Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 441/450.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PERALTA, RAUL ANIBAL contra DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y OTROS -AMPARO SINDICAL- (EXPTE. 127/14) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05160447-1). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Netri y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 272, págs. 14/17 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 561 de fecha 13 de octubre de 2015, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, por entender que la postulación del recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que exigían examinar si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, en coincidencia con lo dictaminado por el Señor Procurador General (fs. 322/330v.).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. Sucintamente, la litis:

1.1. Según surge de las constancias de la causa, Raúl Aníbal Peralta -en carácter de secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores Viales Provinciales de Santa Fe- promovió acción de amparo y medida cautelar (fs. 40/45) contra la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe a fin de que esta proceda a otorgar licencias gremiales con goce total de haberes y efecto retroactivo al 12.07.2012 por el período de mandato de 4 años hasta el 12.07.2016 inclusive, a los trabajadores con función directiva en la referida asociación gremial: Peralta, Raúl Aníbal (secretario general), Redondo, Gastón Nicolás (prosecretario gremial), Frabotta, José Luis (secretario de prensa), Bosco, Alejandra Carolina (prosecretaria de finanzas), Nadalini, Mónica (secretaria de política vial), Dallaglio, Lucas (vocal titular), Ponce, César (secretario de actas).

Adujo el actor -en aquella oportunidad- que mediante resolución 149 de fecha 10.02.2012 el Ministerio de Trabajo de la Nación, le reconoció carácter de asociación sindical de primer grado y ordenó su inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores con zona de actuación en la Provincia de Santa Fe, aprobó su estatuto y la intimó a regularizar su situación institucional convocando a elecciones generales. Continuó refiriendo que las mismas se llevaron a cabo en fecha 12.07.2012 para la Comisión Directiva Central y Congresales de la F.A.T. Vial; que se presentó una lista única que fue aprobada por la Junta Electoral Provincial y luego proclamada ganadora y los candidatos puestos en posesión de sus cargos. Que, todo ello, se comunicó a la Dirección Provincial de Vialidad, mas la entidad nunca otorgó las licencias requeridas, por lo que se inició la presente acción de amparo. 1.2. La Dirección Provincial de Vialidad contestó el traslado de la medida cautelar (fs. 63/67) y formuló diversas consideraciones en torno a la improcedencia de lo peticionado por la amparista.

Señaló que la relación entre la DPV y sus agentes se rige por la ley 20320 y CCT 572/09 y ley provincial 9217. Y que, conforme a la referida normativa, la licencia solicitada sólo correspondía a aquellos trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Fe, por ser el que cuenta con personería gremial y mayor representatividad al efecto.

1.3. El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 2 de Santa Fe, mediante resolución 468 de fecha 21.09.12 rechazó la cautelar peticionada (f. 95).

Mediante sentencia 146 del 11.04.2014 hizo lugar a la demanda y ordenó a la Dirección Provincial de Vialidad que proceda a otorgar licencia con goce de haberes (en los términos de los arts. 91/2, CCT 572/09 y arts. 61/3, Estatuto Escalafón para agentes viales provinciales -adhesión ley 20320-) al señor Raúl Anibal Ojeda -en su carácter de Secretario General de la Asociación Gremial Trabajadores Viales Provinciales de Santa Fe- y a otro miembro de la Comisión Directiva, que deberá ser designado por los integrantes de la misma. Para ello, declaró inconstitucional el artículo 48 de la ley 23551 en su aplicación al caso concreto. Impuso las costas en el orden causado (fs. 138/141v.). 1.4. Ambas partes cuestionaron esta decisión. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, mediante sentencia 561 del 13.10.2015, hizo lugar al recurso de apelación de la actora y declaró el derecho de la Asociación Gremial de Trabajadores Viales de la Provincia de Santa Fe a que sus representantes gocen del beneficio de licencia sindical, con goce de remuneración, en idénticas condiciones y con idénticos alcances que el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Fe. Para ello, declaró inconstitucionales los artículos 48 de la ley 23551 y 5 de la ley 20320. Rechazó el recurso de apelación de la demandada y le impuso las costas de segunda instancia. 2. Contra el referido pronunciamiento interpone la accionada recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1 inciso 3 de la Ley 7055, por considerar conculcadas las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 7 y 9, Constitución provincial) afectándose sorpresivamente la defensa de derechos legítimos de su parte.

Afirma que la decisión del juez de baja instancia, confirmada por el A quo, le causa un gravamen irreparable pues impone a la Dirección Provincial de Vialidad el deber de cumplimentar una pauta jurídica que la ley no ordena, poniendo en riesgo su cometido público al afectar su personal de planta en desmedro de la carrera administrativa y de la capacidad de negociación colectiva de la patronal con un ente gremial verdaderamente representativo de la mayoría de los trabajadores, quedando comprometido el interés público del Gobierno de Santa Fe.

En el memorial introductor del recurso, relata que la Asociación Gremial de Trabajadores Viales Provinciales de Santa Fe inició acción de amparo sindical y medida cautelar, contra la Dirección Provincial de Vialidad, a los fines de lograr que su Administrador Provincial ordene otorgar licencias gremiales con goce de haberes con efecto retroactivo al 13.07.2012 a los trabajadores viales que ejercen funciones directivas en la Organización Sindical citada.

El juez de primera instancia admitió la acción, pero limitó el alcance de la protección acordada solamente a dos representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores Viales de la Provincia de Santa Fe, decisorio que la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral modificó al hacer lugar al recurso de apelación parcial interpuesto por la actora, declarando el derecho de la accionante a que sus representantes gocen del beneficio de licencia sindical, con goce de remuneración, en idénticas condiciones e idénticos alcances que el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Fe.

Entiende que la sentencia del A quo es inconstitucional por ser arbitraria. Expresa que los yerros interpretativos -que provocan agravios constitucionales- y que se encuentran en el fallo cuestionado, son los siguientes: a) desconocimiento de la libertad sindical que impera en la repartición; b) especificidad en el criterio de otorgamiento de licencias gremiales con goce de sueldo como obligación del ente público, se hace una cita genérica en relación al criterio reglado por la ley; c) utilización discrecional o dogmática de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como móvil distorsivo del planteo de fondo.

Al desarrollar más extensivamente sus fundamentos, expresa que agravia a su parte la afirmación del A quo de la inexistencia de trato igualitario en la Dirección Provincial de Vialidad en el otorgamiento de permisos. Entiende que la Sala confunde licencia gremial con función sindical.

Al respecto sostiene que implicaría un dispendio irracional del erario público e iría contra una adecuada representación sindical, la pretensión de entender que libertad sindical es dar licencias gremiales a todos los que armen un gremio, aunque agrupe a menos de 10 trabajadores, que a su vez son todos miembros de la Comisión Directiva; inteligencia que, sostiene, nos enfrenta a un absurdo.

Refiere que la sentencia atacada confunde pautas de Derecho Público con las otras propias del Derecho Sindical. Dice que, el fallo establece la inconstitucionalidad de la norma específica en relación al artículo 5 de la ley 20320 y 48 de la ley 23551, pero utiliza la misma especificidad para el "goce de sueldo" de las licencias gremiales.

Sobre tal cuestión, señala que conceder tales licencias a quien dice la ley es respetar el estado de derecho y no concederlas a quien no tiene habilitación legal para ellas.

Reitera que el decisorio utiliza -bajo un prisma distorsivo- los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y excede la función jurisdiccional al traspolar los criterios para casos que son de evidente inaplicación.

Resalta que la actora es un sindicato simplemente inscripto, que no se encuentra reconocido por FATVIAL, es decir, no representa ninguna asociación con personería gremial que permita al menos reunir los recaudos previstos por el artículo 48, pues tampoco detenta un cargo electivo en la Federación o Confederación que le permita el derecho a la licencia gremial.

Finalmente, analiza la razonabilidad de la sentencia en crisis, cuestionando si la eliminación judicial de todo tipo de límite no se torna también irrazonable, por vulnerar otros derechos constitucionales en pos de ampliar hasta el extremo ilógico el principio de libertad sindical.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado por auto 229 del 13 de Mayo de 2016 (fs. 303/304), accediendo la impugnante por vía de queja a esta instancia excepcional, tal como se explicitara al tratar la primera cuestión.

3. El tema en debate radica en dilucidar si correspondía o no el otorgamiento de licencia gremial con goce de haberes a cargo del empleador -conforme lo prevé la ley 20320 (art. 63) y el CCT 572/09 (art. 92)- a todos los solicitantes de la asociación sindical en cuestión.

El detenido estudio de la causa me convence de que el recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia, por cuanto la línea argumentativa esbozada por la Sala en orden a fundar su decisión, luce irrazonable y reñida con la pauta de la razonable proporcionalidad, conforme se expondrá a continuación. En efecto, el A quo revocó el fallo de baja instancia, en cuanto sólo otorgó el referido beneficio a dos de los dirigentes de la entidad, para concedérselo a todos los solicitantes, bajo los siguientes argumentos: 1) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había expedido en las causas "ATE c/ Estado Nacional" (11.11.08) "Rossi" (09.12.09) y "ATE c/ Municipalidad de Salta" (18.06.13), declarando inconstitucionales los artículos 31, 41, 48 y 52 de la Ley 23551, en cuanto resultaba de los mismos la atribución de "prerrogativas exclusivas" en favor de la asociación sindical con personería gremial y en desmedro de las entidades simplemente inscriptas; 2) Que el hilo conductor de estos fallos indicaba que el Estado Argentino debía respetar la regla de neutralidad, en virtud de la cuál no podría dispensar un trato que directa ni oblicuamente induzca a los trabajadores a afiliarse a una organización sindical y no a otras; 3) Que esa regla, se transgredía al reconocerse privilegios en favor de la organización más representativa, que pudieran exceder al de una cierta prioridad en materia de negociación colectiva o de consulta con las autoridades; 4) Que la licencia sindical en los términos de la ley 23551 (art. 48), con goce de haberes a cargo del empleador, conforme lo prevé la ley 20320 (art. 63) y CCT 572/09 (art. 92), conllevaba la posibilidad de organizar, difundir y desarrollar actividad sindical y debía otorgarse con trato igualitario; 5) Que no había ningún motivo jurídicamente relevante para permitir discriminaciones (tratos diferenciados peyorativos) que debían ser repudiados en el contexto de la Ley de Asociaciones Sindicales, puesto que el tamaño o representatividad de cada entidad había sido el motivo descalificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para introducir válidamente distinciones de trato; 6) Que correspondía dispensar un trato igualitario a las entidades sindicales reconocidas, admitiéndose sólo prioridad a la organización más representativa en cuanto a la negociación colectiva, sin que implique ello exclusividad; 7) Que correspondía tachar de inconstitucional al artículo 5 de la ley 20320 por cuanto considera únicamente como sindicato -a los fines de la tutela legal- a los que estuvieren adheridos a FAVPRA.

3.1. En la causa "Nueva Organización de Trabajadores Estatales c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo" (CSJN, N.143.XLVIII.RHE, del 24 de noviembre de 2015), la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que, en tanto los artículos 44 y 48 de la ley 23551 "...establecen prerrogativas en materia de franquicias y licencias gremiales únicamente en favor de los delegados pertenecientes a los sindicatos que cuentan con personería gremial...", su descalificación constitucional encontraba sustento en las motivaciones explicitadas en los casos "Asociación Trabajadores del Estado" y "Rossi" (Fallos:331:2499 y 332:2715, respectivamente).

Y que ello era así, por cuanto "...para estar en consonancia con las normas internacionales de rango constitucional que rigen el instituto de la libertad sindical, la legislación nacional no puede privar a las organizaciones sindicales que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad".

Y que, en consecuencia, "...al margen de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta ante las autoridades y en la designación de delegados ante organismos internacionales, ninguna otra facultad concedida a los sindicatos con personería gremial puede serles negada a aquellos que no la tienen".

3.2. En el caso "Dominguez" (A. y S., T. 274, pág. 149), esta Corte resolvió en consonancia con los parámetros sentados en "Nueva Organización de Trabajadores Estatales", concediendo la licencia peticionada. Sin perjuicio de ello, dejó establecido que "...a la hora de evaluar la concesión de este tipo de licencias, en cada caso, deberá el Sentenciante sopesar la situación concreta bajo una pauta de razonada y razonable proporcionalidad entre el número de afiliados del sindicato en cuestión y el número de representantes que solicitan la licencia, pues no debe olvidarse que los derechos han de ejercerse siempre de modo regular y que es un deber de los jueces ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo (arg. art. 10 Código Civil y Comercial)".

3.3. Esta pauta resulta aplicable en la especie, en tanto estamos en presencia de una asociación sindical recientemente organizada, que obtuvo simple inscripción, designó sus autoridades y peticionó a la Dirección Provincial de Vialidad "licencia gremial con goce de haberes con efecto retroactivo al 13/07/12" para siete representantes de su sindicato, ampliándolo luego a nueve. Ante la negativa del ente empleador, iniciaron el presente proceso a fin de obtener el reconocimiento de ese beneficio.

Ahora bien, en ninguno de sus escritos manifiestan los comparecientes cual es la cantidad de afiliados con que cuenta la organización. Tampoco es posible determinar esa circunstancia mediante las constancias obrantes en autos.

En su recurso de inconstitucionalidad (a foja 255vta.) la Dirección Provincial de Vialidad denuncia que la agrupación cuenta con tan sólo ocho afiliados o menos puesto que "...no hay información fidedigna al respecto..." (f. 256), que a su vez son todos miembros de la Comisión Directiva. Continúa enfatizando que "...dilapidaríamos escandalosamente los fondos públicos si diésemos licencia con goce de haberes a cualquier organización que no logra más adhesiones que la de sus miembros de comisión que pretenden la licencia con goce de haberes" (f. 256vta.); que seguramente los Sentenciantes no evaluaron el contenido patrimonial de su sentencia, pues "20 licencias gremiales con goce de sueldo, como manda otorgar la cámara, significan unos $400.000 mensuales, es decir casi 5 millones de pesos anuales, sólo en licencias" (f. 257).

Sobre este punto, nada aclaran los amparistas al contestar el traslado (fs. 291/299), limitándose a achacarle a Vialidad provincial "...discriminación, competencia desleal, maniobras antisindicales y falta a la verdad...". Y que la contraria "Ignora cuantos afiliados tenemos en nuestra asociación, porque nuestra entidad sindical aún no posee código de descuento, siendo éste el único medio fidedigno para tener conocimiento de ello", mas continuaron sin aclarar a cuántos afiliados representan.

La demostración de esa circunstancia corría por cuenta de la propia agrupación, si pretendía otorgarle entidad a su pretensión y en tanto hace a la buena fe procesal.

De la información aportada en autos, sólo es posible dilucidar que en la Asociación hubo una elección en la que habrían participado 66 votantes (conforme actas de escrutinio de la propia asociación, a fs. 22/24) que habrían sufragado por la "lista única" existente, la azul y blanca, en la cual figuran 11 integrantes de la comisión directiva central de la entidad, 6 vocales titulares, 6 vocales suplentes, 2 congresales titulares a la F.A.T.Vial y 2 congresales suplentes (27 dirigentes en total, fs. 10/12).

Conforme lo prevé la ley nacional 23551 en su artículo 48, la licencia gremial se concede "sin goce de haberes". Es decir, la licencia se otorga, pero se hace cargo del pago de las respectivas remuneraciones -mientras el dirigente goce de licencia- la organización sindical respectiva.

A su vez, la referida norma establece tal franquicia para los dirigentes que integren asociaciones sindicales "con personería gremial". Como ya se dijo, a partir de la doctrina constitucional de los fallos "ATE", "Rossi" y, en particular, "Nueva Organización de Trabajadores Estatales" (ant. cit.), en el cuál la norma fue invalidada, cabría otorgar el referido beneficio también a los integrantes de las asociaciones simplemente inscriptas, aunque asumiendo el pago de las remuneraciones la asociación sindical respectiva.

Ahora bien, en el universo particular de los trabajadores viales de la República Argentina, la ley nacional 20320 (art. 63) -a la cual la Provincia de Santa Fe adhirió por ley 9217/83- y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09 (art. 92) agregan un plus; establecen que la referida licencia será con goce de haberes, es decir, corresponderá al empleador hacerse cargo del referido costo mientras el trabajador se desempeña en tal actividad, siempre que -conforme la aludida normativa- éstos pertenezcan a la entidad sindical más representativa y que ésta esté adherida a la "Federación de Agentes Viales Provinciales de la República Argentina" (F.A.V.P.R.A).

El Juez de baja instancia, declaró inconstitucional el artículo 48 de la ley 23551 -en cuanto sólo prevé la licencia gremial para dirigentes de asociaciones con personería gremial, conforme doctrina de Fallos "ATE", "Rossi" y "Nueva Organización de Trabajadores Estatales" (ant. cit.)- pero, argumentó que, al tratarse de una nueva asociación con vocación de competir en representatividad y en concurrencia con otra ya existente, sin dejar de garantizarle el derecho a existir, expandirse y competir en condiciones de ecuanimidad respecto de la asociación más numerosa y antigua y en tutela de la garantía constitucional de libertad y pluralidad sindical, consideró -a la luz del imperativo de equidad y justicia- que resultaba razonable conceder ese beneficio al número de dos directivos, en orden al grado de representatividad de la entidad. Y otro tanto, agregó, en relación a los haberes, pues conforme la normativa específica de la actividad, se encuentran a cargo de Vialidad.

Tal criterio responde a los parámetros de "razonable proporcionalidad" antes referidos, sentados por esta Corte in re "Dominguez" (ant. cit.), sin por ello dejar de reconocerles su derecho a existir, expandirse y competir en equitativas condiciones con otras asociaciones y la incidencia que la licencia tiene en ello.

Sin embargo, la Sala decidió otorgar el beneficio -con goce de haberes- a todos los peticionantes, apartándose así de la referida pauta y de la realidad del caso: una organización sindical recientemente constituida, cuya efectiva representatividad se desconoce y la propia asociación parece renuente a informar.

Para así decidir, la Sala declaró inconstitucional para el caso, no sólo ya el artículo 48 de la llye 23551, sino también el artículo 5 de la ley 20320, haciendo una aplicación extensiva -y automática- de la doctrina de la Corte Nacional en los fallos "ATE" y "Rossi", pero desenfocada de la particularidad del caso.

En ese sentido, el máximo Tribunal nacional ha descalificado decisiones que no se apoyaron en un criterio propio sobre la interpretación y alcance de un precepto legal y se redujeron a un estricto apego de una doctrina de esa Corte. Así, in re "Benitez" (Fallos:332:2815), con relación a la doctrina sentada in re "Rodríguez" (Fallos:316:713).

Esta decisión, a mi juicio, no armonizó la norma específica que prevé la licencia con goce de haberes, con la norma nacional (art. 48, ley 23551) en base a los criterios trazados en "ATE", "Rossi" y "Nueva Organización de Trabajadores Estatales" (ant. cit) y la realidad de los hechos, que imponía una razonable proporción.

En efecto, en ningún momento analizó el A quo que la norma específica -que derechamente tachó de inconstitucional- establece la concesión del beneficio con ciertos recaudos. También era menester contemplar -y no se hizo- que el costo de la decisión recaería sobre el gasto público, circunstancia puesta de manifiesto por la recurrente y que merecía una respuesta por parte de los Sentenciantes.

Además, al declarar la inconstitucionalidad de oficio de la referida norma (artículo 5, ley 20320), la Sala incumplió con la conocida doctrina constitucional, conforme a la cual "El ejercicio del control de constitucionalidad de oficio, en el marco de las competencias y regulaciones procesales correspondientes, presupone que el contralor normativo a cargo del juez se realiza en un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas y la descalificación constitucional se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto, que entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución, siendo la actividad probatoria de las partes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación" (véase CSJN, "Rodríguez Pereyra", Fallos:335:2333; "Codina", Fallos:337:1403).

Ello es así, pues de las constancias de autos no surgen planteos argumentales de entidad suficiente que habiliten la referida tacha, como tampoco aporte probatorio alguno por los peticionantes en orden a acreditar palmariamente cual sería el perjuicio concreto que les entrañaba la decisión del juez de baja instancia.

Por último, no es posible dejar de señalar la irregularidad que se evidencia en cuanto a que en la copia del oficio obrante a foja 281 -donde se notifica al Administrador General de Vialidad de la Provincia de Santa Fe la decisión de la Cámara y se intima al organismo a conceder las licencias-, se enumeran 9 personas como acreedoras del beneficio, que no se corresponden con las 7 que iniciaran la demanda de amparo (foja 45, reiterado a foja 123).

La circunstancias omitidas de considerar requerían de una adecuada ponderación y justificación razonables, a fin de cumplir satisfactoriamente con el mandato constitucional de motivación suficiente (arg. art. 95, Constitución de la Provincia de Santa Fe).

Es consecuencia ineludible de lo expuesto, que el decisorio atacado merece ser descalificado como acto jurisdiccional válido, al anidar un supuesto de arbitrariedad fáctica e irrazonable fundamentación al descontextualizarse de la particular realidad del caso.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde anular la sentencia impugnada y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas a la vencida (artículo 12, ley 7055).

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Anular la sentencia impugnada y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación Laboral de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N°2 de Santa Fe.