marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Plazos procesales, pérdida de la jurisdicción
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Pablina c/ Consejo  Directivo  Provincial  de Asociación  de  Trabajadores del Estado-A.T.E. s/ Reclamo Laboral Asociación  de  Trabajadores del Estado-A.T.E. s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-11-03

Quien se encuentra interesado en el cumplimiento de los plazos procesales, debe pedir la pérdida de jurisdicción al cumplirse el plazo legal, no hacerlo en esa oportunidad implica consentimiento tácito de la prórroga.
Seguro de vida, cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLMEDO SANTILLAN DE ECHEGARAY PINTO, MARIA MERCEDES c/ CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-23

El seguro de vida colectivo lleva la cobertura a muchas personas que no son asegurables, ya sea por la edad, por la peligrosidad de su profesión y que por esas razones no podrían acceder a un seguro individual.
Regulación de honorarios, primera instancia, falta de notificación, embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARG. c/ RUA  S.A. s/ HONORARIOS  -  COSTAS  EN  EL  ORDEN CAUSADO - EXIGIBILIDAD - EMBARGO  PREVENTIVO - VEROSIMILITUD DEL DERECHO  -  NOTIFICACION  AL CLIENTE -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

Ni de la regulación de honorarios de primera instancia (que no fue notificada a la ejecutada según prescribe el art. 62 de la ley de arancel) ni de la de la Alzada se pueden derivar efectos tales que permitan encuadrar la petición de embargo preventivo en el marco del art. 212, inc. 3 del Código Procesal y excluir el juicio que acerca de la verosimilitud del derecho invocado, corresponde al Tribunal.

El grado de verosimilitud que en la actualidad cabe atribuir al derecho invocado por los letrados, no reviste entidad suficiente para mantener el embargo trabado sobre las sumas de dinero a tenor de la irregularidad de la notificación, que tuvo por efecto obviar la discusión acerca de la exigibilidad del cobro de los honorarios.

El perjuicio que así se ocasiona a la recurrente, no sólo es significativo por virtud de las altas tasas de interés que se perciben en el mercado financiero por la inmovilización de fondos depositados en plazo fijo (p. ej.), sino porque por esa misma razón se convierte en una medida de carácter coercitivo (por el incremento diario del perjuicio) que no se adecua con el trámite a producirse en los autos principales.

No ocurre lo propio relativamente al embargo trabado sobre el remolcador, puesto que como la medida no implica la interdicción de salida, la recurrente podrá seguir utilizándolo durante toda la tramitación del incidente articulado en el principal, siempre y cuando no concurran otras circunstancias, dada la mutabilidad que, como principio, atañe a todos los pronunciamientos relativos a medidas cautelares.-
Telefonía celular, responsabilidad solidaria, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Matías Ezequiel c/ Córdoba Gestiones y Contactos S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-07-21

La empresa de telefonía resulta responsable solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT, por las obligaciones laborales habidas con un trabajador contratado por la firma dedicada a la venta de teléfonos celulares, dado que sin la venta de aparatos de telefonía celular resultaría imposible la prestación del servicio de comunicación que ofrece la primera. Ante ello, la esencialidad de las tareas respecto de la actividad de "venta" luce clara y como la empresa de telefonía debió asumir esa actividad esencial a su objeto mediante su propia estructura y personal, si la transfirió a una tercera empresa debe responder solidariamente con ella.
Trabajadores telefónicos, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: ROLON, FLORENCIO M. c/ ENTEL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-30

La negativa a cumplir con el nuevo horario fijado en la resolución 154/77 ag. Entel, de acuerdo con la ley 21476 - cuya constitucionalidad no fue cuestionada - constituye una medida de acción directa de las previstas por la ley 21400. Aun cuando no haya existido concertación expresa, lo relevante es la adhesión de los trabajadores a las decisiones de los lideres confiriendo efectividad a la medida.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SANFIEL BENITEZ, ENRIQUE Y OTRA s/ INTERDICTO DE RECOBRAR-INCIDENTE DE CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-07-30

La resolución que desestima la perención de instancia no es definitiva, en el concepto que establece el art. 4º de la ley 2275, pues, con dicha declaración no se finiquita el pleito, ni se impide su prosecución, como expresamente lo requiere dicha norma para la procedencia formal de los recursos extraordinarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Costa, Juan Ernesto Rosendo s/ Robo agravado. Privación ilegal de libertad agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se denuncian como transgredidos los arts. 18 de la Constitución de la Nación y 238 y 337 del Código de Procedimiento Penal sin demostrar tales transgresiones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, medida cautelar innovativa, Municipalidad, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CIOLLARO c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Para la procedencia de una medida cautelar innovativa frente a actos emanados de la Comuna, aún cuando no se requiera una prueba incontestable de la existencia del derecho invocado, resulta necesaria la comprobación sumaria de los hechos que "prima facie" determinarían la arbitrariedad del acto recurrido o la violación de la ley, con el fin de hacer cesar la presunción de legitimidad del acto de que se trate y, por ende, su ejecutoriedad. No se verifican tales extremos si debe acudirse, forzosamente, a un análisis más exhaustivo que el que corresponde a las medidas cautelares, por cuanto ello conllevaría, necesariamente, a adelantar opinión sobre el objeto del pleito.-
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bau Angel c/ Fanny Alicia Chavetta y Francisco Chavetta s/ División de Condominio (LIBRO: A136 - 121)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-26

La pauta decisiva para la regulación de honorarios en leyes eminentemente tarifadas como la nuestra, es atender al fin perseguido con la actividad profesional, y si además se tiene en cuenta que los trabajos profesionales se consagran a la defensa del interés de la parte y ese interés se identifica con la pretensión o defensa, la retribución por los trabajos cumplidos debe hacerse sobre la base de lo que incorporó o dejó de salir del patrimonio del mandante o patrocinante.-
Responsabilidad civil, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: O., P. y Otra c/ D. T. SRL y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-10

Desde luego que para lograr la exoneración total de responsabilidad es menester que el hecho de la víctima o del tercero presente las características propias del caso fortuito.
Accidentes de trabajo, reagravación
Materia: LABORAL
Carátula: Wasiura, Alejo c/ Indasbest S.A.C.I.F. y otra s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Es civilmente responsable por el nuevo daño ocasionado en la salud del dependiente el empleador que, después de indemnizar a aquél según las normas del Código Civil por las consecuencias de una dolencia originada en el trabajo, continuó haciendo que prestara servicios el trabajador en las mismas labores en contacto con elementos cuyo uso engendra un marcado riesgo y sin cumplir con los deberes legales de seguridad a su cargo, lo que determinó una acentuación de su incapacidad laborativa ocasionada por la afección (arts. 1109 y 1113 del Código Civil).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: MILLER, EDUARDO c/ BORGWARD ARGENTINA SA. Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-31

A los fines de determinar la responsabilidad patronal por un accidente sufrido por el trabajador no resulta procedente acumular "culpas" cuyo origen se imputa a hechos u omisiones en el cumplimiento de obligaciones contractuales (artículo 75 LCT.), Con las que encuentran fundamento en los principios de responsabilidad extracontractual (artículos 1107 y 1113 del código civil).
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, certificados de obra, embargo, Administración Pública, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No puede prosperar el planteo de la Empresa actora, que sostiene que el monto del embargo ordenado judicialmente y que afectaba las liquidaciones que le correspondía cobrar, involucraba un monto mínimo de éstas, desde que si bien éste se trata de un aspecto que, en efecto, se corrobora con la comparación entre los importes de los certificados y de los depósitos judiciales; la verdad es que los depósitos que la Administración estaba obligada a efectuar por orden judicial, no constituyen la única razón de retención de pagos al contratista, sino un factor más entre otros dos, que, incluso, tienen mayor gravitación cuantitativa.
Peaje, confiscatoriedad, tasas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Cuando el mero uso del Canal Mitre, por parte de la demandada le ha resultado beneficioso, esta no puede invocar un supuesto detrimento económico en su perjuicio por una no probada confiscatoriedad de la tasa de peaje.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Gallo, Mario Oscar y otro s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Es inatingente el agravio en el que se citan indiscriminadamente los arts. 251, 252, 253 y 258 del Código de Procedimiento Penal, si dichos medios probatorios no fueron utilizados por el juzgador.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coop. Ltda. Cons. Elec. y Serv. San Blas c/ Foster, Manuel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Si el juez está facultado para fijar prudencialmente el importe debido en el acto de sentenciar, nada le impide -si median circunstancias que así lo impongan- que difiera tal determinación a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, C.P.C.).
Exceso ritual manifiesto, concesión errónea del recurso, código aduanero, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Uzcátegui Matheus, Diego Bautista c/  s/ Contrabando - artículo 863 - Código Aduanero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-05

Corresponde dejar sin efecto la decisión de cámara que al declarar mal concedido el recurso de casación incurrió en un injustificado rigor formal al no hacerse cargo debidamente, de los planteos oportunamente propuestos y conducentes a la adecuada solución el litigio vinculados a la inteligencia que cabía asignar a determinadas disposiciones del Código Aduanero en relación con los hechos del caso y su impacto en el análisis de la extinción de la acción penal por prescripción.
Cuestiones de competencia, competencia penal, competencia por el territorio, proceso penal, sobreseimiento, falso testimonio, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SEPTIMA NOMINACION DE ROSARIO s/ CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 414-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14

Se respeta plenamente el principio referido a "la finalidad de una mejor administración de justicia para el caso concreto", a que alude la Corte de la Nación en su jurisprudencia, si se resuelve el conflicto de competencia a favor del juez que tomó las primeras declaraciones, aunque la causa hubiera quedado radicada definitivamente en otra sede, y concluido por sobreseimiento de todos los imputados, tratándose en consecuencia de un proceso terminado (artículo 356 del Código Procesal Penal).

En el caso, la causa principal comenzó en Santa Fe, recepcionándose numerosas declaraciones testimoniales. Luego quedó definitivamente radicada en Rosario donde se sobreseyó a los imputados. Habiendo contradicciones entre las declaraciones de los testigos prestados en Santa Fe y en Rosario, se plantea el problema de determinar a qué Juez le compete la investigación del delito de falso testimonio, si al que originariamente previno, o al que tramitó hasta su terminación la causa principal.

De los fundamentos del Dr. Iturraspe.
Simulación, actos jurídicos, tercero de buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CUEVAS, JOSE R. c/ ESTEROS E.C.S.A. Y OTROS s/ ACCION DE SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-21

La buena fe adquiere trascendencia cuando en el negocio jurídico presuntamente simulado aparece un subadquirente. Influye en los efectos de la declaración de simulación desde que la sentencia que hace lugar a la misma debe declarar la nulidad del acto, siendo aplicable entonces frente a terceros de buena fe el principio que sienta el art. 1.051 del Código Civil, que limita los efectos de esa nulidad, pues no puede oponerse a quienes hayan adquirido de buena fe y a título oneroso derechos reales o personales sobre el objeto del negocio cuya anulación se peticiona.
Estabilidad del delegado gremial, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Ramón Ángel c/ Eleprint S.A. s/ Fondo de desempleo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

El art. 52 de la ley 23.551 no exige al trabajador el cumplimiento de formalidad alguna para manifestar la voluntad de optar por la reinstalación o por la indemnización agravada. En consecuencia, no existe obstáculo para que, frente a un acto del empleador, violatorio de las garantías sindicales, el afectado pueda -sin necesidad de formular previamente una expresión de voluntad en los términos del art. 246 de la Ley de contrato de Trabajo- conferirle eficacia resolutoria, reclamando la indemnización contemplada en aquel dispositivo (doctor NEGRI, mayoría).
Habilitación de feria, resolución denegatoria, medidas cautelares, medicina prepaga, aumento de cuota
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Labra, Mauricio Alberto y otros c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-23

Debe ser confirmada la resolución que denegó la habilitación de la feria extraordinaria para el tratamiento de la acción deducida por los actores, con el objeto de que la empresa de medicina prepaga cumpla con la medida cautelar que había ordenado volver a afiliarlos en los mismos términos en que se encontraban antes de que la demandada cancelara sus afiliaciones, en virtud del aumento en el monto de la cuota mensual, habida cuenta que a través de la documentación acompañada, se encuentra demostrado que existe un cambio en la composición familiar y, por ende, en la facturación de la entidad. Asimismo, en el recurso no se acredita de manera alguna una decisión concreta por parte de la prepaga que ponga en peligro la afiliación del grupo familiar.
Prueba, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALEJANDRO LLAURO E HIJO S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

La carga de la prueba radica en quien, por su conocimiento directo de los hechos, está en mejores condiciones para producirla, y no puede pretenderse que la administración se encargue en todos los casos de demostrar la falencia de negativas o respuestas genéricas.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, Comité de los Derechos del Niño, expulsión de extranjeros, deportación, grupos vulnerables, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los Derechos del Niño - D.D. Vs. España- Expulsión sumaria de niño no acompañado c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2019-02-01

A fin de que los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, cumplan cabalmente con las obligaciones derivadas de su artículo 20 -protección de los niños privados de su medio familiar-, y respeten el interés superior del niño en los casos en que busquen protección en sus territorios, es imperativo que previo a cualquier traslado o devolución, el Estado determine prioritariamente la condición de menor no acompañado, identificándolo tras una entrevista inicial que permita un cabal entendimiento de su situación concreta, evaluando muy especialmente aspectos particulares de vulnerabilidad.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Penczarski, Alejandro y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Arma es todo adminículo no sólo apto para dañar, sino también para ofender, cualquiera fuese su destino. El empleo de armas agrava el robo porque disminuye las posibilidades de defensa del sujeto, lo neutraliza para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa que el artefacto utilizado, si es que se trata de una auténtica arma de fuego, sea o no apto para producir disparos pues tal contingencia no lo descalifica como lo que es. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, razonabilidad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

En una sola norma puede darse la valoración de razonabilidad o irrazonabilidad ponderativa. Ello de una comparación entre el hecho precedente y la prestación o entre el entuerto y la sanción. En cambio la valoración de razonabilidad o irrazonabilidad de la selección, necesita comparar por lo menos dos normas distintas en cada una de las cuales a ciertos hechos o ciertos entuertos se les imputan como debidas, determinadas prestaciones o sanciones. Si los hechos son estimados como desiguales y lo son efectivamente, se dará una valoración positiva de razonabilidad de la selección. Si los hechos son iguales y pese a ello se les imputa una distinta prestación, habría irrazonabilidad de la selección.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, Jonathan David s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-20

Nulidad de la resolución que anuló el procedimiento policial teniendo en consideración únicamente la versión aportada en sede prevencional por el personal policial, sin ahondar suficientemente la investigación, coartando la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de, eventualmente, demostrar en la etapa adecuada, junto con las restantes pruebas colectadas, la concurrencia de los requisitos de sospecha suficiente y urgencia que convaliden o no la actuación policial. La disidencia consideró que no cabía convalidar el procedimiento en tanto la prevención sólo había señalado una conducta de llevarse la mano detrás del pantalón, sin que ello permita vislumbrar qué alcance debe asignarse a tal comportamiento. (Dres. Riggi, Tragant, Ledesma -en disidencia-).
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Fonseca, Marcela Marta s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30

Si la facultad denegatoria del órgano judicial es entendida sólo como un segundo control de legalidad, la intervención judicial constituiría un control razonable que no desnaturalizaría la potestad del fiscal requirente, pues si bien el "consentimiento fiscal" constituye una exigencia que viene impuesta desde la propia ley sustantiva, ello ocurre siempre que se ejerza legalmente. La remisión realizada en CS "Norverto" al precedente CS "Acosta" importó trasladar la doctrina de este último a los supuestos del primero, de modo tal que no es obstáculo para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba que el delito de que se trate tenga prevista pena de inhabilitación, a menos que la inhabilitación esté prevista como exclusiva. El voto concurrente señaló que la sentencia carece de la debida fundamentación, pues el fiscal emitió su opinión sin efectuar una evaluación debidamente fundada y, asimismo, señaló que si bien la remisión efectuada en CS "Norverto" al fallo CS "Acosta" sólo puede ser interpretada en relación al máximo de la escala prevista para la pena de prisión, de acuerdo con la resolución 24/2000 PGN, el ofrecimiento de auto-inhabilitación exigido al imputado aparece como un medio apto para conciliar el texto del último párrafo del art. 76 bis CP con los principios hermenéuticos establecidos en CS "Acosta", y resultaría ilógico que, en aras de la finalidad de resocialización, se exigiera el cumplimiento de un requisito -inhabilitación para conducir automotores a una técnica agropecuaria que necesita desplazarse de un campo a otro- que, por sus consecuencias, resultaría contrario a las posibilidades de éxito de la finalidad resocializadora al restringir el desempeño de la actividad laboral del solicitante. (Dres. Borinsky -voto concurrente-, Hornos y Ledesma).
Superior Tribunal de Justicia, acordadas
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, OSCAR D.; VERGARA, RODOLFO V. s/ HOMICIDIO CULPOSO (FLORES); HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN  CONCU0SO IDEAL S/ CASACION (VERGARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-21

Al dictarse la Acordada Nro 39/93, con el claro objetivo de lograr una más adecuada regulación de los procedimientos tendiente a asegurar la consecución de los fines del juicio penal, este Superior Tribunal de Justicia ha ejercitado sus potestades de suprema administración en el Poder Judicial y su facultad de dictar normas prácticas para la ordenada actuación de las leyes procesales, constituyendo dicha acordada una verdadera norma de índole procesal, de cumplimiento imperativo, que ha de ser considerada como parte integrante del Código Procesal Penal de la Provincia.
Tutela sindical, opción
Materia: LABORAL
Carátula: Banco del Suquía c/ Canelo Héctor Tomás s/ Sumarísimo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-26

La citada norma exige un pronunciamiento judicial previo de exclusión de la garantía gremial a aquéllos trabajadores amparados para que puedan ser despedidos, suspendidos o modificadas sus condiciones de trabajo, pronunciamiento que no debe ser otra cosa que habilitar al empleador a tomar la medida que considere conveniente ante el incumplimiento en que se hubiese incurrido, sin ahondar o valorar el tipo de sanción o su responsabilidad, habida cuenta que la prejudicialidad en este aspecto sólo tiene como objetivo evitar que la patronal ejerza sus facultades con el único propósito de perturbar la acción sindical. Y ello así porque la decisión judicial tiene por objeto dilucidar en qué plano se desenvuelve el conflicto, si en el individual o en el colectivo y, por lo tanto, dicha resolución no puede dejar abierto el debate de fondo acerca de la entidad injuriosa de los hechos atribuidos al dependiente.