marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DEL PERCIO, NATALIA ANALIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-26

Con sus alegaciones la defensa no logra demostrar la configuración de una cuestión de naturaleza constitucional que habilite la intervención de esta Corte, toda vez que, sin perjuicio de que no puede soslayarse que si la pena privativa de libertad fuera realmente perpetua lesionaría la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad- y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, lo cierto es que en el caso, la pena impuesta no es tal, pues el condenado cuenta con la posibilidad de acceder a la libertad condicional y antes al régimen de semilibertad y de salidas transitorias previstos en la ley 24660. De este modo, la prisión perpetua del código vigente no sería inconstitucional en sí, dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la libertad condicional .Por (Del voto de los Dres. Gastaldi y Erbetta).
Juicios contra el Estado, tercera instancia, fisco nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El beneficio de la tercera instancia tiene por objeto proteger los intereses del Fisco Nacional y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía, en tanto comprometan de ese modo el patrimonio de la Nación.
Honorarios, regulación de honorarios, sentencia definitiva, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: LORENZO, NORBERTO ANGEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

Si en la sentencia definitiva se admitió la defensa de prescripción opuesta por la demandada, no se les puede a sus profesionales regularle sus honorarios en base al art. 3 de la ley 21.839, pues tal defensa no fue incidental, sino de fondo.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: González de Horsisberger, Olga Beatriz y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina s/ accidente de trabajo - art. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

No existe óbice para accionar contra el Estado por la vía del derecho común en la hipótesis de siniestros que no sean consecuencia directa del riesgo propio de la actividad militar o de seguridad, sino que responden a un agravamiento culposo o doloso de dicho riesgo originado en una conducta imputable a un miembro del arma o bien a un abuso en el cometido encomendado (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Notificación por edictos, publicación de edictos
Materia: CIVIL
Carátula: DELIA, JUAN ANTONIO c/ BENNARDI MARTINO Y OTROS. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

El art. 146, "in fine", del Código Procesal, en su nueva redacción, según ley 22.434, autoriza a prescindir de la publicación de edictos cuando los gastos que ésta demande resulten desproporcionados con el monto del proceso, sustituyéndolos en tal caso por la notificación en la "tablilla" del Juzgado.

Dicha disposición legal debe aplicarse si el escaso valor del inmueble cuya escrituración se persigue, reflejado en su reducida valuación fiscal, justifica plenamente la limitación de la publicación de los edictos efectuada en el Boletín Oficial, excluyéndose por tanto la dispuesta en otro diario, cuyo costo.
Recurso de casación, procedencia del recurso, desestimación de la denuncia, desestimación de la querella, cosa juzgada material
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: EDITORIAL ANTARTICA S.A. s/ Causa 3.831
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-03

La desestimación de la querella, conforme el actual Código de Procedimientos Penal -ley 23.984-, o la denuncia por atipicidad de los hechos en que se fundan, al igual que la interpretación del art.

200 del C.P.M.P., establece una forma conclusiva con efecto de cosa juzgada material. Esto determina que proceda el recurso de casación interpuesto en relación a aquélla, toda vez que torna imposible la continuación de las actuaciones.
Facultades del gobierno provincial, permisos de pesca, libertad de contratar, igualdad de trato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Argenova S.A. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-14

Si bien es facultad de la provincia otorgar los permisos de pesca en su jurisdicción, la ley 2632 de la Provincia de Santa Cruz, al imponer un cupo determinado de tripulación domiciliada en ese estado local, crea una condición para la renovación de esos permisos, que en su aplicación traspasa la esfera de competencia provincial, ya que importa una fuerte restricción a la libertad de contratar y a la igualdad de trato que no puede ser convalidada, y que contrasta además con los lineamientos establecidos en la normativa nacional, según la cual aquéllos sólo pueden estar condicionados a la contratación por parte de las empresas que los solicitan, de un mayor porcentaje de "mano de obra argentina", la que no necesariamente tiene que ser local de una provincia con litoral marítimo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, jurisprudencia, contrato de trabajo, empleados públicos, fallo plenario
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Barbul, Luis y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar parcialmente a las diferencias salariales solicitadas, por los actores, si carece de fundamentos que permitan justificar el apartamiento de una doctrina plenaria.
Actividades laborales, trabajadores rurales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALDERETE ARMANDO ANGEL c/ APINOR S.A. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-24

El art. 62 RNTA establece que "En caso de transferirse por cualquier título la empresa o el establecimiento agrario, los contratos de trabajo que rigieren al tiempo de la transferencia continuarán vigentes con el sucesor universal o particular. El trabajador conservará la antigüedad y todos los derechos que de ella derivaren. El transmitente y el adquirente serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral que existieren al tiempo de la transmisión. Esta solidaridad operará aun cuando la transmisión se hubiere efectuado para surtir efectos en forma provisoria. El mismo criterio se aplicará en los casos de celebración o cancelación de arrendamientos, aparcerías, medierías, usufructos, cesiones precarias o por cualquier otra figura jurídica que implicare cambio en la titularidad de la explotación o del establecimiento". La norma transcripta se refiere exclusivamente al supuesto de "transferirse por cualquier título la empresa o el establecimiento agrario" y a todos aquellos casos que implicaren "un cambio en la titularidad de la explotación o del establecimiento". Según lo expresa Vázquez Vialard al comentar el art. 225 de la LCT (similar en este aspecto al art. 64 RNTA), la transferencia se verifica cuando por cualquier motivo se produce, de manera transitoria o definitiva, el cambio de titularidad de una o varias unidades productivas, y destaca que debe tenerse en claro que, en tales casos, la sustitución del empresario es la que produce el reemplazo del empleador (cfrme. Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Vázquez Vialard - Ojeda, Tomo III, pág. 224).
Demanda, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

Cuando prospera la demanda dejando supeditada la misma a la etapa de ejecución de sentencia, o sea con reserva de liquidación, no existe prejuzgamiento del valor del daño difiriéndose la decisión sobre este extremo a la etapa de liquidación, en la que las partes tendrán oportunidad de audiencia y prueba en defensa de sus derechos teniendo tal condena la eficacia de una condena condicional sujeta a la prueba de la cuantía del perjuicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, prescripción, enfermedad profesional, incapacidad laboral, confirmación de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Agüero Humberto c/ Roneu S.A. y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-11

Cabe confirmar la sentencia que consideró prescripta la acción por accidente de trabajo, dado que el art. 258 L.C.T. establece que las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescriben a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima, y en el caso, el trabajador tuvo conocimiento de su afectación cuando se le determinó una incapacidad parcial y definitiva del 44,90% y si bien la fecha tomada por el juzgador a-quo es más beneficiosa al recurrente, la acción se hallaba igualmente prescripta.
Administración fraudulenta, ánimo de lucro, compraventa inmobiliaria, empleados públicos
Materia: PENAL
Carátula: FOLGAR, CARLOS A. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

No constituye el delito de administración fraudulenta, art. 173 inc. 7 CP, el hecho de que el presidente de una empresa haya pagado sobreprecio por la compra de un predio de menor valor del que se consignó en la escritura pública, pues la evidencia del perjuicio derivado de un acto administrativo es insuficiente para dar tipicidad a la figura penal de la administración fraudulenta si no se comprueba, como condición insorteable, el propósito de lucro o daño en la gestión del agente.
Derecho penal, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: FARIA, VALERIO ANDRES c/  s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-03-25

Adecuar las prisiones preventivas dictadas válidamente bajo la modalidad de un sistema procesal mixto, a los nuevos paradigmas que prevé el nuevo sistema procesal acusatorio no implica, de ninguna manera, desconocer la legalidad de los actos procesales válidamente sustanciados en el anterior sistema. Simplemente hay que adecuarlos al nuevo, por lo que se impone, necesaria y obligatoriamente, la revisión de todas las prisiones preventivas, sin que sea condición para que ello suceda que la defensa deba acreditar algún extremo específico respecto de la existencia o no de nuevos hechos o circunstancias relativas a los riesgos procesales. (disidencia del Dr. Repetto).
Principios procesales, preclusión, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bark, Alfredo Pablo c/ Molina, Luis Enrique y-o "El Arbol" y-o Quien ResultenOcupantes s/ Desalojo  Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-12

Volver sobre puntos ya resueltos con carácter firme en el proceso importa alterar uno de los fundamentales principios en que se asienta la estructura actual del proceso civil y comercial, cual es el llamado principio de progresividad o preclusión lo que constituye, además, vulnerar el debido proceso adjetivo consagrado en la Constitución Nacional y Provincial.
Obras sociales, fertilización asistida
Materia: CIVIL
Carátula: H. M. F. y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ Sumarísimo de salud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

Con relación a la cantidad de tratamientos a cargo de la demandada, cuestión que integró la contestación de demanda y ha sido mantenida en esta instancia, corresponde recordar que el art. 8° del Anexo I, del decreto 956/13 -B.O. 23-7-13reglamentario de la ley 26.862 establece que "En los términos que marca la Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos.". Por lo tanto, se debe adecuar la resolución a los límites que determina el decreto y precisar que la demandada deberá asumir dos tratamientos, toda vez que no existe controversia en cuanto a que los actores se realizaron uno de alta complejidad a cargo de la accionada con anterioridad a la promoción del amparo (esta Sala, causa 1601/15 del 30-6-15, doctrina de causas 1685/13 del 22-8-13, 7316/12 del 5-9-13, 3940/12 del 22-10-13 y 1218/12 del 15-7-14; Sala III, doctrina de la causa 8314/10 del 16-9-14).
Subasta judicial, crédito fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrieta Ricardo Oscar c/ Unisol S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

El comprador en subasta judicial sólo responde con la cosa transmitida y desde la fecha de la posesión por los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, acumulación de procesos, suspensión del proceso judicial, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAGAS NESTOR JULIO c/ L'ALPINA MAGLIERE SPORTIVE SPA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

La suspensión prevista por el art. 193, Código Procesal perdura hasta tanto queda resuelta y ejecutoriada la resolución que decide sobre el incidente de acumulación de procesos (cfr. Fassi, S. C. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. I, N. 1178-A, pág. 525; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", T. 1, pág. 662, N. 1). En consecuencia, a partir del momento en que quedó firme el pronunciamiento -y su aclaratoria- dictado en la causa N. 9508/93 "Chagas, Néstor Julio c/L'Alpina Magliere Sportive SPA s/Cese de Oposición al Registro de Marca", se reanudó el curso de la instancia principal suspendido con motivo de la recepción del oficio. Y tal reanudación aconteció con independencia del momento en que la causa acumulada efectivamente se remitió al juzgado en el que tramita la acumulante, toda vez que la obligación de impulsar el proceso a fin de evitar su perención renace para la parte en cuanto es resuelto el conflicto de competencia (cabe recordar, en este punto, que la acumulación de procesos genera, precisamente, una cuestión de competencia por razones de conexidad; cfr. Podetti, J. J. "Tratado de la Competencia", N. 210, pág. 542), sin importar el tiempo en que los autos permanezcan en la sede del tribunal que dictó la resolución dirimente de tal conflicto competencial (cfr. Loutayf Ranea-Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", N. 97, pág. 259), pues siempre está al alcance del interesado evitar la caducidad solicitando la remisión de los autos al juzgado pertinente para allí peticionar lo que corresponda conforme al estado de la causa.
Daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante, legitimación pasiva, indemnización, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: ALEM LEILA G. POR SI Y P/SUS HIJOS c/ TRAMAT S.A. Y OTS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-11-17

Tanto el lucro cesante, como el daño moral, puede ser reclamado a los responsables del accidente, pero en tanto el mismo supere los montos que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo otorgara a los derechohabientes.
Cuerpo médico forense, dictamen pericial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTERO ZARACHO ERENIA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Es importante recordar la particular relevancia que tiene, en la materia, la opinión del cuerpo médico forense. Esto es así, no solo por tratarse de un órgano imparcial auxiliar de la justicia, cuyos miembros son designados de acuerdo a antecedentes y especialidad y cuentan con la posibilidad de cambiar ideas, en situaciones dudosas, con otros experimentados facultativos que lo integran, sino porque el estudio del paciente es realizado en forma conjunta por dos médicos, quienes suscriben el correspondiente dictamen. Por lo tanto, si el peritaje del CMF es coherente, categórico y está fundado en principios técnicos -cuya crítica no ha sido formulada con base en argumentos científicos de mayor valor que demuestren su falta de consistencia-, ni existen otras probanzas que lo desvirtúen, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones (cfr.

Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T. IV, Actos Procesales, p. 720).
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico y, en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Giménez, María Angela s/ Da;os y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Cabe rechazar la ejecución iniciada con base en un certificado de saldo deudor proveniente de un contrato de emisión de tarjeta de credito, pues este no es una constancia de saldo deudor en cuenta corriente que goza de fuerza ejecutiva en los términos del art. 793 del Cód. de Com., sino una variante de la misma que la desnaturaliza.
Asegurador, ley de accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Vidal, José Enrique c/ Canco S.A. -Camco S.A., Condux ICA., Icamex, U.T.E., y "La Estrella" Cía Arg. Seg. S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-09-25

No puede desconocerse que el asegurador sigue siendo un tercero en la relación. La alternativa de la acción directa prevista en la ley de accidentes no implica que se desnaturalice el régimen propio del seguro, prescindiendo de sus disposiciones y alterando la naturaleza de la obligación que le toca al asegurador a resultas del contrato celebrado con el asegurado, y que sigue consistiendo, esencialmente, en subrogar la responsabilidad de éste.
Concursos, plazos procesales, plazo de gracia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Bollatti, Norberto Mario y Di Santo de Bollatti, Ebe Telma s/ Concurso preventivo (Expte Nro. 212-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-12

La perentoriedad de los plazos en los concursos no se ve vulnerada por el hecho de conceder las horas de audiencia del día hábil inmediato siguiente para la sola presentación del escrito. Es que dicho plazo graciable no afecta el curso de los plazos procesales, por lo que su institución dentro del régimen procesal no implica el alongamiento en un día más del término de los plazos respectivos.

(De los Fundamentos del Dr. Gómez). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Rige el plazo adicional previsto por el artículo 70 del C.P.C.C. llamado "día de gracia" en los procesos concursales?
Prescripción, sentencia, actos y diligencias procesales, inhibición general de bienes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Máximo Paz Cía. de Sintésis de Productos Químicos SA y otros  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde rechazar el planteo de prescripción de la ejecutoria fundamentado en la caducidad de las inhibiciones de bienes, toda vez que no resulta aplicable por analogía lo dispuesto por el CCIV 3987, por cuanto la extinción de las inhibiciones, acaecida como consecuencia de su falta de reinscripción oportuna, no les quita o priva de los efectos interruptivos del plazo de prescripción que esas medidas tuvieron durante su vigencia, esto es exteriorizar la voluntad de la actora de ejercer el derecho emanado de la sentencia dictada a su favor.
Marcas, registro de marca, renovación de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alimentos Granix  S.A.C. e I. c/ Deutsche Granini s/ Oposición Registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

El pedido de reinscripción se equipara al de renovación cuando éste se hace poco tiempo después de vencer el plazo legal de duración. Como dice Otamendi: "La jurisprudencia evitó de esta manera que por la aplicación estricta de la ley se consagrarán situaciones injustas, como el dejar sin registro a quien había dejado pasar un breve tiempo antes de pedir la renovación, en beneficio de quien en el interín había pedido una marca, o lo había hecho antes de su vencimiento".
AFIP DGI, resoluciones generales, cesión de créditos, crédito fiscal, determinación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Parques Interama S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Una conclusión contraria a lo resuelto por la Dirección General Impositiva en la medida que no exista un acto administrativo o resolución judicial que reconozca la legitimidad de los saldos cedidos por un importe superior al que admitió el organismo, importaría frustrar sin sustento legal el ejercicio de facultades que le asisten (art. 21 bis de la ley 11.683 y resolución general DGI 2948), presumiendo indebidamente que la determinación del tributo importó una renuncia de esa potestad.
Desistimiento, costas, carga, falta de acción
Materia: PROCESAL
Carátula: FORESTO, SERGIO c/ TABORDA, CARLOS J s/ DA#OS Y PERJUICIOS      EXPTE NRO 81-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-23

Quien desiste de la acción interpuesta después que la contraria planteó excepción de defensa de falta de acción, queda sujeto a las reglas que rigen en materia de costas. Recaen siempre sobre la parte que desiste.