Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12


Causa Nº 30686-00/CC/2006 "Zenteno, Sonia s/art. 83 CC (Ley 1472). Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de abril del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Primera Instancia, Carlos Andrés Gómez Ríos, obrante a fs. 30/33 de la presente, de la que;

RESULTA:

I. Que a fs. 3 obra el acta labrada a Sonia Zenteno, el día 6/11/2006, por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 83 del CC, secuestrándose en el acto diversos elementos.

II. Que a fs. 5 el Sr. Fiscal de grado, Carlos Andrés Gómez Ríos, dispuso estar a la espera de las fechas previstas para la realización del "Plan Piloto de Audiencias Orales Descentralizadas".

III. Que a fs. 8 consta la celebración de la audiencia de fecha 16/11/06 -en el marco del Plan Piloto (Res. Plenario nº 136/06)-, en la que el Sr. Juez de Grado, Norberto Tavosnanska, resolvió: no convalidar el secuestro de los elementos incautados y ordenar su devolución. Asimismo, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado contra la decisión ut supra, en los términos del art. 50 de la Ley 12 y 449 CPPN.

Inmediatamente, el Sr. Juez a quo recibió declaración a la imputada en los términos del art. 41 LPC; y se dejó constancia de la formulación del requerimiento de elevación a juicio por el Representante del Ministerio Público Fiscal, Carlos Andrés Gómez Ríos, en el que solicitó se condene a la encartada, por la contravención prevista y reprimida por el art. 83 Ley nº 1472, a la pena de multa de doscientos pesos ($ 200) y el comiso de los bienes secuestrados (arts. 21, 22, 29, 35, 48 y 83 de Ley 1472), con costas.

Finalmente, el Sr. Magistrado dispuso la producción de la prueba no controvertida por las partes y notificó la celebración de la audiencia de debate oral y público para el día 11/12/2007, dándose por finalizado el acto, el que quedó grabado en el sistema de audio, registrado bajo el disco compacto nº 4.

IV. Que a fs. 24 luce el acta de celebración de audiencia de juicio, llevada a cabo el 11/12/2006, en la cual el Magistrado de Grado resolvió ABSOLVER a Sonia Zenteno por la conducta tipificada en el art. 83 Ley Nº 1472, cuyos fundamentos se oralizaron.

V.- Que a fs. 30/33 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 5, Carlos Andrés Gómez Ríos, contra la sentencia absolutoria, solicitando su revocación. Al respecto, afirmó que el Sr. Juez de Grado realizó una errónea interpretación respecto del alcance de los términos "mera subsistencia" y "competencia desleal" previstos en el art. 83 del Código de fondo. Señaló que para el reconocimiento del primer presupuesto se basó en las circunstancias personales y socio económicas de la imputada; y que no se había probado una competencia desleal efectiva. Sobre este último punto, refirió que quedó probado en autos la existencia de comercios establecidos en la zona dedicados al mismo rubro, por lo que se configuró la competencia desleal por las probanzas que surgen del expediente, citando en apoyo de su postura, jurisprudencia de la Cámara del fuero.

VI.- Que a fs. 36 luce un sobre conteniendo dos discos compactos con las inscripciones "CD nº 4, causa nº 30686/6, 1218/c, Zenteno Sonia art. 83" y "CD nº 6".

VII.- Que a fs. 39, la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen nº 268/FC2/07, solicitó se haga lugar al recurso intentado, y se revoque la resolución recurrida, con las mismos argumentos expuestos por el Representante del Ministerio Público Fiscal.

VIII.- Que a fs. 41/42vta obra la contestación de la vista conferida al Defensor Oficial quien afirmó que debe rechazarse el remedio procesal intentado puesto que posee una fundamentación aparente en mera discrepancia con la decisión del Sr. Juez de grado. Asimismo, aclaró cuestiones respecto de la "competencia desleal" y "mera subsistencia".

IX.- Que a fs. 43 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto En su caso, ¿resulta ajustada a derecho la sentencia recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo a lo prescripto en el art. 50 de la Ley Nº 12. Es decir fue incoado contra una sentencia absolutoria definitiva dentro de los cinco días de notificado, mediante escrito fundado y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Por lo tanto, corresponde declarar correctamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado.

SEGUNDA CUESTIÓN:

El Sr. Fiscal de Grado se ha agraviado con relación a la interpretación efectuada por el Sr. Juez "a quo" respecto de los términos "competencia desleal" y "mera subsistencia", presentes en el tercer párrafo del art. 83 CC, de la sentencia absolutoria cuyos fundamentos fueron oralizados y grabados en un disco compacto registrado bajo el nº 6 en la presente causa, la que fue tramitada en los términos del "Plan Piloto", implementado por la Resolución Nº 136/2006 del CMCABA, de fecha 21 de marzo de 2006.

Ahora bien, el art. 1 de dicha Res. dispone "implementar en este fuero a partir del mes de abril del corriente año, una prueba piloto para la oralización de diversos procedimientos que hoy se llevan a cabo en forma escrita, entre ellos la adopción de medidas cautelares previas al juicio contravencional y de faltas, en función de las técnicas desarrolladas en los talleres llevados a cabo en el marco del Acuerdo Suplementario firmado por el Consejo de la Magistratura y el CEJA -Centro de Estudios de Justicia de las Américas-".

La escasa regulación sobre el tema solo presta confusión en el procedimiento a seguir en el híbrido universo de leyes en el que ya de por sí se encuentra sumergida la justicia contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En efecto, la vaguedad de que adolece la alusión a "diversos procesos que hoy se llevan a cabo en forma escrita" impide establecer con precisión cuál es el ámbito de aplicación de la oralidad que se pretende implementar, con excepción, claro está del trámite de las medidas cautelares. De este modo, la ausencia de contornos definidos, genera una irremediable incertidumbre y deja al arbitrio de los jueces que integran el "plan piloto" no sólo la decisión en torno a qué cuestiones serán resueltas en audiencia oral, sino también las específicas modalidades que deben guiar su desarrollo.

Sin embargo, el plan piloto no autoriza a que los jueces gocen de un poder creador ilimitado, pues más allá de la zona de penumbra que ha dejado la mencionada Resolución, la finalidad de oralizar "diversos procedimientos" no debe ser interpretada de modo que entre en colisión con la normativa de forma aplicable en esta ciudad. En otras palabras, ninguna duda cabe que todo proceso contravencional que se lleve a cabo en esta ciudad, se encuentre o no sometido al "plan piloto", debe adecuarse a la ley de procedimientos vigente (ley 12). Por ello, cabe efectuar el control de legalidad sobre los actos llevados a cabo en las presentes actuaciones, de acuerdo a la función de esta Alzada (Ley 7), a la luz de la ley procesal aplicable y la CCABA.

Dicha exigencia no implica en forma alguna oposición a la celeridad de los procesos, oralización de las distintas etapas, utilización de otros medios no convencionales, registración por videoconferencias, etc. Sin embargo, tales avances de la justicia hacia un régimen procesal moderno deben ejecutarse desde la perspectiva anteriormente señalada.

Así, se ha sostenido que las audiencias por videoconferencias, las notificaciones por medios electrónicos, la recepción de escritos por medio de la informática, las Mesas de Entradas virtuales, etc., son temas de realidades cada vez más cercanas. Estas tecnologías aplicadas al proceso necesariamente deben partir del respeto de las garantías constitucionales, principalmente las del art. 18 de la CN., norma que logra la operatividad de los derechos de los ciudadanos (Rauek de Yanzón, Inés "La implementación del principio procesal de digitalización", La Ley on line, publicado en Sup. Act. 7/12/2006).

Aclarado ello, surge del estudio de la causa que el Sr. Fiscal de grado, el 8/11/2006, dispuso estar a la espera del transcurso de las fechas previstas para la realización del "Plan Piloto de Audiencias orales descentralizadas" (fs. 5). Seguidamente, el 16/11/2006 en una única audiencia -previa al debate oral y público-, cuya acta obra a fs. 8, surge que el Juez practicó actos procesales en violación a la ley 12.

Así, según se desprende del acta de mención, se dejó constancia que el Juez recibió declaración a la imputada en los términos del art. 41 LPC, plasmándose que "El juez pregunta a la imputada si desea declarar, respondiendo que sí y brindando explicaciones sobre el hecho". Por otro lado, de la escucha de la grabación de la audiencia llevada a cabo el 16/11/06, surge que primero el Juez hizo saber a la imputada los derechos que le asisten y le efectuó el interrogatorio de identificación, posteriormente realizó el trámite previsto en el art. 21 LPC, luego de lo cual la imputada prestó declaración, mencionando el magistrado que "terminó de prestar declaración indagatoria".

Dicho procedimiento no concuerda con el previsto por el art. 41 LPC, el que específicamente prevé que dentro del proceso contravencional es el fiscal quien oye al presunto contraventor; es decir que se trata de una atribución que le es propia por expresa disposición legal. Nótese que la causal de nulidad no se centra en la presencia del Juez durante el acto -que siempre representa una garantía para el imputado-, sino que aún en el curso de la misma audiencia que se venía llevando a cabo con motivo de la medida cautelar que se había adoptado, no hubiera cedido la palabra al Fiscal para que pudiera cumplir con su cometido, arrogándose una tarea que, conforme está estructurado el proceso en la ciudad, le era claramente ajena.

En ese orden de ideas, se ha sostenido que "el art. 41 de la LPC sólo constituye una exigencia de la acusación de la fiscalía, en tanto ella, como órgano judicial público, debe dar al imputado la oportunidad de expresarse antes de llevarlo a juicio" (TSJ, Expte. n° 3164/04 Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Martínez, Alfredo y otros s/ ley 255- apelación" -voto del Julio Maier-).

Dicho acto realizado por el Juez de grado atenta contra el sistema acusatorio, el que se encuentra consagrado en el art. 13 CCABA, a raíz del cual las funciones del Fiscal y Magistrado, se encuentran desdobladas, en el que se consagra la independencia de los fiscales y la imposibilidad de los jueces de reemplazar a éstos en sus funciones como titulares de la acción penal. Paradójicamente, uno de los objetivos del plan piloto implementado en la ciudad de Mar del Plata, en el que se inspiró el de esta ciudad, era "profundizar el proceso de implementación del sistema acusatorio que había sido introducido en la reforma" -ver Informe evaluativo del plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata, formulado por el Inecip, www.pensamientopenal.com.ar/40piloto.doc-.

Por las razones expuestas, debe declararse la nulidad de la declaración prestada por la encartada en los términos del art. 41 LPC -que consta en el acta obrante a fs. 8- y de todo lo obrado en su consecuencia, por no haberse respetado el debido procesal legal (art. 18 CN, 10 y 13 inc. 3º CCBA), de acuerdo a lo prescripto en los arts. 166, 167 inc. 2, y 168 CPPN -art. 6 LPC de aplicación supletoria-.

Sin perjuicio de la solución a la que se arriba, es dable mencionar otras irregularidades en las que se ha incurrido en la presente causa. Así, nuevamente, "la oralización de diversos procedimientos que hoy se llevan a cabo en forma escrita" -Res. CM 136/2006-, no puede eximir de su constancia, bajo esta última modalidad, de ciertos actos procesales, en atención a la trascendencia jurídica que revisten.

En tal sentido, el requerimiento de elevación a juicio es la pieza jurídica en la que el acusador concreta objetiva y subjetivamente la pretensión, imputando al procesado una conducta calificada como delictiva y señalando la prueba que la demuestra (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Tomo I, José Luis De Palma Editor, Bs. As., 2004, pág. 729), impulsando el proceso.

El art. 44 LPC describe los requisitos formales que debe contener dicha pieza procesal en la que el Fiscal debe describir y tipificar el hecho. Ahora bien, la ley de procedimiento contravencional no contempla la forma de actuación del Representante del Ministerio Público Fiscal, como sí lo establece el art. 69 del CPPN (de aplicación supletoria, art. 6 LPC) en el que prescribe que "los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos".

La esencia de dicho acto es la imputación de la conducta ilegítima, de modo que ella debe encontrarse asentada por escrito, sea que el Fiscal presente el requerimiento en una pieza escrita -como se ha exigido en el Plan Piloto llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, según surge del Informe evaluativo del plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata, formulado por el Inecip, ya citado, nota 7-; sea que, formulado oralmente, conste su transcripción en el acta labrada, al menos en sus partes principales, entre las cuales se encuentra sin duda alguna, la descripción del hecho contravencional que se le atribuye. En el caso se observa que el acta que da cuenta del requerimiento fiscal -fs. 8-, si bien deja constancia de la pena solicitada, no describe siquiera mínimamente el hecho imputado, sino que se limita a consignar que "el fiscal efectúa requerimiento de juicio art. 44 contra la imputada por el hecho ocurrido el 6 de noviembre pasado. Encuadró la figura en el art. 83 CC...", sin perjuicio de su completa registración en un disco compacto. Esta atípica modalidad asumida ha tenido consecuencias en el debate, en el cual el Juez debió, por un lado, recurrir al audio de la primer audiencia para recordar al imputado el hecho atribuido, y por otro, a la lectura de la pena solicitada que sí constaba en el acta, desdoblando así un acto jurídico único.

Las grabaciones de los juicios deben ser entendidas, por ello, como un complemento de las actas, pero no como un sustituto de aquéllas, debiendo contener las partes esenciales de los actos procesales que dan cuenta, máxime cuando se oralizan actos que, conforme el procedimiento vigente, se efectúan por escrito.

Esta pretensión lejos de representar un mero capricho que impida el logro de los objetivos que los modernos y esclarecidos operadores persiguen, es decir: la celeridad, la sencillez y la eficiencia en la solución de conflictos, debe entenderse como un modo de resguardo del debido proceso legal. En efecto, resulta difícil advertir que es lo que se perdería reconociendo esa exigencia y fácil reconocer lo que se gana. En esta línea de pensamiento, lo que se trata es que los actos más sensibles del proceso, es decir, aquéllos vinculados con los derechos y garantías constitucionales, no puedan dejar duda alguna acerca de su cabal cumplimiento, teniendo en cuenta que la atribución de la conducta en aquel acto fija la plataforma fáctica del debate, permitiendo ampliamente el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la verificación del respeto al principio de congruencia.

Por otra parte, es muy fácil imaginar, siempre y cuando el compromiso de los operadores por los fines perseguidos sea real y no meramente declamado que, sin perjuicio de la oralidad e inmediatez del proceso, la constancia escrita de los actos fundamentales, no impide su celeridad, tutelando las formas sustanciales de aquél.

Lo propio cabe afirmar respecto de la sentencia dictada en autos, pues ella no ha sido redactada por escrito ni tampoco, a falta de ello, se han dejado constancia de los fundamentos en el acta de debate. Cabe destacar que, en principio "existe, en nuestra doctrina y jurisprudencia, la tendencia definida a afirmar categóricamente que la sentencia penal -en realidad, toda sentencia judicial- debe ser fundada para ser válida, y, más aún, que ello deriva de la interpretación sistemática del texto de la Constitución Nacional, en especial de la garantía del juicio previo fundado en ley anterior al hecho imputado (CN, 18) o de la que dispone la inviolabilidad de la defensa de imputado (CN, 18), y como exigencia de la forma republicana de gobierno (CN; 1). En ese sentido, se entiende por fundar la sentencia, o por motivarla, como también se enuncia esa exigencia para su validez, no tan solo la expresión de las premisas del juicio, las circunstancias de hecho verificadas y las reglas jurídicas aplicables, como alguna vez se ha entendido en sentido muy estricto, sino, antes bien, la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión. Esto es, en lenguaje vulgar, la exteriorización del por qué de las conclusiones de hecho y de derecho que el tribunal afirma para arribar a la solución del caso" (Maier, Julio "Derecho Procesal Penal", Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, pgs. 481/492).

Así, la sentencia constituye la decisión judicial final sobre el hecho investigado y la eventual responsabilidad contravencional del sometido a proceso, por lo tanto, es el acto jurisdiccional por excelencia. Como tal -dada la situación judicial actual- exige la redacción por escrito, tanto del fallo en sí, como de sus fundamentos, a fin de que queden plasmados los requisitos del art. 48 de la Ley 12; ello sin perjuicio de lo expresado en párrafos anteriores sobre la paulatina incorporación de otros medios tecnológicos en los procesos judiciales conforme el camino mismo de la sociedad en este aspecto.

En este sentido, distintos autores han sostenido que "...la sentencia debe ser escrita como consecuencia indispensable de su documentación" (Claría Olmedo, Jorge, "Derecho Procesal Penal", Tomo III, Editores Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2004, pg. 130); "... la sentencia tiene, desde su origen consiguiente a la deliberación, carácter de acto escrito para toda consecuencia jurídica" (Manzini, Vincenzo "Tratado de derecho Procesal Prenal", Tomo IV, -Colección "Clásicos del Proceso Penal"- Librería "El Foro", Bs. As. 1996). También, se ha definido a la sentencia como "un acto escrito y solemne, de carácter definitivo, pues pone fin al proceso; también definitivo, ya que los interesados verán satisfechas o rechazadas sus pretensiones. Es declarativa, toda vez que proclama la inocencia o culpabilidad; imperativa, porque debe ser cumplida cuando adquiera firmeza, y relativa, al concernir sólo a la imputación. Produce efectos de cosa juzgada" (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl "Código Procesal Penal de la Nación" -Análisis doctrinal y jurisprudencial-, Tomo II, Editorial Hammurabi, Bs. As. 2004, pgs. 1078/1079).

En esta misma línea de pensamiento, Claus Roxin ha expresado que "la sentencia es consignada por escrito. La finalidad del documento de la sentencia consiste en registrar la decisión del tribunal y los fundamentos determinantes para ella.... En un Estado de Derecho democrático los tribunales están obligados a hacer que su decisión sea accesible al público, en forma adecuada. Por ello, un solicitante que quiere publicar la decisión en una revista especializada y comentarla bajo la perspectiva jurídico-científica, tiene derecho, por regla, a que se le entregue una copia de la sentencia" (Roxin, Claus "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto, Bs. As. 2000, pg. 424).

A mayor abundamiento, corresponde señalar que en el "plan piloto" llevado a cabo en la cuidad de Mar del Plata para la profundización del sistema acusatorio -modelo tenido en cuenta en la "prueba piloto" de esta ciudad- , en el que se pretendió incorporar la metodología de audiencia orales tempranas frente al juez de garantías para mayor rapidez y eficacia en el funcionamiento de las diversas etapas del sistema, se ha preservado que ciertos actos procesales sean mantenidos por escrito como, por ejemplo, la conversión de la aprehensión en detención y el requerimiento de juicio (ver "Informe Evaluativo del Plan Piloto para la Profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata" elaborado por el CEJA e INECIP, ya citado). Por tanto, siendo dichos actos de menor trascendencia que la sentencia, pues ellas solo impulsan el proceso hacia la decisión que le pone fin, es lógico que la resolución que efectivamente plasma el derecho de fondo adoptada por el magistrado revista también el carácter escrito.

Por otro lado, la reforma penal de la República de Chile donde se implementaron las audiencias orales y públicas en la etapa de preparación del juicio, en la que se basó el "plan piloto" marplatense, exige la redacción de la sentencia y la firma de los jueces que integran el Tribunal como requisito de validez (ver art. 342 del Código Procesal Penal de la República de Chile), sin perjuicio de que el juicio oral quede registrado en forma íntegra por cualquier medio que asegure fidelidad (art. 41 de ese cuerpo de leyes). Además, el art. 344 de dicho código, fija el plazo para la redacción de la sentencia, en tanto el art. 346 la audiencia para la lectura de la misma. Incluso, en el llamado procedimiento simplificado del citado código, la sentencia también es escrita, estableciéndose luego del debate una nueva audiencia para dar a conocer el texto escrito de aquélla (art. 396, 1ª. Parte "in fine" ibídem).

Finalmente, es dable mencionar que la sentencia está dirigida principalmente al imputado, dado que es la resolución jurisdiccional a través de la cual el juez efectúa una motivación pública de su decisión mediante la explicación de todas las inferencias inductivas que justifican y apoyan su conclusión a partir de los elementos probatorios producidos durante la audiencia del juicio oral. En este orden de ideas, el encartado -sin perjuicio del asesoramiento técnico jurídico- como principal destinatario carece de este modo de la posibilidad de solicitar copias de la sentencia, no resultando lógico que aquélla tenga sólo su soporte en sistema informáticos modernos como grabaciones en CD o filmaciones en DVD, pues en la realidad actual del país, no todos tienen acceso a tal privilegio, siendo -por el momento- la escritura la manera mas uniforme.

Asimismo, el art. 404 del CPPN -de aplicación supletoria, art. 6 LPC- establece en qué supuestos la sentencia será inválida, siendo uno de ellos la ausencia de firma por parte de los jueces o del secretario (inc. 5), lo que se aúna a lo prescripto en el art. 124 de dicho ordenamiento normativo que determina que las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuaren, produciendo la falta de firma la invalidez del acto.

En conclusión, la ausencia de escrituración de los fundamentos de la sentencia que conlleva la falta de firma del magistrado interviniente y la del secretario, es incompatible con la normativa vigente actual pues la decisión final por excelencia no puede quedar registrada solamente en medios no convencionales (ej: audio o video), sin contar con una copia escrita en el expediente que plasme las rúbricas de aquéllos, o al menos su trascripción en el acta de debate, suscripta por el sentenciante.

A mayor abundamiento, es dable destacar que los CD que registran las audiencias llevadas a cabo en las presentes actuaciones, no fueron certificados por la Actuaria, careciendo de las formas necesarias para dar fe de su contenido y de la seriedad que debe revestir todo acto jurídico, en el que además se encuentra plasmada una audiencia referida a otro expediente. Asimismo, cabe dejar constancia que el sonido de lo grabado es deficiente, careciendo de la nitidez exigible teniendo en cuenta la relevancia de los actos procesales que pretenden reflejar, a punto tal que algunos tramos debieron ser escuchados en dos y tres oportunidades, pese a lo cual no resultó perceptible su contenido.

Por las razones que anteceden y sin perjuicio de la manifiesta vaguedad en que ha incurrido la Resolución CMCABA Nº 136/2006, que implementa el "plan piloto", el Juez ha traspasado ampliamente aquél umbral, se ha apartado de la ley vigente, llevando a cabo un proceso arbitrariamente seleccionado y carente de sustento normativo.

Sentado lo expuesto, no puede soslayarse la importancia que reviste la declaración de invalidez, teniendo en cuenta que si se omitiera otorgar relevancia a los vicios expuestos, se tornaría hipotéticamente viable, dada la apelación del Fiscal, el dictado de una sentencia condenatoria, pese a la inexistencia de un procedimiento conforme a derecho que la sustente.

En conclusión, en atención a la nulidad que será declarada, no se tratarán los agravios formulados por el Fiscal en la apelación interpuesta oportunamente, ni tampoco se dispondrá la renovación del procedimiento a fin de evitar que Sonia Zenteno asuma nuevamente el riesgo a que se vea concretada la pretensión punitiva, correspondiendo sobreseerla en relación al hecho investigado.

Por todo lo hasta aquí expresado, el Tribunal, RESUELVE:

I. Declarar la nulidad de la declaración prestada por la imputada a tenor del art. 41 LPC y de todo lo obrado en su consecuencia (arts.166, 167 inc. 2, 168 del CPPN; y art. 6 LPC) .

II. SOBRESEER a Sonia Zenteno en la presente causa seguida por la contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472 (art. 335 CPPN y art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí: