marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, acusación, hecho diverso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FLORES, ALBERTO ROQUE s/ SENTENCIA - HECHO DIVERSO - ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-12-17

Fijar los hechos en virtud de lo referido por el imputado, aunque presente total coherencia y se corrobore en el resto de la prueba, no satisface la exigencia legal (C.P.P., art. 412, inc. 3ro.) porque ésta propende a que mediante "la determinación precisa y circunstanciada del hecho" efectuada en su narración sentencial puede comprobarse sin dificultad si existe concordancia entre el hecho imputado(acusación ) y el hecho comprobado (sentencia) o si esa correlación no existe, a los fines previstos por el art. 414 C.P P.

Ese procedimiento no sólo se aparta ostensiblemente de la voluntad de la ley, en cuanto a la forma de efectuar la determinación del hecho comprobado, sino que, como no podía ser de otro modo, salvo casos muy excepcionales, sienta una patente incongruencia entre la acusación y la sentencia, pues ambas difieren en cuanto al hecho en circunstancias objetivas y subjetivas de valor decisivo para la correcta calificación legal de la conducta del imputado.-
Fundamentación de sentencias, estafa, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Donaley, Rosana Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-30

Está debidamente fundada la condena por el delito previsto en el art. 172 CP si la imputada hizo reservas, imprimió vouchers, y otros papeles de dudosa vigencia, propios del escenario creado para defraudar tratando de simular una realidad inexistente con el solo propósito de quedarse con el dinero de los damnificados, papeles inválidos para concretar los viajes que estos habían querido realizar, ya que no pagó vuelos, ni hoteles, ni seguros. Dres. Catucci, Riggi y Borinsky.
LEY DE CONCURSOS, regulación de honorarios, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AFIP s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

El síndico tiene derecho a regulación de honorarios cuando media condena al acreedor y que si los gastos causídicos quedan a cargo del concurso no procede calcular retribución alguna, afirmándose que la denegatoria no se contrapone al sistema organizado por la ley concursal, en los cuales priman los principios de concurrencia y proporcionalidad.
Menor procesado, condiciones de detención
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., J. c/ INSTITUTO PARA LA RECUPERACION DEL ADOLESCENTE DE ROSARIO (IRAR) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) ADOLESCENTE DE ROSARIO (IRAR) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

La situación del Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario no sólo ha motivado la presentación de esta acción sino también de otras, lo que evidencia la existencia de un problema estructural grave vinculado con la delicada situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal que deben ser privados de su libertad y la necesidad de garantizarles condiciones dignas de alojamiento; y en ese cometido, si bien las cuestiones que se susciten pueden ser parcial y puntualmente paliadas mediante acciones de habeas corpus, merecen otro tipo de respuestas en el orden institucional;

motivo por el cual se estima procedente que esta Corte encomiende a su Secretaría de Gobierno que convoque a una instancia instancia de diálogo con participación de todos los interesados para buscar no sólo la solución de la coyuntura actual, sino también para que en el futuro se ocupe de controlar el cumplimiento de los estándares fijados con propósito de lograr el mejoramiento de las condiciones de detención de los jóvenes alojados en el establecimiento mencionado. (Del voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres.

Gastaldi y Falistocco).
Pesificación, depósito judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Armella,  María  Isabel  P/S  y  en  representación  de sus hijosmenores  Emilio Antonio y Claudia Elizabeth Salas y otros c/ SADEy otros s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-07

Debido a la crisis desatada a partir de diciembre de 2001, y una de sus consecuencias la pesificación, la ley 25.561 ha buscado distribuir la crisis de modo desigual: los pequeños deudores de bancos no enfrentarían una exigencia mayor que la convenida; los bancos serían compensados por esta pérdida; los ahorristas en pesos deberían atenerse al valor de la moneda nacional; los ahorristas en dólares verían entorpecido su cobro en medida "compatible con la devolución de la solvencia del sistema financiero" (nada se dijo de la quita) y el resto de los ciudadanos debería compartir el daño a asumir, mediante acuerdo de partes o de otra manera. Una vez superado el segmento más grave de la emergencia los bancos han de hacer frente a los contratos por ellos libremente celebrados, por lo menos en el segmento económico que no fuera alcanzado por la decisión adoptada por la Corte Suprema en el caso "Bustos" (fallo del 26/10/04). En este entendimiento carecen de validez constitucional el art. 2  del decreto 214/02 u otras normas concordantes en cuanto -contra la garantía de la propiedad del art. 17 de la Constitución- liberan a los bancos de toda deuda más allá de $ 1,40 por cada dólar depositado. (Del voto del Dr. Guibourg). Boletín 252. Toq. 1183.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. de P., E. c/ P., G. Divorcio s/ Inc. de ejec. de alimentos. Recurso de queja Spinelli de Sibay, Marta c/ Klejnak, Matilde s/ Ejec. de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|2001-11-21

En el caso, la decisión de la Cámara que desestima el incidente de nulidad planteado por el tercero presentado en juicio -adquirente por boleto del inmueble cuya subasta ha sido decretada en autos- no reviste el carácter de definitiva desde que nada le impide a aquél ejercer sus derechos por la vía que corresponda (arts. 97 y 104 del Cód. Proc. Civil y Comercial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. c/ Juretic, Vladimiro y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Percibir sumas de una obligación vencida conforme los términos pactados en ella resulta incompatible con el ulterior requerimiento de que se actualice el saldo por depreciación monetaria porque revela un proceder no identificable con la buena fe, lo justo o lo equitativo y de todo punto de vista ajeno a un principio de solidaridad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Elecciones, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EXPTE. N° 99.439 FRENTE CÍVICO Y FEDERAL UCR-CONFE EN J° 607 NAMAN MARÍA ALEJANDRA S/ FORMULA DE RESERVA S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-20

Las atribuciones funcionales de este Superior Tribunal han sido definidas, por su rol político de ser intérprete de la Constitución y del sistema normativo que es su consecuencia, ello así, los arts. 56, 87 y 159 de la Constitución Provincial deben ser interpretados desde la nueva óptica de las garantías fundamentales, correspondiéndole al Poder Judicial la competencia para decidir el alcance de las normas constitucionales, sin que ello implique ingresar en el tratamiento de cuestiones políticas.

Además la doctrina constitucional ha venido sosteniendo en relación al art. 64 C.N., que, si bien se dice que la Cámara es juez de las elecciones, derechos, y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, pero no dice que sea juez exclusivo.

Esta acotación debe tenerse en cuenta al momento de analizar si es una facultad que admite o no control judicial, teniendo en cuenta que: a) el ser juez se limita al privilegio de examinar la validez de "título-derecho-elección", y nada más; b) pero juzgar el acto electoral "in totum" no significa que las Cámaras juzguen los aspectos contenciosos del proceso electoral; todo ello es competencia extraparlamentaria y propia de otros órganos; c) aún en lo que hace al juicio sobre la validez de "título-derecho-elección" de los legisladores por cada cámara, después de aceptar el diploma de un electo, desconociera su validez y revocara la incorporación del miembro o si obrar con arbitrariedad manifiesta.

Ello así, por cuanto las llamadas competencias privativas de los órganos legislativos, surgen en la época en que se trataba de impedir que el poder del monarca desbaratara las libertades públicas que sólo el Parlamento estaba en condiciones de resguardar, nuestro sistema actual está muy lejos de requerir el resguardo absoluto de las garantías parlamentarias, ya que se ha establecido con firmeza el principio de la división de poderes y su colorario, tiene como deber fundamental el salvaguardar las garantías constitucionales que benefician a todos los ciudadanos y principios generales del sistema republicano. (Voto Preopinante Dra. Graciela Mastrascusa)
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rebesco, Luis Mario c/ Policía    Federal   Argentina  (Estado  nacional  -  Ministerio  del Interior) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Para reconocer legítimamente un perjuicio sufrido no es necesario indagar en la existencia de pactos subjetivos de atribución de responsabilidad sino que debe estarse a aquél, de naturaleza objetiva, que encuentra fundamento en la garantía irrenunciable para el Estado de amparar elementales derechos de sus integrantes.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, per saltum, concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2022-11-29

El pedido de avocación formulado en autos debe ser rechazado, desde que que la presentación propuesta, más allá del nomen iuris utilizado, no constituye un supuesto de avocación en los términos del artículo 2 de la ley 11330, ni tampoco del artículo 36 del mismo cuerpo normativo; y a su vez, la petición formulada tampoco configura un per saltum, dado que éste supondría una decisión jurisdiccional de primera instancia -ausente en autos en lo tocante a la propuesta de acuerdo preventivo en cuestión-, sin perjuicio de la ausencia de todo fundamento normativo respecto de este último instituto. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 228, p 216. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículos 2 y 36.
Concurso de delitos, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: " López ,Adrían Félix s/ incidente de competencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-01

"Si en la causa originaria -n° 1705/05- se acreditó suficientemente la existencia de una asociación ilícita que mediante la creación de personas jurídicas de existencia meramente formal desplegaba maniobras delictivas indeterminadas y dirigidas a defraudar al Fisco Nacional, la falsificación de la documentación de dichas sociedades espurias no puede considerarse un hecho distinto e independiente de los ventilados en aquél expediente, ya que resulta evidente que el único objetivo de ese accionar fue el de simular el normal funcionamiento de las empresas ficticias para lograr la consecución de tales fines". "Así lo ha entendido también la Cámara Nacional de Casación Penal al dirimir un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Penal Tributario n° 1 y el Juzgado Federal n° 2 a raíz de la declaración de incompetencia dictada por la ya mencionada Sala "B" de la Cámara en lo Penal Económico para intervenir en la investigación de la presunta infracción al artículo 293 del Código Penal en que habría incurrido la Escribana Silvina Calot al certificar que se habría constituido en un domicilio inexistente de la empresa "Caliban S.A.". "Allí se afirmó que "la relación que existe entre el delito principal sobre el que se giraron las conductas presuntamente delictivas y el ilícito aquí investigado es manifiesta, esto es, existe una correlación innegable entre delito de medio -falsedad ideológica- y delito fin que diera origen a las presentes actuaciones -asociación ilícita-. En consecuencia, si se pretendiera mantener a esta altura de las investigaciones procesos separados y paralelos en distintas sedes judiciales, se conspiraría contra una ágil y eficaz administración de justicia, afectando seriamente el derecho de defensa de las partes" (del dictamen del Sr. Fiscal General ante la CNCP, al que se remitió la Sala II de ese Tribunal, causa n° 8.642 "Calot", reg. n° 10.745 del 18/10/07. Ver en igual sentido, causa n° 10.935 "G y L Group", reg. n° 620/09 del 20/05/09)" (Del voto de los Dres.

Cattani e Irurzun, al que adhirió el Dr. Farah).
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Muñoz, Francisco Omar c/ Leis, Emir Alberto y otras s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La notificación de la demanda suple eficazmente la intimación que requiere el art. 5 de la ley 23091, pudiendo el accionado evitar la resolución del contrato si abona la deuda en el plazo legal de diez días desde la fecha de la notificación.
Sentencia, actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MENDOZA c/ ANDRAOS RIYAD Y OT. s/ Ejecución Prendaria (LIBRO: A070 - 288)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-02

No altera el principio de la cosa juzgada la modificación del régimen de intereses fijados por la sentencia, si con posterioridad a ella se ha solicitado desvalorización monetaria, ya que ambos aspectos son "determinativos", y no "constitutivos" de la Resolución judicial.-
Asignación por maternidad, madre no gestante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: B. V. J. c/ Anses  s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

Cabe conceder la asignación por maternidad contemplada en los artículos 177 de la Ley 20.744, y 11 de la Ley 24.714 a la madre no gestante, dado que esta es madre a todos los efectos jurídicos plenos, y la ley debe brindarle los mismos derechos y exigirle las mismas obligaciones que a la progenitora gestante, dado que deben primar la protección de la salud de la niña, su desarrollo físico y emocional y, por sobre todas las cosas, se debe brindar la garantía de seguridad económica familiar.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS Eduardo Jaime s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-25

Para que la posesión sea útil a los fines de usucapir, se debe probar cómo y cuándo se la tomó; que de acuerdo con lo requerido por el art. 4015, Cód. Civ., debe ser continua y además con ánimo de tener la cosa para sí; esto es la esencia de la posesión, tener la cosa con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.

El usucapiente debe acreditar fehacientemente los extremos de la acción, y, entre ellos, cuándo comenzó a poseer para sí, a fin de poder tener por cumplido el plazo legal. La prueba del inicio de la posesión es el único medio hábil para satisfacer la exigencia temporal contenida en el art. 4015, Cód. Civ.
Acción de amparo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BALMACEDA MARIA DEL ROSARIO M. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

La vía administrativa no tiene por único objeto otorgar al Estado la posibilidad de rectificar su actitud, sino que también se apoya en evidentes razones de economía y practicidad para resolver el problema en el mismo ente que lo originó, sin necesidad de plantear demandas en un poder distinto como es el judicial. Constituye pues una vía previa que debe agotarse antes de iniciar el amparo, pues lo contrario importaría sustraer la cuestión a las autoridades que entienden o que deben entender en el asunto (conf. Sagues, "La Ley de amparo", p.146 y siguientes).

En todo caso, esta vía quedaría abierta si deducida la vía administrativa, la autoridad pública demorara su decisión por causas no imputables al recurrente y siempre que la dilación ocasione un daño irreparable (conf. Bidart Campos, " Régimen legal y jurisprudencial del amparo ", p. 175; Lazzarini, " El juicio de amparo ", p. 150).

Si con el sobreseimiento provisional logrado en sede penal se demuestra la falta de fundamentos en la clausura de un local, no se advierte la razón por la cual se evita la vía administrativa para obtener su levantamiento que, en definitiva, es la más adecuada para lograr el objeto pretendido.
Competencia por el territorio, venta por Internet, defraudación, competencia provincial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Piccadaci, José Guillermo c/  s/ Estafa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

Corresponde que la justicia santacruceña investigue la denuncia en orden a la venta de pasajes a través de una red social y mediante el ingreso ilegítimo a los ordenadores de una empresa desde una dirección de IP extranjera toda vez que, según el modo en que se habrían llevado las maniobras, el único elemento cierto hasta el momento es que el dinero obtenido fraudulentamente fue depositado en una cuenta de esa jurisdicción donde además, se domicilia su titular y se realizaron dos de las extracciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Principio de congruencia, estafa, prueba, honorarios, pagaré
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Federico Ignacio y otra s/ estafa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Se ha vulnerado el principio de congruencia en la sentencia recurrida, si se atiende a la descripción fáctica contenida en las respectivas acusaciones pública y privada, y el suceso que tuvo por probado el juez de mérito. Al momento de describir el suceso que tuvo por reconstruido, el sentenciante no se ciñó, como debió hacer, a que el comportamiento del imputado se relacionó con la entrega a su consorte de causa de un pagaré firmado por la querellante con la fecha y el beneficiario en blanco por un monto de determinado dado en garantía del cobro de sus honorarios profesionales, parte de los cuales él ya habría percibido, sino que, además, le atribuyó haber intervenido, como coautor, en la maniobra de adulteración del documento y en definitiva, en la presentación judicial para concretar su cobro de ambos pagarés, conducta ésta que había sido atribuida por los acusadores, con exclusividad, a la coimputada. De ese modo, el tribunal de grado amplió indebidamente el suceso histórico atribuido al imputado, al asignarle intervención en hechos por los cuales, más allá de su forma de concurrencia con el que efectivamente le había sido endilgado por los acusadores, no había sido intimado en modo alguno. Ello no fue materia de fundamentación alguna por parte del juez interviniente, lo cual era exigible, naturalmente, con arreglo a los arts. 123 y 404, inc. 2, CPPN y respecto de lo cual, no hubo oportunidad alguna de defenderse al respecto (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)
Medidas cautelares, medida de no innovar, Impuesto de sellos, impuestos provinciales, Salta, privatizaciones, gas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportadora  de  Gas  del Norte S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa -incidente s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

Corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar a fin de que la Provincia de Salta se abstenga de realizar actos tendientes al cobro del impuesto de sellos, ya que en el documento que integró el proceso de privatización de Gas del Estado la verosimilitud del derecho se encuentra suficientemente acreditada, pero no respecto de los contratos por correspondencia con fecha posterior a la privatización.
Recurso de revisión (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BARITU MED S.R.L. c/ CAPI S.A.  y/o  CENTRO DE ATENCIÓN PEDIATRICA INTEG. S.A. s/ INCIDENTE DE REVISIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-10-26

Es condición de la admisión del recurso de revisión que el mismo haya sido interpuesto en término. La petición para revisar la sentencia que lo declara admisible o inadmisible debe ser formulada dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución, momento a partir del cual adquiere la calidad de cosa juzgada.
Competencia contencioso administrativa, dominio público, concesión de uso, valor locativo, falta de pago, Ferrocarriles Argentinos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: E.F.A. c/ PITTSBURG S.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Resulta competente el fuero Cont. Adm. Fed. (y no la Justicia en lo Civil y Com. Fed.) para entender en la demanda iniciada por Ferrocarriles Argentinos contra una S.A. por la falta de pago del canon establecido en el contrato de concesión de uso de un espacio en playa como accesorio al transporte (confr. art. 45, inc. a) de la ley 13.998 y C.S.J.N. in re E.F.A. c/ Inforex S.A. , del 28 de junio de 1984).
Empleados públicos, remuneración, actualización monetaria, diferencias salariales, Administración Pública, resoluciones, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta, Cornelia Teresa y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 185-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-26

Los incrementos en la remuneración acordados por la Administración mediante decretos dictados con posterioridad al decreto 1786/86 -aquí impugnado- podrán ser tomados eventualmente en cuenta a los fines de determinar la cuantía de la pretensión (cobro de las diferencias salariales que surgen entre lo efectivamente percibido y lo que le hubiera correspondido percibir a la actora por aplicación plena -sin congelamiento- del artículo 85 del decreto-acuerdo 2695/83), pero su falta de impugnación no es óbice para el cuestionamiento del decreto de congelamiento, máxime cuando existía un expreso planteo administrativo contra este acto, efectuado, naturalmente, con anterioridad al dictado de los actos que fijaron los incrementos. En consecuencia, este aspecto formal no es óbice para la admisibilidad del recurso.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Soto, Pedro Héctor; Soto, José Luis s/ Robo agravado por el empleo de armas; etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

No siendo directo el testimonio por el que se conformó el indicio de culpabilidad, es necesario entonces la existencia de dos testigos para tener por plenamente probado el hecho fundante de la presunción.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva, tribunal de alzada, apelación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA LA RAZON EEFIC s/ QUIEBRA S/ INC. ART. 584 CPR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Resulta improcedente declarar la caducidad de la instancia aún cuando, desde que el expediente estuvo en condiciones de remitirse a la alzada hasta el acuse de la perención, haya transcurrido el plazo del C.P.C.C. art.310-2° si, como en el caso, dada la potestad facultativa otorgada por el C.P.C.C. art.244-parr. 2°, en punto a los fundamentos de la apelación de honorarios, no procede basar la aplicación del mentado instituto en la circunstancia de haber omitido correr el traslado ordenado por el tribunal. Ello así, en orden al reiterado criterio de esta sala en relación al carácter restrictivo de interpretación del instituto, este tiene cabida en la hipótesis en la que existe margen de duda en cuanto a la objetiva verificación de actividad procesal.