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Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALUT, Celín c/ LA UNICA S.C. SEGUROS s/ QUEJA POR RECURSO DENEGADO EN EXPTE A92048/88
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-04-11

En los incidentes, los principios generales sobre apelabilidad en materia de prueba se encuentran en el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial que expresamente determina "serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción y sustanciación de la prueba", salvo el caso en que se hubiera negado alguna medida. Si la resolución impugnada se ha pronunciado en favor de la producción de una prueba, es inapelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E.M.E.B.E S.A. c/ Estado Provincial s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

En consecuencia, en el caso, por aplicación del art. 507 del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, corresponde otorgar el efecto devolutivo al recurso de inaplicabilidad de ley deducido, previa fianza o caución real suficiente del ejecutante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, prueba testimonial, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., J. Y OTRO s/ Robo con arma (Expte Nº172-96, Resolución Nº50, Tomo 4, Folio 81)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-27

Carece de valor el secuestro producido merced a una exposición de la madre del imputado que burla la prohibición de declarar establecida en el Código Procesal Penal.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, levantamiento de clausura
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Causa N° 057-01-CC/2006 Incidente de levantamiento de clausura de Lope de Vega 2094 - Apelación (art. 29 LPC) clausura de Lope de Vega 2094 - Apelación (art. 29 LPC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

El levantamiento de una clausura preventiva se deberá hacer efectivo respecto del propietario que acredite su condición de tal o al legítimo tenedor del mismo, debiendo acreditarse de forma fehaciente un derecho respecto del requirente con el inmueble, especificando, que solo ostentan dicha legitimación los propietarios que aporten la debida constancia actuarial o registral y el inquilino que demuestre que aquellos que le alquilaron el inmueble eran los propietarios.
Constitución Nacional, decretos, decretos provinciales, Estado Provincial, Entre Ríos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Berón,   Luisa  Victoriana  y  otros y sus acumulados c/ SuperiorGobierno  de  la Provincia de Entre Ríos y Caja de Jubilaciones yPensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Si bien la aplicación del decreto 2416/01 de la Provincia de Entre Ríos les trajo aparejada una lesión a las afiliadas, ello por sí solo no resulta suficiente para invalidarla, pues mediando una situación de grave necesidad, el interés particular debe ceder ante el general, aún cuando se derive un menoscabo a supuestos derechos dado el carácter de dicha norma, en especial cuando ella no responde a un criterio que persigue móviles persecutorios o de indebida discriminación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juicio de apremio, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tigre c/ Cerino J. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

El art. 3 inc. 6 de la ley 9229 consagra el derecho de opción para el actor, entre el juzgado de paz letrado o el ordinario de primera instancia en lo civil y comercial, siempre que aquél tenga su domicilio real en el ámbito territorial de competencia del juzgado de paz letrado pertinente. Y siendo que la actora tiene su domicilio en la localidad de Tigre, ella tiene el referido derecho de opción.
Martillero, inscripción en la matrícula
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAS PABLO ALEJANDRO s/ SOLICITA INSCRIPCION EN LA MATRICULA DE MARTILLERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-26

Las Provincias conservan todo el poder no delegado del Gobierno Federal. Pero resulta que en virtud del art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional, es el Congreso de la Nación, el que dicta el Código de Comercio. Y según el texto del art. 108 de la Constitución Nacional, "las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación".

No pueden..., ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y Minería despues que el Congreso los haya sancionado...".

Por imperio de los arts. 28 y 30 de ley 20226, este ordenamiento se aplica a todo el territorio de la República, y ha quedado incorporado al Código de Comercio, como Capítulo II, del Título IV, del primero del mismo: "De los rematadores y martilleros".

Los martilleros son: "agentes auxiliares autónomos" del comercio y como tales sujetos a las leyes comerciales, como expresamente lo estatuye el art. 87 inc. 2do del C. de Comercio. Son "comerciantes".

El art. 8 del C. de Comercio establece que toda operación de remate es acto objetivo mercantil. Y quienes realizan actos de comercio haciendo de ello su profesión habitual son comerciantes (art. 1ro C. de Comercio).

Si los rematadores son sujetos de la actividad mercantíl, es lógico que, las condiciones esenciales para el ejercicio de su profesión sean reguladas por el C. de Comercio. Por eso es que la ley 20.266 se ha ocupado de regimentarlas, estatuyendo también los derechos, obligaciones, incompatibilidades, inhabilidades y sanciones que regulan la profesión de martillero.-
Deber de fidelidad, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Arce de Sosa Carmen Beatríz c/ Lucero Susana Elvira s/ Cobro de Pesos, Indemnización por despido, Falta Preaviso y Otros  Rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-31

La actitud de la actora de mandar a los potenciales clientes a otro lugar de internación -geriátrico- en forma constante y oculta al conocimiento de la patronal, constituye una falta al deber de fidelidad establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo, comportamiento que justifica la denuncia en los términos del artículo 242 de la citada norma.
Procedencia parcial, cuota alimentaria, honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: E., C. N.  c/ M., L. M.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-05-09

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por el accionado, y en consecuencia, fijar como base regulatoria para la determinación de los honorarios profesionales la diferencia entre el monto de la cuota alimentaria actual y la establecida extrajudicialmente, más los intereses correspondientes. Para decidir así, se señala que asiste razón al apelante que se agravia porque el a quo fijó los honorarios conforme el art. 35.1 de la Ley 3371, que establece el valor de dos años de cuota alimentaria.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Leppez, Oscar Alfredo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Corresponde anular de oficio, por tratarse de un caso excepcional de incompatibilidad en el debido proceso, el fallo de la Cámara en el que al tratar la primera cuestión se declara que el delito se ha consumado, pero al hacerlo en la segunda y en la parte dispositiva se resuelve que el delito ha quedado en grado de tentativa, evidenciándose una contradicción insalvable.
Recurso de casación, juicio previo, Constitución Nacional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

La acusación y la defensa, junto con la jurisdicción, son los elementos indispensables para la realización en forma regular y legal del juicio previo exigido por la Constitución.
Remuneración, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: ALMEIDA FERNANDO ANTONIO c/ GASNOR S.A. Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-13

Como principio general lo que persiguen los preceptos normativos contenidos en los artículos 131, 132 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, es evitar que el trabajador vea disminuida la posibilidad de elegir libremente sus consumos a través de retenciones por provisiones y alquileres, por lo que para que sea legítimo compensar, retener o descontar algún importe del salario debe mediar autorización legal expresa, tal como lo impone el art. 133 segundo párrafo de la mencionada legislación. Sin embargo, no puede insumir un porcentaje mayor que el indicado en los arts. 130 y 133 de la LCT.-
Inconstitucionalidad, tasa activa, tasa pasiva, honorarios
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nuñez, José Juan De La Cruz c/ PRIERI y C.I.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

Corresponde aplicar la tasa activa de interés a los honorarios profesionales derivados de la labor judicial del letrado, aun cuando el art. 61 de la ley 21.839 establezca que corresponde aplicar la tasa pasiva, ya que, cuando el legislador reformó la norma lo hizo dentro del régimen de convertibilidad de la moneda nacional con el dólar estadounidense, lo cual no solo ya no existe, sino que por el contrario, han existido en el país varios impactos inflacionarios con la desvalorización de la moneda, lo cual justifica paliar, al menos con la tasa activa el reclamo. Es que, la normativa debería adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales del país, toda vez que la racionalidad y la razonabilidad, constituyen un par inescindible al momento de resolver.
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, asegurador, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, citación en garantía
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Solvencia  S.A.  de Seguros Grales. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

Resulta inadmisible la pretensión de continuar la ejecución de la sentencia contra la transportista con pase en lo dispuesto por el art. 54, inc. g), de la Ley 23.696 por ser aseguradora de la demandada la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, toda vez que la extensión al asegurador de los efectos de la cosa juzgada y de la ejecutabilidad de la sentencia en su contra, tienen como presupuesto la citación en garantía realizada en tiempo y forma, requisito que no se cumplió en la especie.
Decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Bancaria Sociedad de Empleados de Banco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-22

Anticipándose a la Ley 26.122, de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y en cuanto a la legitimidad de los mismos para que resulten válidos, la Corte Suprema resolvió que para que el P.E.N. pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que en principio le son ajenas, resulta necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes; es decir, que se requiere un estado de necesidad y urgencia en términos de imposibilidad del Congreso de la Nación para dictar normas (Verrocchi, Ezio Daniel c/Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/Acción de Amparo", del 19.8.1999), extremos que no se verifican en el caso del DNU 70/2023.
Reajuste jubilatorio, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, ABEL c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Corresponde habilitar la instancia judicial cuando exigir a los recurrentes efectuar el reclamo administrativo previo importa un ritualismo inútil (cfr. art. 32, inc. e, ley 19.549) fuera del límite de lo razonable, constituyendo un impedimento para acceder a la jurisdicción judicial que deviene inaceptable (cfr.

C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 16.08.94, "Mansilla, Felisa D. y otras c/ E.N.").
Mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: D., R. B. c/ ENTRETENIMIENTO PATAGONIA S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

El MOBBING es una forma de violencia discriminatoria hacia una determinada persona por parte de sus superiores o el resto de sus compañeros que afecta por igual a hombres y mujeres de todas las edades y puede llegar a causar el hundimiento psicológico. Los especialistas han definido diferentes fases del fenómeno, lo cual significa que si no se previene a tiempo puede llegar a ser causa de despido, del abandono voluntario del trabajo y hasta llevar al suicidio a la victima del MOBBING.
Transporte aéreo de pasajeros, Aerolíneas Argentinas, aceptación sin reserva, intereses moratorios, jurisprudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS S.A c/ GAS DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Aerolíneas Argentinas recibió el pago de las facturas por servicios aéreos sin expresar reserva alguna en cuanto a los intereses. Y esto hasta para decidir el rechazo de la demanda con fundamento en el art. 624, Código Civil, resultando irrelevante que -con anterioridad- la empresa de aeronavegación hubiese instituido un nuevo régimen de pago -con acortamiento de los plazos-, puesto que ello en nada altera el hecho definitorio de la recepción de los pagos del capital sin reservas. Por lo demás, las "notas de débito" -base de la demanda- fueron emitidas en fechas posteriores a la recepción de los pagos de las facturas por servicios aéreos, de modo que carecen de eficacia para suplir el papel propio de la reserva que contempla el art. 624 citado, pues trátase de documentos que recibidos o no por la demandada no tienen eficacia para restituir vigencia y exigibilidad a obligaciones extinguidas por una expresa disposición legal (cfr. Cncom., en pleno, "Industria Textil Argentina c/ Ezra Sabbar e Hijos", del 30.11.93, J.A., 1994-II, 323). Y tampoco incide en la solución del conflicto el hecho de que los actos de los comerciantes se presumen onerosos (art. 218, Inc.

5, Ccom.), porque, al margen de que la onerosidad no es exclusiva del derecho comercial, la subsistencia del derecho a los accesorios requiere una expresa declaración de voluntad, cuya omisión determina la extinción definitiva de aquellos..
Sentencia, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL
Carátula: CENTIMIO O SEPTIMO O SETIMO OYARZUN BONTES s/ SUCESION AB - INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1986-06-23

La circunstancialidad de la ineficacia declarada, rígidamente envallada; en la dinámica objetiva de la actividad jurisdiccional en que se pronuncia, sólo alcanza una aparente sustancialidad insusceptible de reemplazar por sí sola el concepto de sentencia definitiva exigido en el Artículo 1, Ley 1.687. Sin perjuicio de puntualizar que la esencia de la materia que suscita la controversia, aún en su condición sustantiva, tampoco otorga a la cuestión la nota de definitividad requerida, toda vez que los fallos relacionados con el reconocimiento o no del carácter de heredero no son definitivos, cuando no existen obstáculos que impidan el ejercicio de acciones ordinarias dirigidas a obtener el reconocimiento de ese mismo derecho invocado.
Juicio de árbitros, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Palacios c/ Peña Fernández s/ Incumplimiento de contratos - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

El ordenamiento ritual establece la intervención de los jueces naturales, no sólo en la demanda de constitución del tribunal arbitral ,cuando ello no es acordado por las partes, a fin de establecer el compromiso arbitral (art.780 del CPCC), sino además en los casos de medidas compulsorias o de ejecución (art.791 del CPCC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, injuria laboral, despido por huelga
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10

La Sala a quo resolvió rechazar la pretensión indemnizatoria por despido incausado, en el convencimiento de que se había acreditado en la causa el incumplimiento del trabajador a su obligación de prestar trabajo, su participación en la medida de fuerza y el no cumplir la intimación de desalojo, hechos evaluados por "su modalidad, forma y motivos esgrimidos para realizarlos y la alteración que acarrea al proceso productivo de la empresa como de gravedad suficiente para configurar una injuria que impidió la prosecución del vínculo laboral". Fundó la participación del actor en la medida de acción directa, que culminó en la ocupación de la planta, en el acta notarial, por la que constató la presencia del actor en la planta fabril y en cuya oportunidad se le notificó que quedaba liberado de prestar servicios desde ese momento. La prueba de la participación individual y específica del actor en las medidas de acción directa invocadas por la empleadora, en el caso, no puede inferirse de modo necesario de los elementos probatorios en los que se respalda el Tribunal de mérito. La prueba de la existencia del c onflicto y de la resistencia de sus partícipes a acatar las decisiones no implica que el actor haya intervenido de modo personal en los hechos. En definitiva, las actuaciones a las que se remite la a quo no permiten individualizar la presencia del actor y, sobre todo, el incumplimiento de la prestación y su negativa a cumplir con la intimación de desalojo, como concluyó la sentencia.
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Jorge Luis s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

El art. 148 por su ubicación en el Código de Procedimiento -Libro Segundo, dedicado al "Sumario"- es aplicable tanto en el "Procedimiento Escrito" como en el "Procedimiento Oral", reglados ambos en el Libro Tercero, dedicado al "Plenario".
Daños y perjuicios, daño emergente, pautas, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MONTECINO Ceferino Mauro y Otro c/ Tapia Ricardo Juan Gabriel s/ Daños y Perjuicios Gabriel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-31

La doctrina ha sostenido: "En definitiva para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicable los porcentajes fijados por la Ley de Accidente de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que debe tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación.

Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente".

En función de lo expresado, considero ajustado a derecho fijar por éste rubro la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000), calculados a la fecha del accidente, con más los intereses legales.

No resulta ocioso señalar, que la actora en la demanda reclama la suma de $ 39.028, calculados al momento del accidente con más los intereses legales desde ese momento y lo que en más o en menos estime el sentenciante luego de la producción de la prueba.

De ello, sin duda alguna, se colige que el monto del reclamo hecho es meramente estimativo, toda vez que expresa lo que en más o en menos se determine luego de la producción de la prueba.

Es más, la prueba cobra vital importancia en proceso de reclamos de daños, como éste y fundamentalmente las periciales -médica, psicológica y mecánica-, que sirven como base al Juzgador para la cuantificación -en su caso- de los diversos rubros reclamados, en la sentencia.

No obstante lo estimativo del reclamo, además, la determinación del monto reclamado, constituye un presupuesto procesal establecido en el art. 293 inc. 6) ley 988 - O "...La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos de juicios aún no definitivamente fijados. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas".

En el presente reclama como daño patrimonial para el coactor Montecino la suma de $ 10.000, pero como ya se ha precisado, tal reclamo es en forma estimativa, a las resultas de la pericial. De ahí, que condenar por un monto mayor al estimado, en éste caso particular, no implica vulnerar el principio de congruencia, por los fundamentos precisados.
Concursos, emergencia económica, privilegios (comercial), crédito hipotecario, dólares, conversión de moneda, pesificación, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lácteos Bolivar SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

En el marco de un proceso falencial en el cual se admitió un crédito hipotecario en dólares, toda vez que la LCQ 127 impone la conversión a pesos de los créditos en moneda extranjera, y teniendo en cuenta que el decreto de quiebra ocurrió con posterioridad a la sanción de las leyes de emergencia, resultan de aplicación las normas atinentes a la pesificación de los créditos en moneda foránea. Máxime, cuando dicha pesificación también fue decidida por el Magistrado del juzgado civil que intervino en la ejecución hipotecaria, debiendo mantenerse dicha decisión sobre el punto (cfr. en similar sentido CNCom, Sala B in re: "Friedenbach, Felix s/ Concurso Preventivo s/ inc. de revisión promovido por Parraud, Alfredo", del 28/11/06).

Respecto del cálculo de los réditos, corresponde señalar que los mismos deben ser calculados en los términos de la LCQ 242-2° y 126, es decir los intereses devengados con posterioridad al decreto de quiebra, solo podrán ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la garantía real, de alcanzar para ello.
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, competencia contravencional, cuestiones de competencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

La norma en cuestión -artículo 41 del Código Contravencional- no distingue grados de ocupación, sino que se entiende que aquella conducta que impida o dificulte el libre tránsito, se encontraría adecuada en el tipo, que es lo que prima facie se advierte en este caso; sin perjuicio de ello, se puede llegar a determinar en una etapa posterior del proceso la antijuridicidad de la conducta investigada. Obsérvese que lejos de producirse un dispendio jurisdiccional, como afirma la Sra. Jueza de primera instancia se esclarecería, luego de concluida la investigación, si el hecho imputado es merecedor del reproche contravencional.