Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-26


SENT Nro. 92 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Vaquera, Silvia vs. Sanatorio Rivadavia S.A. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 210/221, la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 202/203 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 18 de setiembre de 2002 (cfr. fs. 223). Unicamente la parte demandada, según surge del informe actuarial de fs. 234, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del Código de Procedimientos del Trabajo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente si el mismo ha sido correctamente concedido.

Al respecto advierto que el recurso incoado resulta admisible, pues: a) ha sido interpuesto en término conforme surge de la notificación de fs. 208 vta. y del cargo inserto a fs. 221; b) el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; c) resulta innecesario el cumplimiento del requisito del afianzamiento exigido por el artículo 133 del C.P.T. por recurrir la parte actora; d) el escrito recursivo se basta a sí mismo y se invoca la infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, ha violentado los artículos 4, 9, 14, 21, 22, 25, 37, 150, 231, 245 de la LCT y artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, incurriendo en arbitrariedad y absurdo, al rechazar la demanda del actor por considerar que no existió relación laboral entre las partes.

Considera que la sentencia, al analizar las pruebas tendientes a acreditar la existencia de relación de trabajo, incurre en los siguientes vicios: a) omite analizar pruebas esenciales para la dilucidación de la litis, otras relevantes que acreditan fehacientemente la relación de dependencia y otras no son tratadas en su integralidad; b) valora la pruebas en forma arbitraria, ilógica y contradictoria; c) no se funda en las constancias de autos y efectúa una interpretación errónea del artículo 25 LCT.

Alega que, contrariamente a lo sostenido por el tribunal, la actora carecía de facultades para sustituir por sí y a su arbitrio, su prestación de servicios de guardia médica, por un suplente, en los supuestos que debía faltar, motivo por el que solicitaba autorización, proponía el reemplazante y esperaba la respuesta favorable (cfr. testimonial Valdecantos, respuesta a pregunta nº 6; aclaratoria formulada por el doctor Alba y respuesta a posición nº 20 de la absolución del doctor Rodríguez Yonsen).

También sostiene que es inexacta la afirmación que no consta que el médico que la actora envió para reemplazarla no pertenezca a la misma empresa, pues mediante nota de fecha 10-3-98 y 12-4-98 (fs. 18 y 19), propuso en reemplazo a la doctora Patricia Ortiz, quien también cumple guardias para la accionada. Por ello concluye que ningún locatario de servicios solicita permiso a su locador para contratar a un subordinado. En consecuencia se encuentra probado que la actora era reemplazada en los casos de ausencia a su trabajo por personal de la propia empresa.

Asimismo estima inexacta la afirmación sentencial de que la accionante "no solicitó licencia por maternidad sino se limitó a peticionar sustitución en la guardias", pues surge su requerimiento de la nota de fs. 17 y porque, además, la misma fue abonada mediante orden de pago nº 4732, en junio de 1998, en efectivo.

En suma, considera probado que la actora trabajaba en relación de dependencia con la demandada, siendo jurídicamente irrelevante que durante su ausencia, por diversos motivos (casamiento, maternidad, etc.), haya solicitado a la empresa autorización para ser reemplazada en la guardia por otro profesional médico sea perteneciente a la empresa o no, pues ello hace a un elemental deber de colaboración evitando dejar sin cobertura el servicio, máxime tratándose de terapia intensiva.

Denuncia violación a las reglas de la sana crítica, configurando el vicio de arbitrariedad en la valoración de las pruebas y consecuente aplicación de normas de derecho, de las que surge la existencia de la relación laboral.

IV.- A su turno, la sentencia en recurso, luego de sintetizar la posición de las partes, sostiene que de las pruebas arrimadas a la causa surge que la actora efectivamente trabajaba para la demandada cumpliendo dos guardias semanales, así lo afirman los testimonios producidos. En la confesional de fs. 147 se niega la relación de trabajo y el absolvente asegura que la actora laboraba por honorarios.

Si bien admite que las pruebas ofrecidas parecen indicar la existencia de una relación de trabajo, destaca que conforme a los principios del derecho del trabajo y al artículo 25 LCT, para que ella exista es necesario que la prestación de servicios sea personalísima, pero como de la documentación presentada por la actora surge que esta podía sustituir sus servicios, enviando a cubrir la guardia por otro médico que no consta que perteneciera a la empresa, como así también que no solicitó licencia por maternidad sino se limitó a pedir sustitución en las guardias, arriba a la conclusión que el vínculo entre las partes no es de naturaleza laboral y, consecuentemente, rechaza la demanda.

V.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión jurídica en debate, es la arbitrariedad de la sentencia en la valoración del cuadro probatorio, tendiente a demostrar la existencia de relación de trabajo derivada, básicamente, de una presunta interpretación incorrecta de la regla contenida en el artículo 25 de la LCT.

Para desentrañar la cuestión, resulta de utilidad transcribir previamente el texto del mentado artículo 25: "Se considera 'trabajador', a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los arts. 21 y 22 de esta ley, cualesquiera sean las modalidades de la prestación." Según esta norma, trabajador es la persona física titular del contrato o de la relación de trabajo que se obligó o prestó servicios, sin que interese la modalidad de la prestación, la que puede adquirir distintos matices (contrato indeterminado, de plazo fijo, de temporada, eventual, por equipo). La nota fundamental es la prestación dependiente o subordinada. El trabajador autónomo no deja de ser trabajador pero no es sujeto de derecho del trabajo, ni es por cierto la persona física a que alude la norma. El trabajo dependiente al servicio de otros es el hecho fundamental y el presupuesto ineludible del derecho del trabajo (cfr. Sardegna, Miguel A., "Ley de Contrato de Trabajo", Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 165).

Desde esta perspectiva la relación de trabajo posee caracteres fisonómicos propios que la diferencian de otros contratos, refiriéndose a la prestación personal del servicio en condiciones de subordinación jurídica, técnica y económica y, aun cuando algunos aspectos de ella estén ausentes, es imprescindible la subordinación jurídica que implica por parte del empleador, el poder de dirección y disciplinario, manifestándose de tal modo una falta de autonomía del trabajador por la sujeción a cierta disciplina u orden interno de la empresa, obligaciones que no comparte el trabajador autónomo.

Al respecto, en el libro "Ley de Contrato de Trabajo", Coordinado por Altamira Gigena, Astrea, 1981, pág, 253, se sostiene que para considerar "trabajador" a alguien, deben cumplirse dos condiciones: a) la prestación personal de un servicio, acto u obra; y b) que se lo preste bajo subordinación o dependencia de otro, es decir en virtud de un contrato de trabajo. Faltando uno de estos requisitos no habrá "trabajador" desde el punto de vista jurídico laboral.

Luego de estas consideraciones, cabe analizar el caso. La sentencia básicamente consideró que la prestación de servicios de la actora no revestía el carácter de personal habida cuenta que podía sustituirla por un reemplazante. A su turno, los agravios de la recurrente, demostrativos de la existencia de arbitrariedad en la valoración del cuadro probatorio tendiente a acreditar estos extremos, se encuentran dirigidos a descalificar las apreciaciones del fallo al respecto, destacando los elementos probatorios que eventualmente acreditarían una relación de trabajo.

Ello así, y si bien la accionada reconoció en el responde el hecho de la prestación de servicios, el tribunal no ha realizado con suficiencia el examen de las pruebas conducentes para la solución del litigio, para arribar válidamente a la conclusión que la actora no acreditó que tales servicios fueran prestados en relación de dependencia.

En efecto, las probanzas atinentes arrimadas a la causa por la accionante no fueron analizadas por el tribunal en su totalidad y, en algunos casos, el examen se ha realizado en forma parcializada, (por ejemplo, se omitió ponderar el recibo de pago de aguinaldo, el pago de licencia por maternidad, etc.).

Ello así, la sentencia impugnada, realizó cuanto menos, una interpretación parcializada del cuadro probatorio tendiente a determinar la existencia de prestación de servicios subordinados de la actora, base fáctica necesaria para poder resolver los reclamos formulados en la demanda.

En realidad, desde esta perspectiva exclusivamente, asiste razón a la recurrente pues, como surge de la simple confrontación de la sentencia impugnada con las pruebas producidas y meritadas por aquélla y algunas de las invocadas deficiencias alegadas en el recurso casatorio, la arbitrariedad del pronunciamiento aparece configurada.

En efecto; el fallo cuestionado, se funda en una valoración parcializada de las probanzas pertinentes producidas en autos, tendientes a demostrar la existencia de prestación de servicios dependientes por parte de la actora.

Como se advierte, el recurso en examen se funda en la alegación de la violación a normas de derecho, consecuencia de una valoración insuficiente del plexo probatorio, configurándose en la especie, un supuesto de arbitrariedad, con entidad bastante para justificar la descalificación de la sentencia en análisis.

Esta omisión, relativa a la consideración de aspectos fundamentales de las pruebas esenciales para la procedencia de la pretensión articulada en la demanda, descalifica a la sentencia en recurso como acto jurisdiccional válido, por ausencia de razonabilidad en la estimación de dichas probanzas, produciendo como corolario una sentencia arbitraria. En efecto; la consideración retaceada de las constancias que obran en el expediente, dando a los hechos una interpretación parcializada de la que surge del total de las acreditaciones, implica lisa y llanamente prescindir de un medio probatorio esencial con relación al tema del presente litigio, implicando a mi juicio, un apartamiento flagrante de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas constituyendo una infracción formal configurativa del vicio de arbitrariedad.

Por las razones expresadas, voto porque se case la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta efectuando un análisis parcializado del cuadro probatorio, omitiendo considerar adecuadamente las pruebas que obran en el juicio, cuando éstas pueden revestir el carácter de pertinentes para la solución sentencial del litigio".

Es del caso resaltar que la conclusión a que se arriba es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se ha configurado o no el supuesto fáctico invocado por la actora. Por ello, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación, planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 30 de abril de 2002, obrante a fs. 202/203 de autos. En consecuencia, CASAR la misma conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos y remitir este juicio al referido tribunal para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO