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Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Bazán, Esteban Emmanuel c/ Provincia de Catamarca y/o Otro s/ Daños y Perjuicios s/ RECURSO DE CASACIÒN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-15

La parte actora promueve recurso de casación en contra de la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones.

Cabe señalar que a través del presente recurso de casación, el actor pretende la revisión de la sentencia de Cámara que al confirmar la sentencia de primera instancia, hace lugar a la cuestión de la prejudicialidad penal planteada por los co-demandados -Estado Provincial y el oficial de policía R.- y de esa manera desestima la demanda de daños y perjuicios interpuesta.

Si bien, ello es una cuestión de derecho que genera debate en la doctrina, entiendo que el correcto encuadre de la cuestión traída a resolver finca en determinar si en sede penal se ha tratado la producción del hecho con la amplitud suficiente, que haya permitido valorar y agotar todo lo que hace a la determinación del hecho principal y sus circunstancias.

Precisamente esa es la situación que da en el caso sub examine, conclusión a la que arribo luego de analizar el pronunciamiento penal por el que se absuelve a R. del delito de lesiones graves, en razones de configurarse los presupuestos de la legitima defensa.

Vale aclarar que para el Tribunal Penal existe absoluta certeza acerca de que los agresores, entre los que se encontraba el actor, en forma sorprendente y violenta aparecieron en el lugar -local comercial- profiriendo insultos y arrojando piedras contra quienes se encontraban allí, como asimismo hacia un tinglado y al inmueble donde se encontraba el dueño y hermano, poniendo en riesgo la integridad física del propio imputado y de todos los presentes. la propia víctima reconoció que al ingresar al predio, su compañero B. arrojó una piedra contra R. -codemandado en estos autos- y fue entonces cuando éste saco el arma, que los agresores acorralaron a los policías, que se produjeron daños materiales en el inmueble; que los disparos realizados tuvieron un propósito preventivo y tendiente a persuadir a los agresores para que cesaran en su accionar; y que, en conclusión R. esgrimió el arma para defenderse contra vías de hecho a su propia persona y derecho, como la de terceros.

Reconstruido entonces, de esta manera los hechos, el juez penal da por sentando que en la especie existió la situación de legitima defensa.

Y en este contexto, resulta imposible que la justicia civil se pronuncie sobre las circunstancias que rodearon al hecho principal, máxime cuando no se estableció en la sentencia penal que hubiera mediado exceso o la existencia de una conducta en alguna medida reprochable por parte de R.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Presentación extemporánea, acreditación de la personería
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Francisco Federico y otro c/ CENCOSUD SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

La facultad que acuerda el CPR 48 es una medida excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva, que sólo procede cuando la urgencia del caso resulta de hechos o circunstancias imprevistas que hayan impedido la actuación directa de las partes o sus representantes (esta Sala, 22/12/09, "Diaz Nélida c/ Diaz Silvia Amalia s/ ejecutivo"). En dicho marco, la ratificación exigida por la norma en análisis, debe necesariamente producirse tempestivamente, puesto que la formulada extemporáneamente carece de toda eficacia (conf., Sala A, 8/5/90, "Omega Coop. de Seg. Ltda. c/ Grand Prix SRL s/ sumario") y resulta extemporánea si se realizó una vez transcurrido el plazo allí previsto, sin que los interesados hubiesen convalidado la gestión invocada en la presentación directa o la representante acompañado los instrumentos que acrediten su personería (CSJN, 8/3/05, "Cabaleiro Miguel Angel c/ Universidad de Buenos Aires").
Consumidores, proveedor, juicio sumarísimo, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez, Garbino Florencia c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-05

Sin duda que el proveedor de servicios como organización empresarial está en mejores condiciones de aportar pruebas, ya que es quien controla los sistemas informáticos (cajeros, bancos, seguros) o las formas de cómo se prestan los servicios y su medición (por medidores, luz; teléfono; agua); establece la calidad (medicinas prepagas y sus prestadores).
Queja por apelación denegada, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PAULINI, VANESA ELISABET c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

Corresponde rechazar por manifiestamente inadmisible la queja por apelación denegada interpuesta, toda vez que el recurso que prescribe el artículo 8 de la ley 7055 que habilita la competencia constitucionalmente asignada a este Tribunal por el artículo 93, inciso 1 de la Constitución provincial y por el ordenamiento jurídico citado, supone la previa deducción de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión definitiva o equiparable que se pretende impugnar; y en el caso, la recurrente, frente a una apelación declarada mal concedida por la Sala, se presenta en queja por apelación denegada ante esta Corte, obviando, de esta manera, la interposición del recurso de inconstitucionalidad, así como su posterior sustanciación y resolución por el Tribunal de Alzada, circunstancia impeditiva para habilitar la competencia de esta Corte. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 93, inciso 1; Ley 7055 artículos 1 y 8
Sentencia penal, sana crítica racional, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Jorge Abel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Pinto en causa Expte. Nº 119/07 caratulada "Romero, Jorge Abel, Aragón, Armando Ronal; Brizuela Pedro Claudio; Vega Fabián Daniel p.s.a. Homicidio agravado en calidad de autor, Homicidio agravado en calidad de partícipe necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real; Omisión de denunciar agravado en Concurso Ideal s/ Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - Coneta - Valle Viejo - Dpto. Capayán -  Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.), y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3 C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2ª ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123; T.S.J.Cba., Sala Penal, "Guizzoni", S. nº 61, 31/10/97).

En esta dirección, Vélez Mariconde sostuvo, entre otros, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos... ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, p. 361 y sgts.).- (Del voto del Dr. Cáceres según su fundamento)
Uniones convivenciales, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: G., M. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA -MOCORETA- (IURIX II 132/VTA) CONVIVENCIA -MOCORETA- (IURIX II 132/VTA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-04-12

La unión convivencial consiste en la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Se requiere que los que los dos integrantes sean mayores de edad, no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado o por los vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea y mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años (art. 510 C.C y C.)
Declaración indagatoria, entrevista previa con el defensor, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ABET, JOSE O. s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

No corresponde declarar la nulidad de la indagatoria, si durante el sumario de prevención se le hizo saber al imputado el hecho por el cual se hallaba detenido; el juez y secretario interviniente; su derecho de hacerse defender por abogado o defensor oficial, o personalmente; que podía dar aviso de su detención a la persona que indicara y designar defensor aún estando incomunicado, por cualquier medio; que cuando declarara ante el magistrado instructor podía estar presente su defensor y que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implicara presunción en su contra; conforme a las prescripciones del art. 197 del C.P.P. .

El hecho de que el defensor se entreviste con el imputado antes de prestar declaración es facultativo, no hallándose establecido en forma obligatoria.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Manauta, Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

Los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren un ejercicio efectivo para no quedar reducidos a simples declaraciones de deseos (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario, adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruggeri Dávila, Edgardo c/ Pérez, Oscar y otros s/ Indemnización daños y perjuicios Scopa, José María e hijos c/ Corsa S.A. y otro s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06|1993-04-27

Aún en la instancia extraordinaria y en virtud del principio de la apelación adhesiva ha de tenerse en cuenta lo que alegara el apelado, ausente de la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable.
Resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Ponzamesi, Oscar Alfredo c/ Novobra S.A. y otra s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La resolución del Tribunal del Trabajo que regula honorarios mínimos y provisorios no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Prioridad de paso, velocidad máxima
Materia: CIVIL
Carátula: Saviotti, Carlos Horacio c/ Gregorio, Luis Alberto y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-03

Debe responsabilizarse de forma concurrente al conductor de la camioneta que resultó embestida en un cruce de calles y al automovilista embistente, respecto de los daños y perjuicios derivados del siniestro, en tanto éste último violó la prioridad de paso que le asistía aquella al circular por la derecha, mientas que, la víctima conducía a excesiva velocidad superando ampliamente la autorizada por el art. 63 del Código de Tránsito de Río cuarto para circular por las calles, y mas aun la permitida para ingresar a las bocacalles (20km/hs).
Reparación integral, acción de amparo, intervención quirúrgica, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: M., M. c/ I.O.M.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-07

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la acción de amparo promovida por la actora -en representación de su hija menor de edad discapacitada), ordenando al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) otorgue la cobertura del 100% de la cirugía de implante coclear bilateral.
Estafa, retención indebida, cajero
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ, LUIS MARCELO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-26

Para la configuración del delito de estafa debe mediar una relación causal entre el ardid o engaño, el error generado por éste y la disposición patrimonial perjudicial que se derive del vicio de la voluntad.

