Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-18


AUTOS 43.796 (C.C.Nº19.527) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "GNOCATO Raul Oscar C/ Pereyra Reyes Juan Cumplimiento De Contrato".

PROTOCOLIZADO:L. de Sent. Año 2010 del Tº IFº110/117.

En la Ciudad de San Juan a 18 días del mes de marzo de 2010, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr.Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 214 y 217, contra la sentencia de fecha 11 de junio del año dos mil cuatro, recaída en los presentes autos Nº43.796 (C.C. Nº19.527) caratulados: "GNOCATO RAUL OSCAR C/ PEREYRA REYES JUAN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", dictada por la Sra. Juez titular del Primer Juzgado Civil, obrante a fs. 111/121 vta. y aclaratoria de fs. sub 122.

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

En la sentencia de fs. sub 111/122, a cuyas consideraciones y constancias nos remitimos en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió: hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato incoada por el actor Gnocato condenando al accionado al pago del saldo adeudado en dólares estadounidenses en la forma convenida con mas el pago de los impuestos y servicios que adeuda el inmueble y hasta la suma de pesos cuatro mil doscientos.

Asimismo a cumplir con su obligación de escriturar, siendo a su cargo el 70% de los gastos y honorarios de la Escribanía actuante.

Resuelve también que el vendedor deberá, en el acto de la escrituración que se formalizará en el término de 30 días de quedar firme la presente sentencia, firmar la escritura, entregar la posesión del inmueble al comprador y a abonar a la Escribana el 30 % de los gastos y honorarios de acuerdo a lo pactado en el convenio de autos.

como así también los impuestos y servicios que esta adeudando el inmueble desde la fecha de la firma del contrato de compraventa s descontado que fuere el importe que como se dijo supra le corresponde al comprador.

Impone las costas a la demandada; y resuelve, además, no hacer lugar a la reconvención planteada por la demandada.

La sentencia referida ha sido apelada por ambas partes, actor y demandado, mediante sendos recursos de apelación que han sido concedidos libremente y en ambos efectos.

AGRAVIO DEL ACTOR: en el memorial de fs. 259 y ss.

el actor se queja concretamente por el rechazo de la indemnización de daño moral que había solicitado al demandar.

Considera equivocado, en esta oportunidad, el criterio del sentenciante pues el agravio moral provocado por el accionado con su actitud irresponsable al no cumplir debidamente con las obligaciones que había asumido, está suficientemente justificado con lo actuado en autos.

Señala que es indudable la aplicación al caso del art. 522 C.C..

AGRAVIO DEL DEMANDADO: el demandado se queja esencialmente porque considera injusto el fallo en cuanto le manda pagar los impuestos y servicios adeudados por el inmueble a la fecha del boleto de compraventa y hasta la suma de pesos 4.200; y no hace lugar a la reconvención.

Considera que la sentenciante ha variado o malinterpretado la intención de las partes que surge de la lectura del boleto de compraventa.

Agrega que con el pago que se hacia a favor del vendedor en el momento de la escrituración, estipulado en dólares, debía destinarse para cancelar la deuda del inmueble, es decir, que la obligación era del actor.

En segundo lugar se queja porque la sentenciante ha condenado al pago de dólares estadounidenses sin aplicar la ley 25561 especialmente el art. 11 y reglamentación pertinente.

Agrega que corresponde la: pesificación de la deuda a razón de un dólar = a un peso.

Estos son, sintéticamente, los agravios del accionado.

Hecho nuevo: Además de los agravios expuestos el accionado plantea un hecho nuevo consistente en que, como consecuencia de construcciones realizadas por el actor, las medidas lineales y superficie del inmueble objeto de estos autos ha sido variadas y disminuidas con respecto a las pactadas en el boleto de compraventa.

Considera que no se condice el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio tomando como base una mensura que no coincide con la realidad del inmueble por lo que se trataría de un acto nulo.

Agrega que el hecho nuevo constituye un hecho extintivo de las obligaciones del boleto de compraventa.

Para probar la veracidad de lo dicho ofrece prueba informativa, testimonial y pericial y pide la apertura a prueba en segunda instancia.

Luego de sustanciada la petición de hecho nuevo y apertura a prueba, y de que ambas partes contestaran los agravios planteados, el tribunal resuelve admitir parcialmente el pedido de apertura a prueba admitiendo solo la prueba pericial (fs. 276).

Cumplidos los pasos legales y procesales correspondientes (designación de perito, aceptación del cargo, etc.,) éste realiza la pericia que obra a fs. 292301.

La pericia se pone a consideración de las partes.

La demandada impugna la pericia a fs. 304 señalando que las afirmaciones del perito no pasan de ser una conjetura porque se contradice con lo dispuesto por el órgano oficial competente, al aprobar los planos de mensura, al considerar que la pared de adobes es medianera.

El actor contestó la impugnación rechazándola y alegando que el demandado procede en autos con temeridad y malicia y, por ello, debe ser sancionado.

Clausurado el término de prueba alega solo el accionado.

La causa queda en estado de ser resuelta conforme a los agravios formulados por ambas partes y por el hecho nuevo planteado.

TRATAMIENTO DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS:

Analizaré en primer lugar el hecho nuevo planteado por el accionado y posteriormente los agravios de las partes en torno a la sentencia apelada.

Hecho nuevo: el hecho nuevo propuesto por la demanda surge como consecuencia de que, a través de un informe pericial efectuado por el Ing. Fernando Videla se han detectado modificaciones en el inmueble objeto del contrato que inciden en sus medidas, superficie y precio y que por lo tanto a la accionada le produce daños.

Para comprobar esa situación, que constituiría un hecho nuevo, pide la apertura a prueba.

Esa petición fue acogida, previa sustanciación, a fs.27677.

Se efectuó la prueba pericial por parte del perito designado oportunamente (Ing. agrimensor Roberto José Nievas) quien presenta su informe pericial, contestando todos los puntos de pericia que le fueron propuestos y que en síntesis consisten en que: Punto de pericia 1: el muro de adobes ubicado al costado Este no puede reputarse como medianero.

Punto de pericia 2: no existe distancia entre el muro de adobe y el muro de ladrillos construido parcialmente.

Según lo que se aprecia se trata de un muro que lleva varios años construído, se observan ladrillos muy empolvados y hierros oxidados (foto 7).

Punto de pericia 3: De acuerdo a lo expresado se considera que no ha perdido superficie sobre el costado este.

Punto de pericia 4: de acuerdo con punto de pericia anterior no existe pérdida de superficie por ende tampoco de valor.

Punto de pericia 5: contestado según puntos anteriores.

Estas son las conclusiones a que llega el perito en base a las consideraciones que previamente había manifestado en su informe basándose en la inspección ocular del inmueble y del análisis de los planos, con lo cual llega a las conclusiones indicadas.

Al efectuar las conclusiones el perito señala que desde antiguo en nuestra provincia "......era práctica que el propietario que primero construía con adobes, le permitiera al vecino que construía después, utilizar este muro que separaba ambos lotes, sin que esto significara que el muro podía considerarse "medianero".

Esta conclusión se afirma, ya que al medir con cinta métrica ambos frentes las dos parcelas tienen sus dimensiones de título correctas.

Mas adelante agrega que: "..........

además cuando el propietario de la parcela objeto de pericia procede a la demolición de la construcción de adobe, al muro de adobes del vecino "Este" no lo "toca" y comienza a levantar un muro de ladrillos con vigas y columnas inmediatamente a la par del muro de adobe, como reconociendo de alguna manera que el muro de adobe no le pertenece, tal como se aprecia en las fotos 6, 7 y 8.........".

Estas son las conclusiones mas importantes en lo atinente al punto planteado por la demandada al denunciar el hecho nuevo que consiste en que, con motivo de las modificaciones introducidas por el actor en el inmueble, se han variado las medidas lineales, superficie y valor del mismo.

Considero que el informe pericial debe aprobarse en todas sus partes porque ha sido fundado en razones incontestables.

La impugnación formulada por el proponente de la medida, carece de fundamentos serios como para desmerecer la pericia que indica que ha medido los frentes de ambos inmuebles y las medidas según título se conservan hasta la actualidad de allí que el perito llegue a la conclusión que no existe modificación de las medidas, superficie y por ende el valor económico o de mercado del inmueble de autos.

En consecuencia, por lo expuesto, debe rechazarse el hecho nuevo como modificación de la realidad del inmueble en lo relativo a que habría sufrido modificaciones que disminuyen sus límites, superficie y valor.

Con costas al demandado que resulta perdedor.

ASÍ VOTO.

Primer agravio del accionado: El primer agravio resulta improcedente porque intenta efectuar una interpretación forzada de las cláusulas contractuales, para intentar desvirtuar la correcta interpretación efectuada en la sentencia por el A quo.

De la lectura del boleto de compraventa de fs. sub 1 y 2 se infiere, como indica la A quo, que el comprador ( demandado) se comprometió a cancelar los impuestos, tasas, contribuciones y servicios adeudados por el vendedor hasta la fecha en que se firmó el compromiso de compraventa, ya que el artículo cuarto así lo establece muy claramente en su redacción.

De la lectura de la cláusula cuatro del boleto de compraventa se infiere que los impuestos, servicios, contribuciones, tasas, etc. adeudados hasta la firma del boleto son a cargo del comprador hasta la suma de pesos cuatro mil doscientos y que, solo la diferencia en mas de esa suma, será a cargo del vendedor.

En consecuencia considero que el recurso es improcedente pues de ninguna de las cláusulas contractuales se infiere la circunstancia que el pago de dichas cargas debían ser abonadas con parte del precio estipulado en el contrato en la cláusula segunda.

El tema de las cargas impositivas, contribuciones y tasas municipales, etc. han sido puesto, de común y expreso acuerdo de partes, a cargo del vendedor quien en su momento no hizo las reservas del caso por lo que la cuestión o agravio planteado por el demandado, a mi modo de ver, no tiene mayor fundamento.

VOTO por el rechazo del primer agravio del demandado.

Segundo agravio del accionado: El segundo agravio del demandado aparece correcto, pues resulta imperativa la aplicación de oficio de las normas que corresponden a la pesificación, por tratarse de disposiciones de orden público.

Se admite el agravio y se dispone que en la etapa de ejecución de sentencia, previa sustanciación, la A quo deberá fijar la conversión del monto mandado pagar en la sentencia en dólares estadounidenses a pesos nacionales.

La sustanciación de la pesificación en la etapa de ejecución de sentencia, permitirá a las partes alegar lo que consideren necesario en torno a la conversión de la deuda de dólares a pesos nacionales, y se respetará así el derecho de defensa e igualdad de las partes en el proceso.

VOTO por el acogimiento del segundo agravio del accionado en los términos indicados en el considerando que antecede.

Agravio del actor: Se agravia el actor por el rechazo de la indemnización en torno al daño moral en tanto es una consecuencia del incumplimiento contractual del demandado.

En lo atinente a la reparación del daño moral como consecuencia del incumplimiento contractual, el art. 522 del C.C. dice: "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.".

De esta redacción legal se advierte, que mientras, refiriéndose a la responsabilidad extracontractual, la ley dice que la reparación "comprende" la indemnización del daño moral, en materia contractual el art. 522 dice que en los casos de responsabilidad contractual el juez "podrá" condenar al responsable a la reparación del daño moral que hubiere causado.

Es decir, que mientras en el primer caso la ley le impone al juez la obligación de indemnizar ese daño, en el segundo simplemente lo faculta a hacerlo de acuerdo a las circunstancias del caso.

Además de ello, la doctrina y jurisprudencia han indicado que además de invocarlo, en los casos de responsabilidad contractual, el daño moral debe ser fehacientemente probado o acreditado pues dado que toda inejecución contractual provoca desilusión, incertidumbre, y otros padecimientos espirituales, para decidir si corresponde o no la indemnización por daño moral debe aplicarse un criterio restrictivo, exigiéndose la prueba concreta del daño sufrido ya que de lo contrario se estaría ante una reparación del daño moral en todo incumplimiento.

Si bien el daño moral como consecuencia del incumplimiento contractual no es posible de prueba concreta, de lo que se trata es que el daño moral resulte evidente al criterio del juez que el padecimiento ocasionado por el incumplimiento tiene suficiente gravedad como para hacer justa la reparación.

(Conf.: Borda, "Tratado............ Obligaciones", tomo 1, pag. 202 y ss. La Ley, año 2008).

