marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, doble instancia, ley procesal, interpretación de la ley, recurso de apelación (procesal), pretensión, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Nuestro proceso penal común está organizado sobre la base de la doble instancia, una primera por ante la que se sustancia no sólo la faz instructoria sino también el juicio propiamente dicho y otra segunda, una vez finalizado dicho juicio, que en puridad como lo sostiene Lino E. Palacio no importa estrictamente una revisión de la instancia anterior, sino más concretamente una revisión de lo decidido en esa instancia por el juez de grado. Cabe por ende, destacar que la jurisdicción de la alzada necesita para su ejercicio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 414 del Código Procesal Penal y conforme a la expresión legislativa del tantum devolutum quantum apellatum que se haya presentado un medio impugnativo válido en tiempo y forma por parte legitimada, que haya expresado los agravios que la resolución impugnada le ocasiona y que tales agravios hayan podido ser contestados por su contradictor en la alzada, requisitos que se han cumplido en el caso de autos. Sin perjuicio del iura novit curia y la eventual aplicación de la reformatio en melius, esos y no otros, son los condicionamientos y límites para dictar sentencia. (Del Voto del Dr. Fierro)
Estado Provincial, embargo, bienes embargables, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kasdorf  s.a. c/ Jujuy, Provincia de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Por ser las provincias personas ideales de existencia necesaria, no pueden por vía de embargo ser privadas de las rentas o recursos indispensables para su vida y desarrollo normal y, no habiendo norma que establezca cuáles son las rentas o recursos necesarios de los que no lo son, son los jueces quienes deben hacer la distinción en cada caso concreto.
Asegurado, asegurador, buena fe, buena fe contractual, conflicto de intereses, consumidores, deber de información, defensa del consumidor, ejercicio profesional, ley de defensa del consumidor, obligaciones del abogado, póliza, queja por apelación denegada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Sergio Andrés  c/ Suvire Jas, María Celina s/ daños y perjuicios (recurso directo de queja - legajo de copias)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-06-07

Siendo un contrato de consumo -de adhesión- el que vincula a la demandada con la citada en garantía, adquiere enorme relevancia el cabal cumplimiento del deber de información, prevención, consejo y advertencia, impuesto por el plexo normativo consumeril en cabeza de la aseguradora y su apoderada judicial y es sustancial al obrar de buena fe y condice, además, con los deberes que surgen de la normativa que regula el ejercicio de la abogacía (Ley 2406-A). En especial, cuando surge un notable conflicto de intereses y existen plazos procesales perentorios en curso.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, incongruencia, prueba, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 98.949 CHIDAINE TITO SEGUNDO Y OT. EN J° 112.748/41.362 CHIDAINE TITO SEGUNDO Y OT. C/ VELOCIDAD TIEMPO CERO (V.T.C.) Y OTS. P/ D. Y P. S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-22

En el caso de autos se advierte, que el argumento del Tribunal, cuando afirma que los montos indemnizatorios deben analizarse desde la óptica de la relación de causalidad como elemento indispensable de la responsabilidad, no ha merecido crítica alguna por parte de los quejosos, quienes insisten en la incongruencia de la sentencia, pero no se hacen cargo del fundamento esencial por el cual el fallo impugnado analiza la cuestión indemnizatoria.

Además, son los propios actores los que, al momento de alegar en la causa, expresamente afirman que "el paciente se vio, a partir de la intervención de los médicos que lo asistieron, privado de una posibilidad y/o chance de curación que razonablemente tenía derecho a esperar", la contundencia de tal afirmación torna inadmisible el agravio referido a la falta de congruencia.
Honorarios, regulación de honorarios, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

El art. 63 de la ley 21.839 establece la aplicación de esa ley a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios al tiempo de su entrada en vigencia.
Regulación de honorarios, pautas, procesos de ejecución, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: FLETAMAR  S.A.C. c/ AGRO INDUSTRIAS INCA  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

De la interpretación sistemática de los artículos 40 y 47 de la ley de arancel surge la obligación de regular honorarios en los procesos de ejecución por la actuación cumplida hasta la sentencia y tomando en cuenta únicamente la primera etapa a la que alude la norma mencionada en primer término, sin perjuicio de una posterior regulación por los trabajos realizados para obtener el cumplimiento de la sentencia.
Administración Pública, contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: BAYUGAR GRACIELA B. Y OTRO c/ AGENCIA DE TURISMO Y/U OTRO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. -  CASACION LABORAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda entablada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues, su actividad consiste en la administración y gobierno de un Estado comunal y ello supone la legitimidad de sus actos y su actuación se rige por principios jurídicos propios, por lo que no cabe presumir que incurra en fraude a la ley, tal como prevé el mencionado artículo.

Ni el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni ninguna otra disposición del derecho del trabajo son oponibles al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puesto que su aplicabilidad sólo sería operable cuando exista un acto expreso en ese sentido o bien que emane de una disposición del derecho administrativo que extendiere su responsabilidad.-
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del Estado, gobierno de facto, resoluciones, cargos docentes, remuneración
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Corresponde condenar al Estado Nacional al pago de las sumas que el actor dejó de percibir durante el lapso de su exilio como remuneración por la actividad docente que desarrollaba en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Revocación de la prisión preventiva, Ministerio Público Fiscal, gravedad institucional, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Monteverde, Enrique Julio s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-12

La queja intentada por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que revocó la prisión preventiva y dispuso la inmediata libertad del encausado, resulta formalmente admisible, toda vez que a partir de los agravios invocados por el recurrente el caso traído a revisión constituye un caso de gravedad institucional pues se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del estado argentino de garantizar la efectiva investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Competencia penal, competencia por el turno
Materia: PROCESAL
Carátula: Acedo, F. L. s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-08-26

En ciertos supuestos de falsedades documentales, como los de falsedad ideológica, donde no se cuestiona la fecha consignada en el instrumento, esta última puede resultar indicativa del momento de consumación del delito, y así lo ha expresado esta Corte en el precedente registrado en fojas, 257, 262, L.64. Tal conclusión no es aplicable si el delito de adulteración consiste en alterar materialmente las constancias de un documento regularmente redactado. El momento de la comisión no puede en tales supuestos extraerse, con certeza, de la fecha que se inserta en el instrumento al confeccionarse, pues la adulteración es un hecho que se produce con posterioridad. Las excesivas dilaciones en el trámite de controversias sobre la competencia pueden afectar seriamente las posibilidades de averiguación de la verdad y comprometer la vigencia de la acción penal, máxime cuando los hechos a investigar no son contemporáneos al inicio de las actuaciones. Por tal motivo los Señores Jueces deben abstenerse de producir tales demoras por circunstancias no relativas al orden público.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cuerda de Provenzano, Rosana c/ Macario, María del Carmen y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

El desconocimiento de la firma del causante por sus sucesores, con el consiguiente trámite judicial, justifica la declaración de costas por su orden, en tanto aquéllos hubieran actuado de buena fe y en uso regular del derecho que les confiere el art. 1032 del C.Civil (art. 68 parte 2da., del C.Proc.).-
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dubertti, Ramona c/ Coria, Angel s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

La lógica y el sentido común indican que quien ha hecho mejoras en una vivienda persistiendo en esa conducta a lo largo de más de veinte años, en forma pública y pacífica, lo ha hecho con ánimo de tener la cosa para sí (doctr. arts. 2375 y 2384 del C.Civil).-
Movilidad del haber jubilatorio, ejecución de sentencia, principio de congruencia, emergencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORLANDO, ALDO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION -  IMPUGNACION DE LA LIQUIDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 444 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Reconocida la pretensión de que los cambios de categoría deben tenerse en cuenta a efectos del ajuste del haber jubilatorio cuando califiquen igual función que la desempeñada por el pasivo, debe declararse el derecho al reajuste cuando concurran esas circunstancias, pues no es posible exigir a un jubilado la reiteración de planteos substancialmente iguales frente a cada posible modificación presupuestaria. Pero ésta no es una doctrina que no conozca límites, desde que pretender, a través de la ejecución de sentencia, reparar la supuesta lesión originada por las denominadas leyes de emergencia, configura falta de congruencia entre el contenido de la sentencia y lo que se ejecuta: la reducción salarial temporal, basada en la emergencia es un hecho distinto del discutido y fallado en autos y deberá por lo tanto ser objeto de un proceso independiente. Consecuentemente, la extensión de los efectos de la sentencia sobre la legislación de emergencia resulta improcedente por cuanto no es la persistencia del fenómeno inflacionario ni la omisión de la misma autoridad obligada lo que da lugar a la petición, sino la configuración de una situación inédita, de emergencia económica provincial, y los actos de autoridad no constituyen omisiones, ni provienen del mismo órgano, sino de otro Poder del Estado como es el Legislativo.
Transporte aéreo de carga, responsabilidad del transportador, monto de la indemnización, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Belluz de González Antonia c/ Cielos del Sur s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

El fundamento de esta restricción al tope indemnizatorio, tiene que ver con la naturaleza misma de la actividad del transportista aéreo, de por sí riesgosa, altamente onerosa y cuya inejecución por incumplimiento de obligaciones asumidas podría dar lugar a indemnizaciones siderales que contrariarían la utilidad general que existe en favor de su desarrollo.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Molina, Julio Avelino y Otro s/ Ejecución Hipotecaria - Incidente de Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-30

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación formulado por un profesional contra los honorarios regulados al de la contraparte que intervino en primera instancia por estimarlos bajos y con fundamento en que en base a ellos se regularían los de segunda instancia donde él actuó, ya que la norma del artículo 64 de la ley 7046 prevé que en segunda instancia se regulará un porcentaje de lo que "corresponda" a la primera lo que implica que los regulados al letrado de la contraparte no definen ni condicionan la valoración a efectuarse por la Alzada.
Prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Santucho, Rosario de Jesús c/ Arias Clarisa del C. s/ Reivindicación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

La doctrina, en forma pacífica, en relación a los elementos constitutivos de la usucapión, tiene dicho que: "De acuerdo al concepto legal (Art. 3948) dos son los elementos básicos de la prescripción adquisitiva: la posesión y el transcurso del tiempo.(la primera) existe toda vez que una persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.

El segundo elemento o requisito de la prescripción adquisitiva es el transcurso del término legal.(en el caso de autos 20 años) y encuentra fundamento en que "la extensión del lapso de la posesión resulta más que suficiente para que el propietario inscripto conozca la posesión del usucapiente e intente -en su caso- las acciones tendientes a recuperar el inmueble del que fue desposeído; pero paralelamente, la amplitud del plazo es necesaria para que el poseedor ejerza los actos inherentes a su condición, explote el inmueble y determine de ese modo la conveniencia general -en punto a la productiva utilización de la tierra- de la extinción del dominio del titular por razón de su posesión hábil para usucapir" (Nestor Lapalma Bouvier- El Proceso de Usucapión- Pág. 12/15- Edit. Rubinzal Culzoni-1984). Surge así al análisis el problema del tiempo como requisito sustancial de la prescripción adquisitiva. Ahora bien, la regulación temporal, en la legislación civil argentina, encuentra su fundamento en intentar compatibilizar el derecho de propiedad del titular originario, con protección constitucional específica (Art. 18 C.N), con el interés social de promover la aplicación productiva de la propiedad territorial, que en el caso argentino constituye el factor de producción principal de la riqueza nacional, esto es la producción agropecuaria.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Martín, Luis Domingo c/ Pío, Faustino Angel s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-17

La prescripción sanciona la inactividad o el desinterés del titular para hacer valer sus derechos, por lo que el reclamo instado ante la autoridad administrativa es elocuente demostración del interés del promotor del juicio en obtener el cobro de indemnización por incapacidad derivada del accidente de trabajo.
Abuso sexual calificado, guarda del menor
Materia: PENAL
Carátula: F., A. M. s/ infracción al art 119 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-03-12

Corresponde condenar al imputado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la guarda de la víctima, en tanto el fundamento de la agravante radica en el aprovechamiento que el autor realiza de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor, y surge acreditado que, especialmente cuando la madre de la menor se encontraba internada, el acusado se aprovechó de su condición de guardador, y procedió a abusar de la víctima cuando estuvo a su cargo.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contrato de transporte, rescisión del contrato, preaviso, indemnización, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Farina, Claudio Ricardo y otro c/ Compañía Argentina de Levaduras SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda por los daños y perjuicios que, alegaron los actores habían sufrido a causa de la ruptura intempestiva -que imputaron a la demandada- de los contratos de transporte. Ello por cuanto, en el caso, no es controvertido hoy que se trató de convenios de larga duración, de aquellos que se hubieran hallado subsumidos en el régimen general que para esos contratos está hoy previsto en el CCCN 1011; que, aunque no existía como norma de derecho positivo al tiempo de los hechos, se inspira en reglas que ya antes de su entrada en vigencia habían sido elaboradas por uniforme jurisprudencia. Es aceptado también que por medio de esos convenios los actores pusieron sus respectivas organizaciones empresarias a disposición de la defendida a fin de proveerle transporte para sus mercaderías. Igualmente fuera de controversia se encuentra que de la prueba resultó -especialmente del peritaje contable- que los demandantes llevaron a cabo esa labor con exclusividad para la demandada. Estamos ante convenios que, de modo parecido a lo que ocurre con los contratos de distribución comercial, encuadran dentro del amplio concepto de "contratos de colaboración"; y, al igual que aquellos, los que nos ocupan presentan la nota que también destacó el señor juez, cual es la existencia de una parte "dominante" o dueña del negocio que acude a la otra para llevar a cabo una de las últimas fases de su proceso económico. En ese marco, se encuentra del todo razonable el temperamento seguido por el magistrado, que, para fijar la mora, se atuvo a la fecha en la que los demandantes remitieron a su adversaria la carta documento en la que la intimaron por razón de su incumplimiento.
Resolución administrativa, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal), accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Mendy, Nazareno c/ Municipalidad de Tandil s/ Indemnización ley 9688, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Las disposiciones de los Delegados Regionales que establecen el monto de la indemnización por accidente de trabajo son susceptibles de apelación ante el Subsecretario de trabajo (art. 13, ley 10.149) y contra su decisión a su vez, cabe el recurso previsto por el art.

14 de la ley citada.
Lealtad comercial, entradas a espectáculos públicos, sanciones administrativas, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Cris   Morena   Group  SA c/ DNCI  -Disp.  737/08  (Expte.  S01:302416/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-26

Si bien el art. 2 de la Resolución (S.C.D. y D.C.) 7/02 dispone que "quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina -Pesos-. El mismo deberá ser el de contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que deba abonar el consumidor final...", no puede soslayarse que el Diccionario de la Real Academia Española, ed.

21, 1992, pág. 499, define el vocablo 'desde': "preposición que denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia...".

Por ello, teniendo en cuenta que el valor de la entrada publicada para cada tipo de categoría era el más económico por debajo del cual no existía ninguna ubicación dentro de la categoría ofrecida, corresponde absolver a la encartada respecto de la infracción referida, pues ningún consumidor puede ser confundido con la publicación bajo análisis (Cons. IV).
Juicio por delitos de acción privada, aplicación de la ley, acusación de la querella, requerimiento de pena
Materia: PROCESAL
Carátula: Fishberg, Jaime s/ Delito de Acción Privada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

1) 1) De acuerdo al art. 591 del C.P.M.P. (ley 23.269) las causas por delito de acción privada tramitan según las reglas del plenario.

2) El acto promotor en esos delitos, es la acusación que formula el particular y directamente ofendido por el delito; que debe cumplir con los recaudos de hecho y derecho previstos en el art. 138 del Reglamento para la Jurisdicción, siendo uno de los requisitos sustanciales, la petición expresa de la sanción que pretende que se aplique al querellado. Ante la omisión de ese aspecto - aún valorado con la amplitud del Plenario "Rodríguez Larreta", el acto impulsor de la acción resulta inexistente.
Daños y perjuicios, terceros, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milla, Claudio Jorge c/ Fernández de Alonso, Rosa Mabel y otro s/ Daños y perjuicios Franco, Pedro c/ Empresa 30 de Agosto. L. 500 s/ Daños y perjuicios y Beneficio Maroni, Néstor Carlos y otros c/ Bilbao, Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24|1992-10-20|1990-10-23

El coprotagonista del hecho dañoso ausente en la tramitación del proceso de daños incoado por el damnificado pasivo -sea por la causa que fuere-, no deja de ser el "tercero" a que alude el art.

1113 2do. ap. 2do párrafo in fine del C.C. y cuya conducta, analizada a tenor de la prueba aportada por el dueño o guardián de la cosa, puede derivar en la exclusión total o parcial de la responsabilidad objetiva que la ley le ha atribuído a éstos.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra, alteración de la fachada, obra antirreglamentaria, construcción en partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROP. CHARCAS 2853/55 c/ PITA PEDRO A. Y OTRO s/ SUMARIO - DEMOLICION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

Demandado por el consorcio de copropietarios la demolición de una ampliación de la terraza que construyeran los propietarios de una unidad, sin contar con la autorización del consorcio ni con la habilitación municipal correspondiente, obra nueva ejecutada en violación del art. 7 de la ley 13.512 corresponde hacer lugar a la demolición solicitada si dicha construcción afea la estética del frente; ha cambiado el porcentual que corresponde a los accionados, la construcción es precaria y hasta riesgosa en días de ráfagas de viento sumamente graves; la obra tiene defectos en revoques, pintura y línea constructiva; sobrepasa la altura máxima y es ajena a la calidad del frente y de la medianera en donde se apoya; es deficiente la terminación de los canales de agua pluvial, modificándose el sistema interno por uno externo que rebalsa, sobre los muros.