Intereses, anatocismo, honorarios, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GATTI, JUAN JOSÉ c/ MUNIOCIPALIDAD DE CRUZ ALTA s/ PLENA JURISDICCIÓN-RECURSO DIRECTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-30

En relación a la base tomada para practicar la regulación, le asiste la razón a la demandada cuando denuncia la configuración de un caso de anatocismo (art. 623 del C.C.).- En efecto, la Cámara a-quo calculó la base regulatoria adicionándole al resultado de la liquidación "...intereses desde el 15 de setiembre de 1998 al 15 de agosto de 2001...", sin reparar que aquel monto estaba compuesto por la suma de cada uno de los haberes mensuales devengados desde la fecha en que se dispuso el cese de los servicios del actor con sus respectivos intereses al quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Este cálculo de intereses sobre una suma compuesta por capital e intereses configura, tal como denuncia la impugnante, un claro caso de anatocismo prohibido por la ley de fondo (art. 623 C.C.), que determina la necesidad de acoger el recurso.

No corre en cambio la misma suerte la segunda observación formulada por la parte demandada, a través de la cual manifiesta su disconformidad con la aplicación de intereses hasta el día quince de agosto de dos mil uno. Ello así, dado que no es posible derivar de la conformidad prestada por la contraria a la liquidación de fs. 310, la renuncia a una posterior actualización del monto de la misma como pretende la recurrente.

Por el contrario, los letrados de la parte actora al allanarse al monto de la liquidación en cuestión aclararon expresamente que el mismo incluía intereses hasta el día quince de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por lo que cuando solicitaron la regulación de sus honorarios manifestaron que el monto de la liquidación debía actualizarse hasta el quince de agosto de dos mil uno. En consecuencia, carece de sustento el reparo formulado por la casacionista en relación a este punto por lo que debe ser desechado, desde que la determinación del A-quo se ajusta a lo previsto por el artículo 29 inciso 1 de la Ley 8226 -monto de la sentencia- y su actualización (art. 31 ib.).

La Cámara a-quo incumplió el deber de motivación, toda vez que justificó su decisión de fijar en un veinticinco por ciento (25%) el porcentaje por las tareas desarrolladas hasta la sentencia invocando con excesiva laxitud el artículo 36 de la Ley 8226, sin describir en momento alguno los elementos de juicio objetivos en los que sustenta esa remisión normativa, que avalen la proporcionalidad o razonabilidad del porcentaje escogido superior al punto medio de la escala del artículo 34 de la Ley 8226.

Por el contrario, del repaso de las actuaciones de la causa no se advierte una complejidad en las cuestiones debatidas (art. 36 inc. 2 de la Ley 8226) que justifique tal decisión, dado el carácter ostensible de los vicios que presentaban los actos impugnados.

Este carácter ostensible de las deficiencias que presentaban los actos cuestionados, se corrobora si se repara en la falta de un mayor despliegue probatorio para demostrar controversias fácticas distintas a los vicios en cuestión.

A ello se suma el elevado monto al que asciende la condena establecida en la sentencia, que condiciona la regulación de los honorarios de los letrados de la parte actora en tanto constituye la base regulatoria de los mismos, elemento que junto con la difícil situación económico-financiera que atraviesa la parte demandada, la que no ha sido controvertida por la contraria, son elementos que considerados autorizan a fijar el porcentaje para el cálculo de los honorarios en cuestión (art. 36 incs. 7 y 8 de la Ley 8226) en tres puntos más del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley 8226.- Corresponde admitir el recurso de casación articulado por la parte demandada y, tratándose de un vicio en las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia, procede disponer el reenvío de las actuaciones (art. 390 del C.P.C. y C., aplicable al caso conforme lo previsto por el art. 13 de la Ley 7182) y remitiéndolas a la Cámara que le sigue en turno a los fines de que practique una nueva regulación calculando el monto al que asciende la base regulatoria, adicionando intereses sobre cada una de las sumas que conforman el capital individualmente consideradas, que se ajuste al porcentaje fijado en este decisorio conforme las pautas establecidas en los artículos 27 y 36 de la Ley 8226.