Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-27


///MA, 27 de Abril de 2015.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI, Liliana L. PICCININI, y Enrique J. MANSILLA, con la presencia de la señora Secretaria, doctora Stella Maris GOMEZ DIONISIO, para el tratamiento en los autos caratulados: "MORCHIO, CLAUDIA BEATRÍZ C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26055/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esta ciudad de Viedma, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 478/485 vlta. por la demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión, el señor Juez, doctor Sergio M. BAROTTO, dijo:

1. Antecedentes de la causa:

1.1. El tribunal de grado hizo lugar al reclamo de Claudia Beatriz MORCHIO contra PROVINCIA DE RÍO NEGRO por la suma total -calculada al 31.10.2011- de $368.899,27, más los intereses a devengar hasta la fecha de pago.

Centró su análisis en la pretensión indemnizatoria por accidente de trabajo, según el sistema de responsabilidad objetiva del art. 1113 del Código Civil, asumiendo como presupuestos de su admisibilidad la existencia del daño y la intervención en su producción de una cosa riesgosa de propiedad de la demandada.

1.2. Tuvo presente en tal sentido que la actora padeció un politraumatismo con fractura de húmero derecho, operado con reducción y osteosíntesis, que dejó como secuela una /// ///-- cicatriz de 18 centímetros, con retracción, hundimiento y disminución de tono, tropismo y movilidad que la menoscaban de modo permanente en el 28% la capacidad total obrera, según experticia de autos.

1.3. Ello a causa de un accidente acaecido con fecha 12.10.2007, cuando se desempeñaba en guardia médica activa y, para asistir a un paciente domiciliario, debió trasladarse en ambulancia; vehículo que durante el trayecto resultó embestido por otro.

1.4. Al cuantificar el daño y su incidencia monetaria -por capital e intereses al 31.10.11-, tras rechazar el rubro gastos por tratamiento de rehabilitación, el tribunal de grado calculó el daño material mediante la fórmula aplicada por este STJ en el precedente "Pérez Barrientos", fijándolo en la suma de $353.651,96.

Admitió además en concepto de lucro cesante una suma de $14.465,45; y, por daño moral, la suma de $35.000; es decir, habilitó el reclamo por un total de $368.899,27, previa deducción de $34.218,14 ($21.690 más intereses, también hasta el 31.10.11), según lo percibido ya de HORIZONTE ART.

2. Los agravios del recurso:

2.1. Cuestiona Provincia de Río Negro la responsabilidad que se le adjudicó, acusando en tal sentido errada aplicación del art. 1113 del Código Civil. Critica asimismo la habilitación del daño material mediante la aplicación de la fórmula de cálculo empleada por este Cuerpo en el precedente Perez Barrientos.

Según sostiene, se ha desinterpretado el art. 1086 del Código Civil, confundiendo el concepto de lucro cesante con el de pérdida de chance, e incurriendo en violación del principio de congruencia, al admitir un grado de incapacidad y una ecuación financiera resarcitoria más allá de lo requerido en el escrito inicial, con desatención además de lo previsto en materia de intereses por el art. 623 del C. Civil.

2.2. Destaca que la actora no describió la mecánica del accidente; no atribuyó culpa al conductor; no alegó vicio alguno de la cosa en que se transportaba; es decir, no sostuvo que la colisión se produjera a causa de característica peligrosa alguna de la ambulancia, embestida /// ///-2- sin culpa de su chofer, cuando había superado ya la mitad de la calzada.

A su entender, surge de los términos mismos del reclamo que la colisión no fue responsabilidad del conductor de la demandada ni del estado de su vehículo; extremos que, por otra parte, no fueron invocados; menos aun surge que se haya probado la relación del daño con un riesgo o vicio de la cosa, sin que pueda admitirse al respecto el concepto de actividad riesgosa, no comprendido siquiera en el art. 1113 del Código Civil. De ello concluye que no correspondía condenar al dueño de una cosa que no generó riesgos en el caso concreto.

2.3. Se agravia también por la aplicación de la fórmula Vuoto al cálculo del daño material, pues estima que ello importa la interpretación errónea del art. 1086 del Código Civil. Señala que el lucro cesante está conformado por la compensación económica que el trabajador lesionado dejó de percibir durante su incapacidad, tal como acaeció en el caso, con las guardias que la actora se vio privada de realizar. Pero arguye que una vez recibida el alta volvió a trabajar en forma completa, incluyendo las guardias y su consecuente retribución, de suerte que ya no puede predicarse la existencia de lucro cesante sino de una incapacidad permanente y, al no acreditarse disminución de su retribución en ningún aspecto (en el caso, pasados 7 años de los hechos), no puede hablarse de lucro cesante, ni tampoco de la existencia de pérdida de chance con algún viso de probabilidad.

Afirma que el art. 1086 del Código Civil habla de todas las ganancias que el damnificado deja de percibir, lo que permite incluir tanto el lucro cesante como la pérdida de chance, en cuanto estos dos rubros se ubican dentro del campo del daño patrimonial, diferenciándose sólo por grados de certidumbre del daño, a saber, que el lucro cesante es una pérdida de ganancia cierta, mientras que la pérdida de chance es una pérdida de ganancia probable.

En consecuencia -arguye-, si luego de que obtuvo el alta, la actora volvió a su actividad habitual, incluidas las guardias (y no se denunció en autos que su carrera se haya visto menguada), y si por ser empleada del Estado tiene el derecho a la estabilidad absoluta, no puede hablarse de lucro cesante y utilizarse la fórmula de la sentencia (conforme el /// ///-- precedente "Pérez Barrientos"), y tampoco de pérdida de chance alguna.

Se manifiesta así perjudicada porque la actora sufrió un accidente que, según resulta claramente de las constancias de autos, no le provocara merma alguna en sus ganancias, salvo por un período acotado, que admite; y añade que aquélla se encuentra actualmente trabajando; extremo que no es objeto de la litis, además de estar probado en el caso que no existe una merma salarial como la referida por la CSJN en la causa "Arostegui", puesto que la actora tiene estabilidad laboral y permanece en su carrera administrativa, percibiendo todos los meses sus haberes y conservando su expectativa jubilatoria.

2.4. Critica además que para fijar el monto indemnizatorio por daño material se tomó el 28,5% de incapacidad determinado en la pericial médica, porque así se habría violado el principio de congruencia, pues en el inicio sólo se reclama el 12,5%. Y arguye que el tribunal no tuvo en cuenta que no se puede otorgar algo en base a hechos no invocados, porque menoscaba el derecho de defensa -al soslayar los principios dispositivo y de congruencia- de la parte demandada, ya que se le impide negar su acaecimiento y probar en sentido contrario.

2.5. Afirma por último que el fallo calculó intereses en el rubro daño material, desde que el accidente ocurrió, determinando el monto de la reparación por dicho concepto a partir de una fórmula matemática inclusiva de por sí de intereses (tasa del 6% anual), de manera que -afirma- se la condenó a pagar por daño material una suma que comprende intereses sobre intereses; anatocismo prohibido por el art. 623 del Código Civil.

3. Análisis y solución del caso:

3.1. Como puede apreciarse a partir de lo reseñado, las cuestiones a dilucidar en esta etapa extraordinaria se centran en las críticas sobre la falta de relación causal del daño padecido con una cosa riesgosa de la demandada; en la errada aplicación del precedente "Pérez Barrientos" de este Cuerpo en orden a determinar el daño material; en la invocada vulneración del principio de congruencia, con afectación de la defensa en juicio de la demandada; y en el pretendido anatocismo que estima la quejosa se habilitara en el caso.

3.2. Debo decir que la demandada pretende soslayar el riesgo del vehículo donde se /// ///-3- trasladaba la actora, enfocando la cuestión causal del daño padecido en la falta de vicios de la cosa, o aun en la falta de culpa del chofer de la ambulancia; extremos estos últimos cuya inexistencia no subvierte de por sí la vía elegida al demandar, de responsabilidad por la cosa de la cual se sirviera la demandada, según lo previsto en el art. 1113, apartados uno y dos, del Código Civil; lo cual fue ya detenidamente considerado en la instancia de grado, y no es materia propia de esta instancia extraordinaria, salvo absurdidad, que no se manifiesta en el análisis de grado.

Coincido en que el daño se considera causado por el riesgo o vicio de la cosa cuando haya sido producido mediante el empleo de una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización, engendra riesgos a terceros; por tal razón, quedan indudablemente incluidos dentro de la última parte del art. 1113, párr. 2°, los daños causados por ciertas actividades riesgosas que se realizan mediante el empleo de cosas peligrosas (.) Además, es preciso admitir que la ley deja librado al prudente criterio judicial el encuadramiento de las distintas funciones dentro de la norma legal, de suerte que el magistrado, atendiendo a las particularidades del caso y al riesgo de la cosa o de la actividad desplegada, determinará cuál es el régimen legal aplicable. Y asimismo es importante señalar que el legislador no ha creído conveniente limitar los supuestos de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa a casos específicos. Por el contrario, siguiendo una orientación que se insinúa con firmeza en el derecho comparado, se limitó a fijar pautas genéricas, quedando en manos del magistrado la determinación definitiva de la cuestión; un criterio aceptable, pues permite una constante adecuación del derecho a las nuevas situaciones que a diario se presentan, sin ataduras a moldes rígidos, cuya eficacia temporal suele ser muy limitada (cfr. Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinario y jurisprudencial, 3 A Artículos 1066/ 1116, Obligaciones, Hammurabi, Depalma Editor, Buenos Aires, 1999; art. 1113; págs. 518 y 519).

Por lo demás, tampoco se demostró en autos que el daño de la actora fuera en definitiva por culpa de un tercero por el cual la demandada no debiera responder, de suerte /// ///-- que no puede pretender ahora que no ha existido en el supuesto en examen relación causal que vincule el daño con la cosa de su guarda y propiedad; razón por la que este agravio deberá ser desestimado.

3.3. Acerca del agravio sobre la errada aplicación del precedente Pérez Barrientos en orden a determinar el daño material, cabe dejar en claro que este Cuerpo no replicó sin más, como pretende la recurrente, la fórmula adoptada por la Sala III, CNAT en la causa "Méndez" (donde readaptó su fórmula "Vuoto" a instancia de la crítica de la CSJN en autos "Arostegui"; (Fallos 331:570, del 08.04.08), sino que modificó a su vez ciertos parámetros para alcanzar una solución acorde al propio caso (cfr. STJRNS3 "PEREZ BARRIENTOS" Se108/10).

Tampoco corresponde desatender en la emergencia que se empleó una fórmula financiera que posibilitaba determinar un capital que, colocado a una tasa de interés compuesto, le permitiera al trabajador damnificado retirar mensualmente un importe equivalente al desgaste del sueldo que verosímilmente le ocasionara el porcentaje de incapacidad padecido, durante el tiempo de vida que le restara hasta el fin estimado de su vida útil (75 años), momento en el cual el referido capital quedara agotado por los retiros mensuales efectuados hasta ese momento.

Asimismo conviene dejar en claro el concepto de lucro cesante, por el cual cabe entender lo que una persona deja de ganar, o ganancia de que se ve privada, por el incumplimiento de la obligación que incumbe al deudor o por la comisión de un acto ilícito (cfr. Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Veinteava Edición, por Cabanellas De Las Cuevas, Editorial Ruy Diaz S.A., Buenos Aires, 1994; Tomo II, voz: lucro cesante), mientras que la fórmula empleada no se refiere a un lucro que dejó de obtener, sino a la merma salarial que su incapacidad le traerá aparejada a futuro, de darse las condiciones de la fórmula financiera, previstas en orden a resarcir el daño material ocasionado por determinada merma en su capacidad total obrera.

Es claro, además, que al cuantificar de tal modo el daño material, la fórmula financiera resulta indiciaria -y sólo parcialmente- de la emergencia patrimonial del daño-minusvalía /// ///-4- laboral, de suerte que no resulta en principio excluyente de una ponderación más abarcativa de la cuestión, tanto menos en la perspectiva de una reparación plena del perjuicio ocasionado.

En esta inteligencia, se advierte sin dificultad que la fórmula empleada en "Pérez Barrientos" resulta en definitiva instrumental en orden a una mejor aproximación cuantitativa en la perspectiva de una reparación plena del daño sufrido, y no debe entenderse reducida al modo pretendido por la recurrente, no sólo porque el daño emergente material es más amplio que el lucro cesante a futuro, sino también porque en autos este último se postuló de modo autónomo (propiamente como lucro cesante, por salarios caídos) en la liquidación de sentencia, debilitando ello tanto más la tesis recursiva al respecto.

En consecuencia, no debe tomarse el empleo de la fórmula de cuantificación de modo unívoco según pretende la demandada, reduciendo el daño emergente material al lucro cesante, sino admitir que en el caso concreto lo ha usado el tribunal de grado como parámetro cuantitativo para determinar la mensura indemnizable que ha considerado más prudente otorgar por la incapacidad laboral de la actora, en los límites del acto jurisdiccionalmente válido.

Ahora bien, sostiene la apelante que se efectuó una interpretación errónea del art. 1086, CC, que versa sobre todas las ganancias que el damnificado deja de percibir, es decir, tanto lucro cesante como pérdida de chance; y declara en tal sentido que en el supuesto de Claudia Morchio, salvo por las guardias que se vio privada de realizar, no puede hablarse de lucro cesante ni tampoco de pérdida de chance, puesto que una vez recibida el alta volvió a trabajar en forma completa, incluyendo las guardias y su consecuente retribución, con respeto además de su derecho a la estabilidad absoluta.

Debo señalar sin embargo que tal argumento resulta desacertado pues, desde ya al margen de la pérdida de chance, que no resultó objeto de condena -v. sentencia, a fs. 469 vlta./ 470 vlta.-, no existe en lo pertinente a nuestro análisis adecuada ilación lógica entre la norma referida y la vía de responsabilidad aplicada por el tribunal de grado; y desde ya /// ///-- advierto que, según refiere el citado art. 1086, si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y la convalecencia del ofendido, y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Pero se trata de una norma que no ha sido aplicada ni desinterpretada por la Cámara; una norma que no cabe referir al sistema de responsabilidad objetiva previsto en el art. 1113 del Código Civil (situado entre las obligaciones que nacen de hechos ilícitos que no son delitos; arts. 1107/1123, CC), sino que trata de los daños causados por delitos contra las personas (arts. 1084/1090, CC).

En efecto, por delito de daño se entiende el acto ilícito ejecutado a sabiendas de causar perjuicio a otra persona o a sus derechos; específica ilicitud con vista preferentemente a una de sus consecuencias eventuales, como la punibilidad en lo penal y la ilicitud en lo civil (cfr. Osorio, Manuel, Ibíd., Tomo I, voz: delito de daño). Más aun, del art. 1086, CC se ha dicho que contempla la figura de las lesiones desde el punto de vista de la responsabilidad por daños. (.) Se trata de una norma absolutamente superflua por cuanto no hace más que repetir los principios generales de la materia ya contenidos en otros artículos del Código Civil (.). Por otra parte, su redacción es altamente insatisfactoria por cuanto pareciera excluir diversos daños jurídicos que suelen presentarse de ordinario frente a todo tipo de lesión a la persona. Es que el artículo sólo se refiere al daño emergente constituido por los gastos de curación y convalecencia y al lucro cesante derivado de la falta de actividad del ofendido mientras duró su rehabilitación (.) (cf. Bueres-Highton, Ibíd.; art. 1086).

En cambio, en el caso bajo examen, el factor objetivo de atribución de responsabilidad a la demandada es el riesgo de la cosa en la que se trasladaba la actora, pues caen bajo la órbita del riesgo creado los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, CC) -v. gr., accidentes de automotores, daños derivados de productos elaborados, causados por animales, etc.-; los daños derivados de actividades riesgosas; . (cfr. Pizarro, Ramón, en Bueres-Highton, Ibíd.; art. 1113, págs. 496 y 499).

3.4. No puede seriamente reputarse vulnerado el principio de congruencia ni, tanto /// ///-5- menos, el derecho de defensa de la parte demandada, por la circunstancia de que la actora invocara como incapacidad el 12,5% de la total obrera, o bien, lo que surgiera de la prueba a producirse en autos, porque más allá de que esta claro que no podría ponerse en cabeza de la actora una certidumbre técnica sólo emergente de un estudio pericial cumplido, no se trata en definitiva de la habilitación de un concepto distinto al pretendido por la trabajadora incapacitada, sino sólo de la adecuada mensura de su implicancia concreta, es decir, del problema de la cuantificación de su daño en razón de su incapacidad laboral permanente; por lo que este agravio también debe ser desestimado.

3.5. Tampoco resulta razonable la crítica intentada en materia de intereses, respecto del pretendido anatocismo en el cual incurriera el tribunal de grado por el hecho de que aplicara al capital nominal de condena la tasa mix y sucesivamente la tasa activa, aun cuando a fin de fijar dicho capital por daño material se empleara la tasa del 6% anual, implicada en la ecuación financiera prevista en el precedente "Pérez Barrientos" y usada en autos.

En efecto, la crítica no resiste el análisis, pues la misma determinación de dicho capital, por daño material, reposa en una fórmula financiera empleada para determinar la incidencia de la minusvalía laboral a futuro, de manera que la variable de interés aludida es sólo componente de la fórmula para cuantificar la incidencia futura de un daño en la vida de la persona trabajadora minusválida. Y así, la fórmula empleada en "Pérez Barrientos" -pronunciamiento receptivo de la experiencia jurisprudencial aludida- para obtener la cuantía de la indemnización por daño material, supone que dicho daño debe ser reparado por un capital que, puesto a un interés del 6% anual se amortice en un período calculado como probable de vida útil laborativa del accidentado, mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera percibido de no haber mediado el evento; o dicho en otros términos, dicha suma mensual sería equivalente a la merma que en su capacidad remunerativa ocasiona al trabajador accidentado el porcentaje de incapacidad laboral permanentemente padecido.

No se trata, pues, de un interés compensatorio ni de un interés moratorio ni, tanto menos aun, de un interés punitorio, sino de una variable de amortización del capital /// ///-- establecido como resarcimiento, de modo que no existe al respecto capitalización de los intereses, no hay interés compuesto, no hay anatocismo alguno, entendido éste como pacto por el cual se conviene pagar intereses de los intereses vencidos y no satisfechos (cfr. Osorio, Manuel, Ibíd.; Tomo I, voz: anatocismo); por lo que deberá rechazarse el agravio al respecto.

4. Decisión:

De conformidad con lo analizado, propongo al acuerdo desestimar en todas sus partes el recurso de inaplicabilidad de ley elevado por la parte demandada; con costas a cargo de la vencida. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana Laura PICCININI dijeron:

ADHERIMOS a los fundamentos vertidos por el señor Juez preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

Por las razones expresadas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 478/485vlta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado de fs. 467/471 vlta. (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504); con costas (cf. arts. 68, CPCCm.); a cuyo efecto propicio asimismo regular los honorarios profesionales por su actuación en esta vía, de los doctores Eduardo Manuel MARTIRENA, por la demandada; y de la doctora Ana Victoria ROWE, por la actora, respectivamente en el 25% y 30%, de lo que les corresponda a cada representación en la instancia de origen (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.).

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana Laura PICCININI dijeron:

ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo: /// ///-6- ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 478/485 vlta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado de fs. 467/471 vlta. (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer las costas de esta etapa a cargo de la demandada vencida (art. 68, CPCCm.).

Tercero: Regular los honorarios profesionales por su actuación en esta vía, de los doctores Eduardo Manuel MARTIRENA, por la demandada; y de la doctora Ana Victoria ROWE, por la actora, respectivamente en el 25% y 30%, de lo que les corresponda a cada representación en la instancia de origen (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.), los que deberán ser abonados dentro del plazo de diez (10) días (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212). Cúmplase con la ley 869 y notifíquese a la Caja Forense.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

Firmantes:

BAROTTO -1º voto-; APCARIAN -2º voto-; ZARATIEGUI -3º voto-; PICCININI -4º voto- y MANSILLA -5º voto (en abstención) GOMEZ DIONISIO -Secretaria STJ-.