Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-13


ACUERDO N° 19/2008: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los trece días del mes de junio del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su Titular, Dr. RICARDO T. KOHON, e integrado por los señores Vocales Dres. EDUARDO F. CIA, EDUARDO J. BADANO, y los señores Vocales subrogantes Dres. ALBERTO MARIO TRIBUG y ALEJANDRO TOMÁS GAVERNET, con la intervención del señor Secretario, titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS CLAUDIO TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "P,A.B S/ EJECUCIÓN DE PENA" (expte.n° 82 - año 2007) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Eduardo F. Cia, Dr. Eduardo J. Badano; Dr. Ricardo Tomás Kohon, Dr. Alberto Mario Tribug, y Dr. Alejandro T. Gavernet.

ANTECEDENTES: Que por Resolución Interlocutoria nº 172/07, de fecha 15 de marzo de 2007 (fs. 91/ vta.) la señora Juez Subrogante a cargo del Juzgado en lo Correccional de la II Circunscripción Judicial, Dra. Graciela Blanco, resolvió: "(...) I.- REVOCAR el beneficio de SALIDA LABORAL que le fuera otorgada a A.B.P (...) a partir del día de la fecha (art. 19 Ley 24.660) (...)".

En contra de tal resolución, la señora Defensora Oficial en lo Penal, Dra. Marisa Mauti y el señor Defensor Oficial Penal Adjunto, Dr. Diego Simonelli, interpusieron recurso de casación (fs. 98/101 vta.); el que fue declarado formalmente admisible por R.I. n° 140/2007 (fs. 105/106 vta.) de este Tribunal Superior de Justicia.

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 135 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr.EDUARDO FELIPE CIA, dijo: I.- en contra de la Resolución Interlocutoria 172/07, de fecha 15 de marzo de 2007 (fs. 91/ vta.) dictada por la señora Juez Subrogante a cargo del Juzgado en lo Correccional de Cutral Có, Dra. Graciela Blanco, la señora Defensora Oficial en lo Penal, Dra. Marisa Mauti y el señor Defensor Oficial Penal Adjunto, Dr. Diego Simonelli, interpusieron recurso de casación. Concretamente, los señores defensores invocan la errónea aplicación del art. 19 de la Ley 24.660.

Los impugnantes sostienen que las causas que llevaron a la revocación del beneficio de salidas laborales por parte de la Juez a quo, fueron: a) la sospecha de haber cometido un delito mientras gozaba del beneficio de la semilibertad (en el caso, las amenazas verbales hacia el policía Roberto Baigorria, sujetas a investigación en el expediente n° 35.379-182-07 del Juzgado de Instrucción n° 1 de Cutral Có, en el cual P. declaró en los términos del artículo 269 del C.P.P. y C.); y b) haber sido demorado por la prevención fuera del radio del domicilio laboral y familiar. Al respecto, afirman que resulta arbitrario y apresurado considerar que la sola circunstancia de existir una causa penal en trámite, constituya una causal suficiente para adoptar la solución que se recurre, toda vez que la causa en cuestión se encuentra recién en etapa de sumario. Que con tal resolución se está prejuzgando respecto a la responsabilidad penal de P. y afectándose, por ello los principios constitucionales de inocencia, debido proceso y de defensa en juicio.

Agrega la defensa en sus fundamentos que de conformidad con las reglas de conducta impuestas, en base a las constancias obrantes en la causa A.P no ha incumplido con ninguna de ellas. Que los informes obrantes en autos dan cuenta que ha residido en el domicilio denunciado y se ha presentado a trabajar en los lugares indicados por su empleador. Asimismo, ha cumplido en tiempo y forma con el reingreso en la unidad de detención y no hay prueba de que haya abusado de la ingesta de bebidas alcohólicas. En este sentido, dichas circunstancias se encuentran avaladas por los informes de la Dirección de Política Criminal Delegación Cutral Có, elaborados durante el año 2007, de los días 31 de Enero (fs. 56), 15 de Febrero (fs. 69), 22 de Febrero (fs. 69) y 12 de Marzo (fs. 85). Por otra parte, el informe de la Asistente Social del Gabinete Interdisciplinario de la II Circunscripción Judicial acredita el pleno cumplimiento por parte de Pereyra de las obligaciones laborales asumidas (fs. 8 y 76).

Finalmente, señala que ninguna de las faltas graves por las cuales se revocaron las salidas a P. contraviene el compromiso por él asumido a fs. 42; por lo que también desde este punto de vista se afectó el principio de legalidad.

II.- Que luego de realizado un análisis del legajo, la resolución interlocutoria censurada y del recurso, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que la casación deducida debe ser declarada procedente. Doy mis razones:

1°) Tenido a la vista el incidente de Ejecución del condenado A.B.P, surge que por resolución interlocutoria de fs. 35/36, se le ha otorgado la autorización de salida laboral, con el fin de desempeñarse como empleado ayudante en la empresa constructora, propiedad de Sandro Andrade, sita en calle Carmen Funes N° 38 de la ciudad de Cutral Có, en el horario de lunes a sábados de 8:00 a 20:00 horas, en que debe regresar a su lugar de detención -Unidad N° 21- a partir del día 28 de diciembre de 2.006, bajo palabra de honor y conforme lo preceptuado por el Art. 16, II "C" de la Ley n° 24.660.

Que a través del acta compromisoria de fs. 42, de fecha 28 de diciembre de 2006, el interno se comprometió a: 1) constituir domicilio y residir en el mismo, fijando a los efectos el sito en Benazar N° 1480, Barrio Progreso de esta ciudad; 2) abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, 3) desempeñar tareas como empleado para el Sr. Sandro Andrade en tareas de mantenimiento en el barrio Unión y Gregorio Alvarez de la ciudad de Cutral Có, de lunes a sábados de 08:00 a 20:00 horas, horario que debe regresar a su lugar de detención; 4) presentarse en la Dirección de Política Criminal Delegación Cutral Có, a fin de su contralor. Se le hizo saber además, que el no cumplimiento de las mismas daría motivo a la revocación del beneficio otorgado.

Que por resolución interlocutoria de fecha 15 de marzo de 2007, obrante a fs. 91 y vta. del presente incidente, luego de tres meses y medio de utilización del beneficio concedido se dispone revocar el beneficio de salida laboral, a partir de esa fecha. Para disponer la revocación la señora Juez de Grado, como bien lo sostiene la defensa, la medida se fundó en dos razones: 1) que el interno se encontraba sospechado de la comisión de un ilícito mientras usufructuaba el goce de su salida laboral; y 2) que P. había sido demorado fuera de la jurisdicción de su domicilio laboral y familiar; y considerando tales circunstancias como faltas graves, conforme a lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 24.660.

Como se advierte de la atenta lectura del art. 19 de la Ley de Ejecución de la Pena, citado para la revocación del beneficio oportunamente concedido al interno, es el Juez de ejecución el que dispone las salidas transitorias y la semilibertad del interno -régimen éste último, al que se encontraba incluido el penado-, así como las normas que debe observar, efectuar modificaciones y "cuando procediere en caso de incumplimiento de las normas, el Juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o reiterada".

Es decir que la norma citada, dispone que el Juez puede suspender o revocar el beneficio si la infracción, por incumplimiento de las condiciones impuestas para gozar del beneficio concedido, fuere grave o reiterada.

Ahora bien, en el caso de autos la señora Juez consideró infracción grave, el hecho que el condenado se encontraba sospechado de la comisión de un ilícito mientras gozaba de la salida laboral concedida, por un lado, y por otro que había sido encontrado por la prevención policial fuera del domicilio donde debía laborar o residir durante dichas salidas. Pero la defensa considera que la sospecha de la comisión de un delito, no puede considerarse falta grave y consecuentemente su asistido no incumplió obligación alguna.

Luego de analizadas las constancias de la causa, he de manifestar que se acompaña parcialmente a la defensa en sus afirmaciones, pero aún así, sus agravios -como se dijo- habrán de prosperar. Doy razones:

a) Respecto del primer motivo esgrimido por el juez de grado, se acompañará la postura de la defensa en cuanto a que no se puede valorar dicha circunstancia en el sentido que se lo hizo, pues el encontrarse sospechado de la comisión de un delito, no configura una causal para la revocación, si se tiene en cuenta la etapa de la investigación en que se encontraba la causa, ya que, si bien P. había sido llamado a prestar declaración indagatoria en el proceso iniciado, aún no se había determinado la materialidad del hecho que se le atribuía, ni su efectiva participación en calidad de autor, cómplice o encubridor para tal fin.

En este punto conviene tener presente que para la concesión de la semilibertad, la norma del art. 17, II de la Ley 24.660, determina que el causante no debe "tener causa abierta donde interese su detención...", situación que habría servido para fundar la revocación del beneficio por parte de la Juez a quo.

Al comentar sobre el significado de dicha circunstancia, la mejor doctrina que analiza la Ley de Ejecución de la Pena, ha dicho que: "(...) Es evidente que aquél condenado que registre un estado de detención paralelo en virtud de otro proceso, no podrá egresar periódicamente en usufructo de los regímenes de salidas transitorias y semilibertad, puesto que, justamente, habría de impedírselo lo dispuesto en el auto de prisión preventiva" (Axel López - Ricardo Machado, "Análisis del Régimen de Ejecución Penal", Ed. Fabián J. Di Plácido, pág. 107, lo destacado me pertenece). De ello surge, que para considerar si interesa la detención en otra causa de quien solicite el beneficio de la semilibertad, se debe contar por lo menos, con un auto de prisión preventiva, situación que no se advierte en el presente legajo con respecto a A.B.P, en la causa abierta por presuntas amenazas.

Es por ello, que al momento en que se revocó el beneficio de la semilibertad, en mi concepto, y conforme a lo expuesto precedentemente, el hecho que P. fuera citado a prestar declaración indagatoria en los autos "P,B.A s/Amenazas" (Expte. N° 35379 - F° 182 - Año 7), no configuraba una infracción, menos aún, grave, que ameritara la revocación del beneficio de salidas laborales dispuesto oportunamente. Tanto es así, que conforme las constancias agregadas a fs. 133/135 vta. de autos, en la causa en cuestión y a la fecha, surge que se ha dispuesto el sobreseimiento total y definitivo a favor de B.A.P. en orden al delito de amenazas (art. 149 bis del Código Penal), por considerar que el hecho no se cometió (art. 301 inc. 2 del C.P.P. y C.) por parte del encartado y de la misma causa, por aplicación del art. 301 del Código de rito (ver fs. 135).

b) Descartado el primer motivo que la señora Juez a quo merituó para la revocación del beneficio de semilibertad de P, corresponde analizar el restante; esto es, que el causante fue encontrado en un lugar que no era ni el domicilio fijado como de residencia, ni el laboral, en el acta compromisoria; y si tal situación configura infracción grave que fundamente la posición adoptada respecto de la semilibertad de P.

Como se dijo ut supra, se acompaña a la defensa parcialmente en sus afirmaciones, pues respecto a éste último motivo, se considera que sí incumplió una obligación que oportunamente asumiera en el acta compromisoria. Pero aún así, respetuosamente, habré de apartarme de la solución propiciada en la resolución recurrida, en cuanto revoca el instituto acordado, toda vez que en mi concepto, dicho incumplimiento no configura una falta de gravedad tal que habilite la revocación.

Para fundar tal aserto, habré de recordar que este Tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto a los parámetros con que se deben analizar los motivos para la revocación del instituto en análisis.

A través del Acuerdo N° 29/2005, luego de fijar los principios sobre los que debe realizarse la interpretación de los factores que la ley ha establecido para revocar la semilibertad, entre los que se destaca "la búsqueda de sistemas de ejecución de la pena privativa de libertad de características más atenuadas con la finalidad de conciliar las exigencias del cumplimiento de la sanción con la disminución de los efectos negativos de la prisionización", hemos sostenido que la norma del art. 19 de la Ley 24.660 permite realizar dos órdenes de apreciaciones: "a) Por una parte, que la sanción para casos de incumplimiento, no se agota en la revocación sino que, con carácter previo y sin llegar a esa medida extrema, es factible que, el órgano jurisdiccional, suspenda el beneficio. Justo Laje Anaya, al ocuparse de la suspensión, expresamente ejemplifica con la hipótesis traída a estudio (cfr. 'Nota a la ley penitenciaria nacional', Ed. Advocatus, Córdoba, 1997, p. 66, nota n° 129). De ello se colige que, entre la suspensión y la revocación, existe una lógica graduación que se vincula con la entidad del incumplimiento. En términos generales 'cuando se advierte que el incumplimiento de las normas a observar, pusieran de relieve, o fueran demostrativas de que el principio de autodisciplina ha sido rechazado por el condenado' procederá la revocación (cfr. Laje Anaya, op. cit., p. 66, nota n° 130)".

"b) Pero además, la ley ha adjetivado el incumplimiento de determinada manera: debe tratarse de una infracción 'grave o reiterada'; razón por la cual, también parece claro que, no ante cualquier incumplimiento, en forma automática, seguirá la revocación. En tal sentido, Carlos Edwards señala que 'para aplicar la sanción, no basta un mero incumplimiento (...) (cfr. 'Régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad', Ed. Astrea, Bs.As., 1997, p.57)". (Acuerdo 29/2005, "D'Cristófano, Diego s/Ejecución de Condena", rta. 14/7/2005, del registro de este Tribunal).

Tales parámetros, nos permiten dar solución a este caso. Veamos:

En primer lugar, aparece como una medida extrema apelar, directamente y sin ningún paso intermedio, a la modalidad de sanción más grave (revocación, en vez de suspensión) y, en segundo término, tampoco la infracción en que se incurrió parece alcanzar la gravedad que exige la ley para tomar la decisión que hoy se impugna. Ello, por cierto, no significa desconocer la existencia del incumplimiento: el mismo se verificó, si estamos al acta compromisoria de fs. 42, y al informe de fs. 86. Pero teniendo en cuenta el continuo cumplimiento de sus compromisos judiciales, según lo informó la Dirección de Política Criminal (cfr. fs. 56, 68, 69 y 85; entre otros) y que no existe ningún tipo de requerimiento explicativo de su presencia en el lugar indicado a fs. 86, con posibilidad de algún descargo por parte del interno y de su empleador; así como la mínima entidad de la infracción, no parece proporcionada la sanción que, a la postre, aplicara la a quo.

Por fin, y más allá de la solución que he propuesto, debe exhortarse al interno para que, en el futuro, no incurra en ningún tipo de incumplimiento, por leve que éste pueda ser. La razón de la recomendación es también clara: el penado conoce sus obligaciones y este pronunciamiento deberá servir de suficiente admonición.

En mérito de lo expuesto, considero haber demostrado la razón por la cual, la casación deducida, debe ser declarada procedente. Tal es mi voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. ALEJANDRO TOMÁS GAVERNET, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

A la segunda cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Atento al modo en que se resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo, se case la resolución interlocutoria impugnada, por inobservancia de la ley penal sustantiva (artículos 415 inciso 1 y 428 del C.P.P. y C.) y, en consecuencia, previa certificación del recaudo mencionado por el inciso II del artículo 17 de la Ley 24.660, por parte del Juzgado de origen, se vuelva a incorporar al interno al régimen de semilibertad del que venía gozando. Tal es mi voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Eduardo F. Cia, voto en igual sentido.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. ALEJANDRO TOMÁS GAVERNET, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Sin costas en la instancia (artículos 491 y 492 "a contrario sensu" del C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Debe eximirse de costas al recurrente de conformidad con los arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por la señora Defensora Oficial, Dra. Marisa Mauti y el señor Defensor Oficial Penal Adjunto, Dr. Diego Simonelli, a favor del imputado A.B.P. II.- CASAR la resolución interlocutoria N° 172, de fecha 15 de marzo del año 2007, obrante a fs. 91/ vta., por inobservancia de la ley penal sustantiva (arts. 415 inciso 1 y 428 del C.P.P. y C.); y, en consecuencia, previa certificación del recaudo mencionado por el inciso II del artículo 17 de la Ley 24.660, por parte del Juzgado de origen, se vuelva a incorporar al interno al régimen de semilibertad del que venía gozando. III.- Sin costas (arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C.).- IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario, que certifica.

Dr. RICARDO TOMÁS KOHON. Presidente - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. EDUARDO JOSÉ BADANO - Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG. Vocal subrogante - Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET. Vocal subrogante Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.