Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-13


Comodoro Rivadavia, trece de noviembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "L, C A s/ SUCESION", Expte. Nº 16.019/2006, venidos del Juzgado Letrado de Ejecución N° 2, Secretaría Nº 3 (Expte. Nº 1769/2006), venidos por haber interpuesto "J C de S de A y P S.A", recurso de apelación a fs. 126, contra el proveído de fs. 121, que impone una multa de pesos cincuenta diarios por cada día de retardo ante el incumplimiento de la manda judicial oportunamente notificada.

A fs. 129 se concede el recurso en relación y con efecto suspensivo.

En su memoria de fs. 130/133 vta., se agravia el recurrente por considerar que se ha violado el proceso adjetivo y el derecho de defensa de su parte. Alega que la multa impuesta a su representada, no tiene fundamento jurídico. Continúa diciendo que, el art. 399 del CPr. no deviene aplicable al caso, en que se exige el pago o depósito de una suma de dinero que no es exigible.

Afirma que la norma citada (art. 399 del CPCCH), prevé el supuesto de incumplimiento a las prueba de informes o remisión de expedientes. Sostiene que en el presente se debió iniciar un proceso autónomo y no con el informe requerido pretender ejecutar un crédito no reconocido ni declarado exigible.

Manifiesta que en el caso en examen se pretende el cobro de un seguro de vida, cuestión ajena al proceso sucesorio. Sostiene que el derecho del beneficiario de un seguro de vida, no integra la sucesión pues es un derecho que nace como propio como consecuencia del contrato y no pasa por el patrimonio del asegurado.

Afirma que con el apercibimiento indebido efectuado por el juzgador, dentro del proceso sucesorio, se priva a su parte del correcto ejercicio de su derecho de defensa, como sería plantear la prescripción u otras defensas con relación al contrato de seguro.

Agrega que incluso, dicha violación del proceso adjetivo conlleva no respetar las reglas básicas de competencia (art. 5 inc. 3 del CPr.). Sostiene que se equivoca el juez al intimar su parte al cumplimiento del contrato de seguro, bajo apercibimiento de imponer una sanción conminatoria, cuando la deuda reclamada no resulta líquida ni exigible.

Reitera la improcedencia de la vía procesal intentada, correspondiendo se inicie una acción autónoma para el cobro reclamado. Invoca la aplicación del artículo 397 del CPr. Manifiesta que se ha violado garantías constitucionales como el debido proceso y derecho de defensa. Hace reserva del caso federal.

A fs. 137/1143, la Sra. C M del V C administradora judicial de la sucesión contesta los agravios, solicitando el total rechazo del recurso, con costas.

Introduciéndonos al análisis de la cuestión traída a estudio, resulta oportuno señalar que el debido proceso (art. 18 de la C.N.) supone la regularidad secuencial de actos procesales, indispensables para obtener un pronunciamiento judicial válido, dicha secuencia no puede alterarse por incumplimiento de las formas previstas para dichos actos, sin viciarlos, no obstante se produzca la convalidación.

Ello encuentra su razón en la finalidad teleológica de los actos procesales, en tanto su concatenación sujeta a las normas que los regulan coadyuva a la realización del debido proceso, substrato de la mentada garantía constitucional, con el respeto a las leyes de fondo que actúan como presupuesto de validez de determinadas actuaciones procesales.

Por ello, cuando se produce una desviación del proceso, por omisión o incumplimiento de formas previstas para determinados actos de tal modo que se ve afectado todo el proceso corresponde decretar la nulidad del procedimiento a partir del momento en que se originan los vicios (Cfme. Sum. SAIJ 20005314 C.N.C. Formosa Sent. 19/11/1998).

Es que la ineficacia procesal es un vicio que debe ser evitado para lograr que la actuación jurisdiccional adquiera su máxima eficacia y cumpla la función integradota del orden jurídico. Por ello, teniendo en cuenta que la estructura del proceso es de orden público, la nulidad que proviene de la violación de formas sustanciales del proceso resulta insubsanable y el Tribunal se encuentra facultado para declararla de oficio (cfme. C.N.C. Catamarca S.I. 22 de diciembre de 1999 Sum . SAIJ 70031772).

En el caso bajo examen, se observa que devienen en discusión derechos sustanciales que no pueden dirimirse en este marco procesal, por cuanto todo lo relativo al pago de la póliza del seguro de vida, excede el marco del proceso sucesorio. Repárese que la aseguradora sostiene básicamente que, si el actor pretende cobrar el premio del seguro, debe instar una acción autónomo, porque se trata de la adquisición de un derecho propio y no causa hereditatis.

Invoca además, que se ha privado a su parte de ejercer su derecho de defensa prescripción, pesificación, dolo del beneficiario, suspensión de la cobertura, etc conforme correspondería dentro del debate de un juicio de conocimiento. Señala el desvió en el procedimiento al tratar de ejecutar el cobro de una suma de dinero mediante una prueba de informes (art. 399 CPr).

Asiste razón a la recurrente en tal punto, como ya ha sostenido este Tribunal (Sala A. Sen. Int. 195/06 . Expte nº 15924/06), la existencia de un crédito litigioso, sin perjuicio que la misma presentación de la parte actora solicitando se intime a la Cía. de S, importaba la declaración de derechos ajenos al carácter voluntario del juicio sucesorio y el a quo debió hacer uso de sus facultades de dirección del proceso a fin de que se dirimieran las cuestiones planteadas mediante las acciones autónomas que correspondieran y de ese modo garantizar el debido proceso, agravado por la imposición de sanción pecuniaria por vía procesal pero de origen contractual, sin dirimirse bilateralmente los derechos y obligaciones respectivas (art. 18 C.N.), ejercer la defensa en juicio y traer aparejada la consecuencia gravosa de vulnerar el orden público.

Siguiendo esta línea de análisis, a partir de la providencia simple de fs. 46, se impone un despacho saneador del procedimiento, razón por la cual corresponde que los intereses y derechos en juego se diriman mediante las acciones autónomas que correspondan, para garantizar un adecuado marco procesal que asegure las garantías constitucionales ya mencionadas en los considerandos precedentes.

Por todo lo expuesto, corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fs. 46, careciendo de virtualidad el tratamiento de los demás agravios.

Las Costas de la Alzada se imponen por el orden causado. Se regulan los honorarios de los profesionales actuantes, de acuerdo al carácter incidental y autónomo de las cuestiones implicadas conforme los trabajos realizados y éxito obtenido (ley 2200, 4335 t.o) fijándose los correspondientes a los Dres. M E J y J A. G N, conjuntamente, en la suma de pesos doscientos ($200) y los de los Dres. H J F de las C y J F F, conjuntamente, en la suma de pesos doscientos ($200).

Por ello, la Sala A de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º). Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de fs. 46 inclusive de los presentes autos y de los dictados posteriormente como consecuencia de aquel, con los alcances del art. 174 del CPCCCh.

2º). Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios de los Dres. M E J y J G N, conjuntamente en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200) y los de los Dres. H J F de las C y J F F, conjuntamente, en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200).

3º). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara, Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Fernando Nahuelanca Presidente; Silvia N. Alonso de Ariet Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 228 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS