marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ ENRIQUE JOSE c/ GOTTI VICTORIO Y GOTTI  S.A.C.C.F.I.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-03

El plazo de caducidad de la instancia de apelación nace con la concesión del recurso respectivo y la falta de notificación de este auto no es óbice para que se produzca la caducidad si no existió actividad por las partes, que es lo que significa la deserción de la instancia.
Costas, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-19

Si bien en principio no corresponde la declaración de admisibilidad cuando el mismo trata exclusivamente sobre costas, la excepción es si lo que se discute es la calidad de vencido o vencedor, es decir si el fallo aplica las costas al real vencido en juicio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, remisión del expediente, cuestión federal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Santángelo, José María s/ defraudación por administración fraudulenta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La omisión del tribunal de última instancia designado por las leyes 48 o 4055 de pronunciarse sobre la cuestión federal involucrada -derecho a ser juzgado en un plazo razonable-, constituye un obstáculo para que la Corte Suprema pueda ejercer correctamente su competencia apelada, por lo que corresponde reenviar la causa para que el tribunal a quo trate el punto federal en cuestión (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, cuestión no constitucional, prueba, imputado, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-04

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues si bien el Fiscal de Cámaras tacha al decisorio de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, por incurrir en afirmaciones dogmáticas y cuestionar la ponderación del material probatorio efectuada por los Sentenciantes -en especial de los diversos informes médicos que fueron producidos en la causa y de la autopsia de la víctima-, no alcanza a demostrar que las apreciaciones efectuadas por la Alzada contraríen las reglas de la sana crítica, ya que el Tribunal a quo ofreció una adecuada y razonable argumentación para sostener su decisión de absolver al imputado y cada uno de los integrantes de la Cámara expuso el porqué, a su criterio, las pruebas reunidas durante la investigación resultaban insuficientes para alcanzar el grado convictivo de certeza que exige el artículo 18 de la Constitución Nacional para desvirtuar la presunción de inocencia de que gozan todos los habitantes de la Nación.
Suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos, escribanos públicos, escribano de registro
Materia: PENAL
Carátula: Feijoo, Ariel y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-04

Más allá de si corresponde o no asignar al escribano de registro la calidad jurídica de funcionario público, una interpretación armónica y teleológica de las normas y principios en juego, conduce a concluir que el art. 76 bis séptimo párrafo C.P. sólo exceptúa del ámbito de la suspensión del juicio a prueba a los ilícitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, y no a quienes no revistan esa calidad, ya que lo contrario constituiría una interpretación in malam partem que pone en jaque la incolumidad del principio de legalidad contenido en los arts. 18 C.N. y 9 CADH. La disidencia señaló que el escribano de registro reviste el carácter de funcionario público, según lo establece la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Dres. Diez Ojeda, Hornos -en disidencia-, González Palazzo).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CARLOS ALBERTO PAILLAS s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Si el ente previsional reconoció el derecho al cómputo de los servicios docentes profesionales, resolución que estaba firme, incurre en una REFORMATIO IN PEJUS y debe ser dejada sin efecto, la sentencia que resuelve que los servicios autónomos deben ser excluidos del cómputo a fin de determinar el monto del haber respectivo.
Subrogancia del juez, Consejo de la Magistratura
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-04

El artículo 1° in fine de la ley 27.145 en cuanto habilita el mecanismo de designación de jueces subrogantes para tribunales que, a pesar de haber sido creados y cumplir con las demás condiciones allí previstas, no se encuentren en funcionamiento ni hayan sido habilitados para ello -más allá de las objeciones constitucionales que merece el sistema en sí mismo- desnaturaliza el instituto al punto tal que no puede hablarse propiamente de subrogancia, pues no se dan sus presupuestos esenciales.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: BTESH, José c/ FERROCARRILES ARGENTINOS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia (art. 1113, primera parte, Código Civil). Es esencial, entonces, para que aparezca esta responsabilidad refleja o indirecta, que el agente obre una actividad por cuenta ajena. Lo que justifica, en tal caso, la obligación de indemnizar que pesa sobre otra persona distinta que el agente, es que ella ha prolongado su propia acción mediante la implementación de la actividad ajena para sus propios fines. Justo es, en consecuencia, que reuniéndose las demás consecuencias legales, cargue el principal, para cuyo interés se ha practicado el acto que resultó dañoso, con la reparación del perjuicio causado. Al respecto, es indiferente que la función por cuenta de otro se practique en razón de un contrato, o de una situación fáctica o de cortesía, que la misma sea remunerada o no, permanente o temporaria.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Bicerne, Angel José c/ Y.P.F. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el reclamo del actor de indemnización por enfermedad accidente, prescindiendo de circunstancias debidamente acreditadas en la causa y tergiversando el alcance de otras constancias que de ella surgen, todas conducentes para la decisión de la litis.
Doctrina de la real malicia, daño moral, daños punitivos, monto de la indemnización, derecho comparado, prensa, libertad de prensa, dolo, culpa grave, prueba, carga de la prueba, igualdad ante la ley, Comunicaciones, funcionarios públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

