Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2005-08-08


San Salvador de Jujuy, agosto 8 de 2005.

El doctor del Campo dijo:

Que el Estado provincial interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fs. 4/19) contra el pronunciamiento de la sala I del Tribunal del Trabajo (fs. 347 y 354 del principal que se citará en adelante) que lo intimó a depositar la cantidad de $17.847,85 -en concepto de capital y honorarios- bajo apercibimiento de disponer un embargo sobre sus bienes.

Que a esos fines, el tribunal, consideró que se había intimado al Estado a depositar un importe en concepto de capital y honorarios (fs. 321) y que ante el silencio del obligado -de casi un año- se ordenó el embargo (fs. 327); que el deudor puso a disposición los Bocodepro Pro serie 2; que la demandada no había acreditado la circulación de los títulos en cuestión, ni la cotización "en las bolsas y mercados del país o del exterior (art. 12, ley 23.982)" (sic) y esa falencia obstaba a que se les pudieran "reconocer características cancelatorias, ya que dicha falta de cotización en las bolsas y mercados del país y del exterior restringe su liquidez (art. 19 ..., citado en 'Kasdorf')" (sic).

Que los reparos que el Estado trae a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia -sobre la base de que el fallo contiene una fundamentación dogmática o sólo aparente- no pueden prosperar porque no constituyen una crítica idónea, como es imprescindible, a cada uno de los serios fundamentos desarrollados por el Tribunal del Trabajo, que fueron reseñados líneas arriba. El remedio procesal simplemente efectúa un pormenorizado relato de los hechos, pero silencia toda consideración sobre los argumentos del Tribunal del Trabajo con miras a modificar lo resuelto por él. No basta a los fines de la expresión de agravios, la mera cita y transcripción de normas que se dicen violadas, ni copias de opiniones doctrinarias y jurisprudenciales, si no se las vincula directamente con el contenido del fallo que resuelve la respectiva cuestión.

Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y no autoriza a revisar -y eventualmente substituir- el criterio de los magistrados anteriores en grado en temas sobre los cuales el interesado no se ha hecho cargo concreta y razonadamente de cada uno de los fundamentos que sirven de apoyo al temperamento adoptado en la anterior instancia (L.A. 46, Fº 1490/1491, Nº 607).

Sin perjuicio de lo expresado, conviene dejar sentado que el recurrente no ha desvirtuado la falta de cotización en bolsas y mercados nacionales e internacionales, condiciones esenciales para reconocerlos como medio de pago idóneo. Así se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia en L.A. 47, Fº 402/403, Nº 184; ídem, Fº 1773/1775, Nº 765; ídem, Fº 2018/2021, Nº 872 y L.A. 53 competencia originaria, Fº 152/154, Nº 54 -entre otros- en correspondencia con el precedente "Kasdorf S.A." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallada el 27 de mayo de 1999.

En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el doctor O. S. P. -con el patrocinio letrado de la doctora M. E. A.- en representación del Estado provincial; imponer las costas al vencido (artículo 102 del Cód. Proc. Civ.) y regular los honorarios del doctor. E.R.E. la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos ($450) por aplicación de la doctrina sentada en "Argentores c. Video-Bar Luisiño"; con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

El doctor Arnedo adhiere al voto que antecede.

El doctor González dijo:

Disiento de la solución propuesta en el voto que antecede.

Conforme en él se reseña, para desatender el planteo formulado a fojas 329/334 del principal, consideró el Tribunal de grado que el Estado Provincial pretendía cumplir su obligación de pago de crédito consolidado, entregando títulos de características distintas a las previstas en el art. 12 de la ley 23.982, lo que -de aceptarse- habría de imponerle al acreedor restricciones a su derecho más gravosas que las establecidas en ese régimen normativo.

Tales consideraciones fueron, sin dudas, acordes a las circunstancias existentes al momento del dictado de ese pronunciamiento (12 de abril de 2004), cuando los títulos de la deuda pública provincial (bocodepro-pro 1 y bocodepro-pro 2), emitidos por el Estado Provincial para afrontar su pasivo consolidado en dólares estadounidenses y en pesos respectivamente, no eran aptos para cotizar en el mercado bursátil.

Sin embargo, a la fecha de este pronunciamiento, tales circunstancias se modificaron y corresponde atender a esos cambios a fin de resolver el presente "con criterio actual". Al respecto, tiene dicho el Máximo Tribunal de la República que: "las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (C.T.S.N.: "Suppa y Boaco c. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 06/02/03; "Tomás Guarino c. Fuerza Aerea Argentina" 20/08/1996; "Horvath, Pablo c. Fisco Nacional", 04/05/1995).

Es sabido que al pronunciarse en "Kasdorf c. Provincia de Jujuy" (Fallos 322:1050) la Corte Suprema de la Nación, con cita del art. 12 de la ley 23.982, resolvió que los bonos entonces presentados por el Estado Provincial no eran idóneos como medio de pago porque no reunían las condiciones de cotización y libre circulación. En el mismo sentido y siguiendo esos lineamientos, se expidió este Superior Tribunal ("Miguel Angel Cabezas c. Libertador General San Martín" en L.A. 50 Fº 8/10 Nº 4, entre varios otros) y también lo hicieron, en numerosas causas, los Tribunales inferiores.

Sin embargo, del repaso de las disposiciones aplicables al caso y del análisis de nuevos eventos, resulta claro que los extremos que entonces gravitaron para que se resolviera en aquel sentido, variaron sustancialmente por lo que cabe al caso de autos, solución distinta a la adoptada por el a quo.

Como lo expresé en reciente pronunciamiento (Expte. 3233/2004: "Villa c. Policía de la Provincia"), desde el 21 de julio de 2004 "la Bolsa de Comercio de Buenos Aires autorizó la cotización de los "bocodepro pro 1" representativos de la deuda provincial en dólares estadounidenses y los "bocodepro pro 2" para el pasivo en moneda nacional, que emitiera el Estado Provincial en conformidad con lo dispuesto en la ley 5154, su decreto reglamentario 1601-E-99 (modificado por el Nº 7434-H-2003 y el 346-H-04) Y la Resolución del Ministerio de Hacienda Provincial Nº 992-H-2003. Así se constata con el informe que suministra esa Bolsa de Comercio a través de Bolsar (sitio web "bolsar.com.net")" "De esas mismas disposiciones resulta que esos títulos, además de la aptitud para cotizar en bolsa, tienen libre circulación (inciso 2, art. 4 de la ley 5154 y apartado "B", punto primero, art. 2º del decreto acuerdo 5788-E-98)", lo que pone en evidencia que "se encuentra superado el escollo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a resolver como lo hizo en el aludido caso Kasdorf".

También dije y cabe reiterar aquí que en nada perjudica la aptitud cancelatoria de esos bonos, la imposibilidad de "entregarlos" al acreedor, pues no se trata de títulos cartulares sino escriturales, modalidad que claramente se corresponde con una de las alternativas previstas en el art. 12 de la ley 23.982: "podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de la lámina ..." y que no se advierte que "las inevitables diligencias a cargo del acreedor para la apertura y registro de la cuenta en la que sus títulos habrán de registrarse, irroguen dilaciones o molestias que vayan más allá de lo tolerable o que, por su envergadura y complejidad, puedan aparecer como el desconocimiento de su derecho".

Propongo, en consecuencia, hacer lugar al recurso articulado y, en su mérito, revocar la sentencia recurrida y remitir los autos al Tribunal de origen para dicte nuevo pronunciamiento, con ajuste a lo considerado en el presente, imponiendo las costas de esta instancia por el orden causado pues entiendo que hubo motivos que justificaron que la vencida sostenga su posición (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 316:2832, diciembre 9 de 1993; Prodesca S.A., LA LEY, 1994-A, 1256).

Los honorarios profesionales deberán diferirse hasta tanto sea posible aplicar el artículo 11 de la ley 1687.

Tal es mi voto.

Los doctores Tizón y Alsina adhieren al voto del doctor del Campo.

Por ello y en conformidad con la opinión del fiscal general (fs. 39/40), el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el doctor O. S. P. con el patrocinio letrado de la doctora M. E. A., en representación del Estado provincial. 2) Costas al vencido. 3) Regular los honorarios profesionales del doctor. E. R. E. en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($450).