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Abogados, sanciones procesales, suspensión de la matrícula, cancelación de la matrícula, gravedad de la falta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., M. del C. c/ Ingenio La Esperanza s/ Recurso de Casación Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1999-09-14

Los magistrados tienen el deber insoslayable de penar disciplinariamente a quienes no actúen en el proceso con mesura, dignidad de estilo, respeto y consideración como expresamente lo manda el art. 9 del Código Procesal Civil de Jujuy. De la misma forma, el art. 15 de la Ley Provincial Nº 4055 impone a los jueces el deber de reprimir todas las infracciones en que incurran los abogados en el proceso pudiendo disponer suspensiones de la matrícula, conforme lo autoriza el art. 21 de la misma ley. Dichas suspensiones no pueden exceder de tres meses, salvo que circunstancias especiales impongan mantenerlas por un lapso mayor. A su vez el art. 22 del mismo cuerpo legal dispone que cuando se trate de faltas o de infracciones graves, el Superior Tribunal, en acuerdo plenario podrá imponer como sanción la cancelación de la matrícula, previo sumario en el que se dará la oportunidad de defensa. Las normas mencionadas se encuentran vigentes y son de ineludible cumplimiento por parte de los jueces cuando el letrado interviniente en el proceso incurre en faltas graves.
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, oportunidad procesal, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: GARRONE MIGUEL c/ FURST ZAPIOLA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

Si bien en el trámite de ejecución de sentencia las excepciones deben fundarse en hechos posteriores al dictado del pronunciamiento (conf. art. 507 del Código Procesal), tal principio resulta coherente cuando se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso en el que se debatió la cuestión de fondo, con la amplitud propia del juicio de conocimiento, por lo que si se pretendiera hacer valer ulteriormente defensas anteriores a aquélla se vulneraría la autoridad de cosa juzgada del fallo. Empero, cuando se trata de una regulación de honorarios en que, por hipótesis, no se resolvió sino sobre su monto y nada se dijo acerca del derecho a percibirlos, ni sobre su procedencia (conf. C.N.Civ. Sala F, c. 1151 del 9-9-83 y sus citas; íd. c. 6896 del 31-5-84), y donde tampoco el obligado tuvo oportunidad de invocar la existencia de pagos a cuenta de la regulación practicada, parece claro concluir que sólo en el momento de excepcionarse puede el obligado aducir aquellos hechos anteriores a la fijación judicial de los honorarios (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 96-631; íd. Sala E, L.L. 1983-A-331;

íd. Sala F, c. 270.795 del 4-6-81). Por lo que corresponde en estos casos apartarse de aquel principio legal, admitiendo la oportunidad del planteo (conf. C.N.Civ. Sala B, E.D. 65-311; íd. Sala F, fallo citado "supra").
Superior Tribunal de Justicia, cuestión no justiciable, formación y sanción de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán, Carlos Nolasco c/ Legislatura de la Provincia de Jujuy s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº 400/406, Nº 199) Provincia de Jujuy s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº 400/406, Nº 199)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-10-29

Este Superior Tribunal de Justicia no tiene facultades para examinar el procedimiento seguido por la Legislatura de la Provincia para la formación y sanción de la ley Nº 4903, porque no es cuestión justiciable examinar de que modo el Poder Legislativo cumplió con las prescripciones constitucionales correspondientes, doctrina esta que no sería aplicable cuando se prueba la falta de concurrencia de esos requisitos.-
Entidades financieras, concurso preventivo, quiebra, privilegios especiales (comercial)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. (quiebra s/ Incidente de revisión: "Gonzalvo, Osvaldo Luis y otra" Banco Platense S.A. (quiebra) s/ Incidente de revisión por Salinas, María Delia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21|2001-12-05

Poco tiene que ver la existencia o no de los fondos para declarar el derecho a un privilegio como el establecido por el art. 49 inc.

"d" de la ley 21526 (t.o.).
Honorarios, base regulatoria, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MISITI, JUAN C. c/ AUTOLANTINA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Cuando se rechaza una demanda fundada en el derecho común, el valor del litigio, como base regulatoria de los honorarios, es el que surge de las pericias médicas y contables, pues el monto solicitado en la demanda, muchas veces es irreal y caprichoso, y si se lo tomara en cuenta en esos casos se llegaría al resultado irrazonable de que el vencedor debería pagar, por el art. 40 del CPCCN, honorarios superiores a los que hubiera debido abonar si hubiera sido vencido, y que los letrados de la parte perdidosa se asegurarían honorarios mayores a los que obtendrían si hubieran ganado el pleito, lo que choca con el espíritu de la ley, art. 19, 6 y 7 ley 21839 y art. 3 del dec. 16638, que tiende a proporcionar a los letrados, honorarios que guarden relación con los valores económicos reales confiados a su ministerio.
Mandamiento de prohibición, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COLLIHIN, MARIA C. s/ PROHIBIMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-26

Corresponde hacer lugar al mandamus de prohibición promovida por la Presidente del Concejo Deliberante en resguardo de los derechos constitucionales que le fueran suprimidos con motivo de la suspensión de funciones adoptadas por dicho Concejo. Ello, en tanto el procedimiento empleado no ha posibilitado el ejercicio de las garantías de la defensa y del debido proceso; al no acreditarse en autos las notificaciones que se dicen efectuadas a la actora; la circunstancia de que la resolución que resuelve la suspensión en el ejercicio de funciones de la Concejal carece de fundamento fáctico legal propio de todo acto administrativo - máxime cuando reviste de evidente gravedad institucional - , omitiendo tanto la descripción precisa de la conducta achacada a la Concejal, como el VISTO y el CONSIDERANDO que justifiquen la decisión; sumado a la circunstancia de que los denunciantes, los integrantes de la 'comisión investigadora', quienes emiten el dictamen, quienes solicitan aplicación de la sanción y en definitiva, quienes resuelven la suspensión aplicada, son las mismas personas: los dos restantes concejales integrantes del Cuerpo Deliberante.(Cf. Dictamen Sr. Procurador).
Salud pública, medidas cautelares, personas con discapacidad, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez  Valentín  Oscar  Jesús c/ Obra  Social de la Unión delPersonal  Civil  de  la  Nación s/ incidente  apelación  medidacautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

Los agravios formulados por la accionada sobre la base de las Resoluciones 400/99, 428/99 y 127/07 no son atendibles, habida cuenta de que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1). En lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2). La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).
Despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Cano Rivas, Ricardo Mariano c/ Fontana,  Blas  Angel  y/o  Establecimiento  rural  "El  tereré" y/o persona física o jurídica responsable s/ Reclamo Laboral y/o  Establecimiento  rural  "El  tereré" y/o persona física o jurídica responsable s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-28

La pérdida de confianza no es invocable como causal autónoma de despido, sino que debe partirse de la alegación de un hecho desleal (incumplimiento concreto) que, en razón de su naturaleza y del tipo de la función encomendada, pueda llevar razonablemente al ánimo del empleador la convicción de que hechos de similar factura pueden repetirse en el futuro, calificando así la conducta del dependiente.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: PATRIGNANI DE PARIANI, Nora Beatriz c/ ALEMAN, Lisardo y otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

En el supuesto de responsabilidad médica-sanatorial-institucional, son aplicables las normas de responsabilidad contractual, pues siempre habrá una obligación preexistente, nacida de un acto lícito, que el médico cumple cuando interviene en la atención de un paciente. Así, no puede identificarse el genérico deber de no dañar a otros -cuya violación es constitutiva de la responsabilidad por hechos ilícitos en sentido estricto con la obligación específica de no dañar al paciente que esta sometido a tratamiento médico y es acreedor de una prestación, consistente en un "servicio" apropiado a las circunstancias.
Convenios colectivos de trabajo, suspensión del convenio colectivo, empleados de banco, aplicación de la ley laboral, ley más favorable
Materia: LABORAL
Carátula: Miguel Angel Diaz c/ Nuevo Banco de Santiago del Estero s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-30

Debe tenerse presente en cuanto a las fuentes del derecho laboral, que el orden jerárquico no coincide siempre con el orden de prevalencia, sino que ésta se encuentra dada precisamente por la preeminencia del principio de la norma más favorable que integra el carácter tuitivo del derecho laboral.

Al haber vencido el lapso de noventa días establecido en la Ley 22.425, para la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo de la actividad bancaria y de seguros, sin que el M. de Trabajo procediera a su adecuación, las mismas se encuentran vigentes y tienen plena validez las disposiciones aquellas que, aunque superen el plexo normativo de la L.C.T., no se refieran o remitan en forma expresa a algunas de las leyes derogadas por el art. 5 de la ley 22425.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad, libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

El lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión -comprensiva de la información- obliga a particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio. Empero, ello no autoriza al desconocimiento del derecho de privacidad integrante también del esquema de la ordenada libertad prometida por la Constitución mediante acciones que invadan el reducto individual, máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro.
Admisibilidad del recurso, oficialización de listas, legitimación procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  c/  s/ sobre incidente de apelación - causas electorales - reconocimiento de alianza/oficialización de candidatos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

Corresponde conceder los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la sentencia adoptada por la mayoría del Tribunal en cuanto rechazó las apelaciones de los recurrentes con fundamento en que los accionantes -al haber invocado exclusivamente su condición de electores- no estaban legitimados para apelar la resolución del Tribunal Electoral que verificó de oficio el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la postulación de los precandidatos. Si bien por principio general, las cuestiones relativas a la interpretación de las normas electorales locales y la constitución local son materia extraña al recurso previsto en el art. 14 de la ley n° 48, lo cierto es que, de todos modos, la argumentación de las personas recurrentes se apoya en una interpretación de los arts. 5 y 37 de la Constitución Nacional. Esto, unido a la premura que impone el ejercicio de la defensa en un proceso electoral en curso, nos lleva a facilitarles tal defensa, concediendo los recursos interpuestos. (Del voto en disidencia de los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz).
Tribunal de cuentas, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schesler, Juan c/ Tribunal de Cuentas de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Si no se ha demostrado ni alegado cuáles son las circunstancias que el Tribunal de Cuentas estimó diferentes y que justificaron el apartamiento del criterio seguido en el análisis de otros contratos de igual tenor y entre las mismas partes, la decisión impugnada es arbitraria en tanto es el resultado del capricho de los funcionarios actuantes más que una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias concretas de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho al beneficio, personas con discapacidad, pensiones
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Aiutolo, Adriana Elena c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-10

Corresponde otorgar la pensión derivada, en los términos del art. 38 de la ley 18.037 a una hija -discapacitada y divorciada- que ha padecido (y padece) una enfermedad desde muy temprana edad, que ya la aquejaba al momento de contraer matrimonio y en ocasión del deceso de su padre; máxime, si se tiene probada también la dependencia, tanto económica como asistencial de la actora, respecto de sus padres y la falta de asistencia y alimento por parte de quien fuera su cónyuge. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Daños y perjuicios, daño material, incapacidad, incapacidad sobreviniente, incapacidad permanente, indemnización, gastos médicos, lucro cesante, código civil, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Eduardo Adolfo (menor), Ortiz, Enrique A. c/ Empresa Ferrocarriles Arg. s/ daños y perj.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

No obstante lo que parece desprenderse literalmente del texto del art. 1086 del Código Civil, en que "prima facie" sólo tendrían cabida, en concepto de indemnización, los gastos de curación y convalecencia y el lucro cesante, cabe interpretar que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable.
Aportes a obras sociales, pago parcial, imputación de pago
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  DIRECCION  DE  LAS  EMPRESAS  DE  LA ALIMENTACION c/ ARLISTAN SAICI. Y A. s/ LEY 22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Si el acreedor de aportes y contribuciones a obra social guarda silencio ante el pago del capital, ese pago no puede ser imputado de oficio, primero a intereses y después al capital, siguiendo la regla del artículo 777 del Código Civil.
Derecho penal, querellante, medidas cautelares, rechazo del reclamo, cuentas bancarias, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: N.N. c/  s/ medida cautelar (Causa Nº 64.723/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-10

- Querellante que señaló haber sido víctima de una maniobra delictiva en su cuenta bancaria a resultas de la cual se realizaron varias transferencias de dinero.

- Actuaciones en las que aún no se ha ordenado ninguna declaración indagatoria pero se cuenta con el nombre y apellido de la empleada bancaria que habría contactado al querellante, se estableció la identidad de dos de los cinco destinatarios de las transferencias y se cuenta con la documentación que acredita que todas las operaciones se realizaron en una misma fecha, siendo acertado, razonable y proporcionado atender a la petición subsidiaria de suspender la liquidación del préstamo personal con la contracautela que se estime suficiente en la instancia anterior (artículos 518 del Código Procesal Penal de la Nación, 5 inciso "n" de la Ley N° 27.372 y 23 del Código Penal).
Suspensión del juicio a prueba, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: CHAVARRI ENRIQUE VICTOR S.D. HOMICIDIO CULPOSO, ADULTERACION DE INSTRUMENTO PRIVADO EN CONCURSO REAL DE DELITOS E.P. QUIROGA SANDRO HORACIO (CUADERNILLO DE SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA) s/ CASACION CRIMINAL SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-22|2014-06-27

Queda expedita la vía civil pertinente si la suma pretendida por la víctima como reparación -art. 76 bis, Cód. Penal- es rechazada, aceptándose el ofrecimiento realizado por el imputado que solicita suspensión del juicio a prueba.
Prueba testimonial, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: BAISSAC, Alberto M. c/ FERNANDEZ, Juan Vital s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-12-05

En cualquier momento, la parte que propuso al testigo, puede desistir de su declaración porque mientras ésta no se haya producido no ha salido de la esfera de la acción de la parte. Desde que no importa una obligación sino una carga, el litigante tiene la facultad de producir o dejar de producir su prueba sin que el contrario tenga ningún derecho que aducir, pues cada uno debe aportar lo que corresponde, recién se requiere la conformidad de la otra parte para el desistimiento, en virtud del principio de adquisición procesal, cuando la prueba ya esta producida, cuando el testigo ya ha declarado.
Sentencia condenatoria, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Miklich, Inés Graciela c/ Estado Provincial y Carrizo José M. s/ Daños y Perjuicios - Interpone Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-04

Habiéndose establecido que el Estado es civilmente responsable por el homicidio del esposo de la actora a manos de un oficial de policía, quien usó en el hecho el arma reglamentaria, el demandado endilga vicio de arbitrariedad a la sentencia en recurso, fundándose en la supuesta insuficiencia probatoria del daño y en la incorrecta interpretación del art. 1084 del Código Civil en relación a la determinación del monto de la condena por resarcimiento. Corresponde acudir a la doctrina legal que esta Corte tiene establecida sobre la noción de arbitrariedad, cuando de la valoración de cuestiones de hecho se trata: la arbitrariedad cometida en la sentencia a efectos de provocar la apertura del recurso de casación- no puede ser confundida ni identificada con el error en que el Tribunal a quo pudiera incurrir en la apreciación de la prueba o en la valoración de los hechos, ni con el prudente arbitrio que pudiera ejercer como facultad ínsita de la potestad jurisdiccional, ya que la arbitrariedad cuya enmienda por vía del recurso de casación- la ley pretende es la discordancia entre el contexto fáctico, lógico y jurídico sometido a decisión y ésta, discordancia que resulte de un grosero y evidente apartamiento de esa realidad que es materia de la litis, de la interpretación y conclusión de la causa con violación sustancial de los principios lógicos jurídicos que deben formar el común razonamiento judicial, o de la doctrinas jurídicas o legales ajenas cuando no contrarias- a la cuestión debatida y, siempre y en todo caso, con la subyacente motivación de dar satisfacción a la propia voluntad del juzgador y no a la ley y a la justicia.

Puesto que la ocurrente no ha interpretado la naturaleza y extensión de la presunción legal de la norma citada ni la calidad y amplitud que la ley otorga a la prudente valoración de los jueces de grado en relación al cálculo del quantum resarcitorio, corresponde desestimar el agravio en análisis -porque la sentencia en recurso no padece del vicio que se le endilga- y confirmar el fallo del a quo. (Del voto del Dr. Díaz)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, cesantía, empleo público, reincorporación, indemnización, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Arena, María Gabriela contra GCBA sobre recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 CAyT) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Corresponde rechazar la queja que pretende cuestionar, en última instancia, la sentencia que declaró la nulidad de la cesantía impuesta a la actora y ordenó su reincorporación, más una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Ello, en tanto el demandado no logra poner en crisis las razones dadas por la Cámara para rechazar su recurso de inconstitucionalidad (ausencia de caso constitucional), e insiste en objetar el modo en que los magistrados interpretaron los hechos, la prueba y las normas infraconstitucionales que rigen la cuestión. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que es requisito necesario del recurso directo que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad ("Technology Bureau S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Technology Burreau S.A. s/ ejecución fiscal" Expte. SACAyT n° 4426/05, sentencia del 27/09/2006). (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia civil, información sumaria, prueba del concubinato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OJEDA, Clara s/ INFORMACIÓN SUMARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-13

Corresponde entender a la Justicia en lo Civil con competencia en asuntos patrimoniales en la información sumaria judicial prevista en el art. 53 de la ley 24.241 tendiente a acreditar la convivencia pública en aparente matrimonio a los fines previsionales, ello por cuanto no se trata de un proceso en el cual se reclama una pensión ni encuadra dentro de ninguna de las causales enumeradas en la ley 24.655, sin perjuicio de que de prosperar la pretendida declaración, luego se haga valer ante un organismo previsional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Scotti, Julio César s/ Robo en concurso ideal con robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-15

Es ineficaz el agravio en el que se denuncia la violación del inc.

7 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, pues, si a lo que la recurrente se refiere es que los indicios valorados por el tribunal no se apoyan en un hecho real y probado por la singularidad del testimonio en que se funda, la mencionada transgresión no se configura en tanto de un testimonio puede extraerse una presunción y de ello no se ocupa la defensa, ni se advierte la transgresión legal en los indicios que cuestiona (art. 355, C.P.P. cit.).