marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio sumarísimo, excusación, deber de imparcialidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VERA, EDUARDO HORACIO C/ CAR GROUP SA Y OTRO S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-11

Procede rechazar la excusación del magistrado de grado quien nuevamente se excusó de intervenir en la causa en razón de las expresiones esgrimidas por la parte actora al endilgarle supuesta falta de imparcialidad. Ello por cuanto, los motivos de excusación deben existir con anterioridad al proceso, pues no pueden ser consecuencia de actitudes o expresiones de las partes, quienes de esta manera podrían separar fácilmente al juez del juicio (v. esta Sala, "Iraldi José Carlos y otros c/ Godoy Juan Carlos s/ Sumario S/ Incidente de Excusación", del 7/09/18, con cita de: Fenochietto Carlos E; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo 1, pág. 117/118, Astrea, 1999).
Recurso de revisión (procesal), reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TRUCCO RICARDO DELFIN Y OTRO s/ RECURSO  DE  REVISION  -  MOTIVO  -  VIOLACION DE LA REGLA DE LA SANA  CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-19

No constituye motivo de revisión alguna (art. 511 CPP), alegar la violación de las reglas de la sana crítica racional en relación a elementos de valor decisivo que, en todo caso, pueden constituir motivo de casación.
Costas, falta de pronunciamiento expreso, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuleta, Hugo Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

El silencio de la Corte Suprema con relación a las costas devengadas en la instancia extraordinaria debe entenderse en el sentido de que su pago se impone en el orden causado (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso contravencional, penas contravencionales, graduación de la pena contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: LUZZI, José Luis s/ Infr. art. 73 ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

La tarea del Tribunal reside entonces en revisar los pasos seguidos por el juzgador al determinar la pena aplicable para dilucidar si siguió aquellas pautas que se fijan en el código de fondo, sin que ello signifique revisar el peso que él asignó a cada una de ellas para arribar a la conclusión que se cuestiona. Ello es así por cuanto el juez que presenció el debate es a quien le compete "en orden al principio de la inmediatez- apreciar en forma directa todos aquellos elementos que luego tendrá en cuenta a la hora de razonar acerca de la especie y el "quantum" de la pena a fijar dentro de los marcos legales.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, cruce de calles, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: S., J. c/ D.S., A.D. y Otro s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-22

"El actuar del demandado -al no respetar la prioridad de paso que favorecía al actor, embistiendo al mismo, cuando éste ya había iniciado su ingreso a la avenida proveniente de la derecha-, se revela idóneo para fulminar en forma completa todo nexo causal adecuado entre el hecho y el daño" (art. 1113 2do. apart. in fine CC).
Recurso de casación, graduación de la pena, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: BARRERA SILVIA ALEJANDRA Y OTRO PSSAA FALSIFICACION DE INTRUMENTO PUBLICO ETC. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-18

La confesión como reconocimiento del hecho- que se vincula al arrepentimiento, cuando sólo es una expresión en palabras en un contexto de un proceso no necesariamente debe tener incidencia en la determinación de la pena.

Ello así, pues aquello que el imputado diga durante una declaración en juicio de poco puede servir para conocer si realmente está arrepentido o si sólo está asustado. Esto en nada interesa. Sólo puede interesar aquello que efectivamente haga, o se comprometa a hacer, con relación al daño, y éste es el único aspecto al que puede dársele alguna trascendencia para atenuar la pena. Ello no importa negarle carácter atenuante al mero reconocimiento de responsabilidad, sino que tiene el alcance más preciso de establecer que si no hay una exteriorización objetiva de ese arrepentimiento, su no consideración por parte del Juzgador no evidencia una irrazonabilidad que amerite su revisión casatoria, y permanece dentro del ámbito de discrecionalidad que es propio de esta potestad privativa del Tribunal de juicio.
Telecomunicaciones, competencia federal, competencia provincial, facultades tributarias, exenciones impositivas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

La competencia federal en telecomunicaciones no excluye ni se opone a la local en materia fiscal; ambas tienen idéntica jerarquía y los constituyentes han sido cuidadosos al precisar el campo de acción de cada una de ellas dentro de la dinámica federal, exigiendo -de modo inequívoco- su compatibilidad (arts. 1°, 5°, 75 incisos 13, 14, 18 y 30, 121 y cctes., Constitución Nacional) (Disidencia del juez Rosatti).
Costas, litisconsorcio, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL
Carátula: CRESSERI ARTIDORIO S-SUC. c/ S.A.D.A.I.C. s/ ART. 250 C.P.C. - INCIDENTE - EXCEPCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

Como principio, las costas deben distribuirse entre los litisconsortes obligados a soportarlas, según los intereses de cada uno en la litis si difieren considerablemente. Sólo si la condena es solidaria en cuanto al fondo, lo accesorio, que son las costas, seguirá la misma suerte.

Como la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común no mediando expresa solidaridad es simplemente mancomunada la obligación de pagar costas por los litisconsortes vencidos en juicio.
Honorarios del abogado, aportes previsionales, embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General San Martín c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

La finalidad tuitiva que conlleva la prohibición contenida en el art. 20 de la ley 6716 de "dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entregas, adjudicación o transferencia de bienes de cualquier clase que fuere, ordenar la cancelación de hipotecas y prendas y el levantamiento de embargos, inhibiciones, medidas cautelares u otros gravámenes, etc.", se dirige a impedir los actos que involucren la conclusión del litigio sin antes haberse pagado o afianzado los honorarios y percibidos los aportes y contribuciones por parte de la Caja de Previsión que correspondan a los profesionales que hayan intervenido en el juicio. Así entonces, en aras de abastecer la insorteable carga que prevé el citado art. 20 de la ley 6716, norma de carácter imperativo y de insoslayable observancia por los magistrados, es dable concluir, con abstracción de la condena en costas y de las acciones conferidas para obtener el cobro de los estipendios, que, mientras el pago o afianzamiento de éstos no ocurra, no puede solicitarse el levantamiento del embargo trabado en autos. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vocaturo de García, Leticia c/ Grifasi de Benavidez, ISIS M. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-05-12

La voluntad, expresa o presunta en contra del empleo del rodado exige que el titular del dominio adopte, en la contingencia todos los medios conducentes o idóneos para que tal voluntad contraria resulte patente, y que no pueda inferirse de su actitud o de quien tenga por sí la guarda posesoria, haya procedido con incuria, descuido, desinterés, u omisión de los recaudos de prudencia que las circunstancias lo requieran. Aún cuando el ánimo de la propietaria pueda haber sido contra el uso del automóvil, expresa o presuntamente, en los hechos tal expresión volutiva no está demostrada en virtud de la incuria evidenciada.
Portación de armas, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: O, C.D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 39 Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

El fondo de la cuestión, radica en establecer si el arma poseída por el imputado en las condiciones que se detallan. -esto es, descargada, con dos balas en su bolsillo- constituye el requisito objetivo del tipo del artículo 39 del Código Contravencional, en su anterior redacción, aplicable por imperio del artículo 8 del mismo ordenamiento.- Se incurre en la sentencia en crisis en confusión, al asimilar el concepto de "arma" del Derecho Penal con el que tal expresión tiene, en el ordenamiento contravencional.

La cuestión relativa al aumento de la capacidad ofensiva del sujeto activo, en razón del medio empleado, implica que en la comisión del ilícito se utilice el arma, ya sea esgrimiéndola o exhibiéndola de manera amenazante; obsérvese la diferencia conceptual con nuestro ordenamiento, en el que la simple portación configura la contravención del artículo 39 del Código Contravencional.

De allí entonces que disienta con el criterio del Sr. Juez de la instancia anterior, en cuanto sostiene que aquélla implica la existencia de un arma en condiciones de utilización inmediata, toda vez que, reitero, la ley contravencional no requiere tal utilización, sino la mera portación, entendida ésta como "llevar o traer" conforme describe tal acción el diccionario de la lengua castellana; por el contrario, transportar significa llevar cosas o personas de un lugar a otro; resulta claro, a partir de lo dicho, que en el caso el imputado portaba - no transportaba- el arma.
Habeas corpus, detención sin orden
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ HUGO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-02

El Habeas Corpus Preventivo no es un instrumento jurídico para ser utilizado ante cualquier amenaza de detención, sino que se refiere a aquellas que tengan visos irregulares o que carezcan de fundamentos serios.
Apropiación de prenda, desbaratamiento de derechos acordados, compraventa, pago en cuotas
Materia: PENAL
Carátula: SOLOFF, RAMON. s/ DEFRAUDACION    PRENDARIA.    DESBARATAMIENTO    DERECHOS  ACORDADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

La acción del prevenido que habiendo comprado un artefacto para el hogar en cuotas mediante la celebración de un contrato prendario, pagó sólo unas cuotas y al ser intimado a poner el bien a disposición del Tribunal ejecutante, se comprobó que ya no estaba, presumiéndose por las pruebas reunidas en autos que habría sido vendido; configura el delito de defraudación prendaria contemplando en el art. 44 del decreto-ley 15.348, ratificado por ley 12.962 y no el de desbaratamiento de derechos acordados del art. 173 inc. 11 C.P., pues la ley 23.077 al poner nuevamente en vigencia a aquél ordenamiento legal-ley 12.962-, excluyó de las disposiciones de ésta los casos de frustración de venta con registro por venta -art. 44-, abandono -art. 45 inc. "d"- y el daño del bien -art. 45 inc. "h"-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Columbia  SA  de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La admisión de la demanda sin un adecuado tratamiento de argumentaciones dotadas de aptitud suficiente para modificar el resultado del pleito, importa un cercenamiento del derecho de defensa del afectado, por lo que debe descalificarse en su carácter de acto judicial.
Concursos, homologación del acuerdo, propuesta de acuerdo preventivo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Replen SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

El contenido del acuerdo preventivo carece de todo límite legalmente establecido, pues no lo tiene en la quita, ni lo tiene en la espera. La configuración de abuso, por ende, no puede sino ser evaluada desde una perspectiva concursal, lo cual nos otorga una primera pauta a este respecto, según la cual ese abuso debe considerarse configurado cada vez que el sacrificio exigido a los acreedores sea superior al necesario para alcanzar la finalidad -superar la insolvencia- que se tutela: en tal medida habrá aprovechamiento del deudor y correlativo abuso, lo cual dependerá de las circunstancias de cada caso. No obstante, esto no significa que, al examinar si se ha configurado o no el abuso previsto en la LCQ 52, el análisis deba limitarse al quantum de lo prometido. Sin duda, la protección del crédito es uno de los parámetros que deben ser considerados, pero no es el único. Es decir: lo que en el concurso se pone en juego no es solamente ese crédito, sino que, por el contrario, junto con el de los acreedores - otrora el interés prioritario a contemplar-, este instituto jaquea también otros intereses cuya protección ha pasado a ocupar hoy lugares incluso prevalecientes desde un punto de vista axiológico. La situación concursal del deudor compromete la subsistencia de la empresa en marcha y, por ende, la referida diversidad de intereses que se generan en torno a esa empresa, los que, comenzando por la necesidad de preservar las fuentes de trabajo, terminan involucrando a una pluralidad de individuos que, desde proveedores hasta consumidores, están también interesados en el mantenimiento de aquella actividad productora de beneficios. Por eso es que el problema a solucionar en el marco concursal no se limita al mero enfrentamiento del deudor con sus acreedores: el destino de la empresa importa a toda la comunidad, lo que otorga al concurso una dimensión publicista que no puede ser soslayada a la hora de decidir la suerte de la propuesta (Maffía, Osvaldo, Aspectos de la nueva de Ley de Concursos III. Necesidad de equilibrar el privatismo exacerbado de la ley 24522, LL diario del 12/06/96).
Elevación a juicio, oposición a la elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: L.I.E. s/ Encubrimiento calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-25

La oposición de la elevación de la causa a juicio sólo puede fundarse en un requerimiento de un sobreseimiento o de una prórroga extraordinaria de la Instrucción. No puede fundarse en el requerimiento de una modificación de la calificación hecha por el Agente Fiscal en su requerimiento de elevación de la causa a juicio, porque ninguna de esas causales admite el sólo cuestionemiento de aquella, ya que por un lado, el sobreseimiento se refiere al hecho y no a su calificación, y por otro lado, el requerimiento de una prórroga extraordinaria sólo puede versar sobre la insuficiencia de la prueba existente en la causa (art. 342).
Recurso directo, acceso a la justicia, doble instancia, interpretación restrictiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANA LAURA MARIANA c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-02

El artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, por consagrar en alguna medida una limitación al acceso a la jurisdicción -en lo que hace a la doble instancia-, debe ser interpretada de modo restrictivo, sin extender su aplicación a otras situaciones que no se encuentren razonablemente contempladas en ella.

Es que, la razón que habilita una vía diversa a la ordinaria es la urgencia de dar respuesta a la incertidumbre de quien se enfrenta a un juicio en el que pretende la nulidad de un acto que lo separa de la administración definitivamente.

En este sentido, la Corte Suprema, refiriéndose al régimen nacional que prevé un recurso directo de similares características, ha sostenido que constituye un procedimiento especial de impugnación de la cesantía que impone un trámite sumario y rápido, cuyo fin es permitir una solución definitiva de la controversia en poco tiempo (conf. CSJN, Fallos 310:2338).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, clausura del establecimiento, Municipalidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ Omar Néstor c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Carece de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, como exige el art.

1 de la ley 16.986, la resolución que dispuso la clausura de un local habilitado para gabinete de masajes, donde funcionaban un bar, sala de juegos electrónicos y pool, no autorizados por el organismo municipal.-
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez, Ruben Omar c/ Domínguez Viudez, Juan s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

Si el inmueble ha salido de la titularidad de dominio de una parte para ubicarse en la de la otra, el hecho de que no se haya concretado el trámite de inscripción no le quita vigencia a la adquisición operada a los fines de imposibilitar la traba de embargo contra el condenado en costas si es el que dejo de ser titular de dominio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos privados, certificado médico
Materia: CIVIL
Carátula: Arias, Juan Antonio c/ Rojas Aurora y/o persona que resulte responsable s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-22

Los certificados médicos extendidos por su profesional de la medicina, son instrumentos privados que de ningún modo se convierten en instrumentos públicos que merezcan plena fe en su contenido, por la circunstancia de haber sido certificada la firma por el Sr. Juez de Paz. En la causa se destacan dos situaciones primero, el Juez de Paz certificó tan sólo una firma, segundo, lo hizo en una fecha posterior (07-9-88) a la emisión del certificado (04-09-88), manifestando -no obstante- que la firma fue puesta por ante él.

Difícilmente podría aceptarse que un profesional médico extienda este tipo de constancias sin estampar en el mismo acto su firma, por lo que lo señalado, por sí mismo, autoriza a dudar de la autenticidad, verosimilitud y legitimidad de los certificados. Lo cierto es que aún en el supuesto de que la firma hubiese sido puesta el mismo día de su expedición y en presencia del Juez de Paz, no se trata de un acto pasado ante la presencia del oficial público o cumplido por él mismo (art.993 del Código Civil), razón por la cual no resulta oponible con carácter de presunción legal de autenticidad a quienes no han intervenido en el acto.
Liquidación, fianza, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: JORQUERA GABRIEL c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ DIFERENCIA DE HABERES. ROA BASCUÑAN JOSE c/ AGROLOTE SA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-02-04|1993-02-09

El art.510 que integra el Capítulo I, título I del libro tercero del CPCC establece que,consentida o ejecutoriada la resolución que manda llevar adelante la ejecución se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate. A su vez, el art. 591 última parte que integra el Capítulo III "cumplimiento de la sentencia de remate" faculta al ejecutado a pedir que el ejecutante preste fianza para percibir el capital y sus intereses. Es cierto que puede sostenerse que el articulo aludido justifica la procedencia de la fianza en la formación del proceso ordinario previsto por el art. 553. Pero no obstante considero que dicha interpretación no es la única válida. Ello por cuanto el juicio ordinario es inaplicable al caso de autos. En segundo lugar,el párrafo en cuestión se encuentra separado por un punto seguido que delimita dos momentos: el primero referido a la constitución de fianza no sujeta a condición alguna y el segundo a la cancelación de la fianza para el caso de no deducirse el juicio ordinario en el plazo previsto de 30 días. Por lo tanto y con fundamento en los arts. 54 de la ley 921,499,510, y 591 último párrafo del CPCC es que resulta ajustada a derecho la pretensión de la ejecutada de que el ejecutante preste fianza suficiente para la percepción del monto de la sentencia y sus accesorios. Cabe señalar que no resulta de aplicación al caso de autos lo dispuesto por el art.16 in fine de la ley 921 dado que se trata del cumplimiento de sentencia y es una situación distinta a la tenida en cuenta por dicho articulo.
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Deviene procedente el recurso de inconstitucionalidad incoado por la actora cuando el resultado al que ha arribado la sentencia del Tribunal subrogante al que se remitió la causa para "que sea nuevamente juzgada" resulta inconciliable con lo dispuesto por la Corte, al haberse efectuado una interpretación caprichosa de las constancias de la causa que desemboca en un resultado irrazonable, como es el de privar a la actora de la indemnización que le correspondería por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud del despido sin invocación de causa, situación reconocida expresamente por la demandada.
Notificación, notificación automática, notificación por cédula, notificación por nota
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Giacomo, Roberto Pedro c/ Miglioretti, Norberto German s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Salvo en los supuestos de excepción en los que procede el anoticionamiento personal o por cédula, las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas a todas las partes intervinientes en la forma establecida por el art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tarjeta de crédito, impugnación del resumen de cuentas, intereses, anatocismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO LINIERS SA c/ GIORGELLI, CARLOS ALBERTO Y OTRA. s/ CONTRATO DE TARJETA DE CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-02

El saldo deudor emergente de un contrato de tarjeta de crédito puede ser objetado como resultante de un interés abusivo, siendo carga del deudor invocar alguno de los vicios de los actos jurídicos para obtener la invalidación del negocio o la reprobación de la conducta pos-coera "viciada de anatocismo" no configura una impugnación de lesividad, dolo ni violencia, máxime si no se han formulado cuentas ni demostraciones aritméticas de cual fuera el gravamen material padecido como resultado efectivo del exceso en la tasa y en la capitalización aplicada, consideración básica para decidir acerca de la fortuna de la impugnación.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fauvety, José Augusto c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Ortmann, Vicente c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02|1995-12-28

El ejercicio de la profesión conforme a lo dispuesto por la ley 7014, constituye el fundamento del sistema previsional, difiriendo su forma de acreditación según se trata de la etapa anterior o posterior a la creación de la Caja.