Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-12-28


Fojas: 101 En Mendoza, a veintiocho días de diciembre del año dos mil cinco reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 84.109, caratulada: "D.G.E. EN J° 8352/74.690 MEY-DAC, MARÍA C. Y OTS. C/ GOB. DE LA PCIA. DE MZA. ESC. SUP. DE PUBL. Y PROP. Y OTS. P/ D. Y P. S/ INC." Y SU ACUMULADO N° 84.197 "FISCALÍA DE ESTADO EN J°8352/74.690".

Conforme lo decretado a fs. 100 se deja constancia del orden de estudio efectua-do en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: DRA. AÍ-DA KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: DR. FERNANDO ROMANO, tercero: DR. CARLOS BÖHM.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 13/20 la abogada Noemí Luján Correa, por la Dirección General de Escue-las (en adelante la D.G.E.), deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la sentencia dictada por la Quinta Cámara Civil de Apelaciones a fs. 942/950 de los autos n° 8352/7469, caratulados: "MEYDAC, MARÍA CAROLINA Y OTS. C/ GOB. PCIA. DE MENDOZA, ESC. SUP. DE PUB. Y PROP. Y OTROS P/ D. Y P.".

A fs. 46/55 la Fiscalía de Estado interpone recursos de inconstitucionalidad y casación contra la misma decisión.

A fs. 24 y 63 se admiten, formalmente, los recursos deducidos y se ordena correr traslado a la parte contraria quien, a fs. 70/82 y 88/96 contesta y solicita su rechazo con costas.

A fs. 84/85 y 98/99 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos de los recursos de inconstitu-cionalidad y el acogimiento del recurso de casación.

A fs. 99 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 100 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos interpuestos? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 10/12/1996 María Carolina Meydac, Gilda Vanesa Fogal, Silvana Beatriz Zabia, Valentina Costa, Rodolfo Fabián Araya y Ricardo Aníbal Lucero interpusieron demanda ordinaria contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza, el Círculo de Desa-rrollo de Dirigentes de Empresas y Personal (CI.DE.DI.P.) y la Escuela Superior de Pu-blicidad y Propaganda por daños y perjuicios. Presentaron una liquidación de los daños sufridos por cada uno de los actores y reclamaron además la suma de $ 50.000 en con-cepto de daño moral. Relataron que entre diciembre de 1993 y febrero de 1994 se inscri-bieron en la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda dependiente del Círculo de Desarrollo de dirigentes de Personal; tomaron conocimiento de la citada carrera a través de avisos en el diario Los Andes y por folletos que se entregaban en la misma escuela, que informaban que el sistema de evaluación era universitario y que el título a otorgar tenía validez nacional, con reconocimiento en la República de Chile; en definitiva, se les vendió una carrera con reconocimiento nacional y de validez oficial. Por entonces, en la provincia de Mendoza no había una universidad estatal o privada que dictara la carrera específica de publicidad y propaganda; una vez inscriptos, comenzaron las clases a prin-cipios de marzo; durante el primer año de cursado notaron ciertas deficiencias e impreci-siones; además de los aspectos académicos, la estructura edilicia no cumplía los reque-rimientos básicos de un instituto educativo. Algunos de los actores decidieron investi-gar; realizaron encuestas a alumnos y profesores, etc. Todo este material se presentaría como monografía para la materia "Marketing" dictada por el profesor Ricardo Gelardi, mas desde la Secretaría Administrativa se los llamó para decir que no presentaran el mencionado estudio; sin considerar los riesgos, la monografía fue presentada y el profe-sor la aprobó; sin embargo, el profesor no dictó más clases; se dijo que había renuncia-do, pero nadie supo por qué. El primer año de cursado (correspondiente a 1994) abando-naron muchos estudiantes. También renunció la licenciada Lidia de La Torre, encargada de la administración. El segundo año siguieron los problemas de desorganización. Va-rios alumnos se atrasaron en las cuotas, por lo que se pidió becas. Las notas nunca fue-ron respondidas; ese año fue caótico desde el punto de vista académico, incluida la inasistencia de los profesores. Por entonces, comenzaron a sospechar que el título que extendía el instituto no era oficial ni respondía a lo prometido. Se eligieron delegados del curso a quienes se encomendó preguntarle a la licenciada Videla sobre los papeles o autorizaciones donde decía que el título era oficial; ella contestó que los alumnos no tenían acceso a esa documentación. En ese momento se comenzó a confirmar el engaño, pero ninguno quería abandonar, porque habían perdido mucho tiempo y dinero. La misma Lic. Videla les comunicó días después que el título no era oficial, pero que estaba en trámite y a fin de año se solucionaría el problema, por lo que no debían preocuparse. Cuando se le preguntó por qué se les había mentido, ella negó lo que les había dicho antes. Al terminar ese año, se cambiaron de domicilio a la calle Perú. Los profesores que tomaron exámenes finales no eran los mismos que habían dictado las materias, quienes habían renunciado por falta de pago. En el tercer año aconteció algo inaudito: juntaron todos los cursos (primero, segundo y tercer año) en una misma aula, en un mismo hora-rio y con las mismas materias y profesores. Recién ese año sacaron avisos aclarando que el título no era oficial, inscribiéndose solamente diez alumnos, a diferencia de lo que había sucedido cuando ellos se inscribieron que eran sesenta. Los directivos continuaban diciendo que el título sería pronto oficial, aprovechándose de la ingenuidad y la confian-za del alumnado, que no sólo no advertía la malicia de los directivos, sino que tampoco conocía los requisitos necesarios para oficializar una carrera. Frente a esta situación, quienes estaban en tercer año decidieron investigar cuál era la situación real. A tal efec-to, se dirigieron a la D.G.E.; allí se les informó que la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda no estaba autorizada para dictar la carrera de Técnico Superior en Publici-dad y Propaganda, título que otorga sólo el Ministerio de Educación. Esta escuela había sido inscripta en el SNEP, que desapareció al pasar a la provincia. El SNEP sólo lo habi-litó para dar un curso de dos años de publicidad y no para el dictado de una carrera ter-ciaria como ellos anunciaban. Por lo tanto, el alumnado no tendría nunca un título ofi-cial, porque los programas conforme a los cuales se les había enseñado eran muy anti-guos y no habían sido avalados por la D.G.E.; por tanto, tampoco podrían rendir equiva-lencias, que no serían aprobadas por el Ministerio de Educación. En consecuencia, ten-drían que cursar nuevamente la carrera una vez oficializado el título, o comenzar a fojas cero en un instituto educativo que extendiese el título oficial. Se sucedieron diversas reuniones en las que el "rector", Sr. Jorge Mackern nunca dio una solución en torno a la validez del título; tampoco quiso reconocer el engaño; muy por el contrario, quería tran-quilizarlos diciéndoles que el título pronto sería oficial, en tanto consiguiera una cuña política. Comenzaron entonces algunos contactos con legisladores provinciales; se reali-zó una reunión en la sede de la Comisión de Educación del Senado; las personas que asistieron por el Ministerio de Educación de la Provincia les negaron toda autorización para dictar clases como carrera terciaria. El 26/6/1996 ante la falta de respuesta e indo-lencia de los órganos legislativos y ejecutivo remitieron cartas documento al Círculo de Desarrollo de Dirigentes de Empresa y Personal (CI.DE.DI.P) entidad propietaria y ad-ministradora de la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda y al Gobierno de Men-doza, como órgano de superintendencia y contralor del sistema educativo. Ofrecieron prueba.

2. A fs. 163/164 vta. se modificó la acción interpuesta; se ofreció nueva prueba; se liquidó el daño sufrido por cada actor y, en definitiva, se reclamó la suma de $ 378.924.

3. A fs. 174/175 compareció el CI.DE.DI.P. Contestó la demanda, negó los hechos, y solicitó el rechazo de la pretensión. Ofreció prueba.

4. A fs. 178/180 vta. compareció el Poder Ejecutivo de la provincia. Interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva (sine actione agit); sostuvo que la D.G.E. es un ente autárquico, por lo que no correspondía su intervención.

5. A fs. 246/248 contestó la Fiscalía de Estado; planteó la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva del gobierno de la provincia y solicitó su rechazo.

6. A fs. 298 se dispuso acumular a esa causa los autos n° 105.470, caratulados: "Araya Rodolfo y Ots. c/ D.G.E. p/ Ord." originarios del 12° Juzgado Civil. En esa de-manda iniciada el 26/12/1997 se relataron los mismos hechos y se ofreció la misma prueba.

7. A fs. 525/539 la D.G.E. compareció, planteó la defensa de prescripción y soli-citó el rechazo. Sostuvo que no era responsable de lo acontecido en razón de que los actores contrataron con la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda dependiente de CI.DE.DI.P entre diciembre de 1993 y febrero de 1994 por lo que ella no tenía jurisdic-ción sobre este instituto que versaba sobre el sistema privado de educación dependiente de la Nación; que cuando los actores concurrieron a la D.G.E. se les informó que ese instituto nunca había sido autorizado a dictar una carrera terciaria. Negó los hechos y los daños.

8. Se rindió prueba instrumental, testimonial, pericial, confesional.

9. A fs. 875/879 el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la deman-da por daños y perjuicios y condenó a la CI.DE.DI.P a pagar a los actores la suma de $ 145.000 (20.000 de daño moral a cada uno y el resto los daños materiales consistentes en gastos de inscripción, estudio y cuotas abonadas); desestimó la demanda contra la D.G.E. y el Gobierno de la Provincia de Mendoza.

Apelaron los actores.

10. A fs. 942/950 la Quinta Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso de apelación en cuanto incluyó en la condena a la D.G.E. En lo que a este recur-so interesa, el tribunal de apelaciones argumentó del siguiente modo:

a) No existe agravio por parte de la accionada principal, es decir, la CI.DE.DI.P, propietaria de la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda de Cuyo respecto de la conducta seguida que llevó a los actores al engaño, en tanto se les prometía un título de Técnico Superior en Publicidad y Propaganda, tal como surge de prueba incorporada que llevó, incluso, a la Fiscal de Instrucción a formular el requerimiento de instrucción formal por entender que se había configurado el delito de estafa. Tampoco acreditó que el Estado Nacional o Provincial la hubiese autorizado al dictado de tal carrera con ante-rioridad al año 1997 en que concluye el expediente 5941-D-93. Por lo tanto, no cabe dudas que obró con pleno convencimiento de que lo que ofrecía no era cierto. Cuando la D.G.E. otorga la autorización mediante resolución 7/97 obrante a fs. 378/381 del expe-diente n° 5941-D-93, en el punto VI resuelve: "Autorícese a la Escuela de Publicidad y Propaganda a implementar la presente carrera a partir del ciclo lectivo 1997 para el pri-mer año y sucesivamente los restantes cursos", o sea que esta autorización no tenía efec-to retroactivo a los cursos que se hubiesen dictado, aún con el plan aprobado con poste-rioridad. Aclarado este punto, cabe ingresar a la cuestión de por qué resulta responsable la D.G.E. a tenor del art. 1074 del C.C..

b) No se comparte lo expresado por el juez de primera instancia cuando afirma que la D.G.E. no tenía jurisdicción respecto del funcionamiento de la demandada princi-pal. La ley 24.049 estableció en su art. 1° facultar al Poder Ejecutivo Nacional a transfe-rir a las provincias y a la Municipalidad de Bs.As. los servicios educativos administra-dos en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los estableci-mientos privados reconocidos en las condiciones prescriptas por esa ley; el art. 2° esta-bleció que esa transferencia sería mediante convenio con cada una de las jurisdicciones y éstas, en su calidad de receptoras, debían cumplir con todos los derechos y obligacio-nes vigentes en materia educativa (art. 3). Como consecuencia de lo expuesto, la Provin-cia de Mendoza suscribió el convenio de transferencia de servicios educativos naciona-les a la Provincia de Mendoza el 28/2/1992, que fue ratificado por ley 5986 publicada el 14/9/1993. Este convenio, entre otros puntos, estableció un diagrama de fechas de la efectiva transferencia de cada uno de los servicios educativos que iba desde el 1/7/1992 hasta el 1 de setiembre del mismo año. De tal manera, no cabe ninguna duda, que cuan-do se promocionó la carrera de Técnico Superior en Propaganda y Publicidad la juris-dicción había pasado de la Nación a la Provincia. Si alguna duda quedara respecto de este hecho, negada por la D.G.E., el expediente 5941-D-93 resulta una prueba irrefutable en su contra, ya que el mismo se inició el 30/6/1993 (cargo de fs. 4) siendo que el direc-tor de Educación Privada, el 17 de agosto del mismo año pasó el expediente a la Direc-ción de Planeamiento Educativo para su consideración e informe, quien se expide el 4 de octubre (fs. 138) solicitando se ajuste la presentación a las sugerencias elaboradas por el equipo técnico de esa dirección, pero sin negar, ninguno de los funcionarios, la facul-tad que tenía la D.G.E. de otorgar tal autorización.

La pregunta es : La D.G.E., ¿tenía facultades restringidas por el convenio de transferencia de la Nación o bien debía ejercer todos los derechos y obligaciones in-herentes a la función educativa?; en su caso ¿cuáles eran estos derechos?.

c) Conviene recurrir a las normas provinciales en la materia. El art. 35 de la Constitución de la Provincia dispone que todos los habitantes pueden fundar y mantener establecimientos de enseñanza sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente, por razones de higiene, moralidad y orden público, norma a la que debe sumarse el art. 212, tercer párrafo que dispone que la dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza común y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con las reglas que la ley prescribe. Como corolario, corresponde tener presente la ley 37 del año 1897 cuyo art. 23 inc. 3°) establece entre las atribuciones del Consejo de Enseñanza Pública "visitar e inspeccionar los establecimientos de educación siempre que lo estime necesario".

d) La norma que funda la responsabilidad de la D.G.E. es el art. 1074 del C.C. Debe considerarse superada la discusión acerca de si la omisión sólo da lugar a respon-sabilidad del autor cuando la ley impone la obligación de cumplir el hecho omitido, o si no es necesario que el mandato de cumplir esté impuesto de una manera expresa, bas-tando que lo sea de una manera implícita en la obligación general que tiene de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902 del C.C.). Sobre esta cuestión es importante remitirse al fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza in re "Norton", continuador de "Torres", o "Díaz de Ghiotti", o más modernamente, en "Ladino" del 2/3/2001, en tanto se ha dicho que la clave para determinar la procedencia de la respon-sabilidad estatal por acto omisivo se encuentra en la configuración o no de una omisión antijurídica; esta última se da cuando es razonable esperar que el Estado actúe en deter-minado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares y requiere que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal expresa o implíci-ta.

e) Independiente de las normas legales por las que se entiende que la D.G.E. no sólo puede sino que debe efectuar un debido control de los establecimientos educativos que caen bajo su órbita, no cabe duda que "es razonable esperar" que un instituto que ofrece pública y abiertamente una carrera terciaria sea supervisado por la correspondien-te autoridad. Cuando se ingresa a una casa de comercio a adquirir una prenda de vestir, no se espera que ella haya sido debidamente habilitada por el municipio; sólo interesa la vestimenta y, obviamente, la relación entre lo ofrecido y el precio. Nunca se pensaría en demandar al municipio por no haber controlado el comercio y la mercadería que ofrece. Pero si la pretensión es iniciar un estudio (primario, secundario, terciario o universitario) se presume que quien brinda este servicio educativo está no sólo debidamente habilitado para tal servicio, sino que su contenido (desarrollo de las materias) ha sido previamente estudiado por la autoridad, de modo tal que el fin querido, esto es el título prometido, tendrá un reconocimiento oficial, que será reconocido donde se lo quiera hacer valer.

f) Esto no implica que el interesado por un servicio educativo deba concurrir a la autoridad administrativa para asegurarse o requiera al prestador del servicio, previo a todo, le exhiba toda la documentación habilitante. Si la oferta es pública, como es el caso de autos, se presume la intervención del Estado quien, además, tiene un organismo especializado en tal actividad, como es la D.G.E.. Si los actores pudieron haberse con-fundido, haber sido llamados a la confusión por la jurisdicción nacional que había sido transferida a la provincia, tal confusión no existía en cabeza del organismo oficial, quien había admitido el inicio del trámite presentado por quienes cometen este engaño. Si la D.G.E. hubiese actuado conforme la ley y a lo que las circunstancias le exigían, la de-mandada principal no hubiese comenzado a ofrecer públicamente el título en cuestión, o hubiese cesado en tal actividad, con lo que, o se habría evitado el daño a los actores (si tal prohibición se hubiese efectuado en 1993) o ese daño hubiese sido menor.

f) La actividad de control de la D.G.E. no se limita al mero trámite burocrático (pedagógico, por llamarlo de alguna manera) de analizar y aprobar un plan de estudio; sus derechos y obligaciones se extendían más allá. Una obligación surge del mismo ex-pediente administrativo a través del cual se tramitó el permiso; a fs. 10/17 la peticionan-te da detalles del inmueble donde funcionará el instituto, lo que permite pensar que la autoridad de contralor educativa debió haber inspeccionado ese lugar, no ya en función que le compete al municipio para la habilitación comercial, sino si se adapta a los reque-rimientos educativos. Si esa inspección se hubiese producido concienzudamente, nece-sariamente debería haberse advertido que se estaban impartiendo clases, o que se estaba ofreciendo una carrera terciaria aún no autorizada. Hay dos alternativas, y las dos com-prometen la responsabilidad de la D.G.E: o no realizó esta inspección entre 1993 y 1997, otorgando la autorización, o la realizó pero con tan poco celo que no advirtió el dictado de los cursos.

g) La otra razón surge de los propios dichos del director de educación privada, Prof. Víctor Ferreira, quien a fs. 734 dice: "esta jurisdicción actúa realizando la denuncia correspondiente cuando existe una denuncia concreta o una publicidad en los medios masivos de comunicación y que pueda constatarse el delito por propaganda engañosa". Las pruebas incorporadas no merecen mayores consideraciones sobre la falta de control, el que queda patentizado en la misma nota cuando su autor dice que los interesados ini-ciaron el trámite en 1993, que no vuelven a aparecer desde 1995 y que esa dirección desconocía que la institución impartía clases como si el plan de estudios estuviese apro-bado.

h) No empece a la responsabilidad de la D.G.E. la pretendida prescripción de la acción; asiste razón a los apelantes; la constitución en mora que surge de las cartas do-cumento por ellos cursadas a la D.G.E., incorporadas en el expediente 7151-D-96 impli-caron la constitución en mora en el cumplimiento de las obligaciones que le correspon-dían a tal repartición, por lo que no cabe duda que resulta de aplicación lo normado en el 3986 del CC.

II. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDOS POR LA FISCALÍA DE ESTADO Y POR LA DGE.

1. Los motivos o agravios.

Los recurrentes afirman que la decisión recurrida interpreta y aplica arbitraria-mente las normativas nacional y provincial en torno a la responsabilidad de la D.G.E. sobre los institutos de gestión privada no reconocidos. Argumentan del siguiente modo:

a) La ley 24.049 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a transferir los servicios educativos bajo su órbita y los institutos de gestión privada reconocidos a las distintas jurisdicciones provinciales y la ciudad de Bs.As. El art. 2 de la ley establece que los requisitos específicos de transferencia se establecerán mediante convenios entre el Poder Ejecutivo Nacional y cada una de las jurisdicciones. Dichos convenios deben ser refren-dados por medio de las legislaturas provinciales.

El 28/2/1992 se celebró un convenio de transferencia de los servicios educativos de referencia entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Poder Ejecu-tivo de la Provincia de Mendoza ratificado por ley 5896, de conformidad con lo estable-cido en los arts. 1 y 2 de la ley 24049. El art. 1° del convenio determinó que "la Nación transfiere a partir de las fechas que se fijan en el presente convenio a la provincia, y ésta recibe sin cargo alguno los servicios educativos nacionales ubicados en el territorio de la provincia de Mendoza y las facultades y funciones sobre los servicios de gestión privada cuya nómina se anexa al presente".

En virtud de esa normativa la D.G.E. asumió las facultades y funciones de con-tralor pedagógico sólo sobre los servicios educativos de gestión privada incluidos en la nómina obrante en el anexo. El instituto de publicidad y propaganda no fue transferido a esta jurisdicción provincial; no figura en el anexo de la ley 5896; en consecuencia, la provincia de Mendoza, a través de la D.G.E., no posee facultades de contralor sobre el mismo en el período en que reclaman las actoras. No era un instituto de gestión privada incorporado a la Nación antes de la transferencia; de haberlo sido, se hubiese incluido en la nómina obrante en el anexo de la ley 5896. En consecuencia, la D.G.E. no tenía juris-dicción respecto del funcionamiento del instituto cuando se promocionó la carrera de técnico superior en propaganda y publicidad.

En suma, no existe normativa legal que imponga a la D.G.E. la fiscalización de la oferta educativa en el período en que las actoras cursaron la carrera promocionada. Por lo tanto, no ha incurrido en la responsabilidad prescripta en el art. 1074 del C.C.

b) El art. 35 de la Constitución de la Provincia establece el derecho de todos los habitantes de enseñar, sin otro requisito que la inspección de autoridad competente por razones de higiene, moralidad y orden público. Este derecho puede concretarse con la fundación y mantenimiento de establecimientos educativos de gestión privada reconoci-dos, autorizados por el funcionario competente, o a través de la creación de institutos de gestión privada sin reconocimiento o "academias". Los institutos de gestión privada reconocidos se encuentran bajo el contralor de la D.G.E., a fin de que los estudios que en ellos se cursan se adapten a los contenidos pedagógicos oficiales y normativa dictada, para así otorgar validez oficial al título que extiendan. Respecto de los institutos no re-conocidos, revisten como academias, y su oferta educativa se encuentra exenta del con-tralor de la D.G.E.; en consecuencia, los títulos que emiten carecen de validez oficial.

La diferencia entre las categorías de institutos radica en que el autorizado se en-cuentra sujeto a la fiscalización de la Administración, y sus títulos tienen validez oficial; la academia no. De lo expuesto se colige que no toda oferta educativa que se publicite necesariamente es oficial; para ello, debe ser reconocida por la D.G.E..

Sostener que la administración escolar debe controlar todo establecimiento edu-cativo implica desconocer el derecho de todo ciudadano de fundar y mantener un esta-blecimiento educativo o una academia.

Si el instituto de publicidad y propaganda no fue transferido por la Nación a la provincia, si no fue reconocido en la fecha en que cursaron los estudios los actores como instituto de gestión privada, revistaba como academia y, por lo tanto, estaba exento del poder de contralor de la D.G.E. quien ninguna responsabilidad tenía respecto de su fun-cionamiento.

Aún así, tomado conocimiento del reclamo de los actores, efectuó la denuncia penal pertinente.

c) La prueba acompañada muestra que el instituto nunca publicitó que la carrera contara con autorización de la D.G.E.

Lo dispuesto por el art. 212 de la Constitución de la Provincia y el art. 23 de la ley 37 sólo rige respecto de los establecimientos de gestión pública y de gestión privada reconocidos; por lo tanto, yerra la Cámara al tratar de fundar la responsabilidad en la ausencia de contralor en las normas citadas.

d) También se equivoca cuando afirma que es razonable esperar que un instituto que ofrece pública y abiertamente una carrera terciaria sea supervisado por la corres-pondiente autoridad; el aserto implica desconocimiento de las categorías de los institutos antes explicitada.

La responsabilidad no se presume; para que exista deben acreditarse los presu-puestos pertinentes, lo que en el caso no ocurre.

e) La Cámara también razona equivocadamente cuando afirma que no existía confusión en el organismo oficial pues el instituto había sido transferido por la Nación, desde que se había admitido el inicio del trámite de autorización. Esta conclusión impli-ca valorar equivocadamente la iniciación de la tramitación administrativa, despojándola de su real significación. Si es cierto que no existió confusión de la D.G.E. con relación al instituto, tenía claro que conforme se había operado la transferencia de servicios educa-tivos de gestión privada, este instituto no había sido transferido por la Nación pues no obraba en el anexo de la ley 5896, y por lo tanto, no tenía facultad de contralor, porque revistaba en la categoría de academia particular. Por eso se le dio curso a la solicitud de autorización presentada por los propietarios del instituto y se inició la correspondiente pieza administrativa. El inicio de la autorización administrativa prueba la falta de reco-nocimiento del instituto y la no aprobación de la carrera que se cuestiona. Siguiendo la lógica de la Cámara, si el establecimiento de gestión privada había sido transferido a la Provincia por los convenios citados, lo que no es así, ¿Por qué o para qué se presenta ante la Dirección de Educación Privada de la Provincia a peticionar su reconocimiento? El inicio de la pieza administrativa prueba que el establecimiento no estaba transferido, y por lo tanto, debía gestionar su autorización para funcionar en la jurisdic-ción provincial, que por lo tanto, no podía matricular y ofrecer una carrera con validez oficial.

f) La Cámara yerra cuando aplica a la D.G.E. la responsabilidad prescripta en el art. 1074 del C.C.. El daño se produjo por la conducta culpable de los propietarios del instituto; esa culpa constituye la única causa del hecho dañoso y, por lo tanto, nada debe indemnizar.

El art. 1074 del C.C. prescribe que el autor de una omisión sólo será responsable cuando una disposición de la ley le impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido. Por lo tanto, debe existir un deber jurídico de actuación que acuerde al administrado el poder de exigir en forma directa el cumplimiento de la pertinente prestación. En este caso, el deber no existe ya que el art. 212 de la Constitución de Mendoza como la ley 37 invocadas por la Cámara, no imponen a la D.G.E. la obligación de fiscalizar el funcio-namiento de las escuelas de gestión privada no reconocidas. El Instituto de Publicidad y Propaganda no es una escuela de gestión pública, ni es un establecimiento de gestión privada reconocido por la jurisdicción provincial; no es un establecimiento transferido a la jurisdicción provincial. Por lo tanto, no existió omisión alguna. No existiendo conduc-ta antijurídica, tampoco existe relación de causalidad entre la omisión y el efecto daño-so. No es suficiente para fundar la responsabilidad de la D.G.E. invocar el mandato del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, de raíz constitu-cional; deben acreditarse los requisitos de admisibilidad reglamentados en el art. 1074 del C.C., esencialmente la conducta antijurídica de la administración escolar. No hay ni antijuridicidad ni culpa, y por lo tanto, la D.G.E. no es responsable por omisión.

g) Tampoco resulta de aplicación el art. 3896 del C.C. y, por lo tanto, la acción se encontraba prescripta al momento de demandar. En opinión de la Cámara, la acción no estaba prescripta en virtud de la constitución en mora efectuada mediante carta do-cumento; lo resuelto es una arbitrariedad pues el emplazamiento de referencia fue reali-zado vencido el plazo legal de dos años que establece el art. 4037. En efecto, la demanda es clara en el sentido que el ilícito se produjo a fines de diciembre de 1993, o en benefi-cio de los actores en marzo de 1994, y las cartas documento fueron enviadas en julio de 1996. O sea, que la constitución en mora se produjo vencido ampliamente el plazo del 4037 del C.C. y, por ello, carece de virtualidad jurídica para reactivar una prescripción ya operada.

2. Algunas reglas básicas que presiden el recurso de inconstitucionalidad Esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del re-curso de inconstitucionalidad, pero en función de la excepcionalidad del remedio extra-ordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC de la Provincia, interpreta restrictiva-mente las causales. Lo contrario significaría, como tiene dicho la Corte Federal desde antiguo (2/12/1909, "Rey Celestino c/Rocha"), que la Corte se encuentre en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales, en toda clase de juicios, asumiendo una juris-dicción más amplia que la conferida por la Constitución. Por eso, el rechazo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan sólo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acredita el vicio de manifiesta arbitrariedad.

En esta línea de pensamiento, ha dicho que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas de-cisivas o carencia absoluta de fundamentación" y que "la presencia de cierta ambigüe-dad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional".

Por estas reglas básicas, el recurso no puede prosperar si la sentencia, no obstan-te algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido suficiente-mente impugnados por el recurrente. En otros términos, la procedencia formal del re-curso extraordinario exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurí-dicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser anulada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver LA 90-472; LA 120-363; LS 240-215; LS 276-86; LS 276-96; LS 271-239; LS 270-277).

3. Secuencia temporal. Resumen.

Resulta necesario tener clara la siguiente secuencia temporal.

a) El 14/9/1993 se sancionó la ley 5892/92 que ratificó el Convenio de Transfe-rencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Mendoza suscripto entre el Ministerio de Cultura y Educación y la provincia de Mendoza el 2/2/1992.

b) Los actores se inscribieron para cursar la carrera de Técnico Superior en Pu-blicidad y Propaganda en la Escuela Superior de Publicidad y propaganda de titularidad del Círculo de Desarrollo de Dirigentes de Empresas y Personal (CI.DE.DI.P) en di-ciembre de 1993 y febrero de 1994. Cursaron durante los años 1994, 1995 y 1996.

c) Esa Escuela Superior estaba inscripta en la Superintendencia Nacional de En-señanza Privada de la Nación como "establecimiento privado no incorporado a la ense-ñanza oficial".

d) Durante 1992 y 1993, diarios locales de la provincia publicaron avisos publi-citarios de dicha escuela. Esa publicidad no menciona referencia a título oficial; sólo una noticia periodística de 1993 dice que "está inscripta en el Ministerio de Educación de la Nación bajo el n° 12.626". Otra de 1993 hace mención a "Plan Oficial".

e) En Abril de 1993 la Escuela solicitó a la Provincia reconocimiento oficial de la carrera mediante expte 5941/93. La provincia puso objeciones siguiendo el dictamen de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNC. Finalmente, en 1997, por resolución 7/97 se reconoció oficialmente la carrera que otorga el título de Técnico Su-perior en Publicidad y Propaganda y autorizó a la Escuela Superior de Publicidad y Pro-paganda a implementar la carrera a partir del ciclo lectivo 1997 para el primer año y sucesivamente los restantes cursos f) En los meses de junio/agosto de 1996, los actores emplazaron a la Dirección General de Escuelas al pago de las indemnizaciones por los daños causados al haber permitido funcionar la carrera oficial de Técnico Superior g) La demanda se inició el 21/4/1997.

4. El núcleo duro de la argumentación de los recurrentes.

El esquema lógico de los recurrentes es el siguiente: Hasta 1997, la DGE no tenía control sobre la Escuela Superior de Publicidad y Propaganda porque:

a) Antes de 1993 funcionaba en el orden nacional y no fue transferida a la pro-vincia desde que no figura en el anexo del convenio aprobado por ley provincial 5896.

b) Antes de 1997 era una simple academia, regida por el art. 35 de la Constitu-ción provincial que establece el derecho de todos los habitantes de enseñar.

5. La insuficiencia de ambos argumentos.

Independientemente del carácter normativo que suponen ambos argumentos y, consecuentemente, no canalizables por la vía deducida, los abordaré en el mismo orden debido a la contaminación que algunas circunstancias fácticas de la causa, antes referen-ciadas, ejercen sobre ellos.

6. El silencio del anexo.

El silencio del anexo de la ley provincial es irrelevante. Fundo este aserto en las argumentaciones que paso a exponer:

El operador jurídico (administrador y juez) debe responder a las siguientes pre-guntas: ¿Por qué este instituto de enseñanza no figuró en el anexo? ¿Si no figuró en el anexo, qué autoridad lo controlaba antes de 1997? Cualquiera sea la respuesta a estas preguntas, la provincia queda comprometida. Véase:

a) No figura en el anexo porque esa Escuela no estaba bajo la égida de la Nación desde que el trámite ante la SNEP no había concluido y, por lo tanto, el organismo na-cional nunca había dado aprobación o habilitación alguna.

Si no estaba bajo la égida de la Nación, nada había que trasmitir y la provincia debió actuar como si fuese un instituto educativo que se abría en la provincia y, por lo tanto, bajo su control.

b) No figura en el anexo y estaba bajo la égida de la Nación; sin embargo, en Abril de 1993, antes de que los actores se inscribiesen, la Escuela se presentó al orga-nismo provincial e inició el trámite administrativo para ser autorizada. Por lo tanto, la DGE no pudo ignorar su existencia desde que la propia Escuela se sometía a su control.

Si el propio organismo educativo se presentó a pedir autorización es porque con-sideró que el "servicio" educativo había pasado de la Nación a la Provincia. La posición del peticionante tenía sentido desde que aunque no figura en el anexo, esta Escuela no es ninguno de los establecimientos mencionados en el segundo párrafo del art. 1 de la ley 24.049, por lo que bajo alguna órbita de control debía quedar: nacional o provincial. Si no estaba en la nacional, debía estar aquí pues lo cierto es que no podía estar sin control de algún tipo.

Si la DGE no compartía el criterio de la peticionante, si entendía que por no estar en el anexo ese instituto educativo seguía regido por la Nación, debió declararse incom-petente y no dar trámite al pedido.

7. La distinción entre "academia" (regida por el art. 35 de la Constitución de la Provincia, sin control estatal) e institutos autorizados (controlados por la DGE) El recurrente pretende trazar una línea que divide dos campos regidos por prin-cipios jurídicos opuestos: uno, el de la libertad de enseñanza y asociación, que le impide ejercer controles sobre las "academias"; otro, el de los establecimientos autorizados, sobre los que sí ejerce el control.

La distinción también es insuficiente para fundar el grave vicio de arbitrariedad denunciado. Explicaré por qué:

a) Libertad de enseñanza y control estatal sobre el servicio educativo.

El razonamiento de los recurrentes implica un punto de partida erróneo pues libertad de enseñanza y el control estatal no son principios opuestos sino complementa-rios. El propio art. 35 de la Constitución de Mendoza dispone: "Todos los habitantes de la provincia podrán fundar y mantener establecimientos de enseñanza sin previa licen-cia, salvo la inspección de la autoridad competente, por razones de higiene, moralidad y orden público".

No ingresaré al debatido problema de si la enseñanza privada es o no un servicio público impropio; lo cierto es que aún los autores que sostienen la posición negativa, entienden que "El Estado ejerce el control de la actividad educativa privada en mérito a su poder de policía" (De Estrada, Juan R., "Enseñanza privada y servicio público", ED 119-955; Quintana, Eduardo Martín, "Educación privada, libertad de enseñanza y los fundamentos del decreto 365/93", ED 152-937; Barra, Rodolfo, "Hacia una interpreta-ción restrictiva del concepto jurídico de servicio público", LL 1982-B-363). Es también la posición de la Corte Nacional (CSN 30/3/1989, ED 133-419).

La doctrina nacional y comparada coincide en que la libertad constitucional de crear centros docentes no implica negar el poder de policía estatal sobre una actividad trascendente para los habitantes de un Estado (Ver Monti, Laura M., y Muratorio, J., "El decreto 365/93 y la caracterización de la enseñanza privada como servicio público im-propio", en Rev. de Derecho administrativo, n° 12/13, Enero-agosto 1993, año 5 pág. 257/275; Polo Sabau, José Ramón, "El régimen jurídico de las universidades privadas", Madrid, ed. Instituto Nacional de Administración pública, 1997, pág. 23). Es que el sis-tema educativo, como el sanitario, es un servicio básico; por lo tanto, la Administración no puede mantenerse al margen de su organización. Obviamente, no puede haber mono-polio público sobre la actividad de educación, porque esa concentración estaría en contra de la libertad de la enseñanza proclamada en el texto constitucional, pero la llamada "Administración educativa", en ejercicio de la facultad de inspección, una de cuyas fun-ciones es velar por el respeto de los derechos de los alumnos, puede intervenir en los centros privados en aras a garantizar el respeto y la observancia de los derechos recono-cidos (Agoués Mendizábal, Carmen, "El régimen jurídico de los centros docentes de educación no universitaria", Granada, ed. Comares, 2000, pág. 18).

¿En qué consiste la inspección de la autoridad pública prevista en el texto consti-tucional local?. Recuerdo que el art. 27.8 de la Constitución española utiliza igual voca-blo al expresar: "Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educa-tivo para garantizar el cumplimiento de las leyes". La doctrina interpretativa de esta norma explica que la Constitución garantiza la existencia de una inspección educativa como una función pública y esto es especialmente importante porque exige a los pode-res públicos que la organicen y ejerzan. La función inspectora es una actividad típica-mente administrativa, de policía administrativa, que admite muchas modalidades e in-tensidades. Por otro lado, nadie duda que la tarea de inspección es jurídica, en el sentido de control de cumplimiento de las normas; o sea, a través de esa inspección el Estado debe asegurar que el controlado cumple las leyes (Sainz Moreno, Fernando, "La inspec-ción educativa", en Rev. española de Derecho Administrativo, n° 109, Enero-Marzo 2001, pág. 25/27).

En suma, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, afirmar que la admi-nistración escolar debe controlar todo establecimiento educativo no implica desconocer el derecho de todo ciudadano de fundar y mantener un establecimiento educativo o una academia.

Una cuestión distinta es la extensión de ese contralor, punto que paso a analizar.

b) La "academia" y el instituto autorizado.

Nadie duda que la noción de "policía" es flexible y de allí que la actividad de control del Estado no es la misma en todas las actividades ni circunstancias. Así lo tiene dicho esta Sala en todas sus decisiones relativas a la responsabilidad del Estado por omi-sión.

Este es el punto de partida de la sentencia recurrida cuando afirma que no es lo mismo el control sobre un comercio de venta de ropa que un establecimiento educativo.

Ahora bien, los recurrentes pretenden que esta Escuela, mientras no logró la au-torización provincial era una "academia" que no tenía obligación de controlar.

La queja no puede ser aceptada por muy diversas razones:

* No encuentro razones jurídicas por las cuales una determinada actividad es una mera "academia" antes de la autorización, sin contralor de ningún tipo, y se convierte, por obra de la autorización, en una actividad controlada. Admito que el acto administra-tivo de autorización puede implicar, y de hecho implica, una extensión diferente del control, pero los recurrentes no explican cómo se produce un cambio de naturaleza tal que la misma actividad pasa de la falta de control más absoluta al control extendido. * Las circunstancias del caso imponen una solución totalmente diversa a la pro-piciada por los recurrentes. La actividad desarrollada y publicitada en el ámbito provin-cial, conocida por la demandada a través del expediente administrativo, nada tiene de parecido a una academia de corte y confección, danza española, o criolla, dactilografía o poesía. Por el contrario, era una actividad que la asociación que la titulariza había de-nunciado a la autoridad provincial cuya finalidad última era expedir un título con ámbi-tos de trabajo perfectamente delimitados y que prácticamente acreditaba una profesión.

