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Acción de amparo, impuesto a las ganancias, declaración de incompetencia
Materia: ADUANERO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines  c/ Estado Nacional Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines, demandante, promovió la acción de amparo con motivo de la sanción de la ley 27.743, a fin de obtener un pronunciamiento que disponga el cese de las retenciones y el pago del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de sus representados en los términos del referido cuerpo legal, objetando el mecanismo llevado a cabo para la sanción de la citada ley, cuya declaración de inconstitucionalidad, solicitara. El Sr. Fiscal General en su dictamen indicó que el planteo inicial se proyecta directamente sobre la ley fiscal, objetada en el mecanismo legislativo de su sanción, la viabilidad misma del impuesto a las ganancias y los potenciales perjuicios sobre la actividad de la accionante y el patrimonio de sus representados, todo lo cual revela que más allá de la sola condición de trabajador o la circunstancia que tales previsiones refieran a la afectación de las remuneraciones de trabajadores, no genera una situación que habilita la intervención de la Justicia Laboral, pues la polémica refiere fundamentalmente a la valoración de las normas de derecho público y tributario ajenas a la competencia del tribunal y propias del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Por ello, es que se confirma el pronunciamiento de grado que declaró la incompetencia de la JNT para entender en el caso. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría).
Entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Quiroga, Eve Luz c/ Club Atlético River Plate Asoc. Civil y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

La responsabilidad refleja establecida en el art. 30 LCT no alcanza a la obligación de hacer instituida por el artículo 80 LCT. No constituye a los empleados de los contratistas en dependientes directos de la principal, motivo por el cual mal podría estar esta ú ltima obligada a entregar las certificaciones de trabajo. Al no haber sido Club Atlético River Plate Asoc. Civil la principal empleadora de la actora en sentido estricto, sino sólo responsable en razón de un vínculo vicario de solidaridad, no puede hace entrega de los certificados de trabajo porque carece de los elementos necesarios para su confección. (Del voto de la Dra. Hockl, en mayoría).
Retención de aportes previsionales, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Romero González, Eliseo Natalicio  c/ Sentra SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

Cuestiona la parte actora que la Jueza de grado haya rechazado el incremento previsto por el art. 132 bis de la lCt por el acogimiento del empleador a un plan de facilidades para la cancelación de la deuda. Del informe de AFIP, puede colegirse la existencia de varios períodos impagos y de varios períodos con pago parcial. Si bien es cierto que la accionada se acogió a un plan de facilidades de pago, a la época en que se produjo la prueba informativa aludida ya se habían abonado 33 de las 60 cuotas impagas, por lo cual el rechazo del incremento dispuesto por el art. 132 bis LCT, implica un indebido beneficio a la parte incumplidora. Sin embargo, si se devenga la sanción del art. 132 bis LCT por el lapso transcurrido entre la extinción del contrato y el acogimiento al plan de facilidades, ello implicaría reconocer 54 períodos, lo cual arrojaría un resultado exorbitante. Las sanciones siempre fueron concebidas con la posibilidad de que el Juez analice la conducta del deudor, pudiendo reducirlas o dejarlas sin efecto, no obstante, la norma aludida no prevé la posibilidad de hacerlo. El incumplimiento consiste en la omisión de depositar los importes retenidos al trabajador y destinados al sistema previsional, y la aplicación lisa y llana del art. 132 bis LCT resulta irrazonable en tanto no guarda proporción entre el incumplimiento en que incurrió la accionada y la sanción pretendida. Toda vez que todo incumplimiento merece un castigo proporcional a su gravedad, resulta prudente condenar a la demandada al abonar a la actora la suma equivalente a doce veces la mejor retribución mensual normal y habitual con más sus intereses, esto es, graduar la sanción de manera que haya proporción entre el incumplimiento que se penaliza y la penalidad impuesta.
Crédito laboral, homologación del acuerdo preventivo, competencia
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bertolino, Domingo Arnaldo c/ Prevención ART SA y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

La parte actora, recurre la decisión de grado, que entendió que el crédito del actor no puede ser ejecutado en sede laboral, debiendo requerir del juez del concurso la determinación de la aplicación de los efectos ya cumplidos del acuerdo homologado.- Se agravia, porque entiende que en el expediente que tramita ante el Juzgado Comercial, se arribó a un acuerdo homologado solamente con los acreedores quirografarios y se declaró la conclusión del proceso en los términos del art. 59 de la LCQ razón por la cual estima que lo resuelto en grado violaría lo preceptuado en las reglas de competencia establecidas por los arts. 19 y 21, inc. d) de la ley 18.345 y lo normado por el art. 57 de la LCQ que estima de estricta aplicación (".los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de sus cr ditos"). El crédito objeto de condena se originó con anterioridad a la apertura del concurso preventivo de la accionada, circunstancia que resulta concordante con la sentencia dictada por el Juzgado Comercial, que declaró verificado el crédito del accionante y que, por otro lado, homologó el acuerdo preventivo -conf. art. 52 de la ley 24.552- presentado por la accionada, en cuyo incidente, consideró verificado el crédito a favor del actor.- Si bien, la ejecución del crédito quirografario verificado en Comercial, debe ser llevado adelante en dicha sede, conforme a los términos del acuerdo preventivo homologado para dicha categoría de créditos, no es así respecto de los créditos privilegiados. Ello, dado que la operatividad de la previsión del art. 57 de la ley 24.522 se encuentra condicionada a la previa verificación de la acreencia en la sede del juicio universal y en la medida en que el crédito con privilegio no se encuentre comprendido en el acuerdo preventivo homologado tal como acontece en el sub examine. Es decir, rige -para el resto de los créditos verificados (no quirografarios)- la previsión del art. 57 LCQ en cuanto establece que ".los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de sus créditos.".- Corresponde aplicar la regla establecida en el citado art. 57 LCQ por sobre lo dispuesto por el art. 135 de la ley 18.345 dado su naturaleza de orden público, por lo cual debe modificarse lo resuelto en grado y declararse la competencia de este fuero para seguir entendiendo con el alcance precisado.
Despido, prueba, derechos del trabajador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fassano Roldan, Lorena c/ Seeber Carlos Ignacio y otros s/ Pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

El distracto de la trabajadora -quien alega que estuvo motivado por su maternidad pero lo cual no fue probado-, se produjo con posterioridad al período dispuesto en el marco legal. Cuando el despido se produce en el lapso establecido por el art. 178 LCT la conducta discriminatoria por maternidad o embarazo debe presumirse. Cuando no ocurre dentro de ese período, pero es el hecho invocado por la actora, lo que debe demostrarse es la relación causal con el despido y la posible discriminación encubierta. Cabe recordar que el plexo normativo protege los derechos fundamentales de todos los habitantes del suelo argentino y como tal, debe ser entendido como un entramado legal que conforma una red cuya premisa es la protección del principio de igualdad y no discriminación, pilares fundamentales y centrales de cualquier sistema democrático y de defensa de los derechos humanos. Así, en el marco del estándar jurídico internacional, en el sistema interamericano convergen las definiciones dadas tanto en el art. 2 de la Declaración Americana, como los arts. 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Belém Do Pará-, en la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. A su vez, ello se integra al estándar jurídico nacional previsto desde el art. 16 CN arts. 17 y 178 LCT, ley 23.592 ley 26.485, hasta la CEDAW y por último el Convenio 190 OIT. Toda vez que el despido se produjo fuera del lapso establecido por el art. 178 de la LCT, corresponde a la actora demostrar la relación causal entre el despido y la posible discriminación encubierta, lo cual no se realizó. Por ello, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia en cuanto consideró que el despido de la actora constituyó un acto injustificado pero no un acto con un móvil discriminatorio.
Empleo no registrado, prueba, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores, Diego Emanuel  c/ Cantero, Hugo Ariel (Rebeldía 2/05/2023) y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-21

Cumple con el requisito legal exigido por el art. 11 LNE la pieza postal emitida en el formulario de estilo, que cuenta con los sellos, obleas y demás signos que hacen a la validez extrínseca del instrumento y que ha sido dirigida al domicilio que se conoce de la AFIP. No se trata de una notificación cursada a la contraparte (quien por tanto no puede desconocerla ni reconocerla), para cuya eficacia jurídica se requiera acreditar su recepción. No existen razones para imponer al ex trabajador la prueba de la efectiva recepción de la misiva por parte de la AFIP, máxime cuando, conforme lo dispone a texto expreso el art. 11 de la ley 24.013 (conf. ley 25.345) el recaudo formal que se le impone a aquél en forma adicional para hacerse acreedor de las sanciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 de la LNE se circunscribe a la obligación de "proceder de inmediato. a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior". (Del voto de la Dra. Garcia Vior, en minoría).
Despido, prueba, deber de no concurrencia, pérdida de confianza
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Gloria Viviana c/ Wamaro SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-14

La accionante se agravia porque la Magistrada de la anterior instancia consideró que el despido dispuesto por la demandada con invocación de justa causa resulto justificado. Las pruebas dan cuenta que la accionante cuando aún se desempeñaba como dependiente de la demandada, y no después de la extinción del vínculo como sostiene, organizó e inició la explotación de un emprendimiento con idéntica actividad a la que desarróllala la accionada en una locación cercana y con copia del formato y política comercial implementados, lo que hace inferir que incorporó al mercado un competidor de su empleadora, potencialmente apto para captar sus negocios y clientes, circunstancia que comporta el incumplimiento al deber de no concurrencia consagrado en el art. 88 de al LCT. La realización de una actividad coincidente con la de la empresa para la cual trabajaba la actora implicó la inobservancia de los principios de colaboración, solidaridad y buena fe que debe existir entre las partes. Se ha demostrado la comisión de un hecho desleal y un incumplimiento concreto que, en razón de su naturaleza justifica la pérdida de confianza invocada en la comunicación extintiva, motivo por el cual cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Despido, daño moral, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Jofré Pedro José c/ Expreso del Oeste SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-14

La Jueza de grado desestimó el carácter discriminatorio del despido dispuesto por la empleadora y admitió el reclamo por daño moral. Se agravia la parte actora que hizo lo posible para evitar el siniestro en el cual se produjo el deceso de una mujer que conducía un rodado, y que, al perder el equilibrio cayó en el medio del asfalto en una ruta nacional. La accionada decidió la extinción del vínculo laboral en los términos del art. 92 bis de la LCT, que el trabajador considera discriminatoria a la luz de lo dispuesto por la ley 23.592. Si bien el actor había realizado la respectiva denuncia ante la ART, al tiempo de la comunicación rescisoria aquél no sólo que no había sido diagnosticado sino que, incluso tampoco había recibido atención psicológica alguna, circunstancia que descarta que el despido haya respondido a un supuesto de discriminación peyorativa por razones de salud. En este orden la decisión extintiva adoptada por la empleadora se ajustó a las previsiones del art. 92 bis de la LCT sin que obre elemento objetivo alguno que permita calificarla, ni aún en grado de indicio, como discriminatoria en los términos de la ley 23.592. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría)
Medidas cautelares, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Obra Social de Fotógrafos c/ Superintendencia de Servicios de Salud y otros s/ queja administrativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

El presidente de la actora, Obra Social de Fotógrafos, presentó una cautelar a fin de solicitar se decrete la suspensión de los efectos del Decreto 129/25, el cual dispone la intervención de la Obra Social y otorga al interventor las facultades de administración y ejecución que el estatuto pone en cabeza del Consejo Directivo. Invoca gravedad institucional y avasallamiento de los derechos de los trabajadores afiliados, violación a las normas legales vigentes, y flagrante violación al derecho de defensa. El art. 28 de la ley 23.660 prevé el tipo de sanciones a aplicar frente a posibles violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias o las que establezcan el órgano de aplicación. Es decir que, previo a la sanción mayor, existe un camino impuesto al órgano de aplicación, circunstancia no evidenciada en el caso. El Decreto 129/25 permite advertir que se violentó la garantía de defensa y la tutela administrativa efectiva, pues no hubo un procedimiento sumario en el que se imputen infracciones sino una auditoría integral practicada en la sede de la obra social "mediante la cual se obtuvo información actualizada y relevante de la entidad auditada". Las decisiones adoptadas en sede administrativa lo han sido mediante argumentaciones desentendidas de los requisitos exigidos para disponer intervención de la obra social. Se encuentra comprobado que en la decisión cuestionada se habría omitido el cumplimiento del procedimiento sumarial establecido para estos supuestos mediante el cual se garantice la debida intervención de la entidad durante toda su tramitación. Existen indicios graves que tornarían ilegítima la medida, ante la afección del derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la CN. La urgencia que exige el planteo, se concatena con la contundencia del presupuesto de la verosimilitud, por lo que la mera interrupción del normal desenvolvimiento de la entidad intervenida, dedicada a atender la salud de los afiliados, deviene suficiente para convalidar la procedencia de la pretensión en tratamiento. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 13 de la ley 26.854 corresponde admitir la medida cautelar solicitada y en su caso suspender los efectos del Decreto 129/2025 y reponer a las autoridades de la demandada con las mismas facultades dirección y administración que ostentaban antes de su intervención.
Adicionales de remuneración, despido, producción de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gayoso Pavón, Walter c/ Mexichem Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

Se agravia el accionante acerca del rechazo de la pretensión de considerar de carácter salarial el rubro gastos de combustible y de su falta de inclusión en la base fijada en grado para el cómputo de los rubros diferidos a condena. Dicho rubro era percibido por el actor en el caso que tales gastos fueran acreditados debidamente mediante comprobantes. La prueba producida da cuenta que los aludidos gastos de combustible asumidos por la demandada no se vinculaban con labores desempeñadas para la accionada, por ello cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, carga de la prueba, relación de causalidad, eximentes de responsabilidad, fuerza mayor, culpa de la víctima, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Aquino, María Alejandra c/ Metrovías SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-27

En casos de daños personales sufridos por el viajero, a la actora le incumbe la prueba del hecho y la relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (Voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Prórroga de la competencia, Estado Provincial, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Ejército Argentino) c/ Jujuy, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2025-11-18

Si bien se admite la posibilidad de que las provincias prorroguen la competencia de los jueces en asuntos comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, ello es con la salvedad de aquellas controversias que, por razones federales o institucionales de gravedad, requieran de modo impostergable el conocimiento y decisión de la Corte.
Contaminación de aguas, protección del medio ambiente, servicio público, responsabilidad del Estado
Materia: MEDIO AMBIENTE-PENAL
Carátula: Morzan, Hugo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-30

Exceptuar una actividad del cumplimiento o alcance de dichas normas por el único hecho de ser desarrollada en el marco normativo de un servicio público resultaría un comportamiento contradictorio e ilógico por parte del propio Estado, en abierta oposición a los fines y lineamientos que debe promover o asegurar. La caracterización de las prestaciones a cargo de Aguas Santafesinas S.A. como servicio público no impide que la actividad pueda ser alcanzada por tales previsiones legales y, en definitiva, estar sujeta a las normas de seguridad y cuidado que la regulen.
Sustracción de menores, investigación del hecho, plazos procesales, plazo perentorio, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Bernardino Antonio y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-27

Resulta arbitraria la resolución que impuso un límite temporal exiguo e irrazonable a la investigación penal, para resolver la situación procesal de los imputados, acusados en orden al del delito de sustracción de un menor de diez años (146 y 45 CP), desconociendo la complejidad del caso, el estado de las medidas probatorias pendientes y el hecho de que la víctima continúa desaparecida, en clara violación de lo dispuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPPN. En consecuencia, cabe anular la decisión ordenar al tribunal de origen que continúe la investigación en función de la búsqueda del menor y de la obtención de nuevos elementos de convicción
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, transporte de pasajeros, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Aquino, María Alejandra c/ Metrovías SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-27

La sentencia que rechazó la demanda iniciada por una pasajera por los daños y perjuicios que habría sufrido al descender de la formación del subterráneo es arbitraria, pues la Cámara consideró que no se encontraba comprobado el hecho tal como lo denunció la actora, sin ponderar adecuadamente las constancias agregadas a la causa -prueba de informes y pericial- que daban cuenta de la posibilidad fáctica de que un pasajero pudiera introducir la pierna en el hueco existente entre la formación y el andén, realizando afirmaciones dogmáticas que dan fundamento solo aparente a su resolución (Voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, relación de causalidad, imprudencia, eximentes de responsabilidad, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Aquino, María Alejandra c/ Metrovías SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-27

Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda iniciada por una pasajera por los daños y perjuicios que habría sufrido al descender de la formación del subterráneo, pues la cámara sustentó la ruptura del nexo causal en el supuesto actuar imprudente de la actora, cuando el hecho de la víctima, consistente en poner el pie en el hueco del andén, no es un acto que tenga aptitud para configurar una eximición de la responsabilidad de la demandada en las circunstancias particulares del caso (Voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Suspensión del juicio a prueba, funcionarios públicos, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Tognoli, Hugo Damián y otros  c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-27

Es arbitraria la sentencia que revocó las condenas e hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba, pues para concederla el a quo aseveró que las situaciones procesales de las imputadas se encontraban comprendidas en los supuestos previstos en el artículo 76 bis del Código Penal, soslayando -cuanto menos- sopesar la gravitación que pudiera tener la prohibición prevista en el párrafo 7 de la norma citada a los fines de la concesión del beneficio o, si correspondiera, los motivos para fundar un apartamiento de la misma en el caso concreto, sobre todo teniendo en cuenta que se tuvo por probada la participación de funcionarios públicos en el delito investigado.