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Derecho a la vida, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CNRT c/ Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros - CELADI - Ley 22431 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-26

El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva. Y que, obviamente, el derecho a la vida y a la preservación de la salud-como corolario del derecho a la vida- se hallan reconocidos por los artículos 14, 14 bis, 18, 19 y 33 de la C.N. y a partir de lo dispuesto en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22) se destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar esos derechos con acciones positivas
Transporte de pasajeros, personas con discapacidad, goce de pasajes, grupos vulnerables, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CNRT c/ Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros - CELADI - Ley 22431 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-26

Corresponde ordenar, como medida cautelar, a las empresas de transporte automotor interurbano de pasajeros cumplir con la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, tal como lo establecen las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674}, habida cuenta que dichas normas, que crearon el Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados, el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña Y Adolescente con Cáncer, respectivamente, contienen disposiciones que contemplan el otorgamiento del acceso gratuito al transporte para estos grupos de personas vulnerables que requieren una inmediata tutela jurisdiccional y a quienes, en la actualidad, no se les está garantizando la gratuidad.
Daños y perjuicios, daño moral, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: J., E. C. c/ J., R. J. s/ por filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-05-06

En casos como el que nos ocupa, la conducta antijurídica que da nacimiento a la obligación de reparar el daño moral es la negativa injustifcada a reconocer la paternidad lo que (ante la falta de un reclamo anterior) se concreta con la notificación de la demanda; razón por la cual, es a partir de allí que debe comenzar a computarse los intereses. Así las cosas sobre la condena que se le impusiera en concepto de daño moral ($100.000) corresponde un interés del 8% anual desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de la sentencia de primera instancia. (Jueces: Dres. Araníbar y Lavaque).
Centro de vida de niñas, niños y adolescentes, revocación de sentencia, medida de no innovar, competencia por el territorio
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: O. D. V. c/ R. O. A.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-24

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la medida cautelar de no innovar el centro de vida del menor, dado que el traslado no puede llevarse a cabo de manera inconsulta; las decisiones sobre los hijos corresponden a ambos progenitores en ejercicio de la responsabilidad parental -arts. 638, 639, 641, 642, 646 y ccs. del CCyCN-. En consonancia con lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño -ratificada por medio de la Ley 23849-, el art. 3 de la Ley 26061 y el art. 716 del CCyCN, es el niño quien indica el punto de contacto, el eje y centro de imputación para determinar el juez competente.
Procesos de familia, interés superior del niño, centro de vida de niñas, niños y adolescentes, competencia por el territorio
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: O. D. V. c/ R. O. A.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-24

En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen comunicacional, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida -art. 716 del CCyCN-, al privilegiar los principios de inmediación y tutela judicial efectiva, rompiendo con el principio de jurisdicción perpetua y priorizando el interés superior del niño -Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 26061, art. 3 y leyes reglamentarias-.
Fallos de la Corte Suprema, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Galarza, Nahir Mariana c/  s/ homicidio calificado por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja s/ impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-26

Las decisiones de la Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno (Fallos: 286:50; 339:608, entre muchos otros) sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina.
Facultades jurisdiccionales, celeridad procesal, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: Cañuelo, Daniel Horacio c/ Provincia ART SA. y otros s/ accidente-acción civil
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-26

La actora se agravia de la resolución que declaró la falta de aptitud jurisdiccional ante el incumplimiento del trámite administrativo frente a la CCMM. Teniendo en cuenta el principio de celeridad propio del derecho del trabajo, la falta del trámite ante la CCMM ocasionaría un retardo innecesario que trasunta en una negación por no brindar una tutela judicial efectiva, exigida por nuestra Carta Magna y por el Pacto de San José de Costa Rica. La CSJN expresa que los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario, pues en la interpretación de las leyes "el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que las inspiran". La exigencia de una tramitación previa al sólo efecto que luego vuelva a esta instancia judicial para habilitar la competencia material, carece de sustento lógico, además de contrariar las normas del CCyCN, la LCT y la ley 19.587, pues ello deriva en un mero rigorismo formal que solo se presenta como un obstáculo para garantizar la tutela judicial efectiva a la que el estado argentino se ha comprometido internacionalmente. En caso de instarse la instancia administrativa previa, debería implementarse en base a las resoluciones administrativas dictadas por la SRT. Tampoco puede imponerse al justiciable una actividad que la propia ley adjetiva no exige, pues ello implicaría incurrir en una delegación no prevista por la norma a reglar. El art. 1 de la Res. 298/17 no sólo modifica los requisitos de inicio del trámite e incluye constancias documentales ajenas a las partes involucradas sino que además lo hace en favor del poder administrador sin justificación. Indirectamente al imponer requisitos de difícil cumplimiento se impide la apertura de la instancia administrativa en detrimento del administrado. Esto genera no sólo la modificación indebida de una norma de rango superior, sino que además se introduce por vía reglamentaria, un requisito conveniente a la autoridad administrativa y aleatorio, cuya finalidad es impedir las demandas judiciales, cuyo objetivo final es eximir a las ART de su obligación legal. Así, con el paso por las CCMM para cumplir con el trámite administrativo requerido al sólo efecto de habilitar la instancia judicial respecto de la ART demandada debe considerarse cumplido el requisito previsto en el art. 15 de la ley 27.348 (necesidad de agotar la vía administrativa en el caso de acciones judiciales con fundamento en otros sistemas que no sean la LRT) y por ello, se sugiere suspender el trámite judicial por el plazo de seis meses a fin de que la actora inicie y culmine el trámite previo ante las CCMM para poder dar por habilitada la instancia judicial plena para lograr la reparación con fundamento en la ley civil.
Declaración de inconstitucionalidad, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Carlos Raúl c/ Chiodetti, Agostina Inés s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-08

La demandada se agravia por la declaración de inconstitucionalidad del régimen de la construcción toda vez que la construcción que lleva adelante la empresa es en seco (durlock), que comienza y termina con la obra que desarrolla. Esta actividad es por ciclos, garantizando la norma la protección del trabajador y su indemnización mediante el fondo de cese laboral. El régimen del estatuto de la construcción deviene inconstitucional por violentar el principio de protección contra el despido arbitrario. El fondo de desempleo, que se desentiende de la causa que debe ser invocada para constituir un despido justificado o aquella que se da de tal gravedad que no consienta la continuidad del vínculo, desprotege al trabajador contra el mandato constitucional de proteger contra el despido arbitrario. La condición de constitucionalidad del régimen es que se trate de locaciones de obra que están desprovistas de toda vocación de continuidad. Los testigos de la causa aportaron datos relevantes para determinar la continuidad del actor en la empresa demandada en forma ininterrumpida, ya que declararon trabajar para la misma, la cual los destinaba a cada una de las obras que necesitaban al personal de la empresa, no contrataban personal para cada obra que comenzaba, sino que utilizaban al personal estable y permanente de la empresa para derivarlo a los distintos lugares en los cuales eran contratados los servicios de la empresa. A través de la conducta así mantenida, se pretendió eludir las normas del régimen legal de la ley 20.774 y evitar las consecuencias jurídicas económicas previstas en el régimen de contrato de trabajo que apuntan a proteger contra el despido arbitrario. En consecuencia, debe confirmarse la declaración de inconstitucionalidad del régimen establecido en la ley 22.250 y por ende, estar a las previsiones de la LCT.
Exclusión de la tutela sindical, injurias, prueba, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros  c/ García, Jorge Javier y otros  s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-30

La parte actora, PAMI, acciona a fin de obtener de parte del órgano jurisdiccional la exclusión de la tutela sindical que detenta el accionado, a fin de implementar múltiples medidas correctivas motivadas en diversos y reiterados incumplimientos obligacionales que no logró rectificar siquiera merced a los procedimientos correctivos implementados con antelación a los hechos que motivaron el inicio de la causa. La juez de grado concluyó en que la pretensora no logró acreditar las injurias invocadas como puntal de las medidas disciplinarias que procuraba aplicar a la accionada y que mediaba una notoria ausencia de contemporaneidad entre los incumplimientos endilgados y las sanciones instadas. Se agravia la actora que requiere que sea declarada abstracta la cuestión y disponer su archivo, pues sostiene que la intensa protección de la cual gozaba el accionado feneció. Cabe destacar que las conductas discriminatorias cimentadas en móviles antisindicales generalmente se materializan bajo el alejamiento de la estructura empresarial o institucional, socavando la directriz tutelar que establece el art. 14 bis de la Constitución Nacional concordante con el Convenio n° 135 de la OIT, reglamentados mediante el articulado de la ley 23.551 que otorga a los representantes gremiales las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical, en aras de eventuales represalias que pudiere adoptar el empleador. Los reclamos como el que plantea la accionante -que tiende a motorizar el desplazamiento de la tutela sindical- generalmente se tornan abstractos, toda vez que la protección otorgada por el ordenamiento al representante sindical, reviste carácter transitorio. Más allá de la potestad de ambas partes de mantener o desarticular su aspiración de someter el diferendo a escrutinio de la jurisdicción, ante los requerimientos del actor de neutralizar la prosecución del trámite, y el explícito consentimiento de la accionada, no cabe sino declarar que la pretensión deducida ha devenido abstracta.
Confirmación de sentencia, despido sin causa, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gauna, Carlos Norberto  c/ Consorcio de Propietarios Edificio Salta 909  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-10

El a quo consideró injustificado el despido directo dispuesto por la demandada que por ello se agravia, pues entiende que debería considerarse que media justa causa de despido toda vez que el actor no cumplió con la exigencia que le impone el art. 23 del CCT 589/2010 de habitar y pernoctar en la vivienda otorgada a tal fin. El accionante tuvo motivos justificados para no habitar la vivienda, en atención al conflicto familiar que padecía y a la medida de restricción impuesta a su concubina por el Juzgado Nacional en lo Civil N 87, no obstante lo cual, dado que esta no quería abandonar la vivienda porque también vivían sus hijos, el accionante debió pernoctar en el sótano del edificio. La accionada reconoció que el actor siempre se presentó a cumplir con sus labores y solo esgrimió en las piezas cablegráficas enviadas al actor el hecho de no pernoctar en su vivienda, dado que lo hacía en el sótano del edificio. El actor tuvo justificación para proceder como lo hizo debido al conflicto que mantenía con su conviviente con quien se encontraba en tratativas judiciales para resolverlo. Así entonces, se verifica apresurada la decisión de la demandada de disolver el vínculo mediante la misiva enviada al actor, toda vez que unos días después de iniciada la demanda el actor ya se encontraba pernoctando en la vivienda. A ello se suma que la demandada no pudo demostrar la causal esgrimida para disolver el vínculo, por lo cual el despido resulta injustificado. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Butler, Vanina c/ Farmacity S. A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

La parte actora adujo que su empleador había celebrado contrato con dos empresas para la elaboración de soluciones para lentes de contacto, que estas últimas comercializaban con marca propia. La juez de grado concluyó que las codemandadas mantenían un vínculo comercial con la empleadora de la actora -Inmunolab S.A-, no obstante, esto no demostraba que las tareas de la accionante beneficiaran directamente a las codemandadas, ni que su actividad fuera inseparable de la principal de las mismas. El art. 30 de la LCT establece la solidaridad del contratista principal cuando, el subcontratista de trabajos o servicios correspondiente a la actividad normal o específica propia del establecimiento omita, respecto de su personal, el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social, siendo necesario verificar si esa prestación es la principal y exclusiva del trabajador. Así entonces, y toda vez que los argumentos de la actora al formular su reclamo devienen insuficientes para determinar si su actividad beneficiaba a las codemandadas en forma directa y exclusiva, no debe extenderse a las mismas la responsabilidad que prevé el art. 30 de la LCT, lo cual conduce a confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Revocación de sentencia, contrato de distribución, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Torreira, Marcelo Gabriel c/ Industrias Pugliese S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

La juez de grado hizo lugar a la demanda incoada por el actor y dispuso que la cuestión debia resolverse en el marco de lo dispuesto por el art. 23 de la LCT. Por ello se agravia la accionada. La prueba pericial contable da cuenta que el actor no comercializaba los equipos purificadores de agua por nombre y cuenta de la empresa, sino que adquiría aquellos productos a nombre propio y procedía a su reventa. Las gestiones del actor no se han realizado en beneficio de la empresa accionada sino en su propio beneficio y, de la compulsa realizada al sitio web del organismo recaudador AFIP, surge que la facturación "B" es aquella emitida por un responsable inscripto en favor de un consumidor final. Así entonces no hay margen de dudas acerca de la veracidad de las cláusulas del contrato de distribución suscripto por el actor, lo cual se respalda en la declaración testimonial producida por los empleados de la accionada, surge que a los distribuidores no se les paga un sueldo ni comisiones y que nunca vieron a un distribuidor rendir cuentas de su trabajo a un directivo de la empresa. En este marco, tal modalidad operativa demuestra que el actor asumía los riesgos de la actividad que desplegaba, lo cual no es propio de una relación dependiente, en la cual, el trabajador percibe una remuneración por sus servicios de parte del empleador. Cabe revocar el decisorio de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, siniestro, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Coceres, Carla Andrea c/ Provincia ART. S.A. s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-12

Se agravia la accionada por los intereses que fueron establecidos en la anterior instancia al solicitar la aplicación de la Resolución n° 1.039 SSN. Dicha Resolución establece intereses para" las reservas de cada uno de los casos de los siniestros en procesos de liquidación y de pasivos originados en siniestros por reclamaciones judiciales en cuyos procesos no se haya definido una tasa de actualización a aplicar..." lo que no sucede en este caso. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, contrato de servicios, producción de la prueba, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Destefanis, Osvaldo Enrique c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

El actor fue contratado por la Universidad Tecnológica Nacional para prestar servicios físicamente en el Departamento de Informática de Administración de la AFIP, en virtud del "Convenio de Colaboración Recíproca" celebrado por dicho organismo con la entidad educativa. El "a quo" hizo lugar a la acción entablada por el actor, por lo cual se agravia la demandada. La prueba testimonial producida da cuenta que el actor cumplía tareas que habían sido específicamente requeridas por la AFIP. No existen dudas respecto a que el trabajador se insertó en una organización ajena a la Universidad y prestó servicios continuos y sin interrupciones mediante la firma de sucesivos contratos de locación de servicios y facturando por ellos, desempeñando tareas que en modo alguno resultaban "transitorias", por lo cual cabe concluir que la mencionada operatoria encubría una verdadera relación de trabajo. Así entonces, los convenios formalizados por la UTN para prestar servicios en la AFIP no alcanzan para modificar el escenario en el cual se desempeñó el actor y la importancia que de ello deriva en orden a la normativa aplicable, toda vez que el trabajador se insertó en una organización ajena y cumplió sus tareas dentro del marco impuesto por la empleadora, resultando la casa de estudios (UTN) una intermediaria. A mayor abundamiento no era la Universidad sino AFIP, quien ejercitaba las facultades de organización y dirección de las tareas prestadas por el actor y teniendo en cuenta que la unidad académica reviste carácter público no corresponde hacerle extensiva la condena en forma solidaria por resultar incompatible con el régimen de derecho público En consecuencia, corresponde aplicar al reclamo las reglas del art. 29 ap. 1° de la LCT, y considerar que el actor fue empleador de AFIP desde el primer día de desempeño, por lo cual cabe confirmar la decisión de la anterior instancia.
Revocación de sentencia, reinstalación en el puesto de trabajo, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Dettori, María Adela y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-06

La demandada objeta el decisorio por cuanto se declaró la nulidad de la Resolución N° 1084/23, dictada por la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y en consecuencia se dispuso la reinstalación de la actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que gozaba. Fe.Me.Ca. notificó a la accionada, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la Asociación de Profesionales Área Técnico Sanitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevó a cabo una elección de consejeros, en la que resultó electa la actora como "consejera suplente", frente a lo cual el organismo gubernamental dispuso rechazar la tutela gremial, basándose en que la representación que la accionante ejercía ante Fe.Me.Ca. no puede considerarse comprendida en las disposiciones de la ley de asociaciones sindicales, desde que la misma no cuenta con inscripción legal. Del informe del M.TyS.S, surge que la Asociación de Profesionales Área Técnico Sanitaria no cuenta con la inscripción en el registro especial, en tanto que, en su relación, la pretensión de aquellos trabajadores de asociaciones sin inscripción a fin de que le reconozcan los mismos derechos que a los representantes de las asociaciones inscriptas con personería gremial, carece de asidero, habida cuenta que una proyección sin límite de la protección reconocida por la Corte en los precedentes "ATE" y "Rossi" a cualquier tipo de asociación desnaturalizaría el espíritu de un fallo que pretendió conjurar las diferencias existentes entre los únicos dos tipos de asociaciones reconocidas por la ley. No se discute el derecho de los trabajadores a organizarse libremente, ni tampoco que la Federación pueda disponer en su estatuto la adhesión de asociaciones no inscriptas. Al interpretar dicho estatuto no puede pasarse por alto el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni desconocerse que el principio general es la disponibilidad de los vínculos y no así el derecho a la estabilidad propia. Tampoco puede establecerse una garantía de estabilidad a la reclamante derivada de una supuesta práctica antisindical de la demandada. Cabe revocar la decisión de la anterior instancia cuanto declaró la nulidad de la Resolución y dejar sin efecto la reinstalación ordenada.