marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: PENAL
Carátula: REYES, OSCAR RAMON; PEREZ FABIO ENRIQUE; REA, RAMON ESTEBAN; SOSA, DANIEL EDUARDO S.D DE USURPACION DE PROPIEDAD E.P FLINEE, GLADYS NORMA". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-22

El plazo de elevación de la apelación, que fija el Art. 404 del ordenamiento procesal penal provincial debe ser considerado ordenatorio del proceso.
Procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVA SAN MARTIN, Graciela c/ MINISTERIO DE SALUD Y ACC. SOC. s/ JUICIOS DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Las nulidades en nuestro derecho no están tasadas ni enumeradas taxativamente pero el principio es que hay que declararlas con criterio restrictivo. Como principio general la gravedad del vicio está en relación directa con la gravedad de la sanción, mas no siempre es así. También importan los intereses que se ventilan y las circunstancias del caso. No basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar siempre la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesariamente de trámites, impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se anula (Tomás Hutchinson, "Ley Nac.de Proced.Adm." T I, p. 158, 294 y 303).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: La Prensa, Sociedad Anónima. s/ APELACION MULTA LEY 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-02

Las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social, ya que su actividad está dirigida al bien de la sociedad y por tanto de todos y cada uno de sus miembros.

De ahí que los diarios no deban ser una faceta más de la actividad estatal, máxime, cuando conscientes las empresas de que a mayor libertad mayor responsabilidad, los hechos se erigen en sagrados en tanto el comentario es libre.
Improcedencia del recurso, incompetencia, habeas corpus
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreto Anabela Rosalia s.d. Homicidio Agravado por el Vínculo e.p. Recién Nacido (Art. 80 inc. 1) c/  s/ Denegatoria de Habeas Corpus - Casación Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-07

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado por la defensa técnica de la encartada, y en su mérito se confirma la sentencia que no hizo lugar al hábeas corpus solicitado por la misma, pues es preciso señalar la incompetencia de este Tribunal en materia de apelación de hábeas corpus.
Estado de derecho, igualdad ante la ley, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

La igualdad ante la ley es un principio básico del Estado Social y Democrático de Derecho, y la Constitución Nacional no sólo consagra el principio de igualdad formal ante la ley (artículo 16), sino que establece el mandato de que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (artículo 75 inc. 23). (Voto del Dr. Carlos F. Balbín).
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado, Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: Moschini, José María c/ Fisco Nacional (ANA.) s/ cobro de pesos. cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Si en una significativa cantidad de causas se han introducido planteos sustancialmente análogos - referidos a si los honorarios de los abogados están comprendidos en la ley 23.982 -, resulta apropiado que la Corte Suprema precise el alcance de las conclusiones a que arriba la cámara sobre lo decidido en un precedente del Tribunal.
Juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANKBOSTON NATIONAL ASOCIATION c/ MARTINEZ, Jorge Antonio y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

Las transferencias de los créditos y deudas entre instituciones bancarias, así como la adquisición de los respectivos paquetes accionarios son actos públicos, que deben contar con la adecuada publicidad a fin de hacerlos oponibles a terceros, y no pueden ser desconocidos, sin que para ello interese cuántas son las personas del común de la gente que conoce las operaciones que así se verificaron por cuanto lo importante es que tuvieron la posibilidad de hacerlo, y que no habiéndose desconocido ni negado el cumplimiento de dichos requisitos, resultan suficientes para hacer los actos oponibles a todos aquellos que no hayan manifestado oportuna oposición.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES ROJAS CARLOS c/ EMPRESA LABORATORIOS ANDROMACO S.A. s/ DIFERENCIAS DE HABERES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

Aún cuando los agravios vertidos se refieren a la valoración de la prueba, tema éste que escapa al exiguo marco de la casación, cuando se aprecia en la motivación del fallo en crisis un desvío notorio de las leyes del raciocinio y una desviación interpretativa de las circunstancias fácticas, queda expedita la vía que autoriza a revisar tal valoración, ya que de no ser así se atentaría contra el debido proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INTERPONE RECURSOS DE NULIDAD Y RECONSIDERACION CONTRA EL REGIMEN DE PROSECRETARIOS , PRACTICANTES Y  PASANTES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 362 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que las razones brindadas por este Órgano podrán ser compartidas o no, mas lo cierto es que superan claramente el test constitucional propuesto por la impugnante basado -en esencia- en la infracción al deber de fundamentación de la resoluciones; no hay conculcación alguna a la cláusula constitucional de "igual remuneración por igual tarea" como tampoco este Tribunal se ha arrogado, al resolver, el papel de legislador sino que lisa y llanamente ha ejercido el Poder de Gobierno conferido por la Ley Fundamental y las normas complementarias al reglamentar y aprobar el "Régimen de los Prosecretarios, Practicantes y Pasantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe".

En el caso, la apelante entiende que estas figuras instituyen una verdadera carga pública, excluyendo, así, al practicante o pasante de la relación de empleo público; sin embargo, ese discurso omite toda consideración acerca de que la naturaleza de la relación consagrada por el artículo 13 del Régimen de los Prosecretarios, Practicantes y Pasantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (de derecho administrativo especial, no permanente) no difiere de la reglamentación originaria siendo la constitución del "premio estímulo" (art. 17) una consecuencia jurídica más de esa vinculación.

A lo que restar añadir que no puede sostenerse que estas categorías instrumentan una suert e de "carga pública gratuita" a aquello a lo que una persona, reuniendo los requisitos establecidos, accede a las mismas por su propia iniciativa, solicitando al Poder Judicial su incorporación en dicho carácter, sin estar obligado a ello y pudiendo cesar cuando lo estime conveniente, y a contrario de lo que postula la impugnante la categoría de Practicantes y Pasantes contribuye -en gran medida- a fomentar la relación de empleo público al otorgar el derecho a una calificación que será tenida en cuenta para el puntaje en caso que aquellos se inscriban y participen en el Concurso para el ingreso al Poder Judicial (art. 11, reglamento cit.).
Banco central, intervención de entidades financieras
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Avellaneda S.A. s/ Incidente de reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Los balances de la intervención son documentos demostrativos del estado económico-financiero del banco intervenido, que contienen las conclusiones de dicho carácter obtenidas en el curso de la fiscalización y verificación llevadas a cabo por la autoridad de aplicación de la ley 21.526 y que constituyeron el antecedente necesario para adoptar las medidas previstas frente al incumplimiento de las normas que regulan el régimen al que la recurrente se encontraba sujeta.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, recusación con causa, prueba pericial, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FERRI, ESTEBAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-09

No corresponde excepcionar en este caso el requisito de definitividad de la sentencia recurrida por inconstitucional, por cuanto los recurrentes no han justificado suficientemente por qué entienden que la consulta técnica a especialistas -en los términos en que se efectuó, esto es, para una correcta formulación de los puntos de pericia-, podría implicar para la defensa una legítima pérdida de confianza en la imparcialidad del juez correccional -fundamentación que no puede suplirse con la profusa cita de doctrina y de derechos y garantías contenidas en tratados internacionales-, más aun cuando del caso surge que la defensa ha tenido la oportunidad de proponer técnicos que controlen la producción de la prueba, y que el meteorólogo consultado por el juez es el mismo que ha sido propuesto como perito por la propia parte que recusa. (De los Fundamentos de la Mayoría)
Transfusión de sangre, testigos de Jehová
Materia: CIVIL
Carátula: F.,M.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-05-13

Es improcedente la acción de amparo interpuesta por el padre de una joven que profesa la religión "Testigo de Jehová" a fin de que se le practique una transfusión de sangre a su hija, por encontrarse en estado de coma y con muy bajas posibilidades de sobrevida, pues tratándose de una paciente mayor de edad que ha dado directivas anticipadas de no someterse a ninguna transfusión, ello debe ser respetado, dado que se trata de un derecho personalísimo e inviolable de la paciente; en armonía con lo dispuesto por el art. 19 de la CN, y lo resuelto por la CSJN en los fallos "Bahomondez" y "Albarracín".
Ministerio Público del Trabajo, delegación de facultades a la Administración, jornada de trabajo, jornada máxima, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ BANK BOSTON s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

De la lectura del art 4 de la ley 11544 surge claramente que los reglamentos del Poder Ejecutivo pueden fijar por industria, comercio y oficio y por región, las excepciones temporarias admisibles para permitir a las empresas hacer frente a las demandas extraordinarias de trabajo. Esos topes máximos "a autorizar" rigen para la actividad productiva en general y para la bancaria en particular ( decretos 2882/79, Resol. Ministerio de Trabajo 436/74 y decreto 266/79).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, dependientes, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: La Confianza Cía. Argentina de Seguros c/ Dodero  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

Conforme con los testimonios de Caldas y Repetto si bien se trata de dependientes de la demandada Dodero, las circunstancias de que el primero fue propuesto por la actora, y de que el segundo fue repreguntado sobre estos temas por aquélla, así como la precisión y coincidencia general de sus dichos, respaldados en partes por otras probanzas, inducen a dar crédito a sus declaraciones.
Proceso contravencional, ejecución de la pena, penas contravencionales, obligación de realizar trabajos comunitarios, cumplimiento de la pena, deberes del juez, deberes del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Borgoni, Néstor Julio s/ arts. 72 y 47 C.C.- Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

En el caso, si bien el imputado al tomar conocimiento de que el Centro de Gestión y Participación, en el que debía cumplir la pena que le fuera impuesta de trabajos de utilidad pública, no tenía capacidad suficiente para que éste desarrollara las mismas, no lo hizo saber al juzgado; lo cierto es que no es él quien debía arbitrar los medios para posibilitar la ejecución de la pena.

Por el contrario la potestad para efectuar un control del cumplimiento de la pena impuesta compete al Fiscal y al Juez que dictó la sentencia desde el momento en que ella queda firme.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perrotta, Pablo c/ Díaz Sallero, Humberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Si el experto no puede determinar la correspondencia entre el presupuesto acompañado y los daños alegados, resulta justo aplicar la jurisprudencia según la cual, al no haberse acreditado la cuantía del daño y dado que tampoco se ha probado la real existencia de todo el deterioro que se invoca, es razonable disminuir en un 40 por ciento el importe del reclamo (art.165 tercer párrafo CPCC).
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Teresa Graciela y otros c/ Suárez, Raquel Angélica s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-18

Cuando el pago de la tasa de justicia ha sido impuesto o exigido previo al dictado de una providencia impulsoria, tiene los efectos de interrumpir el trascurso del plazo de caducidad de la instancia.
Concursos, contratos en curso de ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suarez Gamarra Jesús s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

La locación no puede ser considerada, a los efectos del art.21 de la ley 19.551, como un contrato con prestación recíproca pendiente. El locador agota su prestación al dar el uso y goce del bien arrendado, ya que luego de ello no quedan para él prestaciones a su cargo. El deber de respetar el uso y goce del locatario no es más que expresión de un genérico deber de tolerancia para con el derecho ajeno. Resumiendo, la locación no es un contrato con prestaciones recíprocas sucesivas. Siendo ello así, si el inquilino es acreedor del concursado no puede invocar el privilegio especial que prevé el inc.3 del art.264 de la ley concursal por efecto del contrato de locación que decidiera resolver. Sea el locador quebrado o concursado es de aplicación lo establecido por el art.161 de la misma ley que en su inc.1º establece que la locación continúa "produciendo todos sus efectos legales". De ahí que, en lo pertinente, siga fingiendo la legislación que regula la locación, razón por la cual, en lo que concierne a la resolución anticipada ejecutada por el locatario tiene pleno vigor lo establecido por el art.8 de la ley 23.091. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, arma propia, arma cargada
Materia: PENAL
Carátula: CASARES, OSCAR s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-15

No califica el robo la intimidación con arma cargada con cartuchos correspondientes a otro calibre, que sólo admitirán ser disparados si previamente fueron encintados, proceso al que no fueron sometidos; tratándose en consecuencia de un arma inepta.
Sentencia definitiva, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Provisión para Transportistas Ushuaia c/ Municipio de la ciudad de Ushuaia s/ Acción de Amparo, Expte. nro. 138/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-03-13

Advierto, fuera de la problemática central del caso, que la sentencia dictada por el Tribunal colegiado presenta voto por simple adhesión. Si bien no se condice con el mandato constitucional por lo cual correspondería subsanar tal vicio de forma, bien es cierto que tratándose de una acción de esta naturaleza, donde se ventilan derechos y garantías constitucionales y donde el tiempo transcurrido afecta a la parte perjudicada, corresponde tratar la cuestión de fondo y resolverla (del voto del Dr. Hutchinson).
Pensiones, cónyuge divorciado, divorcio del 67 bis, alimentos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALORIO, JULIO s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

Para acceder al beneficio de pensión, la cónyuge supérstite separada legalmente del causante por haber incurrido ambos esposos en las causales previstas en el artículo 67 de la ley 2393, debe acreditar las circunstancias excepcionales del artículo 80 de la ley de matrimonio civil, no obstante la existencia de resolución judicial que fijó alimentos provisorios a su favor.
Principios del procedimiento administrativo, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Husen Mirta Silvia y otras c/ Estado Nacional -Mº de Cultura y Educación de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Una solución contraria al principio rector en la materia de "in dubio pro actione", implica privar la efectiva posibilidad del demandante de acceder a la justicia, con menoscabo de la garantía de su derecho de defensa.
Mandato, representación procesal, falta de personería
Materia: PROCESAL CIVIL -CIVIL
Carátula: ZARZCURIAN DE ALEKIAN TECHKIG c/ ALVAREZ NESTOR DE JESUS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: VERBAL - FALTA DE PERSONERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-13

La persona que comparezca en juicio tiene que ser capaz. Quien comparece produce un acto jurídico procesal para el cual es indispensable que tenga capacidad suficiente para cambiar el estado de su derecho (art. 1040 C.C). Así las cosas, hay que considerar tres aspectos, según la ley de rito.

En primer lugar la capacidad, luego, el requisito de la asistencia técnica y por último, vinculado a éste, la extensión del mandato.

Si en el planteo de falta de personería lo que se ha observado es el título que hace valer el actor para el ejercicio de una representación , alegándose la no condición de profesional del derecho del mandatario, no se puede dudar que en la especie juegan las reglas del mandato (arts. 1870 y siguiente del Código Civil) en las que no se encuentra norma alguna que exija que el poder general de administración sea otorgado sólo a personas de profesión abogado o procurador con matrícula habilitante, de modo tal que desde este punto de vista el título es inobjetable. Ahora bien, la ley local impone la asistencia técnica por parte de un letrado, a todo el que litigue por derecho propio o en ejercicio de una representación legal y si el compareciente ha sido asistido por un abogado de la matrícula tampoco se encuentra objeción alguna a su comparendo.
Seguros, seguro colectivo, prescripción, interrupción de la prescripción, jubilación por invalidez
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELGADO, PEDRO c/ SUD AMERICA CIA. DE SEGUROS DE VIDA Y PATRIMONIALES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

La tramitación ante la caja respectiva tendiente al otorgamiento de la jubilación por invalidez, no interrumpe el curso de la prescripción del seguro colectivo contratado con la empleadora, sin perjuicio de que, en el caso de no haberse operado aquella, se valore probatoriamente los fundamentos en que se base el otorgamiento o denegación del beneficio jubilatorio.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO ANTONIA DE JESUS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Si bien es cierto que la incapacidad sobreviniente a la víctima de un accidente de tránsito debe ser resarcido teniendo en cuenta parámetros tales como el nivel económico y su vida de relación no quiere decir por ello que una persona de escasos recursos no debe ser indemnizada integralmente, teniendo en cuenta las consecuencias tanto laborales como en la vida de relación.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: VIRGI S.R.L. c/ U.T.E.P.S.E. s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

Para que la revisión de la prueba -en orden a determinar la naturaleza de un contrato- sea posible, debe existir una denuncia seria y fundada de absurdo o arbitrariedad en la operación intelectual efectuada por los sentenciantes; además que dichos aspectos deben presentarse manifiestos ante el Tribunal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROSARIO RAMONA PONZO DE GLARIA s/ Actos Administrativos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Es arbitraria la sentencia que incurrió en afirmaciones dogmáticas que contradicen las constancias de la causa.
Recurso extraordinario, Derecho civil, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Trujillo Nores, Juana s/ Sucesión ab intestato-Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-11-06

La declaración de la Alzada, aún cuando no apareje la extinción de la litis o torne imposible su continuación resulta equiparable a sentencia definitiva pues la definitividad se encuentra configurada por la circunstancia de haberse debatido oportunamente para alcanzarla cuestiones de hecho y de derecho, situación que obsta su reedición en un juicio de conocimiento posterior.

Resulta decisivo a los fines de delinear el concepto de definitividad, los efectos que produce la resolución, pues si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado