Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-08


RAWSON, 8 de abril de 2.011.- --VISTOS: -- --Estos autos, caratulados: "C. M. "C." c/ N., A. y K., E. A. s/ Amparo" (Expte. Nº 22.158-C-2.010) --DE LOS QUE RESULTA: - --A fs. 3/31, se presentaron las C. M. "C." y "M.-C.", y solicitaron al Juez interviniente, que ordenara a la Dirección General de Bosques y Parques (en adelante D.B. y P.) de la Provincia del Chubut, que impidiera la afectación de los recursos naturales en los territorios ocupados por las referidas Comunidades, asentadas en esta Provincia, prohibiendo a los Sres. A. N., E. A. K. y/o a cualquier obrajero que actuare en su nombre, que alteraren, afectaren, sustrajeren, aprovecharen, se beneficiaren de cualquier manera, con los recursos naturales existentes en dichas tierras, sin el consentimiento expreso de las autoridades tradicionales de las actoras.

--Solicitaron también, que se ordenara al Estado que no emitiera permisos forestales de cualquier especie a favor de terceros ajenos a las mencionadas comunidades y que se fijara una política de libre ejercicio de los derechos a favor de éstas últimas, respecto de los recursos existentes en los territorios donde se encontraban asentadas. En caso de eventuales afectaciones, peticionaron su derecho a participar en la gestión de los recursos existentes en sus "territorios ancestrales" y en los beneficios económicos.- --Requirieron además, como medida "especial", que se adoptaran las previstas por el art. 4.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para permitirles el libre uso y disposición de los recursos allí existentes.

--Fundamentaron la procedencia del Amparo en lo normado por los arts. 14, 17, 42 y 43 de la C.N., y 54 y ccs. de la C.P., por no contar con otra vía idónea para el tratamiento de la cuestión traída a juicio.

--Relataron los antecedentes del asentamiento de ambas comunidades, el reconocimiento propio y de sus pares, e indicaron que la personería de la comunidad "M.-C." fue inscripta en el Registro de Comunidades Aborígenes dependiente de la Escribanía General de Gobierno provincial. Similar situación relataron de la comunidad "C.".- --Manifestaron haber recibido embates de quienes pretendían despojarlos de sus tierras, con la directa complicidad del Estado Argentino, ya que el Municipio de Lago Puelo les había negado la preexistencia y, sostuvieron, que "nunca hubo en la zona asentamientos estables de habitantes originarios".- --Indicaron que en abril de 2.009 la D.B. y P. le otorgó al Sr. E. A. K. derechos sobre los recursos existentes en dichas tierras, pese al reconocimiento provincial de su asentamiento anterior.- -- Relataron los sucesos que tuvieron lugar con posterioridad al ingreso en las parcelas asignadas a K., sin que mediara autorización de las comunidades y, asimismo, relataron los contenidos de los telegramas cursados entres las partes. Cuando se produjo la "intervención" -según sus términos-, de los obrajeros en la Parcela (*) X*-**, ésta fue oportunamente denunciada, tanto a la D.B. y P. -en mayo de 2.009-, como al I.N.A.I.-- --Indicaron que la tala de árboles no cesó pese a las denuncias y reclamos efectuados. Más tarde, la D.B. y P. les requirió, a las comunidades, información sobre la delimitación de sus territorios, acreditación del acto administrativo que los definía, y asimismo, el carácter invocado por la comunidad.-- -Señalaron haber enviado carta documento al Sr. K. para que cesara en sus actividades forestales, al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut y al Sr. Fiscal, respectivamente, para informarles con respecto a los sucesos producidos, y para requerirles, además, su protección a través de medidas urgentes.- -Mediante Nota Nº 821/98 D.B. y P. se resolvió suspender el trámite de toda actuación y/o autorización de aprovechamiento forestal, debido a las controversias que se presentaron en las parcelas forestales (*) X*-** y (*) X*-**.-- -En los meses de mayo y junio de 2.009, las comunidades "C." y "M.-C.", solicitaron autorización para el aprovechamiento de la totalidad de las parcelas forestales por ellas ocupadas. Después de insistir en el pedido, se les informó que, ante el dictado de una medida de no innovar por parte del Juzgado Penal de Esquel, no se podía dar curso a su requerimiento. La comunidad "C." reiteró el pedido de aprovechamiento forestal y la respuesta de la D.B. y P. fue informarles que se habían girado las actuaciones al Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería provincial.

--No obstante ello, los demandados en autos volvieron a irrumpir y pese a las denuncias, señalan las amparistas, no se ha resuelto el tema hasta el presente.- --Desarrollaron sus argumentos para calificar a los recursos forestales como pertenecientes sólo a las comunidades.- --Criticaron al Estado y en el caso, al gobierno provincial, por no facilitar políticas diferenciadas tendientes a agilizar el ejercicio de los derechos por parte de las comunidades, sobre los recursos de las tierras que definieron como "territorios tradicionalmente ocupados".

--Manifestaron tener exclusividad en el acceso, administración y gestión de los recursos naturales de las parcelas referidas "supra".-- --Insistieron que fueron discriminados al no poder disponer de la explotación de los recursos naturales como sí se les permitía a quienes no eran indígenas, entre ellos, al Sr. K.. Explicaron, asimismo, las costumbres aborígenes con respecto al uso compartido de las tierras y citaron jurisprudencia que consideraron aplicable.

--Acusaron al gobierno provincial de no reconocer su ocupación ancestral y de no establecer una política "circunstanciada acorde a la realidad que vive este sujeto de derechos, sistemáticos despojos territoriales desde el Estado (nacional, provincial y municipal) y desde particulares, inseguridad jurídica de su ocupación tradicional desconociendo su posesión comunitaria...".

--Relataron que han sido omitidos en su aplicación, los tratados internacionales vigentes en materia de protección de sus derechos.-- --Fundaron la medida cautelar peticionada, plantearon la inconstitucionalidad del fallo de este Superior "esgrimido por E. A. K. como supuesto fundamento para hacerse de la propiedad sobre la masa boscosa implantada en los territorios comunitarios". Ofrecieron prueba, formularon reserva del Caso Federal y efectuaron petitorio de estilo.

--A fs. 133/135 vta. intervino el Dr. CRIADO, Juez Penal, quien dictó sentencia por medio de la cual, rechazó "in limine" la acción de amparo articulada, con costas a los presentantes. Tuvo en cuenta para ello, la falta de cumplimiento de los recaudos legales exigidos para la tramitación la vía intentada. Así, entendió que no se había expresado con claridad cuál era el acto, hecho u omisión pública o de particulares que agraviaba a los amparistas. Además, el dato de algunos hechos que fueron denunciados en el año 2.009, indicaba la extemporaneidad del reclamo toda vez que habrían transcurrido más de 30 (treinta) días desde que se produjera el acto que los agravió.

--Agregó que los actores habían iniciado trámites administrativos que conllevaban un procedimiento determinado -sin que ello, de por sí, constituyera un obstáculo-, donde existían remedios de posible utilización por los demandantes, en procura de sus derechos. Incluso consideró habilitadas las vías civiles para atender los fines perseguidos en autos en la medida de la "imprecisión del derecho, pretensamente afectado, además de no resultar manifiestas la ilegalidad o arbitrariedad denunciadas.

--Cuestionó la elección del fuero penal para entender en la acción, por la competencia en razón de la materia, sin perjuicio de la habilitación general del art. 4° de la Ley V N° 84.

--A fs. 141/146 vta. obra Recurso de Apelación interpuesto por los amparistas. Allí refutaron, en primer lugar, que la sentencia de grado omitiera dar la importancia correspondiente al interés público y la gravedad institucional del caso.

--Se agraviaron también, respecto de la extemporaneidad atribuida a la acción impetrada, y con ello, resultar perjudicados de manera actual (con citas de doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Además consideraron que el amparo era la vía más idónea para llevar adelante su reclamo. Formularon reserva del caso Federal.-- --A fs. 147 se rechazó la Apelación por haber sido interpuesta en forma extemporánea.

--A fs. 149/151, los amparistas articularon Recurso de Queja por Apelación denegada.

--A fs. 152 se verificaron los plazos y el Juez interviniente advirtió que el recurso había sido presentado en tiempo oportuno, toda vez que al momento de resolver, no se había verificado la suspensión dispuesta por la Resolución Administrativa del S.T.J.CH. N° 6.337/2.010. Así, concedió el recurso.- --La Cámara de Apelaciones de Esquel se expidió a fs. 155/157. Revocó la sentencia de grado, porque consideró que la falta de claridad en los términos de la acción podría haber llevado al magistrado a intimar su subsanación, pero no a su rechazo sin más. Señaló, asimismo, que la ilegalidad debía acreditarse con un análisis detenido "y requieren ser concatenadas con las relaciones de los hechos que debe suplir la parte amparista". Por ello lo resuelto por el juez a-quo, resultaba anticipado.

--El Juez de grado, en función de lo resuelto por la Alzada, se consideró moralmente inhibido para seguir interviniendo en autos, toda vez que ya se había expedido sobre el fondo del tema. Entendió, además, que la Cámara de Apelaciones en lo Civil no era su superior natural. Señaló que, si bien la ley establecía que el amparo se podía presentar ante cualquier Juez de primera instancia, su naturaleza civil obligaría al conocimiento por parte de los jueces de ese fuero. Así, envió las actuaciones al Dr. MAGALLANES.- --El Juez de Ejecución se expidió a fs. 162, y expresó que el amparo podía tramitar, válidamente, por ante la jurisdicción penal, toda vez que la ley no efectuaba diferencias y, además, porque lo resuelto por el Dr. CRIADO, no se relacionaba con el fondo de la cuestión sino con otras cuestiones que debía proveer en ese momento procesal. Así, no compartió la excusación efectuada por el Dr. CRIADO y elevó la causa a la C.A.N.O.-- --La Cámara de Apelaciones rechazó la excusación del Juez Penal en razón de lo dispuesto por el art. 4° de la Ley de Amparo, arts. 18 y 75 inc. 22° de la C.N., y 18 de la Ley I N° 31.- --A fs. 169/171, el Dr. CRIADO plantea la incompetencia de la Cámara Civil para resolver el conflicto de competencia, suscitado entre un jueces de diferentes fueros (civil y penal).-- --En primer término, solicita su reivindicación personal y funcional por los término utilizados por la Alzada, al desconocer sus manifestaciones y fundamentos legales y de hecho, "para resolverlos sin atenderlos en lo más mínimo", y atribuirle que recurriera al mecanismo de la excusación para apartarse del conocimiento de causas.

--Sostiene que es una práctica habitual de los letrados amparistas, seleccionar el fuero penal para tramitar esas acciones de carácter civil. No obstante ello, refiere haber tenido inmediata intervención en autos, donde analizó y resolvió la admisibilidad formal en el plazo de un (1) día.

--Si bien llevó a cabo esta primera participación, recuerda que el conflicto de fondo tenía trámite en causa penal, en la cual se expidió, anteriormente. También, dice haber expresado su opinión en otros juicios de usurpación, donde las mismas comunidades aborígenes se manifestaron mediante actos recriminatorios al actuar de la justicia, tan conocidos como el conflicto con la D.B. y P. provincial y los Sres. K. y su apoderado N..- --Es por ello que insiste en la procedencia de su excusación en los términos del art. 18 de la Ley 4.816. Señala también, haber tomado intervención en las causas NIC 1.018, NIC 174, donde se puede verificar que emitió opinión respecto del presente litigio. Ello le impide sentenciar de acuerdo a lo normado por los arts. 76, 77 y 80 del C.P.P. y los arts. 17 y 32 del C.P.C.C.- --Considera, también, que la C.A.N.O. no debió tratar, ni mucho menos resolver, la cuestión de competencia suscitada porque, ante el nuevo rito penal, no era Alzada de éste último fuero. El Tribunal común a ambos jueces es, solamente, el Superior Tribunal provincial.- --A fs. 177/178 obra dictamen del Sr. Procurador General quien considera atendible el planteo del Dr. CRIADO, en lo atinente a la competencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel, puesto que no es competente para tratar y resolver tanto el conflicto negativo suscitado entre ellos, como el incidente de oposición a la excusación.

--Entiende que este Superior Tribunal debe declarar la nulidad de la sentencia de la anterior instancia, resolver el incidente de oposición a la excusación del Juez Penal planteado por el Juez de Ejecución, y el conflicto negativo de competencia entre ambos magistrados.

--En lo que respecta a la competencia material sobreviviente denunciada por el presentante, opina que no está prevista por la ley y por lo tanto debe ser ejercida por cualquier magistrado de primera instancia con jurisdicción territorial.

--ANÁLISIS: -- --Los Jueces Daniel L. CANEO y José L. PASUTTI dijeron:

--I.- Vienen estos autos a resolver, en virtud del planteo de nulidad efectuado por el Juez de Primera Instancia en lo Penal de la ciudad de Esquel, contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de esa jurisdicción que resolvió el conflicto de competencia planteado entre este último magistrado y el Juez de Ejecución (en materia Civil y Comercial) de la misma ciudad. Su argumento se basa en que el Dr. MAGALLANES no debió remitir el incidente de excusación a la C.A.N.O.

--En primer lugar y siguiendo la normativa vigente respecto de las incumbencias de los fueros penal y civil, corresponde señalar que conforme el art. 79 del C.P.P. y los arts. 9 y 11 del C.P.C.C. ha quedado delimitada la competencia respectiva de ambas jurisdicciones, para entender en los conflictos de inhibitoria. Cada uno de ellos tiene Tribunal de Alzada diferenciado en razón de la materia y, por ende, ninguno de ellos resulta superior común para los dos.

--El art. 179, 1.2 de la Constitución Provincial determina que el Superior Tribunal de Justicia es quien tiene la facultad de conocer y resolver en forma originaria las cuestiones de competencia suscitadas entre los tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común.-- --Por su parte, la Ley V Nº 3, establece -en su art. 38- la competencia de los jueces letrados en razón de la materia. Con la creación de la Cámara Penal, se fijó su jurisdicción como Tribunal de Alzada del fuero criminal. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, carece de facultades como superior de dicho fuero.

--De lo hasta aquí expuesto, se colige que asiste razón al recurrente en cuanto opugna el resolutorio de la C.A.N.O. de la ciudad de Esquel toda vez que no podía constituirse en Tribunal Superior común a ambos fueros, ni resolver, de esa manera, el conflicto suscitado entre los diferentes magistrados de grado. Como es sabido, la competencia se atribuye por ley, en consecuencia, no prevista legalmente su capacidad para entender en un fuero distinto del civil, comercial y laboral, corresponde declarar nulo el resolutorio impugnado que excede el marco de sus incumbencias específicas.- II.- El segundo de los temas a resolver se refiere a la excusación formulada por el Juez de origen, quien sostuvo haberse expedido sobre el fondo de la cuestión, no sólo en estas actuaciones, sino cuando tomó intervención en otras causas penales vinculadas a las mismas comunidades amparistas y relacionadas, precisamente, con la concesión de las tierras para la explotación forestal por parte de la D.B. y P. (las ubicadas sobre el margen oeste del Río Azul, en zona de Lago Puelo). Tras dichas actuaciones judiciales, las comunidades indígenas, hoy reclamantes, llevaron a cabo actos públicos de recriminación al accionar de la justicia que fueron notoriamente conocidos.-- -- Los institutos de la recusación y excusación se fundan en la necesaria imparcialidad que los magistrados deben guardar para conocer y decidir las causas, obligación consagrada en el art. 34, inc. 2º, del C.P.C.C. El objeto, es pues, despejar al justiciable de toda duda que empañe la labor de los jueces y preservar, a más de la imparcialidad, el debido proceso. Ello, sin dejar de considerar que -tanto la excusación como la recusación-, implican un desplazamiento anormal de la competencia, y siendo inherente ésta a la garantía del juez natural, las causales son de enumeración taxativa y en consecuencia interpretadas restrictivamente y con la debida mesura atendiendo a su trascendencia y gravedad (Conf.: C.S., Fallos, 310:2.845; S.T.J.CH., S.I. Nº 146/91, 72/S.C.A./99, 23/S.C.A./00, 71/S.R.E./03, entre otras).- --La admisión de estos planteos, de acuerdo a las reglas preestablecidas, propicia asegurar esa imparcialidad siempre que no se perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Por ello, para resolverlo, corresponde atender no sólo al interés particular sino también al general, que puede verse afectado por el uso inadecuado -sea por jueces o por las partes- del desplazamiento de quienes deben entender en el proceso (Conf.: S.T.CH., S.I. N° 46/S.C.A./95, 27/S.C.A./96, 49/S.C.A./07).-- --La ley procesal impone al Juez el deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto cuando se hallare comprendido en algunas de las causas de recusación previstas en art. 17 C.P.C.C. Inclusve, le otorga el derecho de hacerlo cuando existan otras razones fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.-- --Siguiendo a CHIAPPINI ("La recusación con causa", Ed. La Rocca, Año 1.994, pág. 69), "... Respecto de la unidad de proceso que opera en la especie, la redacción del art. 17, inc.7°.... entroniza el adelantado desenlace. Es decir, la fórmula acerca del pleito abarca tanto la referida actuación profesional del juez (primera parte de la disposición) como el prejudicio (segunda parte de la disposición). Y ese pleito es uno solo. Aquel en el que el magistrado puede ser recusado o, antes bien, Ya que el juez que sabe que se debe excusar, lo hace sin esperar a que lo recusen".- --SENTÍS MELENDO (citado por el mismo autor en la obra y pág. indicada en el párrafo que antecede), explica el fundamento que lleva a esta recusación del curial: "El abogado. Quien haya sido defensor o haya emitido opinión o dictamen, difícilmente se sentirá con la necesaria independencia para juzgar. Es posible que el conocimiento integral del proceso lo lleve a conclusiones distintas de las sostenidas por él como parte; pero por razones de ética deberá apartarse del conocimiento del asunto. No es cuestión de prejuzgamiento sino de recusación".

--III.- El art. 30 del C.P.C.C., prevé dos tipos de causales. Las primeras, que generan el deber de excusarse, son las de recusación con causa, enumeradas en el art. 17 del C.P.C.C., a las cuales remite la primera parte de la norma. Las otras son las causas graves de decoro o delicadeza, que tornan facultativo para el Juez apartarse del proceso. Así, con relación a las enumeradas en primer término, tratándose de un deber legal, las partes no tienen necesidad de formular petición alguna para que el magistrado se excuse, desde que no es necesario que alguien le indique el cumplimiento de su deber. Pues en el supuesto de que el juez considere que no se configuran causales de excusación, a los litigantes les asiste el derecho de deducir la recusación con causa, o sin ella, si la parte o el letrado no se atreve a expresarla o considera prudente no hacerlo (Conf.: Elena I. HIGHTON-Beatriz A. AREÁN- "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" - Tomo 1, pág. 502/503, Ed. HAMMURABI S.R.L.).- --El Dr. CRIADO funda su excusación en la causal contemplada por los arts. 76 a 80 del C.P.P., y 17 y 32 del C.P.C.C. Si bien no identifica el inciso, de sus manifestaciones se deduce que se refiere al inc. 7º del art. 17 de la ley ritual (por aplicación del principio iure curia et novit). Este se vincula al prejuzgamiento, en el caso, por haber manifestado su opinión, al momento de declarar la inadmisibilidad del Amparo y por haber decido, también, en dos causas penales anteriores pero vinculadas al objeto y partes de autos, que identifica como "Causas NIC 1.018 y NIC 174".

--Sobre el particular, este Superior Tribunal de Justicia, tiene dicho: "El prejuzgamiento que prevé el art. 17, inc. 7, del Código Procesal Civil y Comercial como causal de recusación y excusación, "sólo se produce con la emisión intempestiva de opinión respecto de cuestiones que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, por lo que no hay prejuzgamiento cuando el juicio emitido ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado", es decir que se refiere al aporte subjetivo del Magistrado consistente en emitir opinión o juicio fuera de su debida oportunidad, siendo improcedente la recusación que se funda en un pronunciamiento que resultó en su momento indispensable, siempre que se haya mantenido en los límites de la cuestión resuelta" (Conf.: este TRIBUNAL, S.I. N° 146/91).-- --En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido: "Las circunstancias descriptas en el inc. 7° del art. 17 del Cód. Procesal configuran la causal corrientemente llamada prejuzgamiento, en cuya virtud es admisible apartar del conocimiento del proceso al juez que haya exteriorizado su opinión acerca de la forma de resolver las cuestiones debatidas. Como la palabra lo indica, dicha conducta consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que las expresiones permiten deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución que dará el litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (Conf.: C.S.J.N., 24/3/92, "CANTOS, José M. c. Provincia de Santiago del Estero y/u otro" LL, 1992-D-265).- --Varios elementos, referidos por el juez de origen, aconsejan apartarlo de continuar interviniendo en autos. En primer lugar, ha considerado que no resultaban manifiestas, la ilegalidad y arbitrariedad pretendidas en el Amparo, que se imputan al estado o a particulares. En segundo término, estableció vencido el plazo de treinta (30) dìas para articular la medida, toda vez que los actores señalaron al mes de abril de 2.009 como la fecha en que comenzó el conflicto de autos, y la acción se presentó el 17/05/10 en la Oficina Judicial de Esquel. Destaca, asimismo, que existen trámites administrativos pendientes de resolución que deberían culminar antes de intentar el remedio judicial. Concluye, en definitiva, que existen otras vías procesales que los actores "deben cursar en procura de sus pretensiones". Si a ello sumamos las críticas que dice haber recibido por parte de las mismas comunidades en función de su actuación previa como sentenciante en juicios de su competencia penal, corresponde aceptar las inhibiciones formuladas, a los fines de despejar toda sombra de duda que el justiciable pudiera tener respecto de la actuación del juez natural, como una forma de preservar total y absolutamente la imparcialidad y garantizar el debido proceso legal en la tramitación de estos actuados. El apartamiento del juez natural es grave, pero resulta más grave aún, que se pudieren vislumbrar, serias sospechas de la neutralidad del magistrado.- --Teniendo en cuenta que se acepta la excusación formulada por el Dr. CRIADO, y atento lo normado por el art. 4° de la Ley V N° 84 que habilita la interposición del Amparo ante cualquier Juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto, corresponde el reenvío de la causa a la Oficina Judicial de Esquel a los efectos que se de intervención al Juez penal que corresponda. Ello así, toda vez que los accionantes presentaron su demanda ante dicho organismo, circunstancia que evidencia la elección de la justicia penal para intervenir en autos.

--El juez Alejandro Javier PANIZZI dijo: -- --I) Como siempre se dice en los tribunales argentinos, una contienda de competencias es de orden público y presupuesto básico para el dictado de la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto, de acuerdo con la legislación procesal. Así lo señaló el señor Procurador General en su dictamen Nº 125/10.

--II) El artículo 4° de la Ley Nº V-84 establece las competencias de los jueces de la acción de amparo de modo absolutamente obvio y expreso.- --El texto legal dispone que el juicio de esa índole debe iniciarse ante cualquier Juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el perjuicio debiere tener efecto, el que será plenamente competente para conocer de la acción. Es decir, para el inicio de la demanda la ley no distingue la materia que ejerce el juez que conocerá de la acción amparo, por lo que éste puede ser del fuero civil y comercial, laboral, penal, de ejecución o de familia.-- --Al contrario, para los recursos de apelación y nulidad contra la sentencia definitiva, la misma norma establece (sin chance para dudas) la competencia de la Cámara de Apelación de la misma jurisdicción (artículo 11).

--La ley especial, en el artículo 16, determina que las normas del Código Procesal Civil y Comercial que rigen el proceso sumarísimo, son de aplicación subsidiaria en la tramitación de la acción de amparo.- --Y el único tribunal con aptitud legal para conocer en la apelación contra una sentencia recaída en un proceso sumarísimo es la Cámara de Apelación de la misma Circunscripción Judicial que la del juez sentenciador (artículos 242 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial).- --De hecho, el rechazo liminar de la acción de amparo de fecha 19 de mayo de 2010 fue recurrida ante Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Esquel y el Juez Penal concedió el recurso de apelación ante esa misma Cámara (Resolución Jurisdiccional Nº 7.202).-- --Como es obvio, el Tribunal superior para dirimir un conflicto de competencia entre dos jueces es el que cuenta con la potestad legal para conocer de los recursos contra los fallos de esos mismos jueces. Es decir, el único tribunal competente para disipar la contienda de competencia suscitada entre el Juez Penal y el Juez Civil, Comercial y Laboral subrogante es la Cámara de Apelaciones de Esquel.

--III) El principio de legalidad -artículo 19 de la Constitución Nacional- veda a todos los jueces el ejercicio de sus facultades más allá de las atribuciones conferidas por las leyes.

--Las normas chubutenses determinan de modo réqueteclaro que el Tribunal de alzada del Juez que conoce del amparo en primera instancia es la Cámara de Apelaciones, no la Cámara en lo Penal, cuya competencia se circunscribe exclusivamente al proceso penal (Ley XV - 9).-- --No procede, pues, la avocación per saltum del Superior Tribunal de Justicia ya que éste no cuenta con la competencia para conocer en la cuestión originada, soslayando instancia intermedia.- --La Cámara de Apelaciones del Esquel ya juzgó acerca del conflicto de competencia y de la excusación del magistrado en lo penal. Por lo tanto, debe desestimarse el planteo del señor Juez, doctor Jorge Alberto Criado, cosido en las hojas que llevan los números 169, 170 y 171. ASÍ VOTO.

--El Juez Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL dijo: -- --He analizado con detenimiento el caso y los argumentos dados por los Sres. Ministros preopinantes para resolver la cuestión, habré de disentir con la solución propuesta por los dos primeros.- --La causa arribó a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia por impulso del Juez Penal de la ciudad de Esquel, doctor Jorge CRIADO, quien se opuso a la decisión de la Cámara Apelaciones de aquella circunscripción judicial, dictada con fecha 01 de julio de 2.010 y registrada bajo el N° 174/2.010, por considerar que se le había rechazado la excusación que planteó, sin haber resuelto la cuestión de competencia suscitada.

--De ese modo, el magistrado penal ejerció su jurisdicción fuera de los límites de su competencia, pues decidió sobre una cuestión en la que no le correspondía entender de acuerdo con la Constitución Provincial y las competencias específicas emanadas del artículo 38 de la Ley V N° 3.

--Contrariamente a lo señalado por el Juez CRIADO, la Cámara de Apelaciones de Esquel analizó y, luego, se pronunció sobre la excusación que él mismo planteó a fs. 166, rechazándosela y ordenándole continuar el procedimiento sin más trámite.

--La disconformidad con la resolución de la Alzada no lo convierte al juez inferior en calidad de "parte", razón por la cual está vedado para este último la posibilidad de promover la apertura de una instancia superior para rever la cuestión, pues como se ha dicho, carece de competencia para ello.- --Por lo expuesto, voto porque se remitan estas actuaciones a la instancia de origen, a los fines y conforme lo dispusiera la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel. ASÍ LO VOTO.

--El Juez Jorge PFLEGER dijo:

--I.- Luego de analizar las constancias del caso, y sin mayores prólogos, expresaré mi consenso con la definición que, al pleno, propone el doctor REBAGLIATI RUSSELL.

--Es que a contrario de lo que ha opinado el señor Procurador General de la Provincia, no hay conflicto que dirimir ni tema que concite el avocamiento de este Superior Tribunal de Justicia, pues, al remitir los folios a esta sede, el Juez en lo Penal exorbitó los límites de su competencia, marcados por el art. 38 inc. 3° de la Ley V N° 3, inc. 3° y Ley V N° 84, que reglamenta la Acción de Amparo (art. 54 de la Constitución Provincial).- --II. Creo, sinceramente, que el juez cuya decisión abrió esta instancia no puede ser considerado "parte" ni se encuentra receptado en nuestro ordenamiento una vía para recurrir decisiones que fijan la atribución de conocer en materia de excusaciones, cuando estas son resueltas por un Tribunal revisor cuya capacidad no fue discutida por las partes, que esperan, aún, atención a su reclamo.

-- III. Siendo como es que no existe motivo para provocar la intervención del Cuerpo, toda otra discusión es banal, y por ende me inclino por la remisión de los autos a la instancia para que se cumpla el trámite conforme lo resolviera la Cámara de Apelaciones del Noreste del Chubut. ASÍ LO VOTO.- --El Juez Fernando S. L. ROYER dijo:

--I.- Llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal, ante la presentación efectuada por el Dr. Jorge CRIADO, quien denuncia la existencia de un conflicto negativo de competencia con el Juez Civil, cuya resolución -según sus términos-, no debió ser resuelta por la Cámara de Apelaciones de Esquel, toda vez que no es el organismo Superior común para ambos fueros. Insistió, asimismo, encontrarse incurso en las causales previstas por el ordenamiento normativo para hacer lugar a su pedido de excusación.

--En la resolución del primero de sus planteos advierto que, la normativa aplicable (Ley V N° 84) establece en su art. 4°, que la Acción de Amparo puede instaurarse ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar donde la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto, el que será plenamente competente para conocer de la acción.

--Y ello me lleva a reeditar lo que oportunamente referí en la S.D. N° 01/S.R.E./2.010, cuando se someten a conocimiento de los magistrados, asuntos que deben ser tratados y resueltos, con la celeridad que el tipo de proceso impone. Dije entonces: "... cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las normas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (C.S.J.N., Fallos, 324:122) (Art. 54 C.P.)". Y agregué: "los operadores de derechos estamos llamados a resolver -en primer lugar- el caso concreto, pero también a despejar a través de nuestros pronunciamientos, dudas interpretativas que generan desconcierto no solo en los justiciables, sino también en los profesionales del Derecho...".-- --Dicho esto, adelanto mi opinión en el sentido que no encuentro razones atendibles para considerar procedente el reclamo del Juez Penal. En efecto, la elección efectuada por los presentantes, no puede ser observada en razón de la materia, ya que la norma provincial, a diferencia de la ley nacional, no efectúa distingos en dicho sentido, y por ende, resulta competente para entender en el caso, cualquier magistrado que ejerza su jurisdicción en el lugar donde se hubiera producido el hecho denunciado como lesivo.

--Pero además de lo dispuesto por la normativa citada, no puedo soslayar otro hecho de suma relevancia: al momento de elevar estos autos ante la apelación de las presentantes, el Juez CRIADO consintió -sin formular reparo alguno-, la competencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel (fs. 152) para resolver los agravios formulados contra la Sentencia por él dictada, que declaró inadmisible la vía intentada. De esta manera, su propio accionar definió la capacidad de la Alzada para entender en todo lo relacionado con la materia del juicio, incluido el conflicto negativo que hoy denuncia. La oportunidad procesal para cuestionar la intervención de la misma, ha precluído para el Juez Penal.- --Por último, deseo señalar que coincido con lo manifestado por el Dr. PFLEGER en cuanto considera que el magistrado que intervino en el inicio de esta acción, no es parte del proceso para acceder a esta Instancia en reclamo de cuestiones, que como ya expresara, han quedado perimidas completamente.

-II.- Por los fundamentos desarrollados, y toda vez que se ratifica la competencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel, no corresponde abordar el tratamiento de la excusación invocada en segundo término. Propongo, en consecuencia, se remitan las presentes actuaciones al Juzgado Penal de origen para continué el juicio según su estado. ASÍ LO VOTO.

--Por ello el Superior Tribunal de Justicia en Pleno y por mayoría:

--R E S U E L V E: - --1°) NO HACER LUGAR a lo peticionado por el Dr. Jorge CRIADO en su presentación de fs. 169/171.

--2º) ENVIAR las presentes actuaciones al Juzgado Penal de origen, por intermedio de la Oficina Judicial de Esquel, para que continúen los autos según su estado.

--3°) REGÍSTRESE.- Fdo. Dres. Jorge PFLEGER - Alejandro Javier PANIZZI - Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Daniel Luis CANEO - Fernando S.L. ROYER - José Luis PASUTTI.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 09 S.R.O.E. CONSTE.