Abuso sexual, testigo único, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Álvarez Albarracín, Fabricio s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-26

No resulta descalificable un testigo por el hecho de ser único puesto que no admitir el testigo único por el hecho de ser único es una injustificada cortapisa a la libre valoración por el juez de la credibilidad que le merece el testigo. La privación ilegítima de la libertad no se ve alterada por el hecho de que la mujer se haya arrojado de la moto una vez que el imputado arrancó su marcha, pues la privación de la libertad ya había sido ejecutada cuando -después de despojarla de sus bienes- la escoltó hasta la motocicleta a la que obligó a subir. La relación concursal ente el robo y la privación ilegítima de la libertad -art. 55 del C.P.- ha sido correctamente establecida pues de las circunstancias comprobadas surgió claro que una vez que la víctima le entregó sus pertenencias -teléfono y billetera- el imputado emprendió una nueva decisión delictiva al obligarla a subir a la motocicleta que conducía. De este modo, el delito contra la libertad ambulatoria resultó independiente del desapoderamiento que lo precedió. Se encuentra acreditado el dolo de abuso sexual y el inicio de ejecución del delito por las circunstancias que rodearon el hecho: la nocturnidad; conducir a la víctima a un lugar apartado - debajo de un puente-; el modo en que la sujetaba -de un brazo y del cuello-, y que luego la obligó a avanzar en dirección a las vías del tren, haciéndola atravesar un alambrado roto. La sola observación del modo en que la víctima era conducida por el imputado hizo que las personas que se encontraban allí advirtieran esa intención de someterla sexualmente y fue lo que los determinó a actuar en su defensa mediante la exhibición de palos y hierros. No es posible concluir en abstracto que la pena máxima de 50 años de prisión para los casos de concurso de delitos resulte contraria a los fundamentos de la pena ni a su finalidad de resocialización por lo que corresponde rechazar la inconstitucionalidad articulada por el fiscal. No se encuentra suficientemente fundado el quantum de 50 años establecido pues no basta analizar en abstracto la validez de la pena máxima aplicable en los términos del art. 55 del C.P.(ley 25.928), ni la proporcionalidad de la pena con relación a la culpabilidad demostrada por el autor, sino que además, debió tenerse en cuenta el modo de ejecución obligadamente penitenciario al que estará sometido el encausado por su condición de reincidente. La disidencia parcial expresó que no se advierte arbitrariedad alguna en la sanción impuesta toda vez que el tribunal de juicio evaluó no sólo la naturaleza y modalidad de los delitos cometidos, así como los diversos grados de afectación a los bienes jurídicos tutelados de las distintas víctimas como pautas a considerar para determinar la sanción; sino también que en virtud de los delitos imputados tiene una pena mínima de ocho años de prisión y el máximo aritmético sería de ciento treinta años de la misma especie de pena -pese a considerar luego el límite de cincuenta años de prisión previsto en el art. 55 del C.P.-. (Dres.

Cabral, Figueroa y Gemignani -en disidencia parcial-).