marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, accidente de tránsito, prioridad de paso, vehículo embistente, faltas de tránsito
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fleitas, Olga Esther  c/ Empresa del Oeste S.A. de Transporte y otros s(N8) s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-31

Se confirma el decisorio recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravio, pues la actora fue la que embistió al vehículo de la demandada que circulaba por una rotonda -y por ello, con prioridad de paso-, circunstancia reconocida por la propia accionante como así también el carácter de embistente surge de la pericia de ingeniería llevada a cabo. Asimismo, si la recurrente pretendía la apoyatura en los dichos testimoniales debió -de manera concreta y razonada- demostrar el yerro del fallo en ese punto -cosa que ni siquiera intentó, lo que demuestra su conformidad o al menos aquiescencia con ese tramo de la decisión-. A mayor abundamiento, luce probado que la accionante infringió lo dispuesto por el art. 64 de la Ley 24.499
Compraventa inmobiliaria, escrituración, condena a escriturar, conversión de sentencia, daños y perjuicios, prescripción decenal, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: HARGUINTEGUY JULIO C. Y OTROS c/ CITYMAR S. A. C. I. F. I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

Si la obligación de escriturar se tornó de cumplimiento imposible, queda sustituida por el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Como ello se deriva de una relación contractual, corresponde aplicar la prescripción decenal (art. 4023 del Código Civil), pues debe hacerse uso de ese plazo en los casos de daños y perjuicios por inejecución de la obligación de escriturar (conforme Llambías, Tratado de Derecho Civil- Obligaciones, T. III, página 374, número 2054 y doctrina y jurisprudencia allí citadas) y el plazo de prescripción debe computarse a partir del momento en que se tomó conocimiento efectivo del daño invocado (conforme C. S. J. N , R. E. D. 15-721 número 3) entendiendo por tal la razonable posibilidad de información.-
Derecho ambiental, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9111. Tercero C.E.A.M.S.E.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Al estar a cargo de la Provincia la preservación del medio ambiente y toda vez que el tema de los residuos -aunque éstos sean domiciliarios- está ineludiblemente ligado al tema ambiental, y dentro de él en la órbita de la prevención del daño ambiental, no puede reputarse inconstitucional el ejercicio de tal facultad por parte de la Provincia, que indudablemente actuó al dictar el decreto -ley 9111 con una finalidad preventiva y dentro de competencias que le son propias.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, reforma del Estado, suspensión de juicios contra el Estado, interpretación de la ley, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIA. DE SEG. LA FRANCO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La interpretación de los arts. 50 y 54, inc. g) de la Ley 23.696 reviste carácter federal en la medida que consagra una transitoria limitación del poder jurisdiccional del Estado Nacional. Por lo tanto, los alcances que fueron otorgados a dichas normas en la sentencia recurrida suscitan cuestión de esa naturaleza bastante a los fines de habilitar la vía excepcional prevista en el art. 14 de la Ley 48, toda vez que la decisión definitiva fue adversa a las pretensiones de la recurrente.
Trabajadores marítimos, desembarco
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, CRUZ FRANCISCO c/ CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-13

El artículo 90 del TORCT., en tanto establece que en principio los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado y duran hasta que alguna de las partes lo extinga es aplicable a la gente de mar.

Así, el desembarco es un requisito de orden administrativo según el cual un tripulante deja de pertenecer a la dotación del buque, sin abrir juicio acerca de la relación entre el trabajador y la empresa armadora; por lo que no configura renuncia, ni despido, ni extinción por mutuo acuerdo (conforme Sala 6, sentencia número 15606. 30 de julio de 1982, 'Marcote Escaris, Andrés Manuel y otros c/ CompaÑía Argentina de Navegación de Ultramar SA').
Juicio ejecutivo, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cordero, Fernando c/ Aztarain, Hugo Daniel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Conforme con lo establecido en el art. 5 inciso 3º del Código Procesal, el principio general para determinar la competencia territorial en las acciones personales, es el lugar del cumplimiento de la obligación, debiendo considerarse el domicilio del deudor o el del lugar del contrato como excepciones subsidiarias a dicha regla general. En esas condiciones, habiéndose otorgado la escritura pública en esta ciudad resultan competentes los tribunales de este Departamento Judicial (art. 542 inc. 1º CPCC) para conocer de la acción del escribano por el cobro de sus honorarios y gastos.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, excepciones procesales, falta de acción, secuestro de bienes, delitos contra la integridad sexual, cinematografía, acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bresky, Armando s/ EXCEPCION - FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-01

La circunstancia de que se haya dispuesto el secuestro de la copia de una película, lo que impide su disposición y exhibición comercial hasta que la causa por violación del art. 128 del Código Penal sea resuelta, es susceptible de producir un perjuicio de carácter patrimonial de imposible reparación ulterior, que equipara a sentencia definitiva la resolución que rechaza la excepción de falta de acción .
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CAPDEVILLA EMPRESA CONSTRUCTORA SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-28

La responsabilidad precontractual se extiende a cualquier caso de brusca ruptura de los preliminares, aún cuando éstos no se hubiesen concretado todavía en oferta definitiva, siempre que se hubieran realizado trabajos preparatorios con la autorización expresa o tácita de la parte (CNCiv, Sala F, "Serra, Fernando Horacio y otro c/ Piero Sociedad Anónima, Industrial y Comercial s/ Cobro de honorarios profesionales", del 2.3.00; CNCom, Sala F, "Driving Consultancy SA y otro c/ Pan American Energy ll suc. argentina s/ ordinario", del 13/7/17). Se ha dicho que el bien jurídico protegido no es la libertad de comercio sino la confianza; el ilícito surge de la violación del deber de comportarse de conformidad con los propios actos (conf. Lorenzetti, Ricardo, "La responsabilidad precontractual como atribución de los riesgos de la negociación", LL, Suplemento diario del 5.4.93).
Prueba, competencia penal, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: A, M R Y G, I s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO IDEAL.   QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 1286-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

Si se ha probado que el hombre sometido a veredicto, ha sufrido presiones y malos tratos psíquicos y físicos para arrancarle determinada admisión de supuesta verdad como acontecida, dos son los caminos: determinar si en verdad ha vivido semejante condenable trance o establecer si, pese a mediar lo anterior, ha dicho empero o no toda la verdad. En ese orden de ideas no interesa la posible solución final de la causa por apremios ilegales incoada, pues, en definitiva, si lo declarado por el detenido en sede policial encuentra aval en prueba irrefutable e independiente, poco interesa al cometido del veredicto si lo hizo o no coaccionado ante dicha autoridad, objeto de una distinta investigación, que, con total autonomía, lleva a ese juicio condenatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia no aplicable, automotores, acto administrativo, cosa juzgada administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Pozzer, Juan Ismael y otros c/ Marietta Marmetal S.A.I.C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de  australes (Expte. C.S.J. Nro. 617 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-06

No puede prosperar la queja interpuesta, si los actores impugnantes no persuaden a la Corte de que el Sentenciante, en ejercicio de las atribuciones propias de los jueces ordinarios se haya excedido del marco propio de su función jurisdiccional o que la solución adoptada no se sustente racional ni jurídicamente con fundamento en los hechos del proceso y en el derecho aplicable, habida cuenta que, como puede verse, el A quo no desconoció los efectos de la cosa juzgada administrativa, sino que, a tenor de los propios términos de la resolución 37/90 del Ministerio de Trabajo, interpretó -en un sentido diverso al propiciado por los recurrentes- que la revocación de la Resolución anterior no disponía la solución contraria -es decir, el encuadramiento de la empresa en las previsiones del Laudo 29/75-, como debió haber hecho en forma expresa si así se entendía -pero no se hizo-, y en el entendiendo de que -en su caso- debieron haberse ejercido las vías legales que ordena la ley 14.250 y el Convenio 260/75.
Honorarios del abogado, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTAÑEDA GRACIELA ISABEL Y JORGE TEODORO GRANETTO s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-07

Según la doctrina vinculante del Superior Tribunal de Justicia, tratándose de divorcio contencioso sin base económica, debe hacerse aplicación de la previsión del artículo 58 de la Ley Arancelaria referida a las cuestiones de familia no previstas especialmente, criterio que debe ser extendido al divorcio por mutuo.
Competencia correccional, juicio por delitos de acción privada, instrucción, doble instancia, Cámara de Apelaciones, tribunal de alzada, garantías procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Albora, Francisco s/ Cámara  Nacional  de  Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la  Capital Federal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal es Tribunal de Alzada respecto de las causas correccionales sin etapa instructoria, pues otra interpretación que dejara ceñido los juicios por delitos de acción privada a la instancia de los Jueces Correccionales y tan sólo la intervención de la Cámara de Casación Penal, privaría de una instancia y conculcaría los principios rectores de la Constitución Nacional en cuanto garantiza la debida defensa.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: V., C. y Otros s/ Robo en Poblado y en Banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

Para la aplicación de la circunstancia agravante "en banda", es suficiente que en la comisión del Robo, intervengan tres o más sujetos, debido a que esta pluralidad de delincuentes provoca una mayor indefensión en la víctima del hecho.
Costas, costas al vencido, reparación integral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JORDAN CONRADO JUAN c/ DURE CARLOS HERNAN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-22

En razón del principio de reparación integral propio de los actos ilícitos, las costas deben ser impuestas al vencido en su totalidad, porque integran la indemnización. Asimismo la disminución de una demanda ilíquida no incide en la imposición de costas, salvo los casos de culpa concurrente en que las mismas se distribuyen en igual proporción a la de éstos.
Domicilio, funcionarios públicos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: EMPRESA  ARGENTINA DE SERVICIOS PUBLICOS  S.A.  DE TRANSPORTES AUTOMO TORES c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS s/ DANOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

El domicilio legal del funcionario sustituye al real para todos sus efectos, toda vez que el principio de unidad del domicilio impide que subsistan dos generales.
Recurso de casación, agotamiento de la vía judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CIMINO, EDUARDO VICENTE s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

El recurso de casación no resulta viable si el recurrente no agota todas las vías de apelación para que el auto dictado sea considerado definitivo.
Caducidad, juicio, llamamiento de autos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

Imponer a la parte el deber de impulsar el dictado del llamamiento de autos, a fin de colocar a la causa en estado de sentencia, y de que no corra, entonces, el plazo de caducidad, lejos de incurrir en una ritualística caprichosa, resulta la verdadera significación jurídica de este instituto al ordenar la actividad de los sujetos procesales, relevando el requerimiento del impulso procesal, principio rector del procedimiento dispositivo y no ausente en el recurso intentado -apelación concedida en relación-, sólo si ha concluido el trámite que pesa sobre las partes y ya no cabe presumir el abandono en el que se basa la ley. La conclusión arribada es válida también en el caso de la norma del artículo 368 del Código Procesal Civil y Comercial, respecto del recurso de apelación concedido libremente, dado que si bien este precepto agrega la expresión "quedará conclusa la instancia" (luego de la contestación de agravios), la hermenéutica del artículo 232 pone de manifiesto que en dicho recurso, la actividad de los litigantes cesa únicamente cuando se llaman autos para resolver.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vallegrani de Viela, Italia Martina y otros c/ Coliqueo, Marcela s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Altera el carácter de vencido la imposición al actor de las costas causadas por un tercero que intervino espontánea y voluntariamente en el juicio, a lo que aquél se opuso y cuyas pretensiones fueron desestimadas.
Sucesiones, aceptación con beneficio de inventario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transportes Francisco Rey S.R.L. c/ Martínez Magadalena Eduviges s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-12-13

A través de la excepción planteada, por los demandadas, lo que en definitiva se invoca es carecer de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título ejecutivo como deudor.

Porque fueron condenadas en la sentencia en su calidad de herederos del de cujus la presente acción se inicia correctamente contra las mismas, en virtud de lo dispuesto por el art. 3428 y 3417 del Cód.

Civil, por lo cual los herederos resultan legitimados pasivamente en la presente acción. No obsta tal conclusión el hecho invocado de presumirse que toda sucesión es aceptada con beneficio de inventario y no es correcto que debió demandarse a la sucesión, ya que ésta carece de personería jurídica. Los herederos del causante deudor responden en la proporción del haber hereditario.
Honorarios, juicio ordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEMARTINI SERGIO c/ CARLOS A. BARBAGALLO s/ Ordinario (LIBRO: A065 - 201)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-02-11

No se trata de intentar incorporar al patrimonio del actor, un automotor, lo que este pretende es simplemente que se efectivice la transferencia de ese automotor, a su nombre, en el Registro respectivo.-
Principio de congruencia, inhabilidad de instancia, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REGGIANI, ROBERTO OSVALDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

En materia de impugnaciones judiciales debe salvaguardarse el principio de congruencia; es decir que en ellas debe discutirse en sede administrativa lo que después se discutirá en sede judicial. La instancia judicial es "revisora" de lo discutido y decidido en sede administrativa, lo que implica la imposibilidad de que se deduzca en el proceso una pretensión no deducida previamente en vía administrativa (cfr. Hutchinson, Tomás, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", Tº I, pág. 539). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del a quo que declaró la inhabilitación de la instancia, dado que la accionante, si bien solicitó el reajuste de su haber previsional con fundamento en la ley 24.241 -bajo la cual se le otorgó el beneficio-, había basado su reclamo administrativo en la ley 18.037, solicitando asimismo la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de dicha normativa.
Instrumentos públicos, plena fe, redargución de falsedad, simulación, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

La redargución de falsedad de un instrumento público se requiere para destruir la fe que éste hace con respecto a la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia; cuestión distinta es la de la insinceridad del negocio: de allí que si se aduce la simulación de un contrato de compraventa no será óbice la manifestación del oficial público de que el precio fue pagado en su presencia si se logra demostrar que el dinero le había sido previamente entregado al comprador aparente por el propietario de la cosa.
Recurso de inconstitucionalidad, daño, relación de causalidad, responsabilidad del Estado, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Un elemento que reviste especial importancia a los fines de la correcta ponderación del presente caso lo expresado recientemente por el Alto Tribunal nacional en su fallo "Provincia de Buenos Aires vs. Provincia de Santa Fe s. Sumarísimo-Derivación de aguas", en especial cuando pone de manifiesto que el problema de las inundaciones de la laguna La Picasa configura un caso extremadamente complejo al exceder los conflictos específicamente interprovinciales entre la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, envolviendo cuestiones de mayor alcance, ya que comprende una amplia región y se vincula con derechos de incidencia colectiva de múltiples afectados, que exigen conjugar la territorialidad ambiental, natural y cultural, confiriendo el Cimero Tribunal particular relevancia al llamado Comité Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa (CICLP), organismo propio del federalismo de concertación, generado en el marco de un convenio intrafederal celebrado entre el Estado nacional y las provincias involucradas en la cuenca hídrica respectiva (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), como una instancia de colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región y como ámbito adecuado para que las partes diriman los conflictos que pudieran suscitarse con relación a la problemática general presentada en la Laguna La Picasa y busquen soluciones a las inundaciones recurrentes que afectan a la cuenca; análisis que resultaba decisivo en el abordaje del presente caso, ya que ostenta incidencia directa en el análisis de los presupuestos de la responsabilidad por actividad estatal lícita, especialmente en miras a evaluar los invocados eximentes de responsabilidad, puesto que, sabido es, en materia de responsabilidad del Estado una relación de causalidad que no exhibe certeza, no puede presumirse sin más. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Netri) - CITAS: "Provincia de Buenos Aires vs. Provincia de Santa Fe s. Sumarísimo-Derivación de aguas", del 3/12/2019.
Regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Khar, Federico Martín s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1989-03-15

"En la Regulación de honorarios deben contemplarse la naturaleza y el monto del pleito, cuantía de los intereses comprometidos y una adeudada proporción entre la retribución del pleito y la de los demás profesionales que intervienen en la causa, manteniendo a su vez una relación razonable entre la retribución que se fija y la tarea efectivamente cumplida por el pleito".
Recurso de apelación (procesal), plazos procesales, interposición del recurso, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Santa Cruz-Ente Residual c/ U.D.E.F.A. S.A. s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-05-03

En su artículo 30 de la Ley nro. 12.962 que ratificó el Decreto nro. 15.348/46, prevé en forma expresa que el término para apelar la resolución sobre excepciones es de dos (2) días, y se concede en relación y al sólo efecto devolutivo.
Pago, novación, moneda extranjera, moneda nacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO  MEDICO  MODELO s/ CONC.  PREVENTIVO  S/ INCIDENTE DEREVISION -TALLARICO, MARIA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

No producen novación de la deuda los cambios relacionados con la moneda de pago, es decir, si una deuda en moneda extranjera es sustituida por otra en moneda nacional, o por otra de curso legal (cfr. Rezzonico, Luis, "Estudio de las obligaciones", v. 2, p. 968). Así, el cambio de la moneda de pago, o el convenio sobre el tipo de cambio con respecto a una deuda en moneda extranjera son modificaciones de la obligación principal que, en principio al menos, no importarían su extinción (LLambias, J.J., "Tratado de derecho civil. obligaciones", t. iii, p. 47).
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: C. L., Eduardo Andrés c/  s/ rechazo de suspensión del juicio aprueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

En el marco de la declaración de inconstitucionalidad de una regla, la cuestión requiere como paso previo realizar una interpretación de la Constitución y de la regla cuestionada, actividad que es sustancialmente diferente a la que se efectúa en los textos legales. En cuanto a la intervención de las partes, la coincidencia de la fiscalía y la defensa respecto de la inconstitucionalidad de una regla no determina que el juez no deba analizar la cuestión y pueda rechazarla, incluso con argumentos que no formaron parte de la discusión por las implicancias institucionales que tiene una eventual declaración de aquella especie. Es que no se trata de una interpretación posible y razonable de un texto legal sin discusión de las partes sino que es un planteo dirigido a declarar la invalidez de una regla dentro del sistema jurídico, es decir, de privarla de todo efecto en el caso particular. De allí que quienes realizan la interpretación "auténtica" de la Constitución en sentido kelseniano, o sea la que produce efectos jurídicos, son los jueces. Además de la gravedad institucional, la declaración de inconstitucionalidad de una regla es un acto claro de creación del derecho, ya sea que ella se produzca dentro de un sistema de control judicial concentrado o en uno difuso, y en todos los supuestos requiere una expresa decisión judicial (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).