marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expresión de agravios, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL
Carátula: ABRIGADOR HECTOR R.H c/ HSINAN S.A s/ PROCESO EJECUTIVO-RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

No basta para formular una crítica concreta y razonada del fallo recurrido, con discrepar subjetivamente con la opinión del Sr.

Magistrado, señalar con ligereza el perjuicio que le ha causado el trámite e indicar dogmáticamente que la diligencia en cuestión es insuficiente, sin demostrar punto por punto, como correspondía, el eventual error o desacierto en que se habría incurrido el elaborar las conclusiones, frente a un instrumento público que goza de la presunción de legitimidad.
Acción de amparo, revisión judicial, organismos del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo Arquidiocesano de Educación Católica (CONADEC) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-11

Es verdad que el Poder Administrador tiene una facultad discrecional para asignar los fondos públicos que administra cuando no tienen un destino que esté ya reglado y que a los jueces no le corresponde una especie de supervisión del desempeño de los funcionarios y organismos de los otros poderes, ni el contralor del acierto o error con que cumplen sus funciones; pero ello en la medida en que con el proceder o gestión u omisiones de que se trate no impliquen una amenaza o lesión arbitraria de un derecho o garantía reconocido por la Constitución.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, MARIA MAGDALENA COPES DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CSJ EXPTE NRO 184-84 MOLINAS, JUAN JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 237-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-29|1989-10-18

El Contencioso Administrativo exige como recaudo de admisibilidad, que el agotamiento de la reclamación administrativa previa tenga lugar de conformidad con los recursos reglamentados por la normativa pertinente.

En el caso, el decreto-acuerdo 10204-58 establece que el recurso de revocatoria contra la resolución administrativa impugnada, debe interponerse dentro del término de diez días de la notificación (artículo 42).
Contrato de obra, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONINTEC S.R.L. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

La circunstancia de que la Administración invista el carácter de "consumidor final" no importa necesariamente que deba hacerse cargo del tributo ya que en los supuestos de operaciones con consumidores finales no inscriptos -autoridad administrativa- la propia norma de aplicación indica que el responsable inscripto no debe discriminar en la factura el gravamen que recae sobre la misma.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GUILLERMO ROBERTO ARIAS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ EMPLEADOS PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD- ESTABILIDAD.    CESANTIA- INDEMNIZACION.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El derecho a la estabilidad en el empleo público que, como todos los que consagra la Constitución Nacional, no es absoluto, debe armonizarse con los demás y puede ser limitado por las leyes que lo reglamentan. Ello no autoriza a que se lo desnaturalice transformando el derecho a ser reincorporado, que es de principio y posibilita retomar el curso de la carrera administrativa, en un mero derecho indemnizatorio, que por ser de carácter sustitutivo, debe estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva.
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, contrato de transporte, transporte marítimo, pérdida parcial de mercaderías, obligaciones del transportador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZURICH  ARGENTINA  CIA.  DE  SEGUROS  S.A. c/ CAP.  Y/O PROP. Y/OARM.  BQ.  "QUINQUELA  MARTIN"  S/ s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA.TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-11

El transporte de mercadería, abarca el tiempo transcurrido desde la carga de los efectos a bordo del buque hasta su descarga, siendo que en el caso no medió un despacho directo a plaza de los cuatro tambores con el producto químico sino que fueron llevados a depósito fiscal. Según las reglas que rigen la materia, nuestra ley ha incorporado las disposiciones de la Convención de 1924 (R-H) y la mayoría de las del Protocolo de 1968 (R-V) a la ley 20.094 (L. N.), por lo que se reproducen y resulta superabundante hacer referencia a cada una de ellas, siendo que en lo que aquí interesa la obligación del transportador cabe subsumirla en las de garantía, toda vez que a él incumbe entregar la carga en destino en el estado que la recibió en origen (art. 270 y ccs. de la LN). O sea que tomó a su cargo la realización de un "opus" cuyo incumplimiento basta para engendrar su responsabilidad, bastando al cargador, consignatario o titular del conocimiento de embarque probar la relación contractual y los daños o pérdida de la carga, para tener el transportador que afrontar la indemnización que corresponda. En el caso, la responsabilidad de la ex ELMA S.A. cesaba con la descarga de los tambores, sin perjuicio que debe hacerse cargo de las pérdidas si se comprueba el faltante documentado en autos.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, diferencias salariales, escalafón, ley vigente
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL-CIVIL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Cáceres, Héctor Hernán y otros contra Instituto de la Vivienda de la Ciudad De Buenos Aires sobre Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Empleo Público-Diferencias Salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Los agravios en torno a la aducida arbitrariedad en que habrían incurrido los jueces a quo deben ser desechados, toda vez que la recurrente pretende que este Tribunal corrija la interpretación que aquellos hicieron respecto de la normativa escalafonaria vigente; la que encuadraba el caso (acta paritaria n° 17/13, instrumentada por resolución n° 20/MHGC/14, y acta paritaria n° 10/14, instrumentada por resolución n° 1464/MHGC/14 y reglamentada, en lo correspondiente, por resolución n° 723/MMGC/14). Ello, debido a que -además de ser reiteración de los vertidos en anteriores oportunidades- sólo ponen en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad, porcentaje de incapacidad, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VILLA, RUBEN MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 205-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

Para la valoración de la disminución de la capacidad para el trabajo, existen distintos sistemas, entre otros el de "baremos" o lista de lesiones con el porcentaje de incapacidad anotado frente a las lesiones consideradas; el "método funcional de Mac Bride", que admite siete factores de capacidad normal laboral, asignando a cada uno un valor determinado, existiendo paralelamente en cada caso un factor adverso o negativo que debe ser calculado en el obrero accidentado partiendo de la cifra normal dando como resultado el porcentaje final de incapacidad, y el "método objetivo de Fernández Rozas", que se fundamenta en el promedio de incapacidades anatómicas, funcionales y económico sociales, debiendo valorarse cada factor según la escala de gravedad del daño, o sea, "muy leve", "leve", "mediana", "grave" o "muy grave" y luego asignándosele a dichos grados una cifra porcentual de incapacidades determinada, verbigracia: 10%; 25%; 50%; 75% y 100%, dentro de cuyas aproximaciones puede moverse el operador conforme con la magnitud del daño calculado. Al margen de las bondades de cada método, la proyección de las lesiones que son secuelas del accidente al ámbito laboral, debe examinarse mediante la aplicación de conocimientos prácticos y valoración de circunstancias fácticas que repercuten en la esfera de la función laboral genérica, evitando de introducir indirectamente algún ingrediente incompatible con el sistema de indemnización tarifada previsto en la ley de accidentes de trabajo nro 9688.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, acreedor postconcursal, fuero de atracción
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: EDENOR SA c/ SALVIA SAMICA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Toda vez que los importes cuyo cobro se persigue corresponden a períodos de fecha posterior a la apertura del concurso preventivo no procede la remisión de las actuaciones al juez de la quiebra.

(Cfr. art. 21, inc. 3), de la ley 24.522; Vitolo, D.R., "Comentarios a la Ley de Concursos y Quiebras n1 24.522, Doctrina y Jurisprudencia aplicable", p. 114).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, José c/ Lezcano, N.B. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Aún en el supuesto que sea aplicable al proceso laboral lo establecido por el tercer párrafo del art. 280 del Cód. Procesal Civil y Comercial, el beneficio de litigar sin gastos debe obrar efectivamente en cabeza del recurrente al momento del vencimiento del plazo para recurrir, que resulta perentorio e improrrogable (art. 17 ley 11653). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización, desvalorización del automotor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AMUCHASTEGUI JOSE ANTONIO c/ ZOTTOLA LUIS ANGEL s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

Para que proceda la indemnización por pérdida del valor del rodado no es necesario que se acredite la deformación de la carrocería ni que se afectaron partes vitales del automotor. Tampoco que el perito actuante haya podido revisarlo. La apreciación de que realmente concurre este daño depende de las circunstancias de cada caso.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sociedad  Aeronáutica  San  Fernando  S.R.L.  y  otros c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- Dtos. 375/97 y 842/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

En el dictado del decreto nro. 842/97 -cuyo contenido no incursiona en las materias taxativamente vedadas- el Poder Ejecutivo Nacional cumplimentó su parte en el pertinente trámite constitucional, toda vez que la citada norma, refrendada por los funcionarios competentes, fue puesta a consideración del Congreso Nacional, siendo girada ulteriormente para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, que se expidió por su ratificación.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso, Andrés Nicanor c/ Municipalidad de San Fernando s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La pretensión de resarcimiento pecuniario por cesantía ilegítima debe desestimarse si el actor no logra demostrar la existencia del daño que es su presupuesto, ya que el daño, para ser indemnizable debe ser cierto en relación a su existencia y, por tanto, es menester que sea acreditado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Respecto de la judiciabilidad de las cuestiones políticas, distintos fallos de la Corte Nacional han sostenido "Los actos del Poder Ejecutivo, cualquiera sea la magnitud de sus facultades son susceptibles de ser revisados por la Justicia" (257:57); "Las cuestiones atinentes al derecho político que regula jurídicamente la vida de la política, son susceptibles de examen y decisión por el Poder Judicial en los términos de los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional" (263:15); y "La cuestión atinente a un derecho de contenido político es tan justiciable como lo referente a un derecho de cualquier otro contenido" (256:47).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por M. A. J. en la causa G., A. J.  c/ J., M. A. s/ cuidado personal de los hijos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

La invocación de cláusulas de tratados internacionales, sin más, es insuficiente para habilitar la instancia del artículo 14 de la ley 48, pues el artículo 15 de ese cuerpo legal demanda que la cuestión federal tenga relación directa e inmediata con la materia litigiosa, lo que sucede cuando la solución de la causa requiere necesariamente el tratamiento de los agravios federales y ello es así no por apego a restricciones formales carentes de sentido, sino por razones constitucionales de primer orden (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Accidente de tránsito, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARIBALDI VICTOR HUGO RAMON c/ FERNANDA MESTRE DE MALONE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-03

La falta de licencia por no tener la edad reglamentaria no es por sí misma atributiva de responsabilidad, pero crea una grave presunción en contra del conductor puesto que debe suponerse que las personas menores de 18 años no están capacitadas física y técnicamente para guiar automóviles. Desde un punto de vista teórico esta presunción puede ser enervada probando en el caso concreto que el conductor, aún sin tener registro y siendo menor de 18 años, es un volante experimentado. Pero a falta de esta prueba es forzoso reputar inhábil al conductor sin licencia, lo que es suficiente para presumir su culpabilidad .

Y con mayor razón si las circunstancias permiten establecer una estrecha relación de causa a efecto entre el choque y la falta de idoneidad del conductor embistente.-
Medios de prueba, facultades del juez, absurdo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Inca de Alsina S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Seleccionar los medios de prueba y atribuírles la jerarquía pertinente dentro del conjunto del material probatorio es facultad privativa de los jueces de grado, por lo que el control casatorio en este plano queda excluido, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CANIL, Gonzalo s/ SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Cuando el art. 76 bis, C.P. se refiere a la improcedencia del instituto en los supuestos delitos reprimidos con pena de inhabilitación, debe entenderse que involucra a los casos en que está presente esa especie de pena, sin distinguir su carácter de principal, conjunta o alternativa. Disidencia del Dr. González
Recurso de inconstitucionalidad, depreciación monetaria, actualización monetaria, medidas cautelares, embargo, pago, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PINELLO DE MARTINEZ, JUANA BEATRIZ c/ FERLONI, CAMILO s/ DESALOJO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

Corresponde anular la sentencia y declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado, si el decisorio atacado ha desconocido que la corrección monetaria no es una obligación accesoria de la principal, sino únicamente una nueva expresión cuantitativa. El rechazo de la pretensión indexatoria implica aniquilar en el mundo jurídico la obligación contraída, liberando ilegítimamente al deudor en desmedro del patrimonio del acreedor en el caso, se viola el derecho de propiedad al admitir que el adquirente de un inmueble embargado que tomó a su cargo el gravamen, pueda liberarse abonando puntualmente la suma nominal determinada por el embargo, sin tener en cuenta la depreciación monetaria sufrida desde el momento del embargo o desde la adquisición y el del efectivo pago.
Allanamiento, juicio de desalojo, consignación de llave
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Spertino, Gerardo Víctor y otro c/ Albano, Gerardo Daniel s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-22

En el marco del proceso de desalojo, la consignación de llaves efectuada por el demandado, quien hace saber que el inmueble se encuentra totalmente libre de cosas y/u ocupantes, debe calificarse como un allanamiento tácito a la pretensión de desalojo ejercitada por el actor, pues de su presentación surge de manera indubitable que cumplió con el objeto de la demanda, abdicando a toda resistencia o impugnación, sin que ello importe un reconocimiento de los hechos ni del derecho invocados en la demanda, sino una renuncia a la contienda o a la contradicción.
Fraude a la propiedad intelectual, reproducción ilegal de obra intelectual, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Katchadjian, Pablo c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-15

Corresponde sobreseer a un escritor que fue querellado en orden al delito de fraude a la propiedad intelectual en relación a una obra literaria, dado que la publicación del acusado constituyó la creación de un texto nuevo, generado a partir de una técnica literaria reconocida como "engordamiento" -procedimiento por el cual un escritor toma en préstamo las palabras de un texto para producir una nueva obra literaria-. La utilización de dicha perjudicó ni a la obra original ni a su autor y su punición significaría desconocer el funcionamiento del arte y la literatura contemporáneos.
Prescripción de la acción penal, modificación de la ley, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Morand,   Elba  Ruth  y  Solano  Jones,  Francisco s/ recurso  decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-19

Esta Sala ha sostenido que la modificación del art. 67 del C.P. efectuada por la ley 25.990 debe ser reputada ley más benigna, y por ende, en estricto cumplimiento del principio de legalidad, aplicada retroactivamente. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Catucci y Madueño).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, uso de estupefacientes en lugar público
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, Rafael B. s/ ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-10

Para que la tenencia de estupefacientes resulte atípica, es necesario que, ni siquiera por vía de peligro, tenga aptitud para vulnerar el bien jurídico protegido y tal imposibilidad de afectación no se da cuando el tenedor se encuentra en la vía pública y en compañía de otras personas, sin que sea relevante la cantidad de material estupefaciente secuestrado en su poder, pues el uso personal crea, normalmente, un peligro de afectación a la salud pública, por la verificada tendencia del tenedor al consumo grupal y al logro de más "adeptos".
Juicio de desalojo, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz, Bonifacio c/ Allocco, Francisco Carlos s/ Desalojo.Sumario.Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-07-31

Se agravia el casacionista porque el fallo de grado no define la extensión del contrato de locación,si es por dos años conforme lo firmó o si por tres como establece la ley de locaciones.

En primer lugar cabe afirmar que configurada la falta de pago el desalojo procede sin necesidad de otra causal y en segundo término si al promoverse la acción de desalojo el plazo del contrato no está vencido, pero en ocación de dictar sentencia se consolida el derecho demandado corresponde se haga lugar a la acción, esto útimo conforme lo faculta el art. 163. inc. 6, 2do párrafo del CPC.

Ello así, no se advierte en este agravio qué perjuicio le causa la indeterminación aludida supra, si se toma en cuenta que el contrato se inicia en 1995, la demanda se entabla eb 1997, la sentencia se dicta en el 2000, la apelación se resuelve en el 2001 y estamos en el 2002, es decir pasaron siete años y el locatorio pretende que se le aclare la duración de su contrato, respecto del que no hay dudas que está vencido.

Ello evidencia que la conducta del demandado sólo tiene por objeto dilatar el proceso al solo efecto de demorar la efectivización del desalojo, violando los deberes de lealtad, probidad y buena fe, haciéndose pasible de un llamado de atención al letrado que suscribe el recurso.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL:
Carátula: FERRARI SERRA c/ GOLLER SERVILIANO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

El pacto de cuota litis no puede tener lugar sino como forma de retribución de servicios profesionales prestados en juicio contradictorio, esto es, en los que se debate un conflicto de intereses. No basta que el abogado o el procurador intervenga en cualquier gestión judicial, sino en aquéllas en que median pretensiones opuestas entre ambas partes.

La sola denuncia policial de un delito de acción pública y su ratificación ante el juez penal por parte del letrado no importa el ejercicio de ninguna acción judicial civil o penal, razón por la cual el pacto de cuota litis celebrado por aquél con sus clientes no se ha hecho efectivo por falta de proceso en el que pudiere hacerse valer. Y, aún cuando haya sido querellante en nombre de sus clientes, al tratarse de un delito de acción pública, la obtención del resultado previsto en el pacto ha sido ajena a la actuación litigante del profesional, puesto que provino de la investigación y actividad titular del juez penal, toda vez que en el caso de esos delitos la acción se ejerce por los órganos del Estado, con o sin la cooperación del particular damnificado (conf. Soler S. "Derecho Penal Argentino" 1953, T°2, pág. 499 y sgts.).

Si el resultado exitoso en el pleito se obtiene por causa de terceros, o bien, por elementos ajenos a la actuación del profesional (como una transacción ante un nuevo precedente legal, sanción de ley posterior, o un acto voluntario del demandado), se ha producido un hecho que hace imposible el cumplimiento del pacto de cuota litis (conf. CNCiv. Sala F, 13/12/63, L.L. t.114-519/20; id. Sala A 7/7/81, L.L. 1981-D-554).