Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29


Causa Nº 053-00/CC/2006 "Civitelli, Juan Carlos y Galli, Juan Carlos s/arts. 116, 117 y 118 C.C.- Apelación" En nos Aires, de mayo de 2006.

Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 053-00/CC/2006 caratulada "Civitelli, Juan Carlos y Galli, Juan Carlos s/ arts. 116, 117 y 118 CC "- Apelación.

Y CONSIDERANDO:

I -Que a fs. 185/187vta., la Sra. Juez de grado, Carla Cavaliere, luego de celebrada la audiencia de debate, resolvió condenar a Juan Carlos Civitelli como autor de las contravenciones previstas en los arts. 116 y 118 de la ley 1472 en concurso ideal, a la pena de quince días de arresto, de cumplimiento en suspenso con costas (arts. 16, 22 inc. 3, 25, 26, 31, 46 del CC y 14 LPC) y condenar a Juan Carlos Galli por ser autor de las contravenciones previstas en los arts. 117 y 118 de la ley 1472 en concurso ideal, a la pena de diez días de arresto de cumplimiento en suspenso, con costas (arts. 16, 22 inc. 3, 25, 26, 31, 46 del CC y 14 LPC).

II -Que a fs. 190, obra la boleta de depósito del Banco Ciudad, de fecha 16/2/06, a través de la cual el contraventor Juan Carlos Civitelli abonó la suma de cincuenta pesos ($50), en concepto de tasa judicial.

III -Que a fs. 207, luce la intimación efectuada al imputado Juan Carlos Galli con fecha 17/3/06 para que abone, dentro del tercer día de notificado, las costas del proceso, bajo apercibimiento de aplicarse una multa del veinte por ciento de la tasa omitida (art. 15 de la ley 327).

IV -Que a fs. 209/210, el José Antonio Lagorio, letrado defensor del imputado Juan Carlos Galli, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio -contra la resolución dictada con fecha 17/3/06 por entender que la Juez ha interpretado erróneamente la norma que prevé el pago de las costas en perjuicio de su defendido. Así, sostiene que la única tasa que corresponde abonar es de $50 y no del doble como lo postula la resolución, circunstancia que surge del concepto de unicidad de la tasa judicial se encuentra en el art. 13º de la ley 327. Por ello, solicitó que se revoque la intimación dispuesta y se tenga por cumplido el pago de la tasa judicial de ambos imputados con la boleta que acredita el depósito de cincuenta pesos ($50) que se presentara el 2 de marzo pasado en el juzgado.

V- Que a fs. 212/213, la Magistrada de grado resolvió rechazar el recurso de reposición y conceder el de apelación interpuesto en subsidio contra dicho resolutorio, por entender que lo decidido podría acarrearle al imputado un perjuicio de insuficiente o imposible reparación ulterior.

VI- Que radicadas las presentes actuaciones en esta Sala, al contestar la vista conferida, la Sra. Fiscal de Cámara expresó a fs. 217/218vta. que el recurso interpuesto resulta admisible conforme los arts. 432 y 449 del CPPN. Asimismo refirió que la tasa es única en cada proceso y que no depende, ni se multiplica por la cantidad de condenados en costas que haya en cada expediente. Agregó que cuando la Magistrada se refiere a fs. 207 al incumplimiento de pago de las costas, alude a la tasa judicial, toda vez que solo respecto de ella es posible aplicar la multa equivalente al 20 %. Por ello, y habiendo sido satisfecha por uno de los condenados el monto total de la tasa judicial, no corresponde exigir su pago, sin perjuicio del derecho a repetir que pudiera tener el depositante sobre el porcentaje de la tasa respecto del cual los condenados en costas eran responsables solidarios. Así concluyó que pretender lo contrario equivaldría a realizar una interpretación en perjuicio del imputado, en desmedro del princip io de legalidad y violatoria de los arts. 3, 4, 5 y 10 CC, art. 3 CPPN y de las normas constitucionales en que estos principios y normas se sustentan. Por todo ello, expresó que debe revocarse lo resuelto a fs. 207 y tenerse por satisfecho el pago de la tasa judicial, dejándose sin efecto la intimación cursada.

VII- Que a fs. 222 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN:

Corresponde, en primer lugar, revisar el juicio de admisibilidad efectuado por la Sra. Juez. Al respecto este Tribunal ha dicho reiteradamente que si bien la Ley 12 prevé expresamente la apelación de sentencias definitivas (art. 50), es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, en atención a lo dispuesto por el art. 6 de la citada ley. Debe tenerse presente, entonces, el principio de taxatividad establecido por el art. 432, primera parte del CPPN, como así también lo dispuesto por el art. 449 in fine del mismo cuerpo legal, en cuanto a que puede ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable (causa nro. 1594-CC/2003, "Morel, Derlis s/ Ley 255", rta. el 26/12/03; 1586-01-CC/2003 "Gaba, Luis Darío s/ art. 51 CC- Medida Cautelar- Apelación", rta. el 18/02/04, entre otras).

En el caso, tratándose la decisión impugnada de una resolución distinta de una sentencia definitiva es necesario verificar si los argumentos aportados por el impugnante son suficientes para demostrar por qué la decisión que pone en crisis le priva de otros medios legales para obtener la tutela de los intereses que representa, irrogándole, de ese modo, el alegado gravamen irreparable.

En este sentido, el apelante se agravia porque el decreto de la Juez que intima al condenado Galli a que deposite la suma de cincuenta pesos ($50), en concepto de costas del proceso vulnera el concepto de unicidad de tasa judicial que se encuentra previsto en el art. 13 de la ley 327. Por ello, toda vez que la resolución impugnada implica una decisión sobre una disposición patrimonial del imputado, cabe afirmar que ésta le causa al recurrente el mentado perjuicio.

SEGUNDA CUESTIÓN:

La Juez resolvió con fecha 17 de marzo pasado intimar al imputado Galli al pago de cincuenta pesos ($50) en concepto de costas procesales dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de aplicarse una multa de veinte por ciento de la tasa omitida (art. 15 de la ley 327) La Defensa expresó que esa resolución, al intimar a su asistido para que abone la suma de cincuenta pesos en concepto de tasa, lo obliga a soportar una doble imputación tributaria en perjuicio de su patrimonio, toda vez que ese pago ya había sido satisfecho conforme se desprende de la boleta de depósito presentada en el juzgado con fecha 2 de marzo de 2006. Agregó que en la resolución puesta en crisis existe una confusión de conceptos entre lo que debe ser entendido como "costas" del proceso y "tasa de justicia", por cuanto ésta última forma parte de las costas. Así concluyó que conforme lo determina el art. 5 de la ley 327, el pago de tasa de justicia está a cargo del condenado, debiéndose imponer una sola vez y no doblemente como lo sostiene la sentencia (art. 13 de la ley 327).

Por su parte, la Sra. Fiscal de Cámara expresó que entre el concepto de "costas" y de "tasa de justicia" existe una relación de género a especie, ya que el primero comprende al segundo, e incluye los honorarios de los abogados, procuradores y peritos que hayan intervenido en el proceso, además de otros gastos que se hayan ocasionado a raíz del trámite de la causa. Por ello, expresó que a fs. 207, la Sra. Juez se refirió al pago de la tasa judicial y no al de las costas del proceso, ya que solo respecto de la tasa es posible aplicar una multa equivalente al 20 % de la tasa omitida. Así, entendió que habiendo sido satisfecha por uno de los condenados el monto total de la tasa exigible no corresponde intimar a Galli a su pago, sin perjuicio de derecho de repetir que contra él tenga el otro imputado.

Ahora bien, conforme lo establece el art.14 de la LPC y el art. 531 del CPPN las costas se imponen al condenado. Por su parte, el art. 533 del CPPN establece que dicho concepto comprende el pago de tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa.

En cuanto a la forma de distribución de su pago el art. 535 del CPPN expresa que cuando sean varios los condenados en costas el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil.

Así, se sostiene que la finalidad de esta norma es proteger el conocimiento de los condenados en cuanto al monto que deben abonar y en caso de que paguen todo debido a la solidaridad que sobre la deuda pesa, contra cuál de los coimputados deben repetir el cobro (Donna, Edgardo Alberto y Maiza, María Cecilia, "Código Procesal Penal comentado", ed. Astrea, 1994, Bs. As., pág. 630).

Del mismo modo se ha dicho que la sentencia de condena también debe expedirse sobre el pago de las costas procesales; en caso de condena de varios imputados por el mismo delito o por delitos conexos, se pronunciará condena al pago solidario de las costas procesales (Levene (h), Casanovas, Levene (n) y Hortel, "Código Procesal Penal comentado", ed. Depalma, 2ª edición actualizada, 1992, pág. 471).

De lo expuesto se colige, las costas comprenden todos los gastos causados por la sustanciación del proceso, debiendo recaer sobre la parte vencida. Así en caso de existir varios condenados, el pago debe ser proporcional e incluyen el pago de la tasa de justicia en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas (art. 13 de la ley 327).

Aclarado entonces que la tasa judicial es solo un componente de las costas del proceso, se advierte que la juez de grado al disponer que Galli no ha dado cumplimiento con el pago de las costas del proceso, cuantificadas en la suma de pesos cincuenta ($50), e intimarlo a dar cumplimiento a su pago, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de aplicarse una multa de veinte por ciento (20 %) de la tasa omitida (art. 15 de la ley 327)".

En atención a lo expuesto, habiéndose satisfecho el monto total de la tasa judicial por Juan Carlos Civitelli, conforme se desprende de la boleta de depósito obrante a fs. 190, corresponde revocar la resolución puesta en crisis. Ello, sin perjuicio de que -tal como lo sostiene la Fiscal de Cámara- Civitelli pueda exigir al condenado Galli la parte que a éste le hubiera correspondido abonar por ser solidariamente responsable, conforme lo dispone el art. 705 CC.

Por ello el Tribunal, RESUELVE:

Revocar la resolución de la Juez de grado obrante a fs. 207 en cuanto intima al condenado Juan Carlos Galli al pago de cincuenta pesos en concepto de tasa judicial, bajo apercibimiento de aplicarse una multa del veinte por ciento (20 %) de la tasa omitida (art. 13 de la ley 327).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mi:

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