Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-17


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 17 de 2008.

1. Apeló la fallida la sentencia de fs. 74/75 que denegó su pedido para proseguir con el trámite de las presentes actuaciones, al entender el juez de grado que la insolvente carecía de legitimación para ello. También impugnó la decisión en cuanto admitió el desistimiento de la acción formulado por el síndico (fs. 78).

Los fundamentos del recurso obran expuestos en fs. 81/86 y fueron respondidos por la sindicatura en fs. 92/95.

En fs. 102/103 fue oída la señora Fiscal General de Cámara.

2. La Sala comparte los términos y conclusión expuestos en el referido dictamen, a cuya lectura remite por razones de brevedad.

Es que la solución allí propiciada encuentra sustento en un análisis sobre los distintos aspectos fácticos y jurídicos que gobiernan la cuestión, y brinda acabada respuesta al planteo traído por la recurrente.

Ante ese escenario juzga la Sala que no resulta necesario formular consideraciones adicionales al referido dictamen, pues el marco descripto la exime de ello.

Sólo debe precisar, como apretada síntesis de lo sucedido, que la acción que se intenta tiene como objetivo, entre otros, incorporar un bien al activo falencial para beneficio de la masa concursal, sin que se advierta con ello -en principio- interferencias en la labor del síndico; por el contrario, es el funcionario concursal quien ha desistido de la presente acción, juzgándose procedente en el caso particular de autos reconocer legitimación a la fallida para instar la demanda frente a la expresa inacción manifestada por la sindicatura.

Por otra parte, se presentan en el caso circunstancias excepcionales que justifican apartarse de la regla general y decidir del modo anunciado, en tanto se trata de recuperar un bien salido del patrimonio de la fallida forzadamente (subasta pública extrajudicial de la acción del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. que resultaba de propiedad de Santa Elena Bursátil Sociedad de Bolsa) y con anterioridad al decreto de quiebra (v. lo explicado en fs. 44 vta.), con una temática especial y compleja, conforme fuera desarrollada en el escrito de inicio (fs. 20/33), que amerita considerar en esta etapa procesal que no es manifiestamente innecesaria la intervención en autos de la fallida.

Además, no se advierte prima facie que exista coincidencia entre los intereses de la fallida y los que debe sostener el síndico, teniendo en cuenta las pretensiones esgrimidas en el escrito de demanda y lo expuesto por el funcionario concursal en fs. 54 y 64 (reiterado en fs. 94 vta.) respecto del embrionario análisis de las posibles acciones que podrían ser viables, por lo que cabe excepcionalmente reconocerle a la primera legitimación procesal para llevar adelante el proceso (CSJN, 15.8.95, "Rospide, Oscar y otra s/ quiebra", Fallos, 318:1583, citado por Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Buenos Aires, 2001, Tº 3, pág. 1065), sin perjuicio de lo que cupiere eventualmente decidir al respecto en caso de que exista un planteo concreto de la demandada y de que cesaran las causas materiales y temporales que conllevan a admitir el pedido.

Aun así, a fin de despejar cualquier duda acerca de una posible interferencia en la labor que compete a la sindicatura, la prosecución del trámite del presente quedará condicionado a que el síndico no inicie la acción prometida, comprensiva del reclamo aquí instado, dentro del plazo de 10 días de notificado este pronunciamiento (arg. arts. 120 primer párrafo, 174 in fine y 175 segunda parte de la LCQ).

Ello claro está, implica que la acción entablada por la fallida será a su exclusiva costa (arg. art. 120 LCQ).

3. No obstante el modo en que se decide la cuestión, advierte la Sala que el poder agregado en copia en fs. 4/5, de fecha 13.6.06, fue otorgado con anterioridad a la declaración de quiebra de Santa Elena Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. ocurrida el 22.5.07 (según información extraída vía "internet"), con lo cual ha quedado suspendido el mandato otorgado por la fallida por efecto del estado de falencia (Heredia, Pablo D., op. cit., pág. 1060, anteúltimo párrafo).

En virtud de ello, y tratándose de una acción que se relaciona con el ejercicio de un derecho sobre un bien que eventualmente quedará sujeto al desapoderamiento (Heredia, Pablo D., op. cit., Tº 5, pág. 251), previo a proseguir el trámite de la causa deberá la letrada apoderada de la actora acompañar un nuevo poder que acredite la vigencia del mandato.

4. En cuanto al beneficio de litigar sin gastos peticionado en fs. 67/68, deberá canalizarse por la vía incidental respectiva y expedirse el juez de grado una vez cumplidos los trámites procesales pertinentes (cpr 78 y ssgtes.).

5. Las costas de ambas instancias serán distribuidas en el orden causado, atendiendo a las particularidades que exhibe la materia y lo opinable de la cuestión.

6. Por lo expuesto, y de conformidad con lo aconsejado en fs. 102/103, se RESUELVE:

(a) Admitir el recurso y revocar la resolución de fs. 74/75, con el alcance indicado en el considerando 2º.

(b) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado según lo expuesto en el considerando quinto.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 104/106. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.