Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-16


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio de 2006.- Y VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 356/57 contra la resolución de fs. 353/54; y, CONSIDERANDO: 1. Que el Sr. Juez de grado hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por el Sr. Osvaldo Rubén Pereyra, por lo que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dentro del plazo de diez días informe en autos "lo solicitado en el punto 2) de la Nota que tramita bajo el Registro Nº 5013-MGEYA-2005", imponiendo las costas en el orden causado (fs. 353/54). Conforme surge de fs. 6, por el punto 2) de la nota 5013-MGEYA-2005 el actor requirió información respecto de "cuáles fueron los resultados de las tramitaciones realizadas" en relación a la nota 4133-DGVH-2000. 2. Que contra la reseñada sentencia la demandada interpuso y fundó su recurso de apelación (fs. 356/57). Señala que del aporte de las copias de las actuaciones que ha efectuado se desprende lo solicitado en el punto 2) de la Nota que tramita baj o el Registro Nº 5013-MGEYA-2005, esto es el resultado de las tramitaciones realizadas hasta esa fecha. Se agravia asimismo del plazo de diez días otorgado para el cumplimiento de la sentencia recaída en autos pues considera que resulta exiguo y que coloca al Gobierno de la Ciudad en un "palmario estado de indefensión". Por tal motivo requiere, "para el hipotético e improbable supuesto que el Superior confirme el decisorio" apelado, que se le conceda un plazo de treinta días hábiles administrativos para el cumplimiento de la manda judicial. 3. Que con posterioridad la demandada acompañó a la causa diversos informes relacionados con el trámite otorgado a la nota 4133-DGVH-2000 (fs. 378/425), de los que se desprenden que luego de diversas inspecciones y comprobaciones efectuadas en el local sito en Adolfo Dickman Nº 960 (fs. 415/17), las actuaciones "fue[ron] remitida[s] a la ex Dirección General de Verificaciones y Control el día 27 de noviembre de 2002, como agregada[s] a la Nota Nº 164.039-DGVH-02" (fs. 411) , luego de lo cual -en la actualidad- tras una "exhaustiva búsqueda y consultados los registros de [la] Dirección General de Fiscalización y Control no pudo ser localizada" (fs. 423). 4. Que la Sra. Fiscal de Cámara sostuvo que resulta aplicable al caso el supuesto del artículo 2 de la ley 104 -último párrafo- en cuanto indica que el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido (fs. 428/29). Agrega que la obligación de la Administración de proveer información se refiere a aquella que ya se encuentra "contenida", "creada" u "obtenida" por el órgano requerido, y que, a la vez, se encuentre en su posesión, pero no a preparar la información tal como pretende la actora. Sin perjuicio de ello, destaca que en el Informe Técnico Legal (U.L.A.P.) Nº 2191/DGFyC/2005 se informa el trámite referido a la nota Nº 4133/DGVH/2000, y su resultado (fs. 388). Advierte que allí se indica que las actuaciones vinculadas a la solicitud del actor fueron remitidas por la ex Dirección General de Verificaciones y Control a la Secretaría de Desarrollo Social y que, según constancia del SUME, se encontraron en dicho organismo desde el 18-09-2002 hasta el 27-11-2002, fecha en la cual fueron devueltas a la ex Dirección General de Verificaciones y Control. Sin embargo se hace saber que luego de una búsqueda exhaustiva en los registros de dicha dependencia la nota no pudo ser localizada, indicándose que existe la posibilidad de que tales actuaciones "no se encuentren cargadas al sistema" merced a las distintas reestructuraciones del área. Finalmente expresa que de la pieza aludida surge la información relativa al trámite dado a la nota Nº 4133/DGVH/2000, aunque no sobre lo resuelto con relación al desalojo del hotel, que si bien -refiere- parecería constituir el interés de la actora, no fue el objeto del pedido de informe. 5. Que al correrse traslado al actor de la documentación agregada por la demandada con posterioridad a la deducción de su recurso de apelación, és te resaltó lo informado en relación a que la nota 4133/DGVH/2000 no pudo ser localizada, por lo que estimó que el Gobierno de la Ciudad debió disponer la reconstrucción de tales actuaciones (fs. 431/32). 6. Que en primer lugar cabe recordar que según el artículo 105, inciso 1º de nuestra Constitución, es deber del Jefe de Gobierno: "Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad". Asimismo según el artículo 1º de la ley 104 : "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga pa rticipación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires." Las normas mencionadas se relacionan con el básico principio de la publicidad de los actos de gobierno, que la Constitución de la Ciudad consagra desde su primer artículo con singular énfasis, junto con el de participación ciudadana. Oportuno es entonces reiterar que quienes sentaron las bases del sistema republicano consideraron crucial la publicidad de los actos estatales (ver esta Sala Asesoría Tutelar C/ GCBA S/ Habeas Data, expte. 4514, del 30 de abril de 2002) y obviamente tal principio no puede ser simplemente desconocido alegando ápices formales que, por lo demás, no cuentan con la entidad para rehusar el pedido de marras. En ese sentido, en el artículo 2º de la citada ley referido a los alcances del principio se prevé que se "considera como informaci ón a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido". Lo cierto es que el derecho de acceso no tiene por objeto una actividad de suministro de información por parte de la Administración. No se trata de un derecho de estructura prestacional o de crédito. Por el contrario, la modalidad del derecho a la información prevista en la ley tiene por objeto el acceso a la información plasmada en "documentos" -es decir en soportes físicos de cualquier clase-. De tal modo que no se trata de un acceso a la noticia, en el sentido de producto o resultado de una actividad realizada por terceros, sino de un acceso directo a la fuente de información misma -en este caso al documento-. La actividad de la Administración ante el ejercicio del derecho de acceso no consiste propiamente en una actividad prestacio nal, sino de intermediación. Ciertamente esta configuración del derecho comporta unas exigencias institucionales insoslayables -sintetizadas en la existencia previa del documento como presupuesto para el ejercicio del derecho-. Puede sostenerse que el derecho de acceso a los documentos administrativos constituye estructuralmente un derecho a la libertad de informarse, que tiene su fundamento en el principio democrático que reclama la publicidad de la información que obre en poder del Estado. 7. Que la administración no tiene por qué crear estadísticas o recopilar datos que no posee. Simplemente debe permitir al actor acceder a los datos que se solicitan, para lo cual basta que muestre los registros correspondientes. Ahora bien, en el caso que nos ocupa la demandada ha podido otorgar la información requerida respecto al resultado de los trámites impresos a la nota 4133, en forma incompleta y sólo hasta el 27 de noviembre de 2002 en que se devolvieron a la ex Dirección General de Verificaciones y Control. A par tir de allí las actuaciones no pudieron ser halladas y tampoco fue posible informar sobre su trámite ulterior. ¿Se giraron a otra dependencia? ¿Se archivaron? ¿Se produjo una nueva inspección o una clausura? Estos son los interrogantes que ha buscado evacuar -en este punto- el pedido de información del actor, y que no han sido adecuadamente satisfechos hasta el presente. No se trata, como postula la Sra. Fiscal de Cámara, de exigir a la administración que produzca una información de la que carece, sino de exhibir un documento preexistente -el expediente administrativo respectivo-, cuyo posible extravío no le resulta atribuible al particular. Es que, la administración no puede sustraerse del deber de información con fundamento en la dificultad para hallar actuaciones preexistentes, so pena de desvirtuar todo el sistema de acceso a la información construido por el constituyente y el legislador, máxime cuando el artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos dispone las herramientas para -al menos- inte ntar subsanar tal situación, lo que no se ha acreditado que haya sucedido en el sub lite. Por último, se considera oportuno hacer lugar al agravio enderezado a ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia, extendiéndolo a veinte días hábiles administrativos. Por ello y habiendo dictaminado la señora Fiscal de Cámara el tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada ordenando a la administración que de cumplimiento a lo dispuesto a fs. 353/54, en un plazo no mayor a veinte días hábiles administrativos de quedar firme la presente. Costas por su orden en atención a lo resuelto y a que el actor es patrocinado por el Defensor Oficial. Regístrese, notifíquese -a la mencionada funcionaria en su despacho- y devuélvase.