Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06


Buenos Aires,	6	de julio de 2016 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía de Cámara Este dedujo queja (fs. 54/61) contra el auto denegatorio (fs. 48/52) del recurso de inconstitucionalidad cuya copia obra agregada a fs. 38/44. Allí el Fiscal de Cámara cuestionaba la resolución de la Sala III (fs. 34/37) que había confirmado la de primera instancia en cuanto dispuso no continuar el trámite del proceso y mantuvo el acuerdo de mediación celebrado el 20 de febrero de 2015, a pesar de la oposición de la Fiscalía (fs. 21/23).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la Fiscalía de Cámara afirmó que se había afectado el principio acusatorio y el acceso a la justicia de parte de la víctima en un hecho de violencia contra la mujer. En ese marco cuestionó la interpretación realizada por los camaristas respecto del art. 204 inc. 2 del CPPCABA.

3. Al tomar intervención, el Fiscal General mantuvo la queja interpuesta, propició que se hiciera lugar al recurso de inconstitucionalidad y se revocara el pronunciamiento atacado (fs. 64/69).

Fundamentos:

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. La queja fue presentada ante el Tribunal en tiempo oportuno (art. 33, ley n° 402) y por quien se encuentra legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad (cf. "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Aman, Horacio Jorge s/ infr. art(s) 150, violación de domicilio'", expte. n° 9179/12, resolución del 04/12/2013).

A su vez, el recurrente logra plantear un legítimo caso constitucional al cuestionar la interpretación realizada por los jueces del art. 204, inc. 2 del CPPCABA, por hallar lesionadas en el sub examine aquellas reglas constitucionales que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (arts. 13.3 y 124 y 125, CCABA).

2. En autos, los magistrados de la Sala III resolvieron confirmar el pronunciamiento que admitió el acuerdo de mediación, pese a la oposición manifestada por la fiscalía. Fundaron su decisión en que: i) no era un obstáculo recurrir a dicha vía luego de formulada la requisitoria de juicio porque la solicitud se había efectuado durante la investigación penal preparatoria y ii) que la rotura del vidrio de la puerta de acceso al edificio donde vivía la denunciante no la afectaba a ella, sino al consorcio de copropietarios del inmueble, y su representante y el imputado habían prestado su consentimiento para someterse a la mediación.

3. El planteo articulado por el impugnante exige determinar la correcta inteligencia atribuible a diversas normas constitucionales (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA) a fin de establecer si la interpretación formulada por la Cámara de la legislación infraconstitucional respeta tales postulados.

Conforme aquellas previsiones, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3, CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. arts. 124 y 125, CCABA).

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPP).

La titularidad de la acción penal lleva implícita su discrecionalidad, toda vez que no podrá concebirse dicha potestad si el fiscal careciera de facultades para tomar decisiones sobre su ejercicio (cf. "Incidente de apelación en autos ?Meta, José s/ infr. ley 13.944 (incumplimiento a los deberes de asistencia familiar)? s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9429/12, resolución del 20/11/2013").

4. El instituto debatido en autos debe ser interpretado y aplicado a la luz de los lineamientos enunciados como rectores del sistema jurisdiccional local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA).

En lo que aquí resulta relevante, el art. 204, inc. 2 del CPPCABA dispone que "en cualquier momento de la investigación preparatoria, el/la Fiscal podrá (.) proponer al/la imputado/a y/o al ofendido/a otras alterativas para la solución de conflictos en (.) los casos de acción pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una instancia de mediación o composición".

Por su parte, el art. 91 del mismo código establece que el Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías previstas o promover o desechar la realización del juicio. A tal fin, deberá disponer la investigación para: "4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos legalmente previstos".

A la luz de las prescripciones transcriptas, el juicio de oportunidad acerca de la conveniencia de propender a la composición del conflicto mediante el instituto de la mediación recae exclusivamente sobre el Ministerio Público Fiscal. En este punto cabe recordar que su representante, al formular requerimiento de juicio, había descripto el hecho imputado a Sebastián Benavídez en los siguientes términos: ".consiste en haber provocado la rotura del vidrio que compone la puerta de acceso al edificio.como consecuencia de haberle pegado una patada a la misma. Tal acontecimiento tuvo lugar el 31 de octubre de 2014, siendo las 23:00 horas aproximadamente, en momentos en que [su ex-pareja] se hallaba en el interior de su vivienda, ubicada en la calle.atendió el portero eléctrico de su morada, instante en que pudo constatar que su ex-pareja, Sebastián Benavídez, se encontraba esperándola en la vía pública. Fue así como aquella se dirigió junto con su hijo a la vereda y mientras estaba en la puerta de esa residencia -lado calle-, el aquí compareciente propinó un golpe con una de sus piernas al vidrio que compone la puerta de acceso al edificio en cuestión, provocando su rotura, para después alejarse del lugar con una motocicleta" (cf. fs. 6 vuelta).

En esas condiciones, la decisión adoptada por los jueces de Cámara a fs. 34/37 configura un exceso jurisdiccional en tanto se arrogan facultades que la ley procesal y la Constitución local no le acuerdan, a la vez que hacen propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso.

Con su accionar, los jueces alteran los roles de los actores del proceso, lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas.

5. Finalmente, es dable señalar que la cancelación total de la suma acordada que se informa a fs. 155 de los autos principales no afecta la solución aquí propiciada; ello en función de la invalidez de la aplicación de la mediación al caso, según los argumentos desarrollados precedentemente.

6. Por lo dicho, corresponde: a) hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la resolución recurrida, y c) dejar sin efecto la mediación dispuesta en autos y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las precedentes consideraciones.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión aquí debatida (la posibilidad de que los jueces llamen en un proceso donde se investiga la comisión de un delito de acción pública a una instancia de mediación pese a la oposición fiscal) ha sido analizada por el Tribunal in re "Ministerio Público de la CABA -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Espósito, Ricardo Adolfo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas, CP'", expte. nº 10818/14, resolución del 22/04/2015, entre muchas otras.

En ese marco, por las razones que allí di, a las que me remito, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del MPF; y, revocar la sentencia de fs. 154/157 de los autos principales en cuanto fue materia de agravio. El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Coincido con mis colegas preopinantes en que los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal deben prosperar.

En efecto, independientemente de a quién afecta el demérito patrimonial provocado por la conducta investigada, se trata de un caso en el que se habría ejercido violencia psicológica sobre una mujer, circunstancia que encuentra reparo en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", aprobada por la ley nº 24.632).

Sentado ello, la cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por este Tribunal in re "Ministerio Público de la CABA -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Espósito, Ricardo Adolfo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas, CP'", expte. n° 10818/14, resolución del 22/04/2015. En consecuencia me remito, en lo pertinente, a los argumentos expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

2. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos, revocar la resolución recurrida y dejar sin efecto la decisión que habilitó una instancia de mediación en el caso, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable.

Así lo voto.

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja obrante a fs. 54/61 es formalmente admisible y contiene, una crítica suficiente del auto denegatorio.

Por regla, las decisiones que no ponen fin al pleito o que ordenan su continuación no son, en principio, equiparables a definitiva. Sin embargo en su presentación, el Fiscal de Cámara ha demostrado que se trata de un caso excepcional pues justificó el agravio que le causa el pronunciamiento recurrido, al señalar que "la sentencia que originó la vía recursiva es aquella que no hizo lugar al pedido de la Sra. Fiscal de primera instancia de que se continúe con el proceso. En efecto, lo que hizo fue confirmar su orden anterior mediante la cual remitió el caso a la fiscalía para que proceda el archivo de las actuaciones (.) No se entiende entonces de qué manera se afirma que no es definitiva una sentencia que en última instancia no tendrá otro resultado que el cierre del proceso" (fs. 56 vuelta).

2. Corresponde ahora analizar el recurso de inconstitucionalidad. El Sr. Fiscal de Cámara impugna el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que confirmó la decisión de primera instancia en cuanto dispuso, pese a la oposición fiscal, la celebración de un acuerdo de mediación que luego remitió a la fiscalía de grado a los efectos de su archivo. A juicio del recurrente lo así resuelto arrebata al titular de la acción las potestades conferidas por la ley y ello resulta violatorio de la vigencia del sistema acusatorio (art. 13, inciso 3°; 125, inc.1°, CCABA y el art. 120, CN) y el debido proceso (artículo 18, CN).

3. Más allá de la insistencia en reproducir argumentos ya considerados en las instancias anteriores, el recurrente no logra explicar mediante la generalidad de los argumentos que expone en su recurso, de qué manera la sentencia impugnada produciría en el caso, la alegada violación constitucional. Los jueces de la Sala III, explicaron el alcance del principio acusatorio y del control jurisdiccional en el caso y valoraron las razones de oposición expresadas por la fiscal y resolvieron conforme una interpretación que el recurrente, más allá de su acierto o error, no logra objetar fundadamente. Tal circunstancia me lleva a rechazar el recurso.

4. Voto en consecuencia por hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Así lo voto.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones, de fecha 08/05/2015.

3. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 22/04/2015 en los autos "Ministerio Público de la CABA -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Espósito, Ricardo Adolfo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas, CP'", expediente n° 10818/14, como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

La jueza Ana María Conde no firma por encontrarse en uso de licencia.