Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-16


SENT Nro. 40 San Miguel de Tucumán, 16 DE FEBRERO de 2004.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la defensa de la imputada en autos: "Villafañe de Brito, Teresa Angela s/Extorsión en el grado de tentativa en concurso real con el delito de violación de domicilio"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 868/877 la defensa de Teresa Angela Villafañe de Brito interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 31/10/2003, que desestimó la impugnación casatoria intentada por su parte, y dispuso corregir el error de derecho expresado en la fundamentación del pronunciamiento.

Atribuye arbitrariedad al decisorio, por aplicar una figura penal distinta de aquella en que el Tribunal de mérito había efectuado la subsunción típica; decidiendo una condena penal con prescindencia de la oralidad del juicio. En lo sustancial, afirma que Villafañe de Brito se defendió de la acusación por el delito de allanamiento ilegal, supuesto típico descripto por el art. 151 del Cód. Penal, distinto del contenido en su art. 150. Sostiene que el Tribunal de Casación no puede corregir un error de derecho y condenar por una conducta distinta de la atribuida por el Tribunal de Juicio. A su entender, la acusación involucró un delito especial en el que se había considerado la calidad de autor -funcionario público o equiparado a tal-, como elemento objetivo del tipo; sin el cual la conducta sería atípica. Que la acusada se defendió del delito de allanamiento ilegal, y la instancia casatoria fue promovida por ella, con desistimiento del Ministerio Público Fiscal; derivando de ello que la decisión sólo podría ser revisada a su favor.

Añade que la sentencia sería arbitraria, porque al corregir el error de derecho agregó una pena accesoria, a computarse desde que la sentencia quede firme. Concluye que el pronunciamiento es nulo, por condenar a su asistida sin acusación pertinente o por un hecho distinto al atribuido en el debate oral y público, agravando además la situación procesal de la inculpada. De este modo, se verían conculcados el art. 18 de la Constitución Nacional, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporados por el art. 75, inc. 22, en cuanto consagran el derecho irrestricto a la defensa en juicio, el debido proceso legal y el estado jurídico de inocencia.

A fs. 874/877 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien considera inadmisible la impugnación, por referirse a cuestiones de derecho común y de derecho procesal, relativas a la facultad de la Corte para dictar sustitutiva y corregir errores de derecho en la sentencia impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva (arts. 479 y 481, CPP). En torno a la alegada variación del supuesto típico, señala que la conducta imputada en los arts. 150 y 151 del Cód. Penal es la misma -ambas descriptas en el capítulo "violación de domicilio"-; variando sólo la calidad del autor. Puntualiza, finalmente, que el desistimiento del recurso por el Ministerio Público no significa que la Corte se vea impedida de corregir el error de derecho, a mérito de lo dispuesto por el citado art. 481 del CPP.

2.- Conforme establece el art. 257, segundo párrafo del Código Procesal de la Nación, el Superior Tribunal de la causa ante el cual se ha planteado el remedio extraordinario decidirá sobre su admisibilidad, cuyo juzgamiento se refiere a la presencia o no de los requisitos procesales propios de la vía tentada, que surgen de los arts. 14 y 15 de la ley 48.

En el sublite, las cuestiones resueltas son de derecho común y procesal, como regla irrevisables por vía del recurso extraordinario federal (cfr. CSJNac., Fallos: 301:1007; 301:1073; 302:283). Así, falta en el caso el requisito de la "relación directa e inmediata", que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla.

Cabe poner de relieve que no obstante la invocación de garantías constitucionales, las cuestiones debatidas y resueltas en juicio y en la sentencia impugnada, son de derecho común y por tanto insusceptibles de ser revisadas por vía del recurso extraordinario federal (cfr. CSJNac., Fallos... 301:1007; 301:1073; 302:283). Así, falta en el caso el requisito de la "relación directa e inmediata", que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla. De ello se sigue que no basta la mera alegación de violación de normas constitucionales formulada por el recurrente, para que se cumpla el requisito de existencia de la cuestión federal.

En el caso, el impugnante recurre a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en tanto hipótesis que excepcionalmente habilitaría la instancia extraordinaria, aun cuando las cuestiones debatidas y resueltas fueren de derecho común. Si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juzgar en definitiva sobre la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento, ello no exime a este Tribunal de resolver, en orden al juicio de admisibilidad que le compete, si el recurso cuenta, prima facie, con fundamentos suficientes para sustentar el vicio alegado.

Al respecto, esta Corte ha destacado reiteradamente la posición firme adoptada por el Supremo Tribunal Nacional en torno al carácter excepcional de la arbitrariedad, siendo reiterada su jurisprudencia en el sentido de que este remedio extraordinario no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados, o que el recurrente considere tales en temas no federales, exigiendo para su procedencia un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, o una absoluta falta de fundamentación (cfr. CSJNac., Fallos... 261:209; 274:135: 284:110; 297:100, entre otros). Si así no fuera, la Corte de la Nación podría encontrarse en la necesidad de revisar todas las decisiones de los tribunales de la República, en cualquier clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren la Constitución y las leyes (cfr. CSJNac., Fallos: "Sosa, Eduardo Adolfo y otros", del 15-5-84). Es por ello que, en tanto la sentencia impugnada contenga fundamentos que impidan su descalificación como acto judicial, no puede invocarse la doctrina de la arbitrariedad.

3.- El pronunciamiento cuestionado exhibe una suficiente consideración de las pretensiones articuladas, con apoyatura jurídica en la ponderación de la legislación aplicable al caso, consignando los preceptos normativos vigentes a los que se ajusta la decisión, y los antecedentes de la causa que se resuelve. La Sala Civil y Penal desestimó fundadamente los distintos motivos de casación planteados por la defensa; referidos a la pretensa autoridad de cosa juzgada atribuida al auto de sobreseimiento que benefició a otros coimputados, y a la determinación de la base fáctica establecida en autos; reclamando además la aplicación del beneficio de la duda a favor de su asistida. Al respecto, puso de relieve que el cuadro probatorio fijado en la instancia de mérito se presenta suficiente para respaldar la conclusión fáctica sustancial, relativa al ingreso de Villafañe de Brito al domicilio de la denunciante, contra su voluntad. Que la sentenciante ha dado razones de su fallo; y el recurso de casación se estructuró a partir de su mero desconocimiento, o del cuestionamiento al grado de convicción que deriva de las pruebas rendidas. Señaló, en definitiva, que los hechos fijados en la instancia de mérito son inconmovibles en casación; y que el juicio emitido por la Cámara ha sido el de certeza; por lo que declaró inadmisible la impugnación en relación a tales agravios.

En cuanto a la calificación legal adoptada por el Tribunal a quo, puso de relieve que la acusada no actuó como funcionaria pública o autoridad pública; toda vez que no le habían sido asignadas funciones de oficial de justicia, con facultades para proceder al secuestro de bienes. Que la figura descripta en el art. 151 de la ley sustantiva está dirigida a preservar la inviolabilidad del domicilio contra los ataques injustificados de la autoridad, en función de tal; y si el agente obra como simple particular -según aconteciera en el sublite-, tal actuación queda comprendida en el art. 150 del CP. En consecuencia, corrigió el error de derecho contenido en el fallo recurrido, según faculta el art. 481 del CP; encuadrando en caso en el delito de violación de domicilio previsto por el art. 150 CP.

La confrontación del fallo con el recurso que lo impugna, comprueba fehacientemente la falta de fundamento de la alegada arbitrariedad, pues en definitiva los agravios expresan la mera discrepancia del impugnante con las razones que sustentan la decisión. En tal sentido, la diferente interpretación que la defensa asigna a los hechos de la causa, resulta insuficiente para habilitar la vía intentada con sustento en la doctrina de la arbitrariedad; toda vez que el decisorio aparece provisto de fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para motivarlo.

En tal sentido, la lectura del memorial introductorio del recurso federal muestra que en torno a la cuestión de fondo, no se intenta demostrar con suficiencia el déficit atribuido al Tribunal, con el alcance de descalificarlo como acto jurisdiccional.

Desde este enfoque, se advierte que el recurso no se basta a sí mismo, pues omite una relación suficiente e integral de los antecedentes de la causa, y del contenido de la sentencia cuya arbitrariedad denuncia; limitándose a postular una pretensa falta de correlación entre la acusación y el tipo penal descripto en el citado art. 151, que no ha sido suficientemente fundada. La defensa ignora razones decisivas expuestas en el pronunciamiento, que condujeron a corregir el error de derecho; sin que logre poner en evidencia una alteración sustancial de la base fáctica definitivamente establecida en la instancia de mérito, que impida la corrección del error de derecho, y determine ineludiblemente la decisión absolutoria reclamada.

De este modo, se incumple el requisito de fundamentación autónoma; que comporta, como uno de sus componentes necesarios, la impugnación del fallo objetado. Resulta inexcusable demostrar ante el más alto Tribunal de la Nación, las razones por las cuales la resolución judicial cuestionada no satisface el derecho federal invocado. El planteo del recurso extraordinario federal debe contener una crítica correcta, prolija y circunstanciada de todos y cada uno de los fundamentos que sustentan el fallo atacado. Resulta imprescindible rebatir todos los argumentos en que se ha fundado el Tribunal Superior de la causa para llegar a las conclusiones cuestionadas; recaudo que no se cumple en la especie, con lo que la arbitrariedad alegada no se verifica prima facie.

4.- No cabe sino señalar que la descalificación de las sentencias arbitrarias por el Alto Tribunal Nacional, se sustenta en que el vicio que las afecta compromete la intangibilidad de una o varias garantías de la Constitución Nacional. Por ello, se ha dicho que la arbitrariedad "no constituye un fundamento autónomo de la apelación del art. 14 de la ley 48, sino el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional. Es improcedente el recurso si los recurrentes no demuestran claramente qué garantía constitucional resultó afectada por la interpretación legal del a quo (Fallos... 275: 251; 300:1006; 301:602; 308:770, etc.; cfr. Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Tº I, pg. 512).

Si la doctrina de la arbitrariedad es excepcional frente a un pronunciamiento que hace aplicación de normas de derecho común y procesal, tanto más lo es en el supuesto donde los fundamentos del fallo atacado no han sido adecuadamente controvertidos en su totalidad por el recurrente. La Sala Civil y Penal de esta Corte ha expresado las razones que determinaron la desestimación del recurso de casación deducido por la defensa; con lo que permanece incólume la base fáctica establecida en la instancia de mérito. Los agravios planteados son insuficientes para advertir el déficit denunciado, con lo que aparece indemostrada prima facie la pretensa arbitrariedad; como tampoco se pone en evidencia de qué modo los derechos constitucionales mencionados han sido conculcados en la sentencia cuestionada. No se ha procurado evidenciar suficientemente cómo -y por las razones dadas en el fallo- se produjo la vulneración de las garantías mencionadas, destacándose que la afirmación de una determinada solución jurídica no resulta idónea, por sí misma, para sustentar este recurso excepcional.

Se concluye que las cuestiones no federales que el impugnante intenta someter a conocimiento de la Suprema Corte Nacional, han sido resueltas por aplicación de normas de derecho común. Los argumentos recursivos no logran demostrar, prima facie, la existencia de la pretensa arbitrariedad, y ello impide la apertura de la instancia extraordinaria federal, por lo que procede denegar su concesión.

Por ello, compartiendo la conclusión a la que arribara el Sr. Ministro Fiscal y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal deducido a fs. 868/877 por la defensa de Teresa Angela Villafañe de Brito, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 31/10/2003.

HAGASE SABER.- RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA