Recurso de casación, acta de secuestro
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, VICTOR WALTER s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-03

En relación a la validez del acta de secuestro (fs. 6) vinculada a la falta de orden judicial para incautar efectos personales del detenido en sede policial, es necesario realizar algunas precisiones previas. En el código procesal encontramos normas que habilitan a las autoridades policiales a tomar ciertas medidas, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias, vgr. los incisos 2do y 5to del artículo 184 del mismo. El nuevo ordenamiento ritual se interpreta, en este sentido, como una serie de medidas para el resguardo del equilibrio entre la arbitrariedad y el respeto a las garantías individuales, por la obtención de un adecuado balance entre el interés social de perseguir los delitos y el parejo interés de esa sociedad en que no se lo haga dejando a un lado preciadas conquistas propias del estado de derecho (CNCrim. y Corr. Sala I, voto del Doctor Costa en la causa "Ferreira, Rubén", rta. el 19 de abril de 1988). Es dable señalar que, si bien la competencia para disponer la requisa pertenece, por regla general, al juez, resulta que el código procesal le otorga dicha facultad a la autoridad policial, como excepción, siempre y cuando se observen en los hechos determinadas circunstancias. La existencia de estas circunstancias estará sujeta al control judicial. Entre éstas debemos contar la flagrancia, como hay motivos vehementes para presumir que el sujeto lleve sobre su persona cosas que puedan ser útiles para la investigación, y 2º) siempre que exista una razón de urgencia que aconseje no postergar el acto, dejándolo a la autoridad judicial competente. La primera de las dos condiciones indicadas se refiere a la justificación del acto; la segunda, se refiere al tiempo, es decir, a la necesidad de practicarlo inmediatamente. (Un motivo de urgencia puede ser, por ejemplo, el temor de que el sospechado se desprenda de las cosas que oculta en su persona)" (Finzi, Marcelo, "La requisa personal", La Ley Tomo 30, Sección Doctrina, págs. 990 y sgtes.). En idéntico sentido Clariá Olmedo ha dicho que "Piénsese en la flagrancia, en la posibilidad de fuga u ocultación de los autores del hecho, en la desaparición de rastros y otros elementos de convicción, en la adulteración de pruebas, y podrá advertirse el riesgo que se corre para el descubrimiento de la verdad si en los primeros momentos no se procede con urgencia, por un organismo ágil y capacitado." (Clariá olmedo, Jorge A. "Derecho Procesal Penal" tomo II página 549). Por ello comparto el criterio que al respecto asumiera el Tribunal Oral, quien ha meritado diversos elementos de juicio que permiten apreciar la razonabilidad y legitimidad de la diligencia. Otra cuestión planteada por la recurrente, en esta instancia, es la omisión en el acta policial de la especificación del motivo por el cual ésta no fue firmada por el imputado. Al respecto debe señalarse que dicha falta no acarrea la nulidad de la misma- artículo 140 C.P.P.N.-, ni afecta su validez si se ha cumplido con los requisitos que se establecen en el capítulo IV, Título V del Libro I del Código ritual. En cuanto a la indicación de la recurrente de los artículos "167 inc.2 y 168 del C.P.P.N." (fs. 186 vta.), es dable señalar que no se cumplen en autos las condiciones que establecen estas normas. La omisión del motivo por el cual falta la firma del imputado no acarrea la inobservancia de disposición alguna concerniente a "la intervención del juez, ministerio fiscal y pare querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria" -como esgrime la recurrente- y tampoco se aprecia violación constitucional alguna, si se ha cumplido con los requisitos que la ley procesal ha dispuesto para la validez de las actas.