Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-11-28


AUTOS Nº 112425 (04° JUZGADO CIVIL) (11971 SALA III) "LANUSSE Carlos Alberto C/ Menin Oscar y Otros - Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 28 días del mes de noviembre de 2017, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Daniel G. Olivares Yapur y Luis Alberto Recio, a los fines de resolver en estos Autos Nº 112425 (11971 SALA III) "LANUSSE CARLOS ALBERTO C/ MENIN OSCAR Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS" originarios del Cuarto Juzgado Civil, en virtud de los recursos de apelación impetrados a fs. 493 y 495 contra la resolución de fecha 08 de febrero de 2017 obrante a fs. 488/492.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo:

A fs. 466/481 el Dr. Raúl Fernando Bustos Laspina plantea la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la providencia de fecha 17/11/2015.

Subsidiariamente a la nulidad, plantea reposición con apelación en subsidio contra las providencias a partir de la fs. 447.

A fs. 488/492 en fecha 08 de febrero de 2017 el Sr. Juez de la causa resuelve: "I) Rechazar los planteos de nulidad y reposición impetrados a fs. 466/481, de conformidad con los considerandos que preceden.- II) Imponer las costas de la presente incidencia a la demandada vencida.- III) Regular los honorarios del Dr. Raúl Fernando Bustos Laspina por su labor incidental en doble carácter en la suma de Pesos Dos Mil ($). Regular los honorarios del Dr. Luis Alberto Lloveras por su labor incidental en doble carácter, en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($). Ambas regulaciones deben computarse a la fecha del presente dictum.- IV) Rechazar la declaración de temeridad y malicia; y la aplicación de una multa, conforme los motivos expuestos en los considerandos.- V) Disponer la prosecución de la causa de acuerdo a su estado procesal".

Contra este dictum, se alza el Dr. Bustos Laspina a fs. 493 quien en su memorial obrante a fs. 501/517, luego de realizar una detallada enumeración de las actuaciones cumplidas en autos como antecedentes de los agravios, refiere como primer queja que existió en autos una doble tramitación recursiva y quien la originó no debería ser motivo de discusión, como lo pretende el Sr. Juez. Si fue culpa del Juzgado o de las partes no es motivo de discusión en esta apelación, pero cierto es que el Juez es el que dirige el proceso y si hubieron dos vías recursivas es por que el Juez fue quien incorporó una sentencia a cada expediente, quien concedió dos recursos; quien ordenó la tramitación de dos recursos por separado; quien proveyó por separado cada recurso; quien elevó a Cámara el recurso concedido en autos Nº 112425/1; quien certificó que el principal es decir los autos Nº 112425 no estaban en condiciones de elevar a Cámara.

Dice que le agravia a su parte que el Juez desconoce la teoría de los actos propios, afirmando que fue el Juzgado quien dió lugar a la doble tramitación y la sentencia de Cámara es solamente de alcance para el incidente y no para el principal.

En el segundo agravio expresa, entre la reiteración de hechos y cita de jurisprudencia, que independientemente de quien fue o no el culpable, errado o no el obrar del Juez, que en el principal e incidente realizó una doble concesión recursiva y ahora rechaza esta clara nulidad, hay una manifiesta violación a la garantía constitucional del derecho de defensa de su representado, pretendiendo con esta apelación sanear los errores del Juzgado que es quien dirige el proceso, no las partes.

Sostiene que es nula la agregación del fallo a otro expediente y/o es nula la notificación de la sentencia realizada por la Cámara de apelaciones. En ambos casos existe nulidad y por ello todos los actos posteriores son nulos.

El tercer agravio versa, en torno a que, contrariamente a lo que sostiene el Sr. Juez de Primera Instancia, el fallo dictado por la Sala respectiva de la Cámara de Apelaciones en el proceso Nº 112425/1 no trata ni cuestiona ninguno de los argumentos esgrimidos en la fundamentación de la apelación como tampoco los expresados en la contestación de la apelación, ni el planteo de los hechos nuevos, surgiendo que la apreciación personal del Sr. Juez de primera instancia es incorrecta.

El cuarto agravio está destinado a afirmar que el agregar una sentencia de otro expediente impide a su parte realizar las defensas procesales necesarias.

En el quinto agravio cuestiona el razonamiento del a quo de agregar la sentencia dictada a otro expediente ya que lógicamente puede tener un resultado distinto el incidente que el principal.

El sexto agravio corresponde a la supuesta nulidad de la notificación exponiendo que el juez actúa como parte interesada en el proceso al tener por válida la notificación que no reviste las formalidades mínimas necesarias para ser tenidas como válida.

En su séptimo agravio manifiesta que no es válida la notificación de otro proceso donde figura otra carátula para agregar a la causa que se pretende extender.

Finalmente cuestiona la forma en que se impusieron las costas lo que se solicita sea modificado.

Deja hechas las reservar de plantear los recursos pertinentes.

Corrido traslado del memorial a la contraria esta lo contesta a fs. 519/522 rebatiendo los argumentos expuestos y solicitando en definitiva se confirme la sentencia apelada.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

Resulta necesario destacar en primer lugar que el apelante afirma en un error de concepto que los autos principales y el incidente de redargución de falsedad son dos procesos diferentes, cuando en realidad el juicio es uno solo con sus derivaciones procesales, como los incidentes que son accesorios del proceso principal, pero de ninguna manera procesos distintos a aquel.

En el caso de autos advierto del análisis de la causa, que se resolvió en Primera Instancia a fs. 334/344 en una sentencia única los planteos o pretensiones del proceso principal y del incidente de redargución de falsedad lo que, pese a efectuar dos planteos apelatorios se resolvió en esta Sala de la Cámara de Apelaciones como no podía ser de otra manera, igualmente en forma conjunta los agravios relativos a ambos planteos. Hubiese sido procesalmente improcedente desmembrar la sentencia para analizarla en dos resolutorios diferentes cuando ya se había expedido el a quo de una manera integral y los agravios de la lectura de los mismos también son integradores, resultando finalmente los considerandos de la sentencia de ésta Sala también adecuados al planteo dual de las partes.

No resulta ocioso destacar, que la metodología resolutoria de manera conjunta de las pretensiones del proceso principal y del incidente había sido consentida por las partes cuando el sentenciante dispuso suspender el llamamiento de autos del principal para cuando esté en condiciones de resolverse el incidente (ver fs. 328), lo que fue notificado al nulidicente a fs. 330.

Sin perjuicio de lo expresado, la nulidad pretendida basada en la incorporación de una copia de la sentencia dictada en el incidente que resuelve de una manera integrada los planteos del principal y del incidente de redargución de falsedad, no puede tener éxito en la medida que no reúne los requisitos exigidos para su andamiento; en éste sentido el nulidicente debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración; tanto uno como otro deben ser fehacientemente demostrados, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión. Pero no de una indefensión teórica como lo es, por ejemplo, la incorporación de la copia de la sentencia en el proceso principal, cuando el argumento dado por el sentenciante en su dictum refiere a las situaciones planteadas en ambos procesos principal y incidental cuyo detallado análisis realiza y se evidencia en la sentencia en estudio.

No basta citar la imposibilidad de usar del derecho de defensa, sino que debe concretarse con la mención expresa y precisa de las que se vio privado de oponer. No advierto el perjuicio si se analizó por parte de este Tribunal los agravios expuestos por el apelante que, pese a reiterarse en ambos actuaciones, resultaron los mismos para ambas.

No habiendo cumplido con el requisito básico para que proceda la declaración de nulidad de expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración a fin de no caer en el ritualismo de declarar la nulidad por la nulidad misma, corresponde se rechace tal pretensión.

En relación a la nulidad de la notificación de este Tribunal por contener solamente la parte resolutiva, resulta necesario destacar que el art. 136 del C.P.C. establece los recaudos esenciales que debe contener la cédula de notificación de las resoluciones judiciales; en el inciso 4º dispone: "Transcripción de la parte pertinente de la resolución". Este recaudo se exige cuando se comunican sentencias interlocutorias o definitivas, pues bastará la sola notificación del fallo en ellas. Evidentemente la norma se refiere a la parte dispositiva del fallo, que es la que corresponde apelar (Fenochietto-Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación " Tº I, pág. 465).

La cédula que pretende sea anulada ha sido confeccionada conforme a las pautas procesales correspondientes resultado válida y útil a los fines notificatorios.

En este sentido si los agravios del apelante resultan iguales para el proceso principal y para el incidente pese a que se acompañaron dos escritos, resulta pueril el argumento de pretender que el alcance de la notificación solo refiera a una de la pretensiones cuando la sentencia de Primera y de Segunda Instancia eran sentencias integradoras y resolvían ambas cuestiones. La notificación operada en el incidente alcanzaba al principal cuya pretensión en la sentencia referida se resolvía.

En razón de lo expuesto, propongo se rechace el recurso traído a estudio habida cuenta de la adecuación a derecho del resolutorio apelado.

Finalmente he de avocarme al estudio del recurso introducido por el Dr. Luis A. Lloveras a fs. 493. Al respecto debo destacar que constituye una conducta contraria a la lealtad, probidad y buena fe que los letrados deben guardar en los litigios, y que por ello debe ser sancionada, plantear en el proceso articulaciones manifiestamente improcedentes, inocuidad de los motivos que el demandado invoca sin razón valedera alguna al progreso de una demanda, así como el entorpecimiento, la demora y obstrucción bajo el pretexto de la defensa, y se perturba el normal desenvolvimiento del juicio mediante presentaciones inconducentes en exceso notorio del derecho de defensa (Morello, pág. 840 y ss.).

La actitud reprobada por el art. 44 del C.P.C., puede configurarse en un sólo instante, o etapa del juicio, o durante su curso, perturbando su normal desarrollo. El presupuesto esencial para su procedencia, supone la calidad de vencido, total o parcialmente en el incidente. Son sujetos pasibles de esta norma por sanción, la parte vencida misma, o su letrado que interviene por ella en el pleito, sin determinar exclusividad o prelación alguna. Debe tomarse en consideración para este juzgamiento de la conducta, la actitud personal observada en el proceso, en cuanto obstruya o lesione el buen orden o la ética, el decoro y la normalidad de los juicios. El Juez tiene siempre la facultad privativa de determinar quien es el sujeto autor del obrar temerario y malicioso y por consiguiente pasible de la multa.

En el caso en tratamiento los fundamentos de las nulidades y reposiciones impetradas por la ejecutada a fs. 466/481 carecían de todo sustento fáctico o jurídico, que muestra el conocimiento de la sin razón, estando así configurada la temeridad, que obstaculizó el cumplimiento de la sentencia sin argumentos valederos.

Como conclusión de todo lo expuesto estimo que la demandada en esta ejecución ha tenido todas las oportunidades procesales para ejercer su derecho de defensa, pero ello no la autoriza a efectuar planteos sin razón, teniendo conciencia de ello. Por lo que propongo haciendo uso de las facultades otorgadas por el art. 36 del C.P.C. imponer una sanción al apelante vencido y a su abogado equivalente al 10% de las costas del incidente resuelto en este fallo y a favor de la actora.

En cuanto a las costas de esta instancia corresponden sean impuestas a cargo del apelante vencido art. 66 del C.P.C..

En cuanto a los honorarios por la labor cumplida en esta instancia recursiva, propongo se fijen en el 30% de los emolumentos establecidos para la instancia de origen y a la fecha de la misma.

Así voto	El Señor Juez de Cámara Dr. Daniel G. Olivares Yapur, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

En mérito de la votación que precede; SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación impetrado a fs. 495 con costas a cargo del apelante vencido (art. 66 del C.P.C.).

II) Admitir el recurso planteado a fs. 493 en consecuencia declarar temeraria y maliciosa la conducta de los accionados en el incidente impetrado a fs. 466/481, disponiendo imponer a los demandados y a su abogado Dr. Raúl Fernando Bustos Laspina la sanción prevista en el art. 44 del C.P.C. consistente en el 10% de las costas del incidente de nulidad resueltos en el presente fallo, a favor del actor, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos pertinentes. Advertir a la parte demandada y su letrado para que en lo sucesivo efectúen los planteos conforme a la normativa procesal vigente, evitando la obstrucción y/o dilación de la causa.

IV) Fijar los emolumentos de los Dres. Antonio R. Lloveras, Luis A. Lloveras y Raúl Fernando Bustos Laspina por la labor en esta instancia recursiva en el 30% de los fijados para la tarea en Primera Instancia y a la fecha de la sentencia de origen esto es febrero de 2017.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. PATRICIA ROLDAN DE VARGAS- PROSECRETARIA- PROT. AUTOS T° II F° 193/197 AÑO 2017