marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad, plazo, impulso procesal, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: RENOVA S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-21

Roberto G. Loutayf Ranea y Julio C. Ovejero López citan la opinión de Adolfo Parry según la cual en el cómputo del plazo de perención el primer día lo constituye el día siguiente (hábil o no) al del último acto impulsorio; o sea, no se cuenta el día de realización del acto de impulso; y ello es lógico porque no cabe computar como plazo de inactividad procesal el día en que justamente se realizó una actividad procesal impulsoria de los trámites del procedimiento; precisando además los mencionados autores que el plazo de caducidad se computa desde la medianoche del día del último acto impulsorio del procedimiento, de conformidad a lo que establecen los artículos 24 y 25 del Código Civil; o propiamente, a partir de la hora cero del día siguiente al del último acto de impulso procesal, que coincide, superponiéndose, con la hora veinticuatro del día anterior; y una similar posición sostiene también Alberto Maurino al expresar que el curso de la perención empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se realizó el último acto con idoneidad impulsoria, pues en este instituto también el dies a quo non computatur in termino; y que el no cómputo del dies a quo responde al propósito de evitar los inconvenientes prácticos derivados de calcular por horas, y no es más que una aplicación de la regla del artículo 27 del Código Civil que sienta el principio de que los plazos serán completos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 24, 25 y 27. - DOCTRINA: Roberto G. Loutayf Ranea y Julio C. Ovejero López: "Caducidad de la instancia", segunda edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2014, págs. 123/124; Alberto Maurino, "Perención de la instancia en el proceso civil", segunda edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 90.
Contribuyentes, hecho imponible
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Dumpex SA. c/ Estado Nacional (DGI) s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La situación fiscal del contribuyente debe establecerse conforme a la ley tributaria vigente al momento de configurarse el hecho imponible.
Seguro de responsabilidad civil, privilegio del damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: AGOTEGARAY, Luis Alberto c/ CORTESE, Rodolfo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La omisión de la denuncia oportuna de un accidente de tránsito por parte del asegurado responsable a la aseguradora, es siempre una defensa posterior al hecho ilícito que, por lo tanto, se encuentra comprendida en lo dispuesto por el art. 118 de la ley de seguros de la Nación, y en consecuencia, resulta por completo inaudible.
Concurso preventivo, segunda instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO EL PAISANO S.A. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

No corresponde admitir el cumplimiento de los recaudos de la ley 19.551: 11 en la alzada a menos que concurran circunstancias de excepción debidamente justificadas y que razonablemente apreciadas por el juez, lleven a la conclusión de que el deudor es merecedor de ese beneficio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, intereses, tasa activa, tasa pasiva, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: XX s/ ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a  pagar a partir de la vigencia de la "Ley de Convertibilidad" nro.  23928? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-23

El sistema de la tasa promedio, elimina por un lado, la incidencia que sobre la tasa activa opera el costo desmedido de la intermediación financiera que lleva a diferencias propias de una economía estable y que no deben, salvo supuestos particulares en que medie alegación y prueba en contrario, ser soportados por el deudor.

Y por otra parte la superación de los índices de precios que aplicaba la Corte, que no mantenían incólume el contenido económico, sino que generaban un enriquecimiento incausado en el patrimonio del acreedor. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá -En Mayoría-). La cuestión a resolver es: ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a pagar a partir de la vigencia de la "ley de convertibilidad" Nro. 23928?
Daños y perjuicios, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acevedo, Ramona Aída c/ Policía de la Provincia, Estado Provincial, Banco de Catamarca y Leiva Luis A. s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-10-09

En el caso, aunque bajo alegación de violación de la doctrina legal y de la ley, lo que el recurrente pretende en es cuestionar la supuesta insuficiencia del quantum indemnizatorio por incorrecta e insuficiente valoración del material probatorio. Dada la naturaleza excepcional del recurso de Casación, en su ámbito jurisdiccional está vedada, en principio, la revaloración de cuestiones de hecho y prueba -entre ellas los montos indemnizatorios- reservadas al análisis y decisión de los jueces de las instancias ordinarias, salvo absurdo, hipótesis que no se configura en autos. Por el contrario, se advierte en la sentencia de primera instancia un meticuloso estudio de las condiciones personales de la víctima, sus circunstancias laborales y familiares, como así también las particulares condiciones de vida de sus deudos -actores en autos- lo que deriva con sólida lógica en la determinación de los montos otorgados tanto en materia de daño emergente como moral y en su extensión. Estos criterios son confirmados con posterioridad por la Alzada en la sentencia en recurso, que se hace cargo de cada uno de los agravios planteados en esa instancia, desestimándolos luego de una sólida revisión del factum.

En consecuencia, analizadas las constancias de la causa, los agravios de parte, la sentencia recurrida y el voto precedente, considero que el recurso intentado debe desestimarse. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva.
Accidentes de trabajo, aceptación tácita
Materia: LABORAL
Carátula: ALMARAZ, MYRIAM BEATRIZ c/ LA CAJA ART S.A. s/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

La demandada reconoció tácitamente el infortunio en los términos del art. 6° de la LRT. Que en el caso, la ART recibió la denuncia del accidente, brindó al actor las prestaciones médicas necesarias y finalmente le otorgó el alta médica, sin rechazar en ningún momento el accidente, motivo por el cual esta aceptación implica aceptar la responsabilidad legal, y significa consentir que el accidente ocurrió y que tiene carácter laboral.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maya de Bassart, María c/ Bassart, Pedro s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

La impugnación del fallo reproduciendo los argumentos del alegato o los vertidos en actuaciones anteriores, no constituye expresión de agravios. En razón de que en el momento de redactarse aquéllos no existía la resolución acatada, mal puede constituir crítica concreta y razonada de ésta.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, telefonía celular, ofrecimiento de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " ALGARAÑAZ, Agustín s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

La actividad adquisitivo probatoria llevada a cabo por los particulares esta sujeta a límites formales. A este respecto la regla es la de compatibilizar las garantías del imputado con el fin último del enjuiciamiento, cual es el interés de la sociedad y la víctima en pos de la búsqueda de la verdad.
Propiedad intelectual, derechos de autor, derechos del editor
Materia: PENAL
Carátula: MARYMAR EDICIONES  S.A. s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-19

La ley 11.723 protege los derechos de propiedad intelectual que ella misma reconoce, y éstos son exclusivamente los del titular del derecho, por lo que el mero editor no puede encontrar amparo en sus disposiciones.
Recurso de inaplicabilidad de ley, medidas cautelares, sentencia definitiva, impuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial. c/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-10

Si bien las decisiones adoptadas en materia de medidas procesales preventivas no son regularmente consideradas como aptas para habilitar las vías recursivas extraordinarias, en el caso presente es preciso advertir que la cautelar consiste en la prohibición de percibir un impuesto sancionado por Ley de la Honorable Cámara de Representantes, lo que reviste indudable gravedad institucional por los graves motivos de interés público que están en juego. Ello, unido a la circunstancia de que, para el afectado por la prohibición de percibir el impuesto, es decir, el Estado Provincial, se torna prácticamente imposible peticionar nuevamente o por otras vías que se deje sin efecto la misma, justifica que la decisión de la Excma. Cámara sea entendida como definitiva en los términos del art. 285 del C.P.C.
Indivisión hereditaria, condominio
Materia: CIVIL
Carátula: Blanco, Gladys Lydia y Otro c/ Villafañe de Lorenzo, Alisia Obdulia s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-11

No puede discutirse que la indivisión hereditaria no es igual a copropiedad de la cosa, puesto que comprende a la universalidad.
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Así, las cláusulas invocadas por la concesionaria contradicen lo establecido en la LDC 10 y 37-a) y b), por lo que no podrían ser válidamente esgrimidas a fin de justificar su oposición a la entrega del vehículo una vez pagado el precio acordado originalmente.
Defensa en juicio, defensor, abandono del defensor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Meccia de Palmas, Teresa Elvira s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-24

La prohibición y correspondiente sanción del abandono está considerada en la ley sólo cuando se ha dejado sin defensa técnica al imputado, por lo cual no ha de tener trascendencia procesal la ausencia del defensor si no se cumplió ningún acto de defensa o no se entorpeció su ejecución antes de que éste se restituyera. La separación del cargo dispuesta por el Tribunal Oral expresamente combatida por la imputada y sin que se advierta debidamente justificada en atención a las explicaciones brindadas por el defensor particular, importa una grave afectación al derecho que le asiste a todo imputado para elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste, conforme con la garantía de la libre defensa en juicio que menciona el art. 18 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Brito  Constanza c/ BCRA  - Comunicación "A" 5106 s/ amparo ley16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

"En la generalidad de los procesos, la relación entre el actor y el demandado se traba con independencia de quien haya sido el emisor de las normas aplicables al caso". (...) "independientemente de la vía procesal elegida por el actor, el objeto de la presente acción consiste en la declaración de inconstitucionalidad de un reglamento dirigido a las entidades financieras, sin pretender una condena en concreto"; así, "la relación jurídica sustancial que vincula a la actora con el Banco Macro S.A., por una parte, y a este último con el BCRA, por la otra, no permite el cuestionamiento de la Comunicación "A" 5106 sin la intervención necesaria tanto de su emisor (BCRA) como de su destinatario directo (Banco Macro S.A.), en los términos del art. 89 del CPCC, ya que la sentencia no podría pronunciarse útilmente más que con relación a ambos".
Afiliados previsionales, moratoria previsional, renuncia a la prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DESTEFANO, Virginio Luis c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-30

El acogimiento a un plan de moratoria o la denuncia de servicios anteriores al acto formal de afiliación a fin de obtener el beneficio jubilatorio, importa la renuncia por parte del afiliado a esgrimir la defensa de la prescripción liberatoria frente al reclamo de los organismos previsionales (cfr. C.S.J.N., "Lenta, Dominga s/ jubilación", T° 199, F° 2846, sent. del 12.3.87).
Falsificación de instrumento público, procesamiento
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Blanco Ramón Cipriano s/ Pta. inf art. 292 CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-06

Debe procesarse al imputado en orden al delito de uso de documento público falsificado, pues del control vehicular realizado en la vía pública se acreditó que la numeración de la oblea de GNC colocada en su vehículo le correspondía a otro dominio, y además se suman los descargos de mala justificación que brindo el encartado al ser intimado procesalmente, en virtud de los cuales es posible inferir que actuó con conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo respecto al delito que se le reprocha.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo, Alejandro c/ Vital, Sergio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

No es necesario para que el daño estético se configure, se requiera que además importe una lesión anatomofuncional. Tal manifestación no tiene relevancia alguna, precisamente por su génesis unilateral, en tanto, nadie puede hacer por sí mismo prueba en su favor.-
Acción de amparo, licitación pública, inscripción en el registro de contratistas, falta de inscripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAIMAKIS, ANTONIO A. Y GOITIA JORGE A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO O A QUIEN -CORRESPONDA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-07

Si por la naturaleza o índole de la licitación, no pudiere adoptarse el sistema de "inscripción en el registro" u otro sistema de similar finalidad, que requieren la previa justificación de la idoneidad o capacitación técnica para contratar con el estado, el candidato inidóneo que se hubiere presentado como licitador, puede ser excluido de la licitación mediante una resolución "debidamente motivada" que se dictaré para su caso individual.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Luis s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

Corresponde rechazar el recurso de queja pues no resulta impugnable la negativa a cumplimentar medidas de prueba solicitadas por las partes, máxime si no se relacionan en forma directa con el objeto investigado, art. 199, C.P.P.
Robo simple, tentativa, robo con fuerza en las cosas
Materia: PENAL
Carátula: Causa 157 s/ ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-28

Incurre en el delito de robo simple en grado de conato (arts.

42, 44, 45 y 164 del Código Penal) el individuo que ejerciendo fuerza sobre una puerta de una habitación que se encuentra en la parte trasera de una parrilla, arranca uno de los pitones que sostienen el candado que asegura la misma y que violenta la caja fuerte empotrada en la pared; acción que se ve frustrada por la rápida intervención de personal policial que lo detuvo en el lugar del hecho.
Rebeldía, presunción legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mierez, Julio c/ Enrique Escobar y/o Carlos Dellamea y/o quien resulta tenedor, usufructuario, propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios, Lucro Cesante.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-05-30

La rebeldía declarada y firme, produce el efecto de que en caso de duda constituye una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados, no alterando con ello la secuela regular del proceso (art.60 CPCC de facto). Se interpreta así, que el actor no se libera de probar la existencia de los presupuestos de su derecho, ya que el estado de rebeldía de la contraria sólo le servir de apoyo a su pretensión cuando ésta ofrezca dudas, en virtud de la presunción legal, pero no puede llegarse a la duda cuando el presupuesto careció de los antecedentes probatorios que lo sostienen. En autos, se advierte que el actor para poder beneficiarse con el estado de duda, privilegio que le acuerda la incontestación de la demanda y la rebeldía declarada, debió esmerarse en producir pruebas con mayor entidad en el juicio, y no omitir pruebas por considerarlas innecesarias atento esta situación de rebeldía de la contraparte.

Todo ello, sumado a la falta de otras pruebas a cargo del actor, determinan la orfandad de antecedentes en el proceso que convaliden sus pretensiones, y llevan a declarar improcedente la queja en este sentido.
Concursos, proceso de verificación, derechos creditorios, privilegios (comercial), aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Periopontis SA c/  s/ quiebra s/ inc. de verificación de crédito por villarreal guillermo enrique
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Cabe admitir parcialmente el recurso del incidentista en el sentido que, del monto verificado, la suma que corresponde a salarios caídos por seis (6) meses, será acogida con el privilegio especial y general de la LCQ 241-2° y 6°, conf. ley 20094: 476-b) y LCQ 246-1°; y que del monto reconocido como quirografario, la suma que corresponde a SAC como así también el Bonus insinuado, gozan del privilegio especial marítimo de la LCQ 241-6° y de la ley 20094: 476-b) y del privilegio general por seis (6) meses de la ley concursal en lo pertinente, previsto en la LCQ 246-1°, solicitado por el incidentista. Ello así, los salarios caídos devengados por seis (6) meses, serán receptados con el doble privilegio, de carácter especial y general, sin importar si son inmediatamente anteriores o no a la apertura del concurso -LCQ 241-2°- o con privilegio general, en su caso, -LCQ 246-1°- correspondiendo calificar, como quirografarios, los que excedan dicho período. Es de destacar, conforme a lo expresado, que el minimun standard internacional compartible y aceptable para los diferentes Estados parte del Convenio N° 173 de la OIT -ratificado por la ley 24285- se halla ceñido al compromiso de reconocer un privilegio que deberá cubrir, al menos, los créditos laborales (referidos a salarios, art. 6-a) por un período que no debiera ser inferior a tres (3) meses y, es claro, que Argentina, en su derecho interno, fija límites que superan, sobrada y largamente, ese minimun standard requerido. Queda claro, por lo tanto, que la protección contenida en la normativa concursal argentina para los créditos adeudados a los trabajadores supera el tope de preferente tutela establecido por el citado Convenio N° 173 de la OIT, y no se aprecia óbice para la aplicación la normativa concursal antedicha. Innecesario resulta a esta altura remarcar la distinta jerarquía normativa que asiste a las Recomendaciones, que no resultan vinculantes para el país, frente a los Convenios internacionales que sí lo son. Es de señalar, que la Recomendación N° 180 de la OIT que extiende tal protección a los últimos 12 meses no solo no resulta vinculante para nuestro país, sino que solo expresa una aspiración de máxima, que nuestro legislador, aún, no ha considerado apropiada para nuestra realidad socioeconómica.
Medidas cautelares, derecho a la salud, personas con discapacidad, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Radice Nilda Rosa c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

Sobre la base de tal contexto fáctico, teniendo en cuenta la amplitud de las prestaciones reguladas en el régimen de atención integral a favor de las personas con discapacidad y que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo, corresponde mantener el criterio adoptado por el juez, sin que sea pertinente expedirse ahora sobre la cuestión relativa a si la paciente requiere un "acompañante terapéutico" o un "cuidador domiciliario", habida cuenta la concreta indicación del médico responsable de su tratamiento, a la que, como principio -y sujeto a las valoraciones posteriores que puedan realizarse en la sentencia sobre la base de la prueba que eventualmente produzcan las partes-, debe estarse (confr. esta Sala, doctr.

causa 287/08 del 17-4-08). Lo propio cabe concluir respecto de la controversia suscitada en torno a la falta de habilitación y/o inscripción del acompañante terapéutico en el Registro de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad (esta Sala, causa 9.428/09 del 5-11-09).
Administración Pública, conflictos interadministrativos, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Provincia del Chubut c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-03-08

En materia de conflictos interadministrativos ha de estarse en principio a la no intervención del Poder Judicial, basándose fundamentalmente en razones de organización administrativa, en el sistema constitucional de la división de poderes y en el carácter de "Jefe" Supremo de la Administración Pública que el art. 86 inc. 1° de la Constitución Nacional le acuerda al Presidente de la República; este último criterio perfectamente extensible al que la Constitución Provincial le asigna al Gobernador.
Redargución de falsedad, incidentes, partes del proceso, intervención del oficial público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: H., M.S. c/ H., A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-14

"El incidente de redargución de falsedad debe tramitar no sólo con las partes intervinientes en el acto o interesadas en hacerlo valer, sino también con el oficial público otorgante, que es parte esencial dada la responsabilidad civil y penal que puede derivar de un acto falso".
Recurso de casación, recurso de casación civil, cuestiones de hecho y prueba, daño moral, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Blanchad Alejandro c/ CEMEP y/o González Leonardo s s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-05-10

Si bien es cierto que la determinación de la indemnización generada por el daño moral corresponde a la evaluación de circunstancias de hecho en principio ajenas a la órbita casatoria, dicho enunciado cede frente a situaciones en donde surge una desproporción del monto indemnizatorio establecido en atención a las características del caso concreto, que no guarda razonable relación respecto de los valores establecidos en el ámbito judicial.