marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuestos, impuesto a las ganancias, desgravación impositiva, bienes inmuebles, amortización
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Supercemento (T.F. 7128-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

La Ley de Ganancias, 20.628, en su artículo 109 dispone la desgravación respecto de sumas efectivamente invertidas, lo que no puede asimilarse con el concepto de amortizaciones a que se refiere el art. 88, inc. f) de dicho plexo normativo, dado que el mismo está vinculado al desgaste, agotamiento o pérdidas por desuso de un bien y respecto de él se prevé su deducción de las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. (Consid. 6º).
Alimentos, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CUADRADO YOLANDA GRACIELA en nombre y representación de su hija menor c/ LUQUE OSCAR DANIEL s/ EJECUCION DE CONVENIO DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-25

No obstante, es útil mencionar la vinculante doctrina emanada del Excmo. STJER (conf. Sala en lo Civil y Comercial, in-re:Cardozo c/ Galvani- Juicio de alimentos, 26/12/1999, art. 285, CPCyC.) donde estableció que el derecho a las cuotas alimentarias atrasadas sólo se pierde por prescripción y declaró que la norma material aplicable es la del art. 4.027 Inc. 1.- Cualquiera sea el modo por el cual se determinó la cifra de la pensión alimentaria el crédito habrá de prescribir respecto de cada período y sólo por el transcurso del lapso de cinco años desde que la cuota se haya devengado.-
Defensa en juicio, nulidad procesal, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Dragonetti, Néstor s/ Defraudación a Fabricaciones Militares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

Tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente ... reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la Ley Penal. Aunque la decisión absolutoria que se impone importa la eventual impunidad de delitos que pudieran haberse demostrado, debe privar el principio superior - corolario del de inocencia - (artículo 18 de la C.N. ).

Corresponde absolver al procesado, pues la ineficacia o desidia de los órganos estatales no pueden ser invocados para mantener sometida a proceso "sine die" a una persona.
Carga de la prueba, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: CALIFORNIA S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 180/07 - CALIFORNIA S.A. C/ CLAUDIA ANTONIA ULBINA S/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2010-02-08

La empresa accionante del proceso de exclusión de la tutela sindical tiene la carga del onus probandi en el mismo cuando el trabajador niega la totalidad de los hechos invocados en la demanda -art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de Misiones-. (del voto en disidencia del Dr. Roberto Rubén Uset)
Compensación, compensación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: P., H.D. c/ H. S. del S. SRL s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-18

"Se considera admisible la compensación judicial -en el ámbito laboral- en los casos que habiendo demanda y reconvención, la sentencia reconoce créditos recíprocos a los litigantes, ya que no puede darse al empleador un tratamiento menos favorable que el que se otorga a otros acreedores del dependiente... ".
Recurso de casación, indemnización por accidente de trabajo
Materia: Laboral
Carátula: QUINTANA, Javier c/ MINAR S.A.P.S. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-11-19

Accionando el actor por vía del derecho común con fundamento en el art.1113 del Código Civil, en virtud de la opción que posibilita el art.17 de la Ley 9688, la reparación debe ser integral, es decir tomar en cuenta no solamente la incapacidad física que afecta la plenitud laborativa del obrero, sino también la que se correlaciona con todos los aspecto comprendiendo la disminución de su capacidad o daño emergente, lucro cesante y daño moral.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRANDA  O  MIRANDA  PINTO, MANUEL s/ QUIEBRA (INCIDENTE DE CANON LOCATIVO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-04

1- En tanto la firma es un elemento esencial para la existencia del acto y su ausencia implicara que el mismo carezca de todo valor, resultando insusceptible de convalidación, configuración o saneamiento posterior (Conf. Cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", 2005, T. IV, p. 86; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2006, T. 1, p. 319), tal omisión trae aparejada como consecuencia la pérdida del derecho que se pretendía hacer valer, cualquiera sea la entidad o gravedad de lo que se deriva de ello. 2- Siendo que el escrito que carece de firma tenía por objeto interponer un recurso, el resultado será el consentimiento de la resolución que se intentó recurrir (Cfr. Highton- Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2004, T. 2, p. 782/7 y precedentes jurisprudenciales allí citados). Dicha circunstancia puede ser declarada, incluso, de oficio y en cualquier tiempo (Cfr. CNCiv. Sala G, "A.M.S c/ M.J.L s/ divorcio", del 27.4.94; íd. Sala H, "E.C.B Internacional Bank c/ Monzón Martín José y Otros s/ ejecución hipotecaria", del 30.4.97). 3- La falta de firma de un recurso no puede ser subsanada tácita y retroactivamente con la presentación del escrito mediante el cual se fundaron los agravios, en tanto el termino de cinco días para apelar la resolución -en el caso- ya se encontraba por ese entonces vencido al tratarse de un plazo perentorio (Cfr. CPR: 155 y 244).
Daños y perjuicios, daño material, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: UMAÑO, JAVIER PASCUAL c/ LOPEZ, ANTONIO JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-09

