marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CEPEDA, SATURNINA c/ S.A.T.A. Y MONTECINO, JOSE HUGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-21

Si el juez no es fiel con los hechos que definen el medio de la causa o si yerra en su emplazamiento, los desinterpreta, o, irrazonablemente, los toma y hace actuar con mengua de su verdadera significación o alcance singular, incurre en un error profundo que cae en los vicios de arbitrariedad o absurdo. Tal déficit en la aprehensión (existencia), fijación y calificación de los mismos, obsta que, legalmente se pueda componer el caso en el plano jurídico, con lo que para esa controversia no habrá ni legalidad ni justicia.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión de derecho común, quiebra, crédito laboral, intereses, derechos del trabajador, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la señora Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa Club Ferrocarril Oeste c/  s/ quiebra/ incidente de levantamiento/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

Si bien las cuestiones que se originan en torno a la aplicación e interpretación de una norma de derecho común - como son las reguladas en la ley 24.522, sus modificatorias y complementarias - son, por vía de principio, ajenas a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte Suprema entienda si la sentencia recurrida se aparta de la solución legal prevista mediante una exégesis que desconoce el artículo 129 de la ley 24.522, lo desvirtúa y torna inoperante con serio menoscabo de los derechos y garantías consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional y supra legal-artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- -El juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN)-
Jurisdicción y competencia, competencia originaria, competencia por la materia, competencia penal, juez previniente, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL
Carátula: CREATORE, LAURA NOEIMI, CAPITMAN HUGO. s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU PERJUICIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-02

Si los resultados de la investigación practicada son insuficientes para determinar, siquiera prima facie, las condiciones de tiempo, forma y lugar en que pudo producirse la privación ilegítima de la libertad que se denuncia, ello conspira contra una concreta atribución de competencia e impide tener por correctamente trabada una contienda que corresponda a la Corte dirimir, razón por la cual debe seguir conociendo en la causa el juez que previno.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cironi, Silvia Lidia c/ Hauri, Abel César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Sólo cuando media la cabal demostración de que el razonamiento seguido por los sentenciantes se halla viciado por el absurdo, puede esta Corte actuar sus excepcionales facultades revisoras en las cuestiones de hecho porque no es su función sustituir con su propio criterio al de los jueces en las instancias de mérito.
Recurso contencioso administrativo, costas, comuna, contribución de mejoras, pavimentación, juicio, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, Emidgio Guillermo y otros c/ Comuna de Zenon Pereyra s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 263-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-03

No constando que la satisfacción de la pretensión de los actores aparezca como directa respuesta y aceptación a la legalidad y oportunidad del reclamo efectuado, corresponde distribuir las costas generadas en el proceso en el orden causado. En el sub judice, no surge, ni se ha invocado, que la obra de pavimentación solicitada por los actores se haya realizado a fin de dar satisfacción al reclamo administrativo y posterior demanda contencioso administrativa interpuesta, por lo que mal podría equipararse el caso a un supuesto de allanamiento inoportuno, o de satisfacción extraprocesal de las pretensiones, que, en principio, habilitan a imponer las costas a la demandada.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLER DE VILLALBA ROSA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO GIRAUDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-30

La retroactividad que dispone el art. 120 de la ley 8226 entra en colisión con el art. 3º del C. Civil.

Este dispositivo prohibe que las leyes tengan efecto hacia el pasado cuando afectan derechos amparados por garantías constitucionales.

El derecho del letrado a que se regulen sus honorarios conforme a la ley vigente al tiempo que prestó sus servicios profesionales, está incorporado definitivamente a su patrimonio. La circunstancias que en oportunidad que el señor juez dictara el interlocutorio regulatorio, se hubiera sancionado la ley 8226 que derogó la 7269, en modo alguno puede perjudicarlo en el honorario que finalmente deba percibir.

La relación abogado - cliente, es de naturaleza sustancial. La obligación a cargo del comitente de oblar el servicio de su letrado, se rige por lo que disponen las leyes al momento en que dicha obligación nació y no por las que estuvieren vigentes cuando se la ejecute o pague. La resolución jurisdiccional determinando el honorario, no crea la obligación, sino que sólo fija o regula su monto.-
Entidades financieras, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. FINANCIERA CASTELAR  S.A. s/ BANCO  CENTRAL - ENTIDADES FINANCIERAS - LIQUIDACION - FACULTADES DEL  BANCO CENTRAL - FISCALIZACION - DISOLUCION - SOCIEDADES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

Las facultades atribuidas al Banco Central por la ley 21.526 no se hallan dirigidas a individuos cualesquiera sino a cierta clase de personas jurídicas (art. 9, ley cit.) que desarrollan una actividad específica (intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros), y esa actividad afecta en forma directa e inmediata a todo el espectro de la política monetaria y crediticia en el que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales, en razón de los cuales se ha instituido este sistema de contralor permanente, que comprende desde la autorización para operar hasta la cancelación de la misma.
Concursos, quiebra, pedido de quiebra, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: URSO, MONICA LE PIDE LA QUIEBRA CASELLA, ANGELA-ALVAREZ, LUIS. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

La providencia que rechaza un planteo de la peticionante de quiebra relacionado con la moneda de la obligación invocada, no es la contemplada por la ley 24522 art. 84, ya que allí no se da por terminado el procedimiento, rechazando el pedido de quiebra; por ende, lo dispuesto es inapelable.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Milanes, Ernesto c/ Tobetma S.A.F.I.C. y A. s/ Despido Ganzburg, Gregorio José c/ Clínica Mayo y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24|1986-10-28

La inversión de la carga de la prueba que consagra el art. 39 del dec.ley 7718/71 se refiere al monto o al cobro de remuneraciones, pero no al hecho mismo que les diera origen y que constituye su causa jurídica.
Concursos, cesación de pagos, hechos reveladores, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMATAS MARIA ANA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

El juez goza de una amplia facultad de apreciación, por cuanto el estado de cesación de pagos constituye un fenómeno, en esencia complejo, cuya verificación, por tanto, queda reservada a la ponderación judicial, siguiendo las reglas de la sana crítica y de la máxima prudencia. Ello así, por cuanto los signos reveladores de la insolvencia pueden variar indefinidamente, debiendo ser apreciados en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean y en conjunto cuando sean variados, ya que, como integrantes del estado patrimonial, forman un todo único e indivisible (Heredia, "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Tomo 3, página 148, Ed. Abaco, Buenos Aires, 2001).
Derecho procesal, responsabilidad parental, juicio de alimentos, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: I. S.A. c/ D., S. B. s/ juicio ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-13

Al regular en JUS, incumple con lo dispuesto en el Art. 46 que establece la regulación en porcentajes cuando los procesos sean susceptibles de apreciación pecuniaria. En el proceso de reducción de alimentos, a fin de regular honorarios, el monto del proceso será el correspondiente a un año de la diferencia entre la cuota vigente y la peticionada en la demanda.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, código procesal civil y comercial, ley orgánica del Poder Judicial, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la Constitución de Tribunal plenario en los juicios de  amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El código procesal civil y comercial contiene previsiones de trámite que la ley Orgánica del Poder Judicial no contempla y viceversa.

Pero felizmente en esta última se advierte que el sentido de sus previsiones son preponderantemente de organicidad, no de procedibilidad. En los casos de convocatorias para casos concretos la sede del Plenario es la Sala de origen (artículo 30 primer párrafo de la ley 10160) aspecto que no sólo armoniza con el artículo 375 Código Procesal Civil y Comercial sobre la convocatoria de dicha Sala, sino el ajuste complementario de normas que reconocen en aquel órgano la iniciativa legítima. Preside obviamente -al no existir presidencia propia del Plenario- el presidente de la Cámara que convoca, no importa cual haya sido la Sala iniciadora. (Del Voto del Dr. Donati -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Homicidio, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Vega, Oscar Javier-Figueroa, Gustavo Marcelo s/ Lesiones gravísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-05-19

Es relevante para demostrar el dolo de matar tener en cuenta no sólo la corta distancia que separaba al imputado de la víctima al efectuar el primer disparo, sino también la zona del cuerpo en donde impactó el proyectil que le seccionó la médula a la altura de la vértebra dorsal XII. La circunstancia de que los autores no aseguraran el resultado con un disparo en la cabeza o en el pecho carece de importancia y no implica desistimiento, toda vez que el dolo de matar quedó evidenciado con el primer disparo, que configura una tentativa acabada de homicidio porque ya se había realizado la acción necesaria para llegar al resultado querido, pero sin que se haya producido el resultado típico.
Derecho a la intimidad, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Gabriel s/ MANDAMUS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

El derecho a la privacidad no es totalmente intangible e invulnerable, sino que admite limitaciones que están dadas por intereses superiores a los individuales, como el derecho de la comunidad a ser informada de los asuntos de interés general, interés éste que no admite definiciones genéricas sino que debe ser merituado en cada caso.
Competencia, daños y perjuicios, desalojo anticipado, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: TARANTO,  Adolfo  Jorge c/ TRANSMEDIC INTERNACIONAL GROUP S.A. yotro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

Resulta competente que las actuaciones por daños y perjuicios por el deterioro que presenta un inmueble deban tramitar ante el juzgado donde tramita el desalojo anticipado del bien, toda vez que se considera aplicable analógicamente el art. 49 del R.J.N.C. dado que se trata de un proceso de daños y perjuicios promovido en virtud de una misma relación locativa vinculada a un mismo inmueble.
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRACION SUCESION MOLINA c/ JUAN CARLOS AHUMADA s/ Desalojo (LIBRO: S109 - 485)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-11-26

Marginada una tesitura que pretenda que en el desalojo el demandado debe probar fehacientemente la posesión para el rechazo de la demanda -por ser a todas luces reñida con la naturaleza propia del juicio de desalojo y de las acciones posesorias o petitorias-, son claras entonces las dos posturas que tienen vigeencia sobre el tema: según la primera, cuando el demandado alega ser poseedor, no procede el desalojo si el actor no acredita que no es tal, sino tenedor precario o intruso; y conforme a la segunda no es viable la acción de desalojo si el accionado no demuestra, "prima facie", ser poseedor.
Medidas cautelares, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTORELL MARIO ALBERTO c/ I.P.V.U.(RESOLUCION Nº002309 DEL 30-12-96) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-20

Las medidas cautelares que se dictan en contra de la Administración Pública merecen una interpretación restrictiva y debe ser cuidadosamente analizada su procedencia por el Tribunal, habida cuenta que los órganos del Estado actúan conforme a derecho, y que sus actos se presumen legítimos.
Juicio de desalojo, legitimación activa, locador
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Saavedra, Ricardo Antonio y otro c/ Klyver, Raúl Guillermo y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La acción de desalojo no es de carácter real, porque en ella no se ventila cuestión relativa al dominio o posesión, sino de carácter personal o creditorio, derivada de la relación contractual reconocida. Que en el contrato y en la demanda se hubiera hecho referencia a la calidad de propietarios no modifica la legitimación para obrar desde que, por mediar contrato de locación, los locadores están legitimados para interponer la pretensión de desalojo con prescindencia de que sean o no propietarios del inmueble.
Reducción del plazo, salidas transitorias, estímulo educativo, principio pro homine
Materia: PENAL
Carátula: Velez Carlos Regino s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

La reducción de plazos prevista en el art. 140 ley 24.660 se aplica a los institutos de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. La reforma operada no puede interpretarse de un modo que termine por alterar los derechos en definitiva acordados por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, dado que se trata de asegurar el derecho a la educación y, sustancialmente, de la adopción de métodos que impliquen un estímulo educativo -como la posibilidad de reducción de los plazos previstos para el avance en las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario, dispuesto en el art. 140 y, en estos casos, cobra vigencia el principio por homine, interpretando extensivamente todo lo que favorezca la reinserción del penado y restrictivamente todo lo que la limite. Uno de los votos concurrentes agregó que la libertad condicional constituye el cuarto período de la progresividad del sistema penitenciario, se encuentra alcanzado por las disposiciones previstas en el art. 140 ley 24.660, sin que ello implique en modo alguno alterar los demás requisitos necesarios para la concesión de dicho beneficio -arts. 13 al 17 CP-, y el otro voto concurrente señaló que debe entenderse la culpabilidad como magnitud variable, pero además dinámica, esto es, susceptible de modificación inclusive por la conducta del agente con posterioridad al hecho, y que para lograr la reducción a la que hace referencia el art. 140 ley 24.660, deberá valorarse en forma conjunta el acatamiento normativo demostrado y la verificación de que se completaron y aprobaron satisfactoriamente los estudios pertinentes.
Regulación de honorarios, amparo por mora
Materia: PROCESAL
Carátula: SERRA, NESTOR J. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

Toda vez que el objeto de un amparo por mora es el obtener judicialmente una orden de pronto despacho (art. 28 de la ley 19 549), resulta tratarse de un proceso sin monto, sin perjuicio de considerar en la regulación de honorarios, las pautas dispuestas por el art. 6, inc. f) de la ley 21.839.
Accidente de tránsito, cosa riesgosa, responsabilidad del conductor, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Carlos c/ Encina Pascualetti Alberto s/ Sumario (LIBRO: S139 - 160)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-23

Resulta aplicable al caso la normativa del art. 1113 del Código Civil, pues la colisión se produce entre un vehículo mayor (ómnibus) y uno menor (automóvil), donde obviamente los riesgos no son de la misma naturaleza e igual grado. Al respecto este cuerpo tiene dicho que: "...conforme a los fundamentos de esta responsabilidad, en ausencia de cabal demostración de la culpa (exclusiva o concurrente) del automovilista, debe subsistir la inherente -en la especie- al omnibus como cosa de mayor riesgo
Inadmisibilidad del recurso, recurso contencioso administrativo, archivo del expediente, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Garnica, Ítalo Ismael c/ Gobierno de la Prov. de Santiago del Estero y/u otros s/ Rec. Contencioso Administrativo - Recurso Cont. Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-22

Procede declarar la competencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, declarar inadmisible la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada en contra de la parte demandada, y en su mérito, ordenar el archivo de las actuaciones, pues respecto al contenido de la pretensión del actor, vale decir que resulta de competencia contencioso administrativa y en carácter originaria y exclusiva del Tribunal en Pleno -conf. Cláusula Transitoria Novena de la CP, arts. 1, 2 y 18 de la Ley 2297, y art. 28 inc. 5º LOT-; el derecho subjetivo que se pretende vulnerado es de naturaleza esencialmente administrativa y por tanto, regido por normas de Derecho Público. Por lo demás, el art. 1º de la Ley 2297 requiere a los efectos de la procedencia de la acción contenciosa un pronunciamiento definitivo, el que tiene lugar cuando el particular ha agotado la vía administrativa mediante la utilización de todos los recursos administrativos obligatorios para impugnar un acto a fin de que puedan ser resueltos e impedir que el acto quede consentido y firme en la instancia administrativa. Ello así, se advierte la particularidad de que el actor no dedujo los recursos administrativos correspondientes, afectando su derecho de defensa. A mayor abundamiento, tenía a su disposición los recursos previstos en la LTA a fin de obtener un acto administrativo que cause estado y por ende, expedita la vía judicial o en su caso hacer uso de la facultad concedida en el art. 7 del CCA, pero ocurrió lo contrario debido a que el acto administrativo objetado no ha sido impugnado en sede administrativa. Atento a ello y no estando debidamente cumplidos los recaudos previstos por la Ley 2297 en su art. 7, es que resulta inadmisible la presente acción.
Régimen penal tributario, obligación tributaria, extinción de la acción penal, pago parcial
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: PARDO GARCIA, HECTOR s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 956
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

La efectivización del cumplimiento de las obligaciones significa cumplir integralmente con ellas y no el pago parcial. Si bastara el pago de algunas cuotas del plan se produciría una contradicción al extinguir la acción sin haber dado cumplimiento como lo exige la norma (art. 14). (Voto del Dr. Madueño)
Juicio de desalojo, legitimación procesal, adquirente en subasta, posesión legítima, derechos reales, dominio, inscripción registral, falta de inscripción
Materia: CIVIL
Carátula: Aceros Zapla S.A. c/ Cañete, Benicio y Otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-16

La regulación respecto de la inscripción registral ha sido modificada por el Código Civil y Comercial actualmente en vigencia, que se torna aplicable al caso por cuanto la cuestión de la legitimación del actor para accionar ante la falta de inscripción registral no constituye un hecho " cumplido" o "consumido" en los términos de la teoría de Roubier o "agotado" en el tiempo por cuanto la sentencia de primera instancia no ha devenido firme y se encuentra justamente controvertido el efecto de dicha falta de inscripción y la facultad de accionar en ese estado (art. 7 CCyC).
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, accidente en escalera, responsabilidad objetiva, carga de la prueba, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: QUILAPAN, MARIO AGUSTIN. c/ MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-05

Cuando se trata de un accidente provocado por la intervención de cosas inertes, la víctima tiene que probar la configuración del riesgo de la cosa, ya que ésta deviene activa y operante del daño en razón del vicio que presenta.

Incumbe al damnificado arrimar elementos que hagan precisamente a ese factor desencadenante; aun cuando esto sea criticado y se diga que se trastoca el principio de responsabilidad objetiva y tangencialmente se imponga a la víctima probar la culpa del demandado" (CNCiv., Sala I, I006352 BRITEZ, Ignacia c/ OCHO DRAGONES S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 31/08/10, Sumario N° 20184 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Manrique, Enrique Mario y otro c/ Godoy, Luis Amical s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-19

El juez civil, no queda limitado para efectuar el análisis de reprochabilidad de la conducta del demandado a la luz de los principios que guían la culpabilidad civil.
Trabajadores ferroviarios, reconocimiento de las obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ARCE, ROBERTO ANTONIO Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Del acta N' 1/86 celebrada entre la Unión Ferroviaria y la empresa Ferrocarriles Argentinos, se desprende que ésta admitió sin reserva alguna, la aplicación del decreto 3456/84 y la proyección a noviembre de 1984 para determinar el monto retroactivo, lo que constituye un reconocimiento de deuda en los términos del artículo 721 y concordantes del Código Civil.