fines previstos por el art. 584 del mismo cuerpo legal. Esta última disposición impone expresamente tal temperamento, toda vez que ordena el embargo de las sumas entregadas por el comprador, a los efectos de la ulterior satisfacción del importe que habrá de resarcir al postor remiso, sin que pueda confundirse su función con la que asigna el derecho de fondo a la seña en el contrato de compraventa (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VII pág. 664, nro. 1158; C.N.Com. sala C, L.L. 1979
Teoría de la imprevisión, contrato de suministros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Electro Misiones-Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia y Poder Ejecutivo Provincial s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-10-08

La aplicación de la teoría de la imprevisión es excepcional, y aún con mayor razón tratándose de un contrato derivado de una licitación privada, pues la actitud de la accionada al pretender la resolución del contrato de suministro, no sólo implica faltar al principio de buena fe, sino que importa quebrar la relación de igualdad entre las partes que intervinieron en la licitación.
Responsabilidad del transportador aéreo, pérdida del equipaje, monto del juicio, principio de congruencia, liquidación extrajudicial, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Berry de Cullen, Harriet Mary Margaret. c/ KLM  CompaÑía Real Holandesa de Aviación. s/ Pérdida de Equipaje.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-04

El fallo de Alzada condenó a abonar el "máximo" que permita la Convención de Varsovia, quedando para la etapa de ejecución la determinación de su monto. La demandada extrajudicialmente ofreció una indemnización de U$S 400 "...importe máximo obligatorio para equipaje perdido según lo estipulado por la Convención de Varsovia..

" y además en el "jet message" agregado, dice "...Con referencia al reclamo del pasajero... quien sufrió la pérdida (robo) de su bolso conteniendo cámaras... y rechazó nuestra oferta de indemnización por los 15 kgs. declarados...". En base a estas consideraciones ha resuelto correcto el procedimiento utilizado sobre el peso exacto del equipaje extraviado. De seguirse estrictamente el criterio sustentado por la demandada en su memorial (esto es, que debe abonar -como máximo- la suma de U$S 341,14) la empresa aérea debería abonar menos ahora que con la sentencia que cuando ofreció la indemnización de U$S 400 en las tratativas extrajudiciales, lo cual, además de inadmisible, no ha sido el criterio del fallo de esta Sala, como se puntualizó precedentemente. No obstante lo expuesto, en atención al límite puesto por la propia accionante a su reclamo (U$S 2.000), la procedencia de la demanda debe entonces limitarse a ese monto por aplicación del principio de congruencia entre -de raigambre constitucional- (conf. art. 18 C.N. , arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 del Cód. Procesal). .
Fianza, obligaciones del fiador, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ganeva Vicheva, Varbina y Otro c/ Fernández, Audelino y Otra s/ Cobro de Pesos Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-17

Por aplicación del principio de integridad del pago y por el carácter accesorio de los intereses, el fiador está obligado a pagar no sólo el capital correspondiente a la obligación afianzada -costas del proceso- sino también los intereses del mismo, sean de naturaleza compensatoria, o moratoria.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, matrícula profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canton, Eliseo Hector c/ Caja de Previsión y Seguro Médico Pcia. Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa Médico Pcia. Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Si bien el dec.ley 5413 del 2ó/58 -que creó en la Prov. de Bs.As.

los Colegios de Médicos de distrito- impuso como requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula (art. 36), su sanción no significó el desconocimiento de la antiguedad en el ejercicio profesional para los médicos ya matriculados en la Provincia por el desempeño anterior a la instauración de los colegios.
Medidas cautelares, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: A., E. c/  s/ falta de mérito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

Respecto de las medidas cautelares (previstas en los artículos 312 y 518 del CPPN) González Palazzo y Laíño, por mayoría, dispusieron que fueran resueltas por el juzgado a fin de asegurar al justiciable el derecho a recurso.
Revocación de sentencia, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Donate, Fermín José s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a abonar la diferencia entre el monto percibido por un juez como salario y el desfase producido como consecuencia del proceso inflacionario, omitiendo toda ponderación del informe del que resulta la falta de deterioro del salario del actor, lo que desvirtúa la sustancia del principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, y conduce a un pronunciamiento dogmático, sólo aparentemente fundado en precedentes de la Corte, que no guarda adecuación con las constancias comprobadas de la causa.
Cuestiones de competencia, competencia federal, acción de amparo, Obra Social del Poder Judicial, derecho a la salud, tratamiento de las adicciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa M., M. A. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Es competente la justicia federal para entender en la acción de amparo iniciada por un afiliado contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a fin de que se ordene la cobertura de los gastos de tratamiento y traslado para rehabilitación de adicciones, toda vez que la pretensión se dirige contra la Obra Social mencionada, órgano con representación en cada localidad que sea sede de tribunales federales y que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Nacional -la que, entre otras facultades, designa y reemplaza al directorio, fiscaliza su gestión y es titular de su patrimonio- y que invocó el privilegio federal en todas las instancias. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción de amparo, costas, exención de costas, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel Barros c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-07

Si bien las Leyes Nro. 19.987 y 20.261 y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no contienen una norma semejante al artículo 5 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, lo cierto es que la jurisprudencia civil ha sostenido reiteradamente la vigencia del principio de conformidad con el cual no es necesario agotar la instancia administrativa cuando mediare un clara conducta de la Administración que haga presumir la ineficacia cierta de ese proceder.

Siendo ello así, es claro que la sola circunstancia de haberse radicado la causa en este fuero y, por consiguiente, haberse hecho aplicación del Código Contencioso Administración, no resulta suficiente para eximir de costas al accionante, toda vez que la solución contemplada por el artículo 5 del citado Código no resulta innovadora respecto de la jurisprudencia que se venía aplicando en el fuero civil.
Excepciones procesales, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Decavial S.A.I.C.A.A. y Alicurá S.A. c/ Dirección de Vialidad s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

El traslado de la excepción tiene como objeto garantizar en tiempo oportuno el ejercicio del derecho de defensa posibilitando al actor conocer y argumentar respecto a cuestiones que, introducidas al contestar la demanda, se resuelven en sentencia definitiva sin que medie otra intervención legalmente prevista al efecto; esencialmente cuando esas cuestiones se refieren a la existencia de presupuestos procesales que, juzgados ausentes, impiden el conocimiento y decisión de la pretensión.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, incapacidad, Derecho laboral, ius variandi, indemnización por incapacidad, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Monte, Celia c/ Sindicato UOM s/ Demanda laboral (Expte. Nro. 358-99, Resol. Nro. 183, Tomo 24, Folio  338)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-11

El art. 212 de la L.C.T. dispone que "si del accidente o de la enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que puede ejecutar sin disminución de su remuneración". Seguidamente refiere a la eximente planteada por la demandada, requiriendo como condición para la desvinculación -con reducción de monto indemnizatorio- (art. 247 LCT) que no le sea imputable al empleador la causa por la que no pueda dar cumplimiento a la obligación descripta precedentemente. En relación al recaudo de "causa no imputable" se ha resuelto que "no puede estar sujeto a reglas fijas de valoración" ... "y dependerá de las circunstancias mas o menos imprevisibles que juegan en cada caso. Parece claro que la mera falta de justificación económica dentro de la empresa no es por sí sola motivo suficiente para negar el cambio de tareas. Dicha causa no imputable debe ser pues, más grave que la simple inconveniencia. Ha de consistir típicamente en la inexistencia de tareas razonablemente útiles que el trabajador pueda desempeñar en la empresa sin perjuicio para la salud..."
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, monto de la indemnización, daño moral, acción civil
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: ISSA, José Carlos c/ INDOL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-20

La percepción en sede administrativa de la indemnización que fijan las leyes laborales con motivo de los daños padecidos en ocasión del trabajo, no impide el reclamo del daño moral bajo las normas de la responsabilidad civil. Cuando la ley laboral tarifa el monto de la reparación, se refiere a las consecuencias normales del hecho, pero no contempla las que exceden ese ámbito, como sucede con el daño moral, sobre todo cuando se está frente a un hecho ilícito.
Sucesiones, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mignacco Angela Tomasa s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Dispuesta la acumulación de diferentes sucesiones testamentarias a efectos de determinar la validez y efectos de ambos testamentos, la retribución de las tareas profesionales de los intervinientes en ambos trámites debe efectuarse a partir de la valoración de sus respectivos trabajos sin ninguna incidencia recíproca. Ello así, no procede obligar a un heredero -en el caso el único- a efectuar denuncias de bienes merced a la iniciativa de quiénes promovieron la sucesión que quedó enervada por el testamento que habilitó a dicho único heredero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

Constituye violación a las reglas de la sana crítica si la libre convicción del Tribunal se fundamenta en un elemento probatorio que racionalmente es inadmisible como fuente de convicción, o en un hecho, circunstancia o conclusión contrarios a las máximas de la experiencia común. En ambos casos nos encontramos ante un vicio en el razonamiento del juez, no en cuanto a la apreciación de los elementos probatorios y la determinación de los hechos, sino en cuanto a la construcción del razonamiento que constituye parte del encuadramiento típico de la conducta penal.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, intereses, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Astra  C.A.P.S.A. s/ Apelación - Impuesto de Sellos -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-19

No resulta aplicable la ley 23549 y sus normas complementarias a aquellos procesos que habiéndose iniciado con anterioridad a su vigencia (26-1-88), fueron juzgados por el Tribunal Fiscal de la Nación con posterioridad a esa fecha.
Derecho a la vida, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Si bien la defensa del derecho a la vida no contaba hasta la reforma de 1994 con una alusión expresa en la Constitución nacional, la protección devenía incuestionable de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 33 de la Ley fundamental. En efecto, al referir en esta última norma a los derechos implícitamente reconocidos, se está aludiendo a las previsiones estipuladas en aquellos ordenamientos normativos que regulan la cuestión de una manera decidida y enfática, como son no solo las normas de derecho común -artículos 79 y 88 del Código Penal, entre otros-, sino también en aquellos instrumentos de derecho internacional como son los Pactos, Convenciones y Declaraciones que, al referirse expresamente sobre Derechos Humanos, prestan especial atención al derecho a la vida y algunos, incluso, llegan a referir expresamente que el mismo comienza desde el momento de la concepción -artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica-. (Del Voto del Dr. Iribarren)
Intervención de terceros, intervención obligada, citación en garantía
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA PICO Y CÍA. S.R.L. c/ SOSA Emanuel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-09-10

Héctor Eduardo Kenny: "La Intervención Obligada de Terceros en el Procesal Civil", Depalma 1983, págs. 120/121, Nro. 48, al referirse al tercero citado en causa y a la extensión y límites de sus facultades, dice: " b) Está habilitado, además, como ejercicio de su defensa en juicio, para pedir la acumulación de procesos, la absolución de posiciones de las partes principales, acusar caducidad y negligencia en las pruebas, interponer nulidades y promover incidentes, así como peticionar la caducidad de la instancia.

Estas facultades se explican porque el tercero tiene pleno interés jurídico, no resultando lógico, por tanto, que la declaración de derechos a producirse en la sentencia quede dilatada por el mero arbitrio de las partes originarias, ni resulta justo que se le cercenen atribuciones conferidas por la ley a los litigantes principales, el menoscabo de su defensa en juicio, que es garantía del orden constitucional (art. 18, Const. Nacional)".-
Servicio telefónico, reparación del servicio, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CASTAÑO, EDUARDO SALVADOR c/ TELECOM s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-01

Corresponde declarar la incompetencia de este fuero para entender en cuestiones en donde el actor solicita a la demandada la reparación del servicio telefónico del que es titular debiendo entender la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
Sanciones disciplinarias administrativas, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CISNEROS ROBERTO EUGENIO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-13

Los requisitos que viabilizan la procedencia formal de la sanción disciplinaria son: 1) un elemento material que es el acto u omisión lesivo a la organización administrativa; 2) la imputabilidad, esto es que el acto u omisión no sea provocado por la presión de una fuerza irresistible o por violencia o coacción o en fin, por fuerza mayor; 3) el elemento formal, es decir que dicha omisión o acto debe constituir actual o potencialmente, una perturbación a la unidad o decoro de la organización administrativa o una afectación de su eficacia funcional.