Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-09


Autos N° 74520 - 3° Civil n° 11023 "REINOSO RODA Noemí C/ Carrasco Rolando Fernando y Otra - Daños y Perjuicios" ///En la ciudad de San Juan, a 9 días del mes de Agosto de dos mil trece, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Daniel Olivares Yapur y con la asistencia como Vocales de la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y Dr. Juan José Victoria, para conocer sobre el recurso de apelación articulado a fojas 261 concedido fs. 262 a la parte actora, contra la sentencia definitiva de fecha tres de agosto de 2011 obrante a fojas 248/254.

El Señor Juez de Cámara Daniel G. Olivares Yapur dijo:

En el pronunciamiento definitivo preseñalado el Señor Juez de Primera Instancia resolvió 1) Rechazar la demanda incoada por Rosa Noemí Reynoso 2) Declarar que el accidente de autos ocurrió por culpa exclusiva de la conductora del ciclomotor marca Gerrero (sin dominio), Rosa Noemí Reynoso; 3) Imponer las costas a la actora vencida..etc.." .

Como antecedente fáctico y sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Señor Juez de grado en su sentencia diré brevemente que esta causa tuvo origen con motivo de haberse producido un accidente de tránsito el día 15 de diciembre del año 2003 ocurrido en la intersección de las calles Catamarca, por donde se desplazaba la actora transitando en una motocicleta en sentido sur norte y la calle nueve de Julio por donde se desplazaba el demandado con sentido este oeste en un vehículo marca Peugeot 504 dominio BWX-232 y que como consecuencia del siniestro la accionante sufrió diferente tipo de lesiones que han dado motivo a la instauración de la presente acción con pretensión resarcitoria de los daños y perjuicios que reclama ( Daño Material y Daño Moral) en su demanda.

A fojas 19 se declaró rebelde al demandado Señor Carrasco Rolando Fernando al no haber comparecido luego de haber sido notificado en los términos del artículo 58 del C.P.C..

La causa se abrió a prueba y habiéndose producido la que obra en autos a fojas 242 se llamó autos para sentencia.

AGRAVIOS DEL RECURRENTE:

El exordio de agravios fue presentado a fojas 264//269 vta. y puede sintetizarse del siguiente modo.

Primer Agravio: Expresa el recurrente que la sentencia al decir que el demandado se encuentra rebelde crea una presunción de veracidad respecto de los hechos que sostiene la actora, que no amerita que queda acreditado de esta forma que el mismo conducía distraído, sin control aparente del vehículo, debe ser un chofer profesional con carnet habilitante Profesional, sin que ello haya sido evaluado para el agravamiento de su conducta. Esta presunción dice, junto con las demás probanzas, deberían jugar un papel fundamental al momento de determinar la concurrencia de culpas en el evento y hacer lugar en forma, aunque sea parcial, a los rubros reclamados.

Segundo Agravio: Se agravia de la sentencia en cuanto rechaza la demanda en todas sus partes sosteniendo que la prioridad de paso de la derecha es absoluta sin meritar la prueba producida en la causa que determina la concurrencia segura de culpa en el demandado.

Objeta al sentenciante no haber evaluado la pericial mecánica de fojas 173, 174 y que establece que el vehículo conducido por el demandado lo hacía al momento de producirse el accidente a una velocidad de 58 Km. por hora, que las marcas de frenado son de diez metros y 19 recorrió antes de detenerse y que la velocidad reglamentaria en zona urbana es de 40 Km. por hora por lo tanto el automóvil conducido por el demandado lo hacía a velocidad antirreglamentaria y nunca disminuyó la velocidad al llegar a una encrucijada.

Seguidamente cita casos jurisprudenciales.

Tercer Agravio: Se agravia en cuanto el Sentenciante advierte al cotejar el sumario penal original con las copias adjuntadas al expediente que existe en esta una declaración de un presunto testigo Juez Carlos Cofre que no aparece en el sumario penal original.

Afirma el recurrente que cree que esté hecho llevó a sentenciar en la forma en que se hizo en contra de su cliente y no como hubiera correspondido declarando culpas concurrentes. Seguidamente elabora un descargo y expresa que de ninguna manera incorporó tales copias ni es de su autoría su certificación y que en el sumario penal tampoco su estudio jurídico actuó como parte querellante, declinando responsabilidad profesional alguna al respecto.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

Ingresando al tratamiento del primero de los agravios propuestos por el recurrente juzgo que el mismo no puede tener acogida favorable conforme a los fundamentos que se verá seguidamente.

En efecto, el análisis detenido del pronunciamiento definitivo efectuado por el Señor Juez muestra que el sentenciante principia por dejar sentado que sin perjuicio de la presunción que el estado de rebeldía en el demandado crearía a favor de las afirmaciones del accionante es obligación del Juez analizar la prueba y circunstancias del proceso para la dilucidación de la verdad objetiva, juzgando que el silencio del accionado no exime al sentenciante ni lo exime de analizar la procedencia de la acción pues la condena del contumaz no puede fundarse en la sola ausencia de contestación, sino en un adecuado ajuste de los hechos al derecho aplicable y citó jurisprudencia. (ver considerandos de fojas 219).

El sentenciante, seguidamente ingresa en el estudio de la prueba rendida determinando en primer lugar como muy importante la que surge del sumario penal Nº 31712/04 c/Carrasco Rolando por Lesiones art. 94 C. P. en perjuicio de Rosa N. Reynoso, originario del Cuarto Juzgado Correccional, dejando fundado también los parámetros de análisis que habrá de considerar para atribuir la responsabilidad en la producción del accidente objeto de la litis.

Todo ello me lleva a desestimar indudablemente las alegaciones que conforman el primer agravio, toda vez que el mismo se presenta como una mera disconformidad sin que emerja un fundamento con adecuado sustento que logre rebatir suficientemente el acertado análisis efectuado por el Señor Juez de grado, quien fundó perfectamente las razones por las cuales advierte que, sin perjuicio del estado de rebeldía que aparece en la causa se ha visto obligado a pronunciar una sentencia ajustada a derecho y fundada en los hechos que surgen del proceso y de la prueba rendida en el mismo con independencia de la pretensión originaria plasmada en la demanda.

El Segundo Agravio: Referido a la valoración de la prueba y la aplicación del principio de prioridad de paso que efectúa el sentenciante amerita el siguiente análisis.

El recurrente se posiciona directamente en reconocer la concurrencia de culpa en la producción del accidente, vale decir que reconoce la prioridad de paso en cabeza del demandado y a partir de allí afirma que la misma no es absoluta y que ha probado que el accionado circulaba con exceso de velocidad en una pericia que no fue valorada por el sentenciante.

Al analizar la sentencia definitiva el señor Juez dijo, que en torno a los hechos la demanda describía los mismos en forma escueta (lo cual comparto), y extrajo su propia conclusión al respecto luego de analizar las constancias del expediente penal; para ello afirmó que "surge que siendo alrededor de la 17.00 horas del día 15.12.2003, la misma conducía el ciclomotor por calle Catamarca en dirección Sur norte; que al llegar a la intersección con calle 9 de Julio, advirtió la presencia del automotor Dominio BWX-232, el que circulaba en dirección Este Oeste sobre esta última arteria, colisionando con el lateral izquierdo del ciclomotor contra el guardabarro delantero izquierdo del automóvil ( ver croquis fs. 07 y pericia de fs. 14 ta. Del Sumario Penal) y que la actora golpeara contra el parabrisas del automóvil - en el lado derecho del mismo-cayendo luego sobre el pavimento." Y agregó el sentenciante que según este relato es su convicción de cómo acontecieron los hechos que desencadenaron el accidente a partir de la observación de la prueba premencionada en la sentencia.

La afirmación efectuada por el sentenciante resulta fundamental, en tanto se observa claramente que no ha sido motivo de agravio por parte del recurrente, quedando entonces firme y consentida para el mismo.

A partir de ello, surge claramente que el análisis de la mecánica del accidente efectuado por el Señor Juez es el Correcto y como dije antes se encuentra firme para el apelante, sobre todo en cuanto afirma haber advertido la presencia del vehículo conducido por la parte demandada.

El señalado resulta un hecho importante de destacar, en tanto concuerdo con el Señor Juez de Primera instancia respecto de lo escueto que resulta el relato de los hechos efectuado en la demanda, toda vez en la encrucijada sin semáforos como ocurre en la especie corresponde al que accede por la izquierda (esto es quien conducía la motocicleta) frenar y ceder el paso a quien lo hacía por la derecha. El apelante afirma que el demandado no freno y no tuvo dominio del vehículo para evitar impactar a la moto, sin embargo está claro y surge así de croquis policial obrante en el sumario penal que la moto no frenó y transpuso la calle hasta su eje medio y central donde se produjo el impacto.

No es cierto que la moto ya se encontrara transponiendo casi toda la calle 9 de julio, conforme al plano policial el impacto se produjo en el eje medio y central y sobre el frente del vehículo en el costado delantero izquierdo, por lo tanto la prueba penal aportada desvirtúa las afirmaciones efectuadas por el accionante y confirma la regla general que prescribe el art. 41 de la ley 24.449 y que como bien lo juzga el sentenciante en el presente caso no se presenta ninguno de los casos de excepción que la norma prevé.

Finalmente, he de analizar que, si bien es cierto que el Señor Juez no ha meritado en particular la pericia accidentológica vial rendida en los autos principales ( fs. 173/174) por el Ingeniero José Ricardo Godoy en tanto consideró aplicable directamente y sin excepciones el principio general de la prioridad de paso, en atención a que, esta sala, tiene dicho en diferentes fallos, que el mismo no es de carácter absoluto, sino que el artículo sienta un principio general, considero apropiado dejar plasmado en este voto que aún cuando la misma fuere objeto de mérito, la conclusión a la que arribo no dista de la asumida por el sentenciante a quo.

He adherido en fallos anteriores al criterio ya sentado por los Señores Jueces miembros de esta Sala en el sentido que la regla jurídica que determina el artículo 41 de la ley 24.449 no es de carácter absoluto, esto es que, como precepto, entiendo que en derecho, y máxime cuando se trata de normativa instrumental (ordenamiento reglamentario propiamentedicho) no existen normas "absolutas" aún cuando la norma, tal vez por una intención de acentuar o poner énfasis en la obligación de ceder el paso que le asigna el precepto a quien circula por la derecha así lo haya volcado en su dicción.

Ello ha de entenderse así, toda vez, que no puede existir regla absoluta si se contempla en ella misma como lo hace el propio artículo 41 una cantidad de excepciones perfectamente determinadas en sus apartados a-) al g-) respectivamente.

No obstante lo dicho, quiero poner énfasis en que el precepto del artículo 41 de la ley 24.449, sienta si, un principio general que como norma jurídica vigente todo conductor ha cumplir: "PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha".

Está claro entonces, que en el presente caso a la parte actora que transitaba por la calle Catamarca en dirección Sur a Norte le comprendía la obligación de ceder el paso a quien circulaba por la derecha en este caso el demandado que lo hacía por calle 9 de Julio en sentido Oeste a Este, y que la actora Sra. Reinoso Rosa Noemí no hizo, en tanto analizando las constancias que surgen del expediente penal que tengo a la vista surge del plano realizado por la Policía el día del accidente que el mismo se produjo sobre el cuadrante sur-este de la encrucijada, (tal como así lo afirma el Sr. Perito Ingeniero Godoy en su informe pericial de fojas 173, ello sin perjuicio de la crítica y apartamiento que haré infra de dicha pericia.)	Por tal razón, entiendo y comparto con el Señor Juez sentenciante que el incumplimiento del principio general establecido en el artículo 41 de la ley 24.449 por parte del accionante que al ingresar por la izquierda no cedió adecuadamente el paso en la encrucijada fue el factor desencadenante del siniestro, no obstante advertir además otras causales que trataré a continuación.

Como ya lo anticipara, no comparto los parámetros de base fundacional bajo los cuales el Señor Perito Ing. Godoy efectúa la pericia accidentológica realizada a fojas 173/174 y por ende la misma no puede ser tenida en mérito para alcanzar conclusión alguna que pudiere modificar la solución arribada por el sentenciante a quo.

En efecto, teniendo en primer lugar en consideración que la prueba rendida en un proceso debe meritarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y si bien ellas no se encuentran definidas en la normativa procesal implican la existencia de determinados principios generales bajo los cuales corresponde apreciar la prueba, excluyendo de esta forma la discrecionalidad absoluta del sentenciante, con total acierto se ha dicho que "las reglas de la sana crítica son garantía de idónea reflexión" ( Del Dictamen del Procurador general SC Buenos Aires, noviembre 9-982. -- Morón, Emilio C. c. Gioachini, Emilio - RED. ED, 20-B-1128 ); por un lado nos encontramos con los "principios de la lógica", y en otro aspecto hallamos las "máximas de experiencia", es decir el saber medio del hombre común, y como bien lo enseña el maestro Couture mediante estas reglas, "unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas" Autor Citado, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", p. 270 y siguientes.

En forma concordante el tratadista COLOMBO, Carlos J, ha dicho, "El juez tiene plena facultad de establecer el valor probatorio de la pericia. Si no fuese así, el fallo lo darían indirectamente los peritos, quedando limitado el contenido de la sentencia a una suerte de homologación." Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. III, Pág. 661 y siguientes., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1969.

Fundado en ello, ingreso al estudio de la pericia en cuestión (fs. 173/174) y advierto inicialmente que el especialista realiza el informe pericial en el año 2007, respecto de un hecho acaecido en el año 2003, basándose tan solo en datos aproximados obtenidos del informe policial obrante en el expediente penal (ver sum. penal fs. 05/06) referenciados por la policía al momento de efectuar "a mano" un croquis ilustrativo.

En dicho informe surge que la policía,	a) Se constituyó en el lugar luego de acaecido el hecho.

b) Las medidas volcadas en el informe NO HAN SIDO REFERENCIADAS EN NINGUN SISTEMA DE MEDICIÓN. (Ej. Pasos de Hombre, Cinta Métrica, u otro método) ; solo se ha referenciado por ejemplo que la calle Catamarca posee "unos siete metros de ancho.." y así sucesivamente se fueron poniendo medidas en lo que parece ser el cálculo de quien estaba escribiendo, o de quien le dictaba, o de quien estaba a cargo del operativo etc.

La vaguedad de estos cálculos de medidas, más conocidos en la jerga cotidiana con la denominación de "a ojo de buen cubero" no pueden ser tenidos como base fáctica cierta y científica cierta por el Perito a partir de la cual efectuar un cálculo exacto para la elaboración y factorisación de las formulas de la física y dinámica con el objeto de obtener el cálculo exacto de la velocidad de traslación del automóvil.

Es evidente la falta de medición por medios serios y atendibles de las posibles medidas interpretativas de la planimetría policial, tan evidente, que ni la propia autoridad policial interviniente al momento de efectuar el Plano Policial ha puesto en el mismo medida alguna.

Ante tal falta de datos objetivos de base científica para la elaboración del informe el Perito tenía dos caminos, a) expresar que los mismos eran insuficientes para responder la incógnita propuesta en el punto de pericia respectivo o b) Constituirse en el lugar del hecho y efectuar un relevamiento de datos de campo por metodología científica de medición que le permitiera interpretar la información del plano y responder el punto de pericia con una base de fundamentos sustentable en información seria con respaldo técnico.

No habiendo el perito efectuado este último proceder metodológico, sino que simplemente ha tenido por ciertas las afirmaciones que surgen tan solo de lo dicho en el relevamiento del acta policial y no surgiendo tampoco medición alguna de la planimetría que los agentes policiales efectuaran "a mano" tres años antes de la realización de la pericia, concluyo entonces en que no corresponde meritar como sustentables científicamente las conclusiones a las que arriba el perito en el informe presentado a fojas 173.

Finalmente y para agotar el tratamiento del agravio referido a la falta de análisis de la prueba producida en la causa, no puedo dejar de observar incluso aspectos jurídicos importantes que surgen del sumario penal ofrecido por la parte actora, en tanto de ello emerge, en abono de la solución alcanzada por el Sentenciante a quo que la accionante circulaba en abierta flagrancia a las más elementales y trascendentales normas jurídicas que reglamentan la circulación por la vía pública en el régimen establecido por la ley 24.449.

En efecto, surge del informe policial efectuado a fojas 18 del sumario Penal N° 31712/04 del Cuarto Juzgado Correccional que tengo a la vista, que la Sra. Rosa Noemí Reinoso no poseía "carnet de conductor" es decir que al momento de ocurrido el siniestro, conducía una motocicleta sin estar habilitada por la autoridad de aplicación para hacerlo.

La carencia de licencia habilitante para conducir (carnet de conductor), sin perjuicio de constituir una falta desde el punto de vista administrativo, la que sin dudas trae aparejado a aplicación de la sanción de multa y accesorias conforme a las diversas reglamentaciones, desde el punto de vista del derecho civil y a la luz de la ley 24.449 importa la trasgresión del orden jurídico establecido en la propia norma de conformidad a la prescripción expresa del artículo 64 segundo párrafo, el cuál establece expresamente la presunción de responsabilidad para quien haya cometido una infracción relacionada con la causa del mismo, y en este caso particular, cabe presumir la impericia y desconocimiento "teórico práctico" en el buen manejo o conducción de un vehículo a quien no posee licencia, vale decir, no ha superado los exámenes obligatorios que la reglamentación exige para habilitar la conducción por cualquier vía pública.

Conforme a los fundamentos expuestos, el segundo agravio tampoco puede tener acogida favorable correspondiendo su rechazo.

TERCER AGRAVIO:

Este agravio en modo alguno puede tener acogida en tanto como se ha visto al tratar los agravios anteriores el sentenciante de grado ha fallado conforme a derecho y no en razón de haber descubierto una supuesta irregularidad a la cual consideró presunto delito por parte del profesional litigante. No obstante, observo que, el recurrente en el exordio de agravios afirma ( ver fojas 268 vta.) que " A todo esto mi parte nunca tomo intervención formal como querellante, en el Sumario Penal..sic"; pero al compulsar el primer cuerpo de los autos principales, en las copias adjuntas del sumario penal a fojas 159 obra glosado escrito presentado por ROSA NOEMÍ REYNOSO con patrocinio del Dr. Ernesto Clavijo que lleva por título "ASUME ROL QUERELLANTE. SE CITE A DECLARAR AL IMPUTADO".

Ello desvirtúa los dichos y afirmaciones del recurrente, más allá que técnicamente lo expresado no constituye un agravio en tanto la medida adoptada por el Señor Juez de grado constituye un acto que se encuentra dentro de sus facultades ordenatorias no resultando por ende proponible el recurso de apelación respecto de ellas.

Por todo ello, voto finalmente por el rechazo del recurso en tratamiento.

Las costas de esta instancia a tenor de la solución a la que arribo deben imponerse a la parte actora vencida de conformidad a lo dispuesto por el artículo 66 del C.P.C.S.J.

Corresponde igualmente regular honorarios profesionales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 800 inc. 10 y la ley 2150 art. 196, por la labor correspondiente en esta instancia al Dr. Ernesto Clavijo en la suma Correspondiente al 30 % de lo regulado en primera instancia.

LA DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, por sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- El Dr. Juan José Victoria dijo:

Teniendo en cuenta el estado de votación y considerando la sentencia dictada en primera instancia; los votos de los colegas preopinantes, me permito adherir - por mis fundamentos - al resultado a que arriba el emitido por el Dr. Daniel Olivares Yapur con adhesión de la Dra. Catalina Cúneo de García.- Respecto a la consideración del juez referidas a las circunstancias particulares y que trascendieron en el siniestro, concluyo en la improcedencia de los agravios de la actora, a partir de que es la demandada quien circula por la arteria con preferencia en el paso, pues llega a la encrucijada desde la derecha, situación que imponía a la actora el deber de ceder el paso; y la consecuente obligación de no avanzar en el cruce.- Al respecto, ya es reiterada la posición que adoptara con relación al tema sosteniendo, conforme voto del Dr. Gilberto Riveros que, con relación a la prioridad de paso, entiendo que la misma es absoluta en favor de quién la detentó como beneficiario, conforme fuere expuesto en "La prioridad de paso en las encrucijadas" publicado en RCyS 2010-II, 23".

Es decir, cuando la ley de tránsito dice "absoluto" está calificando al derecho de preferencia de paso de un modo superlativo, y hasta podría calificarse como exagerado, pero evidentemente trata de resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de esa prioridad para mantener el orden en el tránsito vehicular. Por ello, en la valoración de las presunciones y faltas de tránsito, el no respeto de la prioridad de paso es la infracción más grave que se comete.

En la publicación se entendió al realizar el análisis lingüístico de la norma que "sin lugar a duda, el primer paso es examinar las palabras empleadas por el legislador para redactar la norma. En este sentido cabe recordar que la Corte de Justicia Federal ilustra acabadamente sobre el punto cuando sostuvo que "el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley". Este criterio, ya había sido expuesto con mayor explicación cuando sentenció que "es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que atienda a la realidad del precepto y a la voluntad de legislador". Ello por cuanto, "la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, siendo la primera fuente para determinar esa voluntad, la letra de la ley, cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común. Así, los jueces deben aplicar la norma tal como aquél la concibió, pero no sustituirlo".

Ahora bien, sobresalen por su trascendencia, para definir su sentido, los términos "ceder" utilizado por la Ley 24449, sus adherentes (entre ellos San Juan), Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Y, en igual medida, por la palabra "absoluto" que no es utilizada en la norma de la provincia mediterránea.

En esa dirección "ceder", en su primera acepción, es definida como "dar, transferir, traspasar a otro una cosa, acción o derecho". Y, "absoluto", adj., 1. que excluye toda relación. 2. Independiente, ilimitado, sin restricción alguna.

Como se infiere, las distintas leyes de tránsito no tienen duda alguna sobre el significado y direccionamiento de los términos principales empleados para redactar la norma, fijando con claridad cordillerana que quien no tiene la prioridad de paso debe transferir el derecho de traspasar la encrucijada al otro y, de que esa preferencia, puede ser ejercida de un modo amplio prohibiéndose que sea perturbada..

Esta hermenéutica responde, a aquella directiva que marca que no se debe atribuir a los términos interpretados, sin razones suficientes, un significado distinto de aquél que ellos tienen en el lenguaje natural común.

La doctrina judicial ha sostenido sobre el punto que "la preferencia de paso en las intersecciones del tránsito vial, que no es un derecho, sino una regla imperativa dada en interés general y por tanto irrenunciable, ha adquirido con el nuevo ordenamiento legal, carácter absoluto, y por lo tanto, la ley "presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo" (conf. arts. 41 y 64 ley 24.449)".

También ha ponderado que "cuando la ley reglamenta que "debe ceder siempre el paso", está claramente ordenando a aquél conductor que aparece por la izquierda que debe frenar y permitir o no interrumpir la circulación del otro conductor con prioridad de paso.

Va de suyo, que conforme a la redacción del artículo, únicamente reconoce los límites impuestos por la misma norma que son de interpretación restrictiva, dado que es intención de la ley priorizar el paso preferente de quien aparece por la derecha.

En ese sentido, de la atenta lectura de las excepciones no aparece enumerada la "aparición simultánea de los vehículos".

Mas adelante al realizar consideraciones se opinó que "sin pretender agotar un análisis sistémico integral de la norma, se puede verificar que el término ceder y absoluto no son contradictorios sino por el contrario, son complementarios y, sin lugar a duda, definen claramente la intencionalidad de la norma cuando la misma se lee en su conjunto.

En ese sentido, a la par de que impone a quién aparece por la izquierda en la encrucijada la obligación de traspasar, el derecho de paso acuerda al de la derecha la facultad para hacerlo sin ser interferido en su accionar. Es decir, no existe contradicción alguna en la redacción de la norma que neutralice la preferencia de paso a favor del vehículo que aparece por la derecha.

Además de ello, en la ley nacional 24.449 se regló en el art. 64 que se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso.

Esta norma es concordante con la concesión de la preferencia de paso dada en el artículo antes mencionado.

Sin perjuicio de ello, y sin ahondar en el tema, adviértase que la norma hace referencia a presunción de responsabilidad y no a presunción de culpa, lo cual es más amplio dado que, hacer una imputación de responsabilidad implica que se conjeturan como verificados los presupuestos de la misma (daños, nexo de causalidad, factor de atribución y antijuridicidad).

Finalmente, cabe precisar que de la lectura de las leyes de tránsito analizadas, surge notorio que esta interpretación se condice con la idea rectora que es ordenar el tránsito y prevenir accidentes.

En este apartado se debe transcribir, para su análisis, la doctrina judicial la cual entiende que "el carácter absoluto que otorga el art. 41 de la ley N° 24.449, a la prioridad de paso de quien aparece por la derecha en las encrucijadas, tiene un margen interpretativo cuya hermenéutica no puede ir más allá que los derechos constitucionales a los cuales no se les confiere tal carácter (arts. 14 y 28 Const. Nacional)".

En primer término se verifica que es de estilo, casi automáticamente, indicar que por imperio constitucional, ningún derecho es absoluto. Ello es cierto, sin duda, pero debe ser interpretado en su justa dimensión y no aplicado, sin más, como una verdad axiomática porque entre los seres integrantes de una sociedad existe una compleja red de derechos y deberes perfectamente sistematizada, lo cual implica decir, ordenada jerárquicamente.

Ello permite asegurar que ningún derecho es absoluto, pero ello es así por cuanto ceden ante otros derechos de mayor jerarquía. Por ejemplo: el interés particular (derecho de propiedad) se somete al interés general que justifica una expropiación o, cuando se prioriza la libertad de prensa por no tener censura previa por encima del derecho a la intimidad, etc.

Cuando el legislador define una determinada jerarquía para una norma (rango constitucional, orden público, absoluta, etc.) está fijando cual es el interés que entiende preeminente para mantener el orden social. Y a su vez, está fijando cual es la ratio legis, cual es la prevención que pretende realizar, cual es la conducta nociva que pretende evitar en la sociedad.

Así, cuando la ley de tránsito dice "absoluto" está calificando al derecho de preferencia de paso de un modo superlativo, y hasta podría calificarse como exagerado, pero evidentemente trata de resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de esa prioridad para mantener el orden en el tránsito vehicular.

Por ello, en la valoración de las presunciones y faltas de tránsito, el no respeto de la prioridad de paso es la infracción más grave que se comete, al punto que así lo entiende al mencionarla en primer lugar de las presunciones de responsabilidad, el art. 64 de la ley 24.449". Autos n° 20.492 "MARTÍN DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA C/ TABORDA DANIEL - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO" (L. DE S. T° 108, F° 172/183 - FECHA: 19/10/10, Cámara Apelaciones San Juan, Sala I) Y si bien, la Sala I que integro en casos especiales opinó por la relatividad o morigeración del principio de prioridad del que se aproxima a la encrucijada desde la derecha, (en autos: "Espejo Pantaleon Ramón c/ Fernández Rodolfo Facundo - Daños y Perj."), la Corte de Justicia de nuestra Provincia casó dicho pronunciamiento concluyendo, en fallo dictado en fecha 24-11-09 que la prioridad que acuerda el art. 41 de la ley especial, es absoluta." Concluyo por fin que, el Juez de Primera Instancia, realizó una adecuada valoración de los hechos llevados a su decisión, con la consecuente aplicación de las normas que informan el caso; por lo que - en igual sentido que los distinguidos colegas preopinantes - entiendo que debe rechazarse el recurso de apelación deducido, con costas.- ASI VOTO Por todo ello	SE RESUELVE:

1. Desestimar el recurso de apelación articulado a fs. 261 y concedido fs. 262 a la parte actora, contra la sentencia definitiva de fecha tres de agosto de 2011 obrante a fojas 248/254, la que se confirma de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerando que preceden.

2. Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida.

3. Regular honorarios de segunda instancia en virtud de lo dispuesto por el art. 800 inc. 10 del C.P.C. y 196 de la ley 2150 al Dr. Ernesto Clavijo en el 30% de la regulación de primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, DR. JUAN JOSE VICTORIA. ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO - SECRETARIO-	PROT. DE SENT. T° II-F° 313/323-AÑO 2013