marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, decisiones administrativas, acción de nulidad, plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

1 - En el marco de una acción de impugnación de una decisión adoptada en una reunión de directorio, corresponde señalar que el comienzo del plazo de caducidad previsto por la LGS 251, debe computarse desde la resolución del órgano de administración.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcuaz, Néstor c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La descripción de la situación personal del actor, quien vivía con sus padres, hasta la muerte de cada uno de ellos, que a la fecha de la muerte de su madre de quien estaba a cargo contaba con sesenta y dos años de edad, con una incapacidad laborativa a esa fecha del cuarenta por ciento (dictamen de Reconocimientos Médicos) sin posibilidades de ingresar a la Administración pública atento su patología física, carente de prestación previsional alguna y ayudándose con el apoyo de su hijo que es empleado, constituyen indicios suficientes para tener por acreditada la situación de desamparo frente a la pérdida del único familiar que subvenía a sus necesidades (conc. art. 163 inc. 5, C.P.C.C.; 25, C.P.C.A.). Ello sumado a la prueba pericial obrante en autos permiten tener por configurada en la especie la situación exigida por el art. 52 de la ley 8587.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción de amparo, trámites judiciales, medidas urgentes, jurisprudencia contradictoria, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la Constitución de Tribunal plenario en los juicios de  amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

En los procesos de amparo se discuten cuestiones delicadas, de rango constitucional, con frecuente incidencia socioeconómica y pública.

A su respecto los fallos contradictorios configuran un verdadero perjuicio a la comunidad tanto por la disparidad de situaciones que se generan como por la inseguridad jurídica que provocan. De otro lado, la solución de convocar un plenario para resolver en abstracto, según su trámite ordinario llevaría tal vez años en lograr una definición, como es de experiencia común. En el interín se mantendría la situación antes mencionada, sin contar con el tema de su constitucionalidad. (Del Voto del Dr. Donati -En Disidencia-).

En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Alfonsín, Dora María s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El art. 793 del Código de Comercio exige que el título debe estar firmado por el Contador (entendiendo el vocablo como referido a la función desempeñada por el funcionario y no al título profesional universitario) y el Gerente del Banco.
Inadmisibilidad del recurso, salud del imputado, inexistencia de cuestión federal suficiente, coronavirus, emergencia sanitaria, insuficiencia del agravio, crímenes de lesa humanidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Fotea, Juan Carlos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fotea y encomendar al tribunal a quo que disponga lo pertinente para que la Unidad Carcelaria arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene, toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la concurrencia de un agravio federal, que permita hacer excepción al principio general. Si bien es cierto que en los últimos días se han dado a conocer casos positivos entre internos y agentes penitenciarios en algunas unidades carcelarias del SPF, al día de la fecha no se han registrado casos en la Unidad 33 en la que se encuentra detenido. Fotea, por su edad - 69 años- encuadraría genéricamente dentro de la población de riesgo. Por ese motivo, aparece incluido en el listado de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". Sin embargo, la sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se, un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto solicitado. Dicho peligro efectivo se presentaría cuando se advierta una proximidad concreta e inminente de grave afectación a la salud e integridad psicofísica del interno -en los términos de la emergencia sanitaria-. No media, en el caso, evidencia de aquello, ni la parte recurrente demostró cuál sería el peligro concreto y actual corrido por el interno. El informe médico y los mecanismos preventivos y sanitarios adoptados dentro de la unidad carcelaria guardan adecuado correlato con los criterios sugeridos en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de este cuerpo. Fotea registra dos condenas por delitos de lesa humanidad (una -ESMA UNIFICADA- aún no se encuentra firme). Las referidas condiciones se revelan incompatibles con los supuestos contemplados en el punto 2 de la Acordada 9/20, y, teniendo, además, en consideración, la entidad de los delitos por los que fue condenado, cobra particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3.
Multa procesal, inconducta procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., M. c/ B., A.F. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-11

"Cualquiera sea el tipo de inconducta que se halle en juego, su calificación y la aplicación de la multa consiguiente se encuentra supeditado al pedido de partes; y aun cuando no mediare recurso respecto a la no imposición de multa, nada obsta a que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el punto en la medida que entienda que se ha configurado alguna de las situaciones contempladas en el artículo 45 del Código Procesal...".
Contratos administrativos, interpretación del contrato, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HOTEL INTERNACIONAL IGUAZU  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  - LICITACION PUBLICA - PLIEGO SILENCIO DE  LA ADMINISTRACION - PRESUNCIONES  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó al Estado Nacional a indemnizar a la actora los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales y del amparo de la legislación específica de fomento (ley 17.752 y sus prórrogas).

Ello es así, pues el a quo examinó la pretensión indemnizatoria sobre la base de estipulaciones no incorporadas al contrato lo que en definitiva se traduce en un desconocimiento del convenio real entre las partes.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Morgenstern, Mario Leandro c/ Rebesquini S.A. s/ SUMARIO S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-03-16

Viola el principio de congruencia la sentencia que -como en el caso- disminuye el monto reclamado en concepto de daño emergente y limita temporalmente la procedencia de la asignación del lucro cesante, pese a que hubo acuerdo entre las partes respecto de cuál era el monto pretendido por la actora y los elementos y circunstancias que precisaban la existencia de ese reclamo y de ese monto.
Protección de la vivienda, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ojeda Graciela A. c/ Russo de Vaschchuk Rosa M. s/ Incidente de Desafectación de Bien de Familia .
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-22

Los actos preparatorios para la afectación de un inmueble al regimen del bien de familia por acta administrativa en sede registral produce efectos a partir de la anotación que haga el registrador de la iniciación del trámite, aunque sea en forma provisoria en el folio real.
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, acta de audiencia, lectura de la sentencia, lectura de fundamentos, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DELGADILLO, Iván Gerardo s/ s/inf. art. 83 Ley 1472. Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

En los presentes actuados la notificación de los fundamentos de la sentencia a las partes se ha implementado mediante nota extendida por el Secretario, incumpliéndose con la manda del artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación que ineludiblemente impone la lectura de la sentencia bajo pena de nulidad.

No empece a ello la sola convocatoria formulada por el Juez a quo en ocasión de la lectura del veredicto, tal como autoriza el segundo párrafo de la norma ritual mencionada, pues la lectura integral que efectivamente debía llevarse a cabo en aquella fue reemplazada y sustituída en la especie por otro medio de notificación improcedente para tal supuesto. Con lo cual, entiendo configurada la hipótesis de invalidez absoluta de la sentencia, expresamente prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, por omisión de su lectura al no haberse llevado a cabo en la oportunidad establecida por el Juez a quo, ni en ninguna otra. (Del voto en disidencia de la Dra. De Langhe)
Recurso de casación, gravedad institucional, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Nicolás Perrota c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Amparo  Laboral  s/  Incidente  de  Apelación  s/  Recurso  de  Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-07-27

Si bien el concepto de gravedad institucional funciona como "llave" procesal para la apertura del recurso extraordinario, que opera a manera de ablandamiento en la exigencia de ciertos requisitos de admisibilidad; no puede - ni debe - plantearse tal mecanismo sin el acabado cumplimiento de precisos requisitos formales, como lo es el de introducir una cuestión no propuesta en la instancia procesal oportuna.
Derechos del empleador, intimación al trabajador, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Arroyo, Rodolfo A. c/ Alpargatas Textil S.A s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-07-31

De la prueba documental agregada surge claramente que la empresa se encontraba en una situación especial que generó la necesidad de modificar las condiciones de trabajo y que el único motivo invocado como causa del despido es la negativa reiterada del trabajador a aceptar esas nuevas condiciones determinadas por la existencia de un procedimiento de crisis. La implementación de un nuevo sistema fue aceptada por casi todo el personal tras ser intimado bajo apercibimiento de dar por rescindido el contrato por su exclusiva culpa, no así por el actor, quien rechazó en dos oportunidades la intimación y sostuvo la inexistencia de un procedimiento de crisis, le imputó a la patronal discriminación y persecución y rechazó como causal de despido la falta de aceptación de las nuevas condiciones.

Se deduce, entonces, el comportamiento conciliador y ajustado a la emergencia de la empresa en aras de mantener el vínculo contractual, porque el pedido se encuentra dentro de los límites de la razonabilidad ante la existencia de dificultades económicas, sin que se advierta abuso en su conducta, ya que surge que recurre a la intimación tras haber fracasado -pese a la aceptación de la mayoría del personal- los intentos de obtener el consentimiento del trabajador y sin que pueda atribuírsele discriminación al implementar las medidas para mejorar la situación, las que fueron aceptadas por el gremio. También debe tenerse en cuenta que la legislación reconoce al empleador, como coordinador de la comunidad laboral, el derecho a introducir cambios en la forma y modalidades de la prestación de sus dependientes, por cuanto frente a la organización económica y social no puede quedar supeditada a una inmovilidad que impida al empresario realizar los cambios que requiere. Eso así, le exige que lo haga de manera razonable, pero también exige razonabilidad al trabajador para oponerse.

Por ello, el despido que opera la patronal es con causa justa, de modo que corresponde admitir el recurso articulado por ella contra el decisorio del a quo en cuanto hizo lugar a la acción por despido incausado y mandó a pagar indemnizaciones.
Prescindibilidad, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez Santos, Eugenio G. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

Si el acto cuestionado se funda exclusivamente en las causales de prescindibilidad expresamente contenidas en la ley sin aditamento de juicio alguno sobre la conducta, capacidad o persona del empleado segregado, por vía de principio, no cabe a los tribunales examinar las concretas razones que hubiesen dado origen a la separación del agente, cediendo tal principio sólo cuando de las pruebas aportadas puede inducirse que hubo un propósito sancionatorio, estigmatizante o persecutorio por parte de la Administración al disponer la medida separativa.
Defensa del consumidor, sujetos de derecho, asociaciones de consumidores, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-31

Procede suspender el trámite del juicio hasta tanto se resuelva la situación registral de la actora (cfr. esta Sala, en el pronunciamiento dictado el 27/07/20 en los autos "Consumidores Financieros Asociación civil para su Defensa c/ Préstamos Movil SA s/ ordinario"). Ello por cuanto, en el caso, mediante la Resolución 133/2018, la Secretaría de Comercio de la Nación dio de baja la inscripción de la actora del Registro Nacional de Asociaciones de Colectivas. Dicha decisión no se encuentra firme ya que fue recurrida ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, en el expediente en el cual esta Sala intervino se acreditó que, en sede judicial, la propia actora solicitó la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo; lo cual fue rechazado tanto en primera instancia como por el Tribunal de Alzada -que incluso rechazó el recurso extraordinario interpuesto-. Por el hecho de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara el rechazo de la cautelar solicitada se dedujo que no le reconoció efectos suspensivos al recurso directo interpuesto contra la mencionada resolución administrativa. En base a ello, se juzga conveniente suspender el trámite del juicio a la espera de una solución definitiva en aquel conflicto.
Liquidación, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández, José M. y Mónica L. Fernández c/ Saúl I. Legal y Amelia Cristina Costa s/ Ejecución de sentencia. Fernández, José M. y Mónica L. Fernández c/ Saúl I. Legal y Amelia Cristina Costa s/ Ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-04-07|1994-04-07

Resulta inatendible el agravio de la apelante derivado de la decisión del Juez de ordenar nueva planilla, toda vez que deriva de su propia conducta discrecional al haber faccionado la misma sobre bases que no se compadecen con el fallo de condena. De tal forma, la pretensión de que se mantenga una liquidación que tergiversa la cosa juzgada carece de apoyatura legal, y como bien lo señala la sentenciante, el Juez como Director del proceso (art.34 y 166 del CPCC) está facultado a efectuar las correcciones necesarias, aún de oficio, para mantener el contenido de aquella.
Homicidio, legítima defensa, exceso en la legítima defensa, error de prohibición, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Piperno, María A. s/ Eximentes - Legítima Defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

1. El homicidio en exceso de la legítima defensa (art. 35 del C.P ) debe reputarse doloso, pues no puede juzgarse ficticiamente que el acccionar de quien quiere el hecho, utilizando un medio idóneo para su fin, no se representó, cuanto menos como alternativa el resultado lesivo, siendo inaceptable que luego se reproche la conducta por haber sido violatoria de un deber de cuidado a título de culpa.

2. En cualquier situación de necesidad, siempre existirá un particular componente subjetivo, no pudiéndose exigir una reflexiva y previa elaboración de la decisión y acción, sino aceptar una casi instintiva reacción (caso del art. 34, inc. 6 del C.P.) provocada, sobre todo en los delitos de sangre, por el miedo a ser privado de la vida o un menoscabo a la integridad física, siendo imprescindible juzgar este ingrediente, además de la objetiva comparación de los bienes jurídicos en juego.

3. El acometimiento, o por lo menos amago, con un arma filosa y de suficiente entidad en manos de un hombre agresivo, frente a una mujer reiteradamente maltratada, con síndrome de mujer golpeada, autorizan a considerar que la acción típica de homicidio doloso estuvo justificada y por ende fue jurídica, actuando al disparar un arma cargada con la necesidad racional de un medio adecuado para impedir el ataque, y aún teniéndose dudas sobre la real iniciación de la agresión, también es excusable la conducta ya que frente a la creencia de ser atacada obró por error de prohibición en concreto (sobre la existencia de los presupuestos de hecho de una justificante) de carácter inevitable.
Medidas cautelares, ejecución fiscal, procedimiento tributario, regímenes de presentación espontánea
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: MASELLI, Oscar Domingo c/ D.G.I. s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Si bien esta Sala no desconoce las precauciones con que, a la luz de la jurisprudencia de la C.S.J.N. (confr. in re Trebas , del 22-6 89 y Firestone de Arg. S.A. , del 11-12-90), debe analizarse la procedencia de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales, se considera que en el particular supuesto de autos, el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de ingresos públicos que provienen de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no se presenta cuando el peticionante aparenta cumplir con todos los requisitos para ser incluido en un sistema -establecido, no está de más puntualizar, por la voluntad del mismo Poder administrador en uso de facultades legales delegadas (régimen de facilidades de pago del decr. 631/92)-, en el que objetivamente se adecua la percepción de aquellos ingresos.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Código Electoral Nacional, sistema electoral, diputados, sistema de representación proporcional, participación política de las minorías, umbral de representación
Materia: ELECTORAL
Carátula: "Recurso de Apelación en autos Méndez, Héctor O. Apoderado del Partido Humanista -Cap. Fed.- s/ interpone Acción de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

El requisito de obtener un mínimo de votos para la participación en la asignación de cargos -3% del padrón electoral del distrito- establecido en los artículos 160 y 161 del Código Electoral Nacional, no constituye una irrazonable reglamentación al derecho de representación de las minorías, que el recurrente invoca con sustento en las normas consagradas por el constituyente en el año 1994. Por lo tanto, el agravio según el cual la vigencia de aquel requisito "anterior a la sanción de la Constitución de 1994, viola los principios que esta acoge" no puede ser atendido.
Declaración policial, confesión policial, vicios de la voluntad, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zapata, Esteban Eduardo s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

No es dable suponer, como regla, que toda manifestación de una persona en el interior de una dependencia policial adolezca, por esa sola circunstancia, de un vicio de consentimiento. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Traslado de la demanda, notificación por carta documento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Meraviglia, Graciela Noemí c/ Microómnibus Saavedra SATACEI y otro s/ daños y perjuicios (acc. tráns. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

La autorización para notificar el traslado de la demanda por carta documento no implica pasar por alto la importancia del acto, vinculado con el derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN), pero se trata de emplear soluciones frente al excepcional contexto de emergencia sanitaria que impera en el país, el cual se ve reflejado en varios casos, en la imposibilidad de tramitar las causas judiciales con normalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Giunti, Guido c/ Club Atlético 9 de Julio de Berabevu s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 358 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-06

No justifica que la Corte anule la sentencia recurrida, el hecho de que la fundamentación del fallo resulte breve y carezca de citas legales, si se asienta en razones jurídicas -a partir de normas y principios de derecho- que permiten afirmar que satisface los requerimientos de la Norma básica provincial sobre justificación suficiente e inteligibilidad de los pronunciamientos, tanto más cuando, como resulta de reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es procedente la tacha de arbitrariedad en casos de fundamentación implícita, adecuada e inequívoca de los fallos, toda vez que la mención específica de las normas que rigen el caso no es siempre indispensable a los fines de la adecuada justificación de los mismos ("la falta de enunciación de las normas legales aplicadas por los jueces para dirimir el pleito no sustenta la tacha de arbitrariedad cuando se trata de hipótesis claras de fundamentación implícita").
Concursos, fuero de atracción, sentencia, recursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, HECTOR c/ KREUTZBRUK, ROBERTO. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

No corresponde la aplicación del fuero de atracción ni de los efectos de la suspensión concursal previstos en la lc: 22 y 136 a aquellos procesos en que se ha dictado sentencia definitiva que no se encuentra firme por hallarse pendientes vías recursivas deducidas ante la alzada respectiva, siendo menester la continuación del trámite de la segunda instancia para permitir que el pronunciamiento dictado pueda alcanzar firmeza y pasar en autoridad de cosa juzgada, posibilitándose así la ulterior verificación en el concurso.
Imputado, medidas cautelares, coerción personal, prisión preventiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A, M F s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-01-28

Cualquier forma de ejecución eficaz y personalizadora de la sanción penal debe tener la posibilidad de contemplar la persistencia del imputado en una actividad remunerada. Es en ese sentido que el encarcelamiento preventivo no debe extinguir toda posibilidad de tratamiento eficaz futuro y por ende es conveniente que se permita la concurrencia diaria del imputado a su trabajo.