Proceso penal, indulto, robo calificado
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Paredes, Luis Oscar s/ Indulto
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-18

Ante el indulto solicitado por el interno ante la Secretaria General de la Gobernación, se requiere el informe respectivo de esta Corte de Justicia, conforme lo manda la Constitución Provincial. En el art. 149 se establecen las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8º).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, a las modalidades del hecho delictivo y la personalidad de la condenada, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

En el presente, el juzgado de Ejecución Penal informó que P. fue condenado (03/11/2004) a la pena de veintidós años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Robo calificado por el uso de armas (hechos nominados 1º, 2º y 3º) en concurso real, declarándolo reincidente por tercera vez.

Según se desprende de la Planilla de Antecedentes, el interno llevaba cumplidos 8 años, 4 meses y 9 días de la condena -al 21/06/2012-; no cuenta con ninguna rebaja o beneficio; posee conducta y concepto ejemplares. En junio de 2012 no se hizo lugar a la solicitud del beneficio de salidas transitorias por afianzamiento de vínculos sociales y por estudio, por no cumplirse con el requisito previsto en el art. 17, núm IV de la ley 24660.

En autos obran el Acta del Consejo Correccional Nº 255/2012 y la Resolución Interina Nº 229/12 respectivamente, en las que se consideró, en primer lugar, que no resulta viable conceder el indulto al penado, teniendo en cuenta que no gozaba de los beneficios de la semilibertad, y no pudo ser observado en el medio libre, sumado al alto grado de reincidencia. Por ello, el Consejo Correccional propuso a la Sra. Gobernadora no hacer lugar a la solicitud de indulto de Paredes.

Como reiteradamente se sostiene, las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley Nº 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

El tratamiento programado y particularizado a implementarse en la institución penitenciaria procurará, siempre con el control del Juez de Ejecución, la resocialización del interno, respetando el cumplimiento de normas constitucionales y tratados internacionales, en cuanto prevén que "toda pena privativa de libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación de los condenados (art. 5to, inciso 6to de la CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10 inciso 3ro del PIDCP)".

De manera que el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad, resulta atemperado por el legislador mediante la institución de mecanismos que, antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre.

Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.