Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26


A. 1165. XLII.

Abbondio, Eliana Isabel c/ Provincia A.R.T.

S.A. s/ reclamos de prestaciones.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2008 Vistos los autos: "Abbondio, Eliana Isabel c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ reclamos de prestaciones ".

Considerando:

1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 383/385) revocó la sentencia que había hecho lugar a la excepción de cosa juzgada y admitió la demanda. El vocal que se expidió en primer término sostuvo la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557 (L.R.T.), relativos al trámite ante las comisiones médicas, con apoyo en el caso "Castillo" (Fallos: 327:3610). A su turno, el juez que votó en segundo y último término si bien sostuvo, como principio, la validez de tales preceptos (con cita de Fallos: 247:646, entre otros), entendió que el dilatado trámite administrativo establecido en la L.R.T. desnaturalizaba el acceso a la justicia constitucionalmente garantizado, prescindía del carácter alimentario de los créditos y tornaba tardía la revisión judicial por la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social. En tales condiciones, este magistrado estimó inválido el sistema procesal de la ley antes citada y, con arreglo a sus propios argumentos, se adhirió al voto que antecedía.

Contra esa decisión, la demandada dedujo el recurso extraordinario (fs. 391/404), que fue concedido conforme al art. 14, inc. 1 de la ley 48 por encontrarse en tela de juicio la validez constitucional de los citados arts. 21 y 22.

2°) Que, no obstante los alcances con que fue concedida la apelación, esta Corte observa un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que deben emitirse las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, lo cual torna necesaria su intervención para corregirla (Fallos: 308:2188; 316:609 y 321:1642).

Ello es así, por cuanto no existe mayoría de opiniones concordantes. En efecto, al margen de la pertinencia de los fundamentos en que se sustenta el primer voto, lo concreto es que declara la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la L.R.T. por entender que vulneran el principio del juez natural. Empero, en el segundo voto (fs. 385/386) se reconoce que esta Corte "ha avalado la potestad jurisdiccional de la administración, si contaba con la posibilidad de un amplio control judicial" (doctrina de Fallos: 247:646), se sostiene que el juez natural es el establecido en la ley, y se funda, entonces, la inconstitucionalidad en la morosidad del trámite en cuestión.

3°) Que, por ende, no existe respecto de la inconstitucionalidad declarada una mayoría de votos concordantes con arreglo al art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, lo que autoriza la descalificación de la sentencia como acto judicial válido con el preciso alcance indicado.

Por lo expuesto, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara la nulidad de la sentencia de fs. 383/385, con costas por su orden. Devuélvase el expediente a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA Considerando:

Que este Tribunal comparte los fundamentos y conclusiones expuestos por la señora Procuradora Fiscal, en el dictamen de fs. 434, al que cabe remitirse para evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, y de conformidad con el mencionado dictamen, se declara improcedente el recurso extraordinario deducido. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase.

RICARDO LUIS LORENZETTI -JUAN CARLOS MAQUEDA.

ES COPIA Recurso extraordinario interpuesto por Provincia A.R.T. S.A., representada por la Dra. María Beatriz Ruscica Traslado contestado por Eliana Isabel Abbondio, representada por el Dr. Luis Enrique Ramírez Tribunal de origen: Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 67 DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia (cfse. fs. 347/349) y admitió el reclamo indemnizatorio del actor, condenando a Provincia ART S.A. por la incapacidad laboral determinada por el perito médico de oficio. Para así decidir, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y la nulidad de lo obrado ante las comisiones médicas, reconociendo validez a lo manifestado por el experto en punto a la existencia de una minoración en la aptitud física del demandante del 15% de la total obrera (fs. 383/385).

Contra tal pronunciamiento la aseguradora dedujo recurso extraordinario (fs. 391/404), que fue contestado por la actora (fs. 407/420) y concedido a fojas 423, con sostén en el artículo 14, inciso 1°, de la ley n° 48.

-II Previo a todo procede señalar que el accidente denunciado se encuentra reconocido y que el debate se circunscribe, por un lado, a la constitucionalidad de las normas que instituyen la actuación ante las comisiones médicas previstas en la ley n° 24.557 y, por el otro, a la validez del trámite llevado a cabo en dicha sede. Se polemiza, por último, en torno a la valoración del peritaje médico realizado en la órbita judicial (fs. 383/385).

De las constancias acompañadas surge que la trabajadora concurrió a la junta médica convocada por la aseguradora de riesgos del trabajo, quien no le halló minusvalía.

Luego compareció a la Comisión Oficial n° 10 - "D", donde se le determinó una incapacidad del 1,4% de la t.o., la que, frente a la ausencia de cuestionamiento por la compañía de seguros, fue considerada firme por la Comisión Médica Central, soslayando así la protesta de la empleada y pese a no coincidir con el anterior parecer médico. Frente a ello, la trabajadora planteó en sede judicial la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y la nulidad de lo actuado ante las comisiones médicas, pretensiones que, tras ser descartadas por el a quo, fueron acogidas -como se reseñó- por la Cámara Laboral, quién asintió, igualmente, al reclamo en concepto de minusvalía (cf. fs. 384vta.), dando lugar a la presentación extraordinaria en examen.

-III Sentado lo anterior, se advierte que el fundamento principal del recurso radica en que la decisión se habría sustentado en una interpretación arbitraria del antecedente de Fallos: 327:3610 ("Castillo"), al asignar a la invalidez constitucional allí declarada un alcance general del que carece.

Si bien es cierto que, como sostiene la recurrente, VE. se pronunció, en rigor, respecto a la invalidez del artículo 46, inciso 1°, de la LRT, no lo es menos que no pueden soslayarse las consideraciones que tuvo en cuenta el Alto Tribunal para decidir como lo hizo. En tal sentido, se advierte, además, que la Sala fundó su decisión no sólo en el citado antecedente, sino que tomó de éste algunas pautas y reforzó su andamiaje con otras razones que no llegan suficientemente rebatidas por la apelante.

En efecto, en los agravios se afirma que, a diferencia de aquél, en este caso no estuvo controvertida la competencia de la justicia provincial (cf. fs. 397). Sin embargo el pronunciamiento cuestionado no sólo se refirió a ese aspecto, sino también -en el primer voto- a la impugnación de la índole supuestamente federal de la ley n° 24.557, relativa a los infortunios laborales (v. fs. 383vta., párrafo III). En concreto, tuvo en cuenta que a través de las comisiones médicas se ha sustraído de la justicia ordinaria materias que son de derecho común, en el plano de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, como son precisamente las referidas a los riesgos del trabajo; punto que no se cuestiona en forma suficiente desde que la impugnante no se hace cargo de los serios fundamentos que sostienen la competencia que atañe a la justicia ordinaria en materia de derecho común (fs. 397). Por lo demás, tal aspecto fue abordado por V.E. en el precedente "Castillo", verificando un estudio general de la ley n° 24.557 que reconoció carácter común a las previsiones que rigen lo relativo a los accidentes laborales, independientemente de la impugnación particularizada de una de sus cláusulas (v. Fallos: 327:3610, considerandos 4° y 5°). En ese contexto, cabe puntualizar que la ley n° 24.557 establece como alzada de "organismos de orden federal", como son las comisiones médicas (cfse. Fallos: 322:1220), a la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social (art. 41.1, pár. 3°, LRT), lo que parece soslayar, asimismo, el principio que prevé la intervención del fuero de excepción sólo cuando las cosas o las personas cayeren bajo su égida; extremo que -es claro- no acaece aquí.

En igual orden, respecto del agravio que se basa en que la jurisprudencia ha admitido las facultades jurisdiccionales de órganos como las comisiones médicas, que están creados por ley y a los que se les reconocen facultades para formular actos administrativos de alcance general (fs. 399vta./402), incumbe señalar que la sentencia dio respuesta al mismo (fs. 385vta.). En ese sentido, cabe recordar que, conforme a la doctrina sentada en Fallos: 247:646 y 321:776, entre otros precedentes, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la Administración desconoce lo previsto en los artículos 18 y 109 de la Ley Suprema; preceptos que quedan a salvo en tanto tales organismos hayan sido creados por ley; su independencia e imparcialidad estén aseguradas; el objetivo económico y político evaluado por el legislador para crearlos -y restringir la jurisdicción que la Carta Magna atribuye a la justicia ordinaria- haya sido razonable; y además, sus decisiones estén sujetas a un control judicial amplio y suficiente (cfse. Fallos: 328:651, considerandos 12° y 14°).

En este supuesto, cabe destacar que el segundo voto del fallo impugnado descalificó la actuación de los profesionales que integran las comisiones médicas a la hora de tener que determinar el carácter laboral de las secuelas invalidantes, porque esa actividad es de carácter netamente jurídico al depender de la indagación probatoria que se haga de las tareas, aspecto que arriba insuficientemente objetado. Agregó que la causalidad/concausalidad excede el ámbito de competencia profesional, resultando una actividad típicamente jurisdiccional; y que si bien hay un control judicial posterior, con el recurso ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, resulta tardío. Explicó que un trámite judicial con las garantías del derecho de defensa y asistencia letrada de las partes, daría certeza jurídica al asunto y podría decidir las divergencias jurídicas que existiesen, sin embargo el trámite previsto legalmente se aparta de la inmediatez, perjudicando la salud del trabajador (cfse. fs. 385vta.). En tales circunstancias cobra relevancia, asimismo, lo apuntado por el Fiscal General ante la Cámara quien destacó que en el expediente judicial, mediante un proceso pleno de cognición, el experto médico designado por el juez de la causa determinó una incapacidad diez veces superior a la sentada por las comisiones médicas, informe al que procedía estar a fin de no verificar un abandono consciente de la verdad objetiva; tanto más, en un caso referido a un crédito alimentario destinado a resarcir una lesión a la salud de una trabajadora (v. fs. 382 vta.).

No obsta a lo expresado, situados en el ceñido marco de los artículos 10 y siguientes del decreto reglamentario n° 717/96 -en donde se patentiza la ausencia de asistencia letrada obligatoria enfatizada por la Sala-, la modificación introducida al artículo 21 de la ley n° 24.557 por el decreto n° 1278/2000, en el sentido de requerirse un dictamen jurídico previo para resolver sobre la naturaleza laboral del accidente, en tanto la divergencia sobre tal aspecto debió plantearse al inicio del trámite (cfr. art. 21, ap. 5). Esa alternativa, sobre la que se detiene la recurrente (cfr. fs. 402), carece de la amplitud razonablemente exigible a este tipo de procedimiento, pues si el trabajador no pudo precaverse -por falta de asistencia legal- claramente de dicha carga procesal, la posible revisión posterior se encuentra limitada pues sus agravios no podrán fundarse en extremos no alegados en la anterior etapa (cfse. art. 31, dec. n° 717/96).

En definitiva, sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, es del caso señalar que el reproche a los artículos 21 y 22 de la LRT estaba anunciado implícitamente no sólo cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 46.1 (Fallos: 327:3610), sino también cuando lo hizo respecto al artículo 39.1 (Fallos: 327:3753). En tal sentido, en el precedente "Castillo", V.E. admitió soslayar la actuación en sede administrativa, pues el actor articuló su pretensión -dentro del marco reparador de la ley n° 24.557- directamente ante la justicia, sin que hubiese sido un obstáculo el haber preterido la instancia ante las comisiones médicas y sin cuestionar la validez de los artículos 21 y 22 de la LRT. Esta circunstancia, como la del precedente "Aquino" -aludido supraen que se invalidó la veda de accionar con la amplitud de debate que garantiza el trámite judicial a todo ciudadano, puso en evidencia que la vía jurisdiccional no estaba cerrada pese a la existencia de un trámite administrativo obligatorio, pues tales disposiciones no se adecuaban a la Ley Fundamental.

IV Respecto al argumento de que el trabajador se sometió voluntariamente al régimen que regula el trámite administrativo ante las comisiones médicas, por lo que no podría, luego, impugnarlo, cabe recordar que V.E. ha señalado que para atribuir a la conducta valor de regla es preciso que ella se exteriorice mediante acciones deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces para implicar las consecuencias que de ella se pretenden extraer ya que, de lo contrario, asumir un determinado comportamiento derivaría sin más en la imposibilidad de modificarlo en lo sucesivo (cfse. Fallos: 325:1922; 326:1851). En tales condiciones, corresponde interpretar prudencialmente la doctrina de los "actos propios", sin extender desmesuradamente sus alcances, porque dicho concepto requiere que medie un cumplimento voluntario que pueda entenderse como una renuncia al cuestionamiento ulterior de la regla (cf. Fallos 314:1175 y 318: 1154, disidencia parcial del juez Moliné O'Connor). En ese sentido, cabe reparar en que la LRT no habilita la opción al damnificado de acudir al trámite judicial de manera directa, como sí lo hacían los regímenes anteriores, por lo que no es posible atribuir un supuesto de sometimiento voluntario a un régimen jurídico si la conducta reprochada era el único camino normativo posible y sin otra alternativa para acceder a la obtención de aquello que se reclama (doctrina de Fallos: 310:1431; 311:1132; entre varios más). Lo anterior es así, máxime cuando corresponde conferir carácter alimentario e irrenunciable a los derechos pretendidos (v. doctrina de Fallos: 315:2584, etc.).

-V Por último, en lo que concierne al agravio referido a que mediaría una errónea valoración de la pericial médica (fs. 402vta.), entiendo que el planteo denota mera discrepancia en un ámbito opinable y propio de los jueces de la causa, por lo que excede la doctrina sobre sentencias arbitrarias.

Cabe precisar, en tal sentido, que V.E. tiene reiteradamente resuelto que el remedio excepcional no tiene por objeto revisar las decisiones de los tribunales de juicio en orden a la valoración de los extremos de hecho o de las normas de derecho común y procesal (Fallos: 308:2423 y 312:809), tema propio de los jueces de la instancia (Fallos: 308:1078, 2630; 311:341; 312:184; etc.); máxime cuando la sentencia se funda en argumentos no federales que, más allá de su grado de acierto, bastan para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial (v. Fallos: 302:175; 308:986, etc.). En el caso, la Sala ad quem ponderó, singularmente, los fundamentos médicos y científicos del informe, los estudios preliminares que le sirvieron de base y su actualidad y coincidencia con el elaborado por un especialista en la materia (fs. 384), limitándose la recurrente a trasuntar disconformidad con esa valoración, lo que no alcanza para descalificarla jurisdiccionalmente.

-VI Por todo lo hasta aquí expuesto, opino que procede confirmar la sentencia recurrida, con el alcance indicado en el punto III, último párrafo.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2007.

Dra. Marta A. Beiró de Gonçalvez Es copia