Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-05-11


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los Once días del mes de Mayo del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Seño-res Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez, Froi-lán Zarza y Miguel Angél Piñero (M.S.), bajo la Presidencia del Dr. Rober-to Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 302-STJ-2009- COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CANDELARIA LI-MITADA (C.O.S.C.A.L.) S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLI-CABILIDAD DE LEY EN AUTOS: EXPTE. Nº 108/05 - BLANCO, RA-MONA BEATRIZ C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CANDELARIA LTDA. (C.O.S.C.A.L.) S/ LABORAL".

De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Manuel Au-gusto Márquez Palacios, 2) Dr. Jorge Antonio Rojas, 3) Dra. Cristina Irene Leiva, 4) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 5) Dr. Roberto Ru-bén Uset, 6) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 7) Dr. Sergio César San-tiago, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Dr. Miguel Angel Piñero (M.S.).

Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Habiéndose declarado formalmente admisible el recurso extraordinario incoado en autos, y oído el Señor Procurador General, procede resolver sobre el fondo.

La presente causa se inicia con motivo del despido de la Señora Ramona Beatriz Blanco por parte de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Ltda. (COSCAL), la que, en comunicación de fs. 4, alegó crisis económico- financiera y disminución o falta de trabajo, considerando por ello que el despido reconocía justa causa.

A fs. 5 respondió la actora negando la situación expuesta por la Cooperativa y asignándole a su despido, falta de toda causa. Reclamó alIí las indemnizaciones que consideró procedentes.- Luego, por telegrama colacionado de fs. 6, determinó su antigüedad en el empleo, fijándola en el año 1997.

A fs. 10 se promovió la demanda laboral mediante la que se reclamaron haberes adeudados, diferencia de haberes, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones por falta de preaviso, antigüedad, arts. 43, 44, 46 y 80 ley 25.345; art. 16 ley 25.561; arts. 1 y 2 ley 25.323, art. 17 ley 24.013; intereses a tasa activa y costas. Ofreció pruebas.

A fs. 27 la Cooperativa contestó la demanda refiriendo diversas negativas y sobre todo, negando la fecha de ingreso señalada por la actora, pretendiendo que el comienzo de la relación laboral ocurrió en el mes de diciembre del año 2003. Asimismo hizo notar que los rubros "haberes adeudados", "vacaciones" y "SAC. 2004" fueron pagados por vía administrativa. Cuestionó igualmente la tasa de interés activa pretendida. También planteó la inconstitucionalidad de los decretos que ampliaron el plazo del art. 16 de la ley 25.561 y ofreció pruebas.

A fs. 49 la actora contestó el traslado de la contestación de demanda; a fs. 253 se clausuró el período de pruebas, a fs. 259 la actora produjo su alegato y a fs. 266 se llamó autos para sentencia, la que se dictó a fs. 315/324.

Mediante la misma, se reconoció el vínculo laboral a partir del año 1997 y se consideró el despido como sin justa causa, admitiéndose la mayoría de las indemnizaciones reclamadas, con intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comerciales de descuento.

Se declaró asimismo la inconstitucionalidad del decreto que amplió el término del art. 16 de la ley 25.561, rechazando la indemnización que por esa norma se pretendía.

A fs. 337 el demandado interpuso recurso de apelación, agraviándose de la fecha de ingreso laboral que establece la sentencia, de que no se descontó de la liquidación la suma pagada en sede administrativa, de la tasa aplicada a los intereses, que pretende sea la pasiva, y de la aplicación de las costas.

Por falta de agravios, debe entenderse que el apelante consintió la calificación de "despido injustificado", como así las indemnizaciones reconocidas en la Instancia originaria, salvo su adecua-ción en función de la antigüedad de la actora, que pretende.

A fs. 359 la Excma. Cámara Laboral de Apelaciones, dictó sentencia confirmando la fecha de comienzo de la relación laboral (1997), las indemnizaciones admitidas y la tasa de interés activa.

En cambio, revocó el decisorio de Primera Instancia, ordenando reconocer el pago efectuado por Ia demandada a la actora en sede administrativa y distribuyendo las costas en un 73% y 27% a cargo de demandado y actor respectivamente Contra este pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario que está a estudio, el cual mantiene como únicos agravios la fecha de inicio de la relación laboral entre las partes y los intereses aplicados.- En cuanto a las costas, se limita a manifestar que deberán ser redistribuídas en la medida en que se haga lugar a su primer agravio.

Para sostener su posición respecto de aquel punto, el recurrente afirma que la Excma. Cámara aplicó erróneamente los arts. 377 y 163 inc. 5º del CPC., por entender que la prueba referida a la fecha de ingreso de la actora, debía estar a cargo de ésta conforme a la regIa básica de que quien alega prueba, siendo éste, en síntesis, un deber que no cumplió acertadamente la accionante.

Para fundar su pretensión ésta trajo como prueba tres recibos de pago por "honorarios servicios de atención sepelios"; tres cuadernos con anotaciones vinculadas a la atención de diversos sepelios; testigos y deficiencias en la exhibición de libros de la Cooperativa.

A su vez la demandada acompañó testigos y cuestionó recibos y cuadernos.

Por mi parte, pienso que los recibos de fs. 7/9, si bien tienen valor relativo como prueba de una relación entre las partes, no es como dice el recurrente, que se trata de una "autofacturación", sino que se advierte con claridad que se trata de duplicados que deben estar en poder del receptor del pago (la empleada acreedora), mientras que los originales lógicamente deben estar en poder de quién efectúa el pago (la deudora demandada), debidamente suscriptos por el acreedor; en este caso la actora. En definitiva: esta última, no suscribió los recibos como si ella hubiese pagado a la Cooperativa, sino que los firmó como prueba (a favor de la Cooperativa) de que ella como acreedora recibió el pago.

Respecto a los cuadernos, si bien es cierto pertenecen exclusivamente a la pluma de la accionante, unidos a otros elementos de prueba, dan cuenta de una prestación de servicios que, por su detalle, debe presumirse que ocurrieron en realidad. Los otros elementos de prueba a que aludo son fundamentalmente los testigos de la parte actora y las deficiencias en la exhibición de libros de la demandada. Los primeros informaron sin disidencias que la actora trabajaba para la Cooperativa desde 1997; y en cuanto a lo segundo, debe destacarse que resultaba esencial a los intereses de la demandada, exhibir los libros por todo el período requerido en la demanda y no solo desde 2003, lo que hizo viable la aplicación de las presunciones de ley.

Respecto a los testigos de la parte demanda-da, surge que son todos empleados de la misma; y si bien es cierto ello no constituye de por sí una tacha, también lo es que obliga a los Jueces a interpretar muy restrictivamente su testimonio, al que, evidentemente, debe adjudicársele un valor inferior al del contrario.

En cuanto al segundo agravio: intereses, he sostenido reiteradamente que su imposición constituye una cuestión de hecho y prueba reservada al criterio exclusivo de los Jueces ordinarios, que son los que tienen todos los elementos de juicio necesarios para determinarlos en cada caso concreto.

En la especie, parece más que lógico admitir la aplicación de la tasa activa, habida cuenta del acelerado proceso de desvalorización de nuestra moneda que solo puede corregirse y suplirse mediante la imposición de unos intereses cuyo tipo, por lo demás, no sólo no es violatorio de ninguna norma legal, sino que ha sido aceptado por reiterada doctrina y jurísprudencia de nuestros Tribunales.

Por último, atento al resultado de este recurso extraordinario, considero que no corresponde modificar la imposición de costas.

Por lo expuesto, luego de un exámen detallado de estas actuaciones, llego a la conclusión de que la sentencia de Cámara no incurre en vicios de arbitrariedad o absurdo, ni errónea aplicación de las normas que rigen la apreciación de la prueba, como lo dice también el Señor Procurador General Subrogante en su dictámen de fs. 405 y vta., resultando en cambio, derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias particulares del caso.

Voto en consecuencia por rechazar el recurso extraordinario planteado, con costas.- Concedida la palabra a los Dres. Jorge An-tonio Rojas, Humberto Augusto Schiavoni, Roberto Rubén Uset, Cristina Irene Leiva, Ramona Beatriz Velázquez, Froilán Zarza, Sergio César Santiago y Miguel Angel Piñero (M.S.), dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General Subrogante, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I).- RECHAZAR el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley planteado en autos, con costas.

II).- REGISTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente bajen los autos a origen, oficiándose a tales efectos.