Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07


Buenos Aires,	7	de julio de 2008 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. El Sr. Osvaldo A. Prato interpuso, en los términos del artículo 99 de la ley local n° 1.181 y de los artículos 5 y 8 de la ley local n° 189, recurso judicial directo a fin de decidir el reclamo formulado ante la Caja de Seguridad de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) en relación a las sumas que le retuvieron, con la pretensión de que se intime a la demandada antes mencionada a devolver dichas sumas.

Sostuvo que el día 29 de abril del 2005 cobró en el Banco Ciudad varios cheques emitidos por el Juzgado en lo Comercial n° 4, Secretaría n° 8 y librados en causas iniciadas en los años 2002 y 2003 contra Multicanal S.A., en concepto de honorarios que fueron devengados con fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley local n° 1.181 (ocurrida el 1º de enero de 2005).

La entidad bancaria le retuvo en cada uno de los cobros el 5% previsto en el artículo 62, inciso 1, de la ley citada, por un importe total de $ 11.182,55. A raíz de ello, interpuso ante CASSABA el reclamo por la devolución de las sumas retenidas, por considerar que los honorarios -desde el momento en que fueron devengados- forman parte del patrimonio del letrado, razón por la cual una ley tributaria -que entró en vigencia con posterioridad- no puede modificar su integración y situación jurídica: ello constituiría un supuesto de retroactividad y, por tanto, una lesión del derecho de propiedad del letrado.

El letrado recurrente manifiesta que, al momento de iniciar la demanda, CASSABA no se había expedido sobre su reclamo (fs. 1/5).

2. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad rechazó el recurso interpuesto, con costas por su orden (fs. 76/86).

3. El accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad contra dicha sentencia (fs. 89/95 vuelta), con el fundamento ya aclarado.

Con mayor desarrollo, el recurrente se agravia porque la sentencia apelada: a) viola los principios constitucionales en materia tributaria dispuestos en el artículo 51 de la CCBA: irretroactividad, legalidad, igualdad, interdicción de confiscar, equidad y certeza; b) "... no hace más que aplicar retroactivamente la ley 1181 (vigente desde el 1/1/05) a honorarios devengados (e incluso regulados) con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma."; c) disminuye sus honorarios (en $11.182,55), pues el importe había quedado incorporado a su patrimonio con mucha anterioridad a la entrada en vigencia de la ley; d) no tuvo en cuenta el carácter alimentario de los honorarios profesionales; e) ni siquiera se expidió respecto del artículo 3 del Código Civil; y f) entiende que el momento generador del hecho imponible no es un tema que le competa analizar pues está fuera de la órbita judicial. Aduce también que de la circunstancia de que la ley exprese que el aporte debe calcularse sobre los honorarios percibidos no surge que ésta haya fijado el hecho imponible en su dimensión temporal, sino sólo en cuanto a su base imponible, evitando de ese modo que el abogado desembolse una suma de dinero sobre un honorario simplemente devengado y no percibido. Por último, agrega que a su parte -vencedora del proceso iniciado contra Multicanal S.A.- se le retuvo el aporte previsto en el artículo 62, inciso 1, de la ley local n° 1.181; en tanto a Multicanal S.A. -condenada en costas- no se le requirió que ingresara el importe a que se refiere el inciso 2 de la norma citada, y así se provoca una situación de desigualdad con el vencido.

El demandado contestó el traslado del recurso (fs. 103/114) y, a su turno, la Cámara de Apelaciones lo declaró admisible (fs. 116 y vuelta).

4. El Sr. Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propició declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad (fs. 128/130 vuelta).

Fundamentos El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente concedido, pues fue interpuesto en el tiempo y la forma que marca la ley (conf. art. 28 de la ley 402), se dirige contra una sentencia definitiva y plantea efectivamente un caso constitucional.

El punto central a determinar remite, en principio, a la aplicación al caso de las retenciones previstas por la ley local n° 1.181 y pregunta, con especial remisión a los hechos del caso, si ello importa un supuesto de retroactividad de la vigencia de la ley respecto del hecho imponible, lesivo de la garantía constitucional de la propiedad. En tal sentido, resulta necesario dilucidar si el momento establecido por el legislador para considerar que se configura el hecho imponible -que genera la obligación de pagar el aporte previsto en el artículo 62, inciso 1, de la ley local n° 1.181- vulnera la garantía de seguridad jurídica que establece la irretroactividad de la aplicación de leyes tributarias, a consecuencia del principio de reserva de ley (legalidad), y como emanación de la inviolabilidad de la propiedad. Así explicado el caso, se acoja o se rechace finalmente la pretensión del actor -esto es, se opine de uno u otro modo en la solución del caso, conforme a sus datos de hecho-, no me cabe duda alguna acerca de que se ha puesto en juego reglas superiores del ordenamiento jurídico, establecidas tanto en la CN como en la CCABA, con la pretensión de que no se aplique una disposición legislativa local -fundante de la sentencia recurrida-, infraconstitucional, que lesiona aquellos principios de orden superior y se resuelva el caso de modo inverso, favorable a los intereses del recurrente.

Quizás, de modo más sencillo, el caso puede exponerse de la siguiente manera: para el actor y recurrente debe tenerse en cuenta, para decidir el caso, el momento en que los honorarios fueron devengados, esto es, el momento en el cual fueron realizadas las tareas profesionales; ya a partir de ese momento los honorarios forman parte del patrimonio del letrado con carácter de "derecho adquirido", y su integración no puede ser alterada por normas jurídicas sancionadas con posterioridad (el caso de la ley local n° 1.181); manda la fecha de realización de la actividad profesional (la causa de los honorarios) y no el momento de la regulación o de la percepción. La Cámara de Apelaciones, en cambio, considera que el hecho imponible que da lugar al aporte se configura con la percepción de los honorarios, tal como surge de los propios términos del artículo 62, inc. 1, de la ley local n° 1.181 -que menciona la percepción de los honorarios, y no alude al momento de devengarlos o de su regulación-; para ese tribunal, el criterio elegido resulta racional en la medida en que el patrimonio del abogado será concretamente incidido en el momento de cobrar sus honorarios y no se verá afectado cuando realiza su tarea o se efectúa la regulación por ella.

Por lo demás, el abogado Prato manifiesta que el criterio seguido por la Cámara lesiona los derechos y principios constitucionales de razonabilidad, inviolabilidad de la propiedad, seguridad, legalidad e igualdad (fs. 89/100 vuelta) y precisamente en la lesión a tales principios, conforme a lo explicado, funda el planteo constitucional.

2. Ya he expuesto que, con una interpretación favorable para los obligados y admisible para estos casos, "las prestaciones previsionales son contribuciones que, en una clasificación extensiva, pueden ingresar a la materia tributaria". Así lo sostuve en mi voto en la causa "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4911/06, sentencia del 18 de abril de 2007. Con tal interpretación puede aceptarse también que ellas están sometidas a los principios señalados por el art. 51, CCABA, entre los que cabe señalar a la garantía de la irretroactividad de la ley tributaria.

El proceso que culmina con la percepción de los honorarios por la labor desarrollada por el profesional de la abogacía permite señalar, al menos, tres momentos: a) la prestación profesional, b) la regulación judicial y c) el cobro.

La ley local n° 1.181, fijó como hecho imponible la percepción de los honorarios, hecho de verificación instantánea. Él establece legítimamente, entonces, quizás de modo implícito pero de manera indudable, la base imponible y, a la vez, el momento preciso en el que debe considerarse acaecido el hecho sujeto a contribución previsional (para el caso, el momento en el que opera la transmisión del dominio de la suma regulada por honorarios profesionales del Banco girado al bolsillo del contribuyente; en menos palabras, el momento del pago). En efecto, el art. 62, de la ley local n° 1.181, en lo pertinente, establece que "La Caja cuenta, a los fines de su financiamiento, con los siguientes recursos: 1. Un aporte del cinco por ciento (5%) de todo honorario de origen profesional que perciban los afiliados ..." (el énfasis con "negrita" no está en el original).

En el caso, no se ve vulnerado el principio de irretroactividad de la ley tributaria: la ley entró en vigencia el 1° de enero de 2005 y el hecho imponible establecido por la ley ocurrió con posterioridad, el 29 de abril de 2005, momento en el cual fueron percibidos los honorarios por el letrado recurrente.

En verdad, el planteo no ataca la aplicación retroactiva de la ley que, como he señalado, no ha sucedido en la realidad, sino que pretende la ultra-actividad de la situación anterior a la vigencia de la ley. Dicho en otros términos: pretende que la exigencia abstracta y general de aportar a la CASSABA, eventualmente existente al momento de la actividad profesional realizada y de la regulación practicada (tal determinación no resulta importante para el caso), persista con la calidad de hecho imponible concreto hasta un período en el que ya rige una ley que exige contribuciones por la percepción real de los honorarios correspondientes a aquella actividad. Eduardo Novoa Monreal -me emociona nombrarlo en esta sentencia- señala que en estos casos el pasado "al igual que el Cid, triunfaría después de muerto", aunque ello esté "en contra de los intereses colectivos representados por la ley nueva y vigente" (El derecho como obstáculo al cambio social, 8ª edición, Siglo XXI, Méjico, 1986, p. 172).

Resuelto el punto, las otras menciones a reglas y principios constitucionales lesionados -cuya lesión, en realidad, depende de aquella examinada no sólo en el caso, sino, antes bien, como consecuencia explicativa del principio- resultan obvias y podrían evitarse en razón de brevedad. Me referiré, por ello, tan sólo sintéticamente a ellas.

3. La decisión de la ley de establecer la percepción de los honorarios como hecho imponible no vulnera por sí misma la garantía de la propiedad, que el recurrente considera afectada por la disminución de la suma neta percibida por él a raíz del aporte retenido por el Banco girado, depositado a favor de CASSABA.

Es cierto que el actor adquirió el derecho a percibir los honorarios regulados con anterioridad a la vigencia de la ley, en la suma fijada. Pero ese derecho no se extiende hasta el punto de preservar la suma regulada de la imposición -por una ley posterior a la regulación pero anterior al cobro-de obligaciones tributarias o cuasi-tributarias, establecidas para financiar el sistema previsional, de raíz constitucional, del que el propio actor resultará beneficiario. La legitimidad de esa afectación no vulnera la noción de derecho adquirido (que no puede considerarse un bill de indemnidad previsional o fiscal), ni lo dispuesto por el art. 3° del Código Civil en cuanto establece que las leyes se aplican "aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", entre las que cabe considerar, sin mayor hesitación, a la percepción -posterior a la ley- de los honorarios generados con anterioridad a la vigencia de la ley local n° 1.181.

4. Descartada la existencia de una afectación a la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y la aplicación retroactiva de la ley que decidió el caso, cuya lesión es consecuencia del principio anterior mencionado, toca analizar si el criterio escogido por el legislador es razonable y válido o, por lo contrario, arbitrario y lesivo de los principios constitucionales invocados por el recurrente.

Al recurrente sólo le parece razonable que el hecho imponible sea fijado por la realización de los trabajos profesionales, causa de los honorarios, y descalifica la decisión legislativa de seleccionar como tal a la percepción o al cobro de los honorarios.

En verdad, en qué momento fueron devengados y en cuál regulados los honorarios no resulta relevante para determinar el hecho imponible. Cualquiera que sea su valor y trascendencia en el crédito que de esas situaciones se originen para el abogado, tales aspectos no limitan el ejercicio de la potestad del Estado para determinar, legislativamente, las obligaciones de naturaleza fiscal o las contribuciones semejantes con destino a un sistema de previsión social. La relación crediticia, de carácter sinalagmático, vinculada con los honorarios no constituye la base que determina cuál es el hecho imponible y cuál el momento en que se perfecciona la obligación tributaria, pues esta última tiene en miras principios de derecho público ajenos a aquella relación. La potestad del Estado local en materia previsional no se subordina a la relación crediticia en materia de honorarios, de índole de Derecho privado, para establecer los elementos del hecho sujeto a tributación. Basta con señalar, para ejemplificar la falta de correspondencia recíproca entre una y otra obligación, que no toda actuación profesional da derecho a honorarios y que no todos los honorarios son percibidos por los profesionales beneficiados por las regulaciones. Basta también con indicar que esa posición es la regla en materia tributaria, porque pagamos impuestos (ganancias) por aquello que percibimos y, por lo contrario, no los pagamos por aquello que merecemos. Del proceso que, como dije antes, se integra con la prestación profesional, la regulación judicial de los honorarios y su cobro por el abogado, el legislador ha considerado relevante para determinar el hecho imponible (en su materialidad y en su momento temporal) la percepción del honorario. El recurrente no ha logrado demostrar por qué razón la elección efectuada discrecionalmente por el Poder Legislativo era irrazonable o lesiona alguna otra garantía constitucional. La preferencia del actor recurrente por vincular la ley de jubilaciones con otros momentos relativos a los honorarios profesionales, no resulta suficiente para descalificar la pauta establecida por la ley.

5. Como lógica derivación de lo apuntado precedentemente, también resulta desacertada la invocación que efectúa el recurrente acerca de una presunta violación de los principios de legalidad y su derivado principio de certeza, toda vez que, como ya lo expresé, existe una ley formal que crea el aporte y determina razonablemente el aspecto material y temporal del hecho gravado.

6. Finalmente, la lesión del principio de igualdad que el recurrente denuncia, a consecuencia de no haber tratado la norma del mismo modo al pago de la contribución prevista en el art. 62, inc. 2, de la ley local n° 1.181 y al aporte previsto en el art. 62, inc. 1 (ver fs. 90 y vuelta) no resulta suficientemente fundada por quien pretende la invalidez de un acto estatal (legislativo) a cuyo favor obra la presunción de legitimidad: el agravio carece de fundamentos que expliquen por qué razón ambas situaciones deben ser consideradas equiparables para determinar el aspecto temporal de los respectivos hechos imponibles. La carencia de un agravio constitucional seriamente expuesto, con un desarrollo suficiente de esta cuestión, acorde con la máxima consecuencia que el recurrente pretende, deja sin sustento a la tacha (cf. ley local n° 402 [de procedimientos ante el TSJ], art. 30).

7. De acuerdo a las consideraciones que anteceden, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Osvaldo A. Prato e imponerle las costas del recurso (art. 62, CCAyT).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de mi colega el doctor Julio B. J. Maier, en el sentido de que si bien el recurso de inconstitucionalidad cumple con los requisitos formales establecidos en los arts. 27 y 28 de la ley nº 402 y ha sido, por tanto, correctamente concedido por la Cámara, no puede prosperar.

2. El letrado Osvaldo Prato cuestionó en su recurso la decisión de la Sala I de la Cámara que entendió que el criterio de gravar los honorarios de los abogados afiliados a CASSABA al momento de su percepción (cfr. art. 62, inc. 1, de la ley nº 1.181) no afectaba los principios constitucionales en materia tributaria consagrados en el art. 51 de la CCABA y, en particular, el de irretroactividad. El recurrente sostuvo en su intento de poner en crisis la sentencia que ella no hacía más que aplicar retroactivamente la ley nº 1.181 a honorarios devengados (e incluso regulados) con anterioridad a su entrada en vigencia -operada el 1º de enero de 2005-, lo cual causaba una disminución considerable en un valor que había quedado incorporado a su patrimonio con mucha anterioridad a dicha fecha, y que la ley, al establecer que el cálculo del aporte debía efectuarse sobre los honorarios percibidos, en realidad lo que hacía era establecer la base imponible y no la dimensión temporal del hecho imponible. En síntesis, propugnó que el criterio que debía seguirse era el del devengamiento y no el de la percepción.

3. Creo oportuno señalar que no todo honorario regulado se alcanza a percibir. Ello, a menudo, sucede por la insolvencia de la parte condenada en costas y, en algunos otros casos, por la de la parte que se patrocina habida cuenta de los supuestos de solidaridad para el pago de los estipendios. Por lo demás, el mero devengamiento, e incluso la regulación, no implica tener una suma líquida y disponible para el cobro.

4. Por otra parte, valga remarcar que las soluciones sobre el perfeccionamiento del hecho imponible y la obligación de pago del tributo pueden ser diversas. Así en el Impuesto al Valor Agregado, en una situación afín a la tratada en autos, se dispone en el art. 5, inc. b) ap. 4, como excepción a la regla general, que cuando se trate de casos en los que la contraprestación deba fijarse judicialmente o deba percibirse a través de cajas forenses, o colegios o consejos profesionales..., el hecho imponible se perfeccionará con la percepción, total o parcial del precio, o en el momento en que el prestador o locador haya emitido factura, el que sea anterior. A su vez, el art. 62, inc. 1 de la ley nº 1.181 de creación de CASSABA define a texto expreso: La Caja cuenta, a los fines de su financiamiento, con los siguientes recursos: 1) Un aporte del cinco por ciento (5%) de todo honorario de origen profesional que perciban los afiliados (el énfasis ha sido añadido).

Es que si bien el legislador puede optar por sustraer del campo imposicional ingresos que han tenido, total o parcialmente, título o causa anterior a la entrada en vigencia de una norma, ello no es lo que ocurrió en el caso, lo que no cabe tampoco presumir. Más aún, hacer una interpretación exorbitante del principio de irretroactividad implicaría la imposibilidad de gravar periódicamente de futuro una riqueza ya existente al momento de creación del tributo en cabeza del contribuyente propietario de un bien raíz (vg. contribución inmobiliaria o tasas territoriales) aunque los pagos se reclamen por ejercicios posteriores a los de entrada en vigencia del gravamen o del incremento de su tarifa.

Es decir, en realidad de lo que se trata en el presente caso no es de un supuesto de aplicación retroactiva de la norma, es más, ni siquiera se configura un caso de lo que una buena parte de la doctrina denomina retroactividad impropia -cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Eduardo A. Sambrizzi v. Nación Argentina (Dirección General Impositiva)", sentencia del 31 de octubre de 1989, Fallos: 312:2078-. La pretensión de la recurrente apunta, más bien, a extender ultraactivamente una situación de dispensa sobre sus honorarios, a pesar de que el perfeccionamiento del hecho imponible acaece -se perfecciona- con la percepción, situación que en este caso concreto se produjo después de la entrada en vigencia de la ley nº 1.181.

Los breves razonamientos formulados precedentemente, así como los desarrollos concordantes efectuados en su voto por el señor juez de trámite y los vertidos en la anterior instancia en el voto del juez Horacio G. A. Corti, me llevan a pronunciarme por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad.

Costas a la vencida (art. 62 del CCAyT).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el Dr. Julio B. J. Maier en que el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido y, por los motivos que desarrollaré a continuación, también coincido en que corresponde confirmar la sentencia de Cámara.

2. Como señala mi colega Maier (y en igual sentido se expidió la Cámara), la circunstancia de que el legislador haya optado por gravar los honorarios de los profesionales afiliados a CASSABA al momento de su percepción no acarrea, a diferencia de lo que entiende el recurrente, una violación al principio de "irretroactividad" receptado por el art. 51 de la CCBA. Ello así, porque el hecho gravado, en el caso, la percepción por parte del actor de sus honorarios, ocurrió o se completó con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley nº 1.181.

Por lo demás, el recurrente no indica que dicha elección temporal le haya irrogado una carga que no encuentre correlato con sus beneficios futuros. Sin perjuicio de ello, vale la pena señalar que el sistema concebido en los términos descriptos en el párrafo que antecede no resulta prima facie incoherente. Ello así, puesto que si bien grava trabajos realizados con anterioridad a que el régimen que instauró la ley 1181 comenzara a ser obligatorio, si éstos son cobrados con posterioridad a dicho suceso (situación en la que se encuentra el actor), en consonancia con ello, los honorarios que perciban una vez eliminados de la matrícula profesional para gozar del beneficio de la caja no estarían sujetos a contribución alguna aun cuando, obviamente, corresponderían a trabajos ejecutados con carácter previo al cese de los servicios, esto es, un lapso que se computa como período de aportes (arg. artículos 5, 15 y 62, inc. 1 de la ley). Acerca de esta cuestión no corresponde profundizar, atento que, tal como señalé, no se ha formulado un planteo con relación a dicho punto. A su vez, la ley prevé un tope máximo por sobre el cual ningún afiliado está obligado a aportar. Dicho límite viene dado por el monto que deben ingresar, por año, los profesionales que se encuentren en la máxima categoría que contempla el sistema (cf. art. 71), es decir, 960 lex previsionales (lo que equivale a $ 9.600, cf. Resolución 001-A-04 de la Asamblea de Representantes de CASSABA). Si los aportes de un afiliado superaran esos valores durante el transcurso de dicho período, la ley prevé: (i) que puedan acreditar dicha circunstancia ante la caja para que les expida un certificado mediante el cual podrán evitar que le efectúen durante el resto de ese período nuevas retenciones; (ii) que las retenciones que hayan excedido el mencionado monto sean computadas como aportes correspondientes al año siguiente al que esté en curso; y, finalmente, (iii) que de exceder dichos aportes el monto máximo del año próximo, ese excedente sea reintegrado al profesional (cf. art. 71). Con este mecanismo, el legislador prevé compensar desequilibrios sensibles. De esas cuestiones no se hizo cargo la parte recurrente.

3. En cuanto al planteo relativo a la violación del principio de igualdad que el recurrente desarrolla sobre la base de los distintos momentos escogidos por el legislador para tener por configuradas las obligaciones previstas en los incs. 1 y 2 del art. 62 de la ley nº 1.181 (en el primer caso, al momento de su percepción y, en el segundo, sobre todo honorario profesional regulado u homologado a partir del 1° de enero de 2005), adhiero a las consideraciones vertidas por el Dr. Maier en el punto 6 de su voto.

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 89/95. Costas a la vencida.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Adhiero a la solución y los fundamentos del voto del Dr. Maier, excepto en lo referido a la imposición de costas.

2. Como lo dije en "Luchinsky, Rubén Osvaldo c/ CASSABA y otros s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 5776/08, resolución del mismo día en que ésta se suscribe, el legislador debe fijar un exacto y preciso momento en el que debe considerarse realizado, configurado o perfeccionado el hecho imponible, aún cuando ello implique recurrir a la ficción jurídica, ya que ese "preciso momento" es fundamental para una serie de cuestiones relativas a la aplicación de la ley tributaria, entre las que se encuentra el problema de la retroactividad (Villegas, Héctor B., "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", 7° ed. ampl. y act., pág. 278/279, Ed. Depalma, Bs.As., 1998).

De la lectura del art. 62 de la ley 1181, se desprende que el legislador decidió expresamente supeditar el nacimiento de la obligación tributaria al acaecimiento de la percepción del honorario. No se refiere ni al devengamiento ni a la regulación del honorario, sino a su percepción.

Por lo tanto, la obligación de pagar el aporte previsto en el art. 62 inc. 1 de la ley 1181 se origina a partir de un hecho imponible de carácter simple y de verificación instantánea: la percepción de un honorario de origen profesional. Es en ese único y preciso momento en que nace la obligación de pagar el mencionado aporte.

A los fines de este tributo específico, no interesa cuándo fueron devengados y regulados los honorarios, cuestiones que pueden tener relevancia jurídica en cuanto al "derecho al honorario", pero no en lo relativo a la "obligación de pagar el aporte del art. 62 inc. 1 de la ley 1181", ya que -a pesar de la confusión del recurrente- se trata de dos obligaciones distintas que poseen causas, objetos y sujetos diferentes.

Este criterio resulta razonable ya que es en el preciso momento de la percepción cuando el profesional recibe concretamente los honorarios y, entonces, se encuentra en condiciones de pagar el aporte correspondiente.

Por otra parte, en el caso concreto tampoco se vulnera el principio de irretroactividad de la ley tributaria, ya que la entrada en vigencia de la ley (1° de enero de 2005) ocurrió en forma previa al momento en que se configuró el hecho imponible, es decir cuando fueron percibidos los honorarios (29 de abril de 2005).

Como lógica consecuencia de lo concluido precedentemente, podemos afirmar que también resulta desacertada la invocación de una presunta violación de los principios de legalidad -y su derivado principio de certeza- e inviolabilidad de la propiedad, toda vez que existe una ley formal que crea el tributo y determina expresa y razonablemente el aspecto temporal del hecho imponible.

A mayor abundamiento, aún cuando consideráramos que el hecho imponible de autos reviste naturaleza compleja y verificación periódica, la conclusión a la que arribé anteriormente no se modifica en absoluto. Si entendemos que el hecho imponible comienza con la realización de trabajos profesionales, abarca la regulación de los honorarios y culmina con la percepción de los mismos, lo cual involucra un proceso complejo y de cierta duración en el tiempo, el legislador debe determinar un momento preciso en el que debe tenerse por perfeccionado el hecho imponible. Y como hemos visto anteriormente, el momento que eligió el legislador es el "final" del proceso: la "percepción" del honorario.

Y por último, en cuanto a la presunta violación del principio de igualdad (ver fs. 104 y vta.), este agravio no está desarrollado con la seriedad y claridad requeridas, ya que no fundamenta por qué dos situaciones jurídicas distintas -el pago de la contribución prevista en el art. 62 inc. 2 de la ley 1181, y el aporte previsto en el art. 62 inc. 1 de la misma ley- deben ser tratadas por la ley 1181 de la misma manera, o en otras palabras, no expresa los fundamentos de hecho y de derecho que tornan equiparables a ambas situaciones a los efectos de determinar el momento en que se configura el hecho imponible.

3. Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad, con costas por su orden atento que el recurrente podría razonablemente haberse considerado con razón para litigar (conf. art. 62, párr. 2°, CCAyT).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 89/95 vta. por el Sr. Osvaldo A. Prato fue correctamente concedido por la Sala I y corresponde hacerle lugar por las razones que expongo a continuación.

2. Tal como indica la Cámara en el auto interlocutorio que concede el recurso, "la actora señala a fs. 89 pto. II, el agravio constitucional que, a su entender, representa el aceptar la validez de la ley 1181; de la misma manera, menciona la afectación de los derechos consagrados en los arts. 16 (fs. 90 pto. II e) 17 y 18 (fs. 89 pto. II a y b) de la Constitución Nacional y los arts. 12 y 13 (fs. 89 pto. II a) y 51 (fs. 91 pto. V) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y expone en su escrito que la sentencia recurrida ocasiona un perjuicio a sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley" (fs. 116 y vta.).

El recurrente aduce que la sentencia impugnada:

a)	Viola los principios constitucionales en materia tributaria dispuestos en el art. 51 CCBA, a saber: irretroactividad, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad y certeza (fs.91 vta.) b)	Aplica retroactivamente la ley nº 1181 (vigente desde el 1/1/05) a honorarios devengados y regulados con anterioridad a su entrada en vigencia vulnerando su derecho adquirido a percibir los honorarios y, por ende, su derecho de propiedad protegido por los arts. 17 de la CN y 12 inc. 5 de la CCBA (fs. (91 vta./92) 3. Tal como dijera en el precedente "Lalo, Aarón c/ Caja de Seguridad para Abogados de la CABA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5355/07, sentencia del 12 de marzo de 2008, el ámbito temporal de aplicación del aporte regulado en el art. 62 inciso 1, que determina el agravio del recurrente, está dado por la reglamentación de la ley nº 1181 que fuera aprobada por Resolución 004-A-05 de la Asamblea de Representantes de CASSABA, y que carece de toda validez.

En efecto, en autos "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido (expte. nº 4911/06)", a cuyos fundamentos me remito, sostuve que "la ley n° 1.181 no confirió a ninguno de los órganos de la entidad creada aptitud para reglamentar la ley en un rango equivalente al de un decreto que solo pudo emitir el Jefe de Gobierno. (...) Una lectura atenta del artículo 120 de la ley muestra que las facultades de la Asamblea de CASSABA están orientadas a la puesta en marcha, organización interna y funcionamiento operativo de la institución. Esos son los límites legales que no incluyen, ni podrían hacerlo, la sustitución del Poder Ejecutivo local en materia de reglamentación de la ley". En consecuencia, allí sostuve que "CASSABA excedió el marco establecido en la ley n° 1.181 al reglamentar del modo y con la extensión que lo hiciera, [puesto que] (...) la ley n° 1.181 no confiere (ni hubiese podido hacerlo por razones de índole constitucional) a ninguno de los órganos de CASSABA atribuciones para reglamentar ese texto legal. (...) Al reglamentar la ley, CASSABA ha obrado con prescindencia de los marcos institucionales fijados por el orden constitucional vigente en la Ciudad".

Desde esta perspectiva, entonces, corresponde resolver la cuestión en favor del recurrente.

5. Con apoyo en las consideraciones que anteceden voto por admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Osvaldo A. Prato a fs. 89/95 vta. Costas a la vencida.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Sr. Osvaldo A. Prato, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el expediente a la Sala interviniente.