Acción de amparo, competencia, competencia contencioso administrativa, cuestión constitucional, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado provincial s/ Inhibitoria en autos: Breppe, Jorge Augusto y Poder Ejecutivo/Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-28

Se ha generado un problema en el derecho público provincial, una suerte de conflicto entre celeridad y especialidad para determinar si las demandas de amparo corresponden a todos los jueces o al competente en la materia en donde se manifiesta el derecho constitucional respecto del cual se reclama protección por esa vía. El criterio adoptado por la ley de amparo, respecto de la competencia -juez de primera instancia con jurisdicción en donde el acto se exteriorice, sin limitación alguna en relación a la materia ni turnos- crea dificultades con lo normado por el art. 204 de la Constitución Provincial que asigna jurisdicción exclusiva y excluyente a la Corte de Justicia en el conocimiento de la materia contencioso administrativa. En efecto, nuestro ordenamiento no ha receptado el sistema de unidad de jurisdicción para juzgar a la Administración Pública, creándose un sistema un tanto difuso como acontece con el amparo, permitiendo el control judicial a la justicia ordinaria, cuando dicho control está establecido constitucionalmente a la Corte, es allí cuando ese desplazamiento se convierte en crónico por abuso de los justiciables, convirtiéndose en sucedáneo versátil del contencioso administrativo y en un modo de urgir u obviar trámites legales ordinarios. Cuando la actitud benevolente de los tribunales ordinarios para receptar un amparo signifique desalojar a la Corte de su función, debe vindicar su competencia privativa. De allí que debe exigirse el control absoluto de los jueces respecto de cada uno de los requisitos de admisibilidad, poniendo especial énfasis en la cuestión sometida a decisión, toda vez que si detecta la cuestión constitucional deberá tramitar el amparo, y cuando no, deberá rechazarlo por cuanto si la cuestión constitucional planteada en un amparo es exclusivamente administrativa, el juez de la justicia ordinaria está invadiendo el campo que la constitución reserva a la Corte Provincial en forma originaria, exclusiva y excluyente. En consecuencia, corresponde al juez de primera instancia determinar la existencia o no de cuestión constitucional, pronunciándose sobre su admisibilidad, resultando en consecuencia que el amparo no es de competencia originaria de la Corte, toda vez que está llamada a intervenir en los autos recién en el supuesto de que se articulara recurso de casación por alguna de las partes, como ha sucedido en otros casos en los que se dijo que únicamente cabía abrir la casación en los supuestos que se hubiere hecho lugar al amparo, toda vez que tal decisión tiene la eficacia de cosa juzgada tanto en sentido material como formal, por cuanto en ningún continente posterior, con conocimiento mayor, podría volver a discutirse lo ya decidido sobre la procedencia del amparo. Por ello corresponde rechazar el planteamiento de inhibitoria articulado por el Estado Provincial y remitir los autos al juzgado de origen a sus efectos.