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Concursos, síndico del concurso, incompatibilidades del síndico del concurso, juez del concurso, recusación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE RECUSACIÓN CON CAUSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

El síndico no se encuentra, respecto del juez, en situación de poder invocar las causales de recusación del Código Procesal:17, ya que no es 'parte' " en el juicio (Código Procesal:14 y 18), sino que se trata de un funcionario del concurso y un auxiliar que actúa bajo las directivas y supervisión del magistrado que entiende en aquél. En virtud de lo cual el síndico no se halla legitimado para peticionar el apartamiento del juez de la causa toda vez que ello resulta incompatible con la relación jerárquica que vincula al funcionario con el magistrado interviniente y la lógica posición de preeminencia y superioridad que debe ser reconocida a este último
Organismos del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coloschi Hnos. S.A. c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

La sujeción de la Administración Pública al principio de legalidad determina que toda la actuación estatal se encuentre acorde con normas atributivas de competencia orgánica con sustento en las cuales se dictan los actos pertinentes: para el caso, las disposiciones reglamentarias que encausan el procedimiento de selección del contratista.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, bienes del Estado, dominio público, hospitales públicos, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. B. y Otro c/ HOSPITAL AREA PROGRAMATICA DE VILLA REGINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-01

Desde otra perspectiva cabe tener presente que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa para el Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgo.

La administración pública provincial, encargada de atender al bienestar general, debe privilegiar la obligación de obrar "con prudencia y pleno conocimiento de las cosas" - art. 902 del Código Civil -, especialmente en lo que se refiere al uso y goce de los espacios de libre acceso que integran el dominio público del Estado, como son los hospitales públicos .
Acción de amparo, proceso judicial, Superior Tribunal de Justicia, conflicto de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26

El procedimiento seguido por el Tribunal Superior a partir de la invocación de un supuesto conflicto de poderes formulado por la Procuración de la Ciudad resulta nulo de nulidad absoluta, calificación que se sustenta en las disposiciones del art. 4 de la CCBA, de modo que los actos cumplidos suponen la "prolongación" según la expresión que adopta el texto constitucional de la Ciudad, de funciones y/o poderes que exceden los límites que la propia Constitución impone a los órganos del Estado, y esta interpretación del art. 4 implica asumir que, aún bajo formas institucionales de aparente legalidad, puede ocurrir que el Poder Judicial al obstruir el ejercicio de ciertos derechos habilitando simultáneamente a otros poderes (en otros términos "prolongando" funciones de manera ilegítima) ponga en crisis el sistema democrático y el estado de derecho. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL - CIVIL
Carátula: FINCOCHIETTI ENRIQUE ALBERTO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-04-25

Si la absolución penal se basa real y exclusivamente en la falta de culpabilidad del agente, aún por duda, hace cosa juzgada en lo civil (C. Civil, art.1103) y debe rechazarse "in totum" y sin más trámite la acción civil ex-delito deducida en el proceso penal.-
Preparación de la vía ejecutiva, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: Mostraccio Angela c/ Sánchez Haydee s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-11-12

La preparación de la vía ejecutiva prevista en el Art. 504, inciso 2 del C. P. C. y C. constituye una tramitación previa, sin juicio contradictorio entre partes, que tiene por fin abonar la firma en el contrato que sirve de base a la ejecución si se tratase de instrumento privado sin firmas certificadas en su autenticidad y la exhibición del último recibo de pago de alquiler con el objeto de determinar el monto a ejecutar, para lo cual es menester efectuar tales requerimientos a quien o quienes se sindican como inquilinos (conf. Art. 505, Cód. cit.), y es recién con su resultado que quedará o no expedita la vía ejecutiva. Siendo que tales citaciones aún no han sido verificadas no se encuentra expedita la vía ejecutiva, de modo que no es posible determinar que los imputados locatarios revistan el carácter de deudores de la obligación de pago que se les reclama, requisitos ineludibles que la norma sustancial invocada exige para la procedencia de la cautelar.
Tasa de justicia, determinación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: CUNIOLO CARLOS JOSE c/ INDER y otro s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La tasa de justicia se debe por el sólo hecho de recurrir ante el órgano jurisdiccional, prescindiendo de la suerte que posteriormente experimente la pretensión, esto es, con abstracción de lo que pudiera ocurrir ulteriormente en el proceso (conf. Sala II, causa 3931/03 del 27-5-08 y sus citas).

La expresión "indeterminable" usada en el art. 5° de la Ley n° 23.898, apunta a que "no se puede determinar", y esta no es la situación que se presenta en el sub lite toda vez que el monto por el que se pretendió trabar embargo resulta claro y concreto (v. Sala II, causa 3449/97 del 30-3-99 y sus citas). Toda vez que en el caso se intentó embargar preventivamente una suma determinada, esa cifra es la sustancia económica del incidente planteado o suma que se pretendió asegurar (conf. esta Sala, causa 6221/03 del 5-2-04 y Sala II, causa 318/01 del 18-4-01).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, auto de procesamiento, prisión preventiva, daño, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Gabriela Ramona Ibañez c/ GOMEZ, Darío Alberto s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-11-26

El Juzgador dicta la Prisión Preventiva en virtud de lo que establece el art. 300 del CPP y 26 del CP. La primer norma determina que el Sr. Juez ordenará la Prisión Preventiva cuando el delito que se atribuye al imputado corresponda pena privativa de la libertad y además estime que no procederá condena de ejecución condicional.

En este orden la disposición legal indicada remite al art. 26 del C.P. que faculta en caso de primera condena que no exceda de tres años, se deje en suspenso el cumplimiento de la pena, en el caso se trata de un Robo Simple Tentado.

Debe decirse que no se trata de la aplicación automática de la remisión del art. 300 del C.P.P. al art. 26 del C.P.; y que esa presunción legal dista de ser "jure et de jure".

En este orden la doctrina y jurisprudencia al respecto consideran en el tema que es de aplicación del art. 270 del CPP cuando autoriza la restricción de la libertad personal para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley sustantiva.

Se trata entonces de verificar la existencia de la peligrosidad procesal, para luego decidir sobre la restricción o libertad del imputado.
Prueba, segunda instancia, prueba de informes
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DE LA VEGA PEDRO IGNACIO c/ DOMINGO MARIMON  S.A s/ ORDINARIO - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-11

Para que proceda el ofrecimiento de la prueba informativa en Segunda Instancia, se requiere que tal prueba no haya sido ofrecida en Primera Instancia, o que si lo fue no se haya frustrado por negligencia (arg. art. 1294 C. de P.C.). Afirmar que la prueba es sucedánea de otra, significa en general, que puede reemplazarla (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española T. II. p. 1267. Voz: Sucedáneo). Pero jurídicamente, el poder ser procesalmente "sucedánea" de otro medio probatorio intenta - en todo caso - expresar que a través del informe pueden incorporarse a la causa otras pruebas, pero no importa afirmar que le sean extensibles al informe las normas específicas que sobre la incorporación de prueba documental rigen en Segunda Instancia. La incorporación en Segunda Instancia de dos medios probatorios como la presentación de documentos y requerir la confesión judicial, se rigen por normas específicas, que no permiten interpretaciones extensivas. Respecto a la prueba documental, el art. 258 del C. P.C., establece que "los documentos que no se hubieran presentado en primera instancia podrán serlo en la segunda, antes del llamamiento de autos para definitiva", por lo que siempre es admitida conforme a ese texto. Así la prueba informativa no queda comprendida en el art. 258 del C de P.C., en la medida en que a través de ella se pretenda incorporar una prueba documental. Pues no le son extensibles al informe las normas específicas que sobre la incorporación de prueba documental, rigen en Segunda Instancia. Por un lado, la prueba de informes se encuentra expresamente legislada en nuestro Código Procesal (art. 346, y ss. del C.P.C), constituyendo una prueba con objeto propio, con un particular modo de producción. Y, por otro, es necesario atender a que la aportación de prueba en Segunda Instancia es una excepción al principio preclusivo.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manganelli, Antonio y ot. c/ Montes, José B. y ot. s/ Ejecutivo Reissing, Alberto c/ Salum, Miguel s/ Cobro ejecutivo. Rec. de queja Ammaturo, Horacio Gustavo c/ Musladino de Glikman, Marta Noemí y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19|1997-03-04|2000-03-15

El pronunciamiento de la Cámara que, en un juicio ejecutivo, rechaza la excepción de prescripción reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, procesamiento, querellante, compraventa
Materia: PENAL
Carátula: C., M. S y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., M. S. y otros s/procesamiento" (causa Nº 51587/2017) rta. el 17/10/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra el auto del juez de la instancia de origen que rechazó el planteo presentado para que se declare la nulidad de una escritura pública de compraventa que consignaría una falsedad pues los supuestos vendedores de la finca, para esa fecha, ya habrían fallecido. Los vocales confirmaron la resolución.

Fuente del sumario: OFICIAL
Ministerio Público, agente fiscal, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ HECTOR ALBERTO c/ DEFAZIO DE GALLO PALMIRA s/ POSESION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Cuando no se ha reputado vacante la herencia, declaración a la que podría arribarse, y que no cabe desechar según el estado del proceso sucesorio, corresponde que el Ministerio Público Fiscal, intervenga en el proceso de usucapión, pues si bien no hay disposición que lo exija expresamente, debe hacerlo cuando se estima comprometido un interés fiscal y un eventual acaecimiento de titularidad de dominio del Estado sobre el bien objeto de la acción.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, despido verbal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUÑER, VIVIANA MARISA c/ ALESSIO, CRISTIAN RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

Teniendo en cuenta que la controversia suscitada en el sub examine se ciñó al modo en que se desarrollaron las tareas de la actora a favor del demandado, como así también a la forma en que finalizó dicha relación laboral, caber recordar en relación a ello que, en materia laboral las tareas ocasionales y/o de reemplazo refieren a una modalidad legal de los contratos de trabajo, mas de ningún modo pueden interpretarse como negativa de la naturaleza (dependiente) de una relación laboral desarrollada bajo dichas condiciones, por lo que, desde esa perspectiva, la cuestión litigiosa en los presentes actuados se dirigió a dilucidar si el contrato de trabajo que unió a las partes -reconocido por ambas pero con diferentes condiciones- se había desarrollado de manera permanente e ininterrumpida u ocasional e intermitente, durante el periodo señalado, del mismo modo que debía verificarse si la extinción del mismo, se había configurado mediante el despido verbal alegado por la trabajadora o por abandono de trabajo o mutuo acuerdo tácito, conforme a la postura del empleador; y frente a ello, luce erróneo el razonamiento de la Sala referido a que la extinción contractual no se encontraba en debate por la negativa del contrato de trabajo por parte de la demandada, sino que surge palmario del relato inicial de ambas partes sus posturas controvertidas sobre el modo en que se desarrolló y culminó la relación laboral, circunstancias fácticas que, sin lugar a dudas, ameritaban ser abordadas mediante el análisis de los elementos de prueba y demás circunstancias aportados en la causa, en razón de haber sido materia concreta de apelación. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 99; Ley 24013, artículo 68.
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, certificado de deuda, trámites judiciales, ejecución fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ENRE c/ EDECAT S.A. s/ Ejecución Fiscal S/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-20

En el sub lite, donde se persigue el cobro de un certificado de deuda emergente de una multa impuesta mediante resolución dictada por el ENRE a la empresa concesionaria del servicio de energía, la vía ejecutiva que corresponde aplicar es la que se encuentra prevista en la norma contenida en el artículo 604 del C.P.C.C. En efecto, la norma indicada consagra un principio general al disponer que: " procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema nacional de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen".

El recurrente aduce que, en el caso, lo que se omite en el fallo recurrido es la aplicación del segundo párrafo del citado artículo, que establece: "la forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal", del que surge, a su juicio, la necesidad de una ley especial que habilite al ENRE a crear unilateralmente un título dotado de fuerza ejecutiva. Dicho argumento no es de recibo, ya que no resulta razonable interpretar que el segundo párrafo del principio general contenido en la norma en análisis requiera que esos títulos sean creados por una "ley fiscal especial", pues es como tales que, precisamente, se encuentran contemplados en el primer párrafo del artículo aludido -ejecución fiscal-.

La normativa examinada tiene carácter general, resultando aplicable a todos aquellos supuestos en los que no existe una norma específica en la que se establezca un procedimiento de ejecución particular, resultando irrelevante, por lo tanto, que ni la ley provincial de energía ni la de creación del ENRE, confieran expresamente fuerza ejecutiva al título base de la acción, certificado de deuda, como pretende la ejecutada recurrente. En consecuencia, debe rechazarse el recurso de casación deducido, por improcedente.
Inadmisibilidad del recurso, querella, alegato, prisión, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: M.L.G.M. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella contra la decisión absolutoria, pues cabe considerar que si bien la impugnación satisface el límite objetivo establecido en el art. 458, inc. 1º, CPPN -en tanto al formular su alegato requirió la imposición de una pena de nueve años de prisión-, aquél no se enmarca dentro de ninguno de los supuestos establecidos en el art. 456 CPPN, ni la recurrente sustancia un agravio que suscite una cuestión federal en los términos de la doctrina del precedente "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108), dado que la acusadora particular se limita a expresar su disconformidad con la conclusión absolutoria a la que arribó al tribunal oral, pero no ha fundado suficientemente la existencia de defectos en el íter lógico de la sentencia o que ésta no importe una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas del proceso, de modo que pueda ser descalificada como acto jurisdiccional con base en la doctrina de la arbitrariedad (voto de los jueces Magariños y Divito)
Responsabilidad médica, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Narciso Cabana y Casilda Salas c/ Antonio Ahualli, Hospital de Niños Héctor Quintana -Est. Pcial.-, Esteban Lamas, Gustavo Ceballos y Rolando Gareca s/ Recurso de incostitucionalidad int. en expte. Nro. B- 21279/97 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. Nro.  45 F. 156/163 Nro.  70 Hospital de Niños Héctor Quintana -Est. Pcial.-, Esteban Lamas, Gustavo Ceballos y Rolando Gareca s/ Recurso de incostitucionalidad int. en expte. Nro. B- 21279/97 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. Nro.  45 F. 156/163 Nro. 70
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-03-15

Como lo sostiene la jurisprudencia "es un problema de hecho establecer en cada caso la responsabilidad del médico, en el que los jueces deben extremar la prudencia eludiendo todo pronunciamiento que importe adoptar una posición científica, respecto de la cual no se encuentran habilitados para dar opinión, sin grave peligro de equivocarse y causar un perjuicio irreparable". Asimismo, debe tenerse presente que el juez, a los fines de expedirse sobre el contenido de la documentación médica incorporada a la causa, "tiene obligación de hacerse asesorar por medio de peritos".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Micucci, Miguel Alejandro s/ Tentativa de robo calificado, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa se agravia por el cómputo de una condena anterior como agravante, si este planteo no fue oportunamente sometido a la alzada.
Derecho penal, estafa, competencia criminal y correccional, competencia nacional, cuestión justiciable
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Préstamo Solidario c/ s/ Infr. art. 149 bis, CP - amenazas con armas o anónimas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde archivar las actuaciones toda vez que, si bien surge que todos los órganos intervinientes comparten la convicción de que hay algún hecho acerca del cual alguna de ambas jurisdicciones debería ejercer sus competencias, no existe estrictamente una contienda acerca de la que este Tribunal pueda pronunciarse. Ello así, en tanto el MPF no articuló acción ante la Jueza titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas y el proceso no pudo iniciarse en la Ciudad. Aunque se pueda coincidir en que este resultaría competente, lo que no cabe es sustituir al fiscal; menos aún cuando la actuación fiscal que está ausente es la acción. En esas condiciones, no hay causa que radicar. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Notificación por edictos, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ Pablo COUDUN s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS - DEFECTOS EN LA CONSIDERACION DE EXTREMOS CONDUCENTES  -  NOTIFICACION  - NULIDAD PROCESAL - EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

La invalidez de la notificación por edictos arrastra la de aquellos actos que son su consecuencia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, desagio
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerrero, Juan Carlos León c/ Sociedad Militar Seguro de Vida. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Procede el recurso extraordinario si se halla en tela de juicio la interpretación que debe darse a las normas del decreto 1096/85 y se ha resuelto en sentido contrario a las pretensiones que el apelante fundó en dicha norma, de naturaleza federal (art. 14, inc.

3x, de la ley 48).
Contrato de trabajo, fraude laboral, Administración Pública
Materia: LABORAL
Carátula: MORILLAS, ADRIANA ISABEL c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS POLICÍA FEDERAL ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

Se produjo una desviación de poder por parte de la accionada, al encubrir un vínculo dependiente encuadrable en el empleo público bajo la figura de sucesivos contratos por "tiempo determinado". De modo que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema en "Ramos" pues se impone la necesidad de otorgar protección a quien tuvo una legítima expectativa de permanencia laboral y no se encontraba encuadrado en el régimen jurídico del empleo público, ni tampoco hallaba protección en la L.C.T. por la exclusión que dispone su art. 2. Cabe considerar manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida, en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, bajo el ropaje fraudulento de contrataciones que supuestamente autorizaba el art. 844 del decreto 1866/83 y que en realidad encubrían una designación permanente.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, incidente de nulidad, notificación, notificación bajo responsabilidad, audiencia de conciliación laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Lebidinsky, Mario José c/ Mociulsky, Marta. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Es descalificable el pronunciamiento que - sobre la base de que el domicilio había continuado habilitado comercialmente a su nombre desestimó el incidente de nulidad, planteado por la demandada, de lo actuado a partir de la notificación - bajo responsabilidad del actor - de la audiencia del art. 68 de la ley 18.345, aduciendo que, a la fecha de la diligencia, su parte ya no ocupaba el inmueble, ya que el a quo omitió ponderar lo alegado en el sentido de que los registros municipales sólo tenían el alcance de acreditar la aptitud de un predio para servir de asiento a la explotación comercial de que se trate, sin la virtualidad de determinar el domicilio de las personas.