Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15


Expte. n° 15124/18 "Moreno, María Florencia s/ queja por recurso de inconstitucionali-dad denegado en: Martínez, Sandra Isabel c/ Rozenbaum, Jorge y otros s/ incidente de recusación - responsabilidad médica" Buenos Aires, 15 de agosto de 2018 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. María Florencia Moreno, oficial notificadora legajo n° 4026, interpuso recurso de queja (fs. 170/182) ante el Tribunal contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que denegó el recurso de inconstitucionalidad (fs. 163/164) que dedujo contra el fallo de la Sala que rechazó la recusación con causa que articulara contra el juez de primera instancia Dr. Marcelo López Alfonsín.

2. En cuanto es pertinente relatar, María Florencia Moreno -en el marco del planteo de redargución de falsedad de una cédula por ella diligenciada, promovido por la parte actora en el expediente "Martínez Sandra Isabel contra GCBA y otros s/ responsabilidad médica", expte. n° EXP 36228/0- planteó la recusación con causa del juez López Alfonsín (fs. 128/133) afirmando el prejuzgamiento del magistrado sobre la cuestión planteada en el incidente -en atención a las consideraciones expuestas en la resolución de fecha 21/9/2017 en la que el juez admitió como medida para mejor proveer la prueba en soporte filmográfico aportada por la Policía Federal Argentina- y a que exhibía ". un interés mayor al de la propia actora" (fs. 132) en la producción de la prueba ofrecida por esa parte. El juez recusado efectuó el informe en el que rechazó la tacha, se apartó de la causa y elevó las actuaciones a la Cámara para que se expidiera sobre la recusación (fs. 135/136). La Sala III rechazó el pedido de separación formulado por la notificadora (fs. 146) mediante la remisión a los fundamentos expuestos por el Fiscal de Cámara en su dictamen; en resumen, que: a) los planteos formulados por la recusante se dirigían a cuestionar el procedimiento seguido en la causa, lo que podría ser articulado por las vías recursivas pertinentes ante una decisión que le resultara adversa; y b) el juez López Alfonsín no se había expedido anticipadamente respecto de la gravitación de la prueba admitida para mejor proveer, sino que se había limitado a explicitar su potencial utilidad para la decisión de la cuestión debatida en el incidente (fs. 142/144).

3. Disconforme, María Florencia Moreno interpuso recurso de inconstitucionalidad (copia incompleta, fs. 153 vuelta/162bis) cuya denegatoria (fs. 163/164) motivó la queja referida en el punto 1 precedente. Al presentarse ante el Tribunal requirió se la considerase exenta de cumplir con el depósito previsto en el art. 33 de la ley 402.

4. Con posterioridad al llamado de autos para resolver ese pedido, la oficial notificadora presentó ante el Tribunal la transcripción de una decisión de la Sala III emitida en autos '"Martínez Sandra Isabel c/ Rozenbaum Jorge y otros s/ responsabilidad médica", expte. n° EXP 36228/0 (fs. 185) mediante la cual, según afirma, fue dejada sin efecto la decisión que admitía la prueba fílmica ordenada por el juez López Alfonsín como medida para mejor proveer. Expresa que esa decisión "no disminuye la sospecha de imparcialidad del juez" por lo que solicitó que "se suspenda el curso de las actuaciones del proceso 'Martínez Sandra Isabel c/ Rozenbaum Jorge y otros s/ incidente de recusación - responsabilidad médica'", expte. n° EXP 36228/2 y también que "hasta tanto se resuelva la presente queja, se suspenda la remisión de las actuaciones principales al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad N° 18 a cargo del Juez Marcelo López Alfonsín ordenado por la Sala III." (fs. 185/188).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El segundo párrafo del art. 33 de la ley 402 dispone que "No efectúan este depósito quienes estén exentos/as de pagar tasa judicial, conforme las disposiciones de la ley respectiva". Por su parte, y en lo que aquí importa, el art. 3 de la ley 327 exime del pago de la tasa de justicia a: "Las actuaciones promovidas por agentes o ex agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de sus entes descentralizados, y por sus causa habientes, en juicios originados por relaciones de empleo público o laborales" (cf. inc. g del art. 3, el subrayado no corresponde al original).

Toda vez que la intervención de María Florencia Moreno en el incidente de redargución de falsedad tiene origen en su calidad de agente público del Consejo de la Magistratura de la CABA que produjo la notificación cuestionada, la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado que ella plantea para ejercer su defensa en juicio está beneficiada por la exención establecida en la norma transcripta, que debe ser interpretada, en cuanto ahora concierne, de acuerdo con el principio protectorio establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes.").

2. En cuanto al pedido de que se suspenda el trámite del incidente de recusación y no se devuelva el expediente al juez López Alfonsín hasta tanto el Tribunal resuelva la queja, es sabido que la interposición del recurso de hecho, en principio, no tiene efecto suspensivo de lo decidido por la alzada. Dicho efecto -según la ley adjetiva- es acordado, como regla, si la queja resulta admitida. En este sentido, el art. 33 de la ley nº 402 establece que: "Mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa". De lo expuesto se deriva que la petición que en este sentido efectúa María Florencia Moreno a fs. 186/188 debe ser resuelta en forma previa a decidir la queja.

En sostén de su pedido la agente Moreno expresa que la circunstancia de que la Sala III haya revocado la admisión de las grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad de la Policía Federal Argentina, que como medida para mejor proveer había sido dispuesta por el juez recusado, ". no disminuye la sospecha de imparcialidad" (fs. 187 vuelta) en que fundó la recusación del magistrado Marcelo López Alfonsín.

Desde otra perspectiva, puede afirmarse que ello demuestra que los mecanismos procesales fueron idóneos para disipar el agravio que la agente invocara contra la producción de la prueba que el magistrado consideraba necesario practicar y que ella resistía.

El temor de parcialidad que invoca no es más que la reiteración de los motivos en los que la recurrente fundó la recusación con causa del juez de grado, que ya fueron rechazados por la Cámara sobre la base de que había otros remedios procesales para cuestionar las decisiones adversas -lo que se ve corroborado con la decisión agregada a fs. 185-. Por ende, no resulta suficiente para configurar un supuesto que permita al Tribunal apartarse de la regla conforme a la que la interposición de la queja no reviste efectos suspensivos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con mi colega Ana María Conde en que corresponde eximir a la recurrente del pago del depósito, en virtud de lo establecido en el artículo 3, inciso g) de la ley 327 (aplicable a partir de lo dicho en el artículo 33 de la ley 402).

En cuanto a la solicitud efectuada a fs. 186/188, corresponde rechazarla, pues la recurrente no muestra que estén dadas las condiciones para conceder el efecto suspensivo previsto en el art. 32 de la ley 402.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Comparto la solución que propician mis colegas.

2. De conformidad con lo prescripto por el artículo 3 inciso g) de la ley nº 327 (aplicable en función del artículo 33 de la ley nº 402), corresponde eximir a la señora María Florencia Moreno del depósito de la queja.

3. Por otra parte, debe denegarse la petición que formulara la señora Moreno dirigida a atribuir efecto suspensivo a su recurso directo.

Como regla, la interposición de una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado no suspende el curso del proceso, y aunque excepcionalmente este Tribunal puede, mediante resolución expresa, suspenderlo antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja (art. 33, ley nº 402), en el caso la recurrente no brinda fundamento alguno que permita apartarse de la reiterada jurisprudencia de este Estrado según la cual la falta de acreditación de razones que permitan hacer excepción a dicha regla conduce al rechazo del pedido (cf. este Tribunal in re: "Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Correo Oficial de la República Argentina SA s/ inf. falta de habilitación y otros'", expte. n° 4808/06, resolución del 4/10/2006, e "Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ inf. art. 9.1.1, obstrucción de inspección -apelación-'", expte. n° 5881/08, resolución del 4/6/2008, y sus citas, entre otros).

En efecto, las líneas de fs. 186/188 no alcanzan a motivar el pedido efectuado, con la seriedad que requiere.

4. En consecuencia, voto por: a) eximir a la señora María Florencia Moreno del pago del depósito de la queja y b) denegar la petición orientada a asignar efecto suspensivo al recurso directo.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de mi colega, la jueza Alicia E. C. Ruiz Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al pedido de eximición del depósito de la queja.

2. Rechazar el pedido de asignación de efecto suspensivo al recurso de queja.

3. Mandar que se registre, se notifique y se continúe el trámite de la queja. La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.