marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González Oscar Ariel c/ Hernandez Carlos A. s/ Cobro de Pesos- Resolución apertura a prueba.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-08

La oportunidad procesal, para el apelante, de pedir que se abra a prueba en alzada, es al expresar agravios contra la sentencia definitiva por lo que,ejecutado el último acto procesal citado, precluyó la posibilidad de replanteo de prueba en esta instancia, siendo inadmisible el escrito en que, con posterioridad a vertirse los agravios, se interesa la producción de probanza.
Querellante, legitimación activa, controlador general municipal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARTAÑA, Antonio s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

El Controlador General (Ombudsman) de la Ciudad de Buenos Aires, no reúne los requisitos para asumir el rol de querellante, de acuerdo al art. 82, C.P.P., pues no aparece como persona particularmente ofendida por un delito de acción pública.
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Jauma Juan Carlos y Otro s/ preparación de vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La fecha asignada por el Juez de grado para el comienzo de los intereses, implica que la primera de las cuotas, hoy ejecutada, quede conformada por capital puro, sin el accesorio pactado libremente por las partes en concepto de interés (conf. arg. 622 y cctes., 1197, 1198 Código Civil). Consecuentemente con lo expuesto, corresponde se fije como fecha a partir de la cual, comienzan a devengarse los intereses.
Decretos municipales, nulidad del acto administrativo, reescalafonamiento, motivación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ VILAR, Carmen c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE DECRETO MUNICIPAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

La sola cita de las disposiciones legales por parte del Departamento Ejecutivo de la Comuna, constituye motivación suficiente y razonable para limitar a un agente en sus funciones de conducción.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de huelga, deducciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: A. de T. E. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-15

"Debe destacarse el carácter sinalagmático de la relación que obliga al Estado a pagar el salario siempre que el agente haya prestado el servicio y no cuando dejó de hacerlo por voluntad propia y sin amparo en alguna de las causales previstas en la ley para gozar de licencia con pago de haberes . El derecho de huelga del empleado tiene su correlato en la no percepción del salario por no haber motivos que generen el mismo. No puede exigir el cumplimiento quien no ha cumplido-"exceptio non adimpleti contractus".
Defensa del consumidor, acción judicial, ley procesal, contratos bancarios, excepción de incompetencia, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSUMIDORES  FINANCIEROS ASOCIACION CIVIL P/SU DEFENSA c/ CREDITSUISSE S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Procede confirmar la decisión mediante la cual el Sr. Juez de Grado desestimó la excepción de incompetencia que opusiera la institución financiera demandada. Ello en tanto -en el caso- con la promoción de la presente demanda, la actora procura -con sustento en la Ley de Defensa del Consumidor- que la entidad bancaria accionada resarza en forma integral a todos los inversores que contrataron con la demandada en nuestro país, ya sea a través de un banco suizo; pues fueron entregados ahorros que la institución derivó a cierto grupo. Es que una de las cláusulas que conforman el cuerpo de los contratos adjuntos dispone que "Todas las relaciones del cliente con el banco están sometidas al derecho suizo. La jurisdicción exclusiva en todo procedimiento será la ciudad de Zurich o el domicilio suizo de la oficina bancaria que esté en relación contractual con el cliente. El Banco tiene asimismo el derecho de iniciar y seguir acción judicial contra el cliente ante cualquier otro tribunal competente". La ambigüedad y, en cierta medida, arbitrariedad de la clausula transcripta, reduce a nada la autonomía de la voluntad de una de las partes -las más débil- que como primera norma debe resultar privilegiada en materia de jurisdicción y se contrapone con el criterio seguido por la legislación suiza aplicable a sus ciudadanos en esta materia. La experiencia indica que la elección o prórroga puesta a disposición de ambos contratantes será en la mayoría de los casos contraproducente para el consumidor y favorable al proveedor. Es más, se ha entendido que la prórroga ejercitada antes de que surja un litigio es en general peligrosa (Werner Goldschmidt, Derecho Internacional Privado, Décima edición actualizada por Alicia M.

Perugini Zanetti, Editorial Abeledo Perrot, 2009 página 698 refiriendo a la aplicación analógica de las normas del Protocolo de Jurisdicción Internacional en Materia Contractual del Mercosur, a las relaciones con el consumidor). Los argumentos desarrollados sumados al desconocimiento por parte de la actora de aquellos acuerdos tornan improponible apoyarse en la referida cláusula de prórroga para determinar la jurisdicción foránea.
Impuestos, compensación, extinción de las obligaciones, actualización monetaria, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: S.A.V.Y.C.  (SOCIEDAD ANONIMA VIAL Y CONSTRUCTORA) c/ FISCO NACIONAL  D.G.I. s/ DEMANDA DE REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

Teniendo en cuenta que la compensación extingue con fuerza de pago las deudas desde el momento en que se formuló el pedido respectivo, no procede la devolución de los pagos efectuados por actualización monetaria desde la fecha en que se operó el vencimiento del impuesto y hasta el momento en que se efectuó el pedido de compensación.
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: G., C.A. c/ T. XX SRL y P.A. SA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-04

En orden a la fecha a partir de la cual ha de computarse el plazo de prescripción, cabe considerar que la exigibilidad del crédito y el consecuente inicio del cómputo de la prescripción de la acción indemnizatoria, tienen su origen y determinación a partir de la fecha en que el actor adquiere pleno conocimiento del grado al que asciende la disminución de su capacidad laboral.

En efecto, el hecho de sufrir un accidente, no hace correr el plazo de prescripción, hasta tanto el trabajador, usando la diligencia propia de un "buen trabajador", no tiene conocimiento de que el evento le ha producido una incapacidad.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones leves, defensa en juicio, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Naselli, Javier Adolfo c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Naselli, Javier Adolfo sobre 89 - lesiones leves y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-21

Corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos por la defensa, dejar sin efecto la resolución recurrida y reenviar el caso para que, por intermedio de otros jueces, se resuelvan los recursos de apelación presentados por la fiscalía y la querella (arts. 26 y 32 de la ley n° 402). Ello así, toda vez que la defensa demostró la incongruencia de la decisión recurrida ante la carencia de coincidencia sustancial de argumentos entre los magistrados de la Cámara. Los votos de aquellos que, en apariencia, formaron mayoría, lo hicieron en función de fundamentos sustancialmente diferentes, vulnerándose así las garantías que tutelan la defensa en juicio y el debido proceso. En efecto, no hubo una coincidencia argumental respecto de la cuestión que la fiscalía y la querella habían puesto a consideración de la Cámara a través de sus apelaciones -esto es, si correspondía suspender el proceso a prueba pese a la existencia de una razonable oposición-. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: PANFALONE, Adriana Hebe c/ SANATORIO ANCHORENA y otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Ampliación de fundamentos del Dr. Fermé:

Las llamadas "pruebas de sensibilidad" resultan particularmente relevantes ante un paciente alérgico, y su realización aparece impuesta por las más elementales reglas de prudencia.-
Recurso extraordinario, depósito previo, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Pallares, Carlos A. c/ S.C. Jonhson de Arg. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Cuando el art. 56 del dec. ley 7718 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los recursos extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, se refiere, en principio, a las costas de la parte contraria puesta a cargo del recurrente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amenazas, archivo del expediente, dirigente gremial, periodistas
Materia: PENAL
Carátula: Moyano, P. c/  s/ archivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-16

Cabe confirmar la decisión que dispuso el archivo de una causa iniciada por un periodista, en orden a la presunta comisión del delito de amenazas, contra un dirigente sindical a raíz de la colocación en la vía pública de carteles conteniendo frases agraviantes contra el querellante, con la presunta finalidad de que éste cese en sus investigaciones y publicaciones, puesto que si bien los hechos denunciados habrían estado dirigidos a menoscabar la reputación periodística del denunciante exteriorizándose a terceros mediante su manifestación verbal en una reunión y visual en la colocación de afiches en la vía pública, de ninguna manera ello puede ser entendido de manera inequívoca como el anuncio futuro de un mal cierto y claro, requisito ineludible de la calificación penal propuesta por la querella.
Recurso contencioso administrativo, costas, caducidad, interés concreto
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL CIVIL
Carátula: MONJE, RAMON SILVANO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD     CSJ EXPTE NRO 426-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-06

Un juicio perimido por la inactividad del recurrente, no es encuadrable en la hipótesis del artículo 84 inciso "c" del Código Contencioso Administrativo -Ley 4106-, que faculta al Tribunal a eximir de la condena en costas a la parte vencida, cuando haya habido motivo bastante para litigar, en razón de que dicha norma contempla el caso de un juicio terminado con sentencia, en la que la parte vencida tuvo motivos valederos para continuar el pleito hasta su fin.
Defraudación, estelionato, boleto de compraventa, corretaje inmobiliario, estafa, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Hugo H. s/ Causa 44.871
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

No constituye el delito de estelionato, la conducta de quien, en su calidad de intermediario inmobiliario, y en connivencia con los co-procesados, realiza un aporte fundamental para que éstos simularan ser propietarios de un inmueble -sobre el que pesaban embargos e hipotecas-, logrando así la suscripción de un boleto de compraventa con el damnificado, para luego apoderarse de la suma abonada por éste a la celebración del acto. No importa gravamen alguno sobre un inmueble la firma del boleto de compraventa, dado que el tipo en análisis requiere que los gravámenes se realicen a través de instrumentos públicos, ello sin perjuicio de configurar dicho accionar, el delito de estafa, puesto que la calidad de corredor del procesado, implica un deber de garantía en relación a cada una de las partes de la operación, por lo que al silenciar las irregularidades que poseía el inmueble, indujo a error a la víctima, quien de tal forma, dispuso de su patrimonio en forma lesiva para sus intereses.
Honorarios, compraventa, factura, recibo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Kuc, María Miriam c/ Centro Hogar Distribuciones s/ Ordinario Kuc, María Miriam c/ Centro Hogar Distribuciones s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-02-04|1993-02-04

En una demanda por cumplimiento de contrato, el precio convenido en la conmutación da el contenido económico exigido por la ley 2011 para determinar la escala aplicable en la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes. Es que la causa no está limitada a una obligación de dar o entregar un electrodoméstico, sino que abarca el cumplimiento de un contrato de compraventa, cuya forma de hacerlo efectivo para el vendedor es la de transmitir el dominio mediante la tradición de la cosa, pero ello es tan solo la forma, no ajena a la esencia del contrato que, como tal, tiene un precio, es decir una valoración económica que es la que debe ser tomada por el art. 3ro. de la misma. En la causa no surge de la factura glosada, el precio de la operación convenida; por ello, y a los fines regulatorios, debe computarse entonces el monto de lo pagado en función de dicha factura, porque ello configura la base económica del sinalagma cuyo cumplimiento se persigue aquí, y que no es otro que el que emerge de la sumatoria de lo abonado a través de los recibos obrantes en autos.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, facultades del juez, facultades de saneamiento, economía procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Biscione Norberto c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal Aires s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-09

Del principio de economía procesal deriva el principio de saneamiento o de expurgación, en cuya virtud se acuerdan al juez facultades suficientes para resolver, in limine, todas aquellas cuestiones susceptibles de impedir o entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa. Se tiende, en primera instancia, a mantener vivo el proceso antes que pronunciar su invalidez o ineficacia.

El mencionado principio fue recogido en la legislación local en cuanto se acuerda a los jueces la potestad de señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije (art. 27, inc. 5, del CCAyT). Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele y Eduardo A. Russo.
Asociaciones sindicales, libertad sindical, democracia participativa
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Asociación Bancaria Lista 22 Tricolor Seccional Trelew s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Si bien es en aras de la libertad sindical que las asociaciones sindicales pueden redactar libremente sus estatutos y disponer allí lo que estimen conveniente en ejercicio de la autonomía sindical, no es menos cierto que lo previsto estatutariamente debe ajustarse a las pautas previstas por los arts. 8 y 16 de la ley 23.551, es decir, garantizar la efectiva democracia interna; así como resguardar los principios fundamentales que rigen en la materia.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Grawe, Juan s/ Infracción art. 302 inc. 2do. del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia omisión de cuestión con fundamento en los arts. 156 de la Constitución provincial y 263 inc. 4to. g) del Código de Procedimiento Penal si, además de no ser aplicable a la Cámara el art. 263, la cuestión que se dice omitida fue expresamente resuelta.
Acción de amparo, sentencia definitiva, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: BELTRAN ANTONIO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ ACCION DE AMPARO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-06-01

No puede admitirse el recurso extraordinario, habida cuenta que el recurrente no realiza una adecuada critica del fundamento expuesto en la sentencia de primera instancia referido a la improcedencia del amparo cuando hay en trámite un expediente administrativo sin resolución firme. Tal consideración integra el pronunciamiento en recurso atento a la expresa remisión del a-quo a los fundamentos expuestos en primera instancia. Así entonces, tal fundamento, no criticado adecuadamente, debe considerarse firme y en consecuencia irrevisible por la corte.
Regulación de honorarios, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVAS DE VIVIENDAS LA NAVAL ARG. LTDA. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien la norma contenida en el art. 244 del CPC después de la reforma introducida por la ley 22.434, resulta que la fundamentación del recurso de apelación contra las regulaciones de honorarios es facultativa, tal circunstancia no exime al apelante de justificar, en oportunidad de su interposición, que el valor disputado en último término, excede al suma indicada por el art. 24 inc. 6to. ap. a) del dec-ley 1.285/58, según las leyes 21.708 y 22.434 y resolución C.S.

1.242 del 27/12.88.

En la especie, el letrado se limitó a señalar que la reglamentación de honorarios era reducida y a cuestionar la resolución también en su aspecto sustancial, omitiendo toda referencia la sustancia económica discutida, la que se hallaría representada por la diferencia entre las sumas reguladas y las mayores pretendidas, ya que ése sería el valor disputado en último término. No habiéndose cumplido tal recaudo, que es presupuesto de la concesión del recurso interpuesto, corresponde declarar improcedente la apelación.
Despido, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SANTANA LUIS ALBERTO c/ SIEMBRA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-26

Si las sumas percibidas luego de un despido pertenecen a operaciones realizadas antes, sin que se haya demostrado en qué mes se devengaron, deben ser acumuladas a la remuneración del despido.
Sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, regulación de honorarios, regulación provisoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cas TV.  SA c/ Tele Imagen Privada  SRL s/ prohibición de uso de señal televisiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No es sentencia definitiva ni equiparable a tal, la decisión que regula honorarios con carácter provisorio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, ofensas cometidas por medio de la prensa, coautoría, daños y perjuicios, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: GUERRERO, TERESITA M. c/ FARIAS, ANDREA s/ QUEJA POR DENEGACIO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE. C.S.J. NRO. 397 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Corresponde rechazar la queja desde que toda la argumentación recursoria se vincula con el criterio con que el tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, y con el que valoró las pruebas y en función de ello interpretó y aplicó las normas comunes al sostener que en nuestro sistema la ley consagra la responsabilidad solidaria de los codeudores de un hecho ilícito doloso o culposo, es decir, en el derecho argentino hay un sólo tipo de solidaridad, la regulada por el artículo 699 y ss. del código de fondo,agregando que la solidaridad obligacional puede emanar de la voluntad de las partes o de la ley y dentro de esta última, vinculada específicamente al caso concreto, se encuentra lo normado por el artículo 1081 del Código Civil que establece la obligación solidaria de reparar el daño causado por un delito respecto de todos los partícipes ya sea como coautores, consejeros o cómplices, solidaridad que luego de la reforma introducida por la ley 17.711 (1968) se aplica también a los cuasidelitos. En definitiva, afirmó que la presencia de solidaridad entre ambos codemandados significa que la interpelación que realice el acreedor respecto de uno de los codeudores propaga sus efectos hacia los restantes por lo que no cabía admitir la prescripción liberatoria invocada por el codemandado admitida, en su oportunidad por el inferior.
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: ALICATA DE KOZINER, María Cristina c/ PAVON, Ramón Mario s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

Aún cuando es cierto que el juez "iura curia novit" no está compelido a aplicar el derecho invocado por las partes, ya que debe suplir el silencio o calificar la acción, si fue erróneamente invocado, está impedido, en cambio, de alterarla o modificarla. De allí que, si el actor reclama el desalojo de un inmueble invocando su título de dueño, no puede el juez mandárselo entregar a título de locador, o por el contrario, si se lo pretende como aquél, no se lo puede reintegrar en virtud de otro título.-
Recurso extraordinario, tribunales militares, estado de derecho, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, recurso militar ante la justicia federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La vigencia del estado de derecho y la conciencia jurídica alcanzada por la sociedad argentina, constituyen razones suficientes para modificar el criterio según el cual la jurisdicción ejercida por los tribunales militares no es la del art. 100 de la Constitución Nacional y, por tal motivo, en lo referente a la interpretación de las normas castrenses la Corte carece de las facultades de revisión que posee respecto del resto de las leyes federales; máxime frente a la creación de una revisión por ante la justicia nacional de los fallos dictados por los tribunales militares, conforme lo preceptúa la ley 23.040, que implica el rechazo de la idea que sustenta esa doctrina.