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Buscadores de Internet, sociedad constituida en el extranjero, exhorto diplomático, derechos personalísimos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cadaveira Enrique Adrián c/ Google Inc s/ Habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-29

Corresponde revocar la resolución por la cual el juez dispuso que debía tramitar por vía de exhorto diplomático a los Estados Unidos la solicitud de intimación formulada por el actor para que la demandada -buscador y proveedor de alojamiento de espacios web- brinde los datos necesarios para individualizar a los titulares de los blogs identificados en la demanda -a quienes dicha empresa les habría otorgado la plataforma y en los cuales se estarían haciendo referencias que, según el actor, violarían sus derechos personalísimos- con fundamento en que la demandada tiene domicilio en Argentina al solo efecto de participar en sociedades locales y los servidores en donde está alojada la información requerida se encuentran en Estados Unidos, pues tanto la notificación de las medidas cautelares como los traslados de la demanda en cientos de juicios en trámite por ante este Fuero -al igual que la citación a mediación obligatoria en esta causa - fueron dirigidos al domicilio de la empresa en la Argentina, por lo cual no cabe adoptar una solución diferente en esta oportunidad a fin de que brinde la información solicitada por el juez, considerando asimismo que la ratio de la regulación legal sobre emplazamiento de las sociedades extranjeras es la de evitar elusiones o dilaciones formales o procesales basadas en la dificultad práctica y mayores costos.
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vello Vazquez c/ Vello Vidal s/ división de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

Cuando no existe instrumento constitutivo de una sociedad de hecho, tal circunstancia no es obstativa a su acreditación por otros medios, entre los que se cuentan el propio reconocimiento de los socios y la prueba de testigos, sin perjuicio de requerirse en la apreciación de la eficacia de este medio un criterio riguroso. Así se ha sostenido que la prueba del hecho de la comunidad de bienes e intereses a los fines de la restitución de los aportes efectuados, por ser prueba de "hechos" habilita la prueba de testigos sin limitación alguna.
Competencia, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOMBARDO FRANCISCO c/ OLGA CARDINALETTI s/ Medida Precautoria (LIBRO: A112 - 440)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-08-24

En el caso de cuestiones derivadas o vinculadas al contrato de locación, la competencia de los tribunales de paz no tiene límite cuantitativo, excluyendo, en consecuencia a los tribunales civiles. Aquí es una especialidad, dentro de la materia civil, la que determina la competencia. Se trata de contrato escrito o verbal, de bienes inmuebles o de cosas, excluída la locación de servicios fuera del límite cuantitativo de PESOS .... la competencia de los jueces de paz es exclusiva, en los casos de ejercicio de acciones de dicho contrato derivados. Así desde luego en las causas por cumplimiento del contrato, entrega del bien locado y mantenimiento en el uso y goce del mismo por un lado y pago del canón convenido por el otro, rescisión del contrato por las diversas causas que el C. Civil, autoriza, daños y perjuicios ocasionados a uno y otro de los contratantes por incumplimiento de las obligaciones de su contratante por incumplimiento de las obligaciones de su contraparte, desalojo, consignación de alquileres, cobro de mejoras, etc.-
Tributos, pago de tributos, compraventa inmobiliaria, dominio libre de gravámenes, interpretación de la ley, propietario de inmueble, libre deuda, alumbrado, barrido y limpieza, responsabilidad tributaria, responsabilidad solidaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: g.c:b:a. c/ Scortichini, Hugo ALberto y otros s/ Ejecución fiscal Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

A diferencia del artículo 14 inciso a) de la Ordenanza Fiscal vigente para el año 1998 que establece que para que el adquirente de un bien inmueble se liberase de responsabilidad por las deudas de su antecesor en el dominio se exigía solamente "la previa obtención de una constancia de estado de deuda", el artículo 16 de la Ley Nro. 745 (texto ordenado Decreto Nro. 240/02) no sólo requiere ello sino además "la cancelación de las obligaciones que de ella resulten como impagas". De ello pareciera derivarse que esta última norma establece una responsabilidad solidaria entre el enajenante y el adquirente de un bien inmueble respecto de las deudas devengadas durante el dominio del primero que la Ordenanza Fiscal vigente para el año 1998 no sentaba y la que tampoco autorizarían a construir -con relación al adquirente- los artículos 3 y 5 de la Ley Nro. 22.427. Es decir, que el único supuesto de solidaridad fiscal que establece, entre el adquirente y enajenante, es cuando éste manifiesta en forma expresa que asume las deudas, dejándose constancia de ello en el instrumento del acto, más no cuando la escritura consigna que el inmueble no adeuda suma alguna por impuestos municipales.

En consecuencia, estableciendo la normativa fiscal vigente al momento de transferirse el dominio que el adquirente de dominio no responde por las deudas de su antecesor si se obtiene previamente una constancia de deuda y no resulta de los artículos 3 y 5 de la Ley Nro. 22.427 un supuesto de responsabilidad solidaria, la que es excepcional y sólo puede resultar de la ley o de la voluntad de las partes (arts. 699 y 700 del Código Civil), tratándose de deudas anteriores a que los ejecutados ostentaran la calidad de titulares registrales, permite concluir que los ejecutados no se encuentran obligados al pago de la deuda reclamada, por ser ésta de fecha anterior a la adquisición del inmueble.
Cuestiones de competencia, concurso preventivo, juez del concurso, fuero de atracción, apertura del concurso, efectos de la apertura, juicios contra el concursado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Tuchin, Samuel c/ Empresa Gral. Urquiza S.R.L. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Con motivo de la apertura del concurso preventivo, se produce la radicación ante el tribunal donde tramita, de todos los juicios de contenido patrimonial promovidos contra el concursado y que el legislador indicó expresamente.
Entidades financieras, declaración de quiebra, cesación de pagos, competencia por la materia, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONDECOR  S.A.  COMPAÑIA FINANCIERA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

La eventual declaración de quiebra de una entidad financiera deberá basarse en la circunstancia de encontrarse ella en estado de cesación de pagos (art. 1ro. ley 19.551), cuestión que excede la competencia del fuero contencioso administrativo por pertenecer al comercial en atención a la materia de que se trata.
Presunciones, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

Sabido es que las presunciones "legis" liberan, dispensan o eximen a la parte favorecida por ellas de la carga de acreditar el hecho presumido, tornando superflua o innecesaria la prueba del mismo, cuyo aporte sería redundante e inúti.

Ahora bien, como la eficacia de las presunciones legales de índole "iuris tantum" consiste en tener el hecho al que se refieren por cierto provisionalmente, hasta prueba en contrario, ellas conducen a que la parte perjudicada se vea ante el imperativo en el propio interés de demostrar que ese hecho presumido no es exacto.

Así pues, sin llegar a darse en estos supuestos una "inversión" de la carga de la prueba en estricto sentido científico-jurídico, en la praxis la presunción funciona como tal: fijado en el proceso el hecho base de la presunción, al beneficiario de ella le es innecesario probar más y a partir de allí surge una carga probatoria nueva para su adversario, la de acreditar la inexistencia del hecho presumido.
Oponibilidad a terceros, inscripción de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Capria Francisca c/ Rodríguez Alicia Y Otros s/ Tercería De Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Dado que el acto traslativo de dominio inmobiliario no inscripto es válido, no se viola ley alguna con la falta de registración del derecho real referido, sino que se pierde la oportunidad de oponerlo -hacerlo eficaz- frente a terceros, pero ello no implica que no se pueda acreditar en juicio que el derecho real efectivamente existe y que fue adquirido con anterioridad al derecho personal que pretende resguardar el tercero con la medida cautelar.
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, tope indemnizatorio, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: "Sisto,  jorge  A.  y  O. c/ American  Express  Arg.y O. s/ Despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-18

Como el art. 245 de la L.C.T. modela la indemnización sobre la mejor remuneración normal y habitual, los topes mínimo y máximo establecidos no pueden alejarse demasiado de la misma. Si por aplicación de los topes, el resultado obtenido disminuye en un 30% (o similar porcentaje la indemnización que se lograría sin ellos), la tacha de inconstitucionalidad de la norma se impone, por atentar contra el derecho de propiedad privada del trabajador.
Recurso de apelación (procesal), límites del pronunciamiento, auto de sobreseimiento, situación del imputado, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: PEPELNAC, Enzo Ramiro; CASASOLA GONZÁLEZ, José Isaías y otros c/ Félix David Orellana, Jorge Luis Chaile, Sergio Rubén Bejarano, José Isaías Casasola Fernández, José Luis Peloc, Zenobio Arce, Damasio Sandro Campero y Juan de Dios Torres s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-25

Cuando la duda no alcanza para formular un juicio de reproche penal y sí lo es para sobreseer por aplicación del art.4 del CPP. a condición que se haya agotado la investigación, procede el dictado del auto de sobresiemiento.

Repetidas veces hemos dicho que si bien el auto desincriminador cabe dictarse cuando se encuentre presente alguna de las situaciones contempladas en el art. 326 del C.P.P., requiriendo un grado de certeza negativa, su dictado corresponde no solo por las causales contempladas en la ley sino que se extiende a los casos en que ninguna prueba exista de culpabilidad; y a los fines procesales la prueba negativa de un hecho equivale a la falta de prueba positiva de la existencia del mismo, ello por cuanto el interés social en la represión del delito debe ceder razonablemente frente al interés individual fundado en la seguridad jurídica.

"A los fines procesales, la prueba negativa de un hecho equivale a la falta de prueba positiva de la existencia del mismo" (Clariá Olmedo, Temas de Derecho Procesal Penal, Depalma 1987, pág. 163).

El inciso 2 del C.P.P., no solo contempla el caso de que se acredite durante la instrucción la inexistencia de delito o la ausencia de autoría de la conducta ilícita, sino también por falta de prueba de tales extremos. Esto es lo que en palabras del Dr. Clariá Olmedo está afirmando el Juez A quo en su decisorio.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FLORES, OSCAR D.; VERGARA, RODOLFO V. s/ HOMICIDIO CULPOSO (FLORES); HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN  CONCU0SO IDEAL S/ CASACION (VERGARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-21

Estimo errónea la tesitura sustentada in re "Vallejos", sentencia del 24 de septiembre de 1993 dictada por este STJ, en cuanto rechaza por extemporáneo un planteo consustancialmente ligado a la garantía constitucional de la defensa en juicio (en el caso citado, impugnación de nulidad de la indagatoria vertida en la instrucción, por no habérsele hecho conocer al imputado las pruebas en su contra, citando los arts 347 y 162 del CPP) y como tal denotaría la presunta existencia de una nulidad absoluta, irregularidad procesal que de ser comprobada debe ser sancionada de oficio y aún cuando no medie agravio de los recurrentes al respecto.
Locación de inmuebles, rescisión del contrato, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: EDINT S.R.L. c/ GALLO, Petrona s/ CONSIGNACION DE LLAVES - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

La relación locativa no concluye con la sola notificación por el locatario de que hizo uso de la facultad rescisoria prevista contractualmente, sino con el cumplimiento de las obligaciones que derivan de esa rescisión para cada uno de los contratantes, y una de ellas es, precisamente, devolver la cosa de acuerdo con lo previsto en el contrato y en el art. 1615 del Código Civil.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Belén, Carlos c/ Caja de Prev. Soc. Mart. y Corred. Prov. Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Si la cuenta de aportes del afiliado evidencia un discreto ejercicio profesional apoyado en su "continuidad" y "permanencia" -notas que constituyen el fundamento del sistema previsional instituido por la ley 7014- resulta improcedente el descuento de años con aportes aduciéndose, sin otro fundamento, "escasa actividad reflejada".
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Caballero, José María; Camal, José Alberto s/ Homicidio calificado. Robo calificado por el uso de armas. Privación  ilegal de la libertad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Los preceptos que enmarcan la apreciación de las probanzas están enclavados en los ordenamientos rituales (arts. 384, 456 y 474 del Código adjetivo civil; ó 226 y 286, en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal; ó 44 inc. "d" de la ley 11.653, en el sector laboral), pero cuando hacen referencia a la "sana crítica" o la "convicción sincera", o a la valoración "conciencia", su contenido no es jurídico, pues apunta a las normas de la lógica y de la experiencia. En definitiva las reglas de la sana crítica serán aludidas en los códigos, pero no son "jurídicas". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retención indebida, hurto simple, transporte de pasajeros, cosas perdidas, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: DEUD, J. s/ DEFRAUDACION - COLECTIVO - APROPIACION BILLETERA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-10

Incurre en defraudación por apropiación de cosa perdida, quien fue sorprendido en actitud sobremanera sospechosa en momentos en que descendía de un colectivo, llevando entre sus ropas una billetera ajena, no pareciendo difícil concluir en el plano de la más íntima convicción que el correlato de la ilegítima tenencia debió responder en su mecánica ejecutiva a la descripción típica del hurto, ante la pequeña cuota de incertidumbre que introduce la propia damnificada cuando no descarta la posibilidad de un extravío de la supuesta "res furtiva" en el interior del mismo vehículo en que viajaba el acusado, que debe ser merituada "favor rei".
Cuestiones de competencia, competencia provincial, prisión domiciliaria, delitos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Garcia, María Fabiola c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Corresponde a la justicia provincial continuar entendiendo en la causa donde se investigan los dichos de la denunciante -detenida con prisión domiciliaria- referidos a la exigencia dineraria presuntamente ilegal efectuada por quien sería un letrado particular para que ella y sus familiares pudieran conseguir la libertad, pues el mero hecho de que un delito tenga lugar dentro del perímetro reservado exclusivamente al Estado Nacional no atribuye, por sí, competencia al fuero de excepción si aquél no afecta la prestación del servicio del establecimiento nacional; circunstancias que la mínima investigación realizada en el fuero de excepción no ha revelado, como tampoco alguna incidencia en la tramitación de la causa que lleva adelante el juzgado o algún tipo de influencia en el desempeño de su titular. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recusación, recurso de apelación (procesal), doble instancia, constitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "AGUILERA, José M. s/ recusación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-01

La disposición del art. 61 del C.P.P.N. en cuanto veda la posibilidad de recurrir las decisiones sobre recusación de los jueces no causa a la defensa un gravamen fundado en que con ella se conculca la garantía de la doble instancia, si no resulta, en esta instancia, un obstáculo insalvable a los fines de que pueda hacer valer eventualmente el derecho que estima violado.

Es que esta Alzada (conforme lo estipulado por el artículo en cuestión) es el primer tribunal llamado a decidir sobre la procedencia de la recusación de su inferior. Es claro, por ende, que la parte de la norma que se alega en pugna con tratados internacionales con jerarquía constitucional no puede ni debe ser aplicada en la presente, por lo que, consecuentemente, expedirse sobre el planteo introducido implicaría resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquella disposición en abstracto, proceder contrario a las reglas que reiteradamente ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre asuntos de esta naturaleza (Fallos 310:211 y en el mismo sentido, 321:1058, voto del Dr. Carlos Fayt; 321:993, voto del Dr. Antonio Boggiano; 319: 925, voto del Dr. Carlos Fayt; y sus respectivas citas, entre muchos otros).
Daños y perjuicios, daño moral, mala praxis, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUERCHON, DANIEL c/ CLINICA MODELO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Aún cuando la acción de indemnización por los daños y perjuicios generados por mala praxis médica, hubiese sido iniciada por la hermana de la victima "en su nombre y representación" por razones de urgencia, ya que ésta se encontraba en terapia intensiva en estado de semiinconsciencia, padeciendo de incapacidad total a fin de otorgar poder y solicitando su designación como curadora; toda vez que pocas horas despues aquella falleció sin haber otorgado poder ni haberse presentado por derecho propio ratificando lo actuado por quien dijo ser su hermana, cabe concluir, que la acción no fue iniciada por el damnificado directo antes de su fallecimiento, por lo que mal pueden los herederos continuar la pretensión de acuerdo con los principios generales del derecho sucesorio, ya que no existe acción en curso deducida por aquel en vida por reparación del daño moral; por lo que tampoco existe, un crédito litigioso susceptible de transmitirse a los herederos desde la muerte del acreedor.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, riesgo recíproco, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: D., J.M. c/ Ch., J.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-08

"La sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113 del CC, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y, de tal suerte, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar daños causados a los otros salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes".
Empleados públicos, remuneración, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: José María AGUINALDE Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ CUESTION  FEDERAL  -  ACTO  ADMINISTRATIVO  -  EMPLEADOS  PUBLICOS  -  SALARIOS - REMUNERACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Cuando se trata de interpretar actos administrativos surgidos como consecuencia de gestiones realizadas para obtener beneficios en las retribuciones, no debe atenderse tanto a los antecedentes que llevaron a gestionarlos cuanto a la realidad de la mejora acordada en términos inequívocos, ya que la injerencia de la autoridad con atribuciones para fijar sueldos pudo -en ejercicio de facultades discrecionales- establecer las remuneraciones y sus adicionales conforme con las pautas que estimase más apropiada.
Apremios ilegales, acusación fiscal, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: F., R. R. s/ Tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; S., J. B. y Otro s/ Severidades y vejaciones; T., M. E. y Otro s/ Severidades y vejaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-07-28

Desde distintas posturas teóricas, se puede sostener que la acción de cada uno de los policías se encaminaba mediante aportes -consumativos o ejecutivos-, demostrativos de una decisión común y de modo convergente, a la realización del tipo penal mencionado en el caso (art. 144 bis inc. 2 en función del art. 142 inc. 3 y 90 del CP.), por lo que no resultaba necesario detallarla específicamente en la acusación ni en la materialidad comprobada.
Empleo público, Administración Pública, facultades discrecionales, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

En la relación de empleo público ambos sujetos pertenecen a la organización administrativa, tanto el superior que ejerce el poder disciplinario del Estado, como el dependiente que está sujeto al mismo, de modo que la persecución de los fines estatales es función propia de cada uno de ellos. Por ello ha podido definirse la relación a la que es inherente el poder disciplinario como una relación de carácter continuado, con un fin común, entre un sujeto titular de un poder discrecional, directivo, dirigido a la consecución del fin y otro sometido a dicho poder.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, fondo compensador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ECHEVERRAA  DE  ZICAVO,  EDILMA  YOLANDA c/ Estado  NacionalMinisterio  de  EconomIa  y  Servicios  Públicos s/ Impugnaci3/4n deresoluci3/4n".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-18

La C.S.J.N. tiene dicho, respecto del sistema complementario de jubilaciones y pensiones, que por tratarse de un régimen instituido y modificado unilateralmente por la entidad bancaria mediante sucesivos actos administrativos, su examen excede el ámbito del derecho privado, y que la naturaleza pública existente en estos sistemas obliga a que las transformaciones se produzcan por vía de las autoridades de la entidad empleadora, que aporta al fondo y administra su gestión con el consentimiento tácito de todos los beneficiarios (Fallos 320:818; "Bryce, Héctor Diego y otros c/ Banco de la Nación Argentina", sent. del 06.05.97 y su cita de Fallos 310:2144); y que la decisión de limitar a un monto fijo su contribución mensual al sistema, gozaba de presunción de legitimidad por tratarse de una disposición emanada regularmente de sus autoridades y relacionada con el ejercicio de atribuciones propias, como son las que hacen a la evaluación de su situación económico - financiera y las medidas conducente a su saneamiento (Fallos 316:1833, cons. IV).
Reapertura del procedimiento administrativo, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SILVA, ANGEL L. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-29

El artículo del decreto 1377/74 no resulta inconstitucional puesto que es razonable que se pida a los peticionarios que acompañen elementos de juicio que, en comparación con las constancias del primitivo proceso, permitan merituar que su reclamo no resulta de una nueva discrepancia con la decisión original ni una nueva reiteración tendiente a producir un dispendio administrativo.