marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, conversión del proceso previsional, recurso extraordinario, reajuste jubilatorio, inconstitucionalidad, plazo, litispendencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STANICIO, ANGELICA EDELINA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21

En atención al confuso marco jurídico derivado de la entrada en vigencia de las normas procesales contenidas en la ley 24.463, no corresponde formular reproche alguno a la postura asumida por el peticionante que, ante la falta de resolución por parte de la C.S.J.N. del recurso extraordinario que interpuso al haber ordenado la Sala la conversión del procedimiento (art. 24, ley referida) -en la causa en que peticionaba el reajuste del haber previsional-, frente a la eventualidad de que el Máximo Tribunal no hiciere lugar a su planteo de inconstitucionalidad y a lo perentorio e improrrogable de los plazo procesales, a fin de resguardar sus derechos inició demanda ante un juzgado de primera instancia. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución del a quo que rechazó "in limine" la acción por entender que se trataba de un supuesto de litispendencia, y suspender el trámite de dicha causa hasta tanto la C.S.J.N. se pronuncie en el recurso extraordinario antes aludido. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: T.S.R. c/ Sanatorio San Juan Bosco S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

Encontrándose dentro del ámbito de la responsabilidad contractual, el deber de seguridad que pesa sobre el establecimiento de salud es de resultado. El sanatorio no solo debe responder porque se preste el servicio, sino porque se lo preste de manera tal que el paciente no sufra daños por deficiencias en la prestación prometida. La obligación de responder nace del incumplimiento del deber de seguridad.
Acción de amparo, acto administrativo de alcance particular, acto administrativo preparatorio, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Saslavsky, Martha Leonor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo por mora Buenos Aires s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

Los dictámenes no deciden, sino que constituyen meros "actos de administración" que coadyuvan en el proceso de formación de la voluntad administrativa. De tal modo, mal podría la administración resolver la petición de fondo del particular (la concesión del subsidio o pensión) mediante un dictamen. Sólo podrá considerarse "resuelto el reclamo interpuesto por el amparista", con la efectiva concesión o denegación del beneficio perseguido. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo).
Audiencia de debate, prueba, imputado, sentencia, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad
Materia: PENAL
Carátula: FREGENAL, JULIO CESAR  ENRIQUE, MATIAS NICOLAS s/ HURTO CALIFICADO,   ROBO EN POBLADO Y EN BANDA EN GRA. DE TENT., HURTO CALIFICADO P/ ESCALAMIENTO, ROBO, COPARTICIPE NECES. DE ROBO EN C. R. C/ HURTO CALIFICADO EN C. IDEAL C/ HURTO SIMPLE, ROBO CALIFICADO EN GRA. DE TENT., ROBO C/ PARTICIPACION  DE UN MENOR, HURTO CALIFICADO EN C. IDEAL C/ HURTO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-06

Con el cuadro probatorio tenemos suficientemente acreditado que el hecho se trató de un robo calificado por el uso de arma, calificante que se satisface tanto por el empleo del cuchillo como de una piedra ya que los dos elementos se tratan de armas impropias que al ser utilizadas en el hecho aumentaron la capacidad ofensiva de los autores.

Respecto del grado de consumación en delito quedó en la fase de la tentativa ya que habiéndose iniciado el desapoderamiento el mimo no se pudo completar por la intervención de la victiman, familiares, vecinos y por último por la autoridad policial, no llegando a salir el gato hidráulica de la esfera de custodia de su propietario, encuadrándose el hecho como tentativa de Robo con Armas, art. 166 in. 2º en función del 42 del Código Penal.-
Accidente de tránsito, ciclista, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Yaccarino, Alberto y otro c/ Vallejos, Concepción y otro s/ Sumario - Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

No puede equipararse el riesgo que produce el tránsito de un vehículo automotor, de gran tamaño y susceptible de elevadas velocidades, como es un colectivo con el de una bicicleta que difícilmente puede resultar peligrosa para terceros. En equiparable entonces la situación del ciclista, frente a un rodado motorizado, con la de los peatones, por la evidente desprotección de su persona ante un contacto con vehículos mayores. A los conductores de éstos corresponde sortear con la cosa riesgosa que dirige, a los otros que utilizan la vía pública, especialmente cuando embisten desde atrás al que los precedía en el mismo sentido y por la misma calle.

Si el conductor hubiera llevado encendidos los faros de alcance mediano, en vez de las luces de posición reglamentaria, el hecho pudiera haberse evitado. La velocidad mayor de un colectivo hace aconsejable que en una zona con poca luz artificial, se enciendan los faros que permiten que su conductor vea, además de los reglamentarios que están destinados a que vean el rodado los demás.

Los faros de alcance medio, sin encandilar a otros conductores, hubieran alertado al colectivero por el reflejo rojo que produce el elemento destinado para ello.
Ejecución fiscal, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano c/ Automóvil Club Argentino (Beiro) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La excepción de litispendencia en los procesos ejecutivos no permite su admisibilidad si se funda en la existencia de otro juicio ordinario.
Incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, reducción de la indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VALPONDI, JORGE LUIS c/ PINTOS, SILVANA GABRIELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

Corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta en relación a la postulación del quejoso vinculada a la falta de fundamentación en que habrían incurrido los sentenciantes al momento de resolver la reducción a la mitad del monto de la indemnización correspondiente al rubro incapacidad sobreviniente, ya que cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Juan M. Ramos Padilla, Juez Federal de Morón s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Si el juez provincial reconoce que el fuero de excepción es incompetente para conocer en la causa que el juez federal le remitiera debe entender del proceso para luego, si lo considera oportuno, plantear los conflictos jurisdiccionales a los tribunales que considere pertinente.
Recurso de casación, suficiencia, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, RAUL ARTURO s/ S.D. HOMICIDIO CULPOSO, ETC. E.P. DE ANTONIO LLADHON Y OTROS-  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-10

Resulta insuficiente para ingresar a esta extraordinaria vía de la casación fundar el memorial agraviativo en la prueba producida y en la valoración de las mismas, a los fines de demostrar que el grado de culpa atribuida a las partes en el evento es absurda o arbitraria, pues la atribución de la responsabilidad ante el siniestro o mensurar el grado de culpa de cada uno de los protagonistas del evento ilícito, conforma -como quiera que se trata de un análisis de las circunstancias- una típica cuestión de hecho extraña a la competencia del Alto Cuerpo, más aún cuando el tribunal de mérito, luego de efectuar el análisis de los hechos, enmarca correctamente la normativa aplicable a los principios relativos al daño causado.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Prop. Calle Alem c/ Blanco Carlos V. s/ Cobro Ejecutivo de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La ausencia de personería se erige como un defecto revisable aún de oficio por el Organo Jurisdiccional de segunda instancia, en tanto no permite tener por propuesto válidamente el tema en la instancia anterior, so riesgo de substanciar todo un proceso sin la real intervención de una de las partes.-
Hechos y actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Q., F. c/ L., M. A. s/ Escrituración (sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23

"La nulidad de los actos jurídicos celebrados por un incapaz es meramente relativa, y nada impide que la ineficacia del acto pueda verse sencillamente purgada por su confirmación por el menor al llegar a la mayoría de edad o tácitamente al ejecutar voluntariamente en forma total o parcial el negocio viciado".
Personas con discapacidad, tecnología
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. A. s/ insania y curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-04

Las tecnologías de apoyo permiten a las personas con discapacidad ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la información, a través de la comunicación, la que debe entenderse en el sentido plasmado por la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 2
Bancos, responsabilidad del banco, deber de información, derechos del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOGLEN, JORGE c/ BBVA BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

Sin perjuicio de haber sido admitida la deuda del accionante que refleja el último saldo de la cuenta que lo unia a la entidad bancaria demandada, cabe admitir la responsabilidad de ésta, derivada no del manejo irregular de la cuenta sino por incumplimiento de las obligaciones de información al cliente, en razón de haber omitido la descripción de los movimientos que justificaban el saldo y los réditos moratorios aplicados, y no haber respondido a los numerosos requerimientos efectuados por carta documento, haciendo necesario denunciar penalmente al gerente del banco para que se le informara el origen de esos débitos; tal conducta violatoria de las disposiciones que regulan las imposiciones y extracciones registradas (OPASI 2/88, regla 1.2.4.3 y Comunicación "A" 2329, regla 1.2.2.3) y del deber de información veráz, detallada, eficáz y suficiente que obliga a todos los prestadores de servicios a los consumidores (ley 24240: 1,  2 y 4), genera responsabilidad de la entidad bancaria, en tanto ha ocasionado al cliente un daño moral que debe ser resarcido (cciv: 512, 519, 520 y 522 y ley 24240: 40), mediante una indemnización justipreciada en la suma de $ 1500, a la fecha de la sentencia (Cpr: 165).
Marcas, domicilio constituido, mediación
Materia: PROCESAL
Carátula: Gastronomía  Argentina 1810 SRL c/ C y D Inversora SRL s/ cese deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-11

La constitución de domicilio en el trámite de la mediación sólo proyecta efectos sobre las consecuencias que le son propias tales como la posterior ejecución judicial del acuerdo, de los honorarios del mediador y de las multas originadas en ese trámite (conf. art. 7 in fine del decreto 91/98). La contestación de una demanda por cese de uso no se ve comprendida por esa regla dado que su notificación debe realizarse en el domicilio real (conf. art. 339 del Código Procesal), lo contrario implicaría sostener que un decreto reglamentario puede modificar una de las normas más importantes del Código de forma, lo cual es claramente inadmisible (conf. art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional). Y en materia de cese de oposición al registro de una marca se mantiene el domicilio constituido en el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el INPI, no el de la mediación (conf. art. 14 de la ley 22.362).
Asignaciones familiares, personal militar, remuneraciones accesorias, reglamentación de la ley, facultades reglamentarias, Fuerzas Armadas
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Franco, Rubén Oscar y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF. AA. y de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La exclusión de asignaciones que por su entidad conforman la mayor parte del sueldo a efectos del cálculo de los suplementos, los desnaturaliza y subvierte el sentido con que fueron instituidos, ya que los priva de su carácter accesorio destinado a complementar el sueldo básico. Ello sin perjuicio de la facultad conferida en el art. 56 de la ley 19.101 para disminuir o incrementar el monto porcentual de tales suplementos, mediante acto expreso y motivado.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO  S.A. c/ PICHUMAN VICTOR HUGO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-21

Cabe tener por desiertos los recursos de apelación interpuestos por la actora, ante la presentación extemporánea del memorial de agravios pues constituye ello un recaudo de admisibilidad, siendo el cumplimiento del plazo para expresar agravios, perentorio y por lo tanto no subsanable.
Feriados, días inhábiles
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Construcciones Potosí 4013 SA c/  s/ quiebra s/ inc. de revisión de crédito por rammer, ricardo leopoldo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-21

En razón de lo dispuesto por el artículo 311 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde computar los feriados nacionales, los feriados judiciales y los días inhábiles decretados excepcionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines dispuestos por el artículo 310 del mismo ordenamiento.
Segunda instancia, recurso de casación, inadmisibilidad formal, sentencia no firme
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nackauzi, Jorge A. del Valle c/ D'Agostini, Fernando y Minera Petrea S.R.L. y/o Q.R.R. s/ Interdicto de Recobrar la posesión s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-05

La parte demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones, que declara mal concedido el recurso de apelación por extemporáneo, el cual fue deducido por la misma parte, cuyo objeto es lograr la revisión de la sentencia dictada por el juez de grado, que declara la invalidez de la contestación de demanda del codemandado y de todos los actos efectuados como consecuencia, por haberse dictado sentencia de quiebra en su contra, ordenándose correr el traslado pertinente a la síndico designada en la quiebra.

Dentro del marco de los requisitos formales exigidos por la ley para la viabilidad del recurso extraordinario de casación se encuentra la exigencia de que el mismo esté referido a sentencia definitiva, en virtud de lo dispuesto por los Arts. 292 y 299 del CPC, que establecen el requisito de la definitividad de la sentencia en lo términos del Art. 288 del mismo ordenamiento legal.

La sentencia cuya revisión se pretende con el recurso de apelación denegado, carece de los rasgos de definitividad exigidos para la procedencia del recurso, puesto que el objeto de revisión es sobre la nulidad de la contestación de demanda del co-demandado debiéndose correr un nuevo traslado de la demanda al síndico lo que no impide al recurrente el ejercicio de la defensa de sus intereses, la que queda a cargo del síndico designado en la quiebra, resultando por lo tanto evidente que la sentencia no lo priva de la garantía jurisdiccional.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso interpuesto por la codemandada
Menores, declaración testimonial, víctima menor de edad, testigo menor de edad, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

"Luego, por Ley 3995 (sancionada el 08-09-05, promulgada el 26-09-05 y publicada en el BO Nro. 4346 del 29-09-05), se incorporó al Código Procesal Penal - sin perjuicio de la condición prevista en el art. 5 para entrar en vigencia - el art. 234 bis: 'Cuando se trate de víctimas o testigos de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título I, Capítulos I, II, III y VI y Título III, que a la fecha en que se requiera su comparencia no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, se debe seguir el siguiente procedimiento:..."
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., M. C. y Otros c/ Chubut, Provincia del y Otro (Río Negro) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21

Debe admitirse que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, como la de autos, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Público, y en parte al Derecho Civil.

Muchos Códigos en lo Contencioso - Administrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante.
Relación de dependencia, prueba del contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Palet Oscar Elías c/ Mario Quatrocchi s/ Ordinario (LIBRO: S074 - 047)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-23

El demandado es quien tiene que probar, que pese a los servicios prestados por el actor, aconteció una causa no laboral, y que aún habiendo mediado un pago, éste no fue salario o retribución, sino el precio de una obligación no laboral.
Desbaratamiento de derechos acordados, prenda
Materia: PENAL
Carátula: Papadopulos, R. D. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-16

La enajenación del bien prendado sin autorización ni conocimiento del acreedor, implica el incumplimiento de las cláusulas del contrato vigente a la vez que una sustracción a los derechos del acreedor, tornando incierto el ejercicio de las acciones que sobre dicho bien le acuerda la ley, sin que tenga ninguna incidencia, desde la óptica del derecho penal, la circunstancia de que los sucesivos adquirentes del bien prendado conocieran la existencia de la deuda, pues se trata de una situación ajena a la relación entre las partes que suscribieran el contrato de prenda, tipificándose la conducta del imputado en el artículo 173, inciso 11) del C.P. pues se trata de un supuesto de desbaratamiento de derechos acordados.
Sociedades comerciales, intervención judicial, sociedad cooperativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSTITUTO  NAC  DE  ASOC  Y  ECONOMIA SOCIAL (INAES) c/ LATIN SURCOOPERATIVA DE CRED CONS Y VIV LTDA S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Siendo que el artículo 100, inciso 10º, de la Ley 20337 dispone que, con relación a las cooperativas, son facultades inherentes a la fiscalización pública -en este caso, al INAES- requerir al juez competente: a) la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento; b) la intervención del ente cuando sus órganos realicen actos o incurran en omisiones que importen un riesgo grave para su existencia, el INAES carece de facultades para intervenir los entes cooperativos sometidos a su contralor con desplazamiento de los órganos de administración naturales, toda vez que la atribución para adoptar esa decisión se encuentra, por expresa disposición legal, en cabeza del Poder Judicial. Es entonces el juez competente quien debe ponderar, de acuerdo a los antecedentes del caso, la pertinencia, o no, de acceder la intervención en los términos de la norma antes citada. En consecuencia, la índole de las funciones que debe desempeñar el interventor judicial en su carácter de delegado del juez encargado de dar cumplimiento a sus órdenes, exige que la designación del mismo sea privativa del magistrado interviniente en la causa. A más, el mecanismo de designación adoptado por sorteo público entre los profesionales incluidos en la lista confeccionada por la Alzada para llevar a cabo tareas como auxiliares de la justicia, se muestra adecuado para asegurar el principio de imparcialidad.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hemmingsen, Jorge Jaime y otro c/ Banco de Boston (The First National Bank of Boston) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Cuando la sentencia atribuye competencia a un juez de jurisdicción extraprovincial se configura un supuesto asimilado a la decisión que pone fin al pleito a los efectos de la admisibilidad de recursos extraordinarios.
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa de Florentín, Claudia c/ Saporitti, Orlando Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

No procede acoger las protestas de la demandada, que se refieren a la imposibilidad de haber controlado la causa penal, por no haber sido parte en ellas. Las probanzas allí producidas le son plenamente oponibles por la sencilla razón que la quejosa, ofreció como prueba dichas constancias, y con ello asumió la eventualidad que las mismas le fueren desfavorables conf.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Matín, Raúl Alberto c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y Perjuicios (Proceso Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-10

En caso de accidentes de tránsito, se deberá condenar a pagar los daños sufridos por los automotores, aunque las reparaciones no se hayan efectuado ni menos aún pagado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, transporte de carga por agua, descarga, notificación defectuosa
Materia: PROCESAL - ADUANERO
Carátula: La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. Esther Schulte s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

En cuanto admite la validez de una notificación efectuada por el transportador marítimo al consignatario de las mercaderías en la que "no se indica el lugar exacto ni la hora en que se realizaría la descarga", el pronunciamiento dictado en estos autos por la Sala III contradice la doctrina sentada por la Sala II de esta Cámara en los precedentes dictados en las causas 4847 de 3-2-87 y 5737 de 15-4-88 citados en la contestación de agravios con arreglo a la cual no cumple con las exigencias del art. 264 de la ley 20.094 una notificación que carece de los datos "necesarios para que el consignatario sepa cuándo y dónde puede retirar la carga", con precisa indicación del "día, hora y lugar de descarga".
Trabajadores telefónicos, ENCOTEL, convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CARBALLO, ADOLFO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

A los trabajadores de Encotel transferidos a Entel le es aplicable el convenio que corresponde en virtud del art. 7 ley 22420.