Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-20


Expte. N° 6769 "C/ PEREZ MIGUEL A. Y PALACIO ALFREDO E. P/ robo agrav. por el uso de arma de fuego e/p Ricardo Hierrezuelo, Mabel Orelo, Fernando Hierrezuelo y Marianela Diaz s/ casacion" En la Ciudad de San Juan, a veinte días del mes de marzo del año dos diecisiete, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Angel Humberto Medina Palá, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los artículos 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, conforme fuera dispuesto en la audiencia celebrada el día ocho de marzo de dos mil diecisiete El Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?. EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO:

Contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional, actuando bajo la modalidad de tribunal unipersonal, interpone recurso de casación la Dra. Adriana Cabrera de Pandiella, en su carácter de abogada defensora de Miguel Alejandro Pérez.

El fallo cuestionado, que obra a fojas 334/369 vta., dispuso condenar a Miguel Alejandro Pérez a sufrir la pena de ocho años de prisión, con costas y accesorias legales, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito "robo agravado por el uso de arma de fuego" (artículo 166, inciso 2º segundo párrafo, del Código Penal) en perjuicio de Marianela Díaz, Mabel Orelo, Ricardo Hierrezuelo y Fernando Hierrezuelo. Asimismo se condenó a Alfredo Ezequiel Palacio a la misma pena y por idéntico delito. En el recurso articulado por la letrada (fojas 372/377) se aducen los dos supuestos previstos por el artículo 574 del Código Procesal Penal.

Por un lado, concretamente se plantea como agravio que la sentencia dictada carecería de la debida motivación, por lo que constituiría un decisorio ilegítimo y arbitrario, en tanto sostiene la ausencia de pruebas que justifiquen la autoría de Pérez en la comisión del hecho. Se expresa que el fallo habría vulnerado los principios de inocencia e igualdad al invertir la carga de la prueba en perjuicio del imputado. Que solamente se habría tenido en cuenta la prueba invocada por el señor fiscal (la que se tilda de insuficiente y contradictoria); habiéndose desechado por irrelevantes las pruebas existentes a favor de Pérez (en este sentido hace referencia a que los dichos de su pupilo se encontrarían corroborados por el testimonio de Daniela Paola Casas).

La recurrente sostiene además que la condena dictada viola las reglas de la lógica y la psicología, las reglas de la experiencia común, y los derechos esenciales del imputado, entre ellos el principio in dubio pro reo.

Por otro lado, también se argumenta que se habría errado en la aplicación de los artículos 40, 41, 45, 166 inciso 2º párrafo segundo del C.P., y 8º de la D.U.D.H. en tanto no se habría acreditado la comisión de algún delito de parte de Miguel Alejandro Pérez y menos de un robo agravado por el uso de un arma apta para el disparo; que no existiría prueba que justifique la participación o autoría enrostrada, menos en la forma que se consigna y con la cuantificación de esa condena.

Se pide la absolución del encartado y se formulas las reservas del recurso extraordinario de la ley 48.

A fojas 381 el Dr. Leonardo Villalba, en su carácter de abogado defensor de Alfredo Ezequiel Palacio, formuló simple adhesión al recurso interpuesto por la Dra. Adriana Cabrera de Pandiella. A fojas 382/383 vta. el recurso fue concedido por el tribunal inferior. Una vez radicada la causa en esta instancia, se llevó a cabo la audiencia que prevé el artículo 583 del código ritual donde las partes expusieron oralmente sus posiciones. La recurrente reiteró su pretensión casatoria; mientras que el representante del ministerio público fiscal se pronunció por el total rechazo de la vía intentada.

Cabe destacar que la defensa técnica de Palacio durante el término del emplazamiento no expresó de ningún modo los motivos y/o fundamentos de su adhesión a la pretensión recursiva. Bajo el referido cuadro de situación corresponde abordar el asunto traído a decisión.

Es importante sentar como directriz que los jueces de la causa al momento de resolver no están obligados a referirse concreta y separadamente a cada uno de los elementos de convicción suministrados por las partes, bastándoles para fundar sus decisiones que valoren los que a su entender, y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, revistan relevancia jurídica para servir de base a sus conclusiones. Es decir que, al fundamentar sus decisiones, no tienen que hacerse cargo de todos los argumentos de las partes, sino sólo de aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (cfr. PRE S. 2ª, 2010-III-599; PRE S.2ª, 2012 -IV- 613; PRE S.2ª, 2014-II-399). Tras analizar detenidamente la causa soy de la firme convicción que la condena impuesta se sustenta en prueba habilitante suficiente, tales como la denuncia y los testimonios de Marianela Elisa Diaz (fojas 1 y 113/114) y Ricardo César Hierrezuelo (fojas 2, 81 y 106/107); las declaraciones de Mabel Mónica Orelo (fojas 108/109) y Fernando Maximiliano Hierrezuelo (fojas 111/112); los reconocimientos fotográficos de Fernando Maximiliano Hierrezuelo donde éste logra individualizar a los sujetos que cometieron el asalto (véase fojas 28/31); los informes médicos de las víctimas (fojas 32, 68 y 69); las actas de inspección ocular de fojas 127/128; y el reconocimiento en rueda de personas donde Fernando Maximiliano Hierrezuelo reconoce sin duda alguna al encartado Pérez como uno de los coautores del robo con armas (fojas 130 y vta.). De la lectura de todo ese conjunto probatorio -analizado de modo contextualizado y sin fragmentación- surge claramente que el razonamiento convictito del sentenciante aparece sólido y sincero para afirmar con certeza el coprotagonismo de los enjuiciados Pérez y Palacio en el suceso criminal. Así estimo que las quejas esbozadas por la señora defensora tan solo constituyen una mera discrepancia con la soberana potestad jurisdiccional de meritación del material probatorio; descartándose cualquier vulneración constitucional.

Además corresponde resaltar que el sentenciante ha desechado con justos y lógicos fundamentos la posición de la defensa argumentada durante los alegatos. En este sentido véase las explicaciones dadas para descartar supuestas discordancias invocadas por la Dra. Pandiella (véase fojas 359 y siguienes) o el testimonio de la testigo de parte Daniela Paola Casas (véase fojas 365 vta./366).

De modo tal que siguiendo el criterio sentado por esta Sala se debe afirmar que "... cuando la sentencia resulta fundada y contenga un razonamiento lógico y no surja un flagrante y grosero error, por más que el fundamento pueda no compartirse, ello no autoriza a anularla por arbitrariedad ..." (PRE S.2ª 1995-I-50; PRE S.2ª 2006-III-598; entre muchos otros).

Así entonces, y a partir de los hechos materiales tenidos por acreditados (véase fojas 357 vta. y siguientes) el encuadre típico realizado a partir de fojas 367 se encuentra ajustado a derecho y merece plena convalidación.- Considero que la aptitud para el disparo del arma utilizada por los ladrones se encuentra acreditada con las constancias plasmadas en el acta de fojas 127 y vta., donde se dejó sentado las marcas producidas por el disparo realizado en la oportunidad por los asaltantes. De modo que los vestigios del disparo -por la impronta dejada en la pared-, aunada con los pertinentes testimonios, torna totalmente innecesaria cualquier otra probanza sobre el particular, ya que inequívocamente el arma se encontraba cargada y funcionaba correctamente para percutar y tirar proyectiles. - Finalmente, cabe referenciar que a partir de tal calificativa la pena impuesta se encuentra debidamente enmarcada entre los límites mínimos y máximos de la figura en cuestión (artículo 166, inciso 2º segundo párrafo, del Código Penal) por lo que de ahí en más -descartándose cualquier ostensible arbitrariedad en el ejercicio de los poderes discrecionales del tribunal de mérito- se torna irrevisable en esta instancia. En cuanto a la adhesión del Dr. Villalba, la misma no cumplimenta lo dispuesto por el artículo 555 del código ritual en tanto el letrado, dentro del término del emplazamiento, no expresó los motivos en que se funda, por lo que su pretensión deviene inadmisible. Por todo lo expuesto, propicio que el recurso de casación articulado sea totalmente rechazado, al igual que la adhesión realizada, confirmándose la sentencia emitida por la Sala Primera de la Cámara Penal en fecha 6 de junio de 2.016. Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación articulado. II) Confirmar la sentencia emitida por la Sala Primera de la Cámara Penal en fecha 6 de junio de 2.016. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Angel Humberto Medina Palá. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justricia.

Cp-6769 cs PRE S.2° 2017-I-119.