marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: T., B. N. c/  s/ Legajo de Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Mediante el dictado de las leyes penales, el Congreso de la Nación ejerce legítimamente la autoridad para fijar -en el marco de sus competencias aunque de modo concurrente con otras autoridades- la política criminal del Estado en un momento dado. En el ejercicio de esa autoridad, el Congreso goza de independencia de criterio pero dentro de los límites impuestos por la Constitución, y en su caso, por los tratados e instrumentos de derechos humanos a los que ésta le reconoce jerarquía constitucional, que complementan su primera parte (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional). Su autoridad en el trazado de la política criminal del Estado no es exclusiva, sólo es soberana en lo que decide en el ámbito de sus competencias constitucionales, y no es absoluta, porque encuentra sus límites en la Constitución (voto del juez García).
Contratos, leasing, leasing financiero, derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, incumplimiento del contrato, acción de responsabilidad, acción subrogatoria, proveedor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Alvez, Ramón Angel c/ Bbva Banco Francés SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

Corresponde confirmar la sentencia del Sr. Juez de grado en cuanto admitió la acción promovida por el tomador de un contrato de leasing financiero contra el banco dador, con motivo de la falta de entrega del bien por parte de la entidad bancaria, quien previamente debía comprarlo al fabricante. Y a su vez, aunque no medió condena en la especie pero dejando a salvo una eventual acción de recupero por parte del banco, consideró responsable al proveedor citado como tercero en razón de su resistencia a entregar el rodado objeto del contrato. Ello así, con base en el error reconocido por su parte, consistente en reclamar el pago de algo que no le era debido, y a quien no era su contraparte en el contrato de compraventa.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Dallazuana Bruno L. y otros c/ Canteras Sime  S.A. s/ Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-27

Si el a quo, aún cuando en los considerandos del fallo se refirió a la cuestión, omitió pronunciarse sobre la misma -sustitución de embargo- en la parte resolutiva, en verdad no existió un rechazo formal de la pretensión de la parte y, si estimamos que los agravios susceptibles de habilitar el recurso, están dados por la falta de receptación, en todo o en parte, del pedimento de la parte, surge con claridad que tal concepto debe ser buscado en la parte dispositiva de la sentencia y no en los considerandos, los cuales son insusceptibles de causar agravios. Por ello, debe declararse mal concedido el recurso de apelación impetrado.
Fianza, fiador, obligaciones accesorias, beneficio de excusión, nulidad relativa
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

En definitiva, las reales diferencias prácticas entre el fiador solidario y el fiador principal pagador residen en que: a) Estando éste sujeto a una relación accesoria, no lo está a una obligación subsidiaria: el acreedor puede dirigirse contra el fiador principal pagador sin necesidad de requerir previamente al deudor.

Eso es lo que denota su carácter de "principal" pagador, pues no siendo principal deudor, es principal a los efectos del pago, y el acreedor tiene derecho a requerirle el pago en primer término. Se marca, aquí, una diferencia entre el fiador solidario y el fiador principal pagador.

Ninguno de los dos goza del beneficio de excusión pero el fiador solidario tiene derecho a que previamente se requiera al deudor. b) El fiador principal pagador experimenta los efectos de la confirmación de las nulidades relativas, por lo que, a este respecto, no se le aplica la disposición del art. 2022
Marcas, facultades del juez, jurisprudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAPONIA  S.A. c/ S.A.  NESTLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS s/ OPOSICION INFRACCION DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-05

Los precedentes judiciales, en cuanto resuelven situaciones concretas, no tienen otro valor que el de los principios generales que en ellos se viertan, por manera que lo decidido sobre determinados signos es insusceptible de proyectar influencia en los conflictos que se plantean con marcas distintas.
Cuestiones de competencia, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cobro de sumas de dinero, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Highton de Nolasco - Maqueda - Lorenzetti - Rosatti c/ Red Hat Argentina SA s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-26

Corresponde a la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal entender en la demanda promovida por el Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados (INSSJP) contra una empresa a fin de obtener el reintegro de sumas de dinero como consecuencia de la declaración de nulidad de una contratación, pues la naturaleza jurídica del Instituto actor es la de un ente público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, motivo por el cual no resulta de aplicación la Ley de Procedimiento. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Inexistencia de cuestión federal suficiente, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) y su acumulado expte. n° 12018/15 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Si las razones que llevaron a la mayoría del Tribunal a rechazar la pretensión de la recurrente se fundaron en la valoración de los hechos y la prueba producida, y no involucran la interpretación del principio constitucional de igualdad invocado por la actora, deviene procedente la consagrada jurisprudencia de la Corte Suprema conforme la cual el análisis de los hechos y pruebas constituye una cuestión propia de los jueces de la causa que -en principio- no puede revisarse por la vía del recurso extraordinario. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Resoluciones equiparables a definitiva, facultades jurisdiccionales, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ incidente de inhibitoria - acción meramente declarativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Si bien por regla las cuestiones de competencia no resultan equiparables a sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, sí lo son cuando el pronunciamiento cuestionado implica el desprendimiento de la competencia local. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Reglamentación de la ley, decreto reglamentario, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solares de Conesa SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

La Cámara admite que no es la ley formal, procedente de la legislatura, la que ha establecido los límites de la exención, y con ello "la medida de la obligación tributaria" de acuerdo con el artículo 51 de la CCBA, sino un acto del Poder Ejecutivo, que pretende aclarar, limitar o integrar la exención impositiva fijada por la ley, con la que se ha producido por obra de la interpretación judicial una delegación explícita a favor del Poder Ejecutivo, de las facultades propias de la Legislatura para fijar la obligación tributaria y su medida. (Voto disidente del Dr. Julio B. J. Maier)
Cuestiones de competencia, modificación de cuota alimentaria, niños, niñas y adolescentes, domicilio del menor
Materia: CIVIL
Carátula: Z., A. M. c/ F., D. H. s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

A los fines de determinar la competencia territorial en el marco de la acción de modificación de cuota alimentaria, sin soslayar que de conformidad con el art. 6, inc. 1°, del C.P.C.C.N. fue en jurisdicción nacional donde se abordó el conocimiento de la problemática familiar y homologó el pacto objeto del planteo, se justifica la intervención del tribunal bonaerense del lugar donde vive el titular menor de edad ya que la eficacia tutelar torna aconsejable una mayor inmediación del juez con la situación de ellos, máxime si al tiempo de su promoción, ninguno de los interesados habitaría en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. s/ Privación de Patria Potestad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-19

En cuanto a que no hay abandono en tanto en la separación de hecho uno de los progenitores deja al hijo en poder del otro, cabe decir que tal razonamiento se apega a uno de los criterios claramente definido por Eduardo Zannoni en su obra Derecho Civil "Derecho de Familia" T 2, pág. 780. Allí enseña que "No se discute que el abandono está constituido por la abdicación total de los deberes que la patria potestad impone al padre y a la madre.... Sin embargo se enfrentan dos concepciones, una de neto corte subjetivo, que imputa el abandono al padre que se desentiende absolutamente de los deberes que le incumbe, aunque, objetivamente, el menor no quede en estado de atenciones debidas, ya porque el hijo queda a cargo de un tercero. En cambio hay quienes entienden que si, no obstante la actitud desaprensiva del padre, el menor no sufre un estado objetivo de abandono no procede encuadrar el supuesto como causal de pérdida de la patria potestad para aquel." Siguiendo lo preceptuado por el art. 307 inc. 2 del C.C. cabe admitir el criterio subjetivo desde que habrá abandono "aun cuando quede bajo la guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero". Ello, lo explica el autor citado porque "las obligaciones emergentes de la patria potestad son personalísimas, indelegables, intransferibles. Si el padre abdica de ellas, no se lo puede premiar con una leve sanción, por mérito de la conducta esforzada de su cónyuge, o de la caridad de otros parientes".
Código penal, código procesal penal, extinción de la acción penal, facultades del Poder Legislativo, Constitución Nacional, acción pública, sobreseimiento, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cano, Sergio Sebastián s/Homicidio agravado por violencia de género c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-04

Cuando el artículo 328 del CPP, se refiere a las causales de extinción de la acción penal, ineludible es acudir al ya citado artículo 59 del Código Penal, porque es en el código de fondo donde esas causales están legisladas, por ser materia penal reservada al Congreso de la Nación (art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional).

Y en ese análisis, forzoso es concluir, como lo hiciera la Dra. Carmen Argibay al emitir su voto en "Podestá Jorge", que la insubsistencia de la acción penal no se encuentra contemplada como motivo legal de extinción ni es una causal de prescripción (conf. CSJN, Fallos, 329:445).

Porque claramente, de la lectura del artículo 59 del Código Penal, que transcribimos anteriormente, no surge la figura aplicada por la Cámara Primera en lo Criminal, dentro de las específicas causales de extinción de la acción penal y ni siquiera puede asimilarse -como bien lo dice el Sr. Procurador General- al criterio de oportunidad previsto en el inciso 5° del citado artículo 59, porque éste, a su vez, se encuentra condicionado en su aplicación, a las previsiones de las leyes procesales correspondientes y ya sabemos que, en nuestra Provincia, en nuestro Código Procesal Penal, "La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada" (art. 6 CPP), agregando la misma norma, de manera contundente, que: "Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley".

Lo que hizo la Cámara Primera en lo Criminal con el dictado del sobreseimiento impugnado, es hacer "cesar" la acción penal pública, que está en manos del Fiscal, por una causal que no se encuentra prevista en la ley penal. Se ha violentado, entonces, tanto el artículo 6 del CPP, como el artículo 59 del Código Penal, al introducir, por vía jurisdiccional, una causal de extinción de la acción penal no prevista por el legislador al dictar la ley de fondo. Fundamentos del Dr. Coll.
Regulación de honorarios, trabajo inoficioso
Materia: CIVIL
Carátula: D.G.I. c/ WATTEAU  S.A.I.C.F.I. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

No corresponde regular honorarios por actuaciones inoficiosas.
Legítima defensa, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: J. R. G. s/ Doble homicidio con arma de fuego, San Pedro de Jujuy
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-20

Para establecer si el autor del homicidio, que actuó en legítima defensa, estuvo en situación de comprender, razonablemente, que se defendía legítimamente no sólo debe efectuarse un análisis objetivo de las circunstancias del hecho, sino que las mismas deben ser ponderadas también desde un punto de vista subjetivo, como un todo inescindible que no puede ser fragmentado a los fines de su análisis. (del voto del Dr. Kamada)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, incongruencia, intereses moratorios, jueces, actuación de oficio, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: OLIVERA, MIGUEL ANGEL c/ SUPERMERCADO SAN JORGE S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

La Sala parte de afirmar que el daño producido por el incumplimiento en el pago de una obligación dineraria que se intenta resarcir con la aplicación de los intereses moratorios se presume por la ley y por ende, se encuentra exento de prueba, pero a renglón seguido se aparta de dicho principio al entender que la cuantía del daño debe ser probada por el trabajador (con lo que pasa a aprehender otro concepto indemnizatorio como lo es el mayor daño sufrido por la mora en el pago); y en tal sentido, cabe destacar que ese daño reparable no fue pretendido por el actor, quien limitó su pretensión a los intereses que Su Señoría estime adecuados. Por ello, al afirmar el A quo que corresponde al trabajador acreditar el daño reparable pero ante la falta de prueba dicho daño debe ser debe ser determinado judicialmente, asume el onus probandi respecto de una pretensión que no se dedujo en autos, lo que conlleva sin más a violar el principio de congruencia procesal con la consecuente afectación del derecho de defensa en juicio del ahora recurrente.
Iura novit curia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: F., G. R. c/ E. N. - N. SH s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

Conforme a la regla iuria novit curia, el juzgador tiene la facultad y el deber de discutir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el Derecho vigente, calificando automáticamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las partes.

No obstante, el aludido principio sólo alcanza a las normas de origen estatal, que se presumen conocidas, y no a las que, como los convenios colectivos de trabajo, son de génesis contractual.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Presso, José Nino s/ Recurso de revisión en causa numero 6640
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Debe ser rechazado el recurso extraordinario de nulidad, si la sentencia impugnada aparece fundada en el texto expreso de la ley.
Libertad de circulación, recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

El recurso de queja debe ser admitido, toda vez que el recurso de inconstitucionalidad que viene a defender plantea agravios relacionados en forma directa con la inteligencia de cláusulas constitucionales (arts. 16, 18 y 43 de la CN y 15, 14, 13 incs. 4, 5 y 11 y 12 inc. 6 de la CCBA), y los actores se agravian de la forma en que el a quo resolvió sus planteos vinculados con el derecho a la libertad ambulatoria (art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el derecho de defensa (arts. 18 de la CN, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial) porque los procedimientos policiales denotan una actitud de discriminación racial tanto hacia ellos como hacia todos los miembros del colectivo cuya representación han solicitado. (Voto del Sr.

Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Derechos y garantías constitucionales, principio de contradicción, traslado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amigo, Roberto P. c/ Asistencia Médica Social Argentina S.A. y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, en su aspecto más primario, se traduce en el principio de contradicción o bilateralidad, el cual supone, en sustancia, que las decisiones judiciales deban ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se pide, es decir, dándole oportunidad de defensa.
Ejercicio profesional, facultades reglamentarias
Materia: CIVIL
Carátula: Antonini Modet, Martiniano E. c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, Ministerio de Economía de la Provincia) s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades facultadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, horas extra, intereses
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Nelli,  Bibiana  del  Carmen  y  otros c/ E.N.Tel s/ diferencias salariales - horas extras.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió tratar el agravio referido a la tasa de interés inherente al pago tardío de las horas extras, si a su planteo oportuno le sigue una alegación detallada del supuesto perjuicio sufrido y de las razones que vendrían a avalar su eventual procedencia, extremos a los que no responde la breve referencia de la cámara.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, límites del pronunciamiento, recursos, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

La circunstancia de que la Corte - como autoridad superior del Poder Judicial - haya intervenido para defender la jurisdicción de los tribunales o los fueros de los magistrados, no permite interpretar a contrario sensu que se encuentra igualmente habilitada para excluir dicha jurisdicción fuera de los recursos legales, pues una eventual decisión en tal sentido importaría convalidar la exclusión del juez interviniente para proteger las facultades de otros poderes, lo que sólo puede tener lugar mediante la decisión de un caso sometido regularmente a su competencia reglada (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Recurso de revisión (procesal), proceso penal, prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., M. R. y otros s/ Revisión penal - Robo automotor, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

El remedio que se confía a la acción de revisión penal no tienen el proposito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el proceso, sino el de permitir ponderar los que por no haber estado presentes entonces, no pudieron influir para poder arribar a una condenación mas benigna. Es decir, son necesarios, pues, hechos o pruebas sobrevivientes, esto es, eventos o documentos que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado. Y en esta tarea, corresponde valorar que por propia disposición de la norma, el " hecho nuevo" debe ostentar la cualidad de "evidenciar" por sí sólo o unido a los demás elementos de prueba, que el hecho delictivo no ocurrió o no lo cometió el condenado.
Facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: P. P. J. c/ G. L. A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10

En multitud de fallos, a través de mi voto, esta Sala ha decidido que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución.
Acción de amparo, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación de Vendedores Independientes de la Vía Pública de la RA y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-15

El amparista se presentó por derecho propio (como titular de un permiso para Elaboración y Expendio de Alimentos por cuenta propia con ubicación fija y determinada) y en su carácter de Secretario General de la Asociación de Vendedores Independientes de la Vía Pública de la República Argentina peticionando la nulidad de las normas vinculadas con el otorgamiento, renovaciones o solicitudes de concesión de permisos para la explotación de alimentos en la vía pública y, frente a los agravios del GCBA, el a quo entendió que la acción era procedente porque las normas cuestionadas podían tener, a su juicio, incidencia en los derechos laborales del actor (art. 14 'bis', C.N. y 43, CCABA), así como de aquéllos a quienes representa, argumentos insuficientes para fundar la legitimación de la actora para instar la acción, desde que no se sabe cuál es la "incidencia" a la que se refiere la Cámara. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).