Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08


Buenos Aires, 8 de febrero de 2012.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

A fs. 78 el Sr. Carlos Wilkinson solicita al Tribunal "[ ...] inicie las tramitaciones correspondientes para realizar una Audiencia Pública de Requisitoria Ciudadana Zonal de la Comuna 13, con el fin de tratar el Plan de acción y Presupuesto Comunal del año 2012" Para justificar su presentación arguye, en primer lugar, la existencia de un conflicto de competencias en torno a la autoridad que debe convocar a la audiencia pública y justifica la competencia del TSJ en lo dispuesto en el art. 19 de la ley n° 6.

En segundo lugar dice que si bien el art. 16 de la ley de mención establece que "cada Comuna debe constituir una unidad administrativa que funcione como organismo de implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que sean convocadas por ésta, con las facultades y presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido en esta ley", afirma que la Comuna 13 "care[ce] de una organización administrativa a la que los vecinos podamos dirigirnos para implementar la Audiencia solicitada".

En tercer lugar hace hincapié en la competencia del "tribunal con competencia electoral" establecida en el art. 20 de la ley n° 6 para "verificar la autenticidad de las firmas requeridas para la convocatoria".

Acompaña asimismo 77 planillas con firmas (fs. 1/77) que, según menciona en su escrito, contienen la rúbrica de 1056 ciudadanos domiciliados en los barrios de Belgrano, Colegiales y Nuñez.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El tribunal carece de competencia para "iniciar las tramitaciones correspondientes" para realizar la Audiencia Pública de Requisitoria Ciudadana que solicita el presentante de fs. 78. La competencia para dar inicio a tales tramitaciones corresponde al órgano con la facultad de convocar a la audiencia pública.

La Constitución local establece en su art. 63 que "La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal [ ...] y, particularmente, el art. 26, inc. "j", de la ley 1.777 prescribe entre las atribuciones y obligaciones de las Juntas Comunales "convocar a audiencias públicas [ ... ] La mención acerca de la presunta existencia de una "situación de conflicto de competencias en torno a la autoridad convocante", amén de aparecer en todo caso como una mera conjetura -nada se ha acreditado al respecto- es además insuficiente para excitar la competencia del Tribunal en los términos del art. 19 de la ley 6, pues la existencia del conflicto debería ser planteada por alguno de los dos poderes en conflicto -para el caso, según menciona el presentante, el poder Ejecutivo de la CABA y la junta Comunal de la Comuna 13-, y el Sr. Wilkinson no menciona ni acredita que esté actuando en representación de alguno de ellos.

Tampoco la falta de constitución de la "unidad administrativa" a la que alude el artículo 16 de la ley n° 6 autoriza a desplazar la competencia que la Constitución ha puesto en cabeza de la Comuna hacia este Tribunal. Ello sin perjuicio de señalar que ni siquiera se ha acreditado que se haya realizado el pedido de convocatoria de Audiencia Pública ante la Junta Comunal de la Comuna n° 13 que, conforme a la Constitución (art. 130) y a la ley n° 1.777 (art. 19) es el órgano de gobierno de la Comuna y tiene la facultad expresa de convocar a audiencias públicas (art. 63, CCABA y art. 26, ley 1.777, ya citados.

Finalmente, la participación del tribunal con competencia electoral que el art. 20 de la ley n° 6 prevé en el trámite de convocatoria a una audiencia pública de requisitoria ciudadana, es una intervención posterior a la iniciación del procedimiento, y exclusivamente destinada a la verificación de la autenticidad de las rúbricas de los electores firmantes para que pueda tenerse por acreditado el medio por ciento del padrón electoral que exigen los arts. 63, CCABA y 17, ley n° 6. En otras palabras, con apoyo en esa participación prevista en la ley tampoco puede soslayarse la regla de que el inicio del trámite se efectúe ante el órgano con competencia para convocar a la audiencia pública en cuestión.

2. Por las razones expuestas, la pretensión deducida, en su presente estado, no admite decisión que emane de los órganos permanentes del Poder Judicial, por lo tanto opino que corresponde declarar inadmisible la presentación de fs. 78.

Los jueces Alicia E. C. Ruiz, José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

Adherimos al voto del juez Luis F. Lozano.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar inadmisible la presentación de fs. 78.

2. Mandar que se registre, se notifique y se archive.

Firmado: Ruiz. Lozano. Conde. Casás.