marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Perret, Liliana María y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Para fijar la indemnización por valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacionar diversas variables relevantes en cada caso particular, tanto en relación con la víctima (edad, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados.
Sentencia condenatoria, sentencia definitiva, tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, apreciación de la prueba, defensa en juicio, calificación legal, consumación del delito, graduación de la pena, denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tarraga, Diego Aníbal c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-15

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa. Que, el señor magistrado de la instancia anterior arribó a la decisión puesta en crisis luego de realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, que le permitió llegar a la certeza requerida para sustentar una sentencia de condena. Es que de la lectura de la sentencia impugnada es posible tomar conocimiento de los hechos y razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que las críticas que formula la defensa no pasan de ser un mero disenso con la correcta valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado y que no demuestran el yerro de la decisión. De ese modo, se desprende que el a quo no ha considerado en forma fragmentaria ni aislada los elementos de juicio; tampoco ha incurrido en omisiones ni falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la solución del litigio, o prescindido de una visión en conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí y de ellos con otras pruebas y elementos indiciarios. De adverso, se advierte que el pronunciamiento impugnado se apoya en una selección y valoración de la prueba ajustadas a las reglas de la sana crítica racional. En otro orden de ideas, corresponde destacar que la calificación legal bajo la cual el a quo encuadró la conducta -transporte de estupefacientes en concurso real con resistencia a la autoridad- resulta ajustada a derecho y acorde a las constancias verificadas en autos. Las probanzas allegadas al proceso indican que tanto objetiva como subjetivamente se ha consumado una traslación de estupefacientes hasta un sitio distinto al del punto inicial de la salida, con independencia de que este lugar se trate del destino final al que el imputado pretendió hacer llegar el tóxico. Este último extremo como se dijo no está contenido dentro del verbo típico que concentra la materialidad física y psíquica del delito, por lo que una interpretación en sentido contrario importaría un ejercicio por parte del órgano jurisdiccional de facultades propias del ámbito de creación de las leyes, al incorporar a la normativa penal requisitos del tipo que no han sido expresamente previstos por el legislador. Por otra parte, se advierte que, al momento de graduar la sanción, el magistrado a quo respetó la escala legal aplicable, valorando atenuantes y agravantes, por lo que la desproporcionalidad y arbitrariedad alegadas no pueden prosperar. Dres. Riggi, Catucci y Gemignani -votos concurrentes-.
Obligaciones, clasificación de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: P., C.A. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30

En la actualidad, la obligación, tal cual la conocemos, se compone de dos elementos distintos y separables: deuda y responsabilidad. Conforme enseña DÍEZ PICAZO, esta dicotomía fue puesta de relieve por Von Amira en sus investigaciones sobre el Derecho de Obligaciones en los países germánicos del Norte de Europa. La deuda configura el deber de realizar una prestación; en tanto, la responsabilidad es la sumisión o sujeción al poder coactivo del acreedor.
Declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, conforme doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Quiebra, pedido de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, acreedor con privilegio especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOCKOIL  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR DIAZ, PABLO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

Si la petición de quiebra es formulada por un acreedor verificado con privilegio especial resulta improcedente la providencia que le ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en la LC: 87, 2 párr, pues la exigibilidad de su crédito opero tras la homologación del concordato, ya que éste no lo comprendió, de modo que la percepción de su acreencia no se encuentra sujeta a quita ni espera.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, valor de la mercadería, multa aduanera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAZZI, HECTOR c/ NACION ARGENTINA  A.N.A. s/ ANULACION DE MULTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Comprobada la diferencia en más de lo embarcado en una operación de exportación de carne vacuna congelada, más allá de la posibilidad del encuadre legal de la litis en el marco de los arts. 571 572, 992 y 993 de las Ordenanzas de Aduana, lo cierto es que al tiempo de las resoluciones administrativas ya se encontraba vigente el art. 171 bis de la ley de Aduana (texto ley 19.881), el cual, en su apartado cuarto dispone que, "sin perjuicio de las tolerancias dispuestas por las normas vigentes en cuanto a diferencia de cantidad, si el importe del menor ingreso fiscal no excediera de $ 100 no se aplicará la sanción determinada para el caso de existir dicho perjuicio, cobrándose los gravámenes y servicios en la forma que correspondiere".- Siendo ello así, atento el informe obrante en el agregado en cuanto "se abonó el gravamen correspondiente por el total embarcado, incluyendo el exceso mencionado" y que el perjuicio fiscal estipulado alcanzó la suma de $ 57,62 de la ley 18.188, corresponde exonerar también a la exportadora en los términos de la norma antes citada (art. 899 Código Aduanero).-
Acción de amparo, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MAZZARELLI RAMIRO SEBASTIAN c/ DIBA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02

Las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho invocado por el accionante, plasmadas en la ley 24.901 con alcance amplio, no permiten una interpretación de esa norma, ni de las que la reglamentan, que conduzca a una restricción irrazonable de la protección acordada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales (conf. arg. art. 28 de la C.N. y Corte Suprema, doctrina de Fallos: 318:1707; 322:752 y 1318), y a una cobertura de sus afiliados con discapacidad menor de la que reciben los demás beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en virtud de aquella norma, dictada con arreglo a una política pública de la que no puede quedar al margen una entidad ubicada en la órbita de las Fuerzas Armadas de la Nación que presta servicios de salud. La demandada tampoco ha logrado demostrar que la cobertura total del tratamiento pudiese comprometer su patrimonio, a punto tal de que ello le impida atender a sus demás beneficiarios y, de esa forma, cumplir con sus objetivos.
Intereses, obras públicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SP  SA  Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA s/ COBRODE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Siendo que en el contrato de locación de obra -modalidad llave en mano- que unió a las partes, y sus addendas, se estableció que los certificados que presentaba la actora, debían ser aprobados por la Municipalidad accionada, es decir, eran certificados provisionales que se encontraban sujetos a rectificaciones y que, en el Decreto Municipal N° 1451/2002, se dispuso la rescisión del contrato que unió a las partes, instruyéndose a la Secretaría de Economía y Finanzas para que, a partir de la rescisión se procediera a la certificación final no puede más que concluirse que el certificado final no fue cancelado totalmente. Ante ello, tratándose el reclamo de autos, del pago de un contrato de locación de obra pública, mediante la modalidad "llave en mano", que contempla el pago de un precio global, sólo corresponde exigirle a la actora que formulara la correspondiente reserva al momento en que se cancelara íntegramente el certificado en cuestión, y no antes. Es por tal razón que, al no ser de aplicación el principio contemplado en el artículo 624 Código Civil al caso de marras, los pagos provisionales que se efectuaron no extinguieron los intereses devengados, teniendo la actora legitimación para reclamarlos.

Ello pues, conforme lo dispone el artículo 776 Código Civil, si el deudor debe capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al capital. Así, las sumas percibidas por la accionante deben ser imputadas a la deuda que tenía con la demandada conforme las pautas establecidas en los artículos 777 y 778 Código Civil
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derivación razonada del derecho vigente, indemnización, prescripción, incapacidad laboral, toma de conocimiento de la incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAIVA, PAULINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

La quejosa no logra rebatir -ni lucen desacertados- los argumentos brindados por la Cámara al resolver la vigencia del derecho de acción del demandante, desde que la sentenciante, en primer lugar distinguió que los reclamos indemnizatorios efectuados por el actor eran dos: el derivado del accidente de trabajo por el cual se le determinara un 40% de incapacidad y, el otro, por el agravamiento de esa misma incapacidad; y, con sustento en los precedentes "Encina" y "Eggel" de esta Corte provincial, entendió que, respecto al primer reclamo, la prescripción de dos años había comenzado a correr a partir de la toma de conocimiento del trabajador de su incapacidad, de las causas laborales y de su irreversibilidad, circunstancias que consideró concretadas con el dictamen de la Junta Médica respectiva, conforme a la ley 23643; y entendió prescripta la demanda judicial por el agravamiento denunciado y reclamado por vía administrativa 13 años antes, por considerar aplicable la ley 24557, vigente en esa fecha, para concluir, en atención a las pautas doctrinarias que desarrolló y a la normativa que regula el comienzo de la prescripción y el deber de las prestaciones del sistema legal de riesgos del trabajo, que el plazo de prescripción por el reagravamiento había comenzado a correr a la fecha de la denuncia del mismo, al haberse efectuado ésta última con anterioridad a la extinción del vínculo laboral. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 23643, artículo 19; Ley 24557, artículos 43 y 44
Recurso extraordinario, efecto suspensivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Leonardis, Adriano Pedro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

La regla es, que sólo a partir de la concesión -más no sólo de la presentación de la queja- operan los efectos suspensivos del recurso extraordinario, pues recién a partir de dicho acto jurisdiccional de admisibilidad comienza la instancia extraordinaria. En consecuencia -sin olvidar el alto grado de certeza que trasunta el fallo condenatorio, corroborado por el rechazo de las impugnaciones planteadas contra el mismo, así como el criterio sentado por esta Sala "in re" "Aducca, Reinaldo s/recurso de casación", en orden a los efectos de la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario federal- atendiendo al actual art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, únicamente se admite la posibilidad de dar efecto suspensivo a la queja cuando la Corte, haciendo lugar a ella, decidiera intervenir reputando formalmente procedente la apelación extraordinaria deducida. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Prueba pericial, nulidad procesal, falta de juramento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARRANZA, Eduardo s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-03

La falta de juramento del perito interviniente no es causal de nulidad de la pericia pues, conforme a las disposiciones del decreto 33265/44, ratificado por ley 13030, las actuaciones realizadas por funcionarios de la Policía Federal en cumplimiento de una obligación legal o de una orden de autoridad competente, son válidas para todos sus efectos y hacen plena fe, sin requerir ratificación posterior mientras no se las declare nulas.

El carácter de ley especial de ese decreto respecto del Código de forma hace no exigible el juramento para los funcionarios policiales que practicaran estudios periciales.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silva, José Alberto c/ Tarzian, Jorge y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-16

Más allá de las facultades que el magistrado puede ejercer en los términos del artículo 36 del C. Procesal, el impulso y aporte de las pruebas que hagan a los hechos y derechos invocados incumben a las respectivas partes (doc. arts. 310, 365 del cód. citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés, tasa activa, tasa pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA  LA RAZON s/ QUIEBRA S/ INC. DE PAGO DE LOS PROFESIONALES (ART. 288).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Exceptuados los créditos propios de entidades financieras, en ausencia de convención o de leyes especiales, no procede por aplicación de la ley 23928 fijar, a partir del 1 de abril de 1991, el interés a tasa pasiva.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, conflictos interadministrativos
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARGEN  ASOCIACION  ARGENTINA  DE  PREVISION  MUTUAL PLANES DE FONDOS PARA JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS, RETIROS Y PENSIONES. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. s/ RECURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

Es procedente el recurso extraordinario cuando se suscita una conflicto entre dos organismos dependientes del poder ejecutivo, de contralor de la actividad económica de las personas de derecho privado. Es que la trascendencia del tema -que puede afectar a numerosos particulares- hace necesario extremar los recaudos para evitar todo yerro del poder judicial. (En el caso, el conflicto tuvo origen entre una asociación mutual y la Superintendencia de Seguros).
Derechos y garantías constitucionales, sentencia, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Sarmiento s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-15

"El pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, pues el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria".
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gallo, Ismael c/ Ristorto, Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

Si se impugnan los presupuestos y demás acreditaciones aportadas por el actor para determinar la extensión o cuantía de las reparaciones, corresponde al demandado producir la prueba idónea que demuestre que son excesivas o no responden enteramente a la realidad del hecho imputado.-
Homicidio por razones de género, juicio por jurados
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F. C/ Chaves Rubio Darío P/ Homicidio Agravado S/ Casación  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-07-03

Cuando lo que se cuestiona es una eventual arbitrariedad del veredicto, debe observarse la aludida regla de la deferencia en la instancia revisora. Lo que no implica de modo alguno una limitación al recurso del acusado, ni un impedimento para la revisión de una sentencia emitida como consecuencia de un veredicto de culpabilidad del jurado popular. Sino que compromete y obliga a que la tarea revisora se centre en determinar si aquella decisión del jurado popular que se cuestiona, se encuentra dentro del elenco de opciones probables y racionales que surgen de las evidencias producidas durante el debate. Labor en la que debe guardarse la especial deferencia al buen juicio y al sentido común del colectivo del jurado.
Presupuesto nacional, cuentas especiales, inembargabilidad de fondos, Comisión Municipal de la Vivienda
Materia: ECONOMIA
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SOLDADO DE LA FRONTERA Y AV. LARRAZABAL c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA y otro s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-21

La ley 24.624 que dispone la inembargabilidad respecto a los fondos, valores y demás medios afectados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional, no resulta aplicable a la Comisión Municipal de la Vivienda, toda vez que se encuentra excluida del presupuesto general de la Administración Nacional, por lo que la previsión presupuestaria debe elevarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución judicial se posterga hasta tanto se cumpla el término fijado por la ley 23.982.
Interpelación, ejecución hipotecaria, deudor hipotecario, subasta
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Leali, Jorge Raúl s/ ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-08-30

Es improponible la petición de que se intime al deudor hipotecario a depositar el monto correspondiente a los créditos fiscales reclamados por la DGR sobre el inmueble ya subastado, si se omitió plantear dicha solicitud en su oportunidad, pues tratándose de cuestiones patrimoniales esencialmente disponibles por sus titulares, quien no ejerció temporáneamente el derecho que afirmó tener no puede traer queja a la instancia recursiva.
Recurso de casación penal, presentación extemporánea
Materia: PENAL
Carátula: SALUM RAUL s/ RECURSO DE CASACION - INADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-07-10

Dado que la lectura de la sentencia tiene siempre virtualidad jurídico de notificación para todos los que hubieran intervenido en el debate, si ello aconteció el 1 de junio de 1984 y el recurso fue presentado recién el 26 del mismo mes, la simple confrontación de las fechas persuade acerca de que el recurso ha sido erróneamente concedido (arts. 411, 413 In fine, 477 CPP).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, jubilación de magistrados, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera, Lucio Eduardo c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución y cobro de haber.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

Las acordadas 43/85 y 50/85 de la Corte son una extralimitación de las facultades que le fueron conferidas a ese cuerpo, y por ende resultan inaplicables, en tanto se avanzó sobre el alcance de la "compensación funcional" incorporando a los ex agentes, ahora en pasividad.
Fiscal de Estado, intervención fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad arts. 9 y 10 de la ley 10.904
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La delegación al legislador contemplada en la segunda parte del art. 143 de la Constitución provincial debe limitarse exclusivamente a las formas y procedimientos de actuación del Fiscal de Estado. (Minoría u opinión personal)
SECLO, certificado de trabajo, intimación fehaciente, ley de contrato de trabajo, sanción de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: TOMILINA, NADEZHDA c/ SECRETOS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

No puede considerarse cumplido el recaudo previsto en el art. 80 LCT, que para la procedencia de la sanción allí prevista requiere la intimación fehaciente que formulara el trabajador, con la notificación que pudo haber cursado el SECLO, aunque en ella constaran los reclamos efectuados por el dependiente.
Apreciación de la prueba, sana crítica racional
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Los tribunales internacionales en la apreciación de la prueba se rigen por el sistema de sana crítica racional, teniendo la potestad de apreciar y valorar las pruebas según estas reglas y evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fallo.
Honorarios del abogado, deudor, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Esquivel Alberto s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Cuando el acreedor ha iniciado el trámite sucesorio de su deudor habiendo prescindido de efectuar la intimación prevista en el art.

3314 del CCI, los gastos y honorarios devengados serán a su exclusivo cargo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Laura E. María Martinez y Ot. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S145 - 058)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-11-12

Debe rechazarze la excepción de inhabilidad de título pues la demandada no niega la firma inserta en el pagaré e interpone simultáneamente la excepción de pago total la que es incompatible con la primera ya que implica reconocer la habilidad del mismo.
Acción de amparo, legitimación activa, usuarios electrointensivos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) se encuentra entre las asociaciones facultadas por el art. 43 de la Constitución Nacional (según la reforma de 1994) para interponer acción de amparo ya que fue creada por el decreto 1192/92 con la finalidad de proveer a la defensa de los intereses de sus asociados, que son precisamente los "grandes usuarios" de electricidad (art. 3° del estatuto aprobado por el art.

5° del decreto mencionado).
Derecho penal, falso testimonio, devolución del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wagman, N. J. c/  s/ reposición (Causa Nº 55.494/2023/1)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

Magistrado que no hizo lugar al sorteo de las actuaciones para que se investigue un eventual falso testimonio y devolvió la causa a la Fiscalía en los términos del artículo 196 del CPPN.

- Conveniencia de que el delito de falso testimonio sea investigado por un órgano judicial distinto de aquél donde la falsedad se produjo, pues esa separación está fundada en el celo por asegurar la mayor independencia de la magistratura. Necesidad de neutralizar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes.

- Revocación.