marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces naturales, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

El agravio fundado en la violación de la garantía de juez natural expresado de manera general y sin precisiones respecto a la designación del magistrado actuante, ni de ninguno de los otros intervinientes en las demás instancias procesales, resulta improcedente por no cumplir con el requisito de debida fundamentación. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Seguros, seguro de granizo, prueba del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCOTTO, CARLOS c/ COLON CIA. DE SEGUROS GRALES.  SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Dadas las particularidades en el modo de celebración del contrato de seguro de granizo -en el que las partes residen en distinta localidad y provincia a la aseguradora-, siendo lo normal que el asegurado curse por correo la propuesta, utilizando formularios provistos por la aseguradora a sus promotores en la zona, si del referido formulario surge que el seguro comenzó a regir a las 12 horas del día siguiente al de la fecha del matasello del correo, y se acompaña constancia de encotel del envió de la carta que contenía la propuesta, no puede la aseguradora negar la existencia del contrato, alegando no haberlo recibido, puesto que el riesgo en la perdida de la carta fue asumido por ella, de conformidad con la doctrina de los propios actos. Máxime si -como en el caso- envió un tasador a verificar el siniestro.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicio político, enjuiciamiento de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Las decisiones dictadas en las esferas provinciales en los llamados juicios políticos o de enjuiciamiento de magistrados no escapan a la revisión judicial ni a la posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario.
Procedimiento administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, derechos y garantías constitucionales, pena, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17

En un sistema republicano de gobierno, ya no se cuestiona que la imposición de sanciones penales no tiene por objeto la retribución del mal causado. Por el contrario, existe consenso en las sociedades democráticas modernas respecto de que el objeto de la sanción penal ha de ser, necesariamente, la reeducación y la readaptación del ofensor a través de la adecuada comprensión del disvalor social que evidencia la conducta que se le reprocha.

En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que en nuestro ordenamiento posee jerarquía constitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional- establece en su artículo 5.6 que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, vicio de irrazonabilidad, jueces, monto de la pena, condena condicional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-APELACION DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-23

La motivación aportada en la sentencia impugnada no puede ser convalidada en esta instancia, por cuanto más allá de compartir algunos de los argumentos desarrollados en abstracto, no se justificó adecuadamente -como era exigible- por qué resultaban aplicables al caso en concreto pues, si bien la conducta posterior al delito constituye un factor a considerar al momento de determinar la sanción -por ejemplo el hecho de que no haya vuelto a cometer delitos y que haya adquirido trabajo lícito-, así como que la duración del proceso penal también puede ser valorada al decidirse tal aspecto, siendo los mínimos de las escalas penales meramente indicativos, el déficit del fallo consiste en la conclusión -infundada- de que el presente caso constituía un supuesto que ameritaba la imposición de una pena tan inferior al mínimo legal -la mitad- y en modalidad condicional. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 232, p 336.
Gobierno de facto, leyes, Poder Legislativo Nacional, ley vigente
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Cualquiera sea su denominación, las disposiciones y órdenes coercitivas dictadas por un gobierno de fuerza no son leyes conforme lo dispone la Constitución Nacional. Su condición espuria no desaparece ni aún por el reconocimiento de su vigencia por el Congreso Nacional a través de leyes declarativas de que continúan en vigor.
Recursos, depósito previo, falta de depósito, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero  Héctor  Francisco  Carrera  S.A. c/ Terrenos Golf SanMartín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título dedueño.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Si bien los recursos que se interponen ante la Corte, revisten características excepcionales y, en virtud de ello, la ley la faculta para que los deniegue o admita según sus propias pautas de trascendencia y sana discreción, ello no implica que tal desestimación pueda concretarse sin un previo examen de las cuestiones propuestas a su conocimiento, que podrían revestir naturaleza constitucional, lo cual sucedería en caso de que la falta de depósito obstara a la prosecución del trámite (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Susperregui, María Gabriela s/ Incidente art. 280 de la ley 24.522 en autos: "Luis Liberjen s  /quiebra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-20

La mera ejecución de tareas no autoriza a que se tenga por verificada la existencia de una relación de linaje laboral con el accionado, si no se acredita que lo fueron a favor de esa persona y en forma subordinada.
Jueces, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Los magistrados en pasividad mantienen su condición de tales, al grado de poder ser convocados para desempeñarse en el cargo que tenían al momento de jubilarse sin posibilidad de negarse o excusarse (arts. 16 y 17 de la ley 24.018), de donde puede concluirse que continúan amparados por el art. 110 de la Constitución Nacional y se afirma así, también, el derecho a percibir -en la proporción fijada por la ley jubilatoria- la parte correspondiente del total de lo percibido por el juez en actividad, salvo lo establecido sobre viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuentas.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: CIRCULO DE YOGA SWAMI PRANA VANANDA c/ ALCANTARA, Silvia Beatriz y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

La alegación de hechos nuevos susceptibles de determinar un cambio en la situación procesal, cuya admisión importa enfrentar a las partes a nuevas cargas y expectativas, constituye un acto interruptivo de la caducidad de la instancia, ya que la actividad útil en el expediente no sólo consiste en aquella que permite pasar a la etapa siguiente, sino la que produce pasos efectivos dentro de la misma etapa.-
Accidente de tránsito, legitimación pasiva, inscripción registral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vocaturo de García, Leticia c/ Grifasi de Benavidez, ISIS M. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-05-12

La inscripción de la transferencia del vehículo es constitutiva, de tal manera que el dominio sólo se adquiere mediante ella y a partir de la misma, aún entre las partes contratantes, lo que significa que el titular del dominio de un vehículo automotor es aquél que lo tiene registrado a su nombre con prescindencia de su efectiva posesión y de los contratos que pueda haber realizado para transmitir el dominio.
Competencia por la materia, juez del concurso, empleador fallido, conciliación laboral, SECLO
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Aballay Pascual c/ Club Atl.Nueva Chicago s/ Ejec.Créditos Lab.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

Toda vez que el art. 21 inc. 1 de la ley 24522 establece que la apertura del concurso preventivo produce "la radicación ante el juez del concurso de todos los juicios de contenido patrimonial", debe entenderse comprendida la ejecución de un crédito laboral proveniente de un acuerdo ante el SECLO, por lo que deben remitirse las actuaciones a la justicia comercial.
Inconstitucionalidad, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VALENTINI, LEON DONATO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

Sin que importe abrir juicio sobre la cuestión planteada, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art.

24 de la ley 24.463 deducido directamente ante la Cámara, en tanto el principal conteniendo el recurso se encontraría en el organismo administrativo. (Del Voto del Dr. Fasciolo).
Sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: Lescura Algarilla, Luis c/ Diego Rosas s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-08

Se infiere a contrario sensu del mencionado art. 5º de la ley 11.357 que los gananciales quedan sometidos a la responsabilidad por las deudas del cónyuge que los administre o adquiera, que se hayan contraído durante la sociedad conyugal. Es cierto que la titularidad del bien no le quita al mismo el carácter de ganancial, es esa titularidad la que fija el patrimonio con el cual debe responder cada uno de los esposos por las deudas que contrae.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: ECONOMIA
Carátula: JACOB, Cristian c/ LUCENA, José s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

No resulta aplicable la ley de consolidación de deudas del Estado (23.982) si la condena en los términos del art. 118 de la ley 17.418 se hizo extensiva como consecuencia del vínculo contractual con un particular, sobre la que prosperó la acción. Por otra parte, el régimen establecido por dicha ley para las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, denominado fecha de corte por el art. 2, inc. b, del decreto reglamentario Nº2140/91, abarca las obligaciones a cargo del Estado Nacional y las demás entidades enunciadas por el art. 2 y de las que expresamente fue excluida la Caja de Ahorro y Seguro.-
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: Quinteros, Nemesio Eloy y otros c/ Centro Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequen y otros s/ Indemnización por muerte por accidente de trabajo Suárez, Pablo Arturo c/ Mesiano, Guillermo s/ Accidente Temperán, Horacio c/ Burco S.A.I.C. s/ Enfermedad profesional Aranda, Eduardo Rafael c/ Montenegro, Francisco y otra s/ Indemnización por accidente de trabajo. Acción común, daño moral Cirone, Juan Fulvio c/ Metalúrgica Morón s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05|1989-08-29|1994-05-24|1993-04-13|1991-12-10

En el caso de cobertura por responsabilidad civil, si por circunstancias previstas en el contrato de seguro o por la ley, el hecho dañoso esta excluido de aquella, nadie puede reclamar su resarcimiento a la compañía aseguradora.
Seguros, seguro colectivo, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRO, Jorge Feliciano c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ PRESCRIPCION.  DIFERIMIENTO  DE LA DESICION PARA EL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. SEGURO COLECTIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Mediando norma específica que rige el caso sub examine, la aplicación analógica de la ley 14.364 que se invoca resulta improcedente.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: ENAP Sipetrol Argentina SA (TF 26.204-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

Si bien el contenido económico del recurso ordinario de apelación, que se encuentra determinado por el valor disputado en último término, es el importe que debería tenerse en cuenta a los fines regulatorios, corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 13 de la ley 24.432 si la adopción de los mínimos legales previstos ocasionaría una evidente e injustificada desproporción, más allá de la encomiable tarea realizada, entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas arancelarias habría de corresponder.
Compraventa, vicios de forma, defectos de fabricación, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bellotti, Daniel Anibal c/ Ansila SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda promovida por los daños y perjuicios que adujo el actor haber sufrido como consecuencia del desperfecto que había presentado el artefacto -una cocina- vendido y fabricado por las accionadas; en tanto consideró que no había prueba de los desperfectos denunciados por el reclamante. Ello por cuanto, según la LDC 53 el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba que se encuentre a su alcance; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto (ver CNCom, Sala C, "La Greca, Daniel Ramón c/ Auto Zero SA y otro s/ Ordinario", 30.5.19). Y, en el caso, de las pruebas arrimadas por el reclamante, habilitan a tener por cierta la existencia de defectos que no lograron ser reparados satisfactoriamente en los términos de la ley 24240: 17 a "reparación no satisfactoria" prevista en esa norma es el único extremo que condiciona la posibilidad de que el consumidor opte por alguna de las alternativas que tal disposición pone a su elección, por lo que la acción ha de prosperar, en lo principal que persigue. Así las cosas, debe reconocerse al demandante el derecho a obtener la devolución de la suma que abonó por la cocina en cuestión, con más intereses que se calcularán a la tasa que cobra el BNA para sus operaciones de descuento a treinta días desde la fecha de la mora hasta su efectivo pago. Dado que el actor ha optado por resolver el contrato, le corresponde obtener esa devolución de lo pagado, esto es, el cumplimiento a su respecto de una deuda dineraria sobre la cual deben computarse intereses, pero no una actualización como la que él ha solicitado, pues no estamos aquí ante una deuda de valor.
Proceso penal, prueba, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, audiencia de debate, actos incorporados por lectura, requerimiento de elevación a juicio, alegato
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., R. A. s/ s/ infracción art. 189 bis CP - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

La lectura del requerimiento de elevación a juicio es un acto que integra la apertura del debate por medio del cual se introduce la imputación penal conforme ha sido formulada en el requerimiento acusatorio.

Dicho acto no resulta válido para incorporar a la audiencia pruebas que no hayan sido ofrecidas en dicha oportunidad en forma expresa y menos aún puede serlo el alegato producido por las partes, en el que harán valer -de acuerdo a las probanzas efectivamente producidas- sus peticiones iniciales.
Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

El control jurisdiccional externo no es incompatible con la independencia del Ministerio Público. Reitero: "... se evalúa el dato elemental de que la titularidad de la potestad represiva o 'ius punendi' pertenece sólo al Estado, la distinción entre ambas funciones aparece como necesaria consecuencia de la adopción, como regla, del sistema acusatorio, y reviste, por ello, carácter meramente formal, pues tanto la actividad de los representantes del ministerio público como la de los jueces persigue el propósito consistente en la obtención de la verdad objetiva. Por eso bien se ha observado que como órganos del Estado, ambos se inspiran en la misma finalidad (administrar justicia conforme a derecho) y procuran el imperio de la verdad que da base a la justicia.

"El control de legalidad del órgano jurisdiccional no sólo se encuentra permitido por aquella finalidad común sino por el propio texto del artículo 120 de la Constitución Nacional, en el que la función asignada al Ministerio Público Fiscal de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad no debe ser ejercida por los fiscales con carácter excluyente sino en coordinación con las demás autoridades de la República..."
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aragon Amelia c/ Castanas Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Siendo necesario para llamar a la declaración indagatoria que exista semiplena prueba de la comisión de un delito y motivo bastante para sospechar que una persona es autor o participe del mismo (art. 126 CPCB), desde que a partir de ese momento el imputado queda vinculado al proceso adquiriendo la calidad de acusado, a lo que debe sumarse la imputación objetiva de responsabilidad que emana del art. 1113 del CCI, debe considerarse acreditada "prima facie" la verosimilitud en el derecho invocado y por tanto hacerse lugar a la medida cautelar. (Minoría u opinión personal)
Simulación, testaferro, acto fiduciario
Materia: CIVIL
Carátula: SAPORITI DE VIGNALE, EMMA c/ SAPORITI GERARDO s/ S-suc y otros. s- simulación y nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

LA simulación tiene lugar, entre otros casos cuando por el acto o contrato se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten (artículo 955 del Código Civil).

Sin embargo la interposición de personas no presenta carácter unívoco a la hora de su caracterización. La doctrina concuerda en que la típica convención de testaferro - o interposición simulada- implica el acuerdo simulatorio entre disponente y adquirente y otro acuerdo, también simulatorio, entre el adquirente y el destinatario final del acto de disposición, beneficiario. Es decir intervienen tres personas, unidas entre sí por acuerdos simulatorios que encubren el negocio real o disimulado. Pero esta convención de testaferro se distingue de la denominada interposición fiduciaria que consiste en un negocio o contrato real. A diferencia del testaferro, el fiduciario adquiere efectivamente la cosa o el derecho del enajenante o fiduciante pero hay entre ambos un pacto de fiducia del cual pueden surgir limitaciones a los derechos o poderes del fiduciario, sea imponiendo obligaciones en favor del fiduciante, sea obligándolo a retransmitir el bien al propio fiduciante o a un tercero (conf. Mosset Iturraspa, "Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", Bs. As. 1975, t. II, p.224, nro 124; Guastavino, "Actos fiduciarios" en: "Estudios en homenaje a Héctor Lafaille", Bs. As., 1968, p. 365, nro 1; Goldschmidt, "Trust, fiducia y simulación", L.L. 67-777; Rivera, "Acción de simulación", E.D., 60 899; Carranza, "El negocio fiduciario" en "Juris", 26-347).
Importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad, servicio aduanero, control aduanero, Dirección Nacional de Rehabilitación
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Ni la ley 22.499 ni el decreto reglamentario 1382/88 delegaron las funciones específicas del servicio aduanero a favor de la Dirección Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente (Voto del Dr. Luis René Herrero).
Despido indirecto, renuncia al empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Carrillanca, María Erika c/ Chacoma, Imelda Noemí s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-20

El despido indirecto injustificado equivale a una renuncia al empleo al extinguir el vínculo laboral y no otorga derecho indemnizatorio alguno.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, intimidación, bien jurídico protegido, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Siempre que un bien jurídico se halla altamente jerarquizado, su defensa suele estar rodeada de una doble muralla protectora: la una que se refiere a la violación misma del bien, la otra que llega hasta impedir la creación de situaciones de mero peligro para ese bien. Dogmáticamente se convalida el criterio con la agravante genérica que la ley nro. 25.297 agregó al art. 41 bis Cód. Penal, sancionada en un momento en el que la sociedad mostraba honda preocupación por las muertes producidas en ocasión de diversos delitos.

Ello, y la extensión de la agravante a cualquier figura legal que no incluyera el uso de armas en su formulación típica, demuestra que el legislador, antes que atender a la menor dificultad para vencer la resistencia de la víctima, atendió a la tutela de bienes jurídicos fundamentales para ella que trascienden aquellos que encarnan los respectivos tipos penales en que pudiera subsumirse la actividad del agente.

En el mismo sentido opera igualmente la ampliación de incriminaciones en el art. 189 bis Cód. Penal. (Del Voto En Disidencia Del Dr. Giménez)
Consejo de la Magistratura, independencia del Poder Judicial, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. José Raúl Velazco s/ Recurso de queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-26

La Ley Nro. 8 de creación del Consejo de la Magistratura no prevé disposición alguna respecto de recesos por feria, y en su art. 27 le impone al Cuerpo el dictado de su reglamento interno. Tampoco dicho reglamento establece algún precepto referido a recesos o ferias. Finalmente la Ley Nro. 210, que regula el proceso de enjuiciamiento tampoco ha previsto su suspensión por receso (..) En suma, y como lo afirma el Consejo al denegar la casación, el Superior Tribunal de Justicia carece de facultades para disponer ferias en el ámbito del Consejo de la Magistratura (del voto del Dr. González Godoy).