Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-27


Fojas: 70 En Mendoza, a veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa Nro. 76.831, caratulada: "Videla, Lucía Mirta c/ D.G.E. s/ A.P.A." Conforme lo decretado a fs. 69 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. Alejandro Pérez Hualde, segundo: Dr. Fernando Romano y tercera: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

ANTECEDENTES:

A fs. 3/11 vta., la señora Lucía Mirta VIDELA, por sí, patrocinada por los Dres. Daniela V. Zanón y Héctor R. Santander, interpone Acción Procesal Administrativa contra la Dirección General de Escuelas, solicitando se declare la nulidad de la Resolución nro. 00127 dictada el 21.03.2003 por el Señor Director General de Escuelas, en cuanto la misma dispuso su baja a partir del 01.04.2003 en el cargo titular de Preceptora de la Escuela Nro. 4-033 "Laureana F.de Olazábal" del Departamento de Luján de Cuyo y se ordene su inmediata restitución al cargo y el pago de salarios caídos.

A fs. 16 se admite formalmente la acción interpuesta y se ordena correr traslado al Señor Director General de Escuelas y al Sr. Fiscal de Estado; quienes contestan a fs. 19/25 vta.y 30/32, solicitando, en ambos casos, la desestimación de la demanda.

Aceptadas y rendidas las pruebas ofrecidas, se agregan los alegatos presentados por las partes, obrando a fs.49/53 el de la parte actora, a fs.55/60 los de la demandada y a fs.61 y vta. el de Fiscalía de Estado. Se incorpora a fs.67 el dictamen evacuado por el Señor Procurador General del Tribunal quien se remite a los argumentos vertidos en causa similar, Nro. 76.835 "Diaz, Clara Aurora c/ D.G.E. p/ A.P.A.", y aconseja que se desestime la demanda incoada.

A fs. 68 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs.69 se deja constancia del orden de estudio dispuesto en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la Acción Procesal Administrativa interpuesta? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE dijo:

I. RELACION SUCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS 1. Posición de la parte actora:

Al promover acción procesal administrativa, la actora, Lucía Mirta Videla persigue la nulidad de la Resolución Nro. 00127 del 21.03.2003 emitida por el Señor Director General de Escuelas en tanto la misma dispone su baja a partir del 01.04.2003 en el cargo de Preceptora en la Escuela Nro. 4-033 "Laureana F.de Olazábal" del Departamento de Luján de Cuyo, como así también de todas las resoluciones que le anteceden y que dieran origen al trámite recursivo instado en sede administrativa que tramitaran por expte. nro. 884-V-02, caratulado "Videla, Lucia Mirta Remite carta documento s/Memorando del 14.12.01"Sostiene que los actos administrativos incurren en groseras violaciones al derecho de propiedad, al principio de respeto por los "derechos adquiridos" y al principio de "irretroactividad de la ley". Peticiona la restitución al cargo como el pago de los salarios caídos.

Relata que tomó el cargo de preceptora en la Escuela Nro. 4-033 "Laureana F.de Olazábal" del Departamento de Lujan de Cuyo y que también ejerció el cargo de Secretaria de la misma escuela, obteniendo el beneficio de la jubilación ordinaria en la Caja Provincial en virtud de la Resolución Nro. 359/94.

Dice que desempeñó con normalidad sus tareas hasta que en el mes de diciembre de 2001 recibió un memorandum de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas en el que se la emplazaba en cuarenta y ocho horas para renunciar a su cargo en virtud de lo preceptuado por el art.30 de la Ley 6.921. Agrega que rechazó el emplazamiento por carta documento amparándose en la inconstitucionalidad de la norma invocada.

Para fundar su pretensión sostiene que el acto cuestionado se funda en normas inconstitucionales, Art.30 Ley 6921 y su decreto reglamentario, incurriendo en las siguientes irregularidades:

* Viola el principio de irretroactividad de la ley, vulnerándose el Art.16 de la Constitución de Mendoza al igual que el Art.29 del mismo cuerpo legal, ya que el nuevo régimen estatuido por el Art.30 de la Ley 6.921 limita el principio de irretroactividad.

* Afecta la garantía de la propiedad (Arts.14 y 17 de la Constitución) alterándose los derechos adquiridos sobre el cargo titular como preceptora y provocándole perjuicios patrimoniales y morales.

* Viola leyes de rango superior ya que la Provincia es incompetente para legislar en materia previsional atenta la transferencia del régimen a la Nación. No existe en la legislación nacional vigente, luego de la transferencia, norma alguna que establezca que los jubilados no pueden trabajar o que deban hacerlo hasta una determinada edad. Detalla así que el art.2 de la Ley 24.241 establece quienes están incorporados obligatoriamente al SIJP y dice que son "Las personas físicas mayores de 18 años que a continuación se detallan....", pero que no establece un límite de edad. Dice que la misma ley establece la compatibilidad de que los beneficiarios del sistema sigan trabajando o reingresen a la actividad, la única limitación que realiza la ley es en el sentido de que los aportes previsionales realizados por los jubilados van al Fondo Nacional de Desempleo.

Funda en derecho, cita jurisprudencia en aval de su pretensión y ofrece prueba.

2. Posición de la parte demandada La Dirección General de Escuelas contesta a fs.19/25 vta. y solicita el rechazo de la acción. Entiende que la cuestión gira en torno a la temática de la incompatibilidad de funciones en la relación de empleo público y desarrolla los siguientes argumentos:

* El derecho de propiedad (Art.17 de la C.Nac. y 16 de la C.Pcial.) no es absoluto (Art.28 de la C.Nac.) y en la especie, se encuentra reglamentado por la Ley 6921, art.30 modificado por Ley 6998, art.6 inc.9 de la Ley 6929 y su decreto reglamentario Nro. 285/02. Esas disposiciones solo permiten la acumulación de un beneficio previsional y doce (12) horas cátedra, situación en la que no encuadra la actora.

* No existe un derecho adquirido al mantenimiento de las reglamentaciones.

* No es de aplicación la Ley 24.241 ya que la materia del deccidendum es la incompatibilidad funcional y no el otorgamiento del beneficio jubilatorio, por lo que no existe violación de ley de rango superior y menos aún de lo preceptuado por el Art.31 de la C.N.

* La pretensión del pago de salarios caídos es improcedente ya que no mediando prestación de servicios no corresponde el derecho a retribución (Art.20 inc.b) Dec.Ley 560/73). Por otra parte resalta que la cuestión no integró la reclamación administrativa por lo que corresponde su rechazo conforme Art.11 Ley 3918.

* La cuestión no es arbitraria pues pertenece al ámbito de la actividad "reglada" de la administración. De allí que si el agente jubilado tiene un cargo dentro de la administración, que no es equiparable a horas cátedras (única excepción admitida por la normativa) debe aplicársele la norma que establece la incompatibilidad y ordenar su cese..

Funda en derecho y ofrece prueba.

3. Posición de la Fiscalía de Estado.

Fiscalía de Estado, en su responde, adopta similar actitud procesal que la demandada y destaca que según la normativa vigente a la época de la baja de la actora, debían cesar en sus funciones las personas que prestaren servicios en el ámbito de la Administración Pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra dependencia de la Administración que gocen de un beneficio previsional, quedando exceptuado el personal jubilado docente comprendido en el art.6 inc.9 de la Ley 6929 modificado por Ley 6998, el que permite la acumulación de un beneficio docente y hasta doce (12) horas cátedras.

La actora desempeñaba el cargo de preceptor que no "constituye horas cátedras" por lo que se configura la incompatibilidad, resultando así legítimo el acto atacado y por ende es improcedente la demanda.

4. Dictamen del Señor Procurador General del Tribunal El Señor Procurador propicia la desestimación de la demanda con sustento en los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido en el expte.Nro. 76.835 "Diaz, Clara Aurara c/D.G.E. p/A.P.A." careciendo de derecho de acumular el beneficio jubilatorio en un cargo docente (Secretaria en la Escuela Nro. 4-033)con el ejercicio de otro cargo docente -el de preceptora- por consiguiente la decisión que le dio de baja no adolece de los vicios que la accionante le endilga II. PRUEBA RENDIDA:

* Expte. adm.nro. 884-V-02 caratuladas "Videla, Lucia Mirta Remite/Carta documento s/Memorando"", obrantes en este Tribunal según constancia de fs.14.

* Certificado extendido por la Oficina Técnica Previsional sobre el otorgamiento a la actora de la Jubilación Ordinaria según Resolución Nro. 359/94., con vigencia a partir del 01.05.1994 (fs.35).

* Informe extendido por la Directora de la Esc.Nro. 4-033 donde se hace saber que la actora se desempeñó como preceptora titular en ese establecimiento desde 01.02.1991 hasta el 08.04.2003 hasta que fue dada de baja por Resolución Nro. 127 de la D.G.E. (fs.43).

* Resolución Nro. 127 de fecha 21.03.2003 dictada por el Director General de Escuelas por la que se dispone la baja de la actora en su cargo de Preceptora en la Esc.Nro. 4-033 "Laureana F.de Olazábal" del Departamento de Lujan de Cuyo (fs.1/2).

De la prueba rendida surge lo siguiente:

1. Que por Resolución Nro. 359/94 el Directorio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia le otorgó a la actora, Lucia Mirta Videla, el beneficio de la jubilación ordinaria a partir del 01.05.1994 (fs.8/9 del expte.adm. nro. 0000884-V-02).

2. Que la actora se desempeñaba como preceptora titular en el Esc.Nro.4-033 Laureana Ferrari de Olazábal del Departamento de Lujan desde el 01.02.1991 (fs.43 expte.judicial y fs.4 expte.adm. 000884-V-02).

3. Con fecha 12.11.2001 la actora recibe un memorandum donde se la intima para que en el plazo de 48 horas renuncie a su cargo o en su defecto se dispondrá el cese, en virtud de lo dispuesto por el art.30 de la Ley 6921 (fs.6 expte.adm.000884-V-02) 4. La actora rechaza la intimación por carta documento de fecha 14.12.2001 (fs.1 expte. adm.0000884-V-02) 5.Con fecha 21.03.2003 se dictó resolución nro. 127por la que se la dá de baja a partir del 1 de abril del 2003. (fs.18/19 del expte.adm.nro.0000884-V-02).

III. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN:

Analizaremos los argumentos en que la actora ha fundado su acción en el mismo orden propuesto por ella en su demanda.

a)Afirma la actora que la resolución atacada viola el principio de irretroactvidad de la ley, vulnerándose así el art. 16 de la Constitución de Mendoza al igual que el art. 29 del mismo cuerpo legal, ya que el nuevo régimen estatuido por el art. 30 de la Ley 6.921 limita el principio de irretroactividad. En igual sentido señala que la mencionada resolución afecta la garantía de la propiedad (arts. 14 y 17 C.N.) alterándose los derechos adquiridos sobre el cargo titular como preceptora y provocándole perjuicios patrimoniales y morales.

El art. 16 C. Mza. Establece que "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado ni desposeído de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, o por causa de utilidad pública, calificada en cada caso por la Legislatura y previa indemnización"; y el art. 29 "el Poder Legislativo no podrá dictar leyes que priven de derechos adquiridos, o alteren las obligaciones de los contratos".

La actora sostiene tener un derecho subjetivo digno de protección constitucional acorde con los artículos citados; pero no ha tenido en cuenta que, como acertadamente señala la Dirección demandada, lo que en realidad pretende es el mantenimiento de un régimen jurídico público determinado, como lo es el que rige la relación de empleo público del Estado con sus agentes, cosa a la que no tiene derecho a aspirar.

Ha sostenido este Tribunal que "el derecho subjetivo y el interés exhiben como elementos comunes que el orden jurídico positivo prescribe una conducta debida al sujeto que ejerce función administrativa y el administrado tiene interés personal y directo en la observancia de esa conducta" (L.S. 294-159). En el caso que nos ocupa, la actora carece de derecho subjetivo a que la Administración sostenga en vigencia el régimen de carácter público que regula la relación con sus agentes. En otros precedentes de este Tribunal se ha dejado claramente establecido que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento o inalterabilidad de leyes o reglamentos" (L.S. 203-096; 319-120).

b)La actora menciona en su demanda que la norma impugnada viola leyes de rango superior de orden nacional y, de tal modo, el art. 31 de la Constitución Nacional que determina la supremacía de las leyes, en especial resulta trasgresora de la Ley 24.241, porque la Provincia es incompetente para legislar en materia provisional atento a la transferencia de dicho régimen a la Nación.

Es evidente que el argumento adolece de un error de apreciación del objeto de la Ley provincial que respalda la resolución atacada en estos autos. La Ley 6921, y su reforma por Ley 6929, no está dirigida a regular, en lo relacionado a esta causa, el régimen jubilatorio sino que su objeto es establecer el régimen del empleo público en la provincia en un todo de acuerdo a sus facultades propias reservadas en la Constitución Nacional (art. 121 C.N.) por cuanto la provincia ha reservado su derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas.

Así surge con claridad de su art. 30 de la Ley 6921 que dice "aquellas personas que a la fecha de sanción de la presente ley gozan de beneficios jubilatorios acordados, y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la administración pública provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones"; y también del art. 6 de la Ley 6.929, que dice: "el personal docente mencionado en el artículo 1° de la presente ley, únicamente podrá acumular los cargos, funciones y/u horas cátedra que se determinan a continuación, siendo cada una de las situaciones mencionadas excluyentes entre si:...inciso (9) un beneficio jubilatorio docente y hasta doce (12)horas cátedra, teniendo prioridad quien no posea cargo y/o horas cátedra titulares".

IV. CONCLUSIÓN:

La actora, que goza de su jubilación docente provincial desde 1994, carece de derecho subjetivo al mantenimiento del régimen excepcional que le permitía a la vez desempeñarse en un cargo docente de preceptora. La ley 6.921 (modificada por la 6.929) limitó esa posibilidad únicamente a aquéllos docentes jubilados que desempeñaran en 12 horas cátedra; situación excepcional en la que no encuadra la actora.

La referida norma ha sido dictada por las autoridades que constitucionalmente son competentes para hacerlo porque han ejercido facultades que son propias del Poder Legislativo conforme al art. 99 incisos 7° "dictar leyes sobre educación pública" y 9° "crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, determinando sus atribuciones y responsabilidades..." Por todo lo expuesto, si mis colegas de Sala comparten estos fundamentos, propongo el rechazo de la acción procesal administrativa intentada.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y KEMELMAJER de CARLUCCI, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. ROMANO y KEMELMAJER de CARLUCCI, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte actora que resulta vencida (arts.36 C.P.C., y 76 del C.P.A.).

Habiéndose activado la acción contencioso administrativa de nulidad, no existiendo reclamo económico concreto, corresponde aplicar el art.10 de la Ley 3641.Atento ello, respetando la letra de dicha normativa se tiene en cuenta que la cuestión refería al cese de funciones de personal docente por incompatibilidad, cuestión novedosa pero que no trasciende el interés particular de las partes. Se valoran los argumentos jurídicos esgrimidos tanto en la demanda como en los respectivos respondes, la incidencia de los mismos en la solución que se adopta y la efectiva labor cumplida por cada uno de los profesionales intervinientes.

Asimismo, se aprecia que se han cumplido con todas las etapas del proceso y que se ha aportado prueba instrumental e informativa. Por todo ello esta Sala entiende justo y equitativo fijar en $ 1.200 el patrocinio de la parte ganadora.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. ROMANO y KEMELMAJER de CARLUCCI, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 27 de setiembre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1°) Rechazar la acción procesal administrativa entablada por la Sra. Lucia Mirta Videla a fs.3/11 vta..

2°) Imponer las costas a la parte actora vencida (art.76 del C.P.A. y art.36 del C.P.C.).

3) Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Cuatrocientos ochenta pesos ($480) a cada uno de los Dres. Noemí Luján Correa, Mario S. Fernández y Hugo Oscar Guzzo; Doscientos cuarenta pesos ($ 240) al Dr.Pedro A. Garcia Espetxe; Doscientos diez pesos ($ 210) al Dr. Héctor R.Santander y Seiscientos treinta pesos ($630) a la Dra. Daniela Valentina Zanón, todo ello conforme los Arts. 3, 10, 13, 31 y concs. de la ley arancelaria.

4) Notificar Caja Forense y Dirección General de Rentas.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE y devuélvanse a origen las actuaciones administrativas acompañadas.

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