Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64033 SALA VI Expediente Nro.: 45941.09 (Juzg. N°54) AUTOS: "RIZZO MIRIAM GRACIELA Y OTRO C/NACION AFJP S.A. S/DESPIDO" Buenos Aires, 31 de MAYO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta, viene en apelación la parte actora a tenor del memorial recursivo obrante a fs. 341/346, el cual ha sido replicado por la demandada, Nación AFJP S.A. a fs. 350/354.

Asimismo, tanto el perito contador a fs. 347 como la demandada a fs. 348; cuestionan los honorarios regulados al experto contable.

En primer lugar analizaré los términos vertidos en la queja presentada por la parte actora, la cual básicamente cuestiona lo decidido en relación con la indemnización por despido; con la entrega de los certificados de trabajo (art. 80 LCT) y su consecuente multa; con el reclamo por diferencias salariales por reducción salarial; y con la regulación de honorarios correspondiente a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y del perito contador, por considerarlos elevados.

En cuanto al primero de los aspectos objeto de queja -indemnización por despido en función de las previsiones de la ley 26425- adelanto que las argumentaciones vertidas al respecto no tendrán favorable andamiento.

En el caso, los actores -Rizzo y Rodriguez- quienes se desempeñaron para la demandada como telemarketers, luego como computistas junior y finalmente, como computistas senior; argumentan que la demandada Nación AFJP S.A. ha utilizado el mecanismo de una cesión de personal para eludir la aplicación de una norma indisponible -tal como la ley 26.425-, la cual según sostienen los apelantes ".ordenaba extinguir la relación -lo hicieron- y abonar las indemnizaciones correspondientes de un despido incausado -no lo hicieron pretendiendo valerse de una argucia." (ver fs. 9 vta.).

En este contexto, los actores impugnan el contrato de adhesión oportunamente suscripto argumentando que fueron obligados a suscribirlos para conservar el empleo; todo lo cual los lleva a pretender las indemnizaciones derivadas del despido directo incausado.

Así las cosas, cabe poner de resalto que los claros términos previstos por la ley 26.425 en su artículo 14 distan de los argumentos esgrimidos por los quejosos; en concreto lo que la norma dispone es que: "A través de las áreas competentes, en los supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, se realizarán todos los actos necesarios para garantizar el empleo de los dependientes no jerárquicos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que opten por incorporarse al Estado Nacional en cualquiera de sus dependencias, que éste fije a tal fin, con reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias legales o convencionales.".

Lo expuesto en nada se adecua a la pretensión actora. En modo alguno la norma ordena extinguir el vínculo e indemnizar, lo que la normativa prevé es justamente que, para el caso en que se haya dispuesto un despido directo por parte de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, se garantice el empleo de los dependientes no jerárquicos -lo que en el caso la demandada ha resuelto adecuadamente cediendo personal -entre ellos los actores- e incorporándolos al Estado Nacional en cualquiera de sus dependencias -en el caso, según los propios términos del escrito de inicio, los actores fueron cedidos para ser incorporados en la planta de ANSES (textualmente los actores invocan ".sin perjuicio de su posterior y actual incorporación a la plantea de ANSES.", ver fs. 9 vta.).

Por lo demás, surge de fs. 117 vta. y de fs. 118 vta. que los actores han prestado su conformidad con la cesión habida en los términos previstos en el artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin que se advierta demostrado la existencia de vicio alguno en dicha suscripción.

La previsión esencial de la normativa -ley 26.425- ha sido cumplida, en relación con los actores -en el caso trabajadores no jerárquicos- se ha garantizado su empleo, sin que resulten atendibles las argumentaciones vertidas en la queja en examen.

Por tanto, en este aspecto del fallo apelado, propongo se lo confirme.

Los agravios vertidos por los recurrentes en relación con la entrega de los certificados previstos por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la consecuente multa por la falta de cumplimiento de dicha entrega; tampoco tendrá favorable andamiento.

En este sentido, de los elementos objetivos obrantes en la presente causa, surge que la demandada Nación AFJP S.A. ha cumplido con la obligación en cuestión (ver fs. 111/112 y fs. 113 para la coactora Rizzo; y ver fs. 114/115 y fs. 116 para el coactor Rodriguez) en forma oportuna con la cesión y con la intimación cursada por los actores.

Por tanto, en este aspecto del fallo apelado también propongo su confirmatoria.

Finalmente, en relación con el tercer agravio vertido en la queja en examen -diferencias salariales por reducción salarial de la asignación temporal variable-, adelanto que el mismo resulta atendible.

En este orden de ideas, destaco que de conformidad con lo expuesto en el pronunciamiento de grado, la demandada reconoció que a partir del mes de junio de 2007 se eliminaron los objetivos grupales y cualitativos que componían la parte variable de la remuneración de los computistas previsionales, aunque en su defensa, argumentó que dicha modificación conllevó al incremento del salario básico de los computistas.

En función de ello, en mi opinión, el argumento basado en el aumento del salario básico, no justifica ni compensa la reducción en cuestión, puesto que la modificación unilateral por parte de la demandada, de las pautas objetivas que involucran el rubro variable de la remuneración de los actores, significa un perjuicio concreto para los reclamantes; de modo que la modificación de la remuneración mensual de los trabajadores que constituye uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, en este caso particular, les resulta perjudicial, lo cual corresponde recomponer.

En este sentido, y de conformidad con lo expuesto por el perito contador en su informe de fs. 197/213 (concretamente en el anexo cuatro de fs. 199 vta.) corresponde condenar a la demandada a abonar a la coactora Miriam Rizzo la suma de $12.931,23; y al coactor Ricardo Rodriguez la suma de $15.850,50, en concepto de diferencias salariales.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se haga lugar a la demanda interpuesta por la suma de $12.931,23 para la coactora Mieiam Rizzo y $15.850,50 para el coactor Ricardo Rodriguez, las cuales llevarán intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, de conformidad con la tasa activa promedio que utiliza el Banco de la Nación Argentina para otorgamiento de préstamos.

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador -por los trabajos profesionales cumplidos en autos en primera instancia- en el 14%, 11% y 5% respectivamente, del monto de condena con intereses.

Por la actuación profesional cumplida ante esta alzada, estimo los honorarios de los presentantes de fs. 341 y de fs. 350 en el 25% de lo regulado en la etapa anterior.

Ello así de conformidad con la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, el resultado final del pleito, y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, dto. 16638/57)	EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda interpuesta por la suma de $12.931,12 para la coactora Miriam Rizzo y $15.850,50 para el coactor Ricardo Rodriguez, dichas sumas llevarán intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, de conformidad con la tasa activa promedio que utiliza el Banco de la Nación Argentina para otorgamiento de préstamos. II) Confirmar el fallo de grado en lo restante que decide. III) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida, a cuyos efectos se regulan los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador, por los trabajos profesionales cumplidos en autos en primera instancia, en el 14%, 11% y 5% respectivamente, del monto de condena con intereses. IV) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 3431 y de fs. 350 en el 25% de lo regulado en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan	JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA