Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-08


Expte. Nº 5311/10 "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Marchesi Argentino y otros - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a ocho ( 08 ) días del mes de marzo del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diez, en autos Nº 20665 - 87446 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Marchesi Argentino y otros - Ejecutivo"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:--------------------------------------------------- --- En la sentencia impugnada el tribunal a quo rechazó la apelación de la demandada, confirmando la sentencia de primera instancia que a su vez había rechazado la excepción de prescripción y mandado proseguir la ejecución. Al fundar su decisión, el Tribunal expresa que, en contra de lo afirmado por la recurrente, la ley provincial 7417 no resultaba aplicable. Que, si bien el artículo 12 de dicho cuerpo normativo comprende cualquier tipo de créditos y no sólo las obligaciones fiscales, se refiere a créditos en que el Estado Provincial sea originalmente acreedor como sujeto de derecho público, y no cuando deviene tal por una relación de derecho privado o por cesión de un crédito determinado; que, en estos casos, la prescripción es la que corresponde al crédito cedido. De lo contrario, concluye el fallo, habría que interpretar que la ley 7417 deroga y desplaza los plazos de prescripción de la legislación de fondo.- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en las causales de los incisos 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice la recurrente que la sentencia impugnada vulnera derechos constitucionales (arts. 16, 17, 18, 31 y 33 de la Constitución Nacional); también le imputa arbitrariedad por violar su derecho de defensa.-- --- Se agravia también la recurrente de que se haya rechazado su planteo de prescripción. Dice que la sentencia es arbitraria ya que tiene afectado su fundamento normativo; ello, pues pese a reconocer que el art. 12 de la ley 7417 estaba vigente, sin que la ley lo distinga, ni autorice, ni lo prevea en ninguna de sus disposiciones, afirma que sólo es aplicable cuando el Estado actúa como persona de derecho público y no en casos como el del sub lite, en que se trata de una relación de derecho privado.---------------------------- --- Añade que el fallo Filcrosa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que el a quo cita como precedente) refiere a un caso de agravamiento del término de la prescripción, mientras que en el caso se configura una situación inversa. Señala que del propio fallo de la Corte resulta que las leyes provinciales no pueden establecer un plazo más amplio, pero sí uno más corto.------ --- También tilda de arbitraria la distinción del Tribunal entre casos en que el Estado actúa como sujeto de derecho público y casos en que deviene acreedor por una relación de derecho privado o cesión de un crédito. Dice que la norma prevé que su aplicación se extenderá a todos los créditos en que el Estado sea acreedor, con lo que nada distingue.------------------------------------- --- El recurso de casación es subsumido en los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo ha omitido aplicar el artículo 12 de la ley 7417, el cual fija un plazo de prescripción de cinco años para las obligaciones contraídas por terceros a favor de la Provincia de San Juan. Añade que no debe distinguirse donde la ley no lo hace y reitera que en el precedente Filcrosa de la Corte Suprema se resolvió una situación inversa, en la que la norma provincial establecía un plazo más gravoso para el deudor.----------------------- --- Con los antecedentes precedentemente reseñados comienzo el análisis de la procedencia sustancial de los recursos extraordinarios deducidos.--------------------- --- Como ya expuse, tanto por vía del recurso de inconstitucionalidad como por el de casación, la recurrente objeta que en la resolución impugnada se haya dejado de aplicar el art. 12 de la ley 7417, y que se lo haya malinterpretado, al considerar el a quo que aquella disposición es de aplicación sólo a los casos en que el Estado actúa como persona de derecho público.----------- --- Inicialmente cabe consignar que el recurso de inconstitucionalidad es inviable y que, por el contrario, la casación es la vía adecuada para sustentar una impugnación como la que se plantea.----------------- --- En efecto, de entre los posibles vicios que pueden dar pie a los recursos extraordinarios provinciales, hay dos que a primera vista pueden ser confundidos. Por un lado, aquél que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta misma Corte han denominado "apartamiento injustificado de la norma legal aplicable al caso" que, invocada como hipótesis de arbitrariedad, debe plantearse mediante el recurso de inconstitucionalidad; por otro, el vicio previsto en el artículo 15 inciso 1º de la ley 2275, que se caracteriza por la omisión de aplicar la norma que corresponde y debe ser denunciado a través del recurso de casación. Pues bien, esta Corte ha delimitado estos dos motivos de impugnación a partir de verificar si el fallo explica o no las razones por las que la norma no debe aplicarse. Ha dicho el Tribunal que se presenta una típica cuestión casatoria si el tribunal expone tales razones, y que, en cambio, se configura arbitrariedad cuando aquél omite hacerlo (P.R.E. S.1ª. 1998-II-300). En la especie, el tribunal de alzada se explayó sobre las razones por las que, a su juicio, en el caso del sub lite no correspondía aplicar el artículo 12 de la ley 7417. Por ende y a partir de la distinción efectuada, es evidente que la impugnación no puede prosperar mediante el recurso de inconstitucionalidad.----------------------------------- --- La casación es, por lo tanto, la vía idónea para impugnar la resolución que se viene recurriendo, y habiendo examinado aquel recurso, he arribado a la conclusión de que corresponde rechazarlo por improcedente.--------- --- Ya se dijo que el a quo rechazó la excepción de prescripción en base a considerar que el art. 12 de la ley 7417 no incluye a aquéllos créditos donde el Estado es "acreedor en una relación de derecho privado, o por cesión de un crédito determinado" cuyo plazo de prescripción sea mayor.--------------------------------- --- Comparto el sentido del fallo que viene recurrido, aunque por distintos fundamentos. Paso a exponerlos.--- --- Señalo inicialmente que de los hechos fijados por los jueces de grado -con sujeción a los que esta Corte ha de ejercer su jurisdicción casatoria- son: 1) que la demanda ejecutiva se basa en un certificado expedido conforme las previsiones de la ley 7053, donde consta que los demandados eran deudores del Banco San Juan S.A. de la cantidad de $ 3.901,21; 2) que dicha deuda se origina en un préstamo con vencimiento el día 20/02/97; 3) que dicho crédito fue cedido por el Banco San Juan S.A. a la Provincia de San Juan conforme Ley 6753 (B.O. 7-11-96) y Decreto 0034/98.----------------------------- --- Pues bien, al perfeccionarse la cesión de derechos, se transmitieron al Estado Provincial todos los derechos de que gozaba el Banco de San Juan, incluso los accesorios, entre ellos la extensión de la vigencia de las acciones tendientes a obtener su cobro judicial, que originalmente correspondían al Banco. El crédito adquirido por la Provincia de San Juan ingresó al patrimonio estatal en las mismas condiciones, con la misma extensión y contenido con que se encontraba en el patrimonio del cedente. Si las acciones tendientes al cobro se encontraban vigentes, y el plazo de prescripción de aquéllas se cumplía a los diez años de haberse devengado la obligación, en esas mismas condiciones ingresó el crédito al patrimonio del cesionario.------------------------------ --- La intención del legislador en lo que hace al artículo 12 de la ley 7417 es clara. Surge del debate parlamentario en que la ley fue sancionada (22ª sesión ordinaria llevada a cabo el día 02/10/2003). Allí el diputado Tello objeta que aunque con la modificación se persigue "la celeridad dentro del marco de lo que es la gestión de la Dirección de Rentas", no se hayan adoptado otras soluciones con las cuales evitar la prescripción lo que produce "una importante pérdida de recursos para el Estado". A tal objeción responde el diputado Tejada, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y entre las aclaraciones, expone que ". cuando una deuda de un contribuyente para con el Estado ya ha prescripto, por más que se cuente con los recursos humanos, la prescripción ya se dio, así que por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver la acción para cobrar hasta que se produzca la prescripción, al hecho de que cuando ya se produjo ésta, declarar la prescripción automática. (..) Con esta ley no se está cubriendo la ineficiencia del Estado, sino que simplemente se está dando -en lo que hace al tema prescripción- la facilidad al ciudadano para que no tenga que hacer un montón de trámites ni perder un montón de tiempo".---------------------------- --- Surge nítidamente de los fragmentos transcriptos que la finalidad perseguida por el legislador al sancionar el art. 12 de la ley 7417 no ha sido fijar plazos de prescripción más cortos a los previstos en los códigos de fondo, como en este caso las correspondientes a una deuda comercial cuando el acreedor es el Estado Provincial, sino simplemente facilitar la gestión del organismo recaudador fiscal -y por añadidura a toda la Administración- estableciendo que la prescripción es automática, sin necesidad de petición del interesado ni resolución administrativa.------------------------------ --- Desde otra perspectiva, cabe también señalar que tanto el artículo 846 del Código de Comercio como el artículo 4023 del Código Civil, sientan un principio general aplicable a todos los casos que no tengan expresamente previsto un plazo más corto, por lo que las disposiciones que apartándose del plazo ordinario prevén un plazo abreviado tienen carácter excepcional y son, por ende, de interpretación restrictiva. Al respecto, comentando el artículo 846 del Código de Comercio, ya enseñaba Raymundo Fernández que las prescripciones más cortas a las que hace referencia esta norma "sólo pueden aplicarse a los casos que resultan comprendidos en forma precisa e inequívoca en los respectivos preceptos, cuya interpretación es estricta", y que "no estando comprendidos o habiendo duda, debe aplicarse la prescripción decenal, siendo improcedente toda restricción del término por aplicación analógica" ("Código de Comercio Comentado", 1950, vol. III, pág. 644).----------------------- --- En el mismo sentido esta Corte tiene dicho que la prescripción extintiva debe ser interpretada con criterio restrictivo (P.R.E. S.1ª 2000-I-130, 2002-II-273, etc.), y la aplicación de tal temperamento en el sub lite también conduce a interpretar que la prescripción no ha operado.----------------------------- --- Por lo que hasta aquí llevo dicho, he de propiciar con mi voto el rechazo de los recursos extraordinarios deducidos, con costas.---------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:-------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos, con costas. II) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al tribunal origen. Notifíquese y oportunamente archívense.- Ef-5311 E.B.T. Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- P.R.E. S.1ª 2012-I-71