Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-12


Buenos Aires, 12de julio de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1 interpuso recurso de queja (fs. 67/77) contra el auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/4). Este remedio procesal ataca la decisión de la Sala I que confirmó la suspensión del proceso a prueba decidida, en primera instancia y pese a la oposición de la fiscalía, a favor del Sr. Hernán Ezequiel Elola.

2. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, mantuvo el recurso deducido y propició que el TSJ hiciera lugar a la queja y tratase el recurso de inconstitucionalidad rechazado y que, oportunamente, declarara la nulidad de las decisiones cuestionadas a fin de poder continuar con el trámite del proceso (fs. 81/87).

Asimismo, solicitó que "...se conceda el efecto suspensivo del recurso de queja interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 33 de la ley 402, a fin de que no se torne abstracto el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad oportunamente deducido.".

La petición reseñada en el párrafo anterior fue puesta a consideración del Tribunal (fs. 88).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En primer lugar, considero apropiado afirmar que dada la nueva redacción del art. 53 de la ley nº 12 (reformada por ley nº 3382, publicada en el BOCABA nº 3345 del 21/1/2010) que concede a "las partes" la posibilidad de interponer los recursos de los incisos 4 y 5 del art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para recurrir ante este Tribunal Superior por vía de recurso de inconstitucionalidad y de queja. Como lo ha expresado este Tribunal en otras ocasiones, los actos procesales deben ajustarse a las disposiciones vigentes al momento en que estos se cumplen (cf., en lo pertinente, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ybarra, Luis Antonio s/ infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC'", expte. nº 6903/09, resolución del 12 de febrero de 2010 y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Pazos, Juan Carlos s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7135/10, resolución del 29 de abril de 2010, entre otras). En ese sentido, la posibilidad formal de impugnar las decisiones nace con la notificación practicada de acuerdo a las formas legalmente previstas. Es ese el momento en el que el pronunciamiento del órgano jurisdiccional queda efectivamente integrado como acto procesal y produce sus efectos respecto de las partes que quedan, entonces, vinculadas con aquel. En consecuencia, la impugnabilidad objetiva y subjetiva de la decisión cuestionada debe verificarse al momento de su notificación.

En el caso, la decisión cuestionada a través del recurso de inconstitucionalidad del Ministerio Público Fiscal, dictada el 30/12/2009, fue notificada a las partes el día 3/2/2010, oportunidad en la que la reforma procesal referida ya había entrado en vigencia, con lo que el representante del Ministerio Público Fiscal estaba, en el caso, legitimado para interponer el recurso en cuestión.

2. En cuanto a la solicitud efectuada por el señor Fiscal General Adjunto (ver punto 2, segundo y tercer párrafo, del resulta) entiendo que la argumentación del recurrente resulta suficiente, en este estado de análisis, para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que viene a defender pues se constata, prima facie, la existencia en el caso de una decisión que resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal y el planteamiento de un caso constitucional que involucra la interpretación de las reglas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen sus competencias y atribuciones -arts. 13.3 y 125, CCABA- (cf. "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jiménez, Juan Alberto s/ infr. art. (s) 111 CC, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes'", expte. nº 7238/10, resolución del 11/6/2010, y sus citas).

Corresponde, en consecuencia, otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo que se solicita.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el juez de trámite, el Dr. José Osvaldo Casás, en que el recurso de inconstitucionalidad de fs. 21/30 fue interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (cf. lo dispuesto en la ley 3382) y en tiempo oportuno.

2. Sentado ello, también coincido con mi colega en que corresponde otorgarle a la interposición de la queja el efecto suspensivo que solicita el Fiscal General Adjunto a fs. 87/87vuelta. Ello así, porque, a mi juicio, la fiscalía ha invocado razones suficientes para tener por mal denegado el recurso de inconstitucionalidad y la declaración de admisibilidad de dicho remedio procesal conlleva los efectos suspensivos que el recurrente solicita (cf. la doctrina de mis votos in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6235/08, sentencia de este Tribunal del 29 de abril de 2009; y "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 CC -conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-'", expte. nº 6247/08, sentencia de este Tribunal del 29 de abril de 2009).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La resolución que motivó la interposición del recurso de inconstitucionalidad fue dictada el 30/12/09. La ley procesal vigente a ese momento sólo habilitaba la vía recursiva al contraventor, por lo que la posterior modificación de la norma no habilita en autos recurso alguno en favor del Sr. fiscal, lo que determina el rechazo de la presente queja. Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Al margen de que este acuerdo ha sido convocado con el propósito de decidir sobre el "efecto suspensivo", peticionado por el señor Fiscal General Adjunto, las razones que expuse recientemente al emitir mi voto en los autos "Pazos" (expte. nº 7135/10, resolución del 29 de abril de 2010) me obligan a rechazar la queja sin más trámite.

Concretamente: la sentencia fue dictada el 30/12/09 y notificada a esa parte el 03/02/10; la modificación de la ley procesal nº 12, en lo que respecta a su art. 53 (ley nº 3382), fue publicada en el B.O. el 21/01/10; el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto el 11/02/10 y la queja el 25/03/10.

Con independencia de que el señor Fiscal ante la Cámara interpuso el recurso de inconstitucionalidad y la queja con posterioridad a que entrase en vigencia la nueva redacción del art. 53 de la ley nº 12, lo cierto es que, en la medida en la cual esa modificación legal hizo nacer un derecho recursivo en cabeza de la Fiscalía que -al dictarse dicha resolución- esa parte no tenía ("Rodríguez y Ball", expte. nº 110/99, resolución del 22 de octubre de 1999), la decisión surtió plenos efectos y pasó en autoridad de cosa juzgada para el Ministerio Público Fiscal, al amparo de la ley anterior. En este sentido, no es posible olvidar que, antes de aquella reforma, el único sujeto habilitado para apelar el fallo de Cámara -esto es, el contraventor- tenía el derecho a que su situación jurídica existente y consolidada no se viera alterada, modificada o perturbada por la actuación del órgano acusador, derecho que reconocía su base -cuanto menos- en la ley anterior. Está fuera de discusión que el legislador puede sancionar una nueva ley procesal para otorgar un recurso más al Ministerio Público Fiscal (CSJN, "Arce", Fallos 320:2145), que ningún acusado tiene derecho a que las leyes procesales se mantengan inmutables y que las leyes procesales, en principio, se aplican a los procesos en trámite -con la particularidad de que, dentro de las causas en trámite, se aplican a los actos cumplidos a partir de la vigencia de la reforma procesal en cuestión ("Ybarra", expte. nº 6903/09, resolución del 12 de febrero de 2010)-. Sin embargo, razones de equidad y seguridad jurídica me llevan a afirmar que el estado de cosas del que gozaba el imputado en estas actuaciones ya estaba definido, en cuanto a sus características y efectos jurídicos -aunque dichos efectos aún no se estuvieran produciendo-, con el dictado de la decisión de la Cámara y aquel estado de cosas debe permanecer inalterable.

La situación, a mi criterio, no varía frente al hecho de que esa decisión haya sido notificada al Ministerio Público Fiscal cuando ya se encontraba en vigencia la nueva redacción, que sí le confiere legitimación, pues, como ya lo he dicho, la recurribilidad de esa sentencia debe ser examinada a la luz de la ley vigente al momento de su dictado ("Pazos", ya citado). Deseo aclarar que mi convicción sobre la solución que adopto se funda en el hecho de que esta ley procesal -al permitir que el Estado continúe ejerciendo su poder punitivo sobre el ciudadano, ante esta instancia- resulta menos favorable al interés del contraventor.

Así lo voto. El juez Jorge Atilio Franza dijo:

Adhiero a las propuestas de mis distinguidas colegas, las Dras. Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz, en cuanto entienden que la queja ha de ser rechazada por carecer, el Sr. Fiscal de recurso alguno al momento del dictado de la sentencia que intenta cuestionar.

A mayor abundamiento, estimo que el recurso tampoco resulta admisible por no haberse demostrado de qué forma la resolución de la Sala I afecta las garantías constitucionales genéricamente invocadas.

No explica, el quejoso, en su presentación de fs. 67/77, así como tampoco surge del recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 21/30, de qué manera la resolución que, pese a la oposición fiscal, confirma la concesión de la probation contravencional respecto de Hernán Ezequiel Elola, afecta el debido proceso o el sistema acusatorio.

Por lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar la presente queja. Así lo voto.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 67/77.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.