Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-13


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 35 San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de Noviembre de 2.006. Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 52/06 "BONACINA, Eduardo Remigio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca - s/ Amparo", traídos a despacho para dictar sentencia, y CONSIDERANDO:

Que a fs. 27/37, comparece el Sr. Eduardo Remigio Bonacina, por intermedio de apoderado, incoando acción de amparo en contra de la Municipalidad de la Capital, persiguiendo se deje sin efecto la Resolución ADU Nro. 54 de fecha 09/06/06 dictada en Expte. Nro. 3694-D-05 C/ Agr. Nro. 1824-B-06, notificada el 06/07/06, que dispone "la remoción de los carteles colocados sin autorización municipal en el término de 72 horas".

Justifica los requisitos procesales extrínsecos de admisibilidad de la acción incoada.

Relata los antecedentes fácticos de la cuestión planteada expresando, que el trámite administrativo previsto para el desarrollo de la actividad es el que fija el Art. 132 del Código Tributario Municipal, el que se tramitó mediante Expte. Nro. 1824-B-2006; que con fecha 28/03/06 la Administración de Desarrollo Urbano de la Municipalidad emite Resolución Nro. 025 que otorga la factibilidad para la instalación de los carteles solicitados por el accionante.

Que cumplidos los pasos previstos, el 30/05/06 recibe comunicación de la Municipalidad de la Capital intimándolo a la colocación de vallados; que con fecha 02/06/06 se da cumplimiento a lo requerido adjuntando Resolución 025 que autoriza la actividad, la autorización de los frentistas donde se encuentran los vallados de obra y la declaración jurada y pago de la tasa correspondiente.

Destaca que en forma adelantada abonó el pago total del tributo por publicidad y propaganda correspondiente al año 2006, conforme Art. 14 de la Ordenanza 312/06 pagando la suma de Pesos Seis Mil Seiscientos Quince ($ 6.615), con más seis Pesos ($ 6), aceptado íntegramente por el municipio.

Que sorpresivamente es notificado de la Resolución ADU Nro. 54 del 09/06/06, que dispone la remoción de los carteles colocados sin autorización municipal, en el término de 72 horas, acto que motiva la presente acción por su ilegalidad y arbitrariedad, restricción de derechos constitucionales: violación de derechos adquiridos, de seguridad procedimental administrativa, seguridad jurídica al contradecir actos propios, Arts. 17 y 18 de la CN.

Solicita medida cautelar de no innovar a fin que se suspendan los efectos de la Resolución ADU Nro. 54, que impugna. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba documental, instrumental. Peticiona en definitiva se haga lugar a lo solicitado.

Que radicadas las actuaciones en esta Corte de Justicia, a fs. 46 se ordena vista al Sr. Procurador General de la Corte para que emita dictamen acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos, evacuado a fs. 47.

Que a fs. 48/49vta. obra Sentencia Interlocutoria Nro. 122/06, que resuelve declarar formalmente procedente la acción interpuesta, no hacer lugar a la medida cautelar solicitada y oficiar a la demandada a fin que remita los antecedentes relacionados al acto impugnado e informe sobre los fundamentos de la medida.

Evacuado dicho informe a fs. 52/55. A fs. 56, se dicta el proveído que ordena autos para sentencia quedando la cuestión conclusa y en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Que en el sub liten se discute por vía de la acción de amparo la inteligencia de una relación de derecho público que ligaría al amparista con la administración pública.

Que, en principio, la existencia de una vía legal paralela para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, como regla, la procedibilidad del amparo, pues este medio no resulta apto para alterar el juego de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces (Conf. Corte Sup., "Brieba, Rodolfo v. Estado Nacional", del 19/3/87, T. 310, p. 622, entre muchos otros), que tampoco cabe admitirla cuando la dilucidación de las cuestiones planteadas requieren mayor amplitud de debate y prueba, por cuanto su grado de complejidad excede el trámite sumarísimo del amparo (Conf. esta sala, 16/5/96, "Brait, Herminio y otros v. Grasso Molina y otros s/Inc. De medidas cautelares y sus citas).

De allí entonces que no se advierta, a tenor de la forma en que ha sido planteada la cuestión, dentro de este marco acotado de cognición, que se configure un supuesto que provoque que este Tribunal entre a conocer sobre el fondo de la cuestión como se pretende, en tanto que admitir tal postura implicaría ampliar el campo de acción de esta tutela potenciada a un supuesto ajeno (conf. Palacio, L., "La pretensión del amparo en la reforma constitucional de 1994", LL, suplemento diario del 7/9/95).

Por lo demás, tampoco aparece acreditado en la forma requerida, otra circunstancia que tornaría procedente la vía intentada, esto es la de evitar un daño grave e irreparable que se produciría remitiendo el examen de la cuestión a las del procedimiento ordinario.

Destácase al respecto que el perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, no importa otras cosa que colocar al amparista en la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos (Conf. Corte Sup., "Universal S.R.L. y Segba y Transportes Sita S.A.", id. "Buenos Aires Visión S.A. v. Segba", ambos del 11/8/87, t. 310, p. 1548, entre muchos otros).

Corresponde precisar que el amparista, casi como al pasar expuso un sinnúmero de derechos protegidos constitucionalmente como: el derecho de trabajar, de propiedad, de defensa e igualdad ante la ley (fs. 36).

Evidentemente que toda relación de derecho o de hecho, ya sean en el ámbito privado o de la administración pública, puede lesionar derechos constitucionales, pero el actor en autos meramente invoca derechos constitucionales que estima conculcados, sin probar la relación íntima que debe haber entre el supuesto derecho vulnerado y la norma constitucional que se dice violada, en otras palabras, omite especificar puntual y concretamente la restricción a un derecho constitucional claramente identificado.

En ese orden de ideas, y a título ejemplificativo puede decirse que al trabajador despedido injustamente se le ha vulnerado el derecho de trabajar, al locador que no se le entrega la propiedad una vez vencido el contrato, se le vulnera el derecho de propiedad, pero no por ello debe recurrir por vía de amparo en lugar de iniciar un juicio laboral o un juicio de desalojo, según corresponda a la situación planteada.

Por ende, si la conducta ilegítima de la administración no surge en forma manifiesta y la lesión a derechos constitucionales del actor no se evidencia de modo claro y preciso, la acción de amparo no resulta el medio idóneo para discutir el conflicto planteado por existir una vía ordinaria, donde con mayor amplitud de debate y prueba, el peticionario puede obtener la satisfacción de su pretensión.

Que por ello, debe declarase improcedente la vía del amparo para impugnar una relación de derecho entre la municipalidad y el recurrente, rechazando la acción interpuesta.

Que conforme se resuelve, las costas deben imponerse por el orden causado (Art. 17 de la Ley 4642).

Por todo ello y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar improcedente la acción de amparo interpuesta por el Sr. Eduardo Remigio Bonacina.

2) Costas en el orden causado.

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, archívese.