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Procedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, extinción de la acción penal, sobreseimiento, remisión del expediente, inhabilitación especial, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Marin, Gladis Elena. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución mediante la cual se declaró la extinción de la causa por prescripción y sobreseyó definitivamente a Marín, Corradi y Ferreira en los términos de los arts. 361 y 336 inc. 1° del CPPN, y reenviar las actuaciones al tribunal de origen, para que proceda de acuerdo con lo dispuesto. El magistrado a quo expuso que como el fiscal ha acusado bajo la calificación del el art. 260 del C.P., cuyo máximo de pena alcanza a tres años de inhabilitación especial, la desproporción entre el derrotero de la vindicta pública y la pena máxima remite con claridad a un caso de irrazonabilidad del plazo de proceso; agregó que no parece posible argumentar, como factor de retraso independiente, la circunstancia de que los encausados ejercieron tareas administrativas en la universidad y con ello suspendieron el curso de la prescripción de la acción; pues esa virtud de suspensión del plazo según art. 67 C.P. no desdice ni disculpa el retraso en la actividad jurisdiccional. Así, se observa que el a quo brindó sólo fundamentos aparentes, en tanto soslayó la aplicación del art. 67 párrafo segundo del C.P. y omitió la ponderación de hechos comprobados y conducentes. Según el requerimiento de elevación a juicio, los hechos consistieron en haber dado a las partidas de dinero cuya administración tenían confiada en razón de su cargo una aplicación diferente a las que tenían asignadas -pago de tasas municipales por servicios retributivos-. La circunstancia de que Marín haya ocupado, tanto al momento de los hechos como durante el transcurso de la investigación, un rol jerárquico en la estructura administrativa (a cargo del área de relaciones con el personal empleado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la la Universidad Nacional del Comahue) se presenta como un factor relevante. Marín dejó de participar del ejercicio de funciones públicas a partir del 15/4/16, mientras que Corradi y Ferreyra dejaron de ejercer tareas en la Universidad pública en los años 2002 y 2005. Esas circunstancias inciden sobre el régimen de vigencia de la acción penal, pues obstan a la aplicación en el caso del art. 67, segundo párrafo, del CP, debiéndose considerar que el curso de la prescripción se reanudó a partir del 15/4/16. Teniendo en cuenta el último acto procesal con vocación interruptiva del término legal según la significación jurídica planteada por la acusación, la acción penal podría encontrarse prescripta por el mero transcurso del tiempo, incluso al momento del dictado de la resolución, lo que deberá ser analizado en la instancia.
Comunicación del despido, invariabilidad de la causa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: STIRNEMANN, HECTOR GASPAR Y OTROS c/ FRIGORIFICO MINGUILLON  S.A.C.I.F.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-30

La naturaleza recepticia de la comunicación del despido no admite modificaciones posteriores sin que exista expreso consentimiento del afectado por la medida, por lo que la rectificación introducida cuarenta y ocho horas más tarde de haberse remitido los despachos sin que se hubiese cumplimentado tal requisito, carece de validez.
Robo con armas, robo en poblado y en banda, concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bello, Hugo D. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-18

Si bien la agravante del uso de arma desplaza, por especialidad, a la proveniente de la banda, ésta no desaparece por completo, sino que integra el injusto típico, que así resulta más grave y se traduce en un mayor monto punitivo, puesto que la acción, además de caracterizarse por una amenaza a la víctima mediante arma de fuego, conlleva el riesgo y la mayor amenaza que para ésta significa el ser atacada por tres sujetos.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: JULIO BACOLLA SA Y OTROS c/ SEVEL ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

La ley 24432 incorporó al artículo 505 del Código Civil un nuevo párrafo, cuando éste hace alusión al "monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo" quiere significar que en principio no se toma el monto de la pretensión, como tampoco el discutido o resistido por la parte demandada, sino tan sólo aquél que el juzgador o árbitro determine que en justicia debe abonarse y así se encuentra afirmado en el acto culminante de la litis, laudo, transacción o cualquier documento por el que se concluya el conflicto. Esto incluye, por supuesto, todos los accesorios que el sentenciante determinó que también debían abonarse (conf.

Gandolla, Julia Elena, "Honorarios profesionales" pág. 103 y ss ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998; en idéntico sentido ver LLambías, Jorge Joaquín - Posse Saguier, Fernando "Código Civil" 2da edición, T.II-A,pág. 112, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2004;

Castro, Patricia "La ley 24432 y los honorarios y costas judiciales" LL 2001-B, 1039; Peyrano, Jorge W, "La ley 24432, un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes" ED 162-1159).

En esta orientación se ha expedido nuestro Máximo Tribunal al señalar que en la medida que la acción es rechazada no resulta de aplicación la limitación que venimos refiriendo (ver C.S.J.N. in re "Exolgan S.A. c/ Distribuidora Química S.A." del 16/08/2005).
Alimentos, cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: R.H.D. c/ S.E. s/ DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La cesación o disminución de la cuota sólo tiene vigencia a partir de la resolución que admite la pretensión del alimentante.
Desindexación, obligaciones en moneda extranjera, Ley de desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CALEDONIA ARGENTINA CIA. DE SEG. SA c/ NANSCIMBENI, NESTOR s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

El demandado solicita la aplicación de la ley 24.283, tema que, como principio, se debe plantear en la etapa de ejecución de la sentencia y no ahora. No obstante, por razones de economía procesal, diré que la aplicación de esa norma es procedente atendiendo a la índole de la deuda, que es anterior al 1.4.91. El hecho de que la condena se haya dictado en dólares estadounidenses (dejando de lado la pertinencia de utilizar ese signo monetario para la indemnización:

ver esta Sala, Causa 11.001/95, de 30.5.95) no constituye un impedimento para que opere ese dispositivo legal, toda vez que la expresión de la condena en dólares ha importado en el caso recurrir a estos como un "mecanismo" de actualización del valor originario.

Sobre la base de lo resuelto en la Causa 712/94 de 12.4.94, ya hemos establecido cual es el procedimiento que se debe seguir para aplicar la ley 24.283, que cabe adaptar a las particularidades del caso.
Seguros, seguro colectivo, beneficiario del seguro, demanda laboral, pago total, asegurador por riesgos del trabajo, acción de repetición, empleador, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Swiss Medical ART SA c/ Adecco Specialties SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

En las obligaciones de sujeto plural -activo o pasivo- existen dos órdenes de relaciones: las que unen al acreedor o acreedores con el deudor o deudores (relación entre las partes) y las que unen a los codeudores entre sí o coacreedores entre sí: relaciones internas (CNCom, Sala B, "Niro Construcciones SA c/ Coto CICSA", del 23/08/18). Así pues, en el caso, la sentencia laboral definió (y es cosa juzgada) la situación respecto de la trabajadora y las codemandadas (relación entre las partes), mas nada decidió en torno a los vínculos internos entre los codeudores. En tal sentido, se advierte que la sentencia de grado estableció que, primeramente, se sufrague con el monto de la cobertura de la póliza por parte de la aseguradora y, sobre el excedente no cubierto por el seguro, exista una contribución en partes iguales entre los tres demandados en el juicio laboral; es decir, en orden al 33,33% por cada uno. Esto se justifica en que una vez efectuado el pago por cualquiera de los codeudores de una obligación solidaria, quien efectuó la cancelación puede luego recuperar el desembolso en todo cuanto excediese de su respectiva parte mediante una acción de regreso contra sus coobligados. En consecuencia, en lo que aquí se refiere, para poder determinar cuál es la parte y porción de la deuda solidaria en las relaciones internas de los obligados entre sí, corresponde analizar el CCIV 717 (aplicable al caso por la época en que ocurrieron los hechos que motivaron la responsabilidad) y su remisión al art. 689 de dicho cuerpo legal (cfr. Llambías, J. Joaquín, Código Civil Anotado, T. II-A, Ed. Abeledo - Perrot, Bs. As, págs. 547/548). En la especie, como la sentencia del fuero laboral -que conforma el título de la obligación de pago- no se pronuncia concretamente sobre la contribución que correspondía a cada codeudor solidario, ha de estarse a los fines interpretativos de dicha relación a que: "...los deudores son interesados por partes iguales..." (CCIV 689-3°, ya citado).
Recurso de apelación (procesal), preclusión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colonna, Lidia c/ Arias, Sandra Marisa s/ Desalojo Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

Encontrado el recurrente que el desglose del escrito de contestación de la demanda, dispuesto por no haber cumplido con los aportes de ley, constituyen violación a las garantías constitucionales, debió recurrir en su oportunidad la providencia que le afecta, no siendo por vía de la expresión de agravios por donde debe canalizar la recurrente el cuestionamiento efectuado, sino por vía de oportuno recurso de apelación, que debió deducir entonces. De tal modo, ha caducado la facultad de hacerlo en el futuro por el principio de preclusión (ART.155 C.P.C.C.)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, juicio, partes, domicilio real, domicilio legal, notificación por cédula, notificación por edictos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ZEITLIN DE TEITELMAN, ROGELIA c/ SLEPOY, SAMUEL B. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (EXPTE.:   C.S.J. NRO. 1040 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde la Alzada ha legitimado irrazonablemente una citatio edictalis desprovista de las respectivas condiciones de procedencia - como la debida diligencia que debe emplearse en la indagación del domicilio, y la demostración de la imposibilidad fáctica para conocer el domicilio real del demandado -, a pesar de que la verificación de ellas era necesaria atento a que "en el fondo el sistema de edictos es una ficción legal cuando se quiere notificar un acto procesal individual, ya que la posibilidad de que la parte tome conocimiento es remota, por lo que puede nulificarse "si se procedió a notificar por edictos a persona cuyo domicilio se conocía o podía conocerse".

Dicha conclusión se ve reforzada a poco que se tenga presente la suerte que han de correr los argumentos invocados por la Sala acerca de las virtualidades del domicilio establecido en el contrato de usufructo a la luz de la clara jurisprudencia sentada por esta Corte, cuando con relación al thema de los domicilios especiales fijados en instrumentos privados, precisara que como la más ajustada a las exigencias de la garantía de la defensa en juicio debía reconocerse la posición que sostiene la ineficacia del documento mientras la firma inserta en él no esté reconocida, no pudiéndosela "tener por debidamente reconocida mientras la persona a la cual se le atribuye la rúbrica no haya sido citada en legal forma, es decir, en su domicilio real o legal, porque atribuirle tal carácter mediante el emplazamiento en el que figura en el contrato privado importaría reconocer validez a éste por anticipado".
Obligaciones, títulos al portador, robo, pérdida o inutilización del título, acciones societarias, restitución de acciones extraviadas
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEMPRANO FRANCISCO c/ ESTUDIO  T.N.T.   S.A.C.I.F.E.I. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

Si a fin de obtener la restitución de acciones que se dicen extraviadas, se recurre al procedimiento regulado por el CCOM 746 y ss., la cuestión se ciñe exclusivamente al extravío de las acciones;

pero si existe litigio, el conflicto ingresa en el análisis de la relación fundamental, que es el estado de socio, en virtud del cual una vez comprobado- se ordenará la emisión de acciones.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Lencinas, Javier Antonio c/ Provincia de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-09-28

La ausencia de uno de los requisitos esenciales para que se configure la materia contencioso administrativa (art. 1, inc. "a" y cc, Ley n.° 7182), debe ser planteada en forma de artículo previo a través de la excepción de incompetencia (arts. 24, inc. 1 y 26, ib.), no pudiendo ser objeto de resolución con posterioridad (art. 11, ib.). Es que si bien en la primera etapa del proceso debe establecerse de oficio si el asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, tal determinación está sujeta a las posibles excepciones de previo y especial pronunciamiento que se interpongan. Luego de ello, la competencia queda radicada en forma "definitiva" y, por lo tanto, no es susceptible de ser revisada al momento de emitirse la sentencia. Ello procura dar mayor celeridad al proceso, evitando que después de su tramitación, el juez se pronuncie en sentencia sobre aspectos que no hacen al fondo de la cuestión.
Prueba confesional, preguntas recíprocas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Toloza, Luis Heriberto c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

La confesión, como medio probatorio, es la admisión de la verdad, de determinados hechos y, en este discurrir, dable es afirmar que las preguntas recíprocas que posibilita el art. 413 del C.P.C.C. en la oportunidad de absolverse posiciones, tienen los afectos propios de la confesión expresa.
Libertad de prensa, real malicia, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Las consecuencias que en el ámbito del onus probandi tiene la adopción de la doctrina de la "real malicia" no se identifican necesariamente con una inversión de la carga de la prueba sino con un agravamiento (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Escudero, Amadeo y Otros c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY Calguín, José Filadoro y Otros c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. Morgenstern, Mario Leandro c/ Rebesquini SA. s/ SUMARIO S/ CASACIóN. Torres, Alfredo y otros c/ CompaÑía Naviera Perez Companc s/ RECLAMO S/INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY Navarro, Julio y otros c/ CompaÑía Naviera Perez Companc SA. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY. Rosas, Esteban y otros c/ CompaÑía Naviera Perez Companc s/ RECLAMO S/INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY. Carriqueo, Electo y otros c/ CompaÑía Naviera Perez Companc SA. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY Giménez, Pedro y otros c/ Vial del Sur Petrolera y Constructora SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY Galera, Carlos y Otros c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. Mansilla, Moisés y otros c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-04-27|1988-09-15|1988-05-30|1989-02-08|1989-02-20|1989-02-20|1989-03-14|1989-05-22|1989-06-08|1989-04-25

Según las distintas circunstancias, hay obreros que desde sus casas hasta el compamento base se rigen por el art. 29 de la Convención Colectiva de los Petroleros (porque emplean tiempo in itinere) y a partir de allí hasta el pozo por el art. 197 de la LCT, y otros a quienes esta última norma se aplica recién al llegar al pozo, dado que allí comienzan efectivamente su trabajo.
Recurso contencioso administrativo, demandado, poder, justicia de paz no letrada, comuna, abogados, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ARCE ARMANDO, ALCIDES JOSE c/ COMUNA DE COLONIA SILVA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 701-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-23

Resulta improcedente el planteo del actor, recién introducido al alegar, en el sentido de que la Comuna carece de representación, porque la que invoca su apoderado resulta insuficiente, por cuanto las cuestiones relativas a la personería precluyen si no son incoados en su oportunidad procesal, a excepción de la inexistencia de poder o la concurrencia de vicios sustanciales en el mismo, los que no se dan en el caso de autos.

En el caso, emplazada debidamente la Comuna comparece a estar a derecho invocando su representación un profesional del derecho que acompaña, en el plazo solicitado y otorgado, poder extendido a su nombre ante Juez de Paz Lego, por quien revestía la condición de titular de la Comuna demandada, calidad que justificó con nombramiento expedido por la Junta Electoral.
Tarjeta de crédito, responsabilidad del emisor, información errónea o desactualizada, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTIVERO,  MABEL  CRISTINA c/ BANCA  NAZIONALE DEL LAVORO SA YOTRO S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

Corresponde a la administradora de un sistema de tarjeta de crédito, que por negligencia ordenó debitar incorrectamente ciertos importes de la cuenta que el usuario tenía en una entidad bancaria, colocándolo en situación de deudor frente al banco, practicar la comunicación pertinente a dicha entidad crediticia a fin de que rectifique el saldo; ello sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer el banco contra la emisora que le suministro una información carente de respaldo probatorio.
Costas, abogados, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ COBRO DE PESOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-29

El abogado "...no tiene facultades per se para cuestionar la imposición de las costas dado que ello excede sus facultades propias. El pudo cuestionar la imposición de las costas por su mandante, pero no por derecho propio".
Robo con armas, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: M., R.L.; A., N.A. s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-03

Si el imputado emprende el atraco con un arma que sabe descargada, sabe que tal instrumento no es un arma, pues la inutilidad que afecta al medio no aumenta la capacidad para agredir o resistir. Si, además, el dolo del sujeto activo no prevé, por cualquier razón, la posibilidad de utilizar al revólver como arma impropia, no se cumple subjetivamente uno de los requisitos que describe la norma sustantiva para cualificar el tipo del robo.
Hábeas data, costas, rectificación del error
Materia: PROCESAL
Carátula: LUCATO, Omar Norman c/ ORGANIZACION VERAZ SACMEI s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

Es deber de la empresa que lucra con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas necesarias para que la información suministrada se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes. Consecuentemente, si fue necesaria la iniciación del proceso para rectificar la información existente en los respectivos archivos informáticos que se encontraban desactualizados, resulta justificada la imposición de costas a la accionada.
Cuenta corriente bancaria, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bisel S.A. s/ Incidente de desafectación de bien de familia en autos "Banco Bissel  S.A. c/ Arhex, Juan Pedro" s/ Cobro ejecutivo Bco. Francés del Río de La Plata S.A. c/ Berola, Claudio M. y otra s/ Cob. ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18|2000-05-10

La cuenta corriente bancaria constituye un contrato normativo, que no puede confundirse con las obligaciones que se generan mediante aquellos posibles y futuros acuerdos, por lo que no puede sostenerse, entonces, que al generarse un saldo deudor la causa de esta obligación radique en el contrato de cuenta corriente.

La causa no es otra que las precisas e individualizadas operaciones de crédito y débito que en el marco de esa cuenta corriente se han generado y que se cristalizan en determinado saldo (arts. 499, C.C.; 207, C.Com.). De otro modo no tiene explicación lo dispuesto en el art. 797 del Código de Comercio, conforme al cual todo banco está obligado a tener sus cuentas corrientes al día, para fijar su situación respecto del cliente. (Minoría u opinión personal)
Prueba, sana crítica racional, presunciones, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHARA LUIS FERNANDO s/ ROBO SIMPLE REITERADO - ROBO DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-08-18

Si la identificación papilar permite fundar -ab initio del proceso- la imputación de aquél a quien pertenece la huella digital (recogida en el lugar del hecho), pues configura un fuerte indicio de presencia, no alcanza para sustentar una decisión suficientemente fundada de participación. Por otra parte, aun cuando cabe reconocer la importancia que asume el testimonio del policía comisionado, en especial por sus precisiones en lo atinente a la ubicación de la huella identificada, sus restantes dichos no develan la equivocidad propia del indicio. Las apreciaciones contenidas en su declaración no exigen conocimientos técnicos especiales, sino que pueden ser elaborados por el juzgador en base a los principios de la sana crítica racional (lógica, psicología, y experiencia común), en virtud de los datos que surgen del acta, croquis, fotografía, acta de levantamiento del registro digital. En consecuencia, es excesiva la derivación incriminante que consigna el a quo cuando expresa -refiriéndose a la declaración del policía interviniente-: "Estas manifestaciones desvirtúan la posición exculpatoria asumida por el incoado..., toda vez que la posibilidad de que éste, como cliente de la estación que dice ser, haya estampado su huella en el vidrio inferior del divisorio del salón de ventas se ha tornado inverosímil". La consideración precedente, no empece afirmar que los elementos analizados ameritan estimar como improbable aquella posibilidad, pero resulta insuficiente para fundar la convicción exigida por el art. 281 C.P.P.-