marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desobediencia a un funcionario público, competencia criminal y correccional
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos ANSES, (Administración Nacional de la Seguridad Social) sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde declarar la competencia de la justicia Nacional en lo Criminal y Correccional porque si bien compete a la justicia local el juzgamiento de una desobediencia cometida en esta Ciudad y en la que se encuentre involucrado un tribunal de su órbita judicial natural, no puede pasarse por alto que la conducta reprochada en el caso al representante de la ANSES -presunta desobediencia de una orden judicial emitida por el Juzgado Nacional en lo Civil en el marco de una sucesión ab intestato-, guarda relación con su función y con las desempeñadas por sus dependientes y, más allá de la posible configuración del delito previsto en el art. 239 del CP, podría constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que no es dable descartar que el hecho afecte el buen servicio que debe prestar un organismo nacional y sus empleados (en lo pertinente, CSJN 'Fallos' 323:2600 y 328:392, entre otros), lo que determina la competencia de la justicia federal. Toda vez que la jurisdicción investida a ese Tribunal Superior lo habilita solamente a dejar la causa en la esfera de un juez que ejerza competencias ordinarias, corresponde mantener la intervención de la justicia nacional a efectos de que la magistrada declinante evalúe la posible remisión del caso a la justicia de excepción. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano, por remisión al dictamen fiscal).
Justicia militar, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, procedimiento extraordinario en tiempo de guerra, juicio sumario en tiempo de paz, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA INSTRUIDA EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 158/83
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

Debe rechazarse la tacha de arbitrariedad si no se advierte cual sería la absurdidad o falencia del razonamiento del a quo cuando, llamado por la ley a sustituir al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el conocimiento de la causa, juzgó que no podrá variar el procedimiento dispuesto en su momento por la autoridad competente (art. 481 del Código Militar), y ordenado después de modo expreso por el art. 10 de la ley 23.049, maxime si la flexibilización que indicado ha dado a la práctica consagrando atenuaciones que el legislador ha venido a reconocer cuando prevé en el mencionado art.

10 plazos para la realización total de la causa cuya amplitud es la propia de los juicios corrientes.
Admisibilidad del recurso, monto del juicio
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniería Gastronómica S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. nº 5277/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR Rentas (Res. nº 5277/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

El recurso de apelación ordinaria es improcedente desde que no sólo se omite acreditar el cumplimiento del recaudo concerniente al importe mínimo apelable, sino que, además, la recurrente declara encontrarse en la imposibilidad jurídica y fáctica de determinar el monto por el cual se interpone el recurso de apelación, argumento inadmisible puesto que el GCBA, a través de sus dependencias especializadas, es quien en esta causa ostenta la situación más favorable para establecer cuál es el importe que discute en último término, conforme a los agravios que pretende desarrollar.
Impuestos, hecho imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo Coadyuvante: Esso S.A. Petrolera Argentina s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

De los arts. 96 y 97 del Código Fiscal (t.o. 1976), arts. 1, 2, 4 y 7 dec. ley 8712 y arts. 1 y 7, dec. ley 9006 no se desprende que caigan bajo la imposición del tributo únicamente los ingresos que constituyen una efectiva retribución o contraprestación por el ejercicio de la actividad gravada sino que se advierte que se ha tenido en cuenta -para determinar el monto imponible- la movilización total de riqueza proveniente de la actividad comercial.

Siendo esto así, la suma recaudada por la empresa coadyuvante en virtud del impuesto nacional a los combustibles líquidos cae bajo la obligación del impuesto, constituyendo hecho imponible a los efectos de los gravámenes provinciales.
Recurso de casación, ley formal
Materia: PROCESAL
Carátula: De los Rios, Jacinto s/ Por retensión indebida, estafas reiteradas -dos hechos- en perjuicio  de  Juan  Arroyo  y  otros  y  Estafas  reiteradas -cinco hechos- en  perjuicio de Francisco Manzano - Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-12-29

Frente a las posibles inobservancias de la ley formal, compete al tribunal casatorio el examen sobre si el tribunal de juicio cumplió e hizo cumplir los preceptos jurídicos regulatorios de la actividad procesal, en aras de vigilar la estricta vigencia de los preceptos constitucionales de la defensa en juicio, debido proceso y de inocencia.
Derechos y garantías constitucionales, jueces naturales, subrogancia del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bestene SCC s/ Quiebra  Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-16

La garantía del juez natural, "no resulta afectada por la intervención de nuevos jueces en los juicios pendientes, como consecuencia de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de la competencia".
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Londero, Osvaldo Luis c/ Secretaría del Agua y del Ambiente - Subsecretaría del Ambiente de Catamarca s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-10-26

En el caso, obra Sentencia Definitiva Nº 20 de fecha 21 de octubre de 2010 dictada por esta Corte de Justicia, por la cual se resuelve hacer lugar a la acción de amparo por mora interpuesta por el actor, ordenando a la Secretaría del Agua y del Ambiente, para que en el plazo de QUINCE (15) DIAS, de notificada la presente, resuelva sobre la solicitud de restitución de la máquina topadora, bajo los apercibimientos de ley, con costas a la accionada que resulta vencida.

El apoderado de la actora solicita regulación de honorarios por su actuación en la causa.

Al no existir una determinación pecuniaria del asunto sometido a la jurisdicción, corresponde analizar los otros aspectos que deben ser valorados a los fines de la regulación de honorarios, como lo son los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos, en calidad, extensión y éxito obtenido.

Por todo ello y lo dispuesto por el Art. 6 Incs. b), c) ,d) y e) de la Ley Nº 3956, corresponde, regular los honorarios profesionales, al apoderado de la actora por los trabajos realizados en la causa, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000).Protocolícese, hágase saber y notifíquese a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.
Acción de nulidad, resoluciones irrecurribles, resoluciones inapelables
Materia: PENAL
Carátula: S.C.E. y otro en autos A.G. c/ S. C.E. s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-08

La acción de nulidad por sentencia írrita procede contra la sentencia firme que revista la calidad de cosa juzgada material. La resolución que aprueba la liquidación de la actora, es una resolución simple, que no causa estado ni tiene efecto de cosa juzgada material en virtud que, toda liquidación se aprueba en "cuanto a derecho", solo adquiere cosa juzgada formal pudiendo el tribunal en caso de error o vicio alguno rectificar la misma. Lo expuesto evidencia la improcedencia del agravio porque la resolución atacada no causa estado ni es definitiva.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ALZAGA DE PRINCIC DOLORES INES c/ GHIGLIONE RAUL RAMON Y OTROS s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS-ACCIDENTES  DE  TRANSITO-TRANSMISION DEL DOMINIO  POSTERIOR AL SINIESTRO-EFECTOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-27

La sola expresión general de los quejosos, que son excesivos los valores consignados en los presupuestos de reparación traídos por la actora, no enervan la validez probatoria de esos documentos recurridos en su autenticidad por vía de testimonio de sus emitentes. Los jueces de grado no están al corriente de los precios de plaza- o costos que insume una reparación de un daño material cualquiera, por lo que cabe al impugnante la carga de acreditar fehacientemente la existencia y medida del exceso endilgado.

Debe preservarse la necesidad de que los hechos sobre los cuales se funda una decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, sin que pueda el sentenciante suplirlas por el conocimiento personal o privado que tenga sobre ello. Lo contrario implicaría desconocer la publicidad y la contradicción indispensables para la validez de todo medio probatorio.
Acción de amparo, legitimación procesal, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., A. - Defensora General s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-27

En el precedente de nuestro Superior Tribunal de Justicia, caratulado: "ODARDA", al considerarse que la accionante no acreditó la existencia de un derecho o interés que la legitime para accionar por la vía intentada, toda vez que la genérica invocación de su calidad de legislador no conlleva - por sí - la evidencia de una afectación susceptible de ser planteada mediante el conducto adjetivo especialísimo al que se acudió.
Proyecto de obra pública, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consulbaires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Corresponde estar a la determinación normativa del precio del contrato celebrado con invocación expresa de las tablas aprobadas por el decreto provincial 6964/65 -que fija los aranceles para la regulación de honorarios a los profesionales de la ingeniería- si la modificación en el alcance de los trabajos contratados tuvo una significación tal que permite aplicar un porcentaje diferente al numéricamente convenido sobre la tarea comprendida en dicha ampliación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación de sentencia, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANPA S.R.L. c/ Municipalidad de Pinamar s/ Pretensión anulatoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-07

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia en la causa haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocando el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, admitiendo la demanda promovida por la firma ANPA S.R.L., declarando la inconstitucionalidad -e inaplicabilidad a su respecto- de la reforma introducida por la Ord. n° 3770/09 al inc. 3° del art. 178 del Código Tributario Municipal.
Principio de congruencia, cambio de calificación legal, acusación fiscal, requerimiento de elevación a juicio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: DELL ORTTO, Carmen Alicia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

A partir del estudio de los actos procesales, se advierte que las conductas atribuidas a las encartadas se han mantenido inalteradas a lo largo del proceso, no se advierte afectación al principio de congruencia por el cambio de calificación operado al momento de formular la acusación fiscal en el requerimiento de elevación a juicio ni se observa menoscabo de los derechos que le asisten, ni alteradas las reglas de juzgamiento, por lo que no se observa verificada la causal de nulidad que invoca el Tribunal Oral, razón por la cual la sentencia recurrida no puede ser calificada como acto jurisdiccional válido. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Recurso de apelación (procesal), legitimación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scherdenovsky, Fernando c/ Rogousky, Julio César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

En ausencia de otra manifestación expresa sobre el tema, bien podría considerarse como la 'doctrina legal' aún vigente: El asegurador citado en garantía según lo dispone el art. 118 de la ley 17418 tiene legitimidad para recurrir la sentencia condenatoria ante la alzada, con independencia de que la misma hubiera quedado consentida para el asegurado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PAULINO c/ INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORIGEN s/ RECURSO DIRECTO C/RESOLUCION N. 249/84. s/ RECURSO DIRECTO C/RESOLUCION N. 249/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-05-23

Si bien es legítimo el ejercicio por la Administración de su facultad de establecer el régimen de incompatibilidad a que deberán sujetarse sus agentes, pudiendo así -como en el caso- motivar la baja de los comprendidos en el mismo, en modo alguno puede derivarse de ello la inexistencia de la correlativa obligación del Estado de indemnizar los perjuicios que para el agente resulten de esa baja, producto en realidad de la unilateral modificación del contrato de empleo público que ha importado el establecimiento del régimen de incompatibilidad que la provoca.
Compraventa, precio
Materia: CIVIL
Carátula: Retamoso, Desiderio c/ Suc. Ana Feldman Hug. s/ Escrituración Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-06-27

Procede la actualización del importe del saldo adeudado aunque el adquirente (deudor del saldo de precio) no se encuentre en situación jurídica de mora y el vendedor (acreedor de ese saldo y deudor de la obligación de escriturar) se encuentre en mora como deudor de esta última obligación.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Vecinal Belgrano  C Manuel Begrano y Otros c/ G.C.B.A y Otros s/ Incidente de Recursos de Inconstitucionalidad en QAD 17 c/ G.C.B.A y Otros s/ Incidente de Recursos de Inconstitucionalidad en QAD 17
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

En orden a la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, cabe señalar en primer término que el tópico no se encuentra contemplado en el Título III de la Ley Nro. 402, relativo al recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

En segundo lugar, es criterio reiterado que esa construcción pretoriana no tiene por objeto corregir en última instancia sentencias equivocadas o que el litigante considere tales, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional y no puede fundarse en la mera disconformidad del apelante con la interpretación que hacen los tribunales de justicia respecto a las normas que aplican, en tanto éstos no excedan de las facultades de apreciación de los hechos y aplicación del derecho que son propias de su función.
Juicio de desalojo, medidas cautelares, locación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tranchini Miguel José c/ Gatica Reinaldo y otros s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Como la entrega de la cosa locada no se efectivizó, pues sólo se la otorgó con el carácter de tenencia provisoria, en los términos de la prohibición de innovar, no es audible lo que alega el demandado sobre la extinción de la relación jurídica de locación por el sólo hecho del allanamiento, pues mientras no se restituya la cosa arrendada de modo "efectivo" no queda liberado el locatario de la obligación de pagar el precio (arts. 1609, C.Civil).
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Markus Gabriela c/ Adaglio Luis Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-29

El interés del doce (12) por ciento anual fijado por el artículo nueve (9) de la Ley veintitres mil novecientos veintiocho (23928), opera hacia el pasado en lo que se ha denominado "una suerte de desagio con base en el dolar", pero en modo alguno importa establecer una tasa de interés legal, en tanto los artículos seiscientos veintidós (622) del Código Civil y quinientos sesenta y cinco (565) del Código de Comercio permanecieron inalterados, y el propio artículo (623) del primero de ellos, así modificado, alude expresamente a la tasa de interés en plaza, con lo cual da la pauta de que el legislador ha dejado intencionalmente que sea el mercado el que la fije.
Caducidad de instancia, litisconsorcio facultativo, traslado de la demanda, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catena Jorge c/ Carmelo Lazzaro Bullo y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: a140 - 070)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-19

La notificación de la demanda a uno de los co-demandados, impide la caducidad de instancia contra los demás litisconsortes pasivos, en razón del principio de indivisibilidad de la instancia
Concursos, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Depósito Cuyo S.A. en J: Depósito Cuyo S.A. s/ Concurso Preventivo Incidente de Revisión (LIBRO: A136 - 284)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-30

Existiendo un aparente conflicto entre la aplicación de la Ley de Procedimiento Tributario Nº 11.673, art. 42, que mediante resolución 22/91 fija el int. resarcitorio en un
Recurso de reposición (procesal), falta de apelación en subsidio
Materia: PROCESAL
Carátula: Azanza c/ Agüero Fernández s/ Nulidad de reversión de donación (Expte Nro. 499-01, Resolución N 87,  Tomo 8, Folio 497)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-10

Si el interesado deduce sólo revocatoria y no apela en subsidio, hace ejecutoria la decisión que recaiga sobre aquélla. Por lo tanto, son improcedentes los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el auto que decide la revocatoria y no contra el proveído que le dio lugar; resultando así extemporáneo el recuso de apelación deducido directamente contra la resolución que decide una revocatoria y no contra la que dio lugar a ésta.
Retroactividad de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAVAJAS DE FRATTINI, LILIAN RUTH c/ VUELTA DEL OMBU S.A. Y/O MIRTA A. DE NAVAJAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-02-20

La Resolución N° 108/90 de la Superintendencia Nacional de Fronteras es aclaratoria del art. 4 del Decreto-Ley N° 15.385/44 (Ley 12.913), modificada por Ley 23.554, que exceptúa a los argentinos nativos del trámite de previa conformidad para la adquisición de inmuebles ubicados en las Zonas de Seguridad. Por lo que, en la compra hecha por la actora, argentina nativa según expresa la fedataria en la escritura pública de poder cuyo primer testimonio obra glosado en autos, no hubo el mentado vicio (nulidad). No lo hubo por la sencilla razón de que como tal Resolución debe entenderse vigente a partir de la fecha que entró en vigor el Dec. Ley 15.385/44 (Ley 12.913), ya al momento de suscribir el acto de instrumentación de la operación a esa compradora no le era exigible el recaudo del trámite previo referido a inmuebles situados en Zonas de Seguridad.Por lo que la sentencia de Cámara violó un principio fundamental del ordenamiento jurídico -la retroactividad de las normas interpretativas- para llegar al veredicto, y ésto deja sin sostén la decisión apelada.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Julio Charchir S.A. y Ot. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Autorización de Venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-21

Después de homologado el acuerdo preventivo, el Juez debe declarar finalizado el concurso. Después de dictada la resolución, y aún antes del cumplimiento del acuerdo, cesa lantervención del síndico y dejan de aplicarse las restricciones a la administración de la concursada, contempladas en los arts. 15 y 16 de la ley 24.522.-
Expropiación, indemnización expropiatoria, avenimiento (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Inmobiliaria Posadas  SACIF , y de Mandatos c/ Entidad Binacional Yaciretá. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Lo referente al resarcimiento de los perjuicios sufridos por el expropiado debe ser materia de debate y apreciación por los jueces, quienes no podrán hacer aplicación lisa y llana del mecanismo que, para el avenimiento, prevé el art. 13 de la ley 21.499. Otra interpretación que se otorgue a la norma no es admisible si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Competencia provincial, competencia penal, encubrimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ingiulla, Gustavo Adrián y otros s/ encubrimiento - art. 277, inc. 3° del C.P. - causa 100.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Si el delito encubierto es de competencia de la justicia provincial, este hecho afecta a ella y no a la administración de justicia nacional.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, solicitud de libertad condicional, reclusión perpetua
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Coccaro Retamar, Héctor Raúl  c/  s/ expedientes penales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

El recurso extraordinario deducido por la defensa, contra la resolución que rechazó el pedido de libertad condicional del condenado a la pena de reclusión perpetua, es inadmisible en razón de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Seguros, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sampellegrini, Sergio Alejandro c/ Correa, Sergio Fabián y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

Si se pactó en el contrato de seguro como riesgo no asegurado a las obligaciones contractuales, no es posible reclamar de la aseguradora el pago de daños de tal origen.
Proceso penal, acción civil, actor civil, preclusión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LEMOS, HUMBERTO JOSE s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-06-09

Si el impugnante pretende que al no oponerse los demandados a la constitución como actores civiles de sus clientes,precluye para aquéllos la facultad de oponer la excepción "sine actione agit", sin advertir que el presupuesto necesario de la preclusión es que exista una situación procesal definitivamente consolidada, que impida el ejercicio de toda actividad que tienda a contrariarla, el recurso debe ser rechazado.
Daños y perjuicios, consecuencias mediatas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Plemich Szalay de Salgado, Olga c/ Zalazar, Carlos Rodolfo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Si los demandados incumplieron su obligación de devolver el inmueble alquilado en el estado que lo recibieron, ello los obliga a resarcir los daños que causaron a la propiedad porque esa es la consecuencia inmediata, pero no puede responsabilizarse a los demandados por las consecuencias mediatas no previsibles como lo es la minusvalía de la vivienda. Si bien es cierto, el estado en que se encontraba el inmueble pudo influir en el bajo precio obtenido, no es menos cierto que los daños causados por los inquilinos sólo significarían una parte de aquella desvalorización, porque en la venta también debe haber incidido la vetustez del inmueble y las condiciones del mercado contingencia por sí misma imprevisible (arts. 901 a 906 del CC).