Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-04-06


Salta, abril 6 de 2006.

Considerando:

Los doctores Garros Martínez, Posadas y Silisque dijeron:

Que el caso planteado es sustancialmente idéntico al resuelto por este Tribunal en el precedente registrado en Tomo 99:749, por lo que cabe aquí reproducir los argumentos allí vertidos. En el nuevo régimen procesal penal de Salta, el procedimiento sumario previsto para los casos indicados en el art. 352 del CPP, resulta inaplicable cuando concurren los supuestos de excepción establecidos en su art. 353. El inc. 2º de la disposición últimamente citada se refiere a los casos en que la complejidad de las pruebas o duración de las diligencias que deban practicarse resulten incompatibles con el procedimiento sumario.

Que en estos autos la investigación policial cumplida bajo la dirección del Fiscal Correccional se ha agotado, con la consiguiente elevación del acta única, en el tiempo demandado por la ley, siendo evidente, a las resultas de esa actividad, la necesidad de dar continuidad a las diligencias de averiguación para establecer la identidad del causante. No cabe entonces, sino concluir que la profundización de la pesquisa necesaria en estas actuaciones es inconciliable con el procedimiento sumario.

Que la complejidad y duración de la prueba emerge como un supuesto de excepción en los términos del art. 353, inc. 2º del CPP, siempre que habiendo precluido la etapa de investigación policial, en el exiguo plazo que se establece para ella, los elementos indicados en el acta única no permitan cerrar la causa por sobreseimiento o formular requerimiento de juicio, situación que siempre se verificará en las actuaciones en que, llegado aquel momento, no se ha determinado la identidad del imputado.

Que la incompatibilidad y duración a las que se refiere dicha norma debe establecerse respecto de la extensión temporal del procedimiento sumario en la etapa de investigación dirigida por el Fiscal Correccional, que resulta claramente indicada en el art. 182 del CPP, donde se manda a la policía a girar el acta única al órgano requirente, en el término de tres días a contar desde el inicio de las actuaciones.

Que la posibilidad de disponer el archivo de las actuaciones en el marco del procedimiento sumario no puede considerarse vinculada a las razones expuestas en el art. 191 del CPP, porque la imposibilidad de proceder no se vincula a supuestos relacionados a la insuficiencia probatoria, sino a circunstancias como los obstáculos fundados en privilegios de orden constitucional que resultan incompatibles con dicho procedimiento; además, en los casos en que sea manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal, procedería el dictado de sobreseimiento, conforme a lo indicado en los arts. 326, inc. 3º y 357 in fine.

Que en rigor, la imposibilidad de disponer el archivo en función del citado art. 191 deriva más precisamente del art. 357, que establece una razón específica consistente en la falta de mérito frente a los elementos de convicción, hipótesis que debe considerarse inconciliable con el supuesto de excepción indicado en el art. 353, inc. 2º. En ese contexto, no cabe sino interpretar que la posibilidad de archivo por insuficiencia de datos sobre el hecho resulta inviable y corresponde entender que toda vez que concurra esta circunstancia ha de profundizarse la investigación en el ámbito de la instrucción formal.

En razón de lo expuesto, corresponde disponer la intervención del Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación.

La doctora Ayala dijo:

1º) Que, vienen estas actuaciones para resolver la cuestión de competencia suscitada entre la Sra. Juez Correccional y de Garantías de Cuarta Nominación y el Sr. Juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, debiendo intervenir esta Corte de Justicia en función de las atribuciones conferidas por los arts. 153 ap. II inc. b) de la Constitución Provincial y 40 del Código Procesal Penal.

1º-I) Por resolución de fs. 10/11 y vta., de estas actuaciones (correspondientes a fs. 6/7 y vta., del expediente principal), la Sra. Juez Correccional refiere la solicitud del Sr. Agente Fiscal Correccional Nº 4 en el sentido de disponer la excepción al procedimiento sumario en estos obrados, en virtud de lo dispuesto por el art. 353, inc. 2º del CPP ante la imposibilidad de individualizar al autor del hecho que motivara la denuncia el que se tipifica como hurto simple.

Entiende la Sra. Juez que la instrucción del hecho puesto en conocimiento corresponde a Instrucción Formal dado que, por su naturaleza, su esclarecimiento demandará un tiempo incompatible con el procedimiento sumario regulado de conformidad a la normativa prescripta por el art. 351 y concs. del CPP.

Previa referencia relativa a las excepciones al tipo de procedimiento sustentadas en la complejidad o duración de las pruebas afirma que el mismo se trata de un procedimiento esencialmente breve, corto, rápido, ágil, resumido, dentro del cual los funcionarios policiales cuentan con un plazo de tres días para elevar el acta al Fiscal Correccional, extensible a ocho días en casos de distancia considerable, dificultades de transporte o dificultades climáticas que provocaren inconvenientes insalvables, de lo cual debe dejarse constancia. A su vez, el Fiscal Correccional cuenta con cinco días para emitir su dictamen. Lo exiguo de estos plazos ponen en evidencia la intención de la Reforma en el sentido de lograr celeridad y dinamismo en este tipo de delitos y terminar con la esterilidad de los antiguos sistemas lo que excluye toda aquella producción de prueba que lleve tiempo producirlas o que, en su caso se trate de prueba compleja, o la concurrencia de ambas.

En el caso de la investigación de un delito cometido por una persona desconocida, atento los requisitos necesarios bajo pena de nulidad establecidos para el requerimiento de elevación a juicio, aparece en primer lugar de imposible cumplimiento por parte del Fiscal Correccional y en segundo lugar -a su entender- amerita la intervención del Juez de Instrucción Formal a los fines de avocarse a su investigación y dilucidación ya que, de conformidad con lo normado por el art. 353, inc. 2º, requiere una tarea investigativa que excede los términos establecidos tanto para la policía como para el Fiscal Correccional para efectuar su investigación y luego requerir juicio.

Asimismo, recuerda las atribuciones que le otorga la ley (art. 27 del CPP) según las cuales le corresponde al Juez Correccional y de Garantías juzgar en única instancia en casos de delitos reprimidos con prisión o reclusión de no más de cinco años o pena no privativa de la libertad remarcando que es tribunal de sentencia (le corresponde juzgar y no investigar ya que no es juez de instrucción).

1º-II) Que, a su turno (fs. 13/15 y vta., de estas actuaciones, correspondientes a fs. 9/11 y vta., del principal), el Sr. Juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, rechaza la competencia que le fuera atribuida ordenando remitir con carácter de devolución la causa al Juzgado Correccional y de Garantías.

Para así resolver entiende y refiere que la relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional es directa e inmediata y reseña las garantías constitucionales más importantes consagradas en el CPP de Salta en el orden que aparecen destacando que en primer término se encuentra la del "juez natural", garantía que refiere está entendida como garantía de imparcialidad y de igualdad.

Pasa luego a referirse a la competencia aludiendo a que, en materia penal, las características de la competencia son su legalidad, forzosa, absoluta e improrrogable. Precisa que nuestro CPP en su art. 3º consagra la interpretación restrictiva y analógica y en su art. 4º el legislador permite, por su latitud, la aplicación del principio de la duda en cualquier estado y grado del proceso, quedando a criterio de los jueces llamados a aplicar el principio, el considerar incluidas en él las cuestiones de fondo y forma.

Hace hincapié en el derecho de toda persona sometida a proceso penal a que el mismo se realice con celeridad (art. 75, inc. 22 de la CN que incorpora con la reforma de 1994 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) lo que importa que dentro de un plazo razonable el órgano jurisdiccional deba decidir en forma definitiva su posición frente a la ley y a la sociedad. Esta garantía que es uno de los pilares fundamentales del derecho procesal (ya que sin el mismo no puede existir eficacia y seguridad jurídica) no rige sólo para los supuestos de prisión preventiva sino también para toda persona que aún estando en libertad sea enjuiciada penalmente ya que tiene derecho a que su situación se resuelva con celeridad, sin dilaciones indebidas.

Afirma que la Reforma al Código Procesal Penal de Salta debe ser interpretada sin descuidar los principios constitucionales que rigen en materia penal, por lo que la interpretación debe conjugar con el espíritu de la reforma que es el de implantar el sistema acusatorio no el inquisitivo.

Agrega que la Instrucción se encuentra legislada en el Título II arts. 189/203 del CPP en forma genérica, conjugando con éstas la norma del art. 353 que incorpora con carácter de excepción dentro de la competencia de la instrucción formal los cuatro incisos expresamente indicados, no surgiendo, en consecuencia, normativa alguna que, por competencia material o excepción a la misma atribuya a la Instrucción el trámite pertinente en causas como la presente -contra autores desconocidos-. El delito atribuido al supuesto autor no corresponde a los expresamente contemplados para la instrucción formal y la imposibilidad de individualización al autor no está incluida en ninguna de las excepciones contenidas en el art. 353 del CPP Indica que al referirse el art. 189, inc. 3º a la "... individualización de los partícipes" la única interpretación posible es la de que dicha tarea investigativa se encuentra dentro de la competencia del Tribunal a cargo, la que en virtud de lo dispuesto por el art. 27 del CPP al fijar la competencia del Juez Correccional y de Garantías expresamente prevé "...delitos reprimidos con reclusión o prisión no mayor de cinco años o pena no privativa de la libertad". Por ello entiende que no cabe bajo ningún argumento que no sea violatorio de los principios enunciados, el espíritu de la Reforma y la letra misma de la ley, interpretar que en cuestiones como la presente corresponde la intervención del tribunal a su cargo. Especifica que una interpretación en contrario llevaría no sólo a la violación de los principios unánimemente reconocidos sino a entender a estos tribunales como "tribunales residuales" donde todo aquello que no se encuentra previsto expresamente debe ser remitido cueste lo que cueste. Asevera que la imposibilidad de individualización del autor no puede entenderse como "complejidad de prueba" o "duración de las diligencias" ya que la misma no es compleja ni es de larga duración, sino en la mayoría de las veces de imposible realización al punto tal que a lo largo de la escueta investigación policial no se aporta el más mínimo elemento que le permita al juez de instrucción formal orientar la labor de investigación hacia una u otra dirección.

Concluye diciendo que entiende que el espíritu de la Reforma al Código Procesal Penal, jugando con la Constitución y Tratados Internacionales no busca otra cosa que ajustar, cada vez más al procedimiento penal con las disposiciones legales vigentes, lo que llevaría en el futuro a la desaparición de la Instrucción Formal para la implantación del sistema acusatorio. De ello infiere que se procura restringir el marco de la Instrucción Formal para ampliar el correspondiente al procedimiento sumario y no a la inversa, por ello rechaza la incompetencia argumentada por la Sra. Juez Correccional y de Garantías.

1º-III) Que, el Sr. Procurador General de la Provincia (fs. 18 y vta.) en su dictamen, entiende inaplicable al presente la cláusula "no poderse proceder" que sustente el auto de archivo, ya que la imposibilidad de proceder no se vincula a una insuficiencia probatoria.

Según dictamina, el supuesto que conlleva la falta de individualización de los autores al formularse la denuncia no la invalida porque, precisamente, ha de ser de la investigación de donde surgirá el autor o autores o partícipes o encubridores, tarea esta que el legislador se la asignó en exclusividad al Juez de Instrucción, en el art. 189 del CPP De ahí que concluye que la circunstancia de no poderse individualizar al causante luego de una diligente actividad de la Preventora, resulta incompatible con el procedimiento sumario y determina la competencia material del Juzgado de Instrucción.

2º) Que, tal como lo dijera en la causa Nº 028029/05 caratulada "C/C N.N. p/Hurto a Gómez, Lucía Adriana s/Competencia", la suscripta modificó el criterio sustentado en su momento en el precedente "Pérez" registrado al Tomo 99:479.

En dicha oportunidad señalé que una nueva lectura del tema en cuestión atendiendo -sobre todo- a los fundamentos y posición teleológica de la Reforma Procesal recientemente instaurada en esta provincia, me llevaban a modificar la posición originariamente asumida respecto a los casos que corresponden a la investigación de delitos cometidos por autores no individualizados los que, a mi entender, deben ser clasificados en dos categorías totalmente diferenciadas: a) aquéllos donde luego de una actividad policial prudentemente llevada a cabo no se obtiene dato alguno que permita profundizar la investigación y b) aquellos otros en los cuales hay alguna línea de investigación que deba profundizarse y dada la naturaleza y características de los medios probatorios, los plazos del procedimiento sumario resulten acotados para la producción de dicha prueba. La diferencia sustancial radica en que, en este último supuesto, al solicitarse o resolverse la excepción al procedimiento sumario deberán indicarse las medidas probatorias pendientes de producción que hagan inadecuado el procedimiento sumario.

3º) Que, esta interpretación estimo se conjuga con la finalidad teleológica de la Reforma la que, a no dudarlo, ha tenido como pauta principal obtener una respuesta para el justiciable que se aprecie en la celeridad de la misma con lo cual, como es obvio, se mejora el resultado.

Es decir, no escapa a cualquier observador el hecho de que la insatisfacción social por los procedimientos penales va más allá de la lentitud de los trámites pero, sin duda alguna, éste es uno de los reclamos que mayor entidad ha tenido y respecto a lo cual se ha implementado en esta provincia de Salta la Reforma al régimen procesal penal en un intento de dar agilidad al trámite procesal.

La modalidad elegida para ello no resulta materia a tratar en la instancia judicial más que por aquellos aspectos que hagan a la necesaria interpretación para la aplicación más adecuada a la realidad del caso concreto.

Hay respecto a la interpretación de la ley ciertas reglas que nos llevan a realizar un criterio de valorización que mucho tiene que ver con lo que se ha dado en llamar "criterio de justicia", por oposición a aquella postura que insiste en la aplicación estricta según el texto expreso.

Tengo dicho en anteriores oportunidades que el razonamiento que parte de la afirmación de que sólo la norma jurídica resulta la medida del criterio de justicia, independientemente del valor intrínseco del contenido normativo, puede derivar en una solución injusta. Así, el Dr. Tomás Hutchinson, (en oportunidad de valorar una prueba pericial) expresó que "Esta postura positivista ideológica (conf. Nino, Carlos "Introducción al conocimiento del derecho", Ed. Astrea, p. 32) debe ser superada en los pronunciamientos judiciales, en caso contrario una computadora -con su sistema binario de selección: impugnó no impugnó- podría suplantar con creces, debido a su rapidez, a los jueces. El criterio de justicia no ha de identificarse sólo con lo que la ley expresa, hace falta el cedazo valorativo y la interpretación dinámica de la norma. Quien no cree en la verdad, tendrá la tentación de confiar toda decisión, toda elección, toda fuerza, según el principio de que, así como no se puede mandar aquello que es justo, es justo aquello que es mandado (conf. Norberto Bobbio, "Elogio a la templanza", p. 99). En toda decisión jurisdiccional, no deberá abdicarse del contenido valorativo del pronunciamiento asumiendo una neutralidad injustificada (ver Calsamiglia Albert, "Introducción a la ciencia jurídica", Ed. Ariel, 1986, p. 96)" (de su voto "in re": "Anglada, Juan C. c. Villarroel, José O. s/daños y perjuicios", Expte. Nº 221/98, Tierra del Fuego, STJ-SR, -f. 174/191, T.V, SR-, 29/3/99).

Del mismo modo, ha dicho el maestro Germán Bidart Campos que: "La fría literalidad de las normas legales -que sin duda contamina de generalidad a la previsión que la ley contiene con pretensión abarcativa de todos los casos y de cualquiera- debe ser manejada con suma prudencia y con suficiente activismo por los jueces, porque muchas veces la generalización abstracta de la ley entra en evidente colisión con la justicia. Y el deber constitucional de "afianzar justicia" goza de un rango y de una operatividad que permiten inaplicar una ley (y a veces hasta obligan) cuando las circunstancias del caso a decidir volverían intrínsecamente injusta, en ese mismo caso, la aplicación de la generalidad abstracta de la ley" (LA LEY, 199-F, 623).

En un leading case en la materia (dictado en la causa "Mary Quant Cosmetics Limited c. Roberto Luis Salvarezza") el más Alto Tribunal del país explicitó con claridad y pleno contenido lógico que: "La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la significación jurídica de las normas aplicables al caso que consagra su versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu. La admisión de soluciones notoriamente injustas no resultan compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial" (CSJN, Fallos, 302:814).

Vale recordar en casos como el de autos el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que: "La ley no debe interpretarse conforme a la literalidad de sus vocablos, ni según rígidas pautas gramaticales, sino con arreglo a su significado jurídico profundo" (Fallos, 265:242).

4º) Que, tanto el Sr. Procurador General de la Provincia, cuanto los argumentos dados en el voto que sustentara el precedente referenciado (causa "Pérez" CJS, Tomo 79:479) y los sustentados a consecuencia del mismo en forma mayoritaria por esta Corte han entendido que, según el texto de la normativa procesal de aplicación al caso, cuando no se haya identificado al autor del delito, necesariamente, corresponderá profundizar la investigación por el Sr. Juez de Instrucción Formal a quien, en todo caso, corresponde ordenar el archivo de las actuaciones y, además, resulta tarea exclusivamente suya la de individualizar los autores del delito.

Al respecto debo señalar que estimo tal interpretación de una rigidez tal que no se condice con la intención de los legisladores al instaurar la Reforma Procesal Penal y que, en definitiva, tampoco veo como absolutamente imposible dar otra interpretación a casos como el que ahora nos ocupa dado que, mal puede entenderse que solamente sea el Sr. Juez de Instrucción Formal quien tenga a su cargo la tarea de individualizar los responsables de un delito (arg. del art. 189, CPP) puesto que, de así considerarse, no habría mayor posibilidad de aplicación del procedimiento sumario que a los casos de flagrancia, lo que no se compatibiliza ni con la redacción del código ritual ni con la intención de los legisladores que surge de la normativa considerada globalmente.

Es claro que no estamos en presencia de pruebas que se compliquen por su complejidad o por el tiempo que demandará su producción sino, simplemente, con la imposibilidad de investigar en la medida que no se aporten nuevos elementos. Es decir, no es que haya que "profundizar" la investigación sino, simplemente, no hay qué investigar con los datos con los que se cuentan.

Así las cosas, es cierto que cuando el código habla de "imposibilidad de proceder" se está refiriendo a aquellos supuestos señalados en el dictamen del Procurador General y en el caso "Pérez", como en el voto mayoritario del caso "Gómez" de esta Corte pero, con iguales términos podemos decir que también hay una imposibilidad de investigar cuando estamos en presencia de un delito cometido por autores no identificados cuya identificación no resulta posible con los datos que se cuentan al momento de tomarse la decisión. En igual sentido se ha pronunciado el Sr. Juez de Instrucción Formal al rechazar la declaración de incompetencia en estos obrados como uno de los fundamentos en que sustenta su decisión.

En tales casos, es cierto que le resulta imposible profundizar la investigación tanto al juez correccional como al juez de instrucción y, consecuentemente, no se advierte la necesidad de declarar la incompetencia por el juez correccional y remitir las actuaciones al juzgado de instrucción formal para que, en este último juzgado, se disponga el archivo de la causa.

Tal solución resulta formalista e írrita y además se avizora como ilógica y contraria a la intención de la reforma tal como ha sido concebida e instaurada en nuestra provincia.

No advierto pauta de razonabilidad alguna en la posición de derivar casos como el de autos a la instrucción formal cuando está claro que no se podrá profundizar la investigación por falta absoluta de datos que lo permitan.

Tampoco estimo acorde a derecho el impedimento de que el juez correccional disponga la reserva de las actuaciones (archivo si así quiere llamárselo) hasta tanto aparezcan nuevos elementos que orienten la investigación. Será en ese momento en que, por la índole de las circunstancias, podrá procederse conforme al procedimiento sumario o, en su caso (complejidad de la prueba o duración de la misma) disponer la excepción a dicho procedimiento remitiendo la causa a la instrucción formal.

5º) Que, a lo dicho en las anteriores oportunidades por la suscripta cabe agregar que comparto plenamente la posición del Sr. Juez de Instrucción Formal quien, al fundamentar su rechazo de la incompetencia de la Sra. Juez Correccional y de Garantías, señala como uno de sus argumentos fundamentales que la Reforma al Código Procesal Penal de Salta debe ser interpretada sin descuidar los principios constitucionales que rigen en materia penal, por lo que la interpretación debe conjugar con el espíritu de la reforma que es el de implantar el sistema acusatorio no el inquisitivo. Y también que el espíritu de la Reforma al Código Procesal Penal, jugando con la Constitución y Tratados Internacionales no busca otra cosa que ajustar, cada vez más al procedimiento penal con las disposiciones legales vigentes, lo que llevaría en el futuro a la desaparición de la Instrucción Formal para la implantación del sistema acusatorio. De ello infiere que se procura restringir el marco de la instrucción formal para ampliar el correspondiente al procedimiento sumario y no a la inversa. Tomando las enseñanzas del maestro Sebastián Soler, ha de sostenerse que: "... Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla -por ejemplo- en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley (...) La interpretación es una operación lógico-jurídica consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática" ("Derecho Penal Argentino" Tomo I, p. 170, Ed. TEA, 1994).

6º) Que, así las cosas, he de formular el presente voto en consonancia con lo dicho en la causa Nº 028029/05 "C/C N.N. p/Hurto a Gómez, Lucía Adriana s/Competencia" donde modificara mi anterior opinión originariamente vertida al fallar en la causa "Pérez" (CJS, Tomo 99:479) especificando que no en todos los casos la falta de individualización de los autores deviene en la necesidad de disponer que se profundice la investigación en instrucción formal ya que, en aquellos supuestos donde no haya posibilidad para ello por falta de elementos para hacerlo, corresponderá disponer la reserva por el Juez Correccional.

Estimo que la imposibilidad (al no haberse legislado de este modo otorgándole la facultad legal al Ministerio Público) de que el agente fiscal interviniente disponga el archivo de las actuaciones no implica que éste no pueda así solicitarlo en casos como el que nos ocupa al Sr. Juez Correccional.

Tal posibilidad parece derivar del texto del art. 357 del CPP cuando bajo el título "Requerimiento de juicio" (en el título del "Procedimiento Sumario") se dispone: "Cuando el Fiscal Correccional considere que haya elementos de convicción suficientes en el acta única policial, formulará requerimiento del juicio al Juez Correccional y de Garantías que por turno corresponda... Si el Fiscal Correccional estimare que de la actuación policial no existe mérito para requerir el juicio, podrá pedir al Juez Correccional y de Garantías la desestimación y archivo de aquéllas, o de la denuncia. También podrá pedir el sobreseimiento del imputado".

De atenernos a la letra fría del texto puede señalarse que sólo podrá pedir el archivo cuando falte el mérito (el hecho no existió, no constituye delito) pero, no puede negarse que, por la misma forma como está redactado, tomando el término en una acepción más amplia, bien puede deducirse que no hay mérito tampoco cuando no hay elemento de prueba que permita imputar el delito a persona o personas determinadas ni dato alguno que nos permita profundizar la investigación a tales fines. Creo que la redacción misma del texto da la posibilidad para ello, según el sentido de la norma y atendiendo a la finalidad de la reforma en su integridad normativa y tuitiva.

Un detalle que también es bueno tener en cuenta en esta tarea de interpretación legal es el remarcado por el Sr. Juez de Instrucción Formal cuando afirma que la Instrucción se encuentra legislada en el Título II arts. 189/203 del CPP en forma genérica, conjugando con estas la norma del art. 353 que incorpora con carácter de excepción dentro de la competencia de la instrucción formal los cuatro incisos expresamente indicados, no surgiendo normativa alguna que, por competencia material o excepción a la misma atribuya a la Instrucción el trámite pertinente en causas como la presente -contra autores desconocidos-. El delito atribuido al supuesto autor no corresponde a los expresamente contemplados para la instrucción formal y la imposibilidad de individualización al autor no está incluida en ninguna de las excepciones contenidas en el art. 353 del CPP. También el hecho de que, al referirse el art. 189, inc. 3º a la "... individualización de los partícipes" la única interpretación posible es la de que dicha tarea investigativa se encuentra dentro de la competencia del Tribunal a cargo, la que en virtud de lo dispuesto por el art. 27 del CPP al fijar la competencia del Juez Correccional y de Garantías expresamente prevé "...delitos reprimidos con reclusión o prisión no mayor de cinco años o pena no privativa de la libertad".

Por ello comparto lo dicho en orden a que no cabe bajo ningún argumento que no sea violatorio de los principios enunciados, el espíritu de la Reforma y la letra misma de la ley, interpretar que en cuestiones como la presente corresponde la intervención del Juzgado de Instrucción Formal y que una interpretación en contrario llevaría no sólo a la violación de los principios unánimemente reconocidos sino a entender a estos tribunales como "tribunales residuales" donde todo aquello que no se encuentra previsto expresamente debe ser remitido cueste lo que cueste.

Al respecto cabe tener presente que es regla en la interpretación de las leyes el dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de modo que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos, 301:1149; 302:973 y 312:1036, entre muchos otros).

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de los términos de la ley que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos, 290:56; 302:93 y 307:1018).

En igual sentido, se tiene dicho que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla (Fallos, 308:1861). La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del Derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma. En efecto, la sustancia de la norma es el espíritu y el fin de la ley (Fallos, 15:55; 178:224; 280:18; 283:98 -LA LEY, 143-154; 148-198-; Fallos, 308:54; 312:1614; 313:1293).

7º) Que, a todo lo dicho debo agregar, para concluir, que cuando el ordenamiento legal admite, razonablemente, más de una interpretación aparentemente correctas, encontraremos la acertada en la que más se acerque a la justicia (Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, Tomo I, ps. 195 y sigtes.; Abel M. Fleitas, "La evolución del derecho y la interpretación de la ley", en Rev. del Notariado, año LXX, Nº 691, ps. 9 y sigtes.; Jorge Joaquín Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte general", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Tomo I, ps. 87 y sigtes.; Raymundo M. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino (Parte General)", Ed. Jesús Méndez e Hijos, Buenos Aires, 1925, ps. 146 y sigtes.) y "justicia" para casos como el que nos ocupa radica en hacer efectiva la intención del legislador sin introducir recaudos formales que irrazonablemente perturben la celeridad del proceso con mengua de una efectiva prestación del servicio de justicia, sin rédito alguno y coadyuvando a que, en forma elíptica, se impidan los objetivos tenidos en cuenta y que fundamentaron la instauración de la Reforma Procesal Penal.

En definitiva, el tratamiento de los casos que involucran delitos cometidos por autores sin individualizar ha dado lugar a diferentes tratamientos legislativos pero, en todos los casos, tratando de solucionar un hecho relevante y notorio cual es la imposibilidad de contar con datos suficientes para profundizar la investigación. Así, se ha dictado en el orden nacional la ley 25.409 de "Investigación de causas penales N.N." (respecto a la cual se podrá argumentar que hay un desfase entre su ideación, su formulación y la praxis -ver: artículo de Marcelo Solimine en Diario LA LEY del 4/10/01 ps. 1/4- pero no hay duda respecto a que la intención legislativa ha sido solucionar el problema de una manera que mejor coadyuve a la prestación del servicio de justicia). Con ello quiero señalar que, una solución como la que se propicia al remitir causas como la presente al Juzgado de Instrucción Formal para que allí se proceda a su archivo, no soluciona el caso ni agiliza el procedimiento, antes bien, lo obstaculiza al producirse toda una actividad jurisdiccional inútil con el consiguiente desgaste y costos innecesarios. Por lo contrario, al disponerse la reserva de las actuaciones a la espera de datos que pudieran orientar la investigación (que pueden surgir de otras investigaciones similares), se transita el camino de los fines tuitivos de la ley cuya implementación se intenta en este momento.

Por ello, me permito insistir en el criterio oportunamente sustentado al modificar la decisión tomada en el precedente "Pérez" ("in re": Nº 028029/05 "C/C N.N. p/Hurto a Gómez, Lucía Adriana s/Competencia") con la aclaración de que no en todos los supuestos donde se proceda por delitos cometidos por autores no identificados habrá de actuarse de igual modo respecto a la competencia del juez que dirija la investigación y que, en supuestos como el presente entiendo que se ajusta a derecho establecer que corresponde que el Sr. Juez Correccional y de Garantías disponga la reserva de las actuaciones hasta tanto se cuente con elementos para la investigación (a pedido del agente fiscal interviniente o de oficio ante el pedido de excepción al procedimiento sumario si entiende que no corresponde el mismo), por lo cual en tales términos emito mi voto en el presente.

Por lo que resulta de la votación que antecede, la Corte de Justicia, resuelve: I. Declarar la competencia del Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación, para intervenir en la presente causa. - María C. Garrós Martínez. - Guillermo A. Posadas. - Antonio O. Silisque. - María R. I. Ayala.