Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-26


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NRO. 61.670 CAUSA NRO. 8.362/10 AUTOS: "ARMOA MENDOZA CLEMENTINO C/ BS CONSTRUCCIONES S.R.L. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL". JUZGADO NRO. 20 SALA I Buenos Aires, 26 de agosto de 2.011.

El Doctor Vilela dijo:

Apela la parte actora a fs. 134/140, contra el pronunciamiento de fs. 133 que admitió la excepción de prescripción opuesta y declaró prescripta la acción.

En el caso cabe dilucidar el efecto que cabe atribuir al tramite llevado a cabo ante el SECLO. El apelante sostiene que dicha causal de estar a lo previsto en el art. 257 de la L.C.T. interrumpe la prescripción, sostiene además que existiría colisión entre las normas de fondo (L.C.T. art. 257) y las de forma (ley 24.635).

El art. 7, 2°párrafo de la ley 24.635 establece que la presentación ante el SECLO suspende el curso de la prescripción por el término que establece el art. 257 de la L.C.T.. Por su lado el art. 257 de la L.C.T. establece que la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo, interrumpirá el curso de la prescripción, durante el trámite.

La Sala VI de esta C.N.A.T ha tenido oportunidad de expedirse sobre el tema en cuestión en SALLENT ADRIAN C. BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. S/ DESPIDO S.Def. N° 61516 del 26-8-09.- En dicha causa la C.S.J.N. había revocado una sentencia dictada por la Sala VII del fuero y además ordenó que se dicte nuevo pronunciamiento.- Un nuevo análisis de la cuestión lleva a compartir los fundamentos vertidos por la Dra. Fontana y el Dr. Fernandez Madrid en el fallo citado, señalando que en el ámbito del Derecho del Trabajo resultaría de aplicación la pauta establecida por el art. 9 LCT, ya que existiendo dos normas aplicables al caso -el art. 257 LCT y el art. 7 Ley 24.635-, que regulan el instituto de la prescripción, por el procedimiento de conglobamiento por instituciones no cabe duda que la más favorable resulta ser la prevista en el art. 257 LCT, y por lo tanto debe estarse al efecto interruptivo reclamado por la parte actora.

Dicha interpretación es la que se adecua a los caracteres propios de la prescripción reconocidos por la doctrina civilista, entre los que se destaca la interpretación restrictiva o estricta, esto es, que en la duda debe estarse por la subsistencia plena del derecho y por el plazo de prescripción más dilatado (conf. Llambias, J.J. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. III, pag. 311; Borda, G.A. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones , T. II, pag. 11).

Desde el punto de vista de la jerarquía de las leyes, tampoco es posible soslayar que la Ley 24.635 es una ley de forma, y como tal debe adecuarse a las leyes de fondo tal como lo prescribe el art. 31 y art. 75 inc. 12 de la Const. Nacional. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en referencia a la prescripción que la misma está regida por las leyes nacionales (Código Civil) cuyas disposiciones no pueden ser desconocidas por las normas locales (art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional) (Fallos 276:401, sus citas y otros.).

Tratándose el procedimiento ante el SECLO un reclamo ante la autoridad administrativa; que ha sido impuesto por una ley de forma que no puede sino respetar lo dispuesto por las normas de fondo; considerando el concepto amplio de demanda receptado por el art. 257 LCT; siendo que la formalización del reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria constituye una actividad del acreedor que revela su interés en ejercer el derecho que le asiste; considerando el carácter restrictivo de la prescripción que implica que ante la duda debe optarse por la subsistencia plena del derecho y por el plazo de prescripción más dilatado; atento lo dispuesto por el art. 4017 C.Civil, y la interpretación que prescribe el art. 9 LCT, asiste razón a la parte actora respecto de la interpretación que corresponde efectuar del segundo párrafo del art. 7 Ley 24.635 a la luz de lo establecido en el art. 257 LCT.

En consecuencia, frente a lo dispuesto por ambos textos, corresponde optar por la norma más favorable en tanto ello se adecua al carácter estricto de la prescripción, y establecer en consecuencia en el caso concreto, que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, produjo la interrupción del curso de la prescripción (conf. art. 257 LCT).

Teniendo en cuenta los aspectos que llegan firmes a esta alzada, tales como la fecha del accidente, la que se tomó conocimiento de la real incapacidad, la de reclamo ante el SECLO y la de interposición de la demanda, entiendo que la presente acción no se encuentra prescripta, por lo que corresponde revocar la sentencia apelada, y oportunamente disponer la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para continuar con el trámite del proceso.

Por ello, oído que fue el Sr. Fiscal General, correspondería: Revocar la sentencia apelada y disponer la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para que continue con el trámite del proceso. Costas en el orden causado en ambas instancias atento la naturaleza de la cuestión debatida y lo novedoso de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.N.). Dejar sin efecto los honorarios regulados a fs. 133, regulando a los profesionales del actor la suma de $1.600 y a los de las demandadas en $1.100 y $1.100. Los de Alzada se establecen en un 35%, 25% y 25% para los profesionales del actor y demandadas sobre las cantidades que les correspondan percibir en la otra instancia.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Revocar la sentencia apelada y disponer la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para que continue con el trámite del proceso. Costas en el orden causado en ambas instancias atento la naturaleza de la cuestión debatida y lo novedoso de la cuestión (art. 68, 2° del C.P.C.C.N.). Dejar sin efecto los honorarios regulados a fs. 133. Regular a los profesionales del actor la suma de $1.600 y a los de las demandadas en $1.100 y $1.100. Los de Alzada se establecen en un 35%, 25% y 25% para los profesionales del actor y demandadas sobre las cantidades que les correspondan percibir en la otra instancia.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Julio Vilela Gabriela A. Vázquez Juez de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

Elsa I. Rodriguez En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Elsa I. Rodriguez En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodriguez