Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-22


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 22 días del mes de junio del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "V., E. c/ B. Y V. G. S. S.A. s/ DEMANDA LABORAL", Expte. nro. 14.952/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 100/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 500), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 468/474 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la alzada en apelación (fs 477 y 480) de la sentencia de fs 468/474 vta. que no hace lugar a la excepción de prescripción planteada por la demanda, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a B. Y V. G. S. S.A., a abonar en el plazo de diez días al Sr. E. V., la suma de cinco mil ocho pesos, suma que se incrementará de acuerdo al considerando respectivo. Impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs 479 el apoderado del actor apela los honorarios por considerarlos bajos.

El demandado se agravia (fs 483/493), toda vez que la Sra. Juez admite la demanda cuando no se ha probado la existencia de vínculo laboral posterior al cese por jubilación; la tasa de interés, los honorarios que entiende desencajados de la previsión normativa arancelaria y respecto a la imposición de costas.

Discrepa con las conclusiones de la sentenciante y se funda en la declaración de los testigos, ya que nadie se explayó sobre las características jurídicas de una relación de dependencia y los extremos de limpieza y cuidado nadie puede asegurarlos fuera de una velada afirmación.

Agrega que los gastos en los que dice el actor incurría no han sido acreditados Sostiene que de las testimoniales sólo se desprende que el actor trabajaba en una frutería y que luego se trasladó a Bs As, pero de ninguna manera puede colegirse que trabajaba para la firma luego de su jubilación que reconoce a fs 262, que tampoco se acreditaron los extremos derivados de los arts 253 y 255 de LCT que permitan inferir que luego de la percepción del beneficio jubilatorio el actor requirió permiso a Anses para continuar el nuevo trabajo.

Menciona luego la absolución de posiciones, para concluir que no se probó relación laboral alguna.

El segundo agravio está relacionado con la tasa, por entender que resulta excesiva y traduce un enriquecimiento sin causa por parte del empleado. Menciona antecedentes de la CSJ y fallos de las cámaras nacionales, entendiendo que la tasa activa vulnera el derecho de defensa, toda vez que el alargamiento de los plazos conspira contra tal garantía.

Da origen a la queja la regulación de los honorarios, por considerarlos excesivos. Lo funda en el art. 505 del CC y en que no pueden ser expoliantes, debiendo guardar relación con el trabajo realizado y ante montos excesivos se tiende a no aplicar el honorario máximo. Agrega que más allá de la violación porcentual al arancel, no existe vencimiento que permita acoger la norma invocada del artículo 68, ya que objetivamente no existe derrota sino un vencimiento parcial y mutuo de confirmarse el decisorio, ya que se han rechazado los gastos invocados por el actor como sustento de su afirmación, debiendo distribuirse las mismas de acuerdo al art. 71 CP.

Hace reserva del caso federal.

El actor se agravia concretamente por lo resuelto en el considerando III, ptos. c y d, por haberse desestimado el reclamo por vacaciones correspondientes al año 1997 y el rubro por gastos efectuados por el actor en beneficio del empleador.

Respecto a las vacaciones no gozadas, dice que la cuestión trasunta por circunstancias de hecho que debieron ser atendidas, agregando que existiendo un fallo rector en la materia, corresponde abordar cuestiones de derecho que invitan a revisar el criterio de la sala.

Debió, agrega, considerarse que el actor no percibió salarios por el curso de varios años, aunque limita el reclamo al plazo no prescripto, lo que indica que no mediaron actos del actor tendientes a renunciar al goce de la licencia vacacional.

Agrega que en materia laboral no hay actos que lleven a renuncias tácitas y debe considerarse que no existen otros plazos de caducidad que los que la misma ley autoriza, que el fin del art. 262 LCT es impedir que el descanso anual sea objeto de un negocio jurídico que permita al empleador comprar el período de descanso.

Relata que existen motivos psico- biológicos, sociológicos, técnicos y hasta económicos que indican la necesidad de otorgar un descanso anual al trabajador, atendiendo a las repercusiones negativas que se promueven con su incumplimiento, pero ello no autoriza a utilizar la disposición contenida en el art. 162 con su carácter dogmático, de otra manera, no puede entenderse la inteligencia de la acumulación de vacaciones contenidas en el art. 164, ni la procedencia de liquidación de las vacaciones omitidas con motivo del despido del art. 156, principio que se refuerza con la derogación del tercer párrafo del art. 170 LCT, art. 156 actual.

En punto a los gastos efectuados por el actor, sostiene que si bien las planillas de gastos son de confección personal, y no han sido conciliados por la demandada, quien niega la procedencia y desconoce la documentación, ésta se abona con las testimoniales.

"La relación laboral puede probarse por dos caminos lógicos alternativos: uno directo y otro indirecto. El primero se refiere a la existencia de la vinculación y a la presencia de subordinación económica, técnica y jurídica. El segundo, previsto en el art. 23 de la ley de contrato de trabajo establece la presunción según la cual, demostrada la tarea para un tercero, se supone un vínculo laboral, salvo que el tercero demuestre lo contrario" (LL.12-2-98, pág.4, con nota del Dr Vazquez Vialard, quien entiende que es ésta la tesis mayoritaria, la que fue sostenida en TySS 1980-501). Sin desconocer la tesis minoritaria que es defendida por Justo López, en "Ley de contrato de trabajo comentada", T.I, pág. 193).

Y es a partir de tal concepción que se torna necesario determinar si existió prestación de servicio, y de ser así la presunción favorecerá al quejoso, ya que la ley presume la existencia de contrato de trabajo si se comprueba la ejecución de las prestaciones, en particular la prestación del servicio, en el marco de la relación laboral (art.23, LCT). Esta presunción es iuris tantum, ya que admite prueba en contrario, cuando se pueda demostrar que tal contrato no existe en función de las causas y las relaciones que le hayan dado origen.

Y sin perjuicio de sostener con permanencia que los jueces son soberanos en la valoración de las pruebas, "La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio", Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, Sardegna, pág. 222, no es menos cierto, que en autos la única manera de avanzar con los agravios, es merituar los elementos incorporados, ya que ambos quejosos, insisten en que las pruebas incorporadas, desacreditan lo sostenido por la sentenciante.

De la lectura del escrito de contestación a la demanda, surge con meridiana claridad que la demandada, negó los reclamos de la actora.	No se discute la relación laboral que existió entre las partes, hasta el cierre del establecimiento, el punto en controversia, es a partir del reclamo de las remuneraciones no percibidas, como consecuencia de las tareas de mantenimiento y cuidador de depósito, sostiene el actor, producidas con posterioridad al cierre del establecimiento y con posterioridad a obtener la jubilación.

Reclamo efectuado a través de la carta documento agregada y que fuera negado por la demandada.

De la documentación acompañada, nada se logra probar, toda vez que se trata de planillas que confeccionara el propio actor, no acompañándose constancia de los pagos que dice haber recibido por parte de la demandada.

Tampoco ha probado horario de trabajo.

Reconoce el actor en la demanda que el cierre del establecimiento implicó el abandono de las instalaciones, no obstante señala que efectuaba tareas de limpieza, mantenimiento y cuidado de las instalaciones.

Tampoco ha probado que la renuncia que alega haya sido puesta a disposición del empleador.

Y de la lectura de las testimoniales, surge que la empresa dejó de operar entre los años 1985/1986, y que el actor continuó cuidando la empresa.

El testigo P. G., atestigua sobre hechos del año 1988 "hablo del año 1988 más o menos", declarando que ejercía como enólogo, y que hacía tareas administrativas, agregando que tiene entendido que la empresa está cerrada y que dejó de operar, que mientras estuvo cerrada, continuó realizando tareas de limpieza, cuidador además que vivía en el lugar, que dejó de trabajar porque se trasladó a Buenos aires, casi no tiene dudas que pagaba los servicios, no dando la razón de sus dichos.

El Sr. J. J. P. a fs 353 dijo, en cuanto interesa, que la empresa dejó de operar entre los años 1985 o 1986, que el actor siguió cuidando la empresa después de cerrada, lo que le consta por que lo ha visitado y vivía arriba en el departamento, desconociendo las causas por las que dejó de trabajar por que perdió contacto.

Preguntado si tiene conocimiento que en el período que estuviera a cargo de la vigilancia de la bodega él soportara gastos de la misma con su haber jubilatorio, contestó lo que sé que el trabajaba en un frutería.

Tales testimonios, sumados a la declaración del demandado a fs 416/418 donde se reconoce que el actor realizó tareas de enólogo en el año 81, que en el 88 la empresa dejó de fraccionar dando las razones, negando que a partir del 88 el actor continuara en la empresa realizando tareas administrativas, de limpieza y mantenimiento de las instalaciones pertenecientes a la empresa, que se pactara un sueldo de $250, y que el actor renunciara, aclarando que al cerrarse la empresa, el Sr. V., gestiona la jubilación, obtiene dicho beneficio, y permanece en Comodoro. Al carecer de vivienda, la empresa le da en comodato gratuito el lugar donde habitaba, me convence que no se probó la prestación de servicios por parte del Sr. V., con posterioridad al cierre del establecimiento, para el demandado, motivo por el que admitiré los agravios.

No dejo de advertir que el demandado no ha contestado las preguntas 1, 2, 9 y 10 del pliego. El Código de procedimiento faculta al a-quo para tenerlo por confeso al declarante si lo juzgare pertinente (art.414 CPCCCh) En el presente, tales respuestas son inoficiosas, ya que si bien omitió dar respuesta, a la tercera pregunta, que el juzgado ordenara desglosar, reconoció que trabajaba para la empresa como enólogo, y en Comodoro Rivadavia, desde 1988 y con relación a la Nº 9 y 10, estas se hallaban relacionadas con las Nº 4, 7 y 8 que fueron negadas.

A mayor abundamiento, no han sido motivo de consideración por la sentenciante, las disposiciones que emanan del artículo 253 LCT, y si bien el hecho que el actor se hubiese jubilado, no impide al reclamante desempeñarse como trabajador dependiente del mismo empleador, lo merituado y la inexistencia de constancia que se haya dado cumplimiento al artículo de mención, que hubiese servido de indicio para acreditar las pretensiones, conllevan el rechazo de la demanda.

Atento cómo se resuelve carece de virtualidad expedirse sobre el resto de los agravios de actor y demandado.

Por imperativo legal, corresponde adecuar costas y honorarios. Las costas de ambas instancias al actor vencido.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la actuación profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6, 7, 9 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir los agravios del demandado V. y B. G. S. S.A. y rechazar la demanda interpuesta por el actor E. V..

2) Costas al vencido.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) A fs 483/493 vta se agravia la apelante demandada: 1) por haberse admitido la demanda cuando no se ha probado el vínculo laboral posterior al cese de la jubilación (fs. 483vta./485vta.); 2) la tasa de interés determinada por la a-quo (fs. 486/488); 3) la regulación de honorarios (fs. 489/491) y 4) imposición de costas (fs.491/vta.). Hacer reserva del caso federal fs. 491vta./493).

I.B La parte apelante actora (fs. 494/495vta) se agravia: a) por la desestimación del reclamo de las vacaciones no gozadas correspondientes al año 1997 (fs. 494/ 495vta.) y 2) por el rechazo de los gastos efectuados por el actor (fs. 495vta.).

