Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-03-05


(Libro de Acuerdos Nº 53 Fº 25/42 Nº 12). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los cinco dias del mes de marzo del año dos mil cuatro, los señores Jueces -por habilitación- del Superior Tribunal de Justicia, doctores Marcelo Ramón Fernández, Carlos Alberto Alvarado (h), Néstor de Diego, Miguel Ángel Lello y Pablo Baca, bajo la pre-sidencia del primero, vieron el Expte. Nº 202/2000, caratulado: "Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa: Centro de docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Eje-cutivo de la Provincia".

El Dr. Fernández dijo:

Con la demanda promovida en esta causa por el Centro de Nivel Medio y Superior (CEDEMS), representado en la ocasión por la Dra. Alicia Rosa Deza con el patrocinio letrado de la Dra. Nora E. Matuk de Infante, se persigue la declaración autónoma de inconstitucionalidad de los decretos acuerdo del Poder Ejecutivo Provincial Nº 410-E-00 y 413-E-00, del 14 de febrero del año 2.000. El primero de ellos dispone a partir del 1º de enero del 2.000, la reducción de los haberes del personal dependiente del poder Ejecutivo Provincial, administración cen-tral, organismos descentralizados, entidades u organismos au-tárquicos, empresas con participación estatal mayoritaria y personal del Tribunal de Cuentas, que perciban una remuneración por todo concepto -sin contar el salario familiar- superior a mil pesos. El segundo suspende el incremento de la antigüedad correspondiente al último año, respecto del mismo personal y de los funcionarios que se desempeñan en cargos jerárquicos.

Justifica la actora su legitimación invocando los artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 54 de la Constitución Provincial y 31 inciso "a" de la ley de asociacio-nes profesionales Nº 23.551, que acuerdan a las asociaciones sindicales prerrogativas suficientes para ejercer la defensa de sus asociados y los intereses del grupo, lo que, -afirma- viene siendo reconocido por el propio Estado Provincial en otras cau-sas judiciales.

Luego de transcribir los fundamentos de los dis-positivos atacados, asevera que la inconstitucionalidad que los descalifica radica en que ambos exceden el límite de lo que ra-zonablemente puede justificarse en el marco de las restriccio-nes dirigidas a paliar la emergencia. Reconoce que los decretos de necesidad y urgencia tienen recepción en el ordenamiento ju-rídico como remedio extraordinario a esos fines, pero destaca que sólo pueden dictarse por causas de notoria gravedad insti-tucional y en supuestos excepcionales, quedando reservado a los Jueces la potestad de revisarlos y descalificarlos en caso de que resultaren desproporcionados al fin que persiguen.

Entre tales límites, refiere puntualmente a la transitoriedad que, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es condición ineludible para la validez de actos que impongan restricciones a derechos individuales y que fueran dictados con motivo de la emergencia. Tal límite temporal no está contemplado en los dispositivos cuya invalida-ción se pretende en esta causa, ya que éstos imponen la reduc-ción de los salarios de los empleados públicos por tiempo inde-terminado, comportando una mutación a la esencia del derecho y no una mera restricción a su ejercicio.

Agrega que los decretos cuestionados cercenan también la disposición del artículo 99 inc. 3 de la Constitu-ción Nacional, en tanto el Poder Ejecutivo Provincial se ha arrogado, con su dictado, facultades atribuidas al órgano le-gisferante, por tratarse de materia tributaria. Así resulta -dice- por cuanto al no prever la restitución de los montos re-tenidos de los haberes y al consistir en una imposición coacti-va, se convierte en una obligación de naturaleza tributaria.

En el siguiente capítulo, hace referencia a la aplicación retroactiva de la norma, toda vez que fue anunciada públicamente por el Gobernador de la Provincia el 15 de febrero del 2000 y afectó los salarios del mes de enero anterior inclu-sive, contraviniendo así la norma del artículo 3 del Código Ci-vil. Alude luego a las garantías constitucionales que, a su entender, resultaron violadas con los decretos ataca-dos, entre las que destaca el principio de legalidad, el dere-cho de propiedad y a una retribución justa y el de igualdad an-te la ley.

Según sus afirmaciones, su parte, en forma pre-via a promover esta demanda y a fin de evitarla, procuró sin éxito, tanto por ante la Legislatura de la Provincia como ante el Poder Ejecutivo Provincial, la derogación de las normas que ahora vino a cuestionar en sede judicial.

Expte. Nº 202/2000, caratulado: "Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa: Centro de docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Ejecutivo de la Provincia".

En el capítulo IX ofrece su prueba (la que luego amplía con la que propone en el escrito de fojas 152), cita de-recho y concluye solicitando se haga lugar a esta acción, con costas.

Aceptada por los miembros naturales de este Su-perior Tribunal de Justicia, la recusación que respecto de los mismos formulara la parte actora, los autos pasaron a conoci-miento de sus subrogantes legales, integrándose inicialmente el tribunal con los Dres. Elba Rita Cabezas de Hametti, Laura La-mas, Carlos Alberto Alvarado (h), Néstor Alberto De Diego y el suscripto (fojas 169), los tres últimos en nuestra condición de integrantes de la lista de conjueces.Debido a las sucesivas excusaciones de las Dras. Hametti y Lamas (fojas 205 y 427/8 respectivamente), el Tribunal quedó finalmente integrado, en reemplazo de las mismas, por los doctores Miguel Angel Lello y Pablo Baca (fojas 214 y 434), asumiendo el suscripto la presi-dencia del trámite (fojas 429).

La demanda fue contestada en representación del Estado Provincial, por la Señora Fiscal de Estado, Dra. María Silvia Bernal, patrocinada por la Dra. Alicia Camú (fojas 199/204).

Articula, como primera defensa, la falta de le-gitimación activa de la actora, argumentando que sólo están habilitados para reclamar la inconstitucionalidad de una norma, quienes acrediten un interés legítimo o un derecho subjetivo que haya sufrido menoscabo. Destaca que el agravio que se invo-ca es de naturaleza patrimonial, encontrándose involucrado en-tonces el derecho de propiedad, el que, siendo netamente indi-vidual, solo interesa a su o sus titulares, condición que no reviste el C.E.D.E.M.S.. Cita al efecto el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia, registrado en L.A. Nº 50 Fº 45/49 Nº 20 del 20 de abril de 2001.

También estima improcedente la demanda, en razón de la preclusión que, a su criterio, obliga a declararla extem-poránea, ya que fue presentada después de vencidos los treinta días en que debió articularse.

En relación al fondo de la cuestión, desconoce los agravios que invoca la actora, afirmando que la indetermi-nación del plazo de vigencia de los decretos atacados no es tal, ya que ambos están ligados a la ley 5101 que declara el estado de emergencia del sector público, cuya vigencia se pro-rrogó primero por el decreto 27-G-99 y después por la ley 5233 del 26 de diciembre de 2000.

La Provincia de Jujuy -dice- ha emprendido medi-das similares a las implementadas por el Estado Nacional para paliar la crisis económica y social que viene padeciendo, res-pecto de las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido por la validez de la limitación al derecho de propiedad privada en tiempos de graves trastornos económicos y sociales.

Tampoco se configura, a su entender, una incons-titucional aplicación retroactiva de sus postulados, porque el principio de irretroactividad que invoca la actora, emana del Código Civil y no de la Constitución, a lo que agrega que los empleados públicos no tenían, al tiempo de su dictado, un dere-cho adquirido a cobrar sus sueldos, sino una expectativa a ello.

Invoca luego el principio de legitimidad de los actos administrativos y el criterio restrictivo con el que de-ben resolverse las demandas que los pongan en tela de juicio, siendo la declaración de inconstitucionalidad un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse, según lo ha seña-lado él más alto Tribunal de la República, como la "ultima ra-tio" de orden jurídico.

Tampoco es cierto, dice, que las medidas cues-tionadas sólo afecten a los sectores de menores recursos, ya que a los funcionarios de jerarquía del Ejecutivo y de los dos otros poderes del Estado, también los alcanzan.

Señala, por último que "se deberá conectar los decretos impugnados con el resto del ordenamiento que surge a partir de la suscripción del denominado "Compromiso Federal".

En los sucesivos capítulos del responde, ofrece prueba y peticiona el rechazo de la demanda con costas.

Celebrada la audiencia que prescribe el artículo 5 de ley 4346. (fojas 268) y agregada toda la prueba que se mandara producir, los autos pasaron a estudio del Señor Fiscal General habilitado, Dr. Ernesto Alejandro Hansen, quien se pro-nunció a fojas 447 por la admisión de la acción.

Al expedirse sobre la naturaleza y condiciones de los llamados decretos de necesidad y urgencia, destaca como recaudo ineludible de validez, la previsión de un límite tempo-ral determinado, que acote su vigencia a lo que resulte acorde y proporcionado a la crisis que con su dictado se pretenda sor-tear.

Al respecto, invoca el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso "To-bar, Leonides c/ E.N. Ministerio de Defensa - Contaduría Gene-ral del Ejército - Ley 25.453 c/ Amparo Ley 16.986, puntuali-zando, al respecto, que ninguno de los decretos objeto de estu-dio reúne tal requisito, de donde infiere la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida a su respecto, con costas a la vencida.

Con posterioridad al dictamen fiscal reseñado, el Estado Provincial, representado en la instancia por el pro-curador fiscal Dr. Juan Francisco Burgos interpone incidente de hecho nuevo. Manifiesta que el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado con fecha 02/05/03, el Dec. 7015-H-03, en virtud del cual se dispuso la salida parcial y escalonada del régimen del Dec. 413-E-00, agregando que tal circunstancia, no podrá dejar de ser valorada al dictarse sentencia.

Corrida vista de tal presentación, a fojas 42/46 del incidente que corre agregado por cuerda floja, comparece a contestarlo la Dra. Nora E. Matuk De Infante solicitando su re-chazo por los fundamentos que expone a los que nos remitimos en honor a la brevedad.

Posteriormente con fecha 20-11-03 el Estado Pro-vincial amplía tal incidente, manifestando el Dr. Burgos, que las previsiones del Dec. Nro. 7.015-H-03 viene cumpliéndose ín-tegramente. Corrida vista de tal presentación la Dra. Matuk so-licita su rechazo por los fundamentos que expone. Por último, a fojas 465 el Dr. Pablo Baca se ex-cusa por las razones que allí invoca, la que fuera desestimada conforme providencia de fojas 466. Así reseñados los pasajes más importantes de es-ta contienda, la misma se encuentra en estado de ser resuelta.

Corresponde, en primer lugar, referirme a la de-fensa de falta de legitimación activa deducida por el Estado Provincial, pues dependerá de la suerte que corra esta excep-ción, que nos adentremos o no en el análisis de la cuestión de fondo, esto es, si corresponde o no la declaración de inconsti-tucionalidad de las normas que se atacan por la presente ac-ción.

En honor a la brevedad, me remito a lo resuelto por los Sres. Conjueces del Superior Tribunal de Justicia en L.A. Nº 46, Fº 454/472, Nº 179 de fecha 16 de mayo del año en curso, legitimación sindical que fuera luego ratificada por nuestra C.S.J.N. mediante sentencia de fecha 04/07/03 dictada en los autos "Sindicato Argentino de Docentes Particulares S.A.D.O.P. c/ Poder Ejecutivo Nacional". De ésta manera y por los fundamentos expresados en estos fallos, es que corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa incoada por el representante legal del Estado Provincial.

En cuanto a las costas, no existe motivo alguno para apartarme del principio general del art. 102 del C.P.C., por lo que deben ser impuestas al vencido.

Despejada esta primera cuestión, corresponde re-ferirnos al análisis del tema sometido a debate. En concreto, pronunciarnos respecto a la constitucionalidad o no de las nor-mas atacadas.

Cabe señalar liminarmente que la controversia que subyace en este proceso se ha visto reiterada en diversas causas, muchas de ellas colectivas, que tramitan ante este Tri-bunal. De allí que la conclusión a que se arriba en este caso, parte de una cabal comprensión de las responsabilidades deriva-das del rol institucional que es de la esencia de esta Suprema Corte en tanto titular de uno de los poderes constituidos del Gobierno Provincial.

Sin perjuicio de lo resuelto previamente en cau-sas análogas sobre el tema a decidir en autos, considero que deben ser tenidos en cuenta los hechos modificativos de la re-lación procesal ocurridos durante la sustanciación de la causa. Esta posibilidad está explícitamente determinada en nuestro Có-digo Ritual y ha sido validada por reiterada jurisprudencia de la S.C.B.A. (B 51.357 "Benitez", sent. del 03-12-91; B 51.723 "Leguizamón" sent. del 26-11-91 "Acuerdos y Sentencias" 1991-IV-309; Ac. 45.659 "Dumrauf" sent. 16-06-92 "Acuerdos y Senten-cias" 1992-II-383; B 51.141 "Garbarini Islas" sent. del 30-03-1993; B 50.026 "Pueyrredón", sent. del 11-05-1993; B 54.587 "Silva" sent. del 24-10-1995; B 52.503 "Luqui" sent. del 13-05-97 "Acuerdos y Sentencias" 1997-II-795; B 51.902 "Alconada" sent. del 08-07-97; B 60.912 "Gonzalez Elicabe" sent. del 27-12-00).

La discusión sobre cual es la situación que debe tomar en cuenta el sentenciante: si la vigente al trabarse la litiscontestatio o al momento de resolver, se ha planteado des-de el derecho romano, generando una discusión entre proculeya-nos y sabinianos, con el triunfo de estos últimos que propicia-ban que la sentencia debía hacer mérito de los hechos como se hallaban al momento de dictarse la misma (Scialoja, Proceso Ci-vil, p. 256).

También se ha establecido que no es necesario que las modificaciones de las circunstancias de hecho hayan si-do planteadas por las partes, sino que estas deben ser tomadas por el Juez de oficio, aun ante la inacción de quien pueda ser interesado (S.C.B.A., causa B 60.912, sent. del 27-12-00). Por lo demás, el juzgador puede hacer mérito de una causa sobrevi-niente, cuando ésta sea el mismo hecho afirmado existente (esta S.C.B.A., Ac. 3403 "Martín", sent. del 08-11-60 "Acuerdos y Sentencias" 1960-V-280; Ac. 3735 "De Oleza" sent. del 08-11-60 "Acuerdos y Sentencias" 1960-V-342; Ac. 6004 "Solis" sent. del 04-12-62 "Acuerdos y Sentencias" 1862-III-816; L-3682 "Curu-chet" sent. 05-11-63 "Acuerdos y Sentencias" 1963-III-541; Ac. 9015 "Soria" sent. del 07-12-65 "Acuerdos y Sentencias" 1965-III-453; Ac. 15.730 "Jachini" sent. 11-11-69).

Es reiterada la tesis de la Corte Suprema (Fa-llos, 247:466; 253:346; 292:140) en el sentido de que en las acciones cabe sentenciar según la situación existente al momen-to de dictarse la sentencia definitiva y que, como principio, las sentencias de la Corte han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque ellas sean sobrevinientes al re-curso extraordinario o bien, como en caso que nos ocupa, en la acción de inconstitucionalidad. Tal criterio ha provocado, a menudo, el rechazo de acciones que, aunque habiendo sido proce-dentes cuando se pronunciaron los fallos de primera o segunda instancia, dejaban de serlo al sentenciar la Corte Suprema, por haber variado la situación de hecho o de derecho y desembocar la litis en una cuestión abstracta; ello vgr. si desapareció la amenaza del acto lesivo; si el actor manifiesta no tener inte-rés en proseguir los autos; si el acto lesivo quedó convalidado normativamente; si el Banco Central devolvió los depósitos en moneda extranjera antes inmovilizados (Sagües, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional. Acción de amparo", T. 3, p. 456, 4º edición ampliada, 1995, Astrea).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha di-cho, en forma reiterada, remitiendo a la doctrina de reconoci-dos filósofos del derecho, como Ihering, "que no son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que es el derecho el que debe seguir a los hechos" - ("Avico c. de la Pesa", Fallos: 172:21; "Provincia de San Luis c/ Estado Nacional", sent. del 05-03-03, publicada en Suplemento Especial del diario La Ley, del 06-03-03).

Ha señalado también que "La legitimidad o ilegi-timidad de las medidas que se adopten para afrontarla, es una frontera borrosa, porque depende de las circunstancias del caso en particular, al momento de resolver la cuestión (C.S.J.N., in re "Bustos Núñez, Manuel, sent. 28-03-58): "el juicio de legi-timidad o ilegitimidad de una restricción depende de las cir-cunstancias del caso, en condiciones especiales o extraordina-rias, de orden público. Es que la diferencia se centra en gra-dos de compromiso o afectación de los derechos en juego, en función de la necesidad de conjurar la emergencia económica. Los hechos tienen entonces una enorme gravitación en la solu-ción del problema. No se deben construir sentencias sobre bases carentes de sustento real".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, (J.A, 1986-IV-584), siguiendo la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, que el "control judicial de consti-tucionalidad no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales. La realidad viviente de cada época per-fecciona el espíritu de las instituciones de cada país o descu-bre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda opo-nerse el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de manera distinta".

Reitero, las restricciones a los derechos cons-titucionales se justifican por los hechos, la necesidad, los que se levantan contra los principios puros del derecho. Para poder interpretar y aplicar las leyes salidas, se ha dicho con acierto, es necesario primero como siempre los hechos. A cuyo efecto, no hay más remedio que hacer números, sumar, restar, multiplicar, dividir. Sin números la discusión no es racional (Gordillo, Agustín: "El Estado de Derecho en Estado de Emergen-cia", L.L. 2001-F-1050).

Por lo demás, "es inherente a los complejos fe-nómenos sociales y económicos que caracterizan la emergencia, la movilidad y alteración de su configuración, que podrá condu-cir a su agravamiento -quizás temporario-, o a sentar las bases para su solución" (C.S.J.N. "Provincia de San Luis c/ Estado Nacional", sent. del 05-03-03, publicada en Suplemento Especial del diario La Ley, del 06-03-03).

En el caso "Kot, Samuel" (Fallos: 241:291 - La Ley, T. 92 p. 632) el Superior Tribunal de la Nación reafirmó su doctrina en el sentido de que "las leyes no pueden ser in-terpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y nece-sidades de la comunidad, en tanto la Constitución, que es la ley de leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídi-co positivo, tiene la virtualidad necesaria para poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales di-ferentes a las que existían en tiempos de su sanción".

Partiendo de este principio es que considero que se debe tener en cuenta en esta oportunidad la modificación de la situación de hecho operada respecto de la que se presentaba tanto al dictarse las normas atacadas como al promoverse la de-manda.

¿Cuál es el estado económico de la Provincia de Jujuy al momento de dictar esta sentencia?.

Es un hecho público y notorio, que la Dirección Provincial de Rentas ha mejorado sensiblemente su recaudación, a través de una política de masivos reclamos de pago a contri-buyentes en mora, detección de evasores, ajustes de montos im-ponibles por revalúo inmobiliario, moratorias impositivas, etc.

Este accionar del Fisco Provincial, ha dado sus frutos, en la obtención de un monto significativamente mayor de recursos ordinarios para la administración pública provincial. Ello conlleva una mejora en la situación económica-financiera del erario público de la provincia -respecto de la situación existente al momento de dictar los decretos 410 y 413- y un evidente alivio en el manejo de las cuentas públicas.

Por otra parte, el Estado Provincial ha recono-cido esta situación. En efecto, mediante el Decreto Nº 7015-H-2003, agregado por cuerda en Expte. Nº 202/03, y la presenta-ción por la cual se deduce el mencionado incidente de hecho nuevo, el accionado expresa: "Durante el transcurso de año 2002 y lo que ha avanzado el 2003 puede decirse que las medidas de contención del gasto sancionadas por normativas de emergencia económica, el cambio de las relaciones fiscales y el incremento de los recursos tributarios, han rendido sus frutos". Y conclu-ye afirmando que: "Este proceso al que brevemente se hace refe-rencia, llevado a lo largo de los tres ejercicios fiscales (2001, 2002 y 2003), da cuenta de que pese a que no se previó en la parte dispositiva del Decreto Nº 413-E-00 un plazo fijo, estático y definitivo de vigencia o duración de la norma, se trataba de una verdadera medida de emergencia general, excep-cional, para el futuro, no confiscatoria y que cesó gradualmen-te, en la medida en que fueran superadas aquellas situaciones extremas".

Lo expresado por el propio Estado Provincial nos permite concluir que el análisis efectuado precedentemente res-pecto de la situación financiera de la Provincia de Jujuy no resulta desacertado. Se estima que dentro de una política aus-tera, la Provincia de Jujuy va camino a lograr el equilibrio fiscal.

Asimismo, en forma objetiva y por medio de la comprobación de hechos que son de público y notorio conocimien-to publicados por el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía (ver sitio en Internet: www.mecon.gov.ar), se advierte que la recaudación impositiva de esta Provincia ha crecido en forma constante.

Existen reiteradas declaraciones públicas de los funcionarios de gobierno al igual que de los de las entidades acreedoras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Expte. Nº 202/2000, caratulado: "Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa: Centro de docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Ejecutivo de la Provincia".

Interamericano de Desarrollo), que reconocen que la crisis eco-nómica se halla en vías de superación, que existe aumento de la recaudación fiscal, que se ha controlado la inflación, etc. De todo ello, se puede colegir que la situación que autorizó a de-clarar el estado de emergencia económica a mediados del año 2001, no es la misma en la actualidad, sino que al menos se ha amortiguado. En atención a los hechos sobrevinientes, se impone entonces la necesidad de efectuar un nuevo análisis de la si-tuación, a partir de la sanción de los Decretos Nros. 410 y 413 de fecha 14 de febrero de 2000.

En primer término, mediante Ley 5101 (B.O. de fecha 18 de diciembre de 1998) se ha declarado en estado de emergencia económica y administrativa a la Provincia de Jujuy, en razón de la grave crisis económica y financiera que afecta al Estado Provincial.

Por otra parte, se resolvió suscribir conjunta-mente con los restantes Estados Provinciales y las autoridades del Gobierno Nacional el denominado "Compromiso Federal", el que ha sido ratificado por el Congreso de la Nación mediante la sanción de la Ley Nº 25.235, modificada a su vez por una serie de leyes, decretos y resoluciones.

Además, debe tenerse presente que han variado las condiciones económicas que llevaron al Estado Provincial, ante la necesidad de atenuar o superar la situación de crisis, en salvaguarda de su existencia y del orden público en grave riesgo (principio de conservación del Estado y de la sociedad en su conjunto; deber del Estado de amparar los intereses vita-les de la comunidad), a establecer una serie de medidas o reme-dios extraordinarios, drásticos, restricciones o limitaciones de derechos, que se resumen, principalmente, en el congelamien-to de la planta de personal y la supresión de todas las vacan-tes que se produzcan en los organismos y entidades comprendidas en la ley. Suspéndese todo tipo de designaciones o nombramien-tos de personal reemplazante, por licencias o ausencias tempo-rarias de los agentes titulares en todos los organismos y enti-dades comprendidas en esta ley. El Poder Ejecutivo, por acto fundado, podrá disponer las excepciones que sean necesarias y siempre que tengan por objeto cubrir reemplazos de personal que desarrolla tareas en los sectores asistenciales directos de la salud pública y de la docencia al frente de alumnos y en las áreas afectadas a la percepción de recursos tributarios de la Provincia, suspensión de toda nueva contratación de personal, quedando sin efecto las autorizaciones que se hubieran conferi-do con anterioridad a la vigencia de la ley y que aún no hayan sido ejecutoriadas, los contratos que hubieren sido celebrados no podían ser renovados una vez vencido el término de su vigen-cia, se dejo sin efecto todo tipo de reconocimiento de adicio-nales, etc..

Evidentemente, que éstas medidas resultaban ra-zonables o adecuadas, proporcionadas a las circunstancias y a los fines que procuraban alcanzar, acordes con la situación de extrema gravedad económica-social propia de la emergencia eco-nómica que la signa y que el Estado debía conjurar.

Pero es del caso reiterar aquí que las leyes de emergencia económica constituyen un remedio excepcional, que responden a una situación extraordinaria, de peligro colectivo, a las que se puede recurrir (como el mal menor) en tiempos anormales, de graves angustias económicas, de escasez, penuria o indigencia, frente a un estado de necesidad al que hay que ponerle fin. Por ello se dice que la emergencia lleva implícita la sustitución de un derecho "normal" por uno "excepcional", ello como exigencia del propio Estado de Derecho, pues el orde-namiento jurídico debe prever ante situaciones de grave riesgo social, respuestas urgentes no susceptibles de generarse por los procedimientos ordinarios. En síntesis, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe recordar que "acontecimientos extraordinarios, demandan remedios extraordi-narios".

En tanto excepcional, la validez de la emergen-cia económica en el Estado de Derecho exige la acreditación de una situación de grave riesgo social, como así también la ob-servancia de diversos límites en las medidas adoptadas para su-perarlas: que estén enderezadas al bien común; que no importen alterar la sustancia o esencia del derecho objeto de limita-ción, que sean razonables y temporarias. No cabe -por el con-trario-, que se conviertan en un recurso normal, ordinario de la administración pública, porque impactan sensiblemente, con restricciones o limitaciones, en las relaciones jurídicas, y dicho sea de paso, por acostumbramiento, a la larga, desgastan y llevan, paradójicamente, a que no se produzcan los reformas estructurales -y sí coyunturales de emergencia- que la situa-ción reclama, para equilibrar las finanzas públicas, en benefi-cio de la salud económico-social de la comunidad.

Es conocido el concepto que surge de las senten-cias de nuestro máximo Tribunal acerca de que la emergencia económica dura mientras existe la crisis, sin importar por qué plazo se ha establecido la misma, ni lo que diga la Ley que la impuso. Recordando lo dicho por el juez Orgaz, en la causa "Na-dur, Amar c/ Francisco Borelli" (Fallos 243:449), cabe destacar que:

1. Las leyes de emergencia son leyes excepciona-les dictadas en ejercicio del poder de policía del Estado e im-puestas por la necesidad derivada de una crisis y pueden res-tringir y regular derechos en la medida en que sea indispensa bles para salvaguardar el orden público o el bienestar general y salvando la sustancia de esos derechos;

2. La crisis de la que deriva el ejercicio del Poder de Policía en situaciones de emergencia, está relacionada con un desequilibrio cuya existencia y gravedad debe evaluarse para que la legislación excepcional temporaria sea legítima, aunque ella signifique restricciones a los derechos individua-les que, en circunstancias normales, no habrían sido admisi-bles;

3. La temporariedad no puede ser fijada de ante-mano. La emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado.

4. No corresponde a los jueces apreciar si son o no eficaces los medios empleados por el legislador. Para juzgar sobre la constitucionalidad sólo corresponde examinar si la me-dida es razonable para evitar temporariamente los efectos de la crisis.(Vid. Alvarez Magliano, M. Cristina y Fera, Mario S. "Reseña de fallos dictados por la C.S.J.N. durante los últimos años en materia de emergencia y derecho del trabajo". La Ley Octubre 2002. Suplemento Emergencia Laboral 2002. (octubre) 7).

Aunque los Decretos Nros. 410 y 413 no cumplen con el requisito de temporalidad, impone una reflexión respecto de este tema. Es verdad que, como decía Orgaz, en su referido voto en Fallos 243:449, "la temporalidad que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o me-ses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergen-cia dura todo el tiempo que duran las causas que la han origi-nado". Consecuentemente serán las circunstancias fácticas, las que dirán si se han excedido o no las pautas temporales (Bidart Campos, Germán, ED-139-771).

Se ha dicho que no se trata de que el Poder Ju-dicial indique al poder político en qué debe gastar el dinero; tampoco revisar si está bien o mal gastado; estas no son cues-tiones revisables por el Tribunal; simplemente se verifica, al momento de dictar sentencia, si el Estado Provincial afronta o no una situación económica de necesidad (propio de la emergen-cia económica), pues sólo de este modo se justifica la adopción (o extensión) de medidas drásticas de limitación o restricción de derechos individuales.

No obstante, si con evidencias el juez advierte que la lesión a un derecho proviene de una política concreta que podría reemplazarse por otra, debe decir: la política ele-gida es inconstitucional porque hay otra u otras que, de haber-se elegido, no irrogarían la lesión que origina la que está en vigor. Es nada más ni nada menos que aplicar el patrón de razo-nabilidad: una medida que es conducente a un fin legítimo deja de ser razonable cuando, habiendo otras medidas igualmente con-ducentes, se ha optado por la más gravosa para tal o cual dere-cho.

Es que recurrir a la emergencia no es novedad en la Argentina; desde comienzo de siglo, el Estado comenzó a hacer uso más enérgico del poder de policía. Frente a esa am-plitud y diversidad se ha dicho que, sin lugar a dudas, una de las nociones más devaluadas y desgastadas entre nosotros es la emergencia. El uso recurrente de este instituto, ha generado una suerte de erosión conceptual. A punto tal de convertir la emergencia en una de las principales categorías jurídicas inde terminadas de nuestro ordenamiento, en una idea en sí misma en crisis.

Esto ha llevado a decir que estamos "enfermos de emergencias" (de la abundante doctrinal sobre el tema véase, Carnota, Walter, E.D 141-369; Bidart Campos, Germán, E.D 140-154; Lorenzetti, Ricardo L. "Nunca más: emergencia económica y derechos humanos", LL, boletín del 30-12-2002; Ferreyra, Raúl, quien se pregunta si existe una ¿involución hacia la emergencia infinita?, J.A, 2002-III, fascículo n. 5; Pérez Hualde, Alejan-dro: "SMITH", o el final del "sistema" jurídico de la emergen-cia", LL, Número Especial Emergencia Económica- pesificación).

Sobre este punto, Germán J. Bidart Campos, en su artículo "La emergencia actual: entre el dolor, la rabia y la ironía", Número Especial de La Ley, sobre la Emergencia Econó mica - Pesificación, del año 2002, reflexiona que: "Cuando en-frentamos leyes, normas y situaciones de emergencia en forma sucesiva, continuada, endémica y crónica, quienes deambulamos por el mundo jurídico constitucional nos preguntamos: ¿ y esto, qué es ? ¿ Es emergencia, o es un hábito malsano que, como las parálisis definitivas, nos postran en un estado de malestar ?".

Para afirmar que "estamos cansados de renovarla continuamente, y ya no sabemos cómo ni quién podrá darle fin".

En suma, vivimos bajo un estado de sitio econó-mico, conocemos su acta de nacimiento, desconocemos sus límites (Bianchi, Alberto, LL, 1991-C-171). En materia de emergencia "se nos ha vuelto crónico el recurso estatal a la doctrina de la emergencia económica" y "de invocarla en desmedro de los particulares". "Aunque si la emergencia deriva de lo que ha hecho mal el Estado o de lo que no ha hecho, no nos resulta fá-cil digerir que, a causa de su culpa, la gente deba soportar y sobrellevar una emergencia que incide -y mucho o demasiado- en sus derechos". Así "la continuidad y la prolongación de tales medidas de emergencia sobrepasan, en la mayor parte de los ca-sos, la frontera de lo que el sentido común tolera" (Bidart Campos, Germán, "Las emergencias y la teoría del acto propio", ED, T. 139, p. 771).

La emergencia ha dicho la Corte Suprema de Jus-ticia de la Nación (Fallos 173:65) "se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico - social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de esca-sez, pobreza, penuria e indigencia, origina un estado de nece-sidad al que habrá que poner fin". La emergencia es entonces, un hecho externo, temporalmente limitado, que afecta aspectos esenciales de la organización del Estado, creando una situación de peligro colectivo que autoriza la adopción de medidas que afectan las garantías individuales (Lorenzetti, Ricardo, L.L., Boletín del 22-06-01).

Está claro que la emergencia debe ser grave, pues no cualquier crisis es una emergencia (Segovia, Juan F., E.D. 150-918). Dicho en otras palabras: la emergencia que puede legítimamente ser oída y atenderse es aquella que lo es de la sociedad (Spota, Alberto, L.L., 1992-A-689). Es que cuando se recurre a la emergencia se lo hace con el objeto de amparar el orden constitucional: la emergencia no suprime la legitimidad constitucional, sino que la garantiza con medios extraordina-rios. Así se ha dicho que si descartamos la posibilidad de que un estado de sitio económico pueda ser decretado, dejaríamos inerme la Constitución. Se trata de casos -o situaciones- que en el marco de la ley de emergencia económica constituyen un problema gravísimo y que no tiene salida o solución que nos sa-tisfaga (Gordillo, Agustín, L.L., 2001-F-1050).

También se ha dicho que bien puede reputarse que hay un derecho constitucional consuetudinario a la validez constitucional del derecho de emergencia, ello satisfechas ciertas condiciones: realidad de la emergencia, legitimidad in-trínseca de la norma de emergencia, transitoriedad de ella (Sa-gües, Néstor P., L.L., 1990-D-1056). La Corte Federal ha admi-tido, desde hace muchos años, la posibilidad de que el Estado, en situación de emergencia económica, ejercite un poder de po-licía de cuya aplicación se siga una restricción de derechos constitucionales, que no sería admisible en circunstancias or-dinarias.

"Cuando se configura una situación de grave per-turbación económica social o política, que representa máximo peligro para el país (en el caso la Provincia), el Estado demo-crático tiene la potestad y aún el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional (Fallos 246:237) o sea un con-junto de remedios extraordinarios (Fallos 238:76) destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político de la Constitu-ción requiere (C.S.J.N., 27-12-90, "Videla Cuello, Marcelo Sucesión de c/ Gobierno de La Rioja s/ daños y perjuicios", J.A., 1991-I-534).

La regla de constitucionalidad, sin embargo, só-lo rige si aparecen satisfechas ciertas condiciones. Conforme a la jurisprudencia reiterada en nuestros tribunales, la validez constitucional está sujeta al cumplimiento de varios requisitos que deben ser celosamente vigilados por los jueces, pues la utilización de la "policía de emergencia" no aleja sino que acentúa el control de constitucionalidad (C.S.J.N., 15-05-52, Fallos 243: 467).

Tales recaudos fueron formulados por el Procura-dor General, Dr. Horacio Larreta, en su dictamen del 6 de sep-tiembre de 1934, en el recurso extraordinario deducido por Os-car Avico contra Saúl De La Pesa sobre consignación de alquile-res (Fallos: 172: 21), y que ya habían sido mencionados por el Juez Hughes, en el célebre caso "Home Building c/ Blaisdell", y aparecen citados en gran número de sentencias de la Corte Su-prema de Justicia Nacional.

1) Que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad;

2) Que la ley tenga por finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determi-nados individuos;

3) Que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias;

4) Que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicie-ron necesaria la moratoria.

En relación con el fundamento de las normas de emergencia la Corte Suprema de Justicia Nacional, ha tenido oportunidad de expedirse en las causas "Peralta" (Fallos: 313: 1513), "Smith" (Fallos 325:28), "Tobar" (T. 348 XXXVIII) y re-cientemente, en "Provincia de San Luis c. Estado Nacional", an-tes citado.

"Sin perjuicio de ello, no es ocioso recordar, como lo ha puntualizado desde antaño este Tribunal, que la res-tricción que impone el Estado al ejercicio normal de los dere-chos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del de-recho adquirido por sentencia o contrato (Fallos: 243:467; 323:1566, entre muchos otros). De ahí que los mecanismos idea-dos para superar la emergencia están sujetos a un límite y éste es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alte-rar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares (cfr. Causa "Smith"); y no es dudoso que con-dicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta el propósito de afianzar la justicia" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Provincia de San Luis", ci-tada).

