marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE ANSELMI, NIEVES c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

Planteado un conflicto negativo de competencia entre una sala de la excma. Cámara en lo contencioso administrativo federal y un juzgado de primera instancia en lo comercial, la cámara comercial carece de atribuciones o facultades para intervenir en él y decidirlo (dec. Ley 1285/58: 24-7).
Carga de la prueba, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cuell, José Arnoldo c/ Expreso Rada Tilly s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-28

"La carga de la prueba constituye así, una imposición de la relación jurídica procesal de las partes, para que observen determinadas conductas, pero, al mismo tiempo, aparece como una regla para el juzgador, indicándole cómo debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos".
Recurso contencioso administrativo, caducidad, actos y diligencias procesales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nemesio o Nemesio Colome, José Agustín c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente  de caducidad interpuesto por la parte demandada (Expte CSJ Nº   289-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-02

La sola voluntad del actor de continuar el trámite no basta para que no se opere la perención si no se exterioriza en tiempo y forma legales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: "LA CABAÑA HOTEL S.A." s/ COSTAS Y HONORARIOS.    ADMINISTRADOR JUDICIAL.    IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La distribución de la carga de las costas es un tema que por su naturaleza procesal no es materia propia del recurso extraordinario, salvo arbitrariedad, que no se constata en la sentencia apelada.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esterlina S.A. -Su Quiebra- c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El Alto Tribunal in re "Rebesco", del 12/2/95, sostuvo que si el accionar del Estado se encuadró en el marco de su función específica, esto es, la de atender a un servicio que beneficia a la colectividad en general, pero produjo, en ese ejercicio, una lesión a los bienes o a la persona de alguno de sus integrantes, es de estricta justicia que la comunidad los afronte, no porque la conducta estatal sea contraria a derecho, sino porque el sujeto sobre el que recae el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo.

(Del voto del juez Argento, consid. 6º).
Medidas cautelares, medida cautelar innovativa, renta vitalicia, pago en dólares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CARRIZO,  RAMONA  ARSENIA  Y OTROS c/ HSBC New York Life Segurosde Retiro S.A. y otro s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

Corresponde descalificar como medida cautelar la que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a la demanda, ya que la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, más no lograr el fin perseguido anticipadamente -art. 232 C.P.C.C.- (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.10.02, Coto C.I.C.S.A. c/ Entre Ríos, Pcia. de"). Por ello, corresponde revocar la decisión del "a quo" que, en el marco de una medida cautelar innovativa, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 del Dec. 214/02 (sustituido por el art. 3 del Dec. 320/02) y de los arts. 1 -párrafos 1, 2, y 4- y 4 de la ley 25.587, y ordenó abonar al titular en Dólares Estadounidenses -o en pesos, en cantidad suficiente para adquirir en el mercado libre la suma de aquélla moneda-, la renta vitalicia previsional percibe mensualmente.
Accidentes de trabajo, prestaciones sistémicas
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Andrea Graciela c/ Berkley Internacional ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Ninguna norma impone la obligación del trabajador de efectuar la denuncia ante la A.R.T., sino que es una facultad que éste posee. Quien se encuentra obligado a efectuar la denuncia es el empleador. El art. 31 inc. 3 e L.R.T. señala que "los trabajadores.denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran", pero en el caso, el actor ya no era dependiente y, por ende, no tenía empleador a quien informar. Ello no quita que el trabajador no pueda instar la acción contra la aseguradora, pues de ser así, no tendría sentido la norma del art. 44 que establece, como plazo máximo de prescripción, ".a los dos años desde el cese de la relación laboral". Y aun, en el hipotético caso de que se admitiera que la ley establece como requisito para el nacimiento del derecho a recibir las prestaciones, la denuncia ante la A.R.T., ello no puede entenderse abarcativo de las prestaciones en dinero, que son las que en el caso se reclaman. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial, el damnificado percibirá "." las prestaciones dinerarias que determina la norma, según el porcentaje de incapacidad que se detecte en su salud. Para el cumplimiento del pago de las prestaciones dinerarias la ley no establece otro requisito que el acaecimiento del daño. Debe resaltarse la preeminencia de las normas especiales sobre las de carácter general.
Contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Andrada, Néstor Fernando c/ Sanatorio Modelo Quilmes s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Sustentada la demanda en la realización de tareas adicionales a aquéllas que constituían la función específica del accionante, le incumbe la ineludible carga de demostrar la causa jurídica de su reclamo.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., S.J. c/ T., S.E. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

El carácter objetivo de la causal de divorcio contemplado en el artículo 214, inc. 2° CC, no desplaza la aplicabilidad de las normas procesales en materia de costas, de manera que para imponerlas hemos de atenernos, como regla, al principio objetivo de la derrota consagrado en artículo 68 parte 1° C.P.C.C., sin perjuicio de las atenuaciones que el legislador tuviera a bien introducirle mediante las excepciones contempladas en las normas siguientes del mismo ordenamiento.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: DIOMEDI, MARCELO A. LOZANO, SEGUNDO O. s/ ROBO CON ARMAS Y EN BANDA Y AMENAZA EN CONCURSO REAL S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-01

No puede ingresar el STJ en el replanteo de una decisión adoptada por el a quo en ejercicio de específicas atribuciones legales -unificación- pues en el caso particular la individualización de la pena lo ha sido teniendo en cuenta la magnitud del injusto, la peligrosidad y el mayor riesgo de alarma social derivado de la conducta de quien ya ha cometido delitos con anterioridad-
Juicio de apremio, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Direccion Provincial De Energia De Corrientes c/ Acosta Celia Maria Alicia Y/O Responsable Del Suministro N° 401699 s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-07-03

En los procesos de ejecución fiscal que persiguen el cobro judicial de sumas adeudadas a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes a raíz de facturas impagas por consumo de energía, resulta aplicable el plazo de prescripción de cinco años dispuesto por el art. 4027 inc. 3° del Código Civil.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, Ministerio Público Fiscal, facultades de la autoridad de prevención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, C. H. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-23

Asiste razón al juez a quo al señalar que el Secretario de la Fiscalía de Grado carecía de facultades para establecer la clausura preventiva de un local en oportunidad de un allanamiento. No es posible válidamente asimilar a dicho funcionario con las autoridades preventivas. El artículo 16 de la Ley de Procedimiento Contravencional es claro al poner tal función en cabeza de quienes ejerzan la policía de seguridad o auxiliares de la justicia en el ámbito de la ciudad.

Yerra la Fiscalía de Cámara al pretender que "no cabe negársele facultades de prevención a quien posee la facultad instructoria". Más allá de lo que establece textualmente el artículo 16 ut supra citado, no puede soslayarse que se trata de funciones diferentes, que el ordenamiento jurídico atribuye a órganos distintos. Dicha solución, además de inducir a una confusión de roles inaceptable a la luz del régimen legal vigente, importaría desnaturalizar la misión del Ministerio Público que como integrante del Poder Judicial de la Ciudad (artículo 7 de la Ley Nro. 7) es alcanzado por la independencia e imparcialidad propias de la Judicatura.

Tampoco corresponde invocar las atribuciones que confiere la Ley Nro. 21 a los miembros de ese órgano, a los efectos de convalidar la intervención del Secretario de la Fiscalía. El artículo 3 de la mentada ley establece: "Estructura: Cada uno de los tres organismos que integran el Ministerio Público est compuesto por los siguientes niveles 1) Fiscalía General: a) Fiscal General Adjunto/a, b) Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones, c) Fiscales ante los juzgados de primera instancia ...". En consecuencia, no es posible admitir que las facultades personalísimas e indelegables que dicha normativa asigna a los Fiscales, puedan ser ejercidas por otros funcionarios de ese Ministerio Público.

(Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Política migratoria, extranjeros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA ARCE, José y otra s/ inf. Ley 25.871
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-15

Es procedente el procesamiento en orden a la figura prevista por el art. 117 de la ley 25.871, de quienes alojaban personas en una finca donde se encontraba un taller textil, pues no puede desconocerse las numerosas habitaciones construidas en la propiedad, extremo que evidencia la planificación y el ánimo de alojar personas dentro de aquella finca y con un mismo fin laboral, y los imputados no podían desconocer la situación migratoria de quienes allí fueron hallados, atento al tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso e irregular contratación hasta la fecha en que se procediera el allanamiento.
Aborto, aborto sin consentimiento, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Lescano Leonardo Elías p.s.a. aborto en grado de tentativa, lesiones leves calificadas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-07-31

Corresponde condenar por el delito de aborto en grado de tentativa a quien, sabiendo con certeza del embarazo de su concubina, en distintas ocasiones la agredió, pegándole golpes de puño en el estómago y la empujó golpeándole el vientre, no logrando sus fines abortivos por circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima se resistió.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, inflación, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: Basso Inmobiliaria c/ Maunelli, Daniel s/ Resolución de contrato. Cuestión a resolver: Las medidas económico  Financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible  Y Extraordinario que posibilita aplicar la Teoría de la Imprevisión?  (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

La inflación crónica padecida por nuestra economía desde poco más de tres décadas siempre se mantuvo dentro de los dos dígitos; es decir, fue el 20 al 40 o al 60%. Pero en el período que va desde mediados de 1975 a abril de 1976 trepó vertiginosamente a más del 900%, es decir, a una cifra de casi cuatro dígitos. Fue por tanto una escalada inflacionaria imprevisible, extraordinaria y espectacular. En tal circunstancia debe funcionar la teoría de la imprevisión que se apoya en consideraciones de justicia y equidad.

(Del Voto del Dr. Costa). En el caso, la cuestión a resolver es: Las medidas económico- financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible y extraordinario que posibilita aplicar la teoría de la imprevisión?
PERÚ, medidas de seguridad y protección, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, medidas urgentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú S/ Solicitud de medidas provisionales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-05-07

Debe el Estado Peruano adoptar, sin dilación alguna, todas las medidas de protección que fueren necesarias en amparo de la vida e integridad personal de los miembros de la familia de los dos adolescentes que, en medio de operativos policiales fueron detenidos por agentes de la fuerza nacional, introducidos en la maletera de una patrulla oficial y supuestamente ejecutados durante el trayecto que a posteriori siguieron los policías, pues han sido objeto de amenazas y otros actos intimidatorios, pudiendo asimismo sufrir represalias a raíz de sus declaraciones ante la Corte Interamericana.
Locación, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Francisco c/ Otero, Pedro e Ignacio s/ pago de arrendamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-09-20

No se consideran de buena fe, los pagos anticipados de arrendamiento, que no autoriza expresamente el contrato ó la costumbre.
Participación criminal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: M.M.y E.L., Z.F.y T.S,I.R.H.,M.A. s/ LESIONES GRAVES Y HOMICIDIOS CALIFICADOS POR LA ALEVOSIA Y EL  CONC.DE AGENTES EN CONC.IDEAL.PARTICIPES PRIMARIOS. INSTIGADOR Y  PARTICIPE SECUNDARIO.PARTICIPE PRIMARIO DEL DELITO DE ROBO.M.CASEROS." EXPTE.N 10619/93.
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-04-09

La distinción entre autores y coautores no responde a ninguna finalidad practica,desde que es idéntica la pena estatuida para los autores y coautores.No se advierte como ha de precisarse la diferencia entre el que ejecuta materialmente le delito y el que presta un auxilio o cooperación -de carácter material-sin los cuales no habría podido cometerse. En la aplicación de este concepto surgen dificultades para determinar cuando el auxilio o la cooperación han de juzgarse esenciales a fin de distinguirlos de la cooperación accesoria constitutiva de la complicidad prevista en el art. 46 del C.P. que alude a los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho. Evidentemente, por la naturaleza misma de la cuestión, es imposible fijar reglas que permitan resolverla con acierto.Solo el prudente arbitrio judicial puede decidirla.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sili, Luis Héctor y otros c/ Gas del Estado. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

No procede el recurso extraordinario, fundado en la doctrina de la arbitrariedad, cuando el pronunciamiento apelado se refiere a materias que, como la regulación de honorarios en las instancias ordinarias, son ajenas al recurso del art. 14 de la ley 48.
Constitución Nacional, preámbulo, afianzar la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R.G., M. c/ Vargas, Héctor y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-10

Al contener el preámbulo de la Constitución Nacional el propósito de afianzar "la justicia", no pueden los tribunales jurisdiccionales desinteresarse en la consideración de un medio probatorio que se muestra como decisivo para la solución de la causa, prescindiendo de la preocupación de arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto.
Violación calificada por el concurso de personas, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, A. s/ VIOLACION - AGRAVANTES: CONCURSO DOS O MAS PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-12-11

No obstante haber sido accedida la víctima por dos personas, igualmente funciona la agravante del 122 C.P. (concurso de dos o más personas), porque la mayor gravedad del delito estriba en que la intervención de los tres sujetos sirvió para anular prácticamente toda posibilidad de resistencia de la víctima, intensificándose el ataque a su libertad sexual. Ello en virtud de que el tercer participante (prófugo) actuó no solamente para conducirla a la damnificada hasta el automóvil, sino que acompaño a los dos procesados a casa de uno de éstos, contribuyendo a privar de cualquier intento de resistencia de la mujer, quien no podría saber si iba a ser accedida por él.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: VIZCARRA, Belindo Misael c/ MIN. DE SALUD Y ACCION SOC. s/ AMPARO POR MORA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Fundándose el recurso deducido exclusivamente en la causal de arbitrariedad del pronunciamiento, no corresponde que el tribunal se expida sobre la alegada tacha referida a sus propias decisiones, máxime cuando, como en el caso, la sentencia cuenta con suficientes antecedentes fácticos y jurídicos (Fallos: 273:15; 295: 103).
Delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Luis c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Si bien fue el Gobierno Nacional el que designó a los magistrados con competencia transitoria, el ejercicio por parte de la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la competencia en cuestión no implica una interferencia indebida en intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires -en tanto es la Capital de la Nación (art. 129, CN)-, por lo que se alinea con el principio de "lealtad federal" al que refirió la Corte Suprema en "Bazán". (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi). "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020. En igual sentido se resolvió en "Incidente de competencia en autos Chávez, Héctor Fabián s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I", expte. SAPCyF n° 16686/19; "Incidente de competencia en autos Mori López, Julio César s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I"; expte. SAPCyF n° 16693/19,
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E.C. S.A.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Justicia Municipal de Faltas Justicia Municipal de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-06

Habremos de rechazar el agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia recurrida, por ser improcedente que este Tribunal se pronuncie sobre su propia arbitrariedad y por lo demás la tacha de arbitrariedad corresponde respecto de sentencias "que priven definitivamente al interesado de medios legales para reclamar la tutela de sus derechos" (TSJ causa SAO 49/99 "F A d B c/ GCBA s/acción de inconstitucionalidad"), situación que no se da en la especie, siendo asimismo procedente recordar que éste no es el superior tribunal de la causa, condición también necesaria para la procedencia del caso federal.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, admisibilidad formal, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros Grales. (TF 18.500-I) c/ D.G.I. s/ Recurso ordinario de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, supera al mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte.
Contrato de trabajo, cambio de lugar de trabajo, vigiladores, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOSO MARTIN OMAR c/ SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-10

Si bien es cierto que el CCT 194/92 permite a la empresa modificar el lugar de trabajo de los vigiladores, también lo es que ese cambio debe responder a razones funcionales de la empresa y no ser utilizado como una sanción disciplinaria (arts. 65, 66 y 69 de la LCT). En su memorial recursivo la apelante aduce que el traslado en cuestión no constituyó un castigo, pero admite que la falta cometida (utilizar vehículos de la empresa en beneficio propio) "justificaba su traslado del sector de móviles", lo que importa un reconocimiento de que el cambio constituyó una reacción frente a dicha falta. La explicación esgrimida a fs. 395 acerca de que habría trasladado al actor a "otro destino donde no pudiera abusar de la confianza de su empleador nuevamente", esto es "a otro centro de control en el GCBA donde no tuviera vehículos a su cargo", resulta extemporánea, dado que no fue alegada en el responde. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Pedido de prueba, resoluciones irrecurribles, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MELE, JOSE s/ RECURSO DE APELACION    PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

El auto que ordena diligencias probatorias es irrecurrible por la contraparte de quien las pidió, la que solamente puede controlar su producción.
Marcas, marcas confundibles, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO  MARCELINO  CHAMPAGNAT  SH c/ INSTITUTO NAC. DE SERV.SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Este Tribunal ha admitido en algunas oportunidades la medida prevista en el art. 50 del Trip's en supuestos en los que la concurrencia de ciertos elementos entre las marcas pudieran conducir a eventuales confusiones en el público consumidor -v.gr. ante la existencia de colores y figuras combinas y dispuestas de similar modo (conf. esta Sala, causas 10706/01 del 4-4-02 y 4445/01 del 11-10-02)-, las constancias incorporadas a la causa en este estado liminar, no alcanzan -en una primera aprehensión de los conjuntos marcarios- para tener por acreditada la referida situación. Los signos en conflicto, cuyas constancias obran en la documental adjuntada a estas actuaciones están integrados por elementos y diseño que a "prima facie" difieren entre sí (conf. "NOVALGINA" y "ANALGINA LAFEDAR", y que -como principio- impiden concluir, con el grado suficiente de probabilidad que este tipo de medida requiere, en la invocada confundibilidad de ambos conjuntos marcarios (conf. esta Sala, doctrina de las causas 11.829/04 del 22.10.04 y 10.030/04 del 23-9-04).