marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del administrador de la sociedad, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Espinola Andrés Sebastián c/ Transportes Ruta S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

La posibilidad del escudo societario sólo puede funcionar o ser tolerada mientras se respeten las condiciones para las cuales el legislador le ha otorgado a los socios de un sujeto colectivo el derecho de actuar con imputabilidad diferenciada. Pero si esta se viola, se debe "imputar" y "responsabilizar" a quienes se encuentran detrás de la "escenografía societaria". No debe perderse de vista que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley (cfe. Art. 2 de la ley 19550), por lo que es lógico que las consecuencias del abuso o la violación de la ley deban recaer sobre las personas de sus socios, controladores y o directores que la hicieron posible (arts. 54 y 274), sin que resulten aplicables los precedentes "Palomeque" o "Kanmar" del Máximo Tribunal. En el caso, se ha demostrado el fraude a la ley cometido de modo sistemático, a través del pago indocumentado de salarios. Por tales razones se hace lugar a las acciones dirigidas contra los codemandados quienes deberán responder solidariamente junto con Transportes Ruta S.R.L. frente a la condena diferida a favor del reclamante.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, reconocimiento de firma, citación por edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: F. MIHANOVICH Y M. AYERSA c/ FRANCISCO CARRERA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

La citación a reconocer firma para preparar la vía ejecutiva no puede hacerse ante el defensor oficial, sino mediante la citación por edictos en los que debe constar claramente su finalidad y el apercibimiento del caso. En tales condiciones, ante la incomparecencia por ese medio notificada, resulta inobjetable efectivizar el apercibimiento y dar por concluida la etapa del procedimiento del CPR 526 y ss. y pasar a la siguiente conforme las previsiones rituales.
Excarcelación, resolución denegatoria, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Norma Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-07

Corresponde rechazar el recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación si se ajusta a la exégesis correcta de la normativa aplicable al caso, en tanto se imputa el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tráfico de estupefacientes, pudiendo corresponderle una pena privativa de la libertad mayor a ocho años y que por su mínimo impide la condena condicional, el a quo tuvo en cuenta el secuestro de gran cantidad de cigarrillos de marihuana y envoltorios de cocaína y valoró las circunstancias socio económicas de la imputada considerando que podría seguir percibiendo sus rentas desde cualquier lugar, a lo que se suma el avanzado estadio del proceso, que se encuentra en la etapa de juicio, y el tiempo de privación de libertad, que no es excesivo. La disidencia sostuvo que lo resuelto omitió ponderar todas las circunstancias relativas al monto de la pena y al modo en que podrían verse frustrados los fines del proceso, agregando que no corresponde efectuar una consideración acerca de la supuesta "solvencia económica" totalmente desconectada de las demás circunstancias familiares y personales de la imputada. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Raúl Alejandro c/ Vío, Miguel y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Teniendo en cuenta que la víctima del hecho ilícito permaneció con el brazo enyesado durante cuarenta y cinco (45) días, seguido de un tratamiento de fisiokinesioterapia, lo cual revela los sufrimientos e incomodidades que hubo de soportar, es justo fijar en concepto de indemnización por el daño moral padecido, la suma de australes 350.000, a la fecha del fallo apelado (29/9/89).
Divorcio, conversión de sentencia, notificación por cédula, domicilio real
Materia: CIVIL
Carátula: P. DE L.E.M. c/ L.F.M. s/ DIVORCIO - CONVERSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

La resolución que decretó la conversión en divorcio vincular fue dictada en virtud de lo prescripto por el art. 8 de la Ley 23.515, disposición de carácter transitorio que otorga a cualquiera de los cónyuges divorciados con anterioridad y bajo el régimen de la Ley 2393 la posibilidad de solicitar judicialmente la conversión de la sentencia si ha transcurrido un año desde que ésta pasó en autoridad de cosa juzgada.

Se trató de una consecuencia no prevista al iniciarse las actuaciones en el año 1975 lo cual torna justificable notificar tan trascendente resolución en el domicilio real de la parte que no ha suscripto la petición cuando, por lo demás, se da el supuesto del art. 42 del Código Procesal.
Recurso de casación, accidente de tránsito, daños y perjuicios, aplicación de la ley, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: Durán, Elizabeth Raquel c/ Empresa de Transporte General Urquiza S.R.L., Protección Mutual de Seguro del Transporte Público de Pasajeros y/o Q.R.R. s/ Daños y Perjuicios - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-23

Llegan estos autos a esta Corte en virtud de un recurso de casación interpuesto por la parte demandada con el objeto de impugnar la sentencia dictada por el Ad quem, que no hizo lugar a excepción de prescripción interpuesta por la misma parte.

En cuanto a ello, en oportunidad de emitir pronunciamiento sobre la viabilidad formal de la cuestión planteada en autos Corte Nº 73/12 "Camprovín, Eduardo Antonio c/Empresa de Transporte General Urquiza y Otros s/Daños y Perjuicios s/Recurso de Casación" expresé que no correspondía la viabilidad formal del recurso intentado por cuanto la sentencia no revestía el carácter de definitiva, habiendo señalado que: ". la excepción de prescripción de la acción cuando es receptada cierra toda posibilidad de continuar el proceso y consiguientemente reviste carácter de definitiva, inversamente ocurre cuando la misma es rechazada por cuanto los litigantes pueden continuar el proceso y plantear todas las defensas que consideraren pertinentes con el objeto de lograr el reconocimiento del derecho que crean asistirles.". ". la sentencia rechaza la excepción de prescripción articulada por la parte demandada, con lo cual el requisito de mención no se configura por cuanto con el dictado de la misma no se concluyó el proceso y no obstaculiza la continuidad del mismo, quedando los litigantes en el pleno ejercicio del derecho de defensa, por lo que podrán en el transcurso del proceso interponer y hacer valer todos los derechos y garantías que crean convenientes.".

Tratándose en el sub lite de un cuestionamiento que reviste las mismas características de los autos de mención, mantengo mi posición al respecto, en cuanto a que la sentencia interlocutoria que se pretende impugnar no reviste carácter de definitiva, por lo que el recurso no es formalmente admisible.

(Del voto del Dr. Cippitelli, en disidencia)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Causa nº 34.358. "Alarcon, Mario J. s/ embargo". Sala IV ///nos Aires, 20 de mayo de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO Que viene esta causa a estudio con motivo del recurso de la querella, quien considera bajos los mil pesos fijados en concepto de embargo en el auto de fs. 147/153 sobre los bienes de Mario Juan Alarcón.

En torno al embargo, se ha dicho que: "La cuantía debe encontrarse limitada por el daño efectivo que, a primera vista, resulte de las constancias de la causa... sin perjuicio de las otras variables comprendidas por el precepto, entre las que se encuentra el daño moral provocado por el delito"(Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial; editorial Hammurabi, pág. 1295, Buenos Aires, edición 2004).

Así las cosas, teniendo en cuenta la intervención del imputado en los hechos, la cantidad de sucesos en los cuales se ha visto involucrado, el importe correspondiente al pago de la tasa de justicia, los honorarios de los abogados que actúan en estos obrados, el daño causado y la eventual indemnización civil por el delito perpetrado, habremos de elevar el monto consignado en el auto recurrido a la suma de tres mil pesos ($3.000) -Art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación-, lo que así se RESUELVE.

Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año, y que el Dr. Alberto Seijas no firma la presente por hallarse en uso de licencia.

Carlos Alberto González - Julio Marcelo Lucini Ante mí: Hugo Sergio Barros, Secretario de Cámara
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: S., SRL c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, aún en casos en que existía un monto del proceso, que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional e indicado que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de los distintos factores que influyen en las regulaciones de honorarios.
Honorarios, regulación de honorarios, presentación al cobro, oportunidad procesal, rechazo del reclamo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Dain, Laura Viviana c/ Kia Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-16

Procede rechazar el planteo del letrado de inaplicabilidad del CCCN 730. Ello por cuanto, en el caso, más allá de que el beneficiario que persigue el cobro de sus honorarios entendiera que la aplicación del mencionado artículo que intenta su contraparte era una requisitoria extemporánea, por no haber la recurrente interpuesto, en su momento, ninguna defensa, ni formulado dicha pretensión con anterioridad, cuando los honorarios fueron regulados, la procedencia del tope puede ser considerado, por economía procesal, al tiempo de regular, o por el contrario, puede admitirse el planteo al tiempo de la ejecución de regulaciones que no hayan contemplado tal restricción. En efecto, no puede obviarse que la oportunidad para efectuar el planteo que motiva el presente recurso, se considera que, en los casos particulares en que no se tuvo en cuenta el porcentaje establecido por la norma en cuestión a los fines de estimar los honorarios, es la etapa de ejecución de dichos emolumentos, el momento para efectuarlo. Ello, sin perjuicio de señalar que el planteo en análisis no resulta estrictamente una defensa en los términos del CPR 506, pues lo cierto es que la actora no fue citada de venta, aún. Así las cosas, conforme lo dispone el CPR 505, cabe el planteo en relación a los honorarios regulados en autos, resultando, por ende, temporánea, la presentación efectuada.
Cheque sin fondos, mandatario, costas al vencido
Materia: PENAL
Carátula: ALESSANDRELLI, RICARDO s/ Cheque sin fondos Causa 33710
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

1- Corresponde confirmar la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo en la causa por libramiento de cheque sin provisión de fondos si está admitido que se trata de órdenes de pago que fueron dadas sin las indicaciones esenciales que la ley comercial establece para que valgan como cheque.- 2- Aun admitiendo la existencia de un mandato expreso otorgado por escritura pública antes de dar las órdenes de pago el firmante de los cheques, como afirma el querellante, carecería de todo valor legal en tanto tendría por objeto un acto del interés exclusivo del mandatario (Cf. Código Civil, Art. 1892 in fine).- 3- Deber revocarse la resolución apelada, en cuanto exime de costas al querellante, pues si bien la ley procesal vigente autoriza dicha eximición al vencido cuando hubiere tenido razón plausible para litigar (Art. 531, C.P.P.), esta situación no se daría en el caso, en tanto los derechos patrimoniales que asisten a aquel pueden hacerse valer sin litigar afirmando la comisión de delitos.
Delitos contra el honor, testimonio, cumplimiento de un deber
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ SANTIAGO ADOLFO c/ LEZCANO RICARDO Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE UN DEBER - CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-10

Obra justificadamente, pues cumple con un deber (C.P., art. 34 inc. 4to. 1er. supuesto) los querellados que cuando prestaron declaración como testigos -propuestos por la demandada- en un juicio ordinario, al responder al interrogatorio, contestaron sobre hechos relacionados con la persona del querellante, que encerraban comportamientos francamente deshonrantes para éste.-
Proceso penal, imputado, suspensión del juicio a prueba, ley procesal penal
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA, GABRIEL MAXIMILIANO c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-14

Vedar a la defensa la posibilidad de peticionar de manera unilateral la aplicación del instituto en el procedimiento por flagrancia significaría limitar el ejercicio de una facultad prevista para esa parte en perjuicio para el imputado, por el solo hecho de no contar el mismo con una etapa intermedia y una audiencia preliminar específica. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, asociación ilícita, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

La banda es la simple pluralidad de personas en la autoría de un delito. Resulta equivocado pensar que a la banda el código penal la define el artículo 210 por cuanto en dicho artículo lo que se está definiendo es a la asociación ilícita. Los vocablos asociación o banda constituyen el género, una de cuyas especies es la de aquellas asociaciones o bandas destinada a cometer no un solo delito sino varios e indeterminados, especie que lleva el nombre de asociación ilícita. (De la Disidencia del Dr. Villar). En el caso, la cuestión a resolver es el alcance de la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal (como en definitiva en la votación final se produce un empate, se hizo necesario integrar la Cámara).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, cuestiones prejudiciales, delitos, autoría, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: BANCO UNICOR COOPERATIVO LIMITADO c/ UNIGRAN S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-28

En vinculación a la incidencia de la sentencia penal -de la cual surge la absolución del representante de la demandada por falta de autoría- en la decisión civil, el Sentenciante con abundante cita de doctrina y jurisprudencia entendió que conforme a la normativa aplicable sobre prejudicialidad (art. 1103 del Código Civil) si el juez penal determina que el hecho no ha sucedido o que el demandado no es su autor, no podrá existir culpa penal ni civil, indicando que en el caso no sólo se absolvió al presidente de las sociedades demandadas por falta de autoría sino que se condenó como autores a otras personas, por lo que entonces no puede afirmarse que hay responsabilidad civil del no autor, mientras que otros está n condenados por la comisión del hecho del que se lo absolvió. Tales consideraciones no recibieron la réplica debida y acorde a esta instancia, quedando los reparos de la recurrente en un intento por revertir la decisión tomada y, por ende, en el plano de la disconformidad, sin lograr acreditar que la sentencia resulte ser inv lida como acto jurisdiccional.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, avocación jurisdiccional, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez,  Sara  del Pilar s/ su solicitud de avocación - privación de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Corresponde rechazar la solicitud de avocación si la presentación no constituye acción o recurso alguno de los que habilitan la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), ni un caso de privación de justicia que le corresponda resolver (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Quiebra, confirmación de sentencia, cesión de derechos, prescripción adquisitiva
Materia: PENAL
Carátula: PORTAGRO SA c/  s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

Estímase improcedente la pertinencia de analizar y decidir en el marco de la petición introducida si operó o no, a su respecto la prescripción adquisitiva de los terrenos mencionados, debiéndose limitar el conocimiento de la cuestión a los términos en que se introdujo el planteo, esto es, si correspondía tenerla por poseedora y "propietaria" en virtud del contrato de cesión acompañado. Es que, no basta con poseer un terreno por espacio de veinte años, es indispensable además obtener el "título de prescripción", es decir, un pronunciamiento judicial reconociendo la adquisición del derecho real por usucapión. Y esta decisión solo puede ser adoptada por juez competente en el marco de una acción de usucapión, que en el caso de inmuebles inscriptos a nombre de un quebrado, será el magistrado del concurso, único competente para decidir la suerte de los bienes sujetos a desapoderamiento. Pero, en el caso, la configuración de este último extremo no fue acreditado. A más, el CPCC -aplicable al caso por remisión del LCQ 278- consagra la directriz mencionada en el art. 34, inc. 4°, que impone a los jueces el deber de respetar, en el pronunciamiento de las sentencias definitivas e interlocutorias el "principio de congruencia", el cual prohíbe a los Jueces otorgar algo que no haya sido pedido o más de lo pedido. Tal limitación, además, reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afectan las garantías reconocidas por la CN 16 y 17 los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes o exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda (Palacio Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T° I, pág. 258 y ss.).
Partes del proceso, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual de Venado Tuerto c/ Baggini, Josefa Virginia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

La esencia teleológica de la imposición del control letrado es la de asegurar la eficaz defensa, aún contra la pretensión del propio interesado de valerse por sí mismo, al evitar que esa tarea sea mal ejercitada por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicable al caso. Por tanto su obligatoriedad comprende la asistencia y dirección jurídica del patrocinado durante el curso del proceso y su omisión acarrea el estado de indefensión de aquel -arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional-.(doctor de Lázzari, mayoría)
Fraude a la propiedad intelectual, reproducción ilegal de obra intelectual, tentativa, películas
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, JOSE s/ PROPIEDAD  INTELECTUAL  -  REPRODUCCION FILM Y DOS CASSETTES - HECHO  TENTADO - ESCASA CANTIDAD COPIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

La reproducción sin permiso de un film en dos cassettes "U Matic", encuadra en la figura de defraudación de los derechos de propiedad intelectual, sin que pueda hablarse de hecho consumado sino tentado, pues la expresión "reproducir" requiere que el número de copias fuese de suficiente entidad, como para realmente hacer factible la lesión del patrimonio de la titular de los derechos, al ser libradas, por ejemplo, a la venta o alquiler de video cassettes de uso común, máxime teniéndose en cuenta, que para la época del hecho, la película se estaba proyectando el país en las salas cinematográficas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, información crediticia, negligencia, información errónea o desactualizada, deber de obrar con prudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MEYSA SRL Y/O BURSA, ROBERTO c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y  PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-04

Es inadmisible la queja interpuesta por el Banco respecto a la arbitrariedad en que incurriera la Sala al confirmar la condena por daños y perjuicios al dar por cierta la existencia del daño considerando que éste consistió lisa y llanamente en la privación de acceso al crédito, cuando a su criterio ese sólo hecho no tuvo en el caso concreto ninguna repercusión patrimonial que concretamente privara de ganancias o utilidades al damnificado ocasionando un "daño resarcible".

Es que, en el caso, luce razonable que la sentencia haya considerado que "...el error o negligencia de la conducta se adecua al perjuicio que se infiere en principio, por el solo hecho de su difusión" (con relación a la errónea información que se difundió respecto del nivel de endeudamiento de un sujeto), lo que "...se enlaza con lo grosero de la conducta negligente del Banco demandado a quien por su profesión le cabe el precepto del art. 902 C.C.; esto es que 'cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos'"
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: RIVADENEIRA, Pedro Miguel c/ GONZALEZ, Hipólito Matilde s/ ACCION EJECUTIVA CAMBIARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-28

Solo cabe atenerse a las determinaciones extrinsecas del título ejecutivo, con prescindencia de quienes sean los verdaderos titulares de la relación juridica documentada en él, lo que no puede ser objeto de debate y decisión en el juicio ejecutivo sino, eventualmente, en el proceso de conocimiento posterior.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa de acciones, actos de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

La compraventa de acciones, en cuanto implica la transferencia de una parte del capital social, es un acto de comercio encuadrado en el artículo 8, inciso 6) del Código de Comercio, ya que el referido inciso, al declarar mercantil a las sociedades anónimas, no se limita a la sociedad propiamente dicha, sino que tal declaración debe extenderse a los actos de constitución y funcionamiento de las sociedades, entre los cuales se encuentra la negociación de acciones.