marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, indemnización expropiatoria, depreciación monetaria, tasación, actualización monetaria, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: U.N.I.R.E.C. c/ Ramos E. Iglesias E. y ot. s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-01

La depreciación monetaria, la desactualización de las tasaciones, las fluctuaciones cambiarias y/o la excesiva dilación de los procesos expropiatorios son factores que impactan en la cuantificación de la indemnización y -por mandato constitucional- deben ser superados por los jueces (Voto del juez Rosatti).
Autoría, coautoría, participación secundaria, participación necesaria, robo, error de derecho
Materia: PENAL
Carátula: T., V. A.; Y., C. A.; M., L. A. s/ Homicidio culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

El art. 45 del Código Penal iguala la punibilidad entre coautores y cómplices primarios -y es esta última la categoría la que se adecua a la acción de P., el alegado error de derecho en que habría incurrido el tribunal de grado inferior carece de efectos prácticos perjudiciales para el recurrente, lo que obstaculiza la habilitación de la instancia por ausencia de interés.

La "... divergencia es esencialmente conceptual, pues al parificar nuestra ley en su artículo 45 del Código Penal la sanción que tiene tanto el autor del delito como el cómplice primario, no se derivan de los diferentes enfoques consecuencias prácticas".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, arma descargada, simulada o defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

La interpretación literal posible -que la normativa técnica contribuye a conformar- a mi juicio empíricamente constatable, indica que fuera de los ámbitos estrictamente jurídicos donde esta discusión se lleva a cabo, a nadie se le ocurriría dudar de que un arma de fuego descargada o defectuosa continúa siendo igualmente un arma, aventándose así cualquier perplejidad acerca de un eventual error que incida en la culpabilidad de quien emplea en un robo un arma inhábil para el disparo. Quien lo hace, sabe inequívocamente conforme a la acepción vulgarmente difundida del término que lleva un arma, tal como lo prevé el tipo penal en consideración, y no hay en consecuencia extensión del tipo ni afectación al principio de legalidad. El dolo del autor se ve plenamente satisfecho cuando el mismo porta un arma descargada o defectuosa, y lo hace con el expreso propósito de aumentar con ella su poder intimidante y facilitar de tal modo el desapoderamiento perseguido. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Quiebra, subasta, vivienda única, deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aded, Jorge Francisco c/  s/ quiebra s/ incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-06

El régimen de liquidación aplicable en el contexto de quiebra es el proveniente del sistema propio, ya que no estamos ante una ejecución individual y, a su vez, la apertura del procedimiento del art. 584 ter CPCC, tiene como presupuesto que el bien hipotecado a subastar sea "vivienda única y permanente del deudor y su familia", sin el cual no puede darse trámite al mismo. En consecuencia, en el mejor de los casos para el acreedor, su pedido debió primeramente superar un examen de admisibilidad formal (lo que incluye la calidad de la vivienda) y en su caso sustanciarlo en el marco colectivo, para luego haber evaluado si tal trámite era compatible con el régimen falecial, si se estaba, reiteramos, ante el tipo de vivienda aludido.
Acción de amparo, impuestos municipales, revalúo impositivo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MARTIN, Nélida Olga c/ CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-20

Del voto de la mayoría (Dres. Giardulli y Lozano):

1- Es procedente la vía del amparo, si se cuestiona el derecho al cobro retroactivo de impuestos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con sustento en un revalúo inmobiliario cuya causa no obedece a la realización de nuevas construcciones o mejoras en la finca, sino a una revisión de la valuación fiscal.- 2- Resulta inconstitucional el reclamo efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de impuestos inmobiliarios, por el cobro de las diferencias que surgen en virtud de una nueva valuación fiscal, aplicada a períodos ya abonados y anteriores a la revaluación del inmueble.-
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yasky, Hugo c/ Dirección General de Escuelas Prov. de Bs. As. s/ Amparo mora -cuestión de comp. art. 6º C.P.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Son propios de la competencia originaria de esta Corte los litigios suscitados en el marco de una relación de empleo público que une a la Administración con sus agentes (arts. 1, 6, 28 inc. 3 y conc. del C.P.C.A.), sin perjuicio de que la acción se promueva por un sindicato en defensa y representación de los intereses individuales de sus afiliados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, aplicación de la ley, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Farkas, Roberto y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

La acción declarativa de inconstitucionalidad prevista en el art. 113 de la Constitución de la Ciudad, que habilita el conocimiento del caso por la vía originaria y exclusiva de este Superior Tribunal, es un instituto local novedoso e imposible de asimilar a los establecidos en el ámbito nacional. Debido a ello, la acción no encuadra en ninguno de los tipos de procesos previstos en la legislación vigente en el ámbito de la Ciudad, por lo que el Tribunal puede determinar las reglas de procedimiento aplicables a cada caso.
Adopción, sentencia, inscripción de nacimientos, rectificación de partida
Materia: CIVIL
Carátula: P., A.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

No es posible, bajo la apariencia de un mero pedido de rectificación de partida, modificar los alcances de una sentencia de adopción, consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, emplazando al adoptado en determinado estado de familia que supera el marco de dicha sentencia (en el caso, se pretendía la rectificación de la partida de nacimiento del adoptado, consignándose la filiación paterna correspondiente al marido fallecido de la adoptante, cuando la guarda respectiva se otorgó varios años después de que dicho matrimonio se disolviera por muerte, la que ocurrió cuando el propio adoptado no había sido concebido).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daño psíquico, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Ayala, Armando c/ Salvador, Rubén s/ Sumario - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-23

Si la incapacidad indicada por los facultativos como consecuencia del accidente de tránsito sufrido es psíquica en su casi totalidad, puesto que la única restricción consiste en tomar sol y en hacer ejercicios violentos, aunque sin indicarse tampoco las razones que fundan tal afirmación, resulta improcedente que por una incapacidad psíquica casi exclusivamente se fije una retribución por la incapacidad laboral y otra por daño psíquico, por cuanto ello implica una doble indemnización por un mismo perjuicio.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SACOCCIA, ALICIA AURORA c/ LOPEZ JUAN CARLOS s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-11

Mediante el recurso de casación, el Tribunal Superior no tiene competencia para reexaminar la cuestión fáctica, sólo excepcionalmente, cuando el vicio que se imputa al decisorio importe un error ostensible en la consulta de las constancias de la causa y sea de tal magnitud que conspire contra la motivación y conclusión a la que se haya arribado, se admite el control casatorio.
Declaración de la víctima menor, proceso judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M. W. L. c/  s/ Abuso sexual agravado en perjuicio de N.N. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-14

El artículo 296 bis del C.P.P. (incorporado por la ley 8.149) que, tal como bien lo dice el Sr. Fiscal General de la Corte, establece el procedimiento para la receptación de testimonio a menores víctimas de delitos contra la integridad sexual; pero de ningún modo delimita la amplia atribución jurisdiccional en torno a las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.

Dentro de la estructura de nuestro actual sistema procesal, una cosa es la forma en que deben recibirse los testimonios de los niños y adolescentes (es decir el procedimiento que debe cumplirse) y otra, muy distinta, la facultad de decisión en la investigación de los hechos (o sea la realización o no de la cámara gesell).

La norma en cuestión de ninguna manera le impone al Magistrado la obligación de tomar la prueba como una carga ineludible sino que dentro de la libertad probatoria, sigue siendo facultad del Juez resolver sobre la procedencia y pertinencia de la misma, en atención a las particularidades del asunto.

En el caso en que se opte por la recepción del testimonio de un menor víctima de abuso, si será obligatorio el procedimiento allí fijado.

Adviértase que en ningún lado de la normativa se establece que la prueba testimonial -en este caso la de personas menores víctimas de abuso sexual- deba recibirse inexorablemente, y que de no ser así se genere nulidad insalvable.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ANSES c/ FARINA NORA INES s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

Encontrándose cuestionada la decisión del a quo en lo relativo a las costas del incidente de caducidad, se debe señalar que, frente al hecho objetivo de la derrota, la imposición de las costas por su orden constituye una hipótesis de excepción que solo puede tener lugar en cuestiones originales o dudosas de derecho, o frente a situaciones de hecho que revistan singular complejidad (conf. esta Sala, causas 9908/93 del 11-8-95 y 3900/98 del 24-9-02; Sala I, causa 7222 del 24-4-90), circunstancias que no han sido invocadas por la recurrente. Declarada la perención de la instancia principal, de conformidad con los principios contenidos en los arts.73 y 77 del Código Procesal, el pago de las costas debe ser soportado por la parte cuya inactividad determinó la declaración de caducidad. El fundamento de tal imposición reposa en que el principio objetivo de la derrota comprende, no sólo el caso de quien es declarado vencido por la sentencia judicial al desestimarse sus pretensiones, sino también a aquel que no llega a obtener el reconocimiento de su derecho por no haber sido quién promovió la actividad jurisdiccional. Es por ello que se debe hacer cargo de las erogaciones que ocasionó a su contraparte la presentación en el proceso (conf. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 2da. Ed., T.1, pag.317; y esta Cámara, Sala I, causa 9.263/93 del 3-9-98 y 4.186/02 del 13-3-07 y sus citas).
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rougier, Ofelia Teresita c/ Pascal, Carlos Cinesio y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-21

El carácter de tercero respecto de la simulación, habilita a la accionante a valerse de cualquier medio de prueba para probar ésta, pero ello no la releva respecto del contrato que pretende válido -cesión de derechos a ella y su esposo- de cumplir con lo dispuesto por el artículo 1193 del Código Civil en cuanto a la prueba del mismo. La cesión invocada por la actora no consta por escrito, no se ha suministrado datos tales como precio, fecha y lugar de celebración del presunto acto, del que tampoco se deja constancia en el acuerdo de división de bienes de la sociedad conyugal. No existe principio de prueba por escrito y en cuanto al principio de ejecución, ni siquiera se ha invocado, en tanto nada se dice de cuando sería entregado el inmueble adquirido, ni limitándose a sostener el pago de una suma de dinero, cuya cantidad no se especifica y de lo que no aporta recibo.
Liquidación judicial, homologación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. c/ FIDEL GOMEZ s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-20

Al homologarse la liquidación que la parte practica de acuerdo con los términos de una sentencia firme, los distintos rubros que la integran constituyen un nuevo capital que devenga nuevos intereses a partir de la mora del obligado.-
Prueba crítica, despido con causa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ACUÐA, CARLOS c/ 3M S.A.C.I.F.I.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-24

Corresponde admitir la queja interpuesta, desde que si bien la selección probatoria es una potestad reservada a los jueces de la causa, la sentencia no puede soslayar la prueba conducente; de modo tal que la mera controversia sobre la existencia de la probanza -ya que el órgano jurisdiccional sostuvo que la dilación en la decisión del despido no era salvable por una auditoría interna de la cual no existía prueba alguna en la causa- sin indagar sobre su mérito concreto, también habilita franquear la instancia extraordinaria, en tanto este Alto Tribunal ha declarado procedente el recurso de inconstitucionalidad cuando se confirmó que la sentencia laboral partía de una base probatoria inexistente. (Del voto del Dr. Angelides).
Accidentes de trabajo, representación de incapaces, muerte del trabajador, peritos, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Brave Cecilia por sí y en representación de sus hijos menores de edad c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-04

El "testigo técnico" (como la doctrina ha dado en llamar a quien por razón de su oficio o profesión tiene conocimientos especiales en determinada materia) debe declarar sobre hechos pasados y no debe confundirse su rol con el que toca a un perito. Así, el testigo técnico aporta deducciones extraídas en mérito a sus conocimientos especializados respecto de hechos que él ha podido conocer en forma directa y personal (lo contempla el art. 429 in fine del CPCC); mientras que el conocimiento del perito es mediato, derivado o "de segunda mano", por lo que sus conclusiones se estructuran a partir de hipótesis que se desarrollan sobre la base de hechos que se asumen como sucedidos o se los tiene por tales. El médico neurólogo, citado al proceso a corroborar la autenticidad del informe elaborado por él a pedido de los familiares del trabajador fallecido, incumple la primera de las exigencias (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: R., R. J. c/ R. L., D. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Los detalles de la vida cotidiana que arman la trama de los desencuentros espirituales en una pareja, no llegan a ser conocidos cabalmente por el Juez, quien se ve exigido a distribuir culpas de acuerdo sólo a lo que las partes han conseguido presentar objetivamente ante él a través de elementos probatorios.
Recurso de reposición (procesal), deserción del recurso, querellante
Materia: PENAL
Carátula: IRAZABAL, ORFELIO EDUARDO s/ Cheque sin fondos Causa 32872
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-29

Por aplicación del Art. 453 del Código procesal penal, corresponde rechazar el recurso de reposición contra el auto que declaró desierto los recursos oportunamente concedidos si el querellante no se presentó dentro del plazo de emplazamiento previsto por el Art.

451 del cód. cit.
Ministerio Público Fiscal, elevación en consulta, legalidad objetiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liñares, Daniel Edgardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

El procedimiento que establece el art. 348, segundo párrafo del C.P.P.N., es una herramienta puesta en manos de los jueces para asegurar la vigencia del principio de oficialidad en la persecución penal que consagra nuestra legislación. (Voto de la Dra. Catucci, adhieren los Dres. Tragant y Riggi).
Entrega del certificado de trabajo, multa laboral, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: GONZÁLEZ, DIEGO HERNÁN c/ SEAC S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-08

Resulta procedente la sanción introducida por el art. 45 de la ley 25.345, en tanto se encuentra cumplido recaudo previsto por el art. 3 del decreto 146/01, si, no obstante el tiempo transcurrido, y el inicio de un reclamo expreso ante el SECLO, el empleador igualmente no entregó el certificado de trabajo.
Acción meramente declarativa, estado de incertidumbre, caso concreto, interés legítimo, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Echegaray, Ricardo Daniel c/ Carrió, Elisa s/ acción declarativa (art. 322 Código Procesal)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Es criterio consolidado de la Corte que la acción meramente declarativa está sujeta a que se invoque un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica y que la situación planteada en la causa supere la indagación meramente especulativa o el carácter consultivo, para configurar un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes. Desde tal premisa y dado que no se requiere un daño efectivamente consumado, el Tribunal tiene dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie afectación de un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo, y que aquella lesión tenga concreción bastante.
Medidas preparatorias, redes sociales, libertad de expresión, prueba de informes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en O., A. M. y otro c/ Facebook Argentina S.R.L. s/ acción preventiva de daño
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

Corresponde ordenar a una empresa de redes sociales que acompañe información a efectos de identificar a los creadores de un perfil en el cual se denunció una supuesta explotación laboral, habida cuenta que los datos requeridos versan sobre los titulares de las cuentas y ello constituye información relacionada con terceros y con el derecho que tienen los demandantes a ser informadas por las denuncias que se efectúen. En este contexto difícilmente podría aludirse a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, al ser nítido que la petición formulada transita un carril distinto, limitado a una diligencia de mero carácter informativo.
Sucesiones, cesión de derechos hereditarios, escritura pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL CASTILLO VDA. DE PAGANI E. s/ SUCECION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-10

EL CODIGO CIVIL EXIGE QUE LA CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS SEA HECHA EN ESCRITURA PUBLICA, POR LO QUE NO PUEDE SER SUPLIDA POR ACTA JUDICIAL NI POR PROTOCOLIZACION DE INSTRUMENTO PRIVADO.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, hurto de automotor
Materia: CIVIL
Carátula: RUBINSTEIN, NESTOR E. c/ RICAU, MARIA CRISTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-18

En caso de hurto de un automóvil, el garajista debe responder por todos los hechos dañosos que sean consecuencia inmediata y necesaria de su incumplimiento contractual, a tenor del CCIV 520. Y la disminución del valor del automóvil a causa de la falta de determinados elementos, sin duda integra el ámbito de responsabilidad antes enunciado, en tanto la desaparición de ellos fue directamente motivada por el hurto en cuestión.
Acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

La garantía de amparo sólo procede cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, se lesione o amenace, en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de algún derecho constitucional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho contravencional, sentencia condenatoria, condena condicional, unificación de penas, condena anterior, juicio abreviado, nulidad procesal, comisión de nueva contravención, registro de sentencias condenatorias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Aquino, Delfina s/ inf. arts. 116 y 117 C.C. -Apelación -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

En el caso, la cuestión a resolver radica en determinar si resulta legalmente posible aplicar a la imputada una condena de ejecución condicional (atento que registra una sentencia condenatoria anterior de cumplimiento efectivo de más de 2 años), o bien si ello no resulta viable, debiéndose concluir en la nulidad del acuerdo de juicio abreviado.

Siendo así, la decisión del a quo que declara la nulidad de dicho acuerdo resulta ajustada a derecho, pues de la lectura del artículo 46 del Código Contravencional surge con claridad que solo resulta procedente la condena de ejecución condicional en "...en los casos de primera condena...", no verificándose tal exigencia en el caso.

Si bien desde la fecha de la primer condena hasta que la encartada cometiera el hecho que motivara la formación de la presente causa transcurrieron dos años, ello no habilita a que la pena a imponer sea dejada en suspenso.

En efecto, el último párrafo del artículo 46 Código Contravencional hace referencia al transcurso de los dos años a partir de la condena anterior para tenerla como no pronunciada, pero no a los efectos de borrar esa primer condena de los registros (art. 50 CC), sino a los efectos del cómputo y unificación de penas en el hipotético caso de que el imputado cometa una nueva contravención durante ese plazo, siempre que la primer condena haya sido dejada en suspenso.

Tampoco resulta posible aplicar supletoriamente el artículo 27 Código Penal para que la segunda pena a imponer sea dejada en suspenso, pues más allá de que en el caso de autos aún no transcurrió el plazo previsto en dicha normativa (8 años para delitos culposos y 10 para los dolosos), la legislación local no contempla dicha situación.

Esa falta de recepción demuestra la intención del legislador de no incorporar dicha circunstancia para el caso de las contravenciones. De lo contrario, lo hubiera contemplado al momento de anexar el instituto en cuestión a la Ley Nro. 1.472, máxime cuando la derogada Ley Nro. 10 no lo contenía.