Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-08


AUTOS N° 20.051 (50.703 - 1° CIVIL) "RUBO S.A. C/ Neder y Rojo S.R.L. - Ordinario" L. DE S. T° 105, F° 148/157 En la ciudad de San Juan, a 8 días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en AUTOS N° 20.051 (50.703 - 1° CIVIL) caratulados: "RUBO S.A. C/ NEDER y ROJO S.R.L. - ORDINARIO", dictada en fecha siete del mes de noviembre del año dos mil ocho, obrante a fs. 507-513, de estos autos originarios del Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. RUBO S.A. promovió demanda contra Neder y Rojo S.R.L. con la pretensión de cobrarle la suma de $ 232.009,71, debidos por la venta de diversos combustibles, gas oil, nafta súper, normal y lubricantes y derivados del saldo de Cuenta Corriente que estaba comprometido pagar al cierre de cada mes. Los saldos deudores se originan desde el mes de Enero de 2000, época desde la cual la firma Neder y Rojo S.R.L. comenzó a acumular por sucesivas compras, documentadas con las facturas conformadas que detalla en la demanda. Por Carta Notarial fue reclamada la deuda, pero contestándola la negó. De igual modo la desconoció al contestar demanda, con especial énfasis en no haber tenido trato comercial con la actora durante el período del 01/01/00 al 30/04/00; ni que hubiera adquirido la cantidad de productos indicados en la demanda; tampoco que tuviera algún vínculo jurídico con el librador de los cheques acompañados como prueba, respecto a los cuales desconoce la firma y contenido, como asimismo de las facturas y remitos ofrecidos en prueba; que hubiera solicitado una cuenta corriente y fuera deudora de los saldos reclamados. Los demás detalles de la relación de la causa están expresados con toda precisión en la sentencia apelada.

2. En primera instancia fue resuelto rechazar el incidente de redargución de falsedad interpuesto por la parte actora, pero la sentencia hizo lugar a la demanda deducida, condenando a Neder y Rojo S.R.L. a pagar la suma reclamada por Rubo S.A., con más los intereses que se calcularán desde la fecha de pago de cada cheque rechazado y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa que aplica el Banco Nación Argentina, para las operaciones de descuento, debiendo formalizarse el pago dentro del plazo de quince días de quedar firme la liquidación que se practicará al efecto.

La demandada apeló. La señora jueza concedió el recurso libremente y con efecto suspensivo dándosele el trámite correspondiente en segunda instancia.

3. La sentencia impugnada considera en primer término el incidente de redargución de falsedad interpuesto por la parte actora con la idea de destruir la validez del instrumento público con el cual la demandada pretendía demostrar la falta de vinculación jurídica con el Sr. Héctor Dante Rojo, quien había firmado los cheques para aplicarlos al pago de la deuda de Neder y Rojo S.R.L. La jueza ponderó que la integración de la litis debió ineludiblemente hacerse con el Escribano Marcelo Oro, "por cuanto se encuentra configurado un litis consorcio pasivo necesario que exige que sean denunciadas y oídas todas la partes que concluyeron el acto atacado, lo contrario traería la posibilidad de condenarlos sin ser oídos en violación de la garantía de defensa en juicio". De ahí dedujo que se daba el supuesto de la falta de legitimación como elemento de la acción, subsanable sólo hasta la apertura de prueba y con el proceso en suspenso mientras no sea citado al litigante omitido. Se excusó de expedirse sobre las otras cuestiones, pero tomó los elementos probatorios producidos en el incidente a fin de lograr la mayor certeza sobre los hechos alegados.

Despejado este punto, entró al fondo de la cuestión y concluyó, a la luz de las probanzas de autos, que estaba debidamente acreditado el vínculo de la relación comercial entre ambas empresas y que el Sr. Héctor Dante Rojo actuó en la transacción como parte integrante de la firma demandada, "o al menos como persona autorizada al tal fin, existiendo constancias de que al momento del pago con cheques pertenecientes a cuentas que a él le pertenecían, era con la conformidad de la demandada, tan es así, que existen otros pagos diferentes de los que en autos se reclaman que fueron efectuados, por la firma demandada con cheques del señor Rojo, ello se encuentra probado con la informativa obrante a fs. 30/31 del incidente de redargución de falsedad". También hizo mérito de la prueba pericial contable y de prueba testimonial rendida donde surge este vínculo jurídico.

4. Los agravios de la parte demandada:

a) Realiza un ataque genérico respecto a la valoración de la prueba. Dice que si bien el juez no tiene obligación de evaluar toda la prueba sino aquella pertinente, importante y relevante al caso, dejó de lado elementos probatorios de vital importancia para resolver el litigio, con claro y arbitrario apartamiento de prueba de vital importancia. Alega que cuando contestó demanda incorporó instrumentos públicos que acreditan la exclusión del Sr. Rojo de la sociedad. Los mentados documentos dieron motivo al incidente de redargución de falsedad, pero no lograron una resolución en ese sentido. Dice que "...la sentencia omite inescrupulosamente la consecuencia principal del rechazo del incidente, cual es la de tener por cierta la documentación que acredita en forma fehaciente que el Sr. Rojo había dejado de pertenecer a la firma demandada al momento de concertarse los negocios entre Rubo S.A. y la firma demandada. A esta documentación le atribuye pleno valor probatorio atento la calidad de instrumentos públicos que guardan los mismos. En este punto -dice- no existe posibilidad de discrecionalidad en la evaluación probatoria, por cuanto el instrumento público hace plena fe, en sí mismo, de los hechos y actos que contiene y de la inscripción pertinente en el Registro Público de Comercio. Que los documentos incorporados por la parte actora a fs. 184/189 carecen de dicha prerrogativa porque fueron negados expresamente. Manifiesta que lo evidencia la afirmación expresa de la actora: "...De todas maneras no es este un problema que atañe al fondo de la cuestión, ya que sea o no el Sr. Dante Rojo socio de la sociedad, el hecho es que el deudor de mi representada es Neder y Rojo S.R.L., que es esta sociedad la que compró el combustible y las facturas, tal como resulta de la documental que adjunto, y es a ésta a quien se demanda..." En esta afirmación cree hallar contradicción en el fallo, pues el Sr. Rojo y la firma Neder y Rojo S.R.L. son dos sujetos de derecho distintos, por lo que imputarle la deuda a uno no implica un vínculo jurídico con el otro. Alega que la documentación presentada por el acreedor fue extendida en forma "unilateral", "por cuanto si fuera todo motivo de especulación, sujeto al qué me importa, podríamos afirmar que ha existido colusión entre Rojo y la actora, necesariamente dolosa, en perjuicio de la demandada ya que no se ha traído a Rojo al Proceso ni como tercero interesado".

Insiste, citando jurisprudencia: "Exactamente es el caso de autos. Se le vende y entrega mercadería a Rojo y se factura la deuda a Neder y Rojo S.R.L." Y agrega que la jueza, si bien rechaza el incidente de redargución de falsedad, "le quita a la documentación valor probatorio como si la autoridad convictiva del instrumento pudiera ser obviada por la simple voluntad del a quo, tanto es así que a fs. 509, cuarto párrafo, reconoce la calidad de instrumentos públicos a los acompañados por esta parte..." b) La prueba producida en el incidente de redargución de falsedad por la parte actora, es impertinente e improcedente, lograda de forma antijurídica que facilitó la "tendencia empática" del tribunal que la hace valer en contra de la demandada.

c) Que durante todo el proceso el tribunal ha demostrado una "tendencia empática" que va desde el "informalismo procesal a la rigurosa aplicación del articulado del C.P.C." Dice que la declaración testimonial del testigo Fara en el incidente de redargución de falsedad (fs. 60) deviene de una providencia nula, "de nulidad absoluta".

d) Que la valoración del testimonio del Sr. Rojo se ha hecho contra todo criterio lógico jurídico. A propósito argumenta: "Vemos en un primer momento que al ser ofrecida la prueba en general, y el Sr. Rojo en particular como testigo por la demandada, a lo único que se opone la actora son a algunos puntos de pericia. Esto significa, en forma implícita y a la luz de la doctrina de los actos propios, que la accionante reconoce la calidad de tercero del testigo con relación al proceso y a la accionada..." Por eso descalifica la conclusión a que arriba la sentenciadora cuando afirma: "...surge, a criterio de la suscripta que el Sr. Héctor Dante Rojo actuó, en la relación comercial entre las partes y que en autos se analiza, como parte integrante de la firma demandada o al menos como persona autorizada a tal fin, existiendo constancias de que al momento del pago con cheque pertenecientes a cuentas que a él le pertenecían, era con la conformidad de la demandada, tan es así, que existen otros puntos diferentes de los que en autos se reclaman que fueron efectuados por la firma demandada con cheques del Sr. Rojo, ello se encuentra probado con la informativa obrante a fs. 30/31 del incidente..." Destaca que en su testimonio del Sr. Rojo dice ser comisionista en combustibles y reconoce expresamente los cheques atribuidos a la adquisición de combustibles para con la actora "y que él compraba con esos cheques dicho combustible". Es el Sr. Rojo quien asume como propias las deudas que hoy la actora reclama a la demandada (fs. 391).

e) Que en el fallo se ha omitido evaluar el testimonio del Sr. Leanis, que fuera contador de la empresa accionada en el momento que según dichos de la actora le compraba combustible (fs. 395).

f) Las declaraciones del testigo Fara, chofer de la firma demandada en el mismo período de tiempo, rendidas a fojas 287 del principal y 60 del incidente de redargución de falsedad, han sido ponderadas en forma parcial, por lo que hace suponer situaciones no acontecidas.

g) Está demostrado que Rubo S.A. no era el único proveedor de combustibles de Neder y Rojo S.R.L.

h) No existía vínculo comercial alguno entre Rubo S.A. y Neder y Rojo S.R.L., por lo que resulta desacertado la afirmación del hecho en la sentencia. A punto tal que la jueza debe cambiar la inexistente "cuenta corriente", caracterizándolo en otra figura jurídica.

5. La parte actora, defendiendo el fallo, refuta que no hubo ninguna violación al sistema de prueba de los instrumentos públicos, "sino que simplemente, tiene por probada la relación comercial entre actora y demandada, en base a la demás prueba aportada en autos, independientemente de que el Sr. Rojo sea o no socio de la última". Respecto a la queja sobre la utilización de la prueba producida en el incidente de redargución de falsedad, a lo que el recurrente considera impertinente e improcedente y obtenida de manera antijurídica, dice que se trata de una simple petición de principio, sin ningún argumento sustentable. Debe tenerse presente que dicho incidente no solo colectó la prueba producida por su parte, sino también la de la demandada, teniendo la posibilidad de controlarla ampliamente, cuestión que hizo el juez, por lo que nunca pudo ser antijurídica ni impertinente. De tal prueba surge nítida la relación comercial entre actora y demandada.

Afirma en su contestación el actor que deberá rechazarse el agravio donde acusa a la jueza de valorar la prueba con empatía y arredando los principios de la sana crítica, especialmente en relación a la prueba testimonial, pues lo hace sin miramiento a las constancias de autos. Quedó demostrado que el Sr. Rojo había cancelado con cheques propios deudas de la demandada con su representada. Principalmente, la prueba pericial contable, confrontada con los libros de comercio en forma contra los libros llevados incorrectamente, prueban fehacientemente estos hechos (art. 63. Cód. de Com.).

Que habiendo concurrido personalmente con su letrado a la audiencia designada en el incidente de redargución de falsedad, donde fue interrogado en calidad de testigo su empleado, Sr. Fara, no quiso firmar el acta con una clara intención intimidatoria hacia el testigo, quien posteriormente, y por instrucciones de su patrón, no asistió a las demás audiencias a fin de que testimoniara.

6. El recurso interpuesto por la demandada no ha de prosperar. Así lo entiendo conforme a las razones que brevemente expongo a continuación:

6.1. Ante nada debo aclarar que el planteo del recurrente acerca de la improcedente valoración de la prueba producida en el incidente de redargución de falsedad, carece de todo fundamento. La actividad intelectual del juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba, no está restringida, cobra peso superlativo cuando con él se demuestre la aptitud suficiente para lograr la certeza sobre un hecho controvertido. Si resulta útil al convencimiento del juez, tendrá valor probatorio pleno o completo. Aunque en el incidente de redargución de falsedad no se pudo llegar a una resolución sobre el fondo del asunto debido a la irregular conformación de la litis, faltando la concurrencia de un litis consorcio necesario, nada obsta a que el juez amerite todos y cada uno de los elementos probatorios contenidos en el expediente, siempre que lo juzgue necesario para dictar sentencia. Así, estará haciendo uso de sus deberes y facultades (art. 33 del CPC) y en ello no existe un límite para ejercer tal apreciación, basta que engendre convicción, si aplica razonablemente las reglas de la sana crítica, respecto de todas y cada una de las pruebas rendidas en la causa. Él es el único que tiene libertad e imperio para determinar cuáles son las esenciales y decisivas para el fallo de la causa (conf. art. 370, del CPC).

6.2. El recurrente hace hincapié y en la expresión de agravios lo pone como su principal argumento, a la pretendida desvinculación del Sr. Héctor Dante Rojo de la empresa demandada, queriendo hacer valer la transferencia de acciones y consiguiente retiro de la sociedad de éste, como consta en el Acta N° 4 de la reunión entre sus socios gerentes y únicos integrantes de la Sociedad "Neder y Rojo S.R.L.", sesión realizada en fecha 06/06/1996. No tuvo en cuenta, la demandada, que el art. 10 de la L.S. (N° 19.550) impone a las sociedades de responsabilidad limitada la publicidad sobre los nombres, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad de los socios en oportunidad de su constitución. La misma exigencia requiere cuando se produce alguna modificación de la "composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los cargos". De modo tal, si las decisiones internas de la sociedad implican modificación de los puntos enumerados en los incisos 3) a 10) del apartado a) del artículo 10, deben ser publicadas, necesariamente, en la forma establecida por la ley. La función de la inscripción de los actos mercantiles cumple no solo con un requisito formal, sino que también constituye una función sustancial, como bien lo destaca Villegas, "ya que la inscripción produce efectos jurídicos, ya sea declarativos o constitutivos..." "La publicidad formal implica una simple notificación de la existencia del acto, de manera que los terceros no puedan alegar ignorancia de su existencia. En cambio, la publicidad sustancial, además de esos efectos, tiene el de establecer desde ese momento o con efecto retroactivo, la eficacia jurídica del acto". Y continúa diciendo el autor: "En tal sentido se ha señalado que una característica de la función declarativa es que opera como requisito de eficacia (externa) del acto para el cual es requerida. Mientras la inscripción no se cumple, el evento a ella subordinado no produce efectos frente a terceros, salvo que los terceros tomen conocimiento de tal acto de otra forma" (Sociedades Comerciales, T° I, Ed. Rubinzal-Culzoni, p.259 y ss).

No obstante, habrá de verse primordialmente que la demanda no está dirigida al Sr. Héctor Dante Rojo, como que nadie discute que sea un sujeto de derecho distinto de la sociedad demandada.

6.3. Más bien debe considerarse como eje de la cuestión que los cheques recibidos por la actora, siendo títulos-valores autónomos, le conferían al portador legítimo, todos los derechos cartulares que le fueron transmitidos por el endoso (art. 17, ley 24.452). El endoso tiene en sí mismo un efecto legitimante desde el momento que genera para el tenedor del título una presunción juris tantum de ser su propietario y acreedor cambiario. Más allá de las relaciones que pudiera tener o no tener el Sr. Héctor Dante Rojo con Neder y Rojo S.R.L., incluso como integrante de la sociedad, lo cierto es que el ente societario aceptó los referidos cheques, para ser imputados al pago de las deudas que aquí son reclamadas. Todos saben que la facultad de ejercer los derechos incorporados al título la tiene indiscutiblemente el portador legítimo que puede justificar su derecho con una cadena ininterrumpida de endosos. Esto no varía en los casos del endoso en blanco autorizado por la ley (art. 13, LCh). Es decir, aquél que no indica el nombre del beneficiario pero lleva la firma del endosante. Los efectos del endoso en blanco son varios, entre ellos, hasta la facultad de entregar simplemente el cheque a un tercero, sin necesidad de endosarlo ni llenar el blanco del endoso.

6.4. las facturas conformadas tienen íntima relación con el precio cierto en dinero que constituyó elemento esencial del contrato de compraventa de combustibles (arts. 1349 y 1353 del C. C.), pero además denotan, junto a los remitos, la entrega del producto comprado. Esta prueba es importante, pues la firma puesta en dichas facturas fue estampada en nombre de Neder y Rojo S.R.L., sin que hayan perdido fuerza probatoria estos instrumentos privados, con prueba contraria que le quite autenticidad a los documentos. Desde luego, si los combustibles y demás productos fueron recibidos, la prestación cumplida por el vendedor generaba la obligación de pagar el precio dentro del plazo de diez días si no se hubiere estipulado otro (art. 464, C.Com.). A su vez el vendedor no podría rehusar al comprador una factura de los géneros que haya vendido y entregado con el recibo al pie de su precio, o de la parte de éste que se hubiere pagado, dice el art. 474 del Cód. de Comercio. El comprador, la empresa aquí demandada, fue intimado por carta certificada enviada por el Notario Público Oscar Jofré el día veintinueve de agosto de 2000, lo que implicaría la constitución en mora en los términos del 2do. párrafo del art. 509 del Cód. Civil a partir de dicha fecha. Sin embargo, siendo la transacción de carácter comercial, ante la norma del mencionado art. 474 del Cód. de Com., la mora del deudor es automática luego de vencido el plazo legal y respecto a las fechas consignadas en las facturas conformadas para cada una de las entregas del combustible que compró la firma demandada.

Equivoca el apelante al pretender descalificar ligeramente esta prueba contundente, al argumentar sin ninguna razón que solo se trata de "documentación extendida en forma unilateral, por cuanto si fuera todo motivo de especulación, sujeto al que me importa, podríamos afirmar que ha existido colusión entre Rojo y la actora, necesariamente dolosa, en perjuicio de la demandada..." Es en la propia ley donde ha de encontrarse el significado jurídico de la factura y los importantes efectos que tiene en las operaciones comerciales. La obligación de pagar el precio de los productos -como dije- debía cumplirse dentro del plazo legal (art. 464, del Cód. de Com.). Era la demandada quien debió demostrar que pagó en término, ya que la relación comercial entre ambas empresas resulta indubitable con toda la prueba aportada, incluyendo la pericial contable que da cuenta de operaciones realizadas entre ambos sujetos de derecho.

6.5. No viene al caso determinar si hubo o no un contrato de cuenta corriente mercantil entre las partes. En realidad nunca se probó la existencia de un contrato de cuenta corriente mercantil, pues la caracterización jurídica del mismo consiste en que los créditos y deudas de las operaciones comerciales que se efectúan en determinado lapso pierdan su individualidad para fundirse en masas contrapuestas para liquidarse en una fecha convenida, compensándose hasta la concurrencia de la menor. Conviene distinguirla de la comúnmente denominada cuenta simple o de gestión, consistente en aplicar a dos columnas de debe y haber donde se van asentando las distintas partidas con el objeto de contar al final con un saldo, restando la menor de la mayor. Es evidente que se trata de simple método o sistema de contabilidad. Si bien en el sub judice no estamos frente a la figura del art. 771 del Cód. de Comercio, la imputación a la cuenta corriente que aparece en las facturas, es relevante para concluir en la veracidad de relación contractual habida entre las partes en los términos del art. 207 del Cód. de Comercio y la necesidad de interpretarla conforme lo establece el art. 1198 del Cód. Civil.

7. Mi ponencia es entonces, la de rechazar el recurso interpuesto, confirmándose el fallo impugnado. Las costas, siguiendo el principio general, deberán ser impuestas a la parte vencida (conf. art. 74, CPC).

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso interpuesto, confirmándose el fallo impugnado. Las costas, siguiendo el principio general, deberán ser impuestas a la parte vencida (conf. art. 74, CPC).

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto, confirmándose el fallo impugnado. Las costas, siguiendo el principio general, deberán ser impuestas a la parte vencida (conf. art. 74, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.