Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27


SENT.DEF.Nº: 19602	EXPTE. Nº: 39.214/ 09 (28.263) JUZGADO Nº: 5	SALA X AUTOS: "AMOR ELIANA FLORENCIA C/ BANCO PATAGONIA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires,27/03/2012	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1°) La sentencia de primera instancia viene apelada por las demandadas a tenor de los memoriales obrantes a fs. 242/246 y 247/250, cuyos agravios fueron replicados por su contraria a fs. 265/269. Asimismo la demandada apela la totalidad d los honorarios regulados a los profesionales intervinientes solicitando su reducción (fs. 245 vta. punto. 4). Lo mismo hace la codemandada "Adecco" con relación a los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y a la perito contador (fs. 252 vta. ap. II). Por último la perito cuestiona el porcentaje de honorarios asignado por estimarlo reducido (fs. 254).

Ambas recurrentes se agravian porque la Sra. Juez "a quo", haciendo aplicación de lo normado por el art. 29 primer párrafo de la L.C.T. consideró como empleadora directa de la aquí demandante al Banco Patagonia S.A. y como empresa intermediaria de sus servicios a Adecco Recursos Humanos Argentina S.A.

Para provocar la revisión de lo decidido en grado las apelantes hacen hincapié en que las tareas desempeñadas por la actora (telemarketer u operador telefónico) no son propias del giro normal y específico propio del Banco Patagonia. Sin embargo, llega firme a esta alzada que las tareas de la demandante consistían en la venta de productos bancarios y mas allá de que dicha labor precisamente no puede considerarse ajena a aquel, cabe convenir que también arriba sin cuestionamiento que las tareas fueron desarrolladas por la actora durante casi ocho años en las oficinas propias del Banco codemandado y bajo las órdenes directas de un empleado del mismo (art. 116 L.O.) Dichas circunstancias conllevan sin mas a considerar configurado en el caso el supuesto contemplado por el ya mencionado art. 29 de la L.C.T. (primer párrafo) por cuanto la propia norma por imperio legal dispone que los trabajadores que hayan sido contratados por un tercer con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación, no obstante que la demandada se agravia al sostener que en el caso no existió "fraude laboral".	Consecuentemente, sugiero el rechazo de los recursos deducidos por las demandadas en el aspecto analizado.

2º) Cabe ahora dar tratamiento a los agravios de las demandadas relativos a la admisión de los resarcimientos contemplados por los arts. 8º y 15 de la ley 24.013 aunque, desde ya anticipo, no tendrán recepción favorable en este voto.

Es que la cuestión ha sido zanjada con el dictado del fallo plenario Nº 323 del 30/6/2010 en autos "Vázquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro" en el cual se resolvió que "Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria" (el subrayado me pertenece).

La precitada doctrina plenaria, de acatamiento obligatorio (conf. art. 303 del CPCCN), no resulta aplicable exclusivamente a las empresas de servicios eventuales, sino también a las "intermediarias" en general, posean o no aquél carácter. Dicha circunstancia surge no solo de los términos de la resolución de Cámara Nº 13 del 18 de mayo de 2009, sino de los votos emitidos por los integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al emitir sus respectivos votos en el precitado fallo plenario.	Sobre dicha base, sugiero confirmar el fallo apelado en el aspecto analizado.

3º) La propuesta vertida en este voto deja sin sustento el agravio de la codemandada "Adecco" dirigido a cuestionar la admisión del incremento resarcitorio previsto por el art. 1º de la ley 25.323.

4º) Es momento ahora de analizar la queja sobre la aplicación del acta nº 2357 dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que -a juicio de la recurrente- constituye un beneficio de excepción que resulta lesivo del principio de igualdad.

La crítica de la demandada no merece ser recepcionada.

En el punto memoro que esta Cámara dictó tal resolución en atención a lo normado por los arts. 3º y 4º de la ley 25.561 al considerar ". que la suspensión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación en las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento."	De conformidad con la finalidad que condujo a su dictado, el criterio se adopta -precisamente- en virtud de la expresa prohibición legal de acudir a cualquier mecanismo de indexación de créditos y como consecuencia de la necesidad de recurrir a un medio tendiente a paliar los efectos derivados de la supresión de la convertibilidad monetaria y la depreciación del valor de la moneda, que pueda reflejarse en la constante evolución de los precios internos.

Obsérvese además que el recurrente tampoco explica adecuadamente -y mucho menos prueba- cuál es el perjuicio que la aplicación de dicha tasa le ocasionaría.	Sobre la base de lo dicho y dado que lo que se resuelve en grado en orden a la tasa de interés a aplicar a la condena coincide con el criterio que adopta este Tribunal, corresponde desestimar la pretensión y confirmar el fallo en este sentido.

5º) En lo concerniente a la apelación de las demandadas en cuanto entiende elevados los honorarios regulados a las representaciones letradas de la actora, de las demandadas y de la perito contador, como así también la apelación de la mentada perito por estimar reducidos los que le fueron asignados, considero que los porcentajes allí fijados resultan equitativos y acordes con el mérito, importancia y extensión de las respectivas labores profesionales realizadas en función del valor litigioso (art. 38 ley orgánica; arts. 3 y l2 dec. ley 16.638/57).	De prosperar mi voto, entonces, correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios. 2) Costas de alzada solidariamente a cargo de las demandadas al resultar vencidas (art. 68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 242/246 y 247/250 en el 25 % a cada uno de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).	El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Coincido con el voto de mi distinguido colega preopinante en lo principal de la cuestión sometida a conocimiento de esta Alzada, concretamente, en la configuración, en el caso, del supuesto contemplado por el art. 29 -primer párrafo- de la L.C.T., pero discrepo en cuanto a la procedencia de la indemnización prevista por la normativa de la ley 24.013 (arts. 8 y 15).

Me explico. Arriba firme a esta Alzada que Adecco Recursos Humanos Argentina S.A. no resulta una empresa de servicios eventuales y, así como tampoco, que fue ésta quien registró la relación laboral con la actora desde sus inicios, liquidaba sus remuneraciones con aplicación y de conformidad con las disposiciones del CCT 18/75, efectuaba las retenciones y aportes patronales previsionales y realizaba los correspondientes depósitos en los organismos recaudadores.

A partir de lo expuesto, se advierte claramente que no se trató de una relación de trabajo no registrada, sino todo lo contrario; además la codemandada Addeco, como se mencionó, no es una empresa de servicios eventuales, como para que la indemnización sea aplicable a Banco Patagonía S.A según las previsiones del art. 13 dec. 1694/06.

Como lo he sostenido en mi actuación como juez de primera instancia y reiterado como integrante de esta Sala (ve mi voto en: S.D. 19133 del 31/10/2011 in re: "Peralta, Raul Rogelio c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. y otro s/ Despido) el planteo de la parte actora, a propósito de la normativa de la ley 24.013, apuntó a extender la responsabilidad a Banco Patagonia S.A. por considerarlo el verdadero empleador, pero el hecho que, como usuaria del servicio, la ley la califique como empleadora directa del trabajador, como un modo o herramienta para evitar situaciones que puedan dar lugar a fraudes, no habilita una doble registración del trabajador como dependiente de dos empresas diferentes, por un mismo trabajo, con doble carga tributaria o aportes. Es más, habría que concluir que, en todo caso, lo que se verificó fue un único contrato de trabajo con un empleador principal y otro secundario (que fue quien lo registró y le abonó el sueldo), enmarcado en el supuesto previsto por el art. 26 L.C.T (unicidad de contrato en pluralidad de empleadores). De modo que la registración de cualquiera de ellos es válida a los efectos legales, independientemente de la responsabilidad que, como coempleadoras, tengan frente al trabajador.

Aclaro, tal como lo expuse en el precedente citado, que las aristas del caso, difieren a la contemplada en el Plenario " Vazquez Maria Laura c/ Telefónica de Argentina S.A y otro s/ despido" (Acta Nº 2.552 del 30/06/2010), porque no se trata aquí de una empresa de servicios eventuales, en la cual la usuaria tenía una obligación registral impuesta por el art. 13 del dec. 1694/06.

Consecuentemente, propicio revocar el fallo de grado en lo relativo a la procedencia de las multas previstas por los arts. 8 y 15 de la L.N.E., reduciendo el monto de condena a la suma de Pesos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho con diecisiete centavos ($120.186,90 - 29.658,10 - $14.780,43 = $75.748,17), suma a la que se le adicionará los intereses establecidos en la instancia anterior.

Sin perjuicio de la solución (art. 279 del CPCCN), sugiero mantener la imposición de costas a las demandadas en su carácter de objetivamente vencidas en la contienda, así como también los porcentajes de honorarios asignados a la representación y patrocinio letrado de las partes, y los correspondientes al perito contador a calcularse sobre el nuevo monto diferido a condena -incluido los intereses-, por considerarlos acordes al mérito, extensión e importancia de los trabajos realizados y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

En atención a la suerte de los recursos intentados, las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo, del CPCCN) y a tales efectos, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Adecco Recursos Humanos Argentina S.A. y del Banco Patagonia S.A. en el 25% para cada uno de ellos de los que les corresponda percibir por su actuación en grado (art. 14 de la Ley Arancelaria).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia, en lo principal que decide, reduciendo el monto de la acción a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($75.748,17) con más los intereses establecidos en la instancia anterior; 2) Mantener la imposición de costas a las demandadas vencidas (art. 68 del CPCCN) y las regulaciones de honorarios establecidas en grado; 2) Costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.); 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor, demandada Adecco Recursos Humanos Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su actuación profesional en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Stortini.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios. 2) Costas de alzada solidariamente a cargo de las demandadas al resultar vencidas (art. 68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 242/246 y 247/250 en el 25 % a cada uno de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.