Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 22 de 2009.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de la alzada como consecuencia de los recursos deducidos: a) por la Asociación Argentina de Aeronavegantes y por la Junta Electoral de esa asociación (fs. 40/45) contra la resolución del 26 de noviembre de 2009 que hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la actora (fs. 29/32); y b) por el Ministerio de Trabajo (fs. 230/243) y por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (fs. 245/250) contra la resolución del 9 de diciembre de 2009 que desestimó un planteo de "pérdida de competencia" formulado por esa entidad gremial y declaró la nulidad de la resolución 1212/09 del citado Ministerio (fs. 205/208).

II) En la citada resolución del 26 de noviembre de 2009, la Sra. Jueza a quo admitió las medidas cautelares solicitadas por la Lista Celeste y consecuentemente: a) hizo saber al Ministerio De Trabajo y a la Junta Electoral que debían suspender en forma inmediata las elecciones convocadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes para los días 21 al 30 de noviembre de 2009; y b) ordenó a aquéllos "poner en forma inmediata y cautelarmente en la posesión de sus cargos a los integrantes de la Lista Celeste proclamada ganadora en las elecciones conforme sentencia dictada por la Alzada y hasta tanto dicho pronunciamiento quede firme..." (fs. 3 1).

La Asociación Argentina De Aeronavegantes y la Junta Electoral cuestionan esa decisión pues entienden, en primer lugar, que esta Sala ya habría rechazado la pretensión de suspender el proceso eleccionario mediante las resoluciones dictadas en fechas 30 de setiembre y 3 de noviembre del corriente año en el expediente 25.961/2008 (in re: "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Argentina de Aeronavegantes s/ ley de asociaciones sindicales").

El agravio no resulta atendible, pues, en dichas resoluciones (glosadas a fs. 741 y 825, respectivamente, de los autos citados) se hizo hincapié en garantía de la doble instancia y en la consiguiente falta de aptitud de esta Sala para resolver de modo originario las peticiones cautelares formuladas en aquel momento por la Lista Celeste, ello "sin perjuicio de lo que pudiera resolverse ante nuevas solicitudes autónomas que se canalizaran en la instancia que resulte competente y dentro del ámbito procesal que corresponda". En otras palabras, se dejó expresamente a salvo la posibilidad de que la parte interesada canalizara sus peticiones de manera autónoma y en la instancia competente, como lo ha hecho la Lista Celeste mediante el presente proceso cautelar.

III) También se quejan las apelantes porque entienden que "es incorrecto y contrario a derecho que un juez de primera instancia decida dar cumplimiento a una sentencia no firme de cámara" ya que "mal puede un juzgado de primera instancia intervenir por vía de una cautelar en un expediente de un superior". Aducen, asimismo, que "jamás una resolución que no se encuentra firme puede cumplir con el requisito de verosimilitud del derecho" y cuestionan la aplicación al caso del art. 212 inc. 3º del Código Procesal, ya que ese precepto "autoriza el embargo preventivo" y " acá no hay ningún embargo preventivo".

Estas objeciones resultan inadmisibles, pues, como dije antes, esta Sala señaló expresamente, en las resoluciones citadas en el punto anterior, que, en resguardo de la doble instancia, toda medida como la solicitada en aquellas oportunidades (la suspensión de las elecciones en ciernes) debía canalizarse "en la instancia que resulte competente y dentro del ámbito procesal que corresponda", vale decir, por ante un juez de primera instancia y por vía de un proceso cautelar, que es precisamente lo que hizo la actora.

Por otra parte, la Sra. Jueza a quo no está "ejecutando" la sentencia de esta Sala, como equivocadamente interpretan las apelantes, dado que la resolución impugnada se encamina a resguardar provisionalmente los derechos de la Lista que en dicho fallo definitivo se declaró ganadora, medida que -como expresamente se aclara a fs. 3 1 - reviste carácter cautelar y alcance temporal ("hasta tanto se ejecute la sentencia definitiva").

Esta decisión cautelar, a su vez, encuentra suficiente apoyo en las disposiciones adjetivas citadas por la magistrada, pues, como se recuerda a fs. 31, el art. 232 del Código Procesal autoriza el dictado de "las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia".

No obsta al dictado de las medidas en cuestión el hecho de que la sentencia definitiva no se encuentre firme, pues, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (CSJN, Fallos: 306:2060 y 315:2956, entre muchos otros). En el caso, el requisito en examen se encuentra sobradamente cumplido, pues la peticionante de la medida ha obtenido una sentencia favorable, supuesto que la jurisprudencia califica como de "máxima verosimilitud" (cfr., entre muchos otros, CNCom., Sala E, 13/9/82, "Establecimientos Electromecánicos Mágnum SRL c/ Red Publicidad Exterior SA"; íd., Sala E, 18/6/84, "Palmeira, Miguel c/ Pío, Juan s/ ord."; CNCiv., Sala G, 12/2/92, "De Bardeci, Horacio c/ La Providencia SCA s/ escrituración").

Así surge, claramente, del art. 212, inc. 3º del Código Procesal, que habilita la procedencia de la medida cautelar si quien la solicita "hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida". En estos casos, y en razón de esa fuerte verosimilitud que se desprende del dictado de la sentencia, tampoco es necesario acreditar el peligro en la demora (Colombo - Kiper, ob. cit., t. II, p. 612 y CNCiv., Sala D, 26/11/90, JA 1993-III, 1 síntesis). Aclaro que, si bien este precepto se refiere al embargo preventivo, por vía de lo dispuesto en el art. 233 del mismo Código sus disposiciones resultan también aplicables a "las demás medidas cautelares ", nominadas o genéricas (cfr. Colombo - Kiper, ob. cit., t. II, p. 813).

IV) En lo que hace al acto eleccionario, las apelantes arguyen que la competencia de la actual Comisión Directiva para convocar a los comicios "ha sido examinada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos" del Ministerio de Trabajo, mediante el Dictamen nº 925.

Tal extremo carece de relevancia para decidir la cuestión, toda vez que los apelantes no alegan (ni surgen de las constancias de autos) que ese dictamen haya sido compartido por autoridad competente. Como es sabido, los dictámenes constituyen sólo actos preparatorios de la voluntad administrativa (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, 2/2/09, "Paiva, Verónica Teresa c/ E.N. -CONICET- Resol. 2186/03 1145/04 s/ Proceso de Conocimiento"), sin efecto decisorio y sin la aptitud de obligar por sí mismos al órgano con competencia para resolver (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala III, 26/3/96, "Saguier, Marcelo H. c/ E.N. - Min. del Interior- s/ empleo público").

Por otra parte, observo que en ese dictamen (el cual, insisto, carece de efecto decisorio) se hizo hincapié en el hecho de que hasta la fecha de su dictado (el 8 de octubre de 2008) los autos "Ministerio de Traba o c/Asociación Argentina de Aeronavegantes s/ ley de asociaciones sindicales" continuaban en trámite por ante esta Sala IV, situación que, obviamente, ha variado, pues el 17 de noviembre del mismo año el Tribunal dictó la sentencia definitiva cuya efectividad se ha intentado resguardar provisionalmente mediante la medidas cautelares en examen.

V) Los recurrentes aducen también que la resolución del 26 de noviembre sería nula por ausencia de contracautela.

Tal objeción no resiste un análisis serio.

Ello es así, por una parte, porque la hipotética ausencia de contracautela suficiente no es causa de nulidad; tan solo habilita al juez para determinar la caución que el peticionante debe prestar en el plazo que señale bajo apercibimiento de levantarse la medida (Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, p. 509).

Pero, por otra parte, la jurisprudencia tiene dicho que cuando (como en el caso de autos) se trata de una medida precautoria dispuesta en función de la directiva del art. 212, inc. 3º del Código Procesal, esto es, una hipótesis en que la verosimilitud del derecho asegurado debe estimarse configurada con particular intensidad, resulta adecuado a derecho limitar la contracautela exigida por el art. 199 del Código Procesal a la mera caución juratoria del peticionario (CNCom., Sala C, 6/6/91, "Edelding de Gordon, Luisa s/ medidas cautelares"), la cual se considera implícitamente prestada en el escrito mediante el cual se requiere la traba de la medida (conf. 2º párrafo del citado art. 199), como acertadamente lo señaló la Sra. Jueza a quo a fs. 111.

En suma y por todo lo hasta que hasta aquí llevo dicho, corresponde confirmar la resolución del 26 de noviembre de 2009 en todo cuanto ha sido motivo de recurso.

VI) La segunda resolución apelada es la del 9 de diciembre de 2009, en la que -como anticipé- la Sra. Jueza a quo desestimó un planteo de " érdida de competencia " formulado por la Asociación Argentina De Aeronavegantes y declaró la nulidad de la resolución 1212/09 del Ministerio De Trabajo (fs. 205/208).

En su apelación (fs. 245/250) la entidad gremial cuestiona, en primer término, el rechazo de aquel planteo, pues estima, en síntesis, que la magistrada "no resulta competente con posterioridad al 6 de diciembre para tomar resoluciones tendientes al cumplimiento de una medida cautelar cuyo objeto ha desaparecido al haber transcurrido ya el plazo para el ejercicio de los mandatos de Comisión Directiva sobre los que recayó la sentencia de la Sala IV", máxime cuando -afirma- el Tribunal de Trabajo nº 2 de Lanús habría asumido la competencia relativa a la asunción de las nuevas autoridades con posterioridad al 6 de diciembre de 2009 para el período 2009-2012, disponiendo una medida cautelar al respecto.

Adelanto que estas objeciones no pueden prosperar.

Ante todo cabe aclarar que, contrariamente a lo sugerido por la recurrente, esta Sala en ningún momento marcó un límite temporal para el ejercicio de los cargos de la lista vencedora en los comicios de 2006. Antes bien, al rechazar el "hecho nuevo" planteado por la Asociación Argentina De Aeronavegantes con base en el supuesto "vencimiento inminente" de los mandatos, el Tribunal puntualizó que ninguna incidencia cabía asignar a la convocatoria a nuevos comicios en relación con las cuestiones controvertidas en estas actuaciones (cfr. considerando II de la sentencia definitiva nº 94.412 del 17 de noviembre de 2009).

Tampoco encuentro motivos serios para afirmar que el mandato de las autoridades electas en los comicios que dieron origen a la causa nº 25.961/2008 haya expirado el 6 de diciembre de 2009, como arguyen -con insistencia pero sin fundamento- ambas apelantes.

Digo esto, porque el estatuto de la entidad gremial sólo establece que el mandato de los integrantes de la Comisión Directiva "durará tres años" (art. 12) sin determinar fechas fijas de comienzo y finalización.

Si bien es cierto que, en condiciones normales, los mandatos deberían encadenarse en ciclos regulares de tres años sin solución de continuidad, también lo es que, en el caso de autos, los comicios de 2006 dieron lugar a una serie de impugnaciones que recién obtuvieron resolución definitiva por parte del Ministerio de Trabajo casi tres años después, el 23 de julio de 2009 (cfr. resolución 631/2009 obrante a fs. 685/688 del exp. 25.961/2008), fecha a la cual la Comisión Directiva de la Asociación Argentina De Aeronavegantes había decidido ya efectuar un nuevo llamado a elecciones para el período 2009-2012. A su vez, la Asociación Argentina De Aeronavegantes invocó esa nueva convocatoria como "hecho nuevo", lo que dio origen a un incidente (ver fs. 711 y siguientes del exp. 25.961/2008) que demoró el llamamiento de autos a sentencia en el expediente judicial hasta el mes de noviembre de 2009.

Finalmente, la Sala dictó la sentencia definitiva del 17 de noviembre de 2009, en la que resolvió con carácter final las cuestiones vinculadas con la elección de 2006 y declaró ganadora a la Lista Celeste. Para ello se hizo hincapié en la "burda y grosera irregularidad" consistente en la "mágica" aparición después del escrutinio de siete votos de más (es decir: no emitidos) pertenecientes a la Lista Verde. En el fallo se ponderó también que, ante la denuncia por parte de la lista afectada (la Celeste) de ese "fraude por incorporación de boletas después del conteo ", el Ministerio de Trabajo, en lugar de invalidar los sufragios ilícitamente agregados y declarar ganadora a la Lista Celeste (que había obtenido la mayor cantidad de votos reales), decidió efectuar una nueva convocatoria a elecciones en la Mesa nº 1 y mantener en sus cargos a las autoridades de la Asociación Argentina de Aeronavegantes cuyo mandato había expirado el 6 de diciembre de 2006.

Resulta así que, a consecuencia del grosero fraude cometido en la elección de 2006, de la errónea decisión inicial del Ministerio de Trabajo, y de la lentitud ulterior de esa autoridad de aplicación en la resolución de los recursos, la Lista Celeste se ha visto privada de iniciar su mandato.

Esta situación se mantuvo inmodificada aun después de la sentencia definitiva de esta Cámara (que proclamó vencedora a la Lista Celeste) y de la medida cautelar decretada (con base en esa sentencia) por el Juzgado de Primera Instancia, dado que la anterior Comisión Directiva, cuyo mandato sí se encuentra cumplido desde hace más de tres años (y cuyos integrantes son, en su mayoría, los candidatos de la lista que se beneficiaba con el fraude en las elecciones de 2006) mantiene ocupada la sede del sindicato, se niega a acatar las órdenes judiciales, y ha obstaculizado el procedimiento con una conducta que esta Sala ha calificado como maliciosa (cfr. Sentencia interlocutoria del 11/12/09, copiada a fs. 323). A ello se le ha sumado la actitud renuente (cuando no en franco alzamiento) del Poder Ejecutivo frente a los requerimientos judiciales, actitud esta que ya era anterior al 6 de diciembre (véase, como muestra de ello, la nota de fs. 112, fechada el día 3 de ese mes, en la que el Sr. Ministro de Justicia manifestó "la imposibilidad de prestar la colaboración requerida, atento a no disponer con personal suficiente, dado que se encuentra prestando servicios en distintos puntos de la ciudad").

Si, en resumen, la lista legítimamente vencedora en los últimos comicios válidos no pudo siquiera iniciar su mandato por las circunstancias descriptas, todas ellas ciertamente ajenas a su voluntad, mal puede sostenerse que el plazo estatutario de tres años habría vencido el 6 de diciembre de 2009, pues parece obvio que no puede terminar lo que aun no ha comenzado.

Como lo ha recordado la Corte Suprema, la admisión de soluciones notoriamente injustas, cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial. En tal sentido, no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (CSJN, "Capitán Jorge Santa Ana y otros", Fallos: 307:1018). Así, si por una forzada interpretación de la norma estatutaria se concluyera que el mandato de tres años habría fenecido el 6 de diciembre de 2009 (pese a que, insisto, el mandato ni siquiera había comenzado) se arribaría a un resultado notoriamente injusto y repugnante al más elemental sentido común, como sería la consumación de los efectos de un grosero fraude electoral (constatado en la sentencia definitiva de este Tribunal). Tal solución no puede ser admitida, pues "el derecho debe guardar coherencia moral y el árbol venenoso no puede generar buenos frutos" (Corti, Arístides Horacio M., Calvo, Rubén A. y Luis, Claudio E. "Los nuevos instrumentos penal tributarios en la reforma de la ley 11.683", IMP, 2005-14, 51).

En otro orden de ideas, estimo que en nada debe afectar el cumplimiento de la medida cautelar el aparente dictado de un fallo proveniente del Tribunal de Trabajo nº 2 de Lanús (del que sólo obran en autos copias simples). Digo esto, pues, más allá de la palmaria incompetencia territorial de ese tribunal (las elecciones se llevaron a cabo en la sede central del sindicato, sita en la Capital Federal, y en sus dos únicas delegaciones, sitas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque), su irregular intervención se produjo cuando ya el Juzgado Nacional del Trabajo nº 54 había ordenado la suspensión de las elecciones, por lo que mal podía aquél inmiscuirse en una cuestión sometida a la jurisdicción de los jueces de la Nación. Tal intromisión resulta inadmisible, pues, conforme una antigua e invariada jurisprudencia de la Corte Suprema, los magistrados provinciales no pueden trabar o turbar en modo alguno la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación (CSJN, 242:480; 256:321; 259:73; 261:421; 274:464; 305:454).

Cabe entonces desestimar el denominado "primer agravio" de la Asociación Argentina De Aeronavegantes.

VII) El "segundo agravio" de esa parte (fs. 247/248), se refiere a la declaración de nulidad de la resolución MT 1212/09. Dado que las objeciones vertidas en este capítulo son análogas a las vertidas sobre ese punto por el Ministerio De Trabajo, las trataré conjuntamente al examinar el recurso de este último.

En cuanto al "tercer agravio" de fs. 248 vta./249 vta., pretende hallar sustento en la reiteración ad nauseam de planteos (la supuesta finalización del mandato de la Lista Celeste a partir del 6 de diciembre de 2009 y la alegada incidencia de la resolución del Tribunal de Trabajo nº 2 de Lanús) similares a los examinados (y desechados) en el capítulo VI del presente voto, por lo que me remito a las consideraciones allí vertidas y, consecuentemente, propongo desestimar también esas objeciones.

VIII) Antes de abocarme a los agravios vertidos por la Asociación Argentina De Aeronavegantes y el Ministerio de Trabajo respecto de la declaración de nulidad de la resolución Nº 1212/09 de dicha cartera del Estado, consideraré la primera crítica que ésta expone en su escrito recursivo de fs. 230/243, es decir la referente a la imputación, por parte de la Sra. Jueza a quo, de haber incumplido su orden de arbitrar las medidas necesarias para poner en posesión de sus cargos a los integrantes de la Lista Celeste proclamada ganadora en las elecciones.

En primer lugar cabe señalar que el Ministerio De Trabajo no cuestiona la existencia de dicha orden ni su carácter de firme y ejecutoria, sino que simplemente invoca una serie de hechos que - en su postura - implicaron la imposibilidad fáctica de cumplir la manda.

Pues bien, de los propios dichos de la recurrente surge el reconocimiento de que la medida dispuesta por la Sra. Jueza de grado no se halla aún cumplida a pesar de las diversas reiteraciones que en tal sentido formuló la magistrada (prolijamente enumeradas por la propia apelante). Por lo tanto es innegable que, objetivamente, dicha medida ha sido incumplida por el Ministerio De Trabajo, lo que determina la improcedencia de la crítica, en especial cuando la recurrente no explica con precisión cuál sería la "injuria irreparable" que la imputación cuestionada supuestamente le ocasiona.

Sin perjuicio de ello, y si bien el Ministerio De Trabajo adoptó diligencias aparentemente encaminadas a hacer efectiva la manda judicial, resulta claro que la eventualidad de una huelga del personal aeronáutico no puede considerarse un obstáculo para la concreción de la orden impartida, cuyo cumplimiento, por otro lado, no reviste mayores dificultades prácticas si se cuenta con el adecuado apoyo de la fuerza pública, el que - indudablemente - la quejosa pudo haber requerido por sí, sin necesidad de recurrir al innecesario formalismo de solicitarlo al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

IX) La Sra. Jueza a quo declaró la nulidad de la resolución Nº 1212/09 del Ministerio De Trabajo, mediante la que se designa un delegado normalizador de la entidad sindical con la instrucción de adoptar las medidas necesarias para convocar, de inmediato, a nuevas elecciones de autoridades y así regularizar la situación institucional de dicha organización gremial. La decisión, que es cuestionada por el Ministerio De Trabajo y por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, se funda en la inexistencia de supuestos que habiliten, de acuerdo con la ley 23.551, la intervención de la autoridad administrativa en la organización gremial.

Corresponde, en primer lugar, analizar los argumentos vinculados con la competencia de la Sra. Jueza de grado para emitir esa decisión y con el cumplimiento de los aspectos formales a los que el Ministerio De Trabajo se refiere a fs. 238. Concretamente, dicha recurrente sostiene que "(...) la nulidad dispuesta por la señora Juez a quo, resulta exorbitante en exceso del marco de la cautelar autónoma, cuyo objeto se encontraba agotado", lo que resulta desacertado, ya que la conclusión del órgano estatal se funda en la idea (errónea, según ya he explicado) de que el 7 de diciembre de 2009, fecha de la resolución, se hallaba "(...) fenecido el mandato objeto del proceso en cuestión".

También aduce que para la declaración de nulidad del acto administrativo era menester que, previamente, se agotase la vía recursiva administrativa, tal como lo establecen los artículos 23 y concordantes de la ley 19.549 y agrega que lo que eventualmente se resolviese al respecto en el ámbito administrativo "(...) debería ser revisado por V.E. por vía de recurso directo, en los términos del art. 62 Ley Nº 23.551". Finalmente, dice que, si se entendiese que ese mecanismo de revisión no es aplicable, "(...) debería interponerse una acción ordinaria de nulidad en la que se debata la materia en forma plena y con observancia del derecho de defensa en juicio por parte de la autoridad administrativa que dio origen al acto" (ver fs. 238).

El análisis que propone la recurrente podría eventualmente resultar viable respecto de actos administrativos que no se contraponen a una decisión judicial dictada por un magistrado competente para hacerlo, pero resulta claramente inadmisible si -como en el caso- el acto administrativo contradice una decisión judicial válidamente emitida, en especial cuando su cumplimiento no se había concretado al momento del dictado de esa resolución ministerial y cuando era el propio Ministerio de Trabajo el que -por disposición expresa de la magistrada- debía disponer lo necesario para cumplirla. Una interpretación como la que la recurrente pretende implicaría -al menos en el presente caso- la improcedente admisión de un ilegítimo mecanismo que posibilitaría a la autoridad de aplicación, por su sólo arbitrio, desconocer la efectividad de decisiones judiciales que es su deber observar puntillosamente.

En lo que a la competencia se refiere, lo expresado deja al descubierto que, en realidad, el que actuó fuera de su ámbito material de competencia no fue la Sra. Jueza sino el propio Ministerio de Trabajo, ya que, ante la existencia de una resolución judicial que, si bien con carácter cautelar, había definido claramente una línea de acción, tácitamente consentida por aquél y cuya materialización, en lo que específicamente respecta a la puesta en posesión de sus cargos a los miembros de la Lista Celeste vencedora en la contienda electoral de 2006, había sido colocada inicialmente en cabeza del propio ministerio, éste no tenía -en relación con la cuestión discutida en autos- otra competencia que la que la Jueza le indicó.

A la misma conclusión se llegaría aun cuando no se compartiese el razonamiento expuesto, pues el artículo 57 de la ley 23.551, como regla, prohíbe a la autoridad administrativa del trabajo intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales. Y si bien la norma admite tal intervención cuando se presente alguna de las situaciones contempladas en el artículo 56, inc. 4, de la misma ley, ninguna de ellas se ha verificado en la especie.

En efecto, esta disposición prevé la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo:

a) disponga por sí la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en las asociaciones sindicales tienen a su cargo el gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen estos últimos y ejecute los demás actos que fuesen necesarios para que mediante el proceso electoral se designen los integrantes de esos cuerpos, "(...) Todo ello cuando el órgano de la asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido intimado para que lo hiciere, dentro de un lapso determinado, incumpliera el requerimiento";

b) designar un funcionario para que tome las medidas necesarias para regularizar la situación cuando se produjere un estado de acefalía en relación con la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o del órgano que tuviese asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se hallase previsto el modo de solucionar el problema, y c) adoptar las medidas correspondientes para que se lleve a cabo la reunión de la asamblea o el congreso de la asociación, cuando el órgano encargado de convocarla no lo hubiere hecho oportunamente ni luego de la intimación que se le debe cursar para que lo haga.

Pues bien, la motivación principal y determinante de la resolución en análisis se reduce a las siguientes dos causas: a) la supuesta expiración del mandato de la Lista Celeste el 6 de diciembre de 2009 (considerando duodécimo) y b) la alegada acefalía de la organización gremial respecto de su comisión directiva (considerando décimo tercero), ambas inexistentes. En efecto, ya me he expedido sobre el plazo del supuesto mandato, en tanto que la falsedad de la segunda causa resulta manifiesta si se tiene en cuenta que, por disposición expresa de la Jueza de grado, los integrantes de la Lista Celeste declarada vencedora en las elecciones de 2006 debían ser puestos en sus cargos por el propio Ministerio. Y, en todo caso, mientras eso no se cumpliese, la autoridad administrativa no desconocía que se hallaban en funciones - aunque sin derecho luego del dictado de la medida cautelar del 26 de noviembre de 2009 - los miembros de la comisión directiva de la Lista Verde a los que el propio ministerio, el 6/12/06, había ordenado permanecer en sus cargos con facultades limitadas (conservación del patrimonio) hasta tanto asumiesen las autoridades electas (conf. resolución del Director Nacional de Asociaciones Sindicales obrante a fs. 125 de la causa "Ministerio de Trabajo c/ Asociación Argentina de Aeronavegantes s/ ley de asoc. sindicales", luego ratificada por la Subdirectora Nacional de Relaciones del Trabajo, que el 31/10/07 compartió el dictamen emitido en tal sentido por el Jefe del Departamento Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo; fs. 492/493 de la citada causa).

En tales condiciones, si, como se expone en la resolución en análisis, la intención de la autoridad administrativa era "( ...) preservar la democracia y la autonomía sindical aun en las circunstancias más adversas (...) ", ya que "(...) debe privar el interés de los trabajadores representados y del conjunto de la sociedad en la cual -conforme nuestro sistema normativo- está inmersa la actividad sindical" (considerando décimo cuarto), no tenía más que cumplir la orden judicial y poner en funciones a los integrantes de la Lista Celeste declarada ganadora en las elecciones de 2006. Conviene destacar que la intervención del Ministerio de Trabajo en el ámbito de las organizaciones gremiales debe ser decidida con suma prudencia (ausente en este caso), ya que "Las medidas tomadas por las autoridades administrativas, tales como la intervención de organizaciones, corren el riesgo de parecer arbitrarias, aun cuando tuviesen un carácter provisional y puedan ser cuestionadas ante la autoridad judicial" (OIT, Libertad Sindical: Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, quinta edición - revisada - 2006, párrafo 452).

En consecuencia, dado que la resolución en cuestión fue emitida mediando incompetencia y que, además, adolece de falta de causa, también corresponde confirmar la resolución de primera instancia en cuanto la declara nula (arg. art. 14, ley 19.549).

X) Por todo lo expuesto, llevo al acuerdo la siguiente propuesta: Confirmar las resoluciones de fs. 29/32 y 205/208 en todo cuanto ha sido motivo de recurso, con costas a las recurrentes (art. 37 L.O. y 69 Cód. Procesal).

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Primero: La necesaria resolución de las pretensiones recursivas de las partes.

1) En esta medida cautelar dictada por la Dra. B.F., acuden a esta instancia, a fs 40, A. C. R., S. E. y E. K., en su carácter de miembros de la Junta Electoral Asociación Argentina Aeronavegantes y M.L.D'A., abogado, en representación de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y plantean recurso contra las medidas cautelares de autos, de acuerdo a la resolución dictada el 26 de noviembre de 2009, donde se dispone hacer lugar a las mismas y "hasta tanto se ejecute la sentencia definitiva dictada en la causa: "Ministerio de Trabajo c. Asociación Argentina de Aeronavegantes, hágase saber al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la Junta Electoral de la Asociación de Aeronavegantes que deberá suspender en forma inmediata las elecciones convocadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes para los días 21 al 30 de noviembre de 2009, y hacer saber a las mismas que deberán poner en forma inmediata y cautelarmente en la posesión de su cargos, a los integrantes de la lista Celeste, proclamada ganadora en las elecciones, conforme la sentencia dictada por la Alzada y hasta tanto dicho pronunciamiento quede firme, todo bajo apercibimiento de lo normado en el artículo 230 del Código Penal, desestimar la restante medida cautelar solicitada y ordenar la devolución de las actuaciones.

2) Obra también recurso interpuesto por Jorgelina Adriana Briggs, en representación del Ministerio de Trabajo, a fs 230 y sgts y manifiesta venir a atacar la sentencia dictada por el juez de grado, por considerarla acto jurisdiccional no válido, en razón de que su representada, según expresa, no incumplió las resoluciones adoptadas, y por el carácter de la misma que entiende posee carácter contradictorio y arbitrario; a la vez, entiende que la magistrada carece de competencia y jurisdicción, para decretar la nulidad de la resolución del Ministerio de Trabajo N 1212/09.

3) En el mismo sentido, Alejandro M. Morreale, como apoderado de Asociación Argentina de Aeronavegantes, plantea a fs 245 recurso contra la resolución del 9 de diciembre de 2009, en lo atinente al límite temporal de los mandatos, y considerando la declaración de nulidad de la resolución ministerial referida.

Segundo: Consideraciones previas conducentes e insoslayables que son comunes a todas las pretensiones expuestas.

Entrando en la consideración y resolución de cada una de las cuestiones planteadas, entiendo que de manera introductoria debo hacer algunas aclaraciones vinculadas con el fondo y la forma de las cuestiones a encarar y resolver En ese andarivel, tengo para mí, que subyacen, en el debate de autos, temas tan importantes como los principios del Derecho del Trabajo en general y en particular los principios del derecho del trabajo colectivo.

Ha de campear necesariamente todas y cada una de mis consideraciones la vigencia plena del principio protectorio, de rango Constitucional, que es base fundamental del Derecho del Trabajo y más explícitamente del Derecho Colectivo del Trabajo, territorio en el que nos encontramos en la cuestión de autos; y por cierto, no puedo soslayar la vigencia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de aplicación al caso y los Convenios de la OIT, que aparecen como faros rectores de mi decisión.

De tal manera, viene a mi mente el recuerdo de las enseñanzas de Fernández Madrid, cuando expresa: "El derecho colectivo del trabajo constituye un conjunto sistemático de normas que se refieren al sindicato y a los grupos de trabajadores -sindicados o no- y las que con el mismo alcance pueden comprender a empleador o grupos de empleadores. También se configuran relaciones entre los grupos: intersindicales, intrasindicales o las que vinculan a la representación de los trabajadores con los empleadores y el Estado. Todas ellas constituyen el contenido del derecho colectivo de trabajo." En el mismo andarivel, Grisolía destaca en su obra, que los principios esenciales del derecho colectivo del trabajo, surgen de distintos convenios de la OIT y del art. 14 bis de la CN, que busca paliar las desigualdades sociales, al establecer garantías mínimas para el trabajo, fundadas en principios de solidaridad, cooperación y justicia. Destaca, a la vez, el principio de subsidiaridad, de libertad sindical, en su aspecto individual y colectivo.

Agrego yo, la importancia insoslayable del principio de democracia sindical, pilar inexcusable de un estado de derecho.

De cualquier manera, tengo para mí, que en este ir y venir de derechos, deberes y poderes que, en el caso, tienden a asegurar la independencia de los respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno y actividad externa de las asociaciones profesionales de trabajadores, recodando a Justo López, lo que subyace es siempre la intensa tutela del derecho de los más vulnerables.

La libertad sindical, acerca de la cual he escrito hace unos días no más, se alza en el plano individual, como la posibilidad, para cada trabajador de afiliarse a un sindicato, no hacerlo o de desafiliarse y conlleva también la facultad de cada uno de ellos de realizar actividad sindical, fundar o constituir organizaciones sindicales, elegir la organización a la que se afilia, participar en el gobierno y/o administración de la entidad, representarla o no hacer nada de esto.

En suma, cuando resolvemos cuestiones vinculadas a las asociaciones de trabajadores, estamos resolviendo, también sobre cada uno de ellos, como sujetos que la constituyen. A mi modo de ver, éste es el caso que hoy nos convoca y lo que no hay que perder de vista.

Todo el tema a resolver está sobrevolado por la democracia y la libertad sindical.

Tercero: Los agravios y su tratamiento en cada uno de los recursos.

1) En cuanto al recurso de fs. 40 interpuesto por la Asociación Argentina de Aeronavegantes y por la Junta Electoral de esa asociación, contra la resolución del 26 de noviembre de 2009 que hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la actora, he de señalar:

Que la medida cautelar dictada por la Sra. Jueza de primera instancia, encuentra su razón de ser, en la decisión de esta Sala IV de la CNAT, en cuanto resolvió considerar ganadora de las elecciones celebradas de renovación de la comisión directiva y el cuerpo de delegados de la entidad entre el 21 de abril y el 30 del mismo mes de 2006 a la lista celeste, habida cuenta las irregularidades habidas.

Que las medidas cautelares de este tipo, efectivamente pueden tener por función el aseguramiento provisional del cumplimiento de una sentencia no firme, situación que se ha llevado a cabo en autos, más allá como bien lo señala mi distinguido colega el Dr. Guisado de que no se haya permitido la pretensión a resolver de manera originaria por esta Sala de la CNAT. Nada impedía a la actora, peticionar como lo hizo, en primera instancia, lo que en la segunda había resultado inadecuado. Además, así se hizo saber.

De igual manera, me hago cargo de la urgencia que han sentido los representantes de la lista celeste de asegurar, con fecha 26 de noviembre de 2009, el reconocimiento (no firme aun) de su condición de ganadores.

El artículo 232 del CPCC, es una norma que deja librado al criterio del juez, a falta de una medida expresa de preservación, la posibilidad de evitar que derechos que aparecen verosímiles se tornen luego de cumplimiento imposible. Se trata de medidas urgentes, que quedan libradas, con una cierta libertad, al criterio puntual de los jueces, con el sentido expuesto y que no aparece en autos, como un exceso ni una vulneración de derechos.

Se ha llevado a cabo, en este caso, de manera adecuada en cuanto a su oportunidad jurisdiccional, temporal y con fundamento adecuado en el artículo 232 del CPCC.

Corresponde, rechazar, en tal sentido, el agravio que produce, la presentación del pedido de la medida en primera instancia, porque ya la Sala había resuelto que no se podía actuar de modo originario y dejar sentado claramente que la jueza no se encontraba ejecutando la sentencia de la Sala, sino llevando a cabo la medida cautelar dictada por ella, y con fundamento en el art. 232, 212, inciso 3 (este último en el sentido de su télesis) y en la órbita de su propia competencia.

Y reitero que no debe confundirse con la ejecución de sentencia, ya que la presentación y existencia de lo resuelto por la Cámara, sirve para abonar la verosimilitud del derecho, a los fines de la medida dictada y como requisito de la misma.

Tampoco puede encontrar andamiento, la queja vertida, por la decisión de la Dra. F. de suspender en forma inmediata las elecciones convocadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, para los días 21 a 30 de noviembre de 2009, por haber sido examinada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, habida cuenta el dictado de la sentencia de esta Sala, del 17 de noviembre de 2009, así lo imponía En lo atinente a la ausencia de contracautela, es del caso advertir, que tal agravio, no puede significar lisa y llanamente el decaimiento de la medida, sino que en todo caso debió adicionarse el requisito oportunamente, resultando hoy, ya tarde para al cometido ya que no se invoca tampoco la existencia de un daño patrimonial causado.

En suma, los agravios vertidos a partir de fs 40, con motivo de la resolución del 26 de noviembre de 2009, no poseen relevancia ni andamiento posible y entiendo que la misma ha sido dictada en un todo de acuerdo a derecho, sin que las quejas efectuadas sobre ella, permitan considerar otra posibilidad más que la de confirmación. Así lo propongo, en cuanto a este segmento.

2) En cuanto al recurso interpuesto a fs. 230 por la Dra. J.B. en representación del Ministerio del Trabajo y a fs. 245 por el Dr. A.M., en representación de la Asociación Argentina de Aeronavegantes he de tratarlos conjuntamente en su orden, habida cuenta que atacan ambos, a través de sus propios agravios, la resolución del 9 de diciembre de 2009 que nulifica una decisión el Ministerio de Trabajo de fecha 7 de diciembre del corriente año.

En lo referente a esta decisión de la jueza F. que desestimó un planteo de pérdida de competencia que trae la Asociación Argentina de Aeronavegantes, tengo para mí que no hubo motivo para que la misma agravie a quienes la pretenden, dado que la decisión, como se dijo, no estaba firme.

Empero, no estoy en el mismo plano decisorio, cuando se declara la nulidad de la resolución 1212 del 07-12-09 del Ministerio de Trabajo.- Si seguimos siendo coherentes, en que la base de verosimilitud del derecho de la medida se encuentra en la decisión de la Sala IV, debo advertir que la misma, sólo objetó las elecciones del año 2006, sin prorrogar mandato alguno, ni hacer consideraciones de futuro que no hubieran correspondido.

La pretensión de la actora, es justamente esa y lo obtiene porque así se resolvió oportunamente y para evitar imprecisiones o malos entendidos debo retranscribir la resolución de cámara, que expresa textualmente: "Desestimar el hecho nuevo denunciado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes a fs. 711/712 e imponer las costas del incidente respectivo, y Establecer que el escrutinio definitivo de la mesa N1 habilitada para la elección de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Aeronavegantes fue el que se indica en el punto VII de la presente. Declarar ganadora en la elección de miembros de la Comisión Directiva la Asociación Argentina de Aeronavegantes a la lista celeste.

De tal manera, viene muy al caso aclarar que la sentencia dictada por la Sala IV, no habló de fraude en ningún momento en su resolución, más allá de las peticiones de las partes y que no prorrogó mandato alguno, limitándose a resolver, el resultado del escrutinio, y decidir quien ganó, de acuerdo con el resultado de ese acto eleccionario. No se trató el origen de las irregularidades habidas, sino que se concluyó sobre la base de los números expuestos.

Más allá de ello, no se tomó una decisión temporal extensiva.

Cabe colegir de lo expuesto, que las personas integrantes de la lista ganadora cesaron en sus mandatos, con la conclusión de los plazos previstos a tal fin y que, como consecuencia de ello, el 6 de diciembre del corriente año 2009, finalizaron su representación.

Se ha señalado, empero, que la puesta en posesión de sus cargos que se derivara, con anterioridad, de la resolución de Cámara no se llevó a cabo, y es cierto; quedaban desde el 17 de noviembre hasta el 6 de diciembre, 13 días hábiles donde diversos avatares e ires y venires, impidieron la concreción de la medida.

Los impedimentos, con responsabilidades o sin ellas, deberán correr por los caminos que corresponda, pero siendo los mismos ajenos a la solución y al análisis que debo dar ahora, han de seguir los andariveles que corresponda Lo cierto es, que a los efectos de la dilucidación de este litigio y con referencia concreta a la resolución que se cuestiona, tengo para mí que la resolución 1212 del Ministerio de Trabajo del día 7de diciembre del corriente año, no debió ser tachada de nulidad.

Me veo en la obligación de recordar que la legitimidad de las autoridades en el caso de este tipo de asociaciones y de otros, es, por sobre todas las cosas una garantía de los afiliados y que en el caso en examen, al Cámara al advertir la irregularidad, dispuso cual era la lista ganadora, pero no indicó prórrogas de ninguna naturaleza porque no estaban solicitadas ni correspondía; si los plazos habidos fueron consumidos, no cabe otra solución que tenerlos por tales y si la manda no entró en término no fue nada más que por cuestiones ajenas al quehacer judicial actual, motivo por el cual el plazo de vigencia de los mandatos no fue ni reclamado, ni decidido a los efectos de prolongar su extensión y el día 6 de diciembre se extinguieron.

Disiento con mi distinguido colega el Dr. Guisado en cuanto a que esta Cámara no marcó un límite temporal para el ejercicio de los cargos de la lista vencedora, ya que ni le fue peticionado, ni hubiera correspondido que lo hiciera, habida cuenta que el plazo estaba dado por la vigencia de los mandatos de quienes fuera; de unos o de otros.

Esto es así, a mi modo de ver, porque la representación, como ya dije, es en beneficio de los asociados y no responde a derechos personales que estén por encima de ellos.

De tal manera, los vaivenes habidos, fuera por lo que fuera y que resolvió la justicia, no pueden impedir el libre y oportuno ejercicio del voto de los afiliados.

Es cierto que no surgen de los estatutos fechas fijas para dichos mandatos, pero se indica que deben ser tres años y dicha aseveración, es un plazo tan cierto como si se fijara el día mismo; lo digo en el más estricto sentido jurídico Pudo haber habido en el medio dilaciones de trámites o de cualquier naturaleza, mas ello no puede impedir el cumplimiento de los plazos estipulados para la regularidad de los comicios, ya que de lo contrario por corregir una irregularidad caeríamos en otra, ya que reitero, lo protegido, es el derecho de los asociados y fue por eso que comencé este voto con claras referencias a los principios de libertad sindical y de democracia sindical, ya que su sacralidad, debe ser entendida, fundamentalmente en beneficio de los representados, más que de sus representantes.

Es cierto que la lista celeste resultó vencedora, pero esa condición no puede ir más allá de la temporalidad propia de los actos y las representaciones jurídicas.

Deseo recordar, asimismo, que la sentencia de Cámara no hace referencia a fraude, sino a una situación que fue descripta allí como conducente a un resultado distinto; no obstante aunque hubiera habido fraude, esta situación no cambiaría, porque el sujeto especialmente protegido es el trabajador, y él posee el derecho a elegir a sus representantes en el momento indicado.

A tales efectos es bueno recordar que un acto eleccionario, es un acto jurídico en los más claros términos del art. 944 del CC y que tiene por objeto elegir los representantes de los trabajadores, en el marco del estatuto de la asociación y de las leyes en general, durante un período de tiempo. Ese período de tiempo, es, en el caso, lo que denominamos plazo y que en este caso es "cierto". No se ha resuelto en autos, ni su suspensión, ni su interrupción, ni su prolongación; de tal manera que ese derecho modal que del acto emana, se ha extinguido naturalmente el 6 de diciembre del corriente año.

La ley ha previsto esa posibilidad, por ese motivo o por otros, de manera tal que, a mi modo de ver, debe resolverse la cuestión en la forma en que lo contempla el artículo 56, inc. 4, 2 párrafo de la ley 23.551, porque, con el cese se ha producido un estado de acefalía.

A tales efectos, no puedo ni siquiera entrar a considerar lo resuelto por el tribunal de Lanús; es obvio que los tribunales provinciales no pueden interferir la tarea de la justicia nacional. El haber pertenecido orgullosamente, casi treinta años a la justicia de la Provincia de Buenos Aires, me indica que no debo hacer más comentario que el ya señalado sobre ese hecho.

Empero, la agregación de tales constancias no afecta, me parece a mí el acierto de la decisión del Ministerio de Trabajo, por las razones expuestas y lo contemplado legalmente.

No comparto, aunque respeto, lo expresado por mí distinguido colega el Dr. Guisado y si bien entiendo que la jueza mantuvo su competencia porque interpretó que correspondía tener por prorrogado el mandato, la misma se había agotado, porque también el plazo al cual estaban sujetos los mandatos habían caducado. Así es como asoma la figura de la acefalía y la legitimidad del Ministerio de Trabajo para resolver la cuestión, en los términos expuestos ut supra.

Tengo para mí, que mi voto no roza siquiera la existencia de la división de poderes.

En mi condición de jueza republicana, no sólo considero insoslayable la necesaria división tripartita, sino que estoy convencida del necesario sometimiento de todos a tal principio legal. Más aun de los jueces da la Nación y de los funcionarios en general.

Existen en autos muestras de inconvenientes a los efectos del cumplimiento de algunas resoluciones y he dicho ya que tales vaivenes recorrerán los caminos que corresponda. No es éste el momento de su consideración.

Empero, ello no puede ser obstáculo, para que la situación planteada en autos conduzca a la solución que propongo, con intervención de un órgano del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Trabajo, en la medida que así lo dispone la ley y por eso, así lo voto.

Tengo la convicción absoluta de que además rige en autos el artículo 1960 del CC que considera que cesa el mandato por el cumplimiento del negocio y por la expiración del tiempo determinado o indeterminado por que fue dado.

No empece la imposibilidad del primer supuesto, a la vigencia del segundo.

Y reitero, es así, sobre todo por el derecho de los asociados a emitir su voto en tiempo y forma. Ahora serán ellos quienes resuelvan quien los represente.

Fundo todo lo expuesto, en el artículo 14 bis de la CN; el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación; Convenio 98 de la OIT sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; art. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 23, inc. 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 16, inc.1 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 8, inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; todos ellos con rango constitucional, en un todo de acuerdo con lo prescripto por el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.

Asimismo, he señalado a los largo de este voto, que fundo mi propuesta en la ley 23.551.

Finalmente, deseo señalar que dicha normativa, que como dije, es la base de mi voto, está acompañada por la convicción de que el derecho a sindicalizarse y elegir sus representantes es un derecho humano y en todo derecho humano hay un fundamento primero y final del mismo, que es la dignidad del hombre; en este caso, del hombre que trabaja. Estamos en el territorio de los derechos sociales, cuyo objeto no son los bienes, sino la existencia de una relación digna, que permita luego, la adquisición de esos bienes.

A nivel supranacional, esta es una obligación de todos, con lo cual, lo es también a nivel nacional y somos sujetos de ella cada uno de nosotros y también el estado.

Por lo expuesto, voto, en síntesis, y como colofón de lo dicho, por la eficacia y validez de la resolución del Ministerio de Trabajo, atento la acefalía de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, dejando de lado la nulidad decretada, en tal sentido, por la Jueza a-quo, y con ello no me contradigo con lo resuelto oportunamente con respecto a la lista ganadora, habida cuenta la diferencia de objeto, tiempo y circunstancias entre una resolución y la otra.

Entiendo que debe cumplirse la ley 23.551, en atención a los derechos de todos los asociados y de las partes mismas.

El Ministerio de Trabajo debe responsabilizarse, obviamente de la rapidez, y transparencia de los comicios a realizarse, tal como lo impone la ley.

En atención a la naturaleza y complejidad del tema, entiendo que las costas deben ser impuestas, por su orden.- El doctor Oscar Zas dijo:

I) Coincido con la solución propuesta por mis distinguidos colegas preopinantes al recurso interpuesto por la Asociación Argentina de Aeronavegantes y por la Junta Electoral de esa entidad sindical a fs. 40/45 por las razones que expondré seguidamente.

II) A fin de evitar de repeticiones innecesarias, en virtud de las razones expuestas por el Dr. Guisado en el considerando II) de su voto, considero que las medidas cautelares admitidas por la jueza de grado a fs. 29/32 no habían sido rechazadas por esta Sala en sus resoluciones del 30 de septiembre y del 3 de noviembre, ambas del corriente año.

Tampoco favorece la postura de la recurrente articulada en el apartado 4 de su memorial (fs. 40 vta./41 vta.) la transcripción de un fragmento del texto del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fechado el 8 de octubre de 2009, porque ese tramo del dictamen no guarda relación alguna con las medidas cautelares cuestionadas; razón por la cual este segmento de la queja no constituye técnicamente un agravio, es decir, una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas (conf. art. 265, C.P.C.C.N.).

A mayor abundamiento, cabe destacar que leída la aludida pieza jurídica (dictamen nº 925, fs. 749/751 del expediente nº 25.961/2008 caratulado: "Ministerio de Trabajo c/Asociación Argentina de Aeronavegantes s/ley de asociaciones sindicales"), el único tramo relativo a las medidas cautelares es el párrafo 5º que transcribe la parte pertinente de la resolución de esta Sala dictada el 30/09/2009 mencionada por el Dr. Guisado en los párrafos 1º y 2º del considerando II) de su voto; por lo cual, desde esta perspectiva, la queja también debería ser desestimada.

Por otra parte, como señala mi colega en el considerando IV) de su voto, en el mejor de los casos para la apelante el dictamen precitado es un acto preparatorio de la voluntad administrativa, sin efecto decisorio y sin la aptitud de obligar por sí mismo al órgano con competencia para resolver, y no está agregado, ni en el presente expediente, ni en la causa 25.961/2008 acto administrativo alguno emanado de autoridad competente que comparta aquella opinión.

III) Estimo claramente infundada la manifestación vertida a fs. 42, apartado 5, toda vez que, como señala la jueza de grado a fs. 110/ 111, la personería del Dr. G. de E. en su calidad de apoderado de la Lista Celeste surge debidamente acreditada en la causa 25.961/2008.

IV) Tampoco constituye técnicamente un agravio con los alcances del art. 265, C.P.C.C.N. la manifestación transcripta a fs. 42/vta. (ap. 6, denominado "El Engaño Al Juzgado"), pues, además de no acreditar la participación de la denominada Lista Magenta en las elecciones para elegir los integrantes de la Comisión Directiva, según los propios dichos de la apelante no existe coincidencia con los miembros de la Lista Celeste, lo que descarta la petición formulada.

V) Las quejas incluidas en los apartados 7, 8 y 9 del memorial de fs. 40/45 (fs. 42 vta./44 vta.) encuentran adecuada respuesta en los argumentos expuestos por el Dr. Guisado en los considerandos III), IV) y V) de su voto, a los que me remito en honor a la brevedad.

VI) Por todo lo manifestado, propicio, en coincidencia con los Dres. Guisado y Ferreirós, la confirmación de la resolución de fs. 29/32.

VII) Me expediré seguidamente acerca de los recursos interpuestos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (fs. 230/243) y por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (fs. 245/250) contra la resolución de la jueza de grado que desestimó un planteo de pérdida de competencia formulado por el mencionado sindicato y declaró la nulidad de la resolución 1212 dictada el 7/12/2009 por aquel ministerio (fs. 205/208).

VIII) Coincido, en lo substancial, con los argumentos sustentados por el Dr. Guisado en el considerando VI) de su voto, con las aclaraciones que expondré a continuación.

En efecto, como señala acertadamente mi distinguido colega, esta Sala en ningún momento marcó un límite temporal para el ejercicio de los cargos de la lista vencedora en los comicios de 2006. Antes bien, al rechazar el "hecho nuevo" planteado a fs. 711/2 por la Asociación Argentina de Aeronavegantes con base en el supuesto "vencimiento inminente" de los mandatos, el Tribunal puntualizó que ninguna incidencia cabía asignar a la convocatoria a nuevos comicios en relación con las cuestiones controvertidas en estas actuaciones (ver considerando II de la sentencia definitiva del 17/11/2009, fs. 830 vta./831 del expediente 25.961/2008).

Tampoco considero que se haya producido la expiración del mandato de los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Aeronavegantes el 6 de diciembre de 2009, tal como sostienen ambos apelantes.

Digo esto, porque el art. 12 del estatuto de la entidad sindical sólo dispone que el mandato de los integrantes de la Comisión Directiva "durará tres años", sin precisar fechas fijas de comienzo y finalización.

Si bien es cierto que, en condiciones normales, los mandatos deberían encadenarse en ciclos regulares de tres años sin solución de continuidad, también lo es, que en el presente caso, los comicios de 2006 dieron lugar a una serie de impugnaciones que fueron resueltas definitivamente por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el 23 de julio de 2009, y que, ante el recurso del art. 62, inc. b) de la ley 23.551 interpuesto por la Lista Celeste, esta Sala, mediante la sentencia definitiva del 17 de noviembre de 2009 mencionada precedentemente, declaró ganadora en la elección de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Aeronavegantes a aquella lista.

En este contexto, resulta claro que los candidatos de la agrupación vencedora se vieron impedidos de iniciar su mandato debido a los prolongados trámites administrativos y judiciales que debió realizar la mencionada lista para obtener la sentencia definitiva de este tribunal que la proclamó ganadora.

Es menester destacar que el 6 de diciembre de 2006 el Director Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso en lo pertinente:

1) Ordénese a las actuales autoridades de la Asociaci, Argentina de Aeronavegantes, cuyo mandato expira en el día de hoy, que se mantengan en sus cargos hasta tanto asuman las nuevas autoridades de la entidad sindical;" "2) Dichas autoridades se encuentran facultadas a realizar únicamente aquellos actos tendientes a la conservación y administración del patrimonio..." (ver fs. 125 del expediente 25.961/2008).

Esta decisión fue ratificada por la Subdirectora Nacional de Relaciones del Trabajo el 31/10/2007 en los siguientes términos:

... se ordene a las autoridades de la Asociaci'n Argentina de Aeronavegantes, cuyo mandato habría expirado el día 06.12.06, que se mantengan en sus cargos hasta tanto asuman las nuevas autoridades de la entidad sindical..." (ver fs. 492/493 del expediente 25.961/2008).

Los tramos subrayados y destacados en negrita revelan inequívocamente que los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Aeronavegantes que ocupaban sus funciones el 6 de diciembre de 2006 debían continuar en sus cargos hasta tanto asumieran las nuevas autoridades de la entidad sindical.

Es decir, no puede sostenerse la expiración de mandatos el 6 de diciembre de 2009, toda vez que aún no asumieron las nuevas autoridades y no puede considerarse que el plazo de prórroga haya vencido este último día.

Dicho en otros términos: no luce consistente argumentar que el plazo estatutario de tres años haya finalizado el 6 de diciembre de 2009, pues no está cumplida la condición impuesta por la autoridad administrativa, esto es, la asunción de las nuevas autoridades elegidas en los comicios llevados a cabo en noviembre de 2006.

Pero, además, cabe destacar que pese a las reiteradas diligencias adoptadas por el Juzgado de Primera Instancia con anterioridad al 6 de diciembre de 2009, no fue posible hacer efectivas las medidas dictadas el 26 de noviembre de este año que ordenaban "...poner en forma inmediata y cautelarmente en la posesión de sus cargos, a los integrantes de la Lista Celeste proclamada ganadora en las elecciones...", medidas cuya confirmación propicia el tribunal en forma unánime mediante esta resolución.

La frustración del propósito perseguido por el juzgado, en el marco de su competencia, no resulta atribuible a los miembros de la Lista Celeste, quienes insistentemente formularon las peticiones tendientes al cumplimiento de las medidas cautelares mencionadas.

Es más, como señala el Dr. Guisado, según la nota agregada a fs. 112, fechada el 3 de diciembre el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos manifestó "la imposibilidad de prestar la colaboración requerida (colaboración de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida cautelar), atento a no disponer con personal suficiente, dado que se encuentra prestando servicios en distintos puntos de la ciudad".

En este contexto, no resulta jurídicamente consistente la pretensión de la demandada fundada en el supuesto vencimiento del plazo de los mandatos de los miembros de la Comisión Directiva.

De admitirse la interpretación propuesta por la recurrente se arribaría a un resultado notoriamente injusto, como sería la imposibilidad de asunción por la vía cautelar de los miembros de la lista proclamada ganadora por esta Sala.

Tampoco modifica la solución propuesta la medida autosatisfactiva dictada por el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Lanús, Provincia de Buenos Aires, porque su intervención se produjo con posterioridad a la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 54 que había ordenado la suspensión de las elecciones.

Por otra parte, y esto es lo más relevante, según jurisprudencia reiterada de nuestro más Alto Tribunal, "las autoridades de una provincia, entre las que se encuentran los jueces locales, no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción del Poder Judicial de la Nación..." (Fallos: 324:3025).

Cabe, entonces, en coincidencia con el Dr. Guisado, desestimar el denominado primer agravio de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

IX) En todo lo demás, adhiero a los argumentos y a las soluciones propuestas por el Dr. Guisado en los considerandos VII), VIII) y IX) de su voto.

X) En virtud de todo lo expuesto, postulo la confirmación de la resolución de fs. 205/208.

Por ello, por mayoría, el Tribunal resuelve: Confirmar las resoluciones de fs. 29/32 y 205/208 en todo cuanto ha sido motivo de recurso, con costas a las recurrentes (art. 37 L.O. y 69 Cód. Procesal). - Estela M. Ferreirós. - Héctor C. Guisado. - Oscar Zas.