Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-30


SENT Nº240	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Marzode dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alberto José Brito -por excusación del doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Gómez Máximo Selenio vs. Superior Gobierno de Tucumán s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 436/447 vta.) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 20 de octubre de 2005, obrante a fs. 427/431 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal el 27-7-2007 (fs. 526 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 816 in fine del CPCC, de aplicación supletoria al fuero, por expresa remisión del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso incoado, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso fue interpuesto en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; el depósito que exige la ley del rito resulta innecesario, habida cuenta que el recurrente cuenta con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 521); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo; y la impugnación recursiva se invoca infracción a normas de derecho. Por lo tanto el recurso resulta admisible, voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara al rechazar la demanda de reencasillamiento y pago de diferencias de haberes, ha vulnerado las Constituciones Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, leyes locales y jurisprudencia de la CSJT, incurriendo en arbitrariedad.

Los agravios desarrollados al efecto, en lo pertinente y debidamente confrontados con las razones que expone el tribunal al respecto en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderarlos al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso en consideración.

IV.-¿Asiste razón a la recurrente? A tal efecto, procederá al examen discriminado de los agravios que sustentan su impugnación recursiva en consideración.

IV.1.- Si bien es cierto, como alega la actora, que en su demanda invocó su calidad de Personal de Seguridad, dependiente del Departamento de Policía de la Provincia de Tucumán, intentando demostrar su condición de empleado sujeto al Estatuto Policial Ley N° 3823, bajo el régimen de Policía Adicional (del que sólo admite la particularidad que la institución beneficiada con dicho servicio adicional debe depositar a favor de la Provincia el importe correspondiente al haber del personal que lo presta) sin embargo, los pretendidos vicios de incongruencia en la sentencia y desajuste al caso especial que debe decidir, denunciados por la recurrente, a mi entender no se configuran en la especie.

Que la Provincia haya mantenido en su responde el criterio jurídico contenido en el dictamen de Fiscalía de Estado -que luego la actora ha intentado rebatir en la demanda- no implica incongruencia alguna, sino por el contrario, el mantenimiento de un criterio consecuente, tanto en sede administrativa como judicial.

Tampoco es exacto que en el responde no se haya esgrimido el hecho de que el Banco Municipal (donde el actor prestaba servicio de policía adicional) no haya solicitado su ascenso, entre otros requisitos. Basta la lectura de dicha pieza procesal para que quede demostrado lo contrario (ver fs. 71 vta. y 72).

Igualmente, el expediente administrativo Nº 85.161/213-99 fue ofrecido y remitido a la Cámara por la accionada como prueba (ver fs. 72 del responde). Incluso, así surge también del cuaderno de prueba de la actora Nº 1 (fs. 78).

Por lo tanto, tampoco es exacto que el sentenciante haya completado el responde y que supliendo la actividad de las partes, haya permitido tener por cierto informes contenidos en el expediente administrativo, sobre los que la actora no tuvo oportunidad de pronunciarse ni pudo ofrecer pruebas. Desde el responde, tal expediente y sus informes, fueron ofrecidos y producidos como prueba. Vale decir, fueron introducidos oportunamente al pleito, sin que se vea cercenado derecho alguno de la actora al respecto.

En rigor, pese al esfuerzo del recurrente en demostrar la existencia del déficit que predica, lo discutido entre las partes no son los hechos ni pruebas, sino el régimen jurídico aplicable y su alcance.

En consecuencia, el tribunal de grado no ha incurrido en la pretendida violación a los artículos 34 y 32 del CPCC referidos al principio de congruencia y la necesidad que el fallo se ajuste al caso especial que debe decidir. Así el recurso en lo que a esta cuestión se refiere, resulta improcedente y debe desestimarse.

IV.2.- En cuanto al agravio basado en la presunta ilegalidad del pronunciamiento en lo relativo al régimen legal aplicable al caso, alega la actora que el Estatuto Policial -Ley 3823- que rige todo lo inherente a dicho personal sin distingos, dictada dos años después de la Resolución Nº 31/70 que regula la Policía Adicional, no contempla regímenes especiales ni categorías sui generis y modifica la misma.

Preliminarmente resulta oportuno destacar que la Resolución Nº 31/70, que regla la Policía Adicional, reglamenta la Ley Orgánica de Policía Nº 3656 sancionada el 30-6-70, en el Título I Capítulo II de las Funciones de la Policía de Seguridad. Deberes y Atribuciones, la que en su artículo 8 dispone que "la función de la policía de seguridad consiste especialmente en el mantenimiento del Orden Público, la preservación de la seguridad general y en la prevención del delito" y en el artículo 9º, dispone: "A los fines del artículo anterior, a la Policía de Tucumán le corresponde. inciso r), Proveer al servicio de 'Policía Adicional' dentro de su jurisdicción en los casos y formas que determine la reglamentación".

En base a tales disposiciones y a un proyecto de reglamento aprobado, el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 3608/14 de noviembre de 1970, autorizó a la Jefatura de Policía a dictar la Resolución Nº 31/70, la que implementó el servicio de "Policía Adicional", a partir de la aprobación por el Poder Ejecutivo de dicha reglamentación (artículo 1).

Desde esta perspectiva, la Resolución Nº 31/70 aprobada por Decreto Nº 3608/14, reglamenta la Ley Orgánica de Policía y no guarda relación a mi juicio, con el Estatuto Policial salvo en lo que es objeto, por dicha norma, de remisión expresa al régimen del personal de la Policía de la Provincia.

Por lo tanto, la Ley 3823 sólo modifica la mentada Resolución Nº 31, en el orden administrativo y disciplinario al que remite, manteniendo su vigencia en las restantes disposiciones. Así, regula los servicios adicionales permanentes y discontinuos, destacando puntualmente entre los primeros desde el ingreso hasta el cese del personal.

En tal sentido, conviene destacar de la Resolución Nº 31/70, aquellas normas que resultan ser de interés, como las contenidas en el artículo 2º inciso 4º, que dispone que el personal desde el nombramiento como policía adicional -que debe ser dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de la Jefatura de Policía (en adelante JPol.)-, quedará subordinado a las disposiciones en vigencia de la institución, tanto en el orden administrativo como disciplinario y a otras disposiciones legales o reglamentarias que se dicten en el futuro; el artículo 2º inciso 5º, establece que los ascensos y destituciones serán dispuestas por el PE, a pedido de la entidad beneficiaria y a propuesta de JPol. (la cursiva me pertenece) y el artículo 2º inciso 9, dispone que el monto de los haberes mensuales serán depositados en la Dirección de Administración de Policía, para la liquidación y pago del 20 al 30 de cada mes por la entidad beneficiaria del servicio de Policía Adicional Permanente (cfr. fs. 380/383).

El actor fue designado bajo el régimen de Policía Adicional Permanente, como surge del Decreto Nº 2.250/14 (SSG) del 25 de julio de 1990, para que se desempeñe en el cargo de agente de Policía Adicional del Destacamento Policial del Banco Municipal, disponiendo en su artículo 2º que la erogación pertinente será afrontada en un todo de acuerdo con las disposiciones establecidas al respecto por la Resolución nº 31/70, aprobada por Decreto Nº 3608/14 (SSG) del 28-10-70 (cfr. fs. 16).

Así lo reconoce en su demanda, pero considera que el régimen bajo el cual fue designado (Resolución 31) sólo alcanza el aspecto retributivo, pero no los rubros reclamados (ascensos y diferencias salariales), respecto a los cuales entiende debe aplicarse el régimen de Ley Nº 3823.

Discrepo con el recurrente. La regulación contenida en el artículo 2 inciso 5) de la mentada resolución referida a los ascensos del personal de Policía Adicional, que establece que los aquellos sean dispuestos por el PE a pedido de la entidad beneficiaria del servicio y a propuesta de JPol., se encuentra vigente por ser norma especial reglamentaria de la Ley Orgánica de Policía, amén de regular expresa y específicamente los ascensos y destitución del personal adicional, sin hacer remisión a ninguna otra disposición policial en el tema. Asimismo, cabe agregar que la disposición obedece al hecho que son las instituciones beneficiarias del servicio adicional las que tienen a su cargo la remuneración de los agentes. Por lo tanto, son ellas las que deben solicitar los ascensos en la medida de sus posibilidades económicas.

En mérito a ello, considero que el agravio referido a la presunta ilegitimidad de la sentencia en este aspecto, resulta asimismo improcedente y debe desestimarse.

V.3.- De otra parte, debe descartarse la denuncia de ilegitimidad de la Resolución Nº 31, por considerar la recurrente que se trata de un reglamento de ejecución dictado en base, no sólo a una delegación prohibida sino que, además, por modificaciones que alteran el texto y el espíritu de la ley.

Una vez más corresponde recordar lo ya afirmado precedentemente, en el sentido que ley Orgánica de la Policía, en su artículo 9º inciso r), faculta a la Policía de Tucumán a proveer al servicio de "Policía Adicional" dentro de su jurisdicción en los casos y formas que determine la reglamentación.

Con fundamento en estas disposiciones y a un proyecto de reglamento aprobado, el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 3608/14 de noviembre de 1970, autorizó a la Jefatura de Policía a dictar la Resolución Nº 31/70, la que instituyó el servicio de "Policía Adicional", a partir de la aprobación por el Poder Ejecutivo de aquella reglamentación (artículo 1).

La modalidad descripta, donde en definitiva queda patentizado que el Poder Ejecutivo es quien definitivamente autoriza y aprueba el reglamento (Resolución Nº 31/70), no implica una "delegación indebida" como lo expresa la recurrente. La autorización acordada a la autoridad policial para dictar la resolución en base a un proyecto aprobado, sólo implica imputarle la mera instrumentación legal del servicio a dicho organismo, en atención a su especialidad en el tema.

Tampoco se advierte la existencia de modificaciones que supuestamente alteren el texto y el espíritu de la ley, pues la norma que habilita la reglamentación prevé el dictado de un régimen especial para la Policía Adicional que, por la naturaleza del servicio, resulta modificable a voluntad de la entidad beneficiaria, según su criterio y disponibilidad económica para afrontarlo. Todo ello, por cierto, bajo determinados controles de la Policía Provincial, teniendo en cuenta que se trata de cuerpos de seguridad.

Por los fundamentos expresados, resulta improcedente el agravio de la recurrente sobre este tópico y, por ende, corresponde rechazar el recurso incoado al respecto.

IV.4.- Por último, en razón de lo manifestado en acápites precedentes, debe descartarse que la interpretación en la sentencia de la Resolución Nº 31, sujetando a la policía adicional a un doble régimen, por un lado administrativo y disciplinario de todo agente de policía y por otro, para su ingreso y ascenso, supeditando esto último a que el usuario del servicio lo requiera, viola los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea, de igualdad de trato y oportunidades, como lo afirma el recurrente.

Como el mismo actor lo admite en su demanda en el régimen de Policía Adicional los sueldos son abonados con la contribución económica de la entidad beneficiaria que solicita el servicio.

Igualmente, el actor conocía y consintió el régimen legal que ahora cuestiona e, incluso, efectúo el reclamo administrativo pidiendo reencasillamiento, luego de desvincularse de la institución donde prestaba servicios, por retiro obligatorio.

Si bien es cierto que en el caso del actor transcurrieron 18 años (desde su ingreso hasta su retiro obligatorio por incapacidad), lamentablemente las entidades beneficiarias de sus servicios, a quienes legalmente correspondía efectuar los pedidos de reencasillamiento, no realizaron oportunamente los debidos requerimientos, amén de la extemporaneidad del reclamo del actor (aunque éste resulte irrelevante atento a la exigencia legal).

La circunstancia que las entidades beneficiarias tienen a su cargo el sueldo del personal de policía adicional, justifica el régimen diferenciado, al punto que la Resolución Nº 31/70 en su artículo 2 punto 15 dispone que "Cuando el usuario de un servicio permanente de Policía Adicional considere necesario dejar sin efecto el mismo, aumentar o disminuir el personal, lo hará saber a la Jefatura de Policía, por nota, con una antelación de por lo menos 10 días", lo que indica a las claras, la imposibilidad de aplicar el régimen de ascensos del Estatuto Policial, si previamente no media pedido del beneficiario del servicio, pues se carecería de un presupuesto básico como lo es contar con los montos necesarios para afrontar la erogación que representa el abono de los sueldos.

En consecuencia, la alegada violación a los principios constitucionales de igualdad no se encuentran comprometidos, pues no se trata de iguales circunstancias, aunque la actora así lo postule.

En mérito a las razones expuestas precedentemente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 20 de octubre de 2005. Voto porque así se declare.

V.- Atento al resultado al que se arriba, las costas de esta instancia recursiva deben imponerse a la parte actora, vencida en autos (CPC y C, artículo 106).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 20 de octubre de 2005, obrante a fs. 427/431 de autos, conforme lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.