Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 99713 SALA II Expediente Nro. 14826/2011 (Juzg. Nº 56) AUTOS: "CORONEL DIEGO DAMIAN C/ INC S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 04/10/2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

La Dra. GRACIELA A. GONZÁLEZ dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que admitió en lo principal la demanda instaurada se alza la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 72/74.

El accionante se agravia respecto a que el Sr. Juez a quo realizó en forma errónea el cálculo del rubro indemnización por antigüedad, y asimismo se queja respecto al rechazo del incremento resarcitorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

Respecto al cálculo de la indemnización por antigüedad, considero que le asiste razón al apelante.

En la sentencia de grado se calculó el rubro indemnización por antigüedad computando 9 períodos, por consiguiente al considerar que la fecha de ingreso del actor fue el día 18/5/2000, y su egreso se produjo el día 14/10/2009, efectivamente se debe realizar dicho cálculo en base a 10 períodos (tomando en cuenta la fracción mayor a tres meses).

Por lo expuesto y conforme a la remuneración tenida en cuenta por el sentenciante de grado el concepto en cuestión prosperará por la suma de $ 36050 (3605 x 10).

Por ende, en virtud del resultado que dejo propuesto, el importe total de condena será elevado según lo dispuesto en el fallo de grado, a la suma de $ 15.045, que devengará los intereses fijados según lo dispuesto en el fallo de grado, que arriban firmes a esta Alzada Respecto al agravio mediante el cual se cuestiona que el sentenciante de grado no hizo lugar al incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, cabe señalar que no le asiste razón al recurrente.

Coincido con el sentenciante en que, en el caso concreto, no es procedente el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323 toda vez que la demandada abonó al momento del egreso la indemnización por antigüedad y sustitutiva de preaviso conforme lo establece la normativa aplicable, por lo que se encuentra cumplida la finalidad de la norma. En efecto, el mencionado artículo prescribe: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6 y 7 de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen.". Dado los términos de la norma es claro que la demandada cumplió con su obligación legal pues más allá que se discuta la validez constitucional del carácter remunerativo de ciertos rubros tenidos en cuenta para el cálculo indemnizatorio del art. 245 LCT, lo cierto es que la empleadora abonó las indemnizaciones mencionadas como prescribe la ley.

Como sostuvo esta Sala en un caso de aristas similares: "...aún cuando es cierto que el actor debió iniciar acciones para el reconocimiento de su derecho creditorio, no lo es menos que, en atención a la índole de su reclamo, la intervención del Poder Judicial en la contienda resultaba imprescindible porque en él subyacía la petición de que se declare la inconstitucionalidad de una ley del Congreso para el caso concreto, lo cual no puede obtenerse sino a través de la deducción de una acción judicial. En efecto, no se puede dejar de advertir que, en el caso que se sometió a consideración en estos autos, la empleadora liquidó las indemnizaciones derivadas del despido en tiempo oportuno y sin necesidad de que el trabajador le formulara emplazamiento alguno." ".No se trata de un mero error de cálculo o de un simple pago parcial, por lo que frente a la petición formulada, la actitud reticente de la demandada encontró suficiente justificativo en los términos de la normativa vigente que resultaba aplicable al caso hasta tanto no se declarara su inconstitucionalidad." (conf. SD nro. 95740 del 18/5/08 "Zilli Osvaldo c/ Norte Indumentaria SA y otro s/ despido").

Por ello, considero que la postura adoptada por la demandada no resulta susceptible de ser sancionada con el incremento especial previsto en el art. 2 de la ley 25323, por cuanto como se dejó expuesto, en el caso, no ha sido la actitud injustificada, arbitraria, maliciosa o antojadiza de la demandada la que obligó al reclamante a deducir la acción, sino la necesidad de obtener la declaración judicial de inconstitucionalidad de una norma convencional para que resulte admitida la legitimidad del reclamo de la diferencia indemnizatoria en cuestión.

De acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, las costas de alzada deben ser impuestas en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo de la parte demandada (art.71 CPCCN).

Asimismo, teniendo en cuenta el mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación letrada de las partes actora en el 25%, de la suma que en definitiva le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior ( arts. 14 ley 21.839 y 38 L.O.).	Miguel Ángel Maza dijo: Adhiero a las conclusiones del voto de mi colega preopinante, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $ 15.045; 2) Imponer las costas de la Alzada a la parte actora en un 20% y a la parte demandada en un 80%; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las parte actora por los trabajos en la Alzada, en el veinticinco por ciento (25%), de las suma que en definitiva le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara