marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Coautoría, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

En la atribución de responsabilidad penal a los policías y militares responsables de los delitos de tormentos agravados cometidos durante el último gobierno de facto resulta de aplicación el modelo teórico de coautoría por dominio funcional del hecho, pues se verificó el aporte individual que cada uno de los imputados efectuó en la ejecución del plan común, que caracteriza a la teoría por dominio funcional por división de funciones.
Excepciones procesales, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: ASMUS WALTER FERNANDO Y OTROS c/ EDITORA NEUQUINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-27

La omisión de justificación de la personería constituye la inobservancia de una exigencia formal, cuyo incumplimiento no puede ocasionar la devolución del escrito ni, por ende, la caducidad del derecho que se ha pretendido ejercer con esa deficiente presentación, mientras no medie una intimación destinada a obtener el cumplimiento de ese recaudo procesal, sin resultado positivo. En consecuencia, si no se justifica la personería en la oportunidad que determina el art. 46 del CPCC, corresponde que el órgano jurisdiccional exija de oficio el cumplimiento de dicho requisito fijando un plazo para que se satisfaga, bajo apercibimiento, entonces sí, de tenerlo por no presentado.
Inconstitucionalidad, regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boese, Irene c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

El efecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 5920 es el de obligar a la Caja a resolver la petición de la interesada absteniéndose de exigir en su caso que acredite que el causante reunía los requisitos exigidos por aquella norma.
Derecho laboral, acción por omisión, falta de examen preocupacional, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Kleinhempel, Sandra Beatriz c/ Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

La omisión de los exámenes preocupacionales solo genera una "presunción" de ingreso sano y apto del trabajador, pero como toda presunción de tal característica, esto es "iuris tantum", puede ser fulminada o contenida con prueba en contrario producida en juicio, lo que en autos no se aprecia. Los exámenes preocupacionales sirven para descartar el carácter laboral de una dolencia constatada en ocasión de trabajo (o sea actúan como régimen de exclusión de cobertura -ver art. 6 apartado 3 inc. b) de la ley 24557), pero la omisión no es óbice sin más, para otorgar carácter laboral a todas aquellas patologías cuando se demuestra que no son derivadas del trabajo (Voto Romero)
Competencia, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad en comandita hijos de Elías Villanueva y Compañía y otros c/ Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación s/ Inconstitucionalidad - Contencioso administrativo (Libro: S052-106)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-06-03

La caducidad por prescripción de servidumbre que implica el cruce de un canal por la propiedad del actor, y que se funda en la falta de uso, debe alegarse y declararse en la justicia civil y por ser la autoridad competente a tal fin.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, cuestión abstracta, juicio, muerte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOSCONI, ROLANDO SANTIAGO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 397-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-17

La pretensión de la suspensión de la medida administrativa "cesantía" a "los efectos de poder acceder a los beneficios del régimen de licencias por enfermedad emergentes de la ley 9256", se torna abstracta frente al fallecimiento del recurrente.
Tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AVILA, MANUEL R. c/ MARCO HNOS. s/ APELACION DE AUTO INTERLOCUTORIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-05-10

Estando determinado y firme que la tasa a aplicar en liquidación de intereses es la "tasa bancaria pasiva" sin otra precisión, el resolver luego, según las circunstancias del caso, cual es la tasa pasiva o el procedimiento concreto para su cálculo que se le aplicará, resulta privativo de los tribunales de mérito, no siendo competencia de la corte por vía de recurso extraordinario".

(Disidencia Dr. Medina Palá).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Molero, Angel Alberto s/ Tentativa de robo y lesiones Fernández, Marcelo Daniel y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13|2001-05-09

No corresponde que la Corte ejerciendo competencia positiva, imponga la pena desde que la decisión sobre el monto de la pena ha de ser consecuencia de la valoración de diversas circunstancias del hecho y características de la personalidad del procesado a cuyo análisis este Tribunal no puede entrar por no haber sido materia del recurso ni ser ello posible desde un punto de vista fáctico, al no haber conducido ni intervenido de ningún otro modo en el proceso. Todo ello está legalmente impuesto por los arts. 40 y 41 -especialmente en el inc. 2º in fine- del Código Penal, y analógicamente por lo normado por el art. 8 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plan de parentalidad, suspensión del régimen de visitas
Materia: CIVIL
Carátula: ROSHENTAL SANDRA Y CESAR MARIO SCRIMINI s/ DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-10

El contacto entre padres e hijos constituye un derecho que solo puede ser restringido o suprimido cuando de su ejercicio pueda derivarse un peligro para la salud física o moral de los menores, que se traduzca en una perturbación perniciosa en la culminación de su desarrollo psicológico y exista la posibilidad fundada de otro tipo de agresión.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Elvirabe S.C.A. s/ Apremio Pintos, R. Rec. de queja en Ingal S.A. c/ Pintos, R. s/ Cobro ejecut. Rec. de queja Cornaglia, Juan Pablo y otra c/ Tames, Daniel s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja Lascano, F. c/ Sauco, A. s/ Cob. de alq. R. de queja Difonso, Angel O. c/ De Felipe, Rodolfo y otro s/ Cobro de australes. Recurso de queja R., A. c/ K., C. A. s/ Divorcio. Recurso de queja Pagano, Pascuala c/ Barthe, José M. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15|1994-06-21|1995-03-07|1993-09-28|1997-02-25|1996-06-04|1997-04-22

El recurso de queja ante este Tribunal sólo procede contra las resoluciones denegatorias de los recursos extraordinarios previstos por los artículos 278, 296 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 292 del Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, prueba, allanamiento, pena, debido proceso, proceso penal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Gordon, Aníbal y otro s/ privación ilegal de la libertad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

No es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, principio que no permitiría reconocer en el proceso prueba adquirida en virtud de un allanamiento ilegal, pues ello importaría una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, que exigen que todo habitante sea sometido a un juicio en el marco de reglas objetivas que permitan descubrir la verdad, partiendo del estado de inocencia, de modo tal que sólo se reprima a quien sea culpable, es decir a aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: IBARRA LUIS c/ CEJAS JUAN s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-06

No basta para sustentar la crítica, al plantear un recurso de casación, la sóla invocación de la violación o errónea aplicación de una norma legal; deben rebatirse los argumentos del fallo y demostrar acabadamente de qué manera el texto legal aludido ha sido violado.
Derecho penal, derechos y garantías constitucionales, jueces naturales, recusación, excusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G. C., M. s/ Artículos 292 y 300 inciso 3  C.P. - Excusación (Expte. Nro. 812-00,  Resolución Nro. 157, Tomo 56, Folio 331)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-07

Nuestro sistema de derecho adjetivo en materia penal, al igual que en otros campos del derecho, se sustenta sobre el postulado constitucional del Juez natural. A fin de resguardar tal garantía se ha otorgado al titular de la jurisdicción una serie de mecanismos y prerrogativas, sin perjuicio de la estructuración específica y limitada del instituto recusatorio y excusatorio, dirigidas a privar de operatividad actos de las partes encausados al apartamiento del Magistrado competente o lesionante de la integridad personal del Juzgador.
Remuneración, propinas, pizzeros
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez Wenceslao Mauro c/ Romario SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

En el caso, la cuestión debe analizarse al margen de lo convenido en el art. 11.11 del C.C.T. 389/04 pues si bien allí se prohíben las propinas, lo cierto es que incuestionablemente esta cláusula ha sido dejada de lado en el contrato individual de trabajo, toda vez que la demandada toleró la percepción de aquellas, por lo que mal podría considerarse aplicable al actor la prohibición dispuesta por la mentada fuente normativa convencional. Es decir, que resultó acreditada la naturaleza remuneratoria de las propinas percibidas por el accionante.
Caducidad de instancia, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMBO REPUESTOS s/ Impugnación (LIBRO: A155 - 013)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-18

En incidente de impugnación de crédito se aplican las normas del art. 36 y 37 de la ley 19551.- No se aplica el art. 300 de la ley citada.- El instituto que prevé el art. 36 de la L.C. no constituye realmente un incidente en la forma que lo trata el art. 300. Se está en uno de los "procedimientos especiales" que señala el art. 303 L.C. "que lo excluye de ubicarlos como incidente", cuando se halla sometido a un procedimiento especial, lo que acontece en el trámite dispuesto por el art. 36 y que culminará con la resolución judicial que ha previsto el art. 37 L.C.-
Protección contra el despido arbitrario, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: "Corbalán    Luis   M. c/ Alto   Paraná   S.A. s/ Dif.Salarios"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-04

Con la sanción de la ley 25561 (art. 16) publicada el 7/1/2002, el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario fue reforzado mediante la duplicación del costo del distracto incausado. Ante una ley ya publicada, que daba cuenta de tal agravación, la conducta de la demandada de extinguir el vínculo, resulta contraria a la buena fe y vedada por el artículo 63 LCT. y abusiva en los términos del artículo 68 in fine de dicha ley. El decreto 50/02 fijó la entrada en vigencia de la indemnización duplicada, desde el 6/1/02, con el objeto de proteger al trabajador contra el despido arbitrario con la mayor fuerza que exigían las circunstancias del creciente desempleo. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en minoría).
Excepciones procesales, arraigo, defensa en juicio, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: GD SEARLE LLC y otros c/ ROEMMERS SAICF s/ cese de uso de nombre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Dado lo particular del planteo introducido en el escrito en el que fue contestada la excepción de arraigo interpuesta -consistente en el ofrecimiento de una caución personal o fianza por parte de uno de los coactores- él no podía ser resuelto, sin más trámite, tal como establece el art. 351 del Código Procesal, ello sin desmedro de señalar que el procedimiento implica el ejercicio de una facultad privativa del juez. Y si éste entendió que cabía dar traslado a la demandada del ofrecimiento efectuado por la coactora PFIZER SER como así también de la documental adjuntada, ello se enmarca en el principio de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) que tiene en su faz procesal el principio de bilateralidad, en virtud del cual, previo al dictado de resoluciones cuyo contenido pueda afectar los derechos de cualquiera de las partes y, eventualmente de terceros, se acuerde a los mismos la posibilidad de ser oídos. De otro lado, el traslado conferido no fue objetado en su momento por el apelante y no le causa ningún gravamen irreparable, dado que nada decidió, por lo que la queja debe desestimarse.
Amparo colectivo, rechazo de la demanda, impugnación del decreto de necesidad y urgencia, fallos de la Corte Suprema, legitimación procesal, agravio concreto, carga de la prueba, prueba insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Se rechaza la acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, a los efectos de hacer cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que dicha norma le ocasionara a los legítimos intereses de los matriculados que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene la obligación de representar -mandato legal impuesto por la Ley 23187-, pues debe precisarse que, conforme a reiterada doctrina de la materia, el progreso de la vía excepcional utilizada requiere de modo necesario que el acto de autoridad pública impugnado esté viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta -art. primero de la Ley 16986-, individualizándose con precisión el o los derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate cuando no existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía constitucional de que se trata.

Siendo que la parte actora fundó su legitimación en base a lo estipulado por el art. 43 de la CN por entender que se encuentran en juego derechos de incidencia colectiva, cabe atenerse a la doctrina establecida en la causa "Halabi"; allí, la CSJN estableció en materia de legitimación procesal tres categorías de derechos: individuales; de incidencia colectiva que tienen por objeto un bien colectivo y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En todos esos supuestos, la ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el amparo, no se refiere a la automática aptitud para demandar, se necesita un examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. En el caso no se encuentra configurada la necesaria existencia de "causa judicial" en la medida que la pretensión realizada se funda en el interés de la mera legalidad, lo que no resulta suficiente para reclamar judicialmente ya que para ello resulta fundamental la existencia de un perjuicio concreto al derecho de los afectados, lo que no ocurre en la especie. Concluyendo que en tales términos, luce claro que las manifestaciones efectuadas por la parte actora en su presentación de manera genérica no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca. En definitiva la pretensión en los términos que fue formulada no constituye un "caso" o "controversia judicial" que permita la intervención del PJN, y en consecuencia por tales razones, corresponde el rechazo de la demanda incoada.
Prescripción, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: REY, Alberto Luis s/ Infracción al art. 173 inc. 2do. del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-02

La resolución que declara "prima facie" prescripta la acción penal y requiere para su pronunciamiento definitivo los informes pertinentes al Registro de Reincidencia, no es apelable. Toda vez que no es sentencia definitiva, pues solo una declaración de prescripción avalada por las probanzas necesarias para su dictado y concluyente en sus afirmaciones puede ser considerada sentencia definitiva.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque, librador, responsabilidad del librador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fresedo, Julio s/ recurso de casación  Causa: 329
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

El firmante de un cheque queda obligado desde que pone su firma en una fórmula bancaria aún cuando no completara inmediatamente el documento.
Medidas cautelares, medida de no innovar, veteranos de guerra
Materia: PROCESAL
Carátula: PAGANI, UBALDO ALFREDO c/ E.N. MINISTERIO DE DEFENSA- ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL- FF.AA. Y DE SEGURIDAD (Reg. 13.161)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Procede la medida cautelar que se funda en la aplicación del Decreto 1.244/98, en atención a que el beneficiario se desempeñaba, en tareas efectivas y en actividad, en la Administración Pública al momento de entrar en vigencia la norma mencionada.

El texto del art. 1 del Dec. 1244/98 instaura el complemento mensual para el personal de la Administración Pública que acredite la condición de ex combatiente en las acciones bélicas del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Ante la situación de que el Poder Ejecutivo dejara de abonar dicho complemento al momento en que los actores pasaron a retiro dentro de las Fuerzas Armadas, pese a que la norma en análisis no establece distingos de tal naturaleza, corresponde examinar los requisitos de procedibilidad de la cautelar articulada.

Independientemente de la discusión acerca de la situación jurídica que pueda otorgársele al Estado o vinculación de los actores con la Administración Pública, existe "prima facie" una presunción a favor de lo reclamado que conforma verosimilitud suficiente en derecho, para otorgar la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno pueda variar la apreciación judicial que a esta altura de los acontecimientos se presenta en este estadio. (del voto del Dr. Tazza)
Marcas, marcas mixtas, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANALDECOMPRAS  COM  SA c/ TEVE  COMPRAS  2001  SRL s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-03

Los signos que confrontan en autos son CANALDECOMPRAS.COM, que pretende registrar la actora, y TEVE COMPRAS, TEVE COMPRAS 2001 y TEVE COMPRAS PRODUCTOS DE EXCELENCIA, que detenta la demandada. La marca de la actora es mixta, y tiene importancia en ella la figura de un genio saliendo de una caja. Este es un importante elemento diferenciador, más allá de que, como sostiene el Tribunal, en las marcas mixtas predomine el aspecto nominativo (cfr. causas 1624 del 18.3.83, 2402 del 23.3.84, 5497 del 21.12.88, 1325 del 2.11.90, 5849 del 24.11.92, 3520 del 22.10.07). Los signos en conflicto, aun prescindiendo del dibujo que aparece en el de la actora, no son confundibles.
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, daño
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

En cuanto a la extensión de la indemnización acordada por los sentenciantes, que la demandada caracteriza de desmedida y absurda, la recurrente sostiene que los magistrados no tuvieron en cuenta que los campos de los accionantes son inundables por naturaleza, razón por la cual no debió concederse un resarcimiento que estima basado en una situación de rentabilidad ideal, despojada de las incertidumbres propias de una explotación agropecuaria; sin embargo, estas genéricas alegaciones son insuficientes para desvirtuar los fundamentos de la sentencia que, siguiendo el resultado de la prueba de Alzada, estimó probado que los campos de propiedad de los accionantes están inutilizables para la explotación propia de la región y que la reversibilidad del daño pasados tantos años de imposibilidad de explotar los fundos se vuelve un argumento extremadamente endeble, manifestando además la Cámara que, después de tanto tiempo bajo las aguas, debería haber sido la demandada quien demuestre que los predios volverán a ser productivos en un plazo más o menos razonable y no pretender que sean los actores quienes acrediten que el daño sufrido tiene el carácter de permanente, pues tener un bien del que no se puede disponer y al que no se puede explotar durante treinta años importa un daño de esa entidad al patrimonio de los accionantes. (De la disidencia del Dr. Gutiérrez)
Homicidio calificado, homicidio criminis causa, femicidio
Materia: PENAL
Carátula: R., D. V. c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-14

La instrumentalización de la vida humana ajena está presente en el homicidio criminis causae y en el feminicidio, en el primero es un medio subordinado a los fines delictivos del autor; en el femicidio, como manifestación particular de dicha noción, la vida de la mujer es reducida a un mero objeto, propiedad del varón, que debe ser eliminado por no consentir su sometimiento.
Trabajo, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Carlos ORTEGA c/ SEVEN UP CONCESIONES  S.A.I.C.  y otra s/ PROCEDENCIA    DEL  RECURSO  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  FALTA  DE  FUNDAMENTACION SUFICIENTE  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  PROCEDIMIENTO  LABORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

Aunque los arts. 55 y 56 L.C.T., 56 L.O. y 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, crean una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, y facultan, en verdad, a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse "por decisorio fundado" y "siempre que su existencia esté legalmente comprobada".