Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-14


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 14 de octubre de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 89.731, "Ledesma, Roxana y otra contra Villar, Miguel Ángel y otros. Indemnizaciones".

A N T E C E D E N T E S El Tribunal de Trabajo nº 3 de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, con costas según especifica en sentencia.

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El tribunal a quo hizo lugar a la demanda iniciada por Roxana Patricia Ledesma en concepto de indemnización por despido y falta de preaviso y por María Úrsula Parrado en los rubros diferencias de haberes, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales contra Miguel Ángel Villar, desestimándola, en lo que resulta de interés a los fines de este recurso y para ambas actoras, en cuanto pretendían el cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. Rechazó asimismo el reclamo de Ledesma por la indemnización del art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A su vez, desestimó íntegramente la demanda promovida por las accionantes respecto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.) como así también de los terceros por ésta citados, Charmer S.A. y Baderia S.A.

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las actoras denuncian la violación de los arts. 30, 55, 178, 182 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013; 29, 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y expone los agravios que a continuación se relatan.

1. Respecto de la actora Ledesma afirma que el rechazo de la indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo es producto de una absurda y contradictoria apreciación de los hechos y de las pruebas agregadas a la causa, habida cuenta que la demandante comunicó al empleador, por medio de carta documento de fecha 30-XII-1995 y no cuando se consideró despedida el 5-III-1996 , su estado de gravidez, poniendo a disposición de aquél el certificado médico. Sostiene también que en el mismo despacho postal intimó le dieran tareas. Señala que el anoticiamiento del embarazo se realizó estando vigente la relación laboral, sin que el empleador arbitrara los medios necesarios para su verificación, debiendo por ende cargar con las consecuencias de su propia desidia. En su opinión, acreditada que fue la causal para disponer el despido indirecto opera plenamente la presunción legal contenida en el art. 178 de la ley de fondo.

También se queja porque al rechazar el reclamo con fundamento en el art. 8 de la Ley Nacional de Empleo, el juzgador se apartó de las constancias obrantes en la causa informes de la A.F.I.P, del gremio gastronómico y pericia contable de los cuales surge que la reclamante no se encontraba registrada. Agrega que la presentación de libros por parte de la demandada no implica que la relación laboral estuviera registrada, más cuando el libro del art. 52 fue descalificado por el a quo al establecer una fecha de ingreso distinta a la allí consignada, resultando evidente, según su opinión, que eran llevados en fraude a la ley.

El salario base tomado a los efectos de calcular la indemnización por despido viola lo normado por los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.

2. El único agravio elevado por la actora Parrado se vincula con el rechazo de las indemnizaciones peticionadas en el marco de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

3. Finalmente, ambas actoras cuestionan el rechazo de la demanda respecto de U.O.C.R.A. y de los terceros citados por ésta, Charmer S.A. y Baderia S.A.

En relación a la entidad sindical, se argumenta que fue traída al juicio como titular y responsable del restaurante en el que prestaron servicios las actoras y no como responsable solidario aunque, aún de haber sido este último supuesto, ningún derecho fue vulnerado, puesto que al responder la acción, el gremio lo hizo en los términos del art. 30 de la ley 20.744 t.o. . Agrega que el informe de la Municipalidad de General Pueyrredón prueba que la titularidad del inmueble y de la habilitación del Hotel anexo al local donde funcionaba el establecimiento gastronómico en el que prestaron servicios las actoras, estaba a nombre de la entidad sindical.

En orden a los terceros citados por el sindicato mencionado, argumentan que, de conformidad a los contratos agregados a la causa, la explotación de la hotelería y del restaurante la realizaba la entidad gremial por intermedio de aquéllos, los que, por lo demás, nunca demostraron que a su vez hubieran sublocado dichas dependencias a Villar.

Por último, cuestionan la conclusión del pronunciamiento en cuanto sostuvo que nunca se intimó al Sindicato ni a los terceros. En tal sentido, manifiesta que, contrariamente a lo señalado, los emplazamientos fueron dirigidos al demandado Villar -Restaurante "IL Chicho"- y, en el caso de la actora, Parrado específicamente, al Hotel Mansilla Restaurante "IL Chicho"-.

III. El recurso prospera parcialmente.

1. a. De modo previo al tratamiento de cualquier otra cuestión, resulta menester definir el alcance de la facultad revisora de esta Corte, si tenemos en cuenta la limitación que imponen los arts. 55 de la ley 11.653 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial a propósito del monto de lo cuestionado ante esta instancia. Tema que, por lo demás, fue expresamente abordado por la recurrente a fs. 539 vta., en donde sostuvo, respecto de la coactora Parrado, que era aplicable la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 55 de la ley procesal laboral, por cuanto su recurso versaba sobre similares puntos litigiosos a los de la actora Ledesma.

b. Los agravios "comunes" a las dos actoras son los vinculados al rechazo de los reclamos realizados con fundamento en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y el rechazo de la demanda en su totalidad respecto de la entidad sindical y los terceros citados a juicio por ésta.

c. Sin embargo, tal como surge de la sentencia impugnada, la razón del rechazo de las indemnizaciones previstas en la ley de empleo no fue el mismo para las dos actoras (v. fs. 532 in fine; 533, 2º párr. de donde surge que mientras a una se le adjudica no haber intimado adecuadamente a la otra, además, se le atribuye no haber probado la percepción de los haberes denunciados ni el desempeño de servicios en horas extraordinarias) por lo que no se configura en autos el supuesto de recursos que versen sobre similares puntos litigiosos en condiciones de habilitar la vía excepcional del art. 55 de la ley 11.653 para la accionante Parrado.

El restante agravio vinculado a los fundamentos del rechazo de la demanda respecto de U.O.C.R.A., Charmer S.A. y Baderia S.A., en cambio, es común a las dos reclamantes y corresponde, en consecuencia, abordar su tratamiento para ambas (recuérdese que la demanda de Ledesma supera los $ 80.000 y siendo formalmente procedente a su respecto el recurso interpuesto, se beneficia Parrado por versar su queja, en este tema, sobre similares puntos litigiosos).

2. Por una razón de orden en la exposición, resulta apropiado abordar, en primer lugar, el agravio que atañe a las dos actoras, enderezado a dejar sin efecto la desestimación de la demanda respecto de la unión gremial y de los terceros por ella citados.

Pese a las aclaraciones que la recurrente formula en relación a los alcances de su demanda, recién en esta etapa extraordinaria, es lo cierto que no logra demostrar que el juzgador haya razonado de modo absurdo en ocasión de interpretar los escritos que dieron forma a la traba de la litis. Ello así, frente a una demanda en la que los codemandados Villar y "Sindicato" fueron traídos a juicio en su calidad de titulares y responsables del restaurante en el que prestaron servicios las accionantes, aunque sin ulterior desarrollo de argumentos ni producción de prueba que permitiesen determinar la existencia de relación de trabajo entre aquéllas y la entidad gremial.

Para más, la otra hipótesis propuesta, referida a la existencia de solidaridad en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no fue invocada por las actoras, quienes sin perjuicio de haber probado que la propiedad del inmueble y la habilitación estaban a nombre de la organización sindical demandada, ningún argumento desplegaron en ese sentido en oportunidad de demandar, resultando su introducción en esta instancia producto de una reflexión tardía y por tanto inatendible (conf. causas L. 76.299, sent. del 6 IV 2004; L. 84.142, sent. del 28 XII 2005).

Por otra parte, no puede soslayarse que parte de la queja de la actora se construye sobre la base de los contratos de locación adjuntados por la U.O.C.R.A. a fs. 86/87 y 90/94, desconocidos por la misma parte a fs. 113 vta. por resultar ajenos a la litis.

3. Desestimado el agravio anterior corresponde analizar los traídos por la actora Ledesma, únicos sobre los que corresponde pronunciarse a tenor de lo que fuera expresado en los apartados III.1. a., b. y c. de este voto.

a. En primer lugar debo decir que asiste razón a la recurrente cuando se queja por el rechazo de la indemnización prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta Corte ha expresado, en forma reiterada, que la ley impone a la trabajadora embarazada la obligación de notificar su estado de gravidez a la patronal a fin de garantizar su estabilidad en el empleo y que dicha comunicación no implica otra cosa que el fehaciente conocimiento por el empleador del estado de embarazo de la dependiente para, precisamente, evitar que durante el plazo que la norma establece adopte medidas que puedan significar la rescisión del contrato de trabajo, lo que justifica el recaudo de acreditar dicho embarazo o bien la facultad de la mujer empleada de solicitar ser revisada clínicamente por el médico patronal (conf. causas L. 37.329, sent. del 9-VI-1987; L. 65.951, sent. del 6-X-1998; L. 70.606, sent. del 22-XI-2000).

Como ya adelanté, tiene razón la recurrente cuando dice que al resolver el sentenciante esta petición no sólo se apartó de las constancias de la causa sino que incurrió en contradicción.

En efecto. Se tuvo por demostrado que la actora remitió a su principal la carta documento del 30 XII 1995, en la cual le notificó su embarazo, poniendo a su disposición el correspondiente certificado médico (c.d., fs. 21/22; veredicto, fs. 530), y recién el 5-III-1996 procedió a considerarse despedida (fs. 532).

Resulta entonces evidente que comunicó su estado de gravidez en forma idónea con anterioridad a la consumación del despido. Frente a esa circunstancia el principal debió, en todo caso, tomar las medidas necesarias otorgamiento de tareas como le fuera solicitado para evitar que se hiciera efectivo el apercibimiento que contenía la intimación en orden a la disolución del vínculo. Por el contrario, el demandado, al menos así lo interpretó el juzgador, mantuvo silencio, renunciando a reclamar la exhibición o entrega del certificado al que se aludió en la comunicación, que fue reconocido en su autenticidad por el médico que lo firmó y es de fecha anterior al distracto (ver fs. 350).

Siendo ello así y habiéndose acreditado en conclusión que arriba firme a esta instancia que el despido indirecto en que se colocó la trabajadora Ledesma resultó justificado, cobra operatividad la presunción dispuesta en el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causas L. 37.096, sent. del 24 III 1987; L. 58.863, sent. del 10-XII-1996), razón por la cual debe acogerse este tramo del recurso.

b. También acierta la recurrente cuando cuestiona el rechazo de la indemnización fundada en el art. 8 de la ley 24.013.

Dispuso el sentenciante desestimar este reclamo argumentando que la relación laboral se encontraba registrada, y que, además, el salario denunciado como percibido en la intimación para su registración no resultó demostrado al igual que el desempeño en horas extras.

En el pronunciamiento, tal como sostiene la recurrente, no se analizó la prueba arrimada y no se interpretó correctamente el alcance de la legislación aplicable.

Este Tribunal tiene dicho que en la interpretación de las disposiciones operativas de la ley 24.013 no se debe prescindir de su objetivo específico cual es el de promover la regularización de las relaciones laborales, con evidente finalidad tuitiva a la vez que desalentadora de eventuales conductas evasivas del empleador (conf. causas L. 68.957, sent. del 1-XII-1999; L. 72.895, sent. del 10-IV-2001) y el de lograr que éste último realice un registro íntegro y oportuno de las relaciones de trabajo, sin omitir ninguno de sus aspectos reales.

En el marco jurídico que proveen los arts. 7 y 18 inc. "a" de la ley 24.013, corresponde entonces hacer lugar al reclamo de la actora Ledesma, puesto que la registración de su relación de trabajo fue sólo realizada en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo falseando, según el propio fallo, la fecha de ingreso (a diferencia de la actora Parrado que no figuraba en registración laboral alguna). Ello, evidentemente, no alcanza para tener por cumplido el mandato legal. Tanto el informe de la A.F.I.P. glosado a fs. 247 como la pericia contable de fs. 256/258 vta. dan cuenta del incumplimiento por el accionado de la prescripción contenida en el inc. "b" del art. 7 y determinan la operatividad del último párrafo de ese artículo. Como consecuencia la relación debe ser considerada como no registrada en los términos de la Ley Nacional de Empleo, resultando por tanto la actora acreedora a la indemnización establecida en el art. 8 de dicha normativa.

Sin que resulte obstáculo para ello el otro fundamento del juzgador para rechazar el reclamo, esto es, la no acreditación del salario denunciado a tales fines como efectivamente percibido.

Es que esa conclusión no concuerda con la doctrina de este Tribunal que, sin perjuicio de señalar que los presupuestos previstos en el art. 11 de la ley 24.013 son claros y su cumplimiento imprescindible para que el trabajador acceda a las indemnizaciones establecidas en esa ley, se ha encargado de precisar que la indicación del verdadero monto de las retribuciones sólo es imprescindible cuando se procura la indemnización del art. 10 de la misma (conf. causa L. 81.387, sent. del 27-IV-2005) y no cuando se reclama, como en el caso, lisa y llanamente la plena registración del vínculo laboral.

c. También resulta procedente el agravio relacionado con la indemnización prevista en el art. 15 de la ley 24.013.

En ese orden, este Tribunal ha dicho que la reparación indemnizatoria allí establecida requiere como condición que el despido se haya consumado luego de recibida la intimación que en los términos del art. 11 de la ley y de modo justificado le cursara el trabajador (conf. causas L. 73.588, sent. del 6-XI-2002; L. 78.628, sent. del 20-VIII-2003).

En el sub judice el tribunal de grado estimó injustificado el despido concretado por el empleador y, como se estableció en el punto anterior, la intimación formulada por el trabajador resultó válida.

Por ello y teniendo en cuenta que el objetivo específico de la ley que reseñara ut supra, debe hacerse lugar al pago de la indemnización reforzada que contempla en su art. 15 cuando el trabajador ha cursado de modo justificado y vigente la relación laboral, una intimación para su registración.

d. Por último, se agravia la recurrente Ledesma por el importe de la "mejor remuneración" determinado por el juzgador a los fines de calcular las indemnizaciones derivadas del despido.

De su presentación se extrae que los agravios son de dos órdenes: en primer lugar cuestiona que a pesar de que en los libros faltaran los asientos correspondientes a la temporada 1995, el a quo no haya fijado el importe salarial en la suma de $ 880 por aplicación de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653. En segundo término, que el módulo remuneratorio de la ecuación indemnizatoria se haya determinado, en definitiva, con base en una remuneración correspondiente a un período previo al año anterior al distracto.

No hay reproche para lo decidido y relatado en el primer tramo del agravio. En el caso no se configura un supuesto de falta de exhibición de libros frente al requerimiento de la autoridad judicial en condiciones de determinar su subsunción en la norma del art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por el contrario, el empleador lleva registros laborales, aunque, como quedó dicho, con deficiencias. En tal caso, el juzgador queda facultado para meritar, en función de las particulares circunstancias de cada caso, la eficacia probatoria de tales registros (art. 53, L.C.T.), lo que efectivamente hizo a partir de considerar la pericia contable (fs. 255 y ss.) y el informe de U.T.H.G.R.A. glosado a fs. 333.

Tampoco puede ser atendido el pedido de modificación del salario en cuanto módulo indemnizatorio en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así porque lo que el recurrente señala en punto al último básico informado por la entidad gremial a los fines de determinar la mejor remuneración mensual normal y habitual anterior al año del despido, implica revisar el análisis que del material probatorio realizó el a quo y requiere, imprescindiblemente, de la denuncia de absurdo que no se ha concretado en la especie (art. 279, C.P.C.C.).

IV. Por lo expuesto corresponde revocar la sentencia impugnada y hacer lugar, respecto de la actora Roxana Ledesma, al reclamo por indemnización especial por embarazo regulada en los arts. 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también a las establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

Los autos deberán volver al tribunal de grado para que se practique la correspondiente liquidación.

Las costas de la instancia se adecuarán a lo que aquí se resuelve, las originadas en esta sede extraordinaria por su orden (arts. 19, ley 11.653 y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Negri (Puntos I, II, III.2, III.3).

II. Solamente me permito disentir con la opinión precedente, en el alcance de la facultad revisora que esta Corte ha de realizar en el presente caso, en atención a la limitación impuesta por los arts. 55 de la ley 11.653 y 278 del Código Procesal Civil y Comercial en relación al monto de lo cuestionado ante esta instancia y la excepción contemplada en el segundo párrafo in fine de la norma mencionada en primer término.

En efecto, se presenta en el caso un supuesto en que, existiendo un litis consorcio facultativo accionante, el recurso de uno de ellos (Ledesma) resulta formalmente procedente (incluso por superar lo cuestionado la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial), beneficiándose de esa procedencia el recurso interpuesto por el otro (Parrado) en aquellas cuestiones, autónomas e independientes, que versen sobre similares puntos litigiosos.

En autos, bien refiere el voto precedente, resultan comunes los agravios vinculados a los fundamentos del rechazo de la demanda respecto de U.O.C.R.A. y los terceros citados por ésta (fs. 533).

Sin embargo, estimo que poseen semejante cualidad común, por inclusión, los agravios expresados contra la decisión del tribunal a quo que rechazó las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

Ello pues, los argumentos empleados por el sentenciante para rechazar en este aspecto la demanda de Parrado versaron en la omisión de denuncia de la remuneración percibida, en la intimación cursada en los términos del art. 11 de la ley 24.013 (fs. 533); mientras que los fundamentos alegados por el tribunal a quo para desestimar semejante reclamo por parte de Ledesma, fincaron tanto en su efectiva registración en el libro especial llevado por el empleador en los términos del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, como en la falta de acreditación de la remuneración denunciada en la intimación prevista en el art. 11 de la ley 24.013 (fs. 532).

Luego, no es posible soslayar que el tratamiento de los agravios vertidos por el recurrente, dirigidos a objetar la declarada improcedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 respecto de Ledesma (fs. 544 vta./545 vta.), necesariamente importan abarcar el conocimiento de los agravios semejantes expuestos por el recurrente en orden a obtener la revocación de lo decidido en la instancia inferior, respecto del mismo rubro indemnizatorio, en relación con Parrado (fs. 545 vta./546 vta.); situación que confirma el carácter común de los mismos.

Por lo expuesto, estimo debe considerarse asimismo habilitada la presente instancia recursiva excepcional, respecto de los agravios expuestos por la coactora Parrado con la finalidad de que se revoque el rechazo de su pretensión indemnizatoria en los términos de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

III. En efecto, resultan extensibles para revocar el rechazo de las indemnizaciones reclamadas por Parrado en los términos de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, los fundamentos expuestos en los puntos III.3.b y III.3.c del voto precedente, a los que adhiero.

Ello así pues, se ha dicho ya que no resulta óbice a la procedencia de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013 cuando se reclama como aquí la plena registración del vínculo laboral, la omisión o defecto en la indicación en la intimación cursada a tales fines (art. 11 inc. "a", ley cit.), de la retribución verdaderamente percibida por el trabajador, pues ésta resulta sólo imprescindible cuando se procura la indemnización del art. 10 de la ley 24.013 (conf. causas L. 81.387, sent. del 27-IV-2005; L. 87.012, sent. del 23-VII-2008).

Solución que no se modifica por la circunstancia de que el vínculo laboral habido entre las partes hubiere tenido una duración exacta de tres meses (fs. 529, conf. arg. art. 92 bis inc. 3, L.C.T.).

Luego, habiendo comprobado el tribunal a quo la existencia del vínculo laboral denunciado por Parrado (fs. 529), así como la falta total de registración del mismo (fs. 529 vta.), corresponde revocar en esta parcela la sentencia impugnada, y hacer lugar asimismo respecto de la actora María Úrsula Parrado, al reclamo de las indemnizaciones establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

IV. Voto pues, con el alcance otorgado en el punto IV del voto del doctor Negri y con el dado en el punto precedente, por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Negri por compartir sus fundamentos.

Agrego a ello que la no aplicación al caso del supuesto excepcional previsto por el art. 55 in fine de la ley 11.653 con relación a parte de los agravios presentados por la señora Parrado (en concreto, los dirigidos a obtener la revocación de la sentencia de grado en cuanto rechazó las indemnizaciones pretendidas en los términos de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013), surge del propio escrito de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el marco del cual aquellos se presentan en capítulo separado y con argumentos diversos de los que sustentan los agravios esgrimidos por la señora Ledesma sobre el mismo aspecto de la sentencia (v. fs. 544 vta. y 545 vta.). En mi opinión, ello demuestra claramente la falta de similitud entre los puntos litigiosos que las actoras pretenden discutir en esta instancia extraordinaria.

Así lo voto.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria e Hitters, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y en consecuencia: a) se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó los reclamos impetrados por Roxana Patricia Ledesma contra Miguel Ángel Villar con fundamento en las normas de los arts. 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara; b) por mayoría, se revoca asimismo el pronunciamiento de la instancia anterior en lo concerniente a la desestimación de los reclamos entablados por María Ursula Parrado contra Miguel Ángel Villar también con sustento en las citadas disposiciones de la Ley Nacional de Empleo (arts. 8 y 15), a cuyo pago igualmente se condena a este ultimo. Las costas de la instancia deberán adecuarse a lo que aquí se ha resuelto, y las generadas en esta sede se imponen por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.; 19, ley 11.653). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que se practique la correspondiente liquidación.

Regístrese y notifíquese.

LUIS ESTEBAN GENOUD	HILDA KOGAN	HECTOR NEGRI	EDUARDO JULIO PETTIGIANI	EDUARDO NESTOR DE LAZZARI	DANIEL FERNANDO SORIA	JUAN CARLOS HITTERS	GUILLERMO LUIS COMADIRA	Secretario