Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1044 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Aiquel, Germán Ricardo vs. Rivero, Alfredo Osvaldo s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 23/6/2003 que confirma la sentencia de primera instancia del 21/11/2001.

II.- La recurrente, luego de exponer brevemente los antecedentes de la causa y acreditar la reunión de los requisitos de admisibilidad de la casación que se impetra, expresa que la sentencia de Cámara le agravia en tanto ha dado por probado un hecho histórico -el estado de ebriedad de Rivero- efectuando una valoración excesiva de las constancias de la causa, lo que la convierte en dogmática. Señala que el tribunal de mérito entendió que el demandado se encontraba en estado de ebriedad en atención al dato objetivo del dosaje alcohólico, el informe del médico forense, las declaraciones testimoniales de sede penal, sin indicar de qué declaraciones se trata. Menciona que el tribunal a quo hace caso omiso de los datos teóricos expuestos por su parte en el recurso de apelación en el sentido de que el dosaje por sí solo no conduce a un diagnóstico de ebriedad, datos que están avalados por estudios científicos a los que la sentencia debió hacer mención para valorar la procedencia o no del agravio. Reitera los motivos del memorial de apelación en cuanto a los efectos del alcohol en sangre y sostiene que en cuestiones científicas los jueces y abogados deben valerse necesariamente de sus conclusiones y que si ellos dicen que la sola presencia de alcohol en sangre en un orden del 1,15g/1 no conlleva necesariamente a un estado de ebriedad, la afirmación de la Cámara de que la magnitud de tal circunstancia surge, precisamente, de tal elemento, aparece como carente de fundamento científico y alejada de las constancias de autos. Que lo que descalifica a la sentencia es este invocado alejamient o de la manera en que se debió fundamentar la existencia o no del estado de ebriedad. Presenta argumentos en este sentido, sosteniendo que la cantidad de alcohol hallada a Rivero no prueba por sí misma que hubiera síntomas de ebriedad, que para llegar a tal conclusión es necesario efectuar un análisis clínico, la conducta del sujeto, etc. y que tal cantidad en la generalidad de los casos, no suspende las funciones cognoscitivas y volitivas. En cuanto a la culpa grave establecida en la sentencia, le agravia a la recurrente tal conclusión en tanto la sentencia en el punto contiene fundamentación aparente ya que con prueba insuficiente se da por existente un hecho.

Le agravia la aseveración sentencial según la cual si el caso de Rivero mereciera alguna excepción a lo que ocurre en la generalidad de los casos, debió el mismo plantear su oposición a las conclusiones del señor médico forense y demostrar el fundamento fáctico de la misma. Expresa que el párrafo incurre en dos errores de hecho y uno de derecho pues el tribunal considera que con 1,15 gs./1 de alcohol por litro de sangre la generalidad de las personas se encuentran en estado de ebriedad alejándose de lo particular de Rivero para razonar sobre la generalidad; que la sentencia presupone -y no dice- que Rivero estaba ebrio desplazando la fundamentación hacia la teoría de la carga de la prueba. Ataca entonces el fallo por contradictorio ya que -expresa- de un lado, por el dosaje y el informe del médico forense determina que Rivero se encontraba en estado de ebriedad, y del otro, le endilga la carga de probar que no lo estaba, y ante la ausencia de prueba al respecto le aplica la carga de la prueba y presume la existencia de ese estado por lo que no le queda claro cuál ha sido el fundamento de la Cámara para decidir como existente el estado de ebriedad de Rivero. Cita los párrafos sentenciales de los que extrae su argumento y añade que el tribunal ha infringido el art 308 procesal pues a su parte, según las afirmaciones fácticas en que se asienta su alegación, no le correspondía probar la culpa grave por el estado de ebriedad pues este tema fue introducido por la aseguradora como constituyente del sustrato fáctico de su defensa. Asimismo, entiende que con ello, no sólo se viola el art. 308 procesal sino que la sentencia incumple directivas interpretativas que ha señalado la CJSN, que sostiene, en el precedente que cita, que corresponde a la aseguradora probar que ha existido culpa grave en el actuar del asegurado.

En cuanto a la culpa grave, que aparece en los arts. 70 y 114 de la ley 17.418 ha dado fundados motivos de duda en cuanto a su interpretación. Cita la tendencia jurisprudencial al respecto para concluir en que la sentencia, en el punto deviene dogmática pues con solo el dosaje y sin tener en cuenta las condiciones personales de Rivero, y con fundamento aparente (que con su graduación todas las personas están ebrias) en un claro rigor formal y con apartamiento de la realidad fáctica, señala la existencia de aquélla. Agrega que debe considerarse que su interpretación debe ser restrictiva y que la prueba de la misma corresponde al asegurador y no, como afirma el fallo en crisis, a Rivero demostrar que tal graduación no le provocaba ebriedad. Que tal trastocamiento de la carga probatoria afecta el debido proceso y la defensa en juicio.

Como tercer agravio, en subsidio de los anteriores, la recurrente expresa que la defensa -culpa grave- no puede ser opuesta a la víctima del accidente en mérito a las profundas modificaciones que ha producido la sanción de la Ley 24.449 al establecer un sistema de seguro obligatorio; que ella imprime un criterio solidarista a la institución; que el derecho de la víctima a accionar contra la aseguradora no surge del contrato; que el interés superior de toda la comunidad aspira a facilitar a las víctimas la percepción del resarcimiento de los daños sufridos; alude al carácter mutualista, a la función social del seguro, a su finalidad económico social.

Propone doctrina legal y concluye solicitando se conceda el recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, el demandado y la aseguradora contestan a fs. 558/460 y 563/564 respectivamente.

III.- Por auto interlocutorio del 25/9/2003 la alzada concede el recurso de casación correspondiendo en esta instancia, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida, luego de ocuparse específicamente de los agravios de la demandada, pasa a hacer lo propio respecto de los de la actora, aquí recurrente. Al respecto, y con relación al estado de ebriedad del demandado Rivero, considera lo ya expuesto al tratar los agravios de éste en el sentido de que: a) el señor médico forense, a fs. 430 informa en base a opinión doctrinaria (Federico Bonnet, Medicina Legal) que una persona que presenta una alcoholemia de 1,15 g/l se encuentra en el segundo período de ebriedad, que, entre otras consecuencias, tal estado produce una disminución de la atención del 50% respecto a los valores de respuesta, sean visuales o auditivos normales, concluyendo que con dicha graduación no se está en condiciones de conducir un automóvil; b) que el informe pre mencionado no ha sido objeto de impugnación por el quejoso, que tampoco ha producido prueba que demuestre que en el caso concreto de su persona y en atención a sus características físicas o a su respuesta química a la ingestión de alcohol, el lado objetivo señalado admita alguna excepción; c) que si bien es cierto que la sola infracción municipal de conducir en estado de ebriedad no resulta suficiente para tener por acreditada la culpa del conductor, las características del hecho muestran que la conducta del demandado al desarrollar una velocidad como la determinada en la pericia mecánica, colisionar con el vehículo que lo precedía, no poder dominar su vehículo a tal punto que traspuso la platabanda y volcó, son demostrativas que la causa eficiente del hecho fue, precisamente, el haber conducido en estado de ebriedad, conclusión a la que llega también la Fiscalía de Instrucción en el proceso penal; d) que a su declaración dogmática de que la graduació n alcohólica no le impedía conducir, se oponen las declaraciones testimoniales rendidas en sede penal e incorporadas a esta causa; e) que, en conclusión, al no haber probado que el automóvil que circulaba por su misma mano lo haya encerrado provocando con ello el accidente, ni que los parámetros de alcoholemia y las consecuencias señaladas en el informe y pericia médica no le sean aplicables al caso concreto de su persona, y al mismo tiempo, la circunstancias de la falta de dominio del vehículo, la velocidad desarrollada, la fuerza del impacto, aparecen como directa consecuencia, precisamente, de la disminución de sus reflejos producida por la ebriedad comprobada, por lo que califica de grave su culpa. Agrega a ello que la conclusión del inferior no resulta arbitraria ni dogmática puesto que las consecuencias relativas al dosaje practicado a Rivero se ven corroboradas por el dictamen médico forense realizado conforme a los principios sostenidos por la doctrina médica; que hay que tener en cuenta que las concl usiones a que hace mención la actora en su memorial tienen el mismo carácter teórico que imputa a los fundamentos sentenciales, como así que se trata de datos promedios sin referencia alguna a las personas que participaron en los experimentos. Descarta así el agravio de la actora referida a que no está demostrada la ebriedad del demandado al contarse solamente con uno de los elementos de diagnóstico, por cuanto la misma magnitud de tal circunstancia surge de tal elemento. Señala que si el caso particular de Rivero mereciera alguna excepción a lo que ocurre en la generalidad de los casos, debió el mismo -el interesado al ser su conducta la que aparece como reprochable- plantear oposición a las conclusiones y demostrar el fundamento de la misma desvirtuando las conclusiones del dosaje y del informe médico las que no fueron impugnadas por aquél.

En cuanto a la calificación de culpa grave, entiende que debe ser mantenida por cuanto quien conduce en estado de ebriedad aunque fuere la más leve pero perturbadora de sus facultades mentales incurre en culpa grave; que se trata de una persona que conduce una cosa riesgosa, con lo que se exige la plenitud de sus facultades al conducirlo a fin de sortear las contingencias del tránsito y tener el dominio del automotor. Que la ingesta de alcohol por parte de Rivero ha significado una conducta voluntaria, desaprensiva, que ha creado un riesgo adicional e innecesario; que su comprobado estado de ebriedad según testimonios, dosaje practicado) no puede encuadrarse dentro de una mera negligencia sino que se trató de la asunción temeraria de gravísimo riesgo.

En relación a si la culpa grave resulta ser causal de exclusión de la cobertura oponible al tercero víctima, consigna -con cita de doctrina- que la culpa grave -art. 70 Ley de Seguros- es configurativa de una exclusión de cobertura, de raigambre legal; que en autos se ha probado por parte de la Compañía que la circunstancia de que el vehículo asegurado haya sido conducido por una persona en estado de ebriedad, motivó el rechazo de la cobertura al tratarse de un riesgo no cubierto (fotocopia de fs. 57) sin que el asegurado desnaturalizara tal postura. Reconociendo que el tema ha originado controversias, sostiene, sin embargo que el art. 70 LS exime de la obligación de asistencia al asegurado cuando éste ha incurrido en dolo o culpa grave, que el hecho siniestral causado con culpa grave se coloca fuero del ámbito de amparo del seguro, se convierte en un "no seguro" una ausencia de cobertura y que en este estado lo toma el tercero damnificado que no encontrará una relación asegurativa en la cual hacer pie para dar basamento a la citación en garantía que pretenda dirigir al asegurador. Sostiene asimismo que las cláusulas de caducidad y de exclusión de cobertura producen el mismo efecto esencial: que el asegurado no perciba la prestación comprometida por el asegurador; explicita sus diferencias para concluir en que la culpa grave en el demandado no resulta ser una causal de caducidad sino de exclusión de cobertura atento a lo consigna do en el contrato y a lo que la aseguradora se refiriera en la comunicación efectuada al asegurado, sin que el mismo contradijera lo afirmado.

En punto a las costas, se confirman las de primera instancia por cuanto el agravio del demandado se desestima por las razones que expone a la vez que se advierte que los montos demandados resultan indeterminados por la naturaleza de los daños que se reclamara y en cuanto al lucro cesante ha quedado absorbido dentro de la indemnización otorgada por incapacidad. En los que hace a la segunda instancia, establece que el demandado soportará las propias y el 50% de las producidas por el actor, siendo a cargo de éste el restante 50%. Aplica por el orden causado las de la compañía de seguros teniendo en cuenta que la exclusión de cobertura es un tema de discusión doctrinal y jurisprudencial por lo que existía razón probable para litigar.

V.- De la confrontación de los argumentos casatorios con los fundamentos sentenciales y un examen pormenorizado de las constancias de autos, se concluye que el recurso no puede prosperar.

En efecto, en primer lugar, cabe consignar que los agravios casatorios relativos a la existencia o no de culpa grave en el demandado como consecuencia de su ebriedad al momento del accidente y a la determinación de la misma según criterios médicos doctrinarios y a las características particulares del sujeto configuran una cuestión fáctica ajena al ámbito extraordinario del recurso de casación excepto que se alegue y acredite arbitrariedad, lo cual no se advierte en la especie. Así, tiene dicho esta Corte que la determinación de la existencia o no de culpa grave es una típica cuestión de hecho sujeta a la sana crítica del tribunal de mérito, irrevisable en principio en sede casatoria. Si bien, como ocurre en buen número de accidentes, pueden efectuarse interpretaciones variadas de los hechos, el tribunal de casación solo puede revisar las que se manifiesten con absurdidad, o apartamiento de pruebas conducentes, y que lleven a decisiones injustas, pero la sentencia examinada no muestra que se hubiere fundado arbitrariamente ni que resuelva sin justicia el caso. La finalidad exclusiva de la casación es la de asegurar la corrección jurídica del fallo a través de su control de legalidad, pero no reabre una tercera instancia para el nuevo examen de los hechos y de las pruebas, salvo absurdo demostrado, lo que no ocurrió en el presente caso (CSJTuc., "Escobar, Mirta Rosa vs. Segundo Francisco Villardón s/Daños y perjuicios", sen. nro. 430 del 29/7/94; sent. nro. 92 del 28/02/96; 430 del 29/7/94, etc.).

El recurrente plantea discrepancia doctrinaria médico legal referida a la existencia de ebriedad y la cantidad de alcohol en sangre que la produce exponiendo que el tribunal no toma en cuenta tales motivos. Al respecto, cabe expresar que el tribunal de mérito no hace "caso omiso" (sic fs. 545) de los datos teóricos expuestos por parte del recurrente ya que, de un lado, explicita claramente que el dictamen médico (por el que se determina los efectos del grado de alcohol en sangre) se realiza conforme a los principios sostenidos por la doctrina médica agregando que el agravio del impugnante al respecto tiene el mismo carácter teórico que atribuye a los fundamentos sentenciales (fs. 538, argumento sobre lo cual nada dice el aquí recurrente). En todo caso, el fallo, de su parte, está adoptando, una de entre varias interpretaciones posibles -cuestiones opinables- y ésta no resulta irrazonable en la especie, sino seria y otorgando suficiente y adecuado fundamento a la solución por la que se decide.

Así, y de otro lado, la sentencia ofrece una adecuada fundamentación en punto a la existencia de ebriedad en el demandado, afirmando que Rivero conducía en tal estado el que surge del informe del médico forense que se apoya en opinión doctrinaria, así como de las declaraciones testimoniales de sede penal, de las propias características del hecho: desarrollar alta velocidad, colisionar con vehículo precedente, no tener el dominio del vehículo a tal punto de trasponer la platabanda y volcar, con lo cual, apoyándose en la doctrina científica ofrece -además- consideraciones sobre las particulares circunstancias del caso, estimando el material fáctico del proceso de modo que lo lleva a sostener la solución expuesta.

