marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asistencia y salvamento, salario de asistencia y salvamento, resultado útil, responsabilidad del propietario del buque
Materia: NAVEGACION
Carátula: PESQUERA DEL ATLANTICO c/ PESQUERA SANTA MARGARITA s/ SALARIO DE ASISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-04

En exigencia del resultado útil como requisito para generar el derecho al salario por la asistencia prestada constituye el mayor incentivo para que el éxito corone el esfuerzo de los salvadores. Si el potencial deudor del salario pudiera liberarse con la mera observancia de una conducta negligentemente omitiva, ni acorde con las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, se desnaturalizaría la finalidad misma que la exigencia del resultado útil se halla enderezada a satisfacer, que es acicatear la solidaridad en el mar y que se observe el mayor empeño en la asistencia. Si aún observado ese mayor empeño por el asistente, nada se debiera cuando, como consecuencia de un comportamiento negligente del propietario quedara frustrado el resultado útil, ello implicaría sostener que si el asistido no quiere, o no le conviene por cualquier motivo, no debe pagar el salario, proposición cuyo solo enunciado convence acerca de su inadmisibilidad ya que, en tales condiciones, es difícil que se prestara cualquier auxilio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BROGGI, GUILLERMO JORGE c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Del pronunciamiento atacado surge que los Magistrados, con el propósito de evidenciar que las atribuciones formuladas contenían una pormenorizada descripción de los hechos endilgados y de las pruebas producidas, y en pos de dar respuesta a la achacada variación del grado de responsabilidad del imputado, analizaron detalladamente la sentencia de grado, para así concluir que la crítica defensiva -referida a que la fundamentación de la Magistrada resultaba vaga e imprecisa-, lucía inconsistente y contraria al tenor literal de la decisión cuestionada y frente a ello, la quejosa invoca de manera genérica afectación del principio de congruencia y del derecho de defensa de su asistido, mas lo cierto es que como tiene dicho esta Corte, la mera alusión a normas y principios de raigambre constitucional no determina por sí misma la admisión del recurso de inconstitucionalidad provincial, siendo necesaria la demostración de la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa, no surgiendo de la impugnación el cumplimiento del aludido recaudo, por carecer del acompañamiento de la necesaria motivación a fin de demostrar cómo aquéllos pudieron haber sido afectados por las consideraciones o fundamentos de la sentencia recurrida. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 99 p. 393; T 117 p. 296; T 138 p 433; T 226 p. 50; T 227 p 495.
Impuestos, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: El Tambolar c/ Estado Nacional y  DGI s/ acción declarativa - medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Las normas jurídicas de derecho privado versan sobre las relaciones de las personas de existencia ideal o de existencia visible, entre si o con terceros; en tanto que, las normas de derecho público fiscal rigen solamente en orden al propósito impositivo del Estado, que fija las reglas sin atenerse a las diferencias que el derecho privado establece y teniendo en cuenta la mejor recaudación de sus recursos y la mayor justicia en la distribución de las cargas que impone.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MORENO FERRER, MARTA c/ HECTOR CONTEGRAND. s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-20

El ordenamiento procesal faculta al juzgador a apartarse en ciertas circunstancias de la base fáctica original, autorizándolo a hacer méritos de hechos constitutivos modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, cuando ellos están debidamente probados, extendiéndose en tales ocasiones que ello no lesiona la congruencia que es doble exigir al sentenciante.
Entidad Binacional Yacyretá, licitación pública, pliego de bases y condiciones, tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: dHA. Empr. Constr. - Ingeco S.A. - Viluco S.A. - Arg. Asoc. y otro c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Si el adjudicatario pretende lograr el cumplimiento de la licitación de la que resultó beneficiario, no se da ninguna de las dos opciones que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, por lo que resulta aplicable el art. XIX del Tratado de Yacyretá en cuanto establece que regirá la legislación de la República Argentina, por tratarse la actora de una persona jurídica domiciliada en ella (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Homicidio, prueba confesional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Antonio Patricio Igor Soto y Miguel Angel Ovalle Recaval s/ Homicidio - Robo de Automotor y Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-12-12

De las declaraciones obrantes en autos se desprende fehacientemente la responsabilidad criminal de los encartados en los hechos, y habiendo confesado su participación en los mismos, las notorias y reiteradas contradicciones que surgen de las declaraciones en las que previamente han tratado los inculpados de deslindar sus responsabilidades imputándose recíprocamente los hechos narrados resultan ser probanzas suficientes para arribar al respecto a una sentencia condenatoria; y la medida de la responsabilidad de ambos encartados, además de la confesión está dada por la comprensión de la criminalidad de sus actos, y la capacidad de dirigir sus acciones.
Hipoteca, ejecución hipotecaria, sentencia de trance y remate, subasta de inmuebles, desocupación del inmueble
Materia: PROCESAL
Carátula: BLEKER, Jorge E. c/ GENNARI, Mercedes Aída s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

1- Si luego de dictada la sentencia de trance y remate, el procedimiento se ajustó a lo previsto en el nuevo art. 598 del Código Procesal, habiendo tomado oportuno conocimiento la ejecutada sin formular observación alguna y tenido ocasión de ejercer ampliamente su derecho de defensa, no existe razón fundada para cuestionar la constitucionalidad de la norma referida.

2- Lo dispuesto en el art. 79 de la ley 24441, no implica menoscabo del derecho de propiedad de la ejecutada, si al momento de constituir la hipoteca base de la ejecución, se comprometió en forma expresa a desocupar totalmente el bien gravado dentro de los diez días, subsiguientes al de recibida la intimación por el juzgado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, gravamen irreparable, declaración de incompetencia, doctrina legal, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Nallar, José Alberto c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. 6638/02 Ejecución de sentencia en expediente 356/70. L.A. N 46, F 778/780, N 309 Provincial de Vialidad s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. 6638/02 Ejecución de sentencia en expediente 356/70. L.A. N 46, F 778/780, N 309
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-08-04

Corresponde aplicar la excepción a la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal de Justicia en materia de pronunciamientos que declaran la incompetencia de los jueces - Expte. Nº 2912/90, 15/4/93, caratulado "Recurso de Inconstitucionalidad: Del Río, Saturnino c/ Menacho, Juan Rodolfo"; L.A. Nº 36, Fº 228/230, 103, reiterado en L.A. Nº 46, Fº 81/84, Nº 34-, toda vez que, por la entidad de lo decidido, se ocasiona al demandante un agravio irreparable que autoriza su revocación. La actuación del A-quo conlleva un irrazonable e injustificado apartamiento de la pretensión defensiva del Estado, constituyendo una flagrante vulneración al principio de congruencia y, consecuentemente, al derecho de defensa en juicio del ejecutante.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Remises  Alem S.R.L c/ Oris, Luis Florencio y/o quien resulte responsable s/ Sumario por incumplimiento de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-31

La cuestión que origina la litis -accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos- debe ser resuelto conforme a lo normado por el artículo 1113 segunda parte del Código Civil .
Mandato, recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zalazar Marcelo A. c/ Hourtade Pedro y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-15

Careciendo el profesional interviniente de mandato para intervenir en autos, el mismo no se encuentra legitimado para recurrir la sentencia dictada, por no causarle agravio, de lo que se deriva que el recurso interpuesto fue mal concedido. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, proceso penal, víctima del delito, querellante, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: LEZCANO, EDUARDO FABIAN c/  s/ AMENAZAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

Corresponde desestimar la revocatoria interpuesta desde que, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema Nacional y este mismo Tribunal, la obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente y la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia, situación que difiere de la de la recurrente, toda vez que la norma aludida -en lo que aquí interesa- sólo refiere a los escritos judiciales de constitución como querellantes en causas penales de las víctimas de delitos que para tal fin cuenten con el patrocinio y/o representación de los abogados de los Centros de Asistencia Judicial, dependientes de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, u órgano pertinente, en el marco del cumplimiento de sus atribuciones, extremo que no ocurre en la especie. - CITAS: CSJN: Fallos 285:235; CSJStaFe: AyS T 205, p 286; Vázquez, T 102, p 495; T 132, p 33; T 148, p 472 y 483; T 205, p 286. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal, artículo 283; Ley 7055, artículo 8, segundo párrafo
IVA, hecho imponible, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Insinga de Barrenechea, María Lucía c/ Plamero, Pedro Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

Los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso deben regularse de acuerdo con la Ley 21.839. Este arancel se ocupa de la forma y modo en que deben fijarse dichos emolumentos y no contiene ninguna disposición que permita la adición de algunas sumas o alícuotas impositivas, extrañas a la valoración y retribución de las tareas realizadas.

Por otra parte, el artículo 5 inciso b) párrafo 3) de la ley de impuesto al valor agregado (texto según Ley 23.871), determina que el hecho imponible se perfeccionará con la percepción de la contraprestación, es decir el honorario.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rouxel, Luisa Ercilia c/ Leuci, Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

Si bien en ambos supuestos de responsabilidad, uno extracontractual regido por el art. 1.113 del Cód. Civ. y otro contractual, según el art. 184 del Cód. Com., los sindicados primigeniamente como responsables: dueño, guardián o transportador, al esgrimir la culpa de un tercero por quien no deben responder, deben justificar que el conductismo de éste reviste los caracteres del caso fortuito o fuerza mayor, pero con la salvedad, y esto es lo que marca la diferencia, que el choque o la colisión que pueda experimentar el vehículo de transporte público no puede ser considerado como un caso fortuito o fuerza mayor, pues es una contingencia previsible y propia de la actividad empresarial dedicada al transporte de personas o cosas.-
Competencia, falsificación o adulteración de moneda extranjera, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ahumada  o  Almada, Darío Carlos p.s.a. de circulación de moneda falsa extranjera.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Una exégesis sistemática de nuestros principios organizativos básicos (cláusulas de actuación exterior de los arts. 75, incisos 7, 11 y 13 y el art. 116) permite concluir que todo lo concerniente a la falsificación de moneda extranjera resulta de estricta potestad federal, aún cuando el legislador no se hubiera visto en la necesidad de reglar su ejercicio.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA EDUARDO ARIEL c/ JALON EDUARDO ANTONIO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Las Sentencias que omiten pronunciarse sobre los temas propuestos y conducentes para la decisión de la causa deben ser dejadas sin efecto por carecer de motivación suficiente en el mismo caso o por resultar violatorias del derecho de defensa en juicio.-
Daños y perjuicios, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: G., C.M. y otro c/ TESTORELLI S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-26

La empresa beneficiaria por la publicación con la foto de un actor famoso y su esposa exhibiendo folletería de su comercio joyería - que no les efectuó contraprestación alguna por las imágenes difundidas, debe abonar el costo del servicio publicitario. La procedencia del rubro - por la ganancia que no obtuvieron - no se relativiza porque el retratado manifestara que nunca consentiría relacionar su imagen popular con artículos suntuarios, porque en definitiva el servicio se prestó, no se pagó y el incumplimiento debe ser reparado.

Aun cuando la popularidad del artista que brinda su imagen puede hacer variar el costo de la fotografía publicitaria obtenida, es carga de quien pretende el rubro probar cuál hubiese sido el de una de tales características, como así también si pretende el costo de una que insuma más de una jornada de trabajo.
Cuestiones de competencia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto  Provincial  de  Loteria  y  Casinos  Sociedad del Estado. s/ Cuestión de Competencia Contencioso-Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-06-08

Es criterio del Superior Tribunal de Justicia que el planteamiento en base al Art. 4 de la Ley 3064, pude formularse en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, por entender que sus competencias originarias, constitucionalmente asignadas, no admiten delegación ni prórroga posible; de manera que, denunciada ante el mismo la existencia de materia contencioso-administrativa, es deber inexcusable del Alto Cuerpo formular el correspondiente juicio sobre sus propias atribuciones.
Acción de amparo, facultades jurisdiccionales, derecho a la salud, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. P., E. N. c/ IOSPER s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-25

Es arbitraria la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta a fin de obtener la incorporación como afiliada a una obra social, pues el tribunal apelado interpretó y aplicó los requisitos del amparo regulado por la ley local, soslayando el derecho a una tutela judicial efectiva y a interponer un recurso rápido y sencillo ante tribunales competentes frente a la vulneración de derechos fundamentales (art. 43, Constitución Nacional y arts. 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos), más aun considerando que la determinación de la existencia o inexistencia del derecho de la actora no exige una mayor amplitud de debate o de prueba. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN).
Excusación por denuncia o acusación, pedido de juicio político
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROBERT de PALACIN,M.A. s/ excusación Causa nro. 28.710
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

El propósito de evitar la separación de los jueces por el mero arbitrio de las partes condujo a excluir como tal causal las denuncias formuladas contra el Juez luego de su primera intervención en la causa - lo que claramente acontece en el caso -, marco en el que también cabe ubicar a la jurisprudencia que ni siquiera estima como causal bastante de apartamiento el pedido de juicio político ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Excarcelación, falta de fundamentación, resolución denegatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galarza, Guillermo Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-29

Resulta arbitraria la denegatoria de excarcelación si las valoraciones que realiza el a quo sobre las características y modalidades del hecho imputado y la gravedad del delito, no aparecen en concreto conectadas con un juicio de inferencia sobre la existencia de riesgos de fuga o entorpecimiento, sino que reconducen, en definitiva, a las disposiciones de los arts. 316 y 317 inc. 1º CPPN. La disidencia parcial sostuvo que las cuestiones referidas a la libertad, en tanto versan sobre una garantía primaria del imputado, deben ser resueltas sin reenvío.
Acción de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Moreno, Raúl Alfredo y Otros c/ Estado Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-10

En el caso, los actores, invocando el carácter de martilleros públicos, mediante acción directa de inconstitucionalidad y acción declarativa de certeza, impugnan Acordadas de la Corte de Justicia, pretendiendo con la primera la declaración de inconstitucionalidad de las mismas y la nulidad de los actos particulares dictados como consecuencia de su aplicación y, con la segunda, la declaración de certeza del momento desde cuándo, para la Corte de Justicia, ha entrado en vigencia la Ley 25028.

En cuanto a las previsiones legales de admisibilidad, ambas pretensiones revisten requisitos tipificantes distintos y se eliminan entre sí.

La Corte de Justicia Provincial, en su actual composición, ha incorporado la acción directa de inconstitucionalidad por vía jurisprudencial, interpretando que la misma se encuentra implícitamente legislada en el Art. 203, inc. 2 de la CP, al establecer que corresponde a la Corte de Justicia el conocimiento y decisión "de las causas acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la constitución".

Ergo, la primera acción se encuentra reservada para impugnar la validez constitucional de normas de carácter general emanadas de autoridades locales en cuanto resulten contrarias a la Constitución: en el sub lite Acordadas dictadas por la CJ contrarias a la Constitución.

Por su parte, el Art. 204 establece la jurisdicción de la Corte de Justicia para decidir en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas, comprensivas de la segunda acción, que persigue la declaración de certeza acerca de una determinada relación o situación jurídica reglamentada por actos de naturaleza administrativa; en el caso los dictados por la Corte de Justicia en ejercicio de funciones de superintendencia, cuya revisión es competencia originaria y exclusiva de este Tribunal (Conf.: jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano"). A esta pretensión, como a cualquier otra demanda, puede adicionarse incidentalmente una cuestión constitucional, cuando fuere imprescindible e imperioso hacerlo para resolver el objeto principal de la acción.

En el caso, siendo la naturaleza jurídica de los actos que son objeto de impugnación, Acordadas de la Corte de Justicia, la de actos normativos de alcance general que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución, dictados en ejercicio de funciones de superintendencia y en uso de facultades constitucionales propias del Alto Tribunal. Conforme a ello, debe establecerse la pertinencia de las vías que se intentan para declarar la nulidad de los actos administrativos particulares de otorgamiento de la habilitación y matriculación de los martilleros judiciales como peticionan los actores.

En conclusión, corresponde declarar la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la presente causa.
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciocci y Chiericotti S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

No puede conferírsele el efecto de una renuncia a manifestaciones que no conllevan una expresión clara e inequívoca de abandonar el cobro de los créditos por gastos improductivos que pudieran haberse devengado en los períodos analizados (doctor SORIA, sin disidencia).
Acto administrativo, procedimiento administrativo, nulidad de oficio, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Ante la anulación de un acto administrativo ilegítimo que concede o confirma un derecho o una ventaja jurídicamente relevante deben observarse las reglas siguientes, a saber: 1) si reconoce el derecho a una prestación administrativa, única o periódica, o condición para la prestación de bienes divisibles, no debe ser anulado cuando el favorecido ha confiado de buena fe en la validez del acto y su confianza sea digna de protección tomando en cuenta el interés público de la anulación; 2) como regla general debe considerarse que la confianza en la validez del acto es digna de protección cuando el favorecido consumió las prestaciones o dispuso de los bienes de tal forma que sólo podría restituirlos en condiciones notoriamente desventajosas; 3) dicha confianza no podrá ser invocada cuando el favorecido: a) haya provocado el acto administrativo mediante engaño, amenaza, cohecho, o b) haya provocado el acto administrativo mediante informaciones en lo fundamental inexactas o incompletas o c) haya conocido la ilegalidad del acto, o si no la conocía, debióse a negligencia notoria suya. En estos tres últimos supuestos, como regla general, debe proceder la anulación del acto administrativo con efecto retroactivo y el reembolso de las prestaciones ya recibidas, conforme a las disposiciones legales. El obligado a la devolución no puede invocar la falta de enriquecimiento sin causa cuando incurra en alguno de los supuestos precedentemente expuestos, es decir, cuando conocía las circunstancias o, si no las conocía, fue su negligencia notoria lo que motivó la ilegitimidad del acto.