Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2010-08-24


NEUQUEN, 24 de agosto de 2010 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "S.O.E.M.C. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN DE AMPARO", (Expte. Nº 404268/9), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 1 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI en ejercicio de la subrogancia con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- Viene la presente causa a estudio del cuerpo, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 123/125 y vta., contra la sentencia del 14 de abril de 2010 (fs. 116/119).

Entiende la recurrente que la conciliación obligatoria invocada por la Subsecretaría de Trabajo, mediante el dictado de la resolución N° 054/09, resulta procedente en función de que el convenio entre el Estado Nacional y Provincial -ratificado por Ley N° 1973- se encuentra plenamente vigente.

Asimismo, expresa que con fecha 02/03/04 se sancionó la Ley N° 25.877 de reforma laboral, la cual en su art. 28 expresamente dice que los convenios celebrados entre el Estado Nacional con las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con anterioridad a la sanción de dicha norma, mantendrán su vigencia hasta tanto no sean modificados.

Por último, expresa que ante la controversia suscitada respecto de la vigencia de las leyes 1973, 14.786 y 25.877, no cabe duda que la situación particular requiere un análisis más amplio de debate y prueba que el reducido ámbito de cognición del amparo.

Corrido el pertinente traslado, contesta la actora a fs. 127/130 exponiendo fundamentalmente, la insuficiencia de la pieza recursiva en virtud de lo cual solicitase declare desierto el recurso.

II) Ingresando al examen de la cuestión bajo estudio, y a poco de analizar el memorial presentado por la accionada, se observa que el mismo no reúne los recaudos que impone la ley de forma en su art. 265, a tenor del cual la queja debe consistir en una exposición que contenga un análisis concreto y razonado de la resolución apelada, así como la demostración de que la decisión del a-quo o las argumentaciones que lo llevan a ella son erróneas o contrarias a derecho.

En efecto, para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores ni remisiones. Se exige legalmente que se indiquen y analicen -parte por parte- las consideraciones de la sentencia apelada.

Al respecto, el Código Procesal consigna en su artículo 265° "Contenido de la expresión de agravios: El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores.".

En primer lugar, la ley habla de "crítica" lo cual importa un juicio impugnativo (u opinión o conjunto de opiniones) que se oponen a lo decidido y a sus considerandos.

Más adelante, la norma tipifica esa crítica como "concreta y razonada". Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado se relaciona con los fundamentos, las bases, las sustentaciones de por qué se configura el agravio.

Lo dicho por cuanto en el escrito de expresión de agravios, no se formula un estudio crítico de la resolución ni se señalan concretamente cuales son las fallas de la misma, reitera conceptos y manifiesta discrepancia, quedando huérfana la apelación, lo que apareja como consecuencia directa la deserción del recurso por no haberse cumplido con el imperativo legal, cerrando toda posibilidad de revisión, así lo ha resuelto esta Cámara en reiteradas oportunidades en casos similares (PS. 1993- T° IV -F° 680/81, Sala I; PS.1994-T° II-F°370/72, Sala I; PS.1991-T°I-F°144/47, Sala II).

Se ha sostenido en este sentido que:

"El concepto de crítica 'concreta' y 'razonada', contenido en el art. 265 del Cód. Procesal, exige al apelante -lo mismo que al juzgador- una exposición sistemática; tanto en la interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Debe precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar aspectos de ella de modo aislado, pues aún erróneo en detalle, puede ser acertado el conjunto" (conf. Juba CC TL, 7581, sent. del 25-VII-85; CC TL,7435, sent. del 26-IX-85, CC TL, 8285, sent. del 10-II-87).

Y también que: "Desde que la potestad jurisdiccional de la Alzada se abre y pone en movimiento en la medida en la que, expresa y razonadamente, se ataca la sentencia del a-quo y sus fundamentos, el escrito de expresión de agravios que no realiza un análisis crítico a fin de evidenciar la injusticia del decisorio es insuficiente en orden a lo que se ha referido, correspondiendo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor representante del particular damnificado, con costas"(Juba CP0303 LP, P 57819 RSI-107-78 I 26-5-78, CC TL 7581 RSD-16 S 25-7-85).

En autos, la recurrente sólo manifiesta su disenso con el fallo, efectuando consideraciones generales que, de manera alguna, logran conmover los fundamentos expuestos en el fallo apelado.

En efecto: solo menciona que el convenio celebrado oportunamente entre el Estado Nacional y Provincial se encontraría vigente en función de la ratificación efectuada mediante el dictado de la Ley N° 1973, mencionando que dicho convenio preveía un plazo de cinco años, prorrogables por cinco mas salvo que fuera denunciado.

Tal circunstancia, resulta insuficiente para habilitar el tratamiento de la apelación incoada toda vez que, de ser así -conforme se desarrolla en la sentencia- el plazo de vigencia a la fecha de la convocatoria, ya se encontraría cumplido.

Por otra parte, en relación a las consideraciones efectuadas por el apelante en lo que respecta a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley N° 25.877, no guardan relación lógica con la temática traída a estudio, toda vez que tal norma hace referencia a los acuerdos celebrados entre el Estado Nacional con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre una materia completamente ajena a la debatida en este expediente (retensión de tareas, aumento de salarios), como lo es la relativa al sistema de inspección del trabajo y de la seguridad social.

III.- Por ello, atento los enunciados fácticos y jurídicos expuestos y teniendo en cuenta los términos de los agravios esbozados, resulta que la queja es sólo aparente, y pierde toda consistencia además de carecer de exactitud y ser ineficaz a los fines pretendidos, pues no logra conmover la argumentación vertida por la a quo en su sentencia, por lo que propongo al Acuerdo, se declare desierto el recurso (conforme art. 266° C.P.C. y C.), confirmando en consecuencia, la sentencia atacada por resultar en un todo dictada conforme a derecho, con costas a cargo del apelante (art. 68 del C.P.C. y C.).

Tal mi voto.

El Dr. Medori dijo:

I.- Que habré de disentir con la opinión del vocal preopinante, conforme a considerar que se encuentran reunidos aún mínimamente los recaudos establecidos en el art. 265 del CPCyC y así habilitado el análisis del agravio de la accionada respecto a que su parte contaba con la potestad legal para establecer el estado de conciliación obligatoria y sus alcances frente al conflicto colectivo laboral denunciado el 17 de noviembre de 2009 por la municipalidad empleadora con alcance a la entidad sindical involucrada, exteriorizado a través del dictado de la Resolución N° 054/09 como acto iniciador del trámite mediante la intervención de la autoridad de aplicación laboral en el ámbito local, la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del Neuquen.

Que la a quo hizo lugar a la pretensión de la actora declarando la nulidad de la resolución en virtud de adolecer del vicio grave de falta de motivación - exigido por el art. 67 inc. b, h, m, o, r y s de la Ley 1284, al haberse fundado en la Ley Provincial N° 1973 -que ratifica el convenio por el que la Nación delega a la Provincia las facultades previstas en la Ley 14.786- cuya vigencia había vencido en el año 2001, y que los sujetos involucrados no resultan alcanzados por la Ley N° 1974 y su modificatoria la N° 2488, restringiéndose y alterando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos fundamentales resguardados en la Constitución Nacional (art. 14 bis, 16 y 18) y Provincial (arts. 39 y 40).

II.- Que abordando la materia traída a entendimiento, es decir si para el caso, frente a un conflicto colectivo de naturaleza laboral entre el ente municipal en el carácter de empleador y sus dependientes la intervención del Estado Provincial, a través de su organismo competente, estaba contemplada como facultad, ésta aparece incuestionable confrontados como se hará seguidamente los antecedentes fácticos y la vigencia de la Ley 1.625, así como por el consentimiento dado por las partes, cuando por un lado una requiere su intervención y la otra la consiente.

Efectivamente no se encuentra controvertido en autos el conflicto laboral existente entre la municipalidad de Centenario y sus dependientes, que informa la primera y se da cuenta de ello en los considerando de la resolución cuestionada (toma de instalaciones durante 45 días y actos que derivaron en denuncias penales), sumado lo admitido por la asociación profesional accionante que indica la retención de tareas motivado en la falta de respuesta y falta de diálogo frente al pedido de aumento salarial.

Respecto del marco regulatorio del procedimiento obligatorio de conciliación - Ley 1625- e intervención de la autoridad de aplicación provincial en materia administrativa laboral, el consentimiento a ello de la empleadora resulta del requerimiento iniciado, y por parte de la entidad gremial que al instar la vía recursiva, en aquella presentación cumplida el 19 de noviembre de 2009, acepta "la intervención del organismo provincial en los términos y alcances de la ley 1625, conforme el marco legal aplicable al coso que no ocupa" (fs. 14- 3er.

párrafo) reiterando en este reclamo judidicial:

"Esta parte se presentó a la audiencia señalada e impugnó el trámite de la conciliación obligatoria impuesto en los términos de la ley 14786 y la ley 1973, por tender que la Subsecretaría carece de facultades legales para la aplicación del procedimiento señalado, conforme surge de los textos legales citados por el Organismo para decretar la conciliación Obligatoria.

"Dejándose de manifiesto que si bien el Sindicato rechaza por improcedente el proceso de conciliación obligatoria, si reconoce la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, pero en los términos y alcances legales previstos en la ley 1625" (fs. 16 vta 4to. Y 5to. Párrafo).

Que sobre este punto considero relevante destacar que como municipio de primera categoría (arts. 274 y 275 de la Constitución Provincial y art. 274 inc. 1º de la Ley 53) el de Centenario no estableció en su Carta Orgánica ni en los estatutos de personal un régimen o procedimiento especial que alcanzara los conflictos colectivos de trabajo, de allí que como denunciante aquella haya recurrido a la autoridad de aplicación fijada en el orden provincial en los arts. 1, 2 y 9 de la Ley 1625 de tal forma de iniciar la gestión para alcanzar su solución conforme el trámite y efectos allí normado.

Que sin embargo la actora al introducir este planteo, indica a fs. 19 (1er.

Párrafo y siguientes) que el ente municipal no resulta alcanzado por la actuación de la Subsecretaría de Trabajo, por ser meramente voluntario su sometimiento a tal intervención y utiliza como fundamento su autonomía jurídica legal con base constitucional, y es tal posición la que la lleva a cuestionar la resolución Nº 54/09 en tanto entiende que -desigualmente- sí le impone a los trabajadores la obligación de acatar los efectos que se derivan de la conciliación, tal el cese de las medidas de acción directa mientras dure su trámite, atribuyendo ello a los alcances de la Ley Provincial 1973 y la remisión a la Ley 14.786, afirmando que en ello radica la arbitrariedad e ilegalidad.

Que sin perjuicio del análisis y confrontación del procedimiento de conciliación vigente aplicable y facultades que detenta en él el organismo de aplicación local en la materia -que se desarrollará en el capítulo siguiente y que pondrá en evidencia el yerro del postulado de la actora recepcionado por la sentenciante- resulta incuestionable que por aplicación de los arts. 1° y 2° de la citada Ley 1625, se le asignó al organismo creado y denominado Subsecretaría de Trabajo, la competencia y jurisdicción para entender en materia de trabajo en todo el territorio provincial; así en su art. 9° está descripta genéricamente su competencia, entre otros, la "solución de los conflictos laborales, individuales y colectivos y en general el ejercicio del poder de Policía de toda la Provincia" y luego especialmente "Prevenir y solucionar -en su caso- los conflictos de trabajo, coordinando la actuación de la Subsecretaría con los organismos de la Nación, en los caso".

Que por lo señalado en el párrafo anterior, resulta cierta la incertidumbre que genera la cita de la Ley 1973 como fundamento de la resolución, identificada aquella como "ratificatoria del convenio de delegación de facultades en Nación y Provincia", máxime cuando no se comprueba ni se invoca que en el caso denunciado haya confluido el interés del Estado Nacional, u otro especial régimen estatutario que imponga una diferente competencia o procedimiento para intervenir en este conflicto colectivo laboral que no sea el general establecido en la Ley 1625, precisamente por el poder de policía que detenta el estado Provincial en la materia atento a las previsiones de los arts. 8, 35 a 45 -Derechos Sociales Capítulo II- de la Constitución Provincial, y arts. 1, 5, 121, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional.

Concretamente, si la Provincia del Neuquen conserva y ejerce plenamente todo el poder no delegado en la Constitución Nacional a la Nación, la forma en que se manifiesta tal autonomía es en materia administrativa, y precisamente en lo laboral, cuando regula de los conflictos colectivos de trabajo por ser esta atribución esencialmente local. De ello la incongruencia de invocarse la previsión de la Ley 1973 como fundamento de una inexistente delegación de competencia, cuando la resolución es suficientemente indicativa respecto a la aplicación de la Ley 1.625.

Que así, dado el sistema autónomo y federal receptado, no cabe admitir en la actualidad para supuestos como el que nos ocupa exista una limitación a la atribución provincial, no obstante hacer notar la otrora probablemente justificada imprecisión y la necesidad de acordar entre las dos jurisdicciones se evidencia en los textos de las normas aquí confrontadas.

Que es la propia Ley 1.625 que en su art. 9 inc. d) alude a coordinar "la actuación de la Subsecretaría con los organismos de la Nación, en los casos que corresponda".

A su vez, el plexo del acuerdo ratificado por Ley 1973 refiere la necesidad de delimitar la competencia del organismo administrativo laboral, tanto nacional como provincial (Artículo 1º) para "determinar conjuntamente la prestación de los servicios administrativos en el sector laboral, en forma integrada y armónica entre los poderes nacional y provincial" a cumplirse paulatinamente, que obedecía a particulares situaciones en que se encontraban las Provincias como la del Neuquen, que por la trascendencia y el interés que suscitaban aún en el año 1992 -de dictado de la Ley 1973- los establecimientos de propiedad del Estado Nacional o participación mayoritaria radicados en el ámbito local, justificaba reservas de dicha competencia, verbigracia la contenida en el inc.

g) del art. 2 del citado convenio cuando prescribe: "Sin perjuicio de ello, el ministro de Trabajo de la Nación podrá avocarse al conocimiento y resolución de tales conflictos, mediante resolución fundada, teniendo en cuenta sus efectos en la economía nacional o que afecten al interés nacional".

Que tan es así que esta norma convencional se proponía el objetivo de "afianzar y promover el funcionamiento autónomo de las administraciones provinciales en el ejercicio pleno del poder de policía del trabajo, que incluye el contralor del cumplimiento integral de la legislación laboral, lo referente a condiciones y medio ambiente de trabajo y a la solución de los conflictos individuales y colectivos" (encabezamiento del acuerdo) que debe considerarse concluida por el afianzamiento del marco institucional, social, laboral, económico, tributario y de los recursos naturales luego de sendas reformas constitucionales y del régimen administrativo, realidades que dan precisión a la autonomía provincial en tales aspectos.

Que en este sentido, no resulta ajeno el reciente dictado de la Resolución MTySS nº 513/2010 (28 de abril de 2010) emanada del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuando la misma autoridad de aplicación a nivel nacional ante un conflicto colectivo de trabajo derivado de la huelga del personal docente dependiente del Estado Provincial, de cuyos considerandos resulta clarificada la competencia en la materia y situación como la que nos ocupa como atributo de la Subsecretaría de Trabajo Provincial, y fundamentalmente, como se desarrollará en el capítulo siguiente, la obligatoriedad de la conciliación y sus efectos para el caso de ser denunciado un conflicto colectivo de trabajo entre el Estado como sujeto de derecho público empleador, y sus dependientes:

"Que la SUBSECRETARIA DE TRABAJO de la Provincia de NEUQUEN solicito la intervención de esta Cartera en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 23.551, en relación al conflicto suscitado en esa jurisdicción provincial, entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE NEUQUEN, por una parte y el MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE NEUQUEN, por la otra.

"Que según surge de los antecedentes acompañados, el conflicto colectivo se produce en el marco de la negociacion desarrollada entre las partes debido a los reclamos sobre condiciones de trabajo y salariales del personal docente provincial efectuadas por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE NEUQUEN.

"Que en funcion de ello la Asociacion Sindical interviniente ha implementado medidas de accion directa, afectandose el normal desarrollo del ciclo lectivo 2010.

"Que la Autoridad Laboral Provincial dicto la conciliacion obligatoria mediante Resolucion de la SUBSECRETARIA DE TRABAJO N° 67 de fecha 22 de abril de 2010.

Que no obstante la vigencia del periodo de conciliacion obligatoria, la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE NEUQUEN dispuso la ejecucion de medidas de accion directa, decidiendo no acatar la medida dispuesta.

"Que el dictado de la Resolucion de la SUBSECRETARIA DE TRABAJO N° 68/10 encuentra sustento en las competencias especificas asignadas a dicho organismo laboral por las Leyes Provinciales Nº 1625, 1974 y 1973.

"Que la Ley 1625 establece la atribucion de la SUBSECRETARIA en materia de conflictos laborales colectivos que se susciten en el ambito de la Provincia, mientras que la Ley N° 1974 regula el procedimiento a traves del cual deberan resolverse las cuestiones que se susciten en materia de condiciones de trabajo y relaciones laborales del personal de la Administracion Publica, organismos descentralizados y entes autarquicos del Estado Provincial, disponiendo en su articulo tercero que la SUBSECRETARIA DE TRABAJO de la Provincia de NEUQUEN sera la autoridad de aplicacion de ley citada.

"Que por su parte la Ley Provincial N° 1973 ratifico el convenio suscripto entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nacion y la Provincia de NEUQUEN el cual delimita la competencia del organismo administrativo laboral provincial.

"Que asimismo, cabe señalar que conforme lo estipulado por el articulo 8° de la Constitucion de la Provincia de NEUQUEN, esta conserva y ejerce en plenitud todo el poder no delegado en la Constitucion Nacional al Estado Federal, siendo el Gobernador el Jefe de la Administracion de la Provincia en funcion de los terminos del articulo 214 de la Carta Magna Provincial.

"Que el conflicto suscitado lo es en relacion a trabajadores docentes publicos provinciales y el Gobierno de la Provincia de NEUQUEN en su caracter de empleador.

"Que conforme lo explicitado precedentemente el organismo administrativo laboral local resulta competente para intervenir y encausar la resolucion del conflicto dictando las medidas conducentes a tal efecto, sin perjuicio de las competencias propias de esta Cartera en materia de negociacion colectiva y conflictos colectivos de trabajo.

"Que por otra parte el articulo 56 de la Ley N° 23.551, de Asociaciones Sindicales, establece que esta Cartera es la Autoridad de Aplicacion de dicha Ley y en tal caracter, conforme lo establece el inciso 2) punto b) del mismo articulo, esta facultada para requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales.

"Que el no acatamiento por parte de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE NEUQUEN del proceso de conciliacion obligatoria dictado por la Autoridad Laboral Provincial mediante Resolucion de la SUBSECRETARIA DE TRABAJO de la Provincia de NEUQUEN N° 67 de fecha 22 de abril de 2010 encuadra especificamente en el supuesto previsto por el articulo 56 inciso 2) punto b) de la Ley N° 23.551.

"Que en razon de ello corresponde al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL proceder a ejercer las competencias exclusivas y excluyentes que le atribuye el citado articulo de la Ley N° 23.551.

"Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 56 inciso 2) punto b) de la Ley N° 23.551 y por el Decreto N° 628/05." Acerca de la competencia de las provincias en materia administrativa laboral sostiene la Suprema Corte de Mendoza:

"En el sentido apuntado esta Suprema Corte ha reconocido que: dentro del sistema democrático argentino, a partir de la asunción de las autoridades constitucionales en diciembre de 1983, la mayoría de las provincias han asumido nuevamente la competencia que les corresponde en materia laboral y reivindicaron para sí el ejercicio de la policía laboral, para lo cual crearon organismos administrativos con competencia en materia de policía del trabajo.

El contralor de las normas laborales, corresponde, pues, a los medios jurídicos que la administración pública dispone para desarrollar su actividad y lograr los fines que persigue, lo que no es otra cosa que la mencionada policía o policía administrativa. Ello es así porque, las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación (art. 212 C.N) Según la norma constitucional citada, la regla es la competencia excluyente del Estado provincial. La competencia del Estado federal es la excepción a dicha regla. El ámbito de competencia provincia es residual y, comprende toda la masa de funciones del poder que no hayan sido delegas expresamente al gobierno central, ya sea en la Constitución nacional o en pactos especiales." (Autos: Sindicato Unido De Trabajadores De La Educación (s.u.t.e.) En J° 13.237 " S.u.t.e. C/ C/gobierno De La Provincia De Mendoza S/ P/amparo Sindical". S/ inc.-cas. - Nº Fallo: 09199129 - Ubicación: S398-003 - Nº Expediente: 90035 -Mag.: LLORENTE-SALVINI-BÖHM - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - Circ.: 1 SALA: 2 - Fecha: 25/02/2009-LDT).

La Corte de Justicia de Salta en el mismo sentido ha dictado: "La relación laboral entre las partes quedó sujeta, en todas sus faces, por normas de derecho público, al ser el Estado como poder público quien contrata con sus agentes; y la relación entre ellos, por consiguiente, debe estar sometida a lo que al respecto disponen las leyes administrativas provinciales. La recepción de la legislación nacional en el ámbito local no pudo alterar las competencias reservadas de las provincias (...). Trib. Dres.: Puig, Posadas, Vicente, Garros Martínez, Silisque. - Doctrina: Dra. von Fischer. - Causa: DE SINGLAU, ERNESTO FERNANDO Y OTROS VS. PROVINCIA DE SALTA. APELACIÓN. Expte Nº 22.318/01 de Corte FECHA: 12/06/02. L. 79: 235/246. CORTE DE JUSTICIA.

Que en conclusión, dado al marco fáctico descripto y el legal señalado en la Ley 1625 para un conflicto colectivo como el que nos ocupa, alcanzado por facultades administrativas locales propias, no estar expresamente excluido de la norma citada ni que proceda inferir que se trate de una atribución delegada, no denunciado otro organismo competente, y obviamente innecesario el cotejo con la Ley Provincial Nº 1974 que regula la relación con los empleados públicos provinciales, emerge razonable y normado el poder de policía en materia laboral de la Subsecretaría de Trabajo, como se dijera, frente al vacío normativo en el ámbito municipal, el consentimiento de las partes a la intervención del órgano, y excluida cualquier interpretación que sostenga la libertad y voluntariedad de sometimiento de aquellas respecto al procedimiento obligatorio que en miras a la paz social recurre a gestiones que prevén la fijación de audiencias de conciliación de imperativa concurrencia, con efectos limitados al plazo que se estipula conforme a la normativa que se analizará a continuación.

III.- Que establecido el alcance de la competencia administrativa provincial al conflicto colectivo denunciado en autos que tuvo su origen en un expreso requerimiento de la empleadora, como se adelantara, para el análisis de la ilegalidad o arbitrariedad de las previsiones y órdenes contenidas en la resolución cuestionada, debió recurrirse a su confronte con todo el régimen vigente sobre el procedimiento de conciliación, siguiendo lo regulado en el capítulo específico IV de "Conflictos Colectivos" de la Ley 1.625 cuya aplicación fue consentida, que en sus aspectos relevantes indican y permiten inferir:

a)En los arts. 53, 54, 55, 56 se reitera la competencia de la autoridad de aplicación, incluso de oficio, y que las partes involucradas deberán comunicarle la existencia del conflicto antes de recurrir a medias de acción directa, imponiéndoles la obligación de concurrir a las audiencias de conciliación fijadas, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública y aplicación de multa, términos que se corresponden con idéntica previsión de los arts. 1º, 2º, 3 de la Ley 14.786, resulando indiferente que se recurra a otra técnica de redacción cuando en la última se refiere a "la instancia de conciliación obligatoria" cuando posee idénticos alcances.

Se pretende indicar con lo expuesto que carece de fundamento, o implica un excesivo rigor formal que frustra la teleología de la norma que igualitariamente define el procedimiento regulado y su finalidad, atribuir vicios al acto que dispone la convocatoria a audiencia de conciliación - Artículo 3º- por haberse consignado en el Artículo 1º la frase "estado de conciliación obligatoria" pretendiendo que ello deriva de aplicar la Ley Provincial Nº 1973 y Nacional 14.786, cuando las mismas partes admiten la existencia de un "conflicto colectivo" en los términos de la Ley 1625 -que también cita la resolución- de tal forma que, abierto el procedimiento allí prescripto, resultan obligatorios sus efectos (asistencia y cese de conductas sindicales o antisindicales, procediendo de igual forma que antes de suscitado el conflicto) por el plazo determinado, que se diferencian entre 15 y 30 días.

Así el art. 65° regula que desde el pedido de las partes o la intervención -incluso de oficio- del organismo de aplicación, hasta que se ponga fin a la gestión no podrá mediar un plazo mayor de treinta (30) días, prorrogable en caso de previa conciliación o mediación, cuando es de destacar el art. 11 de la Ley 14.786 lo fija en 15 días, es decir, estableciendo un término más reducido para que las partes recobren la libertad para ejercitar de las prácticas que entiendan más ajustadas para reclamar por su derecho, en tal sentido debe interpretarse que el art. 1º de la resolución remite a este último y lo adopta permitiendo definir la duración del proceso por resultar mas favorable, conforme a lo que dicta el art. 73 de la Ley 1.625.

b)A su vez en total correspondencia con el art. 8 de la Ley 14.786, el art. 67° establece que "En tanto se encuentre la cuestión o decisión o trámite ante la autoridad administrativa, y durante el plazo máximo previsto en el artículo 65, las partes deberán suspender -en caso de que existan- las medias de acción directa, y no podrán adoptar medias similares. Se consideran medidas de acción directa las reconocidas por la Constitución y las leyes, como así también todas aquellas que importen innovar respecto de la situación anterior al conflicto." y en total consonancia la prescripción del Artículo 2 de la Resolución 054/09.

Que sobre este punto, se aprecia la falta de razón el cuestionamiento de la actora a la motivación de la resolución que impondría obligaciones desiguales derivada de una regulación que considera caduca, o la amenaza de restringir derechos constitucionalmente consagrados, cuando no se acredita que la autoridad de aplicación con fundamento en ella haya efectuado valoración o calificación de conductas, verbigracia, para aplicar sanciones o apercibimientos.

c) Confrontados el art. 10 de la Ley 14.786 y el art. 68° de la Ley 1625, idéntica facultad se dispone a favor de la autoridad de aplicación "para disponer -al tomar conocimiento del diferendo- que el estado de cosas se retrotraiga al existente con anterioridad al acto o hecho que hubiera determinado el conflicto. Estas disposiciones tendrán vigencia durante el término que establece el artículo 65." Y de ello cabe inferir fundados los artículos 1º y 2º de la resolución 054/09 que contempla el cese de las medidas de acción directa, tal el estado de las relaciones laborales antes de suscitarse el conflicto.

d) Que el art. 71 dicta que "la huelga o disminución voluntaria de la producción por debajo de los límites normales traerá aparejado para los trabajadores la pérdida del derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al período de cesación o reducción de trabajo." semejante al segundo párrafo del artículo 9 de la Ley 14.786.

Que en definitiva, no se comprueba que lo dispuesto en la resolución cuestionada sea una derivación de atribuciones que no se encuentren previstas en el ordenamiento local, o producto de una delegación, como pretende inferirse de la cita que se hace de la Ley 1973, cuando está contemplado que pueda intervenir de oficio, mientras que la remisión al art. 11 de la Ley 14.789 debe interpretarse armónicamente en el sentido de la aplicación de un plazo menor de 15 días para la duración del trámite, frente a los 30 que establece el art. 65 de la Ley 1625, en coincidencia con el art. 73º que reza:

"Tanto la conciliación como el arbitraje establecido en el presente capítulo no regirá cuando las normas legales o convencionales para la actividad de que se trate establezcan otras formas de solución para los conflictos colectivos que sean más favorables a los trabajadores. Tampoco afecta el derecho de las partes para acordar procedimientos distintos de conciliación y arbitraje".

El análisis y evaluación postulado no permite inferir otra conclusión cual es que la conciliación obligatoria regulada en el ámbito provincial por la Ley 1625, más allá de la técnica legislativa y su redacción, se corresponde con los preceptos de la Ley 14.789 y no dista de las líneas generales de su objeto, trámite, y efectos, haciendo que resulte sólo aparente y formal el vicio denunciado de su cita, que advertido, pudo ser subsanado por medios menos gravosos que la nulidad articulada conforme lo establecen los arts. 74 y 75 del la Ley 1.284.

IV.- Que en definitiva, confrontando el marco regulatorio del conflicto colectivo descripto en la Ley Provincial Nº 1625 citada junto a los antecedentes considerados y finalidad del acto administrativo que se impugna, de la que emerge la plena competencia del órgano emisor que ajustó su proceder a la regulación consentida, al no acreditarse el incumplimiento relacionado con el requisito de la motivación, entendida ésta como la explicación de las razones, circunstancias de hecho y de derecho que llevaron al dictado de la resolución, carece de entidad para declarar su nulidad e insuficiente la crítica de haber aludido a las previsiones contenidas en las Leyes Provinciales 1973 y 1974 y Ley Nacional 14.789 relacionada a atribuciones administrativas y delegación, cuando ellas son la derivación del poder de policía en materia administrativa laboral que detenta de manera autónoma con base constitucional la demandada, no evidenciado su contenido tampoco apartamiento ilegal o arbitrario al régimen descripto aplicable al caso, tal el requisito exigido por el art. 1º de la Ley 1.981.

En este sentido jurisprudencia y doctrina citada han coincidido en que:

"Del artículo 50 de la Ley 6.944 surge que el acto impugnado por la vía de amparo debe exhibir arbitrariedad o ilegalidad en grado manifiesto, lo que en la doctrina se ha caracterizado como una "ostensible ilegitimidad, verificable a simple vista" (Lino Palacio, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1.994", LL 1995D- 1242), que puede presentarse bajo dos tipos de antijuridicidad: "la ilegalidad puede ser manifiesta. Es decir evidente, indudable, absolutamente clara, ausente de incertidumbre alguna, o bien ser producto de una interpretación irracional, de ostensible error, de palmario vicio en la inteligencia asignada, casos en los cuales dicha ilegalidad asume la forma de arbitrariedad" (Osvaldo Gozaíni, "El derecho de amparo creado por la Constitución Nacional", La Ley, 21/11/95). De este presupuesto primordial del amparo se sigue que en una primera apariencia fehaciente deben ser verificables dos extremos: 1) en cabeza del demandante, la existencia cierta de un derecho, y; 2) en el contenido del acto u omisión impugnada, una antijuridicidad tan visible que no deje lugar a dudas. (...) DRES.:

GIOVANNIELLO NOVILLO. BARRA ORLANDO RAUL C/ SIPROSA s/ AMPARO, Fecha:

08/07/2004, Sentencia Nº: 297, Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala 2-LDT).

"La motivación del acto administrativo tiene por objeto exteriorizar el íter psicológico que ha inducido al titular del órgano a emanar el acto, de forma tal que haga posible conocer los momentos fundamentales del razonamiento. Para poder apreciar en qué medida un acto es conforme al fin que para él quiere el ordenamiento jurídico, es necesaria una fundamentación precisa y clara, que exprese las razones específicas que en el caso particular inducen a la Administración a la emanación de un determinado acto." (SCBA, B 62241 S-Fecha:

27/12/2002-Juez: Dominguez (ma) -Carátula: Zarlenga, Marcelo C/ Consejo De La Magistratura S/ Acción De Amparo- Obs. Del Fallo: Voto Dres. Domínguez - Celesia - Mahiques - Hortel - Soria, Mayoría, Publicaciones: JA 2003 II, 522;

LLBA 2003, 413 - Mag. Votantes: De Lázzari - Salas - Dominguez - Celesia - Mahiques - Hortel - Roncoroni - Soria - Negri - LDT).

"Existe ilegalidad y arbitrariedad en la motivación del acto cuando los motivos no se corresponden con la realidad fáctica verificada. La motivación es un elemento reglado cuya falta o insuficiencia acarrea la nulidad o anulabilidad de la decisión." (Autos: Consorcio Surballe Y Sadosfchi C/ Poder Ejecutivo De La Provincia De Mendoza S/ Acción De Amparo - Nº Fallo: 96190047 - Ubicación:

S154-148 - Nº Expediente: 120310 -Mag.: BOULIN-CATAPANO-VIOTTI - PRIMERA CÁMARA CIVIL - Circ.: 1 - Fecha: 02/09/1996-LDT).

Conforme a todo lo considerado, propiciaré al acuerdo se revoque el pronunciamiento de grado, rechazándose la demanda introducida.

V.- Sin perjuicio de la solución que propicio, estimo ajustado y prudencial imponer las costas de ambas instancias en el orden causado en razón de que si bien la actora pudo haber requerido al propio órgano aclaración respecto a su intervención, la cita legislativa pudo generar convicción en la entidad gremial acerca del posible cercenamiento de derechos cuya protección le ha sido confiada estatutariamente (art. 68 2do. Párrafo del C.P.C. y C.), debiendo procederse a la regulación de honorarios conforme a lo establecido en el art.

15 de la L.A. vigente.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente se integra Sala con el Dr. Lorenzo Waldemar GARCIA quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Medori, adhiero a su voto pronunciándome en idéntico sentido.

Por lo expuesto POR MAYORIA:

SE RESUELVE:

1.- Revocar el pronunciamiento de grado, rechazándose la demanda introducida.

2.- Imponer las costas de ambas instancias, en el orden causado.

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en las siguientes sumas: ..., -art. 15 LA-.

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. Lorenzo Waldemar García Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 187 - Tº V - Fº 926 / 937 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2010.