Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-04


SENTENCIA N° noventa y ocho /2014: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala del Tribunal de Impugnación integrada por los Dres. Liliana Deiub, Alejandro Cabral y Federico Sommer, quien presidió la audiencia celebrada en la localidad de Cutral-Có, para resolver en instancia de impugnación el caso judicial "POSSE CARLOS BRUNO S/HOMICIDIO SIMPLE" (Leg. OFICU Nro. 138/2014), en el que está condenado (con sentencia no firme) el imputado Carlos Bruno Posse, argentino, DNI. N°33.987.583, nacido en Picún Leufú, el día 12 de septiembre de 1989, soltero, con instrucción primaria completa, con último domicilio en Barrio Yequén, casa N°19 de Villa El Chocón, quien llegara al debate acusado por el delito de homicidio simple, cometido el 3 de Febrero de 2013, en la localidad de El Chocón, en perjuicio de Rubén Darío Castro, y;

En la audiencia prevista por el art. 245 del CPP intervino en representación del Ministerio Público Fiscal el Dr. Santiago Terán, mientras que por la defensa, actuó el Dr. Juan Ramón Racedo, en representación del acusado de autos, quien se encontraba presente.

ANTECEDENTES:

A) Por veredicto popular de fecha 10 de abril y sentencia de determinación de pena de fecha 21 de abril del año 2014 se impuso a CARLOS BRUNO POSSE, de demás datos personales referidos al inicio, la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, con más las accesorias legales por el plazo de la condena y las costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple cometido el 3 de Febrero de 2014 en el local comercial Frazer de la localidad de Villa El Chocón, en perjuicio de Rubén Darío Castro.

B) La Defensa interviniente, en representación de los intereses del encartado, dedujo el 12 de mayo de 2014 recurso de impugnación ordinario contra el referido veredicto condenatorio.

La actividad recursiva ejercida determinó como primer motivo de impugnación, la inconstitucionalidad del juicio por jurados por la inmotivación del veredicto de culpabilidad. En su opinión ello contradice las disposiciones del art. 18 de la C.N., Tratados Internacionales y jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos en cuanto garantizan la posibilitad de criticar los argumentos de una sentencia condenatoria.

Agrega que el fallo no resulta fundado si solo trascribe las instrucciones dadas al jurado y el veredicto de culpabilidad, por cuanto no expone el razonamiento y valoración de las pruebas rendidas. En dicha inteligencia, sostiene que no se satisface la exigencia de motivación del fallo condenatorio, lo que configura un requisito ineludible para la revisión del decisorio por un tribunal superior en cumplimiento de la garantía del doble conforme.

En tal razonamiento, sostiene que al tener la solución del caso como único fundamento la intima convicción del jurado popular, no resulta posible refutar tal decisión ante la falta del razonamiento que derivó en el dictado de dicho veredicto condenatorio.

Rechaza que las "instrucciones" dadas al jurado permitan conocer el razonamiento y el proceso lógico que llevan a cabo, por lo que reitera que la falta de motivación del veredicto contradice los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y el art. 18 de la Constitución Nacional. Refiere que el consagrado derecho a recurrir el fallo debe ser accesible y permitir un examen integral del mismo por un tribunal superior. En conclusión, requiere que se declaren inconstitucionales las normas rituales que regulan el instituto del juicio por jurados y se declare la nulidad absoluta del juicio. Formula reserva del caso federal.

Como segundo agravio, refiere la violación del debido proceso, del principio in dubio pro reo y del sistema acusatorio por parte del jurado popular interviniente. Aduna que resulta de aplicación lo reglado por los arts. 20, 21, 8 y 69 del ritual y que, en la audiencia de juicio, el Ministerio Público Fiscal, como órgano acusador y responsable de la carga de la prueba, no fue diligente en aportar el grado de alcohol del imputado en aquella madrugada.

Indica que, en su opinión, el estado de ebriedad se encuentra acreditado en el juicio, que el Fiscal procuró confundir al jurado cubriendo su falta de diligencia y omitió traer a debate prueba que sería en beneficio del imputado.

Así las cosas, sostiene que la prueba debe ser "certera" acerca de la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado y que en caso de duda opera lo normado en el art. 8 del CPP, es decir, corresponde decidir según lo que sea más favorable para el imputado.

En dicho sentido, refiere que las instrucciones dadas al jurado no fueron precisas y claras respecto de la carga de la prueba y que en caso de duda debía estarse a favor del imputado. Indica que el jurado aplicó a la inversa el principio in dubio pro reo ya que, acreditado el estado de ebriedad, era carga del Fiscal excluir ese estado a los fines de probar la plena conciencia del imputado al momento.

del hecho, y que dicho estado desaparece con la prueba objetiva. Concluye interrogando acerca de si el jurado tuvo presente ese principio y en el modo en que despejó dicha duda, pero que conforme la falla del sistema de juicio por jurados tampoco puede conocer si la condena es una derivación lógica de la valoración de la prueba.

Como tercer agravio, cuestiona por arbitraria la resolución que impuso la pena a su asistido con sustento en que el magistrado sostuvo que no tuvo eximentes, agravantes ni atenuantes, pero que luego, consideró diversas circunstancias. En tal sentido, sostiene que la pena impuesta es un exceso a la luz de la ausencia de agravantes y del problema de alcohol de su asistido, y que considera contrario a derecho, que se valore como cuestión negativa que el imputado no haya declarado o mostrado arrepentimiento por contradecir el art. 18 de la C.N.

Por último, ofrece prueba para esta instancia de impugnación ordinaria de sentencia de conformidad a la facultad conferida por el art. 244 del CPP.

Como petitorio, solicita que ante la afectación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso se declare la inconstitucionalidad referida y por aplicación del beneficio de la duda reglado por el art. 8 del ritual, se case la sentencia y se absuelva de culpa y cargo al imputado de autos. Reitera la reserva del caso federal oportunamente formulada.

C) Así es que tuvo lugar la audiencia prevista por el art. 245 del CPP, ámbito en el cual se debatieron oralmente los agravios reseñados y los fundamentos del recurso interpuesto.

En tal ocasión, el impugnante reiteró los motivos y las razones que lo impulsaron a recurrir la sentencia condenatoria de su pupilo. A su vez, sostuvo que desistía de la prueba ofrecida para producir en esta instancia de impugnación, la que conforme fundada oposición fiscal, fue desestimada por esta Sala por cuanto dicha prueba había sido oportunamente rechazada por el magistrado del Colegio de Jueces interviniente en la pertinente audiencia.

Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso a la inconstitucionalidad referida por el impugnante con base en lo establecido por el art. 238 del ritual local. En relación al segundo agravio, refutó la existencia de elementos e indicios de inimputabilidad, introduciendo un particular concepto que denomina "inocente del pedo", al esgrimir que el imputado ingresó al local bailable pese a tener expresamente prohibido aquello, trabajó en la barra del mismo, hizo interrumpir la fiesta que se estaba desarrollando, señaló a la víctima en el local, sacó un cuchillo, en dos momentos agredió con el arma blanca, y en el interior del móvil policial le manifestó al agente policial que lo trasladaba "me la re mandé..".

En lo que hace a la segunda parte de este agravio, destaca que deben observarse las instrucciones al jurado en las que incluso el Ministerio Publico Fiscal prestó conformidad a tres (3) de las cuatro (4) oposiciones deducidas por la defensa particular. Finalmente, rechaza la procedencia del tercer agravio dictaminando por la validez del pronunciamiento recurrido y descartando que en la fundamentación del mismo se hubieran alterado agravantes y atenuantes para la determinación de la pena.

Practicado el sorteo para establecer el orden de votación, resultó que en primer término debe expedirse el Dr. Federico Sommer, luego el Dr. Alejandro Cabral y, finalmente, la Dra. Liliana Deiub.

Cumplido el proceso deliberativo que emerge del art. 246 del Digesto Adjetivo, esta Sala del Tribunal de Impugnación pone a consideración las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es formalmente admisible el recurso interpuesto?.

El Dr. Federico Sommer dijo: El recurso fue interpuesto en tiempo y forma, contra una decisión que es impugnable tanto desde el plano objetivo como subjetivo y, además, resulta ser autosuficiente. Conjunción de requisitos de admisibilidad formal cumplidos que proyecta a la conclusión que corresponde ingresar a su tratamiento.

El Dr. Alejandro Cabral expresó: Por compartir los argumentos entregados por el Sr. Juez preopinante, adhiero a sus conclusiones.

La Dra. Liliana Deiub manifestó:

Participando de los términos y conclusión vertidos en el voto inaugural, me expido en el mismo sentido.

SEGUNDA: ¿Qué solución corresponde adoptar?.

El Dr. Federico Sommer, dijo:

Que el cuestionamiento plasmado por la Defensa en la audiencia de impugnación celebrada, versa sobre tres agravios.

Ahora bien, para analizar la constitucionalidad del juicio por jurados y el ulterior sistema de impugnación de la sentencia, debe señalarse que conforme lo refiere el propio recurrente el veredicto del jurado es una decisión judicial sobre los hechos discutidos en el juicio popular.

Sin embargo, en sentido contrario a lo esgrimido debo anticipar que el derecho constitucional del imputado a recurrir la sentencia de culpabilidad dictada tiene el mismo alcance cuando la condena emana de un tribunal compuesto por jueces profesionales.

En dicha cuestión, se comparte con el impugnante que tanto la Constitución Nacional como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos determinan el deber de los Estados de garantizar la tutela plena del derecho del imputado a una revisión amplia e integral de los hechos, derecho y prueba (caso "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Sin embargo, de ello no se sigue que se comparta el vicio de inconstitucionalidad reseñado. Ello es así, atento a la debida adecuación del sistema de juicios por jurados recepcionado en el orden local a los estándares recursivos referenciados. Incluso, bastaría para refutar sin más la tacha de inconstitucionalidad del sistema - referido por el recurrente sobre la base de que la no motivación del veredicto del jurado y su presunta contradicción con los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP-, recordar que tales instrumentos consagran el derecho al recurso contra la condena, pero no contienen exigencia alguna vinculada a la motivación, la que valga señalarlo, tampoco existió en nuestra Constitución desde 1853.

También sostiene Maier tal tesitura, postulando que los citados Pactos Internacionales no le exigen a los Estados Partes que motiven sus sentencias, sino que concedan al condenado la posibilidad de demostrar que el fallo es irracional, sea que surgió de un proceso formalmente injusto (iudicium recindens) o que arrojó un resultado injusto por defectos graves.

Por su parte, cabe destacar que la CSJN ha establecido en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) que "Por el contrario, el proceso penal de un sistema judicial horizontalmente organizado no puede ser otro que el acusatorio, público, porque de alguna forma es necesario compensar los inconvenientes de la disparidad interpretativa y valorativa de las sentencias. De allí que nuestra Constitución previera como meta el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende, público.

Posiblemente sea necesaria -aquí sí- una interpretación progresiva para precisar el sentido actual de la meta propuesta por la Constitución.

Habría que determinar si el jurado que ese texto se coloca como meta es actualmente el mismo que tuvieron en miras los constituyentes, conforme a los modelos de su época, o si debe ser redefinido según modelos actuales diferentes de participación popular.

Pero cualquiera sea el resultado de esta interpretación, lo cierto es que, desde 1853 la Constitución reitera en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurados, como una de las más idóneas para lograr la publicidad.

La circunstancia de que el deber ser no haya llegado a ser por la vía legislativa no puede ocultar que la Constitución optó por un proceso penal abiertamente acusatorio, al que tiende la lenta progresión de la legislación argentina a lo largo de un siglo y medio" (el subrayado me pertenece).

Por otro lado, además de la relevancia que adquieren en este tipo de procesos de juicio por jurados y ulteriores recursos, las denominadas instrucciones, lo cierto es que resulta suficiente para desestimar el agravio invocado destacar la facultad de la defensa de cuestionar directamente los hechos probados por el jurado sin alegar la existencia de errores en dichas instrucciones -extremo éste relacionado con el segundo agravio-, ya que el control de la sentencia condenatoria está sometido a las mismas exigencias constitucionales.

En tal sentido, sostiene Harfuch que "el nuevo recurso de casación para el juicio con jurados de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto al fondo conceptual y a las materias de agravio, no difiere en absoluto con el recurso tradicional con jueces profesionales. Lo mismo que se puede recurrir de una sentencia emanada de jueces permanentes puede recurrirse de la que surge de un juicio por jurados".

(HARFUCH, Andrés, "El juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires", Ed. Ad-Hoc. pág. 307). A su vez, en la normativa local cuestionada se establece expresamente en el art. 238 que: "En los juicios ante Tribunales de Jurados serán aplicables las reglas del recurso contra la sentencia previstas en éste Código", por lo que, fundadamente, señala Alfredo Elosú Larrumbe en su obra ("El recurso ordinario de impugnación en el marco del Sistema acusatorio", Editorial Di Plácido, en "proceso de edición"), que luego de una revisión integral que incluye el derecho aplicable, los hechos, las pruebas recibidas en el juicio -reproducidas a través de la compulsa de los registros fílmicos del debate-, y las nuevas pruebas producidas en la audiencia del recurso, el Tribunal de Impugnación puede anular la sentencia y ordenar el reenvío o resolver de manera directa (conf. arts. 246 y 247 del CPP).

Por su parte, también es admisible recurrir bajo el argumento de que el veredicto del jurado no superó el estándar probatorio de duda razonable y sostener que el quántum de los hechos se encuentra alejado de lo requerido para condenar.

Ahora bien, aun cuando el quejoso invoque que los jurados populares aprecian las pruebas conforme a su íntima convicción y sentido común, sin dar a conocer los motivos de su decisión, lo cierto es que los jueces de control de veredicto lo hacen a través del método de la sana crítica racional (art. 21 CPP) y ponderando el decisorio a la luz del referido test objetivo de duda razonable.

Así las cosas, la sentencia integradora de segundo grado que debe dictar esta Sala del Tribunal de Impugnación Provincial se construye de la misma manera que en los recursos interpuestos en los juicios realizados con jueces profesionales.

En tal inteligencia, destaco nuevamente al autor Harfuch, cuando sostiene que el recurso en el juicio por jurados no difiere en nada con el recurso en el juicio común, y que la diferencia se encuentra en la metodología de litigación y en su interposición.

Afirma, que "para el jurista anglosajón, el veredicto del jurado carece de la más mínima importancia cuando se interpone un recurso contra la condena. ¿Cómo podría impugnarse el contenido de un veredicto del jurado, que debe permanecer necesariamente inmotivado por razones cruciales para la preservación del sistema?. Lo que se impugna nunca es el veredicto. Jamás.

Y este es uno de los principales errores culturales que, por traslación mecánica de la práctica de recurrir sentencias escritas de jueces profesionales, debemos despejar. El veredicto de culpabilidad del jurado es simplemente un juicio subjetivo de convicción que es consecuencia de dos "antecedentes necesarios", como diría Julio Maier: las instrucciones del juez y el estándar de duda razonable.

Se trata de dos estándares previos, objetivos y perfectamente controlables por las partes durante todo el juicio, y especialmente, por la defensa en el recurso de casación. Ambos, en conjunto, permiten recurrir con la máxima amplitud los hechos y el derecho.

Lo que se recurre en un juicio por jurados, nuevamente, no es el veredicto: lo que se cuestiona directamente son las instrucciones del juez y el estándar probatorio de culpabilidad más allá de la duda razonable (la cantidad y calidad de prueba producida en el debate)" (HARFUCH, Andrés, op. cit. pág. 308/9).

A su turno y en sentido contrario a lo referido por el recurrente de autos, también la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que la exigencia de motivación de las sentencias se abastece totalmente con las instrucciones, preguntas y aclaraciones que el juez imparte a los jurados (Fallo de la CEDH, "Taxquet Vs. Bélgica", de fecha 06/10/2010).

En función de lo dicho, debo concluir que el juicio por jurados reglado por el Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén es plenamente compatible con los fallos "Herrera Ulloa" de la CIDH y "Casal" de la CSJN, así como con los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP, ya que permite la más amplia revisión de los hechos y del derecho con base en las instrucciones y el resultado del veredicto, amén del derecho y la pena aplicados luego por el juez profesional.

Habida cuenta de ello, y aun cuando el impugnante solo arguyó en forma genérica, que se quebrantaban garantías constitucionales, cuando, en realidad, obvió cumplir con la carga de comprobar fehacientemente su existencia y demostrar que la aplicación de las normas locales comprendidas en juicio por jurados vulneraban disposiciones constitucionales.

Por lo demás, se ha sostenido que "...Si se argumenta una situación de inconstitucionalidad, debe requerirse un mínimo de demostración de la inconstitucionalidad alegada, y su atinencia al caso..." (SAGÜÉS, Néstor Pedro, "Recurso extraordinario", tomo 2, 4° edición, Astrea, Bs. As., 2002, pág. 321; con cita de Fallos: 239:468; 278:62; 305:50 y 306:136).

En función de los argumentos entregados, habré de proponer el rechazo del referido agravio por no acreditarse el vicio de constitucionalidad esgrimido.

En lo que atañe al segundo agravio, vinculado a la violación del debido proceso y del principio in dubio pro reo en la valoración del estado de ebriedad, así como al cuestionamiento de las instrucciones dadas al jurado, creo relevante ponderar la plataforma fáctica objeto de reproche, las pruebas rendidas en juicio y las instrucciones que fueran objeto de expresa oposición por el recurrente (art. 205 del CPP), acudiendo para ello a la video filmación de las audiencias de juicio por jurados celebradas.

Así las cosas, se acusó a Carlos Bruno Posse por la agresión en contra de Rubén Darío Castro en fecha 3 de Febrero del año 2013, a quien luego de extraer de su cintura un arma blanca la emplea y le aplica varios cortes y puntazos en su cuerpo como es del caso mencionar, muslo izquierdo, extremidad superior externa, brazo izquierdo cara anterior, en cadera derecha.

Finalmente, refiere la acusación fiscal que a modo de epílogo culmina su faena apuñalando con fuerza en hemotórax posterior lateral izquierdo de Rubén Castro ingresando la hoja hasta la empuñadura, a la altura del décimo arco costal que le provoca una lesión de una profundidad de 33 cms. que desencadena el deceso inmediato de la víctima.

Como primera cuestión, debo destacar que ello no significa la realización de un nuevo juicio sino la revisión de determinadas circunstancias que permitan ratificar o descartar que el jurado ha realizado su trabajo bajo condiciones razonables. En derecho comparado por ejemplo, el sistema canadiense permite la revisión en aquellos casos en que el veredicto no pueda ser sostenido por la evidencia.

Que en esta compleja labor de ponderar a la luz de la video filmación de las audiencias de juicio si el veredicto cuestionado resulta contrario a la prueba rendida, entiendo conducente por razones metodológicas, principiar por referir las cuestiones expresamente controvertidas en el juicio y que resultan fundamento de la impugnación deducida.

En tal faena, debo reseñar que en el alegato de inicio el Dr. Tobares como defensor técnico del imputado, solo cuestiona el modo del hecho y en particular, introduce como cuestión dirimente la adicción al alcohol de su cliente (minuto 35 del Disco Nro. 1 Parte 1).

Comparte con la acusación la materialidad del resultado muerte (minuto 40 Disco Nro. 1 Parte 1) la autoría de su asistido (minuto 44 Disco Nro. 1 Parte 1), pero sostiene que por estar bajo los efectos del alcohol no podía comprender el hecho y dirigir sus acciones, por lo que es culpable por la figura de homicidio culposo (minuto 46 Disco Nro. 1 Parte 1).

En suma, refiere que no hay certeza del porcentaje de alcohol en sangre del acusado, por lo que alega que no puede ser responsable por el delito de homicidio doloso (minuto 48 Disco Nro. 1 Parte 1).

A su turno, ya en el alegato de cierre del debate, el Sr. Defensor Particular reconoció la materialidad del hecho y la autoría de su pupilo, pero solicitó su libre absolución por inimputabilidad por ebriedad y, subsidiariamente, por imprudencia al momento de embriagarse.

Ahora bien, la primera labor como Tribunal revisor es establecer los únicos aspectos cuestionados y no consentidos -y por ende alcanzados por el recurso de impugnación-, y que se constituye por la inimputabilidad del condenado en virtud del estado de ebriedad que habrían referido en juicio los testigos Zorilla y Zapata -ver escrito de impugnación interpuesto- a fin de dictar lo que denomina "sentencia integradora compleja de segundo grado", la que resultará de la conjunción de las conclusiones de la sentencia que no hayan sido cuestionadas con las eventuales nuevas conclusiones que puedan reemplazar a las expresamente impugnadas. Que luego de circunscribir las circunstancias controvertidas, habré de ponderar el veredicto de culpabilidad a la luz de la prueba rendida en juicio, a fin de concluir o no en la procedencia del agravio referido a "veredicto contrario a prueba".

A su turno, el citado médico del Hospital de Picún Leufú fue convocado para revisar al imputado en oportunidad de ingresar como detenido en la dependencia policial. En dicha circunstancia, declaró que en virtud de los golpes que presentaba el mismo, solicitó estudios complementarios.

Agrega que tenía un visión conservada y en lo referido a la cuestión controvertida, sostiene que tenía signos y síntomas de ebriedad deducidos por el aliento y la "marcha" del mismo, graduando dicho estado entre leve y moderado (minuto 7 Disco Nro. 2 Parte 1).

Por su parte, la joven Zapata sólo refiere que el imputado ingirió "bastante" alcohol y que incluso ingresó al local nocturno con una botella de fernet y hielo.

En otro pasaje, el restante profesional médico referenciado por la quejosa - Dr. Gustavo Zorrilla-, sostiene en primer término, que como médico policial inspeccionó el cadáver y luego, sobre el mediodía, inspeccionó al acusado en la Comisaria de la localidad de Picún Leufú. Indicó que en dicho examen el acusado contestó las preguntas formuladas y le suministró sus datos personales (minuto 15 Disco Nro. 2 Parte 1), y que le fueron constatadas las lesiones también advertidas por el otro galeno (minuto 16 Disco Nro. 2 Parte 1).

Por último, sostiene que no constató la presencia de alcohol y, ante el contrainterrogatorio de la Defensa, afirma que no dejó constancia de aquella situación, que dicha parte litigante denomina "sobriedad", en el informe practicado (minuto 17 Disco Nro. 2 Parte 1).

Ahora bien, resulta conducente para desarrollar la citada labor revisora ponderar los testimonios prestados en audiencias por los funcionarios policiales intervinientes en aquella madrugada.

En tal inteligencia, el Oficial Juan Paolini quien prestara funciones en la Comisaria 42 de Villa El Chocón indica que al llegar al lugar a las 6.45 hs. observa al acusado en el suelo siendo agredido, en razón de ello lo "rescata" y lo sube al móvil policial para retirarlo del zona, y que mientras lloraba le manifestó la frase "me la remandé.", aunque no puede afirmar si estaba alcoholizado (minuto 23 Disco Nro. 2 Parte 1).

En igual sentido, el Oficial Domingo Sanjuliano reitera que el acusado tuvo con anterioridad al hecho objeto de juzgamiento contravenciones por ebriedad y que no puede afirmar si aquella vez estaba bajo los efectos del alcohol por cuanto debieron subirlo rápidamente (minuto 31 Disco Nro. 2 Parte 1).

A preguntas de la Defensa técnica, pondera que cuando el acusado está sobrio resulta una persona normal pero que cuando se encuentra alcoholizado pierde el control (minuto 34 Disco Nro. 2 Parte 1).

Por último, el agente policial López solo afirma que colaboró en subir al acusado al móvil policial pero desconoce si estaba en estado de ebriedad (minuto 7 Disco Nro. 2 Parte 1).

Seguidamente, a la luz de la prueba testimonial rendida y que fuera valorada por el suscripto de modo integral y conforme las reglas de la sana crítica racional, habré de propiciar que se rechace la impugnación ordinaria deducida en punto a la alegada inimputabilidad del acusado.

Ello así, toda vez que considero que el cuadro probatorio permite arribar a la certeza requerida sobre la autoría del acusado sin que resulte viable de aplicación la inimputabilidad esgrimida por la defensa.

En tal sentido, el veredicto superó el estándar probatorio de duda razonable y se condice con la prueba ut supra valorada, por lo que la culpabilidad del recurrente se sustenta en la prueba y en los principios lógicos fundamentales (no 22 contradicción, identidad, tercero excluido y razón suficiente).

De esta manera, considero que a partir de la tarea revisora de este tribunal se cumple con la imposición constitucional de fundar debidamente la sentencia de impugnación. Ello así, no sólo en virtud de haber consignado las razones en que se asienta el juicio o plano lógico que ella contiene, sino que, además, en esta instancia de impugnación de veredicto la prueba rendida fue ponderada de acuerdo al sistema valorativo de la sana crítica racional imperante en el sistema procesal vigente.

En esa dirección, considero que la instrucción propuesta por la defensa para la deliberación del jurado fue efectivamente esclarecida, atendiendo especialmente a lo declarado por los dos facultativos que lo examinan con posterioridad al hecho.

También el oficial Paolini quien proporciona el dato sobre el llanto espontáneo de Posse y la manifestación referida ut supra en relación al hecho, además de las circunstancias en que se produjo el suceso relatadas por el fiscal en la audiencia, específicamente atinentes a la presentación del imputado en el lugar donde su presencia se encontraba prohibida de antemano ante un hecho de violencia anterior.

