marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inimputabilidad, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: C., M. A. - L. , L. A. s/ Homicidio agravado por el uso de armas (el primero) y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-23

Cuando el art. 34 inc. 6º letra a), del Cód. Penal contempla la "agresión ilegítima" se refiere a una conducta antijurídica, actual o potencial, que ocasiona peligro de daño para un derecho. Tal peligro es el suficiente riesgo de daño -para un bien jurídico- como para hacer racionalmente necesaria la defensa. Debe entonces tratarse de una agresión peligrosa para la integridad de un derecho. No es contradictorio referirse a una agresión futura como causante de peligro, pues es obvio que la inexistencia fáctica actual de la agresión futura no obsta la consideración jurídica de su potencial aparición. Así como el cuadro de hecho peligroso propio de una agresión actual podría consistir -por ejemplo- en que el atacante arrojara puñaladas al agredido, la situación fáctica peligrosa correspondiente a una agresión futura podría estar dada -también por ejemplo- en que quien luego fuera a agredir anunciara a su futura víctima, desde unos metros de distancia, que ha resuelto matarla y que para ello utilizara el arma que tiene entre sus ropas. Para habilitar la conducta defensiva se requiere un elemento presente -el peligro de que una agresión ilegítima dañe un derecho- que, a su vez, se refiere a una circunstancia futura -la producción del daño-.
Contrato de trabajo, presunciones, prestación de servicios, prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Britos, Hugo Angel c/ Villegas, Roberto y/o Panadería Virgen del Valle s/ Haberes impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-18

El antecedente de operatividad de la presunción del art. 23 de la L.C.T. es la prestación de servicios a favor de la persona o empresa a la que se le atribuye el carácter de empleador, lo que debe ser plenamente probado para su aplicación.

Es así que, si bien el hecho presumido por la ley debe ser aceptado por el juez y por todo el mundo como cierto sin necesidad de que esté probado -y mientras no se pruebe lo contrario (IURIS TANTUM)-, el hecho del cual se presume aquél y le sirve de antecedente sí necesita la plena prueba usual para que el juez lo considere cierto y pueda aplicar la presunción.
Prescripción de la acción penal, tesis del paralelismo, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: MANIERO, ROBERTO LUCIO s/ Cheque sin fondos Causa 27484
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-17

... "el sistema a aplicar a los fines de la prescripción debe ser el de "paralelismo", con respecto a las penas que corresponderían cuando concurran varios hechos, corriendo la prescripción separadamente para cada uno de los delitos, resultando la inaplicabilidad del art. 55 del Código Penal a los efectos de la prescripción del propio art. 62 que al establecer los distintos términos máximos para los distintos delitos, no admite como base para ello la pena resultante de la acumulación de distintas penas".
Inconstitucionalidad, legitimación activa, sentencia interlocutoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piantino, Gustavo Rafael Enrique y ot. c/ Municipalidad de Tigre s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal N° 3394/13 y Ordenanza Impositiva N° 3395/13
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Como regla bàsica, una cualidad que se identifique con el interés -generalizado y común- de toda persona en salvaguarda de la juridicidad o en el ejercicio regular de los cometidos estatales, no conduce, de suyo a legitimarla para recabar la tutela jurisdiccional, sin la necesaria densidad normativa que ligue su situación con el deber reputado incumplido o el principio o norma transgredidos, a no ser que la expansión de las atribuciones del Poder Judicial que de tal criterio derive desatienda que aquél tiene como función primordial, decidir casos o controversias, lo cual requiere que se persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: Ocampo, Ricardo A. s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Es ineficaz la denuncia de violación del art. 168 del Código penal pues el texto de la citada disposición legal no surge como exigencia típica la existencia de "perjuicio del patrimonio de la víctima de la acción extorsiva", como pretende la defensa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, gravamen eventual, gravamen irreparable, abogados, sanciones disciplinarias, Colegio Público de Abogados
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: LOAISA, ELEUTERIO F c/ MANTARAS, ENRIQUE O ITURRASPE, MARIA A s/ LABORAL. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 1653-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

No logra la compareciente persuadir de la existencia de un gravamen irreparable, que permita soslayar el requisito de definitividad de sentencia, con su argumentación sobre la prematura condena social y lesión a su buen nombre y honor, que le irrogaría, a su entender, la intervención investigativa del Colegio de Abogados. Antes bien, el perjuicio que invoca carecería de la actualidad requerida para sustentar el recurso de inconstitucionalidad, máxime, cuando ni tan siquiera se esfuerza por demostrar que dicha Institución hubiera dado inicio a actividad investigativa alguna al respecto.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz Vergara Emilio Fernando s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-15

Para la procedencia del motivo casatorio de Arbitrariedad, en menester que el Juez haya incurrido en manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica, a tenor de lo preceptuado en el art. 257 inc.º 4º del C.P.C.. Y esta manifiesta arbitrariedad se configura, cuando los sentenciantes del mérito han fallado infringiendo algún principio lógico o máxima de la experiencia, que conforma las reglas de la sana crítica a que alude la norma.

También el Tribunal Superior ha exigido reiteradamente que para la correcta deducción del recurso, se denuncien los principios lógicos o máximas infringidas por el Juez, se explicite la infracción y de que manera influyó en la decisión final, porque de lo contrario el recurso constituiría una simple discrepancia de criterio con el sustentado por los jueces.
Emergencia económica, derechos y garantías constitucionales, bancos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Si en épocas de normalidad un texto como el de la ley 25.466 hubiera representado una garantía excepcional para los titulares de imposiciones bancarias, al ponerlas al abrigo de toda modificación legislativa ulterior, dicha tutela adquiere un sobredimensionamiento aún mayor cuando fue expresamente reconocida en una etapa en que tradicionalmente los derechos son objeto de restricciones, lo que lleva a examinar con igual énfasis toda posible vulneración de las garantías constitucionales que se invocan como afectadas (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
Secuela de juicio, actos interruptivos, prescripción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D'Elía, Luis Ángel s/ incidente de prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

Se evaluó que la jurisprudencia mayoritaria del país asignaba efectos interruptivos al acto en cuestión (vid. el informe del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en los antecedentes parlamentarios de la ley 25.990, publicado en "Antecedentes Parlamentarios", LL-2005-A, p.225 y ss.).

En efecto, la jurisprudencia anterior, más allá de sus vaivenes en lo referente a la virtualidad de otros actos, coincidía, en general, en que sólo el primer llamado a prestar declaración indagatoria y no otros posteriores, constituía "secuela de juicio" (v. CCCFed., Sala I, c. N° 32.241, "Rodríguez, Osvaldo", rta.: 14/12/00; N° 26.602, "Carballo, Carlos", rta.: 14/3/96; N° 27.765, "Cobo, Juan Esteban s/archivo", rta.: 4/7/96; Sala II, c. N° 18.073, "Cartasegna, Rubén", rta.: 15/11/01, entre otras). Sin perjuicio de ello, un segundo llamado podía interrumpir la prescripción sólo cuando versara sobre hechos distintos a aquellos por los cuales se había cursado la primera (v. CCC, Sala I, c. N° 15.942, "Ferronato, Roberto", rta.: 12/10/01; N° 29.078, "Sánchez, Carlos A.", rta.: 29/6/06; CCCFed., Sala I, c. N° 29.036, "Huertas, Héctor", rta.: 16/4/98; 33.205, "Leutier, José R.", rta.: 16/8/01).

Tales precedentes no difieren con los motivos más arriba reseñados y que el legislador estimó para establecer taxativamente, como uno de los actos que interrumpen el curso de la prescripción, el primer llamado a prestar declaración indagatoria. Por otro lado, la doctrina anterior atinente a que, una nueva convocatoria en orden a hechos distintos conservaba efectos interruptivos tampoco se opone con la reforma, según la cual ".la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito.
Transporte aéreo, carta de porte, escalas, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Dragonetti de Román, Haydeé c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

No cabe predicar que la facultad prevista por el inciso c) del art. 8 de la Convención de Varsovia de que transportador pueda modificar las escalas, demuestre que su indicación en realidad no es relevante, cuando la norma exige expresamente su inclusión como una de las circunstancias relativas al transporte que debe contener el título respectivo (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Temeridad o malicia, multa procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MEDINA, IRMA ELENA c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

No encuentro razón suficiente para aplicar multas por temeridad o malicia a la demandada o al tercero, desde que no comportan tal ni el hecho de llevar desprolijamente la historia clínica ni el de haber interpuesto un recurso improcedente. Tampoco la circunstancia de que, a pedido de la actora, se dispusiese la reserva del expediente en Secretaría comporta una actitud maliciosa de la imputada, toda vez que no existe el menor elemento que demuestre la autoría de la sustracción de copias. Por lo demás, esta Sala observa un criterio estricto para la aplicación de sanciones a los litigantes por ser el que mejor se adecua a un escrupuloso respeto a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Ofensas cometidas por medio de la prensa, noticia falsa, daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Resulta clara la configuración del agravio moral ocasionado a quien se citó en un artículo como titular del juzgado del que supuestamente había desaparecido un expediente de divorcio, imputación agravada teniendo en cuenta la especial protección que se otorga a los expedientes referentes a cuestiones de derecho de familia y hallándose el expediente citado, además, reservado (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Prueba documental, fotografía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tulez, Viviana s/ Inc. de determinación de los bienes que deben integrar el acervo  suc. en autos Tulez V. s/Suc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Las fotografías no son aptas para demostrar la evolución de una construcción porque no se acredita la fecha en que fueron sacadas como tampoco se justifica que se refieren a la obra en cuestión.
Divorcio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Broslawski, César c/ Fernandez, Marcela s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

Los deberes matrimoniales subsisten invariables hasta que se dicte la sentencia haciendo lugar al divorcio, razón por la cual si ellos fueran violados durante la sustanciación del proceso de divorcio, los hechos que configuran esa violación deben ser tenidos en cuenta al sentenciar si es que oportunamente fueron alegados como hechos nuevos.
Calificación legal, delitos contra la integridad sexual, abuso deshonesto, corrupción de menores, medios de prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BUSTOS, LUIS RODOLFO S/ CORRUPCIÓN AGRAVADA s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-12-09

La correcta distinción entre los delitos de abuso deshonesto y corrupción es de vital importancia en lo referente al ejercicio de la acción penal, pues la corrupción de menores es delito de acción pública, mientras que el delito de abuso deshonesto simple es delito de acción pública perseguible solo a instancia privada. Por eso, a la hora de formular la acusación (lo mismo al momento de juzgar el hecho acusado) es imprescindible que se tomen en consideración todos los aspectos objetivos y subjetivos del hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo, la calidad de los motivos determinantes y las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima, en la medida en que hayan influido en la comisión del delito, acudiendo - para ese efecto - a todos los medios probatorios pertinentes e idóneos para ello.
Recurso de inconstitucionalidad, accidente in itinere, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA c/ ZAMPIERINI, NORBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12

Con respecto al agravio que gira en torno a la denegación del carácter solidario de la responsabilidad que se imputó a los codemandados, aduciendo el recurrente que la sentencia cuestionada deviene arbitraria por falta de motivación suficiente y omisión de tratar cuestiones oportunamente propuestas por su parte, no reuniendo las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, no corresponde apartarse de lo resuelto por esta Corte en oportunidad de admitir el recurso directo primigenio.
Ejecución fiscal, prescripción, impuestos, multa, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL c/ GONZALEZ LOPEZ, ELIAS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

La Ley 23.029 -con absoluta independencia de cualquier remisión analógica del texto considerado por el a quo-, regula una situación de excepción al régimen ordinario de la ley 11.683, referido al cumplimiento tardío de las obligaciones tributarias, pero sin modificarla y, por otra parte, expresamente remite a ella en su artículo 16, fuerza es concluir que el régimen ordinario de prescripción de la ley 11.683 sigue vigente y rige situaciones como la de autos, de modo que toda disposición que altere el sistema de prescripción ordinaria ha de ser interpretada restrictivamente, a fin que la excepción no se erija en regla. Si bien no ha de entenderse que la resolución y formularios agregados integran el título, habrá de convenirse que lo corroboran, toda vez que los importes finales cobrados en ellas coinciden con el del propio certificado. Como principio general, la ley contempla dos supuestos en lo concerniente a la prescripción de las multas: en primer lugar, el relativo al término de la prescripción de la acción para aplicarlas, que comenzará a correr a partir del 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la prestación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen (art. 61): y en segundo lugar, el concerniente al plazo para hacer efectivo dicha sanción, cuyo inicio tiene lugar a partir de la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga (art. 63).
Matrimonio, nulidad de matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agente Fiscal Nº 1 c/ F, J. C. s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

El régimen de las nulidades matrimoniales en la ley 2393 es independiente del que rige para las nulidades de los actos jurídicos en general, no siendo aplicable el sistema establecido por el Código Civil para la invalidez de tales actos; incorporando expresamente la ley 23515 que ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia judicial que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo.-
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, ejecutoriedad del acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, agotamiento de la instancia administrativa, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Vía Pública Clan S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Medida Cautelar Buenos Aires s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

La suspensión de los efectos de un acto administrativo, dispuesta en sede judicial en respuesta a un pedido autónomo efectuado por el interesado encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa, resulta un medio adecuado para limitar en ciertos casos la prerrogativa que asiste a la Administración para ejecutar sus propios actos.

Su razón de ser finca en la fuerza ejecutoria propia de los actos administrativos y en el efecto no suspensivo que revisten los recursos que el administrado tiene a su alcance en el marco del procedimiento administrativo (art. 12 del Decr. 1510/97, aprobado por Resolución 41/98 de la Legislatura). Se trata de una protección preventiva para quien todavía no ha agotado la vía administrativa y en consecuencia no encuentra expedito el acceso a la jurisdicción para debatir la cuestión de fondo. (arts. 3, 273 y cctes-, CCAyT)- De tal forma la intervención del juez, acotada a este alcance, efectúa un control preliminar, anticipado y limitado, cuya razón de ser radica en evitar que la ejecución del acto torne abstracto cualquier intento de discusión ulterior, tanto en sede administrativa como judicial y cuyo fundamento ha sido hallado en la exigencia de igualdad entre las partes. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Alfredo Víctor c/ Bravo, Jorge Alberto s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Los reproches formulados, vinculados a lo decidido por la Sala con respecto a la carga de la prueba, no habilitan la vía extraordinaria intentada, pues tales cuestiones no constituyen materia propia de esta instancia de excepción, salvo que quien impugna demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión le causa, lo que no logra el quejoso, quien en su escrito recursivo intenta imponer su propia interpretación de normas de derecho común e institutos de derecho procesal, sin demostrar que la solución que propone debiera imponerse necesariamente en la causa, quedando reducidos dichos planteos a una simple manifestación de disconformidad con el criterio expuesto por el A quo sobre el particular, lo cual no depara cuestión atendible en los términos del artículo 1 de la ley 7055 pues, como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad no cubre la mera discrepancia de las partes respecto de cuestiones de derecho común y procesal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Actos y diligencias procesales, autorización judicial, exhumación de cadáver
Materia: PROCESAL
Carátula: P., R. y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Dado que la prohibición genérica para la exhumación de cadáveres dispuesta por la ordenanza 27590/73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como excepciones la dispuesta por autoridad judicial competente y aquellas que aconsejen circunstancias especiales valoradas por la autoridad administrativa, el interesado puede presentarse directamente a la jurisdicción, sin necesidad de agotar el camino alternativo que se prevé como segunda excepción.-
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, reposición in extremis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARMELE, JORGE JAVIER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Aclaratoria-Revocatoria in extremis- nulidad(Expte.: C.S.J. Nº. 692 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

A la "reposición in extremis" se la debe comprender como un procedimiento atípico de "reparación" (del error indisputable) y nunca de "reexamen" o "reconsideración" de la causa; es decir, que el remedio juega dentro de determinado ámbito específico y circunscripto, en que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustentan el pronunciamiento, no pudiendo, jamás, erigirse como un "nuevo juicio". Ante ello, debe rechazarse de plano la revocatoria "in extremis" interpuesta contra el decisorio por el que la Corte resolvió declarar perimida la instancia e imponer las costas a la parte actora, desde que -en la especie- la actora pretende que la Corte reexamine su decisión a la luz de una sobreargumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etc.), cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible. En efecto, la actora no ha evidenciado una circunstancia que, por no haber sido tempestivamente advertida, generó una decisión que indudablemente, debió ser diferente.
Juicio ejecutivo, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL c/ PEREZ OSCAR Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-10

No resulta atendible la legada falta de legitimación pasiva en virtud de documental extracartular aportada por la actora al interponer la demanda, pues en el marco del juicio ejecutivo es imposible discutir hechos y circunstancias extracarulares ya que la naturaleza de la acción, el carácter abstracto del título, cuya suscripción por los demandados no ha sido negada, y las peculiaridades de la vía ejercida no se compadecen con esas defensas, y menos aún cuando no se ha negado la existencia de la deuda.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Guzmán, Ramón Antonio c/ La Barcelonesa SRL y/o Panificadora Carabús s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-11

Determinar si lo pagado en concepto de trabajo excepcional reviste carácter habitual, a fin de computarlo como integrador de la remuneración del trabajador y tomar el resultado como base de cálculo de la indemnización que reclama es una cuestión de hecho. En efecto, determinar si transcurrió el plazo legal de prescripción y su punto de partida constituye una cuestión de hecho inabordable en casación, salvo que exista una arbitrariedad manifiesta que se advierta en un desvío patente de las leyes del raciocinio o en una grosera desinterpretación material de alguna prueba.

Para que este Tribunal ejercite sus facultades casatorias sobre circunstancias de hecho no basta denunciar la existencia de arbitrariedad o absurdo, sino que es menester demostrarlo cabalmente, para persuadirlo de la seriedad y entidad de los cargos que se aducen y para que el Tribunal analice los agravios conforme a esa pauta.

Puesto que de la lectura del memorial de agravios sólo surge un punto de vista distinto al del fallo recurrido pero ineficaz para conmoverlo, corresponde el rechazo del recurso de casación interpuesto y la confirmación de la sentencia de grado. (Del voto del Dr. Cáceres).