Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26


--- En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los ..26..... días del mes de agosto del año dos mil ocho, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. José Luis PASUTTI y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. ROYER y D. Luis CANEO, para dictar sentencia en los autos caratulados: "D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo (Legajo copia art. 250 CPCCh.)" (Expte. N° 21.248-D-2.008), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 132 de conformidad con las Acordadas N° 3.202, y 3.204 y el Acuerdo N° 077/08 Sala Civil, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: ROYER, CANEO y PASUTTI.-- --- Acto seguido se resolvió plantear y resolver por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.------ --- A la primera cuestión, el Dr. ROYER dijo:-------------- --- I.- ANTECEDENTES:

---- 1.- D. R. D.G. y A. E. G., ambos abogados, por derecho propio, peticionan se decrete embargo preventivo sobre los pagos judiciales o extrajudiciales que M. V. P. y sus hijos R. E. R., J. A. R., C. V. R., N. del S. R. y J.M. R. tengan a percibir de las empresas D. Y C. S.A. y D. S.A.. Ello con base en el artículo 212, inc. 3° del C.P.C.C., en tanto existe sentencia favorable emanada de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Sala "A", registrada bajo el N° 18/2006 del libro de Sentencias Definitivas, dictada en los autos "P., M. V. y Otros c/ D. S.A. y Otros s/ Sumario" (Expte. N° 2960/99).----- --- 2.- El señor Juez de Primera Instancia decreta el embargo preventivo solicitado a fs. 47, ordenando el libramiento de oficios para la traba de la cautelar dispuesta.------------ --- A fs. 59 la Dra. R. B. M. de C., con el patrocinio letrado de la Dra. Y. H. C. interpone Recurso de Apelación contra la resolución que decretara la cautela referida, el que es concedido a fs. 61, y fundado a través del memorial que luce a fs. 63/66. - --- Ordenado el traslado del Recurso, el mismo es contestado a fs. 70/71 por los letrados embargantes. A fs. 87 obra informe de Actuario, por el que se señala que no se presentó escrito de apelación por los codemandados R. E. R., J. A. R., C. V. R. y N. del S. R..------------- --- II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES.- --- La Excelentísima Cámara de Apelaciones dicta Sentencia Interlocutoria Nº 42/2007, a fs. 90/93. Marca en forma preliminar que el memorial presentado a fs. 63/66 es inadmisible respecto de aquellos codemandados que no interpusieron Recurso de Apelación, atendiendo por tanto al mismo en relación de M. V. R. y su hija J. M. R..--- --- Sostienen luego que, conforme surge de la Sentencia Nº 87/2005 y sus aclaratorias Nº 12/2006 y 18/2006 (fs. 4/44), la demanda fue interpuesta por los herederos del señor J. A. R. M. contra las demandadas, con base en normas del derecho común (art. 1113 del C.C.), conteniendo la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49, 3º párrafo de la Ley Nº 24.557. Que en base a dicho régimen jurídico obtuvieron los actores sentencia favorable, rechazándose la acción contra la A.R.T. A. S.A.. Señalan que la indemnización a la que se hizo lugar no tiene su fuente en el derecho laboral, ni en relación de tal carácter entre el señor J. A. R. M. con las empresas demandadas, sino que es un derecho propio de los accionantes por el daño sufrido por el progenitor y esposo.--------- --- Expresan que si bien la Ley Nº 24.557, en su artículo 11, otorga protección legal a las sumas que se tengan a percibir como consecuencia de su aplicación, no fue en ese marco jurídico que se acordó la indemnización, sino que la misma se sustentó en el derecho común, y que por consiguiente el crédito no posee tal amparo legal. Agregan que es de aplicación la teoría de los actos propios, habiéndose sometido sin reserva expresa al régimen jurídico aplicado.---------- --- Finalmente señalaron que la medida cautelar se origina en la condena en costas en los autos principales, dado que no surge de las constancias del expediente que los actores estén eximidos de afrontar las costas. Impusieron las costas a la apelante vencida.------- --- III.- EL RECURSO DE CASACIÓN.- --- Interponen los demandados a fs. 96/102 y vta., contra el fallo de la Excma. Cámara, Recurso Extraordinario de Casación fundado en la causal de arbitrariedad, aún cuando -corresponde señalar- se indica en forma genérica el art. 286 del C.P.C.C.. La Cámara de Apelaciones, por Sentencia Interlocutoria N° 82/2007, declaró la inadmisibilidad del remedio (fs. 108/109 vta.), y a fs. 117 y vta. obra testimonio de la Sentencia Interlocutoria N° 05/S.R.E./2008, por la que se declara mal denegado el Recurso, y se concede el mismo. A fs. 119/129 los Dres. D.G. y G., contestan el traslado del recurso deducido.-- --- Afirman las casacionistas que la indemnización es de naturaleza laboral y alimentaria en tanto el derecho de los accionantes tiene su origen en un accidente de trabajo, por lo que la consecuente obligación de reparar del empleador es de naturaleza laboral, aunque ello sea con los parámetros de la ley civil. De ello colige que el crédito que se origina por la obligación de reparar es forzosamente laboral, aunque los acreedores sean los hijos del operario muerto y se haya logrado su reconocimiento mediante el ejercicio iure propio de una acción del derecho común previa declaración de inconstitucionalidad de la norma del art. 39 de la Ley Nº 24.557, que lo prohibía.----- --- Razonan que resulta contradictorio que se haya declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley Nº 24.557 por entender que las prestaciones de esta ley resultan insuficientes para cubrir lo que la esposa y los hijos hubieran recibido del Sr. J. A. R. M., es decir, prestaciones de carácter alimentario y negarle la indemnización fijada aquel carácter. Señalan que en oportunidad de fijar la cuantía indemnizatoria el Tribunal utilizó como único parámetro el alimentario, pues determinó la indemnización en función de lo que la esposa y los hijos recibirían del trabajador con destino a su sostén, descontando las sumas que hubiera consumido R. M. para su propio sostén y lo que hubieren recibido de la A.R.T..

--- Indican que en el decisorio que ataca se desconoce todo el sistema legal estatuido como concreción del principio protectorio. Citan, entre otras normas, a los arts. 262 y 268 de la Ley de Contrato de Trabajo, 241 de la Ley de Concursos y Quiebras, 20, inc. i de la Ley Nº 20.628.------------ --- Refieren luego que el esquema tutelar de la Ley Nº 24.557 mantiene similar intensidad y alcance que el de su predecesora Ley Nº 24.028, correspondiendo aplicarlo con vocación extensiva de su letra. Analizan el art. 16 de la Ley Nº 24.028, y afirman que por la remisión normativa de éste al art. 13, las indemnizaciones por accidente de trabajo a percibir por los causa-habientes según las normas del derecho común quedan expresamente alcanzadas por el beneficio de la inembargabilidad. Adunan que el sistema de la Ley Nº 24.557 permite la misma interpretación, a la luz del principio de no regresividad o de no retroceso social.---- --- Puntualizan que en el régimen de la Ley Nº 24.557, luego de declarada la inconstitucionalidad del inc. 1° del art. 39, debe interpretarse que el sistema indemnizatorio queda integrado por las prestaciones del art. 11 y por aquellas que sean fijadas por los jueces de acuerdo a las normas del Código Civil, resultando ambas acumulables.- --- Añaden que aún cuando ello no fuera compartido por el Tribunal, ha de tenerse presente que el art. 374 del Código Civil pone a salvo de los acreedores las sumas indemnizatorias fijadas de acuerdo a lo que las normas civiles permiten.-- --- En forma subsidiaria, afirman que corresponde la eximición de las costas al vencido, y solicitan por ello que se case la sentencia, declarando mal aplicado el art. 68 del C.P.C.C.. Formulan reserva del caso federal.------------ --- Los Dres. D.G. y G. contestan el traslado conferido a fs. 119/129 de autos.--- --- IV.- ANÁLISIS.- --- 1.- Como he expuesto al reseñar los antecedentes de la causa, en los presentes autos los Dres. D.G. y G., con el objeto de resguardar sus créditos por honorarios, peticionan -y obtienen- embargo preventivo sobre importes indemnizatorios de los que los accionados son acreedores en razón y de conformidad con lo resuelto en los autos caratulados: "P., M. V. y Otros c/ D. S.A. y Otros s/ Sumario" (Expte. N° 2960/99). En esos autos que señalo, esta Sala dictó la Sentencia Definitiva N° 10/S.R.E./07, por la que decretó la nulidad parcial de la Sentencia Definitiva N° 87/05 y sus aclaratorias N° 89/05, N° 12/06 y N° 18/06 (bases de la promoción del presente incidente), emanadas de la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, anuló el punto 2) de la primera de las mencionadas y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento -por intermedio de subrogantes legales- sobre los rubros daño material y moral, y la adecuación de los honorarios de Primera y Segunda Instancia.---- --- Esto conduce a afirmar, a los fines de la resolución de la causa que ahora analizo, que la imposición en costas a cargo de los accionados se encuentra firme. A su vez, compulsados los libros de registro de ingreso de causas en este Tribunal, he verificado la existencia de los autos caratulados "Recurso de Queja en autos: "P., M. V. y Otros c/ D. S.A. y Otros s/ Sumario" (Expte. N° 14.687/04)" (Expte. N° 21.372-R-2.008), por el que las demandadas, en los autos principales, interponen el aludido Recurso de Hecho a resultas de la denegación del de Casación que articularan contra la sentencia de fecha 07 de marzo de 2.008, de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 14 del año 2.008. No surge de tales registros la existencia de otro remedio extraordinario deducido por los actores en el principal y accionados en este incidente. De ello infiero que ha quedado firme la nueva regulación de honorarios impuesta por la novel sentencia dictada, lo que en definitiva no hace más que variar el monto de los emolumentos cuyo cobro pudiera perseguirse pero carece de absoluta incidencia en la resolución del conflicto de marras.- --- 2.- Si bien el examen de admisibilidad del Recurso de Casación, ha sido superado en las etapas preliminares, si alguna duda quedara respecto de la definitividad de la sentencia, no resulta ocioso señalar que, aún cuando en principio las decisiones sobre medidas precautorias, ya las decreten, levanten o modifiquen, no son por lo general equiparables a sentencias definitivas y el agravio que pudiere causar es típicamente uno que encuentra reparación en instancias ulteriores, en ciertas ocasiones podemos encontrarnos con excepciones a este principio.-------------- --- Señala Augusto MORELLO que la regla mucho dista de ser rígida e inflexible, pues se halla cribada de excepciones que por tantas y motivadas todas ellas en resguardo de valores y principios superiores, como son las que nutren a las garantías que hacen al contenido del proceso justo (art. 18 de la C.N.), emergen también como regla y cabe obviar aquella general cuando tal pronunciamiento por su magnitud y circunstancias de hecho, resultan de tardía, insuficiente o imposible reparación, "o bien implicaría un dispendio jurisdiccional estéril, si como en el caso que me ocupa implicara posponer la discusión en el ámbito de la correspondiente ejecución de sentencia". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "Es dable equiparar a sentencias definitivas a aquellas que originan agravios cuya enmienda en la oportunidad procesal en que se los invoca, exhiben "prima facie" entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser mantenidos generaríanse consecuencias de imposible o insuficiente reparación ulterior. Así ocurre en el caso en que no parece razonable remitir a las partes a reproducir sus controversias por vía de la ejecución de sentencia en el pleito ya concluido sobre reivindicación, luego de haberse debatido extensamente todo lo concerniente a las condiciones y modalidades de restitución del inmueble en su integridad en un incidente de reintegro de posesión que lleva más de seis años de debate" (Fallos, 307:1517).---- --- La Corte ha dicho también que excepcionalmente el monto y tipo de embargo puede tipificar un gravamen irreparable (Fallos, 319:71). En autos el embargo recae sobre una parte del monto de la indemnización que deben percibir los actores, y los fundamentos dados para que se repela la medida cautelar -son esencialmente acerca de su naturaleza alimentaria-. Éstos difícilmente podrán reproducirse en la etapa de ejecución de sentencia si nos atenemos a la decisión contraria en la Alzada respecto de esa cuestión, máxime el exiguo glosario de defensas oponibles en el proceso en cuestión. El fallo, cierra el debate en la incidencia respecto de la cautela de la indemnización, resultando por ello, definitivo a los fines del Recurso de Casación. Así es procedente pues adentrarse en los agravios expuestos en la Casación.------------ --- 3.- Soslayados los extremos a los que antes referí, he de puntualizar que la casacionista controvierte aquí la sentencia N° 42/2007 de la Cámara de Apelaciones en relación a la naturaleza de la indemnización obtenida por la viuda e hijos del señor R. M., en tanto entiende errado que la Cámara le atribuya naturaleza civil y no laboral y alimentaria, por haber tenido origen en un accidente de trabajo. -------- --- Cierto es, como lo afirman ambas partes en sus respectivos escritos, que la casacionista al interponer la acción en los autos principales recurrió a la vía civil para conseguir el resarcimiento integral de los perjuicios derivados del deceso del cónyuge y padre en un accidente de trabajo. Para lograr su pretensión debió peticionar y alcanzar la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley Nº 24.557, en tanto éste le impedía el acceso al régimen de reparación contemplado en el Código Civil. Al despejar el valladar legislativo, los accionantes en el principal, ateniéndose a las reglas propias de la acción de reparación civil, obtuvieron la indemnización cuyo embargo ahora es reclamado por los abogados actores en este incidente.-------------- --- Por ello, entiendo que no resultan atinados los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito recursivo cuando viene a sostener la aplicación de normas laborales protectorias de la indemnización acordada, pues como lo destaca la Cámara de Apelaciones en la sentencia que se cuestiona, no fue en ese marco jurídico que se acordó la indemnización, sino que la misma se sustentó en el derecho común, y que por consiguiente el crédito no posee tal amparo legal.-- --- Si bien el derecho reconoce a los accionantes la facultad de decidir en forma libre entre las vías que pone a disposición de éstos para obtener la satisfacción de sus pretensiones, ello no implica que una vez efectuada esa opción puedan abiertamente pretender la aplicación de los beneficios o prerrogativas que se encuentren regulados en aquellas vías que -reitero- por libre elección, han desdeñado. Esto es, no pueden buscar amparo legal en uno u otro sistema normativo según mejor convenga a sus intereses, pues efectuada la elección por una de las vías acordadas, les son aplicable íntegramente las normas que en forma armónica gobiernan aquélla elegida y de voluntario acatamiento.-------------- --- Es por ello que el análisis efectuado por la Cámara de Apelaciones en la sentencia recurrida, hasta aquí, debe ser compartido. Pero mas allá del yerro en que incurre la casacionista al sustentar su impugnación exclusivamente en las normas laborales que, como ya señalé son inaplicables en autos, entiendo que se da en el presente un supuesto de excepción que habilita el análisis de la cuestión de fondo, en la medida de la trascendencia que el tema posee respecto del carácter alimentario o no de la indemnización. Así, siguiendo a SAGÜÉS, hay trascendencia tanto si en el caso se discute un tema de "maxi trascendencia", como de "mini trascendencia" ("Derecho Procesal Constitucional", Tº 2, pág. 445, 4ª Ed., Astrea, 2.002). Los errores en la interpretación o aplicación de normas, implican indudablemente, un problema que va más allá del interés de las partes del proceso, y que, precisamente por dicha circunstancia, justifican la intervención de este Tribunal en la resolución de los agravios sometidos a consideración por la vía extraordinaria incoada.-- --- Este concepto de trascendencia, ha permitido a nuestro cimero Tribunal, abrir aquellos recursos extraordinarios en los cuales se advirtió su existencia, incluso cuando los mismos no hubieran reunido los requisitos para ser declarados admisibles. Más aún cuando la propia Corte Suprema ha exceptuado y admitido los agravios en la instancia del artículo 14 de la Ley Nº 48, aunque se vinculen con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, cuando se frustra de forma injustificada la obtención de un beneficio de naturaleza alimentaria (Conf.: HIGHTON, Elena I., "El carácter alimentario de los créditos en la jurisprudencia", Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2002-1, págs. 227 y sigs.).----------- --- Ahora bien, una ponderación acotada de la cuestión conduce a sostener que la indemnización así establecida debe tolerar el ataque que sobre el patrimonio de los deudores pueden efectuar los acreedores (en el caso, los abogados embargantes), por el principio general de que el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores, donde la embargabilidad es la regla, y la inembargabilidad la excepción.------ --- Más allá de este enunciado, de tinte genérico, sostengo que corresponde aquí analizar los ítems que han sido reconocidos a favor de los actores a fin de reparar la pérdida de la vida del cónyuge y padre, sostén del núcleo familiar; a la luz de la propia normativa civil, que por sí misma contempla la protección parcial del crédito de los accionantes.----- --- Así, y sin que la presente implique incursionar sobre la procedencia de la reparación civil reconocida, corresponde distinguir en forma preliminar que la indemnización de la que son acreedores los deudores en autos está compuesta por dos rubros que poseen distinta naturaleza, el daño moral y el daño material.---- --- En cuanto al daño material, en la S.D. N° 87/2005, de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, sostuvo el Dr. NAHUELANCA que el régimen reparatorio establecido por la Ley Nº 24.557 "no conforma a la exigencia constitucional que exige la reparación integral que impregna cualquier sistema reparatorio", contrariando el art. 19 de la Constitución Nacional. Luego, en oportunidad de determinar el quantum indemnizatorio, refirió al art. 1084 del C.C., y estableció que debía repararse la pérdida que sufre cada uno de los reclamantes del aporte que recibía para su subsistencia, alimentación, vestido, educación y esparcimiento. Aludió también al criterio sentado por esa Cámara en relación a que "La muerte del esposo o padre configura un daño que puede tener enorme significación patrimonial, pero lo que se debe por razón de él no es a título de lucro cesante sino de reparación del daño emergente que el hecho ilícito produce al damnificado al privarlo del sostén material que proveía al cuidado de su vida y remediaba sus necesidades... (Del voto del Dr. Schettino en autos: "G., C. de G.", Expte. Nº 10.146/81)".---- --- Entonces, la fuente normativa aplicada a los fines del reconocimiento de la obligación de reparar el daño material a favor de los accionantes, surge del artículo 1084 del C.C.. Es de señalar que desde el punto de vista doctrinario Matilde ZAVALA de G. afirma que en el mentado artículo, el tema de la "subsistencia" reviste naturaleza alimentaria pues, como la propia expresión lo indica, se vincula con los requerimientos materiales para la continuidad de la vida. Aclara luego la autora que la noción de "subsistencia" no se restringe a la "simple supervivencia". No se trata sólo de la cobertura de necesidades mínimas como la de comer, que hace posible la prolongación física de la vida, y sí, además, de aquellas que atañen a su prolongación básicamente digna (Cód. Civ. Comentado, BUERES-HIGHTON, Ed. Hammurabi, Tº 3A, pág. 273). Señalan también J. MOSSET ITURRASPE y Miguel A. PIEDECASAS que la susbsistencia implica "todo lo que la ley supone que aquélla hubiera podido suministrar como sostén y efectiva ayuda" (Cód. Civ. Comentado, Ed. Rubinzal-Culzoni, arts. 1066 a 1136, pág. 162).------ --- Aduna Elena HIGHTON que lo necesario para la subsistencia es concepto equivalente al de alimentos del artículo 372 del Código Civil, por lo que comprende además de esto, lo que se requiere para habitación, vestuario y asistencia. También cubre las necesidades morales y culturales ("El pacto de cuota litis y los incapaces", L.L 1979-C, 1123). Esta misma autora desarrolla un meticuloso trabajo en el que enuncia pautas rectoras en relación a los créditos de carácter alimentario, y que por su importancia me permito transcribir. Expresa allí que: "1) no es lo mismo un crédito alimentario que un crédito de naturaleza alimentaria, concepto más amplio y que no debe confundirse con el emanado de las relaciones de familia; 2) el propósito de asegurar la satisfacción de las necesidades propias del derecho alimentario responde no sólo al interés individual, sino también al de la sociedad; 3) lo caracterizado como de naturaleza alimentaria tiene una tutela especial; 4) en las cuestiones de naturaleza alimentaria priva un interés de carácter institucional; 5) el interés de carácter institucional en modo alguno puede considerarse equivalente al interés económico; 6) el concepto y la naturaleza alimentaria son criterios que pueden interpretarse en forma extensiva; 7) debe cuidarse que no se vuelvan ilusorios los preceptos constitucionales que amparan la materia en debate; 8) cuando está en juego un beneficio de naturaleza alimentaria, la exégesis de la ley que lo regula debe ser hecha con la máxima prudencia y suma cautela en el desconocimiento o rechazo de las solicitudes; 9) el carácter alimentario de los beneficios obliga a sostener el principio de tutela favorable, en caso de duda el magistrado debe inclinarse por la concesión del beneficio y la incertidumbre debe ser volcada en favor del peticionario; 10) la inteligencia que se asigne a la norma a aplicar debe dar pleno efecto a la intención del legislador a fin de no llegar a desnaturalizar los propósitos de la sanción; 11) cuando deben evaluarse situaciones vinculadas con beneficios de naturaleza alimentaria, se deben extremar las precauciones a fin de lograr que lleguen a tiempo y en forma adecuada; 12) no puede desconocerse la indudable naturaleza alimentaria aunque no hubiera sido expresamente invocada ante el juez de primera instancia; 13) a fin de determinar la naturaleza alimentaria de los créditos se hicieron también diferencias según los montos; 14) no debe confundirse carácter alimentario con inembargabilidad, pues la calidad alimentaria de los créditos no los torna totalmente inembargables, sino en la proporción de ley; 15) corresponde reconocer carácter de orden público a la normativa que consagra derechos de naturaleza alimentaria; 16) los derechos de naturaleza alimentaria son irrenunciables" ("El carácter alimentario...", ob. cit., pág. 260).------- --- También la jurisprudencia -aunque con algunas divergencias- ha entendido que la reparación establecida posee este carácter. Así se ha dicho que la indemnización patrimonial debida por muerte o incapacidad de un padre sustituye, en algunos rubros, la prestación de alimentos nacida del vínculo filial. Pese a que la obligación primitiva -alimentos familiares- se convierte en la de pagar daños e intereses y esta última no posee el mismo carácter (nacen de distinta fuente legal: arts. 372, 1084 y 1085 todos del Código Civil, respectivamente, poseen diverso obligado al pago), ambas tienen como finalidad cubrir las necesidades de alimentos, habitación, vestuario y asistencia del menor" (SCBA, Ac. 73622). "Debe tenerse en cuenta que la indemnización por muerte debida al cónyuge y los hijos del fallecido es de carácter alimentario, pues el art. 1084 del Código Civil reputa el daño sufrido por ellos como privación de "lo que fuera necesario para la subsistencia", por lo que, en relación a los hijos, el daño patrimonial se encuentra vinculado al período en que dependerían económicamente de su progenitor, es decir, en principio, hasta que alcanzaran la mayoría de edad, lo cual no significa negar la existencia de todo perjuicio a partir de ese momento, sino aceptar que tal perjuicio, al no encontrarse presumido, debe ser probado". (CNCiv., Sala J, "N., R. M. y Otros c/ C. S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios", del 06/02/2006).----------- --- Del mismo modo, se sostuvo: "las sumas fijadas en concepto de valor vida por la muerte del progenitor reviste el carácter de crédito alimentario" (CApel. Civ. y Com. Morón, Sala II, elDial -AA49DE); y que "respecto del "quantum" del daño patrimonial es preciso tener en cuenta que goza de la presunción legal del daño previsto por los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, en orden a la reparación de lo necesario para la subsistencia, es decir, un resarcimiento de carácter asistencial, específicamente alimentario, que remite a lo dispuesto por el art. 372 del mismo" (CNCIV, Sala G, 27/11/2006, elDial - AA3AB0).

--- Por lo que vengo diciendo, es indudable que la norma aplicada por los sentenciantes en oportunidad de ponderar el monto indemnizatorio por daño material no tiene en cuenta tanto el parentesco sino la situación de la persona respecto a la víctima, pues atiende esencialmente a quienes presume iuris tantum como sus dependientes alimentarios. Tan vigoR. protección legal quedaría entonces desvirtuada en los hechos de permitirse la agresión por parte de los acreedores, de la que debe considerarse exenta por su propio carácter alimentario. Corresponde así, declarar la inembargabilidad del rubro "daño material". ASÍ LO VOTO.----- -- Como señalé antes de comenzar a analizar el rubro daño material, lo hasta aquí expuesto no puede ser aplicado en cuanto a la indemnización por daño moral, pues ésta es independiente de la que eventualmente pudiera corresponder por aquél, que inclusive puede no existir, en tanto ambos constituyen acápites de diversa naturaleza ya que descansan sobre diferentes presupuestos (elDial - AA4928).-------- --- Así, el daño moral tiende a satisfacer una lesión inevitable a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos ocasionados, es decir, viene a cubrir una necesidad del espíritu, y es por esa razón que la determinación de su quantum es independiente del daño material. Mediante la indemnización del daño moral se reparan las lesiones sufridas en los derechos extrapatrimoniales, en los sentimientos que determinan dolor, inquietud espiritual y agravio a la paz (SCBA, 12-2-99, Ac. 57.531, "S., L. c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ Demanda Contencioso Administrativa".--- --- Esta naturaleza extrapatrimonial ha llevado a sostener a quien fuera Ministro de este Superior Tribunal, Dr. Raúl MARTIN, en autos: "L., R. y otra c/ ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 15.268-L-1995), que la concepción del daño moral en nuestro derecho no consiente una "traducción" exacta en dinero, ni importa "negociar" con el dolor o las afecciones legítimas del ser humano, sino que constituye una satisfacción o compensación "en derecho" y "ante la equidad" (MAZEAUD-TUNC, Responsabilidad Civil, Tº I, pág. 441 - BREBBIA, "El daño moral", pág. 80) (S.D. Nº 02/S.R.E./96).-------- --- Implica ello que no se encuentra destinado a la satisfacción de necesidades de carácter alimentario, por lo que en relación a las sumas indemnizatorias establecidas, no puede pregonarse la inembargabilidad, y a contrario de lo que resolviera respecto del daño material, estos importes sí se encuentran expuestos a la acción de los acreedores, debiendo entenderse que son embargables en su totalidad. ASÍ LO VOTO. ----------- --- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

--- 1.- Se quejan las recurrentes por cuanto considera erróneo que la Alzada omita darle al reclamo de autos, el tratamiento derivado de la aplicación de normas de naturaleza laboral, circunstancia que se traduce, según refieren, en un injustificado menoscabo de la sumas indemnizatorias establecidas a favor de la cónyuge y sus hijos, por los daños y perjuicios que sufrieran ante el fallecimiento del señor R. M.. Este error impide la correcta calificación de inembargable de dicho crédito, precisamente, por su indudable naturaleza alimentaria.-- --- Agregan, asimismo, que el hecho de haber optado por la indemnización integral del Código Civil, no empece la interpretación protectoria del derecho laboral, en virtud de tratarse de un empleado que se encontraba prestando tareas en relación de dependencia, a las órdenes de D. S.A., y ello impone la aplicación de las normas respectivas que regulan el contrato de trabajo.-------- --- Consideran también, que se ha violentado el principio de progresividad, toda vez que la Ley Nº 24.028 establecía la protección de las indemnizaciones reclamadas en sede civil por infortunios de carácter laboral, de manera expresa, y su omisión en la actual legislación -Ley Nº 24.557- no puede impedir su consideración en virtud de los Pactos Internacionales que integran nuestra Carta Magna y que, por ende, no pueden soslayarse.---------- --- Advierto que todo el encuadre normativo que sigue la recurrente, se sustenta en la aplicación de la legislación laboral, exclusivamente. A través de sus postulados y principios, encuentra los fundamentos que le permiten calificar de alimentario al crédito derivado de la indemnización a favor de los actores, en concepto de daño material y moral.--- --- Al emitir su voto el señor Ministro preopinante, ha realizado una detallada síntesis de los antecedentes del caso y de los aspectos que motivaron los agravios de la actora recurrente, quedando con ello satisfechas las exigencias legales que emanan de los arts. 163, 164 y 271 del C.P.C.C.. En consecuencia, a continuación sólo abordaré las cuestiones traídas a consideración de esta Sala.----------- --- Tras un nuevo examen de las actuaciones venidas en recurso, puedo adelantar desde ya mi total coincidencia con las minuciosas y acertadas conclusiones a las que arribara el Dr. ROYER.---------- --- En efecto, de la lectura detenida del escrito recursivo, también, a mi juicio, se han cumplido los requisitos formales que exige la normativa procesal para su admisibilidad, con una clara adecuación con el linaje propio del Recurso Extraordinario de Casación.----------- --- Para tratar el requisito que se refiere a la definitividad del fallo recurrido, considero oportuno traer a colación, las palabras de Hugo ALSINA (Conf.: "Derecho Procesal", Tº I", Ed. Ediar, 1.961, pág. 319 y vta.), quien ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios, el concepto de sentencia definitiva se relaciona con la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo, que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición.-- --- En palabras de nuestra Corte Suprema si bien las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten en principio carácter de sentencias definitivas para la procedencia del recurso extraordinario, tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser tardía, insuficiente o de imposible reparación ulterior (Conf.: Fallos, 323:307).-------------- --- Entonces, la definitividad de la sentencia, está vinculada a la privación para el justiciable, de otros medios legales para lograr la tutela de sus derechos que, como lo dijera anteriormente, es precisamente el caso de autos. Amén de ello, no puedo soslayar, que la casacionista, si bien se ha esforzado en acreditar la errónea aplicación de las normas civiles por las laborales -cuyas fundamentaciones analizaré más adelante-, no ha dejado de demostrar que el agravio que le causa la decisión de la Alzada, resulta de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, puesto que quedaría zanjada la cuestión sobre la embargabilidad de este tipo de créditos. Con ello, se cubre la exigencia legal prevista por el art. 286 del C.P.C.C.. En este sentido, y siguiendo a Néstor SAGÜÉS ("Derecho Procesal Constitucional. El Recurso Extraordinario", Tº 1, 4ª Ed., 2.002, Astrea, pág. 336), la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que son las circunstancias de hecho las que por su magnitud y características determinan la configuración de agravio irreparable en las medidas precautorias, precisamente, porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto (Conf.: C.S.J.N., Fallos, 302:927; 303:870; 249:172; 261:178; 259:512).-------- --- El criterio expuesto, es el que ha seguido en esta materia este Superior Tribunal de Justicia en cuanto al requisito establecido en el art. 286 del C.P.C.C. pues ha señalado que el Recurso de Casación procede contra sentencias definitivas dictadas por las Cámaras de Apelaciones y se entiende por sentencia definitiva la que termina la litis o haga imposible su continuación y expresamente sostiene que no procederá el recurso de casación contra la sentencia recaída en aquellos juicios que después de terminados no obsten a la promoción de otro sobre el mismo objeto (Conf.: este Cuerpo, S.D. N° 53/91, 5/92, 53/S.R.E./02, entre otras).---------- --- Establecida entonces, la admisibilidad del recurso, corresponde analizar ahora los agravios de la actora. Así, advierto en su desarrollo, que su primer cuestionamiento se centra en la errónea aplicación efectuada por la Alzada, respecto de las normas que deben regular el proceso. Es decir, la actora entiende aplicable la legislación laboral primordialmente para calificar de alimentario -y por ende inembargable-, al crédito derivado de la indemnización a favor de los demandantes.------------- --- 2.- De la lectura de autos se desprende que se inició la acción en procura de la indemnización integral del daño, optando por la vía civil. Si bien el accidente que causó el fallecimiento del señor R. M. ocurrió mientras prestaba tareas a las órdenes de su empleadora, lo cierto es que se planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, para instaurar la acción dentro de la órbita del derecho civil.-------------- --- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que cuando se opta por deducir la acción "común" de indemnización por accidente de trabajo, las normas laborales no son de aplicación porque la opción implica la renuncia de los derechos eventualmente resultantes del ejercicio de la acción especial de indemnización y el abandono del régimen de las normas del derecho laboral (Conf.: SCBA, "G., O. c/ J. C. de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios", A. y S., 1.988-II-381).------ --- Por su parte nuestro cimero Tribunal, ha resuelto en igual sentido, que al haberse sustentado la pretensión sobre la base de normas civiles, la mera referencia al art. 17 de la Ley Nº 9.688, no autorizaba a entender que la demanda se hallaba fundada en disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo (Conf.: C.S.J.N., "Q., S. F. s/ Accidentes, art. 1.113 C.C.", 4 de mayo de 2.000).- --- Si bien estos antecedentes jurisprudenciales tuvieron lugar durante la vigencia del ordenamiento jurídico anterior al dictado de la Ley Nº 24.557, tales conceptos resultan plenamente aplicables a casos actuales, donde se pretenda modificar en el transcurso del proceso la aplicación de uno u otro orden normativo. ---- --- En el caso de autos, el procedimiento de inicio quedó firme al ser notificado a la parte demandada, de tal modo que resulta precluida la posibilidad de recurrir a una normativa que no se tuvo en cuenta para fundar el reclamo judicial. Ello se relaciona, asimismo, con el principio de cosa juzgada en la medida que mediante Sentencia Definitiva dictada por esta Sala bajo el Nº 10/S.R.E/07, quedó firme el encuadre normativo del reclamo. Si bien en dicho resolutorio se ordenó dictar un nuevo pronunciamiento ante el quebrantamiento de formas constatado, se dejó expresamente aclarado que quedaban firmes las cuestiones relacionadas con los fundamentos que motivaron la atribución de responsabilidad en pos de la reparación integral del daño amparada por la legislación de fondo; y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49, adicional 3ª, de la Ley de Riesgos de Trabajo. Ello así, por la plena coincidencia de los votantes respecto de ambos conceptos y por no haber merecido cuestionamiento -vía recursiva- por ninguna de las partes del juicio. Ello quiere decir que la Alzada no se equivocó cuando resolvió conforme las normas de la reparación prevista por el Código Civil.---------- --- 3.- Asimismo, agrego que la sentencia dictada en los autos principales, estableció la legislación aplicable a la solución de la litis, y ésta y no otra, es la que debe continuarse en los incidentes que derivaren de aquél.-- --- Así entonces, la Cámara no erró el camino al definir el derecho aplicable, pero evalúa inadecuadamente a juicio de esta Sala, la naturaleza del crédito embargado. Ello, justifica nuestra intervención en la medida que se descalifica parcialmente la sentencia opugnada.------ --- Las normas del derecho civil, específicamente los arts. 1.084 y 1.085 del Código de fondo, se refieren a la naturaleza de la reparación derivada de un acto ilícito. Así, el autor del homicidio debe afrontar los gastos hechos en la asistencia del fallecido y aquellos otros que fueron necesarios para la subsistencia de la viuda e hijos del causante.------ --- En la indemnización establecida por daño material, tanto en la sentencia de grado como en la de la anterior instancia, se tuvieron en cuenta los ingresos que el señor R. M. percibía mensualmente como empleado de D. S.A.. A partir de dichas sumas, los Camaristas determinaron el quantum de la reparación integral a favor de sus herederos. El sueldo del causante era el único aporte económico con el que contaba la familia, dado que, conforme surge de la sentencia del principal, la esposa no prestaba tareas fuera de su hogar y los hijos eran todos menores de edad al momento del fallecimiento.

--- Siguiendo a CÁRDENAS - KEMELMAJER DE CARLUCCI - LAVALLE COBO - SMITH ("Código Civil y Leyes Complementarias Comentado, Anotado y Concordado", Tº 5, págs. 198/199, Ed. ASTREA, 1.984), los ítems indemnizables son: los gastos de asistencia que se devengan entre el hecho ilícito y la muerte del damnificado; los llevados a cabo en el funeral del fallecido; y los que fueron necesarios para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto. En este último, se incluyen no solamente el daño emergente, sino los lucros o ganancias del fallecido, conforme normas de equidad y prudencia, cuya decisión compete a la discrecionalidad judicial.----------- --- De allí que los accionantes, reciban la indemnización en reemplazo de la privación a la cual se ven expuestos por la muerte de quien fuera el sostén económico, que proveía materialmente a los dañados antes del fallecimiento.

--- Esta noción de subsistencia se relaciona con los mismos conceptos que la jurisprudencia tiene en cuenta cuando fija la cuota alimentaria debida por los padres a los hijos, es decir, pondera todo aquello que la víctima habría constituido para el damnificado como sostén y ayuda (CNCiv., Sala D, 30/08/77, LL, 1.978-C-678, sum. 3.267 y ED, 75-306; íd., 9/06/77, JA 1.979-I-782). De tal modo que el dañado pueda seguir, después de ordenada la reparación, en la misma situación en que estaba antes de producirse el hecho ilícito. En el sustento de la vida humana se integran factores materiales y espirituales, todos los cuales deben quedar comprendidos. Así como, producido el divorcio, se fija una cuota alimentaria tendiente a que no se modifique el status económico anterior al rompimiento de la convivencia, también las indemnizaciónes deben ser fijadas con iguales módulos. (CNCiv., Sala A, 26/10/77, LL, 1.978-C-363; íd., 3/09/76, ED, 70-221; CNFed., Sala I Civ. y Com., 15/05/73, LL, 151-12).------ --- En idéntico sentido otro autor, J. Joaquín LLAMBÍAS ("Código Civil", Tº II-B, pág. 346, Ed. ABELEDO - PERROT, 1.984), se refiere al daño resarcible como el que fuere necesario para proveer al sostenimiento del damnificado, en la satisfacción de sus necesidades de alimentación, habitación, vestuario y asistencia en las enfermedades (Conf.: art. 372 del C.C.).---------- --- En Fallos, 330:2696, se señaló específicamente que se tratan de prestaciones de carácter alimentario, que son adeudadas para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia cuando éste ha perdido, total o parcialmente, la capacidad para continuar procurándosela por sus propios medios, como consecuencia de un infortunio acaecido en el marco mismo de su actividad laboral y en ocasión de ésta.------------ --- El Dr. MAIER, miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló en su voto en Expte. N° 5.257/07, Sentencia Definitiva de fecha 10/10/2007 (elDial - AA42BA) que en el concepto de obligación alimentaria, el criterio que guía su interpretación, sin ser restrictivo, debe guardar cierta circunspección, y entendió que en esos autos -donde se trataba de créditos por indemnización acordada en beneficio de un menor- revisten ese carácter por cuanto se orientan a satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta. No otro criterio en cuanto a la satisfacción de las necesidades han tenido en cuenta los señores Camaristas a la hora de fijar la indemnización acordada a los accionantes, pues en la misma se contemplaron idénticos conceptos de alimentación, salud, etc..------------- --- Aduna en este sentido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en fallo reciente, que "la protección de la persona y la tutela integral de su derecho a la vida constituye el valor fundamental de todo ordenamiento jurídico. Así lo resalta LEGAZ LACAMBRA, afirmando que: "Hay, por eso, un derecho absolutamente fundamental para el hombre, base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. La persona implica, por de pronto, un substrato físico, el cuerpo, y en esta realidad se basan el derecho a la vida, a la integridad, a la subsistencia...". "... Y esto es así, porque el ser humano es el centro del sistema jurídico. El Derecho considera a la persona y su dignidad como el bien o valor supremo y reconoce su rol central de protagonista del quehacer jurídico. Por ello resulta tarea prioritaria de los operadores jurídicos su cabal e integral protección".-- --- Ya la Corte Suprema señaló en la causa "Aquino, Isacio" (Fallos, 327:3753), que la dignidad de la persona humana constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional. Sin realizar demasiado esfuerzo deductivo puede colegirse que en tanto la indemnización por daño material pretende asegurar el mínimo de condiciones para el desenvolvimiento de la vida del grupo familiar, la inembargabilidad de tales sumas se deriva como consecuencia inescindible.-- --- Y esta característica del crédito en el caso sub examine es lo que me lleva a concluir que asiste razón a las quejosas, en cuanto no pueden menoscabarse las sumas asignadas a los actores como consecuencia del daño material sufrido ante la pérdida del señor R. M. . ASÍ LO VOTO.-------------- --- Esta protección no se extiende a los importes establecidos en concepto de daño moral, toda vez que no poseen naturaleza alimentaria. En nuestro derecho vigente, no existe identificación entre ambos conceptos que derivan de la reparación integral del daño. Mientras en el daño material se persigue cubrir los gastos, necesidades y subsistencia de los damnificados, en el daño moral la indemnización se origina en función del perjuicio espiritual ocasionado por la disminución de un interés ajeno al patrimonio.--- --- El daño moral es aquel que no tiene efectos sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, de ahí que su reparación debe determinarse ponderando esencialmente, la índole de los sufrimientos de quien lo padece y no mediante una proporción que lo vincula con los otros daños cuya indemnización se reclama, toda vez que ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio material y el moral, razón por la que dicha proporción puede variar en función de las particularidades del caso (CNFed. Civ. y Com., Sala III, 14/11/89, "P., L. O. c/ Estado Nacional - Estado Mayor General de la Armada", LL, 1.990-A-489).--------- --- En igual sentido se ha dicho que la indemnización de este tipo de daño, posee carácter esencialmente resarcitorio y satisfactorio. Ello implica que el juez debe fijar una suma de dinero que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia, que no sea simbólica... ni tampoco exageradamente elevada, pues no tiene por objeto satisfacer un encono ni brindar un enriquecimiento patrimonial, sino compensar los padecimientos naturales que impone la subjetividad del agraviado (CNCiv., Sala I, 21/12/99, LL, 2.000-F-758).------------ --- La indemnización fijada por daño moral no contiene connotaciones de carácter alimentario que permitan excluirla del embargo de autos, por lo que acuerdo que se mantenga la cautelar dispuesta exclusivamente sobre este rubro. ASÍ LO VOTO.----------- --- A igual cuestión, el Dr. PASUTTI dijo:--- --- De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Royer y Caneo, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.----- --- A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo:---------- --- Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propongo al acuerdo lo siguiente: 1°) Declarar procedente el Recurso de Casación interpuesto por las accionadas; y en consecuencia casar parcialmente la sentencia en crisis, declarando inembargables las sumas que en concepto de indemnización por el rubro "daño material" corresponden percibir a las casacionistas, y confirmar la misma en relación al embargo sobre las sumas que correspondan en concepto de "daño moral". 2°) Adecuar las costas de la Segunda Instancia de conformidad con lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.. Estimo que las mismas deben ser distribuidas por su orden. Ello así pues ha de tenerse especialmente en cuenta que ambas partes han salido parcialmente victoriosas en sus pretensiones y oposiciones, adunando a ello el carácter novedoso de la cuestión, que permite hacer uso de la facultad legal establecida en el art. 71 del C.P.C.C.. Así, se ha resuelto que deben declararse compensadas las costas del incidente que sólo prosperó en parte (REIMUNDIN, La condena en costas, pág. 210), como también que corresponde declarar las costas en el orden causado, si el pedido de levantamiento de embargo prospera sólo respecto de algunos bienes (CNCiv., Sala C, 10/12/68, ED, 26-524); y que las costas en los incidentes deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el pleito, debiendo correr en el orden causado si las pretensiones de ambas partes se acogen parcialmente (MORELLO - SOSA - BERIZONCE, "Códigos procesales", T. II-B, 1985, pág. 191; LOUTAYF RANEA, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, pág. 285). 3°) Adecuar los honorarios de la Alzada en mérito a la calidad, eficacia, extensión y resultado de los trabajos realizados; regulándolos en un 25%, en conjunto, a las Dras. R. B. M. de C. y Y. H. C., porcentaje a aplicar sobre los estipendios que se les regulen por sus actuaciones en la instancia de origen en el marco del incidente planteado (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente). Este porcentaje así fijado se determinará, en la etapa procesal oportuna, siempre que supere el mínimo legal previsto en el art. 33 de la Ley arancelaria vigente. En caso contrario, será de aplicación el mencionado mínimo legal. No corresponde regular honorarios a los Dres. D. R. D.G. y A. E. G., por ser letrados en causa propia, de conformidad con lo normado por el art. 12 del Dto. Ley N° 2.200, modificado por Ley 4.335 - T.O. Dto. N° 138/99. 4°) Del mismo modo, y por idénticos fundamentos expresados supra, imponer las costas por la actuación desplegada en esta instancia por su orden (art. 71 del C.P.C.C.); y 5°) Regular los honorarios de la letrada interviniente en esta instancia de acuerdo a la calidad, eficacia y extensión del memorial presentado y al resultado obtenido, en un 30% a la Dra. R. B. M. de C. de los que se les regulen en la instancia de origen; debiéndose considerar iguales parámetros a los expuestos en el punto 3 de esta cuestión (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 - T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere. Sin regular honorarios a los Dres. D. R. D.G. y A. E. G. (art. 12 del Dto. Ley N° 2.200). ASÍ LO VOTO.--- --- A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo: ------------- --- Conforme los términos de mi voto a la primera cuestión acuerdo con la solución que propicia el Dr. ROYER. ASÍ LO VOTO. ----- --- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:------------- --- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.------- --- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: ----- - S E N T E N C I A : -- --- 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por las accionadas, y CASAR parcialmente la Sentencia Interlocutoria N° 42/2007, de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia.------ --- 2°) DECLARAR inembargables las sumas que en concepto de indemnización por el rubro "daño material" corresponden percibir a los casacionistas, y confirmar la misma en relación al embargo sobre las sumas que correspondan en concepto de "daño moral".---- --- 3°) ADECUAR las costas de la Segunda Instancia, imponiéndolas por su orden, e IMPONER del mismo modo las correspondientes a la actuación ante este Tribunal.-------- --- 4°) ADECUAR los honorarios de la Segunda Instancia, regulándolos en un 25%, en conjunto, a las Dras. R. B. M. de C. y Y. H. C., de los estipendios que se les regulen por sus actuaciones en la instancia de origen en el marco del incidente planteado (art. 14 de la Ley Arancelaria vigente). Este porcentaje así fijado se determinará, en la etapa procesal oportuna, siempre que supere el mínimo legal previsto en el art. 33 de la ley arancelaria vigente. En caso contrario, será de aplicación el mencionado mínimo legal. Sin regular honorarios a los Dres. D. R. D.G. y A. E. G., por ser letrados en causa propia, de conformidad con lo normado por el art. 12 del Dto. Ley N° 2200, modificado por Ley 4335 - T.O. Dto. N° 138/99.----------- --- 5°) REGULAR los honorarios por la actuación ante esta instancia a la Dra. R. B. M. de C., en un 30% de los que se les regulen en la instancia de origen, con iguales parámetros establecidos en el punto 4°) (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 - T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere. Sin regular honorarios a los Dres. D. R. D.G. y A. E. G. (art. 12 del Dto. Ley N° 2.200). ----------- --- 6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. --------- Fdo. Dres. José Luis Pasutti - Dr. Fernando S.L. Royer - Dr. D. Luis Caneo.--- Recibida en Secretaria el 28 de Agosto del año 2008.----- Registrada bajo el N° 06 S.R.E. Conste.--------- Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria.------------