marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, lotería nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Kalutich  Daniel  Dante c/ Unión Transitoria de Agentes SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-31

Lotería Nacional S.E. resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT, respecto del agente operador que designó para la explotación del juego Loto o Loto Bingo. Por haber otorgado Lotería Nacional SE al agente operador codemandado la explotación de las salas de Loto Familiar, loto de Salón o Loto de Bingo, debe concluirse que hay una contratación relativa a la actividad normal y específica de la concedente (art. 30 LCT). Si bien el estado no es una institución comercial con fines de lucro, por lo que no existe la costubre de llamarlo "empresa", su actividad responde perfectamente a la descripción del art. 5 LCT: es una "organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos". A ello cabe agregar que el texto del art. 30 de dicha ley no habla de empresas: usa el pronombre "quienes", que es mucho más genérico aún.
Decretos, impuestos, impuesto sobre localidades cinematográficas, facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Video club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La remisión de los decretos 2736/91 y 949/92, al Congreso, dispuesta en esas normas, no satisface el claro requerimiento consitucional de que sea ese órgano, y no otro, quien decida qué impuestos se crearán y quiénes deberán pagarlo.
Acción de amparo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Argen X S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

El amparo por mora es una acción tendiente a obtener una orden judicial de pronto despacho, que puede deducir quien revista la condición de parte en un procedimiento administrativo cuando el órgano interviniente haya dejado vencer los plazos fijados o, en ausencia de éstos, si hubiera transcurrido un plazo que exceda del razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo oportunamente requerida. Dres. Weinberg de Roca y Centanaro.
Víctima menor de edad, abuso sexual calificado por acceso carnal, asistencia psicológica, imputado
Materia: PENAL
Carátula: P., J. R. y P. D. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado con la participación de dos o mas personas y para ocultar otro delito en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-05-26

Procede ordenar la realización de un tratamiento psicológico sobre la patología de abuso sexual en la que se encuentran inmersos, que los ha inducido a cometerlo en perjuicio de la adolescente, por el tiempo y bajo las condiciones que los especialistas del área lo determinen conveniente y necesario.
Remuneración, facultades discrecionales del juez, control de razonabilidad
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: TALADRIZ MENDEZ, ALVARO c/ PIRELLI CABLES SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

La CSJN en la causa "Ortega, Carlos C/ Seven Up Concesiones SAIC" (sent. del 7/8/86, Fallos: 308:1078) ha expresado que, aunque los arts 55 LCT, 56 L.O. y 165 CPCCN crean una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y facultan, en verdad, a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trate, esto debe hacerse por "decisorio fundado" y "siempre que su existencia está legalmente comprobada", teniendo presentes los salarios mínimos vitales y móviles y las retribuciones habituales de la actividad.

Vale decir que es deber del juez el "control de razonabilidad" de la remuneración invocada, conforme pautas objetivas y el salario mínimo vigente a la fecha del reclamo (Conf Sala I sent. def. 63.942 del 21/10/93 "Aimetta, J. C/ Grassi, E. S/ despido").
Reglas de la sana crítica, prueba, apreciación del juez, inocencia de las partes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferias Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-16

Las pruebas son los únicos elementos con que cuenta el juez para dirimir el juicio. Queda a quien invoca un hecho alegarlo y demostrarlo, y si aquellas son insuficientes, relativas o parciales, no cabe sino apre-ciarlas con sana crítica y nunca en detrimento del principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional. Exigir al contribuyente una exhaustiva demostración de su inocencia, sin ahondar la investiga-ción -para lo que tiene facultades y atribuciones suficientes el organismo-, implica colocarlo en la difícil -si no imposible- tarea de demostrar un hecho negativo (que no trabaja el supuesto empleado como es-tima el órgano administrativo), sin más elementos que la presunción con fundamento en una declaración de la persona involucrada.
Impuestos, régimen penal tributario, competencia
Materia: PENAL
Carátula: EMPRESA RADIO EMISORA CULTURAL s/ Impuestos Régimen Penal Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-18

