Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04


Causa n° 6381/2013 C. E. c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/AMPARO DE SALUD Buenos Aires, 4 de junio de 2014.- SD VISTO: el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto y fundado por la sociedad anónima demandada a fs. 55/59vta.; cuya réplica fue presentada por la Sra. E. B. S., en representación de su madre -E. C.- a fs. 71/78vta. y por la Señora Defensora Pública Oficial a fs. 80., contra la resolución de fs. 45/46vta.; y CONSIDERANDO:

1) Que el señor juez hizo lugar a la medida cautelar impetrada en el escrito inicial, ordenando a Galeno Argentina S.A. arbitrar las medidas necesarias para garantizar a la Sra. E. C. -en el plazo de dos días- la cobertura de internación en la institución "SAN FRANCISCO", de acuerdo a los valores que surgen de la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y sus modificatorias que aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, conforme facturación que deberá ser presentada ante la demandada en la forma en que aquella tuviere prevista con los prestadores pertinentes, y ser abonada en el término de quince días de presentada cada factura, debiendo continuar en forma ininterrumpida cubriendo el costo de dicha prestación de acuerdo con las indicaciones del médico tratante, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo.

Además dispuso que, en el término de dos días, la empresa de medicina prepaga emplazada debía garantizar la cobertura integral del 100% de los medicamentos y pañales prescriptos por el profesional que atienden a la actora y continuar con su cobertura por el tiempo y condiciones que aquellos determinen.

2) Contra esta decisión se agravió la empresa de medicina prepaga quien interpuso recurso de reposición con el de apelación en subsidio conforme las quejas esgrimidas a fs. 55/59vta.. El magistrado rechazó la revocatoria articulada y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio por los fundamentos expuestos en la resolución de fs. 67.

Esencialmente la apelante destacó que se le impone otorgar en favor de la accionante una prestación de internación geriátrica que -según expuso- no se encuentra obligada a brindar, señalando que no se encuentra prevista en el programa médico obligatorio. Afirmó también que se ha discutido si la ley 24.901 es aplicable a las empresas de medicina prepaga, añadiendo que esa norma no ha sido reglamentada, por lo que no es operativa. Sin embargo, la misma recurrente invocó normas incluidas en "la reglamentación de la ley 24.901, aprobada por el decreto 1193/98", así como el nomenclador de prestaciones que contiene la resolución nº 428/99 del Ministerio de Salud. Además, arguyó que no participó de manera alguna en la decisión y sostuvo la inexistencia de criterio médico de internación. Invocó el carácter contractual de la relación que vincula a las partes.

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la hija de la beneficiaria en su representación a fs. 71/78vta. y por el Ministerio Público de la Defensa a fs. 80, quien adhirió a los fundamentos esgrimidos por la parte emplazante.

En primer término, sostienen la falta de crítica circunstanciada de la resolución cuestionada y solicitan que se declare desierto el recurso. Subsidiariamente, contestan los agravios de su contraria de conformidad con los argumentos allí expuestos.

3) En primer lugar, corresponde dejar aclarado que de fs. 55/59vta., apreciado en su conjunto, máxime, teniendo en cuenta el criterio amplio que propicia esta Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios por estimar que es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio, satisface la exigencia del art. 265 del ritual.

Sin perjuicio de lo cual, como se verá al analizar los agravios expuestos, es evidente que aspectos del decisorio del juez de grado han quedado firmes ante la ausencia de crítica concreta y razonada que requiere el dispositivo procesal citado (arts. 265 y 266 C.P.C.C.N.).

4) En segundo lugar, cabe señalar, que en los términos en que la cuestión se presenta, este Tribunal sólo analizará las argumentaciones que resulten adecuadas con el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida (confr. Corte Suprema, Fallos: 278:271; 291:390, entre otros). Y no aquellos que se vinculan con los aspectos sustanciales del proceso que se resolverán al estudiar el fondo del asunto.

Del mismo modo, resulta pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (CSJN, Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros).

5) Sentado ello, resulta necesario destacar que la emplazada no cuestionó que la accionante cuenta con 90 años de edad a la fecha (ver fs. 3/4); que es afiliada a la empresa de medicina prepaga cautelada (ver fs. 5); ni la condición de la beneficiaria que presenta sus capacidades disminuidas (confr. certificado en copia de fs. 3).

Está en debate, en cambio, el criterio médico de internación y la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la prestación a la amparista en una institución de tercer nivel con atención psiquiátrica, según surge de la opinión médica de las doctoras María Rosa Albelo y Elisa Norma Cortese, especialistas en geriatría y psiquiatría, respectivamente (ver fs. 8 y 10/11).

6) Que así planteada la cuestión a decidir, cabe señalar en primer término que la Ley 24.754 -en su artículo único- pone a cargo de las empresas o entidades de medicina prepaga coberturas análogas a las que deben brindar las obras sociales; que deben cumplir con el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901; la que, a su vez, resulta aplicable al "sub lite" en virtud de art.7º de la Ley Nº 26.682.

Ello establecido, conviene señalar que la ley 24.901 contempla -entre otras prestaciones- sistemas alternativos al grupo familiar. En el caso del hogar, su finalidad es brindar cobertura integral a requerimientos básicos esenciales, tales como vivienda, alimentación y atención especializada (art. 18).

Si bien es cierto que la norma establece que para ello es requisito que la persona con necesidades especiales no cuente con grupo familiar propio o que éste no sea continente, en el caso de autos es posible estimar -prima facie- acreditado que la internación de aquella no resulta ser una "elección" de la beneficiaria o su familia sino una consecuencia del avance propio de la enfermedad que padece.

De las evaluaciones médicas agregada a fs. 8 y 10/11 surge que los profesionales que la atendieron señalaron que la afiliada, como consecuencia de la enfermedad que padece -demencia de Alzheimer-, presentaba un deterioro cognitivo grave que requirió institucionalización. Particularmente, la Dra. Cortese especificó que la paciente comenzó a presentar cuadros de excitación psicomotriz con alucinaciones e ideas delirantes de perjuicio y trastornos de conducta que motivaron la necesidad de una internación ante el peligro que representaba para sí y para terceros. Además, informó que aquella presenta inestabilidad en la marcha y dependencia absoluta con el personal de enfermería para su supervivencia (alimentación, higiene y cuidado personal) (cfr. fs. 10/11).

Por su parte, los Dres. Tadeo Pedro Chilinski y Luis da Cunha recomendaron que la paciente permanezca en la institución en virtud de la buena adaptación a aquella. Asimismo, agregaron que no resulta aconsejable el cambio de establecimiento en este tipo de patología, ya que se malogra el breve avance terapéutico (ver fs. 12/13).

De lo precedentemente expuesto, y de acuerdo al estado inicial del presente proceso, se puede considerar que la familia de la actora no podría brindar la asistencia que ésta requiere en función de sus necesidades, lo que en principio podría configurar el supuesto de grupo familiar no continente y por ende, no es posible descartar que la cobertura reclamada se encuentre comprendida en las obligaciones que la demandada debe satisfacer, lo que lleva a desestimar la queja formulada al respecto, máxime cuando no media controversia sobre el diagnóstico de la señora C..

7) De conformidad con todo lo expuesto cabe concluir que resulta razonable mantener la tutela más amplia a favor de la afiliada, sobre todo ponderando los valores jurídicos en juego. No hay que perder de vista que en estos casos la intervención judicial debe priorizar por sobre intereses de orden patrimonial colectivos, aquéllos que cuentan con un mayor rango normativo, como son el derecho a la vida y a la preservación de la integridad psíquico-física, protegidos por los artículos 42 de la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conf. esta Sala, causas nros. 3.912/02 del 20.8.02; 5988/13 del 28.4.14; 6730/13 del 31.3.14 y 1405/13 del 18.3.14; entre muchas otras).

En las condiciones descriptas, ponderando que el juzgamiento actual de la pretensión es posible sólo mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo, y que de acuerdo con lo expresado se encuentran satisfechos los recaudos relativos a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora, es que los agravios de la recurrente deben ser desestimados.

Por lo expuesto, esta Sala RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto por Galeno Argentina SA a fs. 55/59vta. y por ende, confirmar la resolución apelada, con costas de alzada a la demandada vencida (arts. 69 y 68 del CPCyCN).

Difiérese la regulación de los honorarios profesionales para el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -BO 17.10.13-.

El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese a las partes -a la Sra. Defensora Oficial en su público despacho- y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA