Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-30


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 30 de 2003.

El doctor Balbín dijo:

I. A fs. 684 Central Costanera S.A. interpuso recurso de apelación judicial, en los términos del artículo 115 del Código Fiscal t.o. 2000, impugnando la Resolución Nº 3114-DGR-2000 (fs. 677/678) de la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto esta rechazó el recurso de reconsideración oportunamente deducido contra la Resolución Nº 4444-DGR-99 -que concluyó el procedimiento de determinación de oficio con relación a los períodos fiscales 1992 y 1993 y determinó el impuesto a los ingresos brutos por los períodos 1994 y 1995-.

Al fundar el recurso -fs. 712-, señaló la actora que Central Costanera S.A. fue constituida el 26 de febrero de 1992, como resultado del proceso de privatización de Segba S.A. Continuó su relato expresando que la sociedad tiene por objeto producir y comercializar energía eléctrica, abasteciendo, básicamente, a las empresas distribuidoras.

Manifestó que con fecha 28 de marzo de 1996, inspectores de la Dirección General de Rentas de la ex Municipalidad de Buenos Aires se constituyeron en el domicilio de la actora a efectos de practicar una inspección. Con posterioridad, mediante resolución del 4 de septiembre de 1997, el Organismo Fiscal resolvió iniciar el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario, con sustento en dos conceptos: a) diferencias de impuesto por errónea aplicación de la alícuota y b) diferencias de impuesto por erróneo tratamiento fiscal respecto de las ventas realizadas a Carrefour S.A.

Señaló la apelante que el 27 de diciembre de 1999 la DGR hizo lugar al planteo del actor respecto del ajuste señalado en el punto a) pero, en cambio, determinó de oficio el impuesto sobre los ingresos brutos en relación con las denominadas "ventas carrefour", el que estimó en la suma de $11047,83 con más sus intereses. Asimismo, impuso al contribuyente una multa de $8838,26.

Contra dicho decisorio, la actora interpuso recurso de reconsideración, que fue rechazado a través de la resolución Nº 3114-DGR-2000.

Como sustento de su posición, expresó que es necesario realizar una descripción de la actividad desarrollada por Central Costanera y su particular relación con Carrefour. En tal sentido, adujo que el nuevo marco regulatorio del sector eléctrico, establecido por la ley 24.065, reconoció como actores del Mercado Eléctrico Mayorista a los siguientes sujetos: a) generadores o productores; b) transportistas; c) distribuidores y d) grandes usuarios.

A su vez, según su criterio, dentro del mercado del sector energético, los consumidores finales son únicamente aquellos sujetos que no pueden contratar independientemente el suministro de energía. De esta forma, siendo Carrefour un "gran usuario" no podría constituir, en consecuencia, un consumidor final. Agregó, además, que la energía eléctrica adquirida por Carrefour a Central Costanera es utilizada para incorporarla a los procesos productivos de comercialización y de prestación de servicios.

Por todo ello, señaló la accionante que no puede encuadrarse a Carrefour como un consumidor final, toda vez que la energía eléctrica utilizada por ella constituye un costo indirecto de la actividad que desarrolla.

La apelante sostuvo asimismo la improcedencia de los intereses resarcitorios establecidos, así como también cuestionó la multa aplicada. Solicitó entonces que se deje sin efecto el reclamo de la DGR, revocando en consecuencia las resoluciones impugnadas.

A fs. 735/751 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó la expresión de agravios. Sostuvo que, en virtud del procedimiento administrativo de determinación de oficio, se comprobó que la relación comercial entre la apelante y la empresa Carrefour S.A. no queda alcanzada por la exención otorgada oportunamente para la actividad industrial, sino que se trata de ventas a consumidor final. En consecuencia, la autoridad fiscal impuso una multa equivalente al 80% del impuesto evadido. Ello así porque, según lo dispuesto por el inc. 20) del art. 32 de la ordenanza tarifaria t.o. 1994, las ventas efectuadas por los propios industriales directamente al público consumidor están alcanzadas por la alícuota del 3%.

Manifestó la accionada que de la normativa citada por la actora -ley 24.065-, no surge en forma expresa el concepto de consumidor final. En su criterio, las leyes tributarias solamente permiten considerar como consumidores finales a aquellos sujetos que utilizan el producto para su propio consumo o uso, es decir, que no revenden lo adquirido. Expresó entonces que, al destinar Carrefour S.A. la energía eléctrica para su propio provecho, y no para su reventa, resulta ser un "consumidor final".

En ese contexto, destacó la parte demandada, la actividad que desarrolla la actora está gravada por el impuesto a los ingresos brutos y, a su vez, no se encuentra alcanzada por exención tributaria alguna.

Por todo lo expresado, señaló el demandado que ha quedado acreditado que la res. 4444-DGR-99 es perfectamente válida y no es susceptible de nulidad, razón por la cual no le asiste razón al recurrente al sostener que ha cumplido en tiempo y forma con el ingreso del impuesto, pues de las constancias de autos surgen diferencias que convierten a los pagos en parciales.

A fs. 753 emitió dictamen la fiscal de Cámara propiciando hacer lugar a la apelación judicial incoada por la actora.

A fs. 854 presentó su alegato la parte actora y lo propio hizo la demandada a fs. 856.

A fs. 872 se ordenó la elevación de autos.

II. De acuerdo a la forma en que ha quedado trabada la litis, considero que el "thema decidendum" sometido a consideración de este tribunal consiste en determinar si las ventas de energía eléctrica que la accionante efectuó a su cliente Carrefour S.A., en los períodos indicados en el acto determinativo impugnado, deben ser consideradas, como ventas efectuadas a un consumidor final.

A fin de poder dar adecuada respuesta a esta cuestión, es necesario determinar, en forma previa, la caracterización jurídica que corresponde asignar a Central Costanera S.A. y a Carrefour S.A.

Tal como surge de la expresión de agravios obrante a fs. 712/719 -y que no ha sido objeto de controversia- Central Costanera S.A. fue constituida como empresa generadora o productora de energía eléctrica. Por su parte, el artículo 4º de la ley 24.065 -que establece el régimen legal para la generación, transporte y distribución de la electricidad- reconoce el carácter de actores del mercado eléctrico a los generadores o productores, mientras que el artículo 5º señala que "se considera generador a quien, siendo titular de una central eléctrica adquirida o instalada en los términos de esta ley, o concesionarios de servicios de explotación de acuerdo al art. 14 de la ley 15.336, coloque su producción en forma total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución sujeto a jurisdicción nacional". Por su parte, el art. 6º del referido cuerpo legal expresa que "los generadores podrán celebrar contratos de suministro directamente con los distribuidores y 'grandes usuarios'. Dichos contratos serán libremente negociados entre las partes" (comilla simple -énfasis en el original- agregado).

A su vez, tal como también sostuvo la actora y consintió la demandada, Carrefour Argentina S.A. ha sido reconocido por la Ex Secretaría Eléctrica de la Nación como gran usuario en el marco del régimen legal de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. La ley 24.065 también reconoce a los grandes usuarios como actores del mercado eléctrico -art. 4º inc. d)- y, a su vez, los caracteriza en su artículo 10, al señalar que "se considera gran usuario a quien contrata, en forma independiente y 'para consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o el distribuidor'..." (comilla simple -énfasis en el original- agregada).

III. Así las cosas, de conformidad con las normas transcriptas, resulta evidente que, en su carácter de generadora, la accionante podía celebrar contratos de abastecimiento de energía eléctrica ya sea con los distribuidores, o bien con los grandes usuarios. Por su parte, a estos últimos la normativa reseñada los caracteriza como agentes del mercado que contratan el abastecimiento para consumo propio, al igual que ocurre con los consumidores domiciliarios, pero que, en razón de demandar una elevada cantidad de potencia y energía, el legislador ha considerado conveniente autorizarlos a contratar directamente con el generador, sin que resulte obligatoria la intermediación del distribuidor.

IV. En este contexto, es necesario determinar si, de conformidad con las normas tributarias locales, la actividad de venta de energía eléctrica por parte de la accionada a Carrefour S.A. se encuentra gravada por el impuesto a los ingresos brutos o, en su caso, si dicha actividad comercial ha sido objeto de una expresa exención.

V. En los períodos fiscales respecto de los cuales la autoridad fiscal determinó de oficio el impuesto a los ingresos brutos -9º a 12 anticipo mensual del año 1994 y 1º a 11 anticipos mensuales del año 1995-, esto es, en el momento en que se produjeron los hechos imponibles que dieron origen al tributo que reclama el fisco, estaba vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Ordenanza Fiscal t.o. 1994 (dec. 505 del 22/04/1994) con las modificaciones introducidas por la ordenanza Nº 48.897 (B.M. del 24/01/95). El referido cuerpo legal establecía que "el ejercicio habitual y a título oneroso en la Capital Federal del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas, y el lugar donde se realiza (...), se pagará un impuesto de acuerdo con las normas que se establecen en el presente capítulo". Por su parte, el artículo 93 establecía que "toda actividad o ramo no mencionado expresamente en esta ordenanza o en la ordenanza tarifaria, están igualmente gravados; en este supuesto deben tributar con la alícuota general".

A su vez, en sentido concordante, la Ordenanza Tarifaria para el año 1994 disponía, en su art. 32 que "de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal, establécese la tasa general del 3% para las siguientes actividades de comercialización (mayorista y minorista) de prestaciones de obras y/o servicios, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ordenanza o en la ordenanza fiscal: inc. 1) electricidad, gas y agua (...) inc. 20) ventas efectuadas por los propios industriales directamente al público consumidor". Idénticas disposiciones había previsto el art. 31 de la ordenanza tarifaria para el año 1995.

De las normas transcriptas es posible inferir que, en principio, en la ciudad de Buenos Aires la actividad de venta de energía eléctrica a un adquirente caracterizado por el régimen nacional aplicable -ley 24.065- como "gran usuario", estaba gravada por el impuesto a los ingresos brutos. Ello así porque la referida actividad configura uno de los diferentes hechos imponibles alcanzados por el impuesto -comercialización de electricidad-. A su vez, por aplicación de la ordenanza tarifaria, corresponde aplicar una tasa del 3% para determinar el monto del tributo.

VI. Ahora bien, con posterioridad, el dec. 92/94 incorporó el inc. 23 al art. 92 de la ordenanza fiscal correspondiente al año 1994, a través del cual se eximió del impuesto a los ingresos brutos a "los beneficios provenientes exclusivamente de la actividad industrial". Asimismo, el referido decreto estableció que, para que resulte procedente la liberalidad, era necesario su previa solicitud y otorgamiento por parte de la Dirección General de Rentas. Por su parte, el dec. 121/94 ordenó en su artículo 4º que "la exención prevista en el art. 23 del art. 92 de la ordenanza fiscal vigente (dec. 92/PEN/94), no alcanza a los ingresos obtenidos en la producción de bienes (industria manufacturera) por las ventas efectuadas a consumidores finales, que tendrán el mismo tratamiento que el sector de comercialización minorista".

De los preceptos transcriptos se deriva claramente que la exención consagrada solamente alcanzaba a los ingresos provenientes de la venta de la producción industrial a otros sujetos que luego revendían el producto, pero no se aplicaba sin embargo a las ventas efectuadas a consumidores finales.

Por su parte, en la constancia otorgada por la autoridad fiscal al demandante, que acredita el reconocimiento de la exención, se estableció expresamente que la liberalidad alcanzaba a la actividad de generación de electricidad, pero señalando que "la presente exención no incluye ventas efectuadas a consumidores finales".

Las consideraciones que anteceden me llevan a concluir que, en los años 1994 y 1995, la actividad de venta de electricidad a consumidores finales no estaba exenta del pago del impuesto a los ingresos brutos.

VII. Teniendo en cuenta lo señalado en el considerando anterior, corresponde determinar, a continuación, si las ventas efectuadas por la apelante a Carrefour S.A. en los períodos detallados deben ser consideradas como realizadas a consumidores finales -en cuyo caso debían tributar el impuesto a los ingresos brutos- o bien, por el contrario, al no revestir el adquirente ese carácter, se encontraba exento.

A tal efecto, entiendo que es necesario determinar si aquellos sujetos que, siendo agentes del mercado eléctrico regulado por la ley 24.065 y habiendo sido reconocidos como "grandes usuarios", pueden revestir a su vez el carácter de consumidores finales en relación con el impuesto a los ingresos brutos o, por el contrario, como afirma el accionante, se trata de caracterizaciones que resultan incompatibles entre sí.

Cabe destacar que las normas tributarias vigentes al momento de producirse el hecho imponible no definen el concepto de "consumidor final". No obstante ello, con posterioridad, en las ordenanzas fiscales correspondientes a los años 1997 y 1998 se especificó el alcance que en el ámbito local tiene esa figura, al establecer que "debe considerarse consumidor final a los sujetos: 1) cuando hagan uso o consumo de los bienes adquiridos, 2) cuando el consumo se materialice en el primer uso según su actividad".

A su vez, el dec. 304-GCBA-98 estableció que, sin perjuicio de la definición dada al referido concepto en las mencionadas ordenanzas fiscales, no se considerarían ventas efectuadas a consumidores fiscales cuando los adquirentes utilizan el bien adquirido "como bienes de cambio para su posterior reventa mayorista o minorista", o cuando se los utiliza "como bienes de uso -excepto automóviles, que se afecten a un proceso industrial, a la producción primaria o minera, o a la construcción de edificios destinados a vivienda".

Finalmente, la ley 150 -Código Fiscal t.o. 1999- y los códigos fiscales posteriores establecieron que constituyen consumidores finales a los fines del impuesto a los ingresos brutos "a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o consumo de los bienes adquiridos, ya sea en beneficio propio o de su grupo social o familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique una utilización posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros".

En consecuencia, entiendo que, a falta de una disposición expresa que establezca para los períodos aludidos en qué casos el adquirente de un bien debe ser considerado "consumidor final" en los términos de las ordenanzas fiscales, es necesario recurrir a las diferentes reglas de interpretación jurídica para determinar el alcance que corresponde asignar al referido concepto.

En primer término, resulta aplicable el método literal o gramatical para interpretar el alcance y sentido de las disposiciones de aplicación. Este criterio apunta a desentrañar el significado corriente o habitual de los términos empleados, su vinculación sintáctica o semántica y la estructura gramatical utilizada.

De conformidad con una interpretación literal de los términos empleados, cabe señalar que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término consumir se define como "destruir, extinguir//Utilizar comestibles perecederos u otros géneros de vida efímera para satisfacer necesidades o gustos pasajeros". Concordantemente con esta definición, entiendo que, de conformidad con el uso habitual que corresponde asignar a los términos empleados por el Legislador, por "consumidor final" debe entenderse a quien adquiere un determinado bien para su uso o consumo personal, es decir, que lo aprovecha para sí mismo y lo extingue con su uso, sin proceder a su posterior enajenación o comercialización.

En segundo lugar, y de conformidad con un criterio de interpretación armónico, considero que para desentrañar el alcance de la normativa aplicable es necesario tener en cuenta además que, tal como se ha señalado supra, diversas normas posteriores a la configuración de los hechos imponibles analizados en la presente causa han establecido que corresponde considerar consumidores finales a quienes, por un lado, hacen uso o consumo de los bienes adquiridos y en la medida en que ese consumo se materialice en el primer uso -ordenanzas fiscales t.o. 1997 y 1998- y, por el otro, cuando los bienes consumidos no son utilizados posteriormente en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros -ley 150-.

Así las cosas, considero que una interpretación razonable de la normativa aplicable -de conformidad con un criterio gramatical y sistemático- me lleva a sostener que se encuentran gravadas por el impuesto a los ingresos brutos todas aquellas ventas de bienes efectuadas por sus productores a aquellos sujetos que, a su vez, los usan o consumen, en tanto ello no implique, por su parte, utilizarlos para procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

En este contexto, la circunstancia de que Carrefour S.A. revista el carácter de "gran usuario" en los términos de la ley 24.065, no conduce a sostener, per se, que a los efectos del impuesto local éste no pueda ser considerado, a su vez, como consumidor final de la energía eléctrica que adquirió de Central Costanera S.A. Por el contrario, habiendo establecido la referida ley que "se considera gran usuario a quien contrata, en forma independiente y para consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o el distribuidor" entiendo que, en principio, los grandes usuarios son sujetos que adquieren la energía eléctrica para su propio uso o disposición, aunque en volúmenes mucho mayores que los usuarios domiciliarios. Abona esta conclusión la circunstancia de que, de acuerdo a lo expresado en el artículo 9º del mencionado cuerpo legal, los grandes usuarios no están autorizados a revender la energía eléctrica adquirida.

VIII. Ahora bien, la apelante alegó en su escrito de expresión de agravios que Carrefour S.A. no consume la energía adquirida, sino que la utiliza para incorporarla a los procesos productivos de comercialización y de prestación de servicios que desarrolla -fs. 716-. Sin embargo, al contestar demanda la accionada expresó que "la adquirente utiliza el bien para su propio uso o consumo, no implicando afectación de ese bien a ningún proceso posterior de producción, comercialización o transformación" -fs. 743-.

En este contexto, teniendo en cuenta que, por principio general, cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su pretensión -art. 301 del CCAyT-, pesaba sobre la accionante el deber procesal de acreditar fehacientemente que su cliente incorporaba la energía adquirida a un ulterior proceso productivo o de comercialización. Sin embargo, ninguna prueba obra en las presentes actuaciones que demuestre la veracidad de esta afirmación.

IX.- En consecuencia, entiendo que las ventas de energía eléctrica efectuadas por Central Costanera S.A. a Carrefour S.A. -durante los períodos 9º a 12 anticipo mensual del año 1994 y 1º a 11 anticipos mensuales del año 1995- deben tributar el impuesto a los ingresos brutos, resultando aplicable a tal efecto la alícuota del 3% prevista en el art. 32 inc. 20 y 31 inc. 20 de las ordenanzas tarifarias para los años 1994 y 1995. A su vez, esta conclusión lleva a rechazar los agravios vertidos sobre este punto por la apelante y, en consecuencia, confirmar en ese aspecto el acto administrativo determinativo del tributo.

X. Sentado lo que antecede, corresponde a continuación analizar los agravios de la actora dirigidos a cuestionar la multa aplicada por la DGR, al considerar que, por un lado, no se configura el elemento objetivo toda vez que no hubo omisión en el pago. Por el otro, no se configuró el elemento subjetivo que tornaría procedente la sanción, esto es, su culpa en la omisión del tributo, puesto que no hubo de su parte una conducta negligente.

En relación con el primer aspecto del agravio -no configuración de omisión en el pago del tributo- considero que lo expresado por la demandante en su expresión de agravios, en conjunción con lo señalado en los considerandos precedentes, resulta suficiente para proceder a su desestimación.

En efecto, tal como surge de la demanda, el actor ha reconocido que no abonó el impuesto a los ingresos brutos respecto de las ventas de energía eléctrica efectuadas a Carrefour S.A., a pesar de que, de conformidad con el marco legal de aplicación, dicha actividad no estaba exenta del pago del tributo.

En cuanto al segundo aspecto de la queja, corresponde señalar que, al respecto, el art. 77 del Cód. Fiscal t.o. 2000 -aplicado por la DGR al momento de efectuar la determinación de oficio que la accionante cuestiona- establece que "los contribuyentes o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido".

En consecuencia, habiendo reconocido la actora que no pagó el tributo que se le reclama, la sanción aplicada -80% del tributo omitido- resulta adecuada al ordenamiento de aplicación.

Por su parte, teniendo en cuenta que la accionante invoca la existencia de un "error excusable" -previsto expresamente en el art. 77 del Cód. Fiscal t.o. 2000 como justificante de la omisión de pago total o parcial del tributo-, es necesario destacar que a su respecto son aplicables los criterios doctrinarios y jurisprudenciales conforme a los cuales "...la invocación de tal circunstancia exige la apreciación de cada caso particular y, desde luego, según el criterio del funcionario llamado a juzgar la situación planteada; es decir entonces que el juzgador -funcionario administrativo o judicial- debe apreciar las características del caso, la conducta del infractor y la verosimilitud de los argumentos que éste invoque en su descargo. Si algo se pudiera decir con carácter general es, únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión, no se le puede condenar" (Giuliani Fonrouge, Carlos M.; Navarrine, Susana C., Procedimiento Tributario, Ed. Depalma, p. 300). "Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (conf. C.S.J.N. "in re" "Morixe Hnos", sentencia del 20/8/96, consid. 7º) del voto de los doctores Nazareno, Fayt y Vázquez). Así lo ha sostenido la sala II de esta Cámara en la causa "Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados c. GCBA -Dirección General de Rentas- res. 3087-DGR-2000 s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR" ("Expte. Nº RDCS-11, sentencia del 12 de julio de 2001).

De conformidad con lo expuesto precedentemente, es de mi opinión que no se han configurado en el sub lite circunstancias que permitan sostener razonablemente que la omisión en la integración del tributo se debió a la existencia de una situación de interpretación dudosa u oscura que indujo al contribuyente a equivocarse en la recta interpretación y aplicación de la norma.

Por ello, no se ha demostrado en el caso un supuesto de error excusable, de manera que, tampoco en este aspecto, los agravios habrán de prosperar.

XI. Por último, se agravia la actora de la aplicación de una tasa de interés en relación con el tributo reclamado, toda vez que, a su entender, ésta es un accesorio de naturaleza resarcitoria que presupone la mora culpable en el cumplimiento de la obligación impositiva principal. Por ello, consideró que, al no haber habido culpa, no resulta procedente que la Ciudad reclame su pago.

En mi opinión, considero que, en materia tributaria, el interés financiero o compensatorio es una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en consecuencia, reviste carácter estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, "Procedimiento Tributario", Ed. Rubinzal Culzoni, p. 346). Así, su procedencia resulta totalmente independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su finalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, reparar el perjuicio sufrido por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo.

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los impuestos tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado (CS, "Orazio Arcana", sentencia del 18 de marzo de 1986).

De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna del monto del tributo, la procedencia del interés compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de la obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un interés mensual.

Por ello, las argumentaciones de la apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable no resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado por la Ciudad en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En consecuencia, los agravios tratados en este considerando no habrán de tener favorable acogida.

XII. Por las consideraciones que anteceden propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto. En cuanto a las costas, estas deberán imponerse a la accionante, por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Los doctores Corti y Centanaro, por los fundamentos expuestos por el Dr. Carlos F. Balbín, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la fiscal de Cámara, el tribunal resuelve: 1) rechazar en todas sus partes recurso de apelación interpuesto; 2) Costas a la actora (artículo 62, primer párrafo del CCAyT). - Carlos F. Balbín. - Horacio G. Corti. - Esteban Centanaro.