Con la aplicación de la doctrina de la real malicia, el ofendido tiene la carga de acreditar que el ofensor conocía la falsedad de la información, o que hubo despreocupación en verificar su exactitud, o que hubo dolo o culpa en su accionar, prueba casi imposible en su concreción, que bien podríamos calificar de diabólica. Además se considera que lesiona el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), al colocar a los medios de comunicación en una situación de privilegio cuando han ofendido el honor de un funcionario u hombre público y consecuentemente éste resulta a todas luces afectado por una discriminación. En tal sentido, resulta pertinente reiterar lo dicho en "FRARE", en cuanto a lo inadecuado de importar una doctrina o legislación aplicada o dictada en un contexto social totalmente distinto. En Estados Unidos, la doctrina de la real malicia, coexiste, en materia de responsabilidad civil y con referencia a los medios de difusión, con la doctrina de los "daños punitivos", según la cual el monto de una condena cuando se trata de reparar un agravio moral, no guarda relación directa con la magnitud del perjuicio ocasionado y puede alcanzar sumas millonarias, cuando se pretende dar a la sentencia el carácter de ejemplificadora. En el caso "New York Times vs.Sullivan", el medio de difusión fue condenado a pagar la suma de 500 mil dólares y afrontaba juicios por la misma causa que triplicaban dicha condena, lo que explica el voto pronunciado por el Juez Brennan sobre el cual sentó postura la mayoría diciendo que "el temor a las indemnizaciones por daños y perjuicios puede ser mucho más inhibitorio que el temor a ser procesado bajo una ley penal", y precisamente el tope máximo previsto por la ley penal del Estado de Alabama era de 500 dólares. Además en el proceso de reparación civil norteamericano, existe un período de exposición de las pruebas, "discovery period", que es una etapa judicial preliminar, donde ambas partes se encuentran obligadas a aportar elementos de prueba, situación esta que contrasta totalmente con la actitud pasiva que el demandado puede observar en materia probatoria en nuestro proceso civil.
Derecho laboral, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: González María Victoria c/ La Rotonda Combustibles S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

No está corroborado que la demandada haya estado representada en el sector empresario que suscribió el convenio 384/03, ya que el sector empresario que lo suscribió (gastronómicos y hoteleros) no representaba en modo alguno a empresas dedicadas a explotar estaciones de servicios en las cuales se expenden hidrocarburos, ni está probado que hubiera ejercido de modo implícito o explícito tal representación. Es cierto que un convenio colectivo tiene efecto erga omnes, pero sólo con relación a los trabajadores y empleadores que hayan estado representados en la celebración de dicho convenio (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Recurso de inaplicabilidad de ley, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Tramontin, Juan Antonio s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-03-30

En los recursos extraordinarios debe señalarse con precisión en que forma y cómo una resolución violenta la Constitución, ya que si otro fuera el criterio, casi todas las sentencias tendrían posibilidad de acceder a esta instancia extraordinaria, ya que prácticamente no existe derecho que no tenga su protección y por tanto todo deudor podría invocar que se vulnera su derecho de propiedad, todo acreedor al que no se le satisfaciera en su totalidad su reclamo podría hacer lo propio, todo condenado invocar el derecho a la libertad.
Prescripción, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Villegas, Héctor c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Enfermedad accidente Miño, Ramón c/ Loma Negra C.I.A.S.A s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06|1988-12-13

La "determinación de la incapacidad" a que se refiere el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo no importa la técnica y precisa graduación del déficit laborativo que padezca el trabajador para computarlo como punto de partida del plazo de prescripción, sino que aquélla coincide con el conocimiento por parte del operario de la disminución de su capacidad de trabajo, independientemente de su grado o porcentaje, circunstancia a fijarse judicialmente.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO c/ RUBEN ANTONIO IBAÑEZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-30

La pasividad o aquiescencia de quien vendiera un automotor frente a la posesión del beneficiario de la misma, constituye un permanente reconocimiento tácito del derecho de éste, que interrumpe la prescripción de su obligación de transferencia o de requerimiento de actos que conlleven a la misma.
Regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: APESTEGUI, HECTOR DANIEL c/ MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-20

El presente recurso debe ser declarado procedente desde que constituye una arbitraria denegación de justicia privar al recurrente de la instancia revisora legalmente prevista por no haber éste presentado el memorial a que alude el inciso d) del artículo 28 de la ley arancelaria, prácticamente asimilando la hipótesis de declararse desierto un recurso con el supuesto de rechazo del mismo.

Es que la letra de la ley señala genéricamente el carácter facultativo del aludido criterio, mientras que la interpretación asumida por el A quo le establece -con idéntica extensión- carácter obligatorio, marginando el decisorio que lo que se apela en subsidio no es la eventual resolución desestimatoria de la revocatoria, sino la primitiva decisión, por lo que bastan los agravios vertidos originariamente contra la regulación de honorarios para que la alzada conozca la razón del disenso -y con ello el límite del recurso.
Prisión perpetua, disminución de la pena, libertad condicional, extinción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/ robo con armas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

Debe dejarse sin efecto la sentencia que transformó la pena de prisión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado en una pena temporal, que inexorablemente habría de agotarse a los veinticinco años, dado que en el fallo recurrido se advierte una manifiesta prescindencia del régimen previsto por las disposiciones legales sobre libertad condicional aplicadas al caso -régimen anterior a la ley 25.892-. Asimismo el tribunal a quo concedió al condenado, contra legem, el derecho a que transcurrido el tiempo indicado se dé por extinguida la pena, cualquiera sea el comportamiento intramuros o el pronóstico de reinserción social, cercenando la facultad de los jueces de revocar el beneficio en caso de comisión de un nuevo delito durante el período de la condicionalidad.
Administración Pública, juegos de azar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DARROL S.A. c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, IAFAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-10

La actividad del juego de azar se eleva a actividad estatal porque hay intereses públicos que obligan a la intervención del poder administrador bajo un régimen especial administrativo.
Cuota alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: Z., M. A. S. en nombre y representación de su hija menor de edad c/ R., A. E. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-05

El carácter subsidiario de la obligación alimentaria derivada del parentesco tiene impacto en la autonomía de la cuota que corresponde a los abuelos, en cuanto a su extensión, pues aunque se atiendan las pautas fijadas en el art. 541 CCC, ello no implica que deba ser idéntica a la que les corresponde a los progenitores respecto del menor (principales obligados), o deba trasladarse el peso de la obligación alimentaria de los progenitores sobre los abuelos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: García, Sergio Aníbal c/  s/ defraudación especial por otorgamiento de contrato simulado, etc.-apelación sentencia condenatoria -revisión horizontal-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-10

Del análisis de la resolución cuestionada se advierte que la decisión atacada luce con fundamentos suficientes, por cuanto los Magistrados expusieron las razones a partir de las cuales entendían que no correspondía reconocer la apelación horizontal a la parte querellante -por tratarse de una herramienta creada para garantizar el derecho al doble conforme cuando en segunda instancia se agrava la situación del imputado- citando, incluso, en apoyo de la solución propuesta, la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal sobre el punto; y frente a esta argumentación del A quo, la impugnante insiste con la interpretación que a su juicio se impone en el caso -reiterando que no habría operado la prescripción de la acción penal-, mas sin acreditar que la conclusión a la que se arribara desborde el marco de posibilidades exegéticas de las normas en juego con arreglo a las constancias de la causa, por lo que sus cuestionamientos revelan tan sólo una discrepancia con una materia que -por regla- no puede erigirse en objeto de revisión en esta instancia, salvo hipótesis de arbitrariedad, cuya concurrencia no ha sido demostrada en la especie.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, derecho interno, jerarquía de las leyes
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La tesis que descarta eventuales obstáculos que puedan representar las normas del derecho interno para la investigación y sanción de delitos de esta naturaleza, reside justamente en la supremacía de los valores que conculcan los crímenes de lesa humanidad, que forman parte del ius cogens. En este sentido, la situación de tensión entre las leyes 23.492, 23.521 y 25.778 y el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede fundarse en estrictas consideraciones de temporalidad, sino antes bien estableciendo un justo orden de prelaciones entre los valores comprometidos en el caso. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell).
Concursos, privilegios (comercial), acreedor laboral, patrocinante, honorarios del abogado, pronto pago
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: MARVIPLAST S.A. s/ CONC.  PREV. S/ INC. DE PRONTO PAGO POR SANCHEZ DE BUSTAMANTE TEODORO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Conforme lo normado por la ley 24522: 16, resulta improcedente disponer el pronto pago de los honorarios profesionales devengados por la asistencia letrada del trabajador, toda vez que los mismos no se hallan incluidos en la normativa de referencia.
Entidades financieras, mercado cambiario, tipo de cambio, circulares del Banco Central
Materia: ECONOMIA
Carátula: Nidera Argentina S.A. c/ E.N. (B.C.R.A.) s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Toda vez que no ha negado la demandada la vigencia de la comunicación "A" 1583 para las operaciones de cobros y pagos que se cursen a través de convenios de pagos y créditos recíprocos (art.

2.2), serán de aplicación los tipos de cambio que registre al Banco de la Nación Argentina, a las 9 horas del día de concertación, los que serán retransmitidos de inmediato por la Mesa de Operadores de Cambio del B.C.R.A. a las entidades y corredores de cambio (art.

2.2.1.).
Acción civil en el proceso penal, indemnización, depreciación monetaria, intereses, cómputo de intereses, interés simple (civil)
Materia: PENAL
Carátula: CASAL, F. E. s/ INDEMNIZACION    -    DESVALORIZACION  MONEDA  -  COMPUTO  -  INTERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-02-02

I.-Es improcedente tomar como hito del juicio de revalorización cualquier data que proceda a la del fallo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

II.-La actualización del importe de una condena establecido por sentencia firme no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada pues lo que se busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del fallo sino la solución real prevista por el Juez a través del mismo.

III.-Si se resuelve indexar la deuda, el interés no puede ser el ordinario de plaza sino el puro. Lo contrario comportaría consagrar un enriquecimiento sin causa.

IV.-Los módulos o indicadores económicos solo constituyen uno de los elementos a que ha de acudir el prudente arbitrio judicial para corregir el demérito del numerario.
Daños y perjuicios, daño moral, contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, contenido de la caja de seguridad, hurto
Materia: COMERCIAL
Carátula: SVERDIN, RAQUEL Y OTRO c/ BANCO CAJA DE AHORRO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-25

En una acción en la que se persigue el resarcimiento del daño moral sufrido como consecuencia de la sustracción de joyas y dinero de una caja de seguridad, resulta improcedente que el banco defendido pretenda eximir su responsabilidad alegando, -como en el caso-, que no existieron pruebas que demostraran el mentado daño, toda vez que en el contrato de caja de seguridad hay una "especial confianza" que pone el cliente en la segura custodia de la entidad. A mayor confianza y seguridad que tiene el accionante, mayor es la defraudación moral que, razonablemente, pudo sentir.

(En la especie, se otorgo la suma de $15000, tomándose en cuenta el valor afectivo que el reclamante tenia con los objetos robados, la afección de su vida social, y los problemas familiares que el hecho desencadeno).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, caducidad de instancia, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Almirón,  Silvia  Beatriz c/ Sanatorio Municipal Julio Méndez y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

Ante la declaración de inadmisibilidad del remedio federal, únicamente con la interposición del recurso de queja tiene lugar el nacimiento de un trámite que puede afectar la estabilidad de la sentencia dictada y el derecho por ella declarado, y se justifica, por ese motivo, declarar la caducidad de la instancia para poner término a la pretensión por no haber activado el curso de la queja.
Suministro de energía eléctrica, acceso a la justicia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: N. F. E.  c/ Ente Provincial de Energía del Neuquén  s/ incidente de apelación (art. 250 c.p.c.c.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-01

El operador jurídico debe tener presente que la persona perteneciente a un grupo vulnerable puede encontrarse con obstáculos que otros no encontrarían en las mismas circunstancias. Pero derribar esas barreras y permitirle un acceso a la justicia irrestricto y en igualdad de condiciones no implica tomar una posición de inicio favorable a la peticionante, sin requerirle más pruebas que el certificado de discapacidad. Los requisitos para despachar la medida cautelar no varían por ello. La a-quo confunde el criterio con el que debe analizar la petición con los requisitos para despacharla. La discapacidad de la accionante no equivale a verosimilitud del derecho.