Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-10


Causa Nº 10443-00/CC/2006 Caratulada:B, S. D. s/Infr.

Art. 189 bis C.P. - Apelación.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Andrea Manes, Marta Paz y Jorge A. Franza, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que el Ministerio Público de la acusación interpuso recurso de apelación, contra la resolución de fs.171/176, mediante la cual el Magistrado de grado concedió al imputado - S. D. B.- la suspensión del juicio a prueba conforme lo establecido en el art. 76 bis del Código Penal, no obstante la oposición Fiscal para su otorgamiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION Admisibilidad del recurso 2. El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61 inc.1º apartado a) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Fiscal de grado fue notificado de la resolución en crisis con fecha 5 de julio del corriente (fs. 185/vta.), e interpuso el recurso de apelación con fecha 10 de julio pasado (fs.180/183), es decir dentro del término legal conforme lo establece el art. 61 inc. 1º de la ley 12, con lo cual el remedio intentado resulta temporáneo.

Asimismo, el art. 61 inc.1º de la ley nº 12 habilita al Ministerio Público Fiscal a interponer el recurso, pues en el presente caso se plantea un supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva siendo que se cuestiona la concesión del instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal pese a la oposición del Sr. Fiscal.

En este sentido, tal como fuera resuelto in re Justiniano, Enzo Natalio s/Infr. Art. 189bis CP- Apelación, causa Nº 067-00-CC/2006, rta. 23-05-2006, este Tribunal ha reconocido a la resolución que suspende o revoca el proceso a prueba como un auto equiparable a sentencia definitiva pues causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilita su procedencia.

Si bien es cierto que la normativa aplicable es clara en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra a la resolución de suspensión de juicio a prueba pues cumplidos que sean las obligaciones impuestas en ella se dictará el sobreseimiento, produciendo en consecuencia, la desincriminación del imputado y la extinción de la acción penal (en sentido similar in re Eusebio, Hector Dardo s/inf. art. 189 bis CP. Apelación, c.n° 13145-01/cc/2006, incidente de sobreseimiento, rta.11-08-06).

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios.

3. Que se agravia el Sr. Fiscal de la resolución del Sr. Juez de grado obrante a fs. 171/176 en tanto hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a favor de S. D. B., no obstante la oposición de ese Ministerio Público.

En la audiencia celebrada en los términos del art. 293 del C.P.P.N., cuya acta transcripta obra agregada a fs. 166/168, el titular de la acción se opuso al otorgamiento del instituto previsto en el art. 76 bis del C.P., por cuanto entendía que no se daban las condiciones objetivas para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba.

Entendió que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal resulta un requisito indispensable para la concesión del instituto de referencia, según lo dispuesto en los arts. 76 bis del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal de la Nación.

Subsidiariamente se agravia respecto del exiguo plazo de suspensión de proceso a prueba fijado por el a quo, y la ausencia de auténticas reglas de conducta a la que se vería sometido el encausado.

4. Las cuestiones a resolver radican en determinar, en primer lugar, si el dictamen del Sr. Fiscal resulta vinculante para el Juez o si, por el contrario, el Magistrado se encuentra habilitado para otorgar la probation aún sin la conformidad de dicho ministerio, tal como lo ha hecho el Magistrado de grado en la presente causa. En caso afirmativo, corresponderá analizar si, en el caso concreto, la mentada oposición ha sido debidamente fundamentada.

Es clara la letra de la ley en cuanto establece como requisito de procedibilidad del instituto en estudio que la oposición Fiscal a la suspensión del juicio a prueba resulta ser vinculante (art. 76 bis, párrafo 4to. CP). Sin embargo, dicho principio no es absoluto por cuanto se encuentra sujeto a un control de razonabilidad por parte del juez de garantías, con lo cual su oposición debe ser debidamente fundamentada, tal como lo exige su forma de actuación prevista en el art. 69 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (art. 55 LPC).

5. Esta interpretación del art. 76 bis del Código Penal es coherente con los fines que se han tenido en vista al incorporar el instituto a nuestra legislación, máxime cuando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige el principio acusatorio (art. 13.3 CABA), según el cual la acción penal es ejercida exclusivamente por el Sr. Fiscal.

En este contexto normativo debemos preguntarnos si la resolución del Sr. Juez de grado obrante a fojas 171/76, por la que concede la suspensión del juicio a prueba a favor de B,- pese a la oposición fiscal- se ajusta a derecho. Adelantaremos que se debe revocar la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondremos a continuación.

6. El artículo 13 inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra expresamente el sistema acusatorio en el proceso penal. En este sentido, reitera el correcto entendimiento que se debe dar al art. 18 de la Constitución Nacional.

Tal como ha sostenido la mayoría de esta Sala in re BERMUDEZ, Francisco Javier s/ Inf. Art. 85 ley 1472 - Apelación Causa Nº 9169-00/CC/2006, rta. 01-06-2006) ... En un sistema acusatorio, la acción penal se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y atento la independencia funcional de éste, se torna inconstitucional cualquier ley o acto que pretenda sujetar al titular de esa acción a otra autoridad, invalidando cualquier instrucción o directiva vinculada a su competencia procesal. Tal como adelantáramos, esta independencia, que tiene rango constitucional por ser una directa derivación del art. 13 del ordenamiento constitucional local, debe entenderse, en el caso particular, prescindiendo de indicaciones y mucho menos de órdenes sobre cómo llevar adelante la acción penal.

La exigencia de consentimiento por parte del Sr. Fiscal plasmada en la letra del art. 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, se condice y viene a reforzar el principio rector del procedimiento penal local (art. 13.3 CABA), de allí que consideramos ineludible tal requisito para que proceda la suspensión del juicio a prueba.

7. A partir de estos lineamientos, corresponderá analizar si efectivamente el dictamen del Sr. Fiscal es motivado, o por el contrario si adolece de fundamentos válidos convirtiéndolo en arbitrario, y por ende en nulo, carente de efecto.

El Sr. Fiscal de grado, en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N. se opuso a la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba (fs.166/8), justificando su postura en que B fue encartado en otro proceso por el delito de robo con armas a menos de treinta días de haber obtenido la libertad en la presente, en las características del presente evento, y en la extensión del peligro que el hecho significó, concluyendo la inconveniencia de disponer en concreto del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado (v. fs. 166vta./67).

Asimismo, al de fundamentar los agravios plasmados en el recurso de apelación interpuesto, el Sr. Fiscal puntualizó y delineó los argumentos sobre los cuales oportunamente basó su oposición: describió detalladamente la imputación en los presentes actuados, explicó que no se trataba de una simple portación de arma de fuego sin la debida autorización, sino la ostentación de un arma de manera peligrosa; consideró, además, los procesos en trámite que posee B en su contra en orden a los delitos de encubrimiento y robo con armas, y especialmente sobre este último tuvo en cuenta la gravísima puesta en peligro del bien jurídico que la norma protege (v. fs.180/1).

8. Pese a no exponer sistemáticamente su oposición, cierto es que el Fiscal, de modo poco prolijo, fundamentó efectiva y circunstanciadamente la conveniencia de no paralizar la persecución penal, en cuestiones de política criminal.

En este sentido, el consentimiento del Fiscal se debe limitar a la formulación de un juicio de conveniencia y oportunidad político criminal, en un caso concreto, acerca de la continuación o la suspensión de la persecución penal. Este juicio no debe estar fundado en los mismos requisitos legales establecidos para la suspensión del procedimiento. Esos requisitos ya han sido objeto de un juicio de conveniencia y oportunidad por parte del legislador -que por este motivo, los estableció como exigencias o presupuestos legales para la suspensión-, y la verificación efectiva de su existencia corresponde, en cada caso concreto, al Tribunal. (Bovino Alberto, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, ed. del puerto, 2001, pag. 158/9, citado por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 202/5).

Frente a ello, no obstante considerar los suscriptos que se encuentran acreditados los requisitos objetivos de admisibilidad del presente instituto, tal como correctamente fundamenta el a quo al otorgar la suspensión del juicio a prueba, lo cierto es que el Sr. Fiscal fundamentó su oposición en evidentes razones de política criminal que emergen de la lectura del acta respectiva, por lo que es plausible conocer el motivo de su oposición.

9. La suspensión del juicio a prueba detiene el ejercicio de la acción penal a favor del imputado de un hecho ilícito, sujeto a la condición de una serie de restricciones, instrucciones y obligaciones, que de cumplirlas dará lugar a la extinción de la acción penal. Se trata de una herramienta político- criminal orientada a trasponer el carácter puramente vindicativo de la detención, asignando a la sujeción del proceso una naturaleza socializadora (Conf. C.N.C.C. Sala VI. Canil, G. s/probation, c.6345, rta.22.05.97, del voto de la mayoría).

El Sr. Fiscal aclaró, al momento de expresar su disconformidad a la suspensión del proceso a prueba, que lo que manifestó fue la voluntad del Ministerio Público Fiscal de continuar ejerciendo la acción penal (fs.182vta.).

10. La postura asumida por el titular de la acción penal basada -tal como lo afirmó la Sra. Fiscal de Cámara-, en un criterio de política general que ha llevado al legislador nacional a la modificación y agravamiento de las penas en materia de armas y municiones de guerra (ley nº 25.886), es vinculante para el órgano jurisdiccional.

A partir del principio de legalidad, el Estado debe investigar y penalizar todo delito del que tome conocimiento; el Estado no podría dejar de perseguir ningún ilícito penal, sea cual fuera su gravedad. La suspensión del proceso a prueba constituye así una excepción al principio de legalidad procesal (Conf. Vitale, Gustavo, La suspensión del proceso a prueba, Ed. el Puerto, 1996, pág. 30).

En este sentido, fue contundente el Sr. Fiscal en no aceptar en el presente caso esta excepción sino de aplicar la regla, esto es, continuar con la persecución penal y no renunciar a investigar y juzgar este delito dadas las características propias del presente caso.

11. En conclusión, existió fundada disconformidad del Fiscal de la causa, cuya opinión adversa, en consecuencia, resulta un impedimento para su otorgamiento habida cuenta el rol que el Ministerio Público Fiscal tiene en el procedimiento penal.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal tienen el deber de motivar específicamente sus requerimientos y el control de tal motivación está en manos de los jueces que deben ejercerlo procurando atender la eventual afectación de derechos de las demás partes(Cámara Nacional de Casación Penal, sala IV,17/11/2003, Poma Mendoza, Luis A. s/rec. de casación ,La Ley Online).

Frente a ello, no es función de los jueces realizar una valoración crítica de los motivos que condujeron al rechazo del instituto en juego, sino de controlar que dicha motivación exista, aún cuando ésta sea escueta o carente de sistematización, o no coincidente con la del juzgador.

En la facultad del fiscal de indicar la suspensión no desapodera al Poder Judicial del ius dicere habida cuenta que sólo se expide sobre el progreso de la acción, extremo que le está vedado al tribunal de enjuiciamiento. Si la fiscalía entiende que no se dan los supuestos para la suspensión del debate y el tribunal de mérito - pese a ello- procede en forma contraria a sus anhelos - suspendiéndolo- se está disociando al Ministerio Fiscal de la acción penal, la cual encabeza, por lo que, sin la venia del Fiscal de juicio, el debate inexorablemente debe realizarse. (Conf. Julio C. Baéz, comentario al fallo del TOC Nº 4 en autos Mazzieri, Ernesto y otro publicado en La Ley: Suplemento de jurisprudencia penal y procesal penal, del 23 de diciembre de 2003, pág. 46/58).

12. La oposición del Sr. Fiscal al otorgamiento del instituto ha sido motivada, su fundamentación no resulta ser aparente, ni antojadiza y por lo tanto dicha oposición es vinculante para el a quo. En el caso que hoy nos ocupa, el Sr. Fiscal ha ejercido correctamente y con fundamento razonable su facultad de oponerse a la concesión del beneficio peticionado y en consecuencia, se dan plenamente los requisitos exigidos por la ley de fondo para denegar la solicitud de la defensa oficial.

Como consecuencia de ello, la resolución que concedió la suspensión del proceso a prueba a favor de B (fs.171/76), pese a la fundamentada oposición del Ministerio Público Fiscal, constituyó una evidente afectación del principio acusatorio que informa el debido proceso legal por lo que su decisión deberá ser revocada.

13. Por todo lo expuesto, atento el mérito del acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 171/176, conforme lo establecido en los arts. 76 bis y concordantes del Código Penal (art. 61 LPC).

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente remítase al juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí:

La Dra. Marta Paz dijo:

CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, lo que lo torna formalmente admisible.

El art. 61 inc. 1º, párrafo 2º LPC autoriza al fiscal a recurrir en caso de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, tratándose de este supuesto desde que se cuestiona la interpretación dada al art. 76 bis del Código Penal, y únicamente en caso de sentencia absolutoria.

La Corte Suprema ha dicho, en oportunidad de conceder el recurso respecto del otorgamiento del instituto, que se trataba de resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior. (Fallos 320:1919).

Y debe asimilarse al supuesto de absolución desde que la concesión del beneficio, de cumplirse las pautas de conducta fijadas, provoca la extinción de la acción penal y por lo tanto el sobreseimiento del imputado, por lo que, interpretar restrictivamente la norma referida, resultaría irrazonable.

Por lo expuesto, entiendo que ha sido bien concedido el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

2. En la presente causa se imputó a S D B de 18 años de edad, la portación de un arma de fuego de uso civil.

El imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba a fs. 143, señalando que: con respecto a las reglas de conducta y al tiempo de suspensión del proceso, dejo constancia que me pongo a disposición del Sr. Juez en torno a las pautas que se consideren adecuadas al caso.

Celebrada la audiencia prevista por el art. 293 del CPPN el 23/06/06 (fs. 166/168), el Fiscal se opuso a la concesión del instituto fundándolo en que el imputado, de ser condenado, mas allá que en la presente causa lo sería a una pena de cumplimiento condicional, lo sería a una de cumplimiento efectivo teniendo en cuenta las causas abiertas contra el mismo, que deberían analizarse, a su juicio, bajo las normas que rigen el concurso real de delitos.

Funda asimismo su negativa en que la presente causa comenzó como investigación de una tentativa de robo lo que revelaría una mayor peligrosidad a considerar y en que, carecería de sentido conceder el instituto en el presente caso, porque el imputado se encuentra detenido por una causa iniciada posteriormente, en que se le imputa un robo con arma.

3. El Juez a quo resolvió suspender el proceso a prueba desestimando los planteos de la Fiscalía, en que basara su oposición, lo que determinó que esta última interpusiera recurso de apelación el que se encuentra a estudio de este Tribunal.

Sostuvo, entre otras cosas, que: debemos ceñirnos a la imputación objeto de este proceso, y dado la calificación legal adoptada...procedería en el presente caso una sanción de ejecución condicional de encontrarnos hoy dictando una sentencia condenatoria. . . las razones que ha esgrimido (se refiere a la fiscalía) no resultan suficientes para dar acabado fundamento a su oposición. En este sentido, la jurisprudencia es conteste en afirmar que el consentimiento fiscal sólo es vinculante si éste es fundado y motivado...esa facultad fiscal...no implica que deba ser ejercida de manera absoluta y arbitraria, sino por el contrario, como todos los actos de gobierno, está sujeta a un control de razonabilidad, aspecto que abarca indudablemente su motivación. . . . (fs. 172 vta. y 173).

4. El recurso de apelación impetrado por la Fiscalía reedita argumentos presentados al a quo para fundar la oposición fiscal, no comportando una crítica razonada y concreta de la resolución impugnada en que se dió respuesta a esos planteos, por lo que el recurso no habrá de tener acogida favorable.

Los pretensos fundamentos, en función de los cuales se formuló oposición por el Ministerio Público Fiscal, no sirven de motivación adecuada a la misma.

El agravio que remite a que se debió denegar el instituto porque debieron aplicarse al planteo las reglas del concurso real de delitos contradice la presunción de inocencia que impide considerar como impedimentos los hechos cuya investigación se encuentra en trámite en juzgados de otras jurisdicciones y sobre los que no ha recaído sentencia firme.

Que el hecho haya sido calificado en principio como tentativa de robo tampoco puede ser considerado como un índice de mayor peligrosidad del imputado obstativo de la concesión del instituto, desde que tal calificación no prosperó.

Tampoco es óbice que el imputado esté detenido porque, como he dicho, aún debe ser considerado inocente y así puede ser declarado todavía; y manifestó en forma expresa (fs. 143) su deseo de someterse al instituto y a las reglas que se le fijaran en virtud del mismo, las que, teniendo en cuenta las efectivamente dispuestas, puede cumplir aún en su condición de detenido.

En similar sentido, este Tribunal ha señalado para determinar si puede considerarse incumplida la condición a que se sujetó la probation ante la imputación de comisión de otro delito: es clara la solución del conflicto si se transita por la vía que salvaguarda los principios constitucionales de inocencia y legalidad .....La ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena... En idéntico sentido, se han manifestado algunos destacados autores al expresar que ni siquiera puede revocarla la situación fáctica de prisión preventiva...No basta, entonces, para revocar la suspensión acordada o para obstaculizar la extinción de la acción, la mera imputación de un delito posiblemente cometido en el período de prueba. La sola existencia de procesos abiertos durante el período de prueba no impedirá el mantenimiento de la suspensión del proceso a prueba. (Causa Nº 067-00-CC/2006 Justiniano, Enzo Natalio s/Infr. Art. 189 bis CP- Apelación, rta. el 23/05/2006).

Es decir que la interpretación de los presupuestos del art. 76 bis del Código Penal, no puede ser hecha divorciada de lo consagrado por la Constitución Nacional y los Tratados a ella incorporados expresamente en el art. 75, inc. 22, en orden a la presunción de inocencia.

5. El principio de legalidad está establecido por el art. 71 del Código Penal. Es por eso que el de oportunidad, para que no se convierta en un instituto político corresponde sea interpretado adecuadamente de manera que suspenda, interrumpa o extinga la acción por exclusivo mandato legal para los habitantes del país que se encuentren en iguales condiciones, de forma tal que la conformidad del Ministerio Público Fiscal no pueda ser otorgada o negada discrecionalmente ya que perdería, de ser así, estas condiciones.

El Congreso legisló, en el art. 76 bis del Código Penal, una norma de derecho penal sustantivo, dicho en otros términos, la probation es un beneficio que todo imputado puede invocar -y está en cabeza del mismo hacerlo- pues el derecho de fondo rige en toda la Nación (arg. Jorge de la Rúa, Un agravio federal. LL. 8.7.97).

Juan Manuel Ramírez Delgado opina que: ...podrá argumentar efectos negativos en estas medidas sustitutivas de la prisión, sino todo lo contrario; los beneficios son muchos a favor del reo y de la comunidad. Sólo ha faltado un pequeño detalle, que no se ha instruído debidamente a los jueces y magistrados sobre ellas y todavía encontramos personas que ocupan estos puestos un tanto reticentes a otorgarlas quizá por temor o desconocimiento de las mismas... (Conf. Penología. Estudios de las diversas penas y medidas de seguridad. Ed. Porrúa S.A. México, 1995, pág. 133).

El principio de oportunidad instrumentado con la suspensión del juicio a prueba no puede contradecir el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN); debe existir un control jurídico y político de la selección y con ello la responsabilidad de los órganos y funcionarios competentes para decidirla (en este sentido, Maier; J.B. Derecho Procesal Penal. T. I. Fundamentos, pág. 841. Editores del Puerto S.R.L. Bs. As. 2004, 2ª Ed. 3ª reimpresión).

Desde el momento en que el principio de legalidad impone al Estado investigar y reprimir todo delito, la extinción de la persecución debe tener el mismo sentido para todos los ciudadanos, y sólo es tal si a determinados presupuestos corresponde siempre determinada resolución en aras a la extinción de la acción.

Eugenio Zaffaroni afirma que sería inaceptable la oportunidad ejercida arbitrariamente (Zaffaroni - Slokar - Alagia. Derecho Penal. Parte General, pág. 494. Editorial Ediar, 2ª edición, Bs. As-. 2003).

Este instituto entraña la aplicación del principio de oportunidad en forma reglada (ver mi voto en causa nº 9169-00/CC/2006, Bermúdez, rta el 1/06/2006). De lo hasta aquí expuesto resulta que el instituto legislado en el Código Penal, cuando se dan las condiciones para que sea otorgado, no puede ser negado, sin motivo fundado en la norma.

Ni el Ministerio Público Fiscal, ni ningún otro poder del Estado pueden expedirse infundada o arbitrariamente, pues ello contradice el art. 1 de la CN. La fundamentación de los actos es un recaudo que exige la forma republicana de gobierno. El art. 69 del CPPN lo recepta expresamente al exigir que los representantes del Ministerio Público Fiscal formulen, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones.

En este caso no ha ocurrido así. Los argumentos del fiscal de grado desde que no se ajustaban a derecho (contradecían la presunción de inocencia y referían a un concepto peligrosista) no podían ser considerados fundamento válido de su oposición. Las pautas de conducta fijadas pueden resultar opinables, pero no evidencian insuficiencia, por lo que tampoco advierto fundado el agravio fiscal esgrimido al respecto.

6. El control de legalidad y razonabilidad efectuado por el Juez a quo estuvo fundado en derecho, y constituyó derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas en la causa, por lo que debe ser confirmado. Por todo lo expuesto corresponde:

1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

2) CONFIRMAR la resolución del 3 de julio de 2006 que suspendió el proceso a prueba.

Así lo voto.

Ante mí:

En de de 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy fe.

En de de remití la presente al juzgado de origen. Conste.