Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-23


Sentencia N° 365 Y VISTO:

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 23 días del mes de Octubre de 2.017 se reúnen los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala IIIa., DRES. RODOLFO M. MOVSOVICH y LUIS JOSE COSSIO para considerar y resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada, contra la sentencia de fecha que rola a fs. 651/658 de estos autos. Practicado el sorteo de ley y establecido el orden de votación se procedió a la misma con el siguiente resultado: Dres. Rodolfo M. Movsovich y Luis José Cossio El Sr. Vocal Dr. RODOLFO M. MOVSOVICH dijo: 1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Novena Nominación de fecha 30 de Marzo de 2017 que hace lugar a la demanda por daños promovida por Patricio Severo Frías Silva en contra de AMX Argentina S.A. (Claro) condenando a la demandada a pagar en concepto de indemnización la suma de $3.581 en concepto de daño emergente, $15.000 por daño moral con más sus intereses calculados con la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina e impone una multa civil de $20.000 en el marco del art. 52 bis. de la Ley 24.240. Contra dicho pronunciamiento se alzan la parte actora y la demandada, a quienes se les conceden sendos recursos de apelación a fs. 664 y 662, respectivamente. A fs. 670/86 corre agregado el memorial de agravios de la parte actora. Corrido el traslado de ley, a fs. 689/90 la parte demandada se opone a su progreso, y a fs. 693/95 expresa sus quejas contra el fallo apelado; las cuales son replicadas a fs. 698/706 por la actora. Firme la providencia de fecha 07/08/2017 que llama autos para sentencia (fs.707), el recurso ha quedado en condiciones de ser resuelto.

A fs. 670/686 obran los agravios del actor, que se centran en lo exiguo del quantum concedido por daño moral y por daño punitivo. En cuanto al primer rubro, se queja de su insuficiencia frente al derrotero de trámites y gestiones por las que tuvo que pasar el actor y las medidas a las que debía recurrir para dejar constancia de su protesta ante las prácticas extorsivas a las que se vio sometido para recuperar su línea telefónica, lo que de haberse considerado habría incrementado el monto de este rubro. Pone énfasis en que pese a haberse cursado carta documento a la accionada, èsta no contestó advirtiéndole al actor que sus problemas persistirían en el futuro y es por ello que, cuando le fue sustraído el celular, quedó incomunicado. Y luego de adquirir nuevo aparato y nuevo chip le dijeron que no habría problemas pese a lo cual con posterioridad su problema siguió sin solución. Señala también que del acta de la Escribana Wilde surge que el actor se vió privado de su teléfono durante 12 días, con todos los inconvenientes personales y laborales que ello apareja. Sostiene que se probó que al momento del hecho dañoso ya se desempeñaba como funcionario público como también su ascenso, pasando a funcionario de conducción. Invoca la situación de cliente cautivo del actor al momento de pagar los $81, ya que no podía cambiar de empresa prestadora reteniendo su número, por lo que tuvo que consentir el atropello de seguir ligado contractualmente a la demandada. También se probó que mudó de empresa prestadora en la primera oportunidad que tuvo.

Como segundo punto materia de agravios se queja de que el monto objeto de condena desnaturaliza la finalidad disuasiva del instituto y que los factores objetivos para la procedencia de la multa fueron acabadamente acreditados. Atribuye culpa lucrativa al demandado al incentivar a la adquisición de equipos con promociones sujetas a la activación de nuevas líneas sin gestionar la baja de las que los adquirentes tenían con anterioridad, lo que les genera ingresos. Describe que concurren los extremos para la procedencia de la multa civil: la práctica de captación de clientes, en forma similar a lo acontecido en autos, se acreditó que ello implica un negocio de gran magnitud, como así también que la política de no registración de bajas se da a nivel nacional. Critica la aplicación del precedente invocado para fijar el daño punitivo por no ser compatible con las circunstancias acontecidas en el sub-lite. Por todo ello pide se modifique lo decidido por la inferior.

Por su parte, el remedio procesal tentado por el demandado cuestiona los mismos rubros, pero con argumentos opuestos: considera exorbitante el monto otorgado por daño moral e improcedente la fijación de multa civil. Critica al actor no haber probado los padecimientos morales sufridos, pese a lo cual la resolución le fija una suma muy superior a la que se fija en casos de daños espirituales de mucha mayor intensidad a las molestias sufridas por el demandado. Se queja de que si bien es cierto que la cuantificación del sufrimiento espiritual no es fácil, también lo es que debe fundarse en bases razonables, lo que no ocurrió en autos. Reprocha que el actor no probó que su padecimiento haya tenido una intensidad inusual, lo que torna exorbitante el monto frente a los que se reconocen en caso de pérdidas y daños irreversibles.

En cuanto al daño punitivo, lo considera improcedente dado que lo acontecido en modo alguno es una conducta maliciosa sino un malentendido respecto al modo en que se tratamitaba la baja de la línea. Puntualiza que se ha probado que continuó usando la línea por un mes más, lo que implica que tuvo conocimiento de que la cancelación no había tenido lugar.

Atento a que ambos remedios procesales cuestionan los mismos puntos del fallo, esto es, la cuantía de los rubros daño no patrimonial y punitivo, uno por considerarlos excesivos y al último, además, improcedente, y el otro por estimarlos exiguos, los agravios de ambos recursos se tratarán conjuntamente.

I.- Daño Moral: En lo que respecta a este item, se debe tener en consideración que estamos ante una acción derivada de una relación de consumo en la cual es el consumidor -parte débil de la contratación- quien efectúa el reclamo.- Al respecto se ha señalado que, como rubro de la cuenta indemnizatoria, es AUTOS: FRIAS SILVA, PATRICIO SEVERO C/AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Expte. Nº 7318/16. SALA IIIera.- indudable que el daño moral forma parte del derecho del consumidor a ser resarcido conforme al principio de reparación integral, ya que, una vez más, el régimen de responsabilidad civil se ve enriquecido en este caso por las normas propias del microsistema, con la finalidad de colocar al consumidor en una mejor posición que la que tendría a través de los preceptos del derecho común. Por esta razón es que el estatuto consumerista proveerá una serie de supuestos en que la prueba de dicho item se verá facilitada (cfr. Javier H. Wajntraub, "Justicia del Consumidor", pág. 111, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2014).

Nuestra Carta Magna (art. 42 C.N) establece que los consumidores deben recibir un "trato equitativo y digno", refiriéndose a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. Conceptos éstos, cuya lesión claramente llevan al dolor, la angustia, la aflicción y los padecimientos provocados a la víctima por el evento dañoso. En otras palabras, la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor incuestionable en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad individual que constituyen sus más gratos afectos (cf. Lowenrosen, Flavio, "La dignidad, derecho constitucional de los usuarios y consumidores", elDial.com - DC5F8).- El daño moral consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. - Álvarez, Gladys S. "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los precedentes y posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homogéneas y equilibradas", Revista de Derecho Privado y Comunitario 21, Derecho y Economía, pág.127).- Para determinar su existencia y su entidad, es esencial tener en cuenta que en el derecho del consumo el incumplimiento siempre genera daño moral porque es un hecho notorio en cuanto a que lesiona los sentimientos y afectos del consumidor o usuario que ha aportado sus horas de trabajo (como unidad productiva) para alcanzar la tasa de satisfacción por el acceso a bienes y servicios y la confianza depositada en las empresas proveedoras, generando la frustración del fin de consumo o ser usuario, por lo cual el daño moral no necesita prueba de su existencia, sí de su intensidad (cfr. Ghersi, Carlos Alberto, "Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral", LLC 2013 (marzo), 133, AR/DOC/1005/2013 fuente: la lay online).

En esta línea, cabe señalar que la orientación de aceptar la existencia de los daños en base a presunciones hominis, que operan en defecto de prueba directa, resulta ser la dominante. En efecto, así lo entiende la doctrina calificada para quien la imposibilidad de usar un automotor, genera una presunción sobre la efectividad de éste, representado por los gastos que ha debido efectuar el usuario para recurrir a medios de traslación sustitutivos (cfr. Carlos Alberto Ghersi, op. cit.).

En idéntico orden de ideas, se ha sostenido que la pérdida del tiempo resulta un perjuicio indemnizable cuando esa pérdida, ajena a su voluntad, está originada por la acción u omisión de un tercero que cause un daño a una persona. Señala Zavala de González que resulta encomiable reconocer un daño moral por pérdida injustificada de tiempo "el cual es vida y libertad" ya que éste resulta jurídicamente significativo al margen de su función instrumental para logros existenciales y económicos cfr. Arias Cáu, Esteban J. - Barocelli, Sergio Sebastián, "Productos defectuosos, pérdida de tiempo y derechos del consumidor", DJ17/04/2013, 12, AR/DOC/644/2013, fuente: la ley online).

Muchas veces, por estas cuestiones u otros incumplimientos, los consumidores deben dejar de atender sus cuestiones personales o renunciar a disponer libremente de su tiempo para embargarse en fatigosos reclamos, llamadas a centros de atención telefónica despersonalizados, cuando no a un verdadero peregrinar a oficinas de atención al cliente, servicios técnicos, organismos de defensa del consumidor, abogados, asociaciones de consumidores, etc., con las consiguientes erogaciones de traslados, costos, llamadas telefónicas, gastos administrativas, entre otros, sumado al preciado bien del tiempo. Otras veces, tiene que enfrascarse en largas esperas haciendo uso del deber de "antesala", previo a que los atiendan, profesionales expertos en el "arte de la espera".(cfr. Arias Cáu, Esteban J. - Barocelli, Sergio Sebastián, op. cit.).

Habiendo fijado el marco jurídico del análisis de este agravio, y teniendo la indemnización por daño moral, una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria o punitoria estimamos que a los fines de la indemnización de la clara lesión a la esfera espiritual del actor, el monto asignado por la Jueza A-quo resulta excesivo tomando en consideración las pautas adecuadas para el caso en atención a la naturaleza del hecho generador y a los padecimientos sufridos, por lo que corresponde estimar los agravios de la demandada sobre este punto del fallo en crisis.

Tal conclusión se funda en la índole de los padecimientos sufridos y las molestias soportadas y en su intensidad, las cuales surgen de las constancias obrantes en autos, valoradas conforme a las presunciones hominis emergentes del derecho del consumidor. Ello también se desprende de los bienes jurídicos afectados por el indebido accionar de la demandada. En efecto, el actor no sufrió menoscabos serios ni pérdidas en su salud, su integridad psicofísica ni en las de sus seres cercanos en el afecto. Sí se vio afectado en la pérdida de tiempo, de energías y de tranquilidad espiritual y bienestar derivados del conflicto originado en la conducta reprochable de la demandada, pero tanto tales bienes jurìdicos como así también la intensidad de su afectación no justifican, a criterio de este Tribunal, la atribución del monto condenado en la anterior instancia por este rubro.

Así, para acoger la queja del demandado respecto a lo excesivo del monto concedido, cabe precisar que la suma otorgada por la setenciante resulta excesiva, a criterio del Tribunal, para reparar la pérdida de tiempo y el impacto anímico que los engorrosos trámites que se vio obligado a realizar para lograr la baja efectiva de la línea telefónica originaria, la pérdida de tranquilidad derivada de la atribución errada del carácter de deudor moroso, el desgaste y cansancio originados en los trámites, llamadas e intimaciones necesarios para enmendar el mismo, las aflicciones AUTOS: FRIAS SILVA, PATRICIO SEVERO C/AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Expte. Nº 7318/16. SALA IIIera.- derivadas de la privación del servicio, tanto las vinculadas con su labor profesional como las de su vida de relación, familiar, afectiva, etc., y el malestar relacionado con la propuesta irrisoria formulada por la demandada en sede administrativa. Así, los hechos probados en la causa hacen presumir los indicados malestares, molestias, desgastes y pérdida de la tranquilidad psìquica y bienestar espiritual, en el contexto normativo consumerista explicitado supra, pero no en una entidad tal que justifique el monto otorgado por la magistrada de grado, el cual luce excesivo ante la ausencia de otros elementos que justifiquen un grado superlativo de padecimientos o menoscabos en el caso que nos ocupa.

Los mismos argumentos son aptos para justificar el rechazo de la queja de la actora vinculado a lo exiguo del monto, que, como se ha demostrado, no sólo no es exiguo sino que resulta exagerado en el contexto señalado, dado que no se desprende de estas actuaciones un padecimiento supremo o desmesurado, la afectación de la integridad psicofísica o la pérdida del equilibrio psíquico o espiritual de modo de justificar la suma otorgada por la Sra. Juez A-quo y, mucho menos, una mayor.

De resultas, corresponde acoger la crítica del demandado acerca de lo excesivo del monto otorgado por este rubro, revocando el fallo apelado fijando en sustitutiva su valor en la suma de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($8.500). .

II.- Daño Punitivo. El demandado cuestiona su procedencia en el caso bajo estudio.

El art. 4 de la ley 24.240, conforme a los parámetros fijados por el art. 42 de la Carta Magna, establece que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor información cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

Sin lugar a dudas, ello no fue cumplido por el proveedor demandado al celebrar el contrato de venta del aparato telefónico y habilitación de línea que dio comienzo a la serie de dificultades y desventuras del actor en la relación de consumo que lo unió al demandado. En efecto, si era necesaria la remisión de una misiva en soporte papel para dar la baja de la línea sustituida -práctica por demás engorrosa e inusual en los tiempos que corren- así debió informarlo al cliente, lo cual no probó haber hecho. Y si ello no era requerido, debió dar de baja la línea e imputar correctamente el pago de las sumas abonadas por el cliente, lo cual tampoco hizo, conforme quedó acreditado en autos.

Asimismo, cabe recordar que el art. 8 bis de la ley 24.240 -concretando las pautas que emanan del art. 42 CN- establece que el proveedor debe garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Condiciones y trato que, como quedó a la vista anteriormente, no fueron cumplidas por parte de la demandada.

El mismo artículo prevé en su última parte que las conductas contrarias a la establecida por ley podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el articulo 52 bis de la mentada ley, el que dispone: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.".- Los daños punitivos han sido definidos como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, p. 453, Hammurabi, Bs.As., 1996). Es una institución jurídica vigente en el marco del derecho del consumidor, destinada a sancionar graves inconductas en que incurren los proveedores de servicios o cosas en la relación de consumo, a través de la imposición de una sanción pecuniaria adicional, a favor del damnificado, y que excede la cuantificación de la indemnización compensatoria correspondiente (Jorge Bru y Gabriel Stiglitz, en "Manual de Derecho del Consumidor", pág. 389 y sgtes., Ed. Abeledo Perrot, 2009).- Vázquez Ferreira, por su lado, explica que el Derecho de Daños ya no se conforma con la reparación de los daños injustamente causados, sino que va más allá, y donde le es factible, busca la propia evitación del perjuicio. En este sentido, sostiene que la responsabilidad civil ha sido ampliada por el Derecho de Daños, jugando un rol fundamental la prevención de los daños, visión que da cabida a instituciones que exceden la mera reparación de los perjuicios ("La naturaleza jurídica de los daños punitivos" en Revista de Derecho de Daños, pag. 101 y sgtes.).- La conducta asumida por la empresa proveedora del servicio de telefonía móvil sin lugar a dudas es reprochable: no dio de baja la línea sustituida ni aplicó el pago efectuado a tal fin adecuadamente. Como consecuencia de ello, continuó facturando el servicio cuando la línea había sido sustituida por otra debido a una "promoción" ofrecida por ella misma, que le aseguraba reemplazar un abono de $30 por uno de $99, suma tres veces mayor. Es decir que promovió ventas de líneas a fin de obtener réditos con ello, desentendiéndose desaprensivamente de las obligaciones asumidas como consecuencia de los contratos así celebrados. No corrigió el error incurrido por su propio personal en el mes de diciembre de 2.008, actitud sostenida en el tiempo pese a los múltiiples reclamos recibidos. Exigió en más de una oportunidad el pago de sumas de dinero como requisito para dar de baja la línea primero, y para habilitar los medios de acceso al servicio, luego (cfr. acta de fs. 22/23).

Todo ello implica no solo una violación a las condiciones contractuales sino también un trato indigno que vulnera el derecho del cliente a ser tratado con cortesía, corrección, diligencia y obtener una respuesta adecuada y oportuna a su requerimiento. Lo expuesto evidencia un accionar reprochable sostenido por parte de la demandada, que encuadra en lo dispuesto por los arts. 4, 8 y 25 LDC, pues denota la falta de colaboración a los fines de procurar la rápida solución del conflicto.

Al respecto se ha sostenido que la sanción debe cuantificarse teniendo en cuenta "la gravedad del hecho" y "las circunstancias del caso" (art. 52 L.D.C.), lo que podría complementarse a partir de una interpretación armónica de la ley con las pautas contenidas en el art. 49 L.D.C. a saber: "el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho".(cf. Chamatropulos Demetrio, "Los Daños Punitivos en la Argentina", Ed. Errepar, Bs. As. 2009, p. 203).- También hemos de tener presente que la sanción civil impetrada tiende a de prevenir, por parte de dicha empresa, hechos similares para el futuro (Zavala de González, Matilde, "Función preventiva de daños", LA LEY, 03/10/2011, 1, p. 1.) que el objetivo principal de cualquier sistema de reacción contra perjuicios injustos es impedir que ocurran. Por eso, la prevención constituye función insoslayable de la responsabilidad por daños. El principio de reparación plena o integral no cubre todos los daños y todas las consecuencias, y de allí, que la exigencia ética y jurídica de "no dañar" requiere ante todo impedir daños injustos, al margen de reparar los causados, de manera tal que las infracciones serias de prevención son pasibles de sanciones privadas contra el dañador que deberían satisfacer una función disuasoria. El derecho de daños debe satisfacer no sólo intereses privados de las víctimas, sino también aplicar sanciones económicas disuasorias de actividades injustamente perjudiciales, preservando un derecho genérico a no ser víctima.- El daño punitivo tiene por finalidad no es sólo la de castigar a la demandada por una conducta grave, sino también desalentarla en el futuro, vale decir, que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares. (Álvarez Larrondo, Federico, "Un nuevo avance en materia de daños punitivos", Revista de derecho comercial, del consumidor y de la empresa, Año 2, N° 3, junio de 2011, p. 115).- La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D.,"Reformas a la ley de defensa del consumidor", LL 2009-B, 949).- Sentado ello, y a los fines de determinar "la gravedad del hecho" se advierte que la demandada no sólo persistió en sus inconductas con el cliente que promovió este proceso, sino también que estas inconductas son reiteradas y recurrentes, lo cual ha sido probado con el informe emitido por la Dirección de Comercio Interior de la Provincia que obran a fs. 269/370. A ello cabe agregar como agravante que cualifica la conducta de la quejosa que la imposición de la multa por $4.000 por parte de la autoridad administrativa competente en el caso bajo estudio (cfr. fs. 54/59) no ha surtido efecto alguno en la demandada, puesto que prosiguió incurriendo en tales actitudes con otros clientes (cfr. 314/367, sanciones de DCI por inclumplimientos posteriores a la fecha de la multa impuesta por la denuncia del Sr. Frías Silva) además de sostener la actitud elusiva de sus responsabilidades en este proceso (cfr. a fs. 7 acta de cierre de mediación sin acuerdo, contestación de demanda de fs. 183/87 y memorial de agravios de fs. 689/90 y 693/95).

Es decir, la reiteración de las conductas desviadas y la reincidencia de la demandada ha quedado demostrada, como así también su indiferencia frente a la multa fijada por la DCI, puesto que abundan las pruebas de que no modificó sus prácticas.

Ello, sumado a que, como se dijo, con la promoción que dio origen a este conflicto el demandado obtuvo beneficios - reemplazó un abono de $30 por uno de $99- y a que ocupa una posición relevante en el mercado de telefonía celular, que sólo tiene cuatro prestadores en nuestro paìs.

Ello justifica, como bien meritúa la Sra. Juez A-quo, la imposición de la multa civil recurrida, y, por ello corresponde desestimar este agravio.

Corresponde, entonces, examinar la cuestión del quantum de la multa, que a criterio de la actora es exigua y al de la demandada es exorbitante.

Para la cuantificación del daño punitivo no puede perderse de vista que se debe ponderar la gravedad del hecho y las demás circunstancias del caso. Además que la sanción guarde proporcionalidad con la gravedad de la falta; se debe considerar el valor de las prestaciones o la cuantía del daño material como así también la capacidad económica de quien debe resarcir el daño, siendo la equidad la regla para establecer los montos.- Como se dijo supra, la gravedad fundada en la reiteración de las prácticas cuestionadas ha sido acreditada, y con ello la posibilidad cierta de repetición de tales conductas desaprensivas para con los restantes usuarios, y la consecuente obtención de una ganancia ilícita a favor de la empresa, los que al ser de escasos montos (microdaños) en la mayoría de los casos no son objeto de reclamo en sede administrativa ni judicial.

A más de lo expuesto, debe ponerse de resalto que la cuantificación del daño punitivo -al igual que el daño moral- no tienen un parámetro económico fijo, sino que por la índole subjetiva que involucra estos tipos de reclamos, quedan sujetos a la determinación prudencial por parte del juzgador, quien -en el caso de los daños punitivos- cuenta con las pautas y límites establecidos en los artículos 47, 49 y 52 bis de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor para la concesión y mensuración del mismo.

En atención a éstos parámetros de cuantificación, ha de valorarse la reprochabilidad de la conducta asumida por la empresa arriba descripta, su indiferencia frente al reclamo más la reticencia de toda índole que obligó a la accionante a realizar tramitaciones extrajudiciales y judiciales para obtener el reconocimento y reparación de los daños, más su indiferencia frente a las reiteradas sanciones pecuniarias de la autoridad administrativa competente. Así las cosas, estimamos que el monto otorgado por este rubro en el fallo en crisis no se corresponde con una sanción aleccionadora a la prestadora del servicio ante conductas desaprensivas e indiferentes frente al consumidor, debiéndose elevar el parcial a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000).- Por los motivos expuestos, ha de admitirse el remedio procesal tentado por la actora sobre el punto. Tales argumentos fundamentan, asimismo, el rechazo del recurso de la demandada sobre el quantum de la sanción impuesta.- En consecuencia, corresponde estimar parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada en lo que respecta al quantum del daño moral y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la actora en lo atinente a la valuación de la multa civil, revocando la sentencia en crisis en ambos aspectos, y dictando su sustitutiva, según lo considerado.- En cuanto a las costas de ambos recursos, atento al resultado de tales remedios procesales, existe mérito suficiente para imponerlas por el orden causado (art. 107, 108 CPCC).

El Sr. Vocal Dr. LUIS JOSE COSSIO dijo: Compartiendo los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal Preopinante, voto en igual sentido.- Por lo que resulta del acuerdo que antecede, Y VISTO: el resultado de la votación consignada precedentemente;

RESOLVEMOS :

I)HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de apelación deducidos por las partes actora PATRICIO SEVERO FRIAS SILVA y demandada, AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) contra la sentencia de fecha 30 de Marzo de 2017 que rola a fs. 651/658, cuyo punto I de su parte resolutiva se modifica conforme lo considerado, disponiendo en sustitutiva fijar como monto del daño moral a que se condena la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), por lo que la indemnización asciende a PESOS DOCE MIL OCHENTA Y UNO ($12.081), y el de la multa civil en la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000).

II) COSTAS de la Alzada, conforme se considera- III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.- HAGASE SABER RODOLFO M. MOVSOVICH LUIS JOSE COSSIO