Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 01 días del mes de agosto del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando Salvador Luis ROYER y Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados "B., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Revocación - Reincorporación" (Expte. N° 22.066-B-2.010) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 259 y lo dispuesto a fs. 264, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Doctores ROYER y CANEO.---- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de apelación ordinaria intentado? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo:

ANTECEDENTES.-- Que conforme surge de estos autos, el Sr. E. B. demandó ante el Juzgado Laboral de la ciudad de Trelew a la Municipalidad de dicha ciudad. Peticionó la revocación de la Resolución N° 2830/07 que decretara su cesantía, la reincorporación como personal de la planta municipal en la categoría que detentaba al día 21 de noviembre de 2007 y el cobro de salarios caídos desde la fecha de cesantía hasta la efectiva reincorporación, como asimismo el de los 30 días de suspensión arbitrariamente impuestos sin goce de haberes; todo con más intereses desde que cada suma debió ser abonada.--- Señaló que en el año 2003 trabajaba en el Concejo Deliberante como adscripto, que con el cambio de conducción política en el Municipio se le comunicó que debía volver a su cargo de planta, en Rentas, y relató las circunstancias que desembocaron en un sumario administrativo que determinó su suspensión por 30 días, sin goce de haberes. Explicó que vencido dicho plazo se reintegró a sus funciones, cumpliendo sus tareas hasta que fue notificado de la resolución 2830/07, que determinó su cesantía. Refirió que contra dicho acto articuló un recurso jerárquico, el que fue ignorado por el Municipio, que interpuso un escrito requiriendo pronto despacho, el cual tampoco obtuvo respuesta, y que el 5 de septiembre de 2008 presentó un nuevo escrito en el que denuncia la mora, y dio por agotada la vía. Cuestionó, en definitiva, el acto administrativo de cesantía por considerarlo fundado en una causal arbitraria y prescripta, no consentida.----- Fundó el derecho que le asiste en las Leyes 1987, 1510, Ley 920 (sic), Ley de Contrato de Trabajo, Constitución Nacional y Provincial.- El Sr. Juez en lo Laboral se declaró incompetente en razón de la materia, y remitió los autos a la Cámara de Apelaciones a fin que se sorteara el Juzgado Civil y Comercial en el que debían continuar (fs. refoliado N° 118 y vta.).- Radicada la causa en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, a fs. 125 se ordenó correr traslado de la demanda, la que es contestada a fs. 130/132 vta.

A fs. 135 se ordena abrir la causa a prueba, y producida ésta, a fs. 201 se clausura el período de prueba, poniéndose los autos a disposición de las partes a los fines de alegar. El Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 dictó sentencia a fs. 213/216 vta. por la que se declaró incompetente para intervenir en la causa, y ordenó la remisión de las actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew. Citó en su decisión los precedentes de este Superior Tribunal, dictados en autos: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos" (Expte. N° 21.532-E-2008, S.D. N° 04/S.R.O.E./09) y "B., M. P. c/ Municipalidad de Trelew s/ Ordinario" (Expte. N° 21.656-B-2009, sentencia N° 07/S.R.E./09), "T., J. c/Municipalidad de Epuyén s/ Recurso Contencioso Administrativo" (Expte. 21034-R-2007, S.D. 07/SCA/08) y "P., R. S. (T. C. y otro c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda de Inconstitucionalidad. Medida de no Innovar - Ordinario)" (Expte. N° 15091-P-95).- Expuso además que de la relación de hechos efectuada por el actor se colige claramente que unió a éste y la Administración Pública, un contrato administrativo, regido indudablemente por el derecho público, pues era miembro de la planta permanente de la Municipalidad de Trelew. Infirió de ello que ante un reclamo de reinstalación y el pago de los salarios caídos, proveniente del acto acaecido en ocasión del trabajo, la materia es administrativa. Afirmó que donde se aplique el derecho administrativo, allí donde exista un acto sujeto al derecho administrativo, los litigios que surjan deberán someterse a la decisión del juez administrativo, pero cuando no se aplique el derecho administrativo, cuando la norma jurídica correspondiente sea civil, o mercantil o laboral, deberá acudirse al orden judicial al que se atribuye el conocimiento de las pretensiones fundadas en el ordenamiento jurídico respectivo. Entendió entonces que al ser la competencia contencioso-administrativa de orden público e improrrogable, correspondía declarar su incompetencia por razón de la materia y ordenar la remisión a la Excma. Cámara de Apelaciones de la jurisdicción.

Recibida la causa por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, ésta admitió su competencia originaria para entender en el caso contencioso municipal, conf. art. 132 de la Ley XVI Nº 46. Consideró que se reclamó por una cuestión de neto corte administrativo, relacionada con la nulidad del acto municipal que ordenó la cesantía de un empleado, sin que se incluyan pretensiones que pudieran estar amparadas sustancialmente -y de manera excluyente- por normas de derecho privado.

Analizó los recaudos procesales de admisibilidad de la acción contencioso administrativo municipal y consideró que no se encontraba habilitada la instancia judicial. Entendió que frente al acto administrativo impugnado el actor debió presentar un "recurso de reconsideración" ante el Intendente Municipal, dentro del plazo de tres (3) días de tener conocimiento fehaciente de la sanción (conf. arts. 26, inc. 7, ap. b, 100 y 274 de la Ley I N° 18), para haber reclamado en tiempo y forma sin éxito y que el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto en tiempo útil. Afirmó que de las constancias de autos no surgía que el actor hubiera dado cumplimiento a tales cargas, por lo que el acto administrativo en cuestión arribó firme y definitivo e irrevisable en esa instancia. Agregó que las presentaciones posteriores realizadas por el accionante en sede administrativa no modificaron la circunstancia apuntada, por lo que declaró que la vía judicial no se encuentra habilitada para el reclamo de autos (conf. art. 135, ley XVI N° 46).

Contra esta decisión se alza el accionante a fs. 226, quien señala que interpone "recurso de apelación por ante el Superior". El mismo es concedido por la Cámara de Apelaciones a fs. 227, que indica que lo hace "en los términos del art. 257 Anexo A Ley XIII N° 5 - antes art. 254 del CPCC)".

A fs. 244/248 vta. obra memorial de agravios. Indica el quejoso que cuestiona la decisión recurrida por hallarse fundada en una norma no aplicable, y por la imposición de las costas del proceso. En relación al primer agravio sostiene que conforme se desprende del art. 166 de la Ley 3098, hay violación al principio de legalidad, pues la Cámara de Apelaciones hace aplicación de una norma que por dicho artículo es inaplicable a estos autos. Señala luego que siendo la Ley 3098 inaplicable al presente caso, accionó por la vía ordinaria y no interpuso el recurso contencioso administrativo. Que ello surge de la lectura del derecho invocado por ambas partes, actora y demandada. Agrega que la accionada, pudiendo oponer excepción por el art. 132 no lo hizo, por lo que sometió voluntariamente el diferendo a la vía ordinaria, además de tener en claro la inaplicabilidad de la ley 3098. Refiere también el quejoso a los arts. 134 y 136 de la Ley 3098, y expone que conforme a ellos el recurso contencioso administrativo previsto en el art. 132 no es la única vía por la que se puede recurrir en busca de la defensa de los derechos del perjudicado por la decisión municipal.----- En orden al agotamiento de la vía administrativa aduce que recurrió en término la resolución que lo dejaba cesante, pues fue notificado personalmente del acto administrativo. Alega que es de aplicación el art. 61 de la Ley 920, apartado 4to., que expresa que surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente al interesado que contengan el texto íntegro del acto, aún cuando hubieran omitido otros requisitos, salvo que se hubiera hecho protesta formal dentro de ese plazo. Además, invoca el art. 26 inc. 12) de la citada Ley 920, en cuanto dispone la interpretación favorable al accionante. Apunta que su planteo no fue resuelto, en abierta contravención a lo prescripto por el último párrafo del art. 76 de la Ley 920.

Cuestiona nuevamente que la Cámara de Apelaciones se hubiera pronunciado de oficio sobre la admisibilidad de la acción y la caducidad de los derechos cuando, según sostiene, al poseer el municipio de Trelew su propia Carta Orgánica, es inaplicable la Ley 3098, en virtud de lo dispuesto por el art. 166 de ésta. Cita también doctrina según la cual por no tratarse de un requisito de orden público, si la demandada no opuso la falta de reclamo administrativo previo, no corresponde exigir de oficio su cumplimiento.--- Refiere que cuando el Juzgado Laboral de Trelew se declaró incompetente los autos fueron remitidos a la Cámara de Apelaciones, quien nada dijo sobre su competencia originaria a tenor de la Ley 3098, por lo que precluyó la oportunidad procesal para hacerlo. Acusa la existencia de un injustificado rigor formal, calificándolo de "una forma de arbitrariedad".----- En el agravio referido a las costas sostiene que si la Cámara de Apelaciones afirma que este es el primer caso donde se trata la cuestión de la competencia originaria, y para el supuesto hipotético de confirmación del fallo apelado, se declaren las costas por su orden, pues la cuestión ventilada pudo llevar a error al administrado en la elección de la vía procesal.-- Formula reserva del caso federal y efectúa petitorio de estilo.----- La demandada contesta el traslado conferido a fs. 2517254 vta.--- A fs. 256/257 vta. obra dictamen del Sr. Procurador General, por el que entiende que corresponde confirmar la falta de habilitación de la instancia resuelta atento que la competencia material para entender en estos autos era de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, que el Tribunal poseía facultad para declarar de oficio la caducidad del plazo para interponer la acción judicial (Ley XVI N° 46), y que este término, por los fundamentos dados en el dictamen, había operado largamente a la fecha en que se dedujo la acción contencioso administrativa. -- ----- ANÁLISIS -- 1.- Previo a desarrollar mi voto he de efectuar una aclaración sobre el recurso de apelación ordinario concedido por la Cámara de Apelaciones, tal como ésta lo indica a fs. 227. Advierto que si se afirma, como lo hace dicha Cámara, que la causa se enmarca en el procedimiento regulado por la Ley XVI N° 46, esta norma legal expresamente prevé el carril procesal por el que debe darse curso a las impugnaciones deducidas contra la sentencia de ese Tribunal. Así, el art. 138 establece que proceden los recursos de apelación y nulidad ante este Superior Tribunal de Justicia, el plazo para la interposición y la substanciación de éstos. Y si bien puede sostenerse que la diferencia entre un remedio y otro radica en que en el recurso de apelación previsto en la Ley XVI N° 46 el Superior Tribunal interviene como revisor de la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones, que a su vez actúa como juez de instancia originaria, existen otros contrastes que impiden considerar como inocua la concesión de una u otra vía. Ejemplo de lo dicho son los recaudos exigidos en el recurso de apelación ordinaria del art. 32 inciso 6 de la Ley V N° 3, atinentes a la definitividad de la sentencia o la exigencia de un contenido económico en juego.

A resultas de lo señalado, concluyo que dado que la actora dedujo recurso sin indicar que interponía el de Apelación Ordinaria (fs. 226), la Cámara de Apelaciones debió conceder el de apelación previsto por el art. 138 de la Ley XVI Nº 46, en el que este Cuerpo actúa en Segunda Instancia, y no el previsto en el art. 257 del C.P.C.C. como erróneamente lo hace. Sin perjuicio de ello, en instancia superadora del rigorismo formal, este Cuerpo debe dar tratamiento a la opugnación, tal como lo hiciera al ordenar sustanciar el mismo en esta sede en forma idéntica a la de los arts. 257 y 258 del C.P.C.C.--- 2.- Conforme lo expuse, en la presente causa el accionante -empleado municipal dejado cesante en sus funciones- demanda al Municipio de la ciudad de Trelew, reclama la nulidad del acto administrativo que así lo dispone y la reparación consecuente de dicha nulidad, a la que identifica como "salarios caídos".----- Interpuesta la demanda ante el Juez de Primera Instancia en lo laboral, el Magistrado declaró su incompetencia y remitió los autos a la Cámara de Apelaciones para que por sorteo se determinara el Juzgado Civil y Comercial al que le correspondía entender. Quedó de este modo radicada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Trelew. - Culminado el período de prueba y presentado el respectivo alegato por la parte actora, el Sr. Juez Letrado dicta la sentencia interlocutoria N° 051/10 (fs. 213/216 vta.), por la que se declara incompetente y le atribuye la competencia a la Cámara de Apelaciones, por deducir que se trata de una cuestión de naturaleza contencioso-administrativa. La Alzada admitió su competencia y dictó la decisión cuestionada.-- Este Tribunal ha señalado reiteradamente que la competencia es un presupuesto del proceso, y cuando lo que se dirime es la establecida en razón de la materia, es de orden público, absoluta e improrrogable, susceptible de ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado del juicio (Conf.: ALSINA, Tomo II, Ediar 2º, págs. 514/518; PODETTI - Tratado de la Competencia -pág. 372 - con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerense; MORELLO-PASSI LANZA- SOSA-BERIZONCE - Códigos Anotados - Tomo II- pág. 28 y jurisp. citada; S.D. 7/SRE/09, 04/SROE/09, S.I. 49/SCA/10).-- ----- En autos, a contrario de lo que manifiesta el apelante en su expresión de agravios, y tal como lo ha entendido el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en su Sentencia Interlocutoria Nº 051/10, obrante a fs. 213/216 vta., y luego la Cámara de Apelaciones, es de aplicación el ordenamiento específico que regula la competencia jurisdiccional para entender en las demandas contra acciones u omisiones del Estado Municipal, esto es, la Ley XVI Nº 46. Ello por cuanto la atribución de competencias al Poder Judicial y la regulación de los procedimientos para el ejercicio de las acciones para instar esta jurisdicción -la judicial- es de facultad del Poder Legislativo de la Provincia (arts. 167 y 135 inc. 19 de la Constitución Provincial). Ninguna injerencia puede tener la Carta Orgánica del Municipio, salvo en lo que hace al poder jurisdiccional municipal.- Sentado ello debe también precisarse, como lo expuse en mi voto en S.D. 03/S.R.E./98 que el ordenamiento legal -Ley XVI Nº 46- al regular el contencioso-administrativo municipal, admite, por hermenéutica "pro administrado" del art. 136 "in fine" una opción, que implica la posibilidad de prórroga de la competencia material en lo contencioso administrativo a favor del juez ordinario por la voluntad del actor, en cualquier tiempo y hasta la prescripción. Pero allí no se agota la inteligencia de la norma, que por tratarse de competencia es de interpretación restricta: su ratio legis indica que sólo puede admitirse esta elección en las acciones contenciosas con pretensión de plena jurisdicción de índole resarcitoria o reparatoria, que es la que justifica y autoriza la intervención de un juez civil, que a más del caso regido por el derecho administrativo, debe resolver sobre esta otra cuestión, derivada, que se sustenta en el derecho común.