Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-09


NEUQUEN, 9 de octubre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "TORRES ULLOA EMILIA DEL R. C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO S/ COBRO DE HABERES" (EXP Nº 447446/2011) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Federico GIGENA BASOMBRIO por encontrarse recusado el Dr.Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. La Sra. Jueza rechaza la demanda en todas sus partes.

Para así hacerlo, considera que la relación que la uniera a la actora con la demandada se desarrolló en el marco de los Planes Sociales establecidos por la ley 2128 y que, por lo tanto, no le es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo.

Contra dicho pronunciamiento apela la actora. Sostiene que cumplió las mismas tareas que un empleado municipal y que, por lo tanto, en el caso es aplicable la presunción del artículo 23 de la L.C.T Sostiene que su vínculo se mantuvo en la clandestinidad, por lo que son aplicables las disposiciones del citado artículo y las del 245, como así también las indemnizaciones previstas en la ley 24.013.

Luego de citar doctrina y jurisprudencia, sostiene que se incurre en una absurda valoración de la prueba y solicita que la sentencia se revoque, haciendo lugar a su demanda, con costas a la contraria.

Asimismo apela los honorarios de su letrada, por bajos, y los de la contraria, por altos.

2. Así planteada la cuestión y pese a los esfuerzos argumentales de la apelante, debo señalar que los mismos no logran restar eficacia a los fundamentos de la decisión, motivo por el cual el recurso será desestimado.

En efecto: la presunción del art. 23 de la L.C.T en la cual la actora funda, centralmente, su recurso, no es aplicable al caso de autos, en tanto el régimen consagrado en esa ley no la comprende.

La vinculación se realizó en el marco de la ley 2128 y esto surge de la documentación acompañada en autos por ambas partes y se encuentra corroborada con las testimoniales.

Así de fs. 191 surge: "La Sra. Torres ingresó a la UAF en el año 1999 bajo programas y continúo hasta que la dieron de baja. Ella entró con la ley 2128, programas municipales"; fs. 192: "Yo creería que ella estaba en la ley 2128, porque es así, están las maestras reales y después están las que estaban en los planes. cuando estaban en los planes, después el municipio las contrataba"; fs. 193: "Ella no estaba en la planta permanente, a ella nunca la quisieron contratar del municipio"; fs. 194/vta: "Lo que sé es que ella cobraba un plan, de esos que después se los llevan a trabajar a las guarderías y a las escuelas, planes sociales".

Es que es plenamente aplicable aquí lo sostenido por el TSJ: ".no se encuentra controvertido el contexto en el que tuvo lugar la relación entre el actor y la demandada, esto es, en el marco de un programa asistencial de subsidios para paliar la situación de desempleo.

Desde esta perspectiva, es claro que el accionante no se encontraba vinculado a la demandada por una relación de empleo público. Y tampoco son aplicables las disposiciones de la ley de contrato de trabajo, en virtud de la clara disposición contenida en su artículo 2 (Ley 20744).

Como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, los dependientes de la administración Pública, provincial o municipal, están comprendidos dentro del régimen jurídico del derecho administrativo, salvo las excepciones contempladas por el art. 2do. inc. a) de la ley de Contrato de Trabajo, al requerir que "por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo" (con cita del fallo de abril 21-993, Balado, Jorge A. y otros c/ Banco Central, JA, 1994- III-453).

Salvo esos casos de excepción, las relaciones de quienes se desempeñan en la Administración Pública, centralizada o descentralizada, se rigen por el derecho público, aún cuando el régimen jurídico aplicable no sea exactamente el mismo en todos los casos. Tenemos, entonces, que desde ninguna de las perspectivas de análisis la pretensión deducida puede prosperar:

a. El actor se funda en normas del derecho del trabajo que no son aplicables a su relación y, por lo tanto, la pretensión en este ámbito se presenta como improponible.." (cfr. ACUERDO N° 1596 "FERREYRA HUMBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N°1557/05 del Registro de la Secretaría de D.O.).

Igualmente aplicable es, el pronunciamiento que cita la magistrada: "En primer lugar, cabe dejar sentado que los actores no se encuentran unidos al municipio por una relación de empleo público en los términos estatutarios: no han sido designados para integrar la planta de personal permanente. Tampoco se encuentran vinculados mediante contratos sucesivos, por lo que la jurisprudencia citada en apoyo de su posición no sería aplicable.

Por el contrario, tal como ambas partes afirman y, por lo tanto, no se encuentra controvertido, son beneficiarios de planes sociales, percibiendo un subsidio: el de la ley 2128. De igual modo surge que quienes allí se desempeñaron percibieron un subsidio, estando la contraprestación prevista, inserta en la dinámica de los planes sociales aplicados.

En este punto, debe señalarse que los programas sociales tendientes a paliar la situación de desempleo y exclusión social, se encuentran focalizados en los sectores de la población más vulnerable que, por definición, no incluye a los trabajadores formales.

Además de objetivos tendientes a la mayor extensión de los derechos, a la inclusión social (concurrencia escolar de los hijos, incorporación de los beneficiarios a la educación formal, participación en cursos de capacitación que coadyuven a una futura inserción laboral, etc.), prevén por lo general, que los beneficiaros realicen alguna tarea o acción, a la que se la denomina contraprestación; en términos también generales, esta contraprestación se lleva a cabo en el ámbito comunitario, tales los comedores escolares, los centros sociales de atención, etc.

Pero ser beneficiario de un plan social, no otorga el derecho a titularizar un empleo público, no se constituye en un mecanismo de ingreso a la planta de personal permanente del municipio, en tanto así no está previsto estatutariamente; y tampoco podría hablarse en el caso de una relación de trabajo regida por la L.C.T.

Esto es así por cuanto, en ambos casos, es además preciso señalar que el beneficiario de los planes sociales no pone, en rigor, su capacidad de trabajo a disposición del Estado y tampoco su actividad está destinada a generarle beneficios o ganancias. Por el contrario, y por definición, estos programas tienden, justamente, a satisfacer necesidades de los beneficiarios.

Desde ello, la prestación de servicios carece de los elementos necesarios para poder calificarla como relación laboral; estas vinculaciones, entonces, son de carácter no laboral y se desenvuelven al margen de la legislación del trabajo." (cfr. ACUERDO N° 46/10 "ARIAS DINA ESTHER Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA" Expte. N° 1845/06), del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias).

Me he permitido la larga cita en tanto entiendo que da cabal respuesta a los agravios alegados y permite concluir que el razonamiento empleado por la magistrada es correcto, por lo que cabe su confirmación.

En cuanto a la apelación interpuesta por la parte actora contra los honorarios regulados a los letrados de la demandada por considerarlos altos y por su letrado apoderado, por derecho propio contra los fijados a su favor por bajos, efectuados los cálculos pertinentes y de conformidad con los arts. 6, 7, 10 y 20 de la Ley 1594, se advierte que los mismos son ajustados a derecho, por lo que se impone su confirmación.

En orden a estas consideraciones, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación, debiendo la recurrente soportar las costas por ella generadas. TAL MI VOTO.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 236/238 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17 Ley Nº 921).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia a la Dra. ..., letrada apoderada de la actora, en la suma de pesos ... ($...) (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.