Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-13


2º Instancia. - Rafaela, noviembre 13 de 2008.

1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr. Loyola dijo:

La jueza a-quo rechazó la demanda que promovió Ramona Teresa Blanco contra Mario Dardati, mediante la cual la primera reclamó el pago de los rubros: haberes meses de noviembre/04, diciembre/04 y enero/05, preaviso, indemnizaciones arts. 232, 233 y 245 LCT, SAC, vacaciones, diferencias salariales por todo el período trabajado a razón de $180 por mes, indemnización de la ley 25.323 y del art. 16 de la 25.561 (fs. 6/7).

Para resolver así, la Magistrada adhirió a la doctrina que sostiene que el personal que cuida enfermos en el ámbito doméstico se vincula con el empleador según las normas contractuales del Código Civil (locación de servicios); indicando que la demandante dedicaba preponderantemente su tiempo a la atención de la esposa del demandado, por lo tanto excluidas del decreto-ley 326/56 y de las normas regulatorias de la LCT.

Al sostener el recurso de apelación interpuesto a fs. 50, la parte actora invocó, en síntesis, que le agravia el decisorio al considerar que las tareas que ella ejecutó están regidas por el derecho civil y no por el laboral y que también están excluidos del estatuto de los servidores domésticos. Que la ausencia de registro genera presunción favorable a la pretensión de la trabajadora (art. 23 LCT). Que resulta innecesaria la existencia de una organización empresaria para que exista relación laboral. Insistiendo que las partes se vincularon por un contrato de trabajo regido por la LCT. Pide se admita la apelación con costas (fs. 59/62).

Los agravios fueron contestados a fs. 65/63.

Paso a tratar el recurso.

Es prioritario expedirse sobre el encuadramiento legal que debe dársele a la prestación de labores consistentes en el cuidado y atención de personas enfermas o incapacitadas en el domicilio de éstas, y la exigibilidad o no de los rubros reclamados, según sea el encuadramiento que se efectúe, como así sobre la imposición de costas.

Cabe destacar que no fue materia de agravios la afirmación del juez de anterior instancia de que "la actora" fue contratada por el accionado -en forma más bien exclusiva- "para cuidar enfermo", "cual es la esposa del accionado", por lo que dicho aspecto queda fuera del debate de alzada.

Establecido lo precedente, y como lo expusiera el Dr. Camilo S. Berger, como vocal de primer voto de esta Cámara, con distinta integración, en la causa N 510/98, "Ramallo c/ Astesana s/ Laboral", del 30.06.99, cuando confirmara en lo principal el criterio adoptado por quien expone actuando como titular del Juzgado de 1º Instancia de la Primera Nominación local, en la causa de referencia, cabe decir que sobre el encuadramiento legal de las tareas de cuidado de enfermos en el domicilio de éstos, no se muestra pacífica la doctrina y la jurisprudencia. A título de ejemplo puede decirse que: a) Un tribunal estableció que debe considerarse empleada doméstica a quien, careciendo de título de enfermera, se dedica a cuidar a una persona anciana enferma (C.N.A.T., sala II, 29/8/72, "Nieri, Magdalena c/ Ternoch, Selma", con voto en minoría del Dr. Justo López, cit. por Vázquez Vialard, A., -director-, "Tratado de derecho del trabajo", t. 6, p. 1157 y 1158, nota N. 2027, al pie); b) otro tribunal, por mayoría, expresó que las tareas vinculadas con el cuidado de ancianos en el hogar familiar no pueden ser encuadradas en la esfera laboral toda vez que no puede considerarse a la accionada como titular de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes ni a la prestación de servicios, en la que el referido aporte personal pudiera subsumirse, lo que torna inaplicable la L.C.T. y la legislación complementaria, pero como se trata de una relación contractual, debe ser regida por la ley civil (C.N.T., sala VI, "Matta, María c/ Barletta, Lydia M.", D.T. 1996-B, 1801); c) hay magistrados que sostienen que la relación de quien atiende ancianos en el hogar familiar se halla fuera de estatuto profesional del servicio doméstico, siendo regulada por el régimen del contrato de trabajo, indicando que si las tareas de cuidado del enfermo en el hogar familiar fueron reconocidas por la demandada, surge la presunción del art. 23, L.C.T., correspondiéndole a ésta demostrar que la relación era de carácter civil (Dr. Capón Filas, su voto en la causa antes citada, D.T. 1996-B, 1801); d) Raúl H. Ojeda en su trabajo titulado "Concepto de relación y contrato de trabajo (Su aplicación al caso del cuidado de enfermos en el hogar y de otros supuestos en los que el empleador no es un empresario)", luego de considerar que ha demostrado que "la ocupación efectiva de una persona para realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, denota la existencia de una relación laboral, siendo indiferente que el tomador del servicio pueda ser calificado como empresario, en los términos del art. 5 de la L.C.T., en tanto éste asuma los riesgos del resultado de la prestación", estima prudente concluir que "no existe norma que regule en forma directa" la relación que se origina por la prestación de cuidar enfermos en su domicilio, razón por la cual "surge la necesidad de tener que cubrir un vacío legal, basándose en la Constitución Nacional, en los principios rectores de la materia que se deriven de la norma fundamental y en el articulado de la ley 20.744 que resultará necesario para consagrar positivamente los derechos emanados de la Carta Magna" (T. y S.S., 1998- 748 y ss.); e) Gustavo Meilij, luego de expresar que "se regirán por las normas de la L.C.T. aquellas relaciones que sólo aparentemente sean de servicio doméstico, por no adecuarse la característica de la tarea cumplida a los preceptos de la regulación específica del sector", señala que entre estos casos podemos citar "al dependiente cuya tarea principal consistía en el cuidado y atención de un enfermo, realizando sólo en forma accesoria tareas domésticas" ("Contrato de trabajo, t. I, p. 20/21); y, f) José María Reviriego, en su trabajo titulado "El personal que cuida enfermos en el ámbito doméstico y la ley de contrato de trabajo", interpreta que quien cuida enfermos en el ámbito doméstico es "personal doméstico" no obstante estar excluido del decreto-ley 326/56, y que es equivocado considerar que dicha exclusión del estatuto homónimo, conlleva sin más la inclusión de la relación en la L.C.T., indicando que el Derecho Civil es el que regula el trabajo del personal que cuida enfermos en el hogar de éstos, lo cual en modo alguno implica la desprotección del dependiente (Zeus, t. 78, p. D-1 a D-4).

Expuestas brevemente las distintas posturas existentes en la doctrina y la jurisprudencia con respecto al encuadramiento legal de la actividad que desarrolló la actora en el domicilio de los demandados, pasaré a analizar si entre las partes existió una relación laboral "con dependencia".

Al respecto, cabe decir que la nota tipificante del trabajo dirigido o "en relación de dependencia" es la "subordinación jurídica", que consiste en que una parte llamada "trabajador" voluntariamente pone su capacidad laboral a disposición de otra llamada "empleador", que puede dirigirla a los fines de incorporar aquélla a su organización o a usarla en forma directa, mediante el pago de una suma de dinero. La L.C.T. utiliza conceptos sinónimos que caracterizan la llamada "dependencia jurídica", tales como "prestación dirigida" (art. 4), "bajo la dependencia" (arts. 21, 22 y 99), "sujeción a instrucciones o directivas" (art. 27), a "las órdenes" (arts. 168 y 255), en "relación de dependencia" (arts. 32 y 253), y "haber puesto su fuerza de trabajo a disposición" de la otra parte (arts. 103 y 197).

Si nos atuviéramos exclusivamente a ello, llegaríamos a la conclusión de que las tareas que ejecutó la actora preponderantemente en el cuidado y atención de la señora Susana Dardati, deberían encuadrarse en la L.C.T., ya que evidentemente se trató de una prestación dirigida, con sujeción a las directivas que se le impartieron cuando se convino la contratación; más aún cuando -como se ha dicho- el objetivo del empleador en cuanto se refiere a la percepción del trabajo no hace a la naturaleza de la relación, motivo por el cual se configura una relación de carácter laboral por el solo hecho de que el trabajador pone su capacidad de trabajo a disposición de otra persona que la dirige y tiene que remunerarla, debiendo prescindirse de las circunstancias de que la labor se haya requerido con una finalidad lucrativa o de carácter benéfico o simplemente para satisfacer las necesidades personales del empleador o de su grupo familiar (Vázquez Vialard, A. -director-, ob. cit., t. 1, p. 295/298; y t. 3, p. 433).

Sin embargo, si sólo basáramos nuestra conclusión en la denominada "subordinación jurídica" y en que resulta indiferente el motivo por el cual el empleador contrató la prestación, a los fines de establecer la naturaleza del vínculo, el análisis que haríamos sería simplista, toda vez que implicaría dejar de considerar qué es lo que acontece en la legislación argentina con respecto al trabajo "en relación de dependencia". Digo esto porque no se debe soslayar que no todos los trabajos "en relación de dependencia" se encuentran amparados por la L.C.T.; habiéndose expresado, con razón, que "Dentro de la regulación legal de la relación laboral, se establece un cuadro normativo común (contenido en la propia L.C.T.) y algunos de carácter específico para determinados tipos de trabajo, ya que en razón de su propia naturaleza o de orden histórico, no pueden ser disciplinados dentro de las directivas que establece aquélla, sin perjuicio de que algunos de sus institutos puedan aplicársele en la medida que ello resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta (art. 2, párr. 1, L.C.T.), lo que puede plantear algunos problemas no siempre de fácil solución respecto a la determinación de la norma aplicable" (Vázquez Vialard, A. -director-, ob. cit., t. 1, p. 299). Es suficiente para demostrar lo señalado, con tener en cuenta que la misma L.C.T. dispone en su art. 2 que ella no es aplicable a los trabajadores del servicio doméstico y a los trabajadores agrarios (inc. b y c).

Efectuadas las consideraciones precedentes, interpreto que para resolver el caso venido a examen, debemos partir de tres pautas: a) el art. 2 de la L.C.T. dispone que ésta no es aplicable a los "trabajadores del servicio doméstico"; b) el art. 1 del decreto-ley 326/56 establece que se deben tener por tales (trabajadores del servicio doméstico) a los "empleados de ambos sexos" que presten servicio "dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador lucro o beneficio económico"; y, c) quien cuida a una persona enferma o incapacitada en el domicilio de la misma, ejecuta tareas propias del hogar, por ser éste el ámbito donde habita el empleador, realizando trabajos (cuidar al enfermo o incapacitado) que son inherentes a la vida doméstica, mediando ausencia de lucro en la persona que contrata al trabajador (cfr. Reviriego, J.M., trabajo citado, Zeus, t. 78, p. D-1 a D-4).

Por ende, en tanto que el cuidado y atención de enfermos e incapacitados en el domicilio de los mismos es una prestación propia del ámbito doméstico, estando ausentes los fines de lucro en el empleador, y que los trabajadores que se desempeñan en ese ámbito han sido excluidos de la L.C.T.; la lógica indica que la labor de esos dependientes no encuadra en dicho ordenamiento legal. Si, además, tenemos en cuenta que el mismo estatuto de la actividad, dispone que no se considerarán empleadas del servicio doméstico las personas que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos (art. 2, dec. ley 326/56); no queda, a mi juicio, otra posibilidad que concluir que quienes prestan el servicio de atención y cuidado de enfermos e incapacitados como actividad preponderante, en el domicilio de quienes reciben tal atención, únicamente pueden lograr amparo en el Derecho Civil.

Lo dicho no debe llamarnos la atención en la medida que se tenga en cuenta que existen relaciones de trabajo en las cuales no obstante ejecutarse la prestación del trabajador en el ámbito de la vida doméstica y sin que importe para el empleador lucro o beneficio económico, aquéllas no se encuentran comprendidas en el estatuto específico; razón por la cual, no contando con una regulación especial y de acuerdo con la exclusión que surge del art. 2, párr. 2 b, L.C.T. se rigen por las disposiciones del derecho común (Vázquez Vialard, A. -director-, ob. cit., t. 1, p. 300).

En tanto que el reclamo se realizó invocando la existencia entre las partes de un contrato regido por la L.C.T., sería caer en incongruencia si el caso se resolviera con fundamento en normas propias del Derecho Civil, tanto más cuando en la expresión de agravios se postula la revocación de la sentencia por entender que hubo relación de dependencia regida por las normas de la ley de contrato de trabajo y no por las del derecho civil, por lo que "el fallo debe adecuarse, para no incurrir en incongruencia, a la concreta situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición" (Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", t. V, p. 435).

De acuerdo con lo que tengo expresado, luce correctamente rechazada la demanda. Sin embargo, entiendo que las costas deberán ser soportadas en el orden causado, pues no pueden caber dudas de que la actora tuvo razón plausible para litigar, teniendo en consideración las distintas posturas doctrinarias con relación al encuadramiento legal de la actividad de las personas que cuidan y atienden enfermos e incapacitados en el domicilio de éstos (art. 102, C.P.L.).

Si se comparte mi voto, propongo que se resuelva: a) Rechazar el recurso de nulidad. b) Admitir parcialmente el recurso de apelación. c) Modificar la sentencia impugnada, disponiendo que las costas serán soportadas en el orden causado; confirmándola en el resto. d) Las costas de la alzada se imponen en el orden causado, por la razón dada en los considerandos (art. 102, C.P.L.).

Así voto.

A esta primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Que haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante, votaba en el mismo sentido.

A la misma cuestión, el Dr. Rodolfo L. Roulet dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Loyola dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: a) Rechazar el recurso de nulidad. b) Admitir parcialmente el recurso de apelación. c) Modificar la sentencia impugnada, disponiendo que las costas serán soportadas en el orden causado; confirmándola en el resto. d) Las costas de la alzada se imponen en el orden causado, por la razón dada en los considerandos (art. 102, C.P.L.).

Fijar los honorarios de la alzada en el 50 % de los que en definitiva se regulan en la baja instancia.

A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Loyola, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Roulet dijo:

Que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Roulet (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: a) Rechazar el recurso de nulidad. b) Admitir parcialmente el recurso de apelación. c) Modificar la sentencia impugnada, disponiendo que las costas serán soportadas en el orden causado; confirmándola en el resto. d) Las costas de la alzada se imponen en el orden causado, por la razón dada en los considerandos (art.102, C.P.L.). - Edgardo A. Loyola. - Lorenzo J. M. Macagno. - Rodolfo L. Roulet.