-- Cuando lo que se ejerce es una pretensión de plena jurisdicción, el contenido de la demanda no sólo tiende a la declaración de nulidad o ilegitimidad de un acto o conducta estatal, sino que reclama -como consecuencia de ello- la imposición de una prestación o el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a favor del pretensor, sea para restaurar las cosas a su estado anterior o para satisfacer el interés protegido dañado por el acto lesivo, por vía de la condena a pagar una indemnización sustitutiva (conf. GARCÍA PULLÉS, Fernando, Tratado en lo contencioso administrativo, vol. 2, Ed. Hammurabi, 2004, pág. 605/606). Pero como destaca el autor, es necesario poner especialmente de relieve que el progreso de una pretensión de anulación, no implica el correlativo de otra acumulada, en la que se reclama el pago de una indemnización derivada de la nulidad, pues el afectado podría haber acreditado la ilegitimidad del acto pero no la existencia de los perjuicios que éste le habría causado o aun la relación de causalidad entre la ilegitimidad y los daños, o bien la interferencia de culpa concurrente o exclusiva de la víctima (ob. y pág. cit.).-- Otras pretensiones no encajan en esta previsión normativa. Es el caso de la pretensión anulatoria, de objeto declarativo, así como las que se nominaron acción de interpretación y de retardación. Por lo tanto, para resolver cuestiones exclusivamente regidas por el derecho administrativo, el juez ordinario es incompetente, siendo en tales supuestos exclusivamente atribución de las Cámaras de Apelaciones.-- Conforme expusiera esta Sala en la reciente interlocutoria Nº 49/SCA/10, la situación jurídica tratada en los precedentes de este Tribunal, S.D. Nº 7/SRE/09 y 4/SROE/09, aquí citados por el Sr. Juez de la Primera Instancia y por la Cámara de Apelaciones para fundar sus decisorios difiere de la aquí considerada. En las sentencias definitivas Nº 7/SRE/09 y 4/SROE/09 se trataba de una demanda al Estado Municipal por el cumplimiento de obligaciones contractuales (o estatutarias según el criterio que se siga en la determinación de la naturaleza de la relación de empleo público), ausente totalmente una pretensión de índole resarcitoria o reparatoria derivada de hecho o acto susceptible de originar responsabilidad civil del Estado.---- Para determinar la competencia habrá de establecerse en todos los casos en que se instaure una pretensión de condena patrimonial si se trata la reclamada de una prestación de naturaleza simplemente obligacional (como puede serlo el pago de haberes -vacacionales o no- adicionales, suplementos y similares), que no habilita la opción del art. 136 mentado; o bien emergente de daño derivado de la aplicación de los arts. 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078 y conc. del CC., como ocurre en el caso en que las "diferencias salariales" constituyen el perjuicio derivado de un denunciado ilícito administrativo.---- Y tal como ocurriera en la sentencia interlocutoria que vengo citando, aquí también la pretensión se asienta en la revocación (nulidad) de un acto administrativo del que deriva, además, un daño pecuniario consistente en las sumas dejadas de percibir por el actor, pretensión ésta accesoria a la de nulidad, de carácter resarcitorio o reparatorio innegable.-- De esta forma, he de concluir que el actor ejerció válidamente la opción que el art. 136 de la Ley XVI Nº 46 prevé, atribuyendo de este modo la competencia material para entender en los autos al Sr. Juez de la Primera Instancia. A resultas de ello, la Sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew Nº 2/10 de fs. 221/223 es nula, así como también la Sentencia Nº 51/10 obrante a fs. 213/216 vta. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión dijo el Dr. Daniel Luis CANEO:

1.-Comparto la aclaración efectuada por el Ministro que me precede en el voto en orden a la concesión y admisibilidad de este Recurso, que es el previsto en el art. 138 de la Ley XVI Nº 46. En forma clara la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew enmarcó la acción en dicho texto legal, y también lo hizo en tal sentido el Sr. Juez Letrado del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2. Si bien el actor no identificó normativamente el remedio impetrado, entiendo que la Cámara de Apelaciones debió conceder aquél previsto en la Ley XVI Nº 46, en concordancia con lo resuelto por ella en la decisión recurrida.

Pese a lo señalado, este Superior Tribunal ha priorizado el tratamiento del recurso y dijo que constituye un exceso ritual exigirle a la parte alzarse contra el decisorio, cuando fue concedido, (en el caso, por haber citado normas equivocadas), si en definitiva ha logrado el acceso a la instancia superior (S.D. Nº 07/SRE/00). De este modo, acuerdo con la propuesta del Dr. Royer de dar curso al remedio en estudio.--- 2.- Como lo expone adecuadamente el preopinante, en estos autos el actor cuestiona la aplicación de la Ley XVI Nº 46, por entender que la demanda contra el Municipio de la ciudad de Trelew es ajena a tal regulación legal al poseer el accionado Carta Orgánica propia. Afirma que por tal razón demandó por la vía ordinaria y no interpuso el recurso contencioso administrativo.- Aquí no puedo más que señalar que es equívoca la aserción que ensaya la actora para eludir la aplicación de la Ley que regula en el orden provincial el contencioso administrativo municipal. Los jueces o tribunales a los que la parte recurriera en defensa de sus derechos conforman el Poder Judicial de la Provincia, siendo su competencia específicamente atribuida por las leyes emanadas del Poder Legislativo provincial. Ninguna facultad tienen en este orden las Corporaciones Municipales, a salvo la de dictar las normas que regulen su propia justicia local.

3.-Queda claro con ello que el contencioso administrativo municipal establecido en la Ley ya mencionada es la norma que regula la atribución de competencias en el supuesto de autos siendo necesario, a partir de lo expuesto, discernir la competencia material para el conocimiento de la cuestión en estudio. Esto por cuanto, como lo señalara el colega de Sala Dr. Pasutti en la S.D. 04/S.R.O.E./09 la competencia ratione materiae es indelegable e improrrogable y esta regla, es aún más rígida en materia contencioso-administrativa, privativa y excluyente, con un procedimiento especial de orden público e irrenunciable, por lo que su falta puede ser declarada de oficio (PODETTI, "Tratado de la Competencia", pág. 372, con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerese). - Acorde lo indiqué en mi propio voto en la sentencia referida, para discernirla, corresponde analizar el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.T.J.CH., S.I. N° 175/90; 79 y 118/91; 84/95) así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa y la exposición de los hechos que la actora hizo en su demanda. Pues, más allá del derecho invocado en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable habiéndose resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado". (CNFed. En pleno in re "Boccardo...", LL 1978-C-5). Así lo expone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando indica que "para determinar la competencia se ha de estar de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 306:1056; 307:505; 308:229; 310:1116; 311:172; 313:971; 314:668; 315:2300; 318:30; 323:470 y 2342, entre muchos otros).--- 4.-También dije en la definitiva que cito, que el derecho adjetivo concede al damnificado distintas opciones: la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante el Tribunal competente en lo contencioso-administrativo -Cámara de Apelaciones- (art. 132 Ley XVI N° 46); o bien, la acción contencioso-administrativa de nulidad, para luego intentar, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad) caso en el cual, la primera deberá ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso-administrativo y la segunda, ante el juez civil.- Existe una tercera opción, que no pocas discusiones ha generado en doctrina y jurisprudencia, cual es la de prescindir de la vía contencioso-administrativa para reparar el agravio, y ocurrir ante los tribunales de derecho común (a la que refiere el art. 136 "in fine" de la Ley XVI Nº 46). Pero ello es posible cuando de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción se trata, pues es el objetivo de resarcimiento, la protección o el amparo en el derecho común reclamado, el que justifica esa opción y la consecuente prórroga de jurisdicción, opción que por otra parte no cambia la materialidad de la acción (S.I. N° 3 y 34/ S.C.A./96). Esta previsión normativa, no importa sino la aplicación del principio electa una vía non datum regressus ad alteram, y la elección sólo es posible si se justifica la competencia del juez civil.

5.- Que sentado lo antes expuesto, no puede controvertirse que la acción impetrada por el actor es a juicio de esta Sala, de naturaleza contencioso-administrativa de plena jurisdicción, pues a la par que reclama la revocación del acto emanado del Poder Administrador municipal, requiere la reparación de los perjuicios de ella derivados. Así, en el escrito de demanda glosado a fs. 114/117 (refoliado) se observa que el actor peticiona la revocación de la Resolución Nº 2830/07 que lo dejara cesante, su reincorporación y el cobro de salarios caídos desde la cesantía hasta la fecha de la efectiva reincorporación. Añade luego que la sanción que le fuera aplicada es total y absolutamente arbitraria, y que le causa un grave perjuicio económico al provocar la cesación de ingresos, siéndole imposible, por su edad, conseguir otro empleo.--- Nótese que ha mediado en los presentes autos ruptura del vínculo, por lo que, de admitirse la revocación del acto administrativo reclamada, deberá el Sr. Juez al que le corresponda resolver sobre el fondo del asunto, analizar luego la procedencia de la compensación dineraria peticionada como "salarios caídos", de clara naturaleza resarcitoria. Como se señaló en la S.I. Nº 49/SCA/10, que se trate de una relación de empleo público, que ésta permanezca vigente, y que se pretendan "diferencias salariales", no determinan de ningún modo la competencia en 1º Instancia de la Cámara de Apelaciones en el marco de la Ley XVI Nº 46, si se hubiera ejercido la opción a la que la norma citada antes autoriza. Debe indagarse en cada caso si la pretensión de contenido patrimonial se vincula o deriva del perjuicio ocasionado por el acto administrativo cuya revocación se requiere.----- Como lo he expuesto, entiendo que ello es lo que ha acontecido en estos autos, y por lo tanto el actor ejerció válidamente su derecho de optar por accionar ante el Juez de Primera Instancia, establecido en el art. 136 de la Ley XVI Nº 46. Por lo tanto, la Sentencia de la Cámara de Apelaciones deviene nula y también lo es la del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, debiendo declararse la nulidad de ambos decisorios y reenviar la causa para que se dicte la sentencia respectiva al Magistrado cuya competencia aquí se declara. ASÍ LO VOTO.--- ----- A la segunda cuestión dijo el Dr. ROYER:

Tal como voté la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) Declarar la nulidad de la Sentencia Nº 2/10 de la Sala "A" Cámara de Apelaciones de Trelew, así como lo también la Sentencia Nº 51/10 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Trelew. Remitir los autos al citado Juzgado Letrado de Primera Instancia para que dicte la sentencia definitiva pertinente. 2) Costas a la demandada (art. 69 C.P.C.C.). 3) En orden a los honorarios, propongo regular los correspondientes al Dr. E. R. M. en el 20% de los que le sean estipulados al momento del dictado de la sentencia definitiva, siempre que el importe resultante no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 32 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15 (B.O. 19/07/11) Los honorarios del letrado de la demandada, Dr. C. S. A., propongo establecerlos en el 10% de los que se regulen a su favor en la correspondiente sentencia definitiva, siempre que el importe resultante no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 32 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15), y sin perjuicio de la aplicación del art. 2 del mismo cuerpo normativo. Todos los honorarios con más IVA si correspondiere.- A la misma cuestión dijo el Dr. CANEO:- Tal como voté a la primera cuestión, coincido con la solución propuesta por el Dr. Royer a la presente.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- -S E N T E N C I A -- 1°) DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew Nº 2/10, así como de la Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia Nº 51/10, restituyendo la competencia para entender en estos autos al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2.- 2°) COSTAS a la demandada (art. 69 del C.P.C.C.).-- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. E. R. M. en el 20% de los que le sean estipulados al momento del dictado de la sentencia definitiva, siempre que el importe resultante no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 32 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15 (B.O. 19/07/11). Los honorarios del letrado de la demandada, Dr. C. S. A., se establecen en el 10% de los que se regulen a su favor en la correspondiente sentencia definitiva, siempre que el importe resultante no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 32 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15), y sin perjuicio de la aplicación del art. 2 del mismo cuerpo normativo. Todos los honorarios con más IVA si correspondiere.- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.---- Fdo. Dr. Daniel Luis CANEO- Dr. Fernando S. L. ROYER.----- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 19 S.R.O.E. CONSTE.