Muerte del concubino, legítima defensa
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., M.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro en causa Expte. Nº 010/06: L., M.C. p.s.a. Homicidio Simple - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-31

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable a la imputada como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 y 45 del C. Penal) condenándola en consecuencia a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico de la condenada, e interpone recurso de casación, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido por el asistente técnico de la condenada.

Como primer agravio, denuncian la errónea aplicación de la ley sustantiva (79 y 45 C.P.). En tal sentido, sostiene que, conforme ha quedado acreditado el hecho en el debate, corresponde encuadrar el accionar de la imputada dentro de las previsiones de la legítima defensa (art. 34 incs. 6º C.P.), entendida ésta, no sólo como la defensa propia, sino también, dentro de la norma que justifica la defensa de terceros, respecto al hijo menor de la imputada y al niño en gestación.

El recurrente cuestiona el fallo condenatorio a través de una suerte de acertijos de los distintos motivos de casación que contiene la ley procesal penal, refiriéndose en primer término al motivo previsto en el Art. 454 inc. 1º del CPP, esto es inobservancia o aplicación errónea de la Ley Penal Sustantiva para cuestionar la condena de su pupila como autora del de Homicidio Simple, ya que a su juicio, debió ser absuelta de culpa y cargo por imperio de la figura penal contemplada en el art. 34 inc.

6º del CP.

Para ello ha hilvanado un conjunto de argumentos enderezados a rebatir la parte de la sentencia que trata esta postura defensiva con resultado adverso, postulando subsidiariamente la aplicación del art. 81 inc. 1º apartado a) del CP.

Confrontando los argumentos del recurso con los fundamente del fallo en lo que hace a este agravio considero que el mismo no puede prosperar.

La Cámara de Juicio, al tratar la calificación legal del hecho, descartó de plano la aplicación del homicidio en ejercicio del derecho "de legítima defensa" por entender que no concurría en el caso el primer presupuesto del Art. 34 inc. 6º de la Ley Penal sustantiva, esto es la agresión ilegítima por parte de la víctima.

Para ello tuvo en cuenta el certificado médico que consideró que las lesiones que presentaba la acusada eran de carácter leve y otro certificado médico que hacía referencia a que la misma tenía un buen estado general de la salud.

Además se tuvo en cuenta que varios testigos manifestaron que luego del suceso no le vieron lesiones. Dicha norma jurídica autoriza a defender los bienes propios o de terceros atacando bienes jurídicos de quien intenta o agravia aquéllos.

Se trata de una repulsa autorizada por la Ley, cuyos requisitos son: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Ello supone, en primer lugar, un ataque en curso o inminente contra un bien jurídico que no está autorizado o justificado por el orden jurídico. El ataque constitutivo de la agresión ilegítima no tiene que haber sido provocado por el agente que se defiende, mediante un acto de suficiente idoneidad como para motivar dicha agresión.

La Cámara, al referirse al primero de los requisitos, luego de analizar las pruebas pertinentes concluyó que no había existido tal agresión y que por lo tanto era innecesario el examen de los restantes presupuestos.

De la prueba incorporada a debate es posible arribar a un estado conviccional diferente, esto es, que la inculpada sufrió por parte del occiso una agresión física que provocaron en su cuerpo las lesiones que dan cuenta los informe médicos e ilustran las diversas placas fotográficas incorporadas a la causa.

Las mismas deben considerarse ilegítimas, ya que si bien el episodio tuvo lugar en el interior de la viviendo, sin testigos presenciales que puedan echar luz sobre los motivos desencadenantes del acontecer ilícito, por más que haya existido algún tipo de agresión verbal o provocación por parte de la incusa, una reacción semejante no se justifica de ningún modo y pasa a inscribirse dentro de lo que hoy se conoce como violencia de género.

Pero si bien ello es así, entiendo que la exigencia doctrinaria y jurisprudencial al respecto, exige que la defensa debe ser concomitante a la agresión, en caso de que ésta haya comenzado, y por ello no lo encuentro presente en el caso "sub examen".

Reitero lo que ya dije antes, el lamentable hecho que se juzga ha ocurrido en la más absoluta privacidad y por lo tanto conocer exactamente cómo ocurrió es una tarea imposible por lo que las pruebas han de ser analizadas con total prudencia.

No hay que olvidar que conforme lo dice la redacción de la ley, sus antecedentes y lo impone la naturaleza misma de las cosas, los tres requisitos indispensables de la legítima defensa son de igual jerarquía y por ello mismo, han de conjugar armónicamente en el hecho objeto de juzgamiento.

Así, cuando la norma se refiere al segundo de los requisitos dice: la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler. Indudablemente se refiere a impedir la concreta agresión que se está a punto de sufrir o repeler la que ya ha comenzado, es decir, lo que se está sufriendo y no a otra.

De ello surge lo que la Jurisprudencia exige en cuanto a que la agresión ha de ser actual o inminente, descartando de ese modo aquellas situaciones de sospecha de una agresión futura o aquella que ya cesó o terminó. La Ley pretende en definitiva que no se actúe por venganza o tardíamente.

Por lo expuesto considero que la acusada ha obrado bajo una fuerte crisis emocional que la ubica en las previsiones del art. 81 inc. 1º apartado a) del CP, por lo que entiendo debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto.

(Del voto en disidencia del Dr. Bustamante)