Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21


--- Trelew, de abril del año dos mil diez.---- --- VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 45 contra la sentencia definitiva dictada a fs. 44, concedido a fs. 46, es fundado mediante memorial de agravios de fs. 47 y vta.------- --- Y CONSIDERANDO: ------- --- I.- La Jueza de grado en atención a que no existe incertidumbre jurídica posible, rechaza in límine la acción declarativa de certeza interpuesta por el Sr. N. J. S., representante de N. Librería S.R.L y dispone se esté a lo dispuesto por la Resolución SRT 432/09. II.- A fs. 47 yvta. se presenta el Sr. N. J. S. en representación de N. Librería S.R.L, con el patrocinio letrado del Dr. A. F. S. y expresa agravios, manifestando que promovió acción declarativa de certeza a fin de obtener un pronunciamiento judicial para dilucidar si corresponde o no que el trabajador que sufrió un accidente de trabajo continúe percibiendo prestaciones dinerarias (sueldo o remuneración) luego de transcurrido el plazo de un año que la ley 24557 fija como máximo para la incapacidad temporaria, no habiéndose otorgado el alta ni determinado la incapacidad, y para el caso que la respuesta sea afirmativa, cuál es la fuente de la obligación: el art. 208 de la L.C.T. o los arts. 13 y 26 de la Ley 24557.------ Se agravia el apelante porque el único motivo esgrimido por la jueza de grado para rechazar la acción, consiste en la mención de la Res. SRT 432/09, con la cual se da a entender que no hay incertidumbre jurídica toda vez que dicha normativa contiene las previsiones aplicables al caso. Puntualiza que en la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia no pudo ser localizada dicha resolución. Que en el sitio web INFOLEG, la búsqueda arroja como respuesta "norma no encontrada". Por último la Superintendencia de Riesgos del Trabajo informa que existe esa resolución pero no está publicada en el Boletín Oficial porque no es normativa, es una sanción a una ART. Argumenta que es una sentencia que carece de fundamento, resultando inválida como acto jurisdiccional y que debe revocarse porque perjudica a su parte al impedir la continuación de la acción.--------- III.- Al interponer la demanda el actor reseña, que la Sra. M. Y. el 29-09-08 sufrió un accidente mientras desarrollaba tareas bajo sus órdenes, recibiendo asistencia médica a través de ART P., realizándose la denuncia del siniestro. Que la nombrada percibió haberes hasta setiembre del 2009 en el marco legal de la ley 24557, y a mediados del mes de Octubre del 2009 la actora solicitó informe a la ART, quien le hizo saber que el 29-09-09 se había cumplido el plazo de 365 días y había finalizado el período de incapacidad laboral temporaria de la trabajadora, según art. 7, ap. 2, inc. c) de la ley citada. Con motivo de esta respuesta, el actor remitió carta documento intimando a la ART para que informe la situación concreta de la trabajadora, comisión médica que la atendía, y si esa ART brindará prestaciones dinerarias a la Sra. Y.. Ante la falta de respuesta, creyó que era de buena fe hacerle saber a la Sra. Y. que en razón de haber transcurrido el plazo de incapacidad laboral temporaria, comenzaba el período de reserva del empleo previsto por el art. 211 de la LCT. La Sra. Y. respondió intimando el pago del salario de Octubre del 2009, dado que según sus dichos no había transcurrido dicho plazo, y por tal motivo abonaron el citado mes. Puntualiza que la incógnita es si corresponde o no el pago de remuneraciones a un empleado que sufrió un accidente de trabajo, luego de transcurrido el plazo de un año que la ley de riesgos del trabajo fija como máximo para la incapacidad laboral temporaria no habiéndose otorgado el alta ni otorgado la incapacidad.- --- IV.- Son requisitos de admisibilidad de la acción declarativa de certeza: un estado de incertidumbre sobre la existencia alcance o modalidades de una relación jurídica; la posibilidad que esa falta de certeza pudiere producir un perjuicio o lesión actual al actor y la inexistencia de otro medio legal para poner término inmediatamente al estado de incertidumbre.-- En tal contexto, esta acción prevista por el art. 325, Anexo "A", ley XIII, Nro. 5, (antes art. 322 CPCC), es un medio para obtener directa y únicamente la declaración del Poder Judicial de que existe un derecho del actor o de que no existe un derecho del demandado, y no escapa al principio de raigambre constitucional que establece la necesidad de que el órgano jurisdiccional no se expida en abstracto. La acción declarativa no cubre planteos académicos o declaraciones abstractas; el pronunciamiento que se haga tiene que referirse a una relación jurídica concreta y siempre que no exista otra vía legal para hacer cesar el estado de incertidumbre que se invoca (CS, Fallos 304:759). La relación jurídica a la que alude el art. 322 del Código Procesal debe ser concreta en el sentido de que, en el momento de pronunciarse la sentencia, tiene que haberse producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya las declaraciones acerca de la existencia o inexistencia del derecho discutido. (CSJN 11-3-82, JL4, pág. 753, Nro. 7652, cit. por Enrique M. Falcón, Cód. Proc..", Ed. Abeledo Perrot-1983 Tomo II; pág.582). Sólo con esa condición puede afirmarse que la sentencia pone fin a una controversia actual, diferenciándose de una consulta en la cual se responde acerca de la eventual solución que pueda darse o un supuesto de hecho hipotético (CS. ED 98-692)..