Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-04-16


2º Instancia. - Córdoba, abril 16 de 2009.

Resulta: Que a fs. 1/3 la Sra. María Rosa Quaglia inicia formal demanda laboral en contra de Horacio Daniel Alonso con domicilio en calle Esquiú 155 - Piso 5 de esta ciudad reclamando el pago de los rubros que figuran en la planilla de fs. 3 vta. y que consisten en Haberes por días de enfermedad, Aguinaldos proporcionales, vacaciones proporcionales, integración del mes de despido, indemnización por omisión de preaviso, indemnización por antigüedad y el agravamiento indemnizatorio prescripto por la ley 25.561. También requiere se le extienda una nueva certificación de servicios y remuneraciones donde consten los ocho años de trabajo sin registración laboral, ya que denuncia que su verdadero ingreso fue el 1 de enero de 1992 y el contrato laboral fue registrado el 1 de mayo de 2000, habiendo cumplido labores como empleada doméstica regida por el decreto 326/56 y encuadrada en la quinta categoría, de conformidad con el decreto provincial 3922/75. Destaca que su última remuneración fue de Pesos Seiscientos y que en los recibos la demandada hacía figurar como si en dicha suma se incluyera la proporcionalidad de aguinaldo y vacaciones, aparentando una convención de partes en ese sentido que nunca existió. Que el despido se produjo con fecha 2 de setiembre de 2005 al notificarle la empleadora lo siguiente: "ante los insultos proferidos e impropios términos utilizados hacia mi persona, la de mi hija y yerno en mi domicilio, incluyendo agresiones físicas y provocaciones verbales que motivaran la intervención de personal policial". Que niega la injuria denunciada la que fuera rechazada de inmediato, destacando que en realidad quien fue víctima de agresiones fue la actora, lo que motivara la denuncia penal que radicara ante la Unidad Judicial Nro. 11, siendo imputado el yerno del demandado Sr. Fernando Campos y por dichas lesiones a la accionante se le prescribieron diez días de carpeta médica, lo que le fuera prorrogado por siete días más por el médico del gremio. Que a los fines de cumplimentar la instancia administrativa previa obligatoria se presentó ante la autoridad administrativa laboral provincial, sin que hubiera existido acuerdo alguno, por lo que en virtud de ello ha quedado habilitada la vía judicial, lo que motiva la presente acción. Funda su demanda en las disposiciones del decreto 326/56 y los decretos 7979/56, 4951/72 y 3922/75. A fs. 11 obra el acta de la audiencia de conciliación en donde los comparecientes no se avienen, por lo que la actora se ratificó de su demanda y el accionado, contestó la misma conforme las razones de hecho y derecho que expresa en su memorial de contestación (fs. 9/10). Allí niega todos y cada uno de los hechos, argumentos y derechos invocados por la actora en su escrito de demanda salvo que sean objeto de expreso reconocimiento. Reconoce que la actora se desempeñó como empleada de quinta categoría en horario vespertino, es decir de lunes a viernes, en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2000 y el 31 de agosto de 2005. Niega que corresponda efectuar una nueva certificación de servicios, ya que es correcta la entregada por cuanto ese fue el período de trabajo de la actora. Niega la fecha de cese denunciado sosteniendo que el mismo aconteció en la fecha supra indicada y sostiene que son veraces las imputaciones que determinaron el despido causado. Niega que la actora se hubiera retirado del domicilio patronal con lesiones físicas y que por ello se le haya prescripto una carpeta médica por diez días. Hace reservas legales. Trabada en estos términos de la litis y abierta la causa a prueba, la ofrecen las partes conforme a sus respectivos escritos (fs. 28/29, la parte actora, y a fs. 14/16 la demandada), a los que el Tribunal se remite brevitatis causae. Diligenciadas las pruebas pertinentes ante el juzgado de conciliación interviniente, los autos fueron elevados a esta Sala, y celebrada la audiencia de vista de la causa según constancias de fs. 221 quedan en estado de dictar sentencia.

¿Resulta procedente el reclamo de la parte actora por los rubros y montos que surgen de la planilla? El doctor Carlos Alberto Toselli dijo:

Los aspectos controvertidos de la presente acción consisten en determinar cuál fue la fecha de ingreso de la accionante como empleada del servicio doméstico regido por el Decreto 326/56, ya que mientras la actora aduce que fue en el año 1992, la demandada la sitúa en el mes de mayo del año 2000 y también si ha existido justa causa para habilitar el distracto ya que la actora niega la injuria que se le imputa y sostiene además haber sido lesionada en el incidente con el yerno del demandado lo que motivara días de carpeta médica que reclama y que la accionada niega su procedencia. Por tratarse estos aspectos de cuestiones de hecho verificaré en primer término qué es lo que ha acontecido en la audiencia de la vista de la causa. En dicha ocasión la testigo Marta Noemí García dijo ser vecina del demandado Alonso que vivía en el quinto piso, mientras ella lo hacía en el segundo. Dijo que la actora trabajaba en el quinto piso, pero que no sabe qué días de la semana lo hizo ni tampoco desde cuándo, que cree que hacía tareas domésticas. Que la dicente hace diecisiete años que vive en ese edificio. Que ella fue a vivir en el edificio en Diciembre de 1991 y a partir del año 1992 la ve a la actora trabajar en el edificio como portera, ya que ella como consorcista paga en las expensas para el sueldo de la portera. Que cuando falleció Alonso la actora ya no trabajaba más con él y que no sabe por qué se desvinculó. Por su parte Marcela Alejandra Suárez dijo ser médica y haber vivido en el edificio en el 6to piso hasta el año 2007 y haberlo hecho desde el año 1982. Dijo que a la actora la conoce desde hace unos quince años como Portera del edificio y sabe que tiempo después comenzó a trabajar con Alonso, pero aclara que fue varios años después. Que ella lo iba a visitar al Sr. Alonso porque tenía problemas de tensión. Que la actora realizaba la limpieza de la casa, le cocinaba y lo cuidaba. Que ella cuando iba tomaba el te con el causante, el que era preparado por la actora. Que la actora trabajaba diariamente, al menos durante la semana y señala que como Portera se desempeñaba por la mañana temprano y también algo por la tarde. El testigo Víctor Hugo LI Gambi dijo haber sido Administrador del Edificio donde vivía el demandado desde el año 1999 a fines del año 2005/2006. Dijo que la actora trabajaba en el edificio como portera de 8 a 12 y lo hacía en tal carácter, según los antecedentes de documentación, desde el año 1992. Que también sabe que trabajaba en lo del Sr. Alonso, pero no sabe desde cuándo. Que esto lo sabe porque cuando él concurría por la tarde la llamaba al departamento del Sr. Alonso. Que reconoce firma y contenido de la nota de fs. 36. Que Quaglia en muchas ocasiones se quedaba a dormir en el edificio y le decía que lo hacía en el quinto piso. Que cuando él dejó de ser Administrador, cree que la actora ya no seguía trabajando por un problema con los Alonso. Que la actora le dijo que tenía que ir a un médico a hacer una constatación y le mostró unos moretones producto de una agresión, según denunció la actora. Que no recuerda si le dijo quién le había ocasionado los moretones. La testigo Angélica Arinda Molina, dijo ser empleada doméstica y amiga íntima de la actora. Expresó la dicente que ella trabajaba en una casa de Esquiú 139, desde el año 1991 haciéndolo de 8 a 20 hs. Dijo que la actora trabajaba en el edificio desde el año 1992 y que no sabe desde cuándo lo hizo con los Alonso. Que cuando empezó a trabajar con Alonso lo hacía desde las 12 horas durante toda la semana y se quedaba incluso los fines de semana. Que cenaba y dormía ahí. Que tuvo una discusión con la hija y le pegaron a la actora, que le dijo que le pegó el esposo de la hija del causante y que sabe que la actora hizo la denuncia. Estas son en síntesis y en lo esencial las declaraciones testimoniales arrimadas al proceso. En razón de ellas entiendo que la actora no ha logrado acreditar, siendo su carga procesal hacerlo, la prestación de tareas regida al amparo del Decreto 326/56, en el período en debate, ya que la única testigo que dio algún grado de precisión al respecto fue la testigo Suárez, cuyo testimonio resulta dirimente por varios motivos: en primer lugar porque vivió en el edificio desde el año 1982; en segundo lugar porque lo hacía en el sexto piso, es decir en el piso inmediato superior al del demandado y en tercer lugar porque en razón de haber sido estudiante de medicina primero y luego médica concurría al domicilio del demandado quien sufría problemas de tensión. Dicha testigo aclaró que la actora en el año 1992 comienza a trabajar como Portera y que varios años después comenzó a trabajar con el Sr. Alonso. Esta declaración sitúa a la situación fáctica en la postura sostenida por la demandada de que recién en el mes de mayo del año 2000 comenzó a trabajar en forma permanente con el Sr. Alonso y al amparo del decreto 326/56, ya que antes la demandada ha reconocido que trabajaba por horas sin cumplir los requisitos fijados por dicha norma legal para otorgar el carácter de relación laboral dependiente. En consecuencia delimitado este aspecto, procederé ahora al análisis de la causa de despido. El día 31 de agosto de 2005 el demandado Horacio Daniel Alonso remite carta documento que señala: "ratifico el despido verbal causado, comunicado a Ud. en el día de ayer, ante insultos proferidos e impropios términos utilizados hacia mi persona, la de mi hija y yerno, en mi domicilio, incluyendo agresiones físicas y provocaciones verbales que motivaron la intervención de personal policial. Ante tales graves injurias que no hacen posible la continuidad del vínculo laboral, comunícole el CESE a partir día de la fecha como empleada doméstica categoría 5...". La carga de la prueba de la injuria motivante del distracto corresponde a la demandada y entiendo en ese sentido que la prueba arrimada al proceso es totalmente insuficiente ya que la única constancia que existe es el informe de la Policía de la Provincia obrante a fs. 78 que da cuenta que el día 30/8/2005 a las 18:23 se recibe un llamado telefónico catalogado por quien recibe la llamada como "riñas-disturbio" y cuya descripción es: "Sr. Campos, pide un móvil porque tiene problemas con la Sra. que cuida a la suegra, le ha pegado, está muy agresiva y no se quiere ir del qth" (lugar según la jerga policial). El móvil 4630 se dirige al lugar a las 18:42 y luego hay un reporte a las 19:21 donde la Sra. Mercedes Alonso manifiesta que tuvo problemas con la empleada que cuida a su madre y la golpeó. Más allá del error material de describir como "madre" a quien evidentemente era el "padre", lo real y lo concreto es que ningún elemento independiente existe de la supuesta agresión de la actora hacia el demandado, su hija y su yerno, ni tampoco de los insultos e improperios. Lo único que hay es la declaración unilateral del demandado, a través de su carta documento, y de su hija y yerno a través del llamado a la Central Telefónica de Emergencia y la manifestación hecha al móvil 4830, sin que conste luego que se hubiera realizado la pertinente denuncia policial, ni existe ningún tipo de prueba independiente que avale lo allí sostenido. En atención a ello sostengo que el despido deviene incausado y por lo tanto la actora tiene derecho a la indemnización por antigüedad y por omisión de preaviso. Con respecto a la integración del mes de despido, dicho instituto no se encuentra contemplado dentro del régimen especial del servicio doméstico, por lo que no corresponde su consideración, deviniendo improcedente en consecuencia lo peticionado. Con relación a los haberes de licencia o carpeta médica, la parte actora acompaña exclusivamente un certificado médico de su obra social en fotocopia de fecha 12/9/2005, es decir varios días después de extinguido el vínculo laboral en la cual el médico tratante certifica que la actora presenta (aparentemente porque no resulta muy legible la letra de dicho profesional) un cuadro de omalgia derecha y cervicalgia, debiendo guardar reposo por el término de siete días, a partir del día de la fecha. Al respecto entiendo que el reclamo es improcedente, ya que en primer lugar no está contemplado dentro del régimen del servicio doméstico el mecanismo prescripto por el art. 213 de la L.C.T. En segundo lugar, aún si admitiéramos que pudiera estar encuadrado dentro de los treinta días de licencia por enfermedad previsto por el art. 4º inc. d), no existe la secuencia que derivaría del primer certificado médico (que no ha sido acompañado) y su vinculación con el segundo y por último, aún si pudiera soslayarse tales aspectos, lo real y lo concreto es que el segundo certificado médico no ha sido reconocido por quien fuera su médico suscriptor. Con respecto a los aguinaldos reclamados los recibos de sueldos señalan que el monto abonado por tal concepto incluye "aguinaldo, vacaciones y aportes". Desde ya señalo la improcedencia de los rubros "vacaciones y aportes", pero queda por dilucidar la posibilidad de que mensualmente al liquidarse el sueldo se le abone la proporción de aguinaldo. En el régimen general tal posibilidad queda acotada por la disposición de la Ley de Contrato de Trabajo que fija como fecha de pago del primer semestre el 30 de junio y del segundo semestre el 31 de diciembre. También el régimen especial de PYME permite el fraccionamiento en tres ocasiones, pero en el régimen de servicio doméstico no existe norma alguna que establezca el modo de pago, más allá del art. 10 que determina el derecho a percibir un sueldo adicional como sueldo anual complementario. No advierto que se ocasione perjuicio al trabajador, salvo caso de fraude que no se ha demostrado, en que se le liquide junto con su haber mensual la proporción del S.A.C. en la medida que el monto abonado por estos conceptos supere los montos fijados por la autoridad de aplicación laboral. Siendo esto así, y teniendo presente que por Resolución 155/04 se fijó el Salario de la quinta categoría en la suma de Pesos Cuatrocientos, el que rigió desde marzo de 2004 hasta febrero de 2005 en que se incrementa a Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) no verifico vulneración de norma legal por haber imputado de esta manera el pago efectuado, que conforme recibos de pago fue de Pesos Quinientos y Pesos Seiscientos para el período abril de 2004 a agosto de 2005, con lo que entiendo que nada se adeuda por este concepto. Con respecto a las vacaciones no gozadas del año 2005, la parte actora admite haber percibido la suma de $ 200, reclamando un saldo de $ 120, sosteniendo que le corresponden 13 días de vacaciones. Efectuado el cálculo de conformidad a la antigüedad reconocida son 12,66 días los que deben mandarse a pagar (15 días hábiles equivalen a 19 días corridos que se corresponden con 12 meses del año, como trabajó 8 meses le corresponden 12,66 días como indemnización proporcional de las vacaciones no gozadas). En lo que refiere a su cuantía, si el sueldo como ya señalara incluía la proporcionalidad de aguinaldo, el mismo representa el monto mensual de $ 554 (desagregados los $ 46 que corresponden al 8,33% de aguinaldo proporcional mensual) el que dividido por 25 y multiplicado por 12,66 arroja la suma de $ 280,54. Como ya se le ha abonado $ 200 como se reconoce en demanda, queda un saldo a su favor de $ 80,54, que es lo que se manda a pagar por este concepto. Por último queda por determinar si corresponde el agravamiento indemnizatorio prescripto por el art. 4º de la ley 25.972. Dicha norma dispone: "ARTICULO 4º - Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%). En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002". La reforma operada por la ley 25.972 acotó el ámbito de aplicación al hacer referencia exclusivamente al art. 245 de la L.C.T., más allá que el decreto reglamentario dijera que abarcaba a todas las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo. A diferencia de lo normado por el art. 16 de la ley 25.561 que hacía referencia al mecanismo de extinción prescripto por la legislación respectiva, lo que permitía la inclusión del servicio doméstico, la modificación operada ha sustraído de dicho ámbito de agravamiento al régimen del Decreto 326/56 por estar excluido de la ley de contrato de trabajo, norma de referencia para el mentado agravamiento. En consecuencia entiendo que la demanda por este concepto no resulta procedente. En síntesis sostengo que la demanda debe prosperar por los siguientes rubros: Indemnización por omisión de preaviso, Indemnización por antigüedad, conforme la antigüedad reconocida de 5 años y 4 meses, y diferencia de vacaciones y desestimarse en todo lo demás que se reclama. La suma de condena deberá ser adicionada con intereses desde la fecha de extinción del vinculo (31 de agosto de 2005) hasta su efectivo pago conforme la tasa de interés mensual del 1,5% hasta el 31 de diciembre de 2005 y de ahí en más hasta su efectivo pago, se aplicará el interés que resulte de la tasa media pasiva mensual que surge de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8º) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c. Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. Nº 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "Farias c. Municipalidad de Córdoba - Demanda - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios proyectados, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A. - Demanda - Rec. de Casación" (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25/6/2002) a partir del primer día del año 2006, pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la actual realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia. Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. Las costas se impondrán a la demandada, en función del monto de condena (art. 28 ley 7987). Se difiere para cuando exista base económica líquida y actualizada la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, debiendo realizarse la misma conforme a los arts. 27, 36, 39, 97 y 125 de la ley 9459. La sentencia deberá ser cumplida dentro del término de diez días de haber quedado firme el auto interlocutorio de determinación de montos, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, la que atento al fallecimiento del causante deberá ser interpuesta ante el Tribunal que ejerce el fuero de atracción en materia sucesoria, conforme lo prescripto por el art. 7º de la ley 7987 y art. 649 y siguientes del C. de P.C. Así voto, señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C. de P. C.

Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar parcialmente la demanda por la cual la Sra. María Rosa Quaglia pretendía que el demandado le abonara: a) Haberes por días de enfermedad; b) S.A.C. 1ra. y 2da. cuota año 2004, S.A.C. 1ra. cuota año 2005 y proporcional 2do. semestre año 2005; c) Integración mes de despido y d) Agravamiento indemnizatorio prescripto por el art. 4º de la ley 25.972, que modificara el art. 16 de la ley 25.561. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenar al demandado Sr. Horacio David Alonso a abonar a la actora Sra. María Rosa Quaglia las sumas que resulte en concepto de: a) Indemnización por omisión de preaviso; b) Indemnización por antigüedad y c) Diferencia de Vacaciones no Gozadas año 2005. III) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 28 ley 7987) exclusivamente sobre la base del monto que prospera, difiriendo la regulación de honorarios de los Dres. J. A. V., A. L. L., M. R. B. y E. del C., para el momento en que exista base económica firme, líquida y adicionada con intereses para ello y será practicada de conformidad a lo prescripto por los arts. 27, 36, 39, 97 y 125 de la ley 9459. IV) Atento al fallecimiento acreditado del demandado Sr. Horacio David Alonso, la ejecución de la sentencia deberá ser tramitada ante el Tribunal que ejerce el fuero de atracción en materia sucesoria, conforme lo prescripto por el art. 7º de la ley 7987 y art. 649 y siguientes del C. de P.C. V) Oportunamente cumpliméntese la ley 8404 y la tasa de justicia. -Carlos Alberto Toselli.