Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-21


SENT Nro. 351 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cabrera, Roque de Jesús vs. Municipalidad de Concepción s/Nulidad de acto jurídico".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 109/117 vta. de autos, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 96/106 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 13-8-2002 (cfr. fs. 125 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la teoría del funcionario de hecho no es aplicable en el sub lite, debido a que la misma se refiere a aquellas situaciones en que, por alguna razón, el nuevo funcionario no ha sido elegido o no ha asumido sus funciones por lo que, necesariamente, alguien debió continuar al frente de la repartición pero que, en manera alguna, se puede extender a la presente causa en la que se verifica la existencia, a partir del 31-11-95, de un nuevo Intendente en ejercicio de sus funciones al momento de suscribirse el convenio. De allí que tache de arbitrario al pronunciamiento y le impute haber conculcado los artículos 39, 46 y 49, incisos 9 y 10, de la Ley Nº 5529, y el artículo 33 del CPCC.

Descarta que, la expuesta por el tribunal, sea la verdadera opinión de Marienhoff e insiste en que no puede calificarse como un funcionario de facto a la persona que, habiendo concluido su mandato y entregado el cargo a otro funcionario en ejercicio, firma un acuerdo excediendo su competencia; agrega que no se trata de un defecto desprovisto de gravedad, conocido por el actor, pues se le está ocasionando un perjuicio irreparable consistente en la pérdida del 50% de la indemnización que le corresponde y que, como lo enseña la experiencia común, estos actos jurídicos no son firmados por el particular contratante en forma conjunta con el titular del ente estatal, sino que este último los suscribe con posterioridad; por tal razón, dice, que si bien no ignoró que el 3-11-95 ya había nuevas autoridades, no es "inverosímil" que desconociera que el acuerdo había sido firmado por quien no era Intendente, de lo que tomó recién conocimiento en el mes de febrero del año 1999.

Se agravia que se afirme que su jubilación comenzó a regir a partir del 1-11-95, cuando ello en realidad aconteció al año siguiente, y que tal circunstancia no implica asentimiento ni conformidad con el despojo plasmado en el convenio. También controvierte que el hecho de haber recibido durante 25 meses el pago de la cuota se traduzca en un reconocimiento de su parte, por cuanto su derecho a la indemnización no proviene del acuerdo sino del artículo 15, inciso f, de la Ordenanza Nº 717-730/92 y del Decreto Nº 124/92, y el pago fraccionado ya estaba previsto en el decreto de cesantía.

Reputa errónea la conclusión que la validez del convenio se justifica porque su parte aseveró que existía una parcial coincidencia entre los efectos del Decreto Nº 94 y el convenio de fecha 3-11-95.

Resalta que la nulidad impetrada no afecta en lo más mínimo la validez de los pagos efectuados a cuenta, porque la nulidad del acto jurídico puede ser total o parcial; asimismo, se hace cargo, en los términos de fs. 113/114, de las afirmaciones sentenciales en el sentido que había anticipado en la nota presentada el 19-2-98 la nulidad de cualquier disminución de la indemnización que quisiera oponérsele, y que no había demostrado fehacientemente la alegación que desconocía el contenido del convenio y que no se le había entregado un ejemplar del mismo sino hasta el 17-2-99.

Como consecuencia de todo lo dicho concluye que, al declararse prescrita la acción por el motivo que viene analizando y por aplicación del artículo 4030 del Código Civil, se infringe lo dispuesto en el artículo 4023, segundo párrafo, de dicho digesto; es que, desde su perspectiva, la acción de nulidad fundada en el vicio objetivo consistente en la suscripción del convenio por una persona que a esa fecha había dejado de ser Intendente y carecía de facultades para representar al municipio, prescribe en el plazo de diez años mentado en la segunda parte de esta última norma.

Finalmente, por los argumentos que desarrolla a fs. 114 vta./117, cuestiona lo decidido por el tribunal en relación al segundo vicio que se atribuyó al acto (vicio específico de tipo subjetivo en la exteriorización de la voluntad, consistente en una maniobra dolosa).

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Al respecto, advierto que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 107 y del cargo actuarial inserto a fs. 118; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a y 814 (a contrario) del CPCC; no corresponde efectuar el depósito que marca la ley del rito en razón de que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 282, del 26-7-2000 (cfr. fs. 36 y vta. del incidente de beneficio para litigar sin gastos que tengo a la vista); el escrito casatorio se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por ello, el recurso es admisible; voto porque así se declare.

IV.- A los efectos de resolver la presente pretensión impugnativa, interesa reparar en cómo ha sido estructurado el fallo y en la manera o forma en que decidió el pleito o compuso la litis.

Así, en el considerando 2º puso de manifiesto que la argumentación del actor acerca de la nulidad alegada podía resumirse en dos especies de vicios, uno general en el origen mismo del convenio, al que calificó de objetivo, consistente en su suscripción por una persona -doctor Amado Deguer- que al día 3-11-95 había ya dejado de ser Intendente y, por consiguiente, de representar al municipio, y otro específico de tipo subjetivo en la exteriorización de la voluntad, al que describió como una maniobra dolosa que indujo al actor a conformar por error el efecto liberatorio y la falsedad de algunas enunciaciones de las cláusulas 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del aludido convenio.

A continuación dejó perfectamente aclarado que para resolver adecuadamente la excepción de prescripción sustentada en el artículo 4030 del Código Civil, era menester hacerse cargo preliminarmente del presunto vicio objetivo del acuerdo y de aquellos otros defectos invocados en la demanda que podrían no quedar aprehendidos en el alcance de aquella excepción.

Cumpliendo con lo que había anunciado, en los dos considerandos siguientes (4º y 5º) se abocó al análisis del referido vicio, llegando a la conclusión que el doctor Deguer, al firmar el convenio, había actuado como un funcionario de hecho, de tal suerte que al no ser desconocida por el accionante la caducidad del mandato y que el vicio que comportó su participación en el acto estaba desprovista de gravedad, debía considerarse al mismo como anulable o de nulidad relativa; entendió de esta forma adecuarse a la opinión de cierta doctrina según la cual, si Cabrera ignoraba de buena fe el cambio de autoridades, el convenio era nulo y si, por el contrario, conocía la expiración del mandato del funcionario caracterizado como de hecho debía reputarse anulable, siendo esta última, como se vio, la conclusión a la que llegó la Excma. Cámara, por los motivos expuestos en el considerando 5º.

El considerando 6º fue íntegramente dedicado al tratamiento del llamado vicio subjetivo de dolo; y en el considerando 7º el tribunal se hizo cargo de la excepción de prescripción, a la que en el primer párrafo de dicho considerando le asignó potencial aptitud conclusiva del litigio, para expresar a continuación, en el segundo párrafo, que "Como consecuencia de lo antedicho y sin que implique abrir juicio sobre la existencia de los vicios invocados -en este grado de intensidad-, consideramos que la demanda de anulación de las cláusulas nros 3, 4, 5 ,6 , 8, 9 y 10 del convenio del 03/11/95 debe ser encuadrada en 'la acción de nulidad de los actos jurídicos por violencia, intimidación dolo, error o falsa causa' del artículo 4030 del Código Civil" (cfr. fs. 104 vta.).

Luego de otros razonamientos, en este mismo considerando, a fs. 104 vta. in fine/105, concluyó que correspondía hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción con fundamento en el artículo 4030 del Código Civil y que, además, por todo lo antedicho, correspondía rechazar íntegramente la demanda de nulidad absoluta del convenio del 3-11-95 y la pretensión sucesiva de pago de la suma de $8.702,59, conclusión ésta que se vio reflejada en los puntos I y II de la parte resolutiva de la sentencia en crisis (cfr. fs. 106 vta.).

Ahora bien, de lo que antecede se desprende que la cuestión llevada a conocimiento de la Sala a quo fue resuelta por la misma desde la perspectiva de la prescripción, esto es, se acogió en el primer punto de la resolutiva esta excepción a tenor de lo dispuesto en el artículo 4030 del Código Civil para, en el segundo, rechazar la demanda y absolver a la accionada por las pretensiones de nulidad del convenio y pago de la suma reclamada.

Sin embargo, considero que no resultan suficientemente claras las consideraciones y lo decidido en orden a los vicios alcanzados por la excepción de marras, en los términos del precitado dispositivo civil. Pero más allá de esta circunstancia, a mi modo de ver, cualquiera sea la posición que se adopte sobre el particular, siempre el fallo presentaría déficit susceptibles de conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En efecto; desde un primer enfoque podría decirse que el pronunciamiento, a más de incluir expresamente en lo preceptuado en la primera parte del artículo 4030 del Código Civil al "vicio específico subjetivo en la exteriorización de la voluntad" (cfr. fs. 100 vta.) -de acuerdo se infiere claramente del segundo párrafo del considerando 7º-, también hizo lo propio tácitamente con relación al otro vicio atribuido al acto, vale decir, al "general de tipo objetivo en el origen del convenio" (cfr. fs. 100). Ello así, habida cuenta la referencia sentencial del primer párrafo del mencionado considerando en el que se aludió de manera genérica a la "inconcurrencia de nulidad absoluta" en las constancias de autos y a la "potencial aptitud conclusiva del litigio" de la excepción de prescripción deducida por la Municipalidad de Concepción; pero fundamentalmente, habría que atender al hecho que el fallo impugnado, luego de acoger la defensa en cuestión conforme a lo establecido en el artículo 4030 del Código Civil, procedió a rechazar la demanda, lo que, podría concluirse, sólo resultaría concebible y lógico si se entendiera que el pronunciamiento también juzgó aplicable dicha normativa con relación al llamado vicio general y objetivo porque, de otro modo, no se explicaría cómo se pudo desestimar la demanda receptando positivamente la prescripción de la acción intentada, cuando esta última alcanzaba únicamente al alegado vicio subjetivo y no al objetivo.

En mi criterio tal encuadramiento -de haber sido ésta realmente la voluntad del juzgador, insisto-, devendría incoherente con las propias conclusiones a las que arribó el fallo, ya que a fs. 101 vta. y 103 sostuvo que la caducidad del mandato del doctor Deguer y su participación en el acto era conocida por el demandante y que el vicio que ello importó podía ser caracterizado como anulable o de nulidad relativa, con lo cual vino a descartar todo tipo de error u otro vicio subjetivo en lo que a este tópico se refiere y, por ende, a tornar ilógica la subsunción de esta situación en las prescripciones de una norma que, justamente, regula fundamentalmente el caso de vicios de esta naturaleza y repele a presuntas irregularidades -objetivamente consideradas- vinculadas a la suscripción de un acuerdo por parte de una persona que a dicho momento ya había dejado de ser Intendente y carecía de facultades para representar a la Municipalidad. Además, según la Excma. Cámara, en el supuesto que el recurrente hubiera de buena fe ignorado aquella circunstancia, el convenio sería válido (cfr. fs. 100 vta.) lo que, siguiendo la lógica del fallo, viene a evidenciar que en todo caso no era factible recurrir al artículo 4030 del Código Civil.

Ello, sin dejar de advertir la paradoja intrínseca que esta interpretación o solución representaría con relación a lo expresado en el considerando 3º, y que también devendría contradictorio calificar de objetivo a un determinado vicio, cuando renglones más abajo se hace depender su misma existencia de una nota esencialmente subjetiva, cual es la del conocimiento o no de la irregularidad por parte de Roque de Jesús Cabrera, actor en autos.

La otra interpretación posible, es que el tribunal no hubiera incluido en los alcances de la excepción de prescripción al vicio objetivo sub examine; o dicho en otros términos, que la prescripción incoada no se hubiera considerado comprensiva de la situación relativa a la firma del convenio por un funcionario que ya a ese momento no representaba al ente estatal accionado. Tal posición se encontraría avalada por el contenido del considerando 7º (en especial su párrafo segundo), y por la salvedad efectuada en el 3º al expresar que para resolver adecuadamente la defensa de prescripción, se debía tratar previamente el presunto vicio objetivo y aquellos otros defectos invocados en la demanda "...que podrían no quedar aprehendidos por el alcance inherente a la excepción del demandado" (cfr. fs. 100 vta.).

Pero de haber sido esto así, el fallo lo mismo estaría afectado de un déficit sumamente grave que traería aparejada la necesidad de privarlo de efectos. En efecto; conforme fuera destacado ut supra, la sentencia recurrida respecto del alegado vicio objetivo valoró a la participación del doctor Deguer en el convenio del 3-11-95 como un defecto desprovisto de gravedad y conocido por el actor (cfr. fs. 101 vta.), concluyendo más adelante que "En mérito a ello, nos inclinamos por considerar que la caducidad del mandato del Dr. Deguer no era desconocida por el actor y que el vicio que comportó su participación como representante aparente de la Municipalidad en el convenio del 3 de noviembre de 1995 puede ser calificado como anulable o de nulidad relativa" (cfr. fs. 103).

Por lo tanto, ante estas consideraciones, y si el presunto vicio objetivo no estuviera comprendido en la excepción de prescripción, habría quedado sin sustento el rechazo de la demanda y en pugna con la conclusión previamente alcanzada, según la cual, se consideró que el mentado vicio revestía la condición de anulable o de nulidad relativa y fue conocido por el actor. Es que -siempre situado en esta segunda interpretación posible-, mal se podría haber arribado a este resultado desestimatorio de la pretensión demandada, cuando con anterioridad se había sentado una conclusión como la expuesta, y sin que se hubiera efectuado ninguna otra reflexión al respecto por parte del sentenciante que posibilitara, a pesar de aquella conclusión, no hacer lugar a la demanda, de haber sido ello, por supuesto, factible.

Distinto hubiera sido, en cambio, si la decisión sentencial hubiera descartando que la conducta reputada como viciosa por la participación del doctor Deguer en el acto fuera tal (sin entrar a juzgar del acierto o no de esta afirmación toda vez que, en razón del punto de vista con que se está analizando el fallo, lo que importa es la compatibilidad o incompatibilidad de sus proposiciones), puesto que dicha solución habría eliminado toda ilogicidad, al hacer coherente y viable el rechazo de la demanda sobre la base de la procedencia de la excepción de prescripción articulada al amparo de lo prescripto en el artículo 4030 del Código Civil.

Todo lo hasta aquí considerado torna inoficioso ocuparse de las demás cuestiones planteadas por el agraviado en el escrito casatorio.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 123, de fecha 30-4-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 96/106 vta. de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que contiene consideraciones que no son suficientemente claras en punto a los vicios abarcados por la excepción de prescripción incoada por la demandada, que en definitiva se acoge pero que, en cualquier caso, conduce a resultados incoherentes, no compatibles entre sí, o sin sustento en la estructura misma del fallo atacado". Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al mencionado tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nueva sentencia, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento en lo concerniente a los temas precedentemente referidos.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 89 del CPA y 106, inciso primero, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 123, de fecha 30-4-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, glosada a fs. 96/106 vta. de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos I y II de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados al mencionado tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo, con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO