marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, relación de dependencia, contrato de distribución
Materia: LABORAL
Carátula: Araya Jorge Eduardo c/ Sancor Cooperativa Unidas Ltda s/ Demanda - Recursos Directos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-25

El vínculo entre el concesionario de zona para la venta y distribución de productos lácteos ofrece similitud con una relación de tipo laboral. Sin embargo, el actor intermedió de forma autónoma en el proceso de comercialización de productos lácteos elaborados por Sancor.

No puede desconocerse que existió una cierta especie de subordinación técnica y también jurídica por cuanto había supervisores que controlaban el cumplimiento de horario, las condiciones de distribución, pudiendo en su caso, poner en conocimiento de la demandada para que se le efectuaran llamados de atención a los concesionarios que podían llegar hasta su retiro.

Sin embargo, se alude a "cierta especie de subordinación", porque cualquier comerciante que asume una concesión de tal tipo debe ajustar su conducta a la estructura productiva concedente que lo preexiste pudiendo también ser dirigido y supervisado en el ejercicio de su actividad.

Es decir, a pesar de que se verifica aquí una forma dependiente de prestación de tareas, no debe olvidarse que ésta, si bien es típica del contrato de trabajo, no es exclusiva de él. Se ha dado aquí un vínculo entre empresarios -grandes y chicos- sin que pueda obstar a la conclusión la diferencia económica entre ellos.

Esta también se encuentra en los contratos de franquicia comercial, en los cuales se establece un control y reglamentación rígida a cambio del uso de una marca y de asistencia técnica brindada al franquiciado.

En tales casos, no podrá entenderse que, en su modalidad típica, se trate de una figura de las protegidas por el orden público laboral porque no toda desproporción económica entre pequeños empresarios y grandes corporaciones autoriza a presumir una violación al orden público laboral.

Tampoco ha quedado acreditada la ajenidad del riesgo económico porque Sancor CUL se hiciera cargo de la mercadería sobrante o en mal estado ya que la idea de responsabilidad por vicios de fabricación está implícita también en el tráfico comercial.

Las exigencias respecto al horario, estado del vehículo, ropa de trabajo y el control de la actividad por supervisores, resultan justificadas aun en una operatoria de tipo comercial desde que responden a la protección del prestigio de la marca, tanto en su calidad como en la forma de comercialización.

La utilidad económica producida por esta concesión tampoco podrá ser tenida como remuneración en los términos del art. 103 LCT. Es cierto que al amparo del derecho laboral pueden pactarse salarios en forma de comisiones (art. 108 LCT), pero la verdad de los hechos de la causa, revela que la contraprestación dineraria existente en esta relación sólo fue un margen de ganancia establecido entre los precios de costos y de reventa -ambos fijados por la demandada-.

En tales condiciones, queda definida la relación mantenida entre el accionante y Sancor CUL como una concesión comercial, como fuera pactada.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tognoni, Hilda Luz c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Otro s/ Accidente de trabajo - Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279 C.P.C.C.) la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado.(doctor Soria, sin disidencia)
Empleados públicos, salarios caídos, sumario administrativo, remuneración, docentes, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONCHAMP, MIREYA EDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 230-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-08-26

No se trata de aplicar las teorías sobre el automatismo o el resarcimiento de haberes caídos, si no ha habido ruptura y posterior restauración de la relación de empleo, sino que por el contrario, la agente ha permanecido revistando en los cuadros de la administración pública, más sin atribución de funciones o apartado de las que tenía por decisión de la propia administración, por donde su derecho a percibir los sueldos impagos no ofrece duda alguna.
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL
Carátula: GUZMAN, Héctor A. y Otros c/ RAMIREZ, Cornelia Zulema s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Muchas veces los móviles de la simulación son inciertos, imprecisos, ambiguos o de contornos indefinidos, razón por la cual no debe ni puede exigirse una prueba de ellos, pues es muy difícil penetrar en la intimidad del pensamiento humano, en especial cuando las partes han tratado de ocultarlo, poniendo en ello todo su ingenio. Basta que la simulación tenga o pueda tener un motivo razonable, basta que la pretendida ficción no sea ilógica o carente de todo posible sustento, para que el juez deba avocarse al estudio de las pruebas. En suma, la prueba de la "causa simulandi" no es indispensable, si bien es muy útil para demostrar que existe simulación.
Régimen penal cambiario, banco central, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, revisión judicial, ley penal en blanco, liquidación de divisas, personas jurídicas, control de cambio
Materia: PENAL
Carátula: ARPEMAR S.A.P.C. Y I.; TRABALLONI, PEDRO; TRABALLONI, JUAN CARLOS; SALVI, NICOLAS s/ Infracción al Régimen penal cambiario Causa Nro. 28908.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

1- No son inconstitucionales los art. 8 y 15 de la ley 19359. (Del voto del Dr. Riggi).- 2-No vulnera la garantía constitucional del debido proceso la concentración en el Banco Central, de las etapas de prevención, sumario y plenario. (Del voto del Dr. Riggi).- 3-No se contrapone a la garantía aludida la función jurisdiccional, conferida por la Ley al Banco Central de la República Argentina en cuanto es susceptible de control judicial. (Del voto del Dr. Riggi).

4-El art. 1, inc. f) de la ley 19359 configura ley penal en blanco que prevé una conducta ilícita estableciendo la sanción correspondiente.

Dicha norma se encuentra individualizada por el Decr. 2581/64 y la Circ. Copex-1, Capítulo 1 y Com. A del Banco Central, las cuales fueron dictadas en el ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria que establece el art. 86 inc. 2 de la Constitución Nacional, por lo que tanto la Circular como el Decreto citado, (que integran el régimen cambiario) han emanado de autoridad competente y, en consecuencia, el principio de legalidad no se encuentra vulnerado. (Del voto del Dr. Riggi).- 5-La escasa importancia del monto de divisas no ingresado por el exportador y la falta de pago por parte del importador extranjero no obstan a la configuración de la infracción. (Del voto del Dr.

Riggi).- 6-La responsabilidad de las personas físicas componentes de la sociedad involucrada a título de autoras debe estimarse acreditada (en orden a los Art. 1 inc. f), 8 y 15 de la ley 19359) si los cargos directivos que ocupaban permitió conocer, dirigir o participar en todas las decisiones relacionadas con las exportaciones en cuestión.

(Del voto del Dr. Riggi).
Notificación, domicilio real, valor probatorio, domicilio constituido, instrumentos privados
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CUELLO JUAN CARLOS c/ ROJO MARIO Y OTRO s/ NOTIFICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-29

La citación debe dirigirse al domicilio real de los demandados, éste es el lugar donde viven efectivamente, donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (C. Civil, art.

89). Las constancias que hay en la causa que permitirían verificar cuál es el asiento de ese domicilio son: documentos de identidad de los demandados y matrícula del inmueble. Tanto uno como otro son pruebas meramente indirectas del hecho físico de la residencia y de lo que se trata es de juzgar cuál de ellas debe tener mayor eficacia. En éste sentido resulta razonable hacer prevalecer el dato registral, que tiene su fuente en el título de adquisición donde los propios demandados manifestaron domiciliarse. No hay elemento alguno que lleve a suponer, que se trata de un domicilio especial designado para ese acto jurídico, de suerte que no pueda inducirse de allí una prueba del domicilio real. Es evidente, por otra parte, que el ser de fecha más próxima a la demanda es también un motivo para atribuir a ese dato un valor probatorio superior al que corresponde a los documentos de identidad.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

Si los jueces designados por la ley antes de los hechos de la causa han dejado de serlo, o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar las causas de que se trate.
Recurso de apelación (procesal), delitos, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, estelionato, estafa, calificación de conducta
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ OLIVER, Carlos Cayetano s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

No obrando despliegue ardidoso o al menos así demostrado por parte del cedente y habiendo este actuado conforme a sus derechos, no se advierte que haya existido conducta ilícita alguna, siendo el origen de todo eventual perjuicio patrimonial, la propia negligencia del cesionario al no haber tomado los recaudos lógicos y necesarios que es de esperar hubiera actuado así, para saber el alcance de los derechos que se le cedían.
Acción de amparo, partes del proceso, Estado Nacional, calidad de parte, legitimación pasiva, obras públicas, rutas provinciales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Civil Ayo La Bomba y otro c/ Formosa, Provincia de y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-11

El Estado Nacional no es parte en el amparo tendiente a impedir la realización del proyecto de reconstrucción de una ruta provincial y a obtener la declaración de inconstitucionalidad de las normas locales que declararon sujetos a expropiación los inmuebles afectados a la obra, si se trata de un proyecto realizado por la Provincia de Formosa y, ni la circunstancia de que el financiamiento se solvente con fondos de un Programa del Ministerio de Planificación Federal, ni la inclusión del préstamo en el presupuesto nacional, autorizan a atribuirle legitimación pasiva para actuar en el proceso.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: OSCAR LANFRANCHI S.A.C.I Y A.G s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

En materia de interpretación de las leyes tributarias - sustanciales y formales- puede decirse que su exégesis debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que los informan con miras a determinar la voluntad legislativa;

debiendo recurrirse a los principios del derecho común, con carácter supletorio posterior, cuando aquellas fuentes no resulten decisivas.
Expresión de agravios, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ursub S.A c/ Mayon Tokopa Miguel s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

De lo normado por los arts. 245 y 246 del C.P.C., no puede extraerse válidamente que el memorial presentado independientemente de la apelación, aunque con anterioridad al inicio del cómputo del plazo atinente, carezca de eficacia. A todo evento implica la renuncia a una facultad de la que se dispone -un plazo para elaborar la memoria -, pero nunca que tal presentación no produzca los efectos que la ley le asigna, legislación que por otra parte prevé este tipo de anticipaciones (art. 135 inc. 11 del C.P.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gearty, Alberto Anibal c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

El régimen de la prueba consagrado en el Código Contencioso Administrativo es claro en cuanto prescribe que la totalidad de la prueba debe acompañarse y ofrecerse en los escritos postulatorios, salvo los casos que prevén el artículo 38 y la segunda parte del artículo 50. (Minoría u opinión personal)
Recurso contencioso administrativo, escrito deficiente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, Horacio Francisco c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Revocatoria  (Expte. C.S.J. Nro. 531 Año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

En la demanda contencioso administrativa es necesario que el recurrente invoque no sólo vicios vinculados a su situación sustancial, sino que también postule por qué razón el rechazo por razones formales debe tacharse de ilegítimo. En el caso, ninguna de las razones que contiene la demanda, refieren concretamente a las precisas razones por las cuales la Administración entendió que el pedido debía rechazarse por inadmisible. Tal omisión, contrariamente a lo que parece entender el recurrente, no resulta dato menor, dado que priva al Tribunal de lo que constituye el presupuesto básico para el ejercicio de su jurisdicción contencioso administrativa.
Daños y perjuicios, prestación de servicios, responsabilidad contractual, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ  CARMEN TERESA Y OTRO c/ CASARES ENRIQUE ALBERTO Y OTROS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

La configuración de una mala praxis médica susceptible de habilitar reclamos por daños y perjuicios supone presupuestos generales (conf. esta CNCom., esta Sala A, 26/12/2006, mi voto, in re: "Cabrera Marta Estela c/ Montero Leopoldo y otros s/ Daños y Perjuicios") que resultan exigibles. En esa línea cabe poner de manifiesto, que en cuanto al criterio para determinar cuándo el accionar de un médico configura un obrar culposo, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente exigiendo una diligencia máxima (conf. CNCiv., sala E, E.D. 119-613; Sala F, J.A. 1982-IV-227; CNFed. Civ. y Com., Sala I, LL 1985-A-612;

