marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, daños y perjuicios, patrullero
Materia: CIVIL
Carátula: Bether de Pérez, Elba c/ Provincia del Chubut s/ Juicio por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-12-06

El riesgo originado en el uso de automotores se acrecienta cuando éstos, en cumplimiento de funciones realizadas en beneficio de la comunidad, se desplazan en servicio exentos de límites de velocidad y demás restricciones al tránsito. Si ellos ocasionan daños particulares, aún sin serle imputable culpas directas o indirectas, el Estado es en principio responsable por lo perjuicios causados. En tal caso la responsabilidad sólo cede -total o parcialmente- "acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder".
Constitución Nacional, modificación de la ley, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ARREGUI, ALDO JOSE c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

El art. 43 de la Constitución Nacional (reformada en 1994), introdujo una modificación trascendente en lo que hace a la acción de amparo, con el fin de darle un dinamismo propio y despojarla de aristas formales que fueran obstáculo al acceso inmediato a la jurisdicción cuando se encuentran en tela de juicio garantías de rango constitucional (cfr. Palacio, "La pretensión de amparo de la reforma constitucional de 1994", L.L. 07.07.95) pero, hasta tanto se dicte una nueva reglamentación en la materia, las directivas de la ley 16.986 resultan plenamente operativas y de aplicación, salvo en lo que hace a la imposibilidad de deducir planteo de inconstitucionalidad contra normas legales (cfr. Cám.Fed.Civ. y Com., Sala I, sent. del 12.10.95, "Guezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social").
Ley de servicios de comunicación audiovisual, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La garantía constitucional de la libertad de expresión sólo tiene eficacia si incluye una contención de ese poder que se encuentre a disposición de las personas afectadas, y dentro de esos límites, el poder estatal puede ser ejercido para crear regulaciones favorables a una expansión de la libertad de expresión, de la diversidad y pluralidad con que ésta se cumple (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Carmen Argibay).
Excarcelación, acumulación de procesos, caución real
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, Walter Daniel. s/ ROBO EN POBLADO Y EN BANDA-EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-03

La interdependencia que guardan los procesos que se le siguen al imputado, en cuanto a que sólo para el caso de condena en estos autos su juzgamiento ante los tribunales orales por los demás hechos que registra podrá llevarlo a otra condena que no podrá ser dejada en suspenso (art. 76 ter, párrafo quinto, C.P.) no determina en el "sub- exámine" la necesidad de cumplir encierro cautelar, si en definitiva resultan ellos así procesos de paralela sustanciación y la calificación escogida en su procesamiento (art. 167, inc. 2°, C.P.) admite la excarcelación en virtud de las previsiones del art. 317, inc. 1°, en función del art. 316, segunda hipótesis del C.P.P. La necesidad de resguardar su futuro sometimiento al normal desarrollo del proceso en las particulares condiciones antes apuntadas, torna aconsejable imponerle una caución de carácter real.
Aportes a obras sociales, intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL CONDUCTORES DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS c/ EMPRESA SAN CAYETANO S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-02-28

Los reclamos de aportes de Obras Sociales poseen una legislación específica, razón por la que resulta inaplicable la Ley 23928.Los intereses moratorios y punitorios que surgen de los Arts. 8 y 9 de la Ley 21864 de la Actualización de los Créditos de la Seguridad Social no han merecido el cuestionamiento concreto de Inconstitucionalidad. Tales sistemas de actualización en regímenes específicos con fundamento en la solidaridad, cooperación y Justicia Social, son diferentes de los que se aplican en las obligaciones civiles y laborales y tienen sustento en el Art.14 bis de la Constitución Nacional.
Falta de legitimación para obrar, sanciones administrativas, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: LABORATORIOS IMVI SA C/ EN - M SEGURIDAD (EX 34412619/18 - RESOL 158/22) S/ REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS - LEY 26.045 - ART 16 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

El tribunal de alzada declara la falta de legitimación del Estado para plantear la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 24.065 puesto que no procede conferirle el traslado que reclama cuando expresamente la norma dispone que los recursos directos interpuestos en contra de sanciones administrativas serán resueltos "sin sustanciación". Es principio básico de hermenéutica jurídica, en sintonía con el de división de los poderes, dar pleno efecto a la voluntad del legislador mediante una interpretación que priorice la letra de la ley. Como principio general, el Estado no se encuentra legitimado para plantear la inconstitucionalidad de las normas que él mismo dicta.
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, delito de peligro abstracto, bien jurídico protegido, orden público, moral y buenas costumbres, Salud pública
Materia: PENAL
Carátula: Lucero, Fabio Alejandro y Marichal, Javier Isaías s/ ley 20.771 -Causa Nx 20.815-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Entre las acciones que ofenden al orden, la moral y la salud pública, se encuentra sin duda la tenencia de estupefacientes para uso personal, porque al tratarse de una figura de peligro abstracto, está ínsita la trascendencia a terceros.
Quiebra, calificación de conducta, domicilio constituido, apercibimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACHERAL TRADING  CO   SA s/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

No resulta aplicable el apercibimiento previsto en la lc: 95-7. A las actuaciones que, como las relativas a la calificación de conducta, conciernen a aspectos principales y autónomos y no constituyen tecnicamente incidente, pese a la rotulación que en tal sentido puedan emplear la ley o la práctica forense.
Intervención de terceros, citación por el demandado, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIANO DEPORTES SA c/ QUINTANA, NORBERTO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

La citación al tercero puede ser ampliamente reconocida al actor, pues es esa parte quien elige a los sujetos del proceso. Más a la parte demandada, en cambio, con excepción de los tratamientos particulares que el derecho material acuerda a ciertas pretensiones, no corresponde, en principio, conferirle el mismo derecho, ya que el actor no puede ser constreñido a litigar contra una persona ajena al sujeto pasivo originario.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente de tránsito, relación de causalidad, prioridad de paso, culpa de la víctima, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ, DAMIAN L. c/ NISTAL, JOSE O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Los argumentos esgrimidos por la quejosa enderezados fundamentalmente a cuestionar la valoración de la prueba -aduciendo que se ha omitido la consideración de las declaraciones testimoniales y las periciales- y que no se ha aplicado correctamente lo prescripto por el artículo 1113 del Código Civil en tanto era obligación del demandado acreditar la ruptura del nexo causal - no pueden tener favorable acogida, en razón de que la Cámara entendió que el accionar del demandante fue la culpa exclusiva del siniestro,con lo que se configuraba una de las eximentes de responsabilidad previstas por el artículo 1113 del Código Civil, no bastando la declaración de la esposa del actor para derribar la prioridad de paso que asistía al demandado, que -aún cuando se hubiera demostrado que había detenido la marcha- circulaba por la derecha y fue embestido en la parte media del rodado, habiéndose acreditado además que la víctima no utilizaba casco ni contaba con licencia para conducir motocicletas; por lo que no se verifican en la decisión impugnada las omisiones señaladas. - REFERENCIAS NORMATIVAS. Código Civil, artículo 1113; Ley 24449, artículos 41 y 64.
Ley provincial, constitucionalidad, juicios contra el Estado, interposición de la demanda, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gypobras  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Son válidas constitucionalmente las normas provinciales que establecen un término para la iniciación de demandas contenciosoaministrativas, en cuanto se limiten a la reglamentación del ejercicio de las acciones acordadas en los ordenamientos locales y no restrinjan derechos acordados por leyes de la Nación.
Derecho comercial, régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gómez  Mauricio  T.  y  otros c/ Estado  Nacional Ministerio deEconomía s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

Para la liquidación judicial de deudas consolidadas, rige como principio general que los intereses se calculan hasta la fecha de corte (art. 5 de la ley 23.982 y art. 15 de su decreto reglamentario 2140/91; art. 13 del decreto 1116/00 reglamentario de la ley 25.344), y a partir de ese momento rigen los previstos en la ley de consolidación pertinente (vgr.: arts. 6 de la ley 23.982 y 19, inc. d, del decreto 2140/91; arts. 13 y 24, inc. d, del decreto 1116/00; en ese sentido, ver sentencias de la Sala 2, causa 1211/99 del 8-7-2003 y de esta Sala, causas 155/99 del 17-10-2003, 7365/98 del 5-11-2004, 9573/00 del 17-2-2005, 21.911/96 del 11-5-2010 y 6484/00 del 28-12-2010). Ratificado en la ley 26.078 (B.O. 12-1-2006), en cuyo art. 45 se dispone que "En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1º de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982, en el 1º de enero de 2000 para las obligaciones comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de 2002 o el 1º de setiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley 25.565 y la ley 25.725", como así también que "La prórroga dispuesta por el art. 46 de la ley 25.565 y los arts. 38 y 58 de la ley 25.725 resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31de diciembre de 1999, y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda".
Juicio ejecutivo, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO COMERCIAL c/ GUALINI, NORBERTO Y OTRA s/ EJECUTIVO      EXPTE NRO 162-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-30

La constancia de los saldos deudores de cuenta corriente bancaria otorgada con las firmas conjuntas del Gerente y Contador del Banco son consideradas como título con fuerza ejecutiva por ser uno de aquellos que menciona la ley y como tal goza de legitimidad, lo que supone que quien alegue la concurrencia de algún hecho o motivo, omisión o defecto que prive al título de la expresada fuerza ejecutiva, debe probar la existencia del hecho, motivo, defecto u omisión que invoca como sustento de la excepción porque, en razón de la mencionada presunción que ampare al título, no cabe exigir a los firmantes la prueba de los cargos que desempeñan, sino que es la excepcionante quien debe en primer lugar, formular un desconocimiento categórico y luego probar su postura en cuanto hecho obstativo o impeditivo.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, competencia, competencia contencioso administrativa, ejecución de sentencia, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Carreras, Roberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de amparo- Avocación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

Debe desestimarse el pedido de avocación efectuado por la Provincia demandada, desde que sus argumentos en orden a fundamentar la competencia de la justicia contencioso administrativa (considera intolerable que se pretenda ejecutar por un amparo diferencias salariales opuestas a la ley 11.196 que resultarían de la ejecución de una sentencia de 1993), constituyen, en rigor, concretas oposiciones a la procedencia de la pretensión ejecutoria ejercida por los amparistas que, por su propio tenor y naturaleza, deben transitar los carriles procesales pertinentes y ser considerados y resueltos en las instancias previstas en el ordenamiento respectivo.

Así, siendo que el caso está a consideración del conjuez en el ámbito de la ejecución de una sentencia firme, en orden a la cuestión de competencia, resulta aplicable el criterio sentado por esta Corte en el precedente "Martínez Costa", correspondiendo declarar que debe seguir entendiendo el juez de la causa. (De Los Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Bs.As. c/ Vazquez Néstor s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

En lo que hace al depósito efectuado al deducir la nulidad de la ejecución, ha de señalarse que no es un verdadero pago sino un requisito de admisibilidad de tal incidencia. Por otra parte, siendo posterior a la intimación de pago, no puede configurar un caso de procedencia a la excepción de pago total o parcial que regula el art.542 del CPCC en su inc.6º, sino un caso de allanamiento materializado por un pago a cuenta de la liquidación que oportunamente realice. Habida cuenta de ello y existiendo un caso de mora perjudicial, las costas de la instancia de origen fueron bien impuestas a los ejecutados (art.556 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11


Se transcriben los fundamentos de la resolución anotada.

".....I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. A. D. C. contra la resolución que, en fotocopias, luce agregada a fs. 13/15, en cuanto no hace lugar al pedido de suspensión del proceso a prueba formulado.

I) Yendo a la materia del recurso debe considerarse, en primer lugar, que en estos actuados se reprocha al procesado el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, siendo que el nombrado no depende psíquica ni físicamente de ellos (f. 74/75 del ppal.), extremo que excluye la posibilidad de aplicar el régimen específico del artículo 18 de la ley 23.737.

III) Que en el marco de la ley 24.316, el monto punitivo máximo con que se reprime el delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, permite la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, de acuerdo a lo previsto en el artículo 76 bis, primer párrafo, del Código Penal.

Así las cosas, sin entrar a considerar si la posibilidad de condena de cumplimiento en suspenso debe concurrir en los supuestos de dicho parágrafo -o si sólo resulta requisito de procedencia para los casos en que el máximo de la escala penal aplicable supere el término de tres años de prisión-, cierto es que en el caso bajo estudio, la eventual pena a recaer sería sustituida por la medida de seguridad educativa prevista en el artículo 21 de la ley de estupefacientes.

Esta particular circunstancia, torna inoficiosa toda consideración sobre la posibilidad o imposibilidad de aplicar pena de prisión en los términos del artículo 26 del Código Penal y, encontrándose reunidos los restantes requisitos exigidos por la ley 24.316, el beneficio impetrado aparece pertinente.

IV) En este contexto, cabe indicar que la finalidad que lleva el artículo 21 de la ley 23.737, fondo -por remis deberá procurarse en el caso mediante la imposición de las reglas conductas que autoriza el artículo 27 bis del código de ión del artículo 76 ter, segundo párrafo- a efectos de lograr que D. C. asuma una actitud responsable frente a los estupefacientes.

Así, su sometimiento a un tratamiento educativo, permitirá al encartado -como exige el numeral 12 . 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, conocidas como Reglas de Tokio-, reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo, e incrementar las posibilidades de reinserción social.

V) Finalmente, respecto de la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal, habiendo señalado este Tribunal el alcance que ella reviste (ver causa n° 13.014 "Lazo", reg. 14.006 del 7/3/97) y, atendiendo a que aquél soslaya la posible aplicación, en caso de condena, del instituto previsto en el artículo 21 de la ley 23.737, tal oposición luce arbitraria, y en consecuencia, carece de virtualidad......"
Marcas, mala fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique L. c/ Ferrari  S.P.A. s/ Op. Marca "Enzo Ferratti"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

En más de un caso se puede presentar tan sólo la prueba de la copia servil de la marca extranjera y ella puede ser suficiente para acoger la nulidad (o la oposición). El derecho de quien obtuvo el registro en nuestro país no se puede fundar en la mera "casualidad casi milagrosa" de elegir una marca que ya existía. por eso se debe admitir la posibilidad de presumir la configuración de un plagio en las condiciones expresadas, aún cuando no se pruebe específicamente la mala fe -lo que no es inconcebible- circunstancia que se encuentra estrechamente emparentada con el grado de originalidad del signo de que se trata. Si la marca que sirve de base para la oposición -o nulidad, en su caso- está dotada de un singular valor distintivo, el solo hecho de su reproducción admite presumir el aprovechamiento de la creación ajena, que es lo que los arts. 953 del Código Civil y 24, inc. b, ley 22.362, persiguen evitar.
Facultades del fiscal, detención
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Alberto Omar s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-02-21

Es constitucional el art. 214 del Código Procesal Penal de Santa Fe en cuanto faculta al Fiscal a ordenar la detención de un imputado cuando los elementos reunidos en la Investigación Penal Preparatoria le autorizaran a recibirle declaración como tal y fuera procedente solicitar su prisión preventiva, pues la Constitución Nacional claramente en su art. 18 habla de "autoridad competente" y no debe olvidarse que la facultad de legislar en materia procedimental, en una de las facultades reservadas por los Estados Provinciales, quienes por ende tienen plena capacidad para decidir quién es la autoridad competente para disponer la detención de un ciudadano.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, competencia laboral, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL c/ LONALINO SACIF. s/ LEY 18610/22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-29

En la órbita laboral se debe dictar pronunciamiento que comprenda la totalidad de la deuda con sus accesorios, en caso de quiebra del empleador, pues podría ocurrir que la quiebra fuera levantada y otro pronunciamiento significaría en ese caso la liberación del deudor (Conforme Sala VI, sentencia número 12276, 18 de abril de 1980, "Vartolo c/ Cosmética Científica SA.").
Pericia psicológica, valor probatorio, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, José Luis c/ Aguelt, Alfredo Daniel s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-17

El perito, especialmente cuando se trata de incapacidades psíquicas, debe consignar con toda claridad el método utilizado, en qué consiste y cómo verificó la afección, así como ésta incide sobre el damnificado y en función de qué parámetros determinó la incapacidad resultante, o sea la merma de las facultades preexistentes, debiendo acompañar los tests que haya realizado, para de tal modo objetivar sus conclusiones.
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Jorge Nestor c/ Boccanera, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

Si bien la incontestación de la demanda da la posibilidad al juez a proceder conforme lo determina el art. 354 inciso 1º, 2º párrafo del CPC tal presunción -por si sola- no puede implicar que se declare la cuestión de puro derecho, toda vez que la declaración de puro derecho es un supuesto excepcional. La regla es la apertura a prueba, que constituye la resolución más acorde con la amplitud que se debe otorgar al principio de la defensas en juicio, y debe ordenarse ante la más mínima duda acerca de la posibilidad de emitir un pronunciamiento injusto de atenerse únicamente a los elementos de juicio agregados a la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pagaré, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORTH COMPUTER S.R.L. c/ LURASCHI, RAUL s/ EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-17

El hecho de negar la firma inserta en un pagaré, manifestando expresamente que la misma no le pertenece, que es falsa y apócrifa, sin ofrecer prueba pericial caligráfica, permite inferir que la estrategia defensiva utilizada lo es sólo con fines dilatorios, puesto que la lógica y la experiencia indican que si se atribuye a una persona la firma de un documento y ésta no le pertenece, la misma desplegará todos los medios procesales a su alcance para así demostrarlo.
Facultades del juez, prueba, facultades instructorias, derechos personalísimos, prueba de la filiación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "G.R. de P. s/ queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-18

Si bien este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dicho en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias queda incluido dentro de las facultades discrecionales del juez, (Fallos 247:214 y C.C.C.

Fed. Sala I "SORIA H." del 4.11.93) la alegada afectación de derechos personalísimos del quien se ve agraviado constituye un elemento que debe ser tenido en cuenta a los efectos de que la decisión que la dispone sea revisada (C.C.C. Fed. Sala I "PEÑA, Luis M." del 9.4.2002). Tal es el caso de una ampliación de un informe técnico ya ordenado, a fin de determinar el vínculo de paternidad existente entre el imputado y el querellante.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Cirsa S.A. s/ Concurso preventivo -Hoy quiebra- (Expte. Nº 276-99, Resolución Nº   111, Tomo 1, Folio 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-08

La resolución que rechaza el pedido de remoción de Síndico es inapelable al no estar prevista su expresa apelabilidad en las normas de la Ley Concursal Nº 24522.