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Facultades jurisdiccionales, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: V. C., Claudia V.  c/  s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-12-30

El Estado tiene la obligación de aplicar una debida diligencia reforzada en casos de mujeres víctimas de violencia. Cuando el Ministerio Público y la Defensa coinciden en que no existe "caso" para elevar a juicio por la evidencia abrumadora de una causa de justificación, el dictado del sobreseimiento temprano garantiza la tutela judicial efectiva y evita la revictimización de la mujer en un proceso penal innecesario.
Proceso penal, responsabilidad del abogado, gravedad institucional, inteligencia artificial, negligencia procesal, jurisprudencia, fuentes de información, representación procesal, obligaciones del abogado, lealtad procesal, probidad, TUCUMÁN
Materia: INFORMATICO-PENAL-PROCESAL
Carátula: XXX c/  s/ Abuso sexual con acceso carnal, art. 199, 1er párr.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-11-28

Cabe resaltar como hecho de gravedad institucional la situación generada por la defensa técnica del imputado a raíz de haber no haber cumplido, en el momento procesal que constituye la última instancia de revisión, con su deber de controlar la veracidad de las citas jurisprudenciales empleadas, la autenticidad de las fuentes invocadas y la coherencia dogmática de los fundamentos que empleó en el escrito presentado en cual se observa fue elaborado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, incumplimiento que excede el mero error material o descuido profesional, configurando un supuesto de negligencia grave incompatible con los deberes de probidad, lealtad y diligencia que rigen la función del abogado defensor.
Control de legalidad, menores, derechos y obligaciones de los padres, conflicto de intereses, personas con discapacidad, adopción, estado de adoptabilidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A. I. - I. A. M. J. - A. A. M.  c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-13

La declaración de la situación de adoptabilidad de un NNA resulta lo más ajustado a sus derechos e interés superior cuando se verifica el agotamiento de las acciones tendientes a su permanencia junto a sus progenitores y la inexistencia, dentro de la familia extensa, de alternativas con posibilidad de asumir su guarda (art. 607 inc. c, CCC). Ello, habilita su inmediata reinserción en un grupo familiar que le brinde las atenciones necesarias para su crecimiento armónico y el desarrollo de su personalidad, en forma integral.
Quiebra, verificación de créditos, regulación de honorarios, sentencia de quiebra, improcedencia del recurso, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Edilicia S. A.  c/  s/ Quiebra pedida simple. Verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-06

Frente a un pedido de verificación de créditos por honorarios, no procede el reconocimiento de intereses si la resolución que los determina resulta posterior al límite impuesto por el art. 129 LCQ, esto es, posterior a la fecha de declaración de quiebra.
Caducidad de instancia, falta de notificación, resoluciones judiciales, efectos entre partes, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesores de Ibarra, Gloria Petrona y otros c/ Carbonetti, Domingo Ángel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-25

En materia de perención de instancia, rige el principio de conservación procesal, en función del cual el instituto de la perención de instancia debe ser interpretado en forma restrictiva y en los casos de duda debe estarse por la subsistencia y continuidad de los procesos judiciales (en el mismo sentido: TSJ, Sala Civil y Comercial de Cba., en autos n.° 162/05, 165/05, 139/06, 200/06, 213/06, 535/09, 90/12, 73/21).
Acceso a la justicia, control de legalidad, actos jurisdiccionales, cuestiones de competencia, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: R. A., Y. E. c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Fecha: 2025-03-25

El control que el juzgado con competencia en niñez debe cumplir, implica revisar acabadamente el accionar del órgano administrativo, en cuanto al respeto de los derechos que se encuentren en juego. Exige verificar si están a tono con los parámetros dispuestos por el art. 49 de la Ley provincial n.° 9944, bajo la observancia de las garantías impuestas en el art. 31 de la norma citada y por sobre todo otro análisis requiere corroborar si la decisión adoptada atendió en forma prioritaria el interés superior de la niña (art. 3 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño - CDN- y Ley n.° 9944).
Imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, interpretación de la ley, defensa, Ministerio Público de la Defensa
Materia: PENAL
Carátula: Oposición de Gáname al decreto del 7/5/25 - Para agregar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-30

La complejidad de una causa penal y la necesidad de una asistencia letrada conjunta de un imputado pueden ser evaluadas por la Defensoría General del Ministerio Publico de la Defensa, en ejercicio de su autonomía funcional para la administración de sus recursos. Ello, con el fin de procurar una adecuada prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita (arts. 2, 5 inciso a), 10 incisos a) y d), y cc de la Ley 10915).
Empleo público, personal policial, promoción de grado, carácter taxativo, sumario administrativo, proceso penal, competencia, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Freire, Laura Estela  c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

La Junta de Promociones es el órgano técnico con competencia exclusiva para calificar antecedentes de los agentes y proponer ascensos, evaluando criterios de antigüedad y selección.

En efecto, el juicio que formula es técnico y profesional puesto que emite dictamen al Jefe de Policía y éste eleva la propuesta al Poder Ejecutivo para la eventual disposición de promociones (arts. 39 y 50 de la Ley n.° 9728). En este contexto, resulta improcedente la injerencia judicial en ese ámbito de discrecionalidad técnica, ya que la intervención de la Junta constituye un paso ineludible para la calificación de los agentes. Por ende, cuando desaparecen las causales que impidieron la evaluación oportuna, corresponde ordenar la convocatoria extraordinaria de la Junta a fin de que valore los antecedentes del agente por el período previo al retiro y dictamine sobre su promoción, en caso de corresponder, ponderando de manera positiva la remoción de tales impedimentos (cfr. doctrina TSJ, Sala CA, Sent. N.° 70/2018 "Ferreyra").
Prisión domiciliaria, cumplimiento de la pena, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

Otorgada la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la detención, la persona no pierde su derecho a la intimidad inherente a su domicilio sino solamente en cuanto a las restricciones propias al control de la ejecución penal legalmente autorizadas. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio, constituyendo esta premisa una garantía de índole constitucional y convencional (arts. 75, inc. 22 de la C.N. y 11.2 de la C.A.D.H.) (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato - Trámite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

La invalidación judicial de una norma legal vigente es un acto procesal de suma gravedad institucional y constituye la última ratio del ordenamiento jurídico. Se trata de un remedio extremo y excepcional, al que sólo cabe acudir en aquellos supuestos en los cuales ninguna otra solución razonable pueda deducirse de la propia norma discutida, con arreglo a los intereses debatidos en la causa. La declaración de inconstitucionalidad no es el camino cuando el mismo sistema legal y la filosofía del derecho proveen las herramientas necesarias para dar respuesta jurisdiccional al conflicto planteado. Conforme al sistema de control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro país, el juicio de compatibilidad constitucional de una norma se halla condicionado a la previa verificación de los presupuestos que le son inherentes; entre ellos, que la ley cuya validez constitucional se predica lesiva ocasione un perjuicio real y concreto a la parte que resulte supuestamente afectada por la norma.
Costas, principio de especialidad (procesal), aplicación de la ley, obligación subsidiaria, pago, competencia provincial, obligaciones del comitente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pico, Luis Alberto c/ Colegio Médico Veterinario de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-02-27

La regulación de las vicisitudes propias de la imposición de costas, atento su naturaleza estrictamente procesal, compete a las provincias y no a la Nación -como si se tratara de derecho sustancial-. Así, en virtud del carácter procesal del instituto y la causa fuente de la obligación de pago del condenado en costas, se entiende que el art. 15 de la Ley n.° 9459 es una norma adjetiva dictada por la provincia en su jurisdicción, en uso de facultades que le son propias. Por lo tanto, no se lesiona la supremacía legal y el reparto de competencias establecidos en los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional. La Ley Arancelaria no sólo no se inmiscuye indebidamente en regulaciones inherentes al derecho sustantivo, sino que resguarda en forma debida el derecho del letrado, fijando una obligación subsidiaria de pago en cabeza del comitente, cuando el condenado en costas no pueda satisfacer tal obligación. Dicha obligación podrá ser exigida en el marco del contrato con el cliente y en tanto la labor profesional no haya sido debidamente retribuida en razón de aquel y cuyos términos podrán ser oponibles al letrado ejecutante.
Responsabilidad del establecimiento comercial, playas de estacionamiento, deber de conservación y custodia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Francsiquez, Juan Rubén c/ Maycar  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-25

Las playas de estacionamiento implican un beneficio adicional para empresas que ofrecen bienes o servicios a potenciales consumidores o comerciantes minoristas, por lo que resulta parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el art. 961 del CCyCN, que asumen un deber de custodia y deben responder por los daños que se produzcan a los vehículos estacionados.
Empleo público, personal policial, promoción de grado, carácter taxativo, sumario administrativo, proceso penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Freire, Laura Estela  c/ Provincia de Córdoba - Plena jurisdicción s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-14

La procedencia de la promoción retroactiva (art. 45, Ley n.° 9728) se limita al personal inhabilitado en virtud de los incisos c), d), e) e i) del art. 44 ib., de modo que no cualquier inhabilitado puede pretenderla, sino únicamente quienes se encuentran comprendidos en esos supuestos, ya que la ley para ellos ha establecido un mecanismo expreso para solicitarla (cfr. doctrina TSJ, Sala CA, Sent. N° 70/2018 "Ferreyra"). En efecto, si un agente fue temporalmente inhabilitado y luego resulta eximido de responsabilidad administrativa, absuelto o sobreseído en sede penal -salvo en el supuesto de prescripción-, recupera los derechos que no pudo ejercer oportunamente una vez removida la causal que motivó tales medidas. En consecuencia, desaparecido el impedimento, el agente recobra la aptitud para ser evaluado y calificado a los fines de un ascenso (art. 51, inc. c) Ley n.° 9728 y Disposiciones Comunes a los artículos 50 y 51, del Dec. Regl. n.° 763/2012).
Habilitación de instancia, excepción de incompetencia, control de razonabilidad, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamarbide, Antonio Ernesto c/ Provincia de Córdoba s/ Ilegitimidad - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-19

Si actualmente la discrecionalidad forma parte del orden jurídico, el control judicial debe revisar si efectivamente ha sido correctamente ejercida dentro de ese universo jurídico. Esto no implica revisar su esencia (selección de una alternativa entre otras igualmente válidas), sino sólo su contorno externo e inserción en el sistema jurídico. El control de los jueces termina al comprobar con el fondo de la cuestión, que se ha elegido una solución correcta entre otras de igual condición dentro del mundo jurídico. Por ello, en lugar de hablar de técnicas de control de la discrecionalidad, se debería hablar de técnicas de control de su ejercicio.
Imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, interpretación de la ley, defensa, Ministerio Público de la Defensa, duración de la investigación
Materia: PENAL
Carátula: Oposición de Gáname al decreto del 7/5/25 - Para agregar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-30

Durante la investigación penal preparatoria, la facultad de proveer la designación de la defensa técnica del imputado corresponde de manera exclusiva al fiscal de instrucción actuante conforme surge del art. 331 del CPP. Esta atribución se fundamenta en el rol del Ministerio Público Fiscal como director en dicha etapa, quien debe velar por su correcto avance. Tal atribución comprende, entre otras funciones, la prevención de eventuales nulidades por afectación del derecho de defensa en juicio, como podría ocurrir si se designan defensores o representantes con matrícula inhibida o que hayan defendido o representado a partes contrarias en el mismo proceso (art. 271, Código Penal). En este marco, el legislador ha otorgado al fiscal de instrucción la competencia para proveer las designaciones en la etapa de investigación penal preparatoria, decisión que, no obstante, debe ser tomada en función de la propuesta de parte, sea privada o emitida por el Ministerio Público de la Defensa.
Amparo ambiental, aplicación de la ley, interpretación de la ley, principio de congruencia, procedimiento administrativo, discrecionalidad técnica, residuos domiciliarios
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba [CORMECOR] y otros c/  s/ Cuestión ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-19

La cuestión social es un aspecto al que se deberá prestar especial atención. Así lo demanda una visión sistémica del ambiente, en la que los componentes naturales, artificiales y socioculturales se entremezclan, definen y condicionan la relación del ser humano con su entorno. En función de los objetivos trazados por la Ley n.° 10208, "la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente" (art. 3, inc. b) corre en paralelo con la promoción del "mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria" (art. 3, inc. c).
Primacía de la realidad, reserva de prioridad, competencia de familia, control de legalidad, debido proceso, principio de progresividad, prestaciones de la obra social, síndrome de Down
Materia: CIVIL
Carátula: S. A. M. R. c/  s/ Control de legalidad - (Ley 9944, art. 56) - Guarda de parientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-21

Cuando el Estado provincial, otorga una obra social de salud a un NNA que padece síndrome de Down, tal beneficio no puede ser dejado sin efecto. No solo por la especial situación de salud del mismo, sino en respeto del principio de no regresividad de los derechos humanos adquiridos.

Este principio, establece que una vez que un Estado ha alcanzado un determinado nivel de protección de los derechos, no puede retroceder en esa protección, es decir, no puede disminuir los derechos garantizados ni restringir el alcance de su protección. Guarda estrecha relación con el principio de "progresividad", que exige que los Estados adopten medidas progresivas para lograr la plena realización de los derechos, y no se permite retroceder en ese avance. Éste, implica la prohibición de regresividad o irreversibilidad: impone que una vez logrado el avance de los derechos a un nivel determinado, no es posible disminuir ni regresar a un estadio anterior al mismo. Es un límite para los Estados quienes no podrán retroceder en sus compromisos en materia de derechos humanos y promueve la protección efectiva de los derechos humanos y la realización progresiva de los mismos lo que debe interpretarse en consonancia con el art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional (CN), especialmente en materia del acceso a los derechos fundamentales de NNA.
Alimentos, acción de repetición, reembolso de gastos, sujetos obligados, prescripción anual, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. N. c/ N., J. P. s/ Acción ordinaria - Otras - Ley 10305
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-20

La acción de repetición prevista por el art. 549 del CCC, de conformidad a lo estipulado por el art. 2564 inc. e, del mismo cuerpo normativo, prescribe al año y comienza a correr desde que el reclamante realiza el pago. Así, el ordenamiento jurídico establece el lapso que debe correr para que acontezca la prescripción liberatoria, lo cual no puede ser dispuesto o modificado por los interesados, ya que tiene carácter imperativo (art. 2533, CCC).
Tribunal colegiado, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Arias, Alan Nicolás c/ Asociart S.A. ART s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

Las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas; por ello, la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir, una unidad lógico-jurídica cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Primacía de la realidad, reserva de prioridad, competencia de familia, control de legalidad, debido proceso, principio de progresividad, prestaciones de la obra social, síndrome de Down
Materia: CIVIL
Carátula: S. A. M. R. c/  s/ Control de legalidad - (Ley 9944, art. 56) - Guarda de parientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-04-21

El art. 2 Observación Gral. n.° 9 (2006) en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño requiere que los Estados Partes aseguren que cada niño/a sujeto a su jurisdicción disfrute de todos los derechos enunciados en la Convención sin discriminación alguna. Se exige que los Estados Partes adopten las medidas apropiadas para impedir todas las formas que discriminación, en particular por motivo de la discapacidad. La discriminación en la prestación de servicios los excluye de la educación y les niega el acceso a los servicios de salud y sociales de calidad. El párrafo 1 del art. 23 debe considerarse el principio rector para la aplicación de la Convención con respecto a los niños con discapacidad. De acuerdo con el párrafo 2 del art. 23, los Estados Partes en la Convención reconocen el derecho del niño con discapacidad a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán la prestación de la asistencia necesaria al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado. La asistencia debe ser adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden.
Recurso de inconstitucionalidad, excepciones procesales, prescripción, seguros, aplicación de la ley, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato - Trámite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Buffoni" (8/4/2014, Fallos 337:329), reiterada en "Flores" (Fallos 340:765) y más recientemente en "Alvarez" (Fallos: 346:1514), que alude a la especialidad del régimen de seguro por sobre la ley general posterior de defensa del consumidor, fue predicada en torno a la oponibilidad del límite de cobertura o de las cláusulas de exclusión respecto del tercero damnificado, donde se puso en entredicho el alcance de las cláusulas del contrato de seguros. Sin embargo, tal interpretación no resulta aplicable al conflicto que surge de la existencia de dos normas jurídicas sustanciales que aspiran a reglar la prescripción extintiva.
Acceso a la justicia, control de legalidad, actos jurisdiccionales, cuestiones de competencia, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: R. A., Y. E. c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Fecha: 2025-03-25

Si existen tensiones entre el reconocimiento del estado de inocencia de la guardadora -que goza de prisión domiciliaria- y el derecho al desarrollo integral del NNA, el primero debe ceder, a los fines de prevenir y garantizar su bienestar, en razón de que es ese el objeto de los procesos de restitución de derechos implementados por la SeNAF y controlados por la jurisdicción. El entorno en el que se encuentra inserto el NNA, si no resulta ser el que mejor contemple su interés superior, no respeta la integralidad de sus derechos ni es propicio para alcanzar su desarrollo holístico e integral como sujeto de derechos, en una proyección a corto, mediano y largo plazo (Comité Derechos del Niño, Observación General n.° 14, párr. 16). Corrobora así, el daño actual y el riesgo a futuro de la permanencia del NNA en ese lugar y bajo ese cuidado, afectándole en pie de igualdad con otros niños, los derechos a la vida de esparcimiento y recreativa (art. 31. 2 CDN); a su mejor y máximo desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27. 1 CDN); a mantener contacto, al menos telefónico, con sus progenitores (art. 9. 3 CDN); a recibir pautas de educación orientadas, en particular a: "desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades" y "preparar al niño para asumir una vida responsable (CDN art. 29 inc. a y d)."
Extradición, menores, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Lavrentiev, Dmitri  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-10

No solo es el juez de la extradición, durante el trámite judicial, el que puede y debe velar por hacer efectivo el interés superior del niño, sino también cada una de las demás autoridades estatales que intervinieron durante el trámite judicial como las que intervendrán en lo que resta del procedimiento de extradición, en las sucesivas decisiones y medidas que adopten, quienes deberán estudiar, en la oportunidad y bajo la modalidad que mejor se ajuste a las particularidades del caso y en forma sistemática, cómo los derechos y los intereses de los hijos pueden verse afectados, recurriendo a los mecanismos que brinda el ordenamiento jurídico argentino para reducir, al máximo posible, el impacto negativo que, sobre la integridad del menor pudiera, a todo evento, generar la concesión de la extradición de su progenitor.