Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


ITURREZ, Juan Carlos contra NIDERA S.A. Reg.: A y S t 198 p 449-452. Santa Fe, 7 de julio del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia nro. 93 del 20.5.2002 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, en autos "ITURREZ, Juan Carlos contra NIDERA S.A.

-Demanda Laboral- (Expte. 189/01)" (Expte. C.S.J. nro. 251, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto que confirmó el fallo inferior, el que a su turno hizo lugar a la acción deducida por Juan Carlos Iturrez, condenando a la accionada a abonarle los rubros reclamados en la demanda, más intereses y costas, deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por considerarlo lesivo de los derechos y garantías que enuncia.

Le imputa al decisorio incurrir en afirmaciones dogmáticas por cuanto desconoce constancias de autos; decidir cuestiones no planteadas; apartarse de la solución normativa prevista para el caso, en cuanto no computa como antigüedad del trabajador el tiempo efectivamente trabajado y prescindir de prueba decisiva para la solución de la litis.

En relación a la primer causal de arbitrariedad que esgrime expresa que la misma se configura al concluir los sentenciantes que corresponde al empleador acreditar que la modalidad del vínculo no fue permanente, pues lo contrario implicaría violar la regla de "permanencia de la relación de trabajo".

Señala que los términos en que quedó trabada la litis refieren a que la vinculación comenzó como temporaria y que posteriormente, el accionante fue contratado como empleado efectivo, con lo cual, la discusión versó únicamente sobre el haber y tiempo computables a fin de efectuar el cálculo del monto indemnizatorio, pero no sobre la determinación o indeterminación del plazo ni el carácter permanente o estacionario de la relación, materia ésta sobre la que el Tribunal ad quem se expidió sin haber sido planteada por su parte.

Y en tal sentido, aduce que los sentenciantes incurren en una afirmación dogmática al sostener que no se demostró que Iturrez no era trabajador permanente o que tal calificación no depende de las que establezcan las partes, siendo que este argumento constituye el sustento y fundamento de la procedencia del reajuste del haber indemnizatorio, materia que no fue objeto de discusión.

Afirma que el fallo se aparta de la solución normativa prevista para el caso al computar, al igual que la sentencia inferior, la antigüedad del trabajador como si este se hubiese desempeñado en forma ininterrumpida, soslayando las previsiones del artículo 34 del R.N.T.A. que establece como antigüedad computable el tiempo efectivamente trabajado.

Insiste en que la sentencia recurrida toma como base del reajuste del haber indemnizatorio del actor no la cuestión realmente debatida, como es el haber que debía tomarse como base para el cálculo de la antigüedad computable y tiempo efectivo de servicio, sino una cuestión ajena, la modalidad de las tareas prestadas y la naturaleza jurídica de la vinculación.

Apoya su postura en jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, en el sentido que para "el cómputo del tiempo de servicio se debe considerar el efectivamente trabajado desde el inicio de la primera relación, incluyendo los diferentes lapsos de las diversas vinculaciones subordinadas, prescindiendo del carácter de ellas".

Finalmente, aduce que los sentenciantes pretirieron considerar lo acreditado por su parte en relación a la antigüedad computable del trabajador, a los efectos del cálculo de la indemnización por despido.

Entre dichas cuestiones que dice preteridas, señala que Iturrez al demandar manifestó haber ingresado a laborar como trabajador temporario y que luego señaló que fue trabajador con prestación discontínua; que en los recibos de sueldo acompañados por el accionante figura no sólo el tiempo trabajado, sino también la liquidación de la parte proporcional del agüinaldo y vacaciones al finalizar cada período en que fue contratado.

Esta situación, destaca , "se reiteró durante el curso de casi nueve años, sin objeción alguna, tanto durante el tiempo que estuvo vinculado a la empresa como al momento de interponer su demanda".

Finalmente, expresa que también se omitió evaluar que la pericial contable llevada a cabo sobre sus libros coincide con dichas constancias documentales y que, los testimonios de Michelud, González y Egea son coincidentes en sostener que Iturrez no trabajó durante todo un año e, incluso que, hubo años enteros en que no laboró.

La Cámara a quo, mediante auto nro. 67 del 10.6.2003 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede.

2. Si bien la compareciente tacha al decisorio de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, de los fundamentos del escrito recursivo y su liminar confrontación con la sentencia, surge que pese a invocarse cuestión constitucional, en sustancia se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común aplicable efectuó el juzgador en ejercicio de funciones propias y, por ende, ajenas al recurso extraordinario.

En efecto, no puede sostenerse que la Cámara incurra en una afirmación genérica carente de todo apoyo en las constancias de autos al expresar -de conformidad a nutrida doctrina y jurisprudencia- que quien invoca la prestación de servicios en forma cíclica, estacional y transitoria, como así que, la vinculación comienza y concluye con la realización de la tarea para la cual se contrata al trabajador, es quien debe demostrar las razones objetivas que conducen a la empleadora a recurrir a tal modalidad de contratación, pues lo contrario, importaría desconocer el principio que fija como regla la permanencia de la relación de trabajo (artículo 14 y ss., ley 22248).

Es decir, el Tribunal ad quem, respondiendo a las reglas generales de distribución de la carga probatoria puso a cargo de Nidera S.A. el justificar que Iturrez no revestía el carácter de trabajador permanente -tal como lo había alegado, mas sin lograr acreditarlo-, por lo que no puede sostenerse el dogmatismo del fallo, desde que en el mismo se han explicitado fundamentos que, se compartan o no, no resultan absurdos o irrazonables, quedando reducida la tacha a la personal apreciación de la quejosa.

Carece también de asidero constitucional la segunda causal de arbitrariedad esgrimida -decidir cuestiones no planteadas- al no advertirse configurada la misma.

Ello así, pues de la sentencia recurrida surge que los reparos objeto de análisis por los sentenciantes son la diferencia de antigüedad computable y la remuneración tomada como base de cálculo por el juez inferior, para lo cual, los jueces se atuvieron estrictamente a los términos en que quedó "enfrascada la discusión de las partes", es decir, sobre "si se debía indemnizar al actor según la antigüedad expresada por la actora o, por el contrario, la sostenida por la demandada ...".

Tal cometido, ineludiblemente, los condujo también a ponderar y delimitar la modalidad laboral de Iturrez, por lo que mal puede sostenerse que la sentencia incurrió en incongruencia.

No puede entonces descalificarse el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido desde que no se advierte la existencia de falta de identidad entre lo resuelto y lo controvertido por los litigantes, por lo que el planteo de Nidera S.A., una vez más, denota su desacuerdo con el cómputo de antigüedad realizada por los jueces de la causa en base a las argumentaciones aducidas por Iturrez.

Bajo el imputado apartamiento de la normativa aplicable al caso, la recurrente discrepa nuevamente con el cómputo de antigüedad que efectuara la Alzada.

En efecto, el órgano jurisdiccional competente, en base a las constancias de autos, calificó al actor como un trabajador permanente, calificación que no obedece a una interpretación caprichosa del Tribunal, sino que deviene del propio reconocimiento efectuado por la accionada al absolver posiciones, oportunidad en que aceptó sin reserva ni aclaración que "...el actor había ingresado a laborar el 18.01.90 y que desarrollaba tareas normales y habituales de la empresa... (posiciones cuarta a décima, más precisamente décimo primero)" y, además, de la ley 22.248 en cuanto prescribe que el carácter no permanente de un trabajador agrario no depende de lo que arbitrariamente establezcan las partes, sino que tal calificación debe resultar de hechos objetivos como son las necesidades de las explotaciones cíclicas o estacionales (artículo 77).

Tal razonamiento, demuestra que los juzgadores no se apartaron de la normativa juzgada aplicable, en el sub examine, por la quejosa (artículo 34, ley citada), desde que el ámbito de aplicación de la mencionada norma sólo comprende a los trabajadores no permanentes, condición esta última, no revestida por Iturrez.

Tampoco puede sostenerse que el Tribunal a quo incurra en preterición de probanzas, pues dicha tacha, en realidad, refleja el desacuerdo de la compareciente con la ponderación y alcance que del plexo probatorio efectuaran los juzgadores de grado, distinto al pretendido por su parte.

Así, la Alzada ante su contundente absolución de posición -recuérdese que la empresa reconoció sin reserva ni aclaración la fecha de ingreso de Iturrez a sus órdenes y el desarrollo de tareas normales y habituales- concluyó en que las restantes pruebas carecían, en cierto modo, de relevancia.

Además, consideró que al no haber sido sometidas a reconocimiento del actor las copias de certificaciones de servicios y remuneraciones que acompañó al responder la demanda (artículo 71, C.P.L.) en la oportunidad que prevé el artículo 51 del mencionado digesto procesal, dicha documental juega en contra de Nidera S.A.; asimismo entendió que a los fines indemnizatorios (por despido) debe computarse la parte proporcional del S.A.C., el que integra la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador.

Y finalmente, expresó que de la prueba pericial, la que tuvo por válida, podía extraerse datos suficientes para determinar la mejor remuneración normal y habitual que percibiera el actor en el último año, salvo que entren en contradicción con otras pruebas; concluyendo de tal suerte que el mes de marzo de 1999 es el que mejor refleja las pautas del artículo 76 de la ley 22248.

Por consiguiente, no puede sostenerse que los sentenciantes incurrieron en el vicio alegado, desde que la recurrente no acreditó que las pruebas que, a su entender dice preteridas, hubieran resultado decisivas para cambiar la suerte de la litis.

Al contar la resolución con fundamento en pruebas suficientes, la misma no puede ser objeto de la tacha de arbitrariedad esgrimida por la quejosa.

En definitiva -y a la luz de los autos principales que se tienen a la vista por haber sido requeridos por este Cuerpo mediante medida para mejor proveer-, cabe sostener que el memorial en nada difiere de una simple expresión de agravios de una apelación común -a poco que se lea la reseña de ellos efectuados por la Cámara- con insistentes y contínuas referencias a la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido tanto el inferior como la Alzada al condenar a la demandada, lo que demuestra su disconformidad con la justicia del pronunciamiento.

Por las razones expuestas la queja resulta inadmisible.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)