Tribunal: CAMARA DE APELACION EN LO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11


ACUERDO PLENO ACUERDO Nro. 06/2003 En la ciudad de Rosario a los once días del mes de agosto de dos mil tres, se reúnen en Acuerdo los señores Vocales de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con la Presidencia del Dr. Guillermo J. Fierro, a los fines de tratar el siguiente tema:

1.-) "EXCUSACIÓN DE LA DRA. ELENA RAMÓN EN EXPTES. n° 661/03 "TUTOLOMONDO ALFREDO SALVADOR s/DESOBEDIENCIA Y n° 1581/02 "DI CHIAZZA VÍCTOR MANUEL s/FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" Se retoma el tratamiento del tema a fin de decidir la cuestión que quedó planteada en el Acuerdo anterior, Nro. 05/2003, de fecha 08.08.2003:

Al respecto tomó la palabra el Dr. RUBÉN DARÍO JUKIC y dijo: I.- En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de fecha 25/08/1988 voto del Dr. Iturraspe- se define la violencia moral como "el estado de tensión dolorosa entre el deber de juzgar con imparcialidad, y la irritación provocada por el justiciable, que tienta a ser parcial", agregándose que "La moral del Juez le exige ser ecuánime libre del despotismo propio o ajeno, pero esclavo de la ley- y, por otra parte, las circunstancias de la causa le ponen en la tentación de no serlo".

Parece claro entonces que conforme a esta acepción principal de la violencia moral, su concepto puede ser resumido como un estado de tensión provocado por la confrontación entre el deber de ser imparcial, y la tentación de no serlo; y ello, sean cuales fueren las circunstancias de hecho que la provocan.

Así aprehendida, parecería que la violencia moral no es equiparable a la enemistad o resentimiento puesto que ambos se independizan, y pueden estos últimos estar en el ánimo de un Juez sin que necesariamente deba también sentir la tentación de ser parcial. Ello se aprecia con mayor claridad aún cuando esa enemistad o resentimiento del Juez no es hacia la persona que deberá juzgar, sino hacia el abogado de la misma; ya que aparece no sólo poco probable sino hasta inadmisible la presencia de tentación de ser parcial hacia el justiciable, con motivo o en razón de la enemistad o resentimiento que se tenga con su letrado y no con él.

En consecuencia, cuando de lo que se trata es de poner de manifiesto enemistad, animosidad, resentimiento y aún odio, ello por sí sólo no es constitutivo de violencia moral, la que únicamente puede reconocerse cuando en razón de tales sentimientos o de cualquier otra circunstancia- se alega por parte del Juez que lo afecta la tentación de ser parcial; y recién entonces procederá iniciar el examen de si ella es provocada por un motivo objetivamente grave como exige la ley.

Cuando la reforma procesal eliminó del art. 50 C.Pr.P. la posibilidad de recusación o excusación del Juez por amistad o enemistad con los letrados de las partes limitándola a los "interesados" que define en el último párrafo de la norma- evidentemente ha querido erradicar toda posibilidad de apartamiento basada en ese tipo de situación teniendo en cuenta la idea rectora que se advierte en los conceptos precedentes; y de allí que no pueda invocarse violencia moral con recurso a la última parte del art. 51 C.Pr.P. basada exclusivamente en amistad o enemistad con el abogado, porque esta última norma exige que ella provenga de un motivo objetivamente grave, y tal calificativo no puede asignarse a una circunstancia que la ley no estimó grave, puesto que la eliminó como causal autónoma de recusación o excusación. Lo contrario sería violar subrepticiamente la voluntad del texto legal.

II.- Pero en el voto del Dr. Alvarez en el mismo fallo antes citado, se hace una cita de Manzini en la que se sostiene que los institutos de la recusación y excusación " no tienen sólo la finalidad de prevenir decisiones injustas, sino también la de evitar situaciones embarazosas para el Juez, y de mantener la confianza de la población en la administración de justicia, eliminando causas que podrían dar lugar a críticas y malignidades". Conforme lo he sostenido ya en anterior oportunidad, esto último autoriza a complementar el concepto anterior de violencia moral hacia el justiciable con otra variante de violencia moral hacia la causa, verificable cuando a pesar de una real rectitud, imparcialidad y serenidad del Juez, y de la inexistencia de animosidad alguna en él hacia las partes ni tentación de ser parcial, se reconocen injerencias ajenas a los directamente involucrados en el proceso que ponen seriamente en duda tales aptitudes suyas; críticas de las cuales cabe excluir aquellas que puedan evidenciar una aviesa intencionalidad de apartar al juez como mera estrategia procesal sin fundamentos serios, porque como el maestro Carnelutti atinadamente sostiene (Dr. Proc. Civ. y Penal, T° I, pág. 84/7) la actitud de inferir agravios con la esperanza de provocar agravio moral, o violencia moral, difícilmente logren causar efecto ofensivo en jueces disciplinados en ubicarse en posición de imparcialidad, disciplina lograda a través del ejercicio de la magistratura que ha templado su ánimo y desarrollado sus aptitudes para desempeñarse con dignidad.

Como ya se adelantó, las aptitudes del Juez a las que Carnelutti refiere hacen impensable que un magistrado sienta la tentación de ser parcial al decidir la suerte de una de las partes de un proceso, por el solo hecho de tener amistad o enemistad con el abogado de esa parte; razón por la cual la única posibilidad de reconocimiento de existencia de violencia moral en tales supuestos estaría dada por esta segunda acepción que se verifica hacia la causa y no hacia el justiciable, a la cual se hace referencia en la cita de Manzini. En el caso que nos ocupa no se alega ni observo situación como la considerada al tratar esa variante, al no mediar cuestionamiento externo que ponga en duda siquiera la imparcialidad del Juez que pide la excusación, al punto que los abogados involucrados en el pedido de apartamiento de la Jueza tampoco intentaron temporalmente recusarla, de lo que se infiere que ni aún ellos han puesto en duda su imparcialidad. El pedido, en consecuencia, se presenta como una manifestación de delicadeza y extremo prurito que como tal debe ser apreciado, pero que en modo alguno justifica el apartamiento.

Al respecto tomó la palabra el Dr. OTTO H. CRIPPA GARCIA y dijo: Habida cuenta los criterios que expusiera en su momento, en oportunidad de tratar el tema sostenido como causal de este Tribunal Pleno, en las causas "Di Chiazza" y "Tuttolomondo", no puedo menos que adherir a la postulación del Dr. Jukic, que con su natural y acostumbrada enjundia y claridad, sienta con precisión el contenido, el tenor y los límites de lo que debe admitirse como "violencia moral", presidido ello con o por la finalidad de resguardar además la dignidad de la función, la integridad de la Magistratura y el resguardo del Juez natural, impidiéndose eventuales motivaciones y/o actuaciones de terceros, que tengan implícitamente destino o pretensión de provocar la separación del Magistrado.

Una vez más debo apuntar que las causales de excusación y/o recusación son de interpretación restrictiva, por cuanto producen una perturbación en la función judicial y en la distribución de los asuntos que deben tramitar ante los Jueces naturales, siendo la violencia moral uno de los casos de excepción, pero que debe ser atendido con un criterio estricto, y con la exigencia de un motivo grave y excepcional, que además sea objetivo, sin que pueda ingresar a esa consideración, tal como lo expone el Dr. Jukic, lo relativo al profesional, dado que ello ya ha sido eliminado del ordenamiento con la reforma del art. 50 C.P.P., por lo que, la alegación de violencia moral para con el profesional por enemistad, implica por vía indirecta, dejar en letra muerta la ratio legis del legislador.

Tampoco procede aceptar sin más la mera alegación, puesto que toda decisión o pretensión debe tener fundamento, el que debe ser conocido, a los efectos de no desnaturalizar el instituto, puesto que ello debe valorarse en función de las causas, ya que solamente de esa manera puede valorarse la necesidad de atender a ello, o considerar en su caso, que el motivo o móvil se presenta o procede de una manifestación de delicadeza o decoro, que en modo alguno avale un apartamiento.

Ha dicho el maestro COUTURE que "tampoco corresponde conceder la abstención por motivos de sensibilidad excesiva, de quisquillosidades o susceptibilidad extrema, puesto que el Juez debe tener el sentido de su función y no eludir el conocimiento de los asuntos por razones futiles o simples cavilaciones. Una excesiva propensión a sentirse mortificado, puede revelar un temperamento demasiado preciado de sí mismo, y por consiguiente impropio para juzgar a sus semejantes en el mismo plano de la sensibilidad humana" ("Estudios de Derecho Procesal", T. III, pág. 187-188; 3ra. Edición, Reimpresión, Bs. As., 1989).

Y ese elevado sentido de la función, debe estar más presente que nunca en relación a los letrados, y a cada proceso o causa, donde general y naturalmente, quienes no obtienen el reconocimiento de sus pretensiones, en la formulación de sus reclamos, expresa, tácita o encubiertamente ponen en duda o controvierten la capacidad del Tribunal, o la corrección de sus decisiones, lo que, más allá una eventual extralimitación en tales exposiciones, jamás puede dar lugar a enojo o afectaciones al decoro o sensibilidad, puesto que la función exige que esté por encima de ello, por ser atinente a la misión u oficio.

En tal sentido, cabe citar este mismo criterio de la Corte Suprema de la Nación, cuando ha expuesto que "Si bien es ponderable la actitud de los Magistrados que, ante la reiteración de manifestaciones que intentan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen juicio, denuncian violencia moral y razones de delicadeza, cabe señalar que la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de responsabilidad que es dable exigirles, colocarlos por encima de tales insinuaciones y, en defensa de su propio decoro y estimación, como del deber de cumplir con la misión encomendada, conducirlos a no aceptar las sospechas de la alegada y no probada parcialidad" (CJJN, 30.04.1996 "Ind., Meca. Estado V. Borgwar Argentina").

Por lo tanto, no procede el apartamiento de la Sra. Vocal.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ERNESTO MARTÍN NAVARRO y dijo: En mi opinión debe hacerse lugar a la excusación de la Dra. Elena Ramón. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tiene dicho en la causa "Bellía, Salvador": " Corresponde que esta Corte precise sus criterios interpretativos en materia de excusación y recusación desde que se viene constatando articulaciones recusatorias o apartamiento de jueces por excusación que arrastran la común secuela de desarticular la Administración de Justicia. En algunos casos, los menos graves, el propósito inspirador es lograr el alongamiento del juicio con todo el desprestigio que ello ocasiona en la población; en otros, de gravitación mas preocupante, la novación apunta con definidos perfiles a la peligrosa y malsana costumbre de "selección de jueces" (sea para elegirlos, sea por el contrario, para no someterse a su imperio) " (CSJSF, A y S., 94, p. 25). Aquí la regla.

Los Dres. Fierro, Jukic y Paolicelli, integrantes de la Sala IV de esta Cámara de Apelación Penal, mediante auto 237 del 21/09/2000, tienen dicho que comparten la regla fijada por el mas alto Tribunal de la Provincia, pero que como toda regla reconoce excepciones, coincidiendo con que sostuviera la Sala II de esta Cámara, in re: "Comizio, María Rosa s/Usurpación", en auto 229 del 4/11/98: " no puede soslayarse la pulcritud con que la magistrado se ha venido desempeñando, en particular la infrecuencia con que ha resuelto su autoapartamiento lo que ha evaluarse como dato esclarecedor de la situación de violencia moral aquí invocada. Que en consecuencia su decisión no ha de interpretarse como una desidiosa desvinculación de la causa sino, al contrario, como reconocimiento de extremos subjetivos de íntima ponderación en salvaguarda mas adecuada a un mas adecuado servicio de justicia ".

Siguió diciendo la Sala IV en el auto precedentemente aludido "Que no resulta obstáculo para ello la decisión que se menciona de la Sala III de esta Cámara no admitiendo la recusación que mismos profesionales plantearon en causa distinta contra la jueza, ya que se advierte de la lectura de tal decisorio que el Tribunal tuvo en cuenta particularidades del estado de trámite del expediente, que no se verifican en éste.

Hago míos los fundamentos precedentes, y así como la Sala IV admitió la excusación (auto 2do. del 21/09/2000) de la entonces jueza en lo Penal de Correccional Nro. 7, entiendo, puntualmente; debe aceptarse la excusación de la actual Jueza de Cámara Dra. Elena Ramón.

Cabe destacar que el auto de la Sala III del 29/10/98, fue firmado también por el Dr. Jukic, Magistrado que al tiempo del dictado del auto 237 del 21/9/2000 de la Sala IV, explicó con sólidos fundamentos las motivaciones de su ulterior postura.

Al respecto tomó la palabra el Dr. JUVENCIO LIBERAL MESTRES y dijo: Atento los términos en que ha quedado planteada la cuestión, y no obstante lo que he expresado al tratarse la procedencia de ésta convocatoria, comparto el voto del Dr. Navarro.

La causal de violencia moral ha sido prevista como suerte de supuesto de abstención residual (más allá de los expresos supuestos ordenados como causales de recusación) para la valoración de íntimas situaciones que, como en el caso, conmuevan el espíritu del magistrado frente a la perversa opción de que, opine como opine puede ser dudado de hacerlo por encono o por pusilanimidad.

Lo que la ley adjetiva manda al exigir que la violencia moral proceda de un motivo objetivamente grave, ha de entenderse como que " lo decisivo no es sólo el modo de pensar o sentir del magistrado que desea apartarse, sino también el modo de pensar o de sentir de los jueces llamados a conocer si la razón alegada es creadora de violencia moral " (ITURRALDE, BUSSER, CHIAPPINI "Código Procesal de Santa Fe Comentado" Rubinzal-Culzoni 1987 T. I, pág. 93).

Ello significa que como no puede ser de otra manera pues el código no quiere ex profeso (cual lo exige en las causales de recusación) prever un rol o nómina de supuestos expresamente admisibles- la objetividad y gravedad se juzga por el juicio de los jueces actuantes en la excusación, es decir, de sus subjetividades. Es pues la opinión subjetiva de tales jueces en número hábil legalmente, la que, en el caso concreto, puede decirse que objetiviza los motivos y pondera su gravedad. Cuando se invoca por la Excma. Corte Suprema Provincial que se deben fijar criterios de interpretación (caso "Bellía" citado en el voto del Dr. Navarro), no cabe entender ello como la prefijación de causales en sí de excusación, lo que invadiría la atribución legislativa.

"Corresponde al órgano llamado a valorar la declaración de abstención, el apreciar la entidad de los motivos de conveniencia, no accediendo a especiosos pretextos, pero sin quedar tampoco insensible ante un acto de corrección y lealtad. No cabe dar un esquema abstracto de las graves razones de conveniencia que se identifican en todas aquellas situaciones que podrían sustraer al juez la necesaria serenidad, o hacer sospechar, así sea injustamente, que se haya emitido una decisión no serena" (LEONE Giovanni TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL Césari S.A. Buenos Aires 1963 T. I, pág. 372).

En los presentes, lo explicitado por la Dra. Elena Ramón ante la Cámara, han convencido a éste Vocal que perduran en su ánimo razones que pueden considerarse objetivamente graves como para hacer lugar a su pedido de apartamiento. No atender a las mismas, no expresaría mi modo de entender el telos de la ley que, si bien no quiere el abuso que la causal pudiere generar (lo cual, convengamos que sería a partir de la tuna, pereza o mendacidad de los jueces, lo que no integra un campo presuncional admisible), lo que fundamentalmente persigue es admitir íntimos sentimientos que permitan poner en dudas la imparcialidad del juez frente al caso. Tal temido abuso debería iniciarse, no obstante, desde una concreta exageración cualitativa o cuantitativa que pondría en tela de juicio la capacidad funcional misma en el cargo en general, y por ello, considero que no es de esperar con la frecuencia que se alerta.

Al respecto tomó la palabra el Dr. HUMBERTO H. GIMÉNEZ y dijo: Comparto las argumentaciones formuladas por los doctores Navarro y Mestres. La reforma del C.Pr.P., al suprimir como causal de recusación de los magistrados la amistad o enemistad con los letrados de las partes, no introduce cambios en la posibilidad de apartamiento de magistrados por vía de la excusación: una cosa es que las partes no puedan postular la separación de los jueces de la causa por tales motivos y otra distinta que los magistrados, que en su fuero íntimo sienten que aquellos humanos sentimientos pueden enturbiar su ánimo y perturbar la necesaria serenidad de espíritu que exige la administración de justicia, puedan propiciar su propio apartamiento. No puede siquiera sospecharse que a aquellas personas a quienes el Estado les ha confiado una de las más excelsas tareas y que constituyen un baluarte de su configuración jurídica actual, pretendan separarse de las causas por móviles infundados; menos todavía, y como ya lo tiene dicho la Sala que integramos, cuando se trata de casos excepcionales que de ningún modo pueden inscribirse en una deliberada política de autoapartamiento que contradiría el fin del instituto.

Por lo demás, la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en el precedente "Campilongo" (fallo del 25 de agosto de 1988), había distinguido nítidamente los supuestos de separación de jueces por las causales del art. 50 Cód. Proc. Penal y por violencia moral art. 51- en los votos de todos los ministros, que en su mayoría se expidieron por sus propios fundamentos. Así, el ministro doctro Iturraspe, tras definir la violencia moral como una reacción íntima del juez que lo coloca en riesgo de caer en parcialismo y que nace de él exclusivamente y no de las partes, agregó que "no encuadrándose la violencia moral en ninguno de los casos previstos en el art. 50, mal podría aplicarse analógicamente un precepto referido a causal distinta", agregando con su elocuente pluma que es en esa oscura encrucijada "cuando el juez, reconociendo su debilidad, se yergue en su máxima grandeza, confesando que sufre violencia moral, esto es que su conciencia le dice que se aparte", transcribiendo asimismo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que parece útil traer al presente caso: "Ha sido norma tradicional juzgar con amplitud de criterio las causales de excusación que hagan valer sus miembros, teniendo para ello en cuenta que debe hacerse honor al escrúpulo siempre respetable de los magistrados, que es de presumir sincero" (J.A., 18-828); "si bien la excusación de magistrados no puede basarse en meras razones de delicadeza personal, no requiere ajustarse estrictamente a una causa legal" (Zeus, 25-J-167).

En el voto del ministro doctor Alvarez se avanza aún más al afirmarse que extender las limitaciones que se derivan de algunos de los supuestos del art. 50 a la violencia moral prevista por el art. 51, implica una suerte de interpretación extensiva que, si bien sería admisible si de ella resultara fortalecido el derecho a la jurisdicción, no puede aceptarse cuando conduce a su eventual desmedro". Sobre el punto parece útil recordar que la separación de los jueces no está prevista en beneficio de éstos sino de los propios justiciables, a quienes debe asegurarse una justicia insospechada: se está frente a mecanismos en alusión a la recusación y excusación- que guardan íntima vinculación con la garantía del debido proceso (del voto del ministro doctor Vigo).

También se examina en el voto del ministro doctor Alvarez la tensión entre dos principios de diversa naturaleza y jerarquía: el derecho a una jurisdicción dotada del atributo de imparcialidad, de rango constitucional (y hoy diríamos aún supraconstitucional), y otro, de índole procesal, que tiende a evitar el apartamiento de los jueces derivado de la propia actividad de las partes. "En caso de colisión debe, por su propia raigambre constitucional, prevalecer el primero, aun cuando ello eventualmente satisfaga el propósito perseguido por algún litigante quizá temerario: se habrá producido, en tal supuesto, el fin no querido por el Derecho pero secundariamente al otro, que es el que interesa preservar". De ahí que no resulte causal la ausencia de fijación de límites en la causal de separación que regla exclusivamente el art. 51 C.P.P.S.F. porque, no admitiéndosela como fundamento de recusación, deja librado a la conciencia del juzgador discernir en qué supuestos, en el curso del proceso, ha devenido la circunstancia objetivamente grave que la configura", concluyendo la idea con una pertinente cita jurisprudencial: "mientras en la posición de los afectados por el pleito recusación- no podría descartarse, objetivamente, la posibilidad de que mediara interés extraño al de la mejor administración de justicia, en la de los jueces cabe excluir totalmente motivos de esa índole" (L.L. t. 97, p. 574).

En la misma línea de pensamiento, sostuvo el ministro doctor Barraguirre, con cita de Alvarado Velloso, que "la posibilidad de conductas anómalas no puede obstar a que se preserve la imparcialidad, elemento esencial de la jurisdicción que le es requerida al juez funcionalmente como síntesis omnicomprensiva de todos los demás deberes".

Finalmente, el ministro doctor Vigo estima inaceptable la proyección errónea de las normas de la recusación sobre la excusación. "En efecto, la previsión del inciso 8vo. mencionado apunta a evitar la creación de causales dirigidas a excluir al juez del conocimiento del proceso, pero es el art. 51 segunda parte del mismo Código al que hay que remitirse para encontrar la respuesta normativa a situación de excusación por violencia moral". Es ésta la norma específica que habilita al juez de abstenerse de entender en ese proceso donde advierte turbada su libertad de juicio".

Por otra parte, si el apartamiento de un juez produce alguna modificación de la distribución interna del trabajo, ello encuentra eficaz solución en una adecuada regulación de mecanismos compensatorios. Tan sencillo dispositivo vendría en la especie a componer todos los factores en pugna: el del letrado quien ha recusado anteriormente al juez-, el de éste que viene separándose de la causa y actualmente expresa encontrarse en la misma situación subjetiva que al tiempo de hacerlo por primera vez-, y el del Tribunal que se ve inmerso en un fragmento abordaje del conflicto. En este estado cabe preguntarse si el justiciable ante lo expresado por el magistrado que solicita su apartamiento y los disímiles pareceres que sustentan los integrantes de este Cuerpo puede confiar en la justicia o, mejor aún, si ésta le ha dado las apariencias necesarias para que así lo haga.

Es que si bien la excusación se distingue de la recusación y ésta puede prestarse a maniobras dilatorias subsumibles en el abuso procesal, ambas instituciones tutelan una garantía insustituible en el Estado de Derecho: la imparcialidad del juzgador consagrada por el art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el art. 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica.

En este sentido es suficiente fundamento para la procedencia de la separación del juez la parcialidad aparente ("apparent bias"), un concepto cabal utilizado en la sentencia de la Cámara de Lores en el caso "Pinochet" (Cfr. Suplemento Constitucional de la Revista la Ley del 19/3/99, especialmente votos de Lord Browne Welkinson y Lord Hoffman). Si el mismo juez invoca seriamente la situación de violencia moral ¿será legítimo negar luego el derecho de recusación a la parte?.

En síntesis, voto por que se haga lugar a la excusación de la Dra. Elena Ramón.

Al respecto tomó la palabra el Dr. RAMÓN TEODORO RÍOS y dijo: Que adhiere in totum al voto del vocal preopinante Dr. Humberto H. Giménez.

Al respecto tomó la palabra el Dr. EDUARDO DANIEL SORRENTINO y dijo: Que analizada la cuestión planteada, entiendo pertinente remitirme a lo expresado en el Auto Nro. 251, del 29 de Octubre de 1988 Expte. n° 1172, caratulado "López, Héctor s/Querella por Calumnias s/Excusación" Sala III-, en el cual se resolvió no hacer lugar a la excusación de la Dra. Elena Ramón, advirtiendo que no se han producido situaciones posteriores que ameriten modificar el criterio allí sustentado, manteniendo como siempre, un profundo respeto para con la Dra. Ramón.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ALBERTO PLÁCIDO BERNARDINI y dijo: Los votos precedentes básicamente concuerdan en punto a que la causal de separación por violencia moral del art. 51, CPP, contiene dos aspectos: la existencia del estado de ánimo o tensión en el juez que la invoca -estado subjetivo que pondera quien lo alega- y su origen en un motivo objetivamente grave- estimación que no puede soslayarse al resolver la procedencia de la separación. Ciertamente, las diferencias comienzan a vislumbrarse cuando se adviertan posiciones en las que prácticamente no se deja margen para la ponderación que indudablemente tiene que realizar el Tribunal que la resuelve conforme lo establece el art. 53 igual código.

La norma citada ingresa en cuestión vinculada a principios materiales del Derecho Penal como lo son el bien común y la dignidad humana, en línea con el principio fundamental de legalidad y los derivados atinentes al debido proceso en el cual se incluyen, entre otros, el acceso a la jurisdicción a través del Juez natural que asegure la imparcialidad y el cumplimiento de los objetivos del proceso en cuanto actualización de la norma sustantiva en el caso concreto (El sentido..., Yacobuci, Guillermo, Ed. Abaco, Bs. As., 2002).

En tal aspecto parece no estar en discusión que el contenido y sentido de la causal conforme se ha expresado, dentro del contexto de los principios aludidos y en consonancia con los más importantes cuerpos internacionales de rango constitucional que nos rige, responde adecuadamente a la necesidad de un serio entendimiento y regulación del mandato de conocer y decidir las causas que la sociedad ha puesto en los jueces y que se espera que cumplan asumiendo cabalmente la función, de modo que pueda llegar a así reflejarse en la misma sociedad.

El juez puede sentir temor de no ecuanimidad y ello lo puede someter a una tensión, pero tal estado es motivante del permanente esfuerzo por conocer en profundidad el caso y ponderarlo sin prejuicios espúreos. Desde esa perspectiva la preocupación es enriquecedora de la tarea y lo aleja de la soberbia del que todo lo sabe, todo lo tiene resuelto y nada lo inquieta, propia más bien de la necedad e impropia del ánimo de los jueces, cuyas normas éticas imponen la conciencia funcional, independencia, imparcialidad, conocimiento, diligencia, prudencia y fortaleza (CSJSA, Ac. 10, punto 8 del 20/03/2002). La causal de separación no recoge, a mi juicio, tal aspecto subjetivo. La doctora Ramón, huelga en este Tribunal decirlo, ha dado muestra de todas las virtudes éticas señaladas que no la colocan como Magistrada que alega móviles infundados. Sin duda que no son estos últimos los que animan a la doctora Ramón, sino que está interpretando que padece una violencia moral que tiene trascendencia objetiva que puede incidir sobre el reflejo de la función en la misma sociedad, trascendencia a la que he aludido y a la que el doctor Jukic hace mención como referida "hacia la causa".

Queda, pues, a este Tribunal decidir sobre si la causal legal de apartamiento está presente en el caso, sin que ello signifique una decisión vedada por perversa o insensible en la medida en que obligue a entender contra la opinión de quien se excusa, ni tampoco que una decisión en tal sentido indique siquiera sospecha de un intento de abuso antiético o no serio en quien pretendió excusarse, sino simplemente cumplir con el mandato propio de lo que la ley nos manda: decidir si se cubre la causal.

Y en ese menester, luego de conocer los motivos de la excusación y escuchar atentamente las explicaciones de la Doctora Ramón, llego a la conclusión que el aspecto subjetivo que se alega procede de la delicadeza de la colega frente a anterior decisión en caso particular en el que actuó como juez de primera instancia correccional, que la lleva a reiterar la misma causal, ahora como vocal de este Tribunal de segunda instancia, transcurridos ya algunos años. Pero tal violencia moral, a mi juicio, no procede de un motivo objetivamente grave, sino de las objeciones de letrados a magistrados, que por otra parte son comunes en las críticas impugnativas que pretendan reducir la validez de los fundamentos del pronunciamiento adverso. En el caso, los antecedentes no permiten reconocer gravedad suficiente al motivo alegado para separar a la Doctora Ramón de los letrados en cuestión, en su actual función en este Tribunal de apelación.

Conforme a lo expuesto adhiero a los votos de los Dres. Jukic y Crippa García.

Al respecto tomó la palabra el Dr. GUILLERMO J. FIERRO y dijo: Habida cuenta del resultado obtenido al votar la primer cuestión propuesta al Pleno el cual resolvió que en razón de la excepcionalidad de la situación planteada en la que resulta necesario examinar la excusación de la Dra. Ramón en forma simultánea, en dos causas en las que se presentan idénticas causales y con los mismos profesionales, corresponde tratar en concreto las excusaciones sometidas a esta Cámara y, por ello, debo pronunciarme sobre el fondo del asunto.

Considero particularmente a partir de la reforma al artículo 50 del Código Procesal Penal- que la ley dispone que cuando median situaciones objetivamente graves que obviamente deben ser consideradas en cada caso en concreto por el tribunal designado, será admisible la excusación de un magistrado para entender en una causa. Por ende, debe descartarse que la mera alegación de tal situación tenga que ser automáticamente receptada so pena de mortificar indebidamente a quien manifiesta estar comprendido en una hipótesis de excusación por violencia moral, ya que ese no es un supuesto contemplado en la ley ritual, pues de lo contrario no se alcanza a comprender la razón de ser del artículo 53 de la ley ritual.

Ello sentado, siendo que ha sido traído a colación el pronunciamiento de la Sala Cuarta que integro dictado en el año 2001 en una causa promovida contra el Intendente de la ciudad Dr. Hermes Binner (Auto: 237, T°: XI, F°: 75 de fecha 21 de septiembre de 2001) en el cual la sala admitió la excusación por violencia moral de la Dra. Ramón con respecto a los mismos dos profesionales que motivan idéntica situación en los casos de autos con la mencionada magistrado, debe tenerse presente que tal decisión de la Sala Cuarta, sería incorrectamente interpretada si se la considerara como un "cambio de criterio" de los integrantes de esa sala, lo que no se ajustaría a la verdad, pues de la lectura de la resolución antes individualizada es posible apreciar que en ella se fija claramente cual es la regla y cual la excepción la que debe ser de manifiesta gravedad en cada caso concreto, criterio que reitero en el presente voto. En aquel momento, se valoró que la situación alegada existía real e intensamente y ella le impedía a la señora jueza tramitar el expediente con al ecuanimidad necesaria, máxime si se toma en consideración la tensión producida por estar sometida a la cotidiana articulación de pretensiones improcedentes a las que hay que rechazar durante el trámite de la causa. Pero dado el tiempo transcurrido y no habiéndose presentado según sus propios dichos- nuevas situaciones conflictivas con los curiales que generan el problema, la persistencia en el ánimo de la Dra. Ramón del encono que se invoca para el apartamiento, estimo que la situación en esta oportunidad distinta a la anterior dado el transcurso del tiempo- no alcanza a justificar la excepcionalidad de la admisión de la violencia moral como causa de excusación, especialmente cuando ella debe limitarse a emitir su opinión en un fallo conjunto con otros dos vocales, sea a favor o en contra del justiciable y hasta cabría la posibilidad en su caso- de invocar lo dispuesto por el artículo 26 de la L.O.P.J., sin tener que lidiar con el trato diario que la sustanciación de una causa genera conforme ocurría en la situación oportunamente resuelta por la Sala Cuarta.

Pero más allá de al especial situación que nos ocupa, pienso que el tema analizado trasciende el particular problema debatido y una resolución de esta Cámara que pueda ser interpretada como convalidando la tesis de que la mera alegación no debe ser valorada como lo dispone la ley, puede abrir una puerta que fomente la laxitud de criterios y sea un nuevo campo para que se susciten innumerables conflictos que tornen aun más lenta la tramitación de las causas con el consiguiente descrédito de la administración de justicia.

Por último y a mayor abundamiento pues estimo que es obvio y se lo da por sobreentendido- que todas las consideraciones vertidas en este Pleno se refieren exclusivamente a la situación que se plantea con la excusación o recusación suscitada entre un magistrado y los profesionales de la parte, pero que ellos no pueden ser extensivamente aplicados cuando el conflicto se presenta con la parte misma, toda vez que en ese caso los criterios a tener en cuenta son diferentes. Voto por tanto, en no considerar procedente la excusación de la vocal de la Sala Tercera Dra. Ramón en las dos causas traídas a resolución del Cuerpo.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ANTONIO PAOLICELLI y dijo: La violencia moral que deriva del juicio personal del magistrado, -alegada en el caso-, en lo que hace al problema de imparcialidad, objetividad e independencia con la que debe dirimir la controversia, se encuentra dirigida a la problemática suscitada con los representantes legales de los justiciables, y no respecto de éste o del objeto de la causa que motiva su juzgamiento.

Tal situación, si bien dio lugar a una decisión de admisión de dicha causal alegada por la Dra. Ramón respecto de los mismos curiales, también en su carácter de representantes y no en causa propia, adquiría en ese entonces ribetes de excepción que tornaban la decisión ajustada a derecho. Pero su iteración, cuando ya transcurrieron aproximadamente tres años, sin que se suscitaran nuevas cuestiones, le sustrae al caso la característica de excepcional, y obliga a retornar al principio general, por lo que considero debe rechazarse la excusación tal como se la plantea, adhiriendo a mayor abundamiento- a los conceptos de los Vocales que me preceden y se expiden en el mismo sentido.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ERNESTO ATILIO PANGIA y dijo: Respecto de la cuestión, entiendo que si bien las causales de excusación y recusación son de interpretación restrictiva, la causal de violencia moral (art. 50 del Cód. Proc. Penal), debe evaluarse con un criterio inspirado en cierta flexibilidad, haciendo primar como regla general, casi determinante, la postura del magistrado que aboga por su apartamiento.

En primer lugar porque debe suponerse a todo magistrado alejado de toda idea de declinar jurisdicción, y segundo, porque la expresión violencia moral, puede deberse a innumerables situaciones, incluso comprender, eventualmente, aquellas de absoluta intimidad que por discreción puede conspirar con una acabada expresión de fundamentos.

Por tal circunstancia, la limitación de causales respecto a "los interesados" como refiere el art. 50 del Cód. Proc. Penal, no es aplicable a la causal de violencia moral, debiendo otorgarse a ésta un alcance mas amplio, dentro de principios de razonabilidad.

Y en ese marco, los fundamentos claramente expresados por la colega, a mi juicio, aparecen convincentes.

No debe olvidarse que las partes tienen derecho a que todo pronunciamiento sea dictado con plenitud anímica del juzgador igual derecho le asiste a éste en su desempeño funcional respecto de aquellas- por lo que priorizando la suprema garantía de imparcialidad que debe primar en las decisiones judiciales, entiendo que la separación es viable.

Gravita para tal conclusión como dijera- los fundamentos expuestos verbalmente por la doctora Ramón en oportunidad de explicitar a instancia de esta Cámara, la violencia moral y los motivos objetivamente graves que aduce respecto de los letrados de la parte, ocasión en la que a mi juicio mostró una notoria conturbación espiritual, situación que se mantiene desde la decisión que adoptara en su momento la Sala IV, según auto Nro. 237 de fecha 21 de setiembre del año 2000, cuando la doctora Ramón fuera separada de entender en actuaciones en las que intervinieron los mismos profesionales que lo hacen en estos autos. Es decir, con el paso del tiempo la situación no ha variado.

La causal de apartamiento por violencia moral tiene un decisivo componente subjetivo del Magistrado que pretende separarse y en tal ámbito, no me cabe duda que los fundamentos expuestos por la doctora Ramón, con firmeza y singular emotividad lucen elocuentes a mi criterio, y por tanto debe primar su pretensión de apartarse.

Tampoco me parece prudente negar viabilidad a la petición por abusos que puedan surgir en el futuro, ya que eventuales excesos se repararían con decisiones dispares a ésta.

Por lo tanto, coincido con el doctor Mestres; existe suficiente gravedad en los motivos que llevaron subjetivamente a la Dra. Ramón a separarse de entender en los autos que provocan este Acuerdo.

En consecuencia, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, actuando como Tribunal Pleno, conforme al art. 28 de la L.O.P.J., por mayoría, Resuelve: No admitir la excusación deducida por la Dra. Elena Ramón, en las causas de referencia.

Con lo que se da por finalizado el acuerdo, firmando los señores vocales que han participado, por ante mi que doy fe. Fdo: FIERRO-JUKIC-PAOLICELLI-NAVARRO-CRIPPA GARCIA-RÍOS-GIMÉNEZ-MESTRES- BERNARDINI-SORRENTINO-PANGIA-Ante mi: DI MARCO