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Competencia por el territorio, accidentes de trabajo, indemnización, cómputo del plazo, contratos, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Considere que, para el análisis del caso particular, se ha partido, ya desde la instancia anterior, de un inadecuado encuadramiento fáctico de la situación que fue motivo de este pleito. No estamos ante un reclamo de un trabajador contra su empleador por rubros laborales respecto del cual rige efectivamente el art. 3 del CPL y sus variantes, sino que en juicio se plantea una demanda del trabajador contra la ART de su empleador, por un accidente de trabajo que sufriera trabajando para este último, y que hace operativa la legislación prevista en lo particular por la ley 27348, y en general por la disposiciones de las leyes 24557, 26773, dec. y demás. En dicho contexto, el trabajador podría demandar ante el juez del domicilio de la ART, como también el del lugar del infortunio, o hasta el de celebración del contrato, pero además y aquí el meollo de la cuestión, todo trabajador está habilitado para demandar ante el juez de su domicilio, como también el del lugar de tareas o donde habitualmente reporta, siempre y cuando este último interponga el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas, tal como sucedió en la especie donde fue atendido por la ART en esta jurisdicción y recurrió a la comisión médica n° 8 de Paraná, de esta provincia conforme le corresponde (Voto Romero, en disidencia. Adhesión Ronconi)
Apreciación de la prueba, dictámenes, comisiones médicas, facultades de la alzada, peritos
Materia: LABORAL
Carátula: Borro Rosa Ester c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-17

Esta alzada en general -si bien no es absoluto-, le ha otorgado preponderancia a la pericia judicial sobre las demás existentes en la litis, teniendo en cuenta que constituye la prueba por excelencia para determinar los daños físicos y entidad actual de las secuelas de todo siniestro sufrido por los trabajadores, pues subjetivamente el perito judicial es totalmente imparcial, y su dictamen se encuentra sujeto al control de las partes como a la posibilidad de ser impugnado, todo lo que nos lleva a sostener que, salvo casos de irrazonabilidad o arbitrariedad, se imponen en principio sobre los emitidos por las comisiones médicas, como también sobre las particulares aportadas por los litigantes, o las realizadas por los órganos administrativos a los fines previsionales (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Beneficio de litigar sin gastos, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Nep SA c/ Iate SA  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-19

Cabe denegar la concesión del beneficio de litigar sin gastos peticionado por la sociedad. Ello en tanto no se han adjuntado memorias que expliquen la composición del activo y en particular del pasivo resultante que justifique debidamente el quebranto por el cual se está solicitando el beneficio. Es que en todas las piezas se consigna un pasivo abultado en concepto de acreedores del exterior lo que conlleva al patrimonio neto negativo allí consignado, sin mayores detalles. Por ello, tales piezas no resultan suficientes para acceder al beneficio pretendido, habida cuenta que la carencia de explicación del contenido, causa y origen de cada rubro allí consignado impide considerar que efectivamente la entidad carezca de recursos. Así pues, esta orfandad probatoria, obsta meritar debidamente la situación patrimonial del ente.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cativa, Diego Eduardo  c/ López García, Lucas Gabriel  s/ ordinario s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-09

El beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse, en principio, en cualquier estado del proceso (CPR 78), pero para su deducción luego de la audiencia preliminar o de la declaración de puro derecho se deben alegar y acreditar circunstancias sobrevinientes (CPR 84, tercer párrafo según texto de ley 25488). Ello así, el decreto de caducidad de instancia de un incidente de beneficio promovido anteriormente dentro del plazo indicado puede razonablemente ser catalogado como "hecho sobreviniente" (v. "Sandoval, Andrés Roberto c/ HSBC New York Life Seguros de Vida Argentina s/ beneficio de litigar sin gastos" del 28/09/17, entre otros). Si la resolución que deniega el beneficio no causa estado (conf. CPR 82), con mayor razón no lo provocará la declaración de caducidad de instancia en la que no existe juicio de valor sobre la pretensión del solicitante. Disidencia del Dr. Bargalló
Revocación de sentencia, allanamiento, costas, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Efco Argentina SA c/ Ciar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-05

Cabe revocar la decisión mediante la cual, tras admitirse el allanamiento y desistimiento formulado, se le impusieron las costas del proceso a la parte actora. Sabido es que cuando un juicio concluye por desistimiento, de acuerdo a lo previsto por el CPR 73, las costas serán a cargo de quien desiste, puesto que la normativa en cuestión, se basa en la presunción de que el desistente pudo ser derrotado de continuar el juicio (Cfr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I pág. 356 de Roland Arazi - Jorge Rojas, Editorial Rubinzal"). Sin embargo, dicha presunción ritual no resulta de aplicación al caso, habida cuenta que el desistimiento de la acción efectuado fue derivación del allanamiento que se formuló respecto de la excepción de prescripción opuesta en los términos de la LCQ 56, por hallarse la demandada concursada en extraña jurisdicción. De modo que, el desistimiento en cuestión no le es derechamente imputable a la actora en los términos del Código Procesal.
Prenda con registro, secuestro de bienes, relación de consumo, defensa del consumidor, derechos del consumidor, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: FCA Compañía Financiera S.A. c/ Ceruto Pestana, Dayron s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-05

El art. 39 de la Ley de Prenda (Decreto-ley 15.348/46) permite el secuestro del bien sin darle una oportunidad previa al consumidor de ser oído, aun cuando el proveedor haya vulnerado sus intereses económicos, su derecho a la información adecuada y veraz, su libertad de elección, y su derecho al trato equitativo y digno, entre otros. Por ello, la normativa desconoce las asimetrías que enfrentan los consumidores en el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, doctrina legal, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Borro Rosa Ester c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-17

No soslayo la loable intención que mueve a los Sres. Vocales al intentar, mediante la aplicación del "mecanismo de actualización del DNU 669/19", beneficiar a la parte que se presenta en una situación de doblemente débilis (trabajador, siniestrado y acreedor de una suma de dinero alimentaria). Y aplaudo el propósito explícito de evitar que la constante depreciación del signo monetario nacional licue los créditos de los trabajadores víctimas de infortunios laborales al dictar una decisión sometida a una suerte de cláusula rebus sic stantibus y por ende sensible a los cambios relevantes que se produzcan en el entorno económico. No obstante, considero muy respetuosamente, que recurrir al citado DNU como herramienta apta para paliar el flagelo inflacionario, resulta inapropiado (Voto Ronconi)
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cativa, Diego Eduardo  c/ López García, Lucas Gabriel  s/ ordinario s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-09

No puede asimilarse la declaración de caducidad de instancia de un beneficio de litigar sin gastos anterior, al concepto de "circunstancia sobreviniente" al cual refiere el CPR 84, y que constituye el único supuesto de excepción para promover la solicitud de la franquicia de gratuidad una vez celebrada la audiencia preliminar o declarada la causa como de puro derecho en el proceso principal (conf. CNCom, Sala D, 19/3/12, "Rodríguez, Gustavo Daniel c/ Playa Palace SA s/ beneficio de litigar sin gastos", entre otros).
Contienda negativa de competencia, cuestiones de competencia, objeto de la demanda, pretensión procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez Jaime Amador Fernando Manuel c/ Rico Zorrilla María Natalia s/ Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-25

Para la determinación del tribunal competente corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, es decir, debe estarse a la naturaleza de las pretensiones deducidas.
Falta de certificado de servicios, facultades de la alzada, jueces, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Como derivado del principio dispositivo que informa nuestro rito procesal, la sentencia que dicta esta Alzada nunca debe expedirse sobre cuestiones de hecho y de derecho no sometidas a la decisión del juez de primera instancia (art. 269 CPCC al que remite el art. 133 CPL), y tampoco respecto de aquellas que no hubiesen sido materia de agravios. Ahora bien, en relación a las cuestiones que si encuadran en tal delimitación, la Cámara deviene revestida de la plenitud de jurisdicción y queda, respecto del sustrato fáctico jurídico puesto a su consideración, en la misma situación en que en su momento se encontraba el juez de grado, pudiendo valorar cuestiones que este último no mencionare en su sentencia, sin nada que obste a la consideración de los extremos fácticos de la causa (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Cobro de sumas de dinero, presunciones, falta de certificado de servicios, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

La ley operaría de la siguiente manera: A) El que pretende la calidad de trabajador debe probar que prestó tareas en beneficio de quien le atribuye la calidad de empleador; b) Probados aquéllos, el contrato de trabajo se presume; c) La presunción tiene carácter juris tantum y podría desvirtuarse: a) Cuando el beneficiario de los servicios probara que los mismos se cumplieron en función de una figura extralaboral; b) Cuando de las propias circunstancias en que fueron prestados, surgiera lo contrario, es decir, que no se trata de un contrato de trabajo (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Validez de la ley, constitucionalidad, decretos, accidentes de trabajo, ley provincial
Materia: LABORAL
Carátula: Borro Rosa Ester c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-17

El DNU 669/2019 no supera el test de constitucionalidad porque desde su origen nació inválido. En otras palabras: cuando se dictó el DNU 669/19 no existía un estado de necesidad y urgencia y el Poder Legislativo estaba sesionando normalmente. El hecho de que el cambio de las variables económicas hagan que en la actualidad aplicar el mecanismo de actualización que contempla resulte más beneficioso para los trabajadores a mi modesto entender nada cambia en relación a su innata invalidez y el Poder Judicial tiene vedado convalidarlo. Como alega la accionada en estos autos, de hacerlo, además de obrar contra legem (art. 99 CN y Ley 26.122) no estaría respetando el principio republicano de división de poderes (arts. 1, 44, 75, 87, 108, 116 C.N.) y lesionaría derechos amparados por el principio de legalidad según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley o manda (art. 19 CN) (Voto Ronconi)
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Isolux Ingeniería SA (en quiebra)  c/ Banco de Inversión y Comercio Exterior SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

Si bien no se desprende de la letra del CPR 482 que sea carga del juzgado efectivizar la notificación a las partes del auto que pone el expediente para alegar, sin embargo, en el caso concurren circunstancias que tornan de menester revocar la caducidad decretada en la instancia de grado. Es que no puede pasarse por alto que la actora se encuentra en quiebra y que dicho proceso universal tiene carácter ius publicístico en tanto compromete un interés general concursal, que excede el particular de las partes. Desde tal perspectiva, y considerando la obligación que pesa sobre la sindicatura de cumplimentar las actuaciones que hacen al desempeño de su cargo, considérase que lo razonable hubiera sido intimar al funcionario de la falencia para que activara la tramitación del proceso, máxime, ante las peticiones de su primera y única presentación. Ello así, dado el carácter restrictivo con el que debe interpretarse del instituto de caducidad estímase que no cupo atribuir, sin más, abandono del proceso a la sindicatura de la fallida inicialmente accionante.
Competencia por el territorio, accidentes de trabajo, indemnización, cómputo del plazo, contratos, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Onetto Christian Javier c/ Galeno Aseguradora De Riesgos Del Trabajo s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-04

En materia de competencia territorial, rige en la jurisdicción el art. 3 del CPL, que en consonancia con el principio "protectorio" propio del Derecho Laboral, establece para el trabajador, tres opciones para demandar: puede hacerlo ante el Juez del lugar de trabajo; el lugar de celebración del contrato laboral o el del domicilio del demandado, mientras que el empleador solo puede demandar ante el juez del domicilio del trabajador. Esta aparente desigualdad normativa, consecuencia del carácter igualador del derecho del trabajo y también de sus procedimientos, se justifica plenamente por la mayor facilidad ambulatoria que a priori se adjudica al empresario. De acuerdo a tales facultades conferidas por la normativa, el actor se ha inclinado, en este caso, por la opción b), el domicilio de celebración del contrato de trabajo, y bien como lo ha sostenido la a quo, no advierto que el mismo haya logrado acreditar con el testimonio ofrecido de Ariel Omar Onetto que el actor fue contratado en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos; en este sentido, no se hace cargo el recurrente de los fundamentos centrales de la sentencia objeto de su apelación en cuanto a la idoneidad y fuerza probatoria necesaria del único testigo -hermano del actor- (Voto Stettler, en minoría)
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Las testigos propuestas por la actora, si bien relatan que existió entre las partes un vínculo de amistad muy cercano, nacido en razón de la escolaridad de sus hijos que concurrieron al mismo colegio, en virtud del cual se asistían mutuamente, no controvierten que la actora desarrollaba tareas de cuidado de los hijos de la demandada, en su domicilio, pero explican que esas tareas eran fruto de esa relación de amistad que lo hacía a título de colaboración, a modo de favores, que era un grupo de amigas donde unas ayudaban a otras. No obstante, a poco que se analiza la totalidad del plexo probatorio, se advierte que las tareas desarrolladas por la actora, con disposición horaria en el domicilio de la demandada, siguiendo instrucciones impartidas por esta vía whats app, con retribuciones económicas bancarizadas, exceden el marco de los "trabajos benévolos" que consideró el magistrado de grado (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Confirmación de sentencia, embargo, honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Especiales El Tenaz SA c/ Antartida Compañía Argentina de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-18

Cabe confirmar la resolución que ordenó trabar el embargo solicitado por la letrada apoderada de la demandada en los términos del CPR 212-3°; solicitado a fin de cautelar la percepción de los honorarios que le fueron regulados por su intervención en las presentes actuaciones en las que se impusieron las costas a la actora. Es así, que la condena en costas aludida confiere "per se" el máximo grado de verosimilitud al derecho de la profesional de garantizar por medio de un embargo su crédito por honorarios, aun cuando los mismos se encuentren recurridos, por configurarse la hipótesis prevista por el CPR 212-3°.
Caducidad de instancia, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Isolux Ingeniería SA (en quiebra)  c/ Banco de Inversión y Comercio Exterior SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

El ordenamiento ritual no pone en cabeza del Prosecretario Administrativo la carga de efectivizar la notificación a las partes del auto que pone el expediente para alegar. En efecto, la carga que impone el CPR 482 a dicho funcionario se refiere a la agregación de la prueba y a la puesta del expediente para alegar, no incluyendo a la notificación en tal previsión. En razón de ello, la notificación de la providencia respectiva era carga de las partes. Ello así, las presentes actuaciones se encontraban a la espera del accionar de las partes, tendiente a activar el trámite de la causa, no dándose así el supuesto del CPR 313-3°, invocado por el recurrente. En el caso, desde el auto que rechazó el préstamo del expediente solicitado por la sindicatura, y hasta que se declaró ex officio la perención de instancia transcurrió el plazo de seis (6) meses previsto por el CPR 310-1°, lo que revela el desinterés en la marcha del proceso. Disidencia del Dr. Kolliker Frers
Facultades del juez, prueba de oficio, medidas para mejor proveer, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Quiero dejar sentada mi discrepancia con el obrar del magistrado de primera instancia al disponer, como "prueba del juzgado", suplir la negligencia de las letradas de la accionante y oficiar al Banco de Galicia. Entiendo que esto resulta excesivo y quebranta el principio dispositivo que informa el proceso laboral entrerriano. Dado esto, la prueba que genera ese excesivo "activismo" pone a este tribunal ante un dilema: invalidar esa prueba como "fruto del árbol venenoso" o darle validez, haciendo primar la verdad real u objetiva. Sin embargo, no incurrió en igual exceso el a quo al disponer, en el marco de la referida "prueba del juzgado", oficiar a las empresas de telefonía móvil que operan en el país para que "informen a nombre de quienes se encuentran registradas las líneas y/o WhatsApp de los números 03446-522360 y 3446-406198" dado que ello propende a facilitar la labor del perito ingeniero en informática. Su proceder no vino a suplir ningún olvido o mala praxis abogadil; su activismo se encuentra justificado porque más allá de la popularidad del uso de TICS, redes y aplicaciones de intercambio de mensajes digitales, lo cierto es que la corroboración en sede judicial de la existencia y autenticidad de este tipo de comunicaciones sigue generando inconvenientes y demoras que desmerecen el servicio de justicia (Voto Ronconi)
Confirmación de sentencia, costas en el orden causado, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Gcdi SA (Antes Tlglt)  c/ Madero Harbour SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-12

Cabe confirmar la resolución que rechazó el planteo del ex letrado patrocinante de la demandada, contra la decisión que no hizo lugar a su planteo de inoponibilidad respecto de la distribución de costas -en el orden causado- propuesta por las partes. Es que aunque el trámite de la pretensión de fondo concluyó en virtud del desistimiento de la acción y del derecho, claramente se deduce que, en lo concerniente a la distribución de las costas, subyace un acuerdo entre las partes en punto a su interés de que no se aplique la regla general según la cual, en los casos en que el juicio concluya de aquella forma, las costas del juicio queden a cargo de quien desiste. Dicha excepción se encuentra expresamente contemplada por nuestro ordenamiento procesal, correspondiendo destacar, en relación a ello, que la ley no prevé el previo consentimiento de los profesionales intervinientes en el proceso ni, por otro lado, ninguna manifestación de las partes acerca de las razones por las que arriban a dicho acuerdo (CPR 73, segundo y tercer párr., y 305). En tal marco, más allá de la conformidad espontánea prestada por los actuales letrados de la demandada respecto a la distribución de costas, lo cierto es que, en la especie, no existía ninguna obligación de requerir la conformidad del ex letrado patrocinante de la accionada. Desde esta perspectiva, lo decidido por el juzgado sobre dicha cuestión no resulta pasible de reproche alguno.
Ejecución de honorarios, improcedencia del recurso, proceso judicial
Materia: LABORAL
Carátula: C. E.  c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios Art  s/ ejecucion de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-11

La suspensión del proceso es una medida excepcional que solo puede ser adoptada en casos muy justificados y necesarios, en atención a que los procedimientos judiciales en nuestro país se rigen por el principio de celeridad y el sistema se basa en la continuidad de los plazos y preclusión de las etapas. En autos, no existe motivo alguno que justifique la suspensión del proceso dispuesta en la instancia de grado, debiendo seguir su curso el presente proceso (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, protección a la familia, violencia familiar, violencia contra menores, obligaciones internacionales, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la dignidad, derecho a la salud
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B. J. c/  s/ Protección contra la violencia familiar (LEY 12569)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-10-24

Desde la perspectiva instaurada por la Convención sobre los Derechos del Niño a través de su preámbulo y los arts. 1,2,3 y 19 debe estarse a la promoción de un enfoque integral basado por un lado en el designio general de la Convención de garantizar el derecho del niño a la supervivencia, la dignidad, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación frente a la amenaza de la violencia, y por el otro, en el deber de los Estados de asegurar y promover los derechos fundamentales de los niños al respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia, lo que impone no sólo condenar la violencia sino también prevenirla en todo su espectro para lo cual resulta esencial insistir en que la violencia comprende también las formas no intencionales de daño, descuido y trato negligente.