marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: MARIA ESTER WALPERT DE CERRUDO s/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-06

La sola circunstancia de la omisión de entregar al IAFAS las sumas reclamadas, no significa por sí que la procesada se halla encuadrada en el tipo del artículo 173 inciso 2º del Código Penal, toda vez que la figura exige, a más de ello, la voluntad deliberada de no cumplir. Ha de quedar perfectamente demostrada esa malicia. El delito de Retención Indebida no se trata de una simple y mera objetividad, sino que las omisiones demostradas han de estar unidas a una inequívoca y directa voluntad de cometer un hecho que se sabe ilícito. Elemento subjetivo que no se advierte en el caso, no sólo ya por las explicaciones de la encausada, sino fundamentalmente por la actitud de la perjudicada que a través del sistema de cuentas corrientes concertó con aquélla los pagos en el tiempo, desnaturalizando así en términos reales la obligación de entregar en los modos y momentos normados en el Reglamento General.
Actos y diligencias procesales, telegrama, carta documento, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M. D. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-22

La jurisprudencia establece que el telegrama o carta documento colacionado con aviso de recepción es un instrumento público.
Interrupción de la prescripción, acreedor
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz Lacoste, Alejandro y otro c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

El derogado CCIV 3986 -aplicable a la especie- disponía que "la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". La palabra demanda empleada en la norma referida no sólo debe ser entendida en el sentido de demanda, de reconvención y de excepción, sino que resulta comprensiva de cualquier reclamo, actividad o diligencia judicial del acreedor encaminado a la defensa de su derecho, que revele su propósito de ejercerlo, de obtener el pago. Así, cualquier reclamo judicial de esa u otra naturaleza que importe una manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho es bastante para interrumpir la prescripción (cfr. Rezzónico, Luis María, "Estudio de las Obligaciones en Nuestro Derecho Civil", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1966, Vol. 2, pág. 1138).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, tenencia ilegítima de armas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Insfran, Jorge Damián s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Insfran, Jorge Damián s/ 189 bis 2 / 4 párrafo portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

Si bien el recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma (conf. art. 33 ley n° 402) no puede prosperar porque carece de crítica suficiente del auto denegatorio conforme el cual la Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, porque entendió que la defensa no había logrado demostrar la configuración de una cuestión constitucional. La parte recurrente no rebate siquiera mínimamente los argumentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Beneficio jubilatorio único, discriminación
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Izaguirre, Graciela c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", (expte. n° 8290/10) y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Alonso, Patricia Isabel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'. denegado en 'Izaguirre, Graciela c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", (expte. n° 8290/10) y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Alonso, Patricia Isabel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08

Si bien la distinción de edad jubilatoria pudo haber sido establecida en favor de las docentes mujeres para que accedieran en forma más temprana al beneficio jubilatorio; en el escenario actual, donde por diversas causas las docentes mujeres aspiran a prolongar el ejercicio de su actividad o profesión, no puede convalidarse que la referida distinción provoque, en lo hechos, una discriminación perjudicial para la amparista que limite el ejercicio de su derecho a la carrera frente a sus colegas de sexo masculino, en igualdad de circunstancias.

(Voto del Dr. José O. Casás, al que adhiere la Dra. Ana María Conde).
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: CLOVET, YOLANDA NELLY c/ SULLIVAN, DANIEL IGNACIO s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Si daño material, en el sentido del art. 519 del Código Civil, es todo desmedro patrimonial y éste, a su vez, el menoscabo que alguien sufre, susceptible de apreciación pecuniaria, por oposición al agravio moral, que es todo menoscabo de un interés no económico, es obvio que la incapacidad sobreviniente al incumplimiento contractual, debe ser medida en relación a semejante especie de desmedro, pero ello no significa que deba apreciarse con rigor que pérdida se ha producido o que ganancia se ha dejado de percibir de orden lucrativo, puesto que hasta la "chance" es resarcible cuando implica una probabilidad suficiente.

No solamente deben resarcirse los menoscabos provenientes de ausencia o disminución de laborabilidad remunerada, sino también, de aquellas ocupaciones, aún benévolas porque las hace el agente para sí mismo o su familia, que se pueden conmensurar pecuniariamente.
Sentencia, liquidación judicial, error numérico
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRO, EVA S. c/ A. LISCOVSKY E HIJOS COMPAÑIA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-25

No sería equitativo dar primacía a una situación que deviene de una manifiesta malformación de la voluntad judicial emergente de un desacierto matemático que, aun cuando pudo ser corregido por la vía de la apelación o la aclaratoria en su momento, no puede entenderse definitivamente consolidado, si atiende a la aptitud correctora que se le atribuye a los jueces con posterioridad a la sentencia en lo que hace a los meros errores aritméticos. Los errores aritméticos padecidos en una sentencia pueden rectificarse en cualquier tiempo, aún en el trámite de ejecución, sin que ello importe vulnerar la intangibilidad de un derecho adquirido. (Fallos 280:22) (Conforme dict. PGT.)
Leyes, aplicación de la ley, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: Amado, Carlos Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

De conformidad con lo establecido por el art. 3 de la ley 12.059, como lo reconoce el recurrente, la causa que origina los recursos traídos continúa rigiéndose por las disposiciones contenidas en la ley 3.589 y sus modificatorias. En atención a ello resultan improcedentes los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el Defensor Oficial de Casación ante ese Tribunal en los términos de los artículos 479 y siguientes del Código Procesal Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones sindicales, elecciones gremiales, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: BORDA, RAMON c/ UNION TRABAJADORES GASTRONOMICOS DE LA REP. ARG. s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

El plazo de 45 días previsto por la ley 23551 y por su decreto reglamentario es insoslayable. Carece de sentido decir que por que se ha suspendido un acto eleccionario la segunda convocatoria puede hacerse sin dar a las partes las garantías legales mínimas. No debe olvidarse que están en juego principios que hacen a la democracia sindical, que es el objetivo central de la legislación aplicable.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velázquez, María Cristina c/ Errico, Viviana Noemí y otras s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La indemnización por incapacidad, configura de por sí un daño indemnizable, ya que la integridad de los individuos abriga un valor apreciable en dinero.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, Comité de los Derechos del Niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes, responsabilidad internacional del Estado Parte, REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los Derechos del Niño - C.R. Vs. Paraguay - Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el progenitor no conviviente c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2020-02-03

Debe el Paraguay, en tanto Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, proporcionar a la hija de quien accionó internacionalmente porque sus autoridades judiciales hicieron caso omiso de las decisiones que ordenaban la revinculación de ambos, una reparación efectiva por las violaciones sufridas, adoptando medidas que garanticen la ejecución de aquellas, estableciendo un régimen de visitas entre el actor y su hija, incluyendo asesoramiento y servicios de apoyo adecuados y proactivos que permitan reconstruir la relación entre ambos, considerando en forma prioritaria el interés superior de la niña.
Excarcelación, falta de mérito, intimación a comparecer
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LARROSA RICARTE, Víctor Hugo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-04

Si se dictó falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado, no asiste razón en mantener las obligaciones impuestas al momento de su excarcelación.

Por ello corresponde revocar la resolución y hacer cesar la obligación de concurrir al juzgado cada treinta días.
Proceso penal, juicio correccional, imputado, procesamiento, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B, J. M. s/ Homicidio culposo, lesiones leves y graves culposas. Procesamiento   (Expte. Nº 146-2000, Resolución Nº 94, Tomo 56, Folio 254)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-25

El recurso de reposición contra el decreto del juez correccional que dispone el procesamiento del imputado, debe sustanciarse con las partes, conforme le trámite indicado por el artículo 418 Código Procesal Penal -tercer párrafo-, referente a recursos que dependen de hechos controvertidos, y la decisión del mismo debe plasmarse mediante auto fundado (artículo 125 del Código Procesal Penal y 95 de la Constitución Provincial). Asimismo, no resulta relevante la medición numérica o cuantitativa de párrafos que la Sra. Juez dedica al análisis de los elementos de cargo. La fundamentación suficiente (artículo 95 Constitución Provincial). No importa un rigorismo "tasado", ni un formalismo conceptual, sino y por el contrario, que la simple lectura lleve al intérprete al entendimiento -provisorio- tanto de la materialidad objetivada por el hecho, cuanto a la atribución imputativa de los justiciables en la participación en el hecho.
Actos y diligencias procesales, arrendamiento rural, proceso arbitral
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPIL SA c/ MARFRIG Argentina SA s/ ordinario - MARFRIG Argentina SA c/ CAPIL SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

Corresponde admitir la defensa de incompetencia del Tribunal Arbitral para entender en esta contienda, toda vez que la demandada afirmó que el negocio concertado entre los justiciables se encontraba bajo el amparo de la ley 13.246 la cual prohíbe expresamente la prórroga de competencia. Ello así, en tanto la cláusula compromisoria pactada entre las partes resultaría nula por transgredir una norma imperativa de orden público (art. 1° y 17). El contrato de arrendamiento rural es una de las herramientas contractuales más utilizadas en el ámbito agrario. El mismo, se encuentra regulado por la ley 13246, que define este contrato en su art. 2°. Se trata de una norma de orden público (art. 1°), y en su artículo 17 prohíbe y anula la prórroga de jurisdicción o la constitución de un domicilio especial distinto del real del arrendatario.

Y si bien la doctrina agraria, desde larga data viene bregando por la derogación del art. 17, último párrafo, de la ley 13246 (ver en este sentido Brebbia, Fernando - Malanos, Nancy, "Tratado teórico práctico de los contratos agrarios", págs. 38 y ss, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997), lo concreto es que, igualmente conserva su vigencia mientras una norma expresa no la derogue. Disidencia de la Dra. Díaz Cordero:.

La ley 13246 se dictó en un tiempo en que existían desniveles económicos acentuados entre el arrendador y el arrendatario, siendo que la ley pretende proteger a la parte débil en el contrato, que identifica con el arrendatario, por lo tanto es éste quién podría invocar la prohibición de prorrogar la jurisdicción y no el arrendador. De todas maneras, en el sub lite todas las intervinientes son sociedades comerciales, que se presume conocen el mercado. Además, el alcance cualitativo y cuantitativo de los acuerdos que sustentan el conflicto hace imposible inferir el desconocimiento de las normas que regulan la materia agraria.

Lo justo, para los contratos entre iguales, consistirá en el sometimiento estricto a los términos del pacto; y en los contratos entre desiguales, en el mantenimiento del equilibrio de la relación de cambio. En el primer caso, la libertad exigirá el reconocimiento de plenitud de efectos para el albedrío; en el segundo, su reafirmación a favor del sindicado como débil jurídico (Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto M., "La autonomía de la voluntad en el contrato moderno", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, págs. 80 y ss.).

No se advierte prima facie que medie entre las partes una relación de poder que imponga modificar los acuerdos realizados, ni ello se desprende de la letra y el espíritu de la ley invocada. En ese contexto, la postura de la sociedad recurrente que pretende restar efectividad a la cláusula compromisoria libremente pactada con apoyo en normas que buscan tutelar al arrendatario en tanto parte débil de la relación contractual, no puede tener favorable acogida.
Costas, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUILERA, ERNESTO JUAN s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-16

Declarada abstracta la cuestión traída a juzgamiento, las costas deben imponerse por el orden causado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, auto de sobreseimiento, actor civil, recurso de apelación (procesal), falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P., E. V. y otros s/ Defraudación - Recurso de Inconstitucionalidad (Resolución Nro. 235,  Tomo 57, Folio 228)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-28

No cabe admitir el procedimiento previsto por la ley 7055 intentado contra la resolución del Tribunal que no acepta la queja por denegación del recurso de apelación contra un decreto de la Juez de Instrucción que desestima la pretensión de que se declare nula una declaración testimonial. Ello por cuanto la cuestionada resolución fue contundente en que la causante carecía de legitimación procesal para cuestionar la resolución que no ha sido atacada por el titular de la acción pública. El recurso intentado, así, surge manifiestamente inadmisible en punto a la ausencia de legitimación de la recurrente, sin que surja argumento con un mínimo de seriedad y relación con la realidad de la causa, que abone la legitimación que preconiza (art. 13 ley 7055).
Daños y perjuicios, objeto de la demanda, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramirez de Mazza, Belkis Beatriz c/ Transporte Los Patricios  S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-25

Cuando se reclama por daños y perjuicios, la indicación siquiera aproximada de la cantidad respectiva puede remitir a fórmulas como "o lo que en más o en menos estimará oportunamente V.S. de acuerdo a las probanzas...", cuya utilización es admisible en la medida que obedezca a circunstancias que justifiquen tal indeterminación del monto.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Raúl Antonio s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-13

Debe ser rechazado el planteo articulado por la defensa al sostener que el incurso no actuó con plena conciencia de la criminalidad de sus actos, por cuanto sólo contamos con la mera invocación de tal circunstancia por parte de aquél, sin que exista ningún elemento de convicción que lo corrobore o, que por lo menos haga creíble tal defensa material. No se trata de invertir la carga de la prueba -sabido es que no le corresponde al inculpado probar su inocencia o la existencia de una causal de inimputabilidad, como en este caso-, pero si el mismo se ampara en dicha causal, para que prospere debe resultar verosímil y compatible con los restantes elementos de juicio incorporados al proceso.
Ministerio Público Fiscal, requerimiento de elevación a juicio, acusación fiscal, falta de acusación, principio de legalidad, legalidad objetiva, delito de acción pública, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guzman, José Marcelo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Lo que el fiscal valora en la ocasión de concretar el requerimiento de juicio, es si hay elementos suficientes para llevar a debate oral al imputado y no si existe prueba para destruir su estado de inocencia y condenarlo. En este mismo sentido, resta añadir que el análisis de la prueba producida en el debate será el que le permitirá al titular de la acción penal pública determinar si existen fundamentos para solicitar que se le imponga una pena al imputado. Como correlato del principio de legalidad, se erige el principio de oficialidad de la acción penal. Este precepto establece que el Estado debe crear los órganos encargados de promover la persecución penal ex oficio.

Es decir, ante la noticia de un delito el órgano encargado de ejercer la acción penal debe poner en funcionamiento la maquinaria judicial con el objeto de lograr el esclarecimiento del hecho. En nuestro caso, como lo vengo afirmando, el Ministerio Público Fiscal es el único encargado de iniciar la investigación de los delitos de acción pública (art. 188 C.P.P.N.). (Voto de la Dra. Ledesma).
Filiación, prueba de histocompatibilidad, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: G.A.R. c/ D.A. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

El adelanto científico permite que en los juicios de filiación la comprobación de la existencia del vínculo biológico ya no quede sujeta sólo a elementos hipotéticos, como son los hechos de la vida, sino que se cuente con una prueba biológica, como es la de histocompatibilidad (Human Lymphocyte Antigen), que, con márgenes de acierto que oscilan -conforme a las publicaciones científicas específicas- entre el 96 y 99,9%, permiten señalar si entre determinadas personas existe o no un vínculo de filiación.

Cuando sólo se contaba con la prueba hematológica -que permite excluir una paternidad pero no afirmarla positivamente- se sostenía que la negativa a someterse a la prueba biológica crea una presunción en contra de quien asume tal actitud procesal. Pero a partir de la década del setenta, en que se suma la posibilidad de contar con una prueba asertiva concluyente, como es la de H. L. A., el sentido la presunción se robustece y salvo que medien justificadas y probadas razones, la expresa negativa del accionado hará presumir el acierto de la posición contraria a la que éste sostiene en el pleito. No es razonable adoptar otra actitud, cuando lo que está en cuestión es estado de familia de una persona.

No sólo la construcción doctrinaria y jurisprudencial conduce a esta conclusión sino que ha sido impuesta por el art. 4 de la ley 23511.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, diligencias extrajudiciales, pericia médica
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ c/ ALPARGATAS S.A.I.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

Las consultas médicas y estudios requeridos para concluir con la prueba pericial médica, constituyen un acto impulsorio e interruptivo de la caducidad, entendiéndose como tal aquél que hace avanzar el proceso hacia su destino normal, que es la sentencia definitiva. En ese contexto, tales diligencias cumplidas fuera del expediente, activan el procedimiento e interrumpen la perención.-
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, pago, plazo, vicio de irrazonabilidad
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Roger,  Martin  Raúl c/ EN-PEN-Dtos 1570/01 y 214/02-Ley 25.561 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-09

Si bien la tenencia de los bonos creados por los decretos 905/02 y 1.836/02 permite, a medida que éstos se van amortizando, la total recuperación de los depósitos en dólares reprogramados, la excesiva extensión de los plazos fijados para ello -3 años y 6 meses en orden a la percepción de la primera cuota y 10 años y 6 meses para la cancelación total- torna irrazonable tal alternativa, considerando que antes la resolución (M.E) 6/02 -ratificada en este aspecto por las resoluciones (M.E)9/02, 18/02 y 23/02 había previsto un lapso mucho menor -1 año de espera y 4 años y 8 meses para la cancelación total-, reconociéndose con ello que los bancos podrían devolver todas la imposiciones en este último período (del voto del doctor Buján, cons. X). (L.L. 15-12-04).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Vicente Horacio c/ Tampellini, Delmo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-03-29

La procedencia del Recurso de Casación está supeditada a la inexistencia de vías ordinarias para la tutela del derecho que pueda existir a favor del recurrente pues así lo dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut cuando establece que el Recurso de Casación procede... contra sentencias definitivas dictadas por las Cámaras de Apelaciones o Tribunales de última instancia, precisando este concepto al determinar que: "Debe entenderse por sentencia definitiva la que aún cuando haya recaído sobre un incidente, termine la litis o haga imposible su continuación". El mismo dispositivo legal refuerza este concepto al expresar que "no procedera el Recurso de Casación contra la sentencia recaída en aquellos juicios que después de terminados, no obsten a la promoción de otro sobre el mismo objeto".
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Suárez, Félix Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

No resulta justificable ni razonable exigir como uno de los requisitos para acceder al adicional en cuestión (en la especie la bonificación por "título universitario" fijada según ley 6757 y normas concordantes y expresamente admitida por el Instituto de Previsión Social, res. 218/88, art. 4º inc. "f", ap. 2) por quienes se encuentren en estado de pasividad -como el actor-, la acreditación de que al tiempo en que ejercieron la función pública lo hayan percibido, si en el período de su desempeño en el cargo sobre cuya base obtuvo la jubilación dicho beneficio no existía, estableciéndose en favor del personal activo poco antes de su cese y siendo expresamente receptado por el Instituto demandado con posterioridad a dicha circunstancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)