Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-22


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cincuenta y uno.- San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Abril de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 094/2008: "FIGUEROA, Ramón Oscar c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL - s/ Acción de Amparo", traídos a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:

Voto del Dr. Cippitelli:

Que a fs.25/29 vta., comparece el Sr. Ramón Oscar Figueroa, por intermedio de apoderado, interponiendo acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Provincial, persiguiendo se haga cesar la omisión arbitraria, ilegal e ilegítima en liquidar su haber jubilatorio sin respetar el 82% móvil.

Manifiesta ser titular de una jubilación ordinaria común otorgada por el I.P.P.S., conforme a la Ley N°4049 -conforme la Resolucion N°0295/95, ley aplicable por ser la vigente al tiempo del cese, que en su Art. 87 fija el 82% móvil para jubilaciones ordinarias comunes y especiales del promedio de las remuneraciones actualizadas del cargo que se tuvo en cuenta para la determinación del haber, concordante con los Arts. 180 y 181 de la Constitución Provincial; que la demandada calcula erróneamente la remuneración del Sr. Gobernador de la Provincia y de suyo el haber de los jubilados provinciales.

Expresa que mediante Ley 5192/06 la Provincia ha otorgado y abona a partir del 01/01/07 y hasta que exista resolución firme que resuelva los planteos de movilidad y/o hasta que A.N.S.E.S. reconozca ese derecho adquirido, una asignación personal, mensual y complementaria a favor de los jubilados y pensionados provinciales, cuyos beneficios hubieran sido devengados con anterioridad al 31/07/95, incluidos en el Convenio de Transferencia, a determinarse por el Poder Ejecutivo y resultante de la diferencia entre el haber previsional pagado mensualmente por A.N.S.E.S. y el 82% móvil y/o la movilidad establecida para cada régimen jubilatorio del haber calculado sujeto a las condiciones prestacionales y a las categorías de revista determinantes del beneficio, de acuerdo a las escalas salariales vigentes de los agentes de la Administración Pública Provincial.

Precisa la errónea liquidación de sus haberes y del tope tomado como referencia conforme a cálculos que detalla. Ofrece prueba documental. y hace reserva del caso federal. En definitiva peticiona se haga lugar a la acción conforme a lo peticionado, con costas.

2- Que otorgada participación procesal y radicada la causa en este Tribunal, se corre vista a la Srta. Procuradora General Subrogante para que emita dictamen acerca de la jurisdicción y competencia de la Corte de Justicia para entender en la causa, evacuada a fs. 37/38. Dictado a fs. 38 vta. el proveído que ordena autos para resolver, queda la cuestión en estado de emitir pronunciamiento. 3- Que por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos. 4- Que el marco legal vigente aplicable al caso concreto, faculta al Poder Administrador para liquidar los haberes de los ex agentes de la Administración Pública Provincial, de conformidad a los preceptos normativos y pautas porcentuales establecidas en relación a los agentes en actividad con el tope salarial percibido por el Gobernador de la Provincia.

Que tal actividad contable-administrativa impone un análisis profundo y exhaustivo de actos emitidos en ejercicio de atribuciones legales propias, cuya revisión excede el estrecho margen cognoscitivo asignado a este proceso excepcionalísimo evidenciando que -como cuestión jurídica opinable-, requiere de mayor amplitud de debate y prueba para lo cual existen vías previas y paralelas ordinarias donde podrá discutirse y probarse la ilegitimidad -o no-, del actuar administrativo.

Que en tal sentido se ha dicho que: "Resulta inadmisible la acción de amparo a fin de que se garantice la movilidad del haber jubilatorio de la actora y se lo reajuste al aplicar el 82% móvil de los actuales sueldos de los trabajadores en actividad correspondientes al cargo en que se jubiló, pues, dicha pretensión requiere la acreditación de un conjunto articulado de presupuestos de hecho y de derecho que excede el marco congnoscitivo de un proceso sumarísimo, ello sin perjuicio del derecho de la actora de intentar por la vía y forma que crea conveniente la acreditación de los extremos de hecho en los que funda su reclamo por la garantía asumida por el Estado Provincial al transferir el sistema previsional a la Nación (Conf.: Contenciosoadministrativo, Tucumán, Sala II, 2008/03/28; "Fernández, Hilda Milena c. Provincia de Tucumán"; publicado en la LLNOA 2008 (agosto), p.711, fallo 2866). 5- Que conforme a ello, y lo previsto por el Art. 3 de la Ley N° 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos de inadmisibilidad mentados en el Art. 2, corresponde declarar improcedente la acción de amparo deducida. 6- Finalmente, conforme se resuelve la primera cuestión, las costas deben imponerse a la parte accionante, Art. 17 de la ley adjetiva (así me pronuncié en autos Corte Nros.: 059/08 "López, Luis A. c/P.E.-Acc. de Amparo", 011/08 "Bustos, Luisa T. c/P.E.-Acc. de Amparo" y 084/08 bis "Avellaneda, María E. c/P.E.-Acc. de Amparo"). Voto del Dr. Herrera:

1) Estoy en total acuerdo con el meduloso voto del Dr. Cippitelli compartiendo en su totalidad los términos del mismo. Sin embargo deseo realizar unas breves disgreciones, no porque el primer voto deba ser apuntalado sino que, este tema del recurso de amparo siempre me llevó a realizar una serie de aclaraciones, mas desde la reforma del 94 y el Art. 43 de la C.N. con la fuerte controversia que desató.

Humberto Quiroga Lavié y otros, Derecho Constitucional Argentino T 1 pag. 151, señala que incorporado el amparo al texto constitucional en 1994 (Arts. 43 párrafo 1 y 2) hasta tanto el legislador no sancione un nuevo régimen legal, la jurisprudencia ha declarado que subsiste el anterior.

En las provincias, aunque se viole un derecho federal, siempre que el afectado o el autor de la lesión no fuera una autoridad nacional se aplican las constituciones provinciales y las leyes procesales sobre el amparo, por lo que nuestra Ley Provincial, con la conclusión de Quiroga Lavié N°4642 permanece incólume con las reformas introducidas.

2) La reforma constitucional llevó a autores de la talla de Morello (el Recurso de Amparo ED LEP) o Gozaini (Rubinzal) a estimar que se trata de un recurso directo y que se aplicaba cuando no existía otra via mas idónea. A pesar de que la solución de este caso no pasa por esa vía mas idónea me pregunto ¿para los créditos por despido sin causa, salarios adeudados, alimentos, accidentes. Cual sería entonces la via mas idónea sino el amparo? Ello llevaría al colapso total de todo el sistema procesal y a obtener la ordinarización de esta via excepcional y subsidiaria, ya que los juzgados se taparían de este tipo de acciones y a la larga volveríamos al mismo lugar, la imposibilidad de darle trámite de amparo rápido a los mismos.

Sin embargo el rol supletorio del amparo no perdió vigencia. Es decir debe existir solamente cuando no hay otros procedimientos útiles.

En la Convención Constituyente de 1994 quedó claro que la posición mayoritaria redactora del Art. 43, propició la tesis del amparo como instrumento procesal supletorio y subsidiario ya sea ante otros trámites administrativos o judiciales (ver el despacho del miembro informante por la mayoría convencional Diaz (Diario de Sesiones p. 4049).

El despacho minoritario (convencional Barcesat) participó de la idea del amparo directo pero fue derrotado en la votación. La Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la postura del amparo subsidiario y excepcional en Villar ED 163-636. (Néstor Pedro Sagües Elementos de Derecho Constitucional, T I, Ed. Astrea, pag. 250). 3) Ya volviendo al tema principal, el Art. 2 de la Ley 4642 señala en su inc. "d" que la acción de amparo no será admisible cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate o de prueba; y el Art. 3 señala que si la acción fuere manifiestamente inadmisible el juez la rechaza de plano.

Salgado Verdaguer: Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad, pag. 142 Ed. Astrea, señala que un "amparo que durase varios años no sería tal sino la parodia de una garantía constitucional, por ello, para que esa finalidad no se frustre es menester limitar la prueba, pues la necesidad de un amplio debate o de prueba es absolutamente incompatible con el amparo.

La C.S.J.N. en autos Provincia de Entre Rios c/ Secretaria de Energía señaló que las cuestiones jurídicas opinables son ajenas al recurso del amparo (fallo del año 2000), lo cual no implica abrir un juicio sobre la legitimidad de la pretensión de los amparistas la cual podrá ser debatida por la vía pertinente.

Como lo señala la Cámara Contenciosoadministrativo Federal , Sala V, Consumidores Libres c/ Telefónica Argentina, L.L. 1997, F, pág 272, debe pensarse que la acción prevista en el Artículo 43 de la Constitución Nacional no es la única exclusiva e ineludible para salvaguardar garantías constitucionales o legales en tanto se admite que la tutela de los derechos y garantías constitucionales, pueden salvaguardarse por vías procesales que no se limitan exclusivamente a la vía procesal de la Ley de Amparo (Díaz, Silvina Adriana - s/ Acción de Amparo, L.L. pág. 112).

Quien más trató este punto es Sagües, que señala que Fiorini, un crítico severo de la Ley 16986 no dudó en calificar de positiva a esta cláusula (Art. 2 inc. "d" de nuestro ordenamiento. Bernabé Fiorini Acción de Amparo, La Ley 123-1367 - el amparo estudia conductas de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

En consecuencia no se habilita para aquellos hechos o actos que no padezcan de notoria invalidez. Hay un discreto análisis en el amparo y por lo tanto no se excluyen de él algunos mecanismos probatorios mínimos, pero si el asunto es realmente intrincado debe remitirse a otro tipo de procedemiento, Sagües advierte que si el amparo es rechazado porque la causa requería mayor debate o prueba nada impide que el interesado plantee ella por la via procesal pertinente. Sagües Derecho Procesal Constitucional, T 3, Acción de Amparo - pág. 235. Del detallado y minucioso análisis que hace el Ministro que lleva el primer voto de la cuestión que se trae a nuestro conocimiento, no queda duda alguna que este amparo es manifiestamente inadmisible por encuadrarse, como bien lo señala el Ministro en el supuesto del Art. 2 inc. "d" de la ley que como vimos se encuentra plenamente vigente. 4) Quien lleva la primera opinión, vota en el sentido de que debe inponerse las costas al perdidoso, se ajusta exactamente a lo señalado en el Art. 17. Parece la cuestión inapelable, pero me pregunto, es justa la ley? En el caso, esta admisibilidad o no del amparo depende siempre del criterio de quienes deben aplicarla.

Por el otro lado nos encontramos con un tema que no es otro que un reajuste de un beneficio previsional, por lo que entiendo, en el caso no habiendose trabado ningún contradictorio y sin necesidad de declaración de inconstitucionalidad alguna, bien en nombre de la justicia, valor último al que el derecho debe ser solo un camino, en el caso me inclino por declarar el caso sin costas.

Tomás Casares, en la Justicia y el Derecho, Ed. Abeledo Perrot, al referirse al papel del juez en la concepción de Santo Tomás, recuerda que el juicio es cierta determinación de lo justo; una cosa es justa por naturaleza -derecho natural- o por cierta convención entre los hombres y entonces es derecho positivo.

Las leyes tienen por objeto, la aplicación de uno u otro derecho, pero la ley escrita contiene el derecho natural, no lo instituye pues el derecho positivo no toma fuerza de la ley sino de la naturaleza.

De allí que si la ley escrita contiene algo en contra del derecho natural es injusta y no tiene fuerza para obligar. Esto sentado, concluirá Santo Tomas, el juez siempre debe juzgar, siempre según la ley escrita, entendiendo que solo es ley la que guarda conformidad con el derecho natural.

Por consiguiente el primer deber del juez es el de dicernir la conformidad de la norma con el derecho natural. Resulta que ello si bien requiere ciencia del derecho, requiere ademas conciencia de lo justo por naturaleza, con ese conocimiento por connaturalidad propio del justo, así como aquél en quien la templanza es un hábito, está en disposición de dicernir con particular acierto lo que práctica de esta virtud impone. (Casares op cit pág. 251).

Es por ello que entiendo que en este caso la solución de la ley es injusta, entiendo, como ya lo dije, es lícito proceder en este caso a la inaplicabilidad de la misma y declarar el caso sin costas (conforme lo tengo dicho en autos Corte Nº 011/08 "Bustos, Luisa T. c/P.E.-Acc. de Amparo" y Corte Nº 084/08 Bis "Avellaneda, María E. c/P.E.-Acc. de Amparo"). Voto del Dr. Crook:

La limitación en su admisibilidad resultante de la propia ley no debe perderse nunca de vista si es con el fin de mantener la esencia misma del instituto; en tal sentido es que me permito adherir a los votos precedentes por cuanto entiendo que la acción de amparo debe declararse inadmisible si existen otras vias idóneas que permitan atender eficazmente la situación planteada y deducida.

Así lo he sostenido recientemente llevando un voto en disidencia en el caso "Varela c/Zulianie -Acción de Amparo", en efecto y como los fundamentos expuestos estan orientados en esa inteligencia es que me adhiero a los mismos, pero sosteniendo en materia de costas el criterio que introduce el Dr. Herrera. (así lo tengo dicho en autos Corte Nº 011/08 "Bustos, Luisa T. c/P.E. -Acc. de Amparo"). Es mi voto.

Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (Por mayoría de votos) RESUELVE:

1) Declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por el Sr. Ramón Oscar Figueroa. 2) Sin costas atento la naturaleza de la cuestión. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Dr. Jorge Eduardo Crook (Ministro), Manuel de Jesús Herrera (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).