marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARCATELLI, MARIO MIGUEL c/  s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO AGRAVADO POR USO DE ARMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Los cuestionamientos introducidos por las costas impuestas a su parte en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad no pueden tener favorable acogida, pues dicha cuestión -conforme criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- implica una materia procesal, de derecho común, extraña, en principio, al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria local, propia de los jueces de la causa; salvo aquellos supuestos de manifiesta arbitrariedad, lo que no se demuestra en la especie, al colegirse en el auto denegatorio que las costas fueron impuestas a la recurrente conforme la regla general del artículo 448 del Código Procesal Penal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 448
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Esnaola, Miguel Angel y otros c/ Roson, Luis Danisl y otro s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-14

El lucro cesante definido como "la ganancia de que fue privado el damnificado" (art. 1065 del Código Civil) traduce la frustración de un enriquecimiento patrimonial a raíz de un hecho lesivo. Por más que el lucro cesante no debe ser indemnizado sobre la base de meras suposiciones conjeturales y requiere asentarse sobre pautas objetivas, no es necesaria la absoluta certeza de que la ganancia o utilidad que la constituye se hubiese obtenido.
Declaración de inconstitucionalidad, rechazo in límine, Impuesto sobre los ingresos brutos, expendio de medicamentos
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Gomer  S.A. c/ Córdoba, Provincia de. s/ Declaración de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Corresponde rechazar "in limine" la acción declarativa de inconstitucionalidad tendiente a que la Corte se pronuncie respecto de la no procedencia del Impuesto sobre Ingresos Brutos establecido en la provincia de Córdoba a través del Código Tributario, en cuanto incide en la actividad de comercialización de productos farmacéuticos efectuada en ese territorio. Ello es así, pues la acción meramente declarativa está sujeta a los requisitos de admisibilidad que determina el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los que no aparecen reunidos, si el accionante no señala de manera concreta por qué períodos promueve la acción - lo que impide determinar si se trata de la aplicación del gravamen respecto de actividades que han tenido lugar antes de ahora, ni tampoco se especifica - en caso de tratarse de períodos ya transcurridos -, de cuales se trata, y se han efectuado pagos en concepto de gravámenes, en cuyo caso existirá, en punto a ello, la posibilidad de repetirlos y si tampoco se ha invocado la existencia de una actividad explícita del poder administrador dirigida a la percepción del tributo cuya validez se discute o que, importe una manifestación inequívoca de voluntad en el sentido de que está dispuesto a usarse del poder controvertido.
Recursos, fundamentación del recurso, reposición in extremis, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: DERUDDER, LUIS ALBERTO c/ LEVIN, MARCOS JACOBO; ABREBANEL, MATILDE CAMELIA s/ Recurso Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-17

El recurso de reposición "in extremis" es de procedencia excepcional y subsidiario que se puede intentar contra una resolución judicial que no admite otras vías impugnaticias, y solo para subsanar errores materiales evidentes.
Secretaría de Industria, resoluciones, industria automotriz, automotores, importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Batistini, Eduardo Rubén c/ Secretaría de Industria y Comercio de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

La resolución 300/94 de la Secretaría de Industria, en cuanto estableció que los vehículos no producidos localmente que se hallasen en condiciones de ser importados por personas físicas o jurídicas conforme a lo dispuesto por el último párrafo del art. 9° del decreto 683, debían al 31 de diciembre de 1994 estar en zona primaria aduanera con el respectivo pedido de despacho de importación para consumo, y que dicha fecha tendría carácter "perentorio", "improrrogable" y operaría como plazo de caducidad para el ingreso de aquellos vehículos al territorio aduanero, no se presenta como un criterio manifiestamente ilegítimo o arbitrario en la aplicación de lo dispuesto en el citado decreto, ya que ha adoptado una de las soluciones posibles que aquél ofrecía en lo atinente a la determinación de sus alcances.
Recurso de casación penal, citación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARLOS TACILIO VAS ALMEIDA s/ RECURSO DE CASACIÓN EN "EXPTE. Nº 46-AÑO 2009. RECURSO DE REPOSICIÓN PLANTEA NULIDAD DE ACTOS PROCESALES EN EXPTE. Nº 07/09 - VAS ALMEIDA - s/ ABUSO SEXUAL".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-08

Estando la causa en etapa de citación a juicio, y no existiendo causal alguna que impida la prosecución de la misma, debe finalizar por sus modos normales con el dictado de una sentencia definitiva, rechazando el recurso de casación y debiendo volver las actuaciones a origen para la realización del debate oral. (SUMARIO CONFECCIONDAO EN EL SAIJ)
Procesos de conocimiento, servicio nacional de agua potable, tarifa de servicios públicos, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Federación de Asoc. Católicas c/ Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (Eras) y Otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-08

La parte actora promovió demanda contra AySA y el ERAS a fin de que se la reconociera como beneficiaria del cuadro tarifario ordenado por la ley 27.218 (Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público) y, en consecuencia, se procediera a la refacturación del servicio desde la fecha de entrada en vigencia de la norma. La sala en primer término, rechazó la falta de legitimación pasiva opuesta por AySA sobre la base de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 27.218, en tanto allí se establece que los prestadores de servicios públicos deben responder por las obligaciones emergentes respecto del cobro de las tarifas. Por otra parte, indicó que el a quo omitió interpretar de modo integral las disposiciones de la ley 27.218 que prevén, de modo directo o mediante remisión legal y reglamentaria, los requisitos necesarios para el otorgamiento del beneficio en cuestión (cfr. arts. 12 y 14). En efecto, remarcó que si bien la accionante solicitó en sede administrativa la retroactividad reclamada y que en el artículo 14 de la ley 27.218 se prevé la aplicación de las prescripciones del Anexo E de la ley 26.221 en cuanto sea compatible con la ley y en la forma que sea más favorable a los sujetos del régimen, ello no se traduce en la inclusión ipso facto al tratamiento tarifario particular en los términos peticionados, sino en la integración y compatibilización de las exigencias previstas para el otorgamiento de los diferentes tipos de beneficios existentes en la reglamentación siguiendo el espíritu perseguido por la norma. Por ello, ordenó dejar sin efecto el reconocimiento retroactivo del beneficio litigado desde la entrada en vigencia de la ley 27.218; y lo dispuso a partir del 30/10/17 -junto con la refacturación del servicio-, fecha en la cual la parte actora se presentó ante la Gerencia de Atención al Usuario del ERAS a efectos de cumplimentar con las exigencias requeridas por la normativa aplicable.
Empresas del Estado, ENCOTEL, empleados públicos, remuneración, transferencia del personal
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Iches, Roberto Francisco y otros c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

No parece razonable sostener que el cumplimiento del art. 7° de la ley 22.420, que dispone que a los trabajadores de Encotel que resuelva incorporar se le reconocerá "la retribución que por todos los conceptos habituales y permanentes se encuentre percibiendo en el momento de la transferencia" se agota sólo con el mantener la remuneración original a valores nominales, sin incrementarla, de manera tal que el aumento de las retribuciones en la nueva empresa, y paralelamente, el efecto de la depreciación de la moneda sobre los salarios, absorba de manera paulatina cualquier diferencia, o la reduzca a valores reales de ninguna significación.
Responsabilidad del socio, certificado de servicios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ciancaglini, Leopoldo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-09

En el caso a estudio siendo los imputados socios gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada, y tratándose de empleadores privados, no puede sostenerse que el certificado de servicios y remuneraciones extendido sea un instrumento público. El carácter de tal viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto que lo confecciona, el que necesariamente requiere que sea un agente que esté investido de tal potestad.
Secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ledesma Walter Oscar s/ Incidente de restitución de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Respecto de los efectos secuestrados en causas penales, este Tribunal tiene dicho que: deben quedar sujetos a disposición del juzgado a los fines del artículo 23 del C.P. mientras perdure la sustaciación del proceso y a resultas de éste, siempre y cuando sean elementos que permitan demostrar la configuración del hecho investigado, es decir, constituyan elementos de prueba, o bien puedan haber sido adquiridos con su producido (conf. esta Sala in re: c. 42.963 "Rojas.", rta. 14/03/09, reg. 455 y su cita).
Administración Pública, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPECHE LUIS ALBERTO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-24

El Estado vencido en juicio, debe pedir la sustitución de la sentencia dando razones de orden público que exijan esa sustitución. Debe fundarse en que la ejecución de la sentencia pueda crear enormes dificultades al interés público; generalmente las normas incluyen los supuestos -taxativos- en que puede fundarse el pedido, otros son más amplios. Precisamente en esta última corriente se enrola nuestro Ley de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, cuando establece la posibilidad de resolver el cumplimiento de la sentencia dictada en contra de la administración en una indemnización.
Recurso de queja (procesal), resoluciones equiparables a definitiva, notificación automática
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ Sr. Propietario s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-18

Si bien la sentencia de caducidad de instancia dictada por la magistrada de primera instancia no reviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva exigible para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, se configura un supuesto de excepción cuando la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad en razón de que implica un entorpecimiento evidente en la percepción de la renta pública
Nulidad de la notificación, domicilio constituido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ DE OVEJERO GRISELDA DEL JESUS c/ DIRECCION DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02

Corresponde admitir el incidente de nulidad de notificación planteado por la parte a quien se la notifica en el domicilio constituido anteriormente, y que ha constituido nuevo domicilio procesal, aún cuando esta nueva constitución no ha sido ya notificada por cédula, si la contraria se anotició de la misma con el retiro del expediente.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, inconstitucionalidad, afiliación a obras sociales, afiliación obligatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nowinski, Elsa  Alicia s/ inconstitucionalidad  art.  16  de  laley 6982.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Los agravios fundados en la insuficiente atención, falta de cobertura y restricción en descuento del precio de medicamentos por parte del organismo médico local respecto de las necesidades de la interesada no son hábiles para demostrar la inconstitucionalidad de la norma que estableció la afiliación obligatoria al IOMA., pues remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al recurso extraordinario.
Recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Norberto Alejandro Fernández c/ Nicolás Ribaya y otro s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-30

Para que pudiera prosperar la solicitud de recusación sin expresión de causa, el profesional debería haber intentado esa petición en el término establecido imperativamente por el art. 14, tercer párrafo del C.P.C.C..
Delitos, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: RAMONDA, MARIA DE LOS ANGELES c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

La defensa pretende reabrir el debate sobre la apreciación de los hechos y la valoración probatoria, no logrando acreditar con su planteo la decisividad de la solución que propone en orden a que un informe médico era la única prueba idónea tendente a tener por acreditado el estado de vulnerabilidad de la víctima; pues en la especie resulta de crucial trascendencia distinguir la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de prueba decisiva, se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, de cuestionar los alcances y significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa, que es lo que permitió en autos que los Judicantes concluyeran que el sujeto pasivo al momento del hecho sufría una disminución en su capacidad psíquica y actuara ligeramente proyectado por necesidad de tipo afectivo y por una disminución en su razonamiento. (De la disidencia de los Dres. Netri y Gutiérrez)
Quiebra, deberes y facultades del síndico del concurso, informe general del síndico, acción de nulidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO MAYOSOL SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28

Resulta procedente el planteo de nulidad respecto del informe general previsto en la ley 24522: 39 presentado por el síndico. Ello así, toda vez que el funcionario consignó que no pudo tener un contacto directo con la fallida, ni obtener información patrimonial, ni operativa ni antecedentes documentales y registrales de la misma. Ademas indicó no estar en condiciones de dictaminar sobre: a) las causas del desequilibrio económico de la deudora, b) su situación patrimonial y la composición del activo, c) la regularidad registral de los libros contables y del cumplimiento de lo establecido por el ccom: 43, 33 y 51, d) la regularidad de los aportes sociales y la responsabilidad que podría imputarse a la fallida. Tampoco nada informó respecto a la enumeración concreta de los actos susceptibles de ser revocados. El cpr: 169, aplicable en este proceso en virtud de lo establecido por la lc: 278, prevé que "...la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad...". resulta evidente que el informe objetado no cumple con los requisitos mínimos para obtener su finalidad, esto es, informar acabadamente sobre la actividad de la fallida. consecuentemente procede declarar la nulidad de dicho informe.
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, muerte del ama de casa
Materia: CIVIL
Carátula: GUERRI PEREYRA SERGIO DIEGO c/ BUET RENE ALBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

La tarea del ama de casa resulta realmente productora de bienes, aunque no tenga una traducción económica precisa, numérica; tanto sucede así que, si se tuviera que acudir a otra persona para que supla complemente su labor, habría que pagar por ella, en consecuencia, al fallecer quien realiza esa labor, se frustra, para quienes tienen derecho, esa producción.
Ejecución fiscal, aportes a obras sociales, vales de comida
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente c/ Provincia de Jujuy s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

El art. 6° de la ley 24.241, con el objeto de determinar la base sobre la que debe efectuarse el cálculo de los aportes y contribuciones a las obras sociales, "ha dejado establecido el concepto basal de remuneración a los fines del S.I.J.P. y ha fijado cuáles son los rubros incluidos y los que no lo son, a tenor de su art. 7° (ver Fallos: 330:1927, Cons. 11) y, en Fallos: 332: 2043 el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc. c, de la LCT (texto según la ley 24.700), relativo a los vales alimentarios, en cuanto se consideraba a estos beneficios sociales y se les negaba naturaleza salarial. Se entendió que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan (doct. in re "Inta Industrial Textil Argentina S.A.", Fallos: 303:1812 y sus citas), y se sostuvo que el art. 103 bis, inc. c), no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar el otorgamiento de los vales alimentarios asumidos por el empleador, de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de este. La Corte sostuvo que dichos principios resultan estrictamente trasladables al sub lite por resultar substancialmente análogo; en mérito a lo dispuesto por el art. 18 de la ley 23.660 y por el art. 6° de la ley 24.241; y porque el régimen de las Obras Sociales se encuentra regulado por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, que no pueden ser anuladas o modificadas por normas provinciales, que resultan jerárquicamente inferiores a aquellas (art. 31 CN), razón por la cual la defensa opuesta no puede prosperar.
Prescindibilidad, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bontempo, Héctor Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de Diputados) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-01

Por vía de principio, no cabe a los tribunales examinar las concretas razones que hubiesen dado origen a la separación del agente, cuando el acto cuestionado se funda exclusivamente en las causales de prescindibilidad expresamente contenidas en la ley, sin aditamento de juicio alguno sobre la conducta, capacidad o persona del empleado segregado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL
Carátula: C., A.I. c/ S., J.M. y Otros s/ Daños y Perjuicios -Beneficio de Litigar sin Gastos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-22

El pago mediante depósito judicial debe reputarse efectuado en el momento en que el acreedor es notificado del auto que lo hace saber, pues desde entonces la cobranza queda librada a su propia diligencia; el itinerario procesal que va desde el depósito bancario hasta la efectivización del giro judicial, corresponde a una actividad que, a su turno, deben soportar cada una de las partes, a manera de carga impuesta por comunes conveniencias de certeza y seguridad.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Will de Magnit, Hedwig Juli s/ sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

El poder otorgado en el extranjero ante escribano público, se presume hecho conforme a las leyes del lugar del otorgamiento y el mismo resulta suficiente para acreditar la personería. ( arts. 12, 950 y cdts. C.C. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, extinción del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: De Giorgio, Beatriz c/ Administración Aquilino C. Colombo s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-01

Aunque el resorte que prevé el art. 1525 del Código Civil estaría en principio, reservado para el caso de vicios ocultos o defectos graves de la cosa arrendada, la doctrina es conteste en reservar la facultad extintiva que otorga al locatario para los casos en que la extensión del impedimento revista caracteres relevantes, como en los supuestos de los arts. 1519 y 1521 en que las molestias, ruidos o perturbaciones fueren de entidad suficiente como para justificar la ruptura del contrato. Aún así se niega el derecho para implementar la extinción cuando el locador consienta en hacer desaparecer los vicios o morigerarlos en lo que fuera menester, a salvo claro está el derecho del inquilino para pedir la disminución del precio del alquiler por el tiempo en que perdure el cercenamiento de su derecho.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, peatón embestido
Materia: CIVIL
Carátula: ROCCA, ALICIA c/ OLDANI, HORACIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-06

No habiéndose demostrado la culpa de la peatona, la responsabilidad del conductor por la totalidad de los daños causados en un accidente de tránsito, por ellos protagonizado, resulta inexorable. Por tanto, atento a la incapacidad psico-física parcial y permanente del 25% de la total obrera de la víctima de 53 años -al tiempo del accidente-, y considerando que esa incapacidad no la afecta sólo en el aspecto laboral sino también en toda su vida de relación, procede elevar a $20.000 la indemnización fijada por el a quo ($11.619, 65% del total por responsabilidad concurrente), con más los intereses a partir del ilícito.
Recurso contencioso administrativo, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIORGI, OSCAR HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 460 AÑO 1994) DALONSO, VICENTE FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 461 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17|2004-11-10

No puede prosperar el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que por Comunicado se "invitó" a "todo el personal del Banco que desee incorporarse al Centro de Cómputos, como operadores o programadores, a someterse a un test de aptitudes", señalándose expresamente que "a efectos remuneratorios serán contemplados los adicionales contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo vigente". Consecuentemente, no asiste razón al recurrente cuando en su demanda afirma que en dicho ofrecimiento el Banco formuló "promesa de asegurársele una categoría y retribución mayores", sino que por el contrario, resultaron claros los términos en cuanto a desvincular la remuneración a liquidarse -en su caso- en el nuevo sector, del régimen previsto en el Acta 21 de 1978.-