Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-30


///MA, 30 de abril de 2014.- -----Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Adriana C. Zaratiegui, Liliana L. Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Sergio Mario Barotto y Enrique José Mansilla, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "TRIBAUDINO, María c/BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ORDINARIO s/CASACION\" (Expte. N* 26606/13-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la actora a fs. 605/614, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - ------1ra.-¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - ------2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la actora a fs. 605/614, contra la Sentencia N* 364 de fecha 23 de noviembre de 2012, dictada a fs. 595/597 de autos, que resolvió, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando la sentencia de Primera Instancia la que a su vez- había declarado la caducidad de la instancia por haberse operado el tiempo previsto en la ley formal sin que la actora hubiese realizado actividad útil.-///.- ///2.-En sustento de la pretensión recursiva articulada, la recurrente comienza afirmando que la sentencia de Cámara viola el instituto de la caducidad (arts. 313 inc.3, 36 inc.1, 34 inc.3 y 150 del CPCyC.). De tal modo señala que de los distintos actos ocurridos en autos (que detalla de modo preciso) surge que la caducidad de instancia fue mal decretada porque estos autos estaban pendientes de una resolución y la demora en dictarla era imputable al Juez, ya que, contestada la vista debía resolver el planteo relativo a la ley 26.313 (art. 150 del CPCYC), y no, en un mismo acto, decretar la perención y rechazar el mencionado pedido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Seguidamente advierte que no puede interpretarse el art. 316 sin el último párrafo del art. 315 y el 36 inc.1 del CPCyC., en cuanto tiende a la preservación del proceso y requiere una previa intimación para declarar la perención. Entiende que en la declaración de oficio de la caducidad igual se debe intimar previamente, porque si no existiría una flagrante desigualdad cuando quien pide la caducidad es la parte y cuando quien la pide y declara es el Juez; desigualdad que atenta con el instituto de la conservación del proceso y más irritante aún en cuanto sólo en algunos casos, hecho público y notorio, se declara de oficio la caducidad y no en todos los casos.- - - - - -----En otro orden, la recurrente, se agravia de la interpretación que efectúa la Cámara de la Ley 26.313. En este sentido considera que los sentenciantes de grado, cuando señalan que no se previó la suspensión de los juicios en los que los adjudicatarios perseguían el recálculo de sus créditos, toman la norma mencionada (en particular el art. 5) en forma parcial. Ello así, porque dicha norma también prevé que la suspensión de los juicios ocurrirá en cualquier otro procedimiento que ///.-///3.-tenga por objeto el desapoderamiento de los inmuebles que garanticen los créditos a los que se refiere la misma; y, no se ha tenido en cuenta, que aquí en autos se juega también el desapoderamiento del inmueble en cuanto de rechazarse la demanda el mutuo en su cláusula octava dispone que de entrar en mora en los servicios de reembolso se podrá iniciar automáticamente los trámites de remate. Concluye en este punto en que este procedimiento seguido en autos tienen como última ratio el desapoderamiento del inmueble.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por último señala que la no consideración del mutuo acompañado por su parte para la aplicación de la Ley 26.313, implica que la sentencia precedente incurrió en arbitrariedad por omisión de prueba documental, violación del principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 34 inc. 4 del CPCyC.) y de los arts. 17 y 18 de la Const. Nacional.- - - - - - - - - - - - - - -----Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, se observa que la temática a resolver se halla circunscripta a determinar si en la etapa procesal que se encontraba la causa era exigible al actor una actitud impulsora del procedimiento, o por el contrario la misma se encontraba pendiente de una resolución. Ante todo, es preciso aclarar que en el caso sub examine no se trata de determinar el carácter impulsorio del proceso de los planteos efectuados por la actora -cuestión de hecho vedada a esta instancia-; sino que lo que se trata de determinar es si era necesario efectuar un nuevo planteo o si aquellos debieron ser resueltos oportunamente en Primera Instancia.- - - - - - - - -----A tal fin resulta necesario efectuar un revisión de las constancias de la causa, -a posteriori de la contestación de la demanda y de la apertura del juicio a prueba por el término///.- ///4.-de cuarenta y cinco días-, donde se observa que: 1)la actora en fecha 03/04/2000 -a fs. 485/487- pidió la aplicación de la ley 26.313 y por ende suspensión de los presentes autos; 2)a fs. 490 -23/04/2008- obra providencia que dispone: "De lo manifestado, traslado a la demandada. Not."; 3)a fs. 495 -09/05/2008- contesta la demandada quien alega que no resulta factible determinar si la operación involucrada en las presentes actuaciones se encuentra alcanzada por la Ley 26.313, ello en razón de que a la fecha de la contestación dicha ley no estaba reglamentada; 4)a fs. 496 providencia que dispone: "Téngase presente y previo a proveer lo que en derecho corresponda, estése a la agregación de la cédula cuya copia luce a fs. 492"; 5)a fs. 504 presentación de la actora donde informa que ha notificado debidamente al Banco Hipotecario S.A. y al Ministerio de Economía de la Nación; 6)a fs. 510 nueva contestación de la demandada que reitera los términos de la presentación de fs. 495; 7)a fs. 511 en fecha 09/06/2008 se tiene por contestado en legal tiempo y forma por la demandada, el traslado conferido a fs. 505; 8)a fs. 516 contesta el Ministerio de Economía diciendo que dio las indicaciones a los efectos de la reglamentación de la ley; 9)a fs. 519 se ordena correr traslado de dicha contestación a la demandada; 10)a fs. 523 -12/04/2010- la actora integra la cédula de notificación debidamente diligenciada y reitera su pedido de aplicación de la ley 26.313 y legislación complementaria; 11)a fs. 524 providencia de fecha 23/04/2010 que establece: "Agréguese y estése al informe de fs. 516"; 12)en fecha 16/05/2011 a fs. 570- la Juez de Primera Instancia declara la caducidad de la instancia; 13)a fs. 574 la actora plantea recurso de reposición con apelación en forma subsidiaria; 14)a fs. 579 y vta. la ///.-///5.-Jueza de Primera Instancia rechaza el recurso de reposición y concede el de apelación; 15)a fs. 595/597 la Cámara rechaza el recurso de apelación.- - - - - - - - - - - - - - - - -----En tal orden de situación, considero que el auto que decretara la caducidad, así como la sentencia de Primera Instancia que rechazara la revocatoria contra dicho pronunciamiento y la sentencia de Cámara que confirmara los anteriores pronunciamientos, se han apegado a un excesivo rigor formal que no se compadece con la finalidad que el instituto cumple en el ordenamiento procesal. En efecto, de la descripción efectuada precedentemente se puede advertir sin hesitación, que la actora a partir de fs. 485/487 solicitó la aplicación de la ley 26.313 y por ende la suspensión de los presentes autos, y que dicho planteo no solo fue sustanciado con la contraparte (Banco Hipotecario S.A.) quien contesto, sino que también se requirió información al órgano que tenía a cargo la reglamentación de la mencionada norma (ministerio de Economía de la Nación); por lo que a priori- ello imponía una decisión concreta, respecto a dicha cuestión, de quien estaba llamado a resolver en esa oportunidad, siendo, cuanto menos, de dudoso alcance la providencia de fs. 524 emitida por la Secretaria del Juzgado para cubrir tal objetivo. Es más, en la propia sentencia de Cámara de algún modo se reconoce lo expuesto precedentemente, dado que para concluir que el proceso no se encontraba pendiente de ninguna resolución del Tribunal, efectuó un análisis de la ley 26.313, en particular la suspensión de los juicios en los supuestos como el de autos, cuando ello era precisamente lo que la actora pretendía que se decidiera, en la instancia anterior, a partir de a fs. 485/487.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En consecuencia, sin desconocer el principio dispositivo,// ///6.-la caducidad de instancia debe ser interpretada con criterio restrictivo, por lo que si alguna duda cupiera, debe estarse al principio de la perdurabilidad de la instancia, por constituir la perención un modo anormal de conclusión del proceso. Como se ha sostenido invariablemente en doctrina, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte, la duda que surge respecto de confirmar la caducidad o no, aparece como razonable; y, so riesgo de ser reiterativa, quiero remarcar que la caducidad de instancia es de interpretación restrictiva debiendo optarse, en caso de disyuntiva o duda por la decisión de mantener viva la instancia (ver Fenochietto - Arazi, CPCCN, com. y conc.", Ed. Astrea, Bs. As. 1993, comentario del art. 310 de dicho código T. 2, págs. 25, 26,). Como instituto disvalioso que es debe gozar de interpretación restrictiva y debe presidir toda tarea hermenéutica el principio de conservación procesal, indicador de que en caso de duda, debe estarse por la declaración de vigencia o validez de determinados actos procedimentales (ver "Instituto de la caducidad de instancia" de la mano de Lino E. Palacio y A. A., Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo 7mo.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En suma, en autos, no está determinado con certeza como se afirmara en las instancias anteriores- que el proceso no se encontraba pendiente de una resolución, sino por el contrario existen serias dudas respecto a si la providencia de fs. 524 resolvía las cuestiones planteadas por la actora, por lo que en este contexto resulta improcedente declarar la caducidad de la instancia toda vez que en base al carácter restrictivo de///.- ///7.-la perención de instancia, corresponde preservar abierta la misma. Esta posición no debe ser entendida como una actitud proclive a convalidar la dilación indefinida de los procesos ni la falta de acción de la parte a quien incumbe la carga de instar el trámite tendiente a obtener el reconocimiento de sus derechos, sino que apunta a resolver una cuestión puntual con características absolutamente particulares en función del planteo efectuado en autos y de la norma específica sobre la materia que nos ocupa. MI VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - - -A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO al fundamentado voto de la doctora Zaratiegui, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Adelanto mi discrepancia con la solución propuesta por las distinguidas colegas que me preceden en el orden de votación. Ello así, por cuanto considero que en el supuesto de autos la caducidad se encuentra técnicamente bien declarada por parte de las sentencias precedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Precisamente, de las constancias de la causa (que han sido bien resumidas en el voto precedente y al cual remito), surge que la providencia de fs. 524 se expidió concretamente sobre la petición formulada por la actora -aquí recurrente-, al señalarle que se debía estar al informe del Ministerio de Economía de la Nación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Cierto es que en el mencionado informe se indicaba que la norma que reglamentaría la ley N* 26.313 y determinaría la metodología de recalculo para la reestructuración de los créditos hipotecarios se encontraba en trámite, más en mi///.- ///8.-criterio, era la parte interesada la que, a todo evento, tenía la carga de instar el procedimiento y procurar que a partir del dictado de la reglamentación (Decreto Nacional N* 2107/08), se decida la cuestión que entendía como irresuelta.- - -----A mayor abundamiento, también hay que tener en cuenta el momento de reiterar la actora su pedido de aplicación de la ley 26.313 y legislación complementaria (12/04/2010), la norma re- glamentaria a que hacía referencia el informe del Ministerio de Economía hacía ya más de quince (15) meses que se encontraba vigente (20.12.08); por lo que si insisto- se entendía que la providencia de fs. 524 no resolvía el planteo que hiciera en los presentes autos, debió recurrir la misma o insistir con una nueva petición, no dejando como lo hizo- la causa paralizada durante un plazo superior al doble del que la normativa (art. 316 del CPCyC.) requiere para decretar la caducidad de oficio.- -----Asimismo, y en lo que respecta al criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de la instancia y que ha sido considerado de modo dirimente en el voto precedente-, considero, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tal regla es útil y necesaria cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce, pero no lo es cuando aquella resulta en forma manifiesta (conf. CS. Se. del 17/07/2007, AR/JUR/5403/2007).- - - - - - - -----La recurrente intenta aquí transformar en omisión del Tribunal lo que constituye una clara inactividad procesal de su parte, pues es quien promueve un proceso, quien asume la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión en virtud del principio dispositivo, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial. Obviamente queda relevado de dicha carga procesal cuando sólo al tribunal le concierne dictar una///.- ///9.-decisión, y en el caso que nos ocupa es a mi juicio evidente que no existía ningún pronunciamiento pendiente de exclusivo resorte del juzgador.- - - - - - - - - - - - - - - - ------En suma, si bien el criterio restrictivo es una pauta a seguir en el instituto en examen, también se debe tener en cuenta que el deber de instar el adelanto del proceso está gravado con la sanción de caducidad de la instancia, porque el legislador, por razones de interés colectivo y en resguardo del orden de la justicia, trata de impedir que se acumulen las actuaciones abandonadas por las partes. El impulso procesal es el fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo, obteniéndose mediante una serie de actuaciones jurídicas que unas veces afectan a las partes y otras al Tribunal (Couture, \"Fundamentos del Derecho Procesal Civil\", 1973, p. 172, n. 108) y sólo como situación irregular se comprende un proceso detenido, paralizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En otro orden, respecto al planteo de la recurrente de que en los supuestos de la declaración de oficio de la caducidad igual se debe intimar previamente, porque de lo contrario existiría una flagrante desigualdad según quien la pida esto es si lo hace la parte o si quien la declara es el Juez de oficio-, hay que advertir que esta cuestión ya ha sido resuelta por la anterior integración de este Superior Tribunal en el precedente "Tibet", por lo que asumiendo el criterio expuesto en dicha oportunidad, me permitiré reiterar los conceptos allí vertidos.- -----Así se ha señalado que para el supuesto de comprobarse el doble de los plazos señalados en el artículo 310, la ley no requiere ningún otro trámite, y la caducidad será (obsérvese el imperativo de la norma) declarada de oficio. Es que como ///.- ///10.-señalan Roberto Loutayf Ranea y Julio Ovejero López, el artículo 316 del Código, al decir que "la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el art. 310", está marcando que no existe sustanciación previa, sino sólo la comprobación de la inactividad durante los plazos legales de caducidad (LOUTAYF RANEA, Roberto OVEJERO LOPEZ, Julio, Caducidad de la instancia, Ed. Astrea, p. 622).- - - - - - - - ------En igual sentido, se ha dicho que: "La caducidad de instancia puede ser declarada de oficio, sin otro recaudo que la previa comprobación del transcurso de los plazos previstos por el art. 310 del Cód. Procesal" (CNCiv., Sala A, 30/06/92, LL, 1992-E-433); "De acuerdo con el art. 316 del Cód. Procesal la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del transcurso de los plazos señalados en el art. 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento" (CNCiv., Sala C, 30/5/91, LL, 1992-D632, nº 8098). MI VOTO por el RECHAZO.- - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Apcarian, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p- - - - ------Llamado a dirimir con mi voto la disidencia entre los distinguidos colegas preopinantes, adelanto que habré de adherir a la postura de las doctoras Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Ello, por cuanto entiendo que la decisión adoptada por la Sra. Jueza de Primera Instancia a fs. 570 ratificada a fs.///.- ///11.-579 y vta.- y confirmada por la Cámara de Apelaciones a fs. 595/597, importó una definición inadecuada para un proceso que presentaba aristas especiales.- - - - - - - - - - - - - - - -----En efecto, trátase de una causa en la que se pretendió la revisión y recálculo del mutuo hipotecario que vinculara a la accionante con el otrora Banco Hipotecario Nacional, devenido en sociedad anónima con posterioridad (ver fs. 288/296).- - - - - - -----Planteadas dos medidas cautelares en el escrito inicial, la Sra. Jueza de grado originario hizo lugar a las mismas disponiendo que la cuota mensual a abonar no debía superar el 20% de los ingresos familiares netos y ordenando al Banco demandado que se abstuviera de iniciar ejecución hipotecaria hasta que recayera sentencia definitiva en estos autos. Ello, en la medida que la demandante cumpliera con el pago de la suma fijada con anterioridad (ver fs. 297).- - - - - - - - - - - - - -----No obstante lo resuelto y de no haber recurrido las medidas dispuestas encontrándose anoticiado de las mismas conforme cédula de fs. 300 y vta.-, obra constancia a fs. 443 que el Banco Hipotecario intimó por carta documento a la accionante unos pocos días después de aquel anoticiamiento- a abonar los servicios en mora con más sus intereses, bajo apercibimiento, en caso contrario, de dar inicio a la acción judicial o extrajudicial ley 24.441- "...hasta el remate de la vivienda afectada a la garantía del préstamo...".- - - - - - - - - - - - -----Menciono esta circunstancia porque adquiere especial relevancia a la hora de inclinarme hacia la postura que adhiero, ya que la advertencia concreta del Banco acreedor de iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales "hasta el remate de la vivienda" torna de plena aplicación las disposiciones de la ley 26.313 en cuanto dispone la suspensión de "...los procesos///.- ///12.-de ejecución hipotecaria y en especial de ejecución de sentencias judiciales, subastas judiciales y extrajudiciales, los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de los inmuebles que garanticen los créditos a los que se refiere la presente ley..." (art. 5º, remarcados me pertenecen) y asimismo cuando prescribe que "las disposiciones que anteceden son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada en vigencia..." (art. 8º, remarcado mío).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En ese contexto obra a fs. 485/487 una presentación de la accionante en la que invoca la aplicación de esa normativa a su pretensión, solicitando la "suspensión del presente proceso hasta tanto se expida la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía y Producción de la Nación) sobre la presente operatoria" (fs. 487, remarcado mío). Contesta el banco demandado diciendo que resultaba prematuro determinar si la operación de autos se encontraba alcanzada por la normativa, por cuanto restaba la reglamentación de la ley (fs. 495).- - - - - - -----A fs. 499/504 la accionante agrega constancia de haber pretendido instar una respuesta del banco demandado sobre el alcance de la norma, respondiendo a ello el accionado que se remite a su respuesta anterior (fs. 510).- - - - - - - - - - - - -----El Juzgado tiene por contestado el traslado y presente lo manifestado (fs. 511).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----A fs. 516 obra una misiva remitida por la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación a la accionante, en la que se le hace saber que ese organismo ya ha tomado intervención en la reglamentación de la ley y que el proyecto ha salido de su///.- ///13.-órbita para que hagan lo propio "las dependencias pertinentes". Agregada a autos por la demandante se corrió traslado al banco sin que obre respuesta alguna sobre el tema.- -----Transcurre un año y casi cuatro meses desde la providencia de fs. 519 hasta la presentación de fs. 520 sin que el Juzgado se pronuncie sobre la "inactividad" durante ese plazo ni decrete de oficio la caducidad, como hizo con posterioridad.- - - - - - -----Vuelve a la carga la accionante a fs. 523 y solicita, una vez más, la aplicación de las disposiciones de la ley 26.313, que a esa fecha ya se encontraba reglamentada (decreto 2107/2008, vigente desde el 20/12/2008) y sus disposiciones eran de orden público, conforme prescribiera el art. 8º de su plexo legal. No obstante ello el Juzgado remite por error- al informe de fs. 516, que ya se encontraba superado por la reglamentación efectiva de la ley y la vigencia del decreto.- - - - - - - - - - -----En un caso como el presente, donde se pretendía la revisión y recálculo del mutuo hipotecario que vinculara a la accionante con el otrora Banco Hipotecario Nacional a la fecha del planteo el vínculo era con el banco demandado-, en el que se dictó una ley finalmente reglamentada- por la cual se pretendía "...garantizar los derechos tutelados por los artículos 14 bis y 75 incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional y establecer el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los mutuos hipotecarios comprendidos en el artículo 23 de la Ley 25.798, conforme a las pautas de la Ley 26.17..." (art. 1º); en la que se estableció la cancelación de los créditos alcanzados por esa ley en determinados supuestos, uno de los cuales pudo haber sido el de autos por el fallecimiento del cotitular Sr. Pascual Arias- (art. 3º, inc. b); en el que debió suspenderse el trámite de estos autos "...hasta tanto se proceda al recálculo ///.- ///14.-previsto en el artículo 2º, se determine la procedencia de su cancelación en los términos del artículo 3º de la presente o se cumpliere el plazo previsto en el artículo 7º, lo que ocurriere primero..." (art. 5º); en un caso donde ante la duda "...sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de la vivienda y a la protección integral de la familia en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional...." (art. 6º); en un tema donde la norma estableció para la autoridad de aplicación un plazo alongado para el recálculo de los mutuos hipotecarios previstos en el artículo 2º o en su caso la determinación de los mutuos a cancelar conforme a lo dispuesto en el artículo 3º, con la posibilidad de ser prorrogado por una única vez y por igual período mediante decisión fundada (art. 7º); frente a una normativa que prescribe que las disposiciones "son de orden público y producirán efectos a partir de su entrada en vigencia." (art. 8º), y finalmente en una causa donde la accionante reclamó en varias oportunidades la suspensión del procedimiento y la aplicación de esa normativa, estoy convencido que la respuesta otorgada por la Sra. Jueza de Primera Instancia a fs. 570 ratificada a fs. 579 y vta.- y confirmada por la Cámara de Apelaciones a fs. 595/597, importó una definición jurisdiccional inapropiada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Puedo coincidir con el voto disidente en cuanto considera que la caducidad se encuentra técnicamente bien declarada, pero sólo si atendemos al plazo en el cual el expediente no refleja una actividad procesal que pueda entenderse como impulsoria.- - -----Ello, por cuanto el art. 316 del CPCC establece que la caducidad será declarada de oficio "...sin otro trámite que///.- ///15.-la comprobación del vencimiento del doble de los plazos señalados en el artículo 310...", pero el art. 313 del mismo plexo señala que la caducidad no se producirá cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal (inc. 3º).- - - - - - - -----Es aquí donde discrepo con la solución que propugnan los jueces disidentes, ya que atribuyo la responsabilidad en la definición de este particular proceso a quien resultaba su directora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Lo afirmado por cuanto la ley 26.313 plenamente aplicable al caso de autos- se autoproclama de orden público y dispone expresamente la suspensión de procesos como el presente, la evaluación por parte de la autoridad de aplicación de entenderse eventualmente cancelado el crédito (art. 3º) y, si así no fuere, de efectuar el recálculo de lo adeudado en demanda y en definitiva la pretensión de autos-, tareas todas que debieron ser dispuestas por la Juzgadora de grado, inclusive de oficio. Pero mucho más aún frente a la petición expresa que realizó en varias oportunidades la accionante, y no obstante que alguna de ellas pudiere haberse entendido prematura (ver postura del banco demandado a fs. 495).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----También puedo acordar que quien promueve un proceso es el señalado para la carga de urgir su desenvolvimiento, pero asimismo entiendo que no podemos desentendernos de las particularidades de autos; de una temática en la que la accionante debía dividir sus energías entre sus presentaciones "administrativas" ante la autoridad de aplicación (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para que evalúe si el crédito debía considerarse cancelado (art. 3º) o para que efectúe el revalúo de lo adeudado, y el "impulso" procesal de los ///.-///16.-actuados judiciales, aspecto en el que en las oportunidades en que lo hizo- no obtenía la respuesta adecuada del tribunal, conforme la normativa vigente y ya analizada.- - - -----A todo evento, quizás la cuestión de fondo ya no debía ser dirimida por la justicia y pudo ser ésta la respuesta jurisdiccional; que la definición en este ámbito resultaba abstracta porque una nueva ley resolvía abordar y solucionar- la problemática que preocupaba a un colectivo de ciudadanos, entre los que se contaba la demandante.- - - - - - - - - - - - - -----En tren de coincidencias también acuerdo con el voto disidente en que la omisión de instar el proceso conlleva la sanción de caducidad de la instancia, porque el legislador trata de impedir que se acumulen las actuaciones abandonadas por las partes, en virtud de razones de interés colectivo y en resguardo del orden de la justicia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Pero entonces deben concurrir dos circunstancias: la omisión del impulso por un lado y como causal objetiva- y la presunción del abandono por el otro y como requisito subjetivo- para que pueda entenderse perimida la acción.- - - - - - - - - -----Ese es el análisis que a mi entender- propone el inciso tercero del art. 313, en el que el recaudo objetivo está cumplido. Resta evaluar si la parte ha perdido interés y abandonado el pleito y si el impulso o la definición estaban en cabeza del juzgador.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Es ahí donde discrepo con los disidentes y entiendo que -aún en caso de duda (que no la tengo)- resultaría imperativo inclinarme a favor de la vida del proceso, el mantenimiento del derecho y en la postura "...más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de la vivienda y a la protección integral de la familia en los términos del artículo 14 bis ///.-///17.-de la Constitución Nacional." (art. 6º ley 26.313, de orden público).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La actora pudo no haber impulsado el proceso por el plazo signado a fs. 570, pero la normativa en ciernes cuando se encontraba en factura la reglamentación- y la completa luego de reglamentada-, establecían una serie de recaudos y acciones de orden público- que no fueron atendidas debidamente por la juzgadora de grado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La solución de la problemática traída a juicio lograba abordaje administrativo luego del dictado de la ley 26.313 y su reglamentación, y la accionante debía recurrir a los estrados de la autoridad de aplicación para reclamar por ella.- - - - - - - -----Pero de modo alguno podemos presumir su desinterés en la "solución" ni "abandono" del proceso, cuando en varias oportunidades aunque pueda calificarse alguna de ellas como prematura o incompleta- reclamó de la juzgadora un pronunciamiento sobre los postulados de la nueva ley, inclusive la suspensión de proceso hasta que ello ocurriera (ver fs. 485/487), lo que hubiera correspondido -a mi criterio- ya que ningún sentido tenía avanzar en éste cuando la solución estaba siendo encarrilada legal y reglamentariamente para otro ámbito.

Termina de convencerme el criterio al que finalmente adhiero la postura asumida por el propio banco demandado. Nótese que pese al tiempo de "inactividad" transcurrido ni siquiera tenía necesidad de esperar el doble plazo del art. 316 para plantear la perención-, no hizo uso de la prerrogativa que le confiere el artículo precedente. Luego, tampoco ha pretendido ser parte de la apelación subsidiaria que le fuera concedida a la parte accionante (fs. 579 vta.) ni contestó el traslado que le fuera conferido del planteo casatorio (fs. 615), lo que muestra un/// ///18.-marcado desinterés en la suerte de esta incidencia y del proceso, el que evidentemente ha logrado su definición en otros espacios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Para finalizar es dable remarcar lo dicho por la Dra. Zaratiegui en su voto ponente, cuando señala que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales; que no se trata de ritos caprichosos sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte.- - - - - - - - - - - - - - - -----Es por lo expuesto que adhiero, a las consideraciones propuestas por la Dra. Adriana Zaratiegui. MI VOTO.- - - - - - - A la segunda cuestión la señora Juez doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 605/614 por la parte actora, y revocar -en consecuencia- la providencia de fs. 570, que dispusiera la caducidad de oficio, y las sentencias dictadas por la Juez de Primera Instancia a fs. 579 y vta., y la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIa. Circunscripción Judicial obrante a fs. 595/597, que rechazaran respectivamente- los recursos de reposición y apelación. II) Disponer que una vez notificada y firme la presente sentencia, se devuelvan las presentes actuaciones a la instancia de origen para que continúen según su estado. III) Costas por su orden atento que no hubo oposición del Banco demandado (art. 68, 2* párr. del CPCyC.). IV) Regular los honorarios profesionales del doctor Roberto ARIAS, por su actuación ante este Superior Tribunal y la Cámara de Apelaciones, en el 35% y 35% respectivamente, a calcular sobre los honorarios que oportunamente se le ///.-///19.-regulen por su labor en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a la solución propuesta en el voto que antecede.- - A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1*)Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 605/614 por la parte actora; 2*) Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.). ASI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Apcarian.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO en un todo a la solución propuesta por las doctoras Zaratiegui y Piccinini.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

POR MAYORIA Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 605/614 de las presentes actuaciones.- - - - Segundo: Revocar la providencia de fs. 570, que dispusiera la caducidad de oficio, y las sentencias dictadas por la Juez///.- ///20.-de Primera Instancia a fs. 579 y vta., y la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIa. Circunscripción Judicial obrante a fs. 595/597, que rechazaran respectivamente- los recursos de reposición y apelación.- - - - Tercero: Disponer que una vez notificada y firme la presente sentencia, se devuelvan las presentes actuaciones a la instancia de origen para que continúen según su estado.- - - - - - - - - - Cuarto: Imponer las costas por su orden atento que no hubo oposición del Banco demandado (art. 68, 2* párr. del CPCyC.).- - Quinto: Regular los honorarios profesionales del doctor Roberto ARIAS, por su actuación ante este Superior Tribunal y la Cámara de Apelaciones, en el 35% y 35% respectivamente, a calcular sobre los honorarios que oportunamente se le regulen por su labor en Primera Instancia (art. 15 L.A.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sexto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - EN DISIDENCIA - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - EN DISIDENCIA - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- TOMO: I SENTENCIA N* 24 FOLIO N* 260/279 SECRETARIA: I