Secuestro de personas, muerte de la víctima, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solórzano, Nelson Fabián s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, defensor técnico del imputado Solórzano, Nelson Fabián contra Auto Interlocutorio Nº 54/13 de fecha 5 de Junio de 2013.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-07

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el defensor del imputado S. y confirmar la prisión preventiva del nombrado imputado, como probable autor del delito de secuestro coactivo agravado por la muerte ocasionada a la persona damnificada (art. 142 bis, primer párrafo, primer supuesto, y penúltimo párrafo del Código Penal).

Contra esa resolución es interpuesto este recurso de casación.

Dice el recurrente que lo resuelto no le indica al encausado el motivo por el que debe permanecer encarcelado.

El tema de la prisión preventiva y su adecuada fundamentación fue abordado en reiteradas ocasiones por el tribunal (Auto Nº 42/09 -entre otros-) con los siguientes argumentos que resultan aplicables al caso:

Si bien, en principio, antes de la condena las personas imputadas de delitos tienen derecho a permanecer en libertad puesto que hasta entonces subsiste el estado de inocencia que les es reconocido en la Constitución, en algunas ocasiones la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado la legitimidad constitucional de la privación de la libertad durante el trámite del proceso y con anterioridad a la sentencia condenatoria firme (Fallos 310:1835; 314:791 y 321:1712), por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito y no facilitar la impunidad (Fallos 280:297), en atención a que "los derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí, y con lo que corresponde reconocer a la comunidad." (Fallos 191:139; 253:133 y 315:380, entre otros).

Por ello, es menester establecer si, en las circunstancias particulares que presenta el caso, la resolución cuestionada, confirmatoria de la denegatoria del derecho a permanecer en libertad hasta el eventual dictado de la sentencia condenatoria, resiste el referido examen de legitimidad constitucional, considerando que, según el recurrente, para así decidir, el tribunal a quo sólo tuvo en cuenta la probabilidad de culpabilidad del imputado mas no el presupuesto legal vinculado con el peligro procesal.

En ese afán, observo que la prisión preventiva fue confirmada teniendo en consideración la pena conminada en abstracto para el accionar delictivo endilgado al imputado S. sin atender de manera suficiente el agravio vinculado con la falta de tratamiento del peligro procesal.

Sin embargo, y aunque el monto de la pena en expectativa no fue conectado adecuadamente por el tribunal a quo con el peligro procesal que ordena evaluar el precepto de aplicación (art. 292 del Código Procesal Penal), estimo preciso señalar -como lo hice en situaciones semejantes- que el obstáculo invocado por el tribunal a quo constituye, en esta etapa procesal, motivo bastante para justificar el encarcelamiento a título cautelar puesto que la severidad de la amenaza penal que se cierne sobre el imputado S., de quince a veinticinco años de prisión -ciertamente proporcional con la grave conducta que le es reprochada: secuestro agravado por la muerte ocasionada a la persona ofendida-, conduce a admitir que, de recaer condena en su contra -y según esa calificación legal del hecho (art. 142 bis del Código Penal, primer párrafo, primer supuesto, y penúltimo párrafo)-, no podría ser dejado en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión prevista para su comisión; por lo que resulta razonable temer que la perspectiva de ser condenado y privado de su libertad ambulatoria por un tiempo prolongado obre en la psiquis del imputado, influyendo en su ánimo, determinándolo a tratar de entorpecer la investigación o a sustraerse de la acción de la justicia para no ser eventualmente encarcelado, frustrando con su fuga los fines del proceso y la aplicación de la ley penal sustantiva.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.