Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-02


SENTENCIA NUMERO: CUATRO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dos días del mes de marzo de dos mil once, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 60/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por SILVANA ELENA IBÁÑEZ con el patrocinio de los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva, en causa Nº 300/08 - 'IBÁÑEZ, Silvana Elena - Homicidio Triplemente Calificado'", en contra de la Sentencia Nº Veintitrés/2010, resolución dictada por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación. El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber valorado prueba ilegal? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber aplicado erróneamente los arts. 80 inciso 7º y 45 del Código Penal? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº Veintitrés/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 32, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº Veintitrés/2010, del 20/05/2010, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad resolvió: "I) Declarar a Silvana Elena Ibáñez, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautora penalmente responsable del delito de Homicidio criminis causae, condenándola en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua (arts. 80 inc. 7, 12, 40, 41 y 45 del C.P.) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.)...".

II. Contra el aludido decisorio, comparecen los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva -en adelante los recurrentes-, en su calidad de asistentes técnicos de la imputada Silvana Elena Ibáñez, e interponen recurso de casación invocando los motivos previstos en el art. 454 inciso 4º y 1º del C.P.P.

II. a. Comienzan el escrito recursivo con la trascripción de la resolución que atacan. Centran su primer embate en el motivo formal previsto en el inciso 4º del art. 454 del C.P.P. Propugnan la nulidad de la declaración indagatoria de Jorge Nieva, alegando que ella ha sido prestada en sede policial, que ha sido obtenida en forma ilegal, violándose garantías constitucionales y con esa base se construyó la sentencia de condena de Ibáñez, circunstancia que lesiona el debido proceso y el derecho de defensa en juicio de su asistida.

A continuación, desarrollan su punto de vista respecto de cómo ocurrieron los hechos, resaltando la incidencia que tuvo en el mismo el despecho o ánimo de venganza generado en Nieva y Fernández al ser abandonados; la real personalidad de su defendida; los celos y el carácter violento de Fernández, como así, los incidentes previos entre el acusado con la víctima; para concluir que no existió la mentada "convergencia ideológica o subjetiva" entre su asistida y la intención que en realidad movilizaba a Fernández para agredir a Marín, dado que la intención homicida o de agresión respondía a la bronca o celos que el agresor le tenía a la víctima, y no a la necesidad de matar para procurarse impunidad y/o para lograr o asegurar el robo, o por el robo, sino que existieron dos delitos, con dos móviles diferentes que tornan inexistente la figura del homicidio criminis causae. En idéntica dirección, señalan que de las declaraciones prestadas por los coimputados Nieva y Fernández en el plenario llevado a cabo en la Cámara de Primera Nominación, surge que lo que Ibáñez perseguía era sacarle el auto para ir a "hinchar las bolas" lo cual es incompatible con el supuesto objetivo de matar para robar, y/o matar por el robo, o de lograr el objetivo de robo a cualquier precio como podría interpretarse en caso de existencia de la supuesta convergencia subjetiva de matar para robar que invoca el a quo, todo lo cual desvincula a Ibáñez del Homicidio Criminis Causae, y de la mentada convergencia subjetiva establecida por el a quo.

II. b. Que los argumentos por los cuales los recurrentes resisten la sentencia, en primer lugar se dirigen a cuestionar la legitimidad de la fundamentación al haberse valorado la declaración indagatoria del coimputado Jorge Mario Nieva. En ese sentido, alegan que ella ha sido prestada en sede policial y que se han violado garantías constitucionales. Aseveran que la declaración ha sido obtenida de manera ilegal, por lo que solicitan su exclusión.

El ingreso al primer cuestionamiento objeto de análisis, impone la lectura del Acta de Debate. De la misma, se advierte con claridad que la defensa de Ibáñez ha prestado expresa conformidad (fs. 1080 vta./1081) a la incorporación como prueba del Expte. Nº 321/08 donde se juzgó a los coimputados Jorge Mario Nieva y Gastón Sebastián Fernández y a las declaraciones indagatorias de los coimputados en el proceso anterior (Expte. Nº 321/08). Corresponde también agregar, que tampoco se advierte que la defensa de la imputada haya formulado, al momento de alegar, algún cuestionamiento relacionado con el que a través de esta vía recursiva se intenta (fs. 1082 vta./1083 vta.).

El propio tribunal de juicio ha puesto de resalto que las declaraciones de los coimputados fueron realizadas en sede policial, atento a que a la fecha del hecho atribuido a los mismos se encontraba vigente la Ley 4676, que imponía un régimen procesal mixto; no obstante ello, el juzgador aclaró que aquellas declaraciones fueron ratificadas judicialmente. De igual modo, puntualizó que "al no haber declarado en este debate Nieva y Fernández, si bien sus declaraciones en el otro Tribunal tienen validez en cuanto a la adquisición de la prueba se refiere, dado que fueron aceptadas por las partes y han motivado la sentencia condenatoria del Tribunal de igual grado de la Cámara Uno; ello no exime a este Tribunal de valorarlas en el actual contexto procesal".

Los recurrentes pretenden se declare la nulidad de la declaración del imputado Nieva, alegando violación a las garantías constitucionales. Al respecto, cabe referir que tanto la doctrina jurídica como la judicial han puesto suficientemente de relieve que en todos los cuerpos legales la nulidad relativa es la regla y la absoluta la excepción (Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1964, t. IV, p. 221; art. 185 del C.P.P.).

Esta clasificación se relaciona, por un lado, con el régimen de declaración de la nulidad y, por el otro, con las posibilidades de subsanación de las partes de los actos defectuosos (Creus, Carlos, Invalidez de los actos procesales penales, Astrea, 2004, p. 51 y ss.).

Las nulidades absolutas deben ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso y no son subsanables (art. 186 y 190 del C.P.P.). Legalmente, son nulidades absolutas las previstas en los incisos 1° a 3° del artículo 186 del C.P.P., que impliquen violación de las normas constitucionales. En cambio, no lo son, y esa es la calificación de la ley, las que afectan garantías constitucionales disponibles, como es el caso relacionado con la intervención, asistencia y representación de los sujetos procesales no necesarios, como las partes civiles y el querellante particular (arts. 185 y 186, inciso 2° y 3º del C.P.P., por argumento a contrario).

En efecto, la nulidad, es la sanción procesal que determina la ineficacia de un acto procesal cumplido en forma defectuosa. Esta sanción, implica la pérdida de todo efecto jurídico al acto así declarado, como de todos los actos consecutivos que de él dependan, y a actos anteriores o contemporáneos que tuvieren conexión con el anulado (art. 191 del C.P.P.). Consecuentemente, la declaración de invalidez significa reconocer la ineficacia del acto afectado, privándolo de los efectos producidos y a producir. Es por ello, que nuestra ley procesal ha regulado un sistema de conminación taxativa legal, previendo nulidades "específicas" y "genéricas", como así, las "absolutas", es decir, aquellas que pueden ser declaradas en cualquier estado o grado del proceso, de oficio y no son subsanables (art. 186 inc. 1º a 3º del C.P.P.); o "relativas", las que constituyen la regla y solamente son declaradas a petición de parte interesada que no la ocasione, tienen un término para hacerse valer y son subsanables (art. 187 -primera parte- del C.P.P.).

De lo dicho, se extrae que las pretensiones de los recurrentes no encuentran sustento desde ningún punto de vista.

Tan es así, que la propia defensa técnica del coimputado Nieva, ha aceptado la validez de las declaraciones indagatorias de su asistido, las que a su vez han sido consideradas por el tribunal de grado que condenó a los imputados Nieva y Fernández. Sumado a ello, también resalto que, en el fallo en crisis, los juzgadores fundamentaron su decisión en el actual art. 393 del C.P.P., el cual admite incorporar por su lectura las declaraciones efectuadas por los coimputados condenados o prófugos si aparecieren como partícipes.

En consecuencia, estimo que la pretendida declaración de nulidad no puede prosperar, puesto que la defensa técnica de la coimputada Ibáñez, ha prestado expresa conformidad a la incorporación al debate de las declaraciones de los imputados Nieva y Fernández en Expte. Nº 321/08, por lo que en las señaladas condiciones, el argumento impugnaticio implica una reflexión tardía e inoperante, y ningún impedimento se advierte para que aquellas declaraciones no puedan ser valoradas para fundar la condena de su asistida.

Por último, debo decir que, si bien los recurrentes han introducido en el presente agravio -el cual fundan en el inc. 4º del art. 454 del C.P.P.-, cuestionamientos que se relacionan con otro motivo casatorio, al reiterar los mismos en el siguiente embate que subsidiariamente plantean (inc. 1º del art. 454 del C.P.P.), será allí en donde oportunamente se los tratará, a fin de evitar repeticiones inútiles y por encuadrar justamente en otra causal de casación.

En consonancia con lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Amén de compartir el mérito conclusivo del ministro preopinante y en atención a la relevancia de la problemática controvertida, considero útil efectuar una serie de consideraciones.

Sabido es que la declaración del coimputado se trata de una prueba cuyo valor convictivo se encuentra disminuido, en tanto no se exige al mismo juramento de decir la verdad ni se lo instruye acerca de la punibilidad del falso testimonio. Sin embargo, tampoco es discutida la aptitud de esa declaración como prueba de cargo con relación a otros intervinientes en el hecho si, como en el caso, resulta confirmada con otros elementos de convicción y concurre a abonar la sospecha inicial sobre esa intervención y, de tal modo, se suma al cúmulo probatorio en contra de los mismos.

En el caso, después de reseñar conceptos sobre el valor de la confesión en el proceso penal, el a quo destacó la validez de las producidas como prueba de cargo con relación a la coimputada Ibáñez, y sus conclusiones no son rebatidas por el recurrente.

Asimismo, surge del fallo que diversas declaraciones de los coimputados, vinculadas con circunstancias previas, concomitantes y posteriores al hecho, encontraron corroboración en otros elementos de juicio no controvertidos. Así, entre otros acontecimientos, la reciente obtención por Ibáñez de la licencia para conducir; la relación de Marín con la imputada; el medio empleado para cometer el hecho y el origen de ese elemento; las amenazas a Marcela Bustamante; el lugar donde se produjo el ataque; la lesión sufrida en la ocasión por Nieva; el modo en que fue reducida la víctima; cómo fue arrastrado su cuerpo hasta el lugar donde fue abandonado y la ubicación de éste; resultaron confirmados con los testimonios de Mabel Esther Vaquel; Marcela Bustamante, Viviana y Susana Vega; Marcelo Domingo Giménez, Eduardo Argañaraz Ponessa y Marcelo Chayle -médicos de la Policía-; informes médicos y actas labradas al tiempo del hallazgo del cadáver y en las inmediaciones del ex hotel Sussex; entre otros; por lo que en esa concordancia encuentra razón suficiente la convicción del a quo sobre el modo en que se desarrollaron los hechos de la causa y la intervención que en éstos le cupo a la imputada, por lo que no son de recibo los reparos opuestos a la valoración de dichas declaraciones de los coimputados como prueba de cargo respecto de Ibáñez.

En este sentido, con acertada cita a Francois Ghorpe, recuerda el a quo lo siguiente: "(.) Sea cual fuere su nitidez, no hay que atenerse jamás a una confesión sin confrontarla con otras pruebas que la corroboren, agregándole la objetividad faltante y que, en casos de retractación, la suplen (.)".

Por ello, si bien es cierto que en el juicio sustanciado en su contra, Nieva se retractó de su declaración inicial, de sus dichos en el debate resultaba evidente el afán del nombrado en mejorar su defensa y acomodar su versión a la de Fernández. Así lo señaló el Tribunal y surge evidente del cotejo de ambas declaraciones que en el juicio pretendió desvincular a Fernández de la acción material de golpear a la víctima, y que a ese efecto manifestó no haber escuchado que Moira le dijo a Fernández que le pegue a Marín. Sin embargo, atento a que diversos aspectos de la primera y circunstanciada declaración de Nieva encontraron corroboración en otros elementos de juicio, resulta acertada la valoración de la misma efectuada en la sentencia impugnada, al tenerla como más creíble. Y con relación a la imputada Ibáñez, en tanto en su última declaración Nieva no exculpa sino que mantiene la incriminación contra ella efectuada en la primera oportunidad, al ratificar que fue de ella el plan para robarle el auto a Marín, la retractación referida, en nada mengua el mérito de los dichos de Nieva como prueba en contra de la nombrada.

También por ello, no son de recibo las objeciones vinculadas con los supuestos apremios ilegales denunciados por el imputado Nieva al tiempo de rectificar parcialmente su declaración en el juicio celebrado en su contra.

Es que las constancias de las presentes dan cuenta, no de la detención o captura del imputado por la policía en su domicilio o en la vía pública, sino de su presentación espontánea ante la sede de la prevención, lo que permite dudar de que haya sido compelido físicamente para declarar como lo hizo, más aún -y sin que implique exigir la prueba categórica de los apremios denunciados- teniendo en cuenta la ausencia de informe médico, indicio o evidencia alguna de esa compulsión.

Por el contrario, merece aceptación por razonable la culpa invocada por el imputado como determinante de esa presentación y, como consecuencia, por libres y voluntarias sus manifestaciones prestadas en sede policial, las que -como explicó el a quo y reseñó el voto que antecede- son formalmente válidas de conformidad con el rito vigente en esa época y cuya ratificación judicial legitima su valoración en este proceso.

Es que esa ratificación fue efectuada en el marco de una audiencia formal que, como la del debate, le ofrecía al imputado un ámbito adecuado de seguridad para manifestarse con absoluta libertad. Sin embargo, en ocasión de ese acto procesal nada dijo Nieva sobre las supuestas presiones sufridas y sobre la real ocurrencia de éstas, echa un razonable manto de dudas su prolongado silencio mantenido hasta el juicio, y sólo para justificar su retractación a los fines de mejorar su estrategia defensiva.

También por ello, cabe desestimar la pretensión deducida para que sea excluida la consideración de la declaración de Nieva, por ser el planteo notoriamente extemporáneo al no haber sido presentado en el juicio, y por la correspondencia de esa declaración con el resto del plexo probatorio considerado en la sentencia que le da adecuado respaldo al fallo impugnado.

Por otra parte, tampoco tiene aptitud para conmover lo decidido, el invocado por el recurrente, ánimo de venganza de Nieva y Fernández hacia Ibáñez, por haberlos abandonado en su huida. A esa conclusión arribo en tanto, en lo esencial, con prueba independiente ha quedado demostrada en el juicio la sinceridad de los nombrados y no su mendacidad con relación al robo consumado como a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores al hecho.

Por otra parte, más allá del resentimiento inicial que pudo haber existido, después del hecho, Fernández constató que las chicas también habían llevado el bolso de él y supo por su cuñada que dos chicas en un automóvil blanco habían ido a su casa a buscarlo y, por su parte, Nieva declaró y le dijo a Fernández que el automóvil sustraído, conducido por Ibáñez, lo pasó al colectivo en el que ellos dos se fueron a Tucumán y que antes del puesto caminero estaba detenido al costado derecho de la ruta, pero que él no se quiso bajar para irse con las chicas, circunstancias todas que neutralizan la primera impresión sobre el supuesto abandono y deja sin motivo la venganza aludida por los recurrentes y, como consecuencia, sin sustento el agravio en ese sentido.

Igual suerte merece el agravio referido a los celos que -según el recurrente- habrían determinado al imputado Fernández a golpear a la víctima ocasionándole la muerte, sin responsabilidad de su pupila.

Es que, por una parte, la sentencia impugnada no le atribuye a Ibáñez exactamente esa actividad, sino haber consentido o asentido su ocurrencia. Y, por otra, lo cierto es que la condena impuesta tiene adecuado fundamento en la convicción del tribunal de que la decisión de matar a Marín se vincula con el propósito de los actores de asegurar tanto el resultado del robo como también su impunidad debido a que, posiblemente al fracasar o abandonar el supuesto plan inicial que tenían para sustraerle el vehículo -previo golpearlo tomándolo de sorpresa para luego dejarlo maniatado-, dado que Marín salió del auto y los reconoció, porque con todos había tenido trato o los conocía, decidieron darle muerte antes de que él pudiera percatarse de esa intención, como infirió el tribunal, de la ausencia en la víctima de signos típicos de defensa y de la constatación de que fue atacado de frente, como también de las lesiones que presentaba Nieva, por ser compatibles con la situación en la que habría estado ubicado el mismo al tiempo de la agresión a la víctima, próxima a ésta y sujetándola de atrás, por lo que es dable admitir que el mismo fue golpeado accidentalmente cuando era atacado Marín (tal como dijeron ambos coimputados).

Además, con argumentos razonables el a quo justificó sus dudas sobre la preordenación de la muerte, en tanto ese resultado hacía innecesario el empleo de la soga que según Fernández acordaron llevar y habida cuenta que no resulta lógico admitir que la utilizarían para amarrar un cuerpo sin vida. Por otra parte, según Fernández y Nieva, convinieron en llevar un cuchillo sin punta para intimidar a la víctima. Por ello, resulta razonable la conclusión del fallo según la cual, como el cuchillo era sin punta, ese elemento (mancuerna) sólo sería utilizado para evitar o vencer la eventual resistencia de la víctima. El argumento es admisible considerando también que según la Sra. Marín de Segura, hija de la víctima, Marín tenía elementos de defensa personal y que, de haber sido así, esa tenencia debía ser conocida por Ibáñez y, por intermedio de ella, también por Nieva y Fernández.

La ponderación de circunstancias precedentes, como las señaladas, y posteriores al hecho, como el regreso al domicilio a preparar el bolso, autorizan asimismo a descartar, como hizo el a quo, la preordenación del homicidio conjuntamente con el robo, tanto como la hipótesis de que al tiempo de ejecutar el plan previsto para robar el vehículo, y despreocupados por asegurar el provecho obtenido o su impunidad en el hecho, los demás intervinientes hayan prestado su aporte material, consentimiento o asentimiento con la acción homicida, sólo para satisfacer el súbito deseo de venganza de un amigo celoso.

Por otra parte, afirmar adecuadamente la participación delictiva de una persona es poner a su cargo un hecho concreto y singular de manera precisa y circunstanciada y esa exigencia ha sido observada en el caso en tanto el tribunal le atribuye a Ibáñez haber consentido la acción homicida y en el tramo ejecutivo haber manifestado claramente su voluntad en ese sentido mediante una acción no consumativa pero inequívocamente adhesiva a ese fin, prestando su anuencia y animando a Fernández a golpear a Marín, conclusión que tiene sustento suficiente en la ampliación de la primera declaración del imputado Nieva -incorporada debidamente al debate y a la que hace particular referencia el fallo al tiempo de valorar el careo entre los imputados Nieva y Fernández-, oportunidad en la que Nieva manifestó haber escuchado que Moira le dijo a Gastón que le pegue (a Marín).

De tal modo, con base en el prueba producida, contrariamente a lo que pretenden los recurrentes, lo decidido guarda conformidad con los siguientes conceptos del fallo que ellos invocan (de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, Bs. As., c Nº 7275) según los cuales cabe exigir a un pronunciamiento condenatorio que a partir del plexo probatorio pueda determinarse lo siguiente "(.) que la acción con intencionalidad homicida puesta en acto por el autor del disparo, gobernada por el ánimo del sujeto activo de consumar el ilícito, haya sido una circunstancia al menos conformada por parte de quien no dirigió la acción (.)".

Por otra parte, considerando que su explícita adhesión e incitación a Fernández para que golpeara a la víctima involucraba el hecho de que lo hiciera con una mancuerna o "pesa" de hierro (de las que se utilizan en los gimnasios), acertadamente concluyó el fallo que de tal modo consentía la acción homicida. Es que si bien dicho elemento carece del poder intrínsicamente ofensivo de un arma de fuego, del informe de autopsia y del testimonio del médico que la practicó surge que fue empleada con tanta fuerza sobre la cabeza de la víctima que, entre otras, le produjo una lesión que describe como principal, contuso cortante, tan profunda que dejaba ver el contenido del cráneo, y extensa, como de 12 centímetros, aproximadamente; un gran hundimiento en el cráneo, desde la zona frontal hasta la occipital, causante de una profusa hemorragia.

La intensidad con la que dicho elemento fue empleado contra la víctima surge asimismo de los dichos de Nieva y de la lesión que el mismo sufrió en la ocasión. Es que, aparentemente en forma accidental, Nieva -que por atrás de Marín le sujetaba a éste los brazos-, recibió un golpe en la cabeza que provocó su caída de rodillas, pese a que había tratado de sostenerse tomándose de la puerta del automóvil, causándole el impacto una herida sangrante -observada por el médico de Policía, cuando Nieva se entregó días después-; y, en esas circunstancias, vio que Marín caía desplomado boca abajo por el golpe que le dio Fernández.

Así las cosas, por el modo en que fue golpeada la víctima resulta descartada de plano la intención de intimidarla, en tanto pone en evidencia el claro propósito de los actores de acabar con su vida.

Por ello, dado el ascendiente que evidentemente tenía la imputada sobre Fernández, y su proximidad física al mismo en oportunidad del ataque a la víctima (en el careo Nieva dijo que ella estaba cerca de Fernández al tiempo del primer golpe), no obstante lo repentino de la secuencia del accionar delictivo -destacado por los recurrentes-, aquellos referidos dichos de la imputada Ibáñez traducen indudablemente la convergencia intencional de la misma con la acción homicida ejecutada por su compañero, y su falta de reparos con relación a la cantidad o intensidad de los golpes propinados confirma su adhesión al modo empleado y su dominio sobre el hecho, y excluye el exceso de los coimputados que los recurrentes invocan como indebidamente extendido a la imputada en el fallo.

En estas condiciones, no cabe sino avalar la decisión cuestionada toda vez que la concurrencia de los extremos referidos tornan procedente los términos del reproche penal formulado a Ibáñez en la sentencia, a título de dolo y como co-autora del delito perpetrado contra la vida de Pablo Ramón Marín.

Además, concurren en el caso otras circunstancias externas que permiten inferir la indudable voluntad y acción adhesiva de la imputada Ibáñez. Es que, su comportamiento posterior -del que da cuenta la primera declaración de Nieva-, resulta compatible con su propósito de procurar la impunidad ocultando el cuerpo de la víctima: primero, intentando infructuosamente abrir el baúl con la evidente intención de que fuera depositado allí; y después, -como señaló el a quo- levantando el alambrado para que Fernández pudiera pasar a la finca escogida y depositarlo detrás de un árbol, en tanto a ese efecto Fernández debía pasar por entre los alambres porque a ese lugar no podía llegar por arriba, según cabe aceptar con fundamento en las constancias valoradas por el tribunal, del Acta Inicial de Actuaciones (fs 1 /4) y del informe médico practicado previo examen del occiso (fs. 8/9), según el cual, por la posición de los brazos y las lesiones escoriativas post mortem de la espalda, el cuerpo llegó allí por acción de arrastre.

Por ello, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, con argumentos suficientes el a quo ha sustentado su conclusión sobre la existencia de conformidad de la imputada con la acción homicida en tanto, no obstante la rectificación posterior de Nieva, no se verifican motivos para dudar de la veracidad de la primera declaración en esa dirección habida cuenta que esa atribución en nada mejoraba su propia posición frente al hecho por lo que, constatada su ausencia de interés o beneficio, ninguna razón concurre para descalificar su declaración sobre los extremos referidos.

Por otra parte, Nieva y Fernández le endilgaron a Ibáñez la autoría en el plan para robar el vehículo y sus dichos son compatibles con las constancias de autos que acreditan indubitablemente que el desapoderamiento sólo pudo perpetrarse con el acuerdo y aporte indispensable de la nombrada, en tanto por la relación que ella tenía con la víctima pudo decidir el momento y el lugar para la comisión del hecho en las condiciones de seguridad en que fue consumado, y tuvo siempre el pleno dominio de éste, como también del homicidio, según los razonables motivos dados por el a quo para tener por establecida entre uno y otro evento una relación de medio a fin.

Esa conclusión es compatible, además, con la fuerte personalidad de la imputada Ibáñez, de la que da cuenta su historia de vida, en tanto quedó establecido en el juicio que con solo dieciséis años ella dejó el hogar paterno en el Departamento Tinogasta para vivir en esta Capital, fue madre y convivió dos años con el padre de su hijo y al cabo de dos años se separó del mismo pero no volvió con sus padres sino que se quedó en esta ciudad; alquiló una pieza que compartió con distintas personas apenas conocidas; mentía sobre su nombre y apellido, diciendo que se llamaba Moira Grubecich; mentía también sobre su familia y sobre su relación con Marín; se propuso tener un auto y se aplicó a ese efecto: aprendió a conducir, con datos falsos tramitó y obtuvo una licencia a nombre de Teresita de Jesús Pérez, y diseñó y ejecutó un plan para apoderarse del vehículo de la persona que le había enseñado a manejar; manipuló a la víctima, muchos años mayor que ella, y a los coimputados condenados, también de más edad; pudo salir de la provincia sin despertar sospechas en el puesto caminero; vivió en la Provincia de Córdoba con documento falso a nombre de Marina o María Trenco (fs. 859); vivió en Tandil como Carolina Di Marco (fs. 862); y por último, vivió en la Provincia de Buenos Aires como Moira Di Marco (fs. 822/822 vta. y 860/861vta); y pudo sustraerse a la acción de la justicia manteniéndose prófuga y mintiendo sobre su identidad por más de diez años, incluso a su actual pareja y al hijo de ambos -según sus propios dichos-, que la conocen como Moira Di Marco.

Por otra parte, pese al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, el informe psiquiátrico sobre la nombrada, también valorado en la sentencia, confirma la impresión que sobre la imputada surge de las circunstancias reseñadas, en tanto dicho informe da cuenta de su discurso cuidado, midiendo cada palabra que pronuncia sin decir demasiado, observándose en ella altos niveles de defensa, datos todos que permiten inferir que es una persona reflexiva, que no se deja engañar ni influir y que, por el contrario, compatible con su personalidad es la manipulación que ejerció sobre los coimputados condenados -y que esplende de las declaraciones de los mismos, pese a ser menor que ellos-, lo que abona la conclusión del a quo sobre el dominio del hecho que ella detentaba, en tanto con la muerte de Marín, Ibáñez se aseguraba su impunidad en el despojo que se había propuesto y, en definitiva, el éxito de su proyecto.

Por ello, los argumentos de los recurrentes, vinculados con el dominio de la imputada sobre el hecho total consumado, no logran conmover los fundamentos de lo resuelto en ese sentido y, por ende, son ineficaces a ese efecto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo adecuado el tratamiento dado a la primera cuestión por los Sres jueces preopinantes y, por ello, adhiero en un todo a sus conclusiones, votando, como consecuencia, de igual forma.

A la segunda cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, los recurrentes introducen como segundo motivo casatorio, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (454 inc. 1º del C.P.P.). Manifiestan que se han aplicado erróneamente los arts. 80 inc. 7º y 45 del C.P., tildando de errónea la apreciación del a quo respecto de la participación de su asistida, porque debido a lo repentino de la secuencia del accionar delictivo, no tuvo en su poder el dominio del hecho, menos aún, comunidad de acción en el resultado letal ejecutado dolosamente por otro de los intervinientes, por lo que no hubo convergencia intencional en ese proceder, y por ende, no se le puede atribuir dolo. Consideran que la calificación legal correcta es: coautora de Robo Agravado en Despoblado y en Banda (art. 166 inc. 2 y 45 del C.P), y no debe responder por Homicidio en ocasión de Robo, porque su defendida como coautora de Robo, no participó de la acción homicida que realizó su coautor de Robo, la acción de matar no es propia sino ajena -enfatizan-. En tal sentido, refieren que la muerte dolosa que ejecutó otra persona, no puede serle penalmente atribuida a Ibáñez; que el resultado lesivo nunca puede imputarse a quien solo pudo haber creado la situación en la que la ofensa tuvo lugar, pero sin haber participado de ella. Pensar en que cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio final del hecho, sólo porque si Ibáñez no hace su parte el hecho fracasa, solo es admisible para el hecho común que, en el presente caso es el robo. A continuación, citan doctrina alusiva a la coautoría. Consideran que no se puede extender a su asistida el exceso en que incurrieron los otros coautores, Fernández y Nieva. En forma subsidiaria, los recurrentes proponen se aplique a su asistida la figura de Homicidio con motivo u ocasión de un Robo, en calidad de coautora (arts. 165 y 45 del C.P.), por considerar que no surge inequívocamente la existencia fáctica de una especial situación subjetiva exigida por el art. 80 inc. 7º del C.P. En caso de prosperar cualquiera de las calificaciones legales propuestas, peticionan se aplique el mínimo de pena, teniendo en cuenta las circunstancias que los recurrentes mencionan como atenuantes a considerar.

Finalizan su escrito recursivo, formulando expresa reserva del Caso Federal.

III. a. El problema a resolver en la presente impugnación estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al hecho atribuido a Silvana Elena Ibáñez. Concretamente, debe indagarse si resulta adecuado haber subsumido su conducta, como lo hizo el a quo, en el delito de homicidio criminis causa en calidad de coautor (arts. 80 inc. 7mo. y 45 del C.P. ), o si -por el contrario- dicho suceso debe ser encuadrado en la figura de robo agravado en despoblado y en banda (art. 166 inc. 2 -segundo supuesto- y 45 del C.P.), o subsidiariamente, en el de homicidio en ocasión de robo (art. 165 y 45 C.P.).

El tribunal, con base en las actas iniciales de actuaciones, el informe médico realizado en el lugar donde se encontró el cadáver estableciendo la posición del mismo, las lesiones observadas a simple vista -entre las que aparecen lesiones de arrastre-, el tiempo aproximado del deceso, la operación autopsia -que determina traumatismo de cráneo contundente producido por elementos de bordes romos, probablemente metálicos-, y las distintas declaraciones recibidas a los imputados y a los testigos, entre otros elementos, el a quo se expidió en el sentido de que "Resulta indudable que ésta (Ibáñez) mantenía una relación amorosa con Marín y a su vez salía o era novia de Gastón Sebastián Fernández, condenado también en el hecho, no sólo lo aseguran los co-procesados Nieva y Fernández, sino también los testigos que los conocían. Quedó probado además, que Marín iba a buscarla casi todos los días al domicilio con su vehículo marca Ford Orión, a distintas horas y salían juntos, que él la asistía o ayudaba con dinero. Se desprende que fue "Moira" Ibáñez quién pergeño mayormente el plan previo a los hechos; que llevando a cabo el objetivo trazado por los procesados, "Moira" llevó a Marín engañado en altas horas de la noche (02 hs., aproximadamente) a un lugar despoblado, previamente escogido, en las adyacencias del ex Hotel Sussex, y en la oscuridad, cuando ambos se encontraban en el interior del vehículo, "Moira" dio la señal convenida a los otros imputados, Nieva, Fernández y Aybar -subiendo la música y prendiendo las luces internas- quienes esperaban ocultos en ese lugar y súbitamente abordaron el vehículo, luego que Marín se bajara del mismo o lo hicieran bajar, con la anuencia e incitación explícita de Ibáñez, Fernández le aplicó de frente los golpes en la cabeza con una mancuerna hasta lograr darle muerte, mientras que Nieva lo agarraba de atrás y recibía otro golpe involuntario de alguno de ellos. Luego procedieron a trasladar el cadáver mediante un recorrido que realizaron en dirección nor-este y arrojaron el cuerpo en una finca de la familia Pingittore -lugar distinto al que según Nieva, habían convenido para posteriormente quemarlo-. Después, las coimputadas "Karina" e Ibáñez dejaron a Nieva y Fernández so pretexto que iban a cargar combustible y las mismas se dieron a la fuga en el vehículo de Marín, apareciendo el automóvil días después en la provincia de Santiago, conforme las actuaciones obrantes en autos. Por su parte Nieva y Fernández volvieron al domicilio del primero y al de Moira Ibáñez y posteriormente se dieron a la fuga".

El primer planteo esgrimido por la defensa estriba en descalificar el encuadre jurídico (art. 80 inc. 7º del C.P.) atribuido por el tribunal a su defendida, alegando además, que se ha realizado una aplicación extensiva sobre las normas de coautoría (art. 45 del C.P.), lo cual -a entender de los recurrentes- implica una inobservancia de lo dispuesto en el art. 47 del C.P., en cuanto impide imputar a un participante, un hecho más grave que aquél en el que quiso participar, pues cada coautor -aseveran- responde por su participación en el hecho que quiere ejecutar en conjunto, y no en un hecho que se convirtió en más grave, sólo por la conducta propia y exclusiva de otros de los coautores.

Como punto de partida cabe advertir que si bien los recurrentes cuestionan el grado de participación que le cupo a su asistida en el hecho en cuestión, no obstante ello, las figuras que proponen se recalifique la conducta de su defendida (arts. 166 inc. 2º -segundo supuesto- y 45 del C.P., y subsidiariamente, arts. 165 y 45 del C.P.), concuerdan con el a quo en atribuirle a su asistida la calidad de coautora (art. 45 del C.P.).

En tal razonamiento, cabe destacar que los coautores no son sólo quienes realizan la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo); sino también, quienes toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella.

En este aspecto y en base a una interpretación sistemática, se ha afirmado que un acto es ejecutivo "cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido al menos un comienzo de ejecución. En esos actos debe tomar parte el coautor..." (DE LA RUA, Jorge, "Código Penal Argentino -Parte General-", Depalma, 2° edición, 1997, nota 184, pág. 855). Revisten tal naturaleza entonces, aquellos que, aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, impliquen que el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus miras-. En atención a lo precedentemente expuesto, es el tipo penal del delito de que se trate, el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta, en la categoría de coautor. En este sentido, en cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" (art. 45, C.P.), no es suficiente el "acuerdo" ni el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización del tipo, evaluación ésta que depende, en la generalidad de los casos, de una apreciación particular de las circunstancias de cada hecho (De la Rua, ob.cit., notas 184 a 186, ps. 855/856). La condición de coautor no sólo debe atribuirse a quien cumple actos típicamente consumativos, sino también a quien con su presencia en forma activa y concomitante, y queriendo el hecho como obra propia, cumple actos que integran la objetividad y la subjetividad del suceso delictivo.

En razón de lo expuesto, y en atención a las circunstancias particulares del caso sujeto a examen, cabe concluir que indudablemente ha quedado demostrado que ha existido un obrar común por parte de todos los que ejecutaron el hecho. En tal sentido, resulta irrelevante, a los fines de establecer la coautoría, determinar cuál es la parte material del hecho que ha realizado cada coautor -como pretenden los recurrentes-, puesto que ha resultado indudablemente acreditada la existencia de una convergencia intencional, independientemente de quién propinó a la víctima los violentos golpes letales, haciendo pasibles de igual participación a todos los que tuvieron intervención.

Ahora bien, ingresando puntualmente al tratamiento de la discutida calificación jurídica (art. 80 inc. 7º del C.P.), cabe destacar, que al momento de calificar legalmente la conducta de la coimputada, Silvana Elena Ibáñez, el sentenciante puntualizó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "...el accionar de la coimputada encuadra en las previsiones legales del art. 80 inc. 7 del C.P. prevista para el Homicidio "Criminis Causae" toda vez que conforme a la mecánica de producción explicada por el médico que realizó la autopsia, medio utilizado, características, cantidad y gravedad de los golpes propinados a Marín, lo cual es concordante al relato de Nieva, se puede determinar a ciencia cierta que los encartados optaron voluntaria y deliberadamente -aunque más no fuere en ese momento- por terminar con la vida de Marín, accionar que no dudaron para consumar el delito de robo o desapoderamiento violento de su automóvil y asegurar así su resultado, procurando sus impunidades...".

III. b. A fin de continuar con el análisis del problema traído a estudio, habré de examinar si resulta adecuado haber subsumido la conducta de Silvana Elena Ibáñez, como lo hizo el a quo, en el delito de homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7mo. C.P.), o si -por el contrario- dicho suceso debe ser encuadrado en la figura de homicidio en ocasión de robo (art. 165 C.P.), como lo proponen los recurrentes.

En la señalada dirección, cabe decir que, respecto a la relación existente entre las figuras del homicidio críminis causa y el homicidio en ocasión de robo (art. 80 inc. 7mo., y 165 C.P.), desde el punto de vista dogmático, se discute si los resultados mortales del art. 165 pueden ser reprochados incluyendo o no a muertes dolosas, sólo a resultados culposos o a éstos y los preterintencionales (Cfr. Breglia Arias y Gauna: "Código Penal y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Bs. As., Astrea, 1985, p. 552 a 557; Laje Anaya-Gavier, "Notas al Derecho Penal Argentino", t. II, Parte Especial, Ed. Lerner, l995, p. 312; "Cuaderno de Doctrina y Jurisprudencia Penal": "La jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, en relación al homicidio en ocasión de robo" por Leonardo Gabriel Pittevia, Año IV. nº 8, Ed. Ad-Hoc, Bs. As. 1998, p. 667). Lo que está fuera de discusión, por encontrarse ampliamente aceptado, es que cuando el art. 80 inc. 7º requiere que para su configuración, que exista en el agente una finalidad, la misma sólo es compatible con el dolo directo. En dogmática, la mayor consecuencia de este reconocimiento es que cuando concurre una circunstancia de esta naturaleza el delito no puede atribuirse a título de dolo eventual (Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal", parte general, 4ta. edición actualizada por Roberto Spinka y F. González, 1999, p. 189; Soler, Sebastián: "Derecho Penal Argentino", t. 2, p. 104, t. 4, p. 258, Ed. Tea, Bs. As., 1983; Bacigalupo, Enrique: "Manual de Derecho Penal", Ed. Temis, Bogotá, 1998, p. 114; Vidal, Humberto: "Derecho Penal Argentino", parte general, Ed. Advocatus, Córdoba, 1994, p. 123 y sgtes., para quien "estos elementos sirven, frecuentemente para agravar la culpabilidad"; Fontán Balestra, Carlos: "Tratado de Derecho Penal", t. II, parte general, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1990, págs. 53 y 264; Zaffaroni, Eugenio Raúl: "Manual de Derecho Penal, Parte General", sexta edición, Ed. Ediar, Bs. As., p. 420). En consonancia con lo expresado, entiendo que resulta imperiosa la descripción del comportamiento con la especificación de circunstancias modales claramente reveladoras de sus componentes subjetivos, en consecuencia, si se trata de una figura legal que acepta plurales elementos subjetivos, como ocurre con el homicidio críminis causa, se debe individualizar cuál de ellas concurre en el caso.

Sentado entonces, que la figura aplicada por el Tribunal requiere un elemento subjetivo cuya ausencia determina el desplazamiento del tipo, corresponde analizar si, conforme las circunstancias del caso, el resultado mortal se compadece con los extremos del delito por el cual Ibáñez viene condenada.

Con relación a la coexistencia de las figuras del art. 80 inc. 7º y 165 CP., enseña Núñez que la regla es que corresponden a la primera, los casos en los cuales el ladrón ha vinculado ideológicamente el homicidio con el robo, sea como medio para cometerlo, ocultarlo, asegurar sus resultados o su impunidad, sea como manifestación de desprecio. Por el contrario -continúa-, el art. 165 comprende los homicidios que son el resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo. El homicidio es aquí un suceso eventual que altera el designio del ladrón y que resulta de las violencias físicas ejercidas por él para facilitar o cometer el robo o para facilitar su impunidad, o de las violencias desenvueltas por la víctima o terceros a raíz de las violencias del autor, pues la ley, a diferencia de lo que dispone respecto de las lesiones (art. 166 inc. 1º), no requiere que el homicidio sea causado por las lesiones ejercidas para realizar el robo, sino, lo que tiene mucho más amplitud, y es que el homicidio resulte del robo.

El tipo del art. 165 es incompatible con la preordenación del homicidio respecto del robo, pero no lo es con el dolo del homicidio simple (Núñez, Ricardo C.: "Tratado de Derecho Penal", t. IV, 229 a 231, Ed. Lerner, Bs. As., 1978).

Se señala -como ya se advirtiera- que dicha disposición comprende todas las muertes que se originen en el proceso de violencia desatada a raíz de la consumación o tentativa del robo y que no sean preordenadamente dirigidas a preparar, facilitar, consumar, u ocultar el robo ni a asegurar sus resultados o a procurar su impunidad, o la de otro, o por no haber logrado el resultado perseguido. Por ello, el ámbito de aplicación no se restringe únicamente a las muertes causadas culposamente, sino que también, comprende aquellas muertes causadas por la violencia propia del proceso ejecutivo del robo, de sus secuelas posteriores en las que la muerte aparece como un resultado preterintencional (Soler, Sebastián, ob. cit., t. 4, p. 258/259, bajo la forma de responsabilidad culposa), y aún aquellas en que la actitud subjetiva del autor que tiende al robo, sea compatible con algunas de las formas de dolo admitidas por el homicidio simple sin que se advierta una conexidad de causa final o impulsiva entre el homicidio y el robo (Cfr. Laje Anaya-Gavier, ob.cit., pag. 312).

A partir de la doctrina precedentemente consignada, cabe concluir que en el caso bajo examen, la conducta de Ibáñez resulta compatible con un obrar doloso. Que datos fácticos establecidos en el hecho acreditado, no permiten calificarlo como homicidio con motivo de robo (art. 165 ibidem), por lo que estimo correcta la calificación dispuesta por el tribunal a la imputada de mención (homicidio criminis causa - art. 80 inc. 7mo. C.P.).

En efecto, repasando nuevamente los hechos que dio por ciertos el a quo, se advierten, en lo que aquí nos interesa, las siguientes circunstancias: a) Que los coautores eligieron y predeterminaron el horario (02:00 hs. de la madrugada) y el lugar (despoblado y oscuro) en el que Ibáñez conduciría a la víctima. b) Que una vez allí, y ante la señal (subiendo la música y prendiendo las luces internas del vehículo) dada por Ibáñez, previamente convenida con los otros coimputados (Nieva, Fernández y Aybar), la víctima baja del automóvil. c) Que es allí, cuando los encartados optaron voluntaria y deliberadamente terminar con la vida de Marín (destáquese que para que proceda la figura en cuestión, no es necesario una preordenación anticipada, ya que lo que la ley exige es que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, por lo que la decisión de hacerlo puede producirse súbitamente en la ejecución del hecho).

Estimo que las circunstancias particulares del caso sujeto a examen permiten concluir como lo ha hecho el a quo. En tal sentido, destáquese que ha quedado indudablemente acreditado que fue Ibáñez la principal ideóloga del suceso, que actuó con plena conciencia y voluntad, incitó, intervino y adhirió a la muerte de Marín; que era la que se mostraba más fría y tranquila y que no dudó en ir a arrojar el cadáver y darse a la fuga a la provincia de Santiago del Estero en el vehículo sustraído, dejando abandonados a los otros dos coimputados (Nieva y Fernández). Que el homicidio se perpetró para consumar el delito de robo del automóvil de Marín, como así, para asegurar su resultado, procurando la impunidad de los acusados.

Por ello, entiendo que Silvana Elena Ibáñez tomó parte en la ejecución del hecho (homicidio criminis causa, art. 80 inc. 7º del C.P.) y que su comportamiento ha sido correctamente encuadrado como coautor (art. 45 del C.P.), resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho.

Lo expuesto, deja sin sustento el análisis de la pretendida calificación propuesta por la defensa (Robo Agravado en Despoblado y en Banda en calidad de coautor, art. 166 inc. 2º y 45 del C.P.).

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por las razones dadas al tratar la primera cuestión, tampoco puede acogerse el agravio referido a la calificación penal dada al hecho por el juzgador, que enmarcó los acontecimientos ilícitos constatados en los términos del art. 80 inc. 7º del Código Penal. Es que, contrariamente a lo que pretenden los apelantes, ha quedado suficientemente establecida en el caso la especial situación subjetiva exigida por el tipo penal contenido en dicho precepto, que demuestra la vinculación de uno y otro hecho delictivos comprobados y que constituye el fundamento de la agravante contenida en el art. 80 inc. 7º del CP.

Por ello, en tanto las circunstancias precisadas en la sentencia traducen inequívocamente el propósito de la imputada de matar a la víctima para asegurar el provecho del robo a la misma y su impunidad en ese evento, resulta adecuado el encuadre legal dado a los hechos fehacientemente comprobados en el juicio.

Por otra parte, carece de sustento la pretensión deducida para que la imputada no sea responsabilizada por la muerte de Marín sino tan solo por la sustracción de su vehículo, en tanto el a quo ha dado motivos razonables, vinculados con la finalidad del homicidio y con el delito contenido en la agravante del tipo penal referido, para concluir que en el caso no se trata de la mera sucesión o simultaneidad de hechos que hacen aplicable a los mismos las reglas del concurso, y sus argumentos no son refutados por los recurrentes con argumentos suficientes. De tal modo, el planteo carece de idoneidad a los fines de hacer variar lo resuelto sobre el punto en el fallo impugnado y, por ello, no puede ser acogido.

Por ello estimo adecuadas las razones y conclusión arribada por el Sr. Ministro preopinante sobre el punto, por lo que también aquí, me remito a la solución propuesta.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correctas las consideraciones y la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, en esta segunda cuestión, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/25 vta. por los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva, en su carácter de asistentes técnicos de la imputada, Silvana Elena Ibáñez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/25 vta. por los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva, en su carácter de asistentes técnicos de la imputada, Silvana Elena Ibáñez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.