marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Veiga Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de vialidad) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

La noticia del diario acerca del estado de la ruta en el lugar del accidente carece por sí sola de entidad probatoria desde que no se trajo al cronista para control de su testimonio. Para que tales elementos adquirieran fuerza convictiva debían ser corroborados de alguna manera con lo que mostrara el video al que también se hizo referencia, el cual nada exhibe que permita avalar lo sostenido por la actora.-
Concursos, quiebra, homologación judicial, jueces, acuerdo resolutorio, continuación de la empresa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SASETRU S.A.C.I.F.I.A.I.E. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

Si los jueces -al rechazar la homologación del acuerdo resolutorio- se encontraron ante un grupo empresario de envergadura con su actividad productiva ya paralizada, los puestos de trabajo perdidos, el desasosiego social ya producido y afectado el normal desenvolvimiento económico de la comunidad, la propuesta efectuada no puede considerarse como el medio mediante el cual la empresa continuaría su actividad sino como una "chance" que brindarían los acreedores -la comunidad política en definitiva- a un grupo empresario -igual o distinto a aquél que motivara la situación de falencia- para iniciar una actividad económica, con posibilidades inciertas, como toda actividad de esta naturaleza, razón por la cual su viabilidad debe ser analizada más rigurosamente (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Amparo por mora, admisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Emilio Félix c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-03

La Ley 4795 -modificada por la Ley 4850- en sus Arts.5 y 6, establecen que esta Corte de Justicia tiene competencia originaria e improrrogable para entender en la acción de amparo por mora de la administración.-	Conforme se desprende del memorial de demanda se encuentra acreditado el presupuesto fáctico de admisibilidad de la acción, mediando una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse ante el requerimiento del administrado, como también se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el Art.7 del ordenamiento adjetivo, por lo que corresponde	declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa.

Según lo dispuesto en el art. 10 de la ley citada, fijase el término perentorio de cinco días para que presente informe circunstanciado de los antecedentes del caso y la causa de la demora, bajo los apercibimientos previstos en el Art.11 del mismo cuerpo legal.
Pagaré, pago, presentación al cobro, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: JACOBO PAVOLOTZKY c/ ADOLFO PREILIJ s/ PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-19

La doctrina fijada por el tribunal en el fallo plenario del 3-8 84 in re "Caja de Crédito de los centros comerciales c/Bagnat, Carlos; s/ejecutivo", no debe ser aplicada mecánicamente sino con ponderación de las circunstancias propias de la causa.

Si por interpretación jurisprudencial del derecho vigente se impone al deudor la carga de producir una prueba negativa, la conducta del acreedor debe estar dirigida a facilitar al tribunal el esclarecimiento de la verdad objetiva, indicando al menos -pues no puede exigírsele probar- las circunstancias de tiempo y lugar en que acaeciera la invocada presentación, y la o las personas que pudieron haber efectuado la diligencia por el accipiens, no bastando, por ende, la simple afirmación -negada por la ejecutada- de haber presentado el pagaré al cobro en reiteradas oportunidades.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TORTOSA, LUIS VICTOR Y OTRA c/ BORGES CARLOS MARIA s/ NULIDAD DE ACTOR JURIDICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-15

Para la imposición de costas lo que vale es la razón o la sin razón de las posiciones que el magistrado extrae de lo expuesto y probado en el pleito. El está autorizado a dar al complejo de hechos relatados por los desavenidos, un encuadre jurídico distinto del que éstos perciben, en atención a la fórmula da mihi factum, dabo fiti ius.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, honorarios, aplicación de la ley, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ DROGHETTI, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna"; y siendo que el criterio sentado por la Jueza de grado y confirmado por la Cámara, habilita la aplicación del sistema de jus previsto por el artículo 32 de la ley 6767 (según la modificación introducida por la ley 12851) hasta la fecha de pago, extendiéndose más allá de la firmeza de la regulación de honorarios efectuada en autos, dicha resolución contradice lo sostenido en el citado precedente, correspondiendo en consecuencia anular la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario local. (Del voto del Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. - Jurisprudencia vinculada: Cardozo, AyS T 279, p 461/471, sumario J0043422.
Competencia civil, ejecución hipotecaria, organización de la justicia, unificación de fueros
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO S.A. c/ PACE, Daniel s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-28

La unificación de fueros dispuesta por la ley 23.637, atribuye a la Justicia Civil la competencia en "todas las cuestiones regidas por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero". En ese entendimiento, y toda vez que la ejecución hipotecaria no se encuentra entre aquellas cuestiones que le fueron expresamente asignadas a la Justicia Comercial, la consecuente competencia del Fuero Civil no puede ser soslayada sobre la base de consideraciones que llevarían a desvirtuar aquel texto legal.
Cómputo de servicios, prueba, apreciación de la prueba, jurisprudencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STUCKE, MARIA ELENA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-07

La jurisprudencia, que en ocasiones es certera guía y fuente de derecho, requiere ser vinculada a los casos concretos en los que se dictaron los pronunciamiento judiciales sin prescindir de situaciones, épocas y circunstancias. De lo contrario, la simple referencia a amplitud de criterios para juzgar períodos de antigua data, serviría para la captación de beneficios indebidos, con el consiguiente perjuicio económico y ético.
Alimentos, obligación alimentaria, concurrencia de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: V. DE G.A.M. c/ G.A.N.A. s/ DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Aún cuando el art. 271 del Código Civil según la redacción dada por la ley 23.264, establece que la obligación alimentaria es un deber de ambos padres, ello no permite perder de vista que quien engendra hijos asume deberes ineludibles para con ellos y para con la sociedad toda, atento a que a éste le interese sobremanera el resultado de su formación.

Estos deberes exigen lógicamente el esfuerzo personal del alimentante. También deben evaluarse las posibilidades económicas de la esposa, pero no como una liberación de las obligaciones del progenitor sino como la participación que a la madre le corresponde en beneficio de sus hijos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, recurso extraordinario, ley arancelaria, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Edificio Corrientes y Córdoba c/ Halmen SA s/ Demanda ordinaria. Regulación honorarios por planteos y contestación  de Recursos de Inconstitucionalidad y/o Extraordinarios. Cuestión a  resolver: ¿Qué disposición de la ley arancelaria corresponde aplicar  para regular honorarios por el planteo y contestación de Recursos de  Inconstitucionalidad y/o Extraordinario ante la Cámara?   (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 147-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-08

Las normas del artículo 20 y 12 inciso 6 de la ley 6767 señalan dos criterios regulatorios disímiles en extremo: una, monto fijo; la otra, una alícuota proporcionada -indirectamente- con el valor en litigio. Resulta incongruente que en un pleito donde la labor recursiva ordinaria se justiprecia en proporción al "quantum" litigioso, se altere la pauta regulatoria estableciendo una suma fija (sin relación alguna con los valores en discusión ni con las demás regulaciones) para la fundamentación de otro recurso por el hecho de ser éste "extraordinario". Desde el punto de vista técnico, una expresión de agravios en una apelación ordinaria no es de por sí más compleja que un escrito de fundamentación de un recurso de apelación extraordinaria federal o un recurso de inconstitucionalidad. Para armonizar ambas normas, hay que tener en cuenta que el artículo 20, es la norma general; el artículo 12 inciso 6, contempla un Mínimo regulable en los casos en que la aplicación del primero diera como resultado una cifra inferior a este "piso" retributivo. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Obligación alimentaria entre parientes, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: G.C., V.L. c/ L.C., J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Por cuanto la obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es de carácter subsidiario, el progenitor que reclama debe demostrar que el restante -principal obligado-, se ve imposibilitado de cumplir con su deber y, además, la insuficiencia de sus propios recursos, o bien la imposibilidad de procurárselos, para recién allí poder dirigir su reclamo contra aquéllos.-
Recurso extraordinario, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Verzini, Eduardo; Verzini, Pablo y ots. s/ Propagación de enfermedades peligrosas. Denuncia Braga, María C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

El particular damnificado, salvo supuestos excepcionales, carece de facultades para interponer recursos extraordinarios contra los pronunciamientos de las Cámaras de Apelación que, como en el caso, confirma la sentencia de primera instancia que declara prescripta la acción penal (art. 87, Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y sus modif.). Tal limitación deriva de lo prescripto por el artículo 87 del Código citado que enumera taxativamente las facultades del particular damnificado para intervenir en el juicio penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ricci, José Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

Al tratarse de un sólo hecho punible en el que se han desapoderado varios objetos (la campera y el pasacassette), mediando un pronunciamiento conclusivo que abarcó un mismo suceso en su materialidad, ello impide toda posibilidad de continuar tramitando legítimamente el proceso en lo que a este punto se refiere, pues llevar adelante el juicio, como se pretende, importaría una clara violación a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Tragant).
Preclusión, inexistencia del acto jurídico, demanda defectuosa
Materia: CIVIL
Carátula: ORESA S.A. c/  s/ RECURSO DE REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05

1) Un litigante no puede reeditar la discusión respecto de una cuestión ya decidida y firme, por haberse operado la preclusión (CNCSala F, en L.L. 1977-A-541; CApelCCSalta, Sala III, t. 1994, fº 222, íd. 1995, fº 314, íd. íd. t. 1999, fº 549, íd. íd. t. 2004, fº 820) y las normas y principios que vedan reeditar etapas procesales precluidas son de orden público.

La estabilidad de las etapas procesales cumplidas así como la de las decisiones jurisdiccionales, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica son también exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional (cf. CSJN, La Ley, 1981-C-667-J, Agrup. Caso. 4407).

Si una decisión no mereció recurso alguno, por lo que se encuentra firme, no resulta admisible un planteo posterior que pretende reeditarla. Se lo impide la preclusión que veda dentro de un proceso el regreso a etapas o momentos ya extinguidos o consumados (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", Bs. As., Astrea, tomo I, año 1987, págs. 512 y 513 y CApelCCSalta, Sala III, t. 1993, fº 371; Sala IV, t. XXXVI-I, fº 125).

2) La demanda, como acto formal, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos, cuales la expresión por escrito y la firma, la que determina quien es su autor, independientemente del carácter en que comparezca.

Es un presupuesto formal para poder interponerla y quien la suscribe asume responsabilidad por las consecuencias que tal acto pueda eventualmente producir.

Los escritos firmados por quien no tenía poder para representar a la actora, ni invocó personería de urgencia, constituyen actos jurídicamente inexistentes e insusceptibles, en consecuencia, de convalidación posterior (CSJN, Fallos, 278:84, con cita de los precedentes registrados en 246:279 y 263:474; 328:1003; cfr. CJS, Tomo 45:957; 60:123; 90:573; 93:561; 113:407, entre otros).
Quiebra, bienes de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUCAR  SOCIEDAD ANONIMA POR MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Resulta imprescindible que los bienes reclamados subsistan en el activo de la deudora para así asegurar el éxito de las acciones recuperatorias.
Contrato de obra pública, Administración Pública, rescisión del contrato, contratista, obligaciones, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Beton Construcciones c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 266-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

En doctrina es opinión admitida que para que la rescisión de un contrato de obra pública sea posible la conducta del contratista debe asumir gravedad. Así se ha indicado que la rescisión por culpa del empresario supone, esencialmente, que él ha cometido una falta grave. Algunos autores consideran que cuando la ley se refiere a la gravedad de la negligencia ello revela la intención del legislador de establecer una graduación en la conducta del empresario. Al referirse al tópico de la transgresión de las obligaciones contractuales como causa de rescisión, indica Bezzi que estas infracciones deben guardar relación en punto a la gravedad con los supuestos que la ley denomina como "negligencia grave". En la aplicación de dichas pautas al caso en estudio, no se advierte que la Administración se haya apartado de los condicionamientos indicados ni que haya ejercido la potestad rescisoria sin que concurran incumplimientos de la contratista que puedan ser considerados serios y graves.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Marítima Key Kar  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ revocatoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Es invalida la sentencia de Cámara que carece de fundamentación suficiente, si no hay dos opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución del problema.
Menores, actos de disposición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V. de P. c/ H.P.M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

Si bien es cierto que los actos ejecutados por los representantes necesarios de los incapaces sin la autorización del Juez son nulos, encuadrando tal hipótesis en lo normado por el art. 1042 del Cód. Civil (arts. 297, 299 del Cód. Civil), no es menos cierto que la disposición de sumas depositadas, pertenecientes en su mayor parte al menor, lo fue con la autorización del sr. Juez "a quo", que ordenó la entrega a los fines propuestos por sus padres, antes señalados. Está claro también, en el caso, que previo a la libranza del giro no se dio intervención al Ministerio Pupilar y que tal omisión conlleva la nulidad de lo actuado, pero tal no es de fondo, es meramente relativa y por lo tanto susceptible de confirmación aún tácita como sucede cuando el Asesor de Incapaces toma intervención posterior sin alegarla (arts. 169, 170 Y CC. del C.P.C.).
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

El plazo de caducidad al que se halla sujeta la procedencia de la acción de amparo no se suspende porque la misma se interponga ante un juez que a la postre se resuelva que es incompetente para resolverla.
Acta de secuestro, prueba documental, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: H.H.R. s/ Robo Calificado en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-02

Tratándose el acta de secuestro de un instrumento público que reúne los requisitos formales de tal, su contenido debe prevalecer por sobre el solo testimonio de quienes, cumpliendo rol fedatario al momento de suscribirlo, no formularon ningún tipo de objeciones haciéndolo sin reservas, sin que, por otro lado, el mismo fuera argüido de falso mediante la acción adecuada para materializar su pretensión invalidante.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: DEL RIO, RAUL c/ ACINDAR SA s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 118-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

Debe considerarse arbitraria la sentencia que omite el tratamiento y decisión sobre cuestiones planteadas.

En el caso, la actora reclamó por la reagravación de su incapacidad laboral a partir de su reincorporación, incapacidad que reconocía su origen en un accidente de trabajo anterior en la misma empresa y la Sala tomó aisladamente el período posterior a su reincorporación, desconociendo el hecho anterior del accidente, no obstante los términos en que se encontraba trabada la litis, las probanzas agregadas y la sentencia de primera instancia.
Acción de amparo, medidas cautelares, establecimientos geriátricos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guillermo, María Cristina c/ ACCORD Salud s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-26

En función de lo expuesto y de las características que "prima facie" presenta el cuadro de la afiliada, el tribunal estima que se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la procedencia de la protección cautelar solicitada, aunque la circunstancia de que la internación se haya efectuado en un establecimiento ajeno al cuerpo de prestadores de la demandada sin que se encontrara satisfecho el recaudo establecido por el art. 39, inc. a), de la ley 24.901, justifica adoptar una solución de especie que mantenga la cobertura ordenada por el juez de grado por un lapso de ciento veinte días, término en el cual deberá llevarse a cabo la evaluación prevista en el art. 11 de la ley 24.901 a los efectos de encuadrar la situación del caso en las disposiciones de esa normativa (confr. esta Sala, doctr. de las causas 5036/12 del 19.10.12; 4330/12 del 27.9.13, 559/14 del 4.7.14 y 3086/14 del 17.3.15, 31/15 del 5.6.15; 7080/14 del 25.9.15; entre otras).
Personal militar, adicionales de remuneración, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Camejo, Ricardo Esteban y otros c/ E.N. - M. Seguridad - PNA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

La facultad atribuida al Poder Ejecutivo para establecer los suplementos particulares que corresponda percibir al personal con estado policial en actividad no lo autoriza, mediante su ejercicio, a transformar al haber mensual en un ítem incidental y, a la postre, irrelevante en la remuneración realmente percibida.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojas, Juan Carlos; Barrios, Pedro Agustín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-02

La falta de eficacia (de los fundamentos de una sentencia) aparece, entre otros ejemplos de alteraciones o inobservancias de las reglas de la sana crítica, cuando, v.gr. la conclusión asertiva del Tribunal no deriva necesariamente de los elementos de prueba invocados para sustentarla, sino que tendría una validez meramente conjetural; o cuando de la prueba se extrae una conclusión que ella no autorice a extraer indefectiblemente.
Imputación de pago, deudor, derechos del acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: URQUIOLA  SERRANO,  ENRIQUE c/ BANCO  SOCIETE  GENERALE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-26

Si bien la imputación del pago corresponde, en principio, al deudor porque él conoce la medida de su interés y debe decidir que deuda solventar total o parcialmente, dicha facultad reconoce límites en la voluntad del acreedor o en disposiciones de la ley.
Trámites judiciales, liquidación, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARRIBAS c/ C.E.C. s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: S066 - 403)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-06-18

Los pagos para valer como tal, deben ser íntegros, no cumpliéndose ese recaudo cuando, adeudándose depreciación e intereses por un período prolongado y no existiendo liquidación de los rubros que integran la liquidación, el importe depositado no cubre lo realmente adeudado, máxime cuando la actualización es fácilmente liquidable por una simple operación matemática.
Ministerio Público Fiscal, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: O., D. H. c/  s/ excepción de falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-22

Finalmente destacaron que ".Por todos estos argumentos, especialmente en razón de lo que hemos advertido sobre los límites a la revisión de las decisiones del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su autonomía, a lo que se añade que "el principio de la instancia privada ha sido consagrado como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía acordada al imputado" (Baigún y Zaffaroni, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, to. II, pág. 757), es que habrá de ser homologada la decisión traída a estudio..".