Aunque el daño estético exista en menor grado, no valorarlo implicaría violentar el principio de la integridad de la reparación. Sólo se requiere para concederlo, una alteración del aspecto habitual que tenía la persona antes del hecho generador.
Recurso de casación penal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADO POR DR. JOSE AZAR EN AUTOS: CHERVIN Y ZAMUEL, ERNESTO S.D USURPACION DE PROPIEDAD E.P. COOP ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES RIVADAVIA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-28

Las resoluciones que confirman el auto de procesamiento no son susceptibles de ser asimiladas a definitiva en tanto y en cuanto sólo implican el sometimiento del encausado al proceso, a excepción de aquellos supuestos en los que su dictado traiga aparejada la pérdida de la libertad ambulatoria, en cuyo caso el daño que se causare podría ser insubsanable a posteriori, conduciendo a asignarle finitud a los efectos recursivos.
Actos y diligencias procesales, notificación, nulidad del acto jurídico, trámites judiciales, tercerías
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIANELLA c/ VIDELA s/ Ordinario (LIBRO: A064 - 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-02-14

Es necesario dar participacion al Oficial público interviniente, maxime que lo que se ataca de falso o no acontecido, es una diligencia cumplida por el notificador.-
Juicio ejecutivo, apertura a prueba, instrumentos privados, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRO, HECTOR c/ DIKENSTEIN, ALBA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-16

La parte que presenta en juicio un documento privado atribuido a la contraria, debe precaverse frente a un eventual desconocimiento, mediante el ofrecimiento de la prueba pertinente, y que en juicio ejecutivo, el principio general establecido por el CPR: 377, puede o no coincidir con la regla establecida en el art. 549, pues incumbe al ejecutado probar la autenticidad del recibo en que funda la excepción de pago.
Empleo público, cesantía, reincorporación, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Matteucci, Roque A. c/ E.N.  (E.M.G.F.A.) s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Salvo disposición expresa y específica para el caso, no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, correspondientes al lapso entre la separación del agente y su reincorporación al cargo.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Omar Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

No se ha producido la transgresión del principio de congruencia ni, consecuentemente, de la garantía de defensa en juicio, si la acusación contenía los hechos sobre los que en definitiva ha recaído el pronunciamiento recurrido, aunque su apreciación haya podido diferir en matices de la que finalmente receptó el fallo condenatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, citación en garantía, citación por el asegurado, denuncia del siniestro, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LASPADA SALVADOR c/ HUGO OJEDA Y OTRO s/ d - y p (LIBRO: S085 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-08

La reisitencia opuesta por la aseguradora citada en garantía, fundada que se denunció tardidamente el siniestro, es procedente porque, no obstante haber nacido con posterioridad al mismo, la platea al asegurado citante, sin que la victima haya pedido la citación de aquélla. Por otra parte es procedente porque efectivamente el asegurado incurrió en mora en la denuncia del siniestro, conducta sancionada, de conformidad con la ley (art. 47 de la ley de seguros) con la pérdida del derecho a ser indemnizado.-
Cómputo de servicios, prueba, debido proceso adjetivo, defensa en juicio, verdad jurídica objetiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALTO, SABINA AURELIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-21

La exigencia de llegar al conocimiento de la verdad material, por parte de los órganos de gestión previsional encuentra su razón de ser en el logro de la finalidad de interés público -atento la naturaleza tuitiva del derecho de la seguridad social- para la que fueron creados. Así puede asegurarse que su accionar no va a ser en calidad de parte contraria ni con intereses contrapuestos al que requiere un beneficio. Por ello, frente a una prestación de carácter alimentario, deben extremarse los medios para arribar a la verdad jurídica objetiva preservando el derecho constitucional de la defensa en juicio.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PUPI, Marcela Alejandra c/ CHIERI, Primorosa s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La prueba de la relación de causalidad, esto es, la conexión entre el hecho y un cierto resultado, incumbe al acreedor o a la víctima que sostiene la pretensión (artículo 377 del Código Procesal), sin que quepa presumirla. La relación causal, en la función que posee de imputar física o materialmente el daño al sujeto ("imputatio facti") deja al descubierto la existencia de autoría, una vez verificada la adecuación; y no existe presunción de autoría, ya que ésta debe ser probada.-
Jurisdicción y competencia, concursos, fuero de atracción, ley vigente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Roja,  Claudia  Luján c/ Línea 213 S.A. de Transporte y otro s/ daños.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

