Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-26


SENT Nº 541 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en autos: "Acosta, Rubén Antonio vs. Terminal del Tucumán S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada del actor contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2005 dictada por la Sala III de la Cámara del Trabajo, que fue concedido mediante resolución de fecha 21/10/2005 (cfr. fs. 273/vta.).

El recurso de casación fue presentado en término, está dirigido contra sentencia definitiva, y los agravios se ajustan a los requisitos exigidos por los artículos 131 y 132 CPL.

2.- Resumiendo los antecedentes del caso a resolver, se señala que el actor, que se desempeñó como gerente administrativo del demandado, reclamó el pago de diferencias salariales fundadas en un aumento de sueldo que habría acordado con su empleador, que fue percibido sólo por el mes de marzo de 2000 ($4.817,00 + $372,18 retención por impuesto a ganancias = $5.189,18), y que fue dejado sin efecto desde el mes siguiente por el empleador, quien siguió abonándole el sueldo anterior al aumento ($4.470,36). El demandado negó que hubiera habido un acuerdo sobre incremento salarial, y afirmó que se trató de un aumento dispuesto por el actor, que fue dejado sin efecto por el directorio de la empresa.

La sentencia declaró que tanto el aumento como la posterior reducción salarial fueron decisiones unilaterales de la empresa consentidas por el actor, pues éste aceptó tácitamente que se le disminuya el sueldo, en razón de que no demostró disconformidad con la reducción salarial, sino hasta después del distracto producido por voluntad del empleador (cfr. fs. 243), a la vez que señaló que eran remuneraciones fuera de convenio.

3.- En su recurso de casación el actor se agravia afirmando que no pudo presumirse la renuncia a sus derechos, de acuerdo al principio consagrado en los artículos 12 y 58 LCT. Denuncia que la Cámara introdujo una versión no planteada por la demandada, cual fue el aumento y luego la reducción del salario dispuestos unilateralmente por la empresa. Manifiesta que se violaron los principios de la carga probatoria y del principio protectorio, y que el silencio del trabajador no pudo ser interpretado como renuncia a derechos, pues su parte tenía incapacidad negocial en relación al empleador.

4.- En el caso de autos debe resaltarse que el sueldo del actor era fuera de convenio y que su valor fue establecido por voluntad de las partes (art. 1 inciso d) LCT). Asimismo, debe señalarse que no hubo convenios escritos sobre el aumento o reducción del salario.

De acuerdo a los hechos comprobados en la causa, resulta innegable que hubo un acuerdo entre las partes tanto respecto del nivel remuneratorio antes del mes de marzo de 2000 como en relación al aumento remuneratorio percibido por el actor ese mes. Aun cuando ese acuerdo no se instrumentó en forma escrita, la conducta de ambas partes de abonarlo y cobrarlo, indica que hubo un acuerdo respecto del nivel remuneratorio, tanto antes de marzo de 2000, como del sueldo percibido ese mes (cfr. art. 1146 del Código Civil).

El empleador unilateralmente redujo el sueldo al nivel anterior a partir de abril de 2000, ante lo cual el trabajador mantuvo silencio durante la vigencia de la relación laboral, -que finalizó el 17 de agosto de 2001-, hasta la intimación formulada mediante telegrama el 25 de setiembre de 2001 (cfr. fs. 58), vale decir, diecisiete meses después de la percepción del sueldo del único mes en el que el actor cobró el aumento de sueldo (marzo de 2000). Tal situación conduce a determinar si el silencio del actor durante esos diecisiete meses y el cobro sin reservas de los sueldos, indican la renuncia tácita del actor al aumento salarial otorgado para marzo de 2000, o un acuerdo entre partes sobre la rebaja del sueldo, y si tal renuncia o acuerdo son válidos a la luz de los principios consagrados en los artículos 12, 58, 260 y concordantes de la LCT.

Adelanto mi opinión contraria al progreso del recurso de casación por las razones que se exponen a continuación, siendo dos las cuestiones a tratar: determinar el alcance del principio de irrenunciabilidad (art.

12 LCT) en relación a derechos cuya fuente es la voluntad de las partes (inciso d art. 1 LCT), o sea, si como en el caso, es renunciable el derecho a un nivel remuneratorio de salario fuera de convenio, y si puede asignarse al silencio el significado de renuncia, considerando los preceptos de los arts. 58 y 260 LCT, entre otros.

5.- El artículo 12 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976­238) consagra el principio de irrenunciabilidad, regla que significa que el trabajador puede invocar la inoponibilidad de actos jurídicos en cuanto su contenido implique renuncia de derechos, aun cuando dichos actos sean válidos en principio, por no estar afectados por vicios del consentimiento.

Mario Ackerman distingue entre el negocio liberatorio, que tiene como objeto un derecho adquirido, del negocio derogatorio, referido a la renuncia a determinado status normativo -garantías de satisfacción y garantías de negociación (ob. cit. p. 356, y Vázquez Vialard en Ley de Contrato de Trabajo", tomo I Rubinzal Culzoni, 2005 p. 202)). No existe acuerdo en los autores nacionales acerca de la interpretación del art. 12 LCT respecto de la renuncia hacia el futuro a determinado nivel normativo en relación a derechos nacidos de la autonomía privada que se encuentran por encima del piso mínimo inderogable que estatuye el orden público laboral (cfr. Ackerman, M. En "Tratado de Derecho del Trabajo tomo I p. 354, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005).

Respecto del artículo 12 LCT, expresa Etala que "considera como derechos irrenunciables para el trabajador, a "los previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas". El artículo no menciona la renuncia a los derechos emergentes del contrato de trabajo, por medio de las cláusulas convenidas con el empleador que superan los mínimos legales o del convenio colectivo de trabajo. Esta renuncia es, entonces, admisible en tanto no se afecten normas imperativas (los mínimos legales o convencionales), y no esté afectada por ningún vicio de la voluntad, especialmente el vicio de lesión (art. 954 Cód. Civil). (cfr. Etala, C. "Contrato de Trabajo", Astrea 2ª. edición 1999, p. 48). En el mismo sentido, expresa Vázquez Vialard que "sin duda, no son renunciables los derechos concedidos por la ley o los convenios colectivos, que constituyen normas de derecho público laboral, pero sí los que tienen su raíz en la negociación privada que ha superado dichos mínimos (por lo tanto, se acepta para el futuro la disminución del sueldo, la ampliación de la jornada, siempre que no se viole con ello una norma legal o convencional) (cfr.

Vázquez Vialard, "Ley de Contrato de Trabajo", tomo 1, Rubinzal-Culzoni, 2005, p. 201; Pla Rodríguez, "Los principios del derecho del Trabajo" p. 71 y ss; Vázquez Vialard A. en "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 9ª. Edición, t. 1 p. 131; "La invalidez de los actos y acuerdos en el derecho del trabajo", DT, 1999-A, 671 y sigtes.; "Renuncia de derechos y modificación del contrato de trabajo", LT, XXXIV-1/13 y en "Validez de los acuerdos modificatorios de las condiciones de trabajo fundadas en derechos nacidos de normas no imperativas", LT, XXXIV-241/249 y 481/491).

Si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a las circunstancias relativas a las personas y, por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que tal situación ha sido consentida (cfr. CSN en sentencia del 11/06/1998 en "Zorzin, Víctor R. c. YPF S. A." publicado en: DT 1998-B, 1652).

6.- En atención a ese criterio, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento judicial que rechazó el reclamo de diferencias salariales del actor, teniendo presente que en su calidad de profesional y alto directivo de la empresa, conoció la decisión del directorio de dejar sin efecto un aumento salarial que rigió por un sólo mes, que la diferencia salarial no representaba una alteración sustancial de su remuneración fuera de convenio, que no formuló cuestionamiento alguno y mantuvo silencio durante toda la vigencia de la relación laboral y que después de producido el distracto, diecisiete meses después, cuestionó la rebaja salarial, siendo que por su formación profesional podía comprender los alcances de la decisión patronal y su posibilidad de resistirla, y no lo hizo, continuando con sus funciones sin formular ningún planteo. Resulta pertinente señalar que la rebaja salarial, -en niveles fuera de convenio-, no fue impugnada por el actor mientras rigió el vínculo laboral, lo que indica que el mismo no estimó un perjuicio de trascendencia para sus intereses que le ocasionara injuria en términos de la LCT, porque consideró que su remuneración se mantenía en niveles aceptables como contraprestación a las funciones desarrolladas.

El silencio del trabajador pudo ser interpretado en el caso de autos como un comportamiento inequívoco indicador de su consentimiento con la rebaja dispuesta por el empleador, en los términos de la excepción a la regla del artículo 58 LCT, resultando pertinente señalar que en el caso se trató de la modificación del nivel salarial para el futuro, por lo que no puede hablarse de derechos adquiridos (cfr. en igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I en sentencia del 28/03/2000 en "González, Olga F. c. Sparkling S. A." publicado en: DT 2000-A, 1038). Por ello, en este caso no hubo actitud abusiva por parte del empleador que dispuso una nueva remuneración dentro del ámbito de discrecionalidad que nuestro ordenamiento legal admite, y que fue consentida por el trabajador.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso.

En cuanto a las costas, en razón de tratarse de una cuestión que ha merecido decisiones contradictorias tanto en el ámbito de la jurisprudencia como de la doctrina, considero que deben declararse por su orden (CPT art. 49 y art. 106, inc. 1 del CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la apoderada del actor contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2005 dictada por la Sala III de la Cámara del Trabajo.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.