Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-27


Reg.: A y S t 281 p 354/356. Santa Fe, 27 de marzo del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la doctora Paula Borello, Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación de la Fiscalía Regional 3, contra la resolución del 27 de julio de 2017, del Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo penal de la Tercera Circunscripción, doctor Orso, en autos "RODRIGUEZ, Mariano -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: Rodriguez, Mariano s/Homicidio (CUIJ 21-06666433-0)" (CUIJ C.S.J. N° 21-00511477-9); CONSIDERANDO: 1. Por auto de fecha 27 de julio de 2017, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo penal de la Tercera Circunscripción, doctor Orso, resolvió: dejar sin efecto lo resuelto por el Juez de primera instancia, en cuanto había rechazado el planteo de inadmisibilidad y exclusión de evidencias formulado por la defensa, a fin de que la cuestión fuera reeditada y decidida en la etapa intermedia y disponer que durante la misma intervenga un Magistrado diferente al que lo venía haciendo hasta el momento (fs. 9/11v.). 2. Contra dicho decisorio, la fiscal interviniente interpone apelación y subsidiario recurso de inconstitucionalidad (fs. 13/16). Achaca a la sentencia recurrida, arbitrariedad y apartamiento de la ley, por cuanto la estimación de "prematuro" del planteo de la defensa, dejando sin efecto una resolución judicial, no reconocería fundamento en la ley procesal aplicable que lo admite en cualquier etapa del proceso (f. 13). Acusa yerro por entender que el Juez de segunda instancia debió expedirse concretamente, convalidando o desestimando la invalidación, y no postergarla indefinidamente, con eventual incidencia en la estrategia de las partes y en la medida cautelar impuesta al encartado, diciendo que, conforme lo resuelto, "...la evidencia no sería válida ni tampoco inválida"(f. 14). Se queja de que el Juez, para fundar su decisión, hubiera expresado que "...el abogado defensor no ha podido valorar en su totalidad y de forma más completa la evidencia y eso dá la presunción de la premura del planteo...", afectando con ello el principio de imparcialidad del juzgador, quien estaría supliendo la actividad de las partes (f. 14). Tacha de arbitraria la decisión del A quo de disponer, oficiosamente, el apartamiento del Juez de grado, quien se habría limitado a resolver un planteo de parte (f. 15). Por fin, endilga al Magistrado haberse apartado de sus propios precedentes, en los que habría resuelto postulaciones de invalidez de evidencia de manera previa a la etapa preliminar (f.15) 3. La Alzada, por resolución 43 del 22 de agosto de 2017, rechazó "in límine" el recurso de apelación interpuesto y declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en ausencia de definitividad de la resolución recurrida y de un supuesto de arbitrariedad (fs. 17/19 v.); lo que motiva su presentación directa ante esta Sede (fs. 21/24). 4. Cabe anticipar que la queja interpuesta no ha de prosperar. En primer término, cabe recordar que el artículo 1 de la ley 7055 establece una exigencia fundamental para que la resolución que se pretende agraviante, pueda ser objeto del recurso de inconstitucionalidad local, y es que debe tratarse de una sentencia definitiva o auto equiparable. A su vez, cabe apuntar que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido, Fallos:308:1832; A. y S., T. 92, pág. 416; T. 107, pág. 149; T. 120, págs. 309 y 320, entre otros). En el caso, es dable señalar que el pronunciamiento recurrido, en cuanto deja sin efecto la resolución de grado, difiriendo el tratamiento de las cuestiones relativas a invalidez de evidencia para la etapa preliminar, no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación. En referencia específica a resoluciones que deciden sobre la nulidad de actuaciones procesales, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo -con respecto al recurso previsto en la ley 48- que no constituyen sentencia definitiva (Fallos:310:2733; 314:657 y 1442, entre otros) y que las decisiones que admiten o rechazan nulidades procesales no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, por lo que carecen de carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario (Fallos:316:341); línea seguida por esta Corte (A. y S., T. 134, pág. 42; T. 158, pág. 237; T. 170, pág. 363; T. 195, pág. 34, entre otros); sin perjuicio de reconocer excepción a dicha regla cuando con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior. Y en el "sub examine", la compareciente no logra persuadir a esta Corte de la existencia de un gravamen irreparable que permita sortear el recaudo de sentencia definitiva o equiparable a tal. Pues sus genéricas alegaciones vinculadas a la eventual incidencia en la estrategia procesal de las partes o en la prisión preventiva impuesta al encartado no sobrepasan de lo meramente conjetural, puesto que omite mencionar, en el caso concreto, cuál sería la afectación que la resolución impugnada le irroga en alguno de los aspectos mencionados. En suma, frente a la falta del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 más arriba aludido, y sin que la presentante hubiese acreditado la concurrencia de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio deducido. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Colegio de Cámara de Apelación en lo penal de Venado Tuerto.