marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, responsabilidad extracontractual, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVEA LUIS c/ ROBERTO PALTA Y OTRO s/ Ordinario (LIBRO: S081 - 220)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-28

Si la naturaleza de la cuestión nace de la imputación de una conducta culpable o negligente que se atribuye al Banco demandado, por las razones que el mismo quejoso se encarga de poner de resalto, va de suyo por lo mismo, que ello torna aplicable los art. 1009, 1112 y 1113 C.C., por lo que el término para interponer la acción es de dos años a partir del momento de producido el daño, en nuestro caso, desde la restitución de los cheques con la leyenda "no pagado por falta de fondos" o "por cuenta cerrada", conforme lo prescribe el art. 4037, tal cual lo ha dispuesto el inferior. Es que si bien el art. 38 del dec.ley 1776-63 emerge una responsabilidad para el Banco por los perjuicios ocasionados en virtud de sus omisiones o transgresiones, la misma es de derecho común, legislada en los art. 1109 y 1113 C.C., pero nunca originaría una acción de naturaleza cambiaria.-
Recurso de apelación (procesal), gravamen eventual, agravio hipotético, memorial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARAYA, EDELMIRA TOMASA Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Para la admisibilidad de los recursos en general, debe invocarse el daño inferido a quien lo articula por el pronunciamiento cuestionado, no siendo suficientes los agra-vios meramente hipotéticos o conjeturales (cfr. C.S.J.N., "Banco de la Nación Argen-tina c/ Alfredo Evangelina y Cía. S.R.L."). Debe existir, por lo menos, una crítica ra-zonada del fallo que se cuestiona, que permita inferir en el tribunal de alzada qué se persigue con la apelación. El juzgador no puede suponer o interpretar la finalidad del argumento recursivo, ya que necesariamente debe ajustarse a los agravios vertidos en el memorial y no suplir sus deficiencias, máxime si las mismas exceden el posible concepto oscuro o confuso quizás subsanable -dejando de lado cualquier rigorismo formal- y constituyen aseveraciones dogmáticas sin vínculo aparente o real con el fa-llo que se cuestiona.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Calizaya, Sandro s/ art. 11179:149 bis párr. 1 amenazas - CP (p/ L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

La interposición de una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado no suspende - por regla- el curso del proceso y aunque, excepcionalmente, sí es posible, mediante decisión expresa, suspenderlo antes de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso directo (art. 32, ley n° 402), en el caso, el recurrente no ha dado fundamento alguno que permita apartarse de la regla general, dispuesta por la ley que regula el procedimiento ante este Tribunal. Por ello, no corresponde conceder el efecto suspensivo solicitado. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde) Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meysa SA. s/ Inc. redarg. de inst. públ. en : "Tormetal c/Meysa. Daños y ps." Banco R. de la P. s/ Inc. nulidad not.: Kalksma S.A. c/Banco Comercial del N. Ac. s  /declarat. Schaab, Teodoro c/ Camolese de Carrer, Eugenia y ot. s/ Acción de simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10|1994-03-15|1995-02-14

El pronunciamiento de la Cámara que desestimó el incidente de nulidad de notificación de la demanda y redargución de falsedad no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvino LLaneza s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

La ley 24.522, que derogó la ley 19.551, dispone en su art. 292 que a partir de su entrada en vigencia se aplicarán las normas que en materia regulatoria ella prevé a los concursos y quiebras en trámite, salvo en lo que se refiere a los honorarios contemplados en el art. 291 inc. 1° de la ley 19.551).
Inhabilitación (civil), pericia médica, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: P.D.A. s/ Inhabilitación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-27

No obstante que en los procesos como el de inhabilitación el dictamen médico representa la prueba esencial, la calificación jurídica de cada caso particular incumbe exclusivamente al juzgador quien, una vez verificada por lo peritos médicos la existencia de la enfermedad y sus alcances en la vida de relación del enfermo, será quien determine si la persona contra quien se sigue el juicio requiere protección jurídica y, en su caso, en que medida (conf.

CNCiv. Sala F, c. 941 del 10-9-84; c. 8166 del 7-2-85 y c. 10.499 del 12-2-85).
Daños y perjuicios, indemnización, cuestiones prejudiciales, sentencia absolutoria, legítima defensa, cosa juzgada
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: Ruiz Kaiser, Débora Cristina c/ Chaco, Provincia del s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La absolución fundada en la legítima defensa, que equivale a negar la existencia de antijuricidad, hace cosa juzgada en lo civil e impide que se impute por el mismo hecho, a quien repelió la agresión, un delito o un cuasidelito civil a los efectos de la reparación pecuniaria del daño.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, acciones de filiación, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

El niño tiene derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de sus representantes (art. 12.2 de la Convención del Niño), y a solicitar protección judicial para que no se ventilen aspectos que hacen a su filiación (Votos de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López y de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, domicilio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VINISKY,  MARTÍN  GERARDO  Y  OTROS c/ Consolidar A.R.T. S.A. yotro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

Con relación al concepto de domicilio, el intérprete no puede hacer decir a la ley lo que ésta no dice, pues "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de su texto o de su espíritu" (cfr. C.S.J.N., sent. del 10.06.92, L.L. 1992-D-589). Conforme esa doctrina que de antiguo ha sentado el más Alto Tribunal, ha de sostenerse que la ley de riesgos del trabajo, en el marco concreto del accidente in itinere, no posibilita una interpretación amplia del concepto que desnaturalice su finalidad y suscite un insospechado aumento del campo de responsabilidad del empleador. La interpretación "dinámica" que alguna jurisprudencia indica no equivale a modificar circunstancias decisivas, como supondría, abiertamente y de forma instantánea, fijar otro domicilio modificando el vigente que emana del contrato de trabajo. Ha de recordarse que la ley 24.557 sólo establece tres excepciones al esquema rígido que establece en su art. 6, y que para que ellas tengan efecto, deben ser notificadas por escrito. (Disidencia del Dr. Fernández).
Indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador, choferes, fuerza mayor extraña al trabajo, daño por el hecho o en ocasión del trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SZULDER, MARCELA por sí y en representación de sus hijos menores c/ CUFRE, Carlos s/ Indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

La muerte del trabajador durante un asalto del que fuera objeto mientras se desempeñaba como conductor para el demandado no constituye una fuerza mayor extraña al trabajo, sino un hecho producido "en ocasión del trabajo" es decir, un evento en el que el débito laboral constituye una condición necesaria para su acaecimiento.
Sobreseimiento, fundamentación de sentencias, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Grimaldi, Héctor Fabián y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-14

Corresponde declarar la nulidad del sobreseimiento si no exhibe un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. (Dres. Catucci, Madueño y Rodríguez Basavilbaso).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, derivación no razonada del derecho vigente, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ARDIT, CARLOS A. c/ SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-30

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto ya que, si bien lo atinente a la existencia o no de relación laboral entre las partes remite al examen de una materia de hecho, prueba y derecho común regularmente ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando -como ocurre en el caso- el A quo no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa aplicable y la decisión se apoya, en consecuencia, en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento sólo aparente. Máxime en el sub lite, tratándose de una situación tan particular como la de los profesionales liberales, donde debió realizarse un examen minucioso de los hechos, probanzas y alegaciones, desde que no corresponde partir de premisas fijas o cartabones rígidos para un correcto encuadramiento del vínculo.
Honorarios del abogado, mora, intereses, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fasyma S. en C. por Acciones c/ Dirección General de Hipódromos de La Plata s/ Incumplimiento de contrato y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

Si la sentencia definitiva, en la que se incluyó una regulación de honorarios, adquirió firmeza como consecuencia del rechazo de los recursos extraordinarios interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde el pago de intereses al 8 (ocho) por ciento anual sobre los honorarios actualizados a partir de la fecha en que quedó en mora el obligado al pago, es decir, diez díaz después de enterado del acaecimiento de aquella circunstancia (arts.54 y 24 del decreto ley 8904).
Comunicación del despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Aroca c/ C.A.A.Q. (Club Atlético Argentino Quilmes) s/ Laboral (Expte Nro. 198-01, Resolución Nro. 8, Tomo 20, Folio 18/27)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-13

El art. 243 de la L.C.T. es claro cuando exige la comunicación por escrito del despido, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato, no admitiéndose la modificación de la causal de despido ante la demanda que promueva la parte interesada. "La Jurisprudencia se muestra mayoritaria en cuanto a que la "ratio legis" tiende a preservar el deber de buena fe, a fin de que las partes tengan conocimiento cierto de los motivos que determinan la decisión...". Pero, excepcionalmente, la rigidez formal del art. 243 L.C.T., debe ceder cuando el actor tiene conocimiento de la verdadera causa motivante del despido, así se ha dicho con acierto que la forma en que se comunica la cesantía no infringe el art. 243 L.C.T., cuando existe una manifiesta correlación entre las circunstancias anteriores y la extinción de la relación laboral, de manera que el trabajador no pueda ignorar la causa que ha determinado la conducta del empleador, y el recaudo de inmediatez entre el hecho motivante del despido y éste -contemporaneidad de la sanción- debe ponderarse de conformidad con las circunstancias particulares de cada caso.... DE LA DISIDENCIA DEL DR. MACAGNO
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Miguel Angel y Otra c/ Zanoni, Fabio y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-14

La nulidad de la sentencia de primera instancia no puede basarse en una discrepancia sobre la manera cómo funda la misma el magistrado, o cómo aprecia la prueba, desde que tales cuestiones tienen la vía idónea del recurso de apelación propiamente dicho. Ya se ha expresado en otras ocasiones que "no hay nulidad cuando el Juez, de una forma u otra ofrece resolución del juicio mediante una decisión positiva que satisface -equivocada o no- los términos que hacen al objeto de la demanda" y que "lo que la doble instancia requiere como mínimo, no es que todas las cuestiones estén rigurosamente sometidas a ella, sino que existan dos sentencias que examinen la demanda y el responde y den una solución al litigio en base a razonamientos fundados en puntos que han integrado la litis y que a juicio del sentenciante son suficientes para su decisión".
Proceso penal, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación penal, aplicación supletoria de la ley, apreciación de la prueba, facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Fuenzalida, Mario Sebastián s/ infracción al art. 189 bis C.P. -  Apelación bis C.P. -  Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

La Ley de Procedimiento Penal establece en su artículo 61, tres únicos supuestos en los cuales el recurso de apelación es admisible; limitando de este modo la labor revisora de esta Alzada respecto de la valoración de las pruebas realizada por el sentenciante, y estableciendo un recurso innominado contra la sentencia, asimilable a un recurso de casación.

Ahora bien, es clara la decisión de ampliar el alcance del recurso de casación para adecuarlo a las exigencias de los Tratados Internacionales en torno al derecho de todo imputado por delito de que su condena sea revisada de manera efectiva por un tribunal superior, como así también que el recurso previsto en la Ley de Procedimiento Penal tributa las mismas características que el denominado de casación previsto en la herramienta procesal federal de aplicación supletoria; por ello, la labor revisora de esta instancia habrá de alcanzar el máximo de lo materialmente posible, quedando fuera tan sólo aquello que únicamente es asequible por la inmediatez.

No se trata, entonces, de negar a partir de formalismos excesivos el derecho a la revisión de la condena por un tribunal superior que se reconoce a todo ciudadano, dejando de lado las cuestiones de hecho y prueba, sino, antes bien, de asumir la tarea revisora con la conciencia que no se trata de una segunda primera instancia sino un juicio sobre el juicio, o sea de la motivación, ya que nuestra capacidad valorativa se encuentra mediatizada respecto de algunos medios de prueba; debiendo, por tanto, con esta limitación, establecer la corrección del aspecto racional del juicio sobre la prueba en la determinación de los hechos, para luego comprobar la adecuada o inadecuada aplicación del derecho.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Madero, Fernando c/ Municipalidad de Morón s/ Cobro de suma de dinero. Cuestión de competencia, art. 6 del Código  de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La competencia originaria de la Suprema Corte se ejerce a impulso de la demanda ante ella entablada con los requisitos propios que establece el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, distintos a los del proceso civil (arts. 1, 3, 28, 31 y concs. del C.P.C.A.), motivo por el cual, no siendo aplicable lo dispuesto en el art. 352 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial porque en estos casos se halla en juego la competencia en razón de la materia, si una demanda de tal índole se inicia ante la justicia ordinaria, corresponde su devolución a esa sede a los efectos de su archivo.
Responsabilidad del banco, responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Eroles, Liliana Andrea c/ Banco de la Provincia de Córdoba y otros s/ abreviado - otros - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-02-20

La entidad bancaria propietaria de un cajero automático que funcionó deficientemente y permitió que terceros extraigan de forma indebida el dinero existente en la caja de ahorro del accionante, debe responder por los daños derivados de tal accionar, pues si bien refirió que el hecho dañino se produjo por culpa de la actora al no cerrar la cesión informática del cajero, existe de su parte una obligación de seguridad que le impone probar la negligencia atribuida, lo cual no ocurrió en el caso, máxime cuando el perito constató que luego de realizarse la operación el software del cajero automático cierra automáticamente la sesión del cliente.
SIDA, prueba hematológica, extracción forzada, consentimiento del paciente, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La ley de lucha contra el SIDA, en tanto establece la detección obligatoria del virus en determinados supuestos (arts. 5, 7 y 9) autoriza a concluir que, como regla, es imprescindible el consentimiento previo de la persona para que - legalmente - sea posible determinar si ella es portadora del virus HIV (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Depreciación monetaria, índices de actualización, expropiación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado    Nacional  -  Ministerio  del  Interior  -  Policía  Federal c/ Stefanoni García, Carlos y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

Es adecuado utilizar en el juicio de expropiación, el índice de precios al consumidor para actualizar los valores en juego.
Sentencia penal, lectura de la sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Hernandez, Máximo G. s/ VIOLACIóN S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-13

Corresponde rechazar el recurso de casación penal interpuesto, contra la sentencia que si bien fue leída y dictada fuera del término establecido para ello -art. 371- el recurrente no promovió el correspondiente incidente inmediatamente después, caducando su derecho para hacerlo -art. 162 inc. 3ro.- y atento lo dispuesto por el inc. 2 del art. 163 ha de entenderse que consintió los efectos del acto irregular. Ello, en tanto el sistema de nulidades es de interpretación restrictiva, no advirtiéndose en el caso violación al debido proceso.
Seguros, reticencia, medios de prueba, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Ministerio Economía Sec. de Int. Marit.) c/ Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales  S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

El art. 5 de la ley 17.518 reproduce la exigencia del antiguo art. 498 del Cód. de Comercio, en el sentido de que la reticencia debe ser previamente apreciada por el "juicio de peritos" que determinen si el contrato se "hubiese impedido" o "modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo".

La doctrina conocida ha interpretado que en nuestro positivo ese dictamen pericial es indispensable y no puede ser sustituido por otros medios de prueba.
Competencia ordinaria, competencia federal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., J.O. c/ U., SA s/ Cobro de Pesos-Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-04

Los órganos integrantes de la justicia provincial conocen en todos los asuntos respecto de los cuales no existe delegación expresa en los términos del artículo 121 de la Constitución Nacional; en tanto que la competencia de la justicia federal es de excepción, pues se halla limitada a los casos que determinan los artículos 75 inc.12, 108, 116 y 117 de aquélla y las leyes reglamentarias nros. 48 y 4055.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez, Norma Mercedes c/ López, José Félix y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-28

Si al atender los agravios de los apoderados de la vencedora se resuelve que tanto la base tomada para la regulación cuanto el porcentaje aplicado deben incrementarse, el agravio de la vencida que apela todos los honorarios regulados en el proceso por altos no es de recibo.

En efecto, ante la situación planteada cualquier tipo de modificación que se introduzca en estas regulaciones serían en perjuicio del apelante (principio de prohibición de la reformatio in peius), toda vez que de seguirse igual criterio que se tuvo al acoger los agravios de la vencedora se tendrían que elevar más aún para la vencida.
Ley Nacional de Salud Mental, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S.,S.J. s/ Insania y curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

Teniendo en cuenta el nuevo paradigma de salud mental establecido recientemente por la Ley 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporadas a nuestro derecho interno por las leyes 26.378 y 25.280, así como las pautas constitucionales, la mera posibilidad de ilustrar respecto de la evolución que se observa en el cuadro mental de la causante, el que -debidamente evaluado- podría dar lugar a un nuevo pronunciamiento judicial que limite la incapacidad que hoy posee, justifica que se proceda a realizar un nuevo examen interdisciplinario, como lo prevé el artículo 152 ter del Código Civil, texto según ley 26.657.(doctora Kogan, sin disidencia)
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física, igualdad ante la ley, discriminación, tratados internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pluckhi, Pedro c/ Competiello, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Resulta deleznable poner de relieve que el actor es una persona pobre y que vive en una casa humilde, pues tratándose del menoscabo a la integridad física, no cabe hacer distinciones en atención a si se trata de ricos o de pobres, desde que ello encierra una conculcación del principio de que todos los habitantes de la Nación Argentina "son iguales ante la ley" (arts. 16 Const. Nac.; 11, Const. Nac.). Además importaría una discriminación en pugna con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 7), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos (art. 2° 1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24), que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, 2do. apart., Const. Nacional).