Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-27


SENT Nº 557 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos:

"Moreno, Edgardo Armando vs. Libertad S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo el 13/9/2005 (fs. 302/306), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 22/11/2005 (fs. 341). Consta en informe actuarial de fs. 348 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- En orden a la extinción del contrato de trabajo, la sentencia consideró que el actor probó la injuria inferida por la accionada, por lo que declaró que el despido indirecto está fundado en justa causa.

El pronunciamiento tuvo además por acreditado que el accionante era delegado gremial, por lo que hizo lugar a la demanda por la suma de $32.485,30, en concepto de indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, integración del mes de despido, indemnización del art.

52, aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales, rechazando únicamente el reclamo fundado en el art. 16 de la ley 25.561.

3.- El recurrente sostiene que el fallo no tuvo en cuenta que quien se dio por despedido fue el actor, y que lo hizo luego de que su parte negara haber realizado actos que impliquen vulnerar derechos personales y laborales, sin efectuar ninguna manifestación que pueda ser considerada como injuria desencadenante del distracto que realizó el empleado.

Expresa que no se acreditó la existencia de injuria del empleador hacia el empleado, señalando que no todo incumplimiento obligacional avala la sanción del art. 242 LCT y que no existió motivación suficiente para establecer con precisión que el despido indirecto estaba debidamente configurado.

Indica que el actor se sitió injuriado por el actuar del personal de seguridad, pero se olvida de que dicho personal es empleado de la empresa de seguridad Zavicor y no de la demandada, por lo que en ningún momento su actuar puede ser generador de derechos, cuando por la función que cumple no representa a la demandada y por ende no la puede obligar. Puntualiza que si aceptamos que un empleado se pueda considerar injuriado y darse por despedido por el actuar de otros empleados, sin dejar que la empresa empleadora tome conocimiento de los hechos para recién allí tomar una decisión, sería fácil actuar en contra del principio de buena fe.

Asevera que el fallo incurre en arbitrariedad fáctica al no resolver acerca de la imputación de los supuestos hechos injuriosos a su parte, en tanto no examinó si existía la orden expresa de la patronal para que el empleado fuera maltratado, ni si la denuncia de hurto interpuesta por personal de la empresa de seguridad pudo ser considerada como una injuria de un tercero ajeno a la demandada.

Reconoce que el personal de seguridad cumple una función en la empresa, pero entiende que el hecho de que supuestamente agrediera al empleado no puede atribuirse como una causal de responsabilidad objetiva del empleador.

Afirma que por otro lado, el propio actor reconoció haber fingido ocultar algo entre sus ropas, de lo que se infiere que el actuar del personal de seguridad no fue arbitrario, sino que fue motivado por el accionar simulado del propio actor, añadiendo que esto fue también lo que motivó que el personal de seguridad efectuara la denuncia y le diera intervención a la policía.

Sostiene que el sentenciante omitió ver el video en donde estaba filmada toda la situación en cuestión y que fuera el motivo del distracto, no existiendo motivo que justifique haber soslayado la percepción directa de las pruebas ofrecidas por las partes, por cuanto por más descriptiva y clara que fuera la redacción, nunca pudo superar la claridad y percepción de quien ve cómo sucedieron los hechos. Añade que la sentencia incurre en arbitrariedad al considerar que el video fue prearmado, sin siquiera haberlo visto.

Postula que las testimoniales fueron apreciadas en forma deficiente, pues si existen testigos de ambas partes que están efectuando afirmaciones diversas y hay una prueba como es el video en donde está filmado todo el incidente, al sentenciar sin observar esta prueba fundamental con sus propios sentidos se está incurriendo en una causal de arbitrariedad.

Se agravia por último del método de calculo de los intereses que utiliza la sentencia, pues señala que la Cámara incurre en el error de aplicar la tasa activa para descuentos que brinda el Banco de la Nación Argentina, excediendo las directivas contenidas en el comunicado n° 14.290, el art. 7 de la ley 25.561 y la doctrina legal fijada por esta Corte en autos "Galletini".

4.- El recurso ha sido deducido tempestivamente, se dirige contra una sentencia definitiva y se ha cumplido con el afianzamiento (arts. 130 a 133 CPTT). El examen de admisibilidad de los restantes agravios será efectuado al examinar cada uno de ellos en particular.

4.1.- En orden al motivo de la casación intentada (art. 131 CPTT), los agravios se dirigen a cuestionar la valoración de las pruebas efectuada por la Cámara, en mérito a la cual declaró que el despido indirecto está fundado en justa causa, lo que remite al análisis de una cuestión de naturaleza fáctica que se encuentra excluida en principio del ámbito de la casación, a menos que se demuestre la arbitrariedad de la sentencia.

La demandada denuncia que la sentencia es inmotivada en tanto habría omitido analizar de qué modo la imputación de hechos de terceros puede ser considerado como una injuria del empleador, argumentando en relación a ello que no puede hacerse responsable a su mandante por el obrar del personal de seguridad ni por la denuncia incoada por la empresa Zavicor.

Los fundamentos esgrimidos en esta instancia extraordinaria se contraponen a lo expuesto por la accionada en el responde, en donde no consta haberse esgrimido que personal ajeno a la organización de la empresa fuera responsable de los hechos que motivaron el despido indirecto del actor.

Por el contrario, al relatar la verdad de los hechos, el recurrente dio su versión de que el Sr. Moreno fue sorprendido con mercadería propiedad de Libertad S.A. oculta entre sus ropas, y que el mismo fue abordado por personal de seguridad de esta empresa para control (fs.

104). De igual modo, en los alegatos la demandada insistió con su versión de que el hoy actor fue sorprendido por personal de seguridad con mercadería propiedad de su mandante entre sus ropas, y añadió que ello motivó que su parte formalizara la denuncia penal, asumiendo el rol de actor civil en sede penal por ante la Fiscalía de Instrucción de la 7° Nominación (ver fs. 282 último párrafo).

Ello así, la cuestión atinente a la imputabilidad de los hechos determinantes de la injuria a un tercero distinto del empleador, no fue oportunamente introducida en el escrito de responde ni materia de debate en el presente pleito, razón por la cual la tacha de arbitrariedad expuesta sobre la base de que se habría omitido examinar este asunto, no basta para descalificar a la sentencia.

Por otra parte, el recurrente denuncia una deficiente valoración de la prueba en razón de que se habría omitido ver el video acompañado por su parte, lo que tampoco alcanza para demostrar arbitrariedad. Al respecto, corresponde señalar que en el caso consta haberse producido la prueba de reconstrucción (CPD n° 6), en donde la Sra. Juez de Conciliación y Trámite procedió a la reproducción de la cinta de video acompañada con la contestación de la demanda, y labró un acta en donde consta una descripción detallada de las imágenes contenidas en el mismo.

Ello así, la omisión de valorar el video denunciada por la accionada, no alcanza para descalificar el pronunciamiento, pues al momento de fallar la Cámara tuvo en cuenta la prueba de reconstrucción, y con ello el análisis específico de aquella prueba no resultaba imprescindible para una adecuada resolución del pleito, máxime cuando en el recurso no se esgrimieron argumentos convincentes acerca de qué modo la ponderación de este medio de prueba conduciría a revertir el resultado del pleito.

Las demás consideraciones contenidas en el recurso, referentes a que el actuar del personal de seguridad no habría sido arbitrario, y a la errónea valoración de las testimoniales y de la causa penal esgrimidas por el recurrente, sólo evidencian una mera discrepancia con la merituación del material fáctico del proceso efectuada por la Cámara, sin llegar a demostrar la arbitrariedad de la sentencia.

Consecuentemente, el carácter fáctico de los planteos efectuados y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad denunciado, determinan la inadmisibilidad del recurso en este punto.

4.2.- El restante agravio referido al cálculo de los intereses, cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación (arts. 130/135 CPTT), por lo que corresponde abordar el análisis de procedencia del planteo.

En la argumentación de la sentencia, se observa que la Cámara dispuso que las cifras por las que prospera la demanda sean actualizadas conforme al siguiente procedimiento: desde que son debidas hasta el 06/01/02 conforme jurisprudencia sentada por esta Corte en el caso "Navarro Lidia vs. Prov. de Tucumán s/ daños y perjuicios", sent.

756/96; y a partir del 07/01/02 conforme a la tasa activa para descuentos de documentos que brinda el Banco Nación Argentina. De allí que como el despido tuvo lugar el 28/5/2003, se calcularon los intereses únicamente conforme tasa activa BNA hasta el 31/7/2005.

El modo de calcular los intereses adoptado por la Cámara debe ser dejado sin efecto, pues se contrapone con reiterada doctrina legal sostenida reiteradamente por esta Corte, en donde determina que "a partir del 1/4/91, las liquidaciones que se practiquen y en las que corresponda incluir intereses para mantener incólume el capital, se les aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina" (CSJTuc.; sent 263 del 22/4/96; 420 del 12/6/96; sent. 144 del 09/3/98 y 1001 del 23/12/98, entre muchas otras).

En relación a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó en fallo del 3/3/92 in re: "Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs.

Provincia de Corrientes y otro" (J.A., N° 5769, 25/3/92, p. 34): que el resarcimiento del daño moratorio previsto por el art. 622 C.C., cuenta con una presunción legal de causalidad que comprende tanto la existencia del menoscabo patrimonial como la determinación de su contenido, mediante una indemnización que se liquida únicamente por los intereses legales. Estos intereses constituyen la consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación, pues tiene por objeto resarcir el lucro perdido por el acreedor al no poder aplicar el capital adeudado a una inversión que genere la renta pertinente, vale decir los intereses que aquél ha dejado de percibir.

Desde esta perspectiva, el daño debe liquidarse mediante la aplicación de la tasa bancaria pasiva, pues esta es la que hubiera obtenido el accipiens de haberle sido restituido el capital en tiempo oportuno.

En cuanto al método de cálculo que debe emplearse para determinar la tasa pasiva promedio de interés, esta Corte estableció como doctrina legal en autos "Gallettini, Francisco c/ Empresa Gutiérrez SRL s/ Indemnizaciones" (sent. 443 del 15/6/2004), que resulta arreglado a derecho liquidar los intereses por el monto condenado, de la siguiente forma: desde que son debidos hasta 06-01-2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago.

Según se desprende del precedente citado, el método de cálculo de los intereses adoptado en relación al período posterior al 07/01/2002, se sustenta en que con la aplicación del Comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, se establece un procedimiento de cálculo de los intereses que resulta más adecuado a la realidad a partir de esa fecha -fecha ésta de sanción de la Ley N° 25.661 de "Emergencia pública y reforma del régimen cambiario"- debiéndose utilizar la fórmula para el cálculo de los intereses contenida en la Comunicación "B" N° 5014 del BCRA del 12-8-92.

Al aplicar la tasa activa para el cálculo de los intereses, el fallo impugnado también se aparta de la doctrina legal sentada por esta Corte mediante sentencia n° 443 del 15/6/2004, debiendo en consecuencia ser dejado sin efecto en este punto.

A la luz de las consideraciones efectuadas y teniendo en cuenta que el crédito del actor se originó con motivo del despido producido el 28/5/2003, las cifras por las que prospera la demanda deberán ser actualizadas hasta su efectivo pago conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, calculada conforme al procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, resultando de ello la siguiente planilla de liquidación:

Juicio: Moreno Edgardo Armando vs. Libertad S.A. s/cobros.

FECHA DE INGRESO:03-04-1994 FECHA DE DESPIDO: 28-05-2003 ANTIGÜEDAD:9 años, 1 mes y 25 días.- Categoría: Auxiliar Especializado "A".-C.C.T. 130/75.- Determinación remuneración base s/ recibos fs.5; 88/91 e inf. SEOC Básico 387,46 Asignac.Dcto.1273/02 150,00 Presentismo 33,56 Vales alimentarios 93,00 Antigüedad:

15,48 243,00 Total del sueldo:

436,50 PLANILLA DE CAPITAL E INTERES:

Rubros de la condena Indemnización por antigüedad:

( 436,50 x 9 años) = 3.928,50 Indemnización por Preaviso:

( 436,50 + 243) = $679,50 x 2 1.359,00 Días de mayo e integración mes despido 679,50 menos percibido retiro en cajero - fs.17 vta de la demanda- 500,00 179,50 SAC 1°sem-03 proporc.

(436,50 /12 ) x 5 meses = 181,87 Vacaciones 2003 prop.

(436,50 /25) x 21x (148/ 360 ) = 150,74 Indemnizaciones ley 23551 -art. 52:

Período faltante mandato 13 meses 8.833,50 Período posterior: un año 679,50 x 12 m 8 .154,00 16.987,50 T otales al 28/05/2003 2 2.787,11 Intereses Tasa Pasiva del 28-05-03 al 31-07-05:

((100+266,0343) /(100+243,047) -1) x100 = 6,70% 1.526,74 Total de la condena al 31-07-05:

2 4.313,85 Consecuentemente, corresponde CASAR parcialmente el punto I resolutivo de la sentencia impugnada en cuanto determina la suma de $32.485,30 como monto de condena, y como lógica consecuencia de ello su punto IV, conforme a la siguiente doctrina legal: "Las cifras por las que prospera la demanda deben ser actualizadas hasta el momento de su efectivo pago, conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, y siendo el crédito devengado de fecha posterior al 07/01/2002, los intereses deben ser calculados conforme al procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014 hasta la fecha de su efectivo pago".

En cuanto a la nueva regulación de honorarios, atento a las concretas circunstancias de autos, en donde el recurso de casación deducido por la demandada sólo prospera en relación a la determinación de los intereses aplicables a la suma de pesos por la que progresa la demanda, y teniendo en cuenta además que la regulación de los honorarios profesionales devengados en única instancia no ha sido impugnada en casación, corresponde que en la sustitutiva esta Corte proceda a tal regulación, aplicando los porcentajes fijados por la Cámara de única instancia en sentencia del 14-6-2002 (fs. 265/267) respecto a la nueva base de $24.313,85 resultante de la modificación de los intereses.

En consecuencia, para la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso, se tomará como base regulatoria el nuevo monto de condena, es decir $24.313,85; y se regulan honorarios a los letrados Luis María Navarro y Miguel Ángel Ludemann en un 15% y en un 10% respectivamente, lo cual determina que los respectivos honorarios asciendan a la suma de $3.647,07 y $2.431,38.

Por ello, se dispone como sustitutiva lo siguiente: "I.- HACER LUGAR A LA DEMANDA interpuesta por Edgardo Armando Moreno en contra de Libertad S.A., a quien se condena a abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $24.313,85 en concepto de indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, integración mes de despido, indemnización del art. 52 ley 23.551, aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales. IV- REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento a los letrados Luis María Navarro y Miguel Ángel Ludemann en la suma de $3.647,07 y $2.431,38 respectivamente".

5.- Las costas de esta instancia casatoria deberán distribuirse del siguiente modo: la demandada deberá soportar las propias y el 80% de las generadas por el actor, y el 20% restante deberán ser afrontadas por éste (arts. 49 CPTT y 109 CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, vota en igual sentido El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del doctor Alfredo Carlos Dato, dejando a salvo mi opinión sobre el modo de calcular los intereses que expresé en el fallo N° 443 dictado el 15/6/2004 en los autos: "Galletini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones".

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO en relación a los planteos analizados en el punto 4.1 del pronunciamiento, al recurso de casación intentado por la demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Excma.

Cámara del Trabajo el 13/9/2005 (fs. 302/306).

II.- HACER LUGAR al recurso por el agravio examinado en el punto 4.2, y en consecuencia CASAR PARCIALMENTE la sentencia en sus puntos I y IV conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos, disponiéndose sustitutivamente: "I.- HACER LUGAR A LA DEMANDA interpuesta por Edgardo Armando Moreno en contra de Libertad S.A., a quien se condena a abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $24.313,85 en concepto de indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, integración mes de despido, indemnización del art. 52 ley 23.551, aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales. IV- REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento a los letrados Luis María Navarro y Miguel Ángel Ludemann en la suma de $3.647,07 y $2.431,38 respectivamente".

III.- COSTAS, conforme se considera.

IV.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.