Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-28


SENT Nº 1197 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Diciembre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por por el letrado Juan Carlos Barcat, apoderado del actor en autos: "Neder Ceferino Atilio vs. Donato Alvarez SRL y otro s/ Cobro (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado Juan Carlos Barcat, apoderado del actor en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción de fecha 29/11/2011 (y su correlativa del 15/02/2011) la que no hace lugar al recurso de revocatoria interpuesto por aquél en contra de la sentencia 15/02/2011.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia viola las normas de los arts. 14, 16, 17, 18 CN, art. 30 CP, arts. 15, 19, 38, 39, 41, 42 y ccdtes de Ley Nº 5.480 (actuales), arts. 34 y 264 procesal y Ley Nº 24.432.

Se agravia de que el juzgador haya soslayado la debida ponderación de las pautas dikelógicas para la determinación de la base regulatoria en virtud de lo cual los principios emergentes del actual art. 39 Ley Nº 5.480 siempre quedan subordinados a las normas constitucionales (afianzar la justicia, derecho a la propiedad, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, etc.) y a los valores (justicia, moderación, prudencia, equidad, razonabilidad, etc.) desde los que se deben enfocar los casos y la interpretación legal y que impiden la consagración del abuso de derecho, lo irracional, injusto, desmedido, intolerante o el apartamiento infundado de lo que la jurisprudencia ha resuelto en casos similares. Que eso es lo que ocurre en el caso cuando se confirma las inauditas bases regulatorias establecidas por la inferior en grado, persistiéndose en infringir en Cámara el art. 39 citado ya que se ratifica la triple regulación lo cual exime de mayores comentarios para demostrar la sinrazón de ello, con el agravante de confirmarse infundada y arbitrariamente regulaciones de honorarios a favor del letrado Martínez en contra de lo cual se agravia ya que ello infringe los arts. 38, 39, 41 y 42 ley arancelaria puesto que se trata de una pauta no prevista por la ley (se regula por la suma por la que no prospera la demanda, lo que es admitido por una aislada opinión doctrinaria violatoria además de los principios de razonabilidad y de igualdad ante la ley y de los derechos de propiedad y de defensa en juicio). Que ello se agrava si se considera que incluso de ser válida la regulación arancelaria por la suma por la que no prospera la demanda ello implicaba en forma previa la merituación y ponderación del trabajo profesional a la luz de las pautas del art. 15 LA, determinándose cuántas etapas fueron las efectivamente cumplidas, infringiéndose entonces el art. 30 CP y los artículos del CPCCT arriba citados.

Sostiene que debe tomarse una sola base regulatoria y solicita se reduzcan los emolumentos a sus justos límites. Que al establecerse tres bases regulatorias se ha vulnerado en perjuicio de su mandante la naturaleza solidaria de la obligación reclamada en la demanda pues conduciría al absurdo de suponer que en ella se han reclamado sumas individuales e iguales a cada demandado cuya sumatoria, adicionados a los intereses calculados por la juzgadora, da resultados exorbitantes como lo demuestra en operaciones que realiza.

Menciona que existe una aproximación de valores entre la suma por la que prospera y por la que no, la demanda. Que lo regulado a los letrados Martínez y Cruz, frente a lo regulado a su parte y al perito muestra la grotesca diferencia y excede con creces las bases regulatorias en cuestión contraviniendo toda la doctrina autoral y judicial. Cita doctrina en el sentido de que la base es una sola comprendiendo todos los intereses del litigio pero adecuando las regulaciones a la forma de imposición de costas. Que la base es el importe total resultante de la sumatoria de la parte por la que prospera la demanda y la parte por la que se rechaza. Que también la sentencia viola el tope del 25% de la Ley N° 24.432 resultando inexacta y desafortunada la errónea interpretación que la Cámara hace en orden al art. 1 de dicha ley.

Le agravia la regulación al Dr. Martínez que supera el 50% del monto por el que prospera la demanda sin valorar, además, las pautas del art. 15 LA. Lo mismo respecto a lo regulado al letrado Cruz en cuyo caso la magistrada de inferior instancia ni siquiera ha precisado con claridad el tanto por ciento de la escala del actual art. 38 LA que hubiera correspondido a cada uno y a todos los profesionales intervinientes, discriminando en los supuestos específicos en los que la demanda prosperó o fue rechazada lo cual torna nulo el pronunciamiento por violación al art. 30 CP y 19 LA local. Le agravia en este punto que se diga que no tiene relevancia la concurrencia a audiencias etc. o las etapas establecidas en el art. 42 LA debiéndose tener en cuenta el resultado del juicio y el monto reclamado en la demanda.

Finalmente se agravia de los honorarios regulados a la perito calígrafo por exceso a pesar de haber sido reducidos por la Cámara puesto que sigue considerando incausado y arbitrario atento a que su inoficioso informe no ha servido para la solución impresa al caso.

Le agravia que no se tenga en cuenta la posición económica y social de las partes, siendo la suya el de un modesto trabajador que a raíz de sus carencias económicas intervino con el beneficio para litigar sin gastos lo que debe ser tenido en cuenta siendo advertida esta circunstancia con anterioridad.

Formula doctrina legal, hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 11/4/2012 la Cámara declara admisible el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el examen de admisibilidad y procedencia del mismo.

IV.- La sentencia recurrida del 29/11/2011, centraliza los agravios expuestos en el recurso de revocatoria esencialmente consistentes en dos temas. Uno, referido a la base del cálculo que se toma a los efectos de la regulación de honorarios, la que considera el recurrente excesiva, debiéndose tomar una sola base y no tres como efectuó la sentencia y, dos, la referida a los honorarios regulados también excesivos, debiendo ser reducidos en el 25% de Ley Nº 24.432. Al respecto, considera que la sentencia no resulta arbitraria ni incongruente en razón de que en los considerandos de la misma se expresa clara y precisamente el porqué de la triple regulación (una base para el Dr. Martínez, como ganador, en cuanto la sentencia definitiva recepta la excepción de fondo incoada por su parte -Nolo SRL- rechazando la demanda; las otras bases se refieren al resultado del juicio, conforme prospera o no la demanda con respecto a la demandada Donato Álvarez) explicándose que si bien la base regulatoria es única no significa que la regulación se adopte en todos los casos sobre igual monto; que la misma ley arancelaria establece diferentes porcentuales para ganador o perdedor y que en el caso concreto de autos se han adoptado criterios diferentes como se consideró.

En cuanto a la segunda cuestión, la Cámara considera que el art. 1 de la Ley N° 24.432 dispone que "la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá de 25% del monto de la sentencia. Para el cómputo de porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas". Que así, en la sentencia de marras, a las partes ganadoras (Dr. Martínez por la totalidad y Dr. Cruz con respecto a la parte por la que no prospera la demanda) se le regularon los montos de $ 23.223,33 y $ 8.667 respectivamente, los que no llegan al 25% de la demanda ($ 136.206,66 y $ 113.012,80 en cada caso), por lo que la revocatoria debe desestimarse.

No hace lugar al recurso de revocatoria interpuesta por la parte actora. Impone las costas al vencido (art. 107 procesal).

Planteada aclaratoria de la sentencia se reforma la resolutiva de la misma según los términos obrantes a fs. 520 vta. disponiéndose no hacer lugar al recurso de revocatoria -art. 31 Ley Nº 5.480- interpuesto por el letrado Juan Carlos Barcat, como apoderado del actor, en contra de la sentencia de fecha 15 de febrero de 2011.

La sentencia de fecha 15/02/2011 en cuanto al recurso de apelación sostiene que le asiste razón al recurrente en cuanto considera que existe error en el cálculo efectuado al haberse adoptado un índice diferente al que correctamente correspondía. En cuanto a los demás agravios señala que los porcentajes aplicados en la sentencia atacada lo han sido en los mínimos establecidos en la ley arancelaria lo que surge de una operación aritmética básica y que atento a las constancias de autos resultan correctos y ajustados a derecho. Que con respecto a los honorarios del Dr. Martínez es correcta la regulación efectuada en primera instancia, salvo corrección de la base regulatoria, dado que dicho profesional ha actuado como letrado apoderado de Nolo S.R.L. quien resulta ganador del presente juicio por haber prosperado la excepción de falta de acción deducida por su parte y como consecuencia se rechazó la demanda interpuesta en su contra, por ende no tiene relevancia su concurrencia a audiencias, etc. o las etapas establecidas en el art. 42 Ley Nº 5.480 debiéndose tener en cuenta el resultado del mismo y el monto reclamado en la demanda. Que asimismo, respecto a los agravios referidos a la regulación efectuada a la Perito Maldonado surge la importancia de la pericial de la sentencia de fondo de fecha 11/02/2009 estimando el tribunal que la misma es correcta y dentro de los parámetros legales. Que en cuanto a la base regulatoria corresponde una nueva regulación atendiendo los montos estipulados, los que detalla, respetando los porcentajes del art. 38 Ley Nº 5.480 ya establecidos en la sentencia apelada.

Revoca la resolutiva del 10/6/2010 y regula al Dr. Martínez como letrado apoderado del codemandado, en el doble carácter, habiendo sido rechazada la demanda con respecto a la parte Nolo S.R.L. (11% más 55%) en la suma de $ 34.836; al Dr. Barcat, como ganador por su actuación en la primera etapa en doble carácter y las otras dos etapas como apoderado por el monto que procede la demanda, en la suma $ 7.518 y como perdedor en la suma por la que es rechazada en la de $ 4.890. Al Dr. Vega, como patrocinante del actor en dos etapas como ganador por el monto que progresa la demanda, en la suma de $ 6.834 y como perdedor en la suma por la que la demanda es rechazada en la suma de $ 4.445. Al Dr. Cruz apoderado del demandado, como perdedor en la suma que progresa la demanda, en $ 18.946 y como ganador en la suma que es rechazada, $ 8.667, a la perito Maldonado en la suma de $ 3.064. Impone las costas a la vencida por ser ley expresa.

V.- En orden a la admisibilidad de la vía impugnativa intentada, se advierte que el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, contra una sentencia definitiva, por quien se encuentra legitimado para ello, se basta a sí mismo y contiene una crítica razonada de los fundamentos del fallo. No resulta exigible el depósito judicial por haberse obtenido beneficio para litigar sin gastos. Encontrándose cumplida la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la vía impugnativa intentada, corresponde abordar en análisis de procedencia del recurso.

VI.- De la confrontación de la sentencia en embate con los términos del escrito recursivo se advierte que el recurso de casación prospera en forma parcial.

a) En efecto, en primer lugar cabe aclarar que, conforme surge de los términos de la demanda (fs. 6 y ss.), en autos se reclama tanto por cobro de pesos (pago de saldo deudor de contrato de locación de obra) y por daños y perjuicios. Cada uno de estos conceptos recibe una cuantificación diferente de acuerdo, precisamente, a las circunstancias que los originan. En el primer caso, la suma de $ 75.000 con más intereses, que es el monto por el que en definitiva procede la demanda toda vez que se ha acreditado que aquélla es la suma debida por el demandado Donato Álvarez S.R.L., al actor (ver sentencia de Iª Instancia de fs. 301 y ss.). En el segundo caso, se demanda por la cantidad de $ 89.431 (que junto a los $ 75.000 por cobro hacen el total reclamado de $ 164.431) por daños y perjuicios que la Sra. Jueza de Iª Instancia entiende no acreditados y por tanto rechaza la demanda por este concepto.

Así las cosas, lo que en verdad existe en este litigio es la acumulación de dos acciones diferentes: cobro de pesos (buscándose el pago del saldo deudor del precio pactado en el contrato) y daños y perjuicios. La primera prospera; la segunda, no. Ambas por el total reclamado. En este caso, "deben practicarse regulaciones separadas por cada acción y según sea el resultado de ellas" (Brito-Cardoso de Jantzon, "Honorarios de Abogados y Procuradores", comentario art. 40, pág. 220 -hoy 39-). "La solución correcta pasa por determinar honorarios por las dos acciones, cada una con su base, y los jueces deben ser cuidadosos en el modo de distribuir las costas según el resultado de cada acción, debiendo las partes estar alertas sobre el tema" (Ibidem, pág. 215). En autos, se impusieron las costas en relación al co-demandado Nolo S.R.L. totalmente a la vencida (la parte actora) y en relación al co-demandado Donato Alvarez, por el 50% a cada parte, tópico éste que quedó firme.

Lo expuesto en este punto debe tenerse muy en cuenta a la hora de la aplicación -argüida por el recurrente- de la Ley N° 24.432 y la reducción del 25% prevista en el art. 1 de la misma norma, sobre lo que volveremos infra.

b) De todos modos, y en punto a la regulación de honorarios, cabe observar que aun cuando la Cámara no efectuó la distinción de las acciones entabladas según se expuso en el punto a), lo cierto es que el resultado cuantitativo no varía sustancialmente por los particulares ribetes que adopta el presente caso.

En efecto, de un lado, no asiste razón al actor cuando se agravia por la existencia de tres bases regulatorias pues está claro que las sentencias de anteriores instancias tomaron solo una: la constituida por $ 164.431, monto reclamado en la demanda. Así, se reguló a cada letrado de parte, por la suma que prospera o no la demanda, y como ganador o perdedor según correspondiera. V.gr.: al letrado de la parte actora se le reguló como ganador sobre la suma de $ 75.000 (con más intereses) y como perdedor sobre la suma de $ 89.431 (con más intereses). Y así con cada uno de los letrados, según su representación en juicio y resultado obtenido (ver sentencia regulatoria de fs. 385/386 y su confirmatoria -modificando ésta sólo en punto a los montos pero no a los criterios de regulación- de fs. 424 y ss.).

Ahora bien, ocurre que en autos la demanda de cobro (por $ 75.000 más intereses) prosperó totalmente. Y la de daños y perjuicios ($ 89.431) fue improcedente también íntegramente. Es decir que aunque el tribunal de mérito no haya tomado dos bases regulatorias según las distintas acciones, en los hechos y dadas las particulares circunstancias de este caso, los montos que constituían la base regulatoria de cada una de ellas fueron tenidos en cuenta al momento de la regulación de honorarios: como ganador (la actora, por la primera suma como perdedor la demandada) y como perdedor (la actora, por la segunda suma y como ganador la demandada). Así entonces, los montos tomados como ganador y perdedor corresponde al resultado de la sumatoria del monto de las acciones de daños y perjuicios y de la de cobro. Esta suma total fue dividida en los montos exactos por el que prospera la acción de cobro (íntegramente) y no prospera la acción de daños y perjuicios (íntegramente). Siendo así, los resultados han sido coincidentemente idénticos.

En otras palabras: El monto del juicio -la base regulatoria- está constituido por el total de la pretensión y esto, en ambos casos (cobro y daños y perjuicios). Aún de suponerse como se ha hecho hasta aquí, que la base regulatoria sea la única de $ 164.431, la fragmentación que hacen los jueces de anteriores instancias en el sentido de dividir aquélla parte por la que prospera y por la que no prospera (aplicándose al parecer las pautas del juicio de daños y perjuicios con procedencia parcial de rubros), no resultaría en lo concreto incorrecta toda vez que la acción por cobro prosperó en su totalidad y la de daños y perjuicios se rechazó también en su totalidad. Como bien lo reconoce el recurrente la base regulatoria es el importe total resultante de la sumatoria de la parte por la que prospera la demanda y la parte por la que se rechaza. Lo propuesto y decidido en la sentencia es ese total, y el mismo fue objeto de la labor profesional de los letrados (Brito-Cardoso de Jantzon, op.cit., pág. 210).

En este sentido, y de acuerdo a las consideraciones antes expuesta, no cabe casar la sentencia pues el resultado regulatorio -más allá de los argumentos del fallo impugnado- es susceptible de confirmación.

c) En cuanto a los porcentajes aplicados y las consideraciones de la importancia de la labor profesional y demás pautas que prevé el art. 15 LA, nada toca a esta Corte expresar desde que se trata de una cuestión fáctica, reservada al mérito de los magistrados de anteriores instancias, no habiéndose acreditado arbitrariedad en su aplicación.

En numerosos precedentes se ha dicho que "esta Corte Suprema no puede rever la decisión de la alzada acerca de los trabajos profesionales de los letrados que patrocinaron a la parte actora y a la demandada, toda vez que la ponderación de las pautas dadas por el art. 16 -inc. b) a k) aplicables en la especie (hoy art. 15)- constituye una cuestión fáctica ajena al ámbito casatorio, excepto que se alegue y pruebe una manifiesta arbitrariedad en el tribunal a quo, lo que no acontece en el sub judice. En definitiva, la ponderación de la labor profesional a los efectos de la regulación de honorarios, constituye una cuestión de hecho, reservada a los jueces de mérito, extraña al ámbito recursivo casatorio, el cual es reservado exclusivamente para la corrección jurídica del fallo impugnado a través del control de legalidad. La Ley Nº 5.480 deja librado al arbitrio del juzgador la determinación de los honorarios, con base en las pautas que precisa el art. 16 (hoy art.15), y la aplicación de tales pautas de hecho es privativa de los tribunales de grado, no siendo en principio susceptibles del recurso de casación al no encuadrarse en lo dispuesto en el art. 815 (hoy art. 750) CPCC, como uniforme y reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal" (cfr: CSJT, sentencias Nº 663/2002; Nº 55/2001; Nº 305/99; Nº 276/98, etc.).

Por lo demás, la Cámara ha indicado que los porcentajes que se han adoptado, como surge de una simple operación aritmética, han sido los inferiores del rango legal y este argumento ha sido dejado sin embate por parte del recurrente.

d) En cuanto a que no puede proceder regulaciones por separado según los representantes de cada una de las sociedades codemandadas, tampoco asiste razón al recurrente toda vez que se trata sin duda de un consorcio facultativo pasivo sobre el que se ha dicho que ".esta unicidad formal no impide distintos contenidos de la resolución respecto de cada uno de los litis consortes facultativos, respecto de los cuales puede admitirse o rechazarse la demanda independientemente; la sentencia final en caso de litis consorcio alcanzará a quienes lo constituyen, pero no necesariamente el sentido de ese pronunciamiento será igual para todos. El fallo constituirá un solo documento, pero contendrá tantas sentencias cuantos sean los litis-consortes" ("Procesos con sujetos múltiples"-Hernán Martínez- Ed. La Rocca- 1987- págs. 64/65). En el caso de litisconsorcio, dice el art. 13 LA que los honorarios de los profesionales de cada una de las partes se regularán de acuerdo al interés de cada litisconsorte.

Sobre esta premisa cabe rechazar este agravio vinculado a la regulación efectuada al Dr. Martínez en tanto abogado de Nolo S.R.L.. Ello así porque, en primer lugar, esta sociedad ha sido demandada por el total del monto de cada acción (cobro y daños y perjuicios) por lo que no resulta errado regulársele honorarios por los montos de cada una de ellas y como vencedora al haber prosperado la excepción de falta de acción en ambos casos. "La regulación de honorarios de cada uno de los profesionales que han defendido a varias personas demandadas como deudores solidarios, a todos los cuales se les ha reclamado la totalidad de la deuda, se liquida sobre la base del valor total del crédito, pues ese es el interés económico defendido por cada profesional. Esa cantidad representa en efecto el valor total de la obligación que eventualmente hubiese debido satisfacer cada demandado en caso de prosperar la demanda" (Brito-Cardoso de Jantzon, op.cit., pág. 60).

e) A distinto resultado se llega si consideramos el restante agravio, también vinculado a la regulación al letrado de Nolo S.R.L. referido a la falta de consideración de las etapas cumplidas en juicio. En efecto, si atendemos a éstas, se advierte, de un análisis de las constancias de autos, que la actuación del Dr. Martínez lo fue al momento de oponer excepción de falta de acción y luego al presentar alegato de bien probado. Siendo así, no puede, sin violación al art. 41 Ley Arancelaria, regulársele por el total de las etapas cumplidas. En este sentido es incorrecto lo expresado por la Cámara al decir que: ".no tiene relevancia.las etapas establecidas en el art. 42 de la Ley Nº 5.480, debiéndose tener en cuenta el resultado del mismo y el monto reclamado en la demanda" (sic fs. 424 vta.).

Esta Corte tiene dicho que "la división de los procesos en etapas es uno de los aspectos que deben computarse para la regulación de los honorarios (art. 41 Ley N° 5.480)" (CSJT, sentencia N° 665/2011). "Debe puntualizarse que a cada profesional, se le regula por la o las etapas en que actuó, de modo que aún cuando el proceso hubiera alcanzado las tres etapas, si solo desarrolló su labor en relación a dos, la regulación debe limitarse a las mismas". "Dentro del sistema de la ley arancelaria, es parámetro esencial a los fines regulatorios, además del monto del proceso, las etapas en que la misma divide los distintos procesos según su naturaleza, y si ello es así, evidentemente deben tenerse en cuenta las etapas cumplidas por el profesional en su actuación a los fines de fijar sus honorarios" (sic Brito-Cardoso de Jantzon, op.cit., págs. 257 y 253/4 respectivamente).

La excepción de falta de acción se meritúa en definitiva. La cuestión no fue de puro derecho (por otra parte, tiene dicho esta Corte que aún siendo así cabe regular por etapas -ver sentencias Nº 479/2004; Nº 665/2011-) por lo que el letrado del codemandado Nolo S.R.L. pudo intervenir en las otras restantes, haciéndolo en cambio, luego de la presentación de aquella excepción, sólo al presentar alegato de bien probado.

Ello entonces, al no respetarse el art. 41 LA local, debe procederse a anular la regulación efectuada conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe tenerse en cuenta las etapas cumplidas por el profesional en su actuación a los fines de fijar sus honorarios", debiendo volver en este punto los autos al tribunal interviniente a fin de que proceda a regular honorarios a este letrado profesional según lo aquí expuesto.

f) Por último, en cuanto a la aplicación del art. 1 de la Ley Nº 24.432 se aclara en primer lugar, que la CSJN ha expresado que el art. 505, último párrafo, del Código Civil no contiene ninguna limitación con respecto al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas ("Matías Valentín Villalba c. Pimentel, José y otros s/ Accidente, Ley Nº 9.688", 27/5/2009 La Ley Online; "Brambilla, Miguel Angel", 19/05/2009, DJ 29/7/2009, 2075 - Sup. Doctrina Judicial Procesal 2009 (octubre), 132).

A su turno, se ha dicho que "frente al rechazo total de uno de los rubros reclamados o de la demanda, el art. 1º de la Ley Nº 24.432 es inaplicable, pues no existe un monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, ni hay incumplimiento de la obligación que deriva en litigio, pues la sentencia la declaró inexistente" (cfr: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, "Domínguez, Francisco J. c. Moreno, Elías V. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales", 17/4/1997).

Más allá de que siempre existe un monto que puede atribuirse a la sentencia, lo cierto es que en el presente caso, y en relación al abogado de Nolo S.R.L. no puede aplicarse el art. 1 de la Ley N° 24.432 por cuanto al prosperar la excepción de falta de acción está claro que respecto de esta sociedad no existe el incumplimiento de obligación que se invoca en la demanda como fundamento de la pretensión. La obligación de Nolo frente al actor fue inexistente según emerge del resultado de la defensa planteada. No se dan, por ende, los presupuestos de aplicación de la normativa mentada.

A ello se agrega que la sentencia que resuelve la revocatoria impetrada por el recurrente ha dado razones (también numéricas) para entender que en el caso de ninguno de los codemandados se llega a superar el monto del 25% previsto en aquella normativa. El recurrente se limita a indicar dogmáticamente que "es harto evidente" que la Cámara "ha infringido también la Ley Nº 24.432 al haber excedido el tope del 25% marcado por dicho ordenamiento legal, resultando absolutamente inexacta y desafortunada la errónea interpretación" en que la Cámara incurre en orden al art. 1 de dicha ley. El impugnante nada más dice de esta norma, dejando sin embate los claros conceptos sentenciales en este sentido y olvidando, al parecer, que las costas le han sido impuestas en un 50% y no en un total respecto del co-demanado Donato Alvarez. Este tema, por lo demás, referido a la distribución de las costas, ha quedado firme por lo que no puede volver a tratarse.

Ha dicho reiteradamente esta Corte Suprema de Justicia que no basta sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio. En el caso, la crítica se asienta en la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, sin explicar en forma acabada las razones por las que a su entender tal decisión no es acertada. Y sucede que si el impugnante no seleccionó del discurso del magistrado el argumento que constituye estrictamente la idea dirimente que forma la base lógica de la decisión, y no demostró por tanto su desacierto, este tribunal no puede suplir su actividad crítica, ni buscar agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado. Debe tenerse presente que para que un recurso pueda ser calificado y valorado como tal, debe resultar autosuficiente y contener una crítica razonada y concreta de los criterios o fundamentos de la sentencia. Sucede que si se aduce que la sentencia es cuestionada por desacertada y los agravios no demuestran el desacierto, no se avizora como podría lograrse la revisión de aquélla, sino supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que legalmente le está vedado a este alto tribunal local.

De conformidad a las razones precedentemente expuestas, se comprueba que los agravios formulados por el recurrente incumplen de modo manifiesto, el recaudo de suficiencia impuesto en el art. 751 del CPCCT. Los fundamentos recursivos no autorizan a descalificar lógica, ni jurídicamente a la sentencia como acto jurisdiccional válido en el punto y ello justifica la desestimación del remedio interpuesto (cfr.: CSJT, sentencia N° 649/2007).

VII.- Las costas del recurso casatorio se imponen al recurrente vencido respecto a su relación con la co-demandada Donato Alvarez S.R.L. y por su orden respecto de Nolo S.R.L. conforme lo considerado en los puntos anteriores de esta sentencia (arts. 105 y 105 inc. 1° CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva y definitividad de la sentencia recurrida, y en cuanto al depósito de ley, el recaudo no resulta exigible, pues la parte actora goza del beneficio para litigar sin gastos.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad, y el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia Nº 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia Nº 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia Nº 997 del 17/12/2010).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252 del 11/5/2011).

III.- Con respecto al agravio referido a la aplicación de la Ley Nº 24.432, examinado en el Considerando VI, apartado f) del voto del señor vocal preopinante, como correctamente lo pone en evidencia aquél voto (al que también adhiero en ese aspecto, sin necesidad de ingresar al estudio de las restantes cuestiones que allí se abordan), estimo que el agravio debe desestimarse, por insuficiencia técnica en su formulación, de conformidad con la doctrina sentada en la sentencia N° 649/2007 de este Tribunal que allí se cita.

Con relación al juicio de procedencia de los restantes agravios, y a la imposición de costas, adhiero íntegramente al prolijo examen contenido en los Considerando VI, apartados a), b), c), d), y e), y VII del voto del señor vocal preopinante.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por el letrado Juan Carlos Barcat, apoderado del actor en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción de fecha 29/11/2011, y en consecuencia CASAR Y ANULAR PARCIALMENTE la misma, conforme a la doctrina legal enunciada, debiendo volver los autos al tribunal interviniente a los efectos de que por intermedio de quien corresponda proceda a regular nuevamente honorarios a los abogados de la firma Nolo S.R.L. tal como se considera.

II.-COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.