Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-30


SALTA, 30 de Abril de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "DIAZ, Mirta Graciela; DIAZ, Nilda Rosa; DIAZ, Ana María; DIAZ, Oscar Miguel c/ MARRUPE, Estela Alejandra -COLACIÓN", Expte. Nº 245.318/08 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia 4ª Nominación, CAM 2-359.537/11 de esta Sala Primera, y, CONSIDERANDO I.- Que contra la sentencia que a fs. 105/109 tuvo a la interpuesta en autos como acción de reducción de donación e hizo lugar a la misma, apela a fs. 112 la demandada, recurso concedido a fs. 113 libremente y con efecto suspensivo.

En su memorial de fs. 126/129, la apelante sostiene que lo decidido implica una intención de favorecer a la parte actora al haber aplicado incorrectamente el principio iura novit curia. Señala que ella demandó por colación, lo que se comprueba verificando el objeto y el petitorio de la demanda, como también el trámite que se le otorgara. Aduce que planteó su defensa en base a dicha acción, afirmando que al no ser heredera forzosa del donante no se encuentra obligada a colacionar, y que en tales términos quedó trabada la litis.

Sostiene que el Sr. Juez A quo incurrió en incongruencia pues antes había denegado el pedido de adecuación de la acción formulado por la accionante y que en caso de haberse hecho lugar al mismo se hubiera corrido traslado a su parte, posibilitándole contestar una demanda de reducción. Encuentra incuestionable la facultad del juez de calificar correctamente la acción, mas no al extremo de quebrar el principio de bilateralidad, destacando las diferencias existentes entre ambas acciones (reducción y colación). Afirma que lo resuelto implica una flagrante violación de su derecho de defensa y del principio de contradicción.

Agrega que también el sentenciante incurre en graves desaciertos sobre el fondo del asunto porque no corresponde hacer lugar a la reducción de la donación por inoficiosidad, teniendo en cuenta que aún no se confeccionó el inventario de los bienes en el juicio sucesorio tramitado bajo Expediente Nº 147.142/06 y entonces es imposible saber si la donación afectó o no la legítima de los herederos forzosos, según artículos 1830 y 3602 del Código Civil.

Expresa que la alusión al inventario provisorio de bienes muebles de fs. 142/143 del juicio sucesorio implica un reconocimiento de la existencia de otros bienes, no obstante lo cual se declara la inoficiosidad de la donación del inmueble matrícula Nº 69.371, como si fuera el único bien, no obstante que tal aseveración fue expresamente negada por su parte a fs. 32 vta.; alega que no se brindó prueba al respecto y menciona que existiría también un automóvil en el patrimonio del causante. Entiende que, según el artículo 1831 del Código Civil, la inexistencia de inventario impide determinar si la donación fue o no inoficiosa por lo que la acción de reducción no puede prosperar, asegura.

Finalmente se agravia por la imposición de costas, considerando que al haberse tramitado la acción como de colación por culpa del propio accionante y al haber sido recalificada luego por el Señor Juez, no corresponde que se le haga cargar con las costas; por tal motivo solicita que, en caso de confirmarse el fallo apelado, se revoque el punto II de fs. 109 vta. y sean impuestas por el orden causado.

A fs. 133/136 vta. los accionantes afirman que ante la inexistencia de agravios que trasunten una crítica concreta y razonada del fallo atacado, corresponde el rechazo de la apelación. Consideran suficientemente fundado el decisorio y aducen que no puede la demandada alegar en esta instancia que no sabía si la donación recibida de su abuelo materno podía conculcar el sistema protectorio de la legítima de los herederos forzosos; que no existen otros bienes inmuebles; que en el sucesorio no se practicó inventario por la circunstancia de que dicho bien fue transferido a la demandada por la donación ahora atacada; que la causa petendi fue respetada no obstante modificarse el encuadre de la acción intentada y que la distinción efectuada entre las distintas acciones en nada afecta lo resuelto, dado que el objeto de ambas es el resguardo de la legítima de los herederos forzosos.

A fs. 137 se llaman autos para sentencia, encontrándose la causa a despacho conforme providencia firme de fs. 153.

II.- Que el recurso bajo análisis fue interpuesto dentro del plazo correspondiente, conforme constancias de fs. 111 vta. y 112.

III.- Que es menester destacar en primer término que, para resolver como lo hizo, el Sr. Juez en grado analizó los argumentos de los demandantes y la contestación expuesta por la demandada, como también las características de las acciones de colación y de reducción de herencia, afirmando que no obstante sus diferencias ambas integran el sistema protectorio de la legítima de los herederos forzosos que -remarcó- se inspira en un principio de orden público y tiende a impedir que el causante por medio de donaciones o disposiciones testamentarias trate de ampliar su cuota de libre disposición. En ese marco encontró que, sin perjuicio de la denominación dada a la acción impetrada, ésta persigue la defensa de la legítima al pretender emplazar a la demandada para que sea reducida la donación realizada a su favor.

Así, haciendo aplicación del principio iura novit curia, tuvo por interpuesta una acción de reducción, afirmó la legitimación pasiva de la demandada y, teniendo en cuenta el inventario provisorio de fs. 142/143, declaró inoficiosa la donación del inmueble matrícula Nº 69.371 del Dpto. Capital cuya cédula parcelaria rola a fs. 68 por entender que afecta la legítima de los herederos forzosos, disponiendo su reducción respecto a los actoresw hasta la porción disponible de los bienes del causante, es decir el 20 % del inmueble con más el porcentaje que le corresponde a los herederos que no reclamaron la reducción de la donación, quedando para cada uno de los actores el 13,33% correspondiente a su porción legítima, y ordenando en consecuencia que se formulen en la etapa procesal pertinente las operaciones de partición y adjudicación con arreglo a lo resuelto.

IV.- Que la cuestión se centra en dilucidar si la decisión afecta, como lo alega la apelante, el principio de congruencia y su derecho de defensa al haberle impedido -según dice- ofrecer las defensas adecuadas para resistir la acción de reducción, teniendo en cuenta que la contestación de la demanda fue efectuada frente a una acción de colación.

V.- En relación a la argüida violación del principio de congruencia, cabe señalar que no obstante que el A quo denegó a fs. 40 el pedido de adecuación de demanda formulado por los demandantes a fs. 39 y vta., ello no le impedía ejercitar sus facultades jurisdiccionales en el momento oportuno, como lo hizo al aplicar el iura novit curia cuando examinó la postura de las partes y dictó sentencia.

En efecto, con prescindencia de los fundamentos de las partes, el magistrado puede y debe discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen (CJSalta, Tomos 69:661; 76:721; 146:309); ello así, siempre que no se vea alterada la pretensión o se afecte de algún modo el derecho de defensa de alguna de las partes.

Es de destacar que la jurisprudencia admite que en mérito a dicha facultad se dé tratamiento como "de reducción" a una acción interpusto como "colación" (cfr. CACC Lomas de Zamora, Sala I, 16/05/00, LLBA 2000, 1074, AR/JUR/3183/2000; CNA en lo Civil, sala J, 1379/05, DJ 25/1/06, 176; AR/JUR/5105/2005), exigiendo en algunos casos la acreditación de que el bien era del causante (CNAC, Sala E, 20/5783, LL 1983-D,136; AR/JUR/1382/1983), o verificando si se hizo alguna mención a la reducción por parte de la demandante (cfr. CNAC, Sala E, LL1987-B, 435, AR/JUR/347/1986).

Bajo tales premisas se constata que la pretensión contenida en la demanda bajo análisis radica en defender la legítima de los herederos forzosos accionantes que, según estos alegan, se habría vulnerado con la donación que el causante efectuara del inmueble parcela 11 b, Manzana 92, Sección "G", sito en calle General Güemes 1840 de la Ciudad de Salta - Dpto. Capital, hecha el 9 de Diciembre de 2004 a la demandada, nieta del causante, hija de una hermana de aquéllos.

A pesar de las diferencias existentes entre ambas acciones, teniendo en cuenta los extremos tratados por ambas partes y las constancias tanto de esta causa como del expediente Nº 147.142/06 "Villareal, Vicenta Asunción - Díaz, José Milagro - Sucesorio", no se advierte la alegada violación al derecho de defensa de la demandada.

Nótese que en la demanda se especificó que, al tomar conocimiento de la donación efectuada sobre el único bien inmueble del acervo hereditario -que no se discute que era del causante-, se solicitó en el sucesorio una prohibición de innovar, el 10 de octubre de 2.006, formulándose "expresa reserva de ocurrir por VIA JUDICIAL para requerir LA REDUCCION DE LA MISMA, hasta la porción de la legítima que correspondiere, en razón de revestir el carácter de HEREDEROS FORZOSOS" (fs. 39), fundando incluso el peligro en la demora en el tiempo que insumiría la acción de reducción de la donación (fs. 39 vta.).

