marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Venezia, Daniel Alberto s/ asociación ilícita en calidad de jefe u organizador
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, en relación al agravio motivado en la violación de la garantía del juez imparcial, prescinde de toda referencia a la ley 2153 de la Provincia del Neuquén -modificatoria de la ley 1677- que en su art. 24, inc. 2° establece que los jueces que hayan controlado los actos de la instrucción no podrán integrar el tribunal de juicio, ya que dicha norma no puede dejar de aplicarse al amparo de la doctrina del superior tribunal provincial, que adscribe al criterio opuesto al que aquélla propicia (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, empleados públicos, relación de dependencia, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

La Corte Suprema de Justicia provincial ha privilegiado la disposición procesal que ordena su competencia en base al tema a debatir, a los sujetos comprometidos y el tipo de relación jurídica que los vincula pero siempre defendiendo, si vale el término, su competencia originaria. Así, cuando se trataba de un accidente de trabajo en el sector público, el más Alto Tribunal Provincial reiteradamente se autoatribuyó tal competencia, lo que me lleva a sostener que en la hipótesis de reclamos por accidentes laborales ocasionada durante la vigencia de una relación de empleo público, la petición debe encaminarse necesariamente por la vía administrativa, sea fundamentada en la acción civil o especial, por el juego armónico de las normas procesales (leyes 7234, 4106 y Decreto-acuerdo 10204 del año 1958, y la norma constitucional del artículo 93 inciso 2º). (De los Fundamentos del Dr. Villaggi). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Marcas, registro de marca, registro limitado, Ley de Marcas, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSTA SA c/ DIR. DE TECNOLOGIA, CALIDAD Y PROP. INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Con relación a la improcedencia de la creación de derechos marcarios cercenados en su aplicación específica me remito a lo que decidimos en la Causa 6387, del 29.9.78, confirmada por la Corte Suprema el 31.6.80, la que, sobre la base de un dictamen del Procurador Fiscal, resolvió que no puede existir un derecho marcario en una extensión menor ni mayor que la fijada en la ley que lo establece, y que un "registro restringido contraviene, precisamente, la letra y el espíritu de la ley" (Fallos: 302:813).
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Plazzota, Ricardo Antonio c/ Marmora, Oscar Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

No existiendo una tabla de graduación de acuerdo a la gravedad de la incapacidad física, la forma de estimar el resarcimiento adoptada por la jurisprudencia se sustenta en ciertas pautas presididas por importantes principios, tal como lo son la prudencia y la razonabilidad, tanto como la equidad, receptados por el derecho positivo en la segunda parte del artículo 907 y 1069, también segunda parte, ambos del Código Civil y con el norte de arribar a una indemnización plena e integral (arts. 1069, 1079, 1083 y concs.

del Código Civil), computándose las circunstancias personales del damnificado -edad, sexo, condiciones socio- económicas- culturales, ocupación, etc.- conjugándolas con la gravedad de las afectaciones producidas, secuelas dejadas por ella, grado de incapacidad resultante, etc., y su proyección sobre todas las actividades de la víctima, esto es, no sólo sobre las laborales y mucho menos atendiendo sólo a la circunstancia que de ello se derive una pérdida salarial en su actual ocupación.
Recurso de queja (procesal), caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Pérez, Gabriel José Antonio y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-30

Las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación atinentes a la caducidad de la instancia son aplicables a los recursos deducidos ante la Corte, aun cuando se originen en un pleito laboral.

Fuente del sumario: OFICIAL
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo, encuadramiento sindical, orden público, jurisprudencia
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angel Alberto c/ Swift Armour S.A. Arg. s/ Laboral (Expte Nro. 438-01, Resolución Nro. 104, Tomo 20, Folio 489/493)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-14

Como lo señaló el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la Cap. Federal, "en los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las que exige su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de esos trabajadores".

Estableciendo precisiones sobre esta cuestión, Mario Deveali señala también como "ratio decidendi", que "ese empleador no ha intervenido, ni siquiera en virtud de la representación "ope legis", en la celebración de la convención colectiva que contempla especialmente esas tareas".
Sociedades comerciales, rendición de cuentas, eximición de rendir cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANKE   HANNS   JOACHIM  ANDREAS c/ POLERO  ADRIANA  ZULMA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-08

1. No será procedente condenar al actor -socio gerente de una SRL- a rendir cuentas toda vez que no hubiere existido una contrademanda que así lo requiriese. 2. A lo dicho se agrega que como principio, es improcedente que un socio de una SRL intente el ejercicio de una acción individual de rendición de cuentas, puesto que previo a ello, debió haber instado las acciones propias del sistema societario (esta Sala, in re, "Pérez Jose c/ López Juan y otros", del 30.11.94; en igual sentido: Sala D, "Valenti Argüello, Natalia c/ Lunáticos SRL" del 15.10.04; sala E, "Pereiras, Hugo c/ Barrionuevo, Antonio" del 24.2.06,). 3. Esto es aplicable al caso, en tanto no se han impugnado los balances relativos a la gestión de la administración. Pues, una vez presentados dichos balances, el interesado puede pedir las explicaciones e informes complementarios, formular impugnaciones generales o particulares, requerir rendiciones de cuentas referidas a operaciones o bienes determinados (en el mismo sentido, esta Sala, in re "Mangiacavalli, Liliana c/ Moroni, Alberto", del 28.6.07).
Derecho laboral, despido, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ariza, Andrea Florencia  c/ Swiss Medical S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-24

La trabajadora (médica intensivista) invocó su imposibilidad psicofísica de concurrir a laborar i asimismo presentarse al control médico que la empresa había dispuesto realizar -ofreciendo respecto de este control hacerlo vía remota- debido justamente a los padecimientos psíquicos denunciados en las comunicaciones y que se encuentran estrechamente vinculados a su débito laboral como profesional de la salud durante el primer año en curso de la pandemia mundial por Covid-19. No es posible imputársele el incumplimiento contractual invocado por el mero hecho de que no haya dado respuesta a una misiva relacionada con el referido control médico, tal como en definitiva fue resuelto en la instancia de grado, cuando, ya había manifestado al respecto poniéndose a disposición de la empleadora para mantener una entrevista virtual. La situación de abandono de trabajo requiere una clara intención del dependiente de no continuar la relación que lo liga a su empleador, puesto que solo se da tal supuesto cuando se demuestra cabalmente que el ánimo de aquel ha sido el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir tal determinación. En el marco del art. 244 de la LCT no basta con probar las supuestas inasistencias injustificadas desde su apreciación, sino que es necesario probar su reticencia de poner a disposición su fuerza de trabajo o de someterse a las indicaciones de la patronal emparentadas con la situación prevista en el artículo 210 de la CT. La actora invocó razones eximentes de la obligación de prestar servicios y alegó motivos razonables para no concurrir al control médico dispuesto por la principal, brindando la posibilidad de hacerlo por otros medios, ello interrumpe el iter del abandono, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación. La omisión de presentarse al referido control médico pudo ser eventualmente invocada por el empleador como fundamento del ejercicio del poder disciplinario como justa causa de despido, pero no como perfeccionamiento del abandono de trabajo. Cabe confirmar el fallo en lo principal que decide.
Inconstitucionalidad, resolución administrativa, seguros, gastos médicos, derecho a la salud, accidente de tránsito
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez Victor Hugo y O. c/ La Caja Seguros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-16

Se declara la inconstitucionalidad de la resolución nº 39927 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto limita el monto de gastos sanatoriales; ya que los límites fijados por ésta, resultan contrarios al espíritu protectorio consagrado tanto en nuestra Constitución Nacional y Provincial, como en la disposición del art. 68 de la Ley 24.449, ya que este no impone limitación alguna, ni otorga expresa facultad al órgano de contralor para hacerlo. Si el fin propuesto en el art. 68 es cubrir la totalidad de los gastos sanatoriales necesarios para el restablecimiento de la persona víctima de un siniestro, es evidente que dicho precepto normativo otorga un derecho que no puede ser limitado por la autoridad de aplicación, pues de lo contrario se afecta el derecho constitucional a la salud; a la vez que fijar un límite a esos gastos sanatoriales resulta irrazonable y contrario al espíritu de la Constitución y de la ley que los autorizó, ya que el seguro obligatorio a través de la obligación legal autónoma (OLA), cumple una función de previsión social mediante una cobertura básica, a través de una indemnización automática de los daños mencionados en el art. 68.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD (CSJ EXPTE Nº 212-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

Las leyes adjetivas, en ocasiones consagran expresamente la institución de la "subsanación de la perención" con fórmulas tales como "el pedido de perención de instancia deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación posterior al vencimiento del plazo legal". Nuestro Código en lo Contencioso Administrativo, Ley 4106, en su artículo 63 y siguientes, no contiene ninguna mención explícita relativa al posible consentimiento de la parte interesada. Pero tampoco contiene norma prohibitiva de la subsanación, como ocurre en otras legislaciones rituales (verbigracia el Código de Jujuy); y ese remedio de la caducidad es aplicable atento la remisión al Código Procesal Civil y Comercial que consagra el artículo 23, y a lo dispuesto en el artículo 233, segundo párrafo de la ley 5531.
Prueba biológica, prueba hematológica, oposición a la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

La decisión de encuadrar constitucionalmente el derecho del recurrente a oponerse a la extracción compulsiva de sangre dentro de la protección del artículo 18 de la Constitución Nacional tiene una importante consecuencia que debe ser ponderada, pues dicha garantía admite que en ciertos supuestos el Estado pueda interferir en distintos aspectos de la vida privada de una persona, posibilidad que está dada por la necesaria intervención de un juez que deberá estimar si la medida es razonable, es decir, si tan grave interferencia en los derechos individuales está justificada en orden a obtener los elementos de juicio imprescindibles para fallar el caso (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recusación, nulidad de la resolución, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Miranda, Hugo Ceferino c/ Estado provincial - Gobierno de la Pcia. de San Luis s/ Demanda por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-19

Corresponde hacer lugar a la recusación formulada, dado que concurren motivos de decoro para hacer lugar al pedido de apartamiento de los Sres. Ministros que han suscrito las Resoluciones que constituyen el núcleo del planteo nulidicente del solicitante, según lo establece el art. 17 inc. 7 del C.P.C. y C. de San Luis, máxime que al ser citado como tercero al proceso, se relaciona directamente con el ejercicio del derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal, temas que ameritan por su trascendencia la procedencia del planteo deducido. (del voto en disidencia de los Dres. Gatica y Flores).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, jubilaciones, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: EQUIZA, EVELINA RAQUEL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- PROCEDENCIA-    INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS NACIONALES    JUBILACION- APORTES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Es descalificable el pronunciamiento que -por entender que el precepto vulnera el derecho sustancial a la jubilación- declaró la inconstitucionalidad del art. 60 de la ley 18.038 (t.o. 1980). Ello es así, pues la ley no veda al deudor de aportes al derecho de acogerse al instituto de la liberación por el transcurso del tiempo, principio que reviste carácter general, sino que establece que los períodos alcanzados por la prescripción invocada quedarán neutralizados a los efectos del reconocimiento y cómputo de servicios, y esta solución no alcanza a configurar un quebrantamiento de disposición constitucional alguna, sino que se muestra como un medio conducente para asegurar la afluencia de recursos genuinos a los organismos previsionales y, por esta vía, concurre al cumplimiento del mandato constitucional que impone al Estado otorgar los beneficios de la seguridad social, según reza el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional.
Trabajador de viñas, relación de dependencia, asignaciones familiares
Materia: RECURSOS NATURALES-LABORAL
Carátula: Lucero, Tomás c/ Adelina Bassi de Perez s/ ordinario - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-03-13

Debe rechazarse el reclamo por asignaciones familiares formulado por un contratista de viñas, bajo el imperio de la ley 22.163, ya que su vínculo con el propietario del viñedo no configura un contrato de trabajo en relación de dependencia y este es recaudo legal ineludible para acceder a las prestaciones sociales organizadas por la ley 18.017.
Principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: S., M.H. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-08

El Tribunal ha señalado ya en varias oportunidades que la violación al principio del congruencia conmueve la inviolabilidad de la defensa en juicio en tanto y en cuanto se vincula con la posibilidad de contradicción, es decir, el derecho a ser oído, lo cual supone, a su vez, el efectivo conocimiento de la imputación que se materializa y la conexión o enlace entre ésta y el pronunciamiento judicial posterior, "ne est iudex petita partium".En consecuencia, siendo ello así, corresponde anular parcialmente el auto con relación a los hechos por los cuales "O" hubiera sido procesado y por los que fuera interrogado durante su indagatoria sin encontrarse debidamente intimado sobre los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagella, Juan Carlos c/ Grilli, Oscar E. y otro s/ Daños y perjuicios Vicente, David c/ Martín, Jorge Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|1987-07-28

La suerte corrida por el recurso de apelación interpuesto por el asegurado demandado echa por tierra también el deducido por la aseguradora.-
Proyecto de obra pública, honorarios del ingeniero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez Gómez, Eugenio c/ Municipalidad de Chascomús s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

La circunstancia de que en un contrato celebrado entre un particular ingeniero con una comuna por trabajos previos relacionados con una obra de pavimentación, se halla estipulado que sus honorarios serían abonados a medida que se certificaran las obras, importa una simple modalidad de pago, y no puede ser interpretada como condición resolutoria, la que no se presume, en el sentido de que solo se pagará el proyecto si se realizaban los trabajos.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos Raúl s/ Infracción ley 8031. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

El pronunciamiento de la Cámara que decide sobre la prescripción de la pena reviste carácter definitivo en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAMANI OCHOA, Raimundo c/ INGENIO SAN ISIDRO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-10

El art. 17 de la Ley 24028 referido a costas judiciales, viola la supremacía constitucional y legisla sobre facultades reservadas por las provincias no delegadas expresamente al gobierno federal, en el caso, dictar sus propias normas para regulación de honorarios por actuaciones profesionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conversión del proceso previsional, caducidad, declaración de oficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: ARIAS, JOSEFA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Si bien el plazo de caducidad es oponible por parte de la administración, también es perfectamente renunciable, y no podría ser declarado de oficio por los jueces (Fallos 310:2709). Por ello, aparece ajustado a derecho considerar que es a partir de las notificaciones efectuadas por el organismo administrativo-en las que se instruye expresamente a la parte actora sobre la nueva forma en que deberá sostener su reclamo en sede judicial -que deberá computarse el plazo perentorio para demandar.

Más aún cuando en sede judicial se notificó a quien actuaba con carta poder-y no a la parte-, instrumento insuficiente a partir de las reformas introducidas por la ley 24.463 para representar en juicio. (Disidencia del Dr.

Díaz).
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOSA, AGUSTIN c/ BANYLIS, RICARDO s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

A partir del 1 de abril del corriente a%o, la suma resultante de ambos conceptos (capital actualizado e interés), devengara el interés que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.
Honorarios del perito, perito ingeniero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INVINKEBIED MARIO ERNESTO c/ CHEMEZ ALBERTO RAUL s/ DANOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-25

Para la regulación debe necesariamente respetarse,en este caso,la normativa del Decreto Ley 1031/62 específicamente sus articulos.13 inc.a) y 15 pero aquella,nunca debe superar el total de los honorarios regulados a los profesionales del derecho por cada parte interviniente en el juicio,tal como surge del texto claro del artículo 21 del referido Decreto Ley 7046:que cuando refiere a conjuunto de abogados o procuradores indica que " por una misma parte" ya que la base económica para la regulación del perito mecánico es la sumatoria de los montos de la sentencia-en este caso demanda y reconvención-no solo por cuanto el art. 13 no discrimina sino que el recurrente además de ser perito único de oficio,realizó su trabajo que fue de utilidad común para ambas partes debiendo en consecuencia-al tratarse de perito mecánico único de oficio regularse según parámetros del art. 73 y tener en cuenta el art. 15 ambos del Decreto Ley 1031/62- o sea un incremento del 20. sobre el monto resultante-suma ésta que no debe exceder la regulación de los honorarios de los profesionales letrados en conjunto,que representen o patrocinen a una misma parte hayan tramitado la totalidad del juicio,aunque no se cumplan todas las etapas,o sea que se deberá tener en cuenta la totalidad de la regulación practicada a cada parte y que dicha sumatoria nunca debe ser inferior a lo que se regule al perito .
Libertad de cultos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos c/ Dirección General de Escuelas s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-23

Ningún culto reviste el carácter de religión oficial del Estado argentino, y -no obstante la previsión constitucional de una religión especialmente sostenida- la neutralidad religiosa adoptada por nuestra Constitución Nacional surge de la enfática declaración de la libertad de cultos y de la libertad de conciencia consagrados en su art. 14 (Voto del juez Rosatti).
Convertibilidad, ley de emergencia, emergencia económica, derecho de propiedad, locación de inmuebles, emergencia locativa, depreciación monetaria, realidad económica
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Steiman, Santiago c/ Sarrible, Pedro José s/ consig. de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

No se demostró que la desindexación que resulta de aplicar el mecanismo previsto en el art. 9° de la ley 23.928 exceda el sacrificio razonable que es posible exigir en aras del bien común en tiempos excepcionales si no se aniquiló en su sustancia el derecho de propiedad del locador sino que el legislador modificó el mecanismo de indexación previsto contractualmente, que constituye un instrumento de protección de ese derecho, de valor relativo y proporciondo a la existencia y mantenimiento de una realidad económica dada.