Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2008-10-31


Posadas, octubre 31 de 2008.

Concedida la palabra al Dr. Humberto Augusto Schiavoni, dijo:

Por Resolución Nº 661 de fs. 503/504, se declaró formalmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada La Caja -Aseguradora de Riegos del Trabajo-ART-, contra el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral Sala I obrante a fs. 459/465 vta. de autos, que rechazó los recursos de apelación deducidos y confirmó la sentencia de fs. 271/276, que entre otras cuestiones declaró la inconstitucionalidad del art. 18 de la ley 24.557.

A fs. 509/513 vta., dictamina el Sr. Procurador General, opinando que corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley impetrado.

En el memorial de fs. 470/486 vta., la recurrente atribuye a la sentencia de Cámara incurrir en una manifiesta violación de derechos constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (art.18) se trata agrega, de una sentencia arbitraria, sin basamento jurídico alguno, declara de oficio la inconstitucionalidad del art. 18 de la ley Nº 24.557 sin advertir que la parte actora introduce tardíamente la cuestión al contestar el traslado dispuesto en el art. 65 del C.P.L.

Señala que el fallo se aparta también del principio de congruencia puntualizando que constituye un clarísimo caso de arbitrariedad al encontrarse acreditadas las irregularidades que enuncia.

Considera que el sustento de la pretensión articulada por el actor radicaba en su carácter de padre de la víctima y la aplicación del art. 18 de la ley 24.457 vigente al momento del accidente, que impedía ab initio su procedencia. Sostiene que la sentencia ha dejado de lado el principio de legalidad, y además el art. 3 del C.C. Refiere que la aplicación del decreto 1278/00, en su reforma del art. 18 de la L.R.T. está prevista no sólo en el artículo 9 del decreto citado, sino además en el decreto 410/01: "...Que en materia de derecho habientes, el decreto Nº 1278/00 vino a incluir expresamente a los padres del trabajador, en ausencia de los instituidos por el art. 53 de la Ley 24.241, disponiendo, asimismo, que en caso de fallecimiento de ambos progenitores la prestación podrá corresponder a aquellos familiares que se hubiesen encontrado a cargo del trabajador...".

No se trata -dice- de una exclusión de los progenitores para los casos anteriores a la aplicación del decreto Nº 1278/00, sino que a partir del mismo que el derecho fue incluido: es decir, -continúa- antes de dicha fecha tal derecho no exista y la creación judicial, además de inconstitucional, es antijurídica en cuanto omite tachar la constitucionalidad de toda la normativa implicada en el caso específico.

Afirma que el artículo cuestionado es constitucional y se explaya en diversos antecedentes jurisprudenciales. En dichos fallos se destaca que no cabe aplicar retroactivamente el decreto 1278/00.

Con acopio de abundante doctrina judicial abona la extemporaneidad del planteo de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 24.557. Sostiene la constitucionalidad de la norma, y dice: "...luego de la entrada en vigencia del decreto 1287/00 y su modificación al artículo 18, se creó el derecho de los padres de trabajadores solteros y sin hijos, a percibir prestaciones de la L.R.T.", agrega, que la política legislativa en su momento tuvo sus razones para no incluir a los padres como beneficiarios por el accidente de trabajo en que fallece el trabajador, porque no se trata de una cuestión patrimonial, sino de una cuestión previsional. Señala que la situación es institucionalmente grave, el Poder Judicial creó una norma jurídica inexistente para una situación no regulada con anterioridad, máxime que la C.S. ha sostenido reiteradamente, que la política legislativa no es susceptible de revisión judicial.

Con numerosa cita de antecedentes jurisprudenciales sostiene la constitucionalidad del art.18 de la L.R.T. vigente al momento de la muerte del trabajador.

Entiende que la sentencia que impugna prescinde del derecho aplicable, carece de razonabilidad y viola derechos constitucionales.

Por último solicita se haga lugar al recurso rechazando la demanda promovida en su contra. Formula reserva del caso federal.

En autos la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral confirmó la sentencia de la instancia de origen que declaró la inconstitucionalidad del art. 18 de Ley 24.557 en su redacción original, que al remitir al art. 53 de la Ley 24.241, no contemplaba a los padres del trabajador entre los derecho habientes que podrán acceder a la reparación pecuniaria establecida por aquella ley.

Cuadra apuntar que "La C.S.J.N., ha dicho y recomendado siempre, que las facultades de contralor de la constitucionalidad de las leyes, que el Poder Judicial tiene conferidas por la Constitución, deben ser ejercidas con extremada prudencia, tratando de armonizar en primer término los preceptos en pugna. La declaración de inconstitucionalidad debe ser una medida extrema, fundada en graves infracciones al orden constitucional..." (del voto del Dr. Márquez Palacios in re Res. Nº 428-STJ-2001).

Por otra parte, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes "constituye la más delicada de las funciones susceptibles en encomendarse a un Tribunal de Justicia y sólo es practicable como razón ineludible de pronunciamiento que la causa requiere por la gravedad de tales declaraciones de inconstitucionalidad, debe estimársela como última ratio del orden jurídico... no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera...debiendo toda duda resolverse a favor de la constitucionalidad, máxime si ello es posible sin violencia de los textos..." (Res. Nº699-STJ-97).

Ahora bien, a tenor de los principios expuestos, estimo que en la causa no se ha demostrado que el artículo 18 de la Ley de Riesgos de Trabajo, en su redacción original, violente el principio de igualdad ante la ley.

En efecto, como bien lo señala el Dr. Rojas en su voto emitido en la resolución Nº 932-STJ-2007 -que trata un caso análogo-: "El hecho de haberse modificado con posterioridad la redacción, incorporando a otros parientes -padres- no implica que antes de la inclusión se generara una desigualdad; no puede afirmarse que estemos en presencia de situaciones iguales o semejantes, no surgiendo desigualdad alguna o discriminación, lo que si ocurrirá si se excluyese a unos, lo que se le concede a otros en iguales circunstancias. En el presente caso indudablemente no estamos en presencia de iguales circunstancias y a los jueces no les queda otro camino que el de aplicar la ley vigente en aquél momento, la que -justa o injustamente, acertada o equivocadamente- no otorgaba legitimación a los padres; quedaba para el legislador la misión y facultades de modificar el régimen entonces imperante (facultad que la ejerció, modificando luego la ley)".

En definitiva, por lo expuesto considero que en el sub iudice la aplicación de la ley vigente en el momento de ocurrir el infortunio laboral fatal, no genera ninguna incompatibilidad con el principio constitucional de igualdad ante la ley, no obstante el cambio normativo posterior impuesto por el Decreto Nº 1278/00.

Por ello, y asumiendo competencia positiva, voto por que se haga lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la co demandada La Caja- Aseguradora de Riesgos del Trabajo-ART- y, por lo tanto, revocar la resolución de fs.459/465 vta. y su antecedente de fs.271/276, y en consecuencia, rechazar la demanda, con costas con el alcance del artículo 17 del C.P.L. y con devolución del depósito de fs. 469.

Concedida la palabra a los Dres. Jorge Antonio Rojas, Ramona Beatriz Velázquez y Manuel Augusto Márquez Palacios, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Comparto los antecedentes, fundamentos y conclusiones del Sr. Procurador General, Dr. Miguel Angel Piñero, vertidos en su Dictamen Judicial, obrante a fs. 509/513 vta., a los que me remito y atento a la brevedad reproduzco.

Ahora bien, a más de ello, considero apropiado destacar lo expuesto en la Resolución 932-STJ-2007, donde en análoga situación, compartió lo dictaminado por el Sr. Procurador General, quien, en parte pertinente, expresó que "...el objetivo de la norma es mantener la protección económica de todos aquellos causahabientes que de una u otra forma dependan del causante y que frente a su muerte quedarán desamparados, por lo que no existe razón lógica alguna para excluir a los padres del trabajador a percibir la pensión y cuanto más, las pretensiones dinerarias que prevé la L.R.T., si éste era soltero y sin hijos, máxime aún teniendo como antecedentes la inclusión posterior que realiza el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1278/00".

En efecto, considero que la aplicación del artículo 18 de la ley 24.557 conduce a una flagrante violación de derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) toda vez que, al establecer quienes son los beneficiarios de la prestación por fallecimiento, remite a lo dispuesto en el art. 53 de la ley 24.241, excluyendo del carácter de derechohabientes a los progenitores del fallecido, creando a mi criterio, una situación discriminatoria que vulnera el imperativo constitucional de protección de la familia.

En este sentido, la Jurisprudencia es conteste al expresar que; "Frente al imperativo constitucional de "protección integral de la familia", la omisión de atribuirles a los progenitores condición de causahabientes del derecho a ser indemnizados ante el fallecimiento del trabajador soltero en ocasión del trabajo, viola la norma constitucional del art. 14 y las específicas de los pactos internacionales (arts. XVI y XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-)". (CNAT, Sala VII, sent. 35.003, 16/05/2001, "DURAN, Delicia y otro c/ CORREO ARGENTINO SA y otro s/ Accidente" (R.D. Billoch), Bol. Jurispr. CNAT N┬º 224. Citar: Web Rubinzal jula 3.2.1.r1) y que: "Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la madre de un trabajador fallecido en un infortunio laboral y en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del ap. 2, art. 15 y art. 18 Ley 24.557, pues la omisión de atribuirle a los padres el derecho de ser indemnizados en caso de fallecimiento en ocasión del trabajo del hijo soltero y sin descendencia, vulnera el derecho constitucional de protección integral de la familia previsto en el Art. 14 bis, Constitución Nacional como asá también otras normas de jerarquía constitucional reconocidas en el inc. 22, art. 75 de aquélla" (Massone, Elisa Magdalena vs. La Holando Sudamericana ART s/ Cobro prestación por muerte, Ley 24.557 - La Plata - 24-05-06. Citar: WebRubinzal jula 3.2.1.r4).

Por otra parte, en lo que respecta a la arbitrariedad atribuida al fallo en examen, debe expresarse que la Alzada ha resuelto rechazar el recurso de apelación de la parte demandada, luego de haber evaluado el supuesto especial planteado y sus circunstancias particulares, analizando el sub-lite, adoptando un criterio fundado y razonable, que no se encuentra viciado, en el que no se avizora que se haya exteriorizado la sola voluntad del juzgador, ni exista un error palmario y manifiesto en las conclusiones vertidas o sea contrario a las constancias del expediente o se haya violado o efectuado una errónea interpretación o aplicación del derecho o de normativa constitucional alguna, ni además, exista vulneración de principios del derecho laboral.

Por lo expuesto, y en atención al caso especial y particular de autos, compartiendo lo expuesto por el Sr. Procurador General, considero debe rechazarse el recurso deducido en autos, con costas. Asá voto.

Concedida la palabra a los Dres. Roberto Rubén Uset y Mario Dei Castelli, dijeron:

Que adhieren al voto del Dr. Humberto Augusto Schiavoni.

Por ello, oído lo dictaminado por el Señor Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley 2441, modif. por Ley 2819), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, Resuelve:

I) HACER LUGAR AL RECURSO EXTRAORDINARIO de Inaplicabilidad de Ley, planteado por la codemandada en autos y en su mérito: REVOCAR la resolución de fs. 459/465 vta. y su antecedente de fs. 271/276 de autos, y en consecuencia, rechazar la demanda, con costas con el alcance del artículo 17 del C.P.L. y con devolución del depósito de fs. 469. - Humberto Augusto Schiavoni. - Jorge Antonio Rojas. - Ramona Beatriz Velázquez. - Mario Dei Castelli. - Manuel Augusto Márquez Palacios. - Cristina Irene Leiva. - Roberto Rubén Uset.