Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-06


ACUERDO N° 32/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los seis días del mes de Junio del año dos mil once, se constituye la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los señores Vocales Dres. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN y ANTONIO G. LABATE, y con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "TRONCOSO, Ernesto s/ Lesiones Culposas" (expte. n°278-año 2008) del Registro de la mencionada Sala; estableciéndose a dichos fines que, conforme al sorteo de práctica, los votos debían respetar el siguiente orden: Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán y Antonio G. Labate.

ANTECEDENTES: Que por Resolución Interlocutoria N° 588/2008, del 1 de setiembre de 2008, el Juzgado Correccional de la II° Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la Ciudad de Cutral Có resolvió, en lo que aquí interesa: "(...)I. NO HACER LUGAR a la tramitación del pedido de suspensión del juicio a prueba incoado por la Defensa del incuso ERNESTO TRONCOSO, por improcedente (...)" (fs. 128).

En contra de tal resolución, dedujo recurso de casación la Sra. Defensora Oficial Penal, Dra. Marisa Mauti (fs. 130/131), a favor de su defendido Ernesto Troncoso, el que fue declarado admisible por Resolución Interlocutoria N° 69/2010 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 143/144).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 150 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: I.- Contra el pronunciamiento dictado por el Juzgado Correccional de la II° Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có, bajo el cual se dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del prevenido Troncoso, aquélla, representada por la Dra. Marisa Mauti, interpuso recurso de casación, en el que denuncia la errónea interpretación de la ley sustantiva (art. 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal, en función del art. 415, inc. 1, del C.P.P. y C.), por cuanto se desechó la petición de probation por esa parte formulada, en esta causa seguida por el delito de lesiones culposas, con fundamento en el antecedente condenatorio que registra el imputado, el cual le impediría la aplicación de una condena de ejecución condicional.

A su juicio, no se aplicó la denominada tesis amplia, seguida por el máximo tribunal nacional, por la cual, sostiene, la norma en cuestión prevé dos hipótesis: una, en la que "el presupuesto objetivo de procedencia es la escala penal máxima del delito que se investiga, la que no puede exceder de 3 años y ninguna otra" (fs. 130 vta.). La segunda, a su criterio, es la prevista en el cuarto párrafo del art. 76 bis, en la que "sí adquiere relevancia la situación personal del peticionante en orden a la posibilidad que tenga de obtener condena de ejecución condicional" (fs. 130 vta.).

Agrega que una interpretación contraria a la pretendida, contraviene el principio de "máxima taxatividad interpretativa", inserto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual las dudas interpretativas se resuelven en la forma mas limitativa de la criminalización, como así también, por otro lado, la posibilidad de ofrecer una reparación a la víctima.

II.- En materia de suspensión del proceso a prueba, este Cuerpo -con diversa integración- a partir del precedente "Granda" (Acuerdo N° 29, del 16/10/2008), y posteriormente esta Sala en numerosas ocasiones ("Linares", Acuerdo N° 1/2010; "Potenzoni", Acuerdo N° 32/2010; "De Loredo", Acuerdo N° 39/2010; "Cuevas", Acuerdo N° 31, entre otros), ha venido sosteniendo que a partir del precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 331:858), se ha sostenido que "para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312; 1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal".

Esta resulta una interpretación constitucional de la norma que tanto este Tribunal Superior, como sus inferiores, no pueden desoír, ya que si bien las sentencias de la Corte Suprema sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y no resultan obligatorias para los casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094; 311:1644; 312:2007, entre otros).

En consecuencia de ello, en los autos "De Loredo" (Acuerdo N° 39, del 06/10/2010), "Rivas" (Acuerdo N° 43, del 25/10/2010) y "Cuevas" (Acuerdo N° 31, del 6/6/2011), en base a los parámetros arriba expuestos, me pronuncié de modo contrario a la exégesis estrictamente literal de la norma, haciéndose prevalecer los dos principios constitucionales que fueron expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Acosta" -ya referido- y "Norverto" (Expte. N. 326. XLI, de fecha 23/04/2008), como son el de "mínima intervención penal" y el "pro hómine".

Esto es así, pues conforme lo ha sostenido la propia Corte Suprema, "la interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción, a cuyo efecto una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual aquélla forma parte, es la consideración de sus consecuencias" (Fallos: 303:917; 310:464, considerando 9°; 320:607, considerando 11°, y sus citas).

Este criterio interpretativo, seguido por este Tribunal desde los fallos que se han mencionado en párrafos anteriores, es el que debe aplicarse a la hipótesis que aquí tratamos, por lo que debe concluirse que para la procedencia de la probation (art. 76 bis, C.P.), siempre se exige un pronóstico punitivo de una hipotética condena de ejecución condicional (art. 26, C.P.), con independencia de la escala penal conminada en abstracto para el delito de que se trate. Ello, en virtud de que es el resultado racional de una hermenéutica armónica del cuerpo legal, que se impone por sobre una interpretación aislada de la normativa del instituto de trato.

Es que, tal como lo sostuve en oportunidad de pronunciarme en los antecedentes "Rivas" y "Cuevas" -ya citados-, debe acudirse a una interpretación orgánico-sistémica de la normativa, pues así lo impone el Máximo Tribunal Nacional en el fallo "Acosta" (Fallos: 331:858). En efecto, de la celebérrima sentencia de la Corte, surge que "...La primera fuente de exégesis de la ley es su letra [...] Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal...".

Este criterio que sostengo, encuentra su razón en la expresa referencia a la procedibilidad de la condenación condicional del artículo 26 del Código Penal, que formula el cuarto párrafo del art. 76 bis del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deben armonizarse ambos institutos -suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis y ss.) y condenación condicional (art. 26 y ss.)-, los cuales representan manifestaciones del principio constitucional de "mínima suficiencia" (art. Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a su misma jerarquía, que receptan en sus normas algunas manifestaciones del mentado principio), del cual se deriva el de "máxima taxatividad interpretativa" al que alude la defensa, el que, conforme lo enseña prestigiosa doctrina, impone que las dudas interpretativas respecto del alcance semántico de las palabras legales, deben ser resueltas en la forma más limitativa de la criminalización (Zaffaroni, Eugenio Raúl - Alagia, Alejandro - Slokar, Alejandro, "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, pág. 119).

La interpretación que propugno para el caso planteado, es la que considero resulta armónica, racional y congruente con el resto del cuerpo legal, ya que posibilita que sus distintas disposiciones no queden en pugna ni deriven en consecuencias ilógicas, y además, que se cumplan las finalidades de los institutos en juego, principalmente de la probation; esta es la hermenéutica orgánica-sistémica. Por el contrario, la tesitura interpretativa que postula la defensa, en nada se compadece con el principio invocado por esa parte, toda vez que conllevaría a una consecuencia ilógica, absurda o ridícula, ya que impediría la punición en los delitos que podríamos denominar como menores, y ningún límite en dichos casos para la aplicación de la suspensión del juicio a prueba. Esta no es una interpretación legal restrictiva, sino una aplicación deformada de lo que en puridad la "máxima taxatividad interpretativa" implica.

No se me escapa la alusión a la pena de reclusión que efectúa el primer párrafo del art. 76 bis del Código Penal, lo que ha sido motivo para que un importante sector de la doctrina pregone por la aplicación de la probation incluso para casos en que el imputado cuenta con un antecedente condenatorio computable, que torna inevitable que la eventual condena a imponer sea de cumplimiento efectivo, ya que la condenación condicional no es procedente ante la condena a pena de reclusión (Vitale, Gustavo L., "Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. Del Puerto, pág. 57; Almeyra, Miguel Angel, "Probation ¿sólo para los delitos de bagatela?", La ley, 1995, B, pág. 605); pero lo cierto es que dicha referencia a la pena de reclusión no resulta incompatible con la posterior remisión que la ley penal efectúa a los requisitos de la condena de ejecución condicional.

Esto se justifica, si observamos que, como lo señala prestigiosa doctrina, la pena de reclusión se establece siempre como alternativa a la pena de prisión, pero nunca la reclusión sola y sí la prisión (De La Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino. Parte General", Ed. Depalma, pág. 135). Ello posibilita al juzgador, en el caso concreto, que pueda optar por la aplicación de una o la otra, pudiendo otorgar el beneficio de la condena condicional cuando imponga la de prisión y, claro está, se encuentren reunidas las demás exigencias del art. 26 de la ley penal.

Finalmente, no quiero dejar de resaltar que la fundamentación del dictamen fiscal resulta, al menos, desacertada, cuando a fin de prestar su aquiescencia a la suspensión del proceso a prueba, menciona como recurso de autoridad las Resoluciones N° 24/2000 y 86/2004 de la Procuración General de la Nación. Es que los resolutorios aludidos, si bien se refieren a la adopción de una tesis amplia en la interpretación de la normativa que regula la probation, por parte del Ministerio Público Fiscal, el alcance que se da a tal interpretación coincide con la que aquí expuse, toda vez que no posibilita la concesión de la suspensión del juicio a prueba en los casos en que el imputado cuente con pronunciamientos condenatorios anteriores. En efecto, en la última resolución citada -que pone nuevamente en vigencia a la N° 24/2000-, el Dr. Esteban Righi señala que "(...) la denominada 'tesis amplia' no sólo se ha mostrado como una respuesta racional frente al grave congestionamiento que viven casi todos los órganos jurisdiccionales en donde se celebran juicios orales, sino que además evita la estigmatización del delincuente primario no reiterante (...)" -lo resaltado, en negrita, me pertenece-.

Ello, sumado a la interpretación que considero adecuada para el caso planteado, torna inoperante el dictamen fiscal, el que, de esta manera, carece de fuerza vinculante. Esta conclusión es a la que se debe arribar siguiendo la doctrina judicial que sobre este tópico ha sostenido recientemente esta Sala en el precedente "Cuevas" -ya citado-.

Bajo estos parámetros, es que la resolución del a-quo se presenta como correcta, toda vez que el prevenido Troncoso registra antecedentes condenatorios computables, conforme se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, obrante de fs. 121 a 124, incumpliéndose de esta forma un requisito de admisibilidad que debe ponderarse de modo conjunto con la escala penal, cual es el de la eventualidad de que, en caso de condena, su ejecución pueda quedar en suspenso.

En consecuencia de todo lo expuesto, es que cabe afirmar que el instituto de la suspensión del juicio a prueba, tal como se encuentra regulado en nuestra ley sustantiva, entre otros requisitos, requiere los concernientes a la condena de ejecución condicional, que exige una primera condena a pena de prisión no mayor a tres años (art. art. 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal, en función del art. 26 del mismo cuerpo legal).

Creo así haber fundado las razones por las cuales, en mi consideración, la casación deducida debe ser declarada improcedente. Mi voto.

El Dr. Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, el tratamiento de la presente deviene abstracto. Mi voto.

El Dr. Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Corresponde imponer las costas en esta instancia al recurrente perdidoso (Arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- RECHAZAR el Recurso de Casación deducido por la Sra. Defensora Oficial Penal de la II° Circunscripción Judicial, Dra. Marisa Mauti, a favor de su defendido Ernesto Troncoso. II.- Con costas (Arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.). III.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

ANTONIO G. LABATE - GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario