Confirmación de sentencia, incumplimiento del contrato, asegurador, seguro de vida, seguro por servicio de sepelio, intereses, costas, honorarios, daño moral, aumento de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereira Noemí Matilde c/ Caja de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contratos Civiles/Comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora demandada a pagarle a la actora los montos correspondientes al seguro de vida colectivo por fallecimiento de su cónyuge y al seguro de gastos de sepelio colectivo, ello elevando los montos fijados en dichos conceptos con adición de los intereses fijados a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires; modificar la sentencia apelada elevando también el monto fijado en concepto de daño punitivo con adición de los intereses indicados; revocar el rechazo del daño moral, admitir este rubro y fijarlo con adición de los intereses correspondientes; adecuar los intereses fijados en la sentencia apelada a lo decidido en este pronunciamiento, donde las prestaciones a cargo de la demandada se determinaron a valores actuales; imponer las costas de alzada en atención al resultado del trámite recursivo, a la parte demandada que ha sido vencida; por último diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77; arts. 31 y 51 de la ley 14.967).

En el caso, es evidente que la aseguradora demandada se ha aferrado a una cerrada postura basada, exclusivamente, en la literalidad de los contratos de seguro colectivo objeto de autos, desconociendo los deberes que se encontraban a su cargo en virtud de las normas y principios emergentes del Código Civil vigente a la época en que sucedieron los hechos y de la Ley de defensa del consumidor. De este modo, ha ignorado que en una correcta interpretación de los contratos de seguro, se debe ponderar la inequívoca conducta puesta de manifiesto por las partes y, especialmente, se deben considerar los concretos deberes que pesaban sobre la aseguradora, en atención a su profesionalidad en la materia y a la circunstancia de que cuenta con todos los medios pertinentes para realizar un minucioso seguimiento del contrato de seguro colectivo. En este sentido, al ser contratos de consumo regulados por la Ley 24240, a los contratos de seguro colectivo le son de aplicación las directivas de interpretación que surgen de los arts. 3 y 37, el deber de información plasmado en el art. 4, la obligación de trato digno y equitativo al consumidor y la prohibición de prácticas abusivas que contempla el art. 8 bis, entre otras tantas disposiciones emergentes de dicho plexo normativo, que ahora ha sido complementado por la regulación de los contratos de consumo contenida en los arts. 1092 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación. En otras palabras, la Ley de defensa del consumidor no se superpone, sino que se integra, en un diálogo de fuentes, junto a la norma especial instaurada por la Ley 17.418; pues la Ley 24.240 amplía el sistema de protección de los usuarios y consumidores y debe aplicarse coordinadamente -sin que ello implique un desplazamiento- con los demás cuerpos normativos.