Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-07-06


San Juan, julio 6 de 2011.

¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? El doctor Caballero Vidal dijo:

La resolución impugnada recepta el recurso de apelación de la demandada y, como consecuencia, rechaza la demanda contencioso-administrativa. Mediante esta demanda la entidad actora (usuaria del sistema de descuentos por planilla de los agentes de la administración pública provincial) pretendía que se dejara sin efecto una sanción de multa impuesta por la Secretaría de Hacienda y Finanzas en resolución 1912-SHF-2000. Dicha resolución fijó la multa en el 10% sobre los importes que tuviera a cobrar la entidad en el mes de noviembre del año 2000 y fundó su aplicación en el artículo 4 de la resolución 857-SHF-00, reglamentaria del decreto-acuerdo 16-ME-2000. La sentencia de primera instancia declaró inválida la resolución sancionatoria, por considerar que la resolución 857 no podía ser aplicada ya que, teniendo carácter general, no había sido publicada en el Boletín Oficial. En la resolución que ahora se impugna, el tribunal a quo revoca dicha sentencia porque interpreta que la actora se sometió a los alcances de la resolución 857 al adherir al sistema de descuentos, con lo que viola sus propios actos al pretender desconocerla. Considera demostrativa de tal adhesión la presentación de la documentación efectuada en sede administrativa por la parte, originada en el requerimiento que se le hizo en fecha 26 de diciembre de 2000 (fs. 50 del expediente 405265/98).

El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 inciso 3º de la ley 2275. Dice la recurrente que el fallo es arbitrario porque viola su derecho de defensa y las formas indispensables que debería tener.

Se agravia de la consideración del Tribunal según la cual la actora se había sometido a los alcances de la resolución 857 al adherir al sistema de descuentos, adhesión que el a quo consideró configurada porque aquélla presentó documentación tras el requerimiento de fecha 26 de diciembre de 2000. Al respecto, dice que, si bien en el requerimiento se menciona la resolución 857, se trataba de una actuación interna que su parte nunca conoció. Por otra parte, el requerimiento es de fecha 26 de diciembre de 2000, en tanto que la multa es de fecha anterior: 6 de noviembre del mismo año. Por eso, de ninguna manera el Tribunal pudo interpretar que ello implicaba "conocimiento anterior" de la resolución 857. Agrega que el supuesto conocimiento es en todo caso indiferente, ya que en nada incide en la vigencia de dicha resolución que, por ser un acto administrativo de alcance general, debía ser publicada inexcusablemente.

El recurso de casación es encuadrado en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Reitera la recurrente que la multa es ilegal porque la resolución 857 nunca fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, dice, lo resuelto viola lo dispuesto en los artículos 2 del Código Civil, 11 de la ley 3784 y 18 de la Constitución Nacional.

Hasta aquí los antecedentes del caso. Paso a examinar la procedencia sustancial del recurso traído.

En la sentencia del a quo, se sienta una primera premisa: que la Resolución Nº 857-SHF-00 tiene carácter general, en primer lugar, porque conforme el Decreto 016-ME-00 preveía entre sus disposiciones la necesaria publicación de la reglamentación a dictarse, y además, porque la normativa en cuestión no prevé que existan sujetos determinados para acceder al sistema que implementa.

No obstante considerar que la citada normativa tiene carácter general, luego el mismo tribunal considera irrelevante que en el caso no se la haya publicado, en tanto -según interpreta- la actora tomó conocimiento del Decreto 016 y Resolución 857, "... al someterse a su régimen cuando solicitó la habilitación de códigos y se le requirió el cumplimiento de los requisitos (fs. 137) exigidos por aquellas resoluciones".

Creo innecesario en este caso analizar en profundidad si un acto administrativo de carácter general no publicado puede ser tenido por eficaz en relación a la actora por el hecho que ésta se haya sometido a su régimen. Y lo creo innecesario pues resulta evidente que en relación a ese supuesto conocimiento que se atribuye a la actora respecto de la Resolución 857, el a quo incurre en un error palmario, fundando su decisión en una circunstancia que se tiene por acaecida que resulta contradicha por las mismas constancias que la sentencia menciona. Veamos.

Según surge de la presentación efectuada por CESAP ante el Secretario de Hacienda y Finanzas cuya copia luce a fs. 131 de los autos principales, aquella entidad solicitó a la autoridad administrativa "con relación a la obligación de renovar el Convenio para el Uso del Sistema de Descuento por Planilla de Haberes dispuesta por Decreto Acuerdo Nº 0016/00", se utilizara "la documentación agregada a los expedientes Nº 405-265-98 y 401-0488/00 que dieron origen al anterior convenio. Para completar la misma, se agrega Certificación de Personería Jurídica de nuestra Institución, Acta de Proclamación de las últimas elecciones y Certificado de domicilio". Destaco que esta presentación, según surge de la propia constancia agregada a los autos, fue efectuada en fecha 15 de noviembre de 2000, es decir, nueve días después de que se aplicara la multa a CESAP mediante Resolución 1912-SHF de fecha 6/11/2000.

Por otro lado, la actuación de fs. 137 no es el requerimiento para cumplir con los requisitos -como erróneamente se considera en la sentencia impugnada- sino el Informe Nº 627-ALSHF-2000 emitido por la asesora letrada, Dra. Jordán. El requerimiento -en realidad- fue efectuado por Nota Nº 707 (fs. 138) de fecha 27/12/2000, que fue notificada el día 08/01/2001 donde no se consignan ni el Decreto 016 ni la Resolución 857. Es más: la Resolución 2374-SHF-00, de fecha 29/12/2000, habilita los códigos de descuento a CESAP, sin mencionar la Resolución 857. La habilitación se realiza de conformidad al Decreto Acuerdo Nº 0016-ME-2000 y su modificatorio Decreto Acuerdo Nº 0021-E-2000.

Así entonces, la consideración del a quo según la cual CESAP conocía la normativa en que se funda la sanción con anterioridad a aplicarse ésta, carece de sustento en los hechos comprobados de la causa, circunstancia que destituye al fallo de fundamentación e implica violación de la garantía de la defensa en juicio.

Por lo que va dicho he de propiciar con mi voto se declare procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, se revoque la sentencia recurrida y se reenvíe la causa para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo, con costas.

Conforme a la solución que propicio al examinar el recurso de inconstitucionalidad, no resulta necesario analizar el recurso de casación.

Los doctores Balaguer y Caballero dijeron:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal resuelve: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Imponer las costas a la recurrida. III) No tratar el recurso de casación en función de la solución arribada en el de inconstitucionalidad. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense.- Juan C. Caballero Vidal.- Carlos E. Balaguer.- Adolfo Caballero.