Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-04


Buenos Aires, 4 de marzo de 2009	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Aída Margarita Huarte promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) tendiente al cobro de $27.650, más intereses y costas, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Al disponerse a cruzar la Avenida San Juan en su intersección con Pasco, ella utilizó la rampa para discapacitados porque trasladaba un "changuito" con mercadería, se resbaló, cayó y sufrió una luxación de tobillo, rotura de tibia y golpes en el brazo izquierdo, por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Señaló que en esa ocasión lloviznaba y que la rampa, que sería de material premoldeado, no era antideslizante y no cumplía con las especificaciones técnicas que estipula la norma vigente en la materia -ley 24.314 y decreto 814/97- (fs. 1/9).

2. El GCBA se opuso al progreso de la demanda pues estimó, entre otras cuestiones, que el accidente se debió a culpa exclusiva de la actora, ya que la rampa no está destinada al uso de personas mayores, sobrecargadas (fs. 10/17).

3. La sentencia de primera instancia resolvió "1. Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar a la actora Da. Aida Margarita Huarte, la suma de pesos veintiseis mil novecientos veinte ( $ 26.920.-) (...), con más los intereses (...), con costas" (fs. 18/ 25).

4. El GCBA apeló la sentencia (fs. 26/30 vuelta). La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario decidió "I.Confirmar, (...), la sentencia de grado en cuanto a la atribución de responsabilidad al GCBA. II. Condenar, en consecuencia, a la demandada a abonar a la actora la suma de pesos veinticuatro mil novecientos veinte ($ 24.920), con más los intereses establecidos en el pronunciamiento de la instancia anterior y de acuerdo al procedimiento previsto en los arts. 395, 398 y cc. del CCAyT, III. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida." (fs. 31/40).

La Sala consideró que la responsabilidad del Estado local "corresponde a la que se derivaría por ser el dueño o guardián de la cosa y por el hecho de haber asumido el control de un servicio público". Tuvo por probado, de acuerdo con la pericia practicada, que la rampa no satisface las exigencias legales vigentes, y que se encuentra recubierta de fibra de vidrio, material que al mojarse no tiene características antideslizantes. Respecto de los rubros indemnizatorios y su cuantía, modificó parcialmente el fallo de primera instancia.

5. Contra esa resolución, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad por entender que la Cámara "ha omitido considerar cuestiones significativas para la correcta solución de la causa..." Invocó los artículos 1, 14, 18, 28 y 33, CN; 1 y 104 inciso 11, CCBA (fs. 41/45 vuelta). La actora lo contestó (fs. 65/68 vuelta) y solicitó su rechazo por ausencia de caso constitucional.

La Sala II declaró inadmisible el recurso (fs. 47/48). El demandado planteó la queja agregada a fs. 50/60 vuelta. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja ya que "las cuestiones alegadas por el demandado en sustento de los recursos de inconstitucionalidad y de queja, no habilitan -en principio- su tratamiento por ante esta instancia extraordinaria, pues los argumentos expuestos no logran conectar aquellas cuestiones con la infracción a las normas y principios constitucionales invocados" (fs. 72/74).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja, planteado en tiempo y forma, por el GCBA con fundamento único en la arbitrariedad de la sentencia de segunda instancia no puede prosperar.

2. El recurso de inconstitucionalidad del GCBA afirma que "...Se ignoran las constancias de la causa. La actora, se lesiona al tratar de utilizar una rampa para discapacitados, la que no debió haber usado y, no porque exista prohibición alguna al respecto, sino porque la utiliza indebidamente." (fojas 44 vuelta). Acierta el Sr. Fiscal General Adjunto al señalar que "el recurrente intenta demostrar que el análisis efectuado por el tribunal sobre las circunstancias fácticas y las pruebas producidas en autos, es constitucionalmente reprochable. Sin embargo del decisorio no surge que éste sea carente de fundamento o basado solamente en la voluntad de los sentenciantes. El hecho de que su actividad se oriente en una dirección contraria a los intereses del agraviado no importa afectación de derechos constitucionales, ni habilita a calificar al fallo de arbitrario".

Resulta evidente que el recurso pretende una tercera instancia -inexistente en la ley para juicios de este importe- sobre la valoración de la conducta de la actora en ocasión del accidente que da lugar a los perjuicios reclamados y sobre la inteligencia de las reglas jurídicas que rigen el caso (arts. 1112 y 1113, Cód. Civ.), todas normas de Derecho común (infraconstitucional). El recurso pierde de vista que el Tribunal ha dicho, reiteradamente, que su competencia, por vía del recurso interpuesto, no constituye una nueva (tercera) instancia de mérito, ni ella lo erige en un tribunal de casación sobre la interpretación de la ley común (cf. Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 20 y ss., en: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, resolución del 23/2/00; más próximo al momento actual: expte nº 1898/02, "'Droguería Americana c/ GCBA [Dir. Gral. de Rentas - resolución 7346-1991] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR' s/ recurso de apelación ordinario", sentencia del 17/11/03), razón por las cual el recurrente ha seguido un camino equivocado.

En verdad, las instancias anteriores nada han ignorado. Menciono sólo a guisa de ejemplo: han tenido presente las pruebas rendidas, la normas pertinentes, nacional y local, que regulan las condiciones de las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, han considerado que la construcción de aquella en la que sucedió el accidente era defectuosa, ya que carecía del carácter antidelizante y de las barandas exigidas por la legislación, etcétera. Además, las sentencias han ponderado la conducta de la actora, no otra que la de usar la rampa para descender a la calle con un carrito con mercancías, y así evitar cualquier sesgo disvalioso en ese comportamiento. En suma: han tratado las pruebas, los argumentos de las partes y el derecho que rige el caso para concluir, fundadamente, en la responsabilidad del Estado. Ninguna lesión a principios constitucionales se advierte en la sentencia, más allá de las reiteradas menciones, sin referencia concreta al caso más que el agravio que la sentencia provoca en el recurrente, perdidoso en general del caso.

3. Como lo he señalado reiteradamente, la arbitrariedad denunciada como motivo único del recurso de inconstitucionalidad, no significa otra cosa -semánticamente- que la voz agravio, más utilizada académicamente para señalar un presupuesto de todos los recursos. Y ella, a su vez, no significa otra cosa que perjuicio que la decisión provoca por no haber aceptado los puntos de vista del recurrente en cuanto a la valoración del caso y a la determinación de la norma jurídica que le da solución. Pero, a más de toda la jurisprudencia del Tribunal sobre la excepcionalidad de la procedencia del recurso por este motivo, según señala la creadora del llamado motivo del recurso federal ante ella, nuestra CSJN (ver, por todos, expte. n° 5099/06 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Palomes, Susana c/ OsCBA y otros s/ amparo [art. 14 CCABA]'"), y de la opinión mía, más estricta que aquella (cf. mis votos en: "Compañía Meca SA c/ DGR [Res. n° 429/DGR/2000] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte n° 2630/03 y sus acumulados exptes n° 2538/03 y n° 2585/05, sentencia del 12/8/04, y sus citas; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29/06/05), tal perjuicio, innegable en el caso, no emerge por aplicación de una regla constitucional de mayor rango que las comunes o que habla sobre la validez de estas últimas, aplicadas en el caso, sino, tan sólo, de una discrepancia acerca de aquello que significa el caso y aquello que dice el Derecho común (infraconstitucional) vigente, afirmación con la cual queda clausurada esta "tercera instancia", intentada sin derecho y por fuera de los límites de competencia del TSJ, conforme a la ley que rige esa competencia judicial (CCBA, 113 y ley procesal local n° 402).

Ante la carencia de un caso constitucional, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Adhiero a la solución que propicia el Sr. Juez de trámite, Dr. Julio B.J. Maier, en su voto.

2. En efecto, tal como se señala en el voto del magistrado preopinante, el planteo del recurrente no involucra un caso de naturaleza constitucional pues la sentencia cuestionada se encuentra fundada en cuestiones de hecho y prueba ajenas, por regla, al recurso intentado y dilucidada bajo preceptos de derecho común. Ello es suficiente para desestimar la queja.

3. Además de lo expuesto, corresponde señalar que tampoco se ha acreditado la causal de arbitrariedad invocada por el Gobierno para sostener su recurso, desde que el fallo impugnado no puede tildarse de carente de lógica, autocontradictorio o de insuficiente fundamentación.

En consecuencia y lo concordantemente dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, corresponde rechazar el recurso de queja.

Los jueces Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1. Coincidimos con el juez de trámite, Dr. Julio B. J. Maier, en que la queja debe ser rechazada.

2. El recurrente sostiene que la Cámara no tuvo en cuenta que la actora utilizó en forma indebida la rampa para discapacitados. En ese orden de ideas, señala que las rampas como las controvertidas en el sub lite no fueron establecidas para descender por ellas como lo hizo la Sra. Huarte: "...un día de lluvia...", arrastrando un carrito muy "...pesado para ella..." y sin tomarse "...de baranda alguna..." (fs. 44vuelta), sino para que circulen las personas que padecen discapacidades; situación que lleva al Gobierno a afirmar que la conducta de la actora "...interrump[ió] el nexo causal..." (fs. 44vuelta).

2.1. Ese planteo no puede prosperar. En primer lugar, porque remite, tal como señala el juez de trámite, en sentido coincidente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, al análisis de cuestiones de hecho y prueba ajenas, por regla, a la competencia de este Tribunal; sin que el recurrente haya logrado demostrar que corresponda hacer excepción a esa regla por resultar lo resuelto por los jueces de mérito fruto de su mero arbitrio, más allá de su acierto o error. En segundo lugar, porque aun cuando la demandada utiliza la expresión "indebidamente" en forma ambigua, puesto que señala que la incorrecta utilización a que se refiere no es producto de una prohibición, lo cierto es que, si pretendía darle sustento a esa afirmación debió apoyarla en una norma que le sirviese de fuente, cosa que el Gobierno recurrente no hizo.

Por lo expuesto, y lo concordantemente dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, votamos por rechazar la queja deducida a fs. 50/60vuelta.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en legal tiempo, forma y dirige una critica concreta y puntual contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

2. De conformidad con lo señalado por el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen, a cuyos términos me remito, la ausencia de caso constitucional determina la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, el tribunal superior de la causa ejerció criteriosamente las facultades previstas en el art. 310 del CCAyT; y no advierto que de su actividad se afecten garantías o derechos constitucionales, ni que ello refiera a una cuestión, en la que la interpretación de una norma de ese rango, resulte dirimente.

En consecuencia, voto por declarar procedente la queja y desestimar por infundado el recurso de inconstitucionalidad.

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita este expediente, a la Sala de la Cámara que tomó intervención en el juicio, para que sea agregado a los autos principales.