Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-12-27


Mendoza, diciembre 27 de 2007.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º En su caso ¿qué solución corresponde? 3º Costas.

1º cuestión.- La doctora Kemelmajer de Carlucci dijo:

I. Plataforma fáctica.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. En septiembre del año 2001, en autos 56.230, caratulados: "TVC 2000 SA", Sadaic solicitó la quiebra de TVC 2000 SA. Después de una serie interminable de incidencias, el 11/2/2003 se declaró la quiebra.

2. El 10/9/2003 el síndico presentó su informe general. Por otro lado, algunos bienes de la empresa quebrada, una empresa de T.V. cable, fueron incautados a través de Gendarmería Nacional, por orden del CONFER, por funcionar sin su autorización. La sindicatura aconsejó clausurar el procedimiento por falta de activo.

3. El 7/3/2006, a fs. 285 el tribunal citó a los directivos de la fallida a dar explicaciones al tribunal sobre los vehículos y otros bienes, y a tal fin fijó la audiencia del 20/4/2006 a las nueve horas. También dispuso la inhabilitación de los directores y vicedirectores denunciados a fs. 243.

4. El 4/8/2006, Sergio A. Pérez, integrante del directorio de la SA, se presentó al juez de la quiebra y dijo que en forma totalmente casual se había enterado que pesaba sobre él la prohibición de salir del país dispuesta por el tribunal; invocó el art. 103 y solicitó se levantara la prohibición; a todo evento, dijo que nunca había desempeñado funciones ejecutivas, que no tenía información para proporcionar y que, por lo tanto, su permanencia en la jurisdicción carecía de utilidad.

5. El tribunal dio vista al síndico a fs. 293, quien no respondió en el plazo concedido.

6. A fs. 299, el Sr. Sergio Pérez pidió autos para resolver. El 31/8/2006, a fs. 301 el juzgado resolvió: "Atento al estado de la causa, en especial a lo ordenado en el decreto de fs. 285 y a que la sindicatura no ha contestado la vista conferida, autorícese al Sr. Sergio A. Pérez, DNI Nº ... a ausentarse del país por el término de cuarenta días hábiles a contar a partir del lunes 4 de septiembre de 2006, art. 103 LC)".

7. A fs. 308 compareció el Sr. Aaron Mazal y solicitó cesara la prohibición de salir del país. Invocó el art. 103 de la LC.

A fs. 310, el 28/9/2006, el tribunal proveyó: "Atento a lo expuesto por la sindicatura a fs. 305, autorícese al Sr. Aaron Mazar y a los directivos de la fallida la salida del país" (a fs. 305 el síndico había respondido: "En legal tiempo y forma vengo a contestar la vista conferida a fs. 293"). Al respecto, teniendo en cuenta que han sido citados en reiteradas oportunidades y a los fines de lo previsto en el art. 102 de la LC los ex directores de la fallida, no compareciendo en ningún caso, esta sindicatura considera que previo ordenar el levantamiento de la inhibición en los términos expuesto por el Sr. Sergio Pérez, debería citárselo a comparecer a la audiencia que US fije a los fines de la norma citada". El tribunal fijó la audiencia del 10/10/2006.

A fs. 311, el 18/10/2006, el juzgado proveyó: "Amplíese el decreto de fs. 310 y autorícese a las personas indicadas en dicho decreto a salir del país, por el término de cuarenta días hábiles a partir de la notificación ficta del presente decreto (art. 103, LC) Ofíciese a las reparticiones pertinentes para su toma de razón".

8. A fs. 315/319, Aarón Mazar interpuso incidente de nulidad contra el decreto de fs. 311. A fs. 324 el síndico se opuso al incidente; sostuvo que los directivos nunca concurrieron a dar explicaciones; que la actividad desarrollada era ilícita por no contar con autorización del CONFER; que en todo momento la sindicatura ha pedido la clausura por falta de activo para poder iniciar la acción penal.

9. A fs. 331/332 el juez rechazó la nulidad articulada. Aarón Mazar apeló. A fs. 350/351 la Fiscal de Cámara aconsejó no hacer lugar a la nulidad articulada en razón de los antecedentes fijados por el síndico y lo dispuesto por los arts. 232 y 233 de la LC.

A fs. 258/259 la Cámara rechazó el recurso de apelación por no darse los requisitos de la nulidad articulada (vicio formal, error de procedimiento no consentido, interés jurídico en quien peticiona la nulidad). Argumentó del siguiente modo:

(a) No cualquier vicio procesal justifica la nulidad; debe ser grave y alterar el derecho de defensa.

En el caso, el decreto de fs. 310 no resolvió en el sentido peticionado por los apelantes; no hizo lugar al levantamiento de la prohibición de salir del país sino que en su lugar confirió una autorización para hacerlo, fundado en lo expuesto por el síndico a fs. 305". El decreto de fs. 311 sólo limitó a dicha autorización a un determinado lapso de tiempo, lo que por otra parte es propio de las autorizaciones judiciales para salir del país. En definitiva, el decreto de fs. 311 es un mero decreto aclarativo por lo que basta una fundamentación breve; en todo caso, no es un vicio procesal; si no se estaba de acuerdo con lo resuelto pudo interponerse, en su caso, un recurso de revocatoria.

(b) Por las mismas razones, no existe violación al principio de preclusión.

(c) El juez de primera instancia tampoco ha desorbitado las amplias facultades concedidas por el art. 274 de la LC.

(d) Finalmente, no se ha mostrado el interés en la nulidad desde que se puede recurrir a las vías ordinarias.

II. Los motivos del recurso deducido.

El recurrente afirma que la decisión recurrida viola su derecho constitucional a entrar y salir del país en abierta contradicción con el art. 103 de la LC.

III. El trámite dado a este recurso.

El recurrente ha interpuesto un recurso de habeas corpus que el tribunal tiene que responder, por la afirmativa o por la negativa, dentro de plazos brevísimos, no compatibles con el procedimiento impuesto a los recursos extraordinarios.

IV. La cuestión a resolver.

Independientemente de las formas procesales, la cuestión a resolver es si la restricción a salir del país impuesta por los jueces ordinarios que intervienen en el proceso concursal viola o no el derecho previsto en el art. 14 de la CN que concede a todos los habitantes de la Nación el derecho a "permanecer, transitar y salir del territorio argentino", "conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio".

V. La prohibición de salir del país como medida dispuesta por el juez de quiebras.

Indudablemente, en este caso, la ley que reglamenta el ejercicio de este derecho es el art. 103 de la LC, que en su redacción actual dice:

"Hasta la presentación del informe general, el fallido y sus administradores no pueden ausentarse del país sin autorización judicial concedida en cada caso, la que deberá ser otorgada cuando su presencia no sea requerida a los efectos del art. 102, o en casos de necesidad y urgencia evidentes. Esa autorización no impide la prosecución del juicio y subsisten los efectos del domicilio procesal. Por resolución fundada el juez puede extender la interdicción de salida del país respecto de personas determinadas, por un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la fecha fijada para la presentación del informe. La resolución es apelable en efecto devolutivo por las personas a quienes afecte".

VI. La aplicación de esta norma al caso a resolver.

1. Conforme la disposición vigente, el fallido y sus administradores no pueden ausentarse del país hasta la presentación del informe general. Si quieren hacerlo, deben pedir autorización al juez.

Pasado ese plazo, cesa la interdicción, salvo que el juez la disponga por decisión fundada, siempre dentro de los seis meses posteriores al informe general, como máximo.

La interdicción, dentro de los plazos y previsiones legales es constitucional, por "tener naturaleza cautelar, basada en el interés concursal informativo, fundada en pautas de índole abstracta, genérica e hipotética" (CSN, Fallos 298-409; 315-2401), pero vencido el plazo máximo indicado no existe fundamento legal alguno para prorrogar la interdicción de salir del país por mayor tiempo (ver Heredia, Pablo, "Tratado exegético de derecho concursal", Bs. As., Ed. Abaco, 1998, t. 3 p. 877, en especial, p. 903).

En el caso, el informe general del síndico se presentó el 10/9/2003; por lo tanto, la posibilidad de que un juez civil, sin las garantías que otorga el procedimiento penal, prohíba la salida del país, cesó el 10/3/2004.

2. Si los administradores de la empresa fallida han cometido delitos, deben hacerse las denuncias penales pertinentes. La cuestión en discusión en estos autos no es si cometieron o no esos delitos, sino si la interdicción del país puede ser dispuesta por un juez concursal sin las garantías del procedimiento penal más allá de las previsiones del legislador.

Sin duda alguna, la respuesta es negativa. Así surge de los textos citados. Bien se ha dicho que "si el juez de la quiebra pudiera invocar poderes inherentes a la dirección del proceso para decretar en cualquier etapa del juicio concursal lo que estime conveniente, aunque haya normas que se lo prohíben, la juridicidad se ausentaría definitivamente el proceso falencial" (CNCom. sala E, 15/4/2007, JA 2007-III-85).

Por lo demás, toda la doctrina entiende que en esta materia, las facultades judiciales deben ser ejercidas con suma prudencia, por estar en juego el derecho constitucional a entrar y salir del país (ver Rivera-Roitman-Vítolo, "Ley de concursos y quiebras", Santa Fe, Ed. Rubinzal, t. II, p. 101; Fassi-Ghebardt, "Concursos y quiebras", 8º ed., Bs. As., Ed. Astrea, 2004, p. 315; Grispo, J. D., "Tratado sobre la ley de concursos y quiebras", Bs. As., Ed. Ad Hoc, 1999, t. III, p. 285).

3. Tengo especialmente en cuenta que: (a) han pasado más de tres años del vencimiento del plazo legalmente previsto, y más de un año y medio (agosto del 2006) sin que exista en el expediente constancia alguna de trámites tendientes a la prosecución efectiva de la causa; (b) todo el procedimiento ha sido un diálogo de sordos; el síndico contestó la vista como si fuese un pedido de levantamiento de la inhibición; los jueces y el ministerio público respondieron que los fallidos no dan información sobre conductas presuntamente delictivas, fijaron audiencias que no realizaron y, en definitiva, nadie dijo qué hace con la ley escrita.

VII. Conclusiones.

Por todo lo expuesto, corresponde acoger el recurso deducido y sustituir el decreto de fs. 311 por otro que dice: "Habiendo vencido el plazo previsto en el art. 103 de la LC, levántese la interdicción de salir del país; ofíciese".

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Romano adhieren al voto que antecede.

2º cuestión.- La doctora Kemelmajer de Carlucci dijo:

Atento lo resuelto en el tratamiento de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 2/11 vta. y, en consecuencia, modificar las resoluciones de fs. 358/359 vta. y de fs. 331/322 de los autos Nº 56.230, caratulados: "T.V.C. 2000 S.A. P/quiebra "A"" y, en definitiva, sustituir el decreto de fs. 311 por el siguiente: "Habiendo vencido el plazo previsto en el artículo 103 de la LC, levántese la interdicción de salir del país. Ofíciese".

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Romano adhieren al voto que antecede.

3º cuestión.- La doctora Kemelmajer de Carlucci dijo:

De conformidad al modo en que ha sido resuelta la cuestión ante esta sede, corresponde imponer las costas en el orden causado.

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Romano adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

Mendoza, diciembre 27 de 2007.

Y Vistos: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva resuelve:I. Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 2/11 vta. y, en consecuencia, modificar las resoluciones de fs. 358/359 vta. y de fs. 331/322 de los autos Nº 56.230, caratulados: "T.V.C. 2000 S.A. p/quiebra "A"" y, en definitiva, sustituir el decreto de fs. 311 por el siguiente: "Habiendo vencido el plazo previsto en el art. 103 de la LC, levántese la interdicción de salir del país. Ofíciese". II. Imponer las costas del recurso de Inconstitucionalidad en el orden causado.III. Regular los honorarios del Dr. A. A. G., en la suma de pesos sesenta ($ 60).-Aída Kemelmajer de Carlucci.- Alejandro Pérez Hualde.- Fernando Romano.