marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción meramente declarativa, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alsina, María Martha y otros c/ A.N.Se.S. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

En virtud del reescalafonamiento establecido en el año 2004 por el Consejo de la Magistratura, mediante Res. 471 del 11 de noviembre se dispuso que el cargo de Oficial Mayor pasara a denominarse Jefe de Despacho. Asimismo, por Res. 196 del 19 de abril de 2006, se acordó modificar la denominación correspondiente a dicho cargo por el de Jefe de Despacho de Primera, a efecto de que dichos agentes cumplan con el aporte previsto en el art. 31 de la ley 24.018. En consecuencia, los peticionantes -toda vez que ostentan el cargo de Jefe de Despacho de Primera-, se encuentran comprendidos en el marco de la ley 24.018 no sólo en virtud de la categoría que revisten -la que se encuentra entre las detalladas en el Anexo I de la mencionada ley- sino por el hecho de que, efectivamente, se les efectuaron los descuentos correspondientes al aporte jubilatorio conforme la norma legal; debiendo destacarse que el organismo, pese a que por Circular GP 58/06 A.N.Se.S. desconoció lo oportunamente acordado por la Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura, ha recibido sin cuestionamiento alguno dichos aportes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 26.11.10, "Ledesma, Teresa Herminia"; íd. Sala II, sent. del 23.09.09, "Mantuano, Jorge Mario").
Tarjeta de crédito, bancos, seguro con franquicia, aplicación de la ley, Derecho comercial
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Chevrolet SA de ahorro para fines determinados c/ Iguaran, Luis Anibal s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

1. Al considerar el contrato de tarjeta de crédito nos encontramos ante un contrato 'sui generis' que participa sin duda de los caracteres de distintos contratos, dando nacimiento a la creación de un peculiar sistema de integración en el cual cada uno de los que los componen tiene una participación o rol concreto y diverso, lo que evidencia la existencia de derechos disímiles para cada uno de los participantes, según la situación fáctica o jurídica que a su respecto se presenta (CNCom, Sala B in re "Silva Marciano c/ Banco Supervielle SA y Otro s/ ordinario" del 28/3/19). 2. En el mencionado plexo podemos mencionar a la 'entidad emisora', que es la que emite las tarjetas que serán aceptadas por los establecimientos adheridos, para el pago de los consumos efectuados y que puede coincidir con la entidad que recibe las presentaciones de los establecimientos adheridos para liquidar los importes; la 'empresa de franquicia', es decir, la titular de la tarjeta que autoriza a los emisores a ponerlas en circulación y los "usuarios" de la tarjeta que son quienes la solicitan y se comprometen ante el emisor de cancelar los cargos derivados de su uso. 3. Estos contratos, no pueden ser considerados como relaciones autónomas, en tanto interactúan dentro de un grupo de vínculos que derivarán en el negocio último surgido del conjunto. Como es sabido, el contrato de tarjeta de crédito es una combinación de financiamiento y modalidad de pago en las operaciones de adquisición de bienes y servicios. En dicha relación se unen los contratos bancarios de concesión de crédito con el servicio de caja y naturalmente el de compraventa o prestación de servicios, con diferimiento de pago del precio, donde una empresa especializada denominada entidad emisora se obliga a otorgar a favor de una persona física o jurídica denominada tomador, cliente, titular o usuario, un crédito que éste podrá utilizar mediante la mera presentación de la tarjeta de crédito para la adquisición de bienes o servicios de terceros, obligándose a cancelar a la entidad emisora en la forma y modos convenidos. (CNCom, Sala B, voto de la Dra. Díaz Cordero in re "Zagdañski, Damian Ariel c/ Percomin ICSA y Otros s/ ordinario, del 29/6/16).
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No puede verse en la admisión de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad la creación de un desequilibrio de poderes en favor del Judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí misma no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Acción de amparo, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B., A.F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo - Recurso de Inaplicabilidad de la Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-03

Si bien la obligación de respetar, proteger y llevar a la práctica los derechos de la amparista corresponde a la actividad de las autoridades legislativas y administrativas -en tanto involucra la adopción de trascendentes decisiones sobre la asignación de bienes escasos y la determinación de prioridades a tal fin-, ello de modo alguno implica negar la tutela judicial cuando se soslaya el contenido esencial de los derechos fundamentales en juego, a la par que su protección resulta impostergable en orden a las condiciones de profunda y notoria debilidad en que se encuentran sus titulares. Cuya particular situación requiere, por tanto, de una atención y protección preferente por parte del Estado que obste la consolidación de desigualdades y la profundización de la exclusión. (Del voto del Dr. Petiggiani)
Recursos, cuestiones procesales, litispendencia, excepciones procesales, procedimiento contencioso administrativo y tributario
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA  c/ Valot SA  s/ ej. fisc. - ing. brutos convenio multilateral (reservado) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja porque los señalamientos vinculados con la excepción de litispendencia y la distribución de costas no podrán tener acogida favorable. Las objeciones ensayadas en relación con esos temas constituyen discrepancias con la evaluación de los hechos, los vencimientos y la normativa infraconstitucional aplicable efectuada por la Cámara pero no logra acreditarse la afectación de garantía o derecho constitucional alguno. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medida cautelar autónoma, suspensión del acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CEABI  -Distrito  Sanitario  II- c/ EN -AFIP DGI Resol 18/11- s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

Existiendo el art. 12 de la Ley 19.549 la suspensión requerida en el trámite de un procedimiento o recurso administrativo debería llevar a una valoración judicial amplia y favorable al acogimiento, especialmente cuando ella no ha sido atendida en sede administrativa mediante una decisión expresa, pues el silencio viene a operar, en estas situaciones, como una suerte de presunción de ilegitimidad en contra de la administración (conf. esta sala in re: "IBM Argentina S.A. inc. med 2-III-10 c/ EN - AFIP Resol 52/09 s/ medida cautelar autónoma", Causa Nº 13.616, del 8/6/10). De modo que la petición cautelar autónoma implica un control judicial de la aplicación por parte de la administración del art. 12 de la LPA, cuando la suspensión del acto fue denegada expresamente o por silencio, antes del agotamiento de la vía administrativa (esta sala en causa Nº 21.106/10. "Sar Suela SRL c/ EN Mº Industria RSL 46/10 s/ medida cautelar autónoma", del 9/12/10; también "IBM Argentina S.A. inc. med (2-III-10) c/ EN AFIP Resol 52/09 s/ medida cautelar (autónoma)", Causa Nº 13.616, del 8/6/10).
Funcionarios públicos, actos de los poderes públicos, medidas cautelares, carácter excepcional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Intendente de la Comuna de Tolhuin c/ Concejo Deliberante de Tolhuin s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-11-13

La procedencia de las medidas tendientes a impedir el cumplimiento de actos vinculados con el ejercicio de funciones públicas tiene carácter restrictivo, debiendo concurrir notas de excepcionalidad -además de los presupuestos genéricos para las medidas cautelares- en razón de: i) el principio republicano de división de poderes, ii) la presunción de legitimidad de los actos de los poderes públicos en tanto no haya sido declarada su inconstitucionalidad o invalidez; y iii) las particulares restricciones del artículo 258 CPCCLRyM.
Competencia, juzgado de menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Jonhatan Nazareno y Otro s/ Asistencial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-02

La materia ventilada en estos autos es de neto corte asistencial; ello surge en forma unívoca de las normas provinciales, debidamente interpretadas, relativas a la organización judicial contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como del Código Procesal Civil y Comercial y la Ley 8490. La asignación de la materia derivada de las normas antes expuestas se ha visto adicionada por el dictado del S.T.J. de la Acordada del 26-2-92, que contiene las normas prácticas para el funcionamiento de los Juzgados de menores. Ab-initio cabe dejar sentado que no nos encontramos ante un conflicto de competencia sino frente a un proceso asistencial concluído, por cuanto su objeto fue el otorgamiento de la guarda y cuidado de los menores, resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil yComercial de Diamante, no obstante el control periódico que dicho magistrado deberá efectuar según lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 8490. El objeto de las presentes actuaciones ha sido el otorgamiento de la guarda y no el discernimiento de la tutela.

Corresponde que en este proceso asistencial siga interviniendo el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Diamante, sin perjuicio que los Defensores de Menores de las distintas jurisdicciones en que se encuentren los menores, hagan uso de las facultades que la confiere el artículo 59 del Código Civil, representación promíscua de aquellos a efectos de asegurar los bienes y eventualmente para que se les nombre tutor.
Recurso de casación, presunciones, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Cernuda, Luis Enrique y otra c/ Sandra Cáceres s/ Daños y Perjuicios-Sumario-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-25

No puede la Corte de Justicia por vía del recurso de casación entrar a revisar el criterio con que los jueces de grado han meritado y aplicado en el caso las presunciones -sean legales u hominis-, pues todo cuanto se relacione con la fundamentación fáctica de la sentencia es tema ajeno al recurso de casación.
Incidente de nulidad, notificación por cédula
Materia: LABORAL
Carátula: Fritz, Gabriel Esteban R. c/ Hozheuer, Oscar Raúl s/ Apelación de resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-08

En tanto en el original de la cédula, con que se diligenciara el traslado de la demanda, consta como fecha del acto el día 10 de agosto de 2001 y en la copia dejada al demandado el oficial de justicia consignó como día del acto el 21/08/01, emanando ambas constancias de instrumentos públicos, debe prevalecer la segunda, a fin de preservar el derecho de defensa del accionado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, competencia contencioso administrativa, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HAGGE, PAULINA c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

En apoyo de su postura la Sala citó precedentes de esta Corte que el ahora recurrente entiende inaplicables al caso por tratarse de causas tramitadas ante otro fuero (contencioso administrativo), pero si bien es cierto que las causas "Vadelco", "Molina" y "Vivas" tratan recursos contenciosos administrativos, nada obsta que dicha interpretación sea trasladada a un proceso civil y comercial, siempre que el Tribunal entienda configurados los supuestos de analogía sustancial requeridos entre ambos casos; por ello dicho agravio, tal como fue traído por el recurrente, sólo con referencias genéricas a un fuero distinto pero sin una crítica concreta respecto al contenido o a la propia interpretación de la norma, carece del peso constitucional propio que la admisión de este recurso merece en esta instancia preliminar. - CITAS: CSJStaFe: Vadelco, AyS T 89, p 490; Molina, T 168, p 334; Vivas, T 174, p 165.
Accidente de tránsito, velocidad reglamentaria, responsabilidad del conductor, imprudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZURDO,RUBEN ALBERTO c/ SERVICIOS VIALES S.A. s/ PROCESOS SUMARIO ( DAÑOS Y PERJUCIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-02-13

Un chofer de mediana experiencia, que se desempeña en dicha tarea profesionalmente, debe conocer la incidencia que tiene la lluvia en la perdida de adherencia de los neumáticos y consiguientemente , en la reducción del margen de seguridad que provoca la pronunciada caída de agua sobre la cinta asfáltica. Obrando en consecuencia, debe imprimir a su vehículo la velocidad precaucional que aconsejen las circunstancias, la que en todos los casos debe asegurarle el pleno dominio del rodado y brindarle la consabida seguridad a si mismo, quienes le acompañen y a otros usuarios del camino.
Doctrina de la arbitrariedad, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H, C s/ HOMICIDIO CULPOSO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 98-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-21

Calificar el acto emanado de la Corte como arbitrario, implica demostrar que haya mediado un quebrantamiento manifiesto en las reglas de juzgamiento, que la lleven a conclusiones ilógicas, incoherentes, claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí. Debe existir pues, acreditación de existencia de un raciocinio viciado, desvío notorio y palmario de las leyes de la lógica. De lo contrario, sólo subyace el anhelo de obtener un renovado debate de lo resuelto en las instancias ordinarias, inconducentes por ser dicha materia ajena al cometido del Alto Tribunal, cuando debe resolver un recurso extraordinario federal.
Pago, imputación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Raúl Oscar Machado y Otro c/ Nelly Olga Milana s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-31

De la lectura de la última parte del artículo 775 del Código Civil surge que en el caso de imputación del acreedor, el deudor no puede pedir que se impute en cuenta de otra, a menos que haya mediado dolo, violencia o sorpresa por parte del acreedor. En presencia de estos vicios, entonces, el deudor tiene la posibilidad de impugnar la imputación ya aceptada, y en este orden de ideas, para anular la imputación no se requiere el verdadero fraude del acreedor, sino que basta el hecho de que éste se haya aprovechado de la distracción del deudor para dirigir la imputación a la deuda que más le agradaba extinguir en su perjuicio. Sin embargo, el deudor no puede impugnar -sin más- la imputación, sólo por provocarle ésta daño, si no demuestra además, la concurrencia de los extremos señalados en la norma aludida, es decir, de los vicios mencionados precedentemente, dolo , violencia, sorpresa.
Adulteración de documento, daños y perjuicios, indemnización, mora, fundamentación de sentencias, debido proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ragalli, Beatriz Cristina c/ Banco Crediccop Cooperativo Limitado y Otro s/ Ordinario (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-23

"Es que la deficiente individualización de la titular de una cuenta corriente por adulteración engañosa de un documento nacional de identidad y demás documental, como sus derivaciones dañosas, debe ser soportada por el proveedor del servicio -bancario, en este caso-, cuya organización, seguridad en su utilización (Cfr. LORENZETTI, Ricardo Luis, "Consumidores", Rubinzal-Culzoni, 2009, ps. 149/151) y protección de los intereses económicos de los usuarios es impuesta al ente societario por el derecho constitucional (art. 42 de la C.N.) y privado (arts. 1113, párrafo 2do., ap. final, del C.C., y 1757 y 1758 del C.C. y C.); en este último caso cuando despliega una actividad -comercialización de servicios, en el presente: arts. 5 y 8 incs. 3. y 6. Del Código de Comercio- que se vuelve irregular y desarreglado por el riesgo y vicio adquirido a través de la numerosa clientela con la que lucra (art. 1733, inc. e), del C.C. y C.). Para liberarse de esa obligación objetiva no basta con aludir, en abstracto, que no pudo preverse ni evitarse (arts. 514 del C.C. y 1730 del C.C. y C.), máxime cuando, como ocurre en estos actuados, los obligados están en mora (arts. 513 del C.C. y 1733, inc. c), del C.C. y C.), sino que resulta menester explicar concreta y razonadamente (art. 257º del C.P.C. y C.) en qué consistieron en el hecho dañoso puntual esas causas de dispensa, porque de lo contrario el análisis del juzgador no es posible y, siendo de este modo, no resulta probable que la sentencia esté debidamente fundada para satisfacer la garantía fundamental del debido proceso (art. 18 C.N.)".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO LEY 10000. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD. RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE   SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL (CSJ EXPTE Nº 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

Cabe rechazar el recurso extraordinario interpuesto, si bajo la imputación de violación a garantías constitucionales, exceso de competencia apelada y funcional de la Corte local y carencia de motivación, lo que el recurrente pretende es hacer prevalecer su criterio-opuesto al de esta Corte- en torno a la interpretación y aplicación que efectuara de actos y normas de derecho público local y constitucional, y en función de las cuales concluyó en la procedencia del recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora.
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuestiones procesales, acceso a la justicia
Materia: LABORAL
Carátula: VALENZUELA FELIX ADOLFINO Y OTRO c/ CAFE DE LA PLAZA Y/O OTROS s/ HABERES ADEUDADOS, ETC. (QUEJA DEL DR. NASSIF)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-04

Se vulnerarían los principios que atienden a la tutela judicial efectiva, con la postura de rechazar la vía recursiva de la Casación, a aquel que en tiempo y sucesivamente ha pedido ser parte, sin que se le conceda dicha participación y en definitiva instaura el recurso por este tema, en donde se advierte la falta de negligencia en lo actuado por parte de la demandada.-
Seguros, denuncia del siniestro, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GODOY, RAUL c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Corresponde rechazar la caducidad del derecho entablada por la aseguradora toda vez que para que se consolide es necesario que el asegurador haya rechazado el derecho del asegurado en tal ocasión con fundamento en la omisión por parte de éste de cumplimentar la carga u omisión invocadas en sustento de la caducidad de que se trate. En este sentido, y con referencia al específico supuesto de caducidad que aquí se ha invocado, ha sido dicho que si el asegurador considera que la denuncia es tardía debe hacérselo saber al asegurado al acusar recibo. De lo contrario, si no procede de tal modo, debe entenderse que ha reconocido haber tomado conocimiento en tiempo útil, renunciando tácitamente a la sanción que omitió hacer valer (cfr. Halperin, Isaac-Barbato, Nicolás, en "Seguros", ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p. 502; esta Sala, en "Crochet SA c/ SA Cía. de Seguros Los Andes s/ ordinario", del 28.95).
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, personería gremial, representación procesal, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Federación Única de Viajantes de la República Argentina y otra c/ Yell Argentina S.A. y otro s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-07

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que rechazó la demanda promovida por las entidades sindicales actoras con el objeto de que se condene a la empresa demandada a pagar el aporte correspondiente al Fondo de Investigación y Perfeccionamiento Gremial y Profesional, previsto en el artículo 30 del CCT 308/75, pues la cámara omitió ponderar que se encontraba acreditado que ambas organizaciones contaban con personería gremial y estaban legalmente habilitadas para ejercer la representación de los trabajadores que se desempeñaban como viajantes de comercio y de la industria (y a los jubilados de esa actividad en el caso de la federación) en toda la Argentina, no pudiendo desconocerse que aquéllas gozaban del derecho de defender y representar los intereses colectivos del sector (art. 31, inc. a, de la ley 23.551) función que constituye una de las más relevantes que la ley reconoce a los sindicatos.
Acto administrativo, sanciones administrativas, sumario administrativo, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SERENI JORGE AQUILES c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24

La procedencia de la aplicación de una sanción por parte de la administración se encuentra sujeta, en primer término, a que se sustancie un procedimiento sumarial destinado a examinar la conducta, en el cual se respeten sus derechos derivados del debido proceso adjetivo.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sucarrat, Víctor y otra c/ Representantes legales de Gónzález de la Puente y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

Haciendo cosa juzgada en sede civil lo concluido en la jurisdicción criminal respecto de la falta de coautoría en el hecho (conf. art. 1103, C.C y doctrina legal antes citada), no puede considerarse verificado en autos el presupuesto de aplicación del art. 1081 de la ley sustantiva, que precisamente exige esa relación de coparticipación para extender solidariamente la responsabilidad de resarcir los daños.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Victory, Marta c/ Municipalidad de Tigre s/ Cobro de pesos (ordinario). Cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Es propia de la competencia originaria y exclusiva que este Tribunal tiene atribuida sobre la materia contencioso administrativa la cuestión suscitada en torno a al ejecución o interpretación de contratos administrativos. En el caso, la actora pretende el cobro de una suma de dinero que entiende que la Municipalidad demandada le adeuda y que surge documentada en una factura que acompaña a la demanda; consistiendo el objeto del contrato instrumentado, en la publicación en un diario local del ejercicio y cálculo de recursos y presupuesto de gastos correspondientes a determinado año, lo que reviste evidente carácter público, dada la índole del cometido perseguido con su cumplimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)