Para que la emergencia se justifique constitu-cionalmente una medida debe ser razonable, en el sentido de guardar proporcionalidad con sus fines, adecuada a las particu-laridades de la materia económica y el derecho que las rige, aunque debe aclararse que no es misión del Tribunal pronunciar-se por cuál debió ser tal remedio (Bezzi, Osvaldo, L.L., 1993-B-1002). La ciencia constitucional y las normas constituciona-les han tenido siempre cuidado de enmarcar a las emergencias y a los institutos de emergencia destinados a superarlas, como situaciones de excepción, o sea, no habituales y de duración transitoria, todo encapsulado en el requisito de razonabilidad (Bidart Campos, Germán: "La emergencia actual: entre el dolor, la rabia y la ironía", L.L. 2002, Número Especial Emergencia Económica- Pesificación). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el leading case "Russo, Daniel y otra c/ Delle Don-ne" (Fallos 243:470) dijo que el control judicial puede refe-rirse a cualquiera de los requisitos de la declaración de la emergencia económica. Esta doctrina se reiteró en el caso "Vi-dela Cuello" antes citado, L.L., 1991-D-518 cuando afirmó que los poderes de la emergencia no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del artículo 28 de la Cons-titución Nacional y bajo control de los jueces. Los poderes de revisibilidad judicial contienen el atributo de constatar la necesidad del acto en cuestión y razonabilidad de las medidas dispuestas. Por ello la doctrina sostiene que no hay otra al-ternativa que reconocer al Poder Judicial aptitud para merituar la existencia de los presupuestos fácticos de la emergencia (Sagües, Néstor P., L.L., 1990-D-1058).

Las emergencias tienen su ámbito, espacio y lí-mites (Carnota, Walter F. "La remuneración del sector como pro-piedad constitucionalmente protegida", L.L., Boletín del 27-10-02); los institutos de emergencia tienen una naturaleza de ex-cepción y como condición relevante su temporalidad (transito-riedad). En cuanto a la invocación en la emergencia del carác-ter transitorio de la situación que la motiva, se afirma "que un país que viva en estado o situación de emergencia es un país institucionalmente en quiebra. La "emergencia" sólo se concibe para lapsos breves, que trasuntan una anormal situación aguda" (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo ", T. IV, ps. 518/519, citado por Bezzi, Osvaldo M., Bezzi, Ana y Bezzi, Osvaldo H., "La ejecución de sentencias condenatorias al Estado y la emergencia económica", L.L., 1993-B-1001).

En la legislación de emergencia la restricción al ejercicio normal de derechos patrimoniales tutelados por la Constitución debe ser razonable, limitada en el tiempo y tam-bién debe consistir en un remedio a la grave situación excep-cional sin provocar la mutación en la sustancia o esencia del derecho reconocido (Fallos 320:2999).El principio de razona-bilidad "es para nosotros el más caro y orientador. Es el talón de Aquiles del edificio del derecho. El punto determinante de las proporciones; el que establece los límites, que, como ense-ñaba Ihering, es el punto crucial para llegar "hasta ahí", en las circunstancias del caso o problema que se trate" (Morello, Augusto Mario, "El Proceso Civil Moderno", p. 129, Editora Pla-tense, 2001).

Lo opuesto a la razonabilidad es la arbitrarie-dad. La regla de razonabilidad está condensada en nuestra Cons-titución Nacional en el artículo 28, donde dice que los princi-pios, derechos y garantías no podrán ser alterados por las le-yes que reglamenten su ejercicio. La "alteración" supone arbi-trariedad. La irrazonabilidad es, entonces, una regla sustan-cial, a la que también se la ha denominado el "principio o ga-rantía del debido proceso sustantivo". El principio de razona-bilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido del acto de poder (Bidart Campos, Germán J., "Manual de la Constitución Reformada", Tomo 1, p. 516, Ediar, 1998).

En tarea de ejecución del consabido test de ra-zonabilidad, que conlleva el control de constitucionalidad de las normas impugnadas, seguidamente examinaré los aspectos fun-damentales que deben ser considerados respecto de las medidas tomadas en el caso de autos, por aplicación de los Decretos Nros. 410 y 413, en cuanto a la reducción de los salarios y suspensión del cómputo del tiempo a los efectos del pago de la bonificación por antigüedad, extremos que, a la luz de la si-tuación actual, aparecen como irrazonables.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo ha admitido restricciones al ejercicio del derecho de propiedad -no a su sustancia- en situaciones de emergencia, re-conociendo la validez de la fijación de plazos o la concesión de esperas como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161).

Aun en situaciones de normalidad institucional ha aceptado la validez de los límites en la afectación del pa-trimonio más allá de los cuales se encontraría comprometida la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 210:172; 220:699: 234:157) y ha sentado pautas por las que en situaciones de grave crisis, el perjuicio debe ser soportado, en alguna medida, por todos los integrantes de la sociedad (Fa-llos: 313:1513, considerandos 58 y 59).

Así, resulta que es evidente que quienes se en-cuentran involucrados en las relaciones jurídicas alcanzadas por los efectos de la grave emergencia del Estado Provincial, deberán contribuir con un aporte parcial a la superación de la crisis, sin que pueda considerarse a sector alguno inmune a las alteraciones que en el ritmo de vida de la población y en la magnitud de sus recursos económicos produce la crisis, pero sin olvidar, a la vez, que todos merecen igual protección constitu-cional.

Que en virtud de las reglas que gobiernan las situaciones de emergencia, cabe reputar legítimo que, ante si-tuaciones de extrema gravedad, pueda recurrirse al empleo de medios que, en alguna medida, importen un sacrificio para los miembros de la sociedad, en virtud del principio de solidaridad social.

En el caso, aun admitiéndose que la adopción de medidas indispensables para evitar males mayores podían aca-rrear ciertos perjuicios, que resultan justificados por el vir-tual estado de necesidad en que se hallaba sumergida la Provin-cia de Jujuy, lo irrazonable es mantener esa política de res-tricción de los salarios de los agentes de la administración pública, cuando la situación económica ha variado para alivio de las arcas del Estado Provincial.

Es indiscutible que la emergencia económica pro-vincial y nacional, se prolonga en dosis de crisis continua. Pero también es cierto que el quebranto de las cuentas públicas no tiene la misma magnitud ni la urgencia que en el origen de la cuestión llevaron al Gobierno Provincial a tomar decisiones muy duras en términos de política económica - social, expresa-das en limitaciones, reducciones remuneratorias, etc.

Así, el personal de la administración pública provincial, como consecuencia de la ley de emergencia ha sufri-do una reducción de salarios, en proporciones variables, según una escala progresiva.

La prolongación de una situación de emergencia económica con vocación de permanencia u ordinarización, adquie-re especial relevancia, diferente a la que tuvo con su primera moratoria cuando todavía no se registraban cambios positivos en la economía provincial.

La Ley de emergencia económica y los decretos atacados han cumplido, a nuestro juicio, un rol de estabilidad de las cuentas públicas, por lo que llevó a una mejora de los "números" de las finanzas y economía de la Provincia de Jujuy, descomprimiendo una situación que de no actuarse de la forma en que se hizo, podría haber resultado desastrosa para el Estado Provincial y la comunidad toda. Es hora de regresar a la norma-lidad de las instituciones, de restituir el status quo ex ante, en especial en los niveles remuneratorios de los agentes pro-vinciales, para planificar en el futuro una política económica del Estado Provincial que contemple de mínima la urgente recom-posición del salario de los trabajadores públicos. En esta lí-nea de ideas, es imprescindible establecer una prioridad de si-tuaciones. Así se debe privilegiar la pronta recomposición del salario de los empleados públicos, más aún de aquellos que re-vistan calidad de retiro o pasividad (jubilados y pensionados).

Partiendo del análisis efectuado considero que se ha demostrado que la Provincia de Jujuy mejoró su situación económica, por vía de una mayor recaudación tributaria. Por es-ta razón, deviene irrazonable mantener la normativa impugnada en su totalidad, en cuanto contiene una serie de limitaciones de derechos de carácter transitoria.

El Estado está facultado para desplegar sus po-deres de emergencia sobre las remuneraciones que perciben los empleados públicos, mas existe un núcleo irreductible que no podrá ser alterado en tanto garantiza sus necesidades básicas y las de su familia. La extensión, prolongación o continuidad de esta política salarial de reducciones, se convierte en contra-ria a la Constitución Nacional (artículos 14 bis, 17 y 28 de la Carta Magna), si no se prevén mecanismos de compensación, que representen al menos, una razonable recomposición de las bases remuneratorias anteriores. Más aún cuando existe un ordenamien-to de las cuentas públicas, se han fijado nuevas pautas de con-trol de gasto y mejorado la recaudación impositiva.

"Esta Corte ha justificado la adopción de reme-dios extraordinarios cuyo rasgo fundamental es la limitación temporal y razonable del ejercicio de los derechos (Fallos: 172: 21; 238:76 -L.L. Tº 87-113-; 243: 449 y 467; 264:344 y 269:416). Y aún cuando se admitan restricciones como respuesta a la crisis que se intenta paliar, aquellas deben necesariamen-te reconocer el vallado de la justicia y la equidad por lo que los medios elegidos no pueden desvirtuar la esencia de las re-laciones jurídicas establecidas bajo el régimen anterior" (C.S.J.N. "Provincia de San Luis", citada).

En ese sentido, Walter F. Carnota, op. cit., en su nota al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído en la causa "Tobar, Leónidas c. Contaduría General del Ejército", del 22-08-02, bajo el título de "La remuneración pú-blica como propiedad constitucionalmente protegida", señalaba que "son elocuentes por lo demás las palabras de la pluralidad del Tribunal en el sentido de que el agente estatal no puede ser convertido en la variable de ajuste de la política económi-ca del gobierno de turno". Para ampliar acerca de los alcances de este fallo, véase Bianchi, Alberto: "De Guida a Tobar. La sinuosa ruta de los salarios de los agentes públicos", J.A., 2002 - III - Suplemento del fascículo Nº 11. En ese contexto, es deber de la judicatura, en su labor de verificación de la razonabilidad de las medidas adoptadas, recordar que tanto el salario como el haber previsional, en virtud de su naturaleza alimentaria, deben ser objeto de tutela, predominando axiológi-ca, sociológica y normativamente.

En este contexto es evidente que lo aquí se descalifica no es la preexistencia de la emergencia económica -y su prolongación en el tiempo-, sino la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el poder público, a la luz de las circunstancias sobrevinientes: una clara mejora de la recauda-ción fiscal no sólo del Estado Provincial, sino también (pen-sando en los recursos provenientes de fondos coparticipados) del Estado Nacional.

Como criterio complementario, que refuerza la convicción de este pronunciamiento, también se valora, aunque con fundamentos y conclusiones distintas, la postura asumida por el Procurador General, Dr. Ernesto Hansen a fs. 446/447.

En su dictamen, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa "Tobar, Leó-nidas", del 22-08-02 (La Ley, 2002-E-428), interpreta que some-ter la duración de la emergencia - en el caso, reducción del salario y suspensión del incremento del adicional por antigüe-dad -, a un hecho imprevisible, cual es la superación de las contingencias económicas, conllevan al desconocimiento de los derechos individuales. Por ello, considera inconstitucionales las reducciones salariales que se aplican.

De conformidad con lo expuesto, la reducción o disminución salarial no se justifica en este contexto, en tanto la inflación desatada en el país en el último año, llevó a un deterioro salarial del 42% aproximadamente. En este cuadro, "a la luz de las circunstancias económicas en las que se hacen más notorias la depreciación del valor real de la moneda, exceden el marco de razonabilidad que exige esa misma doctrina, al afectar garantías constitucionales esenciales que mutan la sus-tancia de la propia relación jurídica (C.S.Nac. "in re" "Tobar, cit., en Rev. L.L. 27-VIII-02; Id. "in re" "Guida", en Fallos 323:1566).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, re-cientemente (causa "Müller, Miguel A. c/ Poder Ejecutivo Nacio-nal, sent. del 10-04-03, D.J. 2003-1-1068), desestimó una ac-ción de amparo tendiente a impugnar el decreto de necesidad y urgencia Nº 430/00, que consagró un recorte salarial para el sector público nacional, "pues dicha medida, de carácter excep-cional y no confiscatorio, efectos generales y vigencia para el futuro, no altera el derecho a la remuneración de los empleados públicos, máxime si se tiene en cuenta que tales remuneraciones no sufrieron el envilecimiento de la moneda operado a partir del año 2002". En tal caso se recordó, a través del voto del doctor Fayt, según doctrina sentada por dicho magistrado en la causa "Guida", a la cual remite (L.L. 2000-D-367), que los em-pleados públicos carecen de un derecho subjetivo al manteni-miento del monto de su retribución, debiendo tolerar reduccio-nes que, ante situaciones excepcionales de crisis, no alteren la sustancia de su derecho a la retribución, pues la Constitu-ción Nacional no asegura la intangibilidad de las remuneracio-nes de los agentes de la Administración. Concordantemente, en su dictamen, el Procurador General de la Nación reafirmó que el Estado está facultado para reducir las remuneraciones de sus agentes, siempre que tal decisión se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales, vigencia para el futuro en forma transitoria y carácter no confiscato-rio, es decir que no desnaturalice el derecho a la retribución.

Mas al expedirse en punto a la incidencia del deterioro salarial en la resolución de la causa sometida a jui-cio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en "To-bar" que el acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilacio-nes y pensiones, explica y justifica apartarse de la doctrina consagrada en el precedente "Guida", antes citado.

El notable jurista, Jorge Reinaldo Vanossi ("El mar no perdona", p. 20, en "Tutela Constitucional de los Depó-sitos Bancarios. Estudios sobre el fallo "Provincia de San Luis", La Ley, abril 2003) ha dicho con razón que "los jueces deben ser cuidadosos y sutiles en la percepción y encuadramien-to de situaciones que son disímiles en la intensidad o en la extensión de las notas constitutivas del estado de emergencia".

Ante casos resultantes de crisis extremas que han dado paso a la sanción de medidas extraordinarias con base en una declaración de emergencia o frente a una hipótesis de estado de necesidad resultante de tal estado de cosas, se re-quiere un tratamiento muy cuidadoso.

"Es inherente a los complejos fenómenos sociales y económicos que caracterizan a la emergencia, la movilidad y alteración de su configuración, que podrá concurrir a su agra-vamiento -quizás temporario- o a sentar las bases para su solu-ción" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 5 de marzo de 2003, "Provincia de San Luis c/ Estado Nacional").

Las emergencias tienen, reitero, su ámbito, es-pacio y límites. Son pautas mínimas de convalidación de las me-didas de restricción o reducción que se adopten a la luz de la emergencia económica: la razonabilidad, proporcionalidad, már-genes cuantitativos, límites temporales.

En ese sentido se ha dicho que "tal como la Cor-te lo hizo en Smith (sentencia del 1 de febrero de 2002, DJ, 2002-1-297) se subraya la necesidad de preservar los contratos, y de no alterar su sustancia, o sea, no destruirlos de cuajo.

El empleo público es por sobre todo un contrato, con derechos y obligaciones recíprocas, entre ellas las de ín-dole patrimonial" (Carnota, Walter F. "La remuneración del sector público como propiedad constitucionalmente protegida", L.L., 2002-E, 425).

Es hora que se dejen sin efecto las rebajas sa-lariales: el Estado a través de una política de recaudación tributaria más activa, supo procurarse recursos, en otros sec-tores, de mayor o de gran capacidad económica, "antes que bus-carlos en el salario de los trabajadores" (parafraseando Bidart Campos, Germán J., comentario a un fallo en análoga cuestión: "Las reducciones salariales por emergencia económica", LL, 1998-A, 62), que a lo largo de años, ha contribuido con su car-ga de sacrificio ocasionado por la poda remuneratoria, a super-ar la crisis de extrema gravedad que padeciera la Provincia de Jujuy.

Ello no obstante, se juzga que la emergencia aun no ha sido totalmente conjurada: aún persisten problemas de en-deudamiento, de pago de obligaciones de deuda provincial, de escasez de recursos pecuniarios, etc. Pero está claro que la situación no es la misma que la preexistente al momento de dic-tarse los decretos atacados. Hoy se avizora al menos, una si-tuación más favorable para el manejo económico financiero de la Provincia de Jujuy. En otras palabras, no se advierte -a la luz de los hechos señalados- que hoy exista proporcionalidad entre la rebaja, la supresión de beneficios y el fin perseguido. La reducción aparece a la vera de los acontecimientos como irrazo-nada y alterando la vinculación jurídica (C.S.Nac. en Fallos 243:467) que de ese modo afecta gravemente derechos constitu-cionales. Aunque el fundamento final sea diferente, principal-mente la mejora en la situación económica de la Provincia, se torna irrazonable el mantenimiento de las reducciones salaria-les dispuestas por los Decretos Nº 410 y 413.

Reitero lo dicho por Bidart Campos, Germán J. "Estamos enfermos de emergencias", E.D., T. 140-155: "No es di-fícil proponer que un derecho del grupo de los sociales, que es tan vital como el salario, sea por eso mismo de los menos afec-tables en circunstancias de crisis económica". Es sabido que "los derechos propios de la relación laboral -sea empleo públi-co o privado- integran el plexo de los "derechos sociales". Nuestra Constitución los enfoca y garantiza en el artículo 14 bis. En concurrencia con tratados internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica". Y que "el derecho a la remuneración justa reviste alta jerarquía constitucional e internacional".

Aplicando un test para verificar la razonabili-dad de este tipo de afectación nos preguntamos: ¿por qué se mantienen las quitas salariales, cuando se observa que se ha dado prioridad a otros gastos públicos fácilmente dispensa-bles?.

"Los jueces no juzgan ni revisan los criterios políticos de oportunidad, conveniencia, mérito, etc., con que se adoptan las medidas restrictivas de derechos personales. Pe-ro en el estricto juicio de constitucionalidad y razonabilidad de esas medidas, hay que valorar y prever los efectos que ellas producen y que producirán" (Bidart Campos, Germán J., op. cit.). Estos actos emanados de una de las partes importan dentro de la teoría de los actos propios, reconocimiento de hechos que hacen al litigio, como lo es la demostración de que la solvencia de la accionada se halla reconstituida al permi-tirle realizar gastos que tienen menor importancia que la que posee el pago de los salarios.

"Entonces, sin salirse del estricto examen de razonabilidad y constitucionalidad, los jueces no pueden dejar de ponderar el impacto negativo que para la vida humana, para la dignidad personal, para la subsistencia propia, tienen las medidas que afectan el salario y no sólo en un sentido puramen-te individual para cada trabajador que sufre y soporta esa re-percusión, sino para su familia y para toda una sociedad que está agobiada de pobreza estructural, de desempleo y subempleo, de marginalidad, de recesión".

En suma, si como se cree "el derecho al salario es uno de los últimos que, en tiempos de emergencia económica, debe ser afectado por medidas restrictivas" (Bidart Campos, Germán J., op. cit.), a la inversa, de resultar como fuera del caso histórico, necesario imponer recortes en la escala remune-ratoria de los empleados estatales, con el alivio de las cuen-tas fiscales y la consecuente mejora de la situación económica del Estado empleador, es decir con el cambio de los hechos, de be tratarse de recomponer la situación remuneratoria de los agentes de la administración pública, tendiendo a normalizar la relación de trabajo público alterada, para volver las cosas al estado anterior a la grave crisis que golpeara la administra-ción pública.

Este Superior Tribunal de Justicia Ad Hoc, como el Alto Tribunal Provincial en su composición originaria, ha seguido un camino prudente, conforme con una postura de mesura-do activismo judicial, por oposición a la pasividad convalida-toria de los actos consumados y la sobreexcitación del preten-dido "Gobierno" judicial, como deformación patológica; debiendo resolver una permanente, pero cambiante controversia entre los intereses alineados con la seguridad general (el bien común) y los intereses individualistas. Por ello se rechaza la idea de sustituir al poder político en las decisiones que son de emi-nente orientación o de encuadramiento político. Por ejemplo: la política económica y social de una provincia. Esto lo tienen que decidir los representantes del pueblo.

Pero en circunstancias como las actuales, en que se advierte una clara mejora de la situación económica finan-ciera de la Provincia de Jujuy, lograda por una mayor recauda-ción tributaria, una administración austera, etc., se impone revisar las reducciones de los salarios de los trabajadores pú-blicos. La persistencia en el tiempo de dichas rebajas, aun cuando sujetas a la discrecionalidad del poder político, para el futuro se tornan inconstitucionales, contrarias a parámetros de razonabilidad al que se halla condicionado el control de le-galidad de las medidas restrictivas, proporcionalidad de las afectaciones, justa distribución de la carga comunitaria frente a una situación de crisis económica y por lo tanto, vulneran los artículos 14 bis (condiciones dignas de labor y equitati-vas, retribución justa), 16 (igualdad de las cargas públicas), 17 (derecho de propiedad), 19 (principio de legalidad), 28 (ra-zonabilidad), de la Constitución Nacional, asimismo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 6, 7) y normas concordantes.

Desde una visión ajustada al realismo jurídico -y de interpretación dinámica del derecho-, conteste con un rol comprometido socialmente, en el que en situaciones de extrema gravedad económica social, deben primar los intereses sociales por encima de los intereses individuales, me veo forzado a pro-piciar la declaración para el futuro de la inconstitucionalidad de las normas, en cuanto disponen reducciones salariales para las escalas remuneratorias superiores a los $ 1.000, en propor-ciones progresivas, las que deberán dejarse sin efecto, en un todo de acuerdo a lo que seguidamente se dispone.

En razón de lo expresado precedentemente, el Es-tado Provincial deberá incluir en el presupuesto del año 2004, la partida presupuestaria necesaria a los efectos de afrontar el pago íntegro de las remuneraciones de los empleados públicos afectados por tales reducciones. Entonces sí, aprobada la ley de presupuesto, deberá pagar aquellas remuneraciones sin los descuentos dispuestos por los decretos atacados.

Obviamente, que este criterio difiere y se apar-ta del propiciado por el Sr. Fiscal General Habilitado, aunque sigue el propiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Trujillo, Antonio Rufino y otros c/ Municipa-lidad de San Salvador de Jujuy", cuando expresara que resulta atinado "... sujetar la aplicación del sistema de remuneracio-nes a la provisión por parte del gobierno provincial de los re-cursos necesarios para incrementar las partidas presupuestarias correspondientes ...; sujeción o condicionamiento que nada tie-ne de oscuro e irrazonable en ordenamientos que imponen al era-rio una mayor carga económica, y que traduce el seguimiento de una regla apropiada dentro de una racional administración del presupuesto público...". Para luego afirmar que "... se prohí-be a la legislatura sancionar leyes que importen gastos sin crear los recursos necesarios para satisfacerlos, o autorizar por ley de presupuesto una suma mayor que los recursos, ...". Concluyendo "... que los gastos destinados al pago de las re-tribuciones de los funcionarios y empleados guarden adecuada proporción con los recursos".

En definitiva, constituiría un desatino por no corresponderse con la realidad, ordenar que el Estado Provin-cial abone los salarios sin los descuentos dispuestos por los decretos atacados, sin que previamente hayan sido incorporados al presupuesto del año en curso. Menos aún y más gravosa sería la situación, si pretendiéramos que los pagos de tales diferen-cias se retrotraigan a la fecha del dictado de los decretos 410 y 413, pues ello significaría desconocer las circunstancias que rodearon, determinaron y fundamentaron que el Gobierno Provin-cial dispusiera tales reducciones.

Se adopta en el caso una interpretación dinámica del texto constitucional, que por oposición a la hermenéutica estática, sostiene que "no cabe invocar la Constitución lo que significó en el momento de su adopción, sino lo que significa en el momento de su aplicación" (Quiroga Lavié, Humberto, Bene-detti, Miguel Ángel, Cenicacelaya, María de las Nieves, "Dere-cho Constitucional Argentino", T. I, p. 833 y ss. Rubinzal-Culzoni, 2001) conforme la tendencia más moderna en la materia, seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según la doctrina de autores clásicos del dere-cho administrativo (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Editorial Abeledo-Perrot, 1970. Tomo III- B, p. 271/272; Diez, Manuel M., "Derecho Administrativo", Biblio-teca Omeba, 1967, T. III, p. 493 y 496; Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, 6ta edición, La Ley, T. III, p. 175), el sueldo de los agentes públicos, puede ser aumentado o disminuido con excepción de los que la Constitución prohíbe aumentar o dismi-nuir.

Concordantemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido desde antiguo las particularidades de la relación de empleo público y su incidencia en las modali-dades que ésta asume (Fallos: 166:264, 187:116; 191:263; 210:85; 220:383, entre otros). La intangibilidad del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional, ya que la Ley Fundamental sólo la contempla respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, los Mi-nistros del Poder Ejecutivo, los Jueces de la Nación y los miembros del Ministerio Público (arts. 92, 107, 110 y 120 de la Constitución Nacional). No existe por ende, un derecho adquiri-do a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias.

He sostenido, además, que la doctrina expuesta es de estricta aplicación al caso, pues la decisión de reducir los salarios en forma generalizada para las categorías que per-ciben mayores ingresos, no resulta un ejercicio irrazonable de las facultades del Estado frente a una situación de grave cri-sis económica como la que dio lugar al dictado de los decretos.

Pero si bien en la relación de empleo público el Estado goza de prerrogativas que resultarían exorbitantes para el derecho privado, esas prerrogativas no son absolutas ni irrestrictas, sino que encuentran su límite en la imposibilidad de alterar la sustancia del contrato celebrado. La reducción salarial, producto de la emergencia, no puede modificar la re-lación de empleo público originariamente establecida hasta des-virtuarla en su significación económica, ya sea porque deja de expresar un valor retributivo razonable en función del cargo que desempeña el agente, o porque la disminución salarial im-porta la pérdida de la posición jerárquica o escalafonaria (Fa-llos 323: 1609 - 1610, del voto del Juez Bossert, Gustavo).

Mas, en momentos de crisis de las políticas pú-blicas, no se puede omitir el pensamiento de Gordillo, Agustín ("El Estado de Derecho en Estado de Emergencia, L.L., 2001-F- Expte. Nº 202/2000, caratulado: "Acción de Inconstitucionalidad - medida innovativa: Centro de docentes de Nivel Medio y Superior (C.E.D.E.M.S.) c/ Poder Ejecutivo de la Provincia".

1050): "En Estado de Derecho hace cirugía la Justicia" y su mensaje a los Altos Tribunales de Justicia con la pretensión de que resuelva la racionalidad del modo en que se hace el recor-te.

En otro orden, es obvio que "No es difícil pro-poner que un derecho -del grupo de los sociales- que es tan vi-tal como el salario, sea por eso mismo de los menos afectables en circunstancias de crisis económica. Crisis, por otra parte, en la que la responsabilidad de origen y subsistencia es impu-table al Estado y, eventualmente, a grupos del poder económico y financiero que trafican con el lucro y la especulación impro-ductivos". "En suma, el derecho al salario es uno de los últi-mos que, en tiempos de emergencia económica, debe ser afectado por medidas restrictivas. Tal vez diríamos que entre los dere-chos sociales es, no "uno" de los últimos que toleran la apli-cación de esas medidas, sino el "último" que debe afectarse cuando se haya agotado todo otro intento serio y razonable de paliar la crisis" (Bidart Campos, Germán, "Estamos enfermos de Emergencias", E.D., T. 155, p. 154, 155). "Si, una emergencia económica real -y no ficticia-, obliga al Estado a procurarse recursos, antes que buscarlos en el salario de los trabajadores debe buscarlos en los sectores de mayor o de gran capacidad económica. Digamos, del capital, que es menos digno que el tra-bajo humano" (Bidart Campos, Germán J., "Las reducciones sala-riales por emergencia económica", L.L., 1998-A-62).

No se debe olvidar que una retribución justa hace a las condiciones dignas de labor, y que ambos derechos, merecen protección de las leyes, en la máxima jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 14 bis Constitución Na-cional) y en Pactos Internacionales, que constituyen el bloque de constitucionalidad, de la primera parte de la Ley Suprema Nacional. Por lo que la prerrogativa del Estado de reducir sa-larios, aún en tiempos de emergencia económica, deberá limitar-se severamente, a proporciones de cuantía baja, sin menoscabo de la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando razones de orden público o de interés general lo justi-fiquen, siempre que la reducción no resulte confiscatoria o ar-bitrariamente desproporcionada (Fallos: 170:12; 300:616; 303:1155; 323:4215).

Soy el primero en adherir a la interpretación dinámica y actualizada de la Constitución. El Poder Judicial, desde su sitio independiente e imparcial, ha de manejar el jui-cio de previsibilidad para cooperar a sacar a flote la emergen-cia, pero no al costo de distorsiones o deterioros institucio-nales. La previsibilidad debida sobre sus efectos posibles -a veces casi ciertos- no tiene que llegar al punto de colocar en retaguardia las declaraciones de inconstitucionalidad en casos y cuestiones en los que, esquivarlas u omitirlas, equivale a interpretar la Constitución con un laxitud que, en verdad, le hace perder su tipología rígida y suprema para convertirla en elástica o flexible.

Además, si bien el goce o disfrute del benefi-cio, que normalmente consiste en el cobro periódico de una suma de dinero (monto, cuota o haber) no es intangible y conforme a la jurisprudencia de la Corte puede ser disminuido para el fu-turo mediando causa razonable, siempre debe tenerse en cuenta que esa rebaja no sea confiscatoria, por cuya razón su aplica-ción parece tornarse excepcional.

Por lo expuesto considero que están probados los extremos para justificar el establecimiento de un estado de emergencia, pero en su continuidad se torna desproporcionado mantener la medidas dispuestas en el orden de las limitaciones impuestas en materia salarios, lo que vulnera el requisito de razonabilidad de las mismas para superarla. Volvemos al remani-do "orden socioeconómico" de la Constitución, tópico sobre el que tanto se viene insistiendo. ¿Hay prioridades en las finan-zas públicas?. Sí, las que se derivan del programa constitucio-nal, no las de cualquier elucubración de la conducción política o económica del momento.

Superado el pico de la crisis, retomado el fun-cionamiento de la economía, incrementada la recaudación y en vías de solucionarse definitivamente el problema financiero, no se encuentra motivo para mantener la reducción de los salarios de los agentes del Estado. Se debe tener presente que estamos frente a una obligación alimentaria, que debe ser atendida con prelación a cualquier otra ya que hace a la subsistencia de la persona y de la vida. Los montos de reducción del gasto público por este concepto son limitados y solo alcanzan a una porción mínima del presupuesto, o, inclusive, del monto de incremento de la recaudación pública.

La emergencia económica no puede ser dictada si-ne die, debe perdurar solamente mientras subsistan las causas-que la produjeron, es un remedio legal que debe caducar inexo-rablemente, ya que no puede el Estado mantenerse en esta situa-ción permanentemente. Por esto en cuanto desaparecen las causas que la motivaron, concluye la emergencia económica y las conse-cuencias de ella. También esta puede cesar en forma parcial, en cuanto por el cambio de la situación económica, el estado de las cosas hagan que ciertas medidas tomadas en razón de la si-tuación inicial no resulten justificadas y consecuentemente irrazonables, lo que obliga a ordenar su cese.

En consecuencia, considero que en punto a esta cuestión -la reducción de salarios -, carece a la fecha de uno de los requisitos esenciales para que proceda la validez de las alteraciones en el cumplimiento de las obligaciones del Estado fundadas en la llamada "emergencia económica", cual es la razo-nabilidad. Por esto y en base a las pautas indicadas preceden-temente, se condena al demandado a abonar los salarios sin reducción alguna.

Se ejercen de esta forma las facultades moldea-doras de la Justicia, en la búsqueda de encontrar solución jus-ta, conforme a las pautas Constitucionales y legales, de una situación compleja, de incidencia colectiva e interés público, y extrema gravedad económica social, política institucional, que aqueja (preocupa, afecta, interesa) no sólo al Estado Pro-vincial -y consigo a los agentes de la administración pública provincial- sino también a la comunidad en general.

Por esto propongo se haga lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad sobreviniente e inaplicabi-lidad a los accionantes de los Decretos Nros. 410-E-00 y 413-E-00, condenando a la demandada a abonar los salarios tal como lo hacía con anterioridad a su entrada en vigencia, debiendo in-corporar en el presupuesto del año 2004, la partida presupues-taria necesaria a los efectos de afrontar el pago íntegro de las remuneraciones de los empleados públicos afectados por ta-les reducciones.

Las costas se imponen a la demandada vencida en conformidad a lo dispuesto por el art. 102 del Código Procesal Civil.

Con relación a los honorarios por la labor pro-fesional desarrollada en autos, de conformidad al mérito, ex-tensión, calidad de la defensa, la participación de cada letra-do en el trámite de la causa, y la responsabilidad en atención a la cantidad de representados, (Art. 5º y 4º incs. "b" y "c" de la ley 1.687), propicio se regulen los honorarios de la Dra. Alicia Rosa Deza en la suma de seis mil pesos ($ 6.000,00) y los de la Dra. Nora E. Matuk De Infante en la suma de catorce mil pesos ($ 14.000,00), comprensivas de la acción principal, de la excepción de falta de legitimación activa y del incidente de hecho nuevo promovido en autos.

Tales montos llevarán interés a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. (comunicado 14.290) desde la mora y hasta el efectivo pago, con mas IVA en caso de corres-ponder.

Los doctores Carlos Alberto Alvarado (h), Néstor de Diego, Miguel Ángel Lello y Pablo Baca adhieren al voto del Dr. Marcelo R. Fernández.

Por ello el Superior Tribunal de Justicia ad-hoc de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Hacer lugar a la acción de inconstituciona-lidad promovida por el CENTRO DE DOCENTES DE NIVEL MEDIO Y SU-PERIOR (C.E.D.E.M.S.) y en consecuencia, declarar la inconsti-tucionalidad sobreviniente e inaplicabilidad a los accionantes de los Decretos Nros. 410-E-00 y 413-E-00, ambos de fecha 14 de Febrero de 2000, en tanto establecen la reducción de las retri-buciones brutas totales, mensuales, normales, habituales, regu-lares y permanentes y el sueldo anual complementario y el no cómputo del tiempo para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, por lo que en lo sucesivo, en base a las pautas indicadas, la demandada deberá liquidar los salarios tal como lo hacía con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa referida y bajo las pautas indicadas en los considerandos.

2º) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa y los incidentes de hecho nuevo planteados por el Estado Provincial.

3º) Imponer las costas de la presente instancia al demandado vencido.Regular los honorarios de la Dra. Alicia Rosa Deza en la suma de seis mil pesos ($ 6.000,00) y los de la Dra. Nora E. Matuk De Infante en la suma de catorce mil pesos ($ 14.000,00), comprensivas de la acción principal, de la excepción de falta de legitimación activa y del incidente de hecho nuevo promovido en autos.

Tales cantidades se actualizarán conforme al interés a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. para uso judicial (comunicado 14.290), desde la mora y hasta el efectivo pago, con mas IVA en caso de corresponder.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.