marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley tributaria, intereses, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Orazio ARCANA s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  INTERPRETACION DE LEYES  FEDERALES  CONTRARIA  A DERECHO - IMPUESTO - REPETICION  -  INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

Instituidos en los arts. 42 y 161 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.), la adopción de un criterio diferencial no previsto por el legislador en cuanto al alcance del resarcimiento en uno y otro caso, se revelaría falta de razonabilidad. Ello implicaría, además, omitir que dicha ley constituye un instrumento normativo unitario y coherente, por lo que no cabe, dentro de una sana hermenéutica, considerar de modo independiente aquéllos de sus artículos que componen un mismo sistema, ya que una interpretación racional impone la búsqueda del sentido jurídico total que se obtiene por la conexión de las disposiciones que lo integran.
Multa administrativa, higiene y seguridad del trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Altman Construcciones S.A. c/ G.C.B.A. s/ Otras demandas contra la aut. administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

Corresponde confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Protección del Trabajo a una empresa constructora ante diversas faltas cometidas en materia de seguridad de los trabajadores, pues en relación a lo argumentado respecto de que la empresa carecía de personal en obra y que los trabajadores eran dependientes de terceros, no se ha adjuntado prueba alguna de ello.
Empleo público, docentes, transferencia del personal, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ / queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Aspiro, Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo, expte. nº 13572/16
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

El art. 31 del Estatuto docente no crea un derecho subjetivo a obtener el traslado de quien lo peticione. Reserva en el Ministerio de Educación la decisión, cuya procedencia, además, condiciona a que se verifiquen una serie de presupuestos, uno de ellos, que hubiera una vacante, es decir, una necesidad funcional que justifique el traslado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano
Incapacidad parcial, cambio de tareas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA SANTIAGO c/ ZANFAGNINI DOMINGO Y CAYETANO CARUSO S.A. s/ Danso y Perjuicios (LIBRO: S081 - 044)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-25

Un cambio de funciones no implica que no corresponda indemnizar la incapacidad acreditada.- No se trata de resarcir a la víctima de una pérdida de remuneraciones ni de las consecuencias de un potético despido sino de reparar el perjuicio, el que le traerá aparejada, en el mañana su incapacidad laboral.- La indemnización por incapacidad procede, acreditada ésta, aún cuando la víctima no tenga actividad remunerada, porque debe indemnizarse aún cuando el perjuicio no sea actual.-
Proceso contravencional, investigación del hecho, prueba prohibida, procedimiento policial, falta de orden del juez, estado de sospecha, Derechos humanos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SANTANDER, Norma Graciela s/ s/ infr. art. 116, ley 1472 - Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

Admitir que so pretexto de las facultades investigativas que por iniciativa propia los funcionarios policiales pueden realizar, lleven a cabo actos que afectan los derechos de las personas sin justificar siquiera mínimamente las razones de su actuación, equivale a sustraer una esfera de la administración -quizá la que pone en juego en mayor medida los derechos fundamentales- del control judicial suficiente que de acuerdo a una inveterada jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal debe existir (Fallos CSJN., T. 247, P. 646, entre muchos otros).
Caducidad de instancia, inactividad procesal, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: PROCESAL
Carátula: Oviedo, Nélida Orfelia c/ ANSeS s/ nulidad de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Si la recurrente no se hizo cargo de las consecuencias que produjo su inactividad procesal durante el juicio contra la ANSeS, dejó transcurrir en exceso el plazo sin haber impulsado el procedimiento, omitió contestar el traslado de la caducidad y consintió el pronunciamiento que hizo lugar a ese pedido por intermedio del profesional que la representaba, no cabe la invocación de agravios derivados de su conducta discrecional.
Honorarios, representación de la sociedad, liquidación de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO LATINOAMERICANO S.A. c/ BERCHEM S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Los términos en que se encuentra redactado el apartado 1º del art. 50 de la ley 21.526, no admiten una duplicidad significativa, en cuanto a que la exclusión de la posibilidad de percibir honorarios para quien representa al liquidador de una entidad financiera, alcance a determinadas personas y a otras no, ya sea que formen parte del plantel permanente del Banco Central de la República Argentina, o que se trate de personal contratado por éste.-
Indemnización por accidente de trabajo, derechos y garantías constitucionales, decreto de necesidad y urgencia, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Gallay Edgardo Esteban c/ La Segunda Art S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-15

Nuestro STJ, en autos "Crettaz", señaló que el análisis de la validez de la norma -en la especie el decreto 669/19-, debía efectuarse en cada caso en concreto, evaluando si la misma resultaba perjudicial o no para el trabajador, sujeto de preferente tutela, atendiendo a las garantías constitucionales del mismo, y con ello prescindió del análisis de la procedencia formal del decreto, es decir, si se daban los presupuestos de su dictado, necesidad y urgencia. En lo puntual, se debe comparar en cada caso, si la aplicación del DNU 669/19 resulta o no una mejora sustancial de las prestaciones a percibir por el trabajador, en relación a lo que surge del cálculo efectuado tomándose la tasa activa. O sea, deben confrontarse los resultados entre las disposiciones del art. 12 de la Ley 24.557 (luego de la reforma del art. 11 de la Ley 27.348), y las contenidas en el referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y así arribó a la conclusión de que la aplicación del Ripte en sustitución de la TABN, arrojaba un resultado que mejoraba sustancialmente la indemnización del trabajador (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Ley de desindexación, modificación del contrato, monto de la transacción, autonomía de la voluntad, convertibilidad, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CNAS c/ SEMINARA SAII Y F s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

La ley 24.283 no es aplicable respecto de los créditos fijados después del 1.4.91., como ocurre en autos con el convenio de renegociación (cfr. Causa 6736/92 y doctrina que allí se menciona).

Por otro lado, la ley procura, tan solo, un mecanismo desindexatorio en las hipótesis en que el valor de las prestaciones se ha repotenciado de acuerdo con procedimientos correctores que no han tenido un crecimiento simétrico con el incremento del valor "real de las prestaciones", pero no es un modo de relativizar todo crédito que se haya pactado después del 1.4.91. Que, por imperativo legal (art.

7, Ley 23.928), no tolera actualización alguna, ni tampoco es un medio para revisar los contratos y afectar la autonomía privada, cuya eficacia sigue preservada (art. 1197, Código Civil).
Despido indirecto, injuria laboral, omisión de retener o percibir aportes
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS, JOSE M. c/ LIMPIOLUX  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

La negativa del empleador a entregar al trabajador los certificados de aportes previsionales, configura una injuria suficiente para justificar el distracto. Ello así pues el deber de diligencia que pesa sobre el empleador hace que sus obligaciones contributivas y de retención de aportes, surjan efectos contractuales, y su omisión origina un incumplimiento que puede ser invocado para disolver el contrato, previa intimación.
Proceso de faltas, revisión judicial de actos administrativos, aumento de la pena, improcedencia del recurso, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Sudamericana de Gas SA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de queja por apelación denegada en autos Compañía Sudamericana de Gas SRL s/ 2.2.14 - sanción genérica - L 451
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

La revisión amplia y suficiente a cargo del Poder Judicial que el ordenamiento contempla en la ley n° 1217 (arts. 24 a 26), delimitada a la exclusiva pretensión del administrado que se exprese disconforme con una resolución condenatoria emitida por la autoridad administrativa, no puede concebirse sino como una expresión del derecho a acceder a justicia (arts. 8 y 25 de la CADH) que se vería inevitablemente violentado si se posicionara al presunto infractor ante el dilema de asumir el riesgo de ver empeorada su situación anterior a causa de la intervención judicial que legítimamente reclama o de conformarse con una solución que considera equivocada en atención a que podría recibir una respuesta más gravosa como resultado de la revisión de su situación previa. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción penal, prescripción, orden público, Fuerzas Armadas, extinción de la acción penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOFRE,JULIA J c/  s/ DENUNCIA  -  INCIDENTE  DE  SOBRESEIMIENTO  Y  EXTINCION ACCION PENAL SOBRESEIMIENTO  Y  EXTINCION ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La extinción de la acción penal dispuesta por el art. 1 de la ley 23.492 es de orden público, y se produce de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo pertinente.
Faltas, procedimiento administrativo de faltas, unidad administrativa de control de faltas, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ZAPATA CÁRDENAS, Percy Antonio s/ Amparo - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-20

Si bien ante el pedido expreso y oportuno el Controlador Administrativo de Faltas omite elevar las actuaciones, resultaría suficiente para que la justicia solicite las actuaciones, que lo sustituya legítimamente en dicho obrar y actúe de conformidad al procedimiento judicial previsto en el título II Ley Nro. 1.217; por otro lado resulta más respetuoso del principio de defensa en juicio, escuchar a la parte demandada, por intermedio del órgano que ejerce su representación judicial (art. 134 CCBA), antes de concluir definitivamente acerca de la existencia, o no, del hecho denunciado -arbitraria omisión de remitir las actuaciones para su juzgamiento judicial- por parte del Controlador Administrativo de Faltas.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, acción de nulidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Simbron, María Teofila  c/ Cielorrasos San Francisco SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Corresponde declarar la nulidad de la notificación del traslado de la demanda, pues al afectar la nulidad la contestación de la demanda misma, repercute directamente en la garantía constitucional de defensa en juicio resultando obvio el perjuicio que genera la prosecución de la ejecución de una sentencia contra quien no fue debidamente notificado (CNCom, Sala B, "Aron Rabe e Hijos SA c/ Hugo y Alberto Marchese SA s/ ordinario del 06/06/07, "Global Finanzas SA c/ Direct Relational Marketing SA y otro s/ ejecutivo" del 30/09/15).
Exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Montero, Abelardo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Las normas que consagran exenciones impositivas deben interpretarse en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación.
Competencia de familia, juzgado de familia, principio de especialidad, principios procesales, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales, tutela legal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. E. c/ F., A. A. s/ reclamo filiación paterna post mortem
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-11-13

La jurisdicción que se despliega en conflictos que involucran cuestiones de familia se erige en una actividad estatal regida por la tutela judicial diferenciada, como variante de la tutela judicial efectiva. Ello se manifiesta en la necesidad de contar con reglas propias y flexibles, funcionales a la complejidad de las situaciones o a las intervenciones, siempre considerando que lo que está en juego son los derechos esenciales de las personas. Por lo demás, el principio de inmediación judicial que supone, por un lado, el contacto directo y personal entre el Juez y la persona que reclama sus derechos y, por otro, la oralidad, cuya salvaguarda también, como se dijo, se impone, tiene su base constitucional/convencional en los arts. 8° CADH, 9°.2 CDN y 1°, 3° y 13° CDPD. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-09

Las argumentaciones de la recurrente tendentes a demostrar la definitividad del auto impugnado, resultan a todas vistas insuficientes frente a la respuesta brindada por la Cámara acerca de la prematura interposición del remedio articulado sin haber agotado previamente la instancia ordinaria mediante la deducción del recurso de revocatoria ante el Cuerpo en pleno, y en este sentido, la Cámara señaló como fundamento para el rechazo del recurso de inconstitucionalidad que el auto impugnado no es definitivo a los fines de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, por cuanto no es un decisorio emanado del Cuerpo, ni uno respecto del cual se hayan agotado los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico específico, a lo que agregó que contra la decisión de la Presidencia correspondía en autos la previa interposición del recurso previsto en el artículo 12, segundo párrafo, de la ley 11330, frente a lo cual la quejosa desarrolla su planteo impugnativo intentando persuadir con argumentos inconsistentes para fundamentar una cuestión constitucional que habilite la apertura de esta instancia de excepción. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 12, segundo párrafo.
Derecho de registro e inspección, impuestos, base imponible, recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAROGA CLUB c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 516-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-21

La ley 8173 establece para la determinación del Derecho de Registro e Inspección un período fiscal mensual, pero en correlación, fija la base imponible por el mismo lapso (mes calendario). Por ello, carece de respaldo legal el criterio adoptado por la Administración Municipal para liquidar el tributo, tomando como período fiscal el establecido en dicha ley 8173 y como base imponible un sistema establecido por una ordenanza municipal, pensado para un período fiscal anual, llevando a una liquidación que -ab-inicio y sin perjuicio de lo que se pruebe en el juicio-, aparece desmedida en relación a lo exiguo de los ingresos que para la actividad gravada, recauda la asociación actora, según lo evidencian sus balances.

En el caso, se trata de un juego de Bingo que la recurrente explota en su sede.
Sustracción de menores, sujeto activo
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, A s/ SUSTRACCION MENORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

El delito previsto por el art. 146 C.P. que se refiere al desapoderamiento del menor y su detención y ocultamiento fuera del ámbito legítimo de su tenencia, puede llevarse a cabo por alguno de los padres; por cuya razón corresponde instruir sumario y oír al imputado.
Asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, liberación del asegurador, rechazo de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. Nro. 37964 FAVIER, DANIELA Y OTS. EN JUICIO Nro. 109.755 MAIRAN OMAR Y OTS. c/ MERCHET, DIEGO GERMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-01

Cuando la propia parte demandada, extrajudicialmete, niega la cobertura del siniestro y debió recurrir a los servicios profesionales de abogados que no pertenecían a la compañía de seguros. No puede soslayarse que, cuando comparece al proceso la citada en garantía, se limite solo a rechazar la citación, sin contestar, por ejemplo, en subsidio, la demanda dirigida contra su asegurado.
Partes del proceso, preclusión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maschio, Ricardo Alberto Horacio c/ Maschio, Martin Miguel y otros s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

La omisión del actor al no incorporar, expresamente, a la codemandada como "parte" en el proceso en la misma presentación original, en correspondencia con la síntesis del sumario de esa misma presentación no puede impedirle corregir tal falencia ulteriormente pues, como ha sido entablada la controversia la misma se ha ceñido a los perjuicios patrimoniales que dice haber padecido el promotor de esta causa al no percibir lo que, supuestamente, le correspondía en la sociedad como así también lo invertido en la formación y funcionamiento de la misma. Es que al resultar plausible el yerro material no puede subsumirse el caso en la preclusión que deriva del CPR 331 -para la transformación y ampliación de la demandada-. Así las cosas, esta Sala aprecia prudente evitar una defectuosa composición del proceso y convalidar que el actor supere la omisión, ello, con la finalidad de preservar la eficacia de la decisión evitando la posibilidad de una sentencia "inutiliter data", esto es, sin ningún valor.
Emergencia económica, obligaciones de dar sumas de dinero, conversión de la deuda, pesificación, intereses, intereses convencionales, intereses usurarios, modificación de la tasa de interés, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ CARRIZO HECTOR OMAR s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-21

Con relación a las obligaciones pesificadas a raíz de la emergencia económica que afectó al país a partir de diciembre de 2001, deben respetarse los intereses pactados, salvo que sean usurarios o lesivos. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (art. 1197 del Código Civil).

La facultad morigeratoria de los jueces prevista en el ordenamiento privado (Arts.656, 953 y 1071 del Código Civil), como también la intervención del estado por razones de emergencia en los convenios de particulares, son de interpretación restrictiva.

Su finalidad es impedir enriquecimientos excesivos y sin causa legítima en la medida del exceso, y que puedan llegar a ser expoliatorios de los deudores.

Las cláusulas sobre intereses no pueden convertirse en un instrumento para el enriquecimiento indebido ni tampoco se debe ejercer la facultad de morigerarlos al extremo de desnaturalizar lo convenido entre las partes.
Defensa del consumidor, recurso de apelación (procesal), depósito previo, efecto devolutivo, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martinez, Maria Fernanda  c/ Fca S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro/a s/ daños y perj. incump. contractual (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Si bien este proceso al gravitar el derecho del consumo, tramita por las reglas del juicio sumario, y ante ello, por regla, hay que atender a las reglas de apelabilidad que contiene el art. 494 del CPCC, la regla de la inapelabilidad debe ceder ya que la cuestión en debate, concerniente al alcance y /o consecuencias que trae aparejado el efecto devolutivo sobre los fondos depositados para el eventual cumplimiento de la condena, proyecta efectos definitivos respecto de las partes.
Homicidio calificado, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: M.H.C.- M.G.A.- M.N.H.- M.J.J. s/ Homicidio doblemente calificado por el vínculo y por el concurso de  dos o más personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-07

En lo que hace a la tipicidad subjetiva, el tipo del art. 80 inc.

1ro. CP presenta una particularidad que es la consciencia segura de la relación parental. Se trata de lo que en dogmática clásica se denominaba "dolo de consecuencias necesarias" y que más correctamente llama Sancienetti "dolo de consciencia segura", es decir cuando se realza el aspecto cognoscitivo del dolo excluyéndose el dolo eventual porque la norma exige un conocimiento cierto de las circunstancias del tipo objetivo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, daño moral, indemnización, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MARIO ALBERTO GRECO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ EMPLEADOS  PUBLICOS  -  PRESCINDIBILIDAD - INDEMNIZACION - NULIDAD DE  ACTOS ADMINISTRATIVOS-CESANTIA  - DEFENSA EN JUICIO - RESPONSABILIDAD  DEL ESTADO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

Corresponde desestimar el agravio referido al otorgamiento de la indemnización por daño moral, toda vez que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba y derecho común, propia de los jueces de la causa y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria, salvo arbitrariedad, supuesto que no se ha demostrado que se configure en el caso en el que se declaró la nulidad de las resoluciones que dispusieron la prescindibilidad del actor en los términos del art. 6to, inc. 6to, de la ley 21.274.
Proceso judicial, interpretación del contrato, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: OESTE  SALUD  SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS c/ INSTITUTO NAC. DE SERV.SOC.   PARA   JUBILADOS   Y   PENSIONADOS s/ incumplimiento  deprestación de obra social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-05

La buena fe exige al más fuerte de la relación, evitar todo aquello que pueda perjudicar indebidamente a la otra parte (conf. Sala 2, doct., de la causa 7308/00 del 17.12.00; C.N.Com., Sala C, 23.4.84, ED, 109-647, Sala B, 14.3.83, LL, 1983-C, 229). Conviene señalar asimismo que como la exigencia de un comportamiento coherente está estrechamente vinculada a la buena fe y a la protección de la confianza, cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con su conducta una confianza fundada en un determinado comportamiento futuro, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no la debe defraudar por lo que es inadmisible toda actuación incompatible con ella (causas 7987/93, del 30.12.1993 y 6733/91, del 29.12.94, entre muchas otras).