Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-15


SENT Nro. 779 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 15 DE OCTUBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido, en nombre y representación de Alba Mercedes Hernández, por la Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIIa. de la Excma. Cámara Penal, del 24/3/2003 (fs. 157 y vta.), que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 07/5/2003 (cfr. fs. 164/165). En esta sede, no se presentaron memoriales; y a fs. 172/173 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por la inadmisibilidad de la vía intentada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación en nombre y representación de Alba Mercedes Hernández, contra la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal del 24/3/2003 que declara que no hay nulidad de la resolución apelada del 26/7/2002, y confirma la misma (art. 467 y cc. del CPP).

II.- La recurrente considera que la sentencia es arbitraria al incurrir en falta de motivación y errónea aplicación del derecho (arts. 468 inc. 2do., 142, 413 inc. 4to. y 469 del CPPT) asumiendo gravedad institucional.

Luego de relatar los antecedentes de la causa discrepa, en punto a la medida cautelar solicitada, con el argumento del tribunal respecto de que asiste razón a la Sra. Juez de Instrucción al sostener que se hallaba cerrada su jurisdicción, toda vez que -dice- las cautelares son posibles en cualquier estado del proceso; la jurisdicción del Juez se mantiene hasta que exista sentencia firme de sobreseimiento o elevación a juicio, circunstancia no cumplida cuando se plantea la cautelar; que el tribunal, al apelar la Sra. Fiscal de Instrucción en su sentencia de fecha 25/4/2002, remite a la Juez el planteo cautelar de no innovar para su consideración y resolución así como el pronunciamiento sobre la situación del inmueble objeto de las actuaciones omitido por la resolución de fecha 01/11/2001. Que, entonces, está reconociendo expresamente la jurisdicción, siendo contradictorio el fundamento esgrimido para denegar la medida en el fallo cuya casación se pretende. Agrega que tampoco es válido el argumento referido al cambio de la situación fáctica del inmueble distinta a la del estado cuya no innovación se pretendía, pues la medida se pide a los efectos que no se permitiera la venta del inmueble, por lo cual existe también en este punto incoherencia entre lo solicitado y lo resuelto.

En relación a la confirmación de la restitución definitiva del inmueble al Sr. Oscar Fernández expresa que, siendo que en el delito de usurpación de ninguna manera se discute el derecho a la posesión o propiedad del inmueble, mal podría la sentencia absolutoria sobreseer con fundamento en que tiene un derecho efectivo sobre el inmueble pues éste no es el punto investigado por lo que la circunstancia que lleva a considerar al Juez a quo que no hubo conducta ilícita por la inexistencia del elemento subjetivo no tienen incidencia sobre la definición del derecho de las partes a la posesión del inmueble. Que el dictado del sobreseimiento, entonces, debió retrotraer el marco fáctico al momento del hecho. Manifiesta que, en abierta contradicción con las disposiciones legales vigentes (arts. 4, 302, 411, 503, 353 CPPT y 226, 229 y 232 del CPCCT de aplicación supletoria), en autos se ordenó la restitución del inmueble sin que se hubiesen cumplido los resguardos legales: prueba de la verosimilitud del derecho, es decir, posesión o tenencia del Sr. Fernández que no se prueba con el título (arts. 2378/79/80 CC) y la fijación de contracautela como garantía de la responsabilidad del peticionante (art. 229 CPCCT).

Señala que la investigación penal deberá impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores (art. 302 CPPT); que ellas, mencionadas en la sentencia impugnada, se refieren a que en el inmueble entregado provisoriamente al denunciante se construyó una vivienda que habita el mismo con su familia, circunstancia ésta derivada de la liviandad con que se otorgó la entrega provisoria, sin los recaudos legales, como lo fundamenta la sentencia de fecha 01/11/2001 por la cual se sobresee a la recurrente. Que la ejecución de la sentencia absolutoria firme tiene como efecto, si cupiera, la inmediata libertad del procesado y la cesación de las medidas cautelares dispuestas; que, en el caso, la medida de entrega provisoria del inmueble debe ordenarse de inmediato y restituir las cosas al estado anterior al proceso penal, puesto que al ser absuelta la imputada significa que no hubo ilícito, no hubo causa para despojarla del inmueble en cuya (al menos) simple tenencia estaba; debiendo caducar la medida tomada provisoriamente; por ello la sentencia infringe el art. 353 CPPT, así como el art. 553 del mismo ordenamiento que dispone la simple devolución de las cosas a q uienes se la secuestraron sin que ello tenga como fundamento el derecho de propiedad o posesión que pueda ostentarse sobre las mismas, sino reintegrarlas a poder de quien la tenía. Añade que no es posible que en base a una modificación de la situación fáctica derivada exclusivamente de la superficialidad con que se otorgó y la deslealtad de quien conocía que la medida era provisoria y el alcance de ese significado se decida la entrega definitiva, con la argumentación que atento la situación fáctica actual del inmueble se torna imposible su modificación en el marco de la competencia de la sede penal.

Cita jurisprudencia; propone doctrina legal; hace reserva del caso federal por ser violatoria la sentencia de los arts. 16 y 18 CN y solicita se conceda el recurso incoado.

III.- Por auto interlocutorio del 07/5/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia del 24/3/2003, rechaza la nulidad impetrada por considerar suficientemente fundada la resolución del 26/7/2002; así como que no se haya verificado alguna causal de nulidad absoluta que permita su declaración de oficio. Agrega que los argumentos de la recurrente se refieren a errores in iudicando, propios de la apelación, por lo que los trata posteriormente en el ámbito de ese recurso interpuesto.

Al respecto, considera referida la apelación a dos cuestiones: a) denegatoria de la medida cautelar de no innovar por la resolución recurrida y, b) la orden de entrega definitiva del inmueble al querellante. Respecto a la primera cuestión, el tribunal a quo expresa que la medida fue formalizada una vez concluida la presente causa por sobreseimiento definitivo de la imputada, lo que implica que se hallaba cerrada la jurisdicción de la Sra. Jueza de Instrucción, de manera que la medida corresponde sea denegada, quedando abierta la vía civil correspondiente. Agrega que la apelación requiere que la situación planteada pueda ser subsanada por la revocación del fallo apelado; que, en este sentido, de los mismos considerandos de la resolución recurrida surge que la situación fáctica actual del inmueble es distinta a la del estado cuya no innovación pretendía la apelante por lo que, sin perjuicio de la vía civil que estimara proceder, corresponde mantener la decisión del inferior.

En cuanto a la cuestión detallada en b), considera el tribunal que si bien es cierto que en la presente causa se dicta el sobreseimiento definitivo de la imputada, se debe tener en cuenta que tal resolución se funda en la existencia de un error de que excluiría su dolo delictual y no en la existencia de un derecho efectivo sobre el inmueble en cuestión. Explicita que, por lo demás, por idénticas razones a las precedentemente referidas, atento a la situación fáctica actual del inmueble lo que torna imposible su modificación en el marco de la competencia de la presente sede, también en el punto que ordena la entrega del inmueble al querellante, la resolución del inferior debe ser confirmada.

V.- Ahora bien, de la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los fundamentos de la sentencia impugnada, se concluye en que el recurso debe prosperar en forma parcial.

En efecto, en relación a la denegatoria de la medida de no innovar solicitada, esta Corte Suprema tiene dicho que las resoluciones sobre medidas cautelares no son definitivas ni equiparables a tales al no poner fin al pleito ni impedir su continuación, ni privar al interesado de otros remedios legales para obtener sus derechos, siendo razonable la limitación contenida en el art. 469 CPP, pues de otro modo la Corte se convertiría en una tercera instancia con desnaturalización funcional (CSJTuc., "Manica, Pablo y otros s/Administración fraudulenta" sentencia Nro. 549 del 8/7/97; en igual sentido sentencia Nro. 916 "Maza Enrique del V. vs. Luis A. Roldán y/o s/Daños y perjuicios" del 31/10/2000). Tampoco se advierte, en el presente caso, que lo decidido asuma gravedad institucional, pues no supera el interés particular del interesado. De la lectura de la exposición de agravios que glosa a fs. 128 y ss. de autos no surge, como lo sostiene ahora la recurrente, que la pretensión inserta en la medida de no innovar haya sido la de evitar la venta del inmueble por parte del Sr. Fernández, cuestión ésta ventilada y resuelta a fs. 64 de autos mediante resolución del 09/5/2001, sino, como lo interpreta la Cámara, la de "garantizar la restitución del inmueble pues se estaba diligenciando la vía recursiva planteada por Fiscalía Instructora", y esto, como "único fin" (conf. fs. 128/129). De allí que no se advierta incoherencia y violación al principio de congruencia que eventualmente podría dar lugar a la existencia de la gravedad institucional alegada. Por ello, corresponde se desestime este agravio por inadmisible.

En punto a la cuestión central debatida, esto es: a la cuestión referida a la restitución definitiva del inmueble al Dr. Oscar Fernández, la Cámara sostiene que el sobreseimiento se basó en la existencia de un error que excluiría el dolo delictual y no en un derecho efectivo sobre el inmueble de parte de la imputada y en que, atento a la situación fáctica actual del inmueble, se tornaba imposible su modificación en el marco de la competencia de la presente sede, también en el punto que ordena la entrega del inmueble al querellante.

Ahora bien, yerra la Cámara cuando considera que no le asisten facultades competenciales para dirimir el punto materia de agravio toda vez que la misma es efectivamente el tribunal competente para revisar, en segunda instancia, la decisión sobre la entrega del inmueble al Sr. Fernández adoptada por el Juez inferior, en la misma sede penal. Es por ello que el fallo impugnado se torna arbitrario al omitir pronunciarse sobre la causa jurídica por la cual se mantendría la entrega definitiva del inmueble a favor del Sr. Oscar Fernández, pues no constituye suficiente fundamento expresar que la causa del sobreseimiento fue el error que excluye el dolo delictual y no la existencia de un efectivo derecho de la imputada sobre el inmueble.

Nótese que tal motivación no se expide por la causa jurídica por la cual la entrega al Sr. Fernández debería convertirse en definitiva cuando la medida fue otorgada provisoriamente a "los fines de evitar que el delito que se investiga produzca consecuencias posteriores" (conf. fs. 10 vta.) y el sobreseimiento, dispuesto según resolución de fecha 01/11/2001 a tenor del art. 350 inc. 1°, supone necesariamente que no se cometió delito.

Este vacío configura el vicio de arbitrariedad tornando nula la sentencia pronunciada con este déficit, ya que la garantía de la defensa en juicio incluye la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios. Resulta así, carente de adecuada motivación y, por ende, alcanzada por el vicio de arbitrariedad, la sentencia que omite dar expresamente los fundamentos de su decisión, inobservándose el deber de motivación dispuesto por el art. 28 CP. Al respecto, y dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte ha sostenido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo al precepto legal que gobierna el caso (CSJTuc., in re "Dirección Provincial. de Vialidad vs. S.A. Justiniano Frías s/Expropiación", del 3/3/99, entre otros).

Por lo expuesto, corresponde casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitrario y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento de segunda instancia que carece de adecuada fundamentación a fin de sostener la resolución del juez inferior", correspondiendo que los autos vuelvan al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre el punto, objeto de la nulidad declarada.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, voto en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Comparto lo expresado por el señor vocal preopinante, Dr. Alberto José Brito, en los ítems I, II, III y IV de los considerandos referidos a los antecedentes del caso y al criterio sostenido en relación a la denegatoria de la medida cautelar como a la ausencia de gravedad institucional. Sin embargo, considero que debe rechazarse la pretensión que impugna la confirmación de la restitución del inmueble.

2.- El recurrente ha reiterado en sus escritos que los magistrados no respetaron la normativa procesal al no retrotraer la situación del imputado al momento anterior al hecho imputado. Considero que la defensa realiza una interpretación errada de la situación configurada en autos en tanto que considera desacertadamente los efectos del sobreseimiento a partir de los arts. 302, 353, 411 y concordantes del CPPT.

En efecto, nuestro código procesal establece en su artículo 353 que como efecto del sobreseimiento "se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido, se despacharán las comunicaciones al Registro Nacional de Reincidencia y, si fuere total, se archivará el expediente y las piezas de convicción que no corresponda restituir". Contrariamente a lo que afirma el recurrente, la doctrina ha señalado al precisar el término "piezas de convicción" que el mismo se refiere a los objetos secuestrados en la investigación del delito o instrumentos del delito (cfr. Gabriel Darío Jarque, "El sobreseimiento en el proceso penal", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 89; "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, anotado por Ricardo C. Núñez". Editora Córdoba, 1978, art. 341, pág. 299). De ningún modo se hace alusión a que se encuentran comprendidos en la norma bienes inmuebles sino, por el contrario, se refiere a objetos muebles secuestrados que se consideraron utilizados para la comisión del supuesto delito. Surge, en forma incontrastable, que la normativa procesal que indica como fundamento de su p retensión la defensa tiene por propósito efectos menores que no pueden ser asimilados a los bienes inmuebles.

Desde otra perspectiva, corresponde remarcar las contradicciones que provocaría en el caso en autos la interpretación sostenida por el recurrente. Se debe recordar, en primer lugar, que la señora Jueza de Instrucción decidió sobreseer a la imputada fundado en que entró al inmueble con el convencimiento que tenía derecho para hacerlo desconociendo los resultados del juicio de prescripción adquisitiva que dio la titularidad del inmueble al denunciante. Afirmó que recién al prestar declaración se enteró que había un titular sobre el inmueble y que estaba acreditada tal titularidad (fs. 83 vta.). De este modo, el fallo decidió sobreseer por considerar que no hubo dolo en el actuar de la acusada puesto que irrumpió en la propiedad del señor Fernández en la creencia que era de su propiedad. Pareciera que resulta necesario aclarar que la decisión del sobreseimiento se funda en la ausencia del dolo delictual, es decir, que para llegar a tal conclusión se debe aceptar que hubo un desconocimiento de que la propiedad pertenece a otra persona o, lo que es lo mismo, que la acusada no tenía derecho alguno sobre el inmueble pero creyó tenerlos. Estas consideraciones fueron ratificadas por el mismo magistrado en la sentencia de 26 de julio del 2002, por la cual confirma la restitución del bien al señor Fernández fundada en la presentación de nuevos elementos probatorios realizada el 27 de junio de 2002 como en la falta de verosimilitud en el derecho de propiedad alegada por la imputada: "...es un despropósito jurídico pretender hacer valer derechos que nunca se demostró en autos, por el sólo hecho de haber sido sobreseída del delito que se le imputaba" (fs. 119). Podemos concluir, sin lugar a dudas, que la sentencia que sobresee al imputado como la que confirma la restitución definitiva no se asienta sobre el derecho de propiedad de la señora Hernández, lo que posibilitaría su restitución, sino, por el contrario, sobre una fuerte presunción sobre su ausencia de derecho sobre el inmueble.

De lo expuesto precedentemente se puede inferir que, dentro del marco lógico de la sentencia, restituir el inmueble en las circunstancias actuales significaría contradecir el principio argumental de lo resuelto. En efecto, si la sentencia sobreseyó fundado en la ignorancia del acusado de que el derecho de propiedad se asentaba en otra persona, la restitución del inmueble al imputado significaría que ahora toma posesión del inmueble que el magistrado reconoció como ajeno. De este modo, el tribunal estaría colocando a la señora Hernández, nuevamente en una situación de usurpación (puesto que ya no es posible hablar de ignorancia) con el agravante que ya fue sobreseída por ese delito.

Este desenvolvimiento hacia el absurdo fue claramente percibido por el tribunal el cual, frente a los agravios de la defensora, indicó sucintamente la imposibilidad de realizar la restitución solicitada fundado en las razones por las cuales se dictó la sentencia de sobreseimiento. También, en relación a los motivos sostenidos por el magistrado respecto a la restitución definitiva, los sentenciantes hacen referencia a los argumentos sostenidos precedentemente a los cuales se remite. De este modo, la Cámara confirmó lo decidido por el inferior puesto que comparte los fundamentos por los cuales se dictó el sobreseimiento, el cual impide la restitución del inmueble, y en razón de la "situación fáctica actual del inmueble", es decir, los hechos probados en el proceso como los argumentos enunciados por Juez de Instrucción al determinar la restitución definitiva.

Finalmente, podemos indicar, en coincidencia con lo expuesto por el tribunal, que, si bien se tiene la facultad de restituir a sus presuntos propietarios el bien inmueble, en el presente caso la Cámara no puede dirimir la cuestión sobre la veracidad o no del derecho de propiedad puesto que no posee competencia para ello. En el mismo sentido la jurisprudencia señaló que: "Corresponde al juez penal ordenar el desalojo del inmueble y su restitución a sus presuntos propietarios ante el procesamiento por delito de usurpación -art. 181, inc. 1°, Cód. Penal y 306 de la ley adjetiva- como medida excepcional -art. 680 bis, Cód. Procesal Civil y Comercial y art. 14, Cód. Procesal Penal- pues toda disposición respecto de situaciones de hecho vinculadas al bien jurídico propiedad excede la competencia de aquél, debiendo discutirse la cuestión ante la justicia civil (voto del doctor Ameghino Escobar)" (CNCrim. y Correc., Sala VI, 2000/05/03; La Ley, 2000-E, pág. 821).

Por lo expresado precedentemente se considera que el recurso de casación en examen debe declararse inadmisible puesto que, al no encontrar en el fallo impugnado arbitrariedad o violación a las normas procedimentales alegadas, no satisface los recaudos de admisibilidad que impone el CPPT.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante doctor Alberto José Brito, voto en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal R E S U E L V E :

HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación en nombre y representación de Alba Mercedes Hernández, contra la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal del 24/3/2003, y en consecuencia, se casa y anula el punto II de la misma, a tenor de la doctrina legal enunciada, debiéndose REMITIR los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE