marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tipo penal, lugar público, arma cargada
Materia: PENAL
Carátula: A., R. A. s/ s/ infracción art. 189 bis CP - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

A fin de configurar el delito de portación se requieren como elementos típicos el hecho de disponer en un lugar público o de acceso público de un arma de fuego cargada o en condiciones de uso inmediato.
Recurso de casación, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE  EJECUCION DE SENTENCIA (DR. BIANCHI) EN CASTELLO JOSE LUIS Y OTROS c/ Empresa Collazo  S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-27

No se presenta en autos el requisito establecido por el art. 1 de la Ley 1687; ya que se advierte con nitidez, desde un punto de vista formal como de fondo, que la cuestión introducida forzadamente en un proceso de ejecución de sentencia, puede ser continuada y no es imposible su continuación ya que se puede promover otro juicio sobre el mismo objeto dentro de los canones que el Código de Procedimientos Civil Comercial establece para lo reclamado por los quejosos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, honorarios, costas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MAXIMILIANO GASTON c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Las críticas de la quejosa referidas a la violación del derecho de propiedad -del actor o de sus curiales- y de la garantía de protección del trabajo, no logran hacer mella a la argumentación brindada por la Alzada, desde que, con cita de los precedentes "Abdurraman" y "Villalba" del Tribunal cimero nacional, cuya vigencia es reconocida por el mismo Cuerpo en el plexo normativo actual, la Sala pone de resalto que, en primer lugar, la limitación contenida en el artículo 730 del Código Civil y Comercial no afecta el quantum de los estipendios profesionales, sino sólo la responsabilidad del condenado en costas, y en ese sentido, destaca -en palabras del alto Tribunal nacional - que no implica violación al principio protectorio el hecho de que -eventualmente- el trabajador se vea obligado a contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio, concluyendo los judicantes que no puede considerarse que en los presentes la aplicación de la norma mencionada configure una violación del derecho de propiedad de los representantes del trabajador, ni tampoco del perito, en tanto, como surge del análisis efectuado, la norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas -en este caso la ART-, pero no implica una reducción de los emolumentos profesionales, ni afecta así el cobro de forma íntegra, en los términos expresados por la CSJN, supuesto que no implicaría prima facie una afectación al derecho de propiedad del trabajador. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CJSN: Abdurraman, Fallos: 332:921; Villalba, Fallos: 332:1276; Latino, Fallos: 342:1193. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 730
Proceso penal, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Cejas, Guillermo Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Nº 233/06 "Cejas, Guillermo Oscar y otro - Lesiones Graves - San Martín"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-28

Al establecer el alcance de la intervención del imputado en la ejecución de un delito que determina la coautoría (para distinguirla de complicidad necesaria concomitante), con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen parte en la ejecución del hecho", no es suficiente el "acuerdo" ni el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización del tipo, evaluación que depende, en la generalidad de los casos, de una apreciación particular de las circunstancias de cada hecho.

Coautor es no son sólo quien realiza la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino también quien toma parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella. En cuanto a los actos del coautor, ellos son ejecutivos aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, cuando impliquen que ya el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus fines.

Teniendo presentes estos conceptos, puede afirmarse que es el tipo penal del delito de que se trate el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta, en la categoría de coautor y relegando a la condición de partícipe a quien -actuando en modo concomitante- sólo efectúa un aporte a la ejecución típica llevada a cabo por otro.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, error en la fecha
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Ch., D.M. s/ Declaración Indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

No puede ser viable la pretendida nulidad de la declaración indagatoria y lo obrado en su consecuencia por haber sido requerido el procesado sobre el hecho acaecido en una fecha distinta a la que realmente ocurriera, pues tal disparidad se debe a un error material involuntario, insusceptible de ocasionar tal sanción, ya que el interrogatorio versó sobre los hechos que dieron lugar a las actuaciones y máxime cuando el procesado adujo no recordar nada de lo acontecido.
Honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Mana, Sara Carina c/ Martín de Ardisone, Emma s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-24

Al haber prosperado la demanda, en poco mas de 3,5% corresponderá asimilar el supuesto del rechazo integro de la demanda, a los efectos de la regulación de honorarios del profesional de la demanda. De otro modo la regulación no tendría ninguna relación con los valores económicos en juego, el éxito casi total logrado y el beneficio obtenido por la obligada al pago, lo que produciría tanto una enriquecimiento sin causa de su p arte como un menoscabo a la garantía de su propiedad para el profesional. Lo dispuesto por el art. 19 de la ley de aranceles, al menos en estos casos extremos debe armonizarse con el art. 6 inc. C. del mismo texto, que manda considerar "el resultado que se hubiere obtenido".
Procurador penitenciario, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: Procurador Penitenciario de la Nación s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

Corresponde tener al Procurador Penitenciario de la Nación en el carácter invocado, toda vez que el peticionante ha brindado consideraciones sustanciales acerca del objeto del proceso, versando éstas sobre el estímulo educativo previsto en el art. 140 de la ley 24.660 -y sus modificaciones-, los fines y la implementación de cursos de estudio en las cárceles.
Resoluciones recurribles, medidas cautelares, derecho a la identidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/ GCBA y otros s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si de los términos de la sentencia impugnada se desprende que la medida cautelar que ordena al Registro Civil y Capacidad de las Personas inscribir en forma provisoria a las personas nacidas mediante la técnica de reproducción humana asistida denominada gestación solidaria "...conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por los progenitores con voluntad procreacional, y sin emplazar como progenitora a la persona gestante cuando -previa y fehacientemente- hubiera expresado no tener voluntad procreacional" debe realizarse resguardando en el legajo base los datos de la mujer gestante; no se demuestra cuál sería el agravio de imposible reparación ulterior que tornaría la sentencia cautelar en una equiparable a definitiva, en tanto este registro preserva los datos cuya pérdida podría afectar indefectiblemente el derecho a la identidad de los menores e incluso permite, en caso de tener la demanda una suerte adversa a los actores, la rectificación de las inscripciones oportunamente realizadas al amparo de la medida cautelar. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: AZUCARERA INDEPENDENCIA S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-12

Cabe recordar que las regulaciones efectuadas por los tribunales inferiores en grado no resultan vinculantes a esta Corte, en razón de que el art. 51 de la Ley Nº 5480, expresamente establece la independencia entre las regulaciones de primera y segunda o ulterior instancia, no sólo en cuanto a las pautas regulatorias sino incluso en relación a la base. Es decir, que esta Corte Suprema de Justicia posee soberanía sobre la regulación a practicarse por lo actuado en su sede (cfr.: CSJTuc., "Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tucumán vs. Compañía Argentina de Teléfonos S.A. s/ Acción de amparo", del 10/11/95; "Cohen de Apestey María vs. Refinor S.A. s/ Cobros", del 02/9/02; sentencia Nº 799, 13/8/2007, "Dirección Provincial de Obras Sanitarias vs. Padilla Jorge José s/Expropiación").
Divorcio por presentación conjunta, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M.R.M. y F.C.M. s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-09

Los artículos 437 y 438 del Código Civil y Comercial se prevé el divorcio sin expresión de causa, sin plazos de espera para su petición, ni audiencias, reconociendo como objeto de inspiración el respeto a la autonomía de la voluntad, la cual en el derecho de familia viene teniendo un desarrollo exponencial, recogido en el nuevo código.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, enfermedades, causas de justificación, imputado
Materia: PENAL
Carátula: SANTARAN, Patricia L. s/ INFRACCION LEY 13944
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

Corresponde el procesamiento del imputado en orden al delito previsto en el art. 1, ley 13.944, toda vez que la suspensión con los deberes asistenciales hacia sus dos hijos menores, no puede verse justificada por una enfermedad depresiva que afirma padeciera, la que según el cuerpo pericial respectivo sólo habría alcanzado el carácter de transitoria. Si bien sus ingresos serían bajos, no resulta en manera alguna aceptable que se haya desentendido totalmente de sus hijos.
Improcedencia del recurso, medidas cautelares, remisión del expediente, solve et repete
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: EDENOR SA c/ EN - M DESARROLLO PRODUCTIVO -EXPTE 6347380/18 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Edenor SA solicitó una medida cautelar con el objeto de que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo remitiese el expediente administrativo a esta Cámara para el tratamiento del recurso directo intentado contra la disposición que le impuso una multa. La Cámara concluyó que no procede la tutela requerida como vía para cuestionar el rechazo del recurso directo, por falta de pago previo. La vía idónea para tal impugnación es la queja ante la Cámara respectiva. Remisión a causa 48002/15 "Wal Mart Argentina SRL c/ DNCI s/ Lealtad Comercial - ley 22802 - art. 22", resol. Del 6/10/15.
Expropiación irregular, proceso expropiatorio, legitimación activa, legitimación pasiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ ELADIO JOAQUIN Y OTROS c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

Además del principio general que rige todo tipo de proceso contencioso, que impone la configuración de la legitimación activa o pasiva para obrar, derivada de la titularidad en la relación jurídica sustancial debidamente probada (conf. C.N.Civ. Sala G, R.

de H. 21.522 del 7/4/86 y sus citas), en particular en el expropiatorio irregular tal presupuesto está dado por la demostración de que los pretendientes son los propietarios del bien objeto del proceso. Es decir, titular del dominio y acreedores de la indemnización que se persigue.

Pero, toda vez que de acuerdo a la ley 21.499 existen dos medios para la adquisición de un bien: el advenimiento o la expropiación;

es al expropiante a quien le compete la investigación de quienes son los propietarios, puesto que se trata de una cuestión que por su naturaleza tanto en su origen como en su fin atañe a su propio interés.
Tarjeta de crédito, derechos de las partes, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO SANTANDER RIO SA c/ VERON HUGO CARLOS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

La constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, requiere para ser ejecutable: (i) mención del importe de la cuenta al tiempo de su cierre y (ii) las firmas conjuntas de los funcionarios habilitados por la ley al efecto, sin que sea menester el cumplimiento de ningún otro recaudo (CNCom, en pleno, 5/9/1969, "Banco de Galicia SA c/ Lussich, Jorge", ED 28:689). El artículo 42 de la Ley 25065, establece imperativamente que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas "exclusivamente" a ese sólo efecto, no serán susceptibles de cobro ejecutivo (esto es, por la vía del artículo 793 del Código de Comercio). Para ello deberá la entidad emisora preparar la vía en el modo indicado en el artículo 39 de la ley (conf. Muguillo, Roberto A., Régimen de Tarjetas de Crédito, Ley 25065, Revisado, Ordenado y Comentado, ed. Astrea, página 197). En esa dirección, debe señalarse que cualquier renuncia de derechos impuesta en el contrato de apertura de la cuenta corriente bancaria o en el contrato de tarjeta de crédito que implique derechos derivados de la ley que regula esta última materia, configuraría una cláusula nula por receptar una renuncia de derechos indisponibles (cfr. artículo 37 inciso b de la Ley 24240, artículo 14 inciso a Ley 25065).

Caso contrario, mediante un simple recurso instrumental y bilateral incorporado a una norma de carácter privado en beneficio de las entidades bancarias (vg. emisión de certificado previsto por el artículo 793 Ccom) se violaría toda la protección legal de orden público establecido en la ley de referencia. Por consiguiente, el débito de cargos por resúmenes de tarjeta de crédito en saldos deudores en cuenta corriente deberá igualmente cumplimentar todas las disposiciones que las leyes antes referidas contienen tanto para obtener su cobro, como en lo relativo a los deberes de información (conf. CNCom., Sala C, in re "Banco Itau Buen Ayre SA c/ Cisco Hugo Orlando s/ ejecutivo" del 17/06/09).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencias contradictorias, inembargabilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Paladini SA c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-02-12

Se debe conceder la impugnación extraordinaria por la vía del inc. 3) del art. 383 del CPCC y art. 45 inc. a) de la ley 7182 ya que efectuado el pertinente cotejo del fallo dictado por este Tribunal con los casos que se invocan como contradictorios, podemos concluir que se configura la causal invocada ya que se advierte una semejanza de las situaciones de hecho acaecidas en cada uno de ellos, en virtud de que, en todos estos casos lo que se pretende es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de inembargabilidad de fondos públicos a los fines de posibilitar el embargo de los mismos en el marco de la ejecución de la sentencia iniciada, habiéndose resuelto en aquellos casos y en el presente con criterio disímiles y que lucen contrapuestos.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Para que funcione la agravante contenida en el art. 166 inc. 2º del Código Penal deben darse los siguientes requisitos: 1) Que quien intimida utilice a sabiendas un instrumento que en apariencia constituya un arma, es decir un medio apto para dañar físicamente a otro; con poder intimidatorio; 2) Que tenga el propósito de intimidar con ese instrumento a otra persona con fines de robo sabiéndolo apto a ese fin; 3) Que ostensibilice ese propósito frente a su víctima; y 4) Que la víctima tenga la convicción frente al instrumento utilizado que este es un arma (propia o impropia) lo que previsiblemente deteriorará apreciablemente sus defensas espontáneas o predispuestas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, desistimiento
Materia: Procesal
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-30

La parte que planteó el recurso extraordinario puede, en cualquier momento desistir de él, careciendo de virtualidad alguna la conformidad de la contraparte o la decisión judicial al respecto, no siendo aplicables en esta vía las normas prescriptas para el desistimiento del proceso.
Derechos de incidencia colectiva, seguridad pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Es preciso tener en cuenta, tal como lo exige la ley 10000, cuál es la norma violada y luego la acreditación por parte de quien reclama de la lesión de ella derivada, ya que cualquier pretensión genérica -como la entablada- acerca de "otorgar mayor seguridad" llevaría también a una declaración genérica como la que surge del fallo recurrido que, entre otros déficit, impide un control jurisdiccional sobre si la misma es posteriormente cumplimentada o no (Del voto del Dr. Falistocco).
Empleados públicos, indemnización, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRADOS FRANCISCO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-11

La antigüedad a tener en cuenta a los fines de la indemnización, es la comprendida desde la fecha de ingreso del agente a la administración, hasta el momento de la sentencia de reposición.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reordenamiento del sistema financiero, seguro de vida, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: BARRIO MARIANO ALBERTO c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Es público y notorio que ING INSURANCE es una de las entidades líderes del mercado mundial de seguros y su solvencia está asegurada por la casa matriz con sede en Holanda; y de las cláusulas de la póliza surge que la compañía de seguros se obligó a cumplir los compromisos contraídos en dólares estadounidenses (v. condiciones de pago de la póliza), a lo que debe agregarse que en el seguro pactado, la moneda convenida constituye uno de los riesgos incluidos en dicha cobertura (conf. esta Sala, causas 4979/02 del 24-5-05; 521/03 del 28-10-04; 4709/02 del 21-10-04 y 4578/02 del 2-9-04, entre otras). En tales condiciones no es dudoso que en el caso de autos se encuentran conformadas las exigencias requeridas por el decreto 905/02 para obligar al asegurador a cancelar las obligaciones emergentes de la póliza en las condiciones pactadas por las partes. Como corolario de lo expuesto, las obligaciones emergentes del contrato de seguro de vida no se rige por la "pesificación", ni por la normativa relativa al "corralito financiero", pues el decreto 905/02 les atribuye un régimen diferente. Por ello, debe confirmarse -si bien por estos fundamentos- la sentencia apelada, en cuanto condenó a ING INSURANCE a cumplir con las obligaciones emergentes del contrato de seguro celebrado con el actor.
Seguros, principio objetivo del vencimiento, asegurador, mora, efectos entre partes, privación del uso de la cosa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Schejtman, Susana A. c/ La Meridional Cía. Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-23

Si bien la aseguradora invocó cierta cláusula en la que establece que "...no indemnizará los perjuicios que sufra el asegurador por la privación de uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto."; sin embargo, en el caso, los daños por privación del uso que reclamó la accionante no se derivan de la imposibilidad de contar con el rodado a raíz del siniestro sufrido sino de la imposibilidad de adquirir un nuevo vehículo como consecuencia del estado de mora en que incurrió la accionada al negarse injustificadamente a cumplir con el pago de la indemnización prometida (CCIV 505 y 508, CCCN 730, 1738 y 1747).
Recusación, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Del  Val,  Ricardo  Jaime  -Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. s/ PLANTEA CONFLICTO DE PODERES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio.
Aplicación de la ley, convenios colectivos de trabajo, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Abrego, Fernando Carlos c/ Sade ICSA y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

Las normas emergentes de una convención colectiva de trabajo son auténtico derecho positivo, por lo que en virtud del proloquio iura novit curia corresponde traerlas ex oficio a consideración, máxime teniendo en cuenta que el artículo 1° de la LCT, establece que la relación laboral y el contrato de trabajo se rigen entre otras normas por las convenios colectivas o laudo con fuerzas de tales, sin que en la actualidad, sea necesario diligenciar prueba alguna para acreditarlos.
Remuneración, guardería, carácter no remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INSTITUTO SAN JORGE BAGO S.A. c/ C.A.S.F.P.I.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

Las sumas abonadas por el personal en concepto de "Sala Maternal" o "Servicio guardería" no constituye una ventaja patrimonial para aquellos, sino una compensación por lo que deberían desembolsar por no tener el establecimiento una guardería. Se trata de un importe que no es de libre disponibilidad para los trabajadores, no tiene incidencia en el cálculo de otros rubros (por ejemplo el S.A.C.), y es temporal (cesa cuando los niños alcanzan determinada edad).

Por ello, si el gasto que le ocasiona a la empresa brindar directamente a sus dependientes el servicio no genera el pago de cargas sociales, no cambia la naturaleza de la prestación cuando se entrega una suma fija de dinero para posibilitar la contratación de tal prestación social directamente por parte del trabajador; y en consecuencia, cabe concluir que el rubro en cuestión no se encuentra comprendido en la normativa del art. 10 de la ley 17.037.
Daño moral, carácter resarcitorio
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Aguilar, Julio Horacio c/ Direccion Provincial de Vialidad de Entre Rios s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-11

El daño moral tiene carácter resarcitorio y, aún cuando la cuantificación queda sujeta a la prudencia del Juez, conlleva la necesidad de probar los extremos en base a los cuales se solicita.