Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 200/202.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 213 del 22 de junio de 2017, dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, en los autos caratulados "ASOC. MUT. AYUDA ASOC. Y AD. FOOT. CLUB BELGRANO GDOR. CRESPO contra BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. FILIAL NRO. 372 -AMPARO- (EXPTE. 99/17)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511740-9); y,	CONSIDERANDO:

1. Por resolución 213 del 22.06.2017, la Alzada confirmó la sentencia de baja instancia -que dispone una medida cautelar innovativa consistente en la apertura o reapertura de una cuenta corriente a favor de la actora, haciendo la salvedad de que la cautelar tiene un plazo de vigencia de 90 días, renovable por causa justificada, que comienza a regir desde la efectiva traba de la medida cautelar, esto es, desde la apertura de la cuenta corriente-, con costas (fs. 4v. y 7v.).	Contra dicho pronunciamiento, la compareciente interpone recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.	Tras relatar los antecedentes relevantes de la causa, critica al decisorio por imponerle una contratación no deseada, en violación a la normativa procesal y de fondo.

A este respecto, aduce que no se está frente a una "medida cautelar" sino ante una verdadera "sentencia anticipada", que dispuso una obligación de contratar que no existe en nuestro derecho, ya que en ningún momento la ley faculta a un particular a requerir judicialmente una determinada contratación o servicio.

Se agravia de que se dispone la apertura de una cuenta cuando aún no se ha debatido el mencionado derecho, esto es, si el banco ha cumplido con los recaudos legales.

Asimismo, le atribuye al fallo haber tergiversado los extremos que habilitan la procedencia del amparo, para lo cual cita jurisprudencia en la que se habría rechazado "in limine" una acción idéntica a la presente.

Alega que para que proceda el amparo debe mediar un obrar ilegítimo y, en el caso, la facultad rescisoria está prevista en el artículo 1404 del Código Civil y Comercial. Añade que la supuesta contradicción con el artículo 28 de la ley 20321, no es tal, ya que no se verifica que su parte sea la única entidad bancaria a la que puede acceder la mutual y dicha norma solo impone la bancarización de los fondos mas no necesariamente en una cuenta corriente bancaria, que por lo demás no puede obligar al banco a prestar dicho servicio a quien no le interesa como cliente.

Afirma que no se hallan abonados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, puesto que la accionante no demostró que no tuviera otra cuenta corriente en otra entidad, o que se le negara el acceso a cuentas corrientes en otras instituciones, ni que el cierre de la cuenta bancaria implicase impedir todo tipo de actividad de la misma, sino que la propia realidad manifiesta lo contrario.

Califica al pronunciamiento de arbitrario por obligar a su parte a contratar con la parte actora, esgrimiendo que se trata de una imposición infundada, una ilegalidad manifiesta, que viola los artículos 8, 13, 14, 15 de la Constitución provincial y 14, 16, 17 y 18 de la nacional.

Por último, sostiene que el A quo nada dice acerca de la imposibilidad de cumplimiento de la medida, que se basa -en esencia- en que no es susceptible de reapertura una cuenta cerrada y porque una contratación no puede abrirse por voluntad judicial o una de las partes.	2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto 474 del 15.12.2017 (fs. 23/24), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 28/32).	3. El primer requisito legal para que este recurso resulte admisible estriba en que el medio impugnatorio se dirija contra sentencias definitivas, dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación (art. 1, ley 7055).

Y, precisamente, no se subsume en dicha hipótesis el pronunciamiento que motiva la presente queja, mediante el cual se confirmó la medida cautelar innovativa dispuesta en baja instancia -que ordena a la entidad demandada que proceda a la reapertura de la cuenta corriente abierta a nombre de la Mutual accionante o en su caso a la apertura de una nueva cuenta corriente de iguales condiciones y prestaciones- con "(...) la salvedad de que la cautelar tiene un plazo de vigencia de 90 días, renovable por justificada causa, que comienza a regir desde la efectiva traba de la medida cautelar, esto es, desde la reapertura de la cuenta corriente", ya que, teniendo en cuenta su propia naturaleza, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable (cfr. sobre la no definitividad de las medidas cautelares, Fallos:256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; y 324:432).

Tampoco demuestra la quejosa la irreparabilidad del gravamen (A. y S. T. 51, págs. 307/309) que, de acuerdo con las constancias de autos y como consecuencia ineludible, pudiera depararle lo decidido para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas (A. y S. T. 60, pág. 192).	Así entonces, resulta aplicable al sub lite la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el sentido de que "las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medien agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables, situación excepcional que no se da en el caso" (Cfr. Fallos:305:1847).	En sentido análogo agregó a dicha tesis que "la doctrina de la arbitrariedad no suple la falta de dicho requisito, salvo que se demuestre que el perjuicio que la decisión pueda ocasionar es de imposible reparación ulterior, supuesto de excepción que en la especie no se acredita" (Fallos:305:1929).	A la luz de tales directrices no puede sino concluirse, pues, que por su propia naturaleza -cautelar-, la resolución que se impugna en el sublite -que, cabe destacar, tiene un plazo de vigencia de 90 días- no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable y obsta, por ende, a la admisibilidad de este recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación, Distrito Judicial N° 13 de la ciudad de Vera.