Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19


Causa nº 1792-00-CC/2006 caratulada "ALDAO, Mauricio Ángel s/inf. Art. 189 bis CP - Apelación." En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de julio de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver en la presente causa.

Y VISTOS:

El co-titular de la Fiscalía nº 9, Dr. Sergio Martín Lapadú, interpuso recurso de apelación (fs. 155/157 vta.) contra el decisorio del Magistrado de grado que sobreseyó al imputado, Mauricio Ángel Aldao, en orden al delito de tenencia de arma de uso civil (fs. 152/154).

Para arribar a tal temperamento, el a quo sostuvo: ...Con el art. 4 de la Ley 25.688 -25.886- y la Disposición nº 50/2006 del RENAR, el Poder Ejecutivo pretende promover la registración de las armas de fuego y sus tenedores, habilitando así una vía para que, quien hoy posea una arma de uso civil respecto de la cual carece de autorización legal, pueda presentarse ante las autoridades administrativas y denunciar dicha posesión, sin que ello implique el labrado de actuaciones penales por la posible comisión del delito previsto por el art. 189 bis, inc. 2º, párrafo 1º del Código Penal. Si en la actualidad puede un ciudadano tener un arma de uso civil sin la debida autorización y no ser criminalizado por ello, significa que hoy el párrafo del art. 189 bis CP que penaliza esa conducta no tiene vigencia (ver fs. 153 vta.).

Asimismo: ...si la vigencia fue condicionada al cumplimiento de un plazo que recién ahora comienza, entonces antes tampoco la tuvo, puesto que la redacción del párrafo en cuestión no da lugar a la posibilidad de afirmar períodos punibles previos al inicio del plazo, ya que establece que la conducta que nos ocupa entrará en vigencia a partir del plazo establecido (fs. cit.).

En suma, el Juez de grado interpretó que el delito de tenencia de arma de uso civil no estaba vigente a la fecha de la comisión de los hechos perseguidos en la presente causa -20/1/2006- ni tampoco, en base a las consideraciones expuestas, lo está en la actualidad (cfr. fs.154).

Por su parte el representante del Ministerio Fiscal, luego de fundar la admisibilidad del remedio articulado, y en desacuerdo con la postura adoptada por el Judicante interpreta que ...de la simple lectura del art. 4 de la ley 25.886 surge claramente que el plazo de desincriminación penal es de seis (6) meses a partir de la promulgación, es decir, hasta el 4 de noviembre de 2004... (fs. 156 vta.). Así también que ...la intención del legislador no fue supeditar la entrada en vigencia de la ley penal a una mera disposición administrativa, sino darle un plazo al Poder Ejecutivo Nacional para la regularización de armas, pero expresando claramente que la ley resultará operativa a partir del vencimiento del plazo establecido para la creación del registro, y dicho plazo, lo era de seis meses a partir de la promulgación de la ley. Sin ser materia de debate en ésta jurisdicción si el Poder Ejecutivo cumplió o no con el plazo dispuesto por el Legislador (fs. 157 in fine/ vta.).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 164/166 que debe declararse admisible el recurso y revocarse el pronunciamiento en la medida que fue materia de agravios conforme los fundamentos que desarrolla en el libelo referido.

En la oportunidad prevista por el art. 61, inc. 2º de la ley 1287, la asistencia técnica propugnó la confirmación del decisorio de grado al tiempo que se expidió sobre las cuestiones introducidas por el apelante y el Ministerio Fiscal ante esta instancia (fs. 171/172 vta.).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I- En lo que atañe a la procedibilidad subjetiva, si bien no surge expresamente de las actuaciones el día en que se habría notificado el apelante, de la sucesión de las distintas piezas -vbg. fecha que llevan el interlocutorio y el cargo de la apelación de fs. 155/157, obrante a fs. 158- puede desprenderse que ha respetado los recaudos pertinentes por cuanto, contando con legitimidad para hacerlo, presentó su escrito en tiempo y forma ante el Magistrado de grado.

Causa nº 054-00-CC/2006 Por lo demás, siendo el sobreseimiento un auto que impide la continuación del proceso, clausurándolo en forma concluyente, ninguna duda cabe respecto de su equiparación a sentencia definitiva; y que, tratándose de un resolutorio que ocasiona agravio de imposible reparación ulterior al Ministerio Público Fiscal, queda comprendido en la órbita de los actos recurribles (conf. arts. 61 de la LPC según ley 1287 y 449 del CPPN).

II- Sorteados exitosamente los recaudos de admisibilidad, corresponde en lo que sigue abocarnos al análisis de la decisión del a quo en cuanto sobresee al imputado, Mauricio Ángel Aldao, a fin de constatar el acierto o desacierto de tal temperamento.

A modo de consideración previa se impone en lo que sigue enunciar las normas citadas por el judicante y por las cuales, según la exégesis que realiza, arriba a la desincriminación de la conducta atribuida al encausado.

La reforma introducida al Código Penal por la ley 25.886 sancionada el 14 de abril de 2004 y promulgada de hecho el 4 de mayo de 2004 modifica en su primer artículo, en lo que aquí interesa, el art. 189 bis del CP; tipificando en su apartado segundo el delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, el que prescribe: (2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($1.000) a DIEZ MIL PESOS ($10.000.-).

Por su parte, deroga expresamente el art. 189 ter del código de fondo, y el art. 42 bis de la ley 20.429 (art. 2º de la ley cit.), circunstancia que impide, respecto de éste último, cualquier intento de otorgarle ultraactividad durante el plazo de vacancia legal.

Seguidamente, en su artículo cuarto dispone: El Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a partir de la promulgación de la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de SEIS (6) meses. Asimismo, en el mismo término, se arbitrarán en todo el territorio de la Nación, con contralor de la máxima autoridad judicial que en cada jurisdicción se designe, los medios para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar.

El primer párrafo del punto 2 del artículo 189 bis entrará en vigencia a partir del plazo establecido en el presente artículo.

A su turno, y con fecha 22/2/06 el Registro Nacional de Armas -RENAR- dictó la Disposición Nº 50/2006, en cuyo considerando se dijo: Que de conformidad con las prescripciones del artículo 4º de la Ley Nº 25.886, corresponde disponer las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil y uso civil condicional, por el término de SEIS (6) meses.

Asimismo ...toda vez que se trata de armas de fuego que carecen de registración, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS procederá a su incorporación a su Banco Nacional Informatizado de Datos, correspondiendo que sus tenedores depositen el material preventivamente a tales efectos.

En este sentido dispuso: Artículo 1º: Establécese que, a los fines de alcanzar su registro en los términos del artículo 4º de la Ley 25.886, los poseedores de las armas de fuego que carezcan de registración ante este REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, deberán denunciar la tenencia de las mismas. A tales efectos, al tiempo de solicitar su registro deberán depositar el material ante este Organismo. Y que ...el depósito del material y su registro en los términos de los artículos precedentes serán gratuitos (art. 3º).

A su vez, el artículo 4º, señaló: Prescríbese que dentro del término de SEIS (6) meses, los titulares del material así registrado, deberán alcanzar la condición de Legítimo Usuario de Armas de Fuego en la categoría correspondiente, solicitando la autorización de tenencia del material depositado....

Ahora bien, previo a adentrarnos en el análisis de la interrelación de las normas citadas, creemos conveniente destacar el contenido y finalidad de la disposición administrativa en estudio.

Tal como se expone en los fundamentos como en su parte dispositiva, el Causa nº 1792-00-CC/2006 objeto de la misma radica en facilitar el registro tanto de las armas de uso civil y uso civil condicional como también de sus poseedores, previendo a ese fin una exención o disminución arancelaria (conf. disposición cit. y nº 103/06 reglamentaria de ésta ).

Es decir, la obligación por parte de los tenedores de registrar las armas que tengan en su poder no nace a partir de la presente norma, sino que en virtud de ella se los exime, al menos parcialmente, y por el lapso prescripto, del tributo correspondiente.

Así lo establece la Disposición 103/06 en cuanto en su considerando expresa: ...deberán preverse alicientes, a fin de maximizar sus beneficios y eficacia en términos de concurrencia de la población en general, eximiendo en forma parcial a quienes regularicen la situación registral de sus armas, de algunas de las tasas retributivas fijadas por el Organismo, mientras dure el período contemplado en la citada Disposición RENAR Nº 050/06.

Dicha práctica no resulta innovadora en la materia; por el contrario este tipo de campañas de registración con beneficios tributarios -tal como es definida por la disposición citada- han sido realizadas en nuestro país en distintas épocas -ver ley 25.086, decreto 1357/79, disp. 6/01, 295/03, entre otras-, y responden, como en el presente caso, a decisiones de política criminal tendientes a blanquear el mercado ilegal de armas como así también a controlar su flujo en cabeza de la población.

De esta manera, la disposición 295/03 señalaba: ...se estima conveniente reducir el valor de los Formularios Ley 23.979 durante un determinado lapso, a fin de facilitar la regularización de la situación registral de armas por parte de nuevos usuarios individuales, o en defecto de ello el abandono del material. Que si bien el Registro Nacional de Armas es un organismo cuya función básica es de carácter registral, no escapa a su criterio que es menester adoptar cuantas medidas sean necesarias tendientes a atacar y eliminar el tráfico y circuito ilícito de armas. Dicha regla, y con ese único objeto dispuso en su artículo 1º: Establécese en el período comprendido entre el 1° de setiembre de 2003 al 30 de noviembre de 2003, una reducción de los aranceles de inscripción y registración, conforme al régimen establecido en la presente, a fin de facilitar que toda persona que tuviere en su poder armas de fuego en condiciones irregulares legalice su situación registral.

En aquellas circunstancias creemos, sin temor a equivocarnos, que durante el transcurso de dichas campañas no se ventilaron cuestiones como la que hoy nos ocupa, de momento que no se conoce ningún precedente jurisprudencial que de cuenta de ello.

Dentro del plazo establecido por la disposición en estudio -6 meses- y con los beneficios impositivos expuestos, el RENAR busca incorporar las armas -que preventivamente se depositen a tales efectos- en el Banco Informatizado de Datos, creado con anterioridad por el decreto 252/94, complementario de la ley 20.429 y cctes.

Durante su transcurso, deberán los titulares del material así registrado obtener el carácter de Legítimo Usuario en la categoría correspondiente como asimismo el certificado de tenencia respectivo, debiendo cumplimentar para ello los requisitos establecidos en la ley 24.492, conf. ley 20.429 y sus decretos reglamentarios, disposición 72/1998 entre otras. En este sentido, no sólo bastará que el arma se encuentre en condiciones para ser registrada, sino que su poseedor a efectos de regularizar la tenencia deberá contar con las exigencias previstas en la normativa preestablecida.

Sentado ello, evaluaremos en lo que sigue si el alcance apuntado dentro la órbita del art. 4º de la ley 25.886, puede tener o no implicancia respecto de la vigencia del tipo penal, o si por el contrario la cuestión suscitada se debe más bien a una confusa redacción legislativa propia del desenfreno con el que se sancionó la reforma penal.

De la lectura de la letra de la norma -art. 4º ley 25.886- pueden extraerse dos órdenes distintos; por un lado en cuanto encomienda al Poder Ejecutivo la adopción de medidas para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego en el término prudencial de seis meses.

Causa nº 1792-00-CC/2006 En este punto, no podrá el poder jurisdiccional expedirse sobre la oportunidad, mérito o conveniencia del temperamento adoptado como tampoco respecto a si el Órgano emplazado cumplió o no con su cometido en el plazo dispuesto por el Legislador.

A su turno, el otorgamiento del permiso para la tenencia -autorización legal como elemento negativo del tipo- resulta ab initio imperativo para detentar lícitamente cualquier arma. En este sentido, la presente regla no crea en cabeza de sus tenedores la obligación de su registro que resulta ser preexistente a ella, sino que los exonera de los aranceles exigidos para esta clase de trámites -como una suerte de moratoria fiscal-, a los efectos de propender a una mayor colaboración por parte de la población en el control del circuito de las armas.

Por otro, párrafo aparte, en cuanto expresamente declara condicionar la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización al plazo de seis meses establecido en ese artículo, a computar desde la fecha de promulgación de la ley penal -4 de mayo de 2004- y hasta su vencimiento -período dentro del cual se desincrimina transitoriamente la conducta-, resultando en definitiva operativa a partir del 5 de noviembre de 2004.

Así, en el debate legislativo que precedió la sanción de la norma fue el Diputado Jorge Casanovas quien introdujo una modificación en el artículo 4º del proyecto de ley originario; argumentando: ...debemos adoptar las medidas pertinentes para facilitar el registro en un término prudencial, sobre todo de las armas de uso civil. Hasta este momento la falta de registro de esas armas es considerada meramente una infracción penal menor. A tal efecto, se ha dispuesto dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que la máxima autoridad del país tome las medidas necesarias para la creación de sistemas que faciliten la gratuita inscripción de las armas, y en el caso de aquellas personas que no deseen inscribirlas, la rápida entrega a la autoridad judicial correspondiente a los fines de que esas armas sean oportunamente destruidas, conforme la ley que se proyecta. En esta dirección vamos a proponer un agregado al artículo 4º del proyecto contenido en el dictamen de comisión en el sentido de disponer que la figura de la tenencia de armas de uso civil que se incorpora al Código Penal en la primera parte del artículo 189 bis, entre en vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido para la creación del registro. (Conf. HCDN -v.t-, Reunión Nº 5, Sesión 4º Ordinaria (Especial), celebrada el 7/4/2004). (El resaltado es nuestro).

Del parlamento transcripto, surge sin duda que la intención del Legislador no fue supeditar la entrada en vigor del tipo penal a una disposición administrativa de exención arancelaria, sino precisamente otorgarle un plazo al PEN para la implementación de este tipo de medidas y con el objeto de regularizar la situación de las armas, pero declarando expresamente que la ley resultará operativa a partir del vencimiento del plazo fijado para el mentado registro.

Interpretar lo contrario sería poner en cabeza del legislador una contradicción, la cual no puede presumirse, ya que claramente elevó la simple tenencia de arma de uso civil a la categoría de delito cuando hasta ese momento la consideraba una infracción penal menor, aumentando en consecuencia de ello la penalidad de la figura en estudio como también lo hizo, en este último sentido, respecto de otros delitos previstos en el ordenamiento sustantivo.

No debe olvidarse entonces el contexto social que precedió la sanción de la reforma penal -directiva funcional-, esto es la ola de secuestros extorsivos y otros ilícitos cometidos con armas de fuego, los que llevaron a la sociedad a reclamar a los legisladores una urgente reforma normativa, cuyo pedido en esa oportunidad fue centralizado en la persona de Juan Carlos Blumberg.

En esta inteligencia, estemos o no de acuerdo con las decisiones adoptadas, carecería de asidero, por un lado conminar con graves sanciones la comisión de delitos y por otro dejar librada indefinidamente su vigencia -y consecuente atipicidad- a la decisión sine die de la Administración, lo que sin lugar a dudas no resiste el menor análisis.

Al respecto: No se debe prescindir de la ley, sino interpretarla adecuadamente, ajustando la decisión al momento histórico en que ella se pronuncia, a su momento teleológico y sistemático guardando la coherencia de Causa nº 1792-00-CC/2006 la norma con la totalidad del sistema, con directa vinculación al problema práctico a resolver y con relación a las repercusiones sociales de un determinado modo de entender la solución (La Ley, 1983-B, 658 - ED, 104-404).

Ocurre que La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (C.S, fallos: 312:1098 y 313:254).

Esta Sala, al momento de resolver en la Causa Nº 409-00-CC/2004, Pugliese, Santiago Nicolás, del 3 de febrero de 2005, hizo alusión precisamente a la atipicidad temporal de la tenencia, sin perjuicio de que el delito perseguido en aquel legajo era el de portación de arma de fuego.

En este sentido se sostuvo: ...De acuerdo al correcto razonamiento del juzgador, la desincriminación transitoria dispuesta por la Ley 25.886 se refirió específicamente a la tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización no habiéndose previsto igual dispensa para la figura sub-examine....

Asimismo, en aquel decisorio, realizando una transcripción del art. 4º de la ley en cuanto establece que el primer párrafo del apartado 2º del art. 189 bis -simple tenencia de armas de uso civil sin autorización legal- entrará en vigencia a partir del plazo fijado en ese artículo, se dijo que: ...sin embargo, el tipo del art. 189 bis, 2), 3º párrafo no ha recibido similar tratamiento legislativo, sino que ha entrado en vigencia junto a la ley que lo crea. La dispensa de seis meses para registrar armas con recaudos sencillos a partir del vigor de la ley 25.886 no guarda relación alguna con la necesidad de haber obtenido autorización legal para portar el arma de fuego incautada.... .

Por su parte, la Sala I del fuero, en la causa citada por el judicante: Tapia, René Eduardo s/ inf. art. 42 bis Ley 25.086, resuelta el 5 de octubre de 2004, también entendió que la vigencia de la nueva figura -art. 189 bis ap. 2º CP- se hallaba condicionada al transcurso del plazo establecido en el art. 4º de la ley 25.886. En dicho precedente el Dr. Sáez Capel señaló: ...el hecho es hoy temporalmente atípico, puesto que el legislador otorgó expresamente un plazo de seis meses para permitir el registro sencillo y gratuito de las armas de fuego de uso civil y uso civil condicionado, con lo que esta figura recién entrará en vigencia con el vencimiento del mismo. Es decir el día 5 de noviembre de 2004.

A su turno, en el expediente César, Paula s/ infr. art. 189 bis CP, del 7 de septiembre de 2005, la misma Sala sostuvo: Del texto legal transcripto -art. 4º ley 25886- se desprende claramente que el legislador no ha condicionado la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización a la instrumentación del referido registro por parte del PEN; por el contrario tan sólo remite al plazo establecido en este artículo que es de seis (6) meses desde la promulgación de la ley, para extender la vacatio legis. En razón de lo expresado, la norma legal se encuentra en vigencia desde el 5/11/20004; dado que fue promulgada de hecho el 4 de mayo de ese año.

Y aunque así no lo fuere, que decididamente lo es, mal podría el Poder Ejecutivo -a través de una disposición administrativa del RENAR- arrogarse la facultad de suspender o establecer la entrada en vigencia de una norma emanada del legislativo, máxime tratándose de una ley penal. En el caso, la única salvedad que hizo el representante parlamentario al momento de su sanción, lo fue sólo respecto a la toma de medidas -por parte del órgano administrador- a fin de facilitar el registro sencillo y gratuito de las armas de fuego, pero nada dijo en cuanto a supeditar con él la entrada en vigor del delito que, por el contrario, estableció expresamente en el párrafo siguiente del artículo cuarto de la citada.

Es que parece oscioso señalar la inseguridad jurídica que genera cualquier interpretación extensiva por fuera del texto legal, ya que de aceptarse la posibilidad de que quedase librada a la sana crítica racional de cada Magistrado la determinación de si un tipo penal se encuentra o no vigente conllevaría irremediablemente a la afectación del principio de igualdad de todos los justiciables, constitucionalmente tutelado.

Ello así por cuanto, si bien podrá frente al caso concreto llevado a su conocimiento realizar alguna exégesis en lo atinente a los aspectos valorativos de la norma, cosa muy distinta es delimitarla o fijar su contenido discrecionalmente, con las consecuencias que implica.

Causa nº 1792-00-CC/2006 En este sentido: ...Todos los conceptos que emplea la ley (con la excepción de las cifras, fechas, medidas y similares) admiten en mayor o menor medida varios significados...; asimismo: ...el marco es delimitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley, mientras que el juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático legal, y según el fin de la ley (interpretación teleológica)... ( el destacado es nuestro).

La vinculación de la interpretación al límite del tenor literal no es en absoluto arbitraria, sino que se deriva de los fundamentos jurídicopolíticos y jurídicopenales del principio de legalidad. En efecto: el legislador sólo puede expresar con palabras sus prescripciones; y lo que no se desprenda de sus palabras, no está prescripto, no rige... .

Por último: Una ley indeterminada o imprecisa y por ello poco clara no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad, porque no implica una autolimitación del ius puniendi estatal a la que se pueda recurrir; además es contraria al principio de división de poderes, porque le permite al juez hacer cualquier interpretación que quiera e invadir con ello el terreno del legislativo... (ob. cit., pág. 169).

En otro orden de ideas, disentimos con la apreciación realizada en el pronunciamiento recurrido en cuanto se afirma: Con el art. 4 de la Ley 25.688 y la Disposición nº 50/2006 del RENAR, el Poder ejecutivo pretende promover la registración de las armas de fuego y sus tenedores, habilitando así una vía para que, quien hoy posea un arma de uso civil respecto de la cual carece de autorización legal, pueda presentarse ante las autoridades administrativas y denunciar dicha posesión, sin que ello implique el labrado de actuaciones penales por la posible comisión del delito previsto por el art. 189 bis, inc. 2º, párrafo 1º del código Penal. Si en la actualidad puede un ciudadano tener un arma de uso civil sin la debida autorización y no ser criminalizado por ello, significa que hoy el párrafo del art. 189 bis CP que penaliza esa conducta no tiene vigencia (ver fs. 153 vta.).

Es que como se desprende claramente de la normativa citada, única y exclusivamente aquel que denuncie ante el RENAR la posesión de un arma de fuego; la deposite a efectos de su registración y, dentro del plazo previsto, obtenga su credencial de legítimo usuario, no será pasible de sanción penal. Es decir, sólo de este modo, su conducta no será punible.

Ahora bien, dicha dispensa no puede hacerse extensiva a todo habitante que lejos de ajustar su comportamiento a la prescripción de la norma decida detentar deliberadamente un arma de fuego sin la correspondiente autorización legal para hacerlo. Es este y no otro, el sentido otorgado a la eximición de sanciones penales plasmado en los distintos considerandos de las disposiciones administrativas oportunamente dictadas.

En consecuencia, no parece atinado inferir de ello la inoperatividad de la norma y la consiguiente atipicidad de la conducta reprochada.

Este fue también el alcance otorgado en otra de las campañas realizadas por el Poder Ejecutivo a efectos de regularizar la situación de las armas de fuego. Así, el decreto 1357/79 -citado en el considerando de la disposición 103/06- que rezaba: ...con el fin de mantener un adecuado control de armamento que se halla en poder de la población, estableció en su artículo 5º: El presente decreto de excepción no ampara a las personas que no se presentaren espontáneamente a declarar sus armas, a quienes les serán de aplicación las sanciones que prescribe el art. 36 de la ley 20429 (el resaltado es nuestro).

Es en virtud de cuanto aquí se viene exponiendo, que no se habrá de compartir la aseveración del a quo en la que concluye que el delito de tenencia de arma de uso civil no se encuentra vigente en la actualidad ni lo estaba a la fecha de comisión del hecho que se endilga a Aldao -20/1/06- por lo que su conducta deviene atípica (ver fs. 154); es decir, de acuerdo al temperamento adoptado, desde la promulgación de la ley 25.886 -4 de mayo de 2004- a la fecha, habiendo transcurrido casi dos años y dos meses, y hasta el momento en que el RENAR concluya su campaña registral, el delito, entiende, no entrará en vigencia. No sólo ello no se ajusta a la voluntad del legislador al momento de Causa nº 1792-00-CC/2006 sancionar la reforma penal, al texto ordenado, al verdadero contenido de las disposiciones administrativas adoptadas por el Poder Ejecutivo, sino que incluso resulta inaceptable el supeditar la vigencia de una conducta que se ha calificado como delictiva a la mayor o menor diligencia de la administración.

Como corolario, la conducta que se atribuye a Aldao se encuentra actualmente reprimida, como así también lo estaba al momento de la comisión del hecho investigado, ya que nada ha variado con el dictado por parte del Registro Nacional de Armas de reglas de reducción arancelaria.

Finalmente, más allá de la eficacia de la figura penal en estudio y del alcance de las disposiciones del RENAR, puede advertirse que de acuerdo a las características que presenta el arma secuestrada en autos, cuyo número de identificación se halla parcialmente borrado -ver informe pericial de fs. 92/93-, tal circunstancia impedía ab initio cualquier posibilidad de obtener la autorización legal para detentarla legítimamente. Aunado a ello, los antecedentes penales de Aldao -fs. 20/27- obstarían su acceso a la condición de legítimo usuario exigida por la norma para obtener el certificado de tenencia respectivo (cfr. ley 20.429, 24.492, dec. 395/75, disp. 72/98).

En esta dirección nos hemos expedido en el precedente Pugliese citado, de aplicación al presente caso: ...Si el arma no estaba siquiera registrada en el lugar donde debía estarlo (el banco creado por ley 24.492), mal podía su tenedor haber sido autorizado a portarla, más allá de que nunca pudo ser registrada ni concedida autorización de portación alguna por hallarse la numeración eliminada por borrado, concurriendo, por lo tanto, el requisito típico referente a la falta de autorización legal para la portación (Cámara Nacional de Casación penal, Sala I, Alegre, Fabián Guillermo s/ recurso de casación, rta. 21/12/01).

Para concluír, surgiendo de la pericia balística obrante en el legajo -fs. cit.- la posible comisión de un delito de acción pública, en cuanto determina la erradicación de la numeración sobre el lateral derecho del puente del cañón del arma, pudiéndose observar parcialmente el nº 868; deberá el Magistrado de grado ordenar que se extraigan los testimonios pertinentes a fin de ser remitidos a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a los efectos de que se desansicule el Juzgado que deberá intervenir en su investigación.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- REVOCAR el pronunciamiento obrante a fs. 152/154 del presente en cuanto decide SOBRESEER A MAURICIO ANGEL ALDAO en orden al delito de tenencia de arma de uso civil que le fuera imputado.

II- ENCOMENDAR LA EXTRACCIÓN de los testimonios pertinentes de estos obrados, para su remisión a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a los efectos de que se desansicule el Juzgado que deberá intervenir por la posible comisión de un delito de acción pública.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.