marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Resolución administrativa, plazos administrativos, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parra, Lorenzo Emilio c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena  jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-08-09

Sin perjuicio de que en el sub-lite, no era necesario el recurso de reconsideración, por tratarse de una resolución de autoridad administrativa de última instancia, generado por reclamo, no estimo aplicable la normativa del código procesal administrativo, respecto del plazo de noventa días corridos para que se configure la denegatoria tácita habilitante de esta vía contencioso-administrativa.

En efecto, dicha norma está referida a los efectos de la impugnación por recurso formal, no siendo éste el caso dado que hubo simple reclamo, debiéndose por ello aplicar el código contencioso administrativo cuyo plazo de dos meses configura la denegatoria tácita;por ello la acción debe rechazarse al no haberse interpuesto en tiempo útil. (Del voto del Dr. Oviedo)
Recurso contencioso administrativo, demanda, desistimiento, recurso de reposición (procesal), Derecho laboral, trabajador, leyes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: García, Walter Daniel c/ Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  Revocatoria (Expte. CSJ Nº 387-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-01

No procede el recurso de revocatoria incoado por la ex- apoderada del actor contra el desistimiento de la acción formalizado por éste, y que sustentó en lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 23643 (Ley de accidentes laborales), por cuanto dicho artículo no puede estar dirigido a la Corte, porque en primer lugar ella no es la autoridad de aplicación a la que esa norma se refiere, y, fundamentalmente, porque de así entendérselo se pondría en crisis la imparcialidad del Órgano Jurisdiccional que pasaría, contrariando todo el sistema del debido proceso, a constituirse en juzgador y pretensor al mismo tiempo.
Contratos, acción quanti minoris
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-02

Corresponde hacer lugar a la reducción de precio en caso de que el vicio de la cosa no pudo ser advertido por el comprador a pesar de que obró con la diligencia debida, haciéndose asesorar para ello con un maestro mayor de obra. La calidad de oculto del vicio se patentiza en la imposibilidad de su determinación por parte de los peritos técnicos designados por el juzgado de primera instancia en las primeras pericias, ya que para su exacta verificación fue necesario recurrir a excavaciones, las cuales demostraron que las fallas denunciadas se derivan de otras estructurales como consecuencia de una deficiencia de los cimientos de la vivienda.

Quedando en consecuencia demostrado el carácter oculto del vicio en la vivienda adquirida y la procedencia de la acción de reducción del precio pagado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión constitucional, código procesal laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BASIGNANA, JULIO CESAR c/ MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Corresponde admitir la queja interpuesta y conceder el recurso de inconstitucionalidad pues, si bien es cierto que lo atinente al procedimiento declarativo con trámite abreviado que los sentenciantes estimaron aplicable al caso implica una cuestión de índole procesal laboral, ya que se circunscribe al alcance que corresponde asignar a disposiciones de ese carácter contempladas en los artículos 122/134 del Código Procesal Laboral (según texto ordenado por Decreto 1079/10), y que en consecuencia resultaría ajena al recurso de inconstitucionalidad, debe hacerse excepción a esta regla cuando de los agravios expuestos por el recurrente en el recurso deducido surgiría que de la inteligencia de tales normas instrumentales efectuado por el tribunal A quo pueda derivarse frustación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe (texto ordenado por Dcto. 1079/10), artículos 122 a 134
Honorarios del abogado, acciones societarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Carlos José c/ Banco Avellaneda S.A. s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Tiene contenido patrimonial a los fines arancelarios la demanda dirigida contra toda una sociedad que persigue: a) el rechazo de la memoria y la gestión del directorio; b) que se rechacen las cuentas del ejercicio; c) el rechazo de la propuesta de distribución de utilidades, con reintegro de las utilidades percibidas; d) la responsabilidad de los administradores y síndicos.
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: D.B.R., C. y Otra c/ C., L.C. y Otro s/ Tercería de mejor derecho en autos "C., L.C. c/A.C. y S.P. del O.Ch. s/Laboral"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06

En la aplicación del derecho, no hay limitación alguna y el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, según su ciencia y conciencia. El aforismo iura novit curia (que lo define como el derecho lo sabe el juez) significa, pura y simplemente, que el tribunal no se halle atado por los errores o las omisiones de las partes; y en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él.
Cuestiones de competencia, competencia federal, servicio público, redes cloacales
Materia: PROCESAL
Carátula: Yan, Xiazhu y otros c/ Yan, Xiazhu y otros s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

Corresponde a la justicia federal -y no a la contravencional- intervenir en el amparo promovido contra la empresa Aysa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se ordene la extensión de la red cloacal hasta el domicilio de la actoras sito dentro del radio de la ciudad cuya ubicación corresponde al área de aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales aprobado por ley 26.221 y el consiguiente carácter federal de la materia debatida. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Despido, daño resarcible, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Leyva Viviana Carina c/ Iarai SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

El sistema reparatorio previsto en el art. 245 de la L.C.T. no resulta abarcativo de otros hechos que se dan en forma concomitantes, conexos, anteriores, e incluso posteriores pero vinculados con la finalización del vínculo y que deben ser valorados a los fines de determinar si corresponde repararlos en forma autónoma. En la materia, debe atenderse a la conducta del empleador frente a la particular situación de extrema vulnerabilidad del dependiente (indiferencia frente a la enfermedad de su hijo menor e intimación para que se presentase a trabajar), y es por ello que los hechos descriptos resultan violatorios del deber de buena fe y solidaridad (conf. Art. 62 y 63 de la L.C.T. y 1198 del Cód. Civil) lo que revisten naturaleza contractual, y deben ser objeto de una reparación adicional. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al referirse a la indemnización debida por el daño resarcible, establece que aquella comprende especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bruschetti, Atilio enrique c/ Valles, Raúl Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Ciertos desembolsos, como los efectuados en fotografías, cartas intimatorias, notariales por apoderamiento, etc., constituyen un gasto de justicia hecho por el damnificado, y como tal, debe ser incluído en las costas del juicio, siendo la liquidación de éstos -en la etapa de ejecución de sentencia-, la oportunidad para discutir su procedencia y alcance.
Responsabilidad del Estado, muerte en acto de servicio, personal penitenciario, eximentes de responsabilidad, sumario administrativo, negligencia, sobreseimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WOLL, TOMAS R. Y OTRO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

No están probadas las causas de exoneración previstas en el art. 1113 del C. Civ. si el sobreseimiento del matador en la causa penal se fundó en la duda sobre su imputabilidad en razón de hechos propios del servicio, por cuyas faltas el Estado debe responder (arg. arts. 907, 908 y 1112, C. Civ.), y del sumario administrativo resulta prima facie que habría actuado con negligencia al no comprobar la ubicación de las balas en el arma al iniciar su guardia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, juicio oral, instrucción suplementaria, jueces, interpretación de la ley, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámaras desde que la cuestión traída a conocimiento no involucra un planteo por afectación de garantías constitucionales , y no excede a un problema del alcance de las normas, reservado a los jueces de la causa .

En el caso, el Tribunal Oral interpretó -en el contexto de las disposiciones legales-, las facultades que le concede la instrucción suplementaria prevista en el artículo 453 del Código Procesal Penal en orden a la solución que otorgara al caso -esto es, el revocar el procesamiento de los imputados de acuerdo a lo previsto en el artículo 328 del digesto procesal criminal- y en su lugar, disponer el sobreseimiento de aquéllos por considerar que "el sólo testimonio incriminante de la víctima carece de los más elementales atributos de confiabilidad para erigirse en basamento sustancial de un pronunciamiento incriminante".

Y que: "Los nuevos elementos de juicio incorporados en esta instrucción suplementaria que así lo señalan, determinan que no pueda en modo alguno sosteners e el juicio de probabilidad que emitiera el instructor, el que consecuentemente debe ser revocado conforme a lo previsto en el art. 328 C. Pr. P." - razonamiento basado en puntualizadas circunstancia s sobre las que hizo mérito el Tribunal que no han logrado ser descalificadas ni puestas en tela de juicio por el impugnante. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LOPEZ, Juan Catalino c/ Dirección Provincial de Vialidad de Salta s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-31

No procede la concesión del recurso extraordinario por tratar la resolución impugnada sobre un tema procesal, materia que resulta ajena al recurso intentado. Para su procedencia, de acuerdo al Art.

297 del Código Procesal Civil y Comercial, se requiere que exista una cuestión constitucional cuestionando la validez de normas legales por ser contrarias a la Constitución y ser una sentencia definitiva.
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Mazter Industrial Maderil S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-05-11

La actualización monetaria posterior al 31/03/91, resulta improcedente, siguiendo el reiterado criterio de este Superior Tribunal, por encontrarse este crédito laboral comprendido en la ley 23.928, correspondiendo aplicar a partir de esa fecha, un interés equivalente al correspondiente a la tasa pasiva que abona el Banco de Misiones en sus operaciones a 30 días. La sentencia firme de 1era. Instancia es de fecha anterior a la sanción de la ley 23.928 y el planteo de la demandada resulta por lo tanto oportuna al practicarse la planilla de liquidación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, relación de dependencia, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEZCANO, MARIA CRISTINA c/ GARRO, GUILLERMO ANGEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-20

La impugnante no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad, en tanto sus cuestionamientos se diluyen al dejar incólume el núcleo sentencial de la Alzada, esto es, que la actora no ha acreditado la existencia de una relación laboral en sustento de su pretensión, remarcando la Cámara la orfandad probatoria del reclamo dada por la falta de diligencia de la accionante interesada, como así también la conducta procesal de la propia parte de omitir relatar ciertos hechos que luego se demostraron como contrarios a su postulación; sin que se demuestre ni advierta insuficiencia en lo sentenciado, resultando la cuestión en examen una materia propia del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, sentencia condenatoria, responsabilidad solidaria, contrato de franquicia, demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones, fraude laboral, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAÑETE, ELIANA ROCIO c/ PBH S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

En lo concerniente a la aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo por la insolvencia de la franquiciada, la accionante omitió considerar lo expuesto por la Sala, en relación a que la relación comercial, conforme la prueba rendida, se encontraba ajustada a lo estipulado por el Código Civil y Comercial sobre el contrato de franquicia; que la mera redacción del contrato entre las partes no resultaba suficiente para la atribución de responsabilidad solidaria; y que no se encontraba demostrado que el franquiciado no posea capital propio, ni una organización y conformación societaria autónoma, ni se vislumbra que nos encontremos ante una extensión o dependencia del negocio principal que conlleve la automática subsunción del caso en el artículo 30, más allá de las estipulaciones contractuales que reflejan la naturaleza del contrato de franquicia en sí; asimismo, la recurrente no se hace cargo de la fundamentación brindada por el A quo en cuanto a que la condena a la patronal directa se sustentaba en las presunciones ante la incomparecencia de dicha parte al pleito, pero que ello no podía determinar la extensión de responsabilidad, la que no se presume, sino que requiere acreditación fehaciente de sus presupuestos de base, en particular del obrar contrario a derecho de la codemandada en lo que refiere al incumplimiento de leyes laborales y previsionales (en fraude al trabajador), lo que ni tan siquiera se menciona en el pronunciamiento en crisis. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 30
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: ING. EDUARDO RAUL SANGARI s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Si la contienda negativa de competencia no se encuentra precedida de la investigación necesaria para que la Corte pueda ejercer las facultades que le confiere el art. 4, inc. 7 del decreto-ley 1285/58, y de la denuncia, que no ha sido ratificada, no surgen elementos que permitan encuadrar PRIMA FACIE el caso en alguna figura determinada, la incompetencia del juez provincial ha sido prematura.
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Mansor, Samira c/ Fundación Médica de Mar del Plata s/ Indemnización por incapacidad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

La intimación prevista por el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo reviste el carácter de recepticia quedando consumada sólo cuando llega a la esfera jurídica del destinatario; careciendo de virtualidad jurídica la recibida por el administrador del edificio donde se domicilia el dependiente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: JUAREZ, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

Aun cuando el compareciente a fin de dar cumplimiento al requisito de autosuficiencia previsto en el artículo 3 de la ley 7055, insertó en su escrito recursivo los textos íntegros de distintas presentaciones vinculadas con el caso -demanda de declaratoria de pobreza, memorial sustitutivo del informe oral en la audiencia de vista de causa, expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia, y la resolución de segunda instancia contra la que interpuso recurso de inconstitucionalidad-, dicho recaudo no puede tenerse debidamente cumplimentado en autos conforme la exigencia legal referida.

Es que pese a incorporar los textos mencionados, omite lo que en definitiva le impone la norma, esto es, el relato claro, preciso y objetivo de los antecedentes fácticos de la causa que considera relacionados con la cuestión constitucional que peticiona revea la Corte, criterio vertido en A. y S. T. 142, pág. 203-210 -si bien con relación al recurso extraordinario federal- del cual se desprende que la necesidad de autosuficiencia del recurso no implica la transcripción de los escritos a los que hace referencia, ya que la misma no constituye un requisito exigible para la admisibilidad del mismo.

En consecuencia, debe señalarse que el recaudo mencionado no se satisface incluyendo en el memorial recursivo los escritos del expediente principal ni la transcripción de los mismos sino que requiere que el compareciente efectúe la exposición concreta de los hechos atinentes de la causa y la vinculación que ellos tengan con la cuestión constitucional que se pretende someter a decisión de este Alto Cuerpo.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arana, Jorge c/ Aselle, Miguel S. y ots. s/ Cobro de alquileres Gonzalez, Nilda A. y ot. c/ Tabuenca, Néstor R. y ot. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11|1995-04-18

La inhibición general de bienes se regla en nuestro ordenamiento procesal como un remedio subsidiario al embargo y sólo procede cuando, siendo éste viable por configurarse los básicos presupuestos del mismo, no puede efectivizarse por desconocimiento, inexistencia o insuficiencia de bienes, de modo que esta medida precautoria es sustitutiva esencialmente del embargo (art. 228 Cód. Procesal).
Derecho procesal, contadores públicos, informes sobre impuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: B., A. C. c. S.A. SA s/ medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-29

Con relación a la suficiencia o autenticidad de la certificación contable realizada por un contador público particular, la norma del artículo 211 inc. 4) última parte de la Ley XIII N°5 Anexo A -DJ-, no exige la realización de una pericia contable, lo que sería contrario a la celeridad que debe presidir en el otorgamiento de toda medida cautelar. El informe de un profesional matriculado y en el ámbito de su competencia, otorga suficiente seriedad a los fines de considerar verosímil el derecho invocado, y la urgencia de la medida hacer prescindir el procedimiento de designación y dictamen contador.
Responsabilidad civil, defensa del consumidor, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: EXP. N° 33.357 ASHIMINE, RITA CAROLINA Y OTS. C/ SIUFFI DE MORILLA, TERESA Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-06-22

Al analizar el sistema de responsabilidad por daños que diseña la Ley de Defensa del Consumidor se ha afirmado que la interpretación sistemática de sus normas permite sostener el carácter objetivo de la responsabilidad del proveedor en todos los casos regidos por ella.

Es más, podría añadirse una interpretación ceñida al texto del artículo 10 bis de ese cuerpo normativo que permitiría concluir que la única eximente válidamente esgrimible por el proveedor, en el estadio del nexo causal, es el caso fortuito o fuerza mayor.

Ello descartaría la posibilidad de invocar el hecho o culpa del tercero o de la víctima, en la medida en que no reúnan, a su vez, los caracteres del caso fortuito.

En efecto cuando exista riesgo empresario, se aplicarán como derecho de fondo las causales de exoneración de culpa de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder, pero siempre dentro de la regla general del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, por el principio in dubio pro consumidor.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, ordenanzas municipales, concejo deliberante, planeamiento urbano, Código de edificación, excepciones al Código de edificación, derogación del reglamento
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade  S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, basándose exclusivamente en el principio de la "inderogabilidad singular de los reglamentos", sostuvo que el Concejo Deliberante del Municipio demandado no pudo válidamente apartarse de sus propias reglamentaciones urbanísticas generales, al dictar las ordenanzas que autorizaron al departamento ejecutivo a aprobar un proyecto, siendo que tal principio no se aplica a los actos normativos de sustancia legislativa, como son las ordenanzas municipales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

La Ley Orgánica de los Tribunales Nro. 10160 -y sus modificatorias-, introdujo en el ordenamiento legal santafesino, en su artículo 28, la existencia de los Tribunales plenos y plenarios, y en cuanto a los primeros, fundó la interpretación de que "las Salas de una misma Cámara pueden a pedido de parte o de la simple mayoría de sus jueces, reunirse en tribunal pleno o de evitar fallos contradictorios, y en este último caso, pueden actuar en defecto de caso concreto, para fijar la interpretación que se dará en lo sucesivo a una cuestión de derecho. (Del Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valle Hector Alberto Nestor c/ Domínguez Aldo Fermin s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Por lesión debe entenderse toda alteración a la contextura física o corporal - como una contusión, escoriación, herida, mutilación,etc.

-; cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y lo indemnizable no es otra cosa que el daño ocasionado a la víctima y que se traduce en una disminución de su capacidad en sentido amplio, que comprende, además de la aptitud laboral, la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva,etc. (art. 1086 C.C.).