Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-30


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "MARTINEZ, Pablo y otros c/IAFAS S/ ACCION DE AMPARO (se acumula a BARRETO - Nº 19722)".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, MIZAWAK y CHIARA DIAZ.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué cabe resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- Contra la sentencia definitiva dictada a fs. 69/72 por esta Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que rechazara los recursos de apelación interpuestos por los actores y confirmara las sentencias de primera instancia que no hicieron lugar a la acciones de amparo promovidas por Pedro Ceferino Senestrari (causa Nº 19726), César Gustavo Martínez (causa Nº 19729), Gerardo Gustavo Korel (causa Nº 19733) y Carlos Ariel Olivera (causa Nº 19734) contra el Instituto de Ayuda Financiera y Acción Social, se alzan éstos -mediante apoderados- interponiendo recurso extraordinario para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 77/91) procurando su concesión.- II.- La pieza impugnativa, luego de reseñar la observancia de los aspectos rituales relativos a la interposición del especial recurso intentado, atribuye arbitrariedad al fallo atacado, el cual considera, además, carente de fundamentos.- Aduce que la sentencia recurrida carece de fundamentos propios que sustenten la decisión adoptada y se basa exclusivamente en la observancia de la Resolución Nº 35/11 de la Dir. IAFAS, que descontara de los haberes de los agentes que se plegaron a medidas de fuerzas, habiéndose originado el mismo en la Directiva Nº 30 del Poder Ejecutivo Provincial.- Las normas constitucionales se encuentran violentadas por esta sentencia que se ataca, como el art. 18 de la C.N.. Resulta no sólo arbitraria la sentencia, sino irrazonable y absurda -esgrime- sin basamento alguno desde la más elemental noción del derecho constitucional.- Con citas de pronunciamientos del Tribunal y doctrina que entiende aplicable a su caso, finaliza peticionando se conceda el recurso extraordinario federal, se revoque la sentencia recurrida con costas a la contraria.- III.- Corrido traslado a la demandada, el IAFAS (fs. 95/98) contesta oponiéndose al progreso del recurso deducido argumentando inexistencia de la invocada cuestión federal, formulando una amplia crítica a las argumentaciones de la accionante, la ineptitud del agravio invocado para habilitar su procedencia y refutando la argüida arbitrariedad de la sentencia.- IV.- A su turno, el Ministerio Público Fiscal (fs. 100/101) considera en primer lugar, que fueron satisfechos los recaudos formales de interposición del recurso, habida cuenta que, al momento de la introducción de las correspondientes demandas se efectuó en cada una de ellas expresa referencia de ocurrir ante el máximo órgano jurisdiccional nacional en el supuesto que el juicio le resultara adverso, opinando que este aspecto como asimismo la temporaneidad de la interposición, se verifican cumplidos.- Amén de ello, considera que debe denegarse su concesión porque -en apretada síntesis- entiende que los fundamentos recursivos no demuestran la existencia de una cuestión federal, que el pronunciamiento recurrido se sustenta en la interpretación y aplicación de normas de derecho común y local, excluida del control de la Corte Suprema, salvo supuestos vicios de arbitrariedad o absurdidad que no advierte presentes en la factura impugnada, la cual estima adecuadamente fundada e insinúa que nos encontraríamos ante una pura disparidad de criterios entre los amparistas y el Tribunal, ya que los primeros reiteran los planteos que ya tuvieron respuesta en la sentencia atacada.- V.- Resumidas así las posiciones de las partes y del Ministerio Público Fiscal corresponde ingresar al análisis de la admisibilidad formal de la articulación impugnativa formulada y verificar ab initio, que su examen formal no revela cumplimentados, en términos generales, los requisitos exigidos por la reglamentación vigente (cfme.: Ac. 4/2007, CSJN), así como los emergentes de la normativa de los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y cabe reparar aquí, sin caer en excesivo rigorismo formal, en la circunstancia de que no todas las fojas del memorial de interposición (fs. 77/91) contienen la cantidad de renglones (26) exigidos en el art. 1º de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal (Ac. 4/2007, CSJN).- Por lo demás, debe acotarse que la vía elegida por los recurrentes, es de naturaleza excepcional, de aplicación restringida y circunscripta a la existencia de "cuestión federal". Así, el citado art. 14 limita esta impugnación a las sentencias definitivas emanadas de Superiores Tribunales de Provincia, cuando en ella pueda verse plasmada alguna de las situaciones previstas en cualquiera de sus tres incisos. Es decir, que el objetivo fundamental del recurso extraordinario federal es afirmar la supremacía de la Constitución Nacional; lo que esté fuera de este ámbito, como las normas de derecho común o de fondo, las normas de derecho procesal local, o casos que versen sobre cuestiones de hecho, en principio, su aplicación, interpretación y tratamiento compete a los tribunales ordinarios resultando, por ello, materia excluida de esta impugnación extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad o gravedad institucional.- Establecidos así los parámetros dentro de los cuales corresponde examinar si es viable o no la apertura de la instancia extraordinaria pretendida, cabe mencionar que, en aras de establecer la concurrencia de los mismos, arguye la recurrente que los requisitos básicos para su interposición se cumplieron porque se ataca, dentro del plazo legalmente establecido, una sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de Provincia aduciendo la existencia de cuestión federal en relación directa con la materia y solución dada al caso, contraria a los derechos federales invocados -art. 18 C.N., a la vez violatorio de los arts. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporados en 1994 al art. 75 inc. 22 de la Carta Magna- y, asimismo, invoca la causal de "arbitrariedad".- Corresponde destacar que si bien es cierto que el recurso se interpone en legal tiempo, debe señalarse liminarmente que no expone configurado en el sub judice un real supuesto de "cuestión federal" por verdadera vulneración de las garantías del debido proceso ni de defensa en juicio.- Asimismo, es de naturaleza excepcional la causal de arbitrariedad para habilitar la instancia extraordinaria, por lo cual la revisión por tal vicio no puede tener por objeto el abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Fallos 295:420 y 618; 304:268 y 376) -tal como lo pretende la parte recurrente- y sólo atiende a la exigencia constitucional de que los fallos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las constancias de la causa, esgrimiéndose este agravio descalificante con sustento sólo en la disconformidad de la impugnante, por lo que tampoco tal causal habilita la apertura de esta vía extraordinaria.- En numerosos precedentes esta Sala se ha sostenido que, siendo la tacha de arbitrariedad excepcional, no hay un verdadero planteo de sentencia arbitraria si los agravios del recurrente sólo manifiestan su discrepancia con los criterios de selección y valoración de las normas que han utilizado los jueces de la causa.- Además de ello -que exhibe autonomía suficiente para descalificar la admisibilidad de la impugnación en examen-, es necesario poner de resalto que el libelo recursivo carece por completo de una crítica razonada de los reales fundamentos que sustentaron el fallo atacado y omiten una leal interpretación de mismos, los cuales, precisamente, hacen hincapié en disposiciones vigentes de normativa de derecho público local -Directiva Nº 30/07 del Poder Ejecutivo Provincial y Resolución Nº 35/11 de la Dirección del IAFAS- por completo extrañas a la competencia de excepción del Alto Tribunal Federal.- Por otra parte, la prevalencia de normas en la cual la parte actora-recurrente pretende fundar la "supuesta" arbitrariedad, en primer lugar no tiene la relevancia que los quejosos le quieren otorgar ni bajo aspecto alguno podría suscitar agravio federal. Las que se ventilan son cuestiones de derecho público local y responden estrictamente a lo dispuesto por la Directiva Nº 30/07 Poder Ejecutivo Provincial oportunamente publicada en el Boletín Oficial del 14/10/07 en la cual se basa la Resolución Nº 35/11 de la Dir. del IAFAS; volviendo a repetir ahora los argumentos fundantes de la pretensión esgrimida oportunamente, sin lograr enhebrar una crítica sustentable contra los puntuales fundamentos del pronunciamiento, evidenciando que nunca interpretó ni asimiló la recurrente el mensaje que emerge de él ni las peculiaridades que caracterizan a los recursos extraordinarios que no constituyen la vía de acceso a una nueva instancia ordinaria de mérito ante la cual se pueda someter a conocimiento y decisión el originario planteo pretensivo de la demanda.- VI.- Tales consideraciones me conducen inexorablemente a concluir que el recurso extraordinario bajo examen resulta palmariamente inadmisible y corresponde denegar su concesión para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo la recurrente soportar la totalidad de las costas devengadas por su impugnación.- .

Así voto.- A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK, dijo:

Adhiero a la solución que propicia el Dr. Carubia en su voto por ser acorde a la postura que esgrimí al expedirme en varios supuestos de similares presupuestos fácticos y jurídicos al presente in rebus "PANOZZO, DIEGO SEBASTIAN..." -22/06/11- "POLANCO BALBUENA, FACUNDO CARLOS..." -24/06/11- "CALVAREZ, FABRICIA NOEMI Y OTROS" y "ALLEROTTI, JOSÉ ALEJANDRO Y OTROS" -ambas del 9/08/11-, a cuyos argumentos me remito "brevitatis causae".- Así voto.- A su turno el Señor Vocal Dr. CHIARA DIAZ manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná,	30 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) RECHAZAR el recurso extraordinario interpuesto a fs. 77/91 por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada a fs. 69/72.- 2º) IMPONER las costas de la incidencia a la actora/recurrente vencida.- 4º) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Juan Antonio Mendez, Enrique D. Trillo y Fernando C. Ballesteros, por la actuación que le cupo en esta etapa del proceso, en las respectivas sumas de pesos: trescientos setenta y ocho ($378,00.-), trescientos setenta y ocho ($378,00.-) y quinientos veinticuatro con veinte Ctvos. ($524,20.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 15, 64, 91, 94 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**