marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, reincorporación, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: MERSTRE, EDUARDO D. c/ RES. 0161/90 EXPTE. 2266/89 - SUMARIO 24/89 s/ RECURSO ART. 40 LEY 22140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Para la procedencia de una medida cautelar respecto de una separación de un agente intentado su reincorporación mientras dure el juicio, constituye óbice insalvable la circunstancia de que se hayan cumplido los efectos de la medida segregatoria. La relación de empleo del actor se extinguió con el acto de cese; éste se agotó, cumplió sus efectos de manera instantánea, ergo no hay efectos pendientes de producción que pudieran hacer procedente la medida asegurativa peticionada.
Municipalidad, ANSSAL, Programa Médico Obligatorio, alcance de la cobertura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERA, ELENA C. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/O SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

El desafectarse de la ANSSAL, significó en los hechos que afiliados que padecían enfermedades graves como la de la actora, quedaran parcialmente desprotegidos, puesto que actualmente no cuentan con la cobertura total del Plan Médico Obligatorio, que antes regía para las prestaciones del Servicio Social Municipal.
Daños y perjuicios, accidente en acto de servicio, daño material, daño moral, indemnización, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional (M° de Defensa EMGE.) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

No hay ninguna razón para extraer de la premisa de que el daño material y moral derivado de la amputación se estimó al momento del fallo, la conclusión de que los intereses no serían debidos, ya que estos últimos sólo persiguen el obvio fin de resarcir el retardo en abonar la indemnización originada en el daño producido.
Nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: C.G.N.M. s/ INFORMACION SUMARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-25

Del voto de la mayoría:

El art. 15 de la ley 18.248 ha receptado el principio de inmutabilidad del nombre en base a una regla que responde a la satisfacción de intereses públicos y privados, de la que no es posible apartarse sino en casos de excepcional gravedad e imperiosa necesidad (conf. Llambías "Tratado... Parte General" I, nro. 394 bis; CNCiv. Sala A, E.D. 103 Fallo 36-735); íd. Sala C, E.D. 74 545). No es dable resignar la defensa de los primeros en aras de los restantes en base a un planteo que sólo configura, en el mejor de los casos, un paliativo falso pues no llega a eliminar el problema real de éste, la supresión del apellido paterno máxime si no se demostró que exista una deshonra del apellido del progenitor. Si no se encuentra probado que el padre del menor no le pasaba alimentos y se desentendió de él, ello no es suficiente para suprimir el apellido paterno (Conf. C. Civ. 2a. J.A. 1950-IV-265) pues el incumplimiento de este tipo de obligaciones, en principio, únicamente habilita la vía judicial para lograr su satisfacción, debiéndose arribar a igual conclusión, si del expediente penal acompañado no resulta probada la comisión de un delito, no pudiendo entonces extraerse conclusiones de hechos sólo conocidos parcialmente y que permiten multiplicidad de interpretaciones.

Del voto de la minoría:

La interpretación de la ley ha de realizarse en beneficio de los recipiendarios de la norma en forma tanto más amplia cuanto más lo exigen las circunstancias de cada caso. Si por usar el apellido de su padre puede aparecer comprometido el equilibrio psíquico de un niño con la consiguiente proyección sobre su estado físico, corresponde hacer lugar a la supresión de aquél pero procede hacer un reflexivo llamado de atención a la madre del menor para que, en el futuro, piense en su hijo como en el hombre integral que debe llegar a ser y proceda en consecuencia, desterrando para siempre las sombras que, en su condición de cónyuge traicionada en su afectos, pueda proyectar sobre la vida y la personalidad de su vástago.
Valor probatorio, relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Nuñez, Mercedes Yolanda c/ Torquinst, Luis Fernando s/ DEMANDA LABORAL S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. GOMEZ, CARLOS A. s/ QUEJA EN:'GOMEZ, CARLOS A. C/ PRENSA PATAGONICA S.A. S/ DESPIDO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-08-03|1993-09-13

Para que opere la obligación de agregar los libros y registros del empleador y consecuentemente el apercibimiento por el incumplimiento con la presunción juris tantum establecida en el art.

38 Ley 1504, es decisivo que se encuentre acreditada la relación de trabajo entre las partes. A su turno para que este resultado pueda tenerse por cumplido, al menos debe haberse acreditado la existencia de alguna prestación de servicios.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, contratos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pasquinelli, Cesar c/ Club de Pesca Atlántico y otro s/ Daños y perjuicios Pasquinelli, Cesar c/ Club de Pesca Atlántico y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

La obligación tácita de seguridad, debe estar presente en toda relación contractual y tiene como soporte jurídico y ético el principio de buena fe contemplado en el art. 1198 del Cód. Civil.

Esta obligación es de índole objetiva, asentada en la garantía de indemnidad, secundaria y autónoma respecto de la principal, dado que carece absolutamente de las características propias de la accesoriedad.
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Leites, Carlos Eduardo César c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leites, Carlos Eduardo César c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Corresponde declarar mal concedido el recurso, si el Ministerio Público de la Defensa no se hace cargo de los dos argumentos que le dio la Cámara para rechazar el planteo de nulidad articulado: a) que el planteo era "tardío", pues había sido deducido por vez primera por el Defensor de Cámara al momento de mantener el recurso de apelación; y b) que el planteo era "dogmático", en tanto el contenido del acuerdo de avenimiento "no podía ser tenido en cuenta al momento del debate. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Consignación judicial, obligaciones en moneda extranjera, pagaré, cancelación del pagaré, intereses, cómputo de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: LATINA DE GESTION HOTELERA SA c/ SCHERZER, FEDERICO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Procede la consignación deducida por el suscriptor de un pagaré emitido en dolares, quien ofreció el pago del capital pesificado ajustado por el cer mediante la entrega de cheques toda vez que aun cuando el ofrecimiento se apreciase sólo parcial no debió el acreedor rehusarlo, a tenor de lo reglado por el decreto ley 5965/63: 42. Le hubiese bastado hacer constar tal circunstancia en el pagaré o recibo, reteniendo el titulo para ejercer las acciones pertinentes. (Disidencia del Dr. Bargallo.)
Consentimiento del damnificado, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C. U. N. c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MÉDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

El demandado no puede invocar el consentimiento de la víctima a prestar las acciones de rescate, en tanto debe distinguirse entre la acción por la que se responsabiliza al Estado accionado, a saber, la falta de servicio que causó la situación de riesgo que motivó el rescate, que no fue consentida por el actor, y la acción que el actor sí consintió, a saber, su propia acción de rescate, por lo que dado que el actor no consintió la acción por la que responsabiliza al demandado de los daños que sufrió, no puede considerarse que no haya sido perjudicado por ella.
Registro nacional No Llame, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL
Carátula: Santos, Juan Ignacio c/ Directv Argentina S.A. s/ menor cuantía
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-04-19

Corresponde disponer la homologación del acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes por el cual la demandada ofrece abonar, a los fines conciliatorios, una suma de dinero en compensación por la totalidad de los rubros reclamados y todo otro concepto que pudiera corresponder a la actora por los hechos denunciados en la causa contra un empresa de televisión por vulnerar el derecho de no recibir llamadas, toda vez que el convenio formulado expresa la voluntad de las partes y no afecta el orden público, por lo cual resulta procedente homologarlo de conformidad con lo previsto por los artículos 308 y 808 del CPCyC.
Confirmación de sentencia, monto de la indemnización, daño físico, incapacidad permanente, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: Terán Viaña Nicolás c/ Santillán Nicolás Ariel y o. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-15

En relación a los agravios por la cuantificación del daño físico, se precisa que se trata del rubro incapacidad, ya que han quedado probadas en la actora como consecuencia del siniestro, las secuelas producidas por las lesiones sufridas que le imposibilitaron movilizarse por sus propios medios y le ocasionaron una pérdida de su capacidad laborativa. Cabe señalar que la incapacidad permanente (sea para las actividades laborales o de otra índole) debe ser resarcida aunque la víctima no haya dejado de "ganar", pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable. Por eso, si la incapacidad es permanente, debe fijarse una suma única que comprenda todos los daños y es improcedente fijar otra suma por los salarios perdidos, es decir, el resarcimiento de esa clase de incapacidad absorbe el lucro cesante. Dicho ésto, corresponde rechazar los agravios de la parte demandada y de la citada en garantía, y confirmar la sentencia en el presente rubro.
Competencia, orden público, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: T. B. S.R.L. c/ Municipalidad de Rawson s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-06

