Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-31


Autos N° 21.886 (135.911 - 11° CIVIL), caratulados: "BERNAT, José Osvaldo C/ Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda. y Otro - Ordinario" En la ciudad de San Juan, a 31 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 21.886 (135.911 - 11° CIVIL), caratulados: "BERNAT, JOSÉ OSVALDO C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO GUALCAMAYO LTDA. Y OTRO - ORDINARIO", dictada en fecha diez del mes de febrero del año dos mil catorce, obrante a fs. 172/173, de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

En la sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 2014, cuya copia obra a fs. 172/173, encontró fundamento suficiente para rechazar la excepción de incompetencia con costas a cargo de la demandada vencida. Regula los honorarios.

Contra este pronunciamiento, Carlos Guillermo Infante a fs. 174 interpone el recurso de apelación.

El recurrente argumenta a fs. 176/178, en la expresión de agravios, que el a quo ha dictado una sentencia arbitraria porque no tiene en cuenta que la Cooperativa Gualcamayo fue intervenida por medio del INAES (organismo nacional) sino que de igual modo el Juez Federal dictó una resolución mediante la cual dispuso que el interventor cumpliera distintas funciones.

Ante ello argumenta que queda en claro y en evidencia que el interventor judicial está obligado (por imperio de dicho convenio) a lograr la percepción del saldo de precios adeudados por los socios a la Cooperativa Gualcamayo Ltda. y la suscripción de las escrituras públicas de los inmuebles a favor de dichos asociados, dentro de la esfera de la justicia federal.

El recurrente expresa que si analiza con detenimiento la causa que se tramita se advertirá que prácticamente tiene el mismo objeto mencionado anteriormente, es decir acción declarativa de prescripción de saldo de precio y acción de escrituración de inmuebles respecto de los asociados de la Cooperativa Gualcamayo Ltda.

A mayor abundamiento dice que el interventor de la cooperativa es un funcionario federal por cuanto su designación fue dispuesta por un organismo nacional (INAES) y, resuelta por un Juez Federal por lo que toda su actuación se debe desarrollar en el ámbito federal. Y como corolario reclama que se tenga en cuenta el dictamen del señor Fiscal.

Formula reservas.

Corrido traslado a la contraria esta solicita que se declare desierto el recurso por carecer de fundamentación y, en definitiva por los argumentos que desarrolla rechace la apelación con costas.

Planteado de este modo el recurso de apelación cabe anticipar la desestimación del recurso por cuanto cabe precisar que la circunstancia de que la Cooperativa Gualcamayo se encuentre intervenida por un organismo nacional como es el INAES, no implica de modo alguno que ello modifique el estatus jurídico que tenían las relaciones sustanciales de las cuales era parte la cooperativa.

En función de ello debe atenderse como bien lo hace el a quo al tipo de relación jurídica en litis que en el caso se trata del planteo de prescripción de la deuda junto al de escrituración por el bien vendido.

Sin perjuicio de ello cabe recordar que este tribunal en los autos N° 21.180 (87.037 - 1° CIVIL) "Olmos, Silvana Angélita C/ Cooperativa de vivienda Gualcamayo - Escrituración", dicto sentencia en fecha 7 de marzo de 2012 (L. de S. T° 112 F° 155/159) expresando que "en este punto ha menester precisar que la relación entre las partes se encuentra reglada por la Ley 24.240 de Defensa de los Derechos de los Consumidores y sus leyes modificatorias, cuyo contenido es de orden público y, por tanto, debe ser aplicado ipso jure por la jurisdicción. Ello, es así, pues es aplicable a todos los contratos de consumo que se celebraron o ejecutaron durante su vigencia.

El consumo de bienes inmueble, particularmente cuando se trata de viviendas familiares (que tienen protección constitucional propia) si bien en los textos iniciales no fueron mencionadas expresamente como se hace posteriormente en las leyes que reforman a la ley 24.240, no podían - por interpretación alguna - ser descartados de la aplicación de dicha ley.

En función de ello y que la contratación se realizó (conforme se aprecia) mediante formularios con cláusulas predispuestas, rige el principio in dubio pro consumidor. Es decir, todas y cada una de las cláusulas del contrato deben ser interpretadas en favor de la parte actora, la cual es considerada la más débil en la relación.

Además de ello, es necesario recordar que por imperio del art. 37 de la Ley 24.240, la jurisdicción puede declarar de oficio la nulidad de las cláusulas que estime abusivas contra los derechos del comprador de vivienda consumidor. En este caso no resulta necesario realizar esa tarea, por lo acotado de la queja expresada que se focaliza en peticionar se eximida de la imposición de las costas.

Respecto de ello, argumenta solo que no le había sido reclamado formalmente con anterioridad la escrituración del inmueble por la actora, pero no dice que no tenía el deber de confeccionar dicha escritura.

En este punto de las consideraciones es ineludible marcar la complejidad de las relaciones comerciales a los cuales ha sido sometido el actor, puesto que la parte demandada ha participado de distintos contratos y cesiones que la colocaron finalmente como legitimada pasiva del deber de hacer la escritura pública.".

En lo que es de interés para el caso, al mismo se aplica la ley de defensa de los consumidores y, por ende, resulta operativo el in dubio pro consumidor entre cuyas ventajas se encuentra la de litigar en sede donde tiene el domicilio y ante los juzgados ordinarios conforme el contenido del contrato suscripto.

Este criterio quedó plasmado en el fallo plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en autos "Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores", de fecha 29 de junio de 2011, en el "se fija como doctrina legal que: "En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución.- 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Por cierto que la Ley de Defensa de los consumidores es de orden público y, por ende, se debe aplicar de oficio por la jurisdicción (Ver. Alferillo, P.E., "La función del juez en la aplicación de la ley de defensa del consumidor", La Ley 2009-D, 967) En función de las razones expuestas, propongo al tribunal que se desestime la apelación intentada con costas.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: desestimar la apelación intentada, con costas.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar la apelación intentada, con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° II-2014; F°116/118; FECHA:31 de octubre de 2014