marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepción de cosa juzgada, verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Modugno, Juan Miguel. Concurso. Incidente de verificación de créditos por Marcelo Rafael Lewin c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

Circunstancias particulares acreditadas en la causa permiten señalar una excepción al efecto de cosa juzgada que se le atribuye, regularmente, a la decisión que declara la inadmisibilidad de crédito presentado a verificación del síndico que no fue oportunamente cuestionada a través de la vía incidental (arts. 32 y 37, ley 24.522). El cumplimiento de los fines para los que la legislación concursal ha sido dictada impide -ante este especial supuesto- otorgar a la norma del art. 37 de la ley 24.522 una hermenéutica incompatible con la tutela del derecho de propiedad y el adecuado ejercicio del derecho de defensa del acreedor insinuante. En el caso, no parece razonable derivar, del hecho de no haber deducido el interesado el recurso de revisión, la pérdida de su derecho a participar en la distribución del activo concursal. Tal consecuencia importaría desnaturalizar el alcance de la cosa juzgada, a la vez que consagrar un exceso ritual que no se compadece con el adecuado servicio de justicia.(doctor Pettigiani, mayoría)
Objetos arqueológicos, patrimonio cultural, delito penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " FERNANDEZ CHITI, Jorge s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-21

El Artículo 48 de la Ley 25.743 sanciona a quien "transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos". A razón del objetivo perseguido por esta ley, cual es el de preservar y proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico, y el aprovechamiento científico y cultural del mismo, se desprende que, para su subsunción típica, el almacenamiento de este tipo de objetos deberá ser considerado una parte integrante de la actividad de tráfico ilícito, que en distintas modalidades se reprime mediante esa norma. En este sentido, cabe resaltar lo valorado por los legisladores en el debate parlamentario de la ley en análisis, donde se señaló que "prevenir el deterioro, la destrucción o la pérdida, sea por ignorancia o por el ánimo de lucrar con estos bienes que integran el patrimonio de la Nación, es una responsabilidad del Estado. Estos hechos que se vienen sucediendo y acelerando en las últimas décadas muestran (...) un preocupante tráfico de los bienes arqueológicos y paleontológicos argentinos" (ver Debate Parlamentario de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, Cámara de Senadores de la Nación, 10° Reunión, 5° Sesión Ordinaria, 4 de junio de 2003). Entonces si no se ha revelado que la exhibición de los elementos esté vinculada con una actividad de comercialización como la que prevé el artículo 48 citado debe descartarse la ocurrencia de dicho delito, sin perjuicio de que se profundice la investigación para determinar la manera en que el imputado habría tomado posesión de las piezas que conforman su colección.
Secuestro extorsivo, detención sin orden, reconocimiento por fotografía, declaración de la víctima, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Herrera Jonathan Nicolas s/ Recurso de Csacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-28

La aprehensión del imputado llevada a cabo en el marco de un procedimiento de allanamiento resulta válida, toda vez que el mismo se encontraba identificado como uno de los autores del hecho objeto de la investigación mediante el identikit realizado y el reconocimiento fotográfico efectuado por la víctima, su esposa e hijos, lo cual constituye motivo suficiente para proceder a su detención. Por otra parte, el personal policial comunicó de inmediato la situación al magistrado interviniente quien impartió la orden verbal que habilitaba a los preventores a proceder. La intervención de los tres imputados en el delito de secuestro extorsivo se tuvo por acreditada con la contundente versión de la víctima, quien desde un principio señaló a los nombrados, los que tenían distribución de tareas y lo privaron de su libertad con el fin de obtener rescate. La solidez del testimonio a lo largo de todo el proceso, le otorga especial relevancia a los reconocimientos y descripciones efectuadas respecto de los sujetos intervinientes en su secuestro, y permiten descartar cualquier duda acerca de la participación. La significación jurídica que corresponde otorgar al hecho es la de secuestro extorsivo toda vez que , si bien comenzó como un robo, luego los imputados continuaron reteniendo privada de su libertad a la víctima contra su voluntad y mediante amenazas, lo obligaron a pedir rescate, lo cual terminó sucediendo. Si bien la figura básica de secuestro extorsivo requiere para su consumación la sola retención de la víctima, en este caso, además se agrava porque los autores lograron recibir el rescate, finalidad que persiguieron al momento de la interceptación. Por otra parte, cabe hacer lugar parcialmente al recurso de casación puesto que se advierte que, no se han observado las formas sustanciales del juicio, produciéndose una mutación entre la base fáctica imputada y la que a la postre fuera sustento de la condena, siendo que hasta ese momento no se lo acusó por la minoridad de sus consortes. La disidencia consideró que no medió afectación al principio de congruencia toda vez que la plataforma fáctica se mantuvo inalterable a lo largo del proceso y en el caso, la misma admitía la calificación legal que fuera propiciada por el fiscal en su alegato y acogida, luego, por los sentenciantes. La situación descripta por el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio admitía la aplicación de la agravante en cuestión, sin producir con ello una modificación del sustracto fáctico de la acusación -y en atención al carácter netamente provisional de las calificaciones jurídicas asignadas a los hechos con anterioridad a la sentencia de condena- el cambio en el encuadramiento penal propuesto por el fiscal de juicio en el alegato y recogido en la sentencia no puede ser calificado como "sorpresivo", ni violatorio del derecho de defensa en juicio del imputado.
Robo con violencia en las personas, robo con fuerza en las cosas
Materia: PENAL
Carátula: MACEIRAS, Víctor s/ ROBO. VIOLENCIA EN LAS PERSONAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

El arrebato de un pendiente del cuello, comporta el delito de robo con violencia en las personas, y no el de robo con fuerza en las cosas, dado que el mencionado arrebato comporta la violencia típica del robo.

NOTA: Se citaron: Sala V, 'Schild, Gustavo', 22/9/78; C.N.Crim., 'Fallos' VI-403. En igual sentido: Sala IV c. 28313, 'Pretara, Walter', 14/2/84.
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, sanciones administrativas, medida de no innovar
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  RECTORA   CIA  ARGENTINA DE SEGUROS  SA  ANTE SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ MEDIDA DE NO INNOVAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

Es procedente la medida de no innovar solicitada por una aseguradora, ante el mandato de la superintendencia de publicar la resolución que la sanciona, en el boletín oficial, siendo que dicha resolución se halla en situación de ser recurrida y, por tanto revisada por el órgano jurisdiccional; de lo contrario se afectaría la posición de la aseguradora en el mercado, y tal evidente perjuicio no puede justificarse racional ni legalmente, ya que la norma de la ley 20091: 87 que dispone la publicación de las resoluciones de la superintendencia "es inaplicable" a las resoluciones particulares del art. 86.
Derecho laboral, asociaciones profesionales de trabajadores, personería jurídica
Materia: CIVIL
Carátula: CAMINOS DEL VALLE CONCES. S.A. c/ ASOC. DE TRABAJ. EDUCACIÓN NQN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-04

Al respecto y conforme ya lo señalara, al ser la demandada una entidad gremial reconocida jurídicamente, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 43 del Código Civil y lo previsto por los artículos 1.067, 1.068, 1.072, 1.109 y 1.113 primera parte del cuerpo legal citado.

Así se ha dicho en un precedente que comparto en una sentencia de Primera Instancia confirmada por la Cámara Civil de General Roca (LL-1991-B-409): "El art. 23 de la ley de asociaciones profesionales 23.551, prevé que a partir de su inscripción, la asociación adquirirá personería jurídica y tendrá los derechos que enumera. Ello importa que la entidad gremial debidamente inscripta tendrá la capacidad general de hecho y de derecho que la ley reconoce a las personas jurídicas de existencia ideal, para adquirir derechos y contraer obligaciones".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, representación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Perkow, Valentín c/ Todo S.A. s/ Indemnización por despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La decisión que declaró la nulidad de lo actuado por el gestor y tuvo por no contestada la demanda en los términos del art. 28 del dec. ley 7718/71 -t.o. dec. 4444/93- no reviste carácter de definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo, proceso judicial, principio de congruencia, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSTAFA RENE EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-14

No se ha violado el principio de congruencia, pues los hechos descriptos en la orden de sumario, mediante la remisión a las conclusiones de la información sumaria, son los que afrontó el sumariado en su declaración y sobre los que resolvió la administración en su acto conclusivo.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: FRIGERI, Reynaldo O. - GRAMAJO, Ramón E. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

A salvo mi opinión de acreditar un indicio de autoría con las declaraciones de testigos que deponen sobre el reconocimiento de haber cometido el hecho ilícito.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, sanciones administrativas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ADOBBATO, Florencio c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-26

Si lo que se cuestiona es la aplicación de una sanción, por la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión en el uso de la firma profesional al accionante, la naturaleza de los derechos involucrados torna viable la acción de amparo, aún cuando el actor no haya planteado el recurso previsto en el art. 97 inc. "b" de la Ley Orgánica Municipal Nº 19.987, ni otro tipo de acciones. Es que el amparo no es una vía excluyente, sino alternativa frente a otras que pueden considerarse al alcance del justiciable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Marcelo Fabián s/ Homicidio criminis causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la transgresión de los arts. 80 inc. 7º y 165 del Código Penal alegando que el hecho debió encuadrarse como homicidio en ocasión de robo, si el recurrente no se hace cargo de lo resuelto por el tribunal respecto de que está acreditado que el procesado produjo la muerte de la víctima con la finalidad de procurar su impunidad, por lo que entendió aplicable el art. 80 inc.

7º del Código Penal.
Excarcelación, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., N. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-08-11

La calificación legal del delito o delitos por la cual se rige la excarcelación, si bien en principio es la que se establece "prima facie" en el auto de prisión preventiva, no es inmutable en las siguientes etapas del proceso, ya que, en primer lugar, dicho auto es meramente provisional y no causa estado, admitiendo su modificación tanto a petición de parte como de oficio y además porque aún subsistiendo la calificación establecida en dicho auto, se ha admitido doctrinaria y jurisprudencialmente que, en cierto casos, la excarcelación pedida en el plenario puede regirse por la que determina el fiscal al formular acusación.
Quiebra, conversión de la quiebra, pedido de quiebra, quiebra a pedido del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: SPITZ, REBECA s/ SU QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

La deudora peticionaria de su propia quiebra sólo puede desistir de ese pedido si antes de la primera publicación de edictos hubiera demostrado que "ha desaparecido su estado de cesación de pagos" (Ley 24522: 87). Por tanto, si -como en el caso- ese extremo no fue acreditado, procede desestimar la pretensión, pues al pedir la conversión la solicitante reconoció hallarse aún en cesación de pagos. De modo, que en tal supuesto, la presente omisión torna inoficiosa la petición de conversión del procedimiento. Máxime si se verifica que la petición de conversión sólo se fundó en una generalización como es -en la especie- el concepto de permisión de todo lo no prohibido, pues tal "principio de reserva" destinado a resguardar la libertad individual no parece aplicable para derogar sin ley positiva, y dentro del mismo proceso, el principio general según el cual "electa una vía non datur recursus ad alteram".
Acción, indemnización, invalidez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHIRINO, Claudia Susana c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-24

En principio, la acción indemnizatoria reviste el carácter de accesoria, es decir, que corresponde deducirla con posterioridad a la declaración de invalidez del acto en sede administrativa; siempre que no hubiera caducado el derecho a demandar judicialmente y en forma directa al Estado o, interponerla conjuntamente con la acción de nulidad del acto en sede judicial.
Prueba, prueba de informes, hecho conducente, marcas, caducidad del registro de marca, uso de marca, uso efectivo de marca, falta de uso de marca, Ley de Marcas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA S.A.Q.I.C.I. Y F. c/ QUIMICA MONTPELLIER s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

La demanda aquí incoada pretende -en forma subsidiaria, es decir, para el caso de que se considere que las marcas son confundibles- que se declare caduca la que es fundamento de la oposición, en razón de que no le consta su uso a la accionante en los últimos cinco años, anteriores a la demanda de acuerdo con lo que establece la ley 22.362. De lo expuesto se infiere que el informe que persigue la demandada no constituiría una prueba superflua, en tanto demostraría la realización de ciertos actos que involucrarían a la marca en cuestión y que podrían ser considerados en el momento de decidir, eventualmente, el tema de la caducidad. Los trabajos preparatorios que menciona en la contestación de la demanda están referidos al estudio y elaboración de elementos necesarios para la presentación ante Salud Pública, al incluir "proyectos de rótulos y prospectos" aluden necesariamente al envase que contiene las cápsulas para aspirar y al aerosol, de manera que el "hecho" -proyecto de envase- que se considera omitido por la actora y, por lo tanto, no susceptible de ser probado, no resulta tal.
Rechazo de la demanda, responsabilidad del asegurador, siniestro, intervención de terceros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Manuel Ambrosio c/ Bbva Cosolidar Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Procede rechazar la demanda contra la compañía aseguradora demandada por incumplimiento contractual. Ello por cuanto, en el caso, no se desprende la existencia de una demora en el pago del siniestro que pudiera configurar un incumplimiento en las obligaciones de la demandada. Desde dicha perspectiva, el tiempo que transcurrió entre que ocurrió el siniestro y que este fue denunciado resultó ajeno a la conducta de la demandada y por ello, no puede generar un reproche contra ella ni contra la citada en garantía. Es que el dictamen médico que determinó la incapacidad del actor fue presentado por el demandante ante el empleador recién un año más tarde. Es decir, ni la aseguradora ni la empleadora tomaron conocimiento del siniestro sino hasta casi un año después de ocurrido. Es que, no se ha alegado y menos aún probado que la demora en la presentación de la denuncia ante la compañía de seguros obedeciera a otro motivo que no fuese la propia conducta del actor. Si el asegurado hubiera asumido otra postura, es decir, denunciar oportunamente el siniestro, hubiera recibido la indemnización un año antes. En otras palabras, no puede reclamar a la demandada por un supuesto pago tardío cuando no había proporcionado a su empleador los documentos necesarios para que se denunciara el siniestro que motiva la indemnización. Ello, sin desconocer las particularidades que reviste este vínculo contractual, pues por tratarse de un seguro de vida colectivo, es el empleador quien realiza la contratación del seguro y es quien, al producirse el siniestro, recibe la denuncia. No obstante, resulta aquí incuestionado que el deber de la aseguradora, nace una vez recibida la denuncia (LS 46 y 56). Y en el caso, de los antecedentes acompañados en el expediente, se desprende que el asegurado no cumplió con la carga que le correspondía en el contrato de seguro, tal como fue acreditado por la empleadora.
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, abogados, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Juncos, María Eva c/ GCBA s/ amparo - aplicaciones móviles - internet s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Corresponde regular los honorarios del abogado peticionante en mérito a los trabajos desarrollados por su actuación como apoderado y patrocinante de la parte actora en el recurso de inconstitucionalidad en un 40% (cf. art. 30 de la ley n° 5134) de la suma que resulte de adicionarle al monto de la regulación de primera instancia intereses a la tasa establecida por el artículo 53 de la ley n° 5134, desde la fecha de esa resolución hasta la de la liquidación de la cantidad que surge de este pronunciamiento. Sin embargo, si la suma que resultare establecida conforme el cálculo anteriormente explicado, fuera igual o menor a 20 UMA medidas a su valor a la fecha en que fuere aprobada la liquidación (cf. art. 31 de la ley n° 5134) más el 50% de esa suma, por la actuación como apoderada (art. 15 de la mencionada ley), corresponderá el pago de ese mínimo legal. A las sumas reguladas deberá adicionarse el IVA, de corresponder. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Arraigo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amarillo Cristian Javier y Otra c/ Bustos Osmar Edmundo y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-03

No es admisible la excepción de arraigo cuando se ha promovido -y no concluido- beneficio de litigar sin gastos, ya que si bien convenimos en que la cuestión no es pacífica en doctrina y jurisprudencia, nos inclinamos por la postura que deja expedita la vía de acceso a la justicia a quien carece de recursos para hacerlo.
Acción de inconstitucionalidad, mandamiento de ejecución
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ROBLES DE GIOVANNINI, MODESTA s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-06

La figura del art.207 inc.d) de la Constitución Provincial inconstitucionalidad por omisión- es una forma de inconstitucionalidad que por tal -y en principio-, correspondería ser tramitada conforme a los procedimientos fijados a tales fines;

aunque esta conclusión no implica desplazar "per se" la eventual sustanciación de tan particular acción de inconstitucionalidad por la vía eventual del mandamus. Pero la apertura y conjugación de la inconstitucionalidad por omisión con el procedimiento del mandamus, requerirán que en el caso concreto concurran los recaudos que viabilicen este último remedio excepcional, que son: la grave conculcación de un derecho, su irreparabilidad, la inexistencia de otros medios procesales adecuados o que el uso de aquellos no resulten suficientes para evitar el perjuicio inminente.
Ejecución fiscal, resoluciones apelables, liquidación, aprobación de la liquidación
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Cicero, Ricardo Oscar y Persichini, Jorge Eduardo s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El fallo por el que se aprobó la liquidación practicada por el fisco en la ejecución fiscal puede ser apelado ante la alzada.
Ejecución de sentencia, suspensión del proceso judicial, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacalera Sarandí S.A. c/ E.N.-AFIP-DGI  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-06

Las sentencias confirmadas pueden ejecutarse conforme lo dispone el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Corte Suprema puede ordenar la suspensión de esa ejecución, de modo excepcionalísimo, en casos específicamente determinados en precedentes del Tribunal, a saber: a) la existencia de irregularidades del procedimiento; b) el apartamiento injustificado de precedentes consolidados de la Corte Suprema; c) la posibilidad de que, de la ejecución, se derive un agravio de muy difícil reparación ulterior; d) que se trate de un caso de relevancia institucional en los términos que la Corte los ha definido (Voto del juez Lorenzetti).