Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 342/347. Santa Fe, 20 de marzo del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 2017, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "DIEZ, Marcelo Raúl c/ ESCOBAR SANTA FE S.A.C.I.F.I. - Daños y perjuicios - (CUIJ N? 21-00954831-6)" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511631-4); y, CONSIDERANDO: 1. En la presente causa, la Cámara resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor y revocar la sentencia de primera instancia sólo en lo que hace a los intereses -que habían sido fijados a la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina-, aplicando al capital la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Asimismo, resolvió también acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocando la sentencia de primera instancia en lo referente al daño psicológico -rechazando dicho rubro- y a la imposición de las costas en la instancia de grado, las que distribuyó en un 20% a cargo de la actora y un 80% de la demandada. Impuso las costas en la Alzada en un 40% a cargo de la actora y un 60% de la demandada. Contra tal pronunciamiento, la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad (artículo 1?, inciso 3), ley 7055), por considerarlo arbitrario. Tras relatar los antecedentes del caso, sostiene que la sentencia impugnada se ha apartado de la normas legales aplicables al caso, desnaturalizándose la solución prevista en el sistema jurídico. Afirma que un fallo es arbitrario cuando resuelve la cuestión aplicando normas derogadas o dejando de aplicar las normas legales que se encuentran vigentes, vulnerando el principio de división de poderes. Alega, además, que la sentencia atacada adolece de falta de motivación suficiente y prescinde de la valoración de prueba decisiva. Manifiesta que no cuestiona el criterio interpretativo que respecto de la naturaleza del deber de seguridad anexo a la relación de consumo efectúa el Tribunal, como así tampoco con la valoración efectuada respecto de las probanzas rendidas en autos respecto de la suma de dinero que le fue sustraída a la víctima, pero sostiene que la Cámara ha incurrido en arbitrariedad al prescindir de elementos que resultan decisivos en la consideración de la previsibilidad del hecho acontecido, sosteniéndose con afirmaciones dogmáticas la vinculación de las características de la actividad que desarrolla la demandada con el riesgo. En ese sentido, entiende que los magistrados asientan el alcance de la eximente de responsabilidad sobre criterios jurídicamente improponibles -como la importancia económica del patrimonio de la accionada-, aplicando el Derecho vigente en forma inadecuada y analizando en forma errónea, parcial e inequitativa el material fáctico colectado en la causa. Señala que el fallo se desentiende de las consecuencias económicas y sociales que tendría, de generalizarse, la decisión de atribuir el deber de responder por el daño causado por terceros ajenos mediante el uso de armas de fuego a una empresa cuya actividad no presenta riesgos de seguridad como el que sufrió el accionante. Por otro lado, critica la sentencia por sustentarse en precedentes jurisprudenciales que no resultan aplicables al caso en virtud de responder a circunstancias de hecho distintas, además de resolver en contra del Derecho vigente, descartando la aplicación de la ley 25345 sin declarar su inconstitucionalidad. Cuestiona que los magistrados hayan valorado irrazonablemente el plexo probatorio producido, de modo tal que el resultado ha sido transformar un supuesto de responsabilidad objetiva en una obligación de responder irrefragable, ya que el hecho de un tercero, cuando implica el uso de armas de fuego, reúne los caracteres del caso fortuito. También considera arbitraria la sentencia por desestimar la incidencia causal del hecho de la víctima, analizándose su conducta con parámetros que resultan contradictorios con las circunstancias comprobadas de la causa. Indica que si bien Escobar Santa Fe S.A.C.I.F.I. es una empresa importante, no posee las características propias de un centro comercial, supermercado o hipermercado, y mucho menos las de un servicio público como el transporte ferroviario, automotriz o un corredor vial, ya que no involucra grupos masivos de usuarios y consumidores, los espacios destinados a los terceros son acotados, con un ingreso y egreso para los automotores que requieran de servicio técnico y una puerta de acceso al público que no está restringida, pero se trata de una entrada única, al frente del local y preparada para las necesidades propias de la actividad. Pone de relieve que la "importancia", en el sentido que la sentencia refiere, no resulta un criterio aceptable para medir qué riesgos debía prever la empresa, porque el razonamiento del juzgador radica centralmente en el giro económico de la empresa y no, como debiera, sobre las características de la actividad, siendo esto último lo que determina la previsibilidad del hecho invocado como eximente de responsabilidad. Destaca que lo que debieron analizar los sentenciantes es si las modalidades que tiene la compraventa de automotores nuevos y usados permiten asumir como un riesgo probable, en términos de normalidad, que un consumidor pueda sufrir un daño con motivo de un ataque a su integridad física o a los bienes materiales de su propiedad y cuáles eran las medidas de seguridad apropiadas para evitar este tipo de eventos, en el marco de aquella actividad. Califica de arbitraria la valoración de la prueba al concluir la Sala que la demandada no logró acreditar cuál era el destino de la caja ubicada en el primer piso del local comercial, indicando los juzgadores que no se demostró que la misma estuviera destinada a recibir pagos de poca importancia, ya que -según sostiene- no existe ningún elemento de juicio que implique lo contrario y, a consecuencia de ello, sea imprescindible la adopción de precauciones similares a las de una entidad bancaria. Observa que el Tribunal soslayó que la empresa tiene la política de bancarizar sus cobranzas de modo que, aunque sea cierto que ello no descarta la posibilidad de que se manejen sumas importantes de dinero en la caja, es una razón de peso para presumir que ello no sucede, todo lo cual fue corroborado mediante la declaración de los testigos que comparecieron a lo largo del proceso. Insiste respecto de que no se puede pretender que una empresa cuya prestación nuclear no involucra seguridad -como el caso de los bancos o el transporte- adopte medidas de prevención que son propias del Estado. Recalca que en el campo del Derecho de los consumidores el proveedor debe asumir los riesgos, pero sólo los que resultan interiores a su actividad, no los que son externos a ella porque derivan de la vida en sociedad, de la crisis de sus estructuras o son las consecuencias de la situación económica y del fracaso de la actividad estatal para controlar la violencia y el delito. Subraya, además, que la accionada cuenta con un servicio de seguridad privada que resulta apto para prevenir aquellos eventos que son "probables", de acuerdo a lo que sucede normalmente. Expone que los fallos utilizados por la Cámara para fundar su posición refieren a casos que no tienen contacto relevante con el que nos ocupa, porque no involucran el uso de armas de fuego y todos ellos tienen que ver con centros comerciales, hipermercados o comercios cuya actividad presenta modalidades de masividad y riesgo que no se asemejan a la de la empresa demandada, o presentan particularidades que son notablemente ajenas al caso que nos ocupa. Finalmente, reitera que la sentencia ignoró la valoración de los indicios que se probaron en la causa respecto de la existencia de una seria presunción de que el robo no responde a un asalto a mano armada a la caja de Escobar Santa Fe S.A.C.I.F.I., sino un ataque dirigido directamente al señor Diez por delincuentes que lo venían siguiendo desde la entidad financiera en la que retiró el dinero, extremo que estima determinante para el análisis de la relación causal. Al margen de ello, expresa que la culpa de la víctima en el hecho surge diáfana cuando, teniendo la posibilidad de efectuar una operación bancaria en la misma institución financiera en la que su amiga tenía el dinero depositado, decidió extraer y transportar el efectivo hasta la concesionaria, siendo el actor quien introdujo el riesgo en la relación de consumo. 2. La Cámara denegó la concesión del recurso por auto de fecha 30 de octubre de 2017, por considerar que la hipótesis de arbitrariedad concebida correctamente en abstracto no guardaba relación con la realidad del caso, lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte, de conformidad al artículo 8 de la ley 7055. 3. Ahora bien, ingresando al análisis de las alegaciones expuestas por la recurrente en la presentación directa que efectúa, se adelanta que tales planteos no pueden tener acogida en esta instancia. Ello así, puesto que de la lectura del escrito recursivo en confrontación con la sentencia atacada, sólo se advierte la mera discrepancia de la compareciente -sin entidad constitucional- con lo resuelto por la Cámara, en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que, como es sabido, no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional. Es que, aunque se invocan causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada remite a cuestiones fácticas, pruebas e interpretación de normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a la Corte revisar por este medio. En efecto, la Sala consideró que la obligación de seguridad que compete a la demandada no constituye una exigencia "absoluta", sino limitada a supuestos en que en la producción del perjuicio al consumidor no juegue una causa ajena, es decir, un factor eximente de responsabilidad que produzca la ruptura de la relación de causalidad, no bastando con probar la falta de culpa. Así las cosas, en lo que hace a la culpa de la víctima alegada por la recurrente, la Cámara destacó que, aun concediendo que además de la caja existente en el local comercial se utilizaba -probablemente con más asiduidad- el sistema bancario y que el propio actor reconoció que había asumido un riesgo al trasladar físicamente el dinero, ello no era suficiente para concluir que en el caso su conducta tuvo la entidad suficiente para producir la fractura del nexo causal. Es que, entre otras razones, los sentenciantes consignaron que no podía soslayarse que la demandada contaba con una caja habilitada donde los clientes podían pagar en efectivo, sin que se haya acreditado ninguna prohibición o restricción de su parte para hacerlo, además de considerar que tampoco era eficaz el argumento relativo a la prohibición prevista por la ley 25345, puesto que, al permitir que se abone en efectivo, la propia empresa estaría participando del incumplimiento. Por otro lado, la Sala puso de relieve que el delito no se produjo en la vía pública, a la salida de la entidad financiera, en la vereda de la concesionaria o al estacionar el vehículo, sino en el interior del local, habiendo la víctima subido las escaleras y colocado sobre el mostrador de la caja la suma de dinero de la cual fue despojada. En lo que hace al hecho de un tercero ajeno invocado por Escobar Santa Fe S.A.C.I.F.I. como eximente de responsabilidad, la Alzada entendió que, más allá de que nada ni nadie obliga a la demandada a contratar un servicio de seguridad, ello nada tiene que ver con sus deberes frente a los usuarios o consumidores que ingresan a sus instalaciones. En ese orden, los juzgadores valoraron que el hecho que motivó los presentes actuados era previsible teniendo en cuenta la magnitud de la empresa, la importancia de los bienes existentes en sus instalaciones, el funcionamiento de una caja y la habitual afluencia de gente que circula por el lugar, a lo que debía sumarse el notable crecimiento de los índices de delito que la propia recurrente reconoció. Respecto de la evitabilidad, la Cámara sostuvo que no asistía razón a la accionada en cuanto a que el hecho fue irresistible, puesto que el servicio de seguridad contratado consistía en unos pocos uniformados (sin armas por mediar una prohibición al respecto) que recorrían el local pero no estaban ubicados en el sector de la caja, además de que el mismo no contaba con boxes o mamparas que eviten la visión de lo que pasa en la ventanilla, ni existían cámaras de seguridad con sistema de grabación y monitoreo. En consecuencia, los sentenciantes concluyeron que de haber adoptado algunas de estas precauciones, o bien la contratación de servicios adicionales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, como suele hacerse frecuentemente con otros establecimientos, se habrían reducido las probabilidades de que el hecho se produzca, razón por la cual las características reseñadas constituyeron una ocasión ideal para el robo, sólo inevitable o irresistible por la absoluta ausencia de medidas de seguridad. Frente a este razonamiento, la compareciente plantea su disconformidad con el alcance otorgado por los magistrados a los medios de confirmación producidos, como así también con la interpretación realizada respecto de normas de derecho común, mas sin lograr demostrar que la Cámara, al resolver como lo hizo, hubiera incurrido en algún vicio con entidad para descalificar la decisión desde la óptica constitucional, en tanto no ha acreditado que se hayan excedido las posibilidades exegéticas razonables que habilitan las normas en juego con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, ni que se hubiera fallado sin motivación suficiente o de modo lesivo de derechos o garantías constitucionales. Por el contrario, la crítica de la quejosa se limita a reiterar los planteos efectuados en las instancias ordinarias y a invocar genéricamente los vicios que -a su juicio- invalidarían el pronunciamiento de la Alzada, pero -tal como se señala en el auto denegatorio- sin demostrar que sus postulaciones guarden la necesaria conexión con la realidad del caso. En definitiva, y como se advierte de lo expuesto, cabe concluir que lo decidido giró en torno a cuestiones que resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa, es decir, los hechos que se desprendían de los planteos de las partes y de las constancias de autos, frente a lo cual la crítica vertida por la impugnante no suscita materia idónea para franquear la vía extraordinaria que, como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de la causa en el ejercicio de funciones privativas (A. y S., T. 54, p. 382; T. 55, p. 212; T. 59, p. 319; T. 62, p. 386; Fallos: 297:29; 300:1039; 301:1062, entre muchos otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (artículo 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala Tercera. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de Santa Fe.