Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


R., M. C. L. Reg.: A y S t 197 p 213-217. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico de M. C. L. R. contra la sentencia 39 del 23 de junio de 2003, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "R., M. C. L. -Partícipe secundaria de hurto, etc.,- (Expte. 23/03)" (Expte. C.S.J. nro. 430, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento impugnado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala a quo confirmó parcialmente el decisorio recurrido, absolviendo de culpa y cargo a M. C. L. R. del delito de hurto que se le atribuyera, y condenándola como autora penalmente responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública a cumplir la pena de dos años de prisión de ejecución condicional -con satisfacción de las reglas de conducta fijadas en la sentencia de primera instancia- e inhabilitación absoluta perpetua conforme a lo establecido por los artículos 174 última parte y 20 del Código Penal, con costas (fs. 1/6).

En el libelo introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 10/21), el defensor de la acusada R. tachó de arbitraria a la decisión de la Sala y huera de motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial.

Fundó su postura en que al haber sido absuelta su defendida del delito de hurto de cheque, con ello quedó agotada la acción delictiva porque si el cheque ya había salido del poder de la Caja no puede configurarse a su respecto ningún otro delito porque ella ya había sido desapoderada.

Afirmó que no se configuró el tipo penal que sustenta la condena por cuanto -dijo- no existió ardid, ni engaño, ni calidad simulada, ni error de terceros ya que éstos cumplieron con la ley de cheque sin tener la obligación legal ni posibilidad real de verificar la legitimidad de la tenencia por tratarse de un valor al portador.

Tras ello, efectuó diversos cuestionamientos a las conclusiones a que llegara la Sala en la sentencia, en particular, en relación a que su parte no hubiese objetado la pericial caligráfica ni el llamado telefónico que practicara la acusada al comercio "Depor Jean", como así también en la circunstancia de que faltarían además otros cheques y que nada reclamó al respecto la presunta damnificada.

Sostuvo además que la sentencia produjo una división abstracta de la acción en la tenencia del cheque y en su origen, ya que al no existir pruebas sobre el origen de la tenencia absuelve a R. de la imputación de hurto, pero al tratar la defraudación sí se tiene en cuenta la atribución de tenencia construyéndose así una nueva acción que surge -dijo- de la nada y que le permitió condenar a la acusada cuando debió -al absolverla del hurto- hacer lo propio con la imputación de defraudación.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 29/30); motivo por el cual la perdidosa acudió por vía de queja ante estos estrados (fs. 33/35).

2. Si bien la compareciente acusa la invalidez del pronunciamiento En efecto: los planteos reseñados precedentemente sólo trasuntan su discrepancia para con el criterio adoptado por la Alzada al confirmar -en lo que aquí concierne- la condena a R. por considerarla autora de una maniobra defraudatoria, calificada c En tal sentido, dable es el señalar que la supuesta arbitrariedad en la decisión de la Alzada al haberla condenado por la defraudación no obstante haber sido absuelta por el hurto del cheque, toda vez que a su juicio con ello quedó agotada la acción delictiva carece de asidero.

Ello así por cuanto el discurso argumentativo expuesto por la compareciente -tendente a persuadir acerca de que la Cámara efectuó una división abstracta de la acción en tenencia del cheque y su origen, siendo que, por haberse excluido de la imputación a la encausada el delito de hurto se ha aceptado con ello la legitimidad de la tenencia del cheque- no logra desmerecer la conclusión condenatoria de los miembros de la Sala.

Es que si se atiende a los propios términos del pronunciamiento puesto ahora en tela de juicio, el A quo, tras analizar el plexo probatorio de la causa, sostuvo que si bien se presentaba una duda sobre la atribución a R. del hurto del cheque por lo que debía ser absuelta respecto de aquélla -atento que no había prueba alguna que la incriminara y a lo que se añadía que no se había podido precisar la dependencia exacta de la Caja de Asistencia Social en la que desapareciera el cheque-, no sucedía lo mismo con la configuración de la defraudación en perjuicio de la administración pública.

Ello así puesto que -consideró- "la actividad cumplida por M. C. R. consistente en presentarse como tenedora legítima del mismo importó un claro engaño (... el engaño no fue la afirmación de un nombre falso sino de una calidad simulada, la de legítima tenedora), que indujo a error a terceros -a la autoridad bancaria- determinando así una prestación patrimonial de la misma que finalmente se reveló perjudicial para la Caja de Asistencia Social que dejó de percibir algo que le era propio" (f. 5).

Tanto má Desde otro ángulo, tampoco puede merecer favorable acogida la supuesta irrazonabilidad de la Sala en cuanto a las conclusiones alcanzadas luego de ponderar el plexo probatorio de la causa.

Y es que el agravio que pretende esbozar la impugnante sólo responde a la particular hermenéutica que pretende asignar a la pericial caligráfica ordenada en la causa como así al informe brindado por la empresa "Telecom".

Mas lo cierto es que el Tribunal dio las razones por las cuales tales pruebas -de distinta índole- conjugadas permitían sostener la relación entre la imputada y el cheque, toda vez que de la pericia caligráfica sobre las escrituras obrantes en el cheque, en el recibo otorgado por quien recibiera el importe del mismo y las firmas de la imputada, se llegaba a la conclusión de que entre ellas existía identidad escritural, como así también que habiéndose requerido de la empresa "Telecom" informes de las llamadas recibidas en el lugar donde se presentara el cheque para su cobro, se había detectado una proveniente de un teléfono de titularidad de la encausada -quien había sostenido en la causa que ninguna relación había tenido con la casa comercial "Depor Jean" y que eso demostraba lo contrario- y que no existía otra explicación razonable para esta comunicación telefónica más que la brindada por la empleada de ese comercio que refiriera a llamadas de quien había presentado el cheque.

Claramente se advierte, pues, de todo lo expuesto que el Tribunal a quo hizo mérito de las pruebas obrantes en la causa, si bien les acordó un alcance diverso al propiciado por la impugnante, por lo que el planteo queda reducido a su mero desacuerdo para con la inteligencia asignada a los medios probatorios aportados en la causa, ciertamente ajena a la materia constitucional por estar reservados a los jueces de la causa salvo arbitrariedad, no acreditada en el sub discussio.

Por ende, con los extremos que señala en su escrito impugnativo en confrontación con todo lo precedentemente apuntado, no logra el defensor de R. persuadir a esta Corte acerca de que la decisión de la Cámara exhiba una aparente fundamentación; antes bien, preciso es señalar que los motivos brindados por el Tribunal de segundo grado aparecen acordes con la exigencia de suficiente motivación que impone el artículo 95 de la Constitución provincial, el que -como tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Cfr., A. y S. T. 65, p. 424; T. 99, p. 195/197; T. 102, p. 236/241; T. 117, p. 139/142; T. 149, p. 418/422, entre otros).

En definitiva, toda la crítica de la impugnante queda reducida a la disconformidad para con los criterios valorativos e interpretativos sustentados por la Alzada en su decisorio, en una postura adversa a sus pretensiones, pero de la cual no se infiere causal alguna de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR FALISTOCCO 2. La postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, entiendo que corresponde admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Fdo.:FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria)