Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04


¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1383/1396? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I. Viene apelada la sentencia de fs. 1383/1396 por la que la primer sentenciante admitió parcialmente la demanda deducida por Martini S.A., Industrias Martini S.A., Antonia María Sorella de Martínez Frugoni y Marcelo Amilcar Martínez Frugoni contra Banco Sudameris Argentina S.A. a quien condenó a abonarle a los actores cierta suma de dinero con más sus intereses y costas.

II. Relataron los actores en su escrito de inicio que las empresas demandantes habrían formado un conjunto económico dedicado a la fabricación y venta de electrodomésticos y que las otras personas físicas habían sido los titulares de los paquetes accionarios. Solicitaron la reparación de los daños que dijeron haber sufrido como consecuencia de un obrar negligente del banco accionado, cuyos funcionarios incorrectamente habrían dispuesto el cierre de la cuenta corriente bancaria de la que eran titulares, sin haberles comunicado el motivo del cierre, situación que les habría ocasionado gravísimos perjuicios. Con tales antecedentes, demandaron una indemnización de $ 820.801,08 por pérdida de ventas, $ 1.641.602,16 por pérdida de mercado, $ 216.448,51 por costos laborales, $ 444.341 por los gastos derivados del concurso preventivo, $ 42.000 por daño material y $ 100.000 para cada accionante por daño moral.

III. Al contestar demanda, el banco accionado solicitó su rechazo invocando la inexistencia de relación de causalidad entre el daño alegado por los actores y el obrar de sus funcionarios.

IV. La magistrada de la instancia anterior consideró acreditado el error del banco en el cierre de la cuenta de los actores y por ello admitió la demanda con el siguiente alcance: a) para las sociedades demandantes fijó una indemnización de $ 300.000 para reparar los costos de su concursamiento; y b) para Antonia María Sorella de Martínez Frugoni y Marcelo Amilcar Martínez Frugoni de $ 50.000 para cada uno en concepto de daño moral.

V. Apelaron ambas partes. La actora se agravia por el rechazo de la indemnización por lucro cesante derivado de la pérdida de ventas. Cuestiona la valoración que realizó la juez del peritaje en este punto y considera que el daño se encontraría acreditado con los informes del art. 39 LCQ presentados en los concursos preventivos y la prueba informativa. A ello agrega que la pérdida de ventas es una "consecuencia natural y forzosa" de los hechos sub lite por lo que no resultaría necesaria prueba contundente al respecto.

También se agravia por el rechazo de la indemnización solicitada como reparación de la pérdida de posición en el mercado. Argumenta que sería incuestionable que mientras no se encontraba en condiciones de abastecer a sus clientes otras empresas lo hicieron viendo así reducida su influencia en el mercado. Asimismo, se queja por el rechazo de la indemnización por mayores costos laborales en los que habría incurrido y por el monto de la indemnización correspondiente a los costos de los concursos preventivos, al que considera exiguo.

Finalmente, se agravia por el rechazo de la indemnización de los daños materiales alegados por las personas físicas demandantes y por el modo en el que se distribuyeron las costas del proceso.

De su lado, el banco accionado afirma que la juez no tuvo en cuenta que a la actora le habían rechazado cheques con anterioridad al cierre de la cuenta corriente. Agrega que la magistrada se equivocó al considerar que el rechazo de cuatro cheques pudo haber producido el desequilibrio financiero que se le imputa. Se agravia por el valor que le adjudicó la a quo al informe del art. 39 en los concursos y afirma que no existe relación de causalidad entre su accionar y el daño que la juez le manda resarcir. Subsidiariamente, se agravia por el monto de la condena al que considera desproporcionado y, por último, considera que la distribución de las costas ha sido incorrecta.

VI. Por una cuestión de orden metodológico consideraré en primer término el recurso de la demandada, en tanto procura la revocación íntegra del decisorio apelado; luego el de la actora, quien pretende un incremento de la condena.

En ese orden de ideas, considero que el primer agravio del banco accionado no se hace cargo de los argumentos expresados por el a quo en su sentencia. En efecto, no cuestiona lo expresado en el fallo en punto a que si bien la actora habría librado otros cheques rechazados con anterioridad, sus cuentas corrientes fueron cerradas como consecuencia del informe que la demandada remitió al BCRA. Es la emisión de ese erróneo informe el hecho que compromete la responsabilidad del banco demandado, y ningún esfuerzo recursivo realiza éste tendiente a demostrar que ese informe no hubiera existido o que fuese correcto. No cabe soslayar ese hiato en la postura defensiva, máxime si se tiene en cuenta que la accionada, por su actividad habitual o profesionalidad, se halla alcanzada por la pauta contenida en el art. 902 del Código Civil, que hace gravitar con mayor intensidad la responsabilidad derivada del proceder culpable en el desarrollo de tal actividad precisamente porque entraña un mayor deber de obrar con cuidado y previsión. El agravio resulta pues insuficiente y no conmueve los fundamentos del fallo.

VII. Tampoco resulta atendible el agravio vinculado con la valoración que efectuó la juez de los informes del art. 39 LCQ en los concursos de las sociedades accionantes. Ante todo es preciso recordar que en materia de apreciación de la prueba, el sentenciante puede inclinarse por aquella que le merezca mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (conf., entre otros precedentes, esta Sala, 18-6-1996, in re "Azaceta, Héctor Luis c/Bonel, Antonio Agustín y otros s/sum."; 28-12-90, in re "Milicix, Próspero c/C.I.M.A.D. Centro Integral Médico a Domicilio S.A.").

Desde esa perspectiva, no son cuestionables las apreciaciones de la a quo y no hay motivos que aconsejen un parecer contrario al sostenido por ella. Y no es menor el hecho que el informe del síndico no fuera impugnado oportunamente por la demandada dentro del mismo concurso, ya que ella era acreedora y no presentó ningún cuestionamiento al informe que ahora pretende descalificar.

La jueza consideró a partir de ese informe que los problemas económicos de los actores habían encontrado su causa en el error del banco accionado. Este al apelar, se agravia por entender que no habría relación de causalidad entre su proceder y el daño que la juez ordena resarcir.

A mi modo de ver, no cabe duda que el menoscabo que padecieron los actores se produjo como consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento del Banco (conf. arts. 520 y 522 Cód. Civil). En efecto, el perito designado en autos, teniendo en cuenta el informe del art. 39 de la ley de concursos, concluyó que la situación financiera de los actores estuvo en equilibrio hasta octubre de 2000, "fecha en la cual -dice- a raíz de un error del Banco Sudameris se inició un problema financiero. Dicho banco informó incorrectamente al BCRA el rechazo de cuatro cheques por falta de fondos. Esto originó la inhabilitación de la firma para operar en cuentas corrientes, revocándose los acuerdos para girar en descubierto". Y agrega después "la principal causa del desequilibrio económico fue producida fundamentalmente por los hechos relatados que, entre otras consecuencias, produjeron la abrupta caída del capital de trabajo, derivado de la pérdida de crédito comercial y financiero" (ver fs. 738).

Así las cosas, la relación de causalidad entre el daño que la juez ordena resarcir y el error del banco resulta indudable. Es cierto que en el peritaje se mencionaron otras causas que habrían incidido en la presentación en concurso de los actores tales como "la recesión económica, el sostenimiento de la convertibilidad monetaria -con su impacto sobre los costos internos (laborales, servicios públicos), la altísima carga financiera fruto del llamado riesgo país-, y la desigual situación respecto del mercado global que favorecía la importación de los productos elaborados por el grupo económico" (ver fs. 738). Pero es claro el informe en cuanto a que estos últimos motivos resultaban secundarios respecto del error del banco, causa principal del desequilibrio financiero de los actores.

En otras palabras, aunque se pueda hablar aquí de concausalidad, en modo alguno, esa concurrencia causal alcanza para desplazar la incidencia decisiva que cabe asignar a la falta en que incurriera el banco en el resultado dañoso. Por lo demás, esas causas accesorias, por llamarlas de un modo acorde con la terminología empleada en el informe del síndico antes citado, que provenían de la situación económica y el tipo de cambio vigente al momento del hecho de autos, existían antes de la inhabilitación para operar en cuenta corriente (dispuesta en octubre del 2000) y nunca habían tenido aptitud bastante para operar causa eficiente de una presentación en concurso.

En suma, esta queja de la demandada tampoco resulta atendible, por lo que corresponderá su desestimación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto. Por último, los agravios relativos a los montos de la condena y las costas del proceso serán considerados seguidamente al tratar el agravio de la parte actora sobre el punto.

VIII. En cuanto al recurso de los actores, éstos cuestionan, en primer término, el rechazo de la indemnización por lucro cesante derivado de la pérdida de ventas. La a quo desestimó este reclamo por considerar que, como el peritaje contable producido en autos no contenía datos extraídos de los registros de la actora y algunas de sus conclusiones se oponían a los datos que surgían del informe general de la sindicatura en los concursos, no podía considerarse acreditado este daño. A mayor abundamiento, la juez de grado sostuvo que se habría producido una suerte de compensación del problema financiero que había afectado a la actora, puesto que la propuesta homologada consistió en el pago del 20% del capital verificado en 20 cuotas semestrales sin interés.

Al apelar, los actores se quejan por considerar que el peritaje se practicó con arreglo a las normas de auditoría vigentes en la materia, proponen otra interpretación del informe general de los concursos y manifiestan que este daño fue una consecuencia natural y forzosa del error del banco. Por último, dicen que ninguna relación tiene el acuerdo alcanzado en el concurso con la indemnización pretendida.

Los actores determinaron la cuantía del reclamo por pérdida de ventas en función de la diferencia de utilidades entre los ejercicios de 1999 y 2001, es decir, antes y después del error del banco. Para ello efectuaron un análisis de costos de producción que, a su entender, se correspondería con una lista de insumos y proveedores, elementos que permitirían comprobar los resultados obtenidos (ver fs. 254). El perito designado en autos (ver peritaje de fs. 735/943 y su ampliación de fs. 1209/1211) expresó que "teniendo en cuenta la metodología seguida por la actora, a efectos de la confección del Anexo I, puede afirmarse que en general, resulta correcta" (ver respuesta "g", fs. 897).

Sin embargo, no es dable afirmar que esa diferencia de ventas entre 1999 y 2001 fuese imputable al banco accionado. En rigor, no se advierten constancias que lo acrediten, pues las preguntas efectuadas al experto no aparecen destinadas a ese propósito. Más bien se orientan a demostrar que las planillas de costos presentadas por los actores se corresponderían "con la apropiación de gastos a costos de todos los componentes detallados en el mismo (informe), consultando para ello las facturas de compras de la actora de los diferentes ítems incluidos en el mismo" (ver fs. 257, puntos d.1, d.2, d.3, d.4; fs. 257 vta. d.5, d.6, d.7). De modo que el requerimiento dirigido al perito tendía a determinar si el procedimiento que siguieron los actores para cuantificar su reclamo era correcto. Pero no se encuentran preguntas dirigidas a aclarar específicamente la relación de causalidad entre las pérdidas expresadas en las planillas acompañadas por los actores y el cierre de las cuentas dispuesto por el banco accionado.

En otras palabras, los puntos sobre los que se expresó el perito estaban dirigidos sólo a obtener una especie de conformidad formal de aquél con las liquidaciones practicadas por los actores, consultando para ello las facturas de los proveedores. Sólo se examinaron, pues, los libros de los actores y sus antecedentes documentales, pero las operaciones allí asentadas no fueron corroboradas mediante los libros de sus proveedores.

Por otra parte, como bien notó la juez de grado, del informe general presentado en el concurso preventivo de las sociedades, surge que las empresas no llevaban regularmente su contabilidad y que, además, a la fecha del informe -mayo 2002- el ejercicio cerrado el 31.12.01 no se había transcripto. Por esa razón, no se contaba con una importante información, la cual no había sido suplida con el aporte de datos que permitieran reconstruir las operaciones y el patrimonio del grupo actualizado.

Circunstancias que indujeron al síndico a concluir que no se podía "determinar la razonabilidad de las sumas expuestas como costos de ventas (ni) emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de las cifras que comprenden los tres últimos estados contables" (ver fs. 744/745).

En este punto, forzoso es deducir que las conclusiones del informe general se oponen a las del peritaje de autos. Las críticas que traen ahora los actores respecto de la valoración del aludido informe no son atendibles, puesto que los accionantes parecen propiciar una interpretación fragmentada de éste, tomando sólo algunos aspectos y obviando otros que resultarían adversos a su pretensión.

Tampoco son atendibles las críticas sobre la supuesta ausencia de valoración de la prueba informativa producida en el expediente, toda vez que esas constancias no acreditan concretamente ni la pérdida de ventas ni que ella obedeciera al error del banco accionado. Sólo se desprende de allí que las sociedades actoras eran proveedoras de las empresas informantes.

IX. Subsidiariamente, en su memorial, la parte actora intenta soslayar esa falta de acreditación de la relación de causalidad, argumentando que el lucro cesante alegado sería una consecuencia "natural y forzosa" (ver 1416 vta.) de los hechos demostrados en autos. Esto es cierto. Parece tener sustento lo que dicen las apelantes en el sentido de que una consecuencia inmediata y necesaria del concursamiento -cuya causa sí radicó en la falta del banco accionado- pudo haber sido la existencia de un lucro cesante exteriorizado a través de pérdida de ventas.

Sin embargo, tal como entendió la a quo, tampoco puede obviarse al momento de resolver esta cuestión, que aquel concurso tuvo propuesta de pago homologada y ésta resultó muy favorable para las sociedades accionantes. En efecto, la propuesta consistió en el pago del 20% del capital verificado en 20 cuotas semestrales sin interés, iguales y consecutivas, de modo que se habría producido una suerte de compensatio lucri cum damno que no puede dejar de ser observada al momento de resolver la totalidad de los reclamos de la parte actora.

La apreciación del daño en cada caso concreto exige una determinación prolija, no sólo de las consecuencias perjudiciales, sino también de las beneficiosas que eventualmente hubieran podido surgir del mismo hecho de cuyo examen íntegro habrá de resultar la existencia de daño efectivo o incluso, la ausencia de daño. El viejo principio pretoriano impide a los damnificados obtener un beneficio adicional a expensas del responsable, ya que si no se practicara el pertinente descuento podría autorizarse un enriquecimiento sin causa de aquéllos, vedado por el orden jurídico. En el caso, la quita del 80% y la cancelación del 20% restante del pasivo concursal en cuotas sin interés en un lapso de diez años, obtenido por los actores en su concurso, ponen de manifiesto un logro inusual en situaciones como la que se trata. Puede incidir tal vez el contexto en que ese concordato se produjo, pero esto no desdibuja sus evidentes ventajas para las empresas concursadas.

En suma, si bien la cesación de pagos habría tenido su origen en la falta del banco accionado, lo cierto es que los beneficios y los daños a compensar provienen de ese mismo acto, esto es, el informe remitido por el banco al BCRA, que provocó serios problemas de índole económica a los accionantes, pero, a su vez, les permitió concursarse y beneficiarse con el acuerdo allí alcanzado, al punto que es factible afirmar que el incumplimiento del banco ha sido la causa tanto de los daños como de los lucros a compensar.

Por lo tanto, considero que lo resuelto por la a quo resulta adecuado a las especiales circunstancias del caso y que corresponderá rechazar las quejas y confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

X. Tampoco estimo atendible el agravio dirigido contra el rechazo de una indemnización basada en una pretendida pérdida de posición en el mercado. Dicen los recurrentes que esa pérdida de mercado sería "obvia" porque si ellos no pudieron abastecer la demanda otras empresas lo habrían hecho.

En primer lugar, cabe aclarar que tratándose de una presunta pérdida de "ventas", este reclamo se superpone con el examinado antes y le son aplicables, por tanto, las mismas objeciones. Pero, además, no poder satisfacer una venta no implica automáticamente la exclusión del mercado. Inciden en ello otras variables a considerar que ni siquiera son mencionadas por los apelantes, tales como la reputación de que gozaban las empresas, la calidad, el precio y el valor marca de los productos ofrecidos. Aun suponiendo igualdad de precios y homogeneidad en los productos, no explican los apelantes por qué quien no les haya comprado durante el lapso de la inhabilitación, no les compraría nunca más. No parece un argumento suficiente la constante alusión a la "obviedad". Tampoco hay en autos un análisis serio del mercado relevante en cuestión y de sus participaciones en él antes y después del error del banco.

XI. Se agravian los actores por la falta de admisión de su reclamo por las indemnizaciones laborales que tuvieron que pagar como consecuencia de la crisis que sufrieron a raíz del error del banco. Creo que, como advirtió la juez, no estamos en presencia de un daño cierto. En efecto, surge del peritaje de autos (ver fs. 902) que no se han detectado sumas erogadas con motivo de los juicios laborales y que los montos de éstos se encuentran sujetos a decisión judicial. Este argumento central de la decisión ha permanecido inmune a la crítica, lo que revela la inidoneidad del agravio. Los recurrentes se limitan a manifestar su desacuerdo con la sentencia apelada, mas nada dice sobre ese argumento principal de la a quo, lo que perjudica el recurso en este punto (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

XII. Tampoco resulta viable el agravio relativo al rechazo de una indemnización por la privación de crédito a las personas físicas demandantes. Los apelantes no se hacen cargo de los argumentos expresados por la juez en el sentido que, si bien se probó que los actores disponían de un amplio crédito, ningún perjuicio concreto se exteriorizó por esa afectación (ver fs. 1393), ni se ha invocado tal daño en esta instancia.

Y no cabe olvidar que el perjuicio patrimonial resarcible debe ser cierto en cuanto a su existencia, esto es, debe resultar objetivamente probable, y no incierto, eventual, hipotético o conjetural.

Por lo tanto, corresponderá desechar la queja y confirmar la sentencia también en este aspecto.

XIII. Trataré ahora los agravios de ambas partes respecto del monto de condena. En cuanto a la indemnización determinada por la juez para resarcir los gastos derivados del concursamiento, estimo que el monto fijado por la primer sentenciante es adecuado a los antecedentes del caso, apreciados según un criterio de razonabilidad (art. 165, Cód. Procesal). En efecto, la suma contenida en la sentencia, dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos casos, parece acorde a una reparación integral del menoscabo que motivó el reclamo.

Cierto es que del peritaje surge que la totalidad de estos gastos asciende a $ 444.341 y la sentencia sólo admitió el reclamo hasta la suma de $ 300.000. Sin embargo, la decisión fue correcta porque, como se expresó en el considerando VII, existieron otras causas que habrían incidido en la presentación en concurso de los actores tales como "la recesión económica, el sostenimiento de la convertibilidad monetaria -con su impacto sobre los costos internos (laborales, servicios públicos), la altísima carga financiera fruto del llamado riesgo país-, y la desigual situación respecto del mercado global que favorecía la importación de los productos elaborados por el grupo económico" (ver fs. 738). Si bien estos factores resultaban secundarios respecto del error del banco, causa principal del desequilibrio financiero de los actores, deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar su incidencia causal en el desenlace perjudicial que es objeto de autos. En ese sentido, la diferencia entre la suma concedida y la reclamada encuentra explicación en esa incidencia causal que cupo asignarle a las otras causas secundarias en los problemas económicos de los actores. Por lo tanto, corresponderá mantener la sentencia en este aspecto y desechar los agravios.

La demandada también se agravia por el monto de la indemnización por daño moral. Sostiene que la suma de $ 50.000 para cada uno de los accionantes resultaría excesiva y desproporcionada. Sin embargo, a mi modo de ver, la suma fijada por la primer sentenciante se muestra razonable atendiendo a las circunstancias propias de este caso, en el que las firmas actoras debieron atravesar un concursamiento preventivo, con todas sus implicaciones en el plano material, pero también en las legítimas afecciones de sus titulares.

Es preciso recordar que el agravio moral debe ser entendido aquí en una doble función, vale decir, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (ver Sala C in re "López, Carlos c/ Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario", del 12.10.94.; "Rodrigo, Juan Carlos y otros c/ Esso S.A.P.S.A. s/ ordinario", del 23.3.99; in re "Porcel, Roberto José c/ Viajes Futuro S.R.L. s/ sumario, del 28.3.03.).

Desde esa óptica, las constancias del litigio son demostrativas del menoscabo que en el plano anímico padecieron los actores al verse impedidos de operar en cuenta corriente y aparecer como deudores en el banco de datos del Banco Central, con el consiguiente estado de angustia y desprestigio profesional que ello acarrea. Esa situación provoca de por sí un descrédito, porque enseguida circula en plaza la noticia, con la consabida sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada, sin que quepa sostener que semejante descalificación pueda considerarse una molestia normal de la vida negocial (ver esta Sala in re "La Loggia, Velia c/Banco Itaú Argentina S.A. s/ordinario", 2.5.01; in re "Martín, José Luis c/Banco Roberts S.A. s/ordinario", 22.12.99; in re "Rabinstein, Roberto Simón c/Banque Nationale de Paris s/ordinario", 5.3.2004). Por lo tanto, corresponderá rechazar las quejas y confirmar la sentencia también en este punto.

XIV. En lo atinente a las costas del proceso, cuestión que agravia a ambos contendientes, considero que corresponde modificar lo resuelto por la magistrada de primer grado, quien determinó que las costas debían ser soportadas por los actores en un 30% y por la demandada en un 70%. La actora sostiene que se deberían haber impuesto en su totalidad a la demandada y ésta reclama que le sean impuestas a la actora en virtud del progreso parcial de su pretensión. Considero que asiste razón a la primera. En efecto, tiene dicho esta Sala que, en los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente respecto de la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (ver en tal sentido esta Sala, 14-II-1991, in re "Enrique R. Zenni y Cía. S. A. c/Madefor S.R.L. y otro s/ordinario"; 11-II-1992, in re "Martín, Oscar C. c/Toyoparts S. A. s/sumario"; 23-III-1994, in re "Levi, Raúl Jacobo c/Garage Mauri Automotores s/ordinario"; 29-III-1994, in re "Alba de Pereira, Victorina c/Morán, Enrique Alberto s/daños y perjuicios"; 2-II-1999, in re "Pérez, Esther Encarnación c/Empresa Ciudad de San Fernando S. A. y otro s/sumario", entre otros).

XV. Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada, en lo principal que decide y modificarla en lo atinente a las costas del proceso que deberán ser soportadas por la demandada en ambas instancias. Así voto.

El Señor Juez de Cámara Doctor Juan Manuel Ojea Quintana dice:

Concuerdo sustancialmente con el sentido y la extensión del voto preopinante de mi distinguido colega Dr. José Luis Monti, mas disiento parcialmente en punto a la imposición de las costas -apelada por ambas partes-.

En efecto, aun cuando conceptualmente llevó razón la parte actora sobre la producción del daño por cierto obrar negligente de la institución bancaria demandada, una ponderación prudencial de lo cuantitativamente admitido y de lo rechazado, me conduce a concluir que los costas de ambas instancias debieran imponerse tal como lo hizo la a quo en la sentencia de grado: 70% a cargo de la demandada y 30% a cargo de la actora.

Confirmase, pues, el pronunciamiento apelado en este aspecto recursivo.

El Señor Juez de Cámara Doctor Bindo B. Caviglione Fraga adhiere al voto del vocal preopinante.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirmar la sentencia apelada, en lo principal que decide con la modificación en lo atinente a las costas del proceso que deberán ser soportadas por la demandada en ambas instancias.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15.11.06 de esta Cámara de Apelaciones. -Bindo B. Caviglione Fraga. -José Luis Monti. -Juan Manuel Ojea Quintana.