Sentencia definitiva, sobreseimiento, inadmisibilidad del recurso, suspensión del proceso judicial, incapacidad sobreviniente, padecimientos mentales
Materia: PROCESAL
Carátula: Marquiegui, Leandro Edgar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-16

Corresponde declarar inadmisible el recurso del representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión del a quo -que dispuso sobreseer a Marquiegui con la declaración que su formación no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado (arts. 336 inc. 1°, 339 inc. 2° y 343 del CPPN)- pues el temperamento adoptado resulta pertinente, con la aclaración de que el sobreseimiento debe ser dictado en los términos del art. 336 inc. 5 del código de rito. No aparece controvertida la suspensión de juicio a prueba en los términos del art. 77 CPPN, sino las consecuencias que de ella se derivan y en particular, el curso de acción procesal que se debe adoptar en supuestos en que la incapacidad mental sobreviniente es de carácter irreversible. El a quo sostuvo que los peritos son contestes en la caracterización de la patología crónica, progresiva e irreversible que padece Marquiegui. Esta circunstancia para el tribunal configura un impedimento procesal que encuadra en la excepción de falta de acción prevista en el art. 339 inc. 2 del CPPN. Si bien es cierto que la norma no prevé taxativamente el supuesto planteado, la interpretación del texto legal realizada por el a quo resulta adecuada a los principios de trato humanitario y pro homine. En el caso del art. 77 CPPN, el motivo de la suspensión es la comprobación de una incapacidad mental sobreviniente, y su duración se encuentra supeditada a la extinción de aquella circunstancia que motivó la suspensión, es decir, la incapacidad mental. Sin embargo, en casos como el presente donde el cuadro clínico de incapacidad debidamente constatado fue calificado de irreversible, deviene necesario realizar una interpretación conforme los principios enunciados que, a su vez, favorezca la adopción de un criterio procesal que cierre definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado, en los términos del art. 335 CPPN. Una solución en contrario implicaría que la suspensión del proceso quede supeditada a una circunstancia de imposible o muy improbable concreción, con la consiguiente vigencia ficticia e in aeternum de la acción penal contra el imputado. El tribunal a quo, concluyó que la solución adecuada es el sobreseimiento en los términos del 336 inc. 1; sin embargo, yerra el tribunal, pues el caso en estudio guarda más relación con los supuestos de inimputabilidad, inculpabilidad o de excusa absolutoria, previstos en el art. 336, inc. 5to, que con un supuesto de extinción de la acción penal. En efecto, la incapacidad mental sobreviniente no extingue de ningún modo la acción penal; ésta se mantiene vigente pero con la particularidad de que la persona sometida a proceso o cumpliendo pena no puede comprender sus alcances. Del mismo modo que corresponde sobreseer a quien no pudo comprender la criminalidad de sus actos, y por tanto, motivarse por la norma, cabe la misma solución respecto del condenado cuya incapacidad mental no le permite internalizar el sentido y la finalidad de la pena impuesta. El voto concurrente resaltó que de los informes surge que el cuadro de deterioro cognitivo resulta "progresivo e irreversible" lo que impide su reincorporación futura al proceso. Por ello, los argumentos del impugnante no logran demostrar un concreto agravio por la decisión adoptada. La disidencia señaló que ha de estarse al trámite previsto en los arts. 464, 465 y cctes. del ceremonial. Dres. Mahiques, Yacobucci y Slokar -en disidencia-.