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Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Jorge Alberto y otra c/ Mottin, Angel y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

Habiéndose expedido la sentencia penal sobre la forma y causa de producción del accidente, tales conclusiones no son susceptibles de variarse en este ámbito jurisdiccional -sede civil- so riesgo de producir un escándalo jurídico, quedando simplemente la posibilidad de valorar el aludido cuadro fáctico a la luz de las normas que gobiernan la responsabilidad civil. O, como también tiene decidido esta Sala, si bien las mismas circunstancias que se analizan en sede civil pueden haber sido merituadas con distinto alcance en sede penal, sin que por ello se configure un escándalo jurídico, porque existe una distinta óptica de evaluación de esas mismas circunstancias, no lo es menos que siempre se trata de apreciar los mismos hechos, no de variarlos. Es que, la óptica de apreciación puede diferir, pero no al punto de trocar el significado de los hechos que conformaron la decisión que juzgó la conducta penal, variándole el sentido o signo, para arribar a conclusiones opuestas.
Escrituración, litisconsorcio necesario, integración de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES DE ASSAD, Inés Amalia y otros c/ YUFRA, Sixto s/ Escrituracion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-18

En cuanto a la propuesta de la recurrente de fraccionar el contenido de las pretensiones accionadas, el art. 163 inc. 6 del CPCC no permite la omisión en decidir expresa, positiva y precisamente sobre alguna de ellas, salvo desistimiento expreso anterior a la sentencia (arts. 304 y 306).

De allí que admitida por el apelante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y la insuficiente integración de la litis, aunque sea con respecto a una de las pretenciones acumuladas, la solución de la sentencia es inconmovible.

Existen varios obstáculos adicionales, insalvables para la procedencia de la demanda, y aunque no advertidos en el curso del proceso resulta de imprescindible observancia aún en la alzada en cuanto hacen a la eficacia del proceso, a la legitimación sustancial, a la correcta integración de la litis y a la negatividad de dictarse una sentencia que, de resultar estimatoria, sería inútil por no involucrar a quienes debieron necesariamente estar comprendidos en la relación procesal.

Es el caso de quienes las propias actoras denuncian como coherederas del vendedor del inmueble. Aún teniendo por cierta su falta de oposición a la escrituración, resulta jurídicamente imposible condenar a parte de los herederos a la obligación de hacer quepesaba sobre el causante, dejando al margen a otros. Por ser la obligación indivisible, la demanda ha de enderezarse necesariamente contra todos, en conjunto.

Es indivisible porque la prestación debida no puede ser sino por entero (arts. 667, 679, 680, 684, y concordantes del Código Civil). Pero a diferencia de las obligaciones indivisibles ordinarias en las que cada sujeto puede actuar independientemente (art. 686 del Cód. Civil), las obligaciones indivisibles impropias o irregulares imponen una actuación conjunta de todo el frente de acreedores o deudores.

No es decisión individual de cada uno de los obligados indivisiblemente, sino del conjunto, tanto activa como pasivamente. De allí la irrelevancia de la opinión de algunos de los coherederos (o condóminos) que de todas maneras no enerva la resistencia de los otros. Sin perjuicio que si la obligación se convirtiese en divisible por resolución del contrato originario y conversión de la obligación en el pago de resarcimiento, quepa allí si, en ese momento, discriminar la conducta de unos u otros.

Surge del informe de la Dirección General de Inmuebles, que 2/9 partes indivisa se encuentran vendidas y escrituradas a favor de Raquel Gonzales de Marchetti, quien reviste calidad de condómina de los inmuebles, lo que refuerza la inevitabilidad de su intervención en el proceso. Por todo ello, cabe el rechazo del recurso impetrado en lo principal.
Contrato de trabajo, extinción por muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: WALLINGRE  DE  SANOMANDI  INES  LIDIA  POR SI Y POR SUS HIJOS MENORES HERNAN ERNESTO Y MARCIAL EMILIO c/ MARIAN S.A. y OTROS s/ INDEMNIZACION LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-05

No caben dudas que, probado el supuesto fáctico de la pretensión la muerte del trabajador- y el vínculo de parentesco establecido en el art. 35 de la Ley 18.037 (t.o.1976), por los demandantes, el derecho de estos últimos a percibir la indemnización establecida en el artículo 73 del R.N.T.A. es incuestionable.
Despido con causa, pago de la remuneración, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Vergara, Stefania Denise  c/ Denage S.A . s/ despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-01

El empleador demandado no incurrió en una conducta maliciosa y temeraria encuadrable en el art. 275 de la ley de contrato de trabajo, dado que en principio, ha despedido con alegación de justa causa conforme lo dispone el art. 242 de la LCT, si bien no se ha justificado su accionar por aplicación del art. 243 de la misma ley, es decir, por no reunir los requisitos formales, siendo que, como dije, a la luz del análisis probatorio efectuado por el juez de grado, que además no fuera específicamente cuestionado por el apelante, existieron indicios que pudieron dar razón al accionar de la empleadora. Luego, la conducta procesal asumida no ha sido obstruccionista, es más la accionada ha dejado firme la sentencia dictada en primera instancia y aprobada la liquidación propuesta por la actora ha depositado los fondos correspondientes. (Del voto de la Dra. Alejandra Barroso).
Excarcelación, reordenamiento del sistema financiero, cauciones, depósito judicial, monto de la caución, pesificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incd. de exc. de COLLAZO VALDEZ...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-23

Los depósitos judiciales no se encuentran específicamente contemplados en las normas del llamado "corralito financiero", las que no son aplicables a los efectuados en concepto de fianza en un incidente de excarcelación.
Hechos nuevos, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido Socialista Auténtico de Neuquén s/ personería.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La circunstancia de haberse dispuesto el traslado del hecho nuevo, mal puede interpretarse que haya acarreado el saneamiento de la falta de oportunidad de su alegación, cuando, justamente, dicho traslado es el que debe otorgar a la contraria la posibilidad de impugnación por dicho defecto, con carácter previo al dictado de la resolución pertinente.
Despido sin causa, enfermedades inculpables, depresión
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, CAMILA c/ HEBIBER  S.A.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Resulta injustificado el despido de la trabajadora que padecía somnolencia diurna y depresión e insomnio nocturno como consecuencia de un 'trastorno disrítmico de personalidad, con estado de ánimo depresivo', ya que dado el carácter inculpable de la afección, antes de proceder a la ruptura del vínculo, la empleadora debió utilizar el mecanismo de la suspensión instrumentado en los artículos 208 a 212 Ley de Contrato de Trabajo.
Decreto reglamentario, reglamentación de la ley, detención, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, indemnización, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043 -. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La precisión reglamentaria establecida en el decreto 1023/92 no violenta la garantía del art. 16 de la Constitución Nacional, toda vez que el legislador puede contemplar en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que no efectúe una discriminación arbitraria.
Contratos civiles, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Feito, Valentín c/ Asociación de Médicos de Gral. San Martín y Tres de Febrero s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-06

No resulta adecuado sostener que el resarcimiento del daño moral, cuando la norma a aplicar sea el art. 522 del Código Civil, debe ser interpretado con criterio restrictivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho a la vida, derechos y garantías internacionales, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-09-18

La protección activa del derecho a la vida -artículo 4 del Pacto-, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, requiriendo de éste la adopción de las medidas necesarias para castigar la privación de la vida, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte sus propias fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Uberman, Felisa c/ Escuela Hebrea Integral D.E.N.O. número 1091 s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

No media violación del art. 55 de la L.C.T. si no se requirió a la demandada la exhibición de la documentación laboral y, si además, no se habían solicitado como puntos del dictamen pericial contable, finalmente no producido, las precisiones necesarias para resolver acerca de la procedencia del reclamo formulado.
Proceso penal, acción penal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Podestá,  Arturo  Jorge  y  López  de Belva, Carlos A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.
Reglas de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios (13541)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

No debe olvidarse que la incidencia que el principio de confianza tiene en el desarrollo del tráfico: el desenvolvimiento regular del tránsito descansa en una relación de confianza entre los automovilistas, mediante la cual la acción de uno depende del convencimiento de que el otro respetará las normas respectivas, y no resulta justo ni razonable que, como contrapartida de la transgresión de cualquiera de ellos, se imponga al otro la obligación de haber evitado las consecuencias dañosas que ocasionó ese obrar imprudente.
Allanamiento domiciliario, derecho a la identidad
Materia: PENAL
Carátula: Rei, Víctor Enrique s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-10

El allanamiento del domicilio de la víctima al que se le suprimió la identidad resulta válido, puesto que esta medida no afectó los derechos individuales más que en la medida estrictamente necesaria para la dilucidación de la verdad, y sin afectar la vida, salud, integridad corporal o intimidad de la víctima, ya que las muestras han sido tomadas sin invadir el cuerpo de la persona involucrada, atendiendo no sólo a que esta medida aparece como una diligencia razonable e idónea para la averiguación de la verdad, pues los objetos obtenidos han permitido la realización de la pericia genética que constituyó una prueba dirimente del resultado del proceso, sino a que nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales no impiden ni prohíben en forma absoluta la afectación de los derechos individuales, ni la adopción de medidas que requiera el esclarecimiento de un delito, sino que sólo importan el establecimiento de una serie de recaudos que constituyen un marco protector para que los derechos de los habitantes no sean injustamente vulnerados.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, recusación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Balestra, Ricardo R. s/ incidente de falta de acción y jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

La alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional no suple la falta de sentencia definitiva, si no se advierte que la intervención de la Corte pudiera tener otro alcance que el de satisfacer el interés del apelante en separar del caso a los magistrados sobre los que abriga sospecha de parcialidad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, publicidad registral, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: SARTOR, MABEL REGINA c/ SARTOR, RAUL ROQUE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

Sabido es que la publicidad registral está prevista exclusivamente para hacer valer erga omnes la modificación o adquisición de derechos reales o derechos que se deben inscribir; y su mentado efecto erga omnes tiene que ver con la oponibilidad a aquellos terceros interesados en el derecho real, es decir, se tiene acceso al registro para enterarse de aquello a lo que a uno le interesa, pero ello no significa que lo que está inscripto en el Registro notifica a alguien de lo que no le interesa. A este respecto, correspondía argumentar de qué modo la actora -heredera declarada en la sucesión- se ubicaba en la categoría de tercera interesada en conocer la situación registral de los bienes inscriptos, ya que no parece de sentido común exigir a un heredero que se encuentra en un estado de indivisión hereditaria -es decir, en posesión de la herencia junto a una pluralidad de herederos- que esté solicitando informes de dominio todo el tiempo para verificar si la situación jurídico registral se modificó. (Del voto del Dr. Falistocco)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

La interpretación que en lo sucesivo ha de darse al art. 28 de la ley 10160 es: después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio.
Excarcelación, gravamen irreparable, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra Martínez, Berta s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-05

Si bien la restricción de la libertad puede asimilarse a las decisiones indicadas en el art. 457 CPPN, lo es en casos en que pueda entrañar un perjuicio de imposible reparación ulterior, situación que no se advierte respecto de la denegatoria de excarcelación de quien se encuentra procesada desde hace menos de un año por homicidio calificado en grado de tentativa, sin que el escueto remedio haya logrado rebatir los pronunciamientos concordantes del juez de instrucción y la cámara respectiva, ni exista cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad. La disidencia consideró que la impugnación resulta autosuficiente y la cuestión resulta equiparable a sentencia definitiva. (Dres. Catucci, Mitchell y Riggi -en disidencia-).
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad, responsabilidad médica, mala praxis, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARBALLO, JUANA MARIA c/ GUARAGNA, SILVIA Y SANATORIO FIRMAT S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

Se advierte que el a quo se habría limitado a un análisis parcial y aislado de los elementos probatorios incorporados, pero sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, pues sólo a través de un examen sesgado y arbitrario de los elementos de confirmación, se podía inferir la orfandad probatoria y junto con ella la exorbitancia de la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, toda vez que únicamente a través de una argumentación aparente se puede soslayar que la experticia médica no proporcionó información valiosa de cara al nervio del debate, a saber la existencia de un error de diagnóstico por negligencia e impericia de la galena demandada quien no adoptó una serie de medidas primarias tales como haber mantenido al paciente en observación, realizar una interconsulta con un cardiólogo y haber ordenado estudios más precisos como un electrocardiograma o un ecocardiograma. (De la disidencia del Dr. Falistocco)
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, errónea apreciación de la prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

No se advierte en el fallo atacado cuál ha sido el desarrollo del juez, ni como analiza los supuestos de hechos admitidos y las pruebas que los verifican, para subsumirlos en los preceptos jurídicos que invoca. La observancia del recaudo de la motivación constituye el modo más idóneo para controlar la actividad decisoria y verificar el efectivo respeto de los derechos y garantías constitucionales"
Daños y perjuicios, relación de causalidad, responsabilidad profesional, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: VILLATA, MARIA CARLOTA DEMANDADO: ALBIÑANA, RAUL ALFREDO JULIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 598 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

La responsabilidad del abogado lo es por el hecho propio o personal, razón por la cual el factor de atribución ha de ser, en principio, subjetivo y; puntualizó que si el abogado no ejercitó su labor conforme los medios conque contaba para hacerlo y produce un resultado dañoso para su cliente, el mismo debe responder por su negligencia profesional ante el daño causado (artículos 512, 625, 1109, 1635 y ccs. del Código Civil).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo firme, Municipalidad, intendente, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MESA, ADELINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCIÓN.   ADMISIBILIDAD.     CSJ EXPTE NRO 349-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-06-27

Habiendo quedado firme la resolución por la que la Caja denegó el derecho de pensión de la recurrente, en virtud de lo resuelto por el Intendente Municipal, no puede sostenerse que medie una evidente falta de agotamiento de la vía administrativa.
Intervención de terceros, citación en garantía, asegurador, integración de la litis, defensa en juicio, recursos, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ricca Alfonso Angel c/ Amildo Ramón Delfabro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-17

- Esta Sala con anterior integración tiene dicho que desde el momento que el tercero (asegurador) es llamado al pleito a consecuencia de la citación en garantía que le realiza el demandado (su asegurado), se produce una litis denuntiatio, lo que se traduce en una citación en garantía propia: en este pleito el accionado llama a juicio a su asegurador para que se haga cargo del pago de todo lo que resulte obligado en esta litis, si correspondiere, de modo que éste viene al pleito, no como un tercero coadyuvante o adhesivo sino como interventor principal, lo que implica que a este tercero se lo ha citado a juicio para que se integre a la relación jurídico procesal como parte, porque es necesario, por ser un principio básico de la disciplina del proceso, que se respete la bilateralidad de la acción contra él dirigida, como única manera de garantizar el principio de contradicción. De lo contrario se vulneraría el derecho de defensa en juicio, al no estar integrado el pleito con las defensas que pudiera oponer la aseguradora, resultando imposible extender la eficacia de la sentencia al asegurador, que aplica sus efectos en los que han sido titulares del interés litigioso. A éstos no se les puede impedir ejercer las defensas que crean pertinentes para la defensa de sus derechos.

2- Si la Cámara no ha tratado los agravios de la aseguradora, la resolución debe ser parcialmente anulada, porque aquella que fue llamada al juicio, integra la relación jurídica procesal como parte, con todas las facultades que se le otorgan a ésta en el proceso, entre las que se encuentra la facultad de recurrir las resoluciones y expresar agravios de manera autónoma, entre otras.
Jurisprudencia vinculante, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ C. A. C. R. E. D. P. S. y F. s/ EJECUCIÓN FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

La doctrina sentada en un fallo plenario no es una ley, sino una interpretación de esta última, de alcance obligatorio para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada.
Compraventa mercantil, precio, terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLANCO, GUILLERMO c/ PETROQUIMICA BAHIA BLANCA  S.A. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Nuestro derecho no reconoce validez al pacto de transmisión de la propiedad por dinero sino cuando la cantidad de éste, llamada precio, esta ab initio determinada, sin embargo, una de las excepciones es la conocida bajo la denominación "precio a fijar por tercero" (cciv 1351/2 y ccom 459). Tal tercero no constituye en forma alguna un arbitro, pues no decide un controversia, sino que aporta un elemento del vínculo contractual.
Energía eléctrica, interrupción del servicio, multa, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edenor S.A. c/ resolución 289/04 ENRE (expte. 15.312/04) s/ recurso directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

Corresponde confirmar la sentencia que admitió parcialmente el recurso directo interpuesto por la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR) contra la resolución 289/04 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en virtud de la cual aplicó a la empresa una sanción por interrupciones en el suministro de energía eléctrica y dejó sin efecto su art. 2°, en cuanto dispuso que el valor que surja de la bonificación a favor de los usuarios debe ser multiplicado por tres, si dicho criterio interpretativo no encuentra sustento ni en la ley 24.065 y su reglamento -decreto 1398/92- ni en las cláusulas del contrato de concesión del servicio aprobado por decreto 714/92. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Concurso de delitos, concurso real, robo con armas, robo de automotor, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Pedro G. s/ c. 43.643
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

Debe condenarse por los delitos de robo de automotor agravado por el uso de arma, en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad, a quien con un revólver desapoderó a la víctima de su camión y lo obligó a viajar en ese vehículo - contra su voluntad - por un tiempo prolongado, hasta liberarlo, pues el delito instantáneo de robo concurre en forma material con el permanente de privación ilegítima de la libertad, de manera que se superponen sólo en un instante, ya que el segundo supone una nueva resolución delictiva, y ambos son jurídicamente independientes.