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Tenencia de armas de guerra, bien jurídico protegido, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Wasiluk, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

La figura contempla, la realización de un delito de peligro abstracto y en consecuencia, la mera realización de la acción descripta en el verbo típico por el sujeto activo consuma el evento, desatendíendose de la producción de algún resultado distinguible de aquella en el espacio, es decir, con la sóla presencia de una actividad positiva por parte del agente. Por tanto, basta tan sólo con la posibilidad de un peligro, el cual nace de la realización de la acción descripta en el precepto y que la ley presume. Por tal razón, procesalmente carece de relevancia la demostración del efectivo riesgo corrido por los destinatarios de la protección (Voto del Dr Tragant -en minoría-).
Condena condicional, inhabilitación especial, imputado
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 245-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

El legislador, en el artículo 26 del Código Penal, aplica dos criterios diferentes para penas que tienen origen en una misma conducta. Para la prisión, admite individualizar la pena. Para la de inhabilitación, renuncia a ello y por presumir el estado peligroso del autor, obliga a su cumplimiento efectivo, sin dar al Juez la oportunidad de valorar en el caso la conveniencia o no de la condicionalidad. Prejuzga que el autor va a cometer otro delito si sigue desempeñándose en su oficio y por ello obliga a cumplir una pena accesoria con lo cual vulnera en su esencia el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Estafa, falsificación de instrumento privado, falsificación de cheque, apertura de cuenta corriente, apertura irregular, falsa solvencia
Materia: PENAL
Carátula: COSENZA, Norberto s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Es autor responsable del delito de estafa mediante falsificación de documento privado quien hace entrega de cheques apócrifos por operaciones comerciales efectuadas ocultando las irregularidades relacionadas con la cuenta bancaria -la que no estaba a su nombre y que requería, para su continuación, una renovación de firmas por parte del titular-. Mediante la suplantación de la identidad del titular ante el banco, el procesado logró la renovación de dicha cuenta, pudiendo así presentar ante sus proveedores una imagen suficiente de seriedad y solvencia en el cumplimiento de sus obligaciones, revelándose la maniobra ardidosa como idónea destinada a defraudar a los damnificados.
Deber de imparcialidad, recusación, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Liendo Roca, Arturo Eduardo y sus acumuladas c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-03

Al existir en las partes y en la sociedad dudas razonables acerca de la imparcialidad del tribunal recusado y a fin de evitar una inusitada privación de justicia y un desgaste jurisdiccional innecesario, corresponde ordenar el apartamiento de los jueces, ya que elementos de público acceso que permiten avalar la hipótesis de que una de los magistrados cuya recusación se intenta formó parte del E.R.P., ha sido querellante en causas de lesa humanidad por la desaparición de su marido ocurrida en el mismo marco histórico de los hechos ventilados en la causa, el otro juez se habría reunido con alguno de los querellantes en autos sin anoticiar de ello a las defensas y el tercero habría sido representante de la A.P.D.H, una ONG que es querellante en causas de lesa humanidad y, asimismo, habría opinado en redes sociales sobre sentencias dictadas por otros jueces en tales causas. En las constantes y sucesivas recusaciones presentadas por las partes en el proceso en contra de los tres miembros del tribunal, no sólo dudan de la imparcialidad de algún miembro del a quo sino que el agravio se dirige al tribunal en su conjunto y respecto de cada uno por motivos plurales, lo cual compromete la garantía de imparcialidad en lo que atañe a la integración global del tribunal. En materia de imparcialidad las apariencias juegan un rol fundamental. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FORTUNATO BONELLI Y CIA Y OTRO c/ LANUS DANIEL R. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

La negativa general del escrito de responde es insuficiente aunque haya afectado a cada uno de los rubros en particular, ya que no deja de ser mera negativa general la puntualización del demandado de los hechos para negarlos uno por uno, sin explicación suficiente.
Obligaciones, obligación de escriturar, novación, daños y perjuicios, culpa civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO LAMORTE c/ ENRIQUE MARINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Tan cierto como que los derechos se ejercen y no se reservan, es que ningún óbice existe para disponer que en el caso que la condena a escriturar no sea posible (sea porque la titularidad de los inmuebles no se encuentren en cabeza del deudor o por otra causa) la obligación se resuelva en el pago de daños e intereses.

La cuestión está resuelta expresamente por el CPR 513 (la de escriturar es una típica obligación de hacer). A lo que cabe añadir que si media imposibilidad de ejecutar la prestación debida por culpa del deudor (CCIV 889 y 890) se configura uno de los raros supuestos de "novación legal", en el cual la primitiva prestación se convierte en una suma de dinero, comprensiva del resarcimiento de los perjuicios sufridos por el acreedor.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, locación, código de minería, cancelación de deudas, daño ambiental, sentencia
Materia: COMERCIAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: PERALES AGUIAR SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE REVISION POR SANTA TERESA SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe modificar la sentencia que declaró verificado el crédito del incidentista y en ese marco reducir a la mitad el importe que en ella fue reconocido. Es que en el caso se trata de un contrato de arrendamiento de una cantera regido por el Código de Minería de la Nación, a los fines de extraer tosca para la ejecución de cierta obra pública que había sido adjudicada a la concursada cuya explotación sólo se llevó a cabo durante un mes, de lo que deriva el reclamo por los demás meses que se adeudan, establecidos en el contrato. En ese contexto cabe señalar que ninguna de las partes enfrentadas se encuentra habilitada para sacar provecho de esa relación, pues ambas se encontraban obligadas a cumplir con el procedimiento señalado por la ley 25675: 11 y 12 y el art. 248 del Cód. de Minería y omitieron cumplir con tal obligación.

Es que ante la violación de normas de orden público que derivan en una nulidad absoluta, lo cual torna aplicable lo dispuesto en el CCCN 387, según el cual esa nulidad puede ser declarada de oficio por el juez. En ese marco, y dado que alguna solución hay que adoptar, lo razonable es hallarla en la aceptación de un temperamento que imponga sacrificios a ambas partes, con prescindencia del contrato, que no podría ser invocado por ninguna de ellas. La Sala encuentra justificado, así, distribuir por mitades las consecuencias que se habrían derivado de ese contrato si hubiera sido válido y, por ende, modificar la sentencia apelada.
Multa, aportes y contribuciones previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: C.E.M.I.C. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - D,G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-28

Sin perjuicio de la incorrecta tipificación de la sanción impuesta por el organismo, resulta procedente imponer un correctivo razonable y equitativo en relación con la falta cometida. Ello no implica reemplazar al órgano administrativo en sus atribuciones, sino verificar el correcto ejercicio de la misma dentro del marco legal y con arreglo a las circunstancias fácticas que se presentan en cada situación; teniendo en cuenta que el administrado goza de todos los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, y entre ellos el debido control judicial de la imposición de una sanción. En consecuencia, descartado el tipo penal encuadrado por la administración, y ante la actitud del contribuyente que rectificó el error incurrido, corresponde asimilar la situación a una mora, por lo que se estima procedente ajustar la multa a este concepto; debiendo fijarse la sanción de acuerdo con el lapso transcurrido desde su devengamiento hasta la fecha en que se produce la rectificación y pago, calculada la misma sobre la base del total omitido, con la reducción pertinente de acuerdo a la regularización efectuada. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Responsabilidad de los dueños de hoteles, falta de denuncia de efectos de valor, depósito forzoso
Materia: CIVIL
Carátula: VISOVATTI c/ SHERATON HOTEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Si el damnificado no advirtió al portero del hospedaje de la existencia de "efectos de gran valor" en el bolso que le fue hurtado, rige lo dispuesto por la parte final del art. 2235 del C Civil. Es decir, el posedero no es responsable de su pérdida.
Caducidad de instancia, diligencias extrajudiciales, actos no interruptivos, publicación de edictos
Materia: COMERCIAL
Carátula: TROSSERO, GUSTAVO c/ GOMEZ, RODOLFO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-03

Las diligencias extrajudiciales efectuadas ante terceros, con miras a obtener la publicación de edictos, aunque realizadas antes del dictado de la resolución recurrida, no son idóneas para interrumpir el curso de la perención, ni siquiera dentro del ámbito del invocado cpr 316.
Prueba documental, acta policial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castellaro, Luis Agustín c/ Cobo, Hugo Ricardo y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Si la diligencia realizada por la autoridad policial y que obra en el expediente penal consistente en un acta de constatación y un croquis, se realizó sin intervención de las partes, carece de todo valor a los fines de resolver el juicio civil (art. 18, C.N.).
Contratos administrativos, cláusulas del contrato, pliego de bases y condiciones, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadipsa  S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Las disposiciones de los contratos administrativos -como el contenido del pliego de bases y condiciones o sus normas complementarias- deben ser conformes a las normas legales o reglamentarias pertinentes y resultan írritas si en ellas se viola el marco legal correspondiente. Ello recuerda un principio de carácter general respecto al orden jerárquico legal.
Actualización monetaria, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Paulino Antonio c/ Inyecta S.A.I.M.M. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

No es la mora en el pago lo que viabiliza la corrección del crédito por el envilecimiento del signo monetario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, indemnización, pretensión resarcitoria, reparación integral, lucro cesante
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodera, Miguel c/ Facciano de Leone, María s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario   (Expte. CSJ Nro. 994-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-19

No sustenta el recurso de inconstitucionalidad (artículo 1 inciso 3, ley 7055) la mera discrepancia de la impugnante con la interpretación que los Jueces de la causa le asignan a las normas de derecho común, función propia de dichos Magistrados y excluida del conocimiento de excepción de la Corte. Así, con relación a la invocada prescindencia de la normativa aplicable (artículos 519, 520 ss. del Código Civil), corresponde puntualizar que el pretenso vicio descalificante se instala en una temática opinable, concretamente en el ámbito resarcitorio que contempla la resolución del contrato por incumplimiento, adoptando el Tribunal una postura hermenéutica -que no es otra que la de otorgar una reparación amplia en la materia, que comprenda el lucro cesante- con suficiente respaldo doctrinario como jurisprudencial que echa por tierra la tacha de arbitrariedad normativa atribuida.
Medidas urgentes, CUBA, derecho a la integridad física, medidas de seguridad y protección, derecho a la vida, Derechos humanos, organismos de derechos humanos, daño irreparable, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 7/2021 - Medidas cautelares No. 211-20 Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro Veloz respecto de Cuba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-01-19

Corresponde que la Comisión Interamericana ordene a Cuba la adopción de todas las medidas que fueren necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los dos defensores y de la defensora de derechos humanos integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba, pues la afectación de sus derechos a la vida e integridad personal constituye una máxima situación de irreparabilidad, la intimidación permanente, las reiteradas amenazas de ser objetos de procesamiento penal y las recientes agresiones físicas sufridas -susceptibles de exacerbarse con el paso del tiempo-, dan cuenta de un riesgo inminente cuya finalización a cargo del rerido Estado resulta urgente a fin de salvaguardar sus derechos.
Cheque, rechazo del cheque, extravío del cheque, orden de no pagar, responsabilidad del banco, usos y costumbres, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  LA  PROVINCIA DEL NEUQUEN c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOSAIRES SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-01

Ante la indeterminación de la reglamentación bancaria, respecto a cual es la conducta exigible al banco depositario cuando recibe del banco girado la instrucción de no pagar un determinado cheque sin recibir este instrumento y, ante la vigencia legal como fuente del derecho de los usos y costumbres en el ámbito del derecho comercial, tales usos y costumbres -cuando se omitió acompañar o se extravió el cheque rechazado, ante la orden de no pagarlo no debe ser acreditado hasta que no se esclarezca la causa de esa omisión o de ese extravío- deben ser reputados obligatorios, por lo que su inobservancia al acreditar sin mas el cheque que había sido rechazado por el banco girado se aparta de la conducta exigible y es atributiva de responsabilidad a la entidad que omitió actuar conforme con ellas; y, si bien el procedimiento de "clearing bancario" esta compuesto por una serie de pasos en donde no solo intervienen auxiliares del banco girado sino también del banco depositario, si este pretende que existió culpa del banco accionante debe acreditarlo (cpr: 377).
Querellante particular, legitimación procesal, poder
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR DR. SPAINI ALBERTO DANTE. s/ REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-07

La exigencia del poder especial, que prevé el ordenamiento adjetivo, en el Art. 45 del C.P.C.C se encuentra también en la ley del Querellante Particular Nro. 6630
Concursos, sociedades mutuales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Italiana de Socorros Mutuos s/ Liquidación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Es confrontando la solución a que conduce la inaplicabilidad total de la ley 19551 para el caso de las sociedades mutuales en cesación de pagos que aparece, vulnerado el principio de igualdad ante la ley toda vez que ante situaciones comunes de patrimonio insuficientes, un núcleo de acreedores tendrá un tipo de solución que le garantizará un tratamiento igualitario, mientras que otros los de las sociedades mutuales obtendrían una consideración desigual donde unos (los primeros) podrán cobrar todo, otros parte y los últimos nada. En consecuencia, agotado el margen interpretativo del juez y en presencia de una ley injusta, es procedente plantearse en última instancia la necesidad de efectuar la declaración aún de oficio de la inconstitucionalidad del art.37 de la ley 20321.
Jubilaciones, aplicación temporal de la ley, reducción del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juárez, José Guillermo c/ I.A.F.-E.N. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

Las leyes pueden reducir para el futuro los beneficios jubilatorios acordados, en tanto la reducción no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada, si ello se impone por exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia o de su desenvolvimiento regular (Fallos: 234:717).
Ley de Navegación, levantamiento del embargo, embargo de buque
Materia: NAVEGACION
Carátula: PROVINCIA SEGUROS SA c/ ACAREY SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

El valor del buque embargado según la tasación efectuada por su aseguradora (u$s 500.000) no es suficiente para garantizar el crédito que intenta resguardar (u$s 328.663 con más u$s 59.159,34 presupuestados para responder a intereses y costas), teniendo en cuenta el monto de los embargos anteriores aún no levantados, que ascienden a la cantidad de $ 366.590. Además, no se advierte en este estado circunstancias que permitan suponer que el valor del remolcador "Mister Big" asignado por su aseguradora a través de la póliza de casco y maquinarias (cuyo embargo se encuentra trabado por la apelante) sea suficiente para garantizar el pago de la deuda que se reclama; por ello, corresponde revocar el levantamiento del embargo sobre las cuentas bancarias de Acarey dispuesto por el a quo.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Alfredo c/ Azcárate, Pablo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

Si bien los jueces no tienen la obligación de valorar todas las pruebas, sino las que fueren esenciales y decisivas, pudiendo preferir unas a otras; si se está frente a una única prueba, el juez debe expedirse sobre el valor de la misma a los efectos de la resolución de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Firestone de Argentina  S.A. c/ E.N.  (D.G.I.) s/ Medida Precautoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

La remisión a anteriores presentaciones no constituye crítica concreta y razonada de la resolución recurrida.
Competencia, competencia federal, competencia por la materia, ley de emergencia económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAC DONNELL, JUAN CARLOS c/ SCOTIABANK QUILMES SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-17

Resulta competente el fuero federal cuando, -como en el caso-, las disposiciones que necesariamente habrán de ser evaluadas en cuanto a su aplicación a la especie, integran el régimen de medidas de emergencia económica resultando así alcanzados por la norma contenida en la Ley 25587art. 6
Segunda instancia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lalosa, Pedro Jorge c/ Banco del Suquia S.A. s/ Cobro de Horas Extras.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-20

No advirtiéndose razones legales que impidan su producción y dándose el supuesto contemplado en el art. 131 del C.P.L. corresponde admitir la pericial contable en la Alzada.
Competencia contencioso administrativa, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACIC c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 203-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Lo contencioso administrativo no se determina por el carácter de acto originariamente de poder público, sino porque existe la necesidad de examinar la legitimidad del acto administrativo que no debe hacerse con el criterio del acto civil.
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, querellante particular
Materia: PROCESAL
Carátula: Camuso Orellana Luis Abel y Villarroel Rodríguez Oscar Alejandro s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-06-21

La finalidad de la limitación objetiva para la admisibilidad de los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal o el Querellante particular, es para no transformar la presente vía extraordinaria en una tercera instancia ordinaria, vedando el ingreso sólo a los recursos con un interés jurídico relevante en cuanto al contenido y entidad del gravamen, por cuanto la garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada en beneficio del imputado. Sin embargo, los valladares procesales establecidos por la legislación común provincial para la admisibilidad de un recurso, se desmoronan cuando aquél se deduce contra un pronunciamiento jurisdiccional impugnado por padecer el vicio de "arbitrariedad", en especial si afecta o agravia manifiestamente garantías constitucionales, tal el caso del debido proceso adjetivo. Una sentencia arbitraria no satisface los requisitos del debido proceso adjetivo porque no es en verdad una sentencia en los términos de la Constitución. De lo contrario, vedar el acceso a la instancia extraordinaria cuando se descalifica una sentencia como arbitraria, podría comprometer principios institucionales básicos, porque el consenso colectivo en la vigencia y eficacia de la Ley penal es recaudo de la paz y orden públicos, que en definitiva reposan en el imperio de la Justicia.
Prescripción de la acción penal, delito de acción privada, interrupción de la prescripción de la acción penal, actos interruptivos, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: WALGNER, María S.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

En el caso de delitos de acción privada, poseen entidad de secuela de juicio, la presentación de la querella, la audiencia de conciliación prevista en el art. 424, C.P.P., como así también el auto de citación a juicio que dispone el art. 428, C.P.P., acto procesal este último que "...corresponde al momento que para los delitos de acción pública establece el art. 354, C.P.P.). Asimismo, se ha consagrado secuela de juicio la citación a juicio en casos de delito de acción pública, situación que por analogía, permite su extensión a los supuestos de instancia privada (*).