Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05


Buenos Aires, 5 de abril de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Marcelo Ruarte, presidente de la "Cooperativa de Trabajo Buenos Aires", interpuso recurso de queja (fs. 26/29 vta.) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 64/65 vta.), por la cual se declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado (fs. 56/62) contra la sentencia que confirmó la decisión de la jueza de primera instancia en cuanto ordenó la clausura preventiva del inmueble donde funciona la cooperativa ya nombrada (fs. 36/42 vuelta).

La medida cautelar que, en definitiva, cuestiona el recurrente, se adoptó durante el trámite de una causa contravencional en la que se investiga la supuesta violación de una disposición administrativa que impediría el funcionamiento del "Hotel Bauen", ahora administrado por la "Cooperativa de Trabajo Buenos Aires" (fs. 36/37).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, el Sr. Ruarte sostuvo que los camaristas habían tomado una decisión que carecía de sustento fáctico y jurídico; por ello, tildó la sentencia de arbitraria.

3. Los miembros de la Sala II rechazaron el recurso de inconstitucionalidad por una sola razón: afirmaron que éste resultaba extemporáneo debido a que, si bien había sido interpuesto dentro del término de diez días que fijan las normas aplicables, fue presentado ante este Tribunal Superior de Justicia y no ante la Cámara de Apelaciones -"tribunal superior de la causa", cf. art. 28, ley n° 402-, donde ingresó una vez vencido dicho plazo.

4. En su recurso de queja ante el TSJ, el recurrente sostiene que el rechazo dispuesto por los jueces adolece de un rigorismo formal que afecta ilegítimamente los derechos constitucionales de los ciento veinte miembros de la cooperativa. Para fundar este punto, expresa que la presentación del recurso en la sede del TSJ se debió a un error de la letrada patrocinante -surgido de su interpretación de la ley n° 12- cuyas consecuencias de ningún modo deben recaer sobre los trabajadores nucleados en este emprendimiento.

5. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida (fs. 69/71), compartió la decisión de los jueces de Cámara. Consideró, por lo tanto, que la queja debía ser rechazada porque el recurso de inconstitucionalidad que pretende defender arribó a la Cámara una vez vencido el plazo de diez días que fija la ley n° 402. En este sentido, entendió que la presentación extemporánea fue exclusiva responsabilidad de la parte recurrente, por lo que ésta debía afrontar sus consecuencias.

Por último, sostuvo que -de todas maneras- el recurso de inconstitucionalidad tampoco podría prosperar en razón de que no logra articular un caso constitucional concreto, sino que se limita a la mera enunciación de garantías y principios constitucionales.

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto ante este tribunal dentro del plazo que fija el art. 33, ley n° 402. Asimismo, contiene una descripción de los hechos principales de la causa y critica la resolución de la Cámara que denegó el recurso de inconstitucionalidad intentado.

2. La queja de la defensa logra demostrar que la decisión de la Cámara de Apelaciones que denegó el acceso a esta instancia adolece de un excesivo rigor formal.

Efectivamente, el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en la mesa de entradas de este Tribunal Superior antes de que venciera el plazo de diez días fijados por la ley (fs. 56 y 64). Sin embargo, los integrantes de la Sala II lo declararon inadmisible únicamente porque la presentación -pese a haber sido recibida por el TSJ dentro del plazo legal- arribó a la Cámara una vez superado el término que establece la norma aplicable (fs. 65).

3. Ahora bien, como señalé, el escrito en cuestión fue recibido dentro del plazo legal por quienes -en definitiva- son competentes para analizar los agravios sostenidos (y no frente a jueces que carecen de toda vinculación con la causa) y, a su vez, arribó a la Cámara sólo dos días después de que venciera el mencionado término. En estos supuestos, los jueces deben apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de los acusados respecto de las leyes, o del descuido de su defensor (pauta fijada por la CSJN en Fallos 5:459, y retomada en Fallos 310:1934, 311:2502, 314:1514, 314:1909, 315:2984, 319:192, 320:854, 320:1824 y voto en disidencia del juez Bossert en 323:1440).

En este sentido, creo oportuno mencionar que la interpretación de las reglas procesales, particularmente en materia penal-contravencional, será compatible con los principios constitucionales si permite el ejercicio de una adecuada defensa; resulta inválida, entonces, la utilización automática de disposiciones infraconstitucionales que frustren aquel derecho.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la queja y revocar la resolución de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 618/624 vta., autos principales).

4. Sin embargo, el examen de admisibilidad que realizó la Sala II resulta provisorio, ya que es el Tribunal el órgano que (queja mediante) debe realizar la evaluación final del recurso. Por lo tanto, debe verificarse en este punto -y de manera definitiva- si el recurso de inconstitucionalidad presentado, más allá de las inválidas razones que dio la Cámara para denegarlo, cumple o no con los demás requisitos que fija la ley n° 402 para ser considerado admisible.

5. Cuando expresé las razones por las que considero que corresponde hacer lugar a la queja, dejé sentado que el recurso de inconstitucionalidad había sido presentado en cumplimiento de los requisitos de forma fijados en el art. 28, ley n° 402 (interposición por escrito, tiempo oportuno y lugar).

No obstante, al continuar con el análisis de las demás condiciones de procedencia (fijadas en el art. 27, ley n° 402) se advierte que el recurso de inconstitucionalidad no se dirige contra una sentencia definitiva -o resolución que le sea equiparable- dictada por el tribunal superior de la causa.

Al respecto, este Tribunal ya sostuvo en reiteradas oportunidades que -por regla- las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402 (cf. "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte n° 3338/04, resolución del 01/12/04 y sus múltiples citas).

El recurrente sostiene, resumidamente, que el Poder Judicial local practicó una irrazonable clausura preventiva del edificio en donde funciona la cooperativa; asimismo, expresó que esta medida afecta el derecho constitucional a ejercer industria lícita de los miembros de la asociación y desconoce que la Ciudad debe proteger el trabajo en todas sus formas. En el mismo sentido, entendió que la resolución atacada se apartó del mandato constitucional que obliga al estado a asegurar el ejercicio de los derechos constitucionales, eliminar barreras que impidan el desarrollo humano y económico, y dar protección y estímulo especial a las asociaciones cooperativas y al sector del turismo. Sin embargo, los argumentos que presentan los afectados no son suficientes para dejar de lado el criterio general fijado por el TSJ.

Por otra parte, no puedo dejar de señalar que la medida cautelar dictada ordena el cierre -sólo hasta que se desarrolle el debate- de un edificio que no cuenta con habilitación para funcionar como hotel de pasajeros; este elemento no hace más que obligar a los recurrentes -aún más que en otro tipo de casos- a demostrar de manera contundente que la decisión impugnada les provoca un agravio que no puede repararse durante el curso del proceso, o eventualmente en un posterior juicio contra el Estado local. En consecuencia, el recurso de inconstitucionalidad debe ser declarado inadmisible.

6. En atención a la procedencia de la queja, no corresponde intimar a la integración del depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

7. Por las razones expuestas voto por: hacer lugar a la queja y declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nro. 402) pero no puede ser admitida toda vez que la resolución de la Sala II que denegó la vía extraordinaria resultó acertada. Es sencillo, el recurso de inconstitucionalidad que se defiende en esta oportunidad arribó al "tribunal superior de la causa" (que dictó la resolución cuestionada, cf. art. 28, ley nro. 402) fuera del plazo legal para hacerlo, y aquel vicio no pudo sanearse frente a la errónea interposición ante estos estrados -se presentó el décimo día en el TSJ-, pues una mínima diligencia (como la previa lectura de las leyes aplicables) hubiera bastado para sortear cualquier posible confusión. En definitiva, en este caso, se configuró un error inexcusable y sus consecuencias deben pesar, necesariamente, sobre quien incurrió en él. No cabe apartarse del rigor del derecho o subsanar los descuidos de la letrada defensora, pues tal temperamento podría conducirnos a suplir su actuación, incluso, en la carga de argumentar sus pretensiones. La formalidad legal que rodea la deducción de los recursos hace precisamente a la seguridad jurídica y otorga certidumbre acerca de la conducta procesal que asumen los distintos sujetos involucrados, redundando, finalmente, en su propio beneficio. Si bien he aceptado que, "a fin de evitar situaciones que potencialmente frustren derechos constitucionales, ha de tenerse por presentado el recurso en el tiempo y forma en la que fue interpuesto ante este Tribunal" (en esta especial materia contravencional y de faltas: "Benegas, Miguel Maximiliano s/recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 16/99, resolución del 18/03/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 31 y ss.; "Transporte 22 de Septiembre s/recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 19/99, resolución del 31/03/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, 2001, p. 43 y ss.; "Arias de Álvarez, Lidia s/art. 47 s/recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 132/99, resolución del 27/10/99 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, , p. 573 y ss.), ello obedeció a las eventuales dudas que generaba la redacción e interpretación -literal- de las normas que hasta aquel momento regían esta cuestión (art. 53, ley nro. 12 y art. 26, ley nro.

7). Sin embargo, en la actualidad, a partir de la entrada en vigencia de la ley nro. 402 (publicada en el BOCBA N° 985 del 17/07/2000), es improcedente continuar admitiendo aquella "situación de excepción" puesto que llevaría a desnaturalizar el alcance y contenido de las normas en juego. Por lo tanto, tal como lo sostuvo el Fiscal General Adjunto, la ley nro. 402 clarificó los conceptos relativos a los plazos y a los modos de interposición y, al presentarse el recurso en un tribunal diferente al mencionado en el (claro) art. 28, se "asumió el riesgo derivado del tiempo que insumiría la llegada del escrito de interposición hasta este último" (fs. 70 vta.).

Cabe resaltar que el presente sumario no guarda similitud con aquel que suscribiera -junto a mi distinguido colega, José O. Casás- en autos "OSBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Scurzi, Delia Liliana c/ OSBA s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nro. 2518/03, resolución del 19/11/03. Ello así, puesto que no se advierten circunstancias excepcionales que permitan aseverar que se indujo a un error al impugnante -en aquel caso el recurrente presentó el escrito en la unidad judicial que le había notificado la decisión que pretendía recurrir y donde se encontraba el expediente- y, en consecuencia, la falta de presentación bajo las formas prescriptas sólo le es imputable a aquél.

Por lo demás, no logro comprender la supuesta confusión alegada por el quejoso para justificar su yerro: "un error interpretativo basado en la lectura literal de una norma aplicable no puede devenir en una negación de justicia" (fs. 27vta., la cursiva es propia). Ni bien se lee el recurso de inconstitucionalidad se advierte que él aparece fundado en el art. 61.3 LPC (fs. 19), es decir, en los términos de un precepto que no resultaba aplicable en razón de la materia -resulta claro que el objeto procesal de este caso no se relaciona con ninguno de los tipos penales cuyas competencias fueron transferidas por la ley nro. 597 (cf. art. 55 LPC)-. En consecuencia, y aún si se intentara "reparar" el descuido 'formal' del recurrente en cuanto al lugar de presentación, de estarse a la óptica que propuso en su queja como paliativo de su omisión -la lectura literal de la ley nro. 12 aislada del resto del ordenamiento (vgr. ley nro. 402)-, la presentación fue deducida en forma extemporánea, pues el art. 53 LPC, que sí se ajusta a la materia, prevé (literalmente) un plazo de 5 días para interponer "ante el Tribunal Superior de Justicia los recursos previstos en los incisos 4to. y 5to. del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Ciertamente, la ley nro. 402 reguló los aspectos generales del recurso de inconstitucionalidad -básicamente: forma, tiempo y lugar- y optó por extender tal término ("Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Prodan, Eduardo Emilio s/ art. 38 CC'", expte. n° 1560, resolución del 16/07/02 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. IV, ps. 318 y siguientes). Empero, desde el plano lógico de su argumentación, si invoca el desconocimiento de ésta última norma (error de derecho), no puede válidamente ampararse en el plazo que ella establecía para deducirlo (10 días) o, menos aún, resguardarse en aquellos preceptos que jamás gobernaron el caso -adviértase que en su queja insiste en fundamentar su posición sobre la base del citado art. 61.3 LPC; ver fs. 27- bajo el aparente pretexto de haber realizado una supuesta 'interpretación fiel', que no fue tal. En suma, en estos términos, su excusa pierde seriedad tan pronto se comienza su lectura. Entonces, el rechazo del recurso de inconstitucionalidad por intempestivo no obedece a un exceso de rigor formal ni a la utilización automática de normas infraconstitucionales, sino que, claramente, reconoce su causa en los principios generales del derecho: "las leyes se presumen conocidas desde su publicación" y su ignorancia no sirve de suficiente excusa (derivados de los arts. 1, 2, 3 y 20 del Código Civil) pues, cuanto mayor es el conocimiento, mayor es la diligencia exigible (art. 902 ibidem).

2. Estas consideraciones me eximen de analizar los restantes puntos de la presente queja, y, en concordancia con lo expuesto por el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por rechazar el recurso intentado.

3. En cuanto al depósito del art. 34 de la ley nro. 402, corresponde intimar su integración bajo apercibimiento de ejecución.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Coincido con el voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz en que, una vez que el Juez Maier, obrando por el TSJ, optó por remitir el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, entregado en esta sede en lugar de serlo al tribunal ante el cual debía ser hecha la presentación, durante el transcurso del décimo día computable a partir de la notificación de fs. 613 de los autos principales, constituye un rigor formal excesivo tomar como oportunidad de la presentación la fecha en que el TSJ la hizo llegar al a quo, y no aquella anterior y temporánea en que fue aquí recibido.

2. La recurrente le imputa al a quo haber fallado en forma arbitraria. Sostiene que, la clausura preventiva impuesta a su representada en los términos del art. 29 de la LPC configura una violación de sus derechos constitucionales que le provoca un daño no susceptible de reparación ulterior. Esto estaría determinado por la imposibilidad de que los miembros de la cooperativa de trabajo continúen con el desempeño del cual obtienen su sustento diario. De esta circunstancia derivan la naturaleza equiparable de la decisión recurrida, una clausura cautelar, con la sentencia definitiva contra la cual puede ser deducido el recurso de inconstitucionalidad.

3. Estas actuaciones fueron promovidas a instancia de la titular de la Fiscalía n° 3 por "(...) presunta violación de la clausura impuesta por la Dirección Gral. de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (...) en el sector PASTELERIA (1º subsuelo) y COCINA (2º piso) del inmueble sito en la Av. Callao 346/60 de esta Ciudad (...)" (fs.100/101, autos principales). A fin de constatar dicha situación la fiscal peticionó que se librara orden de allanamiento para obtener las pruebas pertinentes (fs. 100/101, autos principales). Arribado el expediente al juzgado contravencional, y antes de proveer lo solicitado por la fiscal, la jueza de grado ordenó librar oficio al juzgado comercial nro. 9. En base al informe enviado por dicho juzgado, la fiscal entendió que "(...) a la grave situación expuesta al solicitar la primigenia orden de allanamiento (esto es, la presunta violación de clausura en el sector cocina), se suma ahora la comisión de la violación de la clausura de todo el inmueble (...)", por lo que peticionó que se ampliara a todo el inmueble aquella primera orden de allanamiento, con el objeto de constatar la contravención, y en su caso, reimplantar las fajas pertinentes (fs. 210/211, autos principales). Una vez realizada la medida, la fiscal tuvo por acreditado que el inmueble se encontraba en pleno funcionamiento, en flagrante violación a lo dispuesto por el art 73 de la ley n° 1472, por lo que solicitó la clausura total en los términos del art. 29 de la LPC (fs. 248/250, autos principales). La jueza de grado dispuso la medida peticionada por la fiscal que fue confirmada por la Cámara.

Por su parte, la clausura cuya violación se analiza habría sido impuesta, según las referidas afirmaciones de la Fiscal (fs. 100/101 y 210/211, autos principales), por la Administración en ejercicio de funciones propias, de naturaleza, por cierto, administrativa. Surge de la medida judicial aquí cuestionada que la decisión administrativa, presuntamente transgredida, se fundó en los arts. 2.1.8., 2.1.9. parr. 3° de la Ordenanza nro. 44.947 (B.M. 19.045) y Ordenanza nro. 41718/86 Anexo I, capítulo I, art. 2 y las potestades otorgadas por la resolución 13/SG/96 (BOCBA n° 41) y los decretos n° 654/GCBA/00 y 18/GCBA/99 [BOCBA 1190 y 611 respectivamente] (fs. 444/450, autos principales y expte. adm. n° 233875/DGB que corre agregado por cuerda). Esa clausura judicial buscó apoyo en las irregularidades informadas a raíz de la inspección ocular llevada a cabo en el Hotel Bauen, en el marco del proceso contravencional que motiva este expediente. Tales irregularidades, según el pronunciamiento impugnado, configurarían las hipótesis de peligro que, con arreglo al art. 29 de la ley n° 12, suscitan la facultad ejercida. En tal sentido, la cámara valoró el informe producido por la Superintendencia Federal de Bomberos que daba cuenta de un gran número de irregularidades en materia de seguridad y salubridad (vgr. falta de visualización de la llave de incendio signada con el nro. 24 y la llave signada con el nro. 26 se encontraba dentro de un office de planta baja, ausencia de visualización de la boca de impulsión en la fachada o vereda del hotel, ausencia de extintores en algunos sectores, el salón de fiestas privadas ubicado en planta baja no posee la cantidad de matafuegos necesarios, ausencia de sistema de iluminación de emergencia de encendido automático en caso de emergencia, inexistencia de señalización de medios de salida, existencia de cables expuestos entre otras). En palabras del a quo: "(...) del análisis y luego de la descripción efectuada (...) estamos en condiciones de definir, con relación a la exigencia del inminente peligro para la salud o seguridad públicas, que se encuentran comprometidas las condiciones de seguridad y funcionamiento del hotel en cuestión, siendo preciso señalar que para la adopción de la medida cautelar prevista en el art. 29 LPC no es necesaria la certeza de la materialidad de los hechos y la responsabilidad del comprendido por aquella, sino la verificación de que la conducta que se erige en objeto del proceso contravencional pone en riesgo o inminente peligro la salud o seguridad pública (...)".

4. El recurso interpuesto impone precisar el alcance de la potestad del juez contravencional para disponer una clausura preventiva. El art. 29 de la LPC establece "Cuando el Juez o Jueza verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o seguridad pública, puede ordenar la clausura preventiva del lugar, limitándola al ámbito estrictamente necesario, hasta que se reparen las causas que dieron motivo a dicha medida, y sin que ello impida la realización de los trabajos necesarios para la reparación (...)".

La regla debe ser cuidadosamente interpretada a fin de no superponer el ejercicio de la función jurisdiccional con la administrativa. En el caso, según señalé, la administración ya había ejercido la propia. Precisamente, la contravención investigada consistía en la violación de la clausura dispuesta en ejercicio de aquella función administrativa. La protección brindada por la clausura administrativa, en principio, no exigía del juez más que su reposición para neutralizar los peligros causados por las irregularidades constatadas en el Hotel Bauen (cf. fs. 210/211 y 248/250, autos principales). El pronunciamiento judicial impugnado se superpone con la interdicción de las actividades alcanzadas por la disposición administrativa supuestamente violada, porque justamente vino a superponerse con el control que la Administración ya había ejercido al emitir el acto de clausura. La existencia de una facultad judicial con tal alcance no encuentra respaldo en las previsiones del art. 29 de la LPC.

Asumir lo contrario implicaría aceptar que el legislador quiso atribuir el ejercicio de la función administrativa, de manera simultánea, al poder ejecutivo y judicial, sin respetar el reparto de competencias que la CCBA atribuye a cada uno de ellos. Esa distorsión a la que se sometería el sistema queda en evidencia cuando se analizan las consecuencias concretas que podría producir. Así, por ejemplo, sería posible que aunque la administración finalmente habilitara la prestación de los servicios en cuestión, pesara de todos modos sobre ellos la prohibición dispuesta por la justicia contravencional, decidida por motivos que sólo correspondía a la Administración evaluar y, en su caso, al fuero CAyT controlar a instancia de parte legitimada. A su vez, visto desde el ángulo opuesto, el levantamiento de la clausura judicial, en tanto ella habría sustituido a la administrativa en vez de restituirla, provocaría que la finalidad perseguida por la administración quedara en la práctica desatendida o directamente anulada sin el proceso pertinente (vgr. revocación en sede administrativa o sentencia judicial del fuero competente según el caso). Un ejemplo de empleo legítimo de la facultad del art. 29 LPC sería aquel en que se promueve ante el juez contravencional acción por omitir recaudos de organización y seguridad en espectáculos artísticos o deportivos (art. 96 CC). Una clausura preventiva de la especie que consideramos, previa constatación de un peligro inminente, no un mero riesgo, sería presumiblemente justificada, en tanto el juez es el órgano del estado que toma contacto con el problema, y sin perjuicio de lo que competa hacer a la autoridad administrativa al tiempo que tome intervención. Esa medida no sustituye ni interfiere con la actuación administrativa que, en nuestro ejemplo, no estaría en curso; aunque, naturalmente, es la autoridad administrativa la que puede expedirse acerca de cuáles son las medidas de seguridad exigibles en una actividad de esa especie. Precisamente, el art. 96 del CC sanciona a quién omite cumplir "(...) los recaudos de organización exigidos por la legislación vigente o por la autoridad competente (...)" en materia de espectáculos artísticos o deportivos. En el ejemplo propuesto, el peligro estaría originado en la contravención cuya eventual sanción corresponde privativamente a la justicia contravencional. En cambio, en el sub lite los servicios cuya prestación, en las condiciones verificadas por el juez contravencional, resultarían riesgosos, ya habían sido prohibidos por la clausura administrativa presuntamente transgredida. Mientras que la medida de seguridad omitida (art. 96 CC), por un lado, genera de manera directa los peligros que la clausura preventiva conjuraría, por otro, es el objeto específico del proceso sobre el que deberá expedirse necesariamente la sentencia definitiva. En el caso de autos, en cambio, el peligro que la clausura judicial pretende evitar soslaya que el hotel ya estaba clausurado -en relación con las actividades productoras del riesgo-, por la administración, en ejercicio de competencias propias y distintas de la que suscita la contravención sobre la que el juez fue llamado a pronunciarse. Resulta indisputable que la ausencia de matafuegos o la carencia de iluminación de emergencia carecen de relevancia para determinar si se tiene por configurada la violación de clausura, cualquier consideración que pudiera hacerse en relación con las irregularidades detectadas nada aporta respecto de la verificación de la contravención investigada; en todo caso, ellas, podrían ser tenidas en cuenta a los fines de cuantificar la pena.

5. En definitiva, el ejercicio de la potestad prevista en el art. 29 de la LPC queda supeditado a que el ejercicio de la función judicial no se superponga con la administrativa, y a que el peligro inminente que amenaza la salud o seguridad pública provenga directamente de la contravención investigada. La aplicación del artículo mencionado, por regla, requiere la verificación de que la contravención investigada ponga en inminente peligro la salud o seguridad pública, y que no interfiera con el ejercicio de una competencia reconocidamente administrativa. De ahí que cuando la clausura está dispuesta por la Administración, no cabe que el juez contravencional la revise a propósito de establecer si corresponde o no disponer la medida del art. 29 de la LPC. Tampoco que revise por esta vía un eventual levantamiento. En cambio, cuando la Administración no ha tomado intervención en el caso y, en consecuencia, la competencia administrativa no ha sido ejercida, como en el supuesto de violación del art. 96 del CC al que me referí más arriba, compete al juez disponer la medida que el proceso contravencional en curso requiera, sin perjuicio de que la Administración acuda y aplique sus facultades ulteriormente. Resumiendo, desde tal perspectiva no podría el juez contravencional levantar una clausura dispuesta por la autoridad administrativa con base en que no concurren las exigencias del art. 29 comentado. Tampoco mantenerla, si es decisión de la Administración eliminarla. En el caso de autos, si restituir la disposición administrativa presuntamente violada resultaba suficiente para conjurar los peligros invocados por los jueces de mérito, no podían ellos recurrir al art. 29 de la LPC para ratificar (tampoco modificar y menos levantar) una clausura administrativa cuyo control no les corresponde. La norma mencionada, está pensada para situaciones extremas y no otorga al juez contravencional potestades de clausura generales pues, si así fuera, vendría a transferir al poder judicial funciones administrativas, al margen de la distribución de poder prevista en la CCBA. El ejercicio de esas funciones administrativas por ambas ramas de gobierno en forma concurrente, importaría materializar una interferencia ilegítima del poder judicial en la esfera propia del ejecutivo, apta para perturbar el normal desenvolvimiento de la administración y alterar, además, el momento y la forma en que el legislador reglamentó su revisión judicial.

6. Lo expuesto no importa desconocer la legítima preocupación que generan las irregularidades halladas en el Hotel Bauen. Sin embargo, corresponde a la Administración evaluarlas y, en su caso operar al respecto. En efecto, surge del expediente que la recurrente estaría tramitando la habilitación para funcionar ante la autoridad administrativa. Entretanto, no cabe sino estar a lo que dicha autoridad tiene dispuesto. Así, dejar sin efecto la decisión impugnada no implica levantar la clausura dispuesta por la administración, sino aquella otra, preventiva, dispuesta por los jueces de mérito. 7. A esta altura de la exposición resulta que el pronunciamiento recurrido debe ser equiparado a uno definitivo en razón de constituir una ilegítima interferencia de la función judicial con las de la Administración, interferencia que redunda en un serio impacto sobre servicios personales de los socios de la cooperativa de trabajo que cabe presumir ostentan carácter alimentario.

En consecuencia, voto por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado y revocar la clausura dispuesta con sustento en el art. 29 de la LPC.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Comparto el criterio de mi colega preopinante, la Sra. jueza Ana María Conde, en el sentido de que la queja, aunque fue deducida en tiempo y forma (art. 33, ley nro. 402), no puede tener acogida favorable. En efecto, el recurso de inconstitucionalidad debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación del decisorio criticado (cf. art. 28, ley n° 402). Ninguna de estas exigencias para la procedencia de la vía impugnatoria intentada ha sido satisfecha por la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires: el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto ante el propio Tribunal Superior de Justicia dentro del plazo dispuesto por la normativa aplicable aunque, cuando la causa arribó a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas -el tribunal superior de la causa, art. 27, ley n° 402? (el 1/8/05) la presentación resultó extemporánea (la decisión de la Sala II de la Cámara se había notificado a la Cooperativa el 13/7/05).

Yo mismo dispuse la remisión del escrito a la Cámara de Apelaciones "para que ese tribunal resuelva aquello que considere pertinente" y fundé la remisión en el carácter erróneo de la presentación del recurso ante estos estrados -cf. fs. 643, autos principales, y la jurisprudencia del TSJ que cito?.

Sin embargo, existen razones de mayor peso para rechazar el recurso, que expondré en el número siguiente, ya que, al haber ofrecido el agravio por inconstitucionalidad dentro del plazo (según un punto de vista plausible), bien que con un yerro en el lugar de su ofrecimiento, tal error puede ser tolerado.

2. Como lo he sostenido reiteradamente, los pronunciamientos referidos a medidas cautelares no constituyen, en principio, sentencias definitivas, en los términos del art. 27 de la ley n° 402 (cf. mi voto en la misma sentencia que la Sra. jueza de trámite cita como precedente del Tribunal en una causa de rasgos similares a la que actualmente analizo, "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4? s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley n° 255 -apelación?'", expte. n° 3338/04, sentencia del 1/12/04. Más recientemente: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Soto, Pablo s/ infracción art. 41 CC - nulidad - apelación'", expte. n° 4030/05, sentencia del 3/8/05).

La recurrente tampoco acredita que la decisión de la Cámara genere un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, único supuesto en el que, para cierta doctrina, cabría equiparar una decisión interlocutoria a una sentencia definitiva. Sus afirmaciones relativas a la irrazonabilidad de la clausura preventiva del inmueble donde funciona la Cooperativa y demás argumentos orientados a mostrar la supuesta afectación de derechos constitucionales (como el de ejercer industria lícita), así como el presunto apartamiento de mandatos de igual jerarquía (como el de promover el desarrollo de las asociaciones cooperativas y el sector turístico) no se sustentan en una exposición satisfactoria. Ello es particularmente ostensible si se contrasta la argumentación de la recurrente con las irregularidades que se le atribuyen y se tienen por constatadas en la sentencia de primera instancia que dispuso la clausura preventiva del inmueble correspondiente al "Hotel Bauen", confirmada a fs. 488/491 por la Cámara, todas ellas referidas a las condiciones de seguridad y salubridad del inmueble clausurado, que lo ubica en "un estado de peligro cierto" (cf. especialmente fs. 445 vta./448 y las conclusiones del informe técnico legal a que alude la jueza de grado a fs. 446 vuelta).

3. Por las razones expuestas, y de conformidad con la solución que propicia en su dictamen el Sr. Fiscal General Adjunto (fs. 69/71), resuelvo rechazar la queja planteada por la Cooperativa de Trabajo de Buenos Aires.

4. En cuanto al depósito previsto en el art. 34, ley n° 402, corresponde intimar su integración bajo apercibimiento de ejecución.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad que la presente queja intenta sostener fue correctamente rechazado. En este sentido, comparto los desarrollos contenidos en el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto, doctor Luis Jorge Cevasco (obrante a fs. 69/71), pues de las constancias de la causa surge que el recurso de inconstitucionalidad aludido, luego de haberse presentado ante este Tribunal de manera incorrecta, arribó a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas una vez vencido el plazo de diez (10) días previsto en el art. 28 de la ley n° 402 .

En mi concepto, del texto legal aludido se desprende con nitidez que el recurso de inconstitucionalidad debe interponerse ante el mismo tribunal que ha dictado la resolución que se objeta (para el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas). Al mismo tiempo, se advierte que la falta de presentación en término del recurso "no es imputable a ningún sujeto más que a la misma recurrente" (del dictamen del Sr. Fiscal, a fs. 70 vuelta).

Por lo demás, cabe aclarar que no resulta aplicable al sub lite el criterio adoptado en la causa "OSBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Scurzi, Delia Liliana c/ OSBA s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. n° 2518/03, resolución del 19/11/2003. En aquella ocasión, en el voto que suscribí junto a mi distinguida colega, doctora Ana María Conde, sostuve que la aplicación literal del art. 28 de la ley n° 402 que regula la forma, plazo y trámite de interposición del recurso de inconstitucionalidad, revelaba un excesivo rigor formal que no se compadecía con un adecuado servicio de justicia y lesionaba los derechos al debido proceso y a la defensa en juicio (CN, 18; CCBA, 13, inc. 3). Ello así, debido a que en el expediente citado se desprendía de sus constancias que la Cámara había encomendado al juzgado de origen la notificación de su sentencia a las partes. Se dijo en aquel momento que la Cámara podría haber inducido a un error al recurrente, pues éste había presentado el escrito ante la unidad judicial que en definitiva le había notificado la decisión que pretendía objetar y donde físicamente se encontraba el expediente.

Toda vez que tales extremos no se verifican en este caso, dado que la recurrente presentó su escrito ante este Tribunal Superior de Justicia, aquel precedente no resulta aplicable. Como se dijo, de las constancias de la causa no surgen circunstancias peculiares que permitan aseverar que se ha inducido a un error al impugnante que lo condujera a interponer el recurso ante este estrado.

2. Sin perjuicio de lo expuesto, aún si se dejara de lado el defecto formal antes señalado, en atención a que el recurso de inconstitucionalidad incorrectamente presentado ante el Tribunal (antes de que venciera el plazo de 10 días exigido por la ley de rito) fue remitido por el juez Julio B.J. Maier a la Cámara, debe destacarse que la presente queja y el recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria la motiva, no se dirigen a impugnar un pronunciamiento definitivo, como lo exige el art. 27 de la ley n° 402. Coincido, entonces, con lo afirmado al respecto en el punto 5 del voto de la Sra. jueza de trámite, doctora Alicia E.C. Ruiz y en el punto 2 del voto de mi colega, doctor Julio B.J. Maier. Este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que "es regla general que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza" (in re: "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" expte. n° 2570/03 y su acumulado "Covimet SA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar'", expte. n° 2461/03, resolución del 17/12/2003; también in re: "Agencia Marítima Silversea S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa -incidente s/ medida de no innovar-'", expte. nro. 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279, "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en 'Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura- apelación'", expte. nro. 1215/01, resolución del 19/12/01 y "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255-apelación'", expte. n° 3338/04, sentencia del 1/12/04, entre muchos otros).

Desde esta perspectiva, se advierte que ni en el recurso de queja ni en el de inconstitucionalidad la interesada se ha hecho cargo de esta constante jurisprudencia del Tribunal. Y si bien podría argumentarse en el caso que el perjuicio estaría al menos insinuado desde el momento en que se expresa que la clausura preventiva del hotel impediría a los miembros de la cooperativa ejercer su derecho a trabajar, creo que tal situación no se ha confrontado en el recurso con una circunstancia relevante: el inmueble que nos ocupa, en definitiva, carece de la habilitación administrativa necesaria para funcionar como hotel, según los propios dichos de la recurrente (fs. 57 vuelta). Es cierto que también se ha expresado que en el edificio de Av. Callao 346/360 se desarrollarían otras actividades e incluso existirían sectores tercerizados. Sin embargo, esas "otras actividades" no se identifican en el recurso. Tampoco se expresa de qué manera concreta el menoscabo que supuestamente sufrirían esos "terceros" con la clausura preventiva repercutiría en los derechos de la cooperativa (fs. 58/9). En consecuencia, tengo para mí que esas escuetas afirmaciones, aisladas y genéricas, no resultan idóneas para acreditar la entidad o envergadura de los alegados perjuicios. En suma, no se ha demostrado en el recurso que la sentencia atacada deba equiparase a una decisión definitiva debido a que provoca un daño de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior.

Por las razones expuestas, y de acuerdo con lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General Adjunto, propicio rechazar la presente queja e intimar a la integración del depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

Así lo voto.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 26/29 vta. e intimar a los recurrentes para que en el término de cinco días integren el depósito exigido por el art. 34 de la ley nro. 402.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja, junto con las actuaciones principales, a la Sala II de la Cámara Contravencional y de Faltas.