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún antes del dictado de la Ley Nacional N° 25.344, sentenció por mayoría, en autos "Gorordo..." (Fallo 322:73), que el examen de los requisitos o presupuestos procesales que condicionan la admisibilidad de la pretensión, puede ser efectuado no sólo a requerimiento de la demandada, sino también dada su naturaleza, en una etapa preliminar en la cual el juez puede desestimar oficiosamente la demanda sin que por ello se convierta en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria. Pese a lo indicado en el ámbito nacional, en el orden local ninguna discusión puede admitirse con relación a la Ley XVI N° 46. Así, en tanto el art. 133 expone que "para que procesa el recurso es necesario..."; el art. 134 refuerza que "el recurso no será admitido..." y el 135 remata "no se sustanciará recurso alguno..." (...) además, el texto legal provincial no deja a las Cámaras de Apelaciones ninguna "facultad" al respecto. Más bien lo contrario, están obligadas a verificar su cumplimiento, o, en su caso, a fundar su inaplicación o apartamiento. Ésta es una obligación de las comprendidas en el art. 168 de la Constitución Provincial. Tratándose, la que ejerce la Cámara, de una competencia material especial, atribuida por Ley XVI N°46, de orden público y por lo tanto improrrogable, la ausencia de tales presupuestos, y por ende la falta de habilitación de la instancia involucra necesariamente tales condiciones de habilitación de la instancia.
Contratos, resoluciones, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazza, Jorge Alberto c/ Di Cesare, Daniel Osvaldo y otro s/ Resolución de contrato-pago-daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Si no se ha acreditado el incumplimiento que se afirmó al impetrar la demanda, que hace de hecho condicionante de la resolución, no es procedente declarar resuelto el contrato. Para que el pacto comisorio opere es imprescindible la sentencia judicial que declare si efectivamente se está en presencia de un "incumplimiento" porque éste es el condicionante de la efectividad del pacto (art. 1204 del Cód. Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Eusebio Ontiveros c/ Estado Provincial s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-03-24

Este Superior Tribunal de Justicia, tiene sentado criterio "in re" donde se dijo que es doctrina legal de este Cuerpo que no procede el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra de un pronunciamiento de este Superior Tribunal de Justicia, sea cual fuere la naturaleza de la cuestión resuelta...".

La acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción es de competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia de modo que su tramitación se debe efectuar conforme a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Ley 1888/48).

Debe acudirse previamente a los recursos previstos en el mismo código Contencioso-administrativo como son los de nulidad y de revisión y resueltos estos por parte del Superior Tribunal solo cabe la interposición del remedio extraordinario federal por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, caución real
Materia: PENAL
Carátula: BONSOIR, RAMON SALVADOR s/ Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

La amenaza de una posible condena privativa de libertad, es ingrediente que puede decidir a alguien a concretar su fuga, pero esa sola circunstancia no es suficiente para negar la excarcelación, cuando la fijación de una apropiada caución real se muestra suficiente para garantizar la comparecencia del excarcelado cuando fuere llamado por el Juez interviniente.
Recurso de apelación (procesal), depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Trossero, Zulma Elena c/ Cirme Salud y Círculo Médico s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-07

El recurso de apelación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral, ha sido correctamente concedido. (Voto de la Minoría-Dr. MUZIO).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Risso, Claudio Jesús y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Quedan excluidos del concepto de causa civil los supuestos que requieren para su solución la aplicación de normas de derecho privado con carácter meramente supletorio respecto de las circunstancias no previstas en las disposiciones locales.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, querellante, apoderado de la querella
Materia: PENAL
Carátula: LOZANO, ANTONIO Y OTROS s/ CALUMNIAS  E  INJURIAS. AUDIENCIA DE CONCILIACION: REPRESENTACIÓN POR  APODERADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

EL QUERELLANTE PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR APODERADO EN LA AUDIENCIA PREVISTA POR EL ART. 591 C.P.C.
Martillero, nombramiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rey de Iceta, Rosario L. c/ Iceta, José Ignacio s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

La regla para el nombramiento del Martillero Público que deberá encargarse de realizar la venta en remate es la designación de oficio y solo cuando media acuerdo de partes puede nombrarse al que ellas proponen (art. 558 inc. 1 del C.P.C.). Es que ante un precepto tan explícito en el sentido de exigir la existencia de acuerdo de las partes para proponer un Martillero, no es dable acudir al principio de que el silencio importa conformidad tácita (art. arts.

