Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-12


SENT Nº 70 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Marzo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en autos: "Zamorano Mario Daniel vs. Fernández Víctor Hugo s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 489/496 por la representación letrada de la parte actora en contra de la sentencia del 09/4/2012 (fs. 480/484 y vta.) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

Corrido traslado a la contraparte es contestado por la representación letrada de la aseguradora a fs. 500/502 solicitando el rechazo del recurso.

El recurso es concedido por auto interlocutorio del 11/6/2012 (fs. 510 y vta.).

II.- Previo relato de los antecedentes del caso, sostiene que el fallo se ha apartado del régimen legal previsto en el art. 1113 del CC; que incurre en arbitrariedad fáctica que lo descalifica como acto jurisdiccional válido; que se aparta de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas; prescinde de elementos probatorios que resultan idóneos tomando otros confusos, contradictorios e indirectos; que ha vulnerado el art. 18 de la CN, los arts. 33, 34, 40, 272 y cc del CPCyC y la doctrina de los arts. 1113, 1109 y cc del CC.

II.a- Como primer agravio, relacionado con la responsabilidad en el evento, expone que la sentencia deja de lado la aplicación del art. 1113 del CC; que cuando el daño es causado por una cosa riesgosa -un automóvil, como en autos-, emerge una responsabilidad de carácter objetivo; que en tal caso la única manera de eximirse de responsabilidad es acreditando la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no debe responder; que la forma en que ocurrió el accidente no fue acreditada por ninguna de las partes; que no se produjo pericial accidentológica ni testimonial ni nada.

Afirma que el acta cabeza de sumario y el acta de inspección ocular de la causa penal -únicos elementos en los que se basa la sentencia-, son dudosas, mal redactadas, confusas, mal labradas y no respaldadas por ninguna otra prueba; que ante la falta de certeza de cómo ocurrió el accidente no cabe más que la aplicación del art. 1113 del CC; que desvirtuar la presunción se encuentra a cargo del dueño o guardián de la cosa riesgosa; que a su parte le cabe acreditar tal cual lo hizo, la existencia del hecho, la relación de causalidad y el daño producido.

Expresa que valorar estas actas con las deficiencias apuntadas y aplicar mal el derecho importa valoración absurda y arbitraria en cuanto sostiene que el actor es el embistente y culpable absoluto con fundamento en el acta policial que dice que el automóvil tiene una abolladura en la parte inferior de su puerta trasera izquierda, que la moto tiene daños en el manubrio y faro delantero y que existe una frenada de siete metros por calle Rivadavia producida por la motocicleta.

Sostiene que la valoración efectuada contradice los principios de la sana crítica racional en razón que: a) ambos vehículos habían sido removidos del lugar; b) que es absurdo el argumento de la sentencia sobre la frenada de su parte y la huella de siete metros por calle Rivadavia hacia el este a que alude, en razón que la moto circulaba por calle Moreno de Norte a Sur, interrogándose si no fue éste el que frenó; que ante la duda y nula actividad probatoria de los demandados sobre las eximentes de responsabilidad, debió aplicar la responsabilidad objetiva; c) que no se puede dar por probado que la abolladura del automóvil sea consecuencia del impacto de la motocicleta porque en su caso se produciría a media altura y no en su parte inferior; que no es razonable la lesión de su parte que se produce en su miembro inferior derecho con fractura incluida; que la motocicleta llegó primero a la encrucijada y el automóvil lo embistió; que de otro modo no se explica la lesión; d) que en la causa penal ni siquiera existe un croquis, ni planimetrías, ni testigos ni pericias; que tampoco los hay en el presente proceso.

Afirma que ante la inexistencia de actividad probatoria de la demandada y la aseguradora, prevalece la responsabilidad objetiva prevista por el art. 1113 CC; que las actas no prueban la mecánica del accidente; que el ofrecimiento de la causa penal por su parte y su falta de impugnación a las mismas no tiene la trascendencia que se asigna en la sentencia en razón que tales pruebas fueron invocadas por su parte para demostrar que el hecho existió pero de ellas no surge como sucedieron los hechos.

Refiere que atribuir la frenada cuya huella se observa sobre calle Rivadavia hacia el este a la motocicleta que circulaba por calle Moreno hacia el Sur, es absurda y contradice las reglas de la física; que la sentencia podría haber concluido que la huella de frenada es del automóvil y que fue éste que a pesar del frenado, no pudo evitar el impacto y colisionó a la moto; que la deficiencia del acta es secundaria.

II.b- Como segundo agravio relacionado con el rechazo de la citación en garantía de la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. se queja en cuanto se fundamenta en el pago tardío de la cuota del seguro, tres días después de ocurrido el siniestro, en tanto se basa en una fotocopia simple de un detalle de cuenta adjuntada por la compañía.

Afirma que una fotocopia simple no constituye prueba y que la misma no fue reconocida ni expresa ni tácitamente por su parte ni por el asegurado; que la misma no es una prueba instrumental como lo afirma la sentencia; que la prueba pericial contable ofrecida por la aseguradora para acreditar el pago fuera de término no fue producida; que a pesar de lo expuesto la Cámara consideró que estaba eximido de estudiar el tema atento el resultado arribado; que a su criterio debió ser tratado el tema pues su resultado esta ligado al tema de las costas; que la aseguradora intentó probar sin éxito la exclusión de cobertura sin producir prueba referida al accidente en sí mismo.

II.c- Como tercer agravio y relacionado con las costas, con carácter subsidiario reitera su queja que las mismas le fueron impuestas por la actuación desplegada por la citada en garantía en razón que tal citación no fue provocada por su parte ni la demandó, sino que fue citada por el demandado y que las circunstancias del seguro no eran conocidas por su parte; que su parte no se opuso a la citación alegando que es una cuestión que le es ajena; que por ello la sentencia impugnada debió tratar el tema de la falta o no de cobertura por la aseguradora. Propone doctrina legal y expresa que mantiene la reserva de recurso extraordinario federal.

III.- La sentencia impugnada sostiene que el recurrente deja incólume el argumento de sostén sentencial referido a que fue su parte la que ofreció el expediente penal como prueba en autos, en el escrito de demanda de fs. 6/9 y en el cuaderno de prueba N° 1 (fs. 129) y que no existe prueba en contrario que lo desvirtúe; que en consecuencia, de conformidad al principio de adquisición procesal, no puede pretender que aquellas actuaciones sean ignoradas por el órgano judicial, tampoco puede, en base a hipótesis no acreditadas, restarle eficacia en esta instancia cuando con anterioridad no formuló impugnación alguna. Afirma que lo que cuestiona el recurrente es la valoración de la prueba efectuada por la sentenciante y la impugnación propuesta traduce solo discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas; que los interrogantes que plantea no logran desvirtuar lo resuelto; que no se advierte que el pronunciamiento incurra en un apartamiento de los antecedentes de hecho ni del régimen legal aplicable; que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los argumentos que las partes exponen en sus escritos, ni todas las probanzas rendidas sino solo aquellas que a su criterio sean conducentes para la solución del pleito.

Refiere que más allá de que el acta policial da cuenta que los vehículos fueron removidos, lo cierto es que los daños que éstos presentan no están cuestionados y el accionante no acredita en los términos del art. 307 procesal que tuvieran otra causa que no sea la del accidente; que por ello y ante la ausencia de otra prueba, cabe concluir que los daños del auto en el lado lateral izquierdo, parte trasera: "hundimiento en la parte baja de la puerta trasera izquierda y un raspón en la parte superior", que aparece averiada, al igual que la rotura del manubrio lado izquierdo y faro delantero de la moto, son producto del accidente.

Expresa que el recurrente reconoce que no existe otro elemento que acredite la mecánica del hecho, desde que no fueron aportados por su parte ni por la contraria, no resultando suficiente para desvirtuar dicha conclusión la existencia de fractura en el miembro inferior derecho del accionante; que considerando que la localización de daños en ambos vehículos, es un elemento de gran importancia para establecer la responsabilidad de los intervinientes en el hecho, comparte la conclusión de la sentenciante en el sentido de que aparece como vehículo embistente la motocicleta, en razón de que solo su frente aparece dañado "rotura del manubrio lado izquierdo y faro delantero" y el automóvil es el vehículo embestido, pues los daños se localizan en la parte trasera "hundimiento en la parte baja de la puerta trasera izquierda y un raspón en la parte superior", con cita de jurisprudencia sobre presunción de culpabilidad del vehículo embistente.

Sostiene que se agrega la circunstancia que el accionante no tuvo prioridad de paso en el cruce, lo que refuerza su culpabilidad, desde que debió extremar sus precauciones antes de iniciar el cruce, reduciendo en forma sensible la velocidad y ceder espontáneamente el paso al vehículo que se presente por su derecha, con cita de doctrina y jurisprudencia sobre los riesgos que crea la motocicleta. Expone que respecto a la huella de frenada en el pavimento destacada por la instrucción policial aparentemente por el desplazamiento producido por la motocicleta, que se observa en la parte media central en que convergen ambas calles y se extiende al cardinal este por calle Rivadavia, no trae el recurrente nuevos elementos técnicos o la opinión de un experto sobre la materia, que avale su apreciación de los hechos y desvirtúe la conclusión sentencial.

Afirma que cabe confirmar la sentencia que rechaza la demanda al concluir que no fue el riesgo o vicio de la cosa, sino la propia culpa de la víctima la que determinó el resultado que interrumpe el nexo causal y libera de responsabilidad al accionado, con cita de jurisprudencia sobre la incidencia de la inobservancia de reglamentos de tránsito en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero, conforme los términos antes expresados, para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en qué extensión-, la situación prevista en la parte final del apartado 2° del art. 1113 del Cód. Civil.

Expresa que el rechazo de la demanda exime la necesidad de estudio respecto a la citación en garantía y determina asimismo el rechazo del recurso en materia de costas, dado que la imposición de costas del principal, resulta independiente de la de los incidentes, y dado el carácter de vencido del recurrente en el principal.

IV.- El recurso ha sido concedido por auto 11/6/2012 (fs. 510), correspondiendo en esta instancia el reexamen de admisibilidad y, en su caso, de procedencia.

Ha sido deducido en término, contra sentencia definitiva; se basta a sí mismo; el recurrente actúa con beneficio de litigar sin gastos, por lo que el depósito deviene innecesario; se fundamenta en la violación de normas de derecho de fondo y forma y en la arbitrariedad de la sentencia y propone doctrina legal, por lo que cumple con los recaudos previstos en los arts. 748, 750, 751, 753 y 754 del CPCyC. En consecuencia, el recurso resulta admisible.

V.- De los términos del memorial casatorio puestos en relación con los fundamentos sentenciales, se concluye en que el recurso no puede prosperar.

V.a- Al agravio sobre la responsabilidad en el evento:

La pretensión del recurrente está dirigida a que se efectúe un nuevo análisis de las pruebas para que se establezca que la culpa de la víctima no fue causa de la producción del accidente y que -por tanto-, existe responsabilidad exclusiva del demandado en el evento.

En numerosos precedentes esta Corte ha declarado que la atribución de responsabilidad en un accidente de tránsito, a través de la evaluación de las circunstancias que rodean el siniestro, constituye una típica cuestión de hecho, inabordable en principio en casación, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad que no se advierte en el caso. (cfr. CSJT en sentencias Nº 814 del 17/9/2002 en "Medina Carlos Antonio y otro vs. Assat Héctor y otros s/ Daños y perjuicios"; Nº 31 del 10/2/2005 en "Medina Héctor R. vs. Coronel de Farías N. y otro s/ Daños y perjuicios"; N° 623 en "Vallejo Beatriz Antonio y otros vs. Sode Alfredo Luis y otras s/ Daños y perjuicios" del 29/7/2005; Nº 160 "Raiden Lascano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios" del 21/3/2007; Nº 707 en "Guzmán Ernaldo y otro vs. Almaraz Gustavo y otro s/ Daños y perjuicios" del 06/8/2007; Nº 720 en "Romano Hugo vs. Valls Federico José y otros s/ Daños y perjuicios" del 06/8/2007; Nº 268 en "Suárez Leandro Hipólito vs. Moisés Miguel Jorge (H) s/ Daños y perjuicios" del 30/4/2008; Nº 1072 en "Alarcón Isidro Buena Ventura vs. Ascárate Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios" del 03/11/2008; Nº 62 en "Luna Daniel Guillermo vs Porcel de Corda Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios" del 20/02/2009; Nº 586 en "González Griselda Dolores vs Gómez Juan José y otro s/ Daños y perjuicios" del 17/6/2009; Nº 591 en "Bravo Ramón Antonio vs. López Osvaldo y otra s/ Daños y perjuicios" del 17/6/2009; sentencia Nº 824, 28/10/2010, "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", entre muchas otras).

Tampoco luce fundado el agravio referido a una errónea aplicación del art. 1113 del Cód. Civil. Los supuestos contemplados por la norma citada (párrafo 2, 1ª y 2ª parte) y la distinción en el régimen de responsabilidad (responsabilidad de base subjetiva para los casos de daños causados con la cosa, y responsabilidad objetiva para los daños causado por el riesgo o vicio de la cosa), han sido objeto de un profuso desarrollo en la doctrina, empeñosa en marcar la distinción en el régimen jurídico aplicable a cada situación (Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias, T. 3 A, pág. 468; Mosset Iturraspe-Piedecasas, Código Civil Comentado, pág. 327; López Mesa, Marcelo, Código Civil y leyes complementarias, T. II, pág. 646 y sgtes.; Alterini-Ameal-López Cabana, Derecho de Obligaciones, pág. 723 y sgtes.; Pizarro, Ramón Daniel, Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa, pág. 355 y sgtes.; entre muchos otros). Pero aún cuando el recurrente estima errónea la aplicación de la norma citada, pues a su juicio el criterio de la responsabilidad objetiva determina que el demandado conductor del automotor es responsable del accidente, al no haber acreditado la culpa de la víctima, puede afirmarse que la aplicación de la mentada norma en la sentencia impugnada resulta incuestionable.

La doctrina y la jurisprudencia son contestes en sostener que las acciones por daños derivados de la circulación automotriz se resuelven conforme lo establecido en el art. 1113, 2do. párrafo, 2ª parte (responsabilidad de base objetiva, con fundamento en la teoría del riesgo), sin perjuicio de que la culpa, como norma de clausura del sistema, pueda contribuir a la determinación de la responsabilidad de los sujetos involucrados en el evento dañoso (cfr. CSJTuc., sentencias Nº 1072, "Alarcón, Isidro Buena Ventura vs. Ascárate Ricardo Joaquín y otro s/ Daños y perjuicios", 03/11/2008; Nº 623, "Vallejo, Beatriz Antonio y otros vs. Sode, Alfredo Luis y otras s/ Daños y perjuicios" del 29/7/2005; Nº 31, "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farías, Norma Lía y otros s/ Daños y perjuicios" del 10/02/2005; Nº 814, "Medina, Carlos Antonio y otro vs. Assat, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios" del 17/9/2002; entre muchas otras).

De otro lado, la crítica encaminada a cuestionar la existencia de culpa de la víctima que interrumpe el nexo causal del accidente y libera de responsabilidad al demandado no puede prosperar.

Es criterio monocorde que la constatación de la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil -el hecho generador, el daño, la relación causal y el factor de atribución (cfr. Alterini-Ameal-López Cabana, Curso de Obligaciones, T. I, pág. 180 y sgtes.; Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado-Obligaciones, T. 2, pág. 468; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de Obligaciones, T. IV, pág. 601) remite necesariamente a la valoración del cuadro fáctico y de las pruebas arrimadas al proceso y resulta ajena como principio a la revisión en casación, salvo que se alegue fundadamente el supuesto de arbitrariedad de sentencia (CSJTuc., sentencia Nº 152 del 04/3/2008 "Córdoba, Domingo Faustino vs. Compañía Azucarera Santa Lucía S.A. s/ Daños y perjuicios").

Del examen del pronunciamiento recurrido surge que la existencia de culpa de la víctima al revestir el carácter de embistente conforme a los daños existentes en ambos vehículos y que no respetó la prioridad de paso del demandado que circulaba por la derecha ha sido establecido de conformidad a los elementos de juicio aportados al proceso y con apoyo suficiente en las pruebas allí mencionadas. Y si bien es cierto que la mecánica del accidente ha sido controvertida por las partes, con oposición de argumentos referidos a los hechos que precedieron al siniestro y a las circunstancias de la colisión, la aplicación de la preceptiva del art. 1113 CC y la sentencia que libera de responsabilidad al demandado resultan adecuados a los antecedentes del caso.

El juicio de ponderación de las conductas y su incidencia causal en el resultado dañoso ha sido establecido de modo razonable, y con apoyo suficiente en las constancias de la causa.

Los arts. 901 y sgtes. del Cód. Civil adoptan la pauta de adecuación de la causa, en función de la posibilidad y probabilidad del resultado, de acuerdo a lo que normal y habitualmente acontece según el curso ordinario de los acontecimientos (cfr. Bueres-Highton, Código Civil Comentado y Anotado, T. 2 B, pág. 427 y sgtes.). Y si bien, como ocurre en buen número de accidentes, pueden efectuarse interpretaciones variadas de los hechos, el tribunal de casación solo puede revisar las que se manifiesten con absurdidad, o apartamiento de pruebas conducentes, y que lleven a decisiones injustas (CSJTuc., sentencia Nº 188 del 23/3/2001, "Lizárraga de Rodríguez, Isolina vs. Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ Cobro de seguros"), déficit que en el sublite, no luce demostrado.

El tribunal A quo, luego de un pormenorizado análisis de las pruebas producidas -fundamentalmente, de las que sustentaban la posición asumida por las partes en relación a la mecánica del siniestro-, concluyó que existían elementos de juicio para considerar que el demandado no tuvo responsabilidad en el evento; criterio que no luce desacertado si se analizan las razones en las que el tribunal justifica su opinión.

La sentencia impugnada concluyó acerca de la culpa exclusiva de la víctima en la causación del daño; valoración que -reitero-, es de naturaleza eminentemente fáctica pues su dilucidación se vincula directamente con el proceso valorativo de hechos y pruebas, que es de exclusiva incumbencia de los jueces de mérito y que resulta ajeno como principio a la revisión en casación (CSJTuc., sentencia Nº 277 del 23/4/2002, "Orrego, Enrique Sergio vs. José Argentino Cascales e Intelec S.R.L. s/ Daños y perjuicios").

La lectura del pronunciamiento recurrido permite sostener que las cuestiones de hecho referidas, han sido establecidas con suficiente apoyo en las constancias de la causa, siguiendo un iter lógico y de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, por lo que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

Es oportuno recordar que la valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga; y que por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado. La jurisprudencia es conteste en señalar que queda fuera de este ámbito recursivo, el revisar la valoración de las pruebas aportadas, ni el juzgamiento de los motivos que forman la convicción del tribunal a quo. Esta Corte tiene dicho que la decisión al respecto sólo puede ser revisada cuando se invoca una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria (cfr. CSJT, sentencias N° 869, "Herrera Ramón Alberto s/ Prescripción adquisitiva" del 01/11/2004; N° 861, "Aranda Patricia Cecilia vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/ Cobros" del 27/10/2004; N° 852, "Gómez, Osvaldo vs. Hoffman, Gaspar Francisco s/ Acción posesoria de recobrar la posesión" del 25/10/2004; Nº 160, 21/3/2007, "Raiden Lascano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios", entre otras).

La habilitación de la instancia casatoria en relación a las cuestiones de hecho, por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento.

No obstante las observaciones formuladas, la crítica respecto del modo en que está construido el razonamiento sentencial, se trata de alegaciones ineficaces para descalificar el pronunciamiento impugnado. El tribunal ha expresado su criterio con apoyo en las pruebas que estimó relevantes para la solución de la controversia (principalmente, las actuaciones penales allí transcriptas, de la causa caratulada: "Fernández, Víctor Hugo s/ Lesiones por culpa o imprudencia" que se tramitara por ante la Fiscalía de Instrucción de la IIIª Nominación de este Centro Judicial de Concepción), practicando un análisis circunstanciado al caso, y con respaldo de doctrina y jurisprudencia concordante. El recurrente no ha producido prueba alguna tendiente a acreditar que el acta policial obrante en la causa penal contenga las falencias que señala tales como que los daños producidos en los vehículos no son producto del accidente, que la huella de frenada proviene del automotor y que el demandado conducía a una velocidad excesiva como afirma en la demanda.

La impugnación revela en definitiva, un mero disenso del recurrente, insuficiente per se, para pretender la revisión del pronunciamiento en esta instancia extraordinaria, por lo que el recurso interpuesto debe ser rechazado.

En efecto, la construcción lógica de la sentencia impugnada y las premisas alcanzadas en ella, exhiben una adecuada fundamentación, en tanto que la interpretación de que el accidente se produjo el 01/10/2004 en la intersección de calles Rivadavia y Moreno de la localidad de Juan Bautista Alberdi de esta Provincia; que fue provocado por la conducta imprudente de la víctima, que transitaba por calle Moreno de Norte a Sur, por la izquierda y sin prioridad de paso, en tanto conforme al art. 41 de la Ley Nacional de Transito 24449 y 26363 y la norma de adhesión provincial, Ley Nº 6.836 y sus modificatorias consagran la prioridad de paso del móvil que circula por la derecha; que reviste el carácter de embistente conforme a daños y lugar de ubicación de los mismos tanto en el vehículo de la víctima (solo su frente aparece dañado "rotura del manubrio lado izquierdo y faro delantero") como en el del demandado (se localizan en la "parte trasera" hundimiento en la parte baja de la puerta trasera izquierda y un raspón en la parte superior); encuentran suficiente respaldo en los elementos de prueba rendidos en la causa.

Al respecto tiene dicho la jurisprudencia que corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios instada en ocasión de un accidente de tránsito, dado que se acreditó que la motocicleta del actor fue el vehículo embestidor y que el automóvil embestido tenía prioridad de paso por circular por la derecha, circunstancias que configuran la eximente de responsabilidad del accionado en razón de la culpa de la víctima conforme el art. 1113 segunda parte del segundo párrafo del Código Civil (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, Aguirre, Diego G. c. Bufczyk, Sergio A. y otros, 29/5/2007, DJ 2007-III, 773, AR/JUR/3157/2007). Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda impetrada por el conductor de una motocicleta contra la empresa propietaria del ómnibus con el cual colisionó, en tanto de la prueba producida sólo cabe concluir que no respetó la prioridad de paso que asistía a éste, lo que permite inferir su exclusiva culpa en la producción del siniestro (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, Quintana, Néstor Javier c. Empresa Gral. Tomás Guido S.A.C.I.F. Línea 9 y otro, 10/10/2008, Exclusivo Doctrina Judicial Online, AR/JUR/9832/2008). Corresponde rechazar la acción de daños y perjuicios promovida por un motociclista contra el conductor de un rodado, con el cual colisionó al cruzar una intersección no semaforizada, si la ubicación de los daños ocasionados a la motocicleta del actor revela que éste había llegado primero a la bocacalle y circulaba por la derecha, ya que ello permite concluir que violó la prioridad de paso establecida en los arts. 41 de la Ley Nº 24.449 y 57 de la Ley Nº 11.430 de la Provincia de Buenos Aires (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, Latella, Juan Marcos y otros c. Arce, Oscar Lucio s/ Ds. y Ps, 24/02/2009, La Ley, 21/07/2009, 7, AR/JUR/1727/2009) Es decir, a diferencia de lo afirmado por el recurrente, la Cámara ha dado razones suficientes de su fallo, y las mismas derivan de la reconstrucción del hecho -mecánica del accidente-, en base a las pruebas existentes y que constituye la plataforma fáctica de los hechos sobre los cuales se asienta y aplican las premisas legales analizadas. Es por ello que el pronunciamiento impugnado no exhibe violación de las reglas de la sana crítica, ni a las normas jurídicas señaladas por el recurrente y tampoco se verifica la supuesta prescindencia de elementos y pruebas conducentes para la correcta solución de la litis.

En lo relativo al cuestionamiento de la parte recurrente referido a la aplicación del art. 1113 del Código Civil por parte de la Cámara, estimo que tampoco puede prosperar. Es que más allá que el recurrente señale que la prueba sobre la causal de eximición de responsabilidad -en el marco de la responsabilidad objetiva-, deba ser apreciada en forma severa y restrictiva y que la prueba de la causal de exoneración de responsabilidad incumbe al demandado, en la especie, se observa que se encuentra acreditado suficientemente que fue la conducta de la propia víctima la que se erige como causa del accidente, y ello, autoriza a eximir de responsabilidad al dueño del automóvil (conf. art. 1113, última parte del segundo párrafo, del Código Civil). No interesa si el demandado no produjo prueba de la culpa de la víctima si la probanza surge del expediente, por lo que resulta ajustada a derecho la sentencia recurrida en cuanto afirma que de conformidad al principio de adquisición procesal, no puede pretender el recurrente que aquellas actuaciones (acta policial obrante en la causa penal antes mencionada) sean ignoradas por el órgano judicial ni tampoco puede, en base a hipótesis no acreditadas, restarle eficacia en esta instancia cuando con anterioridad no formuló impugnación alguna.

Conforme lo tiene dicho calificada doctrina, no es injusto que la víctima cargue con consecuencias que ella misma ha provocado, sea íntegramente o bien en parte. Como la causalidad referible al demandado es presupuesto esencial de responsabilidad resarcitoria, su alegación y prueba pesan sobre el actor, así sea de manera simplificada cuando la ley instituye presunciones. Dentro de tal perspectiva, deviene rotundamente equivocado el intento de diferenciar el alcance del control judicial, incluso oficioso, para indagar la existencia del daño o su extensión, y cuál es su origen causal. Tan es así, que indagar la existencia de una concausa equivale a analizar la extensión del daño. El juez puede válidamente decidir que no procede ninguna responsabilidad o que debe ser circunscripta, por intervenir una eximente (total o parcial, según el caso). Esto es así a pesar que no haya sido esgrimida por el demandado. No se infringe la congruencia, aunque el factor eximente no haya sido aducido por el demandado -mucho menos cuando sí lo fue, aun tardíamente- pues el problema reside en si la pretensión se encuentra fundada. No cabe acogerla, ni hacerlo irrestrictamente, si por algún motivo resulta enervada en todo o en parte. La sentencia debe asignar eficacia a todos los hechos neutralizadores de la demanda que hayan sido acreditados (Zavala de González, Matilde, González Zavala, Rodolfo M., "El juicio de daños como instrumento dañoso. Eximentes probadas de responsabilidad", RCyS 2012-III, 151).

De un análisis pormenorizado de las constancias de autos, se advierte que no existe la arbitrariedad sentencial aducida por el recurrente en base a la errónea valoración de la prueba ni prescinde de elementos probatorios que resultan idóneos tomando otros confusos, contradictorios e indirectos.

Reitero que el planteo del recurrente, en el punto, implica un cuestionamiento a la apreciación de la prueba, lo que constituye una cuestión de hecho cuyo juzgamiento está reservado a los jueces de mérito. Si bien se aduce que la prueba consistente en el acta policial obrante en la causa penal antes referenciada adolece de vicios, en definitiva su impugnación está dirigida a los aspectos fácticos de la sentencia y, por lo demás, no ha producido prueba alguna tendiente a desvirtuar sus afirmaciones. En el caso, tales hipótesis excepcionales no emergen del decisorio atacado que aparece como una derivación razonada del derecho vigente con apoyo en las concretas circunstancias de la causa.

En consecuencia, no se advierte configurada la imputación de la parte recurrente referida a la supuesta violación a normas sustanciales y a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba que atribuye a la sentencia de Cámara, en tanto no se demuestra absurdo o arbitrariedad en el pronunciamiento impugnado, por lo que corresponde el rechazo del agravio formulado al respecto por la parte actora, por los motivos expuestos.

V.b- A los agravios sobre el rechazo de la citación en garantía e imposición de costas:

El agravio del recurrente se circunscribe a que el Tribunal debió resolver los agravios formulados respecto al rechazo de la citación en garantía, en tanto no debió imponérsele las costas por la actuación de la aseguradora en razón que no demandó a la misma ni provocó su citación, la que fue efectuada por el demandado y que la citada en garantía no acreditó en forma debida el pago tardío del seguro.

Resulta razonable la sentencia impugnada en cuanto afirma que el rechazo de la demanda exime del tratamiento y resolución del recurso formulado al respecto, al no existir finalidad alguna de pronunciarse sobre la cuestión dado que se decidió el rechazo total de la demanda por culpa exclusiva de la víctima, por lo que se rechaza el agravio.

En cuanto a las costas, es reiterada y pacífica doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que el modo de imposición de costas configura una típica cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, y por tanto ajena al control casatorio. Sin perjuicio de ello, también se ha dicho que este principio no es absoluto, pues cede en supuesto de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica; o cuando se trata de un caso novedoso, inédito o complejo (CSJT, sentencia Nº 877 del 23/10/2000).

Se ha dicho asimismo que es tarea privativa de los jueces de grado valorar la concurrencia de los extremos que autorizan el apartamiento de la regla general en la materia, cuando consideren que existe mérito suficiente para eximir al vencido de la condena en costas (arg. arts. 106, inc. 1º y 108 del Código Procesal Civil y Comercial) (CSJT, sentencias Nº 754 del 13/8/2007, "Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado vs. Cerámica Staneff S.A. Comercial, Industrial, Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria y otro s/ Ejecución hipotecaria"; Nº 512 del 21/6/2002, "Toranzo de Colledani, Liliana María Alicia vs. Mutualidad Provincial de Tucumán s/ Indemnizaciones", entre otras).

Y es criterio igualmente asentado que "las costas tienen un régimen especial, por lo que la aplicación del principio objetivo -imposición de las costas al vencido- no requiere de una fundamentación particular; lo que en cambio sucede cuando el juez se aparta de esta regla por encuadrar el caso en alguna de sus excepciones" (CSJT, sentencias Nº 483, 30/6/2010, "Hernández Herminia Dolores vs. Palacios Hugo Jorge y otro s/ Cobro de pesos"; Nº 1014 del 15/11/2005, "Mangini Bruno Lisandro vs. Idemi y otros s/ Cobro de pesos"; Nº 512 del 21/6/2002, "Toranzo de Colledani, Liliana María Alicia vs. Mutualidad Provincial de Tucumán s/ Indemnizaciones"; entre otros pronunciamientos).

En el caso, la Cámara rechazó el recurso de apelación respecto a las costas impuestas al recurrente con fundamento en que la imposición de costas del principal resulta independiente de la de los incidentes y dado el carácter de vencido del recurrente en el principal.

La responsabilidad que recae sobre la parte vencida encuentra justificación en la circunstancia de haber gestionado un proceso sin éxito y en la necesidad de resguardar la integridad del derecho de la parte vencedora, ya que en caso contrario, los gastos realizados por esta última en el proceso se traducirían en una disminución del derecho reconocido por la sentencia (Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, Directores M. Bourguignon-J. C. Peral, Ed. Bibliotex, Bs. As., 2008, pág. 106).

Las consideraciones vertidas por el recurrente (que no demandó a la aseguradora ni provocó su citación) no revelan más que una opinión contraria a la del tribunal, que bajo una óptica diferente, adoptó el criterio impugnado. Dicha discrepancia no logra demostrar la tacha de arbitrariedad que invoca como fundamento del recurso.

La falta de configuración en la especie del supuesto de arbitrariedad del fallo respecto a esta cuestión, determina la improcedencia del remedio impugnativo intentado por la parte actora; ergo, corresponde su rechazo.

Por las razones dadas, corresponde el rechazo del recurso deducido por la parte actora.

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia, se imponen al recurrente vencido por ser de ley expresa (art. 105 CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, definitividad de la sentencia recurrida; en cuanto al depósito de ley, el recaudo no resulta exigible, pues la parte actora, goza del beneficio para litigar sin gastos.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad, y cita doctrina legal de este Tribunal al respecto. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia Nº 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJTuc., 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz, César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismaín Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252).

III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, adhiero íntegramente al voto del señor vocal preopinante, pues su sola lectura demuestra la ausencia de arbitrariedad que atribuye el recurrente al razonamiento sentencial.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 489/496 por la representación letrada de la parte actora en contra de la sentencia del 09/4/2012 (fs. 480/484 y vta.) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

II.-COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.