marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, tareas de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: Florentín Isaac Ramón c/ IRSA Inversiones y Representaciones SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Para que resulte de aplicación el supuesto atributivo de responsabilidad del art. 30 L.C.T., es necesario determinar que dentro de la actividad subcontratada el trabajador (no ya la actividad) cumple su tarea en beneficio directo del principal. Ergo, aun cuando la subcontratista lleve a cabo una tarea normal y específica propia respecto del contratista principal, la solidaridad no podría ser invocada por un trabajador del subcontratista cuyos servicios no hubieren sido aprovechados exclusivamente por el principal. Y en el caso, debe tenerse por reconocido que IRSA tenía por objeto la actividad inmobiliaria y desarrollaba una amplia gama de actividades en centros comerciales (como el Alto Palermo), en tanto este último se trata de una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales. Sobre tal base, si el trabajador prestó servicios allí como vigilador, cabe colegir que cumplió uno de los servicios esenciales que puede ofrecer un centro de comercio a las personas que concurren para efectuar sus compras, pudiendo estimarse tal actividad propia, normal y específica de la unidad integral, cuyo dominio mantiene la empresa de seguridad empleadora del accionante pues el objetivo social consiste en ofrecer a empresas y particulares los servicios de seguridad que los particulares esperan de un centro de ventas. Dicha actividad forma parte de la normal y específica propia de IRSA pues, ausentes las referidas tareas de vigilancia, se torna irrealizable en lo fáctico la concreción de la prestación del servicio comercial. Corresponde condenar en forma solidaria a IRSA y a Alto Palermo SA según el art. 30 L.C.T.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, pasajero damnificado, daño psíquico
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORANDO, ANA LIDIA c/ VAZQUEZ, ANTONIO ANGEL Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

Corresponde confirmar la sentencia del juez de grado que estableció como indemnización por daño psicológico -derivado del accidente sufrido por la pasajera de un colectivo al colisionar éste con otro vehículo- la suma $800; pues, si bien según la pericia psicológica resultó una incapacidad del 40%, requiriendo de tratamiento dos veces por semana durante 6 a 8 meses, no quedó suficientemente explicado el tipo de tratamiento ni el tipo de lesión psicológica; además, no habiéndose cuestionado lo establecido por daño físico, ni la incapacidad física tuvo la magnitud referida al accionar -ya que, no habiendo quedado acreditada la relación de causalidad entre la reclamada incapacidad de un 20% con el accidente, se admitió sólo la reparación de las lesiones sufridas por $2000-, no surge que la afección psicológica tuviera la entidad necesaria para darle la atención que refiere el perito, sino una ayuda para superar algún efecto menor que pudiera haberse derivado.

Voto del Dr. Guerrero:

Resulta incompatible otorgar un monto como indemnizatorio del daño psicológico y para atender futuros tratamientos terapéuticos, pues si bien la perito en psicología consideró que existía una incapacidad de un 40%, el hecho de recomendar un tratamiento, demuestra que la misma no era definitiva, de manera que contemplando ambos aspectos se duplicaría el resarcimiento;

por lo que resulta razonable el monto concedido por el juez de grado.
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, competencia, competencia contencioso administrativa, contratos administrativos, contrato de obra pública, comuna, Administración Pública, interés público, recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONGIOVANNI, VICTOR RAMON c/ COMISION DE FOMENTO DE CARLOS PELLEGRINI Y/O COMUNA DE CARLOS PELLEGRINI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 428-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

No resulta de aplicación al caso lo que prescribe el artículo 12, inciso b, de la derogada ley 4106 (cuyo espíritu encuentra eco en el artículo 6, inciso b, de la ley 11330), ya que, apreciados los hechos, el supuesto que se plantea corresponde ciertamente al de una relación establecida entre la Administración (en el caso, Comunal) y un particular para la ejecución de determinadas obras cuya realización responde -en definitiva- a una finalidad pública y de bienestar general, cuya satisfacción constituye una función esencial de los entes públicos. Siendo así, tal relación cubre la exigencia de que el caso tenga "sustancia administrativa" (artículo 10, inciso b, de la ley 4106) cumpliéndose el presupuesto de proponibilidad del ya desaparecido "recurso de plena jurisdicción", según el cual la resolución recurrida debía lesionar un derecho subjetivo de carácter administrativo otorgado por ley provincial, ordenanza, reglamento, concesión o contrato de servicios públicos, suministros por medio de licitación y obras públicas, u otra disposición administrativa preexistente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, asociación ilícita, leyes, antecedentes legislativos
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Frente a la controversia si media o no sinonimia entre la voz "banda" empleada por el Código Penal al agravar ciertos delitos y la empleada en el artículo 210, se ha insistido una y otra vez que la comisión senatorial indicó de lo innecesario de mantener la definición de banda en el artículo 78 del Código Penal desde que ella estaba perfectamente identificada en el artículo 210, como obvio sinónimo de asociación ilícita. Pero esto es precisamente a la inversa pues lo que el artículo 210 define es a la asociación destinada a cometer delitos indeterminados (y obviamente plurales) lo que no excluye, ni mucho menos, la posibilidad que se integre una banda para cometer un solo delito. Se ha otorgado suprema trascendencia a una exposición de motivos que ha sido precisamente eso y no el texto de la ley, habiendo incurrido sus autores, en un error muy claro consistente precisamente en encontrar sinonimias donde no las había. (De los Fundamentos del Dr. Echauri -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es el alcance de la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal (como en definitiva en la votación final se produce un empate, se hizo necesario integrar la Cámara)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: MORE CAROLINA E. Y OTRA c/ LIZARDO, PEDRO PABLO s/ VIOLACION Y ABUSO SEXUAL S/ACCESO CARNAL AGRAVADO VIOLACION Y ABUSO SEXUAL S/ACCESO CARNAL AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-29

Si bien el imputado puede señalar las pruebas que estime oportunas, el juez dispondrá la realización de las respectivas diligencias probatorias, solo si estima que las mismas son pertinentes y útiles, porque la fuente de la obligación del magistrado no reside en la proposición de las partes, sino en su deber de investigar la verdad.

Además debemos tener en cuenta que en el sistema de la sana crítica racional no se obliga al juez a recibir y valorar todas las pruebas que se hayan ofrecido y producido, sino únicamente las que estime pertinentes y útiles, aún en el plenario, donde cobra principal protagonismo la actividad probatoria de las partes.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, interpretación de la ley, honorarios del abogado
Materia: ECONOMIA
Carátula: OSN. c/ Confederación General del Trabajo. s/ REGIMEN DE CONSOLIDACION DE DEUDAS:ALCANCES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

A los fines de la ley 23.982 la causa o título de la obligación de pagar honorarios está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial, razón por la cual los honorarios regulados con anterioridad al 1 de abril de 1991 están alcanzados por la ley de consolidación, no así, en cambio, los emolumentos correspondientes a la actuación cumplida con posterioridad a la fecha de corte establecida por la mencionada ley (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Amenazas, coacción, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: O., C.O. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-21

Para el art. 149 bis, tercera regla, hay defecto en el dolo directo del autor que sabe que amedrenta pero oscuramente obliga, cuando hay inconsecuencia entre el preciso anuncio de un mal y la imprecisa imposición de hacer, no hacer o tolerar algo en contra de la resolución o de la voluntad de otro.
Derecho Aduanero, nulidad procesal, recursos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zamparo, Carlos Juan (T.F. 7553-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

Si se tuviese en cuenta el mayor plazo previsto, las impugnaciones por actuaciones cumplidas en sede aduanera fundadas en defectos de forma deberán interponerse dentro de los diez días de notificado el acto (art. 1055, ap. 1).
Delitos contra la integridad sexual, violación, apreciación de la prueba, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: S.S., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-20

Si bien la prueba relacionada con delitos contra la honestidad, por el carácter sexual de éstos y porque normalmente se realizan lejos de los ojos de los testigos, resulta siempre ardua, no bastan para la acreditación del suceso las meras manifestaciones de la víctima que conforman el núcleo de la denuncia, ni interesa lo que el juzgador piensa de la veracidad del testigo; además se necesita algún indicio o apoyo independiente de esos propios dichos.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salvadores de Bedini Delia Elena c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

A efectos de determinar si asiste derecho a pensión a la viuda debe analizarse la situación previsional del causante, valoración que ha de efectuarse a la fecha del cese en la actividad, esto es al momento en que se registra la baja en la colegiación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pasantías, carga de la prueba, contrato de aprendizaje, presunción de contrato de trabajo, declaración testimonial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOC.ARG.DE ORGANIZADORES Y PROVEEDORES DE EXP.Y CONG. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

Nuestro sistema normativo prevé para los estudiantes, dos formas de vinculación "no laboral", con las empresas en donde pueden llegar a prestar servicios. Las mismas son el contrato de aprendizaje y el régimen de pasantía. Por ello, toda vez que en el caso de autos la recurrente no logró acreditar los extremos requeridos por ley 25.165 -vigente al momento de la contratación de las pasantes, posteriormente reformado por la ley 26.427-, como ser la falta de notificación a la autoridad educa-tiva jurisdiccional del convenio celebrado entre (en el caso) la USAL y la empresa, así como tampoco la estipulación de los derechos y deberes de las partes del convenio referido; y tampoco se puede encuadrar a las tareas de las trabajadoras relevadas como contrato de aprendizaje, puesto que no se advierte la inscripción de las mismas dentro del libro especial previsto por el art. 52 de la L.C.T., exigido por la ley 25.013 -posteriormente modificado por el art. 22 de la ley 26.390-, no cabe más que confirmar la presunción establecida en sede administrativa con fundamento en el art. 23 de la LCT, en virtud de la prestación de servicios detectada no se ha podido desvirtuar por falta de elementos registrales, de conformidad a la normativa citada. A todo ello debe sumarse el valor que cabe asignar a la primigenia declaración testimonial, la que ha de prevalecer sobre posteriores rectificaciones (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 22.04.02, "Molinos Ala S.A."; íd. sent. del 28.02.03, "Recreativo Bochas Club Paraná"), circunstancia que en la presente causa, ni siquiera se advierte (Disidencia de la Dra. Dorado).
Empleo público, funcionarios públicos, negligencia, pérdida del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sosa, Gustavo Adolfo c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-10

Si el ordenamiento jurídico aplicable le imponía al administrado el cumplimiento de ciertas cargas y obligaciones para el otorgamiento de determinados beneficios, no puede responsabilizarse al Estado por la falta de la debida diligencia que al agente incumbía adoptar, pues ha de quedar en claro que cuando el no goce de una licencia reconoce como causa la negligencia del funcionario y no un acto de la Administración que le impida ser tomada, el ordenamiento hace correr al agente con las consecuencias de su omisión.

Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría.
Revocación de sentencia, régimen de consolidación de deudas, intereses, tasas de interés, tasa activa, tasa pasiva
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mierez, Omar Antonio c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, pese a considerar que la ley 23.982 resultaba aplicable en el caso, prescindió de lo dispuesto en su art. 6., que prevé un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central, capitalizable mensualmente, y estableció, a partir del 1. de abril de 1991 y hasta el efectivo pago, la tasa de interés activa que cobra el Banco de la Nación en sus operaciones de descuento.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, José Felipe c/ Ayala, Víctor s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

El art. 542 inc. 6° del C.P.C.C., prevé la excepción de pago total o parcial, documentado, es decir que la misma debe fundarse en la existencia de un pago concretamente acreditado, emergente del recibo otorgado por el acreedor, y aun más precisamente debe ser imputado a la deuda que se ejecuta.
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador por riesgos del trabajo, medidas de seguridad y protección, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEVES, DIEGO ADRIAN c/ HIDROQUIMICA ARGENTINA S.R.L. y otro s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25

Frente a un accidente de trabajo la vigencia de los arts. 7, 8, y 9 de la ley 19.587 y la obligación legal de promover la capacitación del trabajador por parte de las aseguradoras de riesgos de trabajo en materia de seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas (art. 9 inc. k), determina el nacimiento de la responsabilidad delictual civil. Ello sin olvidar que el art. 902 del Cód. Civil complementa, en cierto modo, el art. 1074 del mismo cuerpo legal e impone el deber de mayor diligencia cuando las circunstancias lo impongan, máxime, cuando las aseguradoras de riesgo de trabajo desempeñan un papel relevante en materia de seguridad y es precisamente la falta de cumplimiento de esta función la que genera responsabilidad. Por ello la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe responder plena e integralmente, en forma solidaria e ilimitada con la empleadora demandada.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Prille de Nicolini, Graciela Cristina c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

Para determinar el valor de la vida humana es menester computar las circunstancias particulares de la víctima (capacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición económica) como la de los damnificados (asistencia recibida, cultura, edad, posición económica y social) que deben ser valoradas prudencialmente por el tribunal (art. 1084, segunda parte, del Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, derechos adquiridos, reglamentación de la ley, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FAZZINI, VIRGINIA ISABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-01

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo luce dentro del marco constitucional al advertir en su sentencia que por derecho adquirido se puede entender aquel derecho ya definitivamente incorporado al ámbito vital de una persona, y que ello se produce cuando durante la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y formales para ser titular de un derecho aunque no se hubiere ejercido el mismo, situación que no se configuraba en los actores, ya que los mismos no tenían un derecho adquirido a ser designados, en tanto las ternas -más allá de la evaluación que implican por el órgano de asesoramiento como acto de administración, en el caso de antecedentes y entrevista- no excluyen la potestad del Poder Ejecutivo de designar a los Jueces Comunales, ni resultan vinculantes para éste, ni impiden que el convocante por razones de interés público deje sin efecto el llamado revocando la convocatoria, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran reclamar los recurrentes por los daños ocasionados. Y dichos argumentos cuentan con apoyo en doctrina que permite respaldar la solución brindada al caso concreto, razonamiento que no permanece en un plano teórico, sino que se lo vincula a las particularidades que la causa ofrece, conforme a la valoración de las circunstancias que juzgaron relevantes a la hora de decidir a la luz de la interpretación de las normas legales en juego.
Recurso extraordinario, cuestión justiciable, jueces, Poder Judicial, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: EDUARDO RAUL DELVES c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y ESTADO NACIONAL s/ REMOCION    DE   JUEZ  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  INDEMNIZACION.   NULIDAD DEL ACTO.    INCOMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

Es incompetente el Poder Judicial para resolver la cuestión atinente a la reparación de los daños y perjuicios y nulidad del acto por el que se separó del cargo a un magistrado, pues conduce a juzgar sobre la validez de las disposiciones legales por las que se dispuso la remoción, decisión que constituye el presupuesto indispensable para la admisión del reclamo patrimonial contenido en la demanda.
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Celevidad y ot. c/ Sanatorio Beltrán y otros s/ Daños y perjuicios Rivero y Hornos, Miguel y otra c/ Echaide, Norberto y otros s/ Daños y perjuicios Pérez, Milton René c/ Clínica Central; Dente, Horacio Martín y Alonso, Cristóbal s/ Indemnización daños y perjuicios Angemi, Sebastián c/ Sanatorio Valentín Alsina S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Benavídez, Martha c/ Ravenna, Héctor Lucio y otros s/ Indemnización daños y perjuicios Linares de Barrios, María c/ Blampied, Jorge y otros s/ Daños y perjuicios Cayarga, José Eduardo c/ Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella y otros s/ Daños y perjuicios Balerio, Miguel Angel c/ Suriano, Rubén Héctor y/o Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Silvanto de Abelleyro, María del Valle c/ Clínica Modelo "Los Cedros" de Horacio Hadad y ot. s/ Daños y perjuicios Baigorria, Rosana Emilia c/ Municipalidad de Pinamar y otro s/ Daños y perjuicios Gauna, Delmira c/ Clínica Privada Pilar y otra s/ Daños y perjuicios Ariccia, María del Carmen c/ Salvans, Juan C. y otro s/ Daños y perjuicios Scandizzo, Omar y otra c/ Serrano, Raúl R. s/ Daños y perjuicios Carrillo, María Elisa c/ Cobas, Carlos F. otro s/ Daños y perjuicios García, Ricardo Salvador c/ Clínica Modelo Los Cedros y otros s/ Daños y perjuicios March Tous, Juan c/ Clínica Avenida S.A. s/ Daños y perjuicios Novoa, Juan y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Caroli, Adelfa Dominga y otros c/ Vaninetti, César F. y otros s/ Daños y perjuicios Mazzei, Haydee Noemí c/ Cancino, Jorge y otros s/ Daños y perjuicios Mazzei, Haydee Noemí c/ Cancino, Jorge y otros s/ Daños y perjuicios Alcaraz, María Victoria c/ Naso, Edgardo; Sanatorio Junín S.A. y Sistema de Salud del Sanatorio Junín S.A. y Sistema de salud del Sanatorio Junín S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13|1987-12-22|1992-12-22|1988-10-25|1989-08-15|1996-04-09|1995-08-22|1991-04-09|1991-04-30|1998-03-10|1993-12-21|1997-11-25|1999-04-13|2000-03-08|2002-02-19|2003-12-17|2004-03-03|2005-04-20|2006-05-24|2006-05-24|2007-03-08

La responsabilidad profesional es aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone y requiere, por lo tanto, para su configuración, los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que cuando el profesional médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art.512, C.C.).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Maqui, Eduardo Miguel y otro c/ Sulfatos Argentinos  S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

La circunstancia de que los agravios del apelante remitan a cuestiones de hecho, derecho común y procesal, no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto, cuando la cámara ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado de las cuestiones y se ha apartado del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Cabral, Miguel Antonio c/ Calia S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

El monto indemnizatorio de la condena en concepto de daños y perjuicios, es materia -en principio- extraña al menester de la Suprema Corte, salvo el caso de absurdo.