marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido con causa, despido por huelga, injuria laboral, prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Jorge Carlos c/ Lofrah S.A.S.I.C. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-19

La Sala a quo resolvió rechazar la pretensión indemnizatoria por despido incausado, en el convencimiento de que se había acreditado en la causa el incumplimiento del trabajador a su obligación de prestar trabajo, su participación en la medida de fuerza y el no cumplir la intimación de desalojo, hechos evaluados por "su modalidad, forma y motivos esgrimidos para realizarlos y la alteración que acarrea al proceso productivo de la empresa como de gravedad suficiente para configurar una injuria que impidió la prosecución del vínculo laboral". Fundó la participación del actor en la medida de acción directa, que culminó en la ocupación de la planta, en el acta notarial, por la que constató la presencia del actor en la planta fabril y en cuya oportunidad se le notificó que quedaba liberado de prestar servicios desde ese momento.

La prueba de la participación individual y específica del actor en las medidas de acción directa invocadas por la empleadora, en el caso, no puede inferirse de modo necesario de los elementos probatorios en los que se respalda el Tribunal de mérito. La prueba de la existencia del conflicto y de la resistencia de sus partícipes a acatar las decisiones no implica que el actor haya intervenido de modo personal en los hechos. En definitiva, las actuaciones a las que se remite la a quo no permiten individualizar la presencia del actor y, sobre todo, el incumplimiento de la prestación y su negativa a cumplir con la intimación de desalojo, como concluyó la sentencia.
Retractación del despido, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Sevilla, Hernando Damián y otros c/ Diario  El Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

Si a sabiendas de la inexistencia de tal comunicación y de que su reclamo de estabilidad fue lo que genero la retractación del despido, resulta atentatorio al principio de buena fe la actitud de la actora al imputar contravención al art. 234 L.C.T.
Honorarios del perito, perito contador, Ley de Navegación, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Y.P.F. c/ TERMINALES MARACAIBO s/ HONORARIOS  -  CAUSA  DERIVADA  DE  LA NAVEGACION - IMPROCEDENCIA DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Por tratarse de una causa emergente de la navegación, los honorarios de los peritos están sujetos a las pautas establecidas en la tercera parte del art. 519 De la ley 20.094; Norma que atiende primordialmente a la naturaleza, complejidad y extensión del trabajo y en forma secundaria a la importancia económica del asunto y que, conforme lo ha interpretado la jurisprudencia y la doctrina, permite elevar o disminuir razonablemente la retribución de los expertos, atendiendo al monto del juicio.

La ley de navegación constituye la normativa especifica para los asuntos marítimos -ámbito especial del derecho en el que rige el principio del particularismo-, por lo que el art. 519, Tercera parte, de la ley 20.094 Debe prevalecer sobre las normas genéricas del arancel de contadores y, no distinguiendo dicho artículo entre profesiones sujetas o no a arancel, rige en todos los casos, permitiendo establecer adecuadas proporciones entre los honorarios correspondientes a peritos de diversas profesiones.
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Pardo, Rodolfo s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-15

Para reprochar penalmente a una persona, la tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to., inciso "c" de la Ley 23.737), además de los posibles elementos objetivos que se pudieren encontrar - como ser en autos la presencia de una balanza con restos de clorhidrato de cocaína y la cantidad escasa o abundante de estupefacientes que pudiera hallarse - debe acreditarse, fehacientemente, el aspecto subjetivo requerido por la norma, es decir, que el sujeto sepa que el tóxico se tiene con el propósito de comercializar, personalmente, o por una tercera persona.

Así pues, no será la cantidad de estupefacientes incautada la que, per se, desplace una conducta del art. 14 al art. 5to. de la Ley 23 737, sino que para ello habrá de tenerse fundamentalmente en cuenta la conducta desplegada por el encartado y los aspectos objetivos que hacen a la misma. Adoptar el criterio de la cantidad como elemento determinante para discernir las conductas sometidas a juzgamiento, apartándose del criterio subjetivo significa un peligro latente y potencial, aberrante dentro del sistema penal liberal como el nuestro.
Jubilaciones, pensiones, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kitzis, Arnoldo c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La ley 10002, conforme la exposición de motivos, contempló la situación de numerosos afiliados que no lograron obtener la jubilación en razón de no haber podido aportar prueba instrumental que acreditara los servicios reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. Conforme el art. 1, tratándose de afiliados que hubieren cesado con anterioridad a la publicación de la ley, sería prueba suficiente de los servicios autónomos prestados la testimonial rendida fehacientemente.
Juicio de desalojo, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Dagnino, Javier Alfredo c/ Gluzman, Martín s/ Incidente desalojo inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-09

Siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendemos que la declaración de puro derecho procede no sólo cuando no existen hechos controvertidos sino también cuando no se hubieren alegado hechos conducentes (artículo 360 Código Procesal) y el juez se encuentre en condiciones de resolver las cuestiones propuestas sin necesidad de recurrir a ese medio, puesto que no impide al sentenciante la dilucidación de los hechos controvertidos a partir de las constancias agregadas en los autos y la subsunción de tales hechos en el marco jurídico que el juzgador estime que corresponde al caso (Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nacion, "Tactician Int. Corp. y otros v. Dirección General de Fabricaciones Militares, cumplimiento de contrato", 15/03/1994 puede leerse en www.csjn.gov.ar).
Competencia federal, falso testimonio, amenazas, coacción, competencia por conexidad, Ministerio de Justicia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Susana Inés CARPI DE BOSCIGLIO y otro s/ COMPETENCIA  FEDERAL - DELITOS QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO  DE LAS INSTITUCIONES  NACIONALES  -  FALSO  TESTIMONIO  -  AMENAZAS -  SOBORNO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Toda vez que el delito de falso testimonio -que se consuma en el lugar y en el momento en que se efectuó la declaración- pudo obstruir el buen servicio de la División de Sumarios del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, su juzgamiento corresponde al fuero de excepción de la Capital Federal, aún cuando no ha sido parte en la contienda. En el caso, se admitió haber falseado dichos al prestar declaración testimonial en razón de supuestas amenazas concretadas en sede provincial, y si bien tales amenazas podrían determinar la inculpabilidad de quien las sufriere ello no importa liberar, respecto de dicho delito, a quienes las formularon. También corresponde al fuero federal la investigación de los hechos que podrían constituir el delito de soborno -que se consuma con la falsa declaración del sobornado- o el de coacciones -en virtud de su relación con el falso testimonio-, que excede los límites de la simple conexidad.
Sentencia arbitraria, cosa juzgada, junta electoral, nulidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Lista Celeste Unión Ferroviaria c/ Ministerio de Trabajo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de lo actuado por la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria si dejó sin efecto resoluciones anteriores firmes, no obstando a ello la diferente naturaleza de la acción en ambos pleitos ya que, aunque por vía de hipótesis se considerara que la recurrente varió la argumentación jurídica, ello no transforma a la pretensión en una distinta desde que se sustentó -precisamente- en las mismas circunstancias.
Acción de amparo, medidas cautelares, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C.J.D. c/ Omint S.A. de Servicios s/ Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-02

No está discutida la condición de discapacitado del señor J.D.C. -sin perjuicio de que deberá acompañarse en la causa un certificado actualizado-, la enfermedad que padece -secuela neurológica severa por ACV recurrente, hemipléjico, con rigidez generalizada y trastornos deglutorios-, lo que implica una discapacidad mental y motora ni su condición de afiliado a la demandada. Está en debate, en cambio, la obligación de la recurrente de proveer cautelarmente la cobertura integral de las prestaciones de enfermería 24 hs. y asistencia kinésica motriz y respiratoria. Frente a lo manifestado respecto de las conclusiones de la Auditoría Médica de la demandada, el Tribunal considera que -precautoriamente- debe estarse a los términos e indicaciones expresas de los médicos tratantes, quienes son, en definitiva, los responsables finales del tratamiento que requiere el estado de salud de J.D.C. -medicamentos, dosis y modalidades de atención- y de su vida. Ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si las prestaciones aquí requeridas resultan idóneas para el tratamiento de su enfermedad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE S.A. c/ MARCONETTI, HILDA DELIA Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)- DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 554 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

Ha enunciado el Máximo Tribunal que aunque los agravios remitan al examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, si el honorario no ha sido inferido de una cifra representativa de la realidad económica de los intereses en juego, corresponde habilitar la vía excepcional.
Expropiación, indemnización, realidad económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ EL BONETE S.C.A. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-10

Se advierte que en el caso de marras, los parámetros de valuación utilizados para la determinación del valor objetivo del bien por la Comisión de Tasaciones y sobre los cuales se trabó el conflicto entre las partes, aparecen conmovidos por el transcurso del tiempo y por las circunstancias de la realidad económica, en virtud de que el informe de aquel organismo se produjo once años después del acto de desposesión, extremo que evidencia un error en la determinación de los valores adoptados suficiente como para apartarse del dictamen referido (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Daños y perjuicios, indemnización, daño material
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CROTTO POSSE DE DAIREAUX,VALERIA Y OTRO c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro sumario de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La provincia de Buenos Aires, responsable de las inundaciones que sufrió la propiedad de la actora, debe resarcir los gastos de traslado de hacienda para cumplir el contrato de capitalización que ésta debió celebrar.
Allanamiento sin orden, allanamiento domiciliario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BENITEZ MANUEL Y MEDINA MIGUEL EDUARDO s/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-06

Debe tenerse presente que sin perjuicio de la preocupación por garantizar la inviolabilidad del domicilio mediante la exigencia de variados requisitos ( art. 15 Carta Magna), la ley de rito ha contemplado algunas situaciones especiales en cuyo caso el allanamiento se ejecuta, legítimamente , aún sin orden judicial ( art. 213 CPP) y esto lo hizo en consideración a la tutela de otros bienes fundamentales de la comunidad .
Habeas data, páginas web
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J.F. c/Provincia del Chubut s/Habeas Data s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-16

Si la acción de "habeas data" tiene por objeto tomar conocimiento ("vengan los datos..."), actualizar, o exigir la supresión o rectificación de datos o información de un sujeto, existentes en bancos de datos públicos como privados, siempre y cuando estos últimos estén destinados a proveer informes, es evidente que cuando la existencia y configuración de la página web es informar y no proveer informes a otros entes o personas, no se configura el presupuesto para la procedencia de la acción.
Carga de la prueba, discriminación laboral, presunción de despido, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRIAS, Maira Elizabeth c/ SAN FRANCISCO HOGAR S.R.L. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-04-07

La "discriminación" no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja, lo más habitual es que sea una acción más presunta que patente y difícil de demostrar, ya que, normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor, la información y los archivos que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor parte de las veces, en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación y en tal caso, corresponderá a éste último probar que tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda diferenciación.
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Migliano Carlos R. c/ D.P.A. SRL. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-27

Declarada a la codemandada responsable solidaria (bajo la luz del art. 30 de la LCT) no existe razón alguna para apartar de dicha condena el cumplimiento pleno de la obligación de entregar los certificados a los que se refiere el art. 80 de la LCT (SCBA, L. 46445-S, 29 de octubre de 1991, en autos "Duckardt José c/ Berdiñas Enrique Horacio y otra s/ despido").
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: QUEJA DR. ANGEL NASSIF s/ VERDAGUER GONZALEZ, JAIME HECTOR C/ HECTOR CHEDID S/INTERDICTO DE  RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-23

Una vez concedida la apelación que se notifica por ministerio de la ley, el apelante tiene cinco días para presentar el memorial de agravios en primera instancia, del cual se corre traslado, que se notifica por ministerio de la ley para que sea contestado dentro de los cinco días. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Kammerath,   Germán   Luis  -  Córdoba  Departamento  Capital s/ interpone recurso directo expte. C2/02.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Ministerio Público Fiscal, requerimiento de instrucción, saneamiento del vicio
Materia: PENAL
Carátula: Lupetti, Salvador Rafael y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

El posible vicio inicial por ausencia de un requerimiento de instrucción ha quedado saneado pues el Ministerio Público Fiscal ha demostrado su interés persecutorio ya que desde el comienzo de la investigación el Fiscal Coordinador y el Adjunto, designados para intervenir en los delitos cometidos en el ámbito de la Administración Nacional de Aduana, se le hicieron saber al fiscal algunos datos de interés para esa investigación. Como consecuencia de ello, se sugirieron medidas de prueba. (Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Recurso extraordinario, sobreseimiento provisional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: García D'Auro, Ramiro Eduardo s/ denuncia -causa N. 50.182-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es sentencia definitiva la que sobresee provisionalmente con argumentos de carácter definitivo.
Delitos tributarios, igualdad ante la ley, capacidad contributiva
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Moño Azul  S.A. s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Las exigencias establecidas en los arts. 43 y 44 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modif.), tienden a garantizar la igualdad tributaria, desde que permiten determinar no tan sólo la capacidad contributiva del responsable sino también "ejercer el debido control del circuito económico en que circulan los bienes".
Tercería de dominio, allanamiento, exención de costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TERCERIA DE DOMINIO EN: CAVAGNERO DARDO R. c/ CLAUDIO RUBIO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-05

Ya sea que se considere de aplicación el art. 356 bis del C.P.C.

por tratarse para el tercerista de una acción independiente, o el art. 357 del C.P.C. porque para nuestro ordenamiento ritual la tercería es un incidente, en ambos casos el allanamiento amerita la eximición de costas.

Por lo tanto si ante la presentación del tercerista acompañando prueba documental para demostrar sus afirmaciones el embargante no se opuso al levantamiento de la medida, la resolución debe ser sin imposición de costas al allanado.
Costas, pluspetición inexcusable, exención de costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA  S.K.F.  ARGENTINA  S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. COPACABANA s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

El exceso en el reclamo que evidenciara la demanda no autoriza la exención de costas al demandado, mas sí a ponderar la corrección de distribuirlas según el éxito obtenido, pretensión que está contenida subsidiariamente en la queja. En consecuencia, meritando el éxito relativo que obtuviera la actora, así como que la demandada resulta vencida en el tema principal de la responsabilidad y habida cuenta de que el art. 71 del Código Procesal no impone una comparación puramente aritmética entre lo que es admitido y lo que es desestimado, sino que faculta la distribución prudencial de las costas, corresponde cargar un 75% de ellas a la demandada debiendo correr la actora con el 25% restante.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salgueiro, Jorge c/ Sebastián Capra Materiales para la Construcción s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Si el damnificado es un médico, el automóvil reviste un medio de transporte de suma importancia en el desenvolvimiento de su actividad profesional por lo tanto ese destino específico debe ser objeto de prueba.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, litispendencia, incidentes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Canteros, Pablo Marcelo y otros c/ Emprendimientos Spem SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

El instituto de la caducidad de la instancia resulta aplicable a la actuación generada por la interposición de la excepción de litispendencia. Ello por cuanto, la doctrina tiene dicho que mientras se encuentran en trámite de excepciones de previo y especial pronunciamiento, se origina una instancia incidental distinta a la principal y crea al progreso de esta última un obstáculo ineludible, asumiendo el excepcionante la calidad de actor de la instancia incidental con la carga procesal de impulsarla (conf. Roberto G. Loutayf Ranea y Julio C. Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", Ed. Astrea 1986, pág. 121). Asimismo, véase que la excepción de litispendencia "podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa" (cfr. CPR 347 in fine) o pedida por incidente (cfr. CPR 190 y 191) por la parte interesada a los fines de la acumulación. En ese marco, siendo que en el caso, el recurrente opuso en su contestación excepción de litispendencia y el juez de grado ordenó su sustanciación y la notificación respectiva, cuyo diligenciamiento, obviamente, se encontraba a cargo del excepcionante, ello demuestra el inicio de una cuestión incidental dentro del principal. En este marco, conclúyese en que el planteo de la excepción de litispendencia como previo y especial pronunciamiento, opuesta por el aquí apelante, conformó una instancia incidental a la que, como tal, le resulta aplicable el instituto bajo examen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Jorge s/ Robo y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Corresponde declarar no probada la autoría responsable del procesado si de la confrontación de los efectos presuncionales que sobre la misma pudieron arrojar los hechos probados en la causa con la pericia y con las declaraciones de los damnificados, resulta una situación de duda que hace aplicable el art. 431 del Código de Procedimiento Penal.
Contrato de obra pública, inspección de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ELEMEC S.A. c/ D.E.B.A. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-17

Si no se ha afirmado ni acreditado que durante los breves períodos de atraso en la devolución de los vehículos entregados por la contratista para la inspección de obra, la Administración haya efectivamente realizado consumos por combustibles y lubricantes o haya hecho incurrir a la actora en gastos de reparación o mantenimiento, no corresponde abonar costos de movilidad, sin perjuicio de que pueda ser resarcible la privación del uso de los coches.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).