marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa, sentencia definitiva, sentencias de segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CADENAS, JUAN BAUTISTA c/ MONTEBELLO, SACI Y M s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 64-86 H, C s/ HOMICIDIO CULPOSO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 98-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-14|1987-10-21

Los máximos órganos locales, aun si intervienen por vía de recursos extraordinarios, constituyen superior tribunal de la causa a los efectos del artículo 14 de la ley 48, y su decisorio constituye sentencia definitiva impugnable, y no la de la Cámara. Se persigue así, que por regla, en las Cortes y Superiores Tribunales locales, fenezcan las causas o controversias, respondiendo a un bien entendido principio federalista según el programa con que la Constitución Nacional ha previsto el servicio de justicia (Constitución Nacional artículos 5 y 104).
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, producción de la prueba, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO ROBERTO C/ PREVENCION ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-10-25

Si bien la producción de prueba en segunda instancia es excepcional y de interpretación restrictiva, ella resulta procedente cuando la decisión acerca de la prueba resulte equivocada o su denegación se deba a un error. Es decir, la procedencia de su replanteo ante la Alzada se funda, principalmente, en que el juez de grado no haya resuelto correctamente la cuestión. Y tal hipótesis de excepción es la que había acontecido en autos, dado que fue un error reputar alternativa y contradictoriamente necesaria e innecesaria la prueba y, por ende, también lo fue no admitir su producción en la segunda instancia, renunciando a la posibilidad concreta de esclarecer los hechos; máxime teniendo en consideración que los términos en que el actor expresó sus agravios, arrojaban una duda razonable sobre la efectiva percepción del pago extrajudicial alegado.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: M.O., H.V. c/ B.A.E. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

Siguiendo lo preceptuado por el art. 4 del Dto. Ley Nro. 2.200 -texto ordenado Ley N° 4.335- el pacto de cuota litis es aquel en el que acuerdan los profesionales con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos, consistirán en participar en el resultado de estos.

Es decir, que el abogado se hace así partícipe y toma interés directo en el resultado del pleito. Es así, que se estipula en carácter de honorarios una cuota determinada del objeto del pleito, con porcentaje mayor que el de la escala de arancel , o dicho de otra manera, es el pacto que hace un litigante con otra persona ofreciéndole cierta parte de la cosa litigiosa si se encarga de seguir el pleito y lo gana.
Desestimación de la recusación, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Guernica S.A. en autos: "Fadul, Carlos Felipe c/Fadul, Hector José y otros s/Ejecución de sentencia s/Incidente de levantamiento de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-05-05

Toda vez que según surge de la certificación actuarial, la parte actora ya hizo uso de su derecho a recusar sin causa, facultad que de acuerdo a lo prescripto por el art. 15 del CPCyC "... podrá usarse una vez en cada caso", y que dicha facultad no renace por la intervención de un nuevo juez designado en sustitución del anterior, la nueva recusación sin causa planteada debe desestimarse por improcedente.-
Empleo público, reincorporación al servicio, recurso de queja (administrativo), cesantía, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALFONSIN, REYNALDO DANIEL c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja del GCBA con relación a la declaración de nulidad de la cesantía del actor y confirmar la resolución que dispone la reincorporación del accionante. Ello así, en tanto la recurrente no logra rebatir los fundamentos por los cuales su recurso de inconstitucionalidad fue denegado: ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria. Los agravios -tal como han sido planteados- no critican concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara al decidir el rechazo del recurso: que no se verificaba en autos la concurrencia de un caso constitucional toda vez que los agravios remitían al examen de cuestiones de hecho y prueba, y a la interpretación asignada a normativa infraconstitucional, sin que se advirtiera una relación concreta con las normas constitucionales invocadas. (Del voto en disidencia parcial de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, sujetos de derecho, Derecho civil
Materia: PROCESAL
Carátula: OÑA, Raúl Alejandro c/ OÑA, Tania Alejandra s/ CESE DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-19

Que no obstante que la mayoría de edad actualmente se adquiere a los 18 años, debe considerarse lo establecido por el art. 3 de la ley 26.579, en vigencia a partir del mes de diciembre de 2009: "Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil: "La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo".
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

3 - En ese marco, quien alega la aplicación del CCIV 1071 debe probar el ejercicio disfuncional atribuido a la contraria. Para juzgar sobre la razonabilidad del ejercicio del derecho, es preciso examinar si concurren los siguientes recaudos: existencia y ejercicio de una conducta permitida dentro del derecho positivo en virtud de una expresa disposición legal, contrariedad con los fines de la norma o las reglas de la moral, la buena fe o las buenas costumbres, la existencia de un daño y la imputabilidad o intención de perjudicar (conf. Belluscio, Augusto y Zannoni, Eduardo, "Código Civil y Leyes Complementarias", T. V, Astrea, Buenos Aires, 1984, págs. 61/3; CNCom, Sala B in re "Pcs Net SA c/ Amx Argentina SA s/ ordinario", del 24/11/11).
Pago, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: M. de K. L. E. c/ K. P. s/ ALIMENTOS MARTIN Alberto Vicente c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS LEAL  S.A.  AGRICOLA GANADERA c/ MANUFACTURA EL CUERO S.A.I.C.A. e I. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21|1985-05-17|1986-12-02

El pago fija de manera irrevocable la situación de las partes y quien lo recibe no puede pretender luego que lo pagado no se ajusta a lo debido. De allí que su efecto cancelatorio tiene la virtualidad de disolver la relación creditoria e importa una liquidación definitiva de la deuda con sus accesorios, si se lo ha aceptado sin salvedad ni reservas (conf. C.N.Civ., Sala E, c.228, 341 del 18/5/78 Sala D, c.213.218 del 12/10/76; Sala C, c.226.814 del 6/4/78; Sala A, E.D. 5-845; Llambías "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones" p.

59 Nro. 1532; Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino- Obligaciones", t.I p.474). El pago importa la liquidación de la deuda, libera al deudor no sólo de la obligación principal sino también de las consecuencias de la mora en que había incurrido (conf. art. 525 del Código Civil, Llambías, op.cit., t.I p.152 Nro.

135).
Cuestiones prejudiciales, sentencia penal, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: CONCHA UÑATES RAÚL A. Y OTRA c/ DELTROZZO CLAUDIO RICARDO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-07

La norma contenida en el art. 1.101 del C.C. tiene establecido como principio general, que si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación en el juicio criminal.

Con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 se estatuyó la incorporación de los Tratados Internacionales a la jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) y, con ello, la elevación a la máxima jerarquía normativa del principio de la razonabilidad de la duración de los procesos judiciales.

En este sentido, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- regula que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden Civil, Laboral, Fiscal o de cualquier otro carácter y si bien respecto al principio regulado -subordinación del proceso civil, particularmente de su sentencia, con relación al trámite criminal, con la finalidad de asegurar el respeto de la cosa juzgada penal, evitando el escándalo jurídico factible de acaecer con el dictado de sentencias contradictorias-, la hermenéutica de la doctrina autoral y judicial, lo calificó como norma de orden público, poniendo de manifiesto la trascendencia que tenía para el plexo legal evitar fallos con resoluciones en pugna, al punto de exigir a la jurisdicción su aplicación de oficio, dicha regla, interpretada con rigidez en un principio, fue cediendo ante los conflictos de la realidad jurisdiccional traducidos en la excesiva demora de los tribunales del fuero penal en el dictado de sus sentencias, lo que traía como consecuencia ineludible el prolongamiento de los plazos, a veces sine die, para el dictado de las resoluciones civiles, implicando un menoscabo al derecho de defensa en juicio y una efectiva privación de la justicia.

Dicha postura jurídica encuentra su razón de ser, en que la norma que establece la razonabilidad del plazo para emitir la sentencia civil, tiene mayor jerarquía que la contenida en el art. 1.101 del Código Civil, lo cual implica reconocer la tesis judicial que declara la inoperancia de la prejudicialidad penal cuando la misma se torna en un obstáculo que no pudo ser removido en un plazo prudente, posición que tiene fundamento en la ley y no es una mera especulación doctrinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medida cautelar innovativa, peligro en la demora, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rossi, Hugo René c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y S.P.F. s/ Ordinario s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-18

El monto de los estipendios del personal del Servicio Penitenciario -afectados por la inflación y la falta o insuficiencia de los ajustes- resulta suficiente para acreditar el peligro en la demora y el perjuicio irreparable requeridos para la concesión de la medida cautelar innovativa que ordena al Servicio Penitenciario Federal a abonar los adicionales transitorios establecidos en los decretos 1275/05, 1223/06, 872/07, 884/08 y 752/09.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito laboral, verificación tardía, procedimiento laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALEMANNO, Mario Juan c/ COMPAÑIA ACEITERA ARGENTINA - SOCIEDAD ANONIMA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

Si la actuación procesal de los verificantes no fue adecuada a derecho pues intentaron inicialmente una de las vías posibles de verificación del crédito -la concursal prevista por el art. 33- pero en vez de utilizar los recursos que la ley falencial les concedía frente al rechazo parcial de sus pretensiones, incoaron demanda ante la previamente desechada justicia laboral, logrando decisión favorable, resulta claro que la verificación pretendida originariamente fue juzgada en el fuero comercial, y tal decisión debió ser entendida como ejecutariada por la falta de promoción de la revisión autorizada por la ley 19.551:38.

Sin embargo, no podría sostenerse ello sin grave conmoción de la estructura judicial argentina, cuando el juez del trabajo ha "juzgado" no haber existido cosa juzgada que obstara a su conocimiento y decisión sobre los créditos.

No es, entonces, posible revisar esa decisión, aún calificándola de incorrecta, pues de ser hecho esto la causa no tendría fin y quedaría lesionado el liminar principio de seguridad jurídica.

Frente a tales defectos de naturaleza procesal, debe concederse primacía al principio de arraigo constitucional de afianzar la justicia. Y ello no sería logrado de no concederse permanencia e inmutabilidad a los fallos judiciales ejecutoriados.

Pues no cabría anular el pleito laboral por haber desatendido normas concursales ya que la ley concede competencia al juez laboral en ese proceso y permite su tramitación a pesar de la quiebra de la empleadora.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTO, CROSCOPIO DEL TRANSITO c/ PEDRESCHI, ROMULO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-21

Todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Estos recaudos no se verifican cuando media una decisiva carencia de motivación en la tarea del juzgador, de la cual deviene una ilógica apreciación de prueba esencial y relevante para la resolución de la litis. Dicha anomalía, en razón de revestir carácter "in procedendo" determina la descalificación del decisorio recurrido en los términos pertinentes del art. 296 del CPCC.
Competencia civil, ejecución fiscal, Aguas Argentinas Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAS ARGENTINA S.A. c/ ROMAN, Sandra s/ EJECUCION FISCAL - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-26

Por aplicación de lo dispuesto en el decreto 999/92, resulta aplicable el art. 43 de la ley 13.577, siendo competente la Justicia Nacional en lo Civil para conocer en la acción entablada por la empresa Aguas Argentinas, tendiente al cobro de los servicios que presta.-
Incapacidad, acción civil, prueba, aplicación errónea de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: REYES JOSE NICANOR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-01

Quién demanda una incapacidad laboral por la ley civil no puede esperar la etapa de ejecución de sentencia (como pretende el recurrente) para aportar prueba que posibilita la procedencia de los créditos demandados por daño material. En cuanto a la queja por la cuantificación del daño moral, en tanto el recurrente bajo la apariencia de una denuncia por inobservancia legal en realidad discrepa lisa y llanamente con el procedimiento usado por la a quo, debe rechazarse por no concordar el agravio con el motivo legal.-
Recurso de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo eventual, carga de la prueba, empleador
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. J. c/ EXPOFRUT S.A. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

Dejando de lado cualquier consideración en torno de las formalidades que debe revestir la contratación eventual - que estimo suficientemente analizadas en las sentencias dictadas por este STJ en autos "OVALLE"; "AZOCAR" y "TORRES", todas del 27-11-06, cabe señalar que cuando el trabajador cuestiona la utilización de este tipo de contrato por entender que no estuvieron dados los condicionantes causales exigidos por el orden jurídico, entra a jugar la carga probatoria que el art. 99 "in fine" de la LCT pone en cabeza del empleador.
Auto de procesamiento, fundamentación suficiente, apreciación de la prueba, prueba de cargo, tenencia de la res furtiva, tenencia simple
Materia: PENAL
Carátula: G.D.- B.E.G. s/ Robo reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-22

La tenencia de la "res furtiva" es uno de los indicios más frecuentemente manejados en la práctica judicial, del cual se suele inferir la autoría de la sustracción. Pero, sabido es que tal indicio puede ser "unívoco" o "anfigológico" siendo diferente la idoneidad probatoria de cada uno y estando la univocidad relacionada con la proximidad en el tiempo y en el espacio del hecho indiciario con el hecho indicado (cfr. Cafferata Nores: La prueba en el proceso penal, págs. 302/307). En el caso sub examen, aún siendo la tenencia un indicio anfigológico (por haberse encontrado los efectos más de un mes después del hecho) torna verosímil o probable la autoría de los imputados en el suceso, permitiendo fundar en aquél el auto de procesamiento
Daños y perjuicios, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Enrique F. c/ Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de La Plata y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Juzgado el hecho principal -juicio político al juez a cargo del Tribunal de Faltas Municipales- y las circunstancias que lo rodearon por el Tribunal político no judicial -lo que no quita que sea jurisdiccional- no puede reverse en sede de la Cámara Civil y Comercial de hacerlo se conculcaría el principio de la división de los poderes.
Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRIONUEVO DE BANEGAS BLANCA c/ RAQUEL CLEMENTE DE OVEJERO Y OTROS s/ ESCRITURACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS "(CUADERNILLO DE CONVERSION DE LA  OBLIGACION DE ESCRITURACION EN OBLIGACION DE PAGAR PERDIDAS E INTERESES).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-29

La ley de desindexación, tiende a buscar un valor de comparación que debe desprenderse de la propia situación contemplada; se orienta a darle realismo a la indexación, a vincularla con los valores del mercado, con lo que los bienes valen, casándola con la economía del país y no divorciándola de ella.-
Sucesiones, fuero de atracción, división de la herencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ MARCELINO ANTONIO c/ CABRERA ADOLFO HORACIO Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-18

El inc. 4to. del art. 3284 del Código Civil, dispone que el fuero de atracción del sucesorio se extiende hasta la división de la herencia en los casos en que se trate de acciones p. personales de los acreedores del causante, razón por la cual debe tramitar ante el juez de la sucesión una demanda por escrituración por ser una cuestión que concierne a un bien transmitido.

No modifica lo expuesto la circunstancia que los contratantes hayan pactado la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Plata conforme lo establecido en una cláusula del boleto de compraventa toda vez que la competencia que en materia sucesoria establece el art. 3284 del Código cit. es de orden público y no puede ser alterada por la voluntad de los justiciables.
Cheque sin fondos, cuerpo del delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TATO, C.P. s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

Los cheques originales no son el único medio probatorio por el cual se puede acreditar el delito previsto y reprimido por el art. 302 CP máxime si, como en el caso, se encontrarían acreditadas las circunstancias referentes al libramiento, la entrega y el rechazo de los documentos mencionados.
Lugares históricos, emplazamiento, traslado, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernardi, Eduardo P. c/ Provincia de Santa Fe y/u otra s/ Recurso contencioso administrativo sumario. Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nro. 108-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

La facultad de disponer la erección de monumentos de carácter histórico-político es atribución del poder que más directamente expresa "el reconocimiento o la voluntad" de la comunidad política, o sea, el legislativo. Ello porque tal determinación supone la expresión de un sentimiento colectivo vinculado a la historia de esa comunidad, sea a su independencia, al progreso institucional, a las libertades públicas, etc.; y la formulación de las valoraciones sociales vigentes compete primariamente a ese órgano.
Seguridad jurídica, tasas de interés, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La seguridad jurídica se asocia a la posibilidad de previsibilidad de las consecuencias jurídicas que producirían ciertas conductas o situaciones y, sin duda que, flaco favor se le hace a dicho valor cuando iguales créditos, con iguales niveles y características de incumplimientos, son actualizados de dispar manera. De este modo tanto acreedores como deudores ya no pueden hacer cálculo jurídico alguno y están imposibilitados de saber cuáles son realmente sus derechos y deberes. Pero no sólo queda afectada la seguridad jurídica en su faz subjetiva o de previsibilidad sino que también se perjudica a una de las dimensiones formales de la seguridad (llamada por Peces-Barba "justicia formal") que exige tratamiento jurídico igualitario a lo igualitario.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Campna de Faramia, Ana Beatriz s/ Infracción art. 302, Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Corresponde anular de oficio la sentencia que declara extinguida la acción penal por prescripción y absuelve al procesado, pues por sus límites constitucionales el recurso extraordinario de nulidad es ineficaz para neutralizar dicha anormalidad que, por sus características, desplaza la estructura básica del debido proceso. Y dicho recurso no sólo no puede corregirla en tanto fue articulado invocando falta de fundamentación legal sino que tampoco hubiera resultado admisible aunque se hubiera fundado en el desplazamiento de cuestiones esenciales -art. 156 n.a., Constitución provincial- ocasionado como consecuencia de declarar prescripta la acción y a renglón seguido absolver. Porque tal ineficacia del recurso extraordinario de nulidad obedece -aunque se funde en el citado artículo- a que, habiendo entrado la Cámara a conocer en el contenido del recurso de apelación -pues fue conociendo en el mismo que decidió la prescripción de la acción-, sobrevino el referido y decisivo desplazamiento de cuestiones esenciales por el modo en que fue resuelta la cuestión, lógicamente previa, de la extinción de la acción.