marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación legal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Longo, Alejandra Viviana c/ Construcciones Sur SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

Cabe confirmar la resolución que rechazó la demanda de remoción de los integrantes del directorio interpuesto por una socia minoritaria. Ello por cuanto, en el caso, cobra especial relevancia el hecho contundente de que casi el 98% del capital social hubiera aprobado la gestión de los directores y reelegido a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la sociedad. Ello, claro está, en tanto no surge del expediente que hubiera habido una transgresión a los límites que prevé la LGS 275. Dicha decisión mayoritaria, no impediría por sí sola la remoción de los administradores pero sólo sería viable si la causal invocada es de suma gravedad, sea porque priva de derechos sustanciales al minoritario o porque viola una norma de orden público pero, la razón propuesta por la actora dista de ser un sustento para la acción intentada. Cabe agregar que, aun en situaciones en las que hubiera acaecido una causal de inhabilitación del director, se decidió que no puede reemplazarse en forma directa la voluntad social sino que únicamente cuando razones de orden público lo ameriten, se pueden poner en marcha los mecanismos jurisdiccionales pertinentes que podrían concluir con la remoción del director (cfr. CNCom, Sala A, "Inspección General de Justicial c/ Aerolíneas Argentinas SA", LL, 2004-D, 957, del 7/6/04). No obstante, en el caso, no se advierte la configuración de ningún motivo que conduzca a apartarse de la voluntad social ya que, tal como ponderó la anterior sentenciante y no ha sido objetado por la actora, no se demostró la afectación de los derechos en su condición de accionista minoritaria o que la actuación de los demandados hubiera afectado a la sociedad o a terceros.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: CANEPA, Rubén Teodoro s/ Robos y violaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-11-29

En el coto de la tecnología del jurista, que no es otra cosa que un técnico del derecho, no hace ciencia de esa rama del saber humano, la aplica; y para ello se ha servido, se sirve y se servirá de "argumentos de autoridad", porque son útiles e imprescindibles.

La operancia de la "casación", sea la gran casación de la que el país carece globalmente, la más reducida de los recursos de inaplicabilidad o la cuasi casación de "bolsillo" de los fallos plenarios reposan en una construcción lógico-jurídica que tiene el fundamento atacado. Ni legal, ni racionalmente, es exigible que la jurisdicción de grado se encargue de replicar, punto por punto, los argumentos de la Defensa que se oponen a una interpretación o doctrina legal casatoria.-
Acción contencioso administrativa, procedimiento administrativo, sentencia definitiva, agotamiento de la instancia administrativa, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ROBLEDO, DANIEL OMAR c/ PROVINCIA DE CATAMARCA Y PODER LEGISLATIVO (CAMARA DE SENADORES) s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-13

La propia naturaleza de la acción contencioso administrativa exige, que al momento de dictar sentencia definitiva, se analice con mayor detenimiento el control de los presupuestos necesarios para la habilitación de la instancia judicial y competencia de este Tribunal, la que no obstante haber sido declarada prima facie, no causa estado, y en consecuencia no sólo se puede sino que debe proceder a su revisión.

En razón de ello, cabe verificar si en el caso se han cumplimentado los pasos que hacen al debido agotamiento de la vía administrativa, y si la demanda se encuentra presentada en término, ya que de ello depende la habilitación de la competencia de este Tribunal.

Surge de las constancias de autos, y de los dichos del actor al presentar la demanda que en contra de la resolución administrativa del 14 de enero del 03, interpone con fecha 21 de enero de ese año recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, que al no tener respuesta de la administración presenta pronto despacho con fecha 29 de noviembre de 2004, y posteriormente la presente demanda con fecha 28 de marzo del 2005.

Ante ello cabe precisar que el Art. 118 del CPA. posibilita en la etapa recursiva, vencido el plazo de los 90 días, previo habilitar competencia por presentación escrita al efecto, lograr, mediante presentación de pronto despacho producir así otra situación jurídica subjetiva del acto denegatorio tácito, pero ello es a los 60 días corridos desde tal interposición.

De este modo el pronto despacho interpuesto sin habilitar competencia y la posterior demanda interpuesta mas allá de los 60 días corridos, deviene totalmente fuera de término, pues el acto cuya revocación se pretende se encuentra firme y consentido y de imposible revisión por este Tribunal, el cual carece de competencia al respecto, por lo que corresponde rechazar la acción de plena jurisdicción interpuesta, con costas.
Salud pública, acción de amparo, Estado Provincial, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Robledo, Claudio David c/ Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-05-29

Conforme a las disposiciones de la Constitución Provincial -arts. 64 y 65- y de los Tratados Internacionales de jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional-, el Estado Provincial reviste la calidad de garante de la salud pública y, por lo tanto, se encuentra legitimado pasivamente para ser traído como parte en la presente acción de amparo conjuntamente con la Obra Social de Empleados Públicos.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, desacato, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Vignone, Herberto Oscar s/ desacato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

En el desacato cometido por medio de publicaciones, es en el lugar donde se realizó la impresión donde se exteriorizaron los términos presuntamente ofensivos para la dignidad o decoro del magistrado agraviado.
Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Adhesiones - 14 de octubre de 2001 s/ Recurso de Inconstitucionalidad  int. en el expte. nº 986-A-2001 Inconstitucionalidad  int. en el expte. nº 986-A-2001
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-10-09

En la Constitución Provincial es donde se halla la fuente normativa que acuerda la competencia recursiva al Superior Tribunal de Justicia para conocer de este medio de impugnación tendiente a verificar si ha sido bien decidido en la sentencia impugnada, el caso constitucional referido a la validez de una resolución o demás causales previstas (art. 165). Pero queda claro, que esta competencia determinada por la Constitución, no se refiere a los procesos administrativos de índole no judicial. Alude sólo a las resoluciones dictadas en "juicio" o a "sentencias judiciales", es decir aquellas dictadas por órganos jurisdiccionales estrictamente judiciales. Eso lo ha tipificado claramente la ley 4346 reformada por la ley 4848 al reglamentar el recurso de inconstitucionalidad incluyendo sólo a "las sentencias definitivas dictadas por los Jueces o Tribunales de última instancia cualquiera sea su fuero y jurisdicción".
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, in dubio pro operario, pago en negro, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MADERERA  CORDOBA  SA s/ CONC.  PREV.  S/  INC. DE REVISION PORSANCHEZ, FLORENTINO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-27

La circunstancia de que la empleadora haya comunicado al incidentista su despido alegando falta de trabajo, no prueba per se, que el pretensor haya laborado "en negro" durante determinado tiempo previo a su ingreso -según constan en sus recibos-, ni la extensión de las remuneraciones que habría percibido bajo tales circunstancias. En tal sentido cabe precisar, que en razón de la naturaleza de los pagos en negro, su reconocimiento requiere de una prueba contundente, de la que pueda derivarse con seriedad la existencia de esa modalidad de pago. Ello así, aun cuando se analice la cuestión a la luz del principio in dubio pro operario, toda vez que en la especie no se aportaron elementos de convicción que en mínima parte pudieran sostener lo postulado por el accionante.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grupo Acero S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-03

Si bien es cierto que la mera apertura del juicio de amparo no conlleva sin más, la procedencia de la medida de no innovar, se puede afirmar, sin embargo, que hay circunstancias en que la gravedad o la irreparabilidad posteriores del daño no permiten aguardar el resultado de la sentencia y obligan a detener mientras tanto la situación provocada por el acto reclamado. En tales casos, el juez del amparo puede disponer la suspensión del acto lesivo, es decir, paralizar durante la secuela del proceso los efectos de este acto, tanto jurídicos como de hecho (art. 23 de la ley de amparo).-
Prescripción de la acción penal, prueba pericial, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: MEOQUI, Atilio. s/ PRESCRIPCION-SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Si los peritajes no constituyen secuela de juicio, menos aun pueden configurarlo las resoluciones que ordenen producirlos (*) (Del voto Dr. Navarro al que adhirió el Dr. Filozof).

