marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, secuela de juicio, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Spinatto, Juan y otros s/ Infracción a la ley 11273
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-07

Frente de debate doctrinal y jurisprudencial que da frente a la voz;

Juicio; hay dos corrientes: 1)restrictiva, que entiende por juicio sólo al plenario y la otra, 2) amplia, que comprende tanto la instrucción como el plenario. La palabra juicio a la que se refiere el artículo 67 del Código Penal cuando dice secuela de juicio, alude a todos los actos del proceso, sin distinguir instrucción o plenario, que tengan una vocación inequívoca de continuar la persecución penal por parte de los órganos predispuestos por el Estado o de quien está facultado para impulsarlo.
Acción de inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMI DE GARCIA, Liliana; PALAVECINO, Lucrecia E. y Otros.- s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-09

El juramento de fidelidad y respeto que prestaron los magistrados a la Constitución que entró en vigencia en 1986, significó la asimilación voluntaria de éstos al nuevo estatuto jurídico constitucional y hace improcedente su ulterior pretensión de inconstitucionalidad de sus normas, por aplicación de la doctrina de " los actos propios".-
Municipalidad, intendente, suspensión preventiva, comisiones investigadoras
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Suarez Sofanor Alberto c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Garupá s/ Plantea acción de conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-12-06

"No es obligación del Concejo Deliberante en todos los casos proceder a decretar la medida cautelar de suspensión del Intendente;

es así pues para la procedencia de la misma, la norma requiere dos tercios de los votos, siendo ello independiente de la formación de la Comisión Investigadora y de los actos tendientes a llegar a la situación prevista en el inc. 5 del art. 134".
Accidente de tránsito, incapacidad, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: TEJADA Marta Emerita c/ Herrera Pacheco Nestor y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-22

Que en la incapacidad sufrida a consecuencia de un accidente, el daño no se mide por las limitaciones para determinado trabajo, sino por las genéricas posibilidades y la incapacidad sobreviniente debe ser resarcida en consideración a los daños presentes y futuros que ello implica.

Debiendo tomarse en consideración no sólo las tareas que desempeñaba la víctima y el beneficio económico que obtenía con las mismas, sino también las posibilidades genéricas de ganarse el sustento.

Para la determinación de la incapacidad sobreviniente, es preciso tomar en cuenta no sólo la frustración para obtener beneficios económicos, sino también la medida en que afecta el desarrollo plena de la vida de la víctima.

La indemnización por incapacidad de la víctima con motivo de un accidente debe establecerse no sólo en función del aspecto laborativo, sino de todas las actividades del sujeto y de la proyección que la secuela del infortunio tiene sobre la personalidad integral de quién la sufre.

Para determinar el monto de incapacidad ha de tenerse en cuenta la existencia de una cierta probabilidad objetiva de que se hubiera logrado un beneficio según el curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias particulares del caso.
Honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Polaski Laura c/ Edit Boutique y/u otra y/o quien resulte responsable s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-07

Debe rechazarse el recurso se apelación interpuesto por la Perito Contadora contra la resolución que regula sus honorarios. Ello así, ya que si bien es cierto que respecto de la aplicación de la ley 24432, el Superior Tribunal de Justicia estableció que cuando la labor profesional de Primera Instancia finalizó con anterioridad al dictado de dicha ley, no debe aplicarse las nuevas disposiciones legales en relación a los trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia pues traería aparejada la afectación de derechos adquiridos. Ello no implica, como lo pretende la apelante, la aplicación irrestricta de las escalas previstas en la ley provincial 3111 por cuanto a partir de la sanción de la ley provincial 3965 han quedado derogadas las normas que establecen con carácter de orden público, la fijación de aranceles, escalas, planillas o tablas de honorarios, teniendo las pautas contenidas en dichas normas, sólo carácter indicativo a los fines de la regulación de honorarios. Merituada la labor desplegada por la experta contable, teniendo en cuenta que los honorarios que se le regulan representan el 7,9% del monto del capital actualizado de la planilla aprobada, no resultan bajos sino adecuados al trabajo realizado y etapa del juicio en que se produce su intervención, en relación a los que les corresponde a los profesionales del derecho, por lo que procede su confirmación.
Dominio público, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Andisco de Torresía, Luz Mercedes c/ Nicoloff, Nicola s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-08-26

"De ahí que la Nación no tenga que probar su dominio, como los particulares, ya que su verdadero título es la posesión adquirida por la conquista; de manera tal que debe tenerse por acreditada su propiedad si no se demuestra que ha perdido el dominio por algún acto de enajenación o por prescripción".
Daño moral, personas jurídicas
Materia: CIVIL
Carátula: MAXCO S.A. c/ CONSORCIO SUIPACHA 211/43 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-02

El daño moral consiste en la lesión a los sentimientos que genera dolor, sufrimiento, inquietud espiritual o agravios a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Esa clase de injuria no puede ser experimentada por un ente ideal, por doloso que sea el actuar del responsable. La reforma introducida por la ley 17.711 (art. 522 y 1078 del Cód. Civil en su actual redacción) y cualquiera que fuese la calidad asignada a esta reparación, carecen de aptitud para cambiar la naturaleza de una sociedad, cuyos perjuicios deben ser valorados exclusivamente en el orden económico o patrimonial (conf. Sala E de esta Cámara, en autos "Cosmopolita S.R.L.Editorial Gaymi S.C.A." del 28/7/83).
Contratos administrativos, sanciones al contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes y Construcciones Sociedad Anónima c/ Municipalidad de General San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

En materia de vinculaciones administrativas las sanciones aplicadas al contratista deben ajustarse a sus antecedentes causales, siendo ineludible que el acto que dispone la medida punitiva contenga una motivación suficiente.
Multa, contratos comerciales, rescisión del contrato
Materia: PENAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cencosud SA c/ Leo Group SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-07

Sin embargo, no corresponderá aplicar la multa diaria por "apertura obligada del local", prevista para el caso en que se tuviere cerrado el espacio por un período mayor al contemplado. Ello así, pues la finalidad de dicha cláusula es que los concesionarios no perjudiquen la imagen del centro comercial, y, por lo tanto, de los demás concesionarios, al mantener sus espacios cerrados (confr. CNCom, Sala D, in re "Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ Smartphone SA", del 04/12/15). Por lo tanto, toda vez la accionante resolvió el contrato por culpa del concesionario, no había ninguna concesión vigente, por lo tanto, ninguna multa por haber mantenido el local cerrado pudo ser reclamada ni cobrada, pues el espacio ya estaba en poder de la actora para ser dado en concesión nuevamente a otra persona.
Interpretación de la ley, ley federal, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Carlos y otros c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho. Alfredo Marietta Marmetal  SAIC c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14|1995-02-14

La ley 22.529 es de carácter federal.
Remuneración, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Walter Daniel c/ Rivera, Luis y-o quien resulte propietario o responsable del"Taller Luisito" s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

La pretensión de remuneraciones por horas extras, por ser las mismas ajenas al desenvolvimiento común del contrato de trabajo, debe presentarse respaldada por pruebas terminantes y asertivas aportadas por quien las alega.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Perea, María Nilda Miteya Artero de c/ Administración General de Juegos y Seguros s/ ORDINARIO POR Cobro de pesos-Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-28

El casacionista al no efectuar el relato de los antecedentes de la causa, especialmente de la sentencia que se pretende impugnar por errónea interpretación y aplicación de la ley, priva a este Tribunal de la posibilidad de determinar qué vínculo puede llegar a existir entre el motivo invocado de casación, los fundamentos del recurso y las actuaciones labradas en la causa. En orden a ello, el recurso carece de fundamentación autónoma, pues la invocación de errónea aplicación o interpretación del derecho no subsana defectos como el presente, por lo que no cumplimentados los requisitos para su viabilidad, el recurso deviene formalmente inadmisible.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Astarsa s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Salvo supuestos excepcionales los pronunciamientos recaídos en el proceso de verificación o impugnación de créditos no revisten carácter de sentencia definitiva en el concepto del art.278 C.P.C.C., por lo cual tampoco cabe admitir el agravio referido a una cuestión accesoria a dicho pronunciamiento, como lo es en el caso la imposición de costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Quiebra, crédito fiscal
Materia: LABORAL -COMERCIAL
Carátula: LOZA ALFREDO DAVID c/ ASOCIACION  MUTUAL  DE AYUDA RECIPROCA PARA OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL METAL Y AFINES DE LA PROVINCIA s/ QUIEBRA - CREDITOS FISCALES - PRIVILEGIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-20

Para ejercer el privilegio es necesario, que haya concurrencia de acreedores, para cobrar sus créditos de un solo deudor sobre una misma cosa, porque si falta cualquiera de esas condiciones no podrá ser alegado. El privilegio no confiere un derecho real, porque no sigue a la cosa que hubiera pasado a un tercer poseedor, es unicamente una causa de preferencia sobre una cosa o cosas determinadas, mientras permanece en poder del deudor, y sólo tiene lugar en caso de concurso, con el objeto de ser pagado primero, aunque su acreencia fuere posterior en fecha a las demás porque se funda en una causa que el legislador ha tenido en vista para darle esa preferencia.-
Sociedad de responsabilidad limitada, sentencia condenatoria, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: CABELLA, MARIO. c/ SAN FERMIN SRL Y OTROS. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-03-22

La pretensión de la parte actora es que la condena de autos se haga extensiva a los socios de la sociedad de responsabilidad limitada -empleadora del actor- por cuanto el tener a su empleado "en negro" y sin pagarle los salarios de convenio constituye una violación de la ley. Cierto es que el empleo no registrado y el incumplimiento de las normas convencionales constituyen una violación de la legislación vigente, pero este hecho, por sí solo, no resulta suficiente a efectos de levantar el velo de la personalidad jurídica.

La conducta de la sociedad es reprochable, pero de ello no puede derivarse que la actuación del ente societario sea una mera herramienta para la consecución de fines reñidos con la legalidad, ni que el objetivo de la sociedad sea el fraude. Faltando entonces el elemento fundamental para que opere la excepción del art. 54 3er. párrafo de la Ley 19.550, la apelación no puede tener acogida favorable.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque, tenedor, buena fe, seguridad jurídica
Materia: COMERCIAL
Carátula: B, R R I s/ Cuestión a resolver: Un cheque librado sin fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ¨Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71) fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ­Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-03-18

Es evidente que los derechos del tercero, portador de buena fe de un cheque, no pueden resultar perjudicados por el hecho de haber mediado una emisión en blanco. El cheque debe bastarse por si mismo en homenaje a la seguridad que es necesario proporcionar a los terceros. (Del Voto del Dr. D'Andrea). En el caso, la cuestión a resolver era si un cheque librado sin fecha, rechazado por falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor denunciante, era o no título apto para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal.
Ejecución de la pena, régimen penitenciario, trabajo penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Manokaran, Magen s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-03

En la medida en que el pronunciamiento del tribunal de grado por el que se dispuso la acreditación en el fondo de reserva del interno del monto correspondiente a los descuentos efectuados en función de lo normado por el art. 121 inc. c) de la ley 24.660, irroga un perjuicio directo al organismo estatal impugnante, tal circunstancia le confiere legitimación a la apoderada del Servicio Penitenciario Federal. La disidencia expresó que el recurso deducido por el representante legal del Servicio Penitenciario Federal debe ser desestimado por carecer el recurrente de legitimación en la incidencia para cuestionar la decisión del tribunal oral que no hizo lugar al recurso de casación. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Madueño y Catucci -en disidencia-).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez Murcia, Rolando c/ Montoya, Juan Carlos s/ Cobro de pesos Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Si es principio general que el justiciable que demanda debe cumplimentar la carga procesal de peticionar el objeto demandado en esta etapa introductoria de la litis (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º y 330 incs. 3º y 6º del Código Procesal), y que el juez solo puede pronunciarse sobre lo pedido y nada más que sobre ello, es evidente que no se puede complacer al actor condenando al accionado a cumplir una obligación diferente de la que fue motivo del juicio, so riesgo de grave afectación al principio de congruencia, en su vinculación con el derecho de defensa en juicio (Minoría u opinión personal)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley procesal, interpretación de la ley, constitucionalidad, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Así como la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sin pretender otorgar a sus fallos el carácter de obligatorios ha sostenido que los jueces inferiores deben conformarse a ellos salvo que aporten nuevos argumentos, procurando de tal modo por vía indirecta una deseable uniformidad interpretativa, a similar resultado podría entenderse que aspira la ley 10160 al habilitar a las Cámaras para que fijen interpretaciones en defecto de caso concreto (siempre y cuando se niegue a esas interpretaciones fuerza vinculante). En base pues a las reflexiones consignadas y con las precisiones establecidas, me expido por la constitucionalidad del artículo 28 de la ley 10160 en cuanto posibilita la reunión de Tribunales plenos en defecto de caso concreto. (Del Voto del Dr. De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Enjuiciamiento de magistrados, división de poderes, cuestión política, cuestión no justiciable, tribunal de enjuiciamiento, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

El enjuiciamiento de los magistrados ha sido encomendado por la Constitución Nacional a un órgano cuyas decisiones son adoptadas a través del ejercicio de la discreción política; aspecto este último esencial para encuadrar su labor dentro de las cuestiones políticas no justiciables (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Emergencia económica, inconstitucionalidad, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad de las disposiciones de emergencia basado en que mediaría una suerte de retroactividad respecto a prestaciones ya cumplidas o a situaciones que han surtido plenos efectos, pues están en curso de ejecución y quedaron pendientes de pago en plena crisis económica.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: SAYA, ALEJANDRO c/ TALLERES INDUSTRIALES D'AVOLA SCA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-21

El hecho de que el dependiente continúe trabajando para la empresa demandada no implica inexistencia de perjuicio material, ya que la instalación del daño resarcible (en el caso hipoacusia que disminuye en un 20,27 % la total obrera de una persona a la que aún le restan 21 años para obtener la jubilación) implica colocarla en una situación de desigualdad para integrarse a un nuevo empleo entre otras cosas- en caso de ser necesario.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Verderosa, Nicolás José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

La correlación de cargos no subsistentes en el presupuesto de cada organismo es una atribución conferida por la ley al Poder Ejecutivo que, por ser en gran medida discrecional, sólo puede ser revisada en caso de demostrarse el carácter arbitrario de la decisión administrativa, corriendo a cargo del impugnante la prueba respectiva.
Demanda de escrituración, sentencia firme, acervo sucesorio, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cornejo, Ramón Cayetano c/ Porta, Victorio German s/ ordinario (por escrituración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-30

Si con anterioridad a la sentencia firme que condenó escriturar a nombre del actor el 50% del inmueble, se tomó conocimiento que el accionado por adjudicación en sucesorio adquirió el 100% de ese inmueble pasando a otro número de matrícula, ante el pedido de adaptación del pronunciamiento, no resulta acertado sostener que el accionante desconocía los hechos que ahora pretende subsanar mediante la medida excepcional. No se trata solamente de una cuestión formal y que el pedido implique la modificación de un dato. Atender lo requerido implica alterar la pretensión inicial -no solamente la sentencia-, en torno a dos aspectos determinantes; la identidad del demandado y el objeto del juicio.
Proceso penal, instrucción, investigación a cargo del juez, prueba de cargo, ofrecimiento de la prueba, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., J. s/ Queja por apelación denegada (Expte Nº 223-98, Resolución Nº  166,  Tomo 4, Folio 342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-03

Es obvio que no puede deferirse para la etapa del plenario la realización de pruebas en razón de que es allí donde debe producirse el verdadero debate, toda vez que aunque esto último es absolutamente cierto no menos lo es que una instrucción de carácter formal cual la contemplada por nuestra ordenanza procesal debe orientarse hacia la reconstrucción histórica total del hecho atribuido en la imputación y a la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la punibilidad (art. 173 Cód. Proc. Penal), lo que evidentemente apunta a una instrucción de tipo exhaustiva y no meramente preparatoria de un debate en el que verdaderamente se realizarán y discutirán las probanzas. Desde el otro ángulo de análisis marcado, la potenciación que de la actividad del Ministerio Público Fiscal se hace durante la etapa intermedia -índice de lo cual es la apelabilidad tratada por el artículo 371 del Código Procesal Penal- debe encontrar alguna explicación y ella no puede ser sino la de que se ha pensado en evitar la realización de plenarios con bases endebles, procurando así que en verdadera tarea de crítica instructoria se evalúe la conveniencia o inconveniencia de avanzar sobre el juicio propiamente dicho.

Consecuentemente con lo expuesto, ante un planteo como el producido en autos, lo que cabe es meritar la pertinencia y utilidad de la medida probatoria propuesta, mas no desde una óptica centrada en la sola resolución de la situación del indagado a la luz de las disposiciones de los artículos 325, 327 o 356 (procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento), sino a la del agotamiento de la instrucción formal...".En conclusión, al rechazar la idea de que la prueba postulada por una parte procesal pueda ser desestimada por la sola razón de que quepa posteriormente producirse en el plenario, sosteniendo en cambio que el principio dirimente aplicable ha de ser el juzgar la pertinencia y utilidad de la misma con miras al agotamiento de la instrucción tanto en sus aspectos de cargo cuanto de descargo, instamos enérgicamente en este caso, a la adecuación de la instrucción a tales líneas, líneas que no son sino las fijadas por la propia ley procesal.
Patentes, revalidación de patente, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Nihon  Bayer  Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la PropiedadIndustrial s/ denegatoria de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

La revalidación de patentes es una modalidad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con el del Convenio de París, que se encuentra en contradicción con el régimen otrora autorizado por la ley 111 (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).