Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-27


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 1002, contra la sentencia de fs. 992/999, dictada en los autos "Simcic, José Vicente contra GCBA sobre Empleo Publico (no cesantia ni exoneracion)" Expte. nº 917/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio A. G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. Los actores, Maestros de Enseñanza Práctica (M.E.P.), Maestros de la Enseñanza Práctica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.), Bibliotecarios, Ayudantes de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.) y Maestros Ayudantes de Trabajos Prácticos (M.A.E.P.) promovieron demanda contra la ex- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por cobro de pesos, solicitando se les reconozcan las diferencias salariales derivadas de la equiparación que -afirman- les corresponde con los docentes que, históricamente, se desempeñan en ese cargo en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto nº1203/93. II. A fs. 992/999 el señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del decreto nº1203/93 y, en consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a los actores las diferencias salariales existentes entre el servicio educativo local y el fijado para el perso nal transferido desde la órbita nacional por ley 24.049, con más los intereses. Para decidir de esa manera, el magistrado sostuvo, luego de sintetizar las normas del caso, que la demandada no esgrime fundamento alguno que justifique diferenciar las tareas desempeñadas por los actores. III. Contra el reseñado pronunciamiento interpuso recurso de apelación el GCBA (fs. 1002), el que fue concedido (fs. 1003), fundado a fs. 1010/1017 y contestado a fs. 1023/1026. IV. Los agravios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se sustentan -básicamente- en la arbitrariedad de la sentencia de primera instancia, por cuanto entiende que la misma carece de la debida fundamentación en derecho, al no analizar la prueba y efectuar una errónea interpretación de los hechos, además de postular una inversión de la carga probatoria. En este sentido, podemos detallar los siguientes agravios: (i) se queja por cuanto la sentenciante de grado declaró la inconstitucionalidad del Decreto nº1203/93 por supuesta violación de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley e igual remuneración por igual tarea; (ii) sostiene que ni la prueba citada ni las conclusiones arribadas por el juez de primera instancia corroboran que la tarea que desempeñan los actores sea similar a la de algún cargo docente de los denominados "históricos"; (iii) le agravia los cálculos aritméticos realizados por la sentenciante de grado para obtener una reducción a la unidad del índice en cada cargo por las horas cátedra; (iv) se queja de la inversión de la carga de la prueba que propone la sentencia apelada; (v) se agravia por cuanto se hizo lugar a la demanda respecto de los actores que cumplen funciones de Maestros Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P.). Sobre este punto, cita un precedente de la Sala; (vi) se agravia respecto de la tasa de interés aplicada. V. A fojas 1030 se elevaron los autos al acuerdo de la Sala. VI. Liminarmente, cabe señalar que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento en recurso -que debe contener el escrito de "expresión de agravios" (conf. art. 236 CCAyT)- ha de consistir en la prolija indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuye. Es conteste la jurisprudencia en cuanto a que no puede ser estimado como verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador, formulando apreciaciones sin concretar los errores u omisiones en que habría incurrido, respecto de la apreciación y valoración de los elementos probatorios arrimados al juicio en función de las normas jurídicas que rigen la materia. En este sentido, se ha dicho que "[L]a crítica concreta y razonada del pronunciamiento en recurso que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuye. En ausencia de fundamentos determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios para atender en la alzada, las apreciaciones genéri cas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos, las impugnaciones de orden general y la remisión a escritos anteriores no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (CNCiv., Sala C, 17.03.1972, 43-172). Sin perjuicio de ello, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para entender en el recurso, aplicando un criterio amplio en favor del recurrente, cuando existiere duda de si corresponde decretar su deserción por no cumplir el escrito con lo normado por el artículo 236 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, atendiendo a la gravedad que comporta tal situación para quien se considere agraviado (conf. Sala II in re "Staropoli, Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ incidente de apelación c/ medida cautelar", Expediente 572, sentencia del 14 de marzo de 2001). Ello sentado, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes ni a hacer refer encia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina de fallos: 272:225 ; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). VII. Seguidamente, cabe señalar que los establecimientos educativos nacionales que pasaron al ámbito de la ex Municipalidad poseían un régimen remuneratorio y escalafonario diferente al que regía para las escuelas locales. De esta manera, para realizar el traspaso en forma razonable, resultaba necesario adecuar los salarios del personal transferido a la escala de su nueva jurisdicción (es decir, el régimen de la ex- Municipalidad). Para ello, por medio de la ley 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a partir del 1 de enero de 1992, a las provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos (conf. art. 1). Dicha norma dispuso en su artículo 8, en cuanto aquí interesa, que "El personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se transfieren quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso, de conformidad con las siguientes bases: a) identidad o equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia; b) retribución por todo concepto no inferior a la que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial jurisdiccional durante 1992" (el destacado es propio). Una interpretación racional de este artículo indica que su sentido es garantizarle a los docentes de las escuelas transferidas una escala salarial equivalente a la de los docentes de los establecimientos educativos locales. De ello se deriva, lógicamente, que si los maestros transferidos percibían en el ámbito nacional un salario comparativamente menor al que reciben los docentes locales por el mismo cargo, el Gobierno local tiene el deber legal de equipararlos salarialmente. Resulta claro entonces que, cfr. el art. 8 de la ley de transferencia, los docentes de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 8 D.E. 13 y de Enseñanza Técnica Nº23 D.E. 13 tienen derecho a una situación salarial igualitaria en relación con los docentes de las escuelas que ya pertenecían a la ex municipalidad. En efecto, como ya se ha dicho en esta Sala in re "Cerviño, Pedro Andrés y otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)", Expte. nº2890, sentencia del 18/10/2004 (voto del Dr. Corti) la finalidad que persigue dicha norma no es otra que garantizar este precepto constitucional de "igual remuneración por igual tarea" para los docentes que, como los actores, provenían de otra esfera jurisdiccional (federal), y que debían ser incorporados al régimen de cargos y salarios de su nueva jurisdicción (ex-Municipalidad) en forma igualitaria con relación a los docentes que ya pertenecían a dicha esfera. VIII. Llegado este punto, corresponde examinar, a continuación, si la Administración local cumplió con lo dispuesto por la ley 24.049 y, en particular, si respetó las bases que estableció dicha disposición legal respecto del régimen salarial de los docentes transferidos. En efecto, debemos analizar el sistema escalafonario de los docentes "históricos", a los efectos de identificar los cargos equivalentes a los que revisten los actores. En primer término, me referiré a los actores que se desempeñaron como Maestro de Enseñanza Práctica (M.E.P.), Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.) y Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.). Cabe adelantar que estos cargos se encuentran previstos en ambos sistemas escalafonarios. Al respecto, es relevante señalar que, en el año 1991, la ordenanza 44.874 (reglamentaria del art. 128 del Estatuto del Docente Municipal) ya preveía dichos cargos, así como sus correspondientes í ndices salariales, para el régimen de las escuelas municipales "tradicionales" --es decir, las escuelas técnicas y de jardinería-- (ver "Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires", volumen I, segunda edición, año 1993, pág. 464). Resulta claro, entonces, que los cargos mencionados existían en el ámbito de la ex Municipalidad aun antes de que se realizara la transferencia de las escuelas nacionales (entre ellas, la de los actores), cfr. la ley 24.049 (dictada en el año 1992). Asimismo, de la prueba producida en esta causa surge que, a diferencia en esta situación de lo manifestado por el Gobierno en su expresión de agravios, las funciones que realizaron los actores en estos cargos son equivalentes a las de los docentes de las escuelas municipales "tradicionales". En este sentido, la Dirección del Área de Educación Media y Técnica de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad informó que el cargo que poseen los accionantes, a saber Maestro de Enseñanza Práctica (M.E.P.), Maestro de Educación Prác tica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.) y Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.) (escuelas transferidas), son similares o equivalentes a los de Maestros de Educación Práctica, Maestro Jefe de Educación Práctica y Ayudante de Clases Prácticas (de las escuelas históricas) (ver fs. 838). De ello cabe inferir, de forma lógica, que dicha dependencia técnica no encontró ninguna diferencia sustancial de funciones entre ambos sistemas. De esta manera, resulta claro que, aun con anterioridad al momento de la transferencia, existían en el ámbito de la ex Municipalidad los cargos Maestro de Enseñanza Práctica (M.E.P.), Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.) y Ayudante Titular de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.), y que, a su vez, las funciones que estos cargos implican son equivalentes en ambos sistemas. Ahora bien, en cuanto a los cargos de Bibliotecario y Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P.), si bien del cuadro comparativo confeccionado por el Director del Area Educación Media y Técni ca de la Secretaría de Educación (fs. 838) no surge cuál sería el puesto histórico equivalente, a fs. 839 el mismo Director informó que "El cargo de Bibliotecario de las escuelas transferidas es similar o equivalente al de las escuelas "históricas". Además, expresó "Con respecto al cargo de Maestro Ayudante Enseñanza Práctica de las escuelas transferidas, esta Dirección interpreta que sería similar o equivalente al de ayudante de Clases Prácticas de las escuelas "históricas". Sobre este punto, cabe aclarar que, si bien, en el precedente "Cerviño, Pedro Andrés y otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)", expte. nº2890, sentencia del 18/10/2004, esta Sala resolvió no hacer lugar a los reclamos de los actores que desempeñaban la función de Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P), ello fue por cuanto, de las pruebas aportadas, no surgía la equivalencia analizada ut supra, lo que sí ocurre en el sub lite. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo a la prueba analizada precedentemente, el reclamo de los actores respecto del cargo de Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P.) tendrá el mismo resultado favorable que el de los demás actores. IX. Acreditada la equivalencia de cargos y funciones, corresponde ahora considerar si el régimen salarial que rigió a los actores (decreto 1203/93 y sus reglamentaciones) fue igualitario en comparación con el sistema de las escuelas tradicionales (ordenanza 40.593 y sus posteriores modificaciones). Para dilucidar este punto, resultan reveladoras las tablas comparativas confeccionadas por la Dirección de Educación Media y Técnica de la Secretaría de Educación del GCBA (fs. 838). En dichos informes surge que a un Maestro de Enseñanza Práctica (M.E.P.) "transferido" (regido por la escala salarial dispuesta por el decreto 1203/93 y sus reglamentaciones), le corresponde un índice salarial de 753 puntos por 24 horas cátedra, mientras que a un Maestro de Enseñanza Práctica (M.E.P.) "histórico" (regido por la escala salarial dispuesta por la ordenanza 40.593 y sus modificatorias) le corresponde un índice salarial de 705 puntos por sólo 15 horas cátedra. Asimismo, un Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.) "transferido" obtiene un índice salarial de 800 puntos por 24 horas cátedra, mientras que un Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección (M.E.P.J.S.) "histórico" percibe 1509 puntos por 30 horas cátedra. Por otra parte, un Ayudante Titular de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.) "transferido" percibe un índice salarial de 564 puntos por 24 horas cátedra, en tanto que a un Ayudante de Clases Prácticas "histórico" le corresponden 570 puntos por sólo 15 horas cátedra. Finalmente, y de acuerdo a la equiparación establecida en el punto precedente respecto del cargo de Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P.), cabe señalar que dicho cargo percibe un índice salarial de 704 puntos por 24 horas cátedra mientras que a un Ayudante de Clases Prácticas "histórico" le corresponden 570 puntos por sólo 15 horas cátedra. Con relación al cargo de Bibliotecar io (transferido) cabe señalar que dicho cargo posee un índice salarial de 753 puntos por un turno completo, mientras que el histórico posee un puntaje de 911 puntos por un turno completo (conf. fs. 956). Del examen de ambos sistemas salariales, surge que los módulos de carga horaria son distintos. En consecuencia, corresponde utilizar como criterio unificador, a efectos de comparar de forma homogénea las remuneraciones de ambos regímenes, la cantidad de puntos que se otorga por hora cátedra. Así las cosas, se observa que la cantidad de puntaje salarial que perciben por cada hora cátedra los Maestros de Enseñanza Práctica (M.E.P.), Maestros de Enseñanza Práctica Jefes de Sección (M.E.P.J.S.), Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica (M.A.E.P.), Bibliotecarios y Ayudantes Técnicos de Trabajos Prácticos (A.T.T.P.), regidos por los índices del decreto 1203/93 y sus reglamentaciones (es decir, los "transferidos") es sensiblemente menor en comparación con los cargos equivalentes del sistema de las escuelas municipale s "históricas" (regidas por la ordenanza 40.593 y sus posteriores modificaciones). En consecuencia, es evidente que existe una clara desigualdad salarial en perjuicio de los docentes que, como los actores, se desempeñan bajo el régimen de remuneraciones establecido por el decreto 1203/93 y sus posteriores reglamentaciones. De esta manera, corresponde que el Gobierno les abone a los actores que se desempeñaron en dichos cargos las diferencias salariales que reclaman, pues la ley 24.049 establece expresamente el derecho de los docentes transferidos a que su escala salarial sea equiparada con los niveles de los docentes que ya pertenecían al ámbito local. X. Dada la forma en que se resuelve, resulta innecesario examinar los agravios referidos a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1203/93 y a la inversión de la carga de la prueba. XI. Finalmente, resta tratar el agravio de la demandada referido a cuestionar la aplicación de la tasa de interés activa promedio del Banco de la Nación Argentina desde e l 01/01/2005 hasta la fecha de efectivo pago. El magistrado de primera instancia fundamentó la aplicación de dicha tasa de interés en el aumento del Indice de Precios al Consumidor, que en enero, febrero y marzo fue del 1,5%, 1% y 1,5%, respectivamente, y en las perspectivas inflacionarias existentes. Sin embargo, este tribunal advierte que la situación monetaria del pasado año y la actual dista de asemejarse a la del período transcurrido entre el 07/01/2002 y el 30/09/2002, tal como surge de la evolución de los Indices de Precios al Consumidor publicados por el INDEC. En consecuencia, voto por mantener el criterio adoptado por esta Sala en los precedentes "Paletta Aldo Daniel c/ GCBA s/ Revisión Cesantías o Exoneración de Emp. Púb." RDC. 99/0, sentencia del 26/02/04 y "Ottonello, Juan Carlos y otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)", exp. 2890, sentencia del 18/10/04. Por lo tanto, este agravio habrá de tener favorable acogida. XII. En cuanto a las de costas de esta instancia, considera ndo la complejidad del marco jurídico sometido a examen de este Tribunal, estimo prudente distribuirlas en el orden causado (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). XIII. Por las consideraciones expuestas, VOTO por rechazar el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en lo que se refiere a la tasa de interés, la cual, deberá ser aplicada conforme lo expuesto en el considerando XI. Las costas se impondrán en el orden causado (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Adhiero al voto del Dr. Centanaro, excepto en lo referido a la imposición de costas. En este sentido, no encuentro motivo para apartarme del principio objetivo de la derrota establecido por el artículo 62 del CCAyT y, por tanto, considero que las costas deben ser impuestas a la Ciudad vencida. Así dejo expresado mi voto. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio A. G. Corti dijo I. En cuanto a la cuestión de fondo -i.e., el reclamo de los actores en pos del reconocimiento de una situac ión salarial igualitaria a la de los docentes de las escuelas que pertenecían históricamente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires-, por los argumentos que he expuesto en causas sustancialmente análogas a la presente como "Iudica, Mariana Ester y otros c/GCBA (Dirección Administrativa Docente-Secretaría de Educación) s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", EXP 2680, sentencia del 24/6/03, los cuales a su vez he desarrollado con mayor detalle en los autos "Cervino, Pedro Andrés y otros c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", EXP 2890, sentencia del 18/10/04, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Esteban Centanaro. II. Asimismo, respecto del cálculo de los intereses, me remito al criterio de esta Sala, sentado en los autos "Paletta Aldo Daniel c/G.C.B.A. s/revisión cesantías o exoneraciones de emp. púb." RDC 99/0", sentencia del 26/02/04 y "Ottonello, Juan Carlos y otros c/G.C.B.A. s/empleo público (no cesantía ni exoneración)" EXP 1065, sentencia del 27/02/04. III. En cuan to a la imposición de costas, es preciso recordar que para la resolución de este caso fue necesario analizar el complejo proceso de formación jurídica e institucional del sistema de enseñanza media de la Ciudad de Buenos Aires, el cual es por demás confuso, por estar compuesto por una multiplicidad de disposiciones legales (ley 24.049, decreto 1203/93 y sus reglamentaciones; decreto 1182/90 y sus reglamentarios 1183/90, 601/91, 602/91, 245/92, 486/93 y 1093/93; ordenanza 40.593 y sus reglamentaciones posteriores, entre otras), carente de racionalidad y de dificultosa interpretación global a causa de su fragmentación y falta de claridad. Por ello, considerando la complejidad del marco jurídico sometido a examen de este Tribunal, estimo acertada la propuesta de mi colega Dr. Centanaro de se impongan las costas de esta Alzada en el orden causado (art. 62, 2º párr., CCAyT). Así dejo sentado mi voto. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal por unanimidad RESUELVE: Confirmar la resolución ap elada, excepto en lo que se refiere a la tasa de interés, la cual, deberá ser aplicada conforme lo expuesto en el considerando XI. Las costas se impondrán en el orden causado (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio A. G. Corti Juez de Cámara