Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-20


á 2a instancia. Buenos Aires, noviembre 20 de 2009.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta, viene en apelación la parte actora, a tenor del memorial obrante a fs. 254/259, contestado a fs. 263/264.

Asimismo, la representación letrada de la parte demandada, por derecho propio, cuestiona los honorarios que le fueron regulados por entenderlos reducidos.

En primer lugar analizaré los términos de la queja de la parte actora, que cuestionan básicamente que la Sra. Juez "a quo" haya rechazado el reclamo indemnizatorio impetrado por entender que en autos no se probó un vínculo de naturaleza dependiente, asimismo, se agravia por la imposición de costas, y porque considera elevados los honorarios regulados. Por su parte, su representante letrado cuestiona los emolumentos que le regularon por reducidos.

El recurrente cuestiona que se hayan considerado probados los extremos invocados por el demandado y a tal efecto intenta controvertir la eficacia probatoria otorgada a la prueba testifical.

Desde esta perspectiva considero que no existe contradicción entre los dichos de Vargas de fs. 123/ 124 y de Coppo de fs. 126 Por un lado Vargas explica, en forma clara y categórica, que fue socio del actor en la explotación de la parrilla sita en la calle Yrigoyen 3292, Capital Federal, en un local que alquilaron al Sr. Placencio Lucrecio -aquí demandado- por el período comprendido entre los meses de febrero a junio, y si bien en relación al año surgiría alguna imprecisión -pues lo ubica en el año 2007- entiendo en forma coincidente con la Sra. Juez "a quo" que se trató de una imprecisión a la luz de los restantes elementos de prueba aportados a la causa-. También declara el dicente que "...mientras trabajó con el actor no había otras personas trabajando diariamente, si había una persona que limpiaba dos veces por semana. Que respecto de quien le daba las ordenes a la Señora, se las daba el actor o el testigo. Que a la señora de la limpieza le pagaba el actor o el testigo....Que el alquiler se lo pagaban al Sr. Lucrecio. Que si el testigo no pagaba lo hacía el actor...".

Por otra parte, la testigo Coppo -fs, 126- es coincidente con los términos de Vargas pues la testigo, quien trabajara en tareas de limpieza del local, manifestó que en ocasión de pedir trabajo en la parrilla en cuestión, el actor le ofreció trabajo de limpieza y la tomó para que concurriera dos veces por semana... que fue el actor quien le dio trabajo....que le pagaba Vargas o Aguirre -actor- y que en la parrilla estaban sólo ellos dos.

Asimismo, el testigo Almaraz de fs. 130 -quien fuera ayudante del demandado en tareas de plomería y gas- declara que "... las veces que fue con el demandado a la parrilla, estando el actor, no vio al demandada trabajando en la parrilla...".

Por otra parte, cabe señalar que otro de los argumentos del actor en su escrito de inicio es que laboró hasta el mes de noviembre de 2006, lo que ha sido desvirtuado totalmente por los elementos de prueba arrimados a la causa, fundamentalmente los dichos del testigo Casarotto -fs. 165-, dueño del local, quien afirma "...que el local fue alquilado a Lucrecio Placencio desde el año 2003 hasta junio o julio del año 2006... Que el contrato se rescindió porque había terminado y no lo quiso alquilar más, se quedó un mes más y se fue, que era hasta mayo y se quedó hasta junio..." lo que coincide con lo sostenido por el demandado a fs. 36 vta. cuando argumenta que con fecha 1 de julio de 2006 se devolvió el inmueble a su locador, Sr. Hugo Alberto Casarotto y que se demoró sólo un mes más del vencimiento por que hubo que acondicionar el local para devolverlo a su dueño.

Por lo demás, entiendo que las declaraciones testimoniales de Juarez -fs. 128- quien se declara amigo del actor, Venegas -fs. 165- quien declara conocer al actor de la Iglesia Catedral Cristiana, y Techera -fs. 131- quien declara conocer al actor cuando éste trabajaba con el marido de la dicente en una remisería- se manifiestan como ocasionales clientes y no resultan contundentes en sus dichos.

Por lo expuesto, argumentos propios del fallo apelado y no encontrando en el escrito recursivo en examen elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido, propongo que se confirme el pronunciamiento de grado.

En cuanto a la imposición de costas, considero que el actor pudo considerarse asistido de un mejor derecho a litigar, por lo que en el presente caso y en atención a las particularidades que el mismo presenta, propongo que las costas sean soportadas por su orden en ambas instancias.

En cuanto a los honorarios regulados considero que los mismos resultan elevados en atención a la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes, por lo propongo establecer los correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en la suma de $3000 y para la de la parte actora en la suma de $2700, por la totalidad de los trabajos profesionales cumplidos en autos.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda, se alza la parte actora a tenor de los argumentos que esgrime en el memorial de fs. 254/259, cuya réplica luce a fs. 263/264.

Por otra parte, el letrado apoderado de la demandada apela los honorarios regulados a su favor, por bajos (conf. fs. 374).

El apelante afirma que la sentencia le causa agravio porque entendió que el actor no acreditó el vínculo dependiente invocado, en el entendimiento de que las labores realizadas en el establecimiento gastronómico tuvieron lugar en el marco de una sociedad de hecho integrada por el actor y el Sr. Vargas y en calidad de sublocadores del demandado. Sostiene, en lo que interesa y en síntesis, que se efectuó una errónea valoración de los testimonios de Vargas y Coppo, toda vez que considera que el accionado no ha logrado acreditar la calidad de socio del actor, a lo que añade, que en cambio, se encuentra probada la subordinación técnica, económica y jurídica que caracteriza un vínculo laboral dependiente.

Analizadas las constancias de la causa, adelanto que en mi opinión le asiste razón al apelante.

Conforme surge de las constancias de autos, las partes son contestes respecto a que el actor desarrolló la labor de parrillero en el local de la calle H. Yrigoyen 3292 a partir del mes de febrero de 2006, si bien existen posiciones encontradas respecto a la fecha en que finalizaron dichas labores, y del encuadre jurídico que corresponde a las mismas.

Entiendo que el demandado no ha logrado acreditar los extremos sobre los que fundó su defensa. En ese sentido, reconoció haber alquilado el establecimiento gastronómico, pero sostiene que el mismo fue sublocado a diversas personas, entre ellas el actor y el Sr. Vargas, quienes conformaban una sociedad de hecho. Ahora bien, de los términos del contrato que luce a fs. 17/19, se deriva que el Sr. Placencia tenía prohibido sublocar o ceder, lo que luce ratificado por el testimonio del propietario del inmueble, Sr. Casarotto (fs. 164). Asimismo, el testigo manifestó que el demandado abonó el canon locativo durante toda la vigencia del contrato, así como los impuestos y servicios del establecimiento locado. A ello se suma que no se ha logrado acreditar la negativa del Sr. Cassarotto a rescindir en forma anticipada el contrato de locación suscripto, tal como fue invocado en la contestación de demanda.

Frente a lo expuesto, el único elemento de prueba que da cuenta de la sublocación en el marco de una sociedad de hecho, resulta ser el testimonio de Vargas (fs. 123), pero en términos contradictorios con lo sostenido por el demandado en su defensa.

En efecto, sin perjuicio que el testigo confundió el año en que tuvieron lugar los hechos relatados, lo cierto es que el demandado sostuvo que su trato tuvo lugar únicamente con el Sr. Vargas por lo que desconocía las particularidades del vínculo con el actor, sin embargo Vargas declaró que el demandado le presentó al actor como su amigo, una semana antes de abrir la parrilla y que trataba tanto con el testigo como con el actor. Lo expuesto, luce ratificado por los dichos de Juárez (fs. 128), quien presenció el momento en que el demandado fue a buscar al actor a otra parrilla para que fuera a trabajar al establecimiento de la calle H. Yrigoyen 3292.

