marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Decretos, contrato de trabajo, reforma del Estado, privatizaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Las medidas dispuestas en el decreto 817/92 con relación al régimen laboral se ajustan a lo dispuesto en la última parte del art, 10 de la ley 23.696, pues no es razonable interpretar que la autorización conferida se limite estrictamente a las normas que regulan la actuación de los entes a privatizar dejando afuera de esa potestad la posibilidad de excluir reglamentaciones ajenas a tales entes pero estrechamente vinculadas con el servicio que se desea mejorar.
Municipalidad, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A. y Cía. Rimidan S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 642-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-18

No puede prosperar el agravio del recurrente basado en que el dictamen de la Dirección de Inspección y Abastecimiento y la pertinente resolución del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario mencionan un decreto derogado, por cuanto la sustancial identidad entre la normativa citada y la vigente, tornan a dicha divergencia carente de virtualidad para privar de fundamentación adecuada al acto, en mérito a que la decisión administrativa se subsumió en el marco legal vigente. Hallándose el proceder del Ente Municipal ajustado al derecho aplicable pierde consistencia el argumento de la recurrente que pretende bastarse con la circunstancia de haberse citado un decreto derogado (3368/73), dado que el acto, conforme las constancias de la causa, estuvo motivado y las empresas recurrentes pudieron conocer dicha motivación. Además la argumentación de las actoras se debilita también cuando su crítica se circunscribe a señalar que la cita ha sido errónea, sin alegar perjuicio concreto alguno, ni tampoco demostrar que la Administración hubiera debido arribar a una conclusión diferente al aplicar la normativa vigente, y siempre en base a los mismos hechos.
Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, revocación de la excarcelación, remisión del expediente, caución real
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ZALAZAR, Etelvina Olga c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Corresponde anular la resolución recurrida que revocó la excarcelación de la encausada, y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a los fines de que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con los lineamientos expuestos en la presente toda vez que, si bien el a quo efectuó un análisis de los riesgos procesales que consideró existentes en la causa, respecto de la imputada, en función de las pautas establecidas por los arts. 221 y 222 del CPPF; lo cierto es que omitió expedirse respecto de la posibilidad de aplicar alguna de las medidas de coerción menos lesivas previstas por el art. 210 del C.P.P.F, como así también omitió explicar, en su caso, los motivos por los que considera que las medidas ya impuestas por el juzgado -es decir, la prestación de una caución real, la obligación de comparecer bimestralmente ante una Comisaría y la prohibición de ausentarse del país- no resultarían suficientes para neutralizar los riesgos procesales existentes, tomando en consideración las particularidades y el contexto del caso. Por lo tanto, la resolución recurrida no cuenta con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerada un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN, por lo que no puede ser convalidada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Martinez, José Agustín s/ TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La garantía de la defensa en juicio del acusado, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, exige en materia criminal la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.
Contrato de obra pública, depósito en garantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nicolás Dazeo S.A.C.I.F.I.y Vlade S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Nicolás Dazeo S.A. y Vlade S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08|1997-04-08

Los depósitos de garantía deben restituirse por el importe de su valor nominal, por tratarse de una obligación pura de dinero insusceptible de revalorización en función de la depreciación acaecida.
Remuneración, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Bolig, Juan Gerardo c/ Miguel Angel García s/ Diferencias salariales, Rubros Adeudados y Certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-11

Voto del Dr. Pirovani: El pago de este ítem también requiere la determinación de la cantidad de kilómetros recorridos por el trabajador, pero existe una diferencia fundamental entre lo preceptuado en los ítems 4.2.4. y 4.2.3., la cual está dada porque en el caso de los viáticos se establece una cantidad mínima por día y por persona, lo que lleva a establecer que, acreditada la prestación de servicios en viajes de larga distancia, el derecho a percibir los viáticos es siempre procedente y no está sujeto a prueba alguna, en relación a la cantidad de días laborables en cada período, teniendo presente el mínimo de veintidos días de trabajo que se le aseguran a todo el personal comprendido en el convenio, según prescribe el ítem 6.2.2. El reclamo de viáticos por mayor cantidad de kilómetros que el mínimo convencionalmente fijado, presupone la acreditación de tal hecho por lo que, también en el caso de los viáticos se requiere que el trabajador aporte a juicio los datos que el principal estaba obligado a consignar en la planilla que impone llevar el ítem 4.2.15, entre los que se encuentra la cantidad de kilómetros recorridos en cada viaje, requisito que no puede ser suplido por una estimación global.
Insuficiencia del agravio, derechos y garantías constitucionales, improcedencia del recurso, juicio oral, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otros c/  s/ recurso de casación registro 1673
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Los recurrentes no se han hecho cargo de especificar cuál ha sido el agravio concreto que las falencias invocadas pudieron, en su caso, haberle causado a sus asistidos en lo referido a las conclusiones obtenidas de los peritajes llevados a cabo. Ello toda vez que sus cuestionamientos se reducen a críticas meramente abstractas respecto de cuestiones formales del procediendo cuya invalidez pretenden. Así, no habiéndose demostrado la violación a las garantías constitucionales alegadas, ni arbitrariedad en el procedimiento cuestionado, los impugnantes no logran conmoverlos argumentos esgrimidos por el a quo al momento de rechazar este mismo planteo y por ello corresponde que sea rechazado también en esta instancia. En esos términos se advierte que durante el debate oral y público se ha llevado a cabo un complejo y variado plexo probatorio que incluyó decenas de declaraciones testimoniales, pruebas documentales y periciales y que en todos los casos fueron debidamente controlados por la defensa quien tuvo la posibilidad de impugnarlos durante el debate.
Remuneración, prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, José Eduardo c/ Zunsa Zuntini Hnos S.A.C.I.F s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Prescribe a los diez años (art. 4023 del C.C.)el crédito por salarios a cuyo pago condenó el Consejo Nacional de Relaciones Profesionales en uso de sus atribuciones conforme a la ley 14.455 vigente en ese entonces.
Trabajador, renuncia al empleo, escritura pública, validez del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo Jorge Omar c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-15

Dable es aceptar la validez y eficacia de la renuncia negociada, en tanto debe ser equiparada al acuerdo disolutivo bilateral previsto en el art. 241 de la LCT, a condición que sea formalizada mediante escritura pública, ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, sin perjuicio de adoptar también el modo previsto en el art. 15 LCT, en cuyo supuesto se requiere que el acuerdo sea aprobado por la autoridad administrativa del trabajo, mediante resolución fundada.
Violación, autoría, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Daniel Orlando s/ P.S.A. VIOLACIóN (ARTíCULO 119 INCISO 3rO.) S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-07-24

La sola palabra de la víctima no es suficiente para acreditar la autoría de una violación, cuando dicha autoría es negada por el imputado.
Fallos de la Corte Suprema, tasa de justicia, constitucionalidad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PAPELERA BELGRANO S.A. -INCIDENTE- c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

La constitucionalidad de las tasas judiciales fijadas por normas legales semejantes a la actual ley 23.898, ha sido reiteradamente declarada por la Corte Suprema, tras considerar que no afectaban el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada, en tanto no sean confiscatorias; sin que en el caso se advierta, ni se hayan demostrado, circunstancias que impongan apartarse de esa solución respecto de las establecidas por la ley 23.898.
Sentencia definitiva, auto de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Rebora, Tomás Armando s/ QUEJA EN:'PROCURADOR GENERAL S/ PROMUEVE ACCIóN PENAL. Ramos Mejía, Alejandro s/ QUEJA  EN:  'ROJAS,  JUAN CARLOS S/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS  C/ RAMOS MEJíA, ALEJANDRO'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-15|1990-12-28

No es definitivo y por ello no susceptible de recurrirse en casación, el auto que deniega el sobreseimiento del procesado y ordena la elevación de la causa a juicio. Ello en tanto, se trata de una resolución cuyo carácter inapelable está expresamente previsto en el art. 323 del CPP.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, servidumbre de electroducto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agropecuaria G.A. Pueyrredón S.A. c/ Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires (ESEBA) s/ Servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Tratándose de un juicio de indemnización de servidumbre de electroducto el valor del litigio es de monto determinado y está representado para el recurrente por la suma fijada en la sentencia de primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante, titular del derecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BASUALDO, RICARDO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-12

Para asumir el papel de parte querellante en la causa penal es necesario que la persona que lo pretenda se vea afectada directamente por el daño o peligro que el delito presuntamente cometido acarrea o que sea titular del bien jurídicamente protegido por él, sin que pueda reputarse tal a quien eventual o indirectamente pueda sufrir algún menoscabo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, cuestiones de competencia, orden de captura
Materia: PROCESAL
Carátula: Luconi, Carlos s/ art. 76 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Constituye un conflicto entre tribunales que corresponde dirimir a la Corte Suprema, la actuación en que uno de ellos reclama la exclusividad de sus potestades para disponer la captura de un procesado sometido a su jurisdicción, mientras que el otro se arroga competencia para dejarla sin efecto.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ JOSE MANUEL c/ COMISION MUNICIPAL DE SACHAYOY s/ COBRO DE PESOS-QUEJA DR. DANIEL SANTILLAN.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-09-12

Corresponde declarar mal denegado el recurso de apelación y admitir la queja si tal denegación se fundó en el art. 585 del código procesal y la cuestión que motivara la apelación está en orden a la aplicación de una ley provincial sobre suspensión de ejecuciones contra el estado; cuestión que por su trascendencia, puede afirmarse que no está comprendida en la inapelabilidad del artículo citado.
Condena condicional, jueces, facultades discrecionales del juez, ley imperativa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Montero Castro, Marcos Celestino; Montero, Israel Marcos s/ Violación de domicilio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-10-31

El proyecto del Poder Ejecutivo que dio impulso al tratamiento de la actual ley (24316), había planteado la imposición de reglas de conducta como una potestad del tribunal que concedía la condenación condicional. Esto fue reformulado por la Comisión de Legislación Penal, proponiendo el actual texto que imperativamente manda que 'al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer'. Así las cosas, será en adelante ineludible aplicar las reglas de conducta, quedando reservada la discrecionalidad de los magistrados a la elección de las que se impondrán y al tiempo de duración de ellas.
Valor probatorio, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LANDABURU, OMAR s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

Si bien la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vía ilegítima, ella -no obstante su categórica formulación- admite el concurso de factores que pueden atenuar los efectos derivados de una aplicación automática e irracional.

Especificando el concepto se ha expresado que "...apreciar la proyección de la ilegitimidad del procedimiento sobre cada elemento probatorio es función de los jueces, quienes en tal cometido deben valorar las particularidades de cada caso concreto. Resulta ventajoso para esa finalidad el análisis de la concatenación causal de los actos, mas no sujeta a las leyes de la física sino a las de la lógica, de manera que por esa vía puedan determinarse con claridad los efectos a los que conduciría la eliminación de los eslabones viciados. Debe tenerse en cuenta asimismo, la posibilidad de adquisición de las evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por ilegítimas...".

Si el comienzo de la investigación no arranca de un acto viciado, pues el primer eslabón de la cadena es el hallazgo de un vehículo sustraído, estacionado en la vía pública, del que se tenía conocimiento antes del ingreso ilegítimo en la morada del procesado, el defectuoso segundo paso sólo hace caer el secuestro del arma de guerra ya que media una relación directa con el allanamiento viciado, pero ninguna vinculación tiene con el tercer paso del procedimiento, que consistió en la requisa del automóvil, ya que ésta pudo perfectamente llevarse a cabo aun cuando no mediara el segundo paso. Así, subsiste plenamente válida la incautación del documento nacional de identidad falsificado en tales circunstancias.

El personal policial se encuentra habilitado para efectuar la requisa por sus propios medios, procediendo como mejor le resulte para abrir el automóvil que se había sustraído, de manera que la concreta modalidad que se empleara en la emergencia carece de relevancia para la solución del caso.

La regla de la exclusión no ha de operar, en tanto y en cuanto, descalificado el allanamiento irregular, pierden virtualidad aquellos actos que son su consecuencia, mas no todos los otros procedimientos concomitantes que no guarden relación intelectual o física con aquél.

El conocimiento pre-existente de que se trataba de un vehículo sustraído que poseía orden de captura, convalida lo actuado por la prevención, ya que no existe vicio que pueda proyectarse sobre ello, y en consecuencia, respecto del secuestro del documento falsificado.
Testigo prohibido, padres, denuncia, nulidad procesal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: WAIGEL, Norma s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-18

Es improcedente la declaración de nulidad de lo actuado, solicitado por la defensa, en virtud de que todo el proceso fue consecuencia de la denuncia promovida por la madre de la imputada, por la supuesta violación al art. 242 del C.P.P., ello es así puesto que si bien la mencionada norma pretende conservar la cohesión familiar, en la especie, el perjuicio resultó más grave que el bien que se pretende custodiar, por lo cual, la declaración de la madre de la imputada debe ser tomada como "notitia criminis", puesto que luego el Juez y la prevención fueron los encargados de llevar adelante las investigaciones conjuntamente con la participación obligatoria del Fiscal.
Jubilaciones, determinación de deuda previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Liliana Alicia promueve acción de amparo s/ Cuestión de competencia art. 6, C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Es manifiestamente ilegal y arbitraria la decisión del Instituto de Previsión Social por medio de la cual se formula a un beneficiario un cargo deudor que no aparece sustentado en ningún dispositivo legal que lo autorice.
Mandamiento de prohibición, nulidad del acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, suspensión de la matrícula, médicos, delitos contra la integridad sexual, jurisprudencia internacional, estado de derecho, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

En síntesis, los propósitos que impulsaron esta medida en función de los derechos de las supuestas víctimas de delitos sexuales no han sido canalizados por el Estado ni resuelto conforme a la Constitución y la ley sino en forma manifiestamente ilegal y sin perjuicio de la antigüedad de la Ley 3338 y su art. 14 observamos que el mismo no ha sido cumplido por la Administración.

Alcanza para dar satisfacción a la acción de amparo deducida, la declaración de nulidad absoluta e insanable de la Res. Nro..... Aún cuando se trata de una medida provisional que no se encuentra perfeccionada, y aunque existe imposibilidad jurídica por los vicios que presenta de que sea confirmada.

Lo concerniente al tratamiento de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo que da lugar a una errónea interpretación en tanto y en cuanto se entendiera en la esfera de la Administración una medida similar de la interpretación del art. 14 de la Ley Nro. 3338, confusión que pareciera manifestarse en el segundo voto, pero que queda superada con la resolución definitiva que aquí se toma.

Es decir, que los extremos de inhabilidad o peligrosidad vistos a la luz de la jurisprudencia de la CSJN. en su actual composición, en las causas MALDONADO y GRAMAJO, y de la Corte Interamericana de D. Humanos en el caso "F. RAMIREZ GUATEMALA", demuestran que son conceptos que han sido abandonados por la jurisprudencia por ser incompatibles con un estado de derecho y en el marco del debido proceso legal.
Principio de congruencia, aplicación de la ley, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

"Si bien el principio de congruencia veda al juzgador la posibilidad de introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa, ello no impide, sin embargo, la aplicación del derecho a los hechos acreditados".
Disminución de la pena, fallo plenario, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VIDELA, Bernardo s/ excarcelación Causa nro. 27.342
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-01-25

Conforma lo resuelto en el plenario Nº 2/95 "Villarino, Martín", de la Excelentísima Cámara Nacional de Casación, resuelto el 21 de abril de 1995, la disminución de pena, debe entenderse de un tercio del máximo a la mitad del mínimo de aquella que corresponda al delito.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Eiras Claudia s/ Beneficio de Litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-18

Si bien el Código Procesal admite en el trámite del beneficio una intervención "limitada" del litigante contrario; no dispone que se le dé traslado del escrito de promoción, sino simplemente, que se lo cite en los términos del art.80, a fin de que pueda formular oposición fundada, concurrir a fiscalizar las audiencias de prueba y, eventualmente, aportar probanzas tendientes a desvirtuar los hechos invocados por el solicitante. En función de ello, no le asiste razón al apelante que se queja de la negación del " a-quo", ante su pedido de prueba fiscalizadora , pues fue notificada de la citación prevista en el art. 80 del CPCC y se le confirió la vista normada en el art. 81 del ritual sin que en tal oportunidad formulase cuestionamiento alguno, razón por la cual su petición deviene extemporánea.
Acción civil en el proceso penal, oportunidad procesal, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: S.M.E. s/ Denegatoria a ser tenido por actor civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-04

La Sala, por mayoría, confirma el auto del magistrado de la instancia de origen que rechazó la pretensión del recurrente de ser tenido por actor civil dado el estado procesal de las actuaciones, pues el fiscal ya había requerido la elevación a juicio.
Contrato de trabajo, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra Jacinto Rosendo c/ Jorge Omar María Liotta y/o quien resulte responsable s/ sueldos adeudados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-06

Dentro de los principios que rigen en el fuero laboral se encuentra el de primacía de la realidad, conforme art. 11 de la LCT, según el cual cuando no existe correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó e incluso, se documentó, prevalecen aquellos sobre estos. Vale decir que priva la verdad de los hechos, sobre la apariencia formal que las partes hubieran podido utilizar para encubrir aquellos. Toda estipulación contractual por escrito no tiene en principio, mas valor que el de una presunción, que puede caer ante la prueba en contrario de los hechos; pues la forma cede ante la primacía que tiene la realidad que escriben los hechos.
Daños y perjuicios, dependientes, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: V., E. c/ M., I. R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Resulta incuestionable la obligación de la escribana en resarcir los daños causados por su dependiente, frente a la accionante, que ha sido ajena a las cuestiones internas acaecidas el principal y dependientes. Ello, sin perjuicio, claro esta, de dejar a salvo, el legítimo ejercicio de intentar las acciones recursorias contra la dependiente autora del acto ilícito y responsable en última instancia del perjuicio que con su actuar ocasionó el daño de autos (art. 1123 del C. Civ.)