Proceso penal, abandono del defensor, admisibilidad del recurso, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vaquel, Julio Enrique s/ Presentación efectuada por Vaquel, Julio Enrique solicitando revisión de cómputo de la condena
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-04

Se presenta el condenado, por derecho propio, y dice que se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, cumpliendo la condena que le fue impuesta por la Cámara Penal Nº 1, y que solicita al Tribunal que revise la que considera errónea unificación de condenas practicada por dicho Tribunal, con una condena anterior totalmente agotada.

Atento a que los reclamos de quienes, como el causante, se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley; y que, por ello, es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda, la Defensora Oficial designada a ese efecto fundamenta técnicamente la pretensión deducida por el condenado V.

Verificado el abandono de la defensa del penado V., insinuado en los reiterados reclamos efectuados por éste sin patrocinio letrado, cabe que sea subsanado por este Tribunal al recibir las presentes.

Considera el Tribunal que la supuestamente errónea unificación dispuesta en la sentencia impugnada vulnera la garantía constitucional del "nom bis in idem" en tanto, de ser constatada, como resultado de la misma, al menos una fracción de la pena impuesta en la primera condena y cumplida por el causante debería ser sufrida otra vez como consecuencia de la unificación dispuesta en la segunda condena. Por ello, el Tribunal comparte plenamente los fundamentos en los que se sustenta el fallo de la Corte, "Recurso de hecho deducido por la defensa de Hugo Enrique Romano en la causa Romano, Hugo Enrique s/ causa n° 5315" a cuya doctrina cabe, además, ceñirse, tratándose la materia en cuestión de índole constitucional.

Y otra razón concurre en el caso para tener por admisible el recurso, y es que se encuentran comprometidos derechos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional), como lo son los referidos a la libertad personal, a las garantías procesales y a la protección judicial, reconocidos y garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7, 8 y 25 en concordancia con el artículo 1, que obliga respetar los derechos reconocidos en ella), cuya atención no puede ser vedada por óbices procesales en tanto, si así lo fuera, es susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado.

En este sentido, cabe tener en cuenta que así ha opinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, con fecha 27 de marzo de 2009, declaró admisible el caso presentado a favor de Ramón Nicolás Guarino c. Argentina, en el que, como en estos autos, la peticionaria alega que fueron unificadas las penas sin considerar que la primera condena se encontraba cumplida y, por ende, no procedía la unificación; tras considerar la Comisión que había sido rechazado por cuestiones formales un recurso extraordinario "in pauperis" contra dicha decisión y también, al amparo del Artículo 280 del Código Procesal Civil, la queja deducida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -del Informe Anual de la Comisión. De conformidad con tales premisas, aunque el tema no fue motivo de resolución anterior de este Tribunal en su conformación actual, la revisión solicitada debe tenerse como formalmente admisible, en el marco del inc. 5 del art. 476 del Código Procesal Penal, por fundarse la sentencia impugnada en una interpretación más gravosa que la sostenida por la Corte de Justicia, al momento de la interposición del recurso.