En autos no existe esa evidencia a que nos hemos referido anteriormente y no existe ninguna circunstancia que haga posible la reparación de los perjuicios morales que invoca el accionante.

En consonancia con lo que vengo señalando, esta Sala ha dicho que.

".................La jurisprudencia se ha mostrado cauta al reconocer indemnización por daño moral contractual, tal como lo revelan los siguientes precedentes: La aplicación de la facultad otorgada por el art. 522 del C. Civil debe ser necesariamente restrictiva para que la reparación autorizada no se convierta en fuente de reclamos excesivos o que solo responden a una fingida susceptibilidad fuera de lo común, que refiere a un daño en realidad inexistente (E.D. 101, pag. 506, N°11; "La reparación del agravio moral, sobre todo en materia contractual, solo procede cuando se causa un daño particularmente grave, capaz de afectar hondamente los sentimientos del damnificado" (E.D. 101, pag. 567, N° 13); "El mero estado de incertidumbre o la eventual frustración del interés contractual no justifica la reparación del daño moral, ya que en el ámbito contractual lo que de ordinario resulta afectado es nada mas que el interés económico que aparece suficientemente satisfecho con el cumplimiento por equivalente (idem cita anterior, N°14, etc.)......." AUTOS: "Allende Vda. de Galvani, Mercedes B. c/ Arturo Lerga Armendariz y Jose Fernandez Vargas Daños y Perjuicios Sumario" (Actuaciones para agregar Reconstruído).

PROTOCOLIZADO: Sentencia Año 1996 T° I F° 186/189 05/07/96.

También hemos indicado que Este tribunal siguiendo doctrina y jurisprudencia prácticamente unánime, ha dicho en forma reiterada que: "Para que prospere una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual no basta probar el incumplimiento ni que el mismo sea culposo o doloso, sino que hay que probar el daño.

Sin prueba del daño no hay indemnización".

(L.S. 1983 I 174/177; L. S. 1985 I 14/17; L. S. 1999 I 45/46; L.S. 2002 III 25/31, etc.).

Esto es aplicable para todo tipo de daño, tanto material (patrimonial) como moral (lesión en los derechos extrapatrimoniales del sujeto, que afecten su honor, paz, dignidad, pudor, seguridad personal, afecciones legítimas, goce de sus derechos y bienes).

Para ser indemnizable debe surgir un daño moral con entidad para ser indemnizado.

En el sentido apuntado en Salas, Código Civil Anotado, T° 1, pag. 541, destaca que "...el daño moral supone la privación o disminución de aquellos bienes tienen una señalado valor en la vida del hombre, por lo que no cualquier inquietud o perturbación del ánimo lo configuran".

AUTOS Nº 48.627 (C.C Nº 17.199), DEL OCTAVO JUZGADO CIVIL, CARATULADOS "LOPEZ, SILVIA ALICIA C/ DIAZ ALBERTO SIXTO Y VILLANUEVA MARTA ELISA RESOLUCION DE CONTRATO Protocolizado: L. de A. 2003 Tº II F º 69/75 fecha 30.07.03 FDO. DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA. Presidente. DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ Y DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO. Vocales. DRA.ANA ESTELA VENTURA.

Secretaria Letrada.

VOTO en consecuencia por el rechazo del agravio del actor.

Costas de alzada: Voto para que las costas de alzada sean impuestas por su orden atento al resultado de los recursos interpuestos por ambas partes.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.

Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

A) Rechazar el hecho nuevo alegado por la demandada, con costas.

B) Rechazar el recurso de la parte actora.

C) Rechazar el primer agravio de la demandada y admitir el segundo agravio conforme a las pautas indicadas en el considerando respectivo (se dispone que en la etapa de ejecución de sentencia, previa sustanciación, la A quo deberá fijar la conversión del monto mandado pagar en la sentencia en dólares estadounidenses a pesos nacionales).

D) Imponer las costas de alzada por los recursos resueltos por el orden causado.

Se deja constancia que la presente resolución es firmada sólo por dos miembros del Tribunal por encontrarse vacante el cargo que era ejercido por el Dr.Alejandro Largacha Quiroga conforme lo faculta la Ley 5854 en su Art. 40.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ; DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.