CNCiv., Sala H, 12/08/99; Weingarten-Ghersi, "Responsabilidad Médica. El deber de prevención y la eximición por culpa de la víctima", diario LL, 21/02/95, páginas 4 y ss.), destacando que en todo tiempo la posición del profesional ha de ser de "prevención", adoptando el "máximo de seguridades" para el paciente (conf. esta CNCom., esta Sala A, 16/11/2006, in re:

"Frecha José Luis c/ Sasson David s/ Ordinario"). Como sucede en el marco de toda responsabilidad profesional, cabe atribuir culpa al médico cuando éste infringe la lex artis, cuyo objeto es precisamente establecer el standard de práctica profesional que corresponde esperar de un profesional -tomando como referencia la conducta general de un facultativo promedio ante casos similares-. La particularidad del caso aparece al momento de definir los alcances de lo que la lex artis específicamente exige, toda vez que, por las características distintivas de esta profesión, que involucra conductas directamente relacionadas con la salud y la vida, el referido standard debe fijarse en un nivel especialmente elevado.
Enfermedad accidente, prueba, stress, hipertensión arterial
Materia: LABORAL
Carátula: Robledo Guglielmmo de Pignattari, Elsa Yolanda y por sus hijos menores c/ Provincia de Misiones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-03

Frente a enfermedades inespecíficas como el stress o la hipertensión cuando se pretenda vincularlo a una causalidad laboral, se debe ser muy minucioso con la prueba a rendirse de manera que de ella surja en forma clara que el estado patológico incapacitante o determinante de la muerte haya sido provocado por situaciones vinculadas al desempeño de la actividad laboral, con entidad necesaria para provocar la consecuencia que se le imputa. En tales supuestos las presunciones hominis deben tomarse con reservas.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Pilaftsidis, Carlos s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Es nulo el fallo de Cámara que, al revocar el fallo de primera instancia hace lugar a la acción, dispone la actualización del crédito omitiendo considerar las objeciones opuestas por los demandados a tal pretensión, desde que tal cuestión tiene carácter esencial.
Costas, asegurador
Materia: LABORAL -PROCESAL CIVIL
Carátula: GUTIERREZ JOSE DEL TRANSITO c/ LA VOZ DEL INTERIOR s/ COSTAS - COMPAÑIA DE SEGUROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-30

La Sala tiene reiteradamente dicho que "las costas devengadas por la intervención de la Compañía aseguradora citada en garantía por la demandada excluida de responsabilidad, deben ser, en principio, soportadas por la accionada requirente que resultó vencida (art. 356 del C.P.C. y art. 28 Ley 7987)", quien formula la citación a juicio debe medir las consecuencias de traer al proceso a una o varias aseguradoras, por lo que sería injusto cargar a las terceras intervinientes con las costas derivadas de una relación que pudo no existir o estar extinguida.-
Financiamiento de campaña electoral, lista de precandidatos, partidos políticos, boletas de sufragio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

La ley n° 268 establece y distribuye un aporte público a la campaña electoral, permite la existencia de aportes privados y ello, en principio, es una forma posible y razonable de brindar fondos a los partidos políticos y alianzas o sus listas de precandidatos para que desarrollen sus campañas electorales y cumplan con su deber de proporcionar las boletas, garantizando sus derechos políticos y los de los electores. Así, no existe dispositivo constitucional o legal que imponga al Gobierno de la Ciudad el deber jurídico de entregar a los partidos políticos fondos que tengan por destino específico la impresión de boletas electorales. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Sociedad anónima, emisión de acciones, firma del síndico
Materia: COMERCIAL
Carátula: Figueroa, José c/ Virulana SAIC s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Son válidos los títulos-acciones aún cuando carezcan de la firma del síndico societario (LS:212), si la firma que ostentan es la de quien reemplazó al presidente del directorio a la fecha de emisión de los certificados, máxime al haber reconocido la sociedad emisora -implícita pero inequívocamente- el origen de los títulos, al atestar en su reverso la constancia de pago de ciertos dividendos.
Trabajadores de Luz y Fuerza, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: CAIVANO, JUAN Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Para determinar cual es la duración del ciclo dentro del cual se debe computar el promedio de 42 horas semanales (artículo 36 Decreto 1933/80), es de aplicación, tratándose de trabajos por equipo, el criterio establecido en el artículo 3, inciso b) de la ley 11544;

que lleva a concluir que dicho ciclo de rotación se cumple cuando el trabajador vuelve al turno de trabajo en el que se desempeÑó al comenzar el ciclo, no encontrándose norma alguna ni criterio de razonabilidad que justifiquen la necesidad de que el cómputo se extienda hasta la repetición del diagrama semanal extendiendo aquél a 24 semanas.
REPÚBLICA ARGENTINA, admisibilidad de la prueba, fondo de asistencia legal, condiciones de detención, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, afrodescendientes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la corte interamericana, grupos vulnerables
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Acosta Martínez Vs. Argentina c/  s/ Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-10

En el marco de una causa instada ante la Corte Interamericana por la Comisión, contra el Estado Argentino alegando su responsabilidad internacional por la supuesta detención ilegal y arbitraria y posterior muerte de quien fuera detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por agentes policiales junto a otras personas afrodescendientes, la Presidencia del Tribunal se pronuncia sobre cuestiones relativas a la etapa probatoria y a la admisibilidad del Fondo de Asistencia legal.
Exclusión de la cobertura, responsabilidad extracontractual, siniestro, inoponibilidad a terceros, obra en construcción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tomazin, Vinko y otro c/ FMR Arquitectos S.R.L. y otros s/ d. y p. x resp. extracont. de part.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

Debe ser rechazado el planteo subsidiario de exclusión de cobertura por la circunstancia de no existen constancias de denuncia del siniestro, por cuanto se trata de una defensa referida a un hecho posterior al siniestro, razón por la cual y de conformidad a una expresa disposición legal resulta inoponible al tercero (art. 118 LS).
Concurso preventivo, juez del concurso, incidentes, fijación de precios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Yaguané SACIF y A. c/  s/ quiebra S/ Incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Las obligaciones oportunamente verificadas en el concurso preventivo en moneda extranjera, desde la fecha de mora y hasta el 4.2.02, devengan los intereses reconocidos en la resolución verificatoria (en el caso, conforme ley 19551: 37) y de ahí en adelante, ha de pesificarse el capital conforme a la normativa de emergencia, con más el ajuste e intereses allí previstos (ley 25561: 3 y Decreto 214/02: 1, 3, 4 y 8). En consecuencia, en lo atinente al tramo de deuda que fue pesificada, su capital debe ser ajustado por el CER hasta el efectivo pago, liquidándose intereses sobre el monto resultante a la tasa del 6% respecto de los créditos garantizados con prenda o hipoteca y del 8% anual para las obligaciones quirografarias, también hasta el efectivo pago o, en su caso, hasta la extinción del privilegio (conf. CNCom, Sala A, 24.2.11, "Museri Salomón Oscar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Cohen Miguel y Otro"). Es que respecto del pago de los créditos con privilegio especial -como el involucrado en el sub lite- rige el principio de preservación en toda su extensión, por lo que no se advierte motivo para dejar de ajustar el capital adeudado hasta la fecha del pago o la extinción del privilegio (arg. CSJN, 1.01.81, "Marrone Roberto c/ Egom SCA"; íd., 2.4.85, "Complejo Textil Berlanesa s/ quiebra s/ inc. de revisión";íd., 20.5.82, "Copaca SA s/ quiebra"; en igual sentido: CNCom, Sala A, 15.10.10, "Pozzi María Elvira s/ conc. prev. s/ inc. revisión por Ovans Grant SA"; íd. íd., 19.2.08, "Weben SA s/ conc. prev. s/ inc. revisión por Logro Máquinas Gráficas SRL"; íd., 15.2.07, "Reynoso Pedro Alberto s/ conc. prev. s/ inc. de revisión por Banco Comafi SA"). Como derivación de ello, no corresponde liquidar intereses sobre el capital ajustado por el CER, a la tasa activa del Banco Central para sus operaciones de descuento, toda vez que, sobre el capital así ajustado solo cabe adicionar un interés puro.