Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-19


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "L., F. s/ Dcia. Vejaciones (Carpeta OFIJU 528, caso 3889 MPF) s/ Impugnación" (Expte. N° 21557 - Folio 115 - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos, que resultó del sorteo practicado a fojas 539, es el siguiente: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Contra la sentencia Nº 01/12 de la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn que confirmó el fallo condenatorio Nº 67/08 respecto del acusado R. C. M., la defensa técnica, en cabeza del doctor G. F. L. T., interpuso impugnación extraordinaria. El pronunciamiento del Tribunal de Juicio condenó al atribuido a sufrir la pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta en orden a los delitos de allanamiento ilegal de domicilio y falsificación de documento público, agravado por su condición de funcionario público, en concurso real (artículos 151, 293, 298, 45 y 55 del Código Penal).

II. En su presentación el letrado requirió la plena operatividad de la garantía de raigambre constitucional del plazo razonable de duración del proceso penal. A tal fin, efectuó un repaso por los hitos procesales que debían considerarse a los fines del cómputo de los términos.

Manifestó que en el presente caso se habían vencido los plazos establecidos por el artículo 282, primer párrafo del Código Procesal Penal, toda vez que desde la presentación fiscal de apertura de la investigación -03/08/2007- hasta la formulación de la acusación, el día 21 de diciembre de ese mismo año, había transcurrido el término de cuatro meses oportunamente acordado para concluir la averiguación.

En mérito de lo expuesto, entendió que no podía continuar la marcha del proceso, toda vez que el lapso máximo temporal se hallaba finiquitado.

A continuación denunció la errónea ponderación del material probatorio y alegó que tanto el Tribunal de Juicio como la Cámara en lo Penal cometieron una arbitrariedad manifiesta en el tratamiento de la prueba.

Así, luego de exponer que el propio C. reconoció su amistad con la familia L., que el día en cuestión compartió el almuerzo con ellos y que sabía de la existencia de una orden de allanamiento de su domicilio, sostuvo que no resultaba ilógico entonces que M. observara a C. ingresar al domicilio de la familia L. mientras se trasladaba en el móvil al inmueble de C. a cumplir la mentada orden judicial.

Apuntó que los dichos de M., en orden a que ante la circunstancia de ver a C. ingresar a la casa de los L., descendió del móvil policial y golpeó la puerta, se corroboraron con la versión aportada por la esposa de F. L., quien manifestó dirigirse a abrir la puerta cuando escuchó que la golpeaban.

Seguidamente sostuvo que mientras la Fiscalía promovió la absolución de siete efectivos policiales, mantuvo la acusación de M. Se sorprendió de tal circunstancia pues la prueba para propiciar la absolución de los agentes era la misma que la utilizada para condenar a M.

Sobre el final, defendió la labor policial y la plena fe del documento público suscripto, de acuerdo a las formalidades del régimen ritual. Indicó que la experiencia demostraba que quien protagonizaba un hecho de resistencia o atentado a la autoridad, esgrimía una conducta abusiva e irregular del personal policial. Adujo, además, que los jueces debieron ponderar la amistad íntima entre C. y L. y los lazos familiares directos de los denunciantes.

Finalmente, calificó de excesivo el monto de la pena impuesto a M., un empleado policial sin antecedentes de conducta desfavorables.

Por último, efectuó petitorio de estilo.

III. La petición defensiva, no habrá de prosperar.

Por un lado, el impugnante reitera por ante esta instancia agravios que han recibido adecuado tratamiento en la sentencia atacada. Por el otro, esgrime planteos que no admiten la habilitación de la etapa extraordinaria, donde esta Sala tiene vedado efectuar un escrutinio exhaustivo de la sentencia de condena.

En su presentación de las hojas 511/516, el defensor de M. insiste con el vencimiento de los plazos de la etapa preparatoria y de duración máxima del procedimiento. Sin embargo, estos planteos fueron correctamente rechazados por los sentenciadores de grado quienes efectuaron los cómputos necesarios para desechar la pretensión articulada.

En otro apartado, el quejoso cuestionó la apreciación probatoria efectuada por el Tribunal a quo, procurando, por lo tanto, que esta Sala efectúe un nuevo análisis de los aspectos fácticos ventilados durante el juicio.

La discusión sobre estos extremos es materia propia de los jueces de la instancia previa y ajena al remedio extraordinario intentado.

La reexaminación integral de la sentencia condenatoria y del cuerpo de prueba ya ha sido cumplida acabadamente por los magistrados de mérito, que fiscalizaron el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Juicio.

Juzgo, además, que la aseveración del impugnante, relativa al erróneo tratamiento de planteos defensivos, trasunta mera disconformidad en torno a una cuestión de hecho y prueba, que ha sido objeto de un adecuado tratamiento en la resolución atacada.

