Tribunal: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-09


2º Instancia. - San Isidro, mayo 9 de 2005.

1º ¿Es admisible, la impugnación planteada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor García Maañon dijo:

Que los recurrentes resultan legitimados "ex lege" para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación.

Han cumplido también los recurrentes con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del a quo, consignando su respectiva fundamentación (fs. 5/7).

En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que voto por la afirmativa (arts. 168, 171 Const. Pcia. Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes C.P.P.) El doctor Maroto, dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168, 171 Constitución de la Prov. de Bs. As. y 106 CPP.) 2º cuestión. - El doctor García Maañon dijo:

Que el Juez de Garantías, doctor O. A. D., resolvió (fs. 4) denegar la eximición de prisión a Cristian Abel Peralta, bajo ningún tipo de caución, por considerar que dada la escala penal establecida "prima facie" para el delito en tratamiento, la situación del nombrado escapa a los supuestos establecidos en el art. 169 del CPP.

Contra dicho resolutorio el letrado defensor interpuso recurso de apelación (fs. 5/7), en cuanto que es fundamental la consideración del imputado como inocente durante el proceso, ello a consecuencia de la necesaria realización de un juicio previo para la imposición de una pena. Condición que impone la regla de la libertad del imputado durante la tramitación del juicio penal arts. 18 y14 CN. Que la calificación efectuada por el magistrado al negar la eximición de prisión refiere un ilícito de cierta gravedad y que Peralta tomó conocimiento de la investigación por el allanamiento practicado en el domicilio de sus familiares, bastando para endilgarse su responsabilidad, participación en el hecho y consecuente orden de captura, el informe obrante a fs. 15 del principal, siendo inducido el nombre de Peralta en forma arbitraria. Que la detención ordenada no se ajusta a la norma procesal, ya que los elementos examinados resultan insuficientes para el dictado de la medida de coerción personal. Solicitando se revoque la resolución en crisis.

Analizada la cuestión planteada, estimo que la resolución dictada por el a quo resulta ajustada a derecho.

Como me he expedido en similares casos, estimo que le asiste razón a la defensa en relación a la incompatibilidad constitucional que se produciría en nuestro sistema legal al considerar la posibilidad normativa de presunciones iure et de iure sobre la existencia o mensuración de peligro procesal que detraiga la posibilidad de permanecer en libertad, durante el proceso, como deviene naturalmente adecuado al estado de inocencia de quien reviste la calidad de imputado.

Así advertimos que dicho principio se inscribe normativamente a nivel de jerarquía constitucional, -a través de lo consignado en los tratados integrantes del bloque de constitucionalidad federal-; en los arts. 7º inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9º inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece la libertad de las personas como la regla y la prisión cautelar como su excepción, a los efectos de asegurar la comparecencia del imputado al juicio. Repárese asimismo que el principio ya instaurado por vía de interpretación del art. 18 de la Const. Nacional por parte de nuestra Corte Suprema, ha tenido recepción expresa en el art. 21 de la Constitución Provincial al apontocar a la peligrosidad procesal como pauta a ponderar para mantener al imputado en libertad durante el proceso.

Consecuentemente, la valoración del peligro procesal (periculum ira mora), sólo se admite a través de un análisis del caso concreto por parte del órgano jurisdiccional, sin prescindir del marco axiológico que surge de los presupuestos normativamente instaurados por el legislador (arts. 171 y conc., C.P.P.), pero armonizando la ponderación a efectuar con el principio de inocencia, de donde se deriva una interpretación sistemática a favor de la presunción iuris tantum en el tratamiento de la cuestión como el método que abastece con mayor aptitud al paradigma constitucional.

No obstante ello, el imputado, a través de su defensa material y técnica, goza del derecho a presentar prueba destinada a desvirtuar las presunciones legales invocadas por el órgano jurisdiccional emisor de la resolución restrictiva de la libertad ambulatoria, en la inteligencia de que "... el tribunal debe atender a las circunstancias objetivas que en el caso concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción...", como bien ha dicho la Cámara Nacional de Casación Penal "in re" "Machieraldo, Ana M. L. S7 rec. de casación", (sala III, 2004/12/22).

Si bien ha sido objetado el carácter de presunción legal otorgado a los mandatos del legislador relativos a la determinación de situaciones de peligrosidad procesal, considerándolos "verdades interinas" (confr. Efraín Quevedo Mendoza, "Hacia la discrecionalidad judicial en el régimen de coerción personal del imputado", suplemento La Ley de jurisprudencia penal y procesal penal; 29/4/2005, p. 4, entre otros artículos), estimo que el "periculum in mora" no sólo surge de cuestiones de derecho (magnitud de la pena en expectativa), sino que puede inferirse de circunstancias fácticas (falta de residencia fija, apreciación de la voluntad de no someterse al proceso, entre otras) que sin hesitación devienen materia de prueba, exégesis que se compadece asimismo con el texto del art. 148 del ritual, motivos por los cuales adhiero a conceptuarlo en dicho sentido.

Avanzando en el análisis, tengo para mí que aun en el caso del art. 171 del ritual, -tachado de inconstitucional en numerosos fallos del Poder Judicial esta provincia-, el método de interpretación sistemática de la ley permite sostener la exégesis que propongo. En efecto, la referencia a los peligros procesales presumidos ex lege en la parte liminar del precepto mentado, permite inferir sin dificultad que devienen presupuestos que el juez puede desestimar en la apreciación del caso concreto si opina que, a pesar de su objetiva presencia, no configuran el riesgo de elusión de la justicia o entorpecimiento de la investigación, como surge asimismo del soporte normativo que le otorga la letra del art. 148 del mismo digesto, que expresamente establece una presunción iuris tantum para determinar los puntos en cuestión.

En tal inteligencia, considerando la interpretación restrictiva impuesta para toda disposición legal que coarte la libertad personal, -entre otros casos-, como menta el art. 3º del ceremonial, no cabe otra conclusión que entender lo consignado en la primera parte del art. 171 del mismo cuerpo normativo, como comprensivo de la totalidad de su texto, aún en el caso de la imputación de delitos supuestamente "inexcarcelables" (incisos a), b.), c), d), e), f), g), h)), operando en igual sentido lo normado en el art. 148 del Código adjetivo.

Por otra parte, reitero, nada impide la determinación legal de peligrosidad procesal por parte del legislador, como acertadamente ha expresado la Corte Nacional en c. "Nápoli, Erika y otros" (1998/12/22, La Ley, 1999-B, 662), pues recordando que no existen derechos absolutos (art. 14 Const. Nacional), toda vez que su ejercicio se subordina a la reglamentación que, a su vez, no puede alterar la esencia de esos derechos, como consigna el principio de razonabilidad ínsito en el art. 28 de la Constitución Nacional, aun la libertad ambulatoria, que configura uno de los derechos más preciados del hombre, responde a la manda constitucional y puede y debe limitarse, -en excepcionales casos-, ante la posible lesión al mandato preambular de "afianzar la justicia", el cual reviste plena operatividad (confr. María Angélica Gelli, "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada", Ed. La Ley, 2º ed., 2003, p. 6).

Así las cosas, repárese en que añeja jurisprudencia y doctrina asigna a la declaración de inconstitucionalidad el carácter de "ultima ratio" en los casos en que las normas "devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional" (confr. C.S.J.N., "Miranda de Rivero, Fanny Eva c. Carlos Buessau, SAIC y otra", 2/III/99), aplicando la teoría de autorrestricción del Poder Judicial en el tema (self restraint), claramente expresada en el voto en disidencia del juez Frankfurter de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en "West Virginia State Board of Educación vs. Barnette" (319 US, 624, 1943), al consignar: "... que el único control que existe sobre nuestro ejercicio del poder es nuestro sentido de la autorrestrición...". Por ello, en salvaguarda de no afectar el equilibrio de poderes que constituye el pilar de nuestro sistema republicano de gobierno, los jueces debemos privilegiar la interpretación que armonice la norma con la Constitución y las garantías de ese rango integrantes del llamado "bloque de constitucionalidad", preservando un objetivo bifronte: el respeto a los derechos humanos y la integridad del sistema de gobierno que nos rige.

A la vera de lo expuesto, paso a analizar el caso que nos ocupa.

La presunción legal que surge del delito imputado a Cristian Abel Peralta -robo calificado por el uso de armas y su comisión en poblado y en banda-, es tributaria de las graves penas previstas para las figuras de los arts. 166 y 167 del Cód. Penal, generando ex lege una situación de peligrosidad procesal que no se halla enervada por otras circunstancias de la causa.

En efecto, no surge de las actuaciones el desempeño de trabajo estable por parte del imputado que permita determinar su arraigo, reconociendo la misma defensa que se halla en libertad condicional (ver fs. 6 vta. del recurso de apelación) beneficio que sería revocado en caso de una eventual condena en el presente. En consecuencia, no se advierte un panorama que vulnere la situación de peligro procesal existente en relación a Cristian Abel Peralta, sino que, por el contrario, las circunstancias mencionadas precedentemente se erigen en componentes de un cuadro afirmativo al respecto.

A tenor de lo expuesto, propongo rechazar el recurso intentado, confirmando la denegatoria de eximición de prisión dispuesta por el a quo en relación a Cristian Abel Peralta. Así lo voto (arts. 21, 168, 171 Constitución de la Prov. de Bs. As., 106, 148, 185, 186, 169 "a contrario", 439 y concs. C.P.P., 166 inc. 2 último párrafo y 167 inc. 2 CP).

El doctor Maroto dijo:

Conforme como me expidiera en numerosas causas que el análisis del presente caso debe ser resuelto a luz del art. 21 de la Constitución Provincial.

Conviene recordar que la norma Constitucional afirma que: "... Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente. La ley determinara las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza del delito, peligrosidad del agente, y demás circunstancias, y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional...".

Aparece evidente, en consecuencia, que el legislador constituyente ha creído y ha puesto su fe en la prudencia y en la responsabilidad de los Jueces, poniéndolos a cargo de la custodia de las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos por la Constitución, debiendo los Jueces en el supuesto que una ley, decreto u ordenanza sean contrarios a los mismos, declarar la inconstitucionalidad y su no aplicación (conf. art. 57 Constitución Provincial).

Curiosamente la norma violada en el caso es precisamente la facultad de los jueces de resolver la excarcelación o la eximición de los imputados, vulnerada por el art. 169 del C.P.P., según ley 12.045 que impide expresamente a los Jueces conceder la excarcelación en determinados supuestos, circunstancia que determina fatalmente la inconstitucionalidad de la mencionada norma y su no aplicación por los Jueces, de conformidad con la norma correctiva del art. 57 de la Constitución Provincial.

En consecuencia, ante la desviación del legislador, procede la censura de la norma mencionada y resolver la cuestión de conformidad con el régimen excarcelatorio previsto en la Constitución Provincial (art. 21 Const. Prov.).

Sin perjuicio de ello, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante, doctor García Maañón, por sus motivos y fundamentos, (conf. arts. 168, 171 Constitución de la Prov. de Bs. As. y 106 CPP); con la salvedad.

Por ello, el Tribunal resuelve: I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el doctor A. F. J. F. a fs. 5/7 (conf. arts. 168 y 171 Const. Pcia. Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes C.P.P.) II. Confirmar el auto, obrante a fs. 4 y vta., que deniega la eximición de prisión a Cristian Abel Peralta, bajo ningún tipo de caución, por los motivos expuestos en el considerando (conf. arts. 21, 168, 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As., 106, 185, 186, 169 "a contrario", 439 y concs. del C.P.P; 166 inc. 2 último párrafo y 167 inc. 2 CP). - Ernesto A. A. García Maañón. - Fernando Maroto.