La naturaleza y forma de la función -cajero en una de las ventanillas de la sucursal de ENCOTEL- le otorgaban un poder de custodia sobre los valores ingresados con la obligación de restituírlos diariamente a su empleadora, cosa que en el caso no ocurrió, con lo cual sometido a consideración esa sucesión cronológica entre ardid, error y perjuicio hállase ausente toda vez que el dinero defraudado se encontraba "ad initio" legítimamente entre las manos del encausado, lo que hace que en tales condiciones la tipicidad correcta es la de defraudación por retención indebida, pues la actividad defraudatoria fue desplegada con respecto a una situación jurídica preexistente y no como acto determinante de la disposición patrimonial dañosa.
Cuestiones de competencia, responsabilidad del Estado, accidente de tránsito, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorente, Juan Ignacio c/ Alaniz, José Luis y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

La justicia nacional en lo civil es competente para intervenir en las causas iniciadas en la Capital Federal que versen sobre acciones civiles y comerciales, relativas a responsabilidad contractual o extracontractual, aunque la Nación o sus empresas y entidades autárquicas sean partes, siempre que deriven de accidentes de tránsito, aun ferroviarios, en función de lo dispuesto por el art. 43 del inc. b) del decreto-ley 1285/58 (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Responsabilidad del conductor, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Rey de Alarcón, Modesto c/ Quitralcó y Otro s/ Juicio Ordinario -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-10-26

"La responsabilidad del conductor de un vehículo por ser creador de un peligro, no cesa por el hecho de acatar las órdenes o señales de tránsito ya que debe atender también las reglas de la prudencia...".
Pueblos originarios, propiedad comunitaria de la tierra, mensura administrativa
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ - CHUSTAJ LHOKWE - COMUNIDAD DE CUCHUY c/ PROVINCIA DE SALTA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-03

La Corte de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente a una acción de amparo colectivo considero la necesidad de concretar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas actoras.

Tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21 de la Convención Americana.

No obstante, el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad.

Cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, la propia Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. (Del voto de los Dres. Posadas, Vittar, Catalano, Cornejo y Díaz).
Seguros, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Albo, Justo c/ Pradal, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

El tema en torno a la falta de interpelación del demandado y sus consecuencias interruptivas de la prescripción, se inserta en la relación asegurado-asegurador, a partir que éste y particularmente en el seguro de responsabilidad civil, acepta la cobertura del siniestro desde que no la ha rechazado por esa razón, sino por entender que el tercero ha sido responsable no sólo de sus propios actos, sino también de los causados a su asegurado los que ha pagado desde que (indudablemente subrogado en sus derechos reclama le sean resarcibles art.80 ley 17418). Esa aceptación tiene una consecuencia directa; el asegurador debe cumplir, desde ese momento su obligación básica de "mantener indemne al asegurado de cuanto deba a un tercero (art.109 ley cit.) y particularmente, la obligación de hacerse cargo de la defensa del asegurado".
Autorización para comparecer en juicio, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: M.M. s/ Autorización judicial para estar en juicio juicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-03

Si bien el procedimiento para el dictado de la venia judicial para estar en juicio es rápido y expeditivo, las normas vigentes expresan claramente que el magistrado debe escuchar las razones de ambos padres (o del que se niegue) para no prestar el acuerdo; y por lo mismo, deben practicarse todas las gestiones adecuadas para ubicar a los progenitores, so pena de la negativa de la autorización. (En los autos surgía el conocimiento del domicilio de la misma en otra provincia).
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zangirolami y Schiab S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Ante la ausencia de una norma expresa en la ley concursal, la necesidad de aplicar, en consecuencia, principios análogos de materias afines (doctr. art. 16 del cód. civil y art. 301 de la L.C.), autorizan a observar, tratándose de la apelación de los honorarios regulados al síndico, las disposiciones relativas a la apelabilidad de honorarios regulados judicialmente, tales como las contenidas en el dec.ley 8904/77 -honorarios de abogados y procuradores- y en la ley 10620 que regula, entre otros aspectos, la actuación como auxiliares de justicia de los profesionales de ciencias económicas (especialmente el art. 186).-
Accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, JOSE c/ DECKER S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-26

El art. 39 de la ley 24557 viola la igualdad ante la ley y de ninguna manera puede tener vigencia frente a los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 19, 43 y 75 inc. 22 y 23 de la C. N.; arts. 1,2,3,25 y concordantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts 1,2,11,16 y concordantes de la declaración Americana de los Derechos del Hombre; arts. 2,6,26 y concordantes del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; arts. 7 inc. b, 9 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts 1,4,26 y ss de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Por su parte, el art. 49 disposición adicional 1 de la ley en cuestión conduce al mismo resultado por cuanto elimina la responsabilidad del empleador frente a su incumplimiento contractual y veda al trabajador la posibilidad de reparación integral de los daños que sufriera, por lo que por idénticos fundamentos corresponde la declaración de inconstitucionalidad de esos aspectos de la LRT.
Seguros, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Izaguirre, Martín c/ Okecki, María Celina s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-12-15

La obligación de la aseguradora en mantener indemne a su asegurada, lo que comprende el pago de los gastos y costas necesarias (art. 109, 110, 111, LS). Al fracasar en su intento de eludir la responsabilidad, por entenderse que la póliza cubría el siniestro, le corresponde hacerse cargo de las costas que debió asumir la accionada, incluyendo los honorarios de los profesionales que debió contratar.
Accidentes de trabajo, concausa, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Moure, Roberto Pedro e Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

El decisorio hace aplicación prohibida de la ley 24.028, descartando la 9688, sino que se limita a consagrar una cierta orientación que aquélla impuso en materia de concausas en accidentes de trabajo, solución que estaba permitida aún bajo la vigencia de la ley 9688, que nunca fue excluida por el fallo.
Derecho procesal, competencia por la materia, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANIPULEO, EMPAQUE Y EXP. DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE CUYO c/ A.D.O.S. s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-11

A las leyes de competencia absoluta, que son entre otras las que determinan los tribunales que deben conocer las causas según la materia,no es permitido dejarlas sin efecto o modificarlas por la simple voluntad de las partes (art. 21 del chao.Civil). Es decir, que la competencia por razón de materia es de orden público, no pudiendo alterarse este principio o dejarlo sin efecto por voluntad de los particulares, debiendo los jueces velar por su cumplimiento, aun de oficio.
Medida cautelar innovativa, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, validez del acto administrativo, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "SORIA, CARLOS SEGUNDO c/ A.N.Se.S. s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

Si bien en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria -lo que trae aparejado, en principio, que los recursos judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución de tales actos-, es posible admitir que en determinados casos y cumplidos ciertos requisitos, la prerrogativa de autotutela encuentre un adecuado equilibrio en la suspensión cautelar de dichos actos administrativos (cfr. C.N.A. Cont. Adm. Fed., Sala V, sent. del 20.11.96, "Craviotto, Gerardo c/ E.N."). Ello sucede cuando el ente previsional suspende un beneficio por invalidez, pues la verificación "prima facie" de los recaudos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C. y la naturaleza alimentaria de la pretensión deducida, no pueden sino atenuar aquella presunción frente a la fuerte posibilidad que se afecten derechos de raigambre constitucional. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Herrero-. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Caporale, Susana y otros s/ infracción ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Al tipificar como delito la tenencia de estupefacientes para uso personal, el legislador lo hizo sin distinciones en cuanto a la cantidad.