Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-30


2º Instancia.- Azul, setiembre 30 de 2002.

1º ¿Es justa la sentencia apelada de fs.373/380? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Galdós dijo:

I. Antecedentes.

La sentencia de primera instancia admitió la tercería de dominio promovida por Andrés Alberto Arla contra la quiebra de Roberto Jorge Di Blasio, habiéndose citado como tercero a la firma "Hijos de Miguel Castellar y Cía. S.A.", disponiendo el levantamiento de la medida de prohibición de innovar decretada en los autos caratulados "Di Blasio Roberto Jorge - Elisagaray de Di Blasio Leonor. Concurso Preventivo - Hoy su quiebra s/incidente de resolución de contrato - Levantamiento de medida cautelar." Para así decidir ponderó que es viable procesalmente la tercería de dominio intentada, con sustento en el art. 97 C.P.C., el que admite se controvierta no sólo un embargo sino también cualquier otra medida cautelar que interfiera sobre el mejor derecho o el dominio del tercerista. La firma Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A. vendió a Roberto Jorge Di Blasio por boleto privado de compraventa los inmuebles identificados como parcelas 5a y 7 de la manzana Nº 237 de Azul y posteriormente hizo lo propio con el tercerista Andrés Alberto Arla -a quien califica de buena fe- directamente por escritura pública.

La adquisición por boleto sólo tiene efectos entre las partes, máxime que se decretó su resolución judicial a la que asigna efectos retroactivos a la fecha de su celebración, frente a la escritura pública tutelada por el art. 2505 Cód. Civil y a la situación de desprotección e inseguridad del adquirente, comprador por boleto privado. Concluye, entonces, que la compraventa realizada mediante boleto entre Castellar y Cía. S.A. y Roberto Di Blasio (hoy su quiebra) solo produce efectos entre las partes sin afectar los derechos del tercero adquirente de buena fe.

Andrés A. Arla, el tercerista, quien es titular dominial (por compra a Castellar) del inmueble sobre el que recae la medida cautelar. Destaca que no pesaba gravamen sobre el bien al celebrarse este negocio jurídico y que, como se dijo, la venta privada fue resuelta en el juicio de quiebra de Di Blasio.

Así las cosas en el precitado incidente de resolución contractual se resolvió el contrato privado celebrado el 9 de octubre de 1987 entre Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A. y Roberto J. Di Blasio, ordenándose reintegrar a la firma vendedora la posesión de los bienes, y la reposición por ésta de las sumas pagadas por el comprador, actualizadas, difiriéndose ese reintegro hasta la efectivización del pago. Atribuye luego a la resolución efectos retroactivos a la fecha de la firma del contrato de compraventa, dejando a salvo los derechos de terceros adquirentes de buena fe. Esa resolución contractual convalidó la venta realizada por la firma Castellar a Arla, venta ésta que no estaba sujeta a ninguna condición ni obstruía el poder de disposición de la vendedora, la que aparecía como titular de dominio. Señala que resulta de aplicación el principio de convalidación de los derechos reales, previsto en el art. 2504 del Cód. Civil.

Más adelante destaca que la venta Castellar - Arla reúne todos los presupuestos legales, a saber capacidad de enajenante y adquirente, título suficiente, tradición e inscripción.

En lo atinente a la posesión, y entre otras consideraciones, señala que el actor demostró que a partir de la fecha de la escritura pública, el 4 de octubre de 1991, realizó actos posesorios a título de dueño sobre el bien, no habiéndose logrado demostrar por la sindicatura que esa posesión sea ilegítima.

Corrobora esa postura la prueba testimonial traída a estos autos.

Concluye razonando que "la tercería de dominio intentada debe prosperar, fundamentalmente en razón de haber probado el accionante con instrumentos fehacientes -escritura traslativa de dominio- la verosimilitud del derecho en que la funda; no haber demostrado la contraria que existiera connivencia -simulación o fraude- entre la firma Castellar, vendedora y el tercerista; resultar la medida cautelar decretada -prohibición de innovar- de fecha posterior a la adquisición del dominio por parte del incidentista y no haber logrado probar el accionado contradictor que aquel no detentara la posesión de los bienes y que no se hubiera cumplido con la tradición" (sic, fs.380 y vta.).

Con esas bases resolvió "hacer lugar a la tercería de dominio promovida, disponiendo el levantamiento de la prohibición de innovar decretada en el expediente caratulado: "Di Blasio Roberto Jorge - Elisagaray de Di Blasio Leonor - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra - Incidente de Resolución de Contrato - Levantamiento de Medidas Cautelares", con fecha 18 de mayo de 1993" (sic, fs. 380 vta.). Impuso las costas a la masa y a Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A., difiriendo la regulación de honorarios.Contra ese pronunciamiento apeló el síndico, quien expresó agravios (fs.406/409) los que fueron respondidos (fs. 412/417).

Las quejas se centran, en esencia, en cuatro pilares básicos. En primer lugar se destaca que los derechos de Di Blasio resultaron alcanzados por el efecto patrimonial del desapoderamiento derivado de la sentencia de quiebra que determina "la inoponibilidad a la masa concursal de cualquier acto realizado sobre los derechos patrimoniales del deudor".

La masa, en segundo lugar, poseyó algunos de los bienes en cuestión percibiendo sus frutos, es decir los alquileres. El actor se encontraba en situación de conocer el estado del inmueble lo que tornaba dubitable el derecho que se le transmitía. Finalmente, y en subsidio se queja de la imposición de costas. Se añade que no se reintegró el saldo de precio actualizado por la firma Castellar y Cía. S.A., que el fallido primero y la quiebra luego, percibió alquileres de algunos de los locales que componen el inmueble, lo que además se desprende del testimonio del anterior síndico interviniente, y que se ocultó la venta a Arla en el juicio falencial de Di Blasio, todo lo que torna inoponible a ella los actos celebrados en su contra.

A fs. 419/420 obra dictamen del Fiscal General propiciando la confirmación del fallo recurrido.

A fs. 421 se llamó autos para sentencia providencia que advino firme y consentida, así como la intervención de este tribunal, por lo que el expediente quedó en estado de decidir (conf. fs. 422).

II. 1) Pese al ingente esfuerzo de la sindicatura y a que la cuestión es compleja, soy de la opinión que procede confirmar el fallo recurrido.

En tal sentido cabe anticipar que el "thema decidendum" radica en la determinación del mejor derecho entre el titular de un boleto de compraventa con fecha cierta y posesión (la quiebra de Roberto Jorge Di Blasio) y quien ostenta escritura de venta, de fecha posterior (el incidentista Andrés Alberto Arla).

Sucintamente, el iter fáctico es el siguiente:

A) el 2 de noviembre de 1988 se presentó el concurso preventivo de Roberto Jorge Di Blasio cuya apertura se decretó el 1º de Febrero de 1990 (conf. fs.18/20 autos caratulados "Di Blasio Roberto Jorge s/Concurso Preventivo expte. 45682), haciendo lo propio su cónyuge el 24 de Noviembre de 1988, fecha en que solicitó su concurso Leonor Elisagaray de Di Blasio, acumulándose luego ambas causas (28/11/88, fs.30 expte. cit.), decretándose posteriormente la quiebra del matrimonio (17/8/90, fs. 236 expte. cit.).

B) el 9 de octubre de 1987 "Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A.", representada por Jorge A. Castellar vendió por contrato de compraventa, con certificación notarial de firmas, a Roberto Jorge Di Blasio las parcelas 5a y 7 de la manzana 237 de Azul (conf. fs.35/36 expte. 45682 "Incidente de resolución contrato. Levantamiento medidas cautelares"). El precio se pactó por el "monto necesario para la cancelación total" de dos créditos bancarios abonándose A22.396,78 (australes veintidós mil trescientos noventa y seis con setenta y ocho centavos) en concepto de cancelación de crédito. "La posesión de los inmuebles vendidos, totalmente libres de ocupantes..." fue otorgada con anterioridad, y en oportunidad de concretarse ese pago (el 28 de agosto de 1987; conf. cláusula 2º y 3º fs. 35 expte. cit.).

C) el 4 de octubre de 1991 el tercerista Andrés Alberto Arla adquirió por escritura pública, en condominio, el inmueble citado que enajenó la misma sociedad, representada también por Jorge A. Castellar, por U$S 170.000 que fueron entregados "en su totalidad en ese acto". Respecto de la posesión se expresó que la recibieron con anterioridad "por la tradición efectuada antes de este acto, que recibieron en el estado de ocupación actual del bien, que declaran conocer y aceptar". Los compradores asumieron el pago de los embargos trabados en autos "Nasello Juan C. c. Di Blasio Roberto s/Cobro Ejecutivo" (conf. fs.85/86 y fs.136/141 expte. cit. 45682 "Incidente resolución contrato. Levantamiento de medidas cautelares").

El 4 de octubre de 1991 se divide el condominio entre Arla y Miguel A. de Leonardo (fs. 137/138 expte. cit.45682) consolidándose la propiedad, en exclusividad, en cabeza del tercerista (id. fs. 142/147).

D) En el precitado incidente se decretó la medida judicial que aquí se procura revocar. Con fecha 1 de Octubre de 1991 (o sea tres días antes de la venta Castellar - Arla) comparece la sociedad peticionando la resolución del contrato Castellar - Di Blasio y el levantamiento de las medidas cautelares ante el incumplimiento de pago del saldo de precio por el fallido y la inminencia de una refinanciación bancaria del crédito (conf. fs.6/7 expte. cit. 45682). Ante ello se decidió el 22 de febrero de 1993 resolver el contrato de compraventa celebrado entre Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A. y Di Blasio, ordenar el reintegro a aquella de la posesión de los inmuebles, disponer que la sociedad devuelva actualizados los pagos parciales percibidos y, en lo sustancial, "declarar incorporado al activo falencial lo producido por la locación de los inmuebles durante la vigencia de ese contrato" (fs. 113/116 expte. cit.).

Luego, el 18 de mayo de 1993, ampliándose esa resolución se decretó la "prohibición de innovar respecto la situación jurídica de los bienes" referidos, "difiriéndose el reintegro de la posesión de los mismos a favor de "Hijos de Miguel Castellar S.A." hasta que se de cumplimiento" al reintegro de los pagos percibidos (conf. expte. resolución cit. fs. 133, firme a mérito de lo decidido a fs. 188). Esa providencia fue entonces notificada a Arla (fs. 136 expte. cit.).

De la reseña efectuada, y circunscripto el tema del litigio a la oponibilidad respecto de Arla de la medida precautoria que recae sobre el inmueble, la cuestión -sustancialmente- requiere elucidar quién tiene mejor derecho: Arla, en cuanto titular del derecho de dominio de fecha ulterior (escritura pública del 4/10/91, sin constancia en autos de la fecha de su inscripción registral) o la masa, a mérito del precedente boleto de compraventa (del 9/10/87) pero posteriormente resuelto (22/2/93) y sobre el que recae una medida cautelar (18/5/93).

A ello conduce el principio "iuria novit curia", respetando la congruencia decisoria (arts. 34 inc.4, 63 inc. 6 y 164 C.P.C.).

Es que, en el marco de la relación procesal, y sin alterarla ni menoscabar los derechos de los litigantes, procede resolver la litis desde ese encuadre jurídico (SC Buenos Aires, Ac. 79772, 21/8/2002 "Gaspar Mirta c. Trímboli Rosario s/acción de simulación"; Ac.38100, 24/11/87, A.y S. 1987-V-147; Ac.64429, 17/12/96; Ac.60716, 2/9/97).

2) En tal sentido y para dirimir el conflicto de derechos entre el dueño por boleto de compraventa y el titular registral, se han esbozado en el derecho judicial distintas pautas interpretativas (conf. Lorenzetti Ricardo L. "Tratado de los contratos", t. I p. 345 Nº4). De ese modo se ha postulado atender a la buena fe de los contradictores (SC Mendoza, en pleno, 6/12/91, "Ongaro de Minni y ots. En Minni Miguel y ot. en Gómez c. Gozaba", voto doctora Kemelmajer de Carlucci, LA LEY, 1992-B, 161 - DJ, 1992-1-1093), a la fecha cierta de los respectivos actos jurídicos y a la preeminencia de la posesión como forma de publicidad extra registral (Andorno - Freneale - Esborraz - Hernández "Boleto de compraventa y posesión J.A. 1995-III-928; S.C.B.A. 12/3/74 "Noceti Alfonso c. Zorzi Humberto" ED, 55-203 con nota aprobatoria de Guillermo Borda -entre muchos otros-; arts. 592, 594, 1184 inc. 1º, 1185, 1187, 2355, 2505 y concs. Cód. Civil).

Expresa Wayar que en caso de oposición entre boleto de fecha cierta anterior a la escritura (en el "sub lite" Di Blasio versus Arla) "la solución es clara: triunfa el poseedor por boleto si la escritura tiene fecha posterior a la posesión", en base a que el comprador con boleto tiene un título idóneo para transferir el dominio, en orden -además- a lo prescripto "por los arts. 594, 2789 y 3269 Cód. Civil (conf. Wayar Ernesto, "Compraventa y permuta" p. 579 Nº 405, 2).

Así fue decidido también en un precedente judicial que guarda cierta similitud (el adquirente por boleto no tenía la posesión): "el poseedor por boleto vence al comprador por escritura sin posesión, aunque la fecha cierta del boleto sea posterior a la de la escritura, en la medida en que sea adquirente de buena fe. Como la nota fundamental para dilucidar la cuestión es la entrega de la posesión, si el que la obtuvo es el titular por escritura, triunfa si es de buena fe por ser ésta la posición asumida por los arts. 594, 2791 y 3269 del Cód. Civil para la hipótesis de que ambos interesados tengan escritura; que se impone a fortiori si el único poseedor por tradición es también el único adquirente por escritura" (CNCiv., sala C, 7/9/76, "Blitz Katz, Hermán c. Tormo, Ramón J. y otra", ED, 72-383).

Retomando el caso en juzgamiento (Arla versus Di Blasio), y atendiendo a la fecha anterior del boleto de compraventa (9/10/87, del boleto de venta de Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A., con firmas certificadas por escribano; conf. fs.35/36 incidente acollarado por cuerda) frente a la de la escritura de dominio (4/10/91, fs.137/141 expte. cit., escritura de venta de Hijos de Miguel Castellar y Cía. S.A. a Arla) la doctrina judicial mayoritaria se inclina por admitir el mejor derecho del poseedor con boleto de fecha precedente. Incluso desde la tésis restrictiva expresa Mariani de Vidal que en caso de "boleto con fecha cierta y posesión anterior a la escritura según criterio prevaleciente triunfa el poseedor con boleto, por el juego de los arts. 592, 594, 2791 y 3269" (aut. cit. "Curso de Derechos Reales, t. I, p. 144).

"Lo que debe decidir la suerte de la controversia es la posesión del inmueble; si el adquirente por boleto es poseedor, el comprador por escritura -aunque ésta sea de fecha anterior a la posesión- estará privado de adquirir el dominio, pues el vendedor no estará en condiciones de efectuar una segunda tradición. El comprador por escritura deberá conformarse con la indemnización sustitutiva de daños y perjuicios (doct. art. 592 Cód. Civil)" (Wayar, Ernesto, ob. cit. "Compraventa y Permuta", p. 578 Nº405).Analizando pormenorizadamente la cuestión Fazio de Bello cita las opiniones concordantes de Gatti y Alterini (aunque por otros fundamentos) y de Rocco concluyendo en que en caso de oposición entre boleto y escritura, será preferido el de buena fe y posesión anterior, si el instrumento privado tiene fecha cierta la que, por otra parte, es la tendencia jurisdiccional (conf. aut.cit. "Teoría y técnica del boleto de compraventa" ps. 152, 157, 164/165 y passim).

Afirma la autora, sin desdeñar lo conflictivo de la situación, que el adquirente por boleto, con buena fe, tiene un derecho a la posesión por lo que "hay una persona con un título suficiente pero sin derecho real, y otra con un título que unido a la posesión le otorga un derecho real de posesión, sin duda ésta se encuentra en mejor posición" (aut. y ob. cit. p. 167 punto d).

En definitiva: la posesión legítima del inmueble por boleto privado de venta con fecha cierta prevalece frente a la escritura pública de fecha posterior (doct. arts. 592, 594, 1184 inc. 1º, 1185, 1187, 2355, 2356, 2362, 2789, 2791, 3269 y concs. Cód. Civil).

Lo expuesto podría suponer que habría que admitir la queja de la quiebra de Di Blasio pero ello no es factible porque -pese a concurrir los otros presupuestos: fecha cierta y posesión anterior- el boleto de venta no estaba enteramente cumplido y fue resuelto.

3) En tren de apreciar la referida concurrencia de los recaudos mencionados, el boleto originario tiene sus firmas certificadas por el escribano interviniente (conf. fs.34/36 expte.45682) lo que si bien no confiere fecha cierta al acto, en los términos de los arts. 1034 y 1035 Cód. Civil, acredita en cambio la certidumbre fáctica de su existencia, equiparable -a los efectos aquí en tratamiento- a aquella. En lo tocante a la posesión del inmueble por Arla, si bien se hubo comprobado por testigos que el tercerista alquiló algunos locales, como lo detalla la sentencia recurrida (fs. 380, punto 3.4 "in fine") no es menos cierto y contundente que con antelación, y a partir de la venta en 1987, la posesión la detentaba Di Blasio. Así se convino -reitero en 1987- en la cláusula 4º del boleto (conf. fs. 35/36 expte. cit. 45682) y ello no fue controvertido por los litigantes (art. 384 C.P.C.). Si bien la Sindicatura tomó conocimiento de la situación de ese inmueble en ocasión de suscitarse las diferentes cuestiones en el incidente de resolución contractual (conf. declaración testimonial del anterior síndico a fs. 310, preg. 3º; art. 456, C.P.C.) no es menos cierto que, como lo señala el agravio, este bien resultó alcanzado por el desapoderamiento de pleno derecho que sindica el art. 107 ley 24.522. Aunque ese instituto no es equiparable a la desposesión o incautación de bienes prevista en el art.177 de la ley de quiebras, no cabe dudas que el desapoderamiento "surte efectos de una medida cautelar tendiente a preservar el patrimonio del quebrado" y comprende a todos sus bienes (Grispo Jorge "Tratado sobre la ley de concursos y quiebras", t. III, p. 308). Es más Di Blasio había alquilado a terceros los locales que integran el bien, algunos de los cuales plantearon en su momento una consignación de alquileres en el juicio de quiebra (postura que asumieron Flavio C. Bugallo, Angel A. Ferreti y Ricardo L. Scabuzzo; conf. autos agregados por cuerda expte. 46713 "Bugallo Flavio César. Incidente de consignación en Di Blasio Roberto Jorge - Elisagaray de Di Blasio Leonor. Concurso preventivo. Hoy quiebra" contrato fs.4., alegaciones fs.27 bis; expte. "Di Blasio Roberto J.- Elisagaray de Di Blasio Leonor. Concurso preventivo. Hoy quiebra. Incidente contrato locación inmueble" fs.115, resolución fs.290/294).

De modo que la anterior y precedente posesión que ejecutó Di Blasio torna confusa la ulterior y parcial posesión que tuviera el tercerista.

Empero, y aún cuando se detentara actos de posesión recíprocos lo que resulta admitido por el art. 2791 Cód. Civil, el meollo para decidir la litis radica en que el boleto de venta a favor de Di Blasio pierde entidad como título idóneo para oponerse a la escritura pública de Arla porque las prestaciones allí asumidas no fueron cumplidas totalmente por el comprador y se decretó judicialmente su resolución (conf. fs.113/115 y fs. 133 expte. cit. 45682).

De ese modo resulta decisivo que el boleto mantenga su vigor porque la asignación de sus efectos frente a otros actos de posesión y dominio proviene de que "efectivamente es un título legítimo y suficiente para adquirir la posesión, dada la relevante importancia de la tradición posesoria de nuestro Código Civil" (Fazio de Bello "Teoría y Técnica del boleto de compraventa" p. 165; doct. arts. 2355, 2789, 2790, 2791, 3269).

Por ello la resolución contractual de ese boleto (fs. 133/136 expte. cit. 45682) y como tal su inexigibilidad, debilita su entidad como título idóneo frente a la escritura pública. Es que el boleto de compraventa resuelto, y aún desde la tésis amplia sobre su naturaleza y efectos, no podrá nunca obtener su perfeccionamiento con la suscripción o su elevación a escritura pública. Precisamente la ausencia del pago de precio completo priva de sus efectos al boleto que, resuelto (conf. fs. 113/116 expte. cit. 45682), decae ante el otro título: la escritura pública que exhibe Arla, de quien no se ha probado la posesión de mala fe (arts. 592, 594, 2356, 2362 y concs., Cód. Civil).

"La prohibición de innovar respecto de la situación jurídica" del inmueble objeto de este proceso (conf. resolución de fs. 133 expte. cit. 45682) tiene su fundamento en la resolución del boleto de compraventa suscripto entre Hijos de Miguel Castellar y Cia. S.A. con Roberto J. Di Blasio atento la falta de pago completo del precio (expte. cit. fs. 113/116 punto 2).

Al arribarse a esta conclusión, y con este fundamento, deviene innecesario el análisis en profundidad de los restantes recaudos -Vgr. el atinente a la buena fe de Arla- que quedan desplazados por la resolución contractual operada y sus efectos (art.384 C.P.C.). Por lo expuesto, propicio la confirmación de esta parte del fallo.

4) El agravio sobre la imposición de costas debe prosperar.

Si bien el principio general indica que recae sobre el vencido (art.68 C.P.C.) la disparidad jurídica sobre la cuestión y la dificultad fáctica explicitadas tornan aconsejables apartarse de la regla y eximir de costas a la quiebra de Roberto J. Di Blasio (art. 68 "in fine" y 71 C.P.C.).

"La propuesta de que las costas sean soportadas por su orden, lo que implica eximir de ellas al vencido (SC Buenos Aires, 11/4/72, "Piro, José c. Cascallar, Juan", Sensus, t. VII, p. 274) obedece a lo controvertido de la cuestión resuelta (CApel. Trenque Lauquen, 26/11/87, "Martín, Enrique c. Vía, Juan" -La Ley, 1989-B, 25; DJ, 1989-1-727-) y porque la norma del art. 68 del Cód. Procesal, no obstante su aparente rigidez, no impide que se impongan las costas en el orden causado, cuando la condena en costas conduciría a una solución inequitativa" (C 2º La Plata, sala 1, 29/8/89, "Cabrera, Adelaida c. Oha, Gustavo s/Daños y Perjuicios"; C1º Civ. y Com., sala 2 La Plata, 1/8/91, "Banco Cooperativo de La Plata c. Carpignano, Alberto T. s/ejecutivo" y causa del 24/5/94, "Oscar Antonio Zambano SAICFIC c. Zambano, Carlos Alberto y otra s/Desalojo"; esta sala, causa Nº 38794, 13/3/98 ).

Dice Palacio que la existencia de "razón fundada para litigar" constituye una "fórmula provista de suficiente elasticidad que resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito" (Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", p. 79). Agrega dicho autor, con cita de Fassi y Yáñez, que "la razón fundada para litigar debe apoyarse en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren suficientemente la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito" (aut. y ob., cit. p. 80). Concluye el jurista salteño añadiendo que "dándose estas circunstancias, corresponde eximir de costas al vencido puesto que la solución contraria podría importar un desaliento para el apropiado ejercicio del derecho de defensa" (esta sala causas Nº 39192, 23/6/01 "López"; Nº43528, 29/11/01, "Rivalotti"; Nº43421, 7/2/02, "Ciancio"). Así lo voto.

La doctora De Benedictis, votó en idéntico sentido.

2º cuestión.- El doctor Galdós dijo:

Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde confirmar en lo principal la sentencia recurrida y modificándola en lo atinente a la imposición de costas en ambas instancias por lo que se exime de ellas a la quiebra de Roberto Jorge Di Blasio, imponiéndolas por su orden (arts.68 y 71 C.P.C.). Difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Así lo voto.

La doctora De Benedictis, votó en igual sentido.

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C. Confírmase en lo principal la sentencia recurrida y modifícasela en lo atinente a la imposición de costas en ambas instancias por lo que se exime de ellas a la quiebra de Roberto Jorge Di Blasio, imponiéndolas por su orden. Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad.- Ana M. De Benedictis.- Jorge M. Galdós.