Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de febrero de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CREDIT S.R.L. vs. DIAZ MIRTA EUSTAQUIA POR EJECUTIVO" - Expediente Nº 512022/15 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4º Nominación (EXP - 512022/15 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	1) Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 26 contra la resolución interlocutoria de fojas 23/25, en cuanto declara su incompetencia el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación del Distrito Judicial Centro, con fundamento en que el domicilio real del demandado se encuentra en la localidad de Tartagal.	Presenta memorial la parte apelante a fojas 28/37, en donde luego de efectuar un relato de los antecedentes de la causa, se agravia porque considera que la declaración de incompetencia es extemporánea dado que el sentenciante consintió su competencia al proveer la realización de mediación con suspensión del trámite del proceso. Cita jurisprudencia y normas legales.	A su vez, señala que la resolución recurrida es arbitraria y violatoria de las leyes aplicables al caso (art. 554 C.P.C.C) pues, expresa, el sentenciante incurrió en una contradicción, al haber sostenido que lo ejecutado en estos obrados es un título autónomo e incausado, para luego inferir que el pagaré fue librado a los fines de garantizar un contrato de préstamo para consumo.	Asimismo, indica que el artículo 36 de la L.D.C. contempla contratos financieros o de consumo, algo diametralmente opuesto al pagaré aquí ejecutado, pues éste por definición es un acto unilateral consistente en una promesa de pagar una suma de dinero, por lo que siendo dos figuras de naturaleza jurídica absolutamente disímiles, se torna contrario a derecho la pretensión de aplicar la L.D.C. al documento de marras, pues así se violaría el principio de legalidad. Cita jurisprudencia.	En cuanto a la supuesta indefensión en que podría caer la accionada por ser demandada en un tribunal lejano a su domicilio, expresa que dicha afirmación no tiene la menor lógica ni asidero puesto que el código de procedimientos establece con claridad la exigencia de correr traslado de la demanda y la documental en ejecución junto con el mandamiento de intimación u oficio al juez de paz, según el caso. Así, en ese momento el demandado contará con todos los elementos necesarios para su defensa.	Tampoco considera argumento suficiente para sostener la incompetencia las previsiones de los artículos 12 y 1109 del Código Civil y Comercial. El primero, relativo al orden público, porque dice que en modo alguno puede afectar el contenido del pagaré y mucho menos el proceso. Y, el segundo, debido a que se ocupa de los contratos, es decir regula una situación distinta a la aquí planteada.	Corrida vista al Señor Fiscal de Cámara, éste se pronuncia a fojas 48/49 por la procedencia del recurso.	2) Es sabido que "La declaración de incompetencia puede ser dictada de oficio por el juez, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º, apartado último del C.P.C.C. que dispone: "Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio.". Esa norma no resulta de aplicación en todos los casos, sino que se encuentra delimitada por la clase de competencia de que se trata y el estado procesal en que se encuentre la causa (C.Apel.C.C.Salta, Sala II, Libro de Sentencias Interlocutorias, Año 2013, fº 869/870).	Así, en cuanto a lo primero, el artículo 1º del C.P.C.C. dispone que "la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable" y que se "exceptuá la competencia territorial que podrá ser prorrogada por conformidad de partes". El artículo 2º determina la forma en que se produce la prórroga.	Respecto de la oportunidad, del artículo 4º ya trascripto surge claro que la oportunidad procesal es inmediata ante la interposición de la demanda. Por consiguiente, presentada la demanda, si el Juez se considera incompetente deberá inhibirse, como dice el artículo citado. También puede, en forma previa, según el artículo 337 segunda parte del C.P.C.C., mandar que el actor exprese lo necesario "si no resulta claro que fuese de su competencia".	Aún mas, si el juzgador no advierte su incompetencia y da curso a la demanda, puede emitir una posterior declaración de incompetencia de oficio solamente en el caso que se trate de incompetencia en razón de la materia, según surge de la parte final del artículo 352 del C.P.C.C.	Es que dar trámite a una demanda importa una admisión tácita de competencia, de allí que el juez no puede declarar su incompetencia después de esa oportunidad procesal, claro está, sin perjuicio de la petición en contrario que puedan realizar las partes mediante las cuestiones de competencia previstas en el artículo 7º del C.P.C.C. o si su incompetencia es absoluta, por ser por la materia.	Así, enseña Ramiro Podetti que al ordenar el traslado de la demanda, implícitamente reconoce el juez su competencia y que "en cuanto a la competencia territorial, no obstante su posibilidad de prórroga expresa o tácita, el juez puede declarar su incompetencia "limine litis", pero no puede hacerlo oficiosamente con posterioridad, a menos que se trate de jurisdicción territorial extranjera" (Tratado de la Competencia T. I, 2ª ed., pág. 374).	En caso de serle planteadas después cuestiones de competencia, el juez al resolverlas, podrá también declarar su incompetencia. Pero en este supuesto ya no es de oficio, sino a petición de parte o de otro tribunal. Luego de esta oportunidad, el artículo 352 del C.P.C.C. señala expresamente que "...las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarada de oficio. Exceptuase la incompetencia por razón de la materia, que podrá ser declarada en cualquier estado del proceso".	Por consiguiente, puede concluirse que, pasada la oportunidad del artículo 4º del C.P.C.C., el Juez sólo puede declarar su incompetencia de oficio, si se trata de incompetencia en razón de la materia. No así en caso de incompetencia por razón del territorio o de la persona.	Por aplicación de tales principios y analizando el caso de autos se advierte que la declaración de incompetencia formulada de oficio por el Juez a fojas 23/25 resulta efectivamente extemporánea, porque fue efectuada después de haber admitido su jurisdicción, sometiendo la cuestión controvertida al Sistema de Mediación Judicial y suspendiendo el trámite de los presentes autos hasta su cumplimiento (fs. 15), librado oficio al centro de Mediación del Poder Judicial, aceptándola con ello tácitamente (fs. 16), con conocimiento del lugar en donde se domiciliaba la accionada.	Por lo demás, como ya lo tiene resuelto este Tribunal en reiterados precedentes (CAM Nº 470.284 y Nº 472.371, entre otros), si bien la cuestión ha dado pie a un extenso debate jurisprudencial tanto a nivel nacional como en el ámbito local, la incompetencia de oficio en base a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor no resulta procedente en casos como el de autos donde, efectivamente, a priori no puede presumirse la existencia de una relación de consumo (contrato de consumo) particularmente porque en el instrumento (pagaré suscripto por la señora Mirta Eustaquia Diaz por la suma de $ 1.700,00) no se indica (ni siquiera refiere), la causa o motivo de la obligación de pago asumida; ni se advierte el destino asignado a los bienes o servicios del que dependerá el encuadre legal.	Asimismo, en aras de asegurar el derecho de defensa del presunto deudor, nada impide que de existir verdaderamente un crédito de consumo, como relación subyacente con el acreedor accionante, pueda interponer la excepción de incompetencia en la oportunidad procesal respectiva.	_____Por último, cabe señalar que tal como se indicó en el precedente dictado en los autos "CARSA S.A. vs. Cejas, Víctor Alejandro - Ejecutivo" CAM Nº 472.371, el fallo de la Corte de Justicia de Salta, que cita el señor Juez, tiene un sustrato fáctico distinto al caso de autos toda vez que en dicho precedente se encontraba admitida tácitamente por el ejecutante la relación de consumo. Por ende, no siente doctrina aplicable al sub examine.	Por ello, corresponde revocar la resolución apelada y disponer que el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 4º Nominación continúe interviniendo en autos.	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 26 y en su mérito, REVOCA la resolución de fojas 23/25 y dispone que el titular del Juzgado de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación continúe interviniendo en autos.	II.- ORDENA se registre, notifique y baje.-	VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dra. Verónica Gómez Naar