marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Liliana c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-28

Resulta incuestionable la presunción emergente del art. 23 L.C.T. frente a la circunstancia del reconocimiento por la demandada, que la actora se desempeñó para ella como médica en el área de Discapacidad de la Gerencia de Prestaciones Médicas, a cambio de una suma de dinero efectivizada mensualmente, durante un período de seis años. Surge asimismo de las probanzas mediante informe pericial que los depósitos en las cuentas bancarias de la accionante responden al pago de remuneraciones que detentan las notas típicas de la existencia de una prestación con subordinación tanto jurídica como económica, circunstancia que desvirtúa la postura de la demandada en cuanto a que se trató de una figura civil como es la locación de servicios. La mera circunstancia de que la actora sea una profesional no permite inferir, por esa sola condición, que no haya podido estar a órdenes de la demandada, ni que no sea aplicable la presunción establecida en el referido art. 23 L.C.T.. (La condenada apela la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la indemnización por despido contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados. Sostiene que la relación contractual entre ella y la actora se encuadra dentro de una locación de servicios prorrogados de común acuerdo conforme lo estipulado en el contrato que autorizó a la actora a la realización de actividades profesionales relacionadas con el denominado "PROGRAMA PRO-BIENESTAR", que tenía un objetivo puntual, determinado y que no responde al giro propio de la obra social).
Incapacidad absoluta, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ormazabal, Juan José c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Indemnización art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Si bien el art. 212 cuarto párrafo de la ley 20.774 (T.O.)no requiere que la incapacidad del trabajador llegue al cien por ciento (100), debe ser indubitable la demostración en juicio de su carácter de absoluta en el sentido de que el trabajador no pueda continuar realizando las labores que anteriormente cumplía ni desempeñarse en otras adecuadas a su disminución laborativa.
Emergencia económica, equilibrio contractual, esfuerzo compartido, equidad, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-06

En la búsqueda del restablecimiento de un adecuado equilibrio de las prestaciones, a través de una distribución proporcional de las cargas, el bloque normativo de emergencia ha dejado abierta la posibilidad de recurrir a otras vías cuyo tránsito debe ser abordado con arreglo al principio de equidad. Baste mencionar, al respecto, las previsiones vinculadas con la eventualidad de requerir un "ajuste equitativo".

El sistema legal admite senderos alternativos para alcanzar un único fin, es decir, una solución equitativa. Y es precisamente dentro del marco de esas posibilidades que la jurisprudencia de los tribunales inferiores ha elaborado y empleado en forma generalizada la denominada doctrina del esfuerzo compartido -que más recientemente ha sido receptada en las previsiones del art. 6° de la ley 26.167- que postula la distribución proporcional entre las partes de la carga patrimonial originada en la variación cambiaria. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Prueba, valor probatorio, prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BOLE ANDRES c/ EMPRESA VIENTO NORTE S.R.L. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-15

Deviene innecesario intimar la presentación de libros en tanto no juega la inversión de la carga probatoria y la presunción "iuris tantum" a favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral a que se refiere el art. 52 de la L.C.T., no exhibida a requerimiento judicial (art. 55 L.C.T.) cuando las conclusiones que resultan de las diferentes constancias probatorias de la causa desvirtúan la presunción que deriva de tales normas.
Denuncia del accidente de trabajo, indemnización, comisiones médicas, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Cristian Roberto c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

El personal de la SRT no está habilitado constitucionalmente para homologar acuerdos, pues carece de competencia y jurisdicción. En efecto, solo los jueces pueden homologar válidamente un acuerdo con calidad de sentencia, y determinar la justa composición de intereses y la existencia o no de derechos litigiosos (cfr. arts. 12 y 15 de la LCT) (Voto Welp)
Delitos contra la humanidad, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

El ataque a las víctimas compromete la responsabilidad de los mandos militares jerárquicos, como el que ocupaba el imputado, porque el despojo violento fue perpetrado precisamente por integrantes de las fuerzas armadas subordinados a su comando, en cumplimiento de los objetivos fijados por aquéllos. La fungibilidad del perpetrador directo es lo que confiere el dominio del hecho al autor mediato, puesto que no necesita de una persona determinada para que su orden sea cumplida: ella será irremediablemente ejecutada por alguna -cualquiera- persona, la propia estructura del aparato asegura ese resultado. Las privaciones ilegales de la libertad perpetradas, y el despojo, le son atribuibles al imputado en calidad de autor mediato, entonces, porque como lo muestran con claridad los párrafos del decreto-ley provincial 4.530, esos crímenes fueron llevados a cabo en cumplimiento de los objetivos fijados en última instancia por la Junta Militar, y a su vez retransmitidos y establecidos en particular por el encartado, en su calidad de comandante del III Cuerpo de Ejército para la Zona en donde detentaba el poder de hecho: la desarticulación de lo que la dictadura percibía y había definido como "subversivo".
Recurso contencioso administrativo, ejecución de sentencia, juicio de apremio, pago, defensa en juicio del Estado, Estado Provincial, emergencia económica, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DELLA SIEGA, HECTOR ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 47 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

Obsta al pedido de libramiento de orden de pago formulado por la actora lo dispuesto en el artículo 9 -tercer párrafo- de la ley 12036 en cuanto establece que "Los recursos asignados anualmente por la Legislatura Provincial ...se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada Servicio Administrativo Financiero y siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento..."Asimismo, el artículo 1 del decreto reglamentario nro. 1622/03 reza que "...los Servicios Administrativos de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Provincial, atenderán con las partidas asignadas en el Presupuesto de Gastos de cada año las sentencias judiciales firmes y actos de reconocimientos administrativos que cuenten con liquidación cierta y aprobada, observando estrictamente el orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial del pronunciamiento o la comunicación al titular del derecho para el caso de los reconocimientos administrativos."En consecuencia, al presupuestar la accionada el crédito reclamado dentro de las autorizaciones pertinentes cumplimentó los requisitos establecidos en las normas citadas, por lo que acceder a lo solicitado implicaría desconocer que, del mensaje de elevación y del debate parlamentario, se desprende que la ley 12.036 habría tenido en miras, primordialmente, evitar el riesgo de colapso financiero del Estado ante la extraordinaria situación imperante y la necesidad de prever una atención ordenada de las sentencias judiciales y servicios esenciales.
Procesamiento, Agencia Federal de Inteligencia, espionaje, incumplimiento de los deberes del funcionario público, falsedad ideológica, sentencia no firme, cuestión no federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arribas, Gustavo Héctor c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Debe confirmarse el procesamiento del ex Director General de la Agencia Federal de Investigación en orden a los delitos tipificados en el art. 43 ter de la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520 y su modificatoria Ley 27.126), y en los arts. 248 y 293 del Código Penal, todos en concurso real, puesto que la decisión recurrida no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Asimismo, no se advierte la causación de un daño de imposible o tardía reparación ulterior, originado a partir de su dictado o la existencia de alguna cuestión de índole federal, a los efectos de habilitar la intervención de la instancia.
Amparo por mora, omisiones administrativas, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, concursos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pelacoff, Lisa Paola c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

La vía del amparo no es idónea para resolver la omisión del Gobierno de la Ciudad de dictar el acto administrativo de quien quedó en el primer lugar en el orden de mérito establecido en el proceso interno de selección y ha limitado tanto la actividad probatoria de las partes en relación con la cobertura presupuestaria para efectuar la designación solicitada, como la posibilidad de decisión del Tribunal. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal), medidas para mejor proveer, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensoría Oficial s/ Acción de Filiación. Reclamación de Estado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-08-31

En autos se trata de la revocación, a pedido de parte, de una medida de prueba para mejor proveer.

El a-quo consideró que la medida que dictara era atentatoria de las garantías del debido proceso y de los derechos de igualdad y de defensa y del principio dispositivo.

Resolvió dejar sin efecto una resolución que podía no haber dictado en ejercicio de sus facultades instructorias (art. 36 del C P.C.C. y en consecuencia la situación procesal se equipara a no haber dictado tal medida y haber desestimado la solicitud de la producción de tal prueba por tal medio.

Por lo expuesto y siendo además inapelable las resoluciones sobre la producción, denegación y sustanciación de pruebas de acuerdo al art. 357 del C.P.C.C. del que nada en autos autoriza a apartarse, el recurso debe declararse mal concedido.
Honorarios, regulación de honorarios, falta de regulación
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdiviezo Sajama de Soto, Venancia c/ Odasso, Florindo y Empresa Panamericano S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad por sentencia arbitraria  (L.A. Nº 36, Fº 684/689, Nº 288) y Empresa Panamericano S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad por sentencia arbitraria  (L.A. Nº 36, Fº 684/689, Nº 288)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-08-03

La regulación de honorarios profesionales efectuadas por los tribunales inferiores no constituye, en principio materia de revisión en instancia extraordinaria, pues no se puede desconocer que las leyes arancelarias confieren a los jueces facultades discrecionales que les permiten obrar dentro de ciertos parámetro, sin que la aceptación de alguno de los criterios que resulten de tales leyes pueda ser considerado arbitrario, por el sólo hecho de haberse desechado otro de los criterios posibles. Por lo dicho para que sea admisible la tacha de arbitrariedad de una sentencia sobre una cuestión relativa a la regulación de honorarios, es necesario que el recurrente demuestre concretamente en que consiste esa arbitrariedad.- Por la falta de regulación de honorarios profesionales, no cabe receptar el recurso, atento a que no existe gravamen irreparable, ello así ya que la omisión en que pudiera haberse incurrido el tribunal a-quo, puede ser salvada ya que le asiste al interesado el derecho de pedir la regulación, si correspondiere. Por de pronto no existe denegatoria de regulación ni por ende regulación arbitraria.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, daño moral, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: GALLO JUAN ANTONIO S.D. HOMICIDIO CULPOSO E.P. DE MARIO ALBERTO SAYAVEDRA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-28

Es cuestión de hecho ajena al recurso de casación, salvo absurda valoración de la prueba o violación de las leyes que la rigen la apreciación de los elementos en que se basa la condena a indemnizar por daño moral, como asimismo el quantum de ella.
Daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: BUIGUES, Raúl Angelino c/ González, Sixto Cayetano s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-19

Respecto del rubro daño moral se exige, para su procedencia, que se acredite el evento dañoso y el carácter de legitimado del actor, sin que sea necesaria la prueba directa de este daño, que a veces resulta de difícil producción. Ahora bien, el monto concedido en la primera instancia de $40.000 surge como desproporcionado, tal como se alega en el recurso, con relación a las lesiones padecidas por el actor (politraumatismo y fractura de tobillo izquierdo) como consecuencia del siniestro. Es más, la mera enunciación de pautas realizadas de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, en el caso, al monto que se fijó en primera instancia. Por el contrario, se debió vincular el monto fijado a las particularidades del caso en análisis (método circunstanciado) y a los parámetros establecidos en otros casos similares, al menos en el contorno fáctico (método comparativo). Por lo tanto, considerando que el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que tal minoración provoca en el modo de estar de la víctima; la índole del hecho generador y demás circunstancias de este caso (masculino, chofer de la Municipalidad de Rivadavia con 39 años de edad al momento del siniestro, que sufrió politraumatismo y fractura de tobillo izquierdo, y se le fijó un 10% de incapacidad), y debiendo obrar con prudencia, pero dentro del mayor grado de equidad, tratando de que la indemnización no se constituya en un enriquecimiento incausado de la víctima, pero que tampoco se transforme en una indemnización insuficiente, comparando la indemnización concedida en otros precedentes en concepto de daño moral en fechas similares a la de este siniestro.
Graduación de la pena, control de legalidad, elevación en consulta, excepción de incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: Pcia. del Chubut c/ F. L. D. - C. W. A." (expediente n° 100.347 - Año 2017 - Carpeta n° 3.827 OJ Esquel) s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-26

Las cuestiones relacionadas con la graduación de la pena se encuentran vedadas a esta instancia de excepción, en tanto importa la ponderación de la situaciones de hecho ventiladas en la audiencia de debate. Sin embargo, es posible efectuar un control de legalidad sobre su monto y la fundamentación utilizada para justificarla, en caso que se verifique una evidente arbitrariedad.
Aplicación temporal de la ley, revocación del sobreseimiento, continuación del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Sergio Emanuel c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

Es doctrina sentada por este Tribunal que la ley procesal rige -como principio- desde el momento de su dictado, y la retroactividad que prohíbe el art. 18 de la Constitución Nacional es solamente la que podría resultar de la aplicación de leyes de naturaleza penal, según se infiere claramente de los términos de la mentada cláusula constitucional.

No cabe conceder operatividad al principio de benignidad contenido en el art. 2º del Código Penal -que regula los efectos de la sucesión temporal de leyes penales sustantivas- toda vez que se trata de una garantía de derecho material, pues no existe una garantía constitucional o legal a ser juzgado por un procedimiento más favorable al encausado, ulterior a la comisión del delito. Las leyes "ex post facto" inaplicables en el concepto de la Constitución, son las que se refieren a los delitos y al procedimiento para describirlos; es que las normas procesales posteriores no influyen ni en la tipicidad de la conducta ni en la pena aplicable.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz José Alberto c/ Soria Carlos Alberto y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-18

La sentencia impuso sanciones conminatorias diarias hasta tanto proceda la sancionada al efectivo cumplimiento de lo ordenado; resolución consentida por ambas partes. Ante ello, se fijó el comienzo, duración y cese de la sanción mientras no se cumpla con lo ordenado. Por lo tanto el cese de las sanciones acaeció el día en que la aseguradora dio cumplimiento con la manda judicial y las astreintes devengadas durante ese período no pueden considerarse inexistentes, están firmes y son ejecutables.
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camiletti s.a s/ apelacion (ley pcial. nº 1.480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-15

La infracción del artículo 5º de la Ley de Defensa del Consumidor se configura por el peligro potencial emergente, en el caso, de la exhibición para la venta de productos vencidos, independientemente de la existencia de un daño concreto respecto a una persona en particular, por lo que resulta irrelevante la ausencia de quejas de clientes potenciales.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia penal, entidades financieras, seguridad pública
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDRO LEON ZAVALIA Y OTROS s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La responsabilidad patrimonial que surge de la garantía otorgada por el Estado a los depósitos en entidades financieras resulta comprendida en el art. 6 de la ley 20.840, lo que determina la competencia de la justicia federal. Ello así, pues teniendo en cuenta que nuestro país ha desistido en los últimos años al degradante espectáculo que brindan grupos de personas -ávidos de riquezas y sin principios éticos-, que aprovechando circunstancias fácticas coyunturales que les eran favorables antepusieron sus intereses personales a los de la sociedad, tales circunstancias, en tanto directamente atacan a la moral pública que el art. 19 de la Constitución Nacional busca preservar, son suficientes para considerar afectados los intereses particulares de la Nación al alterarse las bases sobre las que debe asentarse la paz social (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Agente marítimo, responsabilidad del agente marítimo
Materia: NAVEGACION
Carátula: Frigorífico Moreno  S.A. c/ Fletamar  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

Tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten que el agente marítimo, tal cual es definido en el art. 193 de la Ley de Navegación, actúa en representación del armador, aún cuando intervenga por cuenta de este en la celebración de contratos de transporte, porque es representante, como dice la norma, ante los entes públicos y los entes privados. Por lo demás, el art. 199 de la ley citada es claro al expresar que el agente marítimo, en cualquiera de sus designaciones, no responde por las obligaciones de su representado.-
Proceso penal, instrucción, prueba de cargo, facultades de la autoridad de prevención, interrogatorio policial, declaración indagatoria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., F. A. s/ Encubrimiento (Expte Nº  16-93, Resolucion Nº  14, Tomo 1, Folio 262)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-29

Es intolerable aceptar como material probatorio de cargo -más allá del mérito que de lo que haya dicho judicialmente debe hacerse- un acta de declaración ante la policía donde el imputado se reconoce culpable del hecho que se le atribuye, al no haber sido ratificada ante la justicia.
Prueba, apreciación del juez, jueces, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Ramón María s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

El juez está obligado a analizar los elementos de prueba aplicando no sólo sus conocimientos jurídicos y su experiencia, sino también las reglas que le impone el sentido común.-
Jubilación por invalidez, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo.Coadyuvante:Lanzoni,Arturo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Quien pide la jubilación por invalidez al amparo de la ley local, no esta obligado a denunciar y computar los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad ni, por ende, a someterse a él para determinar la caja otorgante del beneficio. Esta es la interpretación que mejor se adapta para compatibilizar las disposiciones de los arts. 39 y 102 de la ley 8587 en tanto integrantes de un mismo cuerpo normativo, evitando darles un sentido que las ponga en pugna destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, sentencia, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, Iris Judith c/ FUNDACION EDUCATIVA SALTA Y/O RESPONSABLES s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-21

La capitalización de intereses está vedada por el art. 623 del Código Civil, salvo los supuestos que esta norma establece, en los que no se encuentra el presente caso.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martigano, Edith c/ Novelli, Juan C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Si el actor ha obtenido el reconocimiento judicial de su derecho que, por habérsele negado íntegramente, constituyó el objeto de la controversia, no le quita al demandado la calidad de vencido la circunstancia que la pretensión haya sido admitida por una cantidad menor a la reclamada y, por ende, debe cargar las costas del juicio por no existir un vencimiento parcial y mutuo (art. 68 Cód. Proc.), tanto más aún si se advierte que no se está ante un supuesto de peticiones independientes sino de una única pretensión que progresa en menor medida que el reclamo inicial.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Roberto y otros c/ UTEDYC s/ Amparo sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

La acción de amparo, promovida en los términos del art. 47 de la ley 23.551, es de competencia de los Tribunales del Trabajo de conformidad con lo establecido en el art. 2 inc. b de la ley 11.653, por lo que lo decidido al respecto no resulta apelable ante la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)