marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de Concursos, pronto pago
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: HAMAAFIA  SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE PRONTO PAGO-PROMOVIDO POR IAROCHEVSKY, CELIA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Procede confirmar la sentencia que hizo lugar al pronto pago incoado por el incidentista, ello así por cuanto, el pronunciamiento atacado no ordenó el pago inmediato del crédito, sino su efectivización en los términos de la ley 24522: 16, por lo que las cuestiones atinentes a la satisfacción de la acreencia exigirán del pertinente informe sindical y deberán ser planteadas por la vía y formas adecuadas en su momento, pues, deberá establecerse el modo en que se aplicará el producido de la explotación al pago de la acreencia, de conformidad a los términos de la LC: 16, reformado por la ley 26086.
Compraventa inmobiliaria, entrega de la posesión, mora del vendedor, daños y perjuicios, indemnización, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: NOGUERA c/ VACAS CARUSO Y FRANCESCHI  S.R.L. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

La falta de disponibilidad material de un departamento enajenado, al encontrarse en mora la vendedora respecto de su obligación de entregar la unidad prometida, conforma un perjuicio para la adquirente, que debe apreciarse en función del valor locativo de que dicha compradora se vio privada. Así hubiese ocupado personalmente la propiedad como es lo más factible ante la adquisición de un departamento modesto que tiene destino de vivienda, o la hubiese alquilado, siempre es dable reconocer que la prestación incumplida le irrogó un perjuicio cierto, al cercenarle la entidad patrimonial que representa el uso de un inmueble.

No corresponde exigir una prueba muy estricta de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación de entregar el inmueble en el plazo convenido, pues por lo regular, se los debe presumir por el sólo hecho de no haber tenido la disposición de referido objeto durante el tiempo de la mora.

Esa prerrogativa del adquirente, que el vendedor le ha privado durante el lapso en que perdure su situación de incumplidor, tiene una entidad patrimonial, que hace viable el resarcimiento, aunque estrictamente no se pruebe que se frustraron dividendos de terceros o que debió alquilar otra propiedad que le brinde la posibilidad habitacional a que estaba llamada la adquirida. Si se examina la cuestión desde el ángulo de la prueba del daño, debe admitirse que, al igual que todos los supuestos en que se encuentre en juego la privación de bienes fructíferos, tanto porque devenguen frutos civiles o naturales, se genera una suerte de presunción "hominis" respecto de la ocurrencia del perjuicio, así se trate de la mora producida en las obligaciones de dar cosas ciertas, como en aquellas que tienen por finalidad el reintegro del bien a su dueño. De igual modo, no sería conjeturalmente aceptable que se hubiese operado la adquisición de un bien que no tuviese la menor utilidad provechosa para el comprador, es decir, que lo adquiriera para mantenerlo desocupado. Lo lógico es, por el contrario pensar, que si alguien compró un pequeño departamento al costo, lo hizo para prodigarse un lugar de residencia y que, por ende, la falta de entrega le produce un perjuicio por tener que seguir solventando el alquiler del que ocupa, o -en su caso de ser propietario de éste- cercenarle su valor rentístico.

Deben restarse al valor locativo que se obtenga en la etapa de ejecución de sentencia, las expensas y también las restantes cargas reales, impuestos, tasas y contribuciones inmobiliarias o gastos extraordinarios, que se hubiesen generado durante el lapso en que se admite la procedencia del daño moratorio.
Declaración indagatoria, falta de mérito, archivo del expediente
Materia: PENAL
Carátula: VERDE MENDOZA, Macario E. s/ infr. ley 23.737  Causa nro. 12.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Este Tribunal tiene dicho que recibida la declaración indagatoria al imputado y habiéndosele decretado la falta de mérito a su respecto no corresponde el dictado, por el juez de grado, del archivo de las actuaciones, siendo sólo viable resolver la situación del imputado en alguno de los sentidos previstos por los artículos 306 o 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Procedimiento laboral, jueces, facultades disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Carlos c/ Bareiro de Romero, Elsa y/o Romero, Santos s/ Reclamo laboral(en apelación) Santos s/ Reclamo laboral(en apelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-27

El poder disciplinario es inseparable del poder de juzgar, pues si quien ejerce la elevada atribución de justicia resolviendo los conflictos particulares con la incontestable autoridad derivada de un estado de derecho, con arreglo a preceptos supremos de la Constitución, se le discutiera la facultad de poner orden en la actividad que se desarrolla ante sus estrados, y de reprimir el descomedimiento, el insulto, la alargada los desbordes del lenguaje, y toda forma de atentado al decoro, a la serenidad y a los miramientos debidos al Poder Judicial, sin que éste pueda reprimir inmediatamente el alzamiento y restablecer la armonía y el buen orden, nos hallaríamos ante un Poder Constitucional sin poder: una imagen deslucida y empequeñecida del derecho mismo.
Proceso penal, instrucción, plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., P. A. Y L., A. S. s/ Robo en tentativa y amenazas coactivas - Procesamiento (Expte. Nro.  1673-00, Resolución Nro. 52, Tomo 57, Folio 111/112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

"...Los plazos estipulados por los arts. 325 y 208 de la ley de forma son de carácter ordenatorio, no pudiendo alegarse que el transcurso de los mismos inhiba toda actuación procesal, ni perjudique lo producido. En los autos ha expirado el plazo de dos años que norma el citado art. 208, debiendo culminar la investigación y merituarse la instrucción con las medidas practicadas. Expirado el plazo mayor indicado por el art. 208, el Juez debe culminar con la instrucción práctica, pero nada impide definir la instrucción crítica, como en este caso, emitiendo el procesamiento. El transcurso de los dos años debe entenderse como duración de la instrucción que en ningún caso podrá exceder de ese término, y no como una causal de sobreseimiento. Sólo fija un término para que no se extiendan "sine die" las consecuencias de una persecución penal en el inicial estadio de investigación instructoria...".
Convocatoria a tribunal plenario, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EMPRESA  LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA(EL) c/ M° S Y AS - RESOL262/98 S PROCESO DECONOCIMIENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

VOTO DE LA MAYORÍA: Se rechaza la convocatoria a plenario para revisar la doctrina legal sustentada el 17/06/87 en "YPF Sociedad del Estado (el) c/Administración Nacional de Aduanas s/demanda", que establece que "lo dispuesto por el art. 1° de la ley n°19.983 es óbice para que el Poder Judicial revise la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal", porque "el mero transcurso del tiempo y el cambio de integración de los miembros de esta Cámara desde que se fijó la doctrina legal citada a la actualidad, en nada modifica su vigencia, como para justificar un nuevo análisis de la cuestión". VOTO DE LA MINORÍA: "corresponde declarar la incompetencia de la justicia federal para entender en el caso y, por aplicación analógica de la ley 19.983, remitir las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación").
Acción penal, acción dependiente de instancia privada, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: G.L., R.T. c/ L., J.O. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-15

La absolución en favor de un acusado de un delito de acción privada no siempre trae la consecuencia de que corresponda el rechazo de la acción civil ejercida por el actor y querellante, en contra del imputado.
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: La Rosario Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Mendoza" s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

La actora dijo haber pagado australes (A171.776. Como esa circunstancia surge de sus propios libros no veo cómo podía supeditarse la exactitud de este valor a la prueba que se produjera.
Caducidad de instancia, prescripción, juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: VITAS BENQUIS, CARLOS c/ EISENBEIL, CARLOS ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

Si bien el auto que resuelve una caducidad de instancia, en principio no es equiparable a sentencia definitiva, debe considerarse como tal cuando puede verse comprometida la vida misma de la acción, como ocurre en el presente, en que el apelante no puede iniciar otro proceso ordinario posterior porque la causa se encuentra prescripta en razón de las fechas del mutuo y el pagaré fundantes de la demanda, debiéndose tener en cuenta las circunstancias existentes a la hora de resolver.
Reincidencia, prescripción de la reincidencia, sentencia
Materia: PENAL
Carátula: COMINOTTI, L. Y OTROS s/ REINCIDENCIA    -   SENTENCIA  OMITE  PRONUNCIAMIENTO  -  PENA  UNICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-15

1) La calidad de reincidente acompaña a quien se ha hecho merecedor de él, de por vida, ya que no es susceptible de extinguirse, conforme nuestra actual legislación positiva, mediante prescripción, habida cuenta que es cuestión diversa, abolir los efectos de la condena anterior para obrar como causal de reincidencia.

El art. 50 C.P. restringe los alcances de una verdadera "prescripción de la reincidencia", conduciéndonos una interpretación contraria a colocar en pugna preceptos que emanan de una única fuente quitando coherencia a la estructura de una misma institución, para desembocar mediante su aplicación literal en soluciones absurdas, como que el art. 52 C.P. tendría como destinatarios exclusivos a quienes hubiesen soportado condenas de pequeña monta.

2) El hecho de que la sentencia apelada no se pronuncie acerca de la existencia o inexistencia de la calidad de reincidente de un condenado, no importa desechar, con carácter de cosa juzgada, el citado estado, ya que dentro de nuestro ordenamiento no existe precepto legal alguno que imponga su declaración como integrativa del objeto del fallo.

3) No resulta materia propia de la resolución unificatoria la modificación de las declaraciones que se hubiesen efectuado en las sentencias originarias, que en este aspecto, conservan plena individualidad.
Accidente de tránsito, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, velocidad reglamentaria, leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: A DEL C, E R s/ LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 388-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Admitido que al momento en que se produjo el accidente de tránsito, en el que resultara embestido un peatón, la velocidad desarrollada por el conductor era de 40 a 50 kms -lo que se corrobora por la extensión de la frenada-, no se advierten cuáles son las exigencias que existen por debajo de ese tope, tendientes a que la velocidad no se torne peligrosa e imprudente", ya que la normativa del artículo 9 de la Ordenanza 2802-81 aplicable, refiere a "fattispecies" que no se dan en el caso.
Municipalidad, concejo deliberante, comisiones investigadoras
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Suarez Sofanor Alberto c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Garupá s/ Plantea acción de conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-12-06

El Concejo Deliberante, para ejercer en derecho la atribución del art. 61 de la Ley 257 debe crear una "comisión investigadora";

ello surge de la interpretación literal del art. 133...", el que no faculta al concejo a esta designación, sino que requiere que la misma se constituya; no necesitando para cobrar vida participación alguna del Departamento Ejecutivo, ya que es una atribución del Concejo de carácter exclusiva. Por lo tanto es suficiente que el instrumento legal que le da origen, tenga forma de resolución, al no necesitar promulgación del Departamento Ejecutivo (art. 71 inc. b.).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, tipo penal, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: L. G., M.  c/  s/ portación ilegítima de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-05

El tribunal, sin tomar posición por alguna postura doctrinaria en cuanto a la posibilidad de la portación compartida de un arma de fuego, sostuvo: "(.) desde la comprensión del supuesto de hecho que delimita el ámbito de aplicación del tipo penal, Ocampos sería quien en principio se encontraba en condiciones de acceder materialmente a la pistola por cuanto ocupaba el asiento debajo del cual fue encontrada y el vehículo era de su propiedad; sin embargo, no podría decirse lo mismo respecto de Garnica pues no es lógico que se le atribuya "prima facie" dominio sobre ella en las condiciones establecidas tras correr el límite fáctico que fuera demarcado en el requerimiento, ya que extenderlo promiscuamente en la situación factual reseñada violentaría el "in dubio pro reo" como expresión del principio de inocencia (arts. 1, 3, 210 y 320, CPP; 18 CN; 8.2 CADH y 14.2 PIDCyP (.)".
Concurso preventivo, quiebra, calificación de conducta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delhec S.R.L. c/ Loureiro, Delfor y otros s/ Acción de responsabilidad Pedro Masi e hijos S.A. s/ Incidente de calificación de conducta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10|1996-02-06

La sanción de la ley 24.522 ha provocado la pérdida de virtualidad de los incidentes de calificación de conducta que a la fecha de su vigencia carecían de sentencia firme al respecto (art. 3, Cód.

Civ.).
Recurso de inaplicabilidad de ley, designación de perito, preclusión, resoluciones irrecurribles, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

No es atendible el discurso impugnativo que pretende insinuar ante esta instancia extraordinaria un alzamiento contra la designación de los profesionales que evacuaron las pericias, y derivar de ello una supuesta afectación de sus derechos. La preclusión, amén de la irrecurribilidad de las resoluciones relativas a la producción de las pruebas, conspiran contra la posibilidad de que el recurrente pueda prevalerse de una situación edificada a raíz de su propia incuria; para aducirla con el fin de sembrar una sospecha respecto de la designación de los profesionales. Se trata de probanzas que no ofreció y respecto de las que no trasuntó interés, al punto de no instar la intervención de consultores de parte, ni proponer puntos de consulta a los facultativos.(Mayoría de los Dres. Lutz y Sodero Nievas).
Transporte de estupefacientes, delitos contra la salud pública
Materia: PENAL
Carátula: Albornoz, Sergio Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

Corresponde rechazar el planteo de la defensa en torno a que el transporte de estupefacientes quedó en grado de conato, pues la conducta verificada puso en peligro el bien jurídico protegido por la norma -salud pública-, con independencia que el material estupefaciente no haya llegado a destino -como postula la defensa-, toda vez que el transporte de estupefaciente constituye un delito de pura o mera actividad.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, prueba, detención
Materia: PENAL
Carátula: Alexis Joel Zarate
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-19

Es improcedente el pedido de detención del imputado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en perjuicio de una joven, en momentos en que se encontraban con un grupo de amigos en el interior de la vivienda del encartado, pues no se encuentran mínimamente acreditados la existencia de violencia amenaza, amenaza, abuso coactivo o aprovechamiento por los que la víctima no hubiera podido consentir libremente la acción, ya que al momento de los hechos, ella se encontraría lúcida sin ninguna influencia de sustancia alguna.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, memorial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aceiteras Chabas S.A.I.C. (TF 15.035.I) y acum. (TF 15.038.I) c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación ante la Corte si el memorial no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la decisión de la cámara.
Incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, prueba, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: DIAS, JOSEFINA DELIA c/ MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-21

El beneficio de la jubilación por invalidez no es por si solo prueba suficiente, y carece de efecto vinculante en relación al reclamo fundado en el artículo 212 LCT. (to.) (conforme Sala VII, sentencia del 29 de mayo de 1983, 'Dase c/ Sniafa SA.').
Delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad, violencia de género, violación, abuso sexual, concurso ideal, dictadura militar
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

El mero dato de que la exclusión de la condena por violación y abuso sexual carezca -tal como lo afirmó el a quo- de incidencia en el monto de la pena impuesta, dado que los mismos hechos habían sido también calificados en concurso ideal con los delitos de tormentos agravados, no repercute en el deber de fundamentación, pues el proceso de juzgamiento de los actos que formaron parte del ataque perpetrado por el Estado argentino contra la población civil durante la pasada dictadura constituye una pieza central de nuestra democracia, cuya singular importancia impone la correcta aplicación del derecho penal sustantivo (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Currao, Roberto Javier; De Marco, Guillermo Orfilio s/ Robos reiterados. Violación. Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Si las presunciones que permanecen firmes bastan para mantener la prueba indiciaria invocada por la Cámara no son atendibles los agravios referidos a las demás presunciones valoradas.
Recurso de apelación (procesal), instrucción, facultades del juez, prueba, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-01

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal contra el auto que ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos recabar documentación perteneciente a una sociedad comercial, pues el Juez, como director del proceso, debe practicar las medidas que considere pertinentes y útiles, siendo su resolución irrecurrible y si bien no resulta atinado el temperamento de delegar en una repartición administrativa lo que el Juez puede disponer por sus propias atribuciones, no existe un gravamen irreparable que autorice a recurrir en apelación al Ministerio Público.
Recursos, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, traslado
Materia: COMERCIAL
Carátula: RESERO SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. POR KINUS SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La providencia mediante la cual se dispone un traslado, es insusceptible de causar gravamen irreparable.
Lucro cesante, accidentes de trabajo, pérdida de la chance, falta de prueba, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Carrasco, Fernandoi Juan c/ Municipalidad de Neuquén s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-11

[.] ni el lucro cesante ni la pérdida de chance se encuentran acreditadas en las presentes de modo tal que puedan ameritar una indemnización autónoma, sin perjuicio de que las circunstancias apuntadas por el actor en sus agravios sean tenidas en cuenta para elevar el monto de lo justipreciado bajo el rubro incapacidad física o daño emergente. [.] Así, de la lectura del legajo del actor no surge ninguna circunstancia que permita suponer un ascenso en los términos que aquel plantea y las cuestiones relativas a los familiares a cargo tampoco adquieren la relevancia que aquel pretende, pues atento a la edad del actor se encontraba ya próximo a cesar en el deber de asistencia.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, copias, acordada de la Corte Suprema, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortiz, Pedro Antonio c/ Arroupe, Sofia s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

Procede revocar la decisión del juez de grado que dispuso el desglose del memorial de agravios por el supuesto incumplimiento de lo previsto en la acordada 3/15 que establece la incorporación de una copia digital. Ello por cuanto, es necesario compatibilizar dicha normativa con la regla prevista en el CPR 120 en cuanto establece que se tendrá por no presentado el escrito acompañado sin copias, si dentro de los dos días siguientes a la notificación -por ministerio de la ley- de la providencia que exige su cumplimiento, no fuere suplida la omisión. En ese contexto, juzga la Sala que si la acordada 3/15 hace aplicable al caso de las copias digitales el apercibimiento que prevé el CPR 120, por lógica también debe exigirse previamente la providencia que comunique el incumplimiento para que sea suplida la omisión dentro de los dos días de notificado por ministerio de la ley. Y, en el caso, la intimación en dichos términos no fue dispuesta al proveer el escrito pertinente sino que se hizo posteriormente de oficio. En vista de ello, aun cuando el CPR 120 dispone la notificación de la intimación por ministerio de la ley, cuando -como ha sucedido en el caso- es inadvertida la carencia de copia al momento de despacharse el escrito es necesario que la intimación practicada sea notificada por cédula con arreglo a la doctrina que fluye del CPR 135-6°, 12° y 18° (v. esta Sala, "Stieglitz Construcciones SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por Provincia de Buenos Aires", del 15/11/18). En ese marco, la decisión de desglosar el escrito de memorial de agravios resultó un excesivo rigorismo formal que afectó indebidamente el derecho de defensa en juicio de la parte demandada.