Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07


ROCHA, Roberto Jorge contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ Reg.: A y S t 203 p 305-310.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROCHA, Roberto Jorge contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 377, año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día treinta del mes de noviembre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Roberto Jorge Rocha interpone -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción tendente a lograr la inmediata reincorporación a la Administración Pública, con fundamento en que el acto que dispuso su cesantía vulneró su estabilidad en el empleo.

Relata que se desempeñó como empleado público en la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez desde el 2.5.1984 (fecha en la que accedió a la función pública como personal de Gabinete), y en la que cesó en 1987, reingresando en igual carácter en el año 1990 como coordinador en el Departamento de Mantenimiento de Escuelas Públicas.

A partir del 31.8.1990, señala, mediante decreto 4030/91, pasó a revistar como personal permanente, con categoría 7, hasta que fue separado imprevistamente de sus funciones, lo que se le notificó el 4.1.1992 por telegrama 71 que comunicó "cesantía según decreto 46/91 de fecha 30.12.1991", hasta la cual continuó en funciones y luego le fue impedido el ingreso. Agrega que no ha tenido la posibilidad de obtener una copia del referido decreto, al igual que otros agentes en las mismas condiciones que él.

Así, prosigue, interpuso recurso de reconsideración contra el decreto no notificado, el cual fue rechazado y notificado sin entrega del acto pertinente, alegándose que pertenecía a la planta de gabinete y su extemporaneidad.

A modo de aclaratoria, afirma, interpuso "recurso administrativo de revisión", el que, si bien reconoce que no está normado, tuvo por finalidad la aclaración de lo sucedido con él, el cual también fue resuelto por la Municipalidad negatoriamente. Expone que hasta ese momento no había considerado agotada la vía administrativa por cuanto pretendió que la Administración corrigiera su postura y le permitiera conocer la causa de su despido y consecuentemente, ampliar ejerciendo la defensa que resultara pertinente; pero ante el rechazo de esta instancia, y ya que se trata de extinción de derechos de carácter alimentario, sí entendió agotada la vía recursiva y procedió a interponer el recurso contencioso ante este Tribunal pretendiendo obtener su reincorporación. Solicita, en suma, se declare procedente el recurso.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 37), comparece la demandada a estar a derecho (f. 49), y contesta la demanda (fs. 59/63).

En su escrito de responde niega expresamente los extremos afirmados por el actor en la demanda, poniendo de manifiesto lo que a su entender constituye la realidad de los hechos.

En ese cometido, explica que el actor se venía desempeñando como personal de gabinete desde el 2.5.1984 (según decreto 224/84 del 2.5.1984). Luego, por decreto 1722/86 (del 3.7.1986), se lo desafectó del Plan Alimentario Nacional (P.A.N.), para finalmente cesar completamente en sus funciones de personal de gabinete en fecha 11.12.1987, por decreto 2507/87.

Posteriormente, señala, y luego de varios años sin encontrarse vinculado a la Administración, fue designado nuevamente como personal de gabinete el 15.5.1990, abonándosele el equivalente a la categoría 18, y mediante decreto 4030/91 del 12.8.1991, se lo designó a partir del 1.8.1991, en carácter de personal permanente, revistando en la categoría 7.

Destaca que el artículo 5, apartado 2, inciso a) del Anexo I de la ley 9286, prevé el personal de gabinete determinando en forma categórica que el mismo se considera no permanente, el cual desempeña funciones de colaboración o asesoría directa del Departamento Ejecutivo y sus secretarios, cesando automáticamente al término de la gestión de la autoridad en cuyo gabinete se desempeña. Por ello, sostiene que la incorporación se hizo en flagrante violación al artículo 133, Anexo I de la mencionada ley.

Pone de resalto que, a partir de dicha incorporación del actor, no le fue asignada función concreta ni que tuviera relación con la ejecución del personal de planta permanente, no obstante lo cual le fue asignado un sueldo equivalente a la categoría entre 18 y 20 del escalafón municipal, a pesar de que la categoría en la que se incorporó mediante decreto 4030/91 era la 7.

Narra que por decreto 67/92 se ordenó el cese en sus funciones el día 9.1.1992, conforme lo dispuesto por el artículo 7, Anexo I de la ley 9286, liquidándose todos los haberes que pudieren corresponder como personal transitorio con la categoría inicial del agrupamiento en que fue designado (notificado mediante telegrama 71, del 10.1.1992).

De la documental instada por el propio actor, apunta, surge la improcedencia del recurso aquí intentado, puesto que el 7.5.1992 interpuso el inexistente e improcedente "recurso de revisión". En efecto, prosigue, el decreto 67/92 que lo cesanteó le fue notificado por telegrama el 10.1.1992, y la reconsideración contra éste fue interpuesta el 13.2.1992.

Ya en ese entonces, afirma, el señor Intendente resolvió (mediante resolución 13 del 23.3.1992) desestimando el recurso por considerarlo extemporáneo, y por no encuadrarse en lo establecido por las leyes 9286 y 2756, la que le fue notificada el 27.3.1992.

Finalmente, dice, fue el 7.5.1992 que interpuso el actor el desconocido "recurso de revisión", intentando salvar la extemporaneidad en la que ya había incurrido. También éste fue desestimado por improcedente, comunicándosele en fecha 17.6.1992 por telegrama 1116 tal resolución (n 30/92).

El presente recurso, afirma, es extemporáneo por cuanto fue planteado el 8.7.1992, fuera del término legal para hacerlo, ya que la vía administrativa había sido agotada con la resolución que rechazó la reconsideración por extemporánea, no pudiéndose acordarle a los posteriores remedios intentados el pretendido efecto de "resucitar" una vía ya fenecida.

Por ello, entiende que el recurso contencioso administrativo debió presentarse ante esta Corte en tiempo y forma contando desde la notificación de la resolución 13/92 que puso fin a la vía administrativa (27.3.1992).

Por lo demás, agrega que los fundamentos del decreto 67/92 son autosuficientes respecto de la inadmisibilidad de fondo de la pretensión del recurrente, y siendo nulo de nulidad absoluta el decreto 4030/91, no puede considerarse que haya dado nacimiento a derecho subjetivo alguno en cabeza del actor.

En apoyo de esto último, cita jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de sostener que la interposición de recursos inadmisibles no interrumpe el plazo de caducidad establecido en el artículo 5 de la ley 4106.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso interpuesto, con costas al actor.

3. Abierta la causa a prueba (f. 64) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre su mérito (fs. 116/117 y 118/120). Dictada (f. 121) y consentida la providencia de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

4. La traba de la litis ha quedado configurada de la siguiente manera: el actor pretende que se lo reincorpore a la Administración, con fundamento en la estabilidad que ostenta desde su nombramiento como personal permanente por decreto 4030/91. La demandada, por su parte, sostiene que el recurso es inadmisible por extemporáneo, ya que el acto que agotó la vía administrativa fue la resolución 13/92 que rechazó la revocatoria por extemporánea e improcedente, la que fue notificada al actor el 27.3.1992, y contra la cual debió haber interpuesto este remedio y no los restantes intentados en aquella sede, los cuales no interrumpen el plazo para el presente.

Corresponde, pues, analizar la cuestión relativa a la temporaneidad del recurso en estudio a la luz de la normativa vigente y de acuerdo a lo que surge de las actuaciones agregadas a autos.

4.a. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S., T. 12-13, pág. 35; T. 14, pág. 372; T. 16, págs. 19, 30, 47, 290; T. 42, pág. 228; T. 56, pág. 177; T. 109, pág. 198; T. 141, pág. 473; entre muchos otros).

Tal como se vio, la demandada cuestiona diversos aspectos referidos a la admisibilidad del recurso interpuesto y, a su vez, los actos que resuelven las impugnaciones administrativas las desestiman por extemporáneas.

Pues bien: se adelanta que el presente recurso es inadmisible.

4.b. En primer lugar, corresponde destacar el notable error en que incurre el accionante de autos quien, no sólo al demandar, sino también al informar sobre el mérito de la prueba, alude a hechos que -si bien guardan alguna similitud en su contenido y efectos- no son los que, de conformidad con las constancias administrativas, han conformado su posición substancial.

Tal digresión no resulta meramente circunstancial, dado que se proyecta, nada menos, que a la formulación de su pretensión anulatoria, la cual aparece postulada respecto de actos y sobre razones que tampoco coinciden con los que, de conformidad con las actuaciones administrativas, le han provocado los gravámenes cuya legitimidad cuestiona.

En efecto: de las constancias administrativas surge que: Por decreto 67/92 de fecha 9.1.1992 (en copia a fs. 7/8, expte. judicial) se ordena el cese del agente Rocha en sus funciones, como consecuencia de la revocación por contrario imperio del decreto 4030/91, medida que se funda, en síntesis, en la violación a las disposiciones contenidas en las leyes 9286 (arts. 6, 7, 8, 10, 40 y 133, Anexo I), 2756 (art. 41, inc. 8), y preceptos constitucionales. Dicho acto fue notificado al actor el 10.1.1992 por telegrama n 71 (en copia, a f. 16, expte. adm. 10757/92).

A foja 2 y vuelto del expediente administrativo citado, consta el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente en fecha 14.2.1992 contra el decreto que dispuso su cesantía, una vez vencido el plazo legal establecido a tales efectos. Mediante la resolución 13/92, de fecha 23.3.1992, se le rechazó el mencionado remedio con fundamento en la extemporaneidad, y por encuadrarse -el recurrente- en el artículo 7 del Anexo I de la ley 9286 (f. 19/19 vto., expte. adm. citado).

Contra la resolución que deniega la reconsideración, el recurrente interpone "recurso de revisión y/o reconsideración" el 5.5.1992 (f. 2, expte. adm. 11124/92), por considerar ilegal el rechazo de su recurso con fundamento en la extemporaneidad ya que, a su entender, no se le había notificado la causa de su separación de la planta permanente de personal, y la falta de notificación en legal forma determina la imposibilidad de precisar cuándo un plazo se encuentra vencido.

Dicha presentación fue desestimada por "improcedente" por el Intendente municipal, a través de la resolución 30/92 dictada el 27.5.1992 (f. 6, expte. adm. citado) por no encuadrar en las leyes 9286 y 2756; aquélla fue notificada al agente mediante telegrama n 1116 del 17.6.1992 (f. 2, expte. judicial), viniendo en recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción ante este Tribunal, el 8.7.1992.

Pues bien: en su demanda, el recurrente sostiene que "el 4 de enero de 1992" fue imprevistamente separado de sus funciones, recibiendo un telegrama por el cual se le comunicaba que había quedado cesante por virtud del "decreto 46/91 de fecha 30.12.1991" (f. 9 vto.), como así también que la cesantía lesiona derechos subjetivos "otorgados por decreto 4064/91" (f. 10 vto.).

Finalmente, al informar sobre el mérito de la causa -oportunidad en la que, en todo caso, podría habérsele admitido al actor algún margen de corrección a las erróneas alegaciones iniciales-, se observa que persiste en su error, ya que efectúa su argumentación sobre la base de un ingreso a planta permanente producido por decreto 4064/91, y de un cese operado por un decreto que tiene "como soporte" un recurso de revocatoria tramitado en el expediente 9969/91 (f. 116).

Por su parte, debe aclararse, las defensas postuladas por la Municipalidad coinciden con los hechos tal como los traducen las actuaciones administrativas.

4.c. La situación apuntada -singular, por cierto- supera por mucho la comisión de meros errores materiales, y llega a constituir deficiencias que se resuelven en una inexistencia de elementos susceptibles de ser opuestos a la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos.

En efecto, consta que mediante telefonograma n 71 la Municipalidad le hizo saber al actor lo siguiente: "Comunícole cesantía según decreto 67/92 de fecha 10.1.1992, a su disposición. Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez", y está fechado 10.1.1992 (en copia a f. 16, expte. adm. 10757/92).

A pesar de ello, el actor afirma en la demanda que recibió dicha pieza postal el "4.1.1992", lo cual no pudo haber ocurrido puesto que, a esa fecha, aún no había sido dictado el acto de cesantía.

Se cuestiona en autos la aptitud de esta notificación a los efectos de la impugnación de la medida que se comunicaba.

Este planteo, se adelanta, debe ser desestimado.

En efecto: la parquedad de tal notificación de ningún modo alcanza para equiparar el caso a un supuesto de inexistencia de notificación, o de notificación nula, siendo que ni se articuló incidencia semejante, ni corresponde declararla de conformidad a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial (aplicable, artículo 74, ley 2756), en cuanto a que "no serán nulas las notificaciones si el defecto que contengan no hubiere impedido al interesado conocer en tiempo el acto judicial, su objeto esencial y el juzgado de donde procede" (artículo 69).

El escueto contenido de la notificación telegráfica, en todo caso, habría podido justificar un pedido de suspensión de términos -lo que no surge que hubiera sido siquiera intentado por el recurrente-, mas no una inacción que se prolongó por más de un mes desde la notificación de la cesantía.

En dicho lapso ese acto adquirió firmeza, pues habiéndose tomado conocimiento de él, cuando menos, el día 15.1.1992 (según consta notificación personal del recurrente a foja 15, expte. adm. 10757/92), el respectivo "recurso de reconsideración" fue interpuesto el 14.2.1992 (v. f. 2 vto., expte. adm. citado).

Por lo tanto, la resolución 13/92 debe entenderse legítima, y, por ende, firme el acto administrativo que dispuso la cesantía (decreto 67/92).

4.d. Pero es más: aquella resolución también quedó firme, lo que así debe declararse.

En efecto, en oportunidad de interponer la impugnación administrativa denominada por el recurrente "recurso de revisión y/o de reconsideración" -f. 2, expte. adm. 11124/92-, que tuvo por finalidad la "aclaración de lo sucedido" (según dice en esta sede -f. 10-), efectúa consideraciones que inequívocamente revelan que tenía conocimiento de que el recurso de revocatoria había sido rechazado por extemporáneo mediante resolución 13/92.

Y bien, siendo que este acto agotaba la vía administrativa, no fue impugnado judicialmente en la oportunidad debida, pues es sabido que el plazo para el recurso contencioso administrativo no se suspende por la interposición de recursos administrativos inadmisibles ("Construcciones Río Paraná"; A. y S. T. 69, pág. 11; "Varela", A. y S. T. 138, pág. 214).

En tales condiciones, esto es, aun prescindiendo de la firmeza del acto que dispuso la ruptura, e incluso adoptando la hipótesis más favorable a la posición del accionante, no puede sino concluirse en que el recurso igualmente sería inadmisible, pues siendo que la mencionada resolución 13/92 debe entenderse notificada el 27.3.1992 (f. 20, expte. 10757/92), recién interpuso el recurso ante esta Corte el 8.7.1992, esto es de manera extemporánea por haber vencido en exceso el plazo del artículo 5 de la ley 4106.

5. Por otra parte, no puede soslayarse que el recurrente, al aludir en su demanda a la "procedencia del recurso" (punto 4, foja 9 de autos), esgrime como únicos argumentos la violación a su derecho a la estabilidad en el trabajo y la lesión al derecho subjetivo "otorgado por decreto 4064/91".

Como se observa, la pretensión, en cuanto dirigida al "amparo" al derecho a la estabilidad aparece desprovista de todo sustento, por cuanto no se precisa ni mínimamente cuáles serían los vicios de la resolución que impugna, lo cual constituye presupuesto básico para el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, sumándose de este modo una nueva causal para declarar inadmisible el presente recurso (criterio de "Stemphelet", A. y S. T. 99, pág. 295 y de "Vergés", A. y S. T. 105, pág. 454).

6. De conformidad a lo expuesto precedentemente, el recurso contencioso administrativo intentado resulta inadmisible, correspondiendo así declararlo. Como consecuencia de ello, las costas serán impuestas al actor (art. 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde emitir pronunciamiento sobre este aspecto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas al recurrente.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas al recurrente.

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)