Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-02


En la ciudad de Trelew, a los 02 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Juan Humberto Manino y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"V., J. L. c/ R., O. y V., E. y/o T. M. F. II s/ dif. De hab. e indem. de ley" (Expte. N° 20.950 - año: 2005) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 127.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez contestó: I.- El juzgador de origen desestimó la demanda por considerar no acreditada en la causa la existencia del contrato laboral invocado por el actor como título de pedir de sus pretensiones.

Así lo consideró el "a quo" atendiendo a que sólo se demostró que la codemandada O. R. era propietaria del camión que el actor conducía, mas no la relación de trabajo entre ellos, y a que el propio demandante, tanto al absolver posiciones cuanto al declarar como testigo ante el Juzgado Federal, expresó que el codemandado E. V. era también chofer del vehículo, pues, aunque la habilitación comercial de la empresa de transporte estuviera a su nombre, el verdadero dueño de ella era el esposo de R..

Añadió el sentenciante que era además sugestivo que el actor demorara por meses sus reclamos.- Apelado tal fallo por el perdidoso, él expuso contra la decisión, en síntesis, los siguientes agravios: A) O. R., tras reconocer su dominio sobre el camión, alegó haberlo locado a E. V., pero no probó en el proceso dicha locación.

B) Se atribuyó excesiva relevancia a las manifestaciones del actor en el sentido de que el dueño de la empresa era el marido de R., quien, por estarle vedado en su condición de empleado provincial tener empresas, la habilitó a nombre del codemandado V.. Si tal fuere, el rechazo de la demanda importa alentar conductas fraudulentas.

Ante la imposibilidad de probar la titularidad de la empresa por el esposo de la codemandada, corresponde tener por responsables jurídicos de la relación laboral a la propietaria del camión y a quien tiene a su nombre la habilitación comercial de la empresa. C) Si la empresa consiste en la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, no es dudoso que los dueños de los medios materiales, de los instrumentos de producción -en la especie, el camión y la habilitación comercial-, fueron los beneficiarios de los servicios prestados por el demandante.

D) La demora del demandante en efectuar sus reclamaciones podrá parecerle sugestiva al sentenciante del anterior grado, pero los derechos del trabajador son irrenunciables y no tienen otro límite temporal que el plazo de la prescripción, de manera que la aludida demora resulta irrelevante. E) Que el codemandado V. haya sido en verdad compañero de trabajo del actor, a la vez que titular de la habilitación comercial, nos conduce a la figura de la interposición fraudulenta de personas, correspondiendo entonces aplicar el art. 29 L.C.T. F).

Los testigos declarantes en el proceso manifestaron que el actor trabajaba en el camión de la codemandada R. y esos servicios prestados hacen presumir la existencia de contrato de trabajo, sin que fuere necesario acreditar el carácter dependiente del vínculo.II.- Sabido es que a los fines del derecho laboral constituye trabajo la actividad prestada en favor de quien, mediante una remuneración, tiene la facultad de dirigirla (art. 4 L.C.T.); éste es el empresario, quien dirige la empresa (art. 5, párr. 2° ídem).- La determinación de la calidad de empresario en el empleador es esencial para caracterizar el contrato laboral, de modo que en situaciones dudosas es menester ubicar dónde se encuentra la organización empresaria, quién es su titular, esto es quién corre con los riesgos de la explotación y se apropia originariamente de los frutos de la actividad.En la especie ha sido el propio actor quien aportó la prueba de que los codemandados R. y V. no eran los empresarios, no dirigían la organización empresaria ni se apropiaban de los frutos de la actividad.

En efecto, en ocasión de absolver posiciones confesó que E. V. no explotaba la actividad, sino que era chofer empleado y que el dinero y cobro de los fletes lo manejaba el marido de O. R. (fs. 41, resps. a las pos. 1era. y 2da.), confesión expresa esta que constituye plena prueba en su contra (art. 423, regla 1era. C.P.C.C.).- Poco importa que esa prueba la haya arrimado al proceso el actor, a pesar de que la carga de probar que no eran empresarios empleadores pesara legalmente sobre los codemandados, pues por virtud del principio de unidad y comunidad probatoria, las probanzas se adquieren para el proceso y no en beneficio exclusivo de la parte que las produjo, siendo las reglas de la carga de la prueba, del "onus probandi", sucedáneas o sustitutivas de la prueba misma, a aplicarse únicamente ante la falta de ella (art. 377 C.P.C.C., su doc.; esta Cámara, c. 10.084 S.D.L. 97/92, c. 11.556 S.D.L. 41/95, c. 11.644 S.D.L. 75/95, c. 16.336 S.D.L. 55/00 y sus citas).- En cuanto a la propiedad del camión por la codemandada R., esa circunstancia no la convierte a ella en empresaria ni en empleadora. Empresario, lo reitero, es quien dirige la empresa y no cabe confundirlo con el titular dominial de alguno de los medios materiales que integran la organización.

El empresario puede reunir en su organización medios materiales -cosas- de su propiedad y también medios inmateriales -bienes que no son cosas-, como derechos de uso y goce sobre cosas ajenas (arts. 5 L.C.T., 2311 y 2312 Cód. Civ., 40 de la ley 19.550), mas los titulares de estas últimas no se transforman por ello en empresarios, calidad que queda reservada a quien dirige el todo de la organización instrumental destinada al logro de fines económicos o benéficos.

Tocante a la figura de la interposición fraudulenta de personas, debe recordarse que el art. 29 L.C.T. prevé la situación de trabajadores que han sido "contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas", mientras que de las constancias de autos no surge que el codemandado E. V. haya sido quien contrató al actor a modo de un conchabador.

Atinente a las declaraciones testificales invocadas por el recurrente, no es exacto que ellas demuestren que él prestaba sus servicios en beneficio de los codemandados.

Preguntado el testigo L. C. M. acerca de si sabía y le constaba que el actor haya trabajado para los demandados, el declarante bien se guardó de afirmarlo así, respondiendo en cambio que "él trabajaba en el camión M. F." (fs. 43, resp. a la preg. 1era.) y, vengo de señalarlo, el laborar con un medio material determinado no puede identificarse con ser empleado del propietario de dicha cosa, quien no por esa mera calidad de dueño del medio instrumental integrado en una organización pasa a ser el empresario.

Por su lado, el testigo R. C. C. Dijo haber visto al actor trabajar en reparaciones del camión que tenía E. V. (fs. 44, resps. a las pregs. 5ta. y 6ta.). Mas como el propio demandante confesó expresamente que este codemandado era un chofer empleado, que no explotaba la empresa de transportes para sí, mal se lo puede tener por empresario beneficiario de los servicios que el actor prestaba.

De su parte, L. N. T. testificó que el actor realizaba tareas con el camión, pero es imposible a partir de allí concluir que los servicios los prestaba a favor de los codemandados, a quienes ni siquiera conoció la deponente (fs. 45, resps. a la preg. 2da. y a la repreg. 3era.). N. M. U. afirmó saber que el demandante trabajaba para los demandados, pero no explicó con una adecuada razón de sus dichos cómo le constaba que las tareas eran cumplidas en favor de ellos, circunstancia que no puede extraerse de ver al actor descargar y, a veces, manejar el vehículo carguero (fs. 46, reps. a las pregs. 1era. y 2da.).

Casi sobreabundante es enfatizar la importancia de la razón de los dichos, elemento este determinante para la adecuada crítica del testimonio, en tanto es a través de él que quedan en claro las circunstancias de lugar, tiempo y modo de adquisición del conocimiento por el testigo de los hechos sobre los que declara (art. 445 "in fine" C.P.C.C.; este Cuerpo, c. 16.652 S.D.L. 74/00, c. 17.196 S.D.L. 26/01, c. 17.734 S.D.L. 16/02, c. 18.828 S.D.L. 28/03, c. 20.663 S.D.L. 53/05 y sus citas).

No acreditado entonces que la prestación de servicios lo haya sido a favor de los codemandados, inhacedero es ingresar al análisis de si es o no menester la prueba de la subordinación con que las labores se habrían cumplido.- En cuanto atañe a la presunción contra el actor que se apoyaría en su demora en formular los reclamos, las críticas del recurrente constituyen manifestaciones inocuas, pues atacan una expresión "obiter dicta", evidentemente puesta por el sentenciante para esclarecer algo más las bases de su razonamiento, que no da pie a que, embatiéndola, se revise la justicia del fallo, apoyado como se halla en un cimiento argumental distinto y que permanece incólume (esta Alzada, c. 11.216 S.D.C. 23/95, c. 12.437 S.D.C. 1/98, c. 14.848 S.D.C. 24/99, c. 15.900 S.D.L. 24/00).

III.- Las razones expuestas me llevan a propiciar la confirmación de la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 59 de la ley 69), sin que corresponda regular honorarios a los letrados que lo patrocinaran y representaran, vista la condena en costas en su contra y el pacto de cuota litis homologado que los vincula (arts. 4 del dec.-ley 2.200; fs. 3 y 98).

Me expido en esta cuestión pues por la AFIRMATIVA.- A la PRIMERA CUESTION manifestó el Dr. Manino: Concordaré en un todo con el voto del Sr. Magistrado preopinante, lo cual autoriza a que me remita a su reseña del fallo apelado y de los agravios de la actora contra el decisorio adverso. En ocasión de emitir mi voto en segundo término en el precedente que cita el Dr. Velázquez (S.D.L. 55/00, exp. 16336), tuve ya oportunidad de expedirme sobre las pruebas que provenientes de una parte arrojan lumbre sobre el proceso debatido.

No importa por tanto de quien proviene el elemento convictivo que lleva a la dirimición del pleito, sino si tal elemento importa prueba para el juicio, en cuyo caso por el principio de adquisición de la prueba para el proceso, o como lo cita el colega lo de la unidad y comunidad probatoria, resultan tales elementos probatorios plenamente utilizables.

Aquí resulta que de la propia confesional del actor a fs. 41, resultó plena prueba por confesión expresa que los demandados Sra. R. y Sr. V. no resultaban ser los empresarios en los términos establecidos en la LCT para la empresa y para el empresario (Arts. 4 y 5). Ello por cuanto V. confesó que V. no explotaba la actividad, siendo un empleado chofer y que, además, la explotación del negocio de transporte en si, cobro de los fletes etc., lo realizaba el esposo de la codemandada Sra. R.. Circunstancia, p. ej. de la condición de chofer empleado y por ende no empresario de V., que V. va a ratificar en su declaración ante la justicia federal, según consta en el acta de fs.8 del c.p.a., donde así lo manifestó.

Además del detalle sugerente de haber prestado declaración como "trabajador independiente" según allí consta. Y en cuanto a la titularidad de dominio del camión en la codemandada Sra. R., ello no significa que tal circunstancia le otorga a la titular la condición de empresaria para la cual se presten servicios propios de un contrato de trabajo. Empresario es algo más que ser titular del dominio de una cosa o útil utilizado, toda vez que implica a quien dirige y explota un negocio determinado en la totalidad y concierto de los bienes de los cuales se configura y determina la explotación.

Tampoco los testigos declarantes en autos, apoyan la postura del actor, para lo cual me remito por razones de brevedad a las transcripciones de sus dichos que ha llevado a cabo el Dr. Velázquez. Declarar que el actor trabajaba en el camión M. F., o haber visto al demandante reparando el rodado que tenía V., que era un empleado chofer, o haberlo visto llevar a cabo tareas con el camión sin otro dato atinente a que implicaba tal circunstancia, no acreditan y lo reitero, que los demandados de autos hayan sido los empresarios que contrataran al actor y que por ello estuvieran vinculados por un contrato de trabajo.

Y declarar como sucede con el Tgo. U. que V. trabajaba para los demandados, pero sin especificar de que manera le constaba tal circunstancia en la razón de sus dichos, tampoco allega elementos convictivos a la postura del reclamante.Tenemos así que no comprobado prestación de servicios a favor de los dos demandados de autos, resulta irrelevante el ingreso en si se trató de servicios subordinados que nos lleven a la figura de la relación laboral y el contrato de trabajo.

Consecuencia de lo dicho es que el rechazo de la demanda estuvo ajustada a derecho y por ello el fallo apelado debe ser confirmado. Confirmación del fallo que lleva a imponer las costas al apelante, sin regular honorarios a sus letrados por el pacto de cuota litis homologado en la causa a fs. 98.- Voto yo también la cuestión por la AFIRMATIVA.A LA SEGUNDA CUESTION EL Dr. Velázquez respondió: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella, sin que corresponda regular honorarios a los letrados que lo patrocinaran y representaran. ASI LO VOTO.

A la SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino: Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez. Con lo que se dio por terminado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 Ley 2200 y 271 del C.P.C.C., Textos Ley 4550).- Trelew, de febrero de 2.006.- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - CONFIRMAR la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella, sin que corresponda regular honorarios a los letrados que lo patrocinaran y representaran.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

VELÁSQUEZ MANINO REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DE 2.006 - SDL.- Conste.- c.