Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-27


N° 691 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los Señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "MOLINA, OSVALDO HUGO GABRIEL Y OTROS C/ RED MEGATONE - CARSA S.A. S/ ACCION DE AMPARO", Nº 54.617, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 253/261 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿ Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

1.- Acceden las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por el actor a fs. 253/261 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 224/249.

A fs. 284 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 295.

A fs. 288/289 emite su dictamen N° 2289/03 el Sr. Procurador General y fs. 302 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y la sentencia inviste la calidad de definitiva, en tanto media decisión de los magistrados sobre el derecho de fondo de las partes, por lo que procede el examen del recurso en su faz sustancial Sostienen los recurrentes, que la restricción impuesta por el fallo atacado, a la figura de los amparos colectivos, desnaturaliza la misma, a la par que deja sin respuesta el interrogante fundamental sobre el papel que han cumplido en este proceso los actores adherentes a la acción principal, cuyo interés y derecho en las cuestiones que se dilucidan en autos han sido debidamente acreditados. Señalan que por aplicación del art. 4° de la Ley 3.911 no puede negársele a los citados la legitimación para actuar en forma directa por sí y en representación de todos los consumidores de Red Megatone Carsa S.A., domiciliados dentro de la Primera Circunscripción Judicial de esta Provincia. También se agravian de la imposición de las costas en el orden causado, ya que del examen de la traba de la litis resulta que la cuestión principal -planteo de ilegitimidad del cobro del C.E.R. por parte de la demandada-, ha sido resuelta favorablemente a sus pretensiones en ambas instancias ordinarias y que lo atinente a los efectos de la sentencia, constituye un tema accesorio. Finalmente atacan la regulación de honorarios a los patrocinantes por no tener comparación con los estipulados a los letrados de la accionada, lo cual, estiman, viola el principio de igualdad, al no alcanzar al 10% de los de éstos últimos, no habiéndose considerado diversas pautas establecidas legalmente a tales efectos.

Tras la reseña de los agravios planteados, es de señalar ab-initio que -como lo ha venido sosteniendo repetidamente esta Sala, con distintas integraciones- el recurso de inconstitucionalidad no es la vía apta para corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, conforme una distinta valoración del recurrente. En tal sentido, el más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el juzgador a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional" (Fallos 287:173, 329, 548, 558; 298:561; 299: 229; 300:390, 521, 982; 301:449, 951; 302:142, 236, 562; 989:1574). De ahí que: "El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local, al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso" (Fallos 300:200), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local, por estar informado de las mismas razones y fundamentos.

Siguiendo tales postulados y por razones de método trataremos en primer término los agravios de los actores, Sres. Molina, Ponce y Frutos, quienes estimo -apartándome sobre el particular de lo dictaminado por el Sr. Procurador General-, tienen interés jurídico en el acogimiento de este remedio, ya que -no obstante revestir la calidad de vencedores en sus requerimientos individuales-, en dicho escrito también mantienen su pretensión inicial de que el pronunciamiento tenga los efectos del amparo por intereses difusos o colectivo hacia todos los consumidores en igual situación.

Sobre tal temática nuestro Tribunal Cimero ha doctrinado que "Constituye materia propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la instancia extraordinaria, por versar sobre aspectos de hecho y de derecho procesal -como son los atinentes a la determinación de los límites y alcance de la acción promovida-, la decisión de la Cámara de revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la acción de amparo promovida ." (CS, 1981/09/16.- Mercado de Valores de Buenos Aires c. Comisión Nac. de Valores, La Ley, 1981-D, 411, cit. en "Recurso Extraordinario", Manuales de Jurisprudencia La Ley, pág. 780, sum. 4677).

En cuanto al citado cuestionamiento, cabe recordar que la Cámara inició el examen de tal aspecto del decisorio, luego de transcribir los artículos pertinentes de la Ley Provincial N° 3.911, partiendo de la premisa que ".resulta indispensable analizar con extrema prudencia, si en el caso resultan aplicables dichas normativas, atendiendo a las graves consecuencias sociales que pueden derivar de fallos con el alcance procesal que ello implica." (conf. fs. 237 1er párrafo).

Posteriormente, y luego de analizar las posiciones asumidas por las partes y las pruebas por ellas arrimadas, afirmaron los juzgadores que "Es decir, que si la aplicación del CER (objeto del amparo), "no incide" sobre todos y cada uno de los sujetos que integran un colectivo social (en el caso todos los clientes de la firma Red Megatone Carsa S.A.) sino sólo sobre alguno de sus integrantes (sin importar su número) de manera diferenciada y con referencia a la particular relación jurídica que cada uno de los sujetos contratantes mantienen con la empresa accionada y que se dicen afectados, es evidente que no puede hablarse en este supuesto de afectación de derecho de incidencia colectiva.- Y ello en nuestro caso, se hace aún más evidente, desde el momento que los Señores accionantes, al incoar la acción que nos ocupa, han debido acreditar con las documentales que acompañan al escrito de presentación, la existencia de una relación jurídica particular y contractual que los vincula con la empresa accionada, a fin de poder determinar las legitimaciones activas que los habilitan procesalmente para realizar sus respectivos reclamos.-" (conf. fs. 238/239), lo que los lleva a señalar en los párrafos siguientes, que el ensanchamiento de la legitimación procesal para interponer esta clase de acciones ".no puede entenderse con un grado de amplitud tal que importe en los hechos desbaratar el concepto mismo de derecho subjetivo, interés difuso e incluso el de "derechos de incidencia colectiva" de flamante prosapia constitucional. Por ello nos parece desacertado, encuadrar en la hipótesis legal -como lo pretenden los actores- a los "derechos subjetivos compartidos por un universo de personas que se encuentran en similar situación" (conf. fs. 239). En razón de lo expuesto, los sentenciantes concluyen en que "Por ello, consideramos que es incorrecto hablar en el "sub lite" de derechos subjetivos "compartidos" por un colectivo social (clientes y consumidores con domicilio dentro de la primera circunscripción de la provincia de la firma demandada), y más aún considerar a esta indeterminada tipificación del fenómeno como sinónimo del concepto de derechos de incidencia colectiva que emerge del texto constitucional y legal, pues lo único que existe en autos son contrataciones privadas de alcance individual, que sólo pertenecen a sus exclusivos titulares (deudores y acreedores bien diferenciados, con sus respectivas contraprestaciones conforme las cláusulas y condiciones de las que participan exclusivamente cada contrato en particular).-" (conf. fs. 239 "in fine" y 240), citando autorizada doctrina en apoyo de tal tesis.

De lo reseñado surge sin hesitación, que el decisorio en crisis, que estima que no se encuentran verificados los presupuestos correspondientes para la procedencia de una sentencia con los alcances de un amparo colectivo y, en función de ello, rechaza tal tipo de proceso constitucional, no puede estimarse arbitrario, y en consecuencia la diferente interpretación dada por el recurrente a los efectos que debería tener la misma no resulta suficiente para otorgar vida al recurso que se considera, ya que el libelo no alcanza a desvirtuar cada uno de los argumentos de la sentencia que fueron motivos determinantes de la conclusión adversa a su parte, constituyendo una mera divergencia.

Es que, los señores camaristas explicaron clara y fundadamente que, al aparecer los integrantes del colectivo social ligados con Red Megatone a través de diversas relaciones jurídicas, no debía ampliarse la legitimación para interponer este tipo de acción. En consecuencia, y tal como lo adelantara, más allá del acierto o error en lo decidido -tema inexaminable por vía del recurso extraordinario- no cabe sino concluir que lo resuelto no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto judicial válido.

Continuando con el análisis del memorial recursivo enderezado a criticar lo decidido sobre la materia causídica, es de señalar que, en principio, no se justifica la intervención del Alto Cuerpo en una materia en la que por tratarse de la inteligencia de normas de derecho procesal que disciplinan el modo de imposición de las costas, resulta ajena a su instancia extraordinaria. Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Lo atinente al cargo de las costas es por su naturaleza procesal, materia ajena al recurso extraordinario" (Fallos 293:226), siendo dicha regla susceptible de ser excepcionada en base a la doctrina de la arbitrariedad, cuya interpretación es particularmente restrictiva en la materia, doctrina que resulta de aplicación al recurso extraordinario local que está imbuido de iguales principios que el de orden federal (conf. Sent. Nº 243/97, entre muchas otras de esta Sala).

En el sublite, no se advierten motivos para sortear dicha directriz, careciendo de relevancia lo argüido por los quejosos, ya que conforme se evidencia de las constancias de la causa, la alzada -al imponerlas por el orden causado- no hizo más que aplicar, en forma fundada, el principio del vencimiento parcial o mutuo consagrado por el art. 71 del CPCC, no advirtiéndose arbitraria tal solución, ya que así como surge que los actores resultaron vencedores respecto de su pretensión referida a la inaplicabilidad del CER, a su vez fueron vencidos en lo que respecta al pedido, por ellos mismos efectuado, de que la sentencia tenga efectos para un grupo colectivo de personas en situación que invocaban parecida. Tales consideraciones llevan a apartarme de la opinión del Sr. Procurador General, ya que, a diferencia de este funcionario, entiendo que para solucionar la problemática no debía valorarse la situación existente entre los adherentes y los defensores, sino en qué medida prosperaron las diferentes peticiones de las partes, conforme lo señalara en el punto anterior. Lo expuesto descarta la tacha de arbitrariedad invocada, al aparecer dicha solución como una derivación posible de las normas y principios que rigen la materia.

Por su parte, y en lo relativo a los honorarios establecidos para los letrados de los actores, cabe precisar que lo han sido en base a las pautas de la ley arancelaria modificada por la Ley N° 5.013 que en su art. 2° establece un monto tope para esta clase de procesos y cuando le fueran impuestas al deudor (en el sub-lite los actores), normativa que a su vez no ha sido tachada de inconstitucional por los profesionales recurrentes.

Finalmente respecto del planteo que efectúan los abogados actuantes como gestores procesales de quienes no suscribieron el escrito ni ratificaron la gestión, coincido en este punto con lo dictaminado por el Sr. representante del Ministerio Público respecto de la inadmisibilidad del recurso extraordinario, en razón de que ".la gestión procesal no puede volver a invocarse una vez vencido el plazo correspondiente sin que se haya ratificado o acreditado la personería." (fs. 288 "in fine").

Por las razones expuestas, voto negativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora a fs. 253/261 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 224/249.

Las costas de esta instancia, dado el resultado del recurso y lo dispuesto por el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a los recurrentes vencidos. Los honorarios de los profesionales intervinientes, deben ser regulados de conformidad a las pautas establecidas en los arts. 3, 4, 6, 7 y 11 de la ley arancelaria en vigencia con la modificación establecida por el art. 2° de la Ley N° 5.103. Efectuados los cálculos pertinentes estimo los de los Dres. Carlos Alberto Díaz, Mónica Mabel Echeverría y David Horacio Parras en las sumas de PESOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS ($20,40) y en la de PESOS OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($8,20) a cada uno de ellos a cada uno de ellos y como patrocinantes y apoderados, respectivamente. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta de la Dra. María Luisa Lucas respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N°691	RESISTENCIA, mayo 27 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por los actores a fs. 253/261 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 224/249.

II.- IMPONER las costas a los recurrentes vencidos.

III.- REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Carlos Alberto Díaz, Mónica Mabel Echeverría y David Horacio Parras en las sumas de PESOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS ($20,40) y en la de PESOS OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($8,20) a cada uno de ellos y como patrocinantes y apoderados, respectivamente.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al Sr. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.