marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIEMBRA Y COSECHA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

La base sobre la que debe calcularse el importe de la tasa de justicia en un proceso concursal es el importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo, según lo establecido por Ley 23898: 3 - e) -conf. modificación según ley 25563-. Por ello, si la propuesta concordataria homologada solo resultó abarcativa de acreencias quirografarias, los créditos verificados o declarados admisibles que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada no comprendidos en el acuerdo (créditos privilegiados o condicionales) no deben computarse a los fines del cálculo (conf. CNCom. Sala D, 11/11/05, "Terapia Norte SA s/ concurso preventivo"; entre otros).
Embargo, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIN ALBERTO HUGO c/ D'ALESSANDRO ANIBAL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-04

Al haberse descartado definitivamente el embargo del sueldo del ejecutado, al considerar que los empleados del Banco de Entre Ríos se encuentran comprendidos y amparados por el Decreto ley 6754/43, no se advierten razones para denegar la vía ejecutiva elegida cuando corresponde, como en la especie, donde se ejecuta un pagaré suscripto por igual valor recibido en mercaderías y no se han deducido otras defensas idóneas, pues la interpretación literal del artículo 11, implicaría extender indebidamente la tutela del decreto ley 6754/43, al resto del patrimonio del deudor, lo que no constituye su objetivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dirigente gremial, despido, estabilidad del delegado gremial, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: De La Cruz, Gerardo Miguel Angel y otro c/ Jockey Club Gualeguaychú s/ Indemnizaciones, despido, estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-02

Si el dependiente, que gozaba de estabilidad gremial, fue despedido sin causa por el empleador sin obtener previamente la autorización judicial del artículo 52 de la ley 23.551, el afectado posee la opción de solicitar judicialmente la reinstalación en su empleo, o darse por despedido en forma indirecta, reclamando la indemnización pertinente. En este último caso, no se requieren fórmulas sacramentales bastando, como en el caso de autos, el reclamo extrajudicial fehaciente para que le sea abonada dicha indemnización.
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, falta de fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Autos "Expte. Corte Nº 65/16, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN c/ Auto Nº 19/16 de Expte. Nº 98/14 - Llampa, Jorge Rolando s/ Homicidio culposo - Lesiones culposas en conc. ideal - Capital".
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

Corresponde rechazar la casación interpuesta, puesto que los argumentos presentados no demuestran la irrazonabilidad en el caso de ese interés del Estado -en la realización del juicio, invocado en la resolución impugnada y en el dictamen fiscal previo-, trasuntándose en aquellos sólo una mera discrepancia de la recurrente con el criterio del legislador, la que resulta insuficiente a los fines de conmover la validez de la norma y lo resuelto por los tribunales con arreglo a ella.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Battaglia, Mario c/ Mazziotti, María Celeste s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

El título da derecho a la cosa, pero no atribuye el dominio, y quien compromete el bien en una operación destinada a transferir la propiedad no se ve privado de la misma mientras no haga tradición de aquél. La preceptiva del citado art. 577 es terminante al respecto: "Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real" (arts. 2377, 2378, 2379, 2383, 2524 inc. 4, del Código Civil). Como correlato, quien no ha sido puesto en posesión del inmueble, no puede demandar por desalojo con pie en el carácter de propietario.
Concursos, competencia, ley de orden público
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Salto Grande S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Las normas de competencia en materia de concursos son de orden público y no pueden ser alteradas ni ignoradas por las partes o los tribunales en su aplicación, que resulta obligatoria.
Movilidad del haber jubilatorio, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

No existe una versión única de la garantía de la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Puede adoptarse un régimen de movilidad u otro, más amplio o más restringido, menos o más flexible. La selección de la fórmula que se elija para asegurar la referida garantía es cuestión librada a la prudencia del Poder Legislativo, quien actuará conforme a las posibilidades y condiciones imperantes en el momento histórico de que se trate (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Excepción de pago, trámites judiciales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Huel, Néstor Ramón c/ Casco, Lidia C. y González, Miguel s/ Ejecutivo Miguel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-10-29

La apertura a prueba de la excepción de pago, sólo produce excepcionalmente, ya que como tal defensa debe bastarse a sí misma, la insuficiencia de la documentación acompañada para justificarla, no puede suplirse con la apertura a prueba.
Demanda, acreditación de la personería, deberes del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: PACHECO, EUGENIO OSCAR c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

El art. 34, inc. 5, apartado b) del C.P.C.C.

establece entre los deberes de los jueces el de dirigir el procedimiento, debiendo dentro de los límites establecidos en dicho cuerpo legal "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia necesaria para evitar nulidades". En consecuencia, corresponde revocar la resolución que tuvo por no presentada la demanda por no acreditarse la personería invocada, sin haberse intimado previamente para que subsanara dicha omisión. (Del voto del Dr. Laclau).
Extinción del contrato de trabajo, injuria laboral, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: B., G.A. c/ A.Q. y Cía. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-10

El legislador se ha abstenido de fijar un concepto rígido de injuria o elaborar una enumeración de conductas injuriosas, permitiendo así al juzgador determinar, conforme a las particularidades de cada caso, si la gravedad del incumplimiento imputado resulta suficiente para justificar la rescisión del vínculo sin o con derecho, según corresponda, a la percepción de la indemnización que menta la norma -art. 242 LCT-.
Fuerzas Armadas, daños y perjuicios, indemnización, reparación integral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berretoni, Ricardo Antonio c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Los integrantes de las fuerzas armadas tienen previstas en las normas reglamentarias pertinentes, regímenes propios que excluyen la posibilidad de obtener una reparación integral con sustento en el C C.
Prueba pericial, producción de la prueba, recurso de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Dra. Zanín Beatriz L. s/ Deduce incidente de nulidad nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-07-28

Deviene nula por no llenar los recaudos legales, la pericia que no se realizó efectivamente sobre el cuerpo de la víctima, sino en base a la Historia Clínica elaborada por otros facultativos que sí asistieron a la misma; ya que sólo se ha descripto un supuesto deducido de aquella historia clínica, cuya interpretación debió ser realizada por quienes la confeccionaron, aplicando o proveyendo las informaciones ante las insuficiencias que de ella derivaren.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa, Municipalidad, concejales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Traverso, Gustavo T. y otros c/ Municipalidad de Junín s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal N° 6439 (ex cuestión de competencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-12

Por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda de que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que invoca. Para el caso, no se logra dilucidar cómo los actores han experimentado una vulneración en sus derechos por su mera calidad de concejales.
Tarjeta de crédito, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de Corrientes S.A. c/ María Margarita Crudeli y otros s/ Prepara Vía Ejecutiva. Banco de Corrientes S.A. c/ María Margarita Crudeli y otros s/ Prepara Vía Ejecutiva.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-16|1996-02-16

El contrato, los resúmenes de cuenta y los cupones sintetizan, la supuesta complejidad contractual de las tarjetas de créditos. Debe destacarse que los resúmenes de cuenta (liquidaciones en término de los entes emisores), deben ser respaldados siempre por los cupones, que éstos son los únicos que acreditan y respaldan jurídica y económicamente la veracidad de las liquidaciones. Sólo así es factible la preparación de la vía ejecutiva para acordar al título la fuerza pretendida. Por lo tanto, y no estando el título presentado en la causa dentro de los admitido explícitamente por la ley, la interpretación de su ejecutabilidad debe ser efectuada con un criterio restrictivo.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sucesores de Otero, René César c/ Arzac y Rodríguez S.R.L. s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

Se puede tener por integrada la prueba que requiere el artículo 24 inc. c de la ley 14159 -t.o. según art. 1 del dec.ley 5756/58- cuando se ha acreditado poseer el bien por un lapso mayor de veinte años -en el caso contados a partir de 1957-, no siendo la posesión clandestina sino pública y pacífica, mantenida animus domini y de modo ininterrumpido, sin que existan en el proceso probanzas suficientes para sostener una postura contraria (doctr. arts. 4015 y 4016 del C.C.; arts. 384 y conc. del C.P.C.C.).-
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burigotto, Florindo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

La circunstancia que el empleado "no permanente" se halla excluido de los beneficios que otorga la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia, es materia de política legislativa, cuya bondad no puede ser juzgada por vía de hermenéutica, ya que el examen del acierto, conveniencia, mérito o eficacia excede los límites de la jurisdicción del Tribunal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inadmisibilidad del recurso, costas, ley arancelaria, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: DEHAIS JOSÉ c/ ROSSI ALBERTO ARTEMIO Y OTRO s/ ACCIÓN DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-01

Las costas por la intervención del perito dependen de la postura adoptada por las distintas partes en torno al valor del bien. En el caso, en razón de las discrepancias en la estimación del bien -con las distintas presentaciones de lo que entendieron el valor adecuado- tornó necesaria la designación del experto previsto en la segunda parte del Art. 24 de la ley arancelaria. Por lo que mal puede considerar, el actor, que no se vio beneficiado de la labor de la martillera -conforme lo expone en su pieza recursiva- desde que esta última tasa el inmueble en una suma menor a la estimada primigeniamente por las profesionales interesadas. Y menos aún, puede prescindirse de la directiva prescripta por el Art. 24 del arancel, por el hecho de que el inmueble haya sido enajenado con anterioridad a la estimación de valores prevista en dicha norma, siendo inadmisible la pretensión que sostiene el actor de que se tome el monto con el cual figura vendido en la escritura de compraventa porque los letrados a quienes deben regulársele los honorarios son terceros en la venta.

Máxime si, el precio que resulta de la escritura puede no coincidir con el real de mercado, como aconteció en el caso de marras.
Licencia por maternidad, muerte del recién nacido, protección de la madre trabajadora
Materia: LABORAL
Carátula: ROSSI, STELLA c/ TEOREMA SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-14

Tiene derecho al goce de la licencia especial por maternidad la dependiente que da a luz un hijo, aún cuando éste falleciera antes del alumbramiento, toda vez que la protección establecida por las leyes laborales para la maternidad, tiene por finalidad específica la protección de la integridad psicofísica de la trabajadora.
Daños y perjuicios, indemnización, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOMISA c/ JUAREZ RAMON ESTEBAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

Habiéndose determinado que la empresa constituye contablemente previsiones o reservas incrementando a tal fin los costos de producción para que no resulte distorsión en el momento en que la contingencia se produzca, los "gastos administrativos" y "cargas sociales" no constituyen un rubro especial del cual la empleadora pueda reclamar su repetición al responsable del hecho que motivó la no prestación del trabajo por el dependiente.
Tipo penal, elemento objetivo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ROUSSEAU, Hugo Adrián y SCHLENKER, Alan s/ Inf. Art. 98 (Ley 1472) -Apelacion-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23

En el caso, la exhibición de los elementos que describe el artículo 98 del Código Contravencional o su simple portación o tenencia, en un espectáculo deportivo, con el propósito de provocar a los simpatizantes contrarios y además, que los mencionados objetos correspondan a una divisa que no sea la propia, configuran la tipicidad requerida de la norma en cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, jueces, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

Los agravios esgrimidos por el recurrente en el memorial del remedio intentado no logran traspasar el límite de la sola disconformidad interpretativa con el criterio que este Órgano -en el marco del ejercicio de la Superintendencia del Poder Judicial- tratara el tema sometido a su consideración, disponiendo la aplicación de una sanción por irregularidades cometidas durante el ejercicio de la magistratura, a fin de asegurar y preservar por esa vía el interés público comprometido en el normal funcionamiento del servicio de justicia.
Acción de amparo, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCOTTA, GRACIELA MATILDE c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-06

Suponer que el art. 16 de la ley 4915 impide acusar la caducidad de instancia, implicaría alterar una de las pautas esenciales del proceso civil en nombre de una regla que procura acelerar el juicio y no abrir la posibilidad de dilatarlo "sine die"
Actos ilícitos, cuasidelitos, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Frega, Luis c/ Cassin, Ramón s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

La cuestión de si los participantes plurales de un cuasidelito debían responder solidariamente o no, había dividido a la doctrina y a la jurisprudencia antes de la ley 17.711, pero esta ley puso fin al debate receptando la tendencia jurisprudencial ya entonces predominante de la solidaridad. Aún cuando el actor no hubiera pedido expresamente la condena solidaria, corresponde la aplicación de la ley vigente. Ante la ausencia probatoria respecto de cuál de los conductores contribuyó en mayor grado a la ocurrencia del hecho, deberá estarse por distribuirla en igual grado.
Constitucionalidad, derecho al recurso, admisión del querellante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corral Maria Elisa s/ Recurso de queja por apelación denegada interpuesta por la parte demandada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-12-17

Tanto la regulación de los recursos previstos por la ley contra el archivo de las actuaciones como el sistema recursivo previsto para el rechazo del pedido del rol de querellante, no presentan reparos constitucionales en abstracto, pues la regulación recursiva legal de ambos institutos no afecta la tutela judicial efectiva (prevista en el art. 25 de la CADH), en tanto permiten un amplio análisis de los presupuestos necesarios para cuestionar el archivo de las actuaciones y el rechazo del rol de querellante, máxime cuando tampoco se afecta el derecho a recurrir previsto en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que más allá de que el derecho al recurso está mirando al imputado, la normativa legal contempla una instancia revisora de la decisión adoptada (del voto en disidencia del Dr. Gandur).
Control de legalidad, deberes del juez, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Dromi,  José  Roberto  (Ministro  de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación  en  autos:  "Fontenla, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

Sólo pueden actuar los tribunales a instancia de quien invoque una legitimación adecuada al objeto de la acción que intenta promover, y siempre en la medida en que se trate de cuestión justiciable, esto es, que los magistrados estén en condiciones de decidir sin arrogarse cometidos específicos de los otros poderes del Estado.
Costas al vencido, costas al demandante, juicio de desalojo, desocupación del inmueble
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA RIO NEGRO (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO) c/ VICENTE ROBLES SAMCICIF y/o TERCEROS OCUPANTES s/ DESALOJO ADMINISTRATIVO CONDENA DE FUTURO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-23

"Debe entenderse por devolución oportuna del inmueble la que se realiza en el tiempo previsto para el vencimiento del contrato o alguna prórroga del plazo convenida con posterioridad, y si el demandado no devuelve el inmueble en forma oportuna debe cargar con las costas...".
Contrato de obra pública, responsabilidad del Estado, responsabilidad contractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Valitutto,  Carmelo c/ Estado Nacional (Ministerio de Obras yServicios Públicos) s/ contrato de obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

En los supuestos de responsabilidad contractual el Estado responde por aquéllos detrimentos que fueren consecuencia directa o inmediata del incumplimiento y en la medida de su apropiada y suficiente acreditación por parte del damniificado (Sala III "Construir S.A. c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento", 19/06/2009); al tiempo que en materia de contratos de obra pública los jueces deben actuar con suma prudencia al examinar las pretensiones deducidas, verificando si efectivamente se han producido los perjuicios que se reclaman y , en su caso, constatar si éstos fueron consecuencia directa e inmediata de la obra pública, cuidando otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables (Fallos: 319:2037) (Del voto del juez Márquez, cons. VI).
Libertad de expresión, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La libertad de expresión en una sociedad democrática encuentra profundamente comprometida la función que cumple, cuando el Estado interfiere en el libre flujo de información, sea mediante la interrupción del contacto entre ciertos medios y el público, -tal el caso del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522-, o bien mediante la asignación selectiva de subsidios o contratos de publicidad oficial para debilitar las corrientes de opinión críticas hacia el gobierno y distorsionar así los términos en que se plantea el debate público (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Carmen Argibay).
Obligaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benedetti, Carlos Roberto c/ Mayor de Ippólito, Luisa y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

La causa de la obligación a que se refiere el art. 499 del cód.

civil, es la "causa fuente".-
Sanciones conminatorias, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: TORRES, JOSE MARIA c/ LUXARDO, JOSEFINA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

No empece a la aplicación de sanciones conminatorios la circunstancia que la obligada sea la Fiscalía de Estado de la Prov.

de Buenos Aires como curadora de dos herencias vacantes, toda vez que sus facultades y deberes son los del heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de inventario, art. 3541 del C.Civil, respondiendo "intravires", art. 3589 del cód. citado, por las obligaciones contraídas por los causantes. Aunque no haya sido parte vencedora, ni su heredera, reviste el carácter de parte obligada a cumplir la sentencia recaída en los autos sobre escrituración en el carácter de sucesor procesal, encuadre que autoriza a concluir en que la fiscalía ocupa el lugar de los causantes en el proceso, con las mismas facultades y cargas, con el alcance expuesto en punto a su responsabilidad, desplazándose la legitimación pasiva en su contra.
Prescripción adquisitiva, posesión, actos posesorios, cultivos y construcciones
Materia: CIVIL
Carátula: SIMARI TOBIAS c/ ZATIRIAN ARTURO Y OTROS s/ USUCAPION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-13

Cultivar verduras, plantas, árboles y erigir una construcción son actos posesorios, en los términos del art. 2351 del Código Civil, con prescindencia del monto económico invertido en dichos actos, por lo que el titular del dominio perdió la posesión que detentara, como consecuencia de la apropiación efectuada por el accionante según lo dispuesto por el art. 2456 del código citado.