Por otra parte, no encuentro habilitado un escrutinio exhaustivo ya que el pronunciamiento atacado se encuentra dotado de una argumentación jurídica sólida.

IV. Así las cosas, en el proceso cuya sentencia se cuestiona se cumplieron todas las garantías procesales: el Ministerio Público Fiscal acusó, se produjo la prueba de las partes, el tribunal de juicio emitió una sentencia condenatoria, la defensa recurrió el fallo, y el tribunal de revisión lo confirmó.

Es decir, el derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria -el "doble conforme"- se ha cumplido acabadamente: el Estado afirmó y confirmó la culpabilidad en dos ocasiones consecutivas, por medio de dos órganos judiciales distintos.

Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la impugnación extraordinaria articulada y confirmar la sentencia Nº 01/12 de la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, con costas.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. La reseña del caso que ha formulado mi colega de Sala me libera de reproducir los motivos de la intervención del Tribunal y el contenido de la sentencia bajo examen.

Por ello ingresaré directamente al análisis de la cuestión esgrimida.

II. En primer término cabe destacar que el recurrente vuelve a plantear la cuestión relativa al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 282, párrafo 1° del C.P.P..

Asimismo, denuncia arbitrariedad manifiesta en el modo en que el Tribunal valoró la prueba contra su asistido M.

Cuestiona que el Tribunal contó únicamente con los testimonios de los familiares de la víctima.

III. Esta síntesis tiene por finalidad demostrar que la defensa intenta ingresar a esta instancia utilizando cuestiones de prueba que ya han sido analizadas por el Tribunal de Mérito y luego revisadas por la Cámara en lo Penal.

En este sentido, ya tuve la oportunidad de expedirme cuando me toco votar en autos "Comisaría Primera s/ Investigación homicidio r/v F. G. s/ impugnación" (Expediente nro. 21.847- F° 163 T° II Año 2009), en donde se indicaron las condiciones que debían darse para habilitar la intervención de este Cuerpo.

Los agravios indicados por la defensa en esta instancia ya han sido evaluados por el Tribunal Revisor. El tema de la insuficiencia de la prueba fue uno de los principales puntos indicados en el recurso ordinario, y la Cámara respondió debidamente, rechazando los planteos formulados.

Se evaluó nuevamente los dichos de F. L., C. V., A. S. L., A. C. y A. C.

Luego de eso, arribaron a la misma conclusión que los jueces de mérito y entendieron que el plexo probatorio colectado era suficiente para dictar una sentencia condenatoria.

En cuanto al vencimiento del plazo razonable, este asunto también ha sido resuelto satisfactoriamente por el a-quo.

Se advierte del acta obrante a fs. 34, correspondiente a la audiencia de apertura de la investigación, que el juez penal resuelve dar por iniciada la investigación preliminar por el término de cuatro meses, plazo que lógicamente comenzó a correr el mismo día en que se celebró la audiencia -1° de octubre de 2007.-.

V) Siendo ello así, voto por desechar la impugnación extraordinaria interpuesta, con costas.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Breve enunciación de los antecedentes Tal como se expuso en los sufragios que anteceden, convoca la atención de la Sala el recurso extraordinario deducido por el doctor G. F. L. T., defensor técnico del imputado R. C. M., en perjuicio de la sentencia protocolizada con el número 01/12 emitida por la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn órgano que confirmó el fallo condenatorio número 67/08 dictado por un Tribunal de Juicio de esa ciudad.

De esta manera, se impuso al acusado la pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por hallársele material y criminalmente responsable de haber cometido los delitos de allanamiento ilegal de domicilio y falsificación de documento público, agravado por su condición de funcionario público, en concurso real (artículos 151, 293, 298, 45 y 55 del Código Penal).

La decisión jurisdiccional bajo examen rechazó la impugnación ordinaria deducida por la defensa quien, ante esta instancia, pretende- como planteo principal- que se declare la arbitrariedad del pronunciamiento y se absuelva a su asistido.

Ya mis pares formularon una sinopsis acabada de los motivos y fundamentos de la proposición, y por ende, salvo lo expuesto, es lo dicho cuanto más debe agregarse a este sufragio al respecto.

II. Algunas reflexiones pertinentes.

Creo menester, como lo he formulado en otros sufragios, demarcar estrictamente los límites del recurso extraordinario articulado por la defensa contra una sentencia de condena ya revisada por la Cámara en lo Penal.

En coincidencia con la opinión del doctor Rebagliati Russell cuya mención a un precedente destaco, resulta capital la faena de interpretación que propongo pues, como se verá, de las fronteras asignadas a la pretensión fluirá la solución del asunto.

Es que como quedó acertadamente indicado en el voto anterior, la vía, buscada luego del doble conforme (art. 374 del C.P.P.), no implica la reclamación de una revisión de igual tono, sino el intento de una demanda excepcional escrupulosamente regulada.

Un repaso razonable de los presupuestos del art. 375 del adjetivo, norma del remedio, brinda una pista adecuada para desentrañar el correcto sendero que ha de transitarse. En otros precedentes ya se ha analizado; a ellos remito.

Pero de todas maneras no puedo soslayar la repetición de los siguientes predicados: a. en el recurso extraordinario queda excluido un re- análisis de la prueba en sí misma. b. el valor convictivo dado a los medios por los Jueces que ya revisaron queda incólume en la instancia, salvo los supuestos de demostrada arbitrariedad por acción u omisión, c. debe admitirse la excepcionalidad solo si el comportamiento de los Jueces ha padecido arbitrariedad en la consideración de los juicios que otros emitieron, y, por ende, fijaron los hechos de modo desacertado o incurrieron en inaceptable error de derecho.

Superado el "juicio al juicio" la tarea de esta Sala queda estrechada a control bajo los parámetros dados.

III. Tratamiento de la cuestión, sobre las bases dadas.

a. El problema de los plazos procesales.

1.- Se ha denunciado aquí el vencimiento de los plazos establecidos por el artículo 282, primer párrafo del Código Procesal Penal, situación que tendría efectos beneficiosos para el imputado.

La lectura de la expresión de agravios así lo presenta.

Al respecto indicaré que, a mi parecer, los Magistrados de la Cámara Penal que decidió brindaron adecuado tratamiento al planteo, rechazándolo con argumentos consistentes, apegados a la estricta legalidad.

A saber, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los plazos procesales en varias oportunidades, y en especial en los supuestos de conjunción de los órdenes normativos diferentes en el devenir del pleito.

Evocaré algunos precedentes.

Sobre el punto senté criterio en autos "T., L. H. s/ Abuso Sexual de menor de trece años agravado por el vínculo filial, convivencia preexistente - Esquel" (expediente 20.740- Letra T- folio 262- año 2006), en los que procuré explicar con pretensiones de definir esta contigencia; desde entonces me he atenido a ella.

De otro lado el Tribunal se pronunció sobre el tema en el caso "C., C. O. s/ Homicidio resultó víctima" (Expediente número 21.479, folio 102 tomo II, año 2008, letra C) en los que se fijó doctrina acerca de las atribuciones de la Sala y el cese del cómputo durante la transición.

Excepcionalmente consideré en autos "L., U. D. - C., A. E. s/ Robo en grado de tentativa" (Expediente N° 20.674 - 248 - 2006) la procedencia del principio que causa la proposición.

Y en efecto, también lo hice en "V.", deferentemente citado en la sentencia.	En fin, el tema no es novedoso, pero exige una explicación adecuada. Hacia ella me dirijo.

2.- Formulada la semblanza, puede extraerse de allí - a mi modo de ver- la forma en que debe ensamblarse la vigencia de ambos órdenes normativos en juego y la manera de computar los plazos en causas nacidas a la sombra de uno y desarrolladas al calor del otro, conforme el legislador lo previera en los arts. 421 y 422 del Código Procesal Penal vigente.

No abundo en palabras pues las escritas tiempo ha son elocuentes y se proyectan con la fuerza de la doctrina legal.

3.- La Cámara Penal consideró el óbice del señor Defensor de confianza con esmero.

Los cómputos que sus integrantes enunciaron son correctos y respondieron como responden a las objeciones planteadas.

No se debe escapar que se ha soslayado en la articulación, o al menos no se ha dimensionado correctamente, que posee efectos sobre el caso el Acuerdo 3655/07 que suspendió los términos procesales de la circunscripción por razones especiales e insalvables, tal se señaló por los Magistrados.

4.- En lo que a la duración de la investigación preliminar atañe, no veo otra manera de anclar el hito inicial en el requerimiento fiscal de apertura de la investigación (o decreto de tal talante, tal el rito), que, a la sazón, marcaba el punto de arranque del conteo.

Porque si bien es cierto que el nuevo Código y sus plazos inficionaba la relación procesal penal desde su puesta en vigencia (el cómo y cuándo hacer de los autos "T.") hay que tomar un punto de referencia para abrir el nuevo sendero.

De allí que el mojón al que acudieron los Jueces de la Cámara sea el acertado.

Si aún con rigor explorásemos el tiempo total del proceso, me permito señalar que tampoco habría caducado la capacidad de perseguir.

Explico mejor.

Con tino, la "A quo" estableció el lapso de duración del caso- suspensiones mediante- en dos años y un día (2 años y 1 día).

Si como fecha de comienzo del cómputo nos atuviésemos al instante en que el Código Procesal Penal entró en vigencia, el 31 de Octubre de 2006, veríamos, como se ve, que entre esa data y el decreto de apertura de la investigación han pasado diez meses (10) y tres (días), lo que tampoco mella, en el recuento final, la virtualidad del desarrollo de la acción penal hasta el presente.

En suma. Con reconocidas opiniones de la doctrina y de Tribunales extranjeros la Cámara Penal acertó en la solución del caso, y su temperamento merece homologarse.

De este modo, y en coincidencia con mis colegas, los señores Ministros que han sufragado, señalo que este agravio no merece progresar.

b.- El recurso en sus demás aspectos.

De la misma manera que votaron los señores Ministros Rebagliati y Panizzi, asiento en que la sentencia debe confirmarse en este aspecto.

Si consideramos los extremos exigidos por el Código Procesal para habilitar la vía recursiva no ordinaria (y utilizo este vocablo por su expresividad) tenemos necesariamente que aceptar que cualquier óbice de arbitrariedad en la decisión de los Magistrados del doble conforme ha de ser "evidente" y/o "demostrable" o "demostrada".

Pese su respetable posición, el señor Defensor de Confianza, convida a una reinterpretación de la prueba (tema excluido de la instancia) y no alcanza a destruir la construcción intelectual que ataca, en las formas estipuladas.

Los votos de la Cámara Penal- en primer término- consideraron los fundamentos de la impugnación que el señor Defensor sostuvo ante ellos y que ha venido a insistir aquí, tal como lo expresé antes.

Sus integrantes dejaron sentado claramente los porqués de la confirmación del fallo que se había censurado ante sus estrados y lo hicieron con apego a las reglas de reflexión que les eran exigibles.

Revisaron la valoración de la prueba en que se había basado la sentencia, los testimonios de F. L., C. V., A. S. L., A. C. y A. C., los registros comisariles y el propio documento hallado falso, y siguieron un derrotero lógico para sostener los medios que desbarataban las excusas de M.

Consideraron acertadamente las características del ingreso a un domicilio que no era el que debían allanar y que violaron sin causa legal y en ese sentido ponderaron que no pendía sobre el refugiado C. orden de captura alguna.

Dieron las razones que abonaron el concurso real del Allanamiento ilegal de domicilio con Falsificación de documento público agravado por la condición de funcionario público (respecto de M.), y explicaron la causa que impidió que se condenara al Oficial Peña por el mismo delito, cuando fue testigo de actuación en tal documento.

Toda esta estructura, constituye un andamiaje argumental que aparece, en este análisis, dotado de fuerza lógica suficiente para justificar su confirmación. Esa es la tarea de la sede, cuya misión es verificar el modo de comportamiento de los Jueces sobre la apreciación de la prueba y no la fuerza convictiva en sí misma, vía que conduciría a una tercera instancia de revisión.

De allí que como se hubiera juzgado en otros precedentes ".La demanda de una nueva puesta en valor de los elementos ventilados en las demás instancias, sin haberse rebatido los fundamentos en los que basaron sus conclusiones los jueces, y un discurso que se basa en cuestiones oportunamente articuladas - y tratadas- no alcanza a superar el nivel requerido para la viabilidad de la impugnación extraordinaria."	Reitero: la construcción dialéctica en que se basó la confirmación de la condena es consistente y explícita; no da lugar a equívocos. La solución otorgada es la correcta.

Girar pertinazmente sobre la valoración de la prueba frente a una conclusión que no es grotesca, no es argumento válido para movilizar la inspección extraordinaria que, por lo que acabo de decir, debe ser desestimada en este punto. Mucho peor cuando la percepción directa de los testimonios pierde la inmediatez que permite su adecuada ponderación (razón de la óptica desde la que debe observarse el fenómeno de la sentencia desde aquí).

Es natural que me abstenga de penetrar en otros imputados que fueron absueltos; no me hallo habilitado para hacer ese confronte.	Por último, no veo que la calificación legal resulte desajustada ni que la sanción sea irracional.

IV. Epílogo Coincido así con mis pares y, por ende, postulo el rechazo de la impugnación y la confirmación de la sentencia en crisis, con costas.

Así me expido y voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente --------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por la Defensa técnica de R. C. M. (folios 511/516), con costas.

2º) Confirmar la sentencia N° 1 del año 2012, dictada por la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn el 29 de febrero de 2012.

3°) Protocolícese y notifíquese.Fdo. Alejandro Javier Panizzi-Daniel A. Rebagliati Russell- Jorge Pfleger- Ante mí: José A. Ferreyra Secretario. Registrada bajo el n° 3 del año 2013.