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Daño moral, información sensible, principio de confidencialidad, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: O. O. N. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-16

En tanto se trata de un daño a la propia intimidad, la divulgación de información referida a ser portador de una enfermedad como el HIV constituye un supuesto de afectación a la intimidad que per se (in re ipsa) torna presumible la existencia de daño moral. Si el demandado sostenía que ello no era así, en tanto se trata siempre de presunciones "hominis" debió ofrecer prueba que demostrase la inexistencia del daño.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toledo de Zárate, Lucía B. c/ Empresa San Vicente S.A. de Transporte s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La prueba del valor económico de la vida humana ha de permitir reconstruir históricamente con la precisión y la certeza deseada, cuál era el valor medio de los ingresos que con rasgos de continuidad percibía en vida el titular de dicha vida, así como los aportes o contribuciones económica que recibieran los suyos o, dicho de otra manera, la canasta de bienes y servicios que a éstos ofrendara regularmente aquél y que, de algún modo, pudieran reflejar el nivel de vida familiar.
Cesantía ilegítima, indemnización, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Estela Adriana c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa Chaina, Rodolfo c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-08-02

En orden a la reparación del daño moral corresponde la presunción de su existencia y, por ende, su procedencia (arts. 16, 522, 1078, 1109 y conc., Cód. Civil) cuando, como en el caso, se ha llegado a la conclusión de que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente, pues en tales supuestos no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos. Tal circunstancia ha de tenerse por demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal, universidades nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Berrini, María Florencia c/ Universidad Nacional del Sur s/ nulidad de acto jurídico (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se ha cuestionado la inteligencia de una norma de carácter federal art. 10 de la ley 23.068 - y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en ella. (art. 14 inc 3 ley 48).
Jubilaciones, cargo, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTIZ ROBERTO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y OTRO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-15

El cargo formulado en el art. 5º del Acuerdo 293/95 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, no sólo vulnera la intangibilidad de las prestaciones, sino que no cuenta con un reclamo previo por parte de la Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado favorecida por la retención, y su secuencia administrativa o judicial en su caso, con debido resguardo del derecho de defensa del actor con determinación y exigibilidad del supuesto créditos en concepto de indemnización por retiro voluntario.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: COMENSA (Cía. Mendocina S.A.) c/ Pcia. de Mendoza s/ A.P.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Determinar el contenido y extensión de las diferentes acciones previstas en la legislación local, constituye un tema propio de los jueces de la causa y ajeno a la instancia que consagra el art. 14 de la ley 48.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giménez, Graciela Ramona c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Si la actora ha limitado su pretensión a la revocación de la resolución impugnada, la sentencia condenatoria sólo puede tener aquél alcance, permitiendo en todo caso por la vía pertinente el reclamo de los beneficios previstos en las leyes 11.880 y 11.939 citadas en la demanda.
Proceso penal, subasta, secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados
Materia: PENAL
Carátula: GARCES FUENTES, RUBEN s/ DEVOLUCION  EFECTOS  -  SUBASTA  AUTOMOVIL  SECUESTRADO  AL PROCESADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-09

Procede decretar la subasta del automóvil secuestrado al prevenido, si fue adquirido con el producto de lo sustraído.

Como no se trata de un embargo que pudiera ser objetado conforme con lo que disponen los arts. 3878 C.C., 411 y 413 C.P.C., 219 y 233 Cód. Proc. Civ. y Com., sino del producto de un delito, secuestrado en el curso de los procedimientos, rige en consecuencia el art. 3, inc. f de la ley 20.785.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, seguros, mora
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: EDGARDO PEDRO JOSE SCALA c/ SUD  AMERICA  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  DE  VIDA  Y PATRIMONIALES  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ha restringido el período estipulado para que la aseguradora abonara la indemnización por incapacidad, sin considerar el punto de partida del plazo establecido en la cláusula adicional a la póliza.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, facultades jurisdiccionales, servicio público, funcionamiento irregular, imputado, prisión preventiva, sentencia absolutoria, error judicial, error inexcusable, condena por error, resarcimiento a personas condenadas por error
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - PENAL
Carátula: Balda, Miguel Angel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Sea con fundamento en la irregular prestación del servicio (art. 1112 del Código Civil) o aun en el principio general del derecho que veda causar daño a otro, resulta incuestionable que el Estado es responsable del perjuicio ocasionado a quien, imputado de un delito, sufre efectivamente prisión preventiva y luego resulta absuelto en virtud de su inocencia, siempre que dicha prisión preventiva haya sido dictada a raíz de un error palmario o inexcusable (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Apertura del debate, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olivera Jesús María y su acumulada s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

