Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-02


SENT Nº 470 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por recusación sin causa al doctor Alfredo Carlos Dato-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Plano, Julio César vs. Superior Gobierno de la Provincia s/ Nulidad - revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 78/80 vta., plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 214 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 6 de julio de 2004, obrante a fs.

68 y vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 11-3-2005 (cfr. fs. 98), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Alega el recurrente que la sentencia atacada es arbitraria por falta de fundamentos, desde el momento que no expresa la razón por la cual lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Nº 4537 no se aplica al Decreto de cesantía Nº 980/02. Es decir -precisa-, que no explicita las causas por las que el mencionado decreto no es considerado como un acto dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de una facultad originaria.

Cita jurisprudencia y asevera que la facultad disciplinaria es propia y originaria de la administración; y que el sumario o investigación administrativa es la exteriorización concreta del poder disciplinario, el que es ejercido de oficio por aquella, siendo el decreto de cesantía el epílogo obligatorio, que sólo puede ser recurrido ante el órgano que lo dictó por no existir otro de grado superior.

Y concluye diciendo que la doctrina y jurisprudencia sostienen que la facultad disciplinaria es propia y originaria de la administración y que, consecuentemente, el agotamiento de la vía administrativa es obligatorio para obtener la habilitación de la instancia judicial, conforme lo establece el artículo 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos local.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto tempestivamente (cfr. fs. 69 y 80 vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia equiparable a definitiva;

se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (cfr.

fs. 77); el escrito de presentación se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. En consecuencia, el recurso de casación es admisible. Voto porque así se declare.

IV.- Lo primero que corresponde dejar sentado, es que la sentencia en recurso no resulta infundada, debido a que esgrimió argumentos suficientes para hacer lugar a la excepción de caducidad de la acción, en los términos del artículo 9 del CPA. Así, expuso claramente, luego de transcribir la parte pertinente del artículo 63 de la Ley Nº 4537, que "Siendo el Decreto Nº 980/02 un acto emanado del Poder Ejecutivo, dictado como consecuencia de una investigación administrativa sustanciada en el ámbito de la Secretaría de Estado de Minería y Recursos Energéticos, no resulta alcanzado por la norma precedentemente transcripta, por lo que en consecuencia con su dictado quedó agotada la instancia administrativa, revistiendo el carácter de facultativo el recurso de reconsideración deducido por el actor contra dicho decreto" (cfr. fs. 68).

Se aprecia, de este modo, que la Sala a quo, en la especie, consideró a la investigación administrativa que involucró al actor, el elemento que da sustento al rechazo del encuadre de la causa en las prescripciones del artículo 63, última parte, de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 4537. De allí que el acto jurisdiccional en crisis pudiera concluir, a renglón seguido, que a la fecha de interposición de la presente demanda -26-6-2003- ya había transcurrido con exceso el plazo de caducidad de la acción establecido en el artículo 9 del CPA, computado a partir del 27-5-2002, fecha ésta en que se notificó al actor del Decreto Nº 980/02, según surgía de las actuaciones administrativas arrimadas a la causa (cfr. fs. 68). Por tales motivos, juzgo improcedente este agravio.

De otra parte, y en orden a determinar si en el caso y en el marco de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Nº 4537, era necesario o no deducir el recurso de reconsideración para agotar la vía administrativa, conviene comenzar recordando lo que aquella parte de la precitada norma prescribe: "Tratándose de actos emanados de oficio y originariamente del Poder Ejecutivo, la interposición del recurso de reconsideración será necesaria para agotar la vía administrativa".

En el sub examine, se trata de un Decreto del Poder Ejecutivo (Nº 980/3 (ME), del 23-5-2002, corriente a fs. 319/322 del expediente administrativo Nº 133/312-D-2000 y agregados, que tengo a la vista) por el que se dispone, en el punto 2 de su parte resolutiva, la cesantía de actor, dictado como consecuencia de una investigación administrativa que tuvo como uno de los inculpados al geólogo Julio César Plano (expediente Nº 133/312-D-2000 y agregados).

Para el recurrente, el aludido decreto no constituía el acto administrativo que causaba estado ya que, a su modo de ver, resultaba necesario para agotar la instancia administrativa incoar contra el acto que lo declaró cesante el pertinente recurso de reconsideración, siendo el acto que, en el caso, lo resolvió (Decreto Nº 180/3 (SESAP), del 04-02-2003) el que revistió dicha condición.

Desde mi perspectiva no resulta correcta la posición del impugnante, por cuanto considero -de conformidad a lo sostenido por el pronunciamiento en recurso sobre el punto-, que el Decreto Nº 980/3 (ME), del 23-5-2002 no encuadra en el supuesto de excepción contemplado en la última parte del artículo 63 de la Ley Nº 4537, en razón de que el acto administrativo depurativo de marras ha sido dictado con audiencia del afectado al haberse instruido una investigación administrativa en la que tuvo activa participación. Es que si el Poder Ejecutivo, previa intervención del interesado, dicta un acto originario como el referido Decreto en el que dispone la cesantía del demandante, la finalidad que se persigue con el requisito del agotamiento de la instancia administrativa debe estimársela satisfecha. En cambio, si el acto directo del Poder Ejecutivo se dicta inaudita parte, la reconsideración será necesaria para que quede habilitada la vía judicial (cfr. Silvestri, Beatriz R. y González Arzac Rafael M.: "La instancia administrativa previa a la judicial en la Ley Nº 19.549 (Recursos y reclamos); El Derecho, T. 72, pág. 770).

Es por ello que no corresponde estimar como emanado de oficio un determinado acto del órgano Ejecutivo, cuando el mismo ha sido pedido o ha sido dictado con audiencia o intervención del administrado. Por lo tanto, no cabe duda que no es suficiente que el acto haya sido producido por iniciativa de la administración para que sea reputado como dictado de oficio, sino que es menester también que el afectado no haya sido previamente oído, lo que no acontece en el sub lite.

Para comprender acabadamente la solución a la que arribo, no debe perderse de vista que el agotamiento de la instancia administrativa es el medio para alcanzar la voluntad final de la administración cual es, en el caso, la del Poder Ejecutivo de la Provincia. Por lo tanto, si el acto emana del órgano superior de la estructura jerárquica, habiendo tenido el particular participación en el procedimiento previo a su dictado, considero que la administración ya tuvo oportunidad de conocer, antes de la emisión del acto, lo que aquél piensa o pretende (es decir, que el decreto se dicta conociendo con anterioridad sus argumentos y oposiciones), de tal suerte que requerir en estas condiciones la interposición del recurso de reconsideración para agotar la instancia administrativa constituiría un rigorismo formal inútil.

En este orden de ideas, se ha sostenido con razón que la regulación del agotamiento de la vía administrativa debe ser razonable y no convertir su tránsito en una carrera de obstáculos para el litigante, o en una herramienta para obstaculizar el acceso a la jurisdicción puesto que, en tal supuesto, su cumplimiento derivaría en una lesión a la garantía de la defensa en juicio (cfr. Perrino, Pablo Esteban:

"Procedimiento administrativo y agotamiento de la vía", pág. 171, en la obra colectiva "Procedimiento Administrativo", jornadas organizadas por la Universidad Austral-Facultad de Derecho).

Siendo ello así, entonces, no parece ajustado a derecho interpretar la norma del artículo 63 de la Ley Nº 4537 de tal forma que, en un caso como el sub examine, el particular se vea obligado a interponer el recurso de reconsideración como paso previo y necesario a la demanda judicial, pues ello muy probablemente, como se dijo, se traduciría en un ritualismo inútil, con la consiguiente demora en la iniciación de la instancia judicial, a raíz de una exigencia que seguramente no representará un beneficio para el particular.

En merito a lo considerado, concluyo que el recurso de reconsideración resulta optativo, cuando el acto administrativo por el que se dispone una sanción expulsiva, aunque emane directamente del Poder Ejecutivo, se haya visto precedido por audiencia o intervención del afectado o, en otros términos, cuando no haya sido dictado inaudita parte.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 214 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 6 de julio de 2004, obrante a fs. 68 y vta. de autos. En tal sentido mi voto.

V.- Atento al resultado al que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte actora, vencida en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 106, primera parte, del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 120/123, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación incoado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 214 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 6 de julio de 2004, glosada a fs. 68 y vta. de autos.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

M ARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.