I.A-1) En lo atinente a la interpretación en contrario que efectúa el apelante de las declaraciones de los testigos (fs. 483vta/484) corresponde precisar los entendimientos forma y de fondo:

I.A-a) Sobre la valoración probatoria que ha de aplicarse pienso que:

1ero.) Las reglas sobre la carga de la prueba tienen por objeto descartar la posibilidad de que el juez llegue a un non liquet respecto a una cuestión de derecho, a causa de lo dudoso de una cuestión de hecho (SCBA, 20/7/76, LL, 1978- D-899, nº 27). En la misma orientación, también se suele destacar que "la carga de la prueba sólo reviste importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción del juez en un caso concreto, indicando al magistrado cuál debe ser el contenido de la sentencia" (Conf Sala C, 25/4/97, LL, 1997- D-274; CNCiv, Sala I, 29/4/96, LL, 1997- E- 1001, 39.759-S).

En suma, la teoría de la carga de la prueba es, pues, la teoría de las consecuencias de la falta de prueba (PRIETO CASTRO, Derecho procesal, I, p.411).

Advierto, en autos, que la parte demandada incumplió con su carga probatoria tal como surge, de los decretos de fs. 359vta/452 donde se la tuvo por desistida de las pruebas testimonial, confesional e informativa.

Por último en cuanto al comodato gratuito alegado por la demandada (fs. 320 y 484vta) estimo que si bien en dicha materia es admisible toda clase de prueba, incluso la de indicios y presunciones, siendo tal amplitud probatoria en beneficio de quien alega la existencia de este contrato, ello no significa que esté exento de traer a juicio una prueba fehaciente de la misma, aún a través de indicios y presunciones, ya que al ser un contrato gratuito no es dable presumirlo (con. crit. Sala nro. 3 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial - Pcia. Chaco, Resistencia, sent. del 16-5- 1996 en autos caratulados: "N. S. F. c/ G. V. y/o H. W. T. s/ Desalojo", elDial - AR1B6).

2do.) Respecto a la valoración de la prueba testimonial, la misma es esencialmente subjetiva, de ahí que su valor dependa de las condiciones morales de los testigos, de su probidad, del conocimiento personal que de los hechos tengan, de la verosimilitud de estos mismos hechos y de la concordancia de sus dichos.

En esa valoración el juzgador puede muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que le merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieren obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado señalándole la sana crítica los caminos de interpretación (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.V-A, pág. 338; Cám. Nac.

Civ., Sala B, 28/03/80, Der. V. 89, p.269). Dicho accionar ha sido seguido por la a-quo conforme emerge de la extensa y detallada merituación que efectuó a fs.471/vta.) y que fuera rendida totalmente por el actor.

I.A-b) En cuanto al tema de fondo considero que existe una controversia tanto en la jurisprudencia como en la doctrina con relación al alcance de la presunción del artículo 23 de la LCT. Los defensores de la postura restrictiva sostienen que para que se torne operativa es menester acreditar no sólo la prestación de servicios, sino su carácter dependiente (en los términos de los arts. 21 y 22), mientras que los que propugnan una postura amplia entienden que la sola demostración de la existencia de prestación a favor de un tercero es suficiente para que opere la presunción, es esta última la tesis mayoritariamente aceptada por la jurisprudencia, y a su respecto cabe destacar que el texto del artículo 23 no hace mención al carácter dependiente de la prestación de servicios, el que sí es requerido por los artículos 21 y 22 LCT.

Considero de aplicación frente a la temática planteada el criterio jurisprudencial local que ha determinado que: "Si los servicios anteriores fueron prestados en relación de dependencia, deben presumirse los posteriores prestados en igual forma, porque los empleados no modificaron las condiciones de la prestación del contrato... Cabe aplicar en todo caso la presunción de existencia de un contrato de trabajo ante quien presta un servicio personal y quien lo recibe, inclinar la balanza, en caso de duda, hacia la tesis del contrato de trabajo del prestatario del servicio y el beneficiario de los mismos" (Sala "A", 19-09-01," F. C., A. A. S. c/ C. de T. y T. "L. U." L. s/ Demanda Laboral).

