marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad, interpretación restrictiva, juicio, poder
Materia: PROCESAL
Carátula: MAIDANA, ANTONIO LUIS Y OTROS c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-C.P.L.  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 307 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

Aún de admitirse que el fallecimiento del actor determina la suspensión de los plazos de caducidad de la instancia, ello lo sería a partir del momento en que haya sido denunciado en el expediente.

Es más, a aquélla conclusión se arribaría respecto "de quien actuaba en el juicio en forma personal, ya que si lo hacía por medio de apoderado, éste se encuentra gravado con la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los herederos tomen intervención en la causa, deber que sólo cesa una vez que aquéllos sean debidamente citados y venza el plazo fijado por el juez para su comparecencia.

Por tanto, aún en esta hipótesis no media la mentada imposibilidad de activar la tramitación del proceso que justifica la suspensión de los plazos de caducidad, ya que su impulso debe ser asumido por los mandatarios, máxime si se advierte que continúan en tal carácter respecto de los otros litis consortes. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: American Jet S.A. c/ Ministerio de Salud y Acción Social Secretaría de Deportes y Promoción Social - Dirección Nacional de Emergencias Sociales (DINES.) y otros s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

La Corte es competente para conocer originariamente en las causas que versan sobre cuestiones federales en que sea parte una provincia, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la contraria.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, pérdida del expediente, solicitud de búsqueda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural c/ Gaspari, Roberto Federico s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

Se entiende como actos idóneos a efectos de interrumpir la caducidad de instancia, aquellos que resulten aptos para continuar con la etapa recursiva o bien los escritos que soliciten se ordene la búsqueda del expediente.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, corporaciones municipales, concejo deliberante, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: Fattorini, Oscar Alberto c/ Municipalidad de Lago Puelo s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-04

De la propia interposición surge que el recurrente pretende que se deje sin efecto su destitución como integrante del Cuerpo Deliberativo de la mencionada Municipalidad, dispuesta en la última de las citadas Resoluciones, y consecuentemente, su restitución en el cargo de Concejal que detentaba.

Surge con claridad de la descripción antes efectuada que el conflicto suscitado entre el peticionante y el Concejo Deliberante que él integraba, es de los descriptos por el art. 217 de la Constitución Provincial, por lo que su dilucidación queda reservada, por la misma norma constitucional, al Superior Tribunal de Justicia.
Jornada de trabajo, trabajo por equipos, trabajo nocturno
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, JUAN CARLOS Y OTROS c/ SEGBA. SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 16115/33 reglamentario de la ley 11544 el límite de 7 horas diarias no rige en el caso de trabajo por equipos, donde se autoriza la jornada de 8 horas, a condición de que por cada siete días de trabajo nocturno se otorgue un descanso equivalente a una jornada semanal que lo compense.
Recurso de casación, in dubio pro reo, debate, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Segundo s/ Homicidio en grado de tentativa tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-07-02

Al tribunal de Casación no se le puede proponer una cuestión fundada en la "duda" resultante del debate, porque el principio in dubio pro reo, es una regla procesal, pero rectora para los tribunales de juicio, respecto del cual no existe contralor por vía de casación.
Estabilidad del delegado gremial, indemnización agravada
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Ramón Ángel c/ Eleprint S.A. s/ Fondo de desempleo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

El art. 52 de la ley 23.551 no exige al trabajador el cumplimiento de formalidad alguna para manifestar la voluntad de optar por la reinstalación o por la indemnización agravada. En consecuencia, no existe obstáculo para que, frente a un acto del empleador, violatorio de las garantías sindicales, el afectado pueda -sin necesidad de formular previamente una expresión de voluntad en los términos del art. 246 de la Ley de contrato de Trabajo- conferirle eficacia resolutoria, reclamando la indemnización contemplada en aquel dispositivo (doctor NEGRI, mayoría).
Pena, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Escalante, Dardo Rubén s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en contra de la Sentencia en causa 45/07 "Escalante, Dardo Rubén s.a. Abuso Sexual"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

Esta Corte, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que la facultad discrecional de fijar la pena es, en principio, exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.
Medida de no innovar, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Carlos Casares y otros c/ Sucesores de Pereyra Iraola y/o quien resulte responsable del establecimiento "La Laura" s/ Medidas de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Si el planteo de caducidad de una medida de no innovar, torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación incoado conjuntamente contra la medida cautelar, es lógico e imprescindible que le juez "a quo" se expida en primer término sobre dicha caducidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, animales sueltos en la vía pública, concesionario (administrativo), obligaciones del concesionario (administrativo), responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Expreso Hada S.R.L. c/ San Luis, Provincia de s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-28

La obligación del concesionario no se agota en la remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y libre de dificultades.

Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad, para desvirtuar la cual, en el caso de daños provocados por animales sueltos en la ruta, deberá probar que le ha resultado imposible prever o evitar el perjuicio, o que previsto no ha podido evitarlo no obstante haber realizado un adecuado control de los alambrados linderos al camino, una prolija inspección visual, etc. (Fallos:

323:318, voto del juez Vázquez). (DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO VAZQUEZ).
Relación de dependencia, prueba, despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Balzaretti, Gisela c/ Timothy, Archer y Otros s/ Ordinario - Despido - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-27

También destaca en base al fallo objetado, que la inferior dio cuenta de la actitud evasiva que asumieron los accionados y la prueba acabada de la existencia de la relación laboral. Pero además -señala- las circunstancias previas a la desvinculación indican que los empleadores en todo momento negaron el vínculo dependiente y su correspondiente registración.

Luego, la importancia dirimente que la Juzgadora otorga a la prueba de la recepción, en el particular, también resulta relativa. Es que si bien por regla aquélla es necesaria, no sólo en virtud de la buena fe que debe regir la relación de trabajo, sino a los fines de dar certeza respecto de los momentos a partir de los que comienzan a producirse determinados efectos jurídicos, dicha formalidad tampoco podría primar en un conflicto como el presente en donde la relación fue negada por la patronal.

Se insiste: en ese caso la conclusión de la Sentenciante encontraría justificación si ambas partes hubieran estado contestes en que mantuvieron un vínculo laboral amparado por el régimen específico, pero no cuando la dadora de trabajo niega el carácter de empleado a quien conforme el plexo probatorio sí resultó serlo. Concluye -por lo expuesto- en anular el pronunciamiento en el aspecto de que se trata. En lo concerniente al fondo del asunto y desde que se considera que la trabajadora en su calidad de dependiente no obtuvo una respuesta específica a su petición, concluye, que tal injuria autorizaba el despido indirecto en que se colocó. Corresponde por ello, las indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso, tomando como base la remuneración fijada en la sentencia de la a quo. También prosperan las sanciones vigentes (art. 16 ley 25.561; 2 LEY 25.323 Y 15 LNE).
Peaje, Constitución Nacional, libertad de circulación, igualdad ante la ley, transporte interno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El régimen de la ley 22.424 -regulatoria del sistema de peaje del Canal Mitre- de ninguna manera afecta los derechos consagrados y amparados por los artículos 10, 11,12,14 y 16 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro, Jorge s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El valor del litigio está representado para los recurrentes por la diferencia existente entre la actualización de honorarios efectuada por la Cámara y la suma resultante de realizarse desde la fecha pretendida por los mismos, actualizada al tiempo de recurrir.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delito penal, robo con armas, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

La afirmación relativa a que el arma, aún estando hipotéticamente descargada y/o presentando desperfectos en su mecanismo, podía satisfacer los requisitos de tal en mérito al aumento de la capacidad agresora de quien la esgrimía, al poder ella utilizarla de otra manera, es sólo una posibilidad. Si nada nos indica que concretamente quien esgrimiera el arma la utilizó en esa forma impropia, la hipótesis contemplada debe ser rechazada, toda vez que sería intolerable reprochar a alguien algo que es meramente una posibilidad no concretada en los hechos ni demostrada en el proceso.

Ello sin entrar a la consideración de si el arma impropia calza o no como "arma" -art. 166 inc. 2º del Código Penal-.
Concursos, honorarios del administrador judicial, coadministrador, ejecución de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  ALMAFUERTE  COOP. LTDO. s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE SUBASTA(DE BIENES POR LA SOLEADA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-03

Dada la calidad de auxiliar de justicia que reviste la figura del interventor coadministrador, puede este ultimo exigir el pago de sus honorarios contra todas las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que luego les competa (cfr. esta sala, 24.7.89, "olgiatti c/ bruno"). Así cuando -como en el caso- se llevo a cabo la venta de las acciones que la fallida poseía respecto de una sociedad anónima, resultando adquirente otra firma, y por iniciativa de esta ultima, pero también en resguardo del activo falencial se ordeno la intervención de dicha sa, es claro que en la medida en que se encontraban comprometidos tanto el interés de la compradora como el de la quiebra, ambas deben asumir proporcionalmente el pago de los honorarios que se fijen definitivamente como retribución de las tareas del coadministrador, sin perjuicio de la responsabilidad de los condenados en costas. Así procede que los honorarios deban ser atendidos en un 60% por la primera y el resto por la quiebra en los términos de la ley 24522: 240
Jubilación ordinaria, transporte de niños
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, MARCELINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-29

El transportista de escolares no esta incluido dentro del régimen especial creado por la ley 20740.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sproviero, Nelson Witman y otro c/ Incidente de nulidad en autos:Schmukler, Simón y otros c/ Fabiero, Pascual s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-09

La nulidad de la subasta, en sí misma, sólo es un aspecto o capítulo de la nulidad procesal.-
Exceso en la legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA, Víctor A. s/ EXIMENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Sin embargo, el uso drástico del palo esgrimido por el sujeto activo y descargado con fuerza inusitada en la cabeza del rival, no resulta razonable y pudo ser dirigido a zonas menos vulnerables sin menoscabo de la eficacia defensiva.
Aportes previsionales, determinación del haber jubilatorio, prestaciones complementarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Dubois, Guillermo Eduardo c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-01

Si lejos de haber reclamado la revisión del haber inicial de la Prestación Complementaria (PC) y de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), el titular prestó conformidad expresa con el valor asignado por el organismo a la denominada "Renta Presunta Administrativa", corresponde hacer lugar al recurso deducido dejando sin efecto el recálculo de los rubros de referencia dispuesto por el a quo. Ello sin perjuicio de lo decidido en torno a su movilidad posterior.
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CAP. PROP. ARM. BUQUE LUBLIM II s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

Refiriéndose a la Convención de Bruselas de 1924, antecedente inmediato de nuestra ley marítima en el aspecto que aquí se trata, el profesor canadiense William Tetley -Marine Cargo Claims- considera que culpa comercial es todo acto u omisión del transportador, incluyendo la del capitán, oficiales, prácticos o tripulantes del buque, que importe violar las obligaciones que le impone al naviero el art. 3 parágrafo 2 de la Convención de Bruselas, esto es, la debida y cuidadosa carga, manipuleo, estiba, transporte, custodia y descarga de las mercaderías.
Torturas, principios del derecho internacional de los derechos humanos, estado de sitio, represión del terrorismo, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

La tortura está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en términos absolutos e inderogables, aun en circunstancias tales como guerra, lucha contra el terrorismo, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras calamidades públicas, pues de acuerdo a lo establecido por la Convención Interamericana contra la Tortura -artículos 1 y 2-, se consideran asimismo actos de tortura los métodos para anular la voluntad de la víctima con el objeto de obtener ciertos fines como información de una persona, o intimidación o castigo, lo que puede ser perpetrado mediante violencia física, o a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, presupuesto nacional, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

Es irrazonativo - procesal - tributario de litigar, extremo que naturalmente permite a la Administración hacer las previsiones propias de un adecuado sistema presupuestario- quede sometida, en cuanto a su cumplimiento, al discrecional arbitrio de un funcionario administrativo, el cual puede decidir en que proyecto de presupuesto (próximo o próximos) se incluirá el crédito y si se pagará en una o en varias anualidades. Lo cual, además, está sujeto a que el Poder Legislativo confirme el criterio administrativo.
Recurso de casación, procedencia del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Bs. As. Building Society S.A., en autos: Eureka S.A. c-Técnica Patagónica S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-04-16

Examinado el criterio de ambos pronunciamientos sobre el tema traído a estudio, no se advierte la contradicción doctrinaria fundamental, a que se refiere el recurrente, sino en todo caso una evolución jurisprudencial en decisiones sucesivas que provienen de la misma Cámara y el Recurso no tiene posibilidad de funcionar.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, unificación de penas, extinción de la pena, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERALTA, JUAN MANUEL c/  s/ EJECUCION DE PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La interpretación sostenida por el A quo no encuentra sustento en norma alguna, dado que no existe disposición legal que habilite a concluir que por el solo hecho de dictarse la prisión preventiva por una nueva imputación se suspende el cumplimiento de la primera pena, de modo que pueda luego de la fecha de su vencimiento entenderse retroactivamente que éste no operó por tal circunstancia; sino que por el contrario, tan sólo existe una disposición legal que habilita a no considerar como cumplimiento parte del tiempo de la pena de manera retroactiva para los casos en que el nuevo delito se comete estando en libertad condicional por la primera pena, esto es el artículo 15 del Código Penal. - CITAS: CSJStaFe: Ayala, AyS T 291, p 179/189.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: Ojeda, Angel Horacio s/ Robo agravado cometido en poblado y en banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Transgrede el art. 342 del Código de Procedimiento (según ley 3589 y modif.) el fallo de la Cámara que no obstante dar razón a la defensa, respecto del único planteo que en orden a la calificación legal le sometiera oportunamente, al concluir que el hecho no pudo ser tenido como cometido con armas (decisión que, por lo demás, llega firma a esta instancia extraordinaria) resolvió seguidamente que aquél quedara atrapado en la hipótesis del art. 167 inc. 2 del Código Penal, arrogándose de tal forma una posibilidad cognoscitiva más amplia que la reclamada por el señor Defensor en su expresión de agravios. Tal calificación legal implica un agravamiento de la situación legal del procesado sin recurso que así lo habilitara, pues, deducida la calificante en cuestión -único tema de decisión llevado a la a quo- del encuadre original (robo calificado por el uso de armas y por tratarse de automotor en concurso ideal con robo calificado por el uso de armas), nada cabía agregar al remanente, de suerte que el hecho no pudo ser tenido sino como robo simple en los términos del art. 164 del Cód. Penal.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Plata S.A. e Iezzi Ottonello y Cia S.A. c/ Municipio de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Cabe hacer lugar a la indemnización por pérdida del mayor valor del terreno si el inmueble tenía un valor cuando podía edificarse según la normativa que regía al tiempo de solicitarse y obtenerse la respectiva autorización y tal valor se redujo con la posterior regulación que no permite esa edificación, debiendo tenerse en cuenta para ello la disminución de los metros cuadrados de construcción que pueden erigirse bajo el régimen de cada una de las normas vigentes.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, IDILIO FELIPE c/ NEIMOGUEN, ABEL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Si el trabajador no percibe la indemnización depositada en sede administrativa, y ya que la acción instaurada -por la vía especial- no se perjudica con la percepción, no podrá mantenerse congelada;

por ello desde el depósito y hasta la fecha de la liquidación final se deberá actualizar el depósito más los intereses del fallo restándole en definitiva de aquella sentencia. (Conforme Julián Arturo de Diego, 'El Depósito en el Fondo de Garantía de la Indemnización por Incapacidad o Muerte de la Ley 9688', DT. año XLV página 722).
Concursos, proceso de verificación, incidente de revisión, causa de las obligaciones, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Domínguez, Adriana en autos "Continental Armadores de PescaS.A. s-Concurso Preventivo" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-25

El incidente de revisión es un juicio de conocimiento pleno y de trámite abreviado. Los incidentes de revisión son procesos de conocimiento, con amplitud de debate y prueba, en que se debe demostrar -o, según el caso, desvirtuar- la causa del crédito que se insinúa. En este proceso, es imperativo mencionar y probar la causa de la obligación, lo que le compete al incidentista, él debe acreditar en forma concreta y precisa la existencia y legitimidad de la acreencia que esgrime.
Defecto legal, defensa en juicio, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: NOH EUI YEON c/ LEE MI JA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

1- Corresponde desestimar una excepción de defecto legal toda vez que las manifestaciones contenidas en el escrito de reconvención no impidieron al promotor de la causa responder, efectuar el cuestionamiento a que hubiere lugar, y ofrecer las pruebas correspondientes, razón por la cual el impedimento procesal de defecto legal no aparece fundado, habida cuenta que no se advierte que se haya colocado al apelante en un estado de indefensión o, por lo menos, con dificultades objetivas de establecer su posición frente a la pretensión (Arazi R. y Rojas J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, página 255). 2- La excepción de defecto legal tiene un sustrato de orden constitucional, que es garantizar el derecho de defensa. El demandado debe saber con exactitud, precisión y claridad las pretensiones de su contraria y las bases del objeto pretendido, a fin de no colocarla en desventaja procesal, pues de lo contrario no podría organizar su defensa y "reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda", como lo exige el artículo 356 inciso 1° del Código Procesal (conf. Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", Buenos Aires, 2006, T° III, págs. 523 y sgtes. y 687).