Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Carlos Dante Agullo contra el auto que no hizo lugar a la nulidad impetrada.

Conforme se desprende del escrito presentado por el Dr. Pablo Noceti en primera instancia, como así también de la audiencia oral que mantuviera oportunamente con los miembros del Tribunal, su pretensión gira en torno a la nulidad de las escuchas telefónicas que se realizaran en fecha posterior a la detención del nombrado, particularmente de las conversaciones mantenidas por la concubina de Agullo y su letrado defensor.

Asimismo, aduce como lesionados derechos de raigambre constitucional como son los derechos de defensa en juicio y el derecho a la intimidad.

Por su parte, el Sr. Magistrado de la anterior instancia no hizo lugar a la nulidad planteada, basándose en que la intervención telefónica no resulta ilegal puesto que dicha intervención surge de un auto fundado conforme lo estipula el artículo 236 del Código de forma.

Asiste razón a la defensa en sus agravios, ya que a criterio del Tribunal la incorporación y valoración de las conversaciones cuestionadas se entromete en un ámbito que diversas disposiciones normativas detraen de toda posible injerencia estatal al hallarse en juego la plenitud del ejercicio de la defensa en causas penales.

La afirmación señalada en el párrafo anterior se sustenta en la valoración en forma conjunta de las disposiciones establecidas en los artículos 236 y 237 del Código Procesal Penal de la Nación.

El primero de los artículos hace referencia a los requisitos formales que deben cumplimentarse, en lo que respecta al caso en estudio, para disponer la intervención de comunicaciones telefónicas.

Por su parte, el artículo siguiente estipula que no podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a defensores para el desempeño de su cargo. Es importante destacar que aquí se hace hincapié en la índole de los documentos más que en la calidad subjetiva de aquellos que los entreguen al abogado defensor.

Si bien el texto del artículo no alude expresamente a las comunicaciones telefónicas, debe interpretarse que éstas se ven alcanzadas por tal restricción, dado que, considerar lo contrario, traería aparejado una lesión a la esfera de reserva e intangibilidad en que debe colocarse la preparación de la defensa penal acarreando una clara violación a la garantía de defensa en juicio, principio que inspira a las normas citadas.

El fundamento de la exclusión de los papeles y documentos debe extenderse también a las comunicaciones telefónicas, ya que la preservación del ejercicio de la defensa se vería afectado en igual medida en uno u otro caso.

Iguales consideraciones han guiado a la doctrina más moderna. Sobre estas cuestiones, se ha señalado que las leyes procesales contienen, ordinariamente, preceptos que declaran inadmisible, absolutamente, la interceptación de las comunicaciones, escritas u orales, entre el imputado y su defensor o el secuestro de los escritos que las contienen..., y hasta incluyen allí comunicaciones o documentos a los cuales se extiende el derecho o el deber de abstenerse de declarar testimonialmente. La interdicción relativa al defensor se vincula más al derecho a la defensa, que a la garantía del ámbito privado. Las demás tienen relación con el ámbito privado, pero su razón de ser mira más directamente a la protección de la confianza familiar, de empleo o profesional (deber o facultad de guardar secreto) (conf. MAIER, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal Argentino; Editorial Hammurabi; Año 1989; pág. 462).

Por su parte, Binder señala que en este campo existen también algunos límites absolutos. Existen ciertas comunicaciones y registros cuya inclusión en el proceso penal es siempre inadmisible. Por ejemplo, las comunicaciones entre el imputado y su defensor (conf. BINDER, Alberto M.; Introducción al Derecho Procesal Penal; primera edición ; año 1993; Editorial Ad-Hoc; pág. 189).

Piénsese en la afectación a la plenitud de la defensa en juicio que sobrevendría a raíz de la admisión de pruebas como las cuestionadas, en la medida en que toda comunicación entre un imputado y su círculo íntimo con el abogado se hallaría sujeta a ser incorporada como prueba de cargo.

La amenaza de tal riesgo recortaría la amplitud del intercambio comunicativo necesario para el desarrollo de toda defensa, con la consiguiente disminución del goce de derechos individuales. Si bien es cierto que las comunicaciones telefónicas no fueron entabladas entre el imputado y su abogado defensor, éstas se llevaron a cabo luego de la detención de Agullo y con la mujer del nombrado.

De la lectura del contenido de tales comunicaciones efectuadas entre el abogado y la mujer de Agullo surge claramente que se refieren a la actividad defensista y que dicho ejercicio era informado a la concubina del prevenido en la causa.

Tales conversaciones se vincularon con el desarrollo de la defensa, pruebas relativas a la causa y la estrategia a seguir, todas cuestiones nodales y no ocasionales de dichas comunicaciones.

Era lógico, por otra parte, que ello fuera así en la medida en que la privación de la libertad de Agullo implicaba evidentemente que el desarrollo de la defensa y la obtención de pruebas de descargo a obtener fuera de la unidad de detención debía acordarse con la concubina del imputado.

Sobre estos aspectos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su observación nro. 113 relativa al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -análogo al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, señaló que el defensor debe poder comunicarse con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones, y más aún, el poder asesorar y representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte (conf. NACIONES UNIDAS; Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; Publicación del 29 de marzo de 1996; pág. 18). Como corolario, queda claro que ante la imposibilidad de desarrollar la actividad señalada se ven afectadas las disposiciones allí establecidas, y por ende -sin dejar de mencionar que en virtud de la reforma constitucional de 1994 este tratado integra la nómina de pactos con jerarquía constitucional- resultan lesionados principios cuyo marco normativo se encuentra en nuestra Carta Magna, principios que, deben ser valorados en forma conjunta con los establecidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

La nulidad que se declarará es de carácter absoluto. Tal afirmación se ve sustentada por la disposiciones del artículo 168, segundo párrafo, en función del artículo 167, inc. 3, del Código Procesal Penal de la Nación.

Es razonable, por último, la adopción de algún tipo de medida que impida que aunque sea por vía indirecta, las transcripciones viciadas puedan influir indebidamente en las decisiones que deban adoptarse en esta causa en el futuro.

El testado es, a criterio de esta Cámara, la vía más idónea para la consecución de ese fin.