1-No tratándose la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de una entidad de carácter nacional sino local-por su ámbito de aplicación-no resulta operante la norma del Art. 18 de la Ley 23771 en cuanto atribuye la competencia Federal en los casos previstos por el Art. 3 de la mencionada norma legal en relación con lo organismos nacionales de seguridad social.- 2- No puede atribuirse competencia en el conocimiento de las actuaciones al Fuero en lo Penal Económico desde que no se trata de "tributos" que correspondan al Gobierno Nacional o cuya recaudación esté a su cargo.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

No es admisible en casación la nueva valoración de la prueba que, bajo aparente alegación de errónea aplicación de la ley sustantiva, pretende el recurrente. No se advierte de qué otro modo que no fuera la revaloración de la prueba pudiera llegarse en esta instancia extraordinaria de casación a una conclusión distinta a la que arribó el Tribunal de sentencia.
Dirigente gremial, prácticas desleales, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: IACONO, CLAUDIO c/ TELEVISION FEDERAL S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

Para que se configure una práctica antisindical se exige un comportamiento subjetivo e intencional subsumible en la hipótesis que describe la ley y que no basta un mero incumplimiento de obligaciones contractuales . No puede soslayarse que la necesidad de que la conducta de la infractora pueda ser calificada como intencional para hacerse acreedora de las sanciones que prevé el art. 55 de la ley 23551 viene exigida por la jurisprudencia de la CSJN en fallo del 30/4/96 in re Asociación Trabajadores del Estado c/ Estado Nacional. Ministerio de Salud y Acción Social (Publ.

Tarbajo y Seg Social 1996, pág 867). (Del voto del Dr. Scotti, en minoría).
Cajas profesionales, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Cuestión de competencia art. 6º C.C.A. En autos: Beliera Norberto y  otros c/Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería  s/Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La competencia originaria de la Suprema Corte no comprende la impugnación de decisorios de entes públicos no estatales, salvo norma especial habilitante que, para el supuesto de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería sólo alcanza a la materia previsional. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación penal, procesamiento sin prisión preventiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Roncati, Carlos Alberto s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

El auto de procesamiento sin prisión preventiva no constituye sentencia equiparable a definitiva en los términos del art. 457 del C.P.P.N.  -pues antes que impedir su prosecución, hace avanzar al proceso en su secuela progresiva-.

Según la doctrina de la C.S.J.N. las restricciones de derechos, que de ordinario acompañan el sometimiento al proceso, deben ser soportadas por el imputado y no justifican la intervención del Alto Tribunal con anterioridad al fallo final en aras de asegurar las garantías de defensa y debido proceso. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Derecho procesal, proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: PASTOR, JUAN MARIEL c/ CENTRO DEL RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-26

"solo los sujetos del proceso, litigantes o sus representados, están legitimados para peticionar, no pudiendo extenderse a los profesionales que patrocinan a los litigantes la facultad de peticionar en nombre de aquellos, ni por derecho propio en un proceso en que no son parte"
Honorarios del abogado, interpretación de la ley, cuerpo de abogados del Estado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ Almada, Vilma Anahí s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-07

Es explícito el autor del proyecto que se transformaría en la Ley N 4492 cuando expresa que "este aspecto de la materia arancelaria" -es decir el referido a los profesionales que prestan servicios al Estado Provincial o Municipal o a sus entes descentralizados ya sea en relación de dependencia con ella o por contrato- "requiere una normativa específica y diferenciada" indicando aquél los motivos en que funda tal aserto entre los que cita el de que "estos profesionales perciben una remuneración salarial o contraprestación contractual por su actividad en vinculación con el Estado".
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez, garantías procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, Miguel Angel c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización por Accidentes de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

"En virtud del principio de plena jurisdicción, el Tribunal de alzada puede entrar a considerar la defensa no considerada por el sentenciante y no replanteada en la segunda instancia por haberse rechazado la demanda por otras razones y no poder apelar de ella en esa. Aún cuando sólo pueda apelar el vencido ello no implica que las defensas o argumentos del vencedor, rechazados o no considerados por el iudex a quo queden eliminados del litigio; pasan mediante el recurso concedido al vencido, a conocimiento del iudex ad quem"
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, período de prueba, suspensión de despidos, carácter taxativo
Materia: LABORAL
Carátula: Muñiz, Carlos Gabriel c/ Seguridad Integral Empresaria S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

El DNU 329/2020 (prorrogado por los DNU 487/2020 y 624/2020) veda de manera taxativa la posibilidad de extinguir el vínculo laboral en virtud del contexto de pandemia por el Covid 19 y se refiere al ilícito contractual como consecuencia del despido arbitrario y cuya sanción conlleva a la indemnización prevista en el art. 245 LCT, estableciendo una estabilidad absoluta en el empleo por el tiempo que dure la vigencia del decreto y sus prórrogas. Sin embargo, la norma no prevé otros supuestos legales tanto extintivos como de condición temporal, tal es el caso del supuesto de extinción del contrato notificado durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización pero con obligación de preavisar según lo establecido en los arts. 231, 232 y 92 bis de la LCT, como sucede en el caso.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, buques de crucero, infarto, tratamiento médico, cobertura, daño psíquico
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Litvin, Teddy Daniel y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

1 - Admitida que fue una acción de daños y perjuicios incoada por dos cónyuges, con motivo del incumplimiento del contrato de asistencia al viajero que los vinculara con la empresa demandada, ya que ésta injustificadamente rehusó cubrir un tratamiento de urgencia al coactor (cateterismo) que sufrió un infarto en ocasión de efectuar un viaje en crucero, corresponderá reconocer el reintegro de los gastos derivados de la atención de la persona y su salud, aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su desembolso, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento (CNCiv, Sala B, in re "SSM c/ Coto Cicsa y otros s/ daños y perjuicios", del 14/08/15).
Juicio de apremio, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Comuna de Pueblo Muñoz c/ Ferro Expreso Pampeano s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   fiscal (Expte. CSJ Nº 809-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, cuando ella resulta manifiesta, y siempre y cuando dicho tratamiento no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos.
Privatizaciones, propiedad participada, responsabilidad del Estado, trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VELAZQUEZ  ARMANDO  Y  OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

La responsabilidad del Estado por la instrumentación del PPP que impidió que los trabajadores con derecho tener la facultad de participar en él lo hicieran, ha sido admitida en el art. 2do.

de la ley 25.471. Tal norma, si bien referida a la privatización de YPF, no puede ser ignorada en este litigio ya que demuestra que la intención del legislador es reconocer que cuando la lentitud del Estado priva de un derecho al trabajador, el Estado debe responder (conf. C.S.J.N. in re "Gerry, Roberto E. y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A y otro" del 26.08.2003).
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PENAL
Carátula: FERRER DE CABRAL Y OTRO s/ DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-12-28

El delito de desbaratamiento de derechos acordados (C.P., art. 173, inc. 11mo.) se consuma con el acto o hecho ulterior jurídico o material del autor, frustratorio del derecho o del cumplimiento de la obligación.

Si los imputados prometieron enajenar por boleto privado de compraventa un inmueble, haciéndole entrega a la compradora de las llaves y luego lo vendieron a un tercero, cuya propiedad fue prometida a la denunciante, la frustración del boleto privado de compraventa, cae dentro del ámbito del tipo legal del desbaratamiento de derechos acordados (C.P., art. 173, inc. 11mo ). La denunciante pagó el precio en la medida y cantidad estipulada para gozar del correlativo derecho, por tanto el accionar de los acusados, en la consumación del acto jurídico frustratorio, se revela subjetivamente acorde con las exigencias del tipo legal, consientes de que burlaban el cumplimiento de la obligación contraída respecto del bien, esto es a sabiendas de la condición del acuerdo y de la idoneidad del acto para frustrar la obligación asumida.-
Sentencia, principio de congruencia, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: M, A. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Apropiación indebida de tributos   (Expte. CSJ Nº 478-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, exceso ritual manifiesto, errónea apreciación de la prueba, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante, Martín Mauricio c/ Caja  Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Aun cuando los agravios de la apelante remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, materia propia de los jueces de la causa y ajena - como regla y por su naturaleza - al recurso del art. 14 de la ley 48, corresponde habilitar la vía intentada cuando, con violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, el a quo ha juzgado con excesivo rigor formal las declaraciones testimoniales y ha omitido considerar las pruebas oportunamente incorporadas a la causa y conducentes para la solución del caso.
Debido proceso, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Publico  -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gómez, Rodrigo Fabián s/infr.art. 85 CC'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

En cuanto a la alegada afectación de la garantía del debido proceso, el derecho a ser oído y la defensa en juicio, en tanto se revocó la suspensión del juicio a prueba sin que se realizara la audiencia del art. 311, CPP, el recurrente sólo expone una interpretación distinta de los hechos y las pruebas valoradas por los jueces de mérito, en particular en torno al modo en que se intentó dar con el paradero del imputado a los fines de celebrar las audiencias fijadas.(Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Combes, Luis Emilio y Flores, Silvia Edith c/ Arcucci, Osvaldo Miguel y Re, Mariela s/ Reintegro de hija
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Los derechos y deberes que definen la patria potestad "corresponden a los padres" conforme expresa el art. 264 del Código Civil y una decisión encaminada no sólo a privarlos de ella, sino aun a modificar radicalmente los lazos familiares (arg. art. 323 Código Civil.), sólo puede ser adoptada por los dos. La voluntad de uno, salvo situaciones excepcionales aquí no verificadas, resulta en todo sentido ineficaz (art. 317 del C.C.).
Revocación de sentencia, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, accidente ferroviario, muerte, menores, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Viera, Mario Rafael y otro c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho Argentinos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente ferroviario en el cual perdió la vida un menor de edad, si el a quo omitió valorar el cumplimiento de las condiciones de seguridad que dispone el art. 11 de la ley 2873 que establece la obligación de la empresa ferroviaria de proveer a sus empleados de las instrucciones y medios necesarios a fin de que el servicio se haga con regularidad, sin tropiezo ni peligro de accidentes.
Superior Tribunal de Justicia, indemnización, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: HORMACHEA SEBASTIAN ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS -HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-04-20

La indemnización por daños y perjuicios pretendida por la actora, debe ser desestimada, por cuanto el Art. 89 del C.P.C.A - Ley 2600-, establece que el fallo del Tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión contencioso administrativa conforme lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos laborales o civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo, lo que marca una valla infranqueable a éste Cuerpo para expedirse acerca de pautas indemnizatorias como se peticiona.

En tal sentido, el reclamo por posibles daños y perjuicios, está vinculado a un reconocimiento jurisdiccional que es extraño al proceso contencioso administrativo, conforme lo establece el artículo 3 del C.P.C.A. -Ley 2.600- en la medida que, como ut supra se indicara, en éste tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa, limitada a las acciones previstas por la ley que excluyen las acciones sobre reclamos de derechos patrimoniales.-
Sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Carna, Carlos Alberto c/ Televisión Federal S.A. y otro. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Cabe dar por cumplido el recaudo de sentencia definitiva cuando se trate de una resolución que, sin ser de esa naturaleza, origine un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. La invocación de arbitrariedad o de agravios constitucionales, no puede suplir la ausencia de tal carácter en el pronunciamiento que se impugna.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Muruga, Carmen del Rosario c/ Expreso Suipacha s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

La indemnización otorgada en concepto de daño moral tiene por objeto reparar los padecimientos espirituales que indudablemente experimenta la víctima, por lo que para su determinación no se requiere prueba de su entidad, puesto que se lo debe tener por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, demanda, emisión de acciones, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GYSIN NORBERTO c/ FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-10

La demanda por nulidad de asamblea de una sociedad anónima no constituye litigio de monto determinado; ello sin perjuicio de ponderar como dato referencial, la magnitud económica involucrada en el acto impugnado (en el caso de autos, traducida en el valor de la emisión de acciones cuestionada).