Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


ESCRIBA, Francisco Hipólito contra HORACIO O. ALBANO ING. Y CONST. S.A.C.I.F.I. Reg.: A y S t 202 p 373-375. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia nro. 104, de fecha 06 de julio de 2000, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "ESCRIBA, Francisco Hipólito contra HORACIO O. ALBANO ING. Y CONST. S.A.C.I.F.I. -C.P.L.- (Expte. 44/00)" (Expte. C.S.J. nro. 864, año 2000); y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia nro. 104 de fecha 06 de julio de 2000, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe resolvió confirmar el fallo apelado, por el cual el Juez de Primera Instancia, a su turno, hizo lugar a la demanda.

Contra dicho decisorio interpone el accionado recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario por considerarlo lesivo de los artículos 17 y 18 de la Constitución nacional y 7, 9, 15 in fine y 95 de la Constitución provincial.

En primer lugar, alega el recurrente que la sentencia atacada omitió tratar los agravios expresados por su parte, como así también pruebas que considera contundentes y decisivas para la solución del pleito, esto es, informativa -oficios a la Dirección Provincial de Vialidad y a Tacsa S.A.- y documental -Libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo-.

Endilga al fallo contener fundamentos sólo aparentes en cuanto concluyó que no se encontraba demostrada la falta de trabajo inimputable a la empresa, habiendo arribado a esa conclusión, dice, sin llevar a cabo un mínimo análisis de la situación.

En ese orden, entiende que con meras afirmaciones dogmáticas la Sala desestimó las probanzas que, a su criterio, configuran el hecho notorio de la crisis en el sector de la construcción, tales como el informe expedido por Vialidad provincial acerca de la finalización de la obra y la ausencia de llamados a licitación y otros empredimientos para obras de gran envergadura.

Expresa el recurrente que el Tribunal incurrió en la misma causal de arbitrariedad -omisión de valoración de prueba decisiva- al decidir respecto de la cuestión de las horas extras, lo que implica, a su entender, la violación de la garantía de defensa en juicio.

Considera que la prueba cuya ponderación se omitió -libro de sueldos y jornales (artículo 52 L.C.T.)- demuestra la improcedencia de tal reclamo. Agrega que la Sala no tuvo en cuenta que lo atinente a las horas extras es de interpretación restrictiva, dado su carácter excepcional. En tal sentido, argumenta que resulta arbitrario e injusto el pronunciamiento en cuanto accedió a dicho rubro fundándose sólo en dos testimoniales, en abierta contradicción con elementos contundentes que las desvirtúan.

En el mismo sentido, destaca el quejoso que el Tribunal prescindió de analizar el comportamiento real y concreto de las partes durante el transcurso de la relación laboral, y especialmente la "falta de reclamo" del actor en ese lapso de tiempo.

Por último, alega que es inconstitucional la tasa de interés aplicada en el fallo del 16% anual, por excesiva y confiscatoria, en cuanto atenta contra el derecho de propiedad.

La Sala por auto nro. 169, de fecha 19 de octubre de 2000, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por lo cual acude el quejoso en vía directa ante esta sede, insistiendo en las causales de arbitrariedad invocadas y, por ende, en la apertura de la instancia de excepción.

2. Aun cuando pudiera entenderse superado el recaudo del oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional, igualmente la presente queja no puede tener favorable acogida.

En efecto, y tal como lo asevera la Sala en su denegatoria, el recurrente pretende reabrir un debate relacionado con hechos y circunstancias propias de la litis, cuyo examen remite, en definitiva, a cuestiones de índole fáctica, probatoria y de interpretación del derecho aplicable, reservadas, en principio, a los jueces de la causa y, por ende, ajenas a esta vía extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, lo que de ningún modo se infiere acontezca en el presente.

Ello así, toda vez que de la liminar lectura del escrito recursivo en su confrontación con la sentencia impugnada surge que los cuestionamientos que el impugnante introduce a los fines de descalificar el decisorio -esto es, prescindencia de prueba decisiva, fundamentación aparente y contradicción con otros elementos de la causa- solamente evidencian su disenso para con la labor desempeñada por el Tribunal a quo al decidir confirmar la resolución de baja instancia.

Y sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del quejoso con los criterios utilizados por los jueces ordinarios en la valoración de la prueba y en la hermeneusis aplicada al caso, ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituirlos en la decisión de cuestiones que les son privativas (conf. A. y S. T. 95, pág. 341; T. 99, pág. 102; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408 entre muchos otros).

En autos, los sentenciantes consideraron que toda empresa afronta un riesgo al comenzar su existencia, lo que implica "...la necesaria demostración, no solamente de la falta de trabajo en el cual se pretende justificar el despido del trabajador, sino también la acreditación de que se han adoptado medidas suficientes, acordes con un adecuado dirigenciamiento de la empresa, encaminada a desligarla del riesgo propio de una dependencia exclusiva de la voluntad o posibilidad del Estado de continuar o iniciar obras públicas..." En tal sentido, estimaron que, conforme lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la patronal debe acompañar las probanzas que acrediten que la situación prevista en esta norma -despido dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo- no le es imputable. En virtud de este análisis, concluyeron que en el sub examine el proceder de la empleadora no encuadró dentro de la normativa y principios legales correspondientes, confirmando asi la sentencia inferior.

Frente a este eje argumental, el quejoso intenta oponer su propio enfoque de la cuestión, señalando que el Tribunal a quo omitió considerar pruebas que califica de decisivas para arribar a una solución contraria del litigio, mas no logra convencer a esta Corte acerca de la supuesta prescindencia probatoria ni que el fallo resulte inmotivado, toda vez que sus críticas, como se señalara, devienen insuficientes y no alcanzan a descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

Igual suerte corren sus planteos relativos al acogimiento del rubro "horas extras" y a la aplicación de la tasa de interés del 16%.

En relación al primero de ellos, expresó el Tribunal a quo que los reproches del impugnante no cuentan con la entidad suficiente para desvirtuar lo concluido por el juez de baja instancia al respecto; ello así, consideró la Sala que los testimonios vertidos en la causa no resultan contradictorios con lo afirmado por el actor en su demanda, agregando los juzgadores que, si bien no se advierte una total coincidencia en dichas testimoniales en cuanto a la cantidad de horas extras trabajadas, el cálculo realizado por el inferior es una aproximación que no recibió por parte del recurrente una crítica razonada.

Así también concluyó el a quo respecto de la tasa de interés aplicada, considerando insuficiente, conforme las exigencias del artículo 118 del Código Procesal Laboral, la sola manifestación de que resulta excesiva y atentatoria del derecho de propiedad, expresiones estas que no merecieron del quejoso en su escrito impugnatorio más que la reiteración de lo ya planteado.

En suma, de ningún modo puede entenderse que las alegaciones del recurrente cuenten con la entidad necesaria como para descalificar la sentencia aquí traída, la que -más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los sentenciantes- luce acorde con lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial, por lo que corresponde desestimar la queja deducida.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)