Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


BOZZI, Viviana G. contra BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T.

Reg.: A y S t 212 p 85-90.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 216 del 11 de diciembre de 2003 dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "BOZZI, Viviana G. contra BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T. -Cobro de Pesos- (Expte. 56/02)" (Expte.

C.S.J. nro. 442, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que el Juez inferior, mediante decisorio obrante a fs. 196/201 consideró abstracta la cuestión central, ordenó el pago en forma única a favor de los derecho-habientes e impuso las costas en el orden causado.

Apelado dicho fallo por la parte actora, únicamente, en lo atinente a la imposición de costas, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario resolvió revocar el decisorio recurrido "en cuanto fue materia de apelación y agravios parciales en el tema de costas, la que de acuerdo a lo considerado se imponen en su totalidad a la accionada principal..." (f. 3).

Y contra este último pronunciamiento deduce BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T. el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055.

Le reprocha a la Alzada haberse excedido en la apelación, en tanto sostuvo que en el pleito la A.R.T. resultó vencida, cuando la sentencia dice que la cuestión es abstracta y al ser abstracta no hay vencedores ni vencidos.

Considera que al calificar erróneamente como vencedora a la actora, el Tribunal a quo está indicando que la demanda ha prosperado, circunstancia que precisamente no ha acontecido en el "sub examine". Expresa además, que para que exista vencedor o vencido debe mediar oposición entre las partes, y en el caso, por el contrario, éstas consintieron el pronunciamiento del iudex a quo que indicó que no había mediado oposición por parte de la A.R.T..

En definitiva, con cita de uniforme jurisprudencia, sostiene que las costas deben imponerse en el orden causado, en razón que la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta.

Aduce que la Alzada incurre en incongruencia, en tanto excede sus facultades al sostener que en autos existe un vencedor, siendo que la cuestión de fondo ya había sido resuelta, pues en realidad debió analizar "si alguna de las partes generó el pleito innecesariamente, ya sea por mora, incumplimiento de la ley ...".

Finalmente, bajo la tacha de "falta de legalidad", le agravia que la Cámara entendiera que su parte dio motivos para el inicio del pleito (según transcripción obrante a f. 274). Tal vez, dice, la Alzada pretendió que la Aseguradora no aplicara la normativa vigente (Ley 24557 y Resoluciones de Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y que efectuara un pago directo a los derecho-habientes, supuestos expresamente prohibidos bajo apercibimiento de percibir sanciones económicas.

La Sala a quo denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede, insistiendo en la concesión del recurso y por ende, en su arbitrariedad.

2. De la lectura del memorial recursivo en su cotejo con el auto denegatorio, surge que el cometido que impone a la quejosa el artículo 8 de la ley 7055 -de rebatir adecuadamente cada uno de los motivos expuestos por la Sala al denegar el recurso trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido en autos, lo cual conspira con la suerte del remedio intentado ( A.

y S., T. 87, pág. 400; T. 92, pág. 157; T. 124, pág. 114, entre otros).

En el caso, la Sala, desestimó el recurso -entre otros argumentos- por falta de cumplimiento del requisito exigido por el artículo 1 "in fine" de la ley 7055, esto es, el planteo oportuno de la cuestión constitucional, argumentando que ésta fue introducida recién al plantear el recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en que la arbitrariedad resultó sorpresiva por cuanto la cuestión constitucional surgiría del acuerdo de la Sala. A ello agregó que la actora argumentó que la cuestión surgió cuando su parte recurrió parcialmente el tema de las costas, y que en consecuencia la impugnante debió haber previsto un resultado negativo a su parte al menos al contestar agravios y hacer reservas.

Lo expuesto -concluyó el Tribunal- diluye la posibilidad de un supuesto de "arbitrariedad sorpresiva", figura que, como se ha sostenido reiteradamente, debe ser aplicada en forma excepcional y con carácter restrictivo.

Por último, señaló que al no existir -a su entender- arbitrariedad sorpresiva, y siendo la resolución dictada una de las alternativas posibles expresamente planteadas en la apelación, y por lo tanto, enteramente previsible, no resultaba de aplicación la jurisprudencia citada por la impugnante (v. fs. 35/35v.).

Ante ello, la quejosa -en su presentación directa- intenta rebatir dicho argumento alegando que la falta de reserva del recurso de inconstitucionalidad en todas sus instancias se trata de un tema superado ya por la jurisprudencia, destacando que "...el fallo de primera instancia resultó favorable a los intereses de mi mandante, no surgiendo del mismo ninguna violación a sus derechos constitucionales, por lo que no resultaba necesario hacer una invocación del recurso por el solo posible hecho, sino que lo que corresponde es una reserva en concreto verificada la inconstitucionalidad...".

En tal sentido, afirmó que "...como se puede observar claramente en autos la misma se da en el fallo de segunda instancia, por lo que habilita la presentación del recurso de inconstitucionalidad, siendo denominada por la jurisprudencia como sorpresiva"; apuntando que resultaban de aplicación al caso los fallos transcriptos en el recurso y que la Cámara los desestimó sin mediar contradicción, o mencionar cual sería su inoponibilidad (v. f. 48v.).

Mas, es dable advertir 461; T. 69, pág. 462; T. 99, pág. 307).

En este sentido debe tenerse especialmente en cuenta que, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal, la exigencia del planteamiento oportuno de la cuestión constitucional no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional, y al debido respeto a la defensa en juicio (A. y S., T. 101, pág. 195; T.

103, pág. 37, etc.), y que su fundamento radica en la necesidad de que las cuestiones traídas reciban, en lo posible, la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos.

Por ello, no habiendo demostrado la recurrente -en su presentación directa- el cumplimiento de la oportuna proposición de la cuestión constitucional, y no advirtiéndose en el caso razones que persuadan sobre la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, corresponde la desestimación de la queja interpuesta, tornándose inoficioso el tratamiento de los agravios sustanciales planteados en el recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI (por sus fundamentos)-NETRI-SPULER (en disidencia)-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: 2. Aún de reputarse rebatido el primer cimiento del auto denegatorio -relativo a la introducción inequívoca y oportuna de la cuestión constitucional, la presente queja no ha de tener favorable acogida, ya que si bien la compareciente acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad, del desarrollo de los argumentos esgrimidos en el escrito introductorio del remedio excepcional, en confrontación con la sentencia impugnada se evidencia que los cuestionamientos introducidos por la demandada tendentes a lograr la descalificación del decisorio como acto jurisdiccional válido, no pueden tener cabida en esta instancia excepcional.

Ello así, por cuanto sus planteos, circunscriptos a descalificar el pronunciamiento achácandole a la Sala haber incurrido en el vicio de incongruencia al fallar sobre el único tema objeto de apelación, cual fue la materia de costas, resultan claramente insuficientes para demostrar -siquiera liminarmente- que la resolución impugnada hubiera sobrepasado los márgenes razonables de la función judicial, apartándose de los términos en que se trabó la litis, circunstancia que determinaría su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En efecto: según se desprende de las trascripciones que efectúa la recurrente de la sentencia de baja instancia, el Magistrado interviniente consideró que del examen de la causa y de la forma en que quedaron trabados los términos de la litis, el "thema decidendi" de la cuestión se había tornado abstracto ya que ni la A.R.T, ni la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones habían deducido oposición al planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora en su escrito pretensional, ni se habían opuesto -en sustancia- a que se efectivice el pago único, por lo que resultaba innecesario ingresar en el examen de dicho planteo de inconstitucionalidad ya que el tema -por haber devenido abstracto- carecía de sustancia.

Posteriormente, al adentrarse en la cuestión de las costas, estimó que en el caso no podía hablarse de que hubiera existido procesalmente una contradicción de la pretensión, ya que no podía imputarse incumplimiento a quien -como la A.R.T.- depositó el importe dinerario de capital a favor de la A.F.J.P., conforme lo establece la ley; ni que hubiese existido una resistencia procesal a la pretensión. Y, apoyado en estos argumentos consideró que la tramitación de la causa no le era imputable a la demandada por lo cual las costas debían imponerse en el orden causado.

Apelado dicho pronunciamiento por la actora respecto a la distribución de las costas manifestó su disconformidad en orden a que el Sentenciante considerara que no hubo resistencia a su pretensión, cuando la accionada no se allanó a la demanda -en la que se solicitaba la imposición causídica- ni estuvo a las resultas del juicio, sino que se resistió a la pretensión; surgiendo asimismo de las constancias de autos que al contestar la demanda, solicitó su rechazo, con expresa imposición de costas.

Al ingresar en el análisis de la cuestión -limitada al tema costas-, la Sala, concluyó que le asistía plena razón a la actora.

En tren de fundar sus aseveraciones se valió -en primer término- del criterio jurisprudencial que informaba la ley 9688 en orden a considerar q Delimitada así la cuestión, he de concluir que el supuesto vicio de incongruencia que la perdidosa intenta achacar al Sentenciante por haber excedido sus facultades -al sostener que en autos existe un vencedor, cuando la cuestión de fondo ya había sido resuelta y se encontraba firme por haber sido consentida por las partes-, en modo alguno resulta acreditado en la especie.

Antes bien, de las consideraciones expuestas "ut supra" surge evidente que la valoración hecha por el Sentenciante de baja instancia respecto de que la cuestión central debatida resultaba abstracta, lo fue en tanto al no mediar oposición, la declaración de inconstitucionalidad pretendida, carecía de sustancia y el objeto pretensional había sido satisfecho. Y, sobre la base de tales aseveraciones infirió que en el caso no existía un vencedor ni un vencido, conclusión ésta, que lo condujo a imponer las costas en el orden causado.

Es desde tal perspectiva que los argumentos brindados por Sala al tratar la materia objeto de apelación, aunque puedan o no ser compartidos, en modo alguno permiten colegir que en el caso se hubieran desbordado las facultades resolutorias por las cuales debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, o que el decisorio padezca una irreductible contraposición de fundamentos, o una fractura lógica en el razonamiento, puesto que más allá de que pudiera considerarse que la cuestión devino abstracta por resultar innecesario ingresar en el examen de la inconstitucionalidad de la norma, cuando la pretensión -en los hechos- había sido satisfecha, dicha circunstancia en modo alguno resultaba un obstáculo para que la Sala pudiera revisar el criterio adoptado por el Inferior para fundar la imposición causídica en el modo en que la determinara.

Por ello, no luce demostrado en el "sub lite" el achacado vicio de incongruencia, desde que no se advierte que el Juzgador haya sentenciado en más lo debatido, decidiendo en disonancia con las pretensiones de las partes; sino que lo que en verdad cabe entrever es un criterio valorativo opuesto al sostenido por el Inferior y al propiciado por la quejosa que lo llevó a concluir que en el juicio estaba interesado el orden público laboral, y que desde un enfoque global de la cuestión resultaba innegable que el resultado de la contienda fue favorable a los actores, razones éstas, junto a otras expuestas, que lo determinaron a propiciar la imposición de las costas del proceso en ambas instancias a la parte demandada.

En tales condiciones, cabe concluir que la cuestión traída ante estos estrados no resulta idónea para franquear la vía ensayada, desde que los agravios de la recurrente no logran trasponer el límite de la discrepancia hermenéutica con la solución jurídica adoptada -que más allá de su mayor o menor grado de acierto y a menos que se demuestre una palmaria arbitrariedad- no autoriza a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir esta instancia de excepción, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Las razones expuestas me conducen a propiciar el rechazo de la presente queja.

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER: 2. Sabido es que la materia de costas no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal (A.

y S., T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 81, pág. 273; T. 111, pág. 392, entre muchos).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre dicha temática, tiene dicho que "...la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 240:28); que "...lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 308:1076).

Sin embargo, dicha regla general sobre exclusión de la imposición o distribución de costas como cuestión a dilucidar en la vía extraordinaria, reconoce excepción en los casos en que tales aspectos procesales han sido resueltos con arbitrariedad (Fallos 254:505; 289:36 entre otros), precisamente, lo que acontece en el "sub examine".

Por consiguiente, la postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).