marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

Los daños estimados y liquidados permiten establecer una indemnización dineraria que como tal es un capital cuya privación temporaria genera a su vez una pérdida de frutos que resulta compensable con los intereses moratorios. Por eso, si la indemnización (capital) no resulta satisfecha al momento en que se produjo el daño, su demora acarrea una pérdida que debe ser resarcida mediante el pago de intereses (accesorios).
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, participación contravencional, representación procesal, personas jurídicas, responsabilidad objetiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, J. A. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

El artículo 27 del Código Contravencional dispone que el que actúe en representación de otro responde personalmente por la contravención, aunque no concurran en él y sí en el representado las calidades exigidas por la figura. Como se desprende de dicho texto, la imputación se deriva de la representación de una persona jurídica, la cual no está capacitada para responder contravencionalmente por sí, debido a su incapacidad para actuar con relevancia penal, con independencia de la imputación que corresponde a los sujetos que la representan. Por tanto, la imputación atribuida al encartado es, en principio, ineficaz, toda vez que no existe un mandato que le haya sido conferido a los efectos de representar a la persona jurídica. Por lo demás, y examinadas las actuaciones del juicio oral, no surge siquiera la presencia del imputado en el tiempo y el lugar de la comisión de los hechos so juzgamiento. Su ausencia durante el desarrollo de los hechos aquí juzgados, confirma los indicios compuestos por las previsiones legales del sistema societario, e impide formalizar una atribución subjetiva de los supuestos ilícitos. Aceptar la imputación solicitada por el fiscal, implicaría la aceptación de la introducción de una causal de responsabilidad objetiva en nuestro sistema contravencional, cuestión que es claramente incompatible con el programa generado por la Constitución de la Ciudad, el Código Contravencional, y la dogmática construida con fundamento en ellos. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Prescripción de la acción penal, homicidio culposo, prisión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ATAMAÑUK, OSCAR EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

No resulta admisible el planteo de arbitrariedad normativa, dado que, más allá de la terminología empleada, no se advierte que la postulación supere el mero disenso del compareciente con la motivación dada por la mayoría para entender que en el caso había transcurrido el plazo legal de prescripción de la acción penal, siendo la tesis cuestionada (adoptada en el voto mayoritario) sostenida históricamente por la doctrina y la jurisprudencia, con sustento suficiente en el texto legal al entender - según el artículo 5 del Código Penal- que en supuestos de penas conjuntas debe primar para determinar el plazo de prescripción de la acción la pena que habilita el plazo mayor y no la más grave.

Sin embargo, la cuestión más discutible -aun adhiriendo a tal interpretación- es determinar cuál de las penas previstas en forma conjunta en el homicidio culposo (prisión e inhabilitación) es la que habilita un plazo mayor, generándose el mayor escollo para el intérprete, dado que se debe optar entre aplicar analógicamente el inciso 2 o el 4 del artículo 62 del Código Penal, al no preverse legalmente plazo de prescripción para la acción que surge de un delito reprimido con inhabilitación conjunta; brindando los Magistrados los motivos por los cuales entendían que la acción penal había prescripto conforme su regulación en el Código Penal aportando para ello fundamentos que, se compartan o no, no resultan irrazonables y por tanto no logran ser descalificados desde la óptica constitucional.(Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Interpretación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Aslana  SAIC c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y  BCRA s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Intereses, tasas de interés, interés simple (civil), tasa del 6% anual
Materia: CIVIL
Carátula: Serrizuela de Rodríguez, Blanca María y otro c/ Mendez, Sergio Adrián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

La aplicación que hacen los jueces del artículo 8 de la Ley 23 928, frente a la realidad del fenómeno inflacionario, manteniendo una tasa de interés puro como la del 6% anual, coloca al obligado en situación de obtener una ventaja apreciable, a través del sencillo sistema del incumplimiento de las prestaciones y, la utilización del proceso como medio para conseguir este objetivo nada plausible, que conculcaría la esencia y finalidad del servicio de justicia.
Libertad de prensa, real malicia, delitos cometidos por medio de la prensa, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Sin restar efectos a la doctrina de la "real malicia" como útil herramienta para contribuir al sostenimiento de una prensa libre, debe buscarse un adecuado equilibrio que tampoco deje en indefensión al individuo frente a una injusta agresión periodística, extremo éste que se logra colocando también en cabeza del órgano de prensa la carga de aportar "solidariamente" la prueba del signo contrario, máxime ponderando que es dicho medio quien, precisamente, está en mejores condiciones profesionales, técnicas y fácticas de hacerlo (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ISAGUIRRE, PEDRO EDUARDO s/ SENTENCIA - QUERELLA DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-10-17

Si del acta de debate sólo se desprende que la testigo estuvo presente, pero de la sentencia resulta que declaró y reconoció al recurrente y éste niega tal circunstancia, mientras no se arguya de falsa la sentencia en este punto, la impugnación resulta carente de motivación in facto, máxime cuando la sentencia ni siquiera menciona el supuesto acto ilegal de reconocimiento.-
Juicio político, pase a disponibilidad, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A., J. O. s/ SU PRESENTACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 185-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-25

La denominación de juicio "político" es consecuencia de que tal proceso no es un juicio "penal"; en él no se persigue castigar, sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo".
Juicio sumario, excepciones procesales, ofrecimiento de la prueba, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: SANANES, MARIO O c/ A.M.U.S.P.E. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

En el ofrecimiento de prueba -traído conjuntamente con el escrito de demanda, por tratarse de juicio sumario-, cuya copia le fue entregada al Banco Hipotecario Nacional al notificársele la citación, existían elementos suficientes como para que dicha institución pudiera conocer todos los datos a los que hace referencia al oponer la excepción de defecto legal, incluido el número del expediente administrativo tramitado por ante el Banco con motivo de la operación sub lite, del que surge claramente la respuesta a todos los puntos esgrimidos por el tercero para fundar la excepción interpuesta, cabiendo añadir que el defecto legal invocado no le es imputable a la actora, toda vez que al promover el juicio no podía prever la intervención de la entidad bancaria en carácter de tercero citado por la demandada.
Queja por denegación o retardo de justicia, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, plazos procesales, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalbidea, Alberto Juan Angel c/ Mc. Guire, Jaime s/ Queja por retardada justicia -Declaratoria de pobreza (Expte.:  C.S.J. Nro. 445 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

Si en autos, el único caso en el que comenzó a correr el término establecido por el artículo 105 del Código Procesal Civil y Comercial para el dictado de un auto interlocutorio -esto es, en el caso del incidente de nulidad-, interpuesto el pronto despacho y más allá de la admisibilidad o no de esta pieza sin firma de letrado, la resolución fue dictada en los plazos contemplados. Si las resoluciones dictadas fueron ajustadas a Derecho y pronunciadas por el órgano competente, es materia que excede al cuestionamiento de retardo de justicia y debe, en su caso, ser abordado por la defensa por medio de los recursos de los que se crea asistida.
Depósito judicial, fuerza mayor, huelga bancaria, pago, mora
Materia: CIVIL
Carátula: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS c/ BANCO CREDICOOP  LTDO. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

Habiendo mediado un caso de fuerza mayor, como es el hecho de la huelga bancaria, bien pudo el solvens integrar el plazo y efectuar el depósito en la primera oportunidad posible, como lo hizo. De allí que proceda liberarlo de los efectos de la mora tal como prescribe la norma del art. 513 del Código Civil.
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Irigoyen, José Domingo c/ Provincia de Buenos Aires (T. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Los arts. 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto 6769/58- reglan la obligatoriedad de constituir fianzas a todos los empleados y funcionarios municipales que tengan a su cargo tareas vinculadas con el manejo y custodia de fondos. Las normas referidas establecen con claridad que la obligación de afianzar constituye un compromiso propio del empleado o funcionario. Así debe entenderse la exigencia prevista de constituir "fianza personal". La indicación normativa refiere el carácter personalísimo de la obligación y por lo tanto el costo del medio utilizado para cumplirla no es posible que recaiga sobre persona distinta que la directa y personalmente obligada.
Verificación de créditos, certificado de deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dirección General Impositiva - Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Incidente de Revisión en autos "G., J.H. s/Concurso Preventivo".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-06

Si cada acreedor debe probar su obligación (art. 273, inc. "a" de la L.C.Q., art. 377 del C.P.C.C.), la carga de la prueba corresponde, en el supuesto sub examine, al organismo recaudador, siendo insuficiente acompañar boletas de deuda de las cuales no surja discriminación alguna, en punto a la conformación de la deuda alegada o cuando no se encuentren acompañadas de documentación respaldatoria. Tampoco resultan suficientes las actuaciones administrativas que no reflejen haber dado cumplimiento a la debida intimación de pago, o donde no se le haya permitido al fallido el ejercicio de su derecho de defensa en juicio. De allí, entonces que la estimación efectuada sobre bases presuncionales, no puede tener favorable acogida y ello en tanto las presunciones que pudieran consagrar disposiciones reglamentarias, deben ceder en cuanto importan inversión de la carga de la prueba ante la legislación concursal, dado el carácter sustancial y general de ésta última.
Quiebra, prueba, cancelación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Flores Del Sud Sociedad Ltda. s/ quiebra c/ Amoroso Horacio y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

En efecto, en el sumario administrativo promovido por el BCRA fue demostrada la existencia de varios créditos falsos, firmados por el demandado, muchos de los cuales llevaron a la ruina a la fallida pues si bien algunos fueron posteriormente cancelados, ello no ocurrió en su totalidad por lo que parte del quebranto se debería a la no cancelación de los restantes (cfr. cuadro de créditos falsos presentado por la veeduría). También la inspección comprobó que no se habían cumplido con las normas previstas con relación a los elementos que debían constituir los legajos de los deudores.
Sentencia definitiva, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: UOCRA e ISTIC. c/ Lantschner SCA. s/ Reclamo  de  Aportes.  Inaplicabilidad  de Ley. Sentencia Definitiva.  Ejecución de Sentencia. Cosa Juzgada. Levy Sahuel SRL. c/ Segovia, Benigno. s/ Rendición  de  Cuentas.  Casación. Sentencia Definitiva. Ejecución de  Sentencia. Ausonia S.A. s/ QUEJA  EN:' MIANI, GUIDO MARCELO C/ EL CIPRES SRL Y/U OTRO S/ DESPIDO Frare, H.E. c/ Municipalidad de Cinco Saltos s/ INCIDENTE  DE  EJEC.  DE  HONORARIOS  S/ INC. ART. 527 S/ CASACIóN EN  AUTOS:'CONSULTORES ASOCIADOS S.A. C/ MUNICIPALIDAD  DE  CIPOLLETTI S/  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-27|1987-10-27|1988-11-29|1988-06-16

Es formalmente inadmisible todo recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra las resoluciones dictadas con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva y que tienden a hacerla efectiva.
Reajuste jubilatorio, competencia laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARRETO, RESTITUTO c/ CNP INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

La ley 24463 ha modificado el sistema de revisión judicial de las decisiones administrativas en materia previsional, atribuyéndole carácter federal y regulando una conversión de los procedimientos en las causas pendientes. En consecuencia, esta Cámara resulta incompetente para entender en el pedido de reajuste previsional, aunque éste se efectúe mediando sentencia firme de esta Sala, toda vez que por imperio del art. 24 de la mencionada ley, la misma es aplicable a las causas en trámite.
Procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, remisión del expediente, derecho a ser oído, defensa en juicio, sistema acusatorio
Materia: PENAL
Carátula: AMAYA, Carlos Eliseo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-14

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba del imputado y remitir las actuaciones al tribunal de origen, toda vez que el tribunal de juicio arribó a la decisión adoptada omitiendo proceder de conformidad con el trámite previsto por el art. 293 del C.P.P.N, esto es la celebración de la audiencia respectiva con las partes, lo que condice a la nulidad de lo allí resuelto. El déficit señalado no es menor pues dicha audiencia procura materializar de modo pleno el ejercicio del derecho a ser oído y el resguardo del principio contradictorio y, al no haberse realizado, se ha privado a las partes de la posibilidad de exponer sus respectivas posiciones frente a sí y ante el juez, de manera preliminar al dictado del pronunciamiento, afectándose, por ende, la defensa en juicio del imputado. En ese sentido, el Código Procesal Penal Federal, cuya implementación progresiva se halla en desarrollo, se incardina en un nuevo paradigma procesal de corte netamente acusatorio, circunstancia que da mayor relevancia a los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización (cfr. Art. 2, C.P.P.F.). En esta intelección, la participación de las partes en una audiencia, tal como prescribe el art. 293 del C.P.P.N. -observando, a la postre, las medidas sanitarias del caso- importa un acto más ajustado a los citados principios procesales y al nuevo esquema procedimental, en resguardo de los derechos y las garantías de los sujetos intervinientes. En definitiva, la omisión de su celebración invalida la decisión impugnada, a tenor de lo normado en los arts. 166, 167 inc. 3, 168 y 293 del C.P.P.N., lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto de la procedencia del instituto peticionado.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 48.981 CAUSA Nº3187/10 SALA IV "ALARCON LOZANO SANDRA ANGELICA C/ NATARELLO RICARDO ADRIAN S/ DESPIDO" JUZGADO Nº31 Buenos Aires, 16 DE ABRIL DE 2012 VISTO:	El recurso de apelación interpuesto a fs. 405 por el perito contador por considerar reducidos los honorarios fijados por la labor desarrollada en los presentes actuados, y sostiene además, que le es inoponible el acuerdo arribado por las partes;

Y CONSIDERANDO:

Que en primer lugar cabe mencionar que los letrados intervinientes no se pueden oponer a las transacciones o convenios celebrados por las partes, pues su derecho se limita al cobro de sus honorarios (criterio extensible -en este caso- a los auxiliares de justicia), de manera que el acuerdo concluido entre los litigantes -aún sin la intervención de sus profesionales-, y homologado por el juez de la causa produce plenos efectos (CSJN, 11/04/06 "Murguía, Elena Josefina c/ Green Ernesto Bernardo" JA 2006-III-3; en igual sentido, CNAT, esta Sala, Sent. Int. 47.358 22/04/10 "Cruz Gustavo Alejandro c/ Compañía de Charly S.A y otro"; en igual sentido, CNFed. Civil y Com., Sala III, 1993/11/05. "Gettas, José R. y otro c/ Estado Nacional -La Ley, 1995-D, 817; en igual sentido, SC Buenos Aires,1991/08/20 "Provincia de Buenos Aires c/ Carluccio, Jorge" -La Ley, 192-A, 108; DJ, 1992-1-610; ED, 145/660).

Que por ello, los profesionales están alcanzados por los efectos indirectos de la transacción, entre ellos, el monto del proceso que resulta de ella, con lo cual, la cuantía económica del pleito para la regulación de los honorarios de todos los profesionales está representada por el monto que resulte de la conciliación.

Que cabe señalar, que el informe presentado por el experto a fs. 396/397 de fecha 22/12/10 fue presentado con anterioridad a ser notificado del acuerdo celebrado entre las partes (conf. cédula de notificación de fs. 402, de fecha 27/12/10).

Que por ello, corresponde tener en cuenta la pericia contable presentada a los fines de la regulación de honorarios.

Que por lo expuesto, teniendo en cuenta el monto conciliado, el mérito y extensión de las tareas realizadas y lo dispuesto por el art. 38 L.O. y demás normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a fs. 395 al experto contable son reducidos, por lo que corresponde elevarlos a la suma de $800.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.-Elevar los honorarios establecidos a fs. 395 al profesional contable por su desempeño en los presentes actuados a la suma de $800.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

Héctor C. Guisado	Silvia E. Pinto Varela Juez de Cámara Juez de Cámara ANTE MI:

Silvia Susana Santos Secretaria
Inadmisibilidad del recurso, falta de acción, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Sbatella, José Alberto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-08

Es inadmisible el recurso de casación pues el rechazo del planteo de la excepción de falta de acción no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que la defensa haya demostrado que se encuentre involucrada una cuestión federal ni que se haya configurado una violación al derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable. (Dres. Hornos, Borinsky, Gemignani).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Julio Andrés s/ Robo calificado de automotor, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 259 in fine del Código de Procedimiento Penal y absurdo valorativo al haber desinterpretado el fallo las constancias de autos, si se omite citar las normas atingentes a los elementos que integran la prueba compuesta.
Recurso por causa de interés público, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio, Luis Alberto y otro c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-08-29

El Recurso de Apelación por causa de Interés Público solo procede contra sentencias definitivas que dicten las Cámaras de Apelaciones en función del art. 164 del Código Procesal Civil del Chubut, pero no contra las sentencias Interlocutorias o las providencias simples que causan gravámenes irreparables, porque éstas últimas no están comprendidas en el concepto de sentencias definitivas del Inc. 1° del art. 242 del Código Procesal Civil de la Provincia del Chubut.
Confirmación de sentencia, indemnización, falta de certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Smith, Erica Daniela c/ Cooperativa de Trabajo Sur.Cos. Ltda. y Otro s/ Despido indirecto por falta de registración o consignación errónea de datos en recibo de haberes s/Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-22

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en lo concerniente al rechazo de la indemnización del Art. 80 LCT, pues si bien la trabajadora intimó a su empleadora a la entrega de los certificados de trabajo con posterioridad al despido, al requerimiento lo cursó antes de cumplirse el plazo de 30 días -establecido en el Decreto Nº 146/01, de Reglamentación del artículo 45 de la Ley Nº 25.345, que agrega el último párrafo al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- de extinguido el contrato de trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, prescindibilidad, empleados públicos, trabajadores ferroviarios, Ferrocarriles Argentinos, salarios caídos, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LUIS ARIEL GONZALEZ c/ E.F.A. EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ EMPLEADOS    PUBLICOS-    PRESCINDIBILIDAD-  EMPLEADOS  FERROVIARIOS-  SALARIOS  CAIDOS- INDEMNIZACION-  NULIDAD  DE  ACTOS  ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

Es improcedente el recurso deducido contra la sentencia que -con fundamento en que las razones presupuestarias invocadas para decretar la baja no respondían a su real motivación dado que, con posterioridad al acto, se llamó a concurso para cubrir la vacante- declaró la nulidad de la resolución que dispuso la prescindibilidad del actor en los términos de la ley 21.274 ordenando su reincorporación, y reconociendo el pago de los salarios caídos a título de indemnización por los daños materiales. Ello es así, pues los agravios destinados a intentar la revisión de las conclusiones del a quo referentes a la existencia de desviación de poder en el dictado del acto de baja, y a la procedencia y monto de la indemnización se vinculan al estudio de cuestiones de hecho, prueba y derecho común.