Juicios contra el Estado, deudas del Estado, honorarios del abogado, regulación de honorarios, sentencia, monto de la indemnización
Materia: PENAL
Carátula: Villacorta, Juan Carlos p.s.a. s/ Homicidio Culposo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-02-11

1- El art. 40 de la ley 8.575, que establece un plazo de ciento ochenta días para ejecutar deudas contra el Estado provincial y Municipalidades, no tiene previsto en forma expresa un plazo de vigencia, pero resulta evidente que la intención del legislador ha sido asociar su aplicación a la situación de emergencia regulada en los títulos II y III. Ello así desde que no se dispone expresamente la derogación del art. 806 del C. P.C.C., y porque la ejecución de las sentencias dictadas contra el Estado provincial y las Municipalidades está obviamente relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones exigibles, materia en la cual el art. 20 expresamente asume la normativa como transitoria y justificada en la emergencia. Encontrándose vencidos los plazos, tanto de la emergencia previsional, cuanto de la referida al cumplimiento de las obligaciones del Estado (arts. 29 y 20, respectivamente) debe considerarse fenecido el plazo de vigencia del art. 40 de la ley 8.575. Por ello, resulta correcta la aplicación del art. 806 del C.P.C.C., ya que es la única disposición legal vigente en relación a la materia bajo examen.

2- El art. 29 inc. 2, 1er. supuesto de la ley arancelaria, establece que "Para el abogado de la parte demandada, la base regulatoria será el valor del crédito y sus intereses o los bienes motivo de la demanda, en caso que ésta fuese totalmente rechazada en la sentencia".

En autos, al tratarse de una acción civil incoada contra co-deudores in solidum, y al haberse allanado la parte actora en el rubro daño moral a la cifra que prudencialmente se mandara a abonar en el fallo, este último representa el monto reclamado en contra del co-demandado condenado y constituye la base regulatoria respecto de los honorarios correspondientes a los letrados del co-demandado absuelto.

3- Establecida la existencia del daño, y correspondiendo su reparación (C.C., arts. 1077 y 1078), el artículo 29 C.P. faculta al sentenciante a fijar razonablemente el monto de la indemnización respectiva, en defecto de plena prueba. Sin embargo, aún tratándose del ejercicio de una facultad discrecional, la sola invocación de esta regla sustantiva no exime al a quo del deber de fundamentación de su sentencia; y compete a este Tribunal controlar su estricto cumplimiento. La cuestión debe resolverse "con razonabilidad con arreglo a los elementos de juicio aportables al efecto y a las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso". Es que el ejercicio de estas facultades se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la cifra que se estime razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias ponderadas, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En el sub examine, el juzgador ha expresado las circunstancias relevantes que tuvo en cuenta para fijar el monto que consideró justo y prudencial y que los propios actores civiles dejaron supeditados a su arbitrio. De tal modo, estimó determinada suma de dinero en relación al daño moral reclamado, la que aparece razonable.