marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Lo atinente a la incorporación -en el proceso seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación- de declaraciones obrantes en un expediente, remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, materia que, como regla y por su naturaleza, resulta ajena a la instancia extraordinaria, máxime si el planteo de la defensa exhibe una palmaria contradicción con su propia conducta procesal.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Suspensión por falta o disminución de trabajo, obligaciones del empleador, pago de la remuneración, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: MESSINA, JORGE RICARDO Y OTRO c/ ZUBIZARRETA WARD, PABLO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Ante un caso de fuerza mayor o falta de trabajo, el empleador puede disponer las pertinentes suspensiones por aquellos motivos (artículos 218 y siguientes Ley de Contrato de Trabajo) pero no incumplir la obligación que el incumbe respecto del pago del salario (artículo 76 Ley de Contrato de Trabajo) ya que ninguna norma lo faculta a demorar el pago de las remuneraciones por razones económicas.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, honorarios, base regulatoria, incidente de caducidad, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Fernández Alfredo Mariano y Otras s/ Ejecutivo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-29

No resulta arbitraria la sentencia de alzada por la que se concluye que, en el supuesto de un juicio concluido por caducidad de instancia, la regulación de los honorarios profesionales debe regirse -para el incidente y el juicio principal- por el artículo 191 inciso "b" de la ley 2150, debiendo tomarse como base la mitad de la suma reclamada, que se integrará con intereses en la medida que hayan sido reclamados en la demanda.
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, remate no judicial, AFIP DGA, depósito, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MI TESORO SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA    INCIDENTE-RECUPERACION DE BIENES-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

Siendo que los remates efectuados por la administración nacional de aduanas son subastas extrajudiciales (ley 22.415) Y por ende subsumibles en la ley 19.551: 24, cabe a aquélla rendir cuentas sobre el resultado de esos actos en el término de veinte días desde la realización de los mismos, e integrar a su fenecimiento el remanente correspondiente a la quiebra.

La omisión de depositar esos saldos determina su actualización desde esa época pues deben encontrarse disponibles para el concurso en tal momento.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, Estado Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Floreancig, Andrea  Cristina y otro por sí y en representación desu hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Seguro de automotores, carácter no remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AMERICAN PLAST S.A.I.C. c/ C.A.S.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-13

Los seguros y patentes de los automóviles particulares han de correr por cuenta de éstos, toda vez que se refieren a bienes que integran el patrimonio de los dependientes y no de la empresa: el particular los ha adquirido para sí, sin relación con su vínculo laboral con el empleador. En consecuencia, corresponde desestimar la impugnación de deuda intentada contra los cargos formulados por omisión de aportes sobre los rubros referidos.
Propiedad horizontal, partes comunes, acción de obra nueva
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GALILEO 2435/43 c/ TONCONOGY, Julio Alberto s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-12

La terraza, patios solares, azoteas, son de propiedad común (art. 2, ley 13.512) y la copropiedad se extiende al espacio aéreo (art. 2518 del C.Civil). Para realizar obras nuevas que afecten esa parte común del edificio, es necesaria la autorización de todos los propietarios. En efecto, tratándose de una innovación en beneficio exclusivo de uno de los copropietarios, es aplicable la última parte del art. 7 de la ley 13.512, pues los otros copropietarios no pueden ser privados de sus derechos sobre los bienes comunes si no han dado autorización expresa.

El abuso del derecho no puede ser invocado por el copropietario que en su interés particular pretende efectuar innovaciones en las partes comunes sin la autorización de todos los otros.

La remoción o demolición de lo construido en infracción a las normas legales y reglamentarias, podrá parecer severa, pero está impuesta por la necesidad de preservar la pacífica convivencia de los comuneros, la cual se tornaría intolerable si cada uno decidiera, por su cuenta, realizar innovaciones u obras nuevas en el edificio, levantando construcciones en patios, terrazas o azoteas.
Amparo por mora, cuestión abstracta, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TORRELLAS LAFUENTE, MARTHA ESTELA c/ S.I.D.E. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Corresponde modificar la imposición de costas a la demandada cuando en el amparo por mora se declaró abstracta la cuestión ya que el art. 14 in fine de la ley 16986, aplicable supletoriamente, prevé una especial solución si antes del plazo fijado para contestar el informe regulado en el art. 8 de dicho ordenamiento cesaran las causas que dieran origen al amparo, no habrá condena en costas.
Accidentes de trabajo, carga de la prueba, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez Darío Antonio c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-30

La carga de afirmación que el art. 59 inc. c) del ritual establece incide especialmente sobre la posición del accionante porque es este quien "ataca" y pretende una condena. Dado ello el CPL le reclama indicar "..lo que se demanda y los hechos en que se funde, explicados claramente". Sin embargo el libelo inaugural se encuentra en las antípodas de esta prescripción porque en vez de "mostrar" o ilustrar sobre la supuesta lesión psiquiátrica que afectaría al actor, utilizando un lenguaje retorcido evidencia lo contrario: que en lugar de detallar pretende "ocultar" y decir lo menos posible. No habiendo explicitado el demandante en qué consistía el daño psíquico cuya reparación reclama, no correspondía tener por correctamente "articulado" este extremo fáctico (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vallejos, Roberto Santos c/ Concejo Deliberante de Vicente López. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

En atención a la índole del problema planteado, la tacha de arbitrariedad es particularmente restrictiva, respecto de la decisión que no hizo lugar al conflicto promovido por un concejal destituido de su cargo por el respectivo Concejo Deliberante.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Simal, Inés C. c/ Prov. de Bs. As. (Dirección de Cultura y Educación) s/ Acción de amparo.Cuestión de competencia art. 6¦ C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

La materia que somete a juzgamiento es propia de la competencia contencioso administrativa que, en forma transitoria, ejerce este tribunal por mandato constitucional (art. 215, 2da. parte Const.

prov.) si la pretensión actora implica la revisión judicial de medidas adoptadas por la autoridad administrativa en el marco de una relación de empleo público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bufo, Angel José c/ De Luca, Domingo Mario y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

El buen criterio de fijar los montos indemnizatorios a valores de la fecha del fallo no fue enervado por la vigencia de la ley 23.928, en tanto ésta se refiere a las deudas dinerarias y no a las de valor, como son las resarcitorias provenientes de un hecho ilícito;

preservándose con ello de manera más eficaz el principio de reparación integral que gobierna esta materia (art. 1083 del Cód.

Civil).
Cheque, protesto, intimación de pago, responsabilidad penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: BRONZEL, Jacobo s/ CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1962-11-13

Para la configuración del delito previsto en el art. 302 del Código Penal, es indispensable que el protesto además de la intimación del pago del cheque, reúna solamente los requisitos exigidos por los inc. 1 y 6 del art. 717 del Código de Comercio.

NOTA: Ver Dec.-Ley 4776/63 y art. 10 de la ley 16.648.
Prescripción adquisitiva, prueba, falta de prueba, titularidad del dominio, posesión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pagliano, María Alejandra c/ Pagliano, Marcelo Luján s/ Ordinario - Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-22

La prescripción adquisitiva constituye un modo "excepcional" de adquirir el dominio y por ende se requiere que la prueba tendiente a acreditar los presupuestos sea insospechada, clara, objetiva y categórica de manera tal que genere una total convicción sobre la situación de hecho que despeje toda duda y la demandada no ha logrado acreditar la configuración de tales recaudos. Probado que la actora es titular de un derecho real de dominio sobre la cosa, no se advierte espacio para aceptar la postura del demandado, quien se arroga la condición de poseedor en base a sus propias afirmaciones, sin ningún respaldo fáctico que lo sustente.), siendo evidente que la posesión invocada a más de no acreditada, según se ha visto, no reúne las condiciones ni antigüedad que se requiere.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIMA S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Si las partes de un contrato de obra pública han convenido el modo de medir las variaciones de costos en función de un índice de los que publica el INDEC, aplicable según fórmulas previstas, no es admisible pretender -so pretexto de que circunstancias desconocidas variaron las condiciones de la oferta- la aplicación de un índice "inexistente" que contemple los supuestos desvíos, puesto que el índice previsto es uno solo y es el que debe aplicarse si así se ha convenido.
Competencia civil, consignación judicial, guardería, Colegio Público de Abogados
Materia: CIVIL
Carátula: MOUJAN,  Martín  Andrés c/ COLEGIO  PÚBLICO  DE  ABOGADOS DE LACAPITAL FEDERAL s/ CONSIGNACIÓN s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-10

Corresponde entender a los tribunales civiles en un proceso seguido por consignación judicial del pago de cuotas correspondientes al Jardín Maternal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal porque si bien el art. 17, 2° párrafo de la ley 23.187 le atribuye el Colegio el carácter de persona jurídica de derecho público, ello no implica que toda su actividad se encuentra dentro de esa órbita, en tanto tiene a su cargo la gestión de intereses públicos y privados, por lo que el régimen jurídico es esencialmente mixto, según la distinta naturaleza de las actividades que realiza esa institución. Sólo en algunos ámbitos específicos - referidos al cometido administrativo al cual la ley lo habilita - se rige por el derecho administrativo, conforme lo establece el 3° párrafo del art. 17 de la referida normativa.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Mignone, Mario c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

El rechazo del amparo con fundamento en la necesidad de mayor debate y prueba y la existencia de otras vías importa la aplicación de un criterio en extremo formalista, que atenta contra la efectiva protección de los derechos que aquel instituto busca asegurar, al no acreditar en forma concreta cuáles eran los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso, omisión que demuestra la deficiente fundamentación del pronunciamiento. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Caducidad de instancia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Roberto (Hoy Sucesión) c/ Ester Becker s/ ordinaria - incidente de regulación de honorarios deducido por el Dr. J. C. S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-18

Declarada la perención de la instancia, las costas por lo actuado en la causa principal deben ser soportadas por quien tenía a su cargo el impulso del proceso, pues ha sido su inactividad lo que impidiera llegar a un pronunciamiento que permita determinar las condiciones de vencedor o vencido.
Transporte aéreo, acción subrogatoria
Materia: AERONAUTICO
Carátula: St. Paul Fire and Marine Insurance Company. c/ Aerolíneas Argentinas. s/ Faltante y/o Avería de Carga Transporte Aéreo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

En este supuesto, el contrato de seguros celebrado entre la actora -compaÑía de seguros- y la consignataria, se efectuó en dólares. A raíz del siniestro, y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la aseguradora indemnizó a la consignataria en dólares y la subrogó en sus derechos y acciones (art. 80 de la Ley de Seguros y art. 767 del Código Civil). De acuerdo al art. 771 del C.C. de la subrogación legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor. La obligación original -aseguradora, asegurada- fue convenida en dólares y por la mecánica de la subrogación, la obligación sigue siendo en dólares, pero se advierte que el deudor de esa obligación en esa moneda, ya no es la asegurada, sino la transportista, que nada tuvo que ver en la relación negocial de seguro, y naturalmente, tampoco en sus cláusulas y por ende, en la moneda elegida. De la liquidación de averías (faltante) de la asegurada surge que el valor asegurado contra todo riesgo es de U$S 125.589,20, pero para hacerlo valer contra la transportista -me refiero al reclamo en moneda estadounidense-, se choca con un obstáculo por ahora insalvable y es la actual redacción del art.

771 del Código Civil -conceptualmente compartible o no- en cuanto presupone que para el pago -y saldo- de la obligación en moneda extranjera, debe haberse constituido una obligación en dicha moneda, va de suyo, entre las partes, que en autos son la consignataria, subrogada por la aseguradora y el transportista; y la aseguradora no tiene relación directa con el transportador, salvo la subrogación a sólo efecto de lograr el reintegro del pago efectuado a la aseguradora. Y a mi juicio, luego de una detenida meditación sobre el tema, el art. 771 de la ley de fondo en su actual redacción, -va de suyo en la antigua también- pone punto final al planteo de la actora. Corolario de todo lo dicho es que propongo la modificación de la sentencia de la instancia de origen, y se condene a pagar a la demandada la cantidad necesaria de pesos para satisfacer la suma reclamada de U$S 110. ,27, en las demás condiciones dispuestas en la sentencia, que por no haber sido motivo de agravio, pasaron en autoridad de cosa juzgada. Con notas. En cuanto a las costas de Alzada, las mismas se imponen en el orden en que fueron causadas.

(art. 68 del Código Procesal).
Evasión simple, retroactividad de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Kalleso Pedersen y otros s/ Infr. Art. 1° Ley 24.769, incidente apel. auto proc. de Kalleso Pedersen, Miguel (c. n° 207/07- JF.1)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-04

No corresponde la aplicación retroactiva de los nuevos topes introducidos por la ley 26.735 a fines de determinar la comisión del delito de evasión en concepto de salidas no documentadas, pues el objetivo de dicha reforma fue actualizar los mínimos exigidos para considerar verificado el delito de evasión frente a la depreciación del valor de la moneda, lo que no importó una desincriminación de conductas por debajo de esos valores, sino que obedeció a la necesidad de adecuarlos cuantitativamente al valor real y constante de la moneda (del voto en disidencia del Dr. Candisano Mera).
Prueba testimonial, declaraciones contradictorias
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez Hernán Jesús c/ Muñoz José Santiago y/o quien resulte responsable s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-18

El hecho que un testigo no haya visto trabajar a la accionante, no necesariamente lleva a excluir la existencia de la prestación laboral para la demandada, la que ha sido convenientemente acreditada en base a las testimoniales que indica la a-quo.
Organización de la justicia, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., P.P. c/ L., D.F. s/ Ejecutivo/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-21

La "instancia múltiple" carece, en nuestro sistema vigente, de corroboración constitucional explícita. La Constitución Nacional no preceptúa, en su letra ni en su espíritu, la doble instancia en todos los juicios y las restricciones -totales o parciales- posteriores al primer fallo no afectan los principios fundamentales que aquélla tutela.
Locación de servicios, responsabilidad indirecta, actos ilícitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO 4 DE SEPTIEMBRE LIMITADA c/ MULCA  SACI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Si el servicio prestado por la cooperativa consistió en la puesta a disposición del locatario de un trabajador temporario asociado a aquella para que cumpla por cuenta de la misma una tarea extraordinaria y eventual previamente determinada, se da el presupuesto fundamental de la responsabilidad refleja: la acción del sujeto que causa el daño es por cuenta ajena. La transferencia de la dirección y supervisión del agente en cabeza del locatario del servicio no disminuye la responsabilidad de la cooperativa por la elección del personal destacado para la tarea (en el caso, la cooperativa designó una persona con antecedentes penales para la realización en las oficinas de la contraparte de funciones que incluían el manejo de cheques, y habiendo deducido acción por el cobro de ese servicio, el demandado reconvino por los daños derivados de un fraude perpetrado por dicho trabajador).
Empleo público, prescindibilidad, razones de servicio, facultades discrecionales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Resulta impensable que el legislador haya asignado una potestad tan amplia a la Administración a punto de permitir que con la invocación de las razones de servicio para dar de baja se pudiera amparar el ejercicio arbitrario de la discrecionalidad administrativa. (Del voto del juez Coviello, cons. 4).
Compraventa, garantía de evicción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franetovich, José c/ Gasparini, Juan s/ Demanda por evicción y daños y perjuicios Franetovich, José c/ Gasparini, Juan s/ Demanda por evicción y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-02|1994-06-02

La citación de evicción es una carga que se impone al adquirente turbado para brindar al enajenante-garante la posibilidad de evitar la derrota y, al propio tiempo, su responsabilidad frente al turbado. Si el adquirente turbado omite formular la citación al enajenante, pierde el derecho de reclamar indemnización por una eventual derrota que sufra ante el tercero. Tal citación resguarda el derecho de defensa del enajenante, quien al defender a su adquirente se está defendiendo a sí mismo (art. 2110 C.C.).
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Casado, Adrián y otros s/ Infracción arts. 201 y 206 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-09

A la luz de los artículos 392, 397, 404 primera parte, 415, 416, 418, 421, correlativos y concordantes, cabe recordar que la casación es remedio excepcional, de estricto rigor formal, cuyos errores u omisiones no pueden ser enmendados o salvados de oficio por el Tribunal en razón de su limitada competencia.
Absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lescano Luis Alberto y Otra c/ Vilches Alberto Enrique y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-23

Este Tribunal debe necesariamente realizar una examen jurídico de la motivación de la sentencia cuando la valoración de la prueba deviene absurda por escaparse de las leyes lógicas formales.

Por ello es absurdo sostener que de la prueba producida en autos quedó debidamente acreditada la exclusiva responsabilidad en el accidente del tercero que se dio a la fuga, toda vez que no se probó fehacientemente la culpa de éste razón por la cual el fallo en crisis padece de ilogicidad manifiesta .
Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de constitucionalidad, interpretación de normas y actos locales, Poder Judicial Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Martinelli, José Antonio s/ Denuncia - causa n° 54.222
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La Corte Suprema no está autorizada para modificar la interpretación de las normas locales llevadas a cabo por los jueces provinciales, sino sólo para revisar la compatibilidad de las normas así interpretadas con la Constitución Nacional.