Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27


R. 346.874 "ZAINUTTI SILVINA ALEJANDRA C/ PUHL GUILLERMO DIEGO S/ EJECUCION HIPOTECARIA" ///nos Aires, junio 27 de 2002.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- La actora promueve ejecución por la suma de u$s 18.318,06 (u$s 17.589,43 más u$s 728,63, en concepto de capital e intereses punitorios, respectivamente) o su equivalente en $44.879,25 tomando como paridad cambiaria la cotización a $2,45 por cada dolar estadounidense, que representan al día de hoy la cantidad de pesos necesarios para adquirir los dólares estadounidenses en el mercado libre de cambio (fs.23, apartado II).

El pronunciamiento de fs.25, apartado segundo, mantenido a fs.43vta., en función de lo normado por el decreto 214/02 (art.8) ordena intimar al ejecutado de pago por el monto de $17.859,43, decisión que motiva los agravios que se formulan a fs.35/41, presentación en la que la ejecutante plantea la inconstitucionalidad del decreto mencionado y su modificatorio, decreto 320/2002 (fs.30vta.).

La Fiscalía de Cámara dictamina a fs.50, propiciando la modificación del fallo apelado.

II.- A juicio del Tribunal, lo atinente a la aplicabilidad o no del régimen implementado por el decreto 214/02 (B.O., 4-2-02), para las deudas contraídas en dólares estadounidenses, es una cuestión que debe ser resuelta con intervención de ambas partes interesadas, a fin de salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa.

En ese entendimiento, la providencia cuestionada en cuanto dispuso de oficio la aplicación de la normativa citada aparece como prematura en el estado inicial en que se halla el proceso, privando a la actora de debatir cuál es en realidad el objeto de la prestación debida (CNCiv., Sala G, in re A Passarín, A. c/ Menéndez de G., D. s/ ejecución hipotecaria, del 15-3-02, pub. en E.D., diario del 26 de abril de 2002, p.5, fallo n 51.414).

III.- El art.520, último párrafo, del Código Procesal prevé que cuando la obligación fuese en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en moneda nacional, según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las partes hubiesen convenido, sin perjuicio del reajuste que pudiera corresponder el día del pago.

En razón de lo expuesto, y sin que ello implique pronunciarse acerca de la constitucionalidad del decreto 214/2002, la intimación de pago al ejecutado debe efectuarse conforme lo previsto en la norma citada, sin perjuicio de las defensas que pudiera plantear éste que, por el momento, no ha sido intimado (CNCiv., Sala C, R.348.112, in re A García, D. c/ Avdeichuk, P. y otro s/ ejecución hipotecaria, del 11-6- 02).

IV.- El cambio legislativo y económico operado a partir de diciembre de 2001 obliga al intérprete a buscar la manera de armonizar el ordenamiento privado con las normas transitorias dictadas en el marco de la emergencia económica.

En el caso, dado que la acreedora se ha relacionado con la jurisdicción, ésta se encuentra en condiciones de proporcionar un marco de audiencia para que las partes tengan oportunidad de recomponer las bases de su contrato, ya que no debe perderse de vista que el ideal de un proceso de toma de decisiones, es orientar a los interesados hacia una justicia consensuada y hacia los objetivos de bienestar general (Benavente, M., La emergencia, las deudas en dólares y las vías procesales, pub. en E.D., diario del 17 de abril de 2002, p.1, y cita en nota nro.12).

En tal sentido, dentro del contexto inicial de este proceso, se insta a la juzgadora, tal como la misma normativa lo propone, a brindar a los justiciables un espacio que permita, a través de la negociación, la continuidad de la relación contractual de un modo equitativo (art.8, A in fine).

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, SE RESUELVE: 1) revocar el pronunciamiento de fs.25, mantenido a fs.43 en lo que ha sido motivo de agravios. En consecuencia, la intimación ordenada a fs.25 deberá adecuarse a las pautas fijadas en este decisorio (apartado III). Con costas de la Alzada en el orden causado, atento a que no medió sustanciación (arg.art.68, C.Proc.); 2) encomendar a la Sra. magistrada a arbitrar los medios adecuados que faciliten la negociación entre las partes. Previa notificación del Sr. fiscal de Cámara en su despacho, devuélvanse las actuaciones sin más trámite al Juzgado de origen.

JORGE HORACIO ALTERINI - JOSE LUIS GALMARINI - FERNANDO POSSE SAGUIER