Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-06-25


2º Instancia.- Resistencia, junio 25 de 2010.

La sentencia de primera instancia obrante a fs. 439/455 ¿debe ser confirmada, modificada, revocada o anulada? La doctora Rodríguez de Dib dijo:

I. Se agravia la actora de la sentencia dictada en estos autos porque admite sólo en forma parcial la acción intentada. Sostiene que la clandestinidad laboral surge con motivo de la deficiente registración en orden a la fecha y a la jornada de trabajo diario y semanal laborada en exceso, pretensión negada por la juez a quo. Prosigue expresando que la conclusión criticada proviene de la valoración particular de la prueba documental e informativa de AFIP, documental toda que es unilateral y sin entidad para lograr una resolución acertada. Se molesta por la evaluación realizada por la a quo de los testigos que declaran a instancias del apelante, cita las testificales de Esquivel (fs. 145) Mogica (fs. 155) y Mónica Gauna (fs. 176), quienes brindan sus declaraciones sobre una fecha de ingreso distinta a aquella consignada por la patronal, desechados, a criterio de la quejosa, sin sustento lógico y fáctico. Insiste en que debe descartarse la documental consistente en los recibos de haberes e informe de la AFIP por haber sido generados en fraude del trabajador y no ser reales. También se queja en orden a la jornada laboral, que la a quo considera como media jornada sobre la base de los recibos de haberes, desconociendo la naturaleza de la actividad desplegada y los dichos de los testigos.

Se queja porque no tuvo en cuenta la a quo que la actora cumplía jornadas o turnos rotativos, según lo que deponen los testigos Ruberto (fs. 205 vta.), Esquivel (fs. 145) y Gauna (fs. 176). Existe una imposibilidad de que la actora tenga turnos o jornadas rotativas y pueda ser considerada como que cumplía media jornada o jornada de tiempo parcial. Sigue expresando que el tribunal ha omitido efectuar consideraciones respecto de pruebas fundamentales para el resultado del proceso y en especial para la determinación de la fecha real de ingreso, que en todo momento y respecto de todos los empleados ha sido diferente a la registrada por las entidades fiscales y sus recibos. La a quo impone la carga a la trabajadora actora de demostrar aspectos relacionados con su salario, que le corresponden a la demandada, pues la controversia sobre el cobro y monto del salario, demanda prueba de la patronal y no de la actora, conforme el art. 91 de la Ley 2383.

Aduce que es agraviante la sentencia atacada pues la a quo no tuvo en cuenta que existen indudables diferencias salariales, más cuando su parte ha demostrado y el tribunal desconoció que la jornada no era parcial sino total. La demandada, por el contrario, no ha demostrado circunstancia alguna y a pesar de ello el tribunal ha suplido su actividad, sin elementos de juicio adecuados que permitan justificar la posición procesal asumida. Cita doctrina y agrega que a la demandada le correspondía acreditar la jornada a tiempo parcial. Por todo lo expuesto, considera se debe modificar la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de agravios en los extremos apuntados.

En segundo lugar se molesta porque la a quo rechaza la indemnización del art. 80 de la LCT, ello así porque impone como requisito la intimación fehaciente previa, situación que dice haber sido cumplida por su parte, y no fue tenida en cuenta por la juzgadora. Sostiene que las afirmaciones del tribunal sobre este tema son desafortunadas, pues aduce haber realizado la intimación en tiempo y forma. No existe impedimento para la indemnización. Pide se revoque este aspecto de la sentencia en crisis.

II. Adelanto que en la tarea de dar respuesta al primer agravio esbozado por la apelante, y a fin de dar mayores precisiones a la solución final del caso, procederé a desglosar los aspectos cuestionados, tratando en primer término el referido a la fecha de ingreso de la trabajadora y, seguidamente, lo actuado en orden a la jornada de trabajo cumplida por la misma.

II.1. Sentado lo anterior, y conforme quedara trabada la litis tengo presente los siguientes hechos: a) que el 13/12/2004 la actora remitió a la empleadora Telegrama Laboral en el que entre otras cuestiones la intimó expresamente a registrar correctamente la vinculación, denunciando como verdadera fecha de ingreso el 15/10/02 (confr. fs. 1 del sobre de documental de la actora); b) que el 06/01/2005 la accionante remitió a la patronal nuevo Telegrama Laboral, señalando que no habiendo aquella cumplido la intimación anteriormente cursada, se consideraba despedida e intimó pago de indemnización por despido, indemnización por preaviso, haberes adeudados, etc. (confr. fs. 2 del sobre de documental de la actora); c) que la demandante indicó en el escrito postulatorio que la empleadora no contestó la intimación de fecha 13/12/2004 y que resulta de aplicación el art. 57 de la LCT; d) que la accionada al contestar la demanda no negó la recepción del Telegrama que la actora afirmó haberle remitido intimando la registración correcta de la fecha de ingreso denunciada, ni tampoco impugnó dicha documental.

A su vez, destaco que la a quo desestimó la invocada fuerza mayor como causal extintiva del vínculo laboral habido entre Martingala SRL y la Sra. Lourdes Ramírez y tuvo por denunciado el contrato de trabajo a partir del Telegrama Laboral remitido por la actora en fecha 06/01/2005.

II.2. En las condiciones reseñadas, advierto que al momento de considerar lo referente a la fecha de ingreso la juez de grado pasó por alto: a) el silencio del empleador frente a la intimación hecha por la trabajadora, y la consecuente aplicación de la presunción del art. 57 LCT, en contra del empleador. Presunción iuris tantum relativa al incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo, que mediante la prueba en contrario que tuvo que aportar la demandada debía desactivar y b) el apercibimiento que la juez a quo debió haber hecho efectivo, contenido en el inc. 5 del art. 85 de la Ley 2383, toda vez que la empleadora en el escrito de conteste no cumplió con la carga de declarar si llevaba libros en legal forma, motivo por el cual correspondía tener como prueba la inexistencia de los mismos, con las consecuencias que ello comporta, sobre todo, porque no hay correlación entre las documentales que luego reivindica la sentenciante a quo y las registraciones que debió llevar el empleador (art. 52 LCT en concordancia con art. 55 LCT).

Sin embargo, la sentenciante, sustentó su decisorio en las constancias de los recibos de sueldo respecto de la fecha de ingreso y en el informe de la AFIP, adoptando un criterio que no se corresponde con aquél según el cual son inoponibles al trabajador aquellas registraciones o documentos confeccionados unilateralmente por el empleador, o que contengan manifestaciones también formuladas sin control del trabajador, tal como acontece con las probanzas en cuestión.

En el cuadrante de lo que vengo exponiendo, el razonamiento de la a quo muestra su apego a la teoría del consentimiento tácito del trabajador, en virtud de la cual, el silencio del mismo, convalidaría aquellas enunciaciones contenidas en el recibo, que no hacen estrictamente al pago, tales como categoría o fecha de ingreso; tal postura vinculada con aquella otra de los actos propios, se encuentra abandonada en la actualidad, pues como se sabe, el trabajador no tiene necesidad de expresarse dado que sus derechos son irrenunciables, en tanto los niveles mínimo, medio y máximo de protección no pueden ser reducidos de ninguna manera; éste y no otro es el sentido del art. 12 de la LCT, en concordancia con los arts. 7, 8, 13, 14 entre otros, los cuales componen el concepto de orden público laboral. Es decir, el trabajador está asistido del derecho a reclamar a n cuando hubiera guardado silencio en tanto éste no puede convalidar despojos.

Desde esta perspectiva, advierto que la demandada no extremó fatiga probatoria para desactivar la presunción del art. 57 LCT, pues por Interlocutorio N 165/07 se le dio por decaído el derecho a producir la testimonial del Sr. Calabrese (fs. 325/327); por Interlocutorio N 245/07, las pruebas testimonial del Sr. Ricardo Buscaglia y la informativa a ANSES (fs. 346/350); por Interlocutorio N 06/08 perdió la posibilidad de producir la informativa a AFIP (fs. 368/371); por Interlocutorio N 328/08, la informativa a Casinos Gala SA (fs. 426/428). A su vez, de la testimonial producida a instancia de la demandada (fs. 205 y vta.), de Ruberto Carlos María, ex-empleado de Martingala que cumplía funciones de Encargado según surge del expediente "Ibarra, Raúl Antonio c/Martingala S.R.L. y/o quien resulte responsable s/despido, etc.", Expte. N 81/2005 (reg. del Juzg. Lab. N 1) (fs. 195 y vta.), nada agrega en relación a la fecha de ingreso, tanto que siquiera el interrogatorio abordó dicho aspecto.

Por el contrario, del otro testimonio recogido a propuesta de la empleadora, brindado por el Sr. Aldo Mauro Santalucía (fs. 319 y vta.), se advierte que éste remite el inicio del trabajo de la actora a una fecha anterior al efectivamente registrado por la empleadora ante AFIP. Ello así, pues por un lado indicó conocerla por el lugar donde ella trabajaba desde el momento en que comenzó a funcionar Martingala y, por otro, manifestó que dicho negocio funcionó desde mediados del 2002, momento en que empezó a concurrir a la confitería.

Complementando esta última declaración, tengo presente y otorgó valor al testimonio de la Sra. Ramona Raquel Esquivel, quien al responder a la segunda pregunta expresó que la actora fue empleada de la demandada "desde Octubre de 2002 a Diciembre del 2004".

No empece al mérito que hago de esta prueba, las supuestas imprecisiones sobre las cuales hace hincapié la a quo para desvirtuar su habilidad probatoria, pues como bien se ha dicho "las declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, ser débiles e imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción necesaria mediante un cuadro claro del ambiente fáctico que hace a la litis, y sobre todo, de la conducta observada por las partes" (Cám. 1º Sala III, La Plata, La Ley 1975, v. A, p. 789, 32.175-S; Cám. 2º Sala III, La Plata, causa B-38.962, reg. sent. 196/74, citados en Morello, Sosa, Berizonce. "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", Librería Editora Platense, La Plata, 1995, p. 268).

Añado a lo expuesto, como dato de trascendencia que ha quedado firme en autos "Ibarra, Raúl Antonio c/Martingala S.R.L. y/o quien resulte responsable s/despido, etc.", Expte. N 81/2005 (reg. del Juzg. Lab. N 1) que tengo a la vista, la irregularidad de Martingala SRL en materia de registración del Sr. Ibarra, otro de los empleados de la demandada, por posdatación de la fecha de ingreso. De consiguiente, existe base fáctica que autoriza a aplicar las presunciones, en tanto las mismas, se proyectan sobre una relación laboral no negada, o si se prefiere, no se emplean a fin de acreditar el vínculo mismo sino, dentro de éste, otros aspectos. Aligerar la carga de la prueba, ante las dificultades probatorias, llevó al legislador, tanto por vía de la ley procesal como de la sustancial, a consagrar presunciones, que en la especie corresponde sean aplicadas por coincidir los supuestos de las normas de los arts. 85 inc. 5) Ley 2383, 55 y 57 LCT con la situación de autos, tanto más en el marco de lo declarado por la testigo Esquivel y el testigo Santalucía, declaraciones que complementándose entre sí, traen a mi ánimo la certeza moral necesaria en orden al punto en trato, resultando procedente otorgar razón al apelante en este aspecto del agravio.

II.3. En lo atinente al cuestionamiento del apelante respecto de la jornada de trabajo cumplida por la trabajadora, considerando la postura defensiva planteada por la empleadora, que pretendió probar la disminución de la jornada a partir de los recibos presentados al proceso, con favorable acogida de la a quo, destaco que a tenor de lo dispuesto por el art. 198 LCT la jornada de trabajo legal sólo puede ser reducida cuando: lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias sobre la materia, estipulación particular de los contratos laborales o convenios colectivos de trabajo.

De lo expuesto se colige que la normalidad de la jornada de trabajo es la regla y sólo excepcionalmente por convenio expreso, es decir "estipulación particular de los contratos individuales" (confr. art. 198 LCT), puede haber una reducción de la jornada. Claro está que dicho convenio deberá ser acreditado por el empleador en forma fehaciente, terminante e incuestionable. Esta exigencia guarda estrecha relación, con la finalidad de evitar maniobras fraudulentas, pues bien lo advierte la doctrina para referirse a cuestiones que aunque no son idénticas, resultan similares: "el fraude suele darse cuando se contratan empleados que son registrados como empleados en una jornada limitada cuando trabajan jornadas completas, o mayores a las registradas, esto para realizar aportes menores a los que corresponden y abonar un salario determinado por el empleador en forma arbitraria (inferior al que corresponde en función de las horas efectivamente trabajadas) (Confr. Serrano Alou Sebastián, "El Contrato de trabajo a tiempo parcial y el fraude. Sanciones y prueba", Publicado en: La Ley On Line).

Es decir que ante el reclamo de la empleada del pago de las diferencias de haberes por haber laborado jornada completa, formulado en la demanda, en forma precisa, detallada, mes a mes, se requería una prueba cabal, fehaciente que brindada por el empleador, convenza, con la certeza necesaria, de que las partes hubieron pactado, efectivamente, la reducción de la jornada.

Sin embargo, esta prueba no obra agregada en la causa y la a quo apontocando su razonamiento en los recibos desestimó la pretensión, lo que motivó la protesta de la apelante, que tendrá favorable acogida, al menos, por mi intermedio.

Ello en tanto en el fuero rigen determinados principios y sobre toda situación se impone el orden público laboral. Así, el protectorio es rector en materia laboral y de él derivan reglas particulares, entre ellas la de irrenunciabilidad (art. 12 LCT) y las presunciones favorables al trabajador (arts. 10, 23, 28, 29, 36, 57, 99, 177, 178, 195, 260), siendo de destacar que el art. 58 de la LCT precisamente excluye toda presunción en contra del trabajador.

La renuncia de derechos por parte del trabajador está expresamente vedada en función del art. 12 de la LCT y es contraria al orden público laboral, al punto que se sustituyen las cláusulas que modifiquen el contrato en perjuicio del trabajador, por las normas imperativas (art. 13 LCT), declarándose la nulidad de los pactos que se convengan en fraude -o simulación- a la ley laboral (art. 14 LCT).

Por ser ello así, cuadra traer a colación, por la solución normativa que corresponde brindar, otra manifestación del principio protectorio según la cual a n cuando la trabajadora hubiera recibido el pago de las remuneraciones sin expresar disconformidad o impugnación al contenido de los recibos en los que finca la a quo su argumentación desestimatoria del reajuste pretendido, esta situación no le puede ser opuesta, pues conforme lo normado por el art. 260 de la LCT, todo pago efectuado por un empleador en forma insuficiente es un pago a cuenta y permite accionar por la diferencia. En este sentido se expidió el Alto Tribunal en el caso "Padín Capella" expresando que "El argumento de que medió novación objetiva de las cláusulas contractuales, basado en el silencio del trabajador, conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los artículos 12, 58 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello no obsta a que el empleado haya esperado a la finalización de la relación contractual para efectuar su reclamo puesto que en virtud de lo preceptuado por los arts. 256, 259 y 260 de dicha ley, no estaba obligado a hacerlo hasta el agotamiento del plazo establecido en la citada normativa, más a n cuando el pago insuficiente de las obligaciones originadas en las relaciones de trabajo, debe ser considerado a cuenta del total adeudado aunque se reciba sin reservas" (CSJN, "Padín Capella, Jorge Daniel c/Litle Formas SA" 15/03/87).

II.4. En el marco señalado afirmo que gravitaba sobre el empleador la carga de la prueba de la disminución de la jornada, la que reitero, debió ser contundente, de acuerdo a la previsión normativa del art. 198 de la LCT.

En este sentido se ha expresado: "podemos, entonces, establecer como principio rector en materia de carga de la prueba, que aquella parte cuya pretensión procesal depende, para poder tener éxito, de la aplicación de determinada norma jurídica, soporta la carga de la prueba de los presupuestos de hecho que tornan aplicable el precepto jurídico que la favorece" (Conf. Babbio Alejandro Oscar, Derecho Procesal del Trabajo, Nemesis Ed. 1993, pág. 80).

Desde esta perspectiva, también tengo presente el silencio de la empleadora frente al Telegrama Laboral que la actora remitió el 13/12/2004, en el que entre otras cuestiones intimó expresamente al pago de las diferencias salariales adeudadas de los últimos veinticuatro meses con motivo de la jornada laboral diaria de ocho horas efectivamente trabajada (Confr. fs. 1 del sobre de documental de la actora), circunstancia a partir de la que cobra operatividad del art. 57 LCT que establece una presunción iuris tantum en contra del apelado, que el interesado debía desactivar.

Por otra parte, advierto que en relación a la cuestión en trato, también cobra relevancia lo apuntado anteriormente, esto es que el empleador haya omitido formular la declaración prevista en el art. 85 inc. 5) de la Ley 2383, cuya consecuencia es tener por prueba la inexistencia de los libros.

Ahora bien, la sentenciante, sustentó su decisorio respecto del trabajo de la actora en media jornada en las constancias de los recibos de sueldo revelando también en este punto su apego a la teoría del consentimiento tácito de la trabajadora, en virtud de la cual, el silencio del mismo, convalidaría aquellas enunciaciones contenidas en el recibo, que no hacen estrictamente al pago, en este caso la modalidad de la contratación laboral, postura que como señalé antes, se encuentra abandonada en la actualidad.

Siendo esto así, no resulta razonable la solución que propone la a quo, pues como se sabe, la LCT ha asignado al recibo una finalidad concreta: acreditar el pago de prestaciones laborales y el trabajador no tiene necesidad de expresarse en disconformidad con los términos consignados en los recibos, pues sus derechos son irrenunciables, en tanto los niveles mínimo, medio y máximo de protección no pueden ser reducidos de ninguna manera, éste y no otro es el sentido del art. 12 de la LCT. En síntesis, el trabajador puede reclamar por diferencias salariales correspondientes a la jornada legal a n cuando hubiera guardado silencio, respecto al trabajo en jornada reducida consignada en el recibo.

Cuadra también memorar que es carga esencial que debe observarse en el responde de demanda, la de reconocer o negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda y que el demandado para satisfacer cabalmente dicha carga, debe pronunciarse en forma circunstanciada respecto de cada uno de los hechos. Ello así pues su silencio, las respuestas evasivas o la negativa genérica o indeterminada puede conducir a la admisión tácita de los hechos alegados que sean pertinentes y lícitos.

Al caso viene esta digresión, pues, anoto que en relación a la jornada, la empleadora al contestar la demanda, sin más precisiones, se limitó a decir a fs. 13, 10 párrafo "...negando desde ya que se desempeñaba en jornada completa..." y a fs. 13 vta., 5 párrafo "...pues ella solamente se desempeñaba media jornada". Con ello quiero poner de resalto la actitud evasiva de la demandada, que no indicó cual era el horario de trabajo de la actora, ni aportó la planilla de horarios (art. 6, pto. a) de la Ley 11.544).

Agrego como relevante que la demandada se abstuvo de incorporar instrumento alguno que acredite la "estipulación particular del contrato individual" (cfr. 198) y ni siquiera aportó tarjetas horarias o planillas diarias de ingreso y egreso con firma de los trabajadores, con lo cual hubiera contribuido notablemente incorporando elementos que hacían a su propio interés.

En fin, entiendo que debiendo y pudiendo hacerlo la accionada se abstuvo de incorporar elementos de peso para demostrar que la trabajadora laboraba en jornada reducida, la que debió ser pactada previamente para evitar el fraude.

En este sentido se ha expresado la Sala X de la CNAT en Sentencia del 27-3-2002, en autos "Pereira Pereira María c/Orígenes Vivienda SA s/Despido" estableciendo que el trabajo a tiempo parcial debe considerarse como de excepción, sujeta a prueba estricta de quien la invoca, y que requiere que el horario del trabajador se pacte previamente para evitar situaciones abusivas, precisando que si la demandada ni siquiera acompañó el instrumento por el cual se habría pactado tal modalidad, la relación habida entre las partes debe considerarse a tiempo completo (Confr. Vázquez Vialard Antonio- Raúl Ojeda, "Ley de Contrato de Trabajo", T III, p. 26 Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2005).

Por lo demás, tengo en cuenta que quien se desempeñaba como encargado de Martingala SRL, declaró (fs. 205 y vta.) que en cuanto al horario de trabajo cumplido por la accionante era rotativo, sin otra especificación. Claro está, desde la lógica y la experiencia, es incompatible fácticamente la prestación rotativa en jornadas reducidas. En todo caso, teniendo en cuenta la función de moza que desempeñaba la trabajadora y la actividad de la empleadora, que operaba bajo las instalaciones de Casino Gala SA prestando el servicio de restaurante-lunch, confitería y cafetería de la citada casa de juegos, si los horarios eran rotativos lo fueron con una jornada laboral de 8 horas. Ello también se compadece con las testimoniales de Esquivel (fs. 145 y vta.); Mogica (fs. 155 y vta.) y Gauna (fs. 176), rendidas a instancias de la actora, dan cuenta de jornadas si bien variables, superan las cuatro horas que pretendió reivindicar el empleador.

En conclusión, la demandada no ha extremado fatiga probatoria alguna, para acreditar que celebró con la actora un contrato de trabajo a tiempo parcial, modalidad de excepción que debía probar en forma fehaciente y terminante, de manera que tal como lo anticipara, el agravio de la recurrente resulta atendible y en virtud de ello, he de proponer al acuerdo se haga lugar a lo reclamado en la planilla faccionada por la actora a fs. 2 vta./3, la que no mereciera impugnación en cuanto a los montos por parte de la demandada, quien sólo manifestó su disidencia a fs. 13 vta. "...porque la actora no trabajaba jornada completa, ni había ingresado con anterioridad...".

Siendo así, el resultado final de la solución que propicio para este agravio, se ajustará a la jurisdicción que acuerda a la Alzada el recurso concedido por ante ella, la que debe ceñirse a los límites que el apelante impuso a su recurso al manifestar "...en cuanto es objeto de agravios y en especial en lo referente a los extremos apuntados, debiendo admitirse la diferencia salarial reclamada por mi parte", prosperando en consecuencia la pretensión deducida por vía del primer agravio, por el rubro diferencias de haberes por la suma de $ 11.043,10.

III. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento del apelante respecto de la decisión de la a quo de rechazar la indemnización del art. 80 de la LCT (ref. Ley 25.345), destaco en primer término que, la recurrente ha hecho una interpretación antojadiza del fallo, pues contrariamente a lo expresado, la sentenciante a quo no reconoció la existencia de intimación fehaciente respecto de la entrega de certificación de aportes y servicios, ni que la intimación fuera por 48 horas. Por cierto, ha señalado que la trabajadora no formuló el emplazamiento de entrega de la certificación laboral, conforme lo prescribe el art. 80 LCT reformado por Ley 25.345 y el Decreto N 146/01.

Es que, como se sabe, de conformidad a los términos del Decreto Reglamentario N 146/2001, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y certificado de trabajo y aportes del trabajador, dentro del lapso de treinta días corridos de extinguido por cualquier causa el contrato, el trabajador debe emplazarlo fehacientemente por dos días hábiles, para que proceda a cumplir con su débito. Transcurrido dicho plazo, sin que el requerido hubiera hecho efectiva la entrega de la documentación en cuestión, se torna procedente la indemnización del art. 80 LCT (ref. Ley 25.345) equivalente a tres veces su mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o tiempo de su prestación laboral si fuera menor.

Es decir que, el art. 80 LCT -2 a 4 párrafo- y su reglamentación, prevé como requisito ineludible, para que proceda la indemnización que pretende el apelante, un requerimiento previo y fehaciente del trabajador al empleador. De allí que no habiéndose acreditado en autos, que la trabajadora haya cursado dicho requerimiento, en los términos del art. 80 LCT y su decreto reglamentario, cabe confirmar lo resuelto en origen, en tanto la a quo sólo se limitó a aplicar una norma legal.

IV. Costas y honorarios de alzada: Las costas de Alzada, de conformidad con el principio del hecho del objetivo de la derrota (art. 129 Ley 2383), se imponen a la apelada-vencida; debiéndose diferir la regulación de los honorarios profesionales de segunda instancia para la oportunidad en que se cuantifiquen los de la instancia de grado anterior conforme nuevo pronunciamiento (conf. art. 11, Ley 2011, t.o. y modif. Ley 5532).

V. De prosperar mi criterio he de propiciar al acuerdo: 1) Confirmar la sentencia de fs. 439/455 excepto en lo que refiere el punto III en cuanto desestima el rubro diferencia de haberes y en consecuencia, 2) Acoger el rubro diferencia de haberes por la suma de pesos once mil cuarenta y tres con diez centavos ($ 11.043,10) y por ende, 3) modificar el monto por el que prospera la demanda estableciendo que el mismo asciende a la suma de pesos catorce mil ochocientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.897,90), con más los intereses que deberán ser calculados conforme lo dispuesto en la sentencia de grado; 4) costas y honorarios de Alzada: de conformidad a lo establecido en el pto. IV) del considerando. Así voto.

El doctor Verón dijo:

Compartiendo los fundamentos y conclusiones que informan el voto que antecede, adhiero al mismo. Así voto.

Por el resultado de la votación que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, resuelve: I. Confirmar la sentencia de primera instancia obrante a fs. 439/455, excepto en lo que refiere el punto III en cuanto desestima el rubro diferencia de haberes, por ende corresponde, II. Acoger el rubro diferencia de haberes por la suma de pesos once mil cuarenta y tres con diez centavos ($ 11.043,10), en consecuencia, III. Establecer que el monto total de condena, en definitiva, asciende a la suma de pesos catorce mil ochocientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.897,90), con más los intereses que deberán ser calculados conforme lo dispuesto en la sentencia de grado anterior. IV. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 129 Ley 2383). V. Diferir la regulación de los honorarios de segunda instancia para su oportunidad. VI. Regístrese, notifíquese, devuélvase y oportunamente cumpliméntese por primera instancia con las notificaciones previstas en las Leyes N 24.013 y 25345, según correspondiere en cuanto ha lugar por Derecho.- Martha C. Rodríguez de Dib.- Osvaldo Verón.