Asimismo, el demandado sostuvo que el local donde prestó tareas el actor no tenía habilitación municipal, si bien oportunamente había dado inicio a su tramitación. Ahora bien, sin perjuicio de los dichos de Vargas en sentido contrario a lo expuesto, en el informe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del GCBA, consta a fs.159 una copia de la nota presentada por el demandado en el mes de febrero de 2006, en forma contemporánea a la prestación de tareas del actor, donde reconoce su calidad de titular de la explotación gastronómica, lo que procuró desconocer sin éxito en oportunidad de contestar demanda.

A ello se añade, con relación a las actividades denunciadas por el demandado, que el mero hecho de contar con una credencial que acredite su calidad de maestro mayor de obras y gasista matriculado (conf. fs. 68 y 76/77), en modo alguno permite concluir que le haya imposibilitado llevar adelante la explotación del establecimiento gastronómico. En ese sentido, el demandado debió invocar y acreditar la realización efectiva de otras actividades entre los meses de febrero a noviembre de 2006, lo que no encuentro cumplido en el caso, toda vez las referencias genéricas efectuadas por el testigo Almaraz (fs. 130) en modo alguno permiten arribar a dicha conclusión. En el mismo sentido, tampoco luce acreditada la actividad de su hijo y su desinterés en explotar la parrilla, tal como fuera sostenido.

Por las consideraciones expuestas, de acuerdo a las directivas del art. 23 de la LCT, encontrándose acreditada la prestación de tareas y toda vez que el demandado no ha logrado probar que el actor revestía el carácter de empresario, contando con una organización productiva propia, concluyo que el actor se encontró vinculado por una relación de dependencia en los términos de los arts. 21 y ss. de la LCT.

En consecuencia, acreditado el vínculo dependiente, cabe concluir que le asistía razón al actor cuando intimó para que se registrara su contrato de trabajo, por lo que la respuesta de la demandada, negando el vínculo laboral, constituye por sí misma injuria grave y suficiente para justificar el despido indirecto dispuesto por el entonces dependiente y en consecuencia, corresponde diferir a condena las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

A los fines de determinar los rubros derivados a condena, corresponde tener por cierta la remuneración de $1.200.- denunciada en la demanda, toda vez que acreditada la calidad de empleador del aquí demandado, cobra operatividad la presunción del art. 55 LCT, sin que se haya producido prueba en contrario que logre desvirtuarla.

No procede el rubro relativo a los haberes de agosto y setiembre de 2006, toda vez que de la prueba rendida en autos se deriva que el local fue restituido al propietario con fecha 01/07/06, por lo que mal pudo existir prestación de tareas en beneficio del demandado, con posterioridad a dicha fecha (conf. fs. 17/20 y 164).

Entiendo que corresponde derivar a condena los rubros reclamados en concepto de SAC y vacaciones proporcionales al tiempo trabajado durante el año 2006 así como los adicionales correspondientes a Presentismo, Asignación Complementaria y Plus Alimentación de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 11.4, 11.5 y 11.6 del CCT 389/04.

Por el contrario resulta improcedente el reclamo en concepto de horas extras, toda vez que no encuentro acreditada la labor que el actor invoca haber cumplido los días sábados de 13 a 18 horas. En ese sentido, los términos de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, no dan cuenta de la prestación de tareas fuera de la jornada legal.

Corresponde diferir a condena la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, ya que se encuentran cumplidos los presupuestos exigidos por la ley, sin que se esgriman argumentos que justifiquen la reducción o la eximición de su pago.

Asimismo, considero que deben derivarse a condenar también las indemnizaciones establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. En efecto, el actor acreditó la notificación a la AFIP requerida por el art. 47 de la ley 25.345 modificatoria del art. 11 de la ley 24.013, mediante el envío de la misiva que luce a fs. 42, cuya autenticidad se encuentra acreditada por el Correo Oficial a fs. 92. En consecuencia, propicio diferir a condena la suma de $1.200.- y $3.600.- en concepto de multa art. 8 y 15 ley 24.013, respectivamente.

Seguidamente analizaré la procedencia de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561.

Al respecto, en atención a lo expuesto y la fecha en que se produjo el despido, considero que también asiste derecho al actor de percibir la indemnización establecida en el art. 16 Ley 25.561, modificado por el art. 4º de la Ley 25.972, ello por cuanto ha tenido lugar en el caso de autos un despido arbitrario y sin causa. Con relación a su cuantía, la reforma del art. 16 Ley 25.561 producida por el art. 4 Ley 25.972, implica que la base de cálculo de la indemnización agravada es solamente el equivalente de lo previsto en el art. 245 LCT, en tanto la claridad de la última norma mencionada no dejó al poder reglamentario mayor margen que el de cuantificar el porcentaje de incremento, que conforme el dec. 1433/05, fue fijado en un 50%.

Es dable destacar, que si bien respecto de este tema se ha convocado a plenario en la causa "Oliva, Jessica Romina c/ Yanine S.A. s/ despido", las siguientes Salas de esta Cámara ya han sentado doctrina respecto del tema en cuestión en el mismo sentido al aquí expuesto: Sala II: "Rao, Matías Hernán c/ Consolidar AFJP s/ despido", SD. 95.017 del 10.07.07; Sala IV "Llanos, Aurora del Carmen c/ Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia s/ despido", SD. 93.715 del 31.10.08; Sala V: "Calcagno, Analía Verónica c/ Supermercados Ekono S.A. s/ despido", SD. 70.685 del 21.05.08; Sala VI: "Abrescia, Juan Rodolfo c/ Telecom Argentina S.A. s/ despido", SD. 61.423 del 26.06.09; Sala VIII "Mateucchi, Cecilia Beatriz c/ COTO C.I.C. S.A. s/ despido", SD. 34.866 del 26.03.087; Sala IX: "Ruiz, Elisabeth del Valle c/ Hogar de Ancianos S.A. s/ despido", SD.15.246 del 30.12.08, Sala X: "Kast de Rosso Ana c/ Olivieri s/ consignación", SD. 16.305 del 14.10.08. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el art. 301 del C.P.C.C.N., corresponde expedirse en el punto a tratar.

Por lo expuesto, propicio diferir a condena en concepto de indemnización art. 16 ley 25.561 la suma de $600.- A continuación corresponde me expida sobre la procedencia de la multa establecida en el art. 80 de la LCT. En forma prelimitar, advierto que en el sello obrante en el telegrama de fs. 44 y 89 se consignó en forma errónea el año en que tuvo lugar su remisión, reiterado en el informe de correo de fs. 92. De conformidad con las restantes constancias de autos y en especial, tomando el consideración que el comprobante obrante a fs. 44 indica que el telegrama Nº CD 828261348AR fue enviado el día 04/04/2007 y no el 04/04/2006, corresponde tener por cumplida el requerimiento establecido en el art. 45 de la ley 25.345.

En consecuencia, toda vez que, encontrándose debidamente intimado, el demandado no procedió a la entrega de las certificaciones reclamadas ni dentro del plazo de los treinta días previsto por el dec. 146/01 ni luego de vencido el mismo, corresponde diferir a condena la suma de $3.600.- en concepto de multa art. 80 LCT.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ingreso de la actora el 28/02/2006, su fecha de egreso el 30/06/2006 y la remuneración fijada en $1.200.-, la demanda prosperará por los siguientes rubros y montos: Indemnización por antigüedad $1.200.-; Indemnización sustitutiva de preaviso más SAC $1.300.-; Integración Mes Despido más SAC $1.300.-; Adicional por Presentismo $480.-; Asignación Complementaria $576.-; Plus Alimentación $480.-; SAC Prop. 2006 $400.-; Vacaciones Prop. 2006 $288.-; Multa Art. 80 LCT $3.600.-; Art.8 Ley 24.013 $1.200.-; Art. 15 Ley 24.013 $3.600.-; Art. 2 Ley 25.323 $1.800.-; Art. 16 Ley 25.561 $600.-, ascendiendo el monto nominal total de condena a la suma de $16.824.-, a la que habrán de adicionarse los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357).

También procede condenar a la demandada a hacer entrega al actor, dentro del quinto día de notificados de la liquidación e intimación de pago previstos por el art. 132 de la L.O., de las certificaciones establecidas en el art. 80 LCT, según lo dispuesto en los considerandos precedentes y bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $50 por cada día de retraso (Conf. art. 666 bis del CC), que correrán durante sesenta días, transcurridos los cuales sin que se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto, las certificaciones serán extendidas por el Juzgado, sin perjuicio del derecho al cobro de las astreintes ya devengadas.

Lo anteriormente decidido, torna abstractos los agravios en relación con los honorarios que fueron regulados y me lleva a dejar sin efecto lo dispuesto en la anterior instancia en materia de costas y honorarios, por lo que corresponde imponerlos en forma originaria (conf. art. 279 C.P.C.C.N.).

Propongo imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada -comprensivos de las tareas cumplidas en ambas instancias- en el 17% y 14%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena (conf. ley 21839 y art. 38 L.O.).

De prosperar mi voto, propongo: 1) Revocar la sentencia apelada; 2) Hacer lugar a la demanda y condenar a LUCRECIO PLACENCIO a abonar al actor dentro del quinto día de notificado en la oportunidad prevista por el art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $16.824.- (pesos dieciséis mil ochocientos veinticuatro) por los conceptos y montos determinados en el considerando respectivo. Sobre dicha suma se adicionarán los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357). 3) Condenar a la demandada a hacer entrega al actor, dentro del mismo plazo, de las certificaciones establecidas en el art. 80 LCT, según lo dispuesto en los considerandos precedentes y bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $50 por cada día de retraso (Conf. art. 666 bis del CC), que correrán durante sesenta días, transcurridos los cuales sin que se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto, las certificaciones serán extendidas por el Juzgado, sin perjuicio del derecho al cobro de las astreintes ya devengadas. 4) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. 5) Regular los honorarios de los letrados de la parte actora y de la parte demandada por la actuación en ambas instancias, en el 17% y 14%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Beatriz I. Fontana.

No soslayo que las declaraciones testimoniales rendidas en la causa son muy encontradas entre sí; en particular, en cuanto a que los diversos declarantes refieren al carácter de trabajador, socio, e inquilino del reclamante.

Por ello, no permiten arribar -con mediana claridad- a una conclusión respecto de cuál era el tipo de relación que vinculó a las partes.

En tal sentido, soy de la opinión de que si existiera alguna duda con relación a cómo fallar, debe estarse a la solución más favorable al trabajador, ello en virtud de lo normado en el art. 9º de la ley de Contrato de Trabajo, que recepta el principio general conocido como favor operari, aplicable inclusive en materia probatoria.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada; II) Hacer lugar a la demanda y condenar a LUCRECIO PLACENCIO a abonar al actor dentro del quinto día de notificado en la oportunidad prevista por el art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $16.824.- (pesos dieciséis mil ochocientos veinticuatro) por los conceptos y montos determinados en el considerando respectivo. Sobre dicha suma se adicionarán los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357). III) Condenar a la demandada a hacer entrega al actor, dentro del mismo plazo, de las certificaciones establecidas en el art. 80 LCT, según lo dispuesto en los considerandos precedentes y bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $50 por cada día de retraso (Conf. art. 666 bis del CC), que correrán durante sesenta días, transcurridos los cuales sin que se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto, las certificaciones serán extendidas por el Juzgado, sin perjuicio del derecho al cobro de las astreintes ya devengadas. IV) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. V) Regular los honorarios de los letrados de la parte actora y de la parte demandada por la actuación en ambas instancias, en el 17% y 14%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena.JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID. NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO á