Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 358/363.

Santa Fe, 3 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 28 de septiembre de 2017, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "ZBRUN, OSCAR ROBERTO DANIEL contra MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. - COBRO DE PESOS - LABORAL - (Expte. 339/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511871-6); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, declaró desierto el recurso de apelación del actor y acogió parcialmente el interpuesto por el demandado, modificando -en consecuencia- la sentencia impugnada, con costas en ambas instancias por el orden causado.

Contra dicho pronunciamiento interpone el actor recurso de inconstitucionalidad tachando de arbitraria la interpretación efectuada por considerar que lo fallado no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de autos.

En el memorial refiere que el 19.05.2009 fue víctima de un infortunio laboral mientras prestaba servicios para la firma "Dakar Empresa Constructora", cuando al dirigirse en motocicleta a comprar pintura para la empresa, siguiendo órdenes del empleador, fue embestido desde atrás por un automóvil, que se dió a la fuga.

Que a consecuencia de ese infortunio, la comisión médica interviniente N° 07C fijó una incapacidad del 43,18%. Y, continua refiriendo, en el marco de lo previsto por la ley 24557 en su artículo 12, se tuvo en cuenta un ingreso base del trabajador al momento del siniestro de $962,64.- y 58 años de edad y MAPFRE ART S.A. abonó al actor en concepto de prestación dineraria de pago único la suma de $24.696,94.-, luego de que su parte iniciara la presente demanda por el trámite sumarísimo previsto en el artículo 136 del Código Procesal Laboral.

Relata que atento a que el perito interviniente en autos determinó una incapacidad del 57%, superior a la establecida por la comisión médica N° 07C de la ciudad de Rosario -es decir mayor al 50% y menor al 66% de incapacidad-, su parte solicitó una renta periódica equivalente al ingreso base mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad ($548,70.-) con el tope de $180.000.- y la prestación complementaria prevista en el artículo 11 de la ley 24557 por la suma de $30.000.-, de lo cual correspondía deducir lo ya abonado.

Que 13 años después de ello y ante el envilecimiento de la prestación que debía percibir el reclamante y el cambio jurisprudencial operado, su parte solicitó la aplicación al caso del decreto 1694/09 y de la ley 26773 y de las normas que en el futuro las reglamenten o reemplacen.

Refiere que el juez de primera instancia hizo lugar a su pretensión y declaró inconstitucionales los artículos 21, 22 y 46 de la ley 24557 y el artículo 17 inciso 5 de la ley 26773 -dando solución con esto último al problema del envilecimiento del dinero, pues, implicó la aplicación al caso del índice RIPTE y el reconocimiento de la prestación del art. 3 de la ley 26773-. Al capital así determinado, le adicionó interés a tasa activa hasta el 01.01.2010 y desde entonces del 15% anual. E impuso las costas a la vencida.

Continúa refiriendo que apelada esa decisión por la contraria, la Cámara confirmó el porcentaje de incapacidad del 57% fijado en anterior instancia con fundamento en la pericia practicada en autos, pero -siguiendo los criterios trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" y por esta Corte in re "Britos", revocó el fallo anterior en cuanto dispusiera que la diferencia indemnizatoria faltante debía abonarse haciendo aplicación del decreto 1694/09 y de la ley 26773 por cuanto la fecha del accidente fue anterior a la de entrada en vigencia de las referidas normas. Asimismo, continúa narrando, modificó la tasa de interés, fijando un 22% anual desde la fecha del accidente y hasta el 30.06.2015 y desde el 01.07.2015 hasta el efectivo pago según la tasa activa del Banco Central de la República Argentina, e impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.

Frente a lo así decidido, afirma que la resolución es arbitraria por consagrar una situación ilegítima que implica la violación del principio de legalidad, la garantía del debido proceso, los derechos de defensa en juicio y de propiedad, la garantía de igualdad, el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la C.N., el de razonabilidad, el de "alterum non leadere" y los tratados internacionales de jerarquía constitucional.

Considera que con esa solución se dejó de lado "doctrina constitucional consolidada de la C.S.J.N." al no dar solución al problema del envilecimiento de la prestación a través de la aplicación de normas dictadas luego del siniestro. Y afirma que, como resultado de ello, los importes que la demandada debe abonar al actor resultan absurdos, irrazonables y arbitrarios al pulverizar el derecho que se pretende proteger.

Insiste en que la Cámara debió considerar que desde el acaecimiento del siniestro el 15.05.2009, todas las variables de la economía nacional han sufrido importantes incrementos y no se ha contemplado un mecanismo de ajuste. Según su tesitura, el mejor modo de llevar a cabo ese ajuste es mediante la declaración de inconstitucionalidad de toda norma que se expida en sentido contrario a la actualización, por implicar un tratamiento desigual del actor y afectar su derecho de propiedad.

Invoca la aplicación de los fallos "Ascua" y "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Suárez" de esta Corte provincial, en tanto -argumenta- la respuesta indemnizatoria que debe darse al trabajador accidentado debe ser aquella que reconozca una indemnización integral, plena y justa.

Considera que lo decidido in re "Espósito" no significó sin más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entró en contradicción con toda su doctrina anterior, sino que este fallo sólo esterilizó una de las herramientas que la legislación y la jurisprudencia eligieron para dar adecuada respuesta a la insuficiencia reparatoria del régimen por "imperfección estructural".

Argumenta que se trata de una situación de inconstitucionalidad normativa sobreviniente y que la Corte nacional ha receptado esa doctrina en materia de accidentes in re "Vega c/ Consorcio de Propietarios s/ Accidente-ley 9688" del 16.12.1993 y peticiona su aplicación al caso.

Así, entiende que sus argumentos habilitan el franqueo de la instancia de excepción y propone como opción para dar solución a la situación de envilecimiento de las prestaciones la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 y el reemplazo del Ingreso Bruto Medio por la última remuneración percibida. Invoca fallos de las Cámaras de Apelación en lo Laboral de Santa Fe y Rosario que aplican ese criterio. Y aduce que otra "alternativa de solución" a su situación es la aplicación del índice RIPTE en forma analógica y/o una tasa de interés que contemple los efectos del envilecimiento del dinero por inflación.

Por último, añade que le resulta más beneficioso el cobro íntegro del capital reparatorio que la percepción de una renta periódica sin aplicación de tope.

2. La Sala, mediante decisorio del 06 de marzo de 2018, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entre otras consideraciones, por entender no configurado un agravio constitucional que posibilite la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, lo que motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte.

3. Es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (artículo 8, ley 7055). Tal cometido no ha sido idóneamente cumplido, pues pese al esfuerzo argumentativo desarrollado por el compareciente, no logra desvirtuar lo sostenido por el Tribunal a quo al denegar la admisibilidad de su recurso.

Y es que de la confrontación de los agravios esgrimidos en la pieza recursoria con los fundamentos del fallo impugnado, los mismos sólo denotan su disenso para con lo resuelto en un sentido adverso a sus pretensiones.

En tal sentido, se impone destacar que los planteos del ocurrente en líneas generales estriban en controvertir lo resuelto por la Alzada siguiendo los lineamientos sobre aplicación temporal de la normativa de riesgos del trabajo trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" del 07.06.2016 (Fallos:339:781) y por esta Corte in re "Britos" del 06.06.2017 (A. y S. T. 275, pág. 346).

Y al respecto, si bien el recurrente imputa arbitrariedad a los juzgadores por arribar a una solución que -según sostiene- no contempla la "situación de envilecimiento de la diferencia de indemnización adeudada", con sus argumentos no logra desmerecer lo expuesto en la sentencia.

En particular, surge de la lectura del fallo atacado que los sentenciantes señalaron, primeramente, que la sentencia de primera instancia así como los precedentes jurisprudenciales invocados eran anteriores al fallo "Espósito" de la Corte Nacional que estableció pautas claras acerca de la aplicación temporal de las normas modificatorias posteriores a la ley 24557.

Y que lo mismo ocurría con relación al pronunciamiento de esta Corte "Britos". Prosiguió señalando que en virtud de los referidos cambios de criterio jurisprudenciales operados en las Cortes Supremas nacional y provincial, esa Cámara había a su vez modificado su criterio en el fallo "Córdoba c/ Consolidar ART S.A." del 14.09.2017. Y agregó que conforme a tales pautas, en el caso correspondía acoger el recurso de apelación del demandado y disponer la revocación del pronunciamiento de primera instancia en cuanto ordenó el pago de rubros y actualizaciones emergentes de la aplicación del decreto 1694/09 y de la ley 26773 y sus modificatorias a un caso cuya primera manifestación invalidante (19.05.2009) se produjo con anterioridad a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de esas normas.

Sin embargo, confirmó el fallo en cuanto al porcentaje de incapacidad fijado en anterior instancia en consonancia con el dictamen médico pericial. Consecuentemente, acogió parcialmente la demanda y condenó al pago de la diferencia entre lo ya abonado por la A.R.T. (43,18% de incapacidad) y el 57% de incapacidad fijado en sede judicial conforme la pericia practicada en autos. Ordenó que esa diferencia a abonar se calcule según ley 24557 y las modificatorias vigentes al momento de la primera manifestación invalidante.

A ello, el A quo adicionó intereses desde la fecha del accidente y hasta el 30.06.2015 del 22% anual y desde entonces y hasta el efectivo pago, según la tasa activa del Banco Central de la República Argentina no acumulativa (conforme lineamientos sobre el punto trazados por esa Cámara en la ya citada causa "Córdoba" del 14.09.2017), más prestaciones en especie.

A su vez, por resultar lo decidido un cambio de criterio jurisprudencial posterior al fallo de baja instancia, impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.

Frente a ello, los planteos de la recurrente configuran expresiones de disconformidad con lo decidido, pero en modo alguno se enderezan a intentar demostrar que encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad susceptible de abrir esta instancia excepcional o que el fallo atacado carezca de la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial.

Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha anulado numerosos casos donde se había dispuesto la aplicación de las mejoras dinerarias (RIPTE y adicional del 20%) introducidas por ley 26773 para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma mencionada, a tenor de lo resuelto por este Tribunal in re "Britos" del 06.06.2017 (A. y S. T. 275, pág. 346), en consonancia con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" del 07.06.2016 (Fallos:339:781), cuyo acatamiento se impone derechamente como doctrina constitucional en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal que, en estas cuestiones, decide como supremo y último intérprete de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.

En efecto, la Cámara ha fallado en consonancia con el cambio jurisprudencial operado en la materia, observando así la pauta conforme a la cual las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de esta Corte Suprema provincial deben ser lealmente acatadas, tanto por las partes como por los órganos jurisdiccionales que intervienen en las causas, en virtud de la supremacía que las Cortes detentan, reconocida tanto por la Constitución nacional como provincial.

En suma, de lo reseñado se desprende que el compareciente se empeña en hacer prevalecer su propio enfoque del caso, pero con argumentos que carecen de decisividad para hacer variar la litis a su favor y que en modo alguno logran desvirtuar las apreciaciones vertidas en la sentencia en consonancia con el criterio de esta Corte y del cimero Tribunal de la Nación, sin que generen "per se" cuestión constitucional que habilite la vía excepcional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Rafaela.