Proceso penal, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Recurso Extraordinario interpuesto por la Defensora Penal Nº 5, Dra. Mariana Vera en contra de la Sentencia Nº 42/12 en Expte. Corte Nº 26/12 - Recurso de Casación (...) en Expte. Nº 512/2011 - Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Salidas Transitorias - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-12

El Juzgado de Ejecución Penal, mediante auto interlocutorio, resolvió no hacer lugar al pedido del interno de incorporación al régimen de salidas transitorias, por no concurrir el requisito exigido en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660.

Contra esa resolución, la defensora del causante, había articulado Recurso de Casación (por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva) al que esta Corte no hizo lugar, mediante sentencia Nº 42/12.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, la misma defensora interpone el presente remedio federal.

El recurso es deducido en tiempo oportuno; en contra de una sentencia dictada por esta Corte, el superior tribunal de la causa, cuyas decisiones son insusceptibles de ser revisadas por otro tribunal en la provincia; y por parte legitimada, por cuanto la decisión impugnada es contraria a los intereses del interno penado representado por quien recurre, y la presentación está precedida de la carátula con las enunciaciones previstas en la Acordada Nº 04/2007 de la Corte Suprema.

Sin embargo, no se encuentran cumplidos en el recurso los requisitos exigidos en el art. 2º i) y 3º a), b) y d) de dicha Acordada.

Por una parte, la presentación no menciona en forma clara y concisa las cuestiones planteadas como de índole federal ni indica cuál es la declaración sobre el punto debatido que quien recurre procura obtener del Máximo Tribunal (art. 2º i) de la Acordada). La exigencia no resulta satisfecha con la mera atribución de arbitrariedad por aplicación inadecuada en la sentencia de una norma de derecho común. Así lo considera el Tribunal en tanto con la amplitud de esos términos la recurrente no precisa ni concreta la cuestión que intenta someter a control de la Corte, ni su índole federal. Por otra parte, en el apartado de la carátula correspondiente a las cuestiones planteadas, tampoco indica la norma de derecho común que estima inadecuadamente aplicada, lo que resultaba imprescindible atento a que, como expresamente establece esa Acordada, la Corte sólo considerará las cuestiones incluidas en dicho apartado. Además, los precedentes de la Corte invocados como involucrados en la cuestión planteada no se vinculan estrictamente con ella sino con temas ajenos a ella, relacionados con la restricción de la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, a las leyes de amnistía, de obediencia debida y a la prescripción de la acción penal emergente de delitos de lesa humanidad (Fallos Corte 328:2056); al rigor formal en la interpretación de normas locales de procedimientos (Fallos Corte 329:2265 y 329 5762); y, en términos generales, a la aplicación inadecuada que desvirtúa y vuelve inoperante una norma jurídica, en contra o con prescindencia de sus expresos e inequívocos términos, sin vinculación alguna con el tema de autos ni con las normas de derecho común que rigen la cuestión decidida en el caso (Fallos Corte (Fallos Corte 306:1242; 301:108; 295:606; 310:927; 329: 2265; 323:192; 324:547).

Tampoco es demostrado en el recurso que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema, sea definitiva o equiparable a definitiva la decisión apelada (art. 3º a) de la Acordada) puesto que a ese efecto no basta la mera invocación de un supuesto gravamen irreparable, en el caso, por la denegación de las salidas transitorias (art. 16 de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad).

De los fundamentos expuestos en sustento de la decisión cuestionada, quien recurre sólo transcribe y critica alguno de ellos y no demuestra la ilogicidad de ninguno; y en tanto sólo propone una interpretación diferente de la ley 24.660 de ejecución de la pena, sin poner en evidencia la irrazonabilidad o absurdidad de la efectuada por el Tribunal y de la consecuente aplicación de la norma acorde con esa interpretación, sus argumentos carecen de idoneidad para conmover lo decidido (art. 3º d) de la Acordada).

En esas condiciones, la crítica recursiva no demuestra el apartamiento inequívoco de la sentencia de la solución prevista por la ley para el caso; y sólo expresa la discrepancia de quien recurre con el criterio que sustenta lo resuelto, la que es insuficiente a los fines de la habilitación de la instancia extraordinaria.