Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 439/445. En la ciudad de Santa Fe a los veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis netri, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALZUGARAY, JOSE MARIA contra PROVINCIA DE SANTA FE - INC. REGULAC. Y COBRO DE HONORARIOS - (EXPTE. N° 305/15 CUIJ 21-05160913-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-05160913-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Gastaldi y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Por auto 640 del 04.10.2017, la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, en lo relativo a la actualización mediante el sistema de unidad JUS de los honorarios del Doctor José María Alzugaray regulados en los autos principales, prevista por el artículo 32 de la ley 6767 (según ley 12851). En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista y oído el dictamen del señor Procurador General, he de propiciar la ratificación del criterio sustentado por el Tribunal a quo al conceder el recurso con el alcance antes delimitado. Por ello, voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Sucintamente, el caso: 1.1. El Juez de baja instancia, por decreto del 01.08.2011, reguló los honorarios correspondientes al letrado de la parte actora, en $9.796,52 equivalentes a 30,98 Jus por su actuación en la ejecución de los principales (f. 9). 1.2. Ya firmes los mentados honorarios -luego de que el Juez resolviese la impugnación que interpusiera la demandada (cfr. fs. 14/59 y 60/v.)-, el referido profesional presentó una planilla de actualización de los mismos, al valor Jus coetáneo (f. 64). Corrida la vista correspondiente a la Caja Forense de Abogados y Procuradores (f. 65), la demandada -obligada al pago- impugnó dicha petición (fs. 216/222), planteando la inconstitucionalidad del artículo 32 de la ley 12851. Por su parte, el Dr. Alzugaray contestó dicho cuestionamiento, manteniendo su postura inicial (fs. 86/87v.). 1.3. Oportunamente, la Juez de grado, mediante resolución del 17.02.2014, rechazó la impugnación formulada por la demandada (fs. 95/v.). Para así decidir, entendió que "la ley 12851 que introdujo la redacción actual del art. 32 en la ley 6767, data de enero del 2008", por lo tanto "jurídicamente no se puede ingresar al tratamiento de una cuestión constitucional precluida y largamente consentida". 1.4. Contra dicho pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de apelación (fs. 97/99). Concedido el mismo y elevadas las actuaciones, la recurrente presentó el memorial respectivo (fs. 121/123v.), haciendo lo mismo el profesional de los honorarios cuya actualización se cuestiona (fs. 126/127). Por su parte, una vez contestada la vista corrida por Caja Forense (fs. 134/135), la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad rechazó el recurso de apelación, con costas a la vencida (fs. 139/140). Para así decidir, el Tribunal consideró que el planteo lucía visiblemente extemporáneo, en virtud de que la regulación de honorarios se había realizado conforme lo manda el artículo 32 ley 12851 "sin que frente a dicha decisión se propusiera el remedio que ahora se intenta". Asimismo, desestimó la inconstitucionalidad de la norma, estimando que el pago de los honorarios recién se considerará total y cancelatorio cuando el deudor entregue la cantidad de dinero que "al momento del efectivo pago" representen los JUS indicados en la regulación de honorarios. 2. Contra tal pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad (fs. 143/149v.). En su memorial recursivo sostuvo que la Alzada soslayó abordar la crítica central de su impugnación, referida al planteo de inconstitucionalidad de una norma (el art. 32 de la ley 12851) que -a su entender- establece un doble régimen de actualización al imponer la aplicación de intereses moratorios y fijar una actualización monetaria de los honorarios profesionales mediante el sistema de unidad JUS, introduciendo así un mecanismo de indexación legalmente vedado, conforme la prohibición de indexar contenida en el artículo 10 de la ley 23928, ratificada por la ley 25561. A su vez, expresó que la Sala no advirtió, como lo hizo la Corte local en el fallo "Municipalidad de Santa Fe c/ Decoud, Raúl Rubén -apremio- s/ recurso de inconst." (A. y S. T. 265, págs. 354/358), que el caso involucra no sólo normas arancelarias locales, sino también normas de orden público de alcance nacional, jerárquicamente superiores y que mantienen plenamente vigente la prohibición de indexar, repotenciar o actualizar deudas. Le achacó, además, apartamiento del razonamiento legal y lógico que imponían las circunstancias, en cuanto a que la aplicación del artículo 32 de la ley 12851 "ha sido denunciado como opuesto al régimen de la ley 23928, ya que incluye una fórmula de actualización de una obligación contrariando la prohibición expresa... que proviene del único legislador con aptitud legisferante en la materia". Señaló en tal sentido que el giro argumental empleado por la decisión no es idóneo ni eficaz para sortear el obstáculo, porque la distinción entre deuda de valor y monetaria, no es más que una apreciación dogmática para eludir la prohibición. Finalmente, refirió en oposición a lo afirmado por la Cámara, que su parte impugnó de manera tempestiva y oportuna el sistema de actualización previsto por la norma en cuestión, puesto que dicha objeción fue interpuesta al tiempo en que se pretendía su aplicación. Evacuado el pertinente traslado, la Sala concedió el remedio extraordinario interpuesto, tal como se relató al tratar la cuestión anterior. 