Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


AYALA, Braulio Alberto contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE y otro Reg.: A y S t 193 p 347-350.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiseis días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AYALA, Braulio Alberto contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE y otro -Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 195, año 2003).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 187, pág. 248, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 125 del 30 de agosto de 2002, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, por entender que la postulación de la recurrente contaba -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. La presente causa refiere a un proceso de amparo promovido por Alberto Braulio Ayala contra la Municipalidad de Santa Fe y Banco Sudameris y/o quien resultara legalmente responsable de la retención y falta de pago de las asignaciones familiares (fs. 15/18).

Admitida la demanda por el Juez inferior, se corrió traslado a los accionados por el término de 10 días con los apercibimientos previstos en el artículo 7 de la ley 10456 (f. 19).

Las accionadas contestaron demanda y ofrecieron pruebas a fojas 70/75 y a fojas 110/119.

El Magistrado de baja instancia rechazó el amparo deducido por infundado e improcedente con costas a la vencida (fs. 161/162).

Contra esa resolución el accionante interpuso recurso de apelación que fue denegado por el A quo por extemporáneo (f. 169), circunstancia que lo motivo a deducir revocatoria en el entendimiento de que se había soslayado en el cómputo del plazo la "duplicidad de plazos procesales" prevista en la ley 7234, modificada por la 9040 (f. 170).

El Juez Inferior revocó por contrario imperio aquel decreto y concedió la apelación interpuesta por el actor (f. 171).

Elevados los autos a la instancia revisora, la Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación por considerar que la duplicidad de términos consagrada en aquellas normativas devenía incompatible con la celeridad inherente al recurso de amparo, principio celosamente resaltado por el legislador (arts. 17, Const. Prov.; 6, 12, 13 y c.c., ley 7053; y 13 y 14, ley 10456) (f. 179).

2. Contra ese pronunciamiento interpone el actor su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción como lesivo de derechos y garantías constitucionales.

Sintéticamente, el impugnante afirma que se han sostenido criterios contrapuestos habida cuenta que el Magistrado en primer de grado de conocimiento aplica la duplicidad de términos -otorgando el plazo de diez días para contestar la demanda y manteniendo la ampliación durante el trámite de la causa-, mientras que la Sala juzga incompatible la duplicidad con la ley 10456 y en consecuencia rechaza la apelación por extemporánea, generando, así, inseguridad jurídica y un verdadero estado de indefensión.

3. Adentrarse al tópico concerniente a si la duplicidad de términos estipulada en el artículo 5 de la ley 7234, modificada por la 9040 concilia con el procedimiento de amparo o por el contrario se opone derechamente a sus postulados, constituye una cuestión procesal insusceptible de ser revisada por la vía extraordinaria prevista en la ley 7055.

Se trata de una materia que incumbe privativamente a los jueces de la causa habida cuenta que la adopción de una u otra tesis, siempre y cuando se den fundamentos bastantes para sustentarlas, no depara "cuestión constitucional" alguna por ingresar dentro de los temas opinables, circunstancia más que suficiente para descartar hipótesis de arbitrariedad normativa. Mas solo un contacto superficial con los antecedentes del caso puede arrojar como resultado que la "cuestión constitucional" refiera a aquel aspecto estrictamente interpretativo de normas procesales.

Ello así, por cuanto en la presente causa el menoscabo a cláusulas de rango superior no está dado porque la Cámara haya adoptado la posición interpretativa de que la duplicidad de términos es incompatible con el amparo sino por aplicar esa postura hermenéutica soslayando las actuaciones del caso.

Para así considerarlo se impone recordar que el Juzgador inferior juzgó aplicable la duplicidad de términos ya al momento de admitir la demanda de amparo (art. 6), habida cuenta que corrió traslado de la demanda a los accionados por el plazo de diez días (esto es, por el doble que corresponde al máximo que estipula al art. 7). Este primer acto procesal del Magistrado sentó una de las reglas del debate que se mantuvo inalterable a lo largo del procedimiento respecto de que todos los plazos procesales se iban a duplicar por imperio de la Ley de Defensa del Estado.

Tanto es así que ante el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor, el Juez volvió sobre sus pasos revocó por contrario imperio esa resolución y concedió la impugnación con el argumento de que regía el artículo 5 de la Ley de Defensa del Estado.

Mas esa duplicidad de términos que gobernó las actuaciones de primera instancia sin mediar resistencia alguna de las partes fue sin más desconocida por la Cámara con el argumento de que ya en otras causas se había resuelto por la no aplicación del instituto en los procesos de amparos.

Tal proceder de la Alzada -como ya se dijo- implica pasar por alto todo el procedimiento seguido en la instancia inferior en tanto su examen demuestra sin duda alguna que la duplicidad de términos había sido una clara regla del debate.

De allí que la solución arribada por la Sala podría haber constituido una recomendación para que en el futuro los jueces inferiores adecuen el procedimiento de amparo a su tesis argumental, mas nunca erigirse como fundamento de la decisión puesto que ello se traduce en un menoscabo al derecho de defensa del impugnante al cambiarse sustancialmente una de las premisas en que se asentaba la discusión -duplicidad de términos-, que más allá de la compatibilidad o no con el trámite de la causa, tanto los litigantes como el juez habían ajustado la temporaneidad de sus actos procesales a esa prescripción consagrada por la ley 7234, modificada por la 9040.

Asimismo, corresponde destacar que el decisorio padece de una deficiencia axiológica habida cuenta que el Tribunal, dentro del abanico de posibilidades interpretativas con que contaba para resolver la litis llevada a su conocimiento, ha escogido la más disvaliosa para así declarar extemporáneo el recurso de apelación, abstrayéndose de las constancias de autos y privando al impugnante del acceso a la instancia revisora (cfr. criterio expuesto in re "Gúzman" y "Apullán" A. y S., T. 155, pág. 421; T.191, pág. 105).

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)