Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-13


SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y TRES En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los trece días del mes de noviembre de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 99/11, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Correa por la defensa de Germán Ernesto Yañez en contra de Sentencia Nº 31/2011", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado, por haber inobservado o aplicado las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº TREINTA Y UNO/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 24, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, mediante Sentencia Nº 31de fecha 16/11/2011, en lo que aquí concierne, por mayoría resolvió: "Declarar culpable a Germán Ernesto Yánez, de condiciones personales relacionadas en la causa, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y amenazas (arts. 89, 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del C. Penal) (Hechos Nominados Primero y Segundo del Requerimiento de fs. 623/626), coautor del delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública (arts. 167 inc. 4º en función del art. 163 inc. 6º del C. Penal) (Hecho comprendido en el requerimiento de fs. 743/751) y autor de los delitos de lesiones leves y amenazas calificadas por el uso de armas (arts. 89 y 149 bis., primer párrafo, segundo supuesto del C. Penal) (Primer y Segundo Hecho del requerimiento fiscal de fs. 1312/1319 vta), todo en concurso real (arts. 55 y 45 del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de nueve años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal) (.)" II. Contra el decisorio aludido comparecen los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Correa -en adelante los recurrentes-, en su calidad de asistentes técnicos del imputado Germán Ernesto Yañez, e interponen recurso de casación invocando falta de motivación y fundamentación, aplicación errónea del derecho (art. 454 inc. 1 del CPP) y aplicación errónea de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2 del CPP).

Denuncian genéricamente falta de motivación y fundamentación del fallo impugnado. En tal sentido, argumentan que se trata de vicios in iudicando que transgreden lo establecido constitucionalmente, citando las normas que consideran pertinentes y doctrina alusiva.

Sus agravios se dirigen a cuestionar la ponderación de la prueba efectuada por el voto mayoritario del tribunal en relación a los distintos hechos contenidos en los Requerimientos Fiscales de fs. 743/751, 623/626 y 1312/1319, respectivamente.

Refiriéndose puntualmente al hecho contenido en el Requerimiento Fiscal de fs. 743/751 -Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública-, argumentan que el fallo omite fundamentar su decisión respecto al imputado Yañez. Denuncian apartamiento de los hechos de la causa. Sostienen que la totalidad de las pruebas aportadas a la misma, no han sido valoradas correctamente. Que hay falta de fundamentación en la sentencia, tanto legal como lógica, y que se responsabilizó a su defendido de un hecho que no puede atribuírsele y por el que debió ser absuelto por el beneficio de la duda.

Manifiestan que las pruebas testimoniales han sido sobrevaloradas y sobredimensionadas por el tribunal a quo, y que este basó su sentencia en declaraciones prestadas por "testigos de oídas", quienes no percibieron con sus sentidos el hecho ilícito en sí, sino que repitieron lo que terceras personas dijeron haber visto. Afirman que la condena se basó en tambaleantes declaraciones de testigos cuya idoneidad está de por sí discutida. Citan jurisprudencia al respecto.

En idéntica dirección, aunque cuestionando ahora únicamente el Hecho de Amenazas contenido en el Requerimiento Fiscal de fs. 623/626, denuncian la escasez de elementos probatorios en los que se fundó la sentencia, resaltando que ésta sólo se basó en una denuncia y un indicio. Se agravian tanto por la calificación del hecho endilgado -amenazas- como por la pena atribuida a Yañez.

Por último, los recurrentes, en relación a a la Requisitoria Fiscal de fs. 1.312/1.319, cuestionan en primer término, que no se ha respetado el principio de congruencia, argumentando que la acusación no se mantuvo única e idéntica a lo largo del proceso -al momento de elevar la causa a juicio, se lo hizo por el delito de lesiones en riña y amenazas calificadas; mientras que en su alegato final, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena por el delito de lesiones leves y amenazas calificadas-. Sin embargo, párrafo siguiente, aclaran que adhieren al pedido del Fiscal en cuanto al delito de lesiones, cuestionando entonces, únicamente las amenazas calificadas por el uso de armas. En tal sentido, alegan que tanto Mirian del Carmen Fernández como Armando Marcelo Córdoba no pudieron visualizar el arma, lo cual coincide con lo declarado por los menores Yarade y Segura.

En definitiva, cuestionan la agravante, ya que a entender de los recurrentes, no existen elementos objetivos que corroboren la existencia del arma, sino solamente la acusación del Señor Herrera -víctima-.

Sostienen que en este hecho debió aplicarse el principio constitucional del "in dubio pro reo", tal como lo hizo el Dr. Roselló en su voto en disidencia. Citan jurisprudencia.

Finalizan su escrito recursivo solicitando concretamente que se absuelva a su asistido de los delitos de Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública (Hecho contenido en el Requerimiento Fiscal de fs. 743/751), Amenazas (Hecho Nominado Segundo contenido en el Requerimiento Fiscal de fs. 623/626) y Amenazas Calificadas por el uso de arma de fuego (Hecho Nominado Segundo del Requerimiento Fiscal de fs. 1312/1319 vta.) con la consecuente disminución de la pena atribuida.

Por último, formulan expresa reserva del caso federal.

III. Como punto de partida debo adelantar que más allá de las distintas causales que al inicio del escrito recursivo esgrime la defensa del imputado Germán Ernesto Yañez, de la lectura de los argumentos efectivamente brindados se advierte que los recurrentes dirigen sus fundamentos a cuestionar puntualmente la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.), razón por la cual, desde el enfoque señalado se hará el presente análisis.

III. a. Refiriéndose al hecho contenido en el Requerimiento Fiscal de elevación a juicio de fs. 743/751, esto es Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública, los impugnantes denuncian falta de fundamentos jurídicos, derivada de la escasez de pruebas para condenar a su asistido. Sostienen que el tribunal no ha proporcionado de manera expresa, fundada y acabada una debida motivación de tan grave decisión jurisdiccional. En tal sentido, ponen de resalto que el sentenciante se limita a brindar fundamentos respecto a la autoría de Delgadino, acusado conjuntamente con su defendido, pero omite fundamentar y motivar su decisión respecto al imputado Yañez.

Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica entonces en analizar si efectivamente el tribunal a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas -como lo aseveran los recurrentes- y en consecuencia, si corresponde o no la absolución del imputado Germán Ernesto Yañez, propuesta por la defensa.

Lo expuesto, induce a recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 43, 29/08/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11;S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en donde siguiendo la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la República a partir del fallo "Casal" (CSJN 20-09-05), se dijo que: "por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal".

En tal sentido, repárese que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate, por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, a quienes porque son los que tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria.

En esta dirección, debo decir que un análisis integral del material probatorio debidamente incorporado a debate, permite adelantar mi posición diametralmente opuesta a la pretendida por los recurrentes. Y es que, no advierto que las pruebas testimoniales hayan sido sobrevaloradas y sobredimensionadas por el tribunal de mérito, ponderación que debe efectuarse, como se dijo, con la limitación de que se trata, en el sentido que nos encontramos frente a cuestiones relacionadas en forma directa con la inmediación del juicio oral, y por tanto, resultan excluídas del control casatorio en razón de su naturaleza irreproductible.

Con los límites señalados, cabe apreciar que el juzgador, luego de percibir con sus propios sentidos los testimonios brindados en debate por Mariano Alejandro Narváez y Gimena Candela Soria, ponderó las impresiones personales que ha observado y recibido de los referidos testimonios, concluyendo que los mismos en debate modificaron sustancialmente sus dichos expresados en la Investigación Penal Preparatoria a fs. 671/672 y 676/676 vta. respectivamente, sin dar una explicación lógica, lo que motivó que a pedido de parte, el Tribunal ordenara la incorporación de las señaladas declaraciones prestadas a los fines de la oportuna valoración de las mismas. En tal sentido, el tribunal a quo consideró que ambos testigos directos de lo acontecido fueron veraces en sus dichos en oportunidad de declarar en la Investigación Penal Preparatoria, no solamente porque no supieron explicar en debate las razones de sus contradicciones, sino porque sus declaraciones de fs. 671/672 y 676/676 vta. son contestes con los demás elementos probatorios incorporados a debate.

En esta dirección, el sentenciante resaltó que en su afán de querer convencer al Tribunal manifestaron que la sumariante judicial Laura Patricia Ríos agregó en sus declaraciones los párrafos que justamente contienen las circunstancias que comprometen a los imputados, algo totalmente impensado e ilógico si se tiene en cuenta que para una sumariante judicial sería imposible "inventar" circunstancias tan precisas como : ".Que al llegar al lugar me di con la novedad que la persona que tenía la motocicleta de mi cuñado era Sebastián Delgadino.Quiero decir que yo ya conocía de vista a Delgadino, porque siempre el suele pasar por mi domicilio. Si lo vuelvo a ver estoy seguro que lo reconozco. También quiero decir, que la noche que le robaron la moto a mi cuñado, Sebastián Delgadino y un tal (a) "El Porteño", le pidieron mi número de teléfono a mi hermano Juan Pablo Narváez (26 años de edad), con idéntico domicilio al mío, y de esta manera se comunican para pedir rescate por la motocicleta... En la mañana del día sábado 09 del presente mes y año, aproximadamente a horas 09:30, se hizo presente en la casa de mis suegros (a) "El Porteño", para aclarar que él no tenía nada que ver en el robo de la moto de mi cuñado; que en la oportunidad (a) "El Porteño" se quiso cubrir y dijo que quien había andado en le tema de la moto era Delgadino. Por lo que estoy seguro que ambos fueron los autores del robo de la moto de mi cuñado." (declaración de Mariano Alejandro Narváez de fs. 671/672); o ". mi hermana Cinthia Soria recibe una llamada telefónica, de parte de Sebastián Delgadino, quién le manifestó a Cinthia, que él sabía que le habían robado a mi hermano Cristian. a Delgadino yo lo conozco de vista del Barrio Los Ceibos, donde vive mi madre, también porque es demasiado nombrado, todos sabemos que está relacionado con el ambiente delictivo. También diré que mi hermano por dichos de unos vecinos de quienes no quisieron identificarse por miedo a represalias le manifestaron que ellos habían visto a dos personas que responden a las características físicas de Delgadino y El Porteño, como así, como andaban vestidos. Si los vuelvo a ver a Delgadino y a El Porteño los reconozco con seguridad... Quiero decir que a partir de esto, todo el tiempo yo y mi familia hemos sentido impotencia, porque Delgadino se quedó con el dinero, dañó la moto de mi hermano, porque ya la estaba desarmando, sabemos que fue en compañía del Porteño y hasta el día de la fecha, pasa por nuestro domicilio muy tranquilo, incluso luego de haber amenazado a mi madre, por lo que ella ya radicó la denuncia (declaración de Gimena Soria de fs. 676/676 vta.).

Siguiendo esta línea de razonamiento, el tribunal sostuvo que las declaraciones de ambos testigos prestadas en la Investigación Penal Preparatoria son veraces, porque son contestes en un todo con lo denunciado por Cristian Armando Soria, quién intentó recuperar su moto acompañado por personal policial de la Dirección de Investigaciones, para lo cual extrajo fotocopia de los billetes que iba a entregar (fs. 678/682), y se dirigió al domicilio de Delgadino, pero la maniobra fue advertida por éste o algún allegado y eso motivó que Delgadino suspendiera las tratativas y en las comunicaciones telefónicas posteriores reclamara para la entrega de la moto que no vaya Cristian Soria ni la policía, sino un familiar de éste. Ello explica que a la Plaza del Maestro concurrieron a buscar la moto Mariano Alejandro Narváez y Gimena Candela Soria.

En este orden de ideas, el tribunal a quo concluyó que la autoría de Yañez y Delgadino en el hecho, no sólo surge de la denuncia -repárese aquí lo manifestado por la víctima cuando refiere que ".Esa misma noche su hermana le comentó que una persona que ella conoce, le había dicho que Delgadino y el Porteño (Yañez), fueron quienes robaron la moto; es decir, no es que sólo sabían donde estaba, como manifestaban, ellos la tenían porque la habían sacado. Su hermana no le quiso decir quién le contó eso porque él estaba muy nervioso, y seguramente esta persona que fue testigo del robo, debe tener miedo a represalias por parte de estos delincuentes."- y de los testimonios analizados, sino además, de la prueba documental incorporada a debate (fs. 657/661, 677/682 y 697 vta.). Por último, cabe destacar la circunstancia de que Yañez fue a la mañana siguiente de cometido el hecho, aproximadamente trece horas después, a la casa de los suegros de Mariano Alejandro Narváez, aclarando que él no tenía nada que ver con el robo de la moto de su cuñado, queriéndose cubrir delegando toda responsabilidad a Delgadino. En idéntica dirección, resáltese que Yañez y Delgadino le pidieron a Juan Pablo Narváez -hermano de Mariano Alejandro- el número de teléfono de éste último a fin de comunicarse con la familia de la víctima y poder así solicitar el rescate por la motocicleta.

Consecuentemente con lo expuesto, considero que el razonamiento del tribunal a quo resulta ajustado a las reglas de la lógica, y su convicción respecto de la participación del imputado en el hecho resulta de la ponderación y valoración de las pruebas que fueron recibidas durante el debate, respecto del Requerimiento Fiscal de fs. 743/751. Por ello, voto negativamente.

III. b. Corresponde ahora dar respuesta a otro de los cuestionamientos esgrimidos por los recurrentes, quienes refieren ahora al hecho de amenazas contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 623/626 (Hecho Nominado Segundo). Entienden que no existen pruebas, más que la denuncia. Refieren que la manifestación de la denunciante en cuanto a la amenaza que dice haber sufrido no se ve corroborada por prueba objetiva e independiente.

Entiendo que este planteo no resulta de recibo, puesto que el juzgador puntualmente ponderó la veracidad de los dichos expresados por Martha Susana Montivero en su denuncia de fs. 596/596 vta., quien tras ser advertida de las penalidades de falso testimonio, manifestó que el "Porteño" -refiriéndose al imputado Yañez- el día 04 de diciembre de 2007 le pegó una "patada" a su hija de 13 años de edad de nombre María Jesús, en circunstancias en que ella circulaba por la calle de enfrente de su casa sita en la esquina de la Posta del barrio Eva Perón. Que ella lo pudo observar claramente porque se encontraba barriendo el frente de la vereda de su casa, logrando ver que a una media cuadra antes de llegar a la Posta, el Porteño le pega una patada a su hija, a la vez que le hacía ademanes como si la estuviera retando. Su hija se retiró de allí y Yañez inmediatamente se dirigió a su casa y textualmente le manifestó "La voy a cagar matando a tu hija, por botona."; dado que minutos antes la declarante y su hija lo habían visto pasar por el frente de su casa con un stereo en la mano, el cual habría sido producto de un robo, diciéndole además que: "no tan solo la iba matar a ella sino a todos los que estábamos en la casa". Que en ese momento salió de la casa su pareja, se trenzaron en lucha con el Porteño, por lo que intervinieron su hijo Luis Montivero junto a un amigo de él que se encontraban al frente de la casa. Que luego la llamaron de la Posta y le dijeron que la vaya a buscar a su hija porque estaba muy dolorida y no podía caminar. Inmediatamente fue su pareja Claudio a traer a la nena y al llegar a la casa ésta le comentó que cuando el Porteño la interceptaba a media cuadra de su casa en circunstancia que se dirigía al negocio, le pegó una patada en la pierna y además le dijo que la iba a cagar matando porque ella lo había dejado pasar a los policías. Señaló que todo esto se suscitó porque horas antes (18:40 aproximadamente) en circunstancias en que se encontraba en la parte posterior de la casa junto a su pareja e hijos y un amigo de ellos de nombre Oscar Coronel de 39 años de edad, mientras su hija, María Jesús, se encontraba en la vereda de la casa, vieron que el Porteño pasaba corriendo por el canal que está atrás de la casa, con un "stereo" en la mano y detrás de este iban dos chicos más y se dirigió a la casa de un amigo que queda a cuatro casas de la suya y se sentó afuera como si nada, y ahí nomás llegó la policía la cual pasa por detrás de su casa ya que venían siguiendo a estos tres chicos, por lo que el Porteño pensando que su hija había permitido el ingreso a los policías tomó represalias con ella.

En tal sentido, el sentenciante aseveró que los dichos de la denunciante se encuentran plenamente acreditados en el examen técnico médico obrante a fs. 598, en el que se constata que la menor de 13 años María Jesús Montivero "presenta pequeño hematoma en la región posterior de la pierna derecha. La lesión es de reciente data en razón de sufrir golpe con o contra elemento contuso (puntapié). Tiempo de curación 5 días". Asimismo, puntualizó el tribunal a quo, que tal fue el grado de veracidad de los dichos de la denunciante, que el propio asistente técnico al momento de efectuar los alegatos pertinentes adhirió en lo que respecta al hecho nominado primero al pedido de condena que efectuó el Fiscal en el momento oportuno, tratando de mejorar la situación procesal de su asistido en el hecho nominado segundo -amenazas- aduciendo, al igual que lo hace ahora, que se carece de prueba porque sólo se cuenta con las manifestaciones de la víctima.

No obstante ello, el voto mayoritario del tribunal consideró que la pretendida escisión en la interpretación de los hechos formulados en la denuncia, no resulta acorde a derecho, toda vez que las manifestaciones expresadas por los testigos o víctimas deben ser valoradas en su integridad a la luz de la sana crítica racional, y si bien es cierto que se trata de una denuncia, la circunstancia de haberse acreditado por un examen médico los dichos de ambas víctimas "madre e hija", torna en veraz todo el contenido de la misma -y no solamente la parte que refiere a los dichos de la niña-, máxime -aclaró el tribunal- si se tiene en cuenta que en ningún momento la denunciante aportó dato alguno que hiciere presuponer que las demás personas que nombra en su denuncia que se encontraban en la casa, escucharon las palabras amenazantes proferidas por el acusado.

En razón de lo expuesto, considero que el fallo de marras, a diferencia de lo postulado por los recurrentes, ha fundado debidamente la conclusión incriminatoria aquí objetada, con adecuado respeto a las reglas de la sana crítica racional (arts. 18 C.N.; 142 y 408 inc. 3º -a contrario sensu- del C.P.P.).

III. c. Por último, corresponde ahora analizar los agravios referidos al Requerimiento Fiscal de fs. 1312/1319 vta. Al respecto, debo decir que la invocación de vulneración al principio de congruencia resulta a toda luces contradictoria e improcedente, puesto que la propia defensa del acusado en los alegatos solicitó que la conducta de su asistido quedara atrapada en el delito de lesiones leves -en lugar de lesiones en riña- (ver fs. 1521 vta./1522) coincidiendo con lo solicitado por el Fiscal del juicio, circunstancia que reconoce y reitera en los fundamentos del recurso de casación interpuesto, por lo que dicho planteo no puede tener acogida favorable en esta instancia.

Formulada la pertinente aclaración, adviértase que los impugnantes, refiriéndose al Hecho Nominado Segundo de la mencionada requisitoria, cuestionan la falta de acreditación del delito de amenazas calificadas. Puntualmente, se agravian al sostener que no existen elementos objetivos que corroboren la existencia del arma, sino solamente la acusación del Sr. Herrera -víctima-.

Corresponde entonces examinar aquí, si efectivamente el juzgador ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y si, a consecuencia de ello, ha aplicado erróneamente la ley sustantiva (art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto del C.P.).

Aseveran los recurrentes que las declaraciones de los testigos presenciales del hecho no agregan elementos de ponderación que sirvan para dilucidar el delito de amenazas calificadas por el uso de arma.

Al respecto, debo adelantar que más allá de los argumentos brindados por los impugnantes con el objeto de intentar mejorar la situación procesal de su asistido, debo decir que un análisis integral del material probatorio debidamente incorporado con plena anuencia de las partes y que fuera analizado por el tribunal, permite concluir que el razonamiento de éste último no resulta errado. Es que, contrariamente a lo sostenido, del fallo en crisis se advierte que el voto mayoritario ponderó lo manifestado por Juan Norberto Herrera -víctima- (fs. 810/811 y 1241) quien refirió que el día 13 de noviembre de 2009, siendo aproximadamente las 20:20 hs., en circunstancias en que se encontraba sentado en la vereda, frente de su domicilio, en compañía de Raúl Segura y Miguel Yarade, se hacen presente ocho personas en tres motocicletas de las cuales no podría brindar datos, reconociendo a Gallo Barrionuevo, de 25 años de edad aproximadamente y a (a) El Porteño Germán Yañez de 22 años de edad aproximadamente, quienes comenzaron a insultarlo, diciéndole textualmente "donde está tu hermano", "vos también que te hacés el pícaro", mencionando que Barrionuevo tenía en su mano un arma de fuego, con la cual le apuntaba a la altura del pecho remontando el arma, para posterior estas personas en compañía de los otros masculinos a los cuales no conoce, comenzaron a agredirlo físicamente dándole patadas en varias partes del cuerpo, produciéndole lesiones. Ante esto, dos vecinos, Marcelo Córdoba y Mirian Fernández se acercaron para defenderlo y Barrionuevo, con el arma de fuego apuntándoles, les decía que no se metan, por lo que ellos no podían intervenir, luego de ello Yañez le quitó el arma a Barrionuevo y con ella también lo apuntaba, diciéndole textualmente "te voy a cagar matando", "No sabés con quién te metiste", hasta que en un momento pudieron intervenir y lograron sacarlo, alejarlo del lugar. Posteriormente, Herrera agregó que Yañez fue uno de los que lo atacó, que está seguro porque lo conoce de la escuela y del barrio cuando eran chicos. Sumado a ello, el tribunal de mérito destacó que lo manifestado por la víctima resulta conteste en un todo con lo señalado por Armando Marcelo Córdoba (820/820 vta y 930); Miriam del Carmen Fernández (821/821 vta. y 891/891 vta.), Miguel Ángel Yarade (fs. 828/828 vta.) y Raúl Maximiliano Segura (fs. 929/929 vta.), quienes refrendan con sus testimonios los dichos del denunciante y víctima del hecho. En efecto, todos estos testigos manifestaron haber visto el arma de fuego, a excepción de Fernández quién puntualmente aclaró que ella no vio el arma, sino que fue su nieto Luciano quien le dijo que Gallo había sacado una pistola y le apuntaba a la cabeza a Juanchi.

En resumen, de lo expuesto ninguna duda cabe de la veracidad de los dichos de la víctima, los que encuentran correlato en los distintos testimonios examinados por el tribunal a quo, quien logró concluir que ha quedado debidamente demostrado con el grado de certeza requerido que el día trece de Noviembre de 2009, siendo la hora veinte con veinte minutos (20:20) aproximadamente, en circunstancias en que Juan Norberto Herrera se encontraba afuera de su domicilio sito en Barrio Eva Perón, Manzana 23, Lote Nº 05 de esta Ciudad Capital, se hicieron presentes un grupo de personas de sexo masculino que hasta el momento no pudieron ser identificadas, entre los cuales se encontraba Germán Ernesto Yañez (a) El Porteño quien le apuntó con un arma de fuego que sería tipo pistola, de color negra en la parte de la culata y cromada en el resto, diciéndole textualmente "te voy a cagar matando, no sabés con quien te metiste", provocándole temor a la persona de Herrera, por lo que su conducta debe quedar atrapada bajo las previsiones del artículo 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto del C.P. -Amenazas Calificadas-.

En razón de lo expuesto, estimo que las críticas de los recurrentes, no son de recibo, en cuanto el razonamiento del sentenciante resulta lógicamente ajustado, y su conclusión no ha sido eficazmente conmovida por los pretendidos cuestionamientos de los impugnantes, quienes insisten en la falta de acreditación probatoria de la existencia del arma, sin asumir la visión armónica señalada por el juzgador, la que le permitió derivar en la aserción puesta en crisis.

Por ello, voto negativamente a los presentes cuestionamientos.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro, Dr. Cippitelli, en los considerandos III. b. y III. c. que se corresponden con los hechos enunciados en los requerimientos fiscales de fojas 623/626 y 1312/1319 vta., por los que adhiero, votando en consecuencia, de igual forma.

No obstante, adelanto que en relación al considerando III. a. del hecho contenido en la requisitoria fiscal de fojas 743/751, esto es, el delito de Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública, respetuosamente discrepo, por entender que la impugnación articulada -en lo que a éste tópico se refiere-, debe prosperar. A continuación expondré los motivos que justifican mi postura.

Los impugnantes denuncian falta de fundamentos jurídicos, derivada de la escasez de pruebas para condenar a su asistido. Dicen que el juzgador se limitó a fundar la autoría de Delgadino, acusado conjuntamente con su defendido, pero omitió fundamentar y motivar su decisión respecto al imputado Yañez.

Entonces, la cuestión a dilucidar radica en analizar si efectivamente el sentenciante ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación las pruebas y; en consecuencia, si corresponde o no la absolución del imputado Germán Ernesto Yañez.

El respeto al "principio de razón suficiente" en la fundamentación de una resolución jurisdiccional que requiera certeza acerca de la existencia de los extremos fácticos de la imputación delictiva, exige que la prueba en la que se basen las conclusiones a que se arribe en la sentencia, sólo pueden dar fundamento a esas conclusiones y no a otras; o expresado de otro modo, que aquellas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento (T.S.J.Cba., Sala Penal, S. nº 13, 27/5/85, "Acevedo"; S. nº 11, 8/5/96, "Isoardi"; S. nº 12, 9/5/96, "Jaime", S. 41, 31/5/00, "Spampinatto", entre otras).

El análisis de la resolución atacada, desde la óptica de lo cuestionado, me lleva a coincidir con la pretensión recursiva. Es que, el juzgador ha fundado la certera participación del imputado Yañez en el delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública, en prueba endeble, que no encuentra respaldo en otros elementos probatorios independientes.

En efecto, considero que la condena dictada no ha sido fruto de una valoración respetuosa de las reglas de la sana crítica racional. Digo ello, porque los jueces que formaron la mayoría, ponderaron el testimonio de Gimena Candela Soria, quien manifestó que una persona que ella conoce le comentó que Delgadino y el Porteño -como le dicen a Yañez- fueron quienes robaron la moto; que esa noche ambos le pidieron el número de teléfono a su hermano -Juan Pablo Narváez-, y que luego Delgadino se comunicó telefónicamente para pedir el rescate. Esta testigo manifestó estar segura de que ambos -Delgadino y el Porteño- fueron los autores del robo de la moto de su hermano, refiriendo que la mañana del sábado 09 de mayo de 2009 el Porteño fue a la casa de sus suegros a aclarar que él no tenía nada que ver con el robo de la moto de su cuñado, concluyendo que se quiso cubrir y dijo que quién había andado en el tema de la moto era Delgadino. El tribunal consideró que estos dichos encuentran correlación con lo declarado por el empleado policial José Antonio Tapia, quién manifestó que por averiguaciones reservadas practicadas los autores del hecho serían Sebastián Alejandro Delgadino y Germán Ernesto Yañez.

Como se advierte claramente, los escasos elementos probatorios aportados a la causa e invocados para intentar demostrar la participación del imputado Germán Ernesto Yañez en el hecho que se el atribuye, con el grado de certeza que exige el dictado de una sentencia condenatoria, no logran sustentar las conclusiones alcanzadas. Es que, como se dijo, el análisis de los testimonios que manifestaron que se enteraron por terceros -de los que ningún dato ofrecen y cuya identidad no ha sido investigada a los fines de acreditar la veracidad de dicha fuente- que el Porteño -Yañez- sería uno de los autores del robo, no encuentran fuerza probatoria en otros elementos independientes incorporados al proceso. Y esa inactividad probatoria, de ningún modo puede perjudicar al imputado (S. nº 23, 31/05/2012).

En razón de lo expuesto, considero que la duda debe favorecer al imputado Germán Eduardo Yañez con respecto al hecho contenido en la requisitoria fiscal de elevación juicio de fs. 743/751, por lo que propongo su absolución.

Siguiendo lo sostenido por esta Corte en los precedentes "Godoy" y "Blasco y Salazar" (S. nº 14, 30/06/2008; S. nº 18, 21/09/2009) -fallos a los que me remito en razón de la brevedad-, entiendo que se deben volver las presentes actuaciones al tribunal a quo, a fin de que funde la pena impuesta al acusado Germán Ernesto Yañez, teniendo en cuenta lo aquí establecido respecto del hecho contenido en el Requerimiento Fiscal de fs. 743/751. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 vta., por los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Correa, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Germán Ernesto Yañez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo analizado en mi voto, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 vta., por los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Correa, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Germán Ernesto Yañez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, en relación a las requisitorias de fojas 623/626 y 1312/1319 vta. III) Hacer parcialmente lugar al recurso de casación en lo atinente a la requisitoria obrante a fojas 743/751, por el delito de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública y declarar, en consecuencia, la absolución por el beneficio de la duda, debiendo volver las presentes actuaciones al tribunal a quo a fin de que funde la pena impuesta al acusado Germán Ernesto Yañez IV) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

Por los resultados del acuerdo que antecede, y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 vta., por los Dres. Matías R. Olmos y Sergio Paredes Correa, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Germán Ernesto Yañez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente- (en disidencia), José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-