Seguridad social, jubilación por invalidez, junta médica, sentencia, prueba pericial, medidas para mejor proveer, determinación de la incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reynoso Osvaldo Hugo c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-11-18

1- Cuando de la prueba pericial incorporada al expediente no surge con certeza que la incapacidad determinada en el setenta por ciento (70 %) de la total obrera existiera al momento de llevarse a cabo las Juntas médicas en sede administrativa, y siendo que el debate gira en torno al reconocimiento de un derecho previsional que la Ley Fundamental de la Nación y la Constitución de la Provincia han adjetivado como "irrenunciable" e "imprescriptible", obvias razones de economía procesal y administrativa, a las que se añaden las exigencias de una efectiva tutela jurisdiccional, aconsejaban al Tribunal de mérito a ejercer las facultades que confiere el artículo 34 de la Ley 7182 cuando dispone que "...El Tribunal podrá ordenar de oficio las diligencias que considere oportunas, conducentes al esclarecimiento de los hechos, aún cuando las partes se opusieren".

2- Si bien existen divergencias en orden al grado de incapacidad laborativa existente a la fecha de las juntas médicas, entre las opiniones de los propios médicos intervinientes en sede administrativa, y las conclusiones a las que se arribó en la pericia judicial, sin embargo, al existir coincidencia acerca de la índole de las afecciones diagnosticadas al actor, su producción y vinculación con la relación de trabajo, y la naturaleza definitiva, permanente e irreductible. Debe hacerse lugar al recurso de casación, revocar el decisorio del Judex que rechaza la demanda y reenviar la causa al Tribunal que sigue en turno a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, para lo cual deberá en forma previa disponer como medida para mejor proveer (art. 34, Ley 7182) que los peritos intervinientes en el proceso: a) se expidan acerca del grado de incapacidad que padecía el actor a la fecha de las Juntas Médicas efectuadas por la Caja; b) desarrollen el método científico utilizado para arribar a la determinación de la incapacidad en grado superior al sesenta y seis por ciento (66%) de la T.O., c)determinen el grado de evolución, si lo hubiere, de la incapacidad que haya podido observar el actor, entre la fecha de las Juntas Médicas y la de la pericia judicial.

3- Para el supuesto que concurran fundadas razones para juzgar que la incapacidad que padece el actor no existía en el grado exigido por la ley (sesenta y seis por ciento de la total obrera) al momento de las Juntas Médicas efectuadas por la Caja, la demanda deberá ser rechazada. Si por el contrario, concurren circunstancias objetivas que autoricen un juicio favorable a la existencia de la incapacidad en el grado exigido por la normativa previsional, deberá reconocerse el derecho del actor al beneficio previsional desde la fecha de la solicitud. Y si no puede establecerse con certeza o probabilidad fehacientemente acreditada que la incapacidad que padece el actor existía en aquel momento, sino que tal determinación alcanzó un grado de certeza recién con la intervención de los médicos actuantes en el proceso judicial. el reconocimiento del derecho al beneficio procederá a partir de la fecha de la sentencia, que declare el derecho del actor a acceder a la tutela previsional.

4- La alternativa de solución propuesta en último término tiene sustento fáctico y jurídico en que es recién a partir de la sentencia del Tribunal que hace mérito de la incapacidad laborativa determinada en las actuaciones judiciales, que adquiere la certeza jurídica necesaria la fecha y el grado de incapacidad laborativa al que se encuentra condicionado el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez. Todo ello obedece a los principios plasmados en el sistema contencioso administrativo establecido en el C.M.C.A. -Ley 7182-, que a diferencia de su antecesor C.P.C.A. -Ley 3897- ha roto con los rígidos moldes del contencioso administrativo referido exclusivamente al acto administrativo, estableciendo un verdadero proceso, en el que la materia de la acción ante la justicia es la pretensión que se deduzca en relación con los actos de la Administración Pública y no solamente respecto de éstos últimos tendiendo a la reparación integral de las situaciones jurídico-subjetivas, de modo de evitar mayor desgaste jurisdiccional y proveyendo a los justiciables un auxilio eficaz, conforme a las más modernas tendencias legislativas.