Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, facultades del fiscal, apertura de la instrucción, pronunciamiento inoficioso, denuncia, facultades del juez, facultades de la Cámara de Apelaciones, apartamiento del fiscal, elevación en consulta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CICCONE CALCOGRAFICA S.A. s/ Régimen penal tributario, Incidente de apelación deducido por la querella.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

1 - La promoción de la acción es condición y límite para el ejercicio de la jurisdicción en un caso concreto, por lo cual, reconociéndose con exclusividad al Ministerio Público Fiscal la facultad de promover la acción penal pública, salvo el supuesto excepcional de la existencia previa de una prevención o información policial, el órgano jurisdiccional carece de facultades para proceder a iniciar la instrucción sumarial cuando el representante de aquel Ministerio ha requerido la desestimación de una denuncia, resultando inoficioso que ingrese el tribunal en consideraciones sobre el fondo de una cuestión en relación a la cual no puede ejercer la jurisdicción que no ha sido excitada por el órgano legalmente habilitado al efecto (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 2 - Una vez recibida la denuncia, el juez deberá transmitir la misma al fiscal interviniente, quien es el titular de la promoción y el ejercicio de la acción penal pública (Art. 5 y 65 del CPP y Art. 25, inc. c), de la ley 24946) y, en tales circunstancias, si el Ministerio Público Fiscal no requiere la instrucción sumarial en los términos del Art. 188 del CPP, el magistrado se encuentra impedido para iniciar la investigación, pues al no tener delimitado el objeto procesal de la misma, ni haberse estimulado la actividad jurisdiccional por el órgano facultad o legalmente al efecto, si se iniciara la instrucción de la causa se vulneraría la prohibición legal que veda al juez instructor proceder de oficio ("ne procedat iudex ex officio") (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 3- La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció doctrina en el fallo "Quiroga", declarando la inconstitucionalidad del Art. 348, segundo párrafo, primera alternativa, del CPP, en cuanto a la facultad otorgada a las Cámaras de Apelaciones para apartar al fiscal interviniente e instruir a otro fiscal para elevar la causa a juicio en los casos en los cuales, por no estar de acuerdo con el sobreseimiento solicitado por el fiscal de la causa, el juez instructor remitiera la misma en consulta al superior en grado (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 4- Cualquiera sea la vía por la cual se abra la competencia de la Cámara de Apelaciones (procedimiento de consulta o recurso de apelación), si se arribara a la conclusión que correspondiera que el fiscal de la instancia anterior requiera la instrucción del sumario o formule el requerimiento de elevación de la causa a juicio, aquellas resoluciones implicarían en la práctica que un órgano jurisdiccional imparta, directa o indirectamente, directivas improcedentes al Ministerio Público Fiscal por las cuales se podría configurar una situación de afectación de la garantía de imparcialidad del órgano jurisdiccional o de intromisión en la independencia funcional de aquel Ministerio Público, a las cuales se refiriera la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Quiroga" (Fallos 327:5863) (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 5 - Por lo previsto por los Art. 5, 65, 180 y 195 del CPP y Art. 25 inc. c) de la ley 24946, queda claro que la parte querellante no tiene facultades para promover autónomamente el inicio de la etapa instructoria en los delitos de acción pública, razón por la cual, aún en caso de estimar esta Cámara de Apelaciones que la resolución impugnada (en el caso, la desestimación de la denuncia) no es la pertinente y que la instrucción debería ser iniciada en el caso, la revocatoria de aquella decisión no permitiría contar con el estímulo independiente del Ministerio Público Fiscal requerido constitucional y legalmente para situaciones como la que se presenta en el supuesto en examen (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).- 6 - Puesto que a partir de que la CSJN estableció que es inconstitucional el procedimiento de elevación en consulta de una causa en los casos previstos por el Art. 348, segundo párrafo, primer supuesto, del CPP, no cabe sino interpretar que el pretenso querellante, quien carece de facultades legalmente conferidas para promover autónomamente la acción penal en casos de delitos de acción pública (Art. 71 del CP, Art. 5 y Art. 65 del CPP y Art. 25 inc. c), de la ley 24946) y vista la imposibilidad que pesa sobre los órganos jurisdiccionales de impartir directivas para la actuación del Ministerio Público Fiscal, sólo puede recurrir una resolución que desestima una denuncia - medie o no un recurso fiscal en igual sentido - cuando tal decisión ha sido adoptada a contrario de un requerimiento fiscal de instrucción, esto es, cuando previamente, ha sido promovida la acción penal pública por el órgano facultado para provocar el inicio de la instrucción, de modo tal que no resulta atendible la argumentación referida a que carecería de sentido práctico la posibilidad recursiva otorgada al querellante (Art. 180, in fine, del CPP) si el tribunal de segunda instancia carece de facultades para revocar una resolución que desestima una denuncia ante la impugnación de la pretensa querellante (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia)