Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil siete, se constituye en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, el Tribunal presidido por la Doctora María Elena NIEVA de PETTINARI, e integrada por los Señores Vocales Doctores Daniel Luis María PINTOS y Martín Roberto MONTENOVO, conjuntamente con el Secretario del Tribunal, Dr. Ramón Lauro MACIAS, a fin de determinar el monto de pena única a imponer en este Legajo de Ejecución N° 81/03, caratulado: "S., D. R. s/ Robo agravado en concurso real con robo agravado en calidad de coautor. Expte. Ppal. N° 68/97" (causa originaria N° 3301/97 del Juzgado de Sarmiento), en la que tuvieran debida intervención la Señora Fiscal General, Dra. Raquel Susana TASSELLO y el Señor Defensor Público, Dr. Eduardo Marcelo CERDA, respecto de D. R. S., (a) "C." o "M.", argentino, soltero, nacido en Sarmiento, Provincia del Chubut, el veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y siete, hijo de R. y de M. del C. G., D.N.I. Nº ... ... ..., con último domicilio en R. y L. de la ciudad de Sarmiento, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N° 6, con asiento en la ciudad de Rawson, y usufructuando de visita extraordinaria en Alcaidía Policial de esta ciudad.- RESULTANDO:

En la audiencia de debate la Sra. Fiscal General, Dra. Raquel Susana TASSELLO, consideró que se dan los requisitos para proceder al dictado de una pena única, toda vez que se trata de sentencias condenatorias firmes dictadas en distintos momentos. Por tal motivo, a los efectos de individualizar la pena, en función de la recaída en la sentencia N° 2/98 de este Tribunal y la 477 de la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia, teniendo en cuenta que nos encontramos ante la situación prevista en los artículos 55 y 58 segundo supuesto del Código Penal, requirió que, utilizando el método de composición se imponga el monto de veintidós años de prisión. Ello luego de ponderar el positivo informe emanado de la unidad penitenciaria en la que cumple la sanción, que da cuenta de los progresos alcanzados, y de la favorable impresión que causó el imputado en la audiencia de visu, en el marco de lo normado en los artículos 40 y 41 del cuerpo legal referenciado.

Concedida la palabra al Sr. Defensor Público, Dr. Eduardo Marcelo CERDA, compartió parcialmente el análisis desarrollado por su colega pero discrepó en cuanto al "quantum" solicitado. Fundó su discrepancia en la notable superación que se advierte en cada uno de los últimos informes criminológicos vertidos por la unidad de detención. No puede soslayarse, sostuvo, la fecha de los hechos (pasaron diez años desde el hecho juzgado en la presente causa y nueve de los que fueran juzgados por la Cámara de Caleta Olivia). Desde su detención, su comportamiento empeoró hasta el grado de buscar la muerte. Es decir "las idas y vueltas" (sic) de las causas pendientes, afectaron su personalidad y esto debe computarse como atenuante. También debe ponderarse en el mismo sentido, el hecho de no haber sido juzgado en tiempo oportuno. Si así hubiera sido, es posible que el monto de la pena se hubiera ubicado en el que finalmente fijó este Tribunal para el hecho más grave. Por todo ello, solicitó que la pena única se determine en base al método de composición y se lo fije en veinte años de prisión. Asimismo, dada la duración del proceso seguido en la Provincia de Santa Cruz y por tratarse de tiempos de detención paralela, requirió que se contemple la posibilidad de computar el plazo de prisión preventiva de acuerdo a la ley N° 24.390.- El condenado D. R. S., al momento de pronunciar sus palabras finales, expresó "que sea lo que Dios quiera" (sic).- Y CONSIDERANDO:

Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal fija la siguiente cuestión para resolver: ¿Cuál es el monto de la pena única a imponer en el caso bajo examen?.

Cumplido el proceso deliberativo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 355 y concordantes del C.P.P., practicado que fuera el sorteo que prevé el art. 357, 2do. párrafo, de la Ley penal adjetiva, se estableció el siguiente orden de votación: en primer término la Dra. María Elena Nieva de Pettinari, en segundo lugar el Dr. Daniel Luis María Pintos y finalmente el Dr. Martín Roberto Montenovo.

El Tribunal resuelve las cuestiones planteadas de la siguiente manera:

A la cuestión planteada la Dra. PETTINARI dijo:

Han quedado acreditadas mediante la prueba informativa incorporada a la audiencia de visu celebrada respecto de D. R. S. (copias de las sentencias N° 2/97 dictada por esta Cámara y 477/06 dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz), la pluralidad de sentencias condenatorias firmes dictadas contra el nombrado en momentos distintos y por Tribunales diferentes. Así, en los autos principales, en virtud de la primera de las mencionadas, dictada el 5 de marzo de 1998, se declaró al nombrado autor penalmente responsable de Robo agravado en concurso real con robo agravado en calidad de coautor y se lo condenó a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas (artículos 12, 29 inciso 3°, 45, 55, 165 y 166 inciso 1° del Código Penal), por los hechos cometidos en la ciudad de Sarmiento el 3 de febrero de 1997 en perjuicio de J. L. R. y de E. C. N.. Posteriormente, el pasado 30 de abril de 2007, por sentencia N° 477/07 dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de C. O., Santa Cruz en la causa N° 479/99, se lo declaró coautor penalmente responsable de Robo calificado reiterado en una oportunidad -dos hechos- en concurso real con robo (artículos 164, 166 inciso 2° y 55 del citado, y se lo condenó a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (artículos 12 y 29 inciso 3° del citado cuerpo normativo).- Sentados tales extremos hemos acordado luego del proceso deliberativo que la unificación de pena es procedente, por darse en la especie el primer supuesto previsto en el artículo 58 del catálogo sustantivo. En efecto, nos encontramos ante una pluralidad de pronunciamientos firmes emitidos contra S. en tiempos distintos y por diferentes tribunales.

Tales circunstancias, evidentemente, imponen la necesidad de proceder a la unificación de penas, abarcativa de las impuestas en las dos causas citadas. En tal sentido debe recordarse que " ... Mediante este mecanismo procesal se prevé y garantiza la imposición de una pena única, evitando que un condenado múltiple en jurisdicciones distintas o en épocas sucesivas quede sometido a un régimen punitivo plural (...), para que resulte procedente el dictado de la resolución de unificación de penas, en ambas hipótesis, es menester que las sentencias de condena precedentes se encuentren firmes, vale decir, que no puedan ser objeto de impugnación ordinaria o extraordinaria en la jurisdicción local ... " (cfme. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, causa "S. D., C. M. p.s.a. Portación de armas de uso civil ilegal. Expte N° 96884 ... ", rta. el 12/08/04, publicado en el sitio elDial.com -Edición Córdoba-, el 01/07/05).- A los fines de individualizar la pena única que corresponde imponer, entiendo que corresponde el análisis de diversas circunstancias que se han conocido en el marco de la audiencia de debate celebrada a tal fin. Así, S., concedida que le fuera la palabra, expresó que al momento de tomar conocimiento de la magnitud de la pena que le había sido impuesta en la presente causa -veinte años de prisión-, "se quiso morir" (sic), pero el razonamiento que se le instaló fue que si tenía que morirse, lo haría peleando, haciéndose respetar. Por eso, es conciente de haber cometido "muchas maldades", tanto a las autoridades penitenciarias como a sus compañeros. Ante la falta de adaptación, comenzó su peregrinar por distintas unidades penitenciarias, ubicadas en diversos lugares del país y en ninguna de ellas, se adaptaba. No deseaba hacerlo. El cambio comenzó a operarse en ocasión de verse involucrado en un incidente con otros internos en el que debieron intervenir los guardiacárceles, hecho ocurrido en 2002. Sufrió lesiones de carácter grave, se lo dio por muerto y se lo derivó a la morgue de la unidad de Villa Devoto, en Capital Federal. Fue muy triste verse pesando treinta kilos, apuñalado y desfigurado. A raíz de eso, agregó, sufrió daños en el cráneo. Su familia fue convocada para reconocer el cuerpo. Luego, estando en uno de los módulos de Ezeiza, le hablaron de Dios, pero le costó acercarse a él dado que en la Provincia de Buenos Aires, el cR.ente es rechazado, a lo que debe agregarse que en la Cárcel de Batán, ubicada en Mar del Plata, al ser una persona de campo, los restantes internos lo manejaban con facilidad. Para quienes lo conocieron, siempre fue malo pero Dios, desde su fe evangélica, cambió su vida, le dio una nueva vida. Al producirse su traslado a la Unidad N° 6 de Rawson, logró afianzar el vínculo con su familia que está compuesta de su madre y sus dos hermanas que viven en Pico Truncado, Santa Cruz, y su padre en Sarmiento, con quien mantiene poco contacto debido a su situación económica, pero con quien no ha roto el vínculo ya que, aunque sea en forma esporádica, se comunica. Todo ello, reitera, se debe a que lleva a Dios en su corazón, eso lo hace feliz y fue lo que incidió en el cambio de su conducta "intramuros".

