Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-09-22


Expte: 95.149 En Mendoza, a veintidós días del mes de setiembre del año dos mil once, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 95.149, caratulada: "RUANO MARÍA GLORIA EN J° 10.764/125.374 RUANO MARÍA GLORIA C/ INTERCAMBIO S.A. Y OTS. P/ D. Y P. S/ INC. CAS.".

Conforme lo decretado a fs. 96 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. MARIO ADARO; segundo: DR. FERNANDO ROMANO; y tercero: DR. JORGE NANCLARES.

ANTECEDENTES:

A fs. 10/17 vta., la Sra. Gloria Ruano, por apoderado, plantea recursos de In-constitucionalidad y Casación en contra de la sentencia dictada a fs. 600/604 vta. de los autos n° 10.764/125.374, caratulados: "RUANO MARÍA GLORIA C/ INTERCAMBIO S.A. Y OTS. P/ D. Y P." por la Quinta Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 24 se admiten, formalmente, los recursos interpuestos y se ordena correr traslado a la parte contraria, quien contesta a fs. 28/30 vta. y solicita el rechazo del recurso, con costas.

A fs. 83/85 corre agregado el dictamen del Procurador General, quien por las razones que expone, aconseja rechazar el recurso de casación y acoger, parcialmente, el de inconstitucionalidad planteado.

A fs. 95 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 96 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los Recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MARIO ADARO, DIJO:

I. RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA.

Entre los hechos relevantes para la resolución de los recursos interpuestos, se destacan los siguientes:

El 31/07/2003, la Sra. Ruano inicia demanda de daños y perjuicios en contra de Intercambio S.A., Emperador S.A., los arquitectos Groisman, Tonelli; Héctor Zalazar y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por la suma de $ 89.857, en virtud de los daños que alega sufridos en el inmueble de su propiedad, con motivo de la construcción iniciada por los actores en el terreno ubicado al Este de la suya.

Los demandados, a excepción de Intercambio S.A., plantearon como excepción previa, la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual deducida.

A fs. 432, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 46 y 175 del C.P.C., la Juez de primera instancia emplazó a las partes, en el término de tres días, a determinar cuáles de sus pruebas ofrecidas, correspondían a la excepción de prescripción oportunamente formulada y contestada en autos.

La actora, a fs. 436, expresa que las pruebas referentes a la excepción previa de prescripción ha sido ofrecida en su contestación de fs. 417/421, en particular, a fs. 420 vta.

Toda la prueba ofrecida por las partes es aceptada a fs. 443/444.

A fs. 485 y vta. se declara la caducidad de las pruebas ofrecidas por la actora pendientes de producción.

A fs. 500/503 vta., la Juez de primera instancia hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados, debiendo continuar el proceso sólo contra Intercambio S.A.

Dicha resolución es apelada por la actora y, a fs. 600/604 vta., la Quinta Cámara de Apelaciones confirma la decisión de primera instancia. Los argumentos de la Cámara pueden sintetizarse del siguiente modo:

la señora Juez a quo tiene muy en claro que el diez a quo puede ser, generalmente, el momento en que se produce el evento dañoso, o bien desde que la víctima toma conocimiento del daño. De allí que no es cierto lo dicho por la apelante que sólo se toma en cuenta la fecha del hecho, prueba de lo cual y, en beneficio de la actora, el resolutivo expresamente se refiere al conocimiento de los daños a fs. 501 vta., in fine, llevando el inicio del cómputo del plazo hasta diciembre del año 1998, siendo que -inclusopor aplicación de lo normado por el artículo 3986, segundo párrafo, del Código Civil.

De los "Hechos" que surgen de la demanda que corre a fs. 2/6 en ningún mo-mento se habla de actos o hechos de los demandados, posteriores al año 1998 y que, de alguna manera puedan reputarse como causantes de los daños que por el presente se reclaman.

En el capítulo "Constatación de daños" nuevamente la parte actora sólo hace mención a constataciones y trabajos que se realizan, en el mejor de los casos, hasta el mes de enero de 1999. Luego la actora nos relata que, entre los años 1998/2001 la casa fue imposible de habitar, reconociendo nuevos daños, pero sin especificar, en modo alguno que éstos son consecuencias de nuevos hechos, salvo los nuevos asentamientos, pero no queda duda alguna que éstos son siempre la misma causa que comenzó a verificarse en el año 1998 o, en todo caso, y tal como lo dice la señora Juez a quo, si han sido por otros hechos (hipotéticamente) éstos no han sido alegados.

No cambia el resultado al que se arriba anteriormente el contenido de los títulos "Nuevo informe técnico" y Los deterioros actuales" de fs. 4, ya que siempre son conse-cuencia de aquellos hechos a los que se ha hecho referencia.

Por lo tanto, no puede en esta etapa la parte actora modificar, variar o, de alguna manera, ampliar el espectro de los hechos en los que entiende surge su derecho a accionar, so pena de violarse groseramente el derecho de defensa de los demandados. En el caso de autos la parte actora apelante no ha podido demostrar que su acción se basaba en hechos posteriores a los que la señora Juez a quo toma como diez a quo para el plazo de prescripción, o bien el momento en que toma conocimiento de los daños que éstos le producen, por lo que no corresponde acoger el agravio contenido en el respectivo memorial.

En contra de dicha resolución, la actora interpone recursos extraordinarios ante esta Sede.

II. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO.

Sostiene la recurrente que la sentencia dictada es absurda, incongruente, viola el principio de legalidad, llega a conclusiones impropias, se aparta de la ley y lesiona al derecho de propiedad. Agrega que la resolución no ha evaluado la totalidad de la prueba incorporada en la causa. Señala que existe prueba fehaciente en autos de que los daños se produjeron y fueron reparados y constancias documentadas que con posterioridad a esa fecha se produjeron nuevos daños que son los que hoy se reclaman. Refiere al informe técnico de fs. 366/374 y al interrogatorio de fs. 460 al Ing. Berra. Señala que no ha modificado los hechos originarios que fueron objeto de la demanda. Sostiene que la Cámara ha omitido expedirse sobre el efecto interruptivo de la reclamación administrativa. Finalmente, señala que la sentencia invierte el principio de la subsistencia en caso de dudas, de la instancia abierta.

III. EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO.

Sostiene la recurrente que se ha interpretado erróneamente el art. 4037 del Código Civil tomando como dies a quo para el cómputo de la prescripción, el momento en que se toma conocimiento de los hechos dañosos, esto es, el momento en que se realiza la obra y se constatan los daños originarios. La Cámara ha resuelto que no obstante pudieran existir nuevos daños producto de nuevos asentamientos, ello no implica que esos daños fueron producto de los mismos hechos y no de hechos diferentes. Sostiene ade-más que se ha interpretado erróneamente el art. 3986 del Código Civil en tanto se ha omitido otorgar al reclamo administrativo efectuado por la Sra. Ruano, efectos interruptivos de carácter permanente conforme lo ha resuelto la jurisprudencia de esta Suprema Corte.

IV. SOLUCIÓN AL CASO:

Teniendo en cuenta las cuestiones de índole fácticas y jurídicas comprometidas en la resolución de la presente causa, razones de orden metodológico aconsejan el tratamiento conjunto de los recursos interpuestos.

La cuestión a dilucidar en la presente causa consiste en determinar si resulta arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia que confirma la de primera instancia en cuanto hace lugar a la excepción previa de prescripción interpuesta por los demandados, por cuanto: a) considera que la actora tomó conocimiento de los daños en diciembre de 1998 (la demanda fue interpuesta en julio de 2003); b) no ha alegado ni probado la existencia de nuevos hechos posteriores a esa fecha; c) respecto a los nuevos asentamientos que invoca la actora, no queda duda alguna que éstos son siempre la misma causa que comenzó a verificarse en el año 1998; y d) el "Nuevo informe técnico" y "Los deterioros actuales" que señala a fs. 4, son consecuencia de aquellos hechos a los que se ha hecho referencia.

La recurrente se agravia de la decisión recaída en la alzada y sostiene que existen pruebas no valoradas en la Cámara de las cuales surgen los daños actuales (informe técnico de fs. 366/374 e interrogatorio de fs. 460 al Ing. Berra). Agrega que no ha modificado los hechos expuestos en la demanda y que la sentencia ha omitido expedirse sobre el efecto interruptivo de la reclamación administrativa.

Conforme surge de las actuaciones principales y de las pruebas rendidas, entiendo que, las decisiones de primera y segunda instancia han sido prematuras al declarar prescripta una acción, sin contar con la certeza necesaria ni los elementos de prueba relevantes.

Considero que, pese al trámite elegido por los demandados al denunciar la prescripción como una excepción previa, las particularidades de este caso requerían por parte de los magistrados intervinientes en las instancias inferiores, diferir la resolución de la prescripción para el momento del dictado de la sentencia sobre el fondo, por cuanto recién allí, luego de una intensa actividad probatoria, existiría certeza respecto a la existencia o no de los daños reclamados.

a) El dies a-quo de la prescripción liberatoria de la acción de responsabilidad extracontractual en el caso de daños continuos.

Las partes son contestes y así lo señalan los jueces de grado al afirmar que, en materia de prescripción extracontractual, el plazo de prescripción corre desde que la víctima toma conocimiento del daño.

Así lo ha sostenido la Corte Federal al señalar que "El principio es que el plazo de prescripción se computa desde que se produce el evento causante del daño y, por excepción, desde que el damnificado hubiera tomado conocimiento del hecho y de sus consecuencias dañosas, pero tal criterio está supeditado a que se encuentre expedita la acción" (Fallos 312:2352). En el mismo sentido, copiosa jurisprudencia distingue entre el hecho dañoso y el conocimiento del daño por parte de la víctima: "Si bien en los casos de responsabilidad extracontractual el plazo de prescripción se computa en principio, desde la producción del hecho generador del reclamo, su nacimiento está subordinado al conocimiento por parte del acreedor de él, conocimiento que debe ser real y efectivo, asumiendo desde ese momento el perjuicio de carácter cierto y susceptible de apreciación para el reclamante" (Programa de Informática Jurídica versión 2.51, base de datos de J.A. doc. n° 106714). En igual sentido se expidió el Dr. Gustavo Bossert en el mismo fallo: "El plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual del Estado, que es de dos años, comienza a correr desde el momento de producido el daño, pero si la víctima lo ignoraba, el plazo corre desde que llega a su conocimiento"(doc. n° 106719)." Cuando el daño es continuo o de carácter evolutivo, creciente en el transcurso del tiempo y agravado por la subsistencia de las causas dañosas, nuestra Corte Federal ha dicho en reiteradas oportunidades que "El punto de arranque del curso de la prescripción se ubica a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (art. 3958 del Código Civil). Como regla general, ello acontece cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad; pero por excepción, puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada" (Fallos: 311:1478 y 2236; 312:1063 y 322:1888).

Recientemente, sostuvo el máximo Tribunal Nacional que "En atención a que los hechos reputados ilícitos por los que reclaman los actores presentan la característica de continuarse en el tiempo, el comienzo del curso de la prescripción bienal estará dado por el cese de los referidos hechos, momento en que se los tendrá por acaecidos, en los términos de la regla general sentada precedentemente" (CSJN, 01/02/2010 "García Raúl v. Provincia de Río Negro", SJA 26/01/2011).

En un caso de similares características al presente, se resolvió que "se ha estimado, en el caso de una obra pública, que los hechos por los que se pretendía una reparación fueron produciéndose hasta que quedó concluida la obra y se realizó su inauguración. Ello, en razón de que a partir de ese momento los daños asumieron un carácter cierto, definitivo y susceptible de apreciación. Mientras continuaron los hechos configurativos del daño, el derecho a exigir su reparación no pudo empezar a prescribir, porque sería contrario a la lógica y, por ende, irrazonable y arbitrario" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, in re "Angelini, Francisco y otra" del 16/11/1994).

Este es precisamente el tema a resolver en autos, por cuanto, la actora afirma que el daño del que tomó conocimiento en setiembre o diciembre de 1998, no ha cesado sino que el mismo continúa, es actual e, incluso, luego de haber sido inicialmente reparado, vuelve a presentarse. Por el contrario, la Cámara considera infundada la afirmación de la accionante, sostiene que en el escrito de demanda no se denuncian actos o hechos de los demandados posteriores a 1998, y que los nuevos asentamientos y daños obedecen a la misma causa que comenzó a verificarse en dicho año.

Por ello, el núcleo de la queja debe resolverse en función de la acreditación efectiva por parte de la recurrente de la existencia de esos daños actuales o continuos que importarían correr el dies a-quo hasta el cese de los mismos. La prueba será decisiva a los fines de determinar si estamos en presencia de un daño continuo o no.

b) La prueba rendida en autos y no valorada por las instancias de grado.

En el trámite abreviado de la excepción previa, la actora acompañó algunas pruebas y otras fueron declaradas caducas ante su falta de producción. Reitero por ello en la conveniencia de haber diferido la resolución de un tema tan delicado, para el momento de la sentencia, permitiendo así a las partes desarrollar la actividad probatoria necesaria.

Sin embargo, aún con los escasos elementos rendidos en autos, entiendo que la prescripción declarada ha sido apresurada e infundada. Dichos elementos han sido omitidos por las sentencias de grado por lo que, tal omisión infundada, justifica la tacha de arbitrariedad denunciada.

En primer lugar, cabe recordar que "la prescripción no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandada" (CSJN, Fallos 308:1101 y 322:1888).

Por ello, advierto que no asiste razón a la Cámara cuando señala que la actora ha modificado los hechos denunciados al demandar. Tal como surge del escrito de interposición de la acción civil, la actora pone de manifiesto en reiteradas oportunidades la existencia de daños actuales. Incluso dedica un capítulo (fs. 3 vta.) al que titula "Situación actual" en el cual refiere que la casa fue reparada parcialmente y que "en la actualidad presenta nuevos daños en los lugares en que fueron sacados los pilotines por el Ing. Enzo Gallina.". En el capítulo "Nuevo informe técnico" (fs. 4) señala que "a fines del año 2.002 comenzaron a aparecer en las estructuras y terminaciones nuevas fisuras en la misma.". También hace lo propio en el apartado "Los deterioros actuales", cuando pone de manifiesto los problemas de humedad, la pileta que presenta fisuras con hundimiento, la churrasquera; la pared pegada a la medianera presenta nuevas fisuras a pesar de haber sido arreglada; el contrapiso se encuentra desnivelado y el piloto y pilotín puestos bajo la casa se encuentran des-pegados de la pared." Como se advierte, al momento de interponer la demanda, la actora no se limitó a reclamar los daños sufridos a fines del año 1.998, sino también aquellos que a la fecha estaba sufriendo su inmueble.

Además, un dato esencial que no ha sido merituado en las instancias de grado, lo constituye el hecho de que la actora reparó su inmueble (fs. 88), con dinero recibido en fecha 11/03/1999 por parte de la compañía de seguros que cubría el riesgo de responsabilidad civil por la construcción de la obra vecina. Por ello, mientras duraron los efectos de esa reparación, lógico es advertir que ningún interés podía tener la propietaria en iniciar una acción legal cuando pensó que su problema estaba solucionado. Han sido evidentemente daños nuevos o reiterados, o un agravamiento de los anteriores ante la subsistencia de las causas dañosas, los que legitimaron y motivaron su pretensión.

Asimismo, el informe técnico del Ing. Berra (fs. 366/369), acompañado en la demanda, señala que "El estado actual de la vivienda es en general habitable. Presenta sobre el costado Este signos de las reparaciones estructurales realizadas... A pesar de los refuerzos construidos se manifiestan en las estructuras y terminaciones en yeso, fisuras debidas aparentemente a asentamientos.En cuanto a la piscina, habiéndose controlado el nivel de agua, esta desciende en cantidades superiores a las normales por evaporación, pudiendo existir una pérdida por filtraciones en fisuras o en la instalación de las cañerías". Agrega dicho ingeniero que "En la inspección realizada a la vivienda para completar el presente informe, se observan daños similares a los informados por el ingeniero Gallina. Los mismos se deben aparentemente a asentamientos en las fundaciones de la vivienda sobre el costado Este, por lo que estimo el problema se vuelve a presentar.".

Este informe es, prima facie, suficiente para descartar la prescripción planteada en la etapa preliminar, por cuanto refiere a daños actuales en el inmueble, pese a las reparaciones y refuerzos efectuados. En la causa existen indicios serios y concordantes que indican que la vivienda está sufriendo nuevos deterioros y que pese a su reparación anterior, éstos vuelven a manifestarse. Es decir, preliminarmente puede afirmarse que el daño no ha cesado, que sigue manifestándose y evolucionando en perjuicio de la actora. Ante estos indicios, el Juez debe permitir al reclamante rendir toda la prueba pertinente, por cuanto, el principio de la verdad jurídica objetiva debe primar por sobre cualquier obstáculo formal. Ha dicho al respecto la Corte de la Nación que "el apego a un rigor formal excesivo en la interpretación de las normas significaría ignorar las constancias de la causa y desatender la verdad jurídica objetiva, pudiendo redundar en un menoscabo del derecho de defensa de dificultosa reparación ulterior. Por tanto, la sentencia que desestime el agravio relativo a que se recepte la verdad real que surge de la prueba rendida no sólo aparece como de un excesivo rigor formal al desconocer las constancias de la causa, sino que la descalifica en los términos de la doctrina de la arbitrariedad" (CSJN, "Pequera, Adrián O. v. Sud América Seguros de Vida y Patrimoniales S.A", 5-8-03, T. 326, F. 2591).

En consecuencia, entiendo que las pruebas aportadas por la actora, omitidas por la sentencia recurrida, resultan elementos de entidad suficiente para motivar el rechazo de la prescripción denunciada en esta etapa.

c) Interpretación restrictiva en materia de prescripción liberatoria.

A mayor abundamiento, me convence la solución a la que arribo el criterio restrictivo con el que debe interpretarse la prescripción liberatoria. Ha dicho esta Suprema Corte que "El instituto de la prescripción debe interpretarse y aplicarse restrictivamente, de tal modo que en caso de duda u omisión se prefiera la solución que conduzca a la conservación del derecho, y en consecuencia al cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas debiendo procurarse la subsistencia de la acción, todo lo que se refiera a la suspensión e interrupción de los plazos prescriptitos debe merecer una interpretación amplia" (LS 381-061). Ello en consonancia con la doctrina de la Corte Federal que afirma "el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, de modo que, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho" (doctrina de Fallos 213:71; 295:420; 308:1339; 318:879; 323:192; 329:1012; entre muchos otros).

IV. CONCLUSIONES:

En virtud de lo expuesto, si mi voto resulta compartido por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde acoger los recursos extraordinarios interpuestos y revocar la sentencia dictada en la alzada. En su lugar, deberá remitirse la causa al subrogante legal del juez de primera instancia para que éste ordene la apertura de la causa a prueba. En esa etapa, será carga de la actora acreditar fehacientemente los daños actuales y continuos que señala sufre su propiedad, y recién en el momento del dictado de la sentencia, el Juez deberá expedirse sobre la prescripción de la acción ya que allí podrá contar con todos los instrumentos probatorios necesarios que arrojarán certeza sobre la existencia o no de tales daños continuos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. MARIO ADARO, DIJO:

Atento lo resuelto en la primera cuestión, corresponde acoger los recursos extraordinarios interpuestos y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 600/604 vta. de los autos n° 10.764/125.374, caratulados: "RUANO MARÍA GLORIA C/ INTERCAMBIO S.A. Y OTS. P/ D. Y P." por la Quinta Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

En su lugar, deberá remitirse la causa al subrogante legal del Juez de primera instancia, esto es, al Vigésimo Cuarto Juzgado en lo Civil, para que éste ordene la apertura de la causa a prueba, tramite y oportunamente resuelva la misma.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. MARIO ADARO, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas en todas las instancias a las recurridas vencidas. (art. 36 y 148 C.P.C.).

La regulación de honorarios deberá diferirse hasta el dictado de la sentencia de fondo.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y NANCLARES, adhieren al voto que antecede. Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 22 de setiembre de 2.011.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I. Hacer lugar a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 10/17 vta. y, en consecuencia, revocar y dejar sin efecto alguno la sentencia dictada a fs. 600/604 vta. de los autos n° 10.764/125.374, caratulados: "RUANO MARÍA GLORIA C/ INTERCAMBIO S.A. Y OTS. P/ D. Y P." por la Quinta Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

II. Remitir la causa al Vigésimo Cuarto Juzgado en lo Civil para que ordene la apertura de la causa a prueba, tramite y oportunamente resuelva la misma.

III. Notifíquese lo aquí resuelto al Vigésimo Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas y a la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil.

IV. Imponer las costas de todas las instancias por el trámite de la excepción de prescripción a los recurridos vencidos.

V. Diferir la regulación de honorarios hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Notifíquese. Ofíciese.

eo Dr. Fernando ROMANO Dr. Jorge Horacio NANCLARES Dr. Mario Daniel ADARO.