No podría interpretarse que el supuesto contenido en el párrafo tercero del art. 374 del Código Procesal Penal resulte idéntico a los restantes previstos en la norma, pues ello vulneraría el principio ne bis in idem y presentaría como irrazonable la supuesta finalidad otorgada por el legislador a dicho precepto, toda vez que la existencia de un hecho "distinto" no permitiría la remisión de las actuaciones al Ministerio Público para su investigación por tratarse de un mismo hecho, como acontecimiento histórico, y ello impediría su juzgamiento por la prohibición del non bis in idem. (Del voto del Dr. Celesia)
Desconocimiento de la relación laboral, contrato de trabajo, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Francisca Isabel c/ Fernandez Rozas, Leonor Del Valle s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-12-22

No resulta razonable subsumir el principio "in dubio pro operario" al caso ya que ni en la documental ni durante la etapa probatoria se verifica algún elemento probatorio que determine el hecho de la prestación de servicios invocada por la actora, de modo que es inadecuado suplir las deficiencias probatorias incurridas por la parte interesada.
Caducidad de instancia, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: CHECCHI DE CICHERO DITRE c/ MAGGI, Clemente s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

La caducidad de la reconvención no arrastra la de la demanda (art.

318 C.Procesal) porque no impide que el demandado haga valer su pretensión en un nuevo proceso, y además, porque lo contrario otorgaría al demandado la posibilidad de paralizar a su voluntad la acción en su contra.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: Canovi de Trapanesi, Susana c/ Galcano, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

El cartel indicador de "pare", tendría el mismo significado que la señal luminosa del semáforo o, por lo menos, bastante similar.

Sin embargo la exclusividad de paso otorgada por la luz verde, si bien justifica no extremar las precauciones en igual medida que debe hacerse en los cruces ordinarios, no autoriza a prescindir de razonables medidas de prudencia, manteniéndose la obligación de vigilancia que posibilite el pleno y seguro dominio del vehículo aún frente a alternativas sorpresivas en la circulación de vehículos.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Morellato, Norma Marta c/ Fernández, Hernán M. s/ Daños y perjuicios-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-02-27

A tenor del art.1113 C.C., cuando el daño es producido por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián no destruye la presunción que la ley crea en su contra demostrando que de su parte no hubo culpa, sino acreditando que el mismo es consecuencia de un hecho extraño por originarse en la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Es decir, que tratándose de responsabilidad objetiva, lo que libera total o parcialmente es la prueba de que hay un hecho ajeno que ha interrumpido el nexo causal y no la simple prueba de que el guardián actuó diligentemente. Una liberación total, requiere que los jueces hayan verificado que la única causa del daño es la culpa de la víctima y que ninguna incidencia han tenido otros factores, entre ellos, la conducta del sindicado como responsable.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley tributaria, leyes, voluntad del legislador, Estado Provincial, Municipalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

Una cosa es que el Estado provincial decida disponer un régimen transitorio de regularización tributaria, que obviamente comprende beneficios para todos los contribuyentes provinciales comprendidos -y para el propio Estado que espera recaudar pronto-, y otra que en su virtud disponga modificar la retribución del ejecutor fiscal, quien despliega una actividad profesional rentable para sí. Esa actividad es objetivable y común a los fines regulatorios a todos los ejecutores letrados en el territorio provincial en igual situación (proceso judicial específico). No le cuadra como igualdad de tratamiento en situaciones iguales que se reduzcan aranceles legales transitoriamente sólo para algunos casos y no para otros. La distinción se dinamiza al reparar que la facultad de establecer moratoria impositiva por parte del estado provincial, siendo propia, no puede imponerla a los municipios y por tal razón se los invita a igual temperamento. Pero cosa muy distinta es la facultad de disponer reducción de honorarios que corresponde exclusivamente a la legislatura provincial. De tal suerte si se predicara la transitoriedad de la limitación arancelaria al ámbito de la regularización impositiva provincial ¿cuál sería la razón de aplicarla a las ejecuciones de los municipios si éstos adhieren a la convocatoria, siendo que esa adhesión no tiene virtualidad sobre la ley arancelaria provincial?, la desigualdad sería no sólo patente, sino que desnuda la "ratio legis" de la modificación del régimen general de aranceles como modo de tornar "erga omnes" la disposición provincial. (Del Voto del Dr. Donati)
Transporte terrestre, responsabilidad del transportador, aplicación de la ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Justo, Rubén M. y otra c/ Empresa Antón de Transportes  S.A.C. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

El transportista no puede pretender limitar su responsabilidad por vía de una estipulación contractual que se encuentra en colisión con los principios generales que disciplinan su responsabilidad. Las normas restrictivas del art. 62 del decreto 27.911/39, reglamentario de la ley 12.346, no poseen un valor absoluto para determinar la extensión de la responsabilidad del transportista, toda vez que sólo tienen una eficacia supletoria para el supuesto de que no se haya probado el contenido y significación del equipaje, pues en el caso de demostrarse tales extremos, la obligación del transportista se rige por la norma del art. 179 del Código de Comercio.
Contratos, compraventa, modalidades de la compraventa, construcción de viviendas, guarda de la cosa, depósito de la carga, pretensión resarcitoria, intereses compensatorios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Constructora Servicios de Categoría SA  c/ Cencosud SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

En el marco de un contrato de compraventa "con modalidad de acopio" celebrado entre las partes, cabe confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar a la actio in rem verso incoada por la actora admitiendo el reintegro del saldo de acopio en poder de la demandada, representativo del entregado al tiempo de celebrar el contrato, adicionando para ello, los intereses compensatorios retributivos del uso del capital, como una suerte de precio de ese uso.

En este sentido, la indemnización del daño compensatorio sustituye a la prestación originaria. El acreedor, frustrado en su expectativa referente al objeto de la obligación, obtiene la satisfacción de su derecho mediante una indemnización pecuniaria, que entra en su patrimonio en reemplazo de la prestación originaria (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T° I, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1967, págs. 261/262). Es que, en ciertas situaciones especiales la ley le impone al deudor, el pago de intereses compensatorios, por razones de equidad, en función del uso de dinero ajeno. Es decir, que los intereses legales compensatorios no se relacionan con la idea de sanción, sino con el carácter fructífero de los capitales que haría inequitativo que el acreedor -en la especie, la empresa constructora actora-, dejase de ganar los intereses de su dinero, por el hecho de haberlo invertido anticipadamente, en beneficio del deudor -la demandada- (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T° II, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1967, pág. 217).

En el caso que nos ocupa, los intereses legales corren desde la fecha de la inversión que generó el crédito -en la especie, el momento de la celebración del contrato- (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T° II, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1967, pág. 217), ya que lo que se busca es "remover" el enriquecimiento indebido y obtener de la otra parte un equivalente del valor perdido, mediante una reparación integral, objetivo perseguido en la sentencia de grado al admitir los intereses compensatorios.
Competencia provincial, bancos provinciales, Banco Provincial de Salta, empleados públicos, empleados de banco, reincorporación, Administración Pública Provincial
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Rodríguez Elizalde, Diego c/ Banco Provincial de Salta. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Corresponde conocer a la justicia provincial en la demanda contra el Banco Provincial de Salta solicitando la reincorporación del actor al cargo que desempeñara pues la cuestión se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local como son aquellas que reglamentan relaciones jurídicas de empleo público provincial y a las que no le son, en principio, aplicables disposiciones propias del derecho del trabajo; máxime si el actor, por el carácter de las actividades que desempeñaba, puede ser considerado entre los funcionarios y empleados cuyos derechos y obligaciones son establecidos y gobernados por el respectivo régimen constitucional y administrativo, y además porque en definitiva se encuentran controvertidos actos de la administración provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cuenta corriente bancaria, prueba, carga
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bisel S.A. c/ Pesoa, Rogelio E. y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda   ejecutiva- (Expte. C.S.J. Nro. 544 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

Carece de asidero el reparo que formulara la actora recurrente con sustento en la ausencia de fundamentación que exhibiría la decisión cuando establece que la carga probatoria de la validez del título ejecutivo correspondía al ejecutante, ya que de los propios términos de la decisión criticada se desprende que el A quo, al examinar el soporte argumentativo de la excepción de inhabilidad de título opuesta por los codemandados, consideró que éstos habían afirmado la inexistencia del elemento constitutivo básico de la relación jurídica, y que, por ende, "la certificación del saldo deudor en cuestión supone la implícita afirmación de la preexistencia de un contrato de cuenta corriente bancaria como premisa de la obligación; y entonces, negada la cuenta corriente, la carga de probar su existencia pesa sobre la actora". De allí que, contrariamente a lo que postulara el recurrente, el Tribunal no sostuvo que el ejecutante debía probar la validez del título ejecutivo, sino que debía acreditar el presupuesto constitutivo de la relación jurídica que habría vinculado a los demandados con la entidad bancaria, esto es, la existencia de la cuenta corriente bancaria, negada por la ejecutada.
Actos y diligencias procesales, exhortos, exhorto a tribunal extranjero, Protocolo de Ouro Preto
Materia: PROCESAL
Carátula: VARESSIO, LUIS c/ PEIRANO BASSO, DANTE s/ EXHORTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

El juez requerido mediante exhorto internacional tiene la facultad para introducir modificaciones en la medida cautelar solicitada, cuando asi se justificase para su correcto cumplimiento o, cuando correspondiere, para su reducción o sustitución (cfr. Protocolo de Ouro Preto: 7).
Acción civil, proceso penal, sentencia absolutoria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL -PENAL
Carátula: IBARLUCEA, JORGE ERNESTO s/ ACCION CIVIL - PROCESO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-11

La absolución penal hace "cosa juzgada" respecto a la acción civil (código civil, art. 1103) no modificándose tal conclusión cuando aquella se produce por imperio del principio "in dubio pro reo", pues ello es así, solo por la autoridad de la cosa juzgada, sin que sea preciso recurrir a la teoría de la carga probatoria.
Aportes a obras sociales, Instituto de Obra Social del Ejército, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

No cabe formular reparos respecto de la validez constitucional de la resolución 016/2001 del Jefe del Estado Mayor General del Ejército si resulta indiscutible la facultad del Poder Ejecutivo para autorizar a éste a fijar el importe mínimo de la cuota de afiliación y a aplicar cuotas compensadoras extraordinarias de refuerzo destinadas a asegurar el equilibrio económico financiero del I.O.S.E. y mantener el nivel asistencial mínimo que debe brindar a sus afiliados y las normas impugnadas aparecen como razonables y adecuadas a los fines que procuraban alcanzar y acordes con la crítica situación que debían conjurar.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Item Construcciones c/ Provincia de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Ceferino Sociedad Colectiva c/ Municipalidad de Viedma s/ CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-06-30|1988-09-21

La regulación de honorarios ha de ser el producto del actuar discrecional (que no significa arbitrario) del juez, cuando -como en el caso- se trata de un juicio de monto indeterminado que persigue tan solo el examen en sede judicial del acto administrativo cuestionado.
Estado, delitos, prevención, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, tratados internacionales, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

La sociedad, como destinataria de las consecuencias de las medidas que se adopten desde el Estado en torno al resguardo de los derechos fundamentales, debe comprometerse en colaborar con él para así hacer más efectiva la tarea de prevenir la comisión de ilícitos. Ese deber-compromiso no solo encuentra sustento en normas de derecho positivo que imponen determinadas conductas -artículos 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, sino que también deviene de la necesidad de comprometerse con el desarrollo de la Nación y la protección de valores trascendentales que constituye el resguardo del derecho a la vida, y con mayor énfasis, en aquellos momentos en que la posibilidad de defensa de la eventual víctima se ve reducida a nada. (Del Voto del Dr. Iribarren)