Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-25


Salta, 25 de febrero de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CARSA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL C/ MENENDEZ, Osvaldo - EJECUTIVO"- Expte. n° 291481/09 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3º Nom., CAM 443635/13 de Sala Primera, y_CONSIDERANDO:

I.- Que contra la resolución de fs. 63 y vta. mediante la cual la Sra. Juez a quo declaró su incompetencia para entender en los presentes autos, apela a fs. 64 la actora, habiéndose concedido el recurso a fs. 65, en relación y con efecto suspensivo.

La sentenciante, al declarar su incompetencia de oficio, hizo mérito de lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor respecto a contratos regulados por el artículo 36, entendiendo que en autos existe una relación de consumo que debe ser amparada por dicha normativa, aún cuando se ejecuta un título autónomo o incausado.

A fs. 66/68 el apelante expresa agravios, aduciendo que la Magistrada no tuvo en cuenta el estado actual del proceso, donde ya se despachó la ejecución con fecha 12 de noviembre de 2010 (fs. 19). Agrega que, además, a esa fecha se encontraba ya vigente la legislación consumeril y señala que ya era conocido el domicilio del demandado. Sostiene que la incompetencia declarada intenta fundarse sobre la base de un caso jurisprudencial que no resulta una situación siquiera asimilable al presente. Estima que lo decidido por la a quo vulnera principios elementales y fundamentales de nuestro sistema legal, tales como el deber de evitar sentencias contradictorias, contradicción que en los presentes se estaría produciendo entre lo resuelto desde fs. 19 en adelante con respecto a la sentencia recurrida.

A fs. 82 y vta. emite dictamen la Sra. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral (interina), pronunciándose por la admisión de los agravios.

A fs. 84 se ponen los autos a despacho, providencia que se encuentra firme.

II.- Que el recurso fue interpuesto en término, conforme surge de fs. 63 vta. y 64.

III.- Que en autos se promovió a fs. 12/15 demanda ejecutiva con sustento en tres pagarés sin protesto (art. 50 Dto. Ley 5965/63, Ley 16.478) librados por el ejecutado a favor de la accionante en la ciudad de Tartagal (Provincia de Salta), habiéndose establecido como lugar de pago el domicilio de Peatonal Alberdi 82 de esta Ciudad Capital (v. copias de fs. 3/5, cuyos original fueron reservados en la causa a fs. 16). A fs. 56 vta. se diligenció la intimación ordenada en el domicilio del accionado, denunciado por la ejecutante - sito en Misión Padre Coll, de la localidad de Tartagal-.

A fs. 25 el Tribunal de primera instancia y atento el estado de la causa procede a dictar sentencia de remate, ordenando llevar adelante la ejecución.

En este estado, a fs. 63 y vta. la Sra. Juez en grado, previo dictamen de Fiscalía Civil y Comercial Nº 1, declaró su incompetencia.

IV.- Que la competencia territorial es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados (CSJN, Fallos 313:717) por ser relativa y, por ende, disponible en tanto no se encuentra comprometido el orden público. Es, asimismo, susceptible de ser prorrogada implícitamente cuando el actor promueve la demanda, lo que se consolida si el demandado no opone oportunamente excepción de incompetencia (CACCSalta, Sala IV, Tomo XXIX, fs. 306, entre otros).

No obstante ello, los tribunales se han expedido en sentido contrario, legitimando la declaración de oficio de incompetencia territorial con fundamento en el carácter de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor en el caso de ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal, sosteniendo que cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley 24.240 y prescindir de la naturaleza cambiaria del título en ejecución para habilitar en consecuencia la declaración de oficio de la incompetencia territorial, con base en el artículo 36 de dicha ley (CNAComercial, 29/06/11; Laleyonline, AR/JUR/27786/2011; AR/JUR/47199/2010, 1/9/2010; SCBA, 14/9/2011, AR/JUR67158/2011; CACCSalta, Sala V, Tomo XXXI, fs. 1545).

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que, aún a la luz de la ley consumeril, es improcedente dictar de oficio la incompetencia por el juez que previno en la ejecución de un Pagaré con fundamento en que el juicio correspondería al juez del domicilio del deudor según el artículo 36 de la Ley 24.240 pues, tratándose de asuntos exclusivamente patrimoniales, la facultad de declinar de oficio la competencia en razón del territorio se encuentra restringida en forma expresa por el artículo 4, 3º párrafo del Código Procesal, ya que la jurisdicción puede ser prorrogada por las partes de acuerdo al art. 1º, segundo párrafo del Código de Rito (nacional), según lo expuesto en la causa "Compañía Financiera Argentina S.A. c. Toledo, Cristian Alberto", en sentencia del 24/08/10 (La Ley, 2010-E, 180; DJ 23/3/2011, 17; JA 2011-II,51, AR/JUR/45124/2010).

Tal fue el criterio seguido con diversas argumentaciones en el orden local por distintas Salas de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta (Sala IV, tomo XXVII, fs. 156; también en causa Credit S.R.L. vs. Cruz, abril 2013; Sala III, Fallos 2011, fs. 556; 2013, fs. 8), considerando en definitiva excluidos de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los juicios donde se ejecutan títulos abstractos pues, tratándose de procesos que presumen la legitimidad de la causa, impiden conocer el negocio de base que pudo o no haber tenido lugar en una relación de consumo. Bajo tal premisa, se destacó que los procesos derivados de relaciones de consumo deben tramitar mediante vía sumarísimo o verbal; en otros términos, mediante un proceso de conocimiento, con clara posibilidad de investigación y debate sobre la causa, cuestión que resultaría imposible en los negocios abstractos.

V.- Que teniendo en cuenta la característica y objetivos del proceso ejecutivo, la naturaleza de los títulos que sirven de base a la presente ejecución y sin dejar de hacer mérito de la finalidad tuitiva de la Ley de Defensa del Consumidor, esta Sala Primera adhiere a la postura según la cual en un caso como el aquí examinado no procede la declaración de oficio de incompetencia con fundamento en dicho cuerpo normativo, máxime cuando no se cuenta con elementos que permitan determinar que la actora -más allá del nombre de la persona jurídica- se encuentra comprendida en el artículo 2 de la Ley, como lo interpretara la Sr. Juez en grado en la sentencia bajo análisis.

A lo señalado se suma la circunstancia de la previa actuación del Tribunal, que ahora se declara incompetente, hasta el dictado de la resolución de fs. 63 y vta. como lo destacó la Corte Suprema Nacional en el fallo ya citado, aún con sustento en la ley de defensa del consumidor es inaceptable la declaración de oficio del juez que ya dictó pronunciamiento, como acontece en autos. El accionante, como parte del proceso, debe ver garantizada su defensa mediante el debido proceso, que se concreta con la adecuada aplicación de las normas procesales en juego que, además, no impiden en la especie al ejecutado oponer sus propias defensas en el momento oportuno, sea con base en la Ley de Defensa del Consumidor como en el ordenamiento procesal local.

VI. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que rigen en este supuesto las disposiciones comunes sobre competencia, apareciendo en consecuencia prematura la decisión del magistrado de anterior instancia, por lo que corresponde atender a los agravios del apelante y, en su mérito, revocar la decisión impugnada.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 64 y, en su mérito, REVOCAR la resolución de fs. 63 y vta.

II.- ORDENAR se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.