En consecuencia, la apreciación que el a quo hizo para decidir la aplicación del iura novit curia resulta congruente con las constancias de la causa y la postura asumida por las partes, sin que se aprecien -ni se hayan alegado- circunstancias o pruebas que la demandada se hubiera visto privada de someter a tratamiento por el sentenciante o que obsten a la reducción. Tampoco se evidencia la violación al derecho de defensa de la demandada. Concretamente, no se advierte en la demanda la ausencia de ninguno de los presupuestos de la acción de reducción, teniendo en cuenta que ésta se ejerce luego de la muerte del causante, por la violación de la legitima por donación a herederos forzosos o a terceros, requiriéndose declaratoria de herederos para poder determinar la legítima individual (Pérez Lasala, José Luis; "Acciones Judiciales en el derecho sucesorio", ed. Depalma-1992, p. 40, 41), la que se dictó a fs. 108 y se amplió a fs. 128 del sucesorio. También se debe ponderar que la acción no prescribió y no existen disposiciones testamentarias que deban examinarse como condición previa al estudio de la donación, atento el carácter subsidiario de la reducción de las donaciones (cfr. autor y ob. cit., p. 41 y 48).

Por lo demás, el hecho de haberse efectuado sólo un inventario provisorio no es óbice para el ejercicio de la acción, a pesar de lo que la literalidad del artículo 1831 del Código Civil pareciera indicar, según lo interpreta la doctrina (Pérez Lasala, ob. cit., p. 49).

En conclusión, deben descartarse los agravios de la apelante dirigidos a controvertir la aplicación en autos de la mentada regla procesal (iura novit curia). VI.- Que, sentado lo expuesto, queda por analizar la crítica expresada sobre los que se consideran desaciertos del sentenciante relativos a la cuestión de fondo.

Como ya se dejó establecido, el inventario definitivo no es indispensable ni para saber si se afectó la legítima ni para interponer la acción de reducción -como lo considera la apelante a fs. 127 vta. y 128-, contándose en este caso con la declaratoria de herederos, con el inventario provisorio efectuado a fs. 142/143 del sucesorio, con la donación hecha en vida cuya inoficiosidad se alega, sin que existan liberalidades a ponderar y sin que ningún heredero hubiera denunciado la existencia de otros bienes ni se haya acercado por el apelante prueba alguna de la supuesta existencia del automotor que menciona en el memorial, lo que da sustento a la afirmación del a quo en cuanto tuvo presente "que la demandada no ha invocado ninguna defensa tendiente a desvirtuar que la donación no resulta inoficiosa" (fs 108 vta.).

En sentido concordante se ha estimado que "si el escrito presentado por el profesional en donde pone en conocimiento del juzgado la presunta existencia de otros bienes no reúne los requisitos mínimos de todo inventario, esto es la descripción de los bienes dejados por el causante con el objeto de individualizarlos y establecer su existencia al momento de su fallecimiento, no tiene incidencia procesal alguna ni gravitación económica dentro del juicio sucesorio que altere objetivamente la situación hasta entonces existente" (CACC, Sala I, Fallos 1986:19).

De tal modo, se concluye que los agravios expresados no logran desvirtuar las afirmaciones del sentenciante, debiéndose por ello confirmar su decisorio.

VII.- Que, finalmente, queda por analizar el agravio relativo a las costas.

Se tiene así que, de conformidad con las circunstancias procesales de la causa ya analizadas, concurre aquí el supuesto que permite al juez disponer el apartamiento del principio sentado por el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial. Por tal razón, se estima admisible el reclamo de la apelante en este sentido y se dispone la revocatoria de la imposición establecida en el punto II de fs. 109 vta., disponiéndose que las costas sean soportadas por el orden causado.

VIII.- Que, en razón de lo considerado, corresponde rechazar el recurso de apelación impetrado por la demandante, salvo en lo que respecta a las costas, disponiendo la modificación de la condena de conformidad a lo expresado en el punto V.

Las costas por la instancia apelativa serán soportadas en un ochenta por ciento (80%) por la apelante y en un veinte por ciento (20%) por la parte actora, teniendo en cuenta el modo en que se resuelve.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLA I.- HACIENDO LUGAR parcialmente al recurso interpuesto a fs. 112 por la demandada, CONFIRMANDO el punto I de la sentencia apelada (fs. 109 vta.), conforme considerandos, y MODIFICANDO la imposición de costas resuelta a en el pto. II, las que serán soportadas por el orden causado en primera instancia.

II.- IMPONIENDO las costas por la Alzada en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la apelante y en un veinte por ciento (20 %) a cargo de la parte actora.

III.- ORDENANDO se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.