Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-08


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 8 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Míguez dijo:

I. La sentencia de fs. 343/347 hizo lugar a la demanda y condenó a GM Asociados SRL, a Antonio Martínez Gómez y José Eduardo Vázquez en carácter de codeudores solidarios lisos y llanos pagadores a abonar a la parte actora $ 80.195.68 con más intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días. Impuso las costas a los accionados vencidos.

La magistrada de primer grado juzgó decisivo el dictamen pericial contable producido a fs. 126/127; 232/233, 283 y 289, cuyas conclusiones no fueron impugnadas por la contraparte, en cuanto sostiene que las facturas y notas de débito reclamadas por Saint Gobain SA constan registradas como impagas en los libros contables llevados en legal forma por la actora. Ello así, hizo aplicación del art. 63 del C.Com. y atribuyó aptitud probatoria a sus asientos, toda vez que, los demandados no obstante haber denunciado el extravío de sus libros Diario, Inventario y Balance; Libro IVA Compras y Ventas, no evidenciaron voluntad de reconstruirlos de manera inmediata y ni siquiera ofrecieron poner a disposición del perito la documentación respaldatoria de aquellos. Asimismo ponderó la declaración de Barragán que da cuenta de que la mercadería vendida a GM Asociados S.R.L. era retirada por Transportes Barragán con el respectivo remito y entregada en Expreso Arkobelys SRL, para ser enviada a la Provincia de Córdoba, donde fue efectivamente recepcionada por la accionada. También evaluó el informe producido por Arkobelys SRL en el que reconoció haber presentado a la actora toda la documentación donde constaba la recepción de la mercadería por la demandada.

Por último, desestimó la defensa de falta de acción opuesta por los fiadores codemandados Vázquez y Gómez fundada en que el derecho de exoneración del fiador para liberarse de la garantía otorgada, únicamente podía ejercerse contra el deudor afianzado y no contra el acreedor que tiene derecho a mantener incólume la seguridad de su crédito.

II.- Contra dicho pronunciamiento se alzaron los accionados sustentando su recurso con la expresión de agravios de fs. 376/378 que mereciera la réplica de fs. 382/384.

Quéjanse los apelantes de la valoración efectuada por la a quo de las pruebas aportadas. Insisten en que no se acreditó la efectiva entrega de las mercaderías cuyo cobro se reclama, desarrollando diversos argumentos que tienden a la revocatoria del fallo apelado, los que tengo presentes y serán merituados en tanto resulten conducentes para dirimir la presente controversia.

III.- Saint Gobain SA, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos y materiales aislantes para la industria demandó a GM Asociados SRL por el cobro de los siguientes importes: a) las facturas nº 51.414, 53.363, 53.577, 53.613, 54.110, 54.222, 54.463, 54.789, 55.050, 55.164, 55.284, 55.285, 58.040, 58.160, 59.065, 59.527 previa deducción del monto de las notas de crédito Nº 64.345, 65.549, 65.273, 65.330, 65.282, 65.464, 65.473, 65.495, 65.660, 65.688, 65.756, 65.704, 65.770, 65.718, 65.787, 65.719, 65.788, 66.494, 66.507, 66.709, 66.743, 66.829 y los pagos instrumentados en los recibos nº 514.543, 513.794, 513.614 y 513.765; b) las notas de débito Nº 16.944, 17.251, 17.405, 17.412, 17.423, 17.457, 17.597, 17.736 y 17.794 emitidas por intereses punitorios pactados por haber realizado diversos pagos fuera del término estipulado.

Los codemandados si bien admitieron haber mantenido una cuenta corriente de gestión con la actora, desconocieron la existencia de ciertos saldos impagos. Asimismo, negaron haber recibido la mercadería cuyo cobro se persigue. Sin embargo, omitieron cuestionar la autenticidad y la recepción de las facturas y notas de débito respaldatorios de la pretensión incoada. Tampoco desconocieron las devoluciones de las mercaderías que se le atribuyen, ni los pagos que surgen de la documentación acompañada con la demanda. En tales condiciones, corresponde tener por demostrada la entrega de las facturas glosadas a fs. 6/27, circunstancia que juzgo dirimente para sellar la suerte del recurso interpuesto, en sentido adverso a la recepción de los agravios esgrimidos por los recurrentes.

El art. 474 C.Com. crea una presunción "iuris tantum" en el sentido de que las facturas son emitidas con posterioridad o de modo concomitante con la remisión de los efectos vendidos, debiendo por lo demás presumirse que tales documentos fueron presentados al comprador en la fecha de su emisión. Siendo así y sin que ello importe una alteración de la carga de la prueba que consagra el art. 377 C. Proc., es el comprador quien debe desvirtuar la aludida presunción (conf. CNCom. esta sala, in re, "Sayago Carlos c. Industrias Barone SRL", del 13.9.96). La recepción de la factura sin formular reclamos ni observaciones significa que las condiciones insertas por el vendedor en el título son las mismas convenidas al tiempo de celebrarse la venta, de manera que es inadmisible que el comprador desconozca con posterioridad la veracidad de aquéllas. Por lo tanto, si no se demuestra el rechazo u observación de la documentación según lo preceptúa la citada norma debe entenderse que se trata de "cuentas liquidadas", pues el silencio observado por el destinatario de las facturas equivale a su aceptación, toda vez que constituye un supuesto de manifestación tácita de la voluntad, especialmente calificado en razón de la seguridad y celeridad del tráfico mercantil (conf. esta sala in re "Buela Héctor Diego c. Clínica Los Andes SA sobre cobro de pesos" del 22.5.91 y "Pons Ramón c. Ford Motor Argentina SA s/ ordinario" del 6.7.87).

Reiteró, en el sub judice, dicha presunción no ha sido desvirtuada en modo alguno por la parte interesada en neutralizar sus efectos. En tal sentido adviértase que no se negó su recepción en el escrito de responde, ni se adujo alguna imposibilidad moral o física de formular impugnación en el término legal, por ende tampoco produjo pruebas que se relacionen con la no recepción de las facturas. Consecuentemente con todo lo expresado, efectuada la prueba de la entrega de dichas facturas, no es dable proseguir la discusión acerca de la realidad de esas compraventas ni del efectivo cumplimiento de la obligación que la ley impone al vendedor (CNCom. sala A "Imap SA c. Laboratorios Luar SRL s/ ord." del 27.3.87, "Nilotex SA c. Iblues SRL" del 13.10.1989, "Creaciones Vaiwa SRL c. Papazian Gregorio", 31.7.89).

Igual criterio corresponde aplicar respecto de las notas de débito, según reiterado y pacífico criterio de esta sala in re "Lumicolor SA c. Supermercados Mayoristas Makro SA s/ ordinario" del 10.5.02 -LA LEY, 2002-F, 122-, el art. 474 del C. Com. resulta aplicable en forma supletoria a las notas de débito (art. 16 Cód. Civ.).

Por otra parte, coincido con la juzgante en que el demandado no puede limitar su defensa a una simple negativa, sino que debe demostrar, a través de los libros de comercio llevados en legal forma, la improcedencia del reclamo que se le formula. Por lo que en el caso de que ambos contendientes sean comerciantes, deberá estarse a las constancias de la contabilidad de uno de ellos, si el otro no aporta los propios para contradecir las registraciones que surgen de los libros de su oponente (art. 63 C. Com). Pretender que el respaldo documental de los asientos contables consista en documentación reconocida o probada en su autenticidad, desnaturalizaría la eficacia probatoria de los libros entre comerciantes e implicaría reemplazarla por la prueba instrumental.

Sin perjuicio de lo expresado, considero que la entrega de las mercaderías ha sido suficientemente acreditada con los testimonios producidos en autos. Es sabido que, la práctica mercantil en relación a la entrega de los efectos se realiza generalmente de manera informal por los transportistas a cualquier persona que se encuentre en el lugar de destino, no estando habituados los primeros a requerir identificación documental del receptor. Al respecto este Tribunal ha decidido reiteradamente que si bastara la sola negativa del comprador para destruir íntegramente los efectos de la prueba de libros entre comerciantes, ello implicaría tanto como derogarla, pues cualquier adquirente podría negar la recepción de los artículos negociados para exonerarse del sistema legal de evidencia sobre libros que la profesión adoptada hace pesar sobre el (conf. sala B in re "Salvia SA" del 17.6.86, LA LEY, 1986-E, 578). Corrobora lo expuesto, la declaración de Carlos Cristian Barragán (fs. 295) que reconoció la documentación obrante en autos y afirmó que durante el año 1998 entregaba las mercaderías que la actora comercializaba a la demandada; precisa que "...la empresa transportista del deponente cargaba los productos en la fábrica de la actora, allí les daban el remito con la dirección y el nombre del cliente y al efectivizar la entrega en el lugar de destino, les otorgaban un remito conformado que el dicente le reintegraba al vendedor, como constancia de que se había entregado el material..." "...que se entrega en un transporte...que se llamaba Arcobel o Arcobelis...". Por otro lado, tanto el informe de Transportes Barragán a fs. 301 como el de Expreso Arkobelys SRL (fs. 331) corroboran la realización de los traslados de mercadería indicados en los remitos.

En síntesis, la prueba rendida apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, permite formar convicción de que el actor vendió y entregó mercaderías al demandado y que éstos adeudan el importe que se le reclama (sala A in re "Talleres Gráficos Didot SA c. Codeigraf SA s/ ordinario", del 20.6.97, ED, 7.10.97 -DJ, 1998-2-635-), así como los intereses instrumentados en las notas de débito acompañadas.

Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar el recurso interpuesto por los codemandados y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide. Las costas de alzada se imponen a los demandados en su condición de parte vencida (art. 68 del Cód. Procesal). Así expido mi voto.

Por análogas razones la doctora Piaggi adhiere al voto precedente.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve rechazar el recurso interpuesto por los codemandados y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide. Las costas de alzada se imponen a los demandados en su condición de parte vencida (art. 68 del Cód. Procesal). Intervienen únicamente las suscriptas por encontrarse vacante el restante cargo de juez de esta sala (art. 109 R.J.N.). - Isabel Míguez. - Ana I. Piaggi.