La constatación previa de la ausencia del propietario para ingresar al local, las circunstancias de participar en la preparación de bebidas en la barra interactuando con las personas del lugar, la provocación efectuada sobre la víctima increpándola inicialmente, apoyándole el arma blanca, para introducirle el cuchillo ante la intervención de otra persona en su auxilio -extremos no controvertidos-, dan razonabilidad al veredicto y despejan el beneficio de la duda invocado.

Así, entiendo cumplida la tarea de revisión de los hechos, las pruebas y del derecho compatible con los fallos "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" de nuestra Corte Suprema Nacional, así como con los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP, que se cumple en base a una amplia revisión de las instrucciones dadas al jurado.

Entendiendo que en el caso en análisis las mismas fueron correctas y claras, al punto tal que fueron suficientes para obtener un veredicto condenatorio más allá de toda duda razonable.

Se descartó que el estado del alcoholismo alcanzado por el imputado llegó a ser completo y se confirmó que la ebriedad que presentaba sólo obró disminuyendo sus frenos inhibitorios, no impidiéndole saber lo que hacía y en esas circunstancias dio muerte a Rubén Darío Castro.

Sebastián Soler, en ese sentido, ha expresado '.que cuando se fijan las condiciones que hacen imputables a un sujeto, esas condiciones constituyen un mínimum.

No es necesaria una fina conciencia valorativa para saber que el homicidio, el robo o el secuestro son malas acciones; por eso no es preciso 'encontrar perfecciones psíquicas en los procesados para concluir en su imputabilidad'.

Basta, pues, un mínimo de condiciones, siempre que de ellas resulte que el sujeto haya tenido conciencia de la criminalidad de su acto y facultad de dirigir sus acciones.' (cfr. 'Derecho Penal Argentino').

Finalmente, en esta labor de garantizar el invocado derecho al recurso que le asiste a toda persona imputada de un delito y que, el Código Procesal Penal vigente en la Provincia del Neuquén atribuye al Tribunal de Impugnación Provincial (conf. arts. 8.2h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), concluyo en que en el veredicto impugnado resulta razonable con la prueba rendida y no se advierte absurdidad, arbitrariedad, ni se ha omitido la valoración de circunstancias particulares que deban ser consideradas por este Tribunal.

Que en la queja referida a las instrucciones impartidas al jurado, debo referir en primer término que al configurar el presente decisorio el primero dictado en el orden local, se debe destacar el poco conocimiento que impera respecto del modo en que opera el sistema de juicio por jurados.

En tal sentido, las Instrucciones del Juez al Jurado antes de la deliberación constituye una institución desconocida en nuestro derecho y configura un momento fundamental del juicio en el cual las partes intervienen activamente en su formulación, por cuanto el magistrado instruye al jurado sobre cómo valorar las prueba y sobre cómo aplicar la ley al caso concreto, base sobre la que se forma la íntima convicción el jurado, y su objeción por la defensa en tiempo oportuno aseguran la recurribilidad del fallo.

Se ha sostenido que las instrucciones operan en varios planos, entre ellos reduciendo la arbitrariedad del fallo, orientando al jurado, sirviendo de premisa para la necesaria conclusión mediante el veredicto, y dando todas las posibilidades recursivas al condenado, tanto sobre cuestiones de derecho como sobre los hechos.

Esas instrucciones han sido el producto de controversia entre las partes; forman parte de la sentencia penal y están registradas en el orden local en la video filmación para posibilitar su cotejo en el recurso, y conducen a sostener que solo aquel juicio por jurados sin instrucciones del juez será nulo, precisamente porque sería un fallo infundado o inmotivado, surgido de la libre idea del jurado sin guía alguna del juez profesional.

En tal inteligencia, las cuestionadas instrucciones del juez son analizadas con lupa por el tribunal del recurso de impugnación ordinaria, por cuanto la defensa puede alegar en el recurso que las omisiones, excesos o errores del juez al impartir las instrucciones viciaron la decisión del jurado y pueden, así, lograr la revocación del fallo.

Ahora bien, trasladando dichos postulados al presente legajo debo consignar que en el marco de lo dispuesto por los Arts. 205 y 206 del CPP, junto con diversas instrucciones generales, se le dieron al Jurado instrucciones particulares para resolver el caso.

Conforme surge de la video filmación de la audiencia, y luego de los alegatos de las partes (Disco Nro. 3 Parte 1 del minuto 0 al minuto 38.37 el Ministerio Publico Fiscal, y desde minuto 38.37 hasta 1.00 el Dr. Tobares), el Dr. Leandro Nieves instruyó sobre: el reconocimiento de la existencia del hecho y la autoría del acusado; el delito de homicidio simple con el alcance que el Código Penal establece; sobre el delito intencional que conforma la acusación fiscal y que requiere para ser castigado realizarse con intención.

Se ponderó en el pronunciamiento que el elemento "intención" significa necesariamente que el acusado sabía y quería que se produjera el resultado, y se consignó que "existen tres maneras o modalidades distintas, cualquiera de las cuales es suficiente para satisfacer el requisito de intención. Hay intención para la ley penal: 1) cuando el hecho fue realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. 2) cuando el hecho es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor.

En este caso, la conducta del autor no va dirigida voluntariamente a producir ese resultado, pero sí va dirigida a producir un hecho cuya consecuencia natural (segura o casi segura) es ese resultado. 3) cuando el autor ha querido su conducta, consciente de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho el cual efectivamente se produce.

Es decir, que el autor realiza voluntariamente una conducta, consciente de que implicaba un riesgo considerable y que produciría un hecho delictivo que no está permitido o que prohíbe la ley; y el cual efectivamente se produce.

Para tener por probado el delito de homicidio simple, la fiscalía debe probar estos tres elementos fuera de toda duda razonable: 1) Que Rubén Darío Castro ha muerto. 2) La muerte fue causada por la acción humana de Posse, 3) Y que esa acción fué intencional. En este caso los dos primeros puntos han sido reconocidos. La discusión es sobre si tuvo intención o no".

En tal sentido, se ilustró luego sobre el delito imprudente o culposo, y se sostuvo que configura aquel que se puede cometer mediante imprudencia, impericia o negligencia, y que la ley "dispone que el delito se considera imprudente cuando el autor no observó el debido cuidado que la ley exige a una persona normalmente prudente en la situación del autor para evitar el resultado prohibido.

Esto puede ocurrir cuando el autor no se dé cuenta del riesgo, aunque debía conocerlo o cuando lo descarta injustificadamente. El ejemplo más claro de esta situación es el manejo imprudente de automóviles.

En este caso la defensa ha planteado que Posse al momento del hecho era inimputable, es decir no responsable penalmente porque estaba en un estado de ebriedad completa".

Ahora bien, sobre la controvertida cuestión de la inimputabilidad del acusado al momento del hecho, el magistrado del Colegio de Jueces consignó que las causas son varias y están determinadas en el art. 34 del Código Penal.

En tal labor, el juez sostuvo que "cuando la embriaguez es voluntaria no exime de responsabilidad criminal, no es fundamento de inimputabilidad. Pero esta no es la situación que invoca la defensa" (.), Que la defensa sostiene que Posse, sabiendo que cuando bebe se emborracha y que cuando se emborracha, "se pierde" o que no tiene intención y libertad para dirigir sus acciones, tomó demás -de manera imprudente esa noche- y por eso cuando sucedió el hecho estaba en un grado de ebriedad tan grande que no tuvo intención de hacer lo que hizo.

Que no se confunda intención de tomar con intención de matar. Que, por eso, la defensa hizo hincapié en que la Fiscalía no pudo acreditar que Posse no estuviera en un estado de ebriedad".

Agregó en tal circunstancia, que lo que el Ministerio Publico Fiscal refiere en relación a ello, es que si "la defensa tenía previsto invocar esta situación, tenía que aportar pruebas para ello".

En cuanto a la resolución de la referida oposición -de la que se hiciera expresa reserva de impugnación a pedido del Sr. Defensor (Disco Nro. 3 Parte 2 minuto 4.05)-, destaco que el magistrado rechazó la disidencia sobre la instrucción sobre inimputabilidad, con fundamento en que incumbe a quien alega tal causal probarla, y la Defensa produjo prueba para ello, interrogó testigos y fue parte sustancial de su presentación del caso así como del alegato de clausura.

Ahora bien, al respecto y a poco que se repase tanto el libelo recursivo como la audiencia video filmada, se concluye que el impugnante no ha hecho una crítica razonada de dicha decisión, sino que se limitó a reeditar lo referido en la audiencia de juicio, sin que hubiera aportado en esta etapa impugnaticia un mínimo de fundamentación de su embate.

En suma, tampoco a criterio del suscripto existe mérito para la impugnación deducida contra la observada instrucción al jurado, por cuanto la crítica formulada no deja de ser una discrepancia subjetiva del recurrente en torno al contenido de la instrucción que hace inviable su pretensión por cuanto no logra siquiera vislumbrar como pudo dicha instrucción condicionar al jurado hacia un veredicto de culpabilidad (art. 238 inc. C del CPP).

Que en lo referente al tercer agravio direccionado a cuestionar el monto de la pena impuesta en la audiencia de cesura, debo reseñar que mientras el Sr. Fiscal Jefe interviniente solicitó la pena de 17 años de prisión, el Sr. Defensor Particular solicitó que se imponga el mínimo legal previsto para el delito.

Ahora bien, el agravio de arbitrariedad invocado por el recurrente no llega a ser tal, por cuanto circunscribe el mismo, a que el sentenciando postulo que "no encuentro eximentes de responsabilidad, agravantes ni atenuantes".

Sin embargo, tal afirmación no deja de ser un error material, por cuanto el resolutorio no solo formula citas doctrinarias aplicables al caso, y análisis de los preceptos legales que rigen la materia (arts. 40 y 41 del Código Penal), sino que luego pondera atenuantes en favor del impugnante.

En dicho sentido, me permito transcribir la parte pertinente del resolutorio en cuanto valora en sentido favorable "su extrema juventud -22 años al momento del hecho-, lo que me lleva a concluir que luego de atravesar esta horrible experiencia de vida, puede ser reeducado y resociabilizado exitosamente.. (.) También en su favor valoro que no tiene antecedentes penales (.) Además, su escaso grado de instrucción -apenas sus estudios primarios completos-, que lo hacen por estos tiempos en una persona altamente vulnerable; su buena conducta desde que se encuentra detenido -conforme informó el Crio. Pizarro en la audiencia-, que contaba con trabajo (era empleado municipal según recordaron la Sra. Secco y Vargas) y la falta de otros antecedentes, debido a que el personal policial (Crio. Giangiuliano y Cabo Quiróz) sólo refirió en la audiencia la causa del daño, una contravención labrada por el mismo hecho y una denuncia por amenazas por la cual no ha sido condenado".

Además de ello, pondera en su favor tanto que a partir de la muerte de su padre, el imputado incrementó el consumo de alcohol, como que si bien Posse comenzó la provocación y agresión, el fatal desenlace se desencadena luego del golpe de puño que le dio Kenny Albresch.

Por el contrario, y dejando expresa constancia que se juzga un acto y no la "peligrosidad" del causante, solo tiene por agravantes, la naturaleza violenta e injustificada de la acción, la conducta anterior por la que lesionó varias veces a la víctima con el cuchillo, el medio empleado, la forma en que asegura el resultado, el daño y el peligro causado con su accionar.

En lo que respecta a la crítica formulada por la quejosa, no advierto que en el escrito recursivo y menos aún en la audiencia de impugnación celebrada a fin de debatir los argumentos haya siquiera mencionado de qué modo la fundamentación de la pena haya resultado arbitraria, ni que haya rebatido los fundamentos de la decisión que recurre.

Todo ello, confluye en descartar la alegada tacha de arbitrariedad de la pena. En tal sentido, se ha establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no cabe invocar la garantía de la defensa en juicio cuando su alegada violación proviene de la propia conducta discrecional del recurrente (Fallos 225:123; 234:400; 235:113 y 891; 237:554; 239:142; 243:178; 245:427 entre otros).

Finalmente, en esta labor de amplia revisión en garantizadora del derecho al recurso que le asiste a toda persona imputada de un delito, y que estableciera el Código Procesal Penal vigente en la Provincia en cabeza del Tribunal de Impugnación Provincial (conf. arts. 8.2h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), concluyo que, en el fallo impugnado, no se advierte absurdidad, arbitrariedad, ni se ha omitido la valoración de circunstancias particulares que deban ser consideradas por este Tribunal.

Ergo, propicio a la Sala de este Tribunal de Impugnación desestimar el recurso deducido y, en consecuencia, confirmar la sentencia por la que se condenó a CARLOS BRUNO POSSE como autor del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Rubén Darío Castro y se le impuso la pena de DOCE AÑOS DE PRISION DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, accesorias legales y costas.

El Dr. Alejandro Cabral expresó: Por compartir los argumentos entregados por el Sr. Juez preopinante, adhiero a sus conclusiones.

La Dra. Liliana Deiub manifestó:

Participando de los términos y conclusión vertidos en el voto inaugural, me expido en el mismo sentido.

TERCERA: ¿Es procedente la imposición de costas procesales?.

El Dr. Federico Sommer dijo:

Que hallo motivo para eximir de costas procesales en esta etapa recursiva al perdidoso (art. 268 segunda parte, segundo párrafo del C.P.P.), con fundamento en que el ejercicio del derecho constitucional a una revisión amplia e integral de la sentencia de condena no debe verse cercenado ante la amenaza o el temor de tener que afrontar el eventual pago de las costas procesales en caso de que el recurso sea rechazado.

Por lo que encuentro razón suficiente para eximir totalmente de costas al recurrente en la presente instancia (arts. 268 y 270 a "contrario sensu" del CPP). Mi voto.

El Dr. Alejandro Cabral expresó: Por compartir los argumentos entregados por el Sr. Juez preopinante, adhiero a sus conclusiones.

La Dra. Liliana Deiub manifestó:

Participando de los términos y conclusión vertidos en el voto inaugural, me expido en el mismo sentido.

Por todo ello, por unanimidad el TRIBUNAL de IMPUGNACION, RESUELVE:

I.- DECLARAR ADMISIBLE DESDE EL PLANO ESTRICTAMENTE FORMAL la impugnación ordinaria deducida por el Sr. Defensor de confianza a favor de CARLOS BRUNO POSSE (arts. 233, 236 y 239 del CPP).- II.- RECHAZAR LA IMPUGNACION ORDINARIA DEDUCIDA A FAVOR DE CARLOS BRUNO POSSE por no configurarse los agravios invocados y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia de fecha 21 de abril de 2014, por la que se lo condenara por considerárselo autor del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Rubén Darío Castro, a la pena de DOCE AÑOS DE PRISION DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, con mas las accesorias legales por el plazo de la condena y las costas del proceso.- III.- EXIMIR TOTALMENTE DE COSTAS a la parte vencida (art. 268 primera parte y 270 a "contrario sensu" del CPP).- IV.- Remítase el original de la presente a la Oficina Judicial para su registración y posterior notificación a las partes y demás efectos.- Dr. Federico Sommer Dra. Liliana Deiub Dr. Alejandro Cabral Juez Juez Juez Reg. Sentencia N° 98 T° V Fs. 894/911 Año 2014.