marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, carácter resarcitorio, propiedad intelectual, obras intelectuales
Materia: CIVIL
Carátula: Offenhenden Moisés c/ Radio Rivadavia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-20

El término propiedad debe entenderse en el sentido amplio incluidos los derechos intelectuales. Por tanto y al no estar en discusión una revista es un sujeto de derechos distinto de su titular y que, de todos modos, a él le corresponde la propiedad intelectual, existe la posibilidad de daño, en el sentido de los artículos 1068 y 1078 del Código Civil.

La propiedad intelectual goza, además de un aspecto patrimonial, uno de orden moral del autor, quien puede verse lesionado - incluso en su propia fama - por la pésima impresión que podría causar en el público la labor de su intelecto, al ser inducido a ello por una crítica injusta, minimizante y lesiva. No se trata de la protección brindada a "una cosa" en el sentido de objeto material susceptible de tener un valor (art. 2311 del Código Civil) como lo es la publicación en su materialidad, sino la que la ley otorga al titular de un derecho intelectual, que ha visto menoscabada injustamente su obra, y el resultado de ese trabajo, la revista, no puede ser considerada como una mercadería, separada de la persona que la ha producido. La obra creativa, cualquiera sea su importancia, es merecedora de respeto y de la tutela de la ley.

La presencia del aspecto moral es lo que marca la sustancial diferencia entre el derecho real de dominio y el derecho intelectual. Y el título de una obra, la identifica, la distingue de otras, tanto en el aspecto intelectual como en el tráfico mercantil.

Cumple función análoga el nombre de una persona. De allí que la agresión injustifica contra la revista, mencionándola por su nombre, repercute sobre su titular.

El periodismo y la crítica no deben descender a las expresiones chabacanas ni a las chanzas de mal gusto, como que es propia de los medios masivos de comunicación social, una función cultural, que siempre debe velar por la buena educación. No deben ser utilizados los nombres de las personas para provocar el ridículo, ni para resentir la personalidad de los ciudadanos a quienes la crítica está destinada.

Un exceso, no por reiterado, deja de ser tal. De allí que si una expresión grotesca, burlona y que objetivamente menoscaba, en sus afecciones legítimas, a quien va dirigida, alcanza a tener la entidad del daño moral, a que alude el art. 1078 del Código Civil, y justifica acceder a su reparación, sin que sirva de excusa la gran difusión que, lamentablemente, tiene eses tipo de chanza.
Indemnización, monto de la indemnización, monto indeterminado, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, TIBURCIA s/ ACCION CIVIL. GENERALIDADES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-18

La indemnización por daño material y moral procede solamente cuando se precisa el monto de la reparación, y si de alguna manera se aportan pautas para determinar el monto dinerario del reclamo
Declaración policial, facultades de la autoridad de prevención, prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Costanzo,  José Luis; Fernández, Alejandro Salvador y Rodríguez, Juan Antonio s/ robo calificado automotor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Si la facultad policial de tomar declaraciones existía al momento de recibirse la cuestionada, y su supresión obedeció a razones de política legislativa, no se deriva ninguna infracción constitucional de la valuación como elemento de juicio cargoso de las admisiones que el procesado hiciera en el transcurso de un acto procesal válido.
Conflicto de poderes, competencia, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El conflicto de poderes se funda en la obstrucción de las competencias propias y exclusivas de uno de los Poderes del Estado, por parte de otro Poder, que, con su accionar, interfiere en el ámbito del primero turbando el ejercicio autónomo de sus potestades. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berguñan, Ana c/ William, Omar s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

Si el actor en una demanda de desalojo invocó su calidad de propietario como condición legitimante y el demandado -por su parte- también se dijo propietario del mismo bien, denunciando como simulado el título del actor, la Cámara no viola el principio de congruencia (art.166 inc.6º del Código Procesal Civil y Comercial) al adentrarse en el tema de la posesión y la tradición porque, en atención a la forma en que la litis fue trabada, su análisis y resolución era necesario.
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo, empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Patiño Martinez, María Cristina y otros c/ A.R.C.A.S. S.R.L. y otra s/ Despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

El art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en ambos casos en que contempla la solidaridad, alude incuestionablemente al establecimiento, determinando en los dos supuestos los mismos efectos jurídicos, ya se trate de cesión total o parcial o de contratación o subcontratación.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo, Derecho constitucional, división de poderes, revisión judicial, administración judicial, facultades discrecionales, facultades reglamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

El margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en cuanto a la oportunidad de emisión de un reglamento debe desenvolverse dentro de estos límites temporales - plazo estipulado en la norma o en su defecto plazo razonable-, y compete al Poder Judicial verificar, en las causas traídas a su conocimiento, si éstos han sido vulnerados. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Acción de amparo, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ DE MORANTE, OLGA BEATRIZ c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/U OTROS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-15

El artículo 36 de la ley de Honorarios Profesionales Nº 21.839 establece concretamente, los honorarios mínimos a regular a favor de los profesionales del derecho, lo que significa que, el mínimo legal de los honorarios puede ser modificado por un monto superior pero nunca por una suma menor, pues caso contrario podría menoscabarse la dignidad del abogado reconocida por nuestros códigos procesales nacionales y provinciales concordantes.
Conflicto de poderes, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., C.A. y Otros -Diputados Provinciales- s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-23

Morigerando el rigor de los procedimientos civiles, se ha admitido la legitimación ad processum de los mismos funcionarios competentes, atendiendo a su investidura y a esa representación institucional. Hay un apartamiento en estos procedimientos peculiares, de los conceptos clásicos de personalidad jurídica del Estado, a la que cada uno de sus diversos órganos independientemente considerado integra. Esto es, en concreto, que la legitimación para denunciar -o contestar o informar- en los Conflictos de poderes o de competencias, debe determinarse en cada caso, según los contendientes, atenta la descomposición orgánica del caso, con la representación del funcionario -órgano individuo- que resulte de la norma atributiva de competencia para ejercerla.
Defensa del consumidor, astreintes
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Banco Francés S.A. c/ DNCI-Disp 1210/03 (Exp 64-010857/98)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-28

En un juicio iniciado por una sanción aplicada en los términos de la ley 24.240 las astreintes sólo deben computarse por el período comprendido entre la fecha en que la actora fue notificada de la imposición de las astreintes y la fecha en que se publicó la aplicación de la multa.
Estafa, petardismo, ardid, engaño, perjuicio económico, pasajero de taxi
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRETE, Claudia s/ Desestimación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

Debe revocarse la desestimacion de la denuncia por inexistencia de delito dictada por el a quo en relación al delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal en la variante denominada por la doctrina y la jurisprudencia como 'petardismo o gorronería'.

La conducta típica desplegada por el agente (no abonar un viaje de taxi, exteriorizando la decisión de no cumplir con el pago una vez terminado el recorrido solicitado) ha sido idónea para provocar, por error, un perjuicio patrimonial, toda vez que aparece en estos casos una voluntad inicial de no pagar que se encubre con la apariencia de solvencia que todo pasajero tiene al abordar este tipo de .vehículos.

El ardid consistió en aparentar una intención de pago al solicitar el traslado, con el conocimiento cabal de la imposibilidad de su concreción al momento de arribar al destino. Establecido así el viaje, el conductor engañado lo concreta sufriendo finalmente un perjuicio en su patrimonio. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Responsabilidad civil, culpa civil, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Rucki, Juan c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

No existe en la hipótesis una inversión del "onus probandi" sino por el contrario una aplicación de los principios comunes, que en materia de culpa subjetiva directa rigen la materia, corresponde pues la carga de la prueba de quien alegue un perjuicio sufrido; es decir a quien impute el mismo a otro sujeto responsable. Y ello es así ya que no existe en este tipo de situación elemento alguno que justifique apartarse de los principios generales relativos a la individualización de la culpa.
Cuerpo del delito, plena prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sixto César Oyarzo Vera s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1986-12-09

Es necesario recordar que el cuerpo del delito no es solo la demostración de la preexistencia de los objetos sustraidos, sino también el apoderamiento ilégitimo de la cosa en presencia de su autor; y entonces, se hace necesario demostrar con plena prueba, de carácter directo e inmediato que la materialidad del accionar delictual se ha configurado.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procuración General de la Suprema Corte de Justicia s/ Inconstitucionalidad art. 10 de la ley 8085 Procuración General de la Suprema Corte de Justicia s/ Inconstitucionalidad art. 10 de la ley 8085
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03|1996-12-03

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Procurador General de la Suprema Corte impugnando una disposición de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, encuadra en lo dispuesto por el art. 685, primer apartado, del Código Procesal Civil y Comercial, en atención al evidente carácter institucional que la cuestión planteada reviste, puesto que el actor alega el ejercicio de las atribuciones propias del cargo que constitucionalmente inviste, las que se verían menoscabadas -según su criterio- con la aplicación de la norma que cuestiona.
Tarjeta de crédito, intereses, modificación de la tasa de interés, acción de impugnación
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  SAC Y T. c/ PEREZ GALINDO, CARLOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

La posibilidad de reducir judicialmente los intereses pactados, no resulta aplicable a los réditos liquidados en resúmenes de cuenta de la entidad emisora de una tarjeta de crédito, no reclamados por escrito en tiempo oportuno, pues al no haberse deducido la acción prevista por el ccom 790, rige al respecto la cláusula del contrato de tarjeta de crédito, en cuanto considera plenamente aceptado por el usuario el monto consignado en las condiciones de afiliación como la suma líquida y exigible adeudada a la fecha de facturación (cciv.

1197).
Nulidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stefanos Importación y Exportación c/ Secretaría de Rec. Nat. y Amb. H.de la Presid. de la Nación Res. 47/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Las nulidades en nuestro derecho no están tasadas ni enumeradas taxativamente pero el principio es que hay que declararlas con criterio restrictivo. Como principio general, la gravedad del vicio invocado debe estar en relación directa con la gravedad de la sanción, más no siempre es así, ya que deben considerarse, entre otras cosas, las circunstancias del caso. No basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias de trámites, impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se anula (confr.

Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Tomo I, Buenos Aires, 1985, págs. 158, 294 y 303). (cons. 4º).
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Pascuali Saba y/o quien resulte propietario s/ Apremio Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Paletta, Humberto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23|2001-03-13

En el juicio de apremio únicamente es oponible la excepción de pago total documentado, exigencia que solo se considera cumplida en cuanto la accionada aneja recibos emanados de su acreedor con expresa referencia al título de que se trate, en los que conste el reconocimiento de haber recibido la prestación debida y que permitan establecer su cancelación total y no parcial (arts.6º inc. C, ley citada; arg. art.725 del Código Civil), ello sin desmedro, de que lo oblado por el ejecutado sea considerado en oportunidad de practicarse la respectiva liquidación de la acreencia.
Derechos y garantías constitucionales, daños y perjuicios, principio de legalidad, obligación de no dañar, garantía de inviolabilidad de la propiedad, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa González, Domingo Avelino  c/ Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

El deber estatal de responder por los daños y perjuicios que ocasiona con su accionar encuentra su primer fundamento en los principios de legalidad, inviolabilidad de la propiedad e igualdad previstos en los arts. 19, 17 y 16 y ccs. de la Constitución Nacional, respectivamente (Voto del juez Rosatti).
Expresión de agravios, autonomía del recurso, declaración genérica
Materia: CIVIL
Carátula: Barbero Raúl Agustín c/ González Roberto Carlos y/o quiroz Mirta E. y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-12-21

Es sabido que los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica. Tal suficiencia se relaciona a su vez con una necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia, no pudiendo considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y disgresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: José J. Chediak  S.A.I.C.A. c/ Estado  Nacional  (Comando  en  Jefe  de  la Fuerza Aérea Argentina). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

Corresponde descalificar la decisión que ha prescindido de la consideración de pretensiones oportunamente propuestas por los justiciables y conducentes para la solución del litigio .
Sentencia arbitraria, pericia mecánica, dictamen pericial, apartamiento de las constancias de la causa, daños y perjuicios, Automóvil Club Argentino, desvalorización del automotor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cosidoy Fassler, Ismael c/ Automóvil Club Argentino. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Es arbitraria la sentencia que - si bien entendió acreditado que el remolque del automotor había sido realizado de modo incorrecto - absolvió al Automóvil Club Argentino de responsabilidad respecto de los daños sufridos en el vehículo de un socio plenario, si no intentó siquiera justificar su apartamiento de lo dictaminado por el perito mecánico.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, competencia, competencia contencioso administrativa, BANCO DE SANTA FE SAPEM, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: IBM ARGENTINA S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-10

La recurrente se empeña en sostener que el caso es de competencia de los tribunales ordinarios, mas con argumentos que confrontados con las circunstancias del sub lite y con los antecedentes de este Tribunal puntualmente citados por la Sala, resultan insuficientes para descalificar las razones brindadas por ésta a la hora de desestimar su planteo, toda vez que no logra acreditar que se trate en el caso de un mero cobro de cánones locativos o de un supuesto excepcional que pueda resolverse exclusivamente en el ámbito del derecho privado, toda vez que el Banco niega categóricamente adeudar la suma reclamada con sustento en que -conforme a lo oportunamente convenido entre las partes- optó por rescindir el contrato, por lo que nada puede reclamársele con posterioridad a dicha rescisión, lo que nos lleva a no poder escindir el acuerdo de partes y su interpretación con el reclamo formulado, ni efectuar una visión parcializada y aislada de la pretensión ejercida por la actora -tal como ésta pretende- por lo que la procedencia o no de ésta deberá analizarse en el ámbito propio de lo contencioso administrativo, sin que resulte óbice a ello que haya existido un pacto de prórroga de competencia a los tribunales ordinarios o sometimiento a un tribunal arbitral dado que esto no puede alterar la competencia constitucionalmente prevista en el artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial, como así tampoco la oportunidad en que se plantea la cuestión, dado que ésta es de orden público, puede ser declarada aun de oficio y resulta improrrogable.
Procuración del Tesoro, informalismo a favor del administrado, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Damarco- Conte Grand- c/ Grandes Pinturerías del Centro S.A. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado en aplicación del principio de informalismo del art. 1, inc. c) de la ley 19549 que no es menester calificar jurídicamente las peticiones, y que los recursos han de interpretarse no de acuerdo con la letra de los escritos, sino conforme la intención del recurrente, como modo de no frustrar los remedios procesales que la ley le acuerda a los administrados.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mustafa, Carlos R. s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

La sentencia no vulnera los arts. 168 ni 171 de la Constitución provincial si la Cámara mediante la invocación de diferentes elementos probatorios -de cuyo análisis se desprende su naturaleza jurídica- tuvo por acreditados los hechos que la víctima relató, los que encuadró en el art. 144 bis inc. 2 del Código Penal, a propósito del cual efectuó una descripción.
Relación de dependencia, prueba, declaración testimonial, declaraciones contradictorias
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo Héctor Daniel c/ Zorzón Ricardo Alberto y/o Supermercado Zorzón y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-18

No prospera el agravio de la parte demandada, quien se duele porque la sentencia de grado declara haber relación de dependencia con el actor. Ello así, ya que siendo eficaces positivos y terminantes los dichos de los testigos no se ve porqué se ha de prescindir de ellos, si los otros correspondientes a los testigos que declararon a instancia del demandado, no son suficientes para contrarrestarlos. Va dicho con esto que la Juez a-quo ejerció en forma razonable la facultad de haberse inclinado por receptar los dichos de los testigos que declaraon a instancias del actor.
Prueba testimonial, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Badin, Maximiliano Carlos c/  s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

Corresponde rechazar el cuestionamiento de la validez de las declaraciones recibidas en la etapa instructoria, puesto que las probanzas que se pretenden anular no han sido incorporadas al debate, de tal suerte que no se ha verificado la misma situación que dio lugar a la doctrina del fallo "Benitez" de la Corte Suprema (voto de la jueza Garrigós de Rébori). Cita de "Benitez", CSJN, Fallos: 329:5556
Beneficio de litigar sin gastos, beneficio provisional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lista, Gustavo Omar c/ Ceroni, Juan Carlos s/ Ejec. de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El hecho de que la ejecución se promoviera cuando el beneficio aún no se había otorgado no empece a la procedencia de la defensa articulada, toda vez que la norma del art. 83 del Cód. Proc. es aplicable hasta que se dicte resolución en el pedido de litigar sin gastos. La desidia, la lentitud o las omisiones en que pueda incurrir la parte interesada, podrán motivar las pertinentes decisiones del juzgado dictadas de oficio o a petición de la contraparte, pero no autorizan a suspender la aplicación del beneficio provisional; es decir, que desde su solicitud y hasta que se dicte resolución surte efectos el beneficio provisional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, Mamberto Nelo s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Es admisible en los términos del art. 341 del C.P.P. el recurso dirigido contra el fallo que rechaza la revisión dejando subsistente una pena de prisión que supera el mínimo legal para recurrir y la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado sin que revista trascendencia que la revisión persiguiese únicamente que se deje sin efecto dicha accesoria de reclusión, pues ese precepto legal no establece exigencia alguna respecto del contenido de la impugnación.