Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17


Causa Nº 16424-01/CC/2006 caratulada "Incidente de Apelación en autos SABAN, Carlos s/ infr. art. 116 ley 1472".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2007 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

En virtud de haberse constatado la inasistencia del Federico Alejandro Luis Lagorio -por entonces defensor en estos autos de los imputados Juan Carlos Saban y Angélica Teresa Vicari- a la audiencia de juicio fijada para el día 5 de diciembre de 2006, el Javier Buján -titular del Juzgado nº 7- lo apartó de su cargo y le impuso la pena de multa de doscientos pesos ($200), de conformidad con las disposiciones de los artículos 112, 113 y 368 del ceremonial nacional, de aplicación supletoria al proceso contravencional -art. 6º L.P.C.-. Sin perjuicio de ello, y en relación a los posteriores acontecimientos reseñados a fs. 1 y vta., el Magistrado aplicó al abogado un apercibimiento, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 370 del C.P.P.N. Al mismo tiempo, ordenó la respectiva comunicación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a fin de que éste "...ejerza la acción disciplinaria en los términos de la ley 23.187" -fs. 2-. A continuación, designó nuevo defensor -escogiéndolo de entre los oficiales- e informó a los incusos su derecho a hacerse representar por abogado de su confianza, con exclusión del que fuera apartado. Acto seguido, suspendió la audiencia y fijó la fecha de su continuación -ídem-.

A fs. 134 del principal -que en fotocopia corre por cuerda-, los encausados, mediante escrito ingresado el 5 de diciembre de 2006 a las 11:10 hs, revocan el mandato oportunamente conferido al Lagorio, quien, a fs. 144, es notificado de la resolución que da cuenta de las sanciones impuestas. Contra ésta, el letrado interpone recurso de reposición con apelación en subsidio -fs. 9/14 del presente incidente-. Denegado el primero a fs. 17/23, la vía que motiva el arribo de las actuaciones a este Tribunal es concedida en el punto dispositivo II del mismo auto.

Luego de exponer su versión de los hechos que condujeron a la aplicación de las penas descriptas -y de introducir cuestiones vinculadas con diversas nulidades-, el recurrente esboza su fundamentación, básicamente, a través de los siguientes tópicos de discusión que pueden desbrozarse de su construcción discursiva: a) no es cierto que haya existido formalmente una audiencia de debate, por lo que no corresponde que se le imponga ninguna de las sanciones que las normas procesales prevén para corregir faltas verificadas en su transcurso -fs. 11vta. y punto E) de fs. 13-; b) el Buján carecía de las facultades disciplinarias que invocó a fin de materializar las penas descriptas, en virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria decimoctava de la C.C.A.B.A. y el artículo 6º de la L.P.C., postura que se sostendría, además, en la orientación impresa por las leyes nacionales 23.187 y 24.289 -fs. 11vta., 12 y 13-; c) no existió abandono de la defensa -fs. 12vta./13-; d) el comportamiento a él imputado no encuadra en ninguno de los supuestos enumerados en el art. 369 del C.P.P.N. -fs. 13vta.-; e) se ha vulnerado, en la especie, el sistema acusatorio -fs. 14-.

En relación a la primera de las objeciones formuladas, sostiene el accionante que la audiencia y el debate son susceptibles de celebrarse válidamente sólo cuando se encuentran presentes todas y cada una de las partes, de conformidad con lo dispuesto por el art. 374 del código de forma nacional. En este sentido, el acta de fs. 1/2 reflejaría la constitución de una mera "reunión" que no habilitaría al Juez de grado a ejercer sus facultades sancionatorias, pues éstas exclusivamente pueden desplegarse, a su entender, una vez constatada la presencia de los sujetos mencionados y declarado abierto el debate -fs. 13 y vta.-.

De acuerdo con la siguiente impugnación, la ya citada cláusula constitucional transitoria proscribiría toda manifestación de poder disciplinario por parte de los Magistrados actuantes en la Ciudad. Consecuentemente, la letra del art. 6º de la Ley 12, que dispone la aplicación supletoria del régimen procedimental nacional "en todo cuanto no se oponga" a su texto, demarcaría el límite a tener en cuenta a la hora de efectuar el análisis del problema traído a estudio, toda vez que, precisamente, el plexo normativo invocado devendría "opuesto" a la máxima ley local, y por ende, inaplicable al proceso contravencional -conf. fs. 11vta/12-, quedando a salvo la potestad reconocida en el art. 159 del C.P.P.N. -fs. 12 in fine-. Así, sostiene que el sentenciante, en lugar de resolver la aplicación de una pena, debió haberse ceñido a remitir los antecedentes al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

A continuación, alega el Lagorio no haber incurrido en abandono de la defensa, centralmente por entender que, para que se configure el caso, "...el requisito 'sine qua non' es que el letrado desaparezca de la escena, que se olvide Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

de sus responsabilidades como tal, y para ello debe haber una 'renuncia' injustificada al desempeño de sus funciones" -fs. 12vta.-. En lo que hace específicamente a los hechos documentados a fs. 1/2, el letrado resalta la manifestación de voluntad de los imputados relativa a su deseo de ser defendidos por otros abogados, lo que, a su modo de ver, importa una revocación tácita de su mandato, reforzada por la efectiva presentación del escrito de fs. 134 del principal Aclara que, no obstante ello, estuvo "en el lugar" a fin de no colocar a los incusos en estado de indefensión, aunque no pudo ejercer su ministerio en razón de resultar prohibida la asistencia letrada en contra de la voluntad de los procesados -fs. 12vta.-.

Seguidamente, aduce no haber incurrido en irrespetuosidad, tumultos, portación de armas, conductas intimidatorias, desórdenes o afectaciones al decoro exigidos por el art. 369 del ceremonial nacional. Sostiene que no ha faltado a la atención o a la consideración debidas al Magistrado -notas exigidas por el instituto en orden al significado literal de la palabra "respeto", que acerca a título ilustrativo-y se queja de habérsele opuesto en su perjuicio "la contrariedad por la no celebración de la audiencia, y el enojo por los yerros cometidos en los actos jurisdiccionales propios del tribunal..." -fs. 13vta.-.

Por último, encuentra conmovido el principio acusatorio habida cuenta que la sustanciación cuestionada se habría desarrollado en inobservancia del principio de contradicción y de su derecho de defensa o réplica -fs. 14-.

Previa vista al Sr. Fiscal ante la primera instancia, el Buján resuelve no hacer lugar a la reposición planteada y declarar admisible y conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio -fs. 18/23-. Para así decidir consideró, de conformidad con la letra del art. 46 de la ley de procedimientos local, que el comienzo de la audiencia viene dado por la constatación judicial de la comparecencia de las partes ante el tribunal y que el acto sólo puede suspenderse por la ausencia del imputado. En tal dirección, concluyó que, si bien en tal caso no correspondería dar por formalmente abierto el debate, sí resultan válidas las decisiones relativas a la sustitución de la defensa y la declaración de abandono -por ser susceptibles de producirse durante la audiencia, pero antes del debate-, de forma similar a lo que ocurre en el orden nacional -fs. 18 y vta.-. Definió el referido abandono como el acto en virtud del cual se deja a los encausados sin el debido asesoramiento técnico -fs. 19 vta.- y fundó la validez del cuestionado reemplazo en el carácter subsanable de la ausencia verificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 368 del C.P.P.N -fs. 18vta-.

Diferenció, a continuación, la facultad de los jueces de aplicar sanciones procesales, de la que corresponde a los colegios profesionales para el contralor de su matrícula; ello, en virtud de la distinta naturaleza que imbuye a ambas, circunstancia que obsta a la eventual superposición de atribuciones -fs. 20-.

Analizadas las constancias de la causa en relación a los hechos que fueran motivo de sanción, concluyó en sentido adverso a las pretensiones del defensor depuesto y -luego de constatar la concurrencia de las demandas formales de la vía en trámite y de valorar la eventualidad lesiva de la decisión adoptada- resolvió conceder la apelación ensayada subsidiariamente -fs. 22vta./23-.

A fs. 32/35 se expide el Sr. Fiscal de Cámara, quien -a continuación de un pormenorizado recuento de las principales actuaciones de la presente causa- propicia el rechazo del recurso impetrado, liminarmente por adecuarse a derecho las sanciones impuestas y por no verificarse intromisión de las facultades disciplinarias del Magistrado en relación a las que corresponden al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -Ley nacional 23.187-. Además, en función de haberse aducido, asimismo, la inasistencia del José Antonio Lagorio -quien también resultaba defensor de los imputados-, solicita se proceda, del mismo modo, a sancionarlo.

Finalmente, otra vez se presenta a fs. 38/41 el Federico Alejandro Luis Lagorio, con el patrocinio del José Antonio Lagorio, en escrito cuyo sumario reza "Contesta vista del Fiscal de Cámara". En resumidas cuentas, reedita los tópicos de impugnación ensayados con anterioridad: no existió acto formal de apertura del debate y, consecuentemente, no hubo audiencia sino una "mera reunión de personas" -fs. 38 y vta.-; el juez contravencional carece de facultades para aplicar sanciones, las que sí cabría postular atribuidas a los magistrados nacionales -fs. 38vta.-; en virtud de diversos errores de notificación achacables al Juzgado a cargo del Buján -que fueran motivo de otros tantos planteos de nulidad cuyo tratamiento fue diferido para el momento de continuación de la audiencia de debate-, no existió técnicamente abandono de defensa sino una "revocación tácita" del patrocinio al haberse propuesto a otro letrado, afirmación que se encontraría reforzada en virtud de lo dispuesto en "el despacho del 9 de Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

noviembre de 2006", que dejaría fuera de su cargo al letrado -fs. 40 y vta.-; finalmente, las penas cuestionadas se habrían decidido sin respetar el derecho de defensa del imputado, toda vez que no ha sido oído -fs. 40vta.-.

Remata su exposición peticionando se aplique un llamado de atención al Sr. Fiscal de Cámara, "...por haber emitido opinión no basada en derecho y expedirse sobre cuestiones que no han sido sometidas a su consideración en lo que hace a mi persona" -fs. 41vta.-.

Cumplidos los plazos procesales, se encuentra el expediente en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

En cuanto al análisis de admisibilidad del recurso incoado, éste aparece interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado y ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución en crisis. El pronunciamiento cuestionado, si bien no constituye sentencia que pone fin al proceso, ha sido previsto como una de las resoluciones "expresamente apelables" por el art. 449 del C.P.P.N., en función del art. 113 del mismo ordenamiento -ambos de aplicación supletoria, de conformidad con el art. 6º de la L.P.C.-.

En consecuencia, la vía ha sido correctamente concedida.

En lo que atañe a las tachas de nulidad impetradas, el Tribunal se encuentra impedido de expedirse, en función del diferido tratamiento decidido a fs. 4vta./5 por el Magistrado, quien ha previsto su ventilación para el momento en que se reanude la audiencia suspendida a fs. 2.

2.

Corresponde, seguidamente, el análisis de los agravios formulados por el recurrente.

2.a.- El primero de los cuestionamientos encuentra clara respuesta -por si no resultasen suficientes las nítidas referencias doctrinarias vertidas a fs. 18/20- en una correcta interpretación del art. 46 de la ley local de procedimientos, en tanto dispone la suspensión de la audiencia para el caso de no concurrencia del presunto contraventor. La prescripción refleja una indudable voluntad legislativa de estructurar el acto precisamente a partir de lo que el incidentista refiere como "mera reunión de personas", agrupación que adquiere relevancia y entidad de acto procesal no bien comienza a constatarse la presencia de quienes han sido citados a la sede del Juzgado el día judicialmente fijado -conf. art. 45 L.P.C.-; ello así, pues mal podría "suspenderse" aquello que no ha comenzado. Tal conclusión impondría incluso la prescindencia de la remisión a las reglas del ordenamiento nacional a fin de sustentar acabadamente la existencia de una audiencia de debate en las condiciones descriptas. Sin embargo, aun abrevando de las disposiciones complementarias a que autoriza el art. 6º de la ley procedimental, tampoco es posible afirmar que el cuestionado acto no haya tenido comienzo de ejecución.

En efecto, con carácter previo a la formal apertura del debate, el C.P.P.N. prevé una serie de actos que también se dan en el marco de la audiencia; es decir, una vez constituido primariamente cierto "grupo de personas" -como quiere el apelante- en el lugar y hora fijados: la comprobación de la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir, la advertencia al imputado que esté atento a lo que va a oír, la lectura del requerimiento fiscal y, en su caso, la del auto de remisión a juicio -art. 374-. La diferenciación entre ambos momentos -dispuestos en relación de continente a contenido- asoma indubitable en la regla del artículo 365 del mismo cuerpo, en tanto "el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación...". De este modo, la fusión conceptual pretendida pierde toda corporeidad.

En el sentido expuesto, señala D' Albora que "...la sesión única o diversas sesiones del juicio oral -las audiencias-" deben desarrollarse -en el sistema nacional- de acuerdo con un "esquema cronológico" que se inicia con la "constitución del tribunal con la imprescindible asistencia de las partes necesarias, sus auxiliares y los órganos de prueba (art. 374) y apertura del debate" -D' Albora, Francisco: Código Procesal Penal de la Nación. Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, sexta edición, 2003; Tomo II pág.798-. Y más adelante, que el debate "...se Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

conforma con una serie gradual de audiencias mediante las cuales culmina la contradicción del juicio..." -op. cit., pág. 809-.

En suma, y a la luz de las numerosas menciones doctrinarias traídas por el Buján -que dan cuenta de la pacífica consideración científica relativa al hito de inicio del acto de marras-, no cabe sino rechazar la postura propugnada por el recurrente y afirmar, en consecuencia, que lo actuado a fs. 1/2 corresponde al inicio -primera sesión- de la audiencia de juicio, y que ésta ha sido suspendida con anterioridad a la apertura formal del debate por las circunstancias y motivos allí descriptos.

2.b.- Mayores discusiones ha generado la cuestión atingente a la posibilidad del Magistrado -en su carácter de director del proceso y como correlato de su deber de velar por el orden y el regular desenvolvimiento de los actos que lo componen- de ejercer sus facultades disciplinarias sobre los abogados intervinientes. El conflicto se suscita a partir de una aparente inconsistencia normativa en relación al órgano a quien en definitiva queda atribuida la competencia para aplicar sanciones a aquellos profesionales.

Al crearse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -mediante Ley nacional nº 23.187, de 1985- se asignó al ente la "finalidad general" de gobernar la matrícula de los profesionales dentro del ejido y de ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados -art. 20 incs. a) y b) y 21 inc. d)- a través del tribunal específico allí organizado -art. 21 inc. a)-. A su turno, el art. 43 dispuso como atribución exclusiva del Colegio "fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados". Esta decisiva asignación implicó un primer conflicto con lo normado en relación a los tribunales de la justicia nacional por el decreto-ley 1285/58, cuyo art. 18 establecía desde antaño la facultad de éstos de imponer correctivos precisamente catalogados; por Ley 24.289 -última que modifica el artículo- se mantuvo la función disciplinaria así delineada, aplicable contra "los abogados... que cometieren fal tas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro".

El problema se acentuó a raíz de la posterior sanción del Código Procesal Penal -ley 23.984 de 1991-, cuyo artículo 370 -no alterado por las sucesivas reformas- consagró la facultad del presidente del tribunal de ejercer el poder de policía y disciplina durante la audiencia, con detalladas atribuciones sancionatorias cuyo ejercicio se autorizó ante la eventual constatación de las conductas previstas en el art. 369. Por otra parte, se estipuló desde entonces que "el incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo de un juez de primera instancia, además de la separación de la causa..." -art. 113-. Finalmente, la cláusula transitoria decimoctava de la C.A.B.A. dispone desde 1996 que "el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación hasta que la Ciudad legisle sobre el particular".

La tensión reseñada, sin embargo, es tan sólo aparente. A efectos de dilucidarla, corresponde delimitar claramente las órbitas de incumbencia que nacen de las facultades y atribuciones del Magistrado en su condición de policía del proceso y diferenciarlas de las que tocan al órgano de colegiatura como gobernador de la matrícula de sus inscriptos. Se trata de ámbitos de distinta proyección que en modo alguno se hallan superpuestos y que, por lo mismo, dejan incólumes las garantías que tutelan el proceso.

No cabe duda de que el fundamento último de aquella función directriz que inviste a los Jueces -en tanto sujetos-órgano encargados de actuar la ley en miras de un ideal institucional de justicia- viene dado por el aseguramiento de que la totalidad de los actos estructurales del trámite que eventualmente coronará en la aplicación de una pena se efectuará en observancia del plexo de garantías que necesariamente lo informan en el marco republicano: velar porque el proceso -y con mayor gravedad el punitivo- no sea otro que el debido. En este sentido, las sanciones previstas en el código ritual para el caso de que se configure el abandono de la asistencia letrada distan de constituir meros castigos de orden disciplinario, pues tienden a corregir y prevenir graves situaciones de anormalidad que se traducirían, de pervivir inmodificadas, en el desamparo del acusado. Revisten sin duda cierto carácter aleccionador, pero denotan fundamentalmente -en relación al profesional involucrado- la concreta manifestación de un juicio de reproche que la propia ley dirige a quien ha desdeñado voluntariamente las obligaciones inherentes a su liminar ministerio en desmedro del derecho de defensa del imputado. Consecuentemente, parece razonable concluir que, en Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

este caso, el "gobierno" de la matrícula puesto en manos del Colegio profesional no empece ni puede invadir o excluir al que ejerce el Magistrado en el marco propio del proceso y que deviene de la naturaleza impresa por el bloque constitucional al sistema jurisdiccional de represión de conductas.

Esta independencia de competencias entre el órgano judicial y el de colegiatura también se da respecto del ejercicio de potestades que revisten carácter exclusivamente disciplinario, desplegadas en ocasión del desarrollo del proceso y que tienden a su regularización y ordenamiento, luego de verificada la generación de un hecho cuya anormalidad y gravedad atentan contra su desenvolvimiento.

Más allá de advertirse en el ámbito cuestionado la confluencia de senderos hermenéuticos en tensión, es claro que "la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos 310-195, 312-1614, 319:3241), y en este orden, toda vez que de la confrontación de normas surjan dos interpretaciones jurídicamente posibles, ha de acogerse la que preserve, no la que destruya -conf. doctrina de Fallos 247:387 y sus citas, y sentencia registrada en J.A. 2006-III-350-.

Se ha reconocido, en lo que atañe al tema en conflicto, que "...los magistrados tienen, en orden a su condición de policías del proceso, las facultades legales de vigilar que el juicio no se vea entorpecido por actitudes que configuren inconductas procesales, aun cuando no lleguen a ser faltas éticas, si estos hechos tienen solución, siempre dentro del marco del proceso en que fueron realizados ... la realidad nos hace decir, y especialmente después de la sanción de la ley 24.289 y del Código Procesal Penal y normas como la ley 23.187, que el poder disciplinario de los jueces no resulta incompatible con el que detenta el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" (Orio, Eduardo D. E.: Control ético y disciplinario, versión corregida de su exposición del 09/06/2005 en el Panel II de las V Jornadas Nacionales de Defensa del Abogado). Y "...si bien algunos entienden que resulta violatoria del principio non bis in idem, en nuestra opinión se trata de la aplicación de consecuencias distintas, derivadas de un mismo hecho (...). Las infracciones que contemplan los códigos procesales y la Ley de Organización de la Justicia Nacional, y las que prevé la ley 23.187, lesionan vínculos de sujeción distintos, por lo que las sanciones que -basadas en una y otra normativa- se apliquen a un mismo hecho pueden concurrir, sin que ello afecte la observancia de algunos de los principios garantizadores del proceso legal" (Caivano, Roque J. y Rosenkranz, Ofelia: "Las facultades disciplinarias de los jueces y las faltas de ética de los abogados", J.A. 1996-II-5).

Por otra parte, es ésta la orientación asumida también por los comentaristas de otros códigos procedimentales que, del mismo modo, confieren idénticas potestades. A título de ejemplo, en referencia a disposiciones de igual alcance obrantes en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, diferencia Balbín las órbitas de actuación de ambos órganos, entendiendo que "...existen atribuciones compartidas por los magistrados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, distribuidas conforme a sus respectivas competencias. En tanto las de aquéllos derivan del imperium ínsito en la jurisdicción y tienden a la observancia de la regularidad en el desarrollo de los procesos, las de éste surgen expresamente de las funciones institucionales conferidas por la ley de su creación y se vinculan con la particular naturaleza de la profesión que consiste en una actuación en el interés superior del derecho y la justicia" (Balbín, Carlos F.: "Código Contencioso Administrativo y Tribunario de la Ciudad de Buenos Aires". Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 2003, pág. 176). Observa también Kielmanovich, en relación al art. 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -que otorga las refe ridas atribuciones a fin de "mantener el buen orden y decoro en los juicios"-, que "aunque es una cuestión discutible o discutida, pensamos que el Tribunal de Ética no es el único habilitado para imponer sanciones a los abogados, tal cual lo ha resuelto la Corte suprema al pronunciarse sobre la constitucionalidad de las facultades sancionatorias que asisten a los magistrados" (Kielmanovich, Jorge L.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 2005).

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido incólume desde su génesis la doctrina por ella elaborada al respecto y en ese sentido ha dicho que las mencionadas facultades "...no se superponen ni se confunden con las atribuciones de idéntica naturaleza conferidas al tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados por la ley 23.187, en tanto estas últimas persiguen el objetivo más amplio de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional" (Fallos 318:892; 321:2.904; 327:5.039, entre otros). Esta dirección coincide con el criterio esbozado por el Procurador General Sustituto en el primero de los fallos Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

reseñados, en cuyo dictamen se expone que: "en cuanto al problema de la supuesta superposición de las potestades disciplinarias, estimo que no es tal, pues cada órgano se moviliza en el marco de sus propias competencias., El hecho de que la conducta profesional de los abogados quede a cargo del Colegio no implica, desde ya, dejar sin efecto las normas específicas que facultan a los jueces, como directores del proceso, a sancionar las inconductas de las partes y de sus representantes en el mismo, pues ello es una lógica herramienta de su especial majestad para salvaguardar la correcta marcha de los juicios". Esta línea interpretativa ha sido seguida también por el propio Tribunal de Disciplina del Colegio en numerosas resoluciones (v.g. Sala I, causas 6273, 6645, 6388, 6813 y 6581 del 29/12/1998).

A la luz de los expuesto, no existen obstáculos que impidan reconocer intactas las facultades cuestionadas, en orden a la preservación de la regular marcha de los procesos y de la correcta administración de justicia. Sin perjuicio de ello, no debe dejar de advertirse que el desconocimiento de tal competencia y su correlativo reflejo de exclusiva investidura a favor del Tribunal de Disciplina del Colegio porteño podría importar tanto el absurdo de una indebida subordinación de la conducción del proceso a decisiones de una entidad que es ajena al Poder Judicial -conf. Balbín, op. cit., pág. 169-, como el riesgoso inicio de una apertura doctrinaria hacia la conformación de un fuero personal constitucionalmente proscripto -conf. art. 16 C.N.-, postura que también ha sido objeto de observación y denuesto por parte de cierto sector del pensamiento jurídico -ver, al respecto, Pallasá, Manuel: "Tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados" en J.A. 1996-III-1.011-.

En suma, debe concluirse que, en la especie, el Buján detentaba plenamente la facultad de fijar al letrado las penas ahora apeladas, con independencia de las que, eventualmente, y en virtud del amplio control del ejercicio profesional por parte de sus matriculados ejerza el órgano de colegiatura.

2.c.- Sentado lo anterior, corresponde verificar si concurren en el particular los presupuestos de operatividad que conllevan al ejercicio de las potestades comentadas; esto es, si el Federico Alejandro Luis Lagorio ha incurrido tanto en el abandono del patrocinio reprochado como en la inconducta posterior, que derivó en la aplicación del apercibimiento criticado.

Respecto de la primera de las imputaciones, es evidente que, a pesar de las alegaciones referidas a la existencia de un nuevo defensor -que derogaría tácitamente la designación efectuada por los incusos- el letrado revestía ese carácter al momento de iniciarse la audiencia a fs. 1 del presente incidente. Ello así, en primer lugar, por verificarse concretamente la aceptación del cargo en relación a ambos imputados en oportunidad de comparecer ante el Fiscal de conformidad con el art. 41 del ceremonial local -ver fs. 77 y 78 del principal-. Así ordenada la cuestión, y en tanto la revocación de su mandato no surja nítida e indubitable, la salvaguarda del derecho de defensa impone una interpretación amplia del art. 104 C.P.P.N., tercer párrafo, lo que importa, ciertamente, no presumir voluntades rescisorias que no se han manifestado de manera explícita y meritar, por consiguiente, que la representación cuestionada por el profesional mantenía su vigencia en oportunidad de dar comienzo la audiencia de fs. 1/2. Es que, en definitiva, "la actuación de un defensor en el proceso no se da por terminada por el hecho de sumarse la designación de un nuevo profesional al anterior ya nombrado, pudiendo ambos compartir el patrocinio, se no existe renuncia expresa de parte de alguno de ellos, o revocación también expresa del mandato" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cr iminal y Correccional, 19/05/1972, ED 46-754).

En el carácter que revestía, aparece también indudable la voluntariedad del incumplimiento de las obligaciones inherentes a su representación. Independientemente de la discusión propuesta por el letrado en lo atingente a la forma en que técnicamente queda revestida la figura en tratamiento y al momento procesal en que ésta debe meritarse incurrida, y más allá de su tardía irrupción en la Sala de Audiencias del Juzgado, lo cierto es que ha quedado debidamente actuado -fs. 1 in fine- que "...a preguntas de S.sa. sobre si va a participar en su carácter de defensor en el debate se manifiesta contrario (...) Inmediatamente S.sa. indica que asuma su rol o proceda a retirarse. A renglón seguido se retira". Tal actitud coincide en todo con el concepto de "abandono" propuesto por el propio quejoso a fs. 12vta., parágrafo "D", según el cual "para que se configure esta figura se requiere que el letrado abandone la defensa que le ha sido confiada y su o sus clientes queden sin abogado. Es evidente que el requisito 'sine qua non' es que el letrado desaparezca de la escena...", lo que efectivamente ocurrió.

Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

Por último, la invocación a fs. 40 de un "despacho del 9 de noviembre de 2006" que dejaría fuera de su cargo al letrado carece de correlación fáctica en las constancias del legajo, circunstancia que obsta al estudio y consideración del fundamento encolumnado sobre tal inexistente providencia.

Respecto de los hechos que condujeron a la aplicación del apercibimiento, devienen insuficientes las simples alegaciones de no corresponderse ellos con ninguna de las causales previstas en el art. 369 del C.P.P.N., en razón del carácter de instrumento público que detenta el acta glosada a fs. 1/2 del presente incidente -conf. art. 979 inc. 4º del Código Civil-. En esta dirección, no cabe sino concluir que las circunstancias allí atestadas -la nueva irrupción del recurrente en el recinto, los gritos proferidos, su permanencia en la sala a pesar de la orden impartida por el Magistrado de retirarse, el forzado contacto con los imputados y la necesidad de disponer su desalojo por la fuerza pública- configuran una indebida interrupción del acto que sin su presencia continuaba celebrándose, todo lo cual, confrontado con el deber legal de no adoptar conductas contrarias al orden y decoro, configura la falta finalmente sancionada.

2.d.- No escapan al conocimiento del Tribunal, sin embargo, las objeciones que merece el sistema escogido por el Legislador para regular la imposición de penas dispuestas en aras del desarrollo regular y armónico de los actos que componen el proceso. Se ha dicho en este sentido que "...lo reprochable (...) es que dicha facultad disciplinaria de los jueces se ejerce sin la garantía constitucional del debido proceso. En efecto, el abogado se entera de la sanción que le aplica el juez en el mismo momento que se le notifica la misma..." (Orio, Eduardo D. E., op. cit.).

"Este hecho innegable en la praxis sancionadora, medido con la vara del principio constitucional del derecho de defensa, nos conduce a una necesaria reconceptualización, al menos sobre el cuadro tipológico de las sanciones impuestas por los jueces. Así se tratase de aplicar arrestos (que como sabemos no son infrecuentes) o suspensiones en el ejercicio de la matrícula (que generan un cúmulo de anomalías jurídicas) dichas sanciones aparecen como no muy bien ajustadas a derecho, pues implican verdaderas penas que exceden el marco concreto del juicio que se procura resguardar" (Mercado Luna, Ricardo: "Correcciones disciplinarias de abogados. Aproximaciones para una reconceptualización de la potestad sancionatoria". La Ley, Tomo 1993-A, pág. 933).

No obstante ello, a la luz del derrotero procesal escogido por el Federico Alejandro Luis Lagorio y del especial estado legislativo y doctrinario de la problemática, entendemos que no se dan en la especie los obstáculos constitucionales alegados por el impugnante. Ello así, toda vez que ha sido amplia y efectivamente oído en oportunidad de resolverse el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del a quo, ha fundado subsidiariamente y le fue concedida y tratada la vía en estudio y, por lo demás, el presente trámite no resulta negatorio ni cierra la posibilidad de interponer los restantes recursos que el ordenamiento local prevé a fin de hacer valer las alusiones de compromiso constitucional invocadas en sustento de su pretensión.

2.e.- La solicitud de aplicación de un llamado de atención al Fernández, impetrada en el "otro sí digo" suscripto sólo por el José Antonio Lagorio, tampoco recibirá la acogida allí propiciada, habida cuenta de que la presentación criticada no adolece de inobservancias al estilo y decoro debidos al Tribunal ni resultan las menciones que el letrado denuncia obstructivas de la regular administración de justicia, lo que impide en el particular aplicar el correctivo requerido.

Igual suerte correrá la propuesta obrante en el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara a fs. 35vta., no sólo por resultar extemporánea -obsérvese que su inferior jerárquico no ha solicitado oportunamente la aplicación de una sanción al José Antonio Lagorio ni cuestionado la decisión recaída respecto sólo del Federico Alejandro Luis Lagorio- sino, además, por aparecer ajeno al objeto del presente recurso -principio tantum apellatum quantum devolutum-.

En virtud de lo hasta aquí sentado, y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fecha 5 de diciembre de 2006 en cuanto impone la sanción de multa por la suma de doscientos pesos con 00/100 ($ 200.-) aplicada durante el transcurso de la audiencia documentada a fs. 1/2 del Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

presente incidente al Federico Alejandro Luis Lagorio, a tenor de lo dispuesto en el art. 113 C.P.P.N. en correlación con las previsiones del art. 112 del mismo ordenamiento, por el abandono de la defensa y el incumplimiento injustificado de sus deberes; como así también en relación a la sanción de apercibimiento en los términos del artículo 370 del Código Procesal Penal de la Nación por la indisciplina puesta de manifiesta en el curso de la audiencia de debate oral y público.

II.- NO HACER LUGAR a las pretensiones sancionatorias incoadas a fs. 35vta. y 41vta.

III.- TENER PRESENTE las reservas formuladas por el Federico Alejandro Luis Lagorio a fs. 150, punto 4 del petitorio.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.-.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.