marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Marcas, uso de marca, nombre, cesión de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: JEAN RENE LACOSTE c/ MODART  S.A.C.I.F.E.I. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La circunstancia de que Jean René Lacoste cediera el uso de su nombre y marca a una sociedad -cuyos accionistas son familiares suyos- tiene efectos en el terreno del derecho comercial entre cedente y cesionaria, pero carece de proyección jurídica para impedir a aquél la protección de su nombre -en cuanto atributo de la personalidad- con referencia a terceros que procuren aprovecharlo sin su consentimiento.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, viabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO, NICOLAS c/ DI PRISCO, JORGE EDUARDO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

En el juicio ejecutivo no procede que bajo la invocación del artículo 544, inciso 4, del Código Procesal, se formulen defensas argumentando la posible configuración de un supuesto contemplado en el artículo 1071 del Código Civil o el tratamiento de temas de índole puramente contractual cuyo debate y decisión corresponde a un ámbito procesal que no es el estrecho que el procedimiento ejecutivo otorga.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOLER, ELBA ELCIRA c/ SARTORI, MIRNA NOEMI LOPEZ DE s/ CONSIGNACION    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 517-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Aunque las cuestiones atinentes a la interpretación de normas comunes y contractuales son ajenas, en principio, al ámbito del recurso de inconstitucionalidad, se pueden hacer excepciones a dicha regla en resguardo de los derechos y garantías reconocidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y 6, 7 y 15 de la Provincial.
Principio de congruencia, sentencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mercado, Mónica Graciela c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia s/ Incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-08

"Si bien por principio la decisión de la causa debe versar sobre hechos y cuestiones planteados en los escritos constitutivos, es por consideraciones de economía procesal que se posibilita merituar en la sentencia los que se hubiesen producido durante el trámite de la causa y se hallan debidamente probados. Potestad judicial que no se encuentra supeditada a la circunstancia de que las partes los alegaren como hechos nuevos".
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., H. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-04

El art. 486 del ritual tiende, como regla, a establecer que el perdidoso debe resarcir los gastos en que incurrió el vencedor para obtener, ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho, y sólo puede eximirse de ellos cuando medien "... razones plausibles...". Tengo para mí que el sentido y alcance del concepto es que la franquicia o dispensa operará cuando, palmariamente, el vencido actuó con la convicción razonable de que le asistía el derecho de promover la demanda o querella, lo que, a la luz de cierta jurisprudencia con la que coincido "... no se basa en la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino en circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo...".

Las "razones plausibles", como excepción que constituyen, habrán de ser expuestas por el Juez al momento de pronunciarse, no pudiendo ser suplidas por una mera expresión curialesca o una fórmula estereotipada.
Acción de amparo, concejo deliberante, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Humberto Torres c/ Concejo Delib. de la Esperanza y Res.122/94 s/ Accion de Amparo Res.122/94 s/ Accion de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-10-31

Tratándose de la suspensión del Presidente del Concejo, como tal, sin comprometer su calidad de concejal como autoridad elegida por el pueblo, nos encontramos frente a un acto de organización interna del órgano, que no compromete la voluntad popular.

No puede configurarse la ilegalidad manifiesta, susceptible de la judiciabilidad de la cuestión a los efectos del progreso del amparo, cuando el acto impugnado ha sido ejercido por la autoridad competente con arreglo a las normas aplicables y en ejercicio de potestades administrativas reservadas al poder al que pertenece.
Aplicación de la ley, compraventa inmobiliaria, daños y perjuicios, vicios de la construcción
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz Gomez, José Celindo c/ Vallejos, Jose Regino s/ resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-25

Es normal, previsible y tiene un alto grado de probabilidad que una persona que adquiere una vivienda cuyas imperfecciones superan holgadamente los meros defectos constructivos, en cuanto los mismos omprometen su solidez, seguridad, perdurabilidad y estabilidad, además de los padecimientos de índole económico que ello le genera, experimenta una serie de daños que superan el horizonte patrimonial y se trasladan a la esfera espiritual de la persona y la de su familia conviviente, ocasionándoles desazón, angustia, incertidumbre, por el sólo hecho de que la vivienda que habitan y que constituye el centro de su seno familiar, detenta una serie de defectos que comprometen su durabilidad y seguridad y en la cual deben invertir dinero a los fines de poder continuar viviendo con cierta seguridad en la misma. Por lo tanto, en relación al rubro daño moral, se revocará la sentencia de grado y se hará lugar a la indemnización que asciende a la suma de $20.000
Estabilidad del empleado público, derechos y garantías constitucionales, estabilidad laboral, estabilidad absoluta
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

Con relación a la garantía establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional se ha puntualizado, que el derecho a la estabilidad en el empleo público no es absoluto, de modo que coloque a sus beneficiarios por encima del interés general, al obligar a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por motivos de economía o por otras causas igualmente razonables. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Empleados públicos, Dirección General de Fabricaciones Militares, iura novit curia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DELLI QUADRI de LOPEZ, MERCEDES AMANDA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Por imperio de la ley 23.682, el personal que prestó servicios en la planta permanente de la Dirección de Fabricaciones Militares pasa a ser protegido por el régimen de la ley 22.955, y tal situación debe ser declarada en sede judicial en virtud del principio "iura novit curia".
Procedencia del recurso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Pizarro, Ángel Silvio  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en palenque ocampo, flavia sara contra gcba sobre amparo - empleo público- otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que el abogado recurrente viene discutiendo los honorarios que le han sido regulados por su labor al contestar el recurso de inconstitucionalidad planteado por la contraria, estima que los han fijado por debajo del mínimo, y muestra, en ese orden de ideas, que la sentencia de Cámara no se ajustó a lo que surge del art. 49 de la Ley de Aranceles n° 5124, que el a quo invocó y que el recurrente entiende aplicable. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Suspensión del juicio a prueba, audiencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PELOZO, Raúl Horacio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

La audiencia que prevé el art. 293 del C.P.P.N., no puede obviarse, en tanto constituye una garantía para la parte y su omisión importa afectar el debido proceso (art. 18 C.N.).

"...el art. 293 del C.P.P.N. otorga a las partes intervinientes el derecho de expresarse en el ámbito de una audiencia única tras la cual el órgano judicial competente podrá conceder o no el beneficio solicitado. Si existe esta especial previsión legislativa, la realización del trámite que prevé el art. 293 del código instrumental es necesario desde que el cumplimiento de las etapas procesales que acuerda el ordenamiento a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaleza una garantía para las partes, que en el caso no puede quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador y cuya inobservancia afecta las garantías de clara raigambre constitucional art. 18 y 75 de la C.N. y art. 8 del pacto de San José de Costa Rica" (*).

Sin perjuicio de ello, no se descarta la posibilidad de un rechazo "in límine", debidamente fundado, en el caso de que la solicitud -sea por la índole del asunto, los antecedentes del imputado o la oportunidad elegida- resulte manifiestamente improcedente.

Si éste no es el caso, debe declararse la nulidad del auto que denegó la solicitud de suspensión del juicio a prueba sin la realización de la audiencia que prevé el art. 293 del C.P.P.N.
Recurso de inconstitucionalidad, mora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE SANTA FE c/ DESMONTS, OSCAR ADRIAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-16

La Alzada -al considerar que las disposiciones relativas al incumplimiento de aportes personales (artículos 7 y 10 de la ley 10457) debe interpretarse a la luz de la normativa de emergencia en materia económica- partió de la premisa de que la ley 25561 si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la ley 23928 no modifica en lo sustancial los artículos 7 y 10, por lo que se mantiene la prohibición de actualización monetaria e indexación de precios; y tras sentar dicho postulado, entendió que al configurarse la mora, la obligación debe considerarse dineraria, resultándole aplicables las normas que impiden su actualización o indexación; respuesta jurisdiccional que deja un vacío ostensible de fundamentación que no se puede tolerar desde el linaje constitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 25561, 23928 y 10457, artículos 7, 10 y 11.
Peculado, consumación del delito, rendición de cuentas, restitución de cosas
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, Isaac Emilio s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-27

El delito de peculado se consuma instantáneamente con la sustracción de fondos.

No acepta el Tribunal la posición de algunos autores originada a raíz de una distinción que efectuaba la doctrina italiana entre funcionarios deudores de especie -cosas- y funcionarios deudores de cantidad -sumas de dinero- lo que conduce a sostener que el peculado recién se perfecciona en el momento del ajuste o rendición de cuentas.

En consecuencia, al sustraerlos ya consuma el delito, careciendo de relevancia a los fines de la existencia de la infracción tanto la restitución de los bienes como el efectivo propósito de restituirlos.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, gravamen irreparable, gravamen actual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mofsovich, Celia Silvia c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

Si bien el carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegitimidad que tuviere un acto lesivo o amenazante es un presupuesto o condición para la procedencia del amparo, se exige también que exista una amenaza de daño inminente e insusceptible de reparación ulterior.
Imputado, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: CHERVIN,SAMUEL E.s.d.DE USURPACION DE PROPIEDAD e.p.DE COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES RIVADAVIA s/ APELACION "BELIZAN JUAN ANTONIO S.D DE USURPACION DE PROPIEDAD E.P MEDINA, FRANCISCO CELESTINO Y OTRO". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-15|2007-02-20

El sujeto cuya situación procesal aún está indefinida, debe haberse convertido en una persona sospechosa de haber participado en el crimen, esto implica necesariamente que emerjan elementos que permitan aprehender con visos de verosimilitud una realidad en la que el imputado puede firmemente haber participado de una conducta ilícita. El grado de probabilidad de tal participación se define a partir de la diferencia con la certeza y la duda.
Universidades, docentes, concursos docentes, designaciones docentes, jurado del concurso, participación de los alumnos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mocchiutti, Juan c/ U.N.C. s/ contenciosoadministrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Del art. 5° de la ordenanza rectoral 8/86 y de la resolución 797 de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba surge que al profesor se le exige una lógica especialización en la asignatura correspondiente - lo cual implica que aquel que no tenga una profunda especialización en la materia del concurso no podrá integrar el jurado por falta de idoneidad en el tema - y, que además, haya logrado su cargo a través de un concurso y, en cambio, a los miembros estudiantes y egresados - cuyos votos tienen el mismo valor que el de los miembros docentes - apenas se les exigen requisitos mínimos que de ninguna manera son habilitantes para juzgar la aptitud docente, la formación académica y la experiencia profesional del aspirante al cargo.
Tasa de justicia, juicios en que la Nación es parte, Poder Judicial, autarquía judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lacabe, Enrique Alberto c/ Ministerio de Justicia de la Nación s/ accidente ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

En los procesos en que sea parte el Poder Judicial la cancelación de la tasa de justicia deberá efectuarse mediante la pertinente imputación contable que efectuará la Administración General de la Corte, a cuyos efectos el juzgado interviniente deberá comunicar el importe adeudado y los autos a los que corresponde el gravamen.
Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, inamovilidad de los jueces, seguridad jurídica, Cámara de Senadores, juicio político, enjuiciamiento de magistrados, suspensión del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel s/ enjuiciamiento - causa n° P 308/96 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Se viola la garantía de inamovilidad, y con ella la independencia del Poder Judicial, y se disminuye la seguridad jurídica si se admite que el Senado suspenda en sus funciones al juez durante el trámite del juicio político (Voto del Dr. Carlos S.

Fayt).
Dominio público, permiso de ocupación, Municipalidad, seguros, permisionario
Materia: CIVIL
Carátula: El Comercio del Norte Cia. de Seguros c/ C.A. Vázquez y J.J. Vázquez s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Cuando la Municipalidad otorga permiso de explotación de un espacio público, mediante el pago de un canon mensual, el permisionario adquiere el derecho a gozar en exclusividad de los beneficios que dicha actividad le produzca, contrayendo también la exclusividad de los riesgos derivados de dicha explotación, por lo que no derivando el origen del daño del vicio o riesgo de la propiedad municipal, ninguna relación se establece entre los usuarios de una playa de estacionamiento y la titular del dominio del espacio público otorgado en uso.

Es natural que siendo un requisito común a todos los negocios que se instalan, el cumplir con exigencias preestablecidas de higiene, seguridad, cobertura de riesgos,etc., según sus respectivas categorías, la M.C.B.A. incluya cláusulas contractuales referidas a seguros que debe contratar la permisionaria cuando la Comuna es la que concede el espacio donde se va a desarrollar la actividad comercial, lo cual no implica una intervención como parte interesada en los resultados de la empresa, sino, simplemente, una exigencia propia del ejercicio del poder de policía que le es inherente como gobierno de la ciudad.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido discriminatorio, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Balaguer, Catalina Teresa c/ Pepsico de Argentina S.R.L. s/ juicio sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

El despido discriminatorio, en el régimen de la ley 23.592 y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional -cfr. art. 75 inc. 22 C.N.-, tiene como rango distintivo que la discriminación debe "cesar", y la única forma de lograrlo es la de reponer al trabajador en su puesto de trabajo, ya que los despidos discriminatorios son nulos y carecen de eficacia.
Principios del procedimiento administrativo, legalidad objetiva, carga de la prueba
Materia: Administrativo
Carátula: Martensen, Juan Alberto s/ Recurso de Apelación contra Res. N°987-90 del ISSyS de la Pcia. del  Chubut
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-02-12

El principio general aplicable en los procesos civiles a la carga de la prueba, de quien afirma un hecho debe probarlo, es impropio del procedimiento administrativo, en que por el contrario han de aplicarse los de impulsión de oficio, verdad material e igual tutela, de carácter objetivo, que tienden no sólo a la protección del interesado, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener la legalidad y justicia y hallan consagración en el derecho público provincial en el Decreto Ley 920.
Trabajadores rurales, ley vigente, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: MALLEA, LUCAS E. c/ MUÑOZ, GUSTAVO s/ APELACIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-01

Aún en cuando en la legislación agraria no se cuenta con una disposición como la del art. 23 L.C.T. que intuye una presunción de exigencia del contrato de trabajo cuando se prueba la realización de tareas por parte del trabajador, resulta de sentido común admitir tal acuerdo de voluntades cuando se cuenta, con elementos convictivos sobre la realización de labores llevadas a cabo por el trabajador y no desvirtuadas por la contraria en pos de acreditar una vinculación de otro tipo.
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spadaro José alberto c/ Monzón Héctor s/ Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-01

Si bien la enumeración del art. 9 de la Ley 8904 no contempla expresamente la gestión del letrado configurativa de actuaciones preparatorias de una acción que no llegó a iniciarse, resulta obvio que ella ha ido mas allá de una simple consulta verbal, por lo que bien puede analógicamente incluirse el supuesto en las previsiones del inc. 4, apartado II del citado art. 9. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, juicio por delitos de acción privada, impulso procesal, impulso de parte
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DARU, Jorge s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

En los delitos de acción privada ésta se considera instada sólo cuando se peticionó el impulso de las actuaciones, toda vez que una eventual omisión o yerro no puede ser suplida o subsanada por la actuación oficiosa del Juez.
Estupefacientes, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Arroyo, Eugenia Christina s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-04

Debe confirmarse la sentencia que dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la imputada por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas; ya que surge de las constancias de la causa que la amenaza de pena que enfrenta la imputado resulta un dato de relevancia a la hora de evaluar la posibilidad de que se fugue o entorpezca la investigación; ello sumado al nivel de organización existente entre los cómplices de la imputada, lo cual hace presumir que de recuperar la libertad la encartada podría entorpecer la pesquisa o darse a la fuga.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejera, Ricardo Benjamín y otros c/ E.N. Ministerio de Defensa - E.M.G.E. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Procede el recurso extraordinario conforme lo autoriza el art. 14 de la ley 48 ya que se encuentra en tela de juicio la constitucionalidad de normas de naturaleza federal y la decisión atacada ha sido contraria a su validez.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, falsificación de documentos, patente del automotor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Salguero, Claudio José María s/ encubrimiento (art. 278)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

A los fines de determinar la competencia tanto material como territorial, debe considerarse que la infracción al art. 289 inc. 3° del Código Penal, corresponde a la órbita de la justicia ordinaria ya que no tiene entidad suficiente para producir un perjuicio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor o una obstrucción a su normal funcionamiento (Fallos: 328:3960) y que en ausencia de prueba acerca del lugar de su comisión, debe intervenir la jurisdicción con competencia territorial donde se lo comprobó (Fallos: 306:1711; 311:1386 y Competencia CSJ 311/2010 (46-C) "Veliz, Diego Leonardo s/ encubrimiento" resuelta el 28 de diciembre de 2010) Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Pena única, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Cuando el tribunal unifica penas (art. 58, C.P.) asume directo conocimiento en el contenido de litigios ya realizados por ante otros órganos judiciales y tal decisión abarca (art. cit.) aspectos sustanciales de dichos contenidos. En consecuencia, es constitucionalmente necesario que el juzgamiento de los mismos se efectúe según las reglas que preserven el debido proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Mujica, Carlos Ignacio s/ Privación ilegal de libertad. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es inatingente la cita del art. 988 del Código Civil traída por el recurrente con relación al art. 256 del Código de Procedimiento Penal, ya que esta norma no remite a las formas impuestas por el Código Civil para otorgar validez a los instrumentos públicos, sino que se refiere a los supuestos en que éstos hacen plena prueba.
Derechos y garantías constitucionales, actos jurisdiccionales, ejercicio del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARPINTERO DE PIÑA MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

La actividad jurisdiccional debe orientarse a efectuar un juicio de legalidad acerca de los instrumentos legales cuestionados en su confrontación con el texto constitucional y las leyes que posteriormente reglamentan el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley Fundamental. (MINORIA U OPINION PERSONAL)