Si la accionada consintió la continuación del vínculo laboral, no obstante la obtención del beneficio previsional por parte de su empleado, tal situación debe regirse por las disposiciones del art. 253 LCT, debiendo el empleador abonar las indemnizaciones previstas por los arts 232 y 245 LCT. Y resulta indiferente que el trabajador no hubiera notificado al Anses de su continuación como dependiente, toda vez que la prohibición del objeto del contrato de trabajo está dirigida siempre al empleador (art. 40 LCT). (conf, crit.CNTr., Sala III Sent. 77835 del 18/11/98 "G., M. c/ C. A. G. y A. SRL s/ despido, elDial - AL2FB).

Por las razones expuestas arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos a fs. 483/vta./485vta. y confirmar la sentencia en este sentido.

I.A-2) En lo referente a los agravios sobre la tasa de interés determinada por la a-quo (fs. 486/488), cabe recordar, que para caso como el presente, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en los autos: "S., C. c/ L. P. S.A. y/u otro s/ indem. por Acc. Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996 y conforme con el art. 622 CC, dejó a los Tribunales de la causa la fijación de las tasas de interés conforme a su razonable discreción.

Por ello que en ejercicio de la discrecionalidad que gozan los jueces de acuerdo a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia que señaló como "razonable discreción de los jueces de la causa", sin reglas inexorables y siendo la aspiración llegar a soluciones justas en los casos concretos, procederá la tasa activa para las operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina, entidad asimismo tradicional referente en la materia, a fin de adecuarla a las circunstancias económicas que variaron en el transcurso del año 2002, índice que se aplicará y hasta el efectivo pago.

Ello así pues, resulta congruente establecer otra tasa activa que se adecue a las circunstancias y variaciones del momento, y la necesidad de unificar índices de cálculo que simplifiquen y no resulten dispares ni variados al momento de efectuarse liquidaciones judiciales como la presente.

En tales supuesto se ha dicho que en el caso de las deudas laborales, raramente el trabajador acreedor tendrá acceso al crédito bancario, viéndose forzado recurrir a otras fuentes particulares más onerosas y concluiremos que el reconocimiento de una tasa activa para liquidar los intereses se impone (conf. Cam.Civ.Com.Lab. y Min. TW "S. S. c/ L. Y. Y. s/ Laboral, del 8/97/1997, asimismo este Tribunal en "Z. de L., E. c/ B., J. y otra", Expte. No. 10.103/98, del de Agosto 2003; "V., M. A. c/ C... S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 13.307/02, Nov. de 2003, entre otras).

Es por ello que corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. (486/488) y confirmar la sentencia en este sentido.	I.A-3) La apelante demandada centra sus agravios en cuanto a la regulación de honorarios por entenderlos excesivos y la imposición de costas que entiende debe ser impuesta en base al vencimiento parcial y mutuo (fs.488/491vta.), los mismos he de tratarlos una vez que haya decidido sobre los agravios expuestos por el apelante actor.	I.B-1) En lo atinente a los agravios expuestos por el apelante actor por la desestimación del reclamo de las vacaciones no gozadas correspondientes al año 1997 (fs. 494/495 vta.) ha expresado la doctrina especializada en la materia que si el trabajador no hace uso del derecho de tomarse las vacaciones per se previa notificación al empleador cuando éste no se las haya dado, de modo que las mismas concluyan antes del 31 de mayo, pierde tanto la posibilidad de gozar de las mismas en el futuro como de pedir su compensación en dinero, como expresamente lo estable una regla fundamental, cual es el art. 162 de la LCT (conf. Dr. Julián Arturo de Diego, en "Manual de Derecho del Trabajo y Seguridad Social", pág. 285, Ed. Abeledo - Perrot año 1999).

Dicho entendimiento ha sido aplicado por esta Cámara de Apelaciones, tal como lo individualiza la sentenciante a fs. 478vta. cuando determinó que: "Las vacaciones no gozadas, correspondientes al año anterior a la ruptura del vínculo, no son compensables en dinero en virtud de lo dispuesto por los artículos 154 y 162 de la ley de contrato de trabajo (05-03-2001, Sentencia Definitiva, Sala A, "A., H. c/ E. P. F. S. SA s/ Demanda Laboral -Indemnización y Diferencia de Haberes).

Son fundamentos por los cuales corresponde desestimar los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 494/495 vta y confirmar la sentencia en dicho sentido.

I.B-2) El apelante actor centra su segundo agravio en el rechazo determinado por la aquo de los gastos efectuados por el actor (fs. 495 vta.).

Observo que la documental en concepto de gastos presentada por el actor fue expresamente desconocida por la demandada con lo cual debía aquel acreditar en debida forma su procedencia no siendo suficiente lo testimoniado por los Sres. J. J. P. (fs. 353/354) y P. A. P. G. (fs. 367/vta) ya que los mismos deponen en base a suposiciones y no en circunstancias que hayan sido percibidas realmente por ellos.

Entiendo, asimismo, que no es aplicable al caso concreto el principio "in dubio pro operario" del art. 9 de la L.C.T., porque dicho principio a partir de la reforma dispuesta por la ley 21.297 de 1976 a la ley 20.744 eliminó la posibilidad de que si la duda recayese en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirían en el sentido más favorable al trabajador, ya que con el texto actual me inclino por su no aplicación, porque el referido art. 9 es claro en cuanto a sus alcances ya que se refiere en la apreciación de normas legales o convencionales, y en la interpretación y alcance de la ley. Ampliar esta aplicación al "in dubio pro operario factis" significaría la alteración de las cargas procesales que determina la igualdad de las partes en el proceso, salvo en aquellos supuestos en que el Juez está obligado a hacer jugar presunciones legales o a darle determinado valor a alguna prueba producida, lo que reitero, a mi entender, con la reforma del año 1976, ha quedado claramente vedado en los aspectos fácticos que resultan esenciales para poder determinar la vinculación interpartes.

Por dichos entendimientos arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por el actor a fs. 495vta. y confirmar la sentencia en este sentido.

I.C-3)La apelante demandada centra sus agravios en cuanto a la regulación de honorarios por entenderlos excesivos y la imposición de costas que entiende debe ser impuestas en base al vencimiento parcial y mutuo (fs.488/491vta.). En lo que se refiere a los honorarios regulados, teniendo en cuenta el monto de condena -capital e intereses- que ha quedado confirmado de acuerdo a las consideraciones precedentemente expuestas, siendo que después de efectuado los cálculos correspondientes las sumas de dinero fijadas por la a-quo en dicho concepto se hallan dentro de los parámetros fijados por la ley arancelaria (21% para el vencedor y 16% para la vencida), son elementos todos ellos por los cuales corresponde no hacer lugar a los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

Respecto al agravio sobre la imposición de costas fue criterio sustentado en el caso citado por la a-quo a fs. 474 (sent. def. nro. 32 de esta Sala "B" nro. del 16/05/01) la aplicación del principio jurisprudencial que establece que: "En la distribución de costas el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no aritmético, tomando en cuenta que en materia laboral las disposiciones procesales sobre la materia deben interpretarse conforme el principio protectorio" (CNTrab, Sala III, 20/10/92, "C., A. M. c/ S. L. SRL", DT-1992-B-2295), más aún cuando el empleado necesitó accionar judicialmente para que se le reconocieran sus derechos, aunque no lo fueran en la extensión que peticionara en la demanda, razones todas estas por las cuales arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios y confirmarse la sentencia en este sentido.

I.D) Atento que han sido rechazadas todas las cuestiones planteadas por ambas apelantes, las costas en esta instancia son impuestas por el orden causado (art. 68, 2da. parte del CPCCCh). Se difiere la regulación de los honorarios profesionales intervinientes correspondientes a esta instancia para el momento del acuerdo donde serán fijados teniendo en cuenta la naturaleza de la acción interpuesta, su complejidad, la tarea desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo a lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 29, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo para el momento del acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:

1) Rechazar los agravios planteados tanto por la demandada apelante (fs. 483/493vta) como por el apelante actor (fs. 494/495vta.) y confirmar en todas sus partes la sentencia de fs. 468/474 vta.

2) Costas de segunda instancia por su orden (art. 68, 2da parte del CPCCCh). Difiérase la regulación de los honorarios profesionales intervinientes correspondientes a esta instancia para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 29, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por las partes contra la sentencia definitiva nro.18/2005 del Juzgado Letrado en lo Laboral de la jurisdicción que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. E. V., desestimo la excepción de prescripción opuesta por la demandada y ordenó a V. G. S. SA pagar al actor la suma de $5008 con más los intereses y costas del proceso (fs. 468/74).

Encontrándose cumplida la exigencia del art. 163 inc. 1 a 3 del código ritual por la tarea realizada por las Sras. Camaristas preopinantes y en la convicción que la manda constitucional -art.169- no está destinada a repeticiones disvaliosas, me eximo de reiterar los fundamentos de las quejas de los apelantes.

1.- Me introduzco en el análisis de las cuestiones con lo que tuvo dicho la jurisprudencia. Si bien la presunción acerca de la prestación de los servicios instituida en el art.23 de la LCT, tiende a resguardar jurídicamente la situación del trabajador contratado informalmente, ello no puede inducir a presumir la existencia de subordinación jurídica en cualquier situación, ya que en este sentido juegan factores de aptitud y condiciones personales de las partes que permiten perfilar una efectiva dependencia económica la que a su vez supone por parte del dador principal el efectivo ejercicio del poder de dirección y disciplinario. Al no ser probada la relación laboral no se opera la presunción prevista en el art.23 de la ley 20744, y en consecuencia no se produce la inversión de la carga probatoria y es el actor quien tiene que acreditar el hecho de la prestación de servicios para que recién opere la presunción (CNT Sala V 1998-11-13 DT 1999-A-688; Ctrab. Cordoba Sala 2 1984-6-08 LLC, 984-1183 (96-R)).

Bajo estas premisas jurisprudenciales que resultan ejemplificativas de mi criterio, adelanto que coincido con lo votado por la Dra. Reynoso que hago propio, en cuanto no se acreditó que la demandada fuera la empleadora del actor por el período que éste denuncia y respecto de la valoración de la prueba, el análisis de los elementos probatorios.

"Cada parte carga con la obligación de probar los extremos en que funda su pretensión y quien alega una circunstancia eximente de responsabilidad, tiene impuesto por imperativo legal la obligación de demostrar los asertos en que funda su tesitura" (CNTrab. Sala II, 13-12-94 DJ 1995-1-768).

Toda vez que los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, contando el juez con ciertas reglas que le permiten establecer cuál de las partes habrá de sufrir las consecuencias perjudiciales que puede provocar la incertidumbre acerca de los hechos controvertidos, de suerte tal que el contenido de la sentencia resulte desfavorable para la parte que omitió probar sus afirmaciones.

La relación de dependencia no es definible en términos de características precisas y unívocas. Constituyen un conglomerado de circunstancias que, en mayor o menor medida, contribuyen en crear un clima económico y social concreto, susceptible de encajar razonablemente en aquel encuadre jurídico, que depende de varios criterios y normas, tales como contenido de la obligación, circunstancias especiales y temporales en que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario del trabajo y otras circunstancias especiales y temporales en que se desempeña la tarea, grado de asunción de riesgos, forma de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del prestatario del trabajo y otras circunstancias, según el caso de que se trate.

En otras palabras el contrato de trabajo no es una institución de características definitorias precisas, la relación de dependencia se manifiesta en diversos elementos que, en su conjunto y valorados razonablemente según las circunstancias de cada caso, contribuyen a encuadrar el vínculo en el ámbito laboral.

La circunstancia de habitar en una vivienda del demandado, es insuficiente para acreditar la relación de dependencia, así como también las declaraciones testimoniales, como la que luce a fs.353 que dicen que el actor tenía un trabajo en una frutería, vivía allí.

No obstante aun habiéndose probado algunos servicios en beneficio del titular del dominio, ello no traza una división tajante entre el comodato y el contrato de trabajo, ya que no es ajeno al primero la posibilidad de que el comodatario los preste sin desnaturalizar la gratitud que es la esencia de aquel, especialmente cuando se trata de cuidados o vigilancia, que es lo mínimo que puede exigirse a quien usa sin pagar, el inmueble de otro. Distinto es cuando tales servicios resultan de un compromiso que los convierte en una retribución, en cuyo caso es prueba a cargo de quien sostiene tal postura (ver elDial-W7EB6- Pcia.Bs.As. "B. d. C., N. c/C., L. y otro s/desalojo" 6-2-1992).

En este orden de ideas encuentro respecto de la aplicación de las presunciones legales ante las omisiones y deficiencias probatorias del accionante en cuanto a los hechos invocados en su defensa, que debe modificarse la sentencia venida en crisis.

En consecuencia de ello, he de recordar que tanto la jurisprudencia como la doctrina han utilizado un criterio uniforme para aplicar e interpretar la presunción del art.23 de la ley de Contrato de Trabajo, que puede sintetizarse en la improcedencia en forma automática, sin la existencia en el pleito de otras acreditaciones que corroboren las afirmaciones del pretensor, lo que requiere estar respaldada con otras probanzas.

En el presente caso, no se demostró que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de trabajo que los unía. "Cuando se invoca la existencia de una relación subordinada de trabajo como fuente del derecho que se reclama, resulta ineludible la acreditación fehaciente que existió por parte del reclamante una prestación efectiva y permanente de servicios, máxime cuando ésta ha sido expresamente negada, porque aquella es precisamente la condición exigida por la legislación de fondo para que juegue la presunción del art.23 de la LCT. Pero si por ningún medio idóneo se logra probar la afirmación inicial, la demanda fundada en prestaciones derivadas de una ley laboral debe ser rechazada" (Ctrab. Córdoba, sala 4 LLC 1995-41).

Las declaraciones testimoniales de fs. 353, que no fueron descalificadas, tachadas ni impugnadas oportunamente, no surge de las mismas la existencia de la relación de empleo con la demandada.

Carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los agravios de los letrados del actor atento cómo fue resuelta la cuestión principal, en virtud que por imposición del art.279 del código ritual se modificará la imposición de las costas de la instancia de grado, que serán a cargo del accionante y se modifica la regulación de los honorarios profesionales difiriéndose para el momento del Acuerdo.

Las costas de la Alzada las impongo a la actora recurrente, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para el momento del Acuerdo en que se tendrá en cuenta lo establecido en la ley arancelaria (art.14 de la ley 2200 mod. por la ley 4335).

Por coincidir con la Dra. Reynoso de Roberts doy por reproducida la fórmula postulatoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Nélida Susana Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Admitir los agravios del demandado V. y B. G. S. S.A. y rechazar la demanda interpuesta por el actor E. V..

2) Costas al vencido. Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia del Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($3.250) y de los Dres. J. J. E. y M. E. F. v. R., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500). Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS MIL CIENTO CUARENTA ($1.140) y del Dr. J. J. E. en la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO ($625).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara)	REGISTRADA BAJO EL nro. 44 DEL AÑO 2005	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS