Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-16


Salta, 16 de abril de 2010.	VISTOS: estos autos caratulados "ABRAHAM MARÍA ANGÉLICA c. ARANDA de MADEO MARÍA ESTHER - ORDINARIO", expte. 22635/09, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 2 (expte. nº 1492/01), para resolver acerca de la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 388/97 y _	___________________C O N S I D E R A N D O	El Dr. Figueroa dijo: la Dra. María Eugenia Yaique, por la actora, deduce recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de fs. 377/79, invocando afectación del debido proceso legal, del derecho de defensa en juicio, del principio de intangibilidad del patrimonio, del derecho de trabajo, de igualdad, de propiedad y haber incurrido en arbitrariedad de sentencia, garantizado por los arts. 14, 16, 17 y 18 de la CN y arts. 13 y 18 de la Constitución de la Provincia.	Indica que los presupuestos procesales se encuentran cumplidos y las causales de descalificación, están relacionadas con la carencia de motivación suficiente y con la valoración de las constancias de autos y de la prueba. La arbitrariedad se evidencia, según dice, en la inobservancia y apartamiento de la ley aplicable y por prescindirse tanto de la valoración de la prueba del LRU, art. 55 LCT, jamás presentado, como de la veracidad de las testimoniales rendidas y de las cartas documentos. Argumenta que se violenta el principio de congruencia, se ignora el Derecho vigente y especialmente se sacrifican las reglas de equidad, justicia y se incurre en inobservancia del principio protectorio previsto en el art. 9 LCT modificado por ley 26428. Si no se contaba con pruebas contundentes, devenía aplicable dicha norma. Este principio protectorio, ya tenía consagración en la LCT, pero con la reforma se extiende, la norma más favorable al trabajador, a la interpretación de las pruebas aportadas en el proceso laboral. Se convierte en deber que en caso de duda, se aprecie la prueba a favor del trabajador, esa regla que está dirigida fundamentalmente a los jueces, como intérpretes de la ley al caso concreto. Dice que también existen normas supranacionales, como la recomendación 198 de la OIT, que determina la aplicación efectiva de la legislación, como el acceso a mecanismos eficaces para la solución de las controversias.	Dice que si bien lo planteado se refiere a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias del juez de la causa, puede suscitarse cuestión federal bastante cuando la decisión sólo satisface en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación. Cita doctrina y jurisprudencia e insiste en que la arbitrariedad alegada, desampara el derecho de defensa, el debido proceso y también, la justicia y la equidad que justifican la apertura de la instancia extraordinaria, cuando tales principios no son respetados en los pronunciamientos.	Señala que el art. 163 CPCC, impone al Juzgador entre otros requisitos, la obligación de que la sentencia contenga los fundamentos y la aplicación de la ley y la consideración por separado de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio y que tales exigencias no han sido satisfechas en la sentencia de la Sala. Agrega, que el fallo carece de fundamentación, no es derivación razonada del derecho vigente y de los principios esenciales del debido proceso, no analizó las argumentaciones esenciales de las partes, se fundó en apreciaciones subjetivas y discrecionales de un hábil recurrente que sostuvo un comienzo laboral en 1999, no aportó prueba y sustentó sus asientos en los recibos de haberes, toda vez que no acompañó el LRU y por ello, corresponde hacer efectivo el apercibimiento que dispuso la sentencia de grado inferior. Insiste que por esta omisión, la sentencia es arbitraria y que su sanción no puede ser otra que la nulidad, por carecer de motivación y existir materia constitucional comprometida, que describe y puntualiza.	Añade, que la Cámara sostuvo que las declaraciones de los testigos (que indica) no fueron categóricas, como para revertir el reconocimiento de la demandada, a fs. 322 vta., lo que hizo prosperar el rechazo de la denunciada fecha de ingreso, impregnando al fallo de arbitrariedad y que desmerecer a los testigos, que fueron repreguntados libremente, constituye una injusticia e inequidad absoluta, cuando la verdad real fue puesta para revertir la supuesta veracidad de los asientos a los que la ley no otorga el carácter de plena prueba, al admitirse la prueba en contrario como la que se rindió con los testimonios que fueron producidos. Los testigos vivieron los sucesos, antes del periodo declarado en los asientos del demandado y sus testimonios fueron contestes, coherentes y espontáneos y son hábiles para crear convicción y desvirtuar la documental unilateral de la contraria.	Argumenta que la alzada endilga supuesta prioridad de validez probatoria a los asientos laborales en recibos de haberes, sobre los datos de alta real denunciados en la demanda, pero sin embargo, en consonancia con el principio de irrenunciabilidad del art. 12 LCT, el trabajador puede reclamar las declaraciones allí consignadas unilateralmente por el empleador. La juez de grado, pudo advertir en justicia y pese a la negativa del empleador, la real y correcta fecha del 22/06/97 y no la incorrecta del año 1999. Exigir al trabajador aporte pruebas del art. 1190 CC para voltear ese fraude. constituye una exigencia jamás pensada para el ordenamiento laboral y un retroceso histórico frente a progresivos logros.	El concepto de validez y eficacia probatoria de los recibos de sueldo posee una identidad tal. que exige en el caso procesal, sea relacionada con el principio de la carga dinámica de la prueba, donde los empleadores deben cumplir con estrictez las reglas del onus probandi, por estar mejor posicionados para demostrar la certeza de los asientos. Nada fue satisfecho en este sentido por la demandada y aún en contradicción al principio del art. 55 la alzada, invierte la regla probatoria sobre la parte más débil beneficiando a la incumplidora, que debió reforzar sus dichos con otros elementos diferentes de los asientos, lo que no aconteció en autos.	Se agravia que la Cámara arribe al rechazo de la demanda desde hechos inciertos, dudosos e incluso simplemente no probados por la demandada. Desde esa carencia es necesario se acuda a ciertas reglas para llegar a la recta aplicación del Derecho al caso. La Alzada en conculcación con la igualdad, ha otorgado preeminencia de buena fe a un evasor laboral y fiscal, al admitir un alta del 1/5/99 no documentada en forma de ley y en una jornada no laborable por ser el día del trabajador. Reitera que el derecho del trabajo no puede permanecer ajeno a sus principios rectores, que estatuyen dentro de su sistema un mecanismo garante o protectorio del registro, con la finalidad de brindar una amplia protección. Formula reserva.	Efectuado el necesario control de admisibilidad del recurso interpuesto, apunto que se impone un doble juicio, de admisibilidad y de fundabilidad y que la no superación de uno de ellos, acarrea su rechazo. Si bien el recurso que nos ocupa fue interpuesto en término propio, se hizo oportuna reserva (fs. 349) y fue incoado contra una sentencia que decide definitivamente la cuestión en tratamiento, considero que en cuanto a su fundabilidad, no puede prosperar, toda vez que no se configuran los recaudos requeridos para su concesión.	El escrito recursivo relata y refiere a cuestiones ya resueltas y no plantea (como lo exige el especialísimo remedio que impetra) una real cuestión constitucional, configurando en cambio un planteo de inconstitucio- nalidad aparente, ya que evidencia sólo disconformidad con el resultado adverso a sus pretensiones. Recordemos, que el propósito de este especial recurso, no es corregir fallos equivocados o que el propio recurrente estime como tales, sino demostrar el caso constitucional, siendo el propio recurrente quien tiene la carga procesal de demostrar que existe una relación directa e inmediata, entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443, 306:947).	Y la cuestión constitucional no se satisface, con la simple alegación genérica de lesionarse determinadas garantías de la Constitución, sino que es preciso demostrar en concreto de qué manera especifica, concreta y puntual se ha operado efectivamente tal violación o afrenta constitucional. Ello así por cuanto, esta vía impugnaticia esta dirigida al objetivo puntual y restringido de reparar agravios constitucionales.	Si bien el escrito recursivo pretende señalar causales de arbitrariedad, los argumentos formulados refieren a la valoración efectuada en el fallo de las cuestiones de hecho, de las prueba y del derecho común aplicable y que como tal, resultan ajenas del recurso extraordinario. Así lo ha sostenido esta Sala al decir " ni las cuestiones procesales, ni las de hecho, prueba o Derecho común son aptas para abrir la instancia extraordinaria. Asimismo, lo atinente a la interpretación y aplicación de normas de carácter procesal local, es materia privativa de los jueces de la causa e irrevisable por esta vía de excepción, salvo supuestos de arbitrariedad " (Flores s. Cremer 26/8/03).	En el mismo sentido, la Corte de Justicia local dijo que " es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que resuelve cuestiones de derecho procesal y común con argumentos suficientes que más allá de su acierto o error, le confieren validez como acto judicial (2/6/04 T. 92 181/188) y que el rol de la Corte de Justicia está centrado en el control de la vigencia de las garantías constitucionales, pero bajo ningún concepto, abre una nueva instancia ordinaria, donde puedan discutirse decisiones, que se estimen equivocadas". (T. 101:283/290, 23-12-05). También la Corte de Justicia ha señalado que "la circunstancia de acordar preferencia a determinados elementos probatorios no configuran un supuesto de arbitrariedad, pues los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones" (T. 127 : 715/722, 22/10/08).	Por lo expuesto voto por la denegatoria del recurso deducido._____	_______ El Dr. Jorge Cabrera, adhiere al voto anterior.__________________ _____ Por ello,	la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, __________________________ RESUELVE	I) Denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 388/97. _____II) Mandar registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.