marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, cambio de categoría
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Zunilda M. c/ I.A.P.V. s/ Acción de Amparo (acum. Lell de Firpo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-12

La actora pretende se condene a la demandada a dejar sin efecto la ilegítima y perjudicial medida de revocación de su recategorización. Nos encontramos ante un supuesto de recategorización pues el Decreto 22 MAS del 02/01/03 reubica en la planta permanente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a los amparistas. Debe analizarse si contaban a su favor con el derecho subjetivo a la permanencia en la categoría designada por gozar de estabilidad tal como se sostiene, concluyéndose que no había transcurrido -al momento de la revocación- el plazo de un año computable desde su nombramiento en la misma que establece el artículo 21 de la Constitución Provincial para ser operativa, siendo el criterio sostenido por la mayoría de este S.T.J.E.R., "Senestrari, Felipe c Junta de Fomento de Villa Paranacito", 07/12/94. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ, CESAR ANTONIO E HIJOS S.R.L. s/ PAGO POR CONSIGNACION IBAÑEZ, CESAR ANTONIO E HIJOS S.R.L. s/ PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-11|1996-03-11

El derecho del trabajo esencialmente protege al trabajador y su nucleo inmediato (esposa o concubina), ante la contingencia de verse privado del ingreso que significaba el desempeño del operario. Esto no es en desmedro de la legítima familia, pues la misma esta contemplada, pero siempre en protección del inocente, y no de quien ante una situación de hecho, no hace valer sus derechos si es que se creé titular de los mismos.-
Alimentos, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., R. y otro s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Como lo ha sostenido la Sala en anteriores no existe motivación que de sustento a la pretensión de aplicar a título compensatorio o de reajuste, los índices oficiales de costo de vida sobre la cuota asistencial, habida cuenta que la ley 23928 descarta cualquier mecanismo, aún indirecto, de recomposición o actualización monetaria (arts. 1, 8, 9 y 13) y lo que edicta el decreto 529/91 respecto al artículo 9 de la ley 23928 lo es, precisamente, en el contexto temporal que aprehende el preindicado art. 9, esto es una regulación legal transitoria, pero en modo alguno se refiere al posterius de la vigencia de la ley de convertibilidad. De ahí que a partir del 1 de abril de 1991 no puede motorizarse nuevos ajustes y sin que el paulatino incremento del costo de vida autorice a violentar el restrictivo marco legal, salvo que se acuda al mecanismo instrumental que edicta el artículo 647 del digesto ritual.
Prescripción de la acción penal, policía, funcionarios públicos, falsificación de instrumento público, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: A., M. d. R. s/ dcia. s/inf. ley 24.270
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-08-02

El delito de sustracción de menores previsto en el art. 146 del Código Penal es de carácter permanente, habida cuenta que la conducta típica continúa ejecutándose desde el acto inicial de la sustracción hasta que el menor cumple los diez años, fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de prescripción de la acción penal. (Del voto en disidencia del Dr. Tabárez Guerrero)
Sanciones procesales, multa procesal, temeridad o malicia, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: OYUELA ENRIQUE J. c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-13

La aplicación de la multa que autoriza el art. 594 del Código Procesal, requiere en términos generales- que el ejecutado haya obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente infundadas o que su conducta aparezca guiada por un propósito ostensiblemente dilatorio (conf. Palacio, " Derecho Procesal Civil t. VII, pág 550, numero 1123; Morello, " Códigos Procesales..." t. VI 2, pág. 972; C.N. Civ. Sala B, L.L. 146-639) El hecho de que la accionada omitiera el cumplimiento de la condena dentro del plazo fijado a dicho efecto por la sentencia definitiva, obligando a su contrario a promover la pertinente ejecución, no puede dar lugar por sí sola a la imposición de multa, puesto quede ser ello así este dispositivo excepcional operaría de modo automático en todos los casos en que fuera menester obtener el cumplimiento forzado de una sentencia condenatoria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, loterías, rifas, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DEL PICCOLO, HECTOR JOSE c/ ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JORGE s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   673-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

No persuade el recurrente de que la Cámara hubiera prescindido de prueba fundamental, cual era a su criterio la boleta oficial de la rifa -de la que surgiría que ésta tenía la autorización gubernamental pertinente- en la medida que el planteo transita por el carril de la disímil interpretación acerca de la naturaleza del vínculo mismo habido entre actora y demandada, instrumentado en la boleta en cuestión: para los juzgadores, un contrato sujeto a la condición de que se obtuviera la autorización definitiva -que finalmente no fue otorgada-; para la perdidosa, un contrato perfeccionado que generó su derecho a reclamar. Por ello el recurso de inconstitucionalidad no puede prosperar en virtud de que la recurrente no logra demostrar la pertinencia o idoneidad que hubiera tenido para cambiar el resultado del pleito la apreciación puntual del contenido de la boleta de la rifa, o la prueba producida, ni persuade que el criterio selectivo del Tribunal fuera reprochable.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, Olga Beatriz s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

Es infundada la denuncia de falta de mayoría de opiniones respecto a la configuración de legítima defensa si los jueces de primer y tercer término coinciden en la inexistencia de una previa agresión con entidad suficiente como para dar base a la justificante.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: FADUL CARLOS FELIPE c/ FADUL HECTOR JOSE Y OTRO s/ EJECUCION  DE  SENTENCIA  S/INCIDENTE  DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-18

Atento a que la jurisdicción arbitral es de aplicación restrictiva, compete resolver la impugnación de la sentencia con estricto ajuste a los preceptos que rigen el juicio especial de árbitros y, en tal sentido, surge la aplicación de la preceptiva normada por los arts. 742, 743 y ccs. del C.P.C.C. lo que induce, inevitablemente, a confirmar las resoluciones emanadas de las instancias ordinarias en tanto el laudo pronunciado en el arbitraje adquirió la firmeza ineludible que adquiere la cosa juzgada, sin que pueda prevaler la excepción de falsedad de ejecutoria (falta de legitimación pasiva, en el caso) atento las constancias obrantes en el presente incidente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villagra, Rodolfo c/ Hospital Raúl F. Larcade s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-20

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona idóneamente los fundamentos esenciales del fallo, pues es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el fallo objetado y no basta para ello desarrollar meras discrepancias personales.
Responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, culpa in vigilando, negligencia, culpa de la víctima, culpa concurrente, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: MORALEJO, JORGE GERMAN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUC. Y JUSTICIA SECRETARIA DE EDUCACION s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Las víctimas no están totalmente liberadas de culpa, si bien la incidencia causal de su conducta es muy inferior a la que le cabe al Estado por el mal desempeño de sus funcionarios, porque imprudencia por imprudencia, no es lo mismo la que pueda cometer el personal docente encargado de un grupo de adolescentes (art. 902 C.C.) con la imputable a la actividad de jóvenes del 4° año secundario, cuya edad promedio no supera los 17 años. Y es que la culpa debe ser juzgada en concreto (art. 512 CC y su nota). Las accionantes recibieron indicación de irse a dormir (no de ir a la playa en horas nocturnas) y desobedecieron esa indicación de sus superiores. De todos modos, con la ingenuidad que les es connatural, las jovencitas volvieron al hotel -cuyas puertas permanecían abiertas, y sin vigilancia; extremos éstos que conocían ciertamente- y se dirigieron a sus habitaciones. Fue entonces cuando se produjo el ataque del canalla. La inobservancia de las instrucciones recibidas del personal docente y el descuido de las circunstancias riesgosas: 1) que el hotel carecía de adecuada vigilancia; 2) que el acceso era prácticamente libre porque las puertas permanecían, en la práctica, las 24 horas abiertas; 3) que la zona tenía riesgos por la presencia de cabaretes y gente indeseable; 4) que ninguna vigilancia podía ser esperada del personal docente, que dormía plácidamente; y 5) que, en el fondo, la directiva de las profesoras no había sido acatada, demuestran que las actoras -que contaban con suficiente discernimiento para superar peligros, riesgos y conductas sin problemas- también incurrieron en una conducta no exenta de reproche civil y que tuvo incidencia causal en la concreción de los daños. Y, sopesando la incidencia causal de cada conducta, lógico es admitir que la responsabilidad del personal docente es de muy superior entidad con relación a la imputable a jóvenes de 16 y 17 años, porque el cuidado y vigilancia corría por cuenta de ese personal. Por ello, meritando en concreto la culpa de las partes y su incidencia causal en los daños, es imputable al Estado Nacional el 85% de los daños y el 15% a las actoras.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, pensiones, extinción del derecho de pensión, renuncia de derechos, concubinato
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Amerisse, Nancy Teresa c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Provincia de Salta. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Es arbitrario el pronunciamiento que, para considerar extinguida la pensión, hizo mérito de la renuncia del derecho formulada por la actora, sin considerar que dicho acto carecía de valor jurídico para provocar la "baja" del beneficio que la caja resolvió de hecho, y asignó efectos definitivos a una relación de convivencia, sin atender a las circunstancias fácticas existentes al tiempo de decidir y a la finalidad de las leyes en juego.
Dictamen pericial, obligaciones de las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. Fsa. c/ Fernández, Ana Catalina s/ Ejecución Hipotecaria Catalina s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-04

Está a cargo de los litigantes la prueba de la inexactitud del dictamen pericial, pues no bastan las meras objeciones.
Accidentes de trabajo, contrato de trabajo de temporada
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Alejandro César c/ El Rápido Argentino Cía. M.O.S.A. s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Acontecido un infortunio laboral, la aplicación de la ley 9688 no está limitada por la modalidad que pueda tener el contrato de trabajo en cumplimiento del cual el trabajador se accidentó, de modo que producido el siniestro y verificada su incapacidad temporal, el principal está obligado a pagar sus remuneraciones por el término de un año o hasta la fecha de su alta médica anterior, sin que a ello obste la finalización, con antelación, del período de prestación de servicios pactado en el contrato de trabajo de temporada suscripto por las partes (art. 8 inc. "d", ley 9688 -t.o. ley 23.643-).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, intoxicación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa "Varizat, Emilio Alejandro y otros c/ P. S.A. y otros s/ Daños y perjuicios" c/ s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-14

El recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicio interpuesta por los actores a un local de venta de alimentos, a raíz de una supuesta intoxicación por la ingesta de productos, por no haber acompañado el ticket que acreditase la compra, es inadmisible (Art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial
Prescripción de la acción penal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Bianco, Raúl y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-03

La disidencia sostuvo que la resolución puesta en crisis se encuentra ajustada a derecho, ya que los fines de analizar la prescripción de la acción penal, debe repararse en la fecha de producción de las conductas típicas atribuidas -lesivas del bien jurídico penalmente tutelado por la figura-, y en caso de resultar de aplicación alguna agravante, tomar el quantum punitivo máximo para contabilizar el plazo prescriptivo. (Dres. Figueroa -disidencia-, Boico y Frontini).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba, prueba testimonial, inspección ocular
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALFONSO, HECTOR SANTIAGO c/ MARCANTE, HUGO JUAN Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-13

Resulta palmaria la arbitrariedad en la cual incurrió la Alzada en la valoración aislada que efectuó sobre las declaraciones de un compañero de trabajo del actor, quien describió con detalle las tareas que realizaban juntos, determinantes para la comprobación de las tareas de esfuerzo y posturas antiergonómicas invocadas en la demanda, como así también la omisión de ponderar el resto de las pruebas y constancias obrantes en la causa y en las medidas cautelares de aseguramiento de pruebas acumuladas, que revestían de suficiente importancia para la decisividad del sub lite, como ser la inspección ocular del lugar donde trabajaba el actor y la reconstrucción de las tareas de esfuerzo y posturas antiergonómicas que realizó durante diecisiete años, coincidentes con el testimonio antes mencionado; la declaración del médico contralor de la patronal, quien afirmó haber revisado al actor y corroborado las patologías columnarias aludidas con estudios médicos, que le recomendó reposo, reubicación laboral con tareas livianas y uso de faja, medicación y fisioterapia de por vida.
Instrumentos públicos, acta notarial, acta judicial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pedro Gascon José c/ Clara  Rexinovsky y Ots. s/ Sumario (LIBRO: S137 - 265)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-22

Si bien la querella o incidente de falsedad son en principio los medios indispensables para impugnar la verdad de lo hecho, visto u oído por el oficial público (art. 993 C.Civil), puede suceder, como aprecio aconteció en el sub-examen, que quede plenamente demostrada la falsedad del instrumento, a través de prueba irrecusable e indubitable, sin haberse seguido o planteado en la forma prescripta por la norma legal. Pues bien en ese caso comparto la vertiente doctrinaria que considera que el magistrado no puede cerrar los ojos a esa realidad y tener por cierto lo que está demostrado que es falso. Puede darse el caso -como en cierta medida ocurre en el "sub-lite"- que se presenten dos instru mentos públicos que impliquen necesariamente la falsedad de uno u otro, en cuyo caso el Juez tendrá que decidirse por uno de ellos, lo que supone tener por falso el otro (confr. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil -Parte General-", Bs. As. 1.988, T. II, p. 210). En el caso de autos me inclino o decido por el acta de la escribana, no sólo por la exactitud de sus manifestaciones, frente a la imprecisión de las del oficial de justicia, sino porque además aquellas se ven avaladas por sendas pericias rendidas en el presente proceso.
Despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Luca, Carlos Salvador c/ Lloyds Bank s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Si el principio de congruencia impone a los tribunales del trabajo ajustar su juzgamiento a los hechos articulados por las partes, con mayor estrictez se tiene que observar cuando de analizar las causales del despido se trata, cuidando de no introducir motivaciones que impliquen cambiar las causales invocadas al tiempo de rescindir el vínculo porque de lo contrario se infringen las normas sustanciales que imponen la prohibición de modificación de las mismas (art. 243, L.C.T.)
Recurso extraordinario, cuestión federal, derecho de los beneficios de la seguridad social, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FALCO, HERNAN JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      EXPTE NRO 340-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-14

Corresponde la apertura del recurso extraordinario por arbitrariedad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de determinar si esta Corte incurrió en prescindencia del texto legal y de prueba decisiva, omisión de resolver cuestiones planteadas, afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes, al aplicar la prescripción bienal prevista en el artículo 82 de la ley 18037 en el reclamo jubilatorio del actor, por cuanto los planteos encuentran suficiente asidero en las constancias de la causa y se hallan asimismo satisfechos los restantes recaudos de admisión de la impugnación extraordinaria interpuesta.
Medidas cautelares, embargo, sustitución de medidas cautelares, desvalorización del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMERICAN CLEANING CENTER SA c/ BRILLOS SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

Resulta improcedente sustituír un embargo ordenado sobre cierta suma de dinero por el embargo de un vehículo cuando, -como en el caso-, se verifica que no se garantiza suficientemente el derecho del acreedor, puesto que: a) se trata de un automotor modelo 1989, sin que constituya óbice a lo expuesto que se haya informado que el vehículo se encontraría, en "perfectas condiciones de uso y mantenimiento" y que tendría un determinado valor, puesto que se desconocen en la actualidad cuales serían las condiciones del mismo y cual sería su valor de realización.

Máxime, si desde la emisión del mentado informe transcurrieron mas de dos años; de modo que no puede valorarse adecuadamente el mismo a los efectos perseguidos por la defendida; b) es publico y notorio que los precios que se obtienen en las subastas publicas por las ventas de automotores no siempre se corresponden con los que se logran en ventas privadas. Además, deben estimarse los costos temporales y judiciales que implicaría impulsar en el futuro la venta judicial del automotor. De modo que en tal contexto, no surge con claridad que el eventual valor de realización del citado rodado, en una ejecución judicial, garantice adecuadamente el derecho al que tendría derecho el pretensor; c) se desconocen las deudas impositivas y las deudas por infracciones a la ley de transito que podrían afectar el valor del bien y que tendrían "prima facie" prioridad en el cobro respecto del crédito invocado por el accionante; lo cual a su vez genera mayor incertidumbre en cuanto al valor real que garantizaría la acreencia del reclamante; y d) se desconocen las condiciones con sujeción a las cuales el automóvil habría sido asegurado; de modo que si se admitiera definitivamente la sustitución de la medida cautelar, se generaría para el pretensor una indudable incertidumbre en cuanto al destino de la garantía del crédito que reclama.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Pedro Rodolfo; Rodríguez, Raúl Oscar s/ Tentativa de robo calificado por el uso de armas Montoya, Carlos Alberto; Stanganelli, Orlando s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09|1993-10-26

Las denuncias relativas a la violación a la defensa en juicio, al debido proceso, a la arbitraria valoración de la prueba y a la supuesta transgresión a los arts. 9 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional así como los agravios relativos a la violación de normas procesales resultan ajenos al recurso de nulidad.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, facultades legislativas, concurso preventivo, crédito verificado, modificación de la tasa de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: REYES, JOSE ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUIEBRA-  INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE  INGRESOS PUBLICOS (D.G.I.) (EXPTE.: C.S.J. NRO. 91 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

No puede prosperar el recurso intentado por el ente fiscal fundado en el vicio atribuido de que los sentenciantes se han arrogado el papel de legislador al confirmar la Cámara la sentencia del A quo que entiende que la tasa de interés que se debe aplicar para los créditos fiscales es del uno por ciento mensual, cuando la normativa federal establece una tasa de interés distinta. Ello así, desde que la quejosa no logra demostrar que la referida tasa haya sido establecida o aprobada con fundamento en la sola voluntad del juzgador, quien ha puesto de relieve la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o "pars conditio creditorum", evitando el "...devengamiento de una tasa que genere irritantes privilegios para el estado en desmedro o detrimento de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor y de cobro efectivo de los créditos de los restantes acreedores verificados". Con esto, queda en evidencia que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego; todo ello con fundamento en derecho, por lo que el agravio analizado resulta inadmisible en orden a lograr la apertura de la instancia de excepción.