Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17604 EXPEDIENTE Nº 20.607/11 SALA IX JUZGADO Nº 36	En la Ciudad de Buenos Aires, el23 de febrero de 2012 para dictar sentencia en los autos caratulados: "OLIVERA LEONARDO DANIEL C/IMCORP S.A. S/DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden, EL DR. ROBERTO C. POMPA dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia de fs. 48/52 se alza la parte actora a mérito del memorial que luce a fs. 56/58 que no mereció réplica de la parte demandada. La letrada de la parte actora apela por derecho propio, la regulación de sus honorarios por bajos a fs. 59 y en su carácter de letrada apoderada apela la regulación por altos a fs. 59vta.

II.- Se agravia el accionante porque la Sra. Juez de Grado hizo lugar a la sanción prevista en el art. 132 bis de la L.C.T. desde la extinción del contrato de trabajo hasta el mes anterior al que corresponde al dictado de la sentencia y sostiene que hubiera correspondido hasta el efectivo ingreso de los aportes retenidos por la demandada.	Adelanto que de prosperar mi voto, la queja tendrá favorable recepción.

La norma del art. 132 bis incorporado por la ley 25.345 es suficientemente clara en cuanto prescribe que "si el empleador hubiera retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo...deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos...".

Corresponde señalar que no se trata de obligaciones de tracto sucesivo cuya cuantía deba ser ampliada para que pueda prosperar en los términos del art. 331 del C.P.C.C.N.

En efecto, no se trata de obligaciones con vencimiento a futuro que se reiteran y que hacen nacer una nueva obligación como si se tratase de nuevos salarios que se devengan en el tiempo. Por el contrario, se trata de una sanción de naturaleza conminatoria a un hecho ocurrido con anterioridad como es el haber retenido aportes del trabajador y no haberlos ingresado al sistema, generando una pena de naturaleza penal administrativa cuyo monto se extiende en el tiempo hasta el efectivo cumplimiento de una obligación vencida con anterioridad. Por eso considero que la misma no puede extenderse únicamente hasta el dictado de la sentencia lo que obligaría eventualmente al trabajador a tener que iniciar una nueva demanda en procura del cobro de las sumas que se hayan devengado por los períodos posteriores a los fijados en origen, en tanto la pena traducida como sanción conminatoria es única y su cuantía se extiende mientras dure el incumplimiento de la obligación legal omitida.

Sobre la base de lo expuesto, considero que no resulta aplicable la limitación temporal del cómputo de la sanción establecida en norma en análisis, por lo que propicio modificar el fallo en este punto y hacer lugar a la pretensión de la parte actora desde el distracto y hasta el momento en que la demandada acredite en forma fehaciente haber realizado el ingreso de los aportes retenidos.

III.- Respecto de la regulación de honorarios, en mi opinión, los emolumentos en cuestión resultan adecuados conforme la calidad y mérito de las tareas cumplidas, las pautas arancelarias vigentes en la materia, evaluadas dentro del valor económico en juego (cfr. arts. 38 L.O., 6 y sgts. Ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

IV.- En virtud del modo de resolverse la cuestión traída a estudio y en atención a la ausencia de réplica sugiero imponer las costas de esta Alzada por su orden (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios por las labores desplegadas ante esta instancia, a favor de la parte actora en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados en origen (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. ALVARO E. BALESTRINI dijo: Discrepo con mi distinguido colega preopinante en cuanto dispone, modificar el pronunciamiento dictado en la anterior instancia y, en consecuencia, extender la condena de la multa prevista en el art. 132 bis de la L.C.T. hasta el momento en que se efectivice el pago de los aportes por parte de la patronal.

Digo ello pues, tal como lo tiene dicho esta Sala, en pronunciamiento al que tuve oportunidad de adherir (Ver SD N° 14.979 del 27/06/08 en autos "Ríos Mondragón, Juan Carlos c/ Gu HE s/ Despido", entre otros), la condena por tal concepto debe incluir los períodos mensuales devengados hasta la fecha de la sentencia de primera instancia porque los elementos de juicio aportados a las actuaciones han acreditado el derecho del actor hasta ese momento, mientras que con posterioridad a esa fecha las circunstancias pudieron ser pasibles de alteración o variación.

Es en mérito a ello que discrepo con la decisión de mi distinguido colega preopinante ya que, con base en la jurisprudencia del Alto Tribunal en cuanto a que los pronunciamientos judiciales no pueden condenar para el futuro (Fallos de la C.S.J.N. 193:254), corresponde que en la etapa procesal determinada por el art. 132 de la ley orgánica 18.345 sean liquidados los lapsos mensuales que integran el crédito que se trata hasta la época del pronunciamiento de la anterior instancia.

Si bien es cierto que, al estar a la letra del citado artículo 132 bis de la L.C.T., esa multa mensual cabe extenderla ".hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos." y por ende en esta misma causa, lo expuesto en el párrafo precedente me lleva a propiciar que aunque sea por vía de incidente de ejecución que deberá tramitar por separado y con intervención de ambas partes, se determine la procedencia o no de una condena mayor teniendo en cuenta para ello si en ese período posterior los demandados efectivizaron los pertinentes fondos retenidos y no depositados.

No obstante la decisión que sugiero, atento a la ausencia de réplica, comparto lo decidido por el Dr. Roberto C. Pompa en materia de costas y honorarios por la labor desarrollada ante esta Alzada.

De acuerdo con lo expuesto, de aceptarse mi propuesta correspondería: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada por su orden; 3) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la instancia de grado.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo: En cuanto es objeto de disidencia, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Balestrini.

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios 2) Imponer las costas de Alzada por su orden. 3) Regular los honorarios por la labor desplegada ante este Tribunal a favor de la parte actora en el 25% de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mí: