marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador de viñas, despido indirecto, estabilidad del delegado gremial, derechos sindicales, Constitución Nacional
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Oyarzún, Gerardo c/ La Deliciosa S.A. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

La vinculación normativa realizada por la Cámara de Apelaciones es errónea por un doble orden de razones: en primer término, lo dispuesto por el Art. 37 del Convenio Colectivo -Empleados de la Fruta Nº 1/76- al regular la preferencia para incorporar a los delegados gremiales respecto del resto del personal es una norma de derecho colectivo del trabajo, específicamente de protección sindical, de carácter absoluto, que no puede subordinarse ni relativizarse en función de una normativa para la elección de delegados (Art. 45 Ley 23.551). Y en segundo lugar, porque esta interpretación encuentra suficiente respaldo en lo dispuesto por el Convenio Colectivo 1/76 en su Art. 55, en tanto dicha norma convencional establece la regla de carácter protectorio de la representación gremial en pos-temporada. En consecuencia, no puede ser soslayada por la aplicación de una norma reglamentaria del acto de elección de delegados, como es la del Art. 45 de la Ley 23.551, que delimita su cantidad, estableciendo que la unidad mínima que confiere un delegado es la de 10 trabajadores. Y ello así, porque el mandato del representante sindical no se modifica ni se suspende con las variaciones estacionales de la cantidad de personal, ya que ellas no son aumentos o descensos permanentes como puede ocurrir azarosamente en la generalidad de las empresas, sino que constituyen cambios estaciónales, o sea transitorios y normales, no azarosas de una empresa con actividad naturalmente discontinua, con trabajos de temporada y post-temporada, ya que se trata de un establecimiento de empaque frutícola que tiene como característica específica la discontinuidad en el desarrollo de sus actividades respecto de las cuales, a la vez, no es posible la aplicación del Art. 45 de la Ley 23.551 porque implica el riesgo de la eliminación de la representación sindical, al bajar a menos de diez el número de trabajadores en post-temporada.
Costas, costas al demandante
Materia: LABORAL
Carátula: Soria, Miriam Idalia c/ Alvarez Arcadio y Distribuidora Gas del Sur S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-14

En lo que hace a las costas que el 'a-quo' impone a la actora con relación a una de las codemandadas, y en un 80% a la actora y 20% con relación a la otra codemandada, los agravios consistentes en que no proceden dado el carácter laboral del juicio no pueden prosperar, en atención a lo dispuesto por el art. 121 de la Ley 1.444 que remite expresamente también a la aplicabilidad del art. 68 del C.P.C.C., por lo que resulta justa la imposición de costas tal como el 'a-quo' la efectuara, en atención al resultado de la causa.
Recurso de casación, doctrina legal, interpretación de sentencias, fallos del Superior Tribunal, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kaswalder, Antonio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-04

Se funda el recurso de casación en la causal del inc. "b" del Art. 298 del C.P.C. aduciendo que en la sentencia se aplicó e interpretó erróneamente la doctrina legal de esta Corte referida a la competencia contencioso administrativa.

Ahora bien, la causal invocada como fundamento del recurso impone al recurrente la cita de los fallos de donde emergen los precedentes que conforman la doctrina legal de este Tribunal y que han sido erradamente interpretados y aplicados por el Ad Quem.

En este orden se advierte que en los precedentes citados por la recurrente y que produjeron un pronunciamiento de la Corte de Justicia sobre el tema en cuestión, no son idénticos al caso de autos y, más aun, uno de ellos fue dictado por mayoría. De este modo no se puede sostener que en el fallo atacado se configure la causal de violación de la doctrina legal.

Sin perjuicio de ello, al estar en conflicto una cuestión de competencia cuya decisión radica en determinar si la causa es o no de competencia contencioso administrativa, y siendo esta atribución de competencia, originaria, exclusiva y excluyente de este Tribunal, corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

En efecto como bien dice Argañaraz: "....la Suprema Corte, en todos los supuestos, debe conocer y decidir la cuestión que hace a su jurisdicción exclusiva cuando le fuese llevada por apelación de parte interesada, y es en ese sentido ha concluido por orientarse la jurisprudencia..." (Tratado de lo Contencioso Administrativo pag. 220).
Idioma nacional, ciudadanía por naturalización
Materia: PENAL
Carátula: Chen Xuebao c/  s/ solicitud de carta de ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-28

No merece reproche la decisión del a quo acerca de que el peticionario demuestre un conocimiento básico del idioma nacional para la obtención de la carta de ciudadanía, lo cual no debe confundirse - como se decidió en la resolución apelada- con un examen de alfabetización (esta Cámara, Sala 1, causa 5013/12 del 19-2-2013; Sala 2, causas 4197/11 del 24/11/2011 y 5342/12 del 21-3-2014). Es más, el propio interesado solicitó que el examen de idioma se hiciera sobre la base de un vocabulario "liso y llano", adoptando en su memorial una postura contradictoria a la propiciada en el escrito de inicio.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ causa n° 14.677
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

El recurso extraordinario, cuya denegación origina la queja, es inadmisible (art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Medida de no innovar, gobierno provincial, banco central, moneda
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado  Nacional  (Mrio.  de  Economía  y Obras y Servicios Públicos) c/ Provincia de Río Negro s/ solicitud de medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-08

Corresponde hacer lugar a la prohibición de innovar, y librar oficio al gobierno provincial a efectos de que adopten las medidas necesarias que permitan el libre acceso a un tesoro regional de funcionarios del Banco Central, y se abstenga de poner en circulación el papel moneda tomado de dicho tesoro.
Adopción, interpretación de la ley, Convención de los derechos del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Torres, Alejandro Daniel s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

La adopción plena sustentada en los arts. 11 y 16, inc. c, de la ley 19.134 -vigente a la época de la solicitud-, se apartó de lo dispuesto por el art. 21 de dicha ley al prescindir del estudio de los antecedentes de la causa a fin de apreciar si correspondía ejercer la facultad privativa del tribunal de otorgar la adopción simple si así lo imponían la conveniencia del menor y la concurrencia de circunstancias excepcionales, máxime cuando al dictarse la sentencia ya había adquirido rango constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, condena anterior, intención de eludir la acción de la justicia, pena máxima eventual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " ESTECHE, Fernando s/ excarcelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

Obsta a la concesión de la excarcelación la importante amenaza de pena que se cierne sobre el encausado en virtud de la gravosa imputación que se le efectuara primero en su indagatoria y luego al ser procesado (artículos 150, 184 inciso 1°, 186 inciso 1° y 237 agravado en los términos del artículo 238 inciso 2°, todos del Código Penal) pues constituye un fuerte indicador del riesgo procesal presente en su caso. En adición, el imputado registra como antecedente una condena a tres años de prisión de ejecución condicional por la comisión del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra -artículo 189, 4° párrafo, del Código Penal, conf. ley 25.086-, circunstancia que permite sostener que, de recaer condena en autos, no procederá a su respecto el beneficio contemplado por el artículo 26 del Código Penal. Este punto -nada menor- ciertamente robustece la afirmación precedentemente consignada. A ello cabe agregar el rol central que -según se presume- le habría cabido en la gestación y dirección del accionar reprochado, cuyas especiales características y formas de comisión denotan una palpable intención de sus responsables de lograr la impunidad por diferentes medios, ya sea evitando ser identificados, impidiéndole el paso al personal policial a fin de no permitirle un correcto despliegue de su tarea preventiva, buscando no ser avistados en el lugar de los sucesos -por ejemplo, accediendo a éste por distintas arterias- o alejándose coordinadamente de allí luego de producidos numerosos e importantes daños, agrediendo a los miembros de las fuerzas de seguridad físicamente y con objetos contundentes para no ser detenidos. El marco referido da cuenta del grado de organización y cohesión verificado entre las personas involucradas, algunas de las cuales fueron cauteladas mientras que otras todavía no han podido ser debidamente identificadas.A este cuadro -determinante, por cierto- deben aunarse las especiales circunstancias en que fue aprehendido luego de alejarse del lugar de los hechos, intentando eludir el accionar policial escapando por los techos de las edificaciones aledañas a una propiedad utilizada por la agrupación que lidera, en cuyos entornos se suscitaron incidentes y agresiones en perjuicio de efectivos de las fuerzas de seguridad. Como se ve, la prueba variada y unívoca descripta conduce a afirmar que la posibilidad de que el encartado vaya a eludir el accionar de la justicia es cierta y concreta.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, acordada de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Sala de Noro, Amalia Ángela s/ p.s.a. amenazas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Es inadmisible el recurso extraordinario si se ha incumplido la acordada 4/2007, excediendo el escrito largamente el límite de cuarenta páginas fijado en el art. 1 de dicha norma y defensa ha omitido acompañar copia del dictamen fiscal que el tribunal superior hizo suyo y, como tal, es parte de la sentencia apelada, incumpliendo de este modo lo previsto por el art. 7 inc. a de la acordada mencionada.
Locación de obra, daños y perjuicios, indemnización, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: BARRANCO DE GAGGERO, ADA DAISY c/ CONSORCIO    DE    PROPIETARIOS  TEODORO  GARCIA  1935/39/41  Y  OTRO s/ SUMARIO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

Corresponde hacer lugar a la demanda entablada por un copropietario por los daños que sufriera mientras reparaban la azotea del edificio si no se arbitraron las medidas necesarias para evitar las filtraciones en caso de que se produjeran lluvias en el período de reparaciones, el consorcio comitente es responsable conjuntamente con el empresario por las consecuencias dañosas sin perjuicio de las acciones que se entablan entre aquéllos en virtud del contrato de obra que los unía.

La responsabilidad del dueño y del guardián no son excluyentes, es decir que la responsabilidad del empresario -locador de la obra- no excluye a la del Consorcio en su carácter de comitente, máxime cuando tampoco se acreditó que se hubiese encargado la obra a una persona prudente y que hubiera tomado los recaudos para que no se produjeran daños.-
Estafa, tentativa, falsificación de instrumento privado, concurso ideal, certificado médico falso
Materia: PENAL
Carátula: ADARO, RICARDO s/ ESTAFA - FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Configura el delito de estafa en grado de tentativa en concurso ideal con falsificación de documento privado la presentación de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales, aunque no se produzca perjuicio.

Por tratarse de un hecho tentado, el requisito relativo a la constatación del perjuicio causado por la estafa, carece de atingencia bastando su posibilidad para el conato del tipo del art.

172 C.P.
Querellante, querellante en otra causa
Materia: PENAL
Carátula: Alitisz, Nicolás Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

La circunstancia de que la querella no haya formulado requerimiento de elevación a juicio trae aparejada la pérdida de los derechos procesales vinculados con el acto precluido. La disidencia sostuvo que la limitación que se impone a la parte querellante implica la pérdida de ciertos derechos pero no la inhabilita a seguir participando en el proceso, pues se encontraría impedida de alegar en la audiencia de debate. (Dres. Madueño, Cabral -en disidencia- y Borinsky).
Daños y perjuicios, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pasquali y Cía. c/ Rico, Elsa s/ Cobro de alquileres Pasquali y Cía. c/ Rico, Elsa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16|1996-04-16

Los daños y perjuicios por la ocupación indebida del inmueble oportunamente locado, abarcan el período desde que feneció el contrato respectivo y se le exigió por medio fehaciente la restitución del mismo, hasta que se le entregó la cosa al locador, adeudándose la cantidad resultante a título de perdidas e intereses por la indisponibilidad y no en carácter de alquileres que eventualmente se pudieran haber percibido.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, responsabilidad médica, médico cirujano, intervención quirúrgica, cirugía estética, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Méndez, Fernando Gabriel c/ Jager, Emilio y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que atribuyó responsabilidad al cirujano, por los daños y perjuicios derivados de una intervención, si no cumple con el requisito de debida fundamentación exigible a las decisiones judiciales, y sólo satisface en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada de las normas vigentes con particular aplicación a las circunstancias de la causa.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Corte Suprema de Justicia de la Nación, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, jerarquía de los Tratados Internacionales, violación de derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-10-18

El argumento de la Corte Suprema de la Nación Argentina relativo a que la Corte Interamericana no puede constituirse en una instancia revisora de sus decisiones, indicaría que ese Tribunal considera adecuado dejar subsistente un acto jurisdiccional violatorio de la Convención Americana sólo porque fue un acto emitido por él, sugiriendo que es el único tribunal del Estado cuyas decisiones no pueden ser dejadas sin efecto aunque violen derechos humanos, lo que indica el desconocimiento de la irrelevancia que tiene para el derecho internacional, el órgano del Estado que haya causado el hecho internacionalmente ilícito puesto que cualquiera de ellos, e independientemente de sus funciones o jerarquía, puede generar la responsabilidad internacional del Estado.
Procedimiento tributario, domicilio fiscal, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL (D.G.I.) c/ CHADECO  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

"El artículo 13 de la ley 11.683, en su texto actual, es claro en el sentido de que cualquiera de los domicilios del contribuyente que en él se preven -incluido el legal-, surte en el ámbito judicial los efectos del domicilio constituido, siendo aplicables, en tal caso, las disposiciones de los art. 41 y 42 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".
Locación, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Antonio c/ Villate, Mirta R. y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

El nuevo régimen legal de las locaciones urbanas destinadas a vivienda preceptúa que sus normas rigen "a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial" (art. 29 ley 23091), que se produjo el 16 de octubre de 1984. Aclarándose en el art. 2º que los plazos de vigencia -mínimos- ahora previstos se aplican a los contratos que se celebren desde esa fecha.-
Sentencia definitiva, daño irreparable
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tévez, Fernando Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación de suspensión de juicio a prueba en causa Tévez, Fernando Carlos s/infracción art. 150 CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-19

No es posible equiparar la recurrida decisión a una sentencia definitiva porque no se advierte, ni se fundamenta con precisión, en qué consiste el gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior que se invoca, pues la resolución que revocó la suspensión del juicio a prueba resuelta por el juez de primera instancia no puso fin al proceso ni imposibilitó que aquél continúe según los parámetros normales y razonables propios de cualquier proceso penal. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y José O. Casás).
Compraventa inmobiliaria, resolución del contrato, imposibilidad de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: CONCA RAFAEL c/ RUIZ JOSE s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

Si se enajenaron trece lotes, pero dos de ellos no se encuentran en el dominio del vendedor, tratándose de una obligación de objeto plural, en la hipótesis de frustración de algunas prestaciones por culpa del deudor (art. 889 del Código Civil), no es viable la pretensión de éste de imponerle al acreedor la recepción de las restantes prestaciones que conforman el objeto de la venta, ni menos aún, que elija otro lote ajeno al contrato, desvirtuando con esta opción la naturaleza de la obligación de dar cosa cierta. La aludida naturaleza de la obligación de objeto plural, torna irrelevante indagar si en la intención que inspiró la compra los lotes que no pertenecen al vendedor jugaban un rol preponderante o si tenían la misma importancia que los restantes, dado que en una u otra situación, el comprador tenía la facultad de reclamar el cumplimiento íntegro de la obligación o, en su caso, negarse a recibir el cumplimiento parcial o implementar la resolución del vínculo.-
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, audiencia
Materia: CIVIL
Carátula: DEL FEDERICO, René Ricardo c/ BELLSOLA, Jesús s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-26

Si la prosecución del proceso dependía de la realización de una audiencia, aún cuando no exista constancia de que se la hubiese llevado a cabo, sólo desde ese momento puede considerarse que la parte incurrió en la inactividad que apareja como consecuencia la declaración de caducidad de la instancia.
Habeas corpus, detención
Materia: PROCESAL
Carátula: Quinteros, Marcelo s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-29

Del informe actuarial se desprende que la permanencia del procesado no es necesaria a la fecha en esta jurisdicción. Lo que configura, a opinión de este cuerpo, un agravamiento en las condiciones de detención (art. 3ro. ap. 2do. Ley Nro. 23.098), toda vez que el seguimiento médico del interno bien puede ser continuado en la localidad de origen, lo que hace viable lo peticionado.

Circunstancia esta que se traducirá en el traslado del procesado a la localidad de radicación de su causa, el que deberá ser instrumentado por la Sra. Juez interviniente en el presente Habeas Corpues arbitrando los medios necesarios para preservar la seguridad y la salud del prevenido, (custodia policial y personal médico).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Estévez de Mondino, Martha s/ quiebra s/ incidente de subasta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

La obligación que impone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo cede respecto de quienes se encuentran comprendidos en los arts. 47 de la ley 18.524 (t.o.1986), 13 de la ley 23.898 y en normas especiales que contemplan exenciones a la obligación de pagar sellado o tasa judicial, inclusión que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo por tratarse de excepción a reglas generales.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Vermexco Algodonera S.A. c/ Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. s/ TIPO DE CAMBIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación si la Nación es parte en el pleito y el monto discutido en último término supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte.
Obras públicas, costo financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SELLAN ROBERTO EUGENIO c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-21

No procede el reconocimiento y pago de los costos financieros desde que se trata de un contrato por ajuste alzado cuya fórmula de ajuste no los abarcaba.

El quiebre de la ecuación económica financiera del contrato basada en cálculos no convenidos (items. no contemplados en fórmula para reconocimiento variaciones costos) exceden el ámbito de tratamiento del fuero (art. 38 Ley 7182).-
Prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz García, Mónica Elena; Genovese, Miguel Rafael y/o Talleres Universal c/ Genovese, Miguel Rafael y/o Talleres Universal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-12-21

Resulta extemporáneo en la alzada el cuestionar la idoneidad de un testigo, si en la audiencia correspondiente no efectuó planteos señalando contradicciones su otros elementos que permitieran descalificar la declaración que ahora ataca.
Sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R., E. A. y otra s/ Divorcio, tenencia, reg. de visitas art. 250 CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Sin perjuicio de que el artículo 171 de la Constitución de la Provincia edicta que las sentencias deben estar fundadas en el texto expreso de la ley, norma que se proyecta en el artículo 34 inc. 4 del ordenamiento procesal, lo decisivo es que la cuestión litigiosa que aquí nos ocupa, versa sobre una materia con singularidades propias, que no se encuentra regulada de modo expreso o específico en las normas del derecho común, sino en los principios generales del derecho (art. 16 Código Civil). En tales condiciones, no resulta atendible la impugnación que formula el apelante acerca de que el fallo no se encuentra fundado en ley, desde que a través de su apreciación integral, se advierte que el mismo se vertebra en los principios generales del derecho. Además, no puede dejar de tenerse encuentra que el apelante ha tenido oportunidad de formular sus agravios, precisamente sobre la base de las consideraciones que dan sustento al decisorio,lo que pone pretensa nulidad, que pierde así sentido frente a los fundamentos legales que se vierten por esta alzada.