De acuerdo a lo establecido en el Código Civil (arts. 2° y 3°) corresponde la aplicación de las disposiciones referidas al fuero de atracción de la nueva ley de concursos 24.522 si la situación jurídica era existente al tiempo del dictado de la misma, máxime tratándose de una norma de procedimiento (Disidencias de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López y del Dr. Antonio Boggiano).
Municipalidad, personal municipal, indemnización, Superior Tribunal de Justicia, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: CICCIA, FELIPE JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  176-94) ASCONA, JUAN RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 677-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28|1996-09-18

Si bien la Corte Provincial, por mayoría, ha declarado su incompetencia para entender en causas donde se reclamen indemnizaciones por cesantía por enfermedad inculposa (art 23 de la ley 9286), tal solución no puede adoptarse en el presente caso en virtud del criterio que inspiró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Tellez" respecto del momento desde el cual han de correr las nuevas pautas jurisprudenciales.
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, falta de inscripción del loteo
Materia: CIVIL
Carátula: INFICO S.R.L. c/ DIAZ INES BEATRIZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-06

El solo hecho de que la ley 14.005 sea de orden público, no implica que el acto celebrado sin cumplimentarse alguno de sus requisitos ostente una falla de tal entidad que afecte el interés general o las buenas costumbres. La inscripción ha sido prevista en el interés particular del comprador, conclusión que se extrae sin dificultad de la propia ley; ella tiene por finalidad dotar al derecho del comprador a la obtención del título de dominio de una oponibilidad "erga omnes" que lo haga prevalecer sobre otros acreedores del enajenante (art. 6), de donde se infiere que el conflicto entre adquirente con instrumento no inscripto y aquellos terceros deberá resolverse conforme con las disposiciones del derecho común y sin la especial preferencia derivada de la inscripción. La omisión de las inscripciones que prevé la ley 14.005 no impide al comprador exigir la escrituración una vez que ha satisfecho el veinticinco por ciento del precio, no obstante cualquier pacto en contrario (art. 7) y lo habilita para imponer al vendedor pagos anticipados (art. 9, evidente excepción a la regla del art. 570 del Código Civil), ni enerva los límites del pacto comisorio cuando se han verificado los presupuestos de hecho previstos en el art. 8. El único que puede prevalecerse de esta omisión formal es el comprador, ubicándose la hipótesis en el ámbito del art. 1048 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala A, L.L. 94-35 y L.L. 109-920; íd. Sala B, E.D. t. 34-275; íd. Sala D, E.D. 36-459;

íd. Sala C, E.D. 76-373).

Si el único titular de la acción de nulidad no la ha ejercido con su actitud extrajudicial -pagos sucesivos de las cuotas hasta la nro. 35-, seguida de su indiferencia ante la promoción del juicio que se le notificó nueve años y medio después de haber cesado en los pagos ,ha confirmado el acto fuente (arts. 1059 a 1063 del Código Civil).
Cámaras de casación, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La Cámara de Casación Penal tiene amplias facultades de control sobre los elementos de prueba así como para revisar la determinación de los hechos, con límite natural a partir de la adopción del sistema de la oralidad, tal como ha establecido el Alto Tribunal a partir del precedente Casal. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CISTERNA FRANCISCO DEL ROSARIO c/ GUAITA ANDRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-09-21

Estando negada la relación laboral, el caso se rige por las pautas comunes que gobiernan la carga de la prueba, alegada la existencia de un contrato de trabajo y negado éste por el supuesto empleador, corresponde al primero acreditar tal circunstancia factica. No es exacto que, en caso de duda la misma deba resolverse en favor del actor. Un demandante hasta que acredite su condición de trabajador, es un litigante común que, no puede beneficiarse con un juego presuncional que las leyes reservan sólo a quién haya demostrado su condición de "trabajador".
Aplicación de la ley, divorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G. ,E. D. c/ C. ,L. B. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-07-12

La disolución del vínculo matrimonial no se produce al momento en que tienen lugar los hechos configurativos de las causales que contemplaba el derogado Código Civil, ni cuando así es reclamado ante los estrados judiciales. El propio régimen anterior establecía en su art. 213 que tal extinción acaecía "por la sentencia de divorcio vincular" (inc. 3). En forma anàloga, el art. 435 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el matrimonio se disuelve por divorcio declarado judicialmente. Por tanto, no mediando sentencia firme de divorcio -de un lado- la extinción del vínculo matrimonial y -del otro- la constitución del nuevo estado jurídico de divorciado, deben juzgarse por el régimen ahora vigente (art. 7, C.C. y C.N.) que elimina las causales y régimen de culpabilidad.(del voto del doctor Soria)
Recurso extraordinario federal, proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: CLINICA TERMAL RIO HONDO S.R.L. c/ SANATORIO SAN FRANCISCO S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-18

