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Sentencia de la Corte Interamericana, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, publicación de la sentencia, procedimiento administrativo, proceso judicial, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado Parte, sistema interamericano de reparaciones, sistema interamericano de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Perrone y Preckel Vs. República Argentina S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-10-08

Debe la República Argentina publicar en un Diario Oficial y en el sitio web del Centro de Información Judicial, la sentencia de la Corte Interamericana que declara la responsabilidad internacional de dicho Estado por violación a la garantía del plazo razonable -Artículo 8.1 de la Convención Americana-, en perjuicio de las dos personas que interpusieron numerosos recursos administrativos y judiciales con el fin de obtener el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir como consecuencia de haber sido privados arbitrariamente de su libertad durante la dictadura militar.
Sucesión testamentaria, interpretación del testamento
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELICA c/ RODRIGUEZ EMILIO S/SUCESION s/ ACEPTACION DE LEGADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-21

La interpretación del testamento debe resultar del testamento mismo, que es la forma solemne por autonomasia apta para manifestar la última voluntad. La prueba extrínseca sólo sirve para aclarar algún concepto dudoso, pero no para desvirtuar o tergiversar la declaración formal.
Costas, fallido, deberes del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAROPLAST SRL S/ QUIEBRA C/ CARBEL SRL Y OTROS S/ ORDINARIO S/ INC. DE EXTENSION DE QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-30

Las costas impuestas por la actuación del síndico aparecen comprendidas en la expresión genérica contenida en la LCQ 240 porque esos créditos son costas judiciales impuestas al funcionario que actuó con la creencia de perseguir obligaciones exigibles en favor del fallido y, por ende, susceptibles de ser percibidas para el activo concursal (esta CNCom, Sala D, 9/10/96, "Nuevo Banco Santurce s/ quiebra"; id., Sala F, 11/7/13, "Mallarini Jorge Alberto s/ Quiebra c/ Feigl Elsa Ramona s/ ordinario"). Por ello, cuando una acción es iniciada por la sindicatura y no se logra el objetivo buscado, las costas deben ser impuestas al patrimonio falencial, no resultando procedente imponerlas al síndico de manera personal, dado que esa solución no está contemplada por la normativa ni siquiera como sanción ante su negligencia, falta grave o mal desempeño (LCQ 255; CSJN, 10/12/97, "Recurso de hecho deducido por Julio César Rivera en la causa Flores, Aurelio s/ concurso civil c/ Competrol SA y otros s/ incidente"; esta CNCom, Sala F, 11/7/13, "Mallarini Jorge Alberto s/ Quiebra c/ Feigl Elsa Ramona s/ ordinario"; Cámara, Héctor - Martorell, Ernesto, El concurso preventivo y la quiebra", t. V, Lexis Nexis, Bs. As., 2007, p. 297).
Recurso extraordinario de nulidad, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Arrascaeta, Roberto Andrés c/ Sargento Cabral S.A. de Transportes s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-27

Los presuntos errores de procedimiento anteriores a la sentencia no pueden alegarse por vía del recurso extraordinario de nulidad, que ha sido instituído para reparar vicios formales del fallo y no para corregir falencias procesales anteriores al mismo.
Competencia federal, entes autárquicos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, contratista, hurto, bienes del Estado, petróleo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Díaz, Américo Simón s/ denuncia hurto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Es competente la justicia federal para conocer de la sustracción de petróleo crudo de un pozo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, no obstante encontrarse explotado por una empresa contratista, en tanto al ser el petróleo propiedad de la entidad estatal (art. 3 de la ley 21.778) el hecho afecta su patrimonio, más allá de la posibilidad de resarcimiento que ésta tuviera respecto de la firma contratista.
Beneficio de litigar sin gastos, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alejo, Alfredo Walter s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-30

Siendo la falta de recursos económicos, una cuestión de hecho, le corresponde al juez determinar, según las constancias de autos, cuándo una persona carece de medios suficientes para afrontar el pago de honorarios y gastos causídicos que puede originar el proceso. Y si bien es cierto que no es dable exigir una prueba exhaustiva de la alegada carencia económica, y que, además, debe ponderarse la aplicación del instituto con criterio amplio, ello, sin embargo, no importa que deba apreciarse ligeramente la prueba producida, encontrándose el juzgador habilitado para exigir la concurrencia de elementos de juicio sobre cuya base pueda estructurar el proceso lógico y racional que distinguen la 'convicción' de la mera 'sensación'.
Partes del proceso, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco, María Cristina c/ Edificadora Plaza SRL s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La comprobación de la muerte en el expediente, sólo tiene trascendencia a los efectos de ordenar la suspensión del procedimiento (art. 43 CPC), pero no para indicar el inicio de la ineficacia de la actividad procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Injurias, programa de radio
Materia: PENAL
Carátula: MINTZ s/ INJURIAS.  CASOS: AUDICIÓN RADIAL. "LE GUSTARÍA QUE SE INVESTIGARA SI  EL  DR....HA   COMETIDO  HECHOS  ILÍCITOS  EN  EL  DESEMPEÑO  DE  SUS  FUNCIONES EN LA  RADIO".  OFENSA  DIRIGIDA  A TERCEROS INDETERMINADOS (DESCRÉDITO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-28

constituye el delito de injuria, decir en una audición radial "que le gustaría que se investigara si el 'dr....'Ha cometido hechos ilícitos en desempeño de sus funciones en radio 'el mundo' y que si así fuere, él podía tirar un indicio".

La circunstancia de que la ofensa se haya dirigido a terceros indeterminados y que solo indirectamente llegara a conocimiento del afectado, la transforma en un típico descrédito, es decir, una lesión al honor de alguien tendiente a restarle reputación, crédito o fama.

En este sentido, el dolo es, pura y simplemente, la inteligencia y voluntad de cometer un descrédito ante terceros, alertando sobre la posibilidad de que el querellante haya actuado de un modo socialmente desvalioso.
Adopción, nombre
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paris Sosa Sánchez, Julio Leonel s/ Acción sumarísima sustitución de apellido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Nuestro ordenamiento consagra el principio de inmutabilidad del nombre -fijeza o estabilidad al menos- y que su cambio sólo es excepcionalmente posible por un acto del Estado emanado del órgano legalmente previsto para otorgarlo. Resultan entonces inatendibles aquellos pedidos de alteración del nombre fundados en razones de simple voluntarismo, capricho o comodidad. En la especie, el recurrente no ha invocado, y menos aun acreditado, situación alguna que pueda encuadrar en el concepto de "justo motivo" que justifique la supresión del apellido de soltera de su madre adoptiva viuda (arts. 12 "in fine" y 15 ley 18248; 17 ley de 19134).
Inspección General de Justicia, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENOK, OIKOS y FADES s/ resolución  I.G.J.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

El art. 18 de la ley 22.315 exclusivamente atribuye efecto suspensivo a los recursos por los que se atacan resoluciones que imponen apercibimientos con publicación o multas; en los demás casos, los recursos contemplados en el art. 16 carecerán de dicho efecto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Marcelo Mario s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

Es improcedente el planteo que no fue llevado a la instancia de apelación y por consiguiente no puede someterlo para ante esta Corte (art. 342, CPP -según ley 3589 y sus modif.-).
Asociaciones profesionales, Ministerio de Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

El art. 58 de la ley 23.551 consagra el principio del "control exclusivo" del Ministerio de Trabajo sobre las asociaciones profesionales, aunque hubieran obtenido personeria jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común.
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Corresponde dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba dispuesta pese a la oposición de la fiscalía y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren. Ello así, en ausencia de argumentos que lleven a revisar la doctrina sentada por el Tribunal en in re "Benavídez", expte n° 6454/09, sentencia del 08/09/2010 y "Porro Rey", expte. n° 7909/11, sentencia del 07/12/2011, entre muchos otros pronunciamientos, a cuyos fundamentos remito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, falsificación de documentos, avenimiento, prisión domiciliaria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FC, JR s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en FC, JR sobre 292 2°parr - falsificación de documento destinado a acreditar identidad de personas /habilitación para circular o titularidad de automotor c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

El recurrente, al impugnar la decisión de la Cámara que homologó el acuerdo de avenimiento y condenó al imputado a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria, demuestra la existencia de un caso constitucional vinculado con la afectación del derecho de defensa en juicio (art. 18, CN y 13.3, CCABA). Ello, en tanto muestra que el pronunciamiento que resolvió la apelación del MPF habría omitido la concreta consideración de determinadas cuestiones que fueron oportunamente propuestas y resultarían conducentes para la adecuada solución del caso. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ NORA A. Y OTROS c/ CLUB CENTRO RECREATIVO Y/U OTROS s/DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-19

No controvertida la prestación de servicios de la actora a favor del demandado, quede éste encargado de probar que las circunstancias, relaciones o causas que motivaron el hecho de la prestación eran ajenas a la existencia de un contrato de trabajo.
Competencia civil, competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, MARIA INES s/ SU FUGA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-13

El "Tribunal Superior" (artículo 11 del Código de Procedimientos) llamado por la ley para decidir el artículo es el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a través de sus respectivas Salas, en función del conflicto dado entre la Sra. Juez de Menores y el titular de un organismo de distinto fuero.
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Burlada, Ricarda s/ Incidente de verificación de crédito en: AFISA Cía. Financiera SA s/  quiebra Villa, Guillermo s/ Incidente de verificación de crédito en Banco de Berisso Coop. s  /Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09|1992-06-23

En las quiebras de entidades comprendidas en el sistema establecido por la ley 22529 -similar en sus lineamientos generales al de la ley 21526- el régimen de la ley 19551 sufre las alteraciones provenientes de normas federales que -como los arts. 50, 54 y 56 de la ley 22529- no sólo son posteriores, sino además, especificadas.

Es por ello que la regulación de preferencias y privilegios no podrá juzgarse con prescindencia de aquellos preceptos que -como el artículo 54 de la ley 22529- introduce esenciales modificaciones al sistema de la Ley de Concursos.
Despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: C. S. R. c/ R. S. C. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-16

Esta sala al igual que otras que integran este tribunal, ha interpretado que la disposición contenida en el art. 245 de la LCT a los fines de calcular el sueldo base para determinar la indemnización por despido, al referirse "a la mejor remuneración mensual normal y habitual", excluye la posibilidad de que a tal fin se tome la parte proporcional del sueldo anual complementario.
Diferencia de haberes jubilatorios, determinación judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MILLAN, Julio Rodolfo c/ Caja de Previsión de la Provincia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-25

La procedencia del cobro de diferencias de haberes adeudados, es algo que no puede sino estar precedido de una declaración del derecho aplicable, ya que el haber jubilatorio está vinculado y relacionado con el que percibe un activo, según pautas legales; la determinación, es algo privativo del organismo administrativo competente, y su corrección o aprobación, compete al Juez que debe entender en el diferendo.

Producida esa determinación administrativa, o judicial, será el técnico quien hará las operaciones que no podrán alejarse de lo que el juez dijo.

No resulta apropiado que sea el perito quien dictaminando adopte porcentajes extraños a las pautas de determinación previstas por la ley. De ello que las pericias, si bien van a mostrar los valores nominales percibido, no valen para determinar definitivamente lo adeudado.
Recusación con causa, recusación por amistad, reparación económica para familiares de desaparecidos, indulto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olivencia, Marcela V. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-06

Corresponde revocar la resolución que rechaza la recusación del juez cuando se ha determinado la amistad íntima existente entre éste y una persona citada a declarar como testigo, quien había estado imputado en la causa. Si bien esa causa había fenecido como consecuencia de un indulto emanado del Poder Ejecutivo de la Nación, dicha medida no extingue las indemnizaciones debidas a los particulares en materia civil por lo cual, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, aún mantienen ese interés (Artículo 69 del Código Penal). (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso).
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CAFES CHOCOLATES AGUILA Y PRODUCTOS SAINT HNOS. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  DE  LA CORTE  SUPREMA  -  INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  REPETICION DE IMPUESTOS -  CONJUNTO ECONOMICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El art. 11 de la ley 11.683 dispone que se debe atender al fin con el que las leyes impositivas han sido dictadas, ya que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador. Cualquiera que sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, contratos administrativos, emergencia sanitaria, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alonso Maneiro, Mariano c/  s/ incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Cabe confirmar la decisión del juzgado en lo criminal y correccional federal que declaró su incompetencia en una causa vinculada con compras y contrataciones supuestamente fraudulentas de elementos sanitarios realizadas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remitir las actuaciones al juzgado penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, puesto que, de acuerdo a los datos objetivos con los que se cuenta respecto de los hechos, no se observa, de momento, la afectación de algún interés federal que motive la intervención del fuero de excepción. En consecuencia, la justicia local, que justamente previno sobre la base de una denuncia análoga radicada anteriormente, debe entender en la investigación de las maniobras, sin perjuicio que, de constatarse algún extremo que modifique el panorama actual, pueda resultar viable una revisión sobre la competencia material.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, Administración Pública Provincial, contrato de suministros, reclamo administrativo previo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Compañía Industrializadora Argentina de Carnes S.A.C.I.Y.A. c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-20

Cabe hacer lugar al recurso de apelación incoado, revocar la sentencia y, en su mérito, declarar la admisibilidad formal de la demanda de daños por responsabilidad contractual de la Administración promovida -por el irregular cumplimiento de contratos de suministro que vinculan a las partes-, pues si bien, a fin de que el juez dé curso a la acción contencioso administrativa, el ordenamiento jurídico exige al litigante haber agotado previamente las vías recursiva o reclamativa, o encontrarse exento en el caso concreto de tal obligación, tales procedimientos presentan marcadas diferencias. Así, mientras que los recursos administrativos se encuentran dirigidos a obtener la revocación o modificación de decisiones individuales de la Administración -art. 172 de la LPA-, el reclamo administrativo previo persigue el reconocimiento de pretensiones que exceden la revocatoria, anulatoria o modificatoria; y la procedencia de la vía reclamativa o reparatoria no depende de la declaración de invalidez de acto administrativo alguno, sino que define tan sólo la actitud de la Administración requerida por el pretensor de un derecho subjetivo o interés legítimo, originado en una relación preexistente. Bajo tales presupuestos, la demanda promovida con el objeto de percibir diferencias de precios contractuales, actualiza una acción crediticia y no impugnatoria, en el marco de relaciones de Derecho Público; en consecuencia, a diferencia de lo decidido por el a quo, la denegación del reclamo administrativo previo no está sometida al plazo de caducidad del art. 12 del CPCA
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, reglamentación de la ley, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: MOGLIA,     EMANUEL c/ MIRAZONES    S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

De la lectura del art. 3 del decreto 146/2001 surgiría que la intimación del trabajador sólo sería eficaz para la viabilidad de la indemnización establecida por el párrafo agregado por el art. 45 ley 25345 cuando fuere hecha luego de los treinta días de la extinción del vínculo (cualquiera fuera la causa que lo hubiera motivado), y siempre que en ese plazo el empleador no le hubiese entregado las constancias o el certificado previstos en los párrs. 2° y 3° del art. 80 L.C.T.. Sin embargo esta exigencia constituye un excesivo rigor formal cuando, no obstante la intimación formulada por el trabajador antes del vencimiento del plazo de treinta días, la empleadora no cumplió su obligación de entregar los certificados dentro del plazo que la reglamentación le concede ni con posterioridad. (Del voto del Dr. Zas, en minoría).
Derecho administrativo, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rawson c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-07

Este cuerpo, en general, ha adherido al criterio, de que no cabe la aplicación lisa y llana de las reglas de derecho privado, al campo del Derecho Administrativo y que la misma deviene por analogía o subsidiariedad, siempre con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de las disciplinas de Derecho Público. Más también es verdad, que el principio de la reciprocidad, rige las relaciones supranacionales, y, en un orden interno institucional, debe aceptarse aplicada a las interestaduales, provinciales y-o municipales, aunque no con la rigidez propia del derecho común.
Universidades, Estado Provincial, poder de policía, ley nacional, ley provincial, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RELA#EZ, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE APELACION     RESOLUCION DEL CONSEJO DE INGENIEROS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 374-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Resulta inconsistente la queja por supuesta prescindencia del texto legal, si el Tribunal, analizó pormenorizadamente las circunstancias que lo indujeron a considerar aplicable al caso la resolución 145 de la Universidad Tecnológica Nacional, estimando que la atribución de fijar los alcances de los títulos (incumbencia) es exclusiva de las Universidades Nacionales a través de sus autoridades; y que la facultad de Poder de Policía que tiene la provincia a tenor del artículo 13 inciso f) de la ley provincial 2429 de reglamentar las funciones propias de cada especialidad profesional, se debe ejercer sin contradecir las atribuciones del Poder Central, atento la prelación de las leyes nacionales sobre las provinciales (artículo 31 de la Constitución Nacional).
Demanda, pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiorotto, Arístides Javier c/ Supercemento S.A.I.C. s/ Laboral. Recurso de Inconstitucionalidad(EXPTE CSJ Nº 138- 93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-26

La acción se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de la ley que invoca.
Costas, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: MENDEZ, JUAN MIGUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

La razonabilidad no es otra cosa que la proporción adecuada entre el medio elegido y el fin buscado. Si de la confrontación normativa entre el art. 68 y siguientes del C.P.C.C. y el art. 21 de la ley 24.463 se concluyera que éste prevalece en su aplicación por sobre el principio general que contempla el código ritual en materia de imposición de costas, se vulneraría el art. 16 de la C.N., en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, sin que halle justificación un tratamiento dispensatorio al vencido por la sola circunstancia de ser el Estado Nacional; habría lesión al derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente tan sólo por ser su contrario el Estado Nacional.