Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27


SENT Nro. 174 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la actora y demandada en autos: "Salas Américo O. y otros vs. Vigliocco Gustavo y otros s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Va., con fecha 23 de abril de 2002 (fs. 326/331 y vta.), la actora y demandada interponen sendos recursos de casación, los que son concedidos por autos del 4 de julio de 2002 (fs. 381/382). Consta en el informe actuarial de fs. 404 que sólo ha presentado memorial facultativo la parte actora.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma de $29.142,35, correspondiente a los cinco actores y a los rubros que se detallan en las planillas respectivas, impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actuantes. También absuelve al tercero citado.

Considera con respecto a la relación laboral que la posición de la demandada es entre ambigua y contradictoria, pues el tercero citado desconoce que fuera con él la vinculación, sin prueba alguna acerca de que éste último tenía a su cargo las obligaciones laborales, resultando con la Sociedad de hecho la relación de dependencia.

Expresa que frente a la no respuesta a la intimación por los importes adeudados se dan por despedidos el 08/6/99, y no habiéndose acreditado el pago concluye que el despido indirecto ha sido fundado en justa causa en razón del art. 242 LCT, acogiendo lo correspondiente a fondo de desempleo, con las indemnizaciones de los arts. 18 y 19 de la ley 22.250 e integración del mes de despido.

Refiere que la demandada debe prosperar por los meses adeudados que se detallan para cada uno de los actores, SAC año 1998 y proporcional 1999, no así las vacaciones del año 1998, por no ser compensables en dinero.

Con respecto a las remuneraciones y demás datos, como fecha de ingreso, categoría y jornada laboral, estima que debe aplicarse el apercibimiento de el art. 91 segundo párrafo del CPTT y 55 LCT, rechazando las impugnaciones al dictamen pericial, determinando que para los montos se tendrá en cuenta la escala salarial informada por la UOCRA, agregada a fs. 277.

3.1.- Los agravios de la actora comienzan con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad y un relato de la causa, centrando su ataque en el tema de las remuneraciones.

Refiere que las presunciones que menciona la sentencia son iuris tantum, admitiendo prueba en contrario, pero cuya carga está en cabeza de la demandada.

Postula que no se explica que el apercibimiento se aplique parcialmente, no haciéndolo extensivo a las remuneraciones, y que no obstante reconocer la autenticidad de la escala salarial, deberá tenerse en cuenta que se trataba de trabajadores en negro que no cobraban por esposa, hijos, obra social, etc.

No hay en su concepto prueba alguna tendiente a demostrar que los ingresos no eran los reclamados, haciendo caso omiso del responde del codemandado Robles, en contradicción con lo decidido por otra sala en autos "Albornoz, Pedro Francisco y otros" contra los mismos demandados.

3.2.- A su turno, también los agravios de la accionada comienzan con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad y un breve relato de la causa, imputando inobservancia de los arts. 34 y 273 inc. 4° del CPCCT, de aplicación supletoria; 91 y 61 del CPTT; 142 y 233 segundo párrafo LCT, y 15 de la ley 22.250.

La inobservancia del art. 142 LCT, surgiría de la manera en que se apreció la eficacia probatoria de los recibos presentados en copia de fs. 197 a fs. 214, repetido ello por el perito contador desde fs. 231 a fs. 250 y que a su vez hay una lacónica expresión sobre la pericial, trabajo que no ha merecido ninguna consideración.

Denuncia el quebrantamiento de las disposiciones procesales que consagran los arts. 33 y 273 inc. 4°, pues no se ha detenido la Sala a merituar el valor probatorio, ni confrontar esos instrumentos con las restantes pruebas, declarando incumplida la prueba de exhibición.

Explica que hay una diferencia entre la documentación laboral que determina el art. 91 del CPTT, y la fuerza probatoria de los recibos, abordando a continuación lo referido a la fecha de los respectivos despidos, en razón de las cartas documento exhibidas en la absolución de posiciones.

Considera que hay quebrantamiento del ya mencionado art. 91 del CPTT, porque se ha extendido la presunción a los recibos de pago, no habiéndose tenido en cuenta la limitación que hace el art. 61 del mismo ordenamiento sobre que las afirmaciones a tenerse por ciertas son aquellas que deben constar en tales asientos.

Plantea también la incompatibilidad del régimen resarcitorio de la construcción con el instituto del preaviso, y la consecuente integración del mes de despido que descrito por el art. 233 de la LCT, necesita de la falta de preaviso y la no coincidencia del día de despido con el del último mes.

Finalmente explica que se aplicó erróneamente el art. 242 LCT, pues el art. 15 de la ley 22.250 determina que la causa o motivación del acto extintivo sea irrelevante, no pudiendo fundarse el pronunciamiento con tal argumentación.

4.- Reexaminada la admisibilidad de los recursos, advertimos que se trata en ambos casos de temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplido el afianzamiento en el caso de la demandada, mas tanto el motivo casatorio del artículo 131, incisos "a" y "b", y la suficiencia del planteo será examinado en función de cada uno de los agravios, y por razones metodológicas se tratará primero los de la demandada.- 4.1.1.- Lo referido a la aplicación del art. 142 y la prueba pericial, resulta de idéntica resolución a lo dicho por esta Corte en autos "Albornoz...", sentencia de fecha 21 de octubre de 2002, cuando se expresó que dicha disposición " pone en cabeza de los jueces de grado, la competencia para valorar y apreciar la eficacia probatoria de los recibos de pago, y además examinar la debida correlación con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria según el dictamen producido en autos", cuestiones ambas detraídas del ámbito casatorio.

El vicio de arbitrariedad o absurdidad tiene que estar suficientemente fundado, para que se convierta en motivo casatorio, no excediendo la mera discrepancia, acerca de la base fáctica y su apreciación para determinar la condena.

4.1.2. Igual suerte correrá lo referido a la fecha de la extinción laboral, donde el planteo se centra en la falta de concordancia entre lo dicho por uno de los absolventes y la documentación intercambiada entre las partes, para determinar la fecha del distracto, pero los argumentos no tienen suficiente entidad para que esta Corte reexamine el procedimiento de valoración de la Sala , ya que ella se ajusta a las constancias de la causa.

4.1.3. En lo que a la aplicación del art. 61, por remisión del 91 del CPTT, el agravio es insuficiente, pues la conclusión sentencial, en modo alguno se extiende a los recibos, como se pretende demostrar, sino que da por ciertas las afirmaciones de los actores, con respecto a, fecha de ingreso, tareas cumplidas, categoría laboral y jornada de trabajo, al punto que allí mismo rechaza las impugnaciones a la pericial, sin haberse siquiera mencionado la arbitrariedad, cuyos fundamentos permitan reexaminar la prueba producida.

4.2.1.- Los argumentos referidos a la admisibilidad del recurso planteado por los actores, en virtud de la resolución contradictoria entre lo decidido en "Albornoz", ya citado, por la Sala VI, con fecha 7 de noviembre de 2001 (copia agregada desde fs. 348 a 353 y vta.), han perdido vigencia, en razón de que precisamente tal punto ha sido revocado por este Tribunal en dichos autos, con fecha 21/10/2002, agregado a fs. 397/400 y vta., en el memorial facultativo del mismo recurrente. De allí su insuficiencia.

4.2.2.- Aparece presentado por los accionantes, como un problema de carga probatoria, lo referido a las remuneraciones, punto sobre el cual resulta necesario puntualizar, no se aplica el apercibimiento del art. 61, que expresamente excluye y remite a la ley de fondo el monto de las remuneraciones.

Sobre el particular la Sala dispone que corresponde el Convenio de la UOCRA, en lo que se considera prueba producida con respecto a los hechos alegados por las partes, a tenor de lo dispuesto por los arts. 33 y 273 inc. "4" del CPCCT.

La cita a los arts. 55 y 57 LCT, en nada modifica el criterio adoptado, pues aparece como una cuestión nítidamente litigiosa, al punto que como se ha dicho por la C. Nac. Trabajo, Sala I, con fecha 25/6/91: "Si no existe prueba alguna respecto del monto de la remuneración denunciada al demandar y ésta está discutida, corresponde a los jueces efectuar un control de razonabilidad de la remuneración invocada conforme a pautas objetivas y al salario mínimo vital".(DT, 1991-B- 1851).

Así se dijo que "la aplicabilidad de la mentada norma presuncional no opera, de manera automática sino que depende de las probanzas arrimadas en autos, y por lo tanto, en principio, ajena a esta instancia casatoria, salvo absurdo o arbitrariedad" (CSJT sent. 470 del 06/6/2002).

No se advierte que las afirmaciones realizadas por la sentencia, resulten inadecuadas y lógicamente contradictorias. En efecto, si bien se mencionan los principios que se pretenden violados, pese al esfuerzo del recurrente por demostrar la existencia de arbitrariedad o inadecuada inaplicabilidad del mentado artículo de la LCT., los actores no logran acreditar que el pronunciamiento es arbitrario y contrario a derecho.

Por otra parte se ha dicho por la Sala I de la C. Nac. del Trabajo que "para fijar el monto de la remuneración mensual, si bien los arts. 55 y 56 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175), crean una presunción a favor de lo invocado por el actor en la demanda, el juez está facultado a ejercer un control de "razonabilidad" cuando el "quantum" no resulta de ninguna otra prueba y el alegado por el actor aparece elevado y arbitrario" (DT, 1991-B-1851).

De manera que tratándose de una cuestión de hecho y prueba, e invocado insuficientemente el vicio de arbitrariedad, el recurso debe declararse mal concedido.

5.1.1- Sí asiste razón a la demandada, en lo que se refiere a la condena por la integración del mes de despido, pues ello está vinculado inexcusablemente a la obligación de preavisar, punto sobre el cual deberá tenerse en cuenta lo dicho por el art. 15 última parte de la ley 22.250, cuando textualmente reza: "el sistema a que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplado por la ley de contrato de trabajo".

Reiteramos sobre el punto el ya citado "Albornoz" (CSJT sent. 918 del 21/10/2002), en el sentido de que "sobre el particular Marigo-Rainolter dicen: " dentro del sistema de la ley 22.250, la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa y cualquiera sea la parte que lo determina, no genera indemnizaciones para el trabajador, porque el régimen persigue sustituir esta indemnización por una atribución patrimonial, en función del tiempo del servicio y equivalente a un porcentual de la remuneración compleja o compuesta que la misma ley determina" y agregan "el fondo de desempleo por su naturaleza y sobre todo por su función en el régimen de los trabajadores de la industria de la construcción, no es compatible con el régimen indemnizatorio (indemnización sustitutiva del preaviso, e indemnización por antigüedad en el empleo) de la LCT" (op. cit., pág. 123).

La sentencia en crisis manda liquidar el rubro integración del mes de despido, y si como se dijo, ese instituto ha sido sustituido por el fondo de desempleo, mal puede condenarse a ese pago, por lo que debe revocarse lo allí decidido, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Viola las disposiciones del art. 15 de la ley 22.250, la sentencia que manda a pagar la integración del mes de despido a un dependiente de la construcción" y dictar como sustitutiva sobre el punto la siguiente: "NO HACER LUGAR, con costas, a la integración del mes de despido".

5.1.2.- Atento la conclusión a que se arriba en el punto anterior, resulto inoficioso tratar el agravio de la demandada, referido a la aplicación del art. 242 LCT.

6.- Atento al resultado que se arriba las costas del recurso se imponen de la siguiente manera: a la demandada las propias, más el 90% de las que correspondan a la actora (arts. 49 CPTT y 109 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Va, con fecha 23 de abril de 2002 (fs. 326/331 y vta.), en razón de lo tratado como puntos " 4.2.1." y "4.2.2." y DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO igual recurso interpuesto por la demandada por las razones dadas en los puntos " 4.1.1.", "4.1.2." y "4.1.3.", y HACER LUGAR, también parcialmente al mismo, en base a la doctrina legal que da cuenta el apartado "5.1.1.", dictándose como sustitutiva la siguiente: "NO HACER LUGAR, con costas, a la integración del mes de despido".

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO