Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-08


SENTENCIA NUMERO: TRES En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los ocho días del mes de febrero de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 71/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en contra de Auto Nº 23/11 - de Expte. Nº 157/09 - TAPIA, Miguel Ángel -Lesiones Culposas -Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el defensor del imputado Miguel Ángel Tapia, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", S. 01/12 "Delgado").

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 23/2011, dictado el 26/08/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba que incoara el encausado Miguel Ángel Tapia a fs. 115/116, por resultar improcedente (art. 76 bis y concordantes del CP y art. 355 del CPP).".

II. Contra el decisorio aludido comparece el Dr. Víctor Pinto, en su calidad de asistente técnico del imputado Miguel Ángel Tapia, e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P.

Funda su escrito recursivo denunciando inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva al sostener que el a quo aplicó erróneamente lo dispuesto por el art. 76 bis in fine del Código Penal al excluir del beneficio de la probation a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, ya que esto contradice normas del Derecho Penal, de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales. Refiere que la aplicación específica del mencionado artículo, interpretado en forma aislada, vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que prevé que delitos con la menor de las penas dispuestas por el Código Penal, como es la inhabilitación, no pueden acceder a este beneficio, y otros delitos con penas más gravosas sí pueden hacerlo.

Menciona los pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional, los que, a su entender, se estarían violando al denegar el pedido y manifiesta que, para evitar una discriminación arbitraria, deberá ponderarse, por un lado, si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable -legal y constitucionalmente suficiente- y, por el otro, si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen.

Cita doctrina y jurisprudencia relacionadas con la interpretación de la ley penal y con el fin del instituto bajo examen.

Culmina su presentación solicitando que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Por último, formula expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

III. Esta Corte de Justicia, con distinta y misma integración en los precedentes mencionados en el punto I), tuvo oportunidad de expedirse respecto al valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

En los referidos fallos, se concluyó que "el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que eso es lo que surge de una interpretación sistemática de la ley; y que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modificó la interpretación del plenario "Kosuta" en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, manteniendo el criterio de que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación".

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal este Superior Tribunal (S. Nº 4/09; S. Nº 17/09; S. Nº 07/10; S. Nº 20/10, S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero"; S. Nº 01/12 "Delgado", citadas supra).

Corresponde también aclarar, por haber sido cuestionado por la defensa, que no advierto de la resolución en crisis, que el motivo central y determinante para negar la aplicación del instituto que se pretende haya sido la falta de consentimiento por parte del Ministerio Público Fiscal, como se asevera. Advierto que el principal argumento del tribunal coincide con el sentado por esta Corte en los aludidos precedentes. De este modo, el a quo en su resolución no hizo más que reafirmar su postura con relación a la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba, propiciando, una vez más, su improcedencia para aquellos casos en que se trate de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación, compartiendo de este modo lo manifestado oportunamente por la Fiscal Correccional, lo que resta entidad para modificar lo resuelto los demás agravios expuestos.

No obstante ello, estimo oportuno aclarar, que tampoco resulta atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen. Digo ello, porque la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles. De este modo, la garantía de igualdad ante la ley sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones.

Por último, cabe concluir que no se advierte, ni la parte ha logrado demostrar, que la decisión, aunque escueta, resulte arbitraria, ni tampoco que se aparte de los lineamientos sentados por esta Corte, ni mucho menos, ha demostrado a través de sus argumentos nuevos fundamentos que logren desestabilizar la postura asumida por este Tribunal. En razón de ello, entiendo cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito Lesiones Culposas que se le atribuye a Tapia, el que se encuentra reprimido con el mencionado tipo de pena (art. 94 -primer párrafo- C.P.). Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/11 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Miguel Ángel Tapia. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/11 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Miguel Ángel Tapia.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.