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Acto administrativo, pagaré, acción cambiaria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Al afirmar la Sala la necesidad de no llevar a "rigurosos extremos formales" la discusión causal -es decir, cuestiones vinculadas con la validez de los actos administrativos que dieron lugar al libramiento de los pagarés ejecutados, lejos estuvo de adoptar una posición temeraria, antojadiza o absurda, sino que -por el contrario- sintonizó con la tesis defendida por numerosos autores que, con fundamento en una interpretación a contrario de los artículos 212 del Código de Comercio y 18 del decreto-ley 5965/63 (aplicable al pagaré de conformidad al artículo 103 del mismo decreto-ley), han reconocido al librador de estos títulos -pagarés- la posibilidad de oponer defensas causales (excepciones fundadas en sus relaciones personales) contra la acción cambiaria instaurada por las personas con las que se obligaran directamente (o sea, por los primeros tomadores). Si sobre la base del título abstracto, se encuentran frente a frente deudor y primer tomador del título, la abstracción no opera, y el deudor cartular puede igualmente referirse al negocio fundamental. (Del Voto en Minoría del Dr. Vigo).
Contrabando, personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: LOUSSINIAN, EDUARDO s/ Contrabando Causa 28490-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-13

1- La responsabilidad de la sociedad es independiente de la de la persona individual que como tal puede actuar accidental y temporariamente como órgano de aquella, ya que reemplazada por otra persona física como órgano societario y aún desapareciendo la persona física, la sociedad y por tanto su voluntad, sigue expresándose a través de sus órganos que la representan, de modo tal que puede acarrearle su responsabilidad penal.- 2- La polémica teórico-doctrinaria en torno a si las personas jurídicas pueden ser responsabilizadas en causa criminal, ha sido superada en los hechos por la ley y la jurisprudencia, pues ambas han terminado por admitir que la persona jurídica puede padecer multas y otras sanciones por hechos de naturaleza penal, como consecuencia del accionar de sus órganos, lo que permite concluir que puede sancionarse con pena a la persona jurídica, aunque no se haya aplicado pena a una persona física, si se demuestra la existencia del ilícito y que el mismo fue llevado a cabo por uno o dos de los integrantes de ella, en ciertas condiciones y formas que permitan atribuírselo a la persona ideal.- 3- Si se encuentra acreditado en principio, la materialidad de los hechos reprochados constitutivos "prima facie" del delito de contrabando y la actuación de la firma por intermedio de sus órganos y en beneficio de la entidad, habida cuenta que la empresa procesada debía actuar inequívocamente a través de sus órganos, los hechos presuntamente ilícitos reflejan la política de la persona jurídica..- 4- Teniendo en cuenta que la empresa ha sido oportunamente indagada por los hechos que le imputan a través de sus representantes legales, estando representada durante todo el curso del proceso por sus legítimos representantes, gozando de la debida asistencia letrada no hay motivo alguno para no continuar con el trámite de la causa respecto de la firma, ya que resulta factible y objetivamente escindible en la actividad presuntamente ilícita cumplida, la responsabilidad de la empresa como tal, de la responsabilidad personal de la persona física que la pudiera haber representado en alguno de los hechos.
Proceso penal, prueba, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M. A. y S., J. C. s/ Secuestro extorsivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   235-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

La Corte Suprema Nacional ha reafirmado in re "Daray" que lo que cuenta -en materia probatoria- es si ha existido o no una transgresión constitucional inicial. Si la ha habido, la prueba obtenida a partir de esa transgresión debe -por imperativo ético- excluirse. La excepción a esta regla es que exista un cauce de investigación autónomo del que derive la posibilidad concreta (y no sólo conjetural) de que la prueba cuestionada se hubiere adquirido por una vía independiente, por supuesto con más razón valdrá la prueba que es efectivamente adquirida por una vía autónoma. (Del Voto del Dr. Falistocco, al que Adhiere la Mayoría. En Disidencia los Dres. Ulla y Barraguirre).
Adicionales de remuneración, carácter no remunerativo, carácter bonificable
Materia: LABORAL
Carátula: FOURNIER, Federico Alejandro y otros c/ E.N. - Ejército Arg. - e IAF s/ Dif. Haberes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

Conforme los precedentes jurisprudenciales en concordancia con la doctrina de la CSJN reconocen el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos otorgados por los decretos 2115/91 y 628/92, los cuales deben incorporarse al "haber mensual" en el cual se encuentran los rubros "sueldo" y "REGAS".
Daño moral, indemnización, legitimación activa, concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarenga, Francisca y otros c/ Martínez, Eladio y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-07

La acción tendiente a obtener la indemnización por daño moral le compete solamente a los herederos forzosos, carácter éste que no reviste la concubina, por lo cual estimo que debe revocarse la sentencia en cuanto acuerda a la actora indemnización por daño moral.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Banco Regional del Norte Argentino SA. c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las sentencias requeridas a un tribunal a quo en las causas en que la Corte ya intervino dejando sin efecto un anterior pronunciamiento deben acatar lealmente la decisión que interpretan, ya que el "desconocimiento" de ella implica serio "agravio al orden constitucional" y abre la vía del art. 14 de la ley 48.
Violación calificada, víctima menor de edad
Materia: Penal
Carátula: M., J. C. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-10-09

Es conveniente no perder de vista que la labor preventiva peticionada por la representante del Ministerio Pupilar en base a las disposiciones de la ley 10903 implica como supuesto esencial y objeto propio del juicio la comprobación jurisdiccional de la desestabilización del grupo familiar que alberga al menor en peligro, hipótesis que -confirmada- justificaría plenamente toda actividad subsidiaria del Estado paliativa o superadora de estas deficiencias.
Recurso de casación, prueba de histocompatibilidad, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: DEFENSOR OFICIAL c/ ZANDONA JULIO LEON s/ ACCION DE FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-13

No debe desviarse del entendimiento que la previsión normativa asignada a la negativa (art. 4 Ley 23.511) de la realización del exámen genético, detenta el carácter de indicio, esto es, "una prueba que consiste en un hecho conocido" y no en una presunción sobremanera cuando el carácter indicial contingente debe ser ineludiblemente utilizado junto con otros elementos que surjan de la causa para dar sustento a la presunción judicial.
Competencia, juicio unipersonal, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: P., C. C. c/  s/ competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "P., C. C. s/competencia" (Causa N° 81362/2018) resuelta el 26/3/19 donde Mariano González Palazzo, integrando la Sala en forma unipersonal, confirmó el auto del juez de la instancia de origen que rechazó la declinación de competencia en favor de la Justicia Contravencional y de Faltas.
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Interdicto Brown c/ Montiel, Alejandra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El art. 557 del Cód. Proc., que importa el inicio de la ejecución de sentencia posibilita únicamente que, al existir sentencia firme o dada la fianza del art. 553, el acreedor practique la liquidación de capital, intereses y costas con el único objeto de que luego de aprobada se haga pago inmediato al acreedor del importe resultante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, principio de legalidad, tipo penal, calificación legal, lesiones graves, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDINO, GUILLERMO FABIAN c/  s/ AMENAZAS EN CARACTER DE AUTOR; VIOLACION DE DOMICILIO Y DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL; ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE TENERSE POR ACREDITADA EN GRADO DE TENTATIVA Y ROBO CALIFICADO POR LESIONES GRAVES, TODO EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

La impugnante insiste con que las lesiones deberían ser consideradas leves, mas sin lograr con sus formulaciones referidas a la afectación al principio de legalidad, descalificar desde la óptica constitucional la respuesta brindada por la Alzada, que consideró que las lesiones ocasionadas a la víctima del robo debían ser consideradas graves, toda vez que de los informes y dictámenes de los profesionales que la habían atendido surgía que los daños constatados habían sido de tal entidad que habían requerido más de un mes para su curación y ello significaba una incapacidad laboral; siendo ésta una materia de derecho común, que resulta ajena -por regla- a la esfera de conocimiento de este Tribunal, salvo que se demuestre la configuración de un supuesto de arbitrariedad o de lesión a mandas constitucionales, lo que no acontece en la especie.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BRAVO, DANIEL c/ FULCRO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

No probada la eventualidad de los servicios no procede la excepción prevista en el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo aunque la intermediaria sea una empresa reconocida para ello, porque no concurre el otro extremo requerido por la norma para eximir de responsabilidad a la efectiva usuaria del servicio.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, mutuo, fianza solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOLDARACENA, MARIO J. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR EXPRINTER CASA BANCARIA  SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-18

No obstante el criterio amplio orientador de la ley 19551, la documentación continente de un contrato de mutuo y de fianza solidaria, no permiten tener por reunidos los recaudos iniciales de verosimilitud que determina el LC: 90, en tanto instrumentos privados que requieren el reconocimiento previo por parte de los deudores o certificación de sus firmas por oficial público; recaudos estos que le otorgarían carácter de título ejecutivo en los términos del CPR 529.
Prueba documental, falta de prueba, expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino c/ Mónica Cañadas y ot. s/ Cobro de Pesos (LIBRO: A079 - 075)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-19

Debe prescindirse del contenido del expediente ofrecido en calidad de prueba si el mismo no fue incorporado a la causa, no pudiendo acudirse a sus constancias para fundar la decisión.-
Recurso directo, revocación de sentencia, IVA
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Lo Bruno Estructuras S.A. (TF 39189-I)  c/ Dirección General Impositiva  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-03

La sala revocó parcialmente lo decidido por el TFN por cuanto había confirmado dos resoluciones AFIP-DGI relativas a determinaciones impositivas de IVA e IG-Salidas no documentadas sobre operatorias llevadas a cabo por la actora con proveedores incluidos en la base "Apoc". Para así decidir, entendió que debían aplicarse los beneficios de la liberación previstos en el art. 9° inc. c) de la ley 26.860 puesto que las determinaciones de oficio por IVA e IG-Salidas no documentadas -con motivo de una fiscalización practicada a raíz de la cual se detectaron proveedores encuadrados dentro del perfil de riesgo con presunción de contribuyentes "Apoc"- resultaban subsumidas en el régimen previsto en dicha norma; máxime cuando el fisco no denunció que la firma recurrente se encontrara incursa en alguna de las causales de exclusión previstas por el art. 15 de la citada ley. El blanqueo establecido por la ley 26.860 es el origen de los fondos empleados y no su destino y es a partir de tal concepto que la normativa indicada permite liberar a quien se acoge a esos beneficios de los ajustes de IVA y Salidas no documentadas, por esos importes que fueron blanqueados.
Denegatoria del recurso, daños y perjuicios, indemnización, debido proceso, defensa en juicio, derecho de propiedad, seguridad jurídica, principio de legalidad, división de poderes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Araujo, Carlos Horacio c/ Gcba y otros  s/ sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la resolución de la Cámara que rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de grado. Esta había otorgado una indemnización al actor por los daños que se habían considerado acreditados como consecuencia de la relación de empleo habida entre las partes, con sustento en las normas de derecho común y el precedente de la CSJN "Aquino" (Fallos: 327:3753) y posteriores. Ello así, toda vez que el GCBA no consigue acreditar la violación de los preceptos constitucionales (debido proceso, de la defensa en juicio, de la propiedad; así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes) que afirma afectados; pues sus agravios solo ponen en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar conculcados tales preceptos. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

La finalidad de un juicio de apremio es la realización del derecho que emerge del título que vale como presupuesto de coercibilidad, por lo que éste debe ser suficiente, bastando su mero examen para comprender sus alcances.
Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ, FERNANDO c/ ACEITERA MARTINEZ SA s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 271-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

El control judicial de los actos de los otros poderes del Estado deberá ser ejercido con la mayor mesura, considerando que el examen de los actos administrativos o legislativos no tienen el alcance de convertir a los jueces en una superlegislatura, para juzgar la posibilidad genérica de desviación en el ejercicio de la función legislativa.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Pedro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Si el hecho percibido y declarado por el testigo consistió en que el camión, luego del accidente, tenía sus luces apagadas, no es posible probar mediante esta declaración que las tenía en el momento del hecho. Al entender lo contrario se quebrantó el art. 252 del Código de Procedimiento Penal puesto que según esta norma las declaraciones testimoniales pueden usarse para probar plenamente lo que los testigos afirmaren, y en el caso el testigo no afirmó que las luces del camión se encontraran apagadas en el momento del hecho, sino después.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., L. A. y otra s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-28

Si las partes, a través de una audiencia, llegaron a un acuerdo acerca de la división de los bienes que componían la sociedad conyugal, lo que mereció judicial homologación, el contenido económico a los fines de la regulación de honorarios, está dado por el valor de los bienes que los cónyuges se adjudican recíprocamente, que es el monto de la incidencia indicado por la norma arancelaria y, por ende, sujeto a lo previsto en los artículos 45 in fine y 38, con las pautas del artículo 16 del decreto ley 8904/77. A su vez, ha de repararse que cuando en esa etapa también se convienen alimentos, corresponde computar esa actividad a los fines de la regulación de honorarios (arts. 39 y 47 dec. ley 8904/77). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, incumplimiento del contrato
Materia: ECONOMIA
Carátula: Grumaq S.R.L. c/ PGM S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Si bien el contrato se perfeccionó el 14 de marzo de 1991, si los sucesivos incumplimientos que dieron origen al proceso ocurrieron con posterioridad al 1° de abril de 1991, la deuda queda comprendida en la fecha de corte que establece el art. 13 de la ley 25.344. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Inconstitucionalidad, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Usabel, Héctor y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-22

No se verifica la existencia de un mandato normativo expreso que imponga el dictado de la regulación del ejercicio de la optometría pretendida por los actores por el hecho de otorgárseles el título de optómetras, pues no cabe establecer que éste se encuentre determinado por las disposiciones de los artículos 22 y 46 de la Constitución de la Ciudad, que exigen la regulación de las cuestiones vinculadas con los servicios de salud, en especial con lo atinente al ejercicio de las profesiones, ni por el art. 12, inc. "i" de la ley 153, que impone a la autoridad de aplicación la regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud, pues la generalidad de estas normas no satisface el criterio riguroso de aplicación que debe emplearse cuando se transita el límite funcional establecido por el sistema de división de poderes, cuyo delicado equilibrio de frenos y contrapesos exige la mayor prudencia por parte de los jueces, de modo que no se verifica en el caso la omisión inconstitucional invocada por la actora.
Abuso sexual, utilización de violencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de la Sentencia Nº 43/11: L., A. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía - San Antonio - Fray Mamarto Esquiú - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-29

La Cámara en lo Criminal, Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió declarar culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal por Cualquier Vía, figura prevista y penada por los arts. 119 3er. Párrafo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Subsidiariamente, el recurrente introduce, como segundo motivo de casación, la inobservancia o errónea apreciación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 C.P.P.).

No resultan de recibo los cuestionamientos efectuados respecto a la ausencia de amenaza de parte del imputado y la consecuente falta de temor y resistencia de la víctima. En efecto, la estrategia defensiva se dirige a cuestionar la actitud o la forma en la que debió actuar la víctima para eludir o escapar del abuso sexual que padeció, concluyendo que M. no se fue porque no quiso, que nunca ofreció resistencia.

A fin de dar respuesta a todos los planteos efectuados, corresponde también destacar los argumentos brindados por el tribunal en cuanto a que la falta de resistencia de quien sufre el ataque a su libertad sexual no es demostrativa de su asentimiento, porque una actitud pasiva puede deberse al miedo que se le ha infundido a la víctima y la paralizó.

En efecto, ha quedado demostrado que la víctima se ha visto doblegada en su voluntad ante el miedo de sufrir un mal mayor en su integridad física y en su propia vida. En este sentido, el tribunal puntualizó que no cabe deducir complacencia en la conducta de M. en el lugar del hecho ya que ésta fue atacada sexualmente mediante violencia e intimidación, la que fue de suficiente entidad como para causar el efecto psicológico perseguido en la víctima, o sea infundiéndole temor. Lo que fue categóricamente afirmado por M. en el debate, quien dijo que tenía miedo por su vida -fundamentó el sentenciante-.

Considero que, en modo alguno pueden tener acogida fa-vorable los planteos esgrimidos por el recurrente quien, como adelantara, elabora su estrategia defensiva cuestionando la actitud o la forma en la que, a su modo de ver, debió actuar la víctima para evitar o escapar del abuso sexual que padeció, concluyendo que M. nunca ofreció resistencia y que se quedó en el lugar donde sucedió el hecho porque quiso.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Facultades del Superior Tribunal, fallos del Superior Tribunal, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VESPRINI, MARTIN Y OTROS S/ MANDAMUS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-07

Este Superior Tribunal de Justicia ha expresado de manera reiterada que la excepcionalísima vía intentada -amparo en cualquiera de sus formas- sólo puede atender a situaciones especiales en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o judiciales idóneos, y en las que los actos que supuestamente restringen su derecho se presenten de modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna. Es decir que resulten palmarios, tangibles y manifiestos para acreditar la gravedad, urgencia e irreparabilidad y particularmente la inexistencia de otra vía (cf. STJRNS4 Se. 77/18 "CORDOBA"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Agente encubierto, facultades de la autoridad de prevención, tareas de inteligencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gaete Martínez, Rufo Edgar s/ recurso de casación". Causa n. : 1569.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-03

El agente encubierto fue designado conforme prescripciones legales en vigor, y en lo que considero un ejercicio razonable de la facultad que la norma de aplicación otorga al juez preventor en el curso de una investigación judicial por infracción a la ley de estupefacientes; que no existe dato objetivo alguno, ni la defensa logra demostrar que se hubiera extralimitado en su actuación, pues no surge de las constancias de la causa nada que evidencie que su comportamiento superara el marco de la propia actividad de inteligencia que le fuera encomendada, por lo que el planteo de la defensa en los términos en que lo ha formulado carece de prosperabilidad.(Voto del Dr Madueño).