Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 123 San Miguel de Tucumán, 08 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la defensa de la imputada en autos; "Juárez, Roxana del Valle s/Homicidio"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 628/630 la defensa de la imputada Roxana del Valle Juárez plantea recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 14/10/2003; que hizo lugar al planteo casatorio deducido por su parte, y calificó al hecho juzgado como homicidio en exceso de la legítima defensa propia; disponiendo la consecuente disminución de la pena impuesta en la instancia de mérito.

Limita su cuestionamiento al monto de la pena, por considerar que corresponde una sanción menor acorde a la naturaleza del caso; en especial, a los antecedentes personales y judiciales de su asistida. Requiere que oportunamente la Suprema Corte declare la nulidad parcial del fallo en recurso en este punto, por falta de adecuación a las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal. Según afirma, no se ha valorado debidamente la falta de antecedentes penales de Juárez, que la ubican como primaria y ocasional; su edad, y los informes favorables de la Brigada Femenina sobre su comportamiento durante el tiempo de detención. Alega que la decisión no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias personales de su clienta; estimando justo, en definitiva, imponerle tres años de prisión condicional.

A fs. 636/637 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por la inadmisibilidad de la vía impugnativa intentada.

2.- Conforme establece el art. 257, segundo párrafo del Código Procesal de la Nación, el Superior Tribunal de la causa ante el cual se ha planteado el remedio extraordinario decidirá sobre su admisibilidad, cuyo juzgamiento se refiere a la presencia o no de los requisitos procesales propios de la vía tentada, que surgen de los arts. 14 y 15 de la ley 48.

Como principio, la decisión en torno al monto de la pena no suscita cuestión federal, porque la impuesta no supera los límites legales correspondientes según la calificación legal del hecho establecida en el mismo pronunciamiento. La cuestión planteada es de derecho común y por tanto insusceptible de ser revisadas por vía del recurso extraordinario federal (cfr. CSJNac., Fallos...301:1007; 301:1073; 302:283). Así, falta en el caso el requisito de la "relación directa e inmediata", que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla.

Cabe poner de relieve que el recurso se estructura sobre la base de la pretensa omisión en considerar situaciones personales de su asistida, que estima favorables. Al respecto, tanto el Tribunal de mérito como la Sala Civil y Penal de esta Corte Suprema de Justicia refirieron expresamente las circunstancias mencionadas por el impugnante. La sentencia en recurso expresa que para la mensuración de la pena "se toman en consideración -a más de la naturaleza y gravedad del hecho-, las pautas apreciadas por la Sala a quo al tratar la segunda cuestión propuesta: falta de antecedentes de la imputada, que la ubican como primaria y "ocasional"; su edad y condiciones personales, expectativas de inserción laboral y familiar; los antecedentes brindados por la institución que la tuvo a su cargo cautelarmente, y el contexto pasional conflictivo que precedió a los sucesos" (cfr. fs. 623 vta., pto. 4 de los considerandos).

El memorial introductorio del recurso extraordinario no exhibe, mínimamente, fundamentos que sustenten la existencia de un déficit que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional. La impugnación en examen omite una relación suficiente e integral de los antecedentes de la causa, y del contenido de la sentencia que impugna; como tampoco se ha intentado poner en evidencia que el decisorio vulnere garantías constitucionales. De este modo, se incumple el requisito de fundamentación autónoma; que comporta, como uno de sus componentes necesarios, que el recurrente impugne el fallo que objeta. Resulta inexcusable demostrar ante el más alto Tribunal de la Nación, las razones por las cuales la resolución judicial cuestionada no satisface el derecho federal invocado. El planteo del recurso extraordinario federal no puede consistir en un relato parcial de la causa, sino que debe realizar una crítica correcta, prolija y circunstanciada de todos y cada uno de los fundamentos que sustentan el fallo atacado, y que en el caso es la sentencia de esta Corte.

La insuficiencia del recurso impide advertir, prima facie, la configuración de un déficit que excepcionalmente habilite la instancia extraordinaria por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Es reiterada la jurisprudencia del Supremo Tribunal Nacional en torno a su carácter excepcional; toda vez que este remedio extraordinario no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados, o que el recurrente considere tales en temas no federales, exigiendo para su procedencia un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, o una absoluta falta de fundamentación (cfr. CSJNac., Fallos... 261:209; 274:135: 284:110; 297:100, entre otros). Si así no fuera, la Corte de la Nación podría encontrarse en la necesidad de revisar todas las decisiones de los Tribunales de la República, en cualquier clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren la Constitución y las leyes (cfr. CSJNac., Fallos:.."Sosa, Eduardo Adolfo y otros", del 15-5-84). Es por ello que, en tanto la sentencia impugnada contenga fundamentos que impidan su descalificación como acto judicial, no puede invocarse la doctrina de la arbitrariedad.

La descalificación de las sentencias arbitrarias por el Alto Tribunal Nacional, se sustenta en que el vicio que las afecta compromete la intangibilidad de una o varias garantías de la Constitución Nacional. Por ello, se ha dicho que la arbitrariedad "no constituye un fundamento autónomo de la apelación del art. 14 de la ley 48, sino el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional. Es improcedente el recurso si los recurrentes no demuestran claramente qué garantía constitucional resultó afectada por la interpretación legal del a quo (Fallos...275: 251; 300:1006; 301:602; 308:770, etc.; cfr. Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Tº I, pg. 512).

La sentencia aparece provista de fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para motivarla, con la expresa consideración de las pautas mencionadas por el recurrente; con lo que la sola postulación de una pena menor es insuficiente para habilitar la vía intentada. El pronunciamiento cuestionado exhibe motivación suficiente en torno a las pautas a considerar para adecuar la pena a la calificación del hecho adoptada, con apoyatura jurídica en la legislación aplicable al caso; consignando los preceptos normativos vigentes a los que se ajusta la decisión, y los antecedentes de la causa que se resuelve. Los agravios de la defensa muestran su mera discrepancia con la decisión en el punto materia de agravio, sin atacar sus fundamentos.

3.- Se concluye que los agravios relativos al monto de la pena remiten a cuestiones de hecho y de derecho común, ajenas a la instancia extraordinaria federal. Conforme a lo considerado, la graduación del "quantum" de la sanción conlleva la consideración de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal; disposiciones que no contienen bases taxativas de fijación, sino que dejan librada la mensuración -dentro de los límites normativos - a la apreciación para el caso concreto. En el sublite, la adecuación de la pena tuvo lugar según las pautas valoradas en la instancia de mérito; incluidas aquéllas que la defensa pretende omitidas. Desde esta perspectiva, la sanción no aparece como una conclusión ilógica o desvinculada de la significación jurídica asignada a los hechos establecidos en la sentencia de grado.

En definitiva, las cuestiones no federales que el impugnante intenta someter a conocimiento de la Suprema Corte Nacional, han sido resueltas por aplicación de normas de derecho común. Los argumentos recursivos no logran demostrar, prima facie, la existencia de la pretensa arbitrariedad, y ello impide la apertura de la instancia extraordinaria federal; por lo que procede denegar su concesión.

Por lo expuesto, y compartiendo la conclusión a la que arribara el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal deducido a fs. 628/630 por la defensa de la imputada Roxana del Valle Juárez, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 14/10/2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA