marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de instrumento público, acta notarial, uso de documento falso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " MONTORO HERGUETE, Claudio s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

Lo que castiga el artículo 296 del código sustantivo es el empleo del documento en el tráfico jurídico, bastando la realización de cualquier acto jurídico para el cual el instrumento es reconocido como valioso, ya sea presentándolo a las autoridades para su registración o intentando hacer valer los derechos que emanarían de él por vía jurisdiccional o privada (Conf. Carlos Creus "Derecho Penal. Parte Especial", Tomo 2, ed. Astrea, Buenos Aires 1.996, pag.473), lo cual se verifica cuando el imputado se presentó ante la entidad estatal denunciante haciendo valer actas notariales adulteradas a fin de obtener reconocimiento legal, independientemente de quien resulte ser el particular afectado.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: PENAL
Carátula: ODDONE, Héctor Orlando s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1978-05-26

Desde que la potestad jurisdiccional de la Alzada se abre y pone en movimiento en la medida en la que, expresa y razonadamente, se ataca la sentencia del a-quo y sus fundamentos, el escrito de expresión de agravios que no realiza un análisis crítico a fin de evidenciar la injusticia del decisorio es insuficiente en orden a lo que se ha referido, correspondiendo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor representante del particular damnificado, con costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, acción reivindicatoria, cesión de boleto, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez Schwantz, Sixto c/ Benegas, Lidia y Otro s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-29

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la acción reivindicatoria en donde el actor fundamentó su legitimación para promoverla en la cesión del boleto de compraventa que se le efectuara. Ello es así, pues, no habiendo acreditado aquí la cadena sucesiva y regular de transmisiones desde el titular registral, mal puede sostenerse que se le haya cedido la titularidad de una acción, si no se acredita que ésta estuviera en cabeza del transmitente. No existe ningún elemento en esta causa que permita vincular al Sr. M. (quien le cediera los pretendidos derechos) con el titular registral. Y esto es lo decisivo.
Recurso de queja (procesal), tribunal de superintendencia notarial, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia transitoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Escribano Waiman, Enrique Alberto Elías s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

El Tribunal de Superintendencia del Notariado es el mismo Tribunal Superior de Justicia. No hay dos órganos sino, en rigor, un único tribunal -el propio Tribunal Superior de Justicia- que, de forma transitoria, ejerce una función de superintendencia con respecto a la actividad notarial.

El hecho de que el Tribunal haya decidido que para ejercer este competencia transitoria él se integre con sólo tres miembros solo se debe a razones operativas.

Es decir, a las competencias constitucionales (art. 113 de la Constitución de la Ciudad), reglamentadas por la ley 402, se le añade otra, de forma transitoria y de carácter notarial, que no puede tener una entidad jurídica tal como para suscitar el "desdoblamiento" del Tribunal Superior de Justicia en dos órganos separados o distinguidos: el propio Tribunal Superior y el Tribunal de Superintendencia del Notariado.
Banco central, sanciones administrativas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Castro,  María  Clementina y otros c/ BCRA -resol. 153/04 (Expte.100129/01 sum fin 852)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

La graduación de las sanciones, en principio, corresponde al ejercicio discrecional de la competencia específica de las autoridades del Banco Central y sólo es revisable judicialmente en casos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta (Sala III "Caja de Crédito Alvear Coop. Ltda. -en liquidación- c/BCRA -resol. 183/79", del 12/09/95) (Con. XIX).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Córdoba, Filomeno c/ Textil Iberoamericana SCA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La mera cita de antecedentes jurisprudenciales no es suficiente para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley, pues su mención debe ser relacionada con la cita del dispositivo legal pertinente.
Regulación de honorarios, escala arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Claudio Alejandro c/ Gómez, Enrique Francisco s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-15

El honorario implica. no sólo la justa retribución por el trabajo profesional desempeñado, que debe ser evaluado en cada caso por el Juez conforme a las pautas de las normas arancelarias, sino que, sustancialmente la condena en costas genera una relación de crédito autónomo siempre representado en cantidad líquida de dinero al momento de la regulación. No es por tanto un porcentual referido al monto del juicio, pues los porcentuales están reservados en la ley, solamente en función de proporcionarle al juez cierta movilidad dentro de una escala para lograr la más justa estimación, según la subsunción de los elementos de razonamiento que deban tomarse conforme a las normas arancelarias.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestiones de hecho y prueba, tercera instancia, automotores, siniestro, seguros, cobertura, prima, falta de pago, mora, ley de seguros, ley de defensa del consumidor, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SFORZA, LUCIANA MARCELA c/ TRIUNFO SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-21

La impugnante se limita a formular planteos relativos a tópicos de hecho, prueba y derecho común, procurando en verdad su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria extraña a la vía establecida en la ley 7055; mas sin que se aporten razones suficientes en orden a convencer -al menos de manera mínima y provisional- sobre la posibilidad de que la respuesta brindada por la Alzada no alcance a satisfacer el derecho a la jurisdicción, desde que no aparece atendible la postura esgrimida por la recurrente en cuanto a que la cláusula de cobranza del premio resultara abusiva y nula por apartarse de lo establecido en el artículo 31 de la ley de Seguros que limitaría la suspensión de cobertura a la falta de pago de la primera prima o de la prima única, puesto que la impugnante no aporta razones de peso en orden a persuadir de que la respuesta brindada por la Sala no se encuentre suficientemente fundada en una lectura posible de los hechos de la causa y del derecho aplicable, ni que resulte contradictoria con la Ley de Seguros o con la Ley de Defensa del Consumidor; por el contrario, dicha respuesta jurisdiccional luce acorde a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, si se tuvo por demostrada la existencia de la cláusula de cobranza del premio y al tiempo de la ocurrencia del siniestro el asegurado estaba incurso en la situación allí prevista de mora en el pago de la prima, no hay razón legal ni contractual por la cual la aseguradora deba responder. - CITAS: CSJN: Fallos:322:653, 327:3966; CSJStaFe: AyS T 304, p 327; T 259, p 317. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055; Ley 17418, artículo 31; Ley 24240
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Campli José c/ Scanava, Taras y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

La circunstancia que la tasa de interés tenga origen en una Ordenanza Municipal, no autoriza ,-conforme el criterio de esta Sala -, a que la misma supere la limitación que emerge de las reglas morales y el orden público, porque aquella norma no puede estar por sobre la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia (Arts. 17,31, 75 inc. 12 Constitución Nacional; 21, 621, 622, 656, 953 y concordantes del Código Civil).
Defensa del consumidor, daño moral
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cornejo Arrechea, Lourdes c/ Fadua S.A. s/ Ordinario por incumplimiento contractual y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2016-04-21

Corresponde confirmar el rechazo de las indemnizaciones por daño moral y punitivo reclamadas en el marco de una causa por cumplimiento de contrato en la que se condena a una concesionaria de autos a hacer entrega de una capota cubre caja accesoria a la camioneta adquirida, toda vez que la reparación del agravio moral se debe conceder con cierta estrictez, y quien lo reclama debe probar su cuantía o establecer las pautas de valoración que permitan su determinación, extremo que no se ha configurado en el caso, pues el hecho del inicio de la ejecución prendaria por parte de la demandada en virtud de la deuda generada por la actora al recurrir a la vía de la compensación de deudas descontando del importe pactado el costo del accesorio en cuestión, no sirve de sustento para la indemnización pretendida, entendiendo que concederla implicaría la configuración de una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante.
Juicio de apremio, notificación, demandado, domicilio real, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO PROMOVIDO POR LA CAJA DE JUBILACIONES Y   PENSIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SANTA FE.RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 414- 88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-13

Si bien el apremio fue notificado en el domicilio real de la demandada, quien pese a ello no se opuso a la procedencia de la actualización desde la fecha de la regulación de los honorarios, corresponde mantener incólume este principio hasta la fecha de su efectivo pago. (De los Fundamentos del Dr. Barraguirre).
Sociedad conyugal, separación de bienes, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: H., A.M. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-08

No se advierte que las medidas ordenadas por la a quo constituyan abuso de derecho pues encuentran su referente en el proceso de divorcio vincular promovido por la actora, conforme surge del texto de la sentencia impugnada. En tal sentido y como fundamenta en el resolutorio, los artículos 233 y 1295 del Código Civil configuran el marco legal que sustentan la razonabilidad de la petición, autorizando aquellas medidas tendientes a proteger, conservar o individualizar los bienes de los cónyuges. Por tratarse de divorcio vincular los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora resultan aprehendidos por el contenido de las normas citadas precedentemente en cuanto a su determinación. De tal forma, el ámbito legal y las circunstancias de la causa son las que permiten analizar en cada caso la procedencia de las medidas, teniendo en cuenta las particularidades de la situación expuesta.
Leyes, presunción de legitimidad, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ inf. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

La presunción de legitimidad de los actos legislativos es meramente provisional -iuris tantum- y cede, en un sistema de control de constitucionalidad difuso, ante la comprobación y declaración de invalidez de las normas por el Poder Judicial (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Delitos aduaneros, control aduanero, declaración inexacta de mercaderías, calidad de la mercadería, valor de la mercadería
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jiménez Juan Carlos (T.F. 7363-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Tanto la clasificación como la valoración y liquidación son funciones privativas y excluyentes de la Aduana.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ejecución de sentencia, cómputo de intereses, anatocismo, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Dinerstein, Néstor Alejandro c/ GCBA s/ Empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Resulta arbitraria la sentencia que convalida la liquidación que capitaliza intereses devengados con anterioridad a la entrada en vigencia del CCyC cuando la notificación de la demanda se llevó a cabo con anterioridad a dicha fecha. En el caso, el demandante capitalizó los intereses devengados durante un período más extenso que el previsto en el artículo 770 inciso b), ya que acumuló al capital los accesorios devengados hasta el 31 de julio de 2015, cuando la demanda había sido notificada con anterioridad a esa fecha. Así, pretende capitalizar una suma mayor de intereses que la que habría correspondido de haber regido el artículo 770 inciso b) del CCyC al momento de la notificación de la demanda. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Daño moral, establecimientos penitenciarios, muerte de un detenido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivero, José Alberto c/ Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y Otros s/ Ordinario - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-09-24

Corresponde condenar a la Provincia de Córdoba a indemnizar en concepto de daño moral a los padres de un recluso, que fue lesionado por otro detenido con un elemento punzante, lo que provocó su internación, externación y muerte en el ámbito de la enfermería de la Penitenciaría, en tanto se advierte que si bien en sede penal el perpetrador fue condenado por homicidio en grado de tentativa, ello no obsta a la consideración de la omisión y falta del personal de servicio del establecimiento carcelario como causa concurrente del fallecimiento, en tanto se trata de un factor objetivo no calibrado en sede penal, y ajeno a dicho examen.
Daños y perjuicios, medidas cautelares, prisión preventiva, error judicial, estado de sospecha, sentencia absolutoria, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

La adopción de la prisión preventiva forma parte, en principio, de las actividades que lícitamente despliega el juez en el ejercicio de la función que se le ha encomendado, configurándose el error judicial indemnizable cuando se acredita que la decisión que dispone la prisión preventiva resulta objetivamente contradictoria con los hechos que surgen de los autos, o respecto de las normas que condicionan la aplicación de la medida, pues en tales casos media un apartamiento, objetivamente comprobable, de la tarea de hacer justicia a través de la aplicación del derecho (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Intervención de terceros, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LA  MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ Correo Oficialde  la  República  Argentina s/ Faltante  y/o  Avería  de CargaTransp. Terrestre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

Lo dispuesto por el art. 94 del Código Procesal es de aplicación restrictiva y excepcional y pesa sobre aquél que pretenda traer a juicio a los terceros, la carga de demostrar el vínculo jurídico que sustentaría la acción regresiva, es decir, la razón de por qué se estaría en condiciones de intentar la acción respecto de todos y cada uno de los que pretende citar (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 329:158, dictamen de la Procuración General, al que se remite).
Poder Legislativo Provincial, gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Adm. Nac. de Aduanas c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por éstas últimas.
Locación de inmuebles, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonnet de Mendonza, Neida Beatriz y Bonnet, Raúl Antonio c/ García de Gomez, Margarita y/o cualquier otro ocupante s/ Desalojo Antonio c/ García de Gomez, Margarita y/o cualquier otro ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-21

Vencido el contrato de locación -inmueble en el caso-, no se juzgará que hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación concluida, bajo los mismos términos y condiciones, hasta que el locador pida la devolución de la cosa, lo que podrá hacer en cualquier momento.
Emergencia económica, poderes del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: ALVARADO, RINA AZUCENA c/ PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 AVILA DE YANUZZI, FANNY s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22|1996-10-15

En circunstancias en las cuales se configura una situación de grave perturbación económica, social o politica que representa un máximo peligro para el país, el Estado tiene potestad y aún el deber imperioso de poner en vigencia un derecho de excepción, o sea, un conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el establecimiento de la normalidad social que el sistema politico de la Constitución presupone.-
Hurto, conciliación, ley vigente, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: ARUQUIPA MAMANI, José Luis s/ hurto c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Debe reconocerse operatividad plena a las causales obstativas de la persecución penal contenidas en el inciso 6° del artículo 59, -t.o. ley 27.147-, entre las que se encuentra el instituto de la "conciliación", las que resultaban plenamente aplicables, y debían ser reconocidas en juicio cuando se verificasen sus requisitos, cualquiera que sea la norma procesal que se encontrase en vigencia, habida cuenta su carácter de normas de derecho material. La discusión vinculada con la operatividad de tal instituto quedó superada con lo decidido por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación, que implementó, el 13 de noviembre de 2019 (por Resolución COMCPPF N° 02 -P/19, B.O.: 19-11-19) en lo que aquí interesa, los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado Código, para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal (artículo N° 1, segundo párrafo). En consecuencia, a la fecha no admite discusión que las causales de extinción de la acción penal previstas en el art. 59, inc. 6, CP, se encuentran plenamente operativas y que, en la consideración de su aplicabilidad a un caso concreto, debe tenerse en cuenta lo establecido en las normas pertinentes del Código Procesal Penal Federal puestas en vigencia para la jurisdicción (voto del juez Huarte Petite con remisión a "Retamar", Reg. 2762/2020; y "Colantonio", Reg. 2763/2020)
Medidas cautelares, liquidación de haberes
Materia: PROCESAL
Carátula: LEMOS, Roberto c/ EN - Minist. Just. Seg y Derechos Humanos - SPF s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Es procedente la medida cautelar deducida a fin de que se liquiden los haberes del actor incluyendo los adicionales establecidos en los decretos 2807/93; 1275/05; 1223/06; 872/07; 884/08 y 752/09, pues si bien los actos de poderes públicos son de cumplimiento riguroso, en razón de que gozan de presunción de legitimidad, se los impugnó sobre bases prima facie verosímiles y la espera de obtener una sentencia definitiva traería graves perjuicios para el accionante, en consideración al carácter alimentario de los mismos.
Sociedad conyugal, valor locativo, uso exclusivo de la cosa común, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: M.J.C. c/ B. DE M.E.N. s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-03

No es procedente el reclamo por el 50% del valor locativo que, por uso exclusivo del departamento, reclama la cónyuge tratándose de un bien propio del marido, pues, no cabe analizar si ese uso exclusivo genera un crédito para el otro cónyuge, ya que ese análisis sólo es posible si el bien fuere ganancial y, durante la etapa de liquidación de la sociedad conyugal, uno de los cónyuges usara el bien con exclusión del otro.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, padres biológicos, interés superior del niño
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: S.,  G. M. C. s/ GUARDA DE PERSONA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-08

El derecho de los niños de permanencia y preservación de los vínculos familiares de origen si bien es uno de los principios rectores y básicos que derivan de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes no constituye un derecho absoluto, por lo que puede ceder cuando esa preservación no es la medida que más se condice con el principio rector del interés superior del niño -art. 9 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño
Jubilaciones, personal municipal, ordenanzas municipales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARLOS JOSE VITALE s/ JUBILACION Y PENSION - MOVILIDAD - DERECHO DE PROPIEDAD -   CONFISCATORIEDAD - ORDENANZAS MUNICIPALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si el actor se jubiló durante la vigencia de la ordenanza 31.382 que le aseguraba el 82% del haber de actividad, sin tope limitativo, el porcentaje de quita del 25% es excesivo, dado que no se aviene con la naturaleza sustitutiva que debe conservar la prestación a fin de que el jubilado conserve el nivel de vida alcanzado durante su acción laboral.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Ayala, Walter Daniel; Ortiz, Marcelo Antonio s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Debe anularse de oficio la sentencia que presenta deficiencias tales que obstan substancialmente al conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Cesión de derechos, cesión de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gardino, Rodolfo c/ Kalhawy, Diego s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25

El cedente de buena fe responde de la existencia y legitimidad del crédito: existencia en cuanto el mismo ha surgido a la vida del derecho, integrando el patrimonio del cedente sin que exista una causal de extinción, y legitimidad en cuanto ha surgido a la vida jurídica sin una causa de nulidad o anulación. Pero no responde de la solvencia del deudor, salvo que fuera pública y anterior a la cesión.