marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, Superior Tribunal de Justicia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: DE PAULI DE CARDILLO, Gloria - Sucesorio Testamentario s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-30

Corresponde a la Corte de Justicia dirimir las contiendas de competencia que se susciten entre todos los Tribunales inferiores de la Provincia.-
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, contracautela, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iaies Gustavo Fabián c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar Aires s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-06

Las medidas cautelares -y entre ellas la prevista en el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario- tienen por finalidad garantizar el cumplimiento de una resolución judicial ante el eventual éxito de la acción entablada. Verificados sus presupuestos, el Tribunal se pronunciará respecto de la medida solicitada, previa contracautela suficiente -según el caso- por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar a la contraria si ha sido requerida sin derecho, a fin de hacer efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 188 del mencionado código.
Abuso sexual calificado, prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Soria Damián Cristobal s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-18

Corresponde anular la absolución del imputado en los términos del art. 3 CPPN -fundada en que la acusación, apoyada exclusivamente en manifestaciones inexactas y contradictorias de la presunta víctima, no logró conformar un marco probatorio unívoco sobre los hechos imputados-, pues el a quo, al valorar los informes médicos y psicológicos descartó algunos y tomó en consideración otros sin brindar fundamentación suficiente, efectuando una valoración parcializada del material probatorio, vulnerando el principio de razón suficiente. El voto concurrente agregó que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas, máxime tratándose de conductas dirigidas hacia una niña en plena etapa de desarrollo psicosexual y con quien lo une un vínculo familiar, en el interior de viviendas familiares. La disidencia consideró que lo resuelto exhibe la existencia de una duda razonable que impidió al tribunal arribar a un pronunciamiento distinto del impugnado y que esa incertidumbre no podrá superarse mediante el reenvío a otro tribunal.

(Dres. Gemignani, Cabral -en disidencia- y Figueroa).
Prueba pericial, impugnación de la pericia, falta de impugnación, alegato, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Bevilacqua, María Matilde c/ García, Edelmiro a. y otro s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tan. c/Les. o muerte).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Si bien la falta de impugnación no enerva la posibilidad que tienen las partes de valorar y cuestionar la eficacia probatoria de la pericia en los alegatos, tal facultad no puede ejercerse en la Alzada, a través de la expresión de agravios, pues dicha actividad sería violatoria del principio procesal de preclusión.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scarfó, Antonio y otros c/ Elichiry, Néstor Omar y otro s/ Reclamación - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El desatino que significa circular por la carretera con un tractor, de noche, y sin contar con las luces rojas traseras que delaten su presencia sobre el asfalto, no debe descuidar que también quien circula por una ruta con su automóvil debe gozar de un rotundo predominio sobre el mismo, conservando siempre la rapidez que le permita, en toda circunstancia, detenerlo con éxito dentro del tramo que están iluminando los faros delanteros, más allá de lo cual el andar se hace tenebroso e imprudente (arts. 64, 85 y 86 de la ley 5800).-
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, personal municipal, ley nacional, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, ANGEL ROBERTO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-27

Los preceptos de la Ley Orgánica n 1260 y su discusión parlamentaria demuestran claramente que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no es ni ha sido una simple repartición administrativa nacional, a pesar de las modificiaciones legales subsiguientes y de las intervenciones legislativas o administrativas de que ha sido objeto. De modo que delegado por la citada Ley Orgánica a la Municipalidad el poder de dictar el régimen previsional para su cuerpo de agentes, cabe concluir que las leyes nacionales no modifican a aquél salvo que medie una norma expresa que así lo determine.
Competencia laboral, contrato de trabajo, relación de dependencia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cerda, Dedic c/ Y.P.F. S.A. s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Si se trata de una demanda deducida contra YPF reclamando la prestación de beneficios asistenciales originados en una relación de trabajo, es competente la justicia laboral y no la federal, pues se demanda a una persona de derecho privado y con arreglo a normas de derecho laboral común.
Pensiones, ley vigente, conviviente, cónyuge supérstite, concurrencia de beneficiarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: WIGGENHAUSER, CELIA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-09

Deducida la petición estando vigente la ley 23.226 -la que más allá de sus deficiencias semánticas previó la concurrencia como beneficiarias de la cónyuge y la conviviente del causante- debe reconocerse el derecho invocado por la concubina que, al extinguirse el derecho pensionario de su hija, peticionó el otorgamiento del mismo en la proporción del 50% (el otro 50% lo percibía la cónyuge supérstite), máxime si al solicitar el beneficio en representación de la menor, había formulado expresa reserva del derecho a peticionar en el futuro y en su nombre, en caso de existir una norma legal que la amparara. Además, la ley 23.570 no es óbice para el progreso del reclamo deducido, porque la misma convalida normativamente la interpretación de la ley 23.226 efectuada por la C.S.J.N. en la causa "Vilases, Emilio" del 15.02.86. (Disidencia del Dr. Wassner).
Recurso extraordinario, sentencia no firme, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Poder Judicial, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, funcionarios judiciales, médico forense, incompatibilidad de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MEDICOS FORENSES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 785 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

La circunstancia de que los recursos planteados por los médicos forenses contra la sentencia de la Corte local que -en su momento- rechazó los recursos interpuestos contra el Acta Acuerdo del mismo Tribunal que dispuso la aplicación a los mismos de las incompatibilides establecidas por la ley 10.160 (reformada por la Ley 11.144) no se dirigen contra "sentencia definitiva pronunciada por un superior tribunal de provincia" ( art. 14, ley 48), se erigiría por sí sola en un obstáculo insalvable para su viabilidad por el acatamiento debido en principio a la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación (en particular cuando se trata de la interpretación de las reglas aplicables al recurso extraordinario federal). En el caso, dictado el acto que desestimó el recurso de reposición, los interesados debieron interponer el recurso de inconstitucionalidad local, reglamentado por la ley 7.055, para así dar cumplimiento a la exigencia de que las eventuales cuestiones federales sean previamente planteadas ante el Superior Tribunal de Justicia, como imprescindible recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario que se decidiera interponer en su caso. Sin embargo -en el caso- tratándose de remedios planteados con anterioridad a que la Corte local explicitara su posición sobre los efectos que la jurisprudencia de la Corte Nacional emanada de "Strada" ha tenido sobre la recurribilidad de las resoluciones adoptadas en materia de Superintendencia de la Administración de Justicia, es conveniente dar por cumplido el referido recaudo legal a fin de evitar que la aplicación de las nuevas pautas le impida a los recurrentes el acceso a la instancia judicial de revisión de los actos que, a su entender, les ocasionan agravios de naturaleza constitucional, dejando así de lado -a partir de una interpretación amplia favorable al derecho de defensa- la posible objeción fundada en que el criterio aquí analizado era ya bien conocido a la época de interposición de los remedios extraordinarios federales.
Entidades financieras, depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, operaciones bancarias, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si en ninguna de las sucesivas etapas de recepción, depósito y traslado de los fondos que debían invertirse, se efectuó un recuento pormenorizado del dinero a la luz de las características que presentó la ilegítima operatoria de captación masiva de depósitos que tuvo lugar en la entidad financiera -, ello impide tener por acreditada la cuantía de los fondos que, se pretende, fueron impuestos en la depositaria.
Asistencia y salvamento, facultades de la autoridad marítima, legitimación procesal
Materia: NAVEGACION
Carátula: R.U.A.  (REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS) c/ Y.P.F. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

En una primera aproximación el art. 41, Ley 20.094, está encuadrado en el Título II de la Ley de Navegación que trata "de las normas administrativas", otorgándole a la autoridad marítima la posibilidad de ordenar en caso de siniestros que los buques y sus tripulaciones sean puestos a su disposición a los fines necesarios.

Luego acuerda en su parte final a los buques que hayan prestado auxilio la posibilidad de "accionar directamente contra los terceros beneficiarios" o bien "reclamar ante la autoridad marítima por las indemnizaciones y compensaciones que correspondan a dichos servicios". Y concluye que "en éste último caso la autoridad marítima tiene acción contra los terceros beneficiarios por el monto de dichas indemnizaciones y compensaciones". Ello se conjuga con lo establecido por el primer enunciado de dicha norma que establece que la autoridad marítima puede disponer, incluso de oficio y con cargo al buque, cuando razones de seguridad, así lo exijan, cambios del lugar del sitio del amarre o la ejecución de cualquier maniobra, pudiendo llegar en caso de urgencia al corte de amarras (v.g. en caso de incendio).
Empleo público, docentes, transferencia del personal, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ / queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Aspiro, Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo, expte. nº 13572/16
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

El marco normativo -art. 31 del Estatuto docente y su decreto reglamentario n° 516/13- ha diseñado un mecanismo para gestionar las solicitudes de traslado de los docentes confiriendo cierta discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades al Poder Ejecutivo. La normativa reseñada no impone que todos los requerimientos sean acogidos favorablemente pues resultaría dificultoso o impracticable, para las autoridades administrativas, hacer lugar a todos los traslados que fueran solicitados por los docentes, en atención a la necesidad de organización y planificación que precisa la prestación del servicio de educación pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto del juez José Osvaldo Casás).
Competencia, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Mabel Prinos c/ Municipalidad de Puerto San Julián s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-23

Para la determinación de la competencia corresponde atender de manera principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.

Las pretensiones de la actora al promover la demanda son: a) Que el municipio le reconoció adeudar una determinada suma de dinero, la cual percibió con reservas y su disconformidad radica en el índice aplicado por la demandada para actualizar la deuda, solicitando se reconozca la aplicación del índice de precios al consumidor y, b) La indemnización por el daño producido a la demandante, por el incumplimiento por el órgano municipal de lo establecido por el art.

145 del reglamento del personal municipal.

Por la naturaleza de las pretensiones la demanda no encuadra en ninguno de los dos supuestos contemplados por la Ley 22 para la competencia contencioso administrativa, ésto es: revisión judicial de un acto administrativo y demanda de ilegitimidad del acto administrativo.

Por ende, se trata de una acción civil de carácter personal, por lo que el actor deberá adecuar su demanda y el juez deberá determinar el procedimiento aplicable - ordinario o sumario - a los efectos de orientar adecuadamente la acción hacia su meta: "La Sentencia".
Medidas cautelares, vínculo filial, videoconferencias
Materia: CIVIL
Carátula: B. M., G. c/ G. I., J. Y. s/ homologación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-02

Corresponde establecer cautelarmente y con carácter provisorio por el plazo de tres meses un régimen de comunicación virtual, mediante el cual el padre privado de su libertad se contacte por video llamadas de "whatssap" o cualquier otro medio digital que permita el contacto con su hija, una vez a la semana, durante aproximadamente 30 minutos, debiendo el progenitor encontrarse acompañado en el desarrollo de los encuentros por personal del área psico social a fin de facilitar la comunicación entre los adultos y preservar a la niña, toda vez que la comunicación no debe cesar aunque el progenitor se encuentre en prisión, siempre que se disponga de un espacio agradable y apto para los encuentros, de modo que sólo puede ser negada en caso de gravísimas circunstancias que lo exijan en el interés de la persona menor de edad. Y agrega que esta modalidad resulta apropiada para proteger los derechos e intereses de la niña, puesto que la supervisión permitirá conocer cómo se desarrollan los encuentros virtuales y, en caso de resultar perjudiciales para la menor se podrá obtener informes a los fines de evaluar su suspensión.
Obligaciones, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santos, Robustiano y ot. c/ Poggi Fernández, Roberto Luciano s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-11

Los arts. 617 y 618 del C.C. terminan con la facultad del deudor de convertir el signo debido en moneda nacional, estando forzado a entregar la moneda extranjera pactada. Por lo que si la regla es el cumplimiento en especie no se advierte razón para que subsista deber de conversión alguno pues en realidad el juez deberá condenar a entregar dólares o la divisa de que se trate, y consecuentemente con ello debe considerarse derogada la regla del art. 518 del C.Procesal, último párrafo (art. 34 inc. 4 del C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito laboral, recibo, renuncia de derechos, silencio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ULTRAMAR SOCIEDAD ANONIMA - POR LEZAMA, FERNANDO s/ INCIDENTE DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

La firma de recibos por el trabajador no puede ser interpretada como renuncia al pago íntegro (Ley de Contrato de Trabajo: 145):

tanto la norma indicada cuando el derecho común rechazan el silencio como renuncia de derechos.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSI AMICONE, FABIANO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 316 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estatuye que el escrito de interposición del recurso extraordinario sea "fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48", disposición ésta que, a su vez, prescribe que "cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos...".

De dicha regulación legal surge que pesa sobre el apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el Tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios.
Beneficio de litigar sin gastos, derechos del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: ABOJER ILEANA EDITH c/ PIRE RAYEN AUTOMOTORES S.A. y OTRO s/ INCIDENTE DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-02

La solución a la cuestión parecería surgir de la propia letra del artículo 53 de la Ley 24.240 (modificado por la Ley 26.361), sin necesidad de recurrir a la diferenciación semántica de las expresiones "beneficio de litigar sin gastos" y "de justicia gratuita", ni apelar a la analogía con otras leyes fuera del sistema -leyes laborales-. El texto legal en su último párrafo dispone que las acciones basadas en el derecho individual de los consumidores gozan del beneficio de justicia gratuita -presunción iuris tantum-, pudiendo la demandada demostrar la solvencia del actor mediante incidente para que este beneficio cese.

Fuente del sumario: OFICIAL
Aplicación de la ley, división de la herencia, hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: O. M. A. y J. R. P. s/ sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-12-05

Dado que el causante falleció antes que el art. 3570 fuera reformado por la ley 23.264 que equipara los derechos de los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, es válido atribuir un porcentaje hereditario mayor a la cónyuge supérstite respecto del hijo extramatrimonial, pues ni por vía legislativa ni por vía de interpretación judicial se puede aceptar la aplicación de una ley que arrebate o altere un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.
Quiebra, pedido de quiebra, jueces, competencia, persona humana
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZOCCO, VIVIANA MABEL LE PIDE LA QUIEBRA SOLA, MARIA FLORENCIA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Cabe revocar el pronunciamiento mediante el cual la a quo se inhibió para el conocimiento de la causa al considerar acreditado que la presunta deudora se domiciliaba en el extranjero (arg. LCQ 3).
Locación de cosas, plazo de la locación, plazo legal, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: DA PENA DE FIORILLO, SUSANA c/ LAQUINTANA CALUFRESE, MARY ESTELA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

El plazo establecido en el art. 1507 del Código Civil sólo rige en el primer contrato de locación efectuado entre las partes, pero no en los casos en que el mismo sea renovado o prorrogado, atento a la finalidad perseguida por el legislador.
Derecho procesal, juicio sumarísimo, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro de Estudiantes de Ingeniería ¨La Línea Recta¨
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-10-02

El procedimiento sumarísimo del amparo no es la vía adecuada para resolver sobre la legitimidad o ilegitimidad de la intervención de un centro de estudiantes, resuelta por el Poder Ejecutivo apoyándose en lo dispuesto por el art. 8 de la ley 16.912 y en la facultad que le acuerdan los arts. 45 y 48 del Código Civil para intervenir en la organización y funcionamiento de las asociaciones civiles.
Aduanas, Mercosur, derechos de exportación, inconstitucionalidad, tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Dow Química Argentina (TF 28004-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

La Corte Suprema de Justicia en la causa "Cafés La Virginia" (Fallos: 317:1282); allí, el Tribunal Supremo en su voto mayoritario, estableció que el legislador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien puede dictar una norma que contradiga un tratado o que dificulte su cumplimiento, ese acto comportaría una trasgresión al principio de la jerarquía de las normas (art. 31 de la C.N.); por ende, sería un acto constitucionalmente inválido. Así, el Máximo Tribunal concluyó: "(...) el legislador no puede delegar una facultad que no tiene, desde el punto de vista de la legitimidad de una delegación siempre está presente -lo diga la norma delegante en forma expresa o no- esa directiva de que ni una ley ni otra norma de rango inferior puede violar un tratado internacional" "(...) es un principio implícito que todas las facultades que delega el legislador deberán ejercerse "respetando los convenios internacionales vigentes" (conf. considerando 10° segundo y tercer párrafo y considerando 11° primer párrafo). El Estado argentino debe velar por la no violación de un tratado internacional. Tal inteligencia emerge claramente de nuestra Constitución Nacional; y el citado fallo ratifica esta posición al disponer: "(...) la obligación de respetar los convenios internacionales vigentes es una directiva implícitamente contenida en toda delegación legal en atención a la obligación que pesa sobre el órgano legislativo-y sobre todo órgano del Estado argentino- de evitar la trasgresión de un tratado internacional" (ver considerando 17° segundo párrafo).(del voto en disidencia del Dr. Morán).
Depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PINELLO DE MARTINEZ, JUANA BEATRIZ c/ FERLONI, CAMILO s/ DESALOJO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

La indexación no es un plus que se adita al capital, representa el deterioro que aquel ha sufrido como consecuencia del envilecimiento del signo monetario, de modo que obra como recomponente del valor original para que el acreedor, a valores constantes, reciba la misma cantidad que le era debida al vencimiento de la obligación, por ende, cuando el equilibrio de las prestaciones se altera a causa del proceso inflacionario, su restablecimiento impone necesariamente el reajuste de la deuda.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leveroni de Martínez c/ Leguizamón s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

La preparación de la vía ejecutiva tiene por finalidad establecer la autenticidad de la firma del ejecutado estampada en el instrumento privado que se presenta como base de la acción. En el sub judice al no haber sido desconocida por el obligado principal en su presentación la que se le atribuye a quedado superado el trámite omitido (art. 169 3er. p. C.P.C.), completado el título y habilitado de tal forma la vía ejecutiva (art. 525 del C.P.C.).