marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contienda negativa de competencia, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, daños y perjuicios, juzgado de primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Benedetto, Jacinto S. c/ Banco de Santa Fe S.A. s/ Conflicto negativo de competencia - Accidente de trabajo -Enfermedad  profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

La Corte local, en reiteradas oportunidades, ha referido al sentido práctico con que deben resolverse los conflictos de competencia, arbitrando incluso sistemas que podían no resultar definitivos en virtud de los acontencimientos que iban generando los sucesivos conflictos, siempre teniendo presente el criterio de la unidad de concepto de la función jurisdiccional. Y con esa inteligencia es que en el caso -donde el actor inicia dos acciones una, por accidente de trabajo y enfermedad profesional, ante un Juzgado laboral y otra, por daños y perjuicios derivados de la relación laboral, ante un Juzgado Civil y Comercial- corresponde que entienda en la causa el Juzgado del Fuero Civil, desde que la misma presenta una serie de particularidades sobre las que no corresponde que se expida la Corte -llamada solamente a dirimir sobre su definitiva radicación- e imponen la unidad del órgano jurisdiccional. En el caso, el Juez en lo Laboral, con los autos iniciados en sede civil, resolvió que siento la demanda sobre daños y perjuicios anterior a la laboral, en los términos del artículo 16 de la ley 24.028, la opción se ejerció en ese momento y por esa normativa y sede jurisdiccional, por lo cual envía los autos al juez civil.
Contravenciones, infracciones de tránsito, competencia criminal
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LINEA 22 S.A. c/ TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS -M.C.B.A.- 85960/93 s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-29

La ley 24.449 establece un régimen penal específico que determina la intervención de los jueces con competencia penal y contravencional del lugar donde se cometió la infracción. También dispone la aplicación supletoria de las normas que surgen del Código Penal, y contempla un sistema de sanciones penales, ajenas a las de usual aplicación en el fuero civil, ya que éste no involucra debates de tipo penal. Así, la concurrencia de estos elementos no solo enerva la competencia residual del fuero civil, sino que coloca al régimen, por aplicación directa del principio de especialidad, dentro de la órbita, y, por ende, la competencia, del fuero penal.-
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO GRAL. CESAR DIAZ 5057/61 c/ MAVICA, MARTA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-29

Demandado por los consorcistas, dejando librado al juzgador el reemplazo de la demolición de lo construido sobre la parte común por una suma de dinero que compense la pérdida a favor de aquéllos, corresponde hacer lugar al reclamo sucedáneo, si no obstante haber estado la accionada autorizada para realizar las innovaciones en su unidad superó los límites correspondientes a su dominio e invadió parte del pasillo común al extender la nueva pared mas allá de lo debido. Tratándose de este tipo de obras la solución que corresponde en principio, para corregir y sancionar el exceso, es la demolición de lo construido, pero tal principio cede si de las circunstancias surge que tal medida resulta excesivamente severa e innecesaria. La situación descripta configura una clara violación de los arts. 7 y 8 de la ley 13512, pero dada la escasa magnitud del exceso -expansión del polígono de dominio de la accionada en 1,40 metros cuadrados- en conjunción con las especiales características del acceso cercenado torna antifuncional la destrucción de lo construido, ya que el interés lesionado es mínimo frente al perjuicio que la demolición ocasiona es decir la casi inútil destrucción de valores económicos, por lo que corresponde acceder a la indemnización para lo que debe tomarse en consideración la estimación pericial del perjuicio del patrimonio común.
Tercería de dominio, destino del inmueble, quiebra, aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Natilla, Victor Hugo en autos Nro. 259/91 - Banco de Catamarca s/ Quiebra de Empresa Pacheco Sociedad de hecho s/ TERCERIA DE DOMINIO - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-10-09

Si el inmueble que se pretende escriturar por la acción entablada en autos no es destinado a vivienda familiar sino para uso comercial, y si el instrumento boleto de compraventa y las respectivas cesiones del mismo fueron formalizadas vigente la antigua ley de quiebras, y ante la reforma introducida por la nueva ley que extiende la oponibilidad del boleto a la quiebra no sólo cuando se destina el inmueble a vivienda sino para cualquier otro uso, genera un conflicto de leyes en el tiempo, ante la carencia de una disposición de la nueva ley que determine su entrada en vigencia es de obligada interpretación recurrir al Código Civil arts. 2 y 3, para su aplicación al caso particular. Si bien el art. 3 sienta como principio la aplicación inmediata de una nueva ley, ello difiere lógicamente de su aplicación retroactiva. Aplicación inmediata significa que la norma toma la relación jurídica en el estado en que se encontraba rigiendo aún para los hechos en curso de desarrollo; en tanto los cumplidos o acaecidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que se concretaron -aplicación del principio del consumo jurídico. Tal el caso de autos, donde la posibilidad de lograr la escrituración se ha extinguido, toda vez que entre la declaración de la quiebra y la iniciación de la causa han transcurrido tres años, dicha declaración ha obrado como hecho extintivo de un derecho y no puede una ley posterior hacerlo renacer, salvo que se le atribuya efecto retroactivo, vulnerándose de ese modo el derecho de propiedad consagrado en la C.N.
Contratos, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Zampichiatti, Carlos c/ Electromecánica Vic S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nº 22-2000, Resolución Nº 135, Tomo 24, Folio   151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-28

Abordando las normas de los artículos 513 y 514 del Código Civil un hecho se considera imprevisible cuando supere la aptitud normal de previsión que es dable exigir al deudor, en función de sus condiciones personales y la naturaleza de la obligación. El hecho es inevitable cuando el deudor sin culpa de su parte y enclavado en las circunstancias que le sean propias, haya sido impotente para impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación. Es insuperable, cuando el obstáculo es absoluto. La mera dificultad para el cumplimiento no exime de responsabilidad al deudor, es necesario que se configure una verdadera imposibilidad. Si ésta es definitiva, el deudor queda liberado; si es transitoria sólo se exime de los daños y perjuicios moratorios y debe cumplir la obligación, cesado que sea el obstáculo. Debe el deudor que alega el caso fortuito eximente de responsabilidad, probar la existencia de ese hecho y que reúne todos los caracteres del "casus". La imposibilidad de cumplimiento alegable como caso fortuito, ha de ser tal para todos y no solo para el deudor.
Mercado de valores, competencia, entidades financieras no bancarias, mesa de dinero, agente de bolsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pombo Santárcangelo  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La existencia de un organismo que sería la autoridad de aplicación de la Ley 21.526 no afecta la competencia del Mercado de Valores de Buenos Aires para pronunciarse sobre el valor de una actividad - "banca de hecho" o "mesa de dinero" - que puede incidir objetivamente sobre el buen nombre y reputación del agente de bolsa.
Honorarios, acción judicial, monto del juicio, juicio ordinario, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Proconsumer c/ Compañía Financiera Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-22

Cuando, como en el caso, la causa exhibe una significación patrimonial genuinamente de excepción, ello amerita una solución particular ajustada a las circunstancias del caso concreto, contemplando por un lado, el impacto patrimonial que traería aparejado una exorbitante condena en costas y que implique -por otro lado- una adecuada retribución de los servicios prestados por los profesionales intervinientes. Ello no importa soslayar el carácter alimentario que revisten los honorarios, pero el derecho de los profesionales no puede ser invocado para legitimar una solución que configure un lucro abusivo, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas. La solución que a tales fines se propicia encuentra sustento legal en el art. 13 de la ley 24432 normativa que introdujo sustanciales modificaciones en cuestiones relativas a las costas del proceso y los honorarios profesionales (cfr. Passarón y Pesaresi, "Honorarios Judiciales", 2008, T. 1, p. 78). Es que, el objetivo de tal norma radicó en la posibilidad de que el magistrado corrija aquellas distorsiones que puedan producirse por la aplicación irrestricta de pautas que han sido previstas para casos generales, y que, como tales, resultan ineficaces ante supuestos especiales que pueden conducir a resultados injustos. Por ello, se hace necesario apartar de la base regulatoria al monto reclamado en el escrito de inicio (cfr. CNCom, Sala D, "Martínez, Francisco Alberto c/ Aerolíneas Argentina SA s/ daños y perjuicios", del 28/4/06), debiendo ponderarse a tal fin la importancia patrimonial de la causa, los intereses defendidos y el resultado que la actuación de los profesionales produjo en el patrimonio de ambas partes. Ello, claro está, sin dejar de considerar la naturaleza y complejidad del asunto, mérito, calidad, eficacia y extensión del trabajo.
Proceso penal, instrucción, prueba de cargo, testigo único, apreciación de la prueba, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Q., O. Y OTRO s/ Homicidio (Expte Nº346-96, Resolución Nº54, Tomo 4, Folio 100)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-01

En modo alguno resulta imposible ni ha de temerse la posibilidad de fundar una condena sobre la base de una sola y única declaración imputativa. Por algo se destaca como un éxito de los sistemas procesales la superación de la tarifación legal de las pruebas y entre ellas de la tasación expresada bajo la fórmula "testis unus testis nullus". Claro es que para que esa imputación conforme el estado de certeza que sería menester, deberá ser absolutamente convincente y superar airosa todas las críticas que puedan formulársele desde una perspectiva evaluatoria como la aceptada por nuestro ordenamiento procesal, es decir, que entre otros aspectos, deberá provenir de una persona hábil, que haya estado en condiciones de percibir lo que relate, que no tenga interés manifiesto en que la causa se resuelva de determinada manera, presentar coherencia interna y, guardar concordancia con los restantes elementos probatorios que se hayan podido lograr.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Celia Nilda c/ Municipalidad del partido de Rivadavia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Es sabido, que la existencia de un gravamen es condición para que el cuestionamiento que intenta el apelante sea considerado, en materia que, obviamente, no puede quedar librada a la voluntad de los litigantes.-
Régimen de consolidación de deudas, aplicación temporal de la ley
Materia: ECONOMIA
Carátula: Sffaeir, Josè Roberto y otra c/ B.C.R.A. s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

No obstante la limitación temporal a que se hace referencia en el art. 22 de la ley 23.982, no es irrazonable concluir en que el procedimiento allí establecido resulta -como principio- aplicable respecto de todas las obligaciones de dar sumas de dinero no alcanzadas por el régimen general establecido en los arts. 1 y 2 de la misma ley. Si se tratara de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991, la aplicación sería directa. En cambio, en los demás casos, sería consecuencia de la adecuación a la realidad económica actual y a la normativa vigente, de acuerdo con la jurisprudencia de la C.S.J.N., expuesta en la causa "Josefa Pietranera y otros c/ Nación Argentina", del 7/9/66 (Fallos:

265:291), interpretando los alcances del art. 7º de la ley 3.952 (confr. esta Sala, causa "Carrari, Elsa Noemí y otros c/ E.N. -Min.

de Educ. y Justicia s/empleo público", del 3/11/94).
Recurso de inconstitucionalidad, abigeato, pena, prisión, multa, código penal, acusación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BURNE, HECTOR ALFREDO c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

La cuestión sobre la que puso acento la Alzada y en virtud de la cual declaró la nulidad de la acusación Fiscal -y de todo lo actuado en consecuencia- radicaba en la interpretación que debía efectuarse -a su juicio- del artículo 167 quinque del Código Penal, en razón del delito de abigeato agravado atribuido por el Órgano acusador, debiendo notarse que los Magistrados sostuvieron que la norma prevé que en cualquiera de los supuestos de hecho previstos en el capítulo 2 bis del Título IV de la ley de fondo se impondrá conjuntamente una multa equivalente de dos a diez veces del valor del ganado sustraído, lo que extrajeron del segundo párrafo del artículo 167 quinque, y si bien citaron jurisprudencia y doctrina sobre el respeto al principio de legalidad en la determinación de la sanción punitiva y la posibilidad de prescindir de los mínimos legales de las escalas penales -en el entendimiento de que el Fiscal hubiera tenido esa intención-, lo cierto es que no brindaron ningún apoyo de dichas fuentes que sustente la hermenéutica del artículo 167 quinque propiciada por el Tribunal en orden a evidenciar que sea la única que se imponía en el caso de manera tal que la pena solicitada por la Acusación haya sido ilegal; por el contrario, la intelección sostenida por el representante del Ministerio Público de la Acusación -en cuanto a que la multa establecida en el artículo de mención sólo resulta aplicable en los dos supuestos especiales previstos en el primer párrafo de dicho precepto -participación de funcionario público o persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal- encuentra apoyo doctrinal que la sustente, como bien lo expresa el señor Procurador General en su dictamen. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 167 quater y quinque
Fallo plenario, honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: De Lamadrid, Pablo Ignacio c/ Mapfre Argentina Seguros S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

El límite del 20% establecido por el art. 277 de la L.C.T. con relación al pacto de cuota litis, no puede excederse por motivos impositivos derivados de la condición tributaria del letrado frente al I.V.A.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAN ROMBO  S.A.  DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ GIROLIMINI, GUSTAVO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-07

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 228 del C. Procesal, para que proceda la inhibición general de bienes - dados los presupuestos de verosimilitud y peligro en la demora basta la manifestación del acreedor de que no conoce bienes de propiedad del deudor para denunciarlos a embargo, sin que corresponda la justificación del aserto. En todo caso, compete al afectado por la medida recabar la sustitución de la misma, ofreciendo bienes suficientes a embargo.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BORDA ROSA AMALIA c/ PETRI ALEJANDRO s/ COBRO DE PESOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

Está legitimado como propietario y poseedor, para reclamar los daños y perjuicios provocados a su vehículo quien tiene un boleto de compraventa, que no necesitaba el reconocimiento ya que al pie estaban certificadas las firmas de un oficial público, en cuya presencia fueron puestas, y a lo que se agrega que la conductora del vehículo -hija del reclamante- en el acta de choque denunció a su madre como propietaria del mismo, que estaba asegurado a nombre de la señora actora y los presupuestos y facturas aparecen, también, a su nombre.
Medida de no innovar, Administración Pública
Materia: PROCESAL- CIVIL
Carátula: Aguilar José Luis c/ Raúl Loyola s/ Medida de no Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-30

La prohibición de innovar en contra de la administración pública, según doctrina y jurisprudencia imperante, en principio no corresponde; porque el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad.
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, empleo público, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Luna, René Alejandro c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-26

Que por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley de Amparo por ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en la causa.
Intervención de entidades financieras, banco central, certificado de depósito a plazo fijo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Etchepare, Tomás y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ Liquidación de entidades financieras
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El Banco Central no es el sujeto responsable del pago del certificado de depósito durante el período de la intervención cautelar, lo contrario importaría otorgarle al instituto que regula el art. 14 de la ley 22.529 un alcance que excede el propio de su naturaleza.
Costas, interpretación de la ley, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, costas al vencido
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PEREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-13

La razonabilidad no es otra cosa que la proporción adecuada entre el medio elegido y el fin buscado. Si de la confrontación normativa entre el art. 68 y siguientes del C.P.C.C. y el art. 21 de la ley 24.463, se concluyera que éste prevalece en su aplicación por sobre el principio general que contempla el código ritual en materia de imposición de costas, se vulneraría el art. 16 de la C.N., en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, y se lesionaría el derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente.
Declaración indagatoria, facultades del fiscal, detención, prisión preventiva, situación del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ DE OLIVERA, Cesar Oscar. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

No hay inconvenientes constitucionales si la declaración del encausado fue recibida por el fiscal en aplicación de las reglas del sistema acusatorio que rige en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, dado que la imputación fue dirigida por un órgano estatal con facultad para ello y el imputado fue puesto en conocimiento del hecho que se le atribuye, de las pruebas reunidas en su contra y previo a declarar mantuvo una entrevista con su letrado defensor. Máxime cuando el art. 308 del C.P.P.Bs.As. contempla la posibilidad de que el imputado pueda declarar ante la presencia del juez de garantías, y ello no fue requerido por el encausado.

Sin embargo, la resolución no suple las exigencias del auto de procesamiento con prisión preventiva previsto en los arts. 306 y 312 del C.P.P.N., si el Juez de Garantías se limitó a convertir en detención preventiva la aprehensión oportunamente dispuesta, pero de ninguna manera efectuó una evaluación de mérito, de modo tal de atribuirle al imputado la autoría de los sucesos investigados.

La detención prevista en el art. 155 del C.P.P.Bs.As. es la privación de la libertad de una persona por sospechársela partícipe de un delito, para conducirla ante el tribunal a los efectos procesales que correspondan, se trata de una medida de menor gravedad que la prisión preventiva, ya que la razón del acto consiste en que el detenido quede sometido a la jurisdicción del Ministerio Público para que el órgano a cargo de la instrucción comience a investigar teniendo a su disposición al imputado, contra quien existe motivo para suponer que es el autor del hecho .

En consecuencia, la conversión en detención dispuesta en aplicación del art. 151 del código citado, no resulta equiparable al procesamiento con prisión preventiva previsto en la legislación nacional, puesto que el art. 158 del código provincial prevé expresamente el dictado de la preventiva, cuya aplicación debe ser solicitada por el Fiscal al Juez. El auto que la impone debe acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del encausado con ponderación de los elementos que conducen a tener por probados los extremos aptos para justificar la medida cautelar .

Por ello, debe revocarse el auto en el cual el juez de grado consideró que el juez de garantías había efectuado una evaluación de mérito por la que se le atribuyó al imputado la comisión del delito de robo calificado , por lo que el juez deberá resolver la situación procesal del imputado de acuerdo con las disposiciones del C.P.P.N..
Derecho administrativo, empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, docentes, igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Cada vez que la autoridad fija retribuciones, de manera unilateral, o las pacta en el marco de la negociación colectiva, sienta o contribuye a sentar las reglas de distribución de recursos que son necesariamente limitados. Es en interés colectivo de los trabajadores ampliar la masa salarial, y en interés de la sociedad que se respeten las previsiones del presupuesto aprobado por la Legislatura. En este escenario, el interés individual del trabajador en ver incrementado su salario opera, bien en oposición al de la sociedad o al de los otros trabajadores. La distribución entre estos últimos es asunto ajeno a la competencia judicial. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REGGIANI, LUIS EDGARDO. c/ BANCO PROVINCIA DE RÍO NEGRO. s/ COSTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-09

NO TRATÁNDOSE DE UN CASO COMÚN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN QUE POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y DE LA NATURALEZA RESARCITORIA DE LAS COSTAS, LOS TRIBUNALES SUELEN IMPONERLAS AL CONDENADO CON PRESCINDENCIA DE LA PROPORCIÓN EN QUE RESULTA ACOGIDA LA DEMANDA, SINO DE UN SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN QUE , LA MAYOR PARTE DEL PERJUICIO FUE OCASIONADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ACTORA Y EN EL CUAL LA DEMANDA PROSPERA POR MENOS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, TÓRNASE DE PLENA APLICACIÓN EL PRINCIPIO DISTRIBUTIVO DEL ARTÍCULO 71 CPC..