Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09


Causa Nº 118-01/CC/2006, "Recurso de Queja en autos Bustamante, Mariana; Morales, Vanesa; Icazatti, Celina y ots s/ Infr. Arts. 116 y 117 ley 1472 CHILAVERT 6462".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losdías del mes de noviembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el Antonio Gariglio, co-titular de la Defensoria Oficial Contravencional Nº 2.

RESULTA:

1) Que a fs. 2 del presente incidente obra agregada copia de la cédula de notificación dirigida al Defensor Oficial, donde se le hace saber que podrá ofrecer prueba en el término de cinco días.

2) Que a fs. 3 obra agregada copia del escrito presentado por el Gariglio, en el que solicita el expediente en préstamo, que se practique nueva notificación en su despacho y se suspendan los plazos hasta tanto se resuelva lo peticionado.

3) Que a fs. 4 del presente se encuentra agregada copia de la resolución de fecha 14 de septiembre, en la que la Sra. Jueza de grado no hace lugar a lo solicitado por la defensa.

4) Que a fs. 6/8vta. obra copia del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor oficial contra la resolución mencionada en el punto 3).

5) Que con fecha 21 de septiembre la Sra. Juez a quo no hace lugar al remedio intentado, conforme copia de la resolución agregada a fs. 9.

6) Que a fs. 11/13vta. del presente, el Ministerio Público de la Defensa interpone recurso de queja por apelación denegada.

CONSIDERANDO:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso 7) Que en virtud a lo establecido por el art. 6 de la ley 12, es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, a la luz del cual se deberán analizar los requisitos de admisibilidad de la vía directa que ha intentado el quejoso.

El remedio intentado cumple con los requisitos establecido en los arts. 476 y 477 del C.P.P.N., habiendo sido presentado en tiempo y forma, por quien se encuentra legitimado para recurrir. Asimismo, el recurso de queja interpuesto posee fundamentación autónoma, siendo autosuficiente.

8) Por otra parte, el rechazo del recurso de apelación resuelto por el tribunal inferior no debe prosperar ya que negar a la defensa la suspensión de los plazos para ofrecer prueba, provoca una gravamen irreparable con directa afectación de garantías constitucionales, lo que torna admisible la apertura del presente remedio procesal.

Consecuentemente, siendo que nuestro régimen procesal local difiere al de la Nación en cuanto al trámite del recurso de apelación, se deberá resolver la queja y en su caso, proceder directamente al análisis de los agravios. En efecto, los arts. 50 y 61 de la ley 12 regulan que tal remedio procesal debe ser deducido mediante escrito fundado, mientras que el C.P.P.N. sólo exige su motivación, por lo que prevé un sistema de emplazamiento (arts. 451 y 454) que, de abrirse el recurso de queja, deviene necesario el reenvío a la instancia inferior para notificar al recurrente respecto de la concesión del primigenio recurso de apelación -dado que se fundamenta en la Alzada-. Por ello, no corresponde en el ámbito local tal remisión a primera instancia (ley 12, art. 6).

Conforme lo expuesto, procede abrir la queja intentada, debiendo adentrarnos directamente a tratar el fondo de la cuestión traída a estudio, no resultando necesaria otra sustanciación.

Segunda cuestión: De los agravios 9) En primer lugar, es necesario recordar que el art. 14, pto. 3, b) del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:...b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa...". En igual sentido el art. 8, pto. 2, c) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por su parte, el art. 144 del Código de Procedimientos en Materia Penal (de aplicación supletoria conforme el art. 6 de la LPC) establece que: "Los fiscales y defensores oficiales serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en la secretaria del tribunal o en el domicilio constituido. Si el imputado estuviere preso, será notificado en la secretaría o en el lugar de su detención, según lo resuelva el tribunal. Las personas que no tuvieren domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren".

Asimismo, el art. 148 del mismo ordenamiento adjetivo reza: "Cuando la notificación se haga personalmente en la secretaría o en el despacho del fiscal o del defensor oficial se dejará constancia en el expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado, quien podrá sacar copia de la resolución. Si este no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina".

De ello se colige, que el órgano jurisdiccional debe velar por el aseguramiento de la efectividad de la defensa en juicio, facilitando las vías para que cuente con los medios adecuados, como también asegurando que disponga del tiempo necesario para cumplir con su cometido.

10) En este sentido, sin que esto signifique una situación de desigualdad con los abogados particulares, las obligaciones que pesan sobre la defensa pública -en paridad con las del Ministerio Publico Fiscal- obligan a darle un tratamiento diferenciado.

De allí que no es posible otorgar otra inteligencia a disposiciones tan explícitas como las citadas, previstas por el ordenamiento rituario supletorio (art. 6 LPC), ya que tal especificación en cuanto al lugar donde deben practicarse las notificaciones a un defensor público oficial -quienes no pueden tener otro domicilio constituido que sus oficinas-, tiene por finalidad precisar la necesidad de cumplir el acto de la notificación de tal funcionario personalmente en el expediente.

Evidentemente, una interpretación armónica de los arts. 144 y 148 del CPPN obliga a notificar personalmente a tales funcionarios oficiales en sus despachos, no pudiendo ello ser considerado ningún privilegio o comodidad especial -conf. Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", Tomo I, Séptima Edición, Lexis Nexis Abeledo Perrot, pág. 283).

Ello no significa que no pueda notificárselos por cédula; sin embargo, cuando se trata de actos procesales de la trascendencia del presente -ofrecimiento de prueba, art. 45 LPC-, cuyo incumplimiento puede acarrear la pérdida de derechos, es necesario extremar todos los resguardos tendientes a asegurar la efectividad del derecho en juego, máxime si tiene rango constitucional -defensa en juicio-.

11) En el caso concreto, no se notificó personalmente al defensor público en su despacho de lo normado por el art. 45 LPC, y si bien dicho letrado no consideró tal circunstancia como un agravio en esta instancia, cierto es que de haberse cumplido con tal práctica (demás está decir que tal práctica es inveterada en los tribunales penales de la Nación), no se hubiese originado este planteo que, pese a su apariencia de nimiedad, afecta un derecho fundamental.

No es posible soslayar las cargas laborales del defensor público, de allí la necesidad de un trabajo coordinado con los demás operadores del sistema de justicia (art. 17, inc. 3 de la ley 21). Justamente, esta ausencia de acuerdo entre el representante del Ministerio Público de la Defensa y la Titular del Juzgado Contravencional ha redundado claramente en perjuicio del justiciable, y es esta situación la que debe ser revisada a fin de evitar nulidades ulteriores.

12) De allí que, al no contar con elementos imprescindibles para la preparación de la defensa -era un hecho que el defensor técnico no tenía copia del expediente, y que la podía haber obtenido al momento de su notificación personal-, esta situación excepcional debió haber sido contemplada por el a quo, suspendiendo el término de prueba por un plazo prudencial para que el asistente letrado pudiera sacar fotocopias (v.g. 48 hs.), reanudándolo inmediatamente.

Es de notar que la rigidez de la resolución atacada sólo derivó en la afectación de "garantías mínimas" previstas por los pactos internacionales, en detrimento del imputado.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "(l)a falta de presentación de la defensa y el abandono de la misma por el defensor nombrado de oficio al reo, no autoriza al juez para darle por decaído aquel derecho, proseguir la causa y condenarle sin aquel requisito esencial, cuya omisión ocasiona la nulidad de todo lo actuado posteriormente" (CSJN, "Rojas Molina", fallos 189:34).

13) No se trata de la ausencia de préstamo de la causa o su negativa, cuestión anecdótica que, más allá de ser ajena a todo agravio tratable en esta instancia, debió haber sido superada por el asistente técnico enviando a un empleado al Juzgado a sacar las copias de las constancias legajales para la cumplir con la defensa técnica; el tema medular radica en la afectación del derecho invocado ante la negativa de suspensión de plazos, producto de esta falta de coordinación entre un magistrado jurisdiccional y otro del Ministerio Público de la Defensa.

Al respecto, también se ha expedido el máximo tribunal de la Nación al referirse a los plazos: "...no cabe aplicar con estrictez el cómputo del término legal para la interposición de la queja ... Ello así porque, como lo señalo el juez Brennan, sin el auxilio letrado todas las otras garantías de un proceso justo pueden quedar malogradas -Minnesota Law Review", vol. 45, nº 5, abril de 1961, citado por Douglas, "The Right to Counsel", pág. 693-. En las condiciones del caso el hecho se traduciría en la indudable frustración del derecho federal cuestionado, a saber, el del ejercicio regular de la defensa en juicio" (CSJN, "Centeno", Fallos 255:91).

No soslayamos lo dispuesto por el art. 163 del C.P.P.N., sin embargo, cuando el vencimiento del plazo opera la caducidad automática de la facultad para cuyo ejercicio se concedió, si ello afecta un derecho inalienable, debe primar la vigencia de éste.

Dentro del ejercicio de constatar si se ha vulnerado el derecho a la defensa, es obligatorio determinar también si el mismo ha sido garantizado a través de las actuaciones que se han cumplido y que permitan predicar que el proceso tuvo un desarrollo normal, acorde con los parámetros legales.

Y, en aras de establecer si los actos que se solicitaron al margen del rito -suspensión de los plazos, préstamo de las actuaciones- constituyen el incumplimiento de requisitos meramente formales, es necesario establecer la trascendencia de la irregularidad para preservar la finalidad garantista de la actuación que, con miras a adelantar un debido proceso, impide que se afecten los derechos sustanciales de las partes o la estructura básica del mismo.

14) El incumplimiento de la necesaria diligencia que se le impone a la defensa técnica para procurarse prudentemente de todos los medios para ejercer su ministerio, no puede ser excusa o fundamento de un cercenamiento de derechos esenciales del imputado, situación que debe ser evaluada cuidadosamente por el órgano jurisdiccional en su rol de garante de las mandas constitucionales.

Cuando se trata del derecho a la defensa técnica, su afectación debe ser examinada con respecto a la forma como se encaró esa labor de defensa. En estos actuados, si bien el defensor debió haber procurado con la debida antelación las copias necesarias para cumplir con el ofrecimiento de prueba, ante la situación suscitada por el cúmulo de trabajo de tal funcionario, el pedido de suspensión de los términos debió haber sido acordado a título de excepción.

Frente a ello, la negativa que dimana de lo resuelto a fs. 776 no puede derivar en privar al imputado de la posibilidad de brindar los elementos de descargo que hagan a su defensa. De allí que el reclamo efectuado no significa que haya habido un manifiesto abandono de las funciones propias de esa actividad, tal como sostiene el Sr. Fiscal de Cámara, que pueda justificar su apartamiento.

El menoscabo de las garantías procesales que la Constitución y la ley reconocen a favor del procesado, debe ser corregido. De allí que "...los juzgadores están legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión, incluso contra la voluntad del procesado" (C.S.J.N., "Arnaiz", Fallos: 237:158).

Consecuentemente, se debe acceder a la suspensión del término de prueba, debiendo el defensor arbitrar los medios necesarios para la obtención de copias del expediente en cuestión.

15) Por todo ello, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal, RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, obrante a fs. 4vta. del presente incidente -párrafo tercero-, en cuanto no hace lugar a la suspensión del plazo previsto por el art. 45 de la ley 12, solicitada por la defensa oficial.

Regístrese, notifíquese notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente remítanse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

La doctra Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto por el Defensor Oficial, contra la resolución del 21 de septiembre de 2006 que no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto (que obra a fs. 6/8vta. del presente).

1) El recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible. Satisface además los recaudos de fundamentación autónoma por lo que corresponde adentrarse en su tratamiento.

2) Por tratarse de una imputación de orden contravencional deben aplicarse todas las garantías previstas en sede penal.

La gravedad de la situación en que ha quedado sumida la imputada, la ubica ante la carencia de una defensa efectiva (Fallos 279:27) al verse privada de ofrecer prueba, lo que me persuade en este caso de la necesidad de no hacer recaer en ella consecuencias de una decisión que se advierte -por las expresiones de su defensa técnica- que recaen exclusivamente en ésta última.

Esta necesidad de defensa técnica efectiva ha sido resuelta por la Corte Suprema en el sentido más favorable al imputado, haciendo primar el derecho sustantivo por sobre el procesal invocado (Fallos 306:195, entre otros), llegando a señalar que "es de equidad y aún de justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor" (Fallos 5:459).

Por lo expuesto corresponde:

I. HACER LUGAR al recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la defensa oficial de la Sra. Icazatti.

II. REVOCAR la resolución del 14 de septiembre de 2006 en cuanto no hizo lugar a la suspensión del plazo previsto por el art. 45 de la ley 12.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5. Conste.