Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-14


SENT Nº 387	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por las partes actora y demandada en autos: "Inversiones del Aconquija S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte, los recursos de casación interpuestos por la parte actora (fs. 1726/1736) y por la parte demandada ( fs. 1739/1747 y vta.) contra la sentencia dictada el 22/11/2011 por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (fs. 1713/1722 y vta.). Corridos los respectivos traslados previstos en el art. 751 CPCyC, la demandada contestó el suyo a fs. 1753/1759 y vta., haciendo lo propio la actora a fs. 1765/1769 y vta. El Tribunal dispuso la concesión de ambos recursos por resolución de fecha 10/04/2012 (fs. 1774).

El pronunciamiento recurrido hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta en autos, condenando a la demandada al pago de la suma de pesos trescientos siete mil seiscientos noventa ($ 307.690) en concepto de daño emergente, e impuso las costas a la parte vencida.

2. Como primer agravio la parte actora aduce que la sentencia impugnada ".adolece de graves y reiteradas infracciones a normas jurídicas en un contexto en el que se patentiza el vicio de arbitrariedad en la apreciación de la plataforma fáctica y jurídica que conforma el proceso".

Con respecto al rechazo del daño emergente por privación del derecho, manifiesta que la decisión recurrida ".en franca contradicción a la doctrina sustentada e incluso de sus propios fundamentos, ha desconocido y en consecuencia negado el derecho que le asiste a mi representada a ser indemnizada precisamente del 'derecho' del que ha sido indebidamente privado con motivo del accionar estatal, lo cual equivale tanto como sostener que la resolutiva en crisis ha negado lisa y llanamente indemnización alguna a mi mandante (sic)".

Señala que ".si tal como se anuncia en el decisorio la reparación debida ha de ser juzgada a la luz de los principios que impregnan al instituto de la expropiación, no se explica como es factible que precisamente uno de los componentes que conforman el límite indemnizatorio, en el caso el valor objetivo del bien, haya sido excluido bajo el sórdido argumento de que como mi parte no ejecutó más trabajos que las obras preliminares de movimiento de suelo, carece de todo derecho a ser indemnizado por la privación de su derecho adquirido de uso".

Agrega que la circunstancia invocada por la Cámara ".de no haber efectuado trabajo alguno más allá de las obras preliminares de movimiento de suelo, bajo ningún punto de vista constituye un obstáculo a la viabilidad del reclamo impetrado, toda vez que la medida de los trabajos efectuados han legitimado la procedencia del resarcimiento de otro ítem.el cual ninguna vinculación tiene o posee con aquel que corresponde a la privación del derecho, el cual, en la propia doctrina sustentada por el a quo, tiene autonomía propia".

Asevera que la sentencia impugnada ".ha prescindido por completo de la aplicación del régimen jurídico esbozado como conducente para la solución del caso por el mismo Tribunal, todo lo cual denota a las claras la existencia del vicio de arbitrariedad." el que ".se patentiza más aun cuando se advierte la existencia de una ostensible contradicción entre los fundamentos esgrimidos a los efectos de responsabilizar al Estado como autor material del daño ocasionado, con aquel expuesto a los fines de rechazar el ítem privación del derecho de uso".

Sostiene que ".reconocido e identificado cual ha sido el derecho afectado por el accionar estatal, y reafirmado el principio de que el Estado debe reparar las consecuencias de tal afectación, de ningún modo resulta posible condicionar la procedencia de su resarcimiento a los niveles de obra ejecutados por el contratista.".

Aduce que la Cámara ".confusamente, parece englobar al rubro reclamado como lucro cesante, cuando en realidad se trata inequívocamente de un daño emergente" lo que en su opinión revela ".un grave yerro conceptual y una asignación de sentido jurídico en extremo equivocada" toda vez que su reclamo indemnizatorio en concepto de privación de su derecho de uso del bien derivado de un contrato de concesión de uso no se ha fundamentado ".en ganancias hipotéticas o futuras o en las posibilidades o alternativas que podía presentar su emprendimiento en el futuro decurso contractual" sino que ".ha sido muy clara en reclamar el valor mismo del derecho que ya había ingresado a su patrimonio y su pretensión radicó en la indemnización sustitutiva por la extinción de ese derecho, que no tiene punto de aproximación con ganancias hipotéticas".

El segundo agravio de la actora va dirigido contra el rechazo del rubro pérdida de chance. Señala en primer lugar que ".el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia in re 'Motor Once S.A.' no ha sido en rigor de verdad mantenido a rajatabla por el Máximo Tribunal, de allí que no quepa elevar a tal doctrina al rango de inconmovible". Señala que ya en el mismo año en que se falló 'Motor Once S.A.' ".el Máximo Tribunal en autos "Juncalán Forestal Agropecuaria S.A. c/ Provincia de Buenos Aires", sentó nuevos principios en torno al alcance de la indemnización debida por los daños ocasionados por actividad lícita del Estado, apartándose de ese modo del aparentemente hermético criterio sustentado en Motor Once S.A.". Agrega que ".en fecha 28 de julio de 2.005, en autos 'El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional' la Corte reafirmó la doctrina sustentada en Juncalán Forestal Agropecuaria S.A." y que es del caso destacar ".que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido bajo determinadas pautas la procedencia del rubro pérdida de chance, tal como aconteció en autos 'Montini'. y 'Santa Colomba'.(sic)". Manifiesta que de los precedentes expuestos ".surge sin lugar a equívocos que no resulta jurídicamente justificable ni mucho menos sostenible el argumento sentencial esgrimido por el Tribunal a quo." pues ".al sustentarse el rechazo del ítem reclamado sólo en la invocación de un criterio doctrinario que ha sido holgadamente superado por quien fuera incluso su mentor.la sentencia nuevamente exhibe el vicio de 'falta de motivación' toda vez que el pronunciamiento, en los términos en que ha sido dictado, carece de fundamento jurídico al haber prescindido de todo análisis sobre la cuestión debatida en este tópico".

De acuerdo a las consideraciones precedentemente reseñadas, invoca doctrina y jurisprudencia que estima pertinentes, plantea el caso federal, propone doctrina legal y pide se haga lugar al recurso interpuesto.

3. Por su parte la demandada postula la revisión de la sentencia de Cámara ".por invocación de la doctrina de la arbitrariedad, ya que la misma presenta severos vicios en su fundamentación de tal envergadura que la descalifican como pronunciamiento judicial válido; en segundo lugar, por cuanto el fallo asume el carácter de gravedad institucional".

Asevera que la decisión impugnada ".violó expresamente los arts. 30 de la Constitución Provincial, y los Arts. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional" y colocó a su parte ".en un verdadero estado de indefensión al fallar, con una arbitrariedad sorpresiva, fuera de los límites que le marca la litis contestatio".

Expresa que el Tribunal ".no ha tomado en cuenta las constancias de las actuaciones ni la situación procesal de la accionada, las normas que rigen el proceso, ni indica la razón por la cuál ha condenado a mi parte al pago de una indemnización por el dictado de un acto legislativo que de manera alguna tiene relación de causalidad con el perjuicio que invoca". Sostiene que ".el Estado también debe tener derecho a ejercer el 'derecho de revisión' que tiene todo justiciable y que se encuentra consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que quedaría desnaturalizado, o mejor dicho fulminado, en caso de que se rechazara el presente recurso extraordinario.".

En su primer agravio, titulado "vicio de arbitrariedad", la demandada señala que la Cámara ".no ha tenido en cuenta que a la fecha del dictado de la Ley 7.522, que revocó la donación con cargo efectuada a la Municipalidad de Yerba Buena, del predio materia de este juicio (denominado 'La Hoya'), la donataria ya había revocado el contrato de concesión de obra celebrado con la actora". Aduce que ".es precisamente dicho acto el que obró como causa eficiente del agravio de sus derechos invocado por la actora y es con dicho ente Municipal con quien existía una vinculación jurídica de naturaleza contractual. Mi parte resulta ser un tercero con quien la actora no tenía vinculación alguna. Pero ello no fue tenido en cuenta, ni mucho menos entendido por el sentenciante al analizar la falta de legitimación pasiva interpuesta por mi mandante".

Respecto de la condena en su contra por la suma de $ 307.690 en concepto de daño emergente, afirma que su parte ".demostró que en dicho Cuaderno de Prueba Nº A-5, por medio de la cual la demandante solicitó informes acerca de supuestos gastos incurridos con la empresa Ingeco S.A.; surge de autos (conf. Fs. 500 y ss.) la firma citada no aportó documentación sustentatoria o debidamente respaldatoria del informe (tales como copia del libro de comercio llevado en legal tiempo y forma y libro IVA), circunstancias que le restan por lo tanto veracidad al informe". Agrega que al contestar demanda formuló oposición ".a todo intento que pudiere esbozar la parte actora de agregar documentación que no haya sido acompañada o individualizada con el escrito de demanda, en tanto se encuentra precluída la etapa procesal pertinente para hacerlo; como así también idéntico sentido, esta parte se opuso a todo intento de la parte actora de suplantar prueba documental mediante prueba de informes o de otro tipo. En definitiva el sentenciante debió hacer mención a dicha manifestación, haciendo lugar a lo solicitado por mi parte, y no permitiéndole aportar nuevas pruebas a la contraria de manera extemporánea (sic)". Agrega que ".las copias de facturas acompañadas, y supuestamente emitidas por Ingeco S.A., como así también un contrato que habría realizado con la empresa, fueron negadas y desconocidas por mi parte, careciendo en absoluto su valor probatorio. En el primer caso por no haberse presentado recibo original de pago, y en el segundo por resultar el contrato inoponible a mi parte en los términos del art. 1199 del Código Civil, según el cual dispone: 'Los Contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 1161 y 1162. Pero nada de ello fue tenido en cuenta al momento de dictarse la sentencia recurrida (sic)'".

Manifiesta que impugnó además la prueba documental ofrecida por la actora ".una auditoría contable realizada de antemano." a la que desconoció autenticidad ".ya que se trataba de una prueba de carácter extra procesal, careciendo la misma de toda validez, y desde el momento en que la actora solo ofreció una especie de reconocimiento de firma del CPN que elaboró el dictamen, por parte del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, empero no ofreció en el juicio.ninguna prueba pericial contable tendiente a corroborar lo señalado en la pericial privada que adjuntó". Arguye que ".los dictámenes extraprocesales no poseen condición de peritajes procesales, ni siquiera cuando se ofrecen como prueba en un proceso posterior y tampoco son susceptibles de ratificación." y que ".en autos no se observaron las formalidades que deben existir para la realización de una prueba pericial (contable para el caso que nos ocupa), y que sean tendientes a dotar a la misma de la debida imparcialidad".

En su segundo punto de agravio, "gravedad institucional", la demandada sostiene que ".la sentencia recurrida, sin dar razón ni argumentos de índole jurídico, y contrariando expresas normas vinculadas a la responsabilidad y a los efectos de los actos jurídicos según la Ley Civil, ha condenado a mi parte al pago de una indemnización por el dictado de un acto legislativo que de manera alguna tiene relación de causalidad con el perjuicio que invoca.". Reputa autocontradictoria la resolución impugnada ".ya que si bien reconoce que el Acto Revocatorio (Ordenanza Nº 1291/03), fue dictado por un interventor Municipal, y es que cierto que el mismo fue luego Revocado por el Poder Ejecutivo Provincial (Decreto 1.291 del 23/06/2003); pretende (bajo los mismos argumentos), responsabilizar a la Provincia de Tucumán (sic)". Señala que ".la revocación de la ordenanza Municipal, no hizo renacer la vigencia de la relación contractual (como errada y gravemente lo entendió el sentenciante); por el contrario dicha relación ya se habían frustrado por causas que nada tienen que ver con la Provincia de Tucumán (sic)". Asevera que ".ante esa frustración aludida.se le abrió a favor de la aquí actora, la vía de la reparación por responsabilidad contractual en contra del Municipio únicamente." por lo que ".resulta absurdo considerar que mi mandante tenga efectivamente legitimación pasiva en autos".

Insiste en que ".el actor en modo alguno pudo demostrar que el daño que alega lo haya sufrido como consecuencia del dictado de la Ley 7.522." y aduce que ".en ninguna parte de su argumentación la sentencia impugnada explica de que manera o por que causa jurídica, se aceptaron la incorporación de pruebas o documentales no acompañadas con el escrito de demanda, resultando por lo tanto extemporáneas y debiéndose así declarado en base a las normas de rito (sic). De allí que el fallo adolece también de una evidente gravedad institucional, que es una de las causales que habilita esta instancia casatoria".

Se agravia en último término por la imposición de la totalidad de las costas procesales a su parte, reiterando que no posee legitimación pasiva y que, aunque así fuera, no corresponde la condena indemnizatoria por daño emergente ".ya que dicho rubro no fue probado ni acreditado". Agrega que ".en el hipotético e improbable caso de que se considere que pueda existir responsabilidad del Estado, las costas deberán ser soportadas de manera proporcional, en base a los términos del art. 108 y por resultar vencimiento recíproco, y de conformidad a la Ley arancelaria (Ley Nº 5.480)".

De conformidad a las consideraciones precedentemente reseñadas, invoca doctrina y jurisprudencia que estima pertinentes, plantea el caso federal, propone doctrina legal y pide se haga lugar al recurso interpuesto.

4. La sentencia impugnada, tras reseñar los hechos de la causa, estableció que ".la pretensión de la empresa demandante gira en torno a obtener la reparación de los perjuicios que presuntamente le habría ocasionado el dictado de la Ley 7.522 por parte de la Provincia de Tucumán. A los fines de avalar su pretensión ostenta la calidad de concesionario del predio denominado 'La Hoya' en virtud del contrato que oportunamente celebrase con la Municipalidad de Yerba Buena (antigua propietaria del predio), sosteniendo que la antedicha normativa, al provocar el reingreso del inmueble mencionado al patrimonio Provincial, le impide la ejecución del convenio antedicho y le produce los daños cuya reparación reclama".

Previo al tratamiento de la cuestión de fondo, el Tribunal consideró ".imprescindible el tratamiento de la excepción previa de falta de legitimación pasiva deducida por la Provincia demandada".

Al respecto, señaló que la accionada ".aduce que en los hechos, y más allá de lo que pareciera afirmar la parte actora, la demanda de autos procura responsabilizar a la Provincia por el dictado de la Ley 7.522. cuando en realidad la intención solapada es la de obtener un resarcimiento integral por un contrato de concesión de uso de un bien de dominio público que, a la fecha del dictado de la normativa señalada, ya había sido rescindido por la Municipalidad de Yerba Buena".

A juicio de la Cámara tal argumento ".parte de premisas erradas" ya que no se aviene "..con lo que la sociedad actora expone en su escrito de inicio que procure responsabilizar a la Provincia por la antedicha rescisión contractual, pues para la firma demandante dicho contrato de concesión nunca dejó de existir o fue declarado nulo". Consideró que a criterio de la actora ".el dictado de la Ley 7.522 por parte de la Provincia, en cuanto recupera para sí el dominio del predio de La Hoya y establece para él un destino incompatible con la obra concesionada, le habría generado un perjuicio que procura sea reparado mediante la presente acción". En consecuencia, el Tribunal determinó que de acuerdo a ".la construcción que efectúa la demandante" la accionada ".no puede válidamente invocar.su carencia de legitimación pasiva".

Agregó que ".la conducta de la Provincia demandada, al emitir el Dcto. Nº 2.834/1-2003 y resolver el recurso jerárquico pronunciándose por la conservación del contrato de concesión, implica que, el Estado Provincial conocía acabadamente tanto la existencia, como las vicisitudes del convenio celebrado entre la Municipalidad de Yerba Buena y el actor en autos, y con su decisión revocatoria de la Ordenanza Nº 1.291/2003, respaldó la continuidad contractual". En consecuencia, la sentencia desestimó la excepción previa de falta de legitimación pasiva planteada por la Provincia de Tucumán.

Al abordar la cuestión de fondo la Cámara estableció que la actora ".procura la reparación de los perjuicios que presuntamente le habría ocasionado el dictado de la Ley Provincial 7.522; norma ésta que recupera de manos del Municipio de Yerba Buena para la Provincia de Tucumán el dominio del predio de La Hoya (artículo 1°), destinándolo a forestación, parquización, la creación de un complejo deportivo y de viviendas y a la regularización dominial de sus actuales ocupantes (artículo 2° inciso a)". A criterio de la firma demandante la sanción de dicha norma ".alteró de manera sustancial el contrato de concesión otrora celebrado con la Municipalidad de Yerba Buena durante la vigencia de la Ley 5.731, que le otorgaba a ésta última la propiedad del mencionado inmueble". Según la actora, dicha concesión ".acordaba la creación de un complejo que incluía locales bailables, de comercio, cines, estacionamiento e iluminación; obra que la empresa habría de explotar por un lapso temporal de 30 años", pero ".el cambio de dominio y destino del bien -dictado de la Ley 7.522 mediante-, en los hechos importa la imposibilidad de concluir las obras concesionadas y cumplir con las contraprestaciones oportunamente convenidas entre ella y el Municipio, circunstancia de la que a su entender derivan los daños cuya reparación procura mediante la presente acción".

Atento que la Provincia en su responde adujo ".que la real intención de la actora es la de obtener el resarcimiento por un contrato de concesión devenido nulo por acción y decisión de la Municipalidad de Yerba Buena, circunstancia que la mantendría al resguardo de cualquier responsabilidad en el caso" la Cámara determinó que la controversia de autos ".se enmarca en el daño que, en la consideración de la actora, habría generado una norma legal dictada por la Provincia, norma que no ha sido cuestionada en cuanto a su constitucionalidad". Concluyó así que ".el marco que las partes le han conferido a la presente litis." es la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa lícita.

El Tribunal procedió luego a establecer ".cuáles fueron los hechos que precedieron a la actual situación de dominio del inmueble en cuestión y si de ello se evidencia como cierto que al momento del dictado de la Ley 7.522, la empresa demandante gozaba de la calidad de co-contratante de un convenio de concesión vigente". Señaló que por Ley 5.731 (B.O. 19/08/1985), la Provincia de Tucumán ".transfirió en propiedad y a título gratuito a la Municipalidad de Yerba Buena, una fracción del inmueble fiscal ubicado en Horco Molle, departamento Yerba Buena, cuya identificación registral allí se detalla (artículo 1º), a los fines de que el Municipio lo destinase a reforestación, parquización, construcción de un complejo deportivo y barrio de viviendas; todo de conformidad a los convenios que, a tal fin, habría de celebrar con entidades crediticias (artículo 2º)". Indicó que ".posteriormente por Dcto. Nº 515 del 02/10/2009 (fs. 791), el Interventor de la mencionada Municipalidad.autorizó a la Oficina de Compras a llamar a licitación pública Nº 01/00, para la propuesta arquitectónica, construcción, explotación y mantenimiento del Centro Recreativo y Comercial a construirse en La Hoya, acto que también aprobó el Pliego General de Bases y Condiciones Particulares correspondientes a tal licitación", procedimiento que culminó con el dictado del Dec. 629 del Interventor Municipal de fecha 17/11/2000 (fs. 904) que adjudicó la licitación a la firma actora quien suscribió luego con la Municipalidad de Yerba Buena ".el respectivo contrato de concesión (fs. 917/922), el cual previó un plazo de duración de treinta (30) años con posibilidad de renovación por igual término (cláusula décimo primera), pactándose el canon a abonarse conforme los valores expresados en la cláusula décima del referido instrumento; tomando la empresa efectiva posesión del predio en fecha 21/12/2000 (ver acta notarial de fs. 926/927). El convenio fue luego aprobado por Ordenanza Nº 1.176 del 08/08/2001 (128 vta./131)".

La sentencia destacó que ".a poco de comenzados los trabajos en la heredad por parte de la firma hoy demandante, en fecha 16/08/2001, un grupo de vecinos de la Municipalidad de Yerba Buena inició por ante la Sala IIIª del fuero un proceso de amparo colectivo en procura de que, en aras a un alegado perjuicio ambiental, se frenasen las obras en el predio de La Hoya (causa: "Sosa Paz María Elvira del Carmen y otros c/ Municipalidad de Yerba Buena y otro s/ amparo"); petición que a la postre fue desestimada por Sentencia Nº 24 del 10/03/2003 (fs. 145/151). En dicha causa se detuvo la obra como consecuencia del proveído de fecha 22/08/2001 y el artículo 83 del CPC". Una vez concluido dicho proceso judicial, el nuevo Interventor Municipal ".dictó la Ordenanza Nº 1.291 de fecha 23/06/2003 (fs. 1.661/1.663), por imperio de la cual, y atento a los fundamentos que allí se vierten, se revocó el contrato de concesión de fecha 20/12/2000 celebrado entre la Municipalidad de Yerba Buena y la firma Inversiones del Aconquija S.R.L., para la propuesta arquitectónica, construcción, explotación y mantenimiento del Centro Recreativo y Comercial La Hoya (artículo 1º), declarando además en su artículo 2º la nulidad de los Dctos. Nº 515 del 02/10/2000 (llamado a licitación) y Nº 629 del 17/11/2000 (adjudicación a la firma actora de la obra licitada)". La actora interpuso recurso de reconsideración y nulidad contra la Ordenanza Nº 1.291, el que fue rechazado por Resolución Nº 209 del 15/09/2003 notificada mediante carta documento del 16/09/2003 (fs. 96/97). Contra ésta denegatoria ".la firma hoy demandante interpuso un recurso administrativo que fuera posteriormente resuelto por el Poder Ejecutivo Provincial con el dictado del Dcto. Nº 2.834/1 del 27/10/2003 (fs. 94/95), haciendo lugar al recurso jerárquico (sic) incoado contra de la Resolución Nº 209/2003 y la Ordenanza Nº 1.291/2003". A continuación la Cámara advirtió que ".las vicisitudes acaecidas en torno al predio de La Hoya y su concesión no terminaron allí". Relató que con posterioridad ".una serie de vecinos del Municipio de Yerba Buena y la Sociedad de Fomento El Corte dedujeron una acción de amparo por ante ésta Sala IIª ('Ávila Carlos Alberto y otros c/ Provincia de Tucumán s/ amparo'), procurando la nulidad del Dcto. Nº 2.834/1 del Ejecutivo Provincial, proceso en el que recayó una medida precautoria ordenando la suspensión de ejecutoriedad de éste acto". Dicha Sala mediante sentencia del 18/03/2005 ".declaró abstracto el pronunciamiento acerca de la cuestión objeto del amparo, con fundamento en que por la sanción de la Ley 7.522 y la transferencia de dominio del predio a la Provincia que allí se preveía, había fenecido la posibilidad de ejecutar el contrato de concesión celebrado por la Municipalidad de Yerba Buena y la actora".

Finalizado el relato de los hechos que precedieron al dictado de la Ley 7.522, la Cámara arribó a cuatro conclusiones principales: en primer lugar, que al no haberse planteado en autos la validez o constitucionalidad de la Ley 7.522 ".ello lleva a considerar que los daños que la actora invoca y que pretende le sean resarcidos por la Provincia, ciertamente encuentran su fundamento en un acto legislativo lícito". En segundo término, que ".el enmarañado y confuso proceso que siguió el predio de La Hoya desde la apertura de la licitación. tuvo lógicamente como aval la circunstancia de que el dominio del inmueble era ejercido por la Municipalidad de Yerba Buena, conforme los lineamientos de la norma de transferencia (Ley 5.731)". En tercer término, que ".estando a lo resuelto en la causa 'Avila...', la declaración de abstracto pronunciamiento en torno a la pretensión declarativa de nulidad del Dcto. Nº 2.834/1, ha producido en los hechos el efecto de dejar subsistente aquel acto en el mundo jurídico (que por otra parte no es impugnado en autos) y, como consecuencia ineludible, mantener viva la concesión otorgada a la firma Inversiones del Aconquija S.R.L. sobre el inmueble conocido como la Hoya". Por último, la Cámara señaló que ".ante los postulados de la Ley 7.522, la Provincia ha sustraído de la Municipalidad concedente el dominio del predio concedido y la competencia administrativa esencial a tal condición. De ello se desprende que el no considerar en el dictado de tal normativa la existencia del contrato de concesión significa, en los hechos, que éste no pudo ejecutarse".

De acuerdo con las premisas establecidas y los hechos reseñados, el Tribunal consideró que ".la sanción de la Ley 7.522 ocasionó en la razón social demandante un sacrificio calificado o especial que la habilita a considerar a la demandada como responsable en tanto sancionadora de la norma, sacrificio que se traduce en la imposibilidad de ejecutar y gozar de un contrato respecto del que, a la luz de los acontecimientos descritos, fue dejada sin efecto su declaración de nulidad". Especificó además que ".los derechos emanados de la concesión del predio de La Hoya a favor de la firma actora, ingresaron en su patrimonio y merecen el resguardo y protección que le dispensa la Carta Magna". Toda vez que la Ley 7522 ".no previó en sus disposiciones consideración alguna respecto de la situación de la demandante." la Cámara concluyó que de su dictado ".derivó para la sociedad demandante un perjuicio cierto y limitativo de su derecho de propiedad.traducido en la imposibilidad material de llevar adelante la obra y la explotación concesionada por el tiempo acordado, lo que generó responsabilidad en cabeza de la demandada en cuanto sancionadora de la norma y la obliga reparar los daños ocasionados".

En relación a la indemnización reclamada por la actora el Tribunal consideró que era ".necesario poner de resalto nuevamente particularidades propias." de la responsabilidad de la Provincia por su actividad legislativa lícita ".que refieren a la medida o alcance del resarcimiento". Afirmó en tal sentido que ".es opinión mayoritaria en la doctrina nacional la de limitar en los casos de responsabilidad estatal por actos legislativos lícitos, la medida de la indemnización al daño emergente. Ello pues se ha sostenido que a falta de una norma expresa sobre el particular corresponde la aplicación analógica del resarcimiento que se prevé para los casos de expropiación, la cual prescinde del lucro cesante". Citó en tal sentido el dictamen de la Procuradora Fiscal de la Nación Dra. María Graciela Reiriz en el caso "Motor Once, S.A. c. Municipalidad de Buenos Aires", sentencia del 9 de mayo de 1989 (Fallos, 312:659). Agregó que ".la solución apuntada es también la que propugna la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 5.854) al sentar que en lo casos en los que habilita al contratista a reclamar la rescisión contractual (artículo 81), se acuerda a aquel una indemnización respecto de los gastos que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computado hasta el momento de la recepción provisional de la obra (artículo 82 inciso 8º)".

Con tales argumentos, la Cámara sostuvo que ".es lógico concluir que en la especie la reparación de los perjuicios invocados ha de constreñirse al daño emergente, con exclusión del lucro cesante; entendiendo el primero como aquel que se circunscribe al empobrecimiento patrimonial como consecuencia de la pérdida o depreciación de valores preexistentes y al segundo como la frustración de ganancias esperadas o la pérdida de un acrecentamiento patrimonial previsto, que el damnificado habría podido razonablemente obtener de no mediar el evento dañoso".

Una vez decidido el alcance de la indemnización, la sentencia analizó la procedencia de cada uno de los rubros reclamados por la actora. Con relación a los gastos por la suma de $ 307.690 que la demandada afirmó haber efectuado ".como consecuencia de la contratación de la firma INGECO S.A. para la realización de tareas de movimiento de suelo y nivelación de terreno en el inmueble concesionado." el Tribunal consideró que era procedente su resarcimiento por parte de la Provincia en base a la prueba documental adjuntada por la demandante a fs. 75/81, constancias que ".fueron reconocidas como auténticas." por INGECO S.A. en el informe de fs. 508/509 respecto del cual ".la demandada no efectuó consideración alguna.". En consecuencia estableció que se encontraba ".debidamente acreditado que la actora efectuó los aludidos gastos a los fines de comenzar la obra concesionada." lo cual a juicio de la Cámara ".impone como lógica consecuencia su resarcimiento por parte de la Provincia".

Rechazó luego la indemnización por las restantes erogaciones ".que Inversiones del Aconquija S.R.L. dice haber realizado. tanto en la etapa previa a la ejecución como en la posterior. referidas a honorarios profesionales tendientes a la confección de los proyectos, estudios ambientales y demás ítems imprescindibles para la realización de la obra". Para así decidir la Cámara argumentó ".que si bien los gastos que se invocan se evidencian en los estados contables arrimados a fs. 18/74, cuya autenticidad ha sido corroborada por el Colegio de Graduados en Ciencias económicas a fs. 521, de tales documentaciones no se sigue con claridad a que obra fueron imputados, ni existe en la causa probanza alguna que pueda generar la persuasión de que se destinaron a la obra de La Hoya". Agregó que ".de acuerdo al objeto de la sociedad demandante. dichas erogaciones bien pudieron ser imputadas a trabajos diferentes a los llevados a cabo en la obra en cuestión, sin que la actora haya producido prueba pertinente a los fines de clarificar tal extremo.por lo tanto, atento la ausencia de elementos de convicción, tales gastos no pueden formar parte de la indemnización que se acordará".

La Cámara desestimó luego el reclamo indemnizatorio de la actora por la suma de $ 1.764.000 ".en concepto de privación de su derecho adquirido de concesión de uso público por el término de treinta años", monto que equivale a ".la suma de los cánones mensuales que la cláusula décima del contrato de concesión preveía fueran abonados durante el plazo de vigencia del convenio". Para fundamentar tal rechazo el Tribunal argumentó que la demandante ".solo realizó las obras preliminares de movimiento de suelo (gastos por los cuales, se dijo previamente, le corresponde ser resarcida), más no efectuó faenas más allá de esto ni menos pudo explotar las obras concesionadas, por lo que mal puede justipreciar como pérdida o privación los valores que reclama. En otros términos, al no haber efectuado trabajo alguno o gozado de la concesión otorgada la posibilidad del reclamo en los términos que efectúa la actora no parece posible".

El rubro pérdida de chance fue también desestimado por la Cámara basándose en sus premisas iniciales acerca del límite ".dentro del que se ha enmarcado la indemnización para los casos de responsabilidad del estado por su actividad legislativa licita". A la luz de tales conceptos, sostuvo que ".la pérdida de chance y la privación de certeras expectativas.aparecen claramente como rubros cuya consideración es ajena e improcedente".

En cuanto a las costas del incidente de falta de legitimación pasiva y las relativas al proceso principal, el Tribunal las impuso a la demandada ".no obstante el resultado al que se arriba y desde que la Provincia al no prever indemnización alguna al actor en la Ley 7.522 lo obligó a litigar.".

5. El recurso deducido por la parte actora fue presentado en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracción de normas de derecho y el vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento, se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el depósito judicial a la orden de esta Corte en efectivo (cfr. boleta de depósito de fs. 1725). En consecuencia, es admisible.

El recurso deducido por la parte demandada también fue interpuesto en término contra la misma sentencia definitiva, invoca infracción de normas de derecho, arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional, se basta a sí mismo y se efectuó el depósito judicial a la orden de esta Corte en efectivo (cfr. boleta de depósito de fs. 1738). En consecuencia, es admisible.

Razones de orden metodológico llevan a analizar primero el recurso de la demandada y luego el de la actora.

6. Visto el recurso interpuesto por la parte demandada y confrontados los agravios que lo sustentan con los antecedentes y constancias de la causa, se advierte que la impugnación recursiva no puede prosperar.

6.1. Al desarrollar su primer agravio, referido al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, la demandada se limita a reeditar argumentos ya esgrimidos al plantear aquella defensa y reiterados en su alegato de bien probado. Al respecto sostuvo que la Ley 7.522 ".no dispuso rescisión contractual alguna, teniendo la citada disposición legal independencia respecto de las vicisitudes del contrato que el accionante celebró con el municipio de Yerba Buena y que posteriormente fue dejado sin efecto" (fs. 210, cuarto párrafo). Se trata de una premisa que la demandada repite en el recurso bajo análisis cuando afirma que ".a la fecha del dictado de la Ley 7.522, que revocó la donación con cargo efectuada a la Municipalidad de Yerba Buena, del predio materia de este juicio (denominado 'La Hoya'), la donataria ya había revocado el contrato de concesión de obra celebrado con la actora". En el mismo sentido expresa que el aludido contrato de concesión ".había sido rescindido con anterioridad por causa de ilegitimidad por el propio Municipio el 22/06/2003" y que "...dicha ordenanza no fue cuestionada ni mucho menos impugnada por el actor.".

Tales afirmaciones resultan desvirtuadas por las constancias de autos y por los propios actos de la demandada (cfr. fs. 82/100), y solo expresan su desacuerdo con los fundamentos dados por el Tribunal para rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva, los que permanecen incólumes ante la falta de crítica puntual y razonada.

La Cámara sostuvo que la excepción de la demandada ".parte de premisas erradas." toda vez que interpreta que ".más allá de lo que pareciera afirmar la parte actora, la demanda de autos procura responsabilizar a la Provincia por el dictado de la Ley 7.522 (B.O. 21/02/2005), cuando en realidad la intención solapada es la de obtener un resarcimiento integral por un contrato de concesión de uso de un bien de dominio público que, a la fecha del dictado de la normativa señalada, ya había sido rescindido por la Municipalidad de Yerba Buena". A juicio del Tribunal ".no es acertado ni se aviene con lo que la sociedad actora expone en su escrito de inicio que procure responsabilizar a la Provincia por la antedicha rescisión contractual, pues para la firma demandante dicho contrato de concesión nunca dejó de existir o fue declarado nulo".

Luego de analizar con precisión los sucesivos actos que incidieron en la ejecución del contrato de concesión que había celebrado la actora con la Municipalidad de Yerba Buena, provenientes tanto del Interventor a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal (Ordenanza N° 1291 del 23/06/2003 mediante la cual se revocó el contrato de concesión decreto) como del Poder Ejecutivo Provincial (Decreto 2834/1 del 27/10/2003 que hizo lugar al recurso jerárquico interpuesto por la actora contra la Ordenanza N° 1291 ".pronunciándose por la conservación del contrato de concesión.") y de la propia Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (sentencia dictada en autos "Ávila, Carlos Alberto y otros vs. Provincia de Tucumán s/amparo" Expte. 667/2003, que dispuso una medida cautelar de no innovar ordenando a las partes demandadas abstenerse de poner en ejecución el decreto 2834/1), la Cámara arribó a una conclusión contraria a la tesis de la demandada, esto es, que al momento del dictado de la Ley 7.522 el contrato de concesión estaba vigente. Tal razonamiento no fue rebatido por la accionada, a quien le correspondía desarrollar una crítica puntual y demoledora del mismo. Viene al caso señalar que ".la meta de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. 'Criticar' es muy distinto que 'disentir'. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente de la fundamentación, procurando la demostración de los errores que pudiere contener, mientras que disentir implica meramente exponer el desacuerdo con la sentencia. Cabe exigir del apelante un esfuerzo argumental a partir del cual ponga de manifiesto los errores de la sentencia recurrida, puesto que si tal ataque no se cumple o se lleva a cabo en forma deficitaria, ella quedará firme" ("Liag Argentina S.A. c/Edesur S.A. s/Incumplimiento de contrato", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala 3, 06/10/2009; elDial.com - AF4AA8).

Los agravios de la demandada se limitan a expresar que la actora tuvo una relación contractual con la Municipalidad de Yerba Buena que se vio afectada por diversas circunstancias, pero no logran echar por tierra la conclusión de la Cámara en cuanto a que la demanda no tiene como fundamento el contrato suscripto entre la actora y la Municipalidad de Yerba Buena, sino el dictado de una ley por parte del Poder Legislativo provincial. Tal conclusión se ajusta a las constancias de autos, sin que la demandada haya expresado argumento alguno que autorice a considerar a este aspecto de la sentencia como una derivación no razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa. Para que proceda la descalificación del acto de juzgar ".el impugnante debe demostrar la existencia de vicios lógicos o manifiestas transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a la tacha de arbitrariedad, siendo necesario para ello una adecuada argumentación que demuestre que el criterio del juzgador se aparta de las reglas de la lógica, del correcto entendimiento de la psicología o de la experiencia común (cfr. "Á., J. M.", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, 28/03/2012, La Ley, 2012-C, 157).

En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el planteo analizado.

6.2. El agravio dirigido contra la condena a pagar la suma de $ 307.690 en concepto de daño emergente, tampoco puede prosperar. En primer lugar cabe señalar que los argumentos y las conclusiones de la Cámara acerca de que se encuentran configurados y acreditados los extremos que hacen procedente la responsabilidad del Estado provincial por su obrar lícito -específicamente, por su actividad legislativa- no han merecido crítica alguna de la demandada, quien centró sus reproches en afirmar que no la unía con la empresa actora vinculación alguna de tipo contractual, circunstancia que, como se dijo al tratar el agravio anterior, en ningún momento fue invocada por la actora como base para su reclamo indemnizatorio, ni menos considerada por el Tribunal de grado para resolver el reclamo por daño emergente.

Por otro lado, la disconformidad con la valoración que el Tribunal hizo de la prueba producida en el Cuaderno Nº 5 de la parte actora (fs. 491/509) resulta tardía e inconducente toda vez que, tal como lo destaca la sentencia y surge del examen de las constancias de autos, ".puesto lo informado a conocimiento de los interesados, la demandada no efectuó consideración alguna al respecto", circunstancia que permitió al Tribunal tener por ".debidamente acreditado que la actora efectuó los aludidos gastos a los fines de comenzar la obra concesionada." (cfr. fs. 507/509). En tal sentido la jurisprudencia ha señalado que "la falta de todo cuestionamiento de la veracidad de la información contenida en la prueba informativa, importa el consentimiento de su contenido, debiéndose estar a dichas constancias." (Cám. Civil Com. Común Tucumán, Sala II, in re: "Barnos S. R. L. vs. Gianotti, José Luis s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios", sent. n° 305 del 30/08/1996).

Tampoco asiste razón a la accionada cuando sostiene que ".la firma citada no aportó documentación sustentatoria o debidamente respaldatoria del informe (tales como copia del libro de comercio llevado en legal tiempo y forma y libro IVA), circunstancias que le restan por lo tanto veracidad al informe". En rigor de verdad, el art. 353 CPCyC, de aplicación supletoria al fuero, prevé respecto de la prueba de informes que ".en caso de impugnación por falsedad u otra causa, se requerirá la exhibición de los asientos contables, de los registros, libros, archivos o antecedentes en que se fundase el informe". Por lo tanto, no puede la demandada agraviarse tardíamente de una supuesta falencia probatoria que por su falta de actividad procesal oportuna, habría participado en su producción.

Respecto de la alegada ".incorporación de pruebas o documentales no acompañadas con el escrito de demanda.", se observa que la Cámara basó su decisión únicamente en las constancias de fs. 507/508 para tener por acreditados el contrato con la firma requerida y los consecuentes gastos que ordenó luego indemnizar, prueba de informes que, como se dijo, la demandada no objetó ni impugnó en modo alguno. Por lo tanto, carecen de fundamentación en esta instancia las alegaciones sobre una supuesta violación al debido proceso. Al respecto, cabe hacer notar la diferente actitud asumida por la demandada en la tramitación del Cuaderno de Prueba Nº 9 de la actora, donde planteó tempestivamente incidente de nulidad oponiéndose a su producción (fs. 543/545) lo cual reafirma que los agravios analizados en este apartado constituyen el fruto de una reflexión tardía que no corresponde atender en esta instancia extraordinaria, en las concretas circunstancias del caso. Como surge de lo considerado, la demandada no alcanza a exhibir fundadamente un desacierto sentencial que permita descalificar al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por arbitrariedad en la valoración del material probatorio recolectado en el Cuaderno de Prueba Nº 5 de la parte actora, en mérito al cual el Tribunal tuvo por ".debidamente acreditado que la actora efectuó los aludidos gastos a los fines de comenzar la obra concesionada.".

Por lo expuesto, se desestima el agravio analizado en este apartado.

6.3. Con relación a la gravedad institucional de la sentencia recurrida, en su confusa postulación, la demandada aduce una supuesta afectación a "...la igualdad y la defensa en juicio.". Para ello insiste con manifestaciones que fueron consideradas improcedentes en los apartados 6.1 y 6.2 tales como la falta de legitimación pasiva de la Provincia, la inexistencia de vínculo contractual de su parte con la actora, la exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Yerba Buena, la falta de acreditación de perjuicios a la actora y la incorporación de prueba documental en forma extemporánea. Consecuentemente, respecto de todas ellas cabe reafirmar lo considerado en los apartados anteriores, esto es que por su carencia absoluta de fundamentos constituyen una retahíla de opiniones y pareceres contrarios a la sentencia impugnada, cuyos argumentos en ningún momento refutan y, mucho menos, destruyen. Esta Corte ha dicho reiteradamente que "al interponer un recurso casatorio es menester la exposición de una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio impugnado, lo que no acontece en la especie. No basta con sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio. En el caso, la crítica se asienta en la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, sin explicar en forma acabada las razones por las que a su entender tal decisión no es acertada (.)" (CSJT, "León Alperovich S.A.C.I.F.I. vs. Pagani Aníbal Blas y otra s/Cobro Ejecutivo de Alquileres", sent. nº 56 del 19/2/2009).

7. Seguidamente se analizará el recurso interpuesto por la parte actora y confrontados sus agravios con los antecedentes y constancias de la causa, se advierte que el mismo debe prosperar.

7.1. La recurrente objeta en primer lugar el rechazo del reclamo indemnizatorio en concepto de daño emergente consistente en "la privación de su derecho adquirido de concesión de uso público por el término de treinta años" (cfr. fs. 12, párrafo segundo), aspecto de la decisión que según la actora contradice los fundamentos y el régimen jurídico en base a los cuales el Tribunal juzgó que el Estado provincial había incurrido en responsabilidad por su actividad lícita.

La Cámara sostuvo que la sanción de la Ley 7.522 ".ocasionó en la razón social demandante un sacrificio calificado o especial que la habilita a considerar a la demandada como responsable en tanto sancionadora de la norma, sacrificio que se traduce en la imposibilidad de ejecutar y gozar de un contrato respecto del que, a la luz de los acontecimientos descritos, fue dejada sin efecto su declaración de nulidad". Ello así toda vez que ".los derechos emanados de la concesión del predio de La Hoya a favor de la firma actora, ingresaron en su patrimonio y merecen el resguardo y protección que le dispensa la Carta Magna". Reforzó esta conclusión al sostener que en tanto la Ley 7.522 ".no previó en sus disposiciones consideración alguna respecto de la situación de la demandante, cuyo convenio de concesión. se encuentra firme y ha producido los efectos jurídicos que preveía." el dictado de tal norma ".derivó para la sociedad demandante un perjuicio cierto y limitativo de su derecho de propiedad (consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional), traducido en la imposibilidad material de llevar adelante la obra y la explotación concesionada por el tiempo acorado, lo que generó responsabilidad en cabeza de la demandada en cuanto sancionadora de la norma y la obliga reparar los daños ocasionados (sic)".

Luego de establecer la existencia de un efectivo menoscabo al derecho de propiedad de la actora derivado de la actividad legislativa lícita del Estado provincial, la Cámara consideró el reclamo indemnizatorio en concepto de privación del derecho adquirido de concesión de uso público por el término de treinta años, el cual desestimó.

Sostuvo que ".la firma demandante solo realizó las obras preliminares de movimiento de suelo (gastos por los cuales, se dijo previamente, le corresponde ser resarcida), más no efectuó faenas más allá de esto ni menos pudo explotar las obras concesionadas, por lo que mal puede justipreciar como pérdida o privación los valores que reclama. En otros términos, al no haber efectuado trabajo alguno o gozado de la concesión otorgada la posibilidad del reclamo en los términos que efectúa la actora no parece posible".

Tal conclusión da cuenta que la Cámara ha desinterpretado este aspecto de la cuestión llevada a resolver. En efecto, el reclamo indemnizatorio de la actora tuvo por objeto ".el valor del mismo derecho que ya había ingresado a su patrimonio y su pretensión radicó en la indemnización sustitutiva por la extinción de ese derecho". Así las cosas, la conclusión del Tribunal de que el reclamo de la actora en concepto de privación de su derecho adquirido de concesión de uso público por el término de treinta años no es posible ".al no haber efectuado trabajo alguno o gozado de la concesión otorgada." se basa en afirmaciones dogmáticas que solo satisfacen de manera aparente la exigencia constitucional de adecuada fundamentación (Fallos, 307:2027; 312:281; 314:423; 315:119, 2673; 316:2598; 319:97, 1085; 325:2340, entre muchos otros), en tanto lo decisivo para dilucidar la procedencia del reclamo indemnizatorio giraba, no alrededor del trabajo realizado ni de la ejecución de la concesión, sino en si efectivamente se había producido un menoscabo al derecho de propiedad de la actora que deba ser indemnizado, circunstancia que se halla estrictamente sujeta a su efectiva demostración en el expediente, tarea probatoria que incumbía a la parte actora, respecto de la cual los jueces de grado deberán efectuar el correspondiente juicio de mérito. Al respecto, la reciente jurisprudencia de la CSJN ha supeditado la procedencia del reclamo por daño emergente fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad lícita a que la actora produzca prueba conducente para demostrar la existencia y monto del daño emergente toda vez que ".el concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de éstos y, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (Fallos: 196:406; 211:1429; 273:269; 307:169; 312:1599 -voto de los jueces Belluscio y Petracchi-, entre otros)" (cfr. CSJN "Periopontis S.A. c. E.N. Mº Economía-SAGPyA Resol. 2/99 s/daños y perjuicios", Fallos 334:1074, del 04/10/2011).

Lo dicho lleva a concluir que el pronunciamiento impugnado se aparta en este punto de la reiterada doctrina de la CSJN que exige para la validez de las sentencias judiciales que sean fundadas y constituyan, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa (Fallos: 262:144; 272:172; 274:135 y 215; 279:355; 284:119, entre muchos otros).

En mérito a los fundamentos expresados precedentemente, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia, o no, de la indemnización por daño emergente concretamente reclamada en autos -resolución que, como se dijo, demanda de un examen valorativo de las pruebas de la causa y, por ende, es propia del tribunal de única instancia- corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora; consecuentemente casar parcialmente la sentencia impugnada, punto resolutivo I -en cuanto en rechaza la indemnización por daño emergente-en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que carece de fundamentos suficientes". Los autos serán devueltos a la Cámara de origen a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

7.2. En segundo término, la actora se agravia del rechazo de la indemnización solicitada en concepto de "pérdida de chance y efectiva privación de legítimas y certeras expectativas" (cfr. fs. 12 vta., segundo párrafo). Afirma que la Cámara basó tal negativa en la sola invocación del ".aparentemente hermético criterio sustentado en Motor Once S.A.", el que no ha sido ".mantenido a rajatabla por el Máximo Tribunal, de allí que no quepa elevar a tal doctrina al rango de inconmovible".

El alcance de la indemnización en los casos en los que el deber de resarcir deriva de una actividad estatal lícita es un aspecto de la responsabilidad del Estado que ha generado un arduo debate en la doctrina, como así también pronunciamientos judiciales encontrados (cfr. Amenábar, María del Pilar, "Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública", Rubinzal-Culzoni, 2008, págs. 243/247; Perrino, Pablo E., "La responsabilidad estatal lícita y la indemnización del lucro cesante", SJA 11/11/2009, Abeledo-Perrot Nº: 0003/014744). Sin desconocer tal circunstancia, cabe señalar que asiste razón a la recurrente en cuanto la actual jurisprudencia de la CSJN no descarta de plano la procedencia del rubro lucro cesante ante la responsabilidad estatal por actividad lícita, claro que sujeto a estrictas exigencias de acreditación y, en tal sentido, la sentencia impugnada se ha apartado de la referida interpretación de la CSJN, sin dar argumentos suficientes.

En efecto, la problemática que suscita la extensión del resarcimiento en los supuestos de responsabilidad estatal lícita fue abordada por la CSJN con posterioridad al precedente "Motor Once S.A." y en su actual integración, en cuatro pronunciamientos que definen claramente su posición favorable, como principio y bajo estrictos requisitos probatorios, al reconocimiento del resarcimiento del lucro cesante en tales casos (cfr. Perrino, op. cit.).

El primero de ellos se dictó en "El Jacarandá S.A. v. Estado Nacional", Fallos 328:2654, del 28/7/2005, originado por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de revocar la adjudicación de una licencia para explotar una frecuencia de radio. La CSJN afirmó allí que "la extensión del resarcimiento debe atender las características particulares de cada situación" y que "no hay, como principio, fundamento para limitarlo al daño emergente con exclusión del lucro cesante, esto es, de las ventajas económicas esperadas de acuerdo con probabilidades objetivas estrictamente comprobadas (Fallos 306:1409, consids. 4 y 5; 316:1335, consid. 20)". Sin embargo, al examinar el material probatorio obrante en la causa, la Corte concluyó que como el demandante no acreditó los daños por los que reclamaba, debía rechazarse la pretensión en tanto "...no se ha probado en este litigio una concreta privación a la actora de ventajas esperadas de acuerdo con probabilidades objetivas, lo cual impide revertir la decisión de la Cámara sobre el punto".

El criterio expuesto en "El Jacarandá S.A." fue reiterado en "Zonas Francas Santa Cruz S.A. v. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - decreto 1583/1996 s/ daños y perjuicios", Fallos 332:1367, del 09/06/2009. Tanto en primera como en segunda instancia se entendió que el Estado tenía la obligación de compensar a la demandante por haberse lesionado derechos adquiridos nacidos al amparo de la normativa que había sido válidamente derogada, razón por la cual se condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización comprensiva del daño emergente y del lucro cesante reclamado, más intereses. Al conocer la Corte del recurso ordinario de apelación deducido por el Estado Nacional contra la sentencia de la alzada, redujo el monto correspondiente a la reparación del daño emergente por estimar improcedentes algunos rubros reclamados en tal carácter. Respecto del lucro cesante, si bien reiteró el criterio favorable a su reconocimiento establecido en el citado precedente "El Jacarandá", rechazó en el caso concreto su reparación por considerar insuficiente la prueba aportada a tal efecto (cfr. Perrino, op. cit.).

En "IMSA MICSA c. Estado Nacional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos - OSNA - Ente Residual", sentencia del 22/12/2009 (Fallos 332:2801) la CSJN declaró procedente el reclamo por lucro cesante atribuido por la empresa actora a la rescisión anticipada de un contrato de suministro celebrado con Obras Sanitarias de la Nación.

Finalmente, en el caso "Periopontis S.A. c. E.N. Mº Economía-SAGPyA Resol. 2/99 s/daños y perjuicios" del 04/10/2011 (Fallos 334:1074) la CSJN rechazó el reclamo por lucro cesante derivado del accionar lícito del Estado al concluir que la actora no había acreditado ".los daños reclamados en concepto de lucro cesante, con el grado de certeza necesario para que proceda su reparación (Fallos: 311:2683; 312:316, entre otros)". Agregó que "El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el lucro cesante está configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo con probabilidades objetivas y estrictamente comprobadas (Fallos: 306:1409 y 328:2654), y que su admisión requiere una acreditación suficiente del beneficio económico (Fallos: 311:2683)".

Sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que el criterio mayoritario de la CSJN en su actual integración -con la única disidencia de la Dra. Highton de Nolasco- postula claramente que el alcance de la reparación en los supuestos de perjuicios causados por actuaciones estatales lícitas comprende también el lucro cesante, siempre y cuando el mismo sea demostrado en forma fehaciente (cfr. Perrino, op. cit.), caso contrario corresponderá el rechazo del planteo judicial por razones de "orfandad probatoria" (cfr. Olivero, Eduardo R., "La "orfandad probatoria" y la responsabilidad del Estado: la Corte Suprema reafirma los estándares aplicables -sin variar la tendencia al reconocimiento de una reparación justa y plena-", RCyS 2012-III, 91).

En mérito a lo expresado, el pronunciamiento impugnado, en cuanto rechaza la indemnización por pérdida de chance y privación de certeras expectativas debe ser descalificado por arbitrariedad, al apartarse de los precedentes de la CSJN sin aportar nuevos argumentos (cfr. CSJN, "Cerámica San Lorenzo, S. A.", Fallos 307:1094, y en igual sentido Fallos 212:251; 304:898; 304:1459, entre otros). Sin que ello importe abrir juicio acerca de la procedencia, o no, de la indemnización por pérdida de chance y privación de certeras expectativas, decisión que, como ya se dijo, de acuerdo al criterio actual de la CSJN depende del juicio ponderativo de las pruebas de la causa que efectúe el Tribunal de grado, corresponde casar parcialmente la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina legal: "En las causas sometidas a su juzgamiento los tribunales inferiores no pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin dar fundamentos suficientes", y reenviar los autos a la Cámara de origen a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento.

Toda vez que se dispone la nulidad parcial de la sentencia de Cámara, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas de esa instancia. Consecuentemente, no corresponde analizar el agravio de la demandada sobre ese punto.

8. Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia serán soportadas por su orden en razón de provenir la invalidez parcial de la actuación del órgano jurisdiccional (artículos 89 del CPA y 105, inc. 1° del CPCyC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 22/11/2011 (fs. 1713/1722 y vta.) en base a las doctrinas legales expresadas en los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el punto resolutivo I -en los términos y con los alcances establecidos en los considerandos- y el punto dispositivo II (costas) que también se deja sin efecto; y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado en los puntos 7.1 y 7.2.

II.- NO HACER LUGAR, en relación a los agravios analizados en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3, al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 22/11/2011 (fs. 1713/1722 y vta.) III.- COSTAS de esta instancia, como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.