--------- --- El interés que constituye el presupuesto de la acción de la sentencia meramente declarativa de certeza existe cuando el actor se encuentra en un estado de incertidumbre perjudicial que sólo puede ser removido mediante una declaración judicial de certeza. Es decir, en ausencia de la declaración judicial de certeza, el actor sufriría un perjuicio de modo que aquella se presenta como un medio necesario para evitarlo. La declaración de certeza no debe tener, entonces, carácter simplemente consultivo, ni debe importar una indagación meramente especulativa.---------- --- En el sistema vigente la acción declarativa está subordinada a la comprobación por el actor de que no dispone de otro medio legal para poner fin inmediatamente a la situación de incertidumbre de manera que reviste un carácter subsidiario (CS, La Ley, 1984-A, 423).--- La Corte Suprema ha dicho que la declaración de certeza debe "...responder a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes..."; "... es decir que la acción declarativa prevista por el art. 322 del Código Procesal requiere que se reúnan estos tres requisitos: a) que concurra "estado de incertidumbre" sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, entendiéndose por tal a aquella que se concreta en el sentido que en el momento de dictarse el fallo, se haya producido la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho disentido; b) que haya interés jurídico suficiente en el accionante, en el sentido que la "falta de certeza" pudiera producir en perjuicio o lesión actual al actor, entendiendo que la actividad del interés jurídico no depende a su vez de la actualidad o eventualidad de la relación jurídica; y c) que se verifique un interés específico en el uso de la vía declarativa, lo que solamente ocurrirá cuando el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente" (Del dictamen del Procurador General, CS mayo 21-987, cit. por Morello, Sosa, Berizonce; "Cód. Proc..", Librería Editora Platense-Abeledo Perrot-1992, Tomo IV-A, pág. 415 y vta.).---- V.- En orden al primero de los requisitos señalados, esta acción, tiende a obtener la seguridad, exactitud o el convencimiento en grado suficiente para remover aquello que pone en duda la existencia, eficacia, modalidad, oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico.---------- Sin embargo, el estado de incertidumbre al que alude la norma de marras, no equivale a esta inseguridad o imprecisión litigiosa genérica de cualquier relación jurídica y que así se impone en orden a la variabilidad de criterios que desde el razonamiento jurídico-práctico-prudencial- se pueden ensayar y por lo cual, la tesis de solo el resultado de una respuesta correcta en la decisión, deviene inaceptable por la incuestionable realidad de la praxis judicial, que hacen de la argumentación forense la plataforma suficiente de la respuesta posible en correcta. Si ello fuera de este modo se desnaturalizaría por completo el ordenamiento procesal civil toda vez que debería aceptarse que -frente a cualquier duda- la acción meramente declarativa funcionara como paso previo para la satisfacción de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones. Con ello, la dubitación constante sería una práctica judicial amparada procesalmente, lo cual, huelga por su dislate (Conf. STJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, autos: "Vázquez Carlos Armando c/ Trust & Devolopment SA - acción declarativa de certeza - EXPTE. 182711/36 - Recurso Directo" 10-06-08, La Leyonline.----- Para que se configure el estado de incertidumbre debe existir en el actor una duda seria y genuina acerca de la extensión y alcance de la relación jurídica, y no una pretensión de un derecho. Es decir se puede proponer una acción de declaración de certeza cuando el actor tenga interés en ello. Y ese interés, enseña la doctrina especializada "deberá considerarse existente siempre que esté presente la falta de certeza...." (Conf. HEREDIA, Pablo - AREAN, Beatriz, comentario al art. 322 en Elena I. HIGHTON - Beatriz A AREÁN, "Código Procesal." Ed. Hammurabi-2006, T. 6, p. 322). Por lo tanto, es indispensable que la incertidumbre no sólo cuente con un reflejo objetivo sino que, además, justifique y fundamente el interés del actor en accionar desde una perspectiva subjetiva.------- --- Admitir la viabilidad de la acción cuando el demandante no duda sobre la relación que le afecta o compromete, implicaría claramente desnaturalizar la utilidad a la que está destinada esta vía. En este orden de ideas, cabe reiterar que la jurisdicción de mera declaración se centra en la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre, con una decisión que, sin añadir nada a lo ya acontecido, se limita a la declaración de "certeza" sobre lo hasta entonces sucedido toda vez que su objetivo no está en indagar si el derecho pregonado es cierto o no, sino que sólo finca en la inseguridad derivada de una situación incierta.---------- La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria siguen esta línea de pensamiento, habiéndose resuelto en análogo sentido que: "...si el fundamento de la demanda que se promueve es la satisfacción de un derecho que se afirma existente, no existe ningún estado de incertidumbre a subsanar, siendo la vía correcta, por tanto, la pretensión de una sentencia de condena" (CNCiv., Sala E, in re: "King SRL c/ Municipalidad de Buenos Aires", 30/10/87, JA 1989-I-388); "...Si el fundamento de la acción meramente declarativa que se promueve es la satisfacción de un derecho que se afirma existente, cabe concluir que no existe ningún estado de incertidumbre a subsanar, siendo la vía correcta, por consiguiente, la pretensión de una sentencia de condena" (CNCiv., Sala F, in re: "Federación Metropolitana de Voleibol c/ Confederación Argentina de Voleibol", 30/05/95, JA 1999-I-síntesis).---- En conclusión, para que se configure el recaudo de "estado de incertidumbre" a más del basamento objetivo debe verificarse la incertidumbre subjetiva; esto es la inquietud o inseguridad del sujeto acerca de la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica. En consecuencia, no verificándose el estado de incertidumbre en su faz subjetiva que dé causa a la acción intentada, ésta debe ser desestimada.- En el supuesto de autos, no se avizora cual es la duda del apelante. En el escrito de inicio, asume una posición concreta y desarrolla una versión propia categórica sobre la existencia y alcance de la relación jurídica y sus obligaciones (ver fs. 40vta/41 y documental de fs. 09). Dicho de otro modo, los propios dichos del demandante -que afirman una serie de hechos de manera clara y precisa- excluyen la existencia de un estado de incertidumbre. El actor afirma categóricamente que, indagó respecto de la situación legal de la trabajadora y en el marco de la buena fe puso en conocimiento de la Sra. Y. cual era su situación laboral luego de cumplido el año de sucedido el accidente de trabajo. De tales actos no se avizoran dudas ni incertidumbres que puedan o deban ser despejadas por la vía de la acción declarativa de certeza. Las únicas dudas que -eventualmente- podría sostenerse que abriga el actor serían, no son las generadas objetivamente por la relación, sino las provocadas por la conducta asumida por la demandada a raíz del desconocimiento e intimación efectuado por ésta según carta documento obrante a fs. 10. Es decir, en el caso existiría desacuerdo sobre los efectos legales que cabe atribuir al comportamiento de las partes con motivo del accidente sufrido por la trabajadora vigente el contrato laboral, y ello ha de ser resuelto - a todo evento- por una declaración jurisdiccional de condena o absolución, toda vez que no constituye una incertidumbre susceptible de ser declarada jurisdiccionalmente por la vía de la acción prevista en el art. 325, Anexo "A", Ley XIII, Nro. 5, (antes art. 322 del CPCC).------ En orden a la Resolución citada por la "a quo" en su decisión y que el apelante sostiene corresponde a una sanción impuesta a una ART, que no ha sido publicada por el Boletín Oficial, es evidente que se ha deslizado un error de pluma, pues con esa numeración pero en el año 1999, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictó la resolución que aprueba el "Manual de procedimientos para los trámites en que deban intervenir las Oficinas de Homologación y Visado", para determinar la incapacidad parcial, permanente y definitiva derivada de accidentes laborales. Que lo reseñado permite concluir sin hesitación alguna que los fundamentos esgrimidos por el apelante no alcanzan a conmover la decisión de la jueza de grado, razón por la cual ha de confirmarse el decisorio de fs. 44. Las costas derivadas de la actuación ante esta Alzada se imponen al apelante, regulando los honorarios del letrado en mérito a la extensión, calidad y eficacia de la labor desarrollada y al resultado obtenido.--------- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, RESUELVE:

--- I.- Confirmar el decisorio de fs. 44. --- II.- Imponer las costas de la Alzada al apelante (art. 68. C.P.C.C.), regulando los honorarios del Dr. A. F. S., patrocinante del apelante, en mérito a la extensión calidad y eficacia de la labor desarrollada y al resultado obtenido, en la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50.-) (Art. 5, 6, 8, y conc. de la Ley XIII Nro. 4; antes arts. 6, 7, 9, y conc. ley 2200).----- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------- --- REGISTRADA BAJO EL Nº 012 DE 2010 - SIL.- CONSTE.-	VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA