Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-04


SENT Nro. 10 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en autos: "Torres de Porcel, Carmen Isabel vs. Soria, Manuel Edgardo s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 246/250 vta. por el apoderado de la actora, Carmen Isabel Torres de Porcel, en contra de la sentencia de fecha 05/02/2003 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento recurrido (fs. 240/241) dispuso confirmar la sentencia del juez a quo que oportunamente rechazara la demanda interpuesta en autos, conforme los argumentos allí expuestos.

A fs. 254 y 256, los accionados contestan el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 28/4/2003 que glosa a fs. 263, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, expresa el recurrente que el tribunal de alzada condiciona la procedencia de la acción intentada a la previa verificación del crédito principal (al que accede la garantía hipotecaria aquí ejecutada) cuando la ley no impone tal recaudo previo (ni la ley falencial, ni las normas del Código Civil o de Comercio). Se agravia de que la Cámara haya definido la cuestión -negando la procedencia de la ejecución hipotecaria- haciendo mérito de la sentencia firme, dictada ante el juez civil común y mediante la cual se rechazara el pedido de verificación del crédito en contra de los titulares del inmueble hipotecado. Expresa que tal argumentación constituye una intromisión inadmisible en las facultades legislativas propias de otro poder del Estado y supone crear un procedimiento especial no previsto en la ley, para el ejercicio de las acciones como la interpuesta en autos.

Desde otra perspectiva, señala que la Sala a quo omitió analizar los agravios expresados por su parte en la instancia de apelación. Afirma que de conformidad al título esgrimido -el contrato hipotecario base de la presente ejecución- no puede sostenerse que los demandados sean "dadores de hipoteca-no deudores". Señala que por el contrario, los accionados se constituyeron en deudores principales, que asumieron el pago de la deuda garantizada.

Alega la infracción a los arts. 2005, 3108 y concordantes del Cód. Civil y el art. 8 y 480 del Cód. de Comercio. Entiende asimismo, que la fundamentación aparente de la sentencia impugnada, la descalifica como acto jurisdiccional válido (art. 33 y concordantes del CPCC).

IV.- Tal como surge de la doctrina del pronunciamiento recurrido, la Sala a quo entendió que la ejecución hipotecaria debía ser rechazada en razón de que los demandados en autos -no obstante haber constituido a favor de la actora una garantía hipotecaria- eran "dadores-no deudores". Consideró el tribunal de alzada que la calificación dada a la relación jurídica que unía a los ejecutados con la actora -firme para las partes en virtud de la sentencia dictada en autos "Soria, Manuel Edgardo y otros s/Concurso preventivo-Incidente de revisión promovido por Carmen Isabel Torres de Porcel"- obstaba a la procedencia de la presente ejecución.

La lectura del pronunciamiento impugnado revela que es éste el núcleo central de lo resuelto por la Sala a quo. Desde esta perspectiva, los agravios del recurrente -encaminados a sostener la arbitraria imposición de un requisito no previsto por la ley- deben ser desestimados.

La Cámara señaló que las razones expresadas por el juez del concurso al resolver la inadmisibilidad de la verificación peticionada -firme para las partes- eran las que justificaban el rechazo de la pretensión ejecutiva deducida en autos. Era la calificación jurídica de la situación de los ejecutados, la que impedía el progreso de la acción intentada. Tal como se planteó la ejecución en autos y de conformidad a la calificación antes mencionada, la acción interpuesta no podía prosperar.

La jurisprudencia tiene dicho que "Cuando la hipoteca está constituida sobre un inmueble que no es de propiedad del deudor, es decir que existe un tercero hipotecante, la previa intimación de pago de la deuda personal al deudor es una restricción o límite impuesto por la ley al ejercicio del derecho de hipoteca por parte del titular de ese derecho real (arts. 3163, Cód. Civil y 540, Cód. Procesal) por lo que siempre debe intimarse de pago al deudor para luego perseguir y subastar la cosa" (cfr. C.Civ. y Com. Azul, Sala II, 18/8/97, "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. c. Ané, Miguel A.", LLBA, 1998-363 - JA, 1998-I-407). En el mismo sentido se ha sostenido: "Corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título deducido por el tercero constituyente de la hipoteca al haberse enderezado la ejecución en su contra sin intimar de pago al deudor principal pues no es procedente la ejecución hipotecaria promovida sólo contra el tercero constituyente o hipotecante no deudor, quien no puede ser condenado en forma directa y autónoma" (CNCiv., Sala H, 8/5/2002, "Y.P.F. S.A. c. Ramos, Roberto R.", LL 2002-F,158 - DJ, 2002-3, 533; en igual sentido, CNFed.Civ. y Com., Sala I, 11/12/2001, "Caja Complementaria de Prev. para la Actividad Docente c. Dinar Líneas Aéreas S.A.", LL 2002-D,958).

De la lectura del recurso interpuesto y de su confrontación con la sentencia impugnada se comprueba que los agravios formulados incumplen manifiestamente el recaudo de suficiencia impuesto en el art. 816 del código de rito. Los fundamentos expuestos en el memorial casatorio resultan insuficientes para descalificar como acto jurisdiccional válido, a la sentencia objeto del recurso.

De conformidad a lo expresado, permanece indemostrado el vicio que se imputa al decisorio en crisis.

Esta Corte de Justicia ha reiterado en numerosos fallos que al interponer un recurso casatorio, es menester que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la sentencia recurrida, lo que no acontece en la especie. (cfr. CSJTuc., sent. nro. 140 del 18/3/2003, "Valdez, Luis María y otra vs. Consorcio Edificio Jade s/Daños y perjuicios"; sent. 82 del 27/02/2001, "Chacano, Carlos Gabriel s/ Homicidio calificado"; sent. 778 "Ginard Enrique Gabriel y Bazán Jorge Federico s/ Robo agravado en grado de tentativa" del 25/9/2001, entre otros).

Pese al esfuerzo desplegado por el recurrente, no se logra demostrar el error que se atribuye al decisorio impugnado y es precisamente el déficit recursivo el que sella en forma adversa, la suerte del remedio interpuesto.

V.- A mayor abundamiento, y sin soslayar que el tribunal de alzada destacó la firmeza del pronunciamiento que atribuyó la calificación jurídica a la relación entre las partes, tampoco luce justificado el agravio que cuestiona el modo en que se interpretó el rol asumido por los ejecutados en el contrato hipotecario agregado a fs. 7/11.

En efecto, afirma el recurrente que los ejecutados en autos se constituyeron en deudores principales de la deuda garantizada con hipoteca y que esa circunstancia no fue valorada en la instancia de apelación, tal como su parte proponía en el memorial respectivo.

La lectura liminar de la escritura hipotecaria agregada a la causa -cuya interpretación se cuestiona en autos- no permite admitir la crítica que el recurrente formula. Es que aún prescindiendo del argumento según el cual aquella calificación se encontraba firme para las partes -extremo que ni siquiera se intentó refutar en el sublite- el quejoso no logra demostrar el vicio de arbitrariedad que imputa al pronunciamiento recurrido.

Esta Corte tiene dicho que "la rica y amplia saga de aspectos que se juzgan sobre el sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las estipulaciones que integran un contrato, constituyen manifestaciones que se radican en el área de la interpretación del negocio jurídico y conforman, como regla subordinante, tarea reservada a los jueces de las instancias ordinarias y ajenas, por ende, de censura o control en la instancia casatoria" (cfr. CSJTuc., sentencia nº 95 del 18/4/94 en autos "Morales, Marta M. vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Cobro de australes"; sent. nro. 599 del 05/9/96 en autos "Romero, José Felipe vs. Horbert S.A. s/Cobro ejecutivo"; nº 836 del 13/11/98 en autos "Castro, Ana María vs. Círculo Car Móvil S.R.L. s/Cumplimiento de contrato"; sentencia del 18/4/2000 en autos "Coop. de Trabajo Agropecuario La Merced vs. Cañeros Obreros y Empleados S.A. COESA y otro s/Rescisión de contrato"; sent. nro. 27 del 17/02/2000 "Elías, Oscar H. y otro vs. Hugo César Sánchez y otro s/Cobro de pesos"; sent. nro. 710 del 03/9/2001 "Fernández Carlos Emilio vs. Feyling Mabel s/Cesación de alimentos").

Interpretar la posición contractual asumida por las partes en un contrato determinado (acreedor, deudor, dador de una garantía, etc.) y el alcance de las obligaciones derivadas de cada rol constituye una cuestión de hecho ajena a la casación, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad; extremo éste que en el sublite, no logra ser demostrado.

VI.- Las costas del presente recurso serán soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la actora, Carmen Isabel Torres de Porcel, en contra de la sentencia de fecha 05/02/2003 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA