marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gutierrez, Rodolfo Abel c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-05

A partir del "lading-case" Los Lagos en 1941, y con jurisprudencia posterior firme, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó principios generales en lo que hace a la revisión judicial del acto administrativo y entre ellos destaca aquél, de que el acto viciado -aún de nulidad manifiesta- no puede ser invalidado de oficio por el juez, sino que requiere petición de parte interesada, y ello a mérito de la presunción de legitimidad que los acompaña. Construcción que recepta y analiza la doctrina.

Expresaba en aquel caso la Corte Suprema: "Cuando un acto administrativo es otorgado por el Poder Ejecutivo sin competencia para hacerlo, a causa de una prohibición virtual o expresa de la Constitución Nacional o de la ley, los jueces no pueden, de oficio, declararlo nulo: requiérese una demanda judicial directa o indirectamente relativa al acto, en la cual se haya alegado tal nulidad y que dé al Poder Judicial la oportunidad de examinar si el decreto conforma sus disposiciones a los principios y garantías constitucionales". "En el derecho administrativo por razones institucionales, la declaración de actos inexistentes o nulos no es independiente del hecho de que ella pueda pedirse o no por los interesados -más aún, es a éstos a quienes constitucionalmente corresponde tomar la iniciativa, con exclusión de los miembros del Poder Judicial"
Concursos docentes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARRASCO, BRUNA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

La situación en análisis difiere de la considerada y resuelta en casos en que también se discutía la consideración de manera diferencial de la antigüedad docente para concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, en los cuales este Cuerpo, en ocasión de resolver los recursos de inconstitucionalidad, declaró que se había sustraído la materia, porque en dichos precedentes se satisfizo la pretensión de los respectivos actores al haber alcanzado los derechos subjetivos pretendidos, a través de su participación en concursos posteriores a aquéllos a los que referían los amparos incoados; a diferencia del presente caso, en que la nueva situación de la amparista sería consecuencia de la ejecución de la sentencia judicial de primera instancia. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhirieron los Dres. Gutiérrez y Falistocco).
Concurso preventivo, desistimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vasallo, Ricardo Jorge y Ochoa de Vasallo, Hilda Paula s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-30

La resolución que tuvo a los deudores por desistida del trámite concursal ante un nuevo incumplimiento parcial de la publicación de edictos (referido a la que debía efectuarse en el Boletín Oficial) es absolutamente irreversible, según surge de la misma exposición de motivos de la ley de Concursos y conforme lo sostiene unánimemente la doctrina y la jurisprudencia.
Procedimiento administrativo, servicio de agua corriente, conexión domiciliaria, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aguas del Valle S.A. c/ Estado Provincial y EN.RE. s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-18

En el sub lite, la única certeza que se tiene es que hubo una conexión domiciliaria de agua que perdió un tiempo hasta que fue arreglada. Ello es un hecho reconocido por la concesionaria y verificado por las dos pericias en que se apoya el acto impugnado, de las que no cabe apartarse si éstas aparecen seriamente fundadas en principios técnicos y científicos.

De ahí que se infiera sin mayor esfuerzo, que los daños producidos en la vivienda de la usuaria se debieron al agua en el subsuelo, y la fuente de dicha agua aparezca ligada a los defectos o vicios de la cosa, lo que hace indudable el nexo de causalidad como para endilgar responsabilidad a la concesionaria. Respecto al resto de los argumentos esgrimidos por el recurrente, habrá que entender que la forma en que se resuelve la presente contienda, lleva a su implícito rechazo. Por lo que no surgiendo de estas actuaciones otro elemento que lleve a inferir la interrupción del nexo causal entre el daño provocado en la vivienda y el agua proveniente de la rotura de la conexión domiciliaria, encuentro razonable la conclusión enunciada en las decisiones administrativas impugnadas, propiciando en consecuencia el rechazo de la acción de plena jurisdicción e ilegitimidad interpuestas.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

El pronunciamiento de la Cámara que deniega la actualización de la indemnización fijada a favor del particular damnificado, reviste el carácter de sentencia definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Presupuesto, ejecución del presupuesto, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

El GCBA debió probar que no sub-ejecutó las partidas correspondientes a los programas de vivienda, o bien que esas partidas ya habían sido asignadas a otros beneficiarios, o bien acreditar que priorizó la atención de políticas públicas destinadas a la protección de los derechos y dar razones suficientes para habilitar un juicio de ponderación entre las distintas políticas públicas involucradas. (Voto en disidencia Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: IZAGUIRRE, JUAN JOSE c/ PINDAPOY S.A. s/ INDEMNIZACION, ANTIG., PREAVISO, S.A.C. Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-15

El artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo permite al empleador evitar el pago de las indemnizaciones por antigüedad o despido previstas en el artículo 245 de la misma ley, pero ello está condicionado a que se den ciertos requisitos (hechos) y a que el empleador cumpla ciertas cargas legales.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, delitos contra la humanidad, participación criminal, economía procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " SUAREZ MASON, Carlos s/ competencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

Es descartable la idea de escindir la investigación entre quienes se habrían involucrado con la ejecución directa de los hechos (autores directos) y la de quienes habrían emitido o retrasmitido las ordenes respectivas (autores mediatos), tal como emerge de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 307:2430). Además, la división de la investigación, significaría una fragmentación excesiva que iría en perjuicio del principio de economía procesal en tanto demandaría la repetición de diligencias que la naturaleza de los hechos haría necesario practicar en ambas instrucciones.
Acción de amparo, medidas cautelares, prohibición de fumar, aplicación de la ley, gravamen irreparable, habilitación del establecimiento, restricciones al dominio, restricciones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: BEER WAY SRL c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-05

En el caso, corresponde no hacer lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo, a los efectos de que se disponga la suspensión de la aplicación de la Ley 1799 y de sus reglamentaciones.

Los fundamentos del actor en solicitar la cautelar, se vinculan en que con motivo de la prohibición de fumar se observa una merma en sus ventas y en la necesidad de efectuar modificaciones edilicias.

Pero lo cierto es que no está probado en forma convincente que la ley ocasione a la empresa actora un gravamen de trascendencia, cuestión que por lo demás, no se resultaría por si sola definitoria para suspender la vigencia de la norma.

A ello se agrega que si la Ley 1799 fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2005, y recién entró en vigor el 1º de octubre de 2006, parece razonable pensar que la actora tuvo casi un año para adaptar su estructura edilicia a fin de hacerla compatible con la norma.
Recurso de queja (procesal), quiebra, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: EMILIO Víctor Ahun s/ Quiebra Ind. - Liquidación de Bienes - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-22

La cuestión introducida por el quejoso tiene que ver con los presuntos vicios que existirían en la publicación previa a la subasta realizada en autos. Que planteada la nulidad fue sustanciada en la forma que surge del proveído, lo que importa que estamos en presencia de un incidente resuelto rechazando la nulidad, lo que es apelable en los términos de la ley Concursal en virtud del art. 285, de donde la denegatoria del recurso aparece incorrecta y debe subsanarse por este medio concediendo el recurso como lo ordena el art. 267 del C.P.C. de aplicación por remisión del art. 278 de la L.C., atento que por un lado se encuentra en juego, en definitiva, el destino de los bienes subastados es decir el derecho de propiedad extremo que justifica la apertura del recurso porque se comprometen "garantías de rango constitucional" y por otro son cuestiones que exceden el normal desarrollo del proceso concursal.
Confirmación de sentencia, reconvención, intervención de sociedades, coadministrador, mediación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Blanco, Pablo Daniel c/ Guarino, Atilio Daniel s/ ordinario s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Procede confirmar la resolución donde se dio traslado de la reconvención deducida por el aquí accionado contra el actor y contra la sociedad de la que son únicos socios y se dispuso, con carácter cautelar, la intervención de la sociedad aquí apelante en grado de coadministración. Ello así, la alegada improcedencia de la reconvención deducida por el actor en su contra, en virtud de que el demandado reconviniente no habría invocado su voluntad de reconvenir en la instancia de mediación previa, esta Sala ya señaló que dicho extremo no era susceptible de provocar un gravamen irreparable, teniendo en cuenta que en el sub lite se encuentra pendiente la audiencia prevista por el CPR 360, instancia procesal que otorga la oportunidad de proponer fórmulas conciliatorias para componer los intereses litigiosos en la ocasión precedentemente señalada, en igual forma que en la instancia de mediación previa extrajudicial.
Fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: U., E.M. c/ B. y Cía. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-23

La transcripción textual de un fallo de otro Tribunal, más allá de hacer propios sus fundamentos, no se condice con los preceptos de los arts. 34 inc. 4to. y 163 inc. 3ro. del C.P.C.C..

El pronunciamiento ha de formularse conforme las previsiones de la ley ajustadas al caso concreto, siendo, claro está, de inestimable ayuda para vertebrar la decisión la opinión de los autores y los precedentes jurisprudenciales, empero no puede dejar de contener la decisión expresa, clara y precisa sobre las cuestiones conducentes sujetas a su ponderación, aspecto ausente en el voto de la Magistrada.
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DïONOFRIO CLOTILDE ELBA s/ TERCERIA DE DOMINIO EN RIOS CARLOS ALBERTO C/ FRIGORIFICO LA DARSENA  Y OTROS S INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-26

La tercería de dominio se funda en la propiedad de los bienes embargados. Tal el título que quien acciona por dicha vía debe acreditar para triunfar en su demanda, toda vez que la tercería importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en el proceso se afectan los derechos del propietario, y la prueba de dicho dominio, cuando se trata de bienes muebles requiere la demostración de que el tercerista se encontraba en posesión del objeto embargado.-
Responsabilidad del Estado, régimen penitenciario, aplicación de la ley, responsabilidad del funcionario público
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: PARDINI, JUAN CARLOS c/ SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-16

La responsabilidad del Estado por falta de servicio, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene su sustento jurídico en el art. 1112 del Código Civil. El Alto Tribunal, en su actual composición, ha recogido lo expresado en un antiguo precedente, en el que la Corte dijo que "... quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución..

"
Recurso extraordinario, resoluciones judiciales, sentencia, sentencia definitiva, prescripción, acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Siderca  SAI. y C.  y otros s/ infracción ley 19.359 - Causa Nro. 29.889/88
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Las resoluciones que rechazan la prescripción de la acción penal no reúnen la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art.

14 de la ley 48.
Emergencia económica, régimen de consolidación de deudas
Materia: ECONOMIA
Carátula: Narvaez,  Claudio  Jesús c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. yotros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

La ley 25.344 se encuentra en vigencia para aquellas obligaciones comprendidas dentro del período que establece para la consolidación de deudas y le son aplicables todas las normas que a ella se refieran, pues no parece razonable prever, por un lado, un complejo régimen destinado a cancelar en forma ordenada las deudas del Estado en un plazo máximo de dieciséis años y, por el otro, disponer que perderá su vigencia en el transcurso de un año, prorrogable por otro más. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Principios procesales, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., B. N. en autos caratulados: M., N. A. y M., G. R. c/  s/ Guarda Preadoptiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-16

Un cambio de criterio de un magistrado al fallar respecto a una determinada cuestión, no implica una violación a la garantía de igualdad. Es que los jueces, en su labor jurisdiccional, están vinculados sólo al imperio de la ley, siendo enteramente libres e independientes de obrar de conformidad con su criterio en la aplicación del derecho.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vocobelli, Osvaldo c/ Pepe, Maria Rosa s/ Daños y perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado) perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado) perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

Tanto el Art. 71 de la ley 5.800 como el Art. 57 de la 11.430 (redacción anterior y actual, respectivamente, del Código de Tránsito local), imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha y ello es así sin discriminar quien fue el que llegó primero a la bocacalle. Se sigue, como conducta primaria de observación inexcusable, para ambos conductores, la de disminuir sensiblemente la velocidad, hasta casi detener la marcha; siendo una obligación adicional del conductor que se presenta por la izquierda, la de ceder el paso al que arriba por la derecha, sin que al respecto opere sometimiento a condición alguna, tal la hipótesis del arribo simultáneo, o incluso, agrego, la del arribo primario del conductor preterido, toda vez que en cualquiera de dichas circunstancias éste, no podrá continuar la marcha, luego de reducirla hasta casi detenerse, sin cerciorarse previamente que no circulan autos con prioridad de paso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, partes, obligaciones, sellado judicial, tasa de justicia, tasa de actuación judicial, principio de solidaridad, leyes, interpretación de la ley, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver   es: ¿qué interpretación ha de darse a los artículos 226 y 227 del   código fiscal en cuanto a la obligatoriedad, o no, respecto de la   parte actora y al momento de arribarse al dictado de la sentencia,   de satisfacer el 50% restante del sellado judicial no pagado con   anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Doctrinariamente se ha insistido en que la diferente regulación entre la tasa de justicia y la tasa por actuación también atañe al sujeto obligado al pago. En este aspecto, se comienza señalando esa doble tributación: a) una tasa de actuación judicial y b) una tasa proporcional de justicia -arts. 221 y 222 del Código Fiscal respectivamente (equivalentes a los arts. 226 y 227 t.o. 1997)- disposiciones que se correlacionan con las reglamentarias de la Ley Impositiva Anual -arts. 35 y 36-. Con esa referencia normativa, la primera de ellas se abonará mediante un pago único, que se adiciona a la tasa proporcional de justicia y que la ley impositiva anual lo estima en el 25% del monto de la otra tasa la proporcional -art. 35 Ley Impositiva Anual-. A diferencia de la tasa proporcional de justicia, la normativa referente a la tasa por actuación no determina quién es el obligado al pago, actor o demandado. Tampoco establece la responsabilidad solidaria de la obligación. Por último, no desdobla el pago -como lo hace con la tasa proporcional-, sino que dispone un pago único hasta la terminación de la actuación. (De la Disidencia de la Dra. García)
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, bien jurídico protegido, marihuana, cantidad de estupefacientes, principio de insignificancia, derecho a la privacidad, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: MAZA, H. s/ ESTUPEFACIENTES. Tenencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

1) Si bien es cierto que la ley 20771 en su art. 6 se limita a incriminar la tenencia, sin aclarar la cantidad, no lo es menos, que cada caso concreto presenta características propias con matices diferentes, por cuya razón deben ser estimados dentro del marco discrecional permitido por los principios que informan el orden jurídico específico para establecer una vinculación con aquélla, no resultando difícil aceptar una pura tipicidad formal sin afectación del bien jurídico que se trata de resguardar y por lo tanto penalmente indiferente, siendo el caso de autos (1,5 grs.) de la tenencia de una cantidad exigua de marihuana, que por su volumen resulta inepta para lesionar la salud pública, debiendo absolverse al procesado por el delito mencionado.

2) La conducta impugnada no halla encuadramiento típico en las normas represivas de la ley 20771, porque la ínfima cantidad de marihuana secuestrada en poder del enjuiciado carece de potencialidad dañosa para vulnerar el bien jurídico tutelado, esto es, la salud pública y para ocasionar la dependencia física o psíquica requerida por la última parte del art. 77 CP.

3) El criterio de insignificancia no es de aplicación automática, no bastando que lo exiguo de la cantidad secuestrada carezca o no de potencialidad dañosa para vulnerar el bien jurídico tutelado 'salud pública', por ello depende fundamentalmente del contexto circunstancial que rodea al hecho mismo de la tenencia en sí, que será el que en definitiva determinará, no aislada, sino conjuntamente su tipicidad o atipicidad, por revestir los caracteres de una simple acción privada (art. 19 CN). En el caso de autos, habiéndose hallado el procesado solo, bajo los efectos de psicofármacos, no cabe duda que se trata de una acción reservada a su propia y atribulada conciencia y a Dios, pero exenta de la autoridad de los Magistrados.
Procesamiento, portación ilegítima de armas
Materia: PENAL
Carátula: B., R. J. A. y otros s/procesamiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

En el caso, los tres sujetos estaban juntos y uno de ellos se identificó como policía exhibiendo una credencial de la extinta Policía Metropolitana y portando una pistola calibre 9 mm en su cintura, lo que justificó un cacheo preventivo y la requisa del automóvil que ocupaban, secuestrándose del interior una pistola calibre 6.35 mm cargada, una pistola marca Astra cargada y con la numeración suprimida, una pistola marca Glock modelo 17 del calibre 9 mm cargada, dos chalecos azules con la inscripción "PFA", ocho precintos plásticos y tres equipos de comunicación tipo handy, entre otros elementos.
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Bessone, Ramón Genaro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

La valoración de los testimonios orales debe prestarse con consideración al tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los sucesos y su posible impacto en la precisión de los dichos y, por tanto, la existencia de discrepancias menores no desacreditan necesariamente el testimonio. En cuanto a la participación criminal, el informe obrante resultaba prueba relevante de la actuación conjunta de la policía, el servicio penitenciario y el ejército, y de la preponderancia y superioridad de éste último en lo atinente al destino de cada una de las víctimas.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perrone, Norbel Néstor c/ Migliorisi, Humberto Néstor s/ Daños y perjuicios D. P. de A., E. c/ C., J. J. s/ Alimentos y asistencia médica Siterco S.R.L. c/ Crivelli, José María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05|1993-09-21|1994-09-13

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que omite citar como infringidas las normas que dan sustento a la decisión.
Expropiación, intereses, liquidación, BANCO NACIÓN, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ MENDY,  MARIO  JUAN Y  SUCESORES DE LUIS NORBERTO MENDY Y-O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.    IMPUGNACION DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 122 BIS-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

En los juicios de expropiación regidos por la ley local, la tasa utilizable para la liquidación de intereses no es la fijada por el banco nación, sino la establecida por el banco provincial de santa fe, aunque ello no se haya dicho expresamente en la sentencia, por cuanto este tribunal así lo ha resuelto desde antaño y porque nada permite presumir que se haya querido referir a esa institución nacional, cuando la sentencia remitió a la "tasa bancaria vencida para descuentos de documentos", siendo que la institución propia del ámbito provincial fija tales tasas.

Citas jurisprudenciales: A y S T 32 p 398