Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-06


Salta, 06 de septiembre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C CANCHI, GERARDO DANIEL - INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE PENA - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 33.967/10), y	_____________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 162/168 vta., el Dr. Juan Casabella Dávalos, en ejercicio de la defensa técnica del Sr. Gerardo Daniel Canchi (art. 476 del C.P.P., texto según ley 6345 y modificatorias), "reedita instancia de revisión, inconstitucionalidad y nulidad" contra la sentencia de fs. 585/588 del Expte. Nº 3.442/06 de la Cámara en lo Criminal del Distrito Judicial Orán, e "interpone recurso de casación y/o inconstitucionalidad" contra la resolución de la ex Sala I de la Cámara de Acusación, de fs. 146/148, que no hizo lugar al recurso de apelación incoado a fs. 133/138 por dicho defensor y que confirmó la resolución de fs. 124/125 vta. del Juzgado de Ejecución.	2º) Que a fs. 180/181, esta Corte declaró admisible el recurso como de casación, y otorgó luego la intervención que prescribe la ley, por lo que los autos se encuentran en estado de resolver.	3º) Que el recurrente expone que en las resoluciones que rechazaron la instancia por cuestiones formales, si bien se alude genéricamente a la existencia de otros remedios procesales previstos, jamás se indica en concreto cuáles serían los procedentes.	Argumenta que a raíz de la reciente evolución de la jurisprudencia de esta Corte en orden a perfilar y consolidar el principio de unidad de actuación de los fiscales en un proceso penal, se ha manifestado con evidencia una grave afectación de las garantías constitucionales del debido proceso, prohibición de doble persecución penal e igualdad ante la ley, al admitirse el recurso de casación del Sr. Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias, en absoluta disparidad con la posición procesal asumida por el Sr. Fiscal de Cámara, dando lugar a la sentencia de esta Corte que sustituyó la calificación de la conducta del acusado y le impuso la pena de prisión perpetua; situación que califica como anómala y subsumida nítidamente en la causal de nulidad genérica y absoluta del art. 162 inc. 2º del C.P.P. (texto según ley 6345 y modificatorias) y declarable en cualquier estado y grado del proceso a tenor de lo dispuesto por el art. 163 2do. párr. de ese código, aun cuando sea evidenciada por la jurisprudencia posterior a la sentencia firme, ello en virtud de las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. Cita doctrina en apoyo de sus peticiones, y reseña la evolución jurisprudencial de esta Corte en fallos de Tomo 128:961; 131:127; 140:629, que entiende sustentan las pretensiones de la defensa.	Afirma que aclarado con elocuencia el actual alcance de las facultades del Sr. Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias cuando concurren con las de otros fiscales penales, es indudable que actualmente esta Corte no admitiría ni formalmente el recurso de casación que diera lugar a la prisión perpetua, por tratarse de una actuación independiente, contradictoria y opuesta a la del Sr. Fiscal de Cámara, a la luz del alcance que los fallos citados dieron a la ley 7310, por lo que el recurso de casación se cumplió en inobservancia de la disposición jurisprudencialmente elaborada.	Pide por todo ello que, con revocación o no de las resoluciones recurridas, se disponga dejar sin efecto la instancia de casación de fs. 518/522 y la respectiva sentencia de fs. 585/588, ambas del expediente principal, que impone a su defendido la pena de prisión perpetua disponiéndose igualmente restablecer la pena fijada en la sentencia de fs. 466/478 de esos autos, de nueve años de prisión efectiva.	4º) Que en su dictamen de fs. 188/189, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 sostiene que emerge una nulidad de las que se enmarcan en el art. 162 inc. 2º del C.P.P. (texto según ley 6345 y modificatorias), pero que el análisis de ese defecto no encuentra marco, a su modo de ver, en el recurso de casación tal y como fuera habilitado por esta Corte, y considera que debió ser abordado como nulidad de cosa juzgada írrita o inconstitucionalidad; pero teniendo presente las garantías constitucionales en juego entiende que el recurso debe prosperar.	5º) Que el Sr. Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias ha sido investido por la ley 7310 de la potestad de intervenir en pie de igualdad con los fiscales de las diversas instancias (esta Corte, Tomo 112:689).	6º) Que primeramente el recurso de casación no se cumplió en inobservancia de la disposición jurisprudencialmente elaborada toda vez que fue declarado admisible y resuelto (Tomo 114:211; 119: 51) con anterioridad a los precedentes invocados.	7º) Que si bien esta Corte, con posterioridad al recurso de casación fallado en la presente causa delineó en varios precedentes los contornos que marcan la actuación promiscua del Sr. Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias (Tomo 128:961; 131:127; 140: 629), conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la igualdad no queda violada por la variación de la jurisprudencia en el tiempo (Bidart Campos, Germán J., "Manual de la Constitución reformada", Ediar, 1ª reimp., Bs. As., 2008, Tomo I, pág. 534).	8º) Que con arreglo a nuestro derecho positivo, la ley, como norma escrita y general, sancionada y promulgada como tal, es la única fuente del derecho penal. La costumbre, la jurisprudencia y la doctrina no pueden constituir, ampliar o restringir la ley penal (Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal. Parte General", 4ª ed. act. por Roberto E. Spinka y Félix González, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1999, pág. 61).	El criterio de la ley más benigna, que como garantía ahora constitucional no puede ser tampoco alterada por el legislador, encuentra su fundamento político en la modificación de la concepción represiva que sustenta a la ley anterior. En tanto que el principio de la ley más severa se limita a impedir que el imputado sea juzgado por una ley más gravosa posterior a su delito, el principio de la ley más benigna favorece a los imputados y condenados con la ley que más los beneficia, cualquiera que sea su orden temporal. De acuerdo con el art. 2º del C.P., si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que existe al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplica siempre la más benigna; y si durante la condena se dicta una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley (Núñez, op. cit., pág. 92).	9º) Que tuvo dicho esta Corte al denegar el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 601/616 en el presente caso (Tomo 125:437), que el recurrente no introdujo tempestivamente las pretendidas cuestiones federales relativas a la intervención en la causa del Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias y a su requerimiento de calificación y condena diferentes de lo peticionado por el Fiscal de Cámara, esto es, en oportunidad de los alegatos (v. fs. 463/464) -momento en el cual se puso de manifiesto la alegada discordancia de criterios-, a fin de que los jueces de la causa los trataran y resolvieran, o pudiera entenderse que su silencio constituía decisión implícita (cfr. CSJN, Fallos, 306:512, 925, entre otros).	Dichas cuestiones, tampoco fueron materia de agravios en la casación planteada por su parte, en la cual, la defensa no sólo actuó como recurrente sino que también le cupo participación en la impugnación deducida por el Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias, cuyo criterio fue compartido por el Fiscal ante la Corte Nº 2 (v. fs. 572/574).	A todas luces, se verifica la notoria diferencia entre ley más benigna, y la pretendida jurisprudencia penal más benigna. Una sentencia más benévola es una norma particular.	Al respecto cabe señalar que es doctrina de esta Corte que la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales, basamento de la seguridad jurídica, y debe respetarse en los casos -como el de autos- donde haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial que respete la garantía de la defensa en juicio (cfr. Tomo 63:645; 91:685).	Con relación a la importancia de la cosa juzgada resultan esclarecedoras las palabras de Manzini quien expresó que "la autoridad de cosa juzgada penal, en cuanto la sentencia declara cuál es la voluntad de la ley en el caso concreto, es una autoridad absoluta, equivalente a la de la ley misma" (Manzini, Vincenzo, "Tratado de derecho procesal penal", Tomo IV: Del procedimiento penal, trad. de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Ediciones Jurídicas Europa-América (E.J.E.A.), Colección Ciencia del Proceso, Bs. As., 1953, pág. 521).	No cabe duda que el efecto más trascendental de la sentencia penal es la producción de la cosa juzgada sustancial, lo que tiene importancia tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista social. Significa la firmeza y consiguiente irrevocabilidad del pronunciamiento penal sobre el fondo, impidiendo toda revisión del trámite por el cual se llegó a esa sentencia, aun en lo que atañe a las nulidades absolutas, salvo el caso de hechos nuevos que permitan la revisión de la condena (acción de revisión). Salvo la citada posibilidad de revisión de la condena, la autoridad de la cosa juzgada adquirida por la sentencia penal firme significa su inmutabilidad en relación al caso concreto decidido, produciendo en su aspecto positivo su ejecutabilidad (eficacia coercitiva) y en su aspecto negativo, con el ensanche político del "ne bis in idem", la imposibilidad de repetir el pronunciamiento (eficacia impeditiva) (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", Tomo IV "La Actividad Procesal", Ed. Ediar, Bs. As., 1964, pág. 304).	En su sentido más amplio, la firmeza de la resolución significa la obtención de la cosa juzgada formal con respecto a la cuestión resuelta (Clariá Olmedo, op. cit., pág. 275). Refiriéndose a los autos y las sentencias, parece más propio hablar en todos los casos de cosa juzgada formal, es decir, en sentido procesal. Esto, sin perjuicio de que las sentencias en general y algunos autos, adquieran también autoridad de cosa juzgada en sentido propio, es decir, con valor sustancial, imposibilitando toda nueva persecución en función del principio "ne bis in idem". Esa cosa juzgada meramente procesal, que Chiovenda caracterizó como la máxima preclusión cuando consumaba el proceso, significa el agotamiento de toda instancia o impulso de oficio tendiente a provocar un nuevo juicio dentro del mismo proceso sobre el asunto resuelto (aspecto negativo), y también implica la apertura de la fase ejecutiva final o incidental, cuando corresponde conforme a lo decidido (aspecto positivo). Esa noción de cosa juzgada en sentido formal, está legalmente captada por nuestros códigos procesales penales modernos en su vinculación con las impugnaciones, expresándose que si no se hubieren recurrido las resoluciones judiciales dentro del término legal respectivo, quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna (Clariá Olmedo, op. cit., pág. 276/277).	Por todo lo expuesto, no puede predicarse la existencia de un supuesto de nulidad de ninguna especie, y por ende, la impugnación interpuesta no puede prosperar, al no admitirse en nuestro derecho la solución propuesta. Ello torna al recurso en absolutamente improcedente.	Es que desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que sus resoluciones sólo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente sino en él, en lo que consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial (Fallos, 25:368), como que la garantía de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos, 101:401; 124:122; 126: 280; 127:167; 137:105; 151:359; 157:28, entre muchos otros), principio que es aplicable a una ley que contempla en forma distinta situaciones iguales; pero no puede alcanzar por analogía a la variación de jurisprudencia, que no constituye cuestión federal alguna (CSJN, Fallos, 313:1010, V.77.XXII, "Villada, Juan C. y otros s/robo calificado", 09/10/1990, LL 1991-B, 499 - DJ 1991-2, 55; JA 1991-I-273 - Abeledo Perrot Nº: 04_313v2t047; elDial.com AA1A5A).	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 162/168 vta.	II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, ba-jen los autos.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).