Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05


Reg.: A y S t 280 p 16/22. En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, bajo la presidencia del señor Ministro decano doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ODDO, GABRIEL H. contra MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA . MEDIDA CAUTELAR - (EXPTE. 3/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510166-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Por auto 286 de fecha 2 de junio de 2015 (fs. 103/105), la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 2 concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados de la parte actora contra la resolución 127 de fecha 18 de marzo de 2015 dictada por el mismo Tribunal. En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones para apartarme del criterio adoptado por el A quo en dicha ocasión, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 112/115). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco y el señor Ministro doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de interés, puede resumirse así: 1.1. El actor Gabriel Hernán Oddo, con patrocinio letrado, interpuso en fecha 5 de febrero de 2013 recurso contencioso administrativo contra la resolución 38/2012 de la Municipalidad de Granadero Baigorria, peticionando al mismo tiempo el despacho de una medida cautelar tendente a la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. 1.2. Por auto número 280 de fecha 17 de junio de 2013, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada, con costas a cargo de la Administración; y por resolución número 522 del 24 de septiembre de 2013 y su complementaria número 661 del 17 de diciembre de 2014, reguló los honorarios de los abogados patrocinantes del actor, por su actuación en la medida cautelar, en la suma de $3.150 equivalente a 6,15 JUS por cada profesional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 7 inc. 3 b, 8, 12, 15, 16 y concordantes de la ley 6767, fijando el interés a aplicar en la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. 1.3. Más adelante, en fecha 13 de febrero de 2015, los abogados presentaron liquidación de honorarios, intereses y aportes, sobre la base de la regulación en unidades jus conforme al valor vigente a dicha fecha (f. 77). Luego de puesta de manifiesto la planilla, la Cámara, mediante resolución número 127 de fecha 18 de marzo de 2015 (fs. 81/88v.), por mayoría y con remisión a precedentes del propio Tribunal, rechazó la aprobación de la referida liquidación y mandó a practicar nueva planilla de conformidad con el monto de los honorarios e intereses fijados en el auto respectivo, en el entendimiento de que la norma en juego (art. 32 ley 6767, según ley 12851) resultaba objetable: por ser facultad privativa del Congreso nacional -vedada a las Legislaturas locales- la de legislar sobre medios de cancelación de obligaciones de acuerdo con el artículo 75 inciso 12 de la Constitución nacional; por contrariar la prohibición de reajuste de valores y repotenciación de deudas dispuesta en los artículos 7 y 10 de la ley 23928 (según ley 25561); y porque la ley 7234 (modif. por ley 12036) establece un modo especial de ejecución de sentencias contra el estado con posibilidad de un diferimiento compensable con la aplicación de un interés. 2. Contra tal pronunciamiento interpusieron los letrados recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 89/99). Sostienen que el A quo ha incurrido en arbitrariedad, al prescindir del texto del artículo 32 de la ley 6767 modificado por ley 12851 e incurrir en defecto de fundamentación, violentando los derechos constitucionales de acceso a la jurisdicción y de propiedad. Afirman que la deuda por honorarios, atento su naturaleza alimentaria, es una obligación de valor. Exponen, con apoyo en citas doctirnarias, que las obligaciones de valor no resultan alcanzadas por la prohibición de indexar contenida en la ley 23928, aplicable únicamente -afirman- a las obligaciones de dinero. De ello infieren que el artículo 32 de la ley 6767 no resulta en modo alguno incompatible con el principio nominalista de la ley 23928, ni invade esferas reservadas al Congreso de la Nación. Citan jurisprudencia en aval de tal postura. Arguyen que la unidad jus no constituye un mecanismo de actualización o repotenciación de deudas, sino un medio legítimo de mantener constante el valor del honorario profesional, al que clasifican como deuda de valor y de naturaleza alimentaria, y que sólo en definitiva -añaden- deberá ser pagado en dinero. Expresan que la unidad jus vino a resolver la problemática de la regulación de honorarios sujeta a recurso judicial, dados el tiempo que necesariamente ha de transcurrir hasta que la cuestión quede definitivamente resuelta y la imposibilidad de computar intereses moratorios durante ese lapso. Aducen que el resolutorio impugnado afecta el derecho a la doble instancia, como asimismo la garantía de igualdad, en tanto traduce en la materia un criterio opuesto al sostenido por una Cámara de Apelación de otro fuero. Indican que el pronunciamiento les produce un perjuicio económico concreto, en tanto al dejarse de lado la aplicación del artículo 32 de la ley 6767 se verifica una disminución del honorario a través del tiempo. Recuerdan que el valor de la unidad jus se establece con referencia a las remuneraciones de los jueces, y que el hecho de que éstas gocen de aumentos periódicos revela un contexto inflacionario así como la necesidad de algún mecanismo de conservación de los valores económicos. Máxime -señalan- cuando la percepción de los honorarios contra el ente municipal implica una demora adicional, en virtud de la aplicación de la ley 7234, a la que aludió la Cámara. Agregan que el interés sólo podrá compensar en escasa medida el daño moratorio. Entienden que el fallo de la Cámara resulta autocontradictorio, desde que no declaró la inconstitucionalidad del artículo 32 de la ley 6767 y, sin embargo, descartó su aplicación, incluso cuando en el auto regulatorio de los honorarios liquidados había aplicado dicha disposición, al estimar los emolumentos en unidades jus. Evacuado el pertinente traslado (fs. 101/102), la Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, tal como se mencionó al tratar la cuestión anterior. 3. Pues bien, en las presentes actuaciones se encuentra en debate si la liquidación del honorario profesional regulado de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851), desconoce el reparto constitucional de competencias así como la vigencia de una norma federal como la ley 23928 (y sus modificatorias) en cuanto establece la prohibición indexatoria. Se advierte entonces que la cuestión debatida en autos guarda sustancial analogía con la que fuera materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe contra Bergagna, Edgardo" (Expte. C.S.J. N° 578/2011, pronunciamiento de fecha 01.08.2017, A. y S. T. 276, págs 294/326). Conforme al criterio sustentado en aquella oportunidad, el legislador provincial ostenta competencia constitucional, por tratarse de una potestad no delegada al Estado nacional (art. 121, Const. nac.), para dictar normas relativas a honorarios profesionales y, en esa faena, el sistema diseñado mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modif. por ley 12851) por el cual se instituye el módulo o unidad "jus" aplicable a la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, es decir al quedar firme la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional-. Tal diseño normativo elegido por el legislador provincial tuvo como propósito directo preservar la integridad de la remuneración de los profesionales del derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado -institución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios -ello en virtud de las contingencias procesales a las que están sometidos, especialmente en su instancia recursiva-, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, además del principio de jerarquía normativa y el reparto de competencias, consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional. Trasladando dichas pautas al "sub examine", cabe concluir que no resulta una derivación razonada del derecho vigente la descalificación constitucional del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851) que se colige de los términos del voto mayoritario de la Cámara en el auto recurrido -por remisión al precedente "Zayas" del mismo Tribunal-, desde que los fundamentos brindados por el A quo no son suficientes para persuadir de que el método de recomposición instituido en la citada disposición arancelaria local constituya sin más una invasión de competencias reservadas a la Nación ni un mecanismo indexatorio prohibido por la legislación nacional, con el alcance que surge de lo expuesto precedentemente. Por tanto, estimo que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con el alcance indicado. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Entiendo que las cuestiones debatidas en autos -en cuanto versan sobre la constitucionalidad del "sistema del jus", implementado por la normativa arancelaria local- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, págs 294/326), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que en la misma expuse. En consonancia con lo que sostuve en aquel precedente, debo concluir que -en el "sub lite"- no constituye una derivación razonada del derecho vigente la descalificación constitucional del artículo 32 de la ley 6767 -texto según ley 12851- que surge del voto mayoritario de la Cámara en el auto recurrido, con remisión al precedente "Zayas" del mismo Tribunal, toda vez que los fundamentos brindados por el A quo no resultan suficientes para colegir que la citada disposición arancelaria local encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. También he de señalar que allí se destacó que una vez dilucidada definitivamente la cuestión regulatoria, las finalidades prácticas y procesales que primaron en la normativa arancelaria -al adoptar la unidad jus- conducían a entender que al momento de la firmeza del auto regulatorio los módulos establecidos se convertirán por "su equivalente en pesos o moneda de curso legal" (v. art. 32 -segundo párrafo- ley 6767, texto según ley 12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada producirá el devengamiento de los intereses que se determinen. Por lo expuesto, el pronunciamiento impugnado -en cuanto se aparta del criterio sentado en el precedente de mención- debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido, remitiéndose la causa al subrogante legal a fin de que la juzgue nuevamente conforme a los lineamientos trazados. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Falistocco dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (EXPTE. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294/326), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que allí expuse. En ese orden, cabe señalar que en aquella oportunidad se trazó como pauta clara y uniforme que la deuda de valor se transforme definitivamente en una obligación dineraria alcanzada por la prohibición de indexar a partir de que la regulación del honorario adquiera firmeza. A dicha solución hermenéutica se la completó con la tasa de interés a aplicar, disponiéndose que la misma se debe fijar desde que la obligación se cuantificó definitivamente en dinero, ya que al no ser posible de acuerdo al análisis efectuado una nueva cuantificación a valores reales y actuales, la tasa de interés deberá compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, por tanto, deberá ser definida por el juez en cada caso en función de la realidad económica imperante. 2. Proyectando las pautas trazadas en aquel precedente al "sub judice", surge de las constancias de autos que el voto mayoritario de la Cámara -remitiendo al precedente "Zayas" resuelto por el mismo Cuerpo- rechazó el pedido de aprobación de la liquidación practicada estableciendo que la nueva liquidación tenga en cuenta el valor del Jus a la fecha de la regulación y los intereses fijados en el auto regulatorio (tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91) (fs. 81/85v.). Y bien, dicha solución de la Cámara, que en definitiva propone considerar al honorario como una deuda de dinero desde el auto regulatorio, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo al valorismo atenuado adoptado, por cuanto la hermenéutica propuesta, ante la declaración de constitucionalidad del artículo 32 de la ley 12851, queda huera de contenido y, por tanto, su aplicación implica el desconocimiento sin más del sistema de actualización por unidad Jus. En otras palabras, siendo constitucional el mencionado artículo, no resta más que su aplicación, aunque con los alcances señalados en el precedente al que se remitió, razón por la cual corresponde anular el pronunciamiento impugnado. Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa, con costas por su orden (arts. 250 C.P.C.C. y 13 ley 7055). A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus, guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra BERGAGNA, Edgardo -apremio fiscal- (EXPTE. 121/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294/326). 2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al presente caso, a las que "brevitatis causae" me remito, surge de las constancias de autos -en lo que ahora es de estricto interés- que la Cámara de lo Contencioso Administrativo al rechazar la liquidación practicada en la causa lo hizo sobre la base de declarar la inconstitucionalidad del régimen previsto en el artículo 32 de la ley 12851. Dicha solución se aparta del criterio sentado en el precedente antes mencionado, por lo que corresponde descalificarlo como acto jurisdiccional válido. Voto, pues, por la afirmativa, con costas en el orden causado. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que surge de los fundamentos del presente acuerdo. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en este pronunciamiento. En cuanto a las costas, considerando las particularidades de la causa, deben ser impuestas por su orden (arg. arts. 12 y 13 ley 7055 y 250 C.P.C.C.; cfr. crit. A. y S., T. 276, págs. 294/326). Así voto. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Falistocco y el señor Ministro doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que surge de los fundamentos del presente acuerdo. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en este pronunciamiento. Costas por su orden. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIÉRREZ-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 2.