marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de la víctima menor, cámara Gesell
Materia: PENAL
Carátula: F.R.D.F. s/ PSA ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-04

La Cámara Gessell no es en sí misma una prueba, sino un ámbito del Servicio de Psicología Forense ubicado en el Palacio de Justicia II, dentro del cual -conforme a la ley, y en los supuestos allí previstos- debe receptarse la prueba en cuestión, esto es, la exposición de la menor damnificada.

Esta Cámara permite que las entrevistas al niño víctima por el perito oficial sean efectuadas dentro de un espacio arquitectónicamente adecuado, mientras es observado por los peritos de contralor y los magistrados y funcionarios judiciales a través de vidrios especiales y herramientas auditivas que les permitan visualizar y escuchar al niño de modo indirecto (art. 221 bis del C.P.P.).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pozru, Oscar Francisco c/ Rigolleau S.A. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-11-14

Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de su entidad en las causales invocadas para disponer una cesantía y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado.

Las conclusiones que al respecto se formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos (art. 242, L.C.T.).
Adulteración de la numeración de bienes registrables, baja del automotor, patente del automotor
Materia: PENAL
Carátula: Brancatti, Alejandro R. y otro s/ Infr. Dec. Ley 6582/58
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-03

Los elementos objetivos de la figura penal contemplada por el art. 33 del Dec.-Ley 6582 no se encuentran reunidos ni concretados, sí surge del Registro de la Propiedad del Automotor que el vehículo se encontraba dado de baja a causa de incendio, por lo que carecía de placa de identificación que pudiera ser sustituida o modificada su numeración. Empero, el accionar en estudio no deviene atípico sino que encuentra encuadre legal en otra figura, la prevista por el art. 289 inc. 3ro. del Código Penal.
Recusación, sentencia consentida, querella
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rosciano, Roxana Luján s/ recusación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-03

No corresponde hacer lugar a la recusación sustentada en decisiones adoptadas respecto de la prueba ofrecida que considera que favorecen a la defensa en su desmedro, máxime si tales resoluciones fueron emitidas en tiempo oportuno y consentidas por la querella, ya que la recusación no es la vía idónea ni puede constituirse en un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa cuando sus decisiones no sean favorables (Dres. Riggi y Tragant).
Recusación, excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calabrese Heberto c/ Vázquez María s/ Remoción administrador
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

En base a una interpretación armónica de las distintas causales de excusación y recusación previstas por la ley, las ofensas o denuncias que se formulen contra el Juez de grado no son motivo suficiente para justificar que este se aparte de la causa, ni que se tenga por configurado el resentimiento o violencia moral a que alude el art. 30 del código ritual. (Minoría u opinión personal)
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Christian M. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-26

Deben rechazarse los agravios contra la sanción disciplinaria impuesta si el juez de ejecución analizó concretamente los planteos efectuados oportunamente y no sólo destacó que la conducta desarrollada por el causante se adecua a la descripción del tipo seleccionado, sino que también descartó la pretendida justificación de la conducta bajo un supuesto de legítima defensa. La disidencia sostuvo que, al no advertirse que el interno hubiera sido asistido por un letrado defensor desde el inicio del trámite de la sanción impuesta, se encontró impedido de ejercer correctamente su derecho de defensa en juicio. (Dres. Cabral, Figueroa -en disidencia- y Gemignani).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, sentencia, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PAZZI, MARIO MIGUEL S/ QUIEBRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  QUIEBRA-INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA DE CREDITO PROMOVIDO POR  A.F.I.P. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 385 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

No puede prosperar la queja interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- que acusa a la sentencia atacada de fundamentarse en pautas de excesiva amplitud, si el Sentenciante remitió a antecedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y así -transitivamente- se basó en principios de derecho concursal, y en normativa civil -específicamente en el artículo 953 y concordantes del Código Civil-. Al respecto, no está demás recordar que la Corte local ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina, y que la exigencia del artículo 95 de la Carta Magna local no impone al juzgador la formulación de desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, el fallo se sostenga a sí mismo, como decisorio razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial.
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Nigro, Pablo Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

El pago mínimo de la multa es condición previa para la obtención del juicio a prueba y no debe ser entendido como cumplimiento de una pena sino meramente como la satisfacción de una regla activa de conducta. La apreciación que realiza el legislador involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces, ya que representa facultades específicas de aquél sobre la política criminal, la que sólo tendría lugar en el caso de que se lesionen garantías constitucionales. La imposición de la suspensión del juicio a prueba por parte de la jurisdicción contrariando la oposición fundada del fiscal no encuentra sostén dentro de la lógica del art. 76 bis CP, tampoco puede ser de recibo, de acuerdo a la configuración del instituto, la pretensión de que la falta de conformidad fiscal debidamente formulada pueda entenderse como que ha mediado consentimiento. Aún la declaración de inconstitucionalidad por parte del a quo del quinto párrafo del art. 76 bis CP no le permite limitar el ejercicio de la acción. El imputado que ofrece el pago del mínimo de la multa como condición de la suspensión no es un penado, sigue gozando de la condición de inocente, y el incumplimiento del pago de la multa no permite ni la ejecución forzosa, ni la conversión en prisión, sino que sólo acarrea la revocación de la suspensión y la reanudación del proceso cuando el incumplimiento es injustificado; porque goza del estado de inocencia, aun en ese caso, tiene derecho a la realización de un juicio.
Defecto legal, remuneración, diferencias salariales
Materia: PROCESAL
Carátula: Olea, Andres Leucadio y otros c/ Ex D.E.C.A. y/o Estado provincial s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-04

Corresponde hacer lugar a la excepción de defecto legal interpuesto por la demandada, en el modo de proponer la demanda por cuanto no se determinó el monto de la suma reclamada en concepto de diferencias salariales. Ello en virtud de comprobarse que la accionante al interponer la demanda expresó que el reclamo de la diferencia salarial se debe a una merma efectuada por la demandada sobre los haberes de los empleados, en un porcentaje aproximado en relación a los haberes que percibían con anterioridad. Conforme a ello y a fin de preservar el derecho de defensa, se advierte que en el caso de autos es posible la determinación del monto de la pretensión en forma aproximada, y sin perjuicio de que la misma sea objeto de una revaluación posterior luego de sustanciarse el proceso. En virtud de ello resulta procedente hacer lugar a la excepción deducida y ordenar se subsane el defecto legal de la demanda, expresando un monto aproximado en relación a la pretensión, bajo apercibimiento de tener por desistido de la acción promovida.
Accidente de tránsito, cosa juzgada
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ DE ROCA, Susana y otro c/ LINEA 107 EMPRESA GENERAL SAN MARTIN S.A.T. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

La sentencia condenatoria a raíz de un accidente de tránsito, hace cosa juzgada respecto de otras acciones motivadas por el mismo hecho, aunque en el nuevo juicio sea distinta la persona del actor; lo que interesa primordialmente es la existencia de la conexión jurídica en la materia que constituye el objeto del litigio.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, daño físico, golpe de puño, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BARONE, LUIS c/ CASAL, SERGIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Si el puñetazo propinado por el agresor, que le provocó a su víctima un hematoma bipalpebral izquierdo con herida cortante en el párpado inferior -según el perito oftalmólogo-, no dejó secuelas cicatrizales en el párpado ni incapacidad visual relacionada con el accidente, -sin dejar de ponderar el padecimiento que debe haber soportado el agredido al recibir el golpe ultrajante-, no se justifica conceder indemnizaciones diferenciadas, siendo prudencial y equitativa la establecida en $500 para reparar el daño físico y moral. (En el caso, la agresión se originó en ocasión de un accidente de tránsito protagonizado por las partes y que se produjo por culpa del agresor).
Beneficios previsionales, reingreso a la actividad remunerada, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa. Coadyuvante: Lunghi, José Luis Demanda contencioso administrativa. Coadyuvante: Lunghi, José Luis Demanda contencioso administrativa. Coadyuvante: Lunghi, José Luis
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

El reingreso a la actividad y el cese posterior permite acrecentar el haber jubilatorio mediante el cómputo de los nuevos servicios, sin exigir nuevas condiciones de edad o años de antigüedad.
Libertad de prensa, censura previa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Arriaga, Antonio c/ Diario La Prensa  S.A. s/ Recurso de Hecho Pérez Arriaga, Antonio c/ Arte Gráfica Editorial Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02|1993-07-02

La libertad que la Constitución Nacional otorga a la prensa, al tener un sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa, ha de imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes que impida la obstrucción o entorpecimiento de su función.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, daño causado con la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ OSVALDO M. c/ TOMAS TESTAI E HIJOS s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Demandados daños y perjuicios por el accidente que sufriera un menor de corta edad, que tuvo como resultado la amputación de su dedo índice izquierdo a la altura de la segunda falange, cuando un camión volcador descargaba arena en un terreno lindero y aquél introdujo su mano izquierda en la caja del camión tratando de tomar un poco de ella,en momentos en que el conductor operaba el mecanismo que hace bajar dicha caja, se está ante un daño causado por el riesgo específico e intrínseco de la cosa que lo produjo y, por eso, la responsabilidad del dueño encuadra en la segunda hipótesis del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil. La diferencia entre daño "con" la cosa y daño "por el riesgo o vicio" de la cosa no se funda en un diferente modo de indagar por la causa del daño; en ambos casos la causa del daño es la cosa. Pero en algunos casos la cosa provoca el daño al desarrollar su potencialidad peligrosa, ello es un riesgo habitual que es intrínseco a ella; en otros, en cambio, la cosa ha sido colocada o puesta en situación de producir un daño por sí misma, aunque habitualmente no lo provocaría. Es verdad que toda cosa puede ser peligrosa "en determinadas circunstancias" (Conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 69-231; íd. Sala B, J.A., 1980-I-128), pero no es verdad que todas las cosas sean igualmente peligrosa en "cualquier circunstancia". Es claro que resulta infructuoso pretender agotar "a priori" un casuismo acerca de qué cosas son intrínsecas y habitualmente riesgosas, sea sí mismas o por su modo de utilización -actividades riesgosas-, y cuáles resultan inofensivas en general y sólo eventualmente peligrosas. Lo importante es el análisis de las circunstancias en que fue situada la cosa productora de daño para proyectar, desde ese análisis, el factor de atribución como "posterius".
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., A. H. c/ L., A. O. s/ Divorcio. Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

En el proceso civil y comercial, el sistema es de "indisponibilidad de las formas", debiéndose tan solo armonizar las normas procesales para alcanzar la justa composición del objeto litigioso, finalidad que se cumplimenta cuando el fallo traduce la satisfacción de las pretensiones deducidas en el juicio, ora en sentido positivo (admitiéndolas) o negativo (denegándolas).
Derecho penal, concurrencia de agravantes
Materia: PENAL
Carátula: Miszczuk, Máximo A. y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

El delito de robo doblemente agravado por el uso de armas y por su comisión en poblado y en banda debe encuadrarse solamente en la figura del artículo 166, inciso 2° del Código Penal, ya que la del artículo 167, inciso 2° de este Código queda absorbida por aquella. (Voto del Dr. Fégoli).
Competencia, competencia civil y comercial federal, tarifa de servicios eléctricos
Materia: PROCESAL
Carátula: ECOCARNES SA c/ PLUSPETROL ENERGY SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-29

Habida cuenta de los alcances de la pretensión, y de conformidad con lo manifestado en los dictámenes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias, cabe concluir que la objeción formulada respecto del régimen tarifario que rige la cuestión planteada en autos remite a normas y principios del derecho administrativo, circunstancia que justifica la competencia del fuero especializado "ratione materiae" (conf. esta Sala, causa 174/01 del 6.8.02; Sala 2, causa 4624/01 del 28.5.02, 9828/01 del 8.4.03, 619/03 del 25.6.03, 12.781/02 del 10.7.03; Sala 3, causa 1568/del 17.12.02, 8292/02 de 22.4.03). En ese sentido, no debe perderse de vista que la Justicia Federal en lo Civil y Comercial posee una competencia de atribución genérica, en tanto que la del fuero Contencioso Administrativo Federal es de atribución especial (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, causa "Lombardo, Jorge H, y Otro c/ E.N. y otro s/ proceso de conocimiento", del 4.4.96 y sus citas).
Contratos, resoluciones judiciales, exportaciones, frutas, consignación de mercadería, rendición de cuentas, incumplimiento del contrato, falta de facturación
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Lyla Productores SA c/ Expofresh SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

Corresponde admitir la demanda promovida en reclamo de los saldos adeudados y el reintegro de impuestos originados en el contrato de exportación de fruta que vinculara a las partes, mediante el cual la actora entregó a la demandada una cantidad de arándanos (aproximadamente 40000 kg), a fin de que ésta comercializara la fruta en mercados extranjeros (Estados Unidos, Europa y América), debiendo luego informar periódicamente el precio de las ventas a la actora, a fin de que emitiera la pertinente facturación. En ese marco, resulta inadmisible la postura defensiva, que pretende la aplicación de la excepción de incumplimiento prevista en el CCIV 1201, con motivo de la falta de entrega de las facturas. Ello así, pues la falta de envío de la facturación por parte de la actora, se debió justamente al incumplimiento del deber de información que pesaba sobre la demandada.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia laboral, condiciones de trabajo, higiene y seguridad del trabajo, Metrovías SA, acto administrativo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Pérez, Carlos Alberto c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

Si no se trata de cuestionar la declaración de insalubridad de ciertos puestos de trabajo de Metrovías S.A., sino de un requerimiento judicial de un trabajador en sentido contrario, esto es, que se ordenen a su empleadora a que cumpla lo dispuesto en el mencionado acto administrativo local, en lo que concierne a las condiciones laborales, a lo que ésta se opone, por considerar que todavía no se encuentra firme debido a que el procedimiento impugnatorio de aquella declaración otorga efectos suspensivos a los recursos que se interpongan para cuestionarla, el tema debatido aparece vinculado con aspectos del derecho laboral y se subsume en los casos que el art. 20 de la ley 18.345 asigna a la Justicia Nacional del Trabajo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Vejaciones, lesiones, policía, detenido
Materia: PENAL
Carátula: Avila, Fernando H. s/ Vejaciones.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

a) Configura el delito de vejaciones previsto por el art. 144 bis, inc. 2do.) del C.P. con las agravantes previstas en el párrafo final de la norma, al concurrir las circunstancias establecidas por los incs. 1ro.) y 3ro.) del art. 142 del C.P. , la conducta de dos agentes policiales que hallándose en funciones golpearon y agredieron a una persona que trasladaban como presunto infractor, ocasionándole a partir de esas vejaciones un daño en su persona al quedar afectado por una grave lesión.

b) Las vejaciones contempladas por el art. 144 bis, inc. 2do.) del C.P. se sancionan cuando son aplicadas a cualquier persona y no estrictamente a "presos guardados", a condición de ser impuestas por funcionarios públicos que desempeñan un acto de servicio.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caruso, Juan y otros c/ Empresa de Transportes Jorge Newbery S.A. s/ Acción art. 194 de la ley 19.550 Niza Aut.tores S.A. y otro c/ Cía. Financiera Plafín S.A. s/ Reivindicación Ayala de Barbero, Dora c/ Galende, Oscar s/ Daños y perjuicios Ceroli de Cece, Rosario c/ Villavicencio de Lewinski, María E. y otros s/ Daños y perjuicios Gómez de Romero, María c/ Vallejos, Laureano y otros s/ Daños y perjuicios Valdez Peláez, Servanda y otra c/ Teschuk, Claudio Luis y otr. s/ Daños y perjuicios Cirdat S.A. c/ Márquez, Luis Alberto y Oliva, Arnaldo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14|1992-06-23|1990-02-27|1990-03-13|1990-06-12|1991-08-20|1996-12-27

El plazo de caducidad debe incluir a los períodos de feria judicial, porque tratándose de un plazo de meses, se computa según el art.25 del Código Civil conforme la regla del art.29 del mismo Código.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

La prioridad de paso otorgada a quien circula desde la derecha, tiene declarado nuestro Corte Suprema Nacional, es un derecho que debe ser ejercido en función de las circunstancias y no debe aplicarse cuando el beneficiario de la preferencia lleva una velocidad excesiva.

Es que la prioridad de paso dispensada por los reglamentos de tránsito no autoriza al beneficiario de ella a arrasar con todo cuanto se interponga en su camino, porque tal prerrogativa conlleva, cual requisito previo, cumplir dicho reglamento y, en especial, reducir la velocidad hasta por debajo de los 30 kms./h. al llegar a bocacalles o encrucijadas, obligación esta impuesta a todo conductor, sea que aparezca por la derecha o por la izquierda en relación a otro (art. 51 inc. "e" apdo. 1 de la Ley 24.449).
Derechos y garantías constitucionales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: HEINZ LUISA MARTA c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-04-19

A los fines de la acción de amparo la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, artículo 3º inciso d) de la Ley Nº 1117 y sus modificatorias, deberá desestimarse la vía intentada en tanto la posición del amparista resulta inconciliable con los presupuestos de aquella acción, en atención a que desinterpreta los postulados del artículo 43 de la Constitución Nacional.

No procediendo, por ende, el amparo habiendo vías aptas para la tutela del derecho vulnerado.

Este Tribunal Superior ha dicho que se requiere, a los fines de la procedencia del amparo, y en forma concomitante, 'la existencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantías constitucionales reconocidas, provenientes de la Administración Pública (conf. art. 2 Ley 1117 y modif.), provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la inexistencia de un procedimiento ordinario o judicial que permita obtener el mismo efecto.

Ello por cuanto el amparo no constituye el sucedáneo versátil de la acción contencioso administrativa, sino el remedio singular para las extremas situaciones, en las que por carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos fundamentales', porque 'si bien es indudable que la letra del artículo 43 de Constitución Nacional reafirma la autonomía del amparo respecto de los demás senderos procesales, no debe perderse de vista que la misma norma constitucional subordina la acción a la ausencia de otro medio judicial más idóneo.

Por ello es que se ha sostenido como principio, que los procesos ordinarios son generalmente más idóneos que el amparo para custodiar el derecho constitucional vulnerado, toda vez que en ellos se estudia cualquier tipo de lesión con un marco probatorio más amplio.

Por tal razón, es el actor del amparo quien tiene el deber de demostrar por qué los otros procesos no le son más útiles en el caso concreto'.- A la luz de lo expuesto no procede el amparo por no existir la ostensible arbitrariedad o ilegalidad en el obrar de la Administración que intentó evitar la violación del principio de proporcionalidad previsional, ya que esta relación dejaría de existir si se mantuviera en el haber de pasividad de la amparista una bonificación que hubiese sido suprimida para el personal en actividad.-