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Medidas cautelares, medida de no innovar, Administración Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: PIER DONINICI DINO c/ M.C.B.A. s/ AMPARO - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Para que proceda la prohibición de innovar frente a la Administración Pública es necesario probar la arbitrariedad del acto recurrido o la violación "prima facie" de la ley a fin de hacer cesar la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 12 de la ley Nro. 19.549, principio este que resulta aplicable a la medida cautelar innovativa que requirió el accionante, frente a la clausura practicada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires del local donde el mismo desarrollaba actividades de academia y taller de computación, venta y alquiler de equipos y programas de computación por falta de habilitación.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Código Electoral Nacional, sistema electoral, diputados, sistema de representación proporcional, participación política de las minorías, umbral de representación
Materia: ELECTORAL
Carátula: "Recurso de Apelación en autos Méndez, Héctor O. Apoderado del Partido Humanista -Cap. Fed.- s/ interpone Acción de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Con respecto al análisis de constitucionalidad de los artículos 160 y 161 del Código Electoral Nacional - que supeditan la asignación de cargos de diputados nacionales a la obtención de un mínimo del 3% de votos del padrón electoral - cabe decir que, el umbral de representación, piso o barrera legal, consiste en una condición adicional que algunos ordenamientos jurídicos al adoptar un sistema electoral de representación proporcional imponen a los fines de adjudicar las bancas, y que se traduce en la obtención de un mínimo de votos como "conditio sine qua non" para poder participar en dicho reparto. Tal restricción tiene como fundamento razonable el de preservar un adecuado funcionamiento del poder legislativo -en nuestro caso de la Cámara de Diputados- evitando que un excesivo fraccionamiento conlleve a una atomización ilimitada de la representación y del debate que repercuta de manera negativa en la formación de la voluntad general. Se impone, así, conjugar el pluralismo -y su expresión, en el caso, en el criterio de proporcionalidad- con la pretensión de alcanzar la efectividad en la organización y actuación de los poderes públicos.
Prescripción de la acción penal, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Capello, Miguel Angel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-05

Si sólo se ha podido establecer cuándo han sido librados los cheques, cabe atenerse a la fecha cierta y precisa del libramiento, pues ello no sólo supera favorablemente la indeterminación del momento a partir del cual comienza a correr el plazo prescriptivo, sino que, incluso, resulta el modo adecuado de resolver la incógnita de acuerdo al principio in dubio pro reo, pues resulta más beneficioso para el imputado. El voto concurrente agregó que, habiéndose imputado al presidente de una empresa haber librado cheques de pago diferido contra cuentas bancarias de la sociedad que no guardarían relación con el objeto social, el tiempo de la prescripción debe computarse a partir de la medianoche de la fecha en que el querellado cesó en sus funciones. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y García).
Prueba, reconocimiento en rueda de personas, reconocimiento por fotografía
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., R. s/ Robos calificados (Expte Nº 91-95, Resolución Nº 63, Tomo 3, Folio  292)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-12

La realización en sede policial de un reconocimiento fotográfico no tiene valor probatorio por haberse realizado pre-procesalmente al margen de las estipulaciones legales; empero, no se sigue de ello el retiro de toda entidad convictiva a un posterior reconocimiento personal, sino solo alguna relativización del mismo en mérito a la percepción que se habría tenido por la observación de las fotografías.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lima, Haydee c/ Hospital Municipal de Vicente López s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

El art. 39 de la ley 11653 no es útil para acreditar los presupuestos de la acción de indemnización por accidente de trabajo deducida con sustento en la ley especial.
Daño emergente, intereses, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.L. c/ G., D.B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

No se trata pues de reconocerle al acreedor los réditos que habría podido obtener si, contando a tiempo con su capital, hubiera decidido efectuar una inversión bancaria retribuida desde luego con intereses a tasa pasiva, lo que significaría indemnizarle un hipotético lucro cesante. La cuestión radica en cambio en resarcirle el daño emergente que le infiriera el haber abonado ya intereses liquidados conforme tasas activas como contraprestación del o los créditos que hubo de obtener de terceros para suplantar el dinero suyo que el deudor no le entregara en tiempo propio. Esta última circunstancia, es presumible y no requiere ser invocado ni probada en concreto, por hallarse implícita en la situación de mora y ser consecuencia necesaria de ella.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROGA ERNESTO HUGO c/ BEATRIZ DIEZ DE CORTOPASSI Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-09

La prioridad de paso del conductor que en un cruce aparece por la derecha es una regla de oro, que si fuera observada como corresponde, evitaría muchos choques y accidentes trágicos. La especulación de que si el otro conductor llegó primero al centro de la bocacalle o ya estaba cruzando cuando llegó el de la derecha, la regla no se aplica, contribuye a generar confusión y a aumentar la irresponsabilidad de los conductores.Con esta especulación se logra que los más audaces intentan ganar el paso y luego pretenden escudarse en esa prioridad que no surge de la ley sino de la equivocada jurisprudencia que fomenta la ley de la selva.Esto no quiere decir que el que tiene prioridad de paso tenga derecho para arrasar con todo. La regla no es de prioridad para el que llega primero, sino para el que se presenta por la derecha. El art. 9 inc. 2do. de la Ordenanza Municipal 4550/59, expresamente destaca que también se aplica en las avenidas,por lo que no puede considerarse que no tiene vigencia si uno de los vehículos ya había transpuesto la mitad del cruce, lo que necesariamente se produce cuando se trata de dos calles de doble circulación". Aún en la hipótesis de que el conductor que aparece por la izquierda arribó con anterioridad, ello no enerva la aplicación de la norma analizada y, por lo tanto, de su obligación de ceder el paso a quien aparecía por su derecha, máximo cuando existía un cartel que así lo indicaba (ceda el paso).Ahora bien, también existe culpa por parte de quien tiene prioridad de paso si no disminuyó la marcha al llegar a la encrucijada;circunstancia que se deduce del hecho de que, no pudo evitar la colisión, pues eximir totalmente de responsabilidad a mérito de la preferencia de paso que le acuerda la ley, significaría, convalidar un ejercicio abusivo de tal preferencia. La obligación de reducir sensiblemente la velocidad y mantener el dominio del vehículo, no sólo recae sobre aquél que debe ceder el paso, sino que ha sido establecida para ambos conductores y, por ello el derecho de preferencia debe ser ejercido regularmente, lo cual significa que los conductores que gozan del mismo no están exentos de prever las contingencias del tránsito, incluyendo las probables maniobras antirreglamentarias de los otros conductores. En consecuencia, corresponde atribuir el cincuenta por ciento de culpabilidad a ambos conductores.-
Excarcelación, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Corro, Héctor Andrés s/ incidente de excarcelación - recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-01-10

El recurso de casación interpuesto contra la resolución que denegó la excarcelación del encausado es inadmisible, pues se advierte que el pronunciamiento recurrido es una derivación razonada del derecho aplicable y se verifican los supuestos correspondientes para calificarlo como acto jurisdiccional válido, ya que el tribunal realizó una valoración concreta y acabada de los hechos prima facie atribuidios, como de sus condiciones personales y de los demás factores indicativos de riesgo procesal que obstan a su soltura.
Concursos, quiebra, prueba, cesación de pagos, impotencia, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Borila SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-31

El estado de cesación de pagos es aquel estado del patrimonio que, sin disponibilidad de crédito, se revela impotente para atender las obligaciones exigibles con los bienes normalmente realizables en oportunidad de dicha exigibilidad. El vocablo "estado" constituye uno de sus elementos típicos en cuanto supone una permanente y definitiva imposibilidad de cumplir puntualmente las obligaciones exigibles con los medios originados por la actividad normal del deudor (Quintana Ferreyra, Concursos, ed. Astrea, Bs. As., 1988, t. 1, pág. 17). La permanencia es una característica propia de este estado financiero, ya que la dinamicidad propia de toda evolución comercial o industrial puede influir en su constitución. Será el carácter permanente aquel que otorgue jerarquía suficiente para producir efectos jurídicos. Así, la "impotencia" patrimonial conceptualiza una situación definitiva, irreversible, que no puede hacerse desaparecer mediante el giro normal y propio de la actividad del deudor; además no debe confundírsela con las dificultades de orden financiero que podrán -acaso- ser subsanadas si existiera posibilidad de obtener crédito (cfr. Quintana Ferreyra, op. cit. págs. 18/19). Para formular el análisis pertinente, el juez goza de una amplia facultad de apreciación por cuanto el estado de cesación de pagos constituye un fenómeno, en esencia complejo, cuya verificación queda reservada a la ponderación judicial, siguiendo las reglas de la sana crítica y de la máxima prudencia. Debe concordarse que los signos reveladores de la insolvencia pueden variar indefinidamente debiendo, entonces, ser meritados a partir de las circunstancias que lo rodean y en forma global cuando sean variados, ya que, como integrantes del estado patrimonial, forman un todo único e indivisible (Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Abaco, Buenos Aires, 2001, t. 3, pág. 148).
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, modificación del objeto del proceso, obras públicas, vialidad, sentencia no firme
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. S. c/  s/ Robo de automotor con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido contra la sentencia que había rechazado la solicitud de obtener una readecuación del objeto de la causa por la cual se investiga el direccionamiento de obras viales en la Provincia de Santa Cruz a un determinado grupo empresarial puesto que la decisión recurrida no constituye ni puede ser equiparada a sentencia definitiva en la medida en que no se advierte, ni la recurrente logra demostrar, que la misma causa un perjuicio de imposible reparación ulterior. Los efectos de la resolución impugnada no implican un cercenamiento del derecho constitucional de defensa y el hecho de que no se readecue el objeto procesal investigado no quiere decir que la reclamante no pueda, en las etapas procesales que correspondan, ofrecer todas las medidas probatorias que considere pertinentes a los efectos de defender su inocencia.
Homicidio culposo, error de hecho (penal), médicos, mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ABELENDA, ELOY. s/ HOMICIDIO CULPOSO. ERROR DE HECHO. MEDICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

Si bien se halla acreditado que el procesado -médico- recetó al damnificado "Lisalgil" inyectable, el que le produjo un shock anafiláctico que le produjo la muerte, por su condición de alérgico a la "pirazolona" y sus derivados, no puede ser responsabilizado por el delito de homicidio culposo, pues no surge del prospecto de aquél producto, ni del "vademecum" consultado habitualmente por los médicos que entre sus componentes figura la "pirazolona" o sus derivados.

El ERROR en la composición química del medicamento que prescribiera a la víctima no le es imputable, pues no puede atribuírsele que omitió aquellas diligencias que exigiera la naturaleza de la obligación, dado que la lectura del folleto y del "vademecum" es lo corriente en la práctica médica; debiendo absolverse al encausado por aplicación de la norma del art. 34 inc. 1ro. C.P. que prevé el error de hecho no imputable.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Su Crédito Pehuajó S.A. c/ Lopumo, Lorenzo s/ Pedido de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-01

En una acción de revisión, el monto para la regulación no puede sino estar representando por la suma considerada al formular la presentación, que marca el contenido y el alcance de la pretensión.-
Demanda, notificación, incidente de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Langoni, Miguel Nicolás s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Al haberse realizado la notificación de la demanda en un domicilio constituido en instrumento privado, lugar donde no se domicilia el accionado, el incidente de nulidad es procedente (arts. 18 Const.

Nac.; 169 apart. 2, 172, 338, 343 Cód. Proc.). (Minoría u opinión personal)
Concursos, verificación de créditos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Gral. San Martín s/ Concurso Preventivo -Inc. Rev. prom. Coop. Agric. Gral. San Martín  Cred. La Manuelita
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-12

Vencido el plazo para solicitar la verificación de los créditos se abre el período que se denomina "etapa informativa" del trámite de verificación, en la cual el deudor y quienes se hubieran presentado a verificar, pueden formular las impugnaciones u observaciones que estimen corresponder, vinculados con los créditos presentados.

Tales impugnaciones u observaciones -a los efectos de la Ley de Concursos y Quiebra tienen idéntico sentido- se pueden vincular a la existencia misma de los créditos, prescripciones de los mismos, monto, causa y privilegio.
Sentencia, notificación, notificación tácita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NORDECOOP LTDO. c/ VICENTE RAMON MONCADA s/ EJECUTIVO" EXPTE. N 13235/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-08-27

Si de las circunstancias o comprobaciones del caso surge de modo inequívoco el conocimiento de la resolución definitiva, hace a la instrumentalidad de las formas que la notificación se estime cumplida aunque falte la cédula o el anoticiamiento personal, desde que las finalidades de estos formalismos - o sistemas de notificación- se encuentran, en la práctica, cumplidas.
Agravantes de la pena, calificación legal, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez González, Roberto Agustín y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

La disidencia parcial sostuvo que no compartía la calificación acumulativa del art. 7 y el art. 11 inc. c de la ley 23.737 que realiza el a quo del accionar al encausado toda vez que al haber sido probado en el caso el rol de organizador no cabe aplicar la agravante establecida en el art. 11 inc. c de la ley 23.7373 por la intervención organizada de tres o más personas. En el caso, se estarían superponiendo dos agravantes para las cuales se valora una misma circunstancia (la intervención "organizada"), confundiéndose así las diferencias ónticas y normativas de ambas figuras. De esta manera se soslaya a la particular forma de intervención que exhibe aquél que desempeña el rol de organizador, y que lo distingue del resto de los sujetos que despliegan las conductas individuales enumeradas en el art. 5° de la ley 23.737. Dres. Yacobucci, Slokar -voto concurrente- y Mahiques -en disidencia parcial-.
Locación, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solino, Jorge c/ Carbone, Blanca Gladys s/ Consignación de llaves rescisión red de precio. etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

No se puede ignorar que la desdeñosa actitud de la locadora en reparar la vivienda y la consiguiente disvaliosa situación de habitabilidad en que se encontró todo del grupo familiar, tiene que haber afectado anímicamente a todos sus integrantes. Tal actitud concluye agraviando un atributo de su personalidad, cual es su domicilio o vivienda. No se dude que ello importó una lesión desequilibrante de su propia intimidad, desde que menoscabó disvaliosamente el ámbito propio en que se desarrollan sus personalidades; el hogar o lar doméstico de los romanos, donde se mantiene el fuego sagrado de la familia, que es tanto como decir, hoy en día, el altar de la intimidad de sus integrantes. Por ello, mal puede pretenderse que, el tal daño, quede sin indemnizar.
Acción meramente declarativa, estado de incertidumbre
Materia: PROCESAL
Carátula: Goncalves, Claudio Javier y otros c/ sumarisimo s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

De acuerdo a lo establecido en el CPR 322, la utilización de la acción declarativa de certeza tiende a hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente (conf. CSJN: "Bank Boston National Association c/ GCBA - AGIP DGR - Resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento", del 1/11/20). La interpretación relativa al cumplimiento de este requisito debe ser particularmente restrictiva, a fin de que la acción declarativa de certeza no se convierta en indebido vehículo de elusión de las vías legales que correspondan para la definición de los derechos (conf. Heredia Pablo D., en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado...", Highton - Areán (directoras), t. 3°, pág. 96, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006).
Empleador, silencio
Materia: LABORAL
Carátula: Albarracín, Luis Clemente c/ Villar, Carlos y otro s/ Despido Antenor, Omar Alberto c/ Costa, Héctor Oscar s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29|1988-03-01

El silencio del empleador frente a la intimación formulada por el trabajador relativa al incumplimiento de su débito contractual debe considerarse como presunción iuris tantum en favor de su dependiente (art.57, L.C.T.).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABEL TEODORO CATUZZI c/ Lamas, Luis s/ INCIDENTE  DE  EXCEPCION  DE COMPETENCIA ART. 10 LEY 23049 SOBRE AREA  PARANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

La declaración de que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada causa.
Subasta judicial, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Galicia c/ Torrado s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-13

En punto a las cláusulas que obligan a la desocupación del inmuebe hipotecado; y aun cuando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no se haya regulado procesalmente la reforma a la ejecución hipotecaria clásica de conformidad a lo previsto por el art. 75 de la Ley 24441 ampliando la redacción del art. 3936 del C.C., como ha sido hecho con el art. 598 del Código Procesal Civil (igual al art.

590 del Código Procesal Civil otorga validez a lo convenido por las partes de conformidad a lo previsto por el art. 1197 del Código Civil. (Minoría u opinión personal)
Personal municipal, sumario administrativo, fiscal municipal, dictamen fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bongiovanni, Edgardo José c/ Municipalidad de San Jorge s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 149 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

No puede prosperar el planteo del actor que se agravia por la omisión del dictamen del Fiscal Municipal, previo a la emisión de la resolución de exoneración, desde que si bien es cierto que en el sumario administrativo tramitado en la causa, tras la conclusiones del instructor -previstas en el art. 111 de la ley 9286- y de la defensa, directamente se procedió al dictado de la resolución por parte de la autoridad municipal, también lo es que el estatuto de la ley 9286, si bien normativamente aplicable en todas las Municipalidades y Comunas (artículo 1 del Anexo I), debe ser adecuadamente interpretado y racionalmente adaptado en función de las características propias del ente público de que se trate. Y, en base a ello y de conformidad con las particulares circunstancias de la causa, la nulidad no es la solución que corresponde al caso. En efecto, debe tenerse en cuenta que en el ámbito de la Municipalidad de San Jorge no está previsto el cargo de Fiscal, estando concentradas sus funciones en el mismo funcionario, el director de Asuntos Jurídicos, que actuando como instructor del sumario ya había emitido sus conclusiones. Pues bien, exigir que dicho funcionario emitiera un nuevo dictamen, esta vez no actuando como instructor sino como Fiscal Municipal, no parece razonable y nulificar el acto por dicha circunstancia -o por no haberse designado otro funcionario para que realizara tal acto- constituiría un exceso ritual, desde que, por otra parte, analizadas detalladamente las actuaciones administrativas, se verifica que se han cumplido correctamente las etapas esenciales del debido proceso.