Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07


///nos Aires, 7 de mayo de 2008.- AUTOS Y VISTOS:

Convoca la atención del tribunal la presente causa en razón del recurso de apelación deducido por la defensa de Jorge Aníbal Romero contra el auto de fs. 243/244 por el cual se dispuso la inhabilitación del nombrado para conducir automotores, por el término de cuatro meses.

El magistrado instructor concedió el recurso a fs. 250, siendo que en esta instancia el recurrente lo mantuvo a fs. 258.

Y CONSIDERANDO:

En principio, corresponde señalar que de la lectura del auto apelado, en contraposición a lo sostenido por la defensa es su presentación de fs. 248/248 vta., se advierte que reúne los requisitos de fundamentación exigidos por el artículo 123 del código adjetivo, por cuanto el señor juez de grado expresó los motivos que lo llevaron a adoptar la medida impugnada.

Sentado ello, y respecto al fondo de la cuestión debatida, cabe recordar que el art. 311 bis del código adjetivo establece "En las causas por infracción a los artículos 84 y 94 del Código Penal, cuando las lesiones o muerte sean consecuencia del uso de automotores, el Juez podrá en el auto de procesamiento inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir...".

Al respecto, entienden los suscriptos que la inhabilitación dispuesta por el a quo no resulta "exagerada" como sostiene la asistencia técnica de Romero, pues se muestra proporcional a la conducta por la cual se dictó el procesamiento del nombrado (cfr. fs. 219/223 -confirmado por esta Sala a fs. 238/239 vta.-), en razón de la conducción imprudente de un automotor. En efecto, teniendo en cuenta el avanzado estado del presente proceso, así como también la inminencia de la etapa de debate, el término de cuatro meses establecido al ordenarse la medida cautelar luce, en principio, razonable. Esta Sala ya se ha expedido en cuanto a que "...al haberse reunido elementos de convicción suficientes para estimar la existencia de un hecho delictuoso y que el imputado resulta "prima facie" su autor, el ordenamiento procesal penal habilita para determinados casos la supresión de ciertos derechos, sin verse comprometida la constitucionalidad de la misma, más cuando se trate de una medida provisional, sin perjuicio de la que pueda adoptarse eventualmente al momento de dictarse sentencia" (causa nº 24.152 "Benitez, Roberto", rta. 29/6/04).

En igual sentido, se ha establecido que "la medida dispuesta por el art. 311 bis del Código Procesal Penal, al tratarse de una medida cautelar provisoria y limitada en el tiempo, constituye una prudente restricción del derecho del imputado a conducir vehículos automotores. No se trata de una pena anticipada, sino de una medida precautoria que, como el embargo o la prisión preventiva, restringe anticipadamente derechos reconocidos pero que pueden ser limitados en virtud de un interés superior, se trata al fin y al cabo, de una prudente y razonable restricción para quien, en principio, ha sido imprudente en el uso del automotor..." (causa nº 26.277 "Ruíz, Felipe Daniel", rta. 28/04/05, Sala VII) y en similar inteligencia causa nº 18.158 "Orzusa, Gabril", rta. 22/05/02, Sala I; entre otras. Por las consideraciones expuestas precedentemente, el tribunal RESUELVE:

Confirmar el auto de fs. 243/244, en cuanto fuera materia de recurso.

Devuélvase, debiéndose en la instancia anterior cumplir con las notificaciones de estilo, sirva lo proveído de atenta nota de envío. Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra este Tribunal en virtud de lo resuelto por la Presidencia de esta Cámara en lo Criminal y Correccional el 17 de abril del año en curso.