Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-26


Salta, 26 de abril de 2018. Y VISTOS: Estos autos caratulados: "Agroservicio Jure S.R.L. s/Concurso Preventivo", Expte. Nº 1.461/15 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia del Distrito Sur, Joaquín V. González; Expte. Nº 614.776/17 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) El Contador Público José Armando Musaime interpone, a fs. 1.491, recurso de apelación en contra de la resolución de fs. 1.483, que dispuso su remoción e inhabilitación. Fundamenta su articulación recursiva, a fs. 1.498/1.502 y se agravia, principalmente, por cuanto la medida ha sito tomada sin respetar el derecho al debido proceso, sin que nadie lo haya solicitado y sin previo traslado a su parte. Considera que la resolución carece de un fundamento que explique el tipo penal que se adoptó para el castigo. Asevera que, si bien el daño que se le imputa es el de haber presentado tardíamente el Informe General, ello se originó en una causa de mayor gravedad que es que el Juzgado tampoco había cumplido los plazos al dictar la resolución de verificación de los créditos insinuados. Puntualiza, además, que su Informe General ya había sido aceptado, sin que el Tribunal indicara defecto alguno en la calidad de su trabajo. Sostiene que debe juzgarse su conducta de manera global y no fragmentada. Cita jurisprudencia respaldatoria de su posición.

A fs. 1.510/1.511, se expide el señor Fiscal de Cámara en sentido favorable al recurso articulado.

II) El motivo de la sanción de remoción dispuesta en la decisión apelada, fue el "no cumplimiento de los plazos procesales establecidos a fs. 1.457", considerando la sentenciante que ello ha obstaculizado la prosecución del trámite. Debe tenerse presente, asimismo, que conforme a lo dispuesto en el artículo 255 de la ley específica, la inhabilitación del funcionario para desempeñar el cargo de síndico es consecuencia directa de la remoción y, en el sub comisso, se lo inhabilitó por el término de 4 años.

Conforme a los antecedentes del proceso, a fs. 1.457, se estableció que la fecha de presentación del Informe General debía ser el 7 de septiembre de 2017, lo que se notificó por nota el 24 de agosto de 2017 (ver fs. 1.457 vta.). El 20 de septiembre -una vez vencido el plazo-, el Síndico solicita algunos Legajos en préstamo, a fin de cumplir su obligación (fs. 1.472), obteniendo respuesta favorable, según la constancia de fs. 1.463 vta. Finalmente, el 13 de octubre (fs. 1.481), presenta el Informe General, ello es, un mes y seis días después del término preestablecido. A fs. 1.482, se ordena tener presente y agregar dicho Informe General y, a continuación, se dicta la resolución sancionatoria.

III) En principio, es dable destacar que la extensión y complejidad del concurso de que se trate, y si del incumplimiento en tiempo se deriva un perjuicio o no, debieran ser cuestiones insusceptibles de valorar a la hora de juzgar la labor sindical, toda vez que la actuación del síndico como auxiliar de la justicia en materia concursal, obedece a su inscripción voluntaria en la lista de sorteos que determina el artículo 253 de la Ley 24.522 (Adla. Bol. 22/95, pág. 43) y, desde el momento que se inscribe, debe entenderse que lo hizo por considerarse en condiciones profesionales de afrontar debidamente las contingencias que su tarea específica le impone. Así, la jurisprudencia tiene dicho que nadie está obligado a integrar las listas de síndicos concursales, pero no basta "querer". Para "poder" serlo, debe ser idóneo (La Ley, 1995-E, 170). La gravedad del mal desempeño, que está íntimamente conectada con el requisito de idoneidad, no depende entonces del perjuicio que ocasione, sino del apartamiento de una conducta debida (Segal, Rubén, Sanciones aplicables y responsabilidad del síndico en la ley concursal, La Ley, 150-851).

Así es como en la dinámica del trámite concursal, adquiere relevancia la figura del síndico como funcionario que colabora con el juez en el andamiento del proceso, custodiando el patrimonio del fallido, garantía común de sus acreedores. Es que el mecanismo que mueve y tiene a su cargo el síndico, resulta ser trascendente. Cuando el síndico viola el deber que le imputa la función, el órgano jurisdiccional viene investido de la facultad de aplicarle sanciones disciplinarias. Éstas, que derivan del poder jerárquico disciplinario jurisdiccional, y cuyo fundamento en su procedencia se asienta en el mejoramiento del servicio, cubren una amplia gama como correctivas o sanciones menores (llamado de atención, apercibimiento, multa) o como depurativas (remoción) (conf. Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, t. II, ed. 1947, núm. 381, en nota 95, pág. 293, cit a Mayer). La sanción depurativa importa cometimiento de acciones u omisiones de entidad grave, cuya valoración en cada caso particular debe ser meritada por el órgano de aplicación competente (conf. Argeri, Saúl A., Remoción del síndico en el proceso concursal y retribución de sus servicios profesionales, La Ley, 1980-A, 1088).

Además, debe tenerse presente que, aún cuando no hubiere habido una intención dolosa, no puede soslayarse que el síndico "al ser colaborador del Juez en el andamiento y cumplimiento de los fines del proceso, es considerado un funcionario público, aún cuando no revista el carácter de dependiente del poder público y su actividad se desenvuelva en el orden privado" (CJS, Tomo 101:321/332), sin que tenga incidencia alguna en la aplicación de la sanción la existencia o no de un perjuicio, lo que sí constituye un elemento preponderante para configurar la responsabilidad civil del síndico, y ello por cuanto la falta que se imputa depende "del apartamiento de una conducta debida, o de la violación de la ley" (Casadio Martínez, Claudio Alfredo, Graduación de la sanción del síndico concursal, La Ley on line, AR/DOC/358/2010).

IV) En virtud del artículo 255 de la Ley Concursal, la remoción del cargo del síndico puede acaecer por tres causales: a) negligencia, b) mal desempeño, c) falta grave.

Gabriela Duer (La Ley, 2004-B, 1394), las define de la siguiente manera: a) Se entiende que existe negligencia al omitir hacer aquello a lo que se estaba obligado, sea por ley o por el juez, en tiempo, forma y lugar. Se trata de una conducta omisiva, morosa, de abandono al no cumplir con los deberes judiciales, de información o administración; b) el mal desempeño se asimila a la falta de idoneidad en el desarrollo de sus tareas. No se trata de un "no hacer" sino de un "hacer inadecuado o defectuoso", un mal hacer conforme a las obligaciones que tiene como funcionario sindical; c) en el caso de la falta grave, se produce perjuicio. Puede consistir en un hacer o no hacer, e incluye todos los actos a los que no se refieren las causales anteriores.

Las causas mencionadas por el artículo 255 de la Ley 24.522, no constituyen compartimientos estancos, como si se tratara de rígidos tipos penales, sino que son solo parámetros dentro de los cuales el juez debe considerar si se está en presencia de una infracción de tal naturaleza, que amerite la aplicación de una sanción. Así, pueden encontrarse numerosos supuestos en los que, frente a incumplimientos análogos, los jueces han aplicado sanciones de distinta gravedad (conf. Baglietto y Milone, La Ley, 1999-B, 1210).

La jurisprudencia ha señalado que "el deber de responsabilidad del síndico de la quiebra es correlativo a la función que se le asigna, la que debe cumplirse con eficiencia y conforme a los fines para los que fue creada, y apareja, en caso de incumplimiento, la aplicación de sanciones que deben ajustarse a los antecedentes del caso, a la actuación del síndico, a su conducta, a la gravedad del hecho imputado y a la razonabilidad" (CNCom. Sala B, marzo 6-995, "Zadicoff s/quiebra", La Ley, 1995,-D, 566, con nota de A.C.P.). Siendo la remoción la sanción de máxima severidad, se encuentra reservada para los casos de extrema gravedad o aquellos que configuran una reiteración de faltas, que dan lugar a un incremento gradual de la pena y que culminan en la remoción. Esta Sala tiene dicho, al respecto, que las facultades del juez como director del proceso (artículo 274 de la Ley de Concursos), comprenden la de controlar la actividad del órgano sindical en defensa de los intereses del concurso o quiebra. Estas funciones no se hallan supeditadas a la voluntad del órgano concursal ni a la de los demás sujetos intervinientes en el juicio universal (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2014, fº 808; en el mismo sentido, CNCom. - Sala D -22/5/2000, "Banco Sidesa S.A. s/Quiebra s/Incidente de medidas precautorias", Errepar Concursos y Quiebras II -130.006 - 103).

Así, "el deber de responsabilidad de la sindicatura, que es correlativo a la función, en cuanto ésta debe ser cumplida con eficiencia y conforme a los fines para los que fuera creada, apareja, en hipótesis de ser vulnerado, la aplicación de sanciones que se originan en expresas normas legales adecuadas al servicio a prestar y son de aplicación por derivación del poder disciplinario ínsito en la actividad jurisdiccional.toda sanción debe ajustarse a los antecedentes del caso; a la actuación que le hubiera cabido al síndico durante su actividad como tal; a su conducta, a la gravedad del hecho imputado y a la razonabilidad, mediando en todo ello proporción entre imputación y sanción" ("Mar-Tra S.A. s/Quiebra. Incidente de apelación, Art. 250, C.Proc.", CNCom., Sala 8, 27/6/2001. Errepar B.D. 5 - C 01235).

Ahora bien, Vítolo (Ley de Concursos y Quiebras, Tomo III, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 318) explica que el juez puede imponer sanciones al síndico actuando de oficio; inclusive puede hacerlo sin necesidad de darle una vista o requerirle explicaciones, si la falta es evidente, pero advierte que los tribunales han establecido que la conducta del síndico debe ser apreciada globalmente, con consideración de la totalidad de su desempeño aunque -agrega- un buen comportamiento general no obsta a la remoción, si la falta es grave.

V) En el caso, la misma Sindicatura apercibida ha reconocido que presentó extemporáneamente su informe. Sin embargo, en la causa se constata sólo un antecedente, a fs. 359, en el que se ha intimado al Síndico a presentar el Informe Individual en el término de 24 horas bajo apercibimiento de remoción, lo que concretó a fs. 360/361, un mes después de la fecha prefijada (15 de marzo de 2017), pero antes de que se le notificara de manera alguna dicha intimación. A fs. 1.429, se lo tuvo por presentado, y se readecuaron las fechas de las distintas etapas del proceso, comenzando por la de la resolución de verificación de los créditos insinuados.

Si bien la misma fue dictada tempestivamente, la calificación y agrupamiento de acreedores -cuya fecha estaba establecida para el 21 de abril de 2017-, se presentó el 2 de junio de 2017 (ver fs. 1.447). Luego, el 16 de junio, el Síndico solicitó una ampliación del Informe Individual, y la resolución respectiva fue dictada el 4 de agosto (ver fs. 1.454/1.455). Como consecuencia de estos retrasos imputables no sólo al Síndico, se dispusieron las nuevas fechas, a fs. 1.457.

Es decir, los antecedentes de autos no revelan con objetividad inequívoca la configuración de conductas reprochables de una gravedad o entidad tal, que merezcan la aplicación de la máxima sanción al Síndico. La omisión en el cumplimiento de los plazos, si bien no ha sido oportunamente justificada, no reconoce antecedentes que hayan provocado dilaciones o incumplimientos de tal significación que obstaculizaran efectivamente la prosecución del concurso. De allí que no se aprecia una correspondencia razonable entre la decisión de remoción y la conducta desplegada por el profesional durante el trámite anterior del proceso universal.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la conducta del síndico debe ser evaluada examinando los hechos y omisiones anteriores como antecedentes (conf. CNCom., Sala A, 4/9/98, La Ley, 1998-F-899, jurisp. Agrup., caso 13.361), y que no se avizora una causal lo suficientemente grave que justifique la aplicación de la sanción recurrida, corresponde disponer su revocación, extensiva asimismo a la inhabilitación, sin perjuicio de que se le aplique un llamado de atención, con la prevención de que si incurre en nuevas demoras en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo será pasible de correctivos más severos.

VI) No se imponen costas, atento a que no ha mediado sustanciación.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto, a fs. 1.491, por el Contador Público José Armando Musaime, por sus derechos. En su mérito, DEJA SIN EFECTO la resolución de fs. 1.483. SIN COSTAS.

II) LLAMA LA ATENCIÓN al Síndico C.P.N. José Armando Musaime en cuanto a las cargas legales que le competen en el presente proceso concursal con la prevención de que si incurre en nuevas demoras en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo será pasible de correctivos más severos.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

C.A.C.Y C. DE SALTA. VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMINGUEZ - JOSÉ G. RUÍZ. SECRETARIA: DRA. MARÍA ALEJANDRA GAUFFIN. SALA III. INTERLOC. T. 2018 Fº 198/200. 26/04/18.