Disidencia del Dr. Donna: No sólo serán los actos netamente jurisdiccionales los que interrumpirán la prescripción, sino también los del Ministerio Público Fiscal, en cuanto hagan avanzar el proceso en contra del imputado. Así los distintos requerimientos fiscales y la propia apelación frente a resoluciones que favorecen al imputado implican que el Estado, por esta vía, ha decidido que el proceso debe seguir su curso. Los actos que realiza el fiscal, como la apelación sobre el fondo de la cuestión y, por ende, las resoluciones que la Cámara de Apelaciones realice en ese sentido, tienen la virtualidad de interrumpir la prescripción de la acción penal. Dado el interés del Estado y de las víctimas en llegar a una solución definitiva de la causa, los actos de la defensa francamente dilatorios no deben tenerse en cuenta a los efectos de la prescripción. Es una especie de tiempo muerto, en el cual, el Estado ve demorada su actuación.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUGHES TOOL COMPANY S.A.C.I.F.I. c/ ESTADO NACIONAL.  MINISTERIO DE ECONOMIA.  SECRETARIA DE INDUSTRIA. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

El sólo hecho de que se haya planteado un recurso en sede administrativa que se encuentra pendiente de decisión, es suficiente para resolver la improcedencia del amparo, pues una demanda de esta naturaleza no puede ser utilizada para sustraer la cuestión debatida del conocimiento de la autoridad que interviene en ella por recurso del propio interesado.
Pago por consignación, mora del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUEBRACHITO S.R.L. c/ DANIEL RODRIGUEZ LUIZAGA s/ Ordinario (LIBRO: S081 - 175)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-13

Que no se diga, como lo hace el accionante al alegar que ante la comisión del acreedor, en todo caso, el deudor hubiese debido consignar judicialmente lo debido para liberarse de la obligación, pues frente a la mora del acreedor, el deudor no necesita recurrir al pago por consignación, que reviste carácter facultativo.-
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, deber de asistencia médica
Materia: CIVIL
Carátula: LLANOS, Enrique Marcelo y otros c/ CLINICA INDEPENDENCIA CIA. S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Las falencias en la organización del servicio médico, específicamente en la prestación oportuna de la asistencia anestésica, son las que responsabilizan al director de la clínica, pues no se encuentra satisfecha la obligación de velar porque los pacientes reciban el más correcto, adecuado y eficaz tratamiento (art. 40, inc. d) decreto 621/67 reglamentario de la ley 17.132.-
Exenciones impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, interpretación literal, voluntad del legislador, interpretación restrictiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (DGI.) c/ Asociación Empleados de Comercio de Rosario s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que las establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, publicidad registral, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: S.S., H.A. c/ A., C.A. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

"Cuando falle la concordancia o armonía entre el mundo registral y la realidad jurídica existente extramuros del Registro, en principio, y en razón a la fuerza derivada de aquel hálito legitimador, el contenido registral goza de reconocida prevalencia; ello, prima facie, en tanto que en el procedimiento adecuado no se llegue a la demostración y reconocimiento de la inexactitud registral propiciando las oportunas rectificaciones que vuelvan a poner en correlación con la realidad las columnas reflectantes del Registro.".
Acción de amparo, existencia de otras vías, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El STJ. tiene dicho recurrentemente que las "garantías procesales específicas" de los arts. 43 a 45 de la C.P., al igual que las pretensiones en idéntico sentido fundadas en el art. 43 de la C.P. exigen diversos extremos para tan excepcional y urgente remedio entre los que se encuentran la acreditación de inexistencia de otras vías idóneas y el agotamiento de las previas instancias del reclamo administrativo. Ello es así, puesto que el remedio excepcional del amparo no configura una alteración de las instituciones vigentes ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces". Ello es así, porque para que prospere la acción la violación de derechos y garantías debe ser francamente manifiesta, clara y evidente, debiéndose encontrarse comprometido un derecho o garantía de raigambre constitucional cierto, de fácil exhibición. Admitir lo contrario supone autorizar el amparo como la forma habitual para corregir lo que eventualmente debe ser examinado por el normal sendero procesal o legal, con adecuado marco probatorio dentro del debido proceso.
Recurso de casación, cuestión no planteada
Materia: CIVIL
Carátula: DR.ROSEMBERG ROBERTO s/ CUADERNO DE HONORARIOS,EN AUTOS:BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO  -DELESTERO C/NICOLAS ISE FIGUEROA S/EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-04-30

Si el recurrente no planteó agravios ni ataques de ningún tipo a la fundamentación del juez de 1ra. Instancia y luego la cámara se limitó a revisar las operaciones realizadas por aquél, a las cuales estimó correctas en su decisorio, mal puede introducirse cuestiones por vía de casación ante el superior tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conscriptos, actos de servicio, accidente en acto de servicio, culpa de la víctima
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, HECTOR RAMON c/  LA NACION s/ ORDINARIO - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

La tarea de cuidar caballos no es acto ajeno al servicio en el lugar en que lo prestó el soldado, quien no tenía oficio ni experiencia al respecto; sin que existan en la causa datos que avalen ser la supuesta imprudencia de carácter grave o que revistiere entidad suficiente para considerar al actor en actitud ajena al servicio. La supuesta falta de cuidado, imprevisión o descuido debe ponderarse frente al riesgo específico que entraña el manejo de caballos y la relativa inexperiencia del soldado conscripto, siendo además irrelevante el voluntario sometimiento del actor a las tareas en cuyo cometido se produce el accidente, porque los beneficios en esta materia por inutilización en actos de servicio (art. 78 inc. 2 y 77 inc. 2 ley 19101) se han establecido por las leyes prescindiendo de haber mediado o no culpa o negligencia.
Estabilidad laboral, contrato de ajuste, despido, carga probatoria dinámica
Materia: PENAL
Carátula: Britos Gervacio Abel c/ Pesquera Mar Abierto SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-20

Existe incompatibilidad entre la L.C.T. y las relaciones de trabajo marítimo en lo que se refiere al régimen de estabilidad, lo que importa la inaplicabilidad directa de la norma del art. 245 L.C.T.. No es indispensable para que exista contrato de ajuste que este haya sido formulado por escrito, porque ello es confundir el concepto técnico de contrato con el instrumento utilizado para formalizarlo. En la medida que no se trata de un requisito de forma ad solemnitaten sino ad probationen como lo determina el art. 984 del Cod. Comercio, los contenidos deben ser probados por el libro de rol o la libreta de embarco. En el caso ninguno de estos documentos dan cuenta del plazo por el que la actividad del actor fue contratada. Es obvio que ante la ausencia de prueba, el efecto de la inexistencia de estos documentos pesa sobre el empleador por efecto de la carga dinámica de la prueba. Es de señalar que la comunicación de despido pone de resalto la interrupción del contrato de ajuste, no su agotamiento por el vencimiento del plazo por el que el actor fue contratado. Por tanto, el actor debe ser considerado efectivo y con derecho a la percepción de las indemnizaciones de los arts. 9 y 12 C.C.T./72.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, ejecución de sentencia, deber de juzgar, liquidación judicial, Administración Pública
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Chimento, Gustavo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio. Impugnación de liquidación (Expte. CSJ Nº 491-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Si bien corresponde a la Corte expedirse sobre los apercibimientos a que debe dar lugar el nuevo incumplimiento por parte de la Administración demandada respecto de lo dispuesto anteriormente en cuanto a la ejecución de la sentencia, resulta inescindible de dicha cuestión la de la cuantificación de la acreencia a ejecutar, puesto que resultaría simplemente absurdo que el Tribunal ordenase, tal como lo postula la actora, el pago del total de la acreencia en dinero en efectivo y que, luego, se deba esperar (en caso de quedar firme ese pronunciamiento) otro lapso más de tiempo para determinar el 'quantum' de la condena, sin acordarle a ese tiempo un propósito útil, no ya para satisfacción de un respetable derecho individual, sino para el más fiel cumplimiento de la ley. Ese razonamiento, valedero en la coyuntura que se presenta en la especie, no debe tampoco inducir al error de pensar que el sacrificio de los intereses particulares pueda encontrar límites tan elásticos que importen, en definitiva, el desconocimiento de los derechos. Así, aunque resulte harto profusa la doctrina y jurisprudencia sobre el punto para sustentar toda una elaboración teórica, la instancia requiere del Tribunal una solución práctica.
Prestación básica universal, MOPRE, pautas, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodríguez, Eduardo Raúl c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

El haber de la Prestación Básica Universal, regulada por los arts. 19 y 20 de la ley 24.241 -en el texto anterior a la modificación introducida por la ley 26.417- era equi-valente a dos veces y medio el valor de la unidad de medida denominada Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO). Dicho mecanismo subsistió hasta su dero-gación por el Dec. 833/97, que sustituyó el art. 21 de la ley 24.241 y creó el Módulo Previsional (MOPRE) determinando su valor al que fije anualmente la autoridad de aplicación de acuerdo a las posibilidades emergentes del Presupuesto de la Admi-nistración Pública Nacional para cada ejercicio. El importe fijado en decreto de referencia se mantuvo sin ningún tipo de modificación; es decir, durante más de diez años no se alteró el valor a pesar de los cambios económicos producidos desde la salida de la convertibilidad en el año 2002, provocando un deterioro en el haber del titular. En consecuencia, corresponde ordenar el ajuste de la PBU con los parámetros expuestos por el Alto Tribunal en autos "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07) hasta diciembre de 2006, y a partir del 01.01.07 se deberá incorporar los incrementos establecidos en la ley 26.198, Dec. 1346/07, Dec. 279/08 y la pauta de movilidad establecida por la ley 26.417, en caso de corresponder, hasta la fecha de adquisición del beneficio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Gallego, Rubén Darío s/ Homicidio y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia que la Cámara habría invertido la carga de la prueba de la culpabilidad del procesado, y en consecuencia, lo que denominan "principio de inocencia", al poner en cabeza de la defensa la necesidad de "destruir" la calidad de "autor responsable" que previamente se le habría atribuido al imputado, si a tal fin se recurre a un párrafo del veredicto aislándolo del contexto, olvidando el análisis de las numerosas probanzas en base a las cuales se declaró acreditada la autoría responsable del procesado.
Protección de la vivienda, vivienda familiar, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Paganini, Gabriela Nadina en su Carac. de Síndico en Autos "Nader, Juan Carlos y Otros - Quiebra" s/ Incidente Concurso /Quiebra (Excepto Verificación) (191)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-04

La inoponibilidad del régimen de bien de familia cuando la deuda proviene de impuestos o tasas que gravan directamente al inmueble -art. 38 de la Ley 14394- no puede ser aplicado analógicamente al supuesto de inmueble adquirido con destino a vivienda familiar mediante préstamo del Banco Hipotecario Nacional, pues ello constituiría una desviación hermenéutica en tanto existe una norma específica -art. 35 Ley 22.232- que delinea perfectamente la figura, y la analogía constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre cuando en el ordenamiento jurídico no se halla una norma aplicable al caso o cuando la cuestión no pueda resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley -art. 16 Código Civil-.
Declaración testimonial, extraña jurisdicción, juramento y promesa de decir verdad, falta de juramento, valor probatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ACUÑA, NELIDA c/ MARCOP  S.R.L. s/ ACCIDENTES-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-21

Las declaraciones testimoniales prestadas en extraña jurisdicción, cuya finalidad era acreditar la unión de hecho entre la actora y el causante, carecen de validez probatoria si en ninguno de los casos se ha efectuado el correspondiente "juramento o promesa de decir verdad", art. 440 CPCCN.