Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 31 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Mizrahi dijo:

I. Antecedentes La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 237/249 vta., rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Julio Alberto Aristizábal contra "Fast Food Sudamericana S.A.", con motivo de la caída que aquél sufriera dentro de uno de los locales explotados por ésta el día 17 de diciembre de 2003. En consecuencia, al fallar de la manera señalada, las erogaciones causídicas fueron impuestas al accionante vencido.

Contra el referido pronunciamiento se alzó el actor, quien expresó agravios a tenor de la pieza que corre glosada a fs. 262/265 vta., la cual mereció el responde obrante a fs. 268/270.

II. Los agravios El aquí apelante se queja del rechazo del reclamo indemnizatorio oportunamente interpuesto y postula -con argumentos ciertamente endebles- que el accidente de marras en modo alguno puede ser imputado a su propia culpa, reeditando -en lo medular- las consideraciones vertidas en la instancia de grado. En tal sentido, insiste en la procedencia de su acción, invocando el art. 1113 del Código Civil y el art. 42 de la Carta Magna.

III. Análisis de los agravios III.a. Cabe señalar, en primer lugar, que difícilmente se puede sostener que los agravios del quejoso cumplen con los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual. Sin embargo, no he de hacer lugar al pedido de que se declare desierto su recurso de apelación (ver fs. 268/270) en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), precepto que a mi juicio impone utilizar la facultad que acuerda el art. 266 del CPCCN con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una transgresión a la citada preceptiva legal; circunstancia que no se presenta en estos actuados. Este tribunal viene declarando de modo concordante que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por satisfechos aún ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del C.P.C.C.N., según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha cumplido la mentada carga procesal; situación que es la que acontece en la presente causa (ver al respecto mis votos in re "Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de soc. conyugal" del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-845, LA LEY, 2006-A, 679; íd., en autos "Menéndez c. Alberto Sargo S.R.L. s/ds. y ps." del 23/11/2005; íd., in re "Berguer y otro c. Periodismo Universitario S.A. s/ds. y ps.", del 31/3/2006, RcyS 2007-II-109. Ver, también, CNCiv. sala E, del 24/9/74, LA LEY, 1975-A, 573; íd., Sala G, del 10/4/85, LA LEY, 1985-C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA 2005, III, Fascículo 12, del 21/9/2005, p. 58; entre muchos otros).

III.b. Ingresando al fondo del asunto, y tras un detenido examen de la causa a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN), adelanto desde ya que comparto íntegramente la solución adoptada por la magistrada que me precedió. Veamos.

Por un lado, resulta incuestionable la materialidad del evento en el cual el accionante fundó su reclamo. Adviértase al respecto que si bien de la contestación de demanda de fs. 21/30 no se desprende de manera expresa un reconocimiento de la encartada en tal sentido, su efectivo acaecimiento se desprende de las posiciones que formulara a fs. 110 (ver pos. nº 5 y nº 8 y el art. 411 del CPCCN). A su vez, la caída del aquí recurrente en uno de los locales de la emplazada surge también de los informes remitidos por la empresa médica que lo asistió en la emergencia (ver fs. 92 y fs. 150).

Sin embargo, a pesar de lo expuesto, entiendo que no puede responsabilizarse a la emplazada por el mero hecho de ser la dueña de la escalera en la que se habría caído el actor. Ello es así en la medida en que -como lo dije antes de ahora (ver mi voto en autos "Valdez c. EDESUR s/ ds. y ps.", del 16/7/2007)- una escalera es una cosa inerte que per se no entraña riesgo alguno, aunque podría transformarse en riesgosa según sus condiciones constructivas y de conservación. Precisamente, no obran en la causa elementos probatorios que avalen que la mentada escalera presentaba una construcción impropia, o bien una superficie resbaladiza, o cualquier otra circunstancia que demuestre que su dueño o guardián no cumplió con las obligaciones a su cargo.

Sobre la cuestión me permito insistir que no es el mero acaecimiento del hecho material de la caída el que determina que se atribuya responsabilidad en los términos del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil. De manera diferente, el quid radica en establecer si esa caída fue debida a la actuación del riesgo o vicio de la cosa o, lo que es igual, que fue causada por el riesgo inherente al estado en que se hallaba la superficie de la escalera; y es aquí donde se advierte que no se verifica en autos el factor de atribución, que en el caso sólo podría estar dado por haber creado o no haber conjurado la empresa accionada el riesgo del cual se sigue el daño (cfr., Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por culpa o riesgo creado" en "Estudios de responsabilidad por daños", citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída en su comentario al artículo 1113 en Belluscio, Augusto C. (dir.), Zannoni. Eduardo A. (coord.), "Código Civil comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, t. 5, pág. 459); situación que no se presenta en la causa y, por ende, impide el nacimiento del deber reparatorio en cabeza de la demandada. Debe advertirse sobre el punto que la idea de riesgo no se identifica totalmente con la causalidad material, o sea que no se responde por la mera causación del daño, sino que la obligación resarcitoria ha de imponerse por haber creado el riesgo del cual se sigue el perjuicio (cfr. Trigo Represas, Félix, López Mesa, Marcelo, "Tratado de responsabilidad civil", t. I, pág. 625; CNCiv., Sala F, en autos "Goldwaser c. Alto Palermo S.A. s/ds. y ps.", del 19/2/2007, con voto del Dr. Zannoni; íd., íd., en autos "Yuan c. Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y ots. s/ds. y ps.", del 11/6/2007, con voto del Dr. Galmarini).

Conforme a lo expuesto, pesaba sobre el actor la demostración de que la referida escalera se encontraba sucia y con desechos de comida -como lo ha invocado- y que precisamente esas circunstancias operaron como causa de su caída. En esta línea de pensamiento, se verá que el quejoso ha omitido producir la prueba indispensable para llevar al ánimo del juzgador el convencimiento o la certeza sobre los hechos controvertidos; carga procesal establecida en el propio interés del litigante (cfr. arg. art. 377 del CPCCN; CNCiv., Sala H, in re "M. de B., P. y otros c. F., M. E.", del 6/5/2005). Y esta omisión, en concreto, sella la suerte del recurso intentado.

A mayor abundamiento, diré que aunque se hiciera aplicación de los preceptos emanados del art. 42 de la Constitución Nacional y de la ley 24.240, no variaría el resultado de la apelación intentada por el pretensor. En efecto, si bien es cierto que podríamos hallarnos ante una relación de consumo, y -de tal guisa- sostener que en cabeza de la encartada habría nacido una expresa obligación de seguridad para con la persona y los bienes del accionante (cfr. art. 5º de la ley 24.240), no es menos exacto que la existencia de tal débito no genera la responsabilidad automática de aquel sobre quien pesa. En tal sentido, la propia normativa de la ley 24.240 excluye en el caso concreto la responsabilidad de la encartada, pues en la causa no se verifica - tal como ya lo expuse- indicador alguno que demuestre que la empresa emplazada ha incumplido con su obligación de prestar sus servicios "en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios" (cfr. art. 5º, ley 24.240).

En conclusión, sea que la cuestión se analice a la luz de lo normado por el art. 1113 del Código Civil, o que se la estudie de conformidad con lo dispuesto por la ley 24.240, la solución no ha de variar, dado que en los presentes obrados se carece de elementos que acrediten la verificación de un factor por el que podría responsabilizarse a la demandada. De tal guisa, considero que no corresponde más que el rechazo de los agravios del apelante y la consecuente confirmación del decisorio en crisis. Así voto.

IV. Conclusión.

A tenor de las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí desplegadas, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio. Costas de la Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCCN).

Los doctores Sansó y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el doctor Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio. Con costas de la Alzada al apelante vencido. - Mauricio Luis Mizrahi. - Gerónimo Sansó. - Claudio Ramos Feijóo.