Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-03


EXP 14783 / 6 Salta, 03 de marzo de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TABOADA, SERGIO ABEL CONTRA ARMACAT Y/O DESHIDRATADOS SALTA S.A. Y/O SAN JOSE S.A. Y/O GINE, JOSE ALFREDO S/ ORDINARIO", EXP - 14783 / 6; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs. 438/440, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

La parte codemandada ARMACAT SA apela el fallo de primera instancia diciendo que se agravia porque se analizó las misivas enviadas por el actor, pero sostuvo que las remitidas por su parte carecen de relevancia. Dice que al momento de contestar la demanda se negó la autenticidad de la totalidad de la documentación, y en particular la veracidad y contenido de los telegramas obreros de fecha 9 y 17 de enero de 2006. Afirma que a fojas 354 el Correo Argentino informó que no puede brindar las copias que le fueron solicitadas, expresando que las remitidas para su cotejo podrían considerarse auténticas. Dice que le correspondía al actor probar el giro y recepción de los telegramas, por aplicación del artículo 377 CPCC, y que resulta de aplicación la teoría de la responsabilidad del riesgo por el medio empleado. Considera que su parte intimó correctamente al actor para que se presente a prestar servicios, y que ante su ausencia se configuró el abandono de tareas previsto en el artículo 244 LCT. Se agravia también por la condena a pagar rubros indemnizatorios, ya que nunca tuvo conocimiento de intimación alguna. Finalmente, objeta la sentencia por cuanto declara procedente las diferencias salariales reclamadas, sin dar mayores fundamentos. Dice que el salario que se tuvo en cuenta para determinarlas es el de jornada completa, cuando en realidad el trabajador se desempeñó en media jornada, circunstancia acreditada con los propios recibos de sueldo adjuntados por el actor. Formula reserva del Caso Federal.

El recurso es respondido a fojas 456/459, solicitándose su rechazo con costas.

La sentencia de primera instancia hace particular referencia a la cuestión vinculada a las notificaciones, en los considerandos de fojas 415vta. Sostuvo que son válidas por haber sido dirigidas al domicilio consignado por el empleador en los recibos de sueldo, y por lo informado por el Correo Oficial a fojas 354.

Considero que el desconocimiento efectuado por la apelante a fojas 76vta. se encuentra salvado por la actora mediante el referido informe del Correo, en el que indica que podrían considerarse auténticas las piezas postales en cuestión.

Los términos en que es planteada la apelación lleva a determinar la naturaleza del telegrama obrero, y si el desconocimiento que efectúa la parte demandada es suficiente para privarlo de virtualidad.

El telegrama obrero instituido por ley 23789 se ajusta a la noción de instrumento público, en los términos del artículo 979 inciso 2º del Código Civil. La prestación postal brindada por el Correo Oficial de la República Argentina es un servicio de carácter público y estatal, y por ende la comunicación se ajusta a la noción de instrumento público (arts. 980 y 986 CC).

Más allá de la postura doctrinaria que se adopte, en el sentido de que se trate de instrumento público o documento público, en uno u otro caso la única consecuencia posible es que goza de presunción de autenticidad, y que ello provoca la inversión de la carga de la prueba.

Ello significa que quien pretende negar el valor del telegrama deberá extremar su esfuerzo probatorio, no bastando el simple desconocimiento de su existencia, envío y contenido.

"La misiva dubitada se encuentra introducida en el sobre de fs. 4 e identificada con el número de CD 401399801. Destaco de la misma, que fue colacionada al domicilio de Marcelo T. de Alvear 1381 piso 10 tal como el resto de la comunicación epistolar sin que, las restantes hayan aparejado algún inconveniente. Por ello, no resulta un dato menor que tanto el formulario utilizado, como los sellos y el sticker adhesivo numerado vislumbren las particularidades características de las misivas que envía el Correo Oficial. El sello medalla inserto en el anverso también es utilizado por el correo habitualmente para esos actos. Por lo expuesto, y aun cuando la prueba informativa no hubiera sido producida, lo cierto es que el instrumento lleva los sellos y firmas del funcionario autorizante que le atribuyen plena fe (Arts.979 inc. 2° y 993 del Cód. Civil y actualmente arts. 289 y 293 del CCCN Ley 26.994).Reiteradamente se ha sostenido la calidad de instrumento público del telegrama (conf., entre otros, Cám. Civil, Sala C "Budnik, Salomón c. Sabbag Erza y otros" JA, 1962, págs. 425/28, y esta Sala in re "López, Alberto c. Consorcio de propietarios del edificio Rivadavia 3268", sent. 91678 del 27/03/2003). En tal contexto el correo oficial gozó siempre de la máxima calificación para operar en materia postal y el telegrama en cuestión reviste todas las condiciones necesarias para garantizar su eficacia. Por ello, se ha sostenido que, cuando el telegrama está redactado en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, debe razonablemente entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad, y en consecuencia de su remisión (conf. CNCiv, Sala H, 31/05/1991 "Pereyra viuda de Barewthin, Lelia M. c. Liñeiras, Ricardo s/sumario", íd. Sala D, "Cupolo de Vanoti, Aída c. Benítez, Emilia C del 28/02/1994 - con cita de CNEsp. Civ. Y Comercial, Sala II, 21/06/1988 BCNECC Nro. 9/88, sum.84 y 85, en igual sentido esta Sala in re "Romero Inés Irene c. Teaubril S.R.L. s/ desp." sent. Nro. 97158 del 22/09/2009). En este sentido, cabe considerar la doctrina sentada por la Cámara Civil en el fallo Plenario "López, Atilio c. Cabrera, José" del 25/10/1962 (LA LEY 108-809) en el cual se sostuvo que no es al remitente que ha acompañado las constancias de la remisión y recepción del telegrama a quien incumbe acreditar su autenticidad y recepción, sino a quien la niega. Uniendo la totalidad de esos elementos presuncionales y probatorios, valorándolos en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 163, inc.5) y 386 CPCNN), considerando también que en el telegrama analizado, además de una firma, aparece el número de documento de identidad del actor y que no es factible emitir un despacho sin exhibir ese documento, estimo que el instrumento obrante en el sobre de fs. 4, acredita que el 28/10/2013 el actor cursó un despacho al demandado mediante el cual le comunicó su decisión de dar por finalizado el vínculo laboral en atención a la falta de cumplimiento de sus pretéritos requerimientos". (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, Garcia, Lucas Joaquin c. Travel Rock SA y otro s/ despido 07/03/2016, Publicado en: DT 2016 (junio) , 1281, Cita online: AR/JUR/4269/2016).

Por lo expresado, voto por el rechazo de este agravio con costas (art. 67 CPCC).

El otro agravio que introduce el apelante está referido a la condena por diferencias salariales. Adelanto opinión en el sentido que no puede prosperar. Del juego armónico del artículo 197 LCT y de la ley 11544 surge que la jornada de trabajo se presume de tiempo completo.

El artículo 92ter. LCT regula la modalidad de contratación a tiempo parcial, siendo unánime la jurisprudencia en el sentido que le incumbe al empleador probar que la relación de trabajo sale de su marco habitual.

"La modalidad de contratación a tiempo parcial resulta excepcional en nuestro ordenamiento, de modo que era carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicios del trabajador en jornada reducida de labor, frente a la afirmación del trabajador de haber laborado de domingo a domingo de 16 a 24 horas con un franco semanal". (CNAT, sala IX, 22-12-2011, Barrios, Verónica Beatriz c. Kanuteo, SRL y otros s/Despido).

En autos la demandada no produjo prueba alguna para sostener la afirmación de que el actor trabajaba media jornada (fs. 78), y con ello incumplió la carga impuesta por el artículo 377 CPCC, de aplicación por el artículo 90 CPL.

La sentencia de primera instancia desarrolla de manera suficiente los fundamentos de la procedencia del rubro que viene en apelación, conforme surge de fojas 415vta. y 416, razón por la cual el agravio relativo a la falta de motivación no resulta atendible. Voto por el rechazo del recurso en este punto, con costas (art. 67 CPCC).

En los términos del art. 13 del decreto ley Nº 324/63, sus modificatorias, y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios.

La Dra. María de las Mercedes Domecq, dijo:

Adhiero al resultado del voto que antecede, no obstante lo cual encuentro oportuno agregar lo siguiente.

El telegrama laboral, incluida como un medio de notificación en el art. 143 del C.P.C.C., constituye un servicio postal cuyas condiciones de prestación y ejecución se reglamentaron por resolución nº 1110 de Encotel del 2 de julio de 1.984, de aplicación al caso, específicamente en sus arts. 7, incs. 1 a 12, y 9, los que regulan la admisión del instrumento por el agente postal y los procedimientos para certificación y sellado de copia, respectivamente. En tal sentido, estipula que, luego de haber confeccionado el impositor el aviso de recibo, se lo unirá al envío en la forma reglamentaria y, posteriormente, el empleado postal certificará y sellará las copias que deberá devolver al remitente junto con el recibo de imposición.

Se trata, desde mi análisis, de una comunicación fehaciente que no requiere la presencia de un escribano público en el acto de imposición: el Correo Oficial de la República Argentina S.A. resulta fedatario respecto a que el envío entregado al destinatario es copia fiel de ejemplar en archivo y el obrante en poder del remitente, no obstante lo cual entiendo que no constituye un instrumento público, sino que la empresa prestadora del servicio público postal y telegráfico certifica la autenticidad de aquellas en cuanto a que efectivamente fueron enviadas y que lo fueron por dicho correo.

Y si bien la demandada Armacat S.A. negó la remisión, la veracidad de contenido y la autenticidad de los cuatro telegramas dirigidos a su parte, la apariencia de regularidad de la pieza postal que otorga el sello del correo oficial y la certificación de esta entidad, me lleva a concluir que fue remitida efectivamente por el actor y a postular que era aquella quien debió demostrar o bien su falta de autenticidad o bien su no remisión.

"Así, ante la referida apariencia de regularidad, recaía sobre quien la niega la carga de demostrar lo contrario" (doctrina en "Franco, César Enrique c.. Friar S.A. - ordinario", de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, del 25 de abril de 2.013, cita on line de Rubinzal Online: RC J 9231/13).

Es esta la doctrina de autos "Barrios, Julio Ariel c. Sindicato de Trabajadores de Correo y Telecomunicaciones de Salta. - ordinario", expte. nº 21.106/08.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) RECHAZANDO el recurso de apelación de la parte codemandada ARMACAT SA, y confirmando la sentencia de primera instancia con costas (art. 67 CPCC).

II) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA.SALA I.