Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06


PODER JUDICIAL DE LA NACION -I- "G. R. E. c/ OBRA SOCIAL DE LA	UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/ AMPARO" CAUSA 5.759/2012 Juzgado n° 2 Secretaría n° 4 Buenos Aires, 6 de mayo de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 46 por la parte actora cuyo traslado no fue respondido por la contraria, contra la resolución de fs. 44, que declaró operada la caducidad de la instancia y, CONSIDERANDO:

1. El Sr. juez decretó la caducidad de la instancia por considerar que desde el traslado de fs. 11 (del 10.10.12) hasta el oficio de fs. 26 (del 16.05.13), había transcurrido en exceso el plazo de tres meses previsto por el art. 310, inc. 2o del CPCC.

Contra ello se agravia la recurrente. Manifiesta que no ha renunciado ni abandonado la causa, ya que ha realizado varios actos procesales tendientes a obtener la medida cautelar y el informe circunstanciado previsto en el art. 8 de la ley 16.986. Invoca el carácter restrictivo con que se debe interpretar el instituto de la caducidad de instancia. Finalmente, solicita que se revoque la resolución (fs. 46).

2. En primer lugar, importa puntualizar que el fundamento del mencionado instituto radica en el abandono por parte del interesado del impulso del proceso, importando esa exteriorización de inactividad una presunción de desinterés, habiéndose señalado que el propósito de la perención responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica (esta Sala, causas 4686 del 30.11.93, 3232 del 29.VL94, 8827 del 15.8.02 y 27.911 del 27.8.02, 8.141/99 del 27.9.07; entre otras).

En efecto, no se puede olvidar que la caducidad de la instancia se verifica objetivamente por el transcurso de los plazos establecidos por la normativa aplicable en la materia, sin que en su desarrollo se realice acto alguno de impulso de las actuaciones, con independencia, como principio, de las razones o circunstancias extraprocesales o de fondo que motivaron la ausencia de actividad por la parte actora a cuyo cargo se encuentra (conf. esta Sala, causas 830 del 2.9.97, 6.348/92 del 25.11.99, 8.827/99 del 15.8.02, 6.045/08 del 12.11.09, entre otras; CNCiv., Sala "H", in re "Ramos de García, Zalema c. Orellmm, Bernabé", del 14.9.90).

3. Antes de comenzar a analizar los agravios expuestos por la recurrente, es necesario aclarar que es uniforme la jurisprudencia de esta Cámara, en relación al plazo de caducidad aplicable a la acción de amparo que es asimilable al juicio sumarísimo por ser un procedimiento expedito, excepcional y con breves plazos procesales, a tal punto que los amparos contra actos de particulares tramitan bajo las normas del citado proceso (art. 321, inc. 2° del Código de rito), y resulta lógico entonces que todas las acciones reguladas por la ley 16.986 se rijan por el plazo de caducidad trimestral previsto en el ordenamiento (conf. es la Sala, cnusns 13.956/07 del 7.4.09 y 10.938/07 del 21.5.09; Snln 111, cnusns 1.278/03 del 2.8.05, 13.638/04 del 17.7.08 y 8.805/06 del 16.12.08).

4. Sentado ello, es oportuno señalar que el art. 310 del Código Procesal dispone -en cuanto aquí interesa- que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los plazos pertinentes, en tanto que el art. 311 del ritual agrega que ese plazo se computa desde la fecha de la última actuación, de las partes o del tribunal, que tenga por efecto impulsar el procedimiento.

Desde esta perspectiva, se advierte que el día siguiente al de la providencia dictada a fs. 11 (el 11.10.12) constituye la fecha exacta para iniciar el cómputo del plazo de caducidad aplicable (art. 310, inc. 2°, del CPCC). Desde entonces -y hasta el oficio de fs. 26 (del 16.05.13) -, la actora se limitó a llevar adelante actos relacionados con la medida cautelar dictada en autos.

Al respecto, la jurisprudencia mayoritaria - a la que este tribunal adhiere - Se ha pronunciado en el sentido de que los trámites de las medidas cautelares no interrumpen el plazo de caducidad, habida cuenta de que no tienden a hacer progresar el proceso hacia la sentencia (conf. estn Saín, cnusns 268/99 del 3.8.00, 8.002/2003 del 28.12.04 y 6.483/07 del 19.6.08, en el mismos sentido, ver Fnlcón, E. "Los netos interniptivos de In cndncidnd de In instnnein y el comienzo del plnzo" LL 1990-B-199; Fnssi Yáñez, Código Procesnl comentndo, T. 2, pág. 667, Fenocchietto-Arnzi, "Código Procesal comentado" T. 2, png. 30; Mnurino, L., "perención de ln instnnein en el proceso civil, ed. Astren 1991, págs. 156/158; Pnlncio, L. "Derecho Procesnl Civil, T. IV, png. 244; Loutnyf Ranea-Ovejero López, "caducidad de la iustanen", Ed. Astren, 1991, págs. 208/211).

Esta solución se ha propiciado aún en los casos en que las medidas precautorias se encuentren estrechamente vinculadas con el juicio principal (CNCiv., Snln C, del 18.3.69, Ed 32-42; CNCom., Sala C, del 24.5.67, ED 19-611), desde que por tal circunstancia no dejan de ser una cuestión incidental que sólo tiende a otorgar seguridad a las pretensiones de una de las partes sin afectar el trámite específico de la causa (CNCiv., Sala F del 18.7.78, LL 1978-D- 513; CNCom., Snln D, del 15.4.82, LL 1982- La medida cautelar solicitada y decretada en la causa no es un trámite por lo q que no se le puede asignar eficacia interruptiva a las actuaciones que se relacionen con éstas (conf. esta Sala, doctr. causa 14.234/94 del 15.8.96 y doctr. CNConi., A, del 10.4.S5, Ed V15-300 y del 30.56.89, LL 1991-A-540).

Es que -como se ha dicho-, la última actuación relacionada con la prosecución del trámite del juicio fue la providencia dictada por el juzgado el 11.10.12 (conf. fs. 11), por lo que las presentaciones posteriores relacionadas con la medida cautelar decretada no resultaron aptas para hacer avanzar el procedimiento.

En consecuencia, el criterio aplicado en la anterior instancia y que aquí se confirma, no responde sino al principio de que la actividad producida en los incidentes no interrumpe el curso de la caducidad de la instancia (doctr. nrt. 318 del Código Procesal; Corte Suprema de justicia, in re "Provincia de Buenos Aires c. Molina Forres D.", del 21.11.85, Fallos 307: 2213 y LL 1986-B-489).

5. Por otra parte, resultan igualmente improcedentes las manifestaciones vertidas en cuanto al interés de la accionante en la continuación del litigio, por cuanto no se debe perder de vista que la finalidad del instituto excede el mero beneficio de los litigantes ocasionalmente favorecidos por sus consecuencias, ya que propende a la convivencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial y de liberar a los órganos jurisdiccionales de la carga que implica la demorada sustanciación y resolución de los procesos, evitando la duración indefinida de éstos, cuando las partes, presumiblemente, abandonan el ejercicio de sus derechos (confr. esta Sala, causa 1594 del 4.12.90, 2738 del 14.5.93, 14.234 del 15.8.96, 6348/92 del 25.11.99 y 10.486/02 del 27.09.05).

Por lo tanto, cabe concluir que el criterio adoptado por el a quo en la resolución de fs. 38/39 es el correcto, ya que entre la providencia de fs. 11 (del 10.10.12) y el oficio de fs. 26 (del 16.05.13) ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del CPCCC de tres meses, sin que la actora realizare acto idóneo alguno para interrumpir el plazo de perención citado.

6. Por otro lado, en relación al agravio relativo al criterio de interpretación restrictivo que debe regir en materia de caducidad de instancia, cabe decir que sólo conduce a descartar su procedencia en supuestos de duda (confr. Corte Suprema de Justicia, in re: "Frías, José M. c/ Estex S.A." del 7.7.922; esta Sala, causas 6762 del 11.3.94, 4552, 4555 y 45557 del 9.9.94, 24.126 del 4.7.95 y 1420 del 24.4.97 entre otras; CNCiv. Sala C, in re "Cloro c/ Arzobispado de Buenos Aires" del 7.5.91), situación que no se presenta en el sub examine.

7. Finalmente, sólo queda agregar que los fundamentos hasta aquí desarrollados resultan suficiente para decidir la cuestión materia de recurso, sin que resulte necesario examinar los restantes agravios vertidos por la recurrente. Ello es así, pues los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que son conducentes y poseen relevancia para decidir el caso (cfr. CSJN, Folios: 258:304, 262:222, LL 123-167, 265:301, 272:225, entre otras).

Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, sin costas en atención a que la demandada no contestó el traslado de su contraria.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31 /TI y 38/13 (B.0.17.10.13).

El Dr. Ricardo V. Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.