Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-29


Reg.: A y S t 282 p 391/393.

Santa Fe, 29 de mayo del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Daniel José Gazzera contra la resolución N° 828 del 30 de octubre de 2017 dictada por el Juez Penal del Colegio de Jueces de 2° Instancia de la 2° Circunscripción Judicial, doctor Acosta, en autos caratulados "GAZZERA, Daniel José -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: Gazzera, Daniel José s/Estafa (CUIJ 21-06193767-3)" (Expte. CSJ CUIJ N° 21-00511765-5); y,	CONSIDERANDO:

1. Por resolución N° 828 del 30 de octubre de 2017, el Juez penal del Colegio de Jueces de segunda instancia de la 2° Circunscripción Judicial, doctor Acosta, resolvió -en lo que aquí resulta de interés- rechazar por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra lo decidido por el juez de primera instancia quien, en su oportunidad, tuvo por admitida y realizada la audiencia preliminar y por formalizada la acusación formulada por el fiscal y la querella, desestimando los planteos invalidantes realizados por la defensa (fs. 2/3).

2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el mismo vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad ante la ley (fs. 4/5v.).

En primer lugar, sostiene que el a quo comete el error de no resolver el planteo de nulidad formulado por la defensa ante la falta de motivación suficiente de la resolución de primera instancia.

Afirma que como defensor planteó la nulidad e inconstitucionalidad de la requisitoria de acusación, por considerar que los elementos de convicción esgrimido por la fiscalía son insuficientes para obtener una sentencia condenatoria.

Agrega que tal conducta de su contradictor ha violentado derechos, garantías y principios constitucionales al no producir las pruebas que aportara su defendido, como así también desestimar los hechos narrados por su pupilo.

Pone de resalto que resulta evidente la afectación de garantías constitucionales en la que ha incurrido el juez de primera instancia al dictar un resolución inmotivada y no tratar los planteos nulificantes de la requisitoria de acusación, yerro que también comete el magistrado de segunda instancia, provocando fallos injustos y desajustados a derecho.

Concluye en que es inadmisible que el juez de Cámara entienda que no se verifica un gravamen irreparable, pues -en su estima- el mismo se encuentra presente frente a una sentencia inmotivada y una requisitoria carente de pruebas que acrediten una conducta típica, antijurídica y culpable, omitiendo el acusador aquélla ofrecida por la defensa.

3. El Juez Penal del Colegio de Jueces de 2° instancia de la 2° Circunscripción Judicial, doctor Acosta, por auto n° 4 de fecha 1 de febrero 2018, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 9/11v.); lo que motiva la presentación directa de la defensa ante esta Corte (fs. 13/15).

4. En primer lugar, cabe señalar que la impugnante se agravia concretamente de la resolución del Juez de Alzada que declarara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra lo resuelto por el magistrado de primera instancia que, en su oportunidad, tuvo por admitida y realizada la audiencia preliminar, rechazó los planteos nulificantes deducidos por la defensa contra la requisitoria de acusación y tuvo por formulada la misma.

En orden a ello, cabe recordar que el artículo 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución, supuestamente agraviante, pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local. Esta es, que debe tratarse de una sentencia definitiva o auto equiparable.

A su vez, cabe apuntar que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido, Fallos:308:1832; A. y S., T. 92, pág. 416; T. 107, pág. 149; T. 120, págs. 309 y 320, entre otros).

Atento a su naturaleza, es dable señalar que el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -que, en definitiva, confirma el rechazo de los planteos de nulidad de la requisitoria de acusación y la tiene por formulada- no es, en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación.

Al respecto, en referencia específica a resoluciones sobre nulidades de actuaciones procesales, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo -con respecto al recurso previsto en la ley 48- que no constituyen sentencia definitiva (Fallos:310:2733; 314:657 y 1442, entre otros) y que las decisiones que las admiten o rechazan no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, por lo que carecen de carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario (Fallos:316:341); línea seguida por esta Corte (A. y S., T. 134, pág. 42; T. 158, pág. 237; T. 170, pág. 363; T. 195, pág. 34, entre otros). Y tampoco lo son -en principio-, aquéllas cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal (A. y S. T. 159, pág. 28, por todos; Fallos:308:1667; 310:1486; 314:657; 316:341 y 2063); sin perjuicio de reconocer excepción a dicha regla cuando con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (A. y S., T. 100, pág. 453; T. 110, pág. 83; T. 129, pág. 382; T. 175, pág. 61, entre otros; Fallos:314:377; 316:1943 y 2063).

En el caso, tal como sostiene la Alzada en el auto denegatorio (f. 10 v.), la recurrente con sus alegaciones no logra demostrar que la decisión le cause un gravamen irreparable que exceda el derivado del sometimiento a un proceso penal y que justifique, excepcionalmente, la apertura de esta instancia extraordinaria, toda vez que la mera invocación de afectación a garantías constitucionales por considerar que su defendido será juzgado sobre la base de una requisitoria carente de pruebas (f. 5v.), cuyo planteo nulificante fue inmotivadamente rechazado por la jueza de grado y declarado inadmisible por el a quo, afectando -a su criterio- el derecho al recurso (f. 13), resulta insuficiente en orden a evidenciar la irreparabilidad pretendida.

En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 más arriba aludido, y sin que la interesada hubiese acreditado la presencia de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Colegio de Jueces de segunda instancia de la 2° Circunscripción Judicial