Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-25


SENT.DEF.Nº: 19943	EXPTE. Nº: 18.661/ 10 (28.693) JUZGADO Nº: 55	SALA X AUTOS: "AGUIRRE JOSE MIGUEL C/ G S G SOC. DE HECHO INTEGRADA POR GUTIERREZ GONZALEZ Y SALDIVIA Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" Buenos Aires,25/06/2012	El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 248/264 interpuso la aseguradora de riesgos del trabajo a fs.279/283 con réplica del actor a fs.285/294. Apelan los peritos contador (fs.268) y médico (fs.270) por considerar exiguos los honorarios regulados.

II.- La aseguradora de riesgos del trabajo apela la decisión del magistrado que precede en cuanto la condenó en forma solidaria. Al respecto se anticipa que le asiste razón en este tramo del recurso.

El actor interpuso la presente acción en procura del cobro del resarcimiento fundado en el régimen del Código Civil. Le imputa a su empleador culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo (arts.512 y 1119 del Cód. Civil) por el riesgo de las cosas de las que es dueño y guardián (art. 1113 Código Civil) y asimismo demandó a la aseguradora de riesgos del trabajo "en la medida de su contrato" porque según adujo si bien le brindó las prestaciones médicas a su cargo no le abonó suma alguna por la incapacidad que padece (v. fs.8 y sgtes. del escrito de demanda).

De acuerdo con ello, no se advierte la invocación de un incumplimiento u omisión concreto de la aseguradora de riesgos del trabajo en nexo causal con el accidente padecido por el actor y que justifique la condena solidaria por lo que considero que en el caso concreto corresponde hacer lugar a la pretensión del accionante para que la ART responda por la suma que hubiese debido abonar en cumplimiento de las disposiciones de la ley 24.557.

Como ya ha sostenido este Tribunal, en consonancia con otras salas de esta Cámara, el hecho de que se haya declarado la invalidez constitucional del art.39 de la LCT en cuanto exime de responsabilidad al empleador en el ámbito del derecho común no implica que las aseguradoras de riesgos del trabajo no deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557 ni que el dador de trabajo no puede encontrar alguna protección, al menos en la medida de su aseguramiento (CNAT Sala IV SD 91816 del 27/10/06 in re: "Alderete Juan c/ Carlos Gibaut SA y otro s/ accidente" ; ésta sala X SD 15136 del 24/4/07 in re: "Fazzolari Julio c/ Work & Service S.R.L. y otros s/ accidente-acción civil").

Frente a este tipo de reclamos si se eximiera a las aseguradoras de toda responsabilidad el empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba sino, además, con que la contratación del seguro no le reportó beneficio alguno en lo que hace al pago de la indemnización por incapacidad permanente, lo que implica tanto como admitir que la obligación de contratar que impone la ley 24557 carece de finalidad para los empleadores o que el monto que pagan por los seguros resulta desproporcionado en tanto no cubren ni siquiera los montos indemnizatorios expresamente previstos.

En contraposición, la ART que percibió la póliza se vería enriquecida por cuanto resulta inobjetable que se ha producido un hecho que la obligaba a pagar las sumas previstas por la ley 24.557, no obstante lo cual se vería librada únicamente por el fundamento legal escogido por el trabajador para efectuar su reclamo, aspecto que el empleador no puede modificar. El enriquecimiento de la aseguradora de riesgos del trabajo y el daño ocasionado al empleador que, en el marco de lo que le imponía la ley contrató el seguro de riesgos del trabajo y legítimamente ha solicitado ser mantenido indemne, imponen admitir la extensión de la condena a la aseguradora por los montos asegurados, en virtud del principio "iura novit curia" y lo dispuesto por los arts. 907 Cód. Civil art.163 inc. 6 CPCCN. 110, 111 y 118 ley 17.418; art.14, ley 24.557 y art. 17 CN).

Por lo expuesto, propicio hacer extensivos los efectos de la condena a QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. aunque limitada al importe de lo que hubiera debido abonar en concepto de indemnización parcial y permanente en los términos de la ley 24.557 y sus disposiciones reglamentarias.	III.- Los agravios relacionados con el grado de incapacidad serán desechados. Es criterio de esta Sala que el juez sólo puede apartarse del asesoramiento pericial médico cuando adolece de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación. De allí que se aprecia correcta la decisión de grado de aceptar el peritaje médico pues en este específico caso reviste plena fuerza probatoria y poder convictivo en razón de los fundamentos que lo ilustran y los estudios realizados (arts.386 y 477 CPCCN). Cabe recordar asimismo en cuanto al tema de las tablas de evaluación de incapacidades laborales que reiteradamente se ha sostenido que no existe baremo alguno cuya aplicación resulte obligatoria (ver en tal sentido precedentes de esta misma sala, SD Nº 292 del 23/9/96 in re: "Martinez Miguel Angel c/ Todarelli Mario Francisco", SD Nº 557 del 3/10/1996 in re: "Galvan Roque c/ Siderca s/ accidente Ley 9688", entre otros). El recurso a los baremos lo es a mero título instrumental puesto que su valor es solo indiciario. Así los peritos pueden apartarse de los mismos en atención a las particularidades de cada caso (estado general del paciente, profesión, edad, sexo, etc.) de modo tal que para justificar no seguir la opinión del experto, se deben enunciar argumentos científicos que pongan en evidencia el presunto yerro que se habría cometido, extremo que no se advierte en el caso concreto.

IV.- Apela también la aseguradora el "quantum" de la indemnización establecida en grado y sobre el punto cabe señalar que de conformidad con lo resuelto precedentemente resulta innecesario su tratamiento pues al limitarse su condena al importe que debió abonar en los términos de la ley 24.557, por lo cual el monto por el que prosperó la acción en concepto de daño físico y moral no le causa perjuicio a dicho litigante.

V.- En cambio entiendo que le asiste razón respecto de la fecha a partir de la cual correrán los intereses los que sugiero comiencen -en este específico caso- desde la fecha del alta médica (30/4/08), tal como lo ha decidido esta sala reiteradamente en casos similares al presente (art. 622, Código Civil). Ello es así porque el agravio apunta al cómputo de los intereses desde la fecha de la sentencia, soslayando que ella y las resoluciones administrativas no es constitutiva de derechos sino que poseen efecto declarativo.	VI.- En atención al mérito e importancia de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, facultades del art. 38 de la L.O. y normativa arancelaria vigente estimo razonable los honorarios regulados a la representación letrada del actor no así los de los perito médico y contador que considero exiguos. Así propongo elevarlos al 7% respectivamente a calcular sobre el monto definitivo de condena con inclusión de intereses.

VII.- Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: l) Modificar parcialmente el fallo apelado y limitar los alcances de la condena respecto de QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al importe de lo que hubiera debido abonar en los términos de la ley 24.557 el que llevará los intereses establecidos en la instancia de grado desde la fecha del alta médica (30/4/08) hasta el efectivo pago. 2) Elevar los honorarios de los peritos contador y médico al 7% para cada uno de ellos a calcular sobre el monto de condena incluidos los intereses. 3) Confirmarlo en lo demás que decide y ha sido materia de recuso y agravios. 4) Costas de alzada a la aseguradora de riesgos del trabajo vencida en lo principal (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 5) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs.279/283 y de fs.285/294 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

El DR. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Adhiero prácticamente en su totalidad a la solución propuesta por mi distinguido colega -Dr. Daniel E. Stortini-, pero con la salvedad que, en condenas dictadas contra las aseguradoras de riesgos del trabajo en el marco de la ley 24.557, como ocurre en el presente, y es específicamente uno de los agravios, en principio, (dado que no existió cuestionamiento alguno por la parte actora), la fecha a partir de la cual corresponde el curso de los intereses, con apoyatura en los arts. 7 y 9, ap. 2 de la ley 24.557 y art. 2 Res. Nº 414/99 S.R.T., es a los treinta días de que cabe reputar definitiva la minusvalía del trabajador.

En esas condiciones (reitero, sin planteo de inconstitucionalidad alguno respecto de tales disposiciones -recién introdujo el tema el accionante al contestar agravios, lo que es manifiestamente extemporáneo-), y como ningún elemento de la causa muestra que la apelante hubiera instado el trámite administrativo a fin de liquidar el pago de la prestación dineraria, estimo adecuado, en función a que el alta médica le fue acordada al reclamante el 30/04/08 con incapacidad, establecer que los intereses se deben liquidar desde el 30/05/08.

Por lo expuesto, voto por: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y limitar los alcances de la condena respecto de QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al importe de lo que hubiera debido abonar en los términos de la ley 24.557, el que llevará los intereses establecidos en la instancia de grado desde el 30/05/08; 2) Elevar los honorarios de los peritos contador y médico al 7% para cada uno de ellos a calcular sobre el monto de condena incluidos los intereses. 3) Confirmarlo en lo demás que decide y ha sido materia de recuso y agravios. 4) Costas de alzada a la aseguradora de riesgos del trabajo vencida en lo principal (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 5) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs.279/283 y de fs.285/294 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Stortini en tanto el presente caso versa en torno a una acción fundado en el Derecho Común.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: l) Modificar parcialmente el fallo apelado y limitar los alcances de la condena respecto de QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al importe de lo que hubiera debido abonar en los términos de la ley 24.557 el que llevará los intereses establecidos en la instancia de grado desde la fecha del alta médica (30/4/08) hasta el efectivo pago. 2) Elevar los honorarios de los peritos contador y médico al 7% para cada uno de ellos a calcular sobre el monto de condena incluidos los intereses. 3) Confirmarlo en lo demás que decide y ha sido materia de recuso y agravios. 4) Costas de alzada a la aseguradora de riesgos del trabajo vencida en lo principal (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 5) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs.279/283 y de fs.285/294 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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