marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, deber de información
Materia: LABORAL
Carátula: "Baez,   Nidia   B.   p/sí  y  en  rep. c/ Capece  Añberto  y  O. s/ acc.-Acc. Civil"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

El sistema implementado por la  ley 24557  no consiste en la exoneración de responsabilidad por culpa del empleador, sino en la sustitución del obligado frente al siniestro para asegurar el bien jurídico protegido, esto es la indemnidad psicofísica del trabajador dependiente. Desde esta perspectiva, no es oponible al trabajador la reticencia o falsedad en que incurriese el empleador al proporcionar un dato esencial -en el caso el monto salarial- que condiciona, justamente, la determinación de las prestaciones a cargo de la A.R.T. y, en definitiva, la entidad del resarcimiento.
Despido con causa, gravedad de la falta, vigiladores
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana Ibarra Aldo c/ Search Organización de Seguridad SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-29

Debe considerarse injustificado el despido del trabajador con el argumento de haber sido encontrado durmiendo en su puesto de trabajo (garita de vigilancia), en la medida en que no surge de la causa ninguna probanza que acredite dicho extremo que permita ingresarlo en el marco de valoración de la legitimidad del despido que se prevé en el art. 242 L.C.T.. Pesaba sobre la demandada la carga de acreditar dicho extremo fáctico. Así, por no haberse acreditado la injuria invocada, sólo cabe concluir que resultó injustificada la medida adoptada por la demandada.
Empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUEDA, EDUARDO OSCAR s/ RECURSO DE APELACION - RESOLUCION N. 889/88    (MINISTERIO DE DEFENSA) ART. 40, LEY 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

La sanción aplicada -art. 32 inc. f) de la ley 22.140- opera en el ámbito de las denominadas sanciones administrativas de autoprotección, sustentadas en la necesidad de preservar el orden jurídico institucional-organizativo para permitir a la Administración Pública la realización de su obra imponiendo a cuantos están en ella integrados o sometidos el respeto de una disciplina que la institución administrativa deba de garantizar por el uso de un poder de represión que le es inherente. Por consiguiente, resulta fácilmente comprensible que, como principio, en este tipo de sanciones el perjuicio efectivamente sufrido es irrelevante.
Firma, autenticidad, costas, exención de costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosell Jesús Alberto c/ Capridi Cristian y otros s/ Daños y Perjucios (Reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

El reconocimiento de falsedad de firma invocada como propia no puede derivar de manera alguna - sin perjuicio de los motivos aludidos para así hacerlo- en una eximición de costas (Código Procesal, art. 69).

(Minoría u opinión personal)
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLEGUILLO, DANIEL HECTOR s/ POR ROBO EN PERJUICIO DE NIDIA ANGELIA SALVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-08

Basados en la experimentación y en la racional observación de la naturaleza moral o de orden físico, son verdaderos testigos mudos, de más eficacia probatoria, en ciertos casos, que los testigos reales, influenciados en sus testimonios por el error de los sentidos, infidelidades en el relato, o móviles reprobables en el orden moral.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Carlos Alberto y otra s/ Robo automotor calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Es extemporáneo el agravio relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, de modo que no es posible traerlo a conocimiento de esta Corte, si la defensa no impugnó en la expresión de agravios la omisión en que -según su punto de vista- habría incurrido el Juez de primera instancia al individualizar la pena con prescindencia de los parámetros que enuncia (consecuencias del encierro carcelario).
Responsabilidad del despachante de aduana, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vidrieria Argentina S.A. y Otro s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Esta Sala tiene resuelto desde antiguo que, a los efectos de absolver al despachante de aduanas en orden a la actuación que desarrollara en el cumplimiento de sus funciones, si bien resulta necesario que haya probado que cumplió con las obligaciones a su cargo, no se requiere que, invariablemente, tal prueba surja de una declaración concreta del importador en ese sentido, sino que también admite que tal circunstancia puede desprenderse de la documentación acompañada y de las actuaciones desarrolladas en sede administrativa que tengan a la vista al resolver (ver, entre muchas otras, sentencias recaídas in re "Amorin" y "Garibotti" ambas del 13/4/72, así como también "Editorial Bruguera y Otro", del 4/6/96).
Sentencia, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, ejecución fiscal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Kolankowsky, Diego Miguel s/ ejecución fiscal - sello
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

La sentencia de grado que declaró la caducidad de instancia en tanto desconoció efecto interruptivo de la caducidad a la presentación de tres cédulas de notificación de la intimación de pago a confronte por el GCBA -sucesivamente- porque dichos instrumentos habían sido observados, debe ser descalificada como acto jurisdiccional a la luz de la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias porque trasunta un exceso de rigor formal. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Sobreseimiento, apertura de la instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P.,J.A. s/ Denuncia de falsificación de firma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2014-07-08

Corresponde revocar el sobreseimiento del imputado en orden al delito de falsificación de firma, pues la desvinculación se resolvió aún pendiente el término de la etapa preparatoria y el a quo dictó la resolución apartándose de manera ostensible de las normas rituales, lo cual, necesariamente impone que se declare procedente la impugnación extraordinaria articulada. (Del voto del Dr. Panizzi)
Impuesto de sellos, abogados, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: LEDESMA JOSE c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-06-28

Los abogados y procuradores de reparticiones autárquicas del Estado Nacional deben pagar el impuesto profesional establecido por el artículo 78 de la ley de sellos (to. decreto 10949/59).
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, excepción de prescripción, fraude, simulación, compraventa inmobiliaria, divorcio, suspensión de la prescripción, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: María Teresa ARTAZA c/ Pedro Benigno GONZALEZ y otros s/ PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - DEFECTOS EN LA   FUNDAMENTACION  NORMATIVA  -  PRESCRIPCION  -  SIMULACION  - DIVORCIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

No constituye derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, la sentencia que en la demanda por fraude y simulación de la esposa contra el marido y los terceros adquirentes del inmueble que aquél les enajenó, hizo lugar a la excepción de prescripción considerando que el caso se regía sólo por el art. 3970 del Código Civil, y que la suspensión de la prescripción prevista por esa norma se agota cuando los cónyuges han iniciado entre sí la acción del divorcio, pues la interpretación no se compadece ni con la letra ni con el espíritu de la ley.
Daños y perjuicios, daño moral, carácter resarcitorio
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, José Aladino c/ Eslava, Miguel César y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-01

"...teniendo el daño moral carácter resarcitorio, dirige sus miras a satisfacer o compensar al damnificado un demérito sufrido por el hecho ilícito, no para sancionar al causante del daño, sino para reparar los naturales padecimientos físicos y morales que debió soportar la víctima del delito o cuasidelito. En la determinación de su cuantía no cabe tener en cuenta la gravedad del perjuicio cometido por el autor sino los sufrimientos experimentados por el damnificado. El dinero podrá resultar para algunos un medio grosero de indemnización, pero, desgraciadamente, el ser humano y la ley no pueden hallar otro medio más idóneo a tales fines. La indemnización del daño moral debe perseguir, en consecuencia, el brindar las posibilidades al agraviado de satisfacer su espíritu con su empleo, contraponiendo esas satisfacciones a los padecimientos provocados por el daño, todo ello con prescindencia del sujeto que ocasionó el perjuicio.
Concursos, privilegios (comercial), privilegios especiales (comercial), concurrencia de privilegios especiales, banco central, fondos del concurso, gastos del concurso, Ley de Entidades Financieras, Ley de Concursos, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - BANCARIO
Carátula: CIA. FINANCIERA CORFAR s/ QUIEBRA S/ INC. PRONTO PAGO POR SCOPPA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

SI bien es cierto que en orden a la seguridad jurídica y al valor intrínseco de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Tribunales deben conformar y acatar sus decisiones a la que remita este Alto Tribunal, sin embargo, este deber institucional no es absoluto, ya que pueden los Tribunales inferiores apartarse de las decisiones de la Corte, en tanto existan motivos que justifiquen esa separación y se expresen las razones diversas motivantes de la doctrina divergente (Fallos: 307: 1094 y sus citas), correspondiendo -como en el caso- que este Ministerio Fiscal plantee su disenso, no aplicando en consecuencia, la doctrina del Fallo de la Corte "Llaver, Santiago F. y Otra s/ Inc. en Bco. de Los Andes s/ Quiebra", que se ha basado en la letra del art. 54 de la Ley de Entidades Financieras, en la postergación de los créditos del concurso frente al privilegio absoluto del Banco Central, lo que permite revocar la resolución que desestimó el reclamo del incidentista sin haberse siquiera alegado la concreta (y numéricamente determinada) existencia de débitos del art. 54, toda vez que, anteponer a los diversos créditos del concurso la previa atención de los débitos del Banco Central tiene en la práctica dos insoslayables consecuencias: a) constituye a las prestaciones de terceros hacia el concurso en una suerte de carga pública, habida cuenta de sus harto inciertas posibilidades de cobro frente a los cuantiosos créditos "del Central"; b) condena a las liquidaciones judiciales a la inmovilización, que difícilmente pueda obtenerse, al menos sin compulsión, la colaboración de terceros con la marcha del proceso. Es más, semejante conclusión coloca al concurso fuera del derecho de las obligaciones, permitiéndole contraer deudas sin tener que pagarlas (en la realidad de nuestras liquidaciones judiciales, éste es el resultado a la vista). (En el caso, la liquidación inicia una demanda que luego resulta rechazada, con la pertinente imposición de costas. Sin embargo, la doctrina en análisis determina que tales gastos deban ser asumidos por el vencedor, pues a tal resultado lleva el diferimiento que ella supone. Esta situación, unida a las escasas posibilidades de cobro futuro, posibilita que las liquidaciones obren amparadas en una suerte de indemnidad, generando pasivos post concursales cuya satisfacción, en definitiva, se traslada a los terceros perjudicados y aún cuando para esta tesis se invoquen principios concursales, no es posible justificar tamaña consecuencia que además de afectar patrimonios ajenos extiende los efectos de un concurso a quien no se halla comprendido en él).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, resoluciones equiparables a definitiva, jubilaciones, solidaridad previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Verucchi, Carlos Luján c/ ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Corresponde declarar mal denegado el recurso ordinario deducido contra la sentencia que dispuso convertir el trámite de la causa al procedimiento establecido en la ley 24.463 pues, al impedir la continuación regular del proceso e imponer la retrogradación del estado de la causa a la etapa administrativa anterior, debe ser equiparada a sentencia definitiva.
Extinción de la acción penal, sobreseimiento definitivo, imputado no procesado, sobreseimiento a persona determinada
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, LUIS ALBERTO s/ Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

Si bien la ley N° 22383 ha introducido en el art. 454 del CPMP la posibilidad de que se declare prescripta la acción respecto del imputado, ello no implica extender el alcance de la ley pudiendo de tal forma decretarla en los casos que no existan imputados (tampoco procesados) identificados desde aquella extinción de la acción por el transcurso del tiempo sólo puede verificarse respecto de persona determinada, única manera de poder desechar la comisión de otro delito que pudiera interrumpir su curso- cfr. art. 67 4to. párr.CP.
Tentativa, actos preparatorios, comienzo de ejecución del delito, robo
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLANO, FERNANDO s/ ROBO - DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

Para determinar si hubo comienzo de ejecución de un delito y no quedó la acción en un acto solamente preparatorio -o su equivalente en el caso, en un delito de menor entidad- hay que atender a si los actos del autor significan objetivamente que puso en marcha la finalidad delictiva a la que se dirigía.

"El comienzo de la ejecución no comprende sólo los comportamientos típicos por ser los adecuados para consumar el delito, sino también los comportamientos que careciendo en sí mismos de esa capacidad, por su inmediata conexión con la conducta típica y su sentido demuestran que el autor ha puesto en su obra la finalidad de cometer el delito".

El comienzo de ejecución "podrá existir siempre que la naturaleza del delito admita, antes de su consumación, conductas que no siendo de simple preparación de delito, resultan atípicas, pero sintomáticas, por su inmediata conexión y por su sentido, respecto a que el autor ha puesto en obra su finalidad delictiva".

Para establecer si el procesado que rompió el ventilete de un automotor había comenzado a consumar una sustracción, o si intentó dañarlo y nada más, habrá que dirimir la cuestión en base a los signis exteriores computables -positivos y negativos- ubicando las cosas en su contexto general, y acudiendo a la lógica práctica que es la que utiliza la técnica jurídico procesal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, recusación, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Celulosa Argentina S.A. s/ concurso preventivo S/solicitud de regulación de honorarios S/queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Es improcedente la recusación de los jueces de la Corte Suprema, deducida una vez desestimada la queja (Voto de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Augusto César Belluscio).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dana, Emilia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

A los fines del otorgamiento de un beneficio pensionario, la referencia contenida en la ley 5425 (t.o. 1959) en relación al causante de la prestación como al "afiliado" no puede interpretarse como la exigencia de la formal afiliación de aquél a un régimen previsional como requisito para la generación del derecho a pensión en favor de sus causahabientes. A tal fin sólo cabe exigir que el causante estuviere en actividad a la fecha de producirse su deceso.
Alimentos, hechos nuevos
Materia: CIVIL
Carátula: L., M.I. y otro c/ M., R. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

Si bien la denuncia de hechos nuevos no se encuentra prevista en el proceso de alimentos, cabe admitirla cuando fueron denunciados en una oportunidad procesal apta para su inclusión y siempre que no perjudique al beneficiario en protección de cuyo interés ha sido estructurado el proceso. El objetivo del instituto es que la controversia esté lo más actualizada posible al momento de dictarse el fallo y se complementa con los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante el juicio. Máxime cuando se trata de la fijación de la prestación alimentaria a favor de un menor, pues el apego a las normas de rito podría eventualmente ir en detrimento del derecho alimentario del niño. (Sumario N°20826 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Compraventa inmobiliaria, contratos bilaterales, concurso civil
Materia: CIVIL
Carátula: Lui Saul Ernesto c/ G. F. Motor Sport S.R.L. s/ Escrituracion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-25

Las obligaciones emergentes del contrato de compraventa no se encuentran alcanzadas por el plazo de prescripción concursal del art. 56 de la LCQ, porque la prescripción bienal resulta abarcativa de cualquier crédito o privilegio respecto del cual pesa la carga verificatoria, y el cocontratante in bonis de un contrato con prestaciones recíprocas pendientes no está sujeto a la carga verificatoria, ni tampoco queda sometido a la propuesta de acuerdo, lo que deriva en que no tenía que hacerla oportuna o tardíamente para la conservación de sus derechos.
Beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, fecha de pago, prestación básica universal, cómputo de servicios, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CANDIA, LIDIA HAYDEE c/ A.N.Se.S.". s/ RECLAMO FECHA INICIAL DE PAGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

La circunstancia de que la peticionante haya acreditado debidamente, conforme se desprende de la planilla de cómputo ilustrativa obrante en autos, mayor cantidad de años de servicios con aportes que los que necesitaba a la fecha de solicitud del beneficio (en el caso, año 1996, le bastaban 24 años por aplicación de la escala establecida por el art. 38 de la ley 24.241), adquiere especial relevancia a la luz de lo dispuesto por el punto 2 de la reglamentación del art. 19 de la ley referida -aprobada por el art. 3 del Dec. 679/95-, según el cual el requisito del inc. c) del citado artículo, para el logro del PBU, se tendrá por cumplido aún cuando no se acreditasen 360 meses de servicios con aportes, si se excediere el período legal inferior exigible. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Derecho procesal, nulidad del acto jurídico, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Polizzotto, Roberto Carmelo y otro c/ Olivares, Luis César e Ibaceta, Alberto s/ Cobro de alquileres (Incidente de nulidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-12

En materia procesal no hay nulidades absolutas y todas ellas pueden convalidarse en forma expresa o tácita, pero la posibilidad de convalidación se reduce a los actos que contengan vicios, pero no a los casos de inexistencia.
Daño moral, carácter resarcitorio
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE M.M.L. c/ M.M.A.N. s/ NULIDAD DE MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-14

La indemnización por daño moral tiene carácter resarcitorio y no punitivo (conf. CNCiv. Sala G, E.D. 110- 352-354; id. " Suarez de Yñarra c-tutundjian" del 5-6-85; Sala C, E.D. 81-581-587; íd. E.D.

108-426-429, con disidencia del Dr. Durañona y Vedia; Sala A, E.D.

110-466-9; Sala F, E.D. 85-161-170). No corresponde seguir el criterio sobre el carácter pretendidamente simbólico adecuado a la tesis de la "sanción ejemplar" que mira más al autor del ilícito que a la víctima.

Esta opinión ha sido brillantemente refutada por Alfredo Orgaz (conf. "El daño moral: pena o reparación ", E.D. 79-855-863).-
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Moroni, Rogelio - Gazza, Carlos s/ Defraudaciones reiteradas - Falsedad ideológica y participación  necesaria en estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

El tipo actual consagrado en el texto del art. 173 inc. 7 del C.P., antes que una defraudación por fraude, es principalmente una defraudación por abuso de confianza, ya que no necesita el engaño para que se produzca el perjuicio, sino el abuso de los poderes que el autor ejerce en virtud de un acto preexistente.-
Menores, representación procesal, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

Ya desde agosto de 1947 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había decidido - sin los fundamentos constitucionales de los pactos de Derechos Humanos a los que se comprometió la República Argentina con mucha posterioridad - que el Ministerio de Menores, como representante promiscuo de la menor actora, es parte legítima y esencial y en ese carácter ha podido recurrir y expresar agravios contra la sentencia de primera instancia, a pesar de haber sido consentida por la madre de la menor.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roca de Cabot, Margarita D. c/ Jara, Ramón Audón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

Conforme al art.1084 del Cód.Civil, es a cargo del homicida el pago de todos los gastos hechos en la asistencia del muerto, que se asimilan a los previstos en la primera parte del art.1086, debidos a las heridas y hasta la muerte causalmente determinada por aquéllas.
Silencio de la administración, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kovalskys, Silvio y otra c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

Para configurar el silencio se requiere que la demora de la autoridad administrativa en resolver se produzca cuando el asunto resulte paralizado por su inercia, conformada por el retraso en dictar providencias de trámite, tardanza calificada como "prolongada paralización"; o cuando, encontrándose la cuestión en condiciones de ser resuelta, la dilación se refiera al dictado de la decisión final; y que en uno y otro supuesto, luego de producirse la tardanza, el interesado urja el procedimiento con un pedido de pronto despacho; y que luego transcurra el segundo plazo de inactividad previsto por la ley.(del voto del doctor Pettigiani)