Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-06


Salta, 06 de Marzo de 2013.- VISTA: El Incidente de Suspensión de Juicio a Prueba solicitado por la Dra. Leda G. Lamas", en causa Nº 4114/2, seguida contra Daniel Alberto Padilla por el delito de Robo", y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 y 2 la Dra. Lamas, solicita la Suspensión de Juicio a Prueba a favor de su defendido Daniel Alberto Padilla, por aplicación del art. 76 bis del C.P. y el art. 281 bis del C.P.P., con cita de jurisprudencia - fallo "Acosta Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737"-, ofreciendo la prestación de servicios comunitarios en una Institución Pública, (Hospital "Ricardo Salinas Reto", del Municipio de El Potrero, Departamento de Rosario de la Frontera, Salta), tres días por semana, con una jornada diaria de tres horas y por el termino de tres meses, y la entrega de $500 (Pesos Quinientos como reparación de daños a la victima, o lo que se estime corresponder, siendo firmado el referenciado escrito por el imputado. Asimismo, este comparece por ante la Cámara Tercera en lo Criminal y ratifica firma y contenido de la presentación de su defensa (fs. 03).

Corrida vista a la Sra Fiscal de Cámara del Crimen Nº 3, la misma en dictamen de fs. 29 expresa que cabe recordar que la suspensión de juicio a prueba es un instituto del derecho material por el que se suspende el progreso de la acción, por lo que se imposibilita la aplicación de una condena y esta previsto para "el imputado de un delito de acción publico reprimido con pena de reclusión o presión cuyo máximo no exceda de tres años", según comienza la redacción del art. 76 bis del C.P., en cuyo 4º párrafo, por otro lado se establece que el Tribunal podrá concederlo "si la circunstancias del caso permiten dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento fiscal".

Continúa expresando que, conforme la interpretación de esta norma realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Acosta" (C.S.J.N., Fallo A. 2186. XLI del 23/04/08) y, concordantemente, por Resolución Nº 36 el Sr. Procurador General de la Provincia de Salta de fecha 23/09/08, por la que instruye aplicar tal jurisprudencia, éste requisito se cumple cuando se evalúa que la pena en concreto que podría surgir de una eventual condena aplicable al imputado no sería superior a los tres años de prisión, circunstancia que, se encuentra en directa relación con la posibilidad de concesión del beneficio previsto en el art. 26 del C.P.

Sentada esta premisa, se debe considerar que, en el acto acusatorio fiscal se atribuye al imputado el ilícito de Robo, previsto y reprimido por el art. 164 del C.P., siendo la escala penal aplicable de un mes a seis años de prisión, habiendo solicitado la Sra. Agente Fiscal Nº 3, Distrito Judicial Sur, Metan, la pena en concreto de tres años y seis meses de prisión en el marco del juicio abreviado (fs. 130 y vta. del Expte. Principal). Sin embargo y analizadas por la Sra fiscal las pautas indicadas por los arts. 40 y 41 del C.P., es su criterio se verifica la factibilidad de que en caso de condena, se le aplique una pena de menor cantidad que la solicitada y le sea impuesta en forma de ejecución condicional, atento a que tampoco registra otros antecedentes computables, según planilla prontuarial de fs. 23 e informe del Registro Nacional de Reincidencias de fs. 26/27.

Por otra parte, la prestación de servicio ofrecida, se enmarca en lo previsto en el art. 27 bis, inc.8 del C.P. y, a más de favorecer a una institución de bien público, propicia la rehabilitación de quien ha delinquido ocasionalmente, mediante la realización de conductas de dirección contraria que lo hacen protagonista de un efectivo aporte al bien común.

Asimismo, el ofrecimiento de reparación de daños causado a la víctima resulta razonable, pese a la negativa de la misma, (fs. 19), habida cuenta que conforme surge del acta de entrega de secuestro de fs. 23 del principal, a la Sra. Laura del Carmen González le restituyeron parcialmente los bienes sustraídos por los causantes y por otra parte, Padilla además de ofrecerle la entrega de $500 (Pesos Quinientos), se pone a su disposición por lo que estimare corresponder en concepto de resarcimiento total del daño (fs. 02, 5º párrafo) .

Concluye la Sra. Fiscal de Cámara que, verificándose todos los presupuestos previstos por el art. 76 bis del C.P., estimo que resulta procedente la Suspensión de Juicio a Prueba a favor de Daniel Alberto Padilla, dando expreso consentimiento y solicitando que se fije el tiempo de duración de la suspensión en un año, según lo establecido en el art. 76 ter del C.P.; y que se le imponga al acusado que -durante ese lapso- observe las reglas de conducta establecidas en el art. 27 bis del C.P.Que en relación a la aplicación del instituto, cabe señalar, en primer lugar que la Corte de Justicia Local en el precedente TOLEDO (Tomo 107:461/506), sustentada por autorizada doctrina y jurisprudencia, sostiene una postura amplia en relación al 4to párrafo del art. 76 bis, refiriéndose entre otras cuestiones, a los fines de la pena, a la optimización del instituto, a su sentido político criminal, a sus cometidos, a los postulados básicos del derecho penal, a la seguridad jurídica y a la racionalidad de las decisiones judiciales. Luego, destaca la confrontación gramatical entre los términos empleados en el 1º y 4º párrafos, "máximo de pena previsto en la ley" y "dejar en suspenso la condena", la diversidad de fórmulas utilizadas y, la contradicción lógica sistemática que implicaría establecer un requisito -pena de reclusión- que, cumplido, impida la satisfacción de otro, condena de ejecución condicional. Concluye a este respecto que, del 1º al 3º párrafo del art. 76 bis del C.P., contemplan un supuesto de procedencia: cuando la pena máxima en abstracto no supere los tres años de prisión o reclusión. Mientras que el 4to. párrafo regula otro distinto: cuando las circunstancias del caso, en concreto, permitan suponer que se dejará en suspenso la condena.

Debe resaltarse, que ésta postura, encuentra acogida en el voto de la mayoría de un fallo de la CSJN, caso "Acosta Alejandro Esteban", resuelto en abril del 2008, donde se admitió la necesidad de someter al instituto a una acabada tarea interpretativa, en orden a que en Derecho Penal debe estarse al principio de legalidad, que exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del texto legal, ello en consonancia con el principio político criminal, que lo caracteriza y privilegiando la interpretación legal que más derechos acuerda al ser humano frente al poder estatal. Que en definitiva, recurriendo a la Jurisprudencia como fuente de interpretación de la ley penal, esta solución encuentra un nuevo sustento.Que el instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, se plasma en los Arts. 76 bis, 76 ter y 77 quater del Código de Fondo, con el propósito de introducir una mayor racionalidad en el funcionamiento del sistema penal, colapsado por el exceso de causas en trámite y la falta de una correcta estructura funcional que dé respuestas satisfactorias al justiciable. Su vigencia pretende evitar una selección anárquica de los casos y sobre todas las cosas, procura evitar el estigma que implica una sentencia condenatoria.

Que la Suspensión del Juicio a Prueba es una causal de extinción de la acción penal condicionada en el tiempo por la no comisión de un delito, a la reparación de los daños en la medida ofrecida y al cumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el Tribunal (art. 76 ter del C.P.) .

Su fundamento, comprendidas sus finalidades, siguiendo los lineamientos de las modernas tendencias en materia penal, radica en evitar la realización del debate, la estigmatización de la imputada, descomprimir el sistema judicial y que, por cierto, tal beneficio no resulte incondicionado.Sentado lo antes expresado, corresponde analizar la solicitud presentada, por lo que en base a lo que la ley de fondo dispone (art. 76 bis) y a los criterios de aplicación amplia y flexible adoptados tanto por la Jurisprudencia Nacional y Local, en el caso que nos ocupa.

Por lo precedentemente expuesto, y al existir consentimiento fiscal, éste Tribunal entiende que corresponde hacer lugar a lo solicitado, Suspendiendo el Juicio a Prueba por el término de UN AÑO.

Que a los fines propiciar la rehabilitación de quién ha delinquido ocasionalmente, mediante la realización de conductas de dirección contraria que lo hacen protagonista de un efectivo aporte al bien común, se impone a la probada las siguientes obligaciones: A) ENTREGAR a la víctima en concepto de reparación de daños, la suma de $500 (Pesos Quinientos), en un solo pago y por única vez; B) REALIZAR servicios comunitarios en el Hospital "Ricardo Salinas Reto", del Municipio de El Potrero, Departamento de Rosario de la Frontera, Salta, tres días por semana, con una jornada diaria de tres horas y por el termino de tres meses; C) FIJAR residencia en el ámbito de jurisdicción del Tribunal, debiendo comunicar cualquier cambio del mismo, presentándose dentro de los diez primeros días de cada mes en la Secretaria de Suspensión del Juicio a Prueba, Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial de Salta, con las constancias expedidas por el mencionado Hospital; D) ABSTENERSE de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; E) ADOPTAR oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad, todo ello bajo apercibimiento de llevarse a cabo el juicio pertinente (Arts. 76 ter 4º párrafo y 27 bis inc. 1, 3 y 7 del C.P.).

Por todo ello, esta CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL, RESUELVE:

I) SUSPENDER, el JUICIO A PRUEBA a favor de Daniel Alberto Padilla, argentino, nacido en El Potrero, Departamento de Rosario de la Frontera provincia de Salta, el 27 de Julio de 1.987, D.N.I. Nº 33.716.936, hijo de Gabriel Gerardo y de Elvira Montoya, soltero, con domicilio en El Potrero, Departamento de Rosario de la Frontera provincia de Salta, Prontuario Nº 44.103 sección R.H., por el delito de Robo, previsto y reprimido por el art. 164 del C.P., (expediente original Nº 56709/9, del Juzgado de Instrucción Formal 2º Nominación del Distrito Judicial del Sur- Metán), por el término de UN AÑO.

II) IMPONER a la probada las siguientes obligaciones: A) ENTREGAR a la víctima en concepto de reparación de daños, la suma de $500 (Pesos Quinientos), en un solo pago y por única vez; B) REALIZAR servicios comunitarios en el Hospital "Ricardo Salinas Reto", del Municipio de El Potrero, Departamento de Rosario de la Frontera, Salta, tres días por semana, con una jornada diaria de tres horas y por el termino de tres meses; C) FIJAR residencia en el ámbito de jurisdicción del Tribunal, debiendo comunicar cualquier cambio del mismo, presentándose dentro de los diez primeros días de cada mes en la Secretaria de Suspensión del Juicio a Prueba, Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial de Salta, con las constancias expedidas por el mencionado Hospital; D) ABSTENERSE de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; E) ADOPTAR oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad, todo ello bajo apercibimiento de llevarse a cabo el juicio pertinente (Arts. 76 ter 4º párrafo y 27 bis inc 1, 3 y 7 del C.P.).

III) OFICIAR a la Jefatura de Policía, R.N.R. y a la Secretaría Tutelar y Suspensión de Juicio a Prueba, para su toma de razón y demás efectos.

IV) REGISTRESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.