marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, recurso extraordinario federal, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Acevedo Hugo y otros c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-30

Para regular los honorarios profesionales por la tramitación del recurso extraordinario federal, la base regulatoria es el monto de los honorarios regulados en el proceso principal, y por aplicación del art. 33 de la ley 3956, corresponde regular el 10 % de dicha base.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, IVA
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dr. Pillado Enrique Fernandez y otro. s/ Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-01

El gravamen ha sido concebido por el legislador como un impuesto indirecto al consumo esencialmente trasladable; aún cuando los honorarios regulados judicialmente no pueden asimilarse literalmente a los "precios concertados" a que se refiere el Art. 48 de la ley de tributo, ello no permite obviar la ponderación de que tal precepto revela inequívocamente que el legislador previó el funcionamiento del impuesto de manera tal que su carga se traslade hacia quien ha de pagar por el bien o el servicio gravado, sin que existan elementos que autoricen a suponer que la materia bajo examen constituya una excepción a ese principio. (Dr. Dionisi: según su voto).-
Cuestiones de competencia, demanda, reconvención, economía procesal, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Zéneca SAIC. c/ Vázquez, Arnaldo Norberto y otros s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Si de las pretensiones contenidas en la demanda y en la reconvención surge con evidencia que su tratamiento por separado alteraría el principio de continencia de la causa, dada la íntima vinculación de las cuestiones planteadas, corresponde mantener el trámite de ambos reclamos ante un mismo juez, en atención a una elemental razón de economía procesal y a fin de evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias, procurando salvaguardar el mejor desarrollo de la función jurisdiccional (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Interés superior del niño, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor, por sí y en representación de sus hijos menores F.P.B., M.P.B. y F.P.B. en la causa P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

La consideración del interés superior debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que involucran a los niños y niñas en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga (art. 75, inciso 22, de la Ley Fundamental).
Robo con armas, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: CAMPILLAY, MARIO ALBERTO (A) Vieja Y DIAZ, JOSE DANIEL (PROFUGO) s/ ROBO AGRAVADO en Perjuicio de Martín G. Paredes y Cristian Agüero - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-24

La reforma operada por la Ley 25.882, al modificar el articulo 166 inc. 2 del C.P. ha consagrado un nuevo tipo penal que trata de modo independiente el robo calificado con armas, de modo que en la actualidad, son cuatros las hipótesis, con penas diferenciadas y graduales para cada caso: 1) Robo con un arma que no sea de fuego, 2) Robo con un arma de fuego, 3) Robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pude acreditar y 4) Robo con un arma de utileria.

Advirtiéndose que la finalidad de la reforma fue terminar con la antigua discusión en torno al fundamento de la agravante y que había dado lugar al nacimiento de las denominadas teorías objetiva y subjetiva. Es claro que en las dos primeras hipótesis el fundamento de la agravante lo constituye el mayor peligro real para la vida y la integridad física del sujeto pasivo. En cambio, en los restantes, el fundamento lo constituye la mayor intimidación sufrida por la víctima de un robo, en el que se ha utilizado un arma sin poder ofensivo acreditado o un objeto con la apariencia de aquella.

Conforme a ello, y tal como se encuentra concebido el tipo en general, estimo que la norma pone en claro que la capacidad funcional u operativa del arma es un extremo que debe ser particularmente probado en el proceso, y no admite ser presumido en abstracto. Y la expresa referencia al robo cometido con armas de fuego "cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada", mantiene la posibilidad de que dicha condición sea inferida a través de los medios probatorios aptos e idóneos para dicho fin y según las circunstancias concretas de la causa.

Con ello, el principio de libertad probatoria (art. 214 C.P.P.) subsiste plenamente en vigencia y en modo alguno se amplia, suprime, restringe, altera o vulnera, en desmedro de las partes, los medios de prueba regulados por el ordenamiento procesal.

Considero que, el párrafo atacado de la norma, bajo ningún aspecto se refiere al "como" de la realización de la justicia penal, sino que simplemente regula y limita el poder del Estado para asegurar la recta administración de justicia.

Con el nuevo texto de la norma en cuestión, comparto el criterio expuesto por Ivan C. Tolnay (Las nuevas figuras de robo con arma introducidas por la ley 25.882, publicado en L.L. del 24-09-2004, p.2) cuando afirma "... las utilización de varias armas no permite inferir nada acerca de su aptitud; y ante el desconocimiento de una circunstancia como la ofensividad, solo debe presumirse su inexistencia, pues es a la acusación a quien compete la prueba de los elementos descriptos en el tipo objetivo del delito en cuestión".

La circunstancia de que con la original formula, ya referenciada, se haya legislado una figura con elementos no probados o negativos (no-aptitud), que por cierto dificulta la tarea interpretativa, en modo alguno justifica su declaración de inconstitucionalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, responsabilidad del Estado, competencia, responsabilidad extracontractual, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DIANA, MARIA LUCIANA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 308 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

En el precedente "López" esta Corte evaluó que, a fin de dilucidar cuál es el tribunal competente para entender en una acción por daños y perjuicios derivados de un supuesto hecho ilícito atribuido a un ente público por haberse lesionado el derecho a la salud, correspondía considerar ante todo los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de insoslayable valoración para la correcta solución del caso.

En ese orden, se observó que este Máximo Tribunal fijó pautas en relación a los servicios públicos -y específicamente respecto de la prestación del servicio público de salud-, como también en cuanto a la responsabilidad del Estado, pautas que debían ser ponderadas conjuntamente con las normas legales y constitucionales locales de aplicación a efecto de verificar la naturaleza de la responsabilidad involucrada, contractual o extracontractual, y en consecuencia, el tribunal competente que debía entender. Se destacó entonces lo resuelto en la causa "Vadell" (Fallos:306:2030), y puntualmente en "Brescia" (Fallos:317:1921) y "Ledesma" (Fallos:329:2737), antecedentes estos dos últimos en los que se concluyó en sostener la obligación de la prestación del servicio de asistencia a la salud de la población, calificando al que se brinda en los hospitales públicos como servicio público y encuadrando la responsabilidad del Estado, ante su incumplimiento o ejercicio irregular, en el ámbito extracontractual.

Conforme estos principios, debo concluir en la anulación de la resolución que rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la Provincia de Santa Fe.(De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, juicio, incidentes, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SACREU SCA c/ ISALEX SA s/ DEPOSITO DE COSAS.    INCIDENDE DE SUSTITUCION DE EMBARGO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 317-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-27

La circunstancia de que la incompatibilidad entre las proposiciones se dé respecto de dos pronunciamientos dictados por el mismo Tribunal en un pleito único seguido entre las partes -bien que sea una la causa principal y la otra una incidencia- torna aplicable el criterio invalidante del pronunciamiento, aunque no se perfile el vicio de "autocontradicción" entendida ésta como la irremediable incongruencia interna que padece una resolución por la incompatibilidad que existe entre sus proposiciones a punto de tornarla ininteligible.
Acción de amparo, costas, recurso extraordinario, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: VIVES, MARIA TERESA ESPERANZA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

Si la aplicación-por parte de los jueces-del art. 21 de la ley 24.463 en lugar de la norma que sienta el principio general de la derrota en la ley de amparo (art.

14, ley 16.986), no pudo ser razonablemente prevista por el recurrente, debe concluirse que se configuró un supuesto de surgimiento del caso federal de manera sorpresiva, lo que torna temporáneo el planteo de inconstitucionalidad al momento de interponer el recurso extraordinario.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Crespo, Francisco Javier s/ 111 - conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (Art. 114 según TC Ley 5666 modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El derecho de defensa en juicio, la garantía de debido proceso y el sistema acusatorio no pueden ser invocados ante el Tribunal por un órgano del Estado para continuar con la acusación sino, en todo caso, podrían ser sostenidos por el imputado para resistir una condena o limitar su alcance. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, en: incidente de apelación en autos Blanco Vallejos, Vidal s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC"", expte. n° 9876/13, sentencia del 20/11/2013).
Ley provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-27

Si bien las normas locales no pueden contener previsiones que entren en colisión con las dictadas a nivel nacional que constituyen la ley suprema de la Nación con arreglo al art. 31 de la Constitución Nacional, la divergencia de textos (local y nacional) sobre una misma materia implicará la inconstitucionalidad de la normativa local sólo cuando afecten leyes del Congreso sancionadas dentro del universo de poderes enumerados. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Proceso penal, imputado, falta de mérito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: AMATO, CARLA ANDREA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-10

El remedio impugnativo no puede prosperar desde que el pronunciamiento impugnado que en virtud de la decisión del Juez de Cámara no será revisado -auto de archivo de las actuaciones y falta de mérito- no implica un cierre definitivo del proceso penal ya que la investigación no finalizada admite eventuales nuevas decisiones, por lo que no puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio equiparable. (Del voto de la mayoría).
Concurso preventivo, verificación de créditos, acreedores del concurso, litisconsorcio activo, astreintes, propuesta de acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, régimen de mayorías
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

En definitiva, el crédito en cuestión al surgir por aplicación del art. 666 bis (astreinte o sanción conminatoria), y ser considerado en base a la naturaleza jurídica propia de tal instituto, determina que se deba computar - más allá de la pluralidad de acreedores - como un solo voto.
Impuestos, razonabilidad, confiscatoriedad, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DISCO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SANCHEZ SUSANA c/ RODRIGUEZ Y OT. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-09-01|2004-11-19

El control judicial en materia tributaria no es ilimitado, ya que sólo puede ejercerse cuando las contribuciones son confiscatorias, sin que pueda juzgarse la equidad de la misma ni su oportunidad o conveniencia. La medida de la confiscatoriedad está dada por la razonabilidad del monto del tributo y éste se considera irrazonable cuando afecta una parte sustancial del valor del capital o de su renta o utilidad. Es menester para que proceda la inconstitucionalidad de la norma, que se demuestre claramente el perjuicio que le origina la aplicación de la norma, ya que para que la tacha de confiscatoriedad prospere es necesario demostrar que el gravamen cuestionado excede la capacidad económica del contribuyente.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arufe, Teresa c/ Olid, Julio Oscar y otro s/ Daños y perjuicios Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14|1993-08-31

El carácter de vencido concurre respecto del demandado aunque la pretensión no haya prosperado en toda su extensión (art. 68, C.P.C.).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18


EXPEDIENTE DE SECRETARÍA Nº 371/1996.- CNACiv. Sala " L", fecha 18-12-1996.- Autos "LEVIN RABEY, MARIANA E. C/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE S/RECURSO." (EXPTE. Nº 51.130) VISTOS:

Contra la resolución de fs. 15/17 del Registro de la Propiedad Inmueble, mantenida a fs. 24/25, la escribana Levin Rabey sostuvo su recurso a fs. 29/32.

Si bien la finalidad de la institución radica en la protección de la vivienda familiar, rescatándola de la prenda común de los acreedores, no puede dejar de advertirse que la misma configura un supuesto de excepción al principio tradicional por el cual el patrimonio de una persona responde por sus deudas, razón por la cual la interpretación de la norma legal debe ser restrictiva.

En tal sentido, el art. 43 de la ley 14.394 prevé la constitución.de bien de familia de un inmueble en condominio si media la conformidad de todos los condóminos, condicionándola a la justificación del parentesco requerido por el art. 38 de la citada ley. En tanto este último define la familia como aquella constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente, cabe advertir que si entre los condóminos no existe el grado de parentesco allí citado, la pretendida afectación deviene improcedente.

Si bien la doctrina se ha planteado la cuestión acerca de la posibilidad de constituir el bien de familia sobre el inmueble común por los condóminos que se encuentran unidos de hecho, en virtud de la apariencia de estado familiar que el concubinato provoca, se ha entendido que no es posible extender el preciso significado del término "cónyuge", contenido en el art. 36 al caso, por lo que dicha afectación no resulta viable (Belluscio, "Código Civil y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea, Bs. As. 1986, p. 335).

Las manifestaciones de la recurrente respecto a la discriminación que surgiría de la ley no pueden ser admitidas en tanto esta última se configura ante el diferente tratamiento en situaciones de igualdad, circunstancia que no se advierte en el caso, toda vez que la ley 14.394 persigue la protección de la vivienda de aquellas personas que se encuentran en una determinada situación jurídica, que no es la que se presenta en autos. No se advierte entonces discriminación si quienes pretenden colocarse bajo la protección de esta ley no se encuentran en la misma situación de aquellos a quienes tutela. Toda vez que se trata de un régimen de excepción, la ampliación a supuestos no previstos expresamente resulta improcedente.

Por ello, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fe. 15/17 del Registro de la Propiedad Inmueble, mantenida a fe. 24/25.

Regístrese, notifíquese a la apelante y devuélvase al Registro de la Propiedad Inmueble oportunamente.

Firmado: JUDITH LOZANO - JORGE ALBERTO GIARDULLI - EMILIO M. PASCUAL.-
Aplicación de la ley, contrato de trabajo, diferencias salariales, plan de pagos
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Gudenschwager Pino, Hernan Rodolfo c/ Martini, Julian; Prieto, Jorge y Vena, Daniel S.H. "El Trio Distribuciones" s/ despido por causales genericas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

Si mediante carta documento el actor intimó por deficiente registración y en esos términos fue rechazada por la recurrente, y luego ésta despide al actor por faltas injustificadas, era esa parte la que tenía la carga de la prueba de la causal de despido que alegó y no podía variarla (art. 243 LCT). (del voto del Dr. Pascuarelli, en minoría).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Félix María c/ Umeres, Diego Germán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Es inadmisible el recurso extraordinario de nulidad cuando los agravios vertidos no se vinculan con el contenido de los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial sino con presuntos errores de juzgamiento.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Julio c/ Molinos Balcarce S.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Corresponde anular de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo que, partiendo de una preconcepción del resultado del pleito, deja de analizar la cuestión litigiosa tal como fuera planteada por las partes en los escritos constitutivos del proceso, imposibilitando a la Suprema Corte conocer del recurso interpuesto.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, facultades de la administración, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villanueva, Esteban c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-07-13

"El poder administrativo, sostenido por disposiciones legales preexistentes y por hechos probados, considerándolo conveniente para el mejor servicio, puede decretar la cesantía de un agente sin que tal decisión pueda calificarse de contraria al precepto constitucional que consagra la estabilidad del empleado público, por que este principio no puede valorarse como absoluto, de virtualidad tal para esgrimirlo como un obstáculo a cualquier decisión administrativa - ya sea sancionatoria o de racionalización - que intentan los Poderes Públicos, sino que corresponde considerarlo a través de las normas legales que lo regulan".
Robo con escalamiento, robo con el concurso de personas, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: BRIGGS, JORGE FABIAN s/ ROBO.- SENTENCIA.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

Debe confirmarse la sentencia apelada, modificando la calificación de robo calificado por el concurso de tres o más personas, no contemplada por la ley vigente, por la de robo con escalamiento, sin que este cambio de calificación pueda siquiera rozar la garantía de la defensa en juicio; porque se acusa conforme al hecho investigado, se defiende y se condena por él, no por la calificación legal que le dé una de las partes en el juicio, en el caso de autos, el fiscal.

Es que si bien el magistrado a-quo aplicó una calificante abrogada, aplicó una sola agravante, o sea que fundó su juicio de punibilidad, en una única agravante -la del concurso de tres o más personas-, integrando el hecho del escalamiento las circunstancias fácticas y de peligrosidad que cataloga el art. 41 C.P.

La agravante merituable ha de ser la del escalamiento, que el propio encausado confiesa haber efectuado, en tanto que la participación con que actúo con sus otros dos coprocesados, forma parte, como mero hecho, no como agravante en sí, de "la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla".
Honorarios del abogado, base regulatoria, declaración de insania
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: D.G.J.J. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-02

Si bien en el juicio de insania los honorarios deben regularse de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 del arancel de Abogados, porque carece de contenido patrimonial y los bienes del incapaz constituyen una pauta para una justa retribución; lo cierto es que debe establecerse la décima de los bienes del insano que prescribe el art. 634 del Código Procesal como tope máximo para fijar la totalidad de las regulaciones. En consecuencia, aunque no fuere necesario la determinación exacta del patrimonio del causante, debe otorgarse a los profesionales interesados la oportunidad de efectuar un contralor suficiente.
Competencia, competencia comercial, asistencia médica
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA c/ LIASTINI ROBERTO O. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-05

Si la actora ejercita actividades de modo organizado y habitual, con características empresariales, de intermediaria en la prestación de servicios médicos, y alcanza incluso a la satisfacción de sumas dinerarias en concepto de reintegro por prestaciones asistenciales, resulta competente el fuero comercial.
Recusación, prosecretario administrativo, auxiliares de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: TREN,  JUAN  S/PEDIDO  DE  QUIEBRA POR COOP. DE CRED. CREDIPLAN LTDA. S/INC. DE REC. CON CAUSA s/ INC. REC. CON CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

Es improcedente la recusación del prosecretario administrativo y auxiliares subalternos, dado que la misma no está prevista en el ordenamiento ritual y tratarse de personas carentes de potestades decisorias.