Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, bancos oficiales, inhabilidad de título, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, carta orgánica de bancos, igualdad ante la ley, juicio ejecutivo, instrumentos privados, títulos ejecutivos, prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Social de Córdoba c/ Nilda Elena Carestia y Otro s/ Ejecutivo (Apelación) - Recurso de Casación e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-28

1- La condición de sentencia definitiva exigida por el art. 392 del C.P.C. debe ser soslayada cuando concurren determinadas circunstancias que justifican el acceso al recurso de inconstitucionalidad. La causal de gravedad institucional se configura por involucrar cuestiones que exceden intereses particulares o privados para tocar otros de naturaleza institucional, social y comunitaria. Ello así, por cuanto se ponen en juego -a través de la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos anexos- las facultades reconocidas por el ordenamiento normativo específico a la banca oficial para lograr el eficaz y célere cobro de sus créditos, lo que implica sin más un cuestionamiento a un sistema financiero con indudable trascendencia social y comunitaria.

2- El planteo de inconstitucionalidad puede válidamente canalizarse por la excepción de inhabilidad de título, ya que es indudable que un título ejecutivo conformado en violación a normas constitucionales es inidóneo a los fines de la ejecución.

Aún cuando el sistema procesal vigente (art. 547 del C.P.C.) no enuncia la excepción de inconstitucionalidad dentro de las taxativamente previstas, resulta acertado que, tanto por el deber que incumbe a los jueces de aplicar las normas de jerarquía superior (art. 31 Const. Nac.) cuanto porque un título que contradiga la Constitución no puede resultar hábil para exigir su cobro, se admita el planteo y análisis de la constitucionalidad de una norma.

Sólo cabe exigir como recaudo la preservación del derecho de defensa del actor en el juicio ejecutivo, por lo que si la cuestión constitucional reviste cierta complejidad pudiendo generar una discusión que exceda el estrecho margen de debate y prueba que brinda este tipo de proceso, corresponde remitir su tratamiento a juicio ordinario posterior.

3- Como principio general puede decirse que el Código Civil establece en materia de instrumentos el requisito de la firma y el doble ejemplar como condición de eficacia (validez) a fin de poder atribuir al otorgante la declaración de voluntad contenida en el documento. El procedimiento judicial que permita tener por auténtica la firma del supuesto suscriptor y por ende, por cumplido el recaudo recién señalado, es materia de las normas adjetivas.

No ve verifica entonces la alteración de orden constitucional cuando la norma provincial sólo establece el sistema de distribución de la carga probatoria, y no el valor o fuerza probatorio asignado al instrumento privado.

4- El documento privado tiene presunción de autenticidad mientras no se lo desconozca. Ello no quiere decir que se le acuerde eficacia probatoria, sino que mientras una situación procesal no coloque al firmante en la obligación de negar la firma, ésta debe considerarse auténtica.

5- La diferencia de tratamiento de la banca oficial está en el caso justificada legal y constitucionalmente (arts. 35, 67, 69 y 110 inc. 25, inc. 22 Const. Pcial.) desde que los objetivos generales de bienestar y desarrollo económico (art. 3 carta orgánica del Banco Provincia de Córdoba) autorizan a dispensar un trato preferente para el cobro de las acreencias. La función social del ex Banco Social se erige como un elemento diferenciador de indudable relevancia jurídica.

6- El otorgamiento al Estado de ciertas ventajas procesales no puede considerarse violatorio de la igualdad ante la ley, al menos mientras no desborde límites de racionalidad que no aparecen conculcados por la mera inversión de la carga probatoria en orden a la autenticidad del título. Tales ventajas tienen sustento en el interés público vinculado a la actividad de los órganos financieros del Estado y la confianza que estos merecen en cuanto entidades oficiales.