Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


RODRIGUEZ, Orfilio A. contra SUCESORES de KOPER, Adolfo y/u otros Reg.: A y S t 206 p 344-348.

Santa Fe, 27 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2004, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista en autos "RODRIGUEZ, Orfilio A. contra SUCESORES de KOPER, Adolfo y/u otros -Laboral- (Expte.

184/02) (Expte. C.S.J. nro. 22, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante la sentencia impugnada, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista confirmó lo decidido por el Juez de baja instancia que -a su turno- hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por la firma "KOPER y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA", y, en consecuencia, rechazó la demanda impetrada por Orfilio Rodríguez contra los sucesores de Adolfo Koper, con costas a la actora (fs. 14/16).

Contra dicho pronunciamiento interpone el perdidoso recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como así también violatorio de derechos constitucionalmente tutelados como lo son: el derecho a la jurisdicción, la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.

En el escrito introductorio de su pretensión, invoca los siguientes vicios descalificantes: a) Falta de motivación suficiente.

Bajo este acápite sostiene el recurrente que la sentencia de Cámara carece de fundamentación y resulta nula por disposición del artículo 95 de la Constitución provincial, ya que no trató ni resolvió sus agravios vinculados con que el acogimiento el Juez de baja instancia de la excepción de falta de acción; y el consecuente rechazo de la demanda, lo fue sin dar fundamento alguno de su decisión respecto de la incidencia.

b) Prescindencia de lo expresamente dispuesto por la norma contenida en el artículo 39, inciso b) del Código Procesal Laboral.

Afirma en tal sentido, que al haberse confirmado la sentencia alzada en las condiciones expuestas "ut supra" -sin dar fundamento alguno respecto de los motivos que llevaron al convencimiento del acogimiento de la excepción de falta de acción y la consecuente desestimación de la demanda- se prescinde de la expresa disposición que contiene el Código Procesal Laboral en su artículo 39, inciso b). Ello así por cuanto -dice- toda la doctrina especializada en el tema, al analizar dicha norma sostiene que con la expresión "datos que permitieren la identificación del demandado", se está atendiendo a las características -muchas veces informales de las relaciones laborales- en las cuales el trabajador bien puede desconocer con precisión el nombre de su empleador, pero no por ello carece de medios identificatorios indirectos; y en el caso, no se ha analizado el nivel precario de instrucción del actor, quien no conoce de sociedades, y tan sólo sabía que era empleado de Adolfo Koper, con quien tenía trato y después del fallecimiento de éste, con su esposa y herederos.

c) Arbitraria aplicación del artículo 122 de la ley 22248 y omisión de aplicar el artículo 96 de la ley 7945.

Sostiene en tal sentido, que el Sentenciante no aplicó adecuadamente el artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario al concluir que dicha norma no establece presunciones por la omisión de llevar el libro especial de registración de trabajadores permanentes, y que con dicha conclusión contradijo jurisprudencia unánime y conteste de los Tribunales del Trabajo en causas análogas al "sub lite".

d) Prescindencia de pruebas decisivas para la solución del litigio.

Indica que en el caso la valoración efectuada por el Juzgador de las testimoniales obrantes en la causa no se sustenta en la sana crítica, omitiéndose brindar una razón clara y ajustada de las constancias de la causa de por qué no se aceptaron los testigos ofrecidos por el actor, sino que además, la aparente razón otorgada para descalificar las declaraciones de quienes depusieran, no se ajusta a lo que surge de las actas glosadas en el proceso. e) Omisión de pronunciarse sobre cuestiones sometidas a su decisión. Por último, indica que el Tribunal incurre en un equívoco al apartarse y omitir arbitrariamente cuestiones sometidas por su parte al proceso, al sostener que "...resulta innecesario analizar el resto de los agravios...". 2. Por auto 227 de fecha 21 de diciembre de 2004, la Cámara denegó la concesión del recurso intentado con sustento en la falta de suficiente y correcta introducción de la cuestión constitucional, y por considerar que los planteos recursivos evidenciaban el intento del recurrente de reabrir el debate acerca de la apreciación de la prueba y de cuestiones de derecho común, propias de las instancias ordinarias, y ajenas, por ende, al control de constitucionalidad. Ante tal denegatoria, el perdidoso ocurrió en forma directa ante esta sede (fs.

35/48).

3. Aún de reputarse rebatido el primer cimiento del auto denegatorio -relativo a la introducción inequívoca y oportuna de la cuestión constitucional- la presente queja no ha de tener favorable acogida, ya que si bien el compareciente acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad, del desarrollo de los argumentos esgrimidos en el escrito introductorio del remedio excepcional, en confrontación con la sentencia impugnada, no surge la formulación de planteos de jerarquía constitucional que habiliten la apertura de esta instancia de excepción.

Ello así, por cuanto los reparos del recurrente -si bien encasillados en distintas hipótesis de arbitrariedad como lo son: falta de motivación suficiente, prescindencia normativa, prescindencia de pruebas decisivas para la solución del litigio y omisión de pronunciarse sobre cuestiones sometidas a su decisión- confluyen derechamente a revelar el mero disenso sobre cuestiones atinentes a la interpretación de hechos, prueba y de derecho común efectuada por el Juzgador, materia que -dentro de un margen de razonabilidad que no se demuestra que no se haya respetado en la especie- está reservada a los jueces ordinarios de la causa y es ajena, en principio a esta instancia extraordinaria.

En efecto: adviértase que el Tribunal a quo hizo girar todo su razonamiento en torno a un eje fundamental: la inexistencia de relación de trabajo entre el actor y los co- demandados, concluyendo de ello que no habiéndose probado que el actor trabajó en el establecimiento rural según lo afirmado en su demanda, resultaba innecesario analizar el resto de los agravios (f. 16). Frente a tal conclusión, el quejoso, en un intento de hacer prevalecer su propio criterio -opuesto al de los Juzgadores-, hace hincapié -en primer término- en la ausencia de tratamiento y resolución de sus agravios vinculados a la falta de fundamentación de la sentencia alzada al acoger la excepción de falta de acción, argumentando al respecto que el Juez de baja instancia no explicitó los motivos que lo llevaron al convencimiento de que su parte no tenía acción contra quien demandara, contraviniendo así lo expresamente dispuesto en el artículo 39, inciso b) del Código Procesal Laboral.

Tales argumentos resultan asaz insuficientes para demostrar la decisividad del planteo en el resultado final del pleito; en efecto, aún si por vía de hipótesis se podría considerar viable la pretensión seguida contra los sucesores de Adolfo Koper en forma personal, ello en modo alguno cambiaría la suerte de la litis atento a que los Juzgadores concluyeron que la demanda debía ser rechazada al no haberse logrado acreditar la relación laboral afirmada por la parte actora.

En efecto: de la lectura de los fundamentos de la sentencia cuestionada surge claro que, al confirmar el decisorio del Juez inferior, la Alzada colocó como punto de partida de todo su discurso argumental una premisa fundamental, cual fue que atento la sostenida negativa de la relación laboral, resultaba necesario apreciar el valor probatorio de las pruebas arrimadas al proceso. Y en ese sentido, tras valorar la absolución de posiciones de la actora; las testimoniales rendidas en la causa y las demás producidas, concluyó que no se encontraba acreditada la relación laboral invocada en la demanda.

De tal suerte, el A quo señaló que "...la confesional de la demandada (fs. 64 vta./65) le es adversa.."; "...la posición novena formulada para el actor nada prueba contra el ponente..."; "...entrando a considerar las declaraciones de los testigos propuestos por la actora, cuyas declaraciones el a quo estimó no convincentes, encontramos un pliego que sugiere respuestas, de donde no se compadece con la exigencia del Art. 204 del C.P.C.C., aplicable por remisión". Posteriormente el Tribunal, al analizar cada una de las declaraciones de los testigos propuestos por la actora, concluyó: respecto del testigo Pérez, que su declaración no resultaba creíble, por cuanto dijo saber que el actor trabajó para los demandados desde el año 1989 a 1998, enumeró las tareas que estaban a cargo de aquél, y dio como razón de sus dichos sólo haber trabajado allí en el año 1989, contradiciéndose posteriormente en la ampliatoria; respecto del testimonio de Casco, que ocultó estar comprendido en las generales de la ley, resultando no creíble su exposición sobre las prestaciones y modalidades de la relación de trabajo; en tanto en relación a los testimonios de Figueredo y Vega, destacó que resultaba manifiesto el ánimo de favorecer al actor en sus declaraciones. Asimismo, puso de resalto que de las testimoniales del capataz o encargado del establecimiento y otros dependientes existió coincidencia en que el actor no trabajó en el establecimiento. Conclusiones reforzadas con el argumento de que al no establecer el Régimen Nacional del Trabajo Agrario presunciones por la omisión de llevar el libro especial de su artículo 122, en dichas condiciones probatorias el tema resultó bien resuelto por el A quo. Y ciertamente, no se vislumbra de qué manera el temperamento "ut supra" apuntado haya desbordado los hechos, derecho y pruebas, -vedados en principio a esta instancia excepcional- con insubordinación a las reglas de la sana crítica, mediante afirmaciones parciales, inequitativas o ilógicas e importara así un sustantivo agravio al derecho a la jurisdicción que permita descalificar el pronunciamiento de la Alzada como acto jurisdiccional válido.

En tales condiciones, cabe concluir que la cuestión no resulta idónea para franquear la vía ensayada, desde que los agravios del recurrente conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que fueron resueltos con fundamentos suficientes del mismo orden que permiten desechar los vicios acusados. Ello así, puesto que al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, aquéllos no logran trasponer el límite de la discrepancia hermenéutica que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

En otras palabras, no debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero que aquél no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

En suma, la cuestión tal como ha sido traída a estos estrados no resulta idónea para franquear la vía extraordinaria instaurada, atento que queda comprendida dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad -circunstancia que no acontece en el "sub examine"- resultan insusceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber, y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)