Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-06


Autos Nº 4.359 (J.P.L.G.S.J. Rivadavia Nº 1.797/07), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Barros, Josué Salomón - Ejecutivo".

--------- San Juan, seis de noviembre de dos mil doce.

--------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido a fs. 20, por la actora, quien actúa mediante su letrada apoderada, contra la sentencia de fs. 15/18. ---------------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido en relación y ambos efectos, bajo las disposiciones del C.P.C., Ley Prov. N° 3.738, por providencia de fs. 20 vta. ------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en la resolución que se impugna el a quo admitió parcialmente la excepción de prescripción articulada por el demandado, declarando prescriptos los períodos reclamados correspondientes a los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. En consecuencia, hizo lugar a la demanda ejecutiva entablada por la Provincia de San Juan contra el ejecutado, condenando a éste al pago de la suma de noventa y nueve pesos con cincuenta y un centavos ($ 99,51), más los intereses legales de acuerdo con lo establecido en los considerandos; impuso las costas al ejecutado en cuanto procede la ejecución; y, por último, difirió la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la Ley Prov. N° 4.072. ---------------------------- --------- Contra dicho pronunciamiento se alzó la apelante, quien fundó el recurso mediante el memorial que obra a fs. 21/24 vta. En tal pieza, en síntesis, expresó: ---------------- l Que la primera consideración errónea en la que incurre el a quo es estimar que la intimación de pago suspendió los términos y no los interrumpió como expresa el Código Tributario (en adelante, C.T.). Sostiene que le da prioridad al Código Civil (en lo sucesivo, C.C.) sobre el C.T., premisa que no es errada en la medida en que sea coherente con la resolución a la que se arriba, atento a que por ser una ejecución fiscal se rige por la Ley Prov. Nº 3.908, esto es, un régimen especial y su apartamiento está regulado por el art. 19 de dicho cuerpo legal, que se refiere a la interpretación de las normas tributarias. --------------------- l Que la intimación por falta de pago realizada por la Dirección General de Rentas constituyó un acto de interrupción de la prescripción, tal como lo expresa claramente el art. 48 del C.T., debiendo aplicar el Juez al sentenciar lo que dispone la norma de fondo, en el caso, el citado código o declarar de oficio su inconstitucionalidad por contraponerse a lo dispuesto en el C.C. Cita varios precedentes de la Corte de Justicia de San Juan. ------------ l Que, en consecuencia, la intimación de pago (obrante a fs. 2) ha configurado un típico acto interruptivo de la prescripción (art. 48 del C.T.), lo que importa que el curso de la misma comenzara a correr nuevamente desde esa fecha, por lo que la posterior interposición de la demanda en febrero de 2007 vino nuevamente a interrumpir el curso de la prescripción, atento a lo cual la excepción interpuesta por la accionada no puede prosperar, al no encontrarse prescriptos los períodos señalados en la resolución, como lo interpreta la Jueza interviniente. ------------------------------ l Que otros de los errores en que incurre la Inferior es con relación al cómputo del plazo del art. 47 del C.T. al determinar el vencimiento del plazo. Agrega que se contabiliza a partir del año siguiente al del vencimiento de la obligación, pero se cuenta por año completo por tratarse de una obligación tributaria anual y su cobro es fraccionado en anticipos; como ejemplo indica que para los períodos 01 a 06 de 1996 cuya prescripción comenzó a correr a partir de enero de 1997, el plazo de cinco (5) años venció en diciembre de 2002 (año completo) y no en enero de 2002 como se expresa en el fallo. ----------------------------------- l Que las obligaciones que válidamente regula el C.C. son precisamente civiles, de modo que el legislador provincial estimó que el plazo de prescripción para los impuestos provinciales debía contarse a partir del primer día de enero del año fiscal siguiente, por razones de conveniencia. Por ello considera que los principios generales del ordenamiento jurídico local pueden ser modulados por el legislador local, con la sola limitación de la racionalidad. ---------------------- l Que en relación concreta con el art. 47 del C.T., el mismo establece el plazo de cómputo de la prescripción de las obligaciones fiscales, atento a que el Estado Provincial no es un acreedor común que puede organizar el cobro de sus créditos al modo de una persona física o jurídica privada, máxime cuando el "ideario" (fs. 23 vta.) es que los contribuyentes paguen en término sus obligaciones. -------- l Que si bien la prescripción es un instituto de orden público (art. 3965 del C.C.), éste se refiere a su existencia y a la inalterabilidad de los plazos legales, circunstancia que no controvierte, pero no prejuzga sobre cuál ha de ser el legislador competente para establecer los plazos y demás modalidades de la misma. ------------------------------------- l Que la reserva del poder fiscal que han hecho las provincias en la Carta Magna lleva implícita la facultad de regular todo lo concerniente a los tributos. ------------------ l Que le agravia la parte resolutiva en cuanto impone los intereses legales de acuerdo con lo establecido en los considerandos, pero en ellos nada dice. Entiende que por tratarse de una ejecución fiscal corresponde fijar los intereses de acuerdo con lo fijado en la Resolución N° 617-SH-97, norma que resulta de aplicación en virtud de lo dispuesto por el art. 43, bis, ap. `A´, inc.`h´, del C.T. ----- --------- A fs. 25, y bajo la vigencia del C.P.C. derogado, se ordenó correr traslado de la fundamentación del recurso al ejecutado, quien no lo contesta, dándosele por decaído el derecho a hacerlo mediante el proveído de fs. 28. ---------- --------- A fs. 31 se dispuso la elevación del expediente a la Alzada, en cuyo ámbito se dictó el llamamiento de autos (fs. 33); el que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de las cédulas obrantes a fs. 34 y vta. y 35 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y la adjudicación a estudio de la causa en el orden pertinente. -- --------- II. Comenzando con el análisis de la apelación sobre la que corresponde expedirse, adelantamos opinión en el sentido de la procedencia parcial del recurso. Ello, por las siguientes razones: ---------------------------------------- --------- 1.A. En lo que respecta al agravio referido al momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción, corresponde analizar el valor de la intimación formulada al accionado y agregada a fs. 2. ------------------ --------- Al vincular tal intimación con el certificado de fs. 3, entendemos que no le asiste razón a la recurrente en cuanto pretende que no se habría cumplido el plazo prescriptivo de los períodos reclamados al demandar. ------ --------- Esta cuestión ya fue resuelta en una causa que presentaba similitudes con la presente, en Autos Nº 2.599, caratulados "Provincia de San Juan c/ Pesado Seguí, José Manuel - Ejecutivo" (P. de A., Tº VI, Fº 22/26, 15-12-05) y reiterada posteriormente en numerosos precedentes, donde se aclaró que no corresponde pretender acordar eficacia interruptiva genérica a semejante intimación, porque eventualmente podría ostentar virtualidad suspensiva mas no interruptiva del curso de la prescripción liberatoria. ----------------------- --------- En lo relativo a los períodos 01 a 06 de 1996; 01 a 06 de 1997; 01 a 06 de 1998; 01 a 06 de 1999 y 01 a 06 de 2000 -con vencimiento este último el 11 de diciembre de 2000-, y aun considerando el efecto suspensivo de la prescripción de la citada interpelación, cuando se inició la demanda el 6 de febrero de 2007 (ver cargo de la Oficina Receptora de Causas de la Justicia de Paz Letrada de fs. 4 vta., infra), la prescripción liberatoria se había operado porque al interponerse la acción ejecutiva había transcurrido el plazo quinquenal más el año suplementario por la suspensión prescriptiva. -------------------------------- --------- Se ha decidido reiteradamente que las causas de suspensión de la prescripción poseen la virtualidad de detener el curso del tiempo hábil a tal fin (art. 3983 C.C.) y las de interrupción, en principio, aniquilar la incidencia del lapso corrido hasta su acaecimiento (art. 3998, ibíd.), aunque tanto unas como otras carecen de efecto con relación a la prescripción ya cumplida -destacado agregado- (cfr. Cám. Nac. Civ., Sala D, 14-06-82, "Statharakos, Nicolás", La Ley, 1982-D-138). --------------------------------------- --------- En otras palabras, lo dicho coincide con la línea de interpretación sostenida por la Corte de Justicia, Sala Primera, Expte. Nº 2.547, "Provincia de San Juan (C.P.A. en liq.) c/ Escudero, Ramón Alberto - Ejecutivo - Casación" (registrado en P.R.E., Sala 1ª, 2004-I-6), y otros precedentes posteriores, a los que remitimos por razones de brevedad. Sólo recordaremos que en ellos, se decantó por la viabilidad de la suspensión prescriptiva de un año que estatuye el 2° ap. del art. 3986 del C.C. -------------------------------------- --------- Conforme a lo hasta acá expuesto, corresponde retomar la distinción entre suspensión e interrupción de la prescripción, pues ambas tienen efectos diferentes. Sin duda, la suspensión de la prescripción se extiende durante el tiempo que subsiste la causa que justifica la inactividad, pero deja intacto el período de inacción desde el nacimiento del derecho hasta que sobrevino la causa de la suspensión. Una vez que ésta desaparece, el curso de la prescripción vuelve a correr sumándose al período anterior a la aparición de la causa de la suspensión. En cambio, en la interrupción, la actividad del titular del derecho o el reconocimiento del deudor, quitan eficacia al tiempo de inacción transcurrido desde el nacimiento de la acción. Un nuevo plazo comienza a correr a partir del momento que se verificó el hecho interruptivo. ---------------------------------------------------- --------- El ya citado art. 3986 del C.C., en su 1er ap., determina que la única forma de interrupción de la prescripción es la interposición de la demanda. En sentido concordante se ha resuelto que para interrumpir la prescripción basta una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono del derecho y esa manifestación tanto debe exteriorizarse mediante demanda, entendida en sentido técnico procesal, como por cualquier acto judicial que demuestre en forma auténtica que el propósito del presentante es no dejar perder su derecho (Cám. Nac. Civil, Sala B, 19-04-83, "Fiori, Marcelo c/ Club Universitario de Buenos Aires"; ídem, Cám. Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 03-05-83, "Szewkies Eleizer, J. c/ Canevari, Mario y otros"; citados por Barbado, Analía R., "La prescripción adquisitiva y liberatoria", Ad-Hoc, Buenos Aires, reimpresión, 1996, pág. 86, ap. 21.4, nº 209). -------------------------------------------- --------- Tal criterio tuvo recepción legislativa a través de la Ley Prov. N° 8.064 (B.O. 02-12-09), al sustituir el art. 48 del C.T., que quedo redactado en lo pertinente del siguiente modo: "Inciso 1°: La prescripción de las facultades y poderes de la Dirección General de Rentas para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá: (...) b) Por interposición de la demanda judicial"; "Inciso 2°: se suspenderá por un año y por una sola vez, el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: a) Por la intimación administrativa de pago efectuada en forma auténtica por la Dirección General de Rentas". ----------------------------------------------------- --------- B. Con respecto al comienzo del plazo de prescripción es posición sustentada por este Tribunal en numerosos precedentes (entre otros: Autos Nº 2.288, caratulados: "O.S.S.E. c/ Carrera, Hugo A. - Ejecutivo", P. de A., Tº XXXVI, Fº 130/133, 27-07-04); que el art. 47 C.T., dispone en su párr. 3º que la prescripción de la acción para el cobro de las acciones judiciales corre desde la fecha de la notificación de la determinación impositiva (énfasis agregado); de ahí que, respecto del arranque del plazo, cabe interpretar que el artículo lo fija en la fecha de cumplimiento del pago por cada prestación. Es decir, corre independientemente para cada cuota y desde su exigibilidad, tal como lo prescribe el art. 3956 del C.C. ---------------------------------------------- --------- Tal criterio ha sido refrendado por nuestra Corte de Justicia en un fallo (dictado el 19 de octubre de 2000) de la Sala 1a, en Expte. N° 4.040/06, "Provincia de San Juan c/ Aubone, Carlos Everto - Ejecutivo - Casación e Inconstitucionalidad" (P.R.E., Sala 1a, 2009-III-424), respecto de una sentencia de esta Cámara, en la que se analizó una ejecución de similares características a la de autos, donde se ejecutaba una deuda originada en la Dirección General de Rentas. En el caso, la Sala sentenciante del Máximo Tribunal ha sostenido, en lo relativo a esta cuestión y entre otras consideraciones, que "resulta improcedente la pretensión de que por imperio de lo dispuesto en el art. 47 del Código Tributario, se postergue el inicio del cómputo de la prescripción al 1 de enero del año siguiente al del tributo cuyo pago se reclama, rigiendo también en lo pertinente las disposiciones contenidas en el Código Civil, vale decir, computándose el plazo de prescripción conforme a lo dispuesto en los arts. 23 y ss. del mismo cuerpo normativo". Ha añadido que "(...) siendo que las cuotas del impuesto a la radicación de automotores -cuyo pago reclama la actora- resultan ser obligaciones independientes, con individualidad y fecha de vencimiento propias, cuya falta de pago en término da lugar a la aplicación de intereses calculados en función del vencimiento de cada una de las cuotas, no se advierte por qué razón a los fines del cómputo de la prescripción de cada una de esas obligaciones fiscales se ha de estar a un régimen distinto al previsto en los arts. 23 y ss. del Código Civil, que deben prevalecer, resultando por ende en el presente caso, inaplicable el art. 47 del Código Tributario".

--------- Tal criterio tuvo recepción en la citada Ley Prov. N° 8.064 que en su art. 1, sustituye el art. 47 de la Ley Prov. N° 3.908, el que en su primer párrafo dispone: "Los plazos de prescripción comenzarán a correr a partir del vencimiento de la obligación tributaria, operando la prescripción a los cinco (5) años" (subrayado propio). ------ --------- Es decir que se plasmó legalmente la posición adoptada por éste y otros Tribunales y confirmada por la Corte de Justicia. ----------------------------------------------- --------- C. En lo tocante a la queja relativa al alcance del poder tributario de la Provincia de San Juan, atento a las facultades no delegadas a la Nación, importa subrayar que es principio fundamental del régimen jurídico que la institución de la prescripción está regulada con carácter general en el Código Civil, no existiendo otras causales de interrupción y suspensión que las legisladas en este Código (cfr., mutatis mutandi, Cám. Nac. Trabajo, Sala III, 13-04-81, D.T., 1981-A-786; citado por Salas, Acdeel Ernesto, Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., "Código Civil y leyes complementarias", Depalma, Buenos Aires, Tº IV-B, 1999, pág. 311). ------------------------------------------------------------- --------- Por ello, carece de sustento la negativa de aplicación de las normas del Código Civil sobre las del Código Tributario Provincial. Se impone destacar que en el régimen federal de Estado adoptado por la C.N., las Provincias -en ejercicio de sus autonomías- se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. En consecuencia, se ha reconocido a éstas facultades para establecer impuestos con excepción de los derechos de importación y exportación, en que la competencia ha sido atribuida en exclusividad al Gobierno Federal (art. 75, inc. 1º, C.N.). --- --------- De ese modo, cuando la legislación provincial ha pretendido extender los plazos de prescripción de las acciones del fisco para determinar y exigir el pago de tributos locales, nuestro Máximo Tribunal invalidó tales disposiciones por importar un desplazamiento del Código Civil (C.S.J.N., 02-08-1943, "Fisco Provincia de Entre Ríos c/ Simón Tegbi", Fallos, 196:274). ---------------------------------------------------- --------- En esa línea, y en cuanto a los plazos de prescripción y causales de interrupción y suspensión de la misma pautados en el Código Civil, que deben ser respetados por las normativas provinciales y municipales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las "normas de índole local (...) no pueden alterar las normas comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción; y ello aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda judicial (Fallos 173:289; 182:360; 187:216; 189:256; 224:39; 277:373)" [cfr., Fallos, 293:427 -consid. 3°-]. -------------------------------------------------- --------- En idéntico sentido, el Máximo Tribunal ha resuelto que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil son inválidas, "pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local" (Fallos, 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344). ------------------------------------------------ --------- Luego ha ratificado tal doctrina, afirmando que "la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía" ("Municipalidad de Avellaneda s/ inc. de verif. en: Filcrosa S.A. s/ quiebra", de 30-09-03, consid. 6° del voto mayoritario). --------------------- --------- D. En consecuencia, la pretensión de la accionante de modificar la decisión del a quo, que consideró prescripta la deuda por los períodos reclamados desde el 01 de 1996 hasta el 06 de 2000 debe confirmarse. ----------------------- --------- 2. Se queja la apelante respecto de la falta de determinación de la tasa de interés aplicable al monto ejecutado. Sostiene que en el ap. II de la parte resolutiva del pronunciamiento se hace referencia a los intereses legales de acuerdo con lo establecido en los considerandos; sin embargo, no surge tal análisis del contenido de la resolución. ------------------------------------------------------ --------- Entendemos que en este punto le asiste razón a la recurrente y que la Cámara puede decidir en función de lo dispuesto por el art. 263 del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037 (similar redacción al art. 278 de la Ley Prov. N° 3.738). --------------------------------------------------------- --------- Es que, para que pueda ejercitarse dicha potestad se requiere no sólo que se haya interpuesto y concedido el recurso, sino que haya sido solicitado por la apelante en el memorial de agravios (Cám. Nac. Civ., Sala A, 26-10-77, La Ley, 1978-C-363; El Derecho, Tº 90-829). ---------------------------------- --------- En el sub exámine, resulta adecuado determinar que los intereses se calcularán conforme lo dispuesto en el C.T., particularmente en el art. 43, bis, inc. `h´, sustituido por el art. 3 de la Ley Prov. N° 8.250 (B.O. del 20 de diciembre de 2011), que textualmente expresa: "Inciso h) Por el período durante el cual no corresponda actualización, conforme a lo previsto en el Inciso a), las deudas a favor de la Dirección General de Rentas devengarán: 1. Un interés resarcitorio mensual, sin necesidad de interpelación alguna, que se computará desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria adeudada por el contribuyente o responsable hasta la fecha en que se pague o se regularice la misma o bien hasta la fecha en que se interponga la demanda judicial para su ejecución. La tasa de interés resarcitorio mensual será fijada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, por resolución fundada. 2. Un interés punitorio mensual que se computará desde la fecha de interposición de la demanda judicial hasta la fecha en que se pague o se regularice la obligación adeudada por el contribuyente o responsable. La tasa de interés punitorio mensual será fijada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, por Resolución fundada y no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) la tasa de interés resarcitorio mensual que se encuentre vigente". -------------------------- --------- La aplicación de la tasa de interés conforme lo dispuesto por la Ley Prov. N° 3.908 y sus modificatorias fue solicitada por la actora al iniciar la demanda ejecutiva (ver ap. II y V, `d´, fs. 4 y vta.). ---------------------------------- --------- III. En lo relativo a las costas de la Alzada y atento a la procedencia parcial del recurso articulado, las mismas se imponen en un setenta por ciento (70%) a la apelante y en el treinta por ciento (30%) restante al demandado apelado (arts. 70 y ccds. del C.P.C., Ley Prov. N° 8.037, de similar redacción al art. 77, del C.P.C., Ley Prov. N° 3.738). ----------------------------------------------- --------- Por ello, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: --------------------- --------- I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 20 contra la sentencia de fs. 15/18 y, en consecuencia, revocar en lo pertinente el ap. II de la parte resolutiva sobre la determinación de intereses, disponiendo que los mismos se establecerán conforme a lo dispuesto por el art. 43, bis, inc. `h´, del C.T., sustituido por el art. 3 de la Ley Prov. N° 8.250. -------------------------- --------- II. Imponer las costas de la Alzada en un setenta por ciento (70%) a la actora apelante y en el treinta por ciento (30%) restante al ejecutado, dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por parte de letrado alguno del demandado. --------------------------------------------------- --------- III) Protocolícese, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si correspondiere. ------------- TONELLI-BAZÁN-RUSANSKY