Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13


SENT Nº 127	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por parte demandada en autos: "Pedraza Juan José vs. Frigorífico Industrial del Norte S.A. - Fidensa s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 392/395 por la parte demandada, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 25/3/2008 de la Sala Iª de la Excma. Cámara del Trabajo (fs. 381/387). El recurso fue concedido por resolución de fecha 24/8/2011 (fs. 537/538) y del informe actuarial de fs. 547 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada a pagar al actor la suma de $ 18.324,65 por los rubros allí establecidos.

2.- La recurrente denuncia la violación de la preceptiva contenida en el art. 245 de la LCT pues la Cámara "fija arbitrariamente el importe de la base de cálculo de las indemnizaciones reclamadas en la demanda". Expresa que la norma citada manda determinar el resarcimiento en base a la mejor remuneración devengada en el último año de servicio, no obstante lo cual sin explicación alguna se computó indebidamente una remuneración mensual de $ 1.284 con más el ítem por presentismo ($120). Alega que el despido indirecto se concretó el 15/02/2001 y que a esa fecha su parte no estaba obligada a abonar ese salario mensual. Señala que "tan es así que el propio actor en su demandada estableció como base de cálculo un sueldo mensual de $ 400, cifra que es más de tres veces inferior a la arbitrariamente determinada" por el tribunal de grado. Insiste en que debía computarse un salario vigente al momento del distracto y no uno correspondiente a fecha posterior pues lo contrario supone apartarse del texto legal en desmedro del empleador, generando un "enriquecimiento incausado" para el trabajador.

Afirma que "una solución contraria a la letra y al espíritu de la norma de fondo.exige ineludiblemente la expresión de los motivos que justifican el apartamiento del precepto, requisito que tampoco se ha plasmado en la sentencia, lo que la torna infundada, y por tanto, nula". Agrega que aún cuando se admitiese que V.E. tenía razones valederas para tomar como base el salario vigente seis años después del despido, estaba obligado a exponerlas".

Desde otro enfoque, y aún cuando esta razón no ha sido invocada, sostiene que "tampoco resulta atendible argüir que el temperamento adoptado lo es en aras de preservar la intangibilidad e integridad del salario -y por carácter transitivo, el de las indemnizaciones tarifadas- pues para ello existe el expediente perfectamente lícito de adicionar al capital, los intereses devengados desde la fecha del distracto.".

Señala que "tampoco puede replicarse a nuestra impugnación arguyendo que el art. 47 del CPL faculta a los jueces a pronunciarse extra petita, ya que esta norma reconoce como valladar infranqueable, los términos implícitos de la norma sustantiva de la que nace la acción intentada". Cita precedentes que estima de aplicación al caso, señalando que "la expresión ultra petita se refiere exclusivamente a la potestad jurisdiccional de incrementar la cuantía de los rubros demandados en la medida que ese incremento no importe -como ocurre en el sublite- el apartamiento liso y llano de la ley sustantiva (en el caso, de los precisos e inmutables parámetros de cálculo que ella establece), en base a la cual el actor formuló su pretensión resarcitoria inicial y la demandada lo replicó". Expresa que la acción intentada nace de un derecho sustantivo (indemnización por despido incausado) que reconoce como límite legal taxativo, un criterio unívoco para cuantificar ese derecho (la indemnización debe calcularse sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de servicio, entendiéndose por tal el inmediatamente anterior a la fecha del despido), criterio que por ende no puede ser modificado pretextando que la irrazonabilidad del uso del parámtetro de cálculo del art. 245 LCT provoca deterioro del poder adquisitivo del salario".

Se agravia por otra parte, de que el pronunciamiento no contenga una consideración por separado de la cuestión relativa al rubro diferencias salariales. Afirma que "la sentencia no desarrolla argumento alguno en que se funde la procedencia de este rubro, limitándose a su mera enunciación en exactamente dos renglones.". Entiende que este déficit constituye una infracción a la preceptiva del art. 273 inc. 5 del CPCC.

En mérito a las consideraciones reseñadas, pide se admita la procedencia del recurso interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- La Cámara, luego de reseñar los antecedentes de la causa y la prueba aportada al proceso, dejó establecida la fecha de inicio de la relación laboral, la modalidad del vínculo, que el trabajador sufrió reiterados accidentes de trabajo (de fecha 6/9/99, 16/11/99 y 30/10/00), que se constató una incapacidad parcial y permanente, que en la atención de dichos infortunios intervino PROVINCIA ART, que el actor hizo abandono del tratamiento no concurriendo más a los centros asistenciales que lo atendieron por medio de la ART, que ello exime de responsabilidad a la empleadora y a la aseguradora debiendo rechazarse el reclamo indemnizatorio por el rubro accidente de trabajo, que no obstante ello el autodespido del trabajador luce justificado (ante la falta de respuesta de la empleadora a requerimientos concretos del trabajador que importan injuria con entidad y gravedad conforme art. 242 de LCT) y que ello conducía a admitir la procedencia del reclamo indemnizatorio por los rubros allí detallados (indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, aguinaldo proporcional, vacaciones, SAC, etc.). Se admitió asimismo, lo reclamado por diferencias salariales, salario familiar, y fondo de desempleo.

4.- El recurso es admisible desde que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el recurrente se encuentra eximido del requisito del afianzamiento (art. 135 del CPT) y se invoca con fundamentos suficientes, infracción normativa y arbitrariedad de sentencia (arts. 130/132 del CPT).

5.- Vistos los agravios del recurrente, se advierte que el recurso debe prosperar.

Como cuestión preliminar, cabe señalar que a la fecha del despido (15/3/2001) se encontraba vigente el art. 245 de la LCT reformado por ley 24.013 (B.O. 17/12/1991), que en lo pertinente establecía: "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor". De ello se sigue que a fin de determinar la cuantía de la indemnización prevista en dicha norma, debía tomarse como base para el cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año de prestación de servicios (cfr. CSJT, sent. 1047 del 20/12/2010, "Veliz Olga Ester y otros vs. EDET S.A. s/ Cobros").

En el escrito de demanda, el actor reclamó la indemnización prevista en el art. 245 LCT y a los fines de su cuantificación, señaló que "percibía mensualmente por dicha tarea la suma de $ 400" (fs. 13/15). En el responde, la empleadora demandada negó, en lo pertinente, el haber mensual invocado por el accionante (fs. 37). En la etapa probatoria, la actora ofreció prueba de exhibición de documentación y consta que ante la intimación cursada a la empleadora, solo acompañó hojas móviles de registro de remuneraciones, omitiendo exhibir la totalidad de los recibos de pago del trabajador, planillas y demás documentación consignada a fs. 223. Se produjo asimismo, pericia contable (fs. 134/138), no impugnada por las partes, conforme a la cual en la documentación auditada no obra registro que permita constatar que el actor perteneciera a la planta permanente de trabajadores de la accionada, que "no obran recibos de pago ni categoría salarial que podría involucrar al demandante", que no se pudo comprobar su verdadera ubicación dentro de la tabla salarial" y que "el convenio salarial que regula las relaciones de los empleados en general es el convenio 56/75 que según el art. 18, Cap. VIII, garantiza un monto mínimo de 140 horas mensuales vigente desde el 1/9/92 con una remuneración inicial de $ 1,23 por hora trabajada, lo que totalizaría una remuneración mensual del $ 172, 20". En base a esta remuneración y a las demás variables de cálculo (fecha de ingreso y egreso, antigüedad, etc.), el perito procedió a determinar la cuantía de los salarios adeudados y de la indemnización reclamada en autos.

Al dictar sentencia, la Cámara señaló que ante la falta de exhibición de la documentación requerida, correspondía "hacer efectivo el apercibimiento previsto en los arts. 55 de la LCT y 61 del CPL, facultando a tener por ciertas las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que deban constar en tales asientos". Concluyó que la modalidad del vínculo fue por tiempo indeterminado en los términos del art. 90 de la LCT hasta el 15/2/2001, en que el actor decide su autodespido y que éste se consideró justificado "ante la falta de respuesta a requerimientos concretos" del trabajador "importando ello, injuria de la entidad y gravedad prevista en el art. 242 de LCT".

Tal como surge de la planilla que forma parte de la demanda, a efectos del cálculo de la indemnización (conf. art. 245 LCT) se computó la fecha de ingreso, (30/6/95), la fecha de despido (15/2/2001), una antigüedad de 6 años (5 años, 7 meses y 16 días), la categoría "semicalificado CCT 56/75" y un salario "s/CCT 56/75 con escala vigente a agosto/2007" (de $ 1.284) con más adicional por presentismo ($ 120). En base a estas pautas se estimó la cuantía de la indemnización reconocida al actor.

Asiste razón al recurrente cuando alega que la base de cálculo computada a los fines de establecer el quantum indemnizatorio del art. 245 LCT no luce justificada. El tribunal prescinde de la remuneración alegada por el propio actor en su escrito de demanda, ignora las consideraciones que sobre el particular formula el perito contador Prieto en el dictamen antes mencionado y computa un salario de $ 1.284 (con más un adicional por presentismo de $ 120) invocando, sin dar razón alguna, el "CCT 56/75 con escala vigente a agosto/2007".

Esta Corte tiene dicho que "los beneficios emergentes de los convenios colectivos de trabajo, deben aplicarse cuando las circunstancias fácticas estén aprehendidas en la normativa individual aplicable. La remuneración en función de la cual se determinarán eventuales diferencias salariales y sus respectivas indemnizaciones deben calcularse a la luz del convenio colectivo aplicable a la actividad de que se trate al tiempo del desempeño" (CSJT, sent. 986 del 20/11/2000, "Andán de Aranda, Mercedes Ernestina vs. Asociación del Personal U.N.T. s/Cobros"). En el pronunciamiento recurrido no se explican las razones por las que el tribunal de grado aplica la escala vigente a agosto de 2007 del citado CCT 56/75, cuando se imponía tomar "la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor" (conf. art. 245 LCT vigente a la fecha del despido).

La Cámara confeccionó la planilla y dejó establecida la diferencia de haberes y la cuantía de la indemnización reconocida al actor computando el mencionado salario base, sin explicitar los motivos que justificaban entender que el mismo cumplía con las exigencias de la preceptiva legal aplicable (cfr. CSJT, sent. 953 del 28/10/2002, "Quiroga, Hugo René vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F. s/Cobros"), máxime si se tiene en cuenta la remuneración mensual invocada por el actor y la establecida en la pericia contable aplicando el mismo convenio colectivo.

Cabe añadir que el art. 245 de la LCT imparte directivas para fijar la indemnización por despido incausado y que no cabe admitir la posibilidad que por motivos de equidad subjetivamente apreciados, se ignoren las mencionadas pautas legales sustituyendo la base de cálculo legalmente establecida por otra diferente (cfr. arg. CSJT, sent. 80 del 1/10/2004, "Lastra Morán, Miguel Ángel vs. Cía. Tucumana de Fósforos S.A. s/Cobros".

El criterio adoptado por el tribunal carece de toda fundamentación y este déficit lleva a concluir que se ha infringido el deber de motivación impuesto a los jueces por los arts. 33, 40, 263, 264 y 265 inc. 6 del CPCC, de aplicación supletoria en el fuero, y art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, descalificando al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo sobre el punto sin que ello signifique adelantar jucio sobre el punto.

Por lo antes expuesto se anula también lo resuelto en orden a la procedencia del rubro diferencias de haberes pues la Cámara nuevamente ha omitido toda consideración que justifique lo decidido en autos.

Consecuentemente, corresponde casar parcialmente la sentencia recurrida, dejar sin efecto los puntos I, VI (costas), VII, VIII, IX y X (regulaciones de honorarios) resolutivos, con los alcances considerados, en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula la sentencia que sin fundamentos suficientes, determina la base de cálculo de la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT", y disponer la remisión de los autos a la Excma. Cámara a los efectos que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo, sin que lo decidido en esta instancia signifique orientar el sentido del pronunciamiento a dictarse.

6.- Atento a que la nulidad parcial del pronunciamiento se funda en un déficit imputable al órgano jurisdiccional, se imponen las costas por el orden causado (art. 105 inc. 1° CPCC, art. 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 25/3/2008 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara del Trabajo. Consecuentemente, CASAR parcialmente la misma (puntos I, VI, VII, VIII, IX y X resolutivos), en base en la doctrina legal precedentemente expuesta y remitir los autos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030769-02.