Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-10


Autos: FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ USANDIVARAS VERONICA BEATRIZ S/ X* OFICIO LEY 22.172 (SECUESTRO PRENDARIO -SEC.Nº 12 - CAP.FED.) Expte: 1190/03 - SALA I San Miguel de Tucumán, 10 de agosto de 2004.- Sentencia Nro. 334 Y VISTO :

El recurso de apelación concedido a la parte demandada a fs.78, en estos autos caratulados: FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. VS. USANDIVARAS VERÓNICA BEATRIZ S/ OFICIO LEY 22.7272 - EXPTE. N°1190/03 - SEC.Ia., y CONSIDERANDO:

Por decreto de fs.78 se concede en subsidio a la presentante Verónica Beatriz Usandivaras, el recurso de apelación contra la providencia de fs.17 que rechaza lo peticionado a fs.16 por la recurrente..- Objeta la competencia del Juzgado interviniente en estos actuados.- Atento a la naturaleza de la materia contenida en el oficio cuyo diligenciamiento se tramita, y de conformidad a lo normado por el art.4° de la ley 22.172 cuya aplicación corresponde al caso, el decreto cuestionado por la recurrente resulta estrictamente ajustado a derecho y por tanto cabe su confirmación. Es que la competencia que se objeta debe plantearse ante el Juez Oficiante.- Así lo expresa el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que el Tribunal lo comparte, al decir: "... Se trata en la especie de un oficio de secuestro Ley 22.172 librado por el Juez de turno con competencia en materia comercial en esta jurisdicción . El exhorto se diligenció por ante el Juez Civil en Documentos y Locaciones de la Ia. Nominación, que dictó la providencia del 24/03/03 (fs.11) ordenando practicar la medida.- En esa oportunidad se apersonó la demandada Verónica Beatriz Usandivaras (fs.11) y planteó la incompetencia de la justicia provincial para su tramitación, fundándose en que la accionante ha optado por la competencia nacional para librar el oficio, por lo que su diligenciamiento corresponde a la Justicia Federal con asiento en esta ciudad.- La providencia recurrida rechazó el planteo fundándose en que las cuestiones de competencia solo pueden deducirse por ante el tribunal apelante.- Comenzando el análisis del planteo se señala que si bien el principio enunciado en la providencia recurrida es el vigente, no corresponde la aplicación al caso.- En efecto, el oficio (exhorto) no es un procedimiento con vida propia, independizado del proceso en que se libra. Por otra parte, la competencia no puede ser delegada, produciéndose en tales supuestos verdaderos encargos judiciales con delegación de funciones, que no constituyen propiamente una delegación de competencia, sino el respecto a un principio de cooperación o auxilio judicial.- Ese principio se ve reflejado en el art.4° de la Ley 22172 que limita las facultades del Juez oficiado a examinar las formas del oficio y proveer lo necesario para su diligenciamiento.- Pero el Juez oficiado no cumple automáticamente la solicitud, porque sería convertirlo en subordinado del Magistrado oficiante y necesariamente efectúa un análisis previo antes de despachar la medida.- Dentro de ese análisis se encuadra el de su propia competencia conforme a las leyes que lo establecen en la jurisdicción local. De lo que deviene que corresponde al Juez oficiado examinar su propia competencia. Máxime en este caso lo que la rogatoria está dirigida al Sr. Juez con competencia en materia comercial en esta Ciudad y no consigna expresamente fuero ni jurisdicción provincial o federal.- En este sentido se ha expresado también, que conforme a lo prescripto en el art.4 del Convenio, según es sabido, las cuestiones de competencia solo pueden deducirse ante el juez oficiante. De ese principio se sigue que no procede plantearle al Juez oficiado su propia inhibición. Ni requerirle una declaración de competencia que excluya la del magistrado oficiante. Sin embargo, el juez oficiado puede plantear la incompetencia si estuviere afectada su competencia absoluta (Cf.: Palacio - Alvarado Velloso, Cód. Proc. T.4, p.163). Fundado en la normativa del art.4 párrafo segundo de la ley 22172, se ha resuelto que la delegación de jurisdicción que se otorga al juez oficiado debe ser ejercida de acuerdo con los términos de la rogatoria, en tanto no existan impedimentos en las leyes locales, o la medida no fuese manifiestamente violatoria del orden público o atente contra la moral o las buenas costumbres o fuese contraria a una garantía constitucional o prohibida expresamente por la ley. Es que de no interpretarse la cuestión en la forma indicada, ello equivaldría a transformar a un magistrado de un Estado autónomo en subordinado del que hubiere librado la rogatoria. Como dijera la doctrina, las previsiones del Convenio no tornan al tribunal ejecutante o requerido en autómata de la orden foránea, ni le debe acatamiento o cumplimiento sin mayores prevenciones o a "pié juntillas". Siguiendo ese temperamento es que ha resuelto la jurisprudencia que el juez oficiado tiene facultades para devolver la rogatoria si el pedido afecta manifiestamente su competencia.- Removido entonces el fundamento de la providencia debe analizar si la diligencia del oficio corresponde a la jurisdicción federal. En esa dirección se constata que el oficio ha sido librado en una causa de secuestro prendario, cuyo conocimiento en razón de la materia en nuestro ordenamiento corresponde al fuero Civil en Documentos y Locaciones.- Por otra parte la rogatoria proviene del Juzgado Nacional de Ia. Instancia en lo Comercial N°6, Secretaría 12 del Departamento Judicial de la Capital Federal y no de un Juez federal, por lo que está bien radicado por ante los Tribunales Ordinarios.- Las demás cuestiones planteadas por la demandada, tales como la configuración de una estafa o la existencia de un oficio anterior tramitado por ante la Justicia Federal , exceden de la competencia del Juez oficiado y deben plantearse por ante el Juez exhortante, conforme a los principios expuestos...".- Por lo expuesto y conforme a lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, corresponde rechazar el recurso tentado.- Por ello, RESOLVEMOS:

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia de fecha 28 de marzo de 2003, fs.17, conforme a lo considerado.- HAGASE SABER ANA M. RODRÍGUEZ PRADOS DE BASCO AMERICO V. MARCIAL