Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


Buenos Aires, 7 de abril de 2006. VISTOS: El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada OSCBA (fs.61y 63/66, respectivamente) contra la resolución del señor juez de grado que resolvió rechazar el planteo de incompetencia formulado por la Obra Social de Buenos Aires con costas. CONSIDERANDO: 1. Que la accionante, Cooperativa de Vivienda, Crédito y consumo Pueyrredón Ltda., demandó a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el cobro de trescientos veintidós mil setecientos diecisiete pesos con 40/100 ctvs. ($ 322.717,40 ctvs.), con más sus intereses y las costas del proceso, en su carácter de cesionaria de seis (6) facturas emitidas por la firma Lectra SA por prestaciones médicas realizadas durante el año 2001, a tenor de la escritura de cesión del 19 de mayo de 2003. Interpuso su demanda ante la Justicia en lo civil y comercial federal. 2. Que se declararon incompetentes para intervenir tanto el tribunal civil y comercial federal (fs. 26) como el tribunal civil nacional (fs. 34 vta.). Así las actuaciones quedaron radicadas ante este fuero (fs.36). Posteriormente, en oportunidad de correrse traslado de la demanda, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso excepción de incompetencia (fs. 44/46). Dicho planteo fue rechazado por el magistrado de primera instancia a fs. 57. 3. Que Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires interpuso y fundó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fs. 61 y 63/65). Alegó que el pronunciamiento de grado se atribuyó la competencia en virtud de una interpretación normativa errónea. Ello por cuanto, a su juicio, a pesar de la competencia en razón del sujeto que establece el Código de rito, en su artículo 2º, y de lo previsto en el artículo 28 de la ley 472, que prescribe que la Obra Social estará sometida a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, debe comprenderse que la competencia es de los tribunales nacionales civiles. Esgrimió que dos aspectos limitan el alcance de la competencia de los tribunales locales: a) la ley 24.588 que previó que la Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales, por lo cual no se encuentran incluidas las cuestiones civiles, ajenas al ámbito contencioso administrativo; b) la transferencia de los jueces nacionales, de los fueros ordinarios al local, media nte un convenio entre el Gobierno local y el federal (cláusula transitoria décimo tercera CCBA), tendiente al acabado cumplimiento de la ley orgánica del Poder Judicial (ley 7). Asimismo, citó en su respaldo el criterio sostenido por la CSJN in re "Auditoría Educativa Diálogos SRL c/ Instituto Municipal de Obra Social, pronunciamiento del 12 de diciembre de 2002. Finalmente hizo reserva del caso federal. 4. Que, la parte actora contestó el traslado de la expresión de agravios a fs. 68/69 y la Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 73 propiciando el rechazo del recurso interpuesto. 5. Que así las cosas debe recordarse que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires precisó de modo general la competencia de este fuero en los artículos 1º y 2º del CCAyT (ley 189). Así es que el artículo 2º fija que "son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa legitimada para estar en juicio sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contencioso administrativa y tributaria es de orden público". El artículo 1º prescribe que "se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, ... los entes públicos no estatales o privados, en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la ciudad de Buenos Aires". De tal modo, si se examinara exclusivamente esta normativa, el sub examine quedaría excluido de la competencia de este Tribunal por cuanto la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires constituye un ente público no estatal (art. 1 ley 472 modificado por la ley 627) y no actúa en la presente causa en ejercicio de potestades públicas. Sin embargo, igual de cierto es que el Código Contencioso no es el único cuerpo normativo que le atribuye competencias a este Tribunal. En este sentido, y a modo de ejemplo puede citarse la ley 466, regulatoria del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que se podrán a pelar ante esta Cámara las sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo Directivo de dicha entidad, o la ley 757 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y usuario que prevé la posibilidad de interponer un recurso directo ante esta Cámara para impugnar cualquier resolución condenatoria dictada por la autoridad de aplicación pertinente. Resulta pues al menos lógico afirmar que el legislador ha considerado oportuno, más allá de las disposiciones de los artículos 1º y 2º del CCAyT, fijar competencias al fuero a través de leyes especiales de temática específica. De este modo, pone de manifiesto su especial voluntad de someter tales cuestiones al conocimiento de la justicia contencioso- administrativa y tributaria de la ciudad, complementando así el articulado del CCAyT. Continuando tal razonamiento, consideramos que la Ob.S.B.A. se encuentra ubicada en la situación descripta en el párrafo anterior. Ello por cuanto, el artículo 28 de la ley 472 reza que "La Obra Social es tará sometida a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires". De tal precepto surge clara la intención del legislador de someter las cuestiones que merezcan intervención judicial, suscitadas en la esfera de actuación de la OSBA, a los tribunales de la Ciudad; sin que quepa efectuar otras distinciones allí donde la Legislatura, mediante una ley posterior y especial al Código Contencioso Administrativo no lo ha hecho. Parece entonces indudable que sólo podía referirse a los tribunales fijados en la ley 7 que se encontrasen en funcionamiento, y por razones de especificidad técnica, corresponde la atribución de competencia a este fuero. Asimismo tampoco podría deducirse una postura diversa de la aquí expuesta y en consecuencia suponer que el legislador local ha declinado la competencia de los tribunales locales en razón de lo previsto en el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece que "Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e i rrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional". Ello es coincidente con aquella disposición del Preámbulo de la Constitución local que reza que se sanciona "...con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones...". Finalmente, una interpretación contraria a la que aquí se propugna importaría considerar la posibilidad de que una legislatura local pudiese fijar la competencia a autoridades nacionales como lo son los Juzgados Nacionales de la Capital Federal (cf. esta Sala in re "SERVICINTAS S.A. contra INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL sobre COBRO DE PESOS" del 9/5/01). 6. Por otra parte, en lo que se refiere a la interpretación que propugna el recurrente que el presente caso quedaría encuadrado en las previsiones del art. 8 de la ley 24.588, se impone señala r que las normas deben interpretarse respetando el orden jerárquico en atención al principio de supremacía constitucional (art. 30 CN). De tal modo, la validez de una norma infraconstitucional se encuentra sujeta a su conformidad con la constitución y eventualmente con la ley si se trata de una norma infralegal. Así debe considerarse que el artículo 129 de la Constitución Nacional establece que "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación". En virtud de aquella norma se sancionó la ley 24.588 cuyo artículo 8º, segunda parte, reza que: ."La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales". Por su parte, el artículo 106 de la Constit ución de la Ciudad de Buenos Aires prevé que "Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes nacionales y locales..." Pues bien, resulta clara la incompatibilidad normativa entre lo establecido en el art.8 de la ley 24.588 y el artículo 106 de la Constitución de la Ciudad y a la hora de analizar un conflicto deberá interpretarse a favor de la vigencia de la constitución local, siempre que no se extralimite en su reglamentación de los términos fijados por el artículo 129 de la Constitución Nacional. Ello por cuanto el Congreso Nacional en el art. 8 de ley 24.588 ha restringido las facultades jurisdiccionales locales más allá de lo razonable para atender a la defensa de los intereses nacionales mientras la Ciudad sea Capital de la Nación. En suma, son de dudosa constitucionalidad los límites a la jurisdicción local fijados en la ley 2 4.588 y en consecuencia, no puede considerarse que los argumentos vertidos por la recurrente sean suficientemente sólidos como para impugnar el fallo de primera instancia por cuanto ello importaría otorgar prioridad en la interpretación de las normas a una infraconstitucional respecto del texto de la propia constitución nacional. 7. Corresponde asimismo señalar que si bien este Tribunal conoce el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado in re "Auditoría Educativa Diálogos SRL c/ Instituto Municipal de Obra Social s/ cobro de pesos", del 12/12/02, ello no obsta a la solución que se propugna para resolver este caso, en virtud de las siguientes precisiones. En efecto, cabe señalar que el dictamen del Ministerio Público cuyos fundamentos hace suyos la sentencia de la Corte coinciden casi por completo con los argumentos vertidos en el punto 5 respecto de que no podría inferirse la competencia del tribunal de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario. Sin embargo, en ese precedente se propugnó una diversa interpretación del artículo 28 de la ley 472, cual es que la creación de una justicia civil prevista en la ley 7 para el ámbito de la Ciudad está suspendida y sujeta al acuerdo entre los gobiernos federal y local y se concluyó que dado que la materia que atañe al pleito es de derecho civil y no de derecho público, corresponde que sea resuelto por la justicia nacional en lo civil de la Capital. Debe considerarse que aunque la doctrina de los fallos de la Corte Suprema en razón de que es el intérprete final del derecho tiene un valor singular y los tribunales deben, en principio, conformarse a ella; tal presunción no obsta a que el tribunal pueda apartarse de la directriz jurisprudencial si se presentan nuevos argumentos que justifican apartarse de la solución precedente (cf Fallos 312:2007). Es así que aquí se esgrime otra interpretación del artículo 28 de la ley 472, como una norma de atribución especial de competencia a este fuero, en su carácter de tribunal local, y tal a rgumento no ha sido tratado por el máximo tribunal, y justifica la presente resolución. Resta señalar que tampoco podría oponerse como obstáculo para aceptar la competencia de este fuero la ausencia de especialidad en la materia por cuanto este tribunal tiene a su cargo la resolución de conflictos tanto de derecho público como de derecho privado a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y que es el mismo tribunal civil el que se ha declarado incompetente para entender en el sub lite (fs.34 vta. ). Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de grado, con costas. Regístrese en el libro de "sentencias interlocutorias", notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente, devuélvase.