Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31


AGROEXPORT SERVICIO S.A. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 195 p 439-441. Santa Fe, 31 de marzo del año 2004. VISTOS: los autos caratulados "AGROEXPORT SERVICIO S.A. c. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Demanda Ordinaria-Medida Cautelar- sobre APELACIÓN LEY 12036" (Expte. Nro. 339 Año 2003, venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la Municipalidad de Rosario contra la resolución de esta Corte de fecha 30 de septiembre de 2003; y CONSIDERANDO:

1. Por resolución registrada en A. y S., T. 192, pág. 101 esta Corte rechazó por inadmisible el recurso de apelación planteado (con fundamento en el artículo 10 de la ley 12.036) por la Municipalidad de la ciudad de Rosario contra la decisión de la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, que a fs. 314/316 (expte. 489/903) había dispuesto "la suspensión de la clausura efectivizada el día 17 de enero de 2003 sobre el establecimiento de la actora, a fin de que la accionante continúe con el desarrollo de la actividad de depósito y almacenaje de cereales".

Sostuvo en aquella oportunidad este Cuerpo que "más allá de las condiciones de admisibilidad que puedan postularse en relación al trámite normado por el artículo 10 de la ley 12.036, cuyo tratamiento en la especie resulta inoficioso, aparece evidente que la postulación recursiva intentada debe ser desestimada liminarmente por falta de adecuación al tipo legal".

Haciéndose referencia a la norma que fundara la apelación, se apuntó entonces -entre otros extremos- que "obviamente la pretensión recursiva excede los supuestos contemplados por la norma como objeto impugnable por la excepcional vía que la misma contempla, desde que no nos encontramos frente a una medida de alcances patrimoniales directos o con consecuencias de la misma índole, que luzcan como de producción fatal e inmediata" y que "tampoco puede, desde luego, interpretarse que lo peticionado tenga cabida en el último párrafo de la norma transcripta, por cuanto la correcta inteligencia de la norma en su conjunto limita su aplicación a la protección económica financiera del Estado", por lo que "una sana interpretación de la ley 12.036 en su conjunto no permite hacer extensivo el trámite de su artículo 10 a un supuesto cautelar como el que se presenta en la especie"(fs. 36/40).

2. Contra tal decisión interpone la Municipalidad de la ciudad de Rosario recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. En su presentación se agravia -en lo que resulta de interés- de que en el caso este Tribunal "viola" y se "aparta de la ley" aplicable, al establecer para la procedencia del recurso un requisito no contemplado en la norma en cuestión y "suprimir vía interpretación el supuesto de afectación sustancial de un cometido público", cercenando así el derecho de defensa de su parte, en tanto veda una vía claramente apta para dejar sin efecto la cautela oportunamente dispuesta, que queda así firme por todo el tiempo que dure el juicio ordinario (fs. 45/54).

3. Evacuado que fuera el traslado que prescribe el artículo 257 C.P.C.C.N. (fs. 61/66), corresponde efectuar en este estadio un examen fundado de admisibilidad del recurso a fin de pronunciarse sobre su concesión o denegación. En ese orden corresponde señalar que la impugnación planteada no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable, extremo que determina su inidoneidad en orden al franqueo de la instancia extraordinaria.

Debe tenerse en cuenta al respecto que, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (Fallos, 256:150; 271:319; 297:37; etc.; vide, entre otros, Bianchi, Alberto, "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1998, pág. 85). Como se lee en "Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán" (Fallos, 318:814, 816) "sobre la materia resulta propicio recordar los términos del señero precedente de Fallos, 137:352, suscripto por los jueces Bermejo, González del Solar, Figueroa Alcorta y Méndez.

Allí se sostuvo que 'según se ha establecido reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una tercera instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las sentencias definitivas, y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de Partidas, aquélla 'que quiere tanto dezir como juyzio acabado que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al demandado' (Ley 2 in fine, Título 22, Partida 3ra.; Fallos, 126:297, entre otros)'. En efecto, 'es característico de la sentencia definitiva -como sostenían Imaz y Rey- que después de dictada, el derecho discutido no puede volver a litigarse' ('Recurso Extraordinario', 2da. ed., Nerva, Buenos Aires, 1962, pág. 199)".

Es cierto que la misma Corte ha dicho que corresponde excepcionar la referida regla, equiparando la resolución impugnada a sentencia definitiva, cuando media gravamen irreparable (así, Fallos 305:1847), o cuando se pueda causar un "perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior" (Fallos 295:152; 301:941; 302:347), pero no lo es menos que la concurrencia de tales supuestos debe demostrarse en cada caso concreto, ya que "no basta aducir el gravamen de imposible o difícil reparación en estos casos, sino que es necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole" (Fallos 258:126; 264:202).

Y el examen del escrito recursivo permite concluir ciertamente que tal carga que no ha sido satisfecha en modo alguno por la impugnante, la cual se limita a invocar genéricamente precedentes del Alto Tribunal de la Nación, y a afirmar que la resolución es definitiva "en razón de que a todas luces hace que la medida cautelar nunca pueda ser levantada o no pueda serlo por un plazo que la administración no puede soportar sin desmedro de cometidos públicos insoslayables" (fs. 52), sin demostrar ni siquiera liminarmente que lo aquí resuelto pueda afectar de manera directa a la comunidad en sus valores "más sustanciales y profundos" (cfr. Fallos 255:41; 257:134; 290:266; 292:220; 307:770; de esta Corte, R. A. y S., T. 81, pág. 280; T. 166, págs. 248 y 279, etc.), o comprometer "instituciones básicas de la Nación" (Fallos, 281:67; 297:301; 300:762; 316:2922), atendiendo en particular a los fundamentos dados a la hora de desestimar la apelación, antes reseñados.

A mayor abundamiento, y más allá de que en el decisorio recurrido se aclaró expresamente que resultaba inoficioso en el caso el tratamiento de la admisibilidad del recurso previsto en el artículo 10 de la ley 12.036, cabe señalar que la solución aquí propiciada se justifica más aún a poco que se repare en que este Tribunal en reciente jurisprudencia (por todos, "Ruiz", R. A. y S., T. 195, pág. 338) ha concluido, por mayoría, en que el aludido remedio no puede ser admitido habida cuenta de su incompatibilidad con el artículo 93 de la Constitución provincial.

Por ello, la Corte Suprema de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto. Costas a la recurrente. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)