Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-17


NEUQUEN, 17 de febrero de 2009.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PEREZ SILVIA EDITH Y OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ EXPROPIACION INVERSA" (EXP Nº 349912/7) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

1.- Apelada por la actora la sentencia de instancia de origen que condena a la Provincia del Neuquen a pagar la suma de $113.000 en concepto de valor del bien objeto de la expropiación, cuestiona aquella parte el monto indemnizatorio determinado, aseverando que debe fijarse la suma de $128.000 en concordancia con el dictamen pericial llevado a cabo en la causa y ello así porque, si bien al promover la acción estimó el valor del inmueble en la misma suma acogida por la sentencia, lo hizo con la cláusula "lo que en más o en menos surja de la pericia a realizar en autos".

2.- A mi juicio le asiste razón a la recurrente. Por de pronto y en referencia a la cláusula "lo que en más o en menos surja de las pericias a realizarse oportunamente en autos" inserta por el accionante en su escrito de demanda (fs.19), o a fórmulas semejantes, me he pronunciado in re: "Chañi v. Díaz" (Sala II, PS 2007-N°126-T°IV-F°776/803):

"_así pues, a contrario de lo que sostiene la recurrente, en la especie resulta válida la manifestación de la actora al instaurar el proceso:

'... y/o lo que en más o en menos determine... el criterio del Tribunal de acuerdo a la prueba a rendirse...' (Capítulo I, fs. 3);

"_en ese sentido, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que:

'El reclamo de 'lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse' a pesar de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de una suma mayor...' sea que se trate de obligaciones contractuales o extracontractuales' (Palacio-Alvarado Velloso, 'Código Procesal...', T. 7°, p. 239, con citas de la CNCiv Salas A -'Buenard v. Llacay', 21/8/90-, B -'Scigliotti v. González', 10/10/0, C -'Araujo v. 17 de Agosto SA', 5/8/91-, y G -'González v. Línea 216 SA', 3/5/91 y de la CNCom Sala A, 27/8/89, ED 137-657; véase en ese mismo sentido, Morello y colaboradores, 'Códigos Procesales...', Editora Platense, 2ª Edición, T. IV-B, p. 51 y ss.);

"y así también: 'La expresión 'o lo que en mas o en menos', a pesar de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de una suma mayor, sea que se trate de acciones que persigan la satisfacción de perjuicios ocasionados por incumplimiento de obligaciones contractuales, o el nacimiento de débitos extracontractuales... La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso, no se advierte razón para considerar incumplida esta exigencia cuando la actora ha manifestado expresamente reclamar no sólo el monto nominal que la ley le obliga a estimar (arg. C. Pr. 330, parr. 2) sino aquella cantidad superior que manifiestamente aparezca como debida a la luz de la prueba rendida' (CNCom in re: 'SUCESION DE ROBERTO ARTURO DEL CARRIL C/ AUXILIO FAMILIAR COOP. DE SEGUROS LTDA.' (ED 137-657)- Mag.: MIGUEZ DE CANTORE - JARAZO VEIRAS - VIALE - Fecha: 27/09/1989; LD 8.0, voces: 'demanda objeto monto prueba', nº 16; en idéntica línea: Sala E, in re: 'Verdemacco de Mattia, Gladys c/ Caja de Seguros de Vida SA' s/ ord., de fecha 25.8.06);

"criterio refrendado por la Corte Suprema de la Nación:

'La sola circunstancia de que el fallo de la Cámara eleve el monto de la indemnización conforme a lo pedido en su alegato por la actora, no da lugar al recurso extraordinario basado en la arbitrariedad y en la violación al derecho de propiedad, si en la demanda -en que se solicitó una cantidad menor- se dejó librado el monto definitivo de la indemnización a las resultas de la prueba" (Voto del Dr. Luis María Boffi Boggero in re: 'Zucconi, Osvaldo c/ Empresa Ferrocarriles de Estado Argentino'; 01/01/64; Fallos 259: 169; LD 8.0, voces: 'recurso extraordinario monto demanda', nº 16);

"y reiterado in re: 'Cermenaro de Di Benedetto, Teresa c/Leibovich, Naum.' 01/01/65; Fallos: 261: 199; LD, voces: 'recurso extraordinario monto prueba', nº 19);

"similarmente:

'La suma que se condena a pagar -materia de hecho, prueba y de derecho común-, es tema propio de los magistrados de la causa y ajena su dilucidación a la instancia extraordinaria, sin que exista óbice constitucional por el mero hecho de sobrepasar la condena al monto de la petición inicial si ésta se formuló con expresa salvedad a fin de permitir se fijara aquél de acuerdo con la prueba o la decisión del juzgador" (in re: 'Balseiro, Santiago (h.) c/ Riesco, Ismael Roberto' 01/01/77, Fallos, 297: 392; LD, íd. ante, nº 38);

'que se mantiene:

'Del dictamen de la Procuración: cabe dejar sin efecto la sentencia de Cámara que con excesivo rigor formal, que la hace descalificable en los términos de la doctrina de arbitrariedad, desconociendo las constancias de la causa desestimó el pedido de la accionante relativo a que se recepte en el fallo la verdad real que surge de la prueba rendida -esto es que se tome como base de cálculo de la indemnización establecida la remuneración mensual y no la quincenal- con fundamento en que acceder a tal pretensión, fijando un monto distinto al reclamado en su escrito inicial, significaría violar el deber de mantener la igualdad de las partes... permitiendo que la accionada modifique su pretensión estando ya trabada la litis; toda vez que, si bien el accionante en su demanda denunció, a los efectos del cálculo del seguro que le correspondía cobrar por incapacidad permanente... cierto salario, dejó librada la liquidación final a lo que -en mas o menos- surgiera de la prueba, y según la pericia contable efectuada en la causa, el salario denunciado correspondía a su remuneración quincenal y no a su salario mensual en base al cual deberá fijarse la indemnización, máxime, considerando el carácter protectorio que la legislación reconoce para tales derechos, originados en incapacidades laborales" (in re: 'PEQUERA ADRIAN OSCAR C/SUD AMERICA CIA. DE SEGUROS DE VIDA Y PATR. SA' S/ORDINARIO; 05/08/2003; LD, voces: 'recurso extraordinario monto prueba', nº 116).

Entonces, dicho criterio rige también la presente especie en lo que se refiere a la amplitud con que ha de comprenderse la norma del 2º párrafo del art. 39 de la Ley provincial 804, de manera que, al rezar ella: "En la sentencia no podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la reclamada", por fuerza ha de entenderse como que dicho "reclamo" abarca también la previsión de lo que "en más o menos resulte de la prueba", ya que es prácticamente imposible determinar "ab initio", con exactitud, el valor dinerario de cualquier bien, sobre todo si se trata de un fundo rural como es el caso de autos.

Es que dicha comprensión de la norma citada, en efecto, es la única posible pues no sólo no se ve por qué, mientras se admite en la generalidad de los procesos indemnizatorios, habría de ser excluida en el caso de la expropiación, sino que, además, la solución inversa que se adopta en el fallo bajo recurso deja librada al azar la posibilidad de que el expropiado acierte inicialmente el valor exacto del bien pero, igualmente, de que él lo estime en uno inferior al real que resulte de la prueba producida en el proceso, y que, por fuerza, va a resultar como tope máximo de la condena, con lo que necesariamente habrá de vulnerarse el derecho constitucional de propiedad (art. 17 CN), que precisamente es lo que acaece en la sentencia.

Por lo demás ello es así, con tanta mayor razón, justamente, en el caso de la expropiación en el que ese derecho constitucional merece un "particular resguardo", a punto tal de que, como lo refiere la Corte Suprema en el precedente que cita la magistrada "a quo", "en caso de duda debe siempre estarse a favor del expropiado" (fs. 112 vta.; cf. arg. art. 2511 C. Civil; véase, por ejemplo, Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", EDIAR, 1989, T. I, ps. 343/351; el autor cita el precedente de la CSN in re: "Provincia de Santa Fe v. Nicchi", en el que el Tribunal define que indemnizar es "eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", "y ese cabal resarcimiento no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida". "El valor objetivo del bien... no debe sufrir disminución o desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de cumplida y oportuna reparación", añadiendo el autor: "por lo que la compensación debida al expropiado ha de ofrecerle un equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien similar al que pierde en virtud de la expropiación"; ibíd., ps. 348/349 ).

Junto a esas reflexiones, cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación, en orden a la interpretación de las leyes, con recurrencia ha sostenido que:

"Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país. En esta indagación no cabe prescindir, por cierto, de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación rigurosa y sistemática así lo requiere". (Fallos, 241: 227; 244: 129; 263: 230). "Es decir, que aun cuando la cuestión pudiera estimarse opinable, obviamente la solución más adecuada es la que mejor se compadezca con los principios y garantías que la Constitución consagra". (Fallos, 256: 24 y sus citas, 257: 295; 258: 171; 263: 248; 302: 1209 y otros).

"En la interpretación de las normas legales debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías y principios de la Constitución Nacional". (Fallos, 253: 267).

"... las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un adecuado resultado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial. La misión judicial no se agota con la remisión al texto de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma". (Fallos, 302: 1284, 1611; citas todas traídas a colación por Morello y colaboradores, "Códigos Procesales...", Editora Platense, 2ª Edición, T. I, ps. 506/511; el énfasis ha sido mío en todo caso).

Cuadra aún añadir, por lo demás, que el criterio interpretativo del citado art. 39 de la Ley 804 respecto a la inclusión, por parte del expropiado, de la fórmula "lo que en más o menos resulte de la prueba", ha sido recientemente acogida por la Sala II de esta Cámara in re: "PROVINCIA DEL NEUQUEN v. VARELA, MARÍA JOSÉ" s/expropiación de urgencia (expte. nº 338336; Sala II, PS 2008-III-436/439; sentencia del 13 de mayo de 2008).

Ahora bien, en otro orden de cosas y en alusión a la argumentación que la accionada expone al responder agravios, cabe acotar, en primer término, que a diferencia de lo que asevera esta parte en cuanto a que "SS se apartó atinadamente de dicho criterio y otorgó una indemnización conforme valor de lotes similares" (fs. 138 vta.), la sentenciadora de instancia inicial en realidad expone que:

"El experto contesta la impugnación efectuada por la demandada, manifestando que al realizar la inspección solicitada, lo hace no solamente respecto del inmueble a tasar sino también de la zona en donde se encuentra enclavado...

"Y que respecto a los valores consignados, se tomó en cuenta el monto que se obtendría en una posible operación de compra-venta en la actualidad, incluyendo en dicha venta todos los servicios e infraestructuras existentes en la zona, las haya efectuado el Estado Provincial, Nacional o privados.

"Así las cosas, considero que el monto indemnizatorio, dado el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad... debe ser acorde al valor de la tierra objeto de la expropiación.

"La Provincia demandada no acreditó con ninguna prueba sus dichos, por lo que no ha podido desvirtuar la valoración realizada en autos, con lo que el valor determinado por la pericial no contraría, a mi entender, lo previsto por el art. 17 de la ley 804" (fs. 113 y vta.; la bastardilla es mía).

Y si no consagra el monto que surge de dicho dictamen, es por entender de una manera restrictiva la citada norma del art. 39 del Ordenamiento arriba mencionado, restricción que no comparto según lo explicado.

No obstante, sí comparto, en cambio, los conceptos expresados en el fragmento de la sentencia que he transcripto, razón que, aunada a la de una interpretación de mayor latitud del citado art. 39 según lo enunciado, me lleva a concluir que resulta conforme a derecho acoger el valor señalado por el perito tasador.

3.- Propongo en definitiva al Acuerdo, que se acoja el recurso y que se modifique, en consecuencia, la sentencia, es decir, elevándose el monto de condena según lo indicado en el parágrafo anterior. Con costas a la demandada. Los honorarios por la actuación profesional en la instancia de origen se adecuarán al nuevo valor del litigio. Los que corresponden por la labor ante ésta se fijarán en consonancia con la norma del art. 15 LA.

Así voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

He de disentir con la solución propuesta en el voto que antecede, siguiendo el criterio que he sustentado in re "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/PASCUAL Y JOSE ROSA SRL S/EXPROPIACION" (EXPTE.Nº 322993/5) en que tuve ocasión de expresar: "estimo prioritario destacar que el valor indemnizable a la luz del plexo normativo de la ley 804 -similar a los vigentes en otras provincias, para los supuestos en que la expropiación por razones de utilidad pública excepciona la inviolabilidad de la propiedad garantizada por el art. 17 CN, se resume en el Art. 17 ley 804.

De la norma mencionada se infiere que debe fijarse un valor objetivo, prescindiendo de circunstancias de carácter personales, afectivos, lucro cesante, ganancias hipotéticas, etc., como así también de la valorización que pudiera provenir de la obra tenida en miras para la expropiación, que deberá excluirse tasando el bien por "el valor que hubieran tenido si la obra no hubiese sido ejecutada ni aún autorizada".

Ha de tenerse en cuenta, además, que el art. 35 de la ley 804 impone la carga procesal en cabeza del expropiado, consistente en: 3º)"expresión concreta y exacta de la suma que pretende el sujeto expropiado en concepto total de indemnización", a la que el mismo artículo "in fine" asigna suficiente valor para el revalúo fiscal del bien.

El art. 39 lex cit dispone que "en la sentencia no podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la reclamada".

Teniendo en cuenta las normas resumidas, resulta cuanto menos discutible la posibilidad de supeditar la indemnización estimada por el expropiado en cumplimiento del inciso 3º del art. 35 a lo "que en más o en menos" pudiera surgir de la prueba pericial, o que pudiera tomarse ésta por encima de la estimación expresa que incluyó en el responde con efectos vinculantes e inmodificables en exceso.

La jurisprudencia ha expresado en torno al tema que:

"Resulta improcedente fijar una indemnización del bien expropiado con el valor objetivo del mismo a la actualidad, toda vez que -en el mismo sentido que el máximo Tribunal Provincial- cuando el artículo 8 de la ley 5.708 refiere el valor del bien a la fecha de la desposesión, lo hace porque, respetando preceptos constitucionales, es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente en dinero del bien del que es privado en el interés público, valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada." Cc0103 Lp 246559 Rsd-10-6 S. 7/02/2006. Juez: Perez Crocco (sd) Lamantina, Daniel O. C/Fisco de la Provincia de Buenos Aires S/Expropiación Inversa. Mag. Votantes: Pérez Crocco-Lavié.

En relación a la virtualidad que la ley local asigna a la estimación del expropiado, cabe citar:

"Si el perjuicio sufrido por el expropiado lo ha sido como consecuencia de sus propios actos, en virtud de la estimación que efectuara del valor de su propiedad, suficientemente madurada, ese accionar torpe no puede generar responsabilidad de la contraparte (art. 1111, C.C. y su doctrina)." SCBA, Ac 38595 S. 26/07/1988. Juez: Laborde (sd). Municipalidad de Coronel Rosales C/Potelia S.A.C.I.F.I. y Otro S/ Expropiación. Publicaciones: Ays 1988-II-635.Mag. Votantes: Laborde - Negri - San Martin - Vivanco - Rodriguez Villar "Resulta inadmisible ponerse en contradicción con actos propios anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces desde que la doctrina de los propios actos es una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe y, como tal, integrante de nuestro derecho positivo." SCBA, Ac 89234 S. 10/05/2006. Juez: Pettigiani (op) CáNepa, Enrique Aníbal Y Otra C/Giménez, Miguel Angel S/daños y perjuicios. 0bs. del Fallo: dictado por Mayoría de Fundamentos. Mag. Votantes: Pettigiani-Kogan-Genoud-Hitters-Soria-Roncoroni. SCBA, C 86937 S. 19/12/2007. Juez: Negri (sd) Provincia de Buenos Aires C/Caruso, Jorge y Otros S/Expropiación. Mag. Votantes: Negri-de LáZzari-Hitters-Soria.

No habiendo sido cuestionada la constitucionalidad de la ley provincial 804 que regula el régimen de las expropiaciones en el orden local, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto asigna efecto vinculante para el expropiado a la estimación del valor que tiene la carga procesal de consignar al reclamar, sin que a ello obste la remanida fórmula "o lo que en más o en menos resulte...", cuya laxa interpretación desvirtuaría el sistema impuesto por la ley.

Ello sin perjuicio de contemplar eventualmente -en el trámite de ejecución de sentencia- la procedencia de compensación por la demora en el pago de la indemnización, habiendo mediado desposesión o imposibilidad de disponer del bien, aún cuando el depósito se hiciera efectivo dentro del plazo contemplado en el art. 39, 3er. párrafo, de la ley 804.

Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo el rechazo de la apelación, confirmando la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida.

Tal mi voto.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo J.MEDORI, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del Dr. Lorenzo W. GARCIA, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 109/114 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas:... (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA - Dr.Marcelo J.Medori Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 14 - Tº I - Fº 45/51 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2009.