Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-02


NEUQUEN, 2 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PEDREIRA ORLANDO IRINEO C/ INDALO S. A. S/ DESPIDO POR FALTA DE REGISTRACION" (EXP Nº 392420/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 230/235 la demandada Indalo S.A. apela la sentencia de fs. 218/225 que hizo lugar a la demanda y condenó al apelante a abonar la suma de $ 80.817,45, con más intereses, entrega de los certificados de trabajos, servicios y remuneraciones, y costas.

En primer lugar, se agravia por la aplicación del principio de la duda y su interpretación favorable al trabajador, entiende que no resulta aplicable a estas actuaciones. Dice, que la duda sólo es admisible si las acreditaciones, razonablemente apreciadas brindaran una alternativa plausible, apreciada con criterio restrictivo.

Manifiesta, que se afectaron sus posibilidades de producir prueba al considerar innecesaria la producción de la informativa ofrecida en la contestación.

Agrega, que de la prueba permitida surge nítida la ausencia de relación laboral del actor. Así, destaca que la correlación de las facturas señalada en la sentencia no es tal porque existen 53 facturas faltantes.

También, agravia porque el Sentenciante señaló que en la parte superior derecha de la facturación mencionada se consigna como fecha de inicio de actividades el mes de junio de 2003 y la consideró como fecha de ingreso. Dice, que el concurrir a una imprenta para editar talonarios es un actividad que queda en la esfera de los actos del accionante.

Alega, que tampoco se han valorado los testimonios que dan cuenta de la inexistencia de la relación laboral, entre ellos los de los Sres. Villarroel Marcos Antonio, Oelckers Hans Roberto, García Andres Próspero y Cuevas Ernesto Blas y critica la valoración del A-quo.

Expresa, que el actor era un profesional de la mecánica y que no recibía ordenes de nadie y que de las pruebas aportadas surge que no existía subordinación jurídica, técnica y económica.

La contraria no contestó el traslado del memorial.

II. Entrando al examen de los planteos de la apelante, adelanto que no le asiste razón, correspondiendo el rechazo del recurso interpuesto.

En efecto, el presupuesto de operatividad de la presunción del artículo 23 L.C.T. es la prestación personal de servicios en el marco de una empresa ajena y coloca en cabeza del alegado empleador, que decida cuestionarla, la prueba de que esa prestación reconoce como causa una relación jurídica diferente a la descripta por los artículo 21 y 22 de la misma ley.

En este sentido, tiene dicho el T.S.J. que: "Respecto de la interpretación y alcance que debe darse, en general, al Art. 23 de la L.C.T., con anterioridad me he expedido en la causa "Guerra, Rafael César c/ Consoli, Nora y otro s/ despido" (Expte. N° 162 - año 2001), donde señalé cómo funciona la presunción iuris tantum contenida en la norma." "Expresé en tal oportunidad: "Al respecto, dos corrientes doctrinarias y jurisprudenciales se han venido desarrollando a través del tiempo en que la norma en cuestión tiene vigencia, a saber: Una, que sostiene e interpreta que el contrato de trabajo, de acuerdo a los términos del art. 23 de la L.C.T. se presume por el hecho de la prestación de servicios dependientes; y la otra, que entiende que la sola demostración por parte del trabajador de la prestación de servicios para el empleador es suficiente para que opere la presunción. Adhiero y ratifico mi postura, con esta última interpretación, tal como lo he venido sosteniendo inveteradamente, y así resultará que corresponderá al empleador destruir esta presunción, que admite prueba en contrario, demostrando que esa prestación de servicios obedece a otras circunstancias que no tienen vinculación de un contrato de trabajo". (conf. Acuerdo N° 15/2002). En idéntico sentido, en cuanto a la interpretación del Art. 23 de la L.C.T., pueden verse los precedentes de este T.S.J., "Rodríguez Juan c/ Montoya José s/ Accidente Ley" (Ac. 129/95); "Presti Jorge José c/ Agros S.A. y Otro s/ Despido" (Ac. 34/97); "Cabezas, Miguel Andrés c/ Crisorio, Manfredo José y Otro -Titulares de Servicentro Esso- s/ Laboral por cobro de haberes" (Ac. 7/99); "López, Enrique c/ Esco S.A. de capitalización y ahorro s/ cobro de haberes e indemnización por despido" (Ac. 46/01); "Campos, Luis Silverio c/ Esco S.A. de capitalización y ahorro s/ cobro de haberes e indemnización por despido´ (Ac. 25/03.)", (del Voto del Dr. Oscar Massei en autos "Aubert Elsa Margarita y Otros contra Clínica Pasteir S.A. s/ Despido", Expte. N° 102, Año 2005, del Registro de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios).

En autos, es necesario destacar que el apelante no discute la conclusión de la A-quo de por acreditado que el actor prestó tareas en forma continua y habitual como mecánico, sino que se limita a cuestionar el carácter de la relación que lo unía a la demandada.

Así, el contestar la demanda sostuvo: "El Sr. Orlando Pedreira en todo momento fue contratado por la Empresa Indalo S.A. para efectuar servicios de reparación de cajas automáticas [...]. Las reparaciones se efectuaban regularmente, no sólo porque se advirtieran desperfectos técnicos o roturas, sino también porque la empresa efectuaba controles rutinarios de todas las unidades", (fs. 133).

Además, la prestación de servicios del actor para la demandada quedó acreditada con las constancias obrantes en autos. Al respecto, el testigo Roberto Segundo Ampuero, a fs. 166, dijo: "El reparaba cajas de cambio de los coches automáticos, el tenia horario cortado creo que de 8.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00.- conozco porque yo tenia turnos rotativos, y yo al cambiar a él lo veía. Trabajaba el actor de lunes a sábados y yo también nada mas que yo tenia turnos rotativos".

El Sr. Ernesto Blas Cuevas sostuvo: "No recuerdo con exactitud cuando comenzó el actor a trabajar, pero fue alrededor del los años 2003 o 2004, no recuerdo bien porque Pedreira es mecánico y yo estoy en la parte de conducción por lo que no nos veíamos a diario. Pedreira estaba en el taller, como encargado de la parte de cajas automáticas, no conozco los horarios que el tenia. Yo tengo un turno cortado desde entonces hago horarios pico. En ese ínterin que dejo el coche y voy a cabecera en dos momentos lo llevaba a Pedreira entre las 12.00 -que él salía del taller- y subía conmigo. Yo daba dos vueltas y luego retornaba por la tarde a las 14.45 hs", (fs. 104).

Luego, el Sr. Bustos expresó: "Yo trabajé desde 1° de diciembre de 1998 hasta hace cuatro años atrás mas o menos. No recuerdo la fecha en que Pedreira comenzó a trabajar en Indalo. Cuando yo me fui Pedreira estaba todavía, pero hace cuatro años que no estoy. El actor estaba como mecánico de cajas automáticas, en esa tarea no había otra persona que hiciera su labor. Yo le ayudaba a él, hacíamos herramientas y bancos que el necesitaba para realizar su trabajo incluso hice antes que lo contratan herramientas para que el trabajara cuando lo iban a contratar a él. Todos los días trabajaba de lunes a sábados de las 8.00 al mediodía y luego desde las 15.00 hasta las 19.00", (fs. 205). Cabe destacar, respecto a este testigo, que prestó declaración testimonial el 02 de Marzo de 2011, por lo que conforme declara habría dejado de trabajar en el año 2007.

Entonces, en virtud del reconocimiento del actor, como de las declaraciones expuestas, con más las facturas agregada a la causa (fs. 19/131), resulta acreditada la prestación de servicios a favor de Indalo S.A.

En autos, la demandada no ha acreditó los presupuestos que conlleven a la inaplicabilidad de la presunción que establece el art. 23 de la L.C.T. Ello así, atento que las declaraciones testimoniales de los Sres. Villarroel, Oelckers, y García (fs. 190, 189, 191 respectivamente), no resultan suficientes para probar que la relación no fuera laboral frente al resto de las probanzas aportadas en autos, tal como la documental adjuntada por la demandada (fs. 19/131), las testimoniales precedentemente transcriptas (Ampuero, Cuevas y Bustos), y el reconocimiento de las tareas.

Es que, acreditada la prestación de servicios es la demandada quien tiene la carga de la prueba respecto a que la relación era laboral y para ello no resultan suficientes los testimonios que cita, constando otros favorables al actor, como la circunstancia de que no todas las facturas se presentaran a esa parte.

Sobre el punto, comparto la jurisprudencia que sostiene: "[.] en lo que atañe a la subordinación, el propio texto de la norma refiere que "el hecho de la prestación de los servicios" hará presumir la existencia de un "contrato de trabajo". Es decir que el contrato de trabajo encuentra su nota típica en la dependencia (art. 21 de la L.C.T.) por lo que no se advierte razón válida por la cual, una vez acreditada la prestación de servicios y presumido el contrato de trabajo, corresponda necesariamente probar la subordinación." "En ese mismo sentido ha dicho este Tribunal -con la anterior integración- que "...si el trabajador tuviere que demostrar que el trabajo fue desempeñado bajo dependencia, la presunción prácticamente queda vacía de contenido y contrariado el objetivo del legislador..." (conf. esta Sala X, SD 14.396 del 12/06/2006 en autos "Rossi Luis Alberto c/ Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires AMEBPBA s/ despido"). Todo lo expuesto me conduce a propiciar el pronunciamiento de primera instancia en el tramo analizado[.]", (CNTrab., SalaX, 28/10/2010, "Da Silva, María Laura c. Deportivo Yerbal S.A. y otro", AR/JUR/71977/2010).

En suma, entiendo que el demandado no ha logrado desvirtuar la presunción legal nacida del art. 23 L.C.T., y consecuentemente corresponde el rechazo del agravio.

Por otra parte, respecto a la critica la demandada referida a la fecha de ingreso considerada en la sentencia, tampoco resulta procedente. Es que, el actor denunció que comenzó a trabajar para Indalo S.A. en el mes de junio de 2003, lo que resulta concordante con la documental que adjuntó la demandada (fs. 131, de fecha 02 de julio de 2003), además, consigna como fecha de inicio de actividades junio de 2.003. La demandada no ha producido otra prueba para desvirtuarlo, como tampoco alegado y probado otra diferente.

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recuso de apelación de la demandada de fs. 230/235, e imponer las costas por la actuación en la Alzada por su orden, debido a la falta de contradicción (art. 17 de la Ley 921).

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo el rechazo del recurso de apelación deducido por la demandada, a fs. 230/235, debiendo confirmarse la sentencia de fs. 218/225, en todo aquello que fue materia de agravios. Imponer las costas de esta instancia por su orden debido a la falta de contradicción (art. 17 ley 921), regulándose los honorarios respectivos de conformidad con el art. 15 de la Ley 1594.

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE expresó:

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Rechazar el recuso de apelación deducido por el demandado a fs. 230/235 y confirmar la sentencia de fs. 218/225, en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 17 Ley Nº 921).

3. Regular los honorarios profesionales de esta Instancia ..., (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente haciendo saber a las partes que, al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, quedan constituidos los mismos en la casilla asignada por el Poder Judicial. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.