Nulidad de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, remisión del expediente, readaptación del condenado, progresividad del régimen penitenciario, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Lucena, Pablo Fabián c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde anular la resolución impugnada y declarar la constitucionalidad del art. 14, inciso 10) del Código Penal, texto según redacción de la Ley N° 27.375; y reenviar las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos expuestos en el presente (arts. 470, 471, 530 y ccds. CPPN). Toda vez que las modificaciones introducidas al régimen de ejecución por la ley 27.375 no resultan violatorias de derechos y garantías constitucionales ni de tratados internacionales de idéntica jerarquía. Tampoco hay contradicción entre las disposiciones de la normativa cuestionada con la finalidad resocializadora de la pena, ni con imperativas de igualdad, progresividad, y razonabilidad. El alto tribunal ha destacado que "en virtud de la facultad que otorga el art. 75, inc. 12 de la CN, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente, de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones". Si bien se atiende al sentido de aquellas balizas interpretativas, la norma cuestionada no debe ser calificada de inconstitucional, y no se advierte -ni se demostró- de qué modo resultaría violatoria de la finalidad de resocialización y del régimen de progresividad. La verdad, también en derecho, es "una cuestión de proporción", y de razonabilidad. Y el legislador ha hecho, también en este ámbito, un uso compatible con sus facultades de diseñar una política punitiva. El mismo caso del imputado así lo pone de manifiesto a través de las alternativas que se le presentan a futuro. En efecto, visto desde la finalidad de reinserción social de las penas (art. 1, Ley 24.660; arts. 18 y 75, inc. 22, CN; arts. 5.6, CADH; art. 10, inc. 3 PIDCyP); y la progresividad (art. 6, Ley 24.660), el nombrado, si bien como condenado no tiene expedito al acceso a la libertad condicional, la propia ley 27.375 lo habilita a valerse, bajo ciertas condiciones, del régimen preparatorio para la liberación prescripto en el art. 56 quater de la ley 24.660. La regulación de ese instituto implementó un programa específico y personalizado, en función de la gravedad del delito cometido y de la situación del autor. También asiste razón al fiscal cuando descarta la violación al principio de culpabilidad, toda vez que la referida diferencia de trato, no se fundamenta en cuestiones subjetivas o de la peligrosidad del reo, sino en una evaluación objetiva de la intensidad del injusto del delito imputado y de la responsabilidad penal personal del condenado.