Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-04-12


SENT Nº 172 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Abril de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Colombres Garmendia de Cruz Elena vs. Palomares Viviana s/ Despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 194/197 por la parte actora, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de fecha 24/8/2010 dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 08/11/2010 (fs. 203) y del informe actuarial de fs. 211 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido (fs. 186/189) dispuso rechazar la demanda incoada en autos.

2.- Denuncia el recurrente la infracción a la preceptiva de los arts. 9, 23, 26, 50, 57 y 63 de la LCT y de los arts. 32, 33, 40, 308 y concordantes del CPCC de aplicación supletoria al fuero, así como de los arts. 15, 56, 58 y 88 del CPT.

Explica que la actora trabajaba en un negocio de venta de ropa en el Paseo Shopping, local 173 de la demandada y que al comunicar su embarazo fue despedida en forma verbal. Afirma que frente esta situación remitió un telegrama a la empleadora comunicando fehacientemente el embarazo, poniendo a disposición los certificados médicos correspondientes. Señala que esta misiva jamás fue respondida por la demandada. Expresa que en las condiciones mencionadas, se dio por despedida y que ante la falta de pago de la indemnización reclamada, se vio obligada a iniciar la presente acción judicial.

Destaca que una vez notificada de la acción entablada en su contra, la accionada no contestó la demanda, lo que motivó el dictado del proveído de fs. 40 que así lo hace constar.

Menciona que con posterioridad, la demandada se apersonó a juicio, formuló una serie de manifestaciones y, acompañó copia simple de un contrato de locación (del local comercial en el que funcionaba el negocio en el que trabajaba la actora) del que surge que el locatario era Federico Tuero, hijo de la accionada. Señala que la accionada ofreció asimismo, la siguiente prueba de informes: a.- de la DGR, que informa que la señora Viviana Palomares no figura inscripta para el pago de ingresos brutos; b.- de la AFIP, que informa que Federico Tuero se encuentra inscripto como monotributista y que declara como domicilio laboral el de Paseo Shopping, Avda. Aconquija 1799, P.B. y que su domicilio real es en calle Venezuela 248 de Yerba Buena: c.- de Rentas Yerba Buena, que informa que Federico Tuero se inscribió en ese organismo y denunció como domicilio fiscal el de Avda. Aconquija 1799, local 173, nombre de fantasía Viviana Palomares; d.- de Telecom, que informa que Federico Tuero tiene un teléfono a su nombre, con domicilio en Avda. Aconquija 1799 de Yerba Buena.

Destaca que la Cámara dictó una medida para mejor proveer para que Paseo Shopping S.A. presentara el contrato de locación del local 173 y que, al cumplir con la requisitoria formulada, remitió copia certificada del mismo, del que surge que la demandada Viviana Palomares era quien alquilaba el local comercial en el que trabajaba la actora.

Sostiene que por sentencia de fecha 24/8/2010, el tribunal de grado rechazó la demanda interpuesta por su parte y se agravia de que pese a los antecedentes y constancias de la causa, se haya entendido que correspondía a su parte acreditar la prestación de los servicios a favor de la demandada.

Expresa que el art. 58 del CPT dispone una inversión de la carga de la prueba cuando el accionado no hubiera contestado demanda; preceptiva que no fue aplicada por la Cámara.

Se agravia de que la sentencia mencione que la accionada contestó demanda y que la negativa de la relación laboral por parte de ésta, le imponía a demostrar la prestación de servicios respecto de la accionada (conf. art. 23 de la LCT). Afirma que el tribunal "da como válido un acto procesal que nunca ocurrió.pues existe un decreto firme que establece que la parte demandada no contestó demanda". Cuestiona que el sentenciante otorgue a una presentación realizada con posterioridad al plazo de vencimiento de la contestación de demanda, los mismos efectos que a ésta. Considera que este apartamiento de las constancias de la causa determina la inaplicación de la solución normativa prevista para el caso, lo que descalifica al pronunciamiento impugnado y justifica, en su criterio, la nulidad del mismo.

Afirma que el tribunal niega eficacia probatoria a la testimonial rendida en autos, señalando que ésta ofrecía "una sombra de duda sobre quien debe apreciar sus exposiciones" y se agravia de que siendo así, no haya aplicado el principio de interpretación "pro operario". Considera que el apartamiento de la regla hermenéutica contenida en el art. 9 de la LCT, supone una infracción normativa que justifica la procedencia del recurso interpuesto.

Alega que el tribunal ha prescindido de la prueba agregada con motivo de la medida para mejor proveer (el contrato de locación remitido por Paseo Shopping S.A.) y que al prescindir de una prueba relevante para la correcta solución de la controversia vicia al pronunciamiento impugnado.

De conformidad a los agravios precedentemente reseñados, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso interpuesto.

3.- El recurso ha sido interpuesto en término, el afianzamiento no resulta exigible por ser la actora la que recurre, la impugnación se dirige contra una sentencia definitiva, se funda en la infracción a normas de derecho y en la arbitrariedad de la sentencia (arts. 130 a 133 del CPT), por lo que el recurso resulta admisible.

4.- El agravio conforme al cual la Cámara afirma que la demandada contestó demanda (lo que no aconteció), tiene por negada la relación laboral e impone a su parte la carga de acreditar la prestación de servicios, sin aplicar la presunción en contrario del art. 58 del CPT, no puede ser admitido.

Si bien es cierto que el tribunal de grado no mencionó en su relato de los antecedentes de la causa que la accionada no contestó demanda, omitiendo pronunciarse por la aplicación de la presunción contenida en el art. 58 de la LCT, el planteo no es apto para rebatir lo resuelto en autos.

La preceptiva del art. 58 del CPT establece que ".en caso de falta de contestación, se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios".

Esta Corte ha señalado en precedentes reiterados que las presunciones legales contenidas en el art. 58 de la LCT, originadas en la conducta omisiva y silente del demandado, en modo alguno eximen a la accionante de la carga probatoria relativa al hecho principal (CSJT, sentencia Nº 793 del 22/8/2008, "Salcedo René César vs. Azucarera La Trinidad S.A. s/ Acción de reagravación y otros"). Se ha dicho que las presunciones legales contra el empleador derivadas de la incontestación de la demanda, no operan ministerio legis sino que cobran operatividad recién a partir de la efectiva acreditación de la prestación de servicios (CSJT, sentencia Nº 1020 del 30/10/2006, "Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido"; entre otras); y de allí que compete al juicio prudencial del órgano judicial determinar si con arreglo al material probatorio producido en la causa, aquéllas resultan de aplicación (CSJT, sentencia Nº 58 del 20/2/2008, "López Miguel Alejandro vs. Pintos Ramón Lino s/ Despido y otros").

Luego de un pormenorizado análisis, la Cámara consideró que la actora no logró acreditar el vínculo laboral respecto de la demandada Palomares y que ello justificaba rechazar la demanda interpuesta contra la demandada. Expresó que "de las pruebas analizadas surge claramente que el señor Federico Tuero es el titular del comercio denominado Viviana Palomares." y que "al no haber probado que la actora haya puesto la fuerza de su trabajo al servicio de la demandada y bajo su dependencia, queda plenamente demostrado la inexistencia del vínculo laboral entre las partes". Señaló que "la demanda debió haber sido dirigida contra el verdadero propietario., y nunca contra quien no existía (pues Viviana Palomares, conforme surge de las constancias de autos, era un simple nombre de fantasía).

El tribunal asignó particular relevancia a la documentación acompañada por la accionada (facturas del negocio, habilitación de la Municipalidad de Yerba Buena de fecha 23/3/2003, declaración jurada de PACIS, recibos de pago del municipio, reempadronamiento anual 2005 y factura de teléfono de Telecom de fs. 23/32), así como a la prueba informativa de fs. 82 (informe de Paseo Shopping S.A. de que la locación del local se factura a nombre de Federico Tuero), a fs. 115/116 (informe de la Dirección de Rentas de la Provincia del que surge que la señora Viviana Palomares no figura inscripta para el pago de ingresos brutos), a fs. 118/120 (informe de la AFIP del que surge que el señor Federico Tuero explota un local comercial identificado con el N° 173 en el Paseo Shopping S.A. dedicad a la venta de prendas y accesorios de vestir), a fs. 121/123 (informe de la Municipalidad de Yerba Buena conforme al cual el señor Federico Tuero es el titular de un negocio cuyo nombre de fantasía es Viviana Palomares ubicado en el local 173 del Paseo Shopping de Avda. Aconquija 1799 de Yerba Buena) y a fs. 161/167 (facturas de pago de alquiler y consumo de energía eléctrica emitidas por Paseo Shopping S.A. a nombre de Federico Tuero y contrato de locación).

El juicio valorativo de la Cámara en orden a que no se encuentra acreditada la prestación de servicios en relación de dependencia respecto de Viviana Palomares, luce respaldado en los elementos probatorios aportados al proceso y, por ende, cuenta con fundamentos suficientes. El recurrente no desarrolló argumentos con aptitud bastante para desvirtuar la ponderación de la prueba de la causa sino que se limita a expresar su discrepancia con lo decidido por el tribunal de grado, sin justificar la tacha de arbitrariedad que formula contra el decisorio impugnado.

Tampoco se advierte omisión en la valoración de prueba relevante en tanto el contrato de locación -remitido por Paseo Shopping S.A. en la medida para mejor proveer dispuesta por el tribunal- si bien da cuenta de que la demandada Viviana Palomares y su hijo Federico Tuero eran locatarios del local 173, no alcanza a desvirtuar la conclusión sentencial desde que no es una prueba reveladora de la prestación de servicios de la actora respecto de la demandada de autos.

En cuanto al agravio referido a la valoración de la prueba testimonial producida a instancias de la actora (la declaración de María Antonia Amado de fs. 86), el mismo no puede prosperar. La Cámara consideró que el testimonio ofrecido por ésta no aportaba elementos de relevancia y dio razones para respaldar el criterio adoptado, los que podrán no ser compartidos pero ello en modo alguno justifica la tacha de arbitrariedad formulada. Puntualmente, el tribunal expresó que la declaración era escueta, que no ofrecía datos concretos sobre los hechos debatidos y que ante las dudas que generaba en el sentenciante, prescindía de la mencionada prueba.

Es pertinente recordar que el valor de las pruebas no se encuentra predeterminado y que corresponde al sentenciante apreciarlas, evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Se ha expresado que las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; y cuya infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo (CSJT, sentencia Nº 796 del 18/10/2010, "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos"), lo que no acontece en la especie.

Por último, el argumento referido a la aplicación del principio in dubio pro operario del art. 9 de la LCT resulta igualmente insuficiente para demostrar el vicio atribuido al decisorio impugnado. La Cámara, luego de analizar las pruebas arrimadas al proceso, arribó a la conclusión de que permanecía indemostrada la prestación de servicios en relación de dependencia respecto de la actora; conclusión que luce respaldada en la aptitud conviccional de los elementos probatorios que ofrecían certeza al tribunal respecto de lo decidido en autos. Esa valoración integral de la prueba producida permitió esclarecer la cuestión planteada y adoptar una decisión en relación al conflicto de autos, advirtiéndose que el giro lingüístico utilizado para restar eficacia probatoria a la testimonial, no autoriza a sostener la configuración de la premisa sobre la que se sustenta la aplicación del principio del art. 9 de la LCT citado.

Se ha dicho que "la duda que el recurrente pide que se aplique en su beneficio, sólo puede tener lugar frente a la existencia de prueba ambigua, contradictoria o indiciaria sobre diversos aspectos de la relación laboral, las cuales, por mandato expreso de la ley, deben beneficiar en la duda a la posición de la parte más débil de la relación laboral. Pero tal regla de valoración de la prueba y de la parte a la cual debe beneficiar la presunción legal, no son aplicables a los supuestos en donde el tribunal a quo ha manifestado su convicción categórica, fundada en la valoración adecuada del material probatorio frente a los únicos hechos de la causa" (CSJT, sentencia Nº 58 del 24/02/2010, "Córdoba Elena del Rosario vs. Lee Soo San y otro s/ Cobro de pesos").

5.- De conformidad a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas, conforme los principios generales sobre la materia (arts. 49 del CPT y 105 del CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación del referido material -ponderación ésta del a quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error en iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 24/8/2010 dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.