Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-08


SENT Nº 678 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (8) de Setiembre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Padilla, Máximo vs. Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán s/Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 225/229 de autos, la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 24 de junio de 2003, obrante a fs 215/219, que es concedido mediante resolución de referido tribunal de fecha 28 de octubre de 2003 (cfr. fs. 237), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 816, in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal de recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso incoado resulta admisible, pues ha sido interpuesto en término, el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva, se dio cumplimiento con el artículo 817, acompañado el depósito que exige la ley según constancia de fs. 224, el escrito de presentación se basta a sí mismo; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, materia del presente recurso, sostiene que la actora pretende la anulación de las Resoluciones de la demandada números 110/96-2336-VS-96, 111/96 (punto 7 del petitorio) y 025/97- 2326-VS-96- 1299-A. y que se disponga judicialmente que no corresponde efectuar los aportes dispuestos por la Ley N° 6059 sobre el importe de honorarios que se ejecuta en los autos "Padilla, Máximo vs. Siderman, José y otros s/ ejecución de sentencia." La demandada opuso defensa de falta de acción del actor, sosteniendo que dichos actos fueron dictados en ejercicio de actividad consultiva, emitiendo un dictamen a solicitud del juez federal por lo que no son recurribles ni susceptibles de acción judicial. Asimismo sostuvo que el actor debe abonar los montos en concepto de aportes previsionales, en cuanto lo que se grava y genera obligación de aportar es el cobro de la prestación.

El fallo rechaza la defensa de falta de acción con fundamento en la inexistencia de actividad consultiva, pues la Resolución Nº 110/96, emitida a requerimiento del Juez Federal Nº 1, lo fue para que la demandada se pronuncie sobre el planteo efectuado a fs. 302 del juicio y en ella se declara que debe aplicarse la Ley N° 6059, incidiendo directamente sobre el derecho subjetivo del actor y la Resolución Nº 111/96 fue dictada a consecuencia de la presentación del actor en la Caja, exponiendo nuevamente los argumentos vertidos en el juicio, donde volvió a declarar que corresponde aplicar la Ley N° 6059.

Consecuentemente, afirma, se trata de actos administrativos que resuelven pretensiones concretas del actor y en los que recayó idéntica decisión del Directorio de la accionada, en el sentido que en el juicio "Padilla, Máximo vs. Siderman, José y otros s/ejecución de sentencia", debe aplicarse la Ley N° 6059, efectuándose las contribuciones que fija la misma sobre los honorarios ejecutados y que se perciban en dichos autos. Por ello, sostiene que no cabe duda que lo resuelto incide en la esfera de derechos subjetivos del accionante y no puede ser considerado sólo un parecer.

En el mismo sentido, reputa inválido lo sostenido en el cuarto considerando de la Resolución Nº 025/97, según la cual la "situación no produce efecto directo respecto de un sujeto de derecho, sino que responde a la consulta efectuada por el magistrado que entiende en la causa..." Por ello sostiene que las Resoluciones números 110/96 y 111/96 son pasibles de ser recurridas y en caso de resultado adverso, susceptibles de cuestionamiento judicial, como ocurre en autos.

Con relación la cuestión sobre la obligatoriedad de los aportes y contribuciones sobre los honorarios regulados y percibidos por el letrado actor en autos, el fallo en crisis sostiene que es cuestión controvertida en autos determinar si corresponde aplicar las disposiciones de la Ley N° 6059 a dichos honorarios regulados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Considera no contradicho en esta causa que en el juicio "Siderman, José y otros vs. Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios", el más Alto Tribunal de la Nación reguló honorarios al actor por su actividad profesional desarrollada en el referido proceso, lo que por otra parte resultó probado con la copia certificada del incidente de regulación de honorarios, en la que a fs. 53/59, obra sentencia del 13-8-92 de dicho Tribunal y que, cuando el accionante intentó iniciar la ejecución de sus honorarios (fs. 67), el 02-10-92 decretó "Toda vez que el peticionario no reviste el carácter de persona aforada y no ha invocado la existencia de intereses de la Provincia, a los fines solicitados, ocurra ante quien corresponda" (fs. 67 vta.).

Destaca que el letrado Padilla promovió ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, los autos "Padilla, Máximo vs. José Siderman y otros s/ejecución de sentencia", en cuyo marco, el magistrado interviniente efectuó el mentado requerimiento a la Caja Previsional.

Expresa que el artículo 26, de la Ley N° 6059, en sus incisos j) y k) prevé como recursos de la Caja, la contribución del 8% a cargo de abogados y procuradores, sobre la suma que les sea regulada en concepto de honorarios y una contribución del 10% a cargo del obligado directo al pago de honorarios sobre toda suma que por tal concepto les sea regulada a abogados y procuradores.

A su vez, el artículo 30, primera parte, de dicha ley modificada por la N° 6731, establece que las contribuciones previstas en los incisos j) y k) del artículo 26 se aplicarán, en todos los casos, sobre los honorarios que se regularán de conformidad a las bases establecidas en la Ley Nº 5480 y sus modificatorias.

Con cita de jurisprudencia de esta Corte (sentencia Nº 988/2000), sostiene que en el caso de autos los honorarios del actor, devengados en el juicio substanciado ante la Corte Suprema de la Nación, no fueron regulados conforme a las disposiciones de la Ley N° 5480, sino que en la sentencia de fecha 13-8-92, en el considerando cuarto, teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, incisos a, b, c, y d; 7º; 9º; 11; 22; 37 y 38 de la Ley N° 21.839, se regulan honorarios..." Igualmente transcribe el artículo 1º de la Ley N° 23.987 (BO del 17-9-91), que incorporó como último párrafo del artículo 3º de la Ley N° 18.038 (t.o. 1980), según el cual, a los fines de los artículo 2º, inciso b) y 3º, inciso e) de la ley, las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores, se deben aplicar en todos los juicios que se tramiten antes los juzgados y tribunales de la justicia federal, existentes en sus respectivos ámbitos territoriales de validez.

Al respecto destaca que el Secretario de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, respondió a fs. 1632 del juicio "Siderman...." al oficio Nº 861 de este tribunal, que "el tribunal no exige el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia en el oficio, porque considera que la previsión contenida en el último párrafo del artículo 3º de la Ley N° 18.038, incorporado por el artículo 1º de la Ley N° 23.987, no está dirigida a la jurisdicción que esta Corte ejerce por la vía prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Destaca luego que la disposición citada impone la obligación en los juicios que se tramitan ante los juzgados y tribunales de justicia federal existentes en los ámbitos territoriales de validez de las leyes que se invocan, "y obvio resulta que los procesos en trámite en la jurisdicción originaria de este tribunal, no están radicados en los ámbitos territoriales en los que las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores tienen vigencia." Atento a lo considerado, y sin que sea del caso ya tratar otras cuestiones, tales como fecha de vigencia de la Ley N° 6059 o las disquisiciones acerca del momento en que surge el crédito previsional o lo que constituye el acto gravado, cabe concluir que las disposiciones de la Ley N° 6059 no resultan aplicables a los honorarios del actor regulados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del juicio Siderman, José y otros..." Por todo ello el fallo dispone la anulación de los actos administrativos cuestionados y declara que no corresponde que el actor realice los aportes de la Ley N° 6059, sobre los honorarios regulados en dicho juicio.

IV.- Sostiene la parte demandada para fundar su recurso de casación, que la sentencia anula las Resoluciones de la Caja de Abogados números 110/96, 111/96 y 025/97, siendo que el actor en su demanda sólo peticiona la invalidación de la primera y la última, sin haber reclamado ni en sede administrativa ni judicial la invalidez de la Resolución Nº 111/96, por lo que el fallo resolvió extra petita, violando el principio de congruencia.

También cuestiona que el pronunciamiento haya rechazado la excepción de falta de acción opuesta por la accionada, con el argumento que las resoluciones cuestionadas no han sido emitidas en ejercicio de actividad consultiva sino que constituyen actos administrativos que instrumentan la voluntad de la demandada, cuando en realidad carecen de inmediatez, y responden a un pedido de dictamen del juez federal, siendo la resolución judicial la que en definitiva decidirá sobre la cuestión planteada por el actor. Considera que el rechazo de la falta de acción cercena las facultades del Directorio de la accionada, previstas en el artículo 13 de la Ley N° 6059.

Por último, con relación a la cuestión de la obligatoriedad de efectuar aportes discrepa con los fundamentos jurídicos que sustentan el pronunciamiento que impugna, por las razones que oportunamente serán analizadas al considerar este agravio.

V.- La reseña realizada en los parágrafos que anteceden ponen de manifiesto que son tres las cuestiones de derecho a considerar, a saber a) si el fallo se ha pronunciado extra-petita al anular la Resolución Nº 111/96, sin que el actor la haya reclamado; b) si las resoluciones atacadas constituyen meros dictámenes emitidos en ejercicio de actividad consultiva o si se trata de verdaderos actos administrativos que deciden incidiendo en los derechos del actor; c) si corresponde que el actor realice los aportes de la Ley N° 6059 por la regulación de honorarios realizada por la CSJN en autos "Siderman, José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios".

V.1.- Con respecto a la primera cuestión, se agravia el recurrente aduciendo que la sentencia anula la Resolución Nº 111/96 sin que la misma haya sido reclamada ni en sede administrativa ni en sede judicial su invalidez, por lo que el pronunciamiento violaría el principio de congruencia.

Sin embargo, de la atenta lectura del texto de la demanda, surge expresamente que la parte actora reclamó su "revocación", en el punto 7 del petitorio (cfr. fs. 29 vta., pie), por lo que la afirmación de la recurrente resulta inexacta. Así también lo consideró la sentencia en su primer considerando (cfr. fs. 217).

Por todo ello, corresponde rechazar el agravio de la demandada en lo que a esta cuestión se refiere.

V.2.- En relación a la segunda cuestión, coincido con la sentencia en recurso que las mismas constituyen actos administrativos y por lo tanto susceptibles de ser impugnados por recursos en sede administrativa y, en su caso, por demanda judicial de anulación.

Considera la recurrente que la Resolución Nº 110/96, fue dictada por la accionada, con motivo de la consulta efectuada mediante oficio por el Juzgado Federal Nº 1, para que se expida sobre el planteo efectuado por el actor a fs. 302 del juicio iniciado por el doctor Padilla ante dicho tribunal. Consecuentemente, interpreta que se trata de la evacuación de un dictamen que expresa el simple parecer de la demandada y no de una decisión o expresión de voluntad capaz de incidir en los derechos del actor.

No obstante, cabe advertir que la petición judicial efectuada lo ha sido en función de que la Caja demandada es la autoridad de aplicación de la Ley N° 6059 y por lo tanto debe expedirse.

La expresión de voluntad así emitida, configura un verdadero acto jurídico con aptitud para producir efectos jurídicos directos respecto del actor, ya que decide la aplicación de la Ley N° 6059 en relación a los honorarios que le fueran regulado en los autos "Siderman, José y otros vs. Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios" Por ser ello así, debe descartarse que se trate de actividad consultiva, por el solo hecho que el requerimiento lo haya realizado el Juez Federal en el contexto de un pleito.

Igualmente el actor hizo una presentación ante la Caja esgrimiendo idénticos argumentos que en el juicio, lo que motivó el dictado de la Resolución Nº 111/96.

Sin duda, la decisión de la Caja recaída en la misma, implica un pronunciamiento con relación al planteo del actor, fijando una toma de posición que sólo puede entenderse en el contexto de un acto mediante el cual el ente -demandado en la especie- interpretando la Ley N° 6059, decidió que correspondía su aplicación en el caso.

Cabe destacar al respecto, que tanto la Resolución Nº 110/96 como la Nº 111/96, expedidas ambas en la misma sesión ordinaria del Directorio de fecha 18-12-96, resolvieron en forma coincidente que en el caso debía aplicarse la Ley N° 6059.

Por último, con relación a la Resolución Nº 025/97, caben idénticas consideraciones a las efectuadas precedentemente, habida cuenta que la misma resuelve negativamente el recurso de reconsideración incoado por el actor contra la Resolución Nº 111/96, es decir que es un acto administrativo que resuelve la impugnación de otro acto administrativo dentro de un procedimiento recursivo cumplido en sede administrativa.

De allí que resulta ajustado a derecho el rechazo de la defensa de falta de acción interpuesta por la accionada con fundamento en que los actos cuestionados responden a una actividad consultiva de la Caja demandada y que, por lo tanto, no son susceptibles de recursos administrativos ni de impugnación judicial.

V.3.- Con relación la tercera cuestión, suscitada por el pertinente agravio de la recurrente, considero oportuno transcribir, en primer lugar, las normas sobre cuya aplicación se controvierte en autos.

El artículo 3° de la Ley N° 6059 dispone que "Son afiliados forzosos y quedan comprendidos en sus disposiciones y beneficios los abogados y procuradores inscriptos y los que en el futuro se inscribieren en las respectivas matrículas que llevan los colegios que los agrupan y están obligados a efectuar los aportes que se establecen más adelante, siempre que no provengan de actividades con relación de dependencia." A su turno, el artículo 4º establece que "Las circunstancias de estar también comprendidos en otros regímenes jubilatorios nacional, provincial o municipal por actividades iguales o distintas a la de este régimen, así como el hecho de gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, no exime de la obligación de aportar ni priva de sus beneficios." De otra parte, el artículo 26, incisos j) y k), prescribe que "Son recursos de la Caja:...j) Con una contribución del ocho por ciento a cargo de los abogados y procuradores sobre toda suma que les sea regulada en concepto de honorarios; k) Una contribución del diez por ciento a cargo del obligado directo al pago de honorarios sobre toda suma que por tal concepto le sea regulada a abogados y procuradores." Por otro lado, la Ley N° 6059, modificada por la Ley N° 6731 (B.O. del 10-01-96), en su artículo 30, primer párrafo, expresa: "Las contribuciones previstas en los incisos j) y k) del artículo 26 se aplicarán, en todos los casos, sobre los honorarios que se regularán de conformidad a las bases establecidas en la Ley Nº 5480 y sus modificatorias." Finalmente, la Ley Nacional Nº 23.987 (BO 17-9-91), de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, modificatoria del artículo 3º de la Ley N° 18.038, artículo 1º, primero y segundo párrafos, expresamente dispone: "Incorpórase como últimos párrafos del artículo 3º de la Ley N° 18.038 (t.o. 1980), los siguientes: A los fines de los artículos 2º, inciso b) y 3º, inciso e) de la presente, establécese que las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores se deben aplicar en todos los juicios que se tramitan ante los juzgados y tribunales de la justicia federal, existentes en sus respectivos ámbitos territoriales de validez." En la perspectiva del marco normativo precedentemente referenciado, y teniendo en cuenta los fundamentos de la sentencia recurrida en lo atinente a la cuestión en examen, a mi criterio tanto el planteo de la actora como el discurso argumental de la sentencia impugnada, han desatendido la cuestión medular que correspondía desentrañar en el caso, para una adecuada solución legal del litigio. Ella se vincula con la situación de afiliación forzosa en que se encuentra el letrado Máximo Padilla con relación a la Caja y las obligaciones que surgen de dicha relación en todo lo atinente al ejercicio de su profesión de abogado.

Conforme los artículos 3 y 4 de la Ley N° 6059 (reformada), los abogados y procuradores inscriptos en las matrículas que llevan los Colegios respectivos -supuesto en el que se encuentra el actor-, son afiliados forzosos a la Caja, quedan comprendidos ministerio legis en sus disposiciones y beneficios y están obligados a efectuar aportes, con la única salvedad que no provengan de actividades con relación de dependencia. Aún en el caso de estar comprendidos en otros regímenes previsionales nacional, provincial o municipal, por actividades iguales o distintas a las de la Ley N° 6059, no se encuentran eximidos de aportar ni privados de sus beneficios.

Establecida la obligación de aportar, ¿qué honorarios quedan ministerio legis sujetos a tales aportes? Acorde a la precitada ley la respuesta es clara: sobre toda suma que les sea regulada en concepto de honorarios (artículo 26, incisos j) y k) de la Ley N° 6059 reformada).

Ahora bien, el artículo 30, primer párrafo, de la Ley N° 6059, reformada por Ley Nº 6731, dispone que las contribuciones previstas en el artículo 26, incisos j) y k) se aplicarán, en todos los casos, sobre los honorarios que se regulen de conformidad a las bases establecidas en la Ley N° 5480 y sus modificatorias.

¿Significa ello que los honorarios determinados por acuerdo válido de partes o regulados fuera de la jurisdicción provincial, en este caso por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y por lo tanto no regulados conforme a las bases establecidas por la Ley N° 5480, quedan excluidos de los aportes obligatorios que debe hacer el afiliado forzoso a la Caja? Más aún, ¿quedan exceptuados de aportar a cualquier régimen previsional, habida cuenta que la Ley Nacional N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), en su artículo 3, b, 4, exceptúa de la obligatoriedad de su régimen a los profesionales obligatoriamente afiliados a uno o más regímenes jubilatorios provinciales? La respuesta a estos interrogantes exige una hermenéutica sistemática y armónica de los textos legales referenciados, a fin de evitar ponerlos en contradicción entre sí, ampliando o restringiendo indebidamente sus respectivos alcances, dando así a su literalidad el adecuado sentido jurídico que preserve su más plena vigencia.

En esta perspectiva hermenéutica, una interpretación según la cual sólo se debe aportar por los honorarios regulados sobre la base de la ley arancelaria provincial (N° 5480 y sus modificatorias), resultaría reprochable por no armonizar coherentemente con la naturaleza del vínculo jurídico -afiliación forzosa- que ministerio legis se establece entre los abogados y procuradores, con la demandada en autos, por los ejercicios profesionales respectivos, en todas sus modalidades (con la única excepción que se trate de remuneraciones correspondientes a actividades con relación de dependencia, que la misma ley instituye en su artículo 3°).

En efecto; la exégesis que sustenta el fallo impugnado otorga, al texto del artículo 30 de la Ley N° 6059 (reformado por la Ley N° 6731), un alcance que no se compadece con el principio general que instituyen sus artículos 3° y 4°, al excluir del mismo -obligación del afiliado forzoso de aportar por los honorarios que perciba con motivo de su actividad profesional-, a una extensa variedad de situaciones en las que la pertinente retribución por honorarios, éstos no son fijados sobre las bases de la ley arancelaria provincial (N° 5480 y sus modificatorias).

Considero que tal alcance desborda el que le otorga la armónica y sistemática inserción del artículo 30 de marras, en el régimen de la Ley N° 6059 (reformado por la Ley N° 6731), cual es que, sólo en los supuestos que la regulación se hubiere realizado conforme a los parámetros contemplados en la Ley N° 5480 por ser ésta de aplicación a tal regulación, las contribuciones y aportes deben calcularse sobre las bases que en dicho ordenamiento arancelario se estatuyen.

Ésta ha sido la interpretación que efectuó esta Corte en el precedente citado por el fallo en crisis, "Viaña, Servando Alfredo s/Sucesión", aunque en un caso distinto al de autos (se trató del aporte debido en el supuesto en que existió un acuerdo válido de partes sobre la retribución del profesional, por lo que resultaba innecesaria la regulación de honorarios conforme a la ley arancelaria, no obstante lo cual se consideró que los aportes contemplados en la Ley N° 6059 debían calcularse porcentualmente sobre los honorarios que hubieran correspondido de acuerdo a la Ley N° 5480), cuando sostuvo que "El mencionado art. 30 manda efectuar las contribuciones previstas 'en todos los casos, sobre los honorarios que se regularán de conformidad a las bases establecidas en la ley 5480 y sus modificatorias'. En su correcta hermenéutica, ello sólo puede significar que el aporte se hará sobre dichas bases, en todos los supuestos en los cuales efectivamente corresponda aplicar la ley arancelaria provincial; quedando excluidos aquéllos donde sus pautas resulten inaplicables, por existir convenio válido en materia de honorarios. Al respecto, cabe tener presente que el citado art. 30 se correlaciona directamente con lo normado en los incisos j) y k) de su art.26, a lo que remite...." (cfr. sentencia N° 988 del 21-11-2000, penúltimo párrafo del punto 2, del considerando).

Por ser ello así, la obligación de aportar del afiliado forzoso nace cuando percibe honorarios, los que se calculan sobre las sumas reguladas en la proporción que establece el artículo 26, incisos j) y k) de la Ley N° 6059, aunque en su determinación o regulación no resulten aplicables las pautas de la ley arancelaria provincial (N° 5480).

A mi criterio, cabe reiterar en la especie esta interpretación del artículo 30 de la Ley N° 6059, realizada por esta Corte en el precedente citado ("Viaña, Servando Alfredo s/ Sucesión", sentencia N° 988/2000), en el sentido que el aporte se hará sobre dichas bases (las que se establecen en la Ley N° 5480 y sus modificatorias), en todos los supuestos en los cuales efectivamente corresponda aplicar la ley arancelaria provincial; quedando excluidos aquellos supuestos donde sus pautas resulten inaplicables, que es justamente el caso de autos, donde la regulación de honorarios, por tratarse de un juicio radicado y tramitado ante el más Alto Tribunal de la Nación, se realizó con sujeción a disposiciones arancelarias distintas (la sentencia de fecha 13-8-92, expresa en el cuarto considerando, que "teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º, incisos a, b, c, y d; 7º; 9º; 11; 22; 37 y 38 de la Ley N° 21.839, se regulan honorarios...").

En el sub iudice, al tratarse de honorarios que han sido regulados al letrado Máximo Padilla por su actuación profesional en un proceso en el cual la Provincia, juntamente con la Nación, fueron demandadas -razón por la cual dicha causa debió tramitarse por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación- configura un supuesto excluido de los alcances del artículo 30 de la Ley N° 6059 (reformada), análogamente al supuesto considerado por esta Corte en el precitado fallo N° 988/2000.

Pero una tal exclusión sólo alcanza al sistema legal arancelario, pero en modo alguno pueda hacerse extensiva a la obligación de aportar del actor en autos, obligación ésta que encuentra su causa jurídica no en el régimen arancelario provincial, sino en la naturaleza del vínculo que, ministerio legis, lo sujeta como afiliado forzoso de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, obligándolo a efectuar los aportes correspondientes.

En conclusión, considero que en el sub lite, se está en un supuesto en el cual las contribuciones y aportes que prevén los incisos j) y k) del artículo 26 de la Ley N° 6059 (reformada) deberán calcularse en los porcentajes que allí se determinan sobre la regulación judicial practicada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque ésta no haya sido realizada "... de conformidad a las bases establecidas en la Ley N° 5480 y sus modificatorias". Es que tal regulación judicial, análogamente al monto de los honorarios que se pactaron en un convenio válido (caso "Viaña, Servando Alfredo s/Sucesión), sustituye a la que hubiere resultado de corresponder aplicar, a los efectos de la regulación judicial, la ley arancelaria provincial.

Por las razones expresadas, en lo que a esta cuestión se refiere, corresponde hacer lugar parcialmente, con devolución del depósito de ley, al recurso de casación, incoado por la accionada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Los afiliados forzosos de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, se encuentran obligados a efectuar los aportes y contribuciones previstos en el artículo 26, incisos j) y f) de la Ley N° 6059 (reformada) por los honorarios que les sean regulados, por su actividad profesional, en todo proceso judicial aunque a dichas regulaciones no resulten de aplicación las bases establecidas en la Ley N° 5480 y sus modificatorias".

En mérito a lo expresado corresponde casar, parcialmente, la sentencia en recurso dejando sin efecto el punto II y, consecuentemente el punto III de su parte resolutiva. Dictar como sustitutiva: "II.- NO HACER LUGAR a la demanda promovida en autos por Máximo Padilla contra la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, desestimando el planteo de nulidad de las Resoluciones números 110/96, 111/96 y 025/97, dictadas por el Directorio de la demandada, declarando asimismo que corresponde efectuar los aportes previsionales contemplados en la Ley N° 6059 (reformada), sobre los honorarios regulados al actor por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio "Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños perjuicios", tramitado originariamente ante dicho tribunal. III.- COSTAS por su orden." VI.- Respecto a las costas, tanto en la instancia de grado como en esta instancia casatoria, considero que atendiendo a la naturaleza y peculiares circunstancias configurativas del tema en debate corresponde excepcionar el principio general objetivo de la derrota imponiéndolas, en ambos casos, por el orden causado (CPA, artículo 89 y CPC y C, artículo 106, inciso l).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en el igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 24 de junio de 2003, obrante a fs 215/219, respecto a las cuestiones de derecho tratadas en los puntos V. 1. y V.2. del considerando y HACER LUGAR PARCIALMENTE al mismo, con devolución del depósito, en relación al agravio tratado en el punto V.3. del considerando. En consecuencia CASAR PARCIALMENTE la sentencia en recurso, dejando sin efecto los puntos II y III de su parte resolutiva y dictar como SUSTITUTIVA: "II.- NO HACER LUGAR, a la demanda promovida en autos por Máximo Padilla contra la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán, desestimando el planteo de nulidad de las Resoluciones 110/96, 111/96 y 025/97, dictadas por el Directorio de la demandada, declarando asimismo que corresponde efectuar los aportes previsionales contemplados en la Ley N° 6059 (reformada), sobre los honorarios regulados al actor por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio: "Siderman, José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños perjuicios", tramitado originariamente ante dicho tribunal. III.- COSTAS por su orden." II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO