Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18


Buenos Aires, 18 DE NOVIEMBRE DE 2009 VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación que la parte actora dedujo a fs. 14/vta. contra la resolución de fs. 11/13 por la que se desestimó la medida cautelar solicitada.

La sentenciante de grado no consideró reunidos los recaudos previstos en el art. 62 de la L.O. para viabilizar la petición formulada a fs. 8vta./9 señalando, entre otras cosas, que la circunstancia de reclamarse créditos de índole alimentaria no justifica la afectación de bienes pretendida, máxime cuando no se acredita que el demandado hubiere adoptado maniobras tendientes a producir su insolvencia. Contra tal decisorio se alza la demandante señalando que se encuentra acreditada la relación laboral, que la actora fue despedida sin expresión de causa y que el carácter alimentario de los créditos reclamados y la duración que demanda el proceso, justifican la medida.

Tal como lo puntualiza el Sr. Fiscal General en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan aquí por reproducidos en mérito a la brevedad) las argumentaciones formuladas por la recurrente no constituyen una crítica concreta y razonada del decisorio apelado (conf. art. 116 L.O.).

En efecto, la presentación de fs. 14/vta. no reúne siquiera mínimamente los recaudos que hacen a la debida fundamentación de un recurso puesto que no contiene un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida en tanto se limita a reiterar las genéricas e insuficientes alegaciones formuladas a fs. 8 vta./9.

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.) .

Ninguno de tales principios han sido respetados en el escrito recursivo de la parte actora. No obstante ello, y en aras de extremar la garantía de defensa en juicio que le asiste a las partes en el proceso, cabe señalar que a través de lo invocado a fs. 8 vta./9 del escrito de demanda no se advierte configurado peligro en la demora en tanto no se alegan ninguno de los supuestos previstos en el art. 62 de la L.O., siendo dable destacar al respecto que, como reiteradamente lo sostuviera esta Sala, no puede perjudicarse el libre accionar del demandado ni trabarse su desenvolvimiento económico si de su actividad no se desprende una incidencia inmediata sobre el crédito que se reclama, con graves presunciones al respecto que permitan considerar configurada la posibilidad de tornar ilusoria la obtención del crédito que se reclama (con igual criterio esta Sala in re " García Diaz, Carlos A. c/Carlos M. Diaz Explotación Agropecuaria ", sent. 46.501 del 30.12.99).

Desde tal perspectiva, el carácter alimentario de los créditos laborales no es por sí solo argumento suficiente para la viabilizar la medida si se tiene en cuenta que todas las causas que tramitan ante la Justicia Nacional del Trabajo involucran créditos que revisten dicho carácter y del eventual tiempo que insuma el proceso judicial no se advierte tampoco peligro alguno de que se torne ilusorio el cobro de los créditos que se reclaman.

En consecuencia, por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas en la Alzada en el orden causado en atención a la índole de la cuestión debatida (art. 68 CPCCN).

En consecuencia, por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.