Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26


Expte. n° 7123/10 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Parodi, Juan José s/ infr. art. 183 CP'" Buenos Aires, 26de abril de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Este proceso se inició el día 10/09/08 y tramitó inicialmente ante el Poder Judicial de la Nación. En ese ámbito, luego de cumplidos ciertos actos procesales según su regulación en el CPPN, la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 37 formuló requerimiento de juicio. La causa fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 que, el 27/11/08, resolvió declararse incompetente para intervenir en el caso y, en consecuencia, ordenó enviar las actuaciones al Poder Judicial de la Ciudad.

2. El 11/12/08 el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 7 resolvió, en lo que aquí importa, rechazar una solicitud de mantenimiento de la prisión preventiva realizada por la fiscalía, ordenar la libertad del imputado pero, no obstante, también decidió imponerle algunas de las medidas restrictivas autorizadas por el art. 174, CPP (fs. 1/5).

El 02/02/09 la fiscalía interviniente dictó, conforme lo dispuesto en el art. 92, CPP, el decreto de determinación de los hechos que deberían ser investigados en este proceso.

3. El 26/02/09 y el 07/05/09 se realizaron dos audiencias de mediación que derivaron en sendos acuerdos entre el acusado y los denunciantes (fs. 7 y 9). El 17/06/09 la fiscalía decretó el archivo de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 199, inc. h, y 204, 2º párrafo, CPP, en tanto consideró que el acusado había cumplido con los compromisos asumidos oportunamente (cf. fs. 8, 10/11 y fs. 12/13).

En el punto II de la misma decisión, el Sr. Fiscal dispuso remitir las actuaciones al juzgado en lo PCyF nº 7 a fin de que el magistrado se expidiera respecto del cese de las medidas restrictivas que había impuesto en la resolución del 11/12/08, ya mencionada y de la inhibición general de bienes ordenada respecto del imputado.

Tras recibir las actuaciones, el 17/07/09 el Sr. juez de primera instancia resolvió declarar la inconstitucionalidad de los arts. 199, inc. h, y 204, inc. 2, CPP, y declarar la nulidad del dictamen fiscal mediante el cual se ordenó archivar el caso, disponiendo la remisión de las actuaciones a la Fiscalía para que continúe el proceso (fs. 14/15).

Esa decisión fue apelada por la fiscalía y por la defensa (fs. 16/19 y 21/33) y la Sala I de la Cámara, al resolver los recursos, declaró la nulidad "del presente proceso a partir de que el Fiscal [mediante el decreto del 02/02/09, fs. 6] dio comienzo nuevamente a la etapa de investigación (.) y de todo lo obrado en consecuencia, es decir la mediación (.) y la decisión por la que el titular de la acción dispuso el archivo de la presente (.), confirmando en consecuencia la resolución del juez de grado" (fs. 37/46).

4. La defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la decisión mencionada en el punto anterior (fs. 48/65). En su recurso, la defensora indicó que la resolución dictada por la Cámara -en cuanto impuso reanudar un proceso válidamente concluido anulando actos consentidos por las partes y confirmó la declaración de inconstitucionalidad, de oficio, de las normas que regulan la mediación penal en la Ciudad- configura un supuesto de gravedad institucional, resulta arbitraria, lesiona el derecho de acceso a la justicia, la garantía de debido proceso, el derecho a ser oído y el derecho a obtener un pronunciamiento en plazo razonable.

5. La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad reseñado porque consideró que no ataca una sentencia definitiva, ni un auto equiparable a tal. Asimismo, concluyó que la defensa no ha logrado conectar sus agravios con las reglas constitucionales mencionadas en el recurso.

El Defensor General, frente a esa resolución, acudió ante el Tribunal mediante la queja que está agregada a fs. 73/81.

6. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, consideró que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta y rechazar el recurso de inconstitucionalidad intentado. Para fundar su propuesta, indicó -al analizar el recurso directo- que la presentación del defensor es formalmente admisible y que, además, critica de modo exitoso el auto denegatorio atacado al demostrar que la resolución de la Cámara es equiparable a una sentencia definitiva. Sin embargo, entendió que -pese a su validez constitucional- el instituto de la mediación no era aplicable al caso porque fue empleado una vez que se había superado la etapa de investigación preparatoria (fs. 85/86). Por esa razón, entendió que no se han configurado los agravios denunciados por la defensa.

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja fue presentado en término y conforme las exigencias formales del art. 33 de la ley nº 402. Expone, además, una crítica concreta y desarrollada que logra poner en crisis el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad pues si bien dicha presentación no ataca una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, la defensa ha logrado aportar determinados argumentos que permiten corroborar la insuficiencia de una reparación ulterior en el caso, con fundamento en el derecho del justiciable a transitar un proceso que no se extienda más allá de lo razonable (cf. doctrina de la CSJN en Fallos: 272:188, entre otros, y, mutatis mutandi, mis votos in re "Kim, In Jung s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Kim, In Jung s/ art. 74 del CC'", expte. n° 3790, sentencia del 01/06/2005 y "Richichi, Sergio Daniel s/ inf. art. 82 Ley 1472 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 5293/07, y su acumulado, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Richichi, Sergio Daniel s/ inf. art. 82 Ley 1472'", expte. nº 5298/07, sentencia del 14/09/2007).

En otras palabras, la nulidad declarada de oficio por la Sala I impone retrotraer el proceso al momento en que la causa fue recibida en la justicia local, invalidando diversos actos procesales convalidados por las partes, de manera tal que corresponde ponderar en este momento los argumentos que respaldan tal decisión. Ello, con la finalidad de establecer si, como lo denuncia el recurrente, atento a las particularidades de este proceso, se ha producido una afectación a una garantía susceptible de tutela inmediata, como lo es la que asegura que las personas acusadas resuelvan su situación procesal sin dilaciones indebidas. En consecuencia, voto por hacer lugar al recurso de queja.

2. La defensa, en su recurso de inconstitucionalidad, expuso que lo decidido en esta causa configuraba un caso de excesivo rigor procesal. Por un lado, la recurrente destacó que el magistrado de primera instancia había declarado de oficio la inconstitucionalidad de la mediación sin relacionarla con el caso en concreto, apartándose de una interpretación razonable de los actos cumplidos por el acusado.

Asimismo, indicó que los camaristas incurrieron en el mismo vicio al confirmar lo decidido y, además, al haber anulado "los actos del procedimiento llevados a cabo en debida forma y consentidos por las partes, esto es, perfectamente válidos, sin explicitar qué garantía constitucional fue transgredida para aplicar dicha sanción procesal extrema" (fs. 54).

Por último, la defensora ha denunciado que el fallo de la Sala I ha ocasionado perjuicios no solamente al imputado, sino también a las víctimas "por la afectación de derechos adquiridos derivados de los actos celebrados, ahora NULOS, y por la prolongación indefinidamente en el tiempo, con la inseguridad jurídica que ello supone y la incertidumbre que le acarrea a mi ahijado procesal, quien pasó de tener una causa archivada -con fecha de inicio 10 de septiembre de 2008- a tener (.) un caso sin resolución alguna y a estar a las puertas de ser sometido a juicio y ser eventualmente condenado" (fs. 64, destacado en el original), a lo que agregó que "de haberse respetado los actos concertados entre las partes" el proceso debería haber finalizado el día 17/06/09, fecha en la cual la fiscalía decretó el archivo de las actuaciones.

3. El recurso de inconstitucionalidad debe ser admitido. Asiste razón al recurrente cuando señala que la nulidad declarada por la Sala I, de oficio y en supuesta defensa de ciertas reglas constitucionales que no fueron mencionadas y cuya titularidad tampoco se individualizó, retrotrajo el proceso a una etapa precluida, provocando una injustificada prolongación de este proceso penal.

La declaración de nulidad resuelta por la Cámara implicó, entonces, un ejercicio inadmisible de su competencia; los magistrados omitieron fundar cuáles eran las razones que justificaban una medida tan extrema como la declaración de nulidad de prácticamente la totalidad de los actos procesales llevados a cabo en esta jurisdicción. En rigor, los camaristas no dieron más que una fundamentación aparente a su decisión cuando -en lugar de acotar su análisis a la admisibilidad y procedencia de las apelaciones interpuestas- evaluaron el modo en que se había llevado adelante el proceso, en pos de defender la vigencia de los derechos de algún sujeto procesal no identificado; es decir que los jueces -basados en la premisa de que los magistrados deben "controlar la legalidad del proceso, verificando el cumplimiento de las garantías constitucionales" (foja 44vta.)- evitaron mencionar qué garantía se pretendía resguardar y, por sobre todo, quién sería el perjudicado por el vicio sustancial, a su entender, detectado.

Por otra parte, si los jueces consideraron que la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal había sido irregular pudieron, al menos por regla general, emplear los mecanismos institucionales previstos para que se analizara su desempeño, sin derivar de aquello, como consecuencia necesaria, la retrotracción del proceso en perjuicio del acusado y los denunciantes que intervinieron en el proceso de mediación.

Así las cosas, la decisión cuestionada afecta las reglas vinculadas con la garantía de la defensa en juicio oportunamente invocadas por la defensa pues la razón enunciada para retrotraer las actuaciones, en las condiciones expuestas precedentemente, no resulta consistente (cf. doctrina de Fallos: 272:188).

Prospera a este respecto, entonces, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y la sentencia de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal debe ser revocada.

4. Algo similar puede detectarse con respecto a la actuación del magistrado de primera instancia en el caso pues, en principio, su intervención fue requerida para verificar si -decidido el archivo del caso por el fiscal interviniente- correspondía levantar las medidas restrictivas dictadas durante el proceso respecto del imputado.

En ese escenario, sin dar fundamento alguno en torno a las razones que a su criterio lo habilitaban para ello e invocando "principios de economía y celeridad procesal", el magistrado optó por decretar de manera sorpresiva y precipitada, en contra de los intereses esgrimidos por las partes, la inconstitucionalidad de los artículos 199, inc. h) y 204, inc. 2) del Código Procesal Penal de esta Ciudad. En ese sentido, resulta aplicable al caso, mutatis mutandi, lo resuelto por el Tribunal, entre otros, in re "Ministerio Público ?Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10, a cuyas consideraciones me remito en homenaje a la brevedad.

Por lo expuesto, la decisión agregada a fs. 280/281 de los autos principales debe ser dejada sin efecto.

Finalmente, en tanto el titular del Juzgado en lo PCyF nº 7 no se ha expedido todavía respecto del pedido del fiscal de levantamiento de las medidas restrictivas impuestas durante el proceso respecto del señor Parodi (punto II, fs. 279, autos principales), corresponde devolver las actuaciones para que por quien corresponda se resuelvan las cuestiones pendientes.

5. Por las razones expuestas, en ejercicio de las facultades previstas en el art. 31 de la ley nº 402, corresponde: a) hacer lugar al recurso de queja y de inconstitucionalidad planteados por la defensa; b) revocar la sentencia recurrida, c) dejar sin efecto la resolución de primera instancia del 17/07/09 en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 199, inc. h, y 204, inc. 2, del CPP y la nulidad del archivo dispuesto por la fiscalía, y d) devolver las actuaciones para que por quien corresponda se resuelvan las cuestiones pendientes (punto II, fs. 278/9).

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Coincido con los argumentos desarrollados por el Sr. Juez de trámite y adhiero a la solución que propicia. Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La sentencia de fs. 37/46 pretende retrotraer un proceso en el que el imputado y los denunciantes arribaron a una mediación cuyo cumplimiento generó que el Fiscal dispusiera el archivo de las actuaciones.

Para justificar el mencionado retroceso, el a quo luego de dejar a salvo su postura respecto de la inconstitucionalidad del instituto de la mediación (art. 204, inc. 2, del CPPCABA), decretó la nulidad de la actuación cumplida por el Ministerio Público Fiscal de esta jurisdicción. Sustentó la nulidad en que antes de que la causa fuera remitida a esta jurisdicción, y ante la justicia nacional ordinaria en lo criminal se había requerido la elevación de la causa a juicio lo que, a criterio de la Cámara, impediría hacer uso de las vías alternativas de solución previstas en el art. 204 del CPPCABA (fs. 37/46).

En tal contexto, el pronunciamiento impugnado, al desconocer la normativa que regula el impulso de la acción, produce perjuicios de insuficiente reparación ulterior, en tanto la sentencia, al modificar el objeto de la revisión requerida no brindó respuesta oportuna a los planteos formulados por el recurrente (cf. mutatis mutandi "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP", expte. n° 6454/09, sentencia del 8/9/2010 y sus citas).

2. Tal como señala mi colega, juez de trámite, José O. Casás la referida nulidad debe ser revocada por los argumentos que brinda en su voto a los que adhiero.

3. La explicación en torno a la existencia de potestades locales para regular la mediación han quedado desarrolladas en "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" (y su acumulado, sentencia del TSJ del 27/9/2010), a cuyos argumentos, en lo pertinente, me remito pues resultan suficientes para despejar el punto constitucional controvertido.

4. Finalmente, es oportuno destacar que la declaración de inconstitucionalidad del art. 204, inc. 2, del CPPCABA fue realizada de oficio. Las declaraciones hechas sin mediar requerimiento de parte legitimada presentan entre sus inconvenientes principales que ellas prescinden de la voluntad de quien se halla en la situación individual comprometida en el conflicto normativo, según sostuve en "La declaración de inconstitucionalidad de oficio" (Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004, en especial, págs. 129 y siguientes). En el caso, los jueces de mérito obviaron considerar, entre otras cuestiones, que el imputado solicitó la mediación, esto es, lejos de pedir tutela frente a la ley pidió su aplicación.

En el contexto reseñado, el control ex officio desplegado no muestra haber recaído sobre un precepto manifiestamente ilegal o arbitrario, ni que la inconstitucionalidad decretada sea inocua a la luz de la garantía de defensa en juicio invocada por el recurrente.

Aún cuando se considerara cumplido el primero de los límites constitucionales mencionado -extremo desacreditado conforme surge del precedente "Del Tronco" ya citado- por tratarse aquella de una condición necesaria pero no suficiente, el menoscabo de los arts. 13, inc. 3, de la CCBA y 18 de la CN, opera como límite de la potestad para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas que dirimen las controversias sometidas a decisión de los órganos permanentes del Poder Judicial.

Por todo lo dicho, en ejercicio de las facultades previstas en el art. 31 de la ley nº 402, corresponde: a) hacer lugar al recurso de queja y de inconstitucionalidad planteados por la defensa; b) revocar la sentencia recurrida, c) dejar sin efecto la resolución de primera instancia del 17/07/09 en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 199, inc. h, y 204, inc. 2, del CPP y la nulidad del archivo dispuesto por la fiscalía, y d) devolver las actuaciones para que por quien corresponda se resuelvan las cuestiones pendientes.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja de fs. 73/81 y al recurso de inconstitucionalidad de fs. 48/65 y, en consecuencia, revocar la decisión agregada a fs. 37/46.

2. Dejar sin efecto la resolución de primera instancia del 17/07/09, agregada a fs. 14/15, en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 199, inc. h, y 204, inc. 2, del CPP y la nulidad del archivo dispuesto por la fiscalía.

3. Devolver las actuaciones para que por quien corresponda se resuelvan las cuestiones pendientes.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.