Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso interpuesto en la presente causa, de la que:

RESULTA:

1. Que el Defensor Oficial cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5 interpuso recurso de apelación (fs. 103/105) contra la resolución del a quo (fs. 98/100vta.), que en el punto II dispuso no hacer lugar a la prescripción de la acción penal ni al sobreseimiento de Roberto Adolfo Traviganti, el cual fuera concedido por el Sr. Juez de Grado (fs. 107), lo que motiva la intervención de este Tribunal.

2. Corrida que fuera la vista a la Fiscalía de Cámara ésta se expidió (fs. 112/113vta.), en el sentido que la acción penal se encuentra prescripta, peticionando el tratamiento del recurso pese a su extemporaneidad y la revocación de la resolución apelada.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso de apelación 3. El recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial resulta extemporáneo y en consecuencia corresponde declararlo mal concedido.

4. De las constancias del legajo surge que con fecha 10 de mayo de 2006 el juez de grado resolvió no hacer lugar a la prescripción de la acción penal ni al sobreseimiento de Roberto Adolfo Traviganti, resolución que fuera notificada a la defensa oficial el día 18 de mayo de 2006 (fs. 101) quien interpuso el recurso de apelación el día 29 de mayo de 2006 a las 9.50 hs. (fs. 105vta.), es decir al sexto día de su notificación.

5. Consecuentemente, de acuerdo a lo resuelto anteriormente por esta sala in re "Corjuera, María s/ infr. art. 83 C.C., Apelación", expte. nº 5428-00-CC/2006, resuelto el 15 de mayo pasado, el recurso de apelación interpuesto resulta extemporáneo y, en consecuencia, corresponde declararlo mal concedido, teniendo en cuenta que el tribunal a quo no puede vincular al ad quem a través de una errónea decisión, ya que la admisibilidad del recurso está sometida a un doble examen efectuado por quien dicta la resolución y por quien tiene que resolverla.

En efecto, si bien la ley 12 prevé expresamente el recurso de apelación contra la sentencia (art. 50), y hace otras referencias a dicha vía (art. 29 y 57, inc. 5º), en todo lo que no se encuentre expresamente previsto es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 L.P.C.).

De allí que la temporaneidad del recurso de apelación, en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. (-tres días-).

Entonces el remedio intentado contra la resolución de fs. 98/100, debió haber sido interpuesto dentro de los tres días de notificada, por lo que su presentación extemporánea lo torna inadmisible.

De los agravios.

6. El examen de la subsistencia de la acción penal resulta previa a cualquier otra, por cuanto la prescripción en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio, produciéndose de pleno derecho y debiendo ser resuelta en forma anterior a cualquier decisión sobre el fondo (Conf. C.S.J.N., causa "Podestá, Arturo J. y otros", voto del Fayt, resuelta el 07/03/03).

7. El hecho imputado a Roberto Adolfo Traviganti, teniendo en cuenta que el revólver calibre 22 largo fue secuestrado por la policía "de debajo del torpedo y por detrás del mismo (donde van los cables)" (fs. 1/2) y que él se encontraba sentado en el asiento trasero del rodado, constituye el delito de simple tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización, pues la ubicación del arma con relación al imputado, impedía su inmediata disponibilidad, requisito éste indispensable para que se configure el delito de portación, que tiene un concepto más restringido, pues importa poder disponer en lugar público o de acceso público de un arma cargada, en condiciones de uso inmediato.

8. Sentada la calificación legal, corresponde determinar la normativa vigente al momento del hecho (3 de junio de 2002) para sancionar la simple tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización.

La ley 25.086 (publ. B.O. 14/05/99) por un lado reformó el Código Penal, incorporando como tercer párrafo del art. 189 bis la figura de simple "portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización"; y como art. 189 ter sanciona al que "proporcionare un arma de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario". A su vez, modificó la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 agregando el art. 42 bis, que prevé, la sanción de multa o arresto ante la simple "tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización, o fuera de las excepciones reglamentarias".

Dicha ley fue posteriormente modificada por la ley 25.886, que fue sancionada el 14 de abril de 2004 y promulgada el 4 de mayo de ese año, elevando el monto de la pena prevista para aquella figura.

Conforme lo apuntado, al momento del hecho, 3 de junio de 2002, la simple tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización era una figura de naturaleza contravencional (confr. Competencia 542 XXXV- "Leguiza, Angel Marcelo s/ robo calificado" - CSJN - 24/10/2000 y Competencia 86 XXXVI - "Cabrera, Oscar Andrés s/ infracción art. 189 bis del C.P." - CSJN - 09/11/2000) regulada por el art. 42 bis de la ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), que preveía una sanción de multa de mil a dos mil pesos, o arresto hasta noventa días.

9. Precisada entonces la calificación legal y la naturaleza contravencional del tipo penal, atañe comprobar si existió alguna causal de interrupción del curso de la prescripción.

Repárese que al ser el hecho imputado una conducta de naturaleza contravencional, el régimen aplicable es el del art. 31 de la ley 10 (T.O. por decreto 451/99) vige nte al momento de los hechos y, subsidiariamente los artículos del Título X, "Extinción de Acciones y de Penas", del Código Penal, teniendo en cuenta que el expediente de marras fue tramitado conforme las normas del Código Procesal Penal de la Nación.

De ahí que la acción prescriba transcurrido un año desde la fecha de comisión de la contravención.

Por otra parte, el mencionado art. 31 de la ley 10 (decreto 451/99) establecía como causales de suspensión (e interrupción) la incomparecenc ia del presunto contraventor a las citaciones legalmente previstas.

10. La causa tuvo su inicio el 3 de junio de 2002. El 22 de noviembre de ese mismo año se declaró la rebeldía de Traviganti (confr. fs. 8, bajo el nombre de Roberto Andrés González). El 19 de marzo de 2005 habría cometido el hecho por el que fuera luego condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 del Departamento Judicial de Morón mediante sentencia del 7 de abril de 2006, recurrida ante la Cámara de Casación Penal (confr. certificación obrante a fs. 97). El 29 de junio de 2005 se le recibió declaración indagatoria en el marco de la causa que nos incumbe (fs. 17/21).

El 10 de noviembre de 2005 se resolvió declarar la incompetencia parcial, en razón de la materia para seguir entendiendo en la investigación de la presunta comisión del delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal que se le recrimina a Traviganti, extrayendo testimonios de las partes pertinentes, remitiéndolos a la Justicia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las causales específicas de suspensión e interrupción previstas por el art. 31 de la ley 10 (decreto 451/99) son las citaciones del art. 37 y del art. 46 de la ley de procedimiento contravencional respectivamente (conf. Luis Jorge Cevasco y Walter Horacio Fernández, Derecho Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. Fabián J. Di Plácido, año 2000, pág. 110), las que no se produjeron al no haberse regido el expediente por la ley de procedimiento contravencional, sino a partir de su radicación en este fuero local, el día 9 de diciembre del año 2005.

De allí que, teniendo en cuenta que el 22 de noviembre de 2002 se interrumpió el curso de la prescripción a raíz de la declaración de rebeldía del imputado en la causa penal (conf. art. 67 del Código Penal -ley 25.188-, por aplicación del art. 10 de la ley 10 -decr. 451/99-, ya que no hay ninguna exclusión expresa en el art. 31 de la ley 10 en torno a este instituto), sin perjuicio de los reparos respecto de este acto como secuela de juicio, actualmente disipadas por la ley 1472 (art. 44), se debe contabilizar nuevamente el plazo de un año desde esa fecha.

Nótese que entre la fecha de inicio de la causa penal (3 de junio del 2002) y la de declaración de rebeldía (22 de noviembre de 2002) no transcurrió el plazo para que haya operado la prescripción de la acción en materia contravencional.

Pero, desde el 22 de noviembre de 2002 (fecha en que se declarara rebelde al imputado) al 19 de marzo de 2005 (fecha de comisión del nuevo hecho delictivo), transcurrió en exceso el plazo para que opere la prescripción de la acción en materia contravencional.

11. Debe prevalecer el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Ello así, en razón de que el proceso penal en su conjunto afecta derechos del imputado por su mera realización, aún cuando no se dispongan medidas concretas de coerción. Por ello, la amenaza penal no puede quedar suspendida ilimitadamente, ya que la prescripción es el instrumento realizador de otro derecho fundamental: la definición del proceso penal en un plazo razonable.

En este sentido, los plazos del Código Penal son el límite máximo de la perseguibilidad penal, pero la prescripción de la acción puede aplicarse aún antes si en el caso concreto el procedimiento excedió el marco de razonabilidad establecido por la Constitución Nacional y el derecho internacional (Conf. Raúl Eugenio Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Slokar, "Manual de Derecho Penal, Parte General" Ed. Ediar, año 2005, pág. 688/689).

De allí entonces que es imperativo concluir que la acción penal en la presente causa se ha extinguido, por lo que corresponde así declararlo.

12. Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR EXTINGUIDA por prescripción la acción penal instaurada contra ROBERTO ADOLFO TRAVIGANTI (art. 31 de la ley 10 y arts. 59 inc. 3º y 67 del Código Penal).

II. SOBRESEER a ROBERTO ADOLFO TRAVIGANTI, de las condiciones obrantes en autos, en orden a la tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización (art. 42 bis de la ley 20.429 (conf. ley 25.086) y art. 336 inc. 1º del CPPN).

Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 12.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2006 libré una cédula. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.

Endede 2006 se remitieron los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 12 en 121 fs. Conste.