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Producción de la prueba, sentencia condenatoria, secuestro de estupefacientes, insuficiencia del agravio, graduación de la pena, fundamentación de sentencias, pena privativa de la libertad
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA, Daniel Oscar y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

En el caso, asiste razón al tribunal de mérito en cuanto a que el análisis de la prueba producida permite concluir, con la certeza que un pronunciamiento condenatorio requiere, que la droga incautada era tenida por los encausados con fines de comercialización. En síntesis, del estudio de la fundamentación de la sentencia en crisis no se advierte en este punto vicio alguno en la valoración de las pruebas producidas, habiéndose respetado el principio de razón suficiente a los fines de concluir la condena pronunciada, por lo cual ha quedado a cubierto de las tachas de falta de fundamentación, motivación aparente o arbitrariedad que las defensas atribuyeron en las impugnaciones incoadas. La valoración llevada a cabo por el tribunal de mérito para sustentar la cuantificación de las condenas impuestas a los nombrados satisface el requisito de motivación que exige la decisión atacada (arts. 123 y 404, inc. 2, del CPPN), al fundar los motivos que se tomaron en cuenta para graduar las penas impuestas. Así, al momento de fijar las sanciones, el tribunal a quo tomó en cuenta los parámetros de medición punitiva previstos en los arts. 40 y 41 del CP y, en consecuencia, meritó "(l)a naturaleza de las acciones perpetradas, los medios empleados, la magnitud y lesividad efectivamente causadas al bien jurídico protegido -salud pública- y circunstancias personales, en especial medios y modos de vida, grupo familiar, actitud posterior al delito [.]".De tal modo, advertimos que el tribunal sentenciador dio fundadas razones por las cuales consideró que correspondía imponer a los encausados el mínimo de la pena privativa de la libertad prevista en la figura del art. 5 inc. "c" de la Ley 23737 y la multa de doce mil quinientos pesos ($12.500).
Empleo público, agentes de la administración pública
Materia: PROCESAL
Carátula: TRIPAILAO, LUCAS MATIAS C/ SECRETARIA DE ESTADO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA S/ AMPARO S/ APELACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-04

La sujeción a formas modernas de contratación (becas, pasantías, régimen del voluntariado, etc.) no puede confundirse con el empleo público sino, más bien, diferenciarse (cf. STJRNS3 - Se. 30/09, in re: "BETANCUR"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Despido, cuestiones prejudiciales
Materia: LABORAL
Carátula: GUYON c/ ARCOR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-30

Corresponde hacer lugar a la demanda de un trabajador suspendido preventivamente por maniobras dolosas contra la empresa, si antes de dictado el pronunciamiento penal es despedido, y aquel declara que el hecho no existió, poniendo fin al proceso y haciendo cosa juzgada, lo que obliga por la prejudicialidad, al Juez Laboral.-
Accidente de tránsito, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABLO  S.A. c/ BIANCO EMILIO LORENZO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-10

La responsabilidad del guardián y del propietario de la cosa que ha causado el daño es solidaria. Esto significa que frente al acreedor es indiferente que el demandado sea el dueño o solamente el custodio de los animales.-
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, discriminación, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tovías Córdova, Alvaro Juan Matías c/ Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

La incorporación de personas con necesidades especiales por fuera de los mecanismos legales probablemente acarrearía una discriminación dentro del sector que busca beneficiar la Constitución local. Pues, no es tarea del Poder Judicial determinar con un criterio que abarque al universo entero de los amparados por el art. 43 cómo, de qué manera y a quiénes entre ellos se beneficiará.
Caducidad de instancia, días inhábiles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UGOZZOLI MARIO RAEL c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-13

Que si bien la Sala Civil y Comercial del Alto Cuerpo, ha sostenido -en cuanto al cómputo de los plazos que "correrá durante los días inhábiles", no debiendo excluirse el período de feria judicial, corresponde hacer un distingo en materia contenciosa administrativa, pues de las normas que regulan el instituto en cuestión no surge tal previsión legislativa, por lo cual, no cabe incluir en el cómputo del plazo el período en que el expediente estuvo inactivo con motivo de la feria judicial.
Orden de allanamiento, allanamiento domiciliario, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, comunicación al juez, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

El ingreso válido de la policía al domicilio allanado por orden de una juez legalmente instituida, dentro de su jurisdicción y con competencia para actuar, legitima el accionar policial durante los iniciales veinticinco minutos del procedimiento en que se tardara en establecer la relación procesal entre la prevención y el tribunal competente, a través de la comunicación del hecho presuntamente delictuoso, suficiente para investir a esa jurisdicción federal de la acción. (del voto de las Dras. Berraz de Vidal y Durañona y Vedia)
Recurso extraordinario local, autonomía del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTA CRUZ S.R.L. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-12-02

Es sabido que los recursos extraordinarios deben bastarse a sí mismos y su adecuada fundamentación no puede suplirse con remisión a escritos presentados con anterioridad (Conf.: STJ, Sala A, Expte. Nº 959/07), ni es tarea a cargo del Superior Tribunal completar las omisiones o deficiencias de las partes.-
Imputado, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PENAL
Carátula: Salinas Ghinaudo, Mayra Alys s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Más allá del alcance que pueda acordársele al pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la situación de los consortes de causa del imputado, es indudable que, contrariamente a lo afirmado por el a quo, importa una variación con respecto a todos los implicados en el hecho investigado y al no haber sido objeto de análisis o valoración en la resolución recurrida, y ello la convierte en arbitraria, pues el a quo ha incurrido en omisión de tratamiento de cuestiones que podrían resultar conducentes para la decisión de caso, infringiendo el art. 123 del C.P.P.N.
Transacción, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laplace Ligia B. c/ Rotonda Rogelio A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

En lo concerniente a la autoridad de cosa juzgada es dable apreciar que si bien en base a lo prescripto por el art.850 última parte del C.Civil se ha llegado a asimilar la transacción a la sentencia, tal asimilación solo cuadra efectuarla cuando se trata de una transacción judicial y siempre que el convenio de las partes haya recibido la correspondiente homologación judicial. La transacción sobre derechos litigiosos, finiquita una litis y en ese sentido sus efectos coinciden con los de la cosa juzgada, equiparándose a la sentencia -modo anormal de conclusión del juicio- e invistiéndose de su misma ejecutoriedad.
Daños y perjuicios, beneficio de litigar sin gastos, seguros, prima, falta de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lupi, Claudina y Otro c/ Mora, Ariel Nicolás y Otros  s/ Ordinario Daños Y Perjuicios (Conex."Lupi Claudina Y Otro S/ Benef. De Litigar Sin Gastos"/Exc. Inf. Por Of.N°115 En Fecha 01/03/2019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-20

De acuerdo a lo previsto por el art. 31 LS, los casos en los que la aseguradora no responde son por encontrarse impaga la primera prima o la prima única. Si esas son las limitaciones y el pago refiere a cuotas, resulta evidente que constituiría un abuso que, habiéndose pagado parte de ellas, con la sola calidad de impaga de una de esas cuotas, todo el contrato no tuviera efecto cuando su razón de ser tiene fines no solo individuales sino sociales evidentes.
Desafectación de bienes, condominio, división de condominio, etapas del proceso
Materia: CIVIL
Carátula: Brelli, Rosendo María c/ García, Ana María s/ división de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-06

Según lo determina el art. 255 inc. c) CCC, procede la desafectación de la inscripción de la vivienda, "a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes indivisas", cuestión en la cual el código unificado se apartó de los lineamientos que regulan el condominio, ya que la disposición jurídica o material de la cosa común requiere la conformidad de todos los condóminos (art. 1990), conforme a la afectación al sistema tuitivo (art. 245 CCC). Así se asimiló la desafectación a un acto de administración (art. 1994). Y si bien, en caso de controversia sobre la desafectación debe intervenir la autoridad judicial y como ocurre con el supuesto regulado en el art. 255 inc.b), es el juez quien debe resolver en caso que existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, teniendo en cuenta lo más conveniente para el interés de éstos, el momento para su valoración era luego del fracaso de otras opciones para la división valoradas en el marco de la audiencia del art. 660 CPCC
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, segunda instancia, caducidad de instancia, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Stendel, Miguel c/ Governatori, Alberto Vicente y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la caducidad de la segunda instancia, cuando, con menoscabo del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, lo resuelto se aparta de las constancias de la causa y pone fin al pleito.
Recursos, queja por apelación denegada, procedencia del recurso, ejecución prendaria, suspensión de la ejecución, gravamen actual
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V.W.  COMPAÑIA  FINANCIERA  SA c/ MERCOGLIANO, RAFAEL ALBERTO s/ SECUESTRO PRENDARIO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-12

Procede la queja deducida por un peticionario de secuestro prendario, por denegación de la apelación interpuesta respecto de la resolución que, -como en el caso-, dispuso suspender el procedimiento con fundamento en lo normado por la ley 25563: 16.

Ello pues la suspensión del trámite del procedimiento provoca per se gravamen actual a quien pretende secuestrar el bien pignorado (cpr: 242-3).
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo, trabajadores de la salud, establecimientos asistenciales
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Aunque la internación de los pacientes en el lugar de trabajo del actor (Primer Hospital Privado de Ojos) fuera breve, por la índole de las operaciones, debe ser incluido en la CCT 122/75 y no en la 108/75.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Godoy, Hilda Beatriz c/ Muruaga, Francisco s/ Daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

No puede pretender el amparo de la Justicia por sentirse mortificado por las palabras y actitudes de otro, quien se comportó groseramente y zahirió a otro en altercados, que sin constituir faltas mayores revelan la lamentable habitualidad en nuestra sociedad de un sin número de discusiones, peleas y disputas que, alimentadas por la descortesía individual y el malhumor social, pueblan la vida ciudadana de todos los días.
Trabajadores marítimos, adicional por rescisión, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: LAPACHIAN TOROS c/ ELMA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

No se debe suma alguna en concepto del sueldo anual complementario sobre el adicional por rescisión, ya que la primera toma como base la remuneración del trabajador entendida como contraprestación recibida a consecuencia del trabajo, mientras que la última asigna al dependiente a percibir una suma que justamente no tiene contraprestación ya que su causa es la rescición del contrato.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), monto del juicio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Pinturerias Lazaro SA c/ Forcam SA y otro s/ ordinario s/ recurso de queja. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

El criterio hermenéutico integrador para el CPR 242 resulta dado por el "monto cuestionado" en el recurso, explícitamente mencionado en la primera parte del texto legal. Y para supuestos en el que la demanda es acogida solo parcialmente, con relación a la parte actora el monto cuestionado equivale a la diferencia entre el importe de su reclamo y el admitido en la sentencia. Una interpretación meramente literal del anteúltimo párrafo del CPR 242 neutralizaría completamente aquella nota orientadora, llegándose al contrasentido, por ejemplo, de declarar inapelables sentencias que admitan una mínima parte del reclamo rechazando lo sustancial de la suma demandada, resultando en cambio apelables los pronunciamientos que desestimaran in totum la demanda. Tal interpretación conduciría a una conclusión irrazonable y debe desecharse, pues convertiría al magistrado de grado en juez de los recursos, por su solo arbitrio.
Recurso de apelación (procesal), recursos, derechos y garantías constitucionales, menor procesado, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: ALEJO, Jorge Daniel y VICTORIANO, Diego Fernando s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-09

Son repetidos los precedentes en donde este Tribunal hubo de expresar su opinión en relación al punto cuestionado: en qué casos puede ser aplicado el art.41 quáter del C.Penal y en qué casos no. Y al igual de lo que sucede en la doctrina y jurisprudencia nacional también aquí se han planteado.

Particularmente he sostenido la idea de que no puede haber agravación de la penalidad por la sola intervención de un menor; que para ello el mayor debe aprovechar de algún modo la participación del menor, ya sea para facilitar la comisión del hecho o bien descargar su responsabilidad en él (ver Fallo del 9/5/11 en causa Nº 29.222/11, entre otros).

En todos los casos planteados no había diferencia de edad significativa entre el mayor y el menor que hiciese pensar en la determinación de uno sobre el otro para llevar adelante la empresa común.

Esta posición en modo alguno dejaba de lado el sentido protectorio de la minoridad también querido por el legislador según ha quedado reflejado en los dictámenes de comisión y en el debate parlamentario de la Ley 25.767.

Entre otras cosas se dijo entonces que la norma "contiene un solo artículo a través del cual se agravan las penas para aquellos mayores que se valgan de menores de 18 años para cometer delitos", añadiéndose que "ésta es una forma de proteger a los menores. Es decir, disuadir a los mayores para que no utilicen a los menores de edad en sus delitos" (senador Agúndez).

La Corte de Justicia local entendió que la sola participación de un menor de edad en la comisión del delito agrava la pena para el mayor, sin necesidad de indagar en las razones que motivaron la intervención de aquél "c/c RODRIGUEZ, Gustavo Daniel y otros - Recurso de Casación", Expte. Nº CJS 28.273/05, Registro: T.106: 135/142).

Conjugando entonces los intereses tenidos en cuenta por el legislador, el intérprete debe ser riguroso en el análisis de las circunstancias del caso concreto evitando una interpretación literal del texto legal y sólo aplicar la agravante cuando concurra uno u otro, o ambos a la vez, de los propósitos tenidos en cuenta por el legislador.

En nuestro caso parece claro que aunque Alejo no se haya valido de Victoriano su experiencia en la vida (treinta años) y en presuntos delitos (ver fs.16) tienen la aptitud suficiente para inclinar e impulsar al menor en el mismo camino.

Desde este punto de vista el mayor no puede quedar al margen de un reproche penal agravado como lo prevé el art.41 quáter. Voto pues por el rechazo del recurso impetrado.
Recursos, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SARRAUF MARIA C. c/ JOSE L. GIL Y OT. s/ Daños (LIBRO: A074 - 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-19

Por competencia funcional la Alzada recobra la plena jurisdicción sobre el asunto que se le difiere, pudiendo dar una motivación enteramente autónoma o concordante con la de la resolución venida en revisión, en virtud de que:"...tiene el conocimiento pleno de todas las razones propuestas, siendo el objeto de su exámen, la relación jurídica entablada y no la sentencia o auto del inferior."
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

No corresponde resolver todos los planteos sobre el conjunto probatorio cuestionado si los elementos que quedan indemnes son suficientes para acreditar aquello para lo que fueron invocados.
Contratos, compraventa, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, productos, servicios informáticos, principio de publicidad, nulidad del contrato
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Agosti, Facundo Gabriel  c/ Compumundo SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde rechazar la demanda promovida contra un comercio de venta de artículos informáticos, en reclamo de la efectiva entrega de las consolas de videojuegos compradas por los coactores, así como una indemnización por daños y la imposición de una sanción punitiva, toda vez que se verifica en la especie la presencia de un error obstativo.

En efecto, se comprueba el carácter "esencial" del error en el precio ofrecido de $2.399, mientras que el precio anterior era de $27.999 (CCCN 267-b); Alterini, J., "Código Civil y Comercial Comentado - Tratado Exegético", Buenos Aires, 2015, t. II, p. 233). Asimismo, el carácter reconocible del error (CCCN 266) surge manifiesto de la exigüidad del precio transmitido con relación al que tenían consolas similares de otras marcas en la misma época y publicidad -según la prueba ofrecida por los mismos actores-, el cual no podía pasar desapercibido ni entenderse como correcto según la normal diligencia de un hombre medio, propia de un consumidor (conf. Alterini, J., ob. cit., t. II, p. 227).

Consecuentemente, por aplicación del CCCN 265 corresponde declarar la nulidad de las compraventas invocadas en la demanda, máxime ponderando que ninguna confirmación, ni siquiera tácita, puede deducirse de la conducta de la accionada, no siéndolo la mera emisión de facturas y su remisión pues ello solo traduce una intención de ejecución inhábil como acto de confirmación (conf. Cifuentes, S., "Negocio jurídico", Buenos Aires, 1986, p. 682, n° 392), sin que tampoco puede interpretarse como renuncia a la nulidad involucrada.
Obligaciones de medio, obligaciones de resultado, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bertone, Cármen c/ Mooney, Guillermo s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-07

El distingo entre las obligaciones de resultado y las de medio son muy útiles con relación al régimen probatorio. Si lo prometido es un resultado, la prueba del incumplimiento de la obligación se da por la mera circunstancia de no haberse obtenido el fin previsto;

mientras que en los casos de obligaciones de medios para acreditarse el incumplimiento no basta con llegar a la conclusión de que no se obtuvo un resultado, sino que, además, deberá demostrarse que ello obedeció a la culpa del deudor, quien no obró con la diligencia debida.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Horacio Cesar; Alvarez de Nuñez, Julia del Carmen y otro s/ Nulidad de escritura de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

El recurso extraordinario de nulidad resulta formalmente inadmisible toda vez que es menester fundarlo con base en los preceptos constitucionales, supuestamente violados por la sentencia de Cámara -lo que no ocurre en la especie- no bastando con una formulación promiscua en la que se repitan los agravios para sostener la inaplicabilidad (Cód. Proc. art. 296). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dirigente gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: Aguero, Carlos Alberto y otro c/ Molinos Concepción S.A. s/ Diferencias indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Es imperativa la sujeción a lo dispuesto en el art. 15 de la ley 22.105 cuando establece la duración máxima de los mandatos en tanto el art. 80 de dicho cuerpo legal establece que sus disposiciones son de orden público y nulas las disposiciones estatutarias que no se ajusten a sus normas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión abstracta, cámara Gesell
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., C. J. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

Sin perjuicio de lo expuesto en relación a que ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, no puede dejar de señalarse que resulta esperable que al recibirse declaraciones asistidas en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba, en lo posible, se respete el procedimiento establecido en la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos elaborada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNICEF y la Asociación por los Derechos Civiles, que tiene entre sus finalidades -y para ello establece los recaudos procesales y técnicos necesarios al momento de la entrevista de declaración testimonial- no sólo asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes -en el caso de una niña testigo- sino también asegurar la eficiencia del proceso y la obtención de prueba válida y garantizar el derecho de defensa del imputado. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia vinculada: L., A. F., AyS T 302, p 74/79, sumario J0047146; M., M. A., AyS T 300, p 370/374, sumario J0046676; R. M., O. S., AyS T 303, p 14/18, sumario J0047335; B. M., AyS T 305, p 468, sumario J0047591.