Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-05


NEUQUEN, 05 de junio de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MANSILLA MARTHA SUSANA C/ ORTEGA DE CASTRO JUANA RAQUEL S/ CONSIGNACION", (Expte. EXP Nº 385705/2009), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- Ambas partes interponen recursos de apelación contra la sentencia de fs. 348/358 vta., que rechaza la demanda por consignación y hace lugar parcialmente a la reconvención, imponiendo las costas, tanto de la demanda como de la reconvención, a la actora.

A) La actora se agravia por entender que la sentencia modifica las condiciones contractuales, otorga un efecto no pedido e impone mal las costas, variando el objeto de la litis.

Dice que la a quo ha concluido que al momento de efectuar los pagos por consignación la demandante se encontraba en mora, y que la sentencia de grado no ha tenido en cuenta que el actor intimó al pago del alquiler correspondiente al mes de diciembre de 2008, el 1 de diciembre de 2008, y lo mismo hizo con relación al alquiler del mes de enero de 2009, por lo que mal puede entenderse que se encontraba en mora.

Sostiene que es arbitrario que se considere en mora al actor cuando se intimó a la percepción de los cánones locativos, por lo que mal podía la consignación llevar intereses. Agrega que la situación de mora del demandado no conlleva ningún plazo para interponer la consignación, y por ende, no existe la demora que señala el fallo recurrido.

Sigue diciendo que la mala fe debe ser demostrada y que no puede suponerse; en tanto que la buena fe se presume, por lo que mal puede afirmar la a quo que ha existido mala fe en la actora.

Denuncia que el fallo de primera instancia omite considerar cuáles eran los valores locativos de plaza a fines del año 2004, cuando se convino la locación, y que sin ese parámetro no puede afirmarse que se quiebra el principio de equidad, o que el alquiler es insignificante.

Se agravia por la afirmación de la jueza de grado respecto a que se ha perdido de vista el fin del contrato, ya que éste no ha sido materia de juicio y mucho menos de prueba por el demandado.

Entiende que al fallar sobre la reconvención, la sentenciante de primera instancia lo ha hecho extra petita, dado que el actor no ha demandado la fijación de un canon.

Señala que la planilla corresponde a la estimación de los daños y perjuicios reclamados, y que no se trata de una petición autónoma e independiente, y mucho menos una solicitud de determinación del canon.

Plantea que al revocarse el rechazo de la demanda, tal como lo peticiona, no puede hacerse lugar al desalojo por falta de pago.

Formula queja por la consideración de la a quo respecto a que resulta innecesario el análisis del planteo de nulidad realizado por la demandada.

Especifica que se planteó una acción para que se declare la nulidad de la cláusula 16 bis del contrato, y que su parte rebatió, con argumentos fácticos y jurídicos que no han merecido atención en la sentencia apelada. Considera que no es posible omitir el tratamiento de la nulidad de la cláusula que ha originado todo el juicio.

Con relación a la imposición de costas, señala que gran parte de la reconvención fue rechazada, resultando de aplicación el art. 71 del CPCyC.

También plantea con respecto a la reconvención que su parte razonablemente pudo haberse creído con derecho a litigar, ya que el actor tenía la facultad de prorrogar la locación por 48 meses en las mismas condiciones.

Peticiona que la Cámara de Apelaciones se expida con relación a la imputación de los montos retirados por la demandada a cuenta del resultado del juicio, u ordene su inmediata devolución.

Hace reserva del caso federal.

B) La demandada reconviniente se agravia por el progreso parcial de la reconvención, y por la determinación del monto de condena.

Se queja del rechazo de la pretensión por daños y perjuicios, recordando que su parte fundó tal pretensión en el art. 1609 del Código Civil.

Dice que los perjuicios reclamados son los ocasionados a su parte como consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación de restituir y de la ocupación indebida del inmueble, extremos que se encuentran acreditados. Aclara que los pagos recibidos por el locador a partir del requerimiento de restitución de la cosa dada en locación tienen una imputación provisoria, y así serán alquileres si no progresa el desalojo, o en su caso, serán pagos parciales a cuenta de la acción de daños y perjuicios.

Califica como contradictorio que la sentencia rechace los daños y perjuicios y, a renglón seguido, condene a la actora a abonar los meses de enero y febrero de 2009 de acuerdo con la liquidación presentada por la demandada, lo que importa el reconocimiento del daño reclamado.

Dice que la a quo no tuvo en cuenta las sucesivas ampliaciones de demanda realizadas por la actora y las contestaciones de la demandada, en las cuales se hizo reserva de reclamar oportunamente las diferencias por los períodos devengados.

Sigue diciendo que los daños se infieren de la retención indebida del inmueble, de la falta de pago de los alquileres y de los términos del art. 1609 del Código Civil, y que el monto del perjuicio deberá ser fijado en la suma que el locador pudo lógicamente obtener de un tercero de haber dispuesto libremente del inmueble.

Subsidiariamente, para el supuesto que no progresen los agravios referidos a los daños y perjuicios, formula queja porque la a quo, al condenar al pago de los alquileres omitió considerar las ampliaciones de demanda y la consignación de nuevos montos hasta el año 2012.

Entiende que la sentencia de grado debió reajustar el valor locativo de todos los meses y no solamente los de enero y febrero de 2009.

C) La demandada contesta el traslado de la expresión de agravios de su contraria a fs. 383/385, y lo mismo hace la actora a fs. 387/388.

II.- A efectos de otorgar una solución ajustada a derecho a las apelaciones de las partes, debe partirse del contrato de locación celebrado entre ambas, y de la conducta de los contratantes.

Tal como lo ha puesto de manifiesto la a quo, el contrato de locación se encuentra reconocido por los litigantes. La cláusula 16 bis de dicho contrato (fs. 28 vta.) textualmente dice: "El locatario tendrá opción de prorrogar el presente contrato por 48 (cuarenta y ocho) meses en las mismas condiciones que aquí se estipulan".

Este contrato fue suscrito en fecha 9 de diciembre de 2004, y el período originario de la locación vencía, conforme cláusula 1°), el día 10 de diciembre de 2008.

Con fecha 29 de octubre de 2008, la actora -locataria- comunica a la demandada el ejercicio de la opción de prórroga en los términos de la cláusula 16 bis del contrato (fs. 25).

La demandada -locadora- contesta esta comunicación, con fecha 27 de noviembre de 2008 (fs. 24), rechazando la opción de prórroga; impugna los términos de la cláusula 16 bis, por "ser dicha condición abusiva, configurar un quiebre del sinalagma contractual y otorgar una evidente desproporción de las prestaciones a cargo de las partes, teniendo en consideración el canon que Ud. pretende abonar mensualmente por la locación, su relación con el valor de mercado y las actuales condiciones económicas reinantes". A renglón seguido señala que en tanto la locataria insistiera en mantener las condiciones inalteradas, el contrato no sería renovado, debiendo proceder a la restitución del inmueble al vencimiento del término originario del contrato.

La actora contesta, con fecha 1 de diciembre de 2008 (fs. 22), alegando su derecho a la prórroga, negando la existencia de un quiebre en el sinalagma contractual y una desproporción en las prestaciones, e intimando a que perciba el importe del canon locativo correspondiente a diciembre de 2008, bajo apercibimiento de consignarlo judicialmente.

En fecha 13 de enero de 2009, la actora remite nueva carta documento (fs. 21), en la que comunica su decisión de consignar judicialmente los alquileres de los meses de diciembre de 2008 y de enero y febrero de 2009, y que siendo período de feria judicial, la intima a concurrir al estudio de su abogado para retirar el importe de estos alquileres.

La demandada, con fecha 22 de enero de 2009 (fs. 23) ratifica su comunicación anterior, y rechaza el pago ofrecido, y señala "en subsidio, y para el supuesto de tener Ud. interés de renegociar el valor mensual a abonar en concepto de alquiler. hago saber que esta parte acepta recibir el pago imputándolo a cuenta de mayor valor adeudado y canon locativo que se pacte.".

Este intercambio epistolar se encuentra reconocido por las partes.

III.- Para el tratamiento de los agravios vertidos por las partes, he de alterar el orden con el que fueron abordadas las cuestiones litigiosas en la sentencia de grado, ya que entiendo, al igual que la actora apelante, que lo central, lo que ha originado toda esta controversia, es la cláusula 16 bis del contrato de locación de inmueble.

La a quo ha entendido que el ejercicio de la opción consagrada en la disposición contractual referida por parte de la locataria resulta abusiva y contraria al principio de buena fe y equidad que debe imperar en la formación y ejecución de los contratos.

Como bien lo señala la sentenciante de grado, no resulta de aplicación al sub lite la imprevisión del art. 1198 del Código Civil, fundamentalmente porque no existe aquél acontecimiento sobreviniente a la suscripción del contrato, extraordinario e imprevisible que convierta en excesivamente onerosa la prestación a cargo de una de las partes.

Resulta necesaria esta aclaración porque la conducta extrajudicial de la demandada reconviniente apunta a la imprevisión del art. 1198 del Código Civil, aunque no se lo expresa claramente, mientras que al reconvenir invoca la figura del abuso del derecho.

Aída Kemelmajer de Carlucci señala que "Con criterio restrictivo se ha resuelto que por medio del abuso del derecho no pueden introducirse modificaciones en la negociación; aceptar lo contrario sería convertir a los jueces en intérpretes del interés de las partes para sustituir con su voluntad a la de los contratantes, modificando de esta forma el contenido inicial de sus prestaciones. Admitir tal posibilidad implicaría rechazar el principio de la autorregulación contractual sin que medien razones de orden público que justifiquen tal intención. Sin embargo. son muchos los casos en que los jueces recomponen el negocio merced a la invocación del abuso del derecho" (cfr. aut. cit., "Principios y tendencias en torno al abuso del derecho en Argentina", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 16, pág. 223).

La regla madre en materia de efectos de los contratos es la contenida en el art. 1197 del Código Civil: "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma".

Sin embargo, el mantenimiento a ultranza de esta regla podía ocasionar, y de hecho ocasiona, situaciones que se advierten injustas, que si bien nacen de un acuerdo de voluntades válido y con prestaciones proporcionadas, el transcurso del tiempo y la alteración de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato, tornan lo pactado en excesivamente gravoso para una de las partes, e incluso desnaturalizan el negocio originario. De allí, entonces, que deba acudirse, en ocasiones y en materia contractual, a la manda del art. 1071 del Código Civil, en cuanto prescribe que "la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

Conforme lo postula Rodolfo Vigo ("Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 16, pág. 311/312), "en última instancia, lo que se quiere rechazar con la teoría del abuso del derecho es un comportamiento o una omisión que, a tenor de ciertas circunstancias y no obstante algunos argumentos que se pueden esgrimir a su favor, genera a la postre un daño jurídico injustificado.

Queremos destacar que no se trata de intenciones sino de manifestaciones externas de actos -positivos o negativos- que vinculan a uno con otro (alteridad), pero cuya mayor peculiaridad reside en que gozan en su origen o apariencia de cierta licitud o respaldo jurídico; o sea que dichas conductas no resultan manifiestas o normalmente antijurídicas. La reacción desfavorable del Derecho frente al abuso se fundamenta porque se produce un daño a alguien, es decir se lo priva de algo que le corresponde, sin que ello se pueda justificar jurídicamente. Es el juicio de equidad, fruto de la razón práctica jurídica operativa o prudencial, lo que determina que se impida esa conducta abusiva. La apariencia de juridicidad y lo injusto concreto son, en última instancia, las dos notas más características del instituto que estamos analizando".

Los conceptos del Dr. Vigo echan claridad sobre la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, y resultan útiles por cuanto centran el núcleo del problema en el daño. El derecho no puede ni debe tolerar el daño injusto, y esta es la perspectiva de análisis que propongo para la cláusula 16 bis del contrato de autos.

No se discute, nunca estuvo en tela de juicio, la validez del contrato de locación, ni que en oportunidad de su suscripción y durante su desenvolvimiento inicial las cláusulas pactadas contemplaban adecuada y proporcionalmente los intereses de los contratantes. Por ello no resulta relevante, a mi criterio, conocer cuales eran los valores locativos de plaza al momento de iniciarse la locación.

La controversia se centra en determinar si en oportunidad de ejercer la opción de prórroga, el precio de la locación respetaba aquella proporcionalidad de las prestaciones, o, por el contrario, su mantenimiento importaba provocar un daño injustificado al locador.

Hablo de daño y no de disminución de la ganancia, o afectación mínima del interés de la parte. Si en el caso se dieran estos últimos supuestos, no resultaría procedente la aplicación del instituto del abuso del derecho, sino que nos encontraríamos dentro de las vicisitudes previsibles de cualquier contratación, y no perdería vigencia la regla del art. 1197 del Código Civil.

Justamente para poder calificar el perjuicio sufrido por la demandada reconviniente es que tenemos que analizar la finalidad del contrato celebrado entre los litigantes.

No se trata, como lo postula la actora apelante, de abordar una cuestión ajena a la litis, con afectación del principio de congruencia, sino de utilizar las herramientas jurídicas que ayuden a determinar la configuración, o no, del abuso del derecho.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el principio de la presuposición o de la base del negocio, aunque no se encuentre expreso, gobierna por implicancia toda interpretación (sentencia del 1/4/1974, ED 54, pág. 344).

Jorge Alberto Mayo ("Interpretación. Finalidad y economía del contrato", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2006-3, pág. 228/229) cita al maestro Carnelutti, cuando enseñaba que "la idea del fin del acto tiene sus raíces en el concepto ya conocido bien del interés y la necesidad. Si se ve pan el que tiene hambre piensa en el acto de saciarla con él; tal es el germen del acto para el que toma el pan y se sacia. Lo que así se representa es el cambio en el que se desarrolla el interés del agente; este cambio es un fin en comparación con un principio. Un principio es el interés en poseer el pan; un fin, tomar posesión de él. El fin del acto consiste, pues, en un suceso futuro en el que se desarrolla un interés del agente".

La finalidad que ha tenido la parte demandada al celebrar el contrato de locación es obtener una renta por la cesión en uso del inmueble de su propiedad a la parte actora. Por ello, Alí Joaquín Salgado señala que si con posterioridad a la celebración del contrato de locación, el monto del alquiler pactado resulta inferior a las cargas o desaparece virtualmente la renta del bien, corresponde su revisión (cfr. aut. cit., "Locación, Comodato y Desalojo", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 198).

En autos, el precio de la locación se estableció en $ 1.000 mensuales. De la prueba aportada a la causa tenemos que el testigo Guillermo Reybet (acta de fs. 115/116), de profesión martillero, declara que el inmueble (salón comercial) objeto de la locación se encuentra ubicado en la zona más cara en cuanto a valores locativos, lo que está motivado en la cantidad de personas que transitan y la gran cantidad de comercios que hay, y agrega que a la fecha de la declaración (septiembre de 2009) el valor locativo promedio para un local de las características del de autos es de $ 55 por metro cuadrado más IVA. La inmobiliaria FABAL informa a fs. 140/142 que, a noviembre de 2009 -fecha de expedición del informe-, el valor locativo del local de la demandada se sitúa en $ 7.500 mensuales. La inmobiliaria Avenida -informe de fs. 184, de fecha julio de 2010- estima el valor locativo del local entre $ 17.000 y $ 18.000 mensuales más IVA. Gualtieri Inmobiliaria -informe de fs. 186, fechado en julio de 2010- da cuenta de un precio de la locación de $ 18.000 mensuales más IVA.

Tomando en cuenta el precio de la locación estimado más cercano a la fecha del ejercicio de la opción de prórroga, el informado por el testigo Reybet, el precio de contrato resulta diez veces inferior al valor de mercado.

Considerando que el inmueble de autos tiene una superficie cubierta de 185 metros cuadrados (fs. 140), a $ 55 el metro cuadrado, el valor locativo se sitúa en $ 10.175, sin IVA.

Si consideramos el valor más bajo informado por las inmobiliarias, que es el más cercano a la fecha de la prórroga, nos encontramos con un precio mensual siete y medio veces superior al de contrato ($ 7.500).

Comparando los valores de mercado y el que pretende abonar la actora durante los cuatro años de prórroga del contrato se advierte que existe en este supuesto un daño excesivo ocasionado a la demandada, ya que el precio pactado por las partes no importa una pérdida de ganancia para la propietaria del inmueble, sino lisa y llanamente la desnaturalización del negocio jurídico. En atención al valor originario del canon locativo, el contrato se convierte en prácticamente gratuito.

En tales condiciones, la pretensión de la parte actora de mantener el precio original de la locación durante el plazo de prórroga se constituye en un ejercicio abusivo del derecho que le confería la cláusula 16 bis del contrato.

En efecto, la locataria no podía desconocer cuáles eran los valores de plaza para el alquiler de locales comerciales (en todo caso, anoticiada de la pretensión de la propietaria de renegociar el precio de la locación, bien pudo informarse sobre el monto de los alquileres de locales como el que ocupa), y no obstante ello persistió en su posición de ejercer el derecho de prórroga abonando un canon mensual que era manifiestamente irrisorio. La persistencia en el ejercicio de su derecho sin importarle la situación de su cocontratante, para quién el negocio jurídico se convertía en ruinoso, constituye una conducta reñida con la buena fe, ya que sólo le importó la ganancia personal -excesiva-, a costa de la pérdida fuertemente gravosa de la otra parte. Influye en esta conclusión la actitud de la accionante que ni tan siquiera ofreció un mejoramiento del canon locativo, ante el requerimiento de la demandada, sino que se mantuvo en una posición cerrada a toda instancia conciliadora.

Consecuentemente, la sentencia de grado ha de ser confirmada en cuanto tiene por configurado el abuso del derecho.

IV.- Llegado a este punto, debe analizarse que consecuencias acarrea el abuso del derecho.

Tal como lo señala Aída Kemelmajer de Carlucci (op. cit., pág. 222) el abuso del derecho se resuelve en la indemnización de los daños provocados o en el bloqueo del derecho practicado irregularmente.

En autos, teniendo en cuenta que el plazo de la prórroga se encuentra cumplido, el bloqueo del derecho practicado irregularmente se resuelve recomponiendo el precio de la locación, el que fijo en $7.500 mensuales entre diciembre de 2008 y noviembre de 2012, ambos inclusive; y en $ 12.000 mensuales, a partir de diciembre de 2012 y hasta la efectiva devolución del inmueble a sus propietarios.

Estas sumas devengarán intereses, de acuerdo con la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, desde que cada una fue debida (día 5 de cada mes) y hasta su efectivo pago.

V.- La demandada pretende la indemnización por la retención indebida del inmueble por parte de la locataria.

Tal pretensión no es procedente. En efecto, tal como lo desarrollaré seguidamente, la demandada no podía ni resolver ni modificar el contrato unilateralmente, por lo que la ocupación del inmueble en virtud de la prórroga pactada contractualmente no puede ser reputada de indebida. Y a partir del vencimiento de dicha prórroga (diciembre de 2012) no existe requerimiento de devolución del inmueble.

De todos modos, al reajustarse el valor locativo, quedan conjugados los daños y perjuicios invocados por la demandada.

VI.- Resuelta la situación de fondo, he de analizar la pretensión de pago por consignación.

La sentencia de grado rechaza la demanda por consignación de los cánones locativos por entender que el pago no fue íntegro y por encontrar justificada la negativa de la demandada a recepcionar lo ofrecido en pago por la actora.

Con respecto a este último extremo, y sin perjuicio de lo resuelto en torno al abuso del derecho, no encuentro que la negativa de la demandada se haya encontrado justificada.

Tal como lo ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G (autos "Establecimientos Metalúrgicos Bernal S.A. c/ J., S.A. (suc.)", 29/07/1982, LL 2002, LL on line AR/JUR/ 4377/1982), "tratándose de contratos, su extinción extrajudicial dispuesta unilateralmente sólo está permitida en el contrato de trabajo, en la locación de obra (art. 1638, C.C.) y en el mandato.

La rescisión típica es, en cambio, bilateral. Cuando de resolución por incumplimiento se trata, únicamente cabe la extinción unilateral en el pacto comisorio (art. 1204).".

Consecuentemente, la demandada no se encontraba habilitar a finalizar unilateralmente el contrato de locación, ni tampoco a modificar unilateralmente sus cláusulas. La opción que tenía para recomponer el equilibrio contractual era acudir a sede judicial.

De ello se sigue que, mientras no recaiga sentencia que fije un nuevo canon, y encontrándose vigente el contrato suscripto por las partes, el locador sigue siendo deudor únicamente de los alquileres contractualmente fijados, en tanto ésta es la única suma líquida concreta, pactada por los contratantes.

Luego, la oposición de la demandada reconviniente a la prórroga comunicada por la actora y a la recepción de los pagos en concepto de alquileres, o su eventual imputación a cuenta de mayor valor, resulta ser una conducta injustificada ya que, reitero, el contrato se encontraba vigente.

Tampoco encuentro que la actora estuviera en mora en todos los pagos consignados.

De acuerdo con la cláusula 4° del contrato suscripto entre las partes (fs. 28), el locatario debía pagar el canon locativo por adelantado, del 1 al 5 de cada mes.

La demanda por consignación de los alquileres correspondientes a los meses de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009 se promueve el día 3 de febrero de 2009 (fs. 1 y 32 vta.).

Sin embargo, la actora intimó al acreedor a recibir el pago del canon locativo de diciembre de 2008, el día 1 de diciembre de 2008 mediante carta documento (fs. 22), colocando, entonces, en mora a la demandada, quién no contestó el requerimiento de aceptación del pago.

La intimación, cursada dentro del plazo establecido para el pago, impidió el devengamiento de los intereses moratorios (cfr. jurisprudencia citada por Diegues, Jorge Alberto, "Mora del acreedor", LL diario del 3/12/2010, pág. 7).

No sucede los mismo con el pago correspondiente al mes de enero de 2009, ya que el requerimiento al acreedor para que aceptara el pago fue hecho el 13 de enero de 2009, cuando el deudor ya se encontraba en mora -recordemos que la cancelación del canon locativo debía hacerse entre el 1 y 5 de cada mes-.

Consecuentemente lo consignado en pago por este mes no es íntegra, ya que debió el deudor abonar u ofrecer abonar los intereses moratorios.

La consignación del pago del canon locativo efectuada el día 3 de febrero de 2009 correspondiente a ese período -febrero de 2009- también ha sido realizada dentro del plazo legal, y por ende no devengó intereses.

La actora depositó también depositó en autos los cánones locativos por los períodos comprendidos entre marzo de 2009 y diciembre de 2011, ambos inclusive, pero de ellos solamente 8 pagos (fs. 94, 99, 123, 128,146, 149, 171 y 180) fueron realizados en término, los restantes depósitos fueron acompañados al expediente cuando el plazo para abonar el precio del alquiler se encontraba vencido.

Consecuentemente se hace lugar parcialmente a la demanda por consignación, solamente por los períodos abonados en término, aunque el efecto a otorgar a estos pagos es de cancelación parcial de la deuda por alquileres, en atención al resultado de la reconvención.

Sin perjuicio de lo dicho, dado que la demandada ha retirado la totalidad de los importes consignados, imputándolos a capital, ellos deberán ser deducidos de la deuda por reajuste del precio de la locación en el momento de practicarse la planilla de liquidación, en la fecha en que cada depósito fue comunicado a la demandada.

VII.- En cuanto a las costas por el acogimiento de la reconvención, más allá de las distintas pretensiones esgrimidas en la demanda reconvencional, la acción ha progresado en lo sustancial, por lo que corresponde mantener su imposición a la actora, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCyC).

VIII.- Por lo hasta aquí expuesto propongo al Acuerdo modificar parcialmente el resolutorio apelado: 1) haciendo lugar parcialmente a la demanda por consignación, por los cánones locativos correspondientes a los períodos diciembre/2008, febrero/2009, junio/2009, agosto/2009, octubre/2009,noviembre/2009, diciembre/2009, enero/2010, junio/2010 y julio/2010, otorgando a estos pagos efecto de cancelación parcial de la deuda;

2) disponer el reajuste del precio del canon locativo del contrato de locación de autos, de acuerdo con lo establecido en el Considerando IV de la presente, el que deberá ser abonado dentro del plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, con más los intereses fijados en el Considerando ya indicado, con la modalidad señalada en el fallo de grado; 3) imponer las costas por la acción de consignación en un 60% a la parte actora y en un 40% a la parte demandada (art. 71, CPCyC); 4) hacer saber que los montos dinerarios retirados por la demandada deben ser deducidos al practicarse planilla de liquidación, conforme lo indicado en el Considerando VI; confirmándolo en lo demás que ha sido motivo de agravio.

Se mantienen vigentes las regulaciones de honorarios de la instancia de grado por la actuación en la acción por consignación, revocándose las correspondientes a la reconvención y difiriendo la fijación de los nuevos emolumentos para cuando se cuente con base a tal fin.

Las costas por la actuación ante la Alzada, por la apelación referida a la consignación se imponen en un 60% a la parte actora y en un 40% a la parte demandada (art. 71, CPCyC); y en lo referente a la reconvención, son a cargo de la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). En uno y otro caso, los honorarios profesionales se fijan en el 30% de los establecidos para la primera instancia (art. 15, Ley 1594).

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II.

RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente el resolutorio apelado haciendo lugar parcialmente a la demanda por consignación, por los cánones locativos correspondientes a los períodos diciembre/2008, febrero/2009, junio/2009, agosto/2009, octubre/2009, noviembre/2009, diciembre/2009, enero/2010, junio/2010 y julio/2010, otorgando a estos pagos efecto de cancelación parcial de la deuda.

II.- Disponer el reajuste del precio del canon locativo del contrato de locación de autos, de acuerdo con lo establecido en el Considerando IV de la presente, el que deberá ser abonado dentro del plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, con más los intereses fijados en el Considerando ya indicado, con la modalidad señalada en el fallo de grado.

III.- Imponer las costas por la acción de consignación en un 60% a la parte actora y en un 40% a la parte demandada (art. 71, CPCyC).

IV.- Hacer saber que los montos dinerarios retirados por la demandada deben ser deducidos al practicarse planilla de liquidación, conforme lo indicado en el Considerando VI; confirmándolo en lo demás que ha sido motivo de agravio.

V.- Mantener vigentes las regulaciones de honorarios de la instancia de grado por la actuación en la acción por consignación, revocándose las correspondientes a la reconvención y difiriendo la fijación de los nuevos emolumentos para cuando se cuente con base a tal fin.

VI.- Imponer las costas por la actuación ante la Alzada, por la apelación referida a la consignación se imponen en un 60% a la parte actora y en un 40% a la parte demandada (art. 71, CPCyC); y en lo referente a la reconvención, son a cargo de la actora perdidosa (art. 68, CPCyC). A tal fin, se fijan los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de los establecidos para la primera instancia (art. 15, Ley 1594).

VII.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA.