marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Rossi, Faustino Hermenegildo c/ Telefónica de Argentina s/ Diferencia indemnización Fosco, Juan José y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencias fondo de retiro voluntario Patierno, Carmelo y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencias salariales Rodriguez, Héctor Eduardo y otros c/ ESEBA S.A. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27|2002-07-17|2003-03-12|2003-09-24

Nada impide a las partes someter al mutuo disenso a ciertas modalidades y no hay razón atendible para declarar la nulidad de ese acto salvo que se acredite fraude a la ley o falta de correspondencia entre la voluntad real del trabajador y la que declara en el acto, en cuyo supuesto el referido acuerdo traduciría una evidente e inaceptable abdicación de derechos irrenunciables (art. 12, L.C.T.) que impone la nulidad de la dimisión.
Prueba de la posesión, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Razetto, Ricardo Alberto c/ Peralta, Nicasio y/o herederos y/o sucesores s/ ordinario (usucapión)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-08-31

Los conceptos "ostensible" y "continua" exigidos por el art. 1900 del CCC son incompatibles con una posesión que se denuncia realizada por representación sin acreditar tal circunstancia. En ese sentido, y conforme al art. 1881 inc. 15 del derogado CC, la representación para actuar en nombre de otra persona como poseedor merecía la existencia de un poder o apoderamiento especial en el que constara en forma expresa tan particular situación, y aun cuando se interpretara que es una representación tácita, tal extremo también exige ser demostrado.
Juicio de apremio, excepciones procesales, trámites judiciales, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: EXTE. Nro. 38394 D.G.R. c/ Y.P.F. S.A. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-12

En un juicio por apremio que concluye luego de la oposición de excepciones con el allanamiento de la actora al planteo de la demandada, no corresponde regular honorarios conforme al art. 12 de la ley 3.641, aplicando el 50 % de la escala del art. 2, en razón de que la situación tiene una regulación especifica en los arts. 20 y 7 de la ley 3.641, referida a los procesos compulsorios.
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO JULIO Y OTROS c/ LA CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-19

Las especiales circunstancias sobrevinientes a lo convenido en juicio y que se pretende ejecutar, derivadas del acuerdo colectivo modificatorio del 244/94 celebrado entre los representantes de las partes y homologado por Resolución 188/03 del M.T.E. y S.S., Secretaría de Trabajo, y las ventajas de la aplicación íntegra del incremento salarial allí logrado, llevan a la desestimación de la aplicación parcial del mismo.

Los deberes de paz y de ejecución fiel del contrato, íntimamente ligados a la buena fe, conforman la obligación que tienen de cumplirlo no sólo las partes colectivas que intervinieron en aquél, sino por los afiliados a éstas, lo que no se compadece con la actitud de los actores al pretender lograr un beneficio mayor al acordado por quienes los representaban tomando sólo una parte de lo allí dispuesto.
Libertad de prensa, injurias
Materia: PENAL
Carátula: PANDOLFI, OSCAR R. c/ RAJNERI, JULIO s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-30

Las garantías constitucionales a las libertades de prensa y de expresión, impiden condenar al autor de una manifestación falsa o difamatoria... a menos que se pruebe que la manifestación fue hecha con dolo...o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad.
Personería jurídica, teoría de la penetración
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.M. y Otra c/ C.O.T. SRL s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-08

"La teoría de la desestimación de la forma de la persona jurídica no está en contra de la personería jurídica en sí, sino de su aplicación incorrecta, con lo que cada caso debe analizarse con suma prudencia, reuniendo elementos de conductas de abuso o fraude que admitan el "corrimiento" del velo societario...de no hacérselo de esta manera, limitado a casos concretos y excepcionales, puede llegarse al daño mayor de no respetar instituciones del derecho".
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacheco Ibañez, Hernán Alfonso c/ Rivas, Jesús Anselmo s/ Escrituración-Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Nadie discute, sin dudas, el derecho de disposición que consagra el art. 1276 del C. Civil al cónyuge titular de dominio, pero lo somete, en el supuesto de los bienes gananciales, el asentimiento conyugal -art. 1277 C. Civil-.-
Prisión preventiva, plazo, pena, reclusión, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: MINOLDO, ATILIO s/ PRISION PREVENTIVA - PENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-10-22

La Ley 24390 contiene disposiciones de naturaleza procesal y sustancial. Entre las primeras, se encuentran las que establecen el plazo máximo de la prisión preventiva, sus prórrogas y los efectos que se operan a su vencimiento respecto de esta medida de coerción (arts. 1 a 6). En este aspecto, la ley nacional se define como reglamentaria del art. 7, punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9 Ley 24390). Entre las segundas, se halla la que se refiere al modo de computar la prisión preventiva en relación a las penas de prisión y reclusión (art. 7 Ley 24390). En este ámbito, la ley se define como modificatoria del art. 24 del C. Penal (art. 8 Ley 24390).

La diferencia entre las disposiciones procesales y sustantivas en la Ley 24390 puede apreciarse claramente si se repara en los efectos que se producen cuando se opera el vencimiento de los plazos establecidos en la ley. Cuando fenece el plazo fijado en el art. 1 (2 años) y, en su caso, las prórrogas contempladas (eventualmente 1 año y 6 meses) el efecto procesal se produce sobre la medida de coerción operando su cese y la consiguiente recuperación de la libertad. Cuando fenece el plazo de dos años fijado en el art. 7 Ley 24390, el efecto sustantivo se produce sobre el modo de computar la prisión preventiva a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad, que se efectúa de un modo más favorable que el correspondiente al período anterior.

En el sistema de la Ley 24390 puede ocurrir que no obstante superar los dos años la prisión preventiva resulte razonable en cuanto a su duración como medida de coerción, mas si la condena se produce después de los dos años, el exceso se computa para la pena en el modo más beneficioso previsto por la ley.

El art. 7 de la Ley 24390 en cuanto modifica el modo del cómputo de la prisión preventiva a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad establecido por el art. 24 C. Penal, debe aplicarse según expresamente consigna "transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 1ro." De modo tal que el plazo cumplido a título de prisión preventiva superador de los dos años, debe ser computado como prisión en la forma prevista por el art. 7 Ley 24390, sin que interese a esos efectos sustantivos que la duración de la medida de coerción no superara los plazos previstos en los arts. 1 y 2 de la Ley 24390.
Desindexación, deudas consolidadas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIORGI JOSE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES EL AGUILA Y OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-26

La circunstancia de haberse producido en la causa un pago parcial no implica que la deuda adquiera el carácter de consolidada y que por ello se la excluya del ámbito de aplicación de la ley 24.283.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Noseda, Juan Carlos c/ Rojas, Claudio Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

Si el actor acreditó únicamente que la camioneta dañada estaba habilitada para el transporte de carga general y sustancias alimenticias, dicha prueba no es suficiente para la procedencia del rubro por lucro cesante.
Fundamentación de sentencias, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Pardini, Carlos c/ Compañía de Perforaciones Río Colorado S.A. s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

Los fallos, para estar fundados, requieran a más de la invocación de la norma legal en la que el caso se encuentra encuadrado, el razonamiento lógico que permita inferir sin esfuerzo el camino intelectual que ha seguido el sentenciante para arribar a la solución adoptada. Así lo ha señalado la Suprema Corte al decir que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos, por lo que no sólo es el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva, lo que le da validez y fija los alcances del pronunciamiento, estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.
Caducidad de la prueba, falsedad ideológica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Laser S.A. s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S143 - 298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-03

Habiéndose producido la caducidad de la prueba ofrecida a fin de demostrar la falsedad de la verdad del certificado en que se basa la demanda, el mismo debe presumirse cierto, sin prueba alguna en contra que demuestre lo contrario
Recursos, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, presentación equívoca
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CAVALLARI,   JULIO  CÉSAR  AUGUSTO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustesvarios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-27

La C.S.J.N. tiene dicho, en un precedente memorable, que "el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte" ( cfr. "Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Colalillo, Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de la Plata", sent. del 18.09.57). Por ello, si en una causa de índole "civil y comercial" el Tribunal Cimero admitió el ofrecimiento y producción extemporáneo de una prueba decisiva para la suerte del juicio, no seria justo ni razonable impedir y/o frustrar el acceso a dicha verdad jurídica objetiva en un juicio de naturaleza "previsional", porque el pasante del estudio jurídico se confundió de mesa de entradas al presentar en término el memorial de expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Tercería de dominio, levantamiento del embargo, acreedor prendario, seguros, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ  PIOLA,  RICARDO  F. c/ AGUA VA SA s/ TERCERIA DE MEJORDERECHO P/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Si bien la pretensora, en el caso, calificó jurídicamente el reclamo como tercería de mejor derecho, en realidad se trata de una tercería de dominio pues no se está supliendo errores cometidos por la actora ni modificando los términos en que quedó trabada la litis. Ello, en tanto se ha reclamado el levantamiento del embargo, alegando no solo su carácter de acreedor prendario, sino que también su calidad de endosatario del contrato de seguro contratado por su deudora. De manera que, la omisión en la sentencia de tratar su carácter de cesionaria del derecho a la indemnización por ser endosataria del contrato de seguro, no implican una violación al principio de congruencia ni un avasallamiento de la jurisdicción de este Tribunal.
Contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREA S.R.L. c/ ROBERTO BAROTTI s/ Ordinario (LIBRO: S069 - 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-04

La norma expresada por el art. 1193 CCI, no implica la exigencia de la forma escrita para los contratos que superen un determinado monto, sino la prescripción de la prueba por testigos. Por ello el Juez debe analizar si existen o no otros elementos de prueba del contrato alegado. Además, debe analizar la concurrencia de algunas de las excepciones legales ( art. 1191, 1192, 1193 y 1627 CCI).
Jueces, incompatibilidades del juez, derecho de trabajar, jubilaciones, adicional por dedicación exclusiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martiré, Eduardo  F.A. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Corresponde rechazar el agravio relativo a que la exigencia de prestar declaración bajo juramento de no desempeñar actividades alcanzadas por el régimen de incompatibilidades para magistrados y funcionarios en actividad viola el derecho constitucional de trabajar de un magistrado jubilado si ello depende de su opción, ya que lo único que está vedado es percibir simultáneamente la compensación funcional.
Bancos, responsabilidad del banco, tarjeta de crédito, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA  GUSTAVO ANIBAL FEDERICO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-04

Para juzgar la magnitud de la reparación del daño moral no depende de la calidad de entidad financiera del demandado pues -atento su carácter resarcitorio- el análisis no debe centrarse en la persona que obró de manera antijurídica sino en la víctima (v. esta sala "Alvarez, Jorge O. c/ Banco Roberts SA", del 15.12.1999 y, "Oberti Alejandro Aquiles c/ Citibank NA s/ ordinario", del 11.03.2005).
Honorarios del perito, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: HEKER BERNARDO RAUL c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

La inexistencia de plazo para el pago en el auto regulatorio no es óbice para concluir que los honorarios del perito deben ser actualizados, pues corresponde aplicar analógicamente al caso la disposición del art. 49 de la ley 21.839 (conf. C.N.Civ. Sala G, R 3357, del 15-2-84).
Inconstitucionalidad, caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Del Piano, Carmen Magdalena y Otros. s/ Acción  de  Inconstitucionalidad de las Leyes 3188, 3161, 3309, 3310  del Decreto 1680/96.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-16

Interpuesta acción de inconstitucionalidad, corresponde declarar la perención de la instancia habiendo transcurrido el plazo de seis meses sin que las partes hayan impulsado el juicio, conforme lo dispuesto por los Art. 311, 316 y Concs. C.P.C. y c.-
Denegatoria del recurso, recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, recusación, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Francisco Javier s/ queja en Soria, MArtín I. S s/ denuncia s/incidente de inconstitucionalidad por apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-04-12

El recurso extraordinario federal interpuesto por el imputado contra la sentencia que rechazó el pedido de recusación formulado debe ser denegado, en tanto el impugnante no cumple con la totalidad de los requisitos contemplados en la Acordada 4/07 del Máximo Tribunal, ni rebate con eficacia las conclusiones vertidas en la resolución que impugna, dado que su crítica se limita a cuestionar aspectos ya analizados, sin aportar argumentos suficientes para demostrar la hipotética conculcación de los derechos que alega.
Sociedad de hecho, disolución de sociedades, inscripción de sociedades, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: OTAEGUI,  JAVIER  FRANCISCO c/ GHERGHERIAN, ALEJANDRO GREGORIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

Uno de los integrantes de una sociedad de hecho no puede agraviarse del mandato de inscribir la disolución de dicha sociedad, toda vez que, hasta tanto no se cumpla con la inscripción registral, esa disolución es inoponible a terceros, de manera que no puede suscitar gravamen alguno el cumplimiento de una directiva legal cuya finalidad primaria radica en tutelar derechos de terceros, pero que a la vez por lógica, interesa también a los propios socios.
Contratos administrativos, contrato de obra pública, abuso del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gurrado Héctor Remijio y otro c/ Banco de la Nación Arg. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Debe reconocerse el derecho del actor al cobro de una suma dineraria cuando la conducta de la comitente ha trasuntado el ejercicio antifuncional y abusivo de sus derechos vedado en nuestro ordenamiento (art. 1071 C.C.), y que constituye el sub-examine uno de aquellos supuestos que habilitan el uso restrictivo y excepcional del principio emergente de la norma citada, pues como ha sido puesto en evidencia, el antifuncionalismo es manifiesto (conf. C.S.J.N.

Fallos: 311:1337, consid. 13º, 2º párrafo), el "abusivo aprovechamiento" surge incontestablemente de los hechos (vid. Fallos 313:1461), y el obrar de la comitente fue causa eficiente de un daño sufrido por la actora y un correlativo enriquecimiento de su parte, ya que a pesar de las dificultades, la ejecución de la obra se cumplió inobjetablemente y sin atrasos. (Del voto de la Juez Herrera, consid. 7º).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pensiones, concubinato, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: YAMHUR, MATILDE c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Es inadmisible la queja desde que la resolución cuestionada por esta vía cuenta con suficientes fundamentos de orden normativo y jurisprudencial que avalan la decisión de que a la actora le asiste el beneficio de pensión en el carácter de conviviente del causante cuyo deceso se produjo con anterioridad a la vigencia de la ley 10727, computándose sus efectos a partir de la vigencia de ésta.

En efecto, no aparece irrazonable ni ilógica ni huera de fundamento la respuesta brindada por la Alzada, en tanto aplicó el nuevo ordenamiento jurídico a las contingencias ignoradas por la ley anterior y mejoró la condición de la accionante -conviviente de quien había fallecido antes de dicho régimen- que la instituyó explícitamente como beneficiaria del beneficio de pensión.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia penal, Ministerio del Interior y Transporte, hurto
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio del Interior. s/ Hurto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-06

Corresponde a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y no a la federal, entender en la causa en la que se investiga la sustracción de una máquina de calcular del despacho del Subdirector General de Relaciones Económicas del Ministerio del Interior, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 14.180.
Tribunales de familia, autorización judicial, medidas tutelares, Asesoría de menores, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: P. M. y A. D. s/ Comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-03-24

Si bien es cierto que en el supuesto que se formule un formal pedido de venia judicial para contraer matrimonio, se abriría la competencia de este Tribunal, del escrito presentado por el Asesor de Menores, surge que peticiona en forma contundente medidas tutelares o asistenciales. Tal pedido no lo puede formular, por carecer de competencia funcional ante este Tribunal de Familia, debiendo en tal caso actuar las Asesoras de Menores que se desempeñan en el fuero. Para concluir, es de toda evidencia que las medidas peticionadas por el Asesor de Menores, se originan en la situación de peligro físico y moral de una menor, que conforme consabida doctrina y práctica invariable es de competencia del Juzgado de Menores, por ejercer la titularidad del Patronato de Menores.
Inconstitucionalidad, régimen jubilatorio, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fink, Ana Margarita c/ A.N.S.E.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

Si bien es cierto que reiterada y uniforme jurisprudencia declaró inconstitucional el Dec. 78/94 con que el P.E.N. dispuso la derogación de la ley 24.018, al presente no cabe prescindir del nuevo contexto jurí-dico conformado a partir de la promulgación parcial de la ley 25.668 -conforme el Dec. 2322/02, según el cual, de la referida ley 24.018 sólo rigen en la actualidad los regímenes previsionales contenidos en los Capítulos I y II del Título I-, en cuyo ámbito de aplicación se encuentra comprendida quien solicita la pensión derivada del desempeño del causante en el P.J.N. En ese contexto, no puede existir hesitación alguna en sostener que a la fecha en que el organismo interpuso el recurso -octubre de 2003-, el ana-crónico debate sobre la vigencia del régimen legal referido había sido zanjado años atrás por el Dec. 2322/02 a favor del reclamante. En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el "a quo" que ordenó reajustar el beneficio según las previsiones de la ley 24.018, y reliquidar el haber en el 75% del 82% móvil de la remuneración total sujeta al pago de aportes, correspondiente al cargo de Prosecretario Administrativo que desempeñaba el causante al momento del fallecimiento.
Disposición de bienes, falta de asentimiento, nulidad relativa, legitimación activa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PEREZ, María Luisa c/ DIAZ, Olga Esther s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

El acto jurídico otorgado sin el consentimiento del cónyuge -cuando éste resulta necesario para su validez- está afectado de una nulidad relativa, que sólo está legitimado para plantearla el cónyuge omitido o sus sucesores, por estar comprometido exclusivamente su interés patrimonial.-
Inmunidades parlamentarias, facultades del juez, instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Cavallo, Domingo Felipe s/ Recurso de casación - Causa n. :1115.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

Los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional no se oponen en modo alguno a la iniciación de acciones penales contra un legislador nacional (obviamente que no tuvieran origen en sus opiniones como tal, según reza el art. 68 de la C.N.), ni tampoco a que se adelanten los procedimientos el juicio mientras no se afecte su libertad personal a través de alguna medida que se disponga, pues el fin esencial perseguido por nuestra ley fundamental al establecer tales prerrogativas sigue intacto, cual es la garantía de que los legisladores nacionales no se vean imposibilitados de realizar su tarea parlamentaria por existir obstáculo alguno. Nada impide que para averiguar la verdad de un eventual hecho criminal acaecido en su jurisdicción y que se impute a un miembro del Congreso, debiendo solicitar el desafuero a la cámara legislativa correspondiente recién en forma previa al dictado de una orden de privación de la libertad.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia en minoría).