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Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales, crímenes de lesa humanidad, grupos de riesgo
Materia: PENAL
Carátula: Zucchini, Jorge Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso ya que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la excarcelación. El tribunal concluyó que el acusado podría eludir el accionar de la justicia al ponderar la gravedad y modalidad de los delitos atribuidos, calificados como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Consideró que la escala penal permitía suponer que, de recaer condena, no sería de ejecución condicional. Sumado a que registraba una condena a 6 años de prisión y se encontraba bajo libertad condicional en el marco de un legajo en el que no estuvo a derecho desde diciembre de 2017. Agregó que el secuestro de armas de fuego en domicilios vinculados a la organización investigada contribuiría a la convicción de que los imputados podrían obstaculizar el accionar de la Justicia. Además, se observó que el acusado no poseía trabajo estable y regularizado -señaló realizar "changas" pero no aportó constancias-. Se expuso que el tiempo que llevaba en detención no excedía lo razonable, si se ponderaba la cantidad de personas detenidas, la complejidad de la causa y el estado del trámite. Se memoraron diversas medidas y protocolos adoptados por el SPF y se resaltó que no se alegó que el recurrente tuviera patologías crónicas o integrase el grupo de riesgo, aunado a que la unidad cuenta con infraestructura para la atención médica. Por último, advirtieron el serio riesgo que representa para las víctimas y la sociedad, adoptar decisiones liberatorias o de morigeración improcedentes, máxime cuando las medidas de coerción alternativas (art. 210 del CPPF) se aprecian insuficientes. Tampoco se encuentra acreditado ninguno de los requisitos legalmente vigentes para acceder a la prisión domiciliaria. Dres. Riggi, Gemignani -voto conjunto- y Catucci.
Requisa personal, falta de orden del juez, razones de urgencia, estado de sospecha, flagrancia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HERSCOVICH, Mario A. s/ sobreseim. por inf. ley 23.737 Causa nro. 27.926
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

La requisa está autorizada en nuestro ordenamiento procesal siempre que existan motivos suficientes para presumir que alguien oculta cosas relacionadas con un delito -art. 230 C:P:P:N:- , la que será ordenada por un juez salvo casos de urgencia, en la que será llevada a cabo directamente por el funcionario policial interviniente (art. 184, inc. 5, C:P:P:N.) pero, tales razones de urgencia deben tener una entidad tal que hagan claramente aconsejable no postergar el acto durante el tiempo necesario para que el juez emita una orden que lo autorice. Otra razón que puede autorizar la requisa sin orden judicial se da en los supuestos en que está autorizada la detención sin orden, como ocurre en el caso de flagrancia.
Honorarios, apoderado
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GONZALEZ, RAUL E. c/ COMPAÑIA GILLETTE DE ARGENTINA  S.A. s/ DEMANDA RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-20

Esta sala ha venido sosteniendo reiteradamente, que la ley procesal distingue - aunque sin mayor precisión -la tarea de abogado, consistente fundamentalmente en patrocinar a los litigantes en el juicio o aconsejarlos sobre puntos de derecho que se le sometan, de la que realiza como procurador. Por vía de esta última, se representan derechos ajenos, o sea, se ejercita la función de "apoderado", desde que "procuración " es la comisión o poder que da uno a otro para que en su nombre ejecute o haga alguna cosa.

("Pedraz c/Banco Serrano" sentencia n -109 del 25-11-87). Dicha norma también se coloca en el supuesto de que una misma persona haya reunido las dos condiciones disponiendo una doble regulación a efectuarse por "separado".
Adopción, declaración de inconstitucionalidad, registro de adoptantes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P.G.O. y Otro - Expte. Nº 383/12/013 s/ Guarda con fines de Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-10-01

Es inconstitucional la ley II, Nº 13 (ex 3495) de la Provincia de Misiones en cuanto impone al juez dar prioridad a los inscriptos en el Registro de adoptantes que tengan residencia en la Provincia, pues se aparta de la garantía de igualdad (art. 16 CN), al discriminar a un sector de la población sin fundamento valedero ya que la protección que pretende ejercerse a efectos de evitar prácticas corruptas en perjuicio de los menores no deriva del lugar de residencia de los eventuales aspirantes, sino del contralor de antecedentes exigidos por la ley para que el juez evalúe la idoneidad de los postulantes.
Nulidad procesal, decomiso, objetos secuestrados, juicio abreviado, cosa juzgada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B., R. A. producción de imágenes pornográficas de menores de edad -Ciudad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2020-04-27

El decomiso de los bienes secuestrados - celulares, CPU, Notebook, y pendrive- fue un año y meses después de que haya quedado firme la sentencia de condena, al que se arribara mediante juicio abreviado, el cual pasó en autoridad de cosa juzgada, comprobándose que en su parte dispositiva el decomiso de bienes no había sido tratado en la negociación que condujo al fin del proceso principal. Esto excedió el marco fijado en el artículo 385 CPP de la Provincia dado que no se había acordado la pena accesoria de decomiso, prevista en el artículo 23º del Código Penal de la Nación, superando así el límite al que estaba circunscripto para expedirse, imponiendo una pena más grave que la pactada y con posterioridad al dictado de una sentencia condenatoria en un juicio abreviado, vulnerando con tal proceder los principios de cosa juzgada, defensa en juicio y ne bis in ídem y en su consecuencia sancionar de nulidad absoluta el decisorio judicial en crisis de conformidad a lo normado por el artículo 220º en virtud de lo dispuesto por el artículo 221º inciso 1º y 3º del Código Procesal Penal de la Provincia
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SANCHEZ RAMON MARIO c/ EMPRESA RANGUA S.A. s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO - HONORARIOS ABOGADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-26

Si el actor al promover su demanda, realizo un cálculo estimativo en cuanto al grado de incapacidad y monto de la indemnización pretendida, por no contar con todos los elementos a su alcance, dejando librada la suma final al resultado de la prueba específica (en el caso la pericia médica), no resulta irrazonable ni contrario al art. 29, Ley 7269, fijar dicha base -como lo hizo la aquo- según la minusvalía determinada por los peritos médicos (sesenta por ciento de la estimativamente calculada). En el fuero laboral, la actividad probatoria principal se cumple en la audiencia de vista de la causa, en la que se recepciona la confesional y testimonial. En el sub examen y según lo prescripto por el art 41, ley 7269, deben tomarse en cuenta la demanda, la contestación y el ofrecimiento de prueba. Aún cuando se admitiera que corresponde regulación por la actividad cumplida ante el juez de conciliación, no ha de considerarse el diligenciamiento de prueba porque no se advierte ninguna labor profesional del letrado recurrente que pueda ser objeto de justipreciasen en tal etapa.
Enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, licencia sin goce de sueldo, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: VALVERDE, JOSE c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR VARELA S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-29

El plazo de reserva del puesto por enfermedad inculpable no implica la interrupción del vínculo laboral, sino sólo la suspensión de algunos efectos de éste: en especial no rigen durante ese lapso la obligación de prestar servicios ni la correlativa de pagar salario.

Es decir si en los primeros meses de la enfermedad el trabajador goza de licencia legal remunerada, al vencer el plazo de ésta se inicia otra, sin goce de salarios, pero equiparable a la anterior en cuanto a los restantes efectos.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "CEMIC c/ Secretaría DDC-resol 4-X-06 (Expte. S01-284043/06)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Los derechos a la vida y a la preservación de la salud se hallan reconocidos por los arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33 de la C.N. y a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art 75, inc. 22) se destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar esos derechos con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y Sala III, "Bet, Elda Augusta", 19/03/2002) (Cons. VI).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONASTRE FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO" EXPTE.N 9.935/94.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-08-13

El recurso de amparo por mora interrumpe el plazo de prescripción, situación expresamente normada en la ley 3460 (art.244 inc. "d"). La interposición de los recursos administrativos tiene por efecto: d) Interrumpir los plazos de prescripción".-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HUGO HERIBERTO REINAUDO Y OTRO c/ EDUARDO Y BAUTISTA CERIONI s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

Lo atinente a la relación causal entre la fumigación y el daño causado al cultivo de un campo vecino, remite al análisis de una cuestión de hecho y prueba, ajena al recurso extraordinario.
Recurso extraordinario, cuestión federal, recaudación previsional, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GODOY, RUBEN MARIO c/ PODER EJECUTIVO s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-07

Existe cuestión federal suficiente que justifica la intervención de nuestro máximo tribunal al hallarse en tela de juicio la validez de normas (ley 24.241, decreto 1204/93, decreto 433/94) a raíz de encontrarse en colisión con derechos amparados en nuestra Constitución Nacional y verse comprometida la recaudación pública.
Daños y perjuicios, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Faitini, Gerónimo Agustín c/ Ortiz, Luis Alberto s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-04-28

Ambos conductores tienen la obligación de demostrar su falta de culpa; quien pretende el resarcimiento debe probar la imputabilidad de la contraria, la ilicitud y el daño, pero no obstante ello la accionada, que admite la existencia del evento dañoso, no está eximida de aportar los elementos que tornen verosímiles sus dichos.
Retiro policial, reajuste jubilatorio, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DADDINO DE ALARCON, MARIA s/ RETIRO POLICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

Conforme a los fundamentos de la ley 19.139 los reconocimientos de servicios emitidos por las cajas de previsión regidas por la ley 18.037, resueltos con ajustes a las previsiones de sus arts. 23, 28 y 61, tienen efectos frente a la caja policial, tanto para la concesión de beneficios como para el reajuste de haberes y sin perjuicio de los diferentes regímenes probatorios que dichas normas establecen para el otorgamiento y para el reajuste. Ello no obsta a la atribución de la caja policial de cuestionar los reconocimientos de servicios que las demás cajas expidan violando las normas legales ya citadas (art. 74 dec. 1.759/72).
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aprilia S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Si el contratista no se encuentra autorizado para abandonar las instalaciones de la obra en oportunidad de solicitar la rescisión contractual, debe pues asumir la responsabilidad de los deterioros o las depredaciones realizadas en el material acopiado.
Recurso contencioso administrativo, improcedencia del recurso, tribunal de cuentas, acto administrativo, desviación de poder, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGADO, ALFREDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

No se halla acreditada la desviación de poder invocada por el actor, no existiendo evidencia alguna en autos de que se haya utilizado el procedimiento del juicio de cuentas con un fin distinto al previsto en el ordenamiento jurídico; y al respecto, es oportuno mencionar -conforme los reiterados precedentes sobre el particular- que el vicio mencionado conlleva un carácter subjetivo, exigiendo un mayor esfuerzo probatorio, pues no es común que surja del propio acto impugnado, sino de éste en su confrontación con otros elementos de prueba; y en autos el recurrente no ha cumplimentado con la exigencia de dicho esfuerzo probatorio calificado, ya que omitió por completo ofrecer algún medio de prueba dirigido a acreditar la efectiva existencia de la desviación de poder. - CITAS: CSJStaFe: Solís, AyS T 137, p 167; Carrasco, T 139, p 183; Molina, T 145, p 32; Bargetto, T 153, p 18; Tobles, T 159, p 68; Alfirevic, T 193, p 418; Elorza, T 196, p 291; Porello, T 201, p 167; SMG, T 266, p 489.
Competencia penal, ejecuciones especiales, excarcelación, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, defensa en juicio, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Díaz González, Silvio Rodrigo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-27

Corresponde anular el trámite a partir de la petición in pauperis del encausado toda vez que de los antecedentes de la causa surge con claridad la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, durante el trámite de la instancia oral en el que el justiciable se vio privado de su legítima asistencia técnica, pues recibido el pedido de excarcelación y prisión domiciliaria efectuado por el nombrado desde la unidad de detención y sin dar intervención a la defensa para que fundamentara dicho reclamo, se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal, quien se expidió negativamente, tras lo cual el Tribunal Oral dictó la resolución ahora resistida. La omisión de dar traslado a la defensa de la petición efectuada in pauperis por el detenido, constituye un vicio del procedimiento causante de nulidad absoluta de las previstas en el artículo 167 inc. 3) del CPPN. Dres. Catucci. Riggi y Gemignani.
Prescripción, cómputo del plazo, crédito documentado, contratos de adhesión, perfeccionamiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL (EN QUIEBRA) c/ SUMMER SASIN, JOSE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

No corresponde aplicar a una deuda derivada de un crédito documentario el plazo de prescripción previsto para los contratos de cuenta corriente bancaria, aun cuando de las condiciones generales para créditos documentarios surge que es facultativo -y no obligación- del banco debitar los importes comprometidos, pagados o negociados en la supuesta cuenta corriente del tomador, si la existencia de esta no ha sido debidamente probada. Ello así, pues los contratos celebrados por las entidades bancarias, aun cuando sean consensuales, según el derecho común (art. 1140 cód. civil), son propuestos por el banco en contratos tipo, en formularios impresos que incluyen condiciones generales predispuestas por el proponente, y no se perfeccionan mediante el mero consentimiento del cliente cuando este estampa su firma en el formulario, sino que una vez extendida esta como manifestación de la voluntad del cliente, el banco, a pesar de ser el proponente del contrato, se reserva el derecho de evaluar la solvencia moral y ecónomica del firmante y, en su caso, de los garantes que ofrece, antes de que se pueda considerar perfeccionado el contrato y cerrada la operación, sin que la negativa del banco acarree alguna consecuencia o responsabilidad (Fernández - Gomez Leo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", Depalma, 1991, n° 19, pag. 145).
Situación de vulnerabilidad, restitución internacional de menores, desobediencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Y., M. L. c/  s/ desobediencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-17

Se destacó que se advertía que los menores, desde el 9 de septiembre pasado, se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad porque la clandestinidad en la que estaban generaba un entorno peligroso y revictimizante para ellos, siendo necesario que operadores involucrados (autoridades centrales, Poder Judicial, Ministerios Públicos, asesores de menores, abogados, miembros de las fuerzas de seguridad, etc.) actúen con la mayor diligencia posible para evitar que pueda consolidarse una situación irregular por el mero transcurso del tiempo, exhortando a que se cumplan todas la medidas conducentes que de forma urgente permitan localizar a los menores y a su madre.
Juicio ejecutivo, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO BICA COOPERATIVO LIMITADO c/ PAZZAGLIA, DANIEL ADOLFO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-27

Si bien la ley -artículo 793 del Código de Comercio- le otorga la facultad de crear un título hábil, en el caso, el banco, por propia iniciativa lo hizo inhábil, toda vez que el saldo deudor del que da cuenta el documento fue emitido en fecha 03-05-94, es decir tiempo antes de las cartas cursadas al deudor. Ello resulta contundente a los efectos de tener por probada la alegada falta de clausura de la cuenta. No obstante el requisito supra apuntado no aparece taxativamente enunciado en la norma legal, esa exigencia jurisprudencial tiene su razón de ser en pretender dar mayor seguridad al deudor principalmente y también a los terceros en general, evitando con la clausura errores y abusos en la confección del título, los que darían origen a discusiones sobre el monto y conllevaría a admitir pruebas en contra del certificado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Arrendamiento rural, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: ELENA POSTIGO c/ PEDRO CAVALLATO s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIA  ARBITRARIA  -  DEFECTOS EN  LA  FUNDAMENTACION  NORMATIVA - ARRENDAMIENTOS RURALES -  DEPRECIACION MONETARIA - IMPREVISION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Los arts. 5 de la ley 13.246 y 6 del decreto reglamentario 8330/63 receptan de manera peculiar los principios de la imprevisión a que se refiere el art. 1198 del Código Civil, ya que presuponen una sensible alteración de las proporciones en el sinalagma contractual, mas no requieren inequívocamente del hecho imprevisible para efectuar la recomposición de los términos originarios del convenio.
Prueba, proceso penal, principio de adquisición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lagranja, Carlos J. y Acosta, Saturnino c/ Centurión Silva, Ramón s/ Reivindicación Silva, Ramón s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-24

Quien expresamente propuso como prueba las actuaciones en sede penal, asume el riesgo de que resulten desfavorables para sus intereses, no pudiendo después de su agregación, alegar la ineficacia de la prueba.
Personal de casas particulares, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Charra, Miguel R. c/ Fontana, Giuseppe s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

El art. 256 de la L.C.T. resulta de aplicación a todos los créditos laborales, incluso aquéllos que derivan de otras 'disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo', de las que no puede excluirse el servicio doméstico legislado en el dec.ley 326/ 56, por la circunstancia que a dicho régimen específico no sea de aplicación la L.C.T. según su art.2.
Concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, legitimación procesal, compensación económica, acreedor
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Es que, en principio, el tercero extraño a la relación obligatoria no puede tener derecho alguno al resarcimiento por el daño que le pueda derivar del incumplimiento (conf. De Cupis, A., "El daño - Teoría general de la responsabilidad civil", Bosch, Barcelona, 1975, p. 605, n° 109); criterio que corresponde estimar correcto desde que el incumplimiento, como ilícito, es relativo en tanto limitado a la lesión del interés del acreedor (conf. De Lorenzo, F., "Contrato que daña a terceros, terceros que dañan al contrato: líneas de una evolución histórica y jurisprudencial", RCyS, t. 2007, p. 240, cap. III).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones procesales, excesos u omisiones en el pronunciamiento, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Agustín c/ Consorcio Cabildo 2422/30 s/ 0sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Las impugnaciones referentes a la aplicación del art. 279 de Código Procesal, al exceso de jurisdicción en que habría incurrido la alzada al dejar sin efecto las regulaciones practicadas y practicar unas nuevas, y al monto de los honorarios regulados por la labor desarrollada ante ella, resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria, habida cuenta de que remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa y ajena como regla y por su naturaleza, al remedio del art. 14 de la ley 48.
Elevación a juicio, principio de oralidad, apertura del debate
Materia: PENAL
Carátula: NELIA F. MARCOS Y OTROS c/ DIAZ JUAN CARLOS, DIAZ VICTOR HUGO Y OTROS s/ ROBO SIMPLE, ROBO CALIFICADO ETC. -CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-11-12

El artículo 246 del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional determina el contenido del auto de remisión a juicio, bajo pena de nulidad, y por ello, para que el tribunal disponga la convocatoria a la audiencia de debate es necesario que previamente resuelva que esta etapa pueda abrirse, lo que sólo puede cumplirse, mediante el control del cumplimiento de los actos anteriores del proceso, en cuanto presupuestos necesarios para ordenar tal apertura; ante el defecto en la realización de estos actos que genere la nulidad de la elevación, debe proveer lo conducente a la renovación del acto anulado.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Hugo Néstor c/ Iñiguez S.A.C.I. s/ Reclamo laboral laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-22

Las pruebas sobre el trabajo en horas extraordinarias es a cargo del trabajador que pretende el pago de las mismas una vez producido el distracto, debiendo ser contundentes y concretas en cuanto al tiempo extraordinario trabajado, y su apreciación se realiza con carácter restrictivo.