Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-16


NEUQUEN, 16 de junio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CORDOBA MANUEL ERNESTO C/ PALACIOS DIEGO ALBERTO S/ D.Y P. POR USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE", (Expte. Nº 348531/7), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Nº 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia M. CLERICI, dijo:

I.- Las partes y la citada en garantía interponen recursos de apelación contra la sentencia de fs. 352/355 que hace lugar a la demanda, en la medida de los Considerandos y rechaza la reconvención del demandado.

La actora se agravia por el monto otorgado en concepto de indemnización por incapacidad física sobreviniente, entendiéndolo reducido. Critica el uso de una tasa de interés del 6% para el desarrollo de la fórmula de matemática financiera, señalando que se debe utilizar la tasa real, ya que de lo contrario se produce una desvalorización del dinero a lo largo del tiempo en perjuicio del damnificado. Cita jurisprudencia.

Entiende como preocupante la falta de parámetros uniforme para la cuantificación de los daños, y señala que las indemnizaciones otorgadas a las víctimas por accidentes de tránsito, conforme ocurre en la sentencia que apela, aparecen "congeladas" a valores anteriores a diciembre de 2001.

Se queja también por el rechazo del rubro gastos de farmacia, radiografías y asistencia médica, diciendo que no se puede exigir prueba concluyente de su realización, surgiendo del carácter de los daños la necesidad de afrontar gastos de esta naturaleza.

Formula agravio respecto del rechazo del reconocimiento de tratamientos médicos futuros. Manifiesta que el perito señaló que no puede determinar si el actor necesitará terapia de rehabilitación, pero, lo cierto es que en la actualidad si la necesita.

Manifiesta disconformidad con el monto de la indemnización por daño moral, toda vez que, a su criterio, aquél no resarce debidamente los padecimientos espirituales del actor.

Otros agravios refieren al cómputo de los intereses, requiriendo que aquellos corran desde el día del hecho; la tasa de interés aplicada y la no consideración de los intereses sobre el capital como parte integrante de la base regulatoria de los honorarios profesionales.

La aseguradora citada en garantía se agravia en cuanto el juez de grado atribuye responsabilidad exclusiva al demandado Palacios en la producción del accidente de tránsito.

Señala que los testigos afirman que el actor circulaba en su motocicleta sin luces ni casco protector, circunstancias no consideradas por el a quo: Sigue diciendo que tampoco tiene en cuenta la sentencia de autos que el informe de la Dirección de Tránsito Municipal da cuenta de que el demandante no se encontraba habilitado para conducir motocicletas, que el informe policial de fs. 256/257 señala que los frenos delanteros de la motocicleta no funcionaban y que los traseros se encontraban en mal estado.

Se agravia esta parte además, de los montos de condena, denunciando que la otorgada por la incapacidad sobreviniente es excesiva e injustificada la de daño moral.

La parte actora rebate los agravios de su contraria a fs. 398/404, y la citada en garantía hace lo propio a fs. 405/408.

El demandado no contesta el traslado de la expresión de agravios de la demandante.

La parte actora apela los honorarios regulados por altos y su letrado apoderado sus honorarios por bajos. La citada en garantía apela los honorarios por altos y su letrada apoderada sus honorarios por bajos. La perito psicóloga apela sus honorarios por bajos.

A fs. 397 se declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

II.- He de comenzar el análisis de los recursos de apelación por la queja de la citada en garantía respecto de la atribución exclusiva de responsabilidad al demandado Palacios.

Se encuentra aceptada por las partes la aplicación al sub lite del art. 1113 del Código Civil que ha hecho el a quo. El párrafo segundo de la norma referida determina que el dueño o guardián puede eximirse de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima. Por tanto, corresponde analizar si, como sostiene la citada en garantía, ha existido culpa por parte del actor en la producción del evento dañoso.

El perito en accidentología no ha podido determinar la mecánica del accidente por falta de elementos probatorios (fs. 249). No obstante ello, y conforme lo desarrollaré seguidamente, advierto que la motocicleta conducida por el demandante se interpuso en el camino del automotor del demandado, descartando que el accidente se haya producido conforme se relata en la demanda.

El informe policial de fs. 255/vta. coloca a la motocicleta circulando por el carril derecho de la autopista, y luego girando hacia la izquierda para tomar la rotonda, pasando, a tal fin, sobre el carril izquierdo de la ruta 22, en tanto que el vehículo del demandado circula por el carril izquierdo de esta última vía -informe que coincide con el obrante a fs. 107/vta.-. De los daños constatados en los vehículos conforme informe de fs. 256/vta. surge que el automotor presenta el impacto en la parte frontal derecha, en tanto que la motocicleta lo tiene en la parte lateral izquierda. O sea, los daños coinciden con la descripción del croquis de fs. 255 vta., ya que si el vehículo menor hubiera sido embestido conforme lo relata el escrito inicial, los daños mayores tendrían que situarse en la parte posterior.

Los testimonios de autos coinciden con estos elementos probatorios. Por ello, las impugnaciones de la parte actora carecen de relevancia a efectos de quitarles fuerza convictiva en este aspecto. En efecto, el testigo Balmaceda (fs. 123/124), quién presenció el accidente por venir circulando por la ruta 22 relata que "el chico de la moto se cruzó hacia la izquierda por delante de nosotros dos.", en tanto que el testigo Vazquez (fs. 129/130 vta.), también testigo presencial, señala que "el muchacho de la moto venía por la banquina.que la camioneta venía y el muchacho se cruzó en la rotonda donde calcula que tiene que doblar.".

Conforme la prueba colectada, tenemos que el conductor de la motocicleta, circulando por la derecha de la ruta gira para tomar la rotonda, invadiendo el carril izquierdo de la autopista, por donde circulaba la camioneta conducida por el demandado. Esta mecánica del accidente se adecua no sólo a las declaraciones testimoniales y a los croquis policiales, sino -principalmente- a los daños de los vehículos, ya que el impacto del rodado mayor fue en la zona frontal derecha y el del menor en el lateral izquierdo.

Frente a esta mecánica, poco importa si el motociclista circulaba por la mano derecha de la multitrocha o lo hacía por la banquina, ya que lo determinante fue el giro a la izquierda, invadiendo el carril rápido de la ruta.

La Ley Nacional de Tránsito determina que para realizar un giro debe advertirse la maniobra con suficiente antelación y circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar (art. 43, incs. a y b). Resulta palmario que el conductor de la motocicleta no cumplió con la regla antedicha, ya que prácticamente inició el giro sobre el ingreso a la rotonda, observando una conducta poco prudente, más si se tiene en cuenta que la maniobra se realizó sobre una vía de circulación rápida -equiparada a una semi autopista- como es la ruta nacional 22 en el lugar del accidente (art. 5, Ley 24.449). La jurisprudencia considera este tipo de maniobras como de suma gravedad pues, ya sea que lo hiciera desde la banquina o desde el carril derecho, el conductor de la motocicleta cortó transversalmente la ruta, convirtiéndose así en un obstáculo para la normal circulación de una vía tan importante, y ello sin haberse cerciorado de no interferir en la marcha de quienes transitaban por la multitrocha (cfr. Cám. Fed. Mendoza, Sala A, 15/3/2006, "Sarmiento c/ Dellosta", Lexis n° 70027328; TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, 22/3/1996, "Gondra de Serravalle c/ Rafucho SRL", Lexis n° 35011219).

La imprudencia del conductor de la moto, unido al hecho que no contaba con licencia habilitante (informe de fs.260), la cual resulta ser un requisito para la circulación (art. 40 inc. a, Ley 24.449) y su inexistencia hace presumir impericia para el manejo del vehículo de que se trate, me llevan a la conclusión que ha tenido responsabilidad en la producción del accidente.

Si bien es cierto que del informe de fs.256/vta. surge que la motocicleta no tenía el sistema de frenos en condiciones adecuadas para circular, tal circunstancia, no obstante ser una infracción a las normas de circulación, no ha sido determinante para el acaecimiento del siniestro, ya que el mismo es consecuencia, aunque no exclusiva, de la imprudencia del conductor y no de los desperfectos mecánicos del motovehículo.

Más, la conducta del actor no ha sido la única causa del accidente.

En efecto, informa el perito en accidentología (fs. 248) que el vehículo del demandado circulaba a una velocidad aproximada de 80 km/h. Esta velocidad es sensiblemente superior a la que indican los carteles señalizadores (fs. 247), aunque no supera el límite legal para circulación por semiautopistas (art. 51, Ley 24.449). Sin embargo, no habiéndose cuestionado la existencia de la cartelería al momento del siniestro, y teniendo en cuenta que la primer regla para la circulación en la vía pública es respetar las señales de tránsito (art. 36, Ley 24.449), como así también que la velocidad adecuada es siempre aquella que permita que el conductor tenga un total control de su vehículo (art. 50, Ley 24.449), he de concluir que el demandado desarrollaba, al momento del accidente, una velocidad excesiva, y que de haber respetado el límite indicado, el accidente se hubiera, quizás, evitado, tal como lo señala el informe pericial (fs. 251).

Por lo hasta aquí expuesto concluyo en que existió culpa concurrente de ambas partes, asignando un 50% de responsabilidad a cada uno de los litigantes en la producción del accidente.

III.- Sentado lo anterior, corresponde analizar los rubros indemnizatorios y sus montos.

Con relación a la indemnización por incapacidad sobreviniente, esta Sala II tiene dicho que la utilización de fórmulas para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad es meramente indicativo, siendo el magistrado quién prudencialmente determina el quantum de la reparación.

Valorando el porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico, y las condiciones personales y laborales de la víctima encuentro que la suma de $ 40.000,00 otorgada por el a quo para reparar la incapacidad física resulta adecuada, por lo que corresponde su confirmación.

De igual modo, encuentro ajustada a los padecimientos que debió sufrir el actor la suma de $ 15.000,00 fijada como indemnización por el daño moral, considerando que las lesiones que sufrió el accionante no demandaron internación, retirándose del hospital por sus propios medios a la hora del accidente (fs. 271).

En lo que concierne a los gastos médicos y de farmacia, y conforme lo he señalado in re "Rodríguez c/ Delmenico" (expte. n° 329.823/5), es jurisprudencia mayoritaria de los tribunales nacionales que aún cuando la asistencia médica sea gratuita, son resarcibles los gastos médicos y de farmacia en la parte no cubierta por la gratuidad, siendo innecesario para su procedencia la prueba efectiva de su entidad, en tanto de las circunstancias del caso emerja la convicción de que se realizaron (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala M, 14/12/2010, "Giménez c/ López", LL 2011 - B, pág. 255; ídem., Sala E, 28/10/2010, "Morano c/ Villalba", LL on line AR/JUR/68652/2010; Cám. Apel. Civ. y Com. Tucumán, Sala I, 13/10/2010, "Macías c/ Consorcio de Propietarios Edifico Solares", LL on line AR/JUR/81134/2010). De acuerdo con el ya citado informe de fs. 271, el actor fue atendido en el hospital público, retirándose al poco tiempo de ocurrido el siniestro por sus propios medios, constando que sufrió traumatismo de cráneo, sin que haya concurrido con posterioridad al alta para ser asistido por aquella lesión. No obstante ello, teniendo en cuenta que resulta razonable que la víctima haya tenido que adquirir algún tipo de analgésico, estimo que debe hacerse lugar al reconocimiento de los gastos de farmacia por la suma de $ 200,00.

En cuanto a la pretensión de reconocimiento de los gastos que demandarán los tratamientos médicos futuros, asiste razón al a quo en orden a que no se encuentra probada en autos su necesidad, circunstancia que determina su rechazo. Por otra parte, la necesidad de tratamiento kinesiológico, en la que funda la apelante su agravio, ha sido contemplada expresamente por el sentenciante de grado, quién ha otorgado en tal concepto la suma de $ 720,00.

IV.- Con relación al cómputo de los intereses y la tasa a aplicar, ya he manifestado, al fallar las causas "Mercado c/ Larrazabal" (expte. n° 350.359/7) y "Montecino c/ Domínguez" (expediente n° 349.810/07), que en materia de reparación de daños y perjuicios, los intereses sobre las indemnizaciones que se determinen corren desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (cfr. Cám. Nac. Civil, Sala H, "Batalla de Brignoli c/ Beloso y otro", LL 2007-B, pág. 809). Consecuentemente, los intereses sobre las indemnizaciones correspondientes al daño físico, a los gastos de farmacia y al daño moral se devengan desde la fecha del siniestro, pero las indemnizaciones correspondientes a daños futuros se computan a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago del capital fijado en la sentencia (cfr. Cám. 8° Apel. Civ. y Com. Córdoba, "Danelutti c/ Olmos y otro", LL on line AR/JUR/271/2006).

En idéntico sentido de la jurisprudencia citada también se ha pronunciado la Sala I de esta Cámara de Apelaciones en autos "Hidalgo de Salazar c/ Clínica Pasteur" (Expte. 795-CA-98), con cita de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por tanto, los intereses respecto de la indemnización por gastos futuros se han de computar a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago del capital.

En cuanto a la tasa de interés a aplicar, esta Cámara ha adherido al criterio sustentado por el Tribunal Superior de Justicia local a partir del precedente "Alocilla", por lo que ha de modificarse el decisorio de grado disponiendo que los intereses se computen de acuerdo con la tasa mix del Banco Provincia del Neuquén hasta el 31 de diciembre de 2007 inclusive, y a partir del 1 de enero de 2008 conforme la tasa activa de la misma entidad bancaria. V.- Resta por analizar el agravio de la parte actora en lo que concierne a la integración de los intereses sobre el capital a efectos de cuantificar los honorarios de los profesionales actuantes.

Sobre la base regulatoria ya he emitido opinión en orden a compartir la decisión de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones que incorporó los intereses a la base a considerar para la fijación de los honorarios profesionales, a fin que éstos tengan una adecuada relación con el valor económico comprometido en el litigio (autos "Miguel c/ Provincia del Neuquén", P.S. 2008-III, n°224), por lo que la queja ha de tener acogida favorable.

VI.- Las apelaciones arancelarias han devenido abstractas en atención a la modificación de la base regulatoria y del monto de condena.

VII.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se modifique parcialmente el decisorio de grado, fijándose el capital de condena en la suma de $ 27.960,00, y determinándose que los intereses sobre la indemnización por gastos futuros se computarán a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago del capital, como así también que la tasa a aplicar para liquidar los intereses sobre el capital es la mix del Banco Provincia del Neuquén hasta el 31 de diciembre de 2007 inclusive, y a partir del 1 de enero de 2008 y hasta su efectivo pago, la activa de la misma entidad bancaria.

No obstante la modificación de la atribución de responsabilidad en el siniestro, y conforme lo explicara en autos "Levi c/ Autoaccesorios Neuquén" (expte. n° 355.492/07) tratándose de la reparación de daños y perjuicios, la circunstancia de que la pretensión prospere en forma parcial ante la existencia de una ruptura del nexo causal por culpa concurrente de la víctima, no quita al accionado su carácter de vencido (cfr. CSJ Bs. As., "V.M. c/ Colavitta", Lexis n° 1/70060965-6). Además, teniendo en cuenta la especial naturaleza de estos procesos tendientes a la reparación de daños injustamente sufridos, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia de que las reclamaciones hayan progresado parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos (cfr. Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala C, "Noel c/ Banco Hipotecario", LL on line AR/JUR/39144/2010). Por lo que he de mantener la imposición de costas a la demandada por la actuación en primera instancia.

De acuerdo con lo determinado en el Considerando V, se dejan sin efecto las regulaciones de los honorarios profesionales establecidos en la sentencia recurrida para la acción de daños y perjuicios, difiriéndose la determinación de estos emolumentos para cuando se cuente con base regulatoria.

Las costas de la presente instancia, teniendo en cuenta el vencimiento parcial y mutuo de los litigantes, se imponen en el orden causado, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando existan pautas para ello.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO, dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto que antecede.

Mi disidencia versa sobre la imposición de costas en la Primera Instancia ya que considero acertada que las mismas se impongan en el orden causado toda vez que existió responsabilidad por partes iguales en el accidente y conforme lo sostuviera en la causa citada por la colega.

Si bien la jurisprudencia de la Cámara ha impuesto las costas a la demandada en casos de daños y perjuicios, ello siempre fue cuando revestía tal calidad, aún cuando no prosperaran todos los reclamos o su monto fuera menor al peticionado, pero ello implicaba, necesariamente, el progreso sustancial del reclamo.

No es ello lo que ocurre en el caso de autos que ha prosperado en un 50% y en tal sentido deben imponerse las costas en la forma propuesta (cfe. Esta Sala por mayoría en autos "BENITEZ SANDRA DEOLINDA Y OTRO C/MUNICIP.DE S.P. DEL CHAÑAR Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 172-CA-0).

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, se integra Sala con el Dr. Marcelo J. MEDORI, quien manifiesta:

Que en virtud que el monto de condena está constituido por el 50% de las indemnizaciones estimadas de las cuales son responsables los condenados, entiendo que éstos deben cargar con los gastos que son fijados en base a ello, de forma de respetar la reparación y la responsabilidad reconocida, como ya me expidiera in re "ESCALONA ARTURO Y OTRO C/NICOSIA FRANCO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (EXP Nº 160282/95), todo ello conforme a las previsiones de los arts. 1.083 del Cód. Civil y 68 y 71 del C.P.C.C..

Que en este sentido se ha resuelto:

"En los juicios de daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito al ser las costas parte de la reparación integral, cabe imponérselas al demandado condenado, aún cuando la demanda no prospere en su totalidad. No obsta a esa conclusión el hecho de que se haya establecido la culpa concurrente desde que, en definitiva, al disminuirse el monto de la condena que debe satisfacer el obligado, se reduce correlativamente el parámetro sobre el que habrán de fijarse los honorarios, con lo que aquel no sufre mayor perjuicio que el que surge de la parte de responsabilidad que se le ha imputado" (conf. Fallos CNApel. en lo Civil, Cap. Fed, Sala F (Bossert - Conde - Nilve), "Olivera, Antonio c/ Iglesias, Alberto Cándido s/ Daños y perjuicios" Sentencia del 02-03-93; idem "Mercado, Ricardo J. c/ Sirera, Pedro s/ Daños y Perjuicios", Sentencia del 18-08-92)". (Mayoría de los Dres. Balladini y Sodero Nievas). " STJRNSC: SE. (92/04) "F., G. y Otra c/ HEREDEROS DE D. L. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION" (Expte. N* 18289/03 - STJ), (16-11-04). BALLADINI - LUTZ - SODERO NIEVAS. Nro. de sumario:16450. Sumarios relacionados:15649 - 11250 - 14428 - 11643 - 14424 - 14425 - 14426 - 14427 - 14429 - 14430 - 15651 - 11657-LDT).

Por lo expuesto, adhiero al voto de la Dra. Clérici respecto a la forma de la imposición en costas.

Por ello, esta SALA II, POR MAYORIA.

RESUELVE:

I.- Confirmar en lo principal la sentencia dictada a fs. 352/355, modificándola en cuanto al monto de condena, el que se fija en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($27.960,00), determinándose que los intereses sobre la indemnización por gastos futuros se computarán a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago del capital, como así también que la tasa a aplicar para liquidar los intereses sobre el capital es la mix del Banco Provincia del Neuquén hasta el 31 de diciembre de 2007 inclusive, y a partir del 1 de enero de 2008 y hasta su efectivo pago, la activa de la misma entidad bancaria.

II.- Dejar sin efecto los honorarios regulados, en la sentencia recurrida para la acción de daños y perjuicios, (art. 279 C.P.C.C.), difiriéndose la determinación de estos emolumentos para cuando se cuente con base regulatoria.

III.- Imponer las costas de Alzada, teniendo en cuenta el vencimiento parcial y mutuo de los litigantes, en el orden causado (art. 71 C.P.C.C.).

IV.- Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia para cuando existan pautas para ello.

V.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Marcelo J. Medori Dr. Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 131 - Tº IV - Fº 653/660 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011