Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-11


Expte. Nº 6531 "C/ ROSSELOT Andrés Alejandro y Otros p/ homicidio triplemente agravado e/p de Néstor Onofre Moreno s/ juicio S/ Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a once días del mes de diciembre del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como cuestión a resolver la siguiente: ¿Son procedentes los recursos de casación e inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de 2015 por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional, cuya parte resolutiva obra a fs. 548/548 bis y sus fundamentos se glosan a fs. 549/586 vta., deduce recurso de casación el Dr. Leonardo Villalba, defensor de Eduardo Pedro Giménez (fs. 591/597 vta.). A su vez, el Dr. Roberto Carlos Olivera, defensor de Nelson Daniel Chaparro, formula un planteo recursivo Similar (fs. 591/597 vta.).

Por último, el Dr. Walter Jorge Retamar, defensor de María Cristina Gómez, interpone contra el dictum recursos de inconstitucionalidad y casación (fs. 604/607). El fallo recurrido condenó a los mencionados -y al acusado Andrés Alejandro Rosselot, quien omitió deducir impugnación- a la pena de prisión perpetua, por considerarlos coautores en la comisión del delito "Homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas" (Art. 80, incs. 2º y 6º del C.P.), en perjuicio de Néstor Onofre Moreno.

Asimismo, impuso sobre los acusados las accesorias legales (Art. 12 C.P.) y costas del proceso. En cuanto a los agravios planteados por el Dr. Leonardo Villalba, aduce el recurrente que la sentencia condenatoria vulneraría las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que correspondería la anulación del fallo dictado.

Luego de transcribir parcialmente el relato del hecho que efectuó el Tribunal, hace hincapié en los descargos de Giménez durante la instrucción y debate. Al respecto, destaca la presunta coherencia y verosimilitud que a su juicio demostrarían tales versiones, en comparación con los relatos de los restantes coimputados.

Alega seguidamente que le agravia que el a quo tuviera como probado una conjetura, siendo que la evidencia colectada indicaría una tesitura diferente.

Dice entonces que no se habría acreditado que su defendido hubiera portado armas o los elementos mencionados por el Juzgador, ni que hiciera uso de aquellos para agredir a Moreno.

Aduce que Giménez conocía a la víctima y que había discutido con la misma en una sola oportunidad. Reconoce también que su asistido estuvo en el lugar del hecho, negando que tuviera intención de matarlo, sino que sólo pretendió darle una golpiza.

Relata que su defendido "sólo le tomó a golpes de puño" a Moreno, y que cuando Rosselot apareció con un hacha y le pegó desde atrás al occiso, Giménez se retiró del lugar.

Juzga además que resultaría arbitrario atribuirle valor de verdad a lo aportado por algunos testigos y lo que surge de ciertas actas, en desmedro de lo expresado por su defenso. Desde otra óptica distinta, cuestiona la calificación legal atribuida a Giménez. Al respecto, subraya que el acusado tuvo contacto con el damnificado únicamente en dos ocasiones, y que no resultó probado que Moreno lo hubiera acusado de cuatrero a su asistido, ya que al único que denunció por el robo de animales fue a Chaparro.

Refiere que tampoco se acreditó que Giménez hubiera amenazado a Moreno, ya que este último nunca formuló una denuncia penal al respecto.

Sostiene que el dictum expresó que la alevosía endilgada quedó configurada por el hecho que a la víctima se la colocó en un estado de indefensión, por citársela en un lugar donde no podría oponer resistencia, ni pedir auxilio.

Cuestiona dicho razonamiento afirmando que Moreno era una persona de gran porte que siempre andaba armada con un cuchillo, y que la forense describió golpes que probarían que aquel se defendió.

Asimismo, recalca que Moreno nunca estuvo atado y que cuando la pelea se inició los contendientes se hallaban de pie y enfrentados. Por todo lo cual, entiende que el autor o los autores no obraron sobre seguro pues la víctima reaccionó oponiéndose a la agresión.

Fustiga además lo relativo a la agravante prevista en el inc. 6º del art. 80 CP, argumentando que para la configuración de la misma no bastaría con la sola reunión de tres personas, sino que se requeriría subjetivamente un acuerdo premeditado para matar.

Afirma que de las constancias de autos se desprendería que, si bien hubo una charla previa entre los acusados acordando darle una paliza, no existió intención de matar al damnificado.

En consideración a tales argumentos, postula que no existirían razones sustentables para calificar al hecho como homicidio agravado y que sería justo condenar a su defendido por el delito de homicidio simple, en carácter de partícipe secundario. Cita doctrina y jurisprudencia que apoya dicha tesis y formula reservas de ley. - En lo que respecta al recurso interpuesto por el Dr. Roberto Olivera, en el mismo se invocan las hipótesis previstas de los incs. 1º y 2º del art. 574 CPP.

En cuando al vicio in procedendo, manifiesta el impugnante que se habría incumplido con los recaudos previstos en los art. 155 CPP, 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Carta Magna provincial, ya que la fundamentación brindada en el fallo resultaría aparente, habida cuenta que la sentencia se habría basado en circunstancias que no fueron probadas.

Dice que para determinar los hechos debió haberse valorado la declaración rendida por Rosselot en sede policial, ya que en la misma relató que él y Giménez fueron los únicos que atacaron mortalmente a la víctima. Refiere que tal versión debió prevalecer pues luego Rosselot se contradijo reiteradamente.

Por otra parte, rechaza la negativa de Giménez de haber llevado en moto a Cristina Gómez para que hablara con el abogado Godoy. Sobre ello, indica que ahí nacería la estrategia planeada por Giménez para que la víctima acudiera a su encuentro.

Alega que no existirían probanzas contundentes de la presencia de Chaparro en el lugar del hecho, y que tampoco se hallaron indicios incriminatorios en sus pertenencias.

Critica al Juzgador diciendo que habría resuelto en forma arbitraria, ya que la sentencia fue la misma para todos los acusados, siendo que algunos habrían tenido participación en el homicidio y otros -como su asistido- no la tuvieron.

Por otra parte, refiere que se habrían aplicado incorrectamente los arts. 8 inc.2 g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 y 33 de la Constitución Nacional; 30 y 33 de la Constitución de San Juan y 80 inc. 2º, 3º y 6º del Código Penal.

Dice que el a quo ponderó exclusivamente las declaraciones más gravosas para Chaparro, sin evaluar el descargo que ofreció, ni lo dicho por el testigo Artigas.

En cuanto a tal deponente, indica que cuando Moreno le contó que había sido amenazado de muerte, aquel lo previno diciéndole que se cuidara de Giménez y Rosselot. Agrega que no se configuraron los elementos constitutivos del tipo penal aplicado, ya que Chaparro no habría tenido motivo para matar a Moreno.

Seguidamente, aduce que no se habría probado que la imputada Gómez tuviera un romance con la víctima y que todo habría sido planeado por Giménez con la ayuda de Rosselot, ya que Moreno divulgó que este último era un cuatrero.

Expresa además que Nelson Chaparro no intervino como autor intelectual ni estuvo presente cuando Rosselot y Giménez ultimaron a la víctima. Agrega también que el perfil psicológico de Chaparro resultaría incompatible con el hecho de sangre cometido, ya que en las entrevistas que se le efectuaron surgió que se hallaba muy angustiado, siendo ello demostrativo de la ausencia de rasgos psicopáticos.

Formula reservas.

En lo que atañe al planteo del Dr. Walter Retamar, alega el letrado que conforme a lo previsto en el art. 11 inc.3º de la ley 2275 promueve recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia dictada.

Señala que el fin del remedio es que se absuelva a la acusada Cristina Gómez en cuanto al rol de ideóloga o autora intelectual que se le atribuyó, mencionando que la norma cuestionada es el art. 80 inc. 2º y 6º del CP, en detrimento del derecho de la defensa en juicio.

Aduce que no existiría prueba alguna de que la imputada urdiera un plan para suprimir la vida de Moreno y que aquella fue utilizada como señuelo para hacer acudir a la víctima al lugar del ataque.

Observa que Gómez no portó un arma blanca, ni agredió a Moreno, advirtiendo que la acusada carece de la capacidad intelectual necesaria para planificar un homicidio. Concluye solicitando la absolución de su asistida y en subsidio de ello, que se le aplique el mínimo previsto para el delito tipificado en el art. 79 del CP.

En lo que hace al recurso de casación incoado, dando por reproducido todo lo expuesto en el motivo anterior, menciona que acude por la vía del inc. 1º del art. 15 de la Ley 2275 a recurrir lo resuelto, ya que existiría una errónea aplicación de la ley sustantiva. En esa línea de ideas, postula que en lugar del art. 80 inc. 2º y 6º CP debió imponerse lo previsto en los arts. 45 y 79 del CP.

Por último, solicita que este Tribunal Superior se pronuncie respecto a la cuestión constitucional planteada y a los hechos fijados en la resolución recurrida.

A fs.608/612 el a quo concede, los recursos de casación interpuestos por los Dres. Roberto Olivera y Leonardo Villalba, además los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por el Dr. Walter Retamar.

Tramitado que fue el planteo, los Dres. Roberto Olivera y Walter Retamar se limitaron a mantener los recursos incoados (fs. 626 y vta y 653/654, respectivamente).

En cuanto a la presentación efectuada por el Dr. Leonardo Villalba a los fines dispuestos por los arts. 582 y 571 primera parte del CPP, la misma fue declarada extemporánea (fs. 637). Por su parte, la Dra. Leticia Ferrón de Rago, en carácter de Fiscal General Subrogante, propició el rechazo de los planteos interpuestos a favor de los acusados Giménez y Chaparro.

Asimismo, en relación a los recursos deducidos por el Dr. Walter Retamar, estimó que correspondería declararlos mal concedidos (fs. 657/662).

Entrando en el estudio del material recursivo traído, anticipo que, por las razones que a continuación he de brindar, no pueden ser acogidos los recursos interpuestos. En efecto, a resultas del análisis de los elementos de cargo colectados y lo fundado por el a quo, considero que la conclusión condenatoria resulta lógica y adecuada.

En primer lugar, señalo que lejos de resultar un fallo infundado, el Tribunal ponderó exhaustivamente las siguientes probanzas:

a) Declaración indagatoria de Alejandro Andrés Rosselot (fs. 55/56 vta.143/144 y 425/426 vta.); b) Declaración indagatoria de Eduardo Pedro Bautista Giménez (fs. 255/258);

c) Declaración indagatoria de María Cristina Gómez (fs. 59/61, 537 vta.); d) Declaración indagatoria de Nelson Daniel Chaparro (fs. 150/152 537 vta./538);

e) Acta de hallazgo e incautación de efectos (prendas de vestir, hacha de mano, barra de hierro, etc., fs. 124/125); f) Declaraciones testimoniales de:

1) Ariel Enrique León (fs. 131); 2) Aníbal Fabián Chena (fs. 116, 175 y vta.); 3) María Beatriz Vázquez, médica forense (fs. 214 y vta.);

4) Jorge Artigas (fs. 14, 134); 5) Víctor José Moreno (fs. 85); 6) Ezequiel Buso Moreno (fs. 9);

7) María Venancia Ossan (fs. 132/133 vta.); f) Protocolo de autopsia de Néstor Onofre Moreno (fs. 184/185);

g) Dictamen Pericial de ADN (fs. 354/357 vta.); h) Copias de los autos Nº 59281/13 caratulados "C/ A.D. en perjuicio de Moreno, Víctor", originarios del Tercer Juzgado de Instrucción;

i) Pericia Planimétrica y Fotográfica elaborada por la División Criminalística (fs. 331/348); j) Constancias producidas durante el debate e incorporadas por lectura (fs. 532/538 vta.).

En consideración a las pruebas indicadas, el Tribunal concluyó en que a los coimputados les asistía una idéntica responsabilidad por la comisión del homicidio de Néstor Onofre Moreno. Luego de leer los fundamentos de la condena dictada, coincido con las razones brindadas para arribar a tal conclusión, teniendo por reproducido brevitatis causae lo expuesto en el acápite: "Existencia del hecho. Participación de los imputados", obrante a fs. 560 vta./582.

Ahora bien, dando puntualmente respuesta a los agravios formulados por el Dr. Villalba, entiendo que los argumentos que acompaña meramente reiteran el discurso alegatorio ofrecido en la etapa oportuna (ver al respecto lo plasmado a fs. 544 vta./545 vta. del acta de debate).

Tales cuestionamientos -conforme se desprende del análisis efectuado a fs. 560 vta./585 del fallo resistido- fueron puntual y correctamente respondidos por el Sentenciante.

Por ende, las quejas traídas sólo revelan la discrepancia del impugnante respecto del criterio expuesto en el dictum y la mera reticencia a aceptar lo concluido. Independientemente de ello, considero que la afirmación de supuesta arbitrariedad de la condena dictada no tiene basamento alguno.

Entiendo que si bien Giménez intentó atenuar su participación en el homicidio diciendo que sólo pretendió darle un susto o golpiza al fallecido, el hecho de haber reconocido como de su propiedad la indumentaria compuesta por un buzo azul, guantes, y pantalón marca "Cobre" con el cinto -que fue hallada en inmediaciones de la casa de Chaparro- derrumba su coartada defensiva.

En efecto, nótese que aunque el imputado negó haber usado tales prendas la noche de los hechos, tales elementos tenían manchas de sangre cuyo perfil genético pertenecía al damnificado (véase fs. 124/125, 126, vta., 357 vta., 565).

Tal evidencia desautoriza lo dicho en cuanto a que se retiró del lugar cuando Rosselot agredió con el hacha a Moreno -ver fojas 564- por resultar obvio que Giménez tuvo un contacto tan próximo con la víctima herida que sus ropas quedaron impregnadas con la sangre de esta última.

Juzgo que a raíz de su participación en el ataque, el imputado pretendió deshacerse de esa evidencia ocultando todo en la bolsa incautada. Valoro además que en contemplación a que el acusado también admitió haber ido con la imputada Cristina Gómez a efectuar la llamada telefónica citando a la víctima a la zona donde fue el ataque -ver fs. 109 y vta., 116, fs. 132/133- aquel colaboró activamente no sólo en la perpetración, sino también en la planificación del homicidio de Moreno.

En otro orden de ideas, pondero que resulta infantil la coartada de que sólo iban a asustar o golpear al fallecido.

Para descartar tal versión me atengo a lo observado por el a quo, ya que no estimo razonable que siendo ese su único propósito se portaran sendas armas impropias -como el hierro chato y hacha descriptos en el acta de fs. 184- que magnificaban significativamente el poder vulnerante del grupo.

Valórese que además de las heridas mortales inflingidas -como la fractura subyacente en la región occipital, con pérdida de masa encefálica- el occiso sufrió lesiones en la cara, espalda, tórax, etc. (ver fs. 184/185), todo lo cual revela la ferocidad de la agresión y el claro propósito homicida que tuvieron.

En lo atinente a que no se habría probado que Moreno acusó de cuatrero a Giménez, ello resulta fácilmente controvertido por las probanzas reunidas, incluyendo el propio descargo de aquel. En cuanto a ello, evalúese que a fs. 255/258 Giménez aseguró que Moreno los había hecho despedir del trabajo a Rosselot, Chaparro y al dicente acusándolos del robo de dos caballos.

Asimismo, cabe destacar que el testimonio de Jorge Artigas resultó categórico en cuanto a tal endilgación pues dijo que se sospechaba que Giménez había sido el autor de dicha sustracción.

También debe considerarse que Artigas relató que el occiso le contó haber sido insultado y desafiado a pelear por Giménez, por motivos que a este último lo echaron de su trabajo de cosechador de uva (véase fs. 14 y 134).

Otro prueba relevante fue lo aportado por Víctor José Moreno, quien a fs. 85 declaró que luego de haber radicado una denuncia penal por la sustracción de dos caballos, el occiso le contó que había sido interceptado por Chaparro y dos sujetos que se domiciliaban en la casa de este último, quienes quisieron pegarle.

Por ende, atendiendo al hecho que el propio Giménez reconoció tal incidente, no caben dudas que el problema se originó a raíz de la denuncia de abigeato efectuada y las consecuencias de distinto tipo que se originaron luego de la misma.

En lo que atañe a que Moreno poseía un gran porte y que ostentaba heridas que demostraban que se defendió, entiendo que lo dicho previamente en relación a las circunstancias y medios usados para agredir al occiso basta para repeler tal argumento.

Considero que es probable que ante la violencia del acometimiento Moreno haya realizado algún movimiento instintivo y sufrido algunas heridas en sus manos o brazos, pero ello no implica que pudiera defenderse ante tamaña andanada de impactos.

Téngase en cuenta que la variedad y magnitud de las lesiones descriptas en la autopsia prueba que fue golpeado al antojo de los agresores. Juzgo además que el entorno solitario y nocturno donde se hallaba la víctima, como la forma artera en que se desarrolló el ataque posibilitó que los autores actuaran sobre seguro.

Ello también se demuestra por las heridas provocadas en la espalda y nuca, que indican que Moreno fue atacado por atrás o quizá estando en posición decúbito ventral en el suelo. Comparto entonces el criterio de que la víctima careció de la posibilidad de defenderse y que por estar en un lugar alejado tampoco pudo pedir auxilio. En cuanto a que no correspondería la aplicación de la agravante prevista en el inc. 6º del art. 80 CP, lo descarto remitiéndome a lo antedicho en torno a los instrumentos utilizados y magnitud del ataque dirigido contra el fallecido.

Así, basta con leer el estudio tanatológico citado y observar las fotografías de fs. 340/343 que revelan el estado en que quedó la víctima, para descartar que los agresores persiguieran otro fin distinto que el alcanzado.

Por otra parte, entiendo que la propia admisión de los acusados prueba que hubo una reunión previa en la casa de Chaparro para atacar a la víctima, y que aunque aquellos negaron en sus respectivos descargos que quisieran matar a Moreno, el concierto de voluntades indudablemente se orientó a suprimir la vida de este último.

Por ende, considero que resultó correcta la imposición de la circunstancia calificante aludida.

Por todo lo expuesto, concluyo que el planteo en análisis debe ser rechazado. En relación al recurso deducido por la defensa del condenado Chaparro, entiendo que lo argüido tampoco puede conmover lo fallado. En tal inteligencia, advierto que -al igual que en el planteo incoado por Giménez- el impugnante se limitó a reiterar sin mayores variaciones lo alegado en el juicio -ver. fs. 546 vta./ 547- obviando aportar la prueba concreta de la presunta arbitrariedad o del error de lo resuelto.

Asimismo, pondero que lo fundado por el Sentenciante brindó respuesta a lo referido por la defensa, por lo cual, la pretensión de reiterar los argumentos oportunamente rechazados provoca un desgaste procesal innecesario a esta Instancia Superior. Amén de ello, juzgo que no existe vicio alguno que afecte lo concluido. En cuanto a la queja de que hubo vicio in procedendo, la considero notoriamente infundada. Entiendo que Chaparro tenía dos motivos graves para intentar matar a Moreno, siendo el primero el hecho de haber sido denunciado junto a Rosselot y Giménez por el presunto hurto de los equinos del hermano de la víctima, situación que lo llevó a tener que defenderse contratando un abogado. Además de tal causa, a raíz de la denuncia formulada Chaparro fue desplazado como encargado del puesto rural "El Nique" y mandado a cosechar uva en parrales de la "Empresa Pepsi", tarea que -conforme lo reconoció a fs. 571 vta.- era más pesada que sus labores anteriores (ver además fs. 85, 134 y vta., 160).

La otra razón que lo motivó fue que el fallecido Moreno tenía una relación clandestina con Cristina Gómez, esposa de Chaparro. Nótese que a fs. 85 Víctor José Moreno declaró haber visto en una oportunidad que su hermano y Gómez estaban solos en la Quebrada de la flecha, y que ambos se alejaron cuando aquel los observó.

Asimismo, repárese en que Gimenez dijo que en la finca donde trabajaban se comentaba que Cristina Gómez andaba con Néstor Moreno, desconociendo el dicente cómo Chaparro se enteró del engaño (véase fs. 567).

Evalúese también que Moreno fue presa de la celada y acudió a un supuesto encuentro amoroso con Gómez, situación que prueba que tenía cierto vínculo con la mujer y que la invitación no le resultó extraña. Por tanto, entiendo que ambos hechos -la denuncia por abigeato e infidelidad de la Sra. Gómez- impulsaron a Chaparro a la organización y ejecución conjunta del homicidio perpetrado.

En cuanto a que el imputado no estuvo en el lugar del crimen, la declaración obrante a fs. 143/144 vta. brindada por Rosselot contradice tal afirmación, ya que lo situó allí. También Gimenez dijo que convino con Rosselot y Chaparro en citar en la zona del eucaliptus a Moreno y que ellos aguardaron escondidos hasta que llegó la víctima (ver fs. 567 y vta.).

Opino que tales versiones desautorizan el argumento planteado, que sólo pretende esquivar la vinculación con el hecho criminoso. Por otra parte, no encuentro razón alguna para descreer de los dichos de Rosselot y Gimenez, ya que -en coincidencia con el Tribunal- juzgo que tales afirmaciones no los beneficiaron en ninguna forma.

Por tanto, estimo que a Chaparro le asiste la misma responsabilidad que a los coimputados y que no hubo arbitrariedad en la tarea del Juzgador, sino que el mismo efectuó una lógica y fundada ponderación de las constancias probatorias relevantes.

Al respecto, esta Sala ha sentado que: "La Cámara de juicio, para estructurar la prueba de cargo y su mérito, no está supeditada al deber de justificar por qué da mayor crédito a determinados elementos de prueba o por qué prefiere entre ellos a unos más bien que otros, desde que esta valoración pertenece a la esfera de la libre convicción, en la que no cabe censura por la vía casatoria..." (Cfr. PRE S.2ª 1998-II-278/281, entre otros).

Por otra parte, en relación a perfil psicológico de Chaparro, entiendo que las afirmaciones del recurrente sólo constituyen estimaciones personales que carecen de toda validez científica.

En tal sentido, el impugnante no brindó otro fundamento más que la propia aseveración de que por estar angustiado Chaparro no poseería rasgos psicopáticos, concluyendo de ello que tal perfil sería incompatible con la comisión del homicidio. Juzgo que debe descartarse dicho agravio pues sólo constituye una mera opinión del impugnante que por sí sola no puede enervar la prueba de cargo colectada. En cuanto al vicio in iudicando alegado, estimo que sólo se encuentra abonado con la simple mención de la normativa señalada en el planteo y la crítica -ya tratada y respondida previamente- del criterio del Juzgador.

Por tanto, habiendo brindado en los párrafos previos respuesta a dichos tópicos, considero que no puede hacerse lugar al motivo invocado. En suma, concluyo que no procede el recurso de casación interpuesto por la defensa de Chaparro.

En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad y casación traídos por el Dr. Walter Retamar, previo a su tratamiento es menester recordar, que: "Si bien es cierto que el recurso contra una sentencia condenatoria, debe ser considerada como una garantía procesal del condenado, que goza del derecho de que aquella sea revisada por un tribunal superior, no debe perderse de vista que para su formal procedencia, tendrá que ajustarse a las normas procesales que regulan su trámite" (Cfr. PRE. S.2ª - 2005 - I -41).

Asimismo, que se ha fijado la siguiente doctrina: "Las normas procedimentales no atentan contra el derecho de todo imputado de que las resoluciones que a su respecto se dictan en un proceso, sean revisadas por el tribunal superior, pero sí son condicionantes del ejercicio de tal derecho a los fines de no afectar el debido proceso y la defensa en juicio" (Cfr. PRE S.2ª- 2005 - III - 417).

Considero que en este caso particular la vía procedimental incoada resulta improcedente. Al respecto, entiendo que la condena atacada fue dictada dentro de un proceso de índole penal y la impugnación interpuesta ha sido fundamentada exclusivamente en las disposiciones de la Ley 2275 (hoy 59-O), siendo que la referida ley no es de aplicación a los procesos penales.

En efecto, conforme a lo establecido en los arts. 590 y 591 del CPP, este ordenamiento y normativa es la que resulta aplicable. Debe tenerse presente, además, que esta Corte dejo fijado que: "...La ley nº 6140, por ser Ley especial y posterior, es la norma que rige exclusivamente los recursos extraordinarios en materia penal, sobre los casos que ella comprende""(...) la ley 2275 ha quedado derogada con la sanción del nuevo Código de Procedimiento en lo Penal (Ley 6140), derogación que si bien no es expresa, sí lo ha sido tácitamente(...)""(...)no se puede pensar coherentemente que en el fuero penal existan dos regulaciones distintas para los mismos recursos extraordinarios, y quede a elección de los recurrente la vía impugnaticia a transitar dado que ello implicaría una afectación cierta a la garantía de igualdad ante la ley" (Fallos Plenarios de la Corte, 1996, Fº 1/2).

Por otra parte, se recalcó que conforme a lo dispuesto por el art. 209 de la Constitución de la provincia, tal interpretación que propugna el pronunciamiento citado resulta obligatoria para todos los tribunales inferiores. Tal criterio es el que imperó en PRE S.2ª.-2003-IV-718 - entre otros -y más recientemente, en PRE S.2ª.-2015-II-295.

En consideración a todo lo expuesto, y que la ley de rito actual es la 7398 (hoy 754 -O), la vía por la que acude el recurrente -ley 2275 (hoy 59-O)- no es de aplicación a este tipo de procesos.- Desde otro punto de vista, me permito observar que el impugnante no fundó adecuadamente el planteo, habida cuenta que sólo se restringió a mencionar que: "... la norma cuestionada es el art. 80, incs. 2º y 6º del CPP, en detrimento del derecho de defensa en juicio de mi defendida", reiterando a continuación algunos argumentos vertidos al alegar (véase al respecto fs. 546 y 605).

Así las cosas, pondero que la específica naturaleza que posee el recurso de inconstitucionalidad obsta a considerar que lo planteado por el recurrente constituya tal impugnación.

En tal sentido, se ha fijado que: "El recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el cuestionamiento de normas opuestas a la Constitución Nacional, y es en atención a su naturaleza extraordinaria que, en el escrito de interposición, debe señalarse de manera expresa, clara y precisa los argumentos en cuya virtud se afirma la contradicción entre la norma legal aplicada y la Constitución Nacional, no siendo suficiente la mención de expresiones genéricas" (Cfr. PRE S.2ª- 2001-I-30).

Refiriéndose a dicho recurso se dijo también que: "Este se caracteriza porque un juez aplica un cuerpo normativo -ley, decreto, ordenanza o reglamento- que colisiona con la Constitución Nacional, no tratándose de que sea inconstitucional la motivación de la sentencia sino las normas que aplica el Tribunal de juicio, por eso es que el escrito a través del que se lo deduce, debe señalar de manera expresa, clara y precisa, los argumentos en cuya virtud se afirma la contradicción entre la norma legal aplicada y la Constitución Nacional (...) El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional (Cfr. PRE S.2ª 2002 - III- 443).

Por todo lo previamente fundado, no cabe sino concluir que los recursos de casación e inconstitucionalidad fueron interpuestos erróneamente, por la defensa técnica de María Cristina Gómez a la vez que resultó mal concedido por el Tribunal a quo. Habiendo concluido el estudio de lo presentado, voto por el rechazo de los recursos interpuestos por los Dres. Leonardo Villalba y Roberto Olivera, y porque se declaren mal concedidos los planteos de inconstitucionalidad y casación deducidos por el Dr. Walter Retamar. Así lo voto. LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar los recursos de casación interpuestos por los Dres. Leonardo Villalba (fs. 591/597)y Roberto Olivera (fs. 598/603). II) Declarar mal concedidos los planteos de inconstitucionalidad y casación deducidos por el Dr. Walter Retamar (fs. 600/607). III) Confirmar la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional en fecha 27 de marzo de 2015. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6531 CS PRE S. 2° 2015-IV-794.