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Prueba, prueba de informes, plazo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SAAVEDRA BASILIO c/ TOMAS PAVERARO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-17

De acuerdo a la doctrina, la prueba de informes no puede ser confundida con la prueba documental, pericial ni testifical. Si bien el código de procedimiento no contiene un norma expresa en cuanto al momento que debe ofrecerse la misma, empero es evidente que debemos estar al principio general del art. 187 CPC por lo que debe ofrecerse dentro del término general de toda prueba. El tiempo de ofrecimiento y práctica debe coincidir con el período probatorio correspondiente a cada tipo de proceso; sólo excepcionalmente cuando el Juez reclama la misma como medida para mejor proveer o cuando es ordenada de oficio por el Tribunal, puede ser diligenciada fuera del término probatorio. Si la prueba informativa, no es una documental no puede confundirse el ofrecimiento y diligenciamiento, con esta prueba que excepcionalmente se admite "hasta el decreto de autos" (art. 187 CPC). el término de prueba es de aquéllos que caducan por el sólo transcurso del tiempo, siendo innecesaria la declaración de clausura.
Alimentos provisionales, prueba, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: A., G. R. c/ L., J. R.  s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-04

Los alimentos provisorios son una facultad de neto corte procesal, que se pueden disponer de forma anticipada como garantía de la tutela jurisdiccional reclamada e independientemente de la fijación de la cuota alimentaria posterior en la cual se tendrán en cuenta las probanzas arrimadas por las partes, requiriéndose para su determinación la verosimilitud del derecho invocado. Su finalidad es satisfacer las necesidades del beneficiario y cubrir los gastos imprescindibles hasta el dictado de la sentencia.
Competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, agentes diplomáticos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MATHIEU NDIKOVEDI Y OTROS s/ AGENTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES.    COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

El tiempo transcurrido desde las fechas de libramiento de los oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -a fin de poner un conocimiento de la Embajada de la República Gabonesa el hecho delictivo atribuido a un funcionario de ésta-, sin que se reciba contestación de dicha representación diplomática, autoriza a considerar tácitamente denegado el pedido y a declarar que la Corte se encuentra impedida de ejercer su jurisdicción originaria en la causa.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, caducidad de instancia, incomparecencia del demandado, citación por edictos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINSUR COMPAÑIA FINANCIERA c/ ALTUNA, Ana s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-21

La falta de apersonamiento del demandado pese a la citación que por edictos se le efectuara, importa consentir las actuaciones producidas, por lo que no puede el defensor oficial invocar su no consentimiento respecto de tales actos. Por lo demás, en tanto que su derecho a peticionar depende del consentimiento de la última actuación que lo designa, constituye ello obstáculo suficiente para la declaración de la caducidad (Código Procesal: 315).
Tasa de justicia, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Santiago  del Estero, Provincia de c/ Gobierno Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla, más allá de que la interesada pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las sumas pagadas, y que sea ella la que soporte en definitiva la proporción pertinente.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales, obligación de seguridad, deber de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CIVIL HERMANOS MISERICORDISTAS c/ PILAN DANIEL s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-20

Cuando se cumplen tareas (educativas o recreativas) fuera de las instalaciones de la institución educativa, es posible afirmar que quien debe responder es aquél que tiene la guarda del menor por encontrarse a su cargo, lo que viene impuesto implícitamente por el deber de vigilancia y seguridad personal de los alumnos -que alcanza a su integridad física-, por lo cual resulta necesario que en estos casos se tomen todas las medidas que la prudencia común y las circunstancias del caso exijan, a poco que se repare que la esfera de custodia de los padres ha sido entregada a quienes los reemplazan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Crédito laboral, depósito judicial, pago extrajudicial, economía procesal, recurso de casación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ORTIZ ESTEBAN FERNANDO Y OTRO c/ EMPRESA DIDIER GARCIA ASOCIADOS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-02-12

El principio rector que rige en el artículo 277 de la L.C.T. (Pago en juicio) está orientado a la protección del trabajador, para que éste alcance a percibir íntegramente el crédito nacido en el marco de una sentencia judicial firme o de un acuerdo entre las partes que fuera homologado en sede judicial.

Inclusive, aunque también discutida, la solución de excepción también puede hallarse en la posibilidad de hacer efectivo el pago en sede judicial. En este orden de ideas, el especial caso que nos ocupa también puede encontrarse dentro del marco de excepción que confirme la regla del artículo 277 de la LCT.

En primer lugar, los pagos que el demandado dice haber efectivizado extrajudicialmente, han sido reconocidos por la mayoría de los actores ejecutantes, salvo un caso particular. La norma contenida en la primera parte del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo tutela los derechos del trabajador, y esa garantía o protección no se aparta de los principios rectores del derecho laboral.

En efecto, es principio rector que al celebrar, ejecutar o extinguir una relación de trabajo, tanto el empleador como el trabajador deben obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador (confr. art. 63 de la LCT).

Por otra parte, la solución que emerge del decisorio en crisis, relativa a que si la ejecutada se consideraba con derecho puede ".ocurrir por la vía pertinente.", podría ocasionar una desvirtuación de los derechos adquiridos por los trabajadores en este proceso, habida cuenta que a la luz de los reconocimientos formulados, el crédito cuya protección tutela el artículo 277 de la ley laboral, quedaría expuesto a las vicisitudes de quien recibió de mala fe y debe, en su consecuencia, la cantidad de la cosa con más los intereses o frutos que ella hubiere producido, al poder presumirse la calidad de poseedor de mala fe (art. 788 del Código Civil).

Y además ello implicaría, alargar inútilmente una contienda judicial entre las partes, propendiendo a un dispendio jurisdiccional innecesario, que bien puede quedar definitivamente clausurado si en sede judicial se aplica razonable y prudentemente el criterio de cerciorarse que el crédito del trabajador, en este caso en particular, ha sido adecuada y debidamente tutelado como manda la regla del artículo 277 de la ley laboral.

Circunstancia que a criterio de este Alto Cuerpo ha acontecido, en el marco del procedimiento llevado a cabo en la primera instancia. En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada.
Delitos contra la integridad sexual, prueba testimonial, declaración de la víctima menor, cámara Gesell, reapertura del debate
Materia: PENAL
Carátula: F.R.D.F. s/ PSA ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-04

El artículo 221 del CP en referencia al procedimiento para receptar prueba testimonial a menores de 16 años víctimas de delitos contra la integridad sexual no inciden necesariamente en una mayor o menor eficacia conviccional de la prueba testimonial igualmente receptada, sino que procuran una mayor protección de la víctima, al asegurar la intervención de todas las partes en el acto para evitar su repetición.

Y con ello, evitarle padecimientos innecesarios que importarían para ella una revictimización. Es en ese sentido de lograr una intervención de las partes que evite la reiteración del acto en el que deben entenderse las referencias de dichas disposiciones a la necesidad de su realización cumpliendo con los recaudos de los arts. 308 y 309 del C.P.P. Y no como referencias que buscan calificar de definitivos e irreproductibles a actos que indudablemente no lo son.

Como podría inferirse del planteo de nulidad del recurrente. Máxime cuando dicha norma, incluso condiciona el cumplimiento de tales exigencias a la posibilidad de cumplirla sin que en caso contrario el acto se invalide.
Jubilaciones, pensiones, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albarracín, María Sara c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Los efectos de un acto interruptivo de la prescripción de haberes previsionales duran mientras se mantenga la instancia administrativa, la que sólo decae sea por la existencia de una resolución firme y consentida o por declaración de caducidad, supuesto del que quedan expresamente exceptuados los expedientes previsionales (art. 127 del dec. ley 7647/70).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Ayacucho c/ Beta Ingeniería S.C.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La sola privación del uso del automotor representa un perjuicio indemnizable en la sana ponderación de los jueces de grado, máxime cuando se trata -como en el caso- de camiones, máquinas y equipos viales insustituibles para que el damnificado cumpla con sus necesidades específicas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Delgado, Néstor O. c/ Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas Limitada s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

El derecho a la reparación del daño se consolida y se incorpora al patrimonio del trabajador en el mismo momento en que tuvo conocimiento de su minusvalía (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chamas, Osvaldo José c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

La readmisión prevista por el art. 1 de la ley 10.254 no constituye una cuestión que debe ser resuelta administrativamente, por lo cual tal situación puede cumplirse mediante una designación que haga efectiva la incorporación del agente en un nuevo cargo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I., J. O. c/ G. de I., I. N. s/ Tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

Determinar si concurren las "causas graves" a que se refiere el art 76 de la ley 2.393, constituye una cuestión de hecho.
Honorarios, asegurador por riesgos del trabajo, incidente de nulidad, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: PAVON PEDRO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-04

De acuerdo al art. 108 de la ley 7269, la inasistencia a la audiencia prevista por el art. 106, determina que se dicte regulación sin más trámite, conforme con la proposición o estimación formulada por el requirente de la regulación. Ello es así , en tanto y en cuanto el beneficiario de los honorarios haya tomado en cuenta la verdadera base económica.
Rebeldía, citación por edictos, orden de captura
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LEGUIZAMON, Dionisio A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

La publicación de edictos antes de disponer la rebeldía del imputado, convocado a prestar declaración indagatoria, justifica la captura ordenada por el juez.

Si bien el imputado no ha tenido un conocimiento formal del proceso, la captura dispuesta resulta ajustada a derecho, pues las circunstancias objetivas del hecho atribuido al encausado tornan aplicable las previsiones del art. 283 del C.P.P.N. en función de la tipificación que corresponde par el ilícito investigado (arts. 42 y 79 del C.P.).
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Signes, Luciano J. c/ Zerbini, Oscar A. y otro s/ Haberes adeudados y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-28

Para la presentación ante la justicia es obligación dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 1 inciso b) de la Ley 7046 y su modificatoria Ley 8621, por lo cual puede incluirse en la liquidación a cargo de la condenada en costas, el sellado abonado por los profesionales de la contraria, ya que el mismo debe soportar todas las erogaciones efectuadas por el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho.
Acción de amparo, obras sociales, declaración de inconstitucionalidad, opción de obra social, derechos en expectativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Yosifides, Ileana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-18

En tanto que no se ha alegado y mucho menos probado que los demandantes hayan ejercicio el derecho de opción de obra social antes de la sanción de la Ley Nro. 472, la mentada opción no ha constituido para aquellos más que una mera expectativa, cuya supresión en virtud de una modificación del régimen normativo aplicable es inhábil para vulnerar la garantía consagrada por el artículo 17 Constitución Nacional. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Defensa en juicio, principio de contradicción
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: La Rinconada  S.A.  (en liquidación) c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Reconocer derechos no debatidos es, en principio, incompatible con el art. 18 de la Constitución Nacional.
Aplicación de la ley, deberes y facultades del juez, iura novit curia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C/ Padilla Gustavo Adolfo por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público E/P de la Administración Pública  c/  s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-01

En función del principio de iura novit curia, si bien las partes pueden argumentar sobre la normativa legal que estiman aplicable al caso, el juez no está vinculado por tales alegaciones, sino que debe aplicar la norma que rige la cuestión bajo análisis, aun cuando sea distinta a la invocada por aquéllas, no constituyendo condicionante o motivo invalidante lo requerido oportunamente por fiscalía.
Procesamiento, abuso sexual, encubrimiento, víctima menor de edad, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: R. Y. E. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

Por último indicaron que la conducta no encuadra en ninguna de las hipótesis de excusa absolutoria que prevé el inciso 4 del artículo 277 del Código Penal y que ".ello resulta en consonancia con la adecuación a las pautas establecidas en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -ley 26.061-, la que es asertiva respecto a la obligación del Estado de proteger el interés superior de éstos (art. 3). A lo que se aduna que, uno de los derechos más importantes que le asisten es el de mantener su integridad física, sexual, psiquíca y moral (art. 9), ello teniendo en consideración que tienen prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas (art. 5.2) (...)".
Tercería de mejor derecho, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colombo Rolando G. en juicio N° 189.136 Policante Orlando A. c/ Sajovic David Ray s/ ej. camb. p/ inc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-24

En la tercería de mejor derecho, dicha base está constituida por el valor de lo que se tiende a asegurar, sin que interese el justiprecio de la cosa embargada. Aquél es el monto de la tercería y no el valor del inmueble.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: ENTRECOR S.A. c/ BODEGAS GALARDON DE GALANTERNIK HERMANOS S.A. s/ COBRO    DE   AUSTALES-INCIDENTE  DE  INHIBICION  GENERAL  DE  BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-09-25

Aún cuando el peligro en la demora constituye uno de los presupuestos de las medidas cautelares, en general, en ciertos casos -como los previstos en el artículo 206 incisos 2 a 4 del Código Procesal Civil y Comercial -puede obviarse la acreditación del requisito, bastando la justificación de la existencia del crédito, conforme a los medios previstos en la misma, y compensando la ausencia del recaudo,con la exigencia de una mayor contracautela personal o real y no meramente juratoria.
Solve et repete, multa
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Industrias Frigoríficas Nelson s/ Recurso directo por denegación de apelación -Resolución Nº 003   del 12.02.93- Sec. de Estado y Seg. Social de la Provincia de Santa   Fe-Recurso de Inconstitucionalidad -concedido por la Cámara- (Expte  CSJ Nº 650-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-15

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos de apelación no es contraria a la garantía constitucional de la defensa en juicio, no configurando agravio a dicha garantía el exigir el pago previo de multas como recaudo de la ulterior intervención judicial. Dicho principio en juego tiene raigambre no sólo en materia fiscal sino también en casos de aplicación de sanciones pecuniarias.
Proceso penal, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: R., S.A. y C., C.R. s/ Hurto Agravado por Abigeato en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-01-30

El nuevo procedimiento penal vigente en la provincia desde el 31 de octubre próximo pasado, establece en los artículos 146 y 358 un plazo máximo de duración de los procesos, vencido el cual el tribunal se encuentra obligado a dictar el sobreseimiento del imputado de la causa de que se trate, archivando definitivamente las actuaciones.

Pero es de preguntarse por la razón que guió al legislador hacia la determinación de plazos tan precisos y fatales, porque podría acontecer que no se correspondieran con la necesidad de un proceso, y que, por tanto, la reglamentación del "plazo razonable", concluyera afectándolo en lugar de reconsagrarlo.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Niro Construcciones S.A. contra G.C.B.A. sobre Impugnación de Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde rechazar la queja articulada respecto de los agravios referidos al tratamiento de la prescripción, en tanto el GCBA no aporta argumentos novedosos que justifiquen apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volkswagen", en que la Cámara fundó su decisión. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, acto administrativo, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cohen Arazi, Eduardo c/ EN Jefatura de Gabinete - resol. 155/01 - y otro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

Nuestro sistema se asienta sobre la base de un amplio control por parte del Poder judicial de los actos emanados de la Administración, aunque sometida a ciertas condiciones de procedencia de la acción, esto es, la habilitación de la competencia judicial por el agotamiento de la instancia administrativa, integrada con el plazo de caducidad de la acción o recurso de que se trate. Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni-. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia.
Ofrecimiento de la prueba, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DAVIES, Sandra s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

La decisión del juez respecto a las medidas de prueba postuladas por las partes resulta irrecurrible, art. 199 C.P.P.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Carlos Néstor s/ Homicidio simple - Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Si el juez del primer voto, luego de expresar que el procesado disparó "sobre" ambas víctimas, había recurrido a la regla del art.

443 del C.P.P. para determinar que el procesado mató culposamente a la víctima -aberratio ictus- y los otros dos jueces señalaron que el modo en que fue herida mortalmente ésta no puede determinarse "en forma fehaciente" y, en consecuencia, adhirieron al primer voto en función de la indicada regla del art. 443, no puede decirse que éstos incurrieron en autocontradicción pues, si para expresarse como lo hizo el juez del primer voto aplicó el art. 443, así estaba expresando -lo mismo que sus colegas- que no concurre plena prueba sobre como fue herida mortalmente la víctima.
Alimentos, alimentos extraordinarios, gastos médicos, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. del C. c/ G.A., J.C. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

El gasto por tratamiento psicológico es una erogación extraordinaria, no involucrada dentro del alcance de la cuota ordinaria convenida, cuya necesidad no se discute. Al ser ello así, es al alimentante a quien corresponde afrontarlo, al no encontrarse comprendido en la cuota debida.-
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Edesur SA. c/ Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El Poder Judicial de la Nación, conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts.

108, 116 y 117 de la Constitución Nacional se define, de acuerdo con una invariable interpretación, como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2° de la ley 27; es decir aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho entre partes adversas.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echeverría, Ricardo Ismael c/ Espinillo, Hugo Jorge y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Los dichos de los testigos no son atendibles si están -como aquí sucede- en franca oposición con el resultado objetivo de la prueba de perito ingeniero mecánico, que ha dictaminado que el vehículo del demandado fue embestido por el actor. Sucede que la experticia es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción y deducción e inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen; pero esa declaración contiene además, una operación valorativa porque es -esencialmente- un concepto o dictamen técnico y no una simple narración de sus percepciones (arts. 384, 474, Código Procesal).