Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-06


AUTOS N° 112.402 (Juz. Contencioso Administrativo) (SALA III N° 10.030) "CAMISAY Claudio Alberto y Otros C/ Municipalidad de la Ciudad de San Juan - Ordinario (en Cont. Adm.)" ///Juan, a 06 días del mes de Mayo de dos mil diez.- - - - - - - - - - - - - - - - - -VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido en subsidio a fs. 111, contra el decreto de fecha 17 de junio de 2009 obrante a fs. 95 de estos autos.- - - - -CONSIDERANDO: La Sra. Juez a-quo en el proveído apelado resolvió:

"Por recibido. Surgiendo de la pretensión planteada que esta acción se encuentra comprendida en las previsiones del art. 2° de la Ley N° 7675; y siendo que la Ciudad de San Juan se encuentra adherida a la misma por ordenanza N° 8416 de fecha 17/08/06; previo a todo deberá plantear el requirente el Formulario de Iniciación del Proceso de Mediación ante la Mesa General de Entradas, consignándose en el mismo su conexidad con estos actuados a los fines de su remisión a este Tribunal".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Contra dicho pronunciamiento se alza la actora, interponiendo y fundando recurso de reposición con apelación en subsidio a fs. 99/108.

Hace reserva de los recursos extraordinarios de la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Los actores a fs. 35/56 promueven demanda laboral a fin de que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan -demandada en los presentes autos- normalice la relación de dependencia que los une y abone en dinero efectivo y al contado las diferencias dinerarias adeudadas correspondientes a las tareas realizadas. Expresan que a dichos montos corresponderá deducirles lo pagado como retribución por pasantías, becas o planes de trabajo. Asimismo peticionan se incluya la efectivización del pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, por todo el periodo trabajado en relación de dependencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En la providencia obrante a fs. 57 se ordena correr vista al Agente Fiscal a fin de determinar la competencia del juez a-quo en la presente causa. A fs. 58 y vta. se encuentra agregado el dictamen fiscal, que en definitiva considera que el juez laboral es incompetente para entender en el juicio promovido. Lo que así se resuelve tanto en Primera como en Segunda Instancia (fs. 60/62 vta. y fs. 86 y vta.).- - - - - - - - - -A fs. 95 por decreto de fecha 05 de junio de 2009 se le hace saber a la parte actora que intervendrá en la causa la juez María Josefina Nacif, titular del Juzgado Contencioso Administrativo. A fs. 95 corre el proveído apelado que causa a los actores agravios que subsumiremos del siguiente modo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I) Del texto de la demanda surge que contiene un reclamo emanado en la normativa laboral -tanto de fondo como de forma-, por lo tanto es competente para entender en la causa el fuero laboral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -II) Por otra parte, la Sra. Juez a-quo considera que resulta de aplicación la ley de mediación, lo que no corresponde, por constituir un privilegio en favor del Estado, que provoca dilaciones al proceso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Peticionan se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4° al 11° de la ley N° 7675 y la Ordenanza Municipal N° 8416/06, por violación a la tutela judicial efectiva y de la razonabilidad procesal y de los arts.20, 21 y 22 de la citada ley, referida al régimen de costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Avocados al tratamiento de los agravios diremos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I) En primer término, nos pronunciaremos acerca de la competencia del fuero civil para entender en la presente causa. La competencia como aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado, constituye un presupuesto liminar para que exista un proceso tramitado en legal forma. En efecto, la misma inviste al Juez competente con el deber y el derecho de administrar justicia en el caso concreto, con exclusión de todo otro órgano jurisdiccional (art. 1º del C.P.C.). Precisamente la competencia está determinada por las reglas que la Constitución o el legislador han establecido atribuyendo a los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de las causas sometidas a su decisión, con la finalidad de organizar una buena administración de justicia. Por lo tanto, no es viable dejarlas sin efecto o modificarlas por la simple voluntad de las partes, pues el art. 21 del Código Civil prescribe que los particulares no pueden desplazar la aplicación de las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ahora bien, acerca de la cuestión de competencia articulada este Tribunal está imposibilitado de analizar la misma. El hecho de que haya mediado pronunciamiento definitivo y firme sobre dicha cuestión, en sede laboral (fs. 86 y vta.) es determinante.- El fallo de la Cámara de Apelaciones Laboral, confirmada por la Excma.Corte de Justicia (fs. 96/97 vta.), reúne las exigencias de cosa juzgada y en consecuencia no se puede reveer, en razón de que su efecto no hace posible reabrir el debate sobre el tema ya tratado y firme.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La cosa juzgada, en sustancia, significa decisión inmutable e irrevocable; importa la inmutabilidad del mandato que nace de la sentencia. En tanto la sentencia es inmutable o inmodificable, esa inmutabilidad, conforme lo sostiene Couture, consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.- - - - - - - - - -Al respecto se ha resuelto que: "Toda vez que el conflicto entre dos jueces de distinto fuero por razones de competencia, debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada del juez que previno (Ley 17.116), el pronunciamiento dictado por dicho tribunal confirmando la decisión inhibitoria que atribuye la causa a la jurisdicción mercantil, asume carácter definitivo a los efectos de determinar la competencia, no pudiendo el juez en lo comercial articular cuestión de competencia, toda vez que esta Cámara no está habilitada legalmente para pronunciarse en materia asignada a otro tribunal y en virtud de lo antieconómico y dispendioso de tal proceder, que involucra la reedición de un debate en un asunto sobre el que recayó pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada (C.N.A.Com."Caramian Eduaro c/ Yaghjian V.

s/Ordinario"-Ref.Norm.:L.17116-08/02/1990).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"Los Tribunales no pueden conocer en las cuestiones consentidas ya que actuarían en menoscabo de los límites de su propia competencia y de las garantías de la propiedad y la defensa en juicio, si examina un aspecto que, por consentimiento de los legitimados para impugnarlo, había pasado en autoridad de cosa juzgada. Es inadmisible la decisión que deja sin efecto resoluciones firmes y consentidas, con violación al principio de la cosa juzgada, preclusión y garantías constitucionales del derecho de propiedad y defensa en juicio (Sup.Trib.de Just.de Chubut "C., S.R.L. c/ G., R.O. s/Ordinario" 16/12/2005 ).- - - - - - - - - - - - - - - - -En consecuencia, corresponde desestimar este agravio, y confirmar la competencia de los Tribunales Civiles -en este caso-, el Contencioso Administrativo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -II) La C.S.J.N. en reiterados fallos ha resuelto que: "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye una de las más delicadas de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que impone a la Corte la mayor mesura al ejercer el elevado control de constitucionalidad de las leyes, mostrándose tan celosa en el uso de su facultades, cuanto en el respeto que la Ley Fundamental asigna, con carácter privativo a otros poderes".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Agrega que: "La Constitución Nacional lejos de significar un conjunto de dogmas rígidos, susceptibles de convertirse en obstáculos opuestos a las transformaciones sociales es una creación viva, impregnada de realidad Argentina y capaz de regular previsoramente los intereses de la comunidad en las progresivas etapas de su desarrollo (F:324-3184)".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El examen constitucional que exige la Mediación instrumentada en la Ley N° 7675 (arts. 4° al 11°) complementada en lo referente al procedimiento por las disposiciones de la Ley N° 7454, se refiere a si violenta principios constitucionales como son, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la defensa en juicio. Como también se cuestiona el régimen de costas señalado en los arts. 20, 21 y 22.- - - - - - - - - -A) El establecimiento de la mediación previa en el Poder Judicial no resulta inconstitucional. El sistema implementado por la ley cuestionada no es pasible de ese vicio, en primer lugar, por pertenecer el órgano mediador a la órbita de la Justicia, "Centro Judicial de Mediación" (art.

5°).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La citada ley no lesiona lo dispuesto por la Constitución Nacional (arts. 109 y 116) toda vez, que el mediador no ejerce funciones judiciales, sino una actividad de aproximación de las partes a fin de que arriben a la solución del conflicto.- - - - - - - - - -El carácter obligatorio del procedimiento (art. 4°) no violenta el derecho constitucional de acceder a la Justicia, en razón de que una vez que las partes han comparecido a la audiencia pueden manifestar su voluntad de no continuar con el proceso (art. 11 último párrafo, Ley N° 7454), con lo cual queda expedita la vía judicial (art. 11), en un plazo breve (art. 30 de la ley antes citada). Es decir, que no priva a nadie de la adecuada y oportuna tutela judicial de sus derechos, mediante el debido proceso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La comparencia personal, excepcionalmente por representante, a la audiencia (art. 22) respeta, sin lugar a dudas, el ejercicio del derecho de defensa.- - - - - - - - - - - - - - - -Acerca de la constitucionalidad de la mediación el Dr. Bidart Campos, al comentar el fallo "Baterías Sil-Dar S.R.L." ha manifestado que: "En primer lugar, para que una ley de mediación obligatoria sea constitucional, la organización y funcionamiento de la instancia de mediación y los mediadores, deben radicarse en la esfera del Poder Judicial y no depender del Poder Ejecutivo, ni pertenecer a su órbita puesto que esto último importaría una violación de la división de poderes (art.109 C.N.).- En segundo lugar, la etapa mediadora previa debe ser breve y no demorar demasiado tiempo la iniciación del proceso judicial en caso de que ésta haya fracasado; puesto que una demora excesiva en el acceso a la justicia, vulneraría el derecho a la jurisdicción tutelado implícitamente por la Constitución y explícitamente por los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (L.L.03/12/1998).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A su vez se ha dicho que: "No procede la tacha de inconstitucionalidad del sistema establecido por la Ley 24.573 por el carácter obligatorio del procedimiento de la mediación, ya que la imposición legal de someterse a este trámite previo extrajudicial sólo genera el deber de comparecer a la audiencia fijada por el mediador, pero no el de permanecer en dicho procedimiento, pues basta con que una o ambas partes expresen su voluntad de darlo por finalizado para que éste concluya, y quede expedita la instancia judicial (Baterías Sil-Dar c/ Barbeito Walter s/Sumario" Sent. de la C.S.J.N. del 27/09/01)".- - - - - - - - - - - - - - - - -"La creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, es compatible con la Ley Fundamental, en cuanto la actividad de esos órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lícito transgredir (F:295-552)".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"La consolidación del Estado de Derecho no admite la existencia de bloques o conjuntos temáticos exentos de control judicial, ya sea que se les asigne la denominación de actos institucionales o se los adscriba a otra categoría sino, en todo caso, la irrevisibilidad de algunos aspectos bien delimitados, máxime cuando ello constituye un modo de asegurar, en este nuevo milenio, el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en distintos tratados internacionales de jerarquía constitucional a partir de 1994 (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional - F: 324-3358);la que se encuentra asegurada con la ley en comentario".- - - - - - - -Por las razones dadas, no corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 4° al 11° de la Ley 7675 y en su consecuencia la de la Ordenanza N° 8416/06 de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B) Referente al régimen de imposición de las costas implementado en la ley en comentario, este Tribunal con anterioridad ha resuelto que:

"Teniendo en cuenta que la imposición de las costas del juicio es una consecuencia objetiva de la derrota, ya que constituye el resarcimiento por el vencido al vencedor de los gastos que éste ha tenido que realizar para obtener justicia, las consecuencias señaladas resultan incompatibles con la garantía de inviolabilidad de la propiedad, tal como la ha definido y delimitado la Corte Suprema en los reiterados fallos dictados sobre la inconstitucionalidad de las restricciones impuestas al derecho de propiedad por la legislación de "emergencia", arriba citados. Tales restricciones, para ser constitucionalmente válidas, no deben menoscabar la "substancia" de los derechos garantizados; sino que, por el contrario, deben preservar y "mantener incólume y en su integridad la substancia de los mismos, así como la de los derechos y obligaciones que crean o declaren (Corte Suprema: fallos citados en el párrafo 5. precedente). Sin embargo, la norma del primer párrafo del art. 20 de la Ley Prov. 7.675 suprime el derecho de la contraparte del Estado, vencedora en el litigio, a ser resarcida de los gastos que le ha irrogado la defensa de su derecho reconocido en la sentencia, poniendo a su cargo implícitamente la totalidad de ese gasto, con manifiesto menoscabo de su patrimonio que se verá disminuido en un valor equivalente al de ese gasto. Esto es así porque el reconocimiento o restablecimiento de su derecho que establezca la sentencia, no será nunca íntegro ni plenamente compensatorio del desmedro sufrido, si debe asumir los gastos del litigio a costa de su patrimonio. Y este menoscabo, cualquiera sea su magnitud, alcanza a la substancia de su propiedad porque es definitivo e irrecuperable. Por esa razón, la norma en cuestión que, sin razón suficiente y sin causa jurídica que lo justifique (art.499 C. Civil), pone a cargo de la contraparte vencedora del Estado el pago de las costas del juicio que en todos los casos, salvo en éste, debe pagar el vencido, infringe la garantía del art.

17 CN. que asegura al vencedor que su propiedad es inviolable; lo que significa, estrictamente, que el derecho que le reconoce la sentencia y su valor económico, debe mantenerse íntegro e incólume como consecuencia de ella, lo que no ocurre si tiene que descontar de ese resultado los gastos del juicio. Análogo menoscabo se produce, en detrimento del derecho de los representantes judiciales del Estado, en la situación opuesta y simétrica de que sea el Estado el vencedor, por la supresión, resultante de esta norma, del derecho de los abogados que lo representan al Estado a cobrar sus honorarios al vencido, no obstante que este derecho pasa a formar parte de su patrimonio desde el momento en que queda firme la sentencia dictada a favor del Estado. Esta es la razón simple y evidente que demuestra la irremediable inconstitucionalidad de la norma en cuestión del primer párrafo del art. 20 de la Ley Prov. 7.675.".- - - - - - - - - - - -" En el mismo comentario, más adelante indica el Dr. Lloveras que:

"...Respecto a la imposición de las costas en los juicios en los que el Estado resulte vencido, no queda otra alternativa, a nuestro parecer, que derogar la norma analizada por su manifiesta inconstitucionalidad, y dejar al criterio prudencial de los jueces la decisión de relevar al Estado del pago de las costas, atendiendo a las circunstancias del caso, de acuerdo a la atribución que les otorga el segundo párrafo del art. 74 C.P.C..

Creemos que la solución de fondo de este problema está en mejorar el control de legalidad de los actos del Estado, en encuadrar estrictamente las decisiones políticas en las limitaciones establecidas por la Constitución y la Ley, en ajustar el gasto público a los ingresos genuinos, y en evitar los juicios innecesarios; y no en otorgarse el Estado a sí mismo y a sus funcionarios responsables un salvoconducto -incompatible también con la garantía del art. 17 CN. y con la responsabilidad que establece el art. 43 de la C.P.- que los libere de las consecuencias judiciales de sus errores y arbitrariedades, a costa de los particulares afectados por ellos que han tenido que recurrir a la justicia para defender su propiedad e intereses legítimos. Y tenemos, finalmente, la esperanza de que las ideas y razones expuestas contribuyan a mejorar las soluciones que corresponde dar a los problemas tratados, y ayuden a evitar la litigiosidad innecesaria en beneficio del Estado y de los justiciables (Prot.de Sent.:T° III-F°151/156-2007)".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"También se ha resuelto que, el proceso no puede concebirse "debido" como lo ordena la Constitución Nacional, sin que las partes ostenten similares facultades y prerrogativas, requisito que también incluye al Estado cuando demanda o es demandado por los particulares (cfr. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal", Tº III, pág. 14). Es decir, la garantía de igualdad que consagra la Constitución a favor de los ciudadanos, se proyecta al proceso judicial bajo la forma de un principio procesal cuyo desconocimiento comporta, por lo mismo, una conducta claramente violatoria de la Ley Suprema (C.F.C.C.Sala II-"Arena alfredo c/ A.N.S.S."07/10/1999)". Conforme a lo dicho y jurisprudencia citada, se declara la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 20 de la Ley 7675.- - - - - - - - - - - - - - - -Referente a la imposición de costas dispuestas por el art.21 de la ley en comentario, los supuestos allí indicados resultan conforme a derecho y a la conducta que deben observar los litigantes, aceptados por la jurisprudencia mayoritaria. Referente a la parte que incurre en "plus petición inexcusable" el art. 77 del C.P.C. tiene igual condena en costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La "grave temeridad y malicia" que lleva a la parte que ha incurrido en esta causal a soportar las costas, debe ocasionar un perjuicio de importancia tal que no pueda ser reparado, quedando al buen criterio de los magistrados su aplicación, conforme lo señala el art. 74, última parte del Código citado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El "abandono del proceso", hace a quien configura esta conducta un vencido, y por lo tanto sobre él debe recaer la condena en costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En lo referente a las "nulidades provocadas", también este supuesto está contemplado en el art. 80 del Código de forma indicado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En cuanto al "desconocimiento del derecho en conductas que hayan provocado un desgaste jurisdiccional inútil" carga con las costas aquél o a quienes se les puede imputar la actividad procesal que las motivó, "al actuar con notorio desconocimiento del derecho, negligencia, falta de probidad o lealtad" (L.L.11/12/06 "Guerriero Blas c/ Riv S.A.

s/Ordinario").- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Como consecuencia de la razones expresadas no corresponde tachar de inconstitucional el art. 21 de la ley en análisis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Este Tribunal considera, como lo ha expresado en numerosos fallos que, en los procesos en que se ha pretendido el cobro de una suma dineraria, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará a los fines de la regulación de honorarios, de la liquidación que se practique del capital e intereses.- Es decir, que la base regulatoria comprende el capital y los intereses (Prot. de Autos: T° I-F° 168/172-2008; T° I-F° 59/60-2006; T° III F° 563/573-2005; entre varios); en igual sentido se han pronunciado, la Excma. Corte de Justicia (P.R.E.1982-II-275) y las otras Salas de esta Cámara de Apelaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -De lo contrario no se resguardan los derechos y garantías constitucionales en la medida en que se excluye -sin razón legal alguna-, el beneficio económico obtenido por el vencedor merced a la intervención de quien le proporcionó asistencia letrada. Ello, sin perjuicio de la aplicación que corresponda efectuar en cada caso de otras pautas del arancel.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Asimismo la Corte Suprema de Justicia, adoptó la posición reseñada durante un breve lapso por la propia Corte Suprema (Fallos 293: 239) y ulteriormente fue seguida por numerosos votos en disidencia entre los que merece destacarse el voto del juez Lorenzetti en Fallos 328:1730 donde sostuvo que "La labor profesional desarrollada no es ajena a los rubros que componen la condena porque sin aquélla la condena no existiría". El profesional contribuye con su trabajo a que ingrese al patrimonio del cliente un bien económico determinado (los montos de los intereses del crédito), del lucro cesante, el daño moral, el daño emergente, etc.)" por lo que no hay razón para discriminar uno y otro, en cuanto a la base regulatoria.- - - - - - - - -Por consiguiente, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley N° 7675.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación concedido en subsidio a fs. 111, contra el decreto de fecha 17 de junio de 2009 obrante a fs. 95 de estos autos. En consecuencia: I- Se desestima la petición de inconstitucionalidad de los arts. 4° al 11° de la Ley N° 7675 y de la Ordenanza N° 8416/06 de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, confirmando la providencia de fecha 17 de junio de 2009, obrante a fs. 95.

II- Se declara la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 20 y la inconstitucionalidad del art. 22 de la citada ley; rechazando la del art.

21; todo por los fundamentos dados.- III) Costas por su orden, en razón de que no hay intervención de la contraria, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO:DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO, DRA.

CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T° II-F° 307/313 -2010.