marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inspección General de Justicia, sociedad de ahorro para fines determinados, fiscalización de sociedades, intervención de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD AHORRO PLAN SAC Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ VENCIMIENTO DE CONTRATO SUSCRIPTO POR: FRIBE SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-03

La peculiar naturaleza de las operaciones que desarrollan las sociedades administradoras de ahorro previo, ha hecho que el estado desarrolle al respecto una doble función, de promoción y control.

Dichos entes, que captan del público una significativa masa de fondos se encuentran sujetas a la autorización y fiscalización estatales, como un medio de tutelar los intereses de los ahorristas y de permitir el desenvolvimiento ordenado de una actividad, la del ahorro, en la que se encuentra fuertemente comprometido el interés de la sociedad. El desorden generalizado de su administración, el descuido negligente en el manejo de los fondos de los ahorristas suscriptores, la desatención de los compromisos asumidos (demoras injustificadas en la entrega de bienes adjudicados), el incumplimiento de sus obligaciones con el organismo de control (falta de presentación de documentación relativa al cierre de ejercicios), circunstancias que desembocan en la necesidad de una intervención judicial, tornan procedente la sanción de cancelación para operar del ente, atento el evidente grado de ineptitud en el manejo de bienes ajenos. La alegación de haber enderezado su actuación, luego de decretada la intervención judicial, cumpliéndose los compromisos asumidos por los suscriptores, resulta inconsistente en orden a revertir la solución sancionatoria, ya que aún en la hipótesis de que hubieran sido satisfechos los reclamos patrimoniales individuales, resta la exigencia de preservar el interés general, en aras del cual, no cabe admitir la actuación en el mercado de quien se haya sustraído reiteradamente a la observancia de exigencias legales y reglamentarias a las que debe sujetarse una actividad que compromete el orden público.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Alianza S A de C N I C F c/ Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

No se trata de una sentencia definitiva la que tiende a dar cumplimiento a lo decidido en el fallo final de la causa y a subsanar la omisión de condenar a la accionada a devolver las sumas que en aquél se consideraron ilegítimamente deducidas, sin que esto constituya un apartamiento o alteración de la sentencia aclarada.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Politis, Pablo Edgardo s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto en el que se denuncia que el tribunal a quo no ha brindado un adecuado tratamiento y examen de la prueba documental aportada mediante recurso de revisión y que -a su juicio- acreditarían la inexistencia del delito por el que fuera condenado si la Cámara abordó expresamente el tratamiento de la cuestión que se dice preterida, y luego de un detenido análisis de las piezas documentales en cuestión concluyó rechazando el recurso de revisión intentado considerando que la prueba ofrecida no es idónea para modificar el fallo condenatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, recusación, recusación con causa, DEBER DE ACTUAR CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO, debido proceso, Cámara de Apelaciones, integración del tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., R. O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 217 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

Atento el estado de la controversia -signada por un largo derrotero de idas y venidas procedimentales como opiniones encontradas en torno al grado de objetividad con que la Vocal juzgaría las causas en que intervengan los letrados impugnantes- se aconseja desvincular a la Magistrada de esas causas a fin de resguardar de manera efectiva el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida -conforme doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- dentro de los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución nacional, que se deriva de las garantías de debido proceso y de la defensa establecidas en el artículo 18 de la Carta Magna, consagrada expresamente en los artículos 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que forman parten del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional.

Con lo expuesto, se quiere significar que la farragosa disputa en torno a la configuración -o no- de la causal de violencia moral (art. 51, C.P.P.) ya produce "per se" la afectación a la garantía de imparcialidad del juez, lo que conduce inexorablemente a que los fundamentos expuestos por la mayoría de la Cámara (quien en fallo pleno decidió la no separación de la vocal en todas las causas en las que intervengan los letrados recusantes) deban ser descalificados en resguardo no solo de cláusula constitucional aludida sino a tenor del buen orden y marcha de los procesos judiciales.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: LONGHI, HUGO. s/ ACCESORIA - RECLUSION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-04

No es de aplicación al caso la medida de seguridad del párrafo 2do.

del art. 52 C.P., -concurso de delitos- pues ninguno de los delitos juzgados, si bien son más de cinco, tienen un mínimo legal de tres años de prisión.
Habeas data, bancos, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ HUGO RAMON c/ BANCO COLUMBIA S.A. s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-16

Con la entrada en vigencia de la ley 25326, la atribución del carácter de legitimados pasivos de la acción de hábeas data a los "usuarios" de los bancos o archivos de datos, permite extender la legitimación a todos aquellos que revistan esa condición, es decir, a todos los que realicen a su arbitrio operaciones de tratamiento de datos, sea en bases propias, sea en las de terceros con las que se conecten con esa finalidad".

En igual sentido, el decreto reglamentario 1558/2001 (análisis del art. 16 de la ley 25.326).

En la actual normativa, los límites de la legitimación pasiva ha sido expandidos hasta abarcar a entidades como la accionada puesto que la misma con acierto comprendió la responsabilidad de la potencialidad transmisiva de bases o registros de masiva o amplia difusión.
Contrato de obra pública, contratista, mayores costos, licitación pública, oferta, procedimiento licitatorio, consentimiento, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

En los contratos de obra pública la modificación por irrepresentatividad sobreviniente de la modalidad convenida en la licitación no cubre los supuestos en que el defecto constituye, a su vez, un vicio aparente de la misma. En tales casos el contratista no tiene derecho a la revisión del mecanismo si conoció o debió haber conocido el defecto en el momento de presentar su oferta en el procedimiento licitatorio, porque a tal pretensión pueden oponérsele dos obstáculos: el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza, y la presunción -que en este caso (demostrada la apariencia del vicio) debe ser iure et de iure- de que el precio ofertado tuvo en cuenta, compensándolo, el vicio de la fórmula. Lo contrario sería alterar las bases del procedimiento licitatorio principio de igualdad y competencia pues alterar las condiciones de licitación en beneficio de la empresa -ahora contratista- importa quebrar la relación de igualdad comparativa que existió entre la oferta de aquélla y las de los restantes proponentes que presupuestaron conforme con las previsiones contractuales a precios superiores.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, remisión a otro fallo, Poder Judicial, control de constitucionalidad, libertad de comercio e industria, Municipalidad, habilitación municipal, establecimiento comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERSANO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

Los Jueces remitieron a un precedente de la misma Cámara, recordando que el control de constitucionalidad alcanza a la razonablidad de normas y de actos, esto es, a la verificación de la proporción entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo y que el principio de razonabilidad de los actos estatales fue construido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos a partir del artículo 28 de la Constitución nacional, para finalizar diciendo que la contrariedad de lo dispuesto en la ordenanza con las normas superiores era bien apreciable porque la misma cercenaba indebidamente la libertad de ejercer el comercio y toda industria lícita, al tiempo que recortaba injustificadamente la iniciativa económica; asimismo afirmaron que no mediaba adecuada proporción entre el objetivo buscado -tal como promover la competitividad, priorizar el interés de los usuarios y consumidores- y el medio empleado, no habiendo sido la Ordenanza debidamente causada y fundamentada. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco y Erbetta. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - CITAS: CCA N° 2, Helacor SA, AyS T 44, p 2. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 28. - Jurisprudencia concordante con Smart SRL, AyS T 316, p 280/291, sumario J0049665.
Competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, ley antigoteo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: RUSSIAN, Leticia c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ AMPARO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-25

Corresponde intervenir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en la medida autosatisfactiva iniciada a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1387/01, 1570/01, comunicación del Banco Central de la República Argentina "A" 3098 y "A" 3562 y del decreto 469/02 dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dirigida contra una entidad bancaria en virtud de lo dispuesto por el art. 6 de la ley 25.587.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Yañez, Marta B. c/ Ciudadela SRL s/ Salarios Fittipaldi, Bautista c/ Provincia de Buenos Aires, -Ministerio de Gobierno- Policía s/ Indemnización por accidente de trabajo Ciancio, Humberto O. c/ Unsain, Jorge E. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06|1997-04-01|1999-09-07

Determinar el comienzo del curso de la prescripción constituye una cuestión de hecho irrevisible en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Quiebra, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA  NACIONAL  AUTOMOTRIZ  ENAUTO :INCICENTE DE REVISION EN: ELIO A. GROSSO - CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA s/ QUIEBRA: CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-30

Si el revisionista logra revertir la declaración de inadmisibilidad dictada oportunamente en el art. 37 ley 19551 no le corresponde cargar con las costas.

Si el revisionista logra el triunfo de su pretensión agregando nuevos elementos en la revisión, cosa que no hizo en la oportunidad de verificar ante el síndico, fue su culpa por lo que debió acudir a la revisión, y si la concursada se allana a la pretensión de la revisionista, lo lleva a la eximición del allanado de soportar las costas del adversario (art. 356 bis del C.P.C.), pero no sirve como fundamento para imponérselas al revisionista.-
Servicio público, servicios eléctricos, facultades del gobierno nacional, facultades del gobierno provincial, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ SEGBA (SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES) s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

En virtud de la armonización entre las derivaciones del dominio y de la jurisdicción, las atribuciones nacionales para reglamentar el servicio público eléctrico cuando excede el ámbito local, no excluyen los poderes locales, compatibles con aquéllas, en la medida en que no interfieran ni obstruyan los fines que sustentan la jurisdicción nacional y por ello con dicha reserva, no hay óbice para la subsistencia del poder local de polícia. (Disidencia del Dr.

Elías P. Guastavino).
Homicidio calificado por el vínculo, prisión perpetua, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Imputado Marino, Gabriel David s. homicidio a mujer perpetrado por un hombre y mediare violencia de genero víctima S. A. D. y otros c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-18

Corresponde no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por el Sr. Defensor Oficial, respecto a la incorporación por parte del Ministerio Público Fiscal de la hipótesis prevista en el inc. 1° del art. 80 del CP, dado que toda declaración de nulidad exige, como condición indispensable, la demostración de un agravio concreto y la específica indicación de las defensas que ella ha impedido. La defensa sostuvo que se afectaba el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio porque el imputado no había sido correctamente informado acerca del hecho imputado, toda vez que no se introdujo oportunamente, sin embargo no se advierte que se hubiera vulnerado la exigencia de una correcta intimación de los hechos, posibilitando que la defensa ejerciera el derecho de defensa a través de una respuesta a esa imputación. Concluyendo entonces, que el mencionado artículo establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52 del CP, al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o "a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia" -lo que sucedía en el caso-, estos últimos supuestos fueron introducidos con el dictado de la Ley 26791
Concursos, quiebra, proceso de verificación, verificación tardía, costas, incidentes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Oikoss SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Cabe revocar la sentencia que impuso a cargo de la actora las costas derivadas del presente incidente. Pues, de las constancias del juicio individual que sirve de antecedente al crédito insinuado, se deriva que ese juicio continuó con posterioridad a la apertura del concurso que aquí interesa. De allí surge, que las actuaciones de ese juicio -que eran necesarias para iniciar el presente- también sucedieron después del vencimiento del plazo previsto para la verificación tempestiva. De modo que a los efectos de ser admitido el acreedor, solo debía haberse respetado el plazo de prescripción de seis meses previsto en la LCQ 56, que no tiene ninguna relación con el carácter tempestivo o tardío de la insinuación.
Retiro policial, haber de retiro, jefe de policía, adicional por responsabilidad jerárquica, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mahmud, Jacinto c/ Caja de Ret. Jub. y Pensiones de la Pol.Fed. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Más allá de la motivación -que relaciona las circunstancias calificantes del derecho a los beneficios con "particulares exigencias" de algunos cargos en un caso o "singulares responsabilidades" de determinadas dependencias en el otro- y texto -que prohibe el otorgamiento generalizado de estos suplementos por el grado o por la situación de revista en actividad- del decreto 2744/93, lo cierto es que la realidad demuestra que la totalidad de los Oficiales Superiores y Jefes de la Pol. Fed. en actividad perciben o el RCF o el FJAC, recibiendo por ello, en cada jerarquía, un adicional de similar monto.
Sentencias de segunda instancia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-28

Resulta inconsistente el argumento del Tribunal a quo que, en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, aduce que el agravio que atañe a que uno de los integrantes de la Sala, estuviera con licencia al momento que suscribiera el fallo, no permite la admisibilidad del recurso "porque resulta indudable que esa circunstancia no hace que el magistrado pierda su jurisdicción y pueda así fallar como lo hiciera", puesto que tal como lo ha sostenido la Corte Provincial, es evidente que no se trata en el sub judice de poner, ni está, en tela de juicio, la pérdida de la jurisdicción por parte del magistrado de que se trata, ya que ella constituye una potestad que nace con el nombramiento del juez y es inherente a su calidad de tal, subsistiendo mientras conserve la misma, sino de lo que aquí se trata es de la legalidad del ejercicio de esa jurisdicción, que son cosas distintas".
Contrato de trabajo de temporada, indemnización, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL
Carátula: Montes Santos. c/ Cooperativa:"General Güemes Limitada". s/ Diferencia Indemnización por antigüedad.Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-08-22

El contrato de trabajo de temporada es de plazo mínimo, porque obliga a las partes a cumplirlo en cada época del año durante el plazo previsto o previsible del ciclo de temporada (art.96 y 97 de la Ley de Contrato de Trabajo); por ello el ciclo de temporada no tiene en principio límites precisos, excepto que por convención colectiva, se fijen plazos mínimos de contratación, el despido indirecto e injustificado se puede producir en el lapso previsto del ciclo de temporada o bien durante el receso, en aquél supuesto concluido anticipadamente el contrato, son procedentes además de las indemnizaciones que corresponden por extinción de contrato, la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, mientras que en el último supuesto (durante el receso) proceden solo las indemnizaciones de índole laboral.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, jugador de fútbol
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Delfor, Ricardo Marcelo c/ Liga Santafesina de Futbol y otro s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad - Amparo   (Expte.: C.S.J. Nro. 234 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede acogida la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor, si de los dos epígrafes de arbitrariedad en que la recurrente intenta subsumir sus reproches contra el resolutorio de la Alzada -"prescindencia de prueba decisiva" y "derivación irrazonada e irrazonable del derecho vigente"- procuran, desde distintas perspectivas, demostrar la manifiesta arbitrariedad que la quejosa imputa a la resolución de la Liga Santafesina de Fútbol -que establece un límite de edad para jugar en primera división y fija un cupo máximo de cuatro jugadores que superen dicho límite en cada equipo-, a fin de descalificarla desde el punto de vista constitucional, y el consecuente vicio de la sentencia que resuelve desestimar el amparo interpuesto. Ello así, por cuanto el A quo al abordar el tema que se sometía a su jurisdicción, estructuró su razonamiento conforme a lineamientos que, si bien pueden no compartirse, no resultan ilógicos o arbitrarios de modo tal de merecer descalificación desde el plano constitucional. (De los Fundamentos del Dr. Netri)
Obras sociales, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cristaldo, Pura del Rosario c/ Salud Norte SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

Las obras sociales, en cuanto administran el sistema de atención médica de sus beneficiarios, habilitada por la ley 23.660, no prestan servicios médicos, ni asistenciales, sino que administran un patrimonio afectado a esa prestación, que es realizada por otros contratados al efecto. La prestación médica asistencial no constituye un servicio o trabajo propio de la actividad normal y específica de las obras sociales, por lo cual las obras sociales no son responsables en los términos del art. 30 L.C.T..
Resoluciones judiciales, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS VIRGENES  S.A. c/ SANTA CATALINA ESTANCIAS s/ ART. 250 C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

Cuando una resolución es inapelable, tal inapelabilidad alcanza a lo decidido en forma principal como a lo accesorio; como ser la imposición de costas (conf. C.N.Civ., sala C, R. 187.694 del 28/10/73; R. 188.142 del 25/10/73 y R. 12.682 del 7/3/85 y E.D. 67 458, Nro.28.364, íd, sala G, L.L. 1983-B-631, Nro.81.803).-
Excusación, jueces, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: BARCELLA, CARLOS ALBERTOCONSTANZI, ROQUE CONSTANZI s/ Contrabando Causa 32098
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

Es inapelable la resolución que decide la excusación de los Jueces.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Francisco Cacik e Hijos Soc. Anónima c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ revocación de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación si la expresión de agravios pretende fundarse en reiteraciones de piezas anteriores.
Concursos, quiebra, quiebra directa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Goro Rosendo Vicente c/  s/ pedido de quiebra promovido por deudor s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-09-16

En supuestos de quiebra voluntaria la ley exige la concurrencia de los presupuestos concursales, a saber: la calidad de sujeto concursable, estado de cesación de pagos y los requisitos formales del art. 86 LCQ, la omisión de alguno de estos últimos no obsta a la admisión del pedido interesado (según prevé la aludida norma).
Pacto de cuota litis, menores
Materia: CIVIL
Carátula: Manes Vda. de Fernández c/ Sonaglia, Alberto Daniel s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-25

El pacto de cuota litis importa un acto de disposición, para cuya validez se necesita la intervención del Asesor de Menores y la autorización judicial (doct. arts. 297, 443 inc. 5, 475 y concs. del Código Civil).

Celebrado "ad referendum" de la autorización del Asesor de Menores y la intervención de éste y la autorización Judicial, la nulidad que pudiere afectarlo, desde ese punto de vista, siendo un acto nulo de nulidad relativa no debe ser forzosamente declarada por el juez a pedido del Ministerio de Menores, si el representante legal insiste en la confirmación del acto. Admitida la conveniencia del pacto de cuota litis - al tomar a su cargo el profesional los gastos del juicio - eliminándose los riesgos del proceso de la acción intentada, el pacto efectuado por el representante del incapaz es válido.