Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-03


2º Instancia. -Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.

Y vistos:

1. Apeló la incidentista la resolución de fs. 83/5 en cuanto admitió el planteo de prescripción del síndico, no reconoció los intereses hasta el efectivo pago respecto del crédito graduado en los términos de la LCQ. 240 y le impuso las costas.

Fundó el recurso con la pieza de fs. 89/94, respondida por el funcionario concursal en fs. 96/7.

La señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara se expidió respecto de una sola de las cuestiones propuestas en fs. 101.

2. a) La incidentista ha fundado su rechazo al planteo de prescripción en la supuesta existencia de actos interruptivos derivados de la interposición de demandadas de ejecución fiscal.

En el escrito inicial, y en la presentación en la que se respondió el traslado de la defensa, la incidentista aludió a un proceso iniciado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3, Secretaría Nº 6 caratulado: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Collavini, Adolfo Juan José s/ Ejecución Fiscal" (v. fs. 8v., 9v., 30 y 30v).

Librado el respectivo oficio para obtener la remisión de esa causa, el juzgado mencionado informó que la misma no existía, no obstante lo cual se registraban dos procesos contra el aquí fallido en trámite por ante los juzgados de ese fuero números 7 y 5 (fs. 41).

Esas causas fueron recibidas según constancias de fs. 54 y 72, pero de las mismas se desprenda la ejecución de la deuda que registraba un inmueble distinto del que obra consignado en los certificados de deuda base de esta insinuación (v. lo afirmado por la jueza en fs. 85 no controvertido por la apelante).

Al presentar el memorial de agravios, la incidentista insiste en el hecho de que mediaron actos interruptivos y señala dos causas. La primera radicada en el Juzgado Nº 3, Secretaría Nº 6 pero contra la firma S.A. Bianchi Ltda y la segunda contra el fallido, pero sin indicación de número de expediente ni juzgado de radicación. En el punto IV del memorial ofrece como prueba la remisión de esos expedientes.

En primer lugar, lo solicitado resulta improcedente pues, en los recursos concedidos en relación como es del caso por haberse interpuesto contra una resolución interlocutoria, no es admisible la apertura de la causa a prueba en segunda instancia (art. 275 del Código Procesal).

A lo expuesto se suma el hecho de que estas dos causas no han sido ofrecidas como prueba en su oportunidad ni, por ende, medió negativa en primera instancia respecto de su remisión.

Nótese que, ante la contestación de oficio de fs. 41, la incidentista no aclaró la carátula que ahora esgrime respecto del expediente que tramita ante el Juzgado Nº 3, Secretaría Nº 6, sino que limitó su prueba a los otros dos procesos que nada tenían que ver con la deuda reclamada en autos.

Por otra parte, esa causa identificada como Expediente Nº EJF 68655, no ha sido deducida contra el fallido, sino contra S.A. Bianchi Cia. Ltda. y, de la consulta vía internet efectuada en los registros informáticos del Juzgado Nº 3 surgió que la sentencia sólo a esa firma ha alcanzado.

El art. 3986 del Código Civil establece que la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor y el art. 3992 del mismo cuerpo legal dispone que la interrupción que se ha causado contra uno solo de los codeudores no puede oponerse a los otros.

De la conjunción de ambas normas se deduce, entonces, que la ejecución fiscal interpuesta contra una persona distinta del fallido, no interrumpió la prescripción de la deuda respecto de este último.

En cuanto a la deuda por impuesto a la radicación de un vehículo, a la extemporaneidad de la prueba ofrecida, se suma la falta de indicación de datos concretos que permitan identificar la supuesta causa iniciada, la que tampoco pudo ser hallada en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En suma, los supuestos actos interruptivos no han sido acreditados, lo que deja sin sustento la pretensión recursiva de la incidentista en este punto.

b) Por otro lado, la apelante esgrime la suspensión del plazo de prescripción por un año como consecuencia del dictado de la ley 671 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa argumentación no fue formulada en primera instancia, de modo que resulta inaudible por esta Alzada (Cpr. 277).

Pero, además, según ya tiene dicho este Tribunal (v. "Sucesión de Rosa Ortíz Imaz de Gaglio s/ quiebra s/ incidente art. 240 -por Dirección Provincial de Rentas" del 03/03/2005), resulta aplicable la doctrina sentada por la C.S.J.N. en cuanto a que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto por el Código Civil son inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local (Fallos, 175:300; 176:115; 193: 157; 203: 274; 248: 319; 285: 209 y 320:1344).

Tal doctrina fue ratificada por el Tribunal Supremo en los autos "Filcrosa S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación por la Municipalidad de Avellaneda", por fallo de fecha 30/09/03 en donde se dejó sin efecto el pronunciamiento dictado por esta Sala (con una integración distinta) con fecha 23/12/97.

Allí, la Corte señaló -entre otras cosas- "que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc 12, éste no sólo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía" (ver considerando 6º del voto de la mayoría).

Por ello, y aun cuando los pronunciamientos del Supremo Tribunal no tienen fuerza vinculante mas allá del caso en que se dicten, corresponde adoptar en el caso la doctrina citada pues de mantenerse una posición distinta se crearía una situación contraria a la seguridad jurídica que debe imperar para lograr el afianzamiento de la justicia.

c) En cuanto a los intereses del crédito verificado corresponde admitir los agravios.

La LCQ. 240 prevé que los gastos del concurso deben ser atendidos inmediatamente (cuando sean exigibles) sin necesidad de verificación. Si, en el caso, la quiebra carecía de fondos para solventar el impuesto inmobiliario en el período posterior a la declaración de falencia, es justo que se le reconozcan los intereses generados por la utilización del dinero en favor de la masa.

En este sentido ha dicho este tribunal, por remisión al dictamen del Fiscal de Cámara, que los gastos irrogados por la masa activa queda excluidos de la prohibición de devengamiento de réditos establecida para los créditos anteriores a la falencia (LCQ. 129). Esos créditos, que permiten la conservación, administración y liquidación de los bienes incautados, no pueden ser sometidos a esa limitación, pues ello supondría consagrar un plano diferente e impune frente a las reglas comunes del responder (v. "Banco Juncal s/ Quiebra s/ inc. de pago por M.C.B.A.", del 16/12/96).

Las acreencias contra el concurso, mantienen sus características como si la fallida se encontrara in bonis y, ello así, no se advierten motivos para apartarse de los intereses legalmente previstos (conf. esta Sala, "Sociedad Minera Pirquitas Pichetti y Cia.", del 31/10/95; con cita de la C.S.J.N., "Dirección General Impositiva", del 20/10/92; íd. "Noel y Cia. S.A.", del 28/9/93).

d) Finalmente, en lo que respecta a las costas, cabe destacar que la incidentista, además de ocurrir en forma tardía a verificar los períodos anteriores a la quiebra, ha resultado vencida en lo que se refiere a dicha porción del crédito. Por ende, debe soportar las costas en lo que atañe a ese monto del reclamo.

Por el contrario, el crédito por gastos del concurso no puede reputarse tardío y, además, ha sido íntegramente admitido. Frente a ello, respecto de esta porción, las costas deben distribuirse en el orden causado, atendiendo a la postura asumida por el síndico.

3. Por lo expuesto, y acorde con lo dictaminado por la Fiscal General en lo pertinente, se resuelve: estimar parcialmente la pretensión recursiva y modificar la resolución apelada, admitiendo el devengamiento de los intereses legales del crédito ya verificado como gasto del concurso hasta el efectivo pago y distribuyendo las costas de esa porción de la insinuación en el orden causado. Costas de Alzada en un 70% a la incidentista y en un 30% a la quiebra.

Notifíquese al Ministerio Público en su despacho. Fecho, devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1).

Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.

Disidencia parcial del doctor Miguel F. Bargallo:

1. Comparto los fundamentos vertidos por mis distinguidos colegas en los puntos 2.a) y 2.b) de los considerandos.

Por ende, adhiero a la decisión de rechazar los agravios en este aspecto y confirmar la prescripción declarada en primera instancia, con costas a la incidentista.

2. En lo que concierne a los intereses de los gastos del concurso, al no tratarse de un crédito "de la masa", no fue necesaria su verificación conforme el procedimiento prescripto por la normativa concursal; bastó que el acreedor haya acreditado su existencia y exigibilidad para demandar su cumplimiento. Por idéntica razón, los gastos del concurso no están sujetos a la suspensión del curso de sus accesorios (v. Rivera-Roitman-Vítolo, "Concursos y Quiebras...", p. 378).

Ahora bien, corresponde, con base en un criterio de equidad, que los intereses que acceden a los créditos por gastos del concurso cuyo pago se encuentra incumplido, sean calculados de acuerdo con las tasas que percibió el concursado como efecto de las imposiciones de fondos de las distintas inversiones concretado en la quiebra (cfr. CNCom, Sala B, "Proalcar S.A. s/ Quiebra", del 28/12/06 y sus citas).

Es con dichos alcances, con los que, a mi juicio, debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la incidentista.- Ángel O. Sala - Miguel F. Bargalló (en Disisdencia Parcial) - Bindo B. Caviglione Fraga