Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-24


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Quince.- San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Septiembre de 2008.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 068/07 "PERDIGON, Olga Elena c/ Dirección de Medicina Asistencial y/o Ministerio de Salud de la Provincia- s/ ACCIÓN DE AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN", llamándose autos para Sentencia a fs. 83. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Amparo por Mora de la Administración interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 84, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. José Ricardo CÁCERES, Amelia del Valle SESTO de LEIVA y Luis Raúl CIPPITELLI. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

1- Que a fs.13/15, comparece la actora Sra. Olga Elena Perdigón, por intermedio de letrado patrocinante, incoando acción de amparo en contra de la Dirección de Medicina Asistencial y/o Subsecretaria de Salud Pública y/o Ministerio de Salud Pública de la Provincia, ante la omisión de resolver la solicitud de traslado de prestación de servicios, desde el departamento Santa Rosa al departamento Capital, con fundamento en el Art.45 del Estatuto del Empleado Público: familiar enfermo e integración del grupo familiar. Omisión que le causa gravamen irreparable vulnerando garantías constitucionales, derechos de propiedad, libertad y trabajo. Del relato de los antecedentes fácticos se extrae, que la amparista fue contratada por el Estado Provincial el 06/11/95, continuando en funciones hasta la fecha de interposición de la demanda. Que en el año 2006, su esposo Dr. Luna fue trasladado del departamento Santa Rosa, lugar donde cumplía funciones, al departamento Capital. Que el referido traslado, sumado a la afección de tipo psicológico que sufre su hijo menor Conrado León Luna Perdigón, hijo de ambos cónyuges, generó la obligación de trasladarse a esta ciudad Capital. Que dentro de este marco, con fecha 23/03/07 la Dra. Perdigón solicitó su traslado, de acuerdo a la autorización legislativa de los Arts.17, inc.j) y 45, inc.a) y b); para atender en forma directa la afección de su hijo y no generar mayores inconvenientes, solicitó licencia sin goce de haberes por el término de seis meses, conforme al Estatuto del Empleado Público, Ley 3276, que expresamente prevé en el inc.a) familiar enfermo y b) integración del grupo familiar; y régimen de licencia, justificaciones y franquicias, Decreto Acuerdo Nº1875/94, sin embargo la autoridad pública no se ha pronunciado. Ofrece prueba documental: informes médicos, psicológicos e historia clínica del menor; y prueba informativa. Solicita en definitiva se haga lugar a la acción. Que radicadas las actuaciones en la primera instancia, a fs.19/21 la Sra. Juez interviniente, por Sentencia Interlocutoria Nº22/07, declara la incompetencia del Tribunal para entender en la causa, elevándose las actuaciones a esta Corte de Justicia con fecha 12/11/07, conforme constancia de fs.22. Previa vista al Sr. Procurador General emite dictamen a fs.26/26; se dicta Sentencia Interlocutoria Nº 31/08 - fs.31/32 - resolviendo declarar prima facie la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la causa y reconducir la acción interpuesta como amparo por mora de la administración, solicitando los informes correspondientes.

Que a fs.77/79vta., comparece la demandada por intermedio de apoderado, evacuando el informe requerido por el Tribunal fuera del plazo estipulado por la ley adjetiva; no obstante -según manifiesta-, efectúa consideraciones de técnica procesal y con sustento en la Ley 4642 efectúa consideraciones, oponiéndose a la medida cautelar peticionada, obviando que la acción ha sido reconducida en orden a las previsiones de la Ley 4795 y su modificatoria Ley 4850. Sorteada la causa a los fines de resolver en definitiva, previa integración del Tribunal, queda la causa conclusa y en estado de emitir pronunciamiento. - 2- Que para dictar sentencia debe tenerse en cuenta la naturaleza de la pretensión que se ventila, toda vez que la finalidad del amparo por mora, es lograr el pronto despacho de las actuaciones administrativas que se estiman demoradas. Que la acción de que se trata ha sido analizada exhaustivamente en numerosos precedentes de esta Corte de Justicia, a partir de los autos Corte Nº 59/05 "Soria Savio c. Poder Ejecutivo" en los que llevé la voz en el Acuerdo. Jurisprudencia reiterada en Sentencias Definitivas Nº30/05, Nº20/06; Nº26/06, Nº29/06, entre otras. Resultando pertinente señalar que la naturaleza jurídica del instituto, conforme a la doctrina y legislación en la materia, al tratar la acción de amparo por mora de la administración, establecen que el administrado puede esperar un plazo mayor que el fijado por las normas para el dictado del acto de que se trate. De ello se sigue que no existe plazo de caducidad para la presentación de la demanda o pedido de amparo, siempre que el procedimiento administrativo mantuviera su vigencia. (Conf.: Horacio D. Creo Bay, "Amparo por Mora de la Administración Pública", p.103 y sgtes.). Es decir, que el trámite no hubiera concluido por alguna de las causales previstas para la oclusión del trámite administrativo: resolución expresa o tácita, caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho. En efecto, el amparo por mora de la administración es una protección referida exclusivamente al ritmo y atención que la esfera administrativa general debe poner en las actuaciones escritas que tramite, cuya naturaleza jurídica la ubica dentro del campo protector del Art.43 de la Constitución Nacional y forma parte de la garantía instrumental de dicho Artículo. A su vez se conecta con el derecho subjetivo de peticionar a las autoridades, consagrado por el Art.14 de la C.N., que se complementa con el Art.33, por el que la administración no tiene la facultad de mantenerse en silencio ante la petición del administrado, sino que, por el contrario, está sometida al deber de pronunciarse, de allí que el amparo por mora no tenga plazo de caducidad, es expedito, es decir sin condicionamientos y rápido. Según Rivas (El Amparo, p.679) el amparo se aplica a cualquier pedimento formal en sede administrativa cuya resolución sufra dilación excesiva. Asimismo para ser admitido se requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga vigencia.

En orden a lo expresado y ante una situación concreta de mora administrativa, entendida como la inactividad formal de la administración, simple no contestación a una petición de los particulares, se prevé en la legislación nacional tres técnicas de control a elección del administrado: el reclamo en queja ante el superior (Art.71 RLNPA), el silencio administrativo (Art.10 LNPA) y la acción de amparo por mora de la administración (Art.28 LNPA). Interesa señalar que en dicho ordenamiento, ante la elección de una de las vías, no es posible luego intentar la alternativa. En consecuencia, interpuesto el pronto despacho del Art.10 de la LNPA, no se podrá articular la reclamación en queja ni la acción de amparo por mora. Sin embargo, no funciona a la inversa, iniciado un amparo por mora, siempre puede desistírselo e intentar la vía del silencio.

Que en el derecho público provincial y en nuestro ordenamiento positivo, conforme al Art.25 de la Ley de Procedimientos Administrativos, al tratar del acto administrativo en general, en su segunda parte establece: "El silencio de por sí, es tan solo una conducta administrativa inexpresiva, únicamente cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del órgano, transcurrido cierto plazo, se considerará que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo". De ello se sigue que no existe acto, sino que la técnica del silencio está instrumentada para favorecer a los administrados, o precisado de otro modo, constituye una presunción legal establecida a favor de los particulares, de la que no puede prevalerse la administración para eximirse de su deber de pronunciarse ni puede escudarse en tal dispositivo para no dictar resolución expresa, sino que es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga, ni tal sentido puede oficiosamente serle asignado para tener por configurados actos inexistentes. 3- De ello se sigue que la administración no puede escudarse en el silencio pretendiendo que ya decidió la cuestión de esa forma. El silencio no es más que una ficción legal que, cuando el ordenamiento jurídico lo prevé, juega como negativa tácita otorgada a favor del administrado, del que nace un derecho subjetivo y correlativamente la obligación de la administración de resolver en forma expresa las peticiones efectuadas por parte interesada en un expediente administrativo. Y en tal sentido el mecanismo que ha puesto el orden jurídico a disposición del administrado para el ejercicio de este derecho, en cuanto puede solicitar un pronunciamiento expreso de la administración, es precisamente el amparo por mora, "....una vez demostrada la ausencia de respuesta administrativa, recién entonces queda a disposición del afectado la vía del amparo general, aún cuando el mismo sólo tuviera por objeto la orden judicial de "pronto despacho, para la cual no es obviamente exigible el previo agotamiento de las vías administrativas". (Conf: LL.1994-3-716; en igual sentido: JA Rep.Gral. 1997-344; Los Tribunales Cordobeses analizando la ley local: LLC-2000-466; La Corte de la Provincia de Salta en LLNOA.-1998-306). Hutchinson, (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", T.1, p.511), sostiene que: "La decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo esta última ampararse en el silencio, pretendiendo que decidió el asunto en esa forma". (Barra, Rodolfo Carlos, "Defensas del administrado ante la mora en la decisión administrativa. Una feliz corrección a la doctrina "Dinet" en ED-74-222; Linares, "Sistema de recursos y reclamos", p.37; Carranza Torres Luis R., "Practica del amparo", p.109; Sagues, "Derecho Procesal CONSTITUCIONAL-Accion de amparo", T.3, p.599/600). En sentido concordante disponen las legislaciones provinciales, habiéndose resuelto que: "Corresponde hacer lugar a la acción de amparo por mora interpuesta por el administrado contra la omisión de la administración en resolver las peticiones dentro de los términos legales y ante una demora excesiva y perjudicial para sus derechos, aún cuando el expediente o procedimiento administrativo no se encuentre en estado de ser resuelto, toda vez que sea exclusivamente la conducta omisiva y consecuentemente morosa de la administración a la que se pretende poner un límite por esta vía -en el caso, el administrado interpuso el amparo por mora luego de haber solicitado pronto despacho, habiendo vencido los plazos del Art. 160 de la Ley 3909 y transcurridos más de dos años desde la primera presentación del reclamo-. (LL Gran Cuyo 2003 _"junio-424). Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, (LLC, 2000-44), sostuvo que: "La conducta lesiva que da lugar a la acción de amparo por mora de la administración, consiste en una omisión en la actividad de un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa de emitir decisión definitiva expresa, última o no, frente a peticiones en general o a recursos del interesado". En consecuencia, y atento a las constancias de autos, el administrado en esta causa no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, reencaminada como acción de amparo por mora de la administración, que conforme se reseñara reviste características perfectamente diferenciadas. En tal sentido deben entenderse encaminadas las sucesivas peticiones de la accionante tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, sin que hasta la fecha de interposición de la demanda _" 01/11/07-, y presentación de la accionada de fecha 23/05/08 , medie decisión alguna. Que conforme a ello debe tenerse por configurada una situación objetiva de demora administrativa en cumplir el deber concreto de emitir resolución acerca de lo requerido por parte interesada, por lo que debe ordenarse el pronto despacho de las actuaciones administrativas, en el plazo previsto en el Art.13, inc.e, de la ley de rito, con imposición de costas a la accionada, todo ello de conformidad a lo establecido por los Arts. 2, 10 y concordantes de la Ley 4795. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que ananlizadas las constancias de autos, se evidencia que ha transcurrido un período de tiempo prudencial para que la Administración se expida sobre la petición de traslado expuesta por la actora el día 28 de Marzo de 2007, sin que, hasta el día de la fecha dicha petición haya sido contestada, habilitando, por vía de reconducción, el amparo por mora, pues están presentes los requisitos exigidos en la Ley 4795 modificada por la Ley 4850. Por ello corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando al Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca a que se expida sobre el planteo de la actora en el término de diez dias de notificada la presente. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme al resultado arribado, corresponde imponer las costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a tenor de lo dispuesto por el Art. 14 primer párrafo del Cuerpo Legal de cita (Ley 4795 modificada por la Ley 4850). A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez mas adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la Acción de Amparo por Mora de la Administración, ordenando al Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca a que se expida sobre el planteo de la actora en el término de DIEZ DIAS de notificada la presente, conforme lo establecido por los Arts. 2, 10 y concordantes de la Ley 4795, modificada por la Ley 4850. 2) Con costas a la accionada. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archivense.