marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguro por accidente de trabajo, rescisión del contrato, oponibilidad al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, LUCIANO c/ ANCORA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-05-16

En la cuestión relacionada con la vigencia del contrato de seguro de accidentes del trabajo y su oponibilidad al trabajador (tercero beneficiario) deben distinguirse los supuestos de ausencia de cobertura, de las cláusulas de caducidad. La 'caducidad' es la sanción que normalmente se establece en el contrato de seguro para el caso de incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado (ejemplo: no denunciar el siniestro), no afecta a todo el contrato ni ataca el vínculo contractual como lo hace la 'rescisión'; estas caducidades son inoponibles al trabajador y sus derechohabientes (artículo 20 inciso d) de la Ley 9688). Pero si el contrato de seguro ha sido rescindido, dentro de las condiciones previstas en la póliza y permitidas por la Ley de Seguros, aquél no tiene existencia y no hay relación jurídica que obligue a la compaÑía aseguradora.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito
Materia: PROCESAL
Carátula: Escudero, Daniel Osvaldo c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Corresponde rechazar el pedido de exención del depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fundado en la ley 24.043, si ésta no contiene disposición alguna que lo exima de la carga mencionada, a lo que se suma que el reclamo del actor no puede ser dispensado del referido depósito ni en virtud de la exención dispuesta en el art. 13, inc. c, de la ley 23.898 ni con base en las restantes exenciones que esa norma prevé.
Recurso de inconstitucionalidad, empleados públicos, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ULL, LUIS SALVADOR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

Esta Corte afirmó, en autos "González Palicio" que si bien la nulidad de un acto que extingue la relación de empleo debería acarrear su reconstitución"... de ello no deriva ineludiblemente el derecho del empleado a percibir los emolumentos como si hubiera estado en actividad". Así, se desestimó en dicha oportunidad la tesis del automatismo atento a la ausencia de normas administrativas de orden local que resolviesen de distinta manera la cuestión, criterio que fue seguido por este Cuerpo en numerosos precedentes.

En el caso de autos (agente judicial suspendido preventivamente, cuyo sumario administrativo se declaró prescripto por la Corte transformándose dicha suspensión en inhabilitación provisoria para actuar en la Administración de Justicia por aplicación del artículo 191 inciso 1 de la ley 10160 en su texto vigente a ese momento), no existe dentro del ordenamiento jurídico aplicable la obligación de reconocer automáticamente el derecho a percibir salarios caídos y, aún si existiera, la interpretación restrictiva se impone, desde que tampoco se encuentra acreditada una situación que permita excepcionar el principio de la improcedencia del reconocimiento de emolumentos por funciones que no han sido desempeñadas atento al tiempo que dejó transcurrir hasta su pedido de reintegro, sin demostrar una determinada situación fáctica que pudiera encuadrar 'prima facie' dentro de las excepciones al principio general mencionado. (En disidencia parcial: Dres. Falistocco y Spuler)(Citas: CSJStaFe "González Palicio" AyS T 20 p 229; T 24 p 465; T 43 p 481; T 56 p 5; T 61 p 126; T 63 p 175. CSJN Fallos:288:244; 297:427; 303:1824; 308:681; 313:473; Fallos:144:158; 308:681)
Verificación de créditos, multa, promoción industrial, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mides S.A. Algodonera del Chaco s/ quiebra s/ inc. de verificación tardía por Estado Nacional - Ministerio de Economía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la pretensión verificatoria con fundamento en que la aplicación de la multa por incumplimiento de la ley 21.608 fue un acto posterior a la declaración de falencia, circunstancia que juzgó suficiente para negar el carácter preconcursal del crédito, ya que prescindió de examinar si la causa que dio origen al crédito era anterior a la falencia y, en caso de ser ello así, de considerar la aptitud del título para admitir la insinuación en el pasivo.
Interdicto de retener, posesión, daños y perjuicios, obras públicas, Estado Provincial
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ballester Bedoucq de Rocha, Graciela Josefina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ INTERDICTO DE RETENER Y DE OBRA NUEVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

Corresponde rechazar el interdicto de retener intentado a raíz de la construcción por el gobierno provincial de un canal para paliar el problema de las inundaciones a través del desvío de las aguas.

Ello es así, pues si la actora no alega que las obras se lleven a cabo en los campos de su propiedad sino que a consecuencia de ellas se inundaron es evidente que no hay actos posesorios de la demandada que perturben su posesión ni pretensión alguna sobre el inmueble que justifique la vía intentada (art. 610 Código Procesal), sin perjuicio de los reclamos que puedan promoverse para el resarcimiento de eventuales daños.
Concurso preventivo, acreedores del concurso, votación del acuerdo preventivo, aprobación del acuerdo preventivo, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kim SA (Hoy Arosa Rosario SA) c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El principio general en lo que atañe a cómo se conforman las mayorías computables para la aprobación de la propuesta de acuerdo, es que la totalidad de los acreedores que se encuentran alcanzados por cualquiera de las fórmulas presentadas por el deudor se hallan revestidos -por el solo hecho de serlo- de un doble orden de atribuciones: la de que su crédito sea incluido dentro la base computable para la obtención de las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta; y, como consecuencia de ello, que su conformidad -o ausencia de ella- tenga incidencia o gravite en la formación de la voluntad colectiva que determina la aprobación o el rechazo de aquella (cfr. precedente JN Com. 16, precedente "Telearte SA Empresa de Radio y Televisión s/ conc. prev. s/ inc. exclusión de acreedores integrantes del llamado Grupo Telefónica"). Síguese de esta regla que cualquier acreedor que haya cumplido con la carga de verificar su crédito en el concurso y que, como consecuencia de ello, haya sido admitido para conformar la masa pasiva del deudor concursado, no sólo tiene derecho -como principio- a que su voz sea escuchada, aceptando o no la propuesta, sino también a que su crédito sea computado en la base de cálculo de las mayorías que permiten alcanzar las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta. Y esto es así porque, si el acuerdo preventivo alcanzado entre el deudor y sus acreedores es oponible a todos éstos, hayan votado -o no- favorablemente la propuesta y/o hayan participado -o no- del procedimiento concursal, parece claro que el mínimo derecho que es dable reconocerles es el de ser tenidos en cuenta entre aquellos que pueden opinar acerca de las bondades de la propuesta y, llegado el caso, decidir si aceptan -o no- sus términos para el cobro de las acreencias concordatarias, más allá de si dicha propuesta involucra como habitualmente ocurre quitas, esperas u otras modalidades susceptibles también de afectar la calidad y extensión de sus derechos, con la consiguiente conculcación de garantías de raigambre constitucional, como lo son las de la propiedad y la de la defensa en juicio (CN 17 y 18).
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Derecho, Rene Jesús c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal -causa N° 24.079-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que declaró la prescripción de la acción penal (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Sanciones procesales, nulidad de sentencia, falta de pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: ARCONETTI, Ulises c/ ROSELLO, Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Cuando la omisión es imputable al órgano judicial, ello engendra, como regla general, la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias o la nulidad de la decisión dictada fuera de plazo (arts. 167 y 168 del Código Procesal). Y sólo hasta ahí se puede hablar de consecuencias de la inactividad judicial, las que no incluyen la caducidad o perención de la instancia.-
Derecho bancario, sistema financiero, bancos, responsabilidad del banco, cheque, acción por el depósito, endoso, beneficiario del título, extravío del cheque
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Kalid SRL c/ Banco Santander Río SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Tanto la ley como la Reglamentación del Banco Central de la República Argentina imponen al tenedor desposeído y/o al cuentacorrentista la obligación de denunciar el extravío o sustracción, es decir la desposesión involuntaria, del cheque ante el banco girado en forma presencial, siendo insuficiente la mera comunicación por otros medios (v. Reglamentación BCRA Cta. Cte. Ap. 7.2), por lo que la omisión de dicha carga exime de responsabilidad a la entidad que procedió al pago en desconocimiento de las circunstancias; debiendo el tenedor cargar con las consecuencias disvaliosas de la omisión.
Sentencia, voto de adhesión
Materia: PENAL
Carátula: Reybaud, Carlos Enrique s/ Infracción art.302 del Código Penal Ramírez, Pedro Rodolfo; Rodríguez, Raúl Oscar s/ Tentativa de robo calificado por el uso de armas Ortiz, Julio Argentino s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09|1996-04-09|1991-08-13

No es nula la sentencia en la que los jueces de los Tribunales Colegiados que proceden en la votación no expresan por extenso sus fundamentos, limitándose a adherir al del que los precedió por concordar con los dados por éste.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, cónsules, extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Radziwill, Carlos s/ causa Nro. 9439.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema en los asuntos concernientes a embajadores extranjeros responde a la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los sujetos de derecho internacional; asegurando a sus representantes diplomáticos acreditados en nuestro país las máximas garantías que, con arreglo a la práctica uniforme de las naciones, debe reconocérseles para el más eficaz cumplimiento de sus funciones.
Tarjeta de crédito, responsabilidad del banco, información crediticia, ley de defensa del consumidor
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Salguero Rotela, Diana Jessica  c/ Banco Patagonia Sa s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

Además, la obligación del banco de confeccionar el resumen de la tarjeta de crédito sin incluir cargos por operaciones rechazadas por sus propia acción (ley 25065: 22), y de realizar las gestiones tendientes a rectificar la información incorrecta reportada al BCRA tras su advertencia manifiesta por la parte actora (art. 16 de la reglamentación de la ley 25326) constituyen obligaciones de resultado cuyo defecto implica un vicio en la prestación del servicio (LDC 40). Esta consideración se agrava al valorar la conducta del banco conforme el estándar de responsabilidad que le corresponde frente al consumidor en cuanto empresa con alto nivel de especialización (CCCN 1725; CNCom, Sala B, in re "Catania, Daniel Alberto c/ Banco Santander Río SA y otros s/ ordinario", del 19/12/22).
Derecho laboral, medidas cautelares, cauciones
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Villamayor, Liliana Amalia c/ Cabaña Avícola Jorju SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

El actor apela la resolución dictada por la juez "a quo" en virtud de la cual se resolvió que, previo a proveer el pedido de giros por capital y honorarios formulado por los recurrentes, estos debían prestar caución real. Así, debe mencionarse que -por vía de analogía- corresponde aplicar al procedimiento laboral la disposición contenida en el art. 258 del CPCC a fin de obtener una caución que garantice la restitución de los importes que hayan retirados, para la hipótesis de que la Corte Suprema decida revocar el pronunciamiento dictado en la Alzada. Sin embargo, en ausencia de previsión normativa, y sin perjuicio de la facultad de establecer cauciones conforme la citada norma procesal, el juez debe determinar prudencialmente la viabilidad de la medida a la luz de la valoración de las circunstancias que se evidencien de la causa. En las presentes actuaciones, no se observa razón alguna de índole fáctica o normativa que justifique exigir caución real. En consecuencia, corresponde hacer lugar al planteo incoado.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vogel Juan Carlos c/ T.C. Bernal S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-22

La falsedad de firma desemboca en la inexistencia del acto y es insusceptible de ratificación o tácito consentimiento (Art. 1012 del Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de cuestionar una norma de una constitución provincial que no permitía la reelección inmediata del Gobernador y del Vicegobernador, señalo: " la exigencia de un intervalo de un período para posibilitar la reelección no vulnera ninguno de los principios constitucionales que hacen a la estructura del sistema adaptado por la Constitución Nacional, ni los derechos políticos que reconocen a los ciudadanos esta ley fundamental y los tratados y convenciones sobre derechos humanos, pues la forma republicana de gobierno no exige necesariamente el derecho de los gobernantes a ser nuevamente elegidos.
Vivienda única, bienes inembargables, constitucionalidad, protección de la vivienda, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRENNI CARLOS Y OTROS s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-12-19

Los nuevos principios sociales receptados en la Constitución de Córdoba en 1987 y recientemente en la Constitución Nacional de 1994 son el producto del signo del siglo que termina, esto es la cuestión social planteada desde su inicio. Estas mutaciones de la concepción del derecho y de las doctrinas constitucionales han acabado con el derecho liberal individualista y las concepciones constitucionalistas rígidas que degeneraron en un juridicismo inhumano que terminó considerando al derecho como un fin en si mismo. Ya no se habla mas de derechos del ciudadano por que es un anacronismo. Hoy sólo se admite derechos humanos y es universalmente considerado que la única rigidez admisible del derecho es la referida a aquellas normas que proclaman y sostienen los derechos humanos fundamentales entre los cuales la vivienda en el sentido de "techo", tiene especial consideración. Ese techo, ese asiento de la familia, es excluido de las garantías patrimoniales y así lo considera el mandato constitucional cordobés inserto en el art. 58 que como lo hemos demostrado encuentra soporte en la Constitución Nacional y en la Ley 14394. Si la persona quiere que ese bien responda por sus deudas le basta con renunciar expresamente al derecho.-
Derechos y garantías constitucionales, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra. s/ Acción  de  Amparo  -  Medida  de  no  innovar - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

El verdadero fundamento de la formulación, en su doble aspecto, de la garantía de los jueces naturales, consiste en la voluntad de asegurar a los habitantes de la nación una justicia imparcial, cuyas decisiones no puedan presumirse teñidas de partidismo contra el justiciable, completando así el pensamiento de implantar una justicia igual para todos, que informe la abolición de los fueros personales.
Falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, agravio concreto, subsanación del error, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GOGGI, Carlos y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

El delito de falsedad ideológica previsto en el art. 293, C.P., prevé dos acciones como punibles, estas son, la de insertar o hacer insertar en un instrumento público, declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

El delito de falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba erga omnes; más, se insertan declaraciones falsas cuando lo que realmente ha pasado en presencia de quien tiene la obligación de colocar lo que verdaderamente ocurrió.

Si en las notas que el denunciante menciona como instrumento del delito, se mencionaba que el actor gozaba del beneficio de litigar sin gastos -cuando ello no era así-, pero ello no significaba que el beneficio mencionado se estaba otorgando en ellas, no se advierte que se hayan asentado declaraciones falsas que hayan provocado un perjuicio, ya que sólo fueron confeccionadas a los fines de elevar los autos al superior.

Por ello, si el error fue subsanado por el magistrado, debe confirmarse el sobreseimiento del imputado en orden a los delitos de falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Ejercicio profesional, relación de dependencia, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

Los profesionales liberales (médicos, abogados, contadores, arquitectos, etc.) se encuentran ante la disyuntiva de incorporarse a una empresa como un elemento de trabajo más o, por el contrario, correr con el riesgo de manejar su autonomía profesional de un modo tal que su labor asuma el carácter de autónoma. En consecuencia, no cabe efectuar afirmaciones dogmáticas respecto a la existencia de relación laboral entre un profesional y la empresa que lo contrata, ya que se trata de una cuestión de hecho a decidir en cada caso concreto.
Rutas, responsabilidad del concesionario (administrativo), animales sueltos en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: Basualdo Argentino René c/ Empresa Virgen de Itatí C.O.V.S.A. (VICOV S.A.) y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-11-05

Ante la omisión de la concesionaria de acreditar que realizó las diligencias necesarias para prever y evitar eventos como el de marras, los daños sufridos por el actor deberán ser por ella indemnizados en virtud de no haber podido destruir la presunción de responsabilidad derivada de la naturaleza objetiva del deber de seguridad asumido frente al usuario dado que la presencia de animales sueltos en la ruta constituyen un riesgo potencial debiendo el concesionario adoptar las medidas urgentes necesarias para evitar los daños sufridos por el usuario, mas allá de la responsabilidad que pudiera corresponder conforme art. 124 del Código Civil al propietario del animal, que al no haber sido citado a juicio no constituye materia a resolver en el presente.
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, transferencia del personal, asignación de funciones, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PORELLO, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 369 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Es improcedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto contra la resolución municipal que les asigna nuevas funciones o tareas desde que si bien los actores alegaron haberse desempeñado con idoneidad y capacidad, no acreditaron haber accedido a los cargos que expresan ocupaban- Directores-, mediante la realización de un concurso para la provisión de los mismos, por lo que no es aplicable la línea jurisprudencial de "Juárez" y "Cutchet" debiendo concluirse, pues, en la legitimidad del acto impugnado en cuanto asignó funciones que no eran de un ámbito por completo extraño al de las funciones por las que se agravian. Además, en rigor no se dispuso la "cesantía" en un cargo, sino que sólo se le asignaron a los requirentes otras funciones diversas de las que le habían sido anteriormente encomendadas, sin mengua del estipendio.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores, Dora c/ Angelani, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Si bien el análisis sobre la situación cuasidelictual que protagonizan dos conductores de automotores no debe sacarse de las tierras de la responsabilidad extracontractual, no debe echarse en saco roto que, por imperio del contrato de transporte, el juzgamiento y la prueba de las causales de extinción del transportador frente a su transportada, no tienen porque dulcificarse o perder el rigor y la estrictez que le impone tal contrato. De modo que la alegada culpa de un tercero solo ha de excluir la del transportador cuando fuera exclusiva (es decir sin que medie culpa de éste y el hecho de aquél tenga los caracteres de lo imprevisible e inevitable), pues la culpa concurrente de ese tercero no excluye ni aminora la responsabilidad de los daños sufridos por su pasajero.
Sentencia arbitraria, incongruencia, procedimiento tributario, multa tributaria, clausura del establecimiento, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: O'Reilly, Miguel Angel "El Shopping de La Limpieza" s/ infr. Art. 44, inc. 1, ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Es contradictorio el pronunciamiento que estableció la improcedencia de la "multa" establecida en el art. 44 de la ley 11 683, cuando dicho precepto sanciona con clausura el incumplimiento de los deberes formales allí previstos.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: De Faveris, Jorge Humberto s/ Robo Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03|2003-02-05

La figura agravada descripta en el art. 166 inc. 2 del Código Penal sólo hace referencia a que el robo se cometiere "con armas" y no se exige nada más para que se perfeccione el delito. La razón de la agravante defensa de es la disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, al neutralizarla para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa que el artefacto utilizado, si es que se trata de un arma de fuego, sea o no apto para producir disparos, pues tal contingencia no lo descalifica como lo que es.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)