Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-27


Registro n° 1695/08 ///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de dos mil ocho, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 9400 del registro de esta Sala, caratulada "Antinori, Osvaldo Rodolfo s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Juan Martín Romero Victorica; ejerce la defensa del imputado el señor Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti (h); y en calidad de querellantes los doctores Pedro Atilio Velázquez Ibarra, Daniel Edgardo Alonso -Adriano Acosta-, Eduardo Davis -Estela del Carmen Díaz-, William Carballo y Carlos Alberto Ojeda -Asamblea Permanente de Derechos Humanos-.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Guillermo José Tragant y doctora Angela Ester Ledesma.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 63/66 vta. por el señor Defensor Público Oficial, doctor Belisario Arévalo, contra la resolución de fecha 13 de agosto de 2007 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, por la que resolvió "Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 28/30 por la Dra. Rosa María Córdoba, Defensora Oficial del imputado Osvaldo Rodolfo Antinori, con costas" (conf. fs. 55/57), y en consecuencia, confirmó el auto de primera instancia por el que se rechazó la nulidad articulada por la defensa a fs. 1/5 vta..

2.- Que concedido por el a quo el remedio impetrado a fs. 67 y vta., y radicadas las actuaciones en esta instancia, la defensa del imputado Antinori mantuvo la impugnación a fs. 83.

3.- La parte recurrente invoca en su recurso el artículo 456, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación, pues considera que la sentencia impugnada es arbitraria.

En tal sentido, indica que "...la violación de las normas que rigen el procedimiento, así como las garantías de raigambre constitucional han quedado expuestas desde la detención de Osvaldo Rodolfo Antinori, quien, si bien es cierto fue detenido mediante una orden emanada por la autoridad judicial, dicha privación de libertad pierde legitimidad al omitirse la recepción de la declaración indagatoria en tiempo (art. 294), acto procesal éste de particular trascendencia para el imputado, toda vez que constituye su principal medio de defensa. Sumo a ello la detención ilegítima que soportara durante casi tres meses antes de recibírsele declaración".

Manifiesta en tal sentido que "...Antinori estuvo a disposición del juez desde el 17/11/06 hasta el 20/12/06, fecha esta última en que el magistrado interviniente fue separado de la causa". Por lo tanto, refiere que no existió motivo alguno que permitiera que su defendido no fuera indagado durante el transcurso de mas de un mes cuando sí existía un juez en funciones.

Sostiene además que nuestro ordenamiento legal no admite que puedan subsanarse violaciones a normas constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), el que "...consagra las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, amén de los Tratados Internacionales que también establecen como es sabido garantías básicas". Y agrega que "...menos aún, cuando V.E. sostiene en otro considerando del resolutorio que es aplicable al caso el art. 171, inc. 3ro del CPPN que establece el modo de subsanar las nulidades, toda vez que, como es sabido hasta la saciedad, aquellas que violan normas constitucionales revisten el carácter de absolutas, son insubsanables y pueden ser interpuestos en cualquier estado del proceso".

Refiere que "...tampoco es admisible la afirmación de V.E. de que a la fecha la cuestión se ha tornado abstracta porque se ha designado juez en la causa. ¿Y los derechos constitucionales de Antinori dónde quedan?".

Pone de resalto que los argumentos del Tribunal de mérito no se ajustan al planteo de esa defensa, habida cuenta que el fin perseguido no es la libertad de Antinori -tal como lo manifestara el a quo en la resolución impugnada-, sino la legalidad del proceso llevado en su contra desde sus comienzos.

En definitiva, argumenta que la situación de su asistido entre el 17/11/06 y el 02/03/07, "...configura claramente una privación ilegítima de su libertad, la que debió soportar, para colmo, en un delicado estado de salud"; y que se ha vulnerado en el caso de autos las garantías del debido proceso y de defensa en juicio (artículos 18 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y 7°, apartados 4, 5 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-).

4.- Durante el término de oficina dispuesto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no hicieron uso del derecho que les confieren las citadas normas de desarrollar o ampliar los fundamentos de los motivos propuestos en el recurso de casación (fs. 84).

5.- Habiéndose cumplido con las previsiones del artículo 468 del ritual -conf. constancia actuarial de fs. 111-, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

A modo preliminar, corresponde tener presente que la defensa plantea la nulidad de las presentes actuaciones a partir de la providencia del día 27 de noviembre de 2006, habida cuenta que desde esa fecha hasta el momento en que se citó a Osvaldo Rodolfo Antinori a prestar declaración indagatoria -2 de marzo de 2007-, el nombrado ha permanecido ilegítimamente privado de su libertad, violándose de tal manera las garantías del debido proceso y defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional).

Cabe aclarar, tal como se expuso en el auto de primera instancia por el que se rechazó la nulidad impetrada, que la referida circunstancia se produjo como consecuencia del apartamiento del señor juez instructor a raíz de su excusación y el posterior procedimiento de desinsaculación dirigido a regularizar el curso las actuaciones. A raíz de ello se designó al doctor Miguel Iñigo Urrutia como Conjuez, quien fuera recusado posteriormente por uno de los querellantes; decidido su apartamiento por la Alzada, la causa careció de juez natural en virtud de las sucesivas excusaciones de quienes resultaran designados en tal función (ver fs. 16/17 vta.).

Ante tal coyuntura -agregó el magistrado instructor-, se produjo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación regularizando la situación generada en el sumario "...pero además validando expresamente la actividad de los conjueces que se vieron llamados al proceso, de un modo categórico: '...sin perjuicio de la validez de los actos otorgados por quienes se vieron llamados a tomar intervención en calidad de conjuez...'" (fs. 16/17 vta.).	Por su parte, el Tribunal a quo indicó acertadamente que "Corresponde admitir que efectivamente existió una demora en tomarle declaración indagatoria al imputado Antinori, la que estuvo motivada en causas ajenas a la voluntad del Magistrado interviniente, toda vez que durante un lapso de tres meses, no existió Juez titular en la causa debido a las sucesivas excusaciones y recusaciones interpuestas, lo que imposibilitó la realización de actos procesales trascendentales como era la indagatoria de Antinori".

Señaló que dicha circunstancia "...fue posteriormente superada, permitiendo la designación de Juez, la indagatoria de Antinori y el dictado del posterior Auto de procesamiento y prisión preventiva".

En ese mismo sentido, continuó expresando que "...de haber habido alguna irregularidad en el proceso esta se debió a causas ajenas a la voluntad del Magistrado interviniente, motivadas en el desarrollo del proceso y tales irregularidades fueron oportunamente subsanadas con la indagatoria del imputado Antinori, tomada con todas las formalidades de la ley, hasta el otorgamiento de su excarcelación". Finalmente concluyó que "...se da en autos la circunstancia prevista en inc. 3° del art. 171 del C.P.P.N. citado, toda vez que el acto, no obstante su irregularidad -demora en tomar la indagatoria- consiguió su fin con respecto a todos los interesados".

TERCERO:

Ahora bien, reseñado todo lo anterior, debemos destacar que en el precedente "Márquez, Jorge s/competencia" (causa n° 4742, registro n° 497/03, del 03/09/03), esta Sala sostuvo que "...para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho del imputado. Lo contrario importaría afectar el principio de trascendencia e implicaría el dictado de la nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal...".

Más concretamente -al tratar un supuesto análogo- hemos sostenido que "...para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertas exigencias, entre las que hay que subrayar la demostración -por parte de quien la alega- del perjuicio real y concreto que le produce el acto viciado (limitación de un derecho vinculado al buen orden del proceso), y del interés o provecho que le acarrearía tal declaración. Generalmente se analizan indistintamente estos dos aspectos bajo el rótulo del "principio de interés". Ahora bien, estas exigencias o requisitos adquieren especial importancia en dos casos: con relación a las nulidades absolutas y respecto de las nulidades enunciadas taxativamente por la ley; y en este sentido debemos memorar que son numerosos los precedentes de esta Cámara de los cuales se desprende que las nulidades, aún aquellas declarables de oficio, no pueden invocarse en el sólo beneficio de la ley, sin consideración a sus efectos en la causa. No basta con verificar la existencia de una nulidad, aunque esté especialmente prevista por la ley, pues si no existe perjuicio concreto se decretaría la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal. Advertimos que dicha posición ha sido mantenida por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a través de la doctrina del "harmless error", aplicable cuando se produce una irregularidad esencial en el proceso pero que, en definitiva, no causa perjuicio alguno..." (conf. nuestros votos en las causas n° 3861, "Alto Palermo Shopping s/recurso de casación", registro n° 408/02, del 12/08/02, y n° 4638, "Espinoza Ocampo, Simeón s/recurso de casación", registro n° 589/03, del 07/10/03, y sus citas; y en análogo sentido, causa n° 261, "Barbieri, Claudio H. s/ recurso de queja", registro n° 344, del 10/11/94, de la Sala I; causa n° 1785, "Trovato, Francisco M. A. s/ recurso de casación", registro n° 2614, del 31/5/2000, y causa n° 2244, "Cubilla, Hugo Eduardo s/ recurso de casación", registro n° 3134, del 19/2/2001, ambas de la Sala IV; entre muchas otras).

Y ello es así porque tal como lo afirmamos en el precedente "Espinoza Ocampo" ya citado, "...la 'nulidad' (como instituto) se vincula muy estrechamente con el derecho de defensa, y si el vicio invocado no priva a la parte de su ejercicio ?es decir que no afecta la garantía en cuestión?, el pedido de nulidad debe ser rechazado por no existir ni perjuicio ni interés. '... Nosotros participamos de aquella opinión que ve en los requisitos de los actos procesales, un modo de salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa. Si el acto irregular, pese a la irregularidad, no afecta dicho derecho, no hay interés en la nulidad ...' (conf. Raúl Washington Ábalos en 'Código Procesal Penal de la Nación', 2a. edición, EJC., Santiago de Chile, 1994, pág. 375)...".

El agravio del recurrente, lejos está de cumplir con tal requisito ya que de la argumentación del recurso se desprende que la nulidad solicitada no deja de ser una mera exigencia formal (una nulidad por la nulidad misma) sin consecuencia axiológica o material alguna en el ámbito de los derechos fundamentales del sujeto sometido a proceso penal.

Es que en el supuesto bajo estudio, debemos puntualizar que no obstante que el imputado se ha visto privado de la libertad por un lapso de más de tres meses sin ser requerido a prestar declaración indagatoria, no podemos dejar de señalar que dicho acto finalmente se llevó a cabo el día 2 de marzo de 2007 de acuerdo a las pautas legales vigentes (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación), habiéndose subsanado el error de conformidad con lo previsto en el artículo 171, inciso 3°, del ordenamiento citado.

En esta línea de argumentos, cabe señalar que la defensa no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que supuestamente le ha irrogado el acto cuya nulidad solicita, ni tampoco cuál es el interés en lograr su anulación, pues tal como ya hemos dicho, el imputado Antinori fue citado a declarar en virtud de lo dispuesto en la norma antes referida una vez que el procedimiento contaba con el magistrado instructor designado, enmendándose así los posibles defectos de procedimiento que -involuntariamente- acaecieron en las presentes actuaciones.

Por lo demás, tenemos particularmente en cuenta que luego de regularizarse el curso de la investigación mediante la declaración del imputado Antinori, éste obtuvo la libertad mediante el beneficio de la excarcelación (conf. 56 vta.); de forma tal que la pretensión del recurrente se invoca -como ya expresamos- sólo en beneficio de la ley, sin demostrar cuál es el perjuicio concreto que ha sufrido.

Por todo lo expuesto, proponemos al acuerdo y votamos por rechazar el recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Público Oficial, doctor Belisario Arévalo, asistiendo defensivamente a Osvaldo Rodolfo Antinori, con costas.	El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:

Adhiero al voto del Dr Riggi pues la solución del caso se ajusta a la doctrina que fijara al votar en la causa n° 4859 "Alais, Julio A. y otros s/rec. de casación" Reg. 199/04 del 23/4/04, a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.- Sólo habré de agregar que la irregularidad denunciada por la defensa y cuya verificación en autos es evidente, más allá de no constituir un agravio actual, debería ser tema de averiguación por parte del órgano encargado de la evaluación del control de la conducta de los magistrados.- Tal es mi voto.- La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Sellada como se encuentra la suerte del recurso de casación incoado por la defensa, por la opinión concordante de los colegas que me preceden, sólo he de señalar que más allá de la responsabilidad que eventualmente le pudiere caber al Estado por la situación irregular informada por el recurrente -memorada a lo largo del voto que lidera el acuerdo-, comparto la solución a la que arriban los magistrados que se pronunciaron con antelación.

Tal es mi voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 63/66 por el señor Defensor Público Oficial, doctor Belisario Arévalo, asistiendo a Osvaldo Rodolfo Antinori, con costas (artículos 456, inciso 2°, 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al referido Tribunal, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.