Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


MENDOZA, Enrique W. contra PROVINTER S.A.

Reg.: A y S t 206 p 368-371.

Santa Fe, 27 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 140 del 11 de agosto de 2004 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad en autos "MENDOZA, Enrique W. c. PROVINTER S.A. -C.P.L.- (Expte. 229/03)" (Expte. C.S.J. nro. 544, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. La resolución de primera instancia acogió parcialmente la demanda y condenó a la accionada a abonar al actor: indemnización sustitutiva de preaviso, por antigüedad, el recargo del 50% por aplicación del artículo 2 de la ley 25323, proporcional vacaciones año 2000 y S.A.C., y daño moral conforme al porcentaje que estableció.

Apelado que fuera por ambas partes dicho decisorio -y en lo que aquí resulta de interés- la Sala revocó parcialmente el fallo y rechazó la indemnización derivada de la ley 25323 y la reparación por daño moral.

Es contra este último pronunciamiento que el accionante endereza su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario como lesivo de derechos y garantías de rango constitucional.

En primer lugar, alega que la sentencia, cuando rechaza el daño moral cae en arbitrariedad por fundamentación contradictoria e insuficiente, con apoyo en afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa. Concretamente, critica al Tribunal por afirmar que no ha existido la falsa imputación de un delito sino que, aunque no probado, se achaca un proceder no acorde con las responsabilidades del actor ya que - dice- en el caso se le inculpó una conducta delictiva, expresamente contemplada en la legislación penal, y así se consignó en la demanda y lo entendió el Juzgador de primera instancia al viabilizar la indemnización del perjuicio moral. Destaca que si el proceder del trabajador no resultó probado -tal como lo afirma el Sentenciante- ello importa admitir la inexistencia de los hechos imputados; por lo que el fallo deviene incongruente al desestimar la reparación moral.

En segundo término, se queja porque la Sala rechazó la pretensión de recargo indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la ley 25323 con argumentos insostenibles desde que si el hecho en el cual se fundó el despido no existió, resulta inadmisible desde el plano lógico valorar la gravedad de la injuria a fin de evaluar la procedencia o no de la indemnización.

Asimismo, se queja por cuanto el Tribunal omite pronunciarse sobre una cuestión planteada: el S.A.C. segundo semestre, ya que si bien lo trata en los considerandos no lo consigna en la parte resolutiva.

Finalmente, achaca a los Juzgadores resolver sin suficiente fundamentación, apartándose de la ley y de prueba decisiva para la causa en punto al rechazo de las horas extras reclamadas. Al respecto, señala que la fundamentación basada en que estaba categorizado como encargado de depósito y aplicando en virtud de ello la excepción a la jornada legal (art. 3, ley 11544) omite ponderar el artículo 11 del decreto 16115/33.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado razón por la cual el accionante ocurrió en forma directa ante esta sede.

2. La presente queja -se adelanta- no puede prosperar por cuanto, no obstante invocarse cuestión constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria en confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo la mera disconformidad del recurrente para con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias, materia que resulta ajena al tratamiento en esta instancia de excepción.

En efecto, los cuestionamientos formulados en torno a la condena por daño moral que el accionante insiste debe ser reparado desde que los argumentos de la Sala para desestimarlo son contradictorios, dogmáticos e insuficientes, carecen de idoneidad para descalificar -desde este plano constitucional- lo decidido por la Sala al respecto. Ello así, puesto que de la lectura del fallo impugnado surge que dicho órgano expuso los motivos que lo condujeron a declarar la improcedencia de la reparación, al estimar que, en el sub examine "...no ha existido la falsa imputación de un delito, sino que, aunque no probado, se imputa un proceder no acorde a las responsabilidades que le eran propias al actor, lo que no acreditado ha convertido al despido en un injusto y como tal proceden las indemnizaciones tarifadas previstas por la ley" (f. 4).

Y si bien al impugnante no le satisface el aludido argumento -en tanto recalca que hubo por parte de la empleadora la falsa imputación de un delito, que finalmente no resultó probado- tal como expresa sus disconformidades, no se advierte demostrado concretamente, que la imputación haya tenido proyecciones penales que irrogaran ese plus de daño -que también debió acreditar específicamente, y no tan sólo mencionar- determinante de que las indemnizaciones tarifadas resultasen insuficientes para reparar su lesión moral. Tal discrepancia valorativa y la falencia recursoria señalada, conllevan a que el agravio no merezca ser atendido en esta instancia extraordinaria.

Por su parte, también devienen inadmisibles los reparos que giran en torno al rechazo de la indemnización prevista por la ley 25323. Es que lo argumentado -reprochando al decisorio carecer de sustento y quebrantar las reglas del razonamiento lógico, al afirmar que el hecho en el cual se fundó el despido no existió y pese a ello rechazar el rubro con base en la valoración de la gravedad de la injuria- pierden todo andamiaje al reparar en que el razonamiento seguido por la Sala se enrola en una línea doctrinaria y jurisprudencial que admite la posibilidad de que el Juzgador disminuya o exonere de la sanción en los supuestos en que el empleador haya tenido motivos suficientes como para considerarse asistido del derecho a despedir. En tal lineamiento no se vislumbra que se hubieran soslayado las circunstancias probadas de la causa.

En tal sentido, se ha sostenido que "Frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, la indemnización prevista por el artículo 2 de la ley 25323 debe ser concedida con carácter restrictivo, y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del artículo 242 L.C.T...." y que "El art. 2 de la ley 25323 no restringe de ninguna manera la potestad del empleador de denunciar el contrato con invocación de justa causa, podría decirse que la ley procura también que aquél haga uso funcional de su facultad de despedir y que obre de buena fe aun en ocasión de extinguir el contrato laboral...Lo cierto es que para exonerarse del pago de la reparación, el empleador está obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido, o bien tuvo una razón valedera al omitir el pago de las indemnizaciones..." (C.N.A.T. Sala III, 18.7.2003) (C.N.A.T., Sala III, 18.07.2003, "Saczuk c. Siemens"); "...Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que se justificare la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria, como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo" (C.N.A.T., Sala VIII, del voto del Dr. Billoch, 29.8.2003, "Rumi c. Cía. General de Comercio e Industria"); "Para la operatividad del art. 2 de la ley 25323...si se ha alegado una justa causa (de despido), sujeta a apreciación judicial, en el marco del art. 242 in fine L.C.T., es la propia sentencia la que constituye el título definitivo de la adquisición del derecho indemnizatorio. Regla que no incluye los supuestos en que se ha invocado como justa causa una motivación baladí o hechos o situaciones claramente inadmisibles, o no se ha intentado acreditar con pruebas idóneas una causa que, en principio, no sería irrazonable" (C.N.A.T., Sala VIII, 30.6.2004 "Alveal Cáceres c. San Isidro Textil Argentina S.A."; 28.2.2003 "Rivero c. La Fármaco Argentina I.C.S.A."); entre otros pronunciamientos.

En el caso, atendiendo los agravios del demandado en orden a la justa causa para el despido, la Sala luego de estimar que la injuria invocada era insuficiente para el distracto pues no revestía entidad que impidiera la prosecusión del vínculo; entendió en orden a la duplicación indemnizatoria que ésta debía rechazarse desde que "...si bien no han logrado demostrarse los extremos que hubieran permitido tener como justa la causa del despido, ello no trae por sí sola aparejada la sanción referida, la que requiere que se trate de encubrir el verdadero motivo del despido, es decir la arbitraria decisión patronal una maña o un pretexto...", criterio que reforzó la postura del Magistrado de segundo voto al sostener que el artículo 2 de la norma deja librado a la apreciación del juez "...que es lo que efectuaran tanto el Dr. Garraza, al admitirlo como el Dr. Marín al rechazar, pues han sopesado la verosimilitud de la rescisión como la falta de pago justificado de las indemnizaciones en el tiempo debido..." (f. 7vto.). Frente a lo expuesto, cabe concluir que el decisorio se encuentra suficientemente fundado y en tal sentido, no puede reputarse arbitrario. Igual suerte adversa han de correr los agravios referidos a que la Sala habría omitido pronunciarse sobre una cuestión planteada -S.A.C. segundo semestre- ya que aunque ausente en la parte resolutiva, tal como dice el impugnante, ello no habilita sin más a pedir la descalificación constitucional pues, una atenta lectura del fallo permite colegir que había sido abordado y admitido el reproche ordenando se tenga en cuenta a la hora de practicar liquidación (f. 2 vto.), lo cual es demostrativo de la inexistencia de un gravamen concreto que de sustento al remedio extraordinario en este punto. Finalmente, también resultan inatendibles las quejas relativas al rechazo de horas extras reclamadas por el accionante -en el que habría caído la Sala al omitir ponderar la normativa pertinente- ya que de acuerdo al encuadre de las tareas del actor que realizara el A quo, la conclusión de que no correspondía un adicional por horas extras trabajadas resulta inconmovible; y el afán del impugnante por demostrar que en realidad el trabajador no podía resultar excluído del régimen general que limita la jornada de trabajo -porque las tareas que desarrollaba no eran exclusivamente de encargado de depósito y por ello no entraba a jugar la excepción legal del artículo 3 de la ley 11544- no son más que un intento, basado en su particular perspectiva, de modificar dicho encuadre laboral que, como regla, es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, e irrevisable en esta sede, salvo que se demuestre arbitrariedad, lo que no ha logrado el quejoso.

En suma: las falencias atribuidas al decisorio revelan el sólo propósito del perdidoso de reabrir el debate acerca de cuestiones de hechos, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria ajena a la esfera del remedio ensayado, no traspasando el planteo el límite de la disconformidad en cuanto a la valoración de la situación fáctica y aplicación de normas comunes, aspectos propios de las instancias ordinarias y, por ello, excluidos de este control al no haberse demostrado que las apreciaciones de los Sentenciantes -más allá de su grado de acierto o error- resulten ilógicas o irracionales, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial.

La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica y jurídica sobre temas de derecho común -ya tratado en las instancias ordinarias- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraodinaria en esta sede, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por ello y ante esa mera discrepancia del recurrente, no se configura cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)