Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 359/364. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diesciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ENRIQUE, GLORIA CLORINDA contra ZUVIRIA DE BARO, JUANA -USUCAPION- (EXPTE. N° 168/15) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00994312-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Netri y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 274, págs. 498/500 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el fallo de fecha 29 de junio de 2016 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, al verificar que -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, oído lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 225/228 vto.). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Surge de las constancias de autos que la señora Gloria Clorinda Enrique inició demanda de prescripción adquisitiva contra la señora Juana Zuviría de Baro y/o quienes se crean con derecho sobre el bien inmueble ubicado en calle Alberti nro. 3451, inscripto en el Registro General, Sección Dominios, Departamento La Capital bajo el T. 179 P F°01058, N° 024103, año 1953. Manifestó que adquirió la posesión del inmueble detallado a comienzos del año 1970, poseyéndolo desde entonces "animus domini" de manera pacífica, pública, continua e ininterrumpida, acompañando prueba al respecto. Luego de ser contestada la demanda por el defensor de ausentes, ofrecidas las pruebas y habiendo alegado las partes, en fecha1de julio de 2015, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de Santa Fe resolvió hacer lugar al reclamo y, en consecuencia, declarar que se ha operado la prescripción adquisitiva del inmueble objeto de la acción a favor de la señora Gloria Clorinda Enrique. Recurrido dicho fallo por el defensor de ausentes, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial acoger el recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la sentencia impugnada rechazando la demanda, con costas a la actor. 2. Contra tal pronunciamiento interpuso la accionante recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, por considerar que el fallo atacado lesiona su garantía de defensa en juicio, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente al no valorar prueba relevante para la decisión del caso y sustentarse en afirmaciones meramente dogmáticas y de excesivo rigor formal. Alega la recurrente que la Alzada arribó a la decisión de rechazar la demanda por apreciar que, de acuerdo a la regla de la inmutabilidad de la causa de la relación real (artículo 2353 del Código Civil), su parte no acreditó que, habiendo accedido al inmueble objeto de la usucapión como mera tenedora, luego hubiera efectuado la "interversión del título" -excepción a aquella regla- (artículo 2458 del mismo cuerpo legal), y que tal argumentación es arbitraria al haber realizado los juzgadores una valoración segmentada y parcial de la prueba y de las constancias de autos. A continuación detalla los elementos que a su criterio fueron preteridos en su valoración por el Tribunal a quo: a) la celebración en el año 1980 de un convenio de pago en un apremio fiscal iniciado por la Municipalidad de Santa Fe, circunstancia que denota, por un lado, el abandono de la titular registral del inmueble y, por el otro, el animus domini de su parte; b) los recibos de pago de impuestos que también datan de más de treinta años antes de la promoción del presente juicio y en los que consta que fue Enrique quien efectuó los pagos respectivos. Destaca que obran en la causa los informes de la Municipalidad de Santa Fe y de la Provincia de que el inmueble no posee deudas. También se agregaron comprobantes de pago de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias que se encuentran directamente a su nombre debido a que fue ella quien se encargó de la instalación respectiva; c) las mejoras que efectuó al inmueble, las que surgen de la documental acompañada (facturas de compra de material de construcción y de material eléctrico; el plano de la instalación eléctrica aprobado por la Municipalidad en el año 1980 -a su nombre-; las boletas de pago de la tasa municipal en las cuales el inmueble al 14.09.90 contaba con 37 m2 de superficie cubierta y al 09.09.99, consta que poseía 54 m2; el plano de mensura); la testimonial del testigo Farioli; la confesional de la actora; la constatación judicial; d) las testimoniales aportadas: afirma que la aseveración del a quo relativa a que los dichos de los testigos relatan hechos que no pasaron por sus sentidos es falsa dado que el testigo Farioli declaró que por su trabajo como sodero fue en numerosas ocasiones al inmueble y veía la realización de mejoras en el mismo; e) los contratos de alquiler acompañados que acreditan que dio en locación el fundo desde hace ocho años a una familia; e) la falta de oposición del defensor de ausentes; f) la incomparecencia de la demandada y de cualquier persona con interés en el inmueble. Asevera que de acuerdo a todas estas probanzas, la afirmación del fallo relativa a que su parte no acreditó su carácter de poseedora y que podría estar actualmente sublocando el inmueble, es irrazonable y arbitraria por apartarse de las constancias de la causa y de los elementos agregados. Advierte que "la posesión data al menos del año 1980" y que, como se detalló, celebró un convenio con el Municipio y encargó la instalación eléctrica del inmueble en ese año, puntualizando que "...Si bien no se utilizó la terminología específica de 'interversión de título' la misma surge palmariamente de las constancias de autos y del material probatorio aportado", por lo que la desestimación de la demanda con ese sustento constituye -a su criterio- un exceso ritual manifiesto...". Cita en apoyo de su postura la sentencia dictada por esta Corte en la causa "Banchio c. Cullen de González Taboada - Demanda de Usucapión- s. Recurso de inconstitucionalidad", A. y S. T. 268, pág. 289, del 31.05.2016, por entender que guarda similitud con el presente caso y por tratarse de un antecedente de reciente data. 2. La Sala por auto nro. 267, de fecha 24.10.2016, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a esta instancia de excepción. 3. Asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento impugnado no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción garantizado constitucionalmente al presentar vicios que lo tornan descalificable a través de la doctrina de la arbitrariedad. En efecto, si bien es cierto que los agravios de la compareciente remiten a la consideración de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas como regla y por su naturaleza al recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, en el caso corresponde hacer excepción a dicha máxima atento a que, de la confrontación entre los fundamentos de la sentencia atacada con los agravios vertidos en el remedio extraordinario, a la luz de las especiales circunstancias del presente, surgen acreditados defectos en la motivación del fallo que confieren andamiento al referido recurso excepcional. Ello así, desde que las razones dadas por el Tribunal en sustento de lo decidido no se presentan como una derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, el fallo recurrido debe ser anulado (Fallos:238:550; 249:275; 302:867; A y S. T. 211, pág. 485; T. 8, pág. 384; T. 247, pág. 160, etc.). En efecto, ante todo cabe señalar que la Sala efectuó un correcto encuadre normativo del caso, analizando en un plano teórico el instituto de la prescripción adquisitiva, con cita de doctrina y jurisprudencia, concluyendo que para que prospere la acción es preciso que el actor acredite el animus domini, el corpus posesorio y que la posesión ha sido pública, pacífica, ininterrumpida y continua, como así también cuándo empezó a poseer para sí, a fin de tener por cumplido el plazo legal. Al referir al caso concreto, destacó que de la absolución de posiciones de la señora Gloria Clorinda Enrique surge que ésta ingresó al inmueble como tenedora a través de un contrato de alquiler efectuado con quien es la titular dominial del inmuble que pretende usucapir. De allí que entendió que debía considerarse, a la luz del material probatorio colectado, si la actora había hecho interversión de su título por los actos pretendidamente posesorios que dice haber efectuado. Y luego de considerar las normas legales vinculadas con este tópico -nuevamente con apoyo en doctrina y jurisprudencia- destacó que resulta necesario que el tenedor realice un acto positivo de voluntad que revele el propósito de contradecir la posesión de aquél en cuyo nombre se tenían las cosas, de manera que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo de su facultad de disponer de ella. Sentado lo cual, pasó a analizar la prueba reunida en la causa a efectos de comprobar si en el caso la actora había logrado demostrar actos de interversión del título por el cual entró como tenedora al inmueble. Y es aquí donde se produce el déficit de fundamentación que conduce a la descalificación desde una óptica constitucional de lo decidido. Ello así toda vez que la Sala efectuó un análisis parcializado de la prueba, descalificandolas una por una en cuanto al valor de las mismas a efectos de acreditar que la actora poseyó a título de dueña, pero sin entrelazarlas entre sí con una visión totalizadora e integradora, como exigen los casos como el presente. Es que una correcta valoración de los elementos probatorios incorporados a los autos requiere una apreciación equilibrada e integral de éstos, a efectos de lograr una sentencia que sea una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias acreditadas en la causa. Por ello, no resulta aceptable que se haya dejado de considerar expresamente una prueba de fundamental importancia para la suerte de la litis consistente en un recibo de pago del departamento de apremios fiscales de la Municipalidad de Santa Fe a nombre de la actora, por costas judiciales correspondientes a un juicio de apremio, de fecha 18.8.1980 (f. 3), dado que no es razonable inferir que quien no actúe con ánimo de dueño del inmueble en cuestión se haga cargo de esa deuda -y de tributos atrasados- a efectos de evitar en última instancia la ejecución forzada del inmueble. Sin embargo la Sala nada dijo al respecto. A lo que se suma que las mejoras acreditadas, los demás impuestos abonados, los comprobantes de la DIPOS a nombre de la actora, el contrato de locación celebrado con terceros, la prueba testimonial brindada -en especial el testigo Farioli que, contrariamente a lo sostenido por la Alzada, relata hechos pasados por sus sentidos-, el plano de mensura y la constatación judicial, no pueden sino ser analizados con visión integradora, dado que si bien cada uno de los elementos incorporados a la causa, aislados, no prueban por sí solos la interversión del título y la posesión requerida para usucapir, cierto es que no se llegaría a la misma conclusión si se los valorara en forma conjunta, a la luz de las normas legales involucradas, como corresponde hacer en estos casos. Cabe recordar al respecto que si bien no es misión de esta Corte señalar a los jueces de la causa el mérito concreto que tienen las probanzas de autos, sí lo es -por imperio constitucional y legal- controlar si el decisorio impugnado tiene debida fundamentación, aspecto que, por lo dicho, en la especie no aparece adecuadamente satisfecho (cfr. A. y S. T. 150, pág. 352; T. 157, pág. 437, etc.). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala Primera. Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación, de Santa Fe.