Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


FRANCO, Víctor Angel contra IPAM Petróleo y Gas Privado Asistencia Médica Integral y/o Centro Médico IPAM S.A. Reg.: A y S t 202 p 479-481. Santa Fe, 10 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución del 27 de mayo de 2004 dictada por la Cámara de Apelación de Circuito de esta ciudad, en autos "FRANCO, Víctor Angel contra IPAM Petróleo y Gas Privado Asistencia Médica Integral y/o Centro Médico IPAM S.A. y/o quien de ellos resulte jurídicamente responsable-Demanda Sumaria- (Expte. 30/04)" (Expte. C.S.J. nro. 318, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelación de Circuito de esta ciudad, la que resolvió acoger la apelación de la accionada y, en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta, deduce el actor recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055.

Indica que el decisorio contiene afirmaciones dogmáticas partiendo de la premisa de que su parte omitió voluntariamente declarar la preexistencia de su enfermedad. Al respecto, sostiene que cuando concurrió a afiliarse comunicó al personal de IPAM sus dolencias acompañando algunos estudios pese a lo cual éstas no fueron documentadas.

Le imputa a la Cámara prescindir de prueba decisiva, en tanto en la solicitud de ingreso denunció la toma de medicamentos (ansiolíticos), lo que probaría -a su juicio- la existencia de una enfermedad que debía ser evaluada por la demandada.

Le agravia que el A quo no pondere las testimoniales de los señores Alanis y Nardone (quienes lo afiliaron a la prepaga) que declararon que su parte comunicó las dolencias que padecía acompañando algunos estudios.

Finalmente indica que los Sentenciantes incurren en ritualismos excesivos al reprocharle no haber invocado ni probado (con referencia a la declaración jurada de la afiliación) un supuesto de abuso de firma en blanco o la existencia de adulteración del contenido del documento.

2. Por auto del 12 de agosto de 2004 la Cámara denegó la concesión de la impugnación deducida, lo que motivó la presentación directa del perdidoso ante esta sede (f. 54/56).

3. La presente impugnación no ha de prosperar, toda vez que si bien en el memorial introductorio del remedio extraordinario el recurrente invoca causales de arbitrariedad, de la confrontación de sus agravios con la resolución atacada surge que toda la argumentación recursoria se vincula con el criterio con que la Cámara interpretó el caso bajo examen; y traduce, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento del quejoso a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que en esa faena aquél hubiera desbordado el ámbito propio de sus atribuciones.

En efecto, el impugnante discrepa con el análisis que el Tribunal efectuara de las probanzas arrimadas a la causa y en virtud de la cuales concluyera que quedaba demostrado a la luz de las mismas que el accionante tenía un cúmulo de dolencias preexistentes al ingreso a la prepaga y que, conociendo los requisitos de la obra social para admitirlo como socio (entre ellos la declaración de preexistencias), silenció su estado de salud anterior a aquél.

Así, el A quo comienza su razonamiento señalando que el actor sabía al momento de firmar la solicitud de ingreso que IPAM no se hacía cargo de tratamientos o enfermedades preexistentes, ni de intervenciones quirúrgicas complementarias de una afección anterior a la fecha de vigencia de los beneficios; y, sin embargo, en la declaración jurada prestada había manifestado que a esa fecha, él y los integrantes de su grupo familiar, no padecían enfermedades que requieran internación y/o cirugía.

Y, luego de referir a que surgía de la demanda que el accionante -al suscribir la solicitud- sabía que padecía de aneurisma de aorta abdominal, indica el A quo que "...destaca bajo juramento que él, y su familia gozan de buena salud y en la declaración de preexistencia, responde a cada pregunta que no tienen enfermedades congénitas, que no han sido hospitalizados, ni intervenidos quirúrgicamente, que actualmente no padecen alguna enfermedad, que no sufrieron accidentes serios, ni embarazos, solamente, declara que toma tranquinal 0,5 mg., pero que tanto él como su familia gozan de buena salud..." (f. 12 v.), sin dejar constancia de su afección.

Evalúa también el Tribunal las testimoniales de Alaniz y Nardone y concluye que no logran destruir el contenido de la prueba documental reconocida por el actor (solicitud de ingreso y declaración de preexistencias firmada) ni permiten demostrar que Franco informó oportunamente sobre sus dolencias de manera de generar la obligación en la demandada de abonarle la suma oblada por la atención médica recibida como consecuencia de aquéllas.

De tal modo la Cámara señala: "...es el mismo actor quien reconoce la documental exhibida, donde no existe constancia alguna de sus alegaciones, por lo tanto, la apreciación de las testimoniales de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no puede ser tomada sino como contraria a la autenticidad del contenido que obra en la solicitud de ingreso y declaración de preexistencia que el mismo actor reconoció".

Además, agrega "...Franco no invocó, ni probó, que haya existido abuso de firma en blanco en las oportunidades procesales correspondientes, ni que existiera adulteración alguna en su contenido" (f. 14).

Y, con expresa referencia a los contratos de medicina privada, destacan los Juzgadores que, sabido es que casi todos contienen cláusulas de exclusión de la cobertura por las denominadas "enfermedades preexistentes" y que uno de los requisitos de admisión suele ser que el futuro afiliado en su solicitud de ingreso denuncie o vuelque todos los datos que hagan a enfermedades o tratamiento recibidos con anterioridad (v. f. 14); concluyendo que el actor "Al soslayar los datos referidos a su estado de salud anterior no ignorado, obró con reticencia o falsedad en su declaración jurada".

Es bajo esos lineamientos que el Tribunal concluyó que correspondía revocar la resolución de baja instancia y en consecuencia, rechazar la demanda.

Se advierte entonces que los planteos recursivos esbozados por el impugnante quedan en el plano del mero desacuerdo de aquél para con el criterio sustentado por la Alzada, en ejercicio de funciones propias, y en una postura opuesta a su particular óptica del tema en discusión.

Empero, sin lograr vulnerar la exégesis que efectuara el fallo resistido, ni alcanzar a demostrar que el Tribunal hubiese decidido con insuficiente motivación.

En suma, la cuestión no resulta idónea para franquear la vía extraordinaria instaurada, habida cuenta que sólo demuestra el intento del recurrente de reabrir el debate acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, extraña a la esfera del remedio enderezado, en tanto sólo traduce su disenso para con la decisión del Tribunal la que, en definitiva, remite a aspectos reservados a los jueces ordinarios y ajenos al control de adecuación constitucional que incumbe a esta Corte.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)