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Nulidad procesal, nulidad de sentencia, defraudación, calificación legal, empleados públicos, saneamiento del vicio, reformatio in pejus, omisión de pena accesoria, pena de inhabilitación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: JASPE, Rodolfo s/ NULIDAD DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que condena aplicando el art. 174, inc. 5°, C.P. y, no obstante considerar por un lado que el encausado sería un empleado público en los alcances de la significación del art. 77, C.P., aquel razonamiento no es retomado ni mencionado al momento de graduar la sanción que corresponde al mencionado delito.

Por otra parte, ante la ausencia de recurso fiscal, tal falencia no podría ser subsanada en esta instancia, pues ello implicaría violentar el principio de "non reformatio in pejus", pero, por otro lado, tampoco resultaría posible (si así surgiera del análisis de la prueba) confirmar el decisorio apelado, dictado en violación a los preceptos contenidos en el art. 495, regla cuarta, punto 6°, "in fine", C.P.P.

Si bien en la solución de las sentencias que vienen recurridas se trata de subsanar alguna deficiencia u omisión, que ellas puedan presentar, a fin de acudir a la nulidad como último remedio, la sanción dispuesta carece de inhabilitación que, a modo de pena conjunta, imperativamente prescribe para el delito en cuestión el último párrafo del art. 174, C.P.
Seguros, denuncia del siniestro, obligaciones del asegurado, mora
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: REVESTIMIENTO  SILVESTRI  SA c/ LA  ECONOMIA  COMERCIAL SA  DESEGUROS GENERALES S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-30

Si la denuncia de un siniestro aparece ingresada a la aseguradora luego de vencido el plazo que fija la ley 17418 art. 46, sin que se invocara ninguna causal atendible que hubiere impedido cumplir debidamente con la carga de denunciar en tiempo de ley (LS art. 46 y 47), y la aseguradora, el mismo día que la recibió la rechazo negando la cobertura; aun cuando el rechazo se fundará en incumplimiento contractual, significó el "pronunciamiento" que establece la ley 17418 art. 56 y descarta el supuesto de "omisión de pronunciamiento o silencio del asegurador"; de manera que nada impide que en el futuro pueda, aquella, esgrimir las defensas que surgen de la ley.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), guarda del menor
Materia: PROCESAL
Carátula: CHACON    ANGELA  BEATRIZ,  NICOLAS  ALEJANDRO  Y  NATALIA  ELIZABETH s/ SU GUARDA S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-31

Al no revestir el carácter de definitividad no existe impedimento alguno, -en caso de revertirse la situación del caso particular-, para intentar en la vía ordinaria la pretensión, cuando se reúnen todos los requisitos que hagan de la guarda, una realidad completa que encare todos los aspectos necesarios para su otorgamiento. Que, ello se desprende del articulado de la Ley Nacional 23.849 (concretamente, art. 26, incs. 1 y 2), vigente en la Provincia de Santa Cruz en virtud de la Ley Provincial 2.325, debiendo observarse y ser aplicada como la normativa lo señala, esto es, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, beneficio de litigar sin gastos, estado de indigencia, falta de fundamentación, daño ambiental
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Shell C.A.P.S.A.  y otra. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que concedió el beneficio de litigar sin gastos por entender que -ante la invocación de graves y económicamente cuantiosos daños ambientales- se tornaría ilusoria la protección y legitimación prevista en el texto constitucional, pues si bien no es exigible acreditar un estado de indigencia, sí resulta necesario que el solicitante demuestre que no se encuentra en condiciones de hacer frente a los gastos causídicos (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Y., E. A. c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-28

Si bien las cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ya que por su índole no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la causa -máxime cuando se trata de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, pues en estos casos la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación particularmente restringida-, tal principio reconoce excepción cuando lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona derechos constitucionales invocados por el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada, sin fundamentación idónea o suficiente, lo que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho a la salud, fertilización asistida, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: BERRUTI, María de las Mercedes c/ Osde Binario S.A. s/ sumarisimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-16

La acreditación de la ilegitimidad de la omisión en dar cobertura al tratamiento de fertilización asistida, no debe quedar supeditada a que exista un grave riesgo de afectación a la vida o la salud de las personas. Por el contrario, entienden que basta con la mera afectación del derecho a la salud
Cómputo de servicios, relación de dependencia, cesación de servicios, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIOLLARO, DOMINGO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-29

En los casos de acumulación de servicios en relación de dependencia comprendidos en distintos regímenes, procederá la acumulación de los haberes respectivos únicamente cuando al cese de servicios se acredite derecho a la prestación, independientemente, en los respectivos regímenes que lo comprendan (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, 24.9.90, "DE OLIVERA CEZAR, José Antonio"). Ello implica que la condición exigida por el art. 43 de la ley 18.037, frente a la especial reglamentación que efectúa el art. 9 del decreto 3319/83 (reglamentario de la ley 22.955) debe ser cumplida dentro de la línea de servicios que se pretende hacer valer, lo cual se compadece con el criterio estricto y riguroso con que deben interpretarse las normas que conceden beneficios especiales.
Mediación, mediación obligatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La ley 24.573 instituye con carácter procedimiento que precede a la actividad jurisdiccional y que tiene por finalidad promover "la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia" (art.

1º, primer párrafo).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, lucro cesante, licencia de taxi, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KIEL, PABLO c/ NAVARRO, ROMULO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-01

Si bien cabe presumir que quien adquiere un vehículo habilitado con licencia de taxímetro y dotado con reloj lo hace para explotarlo como tal, en realidad ello no constituye un principio general incontrovertible puesto que no en todos los casos se plantea una situación similar; es perfectamente posible que el eventual adquiriente resolviese utilizar particularmente el vehículo -mudando su destino- o que lo hubiera comprado para revender o cualquier otro propósito distinto a la explotación como taxímetro. En consecuencia para que proceda el reclamo por lucro cesante se debe acreditar que sus actividades habituales al momento de la compra del vehículo o las previstas para el futuro se relacionaban con la explotación de taxímetros.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Franco, Raúl Abel c/ Miles Sala, Marta Edith María y otra s/ Indemnización por daños y perjuicios (art. 1113) Gallardo Gatica, Angel c/ Pama S.R.L. y ots. s/ Daños y perjuicios Mastromateo, Juan Carlos c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28|2001-02-21|2002-02-19

La inaccesibilidad de la casación al tema de la determinación del monto indemnizatorio otorgado por un infortunio laboral admite la razonable excepción de una valoración absurda.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Piriz, Ernesto René c/ El Expreso Libertad S.A. s/ Enfermedad accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

El criterio discrepante en el modo de apreciar los elementos de prueba sobre los cuales asienta su conclusión el tribunal a quo no permite acreditar la existencia de absurdo.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA, LUCIO ARCANGEL c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (NIVEL MEDIO) s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION FORTUNA MARIA ELENA c/ SUPERIOR GOB. DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-11|2006-02-23

Resulta ineficaz la expresión de agravios que se limita a consignar una mera disconformidad con lo resuelto por el sentenciante, ya que la misma supone como carga procesal una exposición jurídica, en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado, se evidencia su injusticia, por lo que corresponde declarar desierto el recurso de apelación intentado.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arias, Luis c/ Liscia, Sergio s/ Incidente de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

En los supuestos susceptibles de apreciación pecuniaria el monto del juicio a los fines arancelarios debe mensurarse mediante el interés puesto en juego por las partes.
Error judicial, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: G., M.S. y Otros s/ Tercería de Dominio en autos "C., C.L.M. y otros c/W.M., R.H. s/Cobro de Haberes e Indemnización de Ley"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

"Los errores in iudicando escapan a la órbita propia del recurso de nulidad y no son causal de ella, ya que el objeto del recurso no consiste en obtener la revisión de un pronunciamiento que se estima injusto, sino en lograr la rescisión o invalidación de una sentencia por haberse dictado sin sujeción a los requisitos prescriptos por la ley".
Jubilaciones, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ABELLO, RICARDO HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

Debe reconocerse el derecho del recurrente a que no se le liquiden haberes jubilatorios que no respeten el porcentaje del 82% entre lo que perciba y lo que hubiera efectivamente percibido (previo los descuentos legales) de continuar en actividad en un cargo remunerado con la categoría en que revestía.
Recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: CIVIL
Carátula: GUEVARA HECTOR RICARDO S.D. LESIONES LEVES E.P. DAVILA NANCY ELIZABETH s/ CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-04

La competencia para resolver el recurso de apelación deducido por la Unidad Fiscal Frias contra la resolución del Juez de Control y Garantías, es la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones. Ello así, por cuanto el recurso de apelación interpuesto se tramita de conformidad al nuevo ordenamiento procesal. Pues, a partir del 2 de mayo del año 2012 se encuentra vigente el Reglamento Transitorio -aprobado por resolución nº 3/2012 de la autoridad de aplicación de la ley nº 6.986- el que ordena en su articulo 4 º
Apartamiento de la doctrina de la corte, procedimiento laboral, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Pastore, Adrián c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Corresponde revocar la sentencia dictada en un juicio laboral dado que el a quo resolvió apartarse de lo dispuesto por la Corte en la misma causa. El apartamiento de la cámara resulta ostensible pues, desconoció la relevancia que esta Corte había asignado a determinados extremos para esclarecer la índole de la vinculación que existió entre las partes. Asimismo, la alzada restó toda importancia al desempeño del actor para otros centros de salud, lo que revela una apreciación sesgada del material probatorio que resultaba idóneo para demostrar que no se hallaba configurada la dependencia económica, característica de las relaciones de índole laboral. En consecuencia, la decisión impugnada consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por este Tribunal por lo que corresponde su descalificación.
Entidades financieras, Banco Central de la República Argentina, deudas impositivas, intervención de terceros
Materia: ECONOMIA-TRIBUTARIO
Carátula: D.G.I. c/ Iberá S.A. Inversiones y Mandatos s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-21

La sentencia que concluyó que el pago parcial efectuado por el banco citado como tercero al juicio había implicado la asunción de toda la deuda que mantenía el demandado con la DGI por recaudaciones de tributos, sobre la base de lo establecido por el art. 721 del Código Civil, omitió considerar el régimen especial que contempla la normativa federal y la actuación del organismo que tiene a su cargo la aplicación de ese cuerpo legal, con todas las facultades acordadas de regulación y fiscalización de las entidades financieras comprendidas en el art. 2° de la ley 21.526
Regímenes jubilatorios especiales, docentes, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kitzis, Arnoldo c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La decisión del IPS consistente en negar eficacia a la prueba testimonial -tendiente a acreditar la prestación de servicios como docente- producida ante el organismo previsional en los términos de la ley 10002 con fundamento en que la denunciada ante el organismo nacional se refiere a la enseñanza de la música, mientras que la prueba testimonial e instrumental se refiere a la enseñanza del dibujo no resulta razonable.
División de poderes, deberes y facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Douglas, Alicia Jimena c/ Btc S.A. s/ ordinario (i) s/inaplicabilidadde ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-08-05

Si bien es cierto que el magistrado posee un margen de libertad en la aplicación del derecho, debe hacerlo dentro del marco de posibilidades que le otorga la norma, pues de lo contrario estaría asumiendo funciones propias del legislador, aspecto vedado a los jueces, quienes no pueden juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, y deben limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Sociedad cooperativa, actos cooperativos
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLINA,  ALFREDO  Y  OTRO c/ SERVICIOS ESPECIALES COOP. DE CRED.VIV. Y CONS. YA LTD S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-16

Uno de los efectos que trae la calificación de cooperativo de un acto, es su indivisibilidad o inseparabilidad de la propia relación entre la cooperativa y sus asociados, de tal manera que las reglas del derecho común correspondientes a su naturaleza substancial deben ser aplicada en armonía en el régimen de la Ley 20337 y con las normas estatutarias de la entidad. De allí que el acto cooperativo esté regido, en primer término, por el derecho cooperativo -ley, estatuto y principios generales del derecho cooperativo, sin desmedro de la trascendencia de la doctrina cooperativa como fuente de este último- y en segundo lugar, por el derecho común aplicable a la figura contractual cuya forma asuma. Dicho en otras palabras, la primera consecuencia del reconocimiento de la existencia del acto cooperativo consiste en que para caracterizar a la relación de las cooperativas con sus asociados -y, consiguientemente, para resolver los conflictos de ella derivados- deben aplicarse las normas específicamente cooperativas, es decir la Ley de Cooperativas, el estatuto y los principios del Derecho Cooperativo, y sólo subsidiariamente las normas que rigen a los institutos jurídicos afines o de los cuales adopta su forma (Cracogna, Dante, Conflictos societarios en las cooperativas, LL Gran Cuyo 2006, mayo, 503). Todo ello, claro está, si teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso no es necesario ponderar a los fines de resolver el litigio algún otro principio del derecho en colisión que tenga mayor peso, y sin que tal conclusión implique invalidar alguno de los sistemas en juego (conforme SCMendoza, Sala I, "Pereyra Gladis E., c/ Cooperativa de Vivienda Mariano Moreno Ltda.", del 11/04/2005).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia, tasa de justicia, pago, costas al vencido
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Telecomunicaciones Internacionales de Argentina Telintar S.A. y otros c/ Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Mrio de Economía y Obras y Servicios Públicos). s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La tasa de justicia no debe ser exigida como condicionante previo del acceso a la jurisdicción, sino que para evitar cualquier tipo de cercenamiento de la garantía constitucional todo pago debe realizarse al finalizar el pleito y por parte de quien ha resultado vencido (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, facultades del juez, mandato preventivo, propiedad horizontal, bienes inmuebles, obras nuevas y modificaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MINERVINO, PEDRO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS AVDA. PELLEGRINI 433/5/7 s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-14

Escapa a la materia del recurso de inconstitucionalidad intentado la postulación dirigida a atribuir arbitrariedad al despacho del mandato preventivo ordenado por la Cámara- que insta a las partes a realizar obras de reparación en el inmueble a fin de evitar daños a terceros- desde que dicha temática encierra tan solo un fuerte disenso interpretativo sobre un instituto que ha merecido favorable acogida por la doctrina y jurisprudencia, formando parte de una corriente procesal adoptada por los jueces , dentro de un ámbito que queda reservado al ejercicio de funciones propias de éstos, y por ende, exenta de revisión constitucional.

En el caso, el despacho preventivo estuvo sustentado en las constancias de autos, en especial la duración del pleito, la amenaza de peligro inminente que representaba para la salud y/o bienes de terceras personas el estado actual de deterioro de las unidades; y la pasividad tanto de los actores cuanto del consorcio demandado respecto a la realización de obras mínimas de prevención y mantenimiento sobre dichas unidades. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Netri) (Doctrina: Peyrano, Jorge W., "Procedimiento Civil y Comercial 1, Conflictos Procesales", T. 1, Ed. Juris, Rosario, 2002, pág. 92 y s.s.)
Bien de familia, afectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: CENTRO PUEYRREDON  S.A. c/ MUÑOZ, PEDRO s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Para determinar la prevalencia de la fecha de inscripción del bien de familia, debe tenerse en cuenta la del hecho generador de la obligación, fecha del contrato o hecho ilícito, independientemente de que, si es ella de origen contractual, con posterioridad se produzca el incumplimiento y el surgimiento de la deuda que se pretende ejecutar con la interpretación contraria se burlaría este aspecto que hace a la buena fe negocial, art. 1198 del C.Civil, mediante el fácil procedimiento de afectar el inmueble al régimen después de haber contratado, y de ese modo colocar al otro contratante en la imposibilidad de cobrar su crédito si no existen otros bienes ejecutables en el patrimonio del deudor.
Contrato de trabajo, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON, JORGE c/ COINFORM  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La función de vigilancia es una de aquellas que el curso de los hechos ha hecho cada vez más que especialidad, que se cumpe por parte de empresas que se dedican específicamente a tal fin, y que, por tanto, hacen más restrictiva la interpretación de lo que se debe entender por contratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento.
Contrato de trabajo, empleo público, reglamentación de la ley, personal contratado, Instituto de Obra Social del Ejército, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: López  Bilbao,  Luis  María c/ Instituto  de  Obra  Social  delEjército IOSE s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-14

A los fines de reparar los perjuicios que experimentan los empleados contratados a soslayo de las previsiones de la regulación de las relaciones de empleo público (en el caso personal contratado del IOSE), frente a su exclusión de la carrera administrativa -presupuesto de la estabilidad- y fuera de las excepciones previstas por el art. 9 de la ley 25.164 y los decretos 1481/01 y 1421/02, es lícito el recurso a la analogía con normas del derecho público. Así corresponde recurrir al artículo 11 de la ley 25.164, que prevé una indemnización por cese de un mes de remuneración por año de servicios o fracción mayor de tres meses. (Criterio sostenido por la Dra. Vázquez cuando fuera Fiscal Adjunta en la causa "Olguín, Alberto E. c/Estado Nacional", dictamen 42.200 del 9/5/06 Expte. Nº 7232/04 de la Sala I).
Recurso de casación, conducta procesal
Materia: CIVIL
Carátula: GUAMAN VDA. DE GOMEZ MARÍA EUGENIA c/ GRIGUOLI ANITA ISABEL s/ COBRO DE PESOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-16

No es revisable en la instancia extraordinaria casatoria, la calificación de la conducta procesal de la recurrente en los términos del art. 45 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y la aplicación de la multa por éste prevista, por constituir esta vía cuestión de hecho, privativa de las instancias ordinarias y exenta de censura en casación. Sólo la alegación del absurdo o la arbitrariedad, y su consecuente acreditación, facultaría la apertura de la sede extraordinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)