Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2010-03-23


RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nº 39 NEUQUÉN, 23 de marzo de 2010.

VISTOS:

Los autos caratulados: "DALCEGGIO JUAN VIRGILIO C/ SAPIENZA JUAN CARLOS Y OTRO S/ INTERDICTO" (Expte. Nro. 142 - año 2008) del Registro de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento de la Sala Civil para resolver, y CONSIDERANDO:

I. Llegan los autos del epígrafe a resolución de este Tribunal, en virtud del recurso casación deducido a fs. 260/262 por el actor -Juan V. DALCEGGIO- contra la resolución dictada, a fs. 252/253 vta., por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala I- de la ciudad de Neuquén, mediante la cual se confirma la sentencia de la instancia anterior, en cuanto rechazó el interdicto de recobrar.

Para fundar el recurso alega las causales de absurda interpretación y valoración de la prueba, violación de la ley y la doctrina legal y arbitrariedad de sentencia.

Dice que la resolución atacada viola el Art. 34, inc. 4°, del C.P.C. y C., que dispone que toda sentencia tiene que ser fundada, bajo pena de nulidad, respetando el principio de congruencia.

Entiende que, como la sentencia admite que el actor era comodatario, no es posible que luego sostenga que no se encontraba acreditada la posesión o tenencia. Además, carece de fundamentación porque no considera el acta de constatación ni los dichos de los dependientes del actor que constan en ese instrumento.

Concluye en que la sentencia es arbitraria porque se aparta de la prueba.

Además, dice que procede la calificación de gravedad institucional debido a que se resuelve absurdamente, revelando una peligrosidad para los justiciables en casos futuros.

II. Corrido el traslado de ley, la contraria contesta a fs. 268/269. Solicita se declare inadmisible el recurso, con costas.

III. A fs. 279 es notificado el Sr. Fiscal ante el Cuerpo.

IV. Conforme lo establecido por el Art. 5° de la Ley 1.406, corresponde efectuar el análisis pertinente, a efectos de determinar si se hallan reunidos los requisitos legales que posibiliten la apertura de la instancia extraordinaria local intentada.

En tal sentido, el recurso ha sido interpuesto en término, porque, conforme el Art. 135, inc. 6°, del C.P.C. y C., la notificación "por devueltos" implica la de la resolución dictada por la Alzada. A tenor del inciso 12° del mismo precepto, se deben notificar personalmente o por cédula las sentencias y las interlocutorias, por lo cual la resolución de Cámara no se puede tener por notificada por nota, pero sí mediante la notificación por cédula de la providencia que tiene por devuelto el expediente (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. IV, pág. 230).

Además, se constata que el escrito ha sido presentado por quien tiene aptitud procesal, y ante el mismo Tribunal que dictara el fallo en crisis. También se han cumplido las cargas de constituir domicilio ad-litem y acompañar copias para traslado y, conforme las constancias de fs. 259 y 277, se efectuó el depósito exigido por el Art. 2° in-fine del Rito.

Corresponde, también, considerar salvado el extremo previsto por el artículo 14º, en cuanto al monto habilitante de la instancia casatoria. Éste ha de tenerse por indeterminado, toda vez que el valor del objeto litigioso - inmueble- es desconocido en esta etapa.

V. Ello no obstante, el incumplimiento que surge palmario es el relativo a la nota de definitividad que debe revestir la sentencia para ser susceptible de recursos como el impetrado y consiguiente revisión en esta instancia extraordinaria, toda vez que se impugna una resolución que no cancela la promoción del debate por otras vías procesales.

Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que lo que determina la existencia o inexistencia del recaudo bajo examen es la necesidad de saber si la cuestión puede o no renovarse en otra oportunidad o en otro juicio. La definitividad de un pronunciamiento se da cuando el órgano jurisdiccional resuelve de modo final sobre la existencia o suerte de un derecho (cfr. R.I. N° 188/07, 161/08, 53/09, entre otras del Registro de la Secretaria Civil).

Así, la sentencia recaída en un interdicto de recobrar la posesión (Art. 614 del C.P.C. y C.), en principio, no reviste carácter de definitiva en los términos del Art. 1º de la Ley 1.406, para la admisibilidad del recurso extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, desde que queda expedito para el recurrente el ejercicio de las acciones reales pertinentes (Art. 622 del C.P.C.

y C.).

En el caso, no puede soslayarse tal exigencia, como tampoco equiparar a definitiva la resolución cuestionada, habida cuenta que no se ha demostrado, prima facie, un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior, como tampoco la existencia de gravedad institucional, no bastando para ello la mención genérica que hace el recurrente respecto de la trascendencia del fallo para casos futuros.

Nótese que la parte simplemente menciona que la sentencia es definitiva porque pone fin al litigio haciendo imposible su continuación.

En consecuencia, en el sub studio no puede sortearse el recaudo de sentencia definitiva, como tampoco equipararse a tal la atacada, en tanto no se acreditaron supuestos excepcionales habilitantes de la instancia casatoria a pesar de la carencia del extremo contemplado en el Art. 1° del ritual.

VI. Sin perjuicio de que la falencia apuntada determina por sí sola la inadmisibilidad del recurso extraordinario deducido, a mayor abundamiento, cabe consignar que el recurso en análisis tampoco reúne los recaudos previstos por el Art. 16° del Rito.

Así, el requisito de autonomía que debe revestir un escrito como el de análisis no se halla cumplido, ya que, en la especie, no se basta a sí mismo, pues con su mera lectura no se alcanza a comprender cabal y verazmente el contenido del proceso (cfr. R.I. N° 76/06, entre otras), al omitirse un relato completo, preciso y objetivo de los actos realizados durante su tramitación. Por el contrario, la exposición se realiza mediante una redacción insuficiente y confusa que impide conocer claramente los extremos necesarios para la dilucidación de la cuestión planteada.

A modo de ejemplo, cabe consignar que no se mencionan los fundamentos de los escritos postulatorios de las partes, las incidencias desarrolladas durante la tramitación del proceso y los fundamentos de las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia.

Por lo tanto, al resultar necesario efectuar la compulsa del resto de las piezas del expediente para su acabado entendimiento, no puede considerarse cumplida la exigencia de marras (cfr. R.I. N° 116/06).

A igual conclusión debe arribarse respecto del recaudo referido a la adecuada y suficiente fundamentación recursiva, extremo insoslayable que hace al debido encuadramiento legal y conlleva la delimitación del ámbito de conocimiento de este Tribunal.

Así, conforme surge del escrito recursivo, pretende la quejosa activar la instancia extraordinaria a través de las causales de absurda interpretación y valoración de la prueba, violación de la ley y la doctrina legal y arbitrariedad de sentencia, que -prima facie- corresponderían con las previstas en los incs. a) y c) del Art. 15°, de la Ley 1.406, pero sin realizar una elección expresa del recurso de Inaplicabilidad de Ley, como tampoco un desarrollo independiente de cada una, sino que se observa una confusa expresión de agravios ajena a esta instancia, que no acredita los vicios que habilitan esta etapa extraordinaria (cfr. R.I. Nros. 118/06, 83/07, 161/08).

Debe destacarse que, para la motivación del recurso de casación, no es suficiente la exposición del agravio, sino que es preciso que el defecto o error que se imputa a la resolución recurrida esté expresamente tipificado por la ley. Es decir, que resulta ineludible efectuar una delimitación del tema recursivo (cfr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Librería Editora Platense, 2° edic., pág. 213, Buenos Aires 2002).

En el caso -reitérase-, carecen de sustentación suficiente las causales invocadas por el quejoso y los motivos en que las funda. En concreto, no logra demostrar -prima facie- las tachas en las que -según estima- incurrieron los magistrados de grado.

Es que, tal como lo pone de resalto la contraria a fs. 268/269, en ningún pasaje se observa la adecuación al Art. 15º o al 18º de la Ley 1.406, como tampoco la referencia a la doctrina legal violada o cómo se configuraría la arbitrariedad. Sólo se indica la afectación del Art. 34, inc. 4°, del C.P.C. y C. que establece el deber de fundar la sentencias; se pretende la revisión de cuestiones de hecho, como la valoración de un acta de constatación.

Recuérdese que en relación con la causal del Art. 15°, inc. a), del Rito invocada, es recaudo ineludible precisar el vicio o error en que se incurrió en la sentencia. Ello requiere inexcusablemente la impugnación idónea de los extremos que sustentan el decisorio, indicando, sobre la base de los presupuestos del pronunciamiento, en qué consistió la infracción, cuál es la influencia en el dispositivo y cómo y por qué éste debe variar, lo que no se encuentra en el recurso analizado.

Ante esta circunstancia resulta adecuado resaltar, que en esta etapa, de análisis meramente formal, el principio iura novit curia es de interpretación restrictiva (cfr. R.I. N° 116/06, entre otras). Y este Tribunal tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinado precepto legal no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito.

La insuficiencia recursiva indicada, incluye también la tentativa que se realiza a través de la causal de arbitrariedad de sentencia por el carril de Inaplicabilidad de Ley, pero sin alegar ni demostrar la arbitrariedad por absurdo, puesto que sólo se exhibe una mera discrepancia con el déficit probatorio señalado por los jueces respecto de un acta de constatación.

En virtud de todo lo expuesto, corresponde declarar inadmisible el recurso deducido, con costas a cargo del recurrente perdidoso (Art. 12° Ley 1.406).

Por ello, SE RESUELVE:

I. Declarar INADMISIBLE el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por el actor -Juan V. DALCEGGIO- a fs. 260/262.

II. Imponer las costas al recurrente vencido (Art. 12° L.C.), y diferir la regulación de honorarios al momento en que se cuenten con pautas para ello (Arts. 15, 24 y 33, Ley 1.594).

III. Disponer la pérdida del depósito efectuado el recurrente, según constancias de fs. 259 y 277, de conformidad a lo establecido por el Art. 10° de la Ley 1.406, dándosele el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial N° 1.971.

IV. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a origen.Dr.

RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI.

DRA. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS. Secretaria.