Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-09


AO1P041I.05W Esquel, 09 de septiembre de 2005.- ------VISTO:--- ------El recurso extraordinario de casación (fs. 149/222) interpuesto por la letrada S. D. L. S., defensora particular de R. A. C., con el patrocinio de la Dra. V. H., contra la Sentencia N° 27/05 CANO de fecha 16 de agosto de 2005 ( 139/141 vta.); y ------CONSIDERANDO:-- ------1. Que corresponde a este Tribunal examinar la admisibilidad formal del recurso intentado (art. 422, CPP).-------------- ------2. Que la resolución recurrida no es definitiva ni equiparable a definitiva en los términos del art. 416 del CPP, lo cual obsta a la concesión del recurso extraordinario de casación.------- ------Así, en lo relativo específicamente a la medida cautelar de prisión preventiva, este Cuerpo, junto a calificada jurisprudencia nacional y provincial, entiende y tiene dicho (A.I.P. N° 43/04; A.I.P. N° 44/04; A.I.P. N° 50/04, A.I.P. N° 73/05) que: "No son materia de casación las decisiones dictadas en materia de libertad provisional. La detención o prisión preventiva son medidas cautelares, esencialmente mutables, que sólo tienden a asegurar los fines del proceso y nunca pueden constituir un anticipo de pena". (CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, CAPITAL FEDERAL, Sala 03 -Riggi, Tragant-, P. C., C. A. y otros s/ recurso de queja. Causa: 524, SENTENCIA, 110/95 del 13 DE JUNIO DE 1995, SAIJ, Sumario nro. 33000661); "El auto de prisión preventiva no causa estado y puede ser revocado por el propio juez que lo dictó -aún de oficio-, llegado el caso; el criterio distinto del recurrente que pretende el dictado de un sobreseimiento en base a la aplicación también de un derecho distinto, no se condice con la naturaleza de la medida precautoria dictada, que no goza de la definitividad requerida para tener cabida al acceso de la vía extraordinaria, precisamente por cuanto no concurren en la especie circunstancias tales que afecten las garantías y derechos constitucionales del encartado con conculcación de los mismos en forma irreparable" (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ, -GÓNZALEZ, SALAZAR-, FEBRERO G. H. O. s/ HURTO CALIFICADO S/ RECURSO DE QUEJA, INTERLOCUTORIO, 0000000148 del 16 DE AGOSTO DE 1994, SAIJ, Sumario nro. 10002395).------ ------3. Que, sin juzgar su aplicabilidad o no al caso, esta Alzada no desconoce los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por la recurrente; pero, sucede que existen numerosas y contradictorias posturas doctrinarias en torno a la problemática de la eficacia "vinculante" o "no vinculante" de los fallos de la Corte, las cuales van desde el no sometimiento hasta al sometimiento condicionado como deber institucional, pasando por la autoridad moral que sus decisiones deberían tener como máximo tribunal de la Nación (cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SANTA FE, "SANTIYU, ISABELINO c/ COOPERATIVA LA PRIMERA AVICOLA, AGRICOLA Y DE CONSUMO LIMITADA s/ COBRO DE PESOS", SENTENCIA del 10 DE DICIEMBRE DE 1987, SAIJ, Sumario nro. J0005972).----------- ------Dentro de este contexto, la falta de uniformidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo referente a la eficacia vinculante de sus fallos, ya que en algunos ha dispuesto el acatamiento liso y llano de su jurisprudencia y en otros ha propiciado un sometimiento condicionado, de tipo moral o de corte institucional, unido al hecho de que no existe norma legal en el ordenamiento jurídico que disponga la subordinación lisa y llana a tal jurisprudencia, hace que los miembros de este Cuerpo sólo se encuentren condicionados por la fuerza moral de los pronunciamientos del Alto Tribunal en la medida en que no afecten sus íntimas convicciones y deberes de conciencia (en similar sentido: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ, "O. J. c/ EMPRESA V. Y/O V. V. s/ LABORAL", CASACION del 29 DE JUNIO DE 1989, SAIJ, Sumario nro. 10000428).--------- ------Es que, como bien lo ha expresado el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: "Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen previsto efecto vinculante para los demás tribunales del país; no obstante, la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como intérprete final del derecho, ha 'constitucionalizado' una relativa obligatoriedad de sus sentencias y, cuando se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma, su decisión no se ciñe al caso concreto, sino que resulta proyectable a los demás tribunales del país, salvo que en los distintos litigios bajo examen, aparezcan motivos que justifiquen, en cada uno de ellos, que los magistrados se aparten de aquella directriz jurisprudencial. En ese orden y sin desconocer la autoridad moral ni institucional que puede ser inherente a los fallos del más Alto Tribunal de la Nación, se presenta para el juzgador, en el supuesto bajo examen, un evidente conflicto entre el acatamiento de la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que en conciencia entiende estrictamente ajustado a principios esenciales de justicia" (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS, "S., J. R. s/ RECURSO DE CASACION", SENTENCIA 0000000081 del 11 DE OCTUBRE DE 1994, SAIJ, Sumario nro. I0025027).----- ------En suma, esta Cámara considera que otorgar carácter vinculante -más allá de lo moral- a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -o de cualquier otro tribunal superior- afecta el principio de independencia de instancias -ordinarias o extraordinarias- sobre el cual se encuentra estructurado nuestro sistema judicial, convirtiendo a los jueces inferiores en meros autómatas ejecutores de criterios jurisprudenciales predeterminados, con grave afectación de sus potestades jurisdiccionales, y aun en contra de los dictados de su conciencia y de sus convicciones morales. En tal sentido, con razón se ha dicho: "La doble [o múltiple] instancia no significa la dependencia de un tribunal respecto de otro, pues el superior no puede impartir órdenes al inferior para la solución de un litigio; sólo implica una jerarquía administrativa que se traduce en el distinto tratamiento y en la facultad de aplicar correcciones disciplinarias y, en cuanto al proceso, la facultad de examinar ex novo la cuestión litigiosa en cuanto fuere materia del recurso" (ALSINA, Hugo, Derecho Procesal, t. I, p. 131, n. 92, EDIAR, Bs. As., 1963).-------- ------En otras palabras, la justicia de cada caso concreto ha de alcanzarse mediante el tránsito ordenado de las sucesivas instancias procesales establecidas en garantía de los derechos de las partes interesadas -víctima, imputado y sociedad-, cada una de ellas sujeta a la autoridad independiente e imparcial del tribunal correspondiente, que en su grado goza de plenitud jurisdiccional (cfr. art. 162 de la Constitución Provincial).------------- ------4. Que, en cuanto a la constitucionalidad de la prisión preventiva, la Corte Suprema de Justicia de Nación, intérprete último de la Constitución Nacional, en diversos fallos ha reconocido su legitimidad constitucional. (casos: "Gómez, Ramón" -102:225-; "Todres" -280:297-; "Karpiej" -290:393-; "Miguel" -308:1631).

------Además, en cuanto a la arbitrariedad alegada, como reiteradamente lo ha resuelto este Tribunal, no basta la mera disconformidad del recurrente con los fundamentos de la sentencia para que se configure la causal invocada, excepcionalmente apta para habilitar la instancia extraordinaria de la casación.----- ------5. Que a partir de la caso "C." (A.I.P. N° 62/04), precisando el criterio sostenido desde el caso "C." (A.I.P. N° 33/04), esta Alzada tiene dicho: "los arts. 279, 284 y 286 del CPP, armoniosamente reglamentan el derecho constitucional a la libertad física del imputado frente a los concurrentes derechos de igual jerarquía normativa de los demás integrantes de la sociedad, entendiendo el legislador que el primero debe excepcionalmente ceder en las circunstancias descriptas por las referidas normas. Así, el art. 279 establece los presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva, como medida cautelar y no como sanción; el art. 284 regula la excarcelación como un beneficio para el imputado ante la medida excepcional de la prisión preventiva, y, por último, el art. 286 prevé restricciones al beneficio excarcelatorio.-------------- ------Imperativo de la lógica normativa descripta es que, cuando no procede el beneficio excarcelatorio a tenor del art. 284, no cabe la valoración de las restricciones al mismo establecidas por los arts. 286 y siguientes, por la sencilla razón de que no existe qué restringir. Adviértase que, en el sistema procesal penal provincial, el 'peligro de fuga' o el 'peligro de entorpecimiento' de la investigación no son presupuestos de la prisión preventiva, sino restricciones a la excarcelación.-------- ------La interpretación propuesta, que estimamos coincidente con la del legislador -a quien no sería prudente atribuirle un despropósito-, en nada se contradice con las previsiones del art. 49 de la Constitución Provincial -ni con otras de la Constitución Nacional, incluidos los tratados y pactos a ella incorporados- en razón de que encuadra dentro de la amplísima fórmula 'actuación de la ley' empleada por la norma".---------- ------6. Que, en cuanto al cuestionamiento de la recurrente respecto de la remisión a doctrina de sentencias anteriores, con razón se ha expresado: "No es nula una sentencia fundada en lo resuelto en un caso anterior semejante, pues fundar la decisión, respecto del derecho, en una doctrina jurisprudencial aplicada en ocasión anterior, es perfectamente correcto, tanto más tratándose de doctrina consagrada no sólo en el juicio que menciona el fallo, sino en varios otros"; aclarándose que, incluso, la remisión exclusiva a la jurisprudencia, sin mencionar textos legales, "es fundamento bastante porque las disposiciones legales están, en ese caso, implícitas" (COLOMBO, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial, t. II, p. 29, Abeledo - Perrot, Bs. As., 1969).-------- ------Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, entonces, reproducir los fundamentos de derecho dados en una sentencia para motivar una nueva decisión de similares antecedentes fácticos es la mejor garantía de seguridad jurídica a que los justiciables pueden aspirar, encontrando sustento en el art. 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley de todos los hombres ante circunstancias semejantes.------ ------7. Que, por lo demás, el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia en reiteradas oportunidades ha convalidado tácitamente, al rechazar las quejas por casación denegada intentadas, el criterio aplicado al caso por este Cuerpo para no hacer lugar a la excarcelación solicitada. Así lo ha hecho en las causas: "B." (SIP N° 229/04); "C." (SIP N° 133/04); y "T." (SIP N° 134/04), entre otras.------------ ------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,--------- --R E S U E L V E-------------- ------1°) DENEGAR, por inadmisible, el recurso de casación interpuesto a fs. 149/222.- ------2°) TENER presente la reserva del denominado "Caso Federal".-------------- ------3°) PROTOCOLÍCESE, notifiquese y devuélvase.-- ------La presente sentencia se dicta por dos Jueces de Cámara por encontrarse vacante una vocalía y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley N° 1.130).--BENJAMÍN MOISÁ CARLOS S. MARGARA Ante mí.- Gerardo Tambussi Secretario AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO.: 41 /05 CANO.Conste.- Gerardo Tambussi Secretario