Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-10


Salta, 10 de Septiembre de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "AGUIRRE, JUAN CARLOS CONTRA TARCAYA, OMAR POR DESALOJO" - Expte Nº 227854/08 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 9° Nominación ( CAM 311726/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

La Dra. María Cristina Montalbetti dijo:

Que la sentencia de fs. 158/59 rechaza la demanda de desalojo, por lo que es apelada por la parte actora, quien en su memorial de fs.163/65 se agravia porque el Sr. Juez entendió que ambas partes hipotéticamente detentan la titularidad sobre sus inmuebles y concluye que o existe certeza para llegar a una solución que dirima la contienda, puesto que aparentemente hay un desplazamiento en la realidad de uno de los inmuebles, ya que no condice con los datos aportados en autos.

Sostiene el apelante que ese análisis resulta erróneo toda vez que considera probada la titularidad del inmueble en cuestión con los medios aportados (títulos de propiedad, planos aprobados por la Dirección General de Inmuebles y demás), mientras que el demandado no trajo ninguna prueba que haga a su derecho, sino que solicitó el informe obrante a fs. 47/49, resultando el mismo favorable a la actora, por lo que existe certeza de la titularidad de la actora no así con respecto a la invocada por la contraria, resultando imposible el desplazamiento al que hace referencia la sentencia, por cuanto el referenciado por el demandado ni siquiera es colindante de acuerdo a los informes vertidos en autos.

Considera que no existen derechos controvertidos, ni excluyentes, como dice la sentencia, ya que la vivienda ocupada y que el demandado sostiene de su propiedad está ubicada en el catastro N° 8 que le pertenece, conforme las pruebas mencionadas. El perito designado en autos Ingeniero Roberto José Espeche concluyó que la casa que ocupa el demandado se encuentra dentro de la propiedad de la actora y el catastro 2423, plano 178, cuyo dominio alega el accionado, no está dentro del catastro de la accionante, no está superpuesto, como tampoco es colindante al mismo.Por último dice que demostró claramente su derecho de propiedad de la casa que reclama, que al demandado no le asiste derecho alguno a permanecer en la misma y que no es objeto de este proceso cuestionar la titularidad de la matrícula N° 2423, sino que la porción ocupada por aquél se encuentra incluida en el inmueble matrícula N° 8, plano 40, de propiedad de la apelante, por lo que solicita se haga lugar en todas sus partes al recurso y se revoque el decisorio impugnado, con costas.

Corrido traslado, es contestado por la contraria a fs. 169/71 quien solicita la deserción del recurso por no constituir agravio suficiente, sino una mera discrepancia con el fallo y requiere subsidiariamente el rechazo del recurso porque considera ajustada a derecho a la sentencia por contar con fundamentación bastante para sostener su validez, con costas.

II) Encontrándose cuestionada la admisibilidad formal del recurso por insuficiencia del memorial, corresponde proceder a su análisis en primer término.

Conforme se ha expresado en casos análogos, aunque el escrito de agravios adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont. Adm. LL 121-134; íd. LL 127-369); por lo que, si el apelante individualiza, aún cuando en mínima medida, los motivos de su disconformidad con el fallo que impugna, no corresponde aplicar la grave sanción que comporta la deserción del recurso (CApelCCSalta, Sala III, Tomo año 1997, fº 129).

En el caso, el recurrente controvierte la sentencia en grado en tanto rechaza la demanda de desalojo, considerando que se ha omitido valorar las pruebas de las que surge acreditada la propiedad planteada por su parte y la falta de derecho para permanecer en ella del demandado. Ello basta para sustentar la apelación, por lo que procede entrar al análisis de la cuestión traída a consideración.III) Entrando al fondo de la cuestión cabe considerar que quien promueve la acción, como en todo proceso debe designar la cosa demandada con exactitud (art. 330 del C.P.C. y C.) y demostrar la veracidad de su derecho y la carencia de él de la contraria.

El juicio de desalojo se trata de una vía procesal tendiente a obtener la restitución de un bien, por parte de quien tenga derecho a ella contra todo aquel cuya obligación le sea exigible (art. 691 CPCC). Es decir que tienen legitimación activa no sólo los dueños o contratantes que de alguna manera ceden el uso del bien cuanto poseedores respecto de los meros tenedores, pero no se da contra otro poseedor que acredite ese derecho en forma verosímil, sin que pueda discutirse las cuestiones relativas a la mejor posesión o dominio del inmueble, debiendo en ese supuesto ocurrir por las acciones reales o posesorias (conf. Sala IV de la CACC de Salta, años 2.007 t. XXVII, fs. 1795/96, entre otras).

En el caso se presenta una particularidad que debe hacerse notar dado su trascendencia para la acción intentada. En el escrito de demanda se indica que el objeto del juicio es una fracción del Catastro N° 8 se encuentra ocupada por el Sr. Omar Tarcaya, quien por carta documento le responde a la intimación de la actora que no ingresa a su propiedad sino a la matrícula 2423, plano 178. Además, instadas las partes a conciliar en la audiencia de fs. 39 convinieron que se deberá especificar con meridiana claridad los puntos de amojonamiento de ambas matrículas, de modo que si eventualmente la parte demandada estuviere incluida o sobrepuesta a la matrícula 08 del plano 40 se someterá a la exacta ubicación que de esta resultare, cesando su posesión.

Pero luego en los alegatos y en el memorial el apelante destaca que lo que se reclama en autos es el desalojo de una vivienda que se encontraría dentro de la propiedad de la parte actora. Si embargo en el mandamiento de fs. 29 el Sr. Oficial de Justicia constata la presencia del Sr. Marcelino Gómez, comodatario del actor (fs. 12 vta.), de lo que se deriva que la casa que se pretende no está ocupada por el accionado, quien negara su calidad de intruso.

En el informe de la Dirección General de Inmuebles (fs. 47) se plasma que el catastro N° 2423 "no tendría conexión en actos posesorios sobre la matrícula N° 8 del Plano 40".

Después del examen in situ del perito Sr. Ingeniero Agrónomo Roberto José Espeche en su dictamen de fs. 65 asegura que la parte demandada está incluida o sobrepuesta a la matrícula n° 8 del Plano 40, lo que es reiterado en las aclaraciones de fs. 79/80. Sin embargo en la audiencia de fs. 99 dice que no son colindantes, que "el croquis de ubicación del plano N° 178 para ubicar el catastro N° 2.423", no se corresponde con la realidad y que la casa "estaría" ubicada en el catastro N° 8.

Entonces, mas allá del problema de límites suscitado, como se expresa en párrafos precedentes la casa cuya constatación se efectuara en este juicio, no está ocupada por el accionado sino por el comodatario del actor, razón por la cual no puede considerarse intruso al demandado, dado que en autos no se demuestra ni siquiera la tenencia del bien objeto de juicio, lo que conlleva el rechazo de la demanda.

Como puede apreciarse, en la litis no surgen claros los puntos que se invocaran inicialmente y a posteriori, ni tan siquiera el espacio que se pretende pues el planteo varía en el curso de la causa, cuando era obligación de quien pretende una decisión favorable clarificar las cosas, probar la legitimidad de su reclamo y que el mismo puede hacerse valer por el camino elegido, dado que esta clase de proceso tiene un acotado margen de conocimiento y su único objeto es remover a quien no tiene derecho a permanecer en el inmueble y restituirlo a quien demuestra el derecho a su recuperación.

Así se ha dicho que: "El juicio de desalojo es de contenido muy simple y sólo procede contra aquél que no tiene derecho a permanecer en el uso o tenencia de la cosa, razón por la cual las cuestiones que puedan plantearse sobre la propiedad o posesión del bien no hacen cosa juzgada..." (CapelCC Salta, Sala II, "Vera, José Antonio vs. Navarro, Facundo - Desalojo" 14/03/89).

Se ha expresado que la pretensión de desalojo no prospera contra el poseedor, pues no pueden decidirse en el proceso sumario los derechos que se refieren a la posesión o al dominio, para cuya elucidación resultan inexcusables las formas amplias del proceso ordinario (SCMendoza, Sala I, JA 1995-III, 270).

Además, atento que la prueba es insuficiente y contradictoria para asentar la demanda, resulta ajustada a derecho la sentencia dictada por el Sr. Juez de la causa, por lo que el recurso debe ser rechazado con costas a cargo de la parte actora vencida en ambas instancias (art. 67 y 273 Código Procesal).

Por lo que voto porque se rechace el recurso de apelación y se confirme la sentencia de fs. 158/59, con costas.

El Dr. Ricardo Alfredo Amerisse dijo:

Que adhiere por sus fundamentos al primer voto.

En virtud del acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, se confirma la sentencia apelada. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.