Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-09-26


Fojas: 98 En la Ciudad de Mendoza a veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra. Ana María Viotti, Dr. Ricardo Catapano y Dr. Alfonso Boulin trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 38.532/34.852 caratulados "Daldi, José Luis c/Coop. de Viv. y Urbanización y Ser. Tur. del Per. Aer. COVITPA p/Ordinario", originarios del Décimo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 79 y en contra de la sentencia de fojas 73/76.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

1ª Cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª Cuestión: Costas.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Catapano Mosso, Boulin y Viotti.

Sobre la primera cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

I.- Que, en oportunidad de expresar agravios, a fojas 86/88 el Dr. Gustavo Carobene, por la actora, se agravia de la normativa que la juez a quo aplicó al caso (ley 20.337), excluyendo las normas del Derecho común; indica que existe acuerdo de partes respecto de los hechos que motivan el presente proceso discrepando en su interpretación; mientras el actor considera que ha existido un incumplimiento contractual por la accionada, los mismos hechos son interpretados por el demandado como cumplimiento de su parte.

Se queja de que la juez de primera instancia desarrolla minuciosamente una serie de fundamentos que explican la filosofía del cooperativismo, entendiendo que el actor es socio de una cooperativa, en virtud de la designación que se le otorga en un contrato civil, y olvidando que la denominación que le den las partes al contrato no puede ser obstáculo para dilucidar la verdadera naturaleza del mismo; que no existe prueba en autos de la que pueda surgir el carácter de socio cooperativo del actor y no existe elemento que determine la calidad de socio; no hay cuota social por él abonada ni nómina de asociados de donde surja tal calidad.

Agrega que su mandante entregó casi el 80 % de su prestación dineraria de contado, hecho reconocido por la contraria y que evidencia la inexistencia de los valores que fundamentan el cooperativismos, entre ellos la cooperación y la solidaridad; entiende que no existe un acto cooperativo, sino, sencillamente, un contrato civil realizado entre el actor y la cooperativa.

Señala que, según la juez a quo, su parte incumplió al no enviar los materiales; que, en realidad, el actor fue estafado en su buena fe; que, siguiendo el razonamiento expuesto en la resolución apelada, su parte, pese a haber entregado la suma de $ 38.000, debía integrar la prestación restante, arriesgándose a que la cooperativa no cumpliera, para iniciar un juicio por resolución de contrato, finalmente, inviable a criterio del a quo por resultarle aplicable el derecho cooperativo.

Indica que la juez a quo, en su rigidez lógica, descuida el sentido práctico y concreto de justicia; que el más mínimo sentido común indica que el juzgador debe ordenar la restitución de la prestación contractual ante el incumplimiento de la otra parte.

Se agravia de la regulación practicada a los profesionales de la demandada: entiende que supera lo establecido en la ley de aranceles.

II.- Que a fojas 89 la Cámara dispone correr traslado de la expresión de agravios a la contraria por el plazo de ley (art. 136 del C.P.C.), providencia que se notifica a fojas 89 in fine.

A fojas 92/93 el Dr. Alejandro Sella, por la demandada, comparece y contesta el traslado conferido, solicitando por las razones allí esgrimidas el rechazo del recurso de apelación interpuesto.

III.- Que a fojas 96 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 97 el pertinente sorteo de la causa.

A fojas 4/5 el Dr. José Luis Daldi dedujo demanda que calificó de "resolución de contrato" y "daños y perjuicios" en contra de COVIPTA, Cooperativa de vivienda, urbanización y Servicios Turísticos del personal Aeronáutico y actividades afines Limitada; demandó la suma de $ 38.340,58, con más actualización monetaria, intereses desde el momento de su entrega y hasta su efectivo pago, costos y costas del proceso.

Afirmó que en fecha 1/03/2.001 celebró con COVIPTA Ltda.. una contrato de adjudicación de una vivienda nueva, a construirse en los lotes N° 12 y 13 del Barrio COVIPTA III, por la suma de $ 50.000; que su mandante ya había entregado la suma de $ 38.340,58 en distintos pagos realizados anteriormente, restando un saldo de $ 11.659,42 que iban a ser entregados en materiales de construcción; sostuvo que esos materiales nunca pudieron ser entregados pues la accionada nunca comenzó a construir la vivienda y que dichos materiales estaban a disposición de la cooperativa cuando ésta fuera a iniciar los trabajos.

Agregó que en fecha 6/03/2.002 logró firmar un compromiso de ejecución de obra que se plasmó en la confección de un plan y avance de trabajos donde se especificaba el inicio de los trabajos para el 1/04/2.002, concluyendo con los mismos para noviembre de 2.002; que sólo se iniciaron las excavaciones de cimientos en forma incompleta y allí quedó todo lo que construyeron de la vivienda de su parte; que, para noviembre de 2.002, remitió carta documento intimando la entrega de lo convenido, sin obtener respuesta.

La demandada, en contestación que obra a fojas 13/14, tras reconocer el convenio de fojas 2 y el plan de obra de fojas 3, y haber recibido la suma de $ 38.340,58, negó haber recibido los materiales que el actor comprometió para ser aplicados a la obra de construcción de la misma, ya que los dineros entregados por el Sr. Daldi se aplicarían solamente al pago del terreno, pago de la mano de obra y al mantenimiento de la cuota de administración que correspondía abonar al asociado a la Cooperativa de la que formaba parte.

Rechazó haber incumplido el contrato, pues sin la provisión de los materiales que debía entregar el actor no podía dar cumplimiento a sus obligaciones.

La sentencia de fojas 73/76 rechazó la demanda; consideró que no corresponde encuadrar el planteo en el ámbito de las normas del Código Civil (resolución por incumplimiento y daños y perjuicios), sino en el ámbito de las sociedades cooperativas; que se trata de relaciones entre los socios y la cooperativa; que el art. 4 de la ley 20.337 establece que son actos cooperativos los reali-zados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales; que dichos actos se rigen primeramente por los estatutos y por la ley de cooperativas y sólo supletoriamente por las normas generales; que el contrato de fojas 2 no sólo asigna al actor el carácter de socio sino que, en su artículo primero, expresamente establece que dicho convenio es un anexo de otro contrato anterior de preadjudicación, típico en el funcionamiento de las cooperativas de viviendas; que la acción ejercida por el demandante no puede ser sino una acción social, fundada aparentemente en la causal de incumplimiento del plan de la obra por parte de la cooperativa, pero de ninguna manera puede entenderse que la acción ejercida sea una acción derivada de la existencia del pacto comisorio tácito que existe en los contratos con prestaciones recíprocas.

IV.- Conforme al art. 1° de la ley 20.337, "las cooperativas se rigen por las disposiciones de esta ley"; la norma trata de determinar la autonomía del régimen legal en materia de cooperativas, dejar claramente establecidos el alcance nacional de la materia que trata, con independencia de su inserción en algunos de los códigos vigentes, sin excluir otras disposiciones que resulten aplicables a las cooperativas, en razón de las actividades que ellas realicen conforme a su objeto social, tal como sucede con los regímenes específicos de bancos, seguros, etc.

Las disposiciones fundamentales que consagra la ley en materia de cooperativas son de orden público y no pueden ser modificadas por la voluntad de los fundadores o asociados, en razón de que han sido establecidas en amparo del interés público. (Farrés Cavagnaro - Menéndez, "Cooperativas. Ley 20.337 comentada, anotada y concordada", Buenos Aires, Depalma, 1.987, pág. 49 y sgtes.) V.- Está claro que cuando el contrato es un acto cooperativo, tiene principios distintos y se basa en las reglas de conducta fundadas en la cooperación; las operaciones realizadas entre los asociados de una cooperativa y ésta son intrasociales que se diferencian entre un comerciante y su cliente. Mientras el Derecho Privado Civil y Comercial se ocupa de las operaciones de cambio, normalmente movidas por el ánimo de lucro, el Derecho Cooperativo excluye tal espíritu lucrativo, incursionando en operaciones distributivas, las unas se rigen por los principios de la justicia conmutativa, las otras por la distributiva.

La principal consecuencia que se deriva es el reconocimiento de la esencial unidad de la relación asociado-cooperativa, es decir, que no hay un doble ordenamiento de relaciones.

Los actos cooperativos son los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. De la norma contenida en el art. 4 de la ley 20337 se deriva que los actos cooperativos son actos de naturaleza peculiar, propia y diferente de los actos jurídicos comunes, en los cuales existen:

a) ciertas y determinadas características relevantes de las partes que intervienen (siempre hay una cooperativa por un lado y socios de esa cooperativa por el otro) y, además, b) hay un objeto que no es cualquiera, sino el específico de la cooperativa en cuestión, es decir, que se trata siempre de un servicio que la cooperativa brinda a sus asociados, lo cual excluye el ánimo de lucro o de beneficencia.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha dicho que "los actos que las cooperativas realizan con sus asociados poseen una naturaleza jurídica peculiar, no pueden reputarse como operaciones de mercado, ni contratos de compraventa, y no son, en consecuencia, susceptibles de ser identificados con un contrato civil o comercial (art. 4, ley 20.337)". (Sup. Corte Bs. As., 18/8/1981, "Cooperativa de Farmacias de Lomas de Zamora y otras v. Provincia de Bs. As.", DJBA, 121-326); asimismo, se ha sostenido que "el acto cooperativo es la esencia de la naturaleza jurídica del sistema (art. 4 , ley 20.337, que "configura una definición de teoría económica, que deslinda el ámbito de la economía cooperativa de la del mercado" y fija las fronteras en que operan, "no, implicando operación de mercado sino un servicio social, de conformidad con los principios tipificantes de la ley, el estatuto y las disposiciones aplicadas".

El principio mutualista y solidario infunde al acto cooperativo la naturaleza económica de una actividad sin fines de lucro en el concepto de ganancia pecuniaria repartible o ganancia marginal". (C. Fed. de Apelaciones de Bahía Blanca, 8/3/1985, "Asociación Sureña de Empresa de Pompas Fúnebres de la Provincia de Bs. As. ", LL, 1986-A-629; JA, 1985-III-508; ED, 116-153) VI.- Que el recurso interpuesto a fojas 79 debe ser rechazado; en autos, está acreditada la vinculación de naturaleza cooperativa existente entre el Sr. Daldi y COVIPTA; así surge del instrumento que en copia se agrega a fojas 2 y del expreso reconocimiento tanto del actor en su demanda como de la cooperativa demandada en la contestación de demanda.

Haciendo aplicación del art. 1° de la ley 20.337, no procede, como principio general, la aplicación del art. 1.204 del Código Civil y las normas de responsabilidad por daños contenidas en el mismo cuerpo normativo; como bien lo destaca la juez a quo, si ello es así, sólo cabía al socio la facultad prevista por el art. 22 de la Ley 20.337, debiendo solicitar el retiro voluntario, conforme a las normas contenidas en el Estatuto de la Cooperativa.

Así, en autos, el actor no ha invocado siquiera haber seguido el procedimiento común y adecuado a dicho Estatuto, por lo que no puede este tribunal recalificar la acción deducida a tenor de lo dispuesto por el art. 46 inc. 9 del C.P.C.

Las normas de derecho común han sido aplicados, en algunos casos, por la jurisprudencia a la materia; así, se ha dicho que "resulta abusiva la pretensión de la cooperativa de vivienda de no restituir el dinero que le fue pagado por la vivienda adjudicada, luego de que el asociado fue desalojado del inmueble, en tanto la rescisión del contrato por incumplimiento sólo puede dar origen a la restitución de lo percibido mutuamente con más indemnización de los daños (arts. 1050, 1052, 511 y 520 y concordantes del Código Civil) pero no a la pérdida del pago del precio y a la conservación de la vivienda por parte del vendedor". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 5a Nominación de Córdoba, 14/11/2005, "Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Horizonte Ltda. c. Zárate, Félix T.", LLC 2006 (marzo), 192) Más allá de la discusión acerca de la posibilidad de que el propio asociado pueda deducir una acción de daños y perjuicios contra la cooperativa, derivados de un acto cooperativo, en autos, está claro que lo que reclama el actor es la restitución o el reintegro de los aportes efectuados a la entidad, y no indemnización de un daño en sentido estricto. Así las cosas, y con mayor razón, el actor debió ceñirse al procedimiento para obtener dicho reintegro.

Con esta decisión, esta Cámara no está desentendiéndose de los intereses en juego en este proceso, incurriendo en un exceso de rigor ritual en la aplicación del derecho al caso; por el contrario, el examen detenido del expediente indica la falta de prueba existente respecto de los hechos que el actor le endilga a la Cooperativa, vinculados con el incumplimiento de esta última.

El incumplimiento invocado en la demanda fue expresamente negado por la Cooperativa, sin que la parte actora haya ofrecido medio de prueba alguno tendiente a acreditar ese hecho fundante de la demanda, todo ello a tenor de lo dispuesto por el art. 179 del C.P.C.

VII.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 79, debiendo confirmarse, en todas sus partes, la sentencia de fojas 73/76.

Sobre la primera cuestión, los Dres. Boulin y Viotti adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

Las costas deben imponerse a la parte recurrente que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 C.P.C.). Así voto.

Sobre la segunda cuestión los Dres. Boulin y Viotti adhieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 26 de setiembre de 2.006.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 79, y en con-secuencia, confirmar, en todas sus partes, la sentencia de fojas 73/76.

II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrente que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. ALEJANDRO D. SELLA en la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 10/100 ($ 552,10), VALERIA ASENSIO en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 35/100 ($ 1.840,35), GUSTAVO A. CAROBENE en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 47/100 ($ 386,47) y ESTEBAN DAVID GIRONE en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100 ($ 1288,25). (Arts. 2, 3, 15, 31 y concs. de la ley 3.641) CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.