Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15


SENT.DEF.Nº: 19760	EXPTE.Nº: 36.579/09 (28.652) JUZGADO Nº: 6 SALA X AUTOS: "PASSARELLO MIGUEL ANGEL C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, 15/05/2012.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los recursos que contra la sentencia de fs. 688/695 formulan el actor a fs. 699/701, la demandada Federación Patronal Seguros S.A. a fs. 705 y los terceros citados Quarter Land S.A. a fs. 706/726 y Runfo S.A. a fs. 729/730, mereciendo réplicas adversarias a fs. 735/737, 738/739, 740/742 y 747/748.

El actor se considera agraviado porque la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. fue condenada a resarcirlo exclusivamente con los alcances de la cobertura pactada en los términos de la ley 24.557. El recurrente pretende que debió ser condenada al pago de una reparación integral por una omisión culposa a sus deberes legales de prevención con fundamento en el artículo 1074 del Código Civil.

La demandada Federación Patronal Seguros S.A. apela la imposición de las costas por la acción admitida y pretende que las mismas sean distribuidas en el orden causado.

Los terceros citados Quarter Land S.A. y Runfo S.A. apelan la condena que fue dictada contra ellos con sustento en el art. 1113 del Código Civil. La primera de las mencionadas disiente con la valoración de la prueba y la aplicación del derecho resueltas por el juez "a quo" al afirmar que no se analizaron las defensas que opuso referentes a la falta de agotamiento del trámite previo ante las comisiones médicas y las deficiencias del planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor contra las disposiciones de la LRT. A todo evento, cuestiona que se hayan considerado acreditados extremos fácticos suficientes para responsabilizarla por las consecuencias dañosas del accidente de trabajo sufrido por el actor en los términos de la norma civil y afirma la improcedencia del requerimiento en concepto de daño moral.

La tercera Runfo S.A., a su turno, se opone a la procedencia de la responsabilidad civil que le fue atribuida al afirmar que el actor no era empleado suyo a la fecha del siniestro. Además objeta los alcances de la condena dictada contra la aseguradora demandada, a quien pretende se la declare solidariamente responsable por el pago de una reparación íntegral del daño. También apelan a fs. 702, 704 y 727 la representación letrada de la demandada, el perito médico y el perito contador, respectivamente, por estimar bajos los honorarios que les fueron regulados.

3º) Llega firme a esta instancia la ocurrencia del infortunio laboral denunciado en el inicio, cuya existencia resultó admitida por la aseguradora demandada en el responde al afirmar que tomó conocimiento del evento por denuncia de la empleadora y que procedió a brindar al trabajador las prestaciones médico-asistenciales que le fueron requeridas (ver. fs. 38 y vta.). Memoro que en la demanda el actor afirmó que el día 9/12/2008, mientras realizaba sus tareas habituales de faena a instancias de Quarter Land S.A. en el sector tripería del establecimiento frigorífico de Runfo S.A., al intentar evitar la caída del triperío que estaba extrayendo se le zafó el cuchillo; que ello le produjo una lesión en el antebrazo izquierdo por la cual debió requerir atención médica y lo mantuvo imposibilitado de prestar tareas hasta el día 22 de ese mes y año en que se le otorgó el alta médica, además de dejarle secuelas invalidantes por las que pretende ser resarcido (ver fs.4 y sgtes.).

Resulta asimismo indiscutida la existencia y evaluación del daño alegado como una incapacidad física parcial, permanente y definitiva del 12,90% de la t.o. (ver experticia médica de fs. 621/631 y aclaraciones de fs. 649/651, arts. 477 y 386 CPCCN).

En punto a la responsabilidad por omisión pretendida respecto de la aseguradora, cabe recordar que el art. 1074 del Código Civil establece un factor subjetivo de atribución al disponer que "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

Se trata de un supuesto de responsabilidad por la omisión de un deber legal, donde se le reprocha al agente el no haber adoptado una conducta que le resultaba jurídicamente exigible y que, de haber sido cumplida, hubiese evitado o disminuido la posibilidad del daño. Para que tal responsabilidad proceda es además menester que la conducta omisiva guarde un nexo de causalidad adecuado con la producción del daño. Así lo ha lo ha entendido la doctrina con criterio que comparto al sostener que la omisión resulta causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado resultado y que la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

Más allá de ciertas deficiencias en la alegación de los hechos contenida en la demanda, las circunstancias fácticas del accidente y los demás hechos probados en el juicio impiden vincular el daño con un deficiente cumplimiento de los deberes de prevención, control y asesoramiento que los artículos 4º y 31 de la L.R.T. y demás normas pertinentes del decreto reglamentario Nº 170/96 por parte de la aseguradora. Así de las declaraciones de Hernaez y Sordini (a fs. 319 y 609) y de la documentación que fue reconocida por el propio actor (fs. 298) se extrae que la empleadora hizo entrega al actor de elementos de protección personal adecuados para la tarea de corte que realizaba (v.g. guantes de acero), además de brindarle capacitación acerca de la manipulación de peso y los demás riesgos inherentes al puesto de trabajo.

Si a lo expuesto se suma lo que surge de las constancias documentales en cuanto a la existencia de visitas periódicas, cursos de formación del personal y efectivo control de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte de la aseguradora obligada (ver fs. 451/586 de la experticia contable, fs. 593/594 y 439/486), aunado a la declaración de Mas (a fs.302 ) en cuanto refirió que por el lugar en que se produjo la lesión el guante de corte no habría podido evitar el daño, no cabe sino concluir (al igual que lo hizo la magistrada que me precede) que no resulta probado que la aseguradora haya incurrido en alguna omisión culposa en relación de causalidad adecuada con el daño, razón por la cual propongo confirmar la decisión en cuanto desestimó la acción incoada contra ella fundamento en el derecho común (arg. cfr. art. 1074 Cod. Civil).

Ello es así, sin perjuicio del mantenimiento de la condena dispuesta contra ella en los términos de la LRT y que no ha sido materia de apelación y agravios.

4º) En cuanto a los agravios vertidos por Quarter Land S.A. y Runfo S.A., entiendo que corresponde confirmar la condena dictada contra ambas recurrentes con apoyo en el art. 1113 del Código Civil.

Reiteradamente he sostenido que la procedencia de una pretensión de reparación integral como la intentada en la demanda se supedita a que el/la trabajador/a demuestre la existencia de un daño en relación de causalidad adecuada con alguno de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa o incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o riesgo de una cosa o responsabilidad refleja por actos del dependiente) que resulte atribuible al empleador, salvo que se alegue y demuestre la concurrencia de alguna de las causales eximentes de responsabilidad legalmente previstas (arg. arts. 508, 511, 512, 1074, 1109, 1113 y cctes. del Código Civil; art. 75 inc. 1º LCT).

Las declaraciones de Mas y Jones (fs. 302 y 309), como testigos presenciales del hecho, corroboraron la versión de los hechos contenida en la demanda. Así refirieron que al actor, quien a la fecha se desempeñaba a favor de Quarter Land S.A. en el establecimiento de Runfo S.A., se lesionó con el cuchillo con el que estaba realizando las tareas de corte de carne, al intentar efectuar una maniobra para separar el tripero de la panza del animal, actividad que realizaban en el sector de mondonguería del establecimiento que describieron como bien iluminado aunque sucio de sangre y grasa. Las declaraciones antedichas resultan veraces y circunstancias de modo que merecen pleno valor probatorio (art. 89 LO y 386 del CPCCN).

En las circunstancias fácticas apuntadas resulta indudable que el cuchillo utilizado en tales circunstancias constituye una "cosa" riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil. Lo expuesto lleva a atribuir responsabilidad a ambas empresas, ya fuera como propietarias y/o por el hecho de haberse servido de esa herramienta de trabajo que constituyó la cosa riesgosa productora del daño, razón por la cual estimo reunidos a su respecto los presupuestos de procedencia de la responsabilidad atribuida.

No obsta a la procedencia de la condena dispuesta el carácter de terceras con el que las recurrentes fueron originalmente incorporadas al proceso, en la medida en que se aprecia que ambas tuvieron la oportunidad y ejercieron en plenitud el derecho de defensa en juicio no se verifica lesión alguna a las garantías del debido proceso (art. 96 CPCCN por remisión del art. 155 de la LO, acordada de la cámara Nº 2359/02 del 15/5/02 y art. 18 CN).

5º) En orden al planteo de inconstitucionalidad incoado por el actor en la demanda, cabe memorar que el Alto Tribunal en autos "Aquino Isaac c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (del 21/09/04, pub. en DT 2004-B, pág. 1286) ha señalado que el art. 39 apartado 1º se aparta de la concepción reparadora integral y excluye, sin reemplazo con análogos alcances, la tutela de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, lo cual no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de proclamar que tiene entre sus objetivos, en lo que aquí interesa, ". reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales" (art. 1º, inc. 2.b.), negando a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio 'alterum non laedere', la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, que no deben cubrirse sólo en apariencia.

En el caso bajo examen la veda que impone el sistema normativo de la ley 24.557 vulnera derechos de raigambre constitucional al impedir al actor el ejercicio de una acción en procura de la reparación integral -repárese que sufrió una limitación funcional como consecuencia de la manipulación de una cosa riesgosa de la que se sirvieron la empresa contratante y la usuaria- sin que exista razón objetiva alguna que justifique un tratamiento diferenciado de quien celebró un contrato de trabajo de los derechos que le asisten al resto de los ciudadanos por imperio del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Como lo sostuviera la Dra. Argibay en los autos "Díaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." (CSJN, 7-3.2006), al referirse al voto de los doctores Petracchi y Zaffaroni en el caso "Aquino", el art. 39.1 de la LRT es inconstitucional en general, incluso sin necesidad de formular un cotejo numérico entre el sistema de la ley24.557 y el derecho común. Ello es así por cuanto dicho artículo no puede ser presentado como una norma en principio constitucional, en la medida en que su letra desconoce la regla según la cual todas las personas tienen derecho a la protección de las leyes contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas o en el ejercicio de sus derechos (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).

Entiendo que la doctrina citada resulta mutatis mutandi aplicable al caso de autos, razón por la cual sugiero confirmar la sentencia de grado en cuanto decide en relación.

6º) La admisión del requerimiento en concepto del daño moral debe mantenerse con fundamento en el art. 1078 del Código Civil de conformidad con la doctrina establecida por esta cámara en el Fallo Plenario Nº 243 del 25/10/1983 en autos "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Arg. S.A." en cuanto resolvió que: "Es procedente el reclamo por daño moral en las acciones de derecho común por accidente del trabajo, fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del Código Civil", la cual esulta de acatamiento obligatorio (art. 303 CPCCN).

7º) Propongo confirmar la imposición de las costas resuelta en la primera instancia (v.g. impuestas íntegramente a las terceras Quarter Land S.A. y Frigorífico Runfo S.A. y en forma concurrente hasta el 25% a la aseguradora demandada) que juzgo razonable y acorde con el resultado del pleito y conforme con lo establecido en el art. 68 del CPCCN.

En atención al mérito, complejidad y extensión de las tareas cumplidas por los profesionales actuantes en la instancia que precede y lo dispuesto por las normas arancelaria vigentes, los honorarios regulados son equitativos y deben mantenerse (art. 38 LO y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57).

Postulo que las costas de alzada se impongan a las terceras citadas y la aseguradora en igual proporción a la que fue establecida respecto de las costas de la instancia anterior (art. 68 CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones ante la primera instancia (art. 14 ley arancelaria cit.).

Por las razones expuestas, voto por: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de alzada a las terceras citadas y la aseguradora en igual proporción a la que fue establecida en origen, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones de la primera instancia.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que precede.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 LO).

Como resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de alzada a las terceras citadas y la aseguradora en igual proporción a la que fue establecida en origen, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones de la primera instancia.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

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