marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido
Materia: LABORAL
Carátula: DE STEFANO, ANTONIO FELIX c/ DALMINE SIDERCA SAIC. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Aunque el nivel de sonoridad esté por debajo de los límites fijados por el decreto 351/79, reglamentario de la ley de higiene y seguridad, esos parámetros no funcionan como axiomas que inexcusablemente delimitan la posible agresividad sobre el ser humano, ya que la individualidad de éste es factor principal (conforme Sala 7, sentencia del 30 de diciembre de 1983, 'Almirón Martín c/ Dálmine Siderca SAIC.', LT., Tomo XXXII 242).

(Modifica el criterio de la Sala, ver: sentencia número 29440, 23 de diciembre de 1981, 'Espósito Antonio c/ Pirelli CompaÑía Platense de Neumáticos'; sentencia número 29551, 8 de febrero de 1982;

'Balmaceda, Silvano c/ Tratilyute SAIC.').
Hipoteca, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibáñez, Walter c/ Trebino, Luis Atanasio (sucesión) s/ Cobro hipotecario Elizondo, Silvia Nora c/ Castro de Silvano, Mabel Beatriz y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17|1994-12-27

En el régimen de la llamada ley 21.309 tanto el monto original como el que resulte de la aplicación de la cláusula de reajuste (que es exactamente lo mismo que el anterior, sólo que éste está expresado en moneda constante), constituyen el "monto" cuyo efectivo cobro está garantizado por el bien afectado como garantía y con los privilegios anejos a los créditos hipotecarios y prendarios.
Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALI, MARIO HORACIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 502 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Si de las constancias de autos surge que los actores llevaron la cuestión debatida a conocimiento del órgano con competencia para dictar el acto que agote el trámite administrativo -Poder Ejecutivo-, que la finalidad de anoticiamiento fue satisfecha con la respectiva interposición del pronto despacho, y que la Administración no ha dictado acto administrativo posterior, cabe concluir que la denegación tácita se halla, en verdad, configurada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Torterola, Raúl Jesús s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los arts. 42, 44 y 166 inc. 2º del Código Penal por considerarse que al haber existido verdadera posibilidad de disposición corresponde tener el robo calificado por el uso de armas como consumado, si no se denuncia como quebrantada la norma procesal que diera origen a la conclusión que se impugna, ni se demuestra que la mera posibilidad física de actuar sobre la cosa implique el apoderamiento consumativo.
Compraventa de automotores, transferencia del automotor, registro de la propiedad automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Medina, Remigio c/ Yordanoff, Claudio y-u Otros y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-06

Aún con la reforma introducida en noviembre de 1983, cuando se dictó la ley 22.977 y pese a que el propietario no haya adoptado el procedimiento específico que le ofrece la citada normativa -comunicación al Registro de que hizo efectiva la tradición del automotor- puede probar ante el juez que antes del siniestro había enajenado el vehículo y se había desprendido de su guarda ya que muchas veces el vendedor no adopta dicho procedimiento no por desidia sino como en tantos casos ocurre, por desconocimiento de la previsión legal específica.
Partes, tercerías, caución real
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMERBON  SA c/ BELARDO,  HUGO  OSCAR s/ EJECUCION PRENDARIA S/TERCERIA DE DOMINIO PROMOVIDA POR PALAVECINO, SUSANA G.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-22

La finalidad de la caución exigida en una tercería es que las partes cuenten en el expediente principal con una garantía ejecutable para el caso en que la suspensión del trámite principal les cause daños atribuibles al obrar del tercerista.

Por tanto, la fianza debe ser graduada atendiendo primordialmente la importancia económica de los intereses en juego en el principal, donde existe sentencia firme. En tales términos debe prestarse caución real, o fianza a satisfacción del juzgado, si se pretende fundar el derecho del tercerista en simples documentos privados.
Amparo por mora, monto del juicio, gratuidad del procedimiento, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RIVERA, MARIA INES Y OTROS c/ MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS Y/O SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-30

En autos, habiéndose dictado sentencia definitiva por la cual se resolvió hacer lugar a la acción de amparo por mora de la administración, con costas a cargo de la administración demandada, ante la solicitud de regulación de honorarios del patrocinante de la actora, corresponde establecer que, al no existir una determinación pecuniaria del asunto sometido a la jurisdicción, corresponde analizar los otros aspectos que deben ser valorados a los fines de la regulación de honorarios, tales como los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos, en calidad, extensión y éxito obtenido (Art. 6 incs. b) y c)de la Ley Nro. 3956), y conforme a ellos se resuelve regular los honorarios profesionales del Dr. S.M.P, en la suma de en la suma de Pesos UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00), debiéndose notificar de dicha regulación a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.-
Cesión de derechos hereditarios, bienes gananciales, sucesión ab intestato
Materia: PENAL
Carátula: Caimer de Vankruyssen Nélida Carina - Recaratulado Caimer de Vankruyssen Dolores Antonia - Sucesorio AB Intestato y su Acumulado Vankruyssen Norberto c/  s/ Sucesorio Ab Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-05

Cuando del contrato de cesión de derechos y acciones hereditarios surge expresamente que el cónyuge supérstite ha transmitido los derechos que ostentaba como tal, no existe duda que el contenido de la cesión de incluye la porción que al cedente le correspondía respecto de los bienes gananciales. Ello sin perjuicio de señalar que, aún cuando no se hubiese así expresado, se ha interpretado que el contrato de cesión de derechos hereditarios efectuado sin más aclaraciones por el cónyuge supérstite incluye su participación como socio de la sociedad conyugal.
Obligación tributaria, exenciones impositivas, intereses moratorios, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Citibank NA (TF 15575-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La exención de los intereses por mora, con sustento en las normas del Código Civil, queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor -restrictivamente apreciadas- le han impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, ya que dadas las particularidades del derecho tributario, en ese campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1° de la ley 11.683, t.o. en 1998).
Notificación, notificación automática, memorial, interposición del recurso, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ RICHVAN SA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

Cuando el día de "nota" es inhábil, la notificación tiene lugar el día hábil siguiente. Ello es así, pues cuando el art. 133, Código procesal establece que en el caso de que el martes o viernes fuese feriado, la notificación automática tiene lugar "el siguiente hábil", no se refiere unicamente al martes o viernes siguiente, pues según los términos del art. 152 del ritual, días hábiles son todos los del año con excepción de los que determine el reglamento para la Justicia Nacional (cfr. esta sala, causa 1250 del 8.10.82 y sus citas; I.D. Fenochietto-Arazi, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 512). En esos términos, la providencia del martes 31.12.96 que concedió en relación el recurso de apelación interpuesto por la actora quedo notificada -teniendo en cuenta que el viernes siguiente fue 3 de enero de 1997-, el lunes 3 de febrero de 1997, por lo que habiéndose presentado el memorial recién después de las dos primeras horas del día 11 de febrero el recurso debió ser declarado desierto por extemporáneo (art. 246 del ritual). pub. en diario La Ley el 20.06.97, Fallo 95.519, Pág. 6.
Derecho procesal, recursos, elevación en apelación, expresión de agravios, memorial, traslado, notificación, contestación de agravios, límite temporal, reglamentos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vespoli, Néstor Eduardo c/ Berclean S.A. y otro s/ indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-11-18

1.- La forma de compatibilizar lo previsto en los Códigos Procesales, encuentra su clave en el Reglamento de Notificaciones electrónicas. De allí que, salvo cuando proceda la notificación a un domicilio (real o electrónico), las resoluciones o providencias judiciales quedarán notificadas por ministerio de la ley los días martes o viernes (artículo 133 del CPCC) o lunes, miércoles y viernes (artículo 15 de la ley 921) siguientes a la fecha de la providencia o actuación, en tanto se encuentre disponible para su consulta virtual en el sistema informático del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. (Del voto de la Dra. Cecilia Pamphile, en mayoría en la disidencia parcial).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, facultades del juez, interpretación de la ley, ley federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Edenor S.A. c/ resolución 982/97 E.N.R.E. - exptes. 4207/97 y otros s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

En la tarea de interpretar y aplicar normas de naturaleza federal, el Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de las partes ni por los aportados por la cámara, sino que le incumbe efectuar una declaración del punto en disputa de acuerdo con la inteligencia que rectamente le otorgue.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, fundamentación suficiente, cuenta corriente bancaria, cierre de cuenta corriente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Oveid, Rosario Elena y otros c/ Citibank S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - DañoS y  perjuicios(Expte.: C.S.J. Nro. 200 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-26

No puede prosperar la queja interpuesta, desde que -más allá que a la actora, ahora recurrente, no la satisfaga-, el A quo efectuó una evaluación razonada de los elementos de prueba aportados a la causa y se brindaron las razones acerca de por qué, en base a ellos, el cierre de la cuenta corriente y la inhabilitación posterior no tenían virtualidad suficiente para producir las consecuencias que se le enrostraran, de modo que existiera una "adecuación" entre el accionar antijurídico y el resultado; y, en suma, no logra acreditar que el A quo hubiese brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes fundamentos que avalen la solución adoptada, incumpliendo de tal modo el mandato constitucional, habida cuenta que aquellos aparecen acordes con lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Provincial, en cuanto a que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial.
Obstrucción de la vía pública, tipo penal, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S. , G. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-02

La obstrucción o impedimentos a la circulación de personas o vehículos por la vía pública o espacios públicos afecta el bien jurídico protegido, esto es, la libertad de circulación que tipifica el artículo 41.

La norma en cuestión no distingue grados de ocupación de la vía pública, sino que se entiende que aquella conducta que impida o dificulte el libre tránsito, se encontraría adecuada en el tipo.
Caducidad de la personalidad política, cosa juzgada, rehabilitación de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Penuto, Héctor José s/ solicita declaración de rehabilitación de todos los derechos políticos del Partido de los Trabajadores Socialistas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-01

Es inadmisible la solicitud que expresa que, en virtud de la derogación de la causal de caducidad establecida en el inciso "c" del artículo 50 de la ley 23.298 -no alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas el dos por ciento (2%) de los votos sobre el padrón electoral- corresponde rehabilitar, sin otro presupuesto que el requerimiento de parte, el reconocimiento de aquellos partidos a los que se les ha cancelado su personalidad política por sentencia firme. Ello en virtud de que la mencionada sentencia tiene el valor de cosa juzgada.
Proceso penal, imputado, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SANCHEZ, JOSE ALFREDO s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-11-17

La ley procesal no prevé ninguna interrupción del acto, destinado a notificar al defensor nombrado. Si el imputado quiere declarar en ausencia de él puede hacerlo, del mismo modo que puede exigir su presencia.

Cuando la ley establece la forma de la declaración indagatoria admite claramente la posibilidad de que a ella no asista el defensor y, desde luego, tampoco exige que el acto se interrumpa, a no ser que el imputado pida una prórroga para elegir defensor. La presencia o ausencia del segundo depende, claramente, de la voluntad del primero.

Nuestro legislador se ha colocado en una posición intermedia alejándose de los extremos que suministran las legislaciones extranjeras de mayor influencia en la elaboración del Código, permite la asistencia del defensor a la indagatoria, mas no exige que éste sea notificado antes del acto.-
Responsabilidad del Estado, error judicial, condena por error
Materia: PROCESAL
Carátula: IACOVONE  HERNAN  MARIANO c/ PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ dañosy perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

Para reconocer la posibilidad de responsabilizar al Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que origina el daño debe ser previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasado en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error. Ello es así, pues de lo contrario la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007 y 328:3797). No obsta a ello, la circunstancia de que el actor no atribuya el perjuicio a la sentencia definitiva -que le fue favorable- sino a la prisión preventiva dictada en la etapa sumarial, ya que la sentencia absolutoria pronunciada tras la sustanciación del plenario no importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado, que fue oportunamente confirmada por la alzada (Fallos: 326:820).
Mecánicos del transporte automotor, pago de las vacaciones, subsidio vacacional, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINO, ROSARIO c/ SEVITAR  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

El subsidio vacacional, art. 40 del convenio colectivo 10/75, que consiste en el pago de 130 horas de salario básico correspondiente a la categoría en que se encontraba el obrero a la fecha de toma de las vacaciones, se liquida conjuntamente con éstas, pero al no revestir el carácter de remuneración mensual, no debe ser considerado en el mes en que se paga, para liquidar el sueldo anual complementario. Por el contrario, a los fines de fijar su incidencia para determinar el aguinaldo por el trabajador, en tal concepto.
Igualdad ante la ley, jubilación de privilegio, jubilaciones, caducidad, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La eminente dignidad de la persona humana se exterioriza en una conducta que practica la sobriedad republicana y no acepta privilegiarse sobre los demás y la ley que erradica el privilegio exalta la dignidad de todos aquellos que vieron medidos sus derechos con una vara diferente -en el caso, ley de jure 9429 que declaró la caducidad del beneficio jubilatorio concedido a algunos funcionarios del gobierno de facto por decreto 9214 (ley 9214 dictada por gobierno de facto).
Suspensión del proceso judicial, Derecho penal, prueba, prescripción, suspensión de la prescripción, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Blanco Bon, Juan Manuel y otros s/ inf. art. 96 C. Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Si al momento de computar el tiempo de la probation a los efectos del plazo de prescripción, los jueces de la Sala, por mayoría sostuvieron que cuando se concede una suspensión del proceso a prueba, el efecto suspensivo del plazo de prescripción previsto en el art. 76 ter del Código Penal abarca el tiempo transcurrido desde la concesión de la medida hasta su revocación, dicha decisión constituye una clara interpretación extensiva in malam partem, violatoria de los principios de legalidad, debido proceso y pro homine. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Libertad condicional, trámites judiciales, leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Zúcaro, Edgardo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Siendo la pena privativa de libertad, por esencia, una medida de coerción, su suspensión debe tramitar de conformidad con lo dispuesto en la ley 11.922 aun cuando se trate de causa de substanciación escrituraria. Consiguientemente, el pedido de libertad condicional debe sujetarse a las pautas de los arts. 511 y sigts. del C.P.P., con la bilateralidad y contradicción que en orden al procedimiento acusatorio asegura en sus arts. 514 y 498 la ley adjetiva.
Recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Según las disposiciones del Código de lo Contencioso Administrativo, la sentencia debe contener decisión expresa sobre el objeto y petitorio de la demanda y contestación, articulaciones cuya resolución corresponda en la sentencia definitiva y costas.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RONCONI, ALBERTO ISAIAS s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-06

La cuestión federal debe ser planteada en la primera ocasión que brinde el procedimiento.
Accidente de tránsito, muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Roca, Inés del Carmen y otros c/ Castro López, Sergio Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-02-12

En lo concerniente al tema resarcimiento por muerte de las personas, prevalece la idea de que la vida humana representa por sí un valor apreciable, y que su pérdida obliga a indemnizar todo el daño moral y material que se ocasione por el hecho ilícito a los deudos. La vida constituye un bien susceptible de valoración, la muerte se levanta como un perjuicio irrefutable en atención a las potencialidades suprimidas, y basta la comprobación de esa realidad, por lo que a falta de otras pruebas no impide reconocer el derecho.
Auto de procesamiento, embargo, fundamentación de la resolución, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VARIO, Carlos José. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

El artículo 518 del C.P.P.N. dispone que al dictarse el auto de procesamiento el juez debe ordenar el embargo de bienes del imputado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.

Específicamente, las costas comprenden: 1) el pago de la tasa de justicia 2) los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos y 3) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa (art. 533 del C.P.P.N.).

Cada uno de estos aspectos debe ser evaluado para llegar finalmente al monto específico y respecto del cual las partes puedan formular impugnaciones si es que lo consideran pertinente.

Si el tribunal se limitó a señalar que la suma impuesta resultaba suficiente como para garantizar oportunamente la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, conforme lo normado por el art. 518 del C.P.P.N., ello resulta una fórmula genérica que podría ser aplicada para resolver cualquier traba de embargo y nada dice del caso concreto, razón por la cual habrá de ser invalidado el pronunciamiento por falta de motivación (art. 123 "contrario sensu" y 168 del C.P.P.N.).