Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-20


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y CINCO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de octubre de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros, doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 51/08, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL DR. ROBERTO DÍAZ EN CONTRA DE SENTENCIA Nº 42/08 DE EXPTE. Nº 092/03 -"SILVA, RAMÓN WALTER p.s.a. HOMICIDIO CULPOSO -CAPITAL", contra la resolución dictada con fecha cuatro de agosto de dos mil ocho por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? 3º) ¿Es nula la sentencia impugnada por haber inobservado normas que el código procesal establece bajo pena de nulidad? 4º) ¿Es nulo el fallo por inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena? 5º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 15, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº 42/2008, del 04/08/08, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a SILVA, RAMÓN WALTER, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado por el que viene incriminado (Art. 84 apartado segundo y Art. 45 y concordantes del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años (03) de prisión en suspenso y a la Inhabilitación especial de ocho años (08) para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (Arts. 40,41 y 26 y concordantes del C. Penal y Arts. 407, 409 y concordantes del C.P.P); ordenándose una vez firme esta Sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado, y el libramiento de oficios en la forma de estilo a las Autoridades Administrativas otorgantes y Fiscalizadoras a esos efectos, con remisión de copia de la presente Sentencia.- II. Contra esta resolución, recurre en casación el Dr. Roberto Díaz -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Ramón Walter Silva e invoca los motivos de casación previstos en los incisos 1º, 2º y 4º primero, segundo y cuarto del art. 454 del C.P.P.

Dice que no se acreditó en el proceso que el fallecido en el accidente sea el Sr. Rodríguez, al no haberse utilizado ninguno de los medios de prueba determinados por la ley procesal como idóneos para ello, tales como el acta de reconocimiento o la partida de defunción; y que el Tribunal hizo caso omiso a la observación que esa parte efectuó sobre el punto durante el debate, lo que torna nula la sentencia.

Sostiene que el fallo carece de logicidad y vulnera el principio de no contradicción entre lo acreditado en los autos con respecto a los hechos y la aplicación del derecho, tanto de forma como de fondo, que el Tribunal obvió la nulidad planteada y aplicó erróneamente la ley de forma.

Por otra parte, cuestiona la pena de inhabilitación para conducir por ocho años impuesta a su defendido, y dice que debe ser morigerada, por considerar que no se compadece con la naturaleza de una pena accesoria, pues por su duración puede considerarse como si fuera otra pena, al ser más grave que la establecida para el delito en cuestión.

Estos son, en síntesis, los agravios que contiene la pretensión recursiva.

III. Admisibilidad El recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia nº 42/2008, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. dado que se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo, como así también, los requisitos de impugnabilidad, tanto en el plano objetivo como subjetivo, puesto que el recurso es interpuesto en contra de una sentencia definitiva que dirime la cuestión planteada en juicio (art. 455 C.P.P.); y por el Dr. Roberto Díaz que, como defensor del condenado, Ramón Walter Silva, se encuentra legitimado para deducirlo en función de lo prescripto por el art. 458 inc. 1º del C.P.P.

Por ello, mi respuesta a la primera cuestión planteada es afirmativa.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante y me remito a los precedentes que se consignan, por ser los que fundamentan acabadamente la posición asumida en relación al punto cuestionado. Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. 1º Agravio Con respecto al primer agravio planteado, referido a la acreditación de la muerte de José Luis Rodríguez, la víctima del hecho de la causa, considero que no puede prosperar atento a que, contrariamente a lo que afirma el recurrente, tal acontecimiento quedó probado en el juicio con el Certificado de Defunción para la inscripción del deceso en el Registro Civil y para la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos -antecedente del Acta de defunción o partida que reclama el recurrente-, extendido por el médico de Policía, el Dr. Gustavo de Alzaá.

Del hecho físico, material o natural de la muerte de la víctima del delito juzgado también dan cuenta la constancia del Oficial Principal de la Policía de la Provincia, Luis Alberto Argota, Instructor de las actuaciones labradas como consecuencia del hecho, según la cual, por personal de Guardia del Hospital San Juan Bautista en el que fue internado el accidentado, tomó conocimiento del fallecimiento de éste en la Unidad de Terapia Intensiva e informó la novedad al médico de Policía -nombrado en el párrafo anterior- que, tras constituirse y examinar el cuerpo en la morgue del Hospital, constató que presentaba politraumatismos, lesiones y fracturas producidas en accidente de circulación que describió exhaustivamente en el informe técnico médico de rigor, y confirmó el deceso de la víctima (fs 5); el testimonio en el Debate del nombrado médico de Policía y el Acta de entrega del cadáver a Antonio Atilio Castillo, quien reconoció a la víctima como su tío.

Los documentos descritos se mencionaban en la Requisitoria Fiscal de Elevación de la causa a juicio como prueba del deceso de la víctima del hecho de la causa, y ninguna objeción había formulado entonces la defensa del imputado sobre su autenticidad o valor probatorio, ni tampoco objetó su incorporación al juicio, según consta en la sentencia recurrida.

Por otra parte, aunque en el alegato previo a la sentencia definitiva sostuvo que no se hallaba debidamente acreditada la muerte de la víctima ni su identidad, y que tampoco se la había identificado por el procedimiento previsto en el rito, nada dijo esa Parte sobre los argumentos expresados sobre el punto por la Fiscal Correccional, que con razones vinculadas al tipo de proceso del que se trata, al fundar su acusación, había enfatizado el valor de dichos documentos como corroborantes del deceso de la víctima, destacando la suficiencia de tales elementos de juicio en el caso atento a que en el proceso penal se busca la verdad real y no la formal.

Esas razones del Ministerio Público fueron acogidas en la sentencia impugnada para considerar el a quo el referido planteo defensivo, y como fundamento para rechazarlo el Juez Correccional reseñó también conceptos doctrinarios sobre el tema, y del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en causa "Arréguez", de 1996, y de esta Corte en causa "Bulacios", de 1998.

Sin embargo, al respecto, en esta instancia se limita el recurrente a señalar que la sentencia impugnada omite mencionar la publicación que da cuenta de la existencia del invocado precedente de la provincia de Córdoba, sin demostrar el desacierto de los conceptos de ese fallo o su inaplicabilidad al caso, por lo que su observación no logra comprometer lo resuelto en autos con fundamentos vinculados con el criterio sustentado en dicho precedente.

Por otra parte, considerando que Silva fue condenado como autor del delito de homicidio culposo (art. 84 del Código Penal), que consiste -en lo que aquí interesa- en causar la muerte de otra persona, sin que importe qué persona, para probar la muerte de ésta, rige la regla general de aplicación en el proceso penal, del principio de libertad probatoria, que permite la acreditación de todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes, entre las que no se encuentra el hecho del que se trata en las presentes, esto es, la muerte de una persona ocasionada por otra.

Y ello es así debido a que, a los fines que persigue este tipo de proceso, la averiguación de la verdad, la muerte ocasionada es sólo un acontecimiento verificable por los sentidos y comprobable mediante cualquier tipo de prueba legal. Se trata en el caso de un hecho ilícito, y no del hecho o del acto jurídico susceptible de producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones (arts. 896 y concordantes del Código Civil) y, por ende, no son aplicables en la especie las limitaciones probatorias impuestas con relación a éstos y que -como excepción a la regla de la libertad probatoria- sólo son exigibles en el proceso penal para acreditar ciertas circunstancias relevantes relacionados con su objeto, como las relativas al vínculo (C.P.80 inc. 1°) o a la edad (C.P. 119 1°).

En términos similares se expidió el TSJCba, en Sentencia nº 28, del 18/6/96, recaída en causa "Olmedo" (publicado en LL Cba t.1996, p.1151 AR/JUR/2027/1996) oportunidad en la que revocó la sentencia que había tenido por no acreditado el fallecimiento de la víctima debido a que no obraba el Acta de su defunción.

Según mi parecer, en el fallo impugnado el a quo interpreta adecuadamente la cuestión atendiendo a los fines del proceso penal, en el que rige la amplitud probatoria que permite demostrar la existencia de los hechos de la causa por cualquier medio, de los autorizados por la ley, claro está, en tanto reiteradamente se ha señalado que por cualquier medio no significa de cualquier modo.

Con arreglo a dicha regla, cierto es que ese acontecimiento puede ser acreditado con los documentos que dice el recurrente y que no obran en autos, la Partida de defunción o Acta del Registro Civil que da cuenta de la inscripción del fallecimiento a los fines jurídicos que eventualmente puedan corresponder, por tratarse de un hecho susceptible de ser fuente de derechos y obligaciones de distinta índole.

Pero, a los fines de juzgar la responsabilidad penal del causante de la muerte de otra persona, además de con testigos y hasta con presunciones, la ocurrencia de la muerte también puede demostrarse con otros documentos, como los admitidos en el caso, el certificado de defunción, entre otros.

Así lo tienen dicho no sólo los autores mencionados en el fallo recurrido, Ricardo Núñez y Fontán Balestra, sino la mayoría de ellos, como recordó el Tribunal en la sentencia nº Cuatro, del 16 de setiembre de 1998, al resolver la mencionada causa "Bulacios", a la que me remito en honor a la brevedad, en lo pertinente, en tanto el recurrente no demuestra que, como dice, resulten inaplicables al caso los conceptos vertidos en dicha oportunidad.

Por ello, cabe rechazar la pretensión según la cual el a quo omitió el tratamiento del punto en tanto, como ut supra quedó en evidencia, contrariamente a lo que postula el recurrente, la respuesta dada al cuestionamiento formulado por esa Parte consta en la sentencia impugnada.

Por las razones expuestas, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante y me remito a los precedentes que se consignan, por ser los que fundamentan acabadamente la posición asumida en relación al punto cuestionado. Así voto.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

En cuanto a la crítica relacionada con la inobservancia del procedimiento previsto por el art. 207 del rito, estimo que carece de sustento atento a que no se configuraban los requisitos para la aplicación al caso de dicho precepto, los que suponen la calidad de desconocida de la persona fallecida y que, por ello, exigen su individualización por sus huellas dactilares, su inhumación como persona no nominada y los registros pertinentes a los fines de su eventual reconocimiento; situación extraña a la de la causa en la que el difunto está identificado por su nombre y apellido, José Luís Rodríguez; y su documento de identidad, nº 10.729.244 (fs 188/196); y fue reconocido como tal por quien había sido su sobrino, Antonio Atilio Castillo, D.N.I. Nº 14.004.870, con domicilio en Av. San Martín Norte s/nº de esta Ciudad, que al recibir el cuerpo para su velatorio e inhumación mencionó que su tío era soltero (fs.10), sin que el acto o la sinceridad del reconociente haya sido puesta seriamente en duda por el recurrente que no ensaya argumento alguno sobre el punto sin que quepa tener como tal la sola referencia al carácter de supuesto de ese parentesco.

Surge, además, del Acta Inicial, que la víctima se domiciliaba en calle Los Regionales Nº 1957 de esta Ciudad y que minutos antes había estado visitando a su hermana, Angélica Mendoza, con domicilio en la misma avenida escenario de los hechos. Por otra parte, resulta de autos que el mismo recurrente admitió tanto el deceso de la persona accidentada como su identidad dado que en el Ofrecimiento de Prueba (fs179) pidió lo siguiente: Que se libre oficio al Hospital San Juan Bautista para que remita la Historia Clínica y/o protocolo de la atención médica prestada al que en vida fuera José Luís Rodríguez, y también que se requiera de Sanidad Policial el informe de alcoholemia de José Luís Rodríguez, aclarando entre paréntesis que se trata del accidentado, con lo que reconoció que el accidentado había fallecido y que se llamaba José Luís Rodríguez.

Observo asimismo que el recurrente no cuestiona -ni cuestionó antes- la autenticidad de los datos consignados en la Historia Clínica de José Luís Rodríguez incorporada al juicio a su requerimiento, por lo que estimo que las dudas que esboza al señalar que "(.) cuando fue llevado al hospital Rodríguez se encontraba vivo (.)", y su crítica por la omisión de solicitar al Registro Civil la correspondiente partida de defunción no logran conmover las conclusiones del fallo impugnado sobre la muerte e identidad de la víctima del hecho juzgado.

Por las razones expresadas, es negativa mi respuesta a la tercera cuestión planteada.

De tal modo, con relación al 1º agravio, referido a la prueba de la muerte de la víctima del hecho de la causa, el recurso no demuestra el error o la irrazonabilidad de lo decidido con arreglo a los principios del proceso penal y con fundamentos acordes con la doctrina que sigue la jurisprudencia de manera uniforme, por lo que carece de fundamento el apartamiento que le atribuye a la sentencia apelada de lo dispuesto por los arts. 200 y 207 del Código Procesal Penal y 103, 104, 79 y 80 del Código Civil.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

V.	2º agravio En cuanto al 2º agravio, referido a la pena de inhabilitación impuesta por la sentencia impugnada, que es cuestionada como excesiva, estimo que la crítica efectuada no puede ser acogida.

Es que, con la sola afirmación de que no se compadece con lo que puede y debe ser una pena accesoria, pues por la cantidad de años impuesta parece otra pena, más grave que la establecida para el delito (sic), no demuestra el recurrente la irrazonabilidad de la pena impugnada.

Así lo considero atento a que el delito por el que fue condenado el causante es el de homicidio culposo, previsto en el art. 84 del Código Penal, el que tiene prevista en abstracto la pena de prisión y la de inhabilitación especial, de seis meses a cinco años, y de cinco a diez años, respectivamente.

Por ello, por una parte, la pena de inhabilitación impuesta en el caso, de 8 años, respeta el principio de legalidad, no sólo en cuanto a la especie en tanto está conminada en abstracto por la mencionada norma de aplicación, sino también en su cantidad, dado que resulta comprendida entre los márgenes mínimo y máximo de la escala penal que contiene ese precepto.

Por otra parte, dicho precepto tiene prevista una escala de la pena de inhabilitación no sólo más severa que de la pena de prisión, sino que tan cuantitativamente más severa que el máximo en la escala correspondiente a la prisión es el mínimo en la escala dispuesta para la pena de inhabilitación, de lo que se sigue, necesariamente, que la condena por el delito de homicidio culposo siempre será seguida de la imposición de una condena a sufrir pena de inhabilitación por un periodo mayor que la duración de la pena de prisión y, en principio, como regla, sensiblemente mayor.

En el caso, la pena de inhabilitación individualizada por el a quo no alcanza el máximo previsto por la norma sino que dista dos años de ese límite, y si bien supera la media de la escala correspondiente, similares márgenes presenta la pena de prisión discernida, dato que no es menor en tanto revela proporción entre las sanciones determinadas en la sentencia.

Por ello, desde la óptica que propone, de la comparación de los montos de las penas impuestas, no pone en evidencia el recurrente la demasía que pretende en la ponderación de la duración de la inhabilitación a la que fue condenado el causante.

Y con la mera aserción del carácter de accesoria que a la pena de inhabilitación le atribuye, no demuestra tampoco el desarreglo del monto discernido en la sentencia impugnada con la letra ni con el espíritu del precepto legal aplicado y los parámetros y proporciones que contiene y reflejan la política criminal del Estado para delitos como el juzgado y, de tal modo, no pone en evidencia el error del juez de grado en la fijación de la pena de inhabilitación.

Así las cosas, es negativa mi respuesta a la 4º cuestión planteada.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante y coincido con la solución propuesta por lo que voto en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.- A la Quinta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por las razones expuestas, atento a que con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones del recurrente el Tribunal ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, y en tanto la garantía de la doble instancia no exige controlar sino aquellos extremos del fallo que el recurrente ha sometido a revisión, considero agotada la competencia revisora del Tribunal.- Como consecuencia, a la 5º cuestión planteada mi respuesta es que debe dictarse la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 01/02 vta. por el Dr. Roberto Díaz, en su carácter de asistente técnico del imputado Ramón Walter Silva. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Quinta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Quinta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 01/02 vta. por el Dr. Roberto Díaz, en su carácter de asistente técnico del imputado Ramón Walter Silva.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-