Indudablemente que el caso bajo examen, se presenta revestido de algunas particularidades que no pueden soslayarse y que ameritan ciertas consideraciones. En primer término, cabe poner de relieve que la pena impuesta por este Tribunal en los autos principales, no puede considerarse desproporcionada ni irracional. En apoyo de ello, debe recordarse que en oportunidad de resolver el recurso de casación deducido por la defensa del condenado, el Superior Tribunal de Justicia estimó que la calificación legal que hubiera correspondido asignar al suceso enrostrado, era la de Homicidio calificado "crimins causae" (artículo 80 inciso 7° del Código Penal), figura que se encuentra reprimida con pena de prisión o reclusión perpetua. Ello permite colegir, fundadamente, que no puede haberlo sorprendido al extremo de adoptar una conducta como la que observó durante los primeros años de encierro. A todo evento, no puede dejar de ponerse de relieve el grado de violencia y de desprecio hacia la vida e integridad física del prójimo desplegado al cometer el hecho por el que se lo condenara en la presente causa, y la innecesaria agresividad empleada al perpetrar los hechos cometidos en la ciudad de Pico Truncado y que fueran materia de condena en la sentencia dictada por el Tribunal de juicio de Caleta Olivia. Tales extremos permiten afirmar válidamente que no fue la pena impuesta en los autos principales -como lo alega el imputado- lo que provocó su iracundia al inicio del tratamiento penitenciario, sino que ello fue producto de su propia personalidad irascible y trasgresora. En abono de ello, tampoco puede ignorarse que a poco de tomar conocimiento de la sentencia recaída en los autos principales, se dio a la fuga; cometió otros hechos delictivos en otras jurisdicciones que fueron ya juzgados y se encuentran con sentencia firme -vgr. causa tramitada ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, en la que fuera condenado a tres años y siete meses de prisión-.

No obstante lo expuesto, lo que tampoco puede desconocerse, ni ponderarse en su favor, es el notable progreso que se advierte en su tratamiento penitenciario en los últimos tres años, que se encuentra documentado en el informe criminológico de fs. 268. De allí surge también que registra conducta ejemplar y conducta buena y que se encuentra incorporado a la fase de confianza del Período de tratamiento del régimen de progresividad.

Tal línea de análisis, me permite concluir, en primer término, que corresponde utilizar el método composicional, tal lo peticionado en forma expresa por la defensa, tomando como base las pautas de mensuración previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Al respecto, entiendo que " ... el hecho de escoger el método de composición jurídica en la unificación de penas -más favorable al reo, por otro lado- no significa una gracia que debe ser concedida siempre en forma automática por el Tribunal que realiza este procedimiento sino únicamente cuando las constancias del proceso y la personalidad revelada por el autor (arts. 40 y 41, Cód. Penal) lo hagan aconsejable ..." (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, "Picón Alberto A.", rta. el 19/06/01, publicado en La Ley 2002-A, 316 - DJ 2002-I, 58). Este extremo ha quedado probado en la audiencia. Conceptúo, entonces, como atenuantes, su escaso nivel de educación, su edad, el ambiente social en el que se desarrollara su vida, el favorable informe criminológico emitido por la Unidad Penitenciaria N° 6 respecto de su evolución en los últimos tres años y la excesiva prolongación del proceso por el que fuera condenado en la Provincia de Santa Cruz; luego, como agravantes no puedo dejar de valorar la agresividad que caracterizaron a todos los hechos juzgados -especialmente el fallado en la causa principal-, como así también la extensión del daño causado en éste, la reiteración delictiva, la fuga que determinara su declaración de rebeldía. Todo ello, me lleva a propiciar, que se le imponga la pena única de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas (artículos 12, 29 inciso 3° y 58 del Código Penal). Así emito mi voto a esta cuestión.

A la cuestión planteada el Dr. PINTOS dijo:

Según las previsiones del artículo 58 del Código Penal, la unificación procederá en dos supuestos: a) cuando dictada condena y firme la misma se deba juzgar a la persona que está cumpliendo la pena por un hecho distinto y b) cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes sin proceder a la unificación. Al respecto, tiene dicho la jurisprudencia que la citada norma "... responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio de la Nación, adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones ... " (Cfme. CSJN, 28/06/88, "C., J. y otro, LL, 1989-A-239, citado en Edgardo Donna, Javier Esteban de la Fuente, María Cecilia I. Maiza, Roxana Gabriela Piña, "El Código Penal y su interpretación en la Jurisprudencia", T. I., pág. 532, Rubinzal-Culzoni Editores). En el mismo sentido " ... El instituto de la unificación (art. 58, Cód. Pen.) se propone resolver la problemática de la individualización ejecutiva de la pena en aquellos casos en que coexisten diversas sanciones, mediante la unificación de todas ellas a través de las reglas del concurso en una sola ... " (cfme. CNCCorr. Sala VII, 15/02/88, "C., L. Y otros", JA 1988-IV-633, aut. y ob. cit., pág. 532).

Sentado ello, D. R. S. registra las sentencias condenatorias Nº 2/98 del cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dictada por este Tribunal, en la que se lo declaró autor penalmente responsable de Robo agravado en concurso real con robo agravado en calidad de coautor y se lo condenó a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas (artículos12, 29 inciso 3°, 45, 55, 165 y 166 inciso 1° del Código Penal), por los hechos cometidos en la ciudad de Sarmiento el 3 de febrero de 1997 en perjuicio de J. L. R. y de E. C. N.; y la N° 477/07, emitida por la Excma. Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia, Santa Cruz, el 30 de abril de 2007 en la causa N° 479/99, en la que se lo declaró coautor penalmente responsable de Robo calificado reiterado en una oportunidad -dos hechos- en concurso real con robo (artículos 164, 166 inciso 2° y 55 del citado, y se lo condenó a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (artículos 12 y 29 inciso 3° del citado cuerpo normativo).

El hecho por el que fuera condenado a través de la sentencia N° 2/98, dictada en la causa principal, tuvo lugar el 3 de febrero de 1997; mientras que los sucesos por los que recibiera sanción en la sentencia N° 477/07 -dictada en la causa tramitada ante la Cámara de Caleta Olivia- tuvieron lugar el 22 de abril de 1998. Es decir: ninguna duda cabe que nos encontramos ante la hipótesis contemplada en la primera parte del artículo 58 del ordenamiento sustantivo, toda vez que " ... para el texto vigente no interesa que el hecho distinto objeto del último juzgamiento sea anterior o posterior a la condena anterior ... Debe tratarse simplemente de 'otro hecho distinto' (...) lo cierto es que con la redacción vigente la unificación comprende tanto los casos de concurso real, en que los distintos hechos no fueron objeto de juzgamiento en el mismo proceso (otro hecho anterior a la condena), como los de reincidentes (otro hecho posterior a la condena), pues en ambos supuestos se trata de otro hecho distinto ... " (Cfme. "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", David Baigún-Eugenio Zaffaroni, t. 2, págs. 520 y 521). En la misma dirección " ... la expresión hecho distinto comprende, como supuestos de unificación, tanto los hechos anteriores como los posteriores a la sentencia firme ... " (Carlos Creus, "Cuestiones Penales", Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 133).

Sentado lo precedentemente expuesto, en ocasión de celebrarse la audiencia de visu, el imputado alegó en su defensa que la conducta que adoptara en la primera fase de su tratamiento penitenciario -plagada de sanciones debido a infracciones disciplinarias, incidentes con sus pares y con efectivos del Servicio Penitenciario Federal, traslados a otras unidades de la fuerza, marcada falta de adaptación al régimen imperante en los distintos establecimientos-, obedeció al impacto que le produjo el conocimiento de la pena que le había fijado el Tribunal por el hecho protagonizado en la ciudad de Sarmiento. Ante ello, expuso, tomó la decisión de que si tenía que morir lo haría peleando, haciéndose respetar. Ello lo llevó a cometer "muchas maldades" (sic), tanto con sus compañeros como con los custodios del Servicio Penitenciario. Resistió el encierro con mala conducta hasta verse involucrado en un incidente en el que resultó gravemente lesionado. Luego de éste, en el que inconsciente fue depositado en la morgue de la unidad penitenciaria de Villa Devoto, sintió una enorme tristeza de verse pesando treinta kilos, apuñalado, desfigurado y con lesiones en el cráneo. Su familia fue citada a reconocer el cadáver. Luego, ya estando alojado en uno de los módulos del penal de Ezeiza le hablaron de Dios; le costó profesar la fe evangélica, ya que en la población carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, el creyente es rechazado. Pero con el tiempo, continuó, se aferró a Dios ya que el Servicio no podía contenerlo. Cree que Dios fue quien cambió su vida, le dio una esperanza. Luego con el traslado a la Unidad Penitenciaria N° 6, logró afianzar su vínculo familiar ya que tiene visitas más asiduas de su núcleo compuesto de su madre y dos hermanas, todas residentes en Pico Truncado, Santa Cruz. Con el padre, residente en Sarmiento, si bien mantiene el vínculo, el contacto es menor debido a su situación económica. En suma, concluyó, gracias a la religión evangelista que comenzó a profesar, está feliz y siente que tiene a Dios en su corazón.

En principio, un detenido análisis de la forma de comisión de los hechos delictivos protagonizados por S., por los que recibiera condena -tanto en Pico Truncado, como en la Provincia de Buenos Aires-, demuestran claramente el alto grado de violencia y agresividad -en algunos casos innecesaria- que caracterizó su conducta, especialmente el que cometiera en la ciudad de Sarmiento. No resulta verosímil, en consecuencia, que haya sido el monto de la pena impuesto en la causa principal el desencadenante de su pésimo comportamiento en el tramo inicial de su tratamiento penitenciario. En torno al punto, tampoco debe perderse de vista que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en oportunidad de resolver el recurso de casación interpuesto por su Defensa y consulta (art. 179 inciso 2° de la Constitución Provincial) contra la sentencia dictada por este Cuerpo -dentro de los plazos establecidos en el ritual-, se ocupó de discrepar con el encuadre legal asignado al suceso protagonizado en Sarmiento, manifestando que el suceso debió calificarse como Homicidio calificado "criminis causae", castigado con pena de prisión o reclusión perpetua en el artículo 80 inciso 7° del nomenclador punitivo. Esta circunstancia, permite repeler en forma tajante el argumento de una pena excesiva, irrazonable o desproporcionada.- Tampoco puede dejar de mencionarse que con posterioridad a dictarse el pronunciamiento aludido, previo a quedar firme, S. se fugó de su lugar de detención -por lo que fue declarado rebelde- y cometió los hechos por los que recibiera sanción en la Provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.

A modo de colofón entonces, respecto de esta alegación, cabe concluir que el pésimo comportamiento observado por S. al inicio del tratamiento penitenciario, no tuvo como motivación la pena que se le fijara en los autos principales, sino que se condujo de la manera que lo hizo por propia voluntad, colocándose siempre en la peor situación posible en relación con la observancia y respeto a la ley.

Ahora bien: sin perjuicio de cuanto se viene exponiendo en relación a la conducta desplegada por S. luego de ser penado en esta causa, no puede dejar de ponderarse en su favor como hechos nuevos la excesiva duración del proceso tramitado en la Provincia de Santa Cruz -que tuvo sentencia nueve años después de cometidos los hechos allí juzgados-, ni el favorable informe técnico criminológico emitido por la Unidad Penitenciaria N° 6 (fs. 268), del que surge que en los últimos tres años no registra correctivos disciplinarios, que registra conducta "ejemplar" y concepto "bueno" y se encuentra incorporado a la fase de confianza del Período de tratamiento de la progresividad penitenciaria. Esto último, a mi entender, permite colegir un proceso reflexivo y de autocrítica a las conductas antisociales desplegadas a lo largo de su vida que no puede dejar de valorarse, como ya lo dijera, a la hora de individualizar la pena única.

En base a tal análisis, he de destacar en primer término que, si bien ha de tomarse muy en cuenta el fin de prevención especial de la pena, para fijar su quantum -dado que el condenado D. R. S. se encuentra detenido desde el 23/11/1998, alojado actualmente en la Unidad Penitenciaria N° 6 y con un favorable informe acerca de concepto y conducta-, ello no significa confundir los términos y anticipar en esta instancia una evaluación de la observancia del régimen penitenciario. Al respecto, y a título meramente ilustrativo, cito la opinión de M: G. Salt, al comentar el art. 1° de la ley 24.660 del siguiente modo: ". queda claro que la ley se refiere al 'fin de la ejecución' que no debe confundirse con el 'fin de la pena'"; y agrega: "La ley de ejecución no pretende definir cuál es el fin de la pena sino sólo los objetivos que deberá perseguir el Estado durante su ejecución y a los que debe estar orientada, por ende, la actividad de la institución penitenciaria y los demás órganos del sistema penal" (cfme. aut. cit. "Principios generales de la ejecución", en: "Los derechos fundamentales de los reclusos en Argentina", en la obra colectiva titulada: "Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina", Editores del Puerto, Bs. As. 1999, págs. 169 y ss., el destacado no es del original).

En este mismo entendimiento, se lee en el artículo de Eduardo D. Crespo ya citado en el apartado, que: " . la resocialización tiene que ser la base para decidir el sí y cómo una pena debe ser ejecutada, lo cual es independiente del problema de la cantidad de pena" (ob. cit. pág. 29, el destacado no es del original). También rescato de esta opinión doctrinaria (pág. 30), la prevalencia que siempre ha de darse en este tema, por sobre todas las cosas, al principio de culpabilidad (cfme. aut. cit.: ". lo que el sistema jurídico en sí indica" es "preponderancia del principio de culpabilidad del que se parte, y juego de los fines preventivos en el marco de lo indicado por aquélla .", el destacado no es del original).

De conformidad a las directrices enunciadas, en lo atinente al método a utilizar para la individualización de la pena única, las partes en forma coincidente han reclamado que se lo haga en base al de composición, por lo cual puede considerarse habilitado el camino para su empleo en el thema decidendum, además de ser ésta la posición siempre sostenida por este Tribunal. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que " ... En la unificación de penas debe adoptarse el procedimiento por composición, pues el aritmético es de aplicación excepcional, debiendo el juez que unifica respetar los hechos y la calificación jurídica, efectuadas en la sentencia ya firme" (Cam. Crim. Formosa, 29/5/97, "M., M. y otros", LLLitoral, 1998-1480, citado en Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, David Baigún-Eugenio Zaffaroni, t. 2, pág. 555). Del mismo modo "... Corresponde aplicar a los fines de la unificación de las penas impuestas, el sistema de la adecuada composición, pues en el acto de dictarla el magistrado ha de estimar la personalidad del condenado, la gravedad de los hechos y todo cuanto tenga que relacionar con los condicionamientos de la conducta juzgada, con lo cual se permite mitigar en cierta medida, la excesiva gravedad que significaría la acumulación material por mera suma aritmética de las escalas establecidas y seleccionadas por el juez" (Cám. Penal Santa Fe, Sala III, 9/6/86, "P.R.F., Juris, 79-245).

Efectuadas tales disquisiciones, llegado el momento de determinar la dosis punitiva a imponer, corresponde tener en cuenta las pautas mensurativas legisladas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Previamente, debe recordarse que " ... A ese efecto, el art. 58 extiende las reglas de los arts. 55 a 57 a cualquier otro caso en que haya una pena vigente y se deba penar nuevamente al sujeto, siendo irrelevante si el mismo cometió el delito por el que se lo juzga después de la sentencia o de las sentencias firmes anteriores, con anterioridad a éstas o aún antes del delito ya sentenciado ..." (cfme. Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, David Baigún-Eugenio Zaffaroni, t. 2, pág. 514).

Por todo lo precedentemente expuesto, y a guisa de colofón, adhiero al criterio de la Vocal preopinante y estimo justo fijar el monto de la pena única a aplicar a D. R. S., en veintiún años de prisión, accesorias legales y costas (artículos 12, 29 inciso 3°, 55 y 58 del Código Penal). Para ello, pondero como atenuantes la excesiva prolongación del proceso tramitado en la Provincia de Santa Cruz y la favorable evolución del interno en los últimos tres años de tratamiento penitenciario, y como agravantes el grado de violencia y agresividad exhibido por S. en los hechos juzgados, la reiteración delictiva, la extensión del daño causado en el suceso fallado en la causa principal y la fuga que derivó en su declaración de rebeldía. Así voto al interrogante planteado.

A la cuestión planteada el Dr. MONTENOVO:

Existiendo mayoría hago uso de la facultad del artículo 7 de la ley n° 4.550 que modifica el art. 357 del CPP.-	En lo concerniente a la petición impetrada por el Señor Defensor Público de aplicar la Ley N° 24.390, dada la extensión del proceso sustanciado en la Provincia de Santa Cruz, su eventual procedencia será motivo de análisis en ocasión de practicarse el pertinente cómputo de pena.

Corresponde regular los Honorarios Profesionales de los integrantes de la Defensa Pública, por su labor en la presente causa, habiendo asistido correctamente a su defendido, por lo que se estima justo fijarlo en el monto mínimo previsto por la ley, vale decir, la suma de pesos mil ($1000), (ley 2200, t.o. 4335).-	Agotado el proceso deliberativo, esta CAMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL, por unanimidad;

FALLA:

1°) IMPONIENDO a D. S., la pena única de VEINTIUN AÑOS de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12 y 29 inc. 3° del CP), comprensiva de la pena de veinte años de prisión que se le impusiera en los autos principales -la causa N° 68/97-; y de la de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas que, por ser autor penalmente responsable de Robo calificado reiterado en una oportunidad (dos hechos) en concurso real con robo (arts. 164, 166 inciso 2° y 55 del CP), se le aplicara en la causa N° 479/99 de la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz (art. 58 del CP).- 2°) REGULANDO los honorarios profesionales de los integrantes de la Defensa Pública (ley 4920, decreto 1303, BO.24/10/02) por su labor en la suma de pesos mil ($1000), (ley 2.200, t.o. 4335).-------------- 3°) COPIESE, protocolícese, cúmplase con las prescripciones del artículo 359 del C.P.P., efectúense las comunicaciones de rigor, realícese el pertinente cómputo de pena, liquidación de costas y sellados y oportunamente archívese.---- Protocolo n° 51/07 de fecha 14/12/07 Fdo. Dres. María E. N. de Pettinari. Daniel L.M. Pintos. Martín R. Montenovo. Ante mí: Ramón L. Macías.-