Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23


MERCADO, Juan Marcelo contra MUNICIPALIDAD DE RUFINO Reg.: A y S t 205 p 191-195. Santa Fe, 23 de febrero del año 2.005.

VISTOS: Los autos "MERCADO, Juan Marcelo contra MUNICIPALIDAD DE RUFINO -Amparo- AVOCACION (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S. J. Nro. 101, año 2.004), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: I. Contra el decisorio de este Cuerpo registrado en A. y S. T. 201, págs. 375/382, por el cual se declaró que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, otorgándole al actor el plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330, deduce éste el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 51/76) efectúa en primer término, un extenso relato de los antecedentes de la causa y seguidamente expresa que la resolución impugnada reviste el carácter de definitiva, al cerrar la vía expedita del amparo, la que se encuentra garantizada tanto por la Constitución nacional (artículo 43) como provincial (artículo 17) conjugando estas normas con la garantía del debido proceso, para los casos de palmarias violaciones de derechos constitucionales y cuando las vías ordinarias no aparecen idóneas para solucionar la cuestión.

Aduce, que de no haber existido la norma que habilita la avocación de la Corte, el Tribunal sólo hubiera podido expedirse como lo hizo, en el marco del recurso de inconstitucionalidad local y que ha quedado cerrado el debate sobre la procedencia de la acción de amparo, lo que le ocasiona un daño grave y actual a su persona y a su grupo familiar, por la reducción de sus ingresos a menos de la mitad, de manera ilegítima con la aplicación del acto administrativo impugnado.

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura (foja 67 vto.) Sostiene además, que el caso puede subsumirse en el inciso 2 del artículo 14 de la ley 48, atento que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley provincial 11.330 y la Corte se pronunció a favor de la validez de dicha norma.

Le endilga al decisorio incurrir en exceso ritual manifiesto, por privilegiar el resguardo de la competencia contencioso administrativa por sobre la efectiva protección de los derechos constitucionales conculcados.

A juicio del recurrente, el Tribunal excedió el análisis de la competencia y decidió sobre el fondo del asunto, la admisión o no del amparo, el cumplimiento de los requisitos del artículo 6 de la ley 10.456, control que corresponde a los jueces de distrito y no a la Corte, que únicamente podría conocer del caso por vía del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055.

Sostiene que los argumentos vertidos en el fallo sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la ley 11.330 no conmueven las razones en que se fundó su pedido de inconstitucionalidad.

Alega, al respecto, que se crea una falsa dicotomía entre los que es materia de amparo y la materia contenciosa administrativa. Dice, en síntesis, que es cierto que conforme a la Constitución y a las leyes es competencia privativa de la Corte y de las Cámaras del fuero intervenir en el tratamiento de los recursos o acciones contenciosas administrativas, pero también es cierto, que la ley dispone que las acciones de amparo cualquiera sea la materia tramitan ante los jueces de distrito (art. 4, ley 10.456), por lo que -según entiende- el artículo 2 de la ley 11.330 no reglamenta la Constitución, sino que permite que se sustraiga de los jueces naturales las causas de amparo de naturaleza contenciosa administrativa, impidiendo que los justiciables cuenten con la vía extraordinaria y expedita prevista en el artículo 43 de la Constitución nacional, lesionando los derechos al debido proceso y a la igualdad.

Aduce que la disposición tachada de inconstitucional, virtualmente amplia la competencia de la Corte provincial fuera de lo previsto en la Constitución de la Provincia, habilitándola para que sea ella y no los jueces de distrito -jueces naturales- quien realice el test inteligente para la admisión de las acciones de amparo con sustancia contencioso administrativa.

Bajo el acápite "segundo agravio. Sentencia arbitraria como cuestión constitucional de creación pretoriana", insiste en que existe una cierta vacilación en las decisiones de la Corte respecto al tema coexistencia entre amparo y recurso contencioso administrativo, destacando que in re "Bacheta" el Tribunal expresó que "...en los supuestos en que corresponde, según la selección inteligente que se encuentra a cargo de los jueces, la vía del amparo" y en la causa "Domínguez" si bien es cierto que el Tribunal dirimió un conflicto negativo de competencia, se abstuvo de utilizar el instituto de la avocación lo que podría haber hecho, puesto que el artículo 2 de la ley 11.330 habilita a la Corte a intervenir de oficio y no únicamente a petición de parte.

Continúa diciendo, al respecto, que tampoco tuteló de modo especial la correcta asignación de competencia frente a un caso de materia contenciosa administrativa ni consideró que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente pudiera implicar una violación a la división de poderes ni las razones expuestas en "Gastón Jáuregui". Considera que el caso "Domínguez" es idéntico y la solución diametralmente opuesta.

Postula asimismo la similitud con la causa "Roggiano", destacando que se sostuvo en aquella decisión en referencia a la viabilidad del amparo "toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias"; criterio sostenido en el caso "Mases" y en el recurso de hecho deducido por Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del 10.12.1997 (foja 75).

Cuestiona al decisorio por considerar que "las argumentaciones vertidas en la demanda son insuficientes a los fines de demostrar porqué excepcional razón la medida impugnada le producía un daño concreto y grave", aduciendo que ese análisis le está vedado por la ley.

Corrido traslado a la contraria, lo contesta a foja 80, postulando el rechazo del remedio intentado fundado en la inadmisibilidad del mismo.

II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge que el pronunciamiento recurrido carece de la definitividad requerida por el artículo 14 de la ley 48 para franquear la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, la resolución impugnada, en cuanto declaró que la presente causa es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, otorgando al actor un plazo a fin de que adecuara sus pretensiones a los términos de la ley 11.330, no es sentencia definitiva ni auto interlocutorio con fuerza de tal, de conformidad a las pautas jurisprudenciales elaboradas por el más alto Tribunal nacional.

En tal sentido, debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rogiano" (C.S.J.N., causa R. 426 XXXV, del 15.2.2000) por el cual rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de esta Corte provincial que -al igual que la ahora impugnada- resolvía un pedido de avocación por competencia (artículo 2, ley 11.330).

Dicho recurso extraordinario que había sido concedido por este Cuerpo, haciendo excepción a la falta de definitividad por entender que el núcleo central del caso fincaba en la operatividad de la garantía de la intangibilidad salarial, fue rechazado por el Alto Tribunal nacional, con fundamento en que la resolución recaída en esa causa no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal en los términos del artículo 14 de la ley 48.

En el sub-lite, no demuestra el impugnante que concurran algunos de los supuestos excepcionales que autorizarían a tener por superada la deficiencia apuntada.

Efectivamente, este Tribunal ha decidido una cuestión de competencia, de conformidad a la norma del artículo 2 de la ley provincial 11.330, que autoriza a esta Corte a dirimirla, norma que reglamenta -entre otros- aspectos vinculados a una competencia constitucionalmente atribuida (artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial). Y el mecanismo de avocación por competencia tiende a preservar la efectiva vigencia de la cláusula constitucional (A. y S. T. 145, pág. 132; entre otros).

Además, en el caso, no se encuentra comprometido el fuero federal.

Tal como lo ha sostenido el más alto Tribunal nacional, "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal" (Fallos 303:1702; 307:1929; entre otros); "la distribución de competencias entre los tribunales permanentes del país es cuestión extraña a la garantía de los jueces naturales y ajena al recurso extraordinario" (Fallos:311:455); "la ausencia de definitividad no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales" (Fallos 256: 474; 267: 484; 298: 47; 307: 417).

Dicho ello, cabe puntualizar que no concurren en el caso las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes que cita el compareciente a foja 67 vto., a efectos de franquear la instancia extraordinaria, sin perjuicio de reparar que no efectúa desarrollo argumental para demostrar que las circunstancias de los casos que menciona resultan trasladables al sub examine.

Efectivamente, la resolución atacada no decide una cuestión procesal suscitada en el marco del trámite de ejecución de sentencia que impide replantear la aplicación de la ley 23.982, ocasionándole un perjuicio irreparable ("González de Verdagguer", cit); ni los planteos considerados por el más alto Tribunal nacional en la causa "Firmenich" (Fallos 310:2048) siendo las circunstancias que rodearon al caso ajenas al ahora analizado - supuesto de excepción que el Alto Tribunal consideró que no concurría en otros casos (Fallos 311:455 citado ut-supra); ni el compareciente ha demostrado que lo decidido cause un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior "Chistou" (La Ley, 1987-D 156); conforme lo valoró este Cuerpo (foja 42 vto.).

Asimismo, resultan insuficientes a los fines de entender excepcionalmente superada la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, los cuestionamientos atinentes a que se veda definitivamente la vía del amparo, garantizada por los artículos 43 y 17 de la Constituciones nacional y provincial, respectivamente, lo que vulnera derechos constitucionales, sin que el recurrente demuestre en concreto como se ha operado tal vulneración en el fallo atacado.

Así, para resolver como lo hizo, consideró este Cuerpo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineada en torno al amparo con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994 y explicitó las razones por las que entendió que el recurrente debía adecuar sus pretensiones a los términos de la ley 11.330(foja 42 vto.) y además recordó, que resultan admisibles en el recurso contencioso administrativo los mecanismos de tutela cautelar autónoma (cfr. "Buasso", A. y S. T. 145, pág. 299; "Godoy", A. y S. T. 150, pág. 141; y "Bazet" A. y S. T. 167, pág. 111).

En síntesis, -como se dijo- el fallo decide acerca de una cuestión de competencia entre tribunales provinciales y al recurrente, en definitiva, no les es negada la posibilidad de tramitar su reclamo ante el Tribunal que, conforme a la interpretación brindada por esta Corte, es el competente según el ordenamiento jurídico local. Y, "tanto la concurrencia de la materia contenciosa administrativa...cuanto la clara ausencia de los requisitos del amparo, tornan aconsejable evitar la sustanciación innecesaria de una causa, según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia" (cfr. "Baccheta"; A. y S. T. 132, pág. 67; entre otros).

Por lo que, la deficiencia formal apuntada, sella la suerte adversa del recurso.

Sin perjuicio de lo expuesto, por lo demás, del cotejo de la pieza recursiva y del fallo atacado, se advierte que el impugnante, itera los cuestionamientos fundados en la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley provincial 11.330 relativos a que virtualmente amplía la competencia asignada por la Constitución provincial a esta Corte y colisiona con la ley provincial 10.456 y en la "jurisprudencia vacilante" de este Cuerpo, en abierto disenso con los argumentos explicitados por el Tribunal en el fallo.

Es que, en la resolución impugnada el Tribunal ha dado una acabada respuesta a todas y cada una de las cuestiones planteadas por el compareciente ofreciendo razones constitucionales suficientes al desestimar dicha tacha (ver: fojas 38 vto./41) con profusa cita de antecedentes que demuestran una línea jurisprudencial clara y consecuente en la materia y con un pormenorizado análisis acerca de las particularidades de los casos mencionados por el recurrente (ver: fojas 41/42), que se limita a insistir en el desarrollo de su propio enfoque sobre la interpretación del derecho aplicable y la jurisprudencia del Tribunal, más sin demostrar que tales fundamentos sean absurdos o irracionales, por lo que tampoco, en su caso, asume sustancia constitucional para operar la apertura de la vía intentada.

Por lo expuesto, en las consideraciones ut-supra expuestas, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario, por cuanto no se deduce contra sentencia definitiva ni auto equiparable a tal.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)