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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -DR EMILIO MALDONADO PUIG- FORMULA DENUNCIA CONTRA EL SR. JUEZ DE CAMARA SALA I PENAL DE ROSARIO DR. T. CONFORME LO DISPUESTO EN ART 11 LEY 7050 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 532-86) V.,  A.;  P.,  J. M. E. I,  D.  G. -FISCALES DE CAMARAS TRIBUNALES  DE  ROSARIO-  ELEVAN  INFORME  S/INVESTIGACION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO  DE LO DISPUESTO POR ACTA ACUERDO Nº 24 DE FECHA 11-3-91 (JUZGADO DE INSTRUCCION  DE  LA  DECIMA  NOMINACION: DR M. F., F.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 74-94) B., G. B. s/ Tribunal de enjuiciamineto. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 696-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-24|1996-07-02|1995-02-22

El inciso 2 del art 1 de la ley 7055 requiere que se haya cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en el.

Como reiteradamente se ha sostenido, la norma en cuestión de ningún modo admite o sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales. En este sentido, se ha dicho que entenderlo de ese modo, seria superponer el inciso 2) con el 3), o peor aun tornar a este ultimo innecesario e inoperante. Pues es ciertamente claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia supuesto alegado por el recurrente no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. Por otra parte, se desnaturalizaría la impugnación extraordinaria local porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentre comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que el perdidoso en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional, destruyéndose así la finalidad del instituto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, escritura pública, escribanos públicos, competencia por el territorio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Pasalaqua, Jorge A. c/ Coop. Agric. Federada de Los Quirquinchos y otros s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad -  Declaración de nulidad (Expte.: C.S.J. Nro. 126 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Es inadmisible la queja interpuesta toda vez que la impugnación del recurrente se centra, fundamentalmente, en su discrepancia con lo decidido por la Cámara respecto a la validez del acto -escritura pública a través de la cual se instrumentó un mutuo con garantía hipotecaria-, en tanto ésta considera que la incompetencia territorial del escribano implica que la nulidad de que adolece el instrumento público en que se instrumentó la garantía sea de tipo relativa y no manifiesta, mientras que la impugnante sostiene que aquélla es de tipo absoluta y manifiesta - de acuerdo con los artículos 980 y 1047, primera parte del Código Civil- y por ello el acto viciado carece de validez, pero sin hacerse cargo de un aserto fundamental en el razonamiento de los Juzgadores: que la accionante persigue la anulación de la escritura en que se instrumentó su obligación con el objeto de "...evitar el cumplimiento de la garantía hipotecaria (o por lo menos dilatarla) obrando al margen de la buena fe que exige la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos...".
Actos voluntarios, manifestación de la voluntad, presunción legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, Pedro Benjamín c/ EXPRESO PARANA y otros s/ DESVALORIZACION  MONETARIA  -  RENUNCIA  DE DERECHOS - MULTA - HECHOS  VOLUNTARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

La expresión de la voluntad presumida por la ley, que constituye una subespecie de la manifestación tácita, sólo resulta de los casos en que ella expresamente lo dispone.-
Resoluciones irrecurribles, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: Revello, Marcelo Claudio c/ Cárdenas, José Miguel s/ Ejecutivo-Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-24

El art. 560 del C.P.C.Ch., que enuncia el principio general de inapelabilidad de las resoluciones que se dictaren en cumplimiento de la sentencia de remate determina la restricción con respecto del ejecutado, no del ejecutante, y tampoco se incluyen los terceros o incidentistas no involucrados en la sentencia de remate, ni las cuestiones ajenas al trámite del juicio, o cuyos efectos no son reparables en el proceso de conocimiento ulterior, o cuando la impugnación se funda en la violación del derecho de defensa en juicio.
Operaciones bursátiles, secreto bursátil, insider trading, sanciones administrativas
Materia: ECONOMIA
Carátula: COMISION NACIONAL DE VALORES s/ ASUNTO: ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S/ TRANSFERENCIA PAQUETE  ACCIONARIO A NABISCO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-05

El "insider trading" (r.G. 190/91, Modif. Por r.G. 227/93), Destruye de manera decisiva la confianza de quienes acceden a los mercados de valores, sin la cual estos no pueden literalmente funcionar, pues si quienes cuentan con información que no es accesible al resto de los inversores, pueden aventajarlos en la posibilidad de obtener ganancias, el ahorro publico se derivaría hacia otras inversiones, y esto afecta la formación de un autentico mercado de capitales, con las previsibles consecuencias disvaliosas para este método genuino de inversión que posibilita la participación del ahorro publico en la financiación de las empresas.

Es por ello que la configuración de tal instituto debe ser sancionada, de conformidad con lo previsto por la ley 17811: 10 (ref. Ley 24241).
Auto de procesamiento, fundamentación de la resolución, prueba testimonial, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ASTIZ, A. s/ procesamiento Causa 29.987
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-02

Las manifestaciones del Juez de grado al fundamentar el auto de procesamiento atribuyéndole al testigo de cargo mayor credibilidad basados en la seguridad de sus respuestas, en la de su puntillosidad sobre los detalles en sus respuestas frente a una postura dubitativa y confusa del confrontado, no pueden ser, de ningún modo, controvertidos por los giros idiomáticos que se volcaron en las actas, pues reflejan impresiones que sólo experimenta aquél que ha tenido inmediatez con la prueba y ha sopesado actitudes, palabras, procederes, que no se reflejan en los escritos y por tanto no pueden ser apreciados en su real dimensión por un tribunal que, sólo accede a la prueba de un modo mediato.
Abuso de firma en blanco, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ DE GODOY, María del C. s/ DEFRAUDACION. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

Para la configuración del delito previsto en el inc. 4 del art. 173 CP resulta esencial establecer si los datos insertados en el documento en cuestión contrarían la verdadera intención, en el caso de los querellantes, al firmarlo en blanco -según su relato- que quien lo recibiera lo haya llenado abusivamente, esto es, en contraposición con las instrucciones que aquellos le impartieran, circunstancia ésta que no se ha acreditado en forma suficiente en estos actuados.

NOTA: Se citó: Sebastián Soler, 'Derecho Penal Argentino', ed. 1970, t. IV, pág. 356 y sgtes.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, sobreseimiento, ley supletoria, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de prescripción en autos: OTASU, Ricardo Orlando s/ inf. art. 74 Ley 10- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Cabe destacar que el régimen de impugnaciones previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria al procedimiento delineado por la Ley Nro. 12, conforme lo dispuesto en el artículo 6 de esta última, no contempla la posibilidad de apelar la denegatoria de sobreseimiento durante la sustanciación de la etapa de investigación preparatoria.

Por el contrario, la resolución definitiva apelable a la que alude la normativa nacional (artículo 449 Código Procesal Penal de la Nacióm) es el sobreseimiento -expresamente previsto en este artículo- puesto que es el único que produce efecto de cosa juzgada material (artículo 335 Código Procesal Penal de la Nación), de modo que no puede volverse a replantear lo resuelto. De lo anterior, deviene como lógico corolario que sólo resulta materia de apelación el sobreseimiento, más no su denegatoria.

En este sentido se ha pronunciado la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, al referir que: "La negativa del señor juez de instrucción a disponer el sobreseimiento del imputado ante la petición en ese sentido de su defensa se trata de una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación -arts. 432 y 449 del C.P.P.N.-" (SAIJ, sumario nro. 30005883, CNACCF, Sala I, "Dalmacio, Hernán S/ aclaratoria", causa nro. 28.235, Inter. Nro. 1025 del 21-11-96).

Por su parte la Sala II del mismo Tribunal, expresó que: "La negativa a disponer el sobreseimiento peticionado por la defensa es una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación -arts. 432, párrafo primero y 449 del C.P.P.N.- Ello, en concordancia con el carácter limitadamente contradictorio de la etapa instructoria" (SAIJ, sumario nro. 30006199, CNACCF, Sala II, "Cuviello de Monis, Elena S/ inc. de apelación" causa nro. 13.741, Inter. Nro. 14.577, del 22-09-97).
Simulación, contratos, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IVANCICH MARIO A. C/ OLGA GARASSINO - RECURSO DE REVISION s/ RECURSO DE REVISION - SIMULACION - MANDATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-07

Para que haya simulación es preciso que los contratantes quieran simultáneamente celebrar un acto aparente, es decir, que ambos estén de acuerdo en fingir. Si uno solo de ellos tiene intención de engañar pero mantiene su voluntad en secreto, no hay simulación sino simple reserva mental que es jurídicamente irrelevante. El contrato de compraventa celebrado entre fulano y mengano, por tanto, no es simulado sino perfectamente valido y eficaz. El enajenante vendió a la persona que contrato con el sin saber que era el testaferro de un tercero. Su voluntad ha sido vender al comprador ostensible y no al tercero que permanecía oculto, de modo que el acto no puede ser encuadrado en el último párrafo del art. 955 del Cód. Civil porque el adquirente -el comprador en el remate-es la única persona a la cual juez ha querido transmitir la propiedad del inmueble vendido.

El enajenante no ha tenido intención de transmitir o constituir derechos en favor de ninguna otra persona que no fuera quien concurrió a comprar en la subasta. Esto demuestra que aquel artículo no comprende la interposición real de personas sino solamente la ficticia, en la cual debe haber tres sujetos confabulados para realizar el acto aparente: los dos contratantes verdaderos y el testaferro de uno de ellos. Este supuesto coincide al pie de la letra con la parte final del art. 955 del Cód. Civil, porque aquí el enajenante declara constituir o transferir derechos a una persona interpuesta que no es aquella para quien en realidad se constituyen o transmiten. Solo en este caso la venta es ficticia; hay simulación relativa subjetiva ya que el testaferro no es verdadero contratante.

Su función es adquirir en forma aparente hasta que la declaración de simulación haga salir a la luz al comprador real.
Menores, prescripción de la acción penal, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., J. M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-27

No ha operado la prescripción de la acción penal si el lapso de cuatro años establecido en el art. 62 inc. 2° CP, como coautor de robo simple en grado de tentativa, ha sido interrumpido por la comisión de un hecho delictivo en los términos del art. 67 CP, ya que el art. 4 de la ley 22.278, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, conduce a la regla de que es la aplicación de la pena máxima lo que exige a quien la propone una razón suficiente, debido a la minoría de edad del autor al momento del hecho, pero no que la escala prevista para el delito consumado, o cometido en grado de conato, no le sea aplicable, pues se estaría anulando el texto legal. La disidencia sostuvo que para determinar si la acción penal se encuentra vigente respecto de un hecho delictivo cometido por un menor de 18 años, se debe computar el término prescriptivo correspondiente al tipo de que se trate, reducida su escala conforme las disposiciones que rigen la tentativa y, si no hubiera superado en su iter criminis la etapa de la tentativa, corresponderá aplicar la doble reducción. (Dres. Diez Ojeda -en disidencia-, Hornos, González Palazzo).
Agotamiento de la instancia administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ibáñez, Ramón Gilberto c/ Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-14

Para habilitar la competencia de la Corte en los términos del art. 204 de la Constitución Provincial y 2do. del C.P.A., es presupuesto necesario el previo agotamiento de la vía administrativa, la que se logra sólo cuando existe pronunciamiento expreso o tácito de la autoridad de última instancia (art. 5 de la citada ley).

En el caso, no se dio cumplimiento al requisito mencionado, ya que el actor, frente a la ausencia de respuesta a su reclamo articulado por vía administrativa, no dedujo el Recurso de Alzada previsto por el ordenamiento legal adjetivo aplicable, sino que impugnó directamente en sede judicial. Al no haberse cumplido las condiciones exigidas para habilitar la tramitación de la Acción Contencioso Administrativa a tenor de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos, toda vez que no hubo pronunciamiento de la autoridad de última instancia, este Tribunal es incompetente para entender en los presentes autos.
Falsificación de documentos, documentación del automotor
Materia: PENAL
Carátula: Barron, Francisco s/ Inf. art. 292 C.P. Causa 25616
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-07

La falsificación de documento destinado a acreditar la titularidad del dominio de vehículos automotores encuadra en el art. 292 del Código Penal.
Daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Russo, Alejandro c/ Adrogue, Esteban s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

En principio, las medidas cautelares en los procesos por indemnización de daños y perjuicios emergentes de un hecho ilícito, sólo son procedentes cuando media confesión expresa o ficta acerca de los hechos y de la responsabilidad imputada o existe condena criminal contra el demandado o el agente por quien aquél es responsable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, derecho a la vivienda digna
Materia: PENAL
Carátula: Asesoría General Tutelar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ALJ y otros c/ GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales y otros subsidios y sus acumulados s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Los recursos de queja fueron interpuestos en tiempo y forma por parte legitimada y contienen una crítica suficiente de la decisión interlocutoria que denegó los recursos de inconstitucionalidad que vienen a sostener. Para denegar su acceso a esta instancia, los jueces a quo sostuvieron que la actora no había impugnado una sentencia definitiva, que no se verificaba la concurrencia de una cuestión constitucional y que el fallo no era arbitrario. Por su parte, la recurrente explicó que la decisión de la Cámara, que en última instancia se quiere impugnar le provoca un gravamen irreparable, pues la coloca en situación de calle, privándola de la satisfacción de su derecho a la vivienda. Estas manifestaciones satisfacen la carga de fundamentación prevista en el segundo párrafo del art. 32 de la LPTSJ. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, bien jurídico protegido, derecho a la privacidad
Materia: PENAL
Carátula: Reyes, David G. s/ Inf. art. 14 de la ley 23737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

Resulta un elemental principio de todo derecho penal racional que no hay prohibición que no tenga por fin tutelar un bien jurídico, de modo que la descripción legal sólo puede abarcar como prohibido lo que efectivamente afecta lo que la norma tutela con la prohibición.

Resulta tarea de los jueces, en su carácter de custodias de la ley fundamental, la de determinar en cada caso aún sin recurrir al remedio extremo de la inconstitucionalidad, si la conducta del agente se desarrolló en su esfera privada constitucionalmente protegida o si su accionar trascendió de tal ámbito, afectando el orden y a la moral pública o perjudicando a terceros.

Por ello, si el encausado al momento de su detención, se hallaba solo, sin hacer ostentación o demostración alguna de la exigua sustancia estupefaciente en su poder la que fue hallada entre sus ropas interiores, su conducta escapa del ámbito penal.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Zanín, Beatriz Luisa (Def. Of. Cám. Nº 2) s/ Recusar con causa Recusar con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-15

La causal de prejuzgamiento prevista en el art. 48 inc. 1º del C.P.P., como todas las demás causales de recusación, son de interpretación restrictiva. Nuestra norma procesal acota la causal de prejuzgamiento al dictado de sentencia previa y no puede por vía de interpretación extenderse a resoluciones producidas en otro momento, que como en el caso de análisis, se refiere a una cuestión meramente procedimental como la elevación a juicio, cuya naturaleza es llamar a las partes para que precisamente se contradigan jurídicamente y se controlen mutuamente y que por lo tanto no puede ser equiparado al término "sentencia" que menciona el art. 48 inc. 1º del C.P.P..
Homicidio calificado, arma de fuego, valor probatorio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: ESPINOZA LUIS ALBERTO S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-02

La valoración del plexo probatorio que se produjo en el debate más las convenciones probatorias informadas, llevó al Tribunal de Juicio a determinar, en forma categórica, la mecánica del hecho, la forma en que el autor efectuó los disparos, la causa de muerte, el calibre y la aptitud para el disparo del arma utilizada y muy especialmente la autoría del imputado fuera de toda duda razonable, ponderando detenidamente, tanto la prueba de cargo como la de descargo. En tales circunstancias, no se verifican las condiciones sobre las cuales pudiera intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del Recurso Extraordinario Federal bajo la tacha de arbitrariedad que denuncia, restando así un requisito esencial para el acudimiento a esta instancia (art. 248, inc. 2°, a contrario sensu, del C.P.P.N.); por que corresponde declarar desde un estricto punto de vista formal la inadmisibilidad de la Impugnación Extraordinaria presentada por los Defensores de confianza, en favor del encartado.
Recursos, sentencia, admisibilidad del recurso, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema, prescripción tributaria, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Por razones de economía procesal y para evitar someter a los litigantes a un dispendio jurisdiccional innecesario, debe admitirse el planteo del recurrente, revocar lo resuelto por la Cámara en lo relativo a la prescripción de la acción por períodos vinculados con actividades no industriales (venta por mayor de artículos de uso doméstico y venta por menor de materiales y productos de limpieza, que no están exentas del ISIB); y disponer que el presente caso se resuelva con aplicación del derogado Código Civil, conforme la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en "Volkswagen" (Fallos 342:1903). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Ley penal más benigna, actuación de oficio, hurto calificado
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Ramón Florentino s/ Homicidios - Hurto calificado en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

En la instancia extraordinaria abierta por el recurso de inaplicabilidad de ley debe aplicarse de oficio la ley 23.077, que resulta más favorable al procesado al disminuir la escala para el delito previsto en el art. 163 inc. 2 del C.P., a fin de brindar operatividad a la expresión "de pleno derecho" contenida en el art.

2 del C.P..
Sentencia arbitraria, revisión judicial, prueba, personal militar, indemnización, muerte
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Correa Belisle Rodolfo Luis c/ EN- EMGE- y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Es arbitraria la sentencia que denegó al actor una reparación pecuniaria por la separación del cargo, pues el control judicial realizado por el a quo se basó en una valoración parcial, fragmentaria y descontextualizada de las pruebas incorporadas a la causa y a partir de ello, dejó sin respuesta al cuestionamiento principal realizado por el actor según el cual su pase a retiro constituyó una represalia ante la declaración testimonial que realizó en la causa penal donde se investigaba la muerte de un soldado.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenkrantz, en disidencia parcial, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Delito político, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La distinción entre delitos políticos y delitos comunes conexos, está mantenida en la jurisprudencia de la Corte Suprema con la idea de excluir de la impunidad acciones de barbarie o vandalismo.
Ejecución de honorarios, intereses, embargo, citación de venta, excepciones procesales, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Zabala, Eduardo Rafael  c/ Provincia de Formosa  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-10

De conformidad a lo dispuesto por el art. 497, siguientes y concordantes del CPCC de la Provincia de Formosa y por mandato del art. 62 de la Ley 512, cabe tener por iniciada la ejecución de honorarios, tener presente la cesión de honorarios profesionales de los abogados y librarse el mandamiento de embargo contra el ejecutado hasta cubrir el monto correspondiente con más la suma de pesos que se presupuestan provisoriamente en concepto de intereses y costas de la ejecución, debiendo citarse de venta al deudor para que oponga las excepciones de que intente valerse -arts. 499, 502, 503 y cctes. del mismo cuerpo legal-.