Tenencia ilegítima de armas de uso civil, inscripción registral
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre  Raúl Eduardo s/ portación de arma sin debida autorización - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-16

1- Cuando en el artículo 4, la ley 25.086 se refiere a quien "tuviere" armas de fuego de uso civil, lo hace en un sentido estricto, excluyente de la portación, y sólo referido a la contravención consistente en su tenencia, contemplada en el art. 42 bis de la ley 25.086. En efecto, una característica definitoria de la modificación introducida por la ley 25.086 al régimen relativo a las armas de fuego de uso civil, la constituye la incriminación de la portación no autorizada incorporada al art. 189 bis, 3° párrafo del C.P. como delito, diferenciada de la tenencia, que se tipifica como contravención (art. 42 bis, ley 25.086). Su distinta naturaleza, como así también la correlativa mayor gravedad de la pena dispuesta para la primera (prisión de 6 meses a 3 años), en relación a la segunda (multa de $1.000 a $10.000 o arresto hasta 90 días), evidencian que para el legislador, la portación ha sido considerada de mayor riesgo para el bien jurídico protegido -la seguridad pública- que la simple tenencia. La razón es obvia: la seguridad pública resulta más expuesto ante individuos que deambulan llevando armas consigo, que ante quienes sólo las mantienen en su poder, en su domicilio.

2- Además, un recorrido por el articulado legal del decreto 395/75, reglamentario de la Ley de Armas (20.429), permite apreciar que la diferenciación es deliberada. Así, el legislador ha sido más laxo en los requerimientos para permitir la tenencia de estas armas (mayoría de edad, realización del trámite para la autorización - arts. 96, 97, 98), pero se ha mantenido estricto a la hora de habilitar su portación (se exige comprobar los antecedentes personales del solicitante, y certificar la existencia de las excepcionales razones justificativas de la autorización) (art. 112). Y tal razonamiento se confirma si se recala en el segundo párrafo del artículo 30 de la ley 20.429, que también distingue la autorización para la tenencia, de la autorización para la portación de esta clase de armas.

3- No debe confundirse la venia temporaria conferida por el art. 4 de la Ley 25.086 a quien tiene un arma de fuego de uso civil, con la obligatoriedad de la denuncia de la tenencia de dicha clase de armas, dispuesta por el art. 34 de la ley 20.429. Así, la última norma citada no permite "blanqueo" alguno de armas en situación irregular, sino que por el contrario, fija un escueto término de diez días, desde su adquisición, para denunciarlas. En cambio, la dispensa incorporada por la ley habilita ahora a quien ha dejado caducar tan corto plazo, a presentarse dentro de los 180 días de vigencia de la norma, ante la autoridad de fiscalización -el RENAR- y obtener la certificación pertinente. Y, de la lectura de los trabajos preparatorios y discusión parlamentaria relativa a la ley 25.086, se desprende que la confesada finalidad de la dispensa legal del artículo 4 es únicamente la de "blanquear" las armas existentes en el país, ante la importante cifra de éstas que se encuentran en la ilicitud, y la mayor conveniencia del Estado de suspender por un corto período su actuación represiva, en pos de una tarea preventiva. Así concebida la venia temporaria, sí resulta compatible con ella la provisoria impunidad de la tenencia de armas de uso civil, mas no necesita para su viabilidad de similar habilitación para su portación. Es que no es imprescindible para el blanqueo pretendido por el Estado, permitir que quienes tienen armas no autorizadas, además las lleven consigo. Tal inteligencia en nada coadyuva a los requerimientos prácticos del funcionamiento de la dispensa legal, y lo que es peor, enerva los fines de la misma norma (ley 25.086) que se ha preocupado particularmente de elevar la portación de armas de fuego de uso civi l a la categoría de delito.