Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-21


Buenos Aires, 21 de abril de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que la actora promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por sí y en representación de sus tres hijos menores de edad, con el objeto de obtener asistencia para la alimentación necesaria de ella y sus hijos. De acuerdo a su relato, es beneficiaria del plan Jefes y Jefas de Hogar, pero que esta prestación resulta insuficiente para solventar los gastos de su familia. Dijo haber sido excluida del Plan Vale Ciudad sin fundamento y que sus reclamos ante la Administración no han suscitado respuesta alguna. Asimismo, requirió el dictado de una medida cautelar a los efectos de que se incluya a su grupo familiar en un programa alimentario y otro de provisión de medicamentos. 2. Que el señor juez de primera instancia concedió parcialmente la medida cautelar solicitada y ordenó a la demandada la inclusión de la menor de edad Pamela Luciana Robles Valderrama en un programa de asistencia alimentaria. Fijó caución juratoria. Para así decidir, destacó que, respecto de la menor indicada, surge de las constancias agregadas en autos que nació antes de término y con bajo peso. Luego, en cuanto al resto de lo s integrantes del grupo familiar, sostuvo que en tanto se encuentran beneficiados por el plan Jefes y Jefas de Hogar, no habría prima facie una omisión asistencial imputable a la demandada. En el mismo sentido, agregó que no obra en la causa documental que acredite una situación de déficit alimentario del resto del grupo familiar. Rechazó, también, la pretensión de una cobertura de medicamentos, considerando que no surge de autos la existencia en el grupo familiar de alguna patología que requiera tratamiento. En orden a obtener esta información ordenó a la Secretaría de Promoción Social la elaboración de un informe que de cuenta de la composición y situación nutricional del grupo familiar de la actora. 3. Que el decisorio reseñado es apelado por la parte actora (v. fs. 36/37 del incidente). Se agravia de la concesión parcial de la medida y señala que, si el a quo tuvo por cierto el estado de desnutrición de su hija P., la mal nutrición de la madre debe presumirse. Asevera que el deber del estado de proporcion ar a los padres la asistencia material necesaria para una adecuada cobertura alimenticia y de salud, es indiscutible. Agrega que el monto que percibe por el plan Jefes y Jefas de Hogar es insuficiente para acceder a una canasta básica de alimentos. Destaca que también resulta indiscutida la situación de vulnerabilidad alimentaria que padece su grupo familiar. 4. Que, a fs. 44/45, la parte demandada contesta los agravios esgrimidos por la actora y solicita el rechazo del recurso intentado. 5. Que, 56/57, dictamina en autos la Sra. Asesora General Adjunta, quien sostiene que, en tanto se encuentra informada en los autos principales la inclusión de la actora y sus tres hijos en el Programa Vale Ciudad, la cuestión objeto de recurso ha devenido abstracta. 6. Que conviene recordar que la procedencia de tales medidas se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que la actora aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo, configurándose un daño irreparable al actor cuyo derecho es finalmente reconocido (cfme. esta Sala, in re, "GONZALEZ, Mónica Adriana c/GCBA sobre otros procesos incidentales - medida cautelar", Expte. Nº5422/1, del 7 de febrero de 2003, entre otros). 7. Que, cabe anticipar, el recurso interpuesto por la actora no puede prosperar. En efecto, los agravios mencionados carecen de entidad suficiente para conmover lo decidido por la instancia de grado. El a quo manifestó en su decisorio que sólo se han arrimado a la causa elementos que acreditan un estado de necesidad alimentaria respecto de la menor P. L. R. V., pero que se encuentran ausentes las pruebas que permitan inferir la existencia de un derecho verosímil o de peligro en la demora en cabeza de la actora y los restantes miembros de la familia. Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, nada cabe presumir en autos pues la verosimilitud en el derecho invocado requiere de elementos objetivos que, al menos provisoriamente, abonen la pretensión requerida. En este sentido, el pedido de informes ordenado por el juez en su sentencia constituye un modo eficaz de determinar si efectivamente los restantes integrantes de la familia se encuentran en un estado de subalimentación que haga mérito suficiente de la procedencia del reclamo efectuado. En este sentido, esta carencia probatoria se traslada igualmente a la solicitud de cobertura asistencial de medicamentos. Asimismo, cabe destacar que los objetivos generales de programas de asistencia como el Vale Ciudad, importan la determinación de un estado de necesidad cierto de los solicitantes. Por ello, a los efectos de acreditar un incumplimiento de la demandada en su deber de asistencia, resulta necesaria, aun bajo el estrecho marco de conocimiento que caracteriza a esta instancia procesal, una mínima demostración de una cualificación objetiva que permita acceder al sostén estatal. Tal demostración, salvo, como dijo el a quo, respecto de la menor protegida por la cautela dictada, se encuentra ausente y, por ende, nada permite inferir que los dichos de la apelante aludan mínimamente a la existencia de un derecho cierto que deba ser asegurado. 8. Que, sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, y de conformidad con lo expuesto por la Sra. Asesora General Adjunta, del informe obrante a fs. 99/vta. surge que la actora se encuentra actualmente incluida en el Programa Vale Ciudad, percibiendo la suma de ciento veinticinco pesos ($ 125.-) de acuerdo a la composición de tres integrantes del grupo familiar. De este modo, la pretensión recursiva invocada resulta abstracta, al haberse otorgado el beneficio cuya concesión cautelar aquí se requiere. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Declarar abstracto el objeto de la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese -a la Sra. Asesora General Ad junta en su despacho- y devuélvase.