marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSI AMICONE, FABIANO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 316 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31

No pueden prosperar los reproches de la quejosa relativos a la imputada autocontradición en el pronunciamiento, por cuanto la Corte local tiene dicho que para que se configure dicho vicio debe mediar una irreductible contraposición de fundamentos, una fractura lógica en el razonamiento que lo tornen ininteligible a punto tal de descalificarlo como acto jurisdiccional valido. Y, en modo alguno puede decirse que dicha circunstancia se configure en el sub lite, especialmente atendiendo a que la respuesta de la Sala contrariamente a lo sostenido por la recurrente, no refirió a que no existía "consecuencias gravosas y perjuicio económico", sino que, siguiendo el hilo argumental que venía desarrollando indicó que "...

no se vislumbran consecuencias gravosas y perjuicio económico que no pueda se resarcido por las vías recién aludidas", por lo que los propios términos restan entidad al mentado agravio. (Del Voto De La Mayoría, En Disidencia El Dr. Netri)
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: M., M.A. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-18

"Hay exceso cuando el sujeto en las condiciones en que concretamente se halló, pudo emplear un medio menos ofensivo, e igualmente eficaz, o sea, si pudo herir con eficacia liberatoria y mató...".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, tasa de justicia, leyes, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver era: ¿qué interpretación ha de   darse a los artículos 226 y 227 del código fiscal en cuanto a la   obligatoriedad, o no, respecto de la parte actora y al momento de   arribarse al dictado de la sentencia, de satisfacer el 50% restante   del sellado judicial no pagado con anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Resulta criterio orientador para resolver numerosas situaciones que se plantean a nivel procesal que, salvo excepción debidamente justificada, es el actor el que rompe el statu quo y que pretende la modificación de un estado de cosas y para lo cual se vale del servicio de justicia. Ejemplo de ello son las pautas generales de carga de la prueba, el arraigo, las pautas de determinación de la competencia o de la jurisdicción internacional (vgr."Se debe empezar con la jurisdicción radicada en el país en el que el demandado tiene su domicilio. Esta regla es universal, y no se aplica sólo en materia de jurisdicción internacional, sino igualmente cuando enfrentamos el problema de la competencia territorial. Por un lado, se desea conceder a la persona atacada la comodidad de litigar en el lugar donde se domicilia"). (Del Voto del Dr. Chaumet).
Unificación de penas, nulidad de sentencia, sentencia condenatoria, pena única, prisión, comercialización ilegal de estupefacientes, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: ROBLES, Liliana Graciela c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Una interpretación armónica de las normas en trato (arts. 27 y 58, CP), lleva a considerar que basta con que el nuevo hecho cuente con una condena impuesta dentro del plazo de cuatro años, que determine que aquel configura un delito, contados desde que la primera sentencia quedó firme, para revocar la condicionalidad de ésta y unificar pena. Desde esa óptica, se advierte que en el caso se verificó el transcurso de los cuatros años que establece el art. 27, CP, entre el pronunciamiento firme dictado en fecha 5 de septiembre de 2013 y la condena recaída en estos actuados, dictada en fecha 6 de agosto de 2018, por lo que, en este punto, le asiste razón a la defensa, y corresponde anular la resolución recurrida en cuanto condenó a la encausada a la pena única de cinco años y nueve meses de prisión, comprensiva de la pena de cinco años y seis meses impuesta a la nombrada por el tribunal a quo, como autora responsable del delito de comercio de estupefacientes y la pena de dos años de prisión en suspenso por considerarla autora del delito de tenencia simple de estupefacientes, dictada con anterioridad en otra causa y revocó su condicionalidad.
Adicionales de remuneración, adicional por trabajo en cámara fría
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, MERCINDO Y OTROS c/ GUAICOS  S.A.C.I.F. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

El plus por trabajo en cámara fría resulta del acuerdo celebrado entre representantes sindicales y autoridades de la empresa demandada resulta una compensación por la labor desplegada en condiciones particulares -a bajas temperaturas- y no un estímulo por la colaboración prestada en orden a una mayor productividad de la empresa o una gratificación por un óptimo rendimiento de la fuerza laborativa, lo que lo diferencia del premio por asistencia y puntualidad. Para su percepción se exige haber laborado en cámara fría y en caso de inconcurrencia no corresponde su pago. Por ello el cálculo del plus debe hacerse por día efectivamente laborado.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, tentativa, comienzo de ejecución del delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dotti, Miguel A. y otro s/ contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e  incompetencia).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La adopción del criterio de la ubicuidad para establecer el lugar de comisión de los hechos supone como consecuencia, para los supuestos de tentativa, que el delito deba reputarse cometido tanto en el lugar donde se comenzó la ejecución como en el lugar en el que debía haberse producido la consumación (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Las actividades sujetas a gravamen deben ser aquéllas que el contribuyente "efectivamente realizó" y no aquéllas que "está habilitado para realizar": la descripción del hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos exige el "ejercicio de una actividad", que debe ser efectivamente realizada. Que SANTMA pueda realizar préstamos de dinero no significa que efectivamente los haya realizado.
Compraventa inmobiliaria, saldo de precio, actualización monetaria, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de queja deducido por la parte actora en la causa Di Cunzolo, María Concepción c/ Robert, Rubén Enrique s/ nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Los agravios relacionados con el reajuste equitativo del saldo de precio que le correspondía a la demandante suscitan materia para abrir el recurso extraordinario si los argumentos utilizados por la corte provincial para justificar que se adoptara como única pauta válida los valores históricos informados por el perito, solo satisfacen en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación.
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bruzzone, Héctor P. c/ Municipalidad de Salto s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Si los actos cuestionados se refieren a una relación de empleo público ajena al orden nacional, debe descartarse de plano la invocación de disposiciones nacionales efectuada por el accionante para demostrar que no media incompatibilidad entre el desempeño de sus dos cargos, uno nacional y otro municipal.
Contrabando, devolución de objetos secuestrados, automotores
Materia: PENAL
Carátula: ONNA, CARLOS ALBERTO s/ Contrabando Causa 32253
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-17

El Juez en lo Penal Económico no puede por sí solo disponer el destino final del bien, sino que a la sumo debe limitarse a declarar que no existe impedimento para su entrega desde que la jurisdicción es compartida con la autoridad administrativa (Administración Nacional de Aduanas) que goza de competencia originaria, claro está que con la correspondiente revisión judicial prevista en la misma ley, para aplicar las penas establecidas en el Art. 876 del Código Aduanero, en materia de infracciones aduaneras que pudieran resultar y el pago de derechos, independientemente de la existencia o no del delito de contrabando (Art. 876, Art. 1026, Art. 1085 y concordantes del Cód. Ad.).
Suspensión del juicio a prueba, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, ley vigente, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Liotti, Marcelo Julián y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-03

La decisión que rechazó la suspensión del proceso a prueba se encuentra suficientemente sustentada y los agravios expuestos por el recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. pues la derogación de la ley 24.769 no importó la supresión de la regla contenida en el último párrafo del art. 76 bis, pues ésta fue incorporada a la parte general del Código Penal por el art. 19 de la ley 26.735, resultando entonces una regulación diferenciada de la ley 24.769. Si bien la ley 27.430 derogó su homónima 24.769, no por eso debe descartarse que se trate de una modificación del régimen legal específico. Desde tal perspectiva, memorando la letra del art. 76 bis del C.P., cuya parte pertinente establece que "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones", el agravio de la defensa no puede tener acogida favorable, pues la regulación citada se encuentra vigente, no habiendo operado una abrogación o supresión por efecto de la sucesión legislativa, siendo además temporalmente aplicable al caso, pues los hechos imputados habrían acaecido con posterioridad a su entrada en vigencia. Por otra parte, también debe desecharse la alegada inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735. toda vez que en el sub lite el recurrente se ha limitado a cuestionar la legitimidad sustancial de la norma a partir de consideraciones genéricas respecto del principio de igualdad ante la ley sin demostrar, mediante un ejercicio argumentativo claro y preciso, cómo en el caso concreto la mentada regulación supone un ejercicio legislativo irrazonable o que obedezca a un motivo injusto de diferenciación. Por otra parte, en punto al consentimiento prestado por la representante del Ministerio Público Fiscal, éste no puede ir en desmedro de la expresa prohibición dispuesta por el legislador pues, tal circunstancia aparece como un caso de política criminal específicamente reglado por aquel, en uso de las facultades constitucionales que le asisten. Dr. Carbajo.
Protección de la maternidad, despido por maternidad, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Villafañe, Ana María c/ Lago, Martín S.A. s/ Diferencias de Indemnización s/ Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-11-11

El plazo de preaviso del art. 178 de la LCT. debe ser considerado a los efectos de establecer el período de sospecha, sin que importe que la extinción se produzca con posterioridad.
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cámaras de casación, superintendencia, tribunal oral, subrogancia del juez, licencia del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NAVALLE, P.I. Y ESCUDERO, H.B. s/ RECURSO DE QUEJA Causa 761
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Esta Cámara ejerce la superintendencia sobre los tribunales orales de esta ciudad con arreglo a lo dispuesto por el artículo 118 del Reglamento para la Justicia Nacional, según acordada C.S.J.N.

nro. 36/94 y 5/95. En consecuencia, es el órgano que, de conformidad con las pautas del artículo 31 del decreto ley 1285/58 modificado por el artículo 51 de la ley 24.050, debe designar el magistrado reemplazante del que se encuentra de licencia o que por cualquier otra causa no pueda integrar el tribunal al que pertenece.
Recurso de inconstitucionalidad, principio de congruencia, defensa en juicio, violación, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZUCCALI, HORACIO OMAR c/  s/ ABANDONO DE PERSONAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Los agravios vinculados a la afectación al derecho de defensa por violación al principio de congruencia -alegando la compareciente que la imputación formulada fue variando durante el desenvolvimiento del proceso, sin que exista correspondencia entre aquélla realizada al momento de la declaración indagatoria, de la elevación de la causa a juicio y el hecho por el que se lo condenara- no merecen tener favorable acogida pues, considerando que la conducta debida cuya omisión se le reprochara, fue especificada desde un inicio y no se ha modificado a lo largo de todo el proceso, manteniéndose también la calificación legal del hecho atribuido, no se vislumbra la afectación constitucional que se invoca.
Revocación de sentencia, medidas cautelares, impuesto sobre los bienes personales, exenciones impositivas
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Noel Ignacio c/ EN- AFIP s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Se revoca el pronunciamiento de primera instancia, se concede la medida cautelar peticionada y se ordena a la AFIP que se abstenga de realizar cualquier acto o llevar adelante cualquier conducta que implique la ejecución de las resoluciones impugnada, incluso la ejecución forzosa de las sumas exteriorizadas en la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales. La presentación rectificativa posterior a la adhesión del beneficio de exención reconocido en el título III del libro II de la ley 27.260 -omisión en la declaración jurada- no poseería prima facie un encuadramiento en las condiciones previstas en el artículo 66 de la ley para el goce del beneficio contemplado en el inciso "b", en tanto la diferencia detectada no alteraría el valor total de los bienes de titularidad del actor.
Feria judicial, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De Giambattista, Sheila c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-01-29

Ponderando el efecto devolutivo de la concesión del recurso de apelación -lo que implica el inmediato cumplimiento de la manda judicial-, como así también el hecho de que el apelante no solicitó la habilitación de la Feria judicial para continuar el proceso en esta instancia y ponderando que -como regla general no corresponde que el Tribunal de Feria se aboque al conocimiento de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas cuyo conocimiento y decisión puede tener lugar durante el periodo ordinario de actividad judicial (confr. esta Cámara, Tribunal de Feria, causas N° 4000/07 y 8132/08 del 21.6.2009), juzgase que en el presente caso no median razones de urgencia conducentes para habilitar la Feria judicial en esta instancia.
Trabajo insalubre, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Obregón, Julio César y otros c/ Aurobar S.A.C.I. s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

La nueva calificación de lugares insalubres contenida en el 14759/41 quitó vigencia a la enumeración formulada por el art. 10 del decreto 217/30, y la posterior derogación del primero por las leyes 6014 y 7229 no hace renacer por sí la vigencia del último.
Recurso extraordinario, confirmación de sentencia, docentes, reincorporación, estado de derecho, derechos y garantías constitucionales, derecho de trabajar, derecho de enseñar y aprender, acto administrativo, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: FADLALA DE FERREYLA, CELIA RAMONA. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la reincorporación de la actora a su cargo docente si de las constancias de la causa no surge que aquélla dejara de cumplir con la reglamentación vigente, desprendiéndose sólo que el motivo por el cual no se confirmo la designación interina y se la separó del cargo se funda en imprecisas "razones de seguridad", afirmación ésta que carece de la razonabilidad necesaria para dar basamento a lo resuelto, si se tiene en cuenta que en un Estado de Derecho la sola invocación de razones de seguridad, sin un andamiaje objetivo que la motive y sin que el interesado tenga garantizada su defensa, no puede justificar nunca la privación del pleno goce de los derechos constitucionales de trabajar y de enseñar.
Recurso de inconstitucionalidad, realismo económico, pesificación, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FREYRE, EMMA CARMEN c/ MARANGON, ELVIO JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los demandados desde que luce suficientemente demostrado que las cifras que surgirían de aplicarse las tasas de interés fijadas por el Tribunal sobre un capital que fue actualizado según la normativa de las leyes 25561 y 25820 y el decreto 214/02, arrojaría un resultado mayor al de la obligación pactada originariamente en dólares con más un interés por demás razonable en el mercado para ese tipo de moneda.

Ello implica que se ha decidido en contra o con prescindencia de los términos de las leyes de emergencia y de la doctrina constitucional que sobre dicho ordenamiento ha elaborado la Corte nacional in re "Longobardi" con un ostensible apartamiento de la realidad económica del caso, ya que el interés establecido quebranta el equilibrio de la ecuación en las prestaciones, arribándose a un resultado económico en la condena que afecta excelsas cláusulas constitucionales.

Las consideraciones que anteceden se enmarcan en el criterio del cimero Tribunal de la Nación en su exigencia de que la adjudicación judicial debe estar imbuida por un sentido de realismo en la consideración de las soluciones concretas, y en supuestos como el que nos ocupa, en la adecuada tutela del derecho de propiedad -en este caso del deudor- de no ser privados ilegítimamente de su patrimonio.
Costas, desistimiento de la acción, plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BIN, ROBERTO ROMEO Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-15

Atento que la parte actora desistió de la acción en razón de la nueva jurisprudencia emanada de la C.S.J.N. dentro de un plazo razonable, procede la aplicación de la excepción contenida en el art. 73, segundo párrafo, del C.P.C.C. En consecuencia, corresponde revocar la resolución por la que se le impuso las costas, y decretarlas por su orden.
Procedimiento aduanero, impugnación del acto administrativo, acto administrativo de alcance particular, mora de la administración, decretos, prohibición de importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRY BLACK  S.R.L. s/ AMPARO - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

(Asiste razón al recurrente que aún no presenta el supuesto del art.

1053, inc.c), del Código Aduanero puesto que en dicha norma se prevé la impugnación de actos administrativos particulares de aplicación de normas, que, como los decretos mencionados hayan establecido prohibición a la introducción al país de determinados productos.

En el expediente administrativo agregado, tal decisión no ha sido, alcanzada, y lo que se imputa es una demora excesiva en el trámite administrativo tendiente a su dictado. De allí es que la vía utilizada resulta idónea, sin perjuicio del derecho que le asiste a la accionante en el supuesto de una eventual decisión administrativa contraria a sus pretensiones.
Sistema federal, facultades concurrentes, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Los actos de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos explícitos, un poder exclusivo, o en los supuestos en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o bien cuando existe una absoluta y directa incompatibilidad o repugnancia efectiva en el ejercicio de facultades concurrentes por estas últimas.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Fabricenter  S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

El sólo hecho de que una provincia interponga la demanda contra un vecino de la Capital Federal no surte la competencia originaria de la Corte basada en la distinta vecindad, toda vez que no resultan de su competencia los pleitos en los que deba aplicarse el derecho local, pues las relaciones jurídicas en las que aquélla actuó como autoridad de derecho público, regida por sus propias normas, deben ser juzgadas por sus jueces.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, divorcio, medidas cautelares, exclusión del hogar, audiencia, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: P., E. c/ V., R. s/ EXCLUSION DEL HOGAR     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 342-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-14

La circunstancia de que la medida que dispuso mantener la exclusión del hogar al recurrente fuera dispuesta sin dársele intervención, no le provoca un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, desde que tal gravamen pudo ser aventado por el medio jurisdiccional idóneo -el respectivo incidente de nulidad de la audiencia-.