Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04


Reg.: A y S t 285 p 70/75. Santa fe, 4 de setiembre del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, contra el acuerdo 769 del 9 de octubre de 2017, del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "DIAZ, JORGE ALBERTO Y OTROS -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'DIAZ, JORGE ALBERTO Y OTROS S/ ROBO SIMPLE -ENCUBRIMIENTO'- (CUIJ 21-07006056-3)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511713-2); y, CONSIDERANDO: 1. Por acuerdo 769 del 9 de octubre de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial -por mayoría- confirmaron la sentencia absolutoria apelada, dictada a: Jorge Alberto Diaz, Margarita Eva Farías, Carla Daniela Rodríguez, Dante Ariel Orlando, Omar Alcides Vallejos, Paulo César Fernández, Marcelo Oscar Rodríguez, Sergio Omar Aguilar, Javier Leonardo Kamlofsky y Marcelo Roberto Cimadamore (fs. 8/27). 2. Contra dicho decisorio, el representante del Ministerio Público Fiscal interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 30/47v.). Manifiesta que la sentencia es arbitraria por no reunir las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción y que su fundamentación es meramente aparente, al desentenderse de las constancias de la causa, con afectación de los derechos que le asisten a las víctimas de "acceso a la justicia y protección judicial", de raigambre constitucional y convencional (f. 32). Y también invoca la concurrencia de "gravedad institucional" por existir, en su entendimiento, afectaciones que exceden el mero interés individual (fs. 33/v./34). Se agravia de que la Alzada hubiera confirmado la absolución de grado con fundamento en afectación del derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable, soslayando toda valoración probatoria (fs. 44 v./45). Expresa que si bien no se niega el derecho que asiste a todo acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, garantizado por la Constitución nacional e instrumentos internacionales, dicho "plazo razonable" ha de ser determinado judicialmente en cada litigio, tomando en consideración las particularidades del caso: los delitos involucrados, la complejidad de la investigación y la conducta de partes y autoridades intervinientes (f. 45). Y señalando que resulta "una verdadera paradoja jurídica" hacer prevalecer el "vago y aún incipiente" principio del "plazo razonable" por sobre la excepción a la causal de suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67, párrafo 2 del Código Penal. Máxime en un supuesto en el cual las primeras investigaciones tendentes a esclarecer el hecho se encontraban a cargo de quienes luego resultaron imputados, por su calidad de funcionarios policiales (fs. 45v./46). Para, por fin, concluir en que en las circunstancias del caso, los plazos "...no resultan irrazonables ni desproporcionados..." (fs. 46v./47). 3. La Alzada, por resolución 943 del 12 de diciembre de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en ausencia de autoabasto, de arbitrariedad y de un supuesto de gravedad institucional (fs. 61/66); lo que motiva la presentación directa ante esta Sede (fs. 68/76). 4. Cabe anticipar que la impugnación no ha de prosperar. 4.1. Ello así pues, de manera liminar, se advierte incumplido el recaudo de autoabasto, conforme se desprende del memorial introductor (fs. 30/47), el cual entremezcla variadas cuestiones desde una versión propia y parcializada de los hechos; mas omitiendo detallar, en forma objetiva y suficiente, los antecedentes del caso -como ya lo señalara la Alzada al rechazar el recurso- (fs.61/66). Advirtiéndose asimismo insuficiencias en el desarrollo de los agravios. Inconsistencias que impiden una adecuada comprensión de los cuestionamientos, que no podrían ser suplidas ni aún por vía inferencial, sin distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación (art. 3, inc. 2, ley 7055). 4.2. Mas ni aún desde un esfuerzo de comprensión las genéricas postulaciones de la recurrente podrían prosperar. Pues de los fundamentos del memorial recursivo y su confrontación con la decisión atacada se desprende que, no obstante la invocada arbitrariedad, los vocales que conformaron la mayoría, para confirmar la sentencia de grado, proporcionaron razones que encontraban sustento en las constancias de la causa -si bien apartándose del razonamiento de la Sentenciante-. En tal sentido echa de verse que la Alzada -en contrario a lo sostenido por la recurrente-, para concluir en que se había extralimitado el término de duración del proceso con vulneración del plazo razonable -aunque descartando que la acción penal se encontrara prescripta (f. 18v.)-, repasó, de manera pormenorizada, las alternativas procesales de la causa y la fecha en que tuvieron lugar sus distintos actos: el hecho investigado (8 de julio de 2007); la acusación fiscal (15 de octubre de 2008); la sentencia absolutoria (18 de agosto de 2015); las audiencias de apelación (15 y 16 de agosto de 2017); entre otros momentos que se mencionan. Y poniendo de relieve las viscisitudes que retrasaron la marcha del mismo (vacancia de tribunales de primera y segunda instancia, ausencia de funcionarios por jubilación o renuncia, etc.), haciendo hincapié en que no se verificaba abuso de las partes que hubiera contribuído a la alongación de los términos y en la relativa complejidad de los hechos a investigarse (fs. 20/v.). Señalando, en ilustración de esto último, que entre el inicio del proceso y la acusación fiscal sólo habían transcurrido quince meses, habiendo mediado incluso apelación de los procesamientos. Siendo que, a partir de ese momento, se inició un "...largo derrotero de marchas discontinuas y dilaciones injustificadas..." que duró aproximadamente siete años, sin motivación en la escasa actividad probatoria desarrollada ni en la actitud asumida por las partes (f. 20v.). Concluyendo en que en la especie se verificaba la concurrencia de una irrazonable duración del plenario y de su etapa recursiva, con violación a mandas constitucionales y convencionales que no encontraba justificación en los antecedentes de la causa y que debía preceder a cualquier otra cuestión (fs. 19 v./20/v./21). Y frente a ese razonamiento, la recurrente tan sólo se conforma con genéricas alegaciones de arbitrariedad por omisión de valoración probatoria e insistiendo dogmáticamente en la inexistencia de desproporción en el plazo de tramitación del proceso; mas sin hacerse cargo, ni controvertir en modo alguno, las sólidas fundamentaciones proporcionadas por la Alzada para concluir como lo hizo. Especialmente cuando señalara la necesidad de dar prioritario tratamiento, con invocación a mandas constitucionales y convencionales, a las cuestiones vinculadas a la prescripción de la acción penal y vulneración del plazo razonable (f. 18). Manteniéndose incólume, en consecuencia, el razonamiento sentencial.	En conclusión, las postulaciones de la recurrente se diluyen a poco que se analice el fallo, del que surge que los Sentenciantes brindaron argumentos en sustento de su decisorio que podrán o no ser compartidos, mas sin demostrarse ni advertirse que la respuesta dada excediera los límites hermenéuticos de las normas en juego o fuera irrazonable. 4.3. Tampoco han de tener favorable acogida las alegaciones de un supuesto de "gravedad institucional". Pues la aplicación del mencionado instituto requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad toda. Por lo demás, es un factor que se pondera en cada caso teniendo en cuenta las especiales circunstancias que lo rodean y no de manera genérica. En la especie, la genérica postulación de la recurrente de un supuesto de gravedad institucional por afectación del debido proceso legal con perjuicio a la comunidad toda, resulta a todas luces inidóneo en el sentido indicado. Por lo que la misma ha de ser rechazada. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ (por su voto) - ERBETTA (por su voto) - GASTALDI - NETRI - SPULER (por su voto) - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER: Coincidimos con la solución propuesta en el voto precedente, toda vez que los reproches vertidos por el impugnante, no resultan eficaces para lograr la apertura de esta vía de excepción. Ello así pues si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se invoca arbitrariedad por omisión de valoración probatoria y se endilga gravedad institucional, de la confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no logra entreverse que los mismos guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, quedando la crítica del recurrente reducida a una mera disconformidad con el criterio sustentado por el A quo en la interpretación de cuestiones fácticas y normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a la Corte revisar por este medio. En ese orden, compartimos los fundamentos expuestos en respuesta a los agravios vertidos por el compareciente -puntos 4.2 y 4.3.- puesto que, como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, la vía extraordinaria no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de autos en el ejercicio de funciones privativas, sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos. En consecuencia, corresponde desestimar la queja interpuesta. FDO.: GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA: 1. Estimo que esta impugnación no ha de prosperar, dado que coincido con la resolución precedente en cuanto a que, más allá de la arbitrariedad invocada por el fiscal, no se vislumbra de la lectura del fallo atacado que se hubiera efectuado allí una valoración irracional del derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable o bien que se encuentre descontextuada de las constancias de la causa, todo ello sin perjuicio de la interpretación de la causal suspensiva de la prescripción de la acción penal por la calidad de funcionarios públicos de los encartados. De este modo, no se vislumbra la arbitrariedad achacada a la respuesta jurisdiccional, considerando las dilaciones que según se señalara en el pronunciamiento recurrido ocurrieron en las etapas de plenario y recursiva -fundamentalmente entre la requisitoria de elevación a juicio y la última "audiencia de visu"; entre ésta y la sentencia; y durante la apelación de la absolución-, así como la falta de maniobras defensivas dilatorias y la complejidad relativa de la investigación -independientemente de la gravedad del suceso ilícito denunciado- que surgiría de la circunstancia de que la etapa de instrucción -entre la denuncia y la requisitoria de elevación a juicio- demandó sólo 15 meses de los más de 11 años que a la fecha lleva el presente proceso penal (iniciado por denuncia del 12.07.2007 en relación a un delito presuntamente ocurrido el 8.07.2007). 2. Asimismo, coincido con lo resuelto en relación a que tampoco han de tener favorable acogida las alegaciones de un supuesto de gravedad institucional, dado que la postulación del fiscal resulta inidónea para acreditar que nos encontremos en presencia de un caso que exceda el marco de interés meramente individual y afecte el de la comunidad toda. 3. Sin perjuicio de lo expuesto, no pueden pasar desapercibidas a este Tribunal las dilaciones señaladas por el A quo en la tramitación del presente proceso penal, tratándose -en principio- de demoras injustificadas atribuibles a diversos operadores del sistema penal. Y si bien se intentan explicar las mismas atendiendo a que la causa tramita ante un sistema procesal penal que se encuentra bajo proceso de cierre definitivo, ello no neutraliza la eventual responsabilidad de quienes -atendiendo a la trascendencia del caso considerando que todos los involucrados revestían a la fecha del hecho la calidad de funcionarios policiales y eran quienes debían investigar el importante robo de combustible cometido en perjuicio de la empresa Y.P.F.- tienen la responsabilidad funcional de comprometer todos sus esfuerzos para proporcionar una respuesta institucional en un plazo razonable, tanto para la sociedad que reclama que los casos como el presente reciban respuesta jurisdiccional, como para quien se encuentra inicialmente comprometido en su responsabilidad y espera la certidumbre de una decisión definitiva. Por ello, corresponde se inste a la Secretaría de Gobierno de esta Corte Suprema de Justicia y, eventualmente, al señor Procurador General, para que inicie una investigación administrativa en el ámbito de Superintendencia para deslindar las eventuales responsabilidades del caso. 4. Por todo lo expuesto, entiendo corresponde rechazar la queja interpuesta e instar a la Secretaría de Gobierno de esta Corte Suprema de Justicia y, eventualmente, al señor Procurador General, para que inicie una investigación administrativa conforme lo señalado. FDO.: ERBETTA - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado en lo Penal de Sentencia N° 8 de Rosario.