marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cappellacci, Alvaro c/ Itri, Armando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El daño exige una relación efectiva y adecuada entre una acción u omisión y el mismo: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, Cód. Civil).
Demanda, rechazo in límine
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Gloria c/ Renga, Emiliano s/ Disolución y liquidación de Sociedad de Hecho. Rend. de cuenta.  Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

Las condiciones de fundamentación o procedencia (atendibilidad) de la pretensión deben ser verificadas por el Juez, como regla, en la sentencia de mérito. La anticipación "ex officio" por el Juez sobre la improcedencia sustancial de la demanda, se justifica excepcional y únicamente por razones de interés general, a condición de que la infundabilidad de aquella aparezca manifiesta, evidente y notoria de los propios términos en que fue concebida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia civil, información sumaria, radicación de extranjeros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HUERTA BERNAL, Román s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

Por aplicación de lo normado por el art. 43 del decreto-ley 1285/58, resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil para entender en la información sumaria iniciada por un extranjero, con el objeto de obtener la radicación definitiva en el país.
Prueba pericial, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-05

El propósito del traslado que se le corre a las partes de todo dictamen pericial, tiene por objeto que una o ambas:"...a) Articulen la nulidad de la pericia; b) La impugnen; c) Pidan su ampliación respecto de algún punto omitido; y d) Pidan explicaciones".

Asimismo, que en cuanto a las explicaciones que se piden ellas "...deben guardar estricta relación con el cuestionario respectivo y tender a aclarar respuestas equívocas, oscuras o carentes de fundamentos técnicos. Por ese motivo, deben rechazarse las preguntas que, importando nuevos puntos de pericia, sean ajenas al cuestionario".

Tal como surge del escrito de fs. 268/269, la actora no peticionó la ampliación respecto de algún punto omitido, como tampoco explicaciones tendientes a aclarar respuestas equívocas, oscuras o carentes de fundamentos técnicos, sino como ya o sostuve supra nuevos puntos periciales, que la recurrente los solicita en cuanto al punto quinto para que el perito "...amplíe la pericia..." y en lo referido al punto tercero para que "el perito practique nuevo cálculo... aplicando ahora la tasa activa que percibe el Banco de Entre Ríos para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días..." .-
Pensiones, hijos, aplicación de la ley, ausencia con presunción de fallecimiento, publicación de edictos, exceso ritual manifiesto, Seguridad social, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: IGLESIAS, JAVIER c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-20

Deben considerarse cumplimentados los requisitos exigidos por el art. 2 de la ley 22.062 con la citación del ausente que, con arreglo a lo prescripto en la ley 22.068, dispuso el juez federal, haciéndola publicar por un día en el B.O., ya que la finalidad del legislador en ambos cuerpos legales fue la de dar suficiente publicidad al pedido del fallecimiento presunto. Un excesivo apego al texto de la norma constituiría un rigorismo formal manifiesto, incompatible con la finalidad tuitiva de la seguridad social que exige máxima prudencia en la interpretación de las leyes previsionales, especialmente si está en juego la pérdida de algún derecho (en el caso, el beneficio de pensión solicitado por un menor).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frutos, Agustín Nicolás c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso  Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación  (Expte CSJ Nº 461-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

Si bien lo referente al agotamiento de la vía administrativa es materia a considerar, al dictar la sentencia cuando sea evidente el incumplimiento del agotamiento de la vía administrativa, puede ser declarado por la Presidencia -con revocatoria ante el Cuerpo- y considerado por el tribunal al resolver las excepciones si las partes han debatido el tema y no siendo menester, para decidirlo, la previa tramitación del proceso y, por último, que el auto de admisibilidad no es susceptible de ser impugnado por vía de revocatoria por la demandada.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Luis y otros c/ De Marco, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Por regla, es anulable, el decisorio que incumple el artículo 171 de la Constitución bonaerense, salvo - y esta es la excepción- que por las modalidades del fallo recurrido pueda individualizarse el precepto al que el mismo se refiere. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interpretación de la ley, Salud pública, derecho a la salud, farmacias, expendio de medicamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Proconsumer c/ Farmacity SA s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Del análisis de los antecedentes del debate parlamentario del art. 1° de la ley 26.567 surge que la voluntad legislativa en la norma en estudio -la cual fue aprobada por unanimidad- fue la de que todos los medicamentos, aún los de venta libre, sean dispensados personalmente en el mostrador por farmacéutico o persona autorizada. Ello, con la finalidad de disminuir la automedicación, atento a las patologías derivadas del consumo sin control de ese tipo de medicamentos. Resulta evidente que el fármaco no puede estar al alcance del usuario en una góndola, dado que si ello ocurriese la función de la farmacia se limitaría a exponer medicamentos y luego cobrar el precio, sin mayores diferencias con cualquier otra actividad comercial. Tanto la voluntad del legislador como la interpretación del órgano encargado de llevar adelante la política de sanitaria de la Nación es que las farmacias sean las únicas autorizadas para la comercialización de fármacos de venta libre y que la misma se efectúe de modo personal en el mostrador de aquellas. Ello con el propósito de disminuir la automedicación y que la ingesta de la droga sea como consecuencia de una necesidad concreta.
Caducidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Armando y otros c/ Correo Argentino S.A. s/ Cobro de pesos laboral (Expte. Nro. 42-01, Resol. Nro. 86, Tomo 17,  Folio 239)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-10-09

La caducidad de instancia debe administrarse con carácter restrictivo porque por encima del interés de las partes hay un interés social para que el derecho se realice, especialmente por tratarse de un derecho de tutela.
Defensa del consumidor, beneficio de litigar sin gastos, juicio sumarísimo, improcedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Kolme Motors SRL c/ Telmex Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Corresponde confirmar la resolución que denegó tanto la concesión del beneficio de justicia gratuita, como la solicitud orientada a otorgar trámite sumarísimo a las presentes actuaciones, con fundamento en que la ley 24240 resulta inaplicable al caso de autos, por no advertirse prima facie configurada una relación de consumo. Ello así, pues las presentes actuaciones fueron promovidas por la sociedad actora contra otra sociedad anónima, con sustento en los daños y perjuicios que se invocan padecidos y que esta última habría generado en el marco de cierto contrato de suministro de líneas telefónicas suscripto entre las partes.
Policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

Tanto la Ley del Personal Policial nro 6769 en su artículo 86, como el Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales, Decreto 3655-84 en su artículo 1 y siguientes, prevén promociones anuales;

estableciendo el reglamento los aspectos y criterios en base a los cuales los superiores calificarán al personal a su cargo, en los cuales se incluye a los cursos y exámenes realizados en la repartición dentro del período de calificación (artículos 17 y siguientes y 21 a 31 del citado decreto).
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal, efecto retroactivo, preclusión, demanda, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Catala  de  López,  María  Florencia y otros c/ López, Cándido y López Magallanes, Adolfo Serviliano.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Es arbitrario el pronunciamiento que -al declarar la irretroactividad del beneficio de litigar sin gastos respecto de las etapas precluidas- aplicó mecánicamente un principio procesal fuera del ámbito que le es propio, sin ponderar adecuadamente que, al no haberse notificado la demanda al momento de la promoción del beneficio, no podía considerarse agotado el acto de inicio procesal en tanto la pretensión era aún susceptible de transformarse en sus elementos objetivos (art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Eduardo Moline O'Connor y Guillermo A. F. López).
Privación ilegal de la libertad, prueba documental, testigos, centro clandestino de detención
Materia: PENAL
Carátula: ALMIRÓN, Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

Más allá de alguna contradicción en los dichos de los testigos, ello no logra conmover los fundamentos del fallo en la medida en que las privaciones de la libertad y los tormentos se encuentran acreditados por múltiples testimonios y prueba documental que la defensa no objetó, y las críticas de la recurrente se centran en el intento de demostrar que los tres condenados no fueron reconocidos por las víctimas o que no existen evidencias suficientes que permitana creditar su participación en los delitos que se le atribuyen, sin tener en cuenta que los imputados conformaban el personal que prestaba funciones al momento de los hechos en la Comisaría 1º de Junín, la "cárcel en construcción" y el Destacamento Morse -en donde funcionaba el circuito clandestino de represión de la localidad-.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales, vacaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palazzo, Rodolfo Salvador c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-15

No puede prosperar la interpretación de los artículos 6 y 7 del Convenio Colectivo 57/75 propuesta por el recurrente por la que en definitiva se admitiría el cobro de diferencias de haberes por reemplazos originados en licencias ordinarias superiores a los 30 días, ya que resultaría contradictoria con lo dispuesto por el apartado 1 de la norma en análisis, que prevé el derecho a percibir diferencias salariales "siempre que el mismo (el reemplazo) se origine únicamente en el caso de suspensión, enfermedad o accidente de trabajo del titular del cargo superior"; y llevaría a la consecuencia irrazonable de que serian distintos los efectos sobre el derecho al cobro , de acuerdo a la mera eventualidad de que las licencias ordinarias se acumulasen o no. Y a mayor abundamiento, corresponde señalar que en el caso, no consta asignación formal del reemplazo o de las funciones superiores, recaudo que en principio podría considerarse exigible, tanto para la aplicación del artículo 6, como para la del 7.
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: I., J. C. c/ P. y C. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

El juzgador apreció de la prueba producida aquella que le mereció mayor fuerza de convicción para sustentar su veredicto, encontrándose tal prerrogativa dentro de las facultades que le son delegadas expresamente por el Código de rito, en tanto que no tiene obligación de explicitar la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fuesen esenciales y decisivas para fallar la causa (doct. art. 386 del CPCC, de aplic. por vía del art. 5 de la Ley 69).
Dictamen fiscal, jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Azcurra Caseres, Patricia. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

La disidencia señaló que la posición asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia a través de su dictamen -el que alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación, más allá de su acierto o no- sella la suerte favorable de la solicitud y limita la jurisdicción para adoptar una solución más gravosa. Dres. Yacobucci, Mahiques y Slokar -en disidencia-.
Recurso de casación, expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ TERESITA V. c/ STERLING DE SATUF, OLGA s/ DESALOJO-RECURSO DE CASACION LOPEZ, BENIGNO c/ HERRERA, DIEGO s/ REINVIDICACION. CASACION.- LOPEZ, BENIGNO c/ HERRERA, DIEGO s/ REINVIDICACION. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-18|2001-10-16

Manifestar la disconformidad con la decisión por considerarla equivocada o injusta, no es expresar agravios; máxime cuando la discrepancia del recurrente sólo radica en la valoración de las probanzas realizada por el Tribunal Ad quem y en cuestiones de derecho procesal, definitivamente juzgadas por este con fundamentos, que más allá de su acierto o error, resultan suficientes para sustentar sus conclusiones.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Eliseo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La equiparación de funciones efectuada por la autoridad administrativa competente entre el cargo de Jefe de Auditoría y Costos en el que se desempeñó el actor por mas de doce meses consecutivos y el cargo de Subdirector General -con sustento en la resolución de la Dirección Provincial de Hipódromos por la que se asignaron funciones de 'Auditor General' y 'a nivel Subdirección General' al funcionario que se desempeñaba como Jefe de la Dirección Contaduría- no pudo ser desconocida a los efectos previsionales por la mera circunstancia de que en la nómina del personal escalafonado se encontraban como categorías independientes la de Subdirector General y la de Oficial Superior, omitiendo la consideración de la función desempeñada, la equivalencia de cargos efectuada conforme a ella y la retribución con aportes previsionales que la integraba como remunerativa de la actividad.
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casanovas, Carlos A. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

No es titular de una situación jurídica suficiente que lo legitime para promover la acción contencioso administrativa (art. 1 y 28 C.P.C.A.) quien invoca la existencia de un derecho subjetivo preexistente en una norma que había perdido vigencia antes de que se iniciara la relación de empleo público ( en el caso,el actor pretende que se le reconozcan las mismas condiciones salariales fundadas en una norma ya derogada y que fueran reconocidas en otra relación de empleo público -ya fenecida- que mantuviera con la demandada.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara contencioso administrativa, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS c/ CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. s/ JUICIO ARBITRAL- COMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 166 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

La Cámara de lo Contencioso Administrativo no puede entender en una causa donde no se ha incoado un recurso contencioso administrativo, ni ha sido deducido por un particular, ni el recurrido es un sujeto público. En este sentido, debe reiterarse que las Cámaras del fuero especializado ejercen su competencia exclusivamente en los casos y modos establecidos en la ley 11.330; sólo entienden de 'recursos', concretamente, por vía del recurso contencioso administrativo regulado en esa norma.

Consecuentemente, teniendo presente que el Municipio actor promueve acción con el objeto de que se declare de cumplimiento obligatorio todas las cláusulas contractuales oportunamente pactadas con una empresa constructora referidas a la obra de 'Red Interna de Distribución Domiciliaria de Gas Natural", la demanda intentada resulta improponible desde que en el presente proceso no se presenta conflicto de competencia alguno
Cuenta corriente bancaria, prescripción, ley vigente
Materia: BANCARIO
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Montañez, Victor Alfonso y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-05-23

Si bien el Código al regular la Cuenta Corriente Bancaria no contiene una norma expresa respecto al instituto de la prescripción, prestigiosa doctrina y la jurisprudencia dominante, han interpretado que en cuanto al tema que nos ocupa, que debe aplicarse el plazo de prescripción contenido en el art. 790 del Cód. de Comercio, para el contrato de cuenta corriente mercantil.

La razón nos parece lógica, toda vez que existe una relación de género a especie, entre el contrato de cuenta corriente y las formas especiales o sea bancaria y mercantil, tal idea surge de la técnica legislativa del Código. La cuenta corriente está legislada en el Capítulo II, del Título XII del Libro Segundo, que trata de los contratos de comercio y bajo la nominación común de cuenta corriente. Siendo entonces la cuenta corriente bancaria solo una de las formas o especie de contrato que regula.

En consecuencia está sometida esta especie de cuenta a los preceptos de este Capítulo. Siguiendo el hilo argumental, resulta aplicable el art. 790 del Cód. de Comercio, que establece el plazo de prescripción quinquenal. En cuanto al momento o punto de partida para computarlo, es cuando se cierra la cuenta corriente bancaria, cualquiera sea el motivo a que obedezca, la oportunidad que queda concluido y finaliza el contrato de cuenta corriente bancaria.

En consecuencia constituye el punto de partida para contar el plazo, si se tiene en consideración que el certificado de deuda, base de punto de partida para contar el plazo, si se tiene en consideración que el certificado de deuda, base de la ejecución es un título causal.
Derechos y garantías constitucionales, sistema republicano, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad del funcionario público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: The Bank of New York S.A. c/ B.C.R.A. (Resol. 26/98) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Son principios esenciales e insoslayables, en nuestro sistema republicano, el de la publicidad de los actos de gobierno y el de la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de Caseros Ltdo. c/ Maurizi, Juan Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Si el saldo que se ejecuta no proviene de una cuenta corriente sino de un contrato de emisión de tarjeta de crédito, el título no es de aquellos que la ley faculta al banco para expedir, sino una variante que lo desnaturaliza y ese uso indiscriminado no puede ser convalidado ni aún por la conformidad del cliente, pues la justificación del instituto no deriva de la voluntad de las partes, sino de la ley.-
Expropiación, adquisición del dominio, indemnización expropiatoria, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garden, Jacobo Aarón y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La adquisición del dominio del bien sujeto a expropiación por parte del Estado se halla subordinada al pago previo de la indemnización determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio.
Injurias, calumnias
Materia: PENAL
Carátula: OLGA ELENA RIUTORT DE DE LA SOTA c/ MIGUEL MARTÍNEZ GARCÍA s/ CALUMNIAS - RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-10

En la injuria lo esencial es el carácter ofensivo de la imputación no delictiva. En cambio en la calumnia, lo distintivo es la falsedad de la imputación de un delito. Concretamente, desde el plano estrictamente objetivo, para injuriar no es necesario imputar algo falso; es suficiente con que se impute algo que pueda ser considerado deshonrante o desacreditante.

Para calumniar, en cambio, sí es necesario que la imputación delictiva realizada sea falsa, puesto que la falsedad de la imputación es un requisito expresamente contemplado en el delito de calumnia.

Por ello, la ley argentina admite la prueba de la verdad en la injuria únicamente en casos determinados taxativamente.

Por el contrario, en la calumnia, siendo la falsedad del hecho atribuido un elemento necesario del tipo, la prueba de la verdad debe admitirse como principio general a los efectos de situar al agente al margen de la delictuosidad.

Esta notable diferencia en cuanto a los elementos objetivos de la injuria y de la calumnia repercute, consecuentemente, en sus respectivos aspectos subjetivos.

En efecto, el autor de una injuria debe saber que lo que hace o deja de hacer es capaz de ofender en el caso concreto la honra o el crédito ajeno (dolo directo o indirecto), o debe admitir la probabilidad de que su conducta tenga esa capacidad (dolo eventual).

En cambio, la esencia de la calumnia es subjetiva, ya que el propio tipo penal la define como la falsa imputación de un delito.

La imputación es falsa cuando el autor, conociendo en forma cierta que la víctima es inocente o en la duda sobre ello, le atribuye un delito incierto, o un hecho cierto con circunstancias inciertas que lo vuelven delictivo, o una responsabilidad inexistente en un delito cierto. La falsedad objetiva de la imputación no implica de por sí el dolo.
Caducidad del procedimiento administrativo, aplicación de la ley, policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Las normas del procedimiento que rigen la caducidad de la acción contra la administración pública, de acuerdo con el sistema instituido por la ley 19.549 art. 1 no son aplicables a la demandada por ser institución policial.
Dominio, adquisición del dominio, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: A., H. c/ M., E. R. y otra s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-21

No toda posesión es apta para llegar a la adquisición del dominio de un inmueble. Para ello debe acreditarse que se ha poseído la cosa en forma efectiva, pacífica, pública, ininterrumpidamente y con el ánimo de dueño.