marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, derecho a la salud, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TARQUINI, RAMON c/ D.I.B.A. s/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 CPCCN. (Reg. 13.164)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

La finalidad de la medida cautelar innovativa consiste en evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien la solicita, ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable.

Se trata de sortear la posible frustración de los derechos de las partes a fin de que no resulten inútiles los pronunciamientos que den término al litigio.

En el caso, se trata de una de las llamadas "cautelares genéricas", que tienden a satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional a cuyo respecto resultan insuficientes las medidas cautelares expresamente contempladas en la ley procesal; la doctrina las denomina "poder cautelar residual", y dentro de esta clase, la innovativa pretende que alguien deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación actual, y que de alguna manera le afecta ostensiblemente.

La esencia de las medidas cautelares innovativas consiste en enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo.

Tales medidas están orientadas a evitar la producción de perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad del magistrado, tornándose de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Son de carácter excepcional, pues alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dra. Messina, minoría Dr. Ferro)
Remuneración, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, ANGEL c/ YELMO  S.A. s/ LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

Las remuneraciones de un mes determinado se hacen exigibles dentro de los primeros días hábiles del posterior, por ello no corresponde tomar, para actualizar la remuneración de un mes, el índice del anterior, sino el del mismo período que se actualiza.
Concursos, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, acción revocatoria, simulación ilícita, compraventa, fraude procesal, atributos de la personalidad, sociedades comerciales, rebeldía, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Porcel, Nancy Graciela c/ Endial SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1 - Corresponde confirmar la sentencia de grado que declaró en rebeldía a los codemandados y admitió la demanda de simulación articulada por una acreedora por vía de cesión en un proceso de quiebra contra los codemandados, declarando la nulidad de la adquisición de cierto inmueble en la medida que su compra por el fallido fue bajo manifestación suya de hacerlo con dinero de la sociedad demandada y para ella, así como el acto jurídico posterior por el cual esta última sociedad aceptó la operación; y la inoponibilidad de la persona jurídica de la sociedad anónima demandada respecto de todos los acreedores del quebrado. 2 - En ese marco, corresponde desestimar la argumentación defensiva que plantea que, en tanto la acción no se ejerce "...desde... " la quiebra (no fue incoada por la sindicatura), consiguientemente, no cabe aplicar el criterio según el cual la simulación puede ser acreditada por todos los medios, ya que la masa de acreedores es un tercero. 3 - Ello así, pues la acción fue promovida por una acreedora del titular "real", y ello fue consentido por la sindicatura, por lo que en ejercicio de esa legitimación excepcional sustitutiva de la que corresponde al citado órgano concursal (conf. Heredia, P., Ejercicio de la acción de simulación en los procesos concursales, RDCO, t. 267, p. 155, cap. VI, texto y nota n° 79; CNCom, Sala D, 9/9/13, "Esposito, Omar Amilcar c/ Chavanne, Juan Claudio y otros s/ ordinario", entre otros), bien pudo la accionante recurrir a todo tipo de prueba para acreditar el derecho que corresponde a la masa en cuyo beneficio, ciertamente, la simulación fue declarada en la anterior instancia.
Concusión, cohecho, personal policial, procedimiento policial
Materia: PENAL
Carátula: PONTE MARTINEZ, M Y OTROS s/ EXACCIONES ILEGALES - COHECHO - CONCUSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-23

1) Configúrase el delito de concusión y no el de cohecho, por cuanto la dádiva aparece exigida en beneficio de los propios funcionarios policiales, sin que pueda admitirse que el sujeto pasivo hubiese accedido voluntariamente a un acuerdo para evitar el procedimiento, ni que la iniciativa hubiese partido del nombrado.

2) El delito de cohecho, se tipifica con un acuerdo de voluntades, partiendo de la libre iniciativa del sujeto activo.

3) En cambio el delito de concusión tiene lugar cuando el funcionario coloca al sujeto pasivo en una situación tal que aún cuando acepte la entrega de la dádiva, ésta se concreta bajo especiales circunstancias y en el caso de autos todo el operativo policial fue montado para esos resultados, más allá de la voluntad de la víctima.
Sentencia, error numérico, jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DORADO, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

El cumplimiento de una sentencia informada por vicios numéricos, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada. Si los jueces, al descubrir un error, no lo modifican, incurren en falta grave, pues están tolerando que se genere o lesione un derecho que sólo reconoce como causa al error, pues no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos.
Eximición de prisión, resolución denegatoria, auto de prisión preventiva, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: SPERTI, JOSE LUIS s/ EXIMICION PRISION - DENEGATORIA - CALIFICACION PREVIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-06-17

Así como para denegar una excarcelación se requiere dictar auto de prisión preventiva, para proceder en igual forma respecto de una eximición de prisión, -por no haberse prestado declaración indagatoria-, no puede requerirse dicho auto cautelar, sino solamente la calificación de los hechos conforme el art. 377 C.P.C.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, acción de repetición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valenza, José Carlos c/ Warman, Reynaldo Miguel s/ Repetición de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

El valor económico del agravio está representado, en el caso, para el recurrente por la suma que se pretende repetir, sin que corresponda adicionarle intereses. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, competencia, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C, G.L. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-12

No habiendo rechazo de la medida cautelar y tampoco rechazo de la apelación, sino que la jueza de primera instancia se ajustó a la Resolución Administrativa de la Cámara que ordenó integrar el juzgado con un abogado conjuez de la matrícula. Dicho en otros términos, la magistrada simplemente señaló que por no haber asumido la jurisdicción de la causa, mal puede, proveerse una medida cautelar o concederse un recurso; lo que queda en manos del conjuez que oportunamente se designe. Consecuentemente la queja es inadmisible por inexistencia del presupuesto del art. 283 del C.P.C.C., esto es, textual: "si el juez denegare la apelación.".
Ius cogens, prescripción, delitos contra la humanidad, principio de legalidad
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Videla, Jorge Rafael y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

Cuando los órganos jurisdiccionales de nuestro país dicen aplicar tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados con posterioridad a los hechos ilícitos investigados, lo que están plasmando en sus resoluciones no sólo es derivación de una fuente internacional, sino que también es la aplicación del derecho interno vigente al momento de tales sucesos que, de acuerdo al texto constitucional de 1853-1860 de nuestra Carta Magna, se hallaba en el artículo 102 (actual 118, luego de la reforma introducida en el año 1994).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Carro, Benigno Ludivino c/ SOMISA s/ Indemnización incapacidad absoluta y permanente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La selección, jerarquización y evaluación del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal del trabajo y las conclusiones que al respecto formulen son insusceptibles de revisión en casación, salvo absurdo.
Subasta judicial, inscripción registral
Materia: PROCESAL
Carátula: N. B., J. A. c/ S., M. I. y Otro. s/ ORDINARIO NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA / MEDIDAS CAUTELARES s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-10-07

Partiendo de la premisa de que la adquisición del dominio en subasta judicial no resulta oponible a terceros interesados de buena fe mientras no esté registrada (art. 2505, Cód Civil; arts. 2, 20 y 22, Ley 17801), y dado que en el presente caso, el cesionario de los derechos del comprador en subasta omitió efectuar la inscripción respectiva de la adquisición, corresponde priorizar los derechos de quien adquiriera el inmueble por compraventa con inscripción del respectivo título en el Registro de la Propiedad Inmueble. (Del voto de la Dra. Piccinini y Dr. Barotto por la mayoría)
Delitos contra la humanidad, privación ilegal de la libertad, torturas, imprescriptibilidad, ius cogens, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

Es insustancial el planteo relativo a la omisión de declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 ante lo resuelto por la CS en "Simón" si no se presentaron nuevos elementos que permitan la revisión de tal decisión. La comisión de un solo hecho, si se acredita que fue en el contexto del ataque sistemático y generalizado queda abarcada en la categoría de lesa humanidad sin que sea necesario que el sujeto haya cometido numerosas ofensas. Las reglas prácticas sancionadas por la CFCP mediante Ac. 1/12 tienden a evitar la reiteración de la tarea de acreditación de hechos notorios no controvertidos. Ante el tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos y su posible impacto en la precisión de los dichos, la existencia de discrepancias menores no desacredita necesariamente el testimonio. La constatación de las presiones sufridas por la víctima no hace más que reafirmar la verosimilitud de sus dichos y la coherencia en la identificación que hiciera del imputado. Las conductas de secuestrar a determinadas personas en forma selectiva, aprehenderlas, trasladarlas en forma violenta, someterlas a todo tipo de tormentos, ejecutar esos hechos de propia mano, en contra de diferentes personas, son conductas que poseen su propia individualidad e independencia unas de otras, como para considerar que existió pluralidad delictiva. Cabe valorar como agravantes el hecho de haber formado parte de manera voluntaria y convencida, de un plan sistemático de terrorismo de estado implantado por la dictadura militar. (Dres. Slokar, Ledesma y David).
Recurso de casación, sentencia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARBILLA RODOLFO Y OTRA c/ HEREDEROS DE AQUILINO ALEJANDRO FERNANDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-07-31

Comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o fundamentación aparente, el acto sentencia no existe como acto procesal válido, y consecuentemente, quebranta las formas estatuídas ritualmente para su conformación; no se trata de un problema de juzgamiento controlable por el andarivel previsto por el art. 3 inc. a) -Recurso de Casación- de la Ley 1687, sino de su ausencia o aparente proceder válido; ante tal circunstancia el item establecido por el art. 2 -Recurso de Casación- de la citada ley es el aplicable. VOTO: DR. GONZALEZ
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, formación y sanción de la ley, veto parcial, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TABOADA DE GAUTO, CRISTINA DEL VALLE c/ GOBIERNO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Lo atinente a la validez o nulidad de una ley por haber sido objeto de un veto parcial no puede ser juzgada en forma abstracta o genérica, sino atendiendo a todo el contexto legal y a la incidencia que sobre él proyecta concretamente el indicado veto. La doctrina del alto tribunal podría resumirse así: "las facultades jurisdiccionales del Tribunal no comprenden como principio el examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes principio que cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley" Y la inexistencia de uno de esos requisitos estaría dado por una promulgación parcial cuando el proyecto sancionado por el Congreso constituye un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no hubieran podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. En tales condiciones, y habida cuenta de que la invalidación judicial de una ley constituye la última ratio del orden público, corresponde rechazar la inconstitucionalidad alegada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, policía, telefonía celular
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: COSTA, DIEGO GERMAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-22

Corresponde rechazar la queja desde que no se demuestra la decisividad de la supuesta cuestión constitucional que invoca al conocer la autoridad policial datos en formato digital contenidos en celulares, circunscribiéndose a mencionar circunstancias que -a su juicio- constituyen irregularidades en la actuación policial. En atención a ello, debe reseñarse que la Sala expresamente descartó el valor probatorio de cargo del entrecruzamiento de las llamadas de los celulares de personas ajenas a la causa, por lo que analizar la legitimidad de ellas por haber sido dispuestas por la prevención aparece totalmente inoperante. Agregando que ni siquiera las escuchas, más allá de su indudable validez por haber sido ordenadas judicialmente, tienen la suficiente entidad para vincular las conversaciones con el hecho, salvo en lo relativo a un homicidio, pero sin la claridad ni precisión necesarias para aseverar que se trata del ilícito al que responde el proceso. (De los Fundamentos de los Dres. Falistocco y Spuler)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Derecho laboral, extinción del contrato de trabajo, gratificaciones, indemnización por incapacidad, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: WAGNER, NESTOR OMAR c/ ACINDAR S.A. (IND. ARG. ACERO S.A.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  113 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador, compensable, en forma genérica, con cualquier otro crédito que tuviese con motivo de la disolución del vínculo o derivado de las disposiciones de la ley 9688, no resultando, tales acuerdos, violatorios al principio de irrenunciabilidad (art. 12, L.C.T.) aun en el supuesto de carecer de homologación judicial.

Y , si bien dicha la regla jurídica es común y válida para todos los casos en que se presente dicha materia atento a la obligatoriedad de los pronunciamientos del Alto Cuerpo nacional para los jueces inferiores, también lo es que estossupuestos de pretendidas compensaciones de gratificaciones por infortunios laborales se manifiestan sobre una diversidad decuestiones fácticas a evaluar según el caso concreto que impiden trasladar las pautas interpretativas enunciadas sin examinarconcienzudamente los presupuestos de hecho de cada causa sometida a juzgamiento, como serían, por ejemplo, la vía elegida, la forma de instrumentación, su validez, alcance, concreto contenido, etcétera. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gey  Radice Osvaldo c/ Consejo Profesional de Ciencias Economicasde    la   Ciudad   Autonoma   de s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-30

Las partes acordaron una jornada contractual, en cuyo marco el actor cumplía habitualmente labores durante 41 horas y cuarenta minutos, por lo que las tareas cumplidas en exceso y a razón de 8,5 horas mensuales, no superan el máximo convencional pactado, y como tal deben abonarse sin el recargo previsto en el art. 201 de la L.C.T., de conformidad con la doctrina plenaria dictada por la Excma. Cámara en los autos "D´aloi Salvador c/ SELSA S.A.". BN 323
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villalba, Jonathan Fidel. c/  s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

La decisión resistida ha equiparado de manera dogmática la alegada falta de fundamentación de la oposición del Ministerio Público Fiscal -ausencia de oposición-, con un consentimiento (art. 76 bis, cuarto párrafo, CP) que de manera implícita se le atribuye al Sr. Fiscal para dar andamiento, derechamente, a la suspensión del juicio solicitada por el imputado (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Auto de sobreseimiento, nulidad procesal, vista de las actuaciones, falta de vista previa, vista al fiscal, querellante
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA PLATINI s/ NULIDAD - OMISION VISTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-16

Es nulo, -por violación de lo dispuesto en el art. 441 C.P.C.-, el auto que se dicta sin dar vista de lo actuado al querellante, cuando éste, si bien no había sido tenido por tal, había solicitado su reconocimiento en ese carácter antes de que se sobreseyera en la causa. Además, con posterioridad a la vista corrida al representante del Ministerio Público, se incorporaron nuevos elementos de juicio, que en todo caso habrían justificado que se corriera una nueva vista antes de sobreseer.
Determinación del haber jubilatorio, inflación, movilidad del haber jubilatorio, índices de actualización, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BIDEGORRY, PEDRO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

Una razonable ponderación de la realidad económica actual en cuanto al nivel anual de inflación verificado a partir de la vigencia de la ley 23.982, y aquél que se prevé presupuestariamente para lo futuro, permite hallar -mutatis mutandi- una semejanza con aquella que sirvió de marco a la sanción de la ley 18.037. Según datos proporcionados por el I.N.D.E.C., la inflación del año 1968 fue del 7,6 %. Ello amerita una solución normativa adecuada a la actual coyuntura, y al respecto surge como dato de la realidad que los índices de movilidad previstos en la ley 18.037, si se elaboran y aplican correctamente, mantienen incólume el carácter sustitutivo del haber y una justa proporción con el salario de actividad. Conforme ello, el organismo previsional deberá aplicar estrictamente el índice del nivel general de la remuneraciones previsto en los arts. 49 y 53 de la ley referida, tanto para determinar el haber inicial, como para mantener la movilidad futura, y hasta tanto cobre plena operatividad el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241). Este cambio respecto a la pauta de movilidad aplicable no contradice la doctrina del fallo plenario Nro. 1 de la C.N.A.S.S. ("BORDO, Segundo Víctor"), ya que obedece a la modificación de las circunstancias económicas que originaron su pronunciamiento.
Jerarquía de las leyes, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pazos, Eliana Beatriz c/ Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

La pretendida discordancia que pudiere existir entre una ley y un decreto no impone de por sí la descalificación de este último por violatorio del art. 31 de la Constitución Nacional si resultaba indiscutible la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para disponer la modificación de los índices preexistentes.
Cuestiones de competencia, abuso sexual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos C.M.R. sobre 53 bis - agravantes (conductas descriptas en los artículos 51, 52 y 53) s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde mantener la intervención del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en tanto los jueces contendientes no discuten que la acción cuya radicación viene aquí debatida encuadraría, de momento, y sin discrepancias, en el art. 53 del Código Contravencional. Asimismo, ambos magistrados coinciden en cuanto al avance que por ante la justicia nacional habría tenido la causa por abuso sexual, cuya radicación, por lo demás, no viene aquí disputada, la que ya se encontraría en etapa de juicio oral. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Procedimiento judicial de la seguridad social, gastos del proceso, costas, costas al vencido, aplicación de la ley previsional, amparo por mora, aplicación supletoria de la ley, costas al demandado, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ FREDES, MARIA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Las costas procesales representan los gastos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia de la substanciación del litigio, y comprenden tanto el abono de las tasas judiciales como la satisfacción de los honorarios de los letrados, peritos, y las erogaciones efectuadas para la producción de medidas probatorias o de otra índole, por lo que, en principio y dentro de nuestro sistema positivo, las costas deben ser soportas por la parte perdidosa como consecuencia práctica del hecho objetivo de la derrota, y ello siguiendo una directriz axiológica en virtud de la cual se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia. Si bien el art. 21 de la ley 24.463 parte de una premisa contraria a la reseñada, tal directiva no es aplicable en los recursos de amparo por mora de la administración contemplados en el art. 28 de la ley 19.549, que de conformidad con lo dispuesto por el art. 106 del Dec. Reg. 1759/72, impone la aplicación supletoria del C.P.C.C., reivindicando la solución que preconiza el art. 68, 1er.

párr., de dicho cuerpo normativo; principio que se compatibiliza con la índole de la cuestión litigiosa, ya que el ejercicio de una acción de amparo por mora presupone la desidia estatal en responder a las peticiones de los justiciables y justifica que la accionada soporte las costas generales por su morosidad. (Del voto del Dr. Fernández)