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Queja por casación penal denegada, inadmisibilidad del recurso, proceso penal, partes, querellante, actor civil, oportunidad procesal
Materia: Procesal Penal
Carátula: Gaitan, Eduardo Luis c/ Transporte Comodoro S.A. s/ Querella Criminal por Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-02-01

Si el quejoso fue separado por resolución firme de la participación en calidad de querellante acordada en el sub-lite porque tal intervención se tornaba extraña a la luz de los nuevos postulados adjetivos y, sin agraviarse en modo alguno, omite constituirse en Actor Civil en la oportunidad prevista en el Código Procesal Penal, -arts. 18 1ra. parte y 77- ciertamente su inacción se tradujo en la renuncia al ejercicio de las facultades reservadas por la Ley a quienes, accesoriamente a la pretensión punitiva, pretenden acreditar el hecho delictuoso, los daños y perjuicios por éste causados, el reclamo de las medidas cautelares, restituciones, reparaciones e indemnizaciones que correspondieren.
Recurso de queja (procesal), sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaspar, Ignacio c/ Carmamet S.R.L. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-08-04

Constituye un óbice decisivo para la admisión de la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado la ausencia de sentencia definitiva, la que no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso.
Notificación, providencia simple, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: IDIAZABAL, María Carmen y otros c/ VERA, Gertrudis s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-19

El principio por el cual un litigante, a cuya solicitud se dicta una resolución, aunque sea de las comprendidas en la enumeración del art. 135 del Código Procesal, queda notificado de ella por ministerio de la ley, debe limitarse a las providencias simples que sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución (art. 160 del Código Procesal), pero no si, la resolución se dictó previa sustanciación, decide artículo y causa gravamen irreparable.-
Tribunal de superintendencia notarial, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Juzgado  Nacional  de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción n. 20 - Secretaría n.  160,  comunica  resolución  en causa n. 29.381 seguida contra Romualdo Norberto Benincasa y otros. s/ Delito de falsedad ideológica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El tribunal de Superintendencia del Notariado no es el tribunal superior de la causa.
Administración Pública, empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Mirta Miriam y otros c/ Asana y otros s/ Despido, diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Es improcedente la pretensión de responsabilizar solidariamente a la Provincia de Buenos Aires con sustento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por los créditos laborales que la demandada principal A.S.A.N.A. adeude a sus empleados, en su carácter de concesionaria de la explotación de la agencia de apuestas mutuas nro. 7 de Avellaneda, porque no hubo sujeción expresa de la Provincia al ordenamiento laboral común (art. 2, ley 20.744 t.o.).
Divorcio contradictorio, notificación por cédula, traslado de la demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: L.DE S.I. c/ S.A.V. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La notificación del traslado de la demanda de divorcio, cuando los cónyuges habitan en un mismo domicilio, debe practicarse en la persona del demandado, excluyendo la viabilidad de su recepción por el encargado del edificio que autoriza el art. 141 del Código Procesal, debido a que la especial trascendencia de aquel acto y el resguardo del derecho de defensa del demandado, que tiene jerarquía constitucional, impone el cumplimiento de todos los recaudos necesarios para que la cédula sea recibida personalmente por aquél (conf. CNCiv. Sala F. c.177.717 del 19/9/72; id. id., c.187.808 del 13/9/73) finalidad que no se satisface si la diligencia es practicada en la persona del encargado del edificio en el que viven ambas partes.
Recurso extraordinario, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Portillo, Marcos David y otros s/ homicidio simple y lesiones reiteradas en concurso real -causa n° 60.216/06-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

El recurso extraordinario interpuesto contra la decisión del superior tribunal provincial, por la que se rechazaron -por intempestivos- los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, es inadmisible (art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Tipo penal, amenazas, teléfono celular, servicio SMS, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: B., H. s/ Amenazas (ex Juzg.Inst. Nº 6 S 12-09-0288) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-09-18

[.] lo cierto es que el imputado no realizó efectivamente el mal anunciado (sea o no por la medida cautelar dictada en autos), pero tuvo la posibilidad de hacerlo, lo cual sí resulta relevante para tener por configurada la tipicidad del delito analizado.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D., F. A. c/ N. ,L. s/ cuidado personal y régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

Debe diferenciarse el "cuidado personal" del plan de parentalidad en el cual se realiza la "distribución del tiempo" y de tareas de cuidado. En este último, salvo que razones prácticas lo desaconsejen (distancia con la escuela y las actividades del domicilio, imposibilidad horaria por su trabajo de acompañar al niño/a en sus proyectos, etc.) siempre que el padre quiera y pueda asumir tareas de cuidado cotidiano de su hijo/a, en igual medida que la madre, deben otorgársele proporcional y equitativamente (art. 16 CN y arg. 651 CCC).
Extinción por quiebra o concurso del empleador, asociaciones sindicales, representación sindical, falta de personería, verificación de créditos
Materia: LABORAL
Carátula: JUGO, JULIO E. Y OTROS c/ CODEX SA. S/QUIEBRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-13

La resolución del Juez del Concurso desestimando la pretensión deducida por el apoderado del sindicato, a quien no se le reconoce legitimación para representar a los trabajadores, no tiene los alcances de la cosa juzgada frente a quienes no fueron parte en el litigio, con independencia de la aptitud del gremio de peticionar en defensa de los trabajadores despedidos por la empresa (Conforme Sala 4, sentencia número 48385, 23 de agosto de 1982, "Gallardo Cortes, José y otros c/ Codex sa. - su quiebra -").
Lavado de activos, compraventa de automotores, orden de secuestro, delito precedente, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz Díaz, Patricio y otros c/  s/ inf. ley. 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Condenan por delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por su habitualidad (arts. 303 inc. 1, agravado por el inciso 2. "a" del C.P.) y aplican multa sobre aquellos bienes u operaciones de los que se tiene certeza que, formal o informalmente, integraban el patrimonio de imputado y sirvieron para disimular el origen de los fondos derivados de su actividad ilegal, pues la investigación no produjo elementos que permitan achacarle la conversión del efectivo en cosas o efectos en poder de terceros (distintos de su pareja). Esto es respecto de las operaciones vinculadas a la compra del Audi A1 y de los materiales para las reformas edilicias, y del pago efectuado en virtud de la adquisición de los derechos y acciones posesorias del inmueble. No se toma en cuenta, los vehículos marcas: a) VW Bora y la moto BMW, pues el sólo dato de que estaban en la propiedad del imputado al momento del allanamiento -huérfano de otra prueba- no es suficiente para afirmar que le pertenecían o que disponía de ellos en forma estable; b) Toyota Hilux y VW Suran, en tanto se tratan de autos sobre los que pesaba pedido de secuestro, y va de suyo que el producido del comercio de estupefaciente difícilmente hubiera podido alcanzar una apariencia de origen lícito intercambiándolo por un vehículo robado. Una operación semejante contraría la más elemental lógica en materia de "blanqueo"; y c) Chevrolet, toda vez que no hay prueba suficiente que permita tener por acreditada la fecha y el monto de su adquisición, lo que imposibilita incluirlo dentro de la maniobra de lavado de activos.
Daños y perjuicios, daño moral, daño material, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: PARODI, Luis Tomás c/ NUÑEZ, Jorge Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

1- Aun cuando un vehículo no esté afectado a una actividad productiva, la privación de su uso, produce daños espirituales y materiales que resultan indemnizables. Es que la imposibilidad de utilizar el rodado le produce al damnificado una reducción de sus posibilidades de traslado y de esparcimiento y una insatisfacción material y espiritual de no poder usar la cosa propia.

2- No se puede exigir que el propietario de un automóvil use los transportes públicos mientras dura su reparación, cualquiera sea su actividad, lo cual justifica viajar en taxi, actividad esta última en la que no es habitual la entrega de recibos. Además, es obvio que para realizar cualquier traslado en condiciones similares a las de un automóvil, se debe incurrir en gastos.
Elecciones gremiales, impugnación de la elección
Materia: LABORAL
Carátula: MURIAS, ENRIQUE LUIS Y OTROS c/ FOETRA SINDICATO BUENOS AIRES s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

La reglamentación de la ley 23551, art. 15 dec. 467/88, cuando se refiere a los actos del proceso electoral, deja librado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación sólo la posibilidad de suspender dicho proceso o la puesta en posesión de los cargos a las nuevas autoridades cuando frente a impugnaciones verosímiles existiera la posibilidad de pérdida de derechos por la demora. Tratándose en el caso de una declaración de nulidad del acto inicial del proceso electoral, resulta inaplicable el art. 59 de la ley 23551, ya que las distintas vías que deben agotarse para llegar a una resolución definitiva dejaría frustrados, por el transcurso del tiempo, los derechos que se intentan resguardar.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Guillermo c/ A.L.D.O.S.S. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Sin interés del apelante no hay petición audible por vía del recurso de inaplicabilidad de ley.
Inadmisibilidad del recurso, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Hoteles de Sheraton de Argentina S. A. C. y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-22

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que condenó a los imputados por infracción al art. 1, incs. e) y f) de la ley 19.359 (t.o. por el decreto Nº480/95), integrados en el caso por las Comunicaciones "A" 3722 y 4128 del B.C.R.A., toda vez que la cuestión sometida a estudio no se encuentra incluida en la competencia de la CFCP (art. 9° ley 19.359).
Monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: HEMARSA. SACIFI. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de la condena.
Cese de uso de marca, grupo económico, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda, Matías s/ Cese de uso de marcas / daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Es improcedente el pedido del cese de uso de la marca "Clarín" como parte de la denominación del blog "quetepasaclarín", pues ante la tensión que genera la aplicación del derecho marcario y el derecho a la libertad de expresión, debe inclinarse por este último en atención a las particulares circunstancias de la causa, ya que es evidente la falta de equivalencia entre un grupo empresario de la magnitud del que resulta titular de la marca en discusión y un particular que pretende habilitar un blog para la discusión, aun cuando pueda ser utilizado como un espacio de crítica para el estilo periodístico del medio identificado con esa marca.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Labernia, Héctor J. c/ Farías, Delio R. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

El juez está facultado para levantar "ex officio" el embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el art. 219 del CPCC o en las leyes especiales, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida (art. 220 del mismo Código).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Justicia municipal de faltas, acta de comprobación, ley de tránsito, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P.S.A. s/ Recurso de Queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

Debe considerarse si las actas de comprobación cabeza de los presentes actuados reúnen los requisitos previstos en los artículos 6 del Código de Procedimientos de Faltas y 70 inciso a) apartado 4 de la Ley Nacional de Tránsito.

De lo dispuesto en el artículo de la Ley de Tránsito, la autoridad preventora debió "entregar copia al presunto infractor, salvo que no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella". Lo dicho no se ha verificado en autos, por cuanto los oficiales preventores no han asentado en las actas en cuestión los motivos que le impidieron identificar al/a los presunto/s infractor/es, de lo que no puede sino concluirse que corresponde desestimarlas.
Recurso extraordinario, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: RIVERO, OSVALDO FERNANDO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

Cuando las cuestiones jurídicas involucradas pueden ser objeto de conocimiento y decisión por parte del máximo tribunal por la vía del recurso previsto por el articulo 14 de la ley 48, basta esa instancia revisora para satisfacer el requisito de poder recurrir ante juez o tribunal superior.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Segundo Pastor c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Si el apoderado del actor no impulsó el procedimiento -en tanto estaba a su exclusivo cargo-, no puede luego imputar a la Administración que el trámite estuviera paralizado por su inercia.

en el caso, debía presentar un poder suficiente). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, quiebra, conducta culpable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Szczech, Néstor Juan c/ Quiebra s/ Incidente de calificación de conducta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-14

Las operaciones inconvenientes,el no contar con una adecuada organización acorde al volúmen de las mismas, los gastos excesivos, si bien pueden configurar una conducta negligente y por lo tanto culpable no pueden ser, per se constitutivas de una conducta fraudulenta. Las falencias contables, sólo pueden ser calificadas como fraudulentas en supuestos de haber sido falseadas o truncadas de manera que resulte imposible la reconstrucción de la actividad del comerciante circunstancia que no ocurre, ni se alega en el sub caso. Como se encarga de señalarlo Roitman "la falta de libros ha dejado de ser un delito "meramente formal" y se debe complementar siempre con una conducta dolosa ulteriorÑ que ello imposibilite la reconstrucción del patrimonio del deudor".
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, operación cesárea, anencefalia, EL SALVADOR, inexistencia de riesgo, derecho a la salud, archivo del expediente
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto B. c/  s/ Medidas Provisionales respecto de El Salvador Medidas Provisionales respecto de El Salvador Medidas Provisionales respecto de El Salvador
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-19

Si bien los representantes ante la Comisión Interamericana, sostienen que la señora que padece un cuadro de lupus eritematoso sistémico continúa con problemas en su salud aún cuando se le practicó la cesárea por la que se extrajo un feto anencefálico, al no presentar documentación médica que sustente tal afirmación, la Corte Interamericana no cuenta con información suficiente ni relevante que permita determinar que actualmente existe una situación de extrema gravedad, máxime cuando no subsiste la situación fáctica que dio origen a las medidas provisionales adoptadas respecto de El Salvador, correspondiendo el archivo del caso.
Salud del imputado, monto de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: REINHOLD, José Ricardo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Deben rechazarse los agravios traídos por las defensas, en cuanto a la errónea valoración de las pautas mensurativas previstas por los arts. 40 y 41 CP, la falta de consideración de los extremos traídos por los imputados en oportunidad de la audiencia de conocimiento personal, y el alegado estado de salud de sus pupilos, no habrán de prosperar, y tampoco habrán de prosperar los intentos de la querellante -Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén-, al afirmar de manera general en su recurso, que las agravantes computadas por el sentenciante en la fijación de los montos punitivos respecto de cada uno de los imputados, no trascendieron en la cuantificación establecida; vale decir, que se otorgó -sin decirlo- mayor importancia a los elementos actuales acercados a la audiencia por cada los imputados que a los baremos que agravarían las penas.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo de la Magistratura s/ Denuncia Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-05

El "procedimiento especial para la dilucidación de competencias públicas" no constituye un juicio con parte actora y demandada, no decide una contienda o litigio, y lo planteado no conforma una demanda en sentido procesal estricto, como tampoco una contestación la intervención del órgano denunciado Solo importa la primera una comunicación - denuncia- para que el Tribunal dirima la cuestión, y la segunda un informe, que a más de asegurar la defensa del requerido, contribuye a arrojar luz en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Tratándose de órganos y no de personas, la cuestión a decidir es en definitiva el ejercicio de potestades públicas y no de derechos individuales y la "contienda o confrontación" se establecen por la defensa que cada órgano efectúa ante los estrados del Superior Tribunal de sus públicas potestades -atribuciones - competencia-.
Tarjeta de crédito, derechos del emisor, obligaciones del titular, resumen de cuentas, pago, mora, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  S.A. c/ EDUARDO HERRERO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

La emisora contrata con el establecimiento comercial de tal modo que éste acepte la tarjeta presentada, y aquella se compromete a pagar al establecimiento el importe consumido, previa deducción de una comisión; se trata -desde algún perfil- de una estipulación en favor de un tercero (CCIV 503, 504, 1195 y conc.), y por ser esta estipulación ajena al usuario, no puede interesarle la supuesta falta de pago de la deuda; máxime cuando ningún reclamo le fue formulado. Debe tenerse en cuenta, además, que el beneficiario de la tarjeta ninguna obligación contrajo frente al adherente por lo que en cualquier hipótesis no existiría causa de deber (CCIV 499) (el usuario demandado alegaba que la actora no había probado haber efectuado los pagos a los comercios donde se hicieron las compras).

Si el contrato expresa que el emisor de la tarjeta remitirá al usuario un resumen de los gastos que hubiera realizado, la obligación de pago se torna exigible una vez que este recibe la pertinente liquidación, ya que desde esa oportunidad que puede controlar los gastos realizados en tal período y saber en que tiempo debe afrontar el pago. La solución contraria podría aparejar injustas situaciones, fáciles de conjurar con previsiones contractuales que impongan el deber del usuario de concurrir a informarse sobre el estado de sus cuentas a la sede de su acreedor.

No empece a la solución del caso la jurisprudencia que aceptó como obligación del usuario concurrir a sede de la emisora de la tarjeta en caso de no recibir la facturación mensual, pues tal doctrina se elaboró a partir de una modificación efectuada ulteriormente por la emisora en nuevos contratos de afiliación.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Polisolbo Arg. Soc. en Com. por Acc. c/ Ricco, Víctor s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-16

La admisión de la existencia del lucro cesante presupone una prueba certera de la cuantía de las ganancias dejadas de percibir, demostración de la cual solo cabrá dispensar a quien formule el reclamo cuando concurran circunstancias que tornen, sino imposible, al menos muy dificultosa la prueba del daño.

Las declaraciones testimoniales, aún cuando se expidan sobre las tareas habitualmente desarrolladas por el damnificado y sobre el lapso durante el cual habría podido permanecer inactivo, no constituyen prueba acerca de las sumas concretas dejadas de percibir a raíz del evento.

Quien formula la petición de lucro cesante, debe traer al pleito los elementos de prueba que demuestren su extensión o por lo menos dejar en el ánimo del juzgador la certeza de que una ventaja no se produjo por haberlo impedido la acción del responsable del accidente.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, intendente, destitución, concejo deliberante, conflicto de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera, Hilda Marta y Agripino Benítez s/ Plantea Conflicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-10-05

"...En caso de destitución, al afectado le queda la vía de plantear el conflicto (que no es lo mismo que conflicto de poderes) contra el Concejo por ante el Superior Tribunal de Justicia. Ya en sede judicial, puede ocurrir que no se impugnen los cargos, es decir, que se hagan valer agravios contra el procedimiento en sí; o que se cuestionen los cargos en sí mismos; en el segundo caso, a su vez, pueden darse dos situaciones; a) que el cargo o imputación al Intendente se trate de la causal prevista en el inciso a) del artículo 138 - manifiesta y reiterada inconducta, en cuyo caso este Cuerpo deberá calificarlos; y b) que sean los previstos por los incisos b) o c) del mismo artículo donde no existe tal cargo..."