marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, conflicto de poderes, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Coronel Dorrego c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel Dorrego s/ Conflicto de Poderes arts. 261. Ley orgánica municipal art. 196  Const. prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

El art. 261 del decreto ley 6769/58 -texto según ley 11.866, B.O.P. del 29/XI/96- establece que los conflictos a que se refiere el art. 196 de la Constitución de la provincia deben ser comunicados a esta Suprema Corte, la cual dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas y la sustanciación del juicio. Corresponde hacer lugar a la medida cautelar impetrada si las circunstancias del caso permiten "prima facie" encuadrar la cuestión planteada en la situación de "conflicto" que autoriza la intervención de este Tribunal, sumadas a la expresa solicitud del presentante de que suspenda la ejecución de la decisión que impugna (art. 261 del dec. ley 6769/58). (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, privatizaciones, propiedad participada, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: "Guzmán,  Liliana y otros c/ Gas del Estado S.E. en liquidación yotro s/ Part. Acc. Obrero".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

Si se tiene en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en los arts.

21, inc. a) y 22 de la ley 23696, el derecho le era reconocido a cada uno de los trabajadores por el sólo hecho de encontrarse trabajando en el momento en que se declaró a la empresa sujeta a privatización y se transformó en sociedad anónima - hechos concretados, en el caso, con el dictado de la ley 24076, arts.

74 y 75-, la circunstancia de que no hubieran figurado en la nómina del personal transferido a las empresas privatizadas, no constituye argumento válido para excluirlos del universo de trabajadores potenciales adquirentes del capital accionario de la empresa a privatizar referido a la norma legal citada.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Herrera de Noble, Ernestina Laura s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-19

Corresponde hacer lugar al recurso de queja si los agravios invocados podrían constituir materia de la instancia casatoria y el recurso cuenta con adecuada fundamentación en torno a las cuestiones federales involucradas.
Prescripción, plazo, cómputo del plazo, daños y perjuicios, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FREUND, JORGE ENRIQUE c/ RACHOVSKY, ROBERTO FRANCISCO s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

Tratándose de la acción de daños y perjuicios causados por un embargo judicial, rige el plazo previsto por el CCI: 4.037, y el mismo comienza a correr desde que el ejecutado embargado se encontró en condiciones jurídicas para accionar, vale decir desde que quedó demostrada por sentencia judicial firme la ilicitud del embargo.
Movilidad del haber jubilatorio, carrera administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Laredo de Zeballos, Martha Haydée c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 113/118, Nº 49) s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 113/118, Nº 49)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-03-14

Si la actora obtuvo la jubilación en determinado cargo, definido por una categoría, tenía derecho a cobrar el 82% de la remuneración mensual asignada a ese cargo del que era titular a la fecha de cesar en el servicio, tal como lo dispone el art. 69 del decreto ley 4042/83, de tal suerte que el ascenso que mereciera otro agente en nada puede modificar su situación. La carrera administrativa termina definitivamente cuando el agente se jubila y no puede continuar encontrándose ya en estado de pasividad.-
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, crímenes de lesa humanidad, emergencia sanitaria, coronavirus, edad avanzada, salud del imputado
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Etchecolatz, Miguel Osvaldo c/  s/ incidente de presión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-14

Corresponde no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa del detenido, a los efectos de que pueda continuar bajo otra modalidad de detención en razón de su edad y por pertenecer a un grupo en riesgo en relación a la pandemia del Coronavirus, dado que la gravedad y la índole de los hechos por los que fue condenado, hace que la valoración de las pautas a fin de analizar la procedencia del requerimiento deba realizarse con extrema prudencia, pues se encuentra en juego la responsabilidad del Estado, en tanto debe garantizar la prevención, investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Por otra parte, si bien el imputado se encuentra en la franja etaria establecida como población de riesgo, dicha circunstancia "per se" no habilita a la concesión automática del arresto domiciliario, pues su permanencia en su actual lugar de alojamiento en modo alguno constituye un factor de riesgo superior al que podría afrontar en su domicilio.
Prueba, analfabetismo
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA LUIS M. c/ TRANSPORTE HECTOR DIAZ Y OTRO s/ DIFERENCIAS SALARIALES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-30

La prueba del analfabetismo está rodeada de las mayores dificultades pues se debe demostrar un hecho negativo -no saber hacer-, de allí que es más factible acreditar lo contrario, es decir, que sí se sabe leer y escribir. Solo la afirmación del actor de no saber leer y escribir y su negativa a estampar la firma, lo que se contradice con sus propios actos anteriores, en que suscribió, incluso escrituras públicas, desmerece la veracidad de sus dichos y resulta insuficiente para acreditar el analfabetismo.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: BRAVO, SANTIAGO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE LEVADURAS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

En los accidentes de trabajo típicos, el cumplimiento de las cargas del art. 25 de la ley especial, impone en cabeza del empleador el deber de instar la determinación de la incapacidad, a partir del agotamiento de la atención médica. Por lo tanto debe asumir su falta de diligencia. No ocurre lo mismo con las llamadas enfermedades accidentes que no dan lugar a la denuncia y determinación administrativa de incapacidad. Aquí el deber de instar la determinación de la minusvalía pesa sobre el trabajador y desde que éste estuvo en condiciones de hacerlo, comienza a correr el plazo de la prescripción.
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Vega, Oscar Cirilo c/ SO.MI.SA. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La peritación médica no es el medio de prueba adecuado para la acreditación de las condiciones y modalidades del trabajo, pues su cometido se relaciona con la existencia de la enfermedad invocada, determinando el origen de la misma y la incapacidad derivada de aquélla.
Acción de inconstitucionalidad, efecto suspensivo, gravamen irreparable, actos de los poderes públicos, presunción de legitimidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Y.P.F. S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-09-08

La interposición de la acción de inconstitucionalidad carece de efectos suspensivos de la norma cuestionada. Excepcionalmente, cuando la ejecución de la ley, decreto o reglamento pudiera causar un perjuicio irreparable o tornar ilusorio el pronunciamiento del tribunal, puede analizarse la suspensión de la aplicación de tales normas. Ello, en virtud de la presunción de legitimidad propia de los actos del Poder Público. Ante el carácter restrictivo y excepcional que revisten las medidas cautelares en la acción de inconstitucionalidad no cabe ordenarlas si no se advierte de modo manifiesto la irreparabilidad del perjuicio.
Secreto bursátil, insider trading, presunciones, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

A diferencia de otras infracciones, el "insider trading", no se caracteriza por una evidencia obvia, ya que por lo general tal infracción se origina en comunicaciones verbales de una persona a otra, de allí que la prueba indirecta sea admitida y las presunciones adquieran singular importancia (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Depreciación monetaria, moneda, inflación, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fitam  S.A.I.C.F.I. c/ Ma-cer  S.A.C.I.F. e I. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Cuando la equivalencia de las prestaciones se altera a causa del proceso inflacionario, que al menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el reajuste equitativo del saldo pendiente, sólo así queda incólume el derecho de propiedad.
Competencia por el turno, plazos procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LEONI, Fabio s/ Falsificación LEONI, Fabio s/ Falsificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28|1997-08-28

Los plazos establecidos por el art. 348 del R.J.C.C., se verifican por días y no por horas, conforme el modo de contar los intervalos del derecho (art. 24, Cód. Civil).
Suspensión del proceso judicial, presentación espontánea del demandado, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Asociación de Vendedores Ambulantes s/ Acción Reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-24

"En este caso, el proceso estaba suspendido por lo que no se dio trámite a la demanda ni el demandado la contestó y así lo dijo la Juez a-quo, resolución que se encuentra firme. No obstante, el demandado tomó conocimiento de ella y compareció antes de ser llamado a juicio. Sólo se dio por notificado del "escrito" de demanda y pidió interrupción y/o suspensión de términos hasta tanto contar con las copias de la prueba documental.

Por lo tanto, si no se le había dado trámite a la demanda, ni el demandado la había contestado, no había obstáculo legal para que la actora ampliara su escrito inicial, de conformidad a lo dispuesto por el art. 294 del C.P.C., aún cuando hubiere comparecido espontáneamente el demandado".
Recurso extraordinario de nulidad, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crespo, Eduardo Horacio c/ Di Cianni, Claudio Mario s/ Suc. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La queja por falta de fundamento legal en la determinación de los montos indemnizatorios, debe canalizarse por el recurso extraordinario de nulidad, por ser materia ajena al de inaplicabilidad de ley.
Acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, daño moral, empleados públicos, transferencia del personal, asignación de funciones, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Arce, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 315-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

La sensación de disgusto producida por el acto administrativo ilegítimo, en principio, no alcanza a tener la magnitud de un daño indemnizable, mientras no se demuestren circunstancias que superen el margen de razonable tolerancia que impone la convivencia en sociedad.

Tales molestias se solucionan normalmente con el cese de la causa que las provoca, sin perjuicio de la reparación de los daños materiales que se hayan producido. En el caso, si bien es cierto que la relación de empleo sufrió alteraciones, no surge que la medida impugnada hubiera significado una aflicción moral susceptible de ser reparada, habiendo cesado las molestias ocasionadas por el traslado al regresar el actor a sus funciones.
Proceso penal, imputado, comisión de nuevo delito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AYALA, FABIO EDUARDO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

El estado de inocencia sólo puede destruirse mediante una sentencia condenatoria firme, lo cual impide otorgar a la mera imputación por un nuevo hecho cualquier efecto perjudicial respecto de la primera pena que, de alcanzar su fin, debe necesariamente recibir una declaración respecto a su cumplimiento. Así, en la postura propiciada por el A quo, la imputación por la posible comisión de un nuevo delito tiene el efecto de suspender la decisión acerca del vencimiento de la primera pena hasta que se resuelva si corresponde declarar su responsabilidad penal, lo cual no se vislumbra como compatible con el principio en cuestión. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 18
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Couce, Dina María c/ Da Cruz Almeida, Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

La incapacidad física y el lucro cesante son dos conceptos que no se superponen, sino que responden a la idea de una reparación verdaderamente integral. El segundo de ellos se refiere a la ganancia concreta y efectiva que el damnificado se vio privado de percibir durante el tiempo en que no pudo trabajar de modo absoluto (arts.1068, 1069, 1086 Código Civil). En cambio, la incapacidad sobreviniente evalúa la imposibilidad de la víctima para producir en el futuro, representando la merma genérica en la capacidad de la misma, que se proyecta sobre las esferas de su personalidad (art.

1083, Código Civil).
Thema decidendum, principio de congruencia, debido proceso, defensa en juicio, negligencia procesal, orden público laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, EDGARDO F. c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

La presente queja no ha de tener favorable acogida, por cuanto el impugnante se limita en su escrito a enunciar la arbitrariedad en que a su criterio incurrió el Tribunal desnaturalizando el derecho a una reparación plena que se debió proteger en el caso y licuando la indemnización que le corresponde al aplicar el tope de acuerdo a la reparación tarifada por incapacidad parcial y permanente, mas sin hacerse cargo de los argumentos vertidos en el fallo en el sentido de que los juzgadores no podían resolver un capítulo no sometido a la consideración de las partes ni de la juzgadora en la instancia procesal oportuna -por fuera de los términos que integraron la litis- puesto que en su defecto se afectarían las garantías de debido proceso y defensa en juicio, y además se vulneraría el principio de congruencia; y tampoco cuenta con andamiaje constitucional la postulación relativa a que al tratarse la ley 26773 de normativa de orden público correspondía su aplicación oficiosa, puesto que tal como lo sostiene la Cámara, no resulta pertinente en el presente suplir oficiosamente la negligencia de la parte aunque se trate del trabajador, ya que en estos casos no opera el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Hoteles, beneficios sociales, comedor, carácter no remuneratorio, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: IRUSTA, RAMON c/ HOTELES ARGENTINOS SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

El CCT 130/90 establece en su art. 109 el derecho de los dependientes a cobrar un adicional por prestación alimentaria que, en su caso, podrá ser sustituido mediante el servicio de comedor del hotel donde se desempeñe el dependiente, según los usos, costumbres y modalidades de cada establecimiento, lo que lleva a inferir que tal pausa en la jornada laboral no puede ser interpretada ni computada como tiempo de trabajo efectivo a fin de cobro de un rédito salarial (art. 103 LCT).
Expresión de agravios, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cicconi, Daniel Alejandro c/ Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

La expresión de agravios debe consistir en la crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en la que se demuestre punto por punto la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador, con la indicación de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. C.N.A.Civ., Sala D, sent. del 20.11.75, "González Velasco, Manuel y otra c/ Peradotto de Caveri, Natalia" (Jurisprudencia Argentina, 1976, II, pág. 241). Precisando más el concepto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Especial, Sala I, al fallar, el 2/4/80, en autos "Malewicz, Rubén c/ Orts, José y otros", entendió que "lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado, y lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones" (La Ley, 1980 - B, pág. 688). (En igual sentido esta Sala en autos "Loto, José María c/ A.N.Se.S.", sent. 69756, de fecha 20.09.09).
Nulidad de sentencia, levantamiento de medidas cautelares, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA ELISA GIOINO DE HERRERA c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-11-12

Es nula la providencia que ordena el levantamiento del embargo obviando el trámite incidental correspondiente y la notificación de la misma en la forma que prevee nuestra ley procesal (artículo 154, inciso 6 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de Tucumán). Así, de acuerdo al principio constitucional que garantiza la defensa en juicio, nuestra ley adjetiva, como todos los códigos procesales, han establecido el régimen de bilateralidad, según en cual todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, ello importa la contradicción, o sea el derecho de verificar su regularidad. Por ello constituye una arbitrariedad el ordenar el cumplimiento de una resolución, sin más trámite, es decir, sin contralor de las partes.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, RIPTE
Materia: LABORAL
Carátula: Pettina Jesica Gisel c/ Galeno ART S.A. -Ordinario - Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos)" expediente 6415021 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-01

La Resolución SSN 1039/2019 resulta inaplicable por inconstitucional y el mecanismo para el ajuste del ingreso base histórico, será el de dividir último índice RIPTE ubicado al momento de la liquidación por el del mes de la primera manifestación invalidante (PMI), y se multiplicará el coeficiente así obtenido por el valor del ingreso base. Como se señala en el Anexo de la Resolución 332/2023, dado que la variación de las RIPTE se publica luego de procesados los resultados obtenidos tras las presentaciones de las DDJJ F.931, para ajustar el ingreso base desde la última publicación de RIPTE hasta la liquidación, se utilizará la variación habida en el último período publicado y se capitalizará al cierre de cada mes hasta la PMI. Las RIPTE no tienen una 'variación diaria'. Por el contrario, se publica en base a la presentación de los F.931, que son mensuales, y que están asociados a los incrementos salariales liquidados al cierre de cada mes, y no por cada día del período. Pero si se ha planteado un ajuste hasta la fecha de liquidación mediante un sistema de prorrata del porcentaje, así corresponde utilizarse.
ANSSAL, responsabilidad del Estado, prestaciones de la obra social
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantero Zaracio Erenia. c/ Obra Social del Personal de la Industria Textil y otro. s/ Responsabilidad Médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

Señala la actora "...que por el art. 15 de la ley 23.660 y en consonancia con el art. 3 de la ley 23.661, se establece que la Administración del Seguro de Salud realizará tareas de control y fiscalización de las obras sociales...". Ello así, la circunstancia de que el Estado Nacional tenga a su cargo conducir, controlar y supervisar el sistema de salud no puede conducir a que resulte responsable por los hechos u omisiones de los prestadores de servicios médico - asistenciales. Lo contrario llevaría a confundir al Poder de Policía, con la prestación de la obligación, principalmente a cargo de un ente con personalidad distinta de la del propio Estado.
Procesos especiales, excepciones procesales, tutela de la competencia, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: WILSON ANABELLA c/ CAJA DE SEGUROS SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-30

Fue juzgado que mediante el mecanismo de reiterar periódicamente la anotación de la inhibición general de bienes del deudor, el ejecutante mantenía vivo su derecho pero a la vez impedía de modo disfuncional (conf. CCCN 10) la posibilidad liberatoria de su deudor, todo lo que no debía merecer amparo jurisdiccional. Ello así, en el caso, la petición del banco se inscribe dentro de las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico para el cobro de su acreencia sin que quede patentizado un ejercicio disfuncional de su derecho que autorice su descalificación en el marco del CCCN 10. En efecto, reza la norma citada que el ejercicio regular de un derecho propio no puede constituir como ilícito ningún acto. De allí que la petición de decretar la cautelar nominada por el CPR 228 exhibe y vehiculiza adecuadamente la intención del acreedor de mantener vivo su interés en satisfacción de la condena reconocida por un pronunciamiento jurisdiccional. Y es que el transcurso del tiempo no es un elemento que de modo aislado y sin petición liberatoria del interesado, pueda enervar la ejecución de la sentencia a poco que se recuerde que no es deferido al órgano jurisdiccional la aplicación oficiosa del instituto de la prescripción (arg. CCCN 2552). Quede explicitado, entonces, que no se encuentra atinado cercenar el interés que patentiza el pedimento del acreedor cuando su legítimo derecho se inscribe dentro de los lineamientos que autoriza el mismo ordenamiento jurídico. Es que ninguna facultad legal puede ejercerse legítimamente con un propósito extraño a la tutela del interés que resguarda, ocasionando un daño excepcional que exceda el marco ordinario de las relaciones jurídicas; todo lo que aquí no parece acontecer.
Empleo público, prescindibilidad, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALONSO s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Que, establecida la estabilidad por imperio constitucional, en 1937, el dec.ley 6666/57 -vigente al momento del cese del actor- estableció en el art. 24 que en los únicos supuestos legales de extinción de aquella (arts. 11, 34 y concs. dec. cit.) el agente podía acudir por vía directa ante este Tribunal y si el fallo disponía su reincorporación, tenía derecho a que se le reconociera " ..los haberes devengados desde la fecha que se dispuso el cese de la prestación de servicios..." (art. 27). Ello por cuanto en la época de la sanción del dec. ley cit. la prescindibilidad era desconocida en nuestro ordenamiento positivo.

Cabe, pues, una interpretación amplia del art. 27 pues no necesariamente va unido al pago de haberes al régimen recursivo directo que la ley establece, sino más bien a la garantía de estabilidad que un acto nulo conculca.