Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


ADMINISTRADOR SUCESION CARLOS E. RIVERO contra GALLARDO, José Juan Reg.: A y S t 193 p 211-212.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia nro. 62 del 13.6.2001 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "ADMINISTRADOR SUCESION CARLOS E. RIVERO contra GALLARDO, José Juan -Tercería de Dominio- (Expte. 7/01)" (Expte. C.S.J. nro. 576, año 2001); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de autos que el Juez del Trabajo de la Segunda Nominación de Rosario hizo lugar a la tercería de dominio iniciada por el Administrador de la Sucesión de Carlos E. Rivero y, en consecuencia, dispuso el levantamiento del embargo trabado sobre un bien inmueble, propiedad de Carlos Rivero.

Apelada tal resolución por quien resultó accionado en el incidente de tercería, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario revocó el pronunciamiento recurrido.

Contra este último fallo deduce el representante legal de la Administración de la Sucesión de Carlos E. Rivero recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por resultar lesivo de los derechos y garantías de raigambre constitucional que enuncia.

En el memorial recursivo, sostiene que lo resuelto por el Tribunal a quo le apareja un gravamen irreparable, en cuanto afecta su derecho de propiedad al mantener la traba del embargo sobre un inmueble de su pertenencia.

Afirma que su parte reviste la calidad de "tercero en el pleito", desde que no fue demandada ni condenada en el juicio principal, por lo que la Sala al decidir rechazar el incidente de tercería planteado incurre en incongruencia y contradice constancias de autos, vulnerando de tal suerte su derecho de defensa en juicio.

Sostiene que la Cámara incurre en autocontradicción en las sentencias obrantes a fojas 140/141 y 169/171, por cuanto en una de ellas lo eximió de responsabilidad patrimonial, considerándolo un tercero ajeno al juicio y en el fallo ahora recurrido, por el contrario, le atribuye responsabilidad civil.

En definitiva, afirma que el pronunciamiento impugnado lesiona su derecho de propiedad, por cuanto dispone llevar adelante la ejecución de un inmueble de su propiedad por una deuda que no le pertenece.

La Sala a quo, mediante auto nro. 138 denegó la concesión del remedio intentado por falta de oportuno planteo de la cuestión constitucional, insuficiencia del escrito recursivo (artículos 1 in fine y 3 de la ley 7055) y por entender que las tachas de arbitrariedad endilgadas al pronunciamiento no se encuentran configuradas en el sub examine. Ello motivó la presentación directa del compareciente ante esta sede.

2. En el caso, resulta necesario formular algunas precisiones en torno a los recaudos de oportuno planteo de la cuestión constitucional y autosuficiencia del memorial impugnatorio objetados por la Alzada en el auto denegatorio.

Ante todo debe señalarse que las hipótesis de arbitrariedad invocadas - autocontradicción con fallos anteriores y con las constancias de autos- refieren a vicios originados en el fallo de la Sala, presentándose como supuestos de arbitrariedad sorpresiva, por lo que no correspondería exigir su planteo con anterioridad (cfr. Fallos 291:202; 304:755; 308:1699, A. y S. T. 82, pág. 465; A. y S. T. 100, pág. 497, entre otros).

Ello así, ya que no obstante que la temática en torno a la cual gira (si el tercerista había sido o no parte en el juicio principal) había sido objeto de consideración y resolución por parte del juez de primera instancia, no había constituido materia de agravios en la Alzada (los que se habían enderezado hacia la titularidad del bien embargado -vid fs. 23 y 25-), por lo que el tratamiento de aquélla cuestión por parte del Tribunal -en principio- no constituía una contingencia previsible que obligase al interesado a anticiparse a ella con anterioridad al decisorio cuestionado.

En cuanto a la exigencia de autosuficiencia prevista por el artículo 3 de la ley 7055, cabe señalar que si bien el escrito introductorio no resulta excelso en sus aspectos técnicos, una esmerada lectura del mismo, permite comprende el alcance del agravio que postula el recurrente, su nexo con las normas supuestamente vulneradas y la decisividad de los reproches para la solución de la litis: esto es, la invocación de que su derecho de defensa y a la jurisdicción se ven afectados ya que, sin haber tenido intervención en el juicio principal, autocontradictoriamente y apartándose de las constancias de autos y de fallos anteriores, la Sala -interpretando dichos decisorios- entiende que fue condenado en aquéllos, despojándolo -así- de su propiedad al introducir la ejecutabilidad de un inmueble de quien ha sido tercero en un litigio.

Por lo expuesto, no advirtiéndose otros reparos formales, debe señalarse que la postulación del recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia del estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponde.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)