Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-12


AUTOS N°750/10 (C.C.Nº22348) DEL Foro de Abogados de San Juan, Caratulados: "SEXTO JUZGADO DEL TRABAJO C/ Dr. F. G.".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2017- del TºII -Fº43/51- En la Ciudad de San Juan a Doce (12) días del mes de septiembre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar R. Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras, Pascual E. Alferillo y Juan Carlos Pérez, a fin de conocer el recurso deducido a fs. 110/120, contra la resolución de fecha nueve de agosto del año dos mil once, recaída en los presentes autos Nº750/10 (C.C. Nº22348) caratulados: "SEXTO JUZGADO DEL TRABAJO C/ DR. F. G.", dictada por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan, obrante a fs. 100/106.- EL DR. OSCAR R. OTIÑANO DIJO:

Viene a resolver la presente causa atento la remisión de fs. 182 efectuada al efecto por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan.- En dicho decreto al proveerse el recurso de reposición con apelación en subsidio se dispone: estése a lo resuelto en fecha 6/7/16. A la apelación subsidiaria no ha lugar por improcedente toda vez que sólo resultan apelables las sentencias definitivas conforme art. 42 de la ley 127-A y su modificatoria ley 1462-A. Dado el estado de la causa elévense las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de San Juan sirviendo la presente de atenta nota de elevación.- Para llegar a este estado la causa ha tenido el trámite que detallo a continuación: Iniciada la causa por comunicación del Señor Juez del Sexto Juzgado laboral y tramitada la misma, a fs. 100/106 se dicta resolución en la que se aplica al profesional Dr. F. G. suspensión de treinta días en el ejercicio profesional. A fs. 110/120 el Dr. F. G. deduce recurso de casación e inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia local que dicta sentencia a fs. 134 declarando su incompetencia atento que el art. 42 de la ley 3725 fue derogado por el art. 281 de la Constitución de la Provincia.- A fs. 143 luce el recurso extraordinario federal articulado por el Dr. F. que la Excma. Corte de Justicia deniega a fs. 153/155 notificándose al Dr. F. a fs. 156 el 19/3/2014 sin que conste, en modo alguno, que se articulara la queja o recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- Al respecto enseña el Maestro Morello que: Cuando se rechaza el recurso extraordinario por resolución fundada del Superior Tribunal de la causa, en el caso por la Suprema Corte Provincial, al apelante le queda abierta una posibilidad in extremis cual es deducir el último recurso que propondrá directamente a la Corte Suprema demostrando en concreto que el juicio de inadmisibilidad carece de fundamentación adecuada, que es erróneo o no se adecua en su congruencia con los motivos reales razonados en el escrito en que esa parte dedujo el remedio federal. Afirmará "la existencia de un error o que el A Quo está cometiendo una nueva arbitrariedad, toda vez que esa repulsa no es una resolución constitucionalmente válida al no aplicar el derecho que en verdad rige a las circunstancias comprobadas de la causa, cometer un exceso ritual manifiesto o recaer en una postura autocontradictoria, dogmática o que solo exhibe motivación aparente. (ver art. 286 del C.P.N.) Luego, si no se dedujo el recurso de queja directo ante la Corte Suprema Nacional por denegación del recurso extraordinario federal la instancia recursiva ha concluido dado el notorio y evidente abandono de la misma.- En tal caso estoy humildemente persuadido de que, conforme lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia local, no habiendo Juez competente para entender de la apelación del Dr. F. a el correspondía como sujeto activo de la misma acudir a la vía pertinente a los fines de determinar quién era el Juez competente dado que se encontraba en una situación de incertidumbre respecto de su derecho y de la instancia recursiva, para lo cual bien pudo valerse de la acción meramente declarativa, incluso del proceso ordinario, a fin de que se determinara fehacientemente quién y en qué plazos debía resolver la situación planteada y si ello no se hizo en término la oportunidad ha precluido - adviértase que desde la resolución que deniega el recurso extraordinario federal notificada al Dr. F. el 20/3/2014 no hay ninguna actuación hasta el decreto que suscribe el 11/5/2016 la Presidente del Tribunal de disciplina del Foro de abogados Dra. Lucía M. Crim que luce a fs. 156 de esta causa - y no puede reabrirse a la espera sine die del posible dictado de una nueva ley que no se sabe cuándo se va a dictar - como parece haber ocurrido en el caso en que la nueva ley se dicta recién en julio de 2016 -, so pena de avanzar contra los principios de perentoriedad de los términos (conf. art. 156 del C.P.C.) y preclusión de los actos procesales que establece el C.P.C. de aplicación supletoria en el caso (conf. art. 44 de la ley 127 A), como los de celeridad, economía, sencillez y eficacia que presiden el procedimiento administrativo, lo que se inscribe en el marco del orden público procesal que resultaría flagrantemente violado, más aún en el caso en que, después de dos años de denegado el recurso federal y encontrándose firme lo resuelto en sede administrativa por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados - tal como se infiere del proveído de fs. 156 referido supra fechado el 11 de mayo de 2016 - se pretende incursionar nuevamente en la causa, lo que en mi criterio resulta manifiestamente improcedente pues, como ha quedado dicho, ello resultaría violatorio del orden público procesal otorgando a las partes la posibilidad de definir a su antojo los términos procesales.- No obstante ello a fs. 176/177 el 6/7/16 el Tribunal de Disciplina del Foro resuelve rechazar todos los planteos efectuados en revocatoria in extremis por el Dr. F. a fs. 165/175, ratificando la suspensión aplicada.- Se ha dicho en relación con lo que vengo sosteniendo que: El orden público no es susceptible de una definición, es un concepto superior que limita la autonomía de la voluntad de las partes cuando las bases en que se apoya la organización de la sociedad a que se refiere resultan comprometidas y se vincula sustancialmente al estado de equilibrio, de paz social y de justicia al que deben acomodarse las leyes y los actos de los particulares (E.D. 103 - 438).

El orden público reúne el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidos en la comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de esta no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos (L.L. 1981 - A - 243: E.D. 92 - 111). Las leyes procesales son siempre de orden público, lo cual significa que sus normas son de aplicación obligatoria, aun de oficio en determinadas casos e irrenunciables para los contratantes (L.L. 1986 - D - 634; D.J. 1987 - I - 86). Si un Tribunal de justicia advierte una conducta contraria a los fines de la ley y a la moral, debe actuar de oficio, ya que se halla en presencia de una norma de orden público (L.L.C. - 986 - 374).

No cabe aducir que las leyes de orden público pueden afectar los derechos adquiridos por los pronunciamientos judiciales, pues la estabilidad de estos es también exigencia del orden público con jerarquía además de carácter constitucional (L.L. 1985 - D - 266).- Por último a fs. 182 y ante la sanción de la ley 1462 A modificatoria de la ley 127 - A remite la causa a esta Sala, remisión que, en merito de lo dicho supra, entiendo errónea atento que la ley 1462 A que modifica el art. 42 de la ley 127 A- establece expresamente en su art. 2° que: "La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y será aplicable a toda causa en trámite donde la resolución dictada no se encontrare firme" por lo que en razón de los fundamentos expuestos supra no hay recurso alguno que deba tratar esta Sala.- En función de lo expuesto y lo previsto por el art. 2° de la ley voto para que se declare mal remitida la causa a esta Sala.- EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

1. El Foro de Abogados de San Juan, conformado por todos los abogados inscriptos en la matrícula como auxiliares de la administración de justicia (art. 218°, Constitución de la Provincia de San Juan; art. 1°, ley 127-A), es una entidad de derecho público que, por su naturaleza jurídica y las atribuciones que la ley le otorga, ejerce funciones delegadas del poder público para el control de la legalidad del ejercicio profesional de los abogados de la Provincia de San Juan.

2. A través de uno de sus órganos -en el caso, el Tribunal de Disciplina- aplica el régimen disciplinario y los procedimientos que los regulan.

Por ende, las sanciones que aplica a los matriculados deben ser considerados actos administrativos (REJTMAN FARAH, MARIO, Impugnación judicial de la actividad administrativa, Buenos Aires, La Ley, 2000, p. 37.; IVANEGA, MIRIAM M., "Actos administrativos de entes públicos no estatales" en AA.VV. Acto administrativo y reglamento - Jornadas organizadas por la Universidad Austral - Facultad de Derecho, Buenos Aires, RAP, 2002, p. 408).

3. La ley 127-A, fue modificada en su art. 42 estableciéndose que "...Las sanciones previstas en los incisos 1) y 2) del artículo 40 sólo podrán ser motivo de reconsideración ante el mismo Tribunal, articulado en el término de cinco (5) días de su notificación. Las sanciones correspondientes a los incisos 3, 4 y 5 del Artículo 40, podrán ser objeto de recurso de apelación judicial directo por ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Minería con exclusión de la Sala de Competencia Especial...."(art. 1°, ley 1462-A; BO del 16/08/2016).

Por lo tanto, si la Corte de Justicia de San Juan en el caso se declaró incompetente (fs. 134/vta.) y la sanción aplicada al matriculado (suspensión de 30 días, fs. 106) fue recurrida en término (fs. 110/120 y 122), esta Cámara de Apelaciones resulta competente para resolver sobre el recurso planteado a fs. 110/120.

4. Ahora bien, en el ejercicio de facultades disciplinarias ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación del hecho denunciado, que resulta independiente de la responsabilidad civil y/o penal que pueda imputarse a los matriculados, pues se persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional, por lo que sólo si la sanción aplicada no deriva de una apreciación prudente y razonable de las circunstancias de la causa, aquélla es nula por afectarse de manera directa e inmediata el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).

Así, la revisión judicial debe limitarse a las hipótesis en que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria, pues debe entenderse que se trata de una revisión judicial de la actividad (materialmente) administrativa del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados por vía del recurso procesal de apelación.

5. Por lo tanto, si el agravio está referido al procedimiento disciplinario ante la alegación de que se vulneró su derecho a una acusación formal, y de las constancias de la presenta causa surge que a fs. 54/55 consta el acto del Tribunal de Disciplina en la que se resuelve instruir un proceso disciplinario contra el profesional recurrente ante la denuncia de hechos que "...podrían constituir transgresiones éticas y/o disciplinarias (según denuncia: sustracción de instrumentos públicos, obstaculización del proceso, en juicio en sede Laboral, falta de lealtad, probidad y decoro, temeridad y malicia procesal)..." no se advierte la existencia del vicio invocado y que ello pudiera afectar la validez del proceso disciplinario y/o de la sanción impuesta, toda vez que se ha detallado el antecedente de hecho que motivó la instrucción del proceso disciplinario, en el cual el recurrente tuvo la plena oportunidad de ejercer su derecho de defensa, ofrecer prueba e impugnar lo resuelto, todo conforme a lo establecido en la ley 127-A (arts. 42 y 44) y en el "Reglamento del Tribunal de Disciplina" (arts. 4, 5 y 6), aprobado por asamblea extraordinaria el día 15 de junio de 1973, y que no fue impugnado por el apelante, ni se ha probado que el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados de San Juan haya ejercido arbitrariamente su potestad al decidir del modo en que lo hizo.

6. Tampoco hay violación de "prejudicialidad", del "principio de inocencia", como "falta de logicidad de la sentencia", invocados por el apelante, dado que -como ya se ha indicado- el ejercicio de facultades disciplinarias a la autoridad competente resulta independiente de la responsabilidad civil y/o penal que pueda imputarse a los matriculados, como que lo invocado por el recurrente resulta incompatible con una verdadera tutela del interés público comprometido de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional, pues se ha evaluado el desempeño del profesional a la luz de las normas éticas que rigen el ejercicio de la abogacía y los hechos imputados resultan impropios de la conducta que debe observar todo abogado y no se observe falta de razonabilidad en la apreciación que realizó el Tribunal de Disciplina.

7. Por último, si los hechos denunciados ocurrieron el 10/08/2010 y la resolución en la que se aplica la sanción disciplinaria tiene fecha 09/08/2011, no había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el art. 45 de la ley 127-A, por lo que la prescripción invocada debe también debe ser rechazada y confirmarse la resolución impugnada.

Así voto. EL DR. PASCUAL E. ALFERILLO, POR SUS FUNDAMENTOS Y EN DISIDENCIA PARCIAL DIJO:

Atento el contenido de los votos de los señores magistrados que me han precedido en el estudio y propuesta de resolución del presente caso, expreso:

1. Adhiero a propuesta del señor magistrado Roberto Pagés LLoveras quién entiende que esta Cámara de Apelaciones resulta competente para resolver sobre el recurso planteado a fs. 110/120.

2. En función de ello y de los antecedente que indica que en el expediente, la Corte de Justicia local se declaró, mediante auto interlocutorio, incompetente para conocer el recurso interpuesto en fecha 18 de setiembre del año 2013 en función del contenido del Plenario N° 93 dictado en fecha 8 de agosto de 2013; y que en fecha 28 de julio de 2016 se dicta la Ley 1462 - A modificatoria de la Ley del Foro de Abogados, Ley 127-A mediante la cual concede jurisdicción a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial con excepción de la Sala especial, para conocer en los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, impone el deber de revisar si la acción punitiva de la entidad pública no estatal no se encuentra prescripta.

3. Sobre el punto no existe duda que como la prescripción a la cual hace referencia el art. 45 de la Ley 127-A (antes 3725) debe ser aplicada de oficio por ser de orden público, dado que la facultad del Tribunal de Disciplina del Foro se encuentra enmarcado dentro del "Derecho penal disciplinario". Así fue expresado por la Sala Primera en autos N° 22.310 caratulados "Orellano, Liliana Beatriz c/ Dr. Fernández Leiva Edgardo Andrés" dictada en fecha 05 del mes de junio de 2017 (L. de A. TI -2017 F° 174/177).

4. En función de ello, resulta evidente que por cuestiones operativas u organizativas de la competencia de sus órganos atribuible exclusivamente al propio Estado provincial se ha producido la paralización del trámite por carecer de un órgano jurisdiccional con capacidad jurisdiccional para conocer el recurso interpuesto por el profesional sancionado. En efecto, la Corte de Justicia local que en fecha 8 de agosto de 2013 se declaró incompetente para conocer en el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de agosto de 2011 por el abogado G. E. F. contra la sanción impuesta por el tribunal de Disciplina del Foro de Abogado en fecha 9 de agosto de 2011.

5. Como se colige de la doctrina especial que informa al derecho penal disciplinario al cual por analogía se pueden aplicar criterios definidos en forma obligatoria para los casos reglados por el derecho penal común, como es por ejemplo, el contenido del art. 67 del Código Penal cuando expresamente regla que la prescripción se interrumpe (en este caso el plazo de prescripción comienza a computarse nuevamente) por: inc. e) por el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme, la acción disciplinaria contra el profesional recurrente ya se encontraba prescripta al momento en el cual se declaró incompetente la Corte de Justicia.

6. Sin perjuicio de ello, de igual modo se encuentra prescripta la sanción disciplinaria porque transcurrió casi tres años entre el Plenario dictado por la Corte de Justicia local y el dictado de la ley 1462 -A modificatoria de la Ley 127-A del Foro de Abogados. Es decir, durante un plazo que excede el año de prescripción previsto sin que se produzca acto interruptivo válido.

7. Finalmente cabe precisar que cuando la Corte de Justicia dicta en fallo Plenario autorizado por el art. 219 de la Constitución Provincial la inconstitucionalidad de una Ley local se produce su ABROGACIÓN que es un modo de ser derogada por el Poder Judicial, razón por la cual el art. 207 inc. 11 impone el deber de comunicar cuando se declara inconstitucional una norma. Ello a los efectos previstos en el art. 11 de la Constitución Provincia donde expresamente se dice que "la inconstitucionalidad declarada por la Corte de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente".

En otras palabras, el recurrente estuvo sin tribunal con capacidad jurisdiccional para revisar la sanción disciplinaria que había apelado, por un tiempo mayor al previsto para la prescripción de la acción disciplinaria, motivo por el cual se propone que de oficio se declare a la misma prescripta.

EL DR. JUAN CARLOS PEREZ DIJO:

Que atento lo expuesto por los magistrados preopinantes adhiero a la solución propuesta por el Dr. Pascual E. Alferillo.- En primer lugar resulta competente este Tribunal conforme lo sostiene el Dr. Roberto M. Pagés en su voto, al cual adhiero en su parte pertinente. La sala Tercera de esta Cámara recientemente sostuvo al respecto que "... en modo alguno la sentencia de la Corte de Justicia que declaró su incompetencia puede interpretarse como extintora del trámite recursivo, toda vez que no dió tratamiento alguno a la apelación deducida y como se verá mas adelante, dicho recurso de apelación no ha sido tratado hasta el presente. Por tal razón, el trámite de esta causa se mantiene en los términos procesales en que se encontraba, es decir con sentencia de sumario administrativo sancionatoria apelada al momento de entrada en vigencia de la ley 1462-A- que dispone expresamente en su artículo Segundo: " La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y será aplicable a toda causa en trámite donde la resolución sancionatoria dictada no se encontrare firme.", tal cual lo acontecido en el presente proceso disciplinario. Conforme a ello, este Tribunal resulta competente para intervenir en la presente causa en plena conformidad con la norma precedentemente transcripta." (Cámara Civil de Apelaciones Sala III PROT. SENT. T° II F° 50/55 AÑO 2017).

En relación al tratamiento de la prescripción comparto la solución arribada por el Dr. Pascual E. Alferillo que considera prescripta la acción disciplinaria en virtud el art. 45 de la ley 127-A debe ser aplicada de oficio por ser orden público, en virtud que la facultad sancionatoria que posee el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados se encuentra enmarcada dentro del Derecho Penal Disciplinario. (Cámara Civil de Apelaciones Sala III PROT. AUTOS T° I F° 102/105 AÑO 2017).

A su vez, debo entonces dejar sentado que el trámite de la causa no se agota con la sentencia definitiva sancionatoria en este tipo de procesos, si la misma no ha quedado firme y el profesional alcanzado por la sanción dedujo recurso de apelación. Cuestión acaecida en los presentes autos.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:

I) Declarar la prescripción de la acción disciplinaria.- II) Declarar abstracto el recurso deducido a fs. 110/120.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO;

DR. JUAN CARLOS PEREZ;

SECRETARIA DE CAMARA: DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.