marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, gratificaciones, despido sin causa, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez,  César  Valentín c/ Siembra  Seguros de Retiro S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

La entrega de una suma de dinero en concepto de liquidación por cese, denota sin lugar a dudas, el apartamiento de la figura que estatuye el art. 241 LCT para instalarse en el art. 245 del mismo cuerpo legal. Se configura un claro fraude laboral pues la causa fin objetiva del acto rescisorio no configura una disolución por mutuo acuerdo, sino un despido arbitrario por trastocamiento de causa fin objetiva. No se trata de culpa, ni de lesión ni de dolo, sino de fraude como vicio del acto jurídico y que no requiere pruebas específicas, sino la sola comprobación, por parte del juez, de la tensión entre la norma de cobertura y, en el caso, el orden público laboral, culminando en la alteración de la causa fin objetiva. A ello debe sumarse que tampoco se puede admitir la renuncia expresa del trabajador a "todos y cualquier derecho a reclamo de cualquier índole". Tal forma resulta afectada de invalidez absoluta, porque encierra en sí misma una clara violación del orden público laboral que el juez debe decretar de oficio. Así el acto es nulo por falla concerniente al objeto o causa final del acto (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).
Insuficiencia del agravio, integración del tribunal, acusación, audiencia, defensa en juicio, debido proceso, jueces naturales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Navea, Juan Antonio c/  s/ Audiencia de sustanciación de impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

Procede rechazar con costas el recurso de casación incoado por la defensa particular y remitir al Tribunal de origen para que tome razón de lo decidido y practique las comunicaciones pertinentes -arts. 363, 386 y cc. del CPPF-, ello de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, puesto que los jueces no pueden suplir la actividad de las partes y que la oportunidad para realizar el planteo sobre la integración del Tribunal es durante la audiencia de control de la acusación, ha operado en el caso la preclusión. Así las cosas, vale precisar que durante la audiencia prevista en el art. 279 del CPPF, el defensor no planteó cuestiones preliminares, no formuló ningún tipo de consideración cuando se le informó que correspondía la integración unipersonal y tampoco realizó manifestación alguna al cerrarse el acto. Se concluye entonces, que al inicio del juicio no podía plantear la nulidad de la integración del Tribunal -alegando violación del debido proceso, el derecho de defensa y la garantía de juez natural-, debió haber sido formulado en la etapa procesal oportuna.
Procedimiento judicial de la seguridad social, tasa de justicia, exención de tasa de justicia, obras sociales, Instituto nacional de previsión social
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION c/ Arlecal S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

Se ajusta a derecho la resolución del a quo que intimó a la actora a abonar la tasa de justicia, puesto que aún cuando el art. 39 de la ley 23.661 eximía del pago a las obras sociales, dicha exención fue dejada sin efecto por la ley 23.898, por imperio de la cual todas las actuaciones judiciales estarán sujetas a las tasas que allí se indican, no hallándose incluidas las obras sociales en ninguna de las excepciones que ese cuerpo normativo contempla. Además, cabe señalar que si bien el art. 34 de la ley 23.966 exime del pago de la tasa al Instituto Nacional de Previsión Social, esa exención no resulta extensible a las obras sociales. (Del voto del Dr.

Laclau)
Poder Judicial, funcionarios judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pozzi, María Ester s/ Inconstitucionalidad acordada 2172/87
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

No se ve cuál podría ser el fundamento que sirve para acordar a funcionarios o empleados del Poder Judicial lo que se le niegue a otros funcionarios y empleados del Poder Judicial, en las mismas circunstancias y condiciones (art. 11 de la Const. Prov.; 16 de la Const. Nac.). Muchísimo menos si la exclusión que proviene de la Acordada sirve, como en el caso, a frustrar un derecho patrimonial.
Reconocimiento en rueda de personas, prueba testimonial, nulidad procesal, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Geliot, Luis M. y ots. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Es insuficiente el agravio en el que, con denuncia de violación del art. 139 del código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, se cuestiona la imputación efectuada al procesado por parte de una testigo en la diligencia en rueda de personas, sosteniendo el recurrente que surge de los dichos de la misma que fue inducida a reconocer al procesado, si no demuestra la existencia de vicio alguno en la pieza cuestionada que implique la nulidad solicitada, ni la transgresión del art. 139 del código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-
Concurso preventivo, incidente de verificación, procesos de conocimiento, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: HURTADO, JOSE c/ OBRA  SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD GASTRONOMICA CLINICA MARINI s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

Si por sentencia recaída en un juicio de conocimiento se condena a los allí demandados -uno de los cuales se encuentra en quiebra- al pago de una suma determinada, en el caso del fallido la condena consistirá en la anotación del crédito que en ese decisorio se reconoce como verificado en su pasivo por los montos allí indicados, ya que seria contrario al espíritu de la ley disponer la tramitación de un incidente de verificación de crédito cuando en ese proceso de conocimiento pleno han tenido intervención la totalidad de los sujetos a quienes corresponde participar en el trámite previsto por la lc: 67. Reiterar esta petición bajo el procedimiento convencional estatuido en la norma invocada seria irracional, en tanto obligaría a repetir actos bajo forma diversa, recargando la tarea de todos los sujetos intervinientes, en solo beneficio de la ley -cumplimiento de la norma mencionada-, aunque ello sea solo aparente, puesto que la ley y su aplicación se encuentran debidamente salvaguardadas mediante ese proceso de conocimiento pleno tramitado ante el juez competente y con intervención de todos los sujetos debidos.
Depreciación monetaria, intereses, Ley de desindexación, aplicación de la ley, mora, Estado Provincial, juicios en que es parte una provincia
Materia: CIVIL
Carátula: Dimensión   Integral   de   Radiodifusión  S.R.L. c/ San  Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La suma acumulada en virtud de los intereses devengados no autoriza a considerar que la situación se deba regir por la ley 24.283, si la cuenta final que se obtiene no es la resultante de aplicar mecanismos de actualización de la deuda, sino consecuencia inevitable del retardo en el que ha incurrido la provincia en el cumplimiento de su obligación legal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos suficientes, gravamen eventual, recurso de apelación (procesal), monto mínimo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FINAGRO S.A. c/ SASONI, OLDAMAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-13

La queja no ha de prosperar, toda vez que los fundamentos brindados por la Alzada no lucen irrazonables ni ilógicos a la luz de las constancias del caso. En efecto, en relación al rechazo de la apelación interpuesta contra la condena a abonar un monto en concepto de daños y perjuicios, la Sala basó su solución en que en el proceso se desarrollaron dos acciones autónomas (la demanda de la actora y las reconvenciones de los codemandados) y que para estimar el agravio aquí computable debía ponderarse exclusivamente el monto del capital en danza y no los ítems accesorios; consideraciones frente a las cuales el argumento de los quejosos consistente en que no se valoró el resultado que podría arrojar el litigio, queda circunscripto a un mero agravio conjetural, circunstancia que de ninguna manera permite la apertura de esta vía de excepción (De los fundamentos de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Competencia, pago, pago por consignación, Aguas Argentinas Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: "Disciocia Antonia c/ Aguas Argentinas S.A. s/ Amparo Ley 16.986"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

Es de competencia de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal la causa en la que el actor pretende que se acepte la consignación de los pagos de la deuda que mantiene con la empresa Aguas Argentinas ya que la cuestión debatida se ciñe exclusivamente a la relación contractual en donde existe una mera desavenencia comercial, sin que se encuentre cuestionado, en forma directa, el contrato de concesión ni actos emanados de organismos públicos, lo cual descarta la aplicación de la jurisprudencia sentada por la C.S.J.N.

in re "Asociación de Usuarios Consumidores y Contribuyentes" ni la situación se haya regida por el decreto 999/92 toda vez que el actor demandó directamente al concesionario sin acudir a la intervención de ente regulador.
Transporte aéreo, Convención de Varsovia, Protocolo de la Haya
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Dragonetti de Román, Haydeé c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Resulta inaceptable que las disposiciones del Protocolo de La Haya de 1955 sirvan para inferir la intención de quienes suscribieron el Convenio de Varsovia veinteséis años atrás, sino que por el contrario, debe ponderarse que ese nuevo temperamento no puede ser aplicado al transporte aéreo bajo jurisdicción de los países que no quisieron suscribir ese Protocolo, pues ello implicaría que en la práctica se compela a un Estado a observar disposiciones normativas que no ha querido integrar a su legislación (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, ayudante
Materia: LABORAL
Carátula: MEZA, Jorge y otro c/ ARESCAR SA Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Los empleados de ARESCAR SA que realizan tareas de carga y descarga como ayudantes de repartidores de Coca Cola SA tienen derecho a que ésta última responda también por las deudas contraídas por su concesionaria. No es del caso que el reparto se encuentre comprendido en el objeto social de Coca Cola SA, sino que la distribución de la bebida es parte necesaria de un engranaje que se mueve conjuntamente en todas sus partes para que el producto llegue al público.
Derecho de la navegación, usos y costumbres
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Para que una cierta práctica alcance el rango de fuente formal del derecho de la navegación se requiere, fundamentalmente, que sea observada de modo uniforme y constante y que por su repetición y acatamiento el uso y costumbre haya creado la convicción generalizada de su poder normativo, o, dicho sea en otros términos, que los involucrados en el negocio participen de la convicción de que el respeto de la práctica comporta un deber jurídico vinculante.
Impuestos, acción de amparo, recurso de apelación (procesal), medida de no innovar, AFIP DGI, revisión judicial, infracciones tributarias, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: NOVAGENT S.A. s/ Clausura, acción de amparo, Causa: 37772.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

1 - Dado que el segundo párrafo del primer artículo agregado a continuación del art. 78 de la ley 11683 (modificado por el art. 10 de la ley 24765) establece que la última resolución administrativa causa ejecutoria, correspondiendo que sin otra sustanciación la Dirección General Impositiva proceda a la ejecución de la sanción, y que el segundo artículo agregado a continuación del art. 78 de la misma ley establece que la resolución será recurrible mediante recurso de apelación con efecto devolutivo, tal resolución administrativa es ejecutable sin revisión judicial suficiente, de modo que el agotamiento de la vía invocado para rechazar "in limine" la acción de amparo se muestra como irrelevante. Por tanto, corresponde disponer como medida de no innovar que la DGI se abstenga de ejecutar la sanción impuesta.- 2 - La regla del art. 442 del CPP no es aplicable en el caso del segundo párrafo del primer artículo agregado a continuación del art.

78 de la ley 11683 (modificado por el art. 10 de la ley 24765) pues la ley 24765 es posterior a ese ordenamiento legal y es especial con respecto a la materia en cuestión.
Nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LLAURO HNOS. PROP.  G.A.I.M. c/ MARCOS JAIME Y MARTIN F. LLAURO s/ INCIDENTE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

El marco del incidente de nulidad es apto para obtener la sanción invalidatoria de una resolución judicial o de una providencia simple, sólo en el supuesto de que hubiere sido dictada a raíz de un acto defectuoso previo, pues en tal hipótesis no se impugna a ésta en sí misma, sino, en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular.
Pesca, Actividades económicas, control estatal, poder de policía, competencia federal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Santacruz Eduardo Daniel c/ Mº de Economía y Obras y Servicios Públicos -Sec. de A.G.P. y A. Res. 551/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

El impulso de los cardúmenes no acepta una división geográfica y artificial e imaginaria del hombre, resultando claro aunque no esté expresamente previsto en la C.N., que el poder de regulación de la pesca integra "el comercio", en su concepción abierta y creciente, por lo que su legislación excede el marco local y justifica la competencia federal (C.S.J.N. "Harengus S.A. c/ Prov..

de Santa Cruz s/ Inconstitucionalidad (ley provincial 2144)", del 19/4/95, Fallos 317:397). (Consid. IV).
Derecho procesal, procedencia del recurso, aclaratoria (procesal), sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J. E. c/ T. S.R.L. y otros s/ sumario (cobro de pesos e indem. de ley) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-27

La aclaratoria a petición de parte, ha sido concebida para corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión, o suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. No ha sido instituida para añadir cuestiones que no fueron planteadas oportunamente; o reclamar un encuadre normativo diverso. El remedio en análisis no habilita a los litigantes a solicitar explicaciones de las razones jurídicas que contienen los fallos judiciales, y que constituyen el basamento de la decisión que se adopta"
Recurso de queja (procesal), plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SITRI S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ IMPUESTO-  DOBLE  IMPOSICION IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Si de las constancias obrantes en los autos principales surge que el a quo omitió dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 135, inciso 14, del Código Procesal Civil y Comercial, dicha circunstancia obliga a que el Tribunal considere que la queja interpuesta lo fue en término, toda vez que no aparece desvirtuada por constancia alguna, la afirmación del apelante de haber tomado conocimiento de la denegatoria parcial en el momento que señala en su escrito de queja, pese a las claras expresiones del dictamen y los casi ocho meses transcurridos desde que el Señor Procurador General se expidiera.
Personal militar, haber de retiro, determinación del haber de retiro, compensaciones salariales
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Naury, María Cristina y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

De conformidad con la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo en el caso 'Salas, Pedro Ángel y otros c/Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ amparo', sentencia de fecha 15 de marzo de 2011, y el antecedente de esta Alzada en el caso "De Mattos, Marcal el Estado Nacional s/ Juicio de conocimiento", corresponde rechazar la demanda incoada por el accionante en cuanto solicitó se incorporen al concepto sueldo de su haber mensual los aumentos otorgados por los decretos nros. 1994/2006, 1163/2007, 1653/2008, 753/2009, 2048/2009 y 894/10 como compensaciones, se declare la inconstitucionalidad de los citados decretos y se abone la retroactividad desde su aplicación con más los intereses.
Suspensión del juicio a prueba, sumario administrativo, sanciones administrativas, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Dupont  Ema  Antonia c/ EN  -Cámara  de Diputados- Resol. 136/04(Exp. 67471/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

Es posible conceptualizar la suspensión del juicio a prueba como una paralización del proceso con potencialidad extintiva del ejercicio de la acción, limitada a determinados delitos y determinados acusados de ser sus autores, sujeta en su operatividad inicial a la petición del imputado, que debe ser aceptada por el juez y consentida por el Ministerio Público Fiscal y se halla sujeta al cumplimiento de un plan de conducta trazado. El otorgamiento a la agente actora del instituto de la "probation", dispuesto en sede judicial ante la existencia de los requisitos aludidos, no la coloca en una posición más favorable ante la prueba recabada en la instrucción sumaria, en tanto el sobreseimiento declarado bajo los términos del art. 76 ter del Código Penal no supone un pronunciamiento acerca de la inexistencia de la falta disciplinaria analizada en este proceso (Cons. VII).
Escritos judiciales, firma, actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nicolino, Felipe A. c/ Domínguez, Francisco s/ Consignacion y cancelacion de deuda. Nulidad (Inexistencia de acto  procesal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Constituye un supuesto de inexistencia del acto jurídico su instrumentación con firma falsa, siendo aplicable dicha conclusión a los escritos judiciales porque estos en esencia son actos jurídicos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Audiencia, comparecencia del procesado, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: DarriTChon, Norma E y otro s/ Aprovechamiento de incapaces
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-04

La no realización del acto previsto por la norma del art. 8 del Código de Procedimiento Penal -ley 3589 y sus modif..- ocasiona la nulidad de la sentencia ya que, encontrándose la acusada en libertad, su comparenendo a los efectos del mencionado artículo fue solicitado por el defensor en tiempo y forma oportunos y la sanción de nulidad está expresamente prevista en la norma referida.
Pensiones, concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BRECKON, INÉS CELINA c/ A.N.Se.S.". s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-24

La idea de perdurabilidad del concubinato trasciende al sólo hecho de cohabitar, y elevándose a una categoría superior de la escala axiológico social, evidencia al contorno la aspiración coincidente de los protagonistas de encaminar una misma voluntad hacia un objetivo común, cual es el de fundar y mantener entre ellos una comunidad de vida plena, lo que significa en su sentir subjetivo el asumir y compartir el diario vivir en todas sus facetas, generando con tal comportamiento -en ocasiones entre sí y otras respecto de terceros- hechos o actos que por su condición, repercutirán en el plano social.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, leyes, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROTGER, NILDA ANA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-15

Teniendo presente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, que implica la extrema ratio del Derecho y más delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de justicia, que procede sólo a partir de una reflexión efectuada con sumo grado de prudencia, se advierte que tales premisas no han sido tenidas en cuenta en el pronunciamiento recurrido, toda vez que éste confirmó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 42 bis inciso b) de la ley 10727 (incorporado por ley 11790) por considerar la configuración de una discriminación en razón de la persona del aportante, sin analizar el tratamiento parlamentario y la finalidad perseguida por la norma, que tuvo en miras solucionar legislativamente la cuestión suscitada entre el Estado provincial y el Organismo previsional por la falta de pago de aportes del Estado por la actuación de sus abogados y procuradores cuando era condenada en costas; y así dispuso que -en función de las altas erogaciones de las finanzas públicas utilizadas en su defensa en juicio- en tal caso no estaba obligado a hacerlo pero sí debía abonar a la Caja una suma equivalente al importe faltante para integrar el aporte de los profesionales que lo han representado por una suma mayor que la prevista para la categoría básica. - CITAS: CSJN: Fallos 322:919; 325:1922.
Prescripción adquisitiva, zonas de frontera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUGLIELMO DOMINGO Y OTRO c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S152 - 147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-26

Los inmuebles ubicados en "zona de frontera" son susceptibles de ser adquiridos por prescripción por sus ocupantes, si éstos cumplen con los requisitos que preceptúa la legislación de fondo.-
Pena privativa de la libertad, personas privadas de la libertad, enfermos mentales, drogadicción, alcoholismo
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Cámara en autos: Nº 142/06 'Incidente de libertad condicional en favor de M. de las N. O.' s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-31

La posibilidad de dictar medidas de seguridad a cumplimentar fuera de las instituciones carcelarias se encuentra reconocida en el art. 186 de la Ley 24660, el cual reza que en "... las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad mental crónica.

Con intervención del juez de ejecución o juez competente, serán trasladados para su atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos de la comunidad".