marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de emergencia, empleados públicos
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La ley 21.307, que dispuso que los incrementos de carácter general de las remuneraciones del personal del sector público solamente pudieran ser dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con la intervención de los Ministros de Trabajo y Economía (art. 5) tuvo por fin coadyuvar en un ordenado plan de acción para solucionar la emergencia económica que la Nación atravesaba.
Competencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SAPIENZA HORMIGON ELABORADO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-07-31

Es extemporánea la declaración de incompetencia si el Tribunal colegiado no se inhibió oportunamente, ni las partes objetaron su intervención en razón de la materia.
Nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: P.C. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-21

El mero uso o costumbre no resulta base suficiente para modificar o suprimir el nombre de pila, cuando no concurren otros motivos que puedan afectar objetivamente al interesado. Inclusive, aún cuando pueda sostenerse que la adición de nombre es una alteración menos profunda y que es mirada con rigor atenuado (conf. Borda "Derecho Civil-Parte General", T.I. p. 338, nro 346 b), se la ha admitido siempre y cuando se invoque un largo uso que "refuerce" otras motivaciones serias y atendibles (conf. Llambías, "Parte General ", t.I, p. 337 nro 455 Rivera, en "Código Civil anotado" bajo la dirección de Belluscio, coordinación de Zannoni, t. I, p. 339, 2, IV, B, y fallos de nota 23; B; Busso, "Código Civil Anotado" t. I, p. 483, nro 133, ed. año 1958).

Si el nombre y apellido se prueban con la partida de nacimiento, se deduce que el recibido al nacer es definitivo (conf. Salvat, "Parte General", nro 742; Busso op. cit. t. I, p. 431, nro 122), principio que es susceptible de alguna excepción, pero que no puede desconocerse por la sola voluntad de las personas.

El nombre no puede ser modificado según el arbitrio de los individuos, sino en virtud de causas justificadas (Salvat, op. nro 743). Si se alegara "sic et simpliciter" que la persona ha usado durante mucho tiempo otro nombre, circunstancia que con evidencia proviene de una decisión propia, voluntaria y hasta caprichosa, se permitiría a través de la invocación incierta de las justas causas que el art. 15 de la ley del nombre exige, la modificación por sí y del pronombre adquirido legalmente por elección de los padres.
Falsificación de instrumento privado, receta médica falsa, bien jurídico protegido, inimputabilidad, imputabilidad atenuada
Materia: PENAL
Carátula: MONTI, JORGE L. s/ FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-03-03

1) La conducta de quien confeccionó una RECETA MEDICA y la presentó en la farmacia para adquirir el expectorante denominado "Codryl" configura el delito de falsificación de documento privado En cuanto al PERJUICIO exigido por la figura, el mismo ha existido;

ello en virtud del fin que guía toda la regulación legal del expendio de productos medicinales, ya que su empleo en muchos casos puede resultar pernicioso para la salud de quien los consume sin observar los dictados de la ciencia médica.

2) No obstante lo expuesto, el prevenido debe ser absuelto por tratarse de un caso de INIMPUTABILIDAD RELATIVA. Ello por la edad que tenía a la época del hecho (17 años) y por la entidad del delito incriminado, reprimido en el art. 292 C.P. con prisión de 6 meses a 2 años.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Randazzo, Juan C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

El plazo de prescripción previsto por el art. 4037 del Código Civil, en el caso de una indemnización de daños y perjuicios provenientes de un informe erróneo expedido por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, corre desde la fecha en que el error fue conocido por el interesado.
Proceso expropiatorio, indemnización expropiatoria, régimen de consolidación de deudas, pago en especie, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL:
Carátula: SALAS, Pedro c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-22

La indemnización por expropiación debe ser fijada y pagada en dinero efectivo. En nuestro ordenamiento jurídico, salvo conformidad del expropiado, la referida indemnización no puede hacerse en especie ni mediante títulos, bonos o papeles de crédito público como serían los previstos por la ley 23.982 de Consolidación de deudas del Estado. Semejante forma de pago no está autorizada por la Constitución Nacional, ni es la manera normal de extinguir obligaciones.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, empleados públicos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma, Dante Ricardo y otro c/ Estado Nacional -Congreso de la Nación. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Los agravios vinculados al consentimiento de las resoluciones atinentes a la suspensión y reintegro de los empleados públicos remiten al estudio de cuestiones de hecho y derecho no federal, ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria.
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Juan J. Curia e Hijos SRL. s/ Quiebra.Incidente restitución de granos promovido por Raymundo J.  Podestá
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-24

La restitución de bienes a que refiere el art. 142 de la ley concursal supone la existencia de los mismos en poder del fallido, según explícitamente surge de dicha normativa. De tal modo, aunque se invoque enfáticamente la normativa particular del depósito de cereales -en el caso- no puede extraerse de ella como derivación -erosionante de todo el sistema de la propiedad atingente a nuestra legislación positiva- que el depositante que no vendió tiene la propiedad de los bienes aunque ellos no existan, en contradicción con el art. 2604 del Código Civil.
Interpretación de la constitución, deberes del juez, deber de prevención del daño, daños y perjuicios, democracia, publicación de la sentencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La sola reserva de aquellos datos que pudieran conducir a la identificación de la menor en el juicio de filiación en nada afecta el pleno debate público en un Estado democrático, a la par que conjura el inconmensurable daño que podría causar a la niña la exposición de su padecer (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Contrato de trabajo eventual, prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Bertaina c/ Restaurant La Pérgola y/u otros s/ Laboral (Expte Nro. 356-01, Resolución Nro. 27, Tomo 20, Folio 101/104)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-22

Si la actividad de la trabajadora se ejerció bajo la dependencia de la empleadora para la satisfacción de resultados concretos en relación a exigencias extraordinarias relativas al giro empresario, está a cargo de la patronal la producción de la prueba para acreditar dicha modalidad laboral "(art. 99 L.C.T., según modificación del art. 66 de la Ley 24.013)..."
Derechos y garantías constitucionales, libertad corporal, derechos individuales, derechos personalísimos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. Z., M. A. y Otros s/ Homicidio en agresión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-28

El derecho a la libertad puede ser desglosado en una serie de libertades individuales, una de las cuales es la libertad corporal o física, que apareja la de locomoción. También tal derecho subjetivo puede ser ubicado en una escala jerárquica, luego del derecho a la dignidad y sus derivados, del derecho a la vida y por sobre los derechos patrimoniales.

Ekmekdjian, en su "Tratado de Derecho Constitucional", dice que el derecho a la libertad física es el primero de los derechos personalísimos, por cuanto es un requisito necesario para que los otros puedan ser ejercidos. Agrego el derecho a la libertad de expresión, que implica la de pensar y de publicar las ideas por medio de la prensa (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y primera enmienda de la Constitución de EE.UU.).
Cheque sin fondos, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: PARRONDO, AMERICO s/ Cheque sin fondos Causa 30232
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

En el momento de lanzar cheques a la circulación mercantil todo librador debe realizarlo con respaldo suficiente de fondos en el banco, de modo tal que el solo rechazo de los cheques por no tener suficiente dinero depositado o autorización expresa para girar en descubierto, ya adelanta sobre su conducta antijurídica y si quiere enervar las consecuencias penales debe probar que pagó el importe dentro del plazo legal o que no lo pudo hacer por causas ajenas a su voluntad. La carga de la prueba está en cabeza del acusado, por cuanto no se advierte razonablemente como el acusador ha de probar un hecho negativo, como es la omisión de pagar. (Del voto del Dr.

Repetto).
Falsa denuncia, calumnias, calumnia real
Materia: PENAL
Carátula: CUZZANI DE PEART, ALCIRA s/ DEFRAUDACION  -  DESBARATAMIENTO  DE  DERECHOS  ACORDADOS  - QUERELLA  CALUMNIOSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

La querella y denuncia calumniosa, como delitos de acción pública, que contenía la ley de facto 21.338 en su art. 276 ter, fue abrogada por la ley 23.077, vigente desde el 28 de agosto de 1984, por lo que, desde aquella fecha, la llamada también "calumnia real" ha quedado integrada dentro de la calumnia genérica, que prescribe el art. 109 del Código Penal, resultando improcedente, dada la naturaleza privada de la acción, un pronunciamiento por el magistrado de la causa en que se solicita la declaración.
Intereses, determinación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Majewski, Alejandro c/ Carreira, José Fernando y Zarza, Guillermo Daniel s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-01

En atención a la realidad económica actual, los intereses nunca podrían superar el 24 por ciento anual por todo concepto, sin transformarse en usurarios.
Empleo público, concurso de cargos, procedimiento de selección, medidas cautelares, suspensión del concurso, igualdad ante la ley, interpretación de la ley, razonabilidad tributaria, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura s/ Otros Procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

El derecho que tiene un particular a participar regularmente de un concurso de cargos básicamente refiere al deber de no injerencia del Consejo de la Magistratura, quien debe garantizar esa participación de acuerdo a reglas preestablecidas, pero en modo alguno podría implicar una garantía de que el procedimiento quede supeditado a las coyunturales posibilidades del postulante de estar presente en las diferentes etapas del mismo.

El derecho a participar del procedimiento concursal consiste simplemente en la permisión de hacerlo, así como en la de omitirlo, de acuerdo a reglas prefijadas y conocidas, pero no incluye en tanto tal, ningún aseguramiento a través de normas y derechos que protejan a los participantes de los avatares personales que puedan impedirle la concurrencia a los examenes. Un derecho con ese alcance no tiene sustento normativo alguno, y sería tanto como un reaseguro contra toda contingencia que evidentemente no puede ser exigido razonablemente a ningún órgano del Estado.

Es que no es posible inferir una regla que obligue a evaluar las posibilidades individuales de cada concursante, menos aún la de hacerlo sólo respecto de algunos participantes. Una decisión como esa torna impracticable la prosecución de un procedimiento regular, ya que nadie sabría a que reglas atenerse, ni el Consejo de la Magistratura, ni los concursantes, quienes al amparo de la garantía de igualdad podrían abrigar la esperanza de que cada uno de sus más que habituales y atendibles problemas e impedimentos personales pudieran ser superados mediante un cambio permanente de las reglas de juego.

No es posible prescindir de que la obligación del Consejo de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento tropieza con los límites naturales que resultan de las posibilidades y voluntades de cada participante, de la confluencia de las pretensiones de varios titulares de derechos fundamentales y de tomar en cuenta otros intereses relevantes de la comunidad (respecto al derecho fundamental como un todo, ver Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, p. 240 y sgts, y especialmente jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán citada en nota 205, CEPC, Madrid, 2002).
Astreintes, excepción de espera
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-BANCARIO
Carátula: Molinas, Gregorio Luis y otros c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior y Prefectura Naval Argentina) s/ ordinario s/incidente de ejecución de astreintes s/incidente de apelación art. 250 del CPCCN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-20

Corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto, revocando el rechazo de la excepción de espera y admitiendo dicha defensa, pues el crédito por astreintes debe ser percibido con arreglo a lo estipulado en el art. 22 de la ley 23.982.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley penal, agravantes de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NAVARRO, LUCIANO EMANUEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO SIN APTITUD PARA EL DISPARO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

La recurrente no alcanza a descalificar desde la óptica constitucional la motivación ensayada por la Alzada al convalidar la individualización de la pena, toda vez que de las razones expuestas surge que la cuestión apunta exclusivamente a discutir la interpretación efectuada por el A quo de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la sanción, asunto que en la medida que fue decidido con suficientes fundamentos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por opinables que resulten, no habilita la apertura de esta instancia de excepción; y asimismo, la Cámara explicó los motivos por los cuales estimó que el monto de pena -y su modalidad efectiva- debía confirmarse, considerando correcta la apreciación de la magnitud del daño causado a las víctimas y la falta de compensación económica, evidenciando con ello que la desproporcionalidad esgrimida por la quejosa no guarda correspondencia con el tratamiento del tema en la sentencia impugnada. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219, p 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Reconocimiento en rueda de personas, notificación
Materia: PENAL
Carátula: GARDES, Jorge S. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Si por imposición legal (art. 129 C.P.P.), la notificación a la defensa del reconocimiento en rueda de personas debe efectuarse con veinticuatro horas de antelación, por lo menos, mal puede exigirse una notificación a quien acepta el cargo de defensor el mismo día en que se realiza esa diligencia.-
Control de constitucionalidad, división de poderes, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Proconsumer c/ Farmacity SA s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

El análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados por el legislador para alcanzar los fines propuestos, específicamente, la cuestión de determinar si debieron elegirse los de la ley impugnada u otros procedimientos, son ajenos a la competencia judicial. Es que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo, compete a los tribunales examinar si los medios son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir, sin que les corresponda sustituir el criterio de conveniencia o eficacia económica o social del Congreso (Fallos: 247:121; 171:348; 199:483; entre otros).
Daños y perjuicios, indemnización, registro de la propiedad inmueble, error registral, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZELENER, RAFAEL J. c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La indemnización de los perjuicios producidos pro la defectuosa inscripción de un embargo por el Registro de la Propiedad debe limitarse al importe por el que se trabó la medida cautelar y en tanto se compruebe que el valor del bien embargado resulte suficiente para responder a ese crédito.
Medidas cautelares, permisos de pesca, medida de no innovar, autoridad de aplicación, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: GANDARA, HECTOR c/ ESTUDIO DAFER IMAGEN Y COMUNICACION. s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Toda vez que la prohibición de innovar respecto del permiso de pesca asignado a cierto buque concedido por el a quo tenía por finalidad evitar que la deudora pudiera por medio de venta, transferencia o cualquier otra forma de disposición alterar su situación patrimonial, sustancialmente vinculada a la titularidad de dicho permiso, no puede inferirse que por dicha orden judicial haya querido vedarse a la autoridad de aplicación - en el caso, Secretaría de Agricultura y Pesca del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos-, la posibilidad de innovar en la situación jurídica del permiso por razones derivadas del ejercicio de su competencia en materia pesquera, esfera que excede notoriamente la medida del interés aquí cuestionado.
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

La iniciación del procedimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857) ante la autoridad central requirente no necesita una acción judicial que la preceda, y su admisión depende de la configuración de las circunstancias que permiten el encuadramiento del caso en el ámbito de aplicación material y personal del tratado, cuestión que sí debe resolverse con el debido contradictorio ante la autoridad judicial o administrativa requerida (art. 13).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial, apreciación de la prueba, policía
Materia: PENAL
Carátula: Escalante, Roberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa de los testimonios invocados por el sentenciante para dar por probado el cuerpo del delito en cuestión, ninguno -a excepción del damnificado- resulta apto para acreditar el desapoderamiento del que fuera objeto la víctima, pues o nada se incluye en sus relatos en relación al hecho examinado por lo que se transgreden los arts. 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.); o las presuntas manifestaciones autoinculpatorias que habría realizado el procesado y de las que dan cuenta los preventores no pueden incorporarse al proceso en virtud de lo dispuesto por el inc. 5 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal citado.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, tareas de limpieza, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento, bancos
Materia: LABORAL
Carátula: Holman, Rosana Elisabet c/ Servicios Integrados Bahía Blanca S.A. y otro s/ despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-07-06

Las tareas de limpieza prestadas por la actora se erigen como accesorias y remotas de la actividad específica propia de un banco: servicios de la banca minorista, inmobiliarios y financieros. Si bien para la codemandada solidaria las labores de aseo en la sucursal resultan necesarias para brindar un satisfactorio servicio a sus clientes, lo cierto es que no hacen a su objeto social propiamente dicho. Por ende, no puede afirmarse que haya existido entre las codemandadas una unidad técnica de ejecución -en los términos concebidos por el art. 6 de la LCT- en el proceso productivo de la actividad central -servicios bancarios- de la empresa principal locataria del servicio de limpieza.
Tribunal de cuentas, responsables, contadores públicos, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Luján -Ejercicio 1944 s/ Inconstitucionalidad - Revisión (Libro: S048-002) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1950-06-13

No corresponde formular cargo y responsabilizar al Intendente y Secretario de la Comuna que autorizan la erogación o pago improcedentes en base a la falta de observación por parte de la Contaduría Municipal. La responsabilidad es personal y exclusivamente del funcionario a cuyo cargo se encontraba la Contaduría.
Asignaciones familiares, acción de amparo, decretos, inconstitucionalidad, división de poderes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRARA, ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-11

No advirtiéndose cuales serían las "circunstancia especiales..." que pudieran justificar el incumplimiento del dispositivo del art. 99 de la C.N. por parte del Poder Ejecutivo, habida cuenta que es público y notorio que el Congreso de la Nación está en pleno funcionamiento, la ilegalidad de los Dec. 770/96 y 771/96 aparece manifiesta y corresponde declarar, en palabras de la propia Constitución su "nulidad absoluta e insanable". En consecuencia, debe confirmarse la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo deducida y declaró la inconstitucionalidad de los decretos referidos. (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos voto en disidencia).
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: LEYES GUIDO GONZALO C. c/ PAOLINI HNOS. S.A. Y/O JUAN ALLENDE LOPEZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-26

Voy a señalar los parámetros que me permiten tener por desierto este recurso.

En primer lugar las exigencias mínimas establecidas por el Art. 265 del CPC y que hemos reiterado tantas veces, es aplicable lo repetido recientemente en RLLab 12/04 "esta Alzada reiteradamente ha señalado en orden a la admisibilidad formal de la expresión de agravios que la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial debe consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen a la sentencia mediante un desarrollo analítico de las cuestiones en debate con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar la totalidad de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan el fallo y sin que las afirmaciones genéricas o parciales o el mero desacuerdo con el enfoque del juez impliquen que se consideren agravios en los términos exigidos por el citado art. 265 del CPCC...".