Suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley, obligatoriedad del precedente, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " CONTRERA, Manuel M. ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

De esta manera, si un Juez se enfrenta ante una doctrina plenaria que considera inconstitucional, no tiene obligación alguna de aplicarla (así como tampoco tiene deber alguno de aplicar una ley que considera inconstitucional). Ante tal situación, existen dos alternativas posibles. La primera de ellas consiste en que el Juez, previa declaración de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, no la aplique al caso concreto (lo cual generaría inmensas lagunas legales). La segunda alternativa consiste en que el Juez realice una interpretación constitucional de la normativa, apartándose de la doctrina fijada por el fallo plenario, y que la aplique al caso concreto. Esta última alternativa es la que mejor concuerda con el principio de la declaración de inconstitucionalidad como última ratio. De esta manera, habrá que interpretar el artículo 10 de la ley 24.050 en el sentido de que será obligatoria la aplicación de la doctrina señalada siempre y cuando esa doctrina no sea, en sí misma, inconstitucional. Adelanto que participo de la tesis amplia por considerar que el principio de taxatividad y de mínima intervención en materia penal así lo imponen. Toda interpretación del artículo 76 bis del Código Penal que no concluya en que el delito imputado no debe superar en concreto la pena de tres años, es una interpretación in malam partem violatoria del principio de legalidad, que, a su vez, desconoce la prescripción del artículo 2 del C.P.P.N. Vale decir, por último, que si bien no puede cuestionarse la validez formal del método de interpretación seguido por los partidarios de la tesis restringida voluntad del legislador, considero que éste debe ceder frente al gramatical o al teleológico, en tanto son los que se adecuan a los insoslayables principios constitucionales antes indicados. De esta manera, siendo que toda interpretación del artículo 76 bis del Código Penal que no concluya en la tesis amplia resulta inconstitucional, considero que la doctrina del Plenario Kosuta, que establece la aplicación de la tesis restrictiva, es inconstitucional. (Del voto del Dr. Cavallo al que adhirió con fundamentos propios el Dr. Farah). Los fallos plenarios de las Cámaras no se encuentra en pugna con la Constitución Nacional, sino que contribuye a afianzar la justicia.Primero, porque la facultad otorgada a las Cámaras no es la de crear derecho sino la de fijar una interpretación del derecho ya creado y segundo por el valor que ofrecen en orden a la unificación de jurisprudencia como mecanismo regulador del principio constitucional de igualdad ante la ley. Teniendo en cuenta que el actual Procurador General de la Nación, mediante Resolución n° 86/04 ha reiterado a los señores Fiscales en materia penal de todo el país la instrucción oportunamente dispuesta mediante Resolución PGN n° 24/00 para que "..adopten el criterio por el cual procede la aplicación del artículo 76 bis cuando concurre, alternativamente, alguna de las siguientes hipótesis:..b) en los casos en que la pena en abstracto para el delito, o concurso de delitos, supera los tres años de prisión o reclusión, cuando las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable, en los términos del art. 26 del Código Penal..", es dable concluir a mi juicio que la interpretación efectuada en el punto 1°) del Acuerdo Plenario n° 5 "Kosuta, Teresa" no puede hoy revestir el carácter vinculante que le asigna el art. 10 de la Ley 24.050, en la medida en que su aplicación importaría obligar al fiscal a mantener expedita la acción penal cuando su voluntad (conforme las Instrucciones antes citadas) sea la de suspender su ejercicio en procura de una reparación social del hecho merced al instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal; todo ello, teniendo en cuenta además que la distinta inteligencia que de esta última disposición legal efectúa el Procurador General de la Nación en las citadas Resoluciones PGN n° 24/00 y 86/04, se encuentra suficientemente fundada, al punto que se compadece con la posición que asumieron los jueces que en minoría votaron en el acuerdo plenario del caso. Adhiero a la postulación de mi distinguido colega de revocar la resolución del a quo que dispuso no conceder la suspensión del juicio a prueba, supeditando la concesión del beneficio a las resultas de la audiencia mencionada (del voto del Dr. Farah)