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Acción de amparo, medidas para mejor proveer, facultades instructorias, principio dispositivo, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gamboa Carlos Alfredo c/ Secretaría de Educación. G.C.B.A. s/ Amparo G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

La "medida de mejor proveer", dictada en uso de las facultades instructorias de los jueces, implica que es el propio Tribunal quien impulsa la integración del material probatorio que considere de utilidad para lograr la certeza necesaria para resolver, con independencia de cómo llegó a su conocimiento la posibilidad de dictar tal medida de prueba.

Tales facultades se encuentran sometidas a tres limitaciones. La primera es la vigencia del principio dispositivo, conforme al cual los jueces carecen de facultades para disponer la producción de diligencias probatorias que no versen sobre los "hechos controvertidos" en las actuaciones. La segunda es la necesidad de preservar la igualdad entre las partes, ya que los magistrados no pueden remediar la negligencia respecto a la producción de la prueba de que hubiesen intentado valerse. Por último, el ejercicio de las facultades examinadas debe efectuarse de un modo conciliable con el derecho de defensa de las partes, lo que implica otorgar a los litigantes la oportunidad de controlar el diligenciamiento o el resultado de las medidas de prueba dispuestas de oficio.
Excarcelación, audiencia de debate, tribunal oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Asebedo, Edgardo Lindorfo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-22

La proximidad de la audiencia de debate lleva a homologar la denegatoria de excarcelación, en la medida que el encierro cautelar se presenta como idóneo para garantizar la realización del debate, en equivalencia a la potestad del tribunal oral otorgada por el art. 366 último párrafo CPPN. Atento la constancia actuarial obrante en la causa, se ha justificado reglamentariamente la ausencia del tercer integrante del tribunal a quo -art. 109 Reglamento para la Justicia Nacional-.
Liquidación, honorarios, doctrina de los actos propios, error material, error numérico, competencia administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gongora Torrecillas, José Manuel c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

Si bien los jueces se encontrarían facultados para observar las liquidaciones que adolezcan de errores materiales, esta facultad se encuentra limitada a los errores de cálculo matemático, o a las fechas desde la cuales se practica el cálculo. Pero ello no autoriza a rever pautas que ya fueron objeto de resoluciones firmes que han pasado en autoridad de cosa juzgada y que no fueron oportunamente cuestionadas. Sólo pueden analizarse cuestiones novedosas, que están dadas por las operaciones aritméticas necesarias para determinar el quantum adeudado (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent. del 03.03.89, "A. de B. g. B. y otros c/ B., E. H. s/Alimentos").
Deber de imparcialidad, recusación por prejuzgamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Argote Galarza, Mario Marcelina y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

La garantía de la imparcialidad se torna operativa cuando el mismo magistrado intervenga tanto en la investigación preliminar como en el debate, pues resulta legítimo el temor del imputado de que el juez pueda verse influenciado por las presunciones de culpabilidad que fue construyendo en la primera etapa del proceso. Sin embargo, no es atendible su tratamiento por las consideraciones e hipótesis que hubiera formulado en las distintas resoluciones dictadas en la misma etapa toda vez que aquellas determinaciones tienen el carácter de provisorias. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Requerimiento de elevación a juicio, cambio de calificación legal, excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, J. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-11

La modificación del encuadre típico efectuado por el Ministerio Público en oportunidad de la requisitoria de elevación a juicio, no resulta vinculante para el Tribunal quien ya se expidiera en la oportunidad del procesamiento del imputado, respecto de su soltura anticipada.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, intimación de pago, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vidart Novo, Gabriel Maria c/Britto, Jorge Ramiro s/ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Cabe revocar la resolución que ordenó la intimación de pago en pesos en lugar de los dólares reclamados al amparo del CPR 520. Es que aparece inconsecuente disponer la intimación por un capital en dólares estadounidenses y a la vez presupuestar el monto de los intereses devengados por ese capital en pesos, ya que los accesorios siguen la suerte del principal (arg. CCCN 856). Diversa solución cabe en torno de las costas desde que no son conceptos que se devengan en moneda extranjera, con lo cual deberá formularse el distingo pertinente mediante la discriminación de las sumas hoy englobadas en pesos (cfr. esta Sala F, 30/9/14 "Saal, Damian Salomon y otros c/ Churba, Claudio Enrique Nissim s/ ejecutivo", Expte n° 24486/2014).
Daños y perjuicios, daño causado por animales, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Martín Diano c/ Cecconi María Rosa y/o Pértile Mario Abel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-31

El Código Rural de la Provincia del Chaco, ley 3727 en su art.52 dispone que corresponde al propietario u ocupante del predio que encontrará dentro del mismo, animales ajenos, encerrarlos dando aviso de inmediato al propietario de la marca o señal que llevare si fuera conocido y a la autoridad policial.

Sin embargo, de las constancias de auto, se observa que los vacunos que, supuestamente ingresaron a la chacra, fueron primeramente desalojados y recién después se efectuó la exposición de la Comisaría respectiva. De todo lo analizado se afirma que las probanzas aportadas resultan insuficientes como para acreditar que fueron los 11 animales vacunos de los demandados, los que provocaron los daños cuyo resarcimiento se pretende, a excepción del toro pelaje negro.
Insuficiencia del agravio, robo con armas, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Manjón, Marco Antonio s/ robo con armas y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

No cabe dar recibo al agravio de la defensa vinculado a la necesaria reducción de pena que debió haberse dispuesto, producto de la pena natural sufrida a consecuencia del disparo de arma de fuego que el imputado recibió en una de sus piernas originada por la legítima actuación de los integrantes de una fuerza de seguridad al repeler la primigenia agresión ilegítima del colectivo de personas que integró el imputado durante el hecho, si la defensa no ha acreditado -por un lado- el carácter grave del daño sufrido por el acusado, y por el otro, en función de las características de gravedad del suceso, que la pena finalmente fijada fuese de tal forma innecesaria y desproporcionada que mereciese una reducción mayor, en particular, si se tiene en cuenta que la pena impuesta (dentro de un marco penal que establece una sanción máxima de hasta veinte años de prisión), sólo se alejó cuatro meses del mínimo legal imponible (voto del juez Huarte Petite).
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

No pueden anularse, por general consenso doctrinario, los actos decisorios emitidos durante un procedimiento contencioso por los mismos órganos individuales o colegiados que los han emitido, como tampoco los actos para cuyo cumplimiento ha caducado el término respectivo o por la sola consideración de que se dictaron infringiendo las normas reguladoras del procedimiento, la forma o la competencia territorial cuando, en cualquier caso, se hubieran tenido que adoptar los mismos actos.
Jubilaciones, aplicación de la ley, personal municipal, ordenanzas municipales, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moscoso, Beatriz Amalia c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Ante la ausencia de una disposición expresa que permita aplicar las prescripciones de las leyes 23.226 o 23.570 a los agentes municipales y su grupo conviviente, deben rechazarse los argumentos tendientes a demostrar la invalidez del art. 1°, inc. b), de la Ordenanza n° 40.464.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Inversora Bahiense S.A.C.F. c/ Añazco, Juan Ramón s/ Cumplimiento de contrato y escrituración. Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Cuando el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial formula la equiparación con "sentencia definitiva" es extremadamente claro al limitar tal equiparación "a los efectos del recurso". Que dicho párrafo de la norma citada exprese que "se entenderá" que las resoluciones a que se refiere tienen el carácter de sentencias definitivas "a los efectos del recurso" evidencia, "a contrario sensu", que por su naturaleza aquellas no lo son, y que se equiparan a sentencias definitivas nada más que a dichos fines. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa, nulidad del acto jurídico, prueba, careo, debido proceso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G, M S s/ TENTATIVA DE ABORTO     HOMICIDIO CALIFICADO     EXPTE NRO 5-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-24

No se verifica palmariamente en el caso el perjuicio directo o la imposibilidad de actuar de la defensa. Receptada válidamente la indagatoria sin asistencia letrada tal cual lo autoriza el artículo 317 último párrafo del Código Procesal Penal, la realización del careo se visualiza y estructura como una continuidad o ampliación de las indagatorias, participando en consecuencia dicho acto de las características del anterior, en el cual halla fundamento.
Derecho procesal, procesos especiales, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, sentencia extranjera, exequátur, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Izo Corporate SL c/ Socialtech SRL s/ exequatur
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Cuando, como en el caso, el proceso tiene por objeto el reconocimiento del laudo arbitral en relación a un punto de su parte dispositiva con el fin de proceder con su ejecución, la cuestión planteada está sometida al tamiz impuesto por la ley 27449 (arts. 102 a 104) y el CPR 517 y concordantes. Ello así, cabe señalar que nuestro código de forma, en su art. 499, prevé expresamente la posibilidad de ejecutar parcialmente una sentencia -o laudo arbitral que estuviere pendiente de recurso "...por importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme". No hay que perder de vista que la sentencia del Tribunal Extranjero, una vez reconocida en un exequátur, se ejecuta de la misma manera y bajo las mismas reglas que la sentencia de un Tribunal Nacional (conf. CPR 518). Y si una sentencia local puede ser ejecutada parcialmente, ningún reparo puede esbozarse en contra de dar esa posibilidad a la sentencia de tribunal arbitral extranjero.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, sanciones administrativas, ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES, non bis in ídem
Materia: PROCESAL
Carátula: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohabitat SA Emepa SA UTE (Res 219/15) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

La sanción aquí cuestionada, impuesta por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos por incumplimiento del contratista en la prestación del servicio de barrido y limpieza de calles, no infringe la garantía de non bis in ídem, dado que de la lectura de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana surge que el Contratista puede ser sancionado no sólo por haber incurrido en un supuesto que justifique la aplicación de una Sanción por Falta Leve sino que, también y simultáneamente, de configurarse un incumplimiento grave éste puede dar lugar a una Sanción por Falta Grave, por cuanto se trata de supuestos diferentes. En el caso, uno por haber superado el índice de prestación exigida según las previsiones del Pliego de Bases y Condiciones en cuanto al servicio de Barrido y Limpieza de las Calles que amerita la sanción por Falta Grave; el otro, por la ejecución parcial o no ejecución de los servicios de limpieza de calles que autoriza a aplicar una sanción por Falta Leve. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi).
Recurso de apelación (procesal), demora en la elevación de los autos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchand, Luis Eliseo c/ Empresa Argentina del Cemento Armado S.A. de Construcciones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-01

"...el plazo de caducidad alegado comienza a correr desde que fue concedido el recurso, incumbiendo al apelante la carga de instar en el Juzgado de origen la elevación del expediente al Tribunal de Alzada, sin que sea obstáculo para así determinarlo la obligación que tiene aquél de hacerlo ni la responsabilidad que recae en el Prosecretario del mismo, según lo prescripto en el art. 251 del CPCC".
Trabajador, notificación, domicilio, denuncia, carga
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Castillo, Mercedes c/ Toledo, Etelvina s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-06-30

Es el trabajador el obligado a mantener actualizado su domicilio ante la empleadora, los lineamientos que se fueron elaborando jurisprudencialmente dan cuenta que si el domicilio denunciado estuviese cerrado reiteradamente o fuese desconocido y la notificación fuese enviada correctamente al lugar denunciado por el trabajador, la comunicación ha de tenerse por cumplida, lo mismo que si hubiese sido rehusada.
Seguros, seguro colectivo, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LIBERATO ANGEL WASHINGTON c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGRO CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-24

El seguro colectivo es, por su naturaleza, un contrato en favor de un tercero ya que sus integrantes o sus beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el evento previsto, art. 153 ley 17418. Por lo tanto, por aplicación supletoria de la legislación civil, en esta modalidad de contratación nos hallamos en presencia de la figura jurídica del estipulante en favor de otro, un tercero beneficiario, art. 504 del C.Civil, produciendo diversas cadenas convencionales que establecen una relación de cobertura en beneficio del asegurado y/o beneficiario, que por virtualidad del nexo se transforma, contractualmente, en acreedor de la prestación principal pactada y en consecuencia es acreedor del contrato y no de la obligación en si misma. En igual sentido la jurisprudencia ha sostenido que el seguro colectivo de vida se celebra entre un asegurador y un tomador o contratante o estipulante, que solicita, concierta y suscribe el contrato y es el tenedor de la póliza, persistiendo su figura durante toda la vida del contrato, cumpliendo una función principal tanto en las relaciones existentes con los componentes o aseguradores, como el asegurador. De modo que la aseguradora, en principio, no tiene relaciones directas con los componentes del grupo, pues los contratantes son únicamente el asegurador y el tomador, aunque los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado o su beneficiario, desde que ocurre el evento previsto, ley 17418.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Omar Alfredo. c/ Castellano, Oscar. s/ Despido. Acosta, Martín Luis y otros c/ Pesquera Ezeiza y otros s/ Haberes e indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26|1997-10-21

Valorar los efectos de la confesión ficta es, en principio, cuestión ajena al ámbito de la instancia extraordinaria, en tanto ella es función propia de los jueces de grado, que gozan al respecto de soberanía axiológica.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Petruzzello, Carlos S. c/ Mocatti, Edgar R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-22

La falta de carnet habilitante para conducir no determina sin más la exoneración de la aseguradora, toda vez que tal circunstancia no es reveladora de la impericia o ineptitud del conductor -en el caso hacía muchos años que conducía vehículos-
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Patiño, Rubén y Pralong de Patiño c/ Cozzoli, Nestor Mauricio s/ Daños y perjuicios Quikuen, Juan C. c/ Divizenzo, Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21|1984-06-28

Para una correcta repotenciación, cuando no hay pago realmente efectuado, debe tomarse la fecha de la emisión del presupuesto pues es esa la que indica el momento en que se ha dado el valor de las reparaciones.
Daños y perjuicios, delitos
Materia: PENAL
Carátula: B., R. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-12

El Código Civil, artículo 1079 prevé que "La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta". Dado que la actora no fue damnificada directa del delito, ella debía probar su sufrimiento, aun indirecto a consecuencia de la acción delictiva.
Compraventa inmobiliaria, simulación, causa simulandi, falta de contradocumento, prueba, apreciación de la prueba, mandato, rendición de cuentas, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: CIMOLAI, EMILIO. c/ CIMOLAI, DAVID VALENTIN. s/ RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-19

Está vedado invocar la simulación ilícita por las partes, sea por acción o por excepción, sea simulación relativa o absoluta, salvo que se pretenda dejar sin efecto el acto sin obtener beneficio.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, depósito previo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Urdiales, Susana Magdalena c/ Cossarini, Franco y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Si bien los recursos que se interponen ante la Corte revisten características excepcionales y, en virtud de ello, la ley la faculta para que los deniegue o admita según sus propias pautas de trascendencia y sana discreción, ello no implica que tal desestimación pueda concretarse sin un previo examen de las cuestiones propuestas a su conocimiento que podrían revestir naturaleza constitucional, lo cual sucedería en caso de que la falta de depósito obstara a la admisibilidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, asociación ilícita, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

El concepto de banda corresponde al de asociación ilícita legislada por el artículo 210 del Código Penal; en consecuencia, la reunión de tres o más personas que participen en un hecho determinado no constituye banda si no reviste caracteres de relativa permanencia y tiene por objeto cometer delitos indeterminados. No todo acuerdo delictivo constituye una asociación ilícita, ya que ésta requiere cierto elemento de permanencia e indeterminación que la caracteriza, circunstancias modales que no se registran en el caso de pluralidad autoral. Siguiendo la doctrina predominante en la actualidad, la ley no se limita a exigir que el robo se cometa por varias personas, como por ejemplo, sucede en los artículos 122 y 238 inciso 2 del Código Penal, sino que la comisión del robo en banda alude a su ejecución por varias personas y algo más: la asociación de los ejecutores de la banda. Es decir, debe tratarse de una verdadera asociación ilícita del artículo 210. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver es el alcance de la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal (como en definitiva en la votación final se produce un empate, se hizo necesario integrar la Cámara)
Traslado de detenidos, menores, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: S., I. D. F. c/  s/ Legajo de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-01

Es dogmático el argumento invocado por el tribunal a quo para justificar el traslado del menor imputado de un centro educativo de régimen cerrado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, luego de cumplir los 18 años, en la protección de otros jóvenes, menores de edad alojados en ese instituto, porque ningún dato se ha aportado que corrobore que ello es así, y las autoridades del instituto ninguna objeción pusieron al alojamiento de aquél en el instituto ya que permaneció allí cumpliendo actividades hasta su traslado (voto del juez Jantus al que adhirieron los jueces Bruzzone y Llerena).
Fallos de la Corte Suprema, declaración de incompetencia, lugar del hecho, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Complejo Penitenciario Federal N° 2 de Marcos Paz c/  s/ Apremios ilegales a detenidos (art. 144 bis inc. 3)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-26

Conforme jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta indispensable que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, pues sólo en relación con un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien corresponde investigarlo y juzgarlo. (Del Dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, José y otros c/ Agrícola Pehuajó S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

No puede tener acogida el cuestionamiento referido a la no declaración de temeridad y malicia si el apelante no logra evidenciar que la ponderación de la conducta de la parte actora -en relación al contenido de su demanda- efectuada por los jueces de grado haya resultado absurda.