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Recurso extraordinario, cuestión no federal, daño moral, decretos, cesantía, nulidad del acto administrativo, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Lo atinente a la condena por daño moral, admitida por la cámara al declarar la nulidad del decreto que dispuso el cese de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, remite a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, máxime cuando la sentencia se apoya en fundamentos suficientes que descartan la tacha de arbitrariedad.
Servicio penitenciario, cesantía, reincorporación, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE BARTOLO, GUILLERMO MARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 77-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-16

Si bien el artículo 62 de la ley 8183 exige, a los efectos de la reincorporación, solamente la demostración de que la separación del agente penitenciario fue a consecuencia de un "error", ello no autoriza discutir la ilegitimidad del acto con la plenitud que habría podido tener si se hubiesen utilizado los remedios ordinarios.
Nulidad del acto jurídico, actos nulos, confirmación tácita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GASPAR LUIS c/ FUHAD ABDALA NEME s/ Ordinario (LIBRO: S081 - 338)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-07

Tanto el reconocimiento de deuda como las cláusulas del pago de la misma y las condiciones de la hipoteca, no adolecen de defecto alguno y no han sido atacadas en si. Y lo que es más, un día antes que venciera la fecha de pago, el accionante hace una entrega a cuenta del saldo pendiente. Consiguientemente, de haber existido algún vicio en el "compromiso de venta condicionada", el que se agota con su cumplimiento, el mismo habría sido convalidado por la confirmación del acto, conforme lo prevé nuestro CCI en el título VII sección II libro II: "De la confirmación de los actos nulos o anulables". "La confirmación puede ser expresa o tácita", así lo dispone el art. 1061, agregando el 1063 que la confirmación tácita es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, del acto sujeto a una acción de nulidad, por la parte que tiene derecho a demandar o alegar la nulidad y después de haber cesado su incapacidad o el vicio que inficionaba el acto, tal como lo dispone el art. 1060 CCI.
Hurto de automotor, consulta técnica, personal policial, llave del automotor, dictamen pericial, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GENOVES, Héctor R. s/ PERICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

El informe técnico que debe precisar si la llave servía para ingresar al automóvil no reviste entidad de pericia, pues para verificar tal extremo no es necesario ningún conocimiento especial y el hecho de encomendar tan simple tarea a personal policial no se debió a la necesidad de emitir un parecer o dictamen sobre un punto relativo a una ciencia o arte, sino a una delegación incluida en la tarea prevencional propia de la policía judicial. Por ello, los requisitos exigidos por el art. 258, C.P.P. no deben aplicarse a tal informe, puesto que es sólo una constatación ordinaria, un informe vulgar, y no propiamente de un examen pericial.
Daños y perjuicios, propiedad horizontal, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tisi, Juan Carlos y otros c/ Majersky, Juan y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

Las consecuencias producidas -muerte de cuatro jóvenes- genera la directa responsabilidad del consorcio demandado por resultar a raíz de su naturaleza -espacio común de uso exclusivo- propietario del balcón colapsado que produjo estrago culposo (art. 2 ley 13512).
Concursos, demanda de verificación, indicación de la causa, mutuo comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEVE  PUBLICIDAD  DE  VARRENTI  HNOS.  Y  CABRERA  SC s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE REVISION (POR COST PLUS SA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Procede verificar un crédito con causa en un contrato de mutuo, en el que se previó una cláusula que establecía que las partes pactaron que el acreedor entrega en préstamo a la deudora y ésta recibe cierta cantidad de dólares, que la mutuaria declara haber recibido antes de ese momento, por lo que el presente tiene el carácter de recibo suficiente. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que la deudora (sociedad colectiva) no desconoció la existencia de ese convenio en sí propio, ni desconoció las firmas estampadas en el mismo en su representación, razón por la que no se advierte razón alguna para restar virtualidad a la expresa declaración de las partes.

Por el contrario, esa declaración contractual es ley para ellas, máxime que no se aprecia en la especie ningún motivo que permita apartar ese principio de nuestro ordenamiento legal sentado por el CCIV. art. 1197 y ccdtes.
Obras públicas, contrato de obra pública, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Caccininni,  Eduardo c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones(ENTEL) en LIQUID. s/ Contrato de Obra Pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-26

Si la comisión consultora designada por la empresa pública a los fines del ejercicio de una actividad que le es propia y exclusiva, que exige una actitud técnica específica y que en principio no pueden los jueces sustituir (Coviello, Pedro J.J., "El caso "Tecnobra"...", LL, 1993-E, 486, cap. III), en función de deficiencias documentales y contables de su propio comitente, se abstiene de cuestionar la liquidación presentada por el contratista, ello permite razonablemente concluir, cuando menos en que la liquidación de los reajustes efectuada por el reclamante no aparece desajustada o susceptible de observaciones formales; y en cuanto a lo sustancial, en tanto su examen ha sido impedido como consecuencia de la conducta del comitente, es evidente que ello no puede redundar en desmedro del contratista, quien ha de entenderse, ha dado cumplimiento a los recaudos formales necesarios para obtener el reconocimiento del crédito así insinuado (Del voto del juez Fernández, cons. VI).
Honorarios del abogado, intereses, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Giácomo, Roberto c/ Luellas, José s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-22

Debe rechazarse la pretensión de que los intereses reclamados en concepto de honorarios deban computarse desde el momento en que se resolvieron las distintas contingencias procesales y no desde la regulación respectiva que es ulterior, pues el punto de partida para exigir los intereses debidos no es otro que la fecha de mora, la que naturalmente no puede ser anterior al auto regulatorio porque no existía hasta ese momento obligación exigible (art. 54 ley 8904). En su caso, debía el ahora quejoso exigir que la base arancelaria, dado el tiempo transcurrido entre la resolución objeto de estipendio y el auto que lo fija, fuera acorde con el mismo. Si no lo hizo, debe cargar con las consecuencias de la omisión.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rendición de cuentas, Derecho comercial, obligaciones del mandatario, prueba, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE Nro. 37953 - CLUB DEL PERSONAL DEL BANCO DE MENDOZA c/ GONZÁLES, CARLOS ALBERTO s/ RENDICIÓN DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-10

La rendición de cuentas es el estado descriptivo, verbal o escrito, respaldado con la pertinente documentación, tendiente a demostrar en partidas correspondientes al debe y al haber la verdad de los hechos y resultados de orden patrimonial a que se ha llegado en una negociación en la que se ha actuado por cuenta ajena.
Competencia desleal, bien jurídico protegido, doctrina
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASA HUTTON SA c/ RESMACON SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-11

En materia de competencia desleal, la doctrina moderna ha desplegado grandes esfuerzos para sistematizar -de alguna manera- la variedad de casos que surgen de la realidad;

pero dado la complejidad y magnitud de la materia, lo probable es que cualquier clasificación resultara imperfecta, no solo porque el agrupamiento dentro de un rubro determinado no cubriese enteramente los fenómenos que la practica pueda ofrecer, sino porque es conjeturable que -a la postre- muchos supuestos de tal fenomenología podrán incluirse simultáneamente en mas de un rubro. Por ello, en cada caso particular, habrá de procederse a una individualización de los datos mas relevantes para juzgar configurada una deslealtad jurídicamente relevante.

En ese mismo sentido, la doctrina alemana efectuó una propuesta que resulta acertada, por cuanto distribuyo la materia en función de los intereses directamente afectados por los actos de competencia desleal: a) los que lesionan el interés del consumidor; b) los que lesionan el interés del competidor; y c) los que lesionan el interés publico. En consecuencia, el derecho a la competencia desleal debe proteger la posición del empresario, garantizar la autonomía del consumidor y controlar el poder económico asegurando la "par conditio concurrentium" (Menéndez y Menéndez, Aurelio, "La competencia desleal", Madrid 1988, real academia de jurisprudencia y legislación de Madrid, pág. 65).
Reclamo administrativo previo, contestación de la demanda, rechazo de la demanda, apoderado, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C.F.  Y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL ( CONICET ) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La contestación de demanda en la que, por el principio de eventualidad y por carecer el apoderado de autorización para obrar de otro modo (art. 8 in fine D. 411/80), éste pide el rechazo de la acción, no suple el objeto de la instancia administrativa previa, que es favorecer que se expidan los órganos administrativos competentes para resolver, y no dicho apoderado, carente de autoridad pública.
Acción de amparo, facultades del Poder Ejecutivo, convocatoria a elecciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Elorrio, Javier María c/ E.N. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Corresponde confirmar el rechazo a la acción de amparo contra el Poder Legislativo Nacional a fin de que se declarase la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y concordantes de la ley 24.620. (En la demanda se impugnada parcialmente el art. 1º de la ley 24.620 en cuanto a la elección del vice jefe de gobierno toda vez que dicha figura no aparecía mencionada en la C.N., convirtiéndose así en un avance del Congreso sobre las facultades propias de la convención estatuyente. Y se atacó también la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional para convocar la elección de sesenta miembros del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, en atención a que se estaría también vulnerando la facultad de la convención estatuyente para organizar el cuerpo legislativo de la ciudad).
Ejecución de alquileres, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SHUNYA S.R.L. c/ AMBIENTACION Y PAISAJISMO OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y OTRO s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

Los intereses compensatorios y punitorios de los alquileres vencidos no pueden superar el 24% anual, toda vez que las reglas contenidas en los arts. 621 y 1197 del Código Civil encuentran su límite en la pauta rectora contenida en el citado art. 953, que fulmina de nulidad las cláusulas de interés exorbitantes , y faculta al juez a reducirlas a límites razonables.
Pago de la remuneración, recibo, recibo incompleto, valor probatorio, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-18

Las facultades acordadas al Juez a fin de apreciar la validez probatoria que pueda tener en juicio un recibo incompleto, no excluye que dicha deficiencia instrumental pueda ser considerada como infracción administrativa en los términos del artículo 140 LCT.
Prisión preventiva, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando, Incidente de apelación Causa 28910
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-27

Es requisito inexcusable para la procedencia de la prisión preventiva que al procesado se le haya tomado declaración indagatoria o se haya negado a prestarla. (Del voto del Dr. Roldán).
Acto administrativo, cosa juzgada administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A. c/ César Luis D'Aquino y Cia.  S.A. s/ Cobro Sumas de Dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

El acto que causa estado y el que hace "cosa juzgada administrativa se diferencian porque aquél implica que agotó las instancias administrativas mientras que éste tiene la particularidad de gozar de un estado de permanencia que la pone a cubierto de modificación.
Superintendencia, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Egües, Alberto José sumario 63/95 Cámara Civil. s/ Trámite personal - avocación -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La avocación prevista en el art. 22 del Reglamento para la Justicia Nacional es admisible cuando media manifiesta extralimitación de parte de las cámaras o lo aconsejen razones de superintendencia general, y puede ser solicitada sólo por los magistrados, funcionarios o empleados de la Justicia Nacional, es decir los "interesados" a que alude el art. 23 bis del citado ordenamiento.
Prescripción, compraventa, compraventa de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: GORDO, MANUEL c/ GONZALEZ POO, LUIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

El artículo 848 inciso 1° del Ccom se refiere a las acciones que nacen con motivo de las relaciones internas que se generan en el marco de una sociedad, y no a las que ésta, sus socios o administradores traban con terceros. Si se confronta el plazo previsto en esa norma con el plazo general contemplado en el artículo 846 del mismo ordenamiento -que, precisamente, establece el principio aplicable a la materia-, fácil es advertir en aquélla la introducción de un plazo abreviado de prescripción. Tal abreviación se justifica, precisamente, por el restringido campo de aplicación de la disposición en discusión, sólo enderezada a permitir un rápido finiquito de las relaciones que se han originado en una comunidad de gestión en cuya continuidad está interesado el mismo legislador (artículo 100 de la Ley 19550), continuidad que cabe presumir habrá de verse favorecida frente a la menor cantidad de conflictos vigentes.

Nada de esto sucedió en el caso en el cual la acción que se ejerció no nació en el seno de la referida comunidad social, sino de un contrato en virtud del cual los originales socios cedieron sus participaciones a terceros, dando origen así a un negocio que, en tanto externo a esa comunidad, debe entenderse regido por la regla genérica del artículo 846 del mencionado cuerpo legal. (SCJ de la Provincia de Mendoza, "Péres de Areste, Elsa Raquel y otros c/ Martínez Hnos SA", voto de la Dra Kemelmajer de Carlucci, 20.6.06). Tal conclusión se ratifica si se atiende a la naturaleza de la sociedad cuyas acciones fueron objeto de transferencia: tratándose de una sociedad anónima, la alteración de su elenco de socios es aspecto inocuo en lo que concierne al contrato social, el que, a diferencia de lo que sí ocurre en las sociedades "por partes de interés" (arg. artículo 131 de la LS), no sufre ninguna modificación a causa de tal alteración.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, contrato de prestaciones médicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Alagna, Josefa  c/ Galeno Argentina SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-11

Corresponde revocar la declaración de incompetencia pronunciada en el marco de una acción promovida por una afiliada contra una empresa de medicina prepaga, toda vez que la relación que vincula a las partes tendría directa relación con los derechos de la actora en calidad de consumidora del servicio brindado por la demandada en calidad de proveedora del servicio, relación que se encuentra regida por la CN 42 y por la ley 24240. En tal contexto, no habiendo sido objetado el cumplimiento de las normas que implementan el sistema nacional de salud - cuestión ésta que sí habilitaría la competencia federal por razón de la materia-, tratándose de una acción que concierne a aspectos de un contrato de naturaleza netamente mercantil, corresponde concluir que resulta competente la Justicia Comercial para su conocimiento (conf. mutatis mutandi, CNCom, Sala A, in re "Padec c/ Swiss Medical SA s/ sumarísimo", del 03/09/04; entre muchos otros).
Seguro de responsabilidad civil, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grande de Insúa, Isabel c/ General Paz Cooperativa de Seguros Limitada s/ Ejecución de honorarios Brianti, Felipe O. c/ Olam Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1996-02-06

Fuera de la obligación que tiene la Compañía de Seguros con su asegurado -que está dada por la garantía de indemnidad- no existe para aquélla ninguna otra obligación hacia terceros (arts. 109 y 110, ley 17.418).
Recurso de casación, regulación de honorarios, etapas del proceso, intereses, monto del juicio
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Consideramos que en autos deberá practicarse una nueva regulación de los honorarios profesionales por sus actuaciones en primera instancia, que tengan en cuenta las etapas cumplidas (art. 38) y que se ajusten a su vez a la escala que prevé el art. 7 de la L.A..

Esto es, se deberá regular entre el (7,33) siete con treinta y tres por ciento y (13,33) trece con treinta y tres por ciento por las dos etapas cumplidas, debiendo tenerse presente, además, que los intereses integran el monto del proceso a los fines de la regulación.

En cuanto a los honorarios correspondientes a segunda instancia, en tanto proponemos confirmar la sentencia dictada por la Alzada que hiciera oportunamente lugar a la apelación de la parte actora y revocara la sentencia de Ia. Instancia, resulta de aplicación la parte final del art. 14 de la Ley 2212, esto es se deberá regular a los aquí recurrentes, por las actuaciones en segunda instancia, un (35) treinta y cinco por ciento de lo que se les fije para la primera instancia.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autódromo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Autódromo SA  s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Recae en el recurrente la carga procesal de aportar argumentos contundentes que demuestren que la decisión atacada resulta equiparable a definitiva por privar al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, impedirleel replanteo de la cuestión en otro juicio, o causarle un gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior. Si el recurrente no satisface estas exigencias, corresponde entonces rechazar la queja. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino S.A. c/ Rey, Marta Inés s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

Tratándose de un contrato oneroso los intereses "compensatorios", en tanto frutos civiles, se devengan con independencia de que el deudor haya o no sido colocado en mora.
Inhabilidad de título, trámites administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Chubut, Provincia del s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

La excepción de inhabilidad de título no puede fundarse en el supuesto incumplimiento de trámites administrativos.
Asociaciones profesionales de trabajadores, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c/ Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y otros s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

En el marco previsto en el art. 62 b de la ley 23.551, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE) apela la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 847/15 que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de desestimar la pretensión de encuadramiento sindical en el ámbito del SOESGYPE del personal que presta servicios en las estaciones de servicio de la empresa Operadora de Estaciones de Servicio SA (OPESSA), con fundamento en que ésta se encuentra alcanzada por las previsiones del art. 43 de la ley 23.696. El art. 43 de la ley 23.696 en el que se basa la decisión apelada y que impone el mantenimiento del status quo sindical en las empresas sujetas al proceso de privatización en auge en la época de su promulgación, con la salvedad de resolución contraria de la autoridad de aplicación y -de manera específica al caso bajo análisis- la Resolución DNAS Nº 135/91 que consideró subsistente la personería gremial de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos para representar ".a los trabajadores que como consecuencia de la transformación de YPF S.A. operada en el marco de la ley 23.696 y su Decreto Reglamentario 277/90 hayan pasado o pasen en el futuro a constituir o formar parte de sociedades de cualquier tipo o naturaleza u otras entidades, o a prestar servicios en las mismas, bajo cualquiera de las formas o modalidades autorizadas por la legislación vigente, y cuyo objeto social sea la prestación de servicios o la realización de obras, tareas u operaciones de cualquier índole, propias o inherentes a la industria y actividades relacionadas con los hidrocarburos, afines y complementarias, quedando también incluidos los trabajadores que, sin haberse desempeñado con anterioridad en YPF S.A., se incorporen en el futuro o formen parte de las referidas sociedades o entidades, o se desempeñen en ellas o para ellas las actividades y servicios antes mencionados". En esta inteligencia, cabe confirmar la decisión Administrativa, rechazándose la queja.
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHEMIA SACI c/ Bernal Plástica de A. Zaliauskas s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Si constituye un hecho admitido que las partes revisten la calidad de comerciantes, y en virtud de esa calidad se enlazaron por una compraventa mercantil, frente a lo que se desprende de los libros de comercio de la actora, y la inexistencia de tal clase de asientos contables en libros arreglados a derecho de la demanda, cabe estar a lo que se extrae de la contabilidad en regular forma que posee la actora (arts. 63, 3er. apartado C. Comercio).