Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-08


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los...ocho..días del mes de..Junio..del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez, Froilán Zarza, y Miguel Angel Piñero (M.S.) bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 253-STJ-2008 - ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. (E.M.S.A.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICAB. DE LEY Y NULIDAD EN AUTOS: "EXPTE. Nº 243/05 - VÁZQUEZ, HORACIO c/ ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. s/ LABORAL".-	De acuerdo con el sorteo realizado corresponde votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 2) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 3) Dr. Jorge Antonio Rojas, 4) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 5) Dr. Roberto Rubén Uset, 6) Dra. Cristina Irene Leiva, 7) Dr. Sergio César Santiago, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Dr. Miguel Angel Piñero (M.S.).- Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Oportunamente me expedí en estos autos con relación al recurso extraordinario propuesto por la demandada, entendiendo que el mismo era formalmente inadmisible, dando razones de ello.- No obstante, habiéndose declarado por mayoría su admisión formal, considero en esta etapa que no se han agregado nuevos elementos de juicio que pudieren hacer variar mi opinión negativa en cuanto al recurso, toda vez que se aprecia con claridad incontestable que los empleados de la sociedad anónima demandada pertenecen al sector privado, y que en cuanto a sus remuneraciones se rigen por un convenio colectivo de trabajo cuya vigencia y validez no fue contradicha. No empece a tal conclusión el hecho de la prestación de un servicio público por parte de la Empresa, ya que dicha circunstancia no abarca la relación de ésta con sus empleados.- Por lo expuesto, voto por rechazar el recurso interpuesto, con costas y pérdida del depósito.- Concedida la palabra al Dr. Humberto Augusto Schiavoni, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

Por Resolución Nº 149/S.T.J./2010, obrante a fs. 360/362, este Superior Tribunal de Justicia resolvió declarar formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto en autos, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Sala I, obrante a fs. 234/236.- A fs. 369 y vta., el Sr. Procurador General por subrogación legal, emitió su dictamen estimando que se puede hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia que lo motiva.- Del análisis del escrito recursivo, surge que la recurrente se agravia porque los sentenciantes han incurrido en una errónea interpretación normativa, que contradice la doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia.- Señala que la demandada es una empresa integrante del sector público, por tanto excluida del alcance de los decretos que disponen los aumentos reclamados en autos.

Así, critica que los magistrados hayan considerado que trabajadores del sector público, son aquéllos que se desempeñan como empleados públicos, regidos por el Derecho Administrativo; también cuando entienden que, integrar el sector público por prestar el servicio eléctrico no significa que todas sus relaciones jurídicas queden subsumidos en normas de derecho público, afirmando que sus trabajadores no son designados por el poder ejecutivo.- Sostiene que los jueces incurren en incon-gruencia al analizar la naturaleza jurídica de las asignaciones fijadas por los decretos invocados por el actor, cuando ello no fue materia de discusión entre las partes.- Reprocha, que los sentenciantes concluyan que los Decretos Nacionales sean aplicables a los trabajadores, y hagan lugar a la demanda, con fundamento, en que E.M.S.A. no tiene regulación propia sobre las remuneraciones de sus trabajadores -que no sea la LCT y el CCT 126/94- de acuerdo a la interpretación que efectúan del art. 9 de la Resolución Nº 64/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, toda vez indica el quejoso, que si bien E.M.S.A. es un sujeto de derecho privado y en las relaciones con el personal rige la LCT y el CCT, no implica que deje de pertenecer al sector público.- En este sentido sostiene, que una interpre-tación contraria dejaría de lado la finalidad y los intereses que persigue el Estado a través de estos entes jurídicos. Aclara que EMSA es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, incluida en el sector público, por la ley Nº 24.156, leyes de emergencia provincial que adhieren a la nacional.- A continuación, transcribe doctrina en apoyo de su postura, compara el caso de E.M.S.A., con la empresa de Energía Argentina S.A. (ENARSA), e invoca las leyes provinciales Nº 2723, 4008, 3775, de las que -según el recurrente- surge la pertenencia de EMSA al sector público.- Ahora bien, como lo sostuve en la Resolución Nº 494/STJ/2010, en primer lugar es dable destacar que el Estado -ya sea nacional o provincial- por una razón de estricta conveniencia para el cumplimiento de sus fines, crea nuevas y diversas personas jurídicas diferenciadas de su personalidad jurídica pública, las que mantienen igualmente su calidad de partes integrantes de aquél, pues sus objetivos se confunden.- Así nacen las distintas personas jurídicas que integran, además del Estado, el sector del ordenamiento que llamamos público. "Podrían no existir como tales -como personas diferenciadas- y sus competencias serían igualmente ejercidas a través de la organización pública global. Pero por necesidades del tráfico jurídico, razones de mejor organización, identificación presupuestaria, especificidad de la competencia -a veces por el solo arbitrio del legislador- muestran la conveniencia de "descentralizar" la personalidad jurídica, mediante la creación de éstas, que no son otra cosa que la misma organización pública dotada sectorialmente de personalidades jurídicas específicas." (BARRA, Rodolfo Carlos, Tratado de derecho administrativo. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2006, t. II, pág. 179) La creación de estas personas jurídicas, integrantes del sector público del ordenamiento, obedece a cuestiones de estrategia organizativa, oportunidad y conveniencia del Estado, para responder y servir a sus fines, toda vez que estas entidades descentralizadas son meros instrumentos organizativos al servicio de los objetivos trazados por la administración.- Estos sujetos, como se dijo, son creados para cumplir con cometidos públicos, por ello corresponden al sector público del ordenamiento, destacando que su principal característica es su calidad de persona jurídica que, aunque perteneciente al sector público, es distinta de la persona jurídica Estado.

Cuando el Estado decide producir bienes o servicios, puede -por los motivos antes mencionados- crear un ente y dotarlo de personalidad jurídica propia, distinta de la suya, sacándolo de la organización Central, es decir descentralizándolo. Esta técnica de organización -la descentralización- que persigue descongestionar a los órganos centrales, comprende, entonces, a todo un ámbito del sector público del ordenamiento integrado por organizaciones diversas y cada una de ellas se encuentra dotada de personalidad jurídica propia, así podemos incluir a los tipos empresariales, ya que todos ellos son instrumentos con relación a los fines públicos del ordenamiento.- En segundo lugar, cuadra señalar que toman-do el concepto de servicio público como aquella actividad destinada a la satisfacción de necesidades de interés general asumidas por el Estado, sin perjuicio de su forma de manejo, es indiscutible que son de titularidad del Estado, es decir "pertenecen por naturaleza al sector público del ordenamiento, por lo cual el prestarlos con medios propios, organizados de forma empresaria, será simplemente una opción frente a la alternativa de concederlos a empresas privadas..." (BARRA, ob. cit., t. III, pág. 357).

En tercer lugar, hay que resaltar que conforme lo establece el art. 8 inc. b) de la Ley de Administración Financiera, las empresas públicas, en general, son aquellas "organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias" sin hacer distinción alguna por tipo o forma jurídica adoptada, ello quiere decir que las empresas estatales pertenecen al sector público en razón que su propietario exclusivo o dominante es el Estado, ya sea como propietario de! patrimonio -Empresas del Estado- o como titular de las acciones -Sociedad Anónima-, o como único socio -Sociedad del Estado-.

"Lo que las califica como "empresas públicas" es, entonces, una condición jurídica no dependiente del tipo adoptado sino de la realidad del caso: el predominio de la voluntad del sector público -en definitiva del Gobierno- en la formación de las decisiones del ente, ya sea por la condición mayoritaria de la participación gubernamental o, independientemente de ello, por así establecerlo el tipo jurídico adoptado" (BARRA, ob. cit., t. III, pág 377).

Sentado ello, en el caso en estudio, estimo que le asiste razón al recurrente. En efecto, considero que E.M.S.A. pertenece al sector público provincial, toda vez que, es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, comprendida en los arts. 308 al 314 de la Ley de Sociedades, y contemplada en el art. 8 de la Ley de Administración Financiera Nacional -es decir dentro de lo que denominamos sector público-, asimismo, como es sabido, la mencionada sociedad presta el servicio público de energía eléctrica -por naturaleza estatal-, y su capital social es propiedad del Estado Provincial en un 99%.- Corroborando el criterio expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que: "(...) "Argentina Televisora Color L.S: 82 Canal 7" aparece como el medio instrumental de que se vale el Estado, adoptando el tipo de "Sociedad Anónima" (art. 2º ley 20.705) para cumplir una finalidad que no resulta de innegable carácter público. Si bien debe considerarse en principio sujeta al derecho privado (Ley de Sociedades)... concurren elementos de innegable carácter estatal, principalmente en lo concerniente a la naturaleza de sus constituyentes (...) por lo que más allá del amplio grado de su descentralización, integra la organización administrativa del Estado. (C.S.J.N., "Martínez Suarez de Tinayre, Rosa María Juana y otro c/ A.T.C. Canal 7", Fallos 308:821, 1986).

En el mismo sentido, haciendo propios los términos del dictamen del Sr. Procurador General, expuso el Tribunal que: "(...) la empresa demandada ha sido constituida como una sociedad anónima, en la que entes estatales tienen la mayoría accionaria y decisoria, creada bajo el régimen jurídico previsto en la ley de sociedades 19.550, Sección VI. Con esta sola mención, podría concluirse que el sistema normativo que le resulta aplicable es de naturaleza privada (...) No obstante, la regulación jurídica aplicable a este tipo de empresas ha ido nutriéndose en el tiempo con otras normas que reflejan un panorama complejo (...) El concepto de descentralización, propio de las técnicas de organización administrativa, es amplio e involucra básicamente a todos los entes menores dotados de personalidad jurídica propia y distinta de los centros polares de esa organización (Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal...). De allí que, en una primera aproximación no cabe excluir a empresas como las que aquí se trata de la pertenencia a la administración descentralizada o indirecta del estado federal." (C.S.J.N., La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. c/ Petroquímica Bahía Blanca S.A. Fallos 311:750, 1988).- También, refiriéndose a una acción sumarísima interpuesta contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales, manifestó: "Que, por lo pronto, no es exacto que las sociedades del Estado regladas por las leyes 20.705, y complementarias, puedan considerarse personas "particulares" a los efectos del art. 321, inciso 2º, precitado, especialmente cuando actúan como órganos del Estado en orden a obligaciones legales que a éste le incumben. El dictamen del señor Procurador General es terminante en tal sentido y lo propio cabe decir del precedente de esta Corte publicado en Fallos: 308:821, donde quedó establecido que los entes de la naturaleza de los aquí demandados son "medios instrumentales de que se vale el Estado" y que "más allá del amplio grado de su descentralización, integran la organización administrativa del Estado" (Considerando 6º). Por lo demás, la doctrina de Fallos: 252:375 resulta ser confirmatoria de lo dicho; a lo cual cabe añadir que la ley 23.696, sobre "reforma del Estado", incluye en su régimen a las "sociedades del Estado" (art. 1)." (C.S.J.N., Fallos 313:532, 1990).

Dicho esto, ahora es necesario hacer una aclaración respecto a los regímenes jurídicos a que están sujetos los trabajadores por un lado, y la empresa por el otro. Es decir, es preciso distinguir el ente social, su regulación y su pertenencia al sector público provincial, del régimen jurídico al que se encuentran sometidos sus trabajadores. Justamente, al ser E.M.S.A. una sociedad del Estado, y encuadrar dentro de uno de los tipos societarios de la Ley de sociedades comerciales, el régimen laboral que se aplica al personal de la sociedad, la forma de designación y remoción de sus trabajadores dependientes, no se corresponde con el régimen general de empleo público Provincial.- Es así, que sus trabajadores están sometidos al régimen de contratación privada -Ley 20.744 de Contrato de Trabajo- a través del convenio colectivo de trabajo que le corresponda según su rubro, que en el caso es el C.C.T. Nº 126/94.- Por ello, sin perjuicio del vínculo jurídico que une a la sociedad con sus dependientes, la naturaleza del ente societario provincial y las normas que le son aplicables en virtud de dicha naturaleza, determinan que E.M.S.A. pertenece al sector público, y por lo tanto sus dependientes siguen la misma suerte.- Es que, si bien internamente la sociedad estatal se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo 126/94, ello no implica que sus trabajadores pertenezcan al sector privado, toda vez que, como se ha demostrado, E.M.S.A. forma parte de la Administración descentralizada provincial y en consecuencia, los Decretos Nacionales que comprende a los trabajadores del sector privado, no le son aplicables a sus trabajadores dependientes.- En el mismo sentido, el Procurador Fiscal de la Corte Suprema, Dr. Guillermo Horacio López, en la causa "Coifin c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (S.E.G.B.A.)", confirma el criterio expuesto precedentemente.

En dicha causa y en lo que interesa, los actores demandaron la nulidad de la prescindibilidad (Ley 21.274) que había dispuesto S.E.G.B.A. y reclamaron el abono de las indemnizaciones correspondientes según las normas del Régimen de Contrato de Trabajo, y Convenio Colectivo aplicable.

Al respecto el Sr. Procurador sostuvo que: "(.) la empresa demandada ha sido constituida como una sociedad anónima, en la que el Estado Nacional tiene -como dije- la totalidad accionaria y decisoria, y se encuentra sujeta al régimen jurídico previsto en la Sección VI de la Ley 19.550". Reiteró los conceptos vertidos por el Procurador General de la Nación Dr. Juan O. Gauna, en el dictamen que expidió in re "La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A. c/ Petroquímica Bahía Blanca S.A.", que la Corte Suprema hizo suyos, al señalar que: "(.) queda perfilado un régimen jurídico mixto al que debía someterse la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Por una parte, el conjunto de normas privadas al que el Estado eligió instrumentalmente para su gobierno al incluir el tipo societario en la ley 19.550 (.). De este conjunto de disposiciones (se refiere a la Ley 19.550 y 19.549), se deriva un sistema complejo presidido por disposiciones de derecho privado en lo que hace al objeto específico de su actuación, atribuido a la empresa por su estatuto, y en lo relativo a su organización de gobierno, pero influido por normas de derecho público (.) derivadas de la estatalidad del ente y de su carácter instrumental y vicarial (.). Y frente al problema concreto a dilucidar, no pueden olvidarse tampoco las dificultades que devienen de la situación híbrida en que se encuentran los dependientes no jerárquicos de esta clase de empresas, toda vez que la naturaleza de tal vinculación fluctúa entre los lindes del derecho administrativo y los del derecho laboral común a cuyas normas, de modo expreso se los considera sometidos (.)".- En definitiva, de todo lo expuesto y del criterio que surge de los precedentes del más Alto Tribunal, es posible concluir que cuando el patrimonio y giro societario desplegado por una empresa está constituido por fondos públicos que son utilizados además, como en este caso, para la prestación de un servicio público, no cabe sino reconocer su pertenencia al sector público, situación que no puede ser soslayada por el mecanismo estatal de acudir a formas societarias de derecho privado, ni por la normativa de Derecho Laboral común a la que están subsumidos sus trabajadores dependientes.

Consecuentemente, de conformidad al dicta-men del Sr. Procurador General Subrogante, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada; y asumiendo competencia positiva, revocar la Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Sala I, obrante a fs. 234/236, por los fundamentos vertidos en los considerandos, y rechazar la demanda instaurada por los actores. Costas por su orden en atención a la particularidad de la cuestión y que la actora pudo considerarse con derecho a efectuar el planteo. Así voto.- Concedida la palabra a los Dres. Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez y Cristina Irene Leiva, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Concedida la palabra al Dr. Sergio César Santiago, dijo:

Si bien en las presentes actuaciones me expedí respecto de la inadmisión del Recurso extraordinario articulado por EMSA S.A., efectuando un nuevo análisis sobre el fondo de las cuestiones debatidas en autos, estimo que resulta pertinente reexaminar la postura que sostuviera anteriormente, concordantemente con lo expresado en Res. Nº 157-STJ-2010, y Res. Nº 156-STJ-2010.

Dicho ello y efectuado el correspondiente estudio, soy de opinión que en las presentes actuaciones corresponde adherir al voto emitido por el Dr. Rojas.

En efecto, considerando que los decretos cuya aplicación se solicita por parte de los actores, textualmente excluyen de su ámbito de aplicación a los ". trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal con independencia del régimen legal que norme la relación laboral..." (-la negrita me pertenece- art. 9 Res. Nº 64/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aclaratoria del Dto. Nº 392/2003), "... trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos..."; (-la negrita me pertenece- art. 2 Dto. Nº 1347/2003 y art. 2 Dto. 2005/2004), y tomando en consideración que la Empresa EMSA S.A. reúne la condición de ser una de aquéllas que pertenece al sector público provincial, siendo entonces sus dependientes trabajadores del sector público no obstante el régimen laboral que regula la vinculación de éstos con la empresa -Convenio Colectivo-, adhiero al voto emitido por el distinguido colega, correspondiendo en consecuencia hacer lugar al recurso extraordinario articulado por la demandada y, asumiendo competencia positiva revocar la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de fs. 234/236, y en su mérito rechazar la demanda instaurada por los actores. Costas por su orden en atención a la particularidad de la cuestión y a que la actora pudo considerarse con derecho a peticionar como lo hizo. Así voto.

Concedida la palabra al Dr. Froilán Zarza, dijo:

Si bien, en la presente causa voté por la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria articulada, en adhesión al voto del Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, conforme da cuenta la Resolución Nº 149-STJ-2010 obrante a fs. 360/362, a la fecha del presente decisorio, las razones que motivaron la adhesión a dicha posición fueron objeto de un nuevo análisis en lo concerniente a las posturas jurídicas del caso y, en su mérito reexaminando el criterio anteriormente sostenido, efectuando un estudio minucioso de la cuestión de fondo debatida, adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante Dr. Jorge A. Rojas.- ASI VOTO.

Concedida la palabra al Dr. Miguel Angel Piñero (M.S.), dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Jorge Antonio Rojas.- Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General Subrogante y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 Ley IV - Nº 15 - antes Decreto - Ley Nº 1550/82), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la parte demandada.- II) REVOCAR la Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Sala I, obrante a fs. 234/236 de autos, y en su mérito, RECHAZAR la demanda instaurada por los actores, por los fundamentos expuestos en los considerandos.- III) COSTAS por su orden.- IV) REGISTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente vuelvan los autos a origen, oficiándose a sus efectos.-