Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


ERCILIO J.M. RUDI OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 148-150.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por el doctor Klix Buteler contra la resolución de fecha 4 de abril de 2003, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Uno de esta ciudad en autos "ERCILIO J.M. RUDI OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.- (Expte. 286/01)" (Expte. C.S.J. n 302, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía de los recursos de casación e inconstitucionalidad local, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Uno de esta ciudad reguló los honorarios del recurrente, por su participación en un incidente, en la suma de quinientos ($500) pesos.

Contra dicho pronunciamiento, interpone el doctor Klix Buteler recursos de inconstitucionalidad (art. 1, incs. 2 y 3, ley 7055) y casación, tachándolo de violatorio de principios, derechos y garantías constitucionales -legalidad, igualdad, acceso a la jurisdicción, debido proceso, defensa en juicio y propiedad-, arbitrario -al haberse pronunciado prescindiendo de expresas disposiciones normativas- y de causarle un gravamen irreparable.

Sostiene que la Cámara ha dictado resolución sin sujetarse a las expresas disposiciones de los artículos 4, 8, 15 y 16 de la ley 6767, y a los planteos de la Provincia en su contestación de la demanda -al conferirle al incidente, respecto de la cuantía, un monto determinado al principal-, cuya consideración resultaba primordial para determinar los honorarios, por lo que su falta de tratamiento hacen a la sentencia manifiestamente arbitraria.

Pone de resalto que en virtud del principio de proporcionalidad del honorario del abogado (art. 8, ley 6767), los emolumentos deben determinarse con ajuste a la cuantía que introdujo la accionada.

2. La Cámara -a su turno- rechazó los remedios intentados, lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Sede.

3. Si bien el quejoso en su presentación directa ante esta Corte intenta hacerse cargo de los fundamentos del auto denegatorio con el propósito de refutarlos, lo cierto es que en su articulación recursiva no logra desvirtuar lo sostenido por el Tribunal a quo en torno a la falta de definitividad del decisorio de marras, quedando así incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, las argumentaciones del recurrente tendentes a demostrar la definitividad del auto impugnado, resultan a todas vistas insuficientes frente a la respuesta brindada por la Cámara acerca de la prematura interposición del remedio articulado sin haber agotado previamente la instancia ordinaria mediante la deducción del recurso de revocatoria ante el Cuerpo en pleno.

Adviértase en tal sentido, que el Tribunal señaló como fundamento para el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad y casación que el auto por el que se regularon los honorarios profesionales "...no es definitivo ni equiparable a los fines de dichas impugnaciones, por cuanto no es un decisorio respecto del cual se hayan agotado los recursos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico específico", a lo que agregó "... contra el auto impugnado correspondía la previa interposición del recurso de reposición previsto en el artículo 29 de la ley 6767, el cual no podría sino considerarse aplicable a las regulaciones practicadas por esta Cámara" (f. 26 vto.).

Frente a ello el quejoso desarrolla su planteo impugnativo intentando persuadir a este Cuerpo -en su presentación directa- acerca de las razones que lo motivaron a deducir el remedio extraordinario local sin haber interpuesto previamente el recurso contemplado en el artículo 29 de la ley 6767, sosteniendo, en lo esencial, que dicho recurso -y cualquier otro remedio ordinario- resulta inaplicable en el proceso contencioso administrativo, por estar excluido del régimen recursivo propio y específico establecido en la ley 11330, y porque, de quedar firme, le causaría un gravamen irreparable.

Más allá de los esfuerzos desplegados al achacar de errónea la aplicación del artículo 29, cabe señalar que el recurrente no logra persuadir con su planteo que los fundamentos vertidos en el decisorio atacado sean irrazonables.

Ello así, por cuanto en materia de regulaciones de honorarios emanadas de los Tribunales Colegiados, y como ha señalado esta Corte, la ley 6767 en su artículo 29 prevé la revisión de la regulación a través del recurso de revocatoria (v. A. y S., T. 49, pág. 24; T. 87, pág. 461; T. 149, pág. 445; T. 185, pág. 302; etc.). Tal vía recursiva debe ser recorrida aún en los procesos regidos por la ley 11330.

Así lo ha entendido este Tribunal al resolver las impugnaciones a las regulaciones de honorarios en procesos contencioso administrativo en el marco de la ley 11330 (cfr. A. y S. T. 183, pág. 264).

De ahí que, analizando el caso bajo la hipótesis descripta, la regulación de honorarios cuestionada adolece del requisito de definitividad estatuido por el artículo 1 de la ley 7055 toda vez que no se ha cumplimentado con el recurso mencionado. Pues, recién agotado el recurso que regula la ley 6767, la fijación de los estipendios ostentaría ese carácter. Por lo demás, tratándose de recursos de inconstitucionalidad y casación que presuponen la observancia de formalidades específicas para su admisión, el incumplimiento de los recaudos legales no autoriza a invocar la existencia de arbitrariedad o lesión de índole constitucional con el objeto de cubrir las omisiones incurridas, especialmente, si éstas sólo se pueden atribuir a la conducta discrecional del impugnante en el ejercicio de su defensa.

De allí que la resolución recurrida no pueda constituirse en objeto procesal de la impugnación intentada, puesto que carece del carácter de sentencia definitiva o auto interlocutorio equiparable, desde que el recurrente -contando con acciones legales para su enmienda- voluntariamente desistió de su interposición. Y sabido es que -conforme repetidamente ha sostenido esta Corte en anteriores pronunciamientos- la falta de agotamiento de los remedios legales ordinarios obsta a la apertura de la instancia extraordinaria ( A y S., T. 52, pág. 424; T. 54, pág. 302; T. 62, pág. 65; T. 64, pág. 353; T. 70, pág. 170; T. 92, pág. 196).

Este requisito de admisiblidad, no responde a un mero ritualismo sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto de la defensa en juicio, pues se basa en la necesidad de que las cuestiones que se traigan a la Corte por vía del recurso extraordinario hayan sido, en lo posible, previo debate, tratadas y resueltas, dentro del trámite ordinario y por los jueces de la causa.

Finalmente, si bien aduce que la medida dispuesta le ocasiona un gravamen irreparable, del desarrollo de su escrito recursivo no se ve concretado el perjuicio que permita soslayar -a la luz de la jurisprudencia de este Cuerpo- el recaudo de definitividad (A. y S., T. 59, págs. 18 y 77; T. 65, pág. 60; y también Fallos: 267:432).

Lo dicho en precedencia basta para descartar el agravio referido a que se omitió en la parte resolutiva del auto denegatorio toda referencia al recurso de casación. Así pues, de la lectura del deci Por las razones expuestas, los recursos de inconstitucionalidad y casación devienen inadmisibles, correspondiendo, en consecuencia, rechazar la presente queja.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)