Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-09-30


2º Instancia.- Santiago del Estero, septiembre 30 de 2011.

Considerando: I. Que a fs. 54/55 vta. obra resolución declarativa de incapacidad de Fernando Daniel Farías designando como curadora definitiva del incapaz a la Sra. Lucía Alejandra Farías y ordenando su inscripción ante el Registro General del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A fs. 64 el juez a quo eleva los autos en consulta de conformidad a lo previsto en el art. 640 del C.P.C.C., los que, previa vista a los Ministerios Públicos quedan en estado de recibir resolución. II. Que el art. 640 del CPCC (Ley 6.910) instrumentó en los procesos de declaración de incapacidad, cuando la sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda, la remisión del expediente en consulta al tribunal de alzada a los efectos del control, por un posible error, del cumplimiento de las formas y el fondo de la decisión por tratarse la capacidad de las personas materia que involucra el orden público. La consulta es formulada por un tribunal a su alzada respectiva con el objeto de que ésta revise lo resuelto por él, medie o no un recurso de apelación interpuesto por la parte interesada, o sea que el superior se pronuncia en definitiva sobre el mantenimiento o modificación de lo decidido por el inferior (cfe. Peyrano, "El regreso del recurso de consulta", LA LEY, 1980-A, 707). En esa inteligencia, la consulta no es técnicamente recurso, atento sus especiales características atributivas de una naturaleza jurídica distinta, a saber, no participa del principio dispositivo ni le alcanza la limitación de competencia circunscripta a los agravios arrimados ante el tribunal de alzada, rige siempre la reformatio in peius; más bien, se trata de un sistema de revisión fundado en el orden público como un medio más de protección al insano, frente a la incapacidad de hecho absoluta que determina su interdicción. En la consulta existe libertad judicial para analizar toda la causa, sin sujeción a centralizaciones de cuestión o a eliminación de aspectos (cfe. Abatti-Griffi-Rocca (h.), "El instituto de la consulta a Alzada de la declaración de demencia según los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal Civil y Comercial -Ley 22.434-", en ED 97-873). Y según Hitters debería denominarse revisión obligatoria o automática o ipso jure de determinados fallos (cfe. Hitters, Juan Carlos, "El mal llamado recurso de consulta", J.A. 1985-I-789). En cuanto a las facultades de la Cámara, en esos casos, son amplias, pues a fin de dilucidar si se han observado las formalidades esenciales del procedimiento y si la sentencia resulta ajustada a derecho a partir del informe de los médicos forenses, cuenta con facultades ordenatorias o instructorias a fin de reducir al mínimo posible la posibilidad de error judicial, en razón de la trascendencia de la sentencia, la que no queda firme hasta tanto se expida el tribunal. Se puede decir que la consulta tiene carácter suspensivo de los efectos de la sentencia de primera instancia, por lo que no se debe comenzar la ejecución del fallo -aceptación y discernimiento de la curatela y libramiento de los oficios correspondientes- hasta que el trámite concluya. (Cfe. Cifuentes-Rivas Molina-Tiscornia, Juicio de Insania. p. 345). En ese orden de ideas, se ha decidido que "la consulta no puede ser considerada, en puridad de verdad, como un carril de ataque contra los fallos, pues justamente le falta una de las características propias de tales medios, como lo es sin duda, la estimulación de parte. La doctrina ha estado conteste en este aspecto, al descartar la posibilidad de encarrilar dicho instituto en los andariveles funcionales de las sendas de la impugnación, por faltarle ese rasgo fundamental que es el alzamiento del interesado. Tal caracterización de la consulta, relativa a que la misma opera como un procedimiento automático en todos aquellos casos en que la ley así lo determina, tiene como lógica y directa consecuencia que el contenido de la sentencia que en su consecuencia se dicte no responda, como ocurre en los medios de impugnación, a los agravios expuestos por el recurrente, o dicho en otras palabras, el trámite de la consulta prescinde del interés como requisito genérico de todo acto procesal de parte" (SC Tucumán, 6-06-95; El Dial- BB11712). III. Analizando desde esa óptica las actuaciones surge que se han cumplido con las exigencias del trámite instituidas por los arts. 631 y sig. del CPCC, produciéndose el informe pericial forense en los términos del art. 638 del mismo ordenamiento legal -fs. 34-, en el que se describe el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, y el régimen aconsejable para la protección del presunto incapaz, datos que guardan relación adecuada con la documentación médica que obra a fs. 3, 15. Realizado el informe socio ambiental -fs. 39- en el domicilio de la actora y previa vista a los Ministerios Públicos se pronunció la sentencia en revisión en esta instancia. El examen integral del expediente permite apreciar la legalidad del trámite que finalizara con la decisión de fs. 54/55 vta., la cual resulta ajustada a derecho, por lo que no existe elemento de juicio alguno que impida su confirmación. A más de ello, debe tenerse presente que la actual redacción del art. 141 del C.C. engloba dentro del factor psiquiátrico a cualquier enfermedad mental traducida en la falta de aptitud para dirigir la persona y administrar los bienes. Las personalidades anormales patológicas no psicóticas forman el grupo de enfermos mentales que tradicionalmente se engloban bajo las denominaciones de "semilocos" o " Demi-fous" o "semialienados" o "fronterizos". Ellas pueden resultar de una insuficiencia psíquica congénita (debilidad mental) o por enfermedad o traumatismo cerebral. Dentro del grupo de la enfermedades mentales no psicóticas está la debilidad mental...(Bueres-Highton "Código Civil-Análisis doctrinario y jurisprudencial", T.1 Parte General, pag 679/680, Ed. Hammurabi). IV. Cuadra analizar finalmente, la aplicabilidad de la ley de Salud Mental Nº 26.657 (11/12/2010) al presente caso, habida cuenta que, a la fecha de su entrada en vigencia (11/12/2010), el presente proceso se encontraba en curso, aunque ya precluidas casi todas sus etapas, emitiéndose en fecha 18/feb/2011 la sentencia definitiva venida en Consulta. En particular, resulta menester considerar el nuevo art. 152 ter del Cód. Civil, incorporado por ley 26.657, en cuanto contiene disposiciones de carácter eminentemente procesal: "Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por mas de tres (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible" (sic). Que si bien la ley procesal nueva puede alcanzar a los procesos en trámite en cuanto es de aplicación inmediata, tal regla rige siempre y cuando no importe afectar la validez de los actos procesales ya cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior, siendo que tales actos se hallan amparados por el principio de preclusión, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene respaldo constitucional en las garantías de la Propiedad y de la Defensa en Juicio (PALACIO "Derecho Procesal Civil", T. I, pág. 50 y ss., Ed. Abeledo Perrot). No obstante lo señalado, debe advertirse que las normas procesales reflejan las directrices y objetivos regulados por el derecho sustancial, mediante la articulación de mecanismos de procedimiento idóneos que permitan a los jueces lograr de modo eficaz la actuación de la ley material acorde con su finalidad en cada caso concreto. En tal sentido, el nuevo precepto referido, aún de naturaleza procesal, debe ser necesariamente interpretado en forma armónica dentro del contenido sustancial de la ley 26.657, en cuanto ha estatuido un nuevo régimen civil para las personas que sufren alguna forma de discapacidad mental, en consonancia con un conjunto de instrumentos Internacionales a los que adhirió nuestro país, cambiando de ese modo los paradigmas que contenía nuestro Código Civil sobre la materia. De tal manera, el art. 152 ter al referirse al contenido de la sentencia que declara la incapacidad o inhabilitación, impone al juez pronunciarse expresamente sobre los actos o funciones que se limitan a la persona, partiéndose de la regla general de la capacidad que estatuye de modo expreso la ley 26.657, pareciendo presumir que cualquier limitación o restricción a la capacidad de ejercicio constituye un menoscabo a la autonomía personal (Hooft-Rivera "La Nueva Ley 26657 de Salud Mental", publicación on line, Abeledo Perrot, 25/may/2011). Y entendemos por ello que, el juez para poder ponderar de modo especifico cual es el grado y particularidades de afectación en la capacidad de hecho del presunto insano o interdicto y, al cabo de ello plasmarlo en la sentencia, requiere de prueba precisa dirigida a comprobar ese aspecto subjetivo, a lo cual apunta precisamente la evaluación interdisciplinaria de facultativos que requiere la nueva norma. Y asimismo, en cuanto a la limitación de la declaración por un plazo máximo de tres años, que viene a instalar una instancia oficiosa de revisión periódica o control de la situación del incapaz, (Giavarino, M. "El alcance temporal del status jurídico del paciente mental. El nuevo art. 152 ter de la ley 26.657, diario LA LEY, 09/08/2011), un eficaz funcionamiento del nuevo sistema tornaría necesario que, en base a las particulares circunstancias de cada caso apreciadas por el juez de grado, este pudiese establecer en la sentencia ciertas directivas o pautas concretas dirigidas a asegurar dicho control una vez transcurrido ese lapso trianual mencionado, máxime cuando se trata de personas incapaces residentes en zonas del interior provincial alejadas del lugar de asiento del Tribunal. Va de suyo que a esos fines, el Juzgador también debiera contar con alguna prueba pertinente en ese aspecto, sin dejarse de lado las aportaciones probatorias y opiniones de los integrantes del Ministerio Público actuantes como parte necesaria. En suma, considerando que en autos ya había precluido el periodo probatorio al entrar en vigencia la ley 26.657 y, que el particular contenido de la sentencia impuesto por el art. 152 ter incorporado al Cód. Civil requiere la valoración de probanzas específicas a ese objeto que no pueden obtenerse en este proceso dado su estado, se torna imposible al juez Inferior fallar sobre parámetros fáctico-jurídicos que no fueron contemplados por la ley vigente al tiempo de la comprobación de los hechos en la causa, careciendo por ende de los elementos de convicción requeridos por el nuevo régimen. En mérito de ello, se estima que el art. 152 ter incorporado al Cod. Civil no resulta aplicable al presente proceso, pues aun cuando la ley 26.657 sea de orden publico, su aplicabilidad inmediata en el ámbito procesal no puede generar una retroactividad implícita que retrotraiga el procedimiento reabriendo etapas precluidas para permitir cumplir sus objetivos, so pena de vulnerarse el art. 3º del Cód. Civil y las garantías constitucionales inherentes a la propiedad y defensa en juicio.

Por todo lo expuesto y habiendo sido oídos el Defensor de Incapaces y el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal, resuelve: 1º) Confirmar la sentencia de fs. 54/55 venida en consulta. 2º) Declarar no aplicable al presente proceso el art. 152 ter incorporado al Cód. Civil por ley 26.657. 3º) No imponer costas en esta instancia ante la naturaleza de la cuestión planteada y la ausencia de sustanciación. Agréguese copia, resérvese y notifíquese.- María P. de la Rúa.- Graciela Neirot de Jarma.- Víctor M. Rotondo (h.).