Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561 -según la reforma introducida por la ley 25.820- y lo dictaminado por esta Fiscalía en los autos "Automotores Roca SA C/Montillo, Yolanda Rosa s/ejecución prendaria", dictamen Nº 89.967 del 18 de junio de 2002, opino que V. E. debe modificar la resolución apelada, en cuanto no coincide con el criterio desarrollado por esta Fiscalía.

Téngase por contestada la vista conferida.- Junio 13 de 2007.- Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia.- Buenos Aires, julio 25 de 2008.

Considerando: 1.) Apeló el actor la sentencia dictada a fs. 83/86, mediante la cual la a quo desestimó el planteo de inconstitucionalidad de las normas que impusieron la "pesificación" forzosa de las obligaciones, y acto seguido, sentenció esta causa de trance y remate ordenando llevar adelante la ejecución por la suma de $ 2.856 con más sus intereses y costas.

El memorial obra glosado en fs. 89/94, no habiendo merecido contestación por la parte demandada.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 138 en el sentido que fluye del dictamen glosado en la citada foja.

El recurrente sostuvo que la sentencia, en cuanto con basamento en el dec. 214/02 y la ley 25.820, transforma en pesos la obligación aquí reclamada violándose la garantía de propiedad consagrada por la CN: 14 y 17. Alegó que debería declararse inaplicabilidad y/o la inconstitucionalidad de las normas que impusieron a pesificación forzosa de las obligaciones y, a todo evento, requirió la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido.

2.) Esta Sala, en su anterior composición, difirió la resolución de la pretensión recursiva con fecha 18/04/06 (ver fs. 107/108), y por vía de excepción en esa oportunidad requirió una serie de recaudos al ejecutante con debida sustanciación con el ejecutado, a saber: i) relación causal subyacente del título ejecutado; ii) cuantificación de la diferencia entre la deuda "pesificada" y la resultante de aplicar las pautas de ajuste de la sentencia dictada en autos; iii) perjuicio actual que ocasionaría la aplicación de las normas de "pesificación" forzada de las obligaciones".

Ahora bien, se desprende de las constancias objetivas del expediente que en fs. 115/116 la actora concluye en el sentido de que se declare la inconstitucionalidad de las normativas que impusieron la "pesificación" de las obligaciones, sin que hubiera de su parte petición expresa los fines de recurrir a un procedimiento de ajuste equitativo del precio, manteniendo, entonces, su postura inicial tendiente a la dolarización de esta ejecución, sin abundar sobre otros extremo fáctico.

3.) Pues bien, dentro de ese marco, corresponde en primer término tratar conjuntamente, los planteos introducidos por el apelante con respecto a la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las normas de emergencia económica.

3.1. En cuanto a la inaplicabilidad del sistema de pesificación, es del caso indicar que si bien es cierto que la ley 25.561:11 dispuso la "pesificación" a la paridad $ 1. = U$S 1. para las prestaciones dinerarias exigibles a partir de la fecha de promulgación de la ley, es decir desde el 06/1/01, de lo que se sigue que esa "pesificación" en un principio no habría alcanzado a las que se encontraban en mora con anterioridad a la promulgación de esa ley, con posterioridad, el dec. 214/02 dispuso la "pesificación" a la paridad antes indicada de todas las obligaciones de dar sumas de dinero... judiciales o extrajudiciales... existentes a la sanción de la norma.

Como corolario de esa secuencia legislativa se dictó el dec. 320/02 con la finalidad de "aclarar" el dec. 214/02.

Dicha norma estableció que: "las obligaciones contenidas en el dec. 214/02...son aplicables a todas las obligaciones...reestructuradas por la ley 25.561 a la relación $ 1. = U$S 1".

Ahora bien, las disposiciones del dec. 214/02 no se limitan a la "pesificación" de todas las deudas, sino que, entre otros aspectos también dispusieron la aplicación de un coeficiente de estabilización de referencia "C.E.R.", plazos de espera para las obligaciones "pesificadas", posibilidad de pedir su reestructuración, suspensión de procesos judiciales, etc., por lo que el art. 1º del dec. 320 no implica la derogación del art. 1º del dec. 214/02.

Es pues interpretable que, por ejemplo, el llamado coeficiente de estabilización de referencia sería aplicable a las obligaciones reestructuradas por la ley 25.561, ello como complemento de ajuste legal de la "pesificación" dispuesta respecto a todas las deudas.

Cabe interpretar, pues, que el alcance del art. 1º del dec. 320/02 se clarifica con lo dispuesto por el art. 2º. Este último, dispone que "el artículo 8 del dec. 214/02 es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561".

Así, se mantuvo claramente la disposición del art. 8º del dec. 214/02 para las deudas habidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 -es decir anteriores- y, precisamente ese artículo no sólo dispone la "pesificación", sino que hace referencia expresa a las deudas en mora.

Síguese de ello, entonces, que la mora, ha sido contemplada en el marco de la ley de emergencia como condición que adquiere gravitación -en todo caso-, en los términos del norma citada en el párrafo precedente al vedar o restringir planteos defensivos frente a la procedencia del reajuste previsto en dicho artículo, esto es, en conflictos planteados en el marco de relaciones entre particulares.

En dicho contexto, no pueden considerarse excluidas de la "pesificación" las obligaciones en mora existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561, cuando existe una norma expresa que las menciona e, indudablemente, no fue derogada: el dec. 214/02 arts. 2º y 8º.

Por ello, conclúyese en el sentido de que el dec. 320/02 no dejó sin efecto la "pesificación" de las deudas cuya mora fuese anterior al 06/01/02.

Esta postura se vio luego robustecida por la sanción de la ley 25.820 (promulgada el 02/12/03 y publicada en el Boletín Oficial del 4/12/03), norma que para despejar toda duda a este respecto, aclaró, por medio de su artículo 3º sustitutivo del art. 11 de la ley 25.561 que: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($ 1)...".

En suma, las fórmulas contenidas en los arts. 2º, 3º y 8º del dec. 214/02 y en el art. 1º del dec. 320/02, cuando extiende el dec. 214/02 a todas las obligaciones pesificadas $ 1 = U$S 1 en la ley 25.561, son claras en disponer la pesificación sin condicionamientos a la situación de mora, pese a que algunos autores y fallos han pretendido distinguir entre ambas soluciones. Inteligencia ésta que por otro lado, resulta claramente del Mensaje (973) del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley 25.820 pues al proponer en su párrafo décimo una nueva redacción del art. 11 de ley 25.561, precisa que uno de los propósitos de esa ley es consolidar un marco de certeza y previsibilidad sobre el tratamiento que debe otorgarse a las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, sin efectuar distinciones respecto del estado de mora en el que pudiera haberse encontrado el deudor.

Véase, además, que del párrafo duodécimo del mismo mensaje de elevación (973), cuando refiere que la ley 25.820 va dirigida a "establecer el procedimiento mediante el cual habrán de resolverse los efectos "de las reglas de emergencia, y del décimo tercero, cuando refiere a "la cantidad de situaciones ya resueltas", sólo puede entenderse que esa ley va dirigida a consolidar los casos posteriores a esa emergencia cuyo efectos ya se hallaban establecidos a través de jurisprudencias muchas veces contradictorias. En consecuencia, pues, el alcance interpretativo que cabe a las normas de marras sólo puede ser referido a obligaciones que han sido dolarizadas por hallarse en mora, a través de sentencias judiciales firmes dictadas con posterioridad al dictado de las leyes de pesificación.

Por todos estos fundamentos, pues, no resulta admisible excluir al concursado de las normas de "emergencia económica".

3.2. Sentado ello, habrá de resolverse la cuestión vinculada con la inconstitucionalidad decidida por la juzgadora en la resolución cuestionada.

Señálase, en primer lugar que no cabe aquí, ni es propio de la función judicial, un juicio valorativo sobre el obrar y la decisión política que han llevado a las decisiones económicas cuyas secuelas hoy se traen a los tribunales. Sólo corresponde a esta sede procurar que, junto al valor del bien del Estado, se resguarden otros valores elevados que también piden para sí una vigencia incondicionada, esto es, a los valores ético-jurídicos sobré los que se soporta el Estado de Derecho y que han de ser obrados por los tribunales.

El supuesto de autos se trata de un conflicto entre particulares, ninguno de los cuales es una entidad financiera que se dedique con profesionalidad a intermediar en la oferta pública de dinero y se demanda por la satisfacción de una deuda impaga, en dólares estadounidenses.

3.2.1. Competencia de este Tribunal para entender en el planteo de inconstitucionalidad:

En relación a la competencia de esta Sala para juzgar la constitucionalidad de las normas impugnadas, no está demás recordar que, como necesaria derivación del principio de supremacía consagrado por la Constitución Nacional, todos los jueces de la Nación, cualquiera sea su fuero o jerarquía y, con motivo de los casos concretos sometidos a su decisión, están habilitados para declarar la invalidez de las leyes y de los actos administrativos que contraríen el texto constitucional, pues en la medida en que aquellos son órganos de aplicación del derecho vigente y en que éste se halla estructurado como un orden jerárquico subordinado a la Constitución, el adecuado ejercicio de la función judicial lleva ínsita la potestad de rehusar la aplicación de las normas que se encuentren afectadas por aquel vicio (conf. Palacio L., "Derecho Procesal Civil", T. II., p. 227), por lo que la sola circunstancia de que se pretenda la tacha de inconstitucionalidad de las normas de emergencia no importa reconocer un elemento determinante de la competencia de uno u otro fuero.

La correcta proposición de cuestiones federales implica que se desarrolle sobre el punto una auténtica controversia en el caso concreto. Esta tesis encuentra razón última en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, que imponen la necesidad de que la tutela judicial esté condicionada a la existencia de una efectiva colisión de normas, pues no compete a los Tribunales hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos 2:253; 12:372; 24:248; 94:444; entre otros).

La Corte (Fallos 301:991 ya citado y ots.) si bien en referencia a normas de la anterior Carta Magna, pero de similar contenido que las referidas de la actual Constitución, manifestó qué casos o causas en los términos de dichas cláusulas constitucionales son los que contempla el art. 2º de la ley 27, con la exigencia de que los Tribunales solo ejerzan jurisdicción en los casos contenciosos.

Mas ello no es todo. Los casos o controversias deben ser "planteados de tal manera que el poder judicial sea apto para actuar sobre ellos" (conf. "Liberty Warehouse c: v. Grannis" US 70, 74, cit. en "Jurisdictio of de Supreme Court of de United States", Robertson & Kirkham, parágr. 241, nota 19).

En el mismo sentido, se ha dicho que "ese poder sólo puede ser puesto en ejercicio cuando la causa se le someta a la Corte por una parte que basa sus derechos en la forma prescripta por la ley. Esto constituye "un caso..." (obra citada, parágr. 241 p. 412). A la luz de la doctrina supra señalada, se advierte que aquí se ha formulado una auténtica "controversia" en relación a la invalidez de la norma con relación a una concreta resolución recaída en su caso.

Por estos fundamentos este Tribunal resulta competente para entender en el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora.

3.2.2. Consideraciones preliminares:

Sentado ello y para introducir el tratamiento que la cuestión merece, se estima necesario remarcar que, si bien por el art. 3º de la ley 25.561 han sido derogados, los arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 12º y 13º de la llamada ley de convertibilidad (ley 23.928), el art. 5º de la ley 25.561 ha mantenido las modificaciones introducidas en el art. 617 del C.Civ. por el art. 11 de la ley de convertibilidad, con lo cual, las obligaciones constituidas en moneda extranjera continúan siendo consideradas deudas de dinero como lo fueron durante todo el período de la llamada "convertibilidad". Sigue establecido y no ha cambiado, entonces que la obligación por la que se ha constituido una obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República, debe considerarse como de dar sumas de dinero.

En esta línea, no cabe predicar, respecto de las obligaciones en moneda extranjera, que son obligaciones de dar cantidades de cosas, en cuanto objetos corporales susceptibles de tener un valor como lo disponía el Código de Vélez Sarsfield (art. 617 -versión original- y 2311 C. Civ.), con su consecuencia de admitir, en su caso, un daño resarcible consistente en el "valor" de la moneda extranjera en moneda nacional, como deuda de valor que debe ser actualizada en función del poder adquisitivo de la moneda nacional con que se la manda pagar, si no se cumple en especie.

En consecuencia, en el derecho vigente y que no se ha modificado con el dictado de la ley 25.561, hay poco margen legal para establecer que, en lo sucesivo, la inejecución de las nuevas obligaciones en moneda extranjera se sancionarán con la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento de una obligación de cantidad causa al acreedor, actualizada en función del poder adquisitivo de la moneda nacional con la que se manda pagar una indemnización con más los intereses pertinentes (véase sobre las distinciones entre deudas de valor y deudas de dinero: Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones". T. II, Nº 886-888, 893).

En esta línea legal, adoptar criterio en la decisión impone no perder de vista que las deudas en moneda extranjera hoy en día y desde la sanción de la ley 23.928 en 1991, fueron y son en nuestro país deudas de dinero, a las cuales el Estado, en uso de facultades que le son propias, atribuye y fija la función de unidad de medida de todos los bienes.

Entran aquí en conflicto, pues, dos ideas conceptuales contrapuestas, que son las que marcan la distinción entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor.

En efecto, durante el tiempo en que se contrajeron las obligaciones que se analizan, vigente la ley de convertibilidad, las reglas bajo las cuales contrataron las partes, marcaba una triple convertibilidad, en el decir de algunos autores (véase Vítolo D. R: "Ley de convertibilidad 23.928 y sus efectos sobre las relaciones jurídicas", p. 21/2):

a) Un dólar fijo en su paridad cambiaria con el peso, convertible por ley ($ 1= U$S 1) -convertibilidad técnica- (art. 1º).

b) Ambas monedas aptas para desobligar en el pago, pudiendo ser usados, de manera indistinta dólares y pesos, para cancelar obligaciones -convertibilidad obligacional- (art. 7º).

c) Finalmente, el art. 12 de la ley 23.928 creó, dado el diferente régimen jurídico aplicable a la moneda nacional, una moneda nacional convertible, que debía ser considerada, a todos sus efectos como una nueva moneda -convertibilidad de moneda- y, coherente con ello se reformó el art. 617 C.Civ. y se estableció que las obligaciones en moneda extranjera son deudas de dinero, esto es, que obligan a restituir la suma debida -convertible con el peso- con más sus intereses.

Es cierto que estos arts. 1º, 7º, 9º y 12 han sido derogados o modificados por la ley 25.561, mas en este marco fáctico y con el amparo de este régimen legal, en el cual el dólar apareció en la vida cotidiana como moneda de contratación y medio de pago habitual, particularmente en el comercio interno que es lo que aquí interesa, en las transacciones entre particulares en las que no mediaba propósito de lucro derivado de un manejo y conocimiento profesional de operaciones dinerarias, cambiarias, o de comercio exterior, en el caso de determinarse el daño resarcible de una obligación en dólares, en este marco, éste consistía, por ley, en el "valor" -en moneda nacional- que tenía el dólar al tiempo de contraer la obligación, dada la convertibilidad entonces vigente.

Bajo este encuadramiento legal y en estos términos, la asunción de la obligación así contraída no puede tratarse sino como una obligación de dinero -tal como lo sigue manteniendo el art. 5º de la ley 25.561, si bien con la precisión de que esto es así, con las excepciones y alcances establecidos por el juego del resto de las disposiciones de esa misma norma legal- y no, como una obligación de valor que es lo que, en definitiva pretende el accionante, pues el costo social de un cambio retroactivo de estas reglas de juego, afectaría derechos adquiridos y contrariaría el art. 3º C.Civ., de disponerse pretorianamente, al modificar las consecuencias de relaciones que se hallan "in fieri", lo cual no produciría otro efecto que herir irremisiblemente el tejido social con consecuencias mucho peores que las derivadas de la llamada "pesificación asimétrica". Cabe recordar, que se ha dicho que se configura una aplicación retroactiva vedada por elementales principios de nuestra legislación: a) cuando se vuelve sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiere a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyen efectos que antes no tenían a hechos o actos jurídicos, si éstos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiere a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (conf. Roubier P. "Les Conflicts des lois dans le temps" T. 1 p. 376 y sigtes.; Borda G. "La Reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo" ED T. 28 p. 809; Coviello y Busso, citados por Llambías J. J. "Tratado de derecho Civil. Parte General" T. 1 p. 144/5, en nota 68 bis).

Debe tomarse pues, en estas obligaciones como equivalentes el peso y el valor de la moneda extranjera al tiempo de contraerse la obligación, con más el coeficiente de ajuste legalmente previsto y sus intereses, según resulta de la sucesión de decretos que han ido perfilando una solución que se estima compatible con la regulación que la sociedad puede admitir y absorber en un tópico que compromete de manera sensible la coexistencia social y que necesariamente convoca a unos y otros de sus integrantes al sacrificio solidario y a la unidad.

3.2.3. La normativa pesificatoria en materia de deudas entre particulares.

Sentado ello, cabe remarcar que la ley 25.561 y el dec. 214/2002 establecieron dos regímenes claramente diferenciados: uno para las relaciones jurídicas privadas no vinculadas al sistema financiero y otro, para los depósitos y deudas vinculados a dicho sistema.

Más allá de la cuestión relativa a la legitimidad de la "pesificación" respecto de las obligaciones vinculadas al sistema financiero, aspecto éste ajeno a lo que debe ser materia de decisión en estos autos, lo cierto es que las deudas privadas ajenas a dicho sistema merecieron por parte del legislador un tratamiento especial cuya razonable hermenéutica no permite concluir que se encuentre verificado un caso de claro y manifiesto apartamiento de las normas constitucionales aplicables.

En efecto, la ley 25.561, más allá de declarar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria en el país hasta el 10 de diciembre de 2003 (art. 1º), dispuso, incluso, en su art. 11 un régimen de "reestructuración" de las obligaciones no vinculadas al sistema financiero afectadas por la derogación de la ley de convertibilidad Nº 23.928, según el cual las prestaciones originadas en contratos entre particulares pactados en dólares u otras monedas extranjeras, o con cláusula de ajuste con base en tales monedas, se cancelarían previendo tres alternativas: (a.) una primera, caracterizada por la liquidación de la deuda de acuerdo a la relación de cambio de un peso igual a un dólar estadounidense en concepto de "pago a cuenta"; (b.) en una segunda instancia, las partes también podían, eventualmente, negociar la diferencia "procurando compartir de modo equitativo" los efectos de la derogación del régimen de convertibilidad y de la modificación de la relación de cambio en un plazo máximo de 180 días y (c.), finalmente, de no mediar acuerdo, cabía aún la posibilidad de someter la controversia a mediación extrajudicial y/o ocurrir ante la justicia en resguardo de eventuales derechos que pudieran considerarse conculcados.

Por su parte -y esto debe ser considerado un principio general subyacente en toda esta normativa de emergencia- la ley facultó al Poder Ejecutivo Nacional a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas puntualizando que dichas disposiciones debían estar "sustentadas en la doctrina del art. 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido".

Con posterioridad, se dictó el dec. 214/2002, norma que, si bien introdujo modificaciones a ese sistema en ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante el art. 1º de la ley 25.561, no lo alteró en lo sustancial, ya que, más allá del régimen estructurado en los arts. 1º, 3º, 4º y 8º del mencionado decreto, en punto a que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras no vinculadas al sistema financiero se convertirían a una paridad de "uno a uno", con más un Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) implementado por el BCRA e intereses a una determinada tasa (conf. art. 4º), lo cierto es que no derogó la regla general subyacente en la ley 25.561, de compartir las consecuencias de la devaluación, mas estableció que, "si el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podría solicitar un reajuste equitativo del precio" (art. 8º), autorizando a los jueces llamados a entender en los conflictos que se suscitaren a "arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes".

Luego, el dec. 320/02 precisó que "a los efectos del reajuste equitativo del precio previsto en dicha disposición se debería tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados" (art. 2º).

Posteriormente, el dec. 762/2002, en su art. 1º exceptuó de la aplicación del CER a los préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras, personas jurídicas allí enumeradas y personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, abarcando los préstamos personales originariamente convenidos hasta doce mil pesos o hasta doce mil dólares estadounidenses, amén de los prendarios hasta $ 30.000 o hasta U$S 30.000 e hipotecas para vivienda única. Finalmente, el dec. 1242/02 estableció el carácter definitivo de los pagos recibidos a cuenta en aquellos casos comprendidos en el dec. 762/02 -art. 1º-.

Pues bien, como puede apreciarse, los decs. 214/02 (art. 8º) y 320/02, si bien modificaron la norma original del art. 11 de la ley 25.561 sumando a la conversión inicial ("uno a uno") mecanismos de ajuste e intereses, mantuvieron la posibilidad de su revisión a la luz del criterio general del "esfuerzo compartido" y el de hacer primar una distribución equitativa del costo de la devaluación, cuando el interesado o perjudicado así lo solicitare.

De ahí que la regla genérica del art. 17 del dec. 214 no puede conducir a tener por derogado el art. 11 de la ley 25.561, máxime proviniendo de un decreto del Poder Ejecutivo dictado en ejercicio de facultades delegadas -de excepción-, por lo que su virtualidad para sustituir la ley anterior no puede sino ser interpretada restrictivamente. Y desde ese punto de vista, parece claro que no cabe examinar la legitimidad del art. 8º del dec. 214/02 con el mayor rigor que merece un decreto de necesidad y urgencia -en cuanto a los requisitos que justifiquen el uso de ese poder excepcional (art. 76 de la Constitución Nacional)-, porque el citado art. 8º ha sido meramente reglamentario de una solución legal ya establecida con anterioridad, conforme ha quedado descripto.

Adviértase que el citado dec. 214/02 estableció que las obligaciones en dólares se convertirían a pesos a una paridad de "uno a uno" con más un coeficiente de estabilización (el llamado "CER") e intereses, admitiendo que cabía aún pedir, en su caso, una razonable recomposición (art. 8º).

Es decir, dicho en otras palabras, en todos estos regímenes se previó un sistema complejo de conversión sobre la base de una ecuación ($ 1=US$ 1) con un ajuste legal (CER-CVS) y aún con la posibilidad de pedir eventualmente la "revisión" del importe respectivo.

Así, ante la caída del régimen de convertibilidad y las nuevas pautas en juego resulta que la deuda de autos se halla sujeta a la paridad de conversión ($ 1= u$s 1), lo cual se compadece con las reflexiones ya efectuadas respecto al carácter de deuda de dinero que revestía la obligación al tiempo de ser asumida y que debe mantener, tal como lo prescribe la ley vigente, y halla, desde este ángulo, una razonable recomposición en función de ciertos coeficientes de estabilización como el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) previsto por el art. 8º del dec. 214/02 o el Coeficiente de Variación de Salarios -CVS- prescripto por el art. 3º del dec. 762/02, que habrá de restablecer -razonablemente- la pérdida del poder adquisitivo de una moneda que se originó convertible. Reiterándose que si alguna diferencia subsistiera, la propia legislación de emergencia ha previsto la posibilidad de que el afectado pudiera plantear un reajuste equitativo de las prestaciones de las partes o la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido acreditando el perjuicio sufrido, circunstancias que no se dan en la especie.

Otra solución al caso de autos se aprecia que resultaría reñida con principios de justicia y conduciría, en el marco que se examina, atribuir efectos de grave inequidad social a la parte, presumiblemente, más débil en la contratación, máxime, que en el caso no se han acompañado elementos de juicio que permitan desvirtuar esas presunciones y que autoricen a revertir el criterio general, dentro del marco de revisión que la legislación de emergencia, de modo residual, deja en manos del juzgador, a tenor de la facultad de solicitar reajustes equitativos que prevén los arts. 11 de la ley 25.561 y arts. 8º del dec. 214/02 y 2º dec. 320/02, los que brindan marco plausible para eventuales planteos de imprevisión y/o lesión enorme.

En el contexto descripto, cabe reiterar a lo expuesto por esta Sala en el considerando 3) respecto a las obligaciones en mora existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561, lo cual ha de tenerse aquí por reproducido.

Por último, en cuanto al art. 3º de la ley 25.820 que modifica el art. 11 de la ley 25.561 señálase que ratifica el criterio expresado precedentemente, inteligencia ésta que por otro lado, resulta claramente del Mensaje (973) del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley 25.820 pues al proponer en su párrafo décimo una nueva redacción del art. 11 de ley 25.561, precisa que uno de los propósitos de esa ley es consolidar un marco de certeza y previsibilidad sobre el tratamiento que debe otorgarse a las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, sin efectuar distinciones respecto del estado de mora en el que pudiera haberse encontrado el deudor.

3.2.4. Afectación de derechos constitucionales:

El tratamiento del tema impone, como primera medida señalar que la CSJN en doctrina reiterada en los casos "Polino" (Fallos 317:335) y "Rodríguez, Jorge" (Fallos 320:2851), ha admitido la pertinencia del control de constitucionalidad de normas de la naturaleza de las que son objeto de tratamiento. Control que cabe incluso, en aquellos casos en los que se planteen lesiones de derechos de incidencia colectiva por la vía prevista en el art. 43 CN, con la aclaración de que no corresponde, en principio, el control de oportunidad, mérito o conveniencia de esas leyes y decretos, en tanto cuestiones políticas no justiciables, sino del control de razonabilidad en el caso concreto.

El concepto de "emergencia", en el decir de la Corte Suprema, abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según las circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico y social con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia y origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin (véase considerando 43 del caso "Peralta, Luis Arsenio y otr. c. Estado Nacional (Ministerio de Economía s/amparo" Fallos 313-1513 y sigtes.).

Esta línea de ideas impone cotejar la solución material concreta que brindan al caso las normas impugnadas con ciertos "standards jurídicos" extraídos de la Constitución misma. El primero de los cuales es el de la razonabilidad, inspirado en el art. 28 de la CN. Luego, el de la no confiscatoriedad, que resulta de una interpretación extensiva del art. 17 CC en cuanto extiende la prohibición de confiscación a cualquier tipo de decisión estatal y, finalmente, la interpretación de que no pueden afectarse derechos adquiridos, es decir, aquellos derechos incorporados al patrimonio, derivación de la protección del derecho constitucional de propiedad.

En el ya recordado caso "Peralta", específicamente sobre leyes de emergencia, la Corte señaló como necesario, en orden al mérito de su validez constitucional:

a) que haya mediado una situación de grave riesgo social frente a la cual exista o haya existido necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas, cuya eficacia no aparezca concebible por medios distintos a los arbitrados.

b) que cuando una situación de crisis exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos, fijando plazos, concediendo esperas, como forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que superar la crisis y atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y sobre la sociedad en su conjunto.

Sostuvo así, que para que la sanción de una ley de emergencia sea justificada es necesario: i) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar intereses vitales admitida legislativamente; ii) que la ley tenga como finalidad legítima proteger los intereses generales de la sociedad; iii) que la moratoria sea razonable, otorgando un alivio justificado por las circunstancias; iv) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria, v) finalmente, la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichos criterios no se formulen de modo arbitrario, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, o de clase o de ilegítima persecución. Se ha dicho también, que en situaciones de emergencia o con el motivo de ponerles fin, se ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes, siempre que no se altere su sustancia, a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (véanse especialmente, considerandos 38, 39, 40, 41, del caso "Peralta" citado supra y doctrina de Fallos: 243:467).

Señálase, por otro lado, que frente al derecho individual de raigambre constitucional de propiedad, se encuentra la obligación del Estado de establecer pautas para resguardar los derechos que, en general, asisten a toda la comunidad organizada de que se asegure la regularidad y seguridad en el tráfico en las relaciones civiles y comerciales en el ámbito nacional e internacional, fijándole un adecuado marco de garantías.

Es principio jurisprudencial sentado por nuestro más Alto Tribunal aquel según el cual "los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio" (Fallos 318:1887, "Cacace Josefa v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", 19/10/95).

Así y si bien en innumerables oportunidades la CSJN ha reconocido la validez constitucional de ciertas normas dictadas en el marco de emergencia declarada por ley del Congreso, con respaldo en la realidad que atravesaba el Estado Argentino, que limitaba en el tiempo la suspensión de ejecuciones por términos razonables (vgr. declaración de validez del art. 50 de la ley 23.696 en autos "Videla Cuello, Marcelo sucesión de c. La Rioja, Pcia. de s/daños y perjuicios" del 01/12/90; la aplicación del sistema de consolidación de deudas in re "Empresa Argentina de Servicios Públicos S.A. de Transportes Automotores c. Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios" del 10/12/97), el alegado estado de necesidad colectiva no puede importar la supresión lisa y llana de los derechos que se dice limitar (CSJN "Cáceres Aráoz de Lamadrid, Horacio Jorge Santiago y otro c. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) s/despido" 17/11/94).

Partiendo, pues, de estas directrices, se estima que esta supresión no se verifica en el caso teniendo en cuenta el marco argumental precedentemente expuesto.

En esta línea, la ley 25.561, ley 25.820, los decs. 214/02 y 320/02, dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación y sus normas concordantes, en el marco de la declaración de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley 25.561, en lo que toca específicamente al supuesto ventilado en autos, no se advierten en colisión con otras normas, pues se observa que las disposiciones cuestionadas, adecuadamente interpretadas, armonizan con los intereses que la ley pretende resguardar.

En efecto, dentro del contexto de las normas examinadas, si se comparte el punto de vista de que establecen un mecanismo complejo subsumible en la expresión "pago a cuenta-renegociación-reajuste" no se advierte que dichas normas conculquen claramente garantías constitucionales en la medida en que no se advierte una manifiesta afectación del derecho de propiedad.

De otro lado, en relación a la ley 25.820, no se estima que la condición de hallarse en mora sustraiga a los accionados de las mismas circunstancias que alcanzan al resto de los habitantes de este país, y que esa condición -razonablemente fruto de alguna necesidad- se vea agravada por un trato diferencial y perjudicial frente a circunstancias de excepción externas a su persona y cuyos efectos son ajenos a su voluntad.

Así pues, las disposiciones cuestionadas, adecuadamente interpretadas, llevan a evitar distinciones en la situación de mora y que, solo así, armonizan con los intereses que la ley pretende resguardar.

Este ha sido por otra parte el criterio propiciado por la Fiscalía de Cámara actuante ante este Tribunal a partir del dictamen en la causa "Automotores Roca S.A. c. Montillo Yolanda", el cual fuera seguido por la mayoría de las Salas que lo integran (vgr. esta Sala, 16/8/02, "Pedreira P. Nieves c. Aramo Luis María s. eje."; íd., 19/9/02, "Basso Gustavo c. Somovilla s. eje."; etc.).

Por último, es doctrina corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sostiene que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 306:136, entre otros). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido, no bastando la invocación genérica de derechos afectados, por lo que no cuadra otra conclusión que rechazar el planteo de inconstitucionalidad deducido.

4.) Cabe tratar seguidamente la requisitoria del recurrente en punto a la aplicación de la "teoría del esfuerzo compartido".

Ahora bien, en primer lugar señálase que el art. 11 de la ley 25.561, que contempla la teoría del esfuerzo compartido, dejó a cargo de las partes involucradas acordar la reestructuración de la deuda a los fines de compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio dispuesta en dicha ley, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo sometió ese conflicto a la decisión del juez. Por su parte, el reajuste equitativo del precio permitido por el art. 8º del dec. 214/2002, ante diferencias desproporcionadas respecto del valor de la cosa, bien o prestación, requiere de una petición de parte, y es en ese supuesto en el que el juez puede decidir. En ese caso el art. 2º del dec. 320/02, dispuso que esos reajustes deberían hacerse teniendo en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

En tal contexto, apúntase que el "procedimiento de ajuste equitativo del precio" dispuesto por la normativa de emergencia económica, inspirado en el CCIV: 1198 y en la "teoría del esfuerzo compartido", encuentra límites para su aplicación, no sólo expreso requerimiento de parte en relación a que se reajustase la suma debida, sino además, cuando menos probar el perjuicio efectivamente sufrido, lo cual por cierto no ha hecho el accionante ya que se ha limitado a sostener que la aplicación de la pesificación implicaría un valor muy inferior a lo debido. Va de suyo, que tal fundamentación no resulta atendible por cuanto se ha obviado considerar que respecto de la pesificación de créditos ajenos al sistema financiero se ha establecido una regulación legal del mecanismo de recomposición a aplicar a través del coeficiente de actualización (CER o CVS), por lo que la postura que se ha ensayado a fin de sustentar la aplicación del esfuerzo compartido al caso exige cumplir con los extremos legalmente exigidos a ese fin que no están debidamente acreditados en autos.

Ante lo expuesto, no cuadra otra conclusión que rechazar la aplicación de la "teoría del esfuerzo compartido".

5.) Apúntase que en la sentencia de la anterior instancia sólo se impuso a partir de la mora (véanse las fechas de vencimiento de cada uno de los títulos base de esta ejecución) y hasta su efectivo pago, la tasa de interés que cobra el B.N.A. para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta (30) días.

Dicho esto, considerando el carácter de normas de orden público de las disposiciones contenidas en la ley 25.561 (art. 19) y del dec. 214/02 y concs., lo que les confiere rango de normas coactivas de derecho privado interno, se impone fallar conforme a ellas. Sentado ello, repárese que el dec. 762/2002, en su art. 1º exceptuó de la aplicación del C.E.R. a los préstamos otorgados por entidades financieras a personas físicas y jurídicas originariamente convenidos hasta doce mil pesos ($ 12.000) o hasta doce mil dólares estadounidenses (U$s 12.000), amén de los prendarios hasta $ 30.000 o U$S 30.000 e hipotecas para vivienda única.

En tanto en el presente proceso se persigue el cobro de pagarés en una suma total de U$S 2.856, se estima que en el caso debe aplicarse el C.V.S.

En este marco, apúntase entonces que desde la mora -ver vencimientos de cada uno de los títulos base de esta ejecución- y hasta el 01/10/02 habrá de mantenerse la tasa de interés que cobra el B.N.A. para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta (30) días. Asimismo, desde el 01/10/02 y hasta el 01/4/04 se aplicará el C.V.S.

Sobre este último aspecto, si bien el capital ajustado con el índice referido recompone razonablemente la deuda de dinero que se ha visto sujeta a diversa y complejas contingencias derivadas de las fluctuaciones padecidas por la economía del país en el pasado reciente, precisamente, en virtud de ese ajuste sólo cabe reconocer sobre él una tasa de interés puro de incuestionable base legal, del 6% anual, no capitalizable y por el lapso temporal antedicho.

A partir del 1º de abril de 2004 (fecha en que se ha dejado de publicar el CVS) y hasta el efectivo pago, habrá de aplicarse la tasa activa establecida en la sentencia recurrida.

6.) Por todo lo expuesto, oída la Sra. Fiscal General, esta Sala. resuelve: a. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los fundamentos expuestos precedentemente y, modificar la sentencia recurrida con los alcances establecidos en el considerando 5.). b. No imponer costas en la Alzada por falta de contradictorio.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General ante esta Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a la anterior instancia, encomendándose a la Sra. Juez de Grado practicar las notificaciones del caso.- María E. Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo A. Kölliker Frers.