Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2007-06-12


La Rioja, junio 12 de 2007.

El Dr. Angel Roberto Avila dijo:

Resultando: I) Que a fs. 5/12 el Sr. Ricardo Juan Hilal, con el patrocinio letrado del Dr. J.N. A., promovió recurso de casación en contra del auto interlocutorio dictado en autos Expte. Nº 1822-F-2000 "Fuentes Héctor Francisco c/ Compañía Industrial Olivarera S.R.L. - Laboral", del registro del Juzgado de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial. Invocó como motivos casatorios los de violación de la ley y de manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica.

II) Que a fs. 21 se declaró admisible el recurso, y se ordenó el traslado de ley a la contraria, el que fue evacuado a fs. 23 por la Dra. R. M. B., a quien le fuera corrido por haber sido denunciada como contraparte en calidad de apoderada de los actores por el casacionista. La letrada, en su responde, solicitó el rechazo del recurso por las razones que expuso.

III) Cumplido los demás trámites exigidos por la ley ritual, requeridos y elevados que fueron los principales Expte. Nº 1822-F-2000; dictado el proveído de autos a fs. 37, que se encuentra firme; e integrado y consentido el Tribunal; corresponde dictar sentencia.

Y Considerando: I) Previo a entrar al tratamiento del recurso observo que la Dra. B. compareció a estos autos y contestó el traslado, sin acompañar el o los instrumentos que la acrediten como apoderada, ni le fueron requeridos por el Tribunal. No obstante, con los principales a la vista se tiene que: a) A fs. 1 obra carta poder otorgada por uno de los actores, el Sr. Héctor Francisco Fuentes. b) A fs. 85 se dispuso acumular varias causas seguidas por ex empleados en contra de la misma firma, tramitarlas por separado hasta la vista de causa, y luego dictar una sentencia única, que las comprenda a todas. c) En la sentencia, dictada a fs. 114/152, del relato de la Sra. Juez actuante se desprende que en todas las causas la Dra. B. actuó como apoderada de los actores, calidad en la que también actuó ante este Tribunal Superior en el recurso de casación que dedujeron sus representados (ver sentencia TSJ de fs. 170/183). d) Que en la misma calidad siguió actuando en el expediente traído a la vista, hasta que éste fue elevado al Tribunal Superior.

Por todo ello, a pesar de la autonomía del recurso de casación, conforme a la cual debe acreditarse en la instancia casatoria la personería que se invoca, aunque a la compareciente se le haya corrido traslado en el carácter de apoderada (como en este caso), dado el estado y naturaleza de la causa, y el tiempo transcurrido desde su iniciación, entiendo innecesario e inconveniente requerir en este momento la acreditación de la personería, que por otra parte no le ha sido negada por la contraparte.

II) El auto objeto de este recurso, resolvió, rechazándolo, un incidente de levantamiento de embargo sin tercería, deducido a fs. 255 de los principales por el Sr. Ricardo Juan Hilal. La medida cautelar afecta a un automóvil de propiedad del incidentista, quien en su presentación sostuvo que el bien no es de la demandada, Compañía Industrial Olivarera S.R.L. (En adelante CIO SRL), sino de él, que no integra la relación jurídico procesal, por lo que sin más trámite corresponde levantar el embargo a tenor del Art. 152 del CPC. La parte contraria a fs. 288 al evacuar el traslado pidió el rechazo del incidente, y que se amplíe el embargo sobre bienes particulares de los socios. Para ello argumentó que en las causas acumuladas había varios bienes en garantía pero en los casi cinco años que llevaba el proceso, la demandada, burlando la buena fe procesal, enajenó los bienes embargados, y que a la fecha no existen bienes registrables a nombre de CIO SRL. Fundamentó el pedido de que se mantenga el embargo, y se proceda a embargar bienes de los dos socios: 1) Por aplicación del Art. 54 tercer punto de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) respecto de la frustración de derechos de terceros -trabajadores- concretada al vender los bienes de la sociedad, sin que se conozca el destino del dinero obtenido por esas ventas. 2) Porque la SRL se ha transformado en una sociedad irregular por incumplimiento del propio contrato social (punto 10 del instrumento respectivo, para los casos de disolución de la sociedad), de acuerdo a la documentación que acompañó emanada del Registro Público de Comercio. 3) Porque al haber efectuado los socios el aporte de capital en efectivo, y establecido por ley una reserva del 25%, resulta que los socios son responsables de las deudas de la sociedad hasta el límite del aporte del capital que efectuaron. 4) Porque de acuerdo a la base fáctica tenida en cuenta para ordenar la indemnización reducida del Art. 247 de la LCT, la sociedad dejó de funcionar, y los socios no han dejado algún responsable para que haga frente a las responsabilidades de la sociedad, lo que hace aplicables las disposiciones del Art. 79 incs. 2, 3, 4, 7 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). 5) Porque el cierre del establecimiento manteniendo registrada a la sociedad, hace presumir que la actuación de la sociedad estuvo desde el despido de los trabajadores orientada a la consecución de fines extra societarios y personales, más aún si no existe constancia de qué finalidad tuvo el capital obtenido como precio de la venta de los bienes societarios embargados, lo que demuestra un mero recurso para violar la buena fe y frustrar los derechos de los trabajadores, por lo que debe aplicarse la responsabilidad personal de los socios por la deuda reclamada. Finalmente expresó que no habiendo hecho abandono de aportes, ni denunciado el lugar de depósito del capital social, y encontrándose en estado de abandono la sociedad correspondía: 1º) Confirmar el embargo. 2º) Autorizar nuevos embargos hasta cubrir las sumas adeudadas sobre los bienes de los dos socios. 3º) Comunicar a la demandada que podía ofrecer bienes en garantía previo adoptarse la medida anterior y/o denunciar el lugar donde está depositado el capital social legal para su embargo y ejecución. Citó derecho (Arts. 54 Ley Nº 19.550 y 79 incs. 2, 3, 4 y 7 de la Ley Nº 24.552 de Concursos y Quiebras).

La Sra. Juez fundó el rechazo del incidente, en las siguientes consideraciones: 1) Que consta en autos que el 12.12.2000 la Sra. Oficial de Justicia embargó un vehículo Dominio ROC 416; en el Expediente Nº 1831 el 22.2.2001, la funcionaria trabó embargo sobre un vehículo dominio VGA 865; en el Expte. Nº 1838, hizo efectivo embargo sobre el automóvil Passat con fecha 6.3.2001, presentándose un incidente de levantamiento de embargo que fue rechazado por resolución obrante a fs. 66/67 de esos autos; y en Expte. Nº 1835 también se trabó embargo sobre ese vehículo, y se presentó y rechazó incidente de levantamiento de embargo. 2) que conforme a esos antecedentes, el incidentista tuvo pleno conocimiento de lo actuado, y lo único que le interesó aclarar al Tribunal es que el vehículo le pertenece a él y no a la sociedad. 3) Que de los informes del Registro de la Propiedad del Automotor surge que el vehículo VGA 865 ha sido transferido al Sr. Luciano Ramos, con inscripción como titular desde el 10.11.2000, fecha anterior a la traba del embargo, pero intermedia a la conclusión de la relación laboral (agosto de 2000), no arribando a un arreglo con los actores, lo que hace presumir que si desde agosto la sociedad integrada por el presentante y su hermano tenían conocimiento de la situación, no podrían haber realizado la venta de los bienes societarios y dejar así sin garantía para efectivizar los créditos pendientes con los trabajadores. 4) De ello infirió que se han agotado las posibilidades de efectivizar los créditos sobre bienes de la sociedad, por lo que los bienes personales de los socios no pueden quedar sin más ajenos, exponiendo así a los actores a no percibir nunca más sus acreencias, luego de varios años de litigio, y de naturaleza privilegiada. 5) Que la Ley de Sociedades es clara en su articulado general y particular de la SRL en lo que hace al rol de los administradores y/o gerentes en cumplimiento de lo dispuesto por los Arts. 54, 56, 57 y especialmente el 59, 60 y concordantes y correlativos de la Ley Nº 19.550, como también los Arts. 146, 150 y 157 de la misma ley. 6) por todo ello entendió que no cabía hacer lugar al levantamiento del embargo y que debían aplicarse las costas a la vencida. Además estableció que la parte demandada podrá ofrecer bienes en garantía o denunciar el lugar donde está depositado el capital social legal para su embargo y ejecución, otorgando un plazo de cinco días, transcurrido el cual se ordenaría embargos sobre otros bienes personales de los socios fundado en lo dispuesto por el Art. 54 concordantes y correlativos de la Ley Nº 19.550.

III) El recurrente, por la causal de violación de la ley sostuvo que se ha infringido el Art. 54 de la Ley de Sociedades, porque no es la norma adecuada para resolver la situación planteada, porque ella se refiere a los daños hechos a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes la controlen. Que no se ha insinuado que los socios con dolo o culpa hayan inferido daño a la sociedad, porque está con su patrimonio suficiente para responder por esta causa y por cualquier otra que se promueva. Que la litis se trabó entre un grupo de trabajadores y su empleadora, en tanto que los socios, titulares de las cuotas sociales jamás han sido trasladados de requerimiento o demanda alguna para ser oídos por el juzgador. Que la sociedad no ha sufrido daño, que ha sido bien administrada, y no puede cargar con la negligencia de los actores que no han sabido trabar correctamente los embargos sobre bienes, que los hay en abundante cantidad para cubrir el crédito que se demanda, con más sus accesorios.

Aludió a la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica y a los casos en que se torna operativa, ninguno de los cuales es el de autos, por lo que en modo alguno su conducta como socio gerente de la persona jurídica demandada, que resultó airosa en el proceso laboral, puede encuadrarse tan ligeramente como lo ha hecho el a quo en un pronunciamiento que evidencia parcialidad y apartamiento del derecho objetivo aplicable.

Por la causal de manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica, sostuvo que las arbitrariedades más notorias son: la total desigualdad con la que son tratadas las partes; la fundamentación errónea en derecho; la deficiente consideración de las pruebas; el desconocimiento de normas vigentes, todas las cuales habilitan el recurso que lesiona sus derechos constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad. Citó doctrina de Genaro Carrió sobre la arbitrariedad, de acuerdo a la cual la sentencia impugnada es notoriamente arbitraria, por lo que deberá hacerse lugar al recurso a fin de cumplir con las pautas impuestas por a CSJN y la más calificada doctrina. Añadió que la cuestión reviste notable trascendencia. Discurrió acerca del principio de trascendencia, el que se da en los casos en que la sentencia trasciende los simples límites del negocio en cuestión. Citó fallo Rodríguez c/ Cía Embotelladora Argentina SA y otros en que la CSJN aplicó este principio con el propósito de afianzar el principio de seguridad jurídica, que es deber de los jueces preservar.

Tras ello aludió a los principios lógicos que habría infringido el juzgador. Con respecto al principio de identidad, los argumentos que expuso no tienen vinculación con esta causa, por lo que no pueden ser considerados; y en lo que hace al principio de no contradicción, no explicó de qué modo fue violado, limitándose a enunciar un supuesto silogismo que emergería de la sentencia, por lo que tampoco puede examinarse si se verificó o no contradicción en el razonamiento de la sentenciante. Respecto del principio de razón suficiente afirmó que se configura a raíz de afirmaciones erróneas de la juzgadora que constituyen un fundamento aparente, porque en muchos puntos se aparta de los hechos acreditados. Que el discurso no puede apoyarse en antecedentes inexactos o alterados. Sobre este aspecto, afirmó que la sentenciante sostuvo que la empresa no ha probado tener otros bienes, cuando jamás se abrió una instancia probatoria de esa naturaleza. Aseveró que la sentencia no exhibe un criterio de ecuanimidad y parece el fruto del arbitrio del juzgador, sin dar razones suficientes. Que además se aparta del derecho aplicable y solo reproduce argumentos invocados por la letrada de los actores. Que ha incurrido en claro error de derecho al analizar las pruebas producidas y considerar lisa y llanamente que han usado la sociedad para fines diversos de los previstos en el objeto social.

IV) La recurrida, en su responde, afirmó que la realidad procesal del expediente plasma una situación patrimonial diferente a la que expresó el recurrente cuando se refirió a la solvencia de la sociedad demandada, la cual adujo en su oportunidad el cierre del establecimiento, lo cual fue consentido por el Juez laboral a pesar de no haber demostrado que la actividad comercial y a nivel de obligatoriedad normativa estuviera cerrada: No presentó ante el registro correspondiente la denuncia de modificación, liquidación ni dónde se encuentra el depósito de capital mínimo, exigencia de su estatuto social como condición necesaria para su extinción. Que menos entendible es la afirmación de que posee bienes suficientes para saldar cualquier deuda, porque no aceptó el decisorio en cuanto a la obligatoriedad de denunciar bienes condicionada a que se dé lugar a la solicitud de levantamiento de embargo, habida cuenta que de autos surge la obligación principal, con planilla aprobada y firme, es decir, en disponibilidad directa para el pago. Que si hay bienes debió pagar, en lugar de lo cual viene dilatando el pago de lo debido a los ex trabajadores. Que en su presentación se limita a enunciar principios y jurisprudencia que no se identifican con este caso, pretendiendo justificar su inconducta procesal de no pago ni ofrecer garantía alguna o depósito judicial demostrativo de su buena fe y solvencia actual. Reiteró a partir de allí los argumentos vertidos en oportunidad de contestar el incidente, por lo que corresponde que me remita al considerando II de este voto, en el que los consigné.

V) Para resolver, examinaré los motivos invocados siguiendo el mismo orden que el quejoso.

Violación de la ley.

La línea argumental desarrollada por el casacionista se vincula con los dos primeros párrafos del Art. 54 de la Ley Nº 19.550 (daños a la sociedad) en tanto que el tercer párrafo -que es el que aplicó la sentenciante- se refiere a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, cuando la actuación de la sociedad "encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros". Y establece que en estos casos "se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán ilimitadamente por los perjuicios causados".

En consecuencia, al no haberse desarrollado argumentos conducentes, el motivo debe rechazarse por infundado.

Manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica.

En lo que hace a este motivo, tal como lo dejé asentado al referir los argumentos en que se sustenta, sólo respecto de la infracción al principio de razón suficiente se desarrollaron argumentos que es necesario confrontar con el fallo, para verificar si la Sra. Juez incurrió en el vicio que se le atribuye.

El recurrente, como se ha dicho, atribuye diversas arbitrariedades a la sentencia: desigualdad en el tratamiento de las partes, fundamentación errónea en derecho, deficiente consideración de las pruebas y desconocimiento de normas vigente; y cuando desarrolla la infracción al principio de razón suficiente, se limita a sostener que la sentencia contiene afirmaciones erróneas, que en muchos puntos se aparta de los hechos acreditados y que se apoya en antecedentes inexactos o alterados, todo ello para desembocar en un único agravio, consistente en que la sentenciante sostuvo que la empresa no ha probado tener otros bienes, cuando jamás se abrió una instancia probatoria de esa naturaleza.

Expuse más arriba los fundamentos que la sentenciante dio para rechazar el recurso. De ellos surge que no se basó únicamente en que la empresa no ha probado tener otros bienes, sino que analizó la conducta seguida por la sociedad -a través de sus dos únicos socios, que son a su vez gerentes, quienes de acuerdo al contrato social la administran cualquiera de ellos indistintamente, y para realizar actos de disposición actúan ambos- que ha enajenado bienes con posterioridad al cierre del establecimiento y al despido de los trabajadores, lo que hace presumir que no les interesó dejarlos sin garantía para efectivizar sus créditos.

Asiste razón al impugnante en cuanto la juez, para ir en contra de los bienes de los socios afirma que "se han agotado las posibilidades de efectivizar los créditos sobre bienes de la sociedad", sin que ello esté fehacientemente acreditado en autos, por lo es una afirmación carente de razón suficiente.

Sin embargo, como no ha refutado las afirmaciones y conclusiones de la sentenciante que he individualizado con los puntos 1), 2) y 3) del segundo párrafo del considerando II) de este voto, aquéllas permanecen firmes y dan cuenta de una actitud de la sociedad -a través de las acciones realizadas por los socios en nombre de ella- que, según lo que expresa la sentenciante, expone a los actores a no percibir nunca más sus acreencias, luego de varios años de litigio, el que es de naturaleza privilegiada.

El artículo 54 de la LSC no exige que la sociedad haya entrado en una insolvencia total para que proceda la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Si bien es una norma que debe aplicarse con extrema prudencia, a fin de no desnaturalizar los objetivos de la ley cuando establece la limitación de la responsabilidad de los socios según el tipo societario escogido, tampoco debe llegarse a extremos que importen convertido en letra muerta el artículo en cuestión; por ello cada caso debe examinarse a la luz de las constancias de la causa, para arribar a una solución ajustada a derecho. Teniendo presentes estas pautas, considero que los argumentos referidos, que no fueron impugnados, son suficientes para responsabilizar a los socios por la actividad cumplida por la sociedad desinteresándose del perjuicio que ocasionaba a los socios.

Pero, aún si se considerara que no alcanzan para comprometer la responsabilidad de los socios gerentes, por el principio de utilidad práctica de la casación no corresponde casar el fallo si por otros argumentos suficientes para sustentarlo que no hayan sido impugnados, o por los que el tribunal casatorio expresa tras decidir que la sentencia carece de razón suficiente, y examina el caso como tribunal de mérito, se advierte que la conclusión a que llegaron los jueces de la causa es la correcta. Por aplicación de ese principio, desde ya anticipo que no propiciaré la casación del fallo, por ser correcta la decisión de mantener el embargo y demás disposiciones que contiene la parte resolutiva.

Fundamento la decisión que acabo de anticipar, en el examen de la conducta asumida tanto por la sociedad, gobernada por el casacionista y su hermano, como por el recurrente en su actuación a nombre propio, que se desprenden de los autos: 1) La empresa en agosto de 2000 ya comunicó a sus trabajadores a quienes despidió, el cierre del establecimiento, según surge de las comunicaciones referidas en la sentencia, por lo que fue condenada conforme al Art. 247 de la LCT a abonar la mitad de la indemnización que correspondería según el Art. 245 de la misma ley. 2) De acuerdo a la información de la SS de Trabajo, con asiento en la Ciudad de La Rioja, de la delegación de Aimogasta, y del sindicato respectivo, ninguno de ellos tuvo conocimiento del cierre del establecimiento (fs. 71/73, 76 y 77). 3) A fs. 231 consta que uno de los automotores embargados, precisamente el que fue objeto de la medida en esta causa, dominio ROC, se ha radicado en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, lo cual, si la empresa continúa radicada en Aimogasta, permite suponer que ha sido transferido a persona radicada en aquella provincia después de la traba del embargo, porque en esa ocasión se encontraba en poder de la empresa, de lo contrario la oficial de justicia no podría haberlo descripto con tanta precisión (ver fs. 32). 4) A fs. 236 el Registro de la Propiedad del Automotor informa que el vehículo dominio VGA 865, fue transferido a Luciano Alberto Ramos el 10.11.2000 y a fs. 238 hace saber que no se toma razón del embargo ordenado sobre el dominio VGA 864, por no ser titular actual del mencionado bien la firma CIO SRL. 5) A fs. 257, contestando una vista, la demandada sostuvo que es falso que los vehículos VGA 864 y VGA 865 se hayan encontrado embargados (lo cual no se ajusta a la verdad, porque de fs. 232 surge que ambos bienes fueron embargados oportunamente -sin inscribirse el embargo- el primero en autos Fuentes Pablo Vicente y el segundo en autos Fuentes Rosa Angélica, comprendidos en la sentencia que obra incorporada a este expediente. En la causa Fuentes Rosa Angélica se había ordenado el 2.3.2001 inscribirlo en el Registro respectivo). Continuó afirmando que pertenecieron a la empresa y fueron vendidos antes de la iniciación de la causa, libres de todo gravamen a adquirentes de buena fe por lo que no puede imputársele irregularidad. Además se negó a denunciar bienes a embargo -a lo que había sido intimada ante la solicitud formulada a fs. 247 por los actores, para que informara las razones de su proceder y sustituyera y denunciara los bienes que ofrecía para nuevo embargo-. Dio como razón para hacerlo, que no correspondía a su parte denunciar bienes a embargo. 6) A fs. 255 un año después de que quedara firme la sentencia, y cuatro meses después de que lo hiciera la planilla respectiva, el Sr. Hilal, socio gerente de la firma, promovió por derecho propio el incidente de levantamiento de embargo cuyo rechazo motivó la deducción del recurso de casación que nos ocupa. 7) En el recurso, el Sr. Hilal afirma, con cierto desparpajo que la sociedad "está con su patrimonio suficiente para responder por esta causa y cualquier otra que se promueva" y que los actores "no han sabido trabar correctamente embargos preventivos sobre bienes, que los hay, en abundante cantidad, suficiente para cubrir el crédito que se demanda y todos sus accesorios" (ver fs. 6 y 6 vta. respectivamente, de estos autos).

De lo que acabo de consignar se desprende la firme voluntad de la sociedad, a través de los socios encargados precisamente de expresar esa voluntad, de no pagar lo adeudado a los trabajadores los montos resultantes de la sentencia que está firme desde mayo de 2004.

Es verdad que la sociedad es una persona distinta de los socios; pero cuando se advierte alguna de las conductas mencionadas en el tercer párrafo del Art. 54, los socios deben responder a título personal para proteger a los terceros.

Aunque resulte acreditado que los vehículos embargados fueron transferidos con anterioridad a la traba de los embargos, lo cierto es que esos vehículos se encontraban en poder de la demandada al tiempo de concretarse las medidas cautelares, de lo contrario la oficial de justicia no pudo haberlos embargado. Ello produce la firme sospecha de que las transferencias se hicieron para vaciar de bienes a la empresa con el deliberado propósito de no abonar las deudas que tenía la sociedad, entre ellas, la contraída con los actores al despedirlos por cierre de establecimiento, sin que consten las causas de este cierre.

No puede dejar de considerarse que se trata de un a sociedad integrada por sólo dos socios, que ejercen indistintamente la administración de la sociedad y conjuntamente los actos de disposición de bienes sociales.

Cuando esta sociedad despide a todo su personal por cierre del establecimiento, no le paga lo adeudado, y en cambio procede a enajenar al menos dos y presumiblemente tres bienes embargados, la situación de los socios no puede quedar al margen de lo actuado por aquélla. Lo impide el principio de la inoponibilidad jurídica, porque la realidad refleja, como lo he dicho, la clara intención de abandonar a su suerte a los trabajadores despedidos, a quienes protege una sentencia firme, y que tienen también aprobada la respectiva planilla a su favor. Por las razones antedichas los socios gerentes deben responder por las obligaciones de la sociedad como si fueran propias, ya que derivan de un obrar querido por ellos a fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones sociales.

Debe repararse en que la juez mantiene el embargo sobre el bien de propiedad del Sr. Hilal, pero a la vez dispone intimar a la sociedad -que él representa- para que dentro del término de cinco días ofrezca bienes en garantía o denuncie el lugar donde está depositado el capital social legal para su embargo y ejecución, transcurrido el cual se determinará la ampliación del embargo sobre otros bienes personales de los socios, conforme Art. 54 de la Ley Nº 19.550, concordantes y correlativos.

La orden de la magistrada interviniente no fue ultra petita, como lo afirma en su recurso el casacionista, sino que obedeció a una petición concreta de la contraria en el escrito de responde al incidente (fs. 288/290 de los principales).

Por las razones expuestas, entiendo que debe mantenerse el embargo sobre el bien de que se trata, hasta tanto la sociedad o el interesado den cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida. Si es verdad que la empresa tiene sobrados bienes para responder a sus deudas, es esta la ocasión para que lo demuestre, y así pueda liberarse el bien del socio que aquí se agravia. En caso de que la sociedad ya no posea bienes, quedará fehacientemente acreditado lo que hoy se sospecha, y es que la sociedad transfirió todos los bienes que poseía, para no hacer frente a la deuda contraída con los trabajadores despedidos.

Por todo ello, propongo. 1) Se rechace el recurso de casación en estudio. 2) Se mantenga en todos sus términos la resolución objeto del recurso. 3) Se impongan las costas al recurrente. 4) Se difiera la regulación de honorarios para cuando exista base para hacerla (regulación firme en el mérito) y la soliciten los interesados.

Es mi voto.

El Dr. Roberto Alfredo Pagotto, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Ángel Roberto Ávila.

EL DR. CARLOS MARÍA QUIROGA, dijo:

Adhiero al Voto del Sr. Juez de primera voz, por sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Laboral y Penal, RESUELVE 1º- Rechazar el recurso de casación en estudio.

2º- Mantener en todos sus términos la resolución objeto del recurso.

3º- Imponer las costas al recurrente.

4º- Diferir la regulación de honorarios para cuando exista base para hacerla (regulación firme en el mérito) y la soliciten los interesados. .CITAS_LEGALES