Acción penal, Ministerio Público Fiscal, instrucción, vacío legal, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: SERAFINI, Carmelo y otros. s/ PROCESAMIENTO-DESBARATAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

En un sistema penal en el cual la atribución de decidir sobre el fondo del asunto ha sido conferida a los jueces (art. 18, C.N.), sea que el ministerio público fiscal promueva la acción o considere que debe ser desestimada la denuncia, su opinión no puede erguirse en solución definitiva del conflicto porque entonces el proceso debería seguir adelante según ese solo impulso sin necesidad de que un magistrado imparcial evalúe la actuación. Si la labor jurisdiccional se limita a observar el cumplimiento de las formalidades, en cuyo caso debe asentir lo requerido por el representante fiscal, por un lado se superpone con la de las demás partes, y si bien se mira, la hipótesis del art. 348 del C.P.P.N. no se diferencia en nada a los restantes casos en que el criterio del juez, por ser distinto, motiva una decisión contraria a la acción penal ejercitada. El accionar del Ministerio Público Fiscal no puede ser condicionado de ninguna manera, que otro condicionante mayor que aquel que, frente a su requerimiento de instrucción, decide desestimar o sobreseer un caso dado. Por ello, seguir el argumento planteado debería conducir no solo a la inconstitucionalidad del art. 348, sino también, a la de todos los artículos que atribuyen a un tribunal la facultad de decidir sobre la suerte de la acción penal correspondiente al Ministerio Público Fiscal, sea para promoverla, sea para hacerla cesar (art. 195, 336, etc.). La opinión del representante fiscal en torno a impulsar o no la acción penal según su atribución, se finca en la existencia o no de delito, aspecto este último que compete declarar al juez según su función constitucional. Esto revela que desde la realidad se plantea un complejo indisoluble y problemático, que no admite de manera directa los conceptos dados, porque hacer primar a una u otra atribución de modo absoluto, en ambos casos, parecería dejar avasallada la correspondiente a otro órgano. En un sistema de frenos y contrapesos la independencia funcional de las instituciones del Estado no quita que su actuación pueda estar interrelacionada y regulada. Entonces no corresponde admitir como intromisión de un órgano sobre otro aquella que no permita reconocer que lo ha sustituido directamente en la facultad que le era propia. No encontrándose legalmente prevista la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de elegir los casos en los que habrá de promover la acción penal -el llamado principio de oportunidad-, sino que debe hacerlo siempre que se trate de delito, al corresponder la definición de esto último a un tribunal de justicia, su obligación de impulsar la acción, en casos como el presente, emergerá de la naturaleza misma del hecho y de la ley, es decir determinado por una pulsión intrínseca. Que la función jurisdiccional entonces sea principal, y dependiente de ella la acción penal, corresponde insistir en esto, en todos los casos, deviene de la naturaleza misma de la función asignada al Ministerio Público Fiscal. Entonces, así como en el control constitucional de la ley la C.S.J.N. no se atribuye facultades legislativas, no obstante repercute sobre una función propia del legislador, verificar si en un caso dado existe o no delito, no o bstante repercute sobre la acción penal, no implica intromisión en la función propia del Ministerio Público Fiscal que no puede ser sustituida. Lo dicho no opaca que en la tarea de distribuir lo inescindible entre la funciones reconocidas a juez y fiscal, el legislador pudiera haber atribuido esta labor de control a uno u otro órgano, según las circunstancias particulares, pero se advierte que prefirió el jurisdiccional (art. 348, C.P.P.N. en su correlato con el 18, C.N.), que además respeta la naturaleza principal de definir el derecho. Reconocer el derecho constitucional de recibir un pronunciamiento judicial en torno a la materia penal, justifica que ante la laguna normativa procesal existente en el caso, sea llenada por vía analógica.