marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios, incidentes, etapas del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Citrícola Ayui SAACI c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de Pessolani Juan Martin y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

Si bien esta Sala ha aplicado de forma inveterada el fallo de la CSJN in re: "Francisco Costa e hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios" del 12-9-96, la resolución del mismo Tribunal en la causa "Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa" del 4/9/18, aconseja revisar aquel criterio y aplicar la doctrina que de él emana.

En ese contexto corresponderá continuar evaluando las tareas realizadas en etapas concluidas o que hubieran tenido comienzo de ejecución bajo la vigencia de la ley 21839 (modif. por ley 24432) conforme sus estipulaciones; y en los demás casos las previsiones de la ley 27423.

En tanto el supuesto de autos encuadra en la primera de las hipótesis señaladas supra, la regulación se realizará conforme las pautas de la ley 21839.
Inconstitucionalidad, defensa, fundamentación insuficiente, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Da Silva Guites, Claudinei s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

La disidencia parcial sostuvo que no debe prosperar la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 CP ya que la defensa no logró demostrar que la inhabilitación le acarree un perjuicio concreto que afecte garantías constitucionales.(Dres. Gemignani, Borinsky -disidencia parcial- y Hornos).
Compraventa inmobiliaria, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: RAGGIO, HECTOR MARIO c/ CIALLELLA, JOSE SANTIAGO Y OTRA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Si en una operación de compraventa el vendedor ocultó a sabiendas el carácter parcialmente ajeno a la propiedad, fraguando para ello la copia del título que exhibió frente al notario designado para autorizar su escrituración, necesario resulta reconocer que dicha parte, al asegurar la perfectibilidad de su exclusivo dominio, actuó dolosamente y una imputabilidad de esa intensidad, permite computar el daño que excediendo de la cláusula penal acordada en el boleto, hubiese sufrido el contratante fiel. Si el incumplimiento del deudor es doloso, la cláusula penal no opera como límite tope a la indemnización debida, sino que el deudor deberá reparar todo el daño producido al acreedor cuando éste sobrepase al numéricamente prefijado.

No sería tolerable que el deudor se escudara en el efecto limitativo de la cláusula penal para eximirse de la sanción que corresponde aplicarle por su comportamiento doloso. La cláusula penal produce un efecto limitativo del resarcimiento, en los supuestos normales de incumplimiento imputable al deudor por su mera culpa, pero sí interviene una novedad tan extraordinaria y particularmente ilícita, como es el dolo del deudor, al margen del juego ordinario de la cláusula penal, es indispensable aplicar el régimen especial represivo del dolo. Por tanto, el deudor responderá hasta un cierto monto por efecto de la cláusula penal, y por el daño adicional, por razón de su dolo.

El principio de la no acumulación consagrado en el art. 659 del Código Civil, impide -bajo riesgo de plasmar un enriquecimiento sin causa- conceder íntegramente el daño moratorio demandado y la cláusula penal moratoria, pues ello duplicaría el resarcimiento por un mismo menoscabo patrimonial. Si bien es permisible que el acreedor se resarza de las consecuencias mediatas que le produjo el incumplimiento de su deudor, aunque éstas excedan el monto de la pena,no podría efectuarse una superposición de ambas partidas, pues ello acarrearía una igual situación a la prohibida acumulación de la pena compensatoria con la prestación incumplida. Lo apropiado resulta medir el monto de la pena devengada y la entidad del daño reconocido y si de ésta comparación resulta que este último resulta mayor que la cláusula penal generada, el acreedor deberá percibir dicha mejor prestación indemnizatoria, porque ella contendrá a la multa, más el daño adicional que motivara el incumplimiento del deudor. Si en cambio la pena -calculada del modo antes referido- es superior al monto del perjuicio, deberá concedérsele solamente esa cantidad, porque en la misma se encuentra suficientemente enjugado el perjuicio sufrido.
Recurso de apelación (procesal), juicio de desalojo, tasa de justicia, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Canepa, Miriam Bibiana c/ Dazzi, Maria Belen s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-01

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto con el argumento de que el a quo ordenó el desalojo sin integrarse debidamente la tasa de justicia, pues la carga procesal de tributar correctamente la tasa por sevicios judiciales se impuso como recaudo para ejecutar la sentencia atacada, lo que implica que el agravio resulta prematuro e incierto al referirse a una contingencia que sólo podrá acaecer y constatarse, con posterioridad.
Constitución Nacional, gobierno nacional, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La función deferida por la Constitución a la Corte de ser una de las Autoridades del Gobierno Federal en su condición de titular del Poder Judicial de la Nación, le impone asumir delicadas responsabilidades institucionales, cuyo ejercicio exige - con marcado énfasis - el deber indeclinable de sopesar con un grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones, aun en asuntos que, como podría postularse de las regulaciones de honorarios, liminarmente apreciados, pudieran carecer de toda trascendencia en el sentido indicado.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses, cómputo de intereses, tasa pasiva, monto del juicio, convertibilidad, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ZARAGOZA HORACIO BENJAMIN c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Como los honorarios han sido calculados teniendo en cuenta que el capital de la condena quedó cristalizado al 1.4.91, los montos fijados precedentemente se deberán incrementar en la misma medida en que se acreciente dicho capital en virtud de los intereses devengados a partir de esa fecha (esta Sala, causas 301 del 15.4.93, 9250 del 16.4.93 y 1788/93 del 1.6.93 y sus citas, entre muchas otras). A ello no obsta lo que dispone el art. 61 de la ley 21.839 (texto según el art. 12, inc. q, de la ley 24.432), pues los intereses a la tasa pasiva que se contemplan en el último párrafo se prevén para los supuestos de mora en su pago, mientras que ahora se trata de establecer la cuantía de los honorarios en relación con el "monto de la sentencia" (según la expresión utilizada en el párrafo agregado por la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil), monto que comprende tanto al capital como a los intereses que con relación a él se manda pagar a partir del 1.4.91.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, non bis in ídem, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CAPOZUCCA, MATIAS NICOLAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

El análisis de las constancias de la causa a la luz de los planteos de afectación a mandas constitucionales efectuados por la defensa -concretamente, del principio de "non bis in idem" y del derecho al recurso o a la "doble instancia"-, lleva a concluir que en la presentación extraordinaria no se logra demostrar liminarmente que en autos se hubiera configurado, en las concretas circunstancias del caso, un supuesto de violación de tales garantías ni menos aún que la doctrina constitucional fijada por los tribunales superiores encuadre esta situación como hipótesis de violación de estándares constitucionales.

Así, en orden a la causal de arbitrariedad que postula la recurrente vinculada a que la Alzada efectuó una interpretación errónea de la decisión de la Corte, toda vez que el decisorio de este Cuerpo ordenaba juzgar nuevamente al recurrente y no a dictar nueva sentencia, lo que -a su entender- constituye una clara violación al "non bis in idem", ha de tenerse presente que lo decidido por esta Corte -en mayoría- no fue objeto de impugnación por parte de la defensa -quien contaba con el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48 para cuestionar lo allí decidido-, lo que deja desprovisto de sustento constitucional cualquier reproche que enderece el recurrente en este estadio contra la sentencia referida.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ, Juan C. c/ MUNICIPALIDAD DE BS.AS. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-30

La razón fundada para litigar como causa que autoriza al apartamiento de la regla general que impone las costas al vencido resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe interpretar que la parte perdidosa actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido en el pleito.
Daños y perjuicios, obras nuevas y modificaciones, obra antirreglamentaria, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: DI FILIPPO, Laura Noemí c/ TRISOL S.A.C.I.F.I.C.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Resulta absurdo pretender que el poder de policía sea una herramienta legal en virtud de la cual puede demandarse al Estado por los daños que ocasionan los particulares que incumplen aquellas normas básicas tendientes a preservar la seguridad común. En tales condiciones, tal responsabilidad no se configura y por el contrario, es necesario destacar que es la ejecución irregular y clandestina de obras de remodelación efectivizadas por el propietario, el factor desencadenante o el antecedente inmediato y eficaz para arribar al resultado dañoso, cuya aptitud, además de consolidar la exclusiva culpabilidad de dicho sujeto, neutraliza la responsabilidad que puede atribuirse a la Comuna, en la medida que ésta adopte todos los medios legales a su alcance para impedir la ruina, siendo superado su accionar por el obrar antijurídico del propietario.-
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSOLINI, LUCIA NOEMI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA PARCIALMENTE ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2022-11-29

La Cámara interviniente efectuó una aplicación arbitraria del régimen jurídico involucrado en el caso, con prescindencia, además, de los criterios fijados en causas análogas por esta Corte -como intérprete final de las normas de derecho público local-, de los que se apartó sin brindar una justificación suficiente y sobre tales criterios se basaron las consideraciones de este fallo, sin perjuicio de que igualmente se remite al completo desarrollo argumental que en cada supuesto se ha efectuado, y de las referencias a otros precedentes que se formulen para el análisis de ciertos puntos en particular, siendo los casos más relevantes a tener en cuenta, por un lado, "Carnelli" y sus numerosas aplicaciones; y, por otro lado, "Lagger", "Elizondo" y "Gioielli", además de otros pronunciamientos en los que se ha referido a estas tres últimas. - CITAS: CSJStaFe: Rodríguez, AyS T 203, p 128; Carnelli, AyS T 65, p 317; Lagger, AyS T 255, p 235; Elizondo, AyS T 270, p 357; Gioielli, AyS T 270, p 367.
Malversación de caudales públicos, peculado, malversación de bienes privados equiparables a públicos, universidades nacionales, Universidad de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: PARDAL, E. s/ MALVERSACION CAUDALES PUBLICOS - PECULADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Constituye el delito de malversación de caudales públicos la conducta del procesado funcionario de la Universidad de Bs. As. en los términos del art. 77 C.P. que tenía a su cargo la administración de bienes y servicios vinculados con su área, que utilizó en su provecho bienes y servicios del organismo; excluyéndose el encuadramiento en la figura del art. 263 C.P., dado que éste entiende la órbita de protección del título XI del Cód. penal, por mera equiparación, a los establecimientos de educación privados, no a los públicos, que se hallan amparados por la norma del art. 261 cód. cit.
Jerarquía de las leyes, ley provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, EMILIO ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-17

Como ya lo ha sostenido esta corte, "...reconocer a las Municipalidades y Comunas la facultad de incorporar o no, mediante actos propios, normas provinciales, por sí mismas aplicables en ese ámbito a su ordenamiento, constituiría una verdadera subversión institucional porque se desconocería, por una parte, el sistema de graduación jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo Provincial, y por otra, toda vez que algunos entes podrían asumir dichas normas y otros no, se produciría una anarquía normativa inaceptable con violación, incluso, del principio de igualdad...".
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Juan Severo c/ Arenas, Jorge Samuel s/ Accidente de trabajo Rossi, Lucio c/ Emeca S.A. Ind. y Com. y otro s/ Despido Muñoz, Osvaldo c/ Grisolía, Jorge y Cía. S.R.L. s/ Accidente de trabajo Ochoa, Florentina Beatriz c/ Ferraris, Norberto Angel s/ Indemnización por accidente Alberti, Luis c/ Cristalux S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30|1992-11-03|1996-04-09|1990-03-27|1996-06-04

El art. 1113 del C.C. después de la reforma de 1968, no incorporó un sistema de responsabilidad que contemple el denominado riesgo de autoridad o profesional, que si está previsto por la ley 9688. Se limita a receptar la responsabilidad basada en el riesgo creado que se aplica solamente cuando media intervención de una cosa, en cuyo caso responde el dueño o guardián, pero no se extiende a supuestos diferentes, como al antes aludido.
Sentencia arbitraria, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Orozco, Vicente Marcelo y Otra c/ Sergio Gianmarco y/o Superior Gobierno de la Provincia y/o Caja de Seguros S.A. s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-05

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que condenó a una empresa aseguradora por los daños derivados de un transporte benévolo o de cortesía, pues del análisis circunstanciado de la resolución no se evidencia desacierto u omisión que configure el extremo necesario para ser tachada de arbitraria, teniendo en cuenta que la misma aparece ajustada a derecho, tanto más al contar con fundamentos suficientes en concordancia con la prueba rendida y valorada por el principio de la libre convicción y sana crítica racional, lo que impide que sea descalificada como acto judicial.
Derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio y otros c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-28

La mera referencia a principios y preceptos constitucionales, sin un adecuado desarrollo que los vincule con las cuestiones debatidas en el proceso, carece de entidad para que se considere que la controversia trató "sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución" (art. 113, inc. 3, CCBA).
Medidas cautelares, proceso penal, asistencia alimentaria, comedores comunitarios
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Ministerio de Capital Humano c/  s/ medidas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-05

La adopción de una cautelar anticipada se encuentra condicionada a la existencia de peligro en la demora y verosimilitud del derecho, y en el ámbito penal, este último extremo se encuentra enlazado a la hipótesis delictiva sobre la que reposa la investigación, en el caso, vinculada a la presunta suspensión ilegítima de la asistencia alimentaria que se brindaba a comedores comunitarios de todo el país.
Concursos, bienes del fallido, locación, bienes muebles, aparato de aire acondicionado, conservación de la posesión, mejoras
Materia: COMERCIAL
Carátula: RECOL NETWORKS SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Del dictamen fiscal 92634:

Resulta improcedente que la titular de dominio de un inmueble alquilado a la fallida, se oponga a la inclusión de ciertos equipos de aire acondicionado en el activo de la deudora, con base en que los aparatos forman parte del inmueble como mejora útil incorporada y, que las partes en el contrato habían convenido en que cualquier mejora introducida por la locataria que hubiera sido autorizada por la locadora, se incorporaría al inmueble, sin que el inquilino tenga derecho a reclamar indemnización. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que la oponente no demostró que los equipos de aire acondicionado constituyen mejoras del inmueble; ya que, para incluirlos en esta categoría no basta con que los referidos artefactos aumenten el valor locativo del edificio y sean objetivamente aprovechables. Se requiere también que tengan aptitud para transformarse en accesorios del bien y ello implica una condición física o material de permanencia, estabilidad e inamovilidad, de la que carecen los citados objetos, que son, por definición, movibles o removibles, máxime cuando se trata de equipos denominados "split", los cuales, como es sabido, no necesitan excesiva modificación de las paredes del inmueble para su instalación.
Regulación de honorarios, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Claudio Alejandro c/ Gómez, Enrique Francisco s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-15

La regulación de honorarios consentida o firme supone un derecho patrimonial para el profesional beneficiario, que se traduce en un crédito por la obligación de pago de una cantidad líquida. Cuando existe imposición de costas, esa cantidad de dinero líquida es susceptible de ejecución (conf. art. 483 del C.P.C.). Incluso cuando se trata de una regulación provisional de honorarios (art. 224 de la ley 2150), deben estimarse en una determinada suma de dinero pues, aunque no exista aún condenación de costas el profesional siempre estará en condiciones de reclamarlos inmediatamente a su cliente en caso de apartarse del patrocinio o representación.
Juicio ejecutivo, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata c/ Talleres Martins SAI y C. s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-12

Tratándose de la ejecución forzada de una obligación en moneda extranjera, de acuerdo al nuevo texto de los arts.617 y 619 del Código Civil, según la Ley 23928, su cumplimiento debe perseguirse en la especie de manera comprometida por el deudor en tanto dichas normas han tenido la virtualidad de derogar el impedimento que para así hacerlo consagra el art.518,último párrafo, del Código Procesal.

Ello impone, dando coherencia al reclamo, que todas las implicancias derivadas en el curso del proceso (art.77 Código Procesal) se expresen en tal misma moneda, sin perjuicio de las excepciones fundadas en razones prácticas, como en el caso de la Tasa de Justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Evasión previsional, elemento objetivo, elemento subjetivo, personalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: PAPETTI S.A.I.C. s/ sobreseimiento Causa 11.234
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

De acuerdo con el peritaje practicado y la declaración prestada por el imputado, surge que el mismo contaba con los medios como para afrontar las cargas sociales, sólo que optó por pagar otras obligaciones y gastos. La expuesta conducta, no resulta una mera formalidad o circunstancia objetiva, sino que implica una conducta tendiente a desviar los fondos que habrían sido retenidos, es decir, que no resulta violentado el reconocido principio de personalidad de la pena en cuanto señala que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto subjetivamente u objetivamente.
Constitución Nacional, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Cangelosi Daniel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

De acuerdo con la interpretación auténtica efectuada por los miembros del Congreso Constituyente de 1853 al aprobares el dispositivo que hoy configura el art. 75 inc. 12 de la ley fundamental, salvo supuestos donde la norma substantiva se encuentra condicionada para su eficacia por un determinado tipo de acción, pertenece a las Provincias legislar en todo lo concerniente a la materia procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Di Vietri, Miguel Angel. c/ Hisisa Argentina S.A.I.C.I.F s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

Se llama absurdo a lo que escapa a las leyes de la lógica formales y las transgrede; a lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio.
Recurso de apelación (procesal), medidas para mejor proveer, facultades ordenatorias
Materia: CIVIL
Carátula: Capurro, Gustavo Martin c/ Vignolle, Jesica Raquel y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que, en el marco de una ejecución de un pagaré, solicitó al accionante que alegara si la parte demandada era un consumidor en los términos de la ley 24.240 o un comerciante, debiendo en este caso probar dicha circunstancia en el plazo de cinco días, pues las decisiones que dictan los jueces en uso de sus atribuciones ordenatorias e instructorias no son pasibles de impugnación, en tanto el despacho de este tipo de medidas no causan instancia e inclusive pueden dejarse sin efecto sin oír a las partes, pues son privativas de los judicantes. (Del voto en disidencia del Dr. Monterisi)
Notificación, validez de los actos procesales, domicilio especial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roca Alejandro Oscar c/ Crostan Alejandro y otro s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

El principio básico en esta materia es que toda notificación inicial del proceso debe hacerse en el domicilio real. Este principio cede ante la existencia de un domicilio de elección o convencional, siempre que su constitución resulte fehaciente. Uno de los efectos de la elección de un domicilio especial contractual es que allí deben notificarse las demandas pertinentes, aun cuando el instrumento que lo registra sea privado pues de otro modo esa cláusula perdería su significación y en consecuencia, es válida la notificación realizada en el domicilio de elección constituido en documento privado en tanto no se desconozca su autenticidad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)