marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, cargo, trámites judiciales, recursos, policía, personal policial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CANTERO, REMIGIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 576-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-30

La circunstancia de que en actos administrativos dictados en una sumaria información no se lo haya sancionado al actor por invocar en su calidad de personal retirado la jerarquía de Comisario Inspector, e incluso se lo haya denominado como tal en el decreto que desestimó un recurso, no le concede al recurrente reconocimiento de derechos jubilatorios a ese cargo, aunque se permita a aquellos fines la utilización de la denominación que en otras épocas tuvo el cargo desempeñado por el pasivo.
Estado de inconsciencia, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Velardez, Leónides s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-17

Si en el momento de la comisión del acto homicida la ebriedad era o no completa, tal duda debe entonces resolverse en favor del reo en virtud del art. 4 de la ley procesal. El grado de ebriedad es una situación objetiva y por tanto susceptible de ser analizada en el examen probatoria través del "in dubio pro reo".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Héctor Benjamín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 159 de la Constitución de la Provincia con fundamentos en la errónea aplicación de la ley por considerar que ello ocurre cuando el tribunal aplica indebidamente la ley.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, damnificado indirecto
Materia: CIVIL
Carátula: G.C.B.A. c/ Ybañez, Julio Ramón y Otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-07

Debe ser admitida la demanda interpuesta contra un chofer de colectivos por parte del GCBA tendiente a recuperar los haberes que éste abonó a una docente durante el tiempo en que no recibió contraprestación de servicios, por causa del accidente sufrido dentro de la unidad-traumatismo de codo-, a causa de una mala maniobra del colectivero, pues los daños reclamados en calidad de empleador encuadran en lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil que consagra la obligación de reparar también el daño al damnificado indirecto y la responsabilidad del demandado surge por aplicación del art. 1113 segunda parte del Código Civil, en su carácter de "guardián" del microómnibus que provocó el hecho dañoso.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Foguelman, Aaron c/ Manduca, Rodolfo y ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

Si el objeto de la demanda persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a un inmueble por la construcción de una obra lindera, resulta de aplicación el artículo 23 párr. segundo, del D.L. 8904/77. No corresponde, considerar a tales fines y con fundamento en el 27 inc. "a" del D.L. 8904/77 el valor de la tasación del inmueble, por cuanto no ha constituido el inmueble en cuestión el objeto del pleito (arts. 23 párr. 2do. y 27 inc. "a" del D. Ley 8904/77).
Justicia de paz no letrada, imputado, defensor, designación de oficio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, MIGUEL Y OTROS s/ IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1965-12-13

Cuando el juez de paz no letrado no se limita a expresar al imputado que se le iba a tomar declaración indagatoria sobre el hecho que se le imputa, como asimismo que puede abstenerse de declarar y nombrar defensor, prestando conformidad para declarar, manifestando que en cuanto a su abogado defensor lo decidirá oportunamente, el juez está obligado a designar al asesor de pobres y menores como defensor del imputado (C.P.P., art. 210) y a crear, por lo menos, la posibilidad concreta de su asistencia en el acto (C.P.P., art. 243).

La norma del art. 210 C.P.P., en cuanto impone la designación del asesor de pobres y menores cuando el imputado se niegue o no designe defensor en el acto de la indagatoria, debe considerarse prevaleciente con respecto a la del art. 247 del C.P.P., tanto por la remisión expresa que hace ésta con respecto a aquélla, cuanto por la circunstancia de pertenecer, la norma del art. 210 C.P.P., al sistema de garantías del imputado que surge del art. 18 de la C.N..-
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Debe desestimarse el planteo del recurrente que aduce la inobservancia del número de miembros del Tribunal para cumplir actos del juicio, con palmario menoscabo al debido proceso y defensa en juicio -lo que a su criterio, se constituye al ordenarse los traslados para formular acusación, defensa y apertura de la causa a prueba mediante decretos suscriptos sólo por el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, transgrediendo lo previsto por los artículos 13 y 14 de la ley 7050, que requieren que esos actos procesales sean ordenados por el Cuerpo con la totalidad de sus miembros- desde que el impugnante no cuestionó ninguna de las etapas del procedimiento probatorio del proceso, tanto el ofrecimiento como su producción, por lo cual las argumentaciones reseñadas aparecen como fruto de una reflexión meramente tardía. Además, bueno es advertir que la salvaguarda del derecho de defensa del ahora recurrente aparece nítida en la actividad llevada a cabo por el Tribunal de Enjuiciamiento en tanto, por ejemplo, ningún medio de confirmación le fue negado no obstante lo copioso del número de testigos ofrecidos en la causa.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Yacanto,  Claudio c/ Radiotrónica  de  Argentina S.A. y otro s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

En cuanto a la adecuación de los hechos a los presupuestos de la ley 23592 que penaliza con la nulidad los actos discriminatorios, el trabajador tiene la carga de aportar indicios razonables de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, con suficiencia para superar el umbral mínimo que torne verosímil su versión, es decir, que permita presumir la discriminación alegada. Una vez alcanzada dicha verosimilitud, imprescindible en el ámbito procesal en que se encauzara la pretensión, habrá de ponderarse si el demandado asumió la finalidad de desvirtuarla, a través del aporte de elementos aptos para corroborar que su decisión rupturista obedeció a causales ajenas al derecho fundamental que se imputa como lesionado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, aplicación de la ley, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ juicios de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Procede el recurso extraordinario si se halla en tela de juicio la interpretación y aplicación del art. 25 de la ley 19.549 y la decisión fue contraria al derecho que en ella fundó la recurrente (art. 14, inc. 3°, ley 48).
Cosa juzgada, facultades del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Telecinema  S.A. c/ Argentina Televisora Color  S.A.  LS-82 TV Canal 7 s/ Procesos de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

La cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juricidad del sistema. La autoridad de la cosa juzgada, una vez consentido el fallo, obliga incluso a quienes lo dictaron (conf. C S.J.N. , diciembre 4-1990, "Banco Regional del Norte Argentino S.A c/ Banco Central de la República Argentina"; diciembre 11-1990, "Buenos Aires, Provincia de c/Arturo J. Sala s/ cobro de australes", Sala I, causa 2343 del 10/4/92).
Medidas cautelares, embargo, buena fe
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA SA c/ ALMEIDA, RAUL Y OTROS s/ COBRO DE PESOS     (LEVANTAMIENTO    DE   EMBARGO  Y  ACTUALIZACION  DE  CAPITAL)     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 130-88 MARQUEZ, JOSE OSVALDO RAMON c/ MOURULLO, JESUS ANTONIO s/ EJECUTIVO. INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROMOVIDO POR   EDGARDO REMO BENVENUTO Y MIRTA MARIA ROSSI. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 308-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26|1993-10-06

El embargo es una seguridad jurisdiccional a la que no puede calificarse de chance o probabilidad de cobro sino de certeza. Por lo tanto, ese derecho de garantía no puede ser desconocido en sus efectos por vía de un acto de enajenación ajeno a la voluntad del embargante, sino menoscabo del derecho de propiedad lato sensu y del principio de buena fe que es basamento fundamental de las relaciones jurídicas y económicas.
Quiebra, calificación de conducta, sociedades comerciales, responsabilidad de los directores
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERARDI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

La práctica distribución interna de tareas entre los miembros del directorio, no los excusa de responsabilidad en todos aquellos aspectos en que se la confiere la ley.

La falta de ingerencia en la actividad societaria o la delegación de facultades en otra persona, no resulta relevante de responsabilidad, ya que por el cargo que ostenta, el director debe conocer la marcha de los negocios: tal delegación torna responsable al delegante ya que con su accionar posibilitó la actividad fraudulenta de otros.
Poder Judicial, Poder Legislativo, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q., M. E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 110 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Los tribunales no pueden "inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones".

El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial quepa pronunciarse, sino sólo cuando trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, dolo de un tercero
Materia: CIVIL
Carátula: BOTTINI, Agustín c/ TAREK MADE s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

Si el propietario no ha celebrado ningún acto jurídico de disposición del bien y es víctima de una maniobra dolosa de terceros, cualquier solución que so pretexto de mantenimiento de una apariencia, dejase el dominio en cabeza de un subadquirente, por más que fuese de buena fe, comportaría una privación del derecho conculcatoria de la garantía establecida en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Indemnización por accidente de trabajo, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEREDO LOPEZ, CESAR VIDAL c/ PETERSEN, THIELE Y CRUZ SA. CONST. Y MANDATOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-27

Corresponde actualizar el jornal promedio previsto en el Plenario número 231 entre el lapso que media entre la fecha del siniestro y la del alta médica, pues de lo contrario el trabajador se vería perjudicado en sus intereses al percibir una indemnización depreciada; el monto obtenido debe servir para fijar el crédito laboral que será reajustado desde la fecha del alta conforme el artículo 276 LCT. Esta solución de equidad neutraliza la degradación de la indemnización tarifada afectada por la inflación cuyos niveles no pudieron ser previstos por el legislador.
Impuesto a los activos financieros, retroactividad de la ley, bonos externos, publicación de la ley, boletín oficial, ley vigente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cic Trading S.A. c/ Estado Nacional (DGI) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La aplicación de la ley 23.757 no resulta retroactiva si la percepción de la renta de los Bonos Externos se produjo con posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial.
Proceso contravencional, medidas cautelares, levantamiento de clausura
Materia: AGRARIO
Carátula: Incidente de Apelación en autos Xu Yin Hua s/infr. Art. 73 ley 1472 (art. 29 LPC) s/ Incidente de apelación. 73 ley 1472 (art. 29 LPC) s/ Incidente de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

Corresponde a la parte que invoca la vulneración de un derecho determinar en que consiste esa afectación, máxime si existe peligro para la salud y la seguridad de terceros que ha sido efectivamente acreditada mediante informes técnicos de autoridades competentes.
Acción meramente declarativa, escribanos públicos, ejercicio profesional, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baffigi Fabricio c/ Colegio de Escribanos de la CABA s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-19

Cabe hacer lugar a la acción declarativa de certeza incoada contra el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires tendiente a que se exima al actor de rendir los exámenes orales y escritos para acceder a la titularidad de un registro notarial, en tanto acreditó siete años de antigüedad en la función notarial en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, pues si bien la entidad demandada rechazó tal pedido al argumentar que el ejercicio profesional debe corresponder al ámbito de la Ciudad, advierte que el criterio interpretativo adoptado por el Colegio de Escribanos parece ver a la conocida y ahora ensanchada Av. General Paz más que como un límite geográfico y jurisdiccional, como un límite que marca la idoneidad, lo que no supera el test de razonabilidad toda vez que no evalúa objetivamente a los postulantes que se encuentran en igual situación (escribanos con siete años de ejercicio de la profesión, sin importar en que jurisdicción) e importa asignar méritos disímiles según si tales funciones se ejercieron en la Ciudad de Buenos Aires o no.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, bienes
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARINI NELSO JOSE c/ ALZAPIEDI  S.A. s/ DECLARATORIA DE POBREZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-13

Para otorgar el beneficio, de litigar sin gastos, resulta adecuado ponderar críticamente todos los elementos de juicio, aportados por las partes, y si bien no se lo debe hacer en función de la dimensión económica del pleito que se pretende iniciar, ya que no ha sido esa la intención del legislador (art. 1109 C.P.C.) sino la importancia de los bienes y los ingresos del pretendiente; ante la desactualización evidente de los montos establecidos en el artículo citado, sería cerrar los ojos a la realidad más contundente el atenerse ciegamente a la literalidad del dispositivo, ya que por menesterosa que sea una persona siempre tendrá bienes o recibirá ingresos por encima de tan reducidos límites, lo que se debe tratar, es conjugar los diferentes intereses que se encuentran en juego a partir de una situación objetiva que observe: por un lado, el interés del Estado en recaudar por un servicio que le es propio y que debe garantizar por mandato constitucional (art. 5to. Const. Nacional y art. 153 de la Const. de la Provincia) y por el otro, el del particular, avalado también por normas de raigambre constitucional (art. 18 Const. Nacional y art. 49 Const. de la Provincia), que no se vea limitada por cuestiones estrictamente económicas, pero teniendo en cuenta que ese interés no resulta exclusivo de quién invoca este beneficio, sino que se encuentra en contraposición con el de quien va a ser demandado por alguien que en principio va a estar exento de riesgo económico y como consecuencia de ello puede verse envuelto en una aventura judicial que puede afectarle también un derecho de raigambre constitucional (derecho de propiedad art. 17 Const. Nacional), en virtud a la disposición de los art. 14 y concs. de la Ley 8226.-
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espilman, Epifanio Héctor c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

La deficiencia de motivación torna irrazonable el acto administrativo e invalida la sanción de cesantía aplicada por esa vía al agente, correspondiendo que la autoridad administrativa ejerza -dentro del marco de discreción fijado por la norma- su potestad disciplinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Debate, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VALLINOTTO, GUILLERMO FRANCISCO s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DERECHO DE DEFENSA - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1972-03-10

Es cierto que la ley ritual, en su art. 406 C.P.P., de conformidad con lo que estatuye el art. 136 de la Constitución de la Provincia, preceptúa, luego de establecer que en último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate y que a continuación "se establecerá por sorteo el orden en que los miembros del tribunal emitirán sus votos" y que, por su parte, el art. 407 C.P.P., determina lo que debe contener el acta de debate, entre ellos -inc. 7mo.- el resultado del sorteo previsto en el artículo anterior, no lo es menos que su omisión no está sancionada en forma expresa, bajo pena de nulidad, ya que no sólo ello no está previsto en dichos preceptos, sino que tampoco se halla comprendido en las situaciones que taxativamente contemplan los arts. 170, 171 y 417 del C.P.P. (Voto de la Mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley procesal penal, Cámara de Apelaciones, competencia funcional, reformatio in pejus, recurso de apelación (procesal), pretensión, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L, J.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SIN  NOMBRAMIENTO DE AUTORIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 460 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad incoado desde que la postulación recursiva queda reducida a la mera disconformidad de la recurrente con el criterio interpretativo que inspiró a la Sala actuante en orden a habilitar su competencia funcional para ingresar en el ámbito cognoscitivo de la autoría y responsabilidad del encartado, mediante una exegesis del derecho que aplicó al caso (art. 412 C.P.P.) , que no puede tildarse de grosera, absurda o irracional a punto tal de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional valido.

Repárese, en tal sentido, que la Cámara principió todo su razonamiento dejando bien en claro que el agravio del señor Defensor de Cámaras se había ceñido estrictamente al tema de la reducción del monto de la pena, mientras que el Fiscal de Cámaras, a su turno, postulaba la desestimación de esa pretensión, aclarando que tanto la autoría como la responsabilidad del proceso no se encontraban controvertidas, y que en atención al principio "tantum devolutum quantum apellatum" consagrado en el código de rito sólo podía expedirse sobre lo que había sido materia de agravio -itero, monto de la pena-.

Empero, esa objeción legal no resultaba aplicable en la especie, pudiendo, en consecuencia, examinar la totalidad del caso y no solamente con aquel límite (monto de la pena) desde que, en este particular caso, la defensa había solicitado en su hora la absolución del imputado por entender que mediaba el principio de la duda acerca de la tipicidad de la conducta reprochada por el actor penal.
Modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: SZWARCBORT DAVID c/ TOLDER SA s/ cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

El consultor técnico, bien que referido al aspecto concreto de su actuación, constituye una figura sustancialmente análoga a la del abogado, y por consiguiente, las razones que pueda exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (confr. Sala I, causa 357/97 del 3-9-1998 y su cita de doctrina). Ello explica que el juez no intervenga en su designación (salvo la hipótesis del art. 459 del Código Procesal) y que, por lo tanto, el consultor no tenga motivos para estar desvinculado de la parte que lo propuso, ni deba ofrecer los requisitos de objetividad e imparcialidad que se exige al experto designado por el magistrado (confr. arts. 465 y 466 del Código Procesal y Sala II, causa 3.980/94 del 3-11-1998). Consecuentemente, los jueces no se encuentran constreñidos a seguir puntualmente las conclusiones del consultor, cuya tarea, en lo sustancial, consiste en aportar datos y reflexiones técnicas que sirvan de base para el control de la eficacia probatoria del peritaje. De este modo, las partes cuentan con un auxiliar eficaz para ejercer su derecho de defensa en un ámbito técnico que les es desconocido.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández Kulisek e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

La responsabilidad por el riesgo de la cosa que establece el art. 1113 del Código Civil no resulta enervada en supuestos en los que se crean presunciones de causalidad concurrentes sobre el dueño y guardián de cada vehículo, quienes deben afrontar los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes.
Jornada de trabajo, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Rego, José c/ Tolkeyen SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

El trabajo realizado en horas suplementarias, como dato de la realidad ("hecho" en lenguaje procesal) puede ser demostrado por cualquier medio de prueba, presunciones y testigos incluidos.
Responsabilidad del banco, rendición de cuentas, cuenta corriente bancaria, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: REY, FELIX c/ BANCO BANSUD SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Teniendo en cuenta que el cliente de un banco es un consumidor, la Ley 24240 consagra la protección de sus intereses económicos, otorgando derecho a los usuarios o consumidores a ser informados adecuadamente, ello con explícita base constitucional (art. 42 de la C.N.) de alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento. (En el caso, se condeno al banco accionado a rendir cuentas sobre la operatoria que lo vinculo con el accionante, esto es un contrato de cuenta corriente bancaria).
Elecciones provinciales, derecho de voto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-09-20

Aunque existieron irregularidades en el acto comicial, algunas graves, no tienen una entidad suficiente para alterar sustancialmente el resultado final del escrutinio, por cuanto sobre tres mil seiscientas una mesas (3.601), sólo sesenta y dos (62) son las irregulares, cantidad irrelevante en el resultado final, y conforme lo establece expresamente el art. 117 del Código Electoral Nacional para anular las elecciones generales es preciso que "la mitad del total de sus mesas fueran anuladas por la Junta" (del voto del Dr. Ibáñez).