Por lo tanto, no hay arbitrariedad en sostener que el organismo provincial encar-gado de la educación en la provincia debía tomar cartas en el asunto; dicho de otro mo-do, la inspección, como autoridad competente, le imponía tomar medidas mínimas; por lo menos, las necesarias para que los consumidores del servicio educativo estuviesen suficientemente informados de los riesgos que corrían permaneciendo en un instituto de enseñanza que no cumplía con los recaudos legales (el incumplimiento era claro; de otro modo no se explica que la DGE demorase cuatro años la concesión de la autorización para funcionar). No hay dudas, pues, que formular una denuncia penal es una medida de control manifiestamente insuficiente para evitar daños a quienes cursan en ese estable-cimiento no autorizado.

8. El control esperable. La responsabilidad por omisión.

a) Los precedentes de esta sala.

En anteriores pronunciamientos, esta Sala ha dado algunos lineamientos básicos que presiden la responsabilidad del Estado por omisión (ver, entre otros, 18/10/1996 recaída in re "Norton c/ Municipalidad de Godoy Cruz p/ Ordinario, s/ Inconstituciona-lidad", LS 267-496 publicada en LL 1997-B-92 y Voces Jurídicas 1997-1-136, decisión que contiene una detallada relación de los antecedentes de esta Sala y de la jurispruden-cia nacional y extranjera, a la que cabe remitirse; ver también sentencia del 2/3/2001, LS 299-475, publicada en Foro de Cuyo 48-267) Estas líneas generales son:

* Hay un derecho de daños con principios comunes, sin perjuicio de que la res-ponsabilidad del Estado por actos lícitos tiene especiales particularidades.

* En consecuencia, en principio, es aplicable a la responsabilidad del Estado el art. 1074 del Código Civil. O sea, para que el Estado responda por sus actos omisivos, es menester que exista deber de actuar; existe omisión antijurídica cuando es razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares; se requiere, entonces, que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, expresa o implícita.

* Dado que la obligación puede ser implícita, basta la existencia de tres requisi-tos:

- Un interés normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantita-tiva.

- Necesidad material de actuar para tutelar ese interés.

- Proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar.

* El deber omitido debe ser una verdadera obligación, un deber concreto y no un deber que opere en dirección genérica y difusa; en definitiva, es menester que se trate de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración, aún cuan-do para ello sea necesario cumplir determinadas cargas procesales.

La responsabilidad del Estado por omisión en el ejercicio de su poder de policía no debe ser analizada con criterios rígidos o inflexibles; dependen del lugar, objeto o índole de la actividad o de las personas, pues el ejercicio del poder de policía es contin-gente, circunstancial, no uniforme, fijo o igual en todos los casos o situaciones. Conse-cuentemente, no siempre es una obligación de resultado.

b) La aplicación de estos lineamientos al caso a resolver.

Estos requisitos están ampliamente cumplidos en el caso a resolver. En efecto:

- He explicado que el deber de actuar surge del art. 35 de la Constitución de la Provincia, normativa que implica un control mínimo sobre la legalidad, o sea, sobre el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos educativos creados a la luz del principio de la libertad de enseñanza.

- Aunque se estime que ese deber es sólo implícito, no hay dudas que: (I) existe un interés normativamente relevante, tanto cualitativa como cuantitativamente, desde que el servicio educativo se conecta a un derecho fundamental del sistema democrático; (II) Ese control exige actuar para tutelar ese interés, especialmente si el propio organis-mo se ha puesto bajo la égida de la autoridad de aplicación peticionando la autorización; (III) Hay total proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar; a diferencia de lo sucedido en Norton, no resulta mani-fiesto que el ejercicio de la policía exigiese del Estado verificaciones especialísimas en zonas abiertas extensísimas o indeterminadas pues la Escuela le había denunciado su existencia.

9. Irrelevancia de otras quejas.

Lo anteriormente expuesto me convence de la irrelevancia de las otras quejas de los recurrentes. Aunque los arts. 212 de la Constitución de la Provincia y 23 de la ley 37 rijan sólo respecto de los establecimientos de gestión pública y de gestión privada reco-nocidos, la sentencia sigue manteniéndose como acto jurisdiccional válido en todas las reglas antes referenciadas.

La Cámara no valora equivocadamente la iniciación de la tramitación adminis-trativa, despojándola de su real significación; por el contrario, deriva de esa iniciación el conocimiento que la DGE tenía de este establecimiento que le pedía autorización para funcionar; por lo tanto, la noción flexible de la policía le imponía tomar alguna medida eficiente frente a personas que cursaban sin ninguna posibilidad de obtener finalmente un título que los habilitara.

No hay dudas que el actuar positivo culpable de los propietarios del estableci-miento es causa adecuada del daño, mas esto no libera al Estado de la responsabilidad por la omisión en no ejercer su poder de policía educativa. Normalmente, en los supues-tos de responsabilidad por omisión del Estado se entrecruzan actos positivos de particu-lares, pero esto no implica desplazar la responsabilidad por omisión si se cumplen los requisitos antes analizados, especialmente si, como en el caso, la Administración pública no niega terminantemente la relación de causalidad adecuada entre la omisión y el daño.

10. El control de otros organismos del Estado.

No puedo silenciar que los controles pudieron surgir de otros organismos del Estado, como son los de protección de los consumidores; sin embargo, me veo impedida de abordar esta cuestión, por no ser objeto de recurso (para el tema, ver Enrique Luis Suárez, "Sobre establecimientos educativos, sistemas de información y regímenes san-cionatorios" ; a propósito del fallo Instituto del Arce SA, en Eldial.com).

11. La excepción de prescripción.

Tampoco advierto arbitrariedad en la sentencia que declara acto interruptivo de la prescripción el telegrama enviado por los actores entre Junio y Agosto de 1996; me fundo en las siguientes razones:

a) La DGE fundó la excepción de prescripción en que los actores conocieron su situación perjudicial en 1994 y, concretamente, supieron que el instituto no extendía títulos oficiales en 1995.

b) La DGE ha sido demandada por su omisión; no se trata de un acto instantá-neo, sino de una cierta duración; dicho de otro modo, la antijuridicidad de la omisión se produce cuando, transcurrido un plazo razonable en el que hay que actuar, no se desarro-lla la conducta debida. También en este caso la razonabilidad depende de las circunstan-cias fácticas.

c) La excepción debió fundarse, pues, en que la omisión dañosa comenzó con anterioridad a los dos años desde que la DGE recibió los telegramas.

d) No siendo así, nada hay de arbitrario en sostener que si recién en 1995 hubo el convencimiento de que los títulos no se podían expedir, es ese momento en el que se tuvo certeza de la irreparabilidad del daño; consecuentemente, el telegrama enviado antes de los dos años contados de ese momento, reclamando el pago e imputando omi-sión culposa, interrumpió la prescripción.

13. Los montos de condena.

La parte recurrida no se queja del monto de condena, por lo que no cabe su revi-sión.

14. Conclusiones.

Por todo lo expuesto, no verificándose el vicio denunciado, corresponde rechazar los recursos de inconstitucionalidad planteados.

III. RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO POR LA FISCALÍA DE ESTADO 1. Los agravios.

La recurrente denuncia incorrecta interpretación y aplicación de la ley 5896. Argumenta del siguiente modo:

a) La sentencia condenatoria está viciada de ilegalidad desde que se aparta pal-mariamente de lo dispuesto en el art. 1° del convenio inserto como parte integrante de la ley 5896, al dejar de aplicar el Anexo I que contiene la nómina de establecimientos transferidos de la Nación a la provincia.

b) El tribunal argumenta que cuando se promocionó la carrera de Técnico Supe-rior en Propaganda y Publicidad, la jurisdicción había pasado de la Nación a la provincia tal como resulta de prueba irrefutable contenida en el expediente 5941-D-93 iniciado el 30/6/1993. O sea que para el tribunal el inicio de una pieza administrativa ante la D.G.E. implica la aceptación de ésta de la jurisdicción sobre el establecimiento educativo. Por el contrario, esa fecha es la prueba palmaria de que el establecimiento no estaba transferido y, por ello, debía gestionar su autorización para funcionar en la jurisdicción provincial y, de tal modo, obtener así la facultad de otorgar un título de validez oficial en la provincia. Lo que el tribunal entiende prueba irrefutable constituye arbitraria interpretación de esa prueba. La simple compulsa de las referidas actuaciones conlleva a que todas las presen-taciones efectuadas ante la D.G.E. llevan inserto el sello del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, lo que demuestra una vez más el fin perseguido con el inicio de dicho expediente. Asimismo, de las constancias de ese expediente surge el paulatino cumplimiento de los requisitos que le eran exigidos por la D.G.E. a efectos de poder entrar en la jurisdicción provincial. El efectivo traspaso se obtuvo recién en el año 1997, con el dictado de la resolución n° 00007 (fs. 378/381) que pone fin al expediente. Re-cién a partir de ese momento, y no antes, nace la obligación de la D.G.E. de controlar el correcto funcionamiento del establecimiento educativo en cuestión. De todo ello surge que en el período 1993-1996 que los actores esgrimen como momento temporal en el que se produjeron los daños cuya reparación reclaman, la D.G.E. no tenía sobre el Insti-tuto ningún control, sencillamente por no ser de su competencia.

También es infundado el argumento esgrimido en el sentido que resulta razona-ble esperar que por la sola circunstancia de que un instituto ofrezca pública y abierta-mente una carrera terciaria deba ser supervisada por la D.G.E. Este argumento es con-tradictorio con la responsabilidad que le atribuye por aplicación del art. 1074 del C.C., en tanto no ha podido señalar norma positiva que resulte aplicable y que le haya impues-to la obligación de ejercer el pretendido contralor sobre un establecimiento educativo que pertenecía a la jurisdicción nacional.

2. Algunas reglas básicas que presiden el recurso de casación.

Es criterio constante de esta sala que, en el procedimiento mendocino, la proce-dencia formal del recurso de casación implica dejar incólumes los hechos definitiva-mente resueltos por los tribunales de grado. En efecto, esta vía permite canalizar dos tipos de errores: los de interpretación de las normas, y los de subsunción de los hechos en las normas; en cualquiera de las dos situaciones, la interpretación y valoración final de los hechos y de la prueba es privativa de los jueces de grado (Ver, entre muchos, LS 324-63).

También decide de modo reiterado que, conforme lo disponen los incs. 3 y 4 del art. 161 del CPC y su nota, es imprescindible que el recurrente señale en qué consiste la errónea interpretación legal y de qué forma ese vicio ha determinado que la resolución recurrida sea total o parcialmente contraria a las pretensiones del recurrente; consecuen-temente, no basta invocar una norma, ni enunciar su contenido sino que el quejoso debe explicitar cuál es la interpretación que corresponde o el principio que debe aplicarse y a qué resultados lleva (LS 67-227; LA 86-153; 98-197). En otros términos, la sola afirma-ción de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesaria la demostración del error de interpretación atri-buido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requerida por el Códi-go Procesal Civil (LS 127-1; 105-432; 147-442; 156-214).

Por aplicación del mismo texto legal, la procedencia formal del recurso de casa-ción exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equi-vocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser casada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver LS 261-383).

3. Aplicación de las reglas al caso a resolver. Implicancias del rechazo de los recursos de inconstitucionalidad.

El rechazo del recurso de inconstitucionalidad y las reglas formales antes rese-ñadas sellan el resultado de la casación deducida, porque:

a) El argumento relativo a la ley 5896 ya sido respondido. Cabe remitirse a lo dicho al tratar el recurso de inconstitucionalidad.

b) La valoración de la prueba documental (expediente administrativo) es cues-tión ajena al recurso.

c) El cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 1074 según criterio de esta Corte también ha sido analizado en el recurso de inconstitucionalidad.

IV. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los tres recursos deducidos.

Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a las partes recurrentes que resultan vencidas (artículos 36 y 148 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 28 de diciembre de 2.005.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto por la Dirección General de Escuelas a fs. 12/20 de autos.- II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.

III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dres. Mario S. FERNANDEZ, en la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.472) y Noemí Luján CORREA, en la suma de pesos MIL CUATROCIEN-TOS SESENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ( 1461.60) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).- IV. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos por Fiscalía de Estado a fs. 46/51 de autos.- V. Imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida.

VI. Regular los honorarios profesionales por el recurso de Inconstitucionalidad de la siguiente manera: Dres.: Carlos A. VENIER, en la suma de pesos SEIS MIL NO-VECIENTOS SESENTA ($ 6.960); Carlos A. VENIER, en la suma de pesos DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2.088) y Eliseo J. VIDART, en la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 4.872) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).- VII. Regular los honorarios profesionales por el recurso de Casación de la si-guiente manera: Dres.: Carlos A. VENIER, en la suma de pesos SEIS MIL NOVE-CIENTOS SESENTA ($ 6.960); Carlos A. VENIER, en la suma de pesos DOS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 2.088) y Eliseo J. VIDART, en la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 4.872) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).- Notifíquese.

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