marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, peritos
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Miguel Angel y otra c/ ZANONI y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

"procede declarar la perención de la instancia aunque se halle pendiente la producción de la prueba pericial" y que "la solicitud de que se emplace al perito para que restituya al Tribunal el expediente, no interrumpe la perención, pues es mera petición que no tiende al progreso de la acción y no entraña acto procesal que impulse el procedimiento."
Competencia ordinaria, administración fraudulenta, estelionato, competencia federal, defraudación, declaración jurada, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Decloux, Pedro Eduardo s/ inf. art. 173, inc. 7. y 9., del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

No se da ninguna de las circunstancias que prevé el art. 37 del Código de Procedimientos en Materia Penal, si la justicia de instrucción investiga la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y estelionato en perjuicio de un particular entre cuyos actos estaría la desaparición de una máquina, y en el fuero de excepción la presumible defraudación contra el Estado mediante declaraciones juradas en una de las que se incluye una máquina que la misma marca de la indicada como sustraída.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso contencioso administrativo sumario, derechos de incidencia colectiva, leyes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: D´PAUL, JORGE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO LEY 10.000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Es inadmisible el reproche dirigido a cuestionar la interpretación relativa a que el afectado pudo escoger entre las vías individuales (en la especie, artículo 2618 del Código Civil) y la normada por la ley 10.000, por cuanto la quejosa no explica suficientemente por qué entiende que, en caso de concurrencia, la mencionada en primer término excluiría a la establecida para la protección de los intereses difusos, a poco que se repare en el específico objeto que se persigue a través de cada una.

Así, no alcanza ni mínimamente a convencer de que resulte ilógico el criterio seguido por los juzgadores al fundarse en que dichas vías disciplinan "aspectos distintos de la misma parcela jurídica" (reclamo individual exclusivamente resarcitorio o tendente a la cesación de las molestias y el reclamo con "vocación colectiva" que entraña la invocación de la ley 10.000 que apunta a cuestionar una acción o inacción administrativa), razón por la cual la posibilidad de acudir a esta última no puede quedar coartada por la coexistencia de las otras.

Y en cuanto a la imputación relativa a que la Sala "no ha evaluado que si los actores son titulares de un derecho subjetivo y el mismo es de carácter administrativo, debían agotar la vía administrativa y luego promover ante la Corte Suprema de Justicia el pertinente recurso contencioso administrativo", cabe señalar que el mismo no resulta atendible, por cuanto surge claro que el Tribunal entendió que los actores pretendían la tutela de un "interés difuso", y la impugnante ningún esfuerzo desplegó en orden a acreditar la existencia de la situación jurídica subjetiva que recién ahora invoca.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), reincidencia, ley penal, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ, ANTONIO REINALDO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA BLANCA, POR USO DE ARMA DE FUEGO NO HALLADA, POR SER EN POBLADO Y EN BANDA, CON EFRACCION EN CONCURSO IDEAL Y DECLARARLO REINCIDENTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

La Cámara se adentró en el examen liminar de la admisibilidad sustancial y analizó si el planteo de la recurrente -tal como lo formulara- importaba un caso constitucional con apoyo en las constancias de la causa, concluyendo que las críticas de la impugnante bajo la alegación de supuesta arbitrariedad sólo revelaban su discrepancia con el criterio sustentado por la Alzada en el pronunciamiento confirmatorio; en tal sentido, recordó que a fin de determinar si en autos había transcurrido el plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 50 del Código Penal, ese Tribunal había partido por examinar el instituto en cuestión -reincidencia-, desarrollando luego los fundamentos que le permitieron arribar a la interpretación normativa que consideró mejor se ajustaba al caso. Frente a ello, la compareciente en su escrito de queja se conforma con rechazar la posibilidad de que su parte hubiera omitido observar los recaudos de admisibilidad formal referidos, afirmando genéricamente su cumplimiento, así como las mandas constitucionales que considera avasalladas mediante lo resuelto, y niega que su planteo importe una simple discrepancia con el criterio interpretativo sostenido por el A quo, aduciendo que lo decidido contraviene criterios aplicados por Tribunales superiores al abordar materias que considera análogas a la presente, postulando la lesión al principio de igualdad, mas sin hacerse debidamente cargo de demostrar por qué tales precedentes serían derechamente trasladables en estos autos ni de persuadir a este Tribunal de que las consideraciones efectuadas por el A quo no se correspondan con las constancias de la causa, ni que resulten irrazonables o insuficientes para cumplir con la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial; determinando todo ello la inadmisibilidad de la presentación por incumplimiento de la carga referida en el artículo 8 de la ley 7055. (Del voto del Dr. Gutiérrez y de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 50, cuarto párrafo; Ley 7055, artículo 8
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Niz, Nicolás Avelino y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-03

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causas en que la Nación directa o indirectamente reviste calidad de parte, resulta necesario demostrar que el valor disputado en último término, o sea aquél por el que se pretende la modificación de la sentencia o monto del agravio, excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto - ley 1285/58 y resolución 1360/91 de la Corte.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, regulación de honorarios, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Yañez Riveros, Graciela del Carmen c/ Empresa   de  Transp.  Microómnibus  Sáenz  Peña    S.R.L.    y  otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Es admisible el recurso extraordinario si se cuestiona la validez de la interpretación asignada a las normas empleadas para regular honorarios, bajo la pretensión de ser contrarias al derecho de propiedad, y la decisión es adversa a los derechos fundados en el precepto constitucional.
Direcciones provinciales de transporte, amparo por mora, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Loza, Carlos Alberto c/ Dirección Provincial de Trabajo s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-18

Se deduce acción de amparo por mora en contra de la Dirección Provincial de Transportes, órgano dependiente de la administración central. Los apoderados del Estado Provincial oponen la excepción de falta de legitimación pasiva al no poseer la repartición mencionada personalidad propia ni capacidad para estar en juicio.

Las normas que regulan el régimen legal del amparo reconocen una legitimación pasiva para ser demandadas en este tipo de juicios a "autoridades" que puedan carecer de personalidad jurídica genérica, pero la tienen limitada al ámbito del proceso de amparo .

De ahí que en materia de amparo la legitimación pasiva responda a reglas y soluciones específicas que imponen diferencias notables con respecto al sistema general.

En efecto, "...en virtud de los principios inspiradores del amparo (celeridad, urgencia de la protección, entidad del agravio, etc.) es posible sostener que un órgano de la administración sin personalidad jurídica pueda ser sujeto de la relación procesal como parte demandada en juicio de amparo, sin que su intervención impida la del órgano administrativo con personalidad, del cual dependa aquél" .

En esa inteligencia, en este tipo de procesos -amparo por mora- no puede hablarse con propiedad de parte demandada sino de autor requerido, surgiendo ello del propio texto del Art. 10 de la ley 4795 al señalar que el Tribunal ordenará el informe circunstanciado acerca de los antecedentes del caso y la causa de la demora.

En conclusión, debe rechazarse la defensa opuesta, y analizar la procedencia o improcedencia de la acción impetrada.
Sufragio, constitucionalidad, menores
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Propuesta Republicana - PRO (Distrito Tucumán) c/ Provincia de Tucumán s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-08-22

La ley 8532 de la Provincia de Tucumán que autoriza a votar voluntariamente a menores de 16 y 17 años de edad, lejos de vulnerar la disposición contenida en el inc. 2 in fine del art. 43 de la Constitución Provincial, ha venido a honrar los compromisos internacionales asumidos por el estado federal argentino en relación a los derechos del niño, y al mismo tiempo respetar lo dispuesto en el art. 24 tercer párrafo de la Constitución Provincial, que establece como principio que los derechos y garantías consagradas por los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados como ley de la nación, son de carácter operativo.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, derecho de los beneficios de la seguridad social, carácter irrenunciable, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "REBECCHI, OSCAR ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-23

No cabe admitir la aplicación de la normativa cuestionada por el titular (Decreto de necesidad y urgencia 1873/02), toda vez que un criterio contrario importaría consagrar una verdadera denegación de justicia y una afectación de los derechos a la seguridad social a los que la Carga Magna le reconoció carácter de integral e irrenunciables (art. 14 bis), máxime cuando desde antiguo, los beneficios previsionales fueron asimilados al derecho alimentario en razón de la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria (cfr. C.S.J.N., sent. del 29.03.05, "Itzcovich, Mabel").

Además, dicha línea de pensamiento guarda coherencia con la propia normativa legal que determinó la exclusión de la consolidación prevista en la ley 25.344 para aquellas personas que hubiesen cumplido 80 años al momento de que se hubiese reconocido un crédito a su favor (art. 8 Dec. 1116/00), y que el propio organismo recogió en su normativa reglamentaria de esa especie de acreencias (cfr. Res. A.N.Se.S. 562/02).

(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Derecho procesal, competencia, contratos conexos, prórroga de la intervención, declaraciones contradictorias
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Crosmed SA c/ Medtronic Latin America Inc (Sucursal Argentina) y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta en el marco de una acción de daños y perjuicios, promovida con motivo de la ruptura de los contratos de distribución que la actora celebró con las demandadas -que conforman un grupo económico-. Ello así, pues si bien en el contrato se pactó una cláusula de prórroga de jurisdicción en favor de los Tribunales de Estados Unidos; sin embargo, en el otro contrato de distribución celebrado con la restante codemandada, se pactó también una prórroga de jurisdicción, pero esta vez a favor de la Justicia Nacional en lo Comercial y se fijó como legislación aplicable la ley de nuestro país.

En ese marco, toda vez que se trata de una controversia en común que no admite la posibilidad de escindir las acciones, si se aceptase la excepción planteada en estos autos, se podría generar la paradoja que, al iniciarse el reclamo pertinente ante los Tribunales extranjeros, la restante codemandada plantee allí la incompetencia de esos juzgados con fundamento en la prórroga territorial pactada en el contrato que ella celebró con la accionante y que estableció la jurisdicción de esta Justicia Nacional en lo Comercial. En tal escenario, no parecería advertirse motivo alguno que -objetivamente- justifique concederle prioridad a la prórroga hecha en uno de los acuerdos, en detrimento de lo pactado en el restante (en similar sentido: CNCom, Sala E in re "Advanced Medical Technologies (AMT) SA c/ Medtronic Logistics LLC y otros s/ ordinario" del 22/06/18).
Requisa personal, estado de sospecha, medidas urgentes, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Álvarez, Miguel Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-05

Las cuestiones relativas a la suficiencia de la sospecha o las razones de urgencia -justificativas de las medidas llevadas a cabo sin orden de autoridad competente- deben surgir claramente de la sentencia atacada en razón de su incidencia directa en la validez de este tipo de actuaciones prevencionales definitivas e irreproducibles, no cabe otra decisión que la nulidad de todo lo actuado (Voto del Dr Fégoli).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, pesificación, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABN AMRO BANK NV c/ DECHANZI BAUDONE Y CIA S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Corresponde anular la totalidad de la sentencia atacada, por incongruente, al tratar cuestiones no planteadas, en lugar de avocarse los jueces de la Alzada a resolver aquello que sí había sido llevado para su consideración -si la acreencia debía ser pesificada conforme lo dispuesto por el decreto 214/02 o se encontraba excluida de ese tratamiento según decreto 410/02 e incluso si podría presentarse un supuesto de excepción a dicha exclusión-, excediendo los límites de su jurisdicción, ingresó en un razonamiento totalmente ajeno al tema debatido y a la realidad del caso, como lo son las conclusiones a las que arribó el A quo respecto de la suscripción de la documental fundante y la acreditacion del negocio juridico celebrado entre los contratantes, que -por no haber sido cuestionadas- se encontraban firmes; y a partir de allí concluyó que no se encontraba probado que el crédito hubiera sido concedido en dólares estadounidenses ni una puntual operación de comercio exterior de las que contempla la normativa del decreto 410/02. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de la Provincia de Santa Fe, artículo 95; Decretos nacionales 241/02 y 410/02
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Constitución Nacional, interpretación sistemática, principio pro homine
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: M., F. D. c/  s/ robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-30

Conforme lo establece el Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía Constitucional, sólo justifica la prisión preventiva el asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, por lo que conforme al principio pro homine, ésta es la regla que debe prevalecer desde la hermenéutica del bloque de constitucionalidad, siendo aquél el único fin que justifica el encierro cautelar, cualquier otro, incluso el peligro de entorpecimiento de la investigación, afecta la regla de interpretación.
Alimentos, juicio de alimentos, mediación
Materia: CIVIL
Carátula: M., S.A. c/ K., D.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-11

"La mediación previa al juicio de alimentos apareja la inopinada pérdida de cuotas devengadas comprendidas en el período que va desde la formulación del pedido (...) hasta el momento de la radicación de la demanda".
Vicio oculto, daños y perjuicios, compraventa inmobiliaria
Materia: CIVIL
Carátula: PDI S.A. c/ Córdoba 4.100 S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

Es improcedente el reclamo por daños y perjuicios contra el vendedor del inmueble, en virtud de que no existe elemento alguno que acredite que actuó con el propósito de engañar a la compradora, habida cuenta que esta última debió conocer la existencia de los vicios ocultos pues se dedica a la intermediación en el mercado inmobiliario, y más aún cuando pagó un precio inferior al real en virtud del inconveniente de la existencia de tanques y la necesidad de efectuar el saneamiento del suelo -circunstancias que no le eran ajenas-, ya que fue la propia demandante quien indicó al momento de concretar la operación que en el predio había funcionado una estación de servicio, en la cual había tanques de nafta enterrados.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez, Miguel Ramón y otro c/ Guames, Daniel y/o quien o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

Como bien se ha dicho, hoy ya no se trata de exigir una enumeración de los pormenores fácticos motivantes del despido causado, sino de señalar el motivo causante del despido con la claridad suficiente que permita a la contraparte individualizar la situación originante del distracto; es decir una adecuada referencia que, aunque breve implique para el destinatario la certidumbre sobre las circunstancias que se han determinado la ruptura contractual. De tal manera que en una eventual contienda judicial posterior no resulte sorprendido con nuevos o diferentes cargos de los que se le imputaron al momento del cese.
Ley de defensa del consumidor, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Marcelo Adrián  c/ Volkswagen Sociedad Anónima y otro  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-06-12

El art. 10 bis de la LDC, como principio general aplicable a todos los casos, se refiere al incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la oferta o del contrato y después de prever diversas posibilidades otorgadas al consumidor para resolver su problema, dispone que todo ello será no obstante las acciones de daños y perjuicios que correspondan. En otras palabras, sea que el consumidor opte por rescindir el contrato o exigir el cumplimiento forzado de la obligación, en cualquier supuesto, siempre tendrá derecho a reclamar por daños y perjuicios.
Legítima defensa, golpe de puño, lesiones leves, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: DI CICCA, F. s/ LEGITIMA DEFENSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-27

No obstante hallarse comprobado que el procesado aplicó al damnificado un golpe de puño en la cara, produciéndole lesiones leves, por aplicación de la norma beneficiante contenida en el art.

13 C.P.C. debe ser absuelto por el mencionado delito, debiendo aceptarse que obró en LEGITIMA DEFENSA, haciendo uso adecuado y oportuno del derecho de repeler una agresión que, asumiendo la forma verbal en un principio, se convirtió en el curso del incidente en un modo de ataque físico o de ilegítima resistencia, solucionado mediante un puñetazo de limitadas consecuencias dañosas.
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: López, José Domingo s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

Carece de valor probatorio la declaración indagatoria extrajudicial del coprocesado que no fue mantenida a lo largo de todo el proceso.
Contrato de trabajo, deportistas profesionales, árbitros de fútbol, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGON  DIEGO  A. c/ ASOCIACION  DEL FUTBOL ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

Toda vez que la AFA en su relación con el actor -árbitro de fútbol-, era quien dirigía su trabajo, poseía una estructura organizativa propia dentro de cuyo marco de actividad se insertó la prestación del actor, beneficiándose a su vez con la prestación de éste último, y quien asumía los riesgos de la actividad, cabe concluir que entre las partes medió una relación subordinada. No empece a esta conclusión la circunstancia de que las partes hubieran suscripto sucesivos contratos a plazo fijo, en tanto en el derecho laboral rige el principio de primacia de la realidad. Tampoco resulta relevante la circunstancia de que se haya exigido al actor que emitiera facturas comerciales para percibir su remuneración, porque la modalidad implementada por la empleadora para el pago del salario no incide en la determinación de la naturaleza del vínculo que constituye la causa fuente de la relación.
Divorcio, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Alfredo c/ Mastache, Celestina s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

Deducida la acción por una causal objetiva, si prospera la reconvención sustentada en la existencia de una causal subjetiva, corresponde imponer la totalidad de las costas por ambas acciones al cónyuge culpable.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DI SANTO CAROLINA ELIZABETH c/ BETERETTE ARIEL ANIBAL s/ INCIDENTE DE APELACION E/A 399374/09
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06

Corresponde confirmar el auto que desestima por extemporáneo el planteo de nulidad de la providencia suscripta por la Prosecretaria mediante la cual corre traslado del pedido de explicaciones al perito y desestima las solicitadas por implicar nuevos puntos de pericia. Ello así, pues sin desconocer que el recurrente inicialmente deduce un incidente de nulidad y luego introduce la cuestión de la inexistencia del acto en crisis [...]; en el contexto normativo actual, y conforme lo dispone el art. 38 del CPCyC, los secretarios (y, prosecretarios en ejercicio de la subrogancia automática establecida por las normas de superintendencia), pueden suscribir providencias de mero trámite. Es cierto que el auto cuestionado va un poco más allá y excede al mero trámite, pero en este caso, estimo que la solución pasaba por interponer una revocatoria ante el juez (...) y no lo hizo en tiempo oportuno. Más allá del aspecto formal, en lo sustancial, la queja efectuada contra dicho dispositivo se centra en una cuestión de prueba, ámbito desde el cual, su análisis escapa a las posibilidades de la apelación.(Del voto de la Dra. Pamphile, en mayoría).
Servicio penitenciario, nombramiento, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferraris, Roque Luján c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

La designación de un agente que no se adecua a las pautas legalmente establecidas se configura como un acto irregular que torna legítimo el acto consecuente que la deja sin efecto, en el marco más amplio de las normas generales que facultan a la autoridad administrativa a anular sus propios actos cuando se hubieran dictado conta legem.