Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-17


Expte. n° 7732/2010 "Papaecononou, Jorge s/ queja por recurso de inconstitu cionalidad denegado en 'GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'"	Buenos Aires, 17 de agosto de 2011	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. A fs. 3 vuelta y 7, el GCBA promovió ejecución fiscal contra el señor Jorge Papaecononou, por la suma de $6.254,64, con más intereses y costas, resultantes de la constancia de deuda en concepto de Contribuciones de Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nacional 23.514 (ABL).

Luego de reiterados intentos por ubicar el domicilio del demandado, la actora notificó la demanda el día 19/09/2008 bajo su responsabilidad (fs. 28). A fs. 29/33 se presentó el Sr. Jorge Papaecononou, y el Sr. juez de primera instancia difirió el despacho de dicha presentación hasta tanto sea suscripta por un letrado patrocinante (fs. 34).

Al no cumplir el ejecutado con esta providencia, el magistrado de grado tuvo por no presentado el escrito y ordenó su desglose, y dictó sentencia "mandando continuar la ejecución sin recurso alguno contra PAPAECONONOU JORGE hasta hacerse íntegro pago al G.C.B.A. de la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos ($6.254,64.-) con más sus intereses y costas" (fs. 36), fundándose en que la demandada no había opuesto excepciones dentro del término legal (conf. art. 407 y 453 CCAyT).

2. Contra la sentencia de primera instancia que ordenó llevar adelante la presente ejecución fiscal -que fuera notificada conforme diligencia obrante a fs. 46-, el demandado presentó dos recursos:

a) A fs. 65/71 interpuso recurso de apelación. Sostuvo que se lo ha condenado a pagar el tributo respecto de un inmueble del cual no es ni ha sido nunca titular dominial ni usufructuario, ni poseedor, ni responsable por ningún otro título. Entendió que la falta de legitimación pasiva es manifiesta en este caso y la omisión de tratar esta defensa vulnera el principio de defensa en juicio, acceso a la justicia y el de propiedad. Sostuvo que fue vulnerado su derecho de defensa en juicio, y que la deuda reclamada es inexistente.

A fs. 72, el Sr. juez de primera instancia lo tuvo por presentado y por parte, y no hizo lugar al recurso en virtud de lo dispuesto por el art. 407 CCAyT.

b) A fs. 78/85 vuelta dedujo recurso de inconstitucionalidad.

Sostuvo que existe una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa (que es el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 10) puesto que resulta inapelable en razón del monto.

Agregó que la sentencia impugnada viola su derecho de defensa en juicio en base a un exceso ritual manifiesto; que la inexistencia de la deuda es manifiesta; que se afectó su derecho de propiedad y el principio de capacidad contributiva; y que la actora no ha acompañado un título hábil para fundar la ejecución.

El recurso de inconstitucionalidad fue contestado a fs. 105/112 vuelta por el GCBA, y denegado por el Sr. Juez de primera instancia a fs. 114 y vuelta.

El magistrado fundó su decisión en que el RI no fue dirigido contra una sentencia definitiva, toda vez que la sentencia de un juicio ejecutivo solo hace cosa juzgada formal, y la cuestión puede volver a ser examinada, a fondo y de modo definitivo, en un juicio de conocimiento posterior.

Por otra parte, entendió también que en el recurso no se ha planteado ninguna cuestión relacionada con la interpretación, aplicación o validez de normas constitucionales.

3. Contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad -que fuera notificada tácitamente el 12/11/2010 por el retiro del expediente para fotocopiar, conforme nota de fs. 115-, el ejecutado planteó la presente queja ante este TSJ (fs. 1/28 vuelta de la queja). A fs. 35/36 el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja. Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, pero no puede prosperar, toda vez que no ha rebatido los fundamentos en que se sustenta la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, en particular lo referido a la inexistencia de sentencia definitiva o equiparable.

2. En primer lugar, cabe resaltar que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ejecutado no se dirige contra una sentencia definitiva -a los fines del art. 27 de la ley 402-, ya que lo resuelto en el juicio ejecutivo puede ser objeto de revisión, con mayor amplitud de debate y prueba, en un juicio ordinario posterior (conf., entre otros, expte. 2133/03, "GCBA c/ Club Mediterranée Argentina SRL s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 27/5/2003).

Además, el recurrente tampoco acreditó que la decisión cuestionada genere un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior, que la torne equiparable a definitiva. A tales efectos, el recurrente menciona que "... la imposibilidad material de que pueda satisfacer el crédito que se ejecuta a fin de poder recurrir a la vía ordinaria (adviértase que la constancia de deuda asciende a $6254,64 a valor nominal por períodos comprendidos entre 1997 y 2000 y soy un hombre de 49 años con un ingreso mensual de $ 2000 del que vivimos mi mujer y yo), torna de imposible reparación ulterior el agravio que la sentencia que recurro me ocasiona ..." (fs. 79 vta.) Esta afirmación, además de no estar acompañada de elementos probatorios que sustenten la veracidad de los dichos, tampoco se ocupa de demostrar por qué en el marco de un eventual juicio ordinario posterior el ejecutado no podría obtener satisfacción, ya sea mediante la sentencia definitiva o incluso anteriormente a través de una medida cautelar.

3. Por último, cabe resaltar que si bien el ejecutado sostiene que se configura en el caso un supuesto de sentencia arbitraria y de excesivo rigor formal, lo cierto es que la propia conducta procesal adoptada por el recurrente ha motivado el dictado de la decisión que ahora cuestiona.

En efecto, el ejecutado no interpuso en debido tiempo y forma excepciones para resistir la pretensión ejecutiva, lo que motivó el dictado de la sentencia de fs. 36, que ordenó llevar adelante la ejecución fiscal.

La defensa centrada en la manifiesta inexistencia de deuda en cabeza del ejecutado -aspecto sobre el cual no cabe emitir opinión en esta oportunidad, más allá de su procedencia o improcedencia- fue presentada por primera vez al interponer los recursos de apelación e inconstitucionalidad contra dicha decisión, por lo que no pudo ser analizada en el momento oportuno por el Sr. Juez de primera instancia.

En consecuencia, el debate acerca de la existencia o no de legitimación pasiva en el ejecutado ha sido propuesto tardíamente, y no puede ser tratado en esta instancia porque ello implicaría violar el principio de preclusión procesal y reabrir una etapa que se encuentra clausurada, en perjuicio del derecho constitucional al debido proceso del ejecutante.

Y además, al respecto tampoco se configuraría otro requisito ineludible de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, ya que no existe decisión del tribunal superior de la causa -en el caso, el Sr. Juez de primera instancia- sobre la legitimación pasiva del ejecutado, ello a raíz de su propia inacción procesal consistente en no interponer excepciones en adecuado tiempo y forma.

4. En virtud de lo expuesto, voto por rechazar la queja.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del Sr. Jorge Papaecononou fue interpuesta en tiempo y forma y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio que habilita el análisis del recurso de inconstitucionalidad.

2. En primer término, estimo necesario reseñar las particularidades del trámite que ha tenido esta causa. El GCBA inició ejecución fiscal por cobro de $ 6.254,64 contra "SR. PROPIETARIO del inmueble ubicado en la calle: ACOSTA MARIANO 01525 (01407) CAPITAL FEDERAL Partida Nº: 3511182 PISO: PB DEPTO: 1" en concepto de contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nacional nº 23.514 ("ABL"), por los períodos 1997 a 2000 inclusive (fs. 2/3 vuelta de los autos principales, a los que en adelante corresponden todas las fojas mencionadas).

El juez interviniente le hizo saber al Gobierno que previo a proveer la intimación de pago solicitada en el escrito de inicio, debía identificar a la persona contra la que pretendía dirigir la acción (fs. 4).

A fs. 7 la Ciudad indicó al Sr. Jorge Papaecononou como demandado.

A fs. 8 el magistrado tuvo por enderezada la demanda contra Jorge Papaecononou y dictó el auto de intimación de pago y citación para oponer excepciones.

Tras varios intentos infructuosos por notificar al accionado de lo resuelto a fs. 8, se diligenció cédula bajo responsabilidad de la parte actora, fijándose aquélla en la puerta de acceso al inmueble sito en Mariano Acosta 1525 (fs. 28 y vuelta).

A fs. 29/33 se presentó el ejecutado y a fs. 34 el juez de primera instancia proveyó lo siguiente: "[s]uscripto que sea el escrito por patrocinante (conf. art. 50 CCA Y T ), se proveerá".

A fs. 35 el accionante requirió que se dictara sentencia de trance y remate ya que había expirado el plazo fijado en el artículo 51 del CCAyT sin que se hubiera subsanado la falta de firma de letrado del escrito de fs. 29/33. A fs. 36 el magistrado tuvo por no efectuada la presentación de fs. 29/33 y ordenó su desglose, mandando "continuar la ejecución sin recurso alguno contra PAPAECONONOU JORGE hasta hacerse íntegro pago al G.C.B.A. de la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos ($ 6.254,64.-) con más sus intereses y costas".

El sentenciante fundó su decisión en que no se habían opuesto excepciones dentro del término legal y en los artículos 407 primer párrafo y 453 del CCAyT.

Contra el pronunciamiento de fs. 36, el demandado dedujo recurso de apelación y recurso de inconstitucionalidad.

Tanto en la apelación (fs. 65/71) como en el recurso de inconstitucionalidad (fs. 78/84 vuelta), el accionado manifestó carecer de legitimación pasiva por no ser titular dominial ni usufructuario ni poseedor ni responsable de ningún otro modo del inmueble correspondiente a la partida n° 3511182 (en adelante, el "Inmueble").

También invocó la inhabilidad del título base de la ejecución por no individualizar al obligado al pago del tributo, así como la manifiesta inexistencia de la deuda.

En lo relevante, al apelar el ejecutado acompañó (i) el informe del Registro de la Propiedad Inmueble nº 632386 del 07/09/2010 del que surge que el Sr. Jorge Papaocononou sólo sería dueño de un inmueble sito en la calle Zuviría 2764/68 (fs. 60), y (ii) ciertas boletas para el pago de ABL por la partida nº 3511182 emitidas por la Dirección General de Rentas ("DGR") a nombre de Susana Fernández Oruezabala (fs. 64).

También pidió que se oficiara a la AGIP "a fin que informe quien (sic) obra en sus registros como titular de dominio de la partida 3511182 de la calle mariano Acosta 1525 desde el año 1997 y domicilio fiscal", y al Registro de la Propiedad Inmueble para que detalle la "titularidad histórica de dominio del inmueble de la Calle Mariano Acosta 1525, partidas 3511182, 3511183 y 31184" (fs. 70 vuelta).

A fs. 102 la defensora oficial actuante presentó un informe de la DGR (fs. 101) en el que se señala que durante los ejercicios fiscales 1997 a 2000 el Inmueble figuraba en la base de datos del GCBA como de titularidad de la Sra. Susana Fernández Oruezabala. Junto al mencionado informe, la DGR adjuntó constancias de pago de ABL respecto del Inmueble por cada uno de los períodos ejecutados en estos actuados (fs. 97/100).

El juez rechazó la apelación por aplicación del artículo 407 del CCAyT (fs. 72). Por otra parte, el magistrado declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad de fs. 78/84 vuelta. Expresó que la cuestión podía "(.) volver a ser examinada, a fondo y de modo definitivo, en un juicio de conocimiento posterior" y que no se había planteado un caso constitucional (fs. 114 y vuelta). 3. Por las razones que seguidamente expongo, el recurso de inconstitucionalidad de fs. 78/84 vuelta debe prosperar.

Este proceso ha sido conducido con un exceso ritual que afectó el derecho de defensa del demandado, máxime cuando lo que está en juego es un presupuesto procesal, a saber, la legitimación del aquí accionado para ser pretendido.

En primer lugar, el juez no debió ordenar sin más el desglose del escrito de fs. 29/33 ni mandar seguir adelante la ejecución sin tener certeza respecto de la legitimación pasiva del Sr. Papaecononou.

Pudo, por ejemplo, dictar una medida para mejor proveer para dilucidar ese extremo. Nótese, en ese sentido, que cuando el GCBA enderezó la demanda contra el Sr. Papaecononou (fs. 7), no acompañó elementos que relacionaran a aquél con el Inmueble. Por el contrario, cuando la primera cédula tendiente a notificar el auto de intimación de pago y citación para oponer excepciones volvió devuelta sin diligenciar, el Gobierno adjuntó una impresión de su base de datos en la que aparece la Sra. Susana Fernández Oruezabala como propietaria del Inmueble (fs. 12).

En segundo término, sin perjuicio de si la sentencia de trance y remate era o no apelable (porque el importe reclamado era menor al mínimo establecido en la resolución nº 669/CM/09), correspondía al magistrado merituar que con el recurso de fs. 65/71 se estaban presentando pruebas que podían demostrar la ausencia de un presupuesto procesal y, por tanto, malograr la constitución válida del proceso. Lo propio cabe decir del informe de la DGR de fs. 101 y de la documentación adjunta a aquél.

Como tengo dicho, verificar la concurrencia de los presupuestos procesales es un deber de cualquier órgano jurisdiccional, y no depende de la autonomía de las partes [conf. mis votos en el expte. nº 5427/07 "Skiba, Juán Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. nº 5381/07 "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'" fallo del 12/03/2008; y en el expte. nº 6404/09 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mazocchi, Iris Norma y otros c/ GCBA s/ cobro de pesos'", pronunciamiento del 26/08/2009, entre otros].

En conclusión: este proceso no está debidamente constituido. Ello, porque se condenó al Sr. Papaecononou a pagar una deuda de ABL cuando obran en la causa constancias que acreditan que aquél no es el propietario del inmueble respecto del cual se habría devengado el tributo y a pesar de que no luce en las actuaciones elemento alguno que por cualquier otro título vincule al aquí ejecutado con el Inmueble.

La sentencia recurrida es, pues, inválida y debe ser dejada sin efecto porque pasó por alto la inobservancia de un presupuesto procesal: la legitimación pasiva.

Por otro lado, no puedo dejar de advertir que a través del informe de fs. 101 y constancias de fs. 97/100 el propio Gobierno reconoce que los importes reclamados en autos ya habrían sido cancelados. Esta circunstancia, sumada a la señalada en el párrafo anterior, impide el progreso de esta ejecución.

4. Por fin, quiero destacar que ni el hecho de tratarse el sub examine de un juicio ejecutivo ni la falta de oposición oportuna de excepciones obstan a la solución que propicio. Ya he explicado que "(.) en el campo de los presupuestos procesales en principio, no hay disponibilidad.."//Así, el juez es o no competente, o alguien está o no legitimado.//[Son] aspectos que demuestran, entre otros, por qué el proceso -cualquier proceso- pertenece al (.) Derecho Público" (conf. mi voto en el antecedente "Skiba", arriba citado).

5. Por los motivos detallados en los puntos anteriores, corresponde: a) admitir la queja de fs. 1/28 vuelta y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de fs. 78/84 vuelta; b) revocar la sentencia del tribunal superior de la causa; y c) rechazar la presente ejecución fiscal. Las costas se imponen en el orden causado, en atención a que los letrados del actor y el demandado son funcionarios y agentes del Estado local (art. 62, segundo párrafo del CCAYT).

Así voto. El Juez José Osvaldo Casás dijo:

1.	La queja deducida por Jorge Papaecononou con el patrocinio de la Defensa Oficial fue interpuesta en legal tiempo y forma (art. 33, LPTSJ) y, a mi criterio, rebate adecuadamente los argumentos en razón de los que el juez de primera instancia denegó, a fs. 114 del principal, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 78/84 vta.

2. En efecto, el decisorio cuya revisión se pretende, a pesar de haber sido dictado en el marco de un proceso de ejecución fiscal, al contrario de lo sostenido por el a quo, corresponde ser asimilado a una sentencia definitiva.

Según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "si bien en principio las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no revisten el carácter de definitivas a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente sus derechos, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el ejecutado, mediante la vía de repetición (Fallos: 308:1230;311:1724, entre otros), ello no implica que pueda llevarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de autos (Fallos: 278:346; 294:420; 298:626; 302:861; 312:178;318:1151, entre otros), lo que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales." (C.S.J.N. causa: "Gobierno de la Ciudad de Buenos c/ Diversas Explotaciones Rurales" -Fallos: 333:1268-, sentencia del 3 de agosto de 2010).

3. La línea jurisprudencial consignada en el párrafo precedente tiene un vasto desarrollo en los pronunciamientos del Tribunal cimero, pudiendo citarse entre otras las resoluciones recaídas en las causas: "Dirección General de Ferrocarriles v. Ferrocarril Central Argentino" (Fallos: 201:155), sentencia del 14 de marzo de 1945, donde se trataba de un juicio de apremio promovido para el cobro de una multa impuesta por la Dirección General de Ferrocarriles que se encontraba prescripta; "S.R.L. Aserradero Clipper" (Fallos: 249:221), sentencia del 2 de marzo de 1961; "Dirección Nacional de Aduanas v. S. A. Fábrica Argentina de Caños de Acero Industrias Electrometalúrgicas Mauricio Silbert y Otro" (Fallos: 278:346), sentencia del 23 de diciembre de 1970, donde se dijo: "la regla que limita el examen del título ejecutivo a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulte manifiesta de los obrados"; "Municipalidad de Rosario v. Cooperativa de Carniceros de Rosario" (Fallos: 295:227), sentencia del 29 de junio de 1976; "Provincia de Buenos Aires v. S.A. Hidronor" (Fallos: 295:338), sentencia del 20 de julio de 1976; "Nación Argentina v. Ivo Oscar Torres" (Fallos: 297:227), sentencia del 29 de marzo de 1977; "Nación Argentina v. S. A. Sasetru, C. I. F. I. A." (Fallos: 298:626), sentencia de 6 de septiembre de 1977; "Municipalidad de San Isidro v. S.A. Atma-Chloride" (Fallos: 302:861), sentencia del 12 de agosto de 1980; "Provincia de Buenos Aires v. Maderas Miguet I.C.A. y F." (Fallos: 312:178), sentencia del 14 de febrero de 1989; "Municipalidad de Plaza Huincul v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales" (Fallos: 313:170), sentencia del 6 de marzo de 1990; "Dirección General Impositiva c/ Angelo Paolo Entrerriana S.A" (Registro de la Corte letra D. 461, libro XXII), sentencia del 22 de octubre de 1991; "Nación Argentina (Dirección General Impositiva) v. Aurelia Élida Seco" (Fallos: 315:1916), sentencia del 8 de septiembre de 1992; "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires v. Antonini, Schon, Zemborain S.R.L." (Fallos: 315:2684), sentencia del 10 de noviembre de 1992; "Nación Argentina v. Municipalidad de Resistencia" (Fallos: 318:646), sentencia del 4 de mayo de 1995; "Municipalidad de Daireaux v. Pequeña Obra de la Divina Providencia" (Fallos: 318:1151), sentencia del 6 de junio de 1995; "Dirección General Impositiva v. Cayetano de Bonis" (Fallos: 319:79), sentencia del 13 de febrero de 1996; "Provincia de Entre Ríos v. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos" (Fallos: 320:1985), sentencia del 25 de septiembre de 1997, oportunidad en que señaló el Alto Tribunal: "al cuestionar el tributo con sustento en que la provincia carece de potestad constitucional para aplicarlo, se ha puesto en tela de juicio la existencia de la obligación, lo que corresponde considerar de manera preliminar, toda vez que se controvierte un presupuesto esencial de la vía ejecutiva, como es la exigibilidad de la deuda, sin cuya concurrencia no habría título hábil"; "Dirección General Impositiva v. Coop. Agrícola Ganadera de Lobería" (Fallos: 321:1472), sentencia del 21 de mayo de 1998, caso, en el que, en sentido inverso, para revocar el pronunciamiento del juez de grado que había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazado la ejecución, se dijo: "no podría sostenerse en el 'sub examine' que la deuda sea manifiestamente inexistente en los términos precisados por la jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 294:420; 312:178, entre otros), habida cuenta de que las declaraciones juradas rectificativas, en las que se sustenta el título que encabeza esta ejecución, han sido suscriptas por el presidente del consejo de administración de la cooperativa ..., a quien en principio corresponde la representación de la entidad (confr. art. 73 de la ley 20.337)"; "Municipalidad de Avellaneda v. Gas del Estado S.A." (Fallos: 322:2559), sentencia del 26 de octubre de 1999; "Dirección General Impositiva v. Pesquera Alenfish S.A." (Fallos: 323:2801), sentencia del 10 de octubre de 2000; "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Román S.A. Comercial" (Fallos: 324:1924), sentencia del 14 de junio de 2001; "Administración Federal de Ingresos Públicos v. Compañía de Transporte El Colorado S.A.C." (Fallos: 324:2009), sentencia del 26 de junio de 2001; y "Dirección General Impositiva v. Banco 1784 S.A." (Fallos: 325:1008), sentencia del 14 de mayo de 2002.

Asimismo, el Alto Tribunal tuvo por configurada una circunstancia de excepcional gravedad en un supuesto en que la sentencia dictada por el juez de grado no pudo ser conocida por la instancia revisora ordinaria de la Cámara, en la causa: "Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) v. Empresa 216 Sociedad Anónima de Transporte" (Fallos: 317:968), sentencia del 22 de septiembre de 1994, en donde entendió que tal circunstancia comprometía gravemente la garantía del derecho de defensa en juicio del ejecutado.

4. Por otro lado, la defensa articulada de falta de legitimación pasiva en el ejecutado se conjuga de modo inescindible con la inhabilidad del título con el cual se promueve este apremio. Adviértase al respecto que, si bien no hay una regulación de derecho positivo en el orden local que establezca los requisitos imprescindibles de la boleta de deuda, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en enumerar aquellos elementos que necesariamente debían conjugarse en dicho instrumento para que pueda cumplir eficazmente su cometido (v. sobre el particular, Patricio Esteban Urresti y otra: "Defensas Admisibles en el juicio de ejecución fiscal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ponencia presentada a las XXXIV Jornadas Tributarias, organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y celebradas en Mar del Plata en noviembre de 2004; Anales de las Jornadas, ps. 357 y ss. Ediciones Osmar de Buyatti, Buenos Aires, 2004, y del autor citado en primer término: "La excepción de inhabilidad de título y los requisitos de la boleta de deuda", El Derecho, tomo 210, ps. 275 y ss.). En tal sentido, suele enfatizarse que el título ejecutivo debe contener: a) lugar y fecha donde se libra, b) firma del juez administrativo o funcionario habilitado al respecto, c) nombre del obligado, d) indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal al que corresponda, e) domicilio fiscal del contribuyente y f) cuando existan deudores solidarios, su mención y las circunstancias que originan la solidaridad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido en el orden federal que, si bien la Ley de Procedimientos Tributarios no establece explícitamente cuáles son los requisitos básicos que debe contener la boleta de deuda, "resulta necesario que los títulos ejecutivos sean expedidos en forma que permita identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo, y que cuenten con un grado de determinación suficiente de manera que la ejecutada no quede colocada en estado de indefensión" ("Fisco Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos ? Dirección General Impositiva) c/ Paredes, Julio César", Fallos: 323:2161, sentencia del 24 de agosto de 2000).

5. En el sub lite, el título ejecutivo se ciñe a consignar que "[C]onsta en los registros de esta Dirección General que el Señor:

// Propietario // Contribuyente Partida nº 3.511.182 // Inmueble ubicado en la calle: // Acosta Mariano 1525 P. PB, Dep. 1 (1407) // adeuda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, // la suma de Pesos 6.254,64 // por el concepto que se detalla: // Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nacional nº 25.514.", expresando seguidamente distintas cuotas a partir de la primera del año 1997 y hasta la sexta del año 2000. Adviértase que, más allá de que resulta difícil imaginar una ejecución fiscal sin demandado, es corriente que en la órbita de la Ciudad se utilicen formulaciones genéricas como la de: "Propietario" o "Propietario o quien resulte propietario", expresión esta última que ha permitido pensar en un "codemandado genérico".

De todos modos, para poder enderezar la ejecución evitando un eventual planteo de inhabilidad de título hubiera sido menester que se "complementara la boleta de deuda" con la individualización del contribuyente por el mismo funcionario habilitado a emitirla, u otro con igual competencia, sobre la base de las constancias que pudieran obrar en los registros fiscales pertinentes, o mediante la obtención de un informe expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble o por el Registro de la Propiedad Automotor, en el caso de vehículos, según el impuesto de que se trate, que adecuadamente revele el antecedente en cuestión.

Los datos de referencia bien pueden obrar en los registros de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en tanto el Código Fiscal para el año 2011, reproduciendo prescripciones contenidas en textos anteriores, establece en el artículo 81: "El escribano interviniente en todo acto de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, no podrá autorizar ninguno de estos actos sin acreditar previamente la cancelación de la deuda por Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras y adicional fijado por la ley nacional n° 23.514 que existiere sobre el inmueble objeto negocial", para agregar como segundo enunciado, en lo que aquí interesa, que: "Una vez autorizado el acto, el escribano tiene el deber de informar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el plazo de cuarenta y cinco (45) días toda modificación en la titularidad de la cuenta corriente fiscal del inmueble" (la negrita ha sido añadida).

El incumplimiento de este deber formal de información hará pasible al notario de una multa graduable entre $ 300,00 (trescientos pesos) a $ 10.000,00 (diez mil pesos), a tenor de lo dispuesto por el art. 86 del Código Fiscal para el año 2011 y el art. 148 de la Ley Tarifaria para el mismo año. En la presente causa, la exigencia de individualización del contribuyente se ha suplido de modo evidentemente insuficiente por una manifestación unilateral del mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "abogado Fernando Hugo Martiniano" (v. fs. 7) en la que, sin hacerse cargo de la razón o sustento a sus dichos, lacónicamente expresó: "I. Que vengo por la presente a individualizar al demandado en autos Sr/a "PAPAECONONOU JORGE", razón por la cual solicito a V.S. se ordene correr traslado con los datos pertinentes.-" (sic.), sin especificar si tal carácter le es atribuido en su condición de propietario, poseedor a título de dueño o usufructuario del inmueble por el cual le fue incoada la ejecución. Aquí, siguiendo las consideraciones de Patricio Esteban Urresti en el artículo ya citado, cabe destacar que el Código Fiscal de la Ciudad contiene diversas regulaciones que precisan los requisitos que debe satisfacer la boleta de deuda.

De tal manera, en el art. 419 de dicho cuerpo normativo (para el año 2011) se dispone: "Para el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones fijados por la ciudad Autónoma de Buenos Aires será suficiente título ejecutivo la constancia de la deuda suscripta por funcionario autorizado de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos" (el énfasis en negrita ha sido añadido).

A su vez, por el art. 3º inc. 13 del referido código se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a: "Emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos".

De conformidad con tales preceptos, la Dirección General de Rentas -y hoy la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos- ha dictado diversas resoluciones por medio de las cuales se determinaron los funcionarios facultados para suscribir las boletas de deuda, las resoluciones se consignan en cada título.

En tales condiciones, concluye el autor citado, "el título ejecutivo no cumple con todos los requisitos cuando no se encuentra suscripto por el funcionario competente para expedirlo" (el destacado en negrita no obra en el texto original) -v. "La excepción de inhabilidad de título y los requisitos de la boleta de deuda", El Derecho, tomo 210, ps. 275 y ss.-.

Las antes expuestas debilidades de la boleta de deuda hacen plenamente procedente la excepción de inhabilidad de título planteada por la ejecutada en su presentación de fs. 65/71 así como en el recurso de inconstitucionalidad de fs. 78/84. Asimismo, la referida defensa se encuentra sustancialmente recomendada por la manifiesta inexistencia de deuda, todo lo que permite propiciar la revocación de la sentencia de trance y remate a la cual sólo pudo arribarse como consecuencia de haberse permitido que prosperara la ejecución sobre la base de un ritualismo desatento de la verdad jurídica objetiva en punto a la obligación tributaria y su deudor.

Ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de La Plata" -Fallos: 238:550-, sentencia del 18 de septiembre de 1957, que "[e]l proceso (.) no puede ser conducido en términos estrictamente formales.

No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. // [l]os jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para establecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable.

En caso contrario, la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho".

6. Me permito añadir algunas breves consideraciones obiter dicta: a. soy conciente de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia del cercenamiento de su status jurídico, resultante de la ley nacional nº 24.588 -que, en teoría, garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires mientras esta sea capital de la República-, no cuenta, como herramienta estratégica para el cobro de los tributos sobre inmuebles, con el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción, lo que en algunos casos explica la interposición de ejecuciones fiscales con finalidad interruptiva de la prescripción enderezadas a un "señor propietario" o "quien resulte propietario", de las cuales difícilmente se pueda correr traslado en virtud de la exigencia prevista en el art. 269, inc. 2º, del C. C. A. y T.; b. que a pesar de lo indicado en el punto precedente, tal deficiencia, una vez promovida la ejecución, bien puede ser suplida mediante un pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble en los términos del art. 324 de la referida ley de rito; c. que, además, también puede recurrirse a la posibilidad de complementar la boleta de deuda con la información que puede obrar en la propia Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y que obligatoriamente deben suministrar los escribanos de registro al otorgar actos de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles; y d. que el procedimiento descripto tiende a facilitar el cobro de la renta fiscal a quien efectivamente la adeuda y a evitar, por tanto, que propietarios anónimos desatiendan sus obligaciones fiscales las que, finalmente, deberemos en ese caso soportar todos (v. Gordillo, Agustín, "¿Puede suplirse por el diligenciamiento de un oficio judicial la falta de individualización del demandado, en una ejecución fiscal?", Revista Jurídica Argentina La Ley, t. 2002-E, p.616) a la vez que, por otro lado, preserva adecuadamente la efectivización de las prerrogativas del fisco y de la invocada necesidad de lograr un procedimiento ágil de cobro compulsivo, sin desmedro de la satisfacción de las formas elementales que deben garantizar el debido proceso legal. 7. En cuanto a la inexistencia manifiesta de deuda, la misma resulta nítida a través de los elementos probatorios existentes en la causa.

Ello así, sobre todo, si se tiene en cuenta que el inmueble por el cual se formula el reclamo por contribuciones a favor de la Ciudad es una unidad funcional sometida al régimen de la ley nº 13.512 de Propiedad Horizontal con frente a las calles Mariano Acosta y El Cerro (la número uno, partida nº 3.511.182), que conforma un consorcio con las unidades funcionales números dos y tres, y que la unidad funcional que guarda alguna relación con el ejecutado -ya que sería titular de dominio su esposa, la señora Liliana Mónica Cancino, DNI 10.965.180- es la número tres a la cual corresponde la partida nº 3.511.184.

En ese orden, deben sopesarse las siguientes referencias documentales que descalifican la sentencia del a quo como acto jurisdiccional válido: a) informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, solicitado bajo el nº 632.686 el 7 de septiembre de 2010 y del cual resulta que la única titularidad de dominio del ejecutado Papaecononou (aunque su apellido se halla erróneamente consignado como Papaeconomou en la solicitud de fs. 59), D.N.I. 14.431.852 (dato suficiente para realizar la búsqueda requerida), es una parte indivisa de la unidad funcional número tres del inmueble ubicado en Zubiría 2764/68, nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 50, manzana 105, parcela 21 (fs. 59/60); b) fotocopia del título de propiedad de la que hoy sería esposa del ejecutado, Lilian Mónica Cancino (fs. 83), de la unidad funcional número tres del inmueble sito en la calle Mariano Acosta 1525 y 1527 con frente también a la calle El Cerro 3425 y 3427, pasada ante el escribano de la Capital Federal Jorge Rubén Moreira (fs. 49/51 vta.); c) constancia extendida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con fecha 16 de septiembre de 2010 donde se señala que por la partida nº 3.511.182 correspondiente a la unidad funcional número uno de Mariano Acosta 1525/1527 (por la que fue promovida este apremio), no se registra, al momento de su emisión, deuda por contribuciones inmobiliarias por los períodos fiscales 1997 a 2000, y que del referido inmueble figuraba como titular, por tales ejercicios, la señora Susana M. Fernández Oruezabala (fs. 97/101 vta.).

8. Conforme lo expuesto, de las constancias de autos surge que aquí el ejecutado, Jorge Papaecononou, no es propietario del inmueble que se le atribuye, ni deudor de las contribuciones que aquí se le reclaman y, por lo demás, que los importes por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras y ley nacional nº 23.514 por la unidad funcional número uno, partida inmobiliaria nº 3.511.182, motivo del presente apremio se encuentran canceladas (conf. fs. 97/101). Sorprende, por tanto, que en el traslado del recurso de inconstitucionalidad el mandatario de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se haya opuesto a que este pudiera ser concedido sosteniendo argumentos puramente rituales y guardando silencio con relación a las enfáticas manifestaciones del demandado en el sentido de que el reclamo estaba mal enderezado a su persona por no ser titular del inmueble ni deudor del tributo.

No puede perderse de vista, en este aspecto, las enseñanzas vertidas desde el Estrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a poco de su instalación, remarcara, refiriéndose a la Administración Fiscal (en ese caso, la Aduana Nacional), que esta no debía prevalerse de sus errores en perjuicio de otras personas, ya que era su obligación ser leal, franca y pública en sus actos (causa: "Don Manuel Ocampo contra la Administración de Rentas del Rosario, sobre Mercaderías Embargadas" -Fallos: 10:203-, sentencia del 27 de junio de 1871).

9. Por los fundamentos expuestos, entiendo que corresponde admitir la queja deducida a fs. 1/28 vta., hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada a fs. 78/84 y, en consecuencia, revocar la sentencia del a quo rechazando la ejecución fiscal intentada. Las costas deberán imponerse en el orden causado en razón de que los letrados intervinientes por ambas partes resultan funcionarios y agentes de la Ciudad (art. 62, segundo párrafo, C. C. A. y T.).

Así lo voto. El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido mal denegado. Primeramente, los agravios de la parte recurrente, vinculados a la postulada arbitrariedad de la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución en su contra, con apoyo en que ha ".sido condenado por una deuda que es inexistente en [su] cabeza, a través de una sentencia que no resulta una derivación razonada del derecho procesal vigente ni de las constancias de la causa -que no permiten relacionar en modo alguno [su] persona con el tributo reclamado-" (fs. 79), conducen a equiparar a definitivo el pronunciamiento objetado.

En efecto, aun cuando, como principio, no son definitivos los pronunciamientos emitidos en juicios ejecutivos que pueden ser revisados en ulteriores procesos de conocimiento; esa regla reconoce excepciones, entre las cuales está la sentencia que manda llevar adelante una ejecución fiscal cuando la deuda ejecutada es manifiestamente inexistente (mutatis mutandi, Fallos 294:420; 298:626; 315:1916; entre otros), supuesto invocado en autos.

En particular, la parte demandada viene afirmando que no es la titular del inmueble individualizado en el certificado de deuda que acá se pretende ejecutar; cuestión que, como se verá, debió de ser constatada por el juez de mérito, aun de oficio, sin que bastara, a tales fines, con la mera afirmación de la parte actora de que el Sr. Papaecononou era el obligado al pago. En segundo lugar, esos planteos comprometen en el sub lite las garantía de defensa en juicio (art. 18 CN) y derecho de propiedad (art. 17 CN y 12.5 CCBA) que vienen invocados.

Agrego, en este mismo orden de ideas, que así como la Constitución Nacional (art. 18) y la CCABA (arts. 10 y 13 inc. 3) reconocen el derecho de defensa y el derecho de acceder a la justicia, de ello se sigue que también reconocen el de no ser arrastrado a litigar sino en los supuestos y con las formas que el ordenamiento jurídico establece a ese fin.

Ello así, puesto que tener un derecho supone la opción de ejercerlo y no ejercerlo, esto es, requerir o eludir el pronunciamiento judicial; y, en el caso específico del derecho a que me vengo refiriendo poner o no en riesgo el derecho de fondo acerca del que verse la causa.

Finalmente, no viene controvertido que la decisión cuestionada resultaba inapelable (v. fs. 72 de los autos principales a los que, asimismo, corresponderán las citas de fojas que se efectúen en adelante), lo que convierte al juez de primera instancia en el superior Tribunal de la causa en los términos del art. 27 de la ley nº 402. 2. Sentado ello, asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma que la sentencia aquí controvertida carece de un fundamento mínimo que permita sostenerla como un acto judicial válido (cf. Fallos 256:101; 261:209; 312:1075; 312:2507, y los arts. 17 y 18 CN y, a nivel local, el art. 12.5 CCBA, reglamentados por el art. 27 inc. 4 del CCAyT que impone a los jueces el deber de "[f]undar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia").

3. La cuestión aquí controvertida conduce, como con todo acierto lo ha señalado mi colega el Dr. José O. Casás, a examinar, con carácter previo, algunas de las características que debe guardar la boleta de deuda y las condiciones en que ésta debe ser emitida.

3.1. El art. 450 del CCAyT dota a la boleta de deuda expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamientos, organismo equivalente o por la autoridad que aplique la multa, del carácter de suficiente título a los efectos de la persecución del cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas, que determinen las autoridades administrativas. Pienso, conforme he expuesto in re "Diversas Explotaciones Rurales SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Diversas Explotaciones Rurales SA s/ ejecución fiscal'", (expte. nº 4635/06, sentencia del 20/11/06) que:

"Una constancia [terminología que emplea el Código Fiscal (en adelante "CF"), cf. arts. 4 inc. 13 y 115 t.o. para el año 2002] supone, conforme la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, un 'Escrito en que se ha hecho constar algún acto o hecho, a veces de manera fehaciente'.

Es decir, un hecho, no una opinión, constituye el objeto de la constancia o, dicho con categorías de Zanobini, debe ser una declaración de certeza y no una de juicio u opinión .

En armonía con ello, la certeza afirmada por el emisor debe ser susceptible de confrontación con una realidad cuyo examen permita corroborarla. Dicho sintéticamente, una constancia no es una nota mediante la cual el Fisco manifiesta, unilateralmente, que se estima acreedor de un administrado, ni aun cuando verdaderamente lo fuere, sino la declaración de certeza acerca de que han ocurrido ciertos hechos o actos que permiten al observador objetivo afirmar que, a condición de que sea verdad lo descripto, existe el derecho a percibir determinada suma. "En este orden de ideas, para ser tal, la constancia de deuda debe afirmar que han tenido lugar determinados hechos o actos que constituyen, con arreglo a la ley, los elementos suficientes para dar vida al crédito del Fisco; pero, no basta la opinión del órgano emisor de que estos elementos están reunidos, sino que debe dar cuenta de ellos de manera tal que quien lee finalmente la constancia, el juez, pueda establecer por sí que existe la deuda, a condición de que la declaración sea veraz en cuanto a cada hecho o acto cuyo acontecimiento afirma. La constancia puede ser apreciada como verdadera o falsa mediante una confrontación directa con registros, mientras que el examen de un juicio, al que es más natural calificar de correcto o incorrecto que de verdadero o falso, pasa tanto por compulsar registros como por interpretar la norma aplicada.

Si no lo fuere o no lo estimare así, asiste derecho al ejecutado de plantearlo por vía de excepción.". 3.2. Los recaudos que debe reunir el título a que se refiere el art. 450 CCAyT para ser válido no vienen especificados de modo exhaustivo por norma local alguna.

Empero, he destacado en mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ GCBA s/ ejecuciones especiales'", Expte. nº 6098/08, sentencia del 29/07/09, que:

"Esa falta de regulación, según está reconocido de modo pacífico en doctrina y jurisprudencia, no conduce a admitir que los certificados de deuda puedan carecer de los requisitos indispensables para adquirir el efecto que la ley les asigna. La contracción del derecho de defensa del ejecutado resultará válida sólo cuando el título en que se apoya la ejecución brinde constancia fehaciente en torno a la existencia y exigibilidad de la deuda reclamada.

Es esa una condición indispensable porque el debate sobre tales puntos aparece excluido del proceso ejecutivo orientado, por regla, a discutir aspectos vinculados con deficiencias extrínsecas de la boleta de deuda. "En tal sentido, se ha dicho que los presupuestos del título ejecutivo son los requisitos formales y sustanciales, que permiten a quien se halle muñido de él, utilizar la vía ejecutiva porque la concurrencia de todos ellos da fuerza ejecutiva al título.

Su enumeración comprende (i) legitimación sustancial, (ii) causa lícita, (iii) objeto cierto y determinado o fácilmente determinable, (iv) plazo vencido y (v) obligación pura o condición cumplida.

Dentro de ese esquema se afirma que ante la falta de alguno de sus presupuestos, entre otras consecuencias posibles, la deuda no podrá ser perseguida ejecutivamente.

Por eso, a su vez, se sostiene que la excepción de inhabilidad de título sirve para mostrar la improcedencia de la vía ejecutiva, cuando faltan alguno de los requisitos formales exigibles pues se trata de una defensa que puede paralizar la fuerza ejecutiva del título (Podetti, Ramiro J. 'Tratado de las Ejecuciones', pag. 117/119, 270, 273, 278, tercera edición, Ediar, Buenos Aires, 1997).

"A su turno, la jurisprudencia de la CSJN destaca que aun cuando '(...) la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos de forma que permitan identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida' (Fallos 323:685).

"En suma, el aprovechamiento de los beneficios que caracterizan la vía ejecutiva, en términos de la celeridad y de restricción del debate, exige controlar con sumo cuidado el respeto de las formas que debe ostentar el título de deuda".

3.3. En cuanto a quién es la persona competente para emitir esa constancia de deuda, el artículo 4, inc. 13, del Código Fiscal (t.o. 2002, vigente al tiempo en que se emitió la constancia de deuda agregada a fs. 2), titulado "Facultades de la Dirección General", establecía que: "[e]n ejercicio de su competencia la Dirección General de Rentas está facultada para: (.) [e]mitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos".

A su turno, el art. 305 de ese mismo CF señalaba, en lo que acá importa, que "[p]ara el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones fijados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será suficiente título ejecutivo la constancia de la deuda suscripta por funcionario autorizado de la Dirección General" (el subrayado no pertenece al original). En suma, la persona habilitada para expedir una constancia de la especie a la que me vengo refiriendo era el "funcionario" de la Dirección General de Rentas, autorizado al efecto. 4. En autos, no viene controvertido que la constancia de deuda glosada a fs. 2 dice: "[c]onsta en los registros de esta Dirección General [de Rentas del GCBA] que el Señor:// PROPIETARIO// Contribuyente Partida Nº 3511182// Inmueble ubicado en la calle: ACOSTA MARIANO 1525 P. PB DEP 1 (1407)// adeuda al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,// la suma de PESOS [.] 6.254,64." (la negrita no corresponde al original), más intereses hasta su efectivo pago, en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras y Ley Nacional nº 23.514, por las cuotas 1 a 6 de los años 1997/2000.

5. Según se ve, y nuevamente remito a la enseñanza del juez Casás, esa boleta de deuda acompañada a fs. 2 no contiene una mención de quién es el responsable ejecutado sino sólo una referencia indirecta, que permitiría identificarla si el GCBA prueba quién es ese "propietario" u obtiene el reconocimiento de esa condición, de la que resulta la identidad del obligado al pago. 5.1. Así las cosas, hago mío el criterio del Dr. Casás con arreglo al cual esa "boleta de deuda" no es apta, por sí sola, para ser ejecutada, porque no constituye el título ejecutivo a que se refieren los arts. 450 del CCAyT y 305 del CF (t.o. 2002).

Esas normas le acuerdan fuerza ejecutoria al "certificado de deuda" que reúna las condiciones reseñadas en los puntos 3.1 a 3.3; condiciones que, por lo dicho en el punto que antecede, no reúne el certificado agregado a fs. 2. 5.2. También concuerdo con el Dr. Casás en que insuficiencias como la apuntada pueden ser suplidas mediante la producción de diversas pruebas (cf. el punto 6 de su voto, al que me remito).

Supuestos de esta especie, en que se completa algún elemento del título necesario para hacerlo ejecutivo, aparecen en las leyes procesales.

Así, el art. 525 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) prevé medidas preparatorias de la vía ejecutiva; en cuyo marco es posible subsanar, mediante procedimientos judiciales, las carencias del certificado que se pretende ejecutar.

En este orden de ideas, explica Lino Enrique Palacios, al referirse a la preparación de la vía ejecutiva, que ".mientras algunos títulos (.) traen aparejada ejecución por sí mismos (títulos completos), los restantes requieren ser complementados o perfeccionados, e incluso constituidos, mediante el cumplimiento de ciertos trámites previos al despacho del mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para defensa" .

Por su parte, Enrique M. Falcón señala, al comentar el art. 525 del CPCCN, que "[l]os títulos ejecutivos pueden ser de dos tipos: o contienen los elementos para traer aparejada la ejecución, o deben integrarse y completarse con otros elementos o actuaciones para que la ejecución sea posible.

Así, previendo que existen títulos que no contienen o que no pueden contener todos los elementos necesarios para la procedencia de la vía ejecutiva, pero que pueden integrarse fácilmente con actuación preliminar, el Código ha previsto la preparación de la vía como un medio expeditivo para formar este proceso con todos los elementos que se requieren." . Pero, no todo elemento del título ejecutivo puede ser completado mediante medios probatorios. Al respecto Falcón manifiesta que la ".preparación de la vía ejecutiva tiene por objeto completar el título, cuando falta el presupuesto de la autenticidad de la firma y se hallan cumplidos los restantes, de modo que la acción ejecutiva no emana del reconocimiento de una firma, sino del documento con que se inicia la ejecución.

Es decir que el título debe bastarse a sí mismo para que proceda la vía ejecutiva y debe contener por consiguiente todos los requisitos para el ejercicio de una acción de esta naturaleza: si no se basta a sí mismo, a los efectos de la vía ejecutiva -tales como la falta de la fecha de vencimiento, y el carecer el documento de constancia alguna sobre la naturaleza del vínculo jurídico existente entre las partes-, no pueden subsanarse mediante la preparación de tal vía por reconocimiento de firma" .

Lo mismo ocurre en el supuesto que nos ocupa en que (cf. el art. 450 del CCAyT) sólo cabe admitir que sean completados aquellos elementos de la "boleta" que no sean susceptibles de verificación, y por ende de certificación, en el ámbito de la administración fiscal.

Admitir que la omisión de aquello que puede ser certificado por el "funcionario" autorizado a ese fin sea suplida por una acreditación judicial supondría desplazar la competencia que surge de la conjunción de los arts. 4, inc. 13, y 305 CF t.o. 2002 a quienes no se encuentran investidos de ella.

Es decir, únicamente el apoderado del GCBA se halla en condiciones de completar aquellos extremos que el "funcionario" competente para emitir el certificado de deuda no está en aptitud de certificar por no contar con los registros pertinentes en el ámbito de la Ciudad.

Si el mandatario del GCBA se encontrara en condiciones de probar cualquier elemento de la "boleta de deuda", la ejecución de la deuda no encontraría apoyo, tal como dice el Dr. Falcón, en el título que el legislador dotó de fuerza ejecutoria (esto es, el "certificado" que reúne las condiciones señaladas en los puntos 3.1 a 3.3. de este voto), sino en la prueba producida por el apoderado del GCBA; quien, por lo demás, carece, por regla, de la competencia para emitir constancias de deuda, por no cumplir, principalmente, con el requisito de ser "funcionario" de la Dirección General de Rentas (cf. el punto 3.3 de este voto).

A fin de ilustrar la cuestión: no cabría admitir que el apoderado fiscal requiriera la citación de quien identifica como responsable de una deuda a fin de hacerlo reconocer esa deuda, porque para establecerla existen procedimientos reglados de determinación cuya tramitación y resultado pueden ser materia de certificación por el funcionario habilitado a ese efecto.

En ese marco, nada obstaba a que, en el caso, el mandatario del GCBA, con carácter previo a que se corriese intimación alguna, hubiese acompañado, o solicitado, por ejemplo, que se librase oficio al Registro de la Propiedad para que se indicara quién era el propietario del inmueble ubicado en la calle Acosta, Mariano 1525 PB, dpto. 1, o pedir que se citase, en el caso, al Sr. Papaecononou para que reconociera o desconociera ser propietario de ese inmueble (empero, como se verá en el punto 6 de este voto, eso no fue lo que ocurrió en el sub lite).

Ello así, toda vez que ni la AGIP (o la ex Dirección General de Rentas), ni otro ente de la Ciudad, está destinado a guardar registros de los "propietarios" de los inmuebles ubicados en la Ciudad.

Esa es una información que, en principio, tiene el Registro que inexplicablemente depende aún de la autoridad nacional; razón por la cual, si el "funcionario" que emitió la "boleta" no la certificó, cabe concluir que no se hallaba en condiciones de conocerla.

En tales condiciones, ese es un elemento que, como quedó dicho más arriba, puede ser completado por medios probatorios, puesto que no es uno susceptible de verificación, y por ende de certificación, en el ámbito de la administración fiscal. Vale aclarar que no cualquier elemento informativo obrante en sede de la AGIP puede o debe ser tomado como certificable por el funcionario competente.

Las constancias del Registro de la Propiedad Inmueble pueden serlo, puesto que la titularidad que esos registros acreditan constituyen precisamente uno de los hechos imponibles que marca la ley (cf. el art. 188 CF. t.o. 2002 ); no cabe decir lo mismo de las comunicaciones de los escribanos que, aun cuando informan no tienen por qué ser tomadas por ciertas en cuanto a lo que informan, ya que pueden estar desactualizadas, y, en cualquier caso, no acreditan legalmente el hecho imponible.

A su turno, el Registro de la Propiedad Inmueble ni está al acceso de todos (requeriría título habilitante en quien requiere el informe) ni es gratuito; tampoco lo es el que se obtenga en juicio, pero, al menos el importe es recuperable en el marco de la imposición de costas. 5.3. Finalmente, es al juez a quien incumbe examinar de oficio si están dadas las condiciones para que proceda la intimación de pago y citación a que se refiere el art. 451 del CCAyT.

Ese examen supone establecer que se está en presencia de un título que satisface prima facie los recaudos legales para ser ejecutado (cf. los puntos 3.1 a 3.3 de este voto); es decir, que la "constancia de deuda" acompañada es, en principio, una de aquellas a las que el legislador acordó fuerza ejecutoria.

Ese examen deberá, necesariamente, tener en cuenta la prueba que se hubiera producido a fin de completar título.

Esa carga que pesa sobre el juez viene a dar cumplimiento con la regla con arreglo a la cual para emitir un acto (en el caso, la intimación de pago) se deben tener reunidos los extremos que posibilitan su dictado (vrg. un certificado de deuda que, prima facie, reúna los recaudos legales).

Así el art. 531 del CPCCN dice, en lo que acá importa, que "[e]l juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallase que es de los comprendidos en los arts. 523 y 524, o en otra disposición legal, y que se encentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo, observándose el siguiente procedimiento" (el subrayado no corresponde al original).

Falcón, al comentar ese artículo, señala que "[p]ara que traiga aparejada ejecución, el título ejecutivo necesariamente ha de satisfacer en su integridad los requisitos formales atinentes a la comprobación de la obligación cuyo pago se pretende forzar y coincidentemente, el art. 531 del Cód. Procesal dispone que antes de librar mandamiento el juez debe examinar cuidadosamente el instrumento que se presente y constatar si satisface dicho presupuesto (C. Com., Sala B, LL 148-699, sum. 29.682)" . Ese control que queda a cargo del juez tiene por objeto evitar que se someta a personas a un proceso ejecutivo (esto es, un proceso donde las posibilidades de defensa de la parte demandada se hallan sumamente constreñidas) cuando no se cuenta con elementos mínimos que tornarían procedente un reclamo de esa especie. 5.4.

En suma, con arreglo a lo dicho en los puntos 5 a 5.3 de este voto cabe concluir: (i) la "boleta de deuda", para constituir un título ejecutable, debe contener todos los elementos que permitan tenerla como una constancia fehaciente en torno a la existencia y exigibilidad de la deuda reclamada; elementos entre los que se halla la correcta identificación del responsable al pago de la deuda (se intima a personas, y si el responsable de la deuda no está en el título no puede ser emplazado); (ii) el juez debe constatar de oficio que estén presentes, prima facie, esos elementos en el título.

De no encontrase presentes no puede intimar al pago de la deuda; y, (iii) el apoderado del GCBA puede completar una "boleta de deuda" insuficiente preparando la vía ejecutiva; siempre que esa insuficiencia encuentre apoyo en la necesidad de contar con información de la que, en principio, la Administración carece (vrg. datos en poder del Registro de la Propiedad Inmueble, o Automotor).

6. Sentado ello, asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene que el a quo no pudo válidamente ni intimar al pago ni, menos aún, citar a oponer excepciones ni, consecuentemente, dictar sentencia mandando llevar adelante la ejecución contra Jorge Papaecononou, con exclusivo apoyo en:

(i) el certificado de deuda agregado a fs. 2; y, (ii) la declaración personal del mandatario de que esa era la persona obligada al pago (cf. El quinto párrafo del punto 5 del voto del Dr. Casás).

Ello así, porque la insuficiencia que padece ese certificado, en modo alguno, puede tenerse por subsanada mediante una declaración personal del mandatario. Eso importaría, incluso, acodarle al apoderado del GCBA competencias aún más extensas que las tiene el funcionario de Rentas emisor del certificado de deuda.

Ello, atento que mientras sobre ese último pesa la carga de indicar los registros dónde pueden ser constatados los certificados (cf. el punto 3.1 de este voto), el primero podría completar los elementos de la constancia de deuda, sin necesidad de indicar antecedente alguno donde conste la información por él suministrada. En principio, las facultades de los mandatarios se hallan acotadas a los términos del poder que les fue otorgado por el GCBA.

En el caso, el poder acompañado por el Dr. Fernando Hugo Martiniano, esto es, quien instó la presente acción e individualizó al Sr. Papaecononou como demandado, decía: "otorga[se] PODER ESPECIAL (.) para que en nombre y representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (.) ejecute[] la gestión de cobro de la deuda fiscal en mora y de las provenientes de la aplicación de multas por contravenciones y faltas" (fs. 1).

A esos fines se le acordaron varias facultades, entre las que no se encontraba la de emitir certificados de deuda (ver el poder acompañado a fs. 1/1vuelta).

Una cosa es que el apoderado del GCBA arrime aquellas pruebas que permitan ejecutar un certificado, en principio, insuficiente (lo que se halla en línea con gestionar el cobro de una deuda fiscal) y otra, muy distinta, es crear un certificado nuevo ya sea sustituyendo, o completando, aquella información incompleta por otra; solución esa última a la que se arribaría de aceptarse que los mandatarios puedan subsanar aquellos hechos no suficientemente identificados en los certificados de deuda mediante declaraciones personales.

6.1. Por lo demás, cabe señalar que la solución aquí cuestionada aplica una regla que, de prosperar, pondría en vilo a todos los habitantes de esta Ciudad, al someterlos al riego de que les sean ejecutadas deudas tributarias no certificadas por autoridad competente, con la inseguridad que ello acarrearía y la grave vulneración a las garantías constitucionales que ese hostigamiento supone. 7. Así las cosas, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de fs. 36. 8. No obstante ello, y toda vez que no vienen controvertidas cuestiones de hecho, corresponde que este Tribunal resuelva acerca de la procedencia de la presente ejecución (cf. el art. 31 LPTSJ). Así las cosas, coincido con mis colegas, la Dra. Ruiz y el Dr. Casás, en que corresponde rechazar la ejecución. Ello así, porque, por un lado, tal como quedó dicho en el punto 4 de este voto, el certificado de deuda acompañado no es hábil para ser ejecutado, en tanto no identifica quién sería el obligado al pago del saldo que allí se indica como "impago"; y, por el otro, no se han arrimado elementos probatorios que permitan subsanar esa deficiencia. Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por: i) hacer lugar al recurso a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; ii) revocar la sentencia de fs. 36; y iii) rechazar la presente ejecución. Con relación a la imposición de las costas, adhiero al voto de la Dra. Ruiz. Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad interpuestos por Jorge Papaecononou, revocar la sentencia del tribunal superior de la causa y rechazar la presente ejecución fiscal. 2. Imponer las costas en el orden causado 3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja a los autos principales y, oportunamente, se devuelva al juzgado de origen.