915, 916, 917 del C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, violencia familiar, modificación de la ley, desobediencia, incumplimiento de resolución judicial, jurisprudencia no aplicable
Materia: PENAL
Carátula: E., W. A. s/ Desobediencia a una orden judicial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-01

El Juez de Instrucción al resolver, y la Cámara al confirmar tal decisión, se basaron en la doctrina legal de este Cuerpo emanada de la Sentencia Nº 174/06. Sin embargo, advierto que esa doctrina legal ya no resulta aplicable a los casos de incumplimientos de órdenes emanadas de la aplicación de las normas específicas contenidas en el marco legal actualmente vigente, es decir, a partir de la modificación integral operada en el texto de la Ley 3040 por la Ley 4241
Vigiladores, jornada de trabajo, jornada máxima
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ CARDU, MANUEL c/ CONSORCIO PROPIETARIOS CORONEL DIAZ 2149 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-24

En consideración a la excepción prevista en el art. 3 inc. a de la ley 11544 y el art. 12 del dec. 19115/33 corresponde considerar excluidos del régimen de la jornada máxima legal a los trabajadores que ejercen funciones de vigilancia.
Crédito documentado, carta de crédito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUGLIELMO EXIMFRUT S.R.L. c/ BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD s/ Ordinario (LIBRO: S149 - 484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-10-13

El equilibrio del crédito documentario reposa sobre dos principios fundamentales: el primero -es la prohibición que pesa sobre el banquero de aceptar los documentos si no son regulares de acuerdo con las condiciones de la carta de crédito y los usos bancarios. El segundo consiste en la obligación de pagar, si los documentos son regulares. La protección de los intereses del ordenador y del beneficiario depende del respeto estricto de estos principios básicos.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Gypobras  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales que le asigna el inc. 3., del art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar "una declaratoria sobre el punto disputado" (art. 16 de la ley citada) según la interpretación que ella rectamente le otorga.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, aplicación temporal de la ley, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Greco Hnos. S.A. s/ quiebra s/ incidente de rendición de cuentas por Furlotti S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

No corresponde aplicar la norma arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada, pues no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior, sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios.
Actos y diligencias procesales, validez de los actos procesales, escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: MAVICA, Marcelo Fabián c/ NIETO, Jorge Luis s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30

La firma de todo escrito judicial constituye un requisito esencial para la existencia y validez de dicho acto. Por lo que, ante ausencia u omisión de tal recaudo, debe reputarse al mismo como procesalmente inexistente. A igual conclusión se arriba cuando el presentante haya insertado la firma en la parte superior del encabezamiento del escrito, pues en dicho lugar habitualmente no se firman los escritos judiciales, sino en su pie, lo que importaría una ratificación del contenido que antecede. Por otra parte, tampoco cabe la intimación a que alude el art. 57 del Código Procesal cuando la parte actúa por medio de apoderado, pues corresponde a éste, como mandatario judicial, suscribir en nombre y representación de su poderdante todos y cada uno de los escritos que presentare ante el órgano judicial.-
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

Es razonable que nos preguntemos qué alternativas le cabe a la administración. Una es la rebaja o disminución de haberes, otra pagar a un sector y no a otro, lo que violenta un elemental principio de igualdad y solidaridad. La tercera, una postergación difusa o indefinida del pago de haberes, con notorio perjuicio de la totalidad de los pasivos, incluso los propios reclamantes.

Puesto en esa disyuntiva, resulta forzoso que reconozcamos que, en definitiva, el pago parcial y temporario de haberes a través de la emisión del bono se presenta, en principio, como el mal menor. Aunque lo sea en Entre Ríos, no es novedosa esta situación. Debe tenerse presente el art. 12 de la Ley Nro. 25561, que determina el rescate de todos estos títulos, lo que ratifica el carácter extraordinario y provisional de los mencionados instrumentos.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corti, Héctor Luis Francisco s/ Beneficio de Litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

"Si las declaraciones de los testigos sólo consisten en dichos harto genéricos y poco fundamentados, de los cuales no surge un cabal y objetivado conocimiento acerca de la situación patrimonial...

aquellas no pueden servir de base para conceder el beneficio de litigar sin gastos".-
Prueba, velocidad precautoria, situación de peligro, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Fattore, Cristian Daniel - Macagno, Jonathan Juan s/ inf. al art. 193 bis del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-10-20

Corresponde declarar la falta de mérito del imputado en orden al delito de delito de participación de una prueba de velocidad sin la debida autorización legal -art. 193 del Código Penal-aún cuando haya sido acompañado en el hecho por otra persona, pues no se ha demostrado la creación de un peligro común que requiere el delito, ya que el sujeto pasivo debe tratarse de alguien completamente ajeno a la competencia ilegal, quedando fuera de dicha concepción los restantes participantes y espectadores. (Del voto en disidencia del Dr. Guerrero)