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Efectos de la sentencia penal en sede civil, prescripción de la acción penal, cosa juzgada, fallos de la Corte Suprema, responsabilidad civil, mala praxis, responsabilidad médica, cuasidelitos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ESPOSITO DE CHAVES, ELENA LEONOR c/ POLICLINICA PRIV. DE MEDICINA Y CIRUGIA S.A. SANATORIO MITRE Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La limitación establecida en el punto 4.A. de este voto no alcanza, al sobreseimiento por el delito de lesiones culposas, en tanto este resultó fundado en la prescripción de la acción penal (arts. 62, inc. 2° y 59, inc. 3°, del Código Penal, y arts. 336, inc. 1° y 334, del C.P.P.N.), y "... Es que, habiendo prescripción de la acción penal, no hay cosa juzgada, en cuanto a la responsabilidad, precisamente, porque no fue juzgada ..." (Del voto del Dr. Craviotto en la Causa N° 1178, del 19.2.91. de esta Sala). Por lo demás, tiene dicho la C.S.J.N. que el sobreseimiento por prescripción no produce efectos de cosa juzgada, a los fines de decidir sobre la responsabilidad civil (Fallos: 249:320 y 300:561). En efecto, es principio jurisprudencial admitido que, no existiendo identidad de objeto (acción pública) ni de personas (el Ministerio no representa al damnificado, pudiendo este actuar como querellante), nada impide examinar en esta órbita la existencia de eventual responsabilidad del médico por los perjuicios producidos en la hipótesis de considerarse verificado algún cuasidelito civil (LL 74-115, 105-365 y 143-639; ed 4-862; y JA 50.246), reconociéndose en este supuesto (sobreseimiento por prescripción de la acción penal) amplia libertad para decidir acerca de la cuestión (LL 1981-D-42, y especialmente rep. LL XXXIV-21 y JA 1982-IV-408).
Adopción, adopción plena
Materia: CIVIL
Carátula: IEH s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

El art. 313 del Código Civil no contiene una restricción antojadiza, con respecto a la adopción plena, sino que persigue evitar la ruptura del vínculo entre el adoptado y su progenitor de sangre (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, apercibimiento, recursos, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Costa, Asunción Catalina c/ INPS - Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Corresponde aplicar la sanción de apercibimiento (arts. 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y 18 del decreto-ley 1285/58, según reforma de la ley 24.289) a la apoderada del organismo previsional que ha obstruido indebidamente el curso de la justicia al interponer un recurso sin presentar agravios que se relacionen con las concretas circunstancias fácticas ni con las normas en juego, lo que ha ocasionado una demora injustificada en el otorgamiento de una prestación de naturaleza alimentaria.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, marketing
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez  Vila,  Teresa  Carmen  y  otro c/ Carmen Rosa Hidalgo y Asociados S.R.L. y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-28

Si bien el objeto social de la empresa demandada, consiste en la fabricación de pañales y productos de limpieza, y que el vínculo comercial que la unía con la empresa contratista, era destinado a tareas de marketing y publicidad de sus productos, se concluye que ambas actividades son claramente escindibles, puesto que aún cuando la publicidad y el marketing son beneficiosos para mejorar las ventas de quien fabrica y comercializa productos o servicios, de modo de coadyuvar al objeto social, no podría considerarse que se vinculan estrictamente con la actividad normal, específica y propia de quien contrata el servicio de publicidad, aún sosteniendo un criterio amplio en cuanto a la solidaridad establecida por el art. 30 L.C.T.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, incidentes, costas, pago
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Pedro Alberto c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ  Nº 264-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

Habiendo transcurrido en autos un lapso superior al contemplado en el artículo 63 de la ley 4106, sin que se instara la causa principal, debe declararse la perención de la instancia. La prohibición de promover incidentes al deudor de costas originadas en otro anterior no empece a la solución mencionada, toda vez que la ratio essendi del artículo 328 del Código Procesal Civil y Comercial estriba en evitar el entorpecimiento de la marcha regular del proceso; ello importa, por ende, un proceso en condiciones de ser instado y no guarda relación alguna con la acusación formulada, ya por una de las partes, ya por el propio Tribunal, de encontrarnos frente a un proceso fenecido por perención de la instancia, máxime si, como en el caso, la parte vencedora no ha pedido la paralización del trámite de la causa hasta cuando se efectúe el pago (art. cit., último párrafo).
Emergencia económica, lugar de cumplimiento del contrato, hipoteca, mutuo hipotecario
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Avaluar Sociedad de Garantía Recíproca c/ Luvama S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Corresponde aplicar la excepción prevista por el art. 1, inc. e, del decreto 410/02 a la ejecución de una hipoteca que accesoriamente garantiza un mutuo al que se le aplica la ley extranjera por cuanto el lugar de cumplimiento de la obligación principal era en el extranjero, donde el banco acreedor tenía su domicilio (arts. 37 y 41 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940), sin que la elección de la jurisdicción nacional importe la aplicación automática del derecho del foro "lex fori" a la relación sustancial, porque ello llevaría a confundir la naturaleza procesal de las normas de jurisdicción internacional con la naturaleza sustancial de las normas de derecho privado internacional (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Reincidencia, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: PENAL
Carátula: G., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL AGRAVADA POR REGISTRAR EL  PORTADOR ANTECEDENTES PENALES Y SUPRESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Sobre la temática de la reincidencia se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmando el criterio según el cual "el autor que ha experimentado el encierro que importa la condena, y a pesar de ello, reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Ese desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho". (Del voto de la Mayoría)
Caducidad de instancia, procedencia del recurso, declaración de oficio, aplicación de la ley, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANCHORENA CARLOS ANDRES Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-07

Si de la compulsa de las actuaciones se advierte que, ha transcurrido el plazo de caducidad previsto (art. 310, inc. 1 CPCCN), la petición fue formulada por la demandada sin consentir ninguna actuación del tribunal o la parte actora posterior al vencimiento (art. 315 CPCCN) y, máxime si ha transcurrido el plazo previsto en el art. 310 inc. 1° CPCCN, sin que la actora haya propiciado acto procesal impulsorio del proceso, corresponde confirmar la resolución que declara la caducidad de instancia, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: "Tanto el principio de progresividad como el de preclusión procesal reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia independiente y razonablemente pronta, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio" (B. 789 XXI, "Barry, María Elena c/ A.N.Se.S. s/ reajuste por movilidad", sent. del 10.10.96).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos, entidades financieras, depósito bancario, intangibilidad de los depósitos, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El decreto 1570/01 y la ley 25.561, en cuanto suspenden la aplicación de la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos bancarios, resultan inconstitucionales en su aplicación en tanto lesionan el derecho de propiedad pues debe considerarse que hay derecho adquirido para los particulares que realizaron sus depósitos en las entidades financieras bajo la vigencia de la última ley citada (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Honorarios, apertura de la instancia, defensa en juicio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B. A. D.  c/ DirecTV Argentina S.A.  s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-04

El examen del escrito recursivo en relación a la cumplimentación del recaudo de procedencia -art. 125, inc c. del CPL- debe efectuarse con generosidad y benevolencia tal que, en caso de mínima duda, la operatividad del principio favor processo permita la apertura de la instancia de alzada, en aras de garantizar el derecho de defensa del justiciable. En autos, la defensa ensayada por la ejecutada (excepción de inhabilidad de título) es breve y claro, y esa argumentación debió ser rebatida por el ejecutante (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Medidas cautelares, cese de uso de marca
Materia: PENAL
Carátula: Comerix S. A. c/ Lognecor SRL y otro s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-23

Se debe ponderar que el signo cuyo cese de uso se persigue no resulta exactamente idéntico a las marcas invocadas por la actora en calidad de titular, la índole de los vocablos involucrados, el carácter denominativo de las marcas de la peticionaria y la conformación gráfica con que los conjuntos son utilizados por ambas partes. Sobre el punto, y más allá de que es antigua doctrina del Tribunal que los precedentes jurisprudenciales poseen escaso valor para proyectar influencia sobre lo que corresponde decidir en otros litigios, desde que las soluciones son inescindibles de las concretas peculiaridades de cada caso (cfr. esta Sala, causas 5617 del 21/2/89, 0370 del 19/9/89, 1584 del 28/2/91, 2536 del 3/7/92, 1889 del 12/10/00 y 3397/98 del 21/6/01, en igual sentido Sala II, causa 2413 del 3/2/84, entre otras), el fallo citado por la actora no resulta aplicable a la especie toda vez que se trataba de marcas idénticas (cfr. esta Sala, causa 2233/99 "Ford Motor Company c/ Longman S.A. s/ nulidad de marca" del 10-5-01).
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Arellano, Rubén H. s/ Prisión preventiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La Defensora Oficial interpuso recurso de apelación contra la resolución que prorroga por el plazo de un año la proisión preventiva (art. 169 inc. 11 C.P.P., texto ley 12059). El auto que dispone la prórroga de la prisión preventiva no resulta recurrible por vía de apelación (art. 299 C.P.P.). (Minoría u opinión personal)
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: Lanza, José Luis -Incidente- y otros c/ Estado Nacional (BCRA) s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La tasa judicial tiene como hecho imponible el acto por el cual los actores instan la intervención de los tribunales, independientemente de las razones que lo llevaron a ello o de las consecuencias ulteriores que se deriven de las decisiones recaídas en el proceso (confr. esta Sala 27-5-93, Huebra Leiros -incidente- c/ B.C.R.A.).
Poder Judicial, cuestión política, cuestión no justiciable, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

"El ejercicio incontrolado de la función judicial, toda vez que irrumpe en el ámbito de las atribuciones reservadas a los demás poderes, constituye una anomalía constitucional y axiológica, caracterizable como pretensión de gobierno de los jueces, según la peyorativa expresión acuñada por la doctrina francesa."
Empleados públicos, remuneración, intangibilidad de la remuneración, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avigo,  Liliana  Noemí c/ Municipalidad  de la Ciudad de BuenosAires. s/ remuneracion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

En tanto la intangibilidad del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional, no existe un derecho adquirido a mantener el nivel de remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias, ya que la Ley Fundamental sólo la contempla respecto del presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación y los miembros del Ministerio Público (arts. 92, 107, 110 y 120 de la Constitución Nacional).
Costas, pluspetición inexcusable, astreintes, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NASIF SILVIA c/ SUPERCENTRO Y OT. s/ Cumpl - Contrato (LIBRO: S071 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-06

Uno de los caracteres esenciales del instituto del astreintes, es que son discrecionales. Es decir que es siempre facultad del Juez imponerlas o no, según las circunstancias, y aún puede dejarlas sin efecto o reajustarlas. Ello, porque si bien es cierto que generalmente se imponen a pedido de parte, también de oficio el Juez puede aplicarlas. Es decir que en estos casos, no solo el monto, sino también su imposición queda al prudente arbitrio del Juez; por lo que la no recepción del pedido por el a-quo, no permite considerar vencido al solicitante y generar costas.
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas, impugnación del resumen de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  SAC Y T. c/ PEREZ GALINDO, CARLOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

Aún cuando el saldo liquidado en un resúmen de cuenta -en el caso, de una tarjeta de crédito- no impugnado en término, no es "definitivo" en términos absolutos e irrevisables, el deudor jamás puede obtener la revisión de esos saldos cuando no ha interpuesto la pertinente "acción" de arreglo o rectificación (ccom 790), ya que la posibilidad de introducir esa cuestión por vía de excepción no está prevista legalmente.
Improcedencia del recurso, acción de repetición, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, interrupción del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Dado que el plazo establecido en el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo y Tributario es perentorio e improrrogable y el artículo 22 inciso e) apartado 7° del decreto n° 1510/97 se refiere a la posibilidad de interrumpir plazos en el marco del procedimiento administrativo mediante la interposición de recursos administrativos, corresponde rechazar el recurso ordinario de apelación interpuesto contra la sentencia que confirmó aquella que hizo lugar a la excepción de inhabilitación de la instancia, si el accionante no explica por qué la suscripción de un plan de facilidades de pago debería asimilarse a la deducción de un recurso administrativo, ni tampoco explica en base a qué norma tal acogimiento tendría aptitud para interrumpir el plazo de caducidad previsto en el artículo 7 del CCAyT para iniciar una acción judicial de impugnación. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015)
Jurisdicción y competencia, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: E.N.T.e.l. c/ CIA. DE SEGUROS DEL INTERIOR  S.A. s/ COMPETENCIA    FEDERAL  POR  LAS  PERSONAS  -  ENTIDADES  AUTARQUICAS  NACIONALES - CONTRATO  DE  OBRAS  PUBLICAS  -  INTERPRETACION  DE LOS  CONTRATOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y, después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Derecho a la dignidad, cambio de sexo, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: C. J. A. y Otra s/ Solicitan autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-09-21

Todo lo relacionado con la más adecuada o eficaz terapia a seguir en la búsqueda de obtener el mejoramiento de la condición de salud de un transexual, entre ellas la conveniencia o no de someterlo a una intervención quirúrgica de la denominadas de reasignación de sexo, es cuestión que primordialmente compete a la ciencia médica a través del aporte de sus distintas ramas y especialidades.
Recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, gravamen actual, agravio concreto, reformatio in pejus, fallo plenario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Propietario FIscal s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

La existencia de un gravamen resulta ser un requisito subjetivo esencial de los recursos y se configura a partir del hecho que la resolución impugnada por esa vía causa al recurrente un perjuicio cierto y concreto a partir del principio general que establece que sin interés no hay acción con derecho.

En autos la resolución atacada ha sido favorable para el recurrente, razón que permite concluir en la inexistencia de agravio que justifique la procedencia de este remedio. Es que no resulta suficiente la presencia de contradicción sino que ésta, además, debe ocasionar un perjuicio al apelante. En este orden de ideas, debe destacarse que este recaudo fluye de los efectos propios del recurso de inaplicabilidad de ley.

En efecto, de lo que establece el artículo 6 de la Resolución Nro. 44/99 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, cabe colegir que, de admitirse la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley contra una resolución que le ha sido favorable al recurrente, con sustento en su contradicción con otra que ha resuelto con anterioridad de modo diverso, podría acaecer que la doctrina plenaria sentada acompañe la fijada en el precedente adverso, con la consecuente revocación del fallo favorable al apelante, a partir de su propio recurso.

Ello -que importaría un supuesto de reformatio in pejus- rompe toda lógica jurídica y pone en evidencia la necesidad del citado recaudo de procedencia.

En esta línea de razonamiento, debe advertirse que la doctrina plenaria sentada limita sus efectos a la resolución recurrida y a casos futuros -de allí lo previsto por el artículo 7 de la citada resolución- sin que por esta vía se pueda revisar pronunciamientos dictados con anterioridad.
Contrato de trabajo a plazo fijo, extinción anticipada
Materia: LABORAL
Carátula: BISCEGLIA MALDONADO, Liliana c/ SADAIC s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-23

Si las partes suscribieron dos contratos a plazo fijo sucesivos, no obstante no haberse acreditado que las modalidades de las tareas, razonablemente apreciadas, justificaran tal contratación (art 90 LCT), cabe concluir que la trabajadora estaba amparada por la garantía de estabilidad contenida en dichos convenios y, en consecuencia, tiene derecho a percibir los salarios restantes hasta el vencimiento del plazo, toda vez que se pactó en su favor un beneficio mayor al establecido por la norma general (Arts. 1,7,95 y concordantes de la LCT; en igual sentido esta Sala sent. 46.848 del 30/12/83 "Bellod, Joaquín C/ Ganerco SA").
Lavado de activos, agravantes de la pena, delito continuo, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Castro Pizarro, Jonathan y otros c/  s/ av. Inf. Ley 23.737 y al art. 303 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2019-05-03

La agravante prevista en el segundo inciso apartado a) del art. 303 de CP, está dada porque los imputados -miembros de la misma familia- se dedicaron con habitualidad al blanqueo de dinero ilícito; la operatoria con la que sistemáticamente operaban era clandestina desde su origen, la gran cantidad de bienes que formaban su patrimonio, traducida en una cuantiosa fortuna, no hace más que corroborar conforme un razonamiento lógico y de la experiencia racional, que sólo pudieron acceder a este enriquecimiento a partir de una actividad ilícita sostenida y continuada en el tiempo. Máxime que ninguno de los encausados pudo demostrar ingresos lícitos compatibles con este enriquecimiento. Se valoratambién como agravante para apartarse del mínimo legal la extensión del daño causado, la gran cantidad de estupefacientes, el severo perjuicio al bien jurídico protegido por el tipo penal de lavado de dinero -el orden económico y financiero-.
Policía federal, remuneración, diferencias salariales, carácter remunerativo, carácter bonificable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Soler,  Gerardo,  y  Otros c/ E.N. -M° Justicia- PFA- Dto 103/03 s/ Personal Militar y Civil de la FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

En relación a los decretos 2.133/91, 2.298/91 y 713/92 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Lalia, Oscar Alberto c/ Estado Nacional (M° del Interior-CRJP de la Policía Federal) S/ retiro militar y fuerzas de seguridad" (Fallos:

326:928) sostuvo que: "...el carácter general con que fue otorgado la asignación por 'inestabilidad de residencia', según surge del art. 3° del decreto de su creacón, le confiere una indudable y nítida condición remunerativa o salarial, sin que sea óbice a ello su clasificación como 'compensación'... (v.

considerando 8°). Si bien dicho precedente se refiere a la compensación por 'inestabilidad de residencia' (prevista en los decretos citados), resulta extensible al denominado "adicional no remunerativo y no bonificable" establecido por el art. 3 del decreto 713/92, en tanto toma en cuenta el carácter general con que fue otorgado el suplemento. Por otra parte, correspponde reconocer a estos suplementos el carácter de bonificables conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Mallo, Carlos Héctor y Otros c/ Caja Retiros Jubilaciones y Pensiones Policía Federal s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg" (Fallos: 328:4232). En dicho precedente, el Alto Tribunal entendió que la incorporación de los adicionales previstos en los decretos citados importó, según lo dispuesto por el decreto 103/03, el reconocimiento de la naturaleza remunerativa y bonificable a partir 01/01/2003 (considerando 3°) (Del voto del juez Treacy, cons. III).