marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente de tránsito, motocicleta
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bachinski, Esteban c/ Municipalidad de San Jerónimo Norte s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-04-01

En relación al reproche vinculado al aducido exceso de velocidad, amén de que el relato vertido en el memorial del recurso de inconstitucionalidad sobre los antecedentes relevantes de la causa no permite verificar que la cuestión haya sido propuesta y mantenida en todas las instancias, lo cierto es que la ordenanza municipal 1355/2016 allegada por la recurrente -a tenor de la cual se habrían fijado los límites para futuras expansiones urbanas- se exhibe por sí sola como insuficiente para demostrar, siquiera en el grado propio de este estadio, que el trecho del camino donde se erigía el terraplén embestido por el actor se hubiese hallado efectivamente en ese entonces dentro de la zona urbana del municipio, omitiendo la presentante hacerse cargo -siquiera someramente- de un señalamiento concluyente contenido en el tramo de la sentencia en el que se abordó la cuestión de la velocidad, donde se remarcó que lo verdaderamente relevante en el caso para que el conductor de la motocicleta no hubiese podido percatarse a tiempo de la presencia del montículo de tierra era la circunstancia de que, en el mencionado contexto de oscuridad y de ausencia de señalización, aquel constituía un obstáculo invisible, calificado pericialmente como insalvable, dado el nulo contraste con la calzada, puesto que el obstáculo se asemejaba al propio camino; con lo que el reproche deviene, en definitiva, privado de fundamentación idónea. (Del voto en disidencia de la Dra. Gastaldi) - Ley 7055, artículo 1
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Seoane, Jonathan Gabriel  c/ Godoy, Luis Alberto  s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-12

Los jueces se encuentran facultados para fijar equitativamente la retribución de los profesionales (por exceso o por defecto) cuando la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (art. 1255 del CCyC). Por ello, es dable recordar que la fijación de los honorarios no depende exclusivamente del monto del litigio o de las escalas pertinentes sino de un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces con prudencia y discreción, razón por la cual en nuestro régimen el juez de la causa es el encargado de valorar el trabajo profesional conforme el conjunto de principios generales contenidos en el art. 16 de la Ley 27.423 que deben ser respetados para lograr estimarlos de la manera más justa.
Alimentos provisionales, actualización de cuota alimentaria, juicio de alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: F. M., A. N. y otro  c/ M., L. A.  s/ art. 250 cpcc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-20

La fijación de cláusulas de actualización periódica en las cuotas alimentarias provisorias resulta razonable para evitar la desvalorización del monto y prevenir una litigiosidad innecesaria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, cuestión no decisiva, dominio, posesión, actos posesorios
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Guerra, Osvaldo Norberto c/ Arce, Verónica s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-04-01

No han de prosperar los cuestionamientos vinculados al invocado apartamiento de las constancias de la causa, en particular de las declaraciones testimoniales propuestas por los demandados que, a su criterio, resultarían decisivas para demostrar la posesión a título de dueño por más de 30 años, puesto que de tales tachas tan sólo surge la insistencia de los impugnantes en orden a imponer su propia postura en cuanto a la solución que consideran acertada, con base en su particular enfoque de la causa, en tanto los elementos probatorios respecto de los cuales pretenden hacer mérito en esta instancia, fueron especialmente ponderados por la Cámara aunque restando decisividad a tales declaraciones, por no brindar respaldo sustancial ninguno a las alegaciones defensivas de los accionados, con un criterio cuya razonabilidad no llega a ser puesta en crisis en este estadio; y si bien los impugnantes plantean irregularidades en los testigos del actor, lo cierto es que afirman asimismo haber sido canalizadas a través de un incidente que fue oportunamente rechazado; como así también las alusiones a supuestas deficiencias en las medidas de aseguramiento de prueba no logran refutar lo decidido por la Alzada cuando, en definitiva, del cúmulo de probanzas juzgó que los demandados no habían acreditado ningún acto posesorio en sustento de su defensa, puntualizando que la constatación judicial anticipada sólo daba crédito a la versión del actor.
Índice de precios al consumidor, intereses, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Imperiale, Diego Gabriel  c/ 11 Loops SRL y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-13

Toda vez que la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha inicial de cómputo hasta el dictado del fallo "Lacuadra" arroja una variación notablemente mayor, comparada con la eventual aplicación de la tasa de interés prevista en la última de las actas del fuero (2658), cabe deducir que las tasas bancarias fijadas al presente, conforme la regulación del BCRA no ofrecen una razonable tutela del crédito en juego, al no conjurar en una medida apropiada el efecto inflacionario producido durante el período en examen. Atento que la mera adición al capital histórico de las tasas contempladas en el art. 768, inc. c) del CCyCN reduce de manera notoria la integridad del crédito laboral, corresponde una interpretación armónica de la totalidad del ordenamiento jurídico y de sus principios y garantías de raigambre constitucional, con aplicación preferente de la normativa propia del derecho social del trabajo, para garantizar un legítimo resarcimiento en el que su resultado no sea objetivamente injusto. A tal fin, resulta pertinente declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7° ley 23.928 y 4° ley 25.561 por inconstitucionalidad sobreviniente y reconocer al actor una suma dineraria respecto de los parciales del crédito, que compense ese desfasaje. Así, el crédito debe actualizarse desde la fecha de su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC) con más una tasa pura del 3% anual por igual período. Si en la etapa prevista en el art. 132 LO, la liquidación que se practique de conformidad con los parámetros anteriormente propuestos arrojara un resultado más gravoso para la demandada que el que daría de estarse a las pautas fijadas en el fallo de grado, se tomará como límite del monto total de condena la suma que surje, en definitiva, del cálculo allí efectuado, a fin de evitar caer en una reformatio in pejus para la accionada, en tanto la actualización del capital de condena no fue cuestionado por la parte actora.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F., P. c/  s/ homicidio doloso calificado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de genero-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-04-09

El memorial introductor de la vía extraordinaria local presenta defectos determinantes en orden al acabado cumplimiento del requisito de autosuficiencia, en tanto la recurrente se conforma con un sucinto y parcializado relato de lo ocurrido en la investigación y en el juicio -al plasmar el suceso por el cual se acusó al justiciable y las partes resolutivas de las sentencias de primera y segunda instancia-, haciendo hincapié en los agravios que sustentaron su recurso de apelación para luego, y sin mención alguna de los fundamentos vertidos por la Alzada en pos de desestimarlos y confirmar la decisión de grado, formular sus reproches constitucionales; desde que si bien se intentan críticas puntuales al tratamiento que la Cámara le diera a sus planteos en la instancia apelatoria, la interesada omite efectuar -como era esperable atento al tenor de sus cuestionamientos- una adecuada descripción de los antecedentes de la causa que permita a esta Corte comprender el alcance de los mismos, verificar el nexo entre los vicios acusados y las normas constitucionales supuestamente vulneradas y, sobre todo, comprobar su decisividad para la solución de la litis, todo ello, sin recurrir a los autos principales.
Amenazas, diputados nacionales, redes sociales, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ amenazas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-10

Cabe confirmar que el posteo en una red social contra dos diputados nacionales, no constituyó una amenaza penal, habida cuenta que el mensaje cuestionado no cuenta con entidad suficiente para alarmar la seguridad ni la integridad de los denunciantes, por lo cual no puede ser alcanzado por las previsiones del tipo penal en cuestión. En efecto, se trató de una manifestación vehemente y poco respetuosa dentro de un debate dado en una plataforma digital, caracterizada por la presencia de discursos encendidos, sin que las expresiones vertidas revistan las características exigidas por la doctrina y la jurisprudencia para la configuración de una amenaza.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sola, Walter Adán c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-04-01

Numerosos precedentes de esta Corte establecen que las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen, como principio, sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad, criterio que resulta coincidente con la jurisprudencia de la Corte nacional relativa a la instancia extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48; y si bien en ciertos casos, como supuestos de excepción a la referida regla, se han equiparado a sentencia definitiva ciertas resoluciones que producían un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, en la especie no se advierten razones que permitan apartarse del principio general en cuestión. - CSJN: Fallos:256:150; 267:432; 271:319; 310:681; 313:116; 326:25; 332:2481; 334:1691; CSJStaFe:AyS T 294, p 483; AyS T 299, p 202; T 309, p 203; T 318, p 61; 2024:61; AyS T 108, p 278; T 159, p 40; T 192, p 312; T 196, p 206; T 320, p 425. - Jurisprudencia vinculada: Donda, AyS T 318, p 61, sumario J0050145.
Lealtad comercial, sanciones administrativas, declaración de inconstitucionalidad, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inc S.A. c/ Estado Nacional Ministerio de Economía Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo s/ lealtad comercial - ley 22802 - art. 22
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

Debe declararse la inconstitucionalidad de la competencia para revisar sanciones por la Ley de Lealtad Comercial que el DNU 274/2019 le otorga al fuero en lo civil y comercial federal, dado que la mencionada norma excede las facultades que constitucionalmente tiene asignadas el Poder Ejecutivo, en tanto éste no puede, a través de un decreto, arrogarse atribuciones privativas del Congreso Nacional y, en consecuencia dicha facultad le corresponde a la justicia en lo contencioso administrativo federal.
Despido, abandono de trabajo, intimación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Alberdi, Rubén Darío  c/ Nexus SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

La demandada procedió a despedir al trabajador por abandono de tareas frente a sus innumerables inasistencias sin justificación. El fallo de grado indicó que de conformidad con el deber de buena fe (art. 63 LCT) el empleador tenía la obligación legal de recibir la correspondencia enviada por el trabajador -o su apoderado- "lo que implica tener su domicilio en condiciones, no rechazar los envíos y concurrir a la oficina de correos si le fuese dejado un aviso de su ausencia". Así, si bien todas las notificaciones fueron al mismo domicilio, la primera de ellas fue devuelta por el agente distribuidor con la observación "rechazado" por lo en el fallo de grado se consideró que cabía tenerlas por entregadas, dado que "las demás piezas telegráficas fueron remitidas a ese domicilio y fueron recibidas tal como se menciona en el informe del Correo Argentino". A ello añadió que la accionada había ignorado el domicilio del remitente consignado por el trabajador en dichas misivas y, por el contrario, insistió en notificar en un domicilio que el oficial postal ya había informado que se encontraba "cerrado" y, posteriormente, que el actor se había "mudado". El trabajador fue intimado a retomar tareas al domicilio que consignó en su legajo personal, conforme al principio de buena fe y prosecución del vínculo, y que, frente a su prolongado silencio, quedó inexorablemente incurso en la situación de abandono de trabajo. La demandada afirma que de haber existido una modificación o cambio de domicilio era obligación notificarlo de forma fehaciente en consonancia con la teoría de los actos propios. Si bien es cierto que quien utiliza un medio de comunicación es responsable del riesgo propio de dicho medio, tal principio no resulta aplicable cunando se utilizó un medio común para este tipo de comunicaciones (telegrama) y la noticia no llegó a cumplir su cometido por razones sólo imputables al destinatario, en tanto el domicilio al cual se envió el despacho era correcto. El hecho de que el telegrama haya sido rechazado por el destinatario, no priva de efectos a la comunicación si ésta fue dirigida al domicilio correcto. Cabe entonces confirmar el pronunciamiento en cuanto considera eficaz la comunicación del accionante para poner fin al vínculo.
Compensación económica, uniones convivenciales, código civil y comercial, autonomía de la voluntad, administración y disposición de los bienes, asistencia alimentaria, responsabilidad del deudor, efectos con relación a terceros, vivienda familiar
Materia: CIVIL
Carátula: S., K. E. c/ M., M. E. s/ Compensación Económica
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2025-06-12

Conforme los términos del artículo 518 primer párrafo del Código Civil, las relaciones económicas entre quienes componen una unión convivencial se rige por lo estipulado en el pacto de convivencia y en caso de no existir cada quien ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad (segundo párrafo del artículo referido), con la restricción prevista en el artículo 522 respecto de la vivienda familiar y muebles indispensables, siendo el principio aplicable el de la autonomía de la voluntad con límites vinculados a la asistencia moral y material (art. 519), contribución a los gastos del hogar (art. 520) y responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521) todo lo cual rige exclusivamente mientras la conviviencia dure.
Despido con causa, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ávalos Orellana, Marco Antonio  c/ Electro Service M&E SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-14

La parte actora se alza contra la sentencia de la instancia que consideró acreditada la causal de despido invocada por la demandada para poner fin al vínculo de manera justificada, esto es dirigirse a un superior de manera irrespetuosa y agresiva propiciando insultos con términos irreproducibles cuestionando tanto la idoneidad del incumplimiento para justificar la extinción, la desproporcionalidad y la falta de gradualismo entre la conducta y la sanción aplicada. Cuestiona también la credibilidad de los testigos, por ser dependientes de la demandada, y de la persona insultada y amenazada por ser socio gerente de la demandada. Los testigos se explayaron de manera convincente respecto de los aspectos centrales de la controversia, es decir, la existencia de la actitud violenta del actor hacia su superior jerárquico, toda vez que presenciaron y escucharon el altercado. En cuanto al planteo del actor en torno a la falta de proporcionalidad entre la falta y la sanción, cabe afirmar que existen ciertos límites mínimos en todos los ambientes de trabajo que no pueden traspasarse en ningún caso, entre los cuales se encuentra el respeto mutuo que debe existir en el trato de las personas que comparten a diario la comunidad laboral. Las desinteligencias que puedan suscitarse con motivo del trabajo deben ser encaradas dentro de dichas limitaciones. Las agresiones verbales, más aún las graves, más allá de quien las profiera, deben quedar descartadas, y quien las inflige torna por su culpa, insostenible la prosecución del contrato de trabajo. Toda vez que el actor infirió una grave afrenta a la dignidad de un superior jerárquico, la empleadora (que tiene el deber de respetar- y hacer respetar- la integridad psicofísica y dignidad de los dependientes) actuó prudentemente al despedir al autor del hecho dañoso. Se confirma el pronunciamiento de primera instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Luque, Marcelo Miguel c/ Rohrmann, Micael Rique y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-04-29

No puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad la resolución de Alzada confirmatoria de la decisión inferior declarativa de la caducidad de la instancia, al no tratarse dicho pronunciamiento de la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, ni de auto que haya puesto fin al pleito o que impida su continuación sin posibilidad de reedición en otro juicio ulterior respecto del mismo objeto, dada la posibilidad de plantear la controversia en otra instancia o procedimiento cuando -como ha ocurrido en autos- la caducidad se produce antes de la sentencia de primer grado de conocimiento; a la vez que no luce perfilada la configuración de algún gravamen de difícil o imposible reparación ulterior que torne al pronunciamiento atacado en equiparable a definitivo, desde que la escueta y genérica exposición del recurrente sobre el particular resulta asaz insuficiente para persuadir de tal extremo. - CSJStaFe: AyS T 195, p 135. - Ley 7055, artículo 1; Código Procesal Civil y Comercial, artículo 236. - Jurisprudencia concordante con Medina, AyS 2024:588, sumario J0053145.
Daños y perjuicios, legitimación procesal, herederos forzosos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Santantonin Marchisio, Carolina  c/ EN-SPF  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La actora inició demanda a los fines de que se le reconociera una indemnización por los daños y perjuicios por su padre -quien ya había fallecido- como consecuencia del incendio producido el 14/3/1978 en el Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria n° 2 de Villa Devoto, así como los padecidos por ella en forma personal a raíz de ese acontecimiento. El juez de primera instancia rechazó la pretensión sobre la base de que la demandante no se encontraba legitimada para reclamar un resarcimiento en concepto de daño moral por esos sucesos, pues el artículo 1078 del Código Civil sólo le reconocía esa posibilidad al damnificado directo o, en el caso de su muerte, a sus herederos forzosos. Para confirmar ese pronunciamiento, la sala distinguió la pretensión articulada iure hereditatis de aquella formulada iure proprio, ya que cada una de ellas se encontraba regida por previsiones específicas, contenidas en los artículos 1099 y 1078 del Código Civil, respectivamente. Conforme al primero, se requiere que el causante titular del derecho a la reparación haya entablado la acción resarcitoria como condición necesaria para su transmisión a los herederos. De acuerdo con el segundo, sólo se encuentra legitimado para solicitar la indemnización el damnificado directo, aunque se admite que, si del hecho dañoso hubiera resultado la muerte de la víctima, puedan tener acción sus herederos forzosos. En este entendimiento, el tribunal de alzada consideró que no se cumplía ninguna de las condiciones establecidas por las referidas normas para que la actora se hallara legitimada para reclamar como lo hizo. Por otra parte, también rechazó la reparación del daño patrimonial invocado por la actora (que habría sufrido su padre) por no haberse producido prueba alguna que permitiese concluir la existencia de un daño cierto y no hipotético.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, Municipalidad, poder de policía, protección del medio ambiente, neumáticos, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pirelli Neumáticos S.A.I.C. c/ Municipalidad de Casilda s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-05-20

El presente recurso no puede prosperar pues la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada, revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 2915 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. - Jurisprudencia concordante con Pirelli c. Municipalidad de Casilda, 2025:255, sumario J0054257.