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Cuestiones de competencia, régimen penal cambiario, Ley de Entidades Financieras, sumario administrativo, competencia penal tributaria, medidas cautelares, competencia contencioso administrativa
Materia: PENAL
Carátula: BCO. DO BRASIL. s/ Régimen penal cambiario, actuaciones s/ se deje sin efecto Resolución del BCRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Corresponde disponer que continúe entendiendo en la causa el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, puesto que la presentación de los abogados defensores del banco solicitando que se deje sin efecto la disposición del BCRA que propició el inicio de actuaciones por la presunta comisión de una infracción al Art. 37 de la Ley de Entidades Financieras y la adopción de una medida cautelar en tal sentido no constituye alguno de los supuestos por los cuales se habilita la actuación del juez en lo penal económico, toda vez que no se trata de un recurso, ni de la invocación de la procedencia de la elevación del sumario cambiario para el dictado de la sentencia, ni de la invocación de un supuesto por el cual corresponda la aplicación de la pena de prisión, ni de situaciones relacionadas con medidas precautorias cuya facultad de aplicación corresponde al BCRA (conf. Art. 8, parr. 3 y 4, inc. e, Art. 9, Art. 16 y Art. 17, inc. e y d, de la Ley 19359); y aún cuando se considerara que lo solicitado constituye una medida cautelar autónoma relacionada con la tramitación de un sumario labrado por una presunta infracción al Art. 37 d e la ley 21526, lo cierto es que este fuero no sería el competente para aquella tramitación (conf. Art. 41 y 42 de la ley 21526).
Competencia, cuestiones de competencia, demanda laboral, asegurador, citación en garantía
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: DIAZ, TAMARA CRISTINA c/ CIS S.A. y/o Lascano I.A.S.A. -  CIS S.A. UTE s/ DEMANDA LABORAL - CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-17

La accionante promueve demanda laboral tendiente al cobro del seguro de vida obligatorio por muerte del trabajador en contra de Cis S.A., habiendo sido citada en garantía Cúspide Compañía Argentina de Seguros S.A., en virtud de haber subrogado la accionada el seguro de vida en dicha entidad, la cual se encuentra en proceso de liquidación judicial por disolución forzosa en el Juzgado de Villa María.

En virtud de ello, la actora ha desistido sólo de la demanda impetrada en contra de Lascano I.A.S.A. y de CIS S.A. UTE, la acción prosigue en contra de CIS. S.A. y de Cúspide Cía. Argentina de Seguros S.A. en calidad de aseguradora de aquella, por lo que la presente causa no resulta alcanzada por el fuero de atracción del tribunal donde se tramita la liquidación forzosa de la ex aseguradora.

En efecto, en el supuesto de autos antes descripto debe continuar entendiendo la Cámara del Trabajo de Río Tercero, en tanto el caso engasta en la disposición contenida en el último párrafo del art. 133 de la Ley 24.522, el cual dispone expresamente que: "Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en la Ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto.

La sentencia podrá ejecutarse contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en el proceso de liquidación." La norma citada impone entonces el principio de que la liquidación de la entidad aseguradora no atrae los juicios en los que se ha solicitado su citación.

La idea apunta a no desplazar en este supuesto excepcional la competencia y mantener la actuación del juez que previno con la finalidad de no colapsar la capacidad de trabajo de los juzgados donde se tramita la liquidación con la concentración de juicios de miles de asegurados damnificados en la misma compañía.
Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Y.S.A. Y OTRAS en autos, D.P.y Otros c/  s/ ACCIÓN DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-01-20

Una de las características principales de toda medida precautoria es la mutabilidad y provisionalidad, pero tal posibilidad está condicionada a que se pruebe el cambio de circunstancias por las cuales fue decretada o denegada, por lo que no encontrándose desvirtuada la probabilidad de que exista el derecho reclamado por la accionante (art. 202), no procede el levantamiento de la medida decretada.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, relación de dependencia, antigüedad, comuna, desviación de poder, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, SERGIO RAMON c/ COMUNA DE MONTES DE OCA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

El Tribunal de Alzada valoró que las testimoniales producidas no coincidían en la duración de la relación laboral, haciendo especial referencia a que en algunas declaraciones se manifestaba una extensión de más de 20 años cuando tal supuesto ni siquiera había sido planteado por el accionante en su demanda, concluyendo los jueces que no surgía demostrado el invocado accionar ilegítimo de la demandada, precisando que la relación laboral no se había dado por un tiempo prolongado, no se reconocía la antigüedad en el empleo ni constaba que hubiese sido evaluado el desempeño del actor por la Comuna empleadora; y frente a esto, toda la argumentación del recurrente gira en torno a invocar arbitrariedad en la valoración de la prueba; postulando particularmente la falta de ponderación de 8 recibos de sueldo del año 2017 que, a su criterio, resultaban suficientes para acreditar la antigüedad; mas lo cierto es que tales genéricos cuestionamientos no logran refutar lo sostenido por el A quo cuando consideró que de los antecedentes del caso -la falta de acompañamiento del contrato en cuestión, los recibos de sueldo, las testimoniales, los propios dichos del accionante y la declaración del presidente comunal- no se había demostrado que la demandada hubiese actuado con desviación de poder, puntualmente al no haberse probado que la relación laboral se hubiere extendido por un lapso prolongado, como así tampoco la continuidad del vínculo ni la antigüedad en el empleo.
Motivación del acto administrativo, causa del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Funes, Raquel María c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de las garantías constitucionales en juego. Así lo exigen las normas de procedimiento administrativo y lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia. Y esta exigencia es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, aborto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cuello, Carina Alejandra s/ aborto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Teniendo en cuenta los dichos de quien en la causa cumple con el doble rol de damnificada e imputada, debe declararse la competencia del juez del lugar donde se habría llevado a cabo la presunta intervención abortiva.
Honorarios del abogado, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: FORESTADORA OBERA SA c/ ENTIDAD BINACIONAL YACIRETA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-09

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/Buenos Aires, provincia de", del 12.9.96, fijó con claridad la doctrina referida a que el derecho a percibir honorarios por los trabajos profesionales se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación.
Honorarios del escribano, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zito Fontán, Osvaldo c/ Formigoni, José María y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

El art. 4032 inc. 2º del Código Civil establece que prescribe por dos años la obligación de pagar a los escribanos los derechos de las escrituras o instrumentos que autorizaren, corriendo el tiempo de la prescripción desde el día de su otorgamiento. Y se ha considerado que están comprendidas en el régimen de esta prescripción corta, todas las remuneraciones que se adeudan a los escribanos por trabajos y actuaciones de éstos en su calidad de fedatarios.
Concursos, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aldazábal Benito José y Knezovich Francisco c/ Alfredo Alvarez e Hijos S.C. (su quiebra) s/ Ejecución de honorarios.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-10

Siendo abonables los créditos a que hace referencia el art. 240 de la ley concursal a partir de su exigibilidad, los intereses correspondientes se deben a partir de tal exigibilidad.-
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: ANCES, Hilda Rosa y otro c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

La responsabilidad emergente de la relación médico-paciente, es de naturaleza contractual, constituyendo una obligación de medios, ya que el profesional no garantiza fines o éxitos, sino el uso de recursos adecuados para lograr el resultado.-
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente    de  Embargo  Preventivo  en  Olivares  Daniel  y  otros. c/ Empresa Joaquín Soto e Hijos  S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-07

La autonomía de la norma contemplada por el art. 210 del C.P.C.C , inc. 1ro., deudor que no tenga domicilio en la provincia, torna procedente la efectivización de la medida precautoria. Pero es incuestionable, que, para que se torne aplicable esta norma, previamente se debe acreditar en forma provisoria la verosimilitud del crédito, es decir, tal como lo expresa en su redacción el art.

210, que se acredite sumariamente que la parte actora es acreedora.

Contrariamente, se confundiría los términos inequívocos de "deudor" (como exige la norma) domiciliado fuera de la Provincia y demandado.

Para que pueda tener andamiento la norma establecida en el art. 210, inc. 1ro., cabe recordar que previamente es necesario tener prima facie las dos personas o sujetos necesarios para que exista una obligación, un acreedor y un deudor.
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: M., C.F. c/ A., L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-27

El artículo 624 del Código Civil no es aplicable analógicamente al cobro de la actualización monetaria. Esta norma que, a juzgar por la nota con que el codificador la acompaña, tiene una probada y antigua experiencia que la remonta a las Partidas de Alfonso el Sabio, está prevista sólo para el caso de los intereses los cuales, de no formularse reserva para el cobro de los mismos al percibir el capital, se extinguen de pleno derecho.

No importa aquí si el acreedor ha renunciado o no a ellos. No es a una renuncia a lo que la norma apunta. Los intereses son accesorios del capital y no tienen vida independiente de éste, por lo que, extinguido el principal, se extinguen los accesorios... el artículo 624, es una norma restrictiva de derechos que obliga al acreedor a ser diligente en el cobro de las acreencias de su capital".
Tributos aduaneros, GATT, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: SAPORITO, CARLOS ERNESTO (T.F. 7180-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

La ley 23.311, por la que se aprobó el acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (G.A.T.T.) y su respectivo protocolo firmado en Ginebra (Confederación Suiza), el 12 de abril y el 1 de noviembre de 1979, respectivamente, dispone en su art. 11, pto. 3, que se comunique por escrito las razones en que se funde la determinación del valor en aduana y que se informe si se tiene derecho a interponer algún otro recurso. En virtud de lo dispuesto en aquella norma y a fin de reglamentar lo concerniente a la aplicación del nuevo sistema de valoración, el Poder Ejecutivo dictó el decreto n° 1026/87 por el que dispuso que no sólo correspondía notificar la respectiva resolución con las razones en que se funda, sino que también debía informarse si asistía el derecho a interponer algún recurso. A tales fines determinó que los administradores de aduana o quienes cumplan sus funciones y, en su caso, los miembros vocales del Tribunal Fiscal de la Nación, arbitraran lo pertinente para dar cumplimiento a esa obligación.
Honorarios del abogado, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lauro, Antonio c/ Maugeri, Juan y otros s/ Cobro ejecutivo Multicompras SA c/ Mandozi, Juan Domingo s/ Cobro sumario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30|1993-03-16

Si el letrado al promover la ejecución de sus honorarios, optó expresamente por el supuesto previsto en el art. 54 inc. a del decreto ley 8904/77, que establece -como medio de lograr la recomposición de los estipendios profesionales-, el reajuste de los honorarios de acuerdo al art. 24 de la misma norma -índices de precios al consumidor publicados por el I.N.D.E.C. u organismo que haga sus veces-, con más un interés del ocho (8) por ciento anual, no cabe sino concluir que, prohibida la indexación de las sumas de dinero a partir del 1 de abril de 1991 (art. 8, ley 23928), desde tal fecha y hasta el efectivo pago, el capital adeudado en concepto de honorarios devengará únicamente -sin actualización- los intereses que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación (art. 622, Código Civil).
Peritos, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bahamondez, Víctor Hugo c/ Canal Provincial de Televisión s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-30

Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al Juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo encuentra inaceptable.
Comercio exterior, exportaciones, factor de convergencia, inconstitucionalidad, IVA
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Delta Compresión SRL c/ EN Mº de Economía - AFIP - DGA - dto. 1043/03 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Cabe confirmar la sentencia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 1043/03 del Poder Ejecutivo Nacional -que reglamentó el procedimiento para determinar los importes adeudados en concepto de factor de convergencia y fijó el tipo de cambio a considerar teniendo en cuenta la fecha en que se hubieran registrado las solicitudes de destinación de exportaciones y los intereses a aplicar a la deuda-, y de la resolución 30/03 de la Secretaría de Hacienda -que estableció la forma, plazos y condiciones para cancelar los importes debidos-, pues no resulta atendible la alegada violación del principio constitucional de igualdad, por el hecho de que el mismo Poder Ejecutivo Nacional -por medio del decreto 261/02- resolvió devolver el impuesto al valor agregado a los exportadores de manera diferente a lo que resulta del decreto 1043/03, ya que la devolución del IVA se da en el ámbito de las relaciones tributarias, en cambio en el caso se trata de la forma en la que el decreto cuestionado, al amparo de la ley 25.561, regula una deuda derivada de la derogación del régimen del decreto 803/01 que no tiene carácter tributario sino que consiste en un beneficio o estímulo a una determinada actividad.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

El artículo 40 del decreto 3655-84 Reglamento del Régimen de Calificaciones Policiales, establece que el resultado del procedimiento de calificación anual será el promedio definitivo que tomará en cuenta la Junta de Calificaciones al analizar la promoción.
Notificación del acto administrativo, liquidación, pago, aceptación del pago, aceptación sin reserva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conti Hnos.  S.R.L. c/ E.N.  (Min. de Acción Social) s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

De ninguna manera la existencia del interés político puede llevar a calificar todas las normas del régimen de obra pública como de orden público, en especial aquéllas de las cuales derivan un crédito a favor de las partes que, por su naturaleza patrimonial, son esencialmente disponibles y, por ello, renunciables.
Procedencia del recurso, estatuto de la corte penal internacional, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: CALELLO JUAN ERNESTO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO (ART. 80 DEL CP)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-07-04

Corresponde hacer lugar al planteo de la defensa respecto de la aplicación del Estatuto de Roma y, en consecuencia, establecer que el cumplimiento de la pena de prisión perpetua impuesta al condenado J. E. C. por la comisión del delito de homicidio calificado en los términos del Art. 80 inc. 12 del CP, no podrá superar en ningún caso el límite máximo previsto por el artículo Art. 77 inc. a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998), en los términos de la ley 26.200, debiendo las accesorias legales (Art. 12 del CP) seguir la misma suerte de la pena principal (del voto en disidencia del Dr. Andrés Repetto).

Fuente del sumario: OFICIAL
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lagarrigue, Jorge Domingo c/ ANSES", del 11/8/2009), admitir el recurso extraordinario, dejar sin efecto la decisión impugnada y ordenar la confección de una liquidación que se ajuste a los parámetros del fallo.ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Cabe dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó la ejecución de la sentencia que ordenó la confección de una liquidación de las diferencias adeudadas al titular del beneficio jubilatorio previendo que si el haber recalculado superase al efectivamente percibido en no menos del 10%, aquél sería acreedor de la diferencia mensual íntegra, pues el a quo señaló que sólo debían pagarse diferencias en lo que excedieran el aludido porcentaje, basándose en consideraciones sobre la admisibilidad de quitas dispuestas por razones de orden público o beneficio general, solidaridad del sistema, índice de litigiosidad e impacto económico, prescindiendo del texto de la sentencia cuyo cumplimiento se procura y desconociendo el efecto de la cosa juzgada, vulnerando las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Fuerzas Armadas, adicionales de remuneración, reembolsos adicionales, base imponible
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arias, Ramón Mariano y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa y otros s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

De los propios términos de los Decretos 1104/05 y 1095/06 se desprende el carácter "general" del aumento, dado que es otorgado a todo el personal en actividad sin distinción alguna, esto es, a la totalidad del personal militar en actividad. Por ello, y sin perjuicio de la postura sostenida por el Tribunal en una innumerable cantidad de causas similares, no puede soslayarse el criterio expuesto por la C.S.J.N. en autos "Salas, Pedro Ángel y otros" (sent. del 15.03.11); motivo por el cual razones de economía procesal aconsejan aplicar la referida doctrina a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. En consecuencia, corresponde reconocer la naturaleza general de los "adicionales transitorios", debiendo ser integrados a la base de cálculo para la determinación de los haberes de pasividad (art. 74 de la ley 19.101).
Prisión preventiva, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Valenzuela, Gonzalo Daniel; Mendoza, Daniel Alejandro y Navarro, Matías Hernán s/ Infracción ley N° 23.737 (art. 5 inc. c)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-24

Es nulo el auto que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en orden al delito de transporte de estupefacientes y dispuso no hacer efectiva la prisión preventiva en virtud de la "inexistencia de riesgos procesales", en tanto dicha providencia constituye una clara desviación del instituto, pues pese a considerar que no procede la libertad provisional, autoriza medidas que configuran una situación autónoma de aquella, lo que determina que la fundamentación sea sólo aparente, en tanto evidencia una contradicción que denota la incongruencia del punto decidido.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: M. A., J. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. CSJ Nº 232-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

La defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibrio, evitando los desbordes de palabra.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la Municipalidad, accidente de tránsito, obstrucción de la vía pública, bienes públicos del Estado, tapa de desagüe pluvial, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: B. C., R. c/ Municipalidad de Neuquén. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-07-10

Las declaraciones analizadas resultan coincidentes al precisar que la tapa pluvial se encontraba desnivelada en relación al asfalto y que la causa del accidente se debió exclusivamente a tal irregularidad. Todos ellos son contestes en afirmar que el ciclista se llevó por delante la tapa de desagüe pluvial y ésta fue un obstáculo que determinó la pérdida de equilibrio y la caída del actor, con las consecuencias lógicas que tal circunstancia trajo aparejada.

De la prueba producida, sobre todo el informe pericial, se desprende que el desnivel de la tapa de desagüe pluvial ha jugado un papel preponderante en la ocurrencia del siniestro, extremo que amerita calificarla como una cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil.

Por lo tanto, tratándose de un bien de dominio público ubicado dentro del ejido urbano de ésta ciudad capital, le corresponde a la Municipalidad de Neuquén - en función de las deficiencias señaladas- adoptar las medidas de seguridad, a los fines de evitar la concurrencia de accidentes como el presente.