marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recusación sin causa, cambio del titular del juzgado
Materia: PROCESAL
Carátula: MARAGLIANO, LUIS c/ BONETTO Y COCCOZ, MARIA B. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

El cambio de juez del juzgado o la readjudicación de la causa no hace renacer el derecho de recusar sin causa. Contra el nuevo magistrado sólo es posible la recusación con causa.
Accidentes de trabajo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Rodriguez, Juan Narciso s/ Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-15

Lo que la víctima de acreditar al demandar por la acción tarifada, es que la lesión se ha exteriorizado durante el tiempo de prestación de servicios y su prolongación in itinere. La ley especial posee extremos propios de procedencia.
Derecho penal, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Antonio s/ Homicidio culposo en perjuicio de Francisco Antonio Ruiz - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-11

La garantía de la doble instancia en materia penal prevista por la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia expresa a la persona inculpada de delito, por lo que resultan ajenas a su ámbito las sentencias absolutorias, cualquiera sea el monto de pena pedida por el Ministerio Público, el querellante o el actor civil.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: F.R., P.G. c/ E.O.N.S.A.    y  otro s/ Cobro  de  Pesos e  Indemnizaciones  de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-01

Cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos (aun los negativos) de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito la pretensión procesal.
Regulación de honorarios, recurso extraordinario federal, contestación de la demanda, traslado, monto del juicio, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sarmiento, Fernando Daniel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Si la aplicación del máximo de la escala del artículo 30 de la ley de aranceles sobre los honorarios fijados por las tareas desarrolladas en la instancia de grado, más los intereses conforme lo estipulado por el art. 53, arroja un monto inferior al mínimo establecido en el artículo 31 de la mencionada norma, corresponde regular los emolumentos por la contestación del traslado del recurso extraordinario federal en la suma equivalente a 20 UMA, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución nº 686/2020 de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como patrocinante y la mitad de dicho monto como apoderada (cfr. artículos 15 y 31 de la ley nº 5134), más el impuesto al valor agregado, de corresponder. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz, al que adhiere el juez Santiago Otamendi. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano).
Locación de inmuebles, fianza, obligaciones del fiador, novación
Materia: CIVIL
Carátula: Belada Hnos.  S.R.L. c/ Di Silvestro, Francisco Salvador y otro s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

Aunque la obligación del fiador haya sido asumida hasta después de vencido el contrato y hasta el reintegro de la tenencia del bien, ello es así en tanto y en cuanto, lo cobrado por el locador después de finalizado el plazo contractual no responda a conceptos diferentes de la locación originaria, en tanto que el convenio de que da cuenta el respectivo instrumento, en el que no intervino el garante, importa novación que extingue la primitiva obligación, y en consecuencia la accesoria en cabeza del fiador.
Contrato de trabajo, suspensión del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Sanjines Viviana del Carmen c/ Herrera Hugo Horacio y otros s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-05-14

El trabajador tiene limitado su derecho en caso de suspensión, a cuestionar su procedencia, tipo o extensión, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos; pudiendo darse por despedido, solamente y cualquiera sea la causa, cuando la suspensión exceda los plazos fijados en la ley.
Jurisprudencia internacional, Pacto de San José de Costa Rica, Corte Europea de Derechos Humanos, proceso penal, ausencia del imputado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Gómez Vielma, Carlos s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Procede acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar la inteligencia de la garantía contenida en el art. 81 del Pacto de San José de Costa Rica.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, automotores, seguros, obligaciones, demora injustificada de pago, pena de reparación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Felsenthal, Claudia Mariel c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

3 - Asimismo, corresponde elevar el monto de la indemnización, pues el monto admitido por el juez (en el caso $20.000) impresiona como marcadamente exiguo. Por ello, teniendo en cuenta las particularidades del caso y las más que lacónicas respuestas extrajudiciales dadas por la aseguradora al pedido de cobertura de la actora, que evidenciaron su reprochable obstinación corresponde elevar la reparación debida por daño moral (a la suma de $ 80.000).
Fiscal de Estado, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aliendro, Marta Ofelia y otros c/ Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-30

Por último señalo una desviación de igual o aún de mayor entidad que las anteriores porque implica la violación del art. 167 de la Constitución Provincial que establece que el Fiscal de Estado será parte en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos otros en que se afecten directa o indirectamente los intereses de la Provincia, precepto fundamental que reglamenta el art. 8 de la Ley Provincial nro. 3 enfatizando que el nombrado representa a la Provincia en todos los juicios en que se controviertan su intereses, cualquiera fuera su fuero y jurisdicción y, en consecuencia el art. 9 lo hace parte necesaria en todos los juicios en que resulten afectados los intereses de la Provincia. La falta de intervención del Fiscal de Estado no puede ser ignorada, ya que es inexcusable por mandato constitucional e impide que recaiga una sentencia válida sobre el fondo del litigio, atento a la supremacía de las normas que marca la misma Constitución Provincial en el art. 153 y a lo dispuesto en el último párrafo del art. 12 CPCCLRyM. (del voto del Dr. González Godoy).
Honorarios, etapas del proceso
Materia: PENAL
Carátula: WASKO SOFIA c/ ANSES s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

Las "tareas normales" tendientes a determinar el monto de las prestaciones que el fallo hubiese dispuesto, deben ponderarse y considerarse incluidas, a los fines regulatorios, en las etapas del proceso que concluyen con la sentencia definitiva (arts. 38 y 39 ley 21.839), participando del carácter de trabajos normales y complementarios de la última etapa del proceso, tanto el escrito en que se practique liquidación por una de las partes o se pida se apruebe la de su contraria o la simple petición de envío de los autos a idéntico efecto, las cédulas y oficios haciendo conocer al auto aprobatorio y cuanto escrito o actuación pudiera al mismo fin presentarse o producirse, en tanto no constituyan o impliquen planteos incidentales que en ese carácter el arancel antes citado prevé remunerar de acuerdo con pauta específica (art. 33 de la mencionada ley). (cfr. Fallo plenario CNac.Cont.Adm. Federal, de fecha 24.08.82, en autos Farrando).
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, juegos de azar, facultades del juez, poder de policía, habilitación del establecimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, J. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-21

La sola circunstancia de no poseer la habilitación expedida por autoridad administrativa competente requerida para el funcionamiento en el inmueble de la actividad de agencia de loterías, no puede constituirse en presupuesto válido que haga factible el mantenimiento de la medida precautoria de clausura del local, ya que de ser ello así se estaría atribuyendo el sentenciante facultades que son propias del poder administrador en el ejercicio del poder de policía; sin perjuicio que, en virtud de tomar conocimiento de la aludida situación, aquél oficiara a la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto que se instrumenten las pertinentes actuaciones administrativas por falta de habilitación de la actividad en cuestión.

(Del voto de los Dres. Robledo y Lucangioli)
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, promoción de acciones judiciales, jurisdicción, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: LEAÑEZ, MARIA FLORENCIA c/ LEAÑEZ, MARIO RICARDO s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-13

La Promocion de la Accion , excita la actividad Jurisdiccional .

En nuestra legislación procesal penal, la jurisdicción es una actividad secundaria, provocada, concreta y limitada, aunque estas características no tengan el mismo vigor en la instrucción y en el juicio.

Decimos que la jurisdicción es actividad secundaria, porque presupone otra anterior y primaria: la requirente, o sea el ejercicio de la acción, ya corresponda ese ejercicio al Ministerio Público (por regla general la acción-pretensión es pública) o al particular ofendido por el delito (acción pretensión privada: excepción).

Mediante el inicio de la acción se provoca o excita la actividad jurisdiccional: el tribunal abandona su posición de espera pasiva y asume el conocimiento del hecho en que se basa una concreta y determinada pretensión represiva; es decir queda autorizado para conocer de la hipótesis concreta, fáctica y jurídica, que le plantea la autoridad o la persona que promueve la acción.

La obra del tribunal consiste precisamente en verificar si esa hipótesis tiene fundamento fáctico y jurídico, mediante la búsqueda, recepción, selección y valoración de los elementos de prueba pertinentes y útiles -lo que le permitirá reconstruir el pasado y determinar el hecho cometido- y mediante la evaluación jurídica de éste (calificación legal o subsunción), que por esa operación intelectual es puesto en relación con el derecho sustantivo. Como la acción es ejercida generalmente por un órgano del Estado (el Ministerio Público), salvo los casos de las acciones privadas, y la regla ne procedat iudex ex officio exige que no se atribuyan a un mismo órgano dos funciones diferentes -la de deducir la pretensión jurídico-penal y la de juzgar después acerca de su fundamento- en definitiva impone un desdoblamiento formal del Estado, puesto que, sustancialmente, éste es actor y juzgador.

En base a dicha regla la jurisdicción no se puede ejercer por iniciativa del Tribunal, sino que éste debe ser excitado: el poder de impulsión inicial corresponde al Ministerio Público o a la autoridad policial; éste lo ejerce cuando remite al Juez de Instrucción el sumario de prevención, o simplemente, cuando le informa sobre la existencia de un hecho delictuoso.
Remuneración del juez, adicional por dedicación exclusiva, incompatibilidades del juez, jubilación de magistrados, revisión del fallo plenario
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: VALOTTA, MARCELO RICARDO c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Se resolvió no aceptar la invitación efectuada con el objeto de revisar la doctrina legal establecida en el Plenario "CARRILLO AVILA, RAFAEL C/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) S/ ORDINARIO" del 12 de abril de 1989.- En virtud de ello, se mantiene la doctrina fijada en el Plenario antes mencionado, debiendo volver las actuaciones a la Sala de origen para dictar sentencia. Ver Plenario "Valotta, Marcelo Ricardo c/Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional" del 31/3/93.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, objeto principal de la empresa, elaboración de medicamentos, comedor
Materia: LABORAL
Carátula: Murillo, Héctor Octavio c/ Compibal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

La decisión que responsabilizó en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo a una entidad que tiene como objeto la elaboración de productos medicinales por las deudas laborales de empresarios con quienes contrató la pretación del servicio de comedor para el personal no está dentro del campo de las opciones interpretativas legítimas en tanto en los supuestos de contratos con terceros la solidaridad se produce cuando se trata de una actividad normal y específica, entendiéndose por tal aquélla inherente al proceso productivo (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Licitación pública, facultades discrecionales, llamado a licitación, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Centra  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El derecho de revocación, modificación o suspensión del llamado a licitación por parte del convocante no puede ser puesto en tela de juicio, siempre y cuando ejerza tales prerrogativas antes del acto de adjudicación, habida cuenta que no se está en dicha base frente a una oferta de contrato. Mientras no se ingrese en la etapa de adjudicación, la discrecionalidad del ente solicitante es plena, salvo que actúe en la emergencia con total arbitrariedad o lesionando la igualdad con que debe manejarse frente a los oferentes. Ellos es así por cuanto éstos, al presentarse al acto licitatorio, sólo adquieren el derecho a que la administración haga la adjudicación respetando y cumpliendo el pliego de condiciones y normas legales aplicables, mas no a resultar adjudicatario.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Defeis, Berta Noemí s/ Infracción a la ley 12.331 e infracción art. 202, C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Es infundada la denuncia de violación de los arts. 156 y 159 -n.a.- de la Constitución provincial por omisión del tratamiento de cuestiones esenciales como son la materialidad ilícita, la autoría y los elementos subjetivos del tipo, su prueba y su fundamentación legal, si las mismas fueron detalladas y exhaustivamente consideradas y resueltas y se fundaron en ley las respectivas resoluciones.
Cuestiones de competencia, salidas transitorias, ejecución de sentencia penal, tribunal oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mamoris, Nazareno Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18

Corresponde al Tribunal Oral en lo Criminal que dictó la sentencia que aún no se encuentra firme por haber recurrido sólo la defensa, resolver acerca de la solicitud relativa a las salidas transitorias del encausado, toda vez que -en caso contrario- no existiría órgano jurisdiccional alguno que pueda expedirse en los supuestos del art. 37 del decreto 303/96 (texto según decreto nacional n° 1464/2007). (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Remuneración, recibo, recibo incompleto, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: CATALDO, HIPOLITO c/ PONTORIERO, ADOLFO Y PONTORIERO DE OLMOS, LUCIA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-13

En materia de recibos de sueldos que no reúnen los requisitos exigidos por la ley, ha sido una constante de este tribunal, cuando le toco pronunciarse sobre el particular, el restarle eficacia probatoria para acreditar el pago como medio extintivo de la obligación, sin perjuicio de acordarle validez para acreditar la entrega de la suma de dinero que se indica en el instrumento, cuando el mismo fue reconocido por el trabajador. Para ello se tuvo en cuenta el carácter de instrumento privado del recibo y los efectos derivados del reconocimiento de la firma por parte de aquel a quien le es opuesto dicho instrumento.
Accidente de tránsito, prueba de informes, sindicatos, taxistas
Materia: PROCESAL
Carátula: MOREIRAS, OSVALDO c/ BUSTOS, HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-28

El informe de la unión de propietarios de taxis puede ser considerado como pauta a título informativo, más no reúne las características para se tenido como prueba informativa a tenor de los arts. 396 y concordantes del Cód. Procesal.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hidalgo, Mario c/ Jachimowicz, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Si los demandados reconocieron la existencia del hecho ilícito, aunque negando la responsabilidad que se les atribuye, tal reconocimiento los hace "prima facie" responsables y la forma de liberarse de las consecuencias es mediante la prueba de que los daños invocados por los reclamantes obedecen a su propia culpa o a la de un tercero.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Carlini, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Caído uno de los elementos invocados para integrar las pruebas compuestas que acreditarían la autoría responsable, debe anularse de oficio la sentencia recurrida cuando contiene deficiencias que imposibilitan el debido conocimiento del recurso, situación que concurre cuando no existe modo de resolver si las pruebas que quedan indemnes alcanzarían o no para mantener probados los hechos respectivos, al no mencionar el a quo en las descripciones de esas supuestas pruebas -ni expresa ni implícitamente- sus naturalezas jurídicas.
Devolución de objetos secuestrados, adulteración de la numeración de bienes registrables, automotor secuestrado, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: Rossi, E. s/ Devolución de Efectos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

No corresponde entregar al peticionante el chasis del vehículo sobre el que se realizaron las maniobras dolosas para erradicar la numeración, porque forma parte del cuerpo del delito, aunque sí es procedente la entrega del motor.
Hurto de automotor, tentativa, robo con armas, arma simulada
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, VICTOR. s/ ROBO. Armas. INTIMIDACION. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Por cuanto el instrumento que se exhibió no fue un arma, sino un envoltorio o bulto, no puede configurarse la agravante del art. 166 inc. 2do. C.P., ya que sin blandirla o manipularla no podía el procesado poner en peligro la vida de sus víctimas, no ejerciéndose en consecuencia poder intimidatorio alguno.

Tampoco se ha configurado el delito de robo, sino tan solo el de hurto de automotor en grado de tentativa, pues no existió intimidación-violencia física-en perjuicio de las víctimas, pues frustrado el intento de sustraer el rodado y perseguido por el dueño y otro, no extrajo el revólver, sino el paquete que lo contenía, con amenazas de que los mataría.
Recurso extraordinario, sanciones disciplinarias
Materia: PROCESAL
Carátula: LUIS SANTANDER s/ SOLICITA MEDIDAS-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-03-21

Es procedente la vía extraordinaria para la revisión de una sanción disciplinaria, cuando se trata de una sanción impuesta por el juez de primera instancia y ella es revisada por el tribunal de segunda instancia, con lo que se agota la vía recursiva ordinaria.

En tal supuesto, y cumplidas las exigencias de la ley 2275, la única vía posible es la prevista en tal norma.
Costas, recurso de casación, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SARVIO ALFREDO ROMANO c/ BODEGAS Y VIÑEDOS SANTIAGO GRAFFIGNA LTDA. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-19

La imposición de costas del juicio es una cuestión de hecho que resulta excluida de la casación, por lo que no debe admitirse tampoco este agravio. Todo cuanto se relacione con este tema es un aspecto íntimamente vinculado con consideraciones de hechos o valoraciones de pruebas, en los que el tribunal de mérito es soberano.
Prescripción, suspensión de la prescripción, constitución en mora, interpelación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DE LUCA, Román Sergio J. c/ DEL NEGRO, Alfonso s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

La suspensión del plazo de prescripción prevista en el art. 3986 del Código Civil, no resulta del hecho de que el deudor se encuentre en mora en forma automática, lo que carecería de virtualidad para provocar el efecto suspensivo esperado, sino de la interpelación en forma auténtica, pues se trata de acreditar un acto que rompe la inacción del acreedor.-
Asociaciones sindicales, prácticas antisindicales, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación de  Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La querella por práctica desleal ha sido regulada por la ley 23.551 con el fin de conjurar las conductas contrarias a la "ética de las relaciones profesionales del trabajo" y para la aplicación de este régimen se requiere el examen de las actividades impugnadas, que sólo en la medida en que sean intencionales y encuadren en los supuestos fácticos descriptos por aquel ordenamiento resultarán sancionables, lo que exige un examen pormenorizado de la conducta cuestionada, máxime si se pretende atribuir el carácter de práctica desleal a un acto administrativo cuya legitimidad se presume.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Barry, María Elena c/ ANSES. s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es admisible el recurso ordinario de apelación (art. 19 de la ley 24.463), si la resolución impugnada impide continuar el proceso de revisión del acto administrativo recurrido para ante la cámara e impone el retroceso del estado de la causa a la instancia administrativa anterior, de modo que debe equipararse a sentencia definitiva susceptible del remedio intentado.
Revocación de sentencia, delitos contra la humanidad, interpretación restrictiva, acuerdo de solución amistosa
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Corresponde revocar la sentencia que, al efectuar una interpretación de los alcances del acuerdo de la solución amistosa restringida al marco normativo del derecho interno, aislada de la ponderación de los diversos planteos realizados en la causa y de los crímenes que se pretenden investigar, ha negado al recurrente -sin sustento normativo suficiente- el derecho a la necesaria participación que deben tener los familiares en la punición de estos delitos de lesa humanidad (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).