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Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, notificación personal
Materia: CIVIL
Carátula: ROLON FLORENCIA c/ CONSORCIO JOSE E. URIBURU 1917 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

Aún cuando el reglamento de copropiedad de un edificio en propiedad horizontal establezca los requisitos formales que deben cumplirse para convocar a los consorcistas a una asamblea extraordinaria, puede resultar idónea la notificación personal para suplir la prevista por dicho reglamento (carta certificada), pues lo importante es que los convocados tomen conocimiento de la realización de la asamblea; de ese modo tienen la posibilidad de concurrir e intervenir expresando su voluntad en forma directa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba hematológica, SIDA, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, declaración autoincriminante
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: V., C. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?LESIONES GRAVISIMAS - RECURSO APELACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 54 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-13

Corresponde rechazar la queja desde que el impugnante no logra articular ninguna argumentación que convenza de la irrazonabilidad de la aplicación al caso de la excepción a la prohibición de revelar información prevista en el artículo 2, inciso c) apartado 5 del Anexo I del decreto 1244 -reglamentario de la ley 23798-, limitándose a afirmar dogmáticamente que "existen leyes y decretos reglamentarios que prohíben las pruebas ofrecidas", lo que resulta a todas luces insuficiente para acreditar un supuesto de arbitrariedad normativa.

En el sub iudice, la Sala ponderó que resultaban trasladables "a las demás pruebas" -esto es, no a la hematológica- las consideraciones vertidas en el voto del señor Ministro doctor Maqueda en "Vázquez Ferrá" (Fallos 326:3758), cuando se indicó que " Los derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí".

En base a dicha premisa, el A quo concluyó que la producción de las demás pruebas que se habían ordenado -destinadas a establecer si el imputado era o no portador de HIV- no implicaban una violación al derecho a la intimidad, atento las limitaciones impuestas como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas reguladas por el ordenamiento. Y concretamente, se valoró que las mismas encuadraban en las excepciones previstas en la ley nacional 23.798 y su decreto reglamentario.
Contratos, locación, contrato de servicios, derechos de las partes, obligaciones de las partes, cobro de sumas de dinero, robo, contrato de caja de seguridad, robo simple, acción de responsabilidad, depositario, comodato comercial
Materia: CIVIL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Gire SA c/ Papa, Luisa Segunda y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Ello así, pues el episodio delictivo (cuya existencia no es controvertida) calificado como caso fortuito, no fue un robo a mano armada o en banda, sino uno común. En efecto, el evento se perpetró en la noche mientras permanecía cerrado el local comercial, y cuando ninguno de los demandados o persona a ellos vinculada estaba en el lugar, habiendo sido facilitado por la apertura de un boquete en el techo por el cual entró el o los delincuentes para robar la caja de seguridad provista por la actora. Tal robo fue advertido en la mañana del día siguiente, por lo cual es claro que ni el codemandado ni nadie enfrentó un robo a mano armada, en banda o evento irresistible semejante. Consecuentemente, no corresponde absolver a los demandados bajo la idea de ser beneficiarios de una eximente de responsabilidad como lo es el caso fortuito.
Lavado de activos, código penal, delito continuo, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

El lavado de activos constituye un delito permanente, el que en su actual redacción, producto de la Ley 26.683 de reformas al Código Penal, prevé en su artículo 303 inciso 1, como una modalidad en su ejecución la administración de bienes provenientes de un ilícito penal, con las consecuencias posibles de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquiera la apariencia de origen lícito, redacción que, en este aspecto, no difiere de la anterior prevista en el artículo 278 inc. 1, incorporado por la Ley 25.246
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, concursos, verificación de créditos
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO COLON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-04-29

Con respecto a que la determinación del crédito se encontraba -al tiempo de la insinuación- apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, debe tenerse en cuenta que mientras los autos se encontraban ante la Sala, se acompañó copia de la resolución de aquel Tribunal que puso fin al procedimiento administrativo y dotó de firmeza a ese tramo del crédito en favor del Ente recaudador; por lo que luce insuficientemente fundada la solución de la Alzada que también sujetó esa acreencia a la debida integración de la relación jurídica tributaria (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhirió el Dr. Falistocco. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Representación procesal, personería, prueba confesional, capacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera, Julia Esther c/ A.D.O.S. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-30

Los representantes legales pueden confesar válidamente a nombre de sus representados, pero sólo cuando acrediten debidamente y en la forma prevista por el art.46 del C.P.C.Ch..
Compensación, oposición de defensas, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: EL ARRIERO S.A. c/ TANDANOR S.A.C.I. Y N. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Esta Sala, en diversas ocasiones, se ha pronunciado en el sentido de que la compensación puede ser hecha valer tanto como defensa como contrademanda (cfr. Causas: 7257 del 10.4.90. y 7280 del 4.5.90., entre otras; ver Llambias, "Código Civil anotado", T. II-A, p. 794, Parág. 6).
Contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Raúl R. c/ Televisión Federal S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

El acto fraudulento al que alude el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo no requiere para su concreción la concurrencia de la voluntad viciada del trabajador. Se trata, objetivamente, del intento fraudulento de eludir las normas imperativas del orden público laboral.
Contrato de trabajo a plazo fijo, período de prueba, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ESCALANTE, MARIO c/ COMPAÑIA AMERICANA DE SUPERMERCADOS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-20

La demandada que utiliza la figura del contrato a plazo como la especie "a prueba" no admitida en nuestro régimen legal procede en abierta infracción a las normas laborales pertinentes. Tratándose en el caso del empleo de una persona para cubrir una plaza ordinaria y sin particularidades que explicaran la imposición de un término cierto, debe hacerse caer el fraude y ajustarse a la realidad del vínculo tal como fue trabado.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manso, Alejandro c/ Galvan, Jorge Evaristo y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

No procede el recurso extraordinario de nulidad si no se demuestra cual es la cuestión omitida, ni se indica como -en todo caso- hubiera influido en la solución.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Ubaldi, Pablo c/ Telefónica de Argentina SA s/ Salarios y aportes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

El derecho al reclamo por los salarios caídos por el actor nació con su absolución en sede penal, quedando recién allí expedita la acción y por todo el período de la suspensión en virtud de lo dispuesto con total claridad en la redacción del art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Policía federal, daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, ley de accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, LUIS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

El régimen de la Policía Federal Argentina estructurado por la regla estatal 21965/79 (b.o. 2.4.79) no regula el tema de la reparación de daños causados por accidente de trabajo. Por ello, cabe la aplicación de la ley 9688.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Del Río, Alejandro Raúl c/ Metalúrgica Baradero S.A. y otra s/ Indemnización accidente laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La mención de la ley violada en términos claros y concretos que exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial adquiere relevancia particular cuando se invoca absurdo en la apreciación de la prueba: es ineludible citar el o los dispositivos legales referidos al tema. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRETO HECTOR ALFREDO c/ DIEZ JUAN JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

La motivación de la sentencia consiste en la construcción de un razonamiento suficiente para que de los hechos que el Juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva.-
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA, DARIO HERNAN S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO E.P.D. ALVAREZ DE VERON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-12

A diferencia del robo con armas y el robo con armas de fuego, donde la razón de la agravante obedece tanto al mayor peligro corrido por el sujeto pasivo como a la mayor intimidación que sufre, cuando el autor emplea un arma inapta para el disparo existe una mayor intimidación que en el robo simple, pero ningún peligro para la vida o la integridad física de la persona; por ello, aquí la pena es menor que la de robo con armas básico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, infracciones tributarias, sanciones tributarias, declaración jurada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Campisi,  Norberto  D  y  Campisi  Claudio  C  (TF  21.896-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Verificado el incumplimiento procede la sanción en mérito a las características propias de estas infracciones formales -falta de presentación de la declaración jurada-, sin que resulte relevante a los efectos de tenerla por verificadas, las excusas que intenta el actor para justificarse, las que sólo pueden incidir en punto a la graduación de su monto, tal como lo analizó y decidó el a quo al reducir la multa impuesta (Del voto en disidencia de la juez Garzón de Conte Grand, cons. 6).
Derecho procesal, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: BECERRA DE OLIVERA, MARIA DEL C. c/ ANDINO, NARCISO DOMINGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-07

"el plazo para oponer la caducidad de instancia es el de cinco días luego de haber tomado conocimiento de la existencia de las actuaciones", tal consentimiento de las actuaciones se opera una vez transcurrido los cinco días necesarios para que quede firme la actuación extemporánea o purgada la caducidad, por no haberse deducido en tiempo la cuestión pertinente".
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bruno, Zulema c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

El último párrafo del art. 62 de la ley 8587 -en cuanto a que las causales previstas en dicho artículo deberán probarse de cierta manera- debe interpretarse como referido a cuando se invoque alguna de las causales allí contempladas ya que no cabe imaginar la prueba de la causa de un "acto administrativo incausado". La expresión "razones de mejor servicio" constituye la manifestación formal de la falta de causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión de la prescripción de la acción penal, agentes de la administración pública
Materia: PENAL
Carátula: BRUNOTTO, JOSE ESTEBAN. s/ RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. N° CJS 34.752/11)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-18

Corresponde revocar la sentencia que, por prescripción de la acción penal, sobreseyó a un funcionario público de los delitos de abuso de autoridad y daños, si de las constancias de la causa surge que al momento del hecho el acusado se desempeñaba como inspector de tránsito y que el hecho imputado habría sido cometido en ejercicio de dicha función, sin que el juez haya verificado, de acuerdo con el art. 67, 2 do párrafo del Código Penal, la continuidad o no de la causal suspensiva de prescripción dada por el carácter de funcionario público.
Sanciones procesales, multa procesal, temeridad o malicia, maniobras dilatorias, excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: BENZADON, SAMUEL c/ GAGGINI, ROBERTO ANGEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-07

La oposición a la acción ejecutiva mediante la interposición de la excepción de prescripción, desestimada posteriormente por el simple cómputo de los plazos correspondientes, configura una conducta obstruccionista del curso normal del proceso con un cuestionamiento notoriamente inadecuado a derecho, pasible en consecuencia de ser sancionada con una multa impuesta al excepcionante y a su letrado, como partícipe necesario de la elaboración del argumento jurídico dilatorio.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ D. Agostino José Enrique s/ Ejecución fiscal Enrique s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-13

Se ha admitido que los procesos en trámite son alcanzados por la nueva ley procesal, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. La excepción se justifica porque tales actos se hallan amparados por el principio de preclusión.

Tal principio está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas o momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Entre las acepciones que el principio incluye puede tenerse especialmente en cuenta que transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso. Así, por ejemplo, no apelar dentro del término opera la extinción de esa facultad procesal.

En el sub examine, tanto el acuse de caducidad como el transcurso del plazo de inactividad en que se funda, han sido cumplidos durante la vigencia de la nueva ley procesal. Por lo demás, la caducidad de instancia no opera automáticamente, ni de pleno derecho, sino en virtud de una expresa resolución judicial que así la declara, sea a petición de parte o bien oficiosamente, razón por la cual, la resolución reviste carácter constitutivo.

Ello sentado no podría admitirse al respecto la existencia de un acto procesal cumplido que pudiera ser alcanzado por el principio de preclusión, y obste la debida aplicación al caso de la legislación vigente.
Responsabilidad penal, culpa concurrente, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, MIGUEL JUAN CARLOS s/ HOMICIDIO CULPOSO, EN PERJUICIO DE ROMEO GUARNIERI Y OSCAR LOBOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

Aunque estuviese acreditada una conducta imprudente por parte del menor, ello no basta para excluir la responsabilidad penal del procesado -si es que existieran elementos para así determinarlo-, teniendo en cuenta que en materia penal no rige el principio civilista de compensación de culpas ni la recíproca neutralización que puede surgir de la denominada "culpa concurrente". La razón de ello, como se ha dicho, "..estriba en que en un proceso penal se analiza la culpabilidad de la persona a quien se atribuye el delito, si ella existe, para nada influye la posible culpa de la víctima.."
Subasta judicial, compensación del ejecutante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gianmarino, Carlos c/ Nazardin, Horacio Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

Quien compra en subasta por compensación no por ello deja de ser adquirente. Ha adquirido al costo de extinguir su crédito en la medida del precio. Si el ejecutante sólo puede satisfacer su crédito compensando con una parte, y no con todo el precio de subasta (no con la parte que corresponde al crédito del Fisco), es evidente que se ha ejercido un privilegio sobre esa parte que se niega al acreedor ejecutante. ¿Qué se opone a la satisfacción del ejecutante en relación a todo el valor de subasta? Una acción y un privilegio no invocados por su titular. El Fisco ha vencido en una tercería de mejor derecho que nunca fue deducida. No corresponde al Juez ejercerla de oficio.
Igualdad ante la ley, aborto no punible, aborto fundado en violación, código penal, interpretación de la ley, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

El art. 86 inc. 2 del Código Penal debe ser interpretado de forma amplia, pues más allá de las diferentes capacidades que puedan presentar las víctimas, la característica común que tienen unas y otras es que en todos los casos se trata de mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un ataque a su integridad sexual, y no se demuestra ni se advierte que en las disposiciones de rango constitucional se reconozcan preferencias entre ellas. (Del voto del Dr. Petracchi)
Haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, fondo compensador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ECHEVERRAA  DE  ZICAVO,  EDILMA  YOLANDA c/ Estado  NacionalMinisterio  de  EconomIa  y  Servicios  Públicos s/ Impugnaci3/4n deresoluci3/4n".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-18

La posibilidad de alterar unilateralmente las pautas para determinar el monto del beneficio incide en la naturaleza reglamentaria y no contractual de aquél, por lo que su modificación no importa menoscabo en derechos reconocidos a los beneficiarios, ya que no existía una obligación de mantener inmutables las bases sobre las que se calculaba dicho monto (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed. en pleno, sent. del 15.08.00, "Alioto, Horacio y otro c/ Banco Hipotecario Nacional").
Juicio, llamamiento de autos, sentencia, plazo, pronto despacho, medidas para mejor proveer, consentimiento, recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), queja por denegación o retardo de justicia
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DALLACASA, LUIS ALBERTO S c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA  CONTRA  DECRETO  DE PRESIDENCIA QUE DESESTIMO SU PEDIDO  DE DESIGNACION DE CONJUECES (ARTICULO  110  DEL CODIGO PROCESAL CIVIL  Y COMERCIAL)      CSJ EXPTE NRO 169-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-19

No obstante que el expediente se encontrara en estado de dictarse la pertinente resolución, si se interpone un pronto despacho inadmisible formalmente, y se consintió una medida para mejor proveer dispuesta por el Tribunal, a cuyo diligenciamiento se postergó el dictado de la sentencia, corresponde rechazar la revocatoria interpuesta contra el decreto de Presidencia que desestimó el pedido de designación de conjueces por aplicación del artículo 110 del Código Procesal Civil y Comercial.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, personería
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MEDRANO 1640/58 c/ VILLANUEVA Y ASOCIADOS Y OTROS s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

La circunstancia de haber cesado el administrador en el ejercicio de sus funciones luego de otorgado el poder no produce ipso facto la cesación de ese mandato, que subsiste en tanto no fuere revocado por el mandante. Aún cuando se considerara que es preciso contar con una decisión de la Asamblea del Consorcio para promover juicio por rendición de cuentas contra el anterior administrador, si de las actas de asamblea, que no fueron impugnadas, surge el conocimiento del consorcio de su juicio por rendición de cuentas, se operó la figura del mandato tácito del art. 1874 del C.Civil, en especial si se tiene en cuenta que las reglas del mandato civil son de aplicación subsidiaria a la relación del administrador con el consorcio.
Pensiones, cónyuge supérstite, jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, Ramona Sofía c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-12

Cuando el causante no tuvo derecho a acceder al beneficio de jubilación por invalidez por no hallarse incapacitado a la fecha del cese de servicios ni tampoco la incapacidad hubiese aparecido dentro de los dos años posteriores a dicho cese, no puede la cónyuge (en el caso separada de hecho) obtener el beneficio de pensión derivada, toda vez que nadie puede transmitir a otro mejor derecho que aquél del cual goza (art. 3270 C.C.).

***CCI C 000000 0000 00 00 3270 000 0000 000
Facultades del Poder Judicial, partidos políticos, autoridades del partido, carta orgánica de los partidos políticos
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

En principio, queda excluida del conocimiento de los tribunales de justicia la decisión del comité nacional de un partido político, que fue valorada por su convención nacional en ejercicio de facultades que les son propias conforme a la carta orgánica, de modo que no aparece manifiestamente irrazonable.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Fedczuk, Carlos O. c/ Garovaglio y Zorraquín S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

En razón del carácter de la intervención que la norma les encomienda en las controversias surgidas entre el trabajador damnificado y la compañía aseguradora de riesgos laborales (conf. art. 10 Decreto nro.

717/96) puede concluirse que las comisiones médicas de la LRT son organismos administrativos que, ejercen atribuciones parangonables a las jurisdiccionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)