Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-10


2º Instancia . - Buenos Aires, diciembre 10 de 2010.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Piaggi dijo:

I. Antecedentes facticiales del proceso En lo que interesa a los efectos de esta sentencia, los hechos que generaron la litis son los siguientes.

1.El 30/11/07 (fs. 61/66) Beatriz Maria Cressa y Olaf Jorge Rolf Tieje demandaron a Organización Veraz S.A. por $ 30.000 (pesos treinta mil) con más sus intereses y costas, por los perjuicios sufridos a raíz de la errónea información que suministró.

Adujeron que la accionada los incluyó en su base de datos pública como deudores morosos por un juicio que tramitó en los tribunales de San Isidro ("Productos de Agua S.A. c. Valdés Enrique Rafael s/ ejecutivo"), cuando ninguna relación tuvieron con la promotora del citado proceso, por lo que requirieron a "Veraz" por CD del 28/2 y 7/3-07 la eliminación de dicha información.

Afirmaron que si bien aquélla negó los extremos invocados, procedió a retirar "la información con absoluta rapidez para tratar de evitar el reclamo" (fs. 61 vta.) indemnizatorio ahora incoado. Por ello, el 23/3/07 la intimaron al pago de los daños irrogados por marginarlos -tanto a nivel personal como empresarial- del sistema bancario y financiero.

En tal sentido, expusieron que Cressa se vio perjudicada como apoderada de "Top Reflex S.R.L.", al no poder gestionar la apertura de cuentas corrientes para la empresa; en tanto que a nivel personal se encontraron imposibilitados de poder acceder a préstamos, comprar a plazo y alquilar su vivienda, hecho éste que recién pudieron concretar cuando la demandada los excluyó de sus registros.

Por tales circunstancias solicitaron se condene a "Veraz" al pago de $ 15.000 a cada uno de los coactores ($ 7.500 en concepto de daño moral y $ 7.500 por daño a la imagen).

2. El 4/3/08 (fs. 91/112) Organización Veraz S.A. contestó demanda y luego de una pormenorizada negativa de los hechos y una extensa explicación del sistema que administra, afirmó que al recibir las CD que le remitieran los actores advirtiéndoles del error al incluirlos como deudores por el expediente indicado en las misivas, eliminó tal dato del registro.

Sin embargo, advirtió que a aquella fecha (febrero y marzo de 2007) ambos figuraban como deudores por otras causas: i) "Cressa" por el juicio que el Banco Río de La Plata S.A. inició en agosto de 2002; y, ii)"Tietje" -además de dicho proceso-, por una ejecución fiscal iniciada en agosto de 2004 y diversas denuncias realizadas por entidades financieras que lo calificaron en situación 5 (irrecuperable) que, en el caso del fideicomiso financiero BG, continúa siendo denunciado hasta la fecha (fs. 99).

Sostuvo la inexistencia de relación causal suficiente entre su conducta y que los improbados daños invocados por los pretensores son improcedentes.

II. El decisorio recurrido La sentencia del 18/12/09 (fs. 261/271) -precedida por la certificación actuarial sobre su término que ordena el art. 112 del reglamento del fuero- admitió el reclamo condenando a la defensa al pago de $ 23.000 ($ 7.500 en concepto de resarcimiento por daño a la imagen y $ 4.000 por el rubro moral, a cada uno de los accionantes), más intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones a 30 días -sin capitalizar- y, las costas del proceso.

Para así resolver el a quo meritó que: a)las deudas de los actores que figuran registradas en la base de datos del BCRA (fs. 169/179) y del Banco Santander Río (fs. 158) no fueron corroboradas por las entidades bancarias informantes; b)estar registrado injustamente como incumplidor genera consecuencias en la reputación y el ánimo del perjudicado, estimando prudente fijar el resarcimiento por daño moral en $ 4.000 a cada reclamante; c)los testimonios dan cuenta que la errónea información brindada por la defensa afectó negativamente la imagen y el prestigio comercial de los actores, resultando adecuado resarcir el rubro en $ 7.500 para cada uno.

III. Los recursos La accionada recurrió la sentencia el 23/2/10 (fs. 271); su recurso fue concedido el 24/2/10 (fs. 275), fundado el 15/4/10 (fs. 283/290) y, respondido por la contraparte el 26/4/10 (fs. 292/294).

A fs. 296 se dictó el llamado de autos en esta instancia, que fuera suspendido a fs. 297 hasta tanto se anejaran las causas allí indicadas. El llamado se reanudó a fs. 300, providencia que se encuentra firme por lo que corresponde avocarse al conocimiento de las cuestiones traídas a resolver.

IV. Contenido de las pretensiones recursivas La defensa reputa de arbitrario el decisorio atacado y carente de una fundamentación racional, impetrando su revocación en base a que: a) se valoró erróneamente la prueba; b)no se acreditó la debida relación de causalidad entre los informes brindados y los pretensos daños; y,c) resulta improcedente resarcir un presunto daño a la imagen.

V. Sólo trataré las argumentaciones susceptibles de incidir en la decisión final del pleito, prescindiendo de planteos inconducentes a tal fin (Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; 258;304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros); y, las pruebasproducidas que estime apropiadas para resolver el conflicto (Fallos 274:113 (2); 280:3201;144:611), razón por la cual me inclinaré por las jurídicamente relevantes o singularmente trascendentes, analizándolas de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCC).

Lo anterior, porque no es deber de los jueces analizar en sus fallos todas las pruebas producidas, sino aquellas que estime conducentes para resolver el conflicto (Fallos 274:113 -2-; 280:3201; 144:611).

VI. La decisión propuesta 1. El conflicto El argumento basal de los accionantes es que a raíz del erróneo informe emitido por la demandada, fueron perjudicados en su faz personal y empresarial, encontrándose imposibilitados de abrir "cuentas bancarias... acceder a préstamos... comprar con facilidades de pago e incluso... alquilar la propia vivienda" (fs. 252).

De ello se deriva una directriz fundamental que domina la materia, en cuya virtud quien pretende contra otro un derecho de indemnización, debe probar los elementos constitutivos de la relación jurídica correspondiente, daño y culpa. Este principio se integra y es consecuencia de otro más genérico denominado de causalidad jurídica, que se halla consagrado en el art. 816, CCiv.

Tal relación de causalidad en el derecho exige una vinculación efectiva y adecuada, entre una acción u omisión y, el daño causado u ocasionado por aquélla (CNCom., esta Sala, "Pacciarini, Carlos A. c. Banco Río de La Plata S.A. s/ ordinario", 4/11/05).

Bajo tales parámetros será analizada la presente litis.

2. Calificación crediticia del actor Al haber admitido la defensa que cometió un error al informar respecto a la existencia de un juicio contra los accionantes, lo único que al respecto queda por dilucidar, es si dicha información fue la que provocó los perjuicios alegados por aquéllos.

2.1. De las probanzas obrantes en la causa, surge que "Tietje" era informado en situación 5 por el banco Santander Río, desde noviembre/2002 hasta junio/2006 (fs. 158). Y, en los registros históricos que el BCRA anejó al contestar el oficio que se le libró en autos, consta que en la misma situación lo calificaron -además del Santander Río- las siguientes entidades financieras: a) banco de Galicia, desde agosto/03 a noviembre/05; b) Standard Bank, desde agosto/03 a junio/06; y, c) Fideicomiso Financiero BG, desde marzo/06 a marzo/08 (fs. 170/175).

2.2. En tanto que las oficiadas Standard Bank y Banco Galicia respondieron que no localizaron documentación que acredite que en las fechas indicadas por los accionantes, hubieran requerido información a la empresa de informes comerciales "Veraz" (fs. 202 y 204, respectivamente).

2.3. De los autos "Fisco Nacional c. Tietje, Olaf Jorge s/ ejecutivo" que tengo a la vista, surge que tanto "Cressa" como "Tietje" habían sido inhibidos de disponer de sus bienes en la causa "Dueck Cohen Marcos y otro c. Tietje Olaf Jorge Rolf y otros s/ ejecución hipotecaria", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34 (fs. 16).

2.4. Uno de los testigos ofrecidos por los actores declaró que: a) en 2006 tuvo conocimiento que aquéllos tenían problemas financieros, por lo que dejó de financiarles la venta de sus productos; y, b) cuando supo que la información del juicio en su contra se había suprimido, volvió a venderles con facilidades de pago (fs. 105).

En similares términos se expidió el segundo testigo: i) supo que Veraz informaba que "Cressa" tenía un juicio y que "Tietje" figuraba en "Veraz", porque éstos se lo comentaron; ii) a fin de 2006 tomó conocimiento de lo anterior, por lo que comenzó a venderles al contado; y, iii) en 2007 "Cressa" le informó que se había eliminado de la base de datos de "Veraz" el juicio en su contra, concediéndole nuevamente financiación (fs. 166).

2.5. En mérito a las probanzas precedentemente detalladas, tengo por acreditado que la información suministrada por la defensa relacionada con el juicio que dio origen a la presente causa, fue eliminada en cuanto le fue requerido por los accionantes.

Así es, el 28/2/07 "Cressa" intimó a "Veraz" a que elimine la información referida al proceso que individualizó (fs. 22) y el 12/3/07 la defensa le informó que no constaba registrada como deudora en relación a aquél (fs. 20).

Tal afirmación se corrobora con la copia del informe que anejaron los mismos pretensores, constando en el emitido el 20/3/07 que se había suprimido la existencia de juicios en contra de "Cressa" (fs. 33).

Dicha circunstancia unida al hecho que aquéllos figuraran como deudores morosos por otros motivos ajenos al que fue objeto de autos, llevan a sostener la improcedencia de la pretensión incoada.

3. Elementos coadyuvantes de la sinrazón del actor No puedo obviar otras circunstancias y pruebas existentes en la causa que avalarían calificar como aventura judicial la acción intentada.

3.1.Top Reflex S.R.L. le otorgó poder general amplio de administración y disposición a "Cressa", el 27/2/07 (fs. 5/12).

3.2.De los informes crediticios aportados por los actores surge que éstos sabían desde el 17/8/06 que "Cressa" era consignada como deudora no sólo por el juicio "Productos de Agua..." sino también por la causa "Banco Río de La Plata S.A. c. Tietje, Olaf Jorge Rolf y otro s/ ejecutivo" (fs. 24), proceso éste en el que se dictó sentencia en contra de los aquí actores (v. página web del juzgado del fuero Nº 1, Secretaría Nº 1).

En el fechado 21/2/07, consta que "Tietje" registraba -además de los dos juicios indicados precedentemente- una ejecución fiscal desde 8/04 y, morosidad informada por los bancos "Río" -por dos cuentas corrientes como codeudor- y "Galicia" -por una operación de préstamo personal con hipoteca- (fs. 29/30).

3.3.En su alegato, los actores afirmaron que "la operación de adquisición de productos bancarios... no fue otorgada...(por el banco Itaú, en mérito a lo)... que surgía de la base de datos de Veraz" (fs. 251 vta.).

Sin embargo, ello no es lo que se desprende de la respuesta brindada por el oficiado, ya que señaló que "solicitó un informe, a la empresa Veraz... de... Cressa en virtud de una solicitud de apertura de cuenta que la citada tramitó... en carácter de representante legal de la empresa æTop Reflex SRLÆ... (el)... 28/2/07..., solicitud que no fue concluida..." (fs. 193).

Tales inconsistencias y los extremos ya señalados -v. punto 2.-, impiden tener por acreditada la relación de causalidad entre el negligente actuar de la accionada y los pretensos daños reclamados.

3.4. Todo lo hasta aquí expuesto me permite concluir que, aún cuando se hubiesen probado los perjuicios que dicen haber sufrido los reclamantes, aquellos no tienen como causa origen la errónea información que la defensa diera respecto a un juicio, sino que se habrían producido por haber estado informado "Tietje" por diversas entidades financieras en categoría 5 y figurar deudor en otras causas judiciales, circunstancia ésta que también afectó a "Cressa", pues en los informes comerciales consta "vinculada" a su cónyuge, el coactor en este proceso.

De allí que no resulte descabellado suponer que los actores, aprovechando el negligente actuar de la defensa, intentó responsabilizarla por las consecuencias que, con anterioridad, les irrogara su delicada situación financiera (en igual sentido: CNCom., esta Sala, "Monti, Miguel Ángel c. Ford Credit Cía. Financiera S.A. s/ ordinario", 27/2/09).

VII. Conclusión Las simples alegaciones de las partes resultan inidóneas para producir convicción sobre su existencia, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar de éstas, sino del riesgo de no hacerlo y no supone un derecho sino un imperativo para cada litigante (CNCom., esta Sala: "Kohl, Carina Gabriela c. Citibank N.A.", 28/6/02; "Cendon de Menéndez, María de la S. c. Digital Toons, S.A.", LA LEY, 15/4/98; entre otros).

Es sabido que para que el resarcimiento proceda deberá probarse fehacientemente la existencia del perjuicio, habida cuenta de que los daños no probados no existen para el derecho, pues la mera posibilidad del daño no es indemnizable; y, en el caso, no alcanzó a probarse (arg. 377 Cód. Proc.).

Ello así, aun cuando existió un obrar negligente por parte de la defendida, no encontrándose comprobado los perjuicios reclamados y menos aún, que obedecieran al incorrecto actuar de aquélla, propongo revocar la sentencia apelada y, consecuentemente, rechazar la demanda impetrada con costas a los pretensores vencidos (arts. 68 y 279, CPCCN). He concluido.

Por análogas razones las doctoras Díaz Cordero y Ballerini adhirieron al voto anterior.

Y Vistos: Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: a) revocar la sentencia apelada; y, b)rechazar la demanda con costas a los accionantes vencidos (arts. 68 y 279, CPCCN). - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Matilde E. Ballerini. - Ana I. Piaggi.