Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-18


SENT Nro. 62 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado de la parte actora en autos: "Torasso, Pedro Pablo y otros vs. Guida, Rafael Guillermo y otro s/Medida preparatoria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia de la Sala Ia. de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del 5 de abril de 2002 (fs. 170/172).

2.- Invoca como motivo de casación que la sentencia que impugna viola los artículos 272 y 273 incisos 4, 5 y 6 CPCC, toda vez que ha omitido pronunciarse en los términos de este último, como consecuencia de lo cual descalifica un instrumento importante, que es ignorado en su naturaleza jurídica, denominándolo con una distinta calificación, y con efectos y consecuencias también distintas.

En esa dirección afirma que el Tribunal no ha fundado su decisión en la documentación acompañada en la demanda, ni ha tenido en cuenta los fundamentos de la misma, ni los expuestos en la contestación de agravios, sino que sólo se ha sustentado en los reclamos del recurrente y en su propia convicción. Señala que el fallo en crisis considera que las partes celebraron una cesión o venta de un fondo de comercio, negocio jurídico que no existe, ni ha sido ofrecido por los actores, ni cuestionado como tal por los demandados. Indica, al respecto, que el instrumento que vincula a las partes integra un complejo de acuerdos (fs. 14 a 26), que derivan del contrato de compraventa de acciones y bienes de fs. 14, sobre cuyo contenido se elaboran el resto de los instrumentos que fundan la acción, sin que en momento alguno se haya hecho mención a la cesión o venta de un fondo de comercio, como lo sostiene el Tribunal.

Por otra parte, destaca que de los documentos agregadas la litis (fs. 14 a 26) surge el convenio de indemnidad (fs. 19 a 21, cláusula 3), en virtud del cual los adquirentes constituyen prenda sobre el 20% de las acciones que compran hasta tanto cumplan las obligaciones asumidas. De ello surge, prosigue, como semiplena prueba y como consecuencia de la prenda, que hasta tanto no se extinga el contrato por cumplimiento de todas las obligaciones asumidas, los actores (vendedores), continúan interesados en la suerte del 20% del paquete accionario, no como socios de los compradores (demandados), pero en esa importante proporción; y en tal caso resulta aplicable el artículo 284 bis inciso 5 CPCC, que el Tribunal considera inaplicable al caso. Afirma que el error sustancial del Tribunal consiste en considerar que existe una transferencia de fondo de comercio cuando en realidad se trata de un contrato de compraventa de acciones, condicionadas por la prenda, lo que patentiza la denunciada infracción al artículo 273 incisos 4, 5, 6 y 7 CPCC. Y observa que la prenda de acciones se efectúa de conformidad al artículo 580 y ss Cód. de Comercio, y que para hacer efectivo el crédito o cobrarlo, con los alcances del artículo 585 el mismo cuerpo legal, es necesario, por prudencia procesal, constatar su incumplimiento.

Sobre esa base postula que no puede interpretarse con carácter restrictivo las facultades del sentenciante, fundándolas en el artículo 1696 CC, pues no se trata de la misma legislación, no se quiere un examen general de libros, y sólo se pretende conocer si ha cumplido la condición que garantiza la prenda, de modo que la aplicación restrictiva que efectúa el Tribunal limita los derechos de sus mandantes, que hacen al principio de congruencia, al debido proceso, la igualdad de las partes, y el derecho de propiedad. Y destaca que acreditó el interés de sus mandantes y la existencia de un delito, sea civil, sea penal, por cuanto sobre la base de un contrato de compraventa de acciones, se está usando una marca comercial no comprometida en el negocio, y por ello deberán responder quienes resulten responsables.

2.1.- Corrido el traslado de ley, la parte demandada solicita el rechazo del recurso interpuesto. Alega que los agravios de la parte actora incumplen el recaudo contenido en el artículo 816 CPCC, puesto que no reúnen los requisitos mínimos elementales para ser considerados tales en el sentido técnico procesal de la expresión. En este sentido destaca que el argumento fundamental de la sentencia, suficiente por sí para arribar a la solución adoptada, con prescindencia de la aplicabilidad al sublite de la ley de marcas 22.362, es que las medidas peticionadas por los requirentes no enmarcan en lo dispuesto por el artículo 284 bis inciso 5° CPCC, toda vez que no existe un vínculo de socio, comunero, condómino, tutor o curador, o administrador de negocios entre las partes; y que dicho argumento no fue rebatido por los recurrentes, por lo que dicho argumento sentencial se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.

Desde otra perspectiva observa que el pronunciamiento impugnado no satisface el requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal, exigido para la concesión del recurso casatorio, toda vez que se trata de una medida preparatoria, alusiva a un medio de prueba, que sin ninguna mengua puede ser tratado en el proceso contencioso que eventualmente se plantee. Se trata, prosigue, de una cuestión de prueba, que resulta por principio ajena al recuso de casación; y destaca que el excepcional supuesto de gravedad institucional no fue ni siquiera invocado en el caso.

3.- Por auto interlocutorio del 28 de octubre de 2002 se concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso de casación interpuesto, cabe advertir que el primer requisito a analizar es el establecido por el artículo 813 inciso a) del CPCC, el que en la especie no se cumple puesto que la sentencia impugnada no reviste el carácter de definitiva, ni recae en una cuestión incidental que termine el pleito o haga imposible su continuación. El fallo atacado no se expide sobre el fondo del asunto, sino que versa sobre una cuestión procesal que no es la que pone fin al pleito ni resulta impeditiva de su continuación; lo que define negativamente la admisibilidad del recurso promovido en su contra.

La definitividad de la sentencia es un recaudo propio y autónomo del recurso extraordinario local, que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJTuc. in re "Cabsha vs. Fontdevila S.A. s/daños y perjuicios", 19/10/93). El remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo o equiparable a tal, o cuando lo decidido pueda ocasionar eventualmente un gravamen irreparable que torne necesaria la habilitación de esta vía extraordinaria, y ello dentro del marco conceptual de que el derecho de defensa en juicio no es absoluto, sino que se ejerce conforme a la ley procesal que reglamenta su ejercicio, siendo razonable la limitación contenida en el artículo 813 CPP, pues de otro modo la Corte se convertiría en una tercera instancia, con desnaturalización funcional.

Tampoco se advierten los caracteres de gravedad institucional que autorizarían a este Tribunal a entender en un recurso planteado contra una sentencia que incumple el recaudo de definitividad exigido para la apertura de la instancia extraordinaria pretendida. Lo resuelto por la Cámara no evidencia prima facie impacto negativo en la buena marcha de las instituciones; ni alteración de la estructura del procedimiento, en desmedro del derecho de defensa de los recurrentes; quienes, por lo demás, no han invocado la configuración del supuesto previsto en el artículo 813 inciso b) CPCC, ni sus agravios evidencian la existencia de interés institucional.

Las cuestiones propuestas no exceden el interés individual de las partes, comprometiendo el de la comunidad, con incidencia o proyección en la buena marcha de las instituciones. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueda resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc. in re "Torres, Luis Roque vs. Alpargatas s/daños y perjuicios", 6/8/97, "Ahmad R.A. vs. R. Ahmad s/div. de condominio", 23/5/95; "Bernard J.C. s/giro de cheque con cuenta cerrada", 8/7/94; "Juárez, Oscar M. s/lesiones gravísimas", 21/12/94 entre muchos otros), caracteres que no concurren en la especie.

Por lo considerado, corresponde desestimar el recurso de casación, con costas al recurrente por aplicación del principio general en la materia (artículos 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia de la Sala Ia. de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del 5 de abril de 2002 (fs. 170/172).

II.- COSTAS, conforme lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR