Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-02


A C U E R D O	En la ciudad de La Plata, a de agosto de mil novecientos noventa y tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Salas, Negri, Pisano, Rodríguez Villar, Vivanco, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 50.911, "Abbondanza, Adolfo Pedro Andrés contra Pacha Kin S.R.L. Despido".

A N T E C E D E N T E S	El Tribunal del Trabajo de Mercedes rechazó la demanda entablada, con costas por su orden.

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N	¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N	A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Salas dijo:

I. El tribunal de la causa rechazó la demanda promovida por Adolfo Pedro Andrés Abbondanza contra Transportes Pacha Kin S.R.L. en procura del cobro de diferencia de haberes, viáticos e indemnizaciones derivadas del despido.

II. En el recurso deducido, la parte actora expresa en lo esencial los siguientes agravios:

1. De las probanzas evaluadas en el veredicto, surge evidente que el actor Abbondanza no prestó servicios en calidad de auxiliar de la administración judicial dispuesta sobre la empresa demandada, ya que no se cumplieron los recaudos procesales para el caso previstos.

2. Siendo que de acuerdo a las normas de derecho comercial de aplicación al administrador judicial, éste tiene en la empresa intervenida las mismas facultades que el gerente preventivamente desplazado, es razonable suponer que el accionante estaba convencido de haber sido contratado como dependiente de la sociedad demandada y así lo demostró con todos sus actos y no como un funcionario auxiliar de la justicia, por el administrador judicial contador López Mayorga.

Por otro lado, habida cuenta de la presunción legal de un contrato de trabajo cuando es admitida la prestación del servicio, correspondía a la parte demandada la carga de acreditar la particularidad de la relación que invocó, de modo que la decisión del fallo impugnada también transgredió la regla procesal relativa a la obligación que le incumbía al accionado.

Denuncia entonces el recurrente el absurdo en la apreciación de los hechos, el apartamiento del principio de primacía de la realidad y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 58, 59, 60, 113, 115 y 157 de la ley 19.550; 1684 del Código Civil; 225 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 39 y 44 inc. "e" del dec. ley 7718/71.

III. El recurso, en mi opinión, debe prosperar.

1. Adolfo Abbondanza comenzó a prestar servicios en la empresa demandada desde el mes de abril o mayo de 1984 (cuestión discutida y no resuelta en autos) en tareas de supervisión general operativa, siendo personalmente incorporado por el contador Jorge Enrique López Mayorga, quien en la causa judicial "Badano c/Stadelman s/remoción de gerente" había sido designado el 3 IV 84 por la jueza titular interviniente (luego de cumplir funciones de veedor e interventor) en calidad de administrador judicial de la empresa "Transportes Pacha Kin S.R.L.", (ver copia autenticada del auto de fs. 78).

El tribunal a quo desestimó todo derecho del demandante a la percepción de los rubros reclamados, al establecer que no se reunieron en la especie los requisitos exigidos para la determinación de una relación laboral subordinada, sin perjuicio del vínculo que entre actor y administrador judicial se entabló en la aludida causa civil (sentencia, fs. 459).

2. Según surge acreditado de las constancias de autos, con fecha 4 V 84 el contador López Mayorga comunicó a la jueza de la causa "Badano c/Stadelman" que para cumplir en forma adecuada con su función de administrador judicial en la empresa "Transportes Pacha Kin S.R.L.", debido a necesidades del giro normal de la empresa, "se vio en la obligación de nombrar a los señores DANIEL STLOKU y ADOLFO ABBONDANZA" (ver copia autenticada del escrito de fs. 59 y vta.).

La persona del accionante recién vuelve a ser mencionada en dicho expediente judicial siempre con arreglo a las pruebas incorporadas al presente proceso en una presentación del administrador judicial contador López Mayorga con cargo del 12 III 85, donde expresaba que a raíz de desinteligencias surgidas con la Srta. Susana Mena y el Sr. Pedro Adolfo Abbondanza, solicitaba autorización para prescindir de los mismos (ver fs. 324), en cuya virtud con fecha 19 IV 85 la magistrada civil resuelve dejar sin efecto "la designación de la Srta. Susana Mena efectuada a fs. 358 de los autos principales, y la propuesta del señor Pedro Adolfo Abbondanza denunciada mediante escrito de fs. 105" (ver fs. 326).

Resulta evidente entonces que la incorporación del demandante a la actividad de la empresa accionada no puede válidamente encuadrarse en la figura del "auxiliar" del administrador judicial prevista por el art. 225 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no medió "autorización judicial" ni nombramiento por el administrador judicial que tampoco aparece aprobado siendo prueba elocuente de ello que pese a haber prestado servicios durante diez meses por designación del contador López Mayorga en su calidad de administrador judicial, lo que se dejó sin efecto en la resolución judicial transcripta es la "propuesta" de nombramiento de Abbondanza.

Cabe concluir entonces que durante el período de la prestación de servicios, el actor permaneció totalmente ajeno al trámite judicial que por entonces afectaba a la sociedad demandada.

Debe destacarse asimismo que en orden a las circunstancias fácticas que no fueron materia de debate, la actividad prestada por el actor respondía a los requerimientos del giro específico y habitual de la empresa "Transportes Pacha Kin S.R.L." y con prescindencia de la naturaleza que pretenda asignársele a las sumas de dinero que percibía, fue retribuido regularmente por tales servicios. Y por otra parte, que había sido contratado por quien encontrándose a cargo de la administración judicial de la sociedad demandada, estaba facultado para ello en virtud de la medida judicial dispuesta y las normas legales de aplicación (arts. 58, 59, 113, 115 y 157, ley 19.550).

En virtud de todo lo expuesto resultan irrelevantes los elementos de juicio que el juzgador de grado ponderó para llegar a una conclusión contraria (veredicto, fs. 457 vta./458), ya que aun en el caso que Abbondanza tuviere conocimiento que los montos que percibía no revestían la calidad de salarios oportunamente pactados como pretende en su demanda y que los dichos del testigo Molina en el sentido que a aquél no se le liquidaban haberes fueran tan ciertos como obvios, tales datos nada aportan para desentrañar la verdadera naturaleza de la relación habida entre las partes y menos aún pueden constituir el sustento para fundamentar que en la especie no existió un vínculo laboral.

Ello es así porque, precisamente por imperio del principio que rige en materia laboral de primacía de la realidad incorrectamente aplicado en el fallo deben prevalecer los hechos verificados en la causa sobre las formalidades o apariencias, más allá de lo que las partes hayan pactado o entendido convenir y aun sin necesidad de examinar el grado de intencionalidad o responsabilidad de cada una de ellas.

3. En consecuencia, debe revocarse el fallo de grado en cuanto tuvo por no acreditada la relación laboral invocada por Adolfo Pedro Andrés Abbondanza en su demanda contra Transportes Pacha Kin S.R.L., cuya existencia corresponde declarar de conformidad a lo antes analizado (arts. 21 y 23, L.C.T.).

Los autos deben remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y se pronuncie sobre la procedencia de los rubros reclamados.

IV. Por todo lo expuesto, el recurso es procedente; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri, Pisano, Rodríguez Villar y Vivanco, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Salas, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A	Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario traído y en consecuencia se revoca la sentencia impugnada conforme lo establecido en el punto III, ap. 3 de la votación precedente; con costas (art. 289, C.P.C.C.). La regulación del honorario profesional que le corresponda efectuar a esta Corte se hará en su oportunidad (arts. 31 y concs., dec. ley 8904/77).

Notifíquese.