Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-25


Expte. Nº 5472/11 "ACTUACIONES INVESTIGATIVAS - por homicidio en perjuicio de González, Andrés Saturnino - Casación" En la Ciudad de San Juan, a veinticinco días del mes de junio del año dos mil doce, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de redac-tar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la in-existencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:------------------------------------------------------ Contra la resolución dictada en fecha 25/11/2.010 por la Sala Segunda de la Cámara Penal, obrante a fs. 285/291 vta., interponen recurso de casación los Dres. Rolando Aníbal Lozano y Fernando Rahme Quattropani, en su carácter de defensores de Gabriel A. Aranda Pizarro.- --- El decisorio impugnado fue dictado con motivo del recurso de apelación interpuesto por las respectivas de-fensas, contra el auto de procesamiento, y prisión pre-ventiva, decretado por el Tercer Juzgado de Instrucción contra Gabriel Alberto Aranda Pizarro y Carlos Roberto Limolle, por el delito "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" (arts. 79 y 41 bis 1º párrafo del Código Penal), al primero en carácter de autor y al se-gundo como partícipe principal (art. 45 ibid.), en per-juicio de quien en vida se llamara Andrés Saturnino Gon-zález. En dicha instancia recursiva, tras la tramitación pertinente, se resolvió rechazar los agravios de la de-fensa de Gabriel Alberto Aranda Pizarro por improceden-tes y confirmar parcialmente y a su respecto el auto de procesamiento con prisión preventiva de fs. 206/222, de fecha 16/12/2.009; y por mayoría, acoger los agravios de la defensa de Carlos Roberto Limolle y revocar parcial-mente a su respecto el auto de procesamiento con prisión preventiva aludido, dictando en su reemplazo auto de falta de mérito, ordenando en consecuencia su inmediata libertad.----------------------------------------------- --- En ese contexto, en el recurso extraordinario (fs. 296/306 vta.) se esgrime la procedencia del remedio re-cursivo en atención a la irreparabilidad ulterior del gravamen que acarrea la decisión atacada, situación que se hace centrar en la restricción prolongada de la li-bertad de Aranda Pizarro, fundada en valoraciones cargo-sas viciadas de nulidad. En cuanto a la motivación del recurso y sus agravios, puntualmente se afirma que la resolución de la Cámara carece de la debida fundamenta-ción (arts. 574 inc. 2º y 155 del C.P.P.), afectándose con ello el debido proceso y el derecho de defensa en juicio del encartado. Se dice que el fallo en crisis utiliza fórmulas genéricas o abstractas para la confir-mación del procesamiento, omitiendo la consideración y valoración de elementos de descargo que resultan diri-mentes, y la desestimación del planteo nulidicente es-grimido en la apelación, sin dar fundamentos satisfacto-rios y ajustados a derecho.----------------------------- --- Los recurrentes manifiestan, en relación al primer voto que integra la resolución en crisis, que se ha li-mitado a confirmar la resolución dictada en la instruc-ción por sus propios fundamentos, toda vez que el Juez de mérito es soberano en la selección de los elementos de prueba para la solución del litigio, y de ese modo se ha desatendido la pretensión de la defensa, puesto que el Juez de grado sólo ha dedicado su esfuerzo en tratar de colectar elementos que pudieran servir de sustento a la imputación indirecta que hicieran la esposa y la cu-ñada del fallecido en contra del encartado; haciendo ca-so omiso a la presencia de graves, precisos y concordan-tes indicios que sugieren la ausencia de participación de Aranda Pizarro en los hechos que a la postre le en-dilga. Se sostiene que el Juez instructor omite indagar las razones por las cuales la cuñada del occiso denunció originariamente un suicidio, omisión que de haber sido oportunamente atendida, podría haber desembocado en el esclarecimiento del hecho. Asimismo afirman que el Ma-gistrado instructor descartó inexplicablemente, como ob-jeto de investigación, una serie de circunstancias de-terminantes para el esclarecimiento, como son la refe-rencia de un testigo hábil con relación a la presencia de un arma junto al cuerpo del herido; como la indaga-ción de las personas que acompañaban a la víctima momen-tos previos a recibir un disparo de arma de fuego; no investigó la causa de las lesiones que presenta en sus miembros superiores e inferiores; como tampoco indagó sobre las razones que motivaron a la concubina del fa-llecido a cambiar su versión de los hechos. De otro la-do, tampoco hicieron mella en la tarea de colección de elementos probatorios, los graves y concordantes indi-cios que sugieren que Aranda Pizarro no ha participado en el hecho investigado; tal como son el resultado nega-tivo de la prueba de dermotest, y además que la deten-ción fue en su casa luego de pasadas unas horas de pro-ducidos los hechos sin evidenciarse intención de huída (indicio de inocencia), la inexistencia de rastros de motocicleta en el lugar, y la falta de secuestro de ele-mento alguno que pueda vincularse a la acción reprocha-da. Así entonces, sostienen que no es cierto de que existan elementos de convicción suficientes para estimar que el encartado deba responder por el hecho que se le incrimina, pues tal afirmación es producto exclusivo de la arbitrariedad.--------------------------------------- --- En cuanto crítica al segundo y tercer voto de la re-solución impugnada, se expresa que desde el inicio la investigación de autos fue encaminada a determinar la autoría de Aranda Pizarro en el homicidio, y el verdade-ro reproche a la tarea del juez preventor está en no dar respuesta a las razones que llevaron a la cuñada del fa-llecido a intentar mostrar como un suicidio lo que en verdad era un homicidio; tarea que permanece absoluta-mente inexpresada en la resolución de la Cámara, frente a los dichos de la testigo Verónica Carrizo (que dijo haber visto un arma junto a otros elementos en la escena del crimen). En tal sentido se dice que el testimonio de esta testigo, frente a la tesis del suicidio que fuera denunciada por la cuñada del occiso, cobran verdadera relevancia que se intenta relativizar con los dichos y constataciones de quienes no estuvieron en el lugar en que aconteció el hecho. Destacan que al arribo de la po-licía al lugar, ni siquiera estaba el cuerpo del falle-cido; de allí que la escena puede perfectamente haber sido cambiada, de donde se sigue que el elemento al que se alude para descalificar los dichos de quien aparece como verdadero testigo objetivo resultan inadmisibles, y constituyen plena prueba de las deficiencias valorativas que se denuncian. Consideran que el voto de la Sala arroja una evidente voluntad de confirmar la tesis de la razonabilidad del fallo del inferior, pero en definitiva para ello se vale de testimonios que fueron cambiando radicalmente desde su versión originaria y adecuándose para encontrar un culpable, como es el caso de Ángela Barboza. Denuncian que la versión de Ángela Barboza re-sulta contradictoria con los dichos de los funcionarios policiales y con el testimonio de la propietaria del al-macén al que supuestamente se había dirigido a efectuar compras. De igual modo este testimonio resulta abierta-mente contradictorio con el brindado por el Sr. Atampiz, en relación al episodio de la balacera del día anterior al hecho investigado.----------------------------------- --- Finalmente, como pretensión y en la medida que el fallo confirmatorio de la cautelar que se impugna causa estado, toda vez que priva al pupilo de la libertad, se solicita que se case lo resuelto, se revoque el resolu-torio impugnado y el que le sirve de antecedente, y en su mérito se ordene el sobreseimiento de Aranda Pizarro en estas actuaciones.----------------------------------- --- A fs. 307/309 el inferior concedió el recurso.------ --- Una vez radicadas las actuaciones en esta instancia compareció la parte recurrente (fs. 316/326 vta.) reite-rando su pretensión casatoria.-------------------------- --- Finalmente tomó participación la Dra. Gloria Alicia Esquivel Puiggrós (fs. 330/333), en el carácter de Fis-cal General Subrogante, quien se pronunció fundadamente por el rechazo del recurso, al entender que el auto de procesamiento es una cautelar que no causa estado, toda la valoración en él efectuada no es definitiva, es un juicio basado en un grado de probabilidad; además del poder soberano del tribunal en la selección de la prue-ba, donde puede desechar la que no resulta útil o perti-nente, sin que ello signifique que se hayan desatendido los agravios llevados en apelación, como entienden los recurrentes. Sostuvo la procuración fiscal que todos y cada uno de los elementos probatorios fueron especifica-dos y valorados debidamente en la cautelar dictada y re-frendada en apelación, resultando válidos y procedentes como semiplena prueba de autoría y responsabilidad del imputado Aranda Pizarro, quien no pierde su estado de inocencia, hasta que pueda desvirtuarse o no en el jui-cio. En definitiva opina que los recurrentes tratan de que se revisen cuestiones fácticas, a los efectos de probar la falta de participación de su defendido, lo que resulta totalmente ajeno a esta instancia.-------------- --- Habiéndose dictado el decreto de autos a estudio y plasmada la postura de las partes interesadas, abordaré en primer lugar lo atinente a impugnabilidad objetiva, es decir, si en el presente caso se dan los requisitos genéricos que la ley establece para su admisibilidad.--- --- En dicha tarea he de apoyarme en el criterio que ya ha sido definido y plasmado por esta Corte en P.R.E. Sa-la Segunda, año 2.006, tomo I, folio 62; año 2.009, tomo I, folio 2; y año 2.010, tomo II, folio 370.------------ --- Reiteradamente se ha dicho que el Tribunal senten-ciante, ante quien se interpone el recurso de casación, tiene a su cargo el juicio de admisibilidad formal del mismo, a resultas del cual concederá o denegará el acce-so a la instancia extraordinaria (P.R.E. S.2ª.-2002-III-514, P.R.E. S.2ª.-2004-II-211, entre otros). Y por otro lado la misma ley procedimental, en su artículo 560 se-gunda parte (por remisión del art. 582) faculta a este Tribunal a rechazarlo cuando hubiere sido concedido erróneamente.------------------------------------------- --- Expresamente el Código Procesal fija que el recurso de casación se concede "contra las sentencias definiti-vas o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la ex-tinción, conmutación o suspensión de cualquiera de ellas" (art. 575), aunque también se ha equiparado a ta-les tipos de resoluciones, con carácter de excepción y por poseer los efectos de una sentencia definitiva, re-conociéndose que procede a su respecto la casación, a ciertos autos interlocutorios. Entre estos cabe mencio-nar los autos que afectan provisionalmente la libertad del individuo (P.R.E. S.2ª.-2004-II-535) o que vulneran en forma ostensible y flagrante garantías básicas de la constitución (P.R.E. S.2ª.-2004-IV-636).---------------- --- Sentado ello, y antes de entrar al análisis especí-fico del presente caso, se hace necesario reafirmar, por ser las reglas generales que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y que guardan estrecha relación con la cuestión debatida, lo siguiente: 1) Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de se-guir sometido a proceso criminal no satisfacen como re-gla el requisito de ser sentencia definitiva, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación (Fallos, 308:1667; 310:1486; 314:657 etc.). 2) Las restricciones normales que derivan del sometimiento a juicio no cons-tituyen un perjuicio de imposible reparación ulterior (Fallos, 310:1486; 311:1781; 314:657). 3) La invocación del art. 18 de la Constitución Nacional no autoriza la concesión del recurso extraordinario en cada oportunidad en que durante el curso del proceso se invoque la viola-ción de la defensa en juicio por el procesado (Fallos, 212:104; 213:274; 219:664); o no suple la ausencia de definitividad de la decisión impugnada la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas o de la arbitrariedad del pronunciamiento (Fallos, 307:2348).

--- Entrando al análisis particular de este asunto, y a la luz de lo dicho precedentemente, las constancias del expediente y los agravios esbozados, considero que en el presente caso no se configura "actual y manifiestamente" ninguno de los supuestos que podrían habilitar la aper-tura de la instancia superior. Es criterio general de esta Corte que, salvo casos excepcionalísimos, mediante el recurso de casación no se puede atacar en definitiva un simple auto de procesamiento, que resulta de natura-leza eminentemente modificable, y así se lo ha resuelto en reiteradas oportunidades al rechazar la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que no trun-can el desarrollo del proceso, tal como fueron los casos "Arena" (P.R.E. S.2ª.- 2011-II-216) y "Sigalat" (P.R.E. S.2ª.- 2011-III-426).----------------------------------- --- La propia Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho que "la confirmación parcial de un auto de procesamiento no reúne la calidad de sentencia definitiva o equipara-ble a definitiva, careciendo de uno de los requisitos objetivos para la procedencia del remedio intentado" (Sala 05 - Ángela E. Ledesma - Guillermo J. Tragant - Eduardo R. Riggi - causa "Solís, Virginia Inés s/ Rec. de Queja", Sentencia del 26/11/2.008).------------------ --- Es que la resolución que confirma el auto de proce-samiento y desecha las nulidades planteadas, atento el carácter provisional propio de la etapa procesal ins-tructoria a la que remite en consecuencia, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la ley para la procedencia del recurso de casación desde que no pone fin a la acción ni impide que ésta conti-núe.---------------------------------------------------- --- Además, de lo actuado en autos, y fundamentalmente lo decidido por el Tribunal de apelación, no surge -ni lo justifican los recurrentes-, en forma ostensible y flagrante, vulneración alguna de las garantías básicas de la Constitución con entidad suficiente para lesionar el debido proceso legal y la defensa en juicio que per-mitan habilitar la competencia de esta Corte en la etapa preliminar del proceso. Soy de opinión que la Sala Se-gunda de la Cámara Penal, al abordar el recurso llevado a su decisión, dio justa respuesta a todos los agravios planteados por los quejosos, todo ello acorde a la etapa procesal por la que transita el proceso; sin que quepa reproche valedero alguno, más que algún puro disenti-miento de los hoy recurrentes.-------------------------- --- Es dable destacar que el remedio casatorio intentado en el sub exámine, mas allá de cualquier intento de hacerlo aparecer en otro sentido, únicamente persigue la revisión o revalorización del material probatorio ya analizado por los tribunales de mérito, y en tal sentido deviene a todas luces improcedente. Es que considero que la valorización de la prueba (única pretensión concreta de los recurrentes) por el Tribunal de Casación debe hacerse -con la impronta y las limitaciones sentadas por el Máximo Tribunal en "Casal"- luego de una sentencia definitiva, precisamente por ser un Tribunal Extraordi-nario cuya competencia se encuentra limitada a los su-puestos que nuestra ley ritual fija en el artículo 574; ya que sino injustificada e indebidamente se lograría ordinarizar el proceso. Es decir que de ser acogida la pretensión de los recurrentes tal como se encuentra planteada, y sin existir un evidente atropello a los li-neamientos constitucionales supremos, significaría asen-tir que esta Corte -como tercer tribunal de mérito- deba revisar la valoración probatoria de procesos que transi-tan por etapas provisionales, lo que resulta inadmisi-ble.---------------------------------------------------- --- Como se ha sostenido reiteradamente el auto de pri-sión preventiva no constituye, en principio, sentencia definitiva, pudiendo hacerse excepción a tal principio cuando la decisión impugnada restringió la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposi-ble reparación ulterior, supuesto en que se la equipara a aquélla. Pero aquí no se agota la excepcionalidad, ya que la apertura de la instancia extraordinaria, requie-re, además, que se encuentre involucrado un atropello flagrante a la Constitución. Resulta claro y lógico que ambos requisitos (la restricción de la libertad y la violación evidente de la Constitución) deben encontrarse presentes de forma conjunta y no simplemente alternati-va; ya que de ser así el Tribunal de casación se encon-traría obligado a revisar cualquier prisión preventiva válidamente dictada (cfr. P.R.E. S.2ª.-2007-II-248 y P.R.E. S.2ª.- 2011-II-308).----------------------------- --- Entiendo que tanto el procesamiento de Aranda Piza-rro y la resolución confirmatoria de la Cámara, dada su propia naturaleza, no resultan arbitrarias ni capricho-sas a punto tal de resultar manifiestamente contrarias a los principios que gobiernan el proceso penal. Dichos pronunciamientos contienen los elementos y fundamentos mínimos y necesarios para la continuación normal del proceso, y resultan acordes con su característica de provisoriedad, desde que sólo deben fundarse en la sim-ple probabilidad.--------------------------------------- --- Lo cierto es que en las presentes actuaciones exis-ten probanzas con carácter cargoso e incriminante que no pueden ser desechadas de plano, como lo pretende la de-fensa. Véase al respecto las declaraciones de Guillermo Mauricio Atampiz (fs. 15 y vta., 139/140), Carolina An-tonia Barboza (fs. 53/54, 89, 203 y vta.), Cristian Abel González (fs. 55, 148 y vta.), Ángela Inés Barboza (fs. 56/57, 108, 146/147, 149/150, 204 y vta.) y por sobre todo lo expuesto por Patricia Ivana Cortéz (fs. 110/111, 155/156). Indudablemente que en este caso el Juez ins-tructor deberá agudizar y profundizar la investigación en muchos aspectos, pero de ningún modo esta Corte puede ni debe abortar los naturales canales procesales y fines del proceso. En definitiva hay que permitir que la in-vestigación continúe.----------------------------------- --- Surge con meridiana claridad que el auto interlocu-torio cuestionado de ninguna manera puede ser equiparado a sentencia definitiva, toda vez que no pone fin al pro-ceso, y la restricción de la libertad existente -con la obligación de continuar sometido a proceso- es una co-rrespondencia lógica, normal y legítima de lo allí re-suelto.------------------------------------------------- --- Considero, sin lugar a dudas, que los hipotéticos agravios de la defensa, tras el agotamiento de la inves-tigación, pueden ser pasibles de una suficiente repara-ción en el mismo devenir del proceso. Con la decisión que se adopte después del contradictorio, quedará expe-dita la vía para la actuación como Alzada; ya que pre-tender abrir la instancia casatoria en la etapa actual del procedimiento importaría ordinarizar el recurso, rompiendo toda la sistemática procesal, llevando a que la Corte descienda al análisis de pruebas provisionales rendidas en el sumario (ya revisadas por un segundo tri-bunal) sin existir el dictado de una sentencia definiti-va.----------------------------------------------------- --- Conforme a ello entiendo que los agravios expuestos no tienen entidad suficiente para abrir la instancia ex-traordinaria, lo que así debe ser declarado.------------ --- Entonces corresponde declarar erróneamente concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 296/306 vta., debiendo bajar los autos sin más trámite al Tribunal que corresponda.-------------------------------------------- --- Tal es mi voto.------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Declarar erróneamente concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 296/306 vta., y bajar los autos sin más trámite al Tribunal que corres-ponda. II) Protocolícese, notifíquese y cúmplase.- Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Pro-Secretario Letrado.- Cp-5472 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2012-III-505