Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT N º 400	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Arriola José Francisco y otra vs. Gómez de Di Nella María Ester Fátima y otro s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Municipalidad demandada plantea recurso de casación (cfr. fs. 428/436 vta.) contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 15 de septiembre de 2006 obrante a fs. 405/416 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 07 de mayo de 2007 (cfr. fs. 447 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 816 in fine del CPCC, norma de aplicación supletoria al fuero por expresa remisión del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal del recurso interpuesto, la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por el tribunal de grado, la primera cuestión a examinar es justamente si éste ha sido correctamente concedido.

El recurso ha sido incoado en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se ha cumplido con el depósito exigido por la ley ritual (cfr. fs. 427); la presentación recursiva se basta a sí misma y se funda en cuestiones de derecho. En consecuencia, el recurso en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la Municipalidad demandada para fundar su recurso de casación, que el fallo impugnado incurre en arbitrariedad, pues luego de ponderar una a una las declaraciones testimoniales de los involucrados en los hechos conforme surge de la causa penal, que no fueron objeto de contradicción y de donde el sentenciante va recogiendo los dichos que sólo expresan la culpa propia de la víctima, termina aferrada a una prueba donde la Municipalidad formula cuáles serían los recaudos de seguridad que debían observarse ante una eventual concesión del servicio del Lago San Miguel y volviendo arbitrariamente sobre sus consideraciones, concluye en la existencia de culpa concurrente entre la víctima y el Municipio.

Los agravios desarrollados al efecto, en lo pertinente y debidamente confrontados con las razones que expone el tribunal al respecto en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderarlos al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso en consideración.

IV.- ¿Asiste razón a la parte demandada cuando imputa al Tribunal a quo haber incurrido en arbitrariedad por inadecuada valoración del cuadro probatorio tendiente a demostrar la existencia de responsabilidad concurrente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de la víctima y sus cuidadores, en la producción del daño?	Con la modificación introducida al artículo 1113 del Código Civil por el Decreto -Ley Nº 17.711 se incorporó como factor de imputación de responsabilidad, además de la culpa, otros de índole objetiva para un equilibrio más perfecto, a fin de satisfacer las exigencias de la justicia distributiva.

Estos fundamentos objetivos son la garantía (artículo 1113, 1er. párrafo del Código Civil), el riesgo creado (artículo 1113 2º párrafo parte 2º) y la equidad (artículo 907).

En materia de derecho público, se prescinde de la idea de culpa y con apoyo en los artículos 1112 y 1113 del Código Civil, se establece la responsabilidad objetiva basada sustancialmente en el requisito de "antijuridicidad".

La norma contenida en el artículo 1113 comprende dos situaciones de responsabilidad atribuida al principal: a) daños causados por los dependientes; b) responsabilidad derivada de las cosas de las cuales una persona se sirve o tiene a su cuidado, en las que se distingue el daño causado "con" las cosas del ocasionado "por" el riesgo o vicio de la cosa.

Tratándose de la responsabilidad estatal, la imputabilidad presupone la factibilidad que un hecho u omisión dañoso, concretado por un agente público en ejercicio de sus funciones, o en ocasión de las mismas, o bien con cosas que pertenecen al dominio estatal, pueda ser atribuido materialmente al Estado. Tratándose de una cosa riesgosa de propiedad estatal, la imputabilidad material surge evidente.

Sin embargo en el caso de autos, estimo que el fallo concluye adecuadamente, que se encuentra acreditado que el accidente ocurrido obedeció no sólo a la culpa exclusiva de la víctima y sus cuidadores sino, en forma concurrente, con el Municipio como dueño de una cosa riesgosa -Lago-, concomitantemente por falta de medidas de seguridad adecuadas que tal índole del bien dominical imponía.

Con relación a la víctima, se ha acreditado su imprudencia al igual que la de sus cuidadores, pero conviene destacar que unos y otros eran menores de edad.

Asimismo con relación a la accionada, los supuestos guarda-vidas (señores David y Diego Santamaría) no eran tales, ya que en sus declaraciones de fs. 276 y 277, sostuvieron que sus tareas eran trasladar en lancha a personas realizando paseos; que al ver uno de ellos a la víctima en el agua le advierte que debe salir; que a él sólo le competía el control de los botes y bicicletas que circulaban en el agua; agrega que vio algunos niños bañándose, pero continuó con su labor. La propia demandada reconoce la inexistencia de servicio médico de emergencia.

En cuanto a la relación de causalidad, se trata de determinar si la omisión de la demandada era ordinariamente apta para provocar el daño. En tal supuesto este será objetivamente atribuible al Estado por guardar dicha omisión una relación causal adecuada.

La carga probatoria de la existencia del nexo causal se encuentra, en todos los supuestos, en cabeza de quien lo invoca; vale decir que en este caso, la prueba corresponde al actor.

Recordemos que recién, acreditada la relación causal objetiva, cobra vigencia actual examinar si el dueño o guardián probó que "...que de su parte no hubo culpa" o, en su caso, "...acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder".

El fallo, acertadamente, tiene por demostrado que el siniestro aconteció no sólo por la culpa exclusiva de la víctima sino, en forma concurrente, por la conducta imprudente de esta, la negligencia de sus cuidadores (también menores Daniel Vera de 16 años y Carla Noelia Piedrabuena de 15 años, al igual que los demás niños a los que cuidaban, ver fs. 7) y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en el Lago por parte de la demandada, a cuyo cargo se encontraba la obligación legal de implementar los medios tendientes a procurarla y evitar la producción de accidentes de quienes disfrutan del lugar de esparcimiento.

En este sentido, el Municipio independientemente de su responsabilidad en su carácter de dueño o guardián del Lago San Miguel donde ocurrió el siniestro por lo ya señalado, observó una conducta omisiva antijurídica coadyuvante con la producción del daño. La antijuridicidad de tal conducta omisiva, determina la existencia de "falta de servicio", configurada por no cumplir, sino de una manera irregular, los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.

Este concepto al que Cassagne denomina "ilegitimidad objetiva" y que se traduce en la disconformidad del acto, hecho u omisión con el ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales, es lo que la doctrina ius privatista denomina "antijuridicidad".

La noción de "falta de servicio", estructurada positivamente en el artículo 1112 del Código Civil, se fundamenta en el principio unitario de la responsabilidad estatal que exige "afianzar la Justicia" restableciendo la igualdad alterada por el daño ocasionado al particular por el hecho, acto u omisión administrativa.

En esta perspectiva, la sentencia analiza puntualmente las pruebas y constancias de autos (artículos 1074, 1113, 1112 y cc. del CC) para determinar si hubo conducta antijurídica omisiva del Municipio, concurrente con la culpa de la víctima y sus cuidadores en la producción del daño, llegando a la conclusión que hubo omisión del deber de seguridad del Municipio en el Lago de su propiedad, según propias reglas que en su criterio, serían las adecuadas para incorporar en un pliego de concesión. Vale decir, la propia Municipalidad establece cuáles deben ser las medidas de seguridad que deben observarse en el Lago, lo cual independientemente de que hayan sido sugeridas para ser incorporadas en un pliego para acordar una concesión, igualmente deben ser observadas por la Municipalidad exista o no dicho contrato ya que a los efectos del tema seguridad, este último aspecto resulta intrascendente.

Adviértase que en el informe de fs. 196/198, de la Coordinadora de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la demandada, teniendo en cuenta el tipo de población que acude al Lago San Miguel (niños, adolescentes, adultos, destacando especialmente la vulnerabilidad de los más pequeños en cuanto en sus juegos no son acompañados por adultos), propone una serie de medidas de seguridad, que considera según sus propias palabras, "requisitos ineludibles, necesarios y obligatorios", las que detalla a continuación, independientemente, reitero, que las mismas hayan sido sugeridas para incorporar a un futuro pliego de concesión. Incluso la citada funcionaria destaca que en diversas oportunidades ha solicitado información sobre otras medidas de seguridad existentes en el Lago, sin haber obtenido respuesta alguna.

La aludida circunstancia el hecho o la conducta omisiva del Estado interesará al derecho, en la medida que tal omisión implique un incumplimiento de una obligación legal, pues, como sostiene Marienhoff ("Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del Derecho Público", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pág. 12), si el deber jurídico no existiere, el hecho omisivo carece de sanción y el derecho se desentiende de él.

Así, los artículos 1074 y 1112 del Código Civil hacen referencia a la "omisión" en el plano extracontractual, consignando el primero de ellos, que el que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, sólo será responsable cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir con el hecho omitido.

Considero que en la especie no cabe una interpretación literal, sino comprensiva de toda disposición emanada de autoridad competente, inclusive de normas implícitas.

La omisión antijurídica requiere entonces, incumplimiento de una obligación legal expresa o implícita.

Desde esta perspectiva, en el caso si bien no se acreditó la existencia de una reglamentación expresa sobre medidas de seguridad en el Lago, el informe de fs. 196/198 contiene referencias específicas a la cuestión sometida a examen, vale decir, implícitamente establece la obligación legal de la demandada de procurar la existencia de protecciones y condiciones de seguridad a las que hace referencia la actora, amén de los reiterados requerimientos a los que alude la Coordinadora de Gestión de Riesgo y Protección Civil, como autoridad competente.

Los argumentos de la sentencia tendientes a justificar la responsabilidad concurrente del Municipio por ausencia de adecuadas medidas de seguridad, constituye una cuestión fáctica que ha sido adecuadamente ponderada por el tribunal, sin que se advierta en su razonamiento arbitrariedad alguna. Pese al esfuerzo de la demandada por demostrar la existencia de arbitrariedad, el fallo pondera las pruebas y argumenta con suficiencia, en base a ellas, las razones por las que considera que existe responsabilidad concurrente de la Municipalidad con la víctima y sus cuidadores, considerando acreditados los requisitos que surgen de la aplicación supletoria de normas del Código Civil, para responsabilizar al Municipio por su conducta omisiva.

Por otro lado, la sentencia se encuentra claramente motivada, ya que puntualmente pondera las pruebas pertinentes para determinar si hubo o no conducta antijurídica del Municipio productora de daños. Estas cuestiones si bien fueron rebatidas por la recurrente, no lo fueron con suficiencia, habida cuenta que la Municipalidad se limitó a insistir en su modo de analizar los hechos y las pruebas, pero no demostró la arbitrariedad que predica.

En razón de lo expresado, la supuesta arbitrariedad del fallo no aparece configurada. El pronunciamiento cuestionado, se funda en una valoración razonable, suficiente e integradora de todas las probanzas pertinentes producidas en autos, para inferir la conclusión sentencial a la que arriba. Tampoco se advierte, la alegada violación a normas de derecho con entidad suficiente para justificar la descalificación de la sentencia en análisis.

En mérito a ello, considero que el recurso incoado debe ser rechazado por improcedente. Voto porque así se declare.

IV.- Por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia recursiva deben imponerse a la vencida, demandada en autos (artículos 106, primera parte, del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR con pérdida del depósito de ley, al recurso de casación incoado por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 15 de septiembre de 2006, obrante a fs. 405/416 vta. de autos, conforme lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.