Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16


Causa Nº 28810-01-CC/2006 (10/07) "Recurso de queja en autos HO-LA-LA SRL s/ falta de plano de habilitación aprobado y otras".

En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2007 AUTOS Y VISTOS, Para resolver en la presente causa Nº 28810-01-CC/2006 (10/07) caratulada "Recurso de queja en autos HO-LA-LA SRL s/ falta de plano de habilitación aprobado y otras" Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 8/9 obra copia de las actas de comprobación Nros. 0946259 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a Silvina Guarrilla, Lilian Callero y Oscar Álvarez; 0888846 por no tener al momento de la inspección plano de habilitación aprobado ni plano de ventilación mecánica; 0946030 por tener grasa en campana, ventilación en local cocina obstruida y falta de certificado de desinfectación y desratización; 0946031 por tener cables expuestos de 220v. al alcance de la mano en sector cocina y falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico; 0946032 por falta de permiso y seguro de responsabilidad civil contra terceros de marquesina.

II.- Que a fs 15, 23, 28 y 33 obran copias de los descargos de la Graciela Elena Sisca, apoderada de "Café HO-LA-LA S.R.L", vinculados a las actas mencionadas supra.

III.-Que a fs. 36/38 vta. la Clara Privitello, Controladora Administrativa Nº 23, resuelve declarar la validez de las actas e imponer la sanción de multa de: Acta 2-888846 mil pesos ($1000) por falta de aprobación de plano de habilitación y mil pesos ($1000) por falta de plano de ventilación mecánica; Acta 2-0946030 setecientos pesos ($700) por grasa en campana, doscientos pesos ($200) por ventilación en cocina obstruida y doscientos pesos ($200) por falta de certificado de desratización y desinfectación; Acta 2-0946031 setecientos pesos ($700) por tener cables expuestos de 220 vts. al alcance de la mano y doscientos pesos ($200) por falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico; Acta 2-0946032 doscientos pesos ($200) y acta 2-0946259 amonestación, las que sumadas hacen una sanción total de cuatro mil doscientos pesos ($4200). También dispone el decomiso de la marquesina del local.

IV.- Que a fs. 41 la apoderada de CAFÉ HO-LA-LA solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se concede a fs. 42.

V.- Que llegadas las actuaciones a este fuero se notifica a la imputada en los términos del art. 41 LPF y se corre vista al Fiscal, según lo previsto en la misma normativa, según consta a fs. 46/47.

VI.- Que a fs. 50/vta., el cotitular de la Fiscalía Nº 5, Carlos Andrés Gómez Ríos, solicita la devolución de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas para que se dicte una resolución de acuerdo a las previsiones del art. 21, Ley 1217, explicitando el detalle correcto de las normas infringidas.

VII.- Que a fs. 53 el juez a quo ordena que se remitan las actuaciones a la UACF para que sean subsanadas las omisiones de la resolución administrativa.

VIII.- Que a fs. 54/56 la controladora remite las actuaciones nuevamente al Juez a quo por entender que su resolución cumple acabadamente con la normativa de la ley Nº 1217 y que en caso de que el Magistrado estime correcto subsanar o modificar la resolución dictada en la UACF debe hacerlo en uso de su sano criterio y en lo que estime conveniente.

IX.- Que a fs. 59 el Fiscal de primera instancia solicita se declare la nulidad de la resolución por medio de la cual se condena a "Café HO-LA-LA SRL", por entender que lo que determina el trámite judicial de las faltas es un desacuerdo del presunto contraventor con lo resuelto por la administración y que hasta tanto ella no se expida conforme a derecho, no es posible saber si el presunto infractor puede concordar con lo que correspondería resolver en el ámbito administrativo. Así se ha violentado su derecho de defensa.

X.- Que a fs. 60/65 obra copia de la resolución del titular del juzgado Nº 10, en la que resuelve el archivo de las presentes actuaciones. Para así decidir, el magistrado entendió que la manifiesta voluntad expresada por el Sr. Fiscal de no sostener la acusación que viene dada por la resolución administrativa, y atento a que rigen en materia de faltas los principios del sistema acusatorio, el tribunal carece de jurisdicción como para dictar un pronunciamiento de tipo condenatorio. De ese modo realiza una interpretación analógica in bonam partem del art. 43 inc. a de la ley 1217 y ordena el archivo por extinción de la acción.

XI.- Que a fs. 66/68 vta. obra copia del recurso de apelación fiscal contra la resolución citada supra. Afirma que el recurso es formalmente admisible en los términos del art. 56 en tanto lo resuelto ha puesto fin a este proceso de faltas y se han inobservado de forma manifiesta y arbitraria las formas sustanciales prescriptas para la decisión de la causa. Entiende que el sentenciante infirió arbitrariamente que del planteo de nulidad efectuado se pretendía no sostener los términos de la acusación, propiciándose así la extinción de la acción; pues solo se había manifestado que al no haberse agotado debidamente la etapa administrativa, resultaba prematuro que el legajo quedara radicado en este fuero, y ante la insistencia del controlador en no modificar su resolución, no quedaba otro camino mas que declarar la nulidad de dicho acto administrativo para retrotraer el estado del proceso y que el organismo gubernamental se expidiera conforme lo prevé la ley 1217.

XII.- Que a fs. 69/70 obra copia de lo resuelto por el Juez, Gabriel Vega con fecha 06/02/2007, donde decide no conceder el recurso interpuesto por el Fiscal. Entiende que no procede pues el impugnante incumple el deber de fundar adecuadamente el recurso, pues no argumenta en cual de las causales del art. 56 encuadra el caso, pues no señala qué normas estima violentadas, y en relación a la arbitrariedad se limita a señalar sus discrepancias con la resolución sin exponer los extremos necesarios para que proceda dicha causal.

También afirma que el Fiscal no tiene legitimación para apelar pues el mismo no ha tomado intervención en los términos del art. 41 al que hace referencia el art. 56 LPF, pues de sus dictámenes no surge la voluntad inequívoca de sostener la acusación. Luego hace referencias al sistema de nulidad de un acto administrativo para afirmar que si bien el Fiscal no reviste el carácter de superior jerárquico del controlador administrativo, por los arts. 1 y 23 de la ley 21, le asiste el deber y la potestad de realizar los actos procesales tendientes a lograr el cumplimiento de los cometidos que fijan las leyes.

XIII.- Que a fs. 72/76 obra el recurso de queja interpuesto por el titular de la Fiscalía Nº 5 contra la resolución recién citada, en los términos del art. 58 LPF. En relación a los argumentos del a quo para rechazar el recurso, afirma que en la apelación sí se expusieron las razones por las que se consideraba procedente la misma, pues se sostuvo que hubo una arbitraria inferencia del juez al plantearse la nulidad de la resolución administrativa y él resolver un punto no solicitado, y por otra parte que se había puesto fin al proceso erróneamente en sede judicial cuando aun no había sido debidamente completada la etapa administrativa.

Señala asimismo que de ninguna manera el fiscal es una especie de superior jerárquico del controlador, y que si existía un error de la administración , éste en todo caso debía subsanarse por vía judicial.

En cuanto a su legitimidad subjetiva señala que parece contradictorio sostener que el mencionado resolutorio sea equiparado a una sentencia definitiva y al mismo tiempo expresar que el fiscal no puede recurrir porque no tuvo tal intervención; amén de que correspondía la intervención fiscal por alguna de las figuras elegidas por el controlador en su resolución condenatoria.

XIV.- Que a fs. 81/82 vta. obra el dictamen 290/FC2/07 donde la Sra. Fiscal de Cámara postula por un lado que se declare inadmisible el recurso de queja y por el otro que se abra la queja y se declare la nulidad de la resolución del Juez. Así, afirma que si bien el recurso resulta admisible formalmente, no se verifica en el caso el requisito de impugnabilidad objetiva ya que la normativa de faltas solo prevé como recurrible el acto constituido por la sentencia definitiva y la resolución recurrida no reviste ese carácter. Subsidiariamente, plantea que la resolución es de aquellas que, aun no siendo definitiva, provoca un gravamen de imposible reparación ulterior y se debe revocar la decisión del magistrado. Al respecto, manifiesta que asiste razón al fiscal en relación a la crítica respecto de la decisión del juez de rechazar el recurso por no hallarse éste fundamentado, como así también afirma que tampoco sería cierta la afirmación del juez de que el Fiscal carezca de legitimación para apelar por no haber intervenido según los términos del art. 41 de la ley 1217. En cuanto al planteo de nulidad articulado por el Fiscal el mismo no contó con la participación del imputado y que aun cuando no existen en materia de faltas normas específicas para un caso como este deben respetarse de igual forma los principios constitucionales por lo que al no haber sucedido así se debe declarar la nulidad de la resolución del a quo.

XV- Que a fs. 83 pasan los autos a estudio del Tribunal.

Abocados entonces a analizar la admisibilidad de la presente queja, corresponde señalar en primer término, que la misma ha sido interpuesta en debido tiempo y contiene una crítica razonada a la resolución del magistrado de grado que deniega el recurso de apelación, y también fue presentada por quien tiene legitimación para hacerlo. En este punto, y a diferencia de lo afirmado por el juez de primera instancia, el fiscal posee legitimación para apelar el auto cuestionado y también para interponer la presente queja, pues el mismo ha tomado intervención en los términos del art. 41 LPF, requisito previsto tanto en el art. 56 como en el 58 de la ley de procedimientos de faltas para contar con legitimación subjetiva ante esta instancia. Esta intervención queda acreditada con los dictámenes emitidos a fs 50/vta. y 68/vta. de los autos principales, debiéndose aclarar también que el art. 41 LPF no habla de "sostener la acusación" como afirma el a quo, sino que solo hace referencia a que se le corre vista al ministerio público fiscal a fin de que "intervenga si lo considera pertinente de conformidad con los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo 17 inciso 6 de la Ley Nº 21"; vista que fue corrida en esos términos por el titul ar del Juzgado Nº 10 tal como consta a fs. 46.

En segundo lugar, corresponde mencionar que al corrérsele vista en los términos del art. 22 de la ley 21, la Sra. Fiscal de Cámara produjo un dictamen en el que por un lado sostuvo que la queja debía declararse inadmisible por no tratarse de una sentencia definitiva el auto apelado, y por el otro subsidiariamente que debía admitirse pues la resolución causaba un gravamen irreparable al ministerio público, agregando que el decisorio del juez de grado debía revocarse (aunque al final de su dictamen solicitó no la revocación sino la anulación de la resolución del a quo).

Ahora bien, el desistimiento de los recursos fiscales previsto en el art. 22 inc.1 de la ley 21 debe ser fundado, y además expreso; razón por la cual, habiendo la Fiscal de Cámara formulado dos soluciones diametralmente opuestas (una de ellas la apertura de la queja), no cabe interpretar que ha desistido de la vía interpuesta por su inferior.

Aclarado ello, es dable mencionar que este Tribunal tiene dicho que el art. 56 de la ley 1217, al regular el recurso de apelación dispone que procede solo contra las sentencias definitivas y que la revisión de decisiones distintas de esas resoluciones, en el marco de un procedimiento de faltas, es de carácter excepcional, puesto que de otro modo este Tribunal estaría exacerbando indebidamente su competencia. Adviértase que, a diferencia de lo que ocurre en materia contravencional, en materia de faltas el código ritual no efectúa remisión a alguna norma que expresamente consagre la impugnabilidad de decisiones que sin ser definitivas resulten susceptibles de provocar gravamen irreparable (Causas Nº 388-00-CC/2005 "Oniszuck, Carlos Alberto s/falta de habilitación- Apelación", rta. el 25/11/2005; Nº 22-00/CC/2006 "Battaglia, Nérina Teresa s/no tener persona responsable al momento de la inspección -Apelación", rta. el 23/3/2006).

A partir de ello, cabe destacar que teniendo en cuenta el estado de las presentes actuaciones, el planteo invocado no podría esgrimirse nuevamente, ya que la resolución en crisis, al ordenar el archivo de las actuaciones, impide la continuación de la tramitación de la causa y la consecuente posibilidad de que el ministerio público fiscal intente lograr una condena respecto de los hechos allí investigados, lo que evidentemente le genera un agravio de imposible reparación ulterior (Causa Nº 114-01-CC/2006 "Incidente de apelación en incidente de nulidad en autos Casa de Estudios Casa del Pueblo SRL s/ falta de certificado de limpieza de tanque y otras" rta. el 19/12/2006).

Por tanto, es dable afirmar que el decisorio cuestionado resulta equiparable en sus efectos a sentencia definitiva en los términos del art. 56 Ley Nº 1217, por generar un perjuicio al recurrente de insusceptible reparación ulterior.

Sin embargo, corresponde aún analizar si se dan alguno de los supuestos taxativos de viabilidad establecidos en la norma mencionada supra, pues a los efectos de revisar la denegatoria del recurso de apelación realizada por el a quo corresponde tener en cuenta que este Tribunal, en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005), tiene dicho que el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los Magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. Queda fijado de ese modo el límite de la competencia que la ley asig nó a esta Alzada en la materia (este Tribunal in re "Hoyts General Cinema Argentina SA s/ cables expuestos y otras -Apelación-", Causa Nº 444-00-CC/2005 del 24/02/2006).

En la presente causa el fiscal de grado plantea la inobservancia manifiesta y arbitraria de las formas sustanciales prescriptas para la decisión de la causa, pues entiende que en su dictamen él había solicitado la nulidad de la resolución del controlador administrativo pero no la extinción de la acción ni el archivo de las actuaciones y tal inferencia por parte del a quo fue arbitraria. Por otro lado, refiere que se puso fin al proceso erróneamente en sede judicial cuando aún no había sido debidamente completada la etapa administrativa, inobservando de modo manifiesto las formas procesales para la decisión de la causa.

En definitiva, y sin perjuicio del encuadre que otorga el Fiscal a sus agravios, lo cierto es que su planteo alude a la causal de manifiesta inobservancia de las formas previstas para el trámite o decisión de la causa, y en este sentido está debidamente fundado. En este punto, asiste razón al titular de fiscalía en lo contravencional y de faltas nro. 5 en cuanto afirma que el juez confunde la motivación del recurso con la discrepancia en los fundamentos. Es decir, más allá de lo que en definitiva se resuelva sobre el fondo del planteo, el mismo ha sido correctamente motivado y debería haber sido concedido.

Por otro lado, el planteo de inobservancia de las formas, en el caso, remite a la definición misma del sistema de juzgamiento de faltas, pues el magistrado de grado entiende que ante un desistimiento fiscal el juez no puede continuar el trámite de la causa. El fiscal refiere, por su parte, que no existió tal desistimiento pues él solo solicitó la nulidad de la resolución del controlador, para de esta forma reordenar el proceso. Sus agravios encuadran así en una de las causales específicamente previstas en el art. 56 LPF.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva al tratar el recurso de apelación cuya concesión se ordenará conforme lo previsto en el art. 58 LPF, cabe recordar que atento el especial sistema de juzgamiento de faltas adoptado por el legislador porteño, la intervención o no del ministerio público fiscal, no modifica la competencia y jurisdicción del juez natural para juzgar en la causa conforme el procedimiento previsto en la ley 1217, y eventualmente arribar a un decisorio condenatorio.

Por lo expuesto corresponde declarar admisible la queja impetrada, y por lo tanto mal denegado el recurso de apelación, debiendo el juez de grado proceder a concederlo conforme lo aquí resuelto.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

Declarar admisible el recurso de queja interpuesto a fs.72/76, y en consecuencia declarar mal denegado el recurso de apelación interpuestopor el fiscal contra la resolución de fecha 19/12/06 que ordena el archivo de las presentes actuaciones, debiendo el juez de grado disponer la concesión del mismo. (art. 58 LPF) Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado de origen a sus efectos.