marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mala praxis, daños y perjuicios, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si la controversia tiene su marco jurídico en el 2do párrafo del art. 1113 del Código Civil, para endilgarle responsabilidad al Estado, a quien alega haber sufrido un daño le incumbe la prueba del hecho y la relación de causalidad con el daño sufrido. Por su parte, para eximirse de responsabilidad la parte demandada debe acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder. El GCBA sólo podría eximirse de responder si probara que la patología sufrida por la parte actora le es imputable a ella o si probara que los daños se produjeron por un tercero por cuyo desempeño el Estado no se encontraba obligado a responder. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Trabajadores rurales, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Silvia Del Carmen c/ Cacace, Bruno Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-02

La prestación de servicios en la finca del demandado por parte del trabajador agrario regido por la Ley 22.248, régimen anterior a la Ley 26727, no hace presumir la existencia de la relación laboral, pues dicho régimen carece de una norma que disponga esa presunción como contiene la Ley de Contrato de Trabajo -art. 23-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maldonado de Mansilla, Lorenza c/ Andia de Villareal, Adela s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Al no existir en materia de indemnización de daños y perjuicios -producto de lesiones psicofísicas, incapacidad sobreviniente causados a la víctima-, un procedimiento matemático para fijar su resarcimiento, la forma adoptada por la jurisprudencia para hacerlo se sustenta en ciertas pautas presididas por importantes principios, tal como lo son la prudencia, la razonabilidad y la equidad, receptados por el derecho positivo en los arts 907 y 1069 -ambos en su segunda parte- del Código Civil y con el norte de arribar a una indemnización plena e integral (arts. 1069, 1079, 1083 y concs. del Cód. cit.), computándose las circunstancias personales del damnificado -edad, sexo, ocupación, estado civil, condiciones socioeconómicas-culturales, etc.- conjugándolas con la gravedad de las afectaciones producidas, secuelas dejadas por ellas, grado de incapacidad resultante, etc. y su proyección sobre todas las actividades de la víctima. En razón de ello, mal puede argüirse que resulte desacertado apartarse de lo reclamado por la parte, pues el juzgador goza en esta materia de la facultad de hacerlo en preservación, precisamente, de los principios antes reseñados (texto y doct. art. 165, 3er. párr., Código Procesal).-
Excepciones procesales, excepción de prescripción, acumulación de acciones, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SAAB SCANIA ARGENTINA S.A. c/ E.F.A. (L. GRAL. BME. MITRE) s/ INT. PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-05

Ni aún admitiendo por vía de hipótesis, que el tribunal enderezara la presentación intitulada "ampliación de demanda" y la acogiera como un pedido de acumulación de acciones, podría rechazarse la excepción de prescripción, pues, tratándose de reclamos autónomos, el efecto interruptivo del plazo que se deriva de la presentación de una demanda, no se extiende de una acción a otra, cuando difiere la causa petendi, el objeto o ambos elementos;

aún cuando del mismo título nazcan dos acciones, el ejercicio de una no interrumpe el curso de la prescripción de la otra, aunque exista afinidad entre ambas. Adoptar otra solución sería contrariar la propia letra del art. 3986 del Código Civil que rige la materia.
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Renzo David s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09

Debe considerarse configurado el riesgo de fuga si se trata del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cuya pena supera ampliamente el límite del art. 316 CPPN y por su mínimo no permite la posibilidad de una condena de ejecución condicional, a lo que cabe sumar la falta de un medio de vida estable del imputado y que presenta dos causas en trámite ante la justicia provincial. (Dres. González Palazzo, Borinsky y Hornos).
Nombre comercial, oposición al registro de marca, superposición de productos
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAUNUS ARG. SA c/ TAUNUS NORBERTO E. Y OTRO s/ CESE OPOSICION MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

Respecto de la oposición de "Taunus SA", se debe recordar que la denominación comercial, pues de ello se trata y no de la razón social, se adquiere solo con relación a los ramos efectivamente explotados por la oponente y no con respecto a los que potencialmente se pueden abarcar en virtud del objeto social. Desde esta perspectiva, "Taunus SA" limita sus actividades comerciales a la venta minorista de zapatos y afines bajo la denominación "Il Gatopardo". Por otro lado las marcas que solicita la actora distinguen productos químicos destinados a la industria, ciencia, alimentación, etc. (clase 1); aceites y grasas o maquinas pueden ser eventualmente aplicados a la industria del cuero, pero eso no determina que existe la superposición que exige la ley marcaria para que la consistencia de los signos no sea posible. Se trata de una relación potencial y remota, pero no de una superposición. Con el criterio amplio que postula la demandada se echaran las de una clase se podrían distinguir de los artículos.
Interpretación de la ley, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, excesos u omisiones en el pronunciamiento, principio de congruencia, actuación de oficio
Materia: CIVIL-ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa G., S. M. y otro c/ K., M. E. A.  s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Si bien la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria no existe exceso en el pronunciamiento de la cámara, si se ha pronunciado sobre los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, modificados por el artículo 4 de la ley 25.561, en tanto son de orden público y tal carácter impone a los jueces su consideración aun de oficio (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, ebriedad, dosimetría alcohólica
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: OCTAVIO ENRIQUE COZZI. c/ OSVALDO ANGEL GERMETTI Y GERARDO LUIS GELMETTI. s/ INSCONTITUCIONALIDAD  -  SENTENCIA  ARBITRARIA - CASACION - ORDINARIO  DA%OS Y PERJUICIOS. GERARDO LUIS GELMETTI. s/ INSCONTITUCIONALIDAD  -  SENTENCIA  ARBITRARIA - CASACION - ORDINARIO  DA%OS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-06-11

Por aplicación de los principios de la sana crítica, la fuerza probatoria de un dosaje de sangre para determinar el estado de alcoholemia de una persona debe ser estimada por el juez, teniendo en consideración entre otras cosas, la competencia del profesional interviniente, las condiciones y oportunidad en que el dosaje se lleva a cabo, las técnicas utilizadas y principalmente la concordancia del resultado arribado con las reglas de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.
Derechos y garantías constitucionales, habeas data
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agüero Vargas, Rosa del Carmen c/ Uribe, Milton Miguel s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-24

"El hábeas data en tanto garantía de un derecho individual, - personalísimo-, sólo puede ser ejercido por el titular del derecho a interponer la acción, en defensa de aspectos de su personalidad, vinculados con su intimidad, que no pueden encontrarse a disposición del público ni ser utilizados sin derecho"; es que "La garantía del hábeas data -dirigida a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga-, forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad".
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Chierichietti, José c/ ESEBA S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-24

En los términos del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en el proceso laboral, cada una de las partes deb probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Rucki, Juan c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

El paciente cuando reviste el carácter de damnificado, tiene acciones civiles de origen contractual y directa contra el ente asistencial ("estipulante") y el médico ("promitente").
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Devia, Esther Noemí c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

La circunstancia de haberse dictado la resolución que se impugna como consecuencia de una solicitud de reapertura del procedimiento aceptada por la Administración (en el caso el I.P.S.), no excusa la deducción del recurso de revocatoria que contemplan los arts. 86 y 89 del decreto ley 7647, aplicables en la materia en virtud de la remisión contenida en el art. 63 del decreto 9650 y la jurisprudencia de esta Corte.
Contrato de transporte, fletero
Materia: COMERCIAL
Carátula: RINCON, MIGUEL FRANCISCO c/ NOEL Y CIA SA s/ LABORAL. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 467-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-03

La sumisión del fletero a una serie de directivas de una expresa no resulta por sí solo concluyente para acreditar un vínculo de subordinación, toda vez que la existencia de hojas de ruta y/o coordinación de horarios constituyen notas comunes que pueden encontrarse presentes tanto en una relación comercial como en un contrato de trabajo, pues responden al orden propio de toda organización empresarial.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, resolución denegatoria, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Cristal Sociedad  Anónima c/ Compañía  Argentina  de Seguros Visión Sociedad Anónima y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

No procede el recurso extraordinario con respecto a la desestima ción del planteo articulado contra un letrado, pues los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas - como regla y por su naturaleza - al remedio del art. 14 de la ley 48, que han sido resueltas por el sentenciante sin que se advierta configurada la invocada arbitrariedad Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Filiación, presunción de paternidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., M. del C. c/ I., E. A. s/ Reclamación de estado de hijo extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Probada la separación de hecho, no se presume la paternidad del marido respecto del menor nacido luego del plazo aludido en el art.

243 del Código Civil.
Autonomía provincial, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

Los actos provinciales no pueden ser invalidados sino cuando las provincias han ejercido una competencia expresamente atribuida por la Constitución Nacional al gobierno federal; o su ejercicio les hubiera sido expresamente prohibido; o este último sea absoluta y directamente incompatible por parte de las provincias.
Lavado de activos, elemento objetivo
Materia: PENAL
Carátula: Caserta, Mario J. y otros c/  s/ condena
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

En los términos de la ley Nº 23.737, la transferencia de dinero "(...) es definida como 'paso o conducción de una cosa de un punto a otro'; otra de sus acepciones es 'remisión de fondos de una cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes' (...)" (Ricardo Pinto y Ophelie Chevalier, op. cit., pág. 1352). Por lo tanto, se configura el delito cuando el dinero obtenido del comercio de estupefacientes es trasladado, remitido -como en el caso de autos-, de un lugar a otro.
Sentencia, pagaré, acción cambiaria, Estado Provincial, deuda pública, acto administrativo, Administración Pública, juicio ejecutivo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

La alternativa de habilitar la vía del artículo 141 del Código Procesal Civil y Comercial, que implementa un orden de prelación en el dictado de sentencias que guardan cierta relación de conexidad para resolver la cuestión de competencia suscitada en un juicio ejecutivo donde la Provincia ejecutada planteó como defensa que los pagarés librados habían sido anulados por actos administrativos posteriores, permite a los jueces ordinarios adoptar una solución que respeta estrictamente el ejercicio pleno de la competencia constitucional de la Corte, evitando al mismo tiempo -por un lado- la toma de posición (de manera directa o indirecta) sobre conflictos de derechos que corresponde que sean definitivamente dilucidados en otras instancias jurisdiccionales, y por el otro, forzadas e inaceptables abdicaciones de la propia competencia, que llegan a poner en crisis el normal funcionamiento del Servicio de Justicia.

Es, además una opción que compone adecuadamente los intereses involucrados en el litigio -los cuales exceden los meramente individuales-, y que reconoce equilibradamente tanto las orientaciones provenientes del ordenamiento procesal (y constitucional) como las exigencias de tutela adecuada para los derechos de los particulares y los intereses del Estado: en primer lugar, porque brinda una salida razonable a la necesaria evaluación de si nos encontramos ante una obligación existente y exigible (requisitos que, puestos en cuestión por el dictado de los decretos anulatorios, resultan condicionantes del éxito de la demanda ejecutiva: arg. artículo 442, Código Procesal Civil y Comercial); en segundo lugar, porque impide un rechazo de la ejecución que sería a todas luces injusto en caso de declararse finalmente la ilegitimidad de los referidos decretos anulatorios; y, en tercer lugar, porque tampoco deja de consultar las implicancias jurídicas que tiene el ejercicio por la Administración de sus facultades de anular los propios actos en orden a la preservación del imperio de la legalidad.

(Del Voto del Dr. Vigo, en minoría).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, crédito fiscal, depósito bancario, depósito en el exterior, intereses, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía  Minera  Aguilar  S.A. c/ D.G.I. s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Es formalmente procedente el recurso ordinario deducido contra la sentencia que -al admitir la existencia de quebrantos impositivos- consideró que no se encontraban alcanzados por el impuesto a las ganancias los intereses y diferencias de cambio provenientes de capitales colocados en el exterior y que al crédito fiscal resultante no le eran aplicables las exigencias del art. 30 de la ley 24.463, pues se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el monto disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc.

6, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte.
Marcas, registro de marca, interés legítimo
Materia: CIVIL
Carátula: PORTA  HERMANOS  S.A. c/ FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A. s/ CESEDE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Las marcas en pugna ("FERNET PORTA - RITUAL DE AMIGOS" vs. "TOUR DE AMIGOS"), en el concreto mundo en que se ambienta esta contienda, pueden coexistir pacíficamente, sin mengua para los fines esenciales de la Ley de Marcas (Fallos: 272:290; 279:150, entre otros). La solicitud de "Porta Hermanos S.A., se cimentó en un interés legítimo, en los términos de la Ley de Marcas. La ley 22.362 amplió considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas pues ya no es condición para ello, como exigía el art. 6 de la ley 3975, ser "industrial, comerciante o agricultor". En la actualidad, el art. 4 de la ley vigente sólo exige que el solicitante de una marca tenga un interés legítimo en obtener su registro en función del conjunto de circunstancias y bastando para ello, tener por cumplido el recaudo legal la intención de usar la marca o bien el carácter defensivo de la peticionada (confr. "Derecho de Marcas". Bs. As. 1995, 2a. edición, p.123).
Competencia por conexidad, pago con cheque sin provisión de fondos, desnaturalización del cheque
Materia: PENAL
Carátula: MOTTA, RICARDO FELIPE s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

La posible comisión del delito previsto por el inciso 4° del art.

175 del Cód Penal, no es razón que obste a la prosecución del proceso por infracción al Art. 302 del cód.cit., sin perjuicio del derecho del interesado en proceder a su denuncia, a la que no se entiende obligado este Tribunal en tanto no surge de autos que se tratara de obligaciones no vencidas.
Proceso penal, recusación, recusación con causa, Cámara de Apelaciones, juicio oral, recurso de casación, sentencia, resoluciones equiparables a definitiva, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., R. y otros. s/ Torturas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-10

Cabe declarar la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto por la Defensa de los policías encartados por el delito de torturas contra la resolución interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial que rechazara las recusaciones deducidas contra los integrantes de la Cámara de Juicio, por falta de fundamentación y omisión de pronunciamiento en relación a la violación de la garantía constitucional del juez imparcial invocada, si la confrontación del auto atacado y el escrito recursivo permite vislumbrar los agravios postulados.
Regulación de honorarios, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vergara, Jacinto Diomede y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-21

Si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse asimismo al mérito, naturaleza e importancia de esa labor, y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, este examen no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos fijados por la ley. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, aplicación errónea de la ley, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Vera Echeverría, José Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-11

Corresponde rechazar el recurso de casación que el representante del ministerio público fiscal dedujo con sustento en una errónea aplicación de la ley sustantiva bajo la pretensión de que el hecho de la acusación, que alega probado, es constitutivo del delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, puesto el tribunal de mérito consideró que el art. 42 del Código Penal exige que el agente obre "con el fin de cometer un delito determinado" y de esa frase, infirió que se requiere, además de la constatación de los elementos objetivos que fundan la imputación objetiva del riesgo mortal, la finalidad o intención de causar muerte. Al respecto, la fiscalía no formula esfuerzo razonado y puntual ni pertinente dirigido a esclarecer el error en la interpretación de la ley sustantiva que alega ni ofrece alguna interpretación posible sobre el sentido del citado artículo 42 distinta de la sostenida por el tribunal de juicio (voto del juez García al que adhirió el juez Días)
Desindexación, régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carnero, Francisco y otros c/ CONET s/ empleo publico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Las previsiones de la ley 24.283 resultan aplicables a aquellos créditos, consolidados o no en los términos de la ley 23.982, que no se encuentren en la situación descripta en el artículo 2º del decreto 794/94 (confr. CNCont. Adm. Fed., Sala II, in re "Nirvel", del 6 de septiembre de 1994; in re "Sideco Americana S.A.C.I.I.F. c/ D.N.V. s/ contrato obra pública", del 26 de diciembre de 1995; in re "Dycasa Dragados y Construcciones Arg. S.A.C.I. -RQU- c/ E.N. s/ queja", del 5 de marzo de 1996). (Cons. V).
Coacción calificada, amenaza con arma, lesiones leves, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: MANCHUCA, ARMANDO s/ COACCION - CONCURSO REAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Las amenazas con exhibición y uso de arma blanca, dirigidas contra dos personas para que permitieran el acceso al edificio, configura el delito de coacciones agravadas, que concurre materialmente y no idealmente con el de lesiones leves, pues tratándose de un hecho único, los tipos penales de los arts. 149 bis y 89 C.P. se excluirían, por cuanto existiría entre ellos una incompatibilidad y correspondería, frente al grado de progresividad entre la figura de peligro y la de daño, que privare esta última, que tiene prevista una pena menor.
Plazo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN COSME LTDA. c/ INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA" EXPTE.N 8474/92.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-12-22

Cuando el tratamiento del computo del plazo de caducidad se encuentra directamente relacionado con la existencia o no del vicio que nulificaría el acto administrativo atacado, se entra al fondo de la cuestión; y por lo tanto es absolutamente inoportuno considerar en la etapa procesal de una excepción previa; debiendo rechazarse el planteo de caducidad deducido por la contraria.