Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-06


AUTOS N° 8632/1 "OBRA SOCIAL PROVINCIA C/Rodriguez Sara Teresa S/Apelación de Sentencia" En la ciudad de San Juan, a seis días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí, Delfor Edgardo Benitez y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 8632/1, caratulados "OBRA SOCIAL PROVINCIA C/RODRIGUEZ SARA TERESA S/APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Contra la sentencia obrante a fs. 883/889 dictada por la señora Juez Titular del Quinto Juzgado Laboral, que rechaza la demanda instaurada en Autos, interpone a fs. 889 recurso de apelación la parte actora, el que es fundado a fs. 894/903 vta., no habiendo respondido el mismo la recurrida.- Remitida la causa a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, queda radicada en esta Sala Segunda donde se le imprime el trámite procesal correspondiente, se llama autos para resolver y se practica el sorteo para la emisión de los votos, con lo que las cuestiones propuestas por la apelación se encuentran en condiciones de ser consideradas y resueltas por el Tribunal de alzada.- Se agravia el apelante de la sentencia de primera instancia en cuanto: 1) resulta arbitraria por carecer de fundamentos lógicos y jurídicos que sustenten el rechazo de la demanda, apegada a un excesivo rigorismo formal, 2) distingue donde la ley no distingue, en el art. 52 de la Ley 23551 y 3) limita la acción de exclusión de la tutela sindical al apego formal, ocultando la verdad real, en perjuicio del Estado Provincial.- I.- Entrando al análisis del Primer Agravio, vemos que el apelante dirige su queja a que la sentencia se vale de pobres y contradictorios argumentos, que pretenden sustentar el decisorio, deviniendo en violatorio del debido proceso y del derecho de propiedad, lo que lo torna "groseramente arbitrario" (sic), apegado a un excesivo rigorismo formal, que desvía la atención del objeto principal del proceso, que es la exclusión de la tutela sindical de la demandada.- I.-1. Con carácter previo, propongo analizar el reiterado planteo del quejoso en tildar el fallo de "arbitrario". Al respecto, considero oportuno dejar sentado que la arbitrariedad de los fallos ha sido desarrollado suficientemente por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en forma pretoriana admitió la admisión del recurso extraordinario más allá de los casos previstos en el art. 14 y siguientes de la Ley 48, para los casos de sentencias arbitrarias.- La evolución jurisprudencial, en sus primeros pasos tuvo por fin determinar la diferencia entre "sentencia arbitraria" y "sentencia errónea", lo cual adquiere vital importancia, toda vez que sólo la primera habilita la vía de recurso extraordinario.- En tal dirección, la Corte se ha pronunciado diciendo "la arbitrariedad -como materia estrictamente excepcional del recurso extraordinario- no consiste en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican y en tanto no exceden las facultades de apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su función." (234:157).- La arbitrariedad puede ser: a) referida al tema de la decisión cuando se omiten resolver cuestiones propuestas o se resuelven cuestiones no planteadas; b) referidas al fundamento de la decisión: b1) fundamento normativo: cuando el Juez se arroga el papel de legislador y no se limita al orden jurídico; cuando prescinde del texto legal sin dar razón alguna; cuando aplican normas no vigentes; y cuando el Juez da fundamentos de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas aplicables; y b2) fundamento de hecho: cuando prescinde de prueba decisiva; cuando invoca prueba inexistente; o cuando se contradice abiertamente otras constancias de autos; c) cuando la sentencia se funda en afirmaciones dogmáticas o fundamento aparente; cuando incurre en excesos formalistas o ritualistas o cuando son autocontradictorias y d) referida a los efectos: cuando pretenden dejar sin efectos decisiones anteriores firmes.- A mi criterio, en el caso que nos reúne ninguna de las causales descriptas en la doctrina de la Corte se configura en autos; toda vez que si bien en términos teóricos alguna de las causales señaladas han sido invocadas por el recurrente, a la postre, de su crítica, no surge que se configure en el fallo atacado la arbitrariedad que se le achaca.- I.-2. Revisando la causa, y analizando en forma conjunta los tres agravios, por cuestiones metodológicas, por estar entrelazados, advierto claramente que la Juzgadora rechaza la acción intentada en autos, de exclusión de la tutela sindical, con apego total al art. 52 de la Ley 23551, al fundarla en que no se ha determinado cuál sería la sanción a aplicar.- Destaco que no ha incurrido en un excesivo rigorismo formal, ni distinguido donde la ley no distingue, como arguye el quejoso, por lo que desde ya adelanto que no pueden prosperar los agravios en análisis.- Para ello, tengo en cuenta que la acción de exclusión de tutela sindical contemplada en dicha norma, implica necesariamente: 1) un pedido por parte del empleador para que la autoridad judicial levante la protección legal de que gozan los trabajadores amparados por los arts.. 40, 48 y 50 de dicha ley, para así poder ejercer la facultades disciplinarias del caso; 2) que, y sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, respecto de las formalidades de los actos administrativos, deben prevalecer y armonizar con aquellas, las normas establecidas en la ley 23551, ya que: "La ley 23.551 ha sido dictada con el propósito de rodear a la libertad sindical de las mayores garantías de desenvolvimiento, razón por la que contiene una serie de disposiciones absolutamente extrañas a la regulación estatutaria del empleo público propia del derecho local, como es la relativa a la acción de exclusión de la tutela sindical. (LEYB 23551, SCBA, B 55008 I 6-4-93 Cunsnir, Roberto y otro c/ Municipalidad de Morón s/Dif. y desp. - cuestión de comp. art. 6º C.C.A. , LDT).- En ese orden de ideas, resalto que esta acción sólo tiene como fin permitir al empleador adoptar alguna de las medidas que afecten al dirigente gremial amparado, estableciendo la verosimilitud de la justa causa invocada para ello, es decir la posibilidad de que exista justa causa, pero sin agotar su análisis, ya que la certeza de la misma debe ser materia de un juicio posterior, por lo que tampoco encuentro que en autos se encuentre afectado el derecho de defensa, ni de propiedad de la actora, como alega el recurrente.- Así las cosas, la exigencia de que en la demanda se delimite la sanción que se pretende aplicar, es un requisito sine qua non, que hace a la procedencia de la acción, como bien lo ha resuelto la A-quo.- Respecto del tema se ha dicho: "El proceso sumarísimo de exclusión de las garantías conferidas al representante gremial constituye una especie de "antejuicio" que permite al empleador la aplicación de medidas emergentes de sus potestades disciplinarias y de dirección (artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Contrato de Trabajo), sin incurrir en prácticas antisindicales; en dicho juicio el juzgador debe establecer la verosimilitud de la justa causa invocada por el empleador, la probabilidad de que ella exista, sin agotar el análisis que será materia de un juicio ordinario posterior, en donde se buscará la certeza."(LEY 20744 Art. 65 ; LEY 20744 Art. 66 ; Ley 20744 art. 67, cccu03 cu 473 s 9-5-92, Establecimiento Metalúrgico Colon S.A. c/ Camejo Néstor F. s/Exclusión de Tutela Sindical, Mag. Votantes: Rodriguez - Bazterrica Bugnone, ldt). Además: "La exclusión judicial de la tutela sindical de los trabajadores amparados por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la Ley 23.551 lo es al solo efecto de que el empleador pueda adoptar la medida invocada en su demanda, la que debe meritarse por el tribunal del trabajo en atención a las circunstancias que -prima facie- hagan verosímil el planteo sometido a decisión (arts. 52, ley cit. y 30 dec.467/88)" (Ley 23551 Art. 40; Ley 23551 Art. 48; Ley 23551 Art. 50; Ley 23551 Art. 52; Dec 467-88 Art. 30, SCBA, L 44612 S 6-11-90, Antonucci y Bardi S.R.L. c/Medina, Raúl y ot. s/ Procedimiento Sumarísimo art. 52, ley 23551, TSS 1991, 243 - AyS 1990-IV, 119 - ED 142, 493 - DJBA 142, 135, LDT).- En igual sentido: "La sentencia del tribunal del trabajo que declara la exclusión de la tutela sindical de los trabajadores amparados por las garantías de los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23551 con arreglo a lo prescripto por los arts. 52 de dicha ley y 30 del dec. reglamentario 467/88 no es definitiva en el concepto de los arts. 278 y 290 del Código Procesal Civil y Comercial, porque no decide sobre la suerte o existencia del derecho de fondo debatido, al comprender sólo el primer tramo del procedimiento legalmente instituido para la dilucidación del derecho afectado que se invoca. (Ley 23551 Art. 40; Ley 23551 Art. 48; Ley 23551 Art. 50; Ley 23551 Art. 52; DEC 467-88 Art. 30; CPCB Art. 278; CPCB Art. 296, SCBA, L 44612 S 6-11-90, Antonucci y Bardi S.R.L. c/Medina, Raúl y ot. s/Procedimiento Sumarísimo art. 52, ley 23551, TSS 1991, 243 - AyS 1990-IV, 119 - ED 142, 493 - DJBA 142, 135, LDT). También: "En este litigio la labor judicial está -limitada a indagar si la medida aplicada por el empleador colisiona con la función gremial, de lo cual depende la subsistencia o no del llamado "fuero" regulado por la ley 23.551. En otras palabras, el Juez no debe ahondar, en el análisis de los hechos en cuanto éstos pudieran revelar la existencia o no de una justa causa de despido o de incumplimiento sancionables en la órbita del poder disciplinario reconocido al patrono (conf. Correas, Oscar A. "La exclusión de tutela sindical en la ley 23.551" en Rev. Derecho del Trabajo, 1989-B: 1942). (56.803-L-l021 "Lombardich, Luis Alberto c/Y.P.F. p/sumario" J.F. N 2 de Mendoza. Sentencia. Sala A. 27-07-93, LDT) ( el subrayado me pertenece).- I.- 3. Cuadra traer a colación que alrededor del art. 52 de la ley 23551 y en relación con la petición de exclusión de tutela se ha producido un interesante debate sobre la naturaleza de esta acción, su objeto, contenido y efectos de la sentencia que ordena el levantamiento de la garantía gremial, etc., compartiendo la postura que sostiene Bof en su obra " Acciones Tutelares de la Libertad Sindical", pág. 172: "La insuficiencia de las doctrinas precedentes en la interpretación de la acción de exclusión de tutela, nos llevan de la mano a pensar que el paso indispensable exige que el empleador especifique en la demanda, con claridad y precisión, la medida que dispondrá. De tal forma, el tribunal contará con los elementos indispensables para confrontar los hechos traídos al debate, con la medida a disponer, sea despido, suspensión, o cambio de las condiciones de trabajo. Incorporando la cuestión contractual, se salvan los peligros de una exclusión en blanco de la tutela. Dentro de esta postura, que compartimos, la resolución de exclusión contendrá autorización para determinar específicamente una determinada medida, autorizada por el tribunal, so pena de incurrir en una actividad antisindical, salvo que decidiere aplicar una más benigna o no aplicarla, de lo contrario debe cumplir con la medida autorizada" (el subrayado me pertenece).- Como lógica derivación del derecho aplicable al caso venido a estudio, resulta inamovible el rechazo de la demanda resuelto por la Jueza de Grado anterior, fundado en que la empleadora no ha precisado, en el escrito inicial, la sanción que pretende aplicar, requisito éste, indispensable en la "acción" que nos ocupa.- Bien se ha dicho " ....la cuestión medular a resolver -de cara a los agravios expuestos- se centra en la interpretación que corresponde realizar de los Arts. 52 y 47 de la Ley 23.551.....constituye un presupuesto indispensable de la pretensión de exclusión de tutela sindical, tal el caso, que el empleador -sin diferenciar público del privado- al promover la correspondiente demanda, no sólo debe describir los hechos sino que indefectiblemente debe indicar la consecuencia que pretende hacer derivar de dichos hechos; esto es, la medida que proyecta adoptar en caso de obtener resolución favorable. Ello hace al elemento causal de su pretensión -fundamento o título que se configura en una situación de hecho a la que le asigna una consecuencia jurídica- Ello es así, porque se trata de un acto que, si bien complejo, debe bilateralizarse, y que se configura con la voluntad petitoria del empleador que tiene la iniciativa; la del dependiente que sabrá de que defenderse y qué conducta seguir; y, finalmente, la decisión del órgano judicial que, sobre la base de las peticiones y oposiciones de las partes, la admite y legitima -o no- fundadamente" .Fecha del fallo: 4-4-2013 Tribunal: Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén Partes: Provincia De Neuquén C/Heredia Fabio Daniel Y Otros S/Sumarísimo Art. 52 Ley 23551.- Como colofón, propicio desestimar el primer agravio.- II.- En el segundo y tercer agravio, el recurrente vuelve sobre temas que han sido materia del primer agravio, por lo que en función de las consideraciones vertidas precedentemente, también deben ser desestimados.- Insisto en que, de ninguna manera, puede considerarse que el resolutorio impugnado adolezca de un excesivo rigorismo formal, al rechazar la acción por el fundamento que tuvo.- Todo lo contrario, se advierte que en el mismo se ha respetado el debido proceso y el mecanismo adecuado denominado" exclusión de tutela sindical" ( art.52 de la Ley 23551).- Esto es, si bien se ha seguido procedimiento preliminar preventivo, de carácter obligatorio y que opera como requisito de validez de la conducta del empleador, la sentenciante, conforme a derecho, ha rechazado la demandada por no haberse especificado ni delimitado la decisión que se pretende adoptar, comprendida en el ámbito de protección del instituto( despido, suspensión, modificación de las condiciones de trabajo), respecto del demandado, amparado por esta garantía.- Ergo, se le hizo imposible a la Juzgadora emitir el pronunciamiento que lo autorice, una vez que se hubieren determinado las circunstancias que la justifiquen y que excluya la posible motivación antisindical del comportamiento patronal.- Al respecto, dice la jurisprudencia, que comparto,:" La exclusión de la tutela sindical de los trabajadores amparados por las garantías previstas por los art. 40,48 y 50 de la Ley 23551 lo es al solo efecto de que el empleador pueda adoptar la medida invoca en su demanda, la que debe meritarse por el Tribunal en atención a las circunstancias que haga verosímil el planteo sometido a decisión; ya que el procedimiento sumarísimo destinado a excluir al agente sindical de su tutela, implica solamente despojarlo de sus prerrogativas gremiales, para ser colocado en la condición de cualquier trabajador, y nada más, por lo que respecto a sus obligaciones laborales, ellas deben ser abordadas, si fuere el caso, en el proceso ordinario pertinente, siendo suficiente la verosimilitud del hecho invocado, para la exclusión... En el proceso de exclusión de la tutela sindical el Juez no ahondará en el análisis de los hechos en cuanto éstos pudieran revelar la existencia o no de una justa causa de despido o de incumplimientos sancionables en la órbita del poder disciplinario reconocido al patrono. Procurará indagar solamente si las medidas proyectadas por el empleador colisionan con la función gremial, y de ese juicio, dependerá la subsistencia o no del fuero" (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela (S.F.), 23/10/08, "Municipalidad de Rafaela c/Audero, Adalberto J. s/Exclusión de la tutela sindical").- Como colofón, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 889, imponiendo las costas a la actora vencida, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 196 de la Ley 2150.- Así voto.

LOS DOCTORES GUILLERMO BAIGORRÍ Y DELFOR EDGARDO BENITEZ DIJERON: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhieren al mismo:

Por todo ello el Tribunal:

RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 883/889, imponiendo las costas de la instancia a la actora vencida (art. 125 C.P.L.), difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 196 de la Ley 2150.

II) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.- III) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.-