Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-21


Salta, 21 de mayo de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "DIEZ GOMEZ, ARIELA ZOE REGINA c. AEROLINEAS ARGENTINA S.A. ORDINARIO" , EXP - 18272 / 7; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 2 para resolver la apelación interpuesta a fs. 480/486 vta., y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: A fs. 480/486 vta. la actora interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fs.476/477.

Afirma que la misma incurre en dos gravísimas arbitrariedades: 1) en declarar la incompetencia del Juzgado sosteniendo que corresponde la competencia federal por haberse "estatizado" Aerolíneas Argentinas SA y 2) al ordenar el archivo de las actuaciones, lo que a su entender importa una errónea aplicación del derecho.

En relación a la primera cuestión, sostiene que la competencia federal es limitada, de excepción y, por ende, de interpretación restrictiva por lo que no puede la Juez afirmar que en la presente causa se verifica "la existencia de roce de intereses federales" cuando ello no es lo que impone la atribución de competencia federal en razón de las personas, sino la presencia del Estado federal mismo como parte del proceso. Que, por ello, el decisorio incurre en arbitraria extensión de la competencia federal errando también cuando, siguiendo el dictamen fiscal, asimila a la accionada a una empresa estatal.

Sostiene que, por el contrario de lo afirmado por la Juez, Aerolíneas Argentinas SA no ha sido estatizada, ni por la expropiación de una porción de sus acciones, ha pasado a ser una empresa estatal regida por el derecho público. Refiere a la ley 26.412 y extrae tres conclusiones: 1) que el Estado Nacional ya era socio de Aerolíneas Argentinas SA antes de la expropiación de las acciones dispuesta por la ley 26.466, las que en virtud de la ley nombrada supra quedaron exceptuadas de la expropiación, 2) que también quedaron exceptuadas las acciones de titularidad de los trabajadores de la sociedad, que no son otras que los conocidos Planes de Propiedad Participada (PPP), de modo que son socios de la sociedad demandada los trabajadores titulares de dichos planes y el Estado Nacional y 3) que la condición de socio del Estado en la sociedad anónima demandada no modifica su naturaleza jurídica que se mantiene en el ámbito de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por lo que no hay dudas en su caracterización como sujeto de derecho privado.

Expresa que, por todo ello, la competencia federal de excepción dispuesta por la CN para cuando el Estado Nacional sea parte, no puede ser extendida a otros entes u organismos aunque el Estado posea una participación accionaria.

Agrega que corresponde advertir que aún después de la entrada en vigencia de la ley 26.466, la relación de empleo del personal de la empresa continúa rigiéndose por el derecho común, por lo que el decisorio efectúa una errónea interpretación de ella al asimilar la expropiación de una porción de las acciones de la sociedad demandada con una "estatización", por lo que se impone su revocación.

El segundo agravio lo formula para la hipótesis de que se rechace el primero y se ratifique la competencia federal sobreviviente en autos. Expresa que lo agravia el decisorio en cuanto dispone, fuera de las instancias preclusivas del proceso, la incompetencia del Juzgado y ordena sin más el archivo de las actuaciones, invocando para ello el art. 354 inc. 1º del CPCC.

Considera que la Juez a-quo se extralimita en la aplicación de la citada norma, disponiendo la incompetencia del Juzgado provincial en un momento y sustrato procesal distinto al requerido por ella. Que las únicas oportunidades preclusivas que fija la ley, para la alegación de incompetencia por la parte o para su declaración oficiosa por el Juez son: cuando se interpone la demanda y cuando se somete a decisión una cuestión expresa sobre la competencia por vía de inhibitoria o de excepción.

Afirma que de una interpretación correcta y armónica de las pautas previstas en los arts, 4, 7 y 354 inc. 1º del CPCC, se concluye que debe revocarse la declaración oficiosa de incompetencia efectuada por el a-quo por cuanto se desprende de las constancias de autos que las partes interesadas en el proceso, no plantearon cuestión de competencia alguna y que -reitera- la oportunidad del Magistrado para desprenderse de las actuaciones ya había fenecido pues sólo podía verificarse al inicio de la acción o al tiempo de resolver la excepción, lo que no se configuró en autos. Cita doctrina y jurisprudencia.Argumenta que también resulta errónea la decisión de disponer el archivo de las actuaciones con fundamento en el art. 354 inc. 1º del CPCC, en tanto en autos no se constata la situación fáctica para que esta norma resulte operativa. Que no hubo planteo de incompetencia y que lo resuelto luego de transcurridos tres años de proceso, importa una afectación de las garantías de debido proceso, defensa en juicio. Cita y transcribe jurisprudencia.

Por último formula reserva del caso federal y del recurso de inconstitucionalidad provincial.

Corrido traslado a la contraria, ésta no efectúa responde alguno de lo que deja constancia el proveído de fs. 489.

A fs. 502/503 vta. rola Dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, quien se pronuncia a favor de la competencia ordinaria y, en consecuencia, por la revocación del fallo de la instancia.

Analizado el planteo recursivo y verificadas las constancias y pruebas de la causa, debo anticipar mi opinión favorable al acogimiento de la apelación y ello en atención a las razones que expondré a continuación.Sabido es que, como bien lo resalta el apelante, la competencia federal tiene caracteres propios y específicos que la diferencia con la competencia ordinaria. Clemente Díaz, en su obra "Instituciones de Derecho Procesal", T. II) Jurisdicción y Competencia, Vol. B. Teoría de la Competencia, pág. 557 y c.c., señala los siguientes: 1) es excepcional, es decir que la justicia federal sólo conoce y decide aquellos casos que le son expresamente atribuidos por la CN y por las leyes que en su consecuencia se dicten, sin que pueda extenderse a otros casos por convención de partes o por voluntad legislativa; 2) es privativa y excluyente, dado que en los asuntos enumerados por los arts. 100 de la CN, 1, 2 y 3 de la ley 48, la justicia federal ejerce una competencia privativa excluyendo a cualquier otro Tribunal del conocimiento de tales asuntos (art. 12, ley 48); 3) es suprema, pues en el orden jerárquico la justicia federal tiene posición de primacía sobre la organización de la justicia provincial, derivada de su carácter de institución nacional; 4) es contenciosa, ya que solamente interviene en los casos contenciosos que le son requeridos a instancia de parte y 5) no procede de oficio.

A la luz de esta caracterización es que debemos analizar la declaración de incompetencia decidida por la Juez a-quo quien consideró en su decisorio, que es la justicia federal la que debe entender en la presente causa.

Como puede verificarse, la ley 26.412 (BO. 22-09-08) ha decidido el rescate, por parte del Estado Nacional, de Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas AéreasCielos del Sur SA y sus empresas controladas. Posteriormente, la ley 26.466 (BO. 24-12-08) ha dispuesto la expropiación de las acciones de dichas empresas, exceptuando expresamente las acciones de propiedad del Estado y las de los trabajadores, sin que del texto normativo de ninguna de ellas surja dato alguno que permita inferir una estatización de las mismas. Es más, la sociedad demandada en autos en su condición de Sociedad Anónima, regida por la ley 19.550, presenta una específica caracterización que se describe en su art. 163 y que refiere, al decir de Arecha y García Cuerva en "Sociedades Comerciales" (pág. 254) "a una estructura societaria usada para la configuración del empresario colectivo en la gran empresa" y así en tal condición de persona jurídica privada actuó en esta relación laboral como empleadora de una persona física, la trabajadora accionante. Le asiste razón a la parte en cuanto a que su naturaleza jurídica no cambió y aunque se pudiere alegar participación estatal mayoritaria, es la sociedad quien responde según la normativa aplicable y la resolución de cualquier problema suscitado por su actuación deberá ventilarse en el ámbito de la justicia ordinaria en atención a las características restrictivas señaladas supra respecto de la justicia federal.

Comparto el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, no sólo en su decisión sino también en sus fundamentos pues ellos evidencian un completo análisis de las características societarias de la demandada y de la normativa aplicable a ella, lo que me exime de efectuar una nuevo examen so riesgo de reiterarlos dado su validez y aplicabilidad al presente para arribar a la conclusión que allí expone. Todo lo expuesto forma mi opinión a favor de decidir que el caso que nos ocupa, continúe tramitándose en el fuero laboral en el que viene desarrollándose desde el 13-06-07, fecha en que se dedujera la presente demanda (v. fs. 25 vta.) lo que así se resuelve, sin costas (art. 67 , 2º párr. del CPCC) en atención a la ausencia de contradicción, la particular naturaleza del presente y que, además, la declaración de incompetencia formulada en el decisorio que ahora se impugna, lo fue de oficio.

Atento a lo decidido, resulta inoficioso el tratamiento del segundo agravio relativo a la orden de archivo de las actuaciones, pues el tema se convierte ahora en cuestión abstracta. En tal sentido, voto.

El Dr. Álvaro Figueroa adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I R E S U E L V E I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs.. 480/486 vta. y, en su mérito, revocar la resolución de primera instancia obrante a fs. 476/477 dejándola sin efecto y declarando la competencia del Juzgado actuante para continuar con el trámite del juicio. Sin costas.

II) Ordenar se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.-