Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-13


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 14.969 EXPEDIENTE Nº 23.990/2007	SALA IX	JUZGADO Nº 74 En la ciudad de Buenos Aires, el 13 de junio de 2008, para dictar sentencia en los autos caratulados "CIUFIA FERNANDO ARIEL C/COTO C.I.C.S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I- Contra la sentencia dictada en primera instancia que hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a la accionada a abonar al actor el agravamiento indemnizatorio establecido -originariamente- en el art. 16 de la ley 25.561 (conf. redacción actual según ley 25.972), se agravia la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 50/61 vta., por considerar -en lo principal- que resulta inviable el progreso del reclamo toda vez que el artículo 4° de la ley citada en segundo término prorrogó ".la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (indec), resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)...".

En tal entendimiento, la recurrente sostiene que a la fecha del distracto (13 de junio de 2007), el índice de desocupación que publica el INDEC se encontraba por debajo del aludido 10 % y, en consecuencia, por haberse cumplido el "hecho - condición" previsto en la norma como sustento de su vigencia, el recargo indemnizatorio que se dispone en la sentencia recurrida, carece de legítima causa por haber mediado una derogación tácita de la normativa aludida.

En forma subsidiaria y, para el caso de confirmarse la decisión de origen, recurre la aplicación del agravamiento sobre otras indemnizaciones que no fuera la prevista en el artículo 245 de la L.C.T., por resultar contrario a lo expresamente normado al respecto.

Por último, cuestiona el decisorio en cuanto declara de oficio la inconstitucionalidad del artículo 4° de la ley 25.561 y dispone, en consecuencia, la actualización del capital de condena conforme los valores de la de la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC, como así también la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia a favor de todos los profesionales intervinientes en la causa, por considerarlos elevados.

Corrido el pertinente traslado, el recurso mereció réplica de la actora a tenor del memorial obrante a fs. 65/65 vta.

Requerida la opinión del Ministerio Público en la Alzada, éste se expide en los términos que surgen del dictamen obrante a fs. 71/74.

II.- En lo atinente al primero de los agravios, adelanto desde ya que, en mi opinión, debe mantenerse lo resuelto en la instancia "a quo".

En efecto, la cuestión central que motiva el debate, se ciñe a dilucidar si la normativa contenida en el art. 4° de la ley 25.972, en especial, la condición allí prevista como factor determinante de la derogación del sistema agravado de indemnización por despido, exigía -o no- el dictado de un acto expreso del poder administrador para considerar cumplido el supuesto al que se sujetó el cese del incremento originariamente establecido por el art. 16 de la ley 25.561, o si por el contrario, la sola publicación de los índices de desocupación por parte del INDEC resulta suficiente para tener por configurado tal extremo y, en consecuencia, tener por derogada la previsión legal dictada en el marco de la situación de emergencia pública decretada legalmente.

La duda se suscita -razonablemente- en atención a la diversidad de guarismos que pueden operar en el caso como factor determinante a dichos fines, ya que la normativa que dispuso que el cese del agravamiento indemnizatorio operaría al momento de detectarse -a nivel nacional- una tasa de desocupación inferior a dos dígitos, no estableció el modo en que debía establecerse el cumplimiento de dicha condición, operándose a su respecto un vacío legal susceptible de interpretaciones disímiles.

Repárese en que, en caso de considerarse que la sola publicación de un índice de desocupación inferior al 10 % por parte del organismo antes mencionado, resulta suficiente para tener por cumplida la condición extintiva a la que aludió la ley 25.972, renacería un nuevo debate desde que -como bien lo puntualiza el Sr. Fiscal General en su dictamen- dicha dependencia (INDEC) elabora varios índices de desempleo, disímiles uno del otro, y sujetos a diversas pautas y basados en múltiples parámetros de medición.

Solo a modo de ejemplo, y tomando los argumentos del Representante del Ministerio Público en la Alzada, puede señalarse que en la elaboración de la mencionada publicación se consideran, al menos, tres índices diversos: a) el que no contempla entre las personas "desocupadas" a quienes gozan de la percepción de un subsidio en los términos del Plan Jefas y Jefes de Hogar; b) el que sí considera a los individuos mencionados en el acápite anterior, pero sólo aquellos que no realizan contraprestación alguna y se encuentran en la búsqueda activa de empleo; y c) el que considera "desocupados" a todos aquellos beneficiarios del aludido plan, se encuentren o no a la búsqueda de empleo.

Esta circunstancia, determina la elaboración y difusión de una multiplicidad de tasas de desocupación, lo que se ve plasmado en la vacilante publicación oficial del mentado índice que, a la sazón, se elabora y da a conocer por períodos trimestrales, extremos todos ellos que impiden otorgar absoluta certeza a los datos oficializados y, consecuentemente, obstaculizan -al menos en mi parecer- la posibilidad de su consideración para tener por operada la condición a la que se sujetó la vigencia de una norma.

Y lo entiendo de este modo por cuanto las circunstancias expuestas precedentemente y que han sido también plasmadas por el Sr. Fiscal General, generan una variable tan incierta como vulnerable al momento de precisar la secuela temporal de ocurrencia del evento al que se condicionó la vigencia de un régimen legal, como ocurre en el caso bajo análisis con la eliminación del incremento indemnizatorio dispuesto con el fin de evitar la masificación de los despidos en épocas de crisis.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que en relación a este tema, el INDEC dió a conocer durante el último año, tres tasas de desocupación distintas en tres períodos diversos (ver al respecto, individualización que efectúa el representante del Ministerio Público a fs. 71 vta.), lo cual genera una innegable imprecisión respecto de la fecha concreta que correspondería establecer, en caso de concluirse que la sola publicación del organismo oficial bastaría para tener por cumplida la condición normativa que dispone la eliminación del incremento indemnizatorio en cuestión, imprecisión ésta que en modo alguno resulta compatible con el nivel de certeza que se requiere para la fijación de toda condición extintiva, máxime si se tiene en cuenta la implicancia de la situación, que se proyecta, nada menos que sobre la cuantía de la reparación del daño que en sí mismo causa la decisión unilateral e incausada de rescindir el contrato de trabajo.

Es por todas estas consideraciones que, en mi opinión, se impone concluir en la necesidad de un acto expreso, ya sea a cargo del poder legislativo o de aquél a quien se hubiere delegado dicha potestad, a fin de dar por cumplida la condición y, en consecuencia, establecer la derogación del régimen indemnizatorio agravado creado en el marco de la emergencia pública declarada (no sólo en materia económica, sino también social, financiera, administrativa y cambiaria), puesto que, de lo contrario, se incurriría en una situación contraria a la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho como lo es el nuestro, ya que, aún cuando la disposición contenida en el tantas veces mencionado art. 4° de la ley 25.972 no lo precisó en forma expresa, entiendo que la materia sobre la que versa la cuestión, requiere indudablemente, un marco de certeza y precisión que no puede ser librado a la interpretación de variables diversas, ni mucho menos aún al arbitrio de los particulares, toda vez que trasciende el esclarecimiento de una situación individual para y adquirir innegable carácter público general.	Cabe además recordar que toda interpretación normativa debe hacerse en consonancia con el contexto general que rodea su promulgación y, por sobre todas las cosas, la intención del legislador tenida en miras al momento de su sanción y, en el supuesto que nos convoca, entiendo que ha sido claro el propósito legislativo, tanto al momento de decretar la emergencia a través del dictado de la ley 25.561 como así también al delegar en el poder administrador la reglamentación de su implementación y las diversas prórrogas de su vigencia, en cuanto que lo que se ha querido ha sido una reducción paulatina del tantas veces referido incremento indemnizatorio hasta llegar a su completa derogación.

Por ello, si cada una de las reducciones aludidas ha sido instrumentada a través del dictado de un decreto reglamentario, no se advierte razón alguna que justifique considerar que no se mantuvo dicha intención para el caso de la extinción definitiva del instituto.

Por otra parte, es dable recordar que el Alto Tribunal tiene dicho que es principio de hermenéutica legal que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (Fallos 313:225; 316:1066; 323:1374; 324:2153, entre muchos otros), como así también que la inteligencia de las disposiciones debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, y a ese propósito, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos de manera tal que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser soslayados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (Fallos 310:799; 312:1913; 315:562, y, especialmente, Fallo dictado por la C.S.J.N. en autos "Valente Diego Edgardo c/ Bank Boston N.A: s/ despido" del 19/10/2004).

Y en este contexto, es dable señalar que una interpretación armónica del texto normativo de la ley 25.972 despeja, en mi opinión, toda duda al respecto, ya que no puede obviarse el propósito del legislador tenido en miras al momento de redactar su artículo 2° en el cual se dispuso ".Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para declarar la cesación, en forma total o parcial, del estado de emergencia pública en una, algunas y/o todas las materias comprendidas en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias; así como en una, algunas y/o todas las bases enumeradas en los incisos 1) a 4) del artículo mencionado, cuando la evolución favorable de la materia respectiva así lo aconseje." -el subrayado me pertenece-, redacción que permite concluir que ha sido materia de delegación al Poder Ejecutivo Nacional, la reglamentación que disponga el cese de la situación de emergencia decretada y, por lo tanto, del agravamiento indemnizatorio establecido en consecuencia.

Desde la precitada perspectiva de enfoque, se concluye que el cese formal del régimen de suspensión de despidos impuesto a través del dictado de la ley 25.561, debe situarse a partir del dictado del decreto 1224/07 toda vez que dicha reglamentación se compadece con "el acto expreso del Poder Ejecutivo Nacional" por el cual se declaró el cese del estado de emergencia pública en materia laboral.

Ahora bien, aclarado lo anterior, corresponde determinar a partir de qué momento cobra operatividad la normativa referida, toda vez que -tal como lo puntualiza el Sr. Fiscal General- dicha norma no dispuso ninguna fecha de entrada en vigor, lo que lleva a la necesidad de esclarecer el momento de su vigencia, esto es, si rige a partir de su publicación o si deben respetarse los plazos a los que alude el art. 2° del Código Civil, en cuanto dispone "Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial".

Y en relación a este tópico, coincido también con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público en cuanto sostiene que debe fijarse como punto de partida, el día de la publicación del decreto 1224/07 -esto es el 11/09/07- toda vez que no rige para el caso la última parte del citado art. 2° del Código Civil, toda vez que no se trata en el caso de una disposición de carácter normativo sino de aquello que se denomina un "decreto de ejecución", lo cual, sumado al carácter "declarativo" que reviste dicha reglamentación en cuanto se limita a tener por cumplido el "hecho - condición" al que se sujetó la vigencia de un régimen indemnizatorio agravado, me lleva a concluir que el mismo debe regir a partir del mismo día de su publicación. Así lo voto.

Sólo a mayor abundamiento, estimo oportuno señalar que si bien no se soslaya que la cuestión sujeta a debate en estas actuaciones reviste aristas dudosas y opinables y ha merecido, incluso, numerosas y diversas opiniones doctrinarias, tampoco puede pasarse por alto la clara disposición normativa emergente del art. 9° de la L.C.T que establece una directriz de interpretación que impone, en caso de duda, la solución del conflicto en el sentido más favorable al trabajador, principio éste último que encuentra sustento en razones de protección social y en el inveterado principio protectorio que rige como pilar del Derecho del Trabajo.

Por último y tal como lo puntualiza el Dr. Alvarez en su dictamen, cabe señalar que si bien no se soslaya la relevante demora en que pudo haber incurrido el poder administrador en dictar el acto expreso que declare cumplida la condición dispuesta en la ya mencionada ley 25.972, dicha circusntancia solo podría generar, eventualmente y en caso de considerarse procedente, un reclamo en aras de obtener un pronunciamiento que declare la responsabilidad del Poder Ejecutivo por los hipotéticos daños originados como consecuencia del proceder referido, mas no una interpretación peyorativa de los intereses del trabajador, ello en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes.

III.- Aclarado lo anterior, cabe pronunciarse sobre el agravio dirigido a cuestionar los rubros que han sido tenidos en cuenta al momento de establecer el importe del incremento indemnizatorio que motiva el debate y a su respecto, adelanto mi opinión favorable a la pretensión deducida en el recurso.

Digo ello, por cuanto tal como lo señalara la parte demandada en su responde, al momento de producirse el despido del actor, se encontraba vigente el decreto 1433/05 (pub. el 22/11/05) según el cual se dispuso ".Fíjase en el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) el adicional previsto en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley N° 25.972." y la norma a la que remite el dispositivo legal citado, señaló -a mi juicio, con claridad- que ". en caso de producirse despido en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias..".

De conformidad con la clara disposición legal, cabe concluir que en el caso bajo análisis, el incremento indemnizatorio dispuesto originariamente por el art. 16 de la ley 25.561, debe determinarse tomando como base únicamente el importe de la indemnización por antigüedad, suma sobre la que corresponde aplicar el 50 % conforme lo prevé la normativa referida y aplicable al caso de marras y que arroja un total de condena por dicho concepto de $ 4.305,27 (ver "ind. por antigüedad" liquidada según constancias de fs. 15 -$ 8.610,54 x 50 %-).

Por todo ello, sugiero modificar el decisorio recurrido en el sentido expuesto.

IV.- Cabe seguidamente analizar el agravio vertido en torno a la tacha de inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25.561 que ha sido declarada de oficio por la judicante de grado y, en consecuencia , la actualización impuesta en virtud de los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC.

Desde ya adelanto que, por mi intermedio, la queja deducida en relación a este tópico, también tendrá recepción favorable.

Digo ello, pues aún sin entrar al análisis de la opinión que me merece la cuestión relativa a la declaración de inconstitucionalidad de la norma sin que hubiere mediado expresa petición de parte a tal fin, lo relevante para el caso es que, de todos modos, no se verifica -al menos a criterio del suscripto- ninguna circunstancia objetiva que justifique en el caso la tacha de inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561.

En primer lugar estimo oportuno señalar que para decidir la inconstitucionalidad de una norma se requiere al menos, la verificación cabal de una irrazonabilidad ostensible derivada de la aplicación del dispositivo legal al caso concreto, circunstancia que no encuentro reunida en el caso bajo análisis.	Sin perjuicio que lo expuesto sellaría la suerte del recurso, lo cierto es que, además y tal como lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, tampoco procede la declaración de inconstitucionalidad de un sistema legal cuando existen otros mecanismos menos gravosos susceptibles de evitar los perjuicios que la aplicación de la norma podría, eventualmente, provocar.

Ello es lo que ocurre en el supuesto de autos, toda vez que el envilecimiento del signo monetario que se ha producido a partir del dictado de la ley 25.561 por la cual se suprimiera la convertibilidad monetaria que imperaba en nuestro país, ha sido contemplado por diversas normas sancionadas al solo efecto de intentar paliar los efectos negativos que las circunstancias subyacentes podían provocar.

Ello, sumado a que subsiste en nuestro derecho vigente la prohibición legal de recurrir a mecanismos de indexación, llevan a la conclusión anticipada en cuanto a que debe modificarse lo resuelto en la sede de origen.

En tal sentido, se ha expedido reiterdamente este Tribunal (ver, entre muchos otros, SD 9764 del registro del 20/06/02 recaida en los autos "Troche, Alberto Luis c/ García Fernández, Gerardo y otros s/ despido"id. SD N° 10.309 del registro del 5/03/03 "in re" "Márques, Guadalupe Anahí c/ Central Plastic Sudamericana S.A. s/ despido"), al sostener que si bien es cierto que la norma en cuestión -en su parte pertinente- impide la aplicación de mecanismos indexatorios la tacha de inconstitucionalidad deviene innecesaria e inadmisible si se tiene en cuenta que, a fin de paliar la situación derivada de los cambios económicos sufridos en el país, esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió, mediante el dictado del Acta Acuerdo N° 2357 del 7/05/02, que resulta justo y equitativo para el momento actual, disponer la aplicación de la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, todo ello con el expreso propósito de compensar el potencial envilecimiento del crédito del acreedor, ya que, tal como surge de los términos de la mencionada Acta Acuerdo y su modificación introducida a través de la Resolución N° 8/02, la aplicación de esta tasa de interés resulta paliatoria del eventual detrimento monetario.	Es por estas consideraciones que, en mi opinión, cabe hacer lugar a la queja y modificar la sentencia de grado en este aspecto, estableciendo en consecuencia, que sobre el nuevo monto diferido a condena, deberá aplicarse la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.	V.- Sin perjuicio de la modificación propuesta, y toda vez que -en lo sustancial- se mantiene la decisión apelada, resultando vencida en lo principal la parte demandada, sugiero confirmar la imposición en costas practicada en la sede de grado.

En cuanto a la apelación deducida por la demandada contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en la causa por entenderlos elevados, advierto que, en atención al mérito, calidad y extensión de las tareas realizadas en la instancia de grado, analizado todo ello a la luz de las pautas arancelarias vigentes, los emolumentos regulados a favor de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, lejos de resultar excesivos, lucen razonables, razón por la cual propicio su confirmación (art. 38 L.O., arts, 6, 7 8 y concs. ley 21.839 -mod. por ley 24.432-).

Sin embargo y en atención al modo en que sugiero resolver los agravios, propongo imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68 2do. párrafo del CPCCN) y regular los honorarios por las actuaciones desplegadas ante este Tribunal a favor de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, en el 25 % para cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia. (arts. 38 L.O. y 14 de la ley arancelaria).	VI- Hágase saber al obligado al pago de los honorarios de los abogados y procuradores que, en caso de corresponder deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2º del art. 62 de la ley 1181 de la C.A.B.A.. Asimismo se hace saber al obligado al pago de la tasa de justicia que deberá adicionar en su oportunidad, la contribución prevista en el inc. 3º del citado artículo 62, y todo ello bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

El Dr. Daniel Eduardo Stortini dijo:	La ley de "emergencia pública" 25.972, en el párrafo primero de su art. 4º, prorrogó la vigencia de la indemnización agravada impuesta por el art. 16 de la ley 25.561 "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10 %)". Posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial del día 11 de setiembre de 2007 el decreto 1.224/07 que dispuso lo siguiente: "Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4º de la ley 25.972".

¿Fue válido y necesario el dictado de ese acto del poder administrador o, por el contrario, su sanción fue inoficiosa porque la propia norma legal ya había supeditado la vigencia del resarcimiento agravado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto que se hallaba ya cumplido al momento de la publicación del decreto?	Es realmente polémico tal interrogante, pero en aras de decidir mi postura me inclino por considerar que era válido y necesario el dictado de ese decreto que dio por configurada la condición que preveía el mentado art. 4º para así dar seguridad jurídica a los sujetos del contrato individual de trabajo y a los operadores jurídicos, máxime si se tiene presente que el legislador laboral -desde antiguo- procuró la autocomposición de los conflictos individuales y de derecho a través del acceso del trabajador a indemnizaciones tarifadas provenientes del despido arbitrario o sin justa causa.

Daré las razones de mi parecer.

En primer lugar, dije que fue válida la sanción del decreto porque el propio art. 2º de la ley 25.972 facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para "declarar la cesación en forma total o parcial del estado de emergencia pública..." en materia laboral. Es decir que la administración estaba legitimada para actuar como lo hizo en tanto que ejercitó una facultad delegada por el legislador argentino.

Pero además cabe entender que ese acto administrativo tuvo "razonabilidad" (exigencia que le cabe a todo acto emanado de cualquiera de los tres poderes del Estado) a poco que se aprecie la notoria imprecisión del citado art. 4º cuando supeditó el vigor de la indemnización agravada a una tasa de desempleo menor al diez por ciento, no obstante que el propio I.N.D.E.C. utiliza para la medición de la desocupación no un solo índice sino varios en función de si toma o no en cuenta para ello a los beneficiarios de los planes "jefes y jefas de hogar".

Es más. La mentada "razonabilidad" también aconsejaba acudir a la sanción de un decreto para instrumentar la finalización de la originariamente denominada "doble indemnización" porque el I.N.D.E.C. da a conocer los índices de desocupación en forma trimestral y por ende ello no brinda ninguna certeza en orden a la fecha cierta y concreta en que aconteciera la baja del diez por ciento en la contingencia del desempleo.

Sobre tal base, estimo que ese hecho al cual estaba supeditada la vigencia de la norma (la tasa de desocupación inferior al 10 %) no era públicamente conocido -con real certeza- por los sujetos involucrados en la relación laboral individual y en definitiva por la sociedad toda, por lo cual era menester el dictado de un acto oficial que brinde seguridad jurídica en tal aspecto. Considero asimismo que el decreto 1.224/07 del P.E.N. entró a regir el día en que fue publicado en el Boletín Oficial (reitero, el 11/09/07) en la medida en que constituyó una mera declaración ("Declárase cumplida..."), sin que fuese necesaria la espera de los ocho días siguientes a la publicación (arts. 2º y 3º Código Civil).

De acuerdo con lo dicho, al compartir los fundamentos expuestos por mi distinguido colega doctor Balestrini y los dados en el enjundioso dictamen del señor Fiscal General doctor Alvarez, adhiero al voto que antecede en todo cuanto allí propone.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 L.O.)	En mérito del acuerdo que precede y en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el pronunciamiento recurrido, y en consecuencia, reducir el monto de la condena a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 4.305,27.-) suma que llevará intereses desde que fue debida y hasta el momento de su efectivo pago, conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. C.N.A.T. resolución 8/02); 2) Confirmarlo en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas de Alzada en el orden causado y regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 25 % para cada una de ellas de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la anterior instancia; 4) Hágase saber al obligado al pago de los honorarios de los abogados y procuradores que, en caso de corresponder deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2º del art. 62 de la ley 1181 de la C.A.B.A.. Asimismo se hace saber al obligado al pago de la tasa de justicia que deberá adicionar en su oportunidad, la contribución prevista en el inc. 3º del citado artículo 62, y todo ello bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante mí