Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-22


SALTA, 22 de marzo de 2.013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TEYSSIER, Leopoldo Benjamín vs. SANCHEZ, Marta y Provincia de Salta - SUMARIO: Adquisición del dominio por Prescripción - Posesión Veinteañal", Expediente Nº 159.483/06 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra Nominación del Distrito Judicial del Centro, Expediente CAM Nº 381.820/12 de Sala Primera, y CONSIDERANDO:

I. A fs. 210/217 se presenta la Dra. María Antonia Zenteno Day, en representación de la Provincia de Salta, a interponer recurso de Inconstitucionalidad en los términos del art. 297 del C.P.C. y C. , en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones Sala I de fs. 201/207, solicitando que se revoque el fallo precitado, con costas.

La Dra. María Antonia Zenteno Day expresa que el recurso es formalmente admisible pues se interpone dentro del plazo legal previsto por el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto la Provincia de Salta ha tomado conocimiento de la sentencia impugnada el día 01 de febrero de 2.013, haciendo su mandante expresa reserva en forma oportuna, tanto en el escrito de contestación de demanda y formulación de alegados, como en memorial, de la afectación de los derechos de propiedad de la Provincia de Salta, legalidad, defensa en juicio y del debido proceso legal, que una eventual sentencia contraria a su pretensión le ocasionaría, todo lo cual ha quedado en evidencia en la sentencia que se recurre.

Invoca la doctrina de la arbitrariedad sorpresiva y que la decisión impugnada lesiona garantías constitucionales expresas de la Provincia de Salta, todo lo que justifica la descalificación de la sentencia con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad y habilita su examen por esta vía.

Relata los antecedentes del caso manifestando que la Sra. Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda por considerar que se encontraban cumplidos los requisitos legales para obtener una sentencia favorable, puesto que, a su entender, se acreditaron la posesión y el tiempo, se acompañó el plano de mensura para prescribir Nº 13.408, registrado en la Dirección General de Inmuebles y se acreditó la falta de afectación a intereses fiscales con el dictamen de la Dirección General de Inmuebles.

Considera que para que una sentencia constituya un acto judicial válido, debe ser la derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de los hechos de la causa, configurándose la arbitrariedad cuando la razón de la ley es suplantada por la propia sinrazón de la autoridad que funda en ella sus decisiones y que la sentencia que recurre contiene diversos vicios que la impregnan de arbitrariedad, invalidándola, habiendo prescindido, los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del texto legal y de las efectivas y reales constancias de la causa, sin dar razón plausible alguna y se fundaron sólo en afirmaciones dogmáticas, dictando una resolución arbitraria.

Defiende su derecho y agrega que la sentencia dictada vulnera en forma evidente y manifiesta la garantía constitucional conocida como "derecho de defensa en juicio", la que implica no sólo el derecho a ejercer las defensas formales, sino también el derecho a un proceso que se desarrolle conforme a las normas establecidas y que el debido proceso legal es el respaldo constitucional de las normas procesales.

Cita jurisprudencia y agrega que el fallo impugnado confirma la sentencia de Primera Instancia, aclarando que la valoración de la prueba fue efectuada por medio de la aplicación del instituto de consolidación de los elementos probatorios aportados por el actor y cuestionados por su representada, de tal manera, dice, que las consideraciones expuestas por los Sres. Jueces no resultan tales, ya que su parte efectivamente desconoció la prueba documental acompañada por el actor e impugnó declaraciones testimoniales lo que torna inválido por arbitrario el decisorio en crisis y sustenta el recurso de inconstitucionalidad y que una de las causales de arbitrariedad de las sentencias es la prescindencia de la prueba o la interpretación arbitraria de la misma, resultando arbitrario, también, que los Sres. Jueces consideren que la Provincia de Salta tendría que haber ofrecido elementos probatorios para desvirtuar las afirmaciones y el derecho pretendido por el actor, ya que la carga de la prueba incumbe a la parte interesada en acreditar los hechos invocados en la demanda pero no condenar a su parte por no haber ofrecido elementos probatorios en sentido negativo, lo que resulta inaceptable.

Cita jurisprudencia y analiza cada uno de los argumentos que expresa en su defensa referido a la prueba y testimoniales producidas. Cita jurisprudencia y plantea la cuestión federal.

A fs. 218 pasan los autos a Despacho, providencia firme y consentida.

II. Es criterio reiterado de la Corte de Justicia local, que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad es de carácter excepcional y por ende de interpretación restrictiva por lo que, su objeto, lejos de importar la apertura de una tercera instancia revisora de las sentencias pronunciadas por los tribunales de apelación, se ciñe exclusiva y excluyentemente al control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales; y que su admisión como su procedencia conllevan la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de fondo (CJSalta, Tomo 25, fs. 1.505, Tomo 43, 1ª parte, fs. 475/479: Tomo 44, fs. 1.219, Tomo 143:953 entre otros), es decir, la introducción temporánea y adecuada de la cuestión constitucional, lo que implica no sólo plantearla en la primera oportunidad que brinda el curso del procedimiento y mantenerla en todas las instancias posteriores, sino además, explicitarla, exponiendo clara y concretamente los temas de orden constitucional que se someten a decisión, especificando la forma como resultan conculcadas las garantías invocadas y acreditando la vinculación directa entre ellas y el pronunciamiento recurrido (CJSalta, Fallos Tomo 43, 1ª parte, fs. 467/472, Tomo 44, fs. 545, Tomo 47, fs. 237/246, 166:879).

En el caso, si bien el recurso sub-examen ha sido deducido en tiempo propio, esto es, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, y la cuestión constitucional ha sido planteada en ocasión de formular el memorial de agravios con el que se sustentara la apelación, no obstante, como se verá, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada.

Conforme se ha señalado, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fs. 1.133).

Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253.345, 269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN.ED. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino que aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CJSalta, Tomo 170:667, CApel.CC. Salta, Sala III, Tomo 1994, fs. 160/161).

Los agravios de la quejosa sólo trasuntan meras divergencias con el resultado de la sentencia e implican una pretensión de revisión, a modo de tercera instancia, extraña a la competencia que habilita esta vía extraordinaria. Basta analizar el escrito de deducción del recurso para advertir que, a través del mismo, aquélla reedita e intenta discutir los mismos temas de hecho, prueba y de derecho común, que han sido objeto de controversia y decisión en las instancias ordinarias.

Ello se advierte de un simple cotejo de las presentaciones. Sobre el tema se ha expresado que "la supuesta cuestión constitucional carece de entidad suficiente, toda vez que el material de agravios es una repetición de los argumentos con que se interpuso el anterior recurso.

Reeditarlos esta vez, como fundamento del recurso extraordinario, implica convertir al mismo en una tercera instancia de revisión, desnaturalizándose su finalidad". (CJSalta, T. 42, fs. 1555/1560; 170:119).

La mera reedición de los argumentos vertidos en las instancias anteriores sobre cuestiones ya resultas con suficiente fundamentación de derecho, traduce la intención de acceder a una instancia superior con el solo propósito de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario, lo que desnaturalizaría su función específica (CJSalta, Año 2004, T. 95, fs. 45/46).

Es principio básico en la teoría de los recursos el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, como consecuencia de lo cual no basta a ese efecto la reiteración de manifestaciones anteriores atendidas a su turno por el sentenciante, máxime si esas objeciones se vinculan con aspectos irrevisables en la instancia extraordinaria (CJSalta, Año 2004, T. 95, fs. 191/202).

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias; requiere para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (CJSalta, Año 2004, T95, fº 427/436), lo cual, no acontece en el caso.

En efecto, la sentencia cuya descalificación se pretende, se apoya en el examen de elementos probatorios aportados en punto a dilucidar la realidad de la controversia y el sentido jurídico de los hechos acreditados.

En forma liminar (en los considerandos) se analizó el vínculo jurídico que unía da las partes, se efectuó el encuadre jurídico del mismo, y se evaluaron sus efectos. Todo, con fundamento en la ley sustancial, en mérito de lo cual, previo examen y ponderación de la prueba aportada, todo expuesto con cita de jurisprudencia, se llegó a la conclusión arribada.

Por otra parte se han expuesto las razones que avalan la conclusión, por lo que, el actual planteo de la recurrente no configura sino disconformidad con la interpretación y ponderación que, de los hechos y de la prueba, hiciera este Tribunal, y en cuya virtud se arribara a un resultado diferente del pretendido por ellos, sin que se advierta en ello defecto o exceso capaz de vulnerar garantías de índole constitucional.

Más allá que se discrepe con el resultado, no puede sostenerse que el fallo carezca de fundamentos, ni que contenga errores, desaciertos u omisiones de gravedad que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido.

De todos modos, cabe hacer notar que la jurisprudencia tiene resuelto que no es obligación del juez hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las prueba producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes en relación al objeto del proceso (CSJN, Fallos 250:36, 302-253; E.D. 99-54; 18-780; L.L. 112-492, 1975-B-365; 1978-B-663, 34.593-S; CApel.C.C. Salta, Sala III, Año 1991, fs. 535; id. Año 1993, fs. 212; id Año 1995, fs. 465, entre otros); y que la prescindencia, por parte del tribunal de segunda instancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente trascendencia como para sustentar su decisión (CJSalta, Año 2005, Tomo 96, fs. 273/280).

Quedan así sin sustento los agravios expuestos por la quejosa quien no ha logrado demostrar de qué manera y en qué medida habrían resultado conculcadas garantías constitucionales de cuya violación no existe en autos evidencia alguna, pues las partes han tenido la oportunidad de formular sus planteos, y de hecho lo hicieron, y el Tribunal ha dado respuestas a cada uno de ellos.

En el reducido marco de análisis que compete a la Alzada a los fines de examinar la procedencia del recurso extraordinario, cabe concluir que las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, descartan la techa de arbitrariedad y dejan sin basamento la invocada existencia de cuestión constitucional y de vulneración a las garantías del debido proceso, de igualdad, de defensa en juicio, y de propiedad, lo que inviabiliza el recurso sub-examen.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I. DECLARA LA INADMISIBILIDAD del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 210/217.

II. MANDAR se copie, regístrese, notifíquese y oportunamente BAJE al Juzgado de origen.