Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-25


En Buenos Aires a los 25 días del mes de junio de dos mil trece, hallándose reunidos los señores jueces en la sala de acuerdos, fueron traídos los autos "CENTRAL 7 S.R.L. c/ LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO" (expediente nº 28.816/2009, Juzg. 19, Sec. 37), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Juan Roberto Garibotto (8).

El Dr. Eduardo R. Machin no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:	¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 513/526?	La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 513/526 el juez de grado admitió en lo sustancial la demanda por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de seguro que Central 7 S.R.L. alegó haber celebrado con La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.

Para así decidir, concluyó que el siniestro había sido aceptado por la demandada en los términos del art. 56 de la 17.418, tras lo cual estimó procedente las indemnizaciones reclamadas en concepto de daño emergente, de lucro cesante y la derivada de la destrucción del equipo de frío.

II. Los recursos.

La referida sentencia fue apelada por las dos partes. La actora expresó agravios a fs. 574/575, los que no fueron contestados por la demandada. De su lado, esta última fundó su apelación a fs. 580/581, la que mereció la respuesta que obra a fs. 583/584.

Los agravios de ambas partes giran exclusivamente en torno al lucro cesante reconocido en la sentencia.

La actora se queja de que en la aludida sentencia se haya establecido que dicho rubro habría de calcularse hasta la fecha de interposición de la demanda y no hasta la de efectivo pago conforme había sido requerido.

La demandada, en cambio, critica la admisión del rubro, sustentando su agravio en el hecho de que el art. 61 de la citada ley sólo obliga al asegurador a resarcir el lucro cesante cuando existe pacto expreso en tal sentido, lo cual no ocurrió en la especie.	III. La solución.

1. Como surge de la reseña que antecede no es hecho controvertido que las partes celebraron el contrato de seguro invocado en la demanda, ni lo es el efectivo acaecimiento del siniestro también allí invocado.

En rigor, el único agravio que ha sido articulado en contra de la sentencia dictada en la primera instancia se vincula con la procedencia y la extensión del lucro cesante pretendido por la actora.

Así, mientras esta última pretende el incremento de la indemnización respectiva, la demandada solicita que el aludido rubro sea íntegramente rechazado.

Un orden de precedencia lógico impone tratar en primer término la queja de la aseguradora, toda vez que su eventual admisión tornaría abstracta la consideración del recurso de su contraria.

2. Según mi ver, el recurso de la nombrada no debe prosperar.

Ella resistió la procedencia del rubro cuestionado con sustento en dos objeciones.

Por un lado, sostuvo que el lucro cesante no se había hallado incluido dentro de la cobertura prestada por su parte mediante el contrato de marras; y, por el otro, alegó que, por tratarse del incumplimiento de una obligación dineraria, la indemnización respectiva debía circunscribirse al reconocimiento de los respectivos intereses.

Como dije, a mi juicio no le asiste razón.

Por un lado, y en lo que respecta a la primera de las defensas ensayadas, claro resulta que el hecho de que el rubro en cuestión no haya sido incluido dentro de la mencionada cobertura es por completo irrelevante, dado que el reclamo respectivo no tiene por fuente a tal contrato, sino a la mora en cumplirlo en la que la demandada ha incurrido.

En tal marco, y dado que la aludida mora obstó a la posibilidad del demandante de contar con la indemnización que, a su vez, le hubiera permitido adquirir un nuevo vehículo, forzoso es concluir que la aseguradora debe indemnizarle el daño que tal privación le causó.

No obsta a ello lo alegado en sustento de la segunda de las objeciones mencionadas, vinculada con la inteligencia que la quejosa atribuyó al art. 622 del código civil.

Y esto pues, según mi ver, esa no es la norma que rige el caso, lo cual me releva de la necesidad de decidir si asiste o no razón a la quejosa en lo concerniente a tal interpretación.

Así cabe concluir si se atiende a la causa fin del contrato de seguro, perspectiva que obsta a la posibilidad de equiparar sin más la obligación del asegurador a una obligación dineraria.

Es verdad que esa obligación de la compañía habrá de traducirse -al menos en casos como el presente- en la entrega de una suma de dinero.

Y verdad es también que el asegurado no tiene obligación de aplicar esa suma a la reposición del bien objeto del siniestro.

Pero ello no puede desdibujar la aludida causa fin del contrato, cuyo carácter esencialmente reparador demuestra que la intención de las partes no es otra que preservar al asegurado de sufrir la pérdida de ese bien de su patrimonio sobre el cual recae la cobertura.	Es decir: hay una directa relación entre el bien asegurado y la obligación de la compañía, tan directa que la preexistencia de uno (ese bien) es concebida como causa de la otra (obligación de cubrir su pérdida).

De esto se deriva que, aun cuando esta última se haga efectiva mediante la entrega de una suma de dinero, esa entrega tiene por finalidad esencial colocar al asegurado en la misma -o, por lo menos, parecida- situación que aquella en la que se hubiera encontrado si no hubiera sufrido el siniestro, lo cual demuestra que no es posible deslindar los efectos del incumplimiento de la aseguradora de los efectos que la injusta privación de ese bien produjo en su asegurado (esta Sala, "Daju S.R.L. c/ HSBC La Buenos Aires Seguros s/ ordinario", 20.04.12).

Derívase de lo expuesto que, si el incumplimiento de la aseguradora privó al actor de la posibilidad de contar con un bien que éste aplicaba al desarrollo de su actividad empresaria -como se había dejado expresamente aclarado en el mismo contrato al señalarse el "uso comercial" al que se hallaban destinados el camión y del semiremolque siniestrados (ver fs. 9)-, no puede la aseguradora pretender acotar su obligación a la de entregar a la actora la indemnización pactada con más sus intereses.

Debe las dos cosas: por un lado, debe esos intereses, desde que, tras haber retenido indebidamente un capital que hubiera debido entregar a su contraria -y en cuyo uso indebido aquélla permaneció-, es su obligación reparar el daño que esa privación ocasionó a ésta; y debe también el lucro cesante que la actora experimentó, desde que esa privación no sólo fue de ese capital, sino también de las ganancias que mediante su utilización el asegurado hubiera podido obtener (esta Sala, "Daju S.R.L. c/ HSBC La Buenos Aires Seguros s/ ordinario", ya citado).

Por las razones expuestas he de proponer a mis distinguidos colegas el rechazo del recurso examinado.

3. En cambio, encuentro procedente la queja de la actora.

En efecto: como surge de lo expresado por ella en su demanda (ver punto 120 de fs. 101), su parte requirió que el "lucro cesante" en cuestión le fuera reconocido hasta el momento en que su contraria hiciera efectiva la indemnización que debía como consecuencia del contrato de marras.

Es verdad que en el punto 148 de ese mismo escrito inaugural cuantificó el aludido rubro en la suma de $ 65.652 (v. fs. 103), pero no menos verdadero es que, al así proceder, la quejosa aclaró que practicaba esa liquidación sin perjuicio de la suma que a ella debiera adicionársele ".hasta el momento de su efectivo pago." (sic).

De lo expuesto se desprende que asiste razón a la apelante en cuanto a que ella no reclamó el lucro cesante hasta la fecha de interposición de la demanda, sino hasta que la demandada hiciera honor a la obligación que sobre ella pesaba como consecuencia del referido contrato.

Por lo demás, no advierto que -ponderado el asunto desde una perspectiva sustancial- exista razón alguna que justifique acotar de ese modo la indemnización de marras.

Por lo pronto debe precisarse que la accionada sólo cuestionó la procedencia del rubro con sustento en los argumentos más arriba expuestos y ya rechazados.

No hizo lo propio, en cambio, con respecto a la acreditación del daño alegado por su contraria, cuya composición y veracidad, por lo demás, fueron demostrados a través del cálculo efectuado en el peritaje contable producido en autos, el que fue adoptado por el a quo sin que mediara a este respecto ningún agravio.

Este aspecto de la cuestión, por ende, ha quedado firme, por lo que el debate se circunscribe a determinar cuál debe ser la fecha hasta la cual debe calcularse el perjuicio.

No encuentro razón para limitar ese cómputo hasta el día en el que la demanda fue interpuesta, dado que no fue cuestionado -y surge obvio de la misma naturaleza de la prestación cuya privación sufrió la actora- que ese perjuicio se continuó devengando con posterioridad a esa fecha.

En tales condiciones, propondré a mis distinguidos colegas hacer lugar a este agravio, fijando la indemnización respectiva en la suma calculada por el perito hasta el 30/06/10.

No hay datos, en cambio, que permitan determinar cuál es la pérdida que la actora sufrió con posterioridad.

No obstante, y dado que, como dije, aunque no se conoce el quantum sí se sabe que esa pérdida es cierta, estimo que, a efectos de purgarla, es conveniente finiquitar el asunto reconociendo a la actora el derecho a cobrar intereses sobre esa suma, los que se calcularán a la tasa que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar, desde la referida fecha y hasta el efectivo pago.

IV. La solución.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de la demandada y hacer lugar al de la actora en los términos que surgen de lo expuesto en los párrafos precedentes. Costas a la demandada, por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

Así voto.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, el doctor Juan Roberto Garibotto, adhiere al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de // // Cámara doctores.

Julia Villanueva	Juan Roberto Garibotto	Rafael F. Bruno	Secretario	Buenos Aires, 25 de junio de 2013.

Y VISTOS:

1. Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve rechazar el recurso de la demandada y hacer lugar al de la actora en los términos que surgen de lo expuesto en los párrafos precedentes. Costas a la demandada, por haber resultado vencida (art. 68 del código procesal).

2. En mérito a la importancia, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados por los profesionales beneficiarios de la regulación apelada, habiéndose considerado las pautas porcentuales que habitualmente utiliza el Tribunal para casos como el de autos, se elevan a cincuenta y cinco mil pesos ($ 55.000) los honorarios del letrado apoderado de la actora, Dr. Alejandro Fabián Núñez Pennazio, a treinta y seis mil pesos ($ 36.000) los del letrado apoderado de la demandada, Dr. Patricio E. Petersen, a dieciseis mil pesos ($ 16.000) los del peritos contador, Ismael Lacoque, y a dieciseis mil pesos ($ 16.000) los del perito ingeniero, Norberto A. Lo Cane Schloszarcsik, y a ocho mil treinta y nueve ($ 8.039) los de la mediadora, Cynthia Olga Veronica Arazi. Asimismo, por la audiencia de fs. 147, se confirman en doscientos pesos ($ 200) los estipendios de cada una de las Dras. Analía S. Vega y Liliana Kopic, regulados a fs. 513/26 (arts. 6, 7, 9, 19 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, art. 3 del decreto ley 16.638/57, decreto 7887/55 y dec. 1467/11).

Notifíquese por Secretaría.

El doctor Eduardo R. Machin no interviene por hallarse en un uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).	Julia Villanueva y Juan R. Garibotto, . Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia fiel de su original que corre en fs. de los autos que se mencionan en el precedente acuerdo.-	Rafael F. Bruno	Secretario