Imponer al escrito recursivo extraordinario la observancia estricta de las 26 líneas establecidas por la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin permitir que la parte pueda traspasar mínimamente ese límite formal por razones de mera redacción o de formateo de los escritos legales significa incurrir en un exceso ritual que afectaría el acceso a la justicia.
Servicio telefónico, privatizaciones, licitación pública internacional, competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Florenca Celia c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Cabe reconocer al fuero contencioso administrativo la competencia para entender en autos (y no a la justicia comercial) toda vez que la cláusula 18.1 del pliego de bases y condiciones para el llamado a la licitación internacional para la privatización de la prestación del servicio público de telecomunicaciones aprobado por el artículo 2 del Decreto 62/90 (B.O. del 12/1/90) dispone que "toda cuestión a que de lugar la aplicación o interpretación de las normas que rigen el concurso y/o la ejecución de las obligaciones contraídas al participar o resultar adjudicataria en el concurso y/o sobre la licencias y/o sobre la prestación de los servicios y/o en general cualquier gestión vinculada directa o indirectamente al objeto y efectos del concurso, será sometido a los Tribunales Nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal, con renuncia a cualquier otra jurisdicción".
Obras sociales, deuda previsional, emergencia económica, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION DE BENEFICENCIA HNOS. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS c/ OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA METALURGICA DE LA REP. ARG s/ Incumplimiento de prestación de obra social
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La ley 23.697 contempla la posibilidad de que el poder ejecutivo nacional otorgue a los agentes del seguro nacional de salud "los financiamientos necesarios para atender los pasivos originados, directamente, en sus prestaciones médico-asistenciales o destinados a la subsistencia de sus afiliados que registrara al 31.7.89 (Art. 53), es decir que, a diferencia de la ley 24.070, no prevé que el Estado se haga cargo -sustituyendo al deudor originario (lo que se ha denominado impropiamente "subrogación")- de los pasivos anteriores al 31.7.89. Y la obra social, para acceder a tal financiamiento, que no cambia frente al prestador del servicio a la obra, la calidad de deudora de esta, debe cumplir con la presentación de una solicitud debidamente fundada ante la comisión de saneamiento (creada por el art. 52), la que determinará la procedencia o no de los recursos solicitados (art. 54). A lo que cabe añadir que el decreto reglamentario 1643/90 preve en sus arts.

5 y 6 los requisitos que los agentes del seguro nacional de salud deben satisfacer para tener acceso al financiamiento contemplado en la ley 23.697. En tales condiciones, el régimen de la ley 23.697 no altera los derechos de la actora a perseguir el cobro de sus acreencias de la obra social deudora, cabiendo precisar que esta última no ha acreditado en absoluto haber cumplido con los recaudos de la ley mencionada y de su reglamentación.
Actos voluntarios, causalidad adecuada, facultades discrecionales del juez
Materia: CIVIL
Carátula: T., A. P. y otra c/ P., V. L. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-09

En la aplicación del criterio de la causalidad adecuada, la discrecionalidad judicial es inevitable sea cual fuere el criterio que se adopte.
Defensa en juicio, doble instancia, cuestión constitucional
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

En materia contravencional, las posibles dudas respecto de la garantía de la doble instancia no surgen a un nivel de interpretación constitucional, sino que se dan en un nivel infraconstitucional y quedan despejadas cuando se hace una interpretación sistemática de los preceptos involucrados; el sistema recursivo reglado por la ley nro. 12 resulta adecuado a la materia normada por la ley nro. 10, pues frente a ilícitos de una entidad menor que la criminal, se cuenta para su juzgamiento con una doble revisión, la segunda de ellas, a cargo de un tribunal colegiado -que, frente al recurso acusatorio, se expidió sobre similar contenido fáctico al analizado por el juez de grado- y, eventualmente, con un recurso ante este estrado destinado a velar por la fiel observancia de los principios rectores a los que debe ajustarse el trámite del sumario.

Por ello, el nuevo examen de la sentencia condenatoria, a partir de la sola invocación de tal motivo de impugnación, no constituye un asunto idóneo para habilitar la competencia limitada de este tribunal pues no resulta una derivación lógica y directa del texto constitucional.