Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-15


Fojas: 359 Mendoza, 15 de junio de 2006.

Y VISTOS:

Estos autos N° 38.336/110.117 caratulados "Ente de Fondos Residuales de los Bcos. De Mendoza S.A. y de Prev. Soc. S.A. c/Compañía Petrolera S.A. p/Ejecución hipotecaria", llamados a resolver a fojas 358, CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 317 el Dr. Francisco Daniel Bauco, por sí y por los demás accionados, interpone recurso de apelación en contra del auto de fojas 315/316, que desestima el incidente de nulidad y de redargución de falsedad deducidos a fojas 164/192 por la Compañía Petrolera S.A., demandada, con costas, y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Se queja de que el juez a quo haya considerado que no existe interés jurídico, el que, según expresa, fue denunciado, en su oportunidad; indica que el interés jurídico fue invocado y acreditado en el relato de todas y cada una de las defensas que opuso y que desconocer este extremo constituye un exceso ritual manifiesto; agrega que lo que debe averiguarse no es si se cumplió ritualmente con el art. 70 del C.P.C., sino si efectiva y ciertamente se cumplió con el fin de anoticiar a la demandada hoy incidentante, hecho este último que su parte niega, ya que, con conocimiento y aceptación del actor, aquél había cambiado su domicilio especial, por lo cual la diligencia del notificador, aún en el supuesto negado por su parte que hubiere realizado el acto de notificación en el domicilio de calle San Juan 1.219, el mismo carece de virtualidad jurídica, ya que no era al momento del acto el domicilio especial de su parte.

II.- Que a fojas 343 la Cámara dispone correr traslado de la fundamentación del recurso de apelación a la contraria, por el plazo de ley (art. 142 del C.P.C.) A fojas 346/351 el Dr. Rodrigo Padín, en nombre y representación de la Provincia de Mendoza, contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí esgrimidas, el rechazo del recurso intentado.

III.- Que a fojas 333 el Dr. Santiago María Cardozo, por sus honorarios, interpone recurso de apelación a tenor de lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.

A fojas 337 la Cámara llama autos para resolver el recurso, y a fojas 354 el Dr. Cardozo, por su propio derecho y en representación del Dr. Pablo Olaiz, alegan razones.

IV.- Que a fojas 358 se llama autos para resolver, practicándose a fojas 358 vta. el pertinente sorteo de la causa.

En el ordenamiento procesal mendocino, el artículo 137 del C.P.C., impone una crítica concreta y razonada de las partes sustanciales del fallo en que se sustentó la decisión recurrida.

El contenido de la impugnación, se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando punto por punto los errores en que se ha incurrido, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.

En efecto, "criticar", es muy distinto a "disentir".

La crítica, debe señalar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que este pudiese contener. En cambio, disentir, es meramente exponer que no está de acuerdo con la sentencia.

En definitiva, la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad, debe contener una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocada.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento.

Por ello, conforme lo tiene establecido reiterada jurisprudencia, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o la acumulación de alegaciones meramente sumadas o añadidas, la simple reproducción o remisión a escritos anteriores de la causa, entre otras situaciones, no satisfacen las exigencias de las normas procesales (Morello Augusto M. y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As., y de la Nación", comentado y anotado, Tomo III, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1.998, pág. 351; puede verse, de esta Cámara, entre muchos otros: fallo del 04-06-2001, expediente Nº 34217 - "Farmed S.A. c/Obra Social de la Fuerza Aérea O.S.F.A. p/Daños y Perjuicios", LA 167-193).

V.- Que, no obstante que la fundamentación del recurso no cumple con ese mínimo de crítica que exige el ordenamiento procesal mendocino, sino que simplemente expresa la mera disconformidad con la resolución de fojas 315/316, la Cámara abordará, igualmente, los distintos agravios propuestos en esta instancia.

A través del incidente de redargución de falsedad interpuesto a fojas 193/196, Compañía Petrolera S.A. niega que el mandamiento de fojas 45 haya sido diligenciado, que se haya dejado copia del mismo en el domicilio de calle San Juan 1.219, que se haya dejado traslado en una foja, que se haya dejado copia de la documentación acompañada en autos, la autenticidad del instrumento de fojas 45, consistente, precisamente, en el mandamiento diligenciado por la Oficial de Justicia Peña; también impugna las enunciaciones contenidas en el reverso del instrumento y que el mandamiento haya cumplido su objeto específico de poner en conocimiento el auto de requerimiento de pago y citación para defensa.

También alega el incidentante que aún tratándose de un domicilio especial y estando investido el Oficial de Justicia de fe pública que por su cargo tiene conferida, la diligencia de notificación debió efectuarse fehacientemente y siguiendo las prescripciones de la ley de rito (art. 70 del C.P.C.) Como se sabe, los instrumentos públicos son aquéllos que se han otorgado con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público a quien la ley confiere la facultad de autorizarlos; no se duda del carácter de instrumento público del acto de notificación cumplido por el Oficial de Justicia, atacado por el incidentante, aquí apelante.

Ahora bien, examinada la definición anterior, aparece en ella un elemento dominante: es el oficial público; en efecto, lo que comunica al instrumento público su existencia como tal es la intervención del oficial público. Si tratándose de los instrumentos privados propiamente dichos la firma era el elemento esencial de su existencia, respecto de los instrumentos públicos lo es la intervención del oficial público que agrega su autoridad al documento para co-municarle su carácter propio.

La cédula y las diligencias de notificación configuran un instrumento público y como tales sus constancias hacen plena fe, hasta tanto no sea cuestionada su validez. Es decir entonces que las constancias o manifestaciones insertas en la cédula por el notificar, revisten el carácter de instrumento público, que como tal goza de la presunción de autenticidad que le otorga el art. 993 del Código Civil: sólo actuando conforme con esta disposición legal (redargución de falsedad) podrían desvirtuarse las enunciaciones contenidas en la cédula.

Es únicamente por tal medio que podrían atacarse las mismas, corriendo la carga de la prueba de que no son sinceras, por cuenta de quien pretende la nulidad de la diligencia. (Puede compulsarse: Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, sala B, 1995/12/12, "Administración Nac. de la Seg. Social c. Espín, Rafael y otros", LL 1998-A, 478; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 1998/03/31, "Brenta, Sebastián D. en: Café Oyambre S. R. L. c. Brenta, Pablo", LL 1998-E, 1 - DJ, 1998-3-570; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 1992/10/30, "Rapa, Dardo H. en: Raimondi Artes Gráficas S. A. c. Full Plastic S. A.", LL 1993-A, 240 - DJ, 1993-1-582).

Desde que el instrumento aparece autorizado por un oficial público ya tiene existencia como instrumento público. Pero esto sólo no basta para que dicho instrumento público sea válido, es decir, legalmente eficaz, para lo cual deberá llenar los requisitos de validez que la ley dispone.

De la regulación emergente del Código Civil, surgen los siguientes requisitos de validez: 1º).- el oficial público autorizante debe ser capaz, es decir, hábil para llenar esa función; 2º).- el oficial público debe ser competente ratione materiae (sobre que versa el instrumento) y ratione loci (en cuanto al territorio en el que ha sido otorgado); 3º).- el instrumento debe otorgarse con las formalidades prescriptas por la ley, bajo pena de nulidad; esto es, la observancia de las formas prescriptas por las leyes (art.. 986).

Los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad que merece la actuación del oficial público interviniente, abonada por su firma y sello; ello es así por cuanto estos documentos están acompañados de signos externos, difíciles de imitar, tales como timbres y sellos característicos y la firma de un funcionario, cuya autenticidad es fácilmente comprobable.

Todos estos signos exteriores son presuntivamente suficientes para estar a lo que resulta del documento: el que desee impugnarlo deberá arrostrar la difícil prueba de la falsedad. Sin embargo, es necesario diferenciar el valor probatorio de los hechos pasados en presencia del oficial público de las llamadas cláusulas dispositivas y las cláusulas enunciativas.

El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia. (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de derecho Civil, Parte general", Tomo II, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1.978, pág. 442 y sgtes.);

en este orden de ideas, se ha resuelto que "lo constatado por el oficial de justicia hace plena fe respecto de los hechos cumplidos por él o que han pasado en su presencia -en el caso, constató la actividad laboral del deudor que solicitó el levantamiento del embargo trabado sobre una máquina de coser- hasta tanto no sea argüido de falso mediante las vías que establece el art. 993 del Cód. Civil". (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 6a Nominación de Córdoba, 2002/04/17, "Provincia de Córdoba c. Zabala, Misael", LLC, 2002, 1052) Más allá de las consideraciones formuladas por el apelante, está claro que, en el incidente de redargución de falsedad, y como lo destaca la parte recurrida a fojas 346/347, el incidentante debió acreditar (y no lo hizo) la existencia de una falsedad en los hechos que el oficial declara que han pasado bajo sus sentidos, sea que nunca se constituyó el domicilio que menciona, o bien que nunca dejó la copia que sostiene haber dejado.

VI.- Respecto del incidente de nulidad de la notificación, el juez a quo fundó su rechazo en la extemporaneidad del planteo, conforme a lo dispuesto por el art. 94 ap. IV del C.P.C.: así, sostuvo que a partir de la documentación anexa al incidente, la accionada sabía de la existencia de estas actuaciones con anterioridad al 20/12/2.002, en que refiere haber tomado conocimiento de la demanda a través del informe de la escribana María Virginia Ibáñez.

Las formas son garantía contra la arbitrariedad, pero es indispensable no hacer de ellas un objeto en sí mismo, de manera que en lugar de facilitar y asegurar la justicia, la dilaten y obstruyan.

No solamente no debe perderse ningún derecho por razones de forma, sino que debe evitarse la dilación de un proceso y el entorpecimiento para esclarecer la verdad y llegar a la justicia, por motivos simples o meramente formales. A la nulidad, debe anteponerse la subsanación oficiosa de defectos y la regla moral que evite la mala fe y la tentación de aprovechar ventajas ilícitas.

En materia de notificaciones, el conocimiento que debe comunicarse al litigante respecto de las providencias recaídas en el juicio, debiera ser real y cierto, entrar en su conciencia y poder justificarse con exactitud. Por ello, el proceso estaría bien servido, si a la vez que asegura la manera de notificar a las partes, los actos del juicio con la mayor certeza, se provee a su avance sin demoras y al pronto cumplimiento a su recorrido en pos de la sentencia.

A este efecto, la teoría del "conocimiento", estima que el fin perseguido, consiste en hacer saber efectivamente una providencia a la parte interesada, la falta o defecto de los procedimientos y requisitos formales de la diligencia respectiva, no puede ser óbice para reconocer eficacia y valor de notificación al conocimiento que por otros medios no ha logrado aquélla.

De esta manera se está a la realidad y a los fines de la ley, a la vez que se asegura el principio de celeridad y de lealtad en el debate judicial.

Sin embargo, no se trata de un problema de "conocimiento", sino de certeza y seguridad, porque el peligro no consiste en que se atribuya efectos de notificación al simple y psicológico "conocimiento" que pueda imputar tal conocimiento a quien no lo tuvo realmente y que tampoco se hubiera cumplido a su respecto las formalidades suficientes ordenadas por la ley para que se lo presuma válidamente. (Puede verse el fallo de este Tribunal en el expte. N° 80.740/37.814, 29/9/2.005, "Sosa Juan Norberto C/Doña Inés S.R.L. P/Cobro Pesos", LA 177-276) En el caso, tratándose de una ejecución hipotecaria, y teniendo en cuenta la constitución de domicilio especial en la escritura constitutiva de fojas 7/25, en calle San Juan 1.219 de Ciudad de Mendoza, allí debió practicarse la notificación del mandamiento de ejecución y embargo y citación para defensa, tal como se hizo a tenor de la constancia de fojas 45; lo que implica que no ha habido violación a las formas impuestas por el ordenamiento procesal mendocino en dicho acto de notificación.

A ello se agrega que el incidente de nulidad correctamente fue rechazado por el juez a quo, considerando como argumento decisivo la extemporaneidad del planteo.

Conforme al art. 94 ap. II del C.P.C., solamente puede ser pedida la nulidad por el litigante afectado por ella que invoque un interés jurídico en que se declare que no la provocó y siempre que no hubiere quedado subsanada por consentimiento expreso o tácito.

El consentimiento tácito resulta de no pedir la nulidad dentro de los cinco días de tomar conocimiento del acto; el ap. III del mismo dispositivo agrega que si el conocimiento resultare de una presentación al expediente, se tendrá por consentido el procedimiento si no se le objetara en esa misma presentación.

El juez a quo consideró que el incidentante tomó conocimiento del proceso, por lo menos, en fecha 13/10/2.001 según surge de la prueba instrumental que el propio incidentante acompañó al expediente en oportunidad de plantear el incidente, que recién se dedujo en fecha 28/12/2.002; no puede soslayarse que la nota que la escribana Ibáñez presenta a Compañía Petrolera S.A. menciona a fojas 136 in fine la existencia del proceso y esa nota fue confeccionada en fecha 20/12/2.001.

VII.- Que en oportunidad de alegar razones, a fojas 354 el Dr. Santiago María Cardozo, por sí y por el Dr. Pablo Olaiz, se agravia de la regulación de honorarios practicada por el juez a quo en la resolución de fojas 315/316; señala que el art. 14 de la Ley 3.641 dispone que en caso de incidentes deberá regularse entre un 10 y un 40 % de la escala dependiendo el porcentaje aplicable de la vinculación inmediata que puedan tener con la resolución definitiva; tomando en cuenta la base reguladora, el mínimo que se debió regular en el caso de autos era de $ 9.908 siendo el máximo la suma de $ 39.663 por cada uno de los incidentes para el patrocinante y la mitad de esa suma para el apoderado.

Estima que corresponde aplicar el máximo de la escala prevista para los incidentes, teniendo en cuenta la extrema longitud y complejidad de los incidentes planteados y que los mismos pretendían revertir la totalidad del proceso incoado por la Provincia, debiendo prácticamente iniciarse el mismo desde el inicio.

Constituye un principio del sistema de administración de justicia el que los distintos partícipes en el litigio sean retribuidos. De este modo, se ha reconocido el derecho a honorarios de los distintos peritos que actúen en el juicio cuando así lo prevea la ley procesal.

Puede decirse, entonces, que es principio de superior jerarquía el de asegurar a los peritos una retribución justa, teniendo en consideración su carácter de auxiliares de la justicia designados por el juez.

Así, el honorario del perito tiene carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión y en este sentido, no difieren en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia.

La validez constitucional de los honorarios no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos o la responsabilidad profesional que comprometen. (Sobre el tema, puede verse:

Schiaffino, Carlos A. Machado, "Derechos patrimoniales del perito", JA 1987-I, 815; Alonso, María José, "Honorarios de peritos. Regulación por las actuaciones judiciales", Buenos Aires, Ad hoc S.R.L., 1.989; Fernández, Nilda B. - Capo, Ángel L., "Honorarios de abogados y peritos", Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 1.997) No se puede soslayar que la justicia debe proceder con especial cautela teniendo presente, al momento de regular honorarios profesionales, las particularidades propias del caso, adecuando prudentemente las normas arancelarias vigentes; en este orden de ideas, la Corte Federal ha afirmado que "la interpretación de las normas arancelarias no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio." (9/2/1.988, "Silanes Artaza, María C. C/Columba, Ramón", JA 1988-I, 370).

En el presente caso, teniendo en cuenta que la base regulatoria asciende a $ 825.698, y la naturaleza de las cuestiones planteadas en el incidente de nulidad y de redargución de falsedad, simultáneamente tramitados por disposición del propio juzgador, y lo dispuesto por el art. 14 de la ley 3.641, se estima razonable regular el 20 % de la escala fijada por dicho dispositivo de la ley arancelaria; no puede soslayarse que, además de tratarse de un mismo trámite, se trataba de dos incidentes distintos, aunque vinculados, en los que existieron actuaciones de prueba, y que de admitirse, hubiera vuelto las cosas al mismo estado en que se encontraban al momento de practicarse el requerimiento de fojas 45.

Por ello, la labor profesional de los abogados de la parte actora debe ser retribuida también en función del resultado obtenido; ambos incidentes resueltos en el auto de fojas 315/316 fueron rechazados, aportando los profesionales argumentos decisivos en la solución a la que arriba el juez a quo; ello conduce al acogimiento parcial del recurso de apelación de fojas 333, debiendo regularse los honorarios profesionales de los Dres. SANTIAGO MARÍA CARDOZO en la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 37/100 ($ 9908,37) y PABLO OLAIZ en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 75/100 ($ 19.816,75).

VIII.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 317 y admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fojas 333, modificándose el apartado II de la resolución de fojas 315/316, en el sentido expuesto en el considerando anterior.

IX.- Respecto al recurso de apelación de fojas 317, las costas deben imponerse a la parte recurrente que resulta vencida. (Art. 35 y 36 del C.P.C.) y respecto al recurso de apelación de fojas 333, corresponde omitir pronunciamiento sobre costas. (Art. 40 del C.P.C.) Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 317.

II.- Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fojas 333, y en consecuencia, modificar el apartado II de la resolución de fojas 315/316, que queda redactada del siguiente modo en la parte pertinente:

"II.- Regular los profesionales intervinientes, sin perjuicio de los complementarios y de alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder, de la siguiente forma:

DR. SANTIAGO MARÍA CARDOZO en la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 37/100 ($ 9.908,37), PABLO JA-VIER OLAIZ en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 75/100 ($ 19.816,75), EDGARDO BECERRA en la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 9.632), DIEGO MARTÍN ZAPATA en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 2.866), NORBERTO PARMA en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 5.733), FRANCISCO DANIEL BAUCO en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 674) y SILVIA GABRIELA LÓPEZ en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 337). (Arts. 2, 2, 14, 31 y concs. de la ley 3.641)" III.- Imponer las costas por el recurso de fojas 317 a la parte recurrente que resulta vencida. (Art. 35 y 36 del C.P.C.) IV.-Omitir pronunciamiento sobre costas respecto del recurso de apelación de fojas 333 atento a la expresa disposición del art. 40 del C.P.C.

V.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. RODRIGO PADÍN en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 01/100 ($ 2378,01), FERNANDO DAVID ALFARO en la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 70/100 ($ 7926,70), FRANCISCO DANIEL BAUCO en la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 5548,69). (Arts. 2, 3, 15, 31 y concs. de la ley 3.641) CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.