Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2007-02-20


En la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, a los veinte días del mes de febrero de dos mil siete, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Presidencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Telma C. Bentancur y Lucrecia M. Canavesio en Acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa Nº 115 - Fº Nº51 - Año 2003 - registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, caratulada: "CENTURIÓN, DORA ANGÉLICA Y OTRA C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ SUMARIO". El orden de votación según sorteo realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia es el siguiente: Dres. Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González, Ariel Gustavo Coll, Telma C. Bentancur y Lucrecia M. Canavesio.I.

RELACIÓN DE LA CAUSA:El señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:Que a fs. 19/20 promueven demanda contencioso administrativa Dora Angélica Centurión y Rocío del Milagro Morel, ambas con asistencia letrada y en el carácter de viuda e hija respectivamente del extinto Juan Cancio Morel, contra el Gobierno de la Provincia de Formosa, por el cobro de los haberes caídos desde marzo de 1981 hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva a partir de su efectivo cumplimiento y el pago de la pensión iniciada en el expediente Administrativo C-34.900/01.

Relatan que el fallecido Sr. Juan Cancio Morel, ingresó a trabajar en el Poder Judicial en fecha 14 de marzo de 1969 desempeñándose en forma regular hasta el 1º de junio de 1977 en que fuera privado de su libertad, según se le comunicó por el entonces Juez de turno y por Resolución Reservada Nº 23 de fecha 06-06-77 firmada por el entonces Jefe del Regimiento de Monte Nº 29 y Jefe de Área Nº 234 y por Resolución Nº 5/77 del 10-06-77 de este Superior Tribunal de Justicia. Que esta situación de encierro se prolongó hasta el 06-03-81 fecha en que el Sr. Morel murió.

Destacan que la privación de libertad del Sr. Morel se materializó por intermedio del personal de Gendarmería Nacional con carácter de incomunicado y por cuarenta y cinco (45)días, siendo sus lugares de detención en distintos puntos del país incluyendo la provincia (Formosa, Buenos Aires, Santa Fé y Chaco). Y en el último lugar donde estuvo detenido -Buenos Aires- se le detectó la enfermedad de Leucemia Mieloblástica Aguda, siendo trasladado a la Unidad 10 del Servicio Penitenciario de Formosa y luego al Hospital Central de ésta Ciudad, siempre en carácter de detenido, dándosele posteriormente detención domiciliaria hasta su fellecimiento acaecido en fecha 06.03.81.

Explican que por las razones que motivaron su detención, se iniciaron actuaciones por ante el Juzgado Federal de la ciudad de Formosa, a cargo en ese tiempo por el Dr. José Luis Vivas, que culminaron con el dictado de la Resolución de fecha 21.09.83 por la cual se lo sobresee en forma definitiva al Sr Morel con carácter de post-mortem.

Impugnan la Acordada Nº 1179 dictada por este Superior Tribunal de Justicia de fecha 19 de abril de 1978 por la cual se acepta la renuncia del Sr. Morel, pues afirma que dicho acto se encuentra viciado de ilegalidad, arbitrariedad, falta de oportunidad y razonabilidad, por lo que se planteó la anulabilidad del acto. Agregan que la renuncia del Sr. Morel fue solicitada fuera de la jurisdicción provincial, privado de su libertad, y bajo tensión, todo lo cual lleva a que el acto administrativo de la aceptación sea considerado nulo e inexistente.Señalan como hecho a destacar que dos de los compañeros de Morel, en igual situación que él, luego de sus sobreseimientos fueron reincorporados a los cargos que detentaban antes de ordenarse su detención y que tal beneficio no fue alcanzado a aquel debido a su muerte y que afirman fue originado por los malos tratos recibidos en los días de su detención.Dicen que en este marco inician ante la Caja de Previsión Social de la Provincia, los trámites pertinentes para obtener la pensión por fallecimiento, la cual le fue denegada pese a interponer distintos recursos y que desembocara en el Decreto del PEP Nº 769. Que de dicho decreto surge que el organismo previsional deniega el beneficio con el argumento de que, siendo la ley vigente al momento del deceso del Sr. Morel el Dto. Ley 643/73 que condiciona el derecho a la pensión, al fallecimiento del jubilado, del afiliado en actividad o con derecho a jubilación y en el caso del difunto no se daba ninguna de estas situaciones. Seguidamente y en relación a esto realizan un análisis del tema en cuanto a que, si la interpretación del sentido y alcance de la norma se circunscribe solo a la citada, dejándose de lado otras vigentes al momento de producirse los hechos y que tienen relación con el tema, afirman que se está vulnerando el derecho a percibir el beneficio interesado, trayendo a colación lo dispuesto por la Ley 674 cuyo art. 1º dispone que, aquellos agentes de la administración pública provincial, declarados prescindibles, cesantes u obligados a renunciar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, tendrán derecho a acogerse a las prestaciones del art. 22 de la Ley 571. Que en ese marco, proceden a analizar el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia del Sr. Morel, concluyendo en su total invalidez.

Por último refiere que no se ha observado el principio de igualdad y equidad en la concesión del pretenso beneficio, habida cuenta que si hipotéticamente se asumiera la ilegitimidad de la renuncia del extinto Sr. Morel y de no haberse producido su deceso, hubiera tenido el mismo fin que sus compañeros, es decir, ser reincorporado al Poder Judicial y estar en actividad y consecuentemente en condiciones de recibir el beneficio que ahora se peticiona.

Opta por el procedimiento sumario, funda en derecho y ofrece prueba instrumental. Por último peticiona se le dé la correspondiente intervención de ley, se tenga por ofrecidas las pruebas y se haga lugar a la demanda incoada.Que a fs. 26 previo dictamen de la Procuración General, producido a fs. 36, se declara mediante Fallo Nº 6999/04 la admisibilidad del proceso y se ordena el traslado de la demanda, siendo contestado a fs. 39/45 por la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa.

Que luego de efectuar una negativa general de los hechos por imperativo procesal, niega puntualmente que la Acordada Nº 1179 no haya sido notificada el sr. Morel; que el acto esté viciado de ilegalidad, arbitrariedad e irrazonabilidad llevando al planteo de su nulidad; que la renuncia del esposo y padre de las actoras haya dado bajo tensión y que por tal razón sea declarado nulo e inexistente; que el difunto haya sufrido rotura de esternón y que ello provocara la leucemia mieloblástica aguda que le ocasionó la muerte; que en ese marco detallado la Caja de Previsión Social haya denegado la pensión por fallecimiento por deficiente interpretación de las normas legales; que la demandada en oportunidad de tomar la decisión haya incurrido en error o apartamiento de la legislación vigente.

Que a continuación la demandada, plantea excepción de prescripción que ya fue resuelta con el rechazo mediante Fallo Nº 7465/05 dictado por este Tribunal obrante a fs. 59/60. Seguidamente expone las razones del por qué el reclamo de las actoras fue denegado por la Caja de Previsión Social y al respecto explica que la resolución Nº 1799/00 denegó el beneficio por cuanto la ley vigente al momento del deceso del Sr. Morel que era la ley 643/73, éste no reunía los recaudos que condicionan la viabilidad del beneficio y que aún - dice la demandada - que en la hipótesis de que la renuncia se estime ilegítima, tampoco le comprenden los beneficios de las leyes 674/87 y 571, pues se exige una antiguedad mínima de quince años.Que la accionada vuelve a reiterar los argumentos del por qué fué denegado el beneficio a las actoras, diciendo que el Sr. Morel no se encontraba en ninguno de los requisitos que establecía la norma vigente -ley 643/73 - para acceder a la jubilación y aún en el caso - agrega - de estarse al análisis de la actora en cuanto a la aplicación al caso de la Ley 674/87, tampoco le hubiera correspondido el beneficio por cuanto dicha norma de excepción exige que para acceder a tal beneficio es necesario contar con una antigüedad de 15 años.

Señala con fundamento en jurisprudencia que, el acceso a beneficios previsionales de excepción, caso de la ley 674/87 deben ser interpretadas con criterio estricto y riguroso y en el caso la parte actora ha efectuado una interpretación desacertada ya que, justamente la interpretación cabe en supuestos de duda y no cuando las normas son claras como es el caso de esta ley. Sigue diciendo citando doctrina al respecto que, la interpretación de la leyes previsionales debe ser literalmente justa pues la misma se realizan en función de la finalidad humanitaria y alimentaria de la norma previsional, razones éstas por la que considera que la pretensión de las accionantes es totalmente improcedente.

Por último se refiere al acto de renuncia que es cuestionado en la demanda, afirmando la accionada que, las actoras recién después de 26 años impugnan por la vía contenciosa administrativa la renuncia efectuada por el Sr. Morel, siendo que esta cuestión es totalmente ajena a la competencia que utiliza, pues constituye una típica cuestión de hecho reservada a los Tribunales de Trabajo y exenta de la competencia de este tribunal y que con este argumento solo se pretende ante la denegatoria del beneficio a la pensión, incorporar el tema de la renuncia siendo ésta una cuestión ajena a la competencia contenciosa y que todo ello solo deja evidenciar la sinrazón del planteo de las actoras. Funda en derecho y hace reserva del Caso Federal.A fs. 76 se le da la correspondiente intervención de ley a la Dra. Angela Hermosilla como Procuradora de la Fiscalía de Estado y se tiene por ratificada la contestación de demanda.A fs. 79, el representante del Ministerio Público en dictámen Nº 5620/2006, concluye que no debe hacerse lugar a la demanda. A fs. 80 pasan los autos al Acuerdo para dictar Sentencia.	Los señores Ministros, Dres. Carlos Gerardo González y Ariel Gustavo Coll adhieren a la presente relación de la causa.II. CUESTIONES A RESOLVER:El señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:Propongo como única cuestión a resolver la siguiente:

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Los señores Ministros, Dres. Carlos Gerardo González y Ariel Gustavo Coll adhieren a la presente proposición.

III. A LA CUESTIÓN PROPUESTA:El señor Ministro, Dr.Eduardo Manuel Hang, dijo:	Que promueven demanda contencioso administrativa la Sra. Dora Angélica Centurión y Rocío del Milagro Morel en su carácter de esposa e hija respectivamente del difunto Sr. Juan Cancio Morel, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa a fin de que se le reconozca el Derecho a la Pensión y consiguientemente el pago de los haberes caídos desde marzo de 1981 hasta el momento de dictarse sentencia definitiva.Por su parte, la demandada deniega el beneficio previsional fundado por un lado en que, el reclamo iniciado por la viuda e hija está prescripto planteando la pertinente excepción de prescripción, la cual ya fue resuelta con el rechazo del mismo por éste Tribunal mediante Fallo Nº 7465/05; y por otro lado en que, el Sr. Morel al momento del fallecimiento - conforme la ley vigente en ese momento, Nº 643/73 - no reunía los requisitos exigidos por dicha ley para acceder a la jubilación; como tampoco reunía los recaudos exigidos por la Ley 674/87 cuya aplicación pretenden las actoras.Que así planteada la cuestión, la controversia radica entonces en determinar - conforme las leyes previsionales aplicables - si el extinto Sr. Morel tenía derecho a la jubilación y consecuentemente el reconocimiento del derecho de las actoras a la pensión como consecuencia de ese fallecimiento y en su caso el pago de los haberes caídos también pretendidos por éstas. Que adelantando opinión y no compartiendo el dictámen del titular del Ministerio Público, se considera que es procedente el reclamo de las actoras, en cuanto a ser beneficiarias del derecho a la pensión en virtud del fallecimiento del Sr. Morel.

Que es criterio uniformemente aceptado, partiendo de la Corte Suprema, que en materia previsional se rige salvo disposición en contrario por la ley vigente a la fecha de producirse el hecho generador del beneficio, esto es la vigente al momento del cese (CS, fallos 266:19; 274:30; 287:412), ya sea para el beneficio jubilatorio y al momento de la muerte del causante, para el acceso al beneficio de la pensión.

Que en el caso del Sr. Morel a la fecha de la renuncia (14.04.78, cf. fs. 20 del Expte. Adm.nº 34.900/01 a la vista) y aún a la de su muerte (06.03.81), estaba vigente la derogada Ley Provincial Nº 643/73 - Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal dependiente de la Administración Pública Provincial -, que rigió hasta la sanción de la Ley Provincial Nº 571/86 ahora vigente, que deroga a aquella (art. 115 Ley 571). La Ley 643/73 en su art. 31 dispone que, en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación gozarán de pensión, en primer lugar la viuda (inc.1) y en segundo lugar los hijos (inc.2).Que se equivoca la demandada al afirmar que las actoras no son beneficiarias a la pensión porque no se cumplen las condiciones que exige el art. 31 de la Ley 643/73, por el contrario, el Sr. Morel como reza la citada disposición era un afiliado con derecho a jubilación.

Y a esta conclusión se llega, porque considerando la Ley 674/87 (Boletín Oficial Nº 3521 del 12.08.87), dispone en su art. 1º que, los agentes de la Administración Pública Provincial, entes autárquicos o descentralizados, declarados prescindibles, cesantes u obligados a renunciar, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, tendrán derecho a acogerse a las prestaciones del art. 22, inc. 1º y 3º de la Ley 571, en las condiciones establecidas en la presente ley. Es decir, que la propia ley al otorgar el derecho a la jubilación a las personas que se encontraran en la situación descripta por la norma, presume que la renuncia dada en esas condiciones y durante el período de gobierno del llamado "Proceso de Reorganización Nacional", es inválida. Se trata de una "presunción legal" plasmada por el legislador en la norma jurídica, presunción juris tantum , pues el beneficiario de ella se encuentra liberado de producir prueba alguna, corriendo la carga de la prueba por cuenta de aquel a quien la presunción perjudica y que, consecuentemente, se encuentra interesado en desvirtuarla. Y es del caso que la demandada, no ha arrimado prueba alguna al respecto, según surge de las constancias de autos; y pese a afirmar ésta - aunque erróneamente - que el acto de renuncia es de competencia de los tribunales del trabajo, se olvida que la cuestión de fondo involucra a un agente de la administración pública y cuyo objeto es propiamente de la competencia contencioso administrativa, tal como lo prevé el art. 2 inc.c) del CPA y arts. 27 y sgtes. del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial.

La ley 674/87 es una ley previsional de excepción que fué sancionada teniendo en mira (cf.extracto tomado de la Diputada Sra. de De Nardo en la Discusión Parlamentaria de la ley de fecha 21.07.87):"...reparar aunque sea en parte la situación de esas personas que evidentemente han sufrido no solamente un perjuicio material, sino por sobre todas las cosas, un grave daño moral que a veces no fue reparado por indemnizaciones ... Pero ni aún las indemnizaciones pagadas en esferas judiciales, alcanzaron a cubrir el daño material y moral causado y sobre todo el daño del derecho futuro a la previsión que venían a afectar a esas personas que ni aún en los supuestos como digo, de indemnizaciones actualizadas fueron cubiertas por las mismas razones por las cuales esas personas quedaban prácticamente excluidas del régimen previsional provincial y prácticamente excluidas de todo el régimen previsional, dada la edad de algunas de esas personas y también del tiempo de trabajo ya prestado (sic)".

Tal el caso del difunto Morel, quien renuncia a su lugar de trabajo estando detenido (situación que permite presumir que dicha renuncia estuvo viciada en su voluntad) y en fecha - 14/04/78-, comprendido en el período que la ley establece. Siendo entonces que por presunción de la propia ley, la renuncia era inválida, no cabe dudas que el Sr.Morel en el caso de haber sido liberado, hubiera seguido prestando servicios para el Poder Judicial, ya que su renuncia - según la Ley 674/87 estuvo viciada; pudiendo entonces haberse acogido al beneficio jubilatorio y consecuentemente sus herederas con derecho a pensión, pero es el caso que el mismo muere durante su detención debido a la enfermedad (Leucemia Mieloblástica Aguda), no controvertida por la contraria y que se origina estando detenido. Pero, su derecho a la jubilación se mantiene sin menoscabo aún después de su muerte debido a que según la ley al ser inválida la renuncia, el Sr. Morel seguía manteniendo su condición de empleado judicial y por lo tanto con derecho a jubilación, tal como exigía el hoy derogado art. 31 de la Ley 643/73.

Interpretando lo contrario como sorprendentemente hace la accionada que es el propio Estado, es quitarle el sentido por la cual fue sancionada la ley 674/87, sin tener en cuenta la finalidad del legislador al sancionar esta norma (que es el propio Estado en su función legisladora), dejando a las claras una actitud contradictoria del mismo, que por un lado sanciona una ley de excepción reconociendo derechos en el marco de la seguridad social y por el otro lado, desconoce esos derechos dándole una interpretación distinta a los fines que persiguió la ley al ser dictada. No debe olvidarse que, dentro del sistema global de la seguridad social existen diversos subsistemas que cubren las contingencias, con disimiles sujetos protegidos que deben, para adquirir el derecho a las prestaciones, reunir diferentes requisitos, razón por la que entonces no es posible - sostiene Etala - interpretar las distintas normas con la misma vara interpretativa que no sea aquella que exprese la finalidad perseguida en cada caso por la ley, la que seguramente ha de proporcionar la solución más justa y razonable adecuada a las circunstancias dadas de personas, tiempo y lugar, siendo ésta la guía mas segura para que sean logrados los fines perseguidos por el legislador (Derecho de la Seguridad Social Astrea 2002, pag. 66).Que por otra parte, si bien la Ley 674/87 dispone en su art. 2º como requisito contar con una antigüedad mínima de quince años, en el caso del Sr. Morel no pudo cumplirla por haberse muerto estando detenido, imposibilitando este hecho irreversible el cumplimiento de tal recaudo.

Que la interpretación que hace la demandada aplicando sin mas este artículo, perjudicando así el acceso a la jubilación tanto del fallecido como así de sus derechohabientes, denegándose el derecho a pensión por no cumplir con la antigüedad mínima - reiterando , por un hecho ajeno a su voluntad y propia de la naturaleza como es la muerte - deviene en arbitraria e injusta y violatoria del espíritu protectorio que pretendió darle el legislador, razón por la que corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 01799/00 de la Caja de Previsión Social y el Decreto Nº 769/03 del Poder Ejecutivo Provincial y en consecuencia otorgar el derecho de pensión a las actoras. Que asimismo y en virtud del reconocimiento del beneficio de la pensión, a los fines de la liquidación del haber previsional pertinente deberá aplicarse lo dispuesto en el art. 3º y 4º de la Ley 674/87.

Que también peticionan las accionantes, los haberes caídos desde marzo de 1981 hasta el momento del dictarse la sentencia definitiva a partir de su efectivo cumplimiento.

Que respecto a ello, cabe recordar que si bien mediante Fallo Nº 7465/05 de este Superior Tribunal de Justicia se resolvió sobre el rechazo de la excepción de prescripción, queda claro que la denegatoria se limitó - por el carácter imprescriptible que ello conlleva - al derecho al beneficio previsional, no así respecto a los haberes que le pudieran corresponder al interesado desde el nacimiento del derecho hasta que se presente a reclamar el mismo, pues ello si prescriben en los plazos y condiciones que fija la norma legal.Que aclarado ello, y siendo que la demandada planteó excepción de prescripción comprensiva de los haberes caídos reclamados por las accionantes, corresponde resolver sobre su procedencia.Que teniendo presente que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en forma reiterada que, las provincias no tienen facultades para legislar en materia de prescripción, por tratarse de cuestiones de fondo, privativas de la Nación (Fallos 176:339; 191:170; 201:194; 207:265; 210:1150; 220:202); en función de tal doctrina constitucional, el art. 83 de la Ley 18.037 dispone expresamente que sus disposiciones son aplicables también en los regímenes provinciales y municipales.

Que actualmente se encuentra vigente la Ley Nacional Nº 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - que deroga las anteriores leyes 18.037 y 18.038, con excepción de los arts. 82 y 83 de la Ley 18.037 (art. 168 de la Ley 24.241), el primero del cual consagra que es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones cualesquiera fuere su naturaleza y titular; además dispone que prescriben al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, devengados antes de la presentación de la solicitud en demanda del beneficio y prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio. La presentación de la solicitud ante la Caja interrumpe el plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse el peticionario fuere acreedor al beneficio solicitado.

Que si bien las accionantes reclaman los haberes caídos desde la fecha del fallecimiento del Sr. Morel acaecido el 06/03/1981 conforme surge del Expediente administrativo Nº 34.900 que se tiene a la vista remitido por la demandada (obrante en Sobre de Prueba Nº 55/03, fs. 14 vta.); éstas recién inician su reclamo por ante la Caja de Previsión Social en fecha 16/03/2000, según surge del formulario de solicitud obrante a fs. 6 del referido expediente administrativo, hecho éste que interrumpió la prescripción, considerando la legitimidad de su acreencia para acceder al beneficio - conforme lo prescribe el último párrafo del citado artículo-, no cuestionado por la demandada, tanto en sede administrativa como judicial.

Atento a ello, considerando la fecha de la solicitud del beneficio- 06/03/2000-, todos los haberes devengados desde la fecha del fallecimiento del causante - 06/03/1981 hasta el 05/03/1999 se encuentran prescriptos no así los haberes devengados desde el 06/03/1999 en adelante y hasta la fecha que la Caja de Previsión Social notifique la liquidación de los haberes que le correspondan a las accionantes.

A los fines liquidatorios del haber previsional, deberá la Caja de Previsión Social tener en cuenta lo prescripto por el art. 3º de la Ley 674/87, con más los intereses que corresponda, considerando la Ley de Convertibilidad 23.928 hasta el 05/01/02 y a partir de allí la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, debiendo a tal fin practicarse la pertinente planilla de liquidación.

El Señor Ministro Dr. Carlos Gerardo González adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang.

A su turno el Sr Ministro Dr. Ariel Gustavo Coll dijo:Que adhiero integramente al brillante análisis jurídico que realiza el Sr. Ministro Eduardo Manuel Hang, como así también al modo que propone para resolver el litigio.

Me permito agregar que los argumentos de la demandada para negar la pretensión de la actora, comprensibles en el marco del ejercicio del derecho de defensa en juicio, no dejan de sustentarse en una enorme ficción con la que se pretende ignorar una parte dolorosa de la historia reciente.

En efecto, argumentar sobre la "renuncia" del fallecido Juan Cancio Morel al Poder Judicial, presentada el 14 de Julio de 1978, exponer sobre las formalidades de la notificación de la aceptación de esa supuesta "renuncia", invocar la falta de actividad de Morel en el Poder Judicial al momento de fallecer, pretendiendo silenciar la causa por la cual estaba alejado de su fuente laboral, no decir nada sobre las consecuencias fatales respecto a las lesiones recibidas durante su período de detención, tal como se narran en la demanda, constituye todo un juego de ficciones para no decir lo que históricamente nadie ignora, que Morel fue en realidad ilegítimamente privado de su libertad, en plena etapa del proceso militar, que fue objeto de distintos traslados por diversos centros de detención, que su renuncia no fue voluntaria, que nunca pudo reintegrarse a sus tareas habituales en el Poder Judicial, no enterándose siquiera que fue sobreseído en el ámbito de la Justicia Federal por haberse dictado en su favor un curioso sobreseimiento post-mortem, de cuyos beneficios estuvo excluido porque ya estaba muerto.

Es ciertamente difícil que el derecho pueda contener tanta iniquidad producida por el terrorismo de Estado, pero al menos quienes fueron víctimas indirectas del mismo, como sus familiares, actores en la presente causa, no pueden verse privados de los derechos que la legislación les confiere so pretexto de actos que nacieron irremediablemente de manera irregular e ilegítima. Voto en consecuencia en el mismo sentido que los ministros que me preceden en orden de votación. Por ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González y Ariel Gustavo Coll, suscribiendo el presente los señores Ministros Dres.Telma C. Bentancur y Lucrecia M. Canavesio sin emitir opinión personal, por haberse alcanzado la mayoría legal que prescribe el art. 25 de la Ley 521, modificada por Ley 1169 y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, concluye el presente Acuerdo firmando los señores Ministros, por ante mí, de lo que doy fe.

EDUARDO MANUEL HANG CARLOS GERARDO GONZALEZ ARIEL GUSTAVO COLL TELMA C. BENTANCUR(por sus votos) LUCRECIA M. CANAVESIO ANTE MIESC. CELICA AMADO CATTANEO DE RAVE Secretaria Superior Tribunal de JusticiaSENTENCIAFORMOSA,de febrero de 2.007.Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:1) Hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. Dora Angélica Centurión y la Srta. Rocío del Milagro Morel, otorgándoles el beneficio de la pensión pretendido.

2) Hacer lugar parcialmente a la Excepción de Prescripción planteada por la demandada respecto de los haberes caídos comprendidos por el período 06/03/1981 hasta el 05/03/1999 inclusive.3- Intimar a la Caja de Previsión Social al pago a las accionantes Sra. Dora Angélica Centurión y la Srta. Rocío del Milagro Morel, de los haberes caídos devengados desde el 06/03/99 hasta la fecha en que el organismo previsional notifique la liquidación de los haberes que en adelante les correspondan a las accionantes, la que se realizará conforme las pautas dadas en los considerandos, con mas los intereses que correspondan, aplicando desde el 06/03/99 y hasta el 31/12/01 los intereses moratorios del 12% anual; y a partir del 01/01/02 y hasta el momento de su efectivo pago, la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, debiendo a tal fin practicarse la pertinente planilla de liquidación.

4- Intimar a que en el plazo de diez (10) días la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa practique la pertinente planilla de liquidación, bajo apercibimiento de ley.

5- Costas a la demandada. (art. 68 del CPCC). 6- Regístrese. Notifíquese y oportunamente, ARCHÍVESE.

EDUARDO MANUEL HANG CARLOS GERARDO GONZÁLEZ ARIEL GUSTAVO COLL TELMA C. BENTANCUR (por sus fundamentos) LUCRECIA M. CANAVESIO ANTE MI ESC. CELICA AMADO CATTANEO DE Secretaria Superior Tribunal de Justicia