Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-24


2º instancia. - Azul, abril 24 de 2008.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES 1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION 1º cuestión. - El doctor Peralta Reyes dijo:

I. Noemí Ramona Gonzalez ha promovido el presente incidente de desafectación de bien de familia, con relación al inmueble de propiedad del demandado Carlos Ardiles, ubicado en calle Rivadavia entre Pueyrredón y Díaz Vélez de Rauch, inscripto en la matrícula Nº 4401 del Partido de Rauch, el que ha sido embargado en los autos caratulados "González Noemí Ramona c/Ardiles Carlos s/cobro ejecutivo", expediente Nº 3231. Sostuvo la actora, en el escrito promotor del presente incidente, que la desafectación solicitada obedece a la violación, por parte del demandado, de la disposición contenida en el art. 41 de la ley 14.394. Afirmó la incidentista que, según esta norma, el inmueble debe ser utilizado como vivienda única por el grupo familiar beneficiario, lo que no ocurre en el caso de autos, dado que el demandado y su familia habitan una vivienda ubicada en calle Bolívar Nº 319 de la ciudad de Rauch (ver escrito de fs. 7/9).

II) Cuando compareció a estos actuados, puntualizó el accionado que el inmueble en cuestión aun no se encuentra en condiciones de habitabilidad; siendo de conocimiento de los vecinos del lugar que él y su familia han seguido trabajando en la construcción de la vivienda, para que pueda ser habitada. Asevera el incidentado que, por ende, no existe violación a lo dispuesto en el art. 41 de la ley 14.394, puesto que la obligación de habitar el bien que emana de esa norma está sujeta a excepciones que la autoridad de aplicación puede acordar. Expresa que, según el art. 41 del régimen legal aplicable, la habitabilidad del inmueble no es condición para el otorgamiento del beneficio en análisis, bastando con el compromiso de habitar el bien (art. 149 inc.b, ap. III, del decreto 2080/80). En virtud de ello, el accionado contrajo el compromiso de finalizar la obra y dar cumplimiento al referido art. 41 de la ley 14.394. Destacó, por último, que el bien de familia fue constituido con fecha 3-3-00, mientras que la obligación en cuestión nació con fecha 5-7-02, puntualizando que no es susceptible de embargo un inmueble afectado al régimen que nos ocupa (ver fs. 22/23vta.).

III) En la resolución que ha llegado apelada a esta alzada, se dispuso la desafectación como bien de familia del inmueble inscripto en la matrícula 4401 del Partido de Rauch, ordenándose la cancelación de tal asiento en el Registro de la Propiedad. Las costas se impusieron al incidentado, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 29).

Entre las motivaciones de su fallo, sostuvo el a quo que el inmueble motivo de autos es de propiedad del incidentado desde el año 1979, habiéndose inscripto como bien de familia con fecha 3-3-00, o sea con anterioridad al nacimiento de la obligación que constituye el objeto del proceso ejecutivo indicado supra. Agregó que el inmueble de autos no está ocupado; y precisó, seguidamente, que Ardiles y su grupo familiar viven en otro inmueble, que también es de propiedad del accionado (fs. 28vta.).

Puso de resalto el sentenciante que la institución del bien de familia, además del objetivo económico, tiene una finalidad social: propender al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo. De allí que el propietario y su familia están obligados a habitar la finca, correspondiendo a la autoridad de aplicación acordar excepciones a dicha exigencia, sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas. Señaló que este último extremo no está acreditado en autos, no habiéndose intentado probar en el responde. Y afirmó que, en función de ello, corresponde declinar el beneficio, aún tratándose de un acreedor posterior a la inscripción del bien de familia (fs. 28vta./29).

IV) El aludido decisorio fue apelado por el incidentado (fs. 33), quien abasteció su recurso por conducto del memorial que luce glosado a fs. 35/39. Luego de criticar el acta notarial agregada por el actor, adujo el recurrente que su parte presentó una serie de documentos, entre ellos, una declaración jurada donde se otorga la excepción establecida en el art. 41 de la ley 14.394, y un certificado emanado de la Arquitecta Alicia Miguenz donde se determina el avance de obra y el estado de inhabitabilidad del inmueble. Sostuvo que la actora está atacando un acto administrativo, emanado de autoridad competente, donde se otorga el beneficio previsto en el art. 41 del régimen legal aplicable (habiéndose observado el procedimiento establecido al efecto). Luego de cuestionar las declaraciones de Miquelarena, al labrarse el acta notarial allegada con la demanda, sostuvo el apelante que quien pretenda la desafectación del bien de familia debe dirigir su acción contra todo el grupo familiar y no solamente contra el accionado en el mencionado juicio ejecutivo. Aseveró que no se está ante ninguna causal de desafectación prevista en el régimen legal aplicable, y destaca que "aquí solamente se pretende desafectar el bien de familia, sin pruebas, y por una deuda posterior a su constitución. Amen de no tomar en cuenta normas constitucionales de protección integral del núcleo familiar". Y afirmó que "no existen elementos probatorios tendientes a acreditar los dichos de la actora, la falta de habitación transitoria del bien, se encuentra debidamente justificada, y no existen hechos que hagan llevar a una desafectación forzosa del bien de familia" (ver fs. 35vta./37).

Cumplimentados los demás pasos procesales de rigor, se encuentran estos actuados en condiciones de ser abordados para el dictado del presente pronunciamiento.

V) Establece el art. 41 de la ley 14.394, que "el propietario o su familia están obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas". Tal como lo destaca Fajre, la norma contempla dos hipótesis distintas: a) la obligación de habitar el inmueble cuando tiene destino de vivienda. b) la obligación de explotar el inmueble por cuenta propia cuando tiene un destino distinto de vivienda. En consecuencia, debe estarse al destino natural del bien, a los efectos de determinar si concurre o no la obligación de habitar, debiendo quedar en claro que sólo existe esta obligación cuando se trata de una casa habitación (autor citado, en Areán, Bien de familia, págs. 261 y 262).

Cuando el inmueble se encuentra en el ámbito urbano y está desprovisto de construcción, sin que en el terreno se realicen actividades que sirvan al sustento familiar, se plantea el interrogante acerca de si el mismo puede ser afectado como bien de familia. Y así se ha resuelto que, aunque no haya construcción o edificación en forma, la respuesta es afirmativa cuando hay una precaria construcción donde la familia habita, por cuanto no hay razón para negar la afectación por la mera precariedad de la casa donde la familia tiene su hogar (CNCom., sala D, 13-8-84, voto del Dr. Rivera, L.L. 1985-B-247, citado por Bossert, en Código Civil de Belluscio-Zannoni, tomo 6, pág.294). Parece desprenderse de lo expuesto, que lo verdaderamente importante es que el inmueble cumpla la función de albergue de la familia, para que pueda considerárselo dentro del espíritu de la ley y afectárselo como bien de familia, sin importar que la construcción existente en el mismo sea precaria (conf. Guastavino, Derecho de familia patrimonial, bien de familia, tomo II, págs. 99 y 100).

Al establecer la obligatoriedad de habitar el inmueble, en el art. 41 de la ley 14.394, el legislador está indicando que para el funcionamiento de este régimen excepcional, es necesario no sólo que se haya inscripto el inmueble como bien de familia, sino que el mismo se encuentre verdaderamente afectado como tal en los hechos, es decir, que exista un grupo familiar y que conviva con el constituyente (conf. Novellino, Bien de familia, afectación, inembargabilidad y desafectación, pág. 113). Pues bien, la esencial función de albergue de la familia, que se desprende de las pautas dogmáticas antedichas, no se observa en el caso en análisis; de allí que, en mi opinión, se encuentre ajustada a derecho la sentencia dictada en la instancia de origen.

Incursionando en las concretas circunstancias del sub caso, debe recalarse en las propias manifestaciones del accionado cuando contestó el presente incidente, ya que de las mismas surge, sin hesitaciones, que la solución adoptada por el a quo deviene inconmovible. En efecto, en dicha oportunidad expresó el accionado, con relación al bien cuya desafectación se persigue: "Dicho inmueble, aun no se encuentra en condiciones de habitabilidad, ya que es de conocimiento de todos los vecinos del lugar, que durante todo este tiempo nuestra familia hemos y seguimos trabajando, en la construcción de la misma para poder ser habitada, ya que en la actualidad, la misma no se encuentra en condiciones de habitabilidad" (fs. 22/22vta.). O sea que si el inmueble objeto de estos actuados es inhabitable, se torna absolutamente imposible realizar la finalidad del instituto en análisis, cual es la de procurar una vivienda al constituyente y a su grupo familiar; por lo que no queda otra vía que no sea la desafectación dispuesta en la sentencia apelada (arts. 34, 35, 36, 41, 49 inciso d) y ccs. de la ley 14.394; art. 1071 del Cód. Civil).

Debe puntualizarse, además, que ha transcurrido un tiempo considerable desde que se constituyó el bien de familia (lo que acaeció el día 3-3-00, tal como surge del certificado obrante a fs. 68 del expediente acollarado al presente). No puede admitirse el argumento traído por el incidentado, cuando señala que se encuentra trabajando en la construcción del inmueble, y que contrae el compromiso de finalizar la obra y habitar el bien (fs. 22vta.). La situación descripta por el incidentado no halla respaldo en la normativa que regula la figura en examen, a lo que se suma que no se ha aportado ninguna constancia probatoria relativa a la existencia de algún tipo de autorización emitida por la autoridad de aplicación; careciendo de todo asidero las alegaciones que sobre este aspecto se han vertido en el escrito recursivo. Por lo demás, ha destacado el juzgador que Ardiles y su familia habitan en otro inmueble que también es de propiedad del accionado, sin que esta parcela del fallo haya sido impugnada por el apelante, lo que viene a robustecer la justicia del pronunciamiento sometido a la revisión de esta alzada (arts. 375, 384, 260, 261 y ccs. del Código Procesal).

Tal como lo destaca Iturbide, los efectos del bien de familia no pueden perdurar indefinidamente. Los fundamentos de la institución y su misma naturaleza determinan la necesidad de que el régimen cese al producirse situaciones que revelan entonces la ausencia de los elementos constitutivos esenciales, o que evidencien hechos incompatibles con la subsistencia de la afectación (autora citada, en Areán, Bien de Familia, pág.407). Es así que entre las causales forzosas de desafectación se encuentran las previstas en el art. 49 inciso d) de la ley 14.394, cuando a instancia de cualquier interesado (como es el caso de los acreedores) se plantea la no subsistencia de los requisitos previstos en los arts. 34, 36 y 41 del régimen legal. En esta hipótesis de desafectación se halla incluida la situación en que el inmueble no se encontrare habitado por los beneficiarios; no existiendo dudas en el sentido de que los acreedores pueden peticionar tal medida extintiva del beneficio (conf. Iturbide, ob. cit. págs. 428, 429 y 447). Cabe precisar aquí que, en rigor, en el caso de autos se estaría ante un supuesto de nulidad de la afectación, por haberse obtenido la misma a pesar de no hallarse reunidos los requisitos legales; pero esta disquisición no reviste incidencia en cuanto al efecto práctico que se obtiene a través de la sentencia apelada (conf. Bossert, ob. cit. pág. 347, in fine).

Y debe aclararse que en el supuesto en análisis no tiene ninguna relevancia que el peticionante de la desafectación sea un acreedor portador de un crédito posterior a la constitución del bien de familia (ver fs. 10 y 68 del expediente agregado por cuerda). Cuando el acreedor peticionante ostenta un crédito anterior a la afectación, lo que en realidad persigue es la inoponibilidad a su respecto del bien de familia; mientras que en hipótesis como la de autos se está ante la denominada desafectación absoluta, donde el bien de familia queda extinguido, de modo que la totalidad de los acreedores pueden embargarlo y ejecutarlo (Iturbide, ob. cit. págs. 447 y 448; Bossert, ob. cit. págs. 356 y 357).

Resta puntualizar, finalmente, que las consideraciones vertidas en el memorial en el sentido de que la presente acción debió haber sido entablada contra todo el grupo familiar y no solo contra el demandado, no fue propuesta al juzgador de primera instancia y, por ende, deviene inabordable para esta alzada (art. 272 del Cód. Proc.). A lo que se adiciona que el modo en que se sustanció el presente incidente no importa un menoscabo del derecho a la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; ver Iturbide, ob. cit. pág. 452).

En virtud de todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fs. 28/29.

Así lo voto.

Los doctores Galdos y De Benedictis, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Peralta Reyes dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve confirmar la sentencia apelada de fs. 28/29, imponiéndose las costas de la alzada al apelante vencido (art. 68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec.-ley 8904/77).

Así lo voto.

Los doctores Galdos y De Benedictis, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA Azul, Abril 24 de 2008.

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., CONFIRMASE la sentencia apelada de fs. 28/29, imponiéndose las costas de la alzada al apelante vencido (art. 68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec.-ley 8904/77). - Ana María De Benedictis. - Víctor Mario Peralta Reyes. - Jorge Mario Galdós.