En definitiva, el tribunal tuvo en cuenta la discrepancia teórica del recurrente, así como estimó las posibilidades de impugnación de la pericia que se expide en este sentido (no fue impugnada por el recurrente), poniendo todo ello en vinculación concreta a las circunstancias del caso, decidiendo en sentido afirmativo de la existencia de ebriedad del asegurado, con lo cual tratándose de una típica cuestión de hecho esta Corte no puede pronunciarse sobre la misma. Y, dado que el examen se apoya en autorizada doctrina, así como en las particularidades del caso que emergen de las constancias de la causa, no se advierte arbitrariedad que pueda hacer penetrar el recurso, en el punto, por las sendas de la casación. Dice Bonnet que en el momento de establecer las conclusiones periciales debe tenerse en cuenta el examen clínico del individuo, sus antecedentes anamnésicos y su comportamiento al momento del hecho (Medicina Legal, pág. 1623), lo que fue considerado por la Cámara puesto que si bien es verdad que los efectos de la dosis de alcohol debe también merituarse en la persona concreta, lo cierto es que surgiendo el estado de ebriedad del dosaje sanguíneo así como de las circunstancias del accidente (120 km/h de velocidad y manejo imprudente, según las declaraciones testimoniales y ratificaciones de las mismas -ofrecidas tanto en esta causa cuanto en la penal ofrecida como prueba y obrantes a fs. 131 y vta., 152 vta., 181 y vta., 210 y vta., 233 y vta., 325 vta., 326 de autos-, pérdida de control del rodado a punto de traspasar la platabanda de la avenida y no siendo el accidente por ende, provocado por falla mecánica del rodado o por maniobra imprudente de un tercero) la decisión sobre ella está debidamente fundada; no encontrando el tribunal a quo prueba en contrario, respecto a un exam en concreto del individuo que permitiría sostener que tal graduación alcohólica no produce en él los efectos que le asigna la doctrina para la generalidad de los casos.

Por ello, no asiste razón al recurrente cuando endilga a la sentencia que se haya basado en el dosaje alcohólico y que éste por sí mismo pruebe la ebriedad o que se haya basado sólo en lo que ocurre en la generalidad de los casos, toda vez que la Cámara ha estimado otros elementos de hecho emergentes de las constancias de autos a la par que aplicó correctamente el art. 308 procesal, de todo lo cual deriva la ebriedad y la culpa grave del demandado.

En efecto, sobre el art. 308 procesal (cuya aplicación causa agravio al recurrente), señala la doctrina que la tendencia actual es poner el acento en la posición en la que se encuentra cada una de las partes, con respecto a la norma jurídica cuyos efectos le son favorables en el caso concreto. "No interesa, para esta teoría, la condición actora o demandada asumida por cada parte, ni la naturaleza aislada del hecho, sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de tal manera que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos" (CSJTuc., "Censys S.R.L. vs. Christie s/Cobro ordinario", sent. nro. 239 18/4/96; sent. nro. 652 del 26/8/97).

Ahora bien, el pronunciamiento en embate es claro y puntual en aplicar el art. 308 procesal. Así, frente a la falta de dominio del vehículo, la velocidad desarrollada y la fuerza del impacto que aparecen como directa consecuencia de la disminución de sus reflejos producida por la ebriedad comprobada, afirma que "el demandado no ha probado que el automóvil que circulaba por su misma mano lo haya encerrado y que ello provocara el accidente, ni que los parámetros de alcoholemia y las consecuencias señaladas en el informe y pericia médica no le sean aplicable al caso concreto de su persona" (sic fs.537 vta.). Más adelante concluye también que "en autos se ha probado por parte de la Compañía que, la circunstancia de que el vehículo asegurado haya sido conducido por una persona en estado de ebriedad, motivara el rechazo de la cobertura al tratarse de un riesgo no cubierto (fotocopia de fs. 57) sin que el asegurado desnaturalizara tal postura (sic fs. 538 vta.). Cabe aclarar aquí que la aseguradora ofrece prueba sobre la alcoholemia de Rivero (su cuaderno nro. 1, obrante a fs. 419 de autos) y de informes (cuaderno nro. 2 de fs. 429), en donde solicita informe médico oficial sobre dosaje alcohólico (fs. 430) así como también ofrece la causa penal de donde surgen las declaraciones testimoniales y la mecánica del accidente sobre las que la sentencia construye su afirmación de haber manejado con culpa grave. Con ello se advierte que asigna la carga de las probanzas de la causa a cada parte según los "presupuestos de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción" con claro respeto por la normativa procesal en estudio.

De todo lo expuesto, se observa que no asiste razón a la recurrente cuando afirma que la sentencia ofrece dudas y es autocontradictoria en el punto, o que no quede claro cuál es el fundamento real de la existencia de la ebriedad. Tampoco la sentencia "endilga" a la actora estas probanzas sino que se refiere siempre al demandado, como se advierte de su simple lectura.

A esta altura, cabe hacer notar que el impugnante desmenuza la sentencia analizando determinados párrafos de la misma ofreciendo así una interpretación que, en confrontación con el sentido global de la estructura argumentativa sentencial, aparece como descontextualizada y ajena a una hermenéutica sana del fallo. El contenido del memorial recursivo se limita a oponer su propia interpretación de determinadas pruebas, a consecuencia de un análisis divergente del plexo probatorio. Análisis que, por otra parte, se remite a algunos aspectos del juzgamiento, sin integrarlos al contexto global de la sentencia condenatoria, por lo que el alegado déficit de motivación, falta de claridad o autocontradicción, carece de fundamentación suficiente.

En definitiva, se advierte que la Cámara consideró las pruebas conducentes, aun cuando la interpretación y apreciación de ellas haya resultado contraria a los intereses de la recurrente. No corresponde reexaminar invariablemente por vía de casación el criterio adoptado por los tribunales de grado respecto de la selección de las pruebas computables, pues es una atribución y potestad específica de los mismos. El tribunal de mérito ha ponderado el informe médico, como las testimoniales y circunstancias del accidente, otorgando una interpretación y valoración divergente a la pretendida por el recurrente. En este sentido, cabe destacar que el valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a la propia apreciación judicial evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que exista el deber de justificar porque se da un mayor o menor mérito a una prueba que a otra. No se observa, en la especie que el tribunal de segunda instancia hubiera efectuado una valoración absurda de las pruebas, o incurrido en pretensos razonamientos contrarios a la lógica o al sentido común. Por cierto que puede no compartirse alguna razón o argumento dado por la Cámara, pero ello no significa que, en definitiva, se hubiere elaborado una sentencia infundada o arbitraria.

Por ello, corresponde desestimar estos agravios.

VI.- Ahora bien, quedando firme la cuestión de la existencia de culpa grave y establecida la observancia del art. 308 procesal por parte de la Cámara queda subsistente el agravio referido a si aquélla puede ser oponible o no al tercero damnificado. En este aspecto, el recurrente se agravia por entender que el seguro de responsabilidad civil, atento la Ley nro. 24449 tiene una función social consistente en lograr que la aseguradora repare el perjuicio sufrido por la víctima.

En este sentido, no se nos oculta la función social atribuida al seguro de responsabilidad civil referido especialmente al uso de automotores y que tiene en mira la protección de los terceros damnificados, pero el diáfano y terminante texto de la norma sobre seguros (art. 114: El asegurado no tienen derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad; art. 70: El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave) y las condiciones de la póliza de autos, que fuera valorada por la Cámara, en que se prevé la exclusión de cobertura en el supuesto de ebriedad, llevan a sostener que en las particularidades de la causa el derecho del acreedor originario -damnificado- o de quien lo remplaza por efecto de la subrogación contra el asegurador del agente del daño, no puede ser mejor ni más extenso que el que éste último tiene contra su asegurador. Y si por efecto del dolo o la culpa grave del asegurado el asegurador se libera frente a él, mal pued e seguir obligado frente a la víctima del daño, que es un tercero en la relación contractual (conf. SCBA, abril 26- 1983, ED 107, 204 y ss.). Ya esta Corte Suprema de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse en el sentido de que el fundamento consistente en la inoponibilidad de la culpa grave al tercero damnificado, sobre la base de que siendo el damnificado un tercero respecto del contrato de seguro, dicho contrato es res inter alios acta a su respecto, por lo que sus cláusulas, condiciones y límites no le podrían ser opuestos, no resulta atendible si se lo examina conforme la teoría general de los contratos, pues, sea que se considere que el tercero que cita en garantía al asegurador se apoya en una estipulación pactada a su favor, sea que estime que se mueve dentro de un marco más modesto, determinado por la normativa que regula la citación en garantía del asegurador (art. 118, LS), lo cierto es que, siempre, ese tercero se apoya en el contrato para dirigir su reclamo al asegurador, y por tanto, no puede pret ender que se prescinda de las cláusulas de ese pacto asegurativo cuando la mismas le resulten adversas, ni considerarse titular de derechos mejores ni más amplios que aquellos que se han estipulado en ese contrato que sirve de basamento a su reclamación. Así, el único vínculo que existe entre tercero damnificado y asegurador pasa por el contrato de seguro, por lo cual no puede prescindirse de dicho contrato ni de su contenido, que forman parte del presupuesto de hecho instituido por el art. 118, LS, para tornar viable la citación en garantía. El límite del contenido del contrato asegurativo opera a la vez como límite de la extensión de los derechos del tercero damnificado, en lo que a la citación en garantía se refiere". (Barbato, Nicolás H., Culpa Grave y Dolo en Derecho de Seguros, Edit. Hammurabi S.R.L., Bs.As. 1988, pág. 242/243). Sin decirlo expresamente, en tal sentido es el pronunciamiento de esta Corte in re: "Billone Orlando Tulio vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Daños y perjuicios y daño mo ral" (sentencia nro. 836 del 1/7/88, entre otros). (conf. CSJTuc., sent. nro. 36 del 01/3/95).

Asimismo, dicha interpretación es reforzada por el fallo de la CSJN que ha decidido que: "Conforme con la ley 17.418, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato. En virtud de ello, las obligaciones que se atribuyan al asegurador no deben serle impuestas más allá de los términos pactados en la póliza, pues la misma ley establece que el contrato es la fuente de sus obligaciones, y en dicho instrumento se determinan los alcances y límites de la garantía debida (Fallos: 319: 3489)". De allí que el argumento de la inoponibilidad de las condiciones estipuladas frente al tercero beneficiario, no constituye fundamento válido para excluir la aplicación de las cláusula pactadas en el contrato de seguro. Importa establecer una restricción indebida al ejercicio de los derechos, con desconocimiento de la vigencia del régimen específico que, además de regular la ejecución de la sentencia contra el asegurador "en la medida del seguro", le permite a éste oponer las defensas nacidas antes del siniestro (conf. CSJN, abril 15-1999 en ED, 148 - 475/476).

A su vez, la Cámara ha entendido que en el caso se trata de un supuesto de inexistencia de la cobertura de seguro, lo cual no ha sido atacado concretamente en casación. En efecto, se destaca que el libelo casatorio ha dejado incólume las afirmaciones sentenciales referidas a la existencia de una cláusula exonerativa de responsabilidad (y no de caducidad) y la consiguiente inoponibilidad de las mismas a los terceros. El recurso se limita, esta vez, a invocar la función social del seguro con cita de doctrina y jurisprudencia, sin aludir en nada a la culpa grave como supuesto de caducidad o exclusión de cobertura.

La función social del seguro podrá tener incidencia en numerosas cuestiones relativas al instituto, pero no significa que por la misma se deba reparar todo daño producido al tercero víctima sin consideración alguna a las pautas mismas del contrato por el cual se invoca. Sostener ello sería tanto como predicar un cambio cualitativo esencial en la naturaleza de esa cobertura, con modificación de su operatoria, objeto y efectos sustanciales. Nótese, por lo demás, que más allá de que la ley 24.449 establezca la necesidad del seguro en los automotores, el presente no puede tratarse íntegramente como "seguro social"; antes bien, a propósito del decreto 692/92 citado por el recurrente que implementó el seguro obligatorio, se dijo que este contrato "participa de la naturaleza jurídica del seguro voluntario referido al mismo riesgo"; que "en consecuencia, se trata de un contrato celebrado a favor del asegurado; no se estipula en miras de un eventual tercero beneficiario (víctima) sino por cuenta y a favor del eventual responsable (asegurado); de suerte que la obligación principal del asegurador consiste en mantener indemne el patrimonio del asegurado (Stiglitz-Stiglitz "Seguro Automotor Obligato rio", Abeledo-Perrot, Bs.As. 1993, pág 28). A su vez, respecto a la fórmula empleada en el art. 68 de la ley 24.449 (que dispone la obligatoriedad del seguro automotor) se dijo que es ambigua y, por ello, sin aclarar a qué especie asegurativa alude pero que en definitiva, el seguro se regirá por los arts. 109 a 120 de la ley 17.418, lo establecido en la póliza tipo y las pertinentes cláusulas del seguro obligatorio de responsabilidad civil aprobadas por resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación y los acuerdos especiales que hubiesen podido pactar las partes (art. 1197 CC) (conf. Félix Trigo Represas "Seguro de responsabilidad civil por el uso de automotores", pág. 399/400, en Derecho de Seguros -N. Barbato, coord.-). Como se advierte, son claras la aplicación de los artículos pertinentes de la ley de seguros (entre ellos el 118) y la existencia de cierta libertad contractual para pactar el contenido del contrato. La función social exige su obligatoriedad y supone, sí, que las cláusulas del c ontrato respectivo no deben ser entendidas en su concepto meramente literal sino atendiendo a su significado profundo, en función del sistema y de sus modalidades. Sin embargo, tal función social no autoriza a desconocer el sistema mismo donde se inserta, ni las expresas cláusulas contractuales pactadas entre las partes (arg. art. 1197 CC). De allí que la función social que posee el contrato de seguro no configura argumento suficiente para omitir considerar la existencia de una cláusula de exclusión de la cobertura como lo es la de culpa grave en el asegurado en tanto la misma debe aplicarse conforme el art. 1197 CC; máxime cuando la exigencia de no conducir en estado de ebriedad se vincula a expresas disposiciones legales. Por ello, ante la expresa exclusión efectuada en la póliza respecto de la responsabilidad de la compañía aseguradora por los siniestros producidos por el vehículo conducido en estado de ebriedad, mal puede otorgarse derecho a un tercero damnificado a reclamar una cobertura en nombre del as egurado, en tanto dicha cláusula, por lo expuesto supra, es oponible a terceros.

Se destaca por último que no se desconoce la función social del seguro ni las normas sobre seguros y tránsito citadas por el recurrente; sin embargo, es del caso hacer notar que todas ellas parten de la premisa de la vigencia, medida y límites del contrato de seguro toda vez que si ello no fuera así no habría causa para exigir al asegurador solventar los "daños y gastos producidos" (según art. 67 Decreto 692 y art. 68 Ley 24.449, citados por el recurrente).

Por todo lo examinado, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.

VII.- Las costas del recurso de casación, en mérito al principio objetivo de la derrota, se imponen a la recurrente vencida (art. 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 23/6/2003, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS a la recurrente.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA