Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 42/48.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VAZZANO, PAOLA ALEJANDRA contra URRUTIA, ALICIA MARÍA Y OTROS -J. ORDINARIO- (EXPTE. 362/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511566-0). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Falistocco, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

Mediante resolución del 13.09.2017 (registrada en A. y S. T. 277, págs. 160/163), esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las demandadas contra la resolución 446 del 23.12.2015 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, por entender que la postulación de aquellas -sustentada en la parcial valoración de la prueba analizada, omisión de prueba relevante y dogmatismo en la argumentación- contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad un planteo que podía configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad para lograr el acceso a esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 -efectuado con los principales a la vista y oído el señor Procurador General- me conduce a ratificar aquella conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

1. Sucintamente el caso, en lo que resulta de interés para su resolución:

1.1. La actora inició demanda de daños y perjuicios tendente al resarcimiento de los daños que afirmó haber sufrido a raíz de las denuncias radicadas por las accionadas y que originaron actuaciones judiciales en las que se investigó la existencia de malos tratos hacia su hijo menor (fs. 2/7).

1.2. En su oportunidad, las demandadas contestaron la demanda, peticionando el rechazo de la acción. Aseguraron haber puesto en conocimiento de la autoridad hechos objetivos, como eran las numerosas marcas y moretones en el cuerpo del niño, por lo que negaron la existencia de culpa o actitud antijurídica alguna en su proceder. Afirmaron haber actuado de forma prudente y responsable, sin voluntad calumniosa respecto de la accionante, sino con el único fin de que se investigara la situación y se salvaguardara la integridad del infante (fs. 24/29).

1.3. Tramitada la causa, el Juez de grado dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad, en el entendimiento de que no se daban los supuestos necesarios para responsabilizar a las demandadas por el daño alegado por la actora (fs. 616/618).

Para así resolver, el Sentenciante expuso que no adviertía en la especie la configuración de todos los presupuestos de responsabilidad invocados por la accionante.

En tal sentido, descartó absolutamente la posibilidad de que las denunciantes pudieran haber actuado por otra razón que no fuera el interés por la situación del niño, puesto que era un dato incontrovertido en el proceso que entre aquéllas y la actora el único punto de contacto había sido la guardería.

Concluyó que no correspondía considerar las conductas de las demandadas como dolosas, ni siquiera culposas, por cuanto ambas se habían limitado a comunicar a la autoridad un eventual pedido de auxilio para un tercero supuestamente necesitado, con la urgencia que el asunto ameritaba.

1.4. Apelada dicha sentencia por la accionante, la Cámara -por mayoría- la revocó, condenando a las demandadas a pagar a la actora la suma de $7.000 en concepto de daño moral -más intereses-, con costas de ambas instancias a las vencidas.

2. Contra el pronunciamiento de Alzada, las accionadas interponen recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Sostienen que lo resuelto contiene vicios que lo descalifican como acto jurisdiccional válido y que lesionan sus derechos constitucionales.

Afirman que se efectuó una valoración dogmática, superficial y parcial de las pruebas obrantes, soslayando medios de acreditación altamente calificados que contradicen lo resuelto.

Alegan que no puede reprocharse en forma alguna su conducta, en tanto la misma consistió meramente en comunicar a la autoridad una situación objetiva por lo menos alarmante, que hacía suponer de buena fe que un niño podría encontrarse en situación de peligro. Aclaran que recién con posterioridad -y gracias a la investigación que se realizó- tomaron conocimiento de que las lesiones procedían, en realidad, de una enfermedad que aquél padecía.

Niegan que se haya demostrado la existencia de animosidad alguna contra la madre del menor en sus respectivas denuncias, resaltando que su actuación siempre estuvo motivada en la preocupación que les generaba el notorio estado de indisposición del niño, situación que -recuerdan- fue reconocida incluso por la propia actora al absolver posiciones.

Puntualizan que no se acreditaron los presupuestos de responsabilidad desde que las circunstancias que rodearon su actuación permiten excluir la existencia de culpa o ligereza alguna de su parte, máxime cuando -destacan- el precario estado de salud del menor, en la época en que fueron relizadas las denuncias fue constatado mediante diversos medios de confirmación que -resaltan- los Magistrados ni siquiera nombraron.

Finalmente, cuestionan la imposición causídica.

3. Denegada por la Sala la concesión del recurso de inconstitucionalidad, las recurrentes se presentan en queja ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a la instancia extraordinaria, tal como se reseñó al tratar la cuestión anterior.

4. El detenido estudio de los autos me convence de que el remedio interpuesto debe merecer favorable acogida.

Es que si bien los reproches esgrimidos remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, materias que como regla resultan ajenas a esta instancia extraordinaria, lo cierto es que se advierte en el "sub iudice" que los argumentos de las recurrentes -reseñados "ut supra"- y el profundo análisis de las constancias de la causa, en confrontación con lo resuelto -en cuanto hace lugar a la demanda de daños y perjuicios-, evidencia que el Tribunal omite valorar medios de confirmación y se limita a un análisis parcial -y por ende objetable- de los elementos probatorios considerados, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, por lo que no se logra satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste a los justiciables, resultando el decisorio reprochable constitucionalmente a la luz del artículo 95 de la Constitución provincial.

En tal sentido, cabe poner de relieve liminarmente que la pretensión indemnizatoria esgrimida por la accionante estuvo fundada en la falsedad de las acusaciones vertidas en su contra en las denuncias formuladas por las demandadas.

Para juzgar que -en el caso- se había configurado una injuria lesiva del honor sujeta a resarcimiento, la Sala partió por considerar que las denuncias importaron acusaciones objetivamente falsas sobre el origen de las lesiones del niño, la conducta infractora de la madre y el incumplimiento por parte de ésta de los deberes atinentes a la patria potestad, y entendió que el daño se hallaba acreditado.

De esta manera, los Magistrados juzgaron que las demandadas en sus denuncias habían excedido la mera descripción de hechos objetivos llevados a conocimiento de la autoridad, procediendo de modo abusivo y temerario.

Sin embargo, las recurrentes alcanzan a demostrar el dogmatismo alegado.

En efecto, la señora Urrutia se presentó ante la autoridad y manifiestó su deseo de dejar expresa constancia sobre el estado de "...un menor llamado S. de aproximadamente dos años y medio de edad, el mismo es hijo de la ciudadana Paola Bazano a quien solamente conozco de vista y de la cual me enteré su nombre en el día de hoy debido a que hace tiempo que su hijo me llama la atención porque siempre se encuentra lesionado, es decir con hematomas en diferentes partes de su cuerpo, y por mi profesión me puedo dar cuenta que esa criatura es víctima de malos tratos, cuando digo que hace tiempo me refiero inclusive hasta el año pasado, pero primeramente pensé que podía ser consecuencia de sus propios actos, pero no puede ser que siempre aparezca con el rostro golpeado y lo que más me preocupa fue que en el día de hoy en circunstancias en que llevé a mis hijos a dicha guardería pude observar que esta criatura tenía dificultades para caminar y en un momento en el que se levantó su remera y vi que el mismo presentaba un hematoma en su costado derecho...", agregando luego que "...es por esa razón que me presento a radicar la presente denuncia ya que no es posible que esta criatura siga de esta manera y en esta situación" (fs. 431/v.).

Por su parte, la señora Anadón, luego de relatar las circunstancias por las que conocía al menor S. V. y a su madre, y de describir las lesiones que pudo observar en el niño en el día de su presentanción, refirió que nunca había visto una criatura con esos golpes y que no creía que hubieran sido producto de una caída, ya que a su modo de entender alguien tuvo que provocárselos. Sin embargo, al ser consultada por la autoridad, aclaró que nunca presenció una actitud agresiva de la madre para con el hijo (fs. 439/v.).

No surge pues de éstas exposiciones que las deponentes hayan sindicado a la progenitora como autora de maltrato alguno hacia el niño. Ambas denunciantes se limitan a identificar a la actora sólo como la madre del menor, sin señalarla en ningún momento como la presunta autora de algún delito, como lo afirma el Tribunal a quo.

Ello resulta corroborado además por las propias demandadas al absolver posiciones, ocasión en la que cada una explicó suficientemente la razón de su obrar y el sentido de su denuncia, sin expresar otro interés más que el bienestar del niño.

En efecto, la señora Urrutia, en tal acto, al ser preguntada sobre el sentido que quiso dar a la denuncia, como profesional médica, afirmó que fue una exposición a la autoridad de indicadores de riesgo de malos tratos para que luego la justicia arbitre los mecanismos necesarios en salvaguarda del niño (f. 90).

Por su parte, la señora Anadón al ser interrogada por los elementos de convicción que la habían llevado a manifestar en la denuncia que el niño S. era víctima de malos tratos, aclaró que ella sólo expuso una situación que en su entendimiento era irregular, y creía que la justicia tenía que encargarse de eso (f. 117).

En consecuencia, cabe tener por acreditado lo alegado por las impugnantes respecto a que la conclusión condenatoria arribada por los Magistrados fue producto de un examen parcializado y arbitrario de los hechos de la causa, los que fueron analizados en forma aislada no sólo de relevantes elementos de convicción, sino también de las circunstancias en que se desarrollaron las denuncias.

Es que si bien los Jueces tomaron en cuenta los informes médicos realizados por el forense y por el pediatra del niño -quien, según las constancias de autos, hacía un año no examinaba a S.-, se evidencia que tal valoración no fue contextualizada, siendo además menospreciadas las conclusiones vertidas por el doctor Maidana al día siguiente de la denuncia practicada por la señora Urrutia, ocasión en la que éste constató en el niño múltiples lesiones -de tipo escoriativas, hematosas y esquimóticas- y afirmó que en un primer examen los signos hallados eran "compatibles con malos tratos" (f. 442); conclusión que fue compartida por la asistente social que participó en la investigación del caso (f. 450), pero a cuyo informe no se ha hecho referencia en el decisorio.

De igual modo, la Sala ha prescindido de considerar los testimonios brindados por las docentes del Jardín al que acudía el infante, quienes describieron minuciosamente el preocupante estado que presentaba el niño, especialmente en las fechas en que se formularon las denuncias (v. fs. 535/538).

A ello cabe agregar los dichos de la propia actora al absolver posiciones, oportunidad en la que reconoció las diferentes lesiones que presentaba su hijo, e incluso refirió que si hubiera visto un chico golpeado así, hubiese pensado que "se cayó de un balcón" ya que "tenía manchones en las piernas por todos lados" (f. 520).

En consecuencia, los argumentos brindados en el fallo, en su confrontación con el vasto material probatorio obrante en autos, permite considerar como suficientemente demostrado el reproche de falta de fundamentación alegado en lo que hace al soporte en que se asienta la responsabilidad atribuida a las demandadas. Ello deja vislumbrar un tratamiento meramente dogmático de tales aspectos, pues no han sido producto de un análisis integral de las constancias de la causa.

Al respecto, en la sentencia no se exhibe debidamente ponderado el marco legal -internacional, nacional y provincial- que propugna el interés superior del niño como un interés prevalente, desentendiéndose el A quo abiertamente de la trascendecia de tal principio en autos al afirmar que el mismo nunca estuvo en juego.

Otra clara muestra del dogmatismo en que incurre el cuestionado fallo resulta del análisis que el Tribunal de Alzada realizó del factor de atribución subjetivo de cada denunciante y de la relativización que se hizo de la justificación alegada por las accionadas.

En efecto, respecto de la señora Urrutia la Sala entendió que existió negligencia grave de su parte pues, por su profesión, debía saber que las lesiones que presentaba el niño podían, además de ser signos de malos tratos, tener otro origen, debiendo obrar con mayor cautela. Añadió que la actitud adecuada de la misma hubiera sido examinar al menor. Por su parte, consideró que existió ligeresa inexcusable en el obrar de la señora Anadón puesto que, si bien no podía sospechar alguna patología médica, sí tenía la posibilidad de consultar a la madre del niño.

Es de advertir que la exigencia de efectuar una investigación profunda previo a realizar ante la autoridad cualquier exposición sobre posibles casos de maltrato infantil, se contrapone con el deber que pesa sobre toda persona de comunicar todo conocimiento que se tenga de la vulneración de derechos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente, en tanto ha de entenderse que en tales casos se debe actuar de manera eficaz y celerísima y en función del interés superior del niño, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. De tal modo, en casos como el de autos la rigurosidad en el juicio sobre la culpabilidad debe ser inversamente proporcional a la trascendencia del interés constitucional en juego.

Finalmente, no pasan inadvertidas las inconsistencias discursivas de la Alzada al analizar si había mediado verdadera intención de dañar o menospreciar (art. 1090, Cód. Civ.), o culpa o ligereza (art. 1109, Cód. Civ.) en el obrar de las demandadas, por cuanto impiden conocer cabalmente la inteligencia que adoptó sobre ese punto.

Efectivamente, luego de negar expresamente a foja 673 la existencia de acusación calumniosa, el A quo sentenció -como fuera ya referido- que las demandadas obraron con culpa suficientemente grave, encuadrando su actuación "en un todo de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 1109 y 1090 del Código Civil" (f. 679), tratamiento éste que resulta claramente inconciliable con la conclusión primigeniamente arribada.

Lo dicho hasta aquí basta para descalificar el pronunciamiento impugnado con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3), desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que lo decidido no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (art. 95), exigencia que -si se permite- se intensifica si se trata de desarticular el proceso lógico seguido por el Juzgador de la instancia anterior en orden a arribar, sobre las bases de las mismas probanzas, a una conclusión diametralmente opuesta.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Erbetta y así votaron.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto -en cuanto ha sido materia de concesión- y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa con arreglo a las pautas sentadas en el presente. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto -en cuanto ha sido materia de concesión- y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa con arreglo a las pautas sentadas en el presente. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Reconquista.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 1 de Reconquista.