marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, diferimiento de impuestos, entes autárquicos, Banco Nacional de Desarrollo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ B. Caballero y Cía.  S.A.C.I.F. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

Habida cuenta de que el diferimiento del pago de la tasa para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, comporta el otorgamiento de un beneficio que - en los términos de la Acordada 66/90 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -, se encuentra previsto en favor de la Nación y también de sus entes autárquicos resulta admisible la pretensión del Banco Nacional de Desarrollo que, reviste naturaleza jurídica de una entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa y, en tal carácter, integra el sistema bancario oficial.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villalba, Jonathan Fidel. c/  s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

La decisión que suspende el juicio a prueba a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal no tiene el mismo alcance o efecto para éste que las consecuencias que proyectaría aquella otra decisión que no hace lugar a la probation a pesar de la intención del imputado de acogerse a ese beneficio porque, en un caso, se le impide la continuación del trámite procesal de acuerdo a su discrecionalidad técnica al funcionario encargado de llevar adelante e impulsar aquel trámite, mientras que, en el otro, el proceso continúa de acuerdo con los cauces normales propios de cualquier juicio penal y hasta su terminación (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Confirmación de sentencia, personal policial, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. A. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "G., C. A. s/prescripción" (Causa N° 47.091/2018) resuelta el 17/7/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron el auto del juez de la instancia de origen que declaró activa la acción penal seguida a un imputado, quien fue funcionario policial y se le endilgó, en el marco de un allanamiento, haber perpetrado un suceso delictivo.
Matrimonio, obligación alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.P.J. c/ P.P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

En cumplimiento del deber de asistencia bien puede suceder que corresponda a la esposa correr con dicho imperativo por imposibilidad del marido de subvenir al sustento de ambos. En consecuencia, para exonerarse del mismo, aquella debe probar que no tiene medios o forma de aportarlos, ni siquiera para suministrar los alimentos de "toda necesidad" (art.80 ley 2393). A esa solución se llega frente al principio de igualdad jurídica del hombre y de la mujer en el goce de los derechos civiles.-
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Claudia Graciela c/ Empresa Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA) s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

Para que la causal exonerativa como supuesto particular de caso fortuito exima a la empresa transportista de responsabilidad (art. 184 del Código de Comercio) debe ser de naturaleza tal que tenga los caracteres de suceso inevitable e imprevisible. Esta probado que la actora que viajaba en el asiento de la ventanilla del tren sufrió un fuerte golpe en el rostro por una piedra que ingresó desde el exterior, quedando inconsciente y ensangrentada, pero no hay otros elementos acreditados para precisar la causa eficiente del envío de la piedra. En efecto, aunque se pueda establecer con casi certeza que fue la mano humana, no hay investigación y determinación de la individualidad de la persona, de su intención y del lugar donde se impulsó la piedra. Ergo no está probado que la piedra fue lanzada por un tercero ajeno a la empresa ferroviaria y menos aún que la misma hubiera sido impulsada de lugar ajeno al control o jurisdicción de la empresa (arts. 375, 384 del C.P.C.C).
Testigos, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: C., L.A. c/ Q., A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-11

La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

La representación senatorial establecida por la Constitución Nacional confiere a la Ciudad de Buenos Aires el carácter de ente federado. (Disidencia del Dr. E. Raúul Zaffaroni)
Vacaciones, licencias especiales, remuneración, liquidación extrajudicial, aumento salarial, inflación
Materia: LABORAL
Carátula: PADIN, ALFREDO c/ ELMA  S.A. s/ DIF. SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

El método previsto por los arts. 155 y 208 LCT a los fines de la liquidación de licencias y vacaciones tienden a homogeneizar los valores de las retribuciones variables del lapso anterior a dicho cálculo, mediante el recurso de los promedios, porque su presupuesto constituye la observación de que los valores se modifican al compás de los aumentos nominales de salarios con los que se procura responder a los procesos inflacionarios. Pero esto no implica que los valores tenidos en cuenta para promediar, deban ser actualizados pues no hay norma vigente que así lo determine.
Competencia, Registro Público de Comercio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco del Iber S.A.. c/ Alejandro Ríos Construcciones S.R.L. y otros. s/ Incidente de Nulidad. Banco del Iberá S.A.. c/ Alejandro Ríos Construcciones S.R.L. y otros. s/ Incidente de Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-07-15|1993-07-15

La función de la faz jurisdiccional del Registro Público de Comercio se limita al control de exactitud y legalidad de la inscripción de los asientos, tal como lo confiere el ordenamiento legal vigente, careciendo así de facultades para las demás cuestiones. Este control de legalidad formal consiste en la determinación de los recaudos de admisibilidad de la registración peticionada, tales como, si el registro tiene competencia territorial para practicar la inscripción requerida; si se trata de un documento, acto o hecho que legalmente deba o pueda inscribirse, si quien solicita la inscripción tiene legitimación y capacidad (de hecho o de derecho), y si el documento o acto cuenta con todos los recaudos que la ley prescribe para la inscripción, vale decir que este control de legalidad solo versa sobre el contenido del documento fundándose exclusivamente en lo que resulta de él, pero "no alcanza" a su naturaleza intrínseca, no estando obligado el Juez a su investigación ni ponderación de cuestiones de fondo atinentes a las relaciones jurídicas entre las partes. En síntesis, el Juez del registro solo puede entender en lo relativo a la inscripción y carece, por ende, de competencia para las demás cuestiones. (Minoría u opinión personal)
Concursos, acuerdo preventivo extrajudicial, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

Si bien es verdad que la LQC: 31 se refiere sólo al concurso preventivo, sin mencionar expresamente al acuerdo preventivo extrajudicial, tal circunstancia no habilita a sostener que haya sido intención del legislador excluirlo de esa norma. En rigor, la deficiente -por ausente- regulación de tal especie de concurso no sucede sólo en este punto, sino en varios otros que no impidieron -especialmente antes de la reforma introducida por la Ley 26086- a la doctrina acudir a una aplicación analógica de las normas previstas para el concurso preventivo.

El Acuerdo Preventivo Extrajudicial participa de la naturaleza del acuerdo preventivo por lo que, en tanto produzca sus mismos efectos, no puede entenderse sino regulado por las mismas normas. Y eso es lo que ocurre con la LCQ: 31: se trata de una norma concebida para impedir la dilación indefinida de las acciones en él previstas, por lo que, si es claro que el APE produce, al igual que el concurso preventivo, el efecto de suspender esas acciones, forzoso es concluir que se trata de una disposición aplicable por igual a ambos tipos de concursos.

Aún cuando la LCQ: 31 nació inspirado en la necesidad de evitar desistimientos abusivos, no parece que la pretendida demostración de no haber incurrido en tal abuso, baste para dejar de aplicarlo: la exigencia -cuyo cumplimiento ha sido incluso requerido, en el caso, por dos de los acreedores suspendidos- contenida en la norma de respetar el aludido derecho de aquéllos a la jurisdicción, impone su aplicación frente a cualquier supuesto en el que se configuren sus presupuestos.

(En el caso, la magistrada en resolución confirmada por la Cámara consideró aplicable al sub lite, el artículo 31 LCQ, estimando que, dado que existían pedidos de quiebra pendientes antes de la presentación del acuerdo preventivo extrajudicial que la deudora había después desistido, no era viable la aludida apertura del concurso preventivo).
Despido, extinción del contrato de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: REARTE, ERNESTO JOSE ANGEL c/ MINERA DEL ALTIPLANO S.A. s/ ORDINARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-11

Tratándose de un despido con causa no todo acto de incumplimiento constituye causa de extinción del contrato de trabajo, sino sólo aquél que por su gravedad reviste entidad injuriosa e impide de suyo la continuación del vínculo. Para que ese obrar contrario a derecho se erija en justa causa de despido, debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT., y su valoración debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.

En cuanto a la intensidad de la sanción quiero señalar que la proporcionalidad de la referida es una condición de validez del ejercicio del ius puniendi del que es titular el empresario: este representa una potestad que, en cuanto no sea ejercida de manera abusiva, arbitraria o irracional, debe ser respetada, puesto que es una consecuencia del poder de organización, sin que por ello pueda concluirse que se afecta el principio de buena fe o de continuidad de la relación de trabajo, el que no puede ser seriamente sostenido cuando el trabajador con su conducta otorga un motivo para dudar de su responsabilidad y diligencia necesaria para tal tarea. Por lo que considero que en este caso la sanción del despido no resultó excesiva, debido a que por el actuar negligente del trabajador expuso a otras personas a un riesgo grave que pudo atentar contra su salud y seguridad, no siendo la primera vez que actuó de manera descuidada.
Querella, injurias, poder, suficiencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., R. c/ R., J. J. s/ Querella por injurias Excepción de falta de personería(Expte Nº  18-92, Resolucion Nº  18, Tomo 1, Folio 70)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-14

No indicar con precisión en el poder el hecho de injurias para el que se otorga mandato de querella no es una exigencia invalidante.

Aunque no se especifique cómo, cuándo y dónde ocurrió el suceso originante de la querella pero sí en que consistió y quién es tenido como autor, resulta bastante para promover la acción penal, debiéndose interpretar que se ha conferido poder para accionar por cualquier injuria pretérita volcada contra el poderdante por el sindicado como autor. Si bien genera inquietud las repercusiones que sobre la cosa juzgada pueda tener un proceso iniciado en base a un poder de tal latitud, ha de tenerse en cuenta que los efectos de la cosa juzgada no resultan dados por los términos del mandato sino por aquello que constituya la litis y sea concretamente objeto de la decisión que, en el caso, se precisará en el acto de la querella.
Estupefacientes, introducción y salida de estupefacientes, contrabando de estupefacientes, desistimiento del recurso, prisión, multa penal
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, FELIX s/ CONTRABANDO - ESTUPEFACIENTES - INTRODUCCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

1) El ingreso al país de estupefacientes, burlando el servicio aduanero configura el delito de contrabando calificado en los términos del art. 866, 2do. párrafo in fine, en relación con el art.

864 apartado a) del Cód. Aduanero -ley 22.415, reformada por la Ley 23.353- y no el de introducción de estupefacientes.

2) El expreso acuerdo puesto de manifiesto por el Fiscal de Cámara con todo lo resuelto por el Juez a-quo implica un desistimiento del recurso, al requerir la confirmación total de la sentencia.

3) Debe mantenerse la pena de prisión impuesta, pero sin la pecuniaria porque la ley aplicable la prevé sólo en relación a un valor que no está determinado.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

La aparición de dos leyes que atribuyen competencia a la Corte de Justicia en materia de amparo resulta un despropósito legislativo.

En efecto, la llamada ley de emergencia económica, establece que toda acción judicial emergente de ella debe considerarse contencioso administrativa -se sobrentiende que amparos también- dando competencia originaria a la Corte únicamente para la aplicación de una ley, y presuponiendo que siempre que se plantee un cuestionamiento a la aplicación de dicha ley debe necesariamente ser materia contencioso administrativa -lo que no es así-, sin advertirse que de esta forma se amplía la competencia originaria de esta Corte, toda vez que no puede extendérsela más allá de lo que la propia Constitución establece.

La segunda ley -modificatoria de la ley de amparo- también yerra, porque atribuye competencia originaria a esta Corte, para todos los casos en que se cuestione un decreto del PEP o una ley, sin advertir que la materia contencioso administrativa tratable por vía de amparo puede surgir no tan sólo de leyes o decretos, sino de resoluciones administrativas en el desarrollo de la gestión, tanto del Poder Legislativo cuando administra cuanto de los municipios etc.

De este modo se restringe la amplitud de la competencia contencioso administrativa de la Corte, fijada constitucionalmente, cuando el amparo resulte de dicha materia.

En conclusión, estas dos leyes nada aportan en materia de amparo respecto de la competencia originaria de esta Corte cuando el contenido es materia contencioso administrativa, va de suyo entonces que en este tipo de acciones la Corte será competente no porque la ley lo diga, sino porque así lo determina la Constitución provincial -art. 204-, toda vez que la competencia de los Altos tribunales surge de las constituciones y no se puede por vía legislativa modificarla, aumentándola o restringiéndola por tener, precisamente raigambre constitucional.
Verificación de créditos, concurso preventivo
Materia: PENAL
Carátula: OSMATA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-03

Procede admitir parcialmente la verificación del crédito insinuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relacionada con deudas por las prestaciones facturadas a los afiliados del concursado. Ello por cuanto, la falta de registración de la deuda en los libros contables de la concursada como en los registros del incidentista, la emisión de facturas a personas no afiliadas a la obra social, impiden tener por demostrada la existencia y legitimidad del crédito insinuado con sustento en ellas. Ello así cabe señalar que existe un Sistema Nacional de Seguro de Salud que prevé un mecanismo de cobro de prestaciones asistenciales brindadas en hospitales públicos, mediante un sistema de débito automático que efectúa la AFIP al retener, de los aportes que debe girar a la obra social, los valores correspondientes a los servicios de salud. Para esclarecer si las facturas en cuestión habían sido abonadas fue acompañado por la Superintendencia de Servicios de Salud un detalle histórico de las facturas que fueron autorizadas para el débito automático de la cuenta recaudadora de la obra social, lista que contiene facturas desde el mes de noviembre de 1998, es decir, no refiere a la totalidad de las reclamadas en autos. A más, se informó que en los sistemas de esa Administración (AFIP), no obra información referente a retenciones practicadas por el GCBA a OSMATA en los períodos 1996 a 2001 como tampoco, en el sistema e-fisco, obraba información correspondiente a Retenciones y Percepciones sufridas por OSMATA en los períodos 1991 a 1995 y 2000 sin explicación concreta y plausible acerca de las razones por las cuales estas facturas no habrían sido abonadas bajo tal modalidad, toda vez que las mismas fueron reconocidas por los diversos hospitales públicos, corresponden a afiliados de la obra social y, por sobre todas las cosas, no fueron debitadas por el organismo recaudador, cupo admitirlas en el pasivo concursal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Florentín c/ Spell S.A. y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta vinculante porque si ella impusiera dependencia más allá de los procesos en que se dictaran equivaldrían, cuando interpretaran leyes, a la ley misma y, cuando interpretan la Constitución, a la propia Constitución. Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes. Es de la esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley sin que estas normas deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, con otras sentencias judiciales en su momento dictadas para resolver otros casos concretos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad de sentencia, falso testimonio de testigo, sentencia arbitraria, coautoría, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Bazán Marcos Esteban c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-28

Cabe dejar sin efecto la parte dispositiva de la sentencia referida a la promoción de investigar el posible falso testimonio de algunas personas, puesto que tratándose de una decisión que no respondió a un pedido de los acusadores, los argumentos desarrollados en el fallo se encuentran indisolublemente vinculados con la arbitrariedad detectada por el sesgo de carácter confirmatorio reflejado en la argumentación del a quo. Asimismo debe encomendarse al Tribunal de origen que el nuevo debate se realice en forma conjunta respecto de los dos acusados, dado que el coimputado se encuentra en condiciones de afrontar el juicio oral; todo ello con el objeto de asegurar los derechos de todas las partes y arribar a una decisión definitiva en el menor tiempo posible. Por último se encomienda que se revea la situación del acusado, pues dado el tiempo de detención preventiva cabe analizar si corresponde mantenerla en los mismos términos, modificarla por una medida menos restrictiva de su libertad u ordenar su cese.
Divorcio, excepciones procesales, litispendencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., F. c/ I., M.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-29

Las actuaciones sobre divorcio que se encuentran en trámite ante un consejero familiar en virtud de la etapa de conciliación previa, prevista por el art. 833 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, conf. ley provincial Nº11.453, no cumplen con los requisitos que impone el art. 349, inc. 2º del Código< Procesal, para la procedencia de la excepción de litispendencia.
Intereses moratorios, autonomía de la voluntad
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTACROCE CESAR JOSE c/ PEREYRA MARIA ADELA Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-14

El interés pactado no lo es en concepto de repotenciación o actualización monetaria sino como "interés punitorio", es decir, como indemnización por la mora del deudor en el pago de la obligación dineraria contraída. De tal suerte, por imperio de los arts. 621 y 622 del Código Civil que admiten la legitimidad del pacto en tal sentido y convalidan los intereses que se hubieran convenido entre acreedor y deudor, normas éstas que no han sufrido modificación alguna por la ley de Convertibilidad del austral.
Recusación, recusación con causa, prejuzgamiento, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Villa Constitución c/ Cardinali, Martiniano s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia   Nacional. Apremio. Ejecución fiscal (Expte. CSJ Nº 1678-96) AVILA, RODOLFO c/ ESCOBAR, ADALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DESALOJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 454 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-25|2009-03-11

Las recusaciones manifiestamente improcedentes deben ser desechadas de plano. Tal carácter revisten las que se fundan en la intervención de los jueces del Tribunal, en un anterior procedimiento propio de sus funciones legales, que no constituye causal de recusación, ya que la actuación del Juez en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzgamiento.