marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vega Maximiliano Emanuel c/ Experta ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-06

El tratamiento y consecuente declaración de inconstitucionalidad de la norma que supedita la competencia judicial a la actuación previa de comisiones médicas (art. 46 de la ley 24.557 modificado por el art. 14 de la ley 27.348), con anterioridad a la sustanciación de la prueba configura un anticipo de jurisdicción indebida que importa la nulidad de la resolución de origen.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, concursos, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATAHUALPA S.R.L. s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25

La interpretación de la ley de concursos y quiebras no constituye cuestión federal susceptible de llegar a conocimiento de la Corte Suprema por la vía del art. 14 de la ley 48, salvo que se desconozca su validez constitucional o se haga primar sobre ella alguna norma local.

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte de Justicia en una tercera instancia ordinaria, sustituyendo a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son propias. Las resoluciones recurridas, para ser cuestionables, deben prescindir inequívocamente de la solución prevista por la ley o adolecer de una manifiesta falta de fundamentación.
Carga de la prueba, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Julio Enrique c/ Arias, Sergio Eduardo y/o; Delani, Maria Karina s/ ordinarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-06-16

Habiendo quedado acreditado en autos que la fecha de ingreso del actor fue la que éste consignó en su demanda, constituyó una carga procesal de los accionados contraponer una versión de los hechos de manera precisa y circunstanciada. De modo que al haber adoptado una posición procesal extrema -negativa de la relación de trabajo-, y quedando ella desvirtuada, deben tenerse por ciertos los sucesos denunciados en el escrito de inicio (arts. 356, inciso 1º y 377 C.P.C.C.), ante las manifestaciones genéricas expuestas en la contestación de demanda.

El aporte del fondo de desempleo constituye un porcentaje que se desprende del salario que debía percibir el empleado, y habiéndose hecho lugar en el presente fallo a la apelación del actor en cuanto a las diferencias que se le debían en su calidad de oficial albañil en los meses de noviembre/09 a marzo/10; corresponde, asimismo, incrementar la condena por dicho concepto, efectuando los cálculos con base en las diferencias referidas y en la proporción que le corresponde (art. 271 C.P.C.C.).
Código procesal civil y comercial, astreintes, deberes del juez, interpretación y aplicación de la ley, reticencia, incumplimiento de resolución judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta, Olga Lorenza  c/ Ortiz, Eva Carina s/ Acc. de Ejecución (ejec.) ejecución de honorarios 1er. etapa (Zucchet, Paula Andrea)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-02-06

Es dable interpretar que ante el primer incumplimiento de la orden judicial (de oficio o a pedido de parte) el juez "tiene la obligación" fijar el monto de las astreintes. Esta interpretación no resulta antojadiza puesto que el art 35 del C.P.C.C. establece sin preámbulos que "para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces. deberán: inc. 3 Aplicar las correcciones disciplinarias..." razón por la cual no resulta optativo sino una obligación para el mismo hacerlo y mucho más cuando la parte perjudicada lo viene reiterando y existe, como en el caso, una reticencia en cumplir la manda judicial.

Es decir, el juez debe determinar en la primera oportunidad y frente al primer incumplimiento el monto de las astreintes que debe pagar el moroso si sigue incumpliendo la manda judicial, intimándolo a cumplir en un plazo determinado bajo ese apercibimiento. Si ante este requerimiento, la parte no cesa su reticencia, el damnificado quedaría habilitado para solicitar directamente la ejecución de las astreintes, desde esa intimación, puesto que, lo importante es que el destinatario de la orden judicial, que la ha incumplido, tenga cabal conocimiento de que, si se mantiene en su actitud reticente y no cumple con la orden en el plazo que el juez le otorgue, deberá pagar una suma fijada por el juez, por cada día de atraso. Voto del Dr. Roglan.
Cuestiones prejudiciales, accidente de tránsito, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VELIZ HERNAN H. c/ VICENTE CORTEZ ROVALLO Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S131 - 426)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-22

La posibilidad de responsabilidad civil frente la absolución penal está fuera de toda discusión, pero también hay concordancia en la irrevisibilidad en sede civil de la existencia o inexistencia del hecho principal, como de circunstancias fácticas referentes al mismo lugar, época, etc., que tuvo por verificadas el magistrado penal.
Locación de cosas, pago por consignación, interrupción de la prescripción, actos interruptivos, ampliación de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: FERRERO ESTEBAN c/ DEANDREIS DE VIGO s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

En los procesos de pago por consignación de alquileres la ampliación de la demanda no interrumpe el curso de la perención ya que es ineficaz para impulsar el procedimiento.
Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, leyes
Materia: PENAL
Carátula: F., O. s/ Robo calificado por el uso de arma (Expte Nº 47-99, Resolución Nº  71, Tomo 6, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-08

"Una pena no puede estar apoyada sino en hechos precisos y trasmisibles. No es posible admitir que el juez del hecho pueda llegar a la decisión acerca de cuál es la pena adecuada al caso a través de percepciones vagas, que no puede expresar en palabras o por medio de un conocimiento místico acerca de las calidades personales del imputado obtenido durante el transcurso del debate.

Esto sería tanto como admitir que la decisión se apoyara en hechos no probados, y todo lo que se puede probar se puede expresar. No es posible concebir a la "impresión personal del autor" como una cuestión de intuición, puesto esto abriría la puerta a entrada de prejuicios personales, simpatías y antipatías, los cuales, como es obvio, deben quedar a un lado cuando se trata de la fundamentación de una decisión judicial". Las palabras que acabo de transcribir y que pertenecen a Patricia Ziffer ("Lineamientos de la determinación de la pena", pg. 185, Ad-Hoc, Bs. As., 1996), aunque formuladas para sostener la tesis de la revisabilidad por un tribunal superior de la determinación de la pena hecha en el juicio, son plenamente aplicables al caso por lo que entiendo inadmisible que la entrevista personal con el imputado sea un procedimiento destinado a obtener elementos de prueba sobre la medición de la pena a imponer, sosteniendo por ende que no habría arbitrariedad si se selecciona pena habiéndose omitido un conocimiento directo del imputado.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, abuso sexual calificado por acceso carnal, facultades del juez, dictamen pericial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ORELLANA, MIGUEL ESTEBAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  CITAS:  CSJSF: AYS T.230, pag. 429)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-27

Si bien se reserva al juez la facultad de evaluar el mérito probatorio judicial, aquél no puede apartarse del mismo sin expresar razones suficientes para ello. En suma, si bien el sentenciante tiene la facultad de apreciar el dictamen, no puede ejercerla con discrecionalidad, pues para poder apartarse de las conclusiones allegadas por el experto debe tener razones muy fundadas, ya que si bien es cierto que las normas procesales vigentes no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito -técnicamente ajena al hombre de derecho-, para desvirtuarla es imprescindible traer elementos de juicio que le permitan concluir eficientemente en el error o en el inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado. En este entendimiento, el Alto Tribunal de la Nación ha descalificado aquellos decisorios que prescinden sin motivo justificante del dictamen pericial. (Citas: CSJN Fallos:30 :712)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad, obligaciones del empleador, aportes sindicales, retención de aportes sindicales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado c/ Santiago  del Estero, Provincia de s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Es competencia originaria de la Corte Suprema la demanda de la Asociación de Trabajadores del Estado contra una provincia para obtener el cobro de los créditos originados en sus obligaciones como empleadora de actuar como agente de retención de las cuotas de los afiliados, por tratarse de un vecino de extraña jurisdicción territorial, en una causa civil.
Honorarios, monto del juicio, caducidad de instancia, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Caci, Delia Antonia c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Concluido el proceso por caducidad de instancia -modo anormal de terminación- se deben aplicar por analogía las mismas reglas, a los fines de la regulación de honorarios, que corresponden al rechazo de la demanda o al desistimiento de la acción del derecho, y para tales casos corresponde considerar como monto del juicio la suma reclamada al promovérselo, con más sus intereses.
Poderes del Estado, pase a disponibilidad, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Gallardo, Horacio Alfredo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Es evidente la intención del legislador de abarcar de manera amplia, en los beneficios de la ley 11.729 y sus modificatorias, a todas aquellas personas que hubieran sido separadas de sus cargos por motivos políticos, gremiales o estudiantiles o por haber sufrido prisión, exilio o privación de la libertad, sin distinguir en virtud de qué leyes se produjeron las bajas, como así tampoco restringir su aplicación al ámbito de alguno de los poderes del Estado. La finalidad del régimen regulado en tal norma se dirige justamente a reparar una situación así de las consecuencias de índole previsional y de antigüedad generadas por ceses vinculados con las razones citadas.(del voto del doctor Negri)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: López, Pepe c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia de indemnización Schemmel, Jorge G. c/ Fas Pepa Hermanos SACI y otros s/ Indemnización ley 9688. Daños y perjuicios Suarez, Manuel c/ Siderca S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14|2001-11-07|2002-05-15

La apreciación formulada por los tribunales de grado sobre la concurrencia de las "identidades" de la res judicata, constituye una típica cuestión de hecho irrevisible en la instancia extraordinaria, salvo el vicio de absurdo.
Tasa de justicia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ottaviano, Rubén Oscar s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Si bien en materia de tasas de justicia no resultan aplicables las leyes que sean dictadas con posterioridad a la iniciación del juicio de que se trate, lo cierto es que el obligado a abonar en concepto de tasa de justicia por orden del tribunal una suma determinada, no puede desobligarse mediante su pago cuando a la época de efectivizarla se encuentra totalmente desvalorizada por el transcurso del tiempo (doc. art. 1071 del C. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Créditos hipotecarios para la vivienda, escrituración, boleto provisorio
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJOS, JULIO MARTIN c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  C.M.V. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-09

El boleto provisional firmado por las partes tiene aptitud para generar el derecho de requerir directamente la escrituración, validez en lo relacionado con el precio y con la posibilidad de constituir una hipoteca al momento de suscribirse la escritura traslativa de dominio, por un monto estimado y sin perjuicio -si correspondiere- de su ulterior modificación una vez establecido definitivamente el precio con arreglo a lo pactado en la Cláusula adicional.
Honorarios, regulación de honorarios, regla de proporcionalidad, ley arancelaria, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ E.N. (M de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

La ley arancelaria no debe ser aplicada con prescindencia del discreto y necesario equilibrio que debe existir entre la extensión, calidad y complejidad de la tarea profesional realizada y el monto con que ella debe ser remunerada, pues si ese equilibrio no se respeta, deben los jueces reducir prudentemente el emolumento, aun cuando signifique desatender a las escalas mínimas arancelarias, en tanto ello constituye una facultad que est ínsita en el propio arancel (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, interposición del recurso, falta de firma
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Lucas, Osvaldo. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

Corresponde confirmar la resolución que hizo efectivo el apercibimiento previsto por el artículo 104 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, si las copias que en su momento acompañara el accionante no se encuentran firmadas y, nuevamente intimado, no procedió a subsanar esa omisión dentro del plazo de ley. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Impuesto a las ganancias, régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: La  Continental  Cía.  de  Seg.  Generales S.A. c/ Fisco Nacional(D.G.I.) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Pretendiéndose en la demanda, además de la revocación del acto administrativo por el que no se conformó el quebranto en el impuesto a las ganancias, la entrega de los bonos prevista en la ley 24.073, la concurrencia del extremo de que se trata debió ser alegada desde el comienzo del pleito y demostrada oportunamente, ya que, de lo contrario, la obligación atribuida al Estado carecería absolutamente de causa (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Carlos S. Fayt).
Delitos contra la fe pública, cuestiones de competencia
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: N.N. s/ delito c/ la fe pública s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-11-07

El proceso donde se investiga la falsificación de documentos públicos con firmas y sellos del funcionario encargado del Registro Automotor apócrifos, debe continuar tramitando ante el Juzgado Federal de Neuquén y no ante su par de Río Negro, pues aquél juzgado previno en la pesquisa y carece de sustento probatorio la posible comisión de delito en una ciudad rionegrina, dado que sólo se cuenta con los dichos de la adquirente del rodado cuya documentación se habría adulterado.
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, procedencia del recurso, acción revocatoria, automotores, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FDT Construcciones SRL c/ Unión Tranviarios Automotor s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Procede revocar la sentencia que condenó a los actores a pagar una indemnización por el costo de poner en funcionamiento cierta obra defectuosa a la accionada reconvenida. Ello por cuanto, en el caso, los gastos que eventualmente tendría que enfrentar la accionada para poner en funcionamiento el inmueble -en la especie, un hotel- deben ser considerados como una indemnización "al interés positivo", esto es aquéllos que engloban las perspectivas favorables que el acreedor podía legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación, en el sentido de que si el deudor no cumple, ha de responder por la frustración de los beneficios con que contaba el acreedor y que se fundaban en la subsistencia y virtualidad de su título, como ocurre, verbigracia con el mayor valor adquirido por la cosa luego de la celebración del contrato, las rentas dejadas de obtener, o en el caso del ítem que estamos considerando, la puesta a punto de un hotel. Por esto mismo, para que proceda el resarcimiento de daños de esta índole, es menester la vigencia y/o subsistencia del vínculo contractual que da origen al nacimiento de la obligación, lo que conduce, a su vez, a que resulte indispensable que se haya demandado el cumplimiento de tal obligación, ya que cuando esto no ocurre y lo que ha ocurrido es la resolución del contrato con la consecuente disolución o ruptura del nexo contractual, que es lo que acaece en la especie, lo único que cabe reconocer son los llamados daños al interés negativo.
Control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, jerarquía de las leyes, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, privatizaciones, propiedad participada, Caja de Ahorro y Seguro Sociedad Anónima, Caja de Seguros de Vida Sociedad Anónima, Caja de Seguros Sociedad Anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAPIA JOSE MAMERTO c/ CNAS Y OTRO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

El decreto 2514/91 declaró sujeta a privatización a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, disposición aprobada por el art. 1., ley 24.155, sujetando la aludida privatización a las "alternativas de procedimiento" y "modalidades" previstas, respectivamente, en los arts. 15 y 17, Ley 23.696. A su vez, la ley 24.153 declaró aplicables a dicho procedimiento de privatización las modalidades de "preferencias" determinadas en el art. 16, Ley 23.696, y las normas sobre programa de propiedad participada de su Cap. III, y de protección al trabajador del Cap. IV. En el contexto indicado, se dictó el decreto 2715/93 referido a la constitución de diversas sociedades (Caja Nacional de Ahorro y Seguros SA; Banco Caja de Ahorro SA; Caja de Seguros SA; Caja de Seguros de Vida SA) y a la escisión parcial del patrimonio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a los fines de su privatización (arts. 2. y 6.), para lo cual facultó -por delegación-al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a definir los activos y pasivos escindidos de la entidad, así como también transferir a dichos activos y pasivos (cfr. art. 7, Incs. b y c), designándose al citado Ministerio como autoridad de aplicación de las cuestiones en él preceptuadas y facultándolo para dictar las reglamentaciones pertinentes (cfr. art. 17). No se advierte, en la sucesión legal reseñada, afectación al principio de supremacía normativa del art. 31 de la Constitución Nacional, pues la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro parte de un decreto del P.E.N. que mereció la aprobación expresa de una ley, se sujetó al procedimiento especialmente aludido por esa y otra ley más, y se reglamentó mediante otro decreto dictado para el cumplimiento de todo ello. Consecuentemente, el planteo de inconstitucionalidad introducido sobre la base de argumentar la existencia de una alteración al orden jerárquico de las normas que resulta del citado art. 31 de la Carta Magna, debe ser desestimado.
Acta de secuestro, ratificación de actos procesales, nulidad procesal, firma del procesado, testigos de actuación, firma de testigos, falta de firma
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ARROYO, Pedro B. s/ Causa 26.291
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-02

a) No es nula el acta de secuestro que fue firmada por el damnificado, un solo testigo y el policía, los cuales no prestaron declaración en autos para ratificar la diligencia, toda vez que tratándose de una nulidad relativa de orden procesal que no fue invocada en la etapa oportuna, no puede ser declarada oficiosamente, siendo atendibles las fallas o falencias de las actas por las dificultades de conseguir testigos debido a la forma, tiempo y lugar del procedimiento policial.

b) La ratificación del acta de secuestro por el damnificado no es indispensable porque se trata de un nuevo testigo de la actuación que no podría contradecir, variar o alterar el contenido del documento.
Derecho de propiedad, reivindicación de tierras, tierras de los pueblos originarios
Materia: PROCESAL
Carátula: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ - CHUSTAJ LHOKWE - COMUNIDAD DE CUCHUY c/ PROVINCIA DE SALTA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-03

El hecho de que las tierras reclamadas estén siendo explotadas productivamente no es una razón suficiente para negar el derecho a la propiedad y recuperación territorial de los pueblos indígenas y tribales, y es una justificación insuficiente para relevar al Estado de responsabilidad internacional. (Del voto de la Dra. Kauffman).
Avocación jurisdiccional, competencia, derechos subjetivos, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL
Carátula: VECINOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-28

Corresponde rechazar el pedido de avocación, toda vez que el legislador ha reservado el procedimiento contencioso administrativo ante las Cámaras con esa competencia para la tutela de derechos subjetivos e intereses legítimos de carácter administrativo y en el supuesto bajo análisis la situación jurídica subjetiva que se invoca para lograr la solución del conflicto, no consiste, en realidad, en un derecho subjetivo o en un interés legítimo -ya que los actores, no actúan en tutela de un derecho para lograr la satisfacción de un interés personal, ya sea de forma directa o indirecta-, sino que procuran la condena de la Administración pública en defensa de los intereses difusos de los habitantes, en pos de garantizar el medio ambiente, higiene, seguridad del municipio, y el centro de vida de sus familias, y la salud pública de la zona residencial que habitan; es decir, que la pretensión está encaminada a proteger, en principio, intereses generales públicos, es decir de sujetos que forman parte de la colectividad o de una amplia parte de ella, cuyo objeto está constituido por bienes de la población que no son susceptibles de apropiación exclusiva.
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIO ALBERTO RUBINO c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA ABOGADOS Y PROCURADORES s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-03-25

Denegado el recurso extraordinario federal aún cuando lo fuera por Tribunal incompetente, la única vía procesal hábil para el agraviado es la queja ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultando inadmisible todo otro medio impugnaticio ante el Tribunal provincial.