Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15


Causa Nº 1558-02-CC/2003 caratulada "Incidente de beneficio de litigar sin gastos en autos ONISZCZUK, Carlos Alberto s/ Infr. Ley 255 - Apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver en la presente causa.

Y VISTOS:

La Marcela Paz, Defensora Oficial, promovió la formación del incidente de beneficio de litigar sin gastos a favor de su pupilo, Carlos Alberto Oniszczuk, a lo efectos de obtener la exención del pago de las tasas y/o contribuciones que pudiera irrogar la sustanciación de la causa Nº 1558-00-CC/03 caratulada "Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255 (Juan Bautista Alberdi 2461) - Apelación". Fundó la procedencia del instituto indistintamente en los parámetros normativos establecidos tanto en el C.P.C.C.N. como en el C.C.A. y T. local (fs. 1/3).

Específicamente, la incidentista motivó su petitorio en la eventualidad de tener que sortear la integración del depósito de ley -exigido como requisito de admisibilidad- para el caso de verse obligada a plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al posible rechazo del recurso extraordinario federal que, de acuerdo con la presentación, sería inminentemente articulado por el Defensor General de la Ciudad.

Es así que tras reanudar el trámite de las actuaciones (vid. fs. 18 y 20), el Carlos Bentolila decretó el traslado de la presentación al Ministerio Público Fiscal sin invocar normativa alguna (fs. 20). El Duacastella Arbizu ofreció una serie de medidas probatorias tendientes a determinar la capacidad económica del Sr. Oniszczuk.

De este modo, el Juez ordenó la producción de la prueba propuesta por ambas partes (fs. 23). Previo a tomar conocimiento de este último proveído, la defensa manifestó a fs. 28 su oposición a la vista mencionada por entender que el órgano requerido no reúne la condición de parte en el marco del procedimiento del beneficio de litigar sin gastos, planteo que no fue acogido favorablemente por el Magistrado en función de lo dispuesto por el art. 80 del C.P.C.C.N. (fs. 29).

La Paz interpuso recurso de apelación -sustentado tanto en la L.P.C. como en el C.P.C.C.N. y el C.C.A. y T. local- contra los decretos de fs. 23 y 29. El núcleo de su agravio radica en la intervención del agente fiscal en el presente beneficio. Así, ataca por un lado la resolución que dispone la producción de una serie de medidas probatorias ofrecidas por el representante del MPF; por el otro, el auto que no hace lugar a su presentación de fs. 28 anteriormente descripta.

Por su parte, la Guagnino consideró en su dictamen de fs. 66/67 que debe declararse mal concedida la impugnación.

Cumplidos entonces los pasos procesales requeridos por la naturaleza de la vía intentada, el tribunal se encuentra en condiciones de pronunciarse en las actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

En primer término, corresponde señalar que el examen de admisibilidad del remedio ha de realizarse en función de lo prescripto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Título II, Capítulo VI), aunque este análisis no difiere del que eventualmente pudiera llevarse a cabo en el marco del Código Contencioso Administrativo y Tributario local, pues ambas legislaciones no presentan particularidades relevantes en relación a la presente temática.

Sobre esta base normativa, la presentación de la recurrente cumple con las exigencias formales relativas al debido tiempo y forma de interposición del recurso, pues ha sido deducida dentro del plazo legal y por escrito ante el Juez que dictó los resolutorios mencionados supra (arts. 244 y 245 del C.P.C.C.N.). Ello, sin perjuicio de no dejar de advertir que toda enmienda material debe ser salvada debidamente (ver constancia del cargo fechador de fs. 59 vta.).

Corresponde entonces verificar si existe un perjuicio irreparable en los términos del art. 242, inc. 3 del CPCCN, pues "[l]a presencia de agravio y el interés de quien lo interpone constituye unos de los requisitos subjetivos de admisibilidad de la apelación", más allá de que tal extremo debió ser evaluado por el a quo al momento de realizar el juicio de procedencia respectivo (vid fs. 60).

Cabe adelantar que la impugnante no logra demostrar que las providencias atacadas causen un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior.

Sobre este asunto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal tiene dicho que "[u]na providencia es susceptible de provocarEn Causa Nº 1558-02-CC/2003. Sala II.

un gravamen irreparable en los términos del art. 242 inc. 3 del Cod. Procesal, cuando una vez consentida, sus efectos son insusceptibles de ser subsanados o enmendados en el curso ulterior del procedimiento, como sucedería en el supuesto de impedir o tener por extinguido el ejercicio de una facultad o derecho procesal, imponer el cumplimiento de un deber o aplicar una sanción".

En este orden de ideas, el decreto del Magistrado de grado -que estima acorde a derecho el traslado al Agente Fiscal como parte (vid. fs. 29)- no ocasiona a la apelante un perjuicio de aquella especie, toda vez que no importa un pronunciamiento sobre la concesión o denegación del beneficio de litigar sin gastos, es decir, acerca del fondo de la petición articulada. Ello es así, sin perjuicio del acierto o error del emplazamiento criticado.

Esta tesitura es reforzada por una pacífica jurisprudencia nacional al sostener que "... el auto que confiere un traslado, como providencia simple que es, resulta inapelable por no causar gravamen irreparable." La misma suerte correrá la objeción formulada por la impugnante en punto a la decisión del a quo que manda a producir la prueba propuesta por el Sr. Fiscal (ver fs. 23), toda vez que ello se vincula con el ejercicio de facultades que son propias de los jueces y que se relacionan, directamente, con el deber que les incumbe de administrar justicia sobre la base de la verdad objetiva (hechos comprobados de la causa) y que, como tales, son insusceptibles de apelación. A ello cabe adunar que las medidas probatorias decretadas en modo alguno importan un pronunciamiento sobre el objeto del incidente promovido por la defensa.

Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tiene dicho que "[l]os deberes y facultades que poseen los jueces, tendientes a posibilitar el cumplimiento del deber de administrar justicia rectamente, están rodeados por el principio de irrecurribilidad, con lo que el criterio para optar por una solución contraria debe someterse a la evaluación que indique si se quebrantó el principio de igualdad, se afectó la garantía de la defensa o se ocasiona un grave perjuicio, en los términos del art. 242 CPCCN", lesiones que, por lo expuesto, no han tenido lugar en las actuaciones.

En virtud de las razones precedentes, resulta forzoso concluir que las decisiones que fueron objeto de crítica en el remedio impugnaticio articulado resultan inapelables por no causar un perjuicio en los términos del art. 242, inc. 3 del C.P.C.C.N.

Más allá de las consideraciones efectuadas dentro de los límites del remedio que excitó nuestra jurisdicción deberá tenerse presente, a sus efectos, que con fecha 20 de abril de 2005 el T.S.J. rechazó el recurso extraordinario federal aludido por la incidentista al deducir el beneficio, mientras que, de acuerdo con el razonamiento que motivó nuestro fallo in re "Oniszczuk, Carlos Alberto s/ Infracción Ley 255 (J.B. Alberdi 2461)- Apelación" (c/nº 1558-00-CC/2003, rta. el 14/12/2005) no existe constancia alguna en el legajo principal acerca de una eventual presentación directa ante el máximo tribunal de la Nación por la denegatoria mencionada.

Por los motivos expuestos y habiendo concluido el presente Acuerdo el tribunal RESUELVE:

1.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso interpuesto por la Marcela María Paz a fs. 57/59 de autos.

2.- TENER PRESENTE las reservas efectuadas a fs. 59/vta.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Fiscalía de Cámara y devuélvase el legajo al Juzgado interviniente, quién deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota.

Ante mí:

NOTA: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.

Al respecto, esta Sala tiene dicho "... si bien se coincide en cuanto a que resulta aplicable el procedimiento previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la temática no tiene incidencia en el resultado de la cuestión por resultar ambas legislaciones, la citada y el Código Contencioso Administrativo y Tributario local, prácticamente iguales en lo que hace al tratamiento del instituto y a la concesión del recurso aquí impetrado. C/Nº 1534-01-CC/2004 ´Incidente de beneficio de litigar sin gastos de LACQUANITI, Roque en expte. Nº 1534-CC-03 "Bingo Congreso"- Apelación´, del 06/12/2004." Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G in re "Gay, Elidia suc", del 23/08/1982; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, in re "Topper, Raúl I", del 26/02/1982; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, in re "C., H. Y. y otro c./ R., R. E.", del 23/04/1996.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, in re "Borbon, Gladys B. c/ Mayorano, Pascual", del 03/02/1982, sostuvo que "[l]a presencia de agravio o del interés válido para recurrir constituye uno de los requisitos subjetivos de admisibilidad de la apelación, cuya concurrencia debe analizar el juez encargado de conceder o denegar el recurso." Sala I, "Abrego y Goncalves S.A.", del 29/04/1999; in re "Abeille Reassurances c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro", 16/03/1999; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, in re "Canosa, Oscar y otro c/Abramovich, Luis", del 18/03/1982.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, "Barlett, Daniel E. c/ Forte, Miguel A.", del 12/08/1994; "Casanovas de Garino, Elvira.", del 13/09/1988; Sala B, "Rabbat de Rabbat, Jeannette c/ Navarrete, Jorge E.", del 04/07/1995.

Sala G, "Traversa, Mirta v. Nani, José", del 05/05/1997.

TSJ, expte. 3285, "Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional Nº 6- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos Alberto s/ Infracción Ley 255 (J.B. Alberdi 2461) -Apelación", rto. 20/4/03.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas