Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


SPERANZA, Fabián Armando y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 203-207.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2003.

VISTOS: los autos "SPERANZA, Fabián Armando y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo Jurisdiccional- sobre AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. Nro. 150, año 2003), venidos para resolver lo solicitado por la demandada a fojas 3/5 vto.; y, CONSIDERANDO:

I.1. La Provincia de Santa Fe comparece ante este Tribunal solicitando se avoque al conocimiento de los autos "Speranza, Fabián Armando y otros c/ Provincia de Santa Fe s/Amparo Jurisdiccional" (expte. 889/02) que se tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral número 2 de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la ley 11.330 y en la doctrina sentada por esta Corte in re "Vaninetti" y "López".

Expresa que los actores, por la vía de una acción de amparo pretenden se ordene al gobierno de la Provincia de Santa Fe el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la ley 6769 para el personal policial y por la ley 9481, ratificada por decreto 2695/93, para el personal del Servicio Penitenciario; artículo 146 de la ley 6769; artículo 144 de la ley 6768 modificado por ley 10.022; y decreto 2826/98, con más intereses desde la mora y hasta el efectivo pago.

Considera que la materia de esa acción es, en lo sustancial, similar a la valorada por este Tribunal en diversas causas que cita donde se declaró la competencia contencioso administrativa ante la discusión de los alcances de la ley 9561 y demás normativa citada en la demanda.

Señala que es notorio el supuesto de gravedad institucional en tanto el Inferior invade competencia reservada al "Superior Tribunal" por voluntad del constituyente (art. 93, inc. "2" C. P.) imponiendo un comportamiento al Poder Ejecutivo y sin verificar la irreparabilidad del perjuicio.

2. El señor Procurador General, en contestación de la vista corrida a foja 6, aconsejó se requiriera del Tribunal respectivo la remisión de las actuaciones correspondientes (v. f. 7), lo que se dispuso a foja 8.

Una vez recibidas en esta sede, se corrió nueva vista al señor Procurador General, quien, por dictamen 9/03 (fs. 11/13), concluyó que no se había acreditado debidamente el cumplimiento de la totalidad de los recaudos propios que hacen a la procedencia de la acción de amparo, "máxime cuando la materia debatida es de naturaleza contencioso administrativa, por lo que corresponde así declararlo".

3. Los actores, por su parte, contestan a fojas 16/25 vuelto la vista corrida.

Alegan que denunciaron la violación de sus derechos constitucionales de igualdad jurídica, de igual remuneración por igual tarea y de retribución justa, producida mediante vías de hecho administrativas y comportamientos materiales omisivos de la Administración, al no abonarles arbitrariamente distintos adicionales y suplementos integrativos de su remuneración y previstos legalmente, sufriendo así un trato discriminatorio en relación a la gran mayoría de los efectivos de las fuerzas de seguridad provincial que perciben dichos haberes en forma normal.

Comentan que incoaron el proceso constitucional de amparo atendiendo a la finalidad primordial de este instituto y a las particulares circunstancias de los medios con que se produjo la lesión.

Explican que el remedio intentado es la vía judicial más idónea para el pleno restablecimiento de las esferas jurídicas vulneradas en razón de que, resultando tan patente la ilegitimidad, la plena vigencia de nuestro Estatuto Fundamental no puede ser diferida al agotamiento previo de la instancia administrativa, para luego recién acceder al control jurisdiccional contencioso administrativo centralmente diseñado para la revisión de ilegitimidad de actos de la Administración, con amplitud de debate y prueba, y con estructura general que no lo hace ni sencillo, ni breve, ni más efectivo.

En consideración -agregan- de que la desigualdad y la discriminación comprometen de modo directo el valor superior de la dignidad de la persona humana es que la vía ordinaria no se muestra lo suficientemente efectiva para honrar la cláusula constitucional invocada.

Entienden que la conducta de la Administración entraña una contradicción con la doctrina de los actos propios en tanto mediante el decreto 2854/97 ha reconocido la ilegalidad de su obrar, para luego deshonrar tales lineamientos oponiéndose a su expedita y rápida remoción del mundo jurídico.

Plantean que, a los fines de esclarecer si en estos autos han efectuado una selección inteligente de la vía procesal más idónea para obtener o alcanzar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se debe someter el caso a un triple test: a la luz de los conceptos sentados por la Corte nacional en Fallos: 316:797;

desde los criterios de esta Corte in re "Bacchetta"; y, finalmente, conforme a las exigencias resultantes de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que recibieron jerarquía constitucional desde la reforma de la Constitución nacional en 1994.

Sostienen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la finalidad del amparo es asegurar la vigencia de la Constitución misma y constituye, primordialmente, un medio de protección de los derechos afectados antes que una forma de control de la legitimidad del accionar estatal aunque para cumplir aquel objetivo se tenga que efectuar la segunda actividad.

Luego de describir los que, a su criterio, son los puntos salientes del voto del señor Ministro doctor Falistocco en "Bacchetta", alegan que resulta imprescindible una hermenéutica dinámica, evolutiva y actualizada de ese precedente, debiendo colegirse como implícita en la interpretación del fallo el tránsito de la excepcionalidad a la razonabilidad del remedio como resultado del imperativo emergente de los artículos 2 y 25 inciso "2" apartado "b" de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Continúan diciendo que a los efectos de determinar con razonabilidad y justicia la procedencia de una u otra vía, se deberá ponderar o meritar como de especial gravitación, la circunstancia de si la lesión o restricción de los derechos fundamentales es producida por un acto administrativo o bien por comportamientos u omisiones materiales o vías de hecho administrativas.

Consignan que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, mientras las lesiones o restricciones generadas por comportamientos materiales o vías de hecho carecen del carácter recién indicado.

Por ello -indican- en el primer supuesto el análisis de la concurrencia de los requisitos que ameritan la procedencia del amparo será más restrictivo a diferencia de lo que ocurre en el segundo caso detallado en el cual la procedencia del amparo será juzgada con criterio más amplio o generoso.

Con cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostienen que las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto de que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción.

Luego de analizar diversas normas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de citar la opinión consultiva 11/90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyen que surge el imperativo categórico e impostergable de realizar una interpretación dinámica, evolutiva y actualizada de los precedentes jurisprudenciales sobre la recepción del amparo en el orden local que lleve a reconocer el tránsito desde la excepcionalidad a la razonabilidad de la procedencia del remedio constitucional y supranacional y de su convivencia pacífica con la vía contencioso administrativa.

II.1. En el sub examine, la cuestión versa sobre la correcta liquidación y pago de haberes no remunerativos, suplementos y adicionales supra detallados, a empleados públicos provinciales (dependientes de la Policía), por lo que no puede sino concluirse que lo debatido reviste naturaleza contencioso administrativa (criterio de "Balquinta", y "Veinticcinque", A. y S., T. 144, pág. 146 y T. 144, pág. 203, entre otros).

Empero, no puede obviar el Tribunal el análisis de la incidencia que tal extremo tiene en esta causa, de conformidad con la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional.

Al respecto corresponde, en honor a la brevedad, remitir a las consideraciones expresadas en autos "Bachetta" (A. y S. T. 132, pág. 67) y "Grandinetti" (A. y S. T. 132, pág. 477).

2. Examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que, tratándose de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público, la competencia contencioso administrativa de esta Corte se supone, lo cual pone en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10.456.

En el caso, las argumentaciones vertidas en la respectiva demanda de amparo son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón, la conducta impugnada les producía un daño concreto y grave que "sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo" (C.S.J.N., "Ballesteros", Fallos: 317:1128); ni, por ende, por qué motivo -en las circunstancias del presente caso- el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa podía acarrearles un perjuicio irreparable.

Tal demostración era necesaria, salvo que se piense -sin dudas con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo y, consecuentemente, del pago de diferencias salariales, produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada en autos, sin norma expresa alguna que lo disponga, con la sola invocación de desconocimiento de principios y derechos constitucionales y de derechos garantizados por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

A lo antedicho debe agregarse que, aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el Alto Tribunal nacional ha preservado el carácter excepcional del remedio intentado ("Ballesteros", Fallos: 317:1128; "Louzán", Fallos: 317:1658; "García Santillán", del 15.7.1997; "Entre Ríos, Provincia de y otro", Fallos: 323:1825), cuya indiscriminada utilización no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario.

3. Las restantes razones invocadas en esta sede por los actores a los fines de justificar la vía del amparo, y la imposibilidad de la prevista en la ley 11.330, deben igualmente desecharse.

3.a. En ese sentido, aducen que no están impugnando ningún acto administrativo en los términos de la ley 11.330.

A este respecto puede señalarse que la inexistencia de acto administrativo de aplicación no cancela, per se, la posibilidad de interponer el recurso contencioso administrativo; es más, la inexistencia misma de acto administrativo formal, tampoco es obstáculo para la iniciación de una instancia que -como es sabido- puede habilitarse por denegación presunta (criterio de "Haquin", A. y S. T. 162, pág. 371).

En definitiva, el caso puede ser subsumido en la ley 11.330.

3.b. En otro orden, la invocación de una arbitrariedad manifiesta que afectaría, a criterio de los amparistas, al comportamiento de la Administración no puede resultar por sí sola suficiente para justificar su debate por la vía del amparo.

Es que no se logra demostrar por qué especial circunstancia tales cuestionamientos no pueden ser eficazmente planteados y resueltos en el ámbito jurisdiccional especializado que nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé (art. 93, inciso 2, Const. pcial., y leyes 11.329 y 11.330).

Asimismo, en cuanto a la alegación de que el amparo en función de la interpretación que los actores efectúan de los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional- resulta el medio más idóneo en tanto en el agotamiento de la vía administrativa y el posterior control jurisdiccional contencioso administrativo no existiría una tutela efectiva de sus derechos, cabe consignar que no pasa de ser una mera afirmación que no toma en cuenta las múltiples posibilidades de tutela que se dan dentro del procedimiento administrativo provincial y también en el proceso contencioso administrativo.

En efecto, pasan por alto los amparistas la posibilidad que les cabe en sede administrativa de solicitar el cese de la conducta que se juzga ilegítima; como así también la de acudir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo a fin de peticionar, en caso que concurran los requisitos que la tornan admisible, tutela cautelar autónoma de acuerdo a la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte como tribunal de lo contencioso administrativo en los casos "Buasso" (A. y S. T. 145, pág. 299), "Godoy" (A. y S. T. 150, pág. 141), y, más recientemente, en "Bazet" (A. y S. T. 167, pág. 111) y la utilización de todos los demás mecanismos de tutela previstos en la ley 11.330.

En otras palabras, no se advierte por cuál especial razón en las circunstancias de autos los mecanismos supra aludidos no resultarían suficientes a efectos de garantizar el pleno derecho a la jurisdicción de los actores.

3.c. Por último, la alegación de que el presente caso referiría a la vulneración de "derechos constitucionales" no se hace debidamente cargo de la elemental circunstancia de que los derechos que se dicen lesionados refieren a una relación de empleo público en los términos a que se ha aludido en los precedentes "Balquinta" y "Veinticcinque", citados.

Y en nada mejora la sola mención de que los derechos invocados cuentan con la protección de normas de jerarquía constitucional -como los Tratados Internacionales que invoca-, lo cual no constituye dato decisivo a la hora de dilucidar el punto ahora analizado -esto es, la cuestión de competencia-, habida cuenta de la falta de demostración sobre la efectiva concurrencia de los demás requisitos que tornan admisible al amparo.

4. En consecuencia, cabe concluir que el presente caso corresponde a la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, y que se les debe otorgar a los actores un plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo tribunal, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo.

Otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)