marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Perturbación del ejercicio de la función pública, delito de resultado, diputados nacionales
Materia: PENAL
Carátula: Ameri, Juan Emilio c/  s/ estorbo del acto funcional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-21

La figura de perturbación del ejercicio de funciones públicas (art. 241, inc. 1, del Código Penal), se trata de un delito de resultado, pues se requiere que la actividad del cuerpo legislativo se haya resentido y turbado de una manera efectiva a causa de esa perturbación, por ello, al besar el seno de una mujer en plena sesión parlamentaria que se estaba llevando a cabo por vía remota, el acusado se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción reprochada, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate.
Empleados públicos, derecho a la carrera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sampieri María Laura c/ Hospital Central de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-13

La carrera administrativa si bien está vinculada con el derecho al ascenso (entendido como el progreso en la situación jerárquica del funcionario), salvo los casos de promoción automática, no implica un derecho subjetivo y menos aún a que el mismo se dé con carácter general, ya que la selección necesaria y la estructura piramidal de la Administración Pública se oponen a ello. Las normas aplicables -estatuto y escalafón del empleado público- se inclinan por el criterio del mérito en aras de la profesionalización del servicio y en salvaguarda del derecho a la carrera.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción de amparo, bien jurídico protegido, trámites judiciales, medidas urgentes, leyes, interpretación de la ley, celeridad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la constitución de Tribunal plenario en los juicios   De amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

Los preceptos de la ley especial de amparo nro. 7053 se compadecen con la disposición constitucional que introdujo el recurso en nuestra provincia (artículo 17 de la Constitución de la Provincia). En ella se prevé el funcionamiento de un recurso jurisdiccional de "trámite sumario", lo que se compadece a su vez con la previsión de la parte final del mismo precepto: admite dicho recurso "siempre que no pudieran utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable. Obviamente que el "trámite sumario" previsto no es el juicio sumario legislado en el código procesal, sino un procedimiento breve, expeditivo, r pido, acomodado precisamente a la índole de los derechos que se pretenden tutelar con el mismo y a la inminencia del daño grave e irreparable. (Del Voto del Dr. Gómez).

En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Extorsión, tentativa, delito experimental
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, JORGE s/ EXSORCION  -  TENTATIVA  -  DELITO  FRUSTRADO - DELITO EXPERIMENTAL -  PARTICIPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-06

Responden, respectivamente, como autor y partícipe primario de tentativa de extorsión (cp, 45 y 168), el que con amenazas telefónicas logró intimidar a la víctima que -asesorada por la policía, ante la que había formulado denuncia -depositó un sobre que contenía un fajo formado por nueve billetes de un dólar y papeles de diario y no la cantidad exigida, en el sitio indicado por el extorsionador, y quien cumpliendo lo acordado con el autor retiró dicho sobre de donde colocara la víctima, circunstancias en que fue aprehendido por los policías que vigilaban el lugar.

El hecho, en el caso, permanece en grado de tentativa por no existir un desapoderamiento efectivo, ya que la consumación es sólo experimental. Ello porque la presencia de los agentes de la autoridad no puede tener la virtud de obrar como factor de una consumación que debe ser impedida.
Medidas cautelares, tutela anticipada, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: "Marty,  Belen  Oda c/ EN  -AFIP-  DGI (COC)- 3210/11 s/ habeasdata".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha resuelto, por un lado, que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos: 323:3075 y sus citas; 329:28 y 4161), así como aquella otra que resalta que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de peligro irreparable en la demora (Fallos: 329:3890; 4161 y 5160, entre otros), el que debe ser evaluado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849).
Nulidad procesal, teoría del fruto del árbol venenoso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ercolini, Julián y otros  c/  s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-21

El art. 172 del CPPN establece que cuando se declare la nulidad de un acto, esta hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan, y es una declaración inspirada en la doctrina del fruto del árbol envenado. Dicha teoría, receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes, representa una extensión de la regla de exclusión a todos aquellos actos que fueron dictados como consecuencia del acto viciado. En consecuencia, deberán quedar excluidas del proceso en contra de los acusados, todas aquellas evidencias que son fruto de la ilegalidad originaria.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ N. C. D. S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-04-19

Resulta absolutamente inocuo pretender extender los efectos del Acuerdo 4/2018, a los actos procesales cuya producción debían efectuarse en la sede de este Tribunal, por el solo hecho de tratarse de litigantes de la ciudad de Comodoro Rivadavia, o por aplicación de la ampliación del plazo por razones de distancia. En primer lugar, y tal como el recurrente lo admite la suspensión de los términos legales y judiciales se estableció únicamente para la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia de manera que no existía un régimen de excepción aplicable en la sede del Superior Tribunal.
Acción penal, secuela de juicio, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO ALBINO ROGELIO s/ ACCION PENAL - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-26

No cualquier acto dentro del juicio -entendido este en sentido estricto-integra la secuela interruptiva de la prescripción, sino solo aquellos que emanados del órgano jurisdiccional, adoptados por iniciativas o a requisición o petición de las partes, importen la prosecución activa del procedimiento y se encaminen a su desenlace normal: la sentencia.

M as precisamente: debe tratarse de un acto persecutorio que cause impulsión del procedimiento, el que mueva la maquinaria procesal activando sus consecuencias, de modo que mantenga su vitalidad y prosiga su desarrollo como efecto dinámico del acto mismo, lo que requiere la acción afectiva del órgano jurisdiccional dictando sus decisiones impulsivas del procedimiento del juicio penal. Por ello, los actos procesales del Ministerio Fiscal y las partes no son secuela del juicio, desde que no actúan directamente sobre el proceso, ni mueven su maquina funcional; se dirigen al Tribunal y necesitan ser traducidos por este en actividad procesal para ejercer influencia sobre el juicio y su desarrollo.

En tal sentido y a modo de ejemplo, puede decirse que son actos de secuela de juicio: la citación a juicio, el decreto que ordena una instrucción suplementaria, la designación de audiencia de debate, las resoluciones ordenatorias sobre la unión y separación de juicios, la realización del debate, la deliberación, la sentencia y lectura de sus fundamentos (Voto del Dr, Manuel Ayan).-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Vista la vasta línea argumental para la consideración de la pena que debe establecerse para el delito tentado, es dable reproducir la versión que se da por el artículo 44 del Código Penal que expresa "...la pena...se disminuirá de un tercio a la mitad". La redacción de la norma vista desde su integración formativa, conceptualmente no dice que la pena se disminuirá "en un tercio a la mitad", sino que consigna lo reproducido "de" un tercio a la mitad, y adentrándonos en nuestra lógica idiomática para desmenuzar el texto en análisis se tendrá que aceptar que al decir "de" y no "en", pocas dudas podía caber sobre cual debe ser la interpretación definitiva. Nuestro idioma rico en giros idiomáticos exige el cuidado de la aplicación justa para definir situaciones como la que nos convoca, y atento la utilización de los términos en que se redacta el artículo en cuestión, no podemos contribuir a la confusión. Ante lo expuesto, el criterio interpretativo para la fijación de la sanción aplicable en caso concreto en delitos tentados, será el tercio del mínimo y la mitad del máximo. (Del Voto del Dr. Bassó). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Derechos humanos, tratados internacionales, ius cogens, obligaciones internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La doctrina relacionada con obligaciones internacionales de un rango superior que prevalecen sobre las normas legales nacionales existía ya antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente recibió el apoyo de diversos publicistas de derecho internacional en el sentido de que la prohibición de ciertos crímenes internacionales reviste el carácter de ius cogens de modo que se encuentra no sólo por encima de los tratados sino incluso por sobre todas las fuentes del derecho (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Acción penal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, declaración de oficio, orden público
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Podestá,  Arturo  Jorge  y  López  de Belva, Carlos A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El examen de la subsistencia de la acción penal resulta previo a cualquier otro, por cuanto la prescripción constituye una cuestión de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Villada, Juan Carlos y otros s/ robo calificado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

El principio según el cual la garantía de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se le concede a otros en iguales circunstancias no puede alcanzar a la variación de jurisprudencia.
Recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, primera instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: VADALA, ROBERTO s/ CONCURSO S/ INC. DE VERIFICACION POR CIVIDINO, LUIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Si el escrito de interposición de un recurso de inaplicabilidad de ley fue presentado equivocadamente en la anterior instancia, dicho error es inexcusable -el recurrente no puede alegar ignorancia de la disposición legal que manda interponerlo ante la sala que dicto la resolución cuestionada-, y el recurso extemporáneo, si fue presentado en la mesa de entradas de la cámara fuera del término previsto por el CPR 292.
Divorcio, atribución de culpa en el divorcio, cónyuge culpable, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: G., G.M. c/ M., J.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-27

1.- Si bien resulta indemnizable la reparación del daño moral ocasionado por el cónyuge culpable como consecuencia de los hechos constitutivos de las causales de divorcio (conf. Plenario "G., G.G. c/ G., S.A." del 20/09/94), su procedencia no es automática y debe quedar supeditada a las peculiaridades de cada caso y ponderar la calidad de los actos deshonrosos y la conducta maliciosa de quien los lleva a cabo, para admitir el resarcimiento. La viabilidad de la reparación emana del art. 1109 del Código Civil que suple la omisión de una norma específica en materia de divorcio. La culpa adquiere en ella matices particulares que van más allá de la culpa decretada en el divorcio para configurar un verdadero daño moral agregado a la persona del cónyuge. 2- Para la procedencia de su reparación es menester que los hechos que causaron el divorcio hayan tenido una fuerza dañadora muy punzante, aquello que sobrepase la mera relación matrimonial con implicancias, culpas y quiebres, como sería el caso del adulterio o las injurias, extremos que no han sido siquiera alegados. Pues, en estos supuestos de gravedad se penetra en los dos regímenes, el matrimonio por un lado, con el divorcio como término final. Y el daño a la persona al margen del divorcio que no puede quedar impune, pues se ha sobrepasado la protección y el derecho del inocente que viene por línea del régimen normativo de la familia. Es necesario que el cónyuge que ha recibido tales ofensas acredite fehacientemente los presupuestos de hecho, ya que, en caso contrario, habrá de considerarse que no tiene suficiente envergadura como para constituir daño moral. 3- Desde esta perspectiva si el reclamante no demostró que su ex cónyuge cambió la cerradura del consultorio profesional que compartían y se brindaron testimonios en el sentido que el que se alejó lo había hecho por razones económicas y que retiró del lugar un electroencefalógrafo, además de haber dado de baja su matrícula profesional para ejercer en ese ámbito, no se demostraron los presupuestos de actitudes afrentosas convalidantes del resarcimiento pretendido. (Sumario N°20196 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria Savio, Walter Humberto c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-29

A pesar de que en estos autos, en instancia de declaración prima facie de la competencia de este Tribunal para entender en la causa, me expidiera por la declaración de inadmisibilidad de la acción intentada, en tanto en esa oportunidad consideré que la ocurrente hizo caso omiso del trámite administrativo a los fines del correcto agotamiento de la vía, en autos Corte Nro. 103/05 caratulados "Greco, Héctor Antonio y otro c/ Municipalidad de la Capital - Acción de Amparo por Mora de la Administración" y luego de reanalizado el objetivo y alcance de la acción de amparo por mora, me permití modificar el criterio que venía sosteniendo en cuanto al rigor con que debe ser considerada la petición en orden a objeto y plazos, asumiendo como propio el criterio sentado por la mayoría de esta Corte en relación a una interpretación más laxa de las condiciones exigidas al administrado para obtener el dictado de admisibilidad, tal como se sostiene en autos Corte Nro. 109/05.

Despejada así la cuestión de la admisibilidad de la acción, debo sin embargo observar que de las constancias obrantes en autos surge que por providencia F.E. Nro. 172/05 la Administración ya se hubo pronunciado sobre la pretensión del ahora ocurrente, por la que no se da en autos el supuesto de mora objetiva en la actuación de la administración requerida, coincidiendo en el punto, con lo expuesto por el Señor Ministro de primer voto.

Disiento sin embargo en cómo se resuelve la cuestión, en tanto creo debe declarársele sin materia por haber devenido abstracta, no pudiéndose confundir tal solución con el rechazo liso y llano de la acción intentada, porque en un caso la controversia ha dejado de existir y en el otro, cabe una expresión positiva o negativa acerca de una controversia vigente al momento de la decisión.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva. En Disidencia parcial
Concursos, quiebra, privilegios (comercial), acreedores del concurso, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Zapponi, Raúl  c/  s/ quiebra s/ incidente de reconocimiento de gastos lcq 240 promovido por consorcio de propietarios de la calle 11 de septiembre 2140/58
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

La regla de la LCQ 129, que consagra la suspensión de los intereses a partir del decreto falencial, no resulta aplicable a los créditos que ostentan la calidad de gastos del concurso, desde que éstos deben satisfacerse cuando resultan exigibles.
Defensa en juicio, doctrina de los actos propios, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrera, Elsa Rosalia c/ Krieg, Guillermo Oscar s/ juicio ejecutivo Lucero, Blanca Nieves c/ Arévalo Escobar, Cecilia P. s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25|1998-09-22

La garantía constitucional de la defensa en juicio no ampara comportamientos negligentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Allanamiento domiciliario, ampliación del objeto de la pesquisa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gon, Juan Domingo s/ Hurto Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-03-14

Resulta justificado el registro y secuestro de material de librería efectuado sin orden judicial durante un allanamiento de morada de un empleado del Ministerio de Educación, ordenado por autoridad judicial competente, ajenos en principio a la causa que diera origen a tal procedimiento, ello en virtud de las facultades conferidas a las fuerzas de seguridad por el art. 171 del Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego, pues durante la ejecución de la pesquisa, el encartado realizó una manifestación espontánea referida al origen supuestamente ilícito de los elementos, por lo que luego de desarrollar las tareas necesarias para determinar la procedencia de los materiales y la posible existencia de un permiso de su empleador, se dispuso el resguardo de dichos efectos.
Honorarios del abogado, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

La Provincia de Buenos Aires no ha adherido a la norma dentro de su ámbito, procedimiento de necesaria incorporación que el mismo cuerpo legal sugiere en lo que fuere pertinente (art. 16, ley 24.432) y dentro de cuyo marco cabe incluir lo concerniente a las costas del juicio atento su naturaleza eminentemente procesal (art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prisión preventiva, delitos contra la humanidad, edad avanzada, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

La prisión preventiva en modalidad de prisión domiciliaria debe mantenerse hasta que se arribe a la etapa de ejecución, conforme estaba dispuesta en la etapa de instrucción, en virtud de la edad de los imputados y su condiciones de salud, más allá de la extrema gravedad moral de los delitos de lesa humanidad imputados, pues la norma que regula este instituto -art. 33 de la ley 24.660- debe ser aplicada en forma igualitaria sin generar discriminaciones donde la ley no hace diferencias.
Etapas del proceso, homologación del acuerdo, conciliación
Materia: PENAL
Carátula: E., J. E. psa amenazas -dos hechos en concurso real- victima: A., J. A. - Sarmiento c/ E., J. E. psa amenazas -dos hechos en concurso real- victima: A., J. A. - Sarniento s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-25

La etapa preparatoria, de acuerdo al artículo 284 del rito, concluye a través de la acusación del fiscal o del querellante, mediante el dictado del sobreseimiento, cuando el juez penal homologó el acuerdo de conciliación audiencia-preliminar, esa fase ya había concluido, pues la fiscalía había presentado la acusación. De modo tal que la decisión del sentenciador se apartó de las normas que rigen la materia, lo que amerita la revocación del pronunciamiento y, la continuidad del trámite, según su estado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Iommi, Miguel Angel c/ ESEBA SA s/ Accidente de trabajo, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Resulta manifiesto el déficit técnico del recurso que omite la denuncia de infracción del precepto legal que regula la tarea axiológica de los juzgadores, requisito insoslayable para la apertura de esta instancia a la revisión de las cuestiones de hecho y prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Liquidación, impugnación de la liquidación, desindexación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Médica del Chaco c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29

No es procedente la impugnación de planilla interpuesta por la parte demandada (Instituto de Previsión Social -I.P.S.-) que practicara la actora solicitando se aplique la ley 24.283. Ello así, ya que normalmente la aplicabilidad de dicha ley, respecto de una sentencia indexatoria, presupondrá la interposición por la parte afectada de una pretensión desindexatoria (de articulación libre puesto que se podrá deducir aún con posterioridad a que la resolución respectiva haya adquirido autoridad de cosa juzgada y hasta tanto no se extinga el débito en cuestión) tendiente a morigerar las resultas numéricamente excesivas de un cartabón de ajuste que ya no refleja la realidad económico-financiera vigente. El progreso de dicha pretensión desindexatoria exigir prueba (incumbiéndole la carga de producirla al interesado de hacer valer la ley 24.283) demostrativa de cómo y por qué, la sentencia indexatoria del caso no se ha tornado numéricamente irrazonable y el planteo de la accionada resulta difuso e inconsistente.
Trabajadores de la construcción, colocación de premoldeados, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BRONCRY, OMAR EDUARDO c/ INDUMET SRL. s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-31

El trabajador que cumple tareas en una empresa dedicada a la colocación de premoldeados, si se desempeña en fábrica con carácter permanente, no está comprendido en el régimen excepcional de la ley 17258 no obstando a ello la inscripción de la empleadora en el Registro Nacional de la Construcción.