Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-03


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Adanto, Sergio Ismael vs. Campo Alegre S.A. s/ Despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 24/3/2004 (fs. 263/267 vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento emitido el 27/10/2004 (fs. 291 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 298 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de $21.787,97, en concepto de indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, vacaciones proporcionales año 1999, SAC s/ preaviso omitido, diferencia por incorrecta liquidación de las vacaciones anuales año 1998 y daño moral; y rechazó el reclamo por SAC proporcional 2do. semestre año 1999, sobre integración mes de despido y sobre vacaciones, mes de despido e integración, diferencias salariales e indemnización por daños y perjuicios.

En relación al reclamo por daños y perjuicios equivalente a la cuantía que el actor dejó de percibir en concepto de prestación por desempleo, la sentencia menciona que los requisitos para la percepción del beneficio están previstos por el art. 113 de la ley 24.013, cuyo inciso f) requiere haber solicitado el otorgamiento de la prestación en los plazos y forma que corresponde; refiere además a lo dispuesto por los arts. 114 in fine y 125 de dicha ley; sintetizando que en la especie el actor no acreditó haber solicitado el beneficio por desempleo ni cumplido con los trámites previstos en las otras normas de la LNE, impidiendo el progreso del concepto reclamado.

3.- El recurrente expresa que corresponde acoger su pretensión por daños y perjuicios, pues siguiendo jurisprudencia nacional, sostiene que aún en el caso de extinción del contrato de trabajo, el empleador se encuentra obligado a certificar la solicitud de prestaciones por desempleo e indicar en la misma el período trabajado por el solicitante y la mejor remuneración normal y habitual percibida por éste en los últimos seis meses, debiendo también entregar al trabajador un documento que acredite la extinción del trabajo y la última liquidación en la que figuren indemnizaciones y gratificaciones.

Desde esta óptica pretoriana, indica que el actor demostró fehacientemente mediante carta documento obrante a fs. 7 haber intimado la entrega de las certificaciones de remuneraciones y cese de servicios, certificado de trabajo y solicitud de prestación de desempleo, sin que la demandada la haya entregado, por lo que corresponde condenarla a abonar los daños y perjuicios reclamados.

Señala que en el caso de autos, el actor sostiene que la falta de entrega del certificado de trabajo lo ha dañado por haberle impedido obtener un nuevo empleo al carecer de los antecedentes últimos de su profesionalidad, causándole además un cuadro de angustia y preocupación ante la realidad social actual. Añade que el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de trabajo al finalizar la relación laboral, además de ser altamente dañoso, es un modo sofisticado de discriminación, ya que excluye del universo normativo a los trabajadores afectados y les impide ingresar en la estructura social del empleo en igualdad de condiciones que quienes lo presentan.

Sostiene que los fallos de la Cámara Nacional del Trabajo mencionados en el recurso, son muestra de que existe una corriente tendiente a reconocer algún tipo de reparación, sobre todo cuando la misma tiende a reparar la imposibilidad del trabajador de obtener el subsidio por desempleo.

Seguidamente cuestiona la aplicación que el fallo efectúa del art. 113 inc. a) LE, pues entiende que del simple cotejo de su contenido resulta la diferente redacción de la norma aplicada. En relación a la cita del 114 in fine LE contenida en la sentencia, menciona que la Cámara no guarda duda alguna sobre la justa causa del despido, a punto tal que condena a la demandada al pago de indemnizaciones laborales, por lo cual no corresponde requerir las actuaciones administrativas. Expresa en torno al art. 125 LE, que la norma determina las distintas causales que pueden generar la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. Finalmente impugna la conclusión a la que arribó la sentencia, por exigir a su mandante algo más que lo que la ley dispone -solicitud del beneficio- pecando por arbitrariedad.

4.- El recurso ha sido deducido en término, se dirige contra sentencia definitiva con invocación suficiente de los motivos referidos en el art. 131 inc. a) CPTT, y no es exigible el afianzamiento por ser el actor quien recurre (arts. 130 a 133 CPTT). Habiéndose cumplido la totalidad de los requisitos de admisibilidad previstos en el código de rito que rige la materia, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- Preliminarmente, ante la redacción del libelo casatorio en donde el recurrente se refiere a que "en el caso de autos el actor sostiene que la falta de entrega del certificado de trabajo lo ha dañado por haberle impedido obtener un nuevo empleo" y efectúa consideraciones en relación a este incumplimiento, corresponde precisar que en el escrito de demanda no consta haberse demandado daños y perjuicios invocando estas circunstancias. Tampoco surge de la demanda que se hubieran reclamado daños y perjuicios como consecuencia de la falta de entrega de la solicitud de prestación de desempleo por parte de la firma demandada.

Como correctamente lo entiende la sentencia impugnada, en el caso que nos ocupa se reclamaron daños y perjuicios equivalentes a la cuantía que el actor dejó de percibir en concepto de prestación por desempleo. El escrito de demanda especifica que el hecho generador de la responsabilidad y el daño causado, radican en que "como consecuencia del despido arbitrario dispuesto por la empleadora, don Sergio Ismael Adanto no pudo acceder a ese beneficio" (ver fs. 29 vta.).

El aspecto señalado no resulta menor, atento a que si el propio actor -ahora recurrente- entendió originariamente que el daño derivó del despido arbitrario dispuesto por la empleadora, mal puede pretender en esta instancia rectificar aquella categórica aseveración y pretender que el perjuicio sufrido por su parte proviene de la falta de entrega de la solicitud de desempleo y del certificado de trabajo por parte de la empleadora.

De allí que el análisis del recurso debe ser efectuado en concreta relación a los presupuestos de la responsabilidad por daños y perjuicios invocados por el actor en el escrito de demanda, sin que corresponda introducir el análisis de extremos no alegados en aquella oportunidad.

Efectuadas estas precisiones preliminares, corresponde adelantar opinión en el sentido de que la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios ha sido correctamente rechazada, pues para considerar el daño cuya reparación se persigue era necesario que el pretensor del rubro hubiera agotado su carga de peticionar en tiempo y forma el otorgamiento de este beneficio (art. 113 inc. f LNE), y ello no se encuentra acreditado en autos.

Tampoco cabe suponer que la actora se viera imposibilitada de solicitar el beneficio como consecuencia del despido con invocación de justa causa dispuesto por la empleadora, pues de la ley surgen previsiones normativas para solucionar, en el plano de las prestaciones por desempleo, circunstancias como las que se dieron en el presente caso.

En efecto; el art. 113 inc. a) de la ley 24.013 establece que para tener derecho a las prestaciones por desempleo, los trabajadores deberán encontrarse en situación legal de desempleo, precisando seguidamente que se encuentran en tal situación los trabajadores comprendidos en alguno de los supuestos del art. 114 LNE. Si bien entre los supuestos legales no está específicamente contemplado el despido directo con causa, la situación de duda generada en torno a la justa causa de despido puede ser remediada por el interesado en obtener el beneficio, recurriendo a la actuación administrativa a la que se refiere el último párrafo del art. 114 LNE.

Surge de la plataforma fáctica considerada por el Tribunal y que no aparece cuestionada, que en fecha 24/5/99 el empleador dispuso el despido directo del actor, invocando como justa causa la ejecución de trabajos para su uso personal y particular en horas y lugar de trabajo, además de haber utilizado elementos y materiales de propiedad de la empresa, imputaciones éstas que fueron rechazadas por el actor mediante carta documento de fecha 28/6/99.

Ello revela que al tiempo en que el trabajador debió solicitar la prestación por desempleo y hasta el momento en que la controversia encontró una solución definitiva con el dictado de la sentencia de Cámara, existió una situación de duda en torno a la justa causa del despido, que pudo ser remediada por el trabajador requiriendo la actuación administrativa del organismo pertinente para que determine sumariamente la verosimilitud de la situación invocada por el requirente, encuadrándolo -si correspondiera- en una situación legal de desempleo (art. 114 in fine).

De lo expuesto se desprende que el solo hecho de que el trabajador hubiera sido despedido arbitrariamente por el empleador invocando justa causa -único hecho generador de responsabilidad esgrimido en el escrito constitutivo del proceso- no determina la responsabilidad del accionado por los daños y perjuicios reclamados, al no haberse demostrado que aquella situación fuera la que ocasionó que el actor no pudiera acceder a las prestaciones por desempleo.

Como consecuencia de lo expuesto, los planteos esgrimidos en casación relativos al rubro daños y perjuicios por la privación del subsidio por desempleo deben ser desestimados.

6.- Las costas del recurso deben ser afrontadas por la parte actora vencida (art. 106 primera parte del CPCC, aplicable supletoriamente en virtud del art. 49 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alfredo Carlos Dato, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 24/3/2004 (fs. 263/267 vta.).

II.- COSTAS conforme se considera.

III. DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA