Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-11


2º Instancia. - Buenos Aires, Septiembre 11 de 2008.

E Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada el doctor Sansó, dijo:

1. Contra la sentencia de fojas 250/258 que hizo lugar a la acción de daños causados en un accidente, interpuso la demandada recurso de apelación; expresó agravios a fojas 288/29, con respuesta de la actora a fojas 300/308.

A fojas 285/86 la señor Defensora Oficial ante esta Cámara, mantuvo el recurso del Defensor de la anterior instancia.

Se quejó la demandada, de la atribución de responsabilidad y de la indemnización en concepto de "Valor Vida", daño moral, incapacidad y tratamiento psicológico, por considerarla improcedente y pidiendo en subsidio la reducción; se quejó también de las otras composiciones por considerarlas excesivas.

La Defensora Oficial, se agravia de las indemnizaciones por insuficientes.

2.- Estando en debate la atribución de responsabilidad, según lo propone la recurrente, corresponde atender previamente a este sector de la apelación, en la medida que la eventual procedencia de la queja, produciría una substancial modificación de lo resuelto en la anterior instancia.

El fallo apelado, determinó que la víctima perdió la vida a causa de la descarga eléctrica proveniente del cableado de la accionada, que la electrocutó.

3.- El decisorio apelado, instala el conflicto en la previsión del artículo 1113 segunda parte, del Código Civil, en la inteligencia de que en los supuestos de daños sufridos por el damnificado fueron consecuencia del hecho de la cosa, y que esta en el estado en que se hallaba era una cosa calificable como riesgosa o peligrosa (considerandos IV y V de fojas 253 vuelta a 254). Al tener por demostrado que el cableado, el cuidado mantenimiento y previsión de seguridad estaban a cargo de la demandada (articulo 25 del contrato de concesión), le endilgó completa responsabilidad a la demandada concesionaria del servicio.

Por ello el demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente que considere posible de oponer, que no puede consistir en su falta de culpa porque este factor es extraño a la imputación objetiva del ordenamiento, 4.- Se queja la demandada de las inferencias fácticas que la señora Juez de la causa hiciera, teniendo por demostrado aquello que no tendría respaldo probatorio, siendo que tratándose de una cosa inerte que de por sí no sería peligrosa, la aplicación de la normativa impone al reclamante no solamente demostrar el daño y la relación causal con la cosa, sino que constituye un factor decisivo -distinto de lo que corresponde cuando el perjuicio proviene de cosas viciosas o peligrosas- la prueba eficiente de que se dio un componente adicional, que en combinación con la cosa inanimada derivó en el accidente producido.

En esa línea argumental afirma que no hubo prueba concreta de que cual sería ese elemento, teniendo en cuenta que no constaría que personal de la demandada hubiera acondicionado la instalación del cable que tomando energía clandestinamente, habría sido realizada por terceros no pertenecientes a la empresa.

5.- La juzgadora tuvo en consideración la documental, testimonial, informativa y el dictamen pericial para considerar que efectivamente la demandada debería haber adoptado los cuidados que impidieran infortunios como de autos. Y esto no ha sido refutado en modo alguno, ya que el memorial se limita a conjeturar actitudes y omisiones que atribuye a la víctima y terceros, pero que no tienen asidero ni se basan en prueba colectada regularmente.

En un análisis que tiene como orientación el régimen extracontractual del responder, se podría coincidir en que la cosa inerte, raramente y por sí misma entraña vicio o riesgo, y que en los casos que se pretendiera imputar al dueño o guardián debería demostrarse además del perjuicio y la adecuada relación de causalidad con la cosa, que ésta reunía la condición que vendría a equivaler al vicio o a la peligrosidad.

Al mismo tiempo sería posible razonar que una cosa inerte en determinadas situaciones, puede generar tanto o mas riesgo que una cosa peligrosa, sea porque la amenaza provenga de la concurrencia de otra cosa, sea porque algunos de los elementos que la componen, potencialmente puedan producir su imperfección. Todo dependerá de la conjunción de eventuales circunstancias. Por esto mismo, en toda investigación para establecer causas eficientes, deberá emplearse la mayor racionalidad y sentido común para no forzar la normativa aplicable extendiendo desmesuradamente sus alcances, ni tampoco aferrarse a la letra de su redacción.

En lo que aquí interesa, las disidencias interpretativas de los hechos según expone el memorial de la quejosa, suponiendo que el damnificado sin haber tomado precauciones, hizo contacto con un cable que no instaló la empresa, pretendiendo así trasladar deberes y cargas del responsable a la víctima. Quien tenía la obligación de impedir la sustracción de energía eléctrica mediante dispositivos tan irregulares era la empresa. Quien debía verificar el estado del cableado en forma persistente era en todo caso el personal de la demandada.

Para alguna teoría, un hecho puede considerarse causa de otro posterior cuando si hubiese faltado el hecho precedente, el posterior no se hubiera producido. Ha sido justamente criticada porque extiende la relación causal hasta el infinito incluyendo las llamadas pre-condiciones o causas de las causas. Así por ejemplo, un automovilista hiere levemente a un peatón; este es llevado a una sala de primeros auxilios donde contrae una enfermedad contagiosa y muere. ¿El automovilista será responsable de la muerte?" (Ver Borda, Guillermo Tratado de Derecho Civil - Obligaciones t.II página 205 N?1314; en similar sentido Alterini - Ameal - López Cabana "Derecho de Obligaciones" pagina 222 N? 501).

Para la doctrina de estos autores, mayoritaria jurisprudencia, en realidad el temperamento que corresponde acatar es aquel que niega la equivalencia de condiciones, prefiriendo atender a la causa adecuada, es decir a aquella en que la acción u omisión humana debería haber sido eficiente para derivar en la consecuencia dañosa, siguiendo el discurso de la norma del artículo 901 del Código Civil; un suceder acorde con el curso natural de los acontecimientos.

La prueba suele ser dificultosa en estos casos. Ciertamente por lo general, cada uno es consciente de las verdaderas causas. No pocas veces por factores exclusivamente subjetivos, el descuido, la propia torpeza, la alteración del organismo, o de los sentidos, mareos, desmayos, descomposturas.

Pero en lo que aquí se disputaba, el accidente se tuvo por demostrado coincidiendo el dictamen del perito de oficio con las restantes piezas probatorias (ver especialmente respuestas a los puntos 9, 10, 11 y 12 a fojas 162 vuelta /163). A la juzgadora le alcanzaba con estas precisiones, sin que las objeciones que trae el memorial alcancen para refutarlo. Con lo cual la decisión de la señora Juez, tan criticada por la recurrente, no aparece injusta, sino todo lo contrario.

Propongo por ello el rechazo de este segmento de los agravios.

6.--Los siguientes agravios están dirigidos a las indemnizaciones estipuladas en favor de la actora Elida Flor Salas.

En relación con el daño material y moral, hay queja de la demandada, considera que las sumas son excesivas.

El fallo le reconoció a la demandante una reparación de sesenta mil pesos por pérdida de chance, y Cien mil por el agravio moral. Por lesión y tratamiento psicológico, Cincuenta mil pesos.

6.1.- La accionante había reclamado por"valor Vida" la suma de sesenta y un mil novecientos pesos La sentencia apelada le adjudica $ 60.000.

Lo que en este concepto sería resarcible, es la esperanza con contenido económico, o dicho de otro modo, la perdida de chance u oportunidad de que en el porvenir, la persona victima del accidente, concretara una ayuda, contribución o sostén económico futuro para la madre. Ello se desprende de los deberes que impone el parentesco (art.367 del c. Civil), y de las previsiones de los artículos 1079 y 1084 del Código Civil..

El analisis de la pérdida de chance, confronta por lo general dos extremos, que se hacen bien evidentes cuando se trata de casos límite; de un lado aquello que podría calificarse como "castillos en el aire" (" de Perrette y su cántaro de leche.."ver Mazeaud-Tunc "Responsabilidad Civil" tomo 1 - I N? 219 pag. 312), y del otro la predecible por lo razonable, expectativa de contar expectativa de contar con la colaboración de alguien, sea por los lazos de parentesco, unidos a la adhesión y consecuencia que provee el afecto, y la buena crianza así lo determina; sea porque existe deber legal, como el que surge de las disposiciones de los artículos 367 y siguientes.

Lo que está en juego es la probabilidad, de ningún modo la completa certidumbre porque entonces faltaría el elemento de imponderabilidad que signa el concepto de pérdida de chance (véase la multitud de ejemplos en Mazeaud - Tunc, obra citada página 308/9,) acompañada aquella probabilidad de características personales que la hagan previsible tanto por las cualidades que se presume adquirirá el hijo, cuanto por la situación de los padres, cuya realidad esta sí actual, permite inferir que necesitarán de la contribución del descendiente.

Desde otra visión resultan desechables los cálculos actuariales, y puramente aritméticos, por constituir simples especulaciones desprovistas de fundamento real, ya que siempre tendrán en cuenta hipótesis cuya única posibilidad de concreción, se conseguiría averiguar solamente, mediante el seguimiento de la existencia que debería continuar, y la verificación del paulatino desarrollo de las potencialidades. Un tanto de adivinación y futurología.

Aceptando las críticas doctrinarias, habría que admitir al mismo tiempo la dificultad para evaluar las diversas, numerosas y hasta imprevisibles circunstancias que acontecen en el transcurso de la vida, como para aspirar a que el plexo probatorio conduzca a través de un camino sencillo de pensamiento y deducción a la exacta determinación de un importe que cubra aquello que se pretende reparar. Y como las posibilidades de comprobación en este sentido son limitadas (que medios serían tan elocuentes, la pericial, la testimonial, la informativa etc.?), debe reconocerse entonces en homenaje a la claridad objetivada a que se aspira, que para conocer con precisión ese devenir, habría que ingresar en el terreno de la futurología.

La cantidad estipulada, equivaldría a un ingreso de seis mil pesos anuales durante diez años, y a la vez a quinientos pesos mensuales. O tres mil anuales durante veinte años (la actora contaba 42 años a la fecha del accidente, - febrero de 2006-, y el hijo 21), esto equivaldría a doscientos cincuenta pesos mensuales.

Cantidad esta última que no dista mucho de la que se estimara en la demanda (foja 24 vuelta), y que sería coherente con las actividades que describiera el testigo José Paulino Sayago a foja 150.

Tomando como guía las precedentes determinaciones, que tampoco conducen a especular con la regularidad de las ganancias, a la periodicidad y cantidad, concuerdo con la juzgadora en que la indemnización requerida puede admitirse sobre la base de la circunstancias personales del occiso, y de la reclamante. Al contrario de lo que postula la recurrente, lo encuentro razonable. Por lo tanto considero que estos agravios deben rechazarse.

6.2.- Daño moral: A mi juicio basta con remitir a las descripciones efectuadas por el psicólogo designado de oficio en el peritaje acerca del estado y de la evolución de la damnificada (fojas 207/210), para determinar, que el fallecimiento del hijo, tuvo consecuencias en el espíritu y personalidad de la madre, y que la entidad de estas afecciones alcanzaba importancia que requería ser traducida en una composición, a mi juicio substantivamente calificada y estipulada por la señora Juez de la causa.

Y como lo único que aporta el memorial de la actora, es disconformidad con el importe, considero que no hay refutación eficiente que destituya lo resuelto en el pronunciamiento recurrido.

6.3.- Daño y tratamiento psicológico. La demandada apelante discute la indemnización. Se agravia de que la juzgadora considere que el daño psicológico tuviera autonomía, cuando debería quedar involucrado en el daño moral. .Discute la indemnización, aduciendo que el fallo no discrimina explicando que porción del total se aplicaría a la lesión, y cual específicamente a la terapia.

Participo del criterio conforme al cual "el déficit en al ámbito psíquico, debe ser diferenciado del daño moral, dado que, si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquel reviste connotaciones de índole patológica. Asimismo debe diferenciarse de la incapacidad sobreviniente, que ha sido tipificada como la disminución de las facultades atinentes a lo laboral y al resto de la vida social. El daño psicológico puede dejar incólumes las posibilidades laborales y el resto de los aspectos vitales de un ser humano, considerados en su proyección hacia el mundo exterior y sólo producir consecuencias disvaliosas en su vida interior"( Cámara Nacional Civil Sala D. 16-6-92 "Peralta, Antonio c/ Hernán, Ramón. E.",voto del Dr. Daray La Ley 1992-E-24).

En el escrito de demanda, el actor solicitó resarcimiento para el detrimento psicológico ($ 90.000) incluyendolo explícitamente en la descripción de su incapacidad, y pretensión autónoma vinculada a la terapia ($ 11.000-).

Luego al ofrecer prueba, solicitó la designación de perito, indicando entre los puntos sobre los que deberían pronunciarse, informe expreso acerca de la terapia.

No podría en consecuencia haberse desconocido una reparación destinada al efecto, no sólo por el condicionamiento efectuado de sujetar la pretensión al mayor y mejor conocimiento que aportaran las medidas probatorias, y en especial éstas en las que cuenta la ciencia de los expertos, sino porque no se vulnera el debido proceso, ni la garantía del derecho de defensa, cuando el traslado de una acción, contenida en un escrito de demanda y ofrecimiento de prueba que consignan, en la medida en que es posible al tiempo de interponerla, los directos alcances de la pretensión, y al mismo tiempo los eventuales que quedan patentizados en el conjunto de detrimentos descriptos claramente en la presentación.

Adujo la demandante que el fallo debía reconocerle en mérito a la opinión del perito, la necesidad de someterse a tratamiento psicológico. Éste de acuerdo al informe psico-diagnóstico debería realizarse.

Por lo demás si bien el peritaje no caracteriza la disfunción como irredimible y permanente, en el segmento específico se aclara que el tratamiento que se propicia por al menos tres años, tendría un costo por sesión de $ 50 a $ 70, lo cual lleva a presumir la posible recuperación de la actora."Si bien las conclusiones del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes, salvo que se advierta un apartamiento de esa prueba, apoyado en razones subjetivas que llevan ínsito un claro voluntarismo sobre el tema, en cuyo caso pueden descalificarse las conclusiones a tenor de la doctrina de la arbitrariedad, en tanto existe relación directa entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dice vulneradas" (C.S. 13-8-98 L.L.1998 F- 231) A tenor de estas precisiones, mínimo indispensable para evaluar los perjuicios, aparte de ingresar en el tratamiento de otras circunstancias tales como las características individuales de la damnificada, el importe reclamado en concepto de indemnización y tratamiento psicológico, en principio se muestra exagerado De allí entonces que el total asignado por la lesión y por la terapia ($ 50.000 y $ 10.000 respectivamente), constituye en mi opinión, un modo de resarcimiento adecuado.

Opino por lo tanto que esta parte de las quejas, tampoco debe ser acogida. 7.- A conclusión análoga se llega analizando los desacuerdos que traen las quejas de la señora Defensora, y de la accionada, en relación con el resto de los actores. No hay en ninguna de las piezas argumentos que pueda considerarse asciendan a crítica eficiente, en los términos que exige el artículo 265 del Código de Procedimientos.

8.-La demandada apelante considera que los intereses no tienen cabida comoaccesorio de la condena por el daño moral. Cita en su apoyo jurisprudencia conforme a la cual, no correspondería establecer réditos ni indexación cuando el importe de condena ha sido actualizado.

No discute ni impugna el tipo o la tasa, como para suspender el pronunciamiento en lo relativo a este asunto (autoconvocatoria a Tribunal Plenario autos "Samudio de Martínez Ladislaa c/Transportes Doscientos setenta S.A. s/daños").

Contrariamente a lo que aduce la recurrente, la expresión "valores actuales" no ha sido empleada por el juzgador, de forma que la interpretación en el sentido de que indexó las cantidades hasta la fecha de la sentencia, y que por esa razón debería decidir aplicar intereses a la tasa "pura", en oposición a la ley 23.928 (actualmente 25.561) y al Plenario de esta Cámara, constituye una aseveración sin fundamento.

Tales indemnizaciones no podrían, contradiciendo las leyes 23.928, 25.561 y decretos reglamentarios, contener actualización alguna, porque no estaban referidas a cantidad que les sirviera de base. Adviertase a este respecto, que las sumas reclamadas en la demanda eran por lo general, superiores o equivalentes a las que el fallo apelado reconoce. En consecuencia al enunciado "valor actual" no podría asignarsele aquel alcance, ni la implicada voluntad de abarcarlos dentro de un capital pretendidamente revalorizado, sino en todo caso simple apartamiento de la directiva plenaria.

La tesis que proponen los apelantes es entonces incorrecta; por lo tanto cuando se trata de responsabilidad derivada de un hecho como el de autos, los intereses inician curso el día del accidente, y se aplica la tasa pasiva que publique mensualmente el Banco Central de la República Argentina (conforme esta Cámara en Pleno: "VAZQUEZ, Claudia c/BILBAO, Walter y otros" del 2-8-93 La Ley 1993-E-126; votos del suscripto libres Nº 165.161 y 160.194 y "ALANIZ RAMONA EVELIA C/ TRANSPORTES 123 S.A.C.I. interno 200 s/daños y perjuicios" Camara Nacional Civil en Pleno el 23 de marzo de 2004).

Por lo hasta aquí expuesto, propongo que al rechazarse la totalidad de los agravios, se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide. Sin costas en esta instancia.

El Dr. Ramos Feijóo por análogas razones a las aducidas por el Dr. Sansó, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. - Gerónimo Sanso - Claudio Ramos Feijoo.

Buenos Aires, setiembre de 2.008.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios. Sin costas en esta Instancia .

Teniendo en cuenta las constancias que surgen de la causa, difiérese la consideración de los recursos de apelación interpuestos contras las regulaciones de honorarios de fs. 429 y 438 hasta tanto se regulen los emolumentos de la totalidad de los profesionales cuyo pago está a cargo de la parte vencida en costas No firma el Dr Mizrahi por hallarse en uso de licencia art 109RJN. - Gerónimo Sanso - Claudio Ramos Feijoo.