Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 426/431. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho se reunieron en Acuerdo los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROJAS, Dominga Gloria contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 300/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Concedido por la Cámara)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nro. 21-00510900-8). Se resolvió someter la decisión a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que se realizó el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri, Gastaldi y Erbetta. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Surge de las constancias de la causa que la señora Dominga Gloria Rojas inició recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Santa Fe tendente a que se le acuerde el pago de la indemnización por el fallecimiento de su esposo Emeterio Oviedo (art. 23, inc. c, ley 9286) quien se desempeñara como personal de planta permanente prestando servicios para la demandada hasta producirse su deceso (21.7.2010). La Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 1 declaró procedente el recurso y condenó a la Municipalidad de Santa Fe a abonar a la actora la indemnización por fallecimiento reclamada, con costas. Para ello los Sentenciantes consideraron acreditada su legitimación activa y cumplidos los requisitos exigidos por la norma para reconocer a la actora la indemnización por fallecimiento solicitada (art. 32, Anexo I de la ley 9286). Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad normativa y falta de motivación suficiente en tanto se apartó del texto de la ordenanza 11968 que rige el presente caso, afectando su derecho de defensa, a la jurisdicción y privándola de una respuesta debidamente motivada. Se agravia de que, al fallar como lo hiciera, la A quo dejó de lado las facultades de la Municipalidad para reglamentar y complementar el artículo 24 de la ley 9286 estableciendo un régimen diferencial para el cálculo de las indemnizaciones que -afirma- está expresamente permitido por la misma norma que establece que dicho cálculo para los municipios y comunas será aplicable "siempre y cuando no existiera un régimen diferencial". Sostiene que la decisión impugnada le genera un gravamen irreparable por vulnerar la autonomía municipal consagrada en los artículos 5 y 123 de la Carta Magna nacional y exigirle responsabilidades por indemnizaciones exageradamente más onerosas que las asumidas por la misma Provincia, entrometiéndose indebidamente en el marco del propio desenvolvimiento comunal. Finalmente se agravia de que el pronunciamiento impugnado genera una situación de gravedad institucional ya que importa el avance del Poder Judicial por sobre las facultades inherentes a la esfera propia del órgano legislativo local, violentando la división de poderes. La Cámara, por su parte, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 193/198). El examen de admisibilidad que impone el artículo 11, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión, de conformidad a lo expuesto por el señor Procurador General a fojas 204/207 vuelta. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, el señor Ministro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Corresponde -se adelanta- declarar improcedente el recurso interpuesto, en tanto no surgen, tras su análisis, razones que demuestren el invocado apartamiento normativo, la efectiva falta o carencia de motivación del fallo cuestionado, ni que se haya configurado un supuesto de menoscabo a derechos de raigambre constitucional que deba ser reparado por la vía intentada. Ello es así toda vez que se comprueba que, a pesar de los argumentos vertidos con relación a la vulneración de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional y de la autonomía municipal allí consagrada, la demandada no logra poner en evidencia que dicha hipótesis de arbitrariedad encuentre alguna conexión con la realidad del caso. Así, surge que la Cámara efectuó un análisis de la plataforma fáctica del caso, concluyendo en que los requisitos exigidos para la procedencia del beneficio solicitado se encontraban reunidos por la actora (esto es: el señor Oviedo se desempeñó hasta el momento de su muerte -21.7.2010- como agente de planta permanente de la Municipalidad de Santa Fe "sin función, categoría 8/15 por promoción, Agrupamiento V - Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de Control Municipal"; que había contraído matrimonio con la actora el 30.12.1992, a quien la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe otorgó en forma exclusiva el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su esposo, de lo que surgía su calidad de derechohabiente del causante -fs. 175/176 v.-). Sobre tales presupuestos, los cuales no han sido en modo alguno cuestionados ni criticados por la demandada ni han merecido reproche constitucional, es que el Tribunal apoya la interpretación y aplicación de las normas en juego para dar solución a la presente causa. Al respecto, los Sentenciantes reconocieron -con cita de renombrada jurisprudencia- las atribuciones de los municipios y comunas de la Provincia, destacando que las mismas son derivadas y excepcionales frente a las del Estado provincial; pero en el caso la interpretación y aplicación de la ordenanza propuesta por la Municipalidad se apartaba de lo establecido por la ley 9286. Frente a ello la impugnante no logra enderezar crítica constitucional atendible. Es que, del análisis de las normas en cuestión surge que, si bien el artículo 24 de la ley 9286 establece la aplicabilidad de las escalas acumulativas según antigüedad que establece, "siempre y cuando no existiera un régimen diferencial", de ello no puede seguirse -tal como lo postula la Municipalidad- que la potestad de establecer dichos "regímenes diferenciales" resida en cabeza de los municipios y comunas de la Provincia, habiendo sido ejercida en el caso del municipio santafesino mediante el dictado de la ordenanza 11.968. Antes bien, en el juego antes aludido de potestades municipales y provinciales, es claro que la citada alusión del artículo 24 de la ley 9286 refiere exclusivamente a una eventual determinación de regímenes diferenciales -también por ley. Es que cuando la ley 9826 quiso habilitar a las municipalidades y comunas, así lo hizo en forma expresa (vgr. artículos 28, 30, 37, 39); teniendo dicho asimismo este Tribunal que aun en tales supuestos -vgr., respecto del artículo 30- "las administraciones municipales y comunales pueden otorgar compensaciones, subsidios e indemnizaciones por encima de los mínimos legales, si les resultara presupuestariamente posible y fuera compatible con la adecuada satisfacción de los intereses públicos que persiguen" ("Pavón", A. y S. T. 109, pág. 373; "Agüero", T. 118, pág. 63; "Leppez", T. 119, pág. 46; "Navarrete", T. 207, pág. 334 -la negrita no es del texto-).} En consecuencia, no podría pretender el municipio demandado que sobre las disposiciones de la ley 9286 se erigiera una ordenanza municipal para cuyo dictado el ente territorial carece de potestad, e implica una sustancial disminución de la base de cálculo de la indemnización por fallecimiento aquí reclamada. A lo que cabe agregar que, en las circunstancias concretas del caso, en que el fallecimiento se produjo -como se dijo- en fecha 21.7.2010, la ordenanza 11.968,sancionada en fecha 20.12.2012, no sería tampoco aplicable aun al margen de todo lo antedicho, dado que en principio la fecha del fallecimiento es la que determina el régimen jurídico aplicable (v. Fallos 332:2454). Con lo cual, el agravio relativo al apartamiento normativo enderezado contra la sentencia impugnada queda sin sustento ni comprobación en el presente, resultando ser la mera invocación del gravamen, lo que resulta insuficiente para hacer lugar al remedio constitucional intentado. En efecto, el pronunciamiento impugnado no resulta lesivo de principios constitucionales ni violatorio del derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna provincial, ni ha puesto en peligro tampoco la autonomía municipal -que se dice en juego-, la cual, en cambio, habiendo sido expresamente reconocida por los Sentenciantes,permanece vigente pudiendo ser ejercida de conformidad al principio de juridicidad. Por otra parte, los reproches relativos al error del A quo al pretender traer al caso criterios jurisprudenciales que -dice- no serían aplicables, tampoco configuran agravio constitucional de entidad, en tanto la propia Cámara expresa que el punto de contacto con aquéllos se daba en la pretensión del ente municipal de aplicar una ordenanza local por sobre la ley 9286. En definitiva, se desprende que la impugnante se ha limitado, en general, a insistir en los mismos planteos oportunamente esgrimidos, proponiendo a partir de ellos la solución que en su criterio correspondía adoptar en el presente caso, sin demostrar que el Tribunal haya incurrido en autos en las alegadas violaciones a principios de jerarquía constitucional o efectuado una ponderación irrazonable de las constancias del expediente, que determine que la decisión final deba ser vista como el resultado de la sola voluntad de quienes decidieron. Corresponde, pues, declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad demandada, desde que los agravios esgrimidos no demuestran ni el apartamiento normativo, ni la carencia de motivación alegada, ni que se haya configurado un supuesto de menoscabo a derechos de raigambre constitucional que deba ser reparado por la vía intentada, sino que sólo deja traslucir la mera disconformidad o discrepancia de quien lo plantea con la solución que la Cámara adoptó en ejercicio de funciones propias, y con fundamentos suficientes que, podrán no conformar a la recurrente pero en modo alguno constituyen vicio alguno. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Coincido con la solución propuesta por el señor Ministro doctor Spuler en orden a declarar improcedente el recurso interpuesto, toda vez que la interesada no demuestra las causales de arbitrariedad invocadas, ni que se hayan vulnerado las normas constitucionales que menciona (arts. 5 y 123 de la Constitución nacional), ni la autonomía municipal allí consagrada. Surge de las constancias de la causa que la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 1, para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que se encontraban acreditados los requisitos necesarios para reconocer a la accionante la indemnización por fallecimiento solicitada. Aclaró que seobservaba en los antecedentes del caso que el señor Emeterio Oviedo, fallecido el 21.07.2010, se había desempeñado hasta el momento de su muerte como agente de planta permanente de la Municipalidad de Santa Fe, "sin función, categoría 8/15 por promoción, Agrupamiento V - Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de Control Municipal". Mencionó que constaba que la actora había contraído matrimonio con el causante en fecha 30.12.1992 y había obtenido -en forma exclusiva- el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del señor Oviedo. Y concluyó que, en tales condiciones, la señora Rojas reunía los requisitos previstos por el artículo 32, anexo I, de la ley 9286. Consecuentemente, y luego de descartar la aplicación al caso de la ordenanza 11968, el Tribunal a quo declaró procedente el recurso interpuesto en cuanto perseguía el pago de la prestación por fallecimiento prevista en el Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia (ley 9286, anexo I), derivada del deceso de su cónyuge Emeterio Oviedo. Frente a ello la impugnante no logra enderezar una crítica constitucional atendible, pues centra sus reproches en el apartamiento normativo que endilga a la Cámara por haber omitido aplicar la ordenanza 11968 -que a su entender desplazaría en el caso la operatividad de las escalas que surgen de la ley 9286-, mas sin demostrar que la solución que propone resulte claramente aplicable en la especie. A lo que cabe agregar que no está controvertido en autos que el fallecimiento de Oviedo se produjo en fecha 21.07.2010 y la ordenanza 11968 fue sancionada más de dos años después -el 20.12.2012-, circunstancia que obstaría a su aplicación, ya que -en principio- es la fecha de fallecimiento la que determina el régimen jurídico aplicable (v. Fallos: 332:2254). Lo expuesto es suficiente para concluir que corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad demandada, desde que los agravios esgrimidos no demuestran arbitrariedad ni menoscabo alguno a derechos de raigambre constitucional, sino que sólo dejan traslucir la simple discrepancia de la compareciente con la solución debidamente fundada que brindaran los jueces de la causa en uso de facultades propias. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta expresó idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votó en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Con costas (art. 12, ley 7055). A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, el señor Ministro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Con costas.Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI (POR SU VOTO)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 1.