3. De los fundamentos del recurso, se desprende que el tema a decidir se circunscribe al debate acerca de si la aplicación del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851), contraviene la vigencia de la norma federal, ley 23928, y, por lo tanto, si dicho precepto legal debe reputarse de inconstitucional. Se advierte en ese punto, que el planteo guarda sustancial analogía con lo que fuera materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe contra Bergagna, Edgardo" (Expte. C.S.J. N° 578/2011, pronunciamiento de fecha 01.08.2017, A. y S. T. 276, págs. 294/326). Conforme al criterio sustentado en aquella oportunidad, el legislador provincial ostenta competencia constitucional, por tratarse de una potestad no delegada al Estado nacional (art. 121, Const. nac.), para dictar normas relativas a honorarios profesionales y, en esa faena, el sistema diseñado mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modif. por ley 12851) por el cual se instituye el módulo o unidad "jus" aplicable a la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, es decir, al quedar firme la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional-. Tal diseño normativo elegido por el legislador provincial tuvo como propósito directo preservar la integridad de la remuneración de los profesionales del derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado -institución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios -ello en virtud de las contingencias procesales a las que están sometidos, especialmente en su instancia recursiva-, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, además del principio de jerarquía normativa y el reparto de competencias, consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional. 3.2. Trasladando las pautas antes expuestas al "sub examine" se advierte que, de acuerdo al estado procesal de los autos, el pronunciamiento de la Alzada se apartó de tales parámetros, toda vez que -si bien ha convalidado la constitucionalidad del artículo 32 de la ley 6767 (según ley 12851)- determinó que la actualización de los honorarios mediante el sistema de unidad "jus" prevista por la norma en cuestión, correrá hasta el momento del efectivo pago. Y frente a ello, cabe aclarar aquí -conforme los lineamientos postulados en el precedente señalado- que, a partir de la firmeza del auto regulatorio de honorarios, la deuda por honorarios quedará definitivamente convertida en obligación dineraria, alcanzada por el principio nominalista y la prohibición indexatoria, y su integridad sólo podrá ser resguardada -conforme lo expuesto- mediante la tasa de interés. Es decir que, en el "sub lite", siendo que el auto dictado el 4.04.2013, mediante el cual se resolvió la revocatoria del proveído de regulación de honorarios en cuestión, fue notificado a la demandada el 29.04.2013 (fs. 61/v.), al no haberse interpuesto recurso alguno, quedó firme la regulación a partir del vencimiento del plazo requerido. De modo que, la resolución impugnada, en cuanto confirma llevar adelante la ejecución de los honorarios cuantificados según el valor de la unidad "jus" vigente a la fecha de la liquidación de la deuda, no se ajusta al criterio seguido por esta Corte en el precedente mencionado (A. y S. T. 276, págs. 294/326). Voto, pues, por la afirmativa, con costas por su orden en atención a las particularidades de la causa (arg. arts. 12 y 13, ley 7055 y 250 C.P.C.C.; cfr. crit. A. y S., T. 276, págs. 294/326). A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Entiendo que las cuestiones debatidas en autos -en cuanto versan sobre el planteo de inconstitucionalidad del "sistema del jus", implementado por la normativa arancelaria local- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, págs. 294/326), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que en la misma expuse. Conforme a lo que sostuve en aquel precedente, las alegaciones de la impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. También he de señalar que allí se destacó que una vez dilucidada definitivamente la cuestión regulatoria, las finalidades prácticas y procesales que primaron en la normativa arancelaria -al adoptar la unidad jus- conducían a entender que al momento de la firmeza del auto regulatorio los módulos establecidos se convertirán por "su equivalente en pesos o moneda de curso legal" (v. art. 32 -segundo párrafo- ley 6767, texto según ley 12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada producirá el devengamiento de los intereses que se determinen. Ahora bien, trasladando dichas pautas al presente caso, se advierte que la Alzada se apartó del criterio mencionado toda vez que -si bien convalidó la constitucionalidad del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851)- determinó que la actualización de los honorarios mediante el sistema de la unidad Jus prevista por la norma en cuestión, correrá hasta el momento del efectivo pago. Por tal razón, lo decidido resulta descalificable en el plano constitucional. Voto, pues, por la afirmativa. Costas en el orden causado. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus, guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c/ Bergagna, Edgardo -Apremio Fiscal- (Expte. 121/10) s/ Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294). 2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al presente caso, al que "brevitatis causae" me remito, surge de las constancias de autos -en lo que ahora es de estricto interés- que el A quo, confirmó la resolución de baja instancia que a su hora convalidó la actualización de los honorarios profesionales regulados el 30.10.2010 al valor del jus actual. Siendo por lo tanto que el criterio sentado por la Jueza de grado y confirmado por la Cámara, habilita la aplicación del sistema de JUS previsto por el artículo 32 de la ley 6767 -según la modificación introducida por la ley 12851- más allá de la firmeza de la regulación de honorarios efectuada en autos, dicha resolución contradice lo sostenido en el precedente antes mencionado y, en consecuencia, corresponde anular la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario local. Voto, pues, por la afirmativa, con costas en el orden causado. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada. Costas por su orden. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron. En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que sea nuevamente juzgada. Costas por su orden. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala Primera -integrada-. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Santa Fe.