marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Insolvencia fraudulenta, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA CASTRO OLGA s/ INSOLVENCIA FRAUDULENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-12

La insolvencia fraudulenta exige como presupuesto esencial la existencia de una sentencia firme en proceso judicial en sede civil o en sede penal, y la acción consiste en hacerse insolvente a través de medios predeterminados para frustrar el cumplimiento de las obligaciones civiles y que además el hecho o acto jurídico perjudicial debe haberse llevado a cabo un proceso, siendo necesario el conocimiento cierto de la iniciación de la causa (a través de la notificación de la demanda que posibilita el conocimiento de la querella).
Tenencia de armas, progresividad del régimen penitenciario, antecedentes penales, ley vigente, funciones transitorias, proceso penal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: González, Aníbal Marcelo c/  s/ 189 bis (2) - tenencia de arma de fuego de uso civil s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde que continúe interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional toda vez que la declaración de incompetencia dispuesta por dicho juzgado resulta prematura, al no estar precedida de una investigación suficiente que habilite la correcta subsunción de los hechos en normas del código penal que resulten ajenas, al momento de su comisión, a su competencia material. Sólo una vez aclaradas las particulares circunstancias expuestas en la resolución de la magistrada del fuero local que rechazó la competencia atribuida se podrán precisar los hechos y su calificación legal. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Contrato de trabajo, competencia laboral, opción del trabajador
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Loma  Negra  CIASA. c/ Santiago  del Estero, Provincia de y otro(Ministerio  de  Gobierno, Dirección General de Trabajo) s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

El art. 24 de la ley 18.345 está inspirado por el propósito evidente de proteger a los trabajadores, a fin de que los tribunales ante los cuales se sustancia el proceso se hallen situados a razonable proximidad de sus domicilios.
Ley de contrato de trabajo, obligaciones del empleador, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Juan Gastón c/ Vicente Albors S.A. s/ apelación de sentencia s/ inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-10-05

Si bien es cierto que lo establecido por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), no es un trámite dificultoso para el trabajador, es claro que, para el legislador constituye una carga que ha puesto en cabeza del empleador. De este modo resulta ilógico comparar la actividad que podría desarrollar el trabajador para conseguir dicha constancia, con la multa y no compararla con la actividad que podía o debía realizar el empleador para obtenerla.
Procedimiento laboral, verificación de créditos, crédito laboral, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: AROS OVANDO, MAGALY PILAR c/ ARONOWICZ, MARCELO JORGE SILVIO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

El incidente de verificación consiste en un proceso de conocimiento bilateral de una profundidad intermedia entre la del mero incidente y la del juicio ordinario. Por esta razón, en líneas generales, ha sido equiparado por todas las normas regulatorias a la demanda judicial y la resolución se considera definitiva y posee efectos análogos a la sentencia, tanto en lo que concierne a la cosa juzgada como a los fines del cómputo de las mayorías para la base de los eventuales acuerdos. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: López Fretes, Gustavo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-09

El derecho a acceder a la jurisdicción no es un derecho absoluto y, en consecuencia, puede ser objeto de razonable reglamentación (arts. 14 y 28 CN). La exigencia de interponer ciertos recursos administrativos en forma previa a demandar al Estado en juicio, o su dispensa, corresponde al ámbito de decisiones que la Legislatura puede adoptar para regular el art. 12, inciso 6, de la CCBA. En lo que aquí interesa, el CCAyT (ley nro. 189) ha establecido la forma de impugnar ante los tribunales las decisiones de las autoridades administrativas
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, interpelación, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Aquino, Luis Angel. c/ Fernández Gómez, Daniela. s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-03-05

Cuando la intimación no lo fue por los treinta días conforme lo prescripto por el art.1 del Dec. 146/01, y la patronal fue intimada en repetidas ocasiones y el plazo transcurrió en más de lo fijado por la norma, manteniéndose por parte del empleador, y una conducta contraria a la esperada por la ley, debe considerarse un exceso ritualismo al rechazar la imposición de la sanción conminatoria, cuando se intimó en tres oportunidades, se denunció ante el organismo específico y hasta se inició un proceso judicial, pese a no habérsele otorgado al empleador los mentados treinta días en la primera intimación.
Derecho a la nacionalidad, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la Defensora Pública de Menores y por L.N. en la causa N., L. (en representación de N.K.M.E.) s/ medida autosatisfactiva c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

Los argumentos invocados por la cámara para rechazar la pretensión de obtener la nacionalización argentina por opción para un menor de edad nacido en Polonia importan una apreciación rigurosa del asunto y de la normativa que rige el caso, además de una sujeción a aspectos formales que no se condice con la entidad del derecho en juego ni con la conducta que deben adoptar los jueces llamados a entender en supuestos en que se encuentran involucrados los intereses de menores de edad, atinente a encauzar los trámites por vías expeditas y a evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional.
Contrato de comisión, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miguez, José Ceferino c/ Ansaldi, Eduardo s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La situación creada como consecuencia de la presunta violación del contrato de comisión y los perjuicios derivados, no es oponible al tercero.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank c/ Del Bueno, Rodolfo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

No es admisible en el proceso ejecutivo, incursionar en aspectos ajenos a la literalidad del documento, so pena de quebrantar la prohibición prescripta en el art. 542 inc. 4 del ordenamiento procesal y desconocer las previsiones contempladas en el art. 793 del Cód. de Comercio. Es que las constancias de saldos deudores que aprehende el mentado art. 793, último apartado, se autoabastecen sin necesidad de ocurrir a complemento alguno, reposando en una implícita responsabilidad de los bancos, habida cuenta que, ante cualquier error o abuso en que eventualmente pudiesen incurrir, permanece enhiesta la posibilidad de subsanarlos en un debate de conocimiento pleno con la satisfacción de los perjuicios pertinentes por intermedio del juicio ordinario posterior (art. 551 del Cód.

Proc.). De tal modo, como las alegaciones del ejecutado pretender intentar desnaturalizar las improntas compulsorias que conlleva el presente juicio, pues introduce objeciones de carácter causal que implican controvertir el monto consignado en el instrumento base de la ejecución, devienen inaudibles (art. 542 inc. 4 Cód. Proc.; 793 Cód. de Comercio.).
Sociedades de capital, directorio, socios, régimen jubilatorio, relación de dependencia, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROMOTORA AGROPECUARIA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-16

Los integrantes del órgano efectivo de una sociedad capital se encuentran habilitados para llevar adelante todas las actividades que constituyen el objeto social y así alcanzan la finalidad perseguida por los socios, juntamente con el interés social que debe guiar prioritariamente la conducta de los integrantes del cuerpo colegiado del que forman parte. Por ello, la labor dependiente subordinada sólo podrá configurarse excepcionalmente, con pruebas indudables, no pudiendo basarse la imposición de un cargo en meras apreciaciones o presunciones que pretenden forzar, dentro de un marco meramente fiscalista, los atributos de sus gestiones.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, concursos, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Versailles  Ltda s/ Quiebra,  inc.  de  revisión  promovido  por  Sevel  Argentina    SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que verificó un crédito, pues si bien la cámara consideró que la materia litigiosa quedaba circunscripta a determinar si la actora constituyó válidamente el depósito a plazo fijo en la caja fallida mediante el ingreso efectivo de los fondos, no se han examinado las pruebas producidas a tal fin, basándose el fallo en aspectos meramente formales de la operación bancaria.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Algan Néstor E. s/ Concurso Preventivo - Inci.Verificación Tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si bien se ha dicho que en los supuestos de demanda de verificación de créditos, el monto del juicio a los efectos regulatorios está dado por el importe nominal del crédito verificado y con exclusión de actualización o intereses (en cuanto tal reclamo no se encuadra en los supuestos de los arts. 23 y 51 de la Ley 19551) es advertible que cuando el acuerdo homologatorio prevee tal actualización, se abre la posibilidad de que en los incidentes como el considerado se tome como pauta el monto actualizado del respectivo crédito en la medida que el procedimiento de reajuste no tenga mayor alcance temporal que el previsto por el auto homologatorio del acuerdo preventivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Beres, Diego Javier s/ Homicidio culposo Soto, Pablo José y otros s/ Atentado y resistencia contra la autoridad. Abuso de armas y  lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19|1994-12-27

Corresponde anular de oficio la sentencia de Cámara que sobresee parcial y definitivamente al procesado por hallarse prescripta la acción penal, toda vez que este supuesto configura una situación de incompatibilidad con el debido proceso pues ello no se compadece con lo estatuido por el art. 59 inc. 3º del Código ni menos aún con el supuesto previsto en el art. 381 inc. 3º del Código de Procedimiento Penal citado por el "a quo".
Recurso de reposición (procesal), recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, Derecho laboral, empleador, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: CAULA, CARLOS DANIEL c/ ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12

Corresponde desestimar la revocatoria interpuesta contra la providencia que intimó al recurrente a acompañar la boleta de depósito prevista en el artículo 8 de la ley 7055, desde que -en su calidad de empleador- no está exento de dicho pago siempre que le corresponda hacerlo, sino que los empleadores sólo se encuentran beneficiados con la postergación de éste hasta que haya decisión respecto de la imposición de costas, momento a partir del cual deben reponer todas las actuaciones o la parte a su cargo; y dicha postergación (consagrada en el Código Procesal Laboral) no es extensible a la carga de depositar que la ley que específicamente regla el recurso de inconstitucionalidad establece como condición de admisibilidad de la queja por denegación de éste y no constituye un impuesto, tasa ni otro tipo de contribución provincial y municipal a que hacen referencia aquellas normas, decidiendo desestimar reclamos semejantes al presente. - CITAS: CSJN: Golpe, del 23/3/1993 y Bielli, del 22/9/1992. Jurisprudencia vinculada: Rodríguez, AyS T 135, p 490/491.
Universidades, facultades universitarias, superintendencia, establecimientos educacionales, reglamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La Ordenanza 2/97, dictada por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, por la que se transformó al Colegio Nacional de Monserrat en un establecimiento de educación mixta, se enmarca dentro de las facultades acordadas por sus Estatutos (arts. 15 inc. 1 y 26) que lo habilita para ejercer jurisdicción superior universitaria y dictar ordenanzas y reglamentaciones acordes con los fines de la Universidad (inc. 8); también las relativas al gobierno y decisión de los asuntos e instituciones sometidas bajo su órbita de competencia, como es el caso de la institución mencionada.
Acción de amparo, ley vigente, competencia, Superior Tribunal de Justicia, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: MALVE, JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17

La nueva ley de amparo vigente preveé la competencia del Superior Tribunal como órgano de Apelación. Recepta así la norma la garantía de la doble instancia. Por lo que la concurrencia a dicho cuerpo impetrando su competencia originaria implica la renuncia a esa doble instancia que se estatuye no sólo en garantía y beneficio del amparista, sino de aquel respecto de cuyos actos u omisiones se dedujo el amparo, quien podría llegar a verse privado de dicho favorecimiento, lo cual afectaría la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal.
Impuesto sobre los beneficios eventuales, compraventa inmobiliaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZ MIRANDA, Aníbal I, s/ RECURSO    DE   APELACION  -  IMPUESTO  A  LAS  GANANCIAS  EVENTUALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

La ganancia proveniente de la transferencia de inmuebles se considerará realizada en el momento de suscribirse el boleto de compraventa, siempre que simultáneamente se diera la posesión, debiéndose imputarse al año fiscal dentro del cual ocurra el hecho (art. 8 de la reglamentación).

Se desestima la prescripción alegada toda vez que el 2 de abril de 1970 se puso en posesión al adquirente de la fracción enajenada, resultando correcta la imputación fiscal al ejercicio de 1970.

Ello es así, a poco que se advierte que el vencimiento para presentar la declaración jurada anual y el pago del gravamen respectivo fue fijado para el día 20 de abril de 1971, quedando fuera de duda que al momento en que se practicó la impugnación fiscal (26.6.70), no había vencido el plazo quinquenal de prescripción, ya que su cómputo comenzó el 1 de enero de 1972.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Pelach, Horacio Sergio c/ BCRA. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

El régimen de garantía de los depósitos que establece el art. 56 de la ley 21.526 no es absoluto y la reparación que la ley encomienda al ente rector del sistema financiero no puede ponerse en práctica de modo automático.
Acción meramente declarativa, Impuesto sobre los ingresos brutos, facultades tributarias provinciales, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Outokumpu Fortinox S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

La acción declarativa de certeza iniciada en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse la actora frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, constituye una vía idónea para motivar la intervención de la Corte, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley provincial 10.412, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto.
Constitución Nacional, sistema de gobierno, democracia, derecho de peticionar, tratados internacionales, jerarquía de las leyes, Declaración Universal de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Si bien el derecho a la participación ciudadana -aun antes de la reforma constitucional del año 1994- se encontraba encapsulado dentro de la trama de derechos y garantías no enumerados, pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (confr. art. 33 C.N.), teniendo en consideración la jerarquía constitucional otorgada a los pactos internacionales enunciados en el segundo párrafo del inc. 22 del actual art. 75, no puede dejar de señalarse que hoy se encuentra expresamente citado en el art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se afirma que "1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos". (Del voto del juez Uslenghi).
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, acta de secuestro, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, Gustavo. s/ ALLANAMIENTO. ACTA DE SECUESTRO. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

La ausencia de una orden judicial de allanamiento no puede ser suplida por la sola mención, en el acta de secuestro, de que la dueña de casa 'no opuso reparos en que se ingresara', resultando nula el acta, por ser la diligencia mencionada lesiva del principio de la inviolabilidad del domicilio privado (art. 18 C. N.).
Daño moral, indemnización, responsabilidad contractual, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: VASQUEZ DE CERDERA Rosalba y Otros c/ Pérez Alday Maria Andrea s/ Rescisión de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-31

En cuanto al daño moral debemos partir del principio según el cual: El daño moral o extrapatrimonial es la lesión en los sentimientos por el dolor que sufre una persona, insusceptible de apreciación pecuniaria, como el daño al honor, a las afecciones legítimas o a los derechos de la personalidad o personalísimos.

La idea central es que se trata de una lesión a los sentimientos y que su reparación tiene eminentemente carácter resarcitorio.

No es una sanción porque, si no, no sería reparable en la responsabilidad objetiva. Se trata de una indemnización o resarcimiento.

En el ámbito contractual está contemplado en el art.

522 que establece: "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

Sin embargo no cualquier inquietud, desagrado o perturbación del ánimo por el incumplimiento contractual es idónea para provocar un daño moral de la personalidad del contratante, un menoscabo a afecciones legítimas pero si se acredita debidamente la afectación a un interés extrapatrimonial, corresponderá la indemnización del daño moral.

Ergo, si en el caso no se ha cumplimentado la acreditación respectiva por parte de la actora la pretensión indemnizatoria por este rubro debe rechazarse, confirmando el fallo de primera instancia en lo pertinente.
Impuestos, responsabilidad solidaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Club  San  Lorenzo   (TF  15.012-I  y  AC  15013-I) c/ D.G.I."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

El procedimiento de determinación de oficio se inicia con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas o de las impugnaciones o cargos que se formulen para que realice por escrito su descargo (art. 24, ley 11,683, t.o. 1978) y posteriormente, se habrá de dictar resolución fundada fijando el tributo y/o estableciendo la responsabilidad solidaria en el caso concreto. Es mediante esta última resolución a través de la cual se efectiviza la responsabilidad solidaria y, en consecuencia, el organismo recaudador sólo puede dictarla una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena (Cons. V).
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Luis Horacio s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

En cuanto a la alegada "gravedad institucional" hay que destacar que, respecto a su fundamentación en el recurso interpuesto, prima facie, este Tribunal entiende que el modo como ha sido expuesto no permite tener por acreditado este supuesto excepcional. En este sentido se ha dicho que "corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indubitable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte". También cuando "la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas"
Servicio Penitenciario Federal, competencia excepcional
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS PERSONAL DE REQUISA, DEL CPF CABA  c/  s/ 144BIS 3 - PRIV ILEGAL DE LA LIBERTAD (FUNCIONARIO QUE IMPONE SEVERIDADES O APREMIOS ILEGALES A LOS PRESOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

La competencia federal es restrictiva y de excepción; y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no debe entenderse que los agentes del Servicio Penitenciario Federal cumplan funciones de específico carácter federal en los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que alojan detenidos. Ello así, los hechos de violencia que allí se suscitaren tampoco dan lugar a la competencia de la justicia de excepción (Fallos: 301:408 y 343:300). (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal).