Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-26


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia Presidido por Juan Pedro Cortelezzi; integrado con los señores Ministros Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, para dictar sentencia en "R, F y otro s/ robo agravado con arma en grado de tentativa" (expediente 19.759R2004).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 471: Cortelezzi, Pfleger, Panizzi.

El Juez Cortelezzi dijo:

Que vuelven las presentes actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de dictar un nuevo pronunciamiento, en relación a la pena impuesta en la sentencia n° 16/2005 obrante a fs. 253/83.

Así, corresponde ingresar directamente al tratamiento de la cuestión planteada en el recurso extraordinario interpuesto in forma pauperis por F R R, con la pertinente intervención del Defensor General, doctor Arnaldo Hugo Barone v.fs. 305/19.

Que el Superior Tribunal de Justicia, con anterior integración, mediante sentencia de fecha diez de mayo de dos mil cinco, casó parcialmente la sentencia de fs. 174/81 vta., punto I y II, y condenó a F R R y C R A a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, como coautores materiales y penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de armas, en grado de tentativa, perpetrados en esa ciudad, el día trece de noviembre de 2003, en perjuicio del local comercial "Carta Automática".

El motivo de agravio se refiere a la pena impuesta a los condenados por este Superior Tribunal, la cual se mantuvo a la fijada por el tribunal de mérito, no obstante haberse hecho lugar al recurso interpuesto.

Así, en esta instancia se decidió que el hecho aquí investigado era uno solo, y que la privación de la libertad queda subsumida dentro de la violencia típica del robo. Que de acuerdo a lo ordenado por la Corte Federal, daré los argumentos para confirmar el monto de la pena impuesta a fs. 253/83, punto 3°), ya que dicha pena se adapta cómodamente a la gravedad del injusto reprochado y culpabilidad de los condenados.

Como quedara expuesto, este Superior Tribunal modificó la calificación legal escogida por la Cámara y sostuvo que la privación de la libertad es absorbida, en este caso, por el delito de robo.

Ello implica que la privación de la libertad desaparece únicamente como delito autónomo, pero existió, y los damnificados la sufrieron por un espacio prolongado.

Que los jueces de este Tribunal decidieron recalificar el hecho, cambiándose el concurso real por el aparente. Esta mutación no desminuye el contenido del injusto penal, y es justo y razonable que la pena oportunamente merituada por quienes tuvieron conocimiento directo y de visu de las partes se mantenga, ya que si bien legalmente nos acercamos al máximo de la escala penal que le corresponde al hecho reprochado, las circunstancias del delito absorbido se toman en cuenta para agravar la medida de la pena, conforme lo prescripto en el artículo 41. Esta situación es la que altera la variación entre el mínimo y el máximo fijado entre las diferentes escalas penales Aclarado ello, y de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de fs. 445, considero adecuada la imposición de la pena por los siguientes motivos:

la peligrosidad criminal denotada por los delincuentes en la oportunidad de arribar personal policial al lugar;

la violenta conducta desplegada durante la ejecución del hecho, utilizando a las víctimas como escudos humanos, tomándolas del cuello, mientras que con la otra mano les apuntaban a la cabeza u otra parte del cuerpo;

la actitud desafiante, al exigir una serie condiciones para no matar a los rehenes.

Todas estas circunstancias que describen la modalidad delictiva demuestran claramente la gran capacidad para delinquir, la insensibilidad por la vida humana, el menosprecio por la autoridad, y la personalidad perversa de los imputados al mantener a las víctimas en ese estado por un espacio prolongado de tiempo, justificándose legalmente de esta forma el apartamiento del mínimo legal estipulado y la imposición de siete años de prisión.

De esta manera y, de acuerdo a los antecedentes de caso, no advirtiéndose arbitrariedad en la determinación e individualización de la pena, voto por la imposición de siete años de prisión.

Por último, deberán regularse los honorarios de la defensa en la suma de quinientos pesos ($500.).

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. La clara exposición acerca de las razones que causaron el trámite dada por el señor Ministro preopinante, me inclinan hacia la idea de no repetir y de pasar, con derechura, al meollo del asunto propuesto: decidir acerca del monto de la pena impuesta en la sentencia recurrida.

Amplio el análisis, como debe ser, principio exponiendo algunos contornos ideológicos que conducen a mi intelecto a coincidir con el Ministro Cortelezzi en la solución que alcanza.

Así digo que los fundamentos de la sentencia deben contener no sólo la justificación acerca de la existencia de los hechos y de su relevancia jurídico penal a través de los niveles analíticos de la teoría, sino también y especialmente la justificación de la cantidad de sanción aplicable, esto a través de la consideración de las circunstancias agravantes y atenuantes puestas de manifiesto en el caso, con remisión a la culpabilidad del autor.

Como dejara sentado este Superior Tribunal de Justicia otrora "...Dado que el Código Penal describe acciones u omisiones delictivas y prevé las correlativas sanciones, la sentencia que culmina el debido proceso tiene que construir las premisas que sostienen el tipo legal, pero también, con el mismo rigor republicano aquellas otras referidas a la grave intervención del Estado en la vida de los habitantes a consecuencia de esos mismos actos injustos que se declaran dentro del fallo...(omissis) Por eso la decisión que afirma la responsabilidad punible y subsume el caso con arreglo a las reglas sustantivas, tiene que completarse con una justificación suficiente de las consecuencias que se siguen de todo ello: la pena..." (STJ en autos "Sánchez, Daniel" ). Como bien se dice en doctrina, los obstáculos a la habilitación del poder punitivo dentro de la teoría de la responsabilidad no son graduables, por lo que no se proyectan a la cuantificación de la pena cuando la respuesta penal está habilitada. Pero no es menos cierto que la culpabilidad de cuantificación penal es la misma que la del delito, sólo que tomada en la perspectiva dinámica del conflicto. Así, si la medida de la pena es la medida de la culpabilidad, la culpabilidad por el acto señala la máxima en la medida de la culpabilidad.

De esta manera han de apreciarse las condiciones personales del imputado y las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho delictivo que, por cierto, no concurran a la construcción del tipo que autoriza a la sanción, parámetros que están específicamente consignados en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

III. Tengo para mí que el cartabón enunciado precedentemente habilita, como lo explicaré, justificar la pena decidida por la Cámara "a quo" porque a pesar del cambio de calificación, la dinámica de los hechos, la realidad reconstruida, ha quedado incólume y resulta determinante para el sesgo que ha de tener el monto de la pena.

Veamos.

C R A y F R R intentaron despojar de bienes a "Carta Automática", munidos de armas de fuego. No lo lograron por causas que le fueron ajenas, y ello colocó las cosas en los términos de los artículos 166 párrafo 2° y 42 del Código Penal.

Pero ese hecho tuvo, en su desarrollo, circunstancias que conducen a una opción punitiva de la dimensión de la propuesta. Agravantes del caso en los términos de los artículos 40 y 41 del C.Penal.

Actuaron en una zona densamente poblada, el centro comercial de la ciudad de Trelew, en un horario de fluida presencia de personas, situación que, desde ya, implicó aumentar tanto la potencialidad del daño cuanto el desprecio supino por sus congéneres.

Redujeron a las empleadas, y las mantuvieron cautivas haciéndoles víctimas de amenazas para responder a la presencia policial que los había cercado. Se sirvieron de ellas como escudos, apuntándoles con las armas.

Exigieron a las autoridades la presencia de abogados, de funcionarios y magistrados judicialesde la prensa y de vituallas y chalecos antibalas, retándolos a hacerlo so pena de matar a los rehenes.

Expusieron a aquellos a la vista general y sólo cejaron en su empeño cuando las demandas se vieron satisfechas, actuando, a la sazón, un mediador.

Conmocionaron a las víctimas de tal suerte que éstas debieron ser trasladadas a un centro asistencial. Esta panoplia es expresiva, por sí, de la extensión de la reprochabilidad que el hecho merece. Ya lo dice Claus Roxin: "...El sentimiento de justicia, al que se atribuye gran importancia para la estabilización de la conciencia jurídica general, exige que nadie sea penado más allá de lo que se merece; y "merecida" es solamente una pena que se corresponde con la culpabilidad..." (ver el autor en "Fin y determinación judicial de la Pena" en la obra "Determinación judicial de la Pena", compilación, Ed. Del Puerto, página 39).

Aclaro que, como atenuantes, computo la edad de los personajes en juego y el escaso nivel educativo y socioeconómico, tal lo refirieran los sentenciantes, lo que no mella la definición que he dado.

IV. Que en punto a los honorarios presto adhesión al justiprecio que ha establecido quien me antecedió en el tratamiento.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Juan Pedro Cortelezzi y Jorge Pfleger, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 texto según ley 4550.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente;

S E N T E N C I A 1º) Condenar a F R R y a C R A a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, como coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de robo con armas en grado de tentativa (C.P., arts. 166, inc.2°, 42 y 45), perpetrados en esta ciudad, el trece de noviembre de 2003, en perjuicio del local comercial "Carta Automática" y de F C B, M E C, M M y M M C.

2°) Regular los honorarios de la Defensa Pública en la suma de quinientos pesos ($500), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y Ley 4920, art. 59).

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Dres. Cortelezzi, Panizzi y Pfleger.