Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-17


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 17 de 2007.

1. R. A. B. C. por derecho propio y en su carácter de ex-letrado apoderado de la parte actora, apeló la decisión de fs. 184 mantenida en fs. 368/369 que dispuso dejar sin efecto la inhibición general de bienes decretada contra su ex dienta en tutela de los honorarios que oportunamente le fueran regulados.

Los incontestados fundamentos obran a fs. 196/198.

2. La decisión que debe ser dictada, requiere de una breve reseña de lo ocurrido en la causa, en punto a la pretendida ejecución de honorarios promovida por el Dr. B. C.

Veamos:

(a) Una vez fijado el honorario del ex-letrado de la parte actora, Dr. B. C., por el señor magistrado a quo, el beneficiario solicitó en fs. 168 que sea ordenada la inhibición general de bienes de su ex poderdante a fin de asegurar la percepción de su honorario.

El magistrado de grado, hizo lugar a lo peticionado y decretó la inhibición general de bienes del "deudor", ordenando librar los despachos del caso (fs. 169).

Cabe apuntar aquí que la obligada en costas en el proceso fue la parte ejecutada, por lo cual la ejecutante sólo revestía la calidad de "responsable" del pago de tal emolumento.

(b) Esta cautelar fue resistida por la actora (fs. 182) quien obtuvo el levantamiento de la cautelar -en rigor la revocación de la decisión de fs. 169 en tanto no fue acreditado haber sido anotada la inhibición- y a fin de hacer efectivo lo ordenado, requirió al letrado que restituyera al proceso los instrumentos retirados con el fin de anotar la medida cautelar.

Esta presentación fue resistida por el letrado, pero mantenida en fs. 368/369.

En este último pronunciamiento, fue concedida la apelación interpuesta con carácter subsidiario.

(e) A pesar del recurso concedido, la señora magistrada subrogante en aquel entonces revisó de hecho los fundamentos de la decisión anterior, aunque nada modificó lo allí decidido.

Así, aclarando que lo disponía sin perjuicio de mantener lo establecido en fs. 368/369, ordenó la traba de un embargo preventivo sobre cierto inmueble propiedad de la Sra. Ernesta Lucchetta, al considerar que esta era deudora subsidiaria de los honorarios de su ex letrado (fs. 375). La medida fue sustentada en lo dispuesto por el cpr 212:3.

Sin embargo, y ante un pedido de aclaratoria presentado por la parte actora, amplió el citado decisorio haciendo saber al Dr. B. C. que en el término del quinto día de notificado, debía "llevarse adelante" la medida de embargo; y luego dentro de los cinco días de la traba, el letrado ejecutante debería expedirse con arreglo a los preceptos del cpr 228 respecto de mantener o no la inhibición ya decretada en autos, bajo apercibimiento de decidirse respecto de su mantenimiento o no con las solas constancias de autos (fs. 378).

El letrado se notificó y consintió la resolución (fs. 392).

(d) El primer plazo se encuentra ampliamente vencido, sin que el magistrado de la anterior instancia hubiere emitido pronunciamiento al respecto.

3. La descripción que antecede revela que el Dr. B. C. incumplió el plazo que le fue concedido para trabar embargo sobre un bien de la señora Lucchetta.

Ello exigiría un pronunciamiento concreto sobre tal evento por parte del señor magistrado a quo.

Empero, devolver las actuaciones a la instancia anterior sólo produciría un desgaste procesal innecesario y una evidente demora en la definición que se espera.

Por ello la Sala ingresará directamente en el conflicto, sin otro trámite.

4. Como fue dicho, el letrado B. C. obtuvo, en primer lugar, la orden de anotar una inhibición general de bienes en contra de su ex cliente.

Tal medida no parece haber sido registrada; cuanto menos ello no resulta cabalmente de la causa.

Pero tampoco fueron restituidos por el letrado, los instrumentos que retiró al efecto; aún cuando la decisión de fs. 184 así se lo impuso.

Sin embargo, el mismo profesional, al denunciar posteriormente un bien específico, logró de la entonces juez interina a quo, que dispusiera un embargo para garantizar su honorario.

Pero también le impuso que una vez anotado este último, el pretensor debía pronunciarse sin demora sobre la subsistencia de la inhibición ("...deberá expedirse con arreglo a los preceptos del CPCCN art. 228...").

Si bien esta última fue revocada, la apelación fue concedida con efecto suspensivo, lo cual importa su mantenimiento en tanto la decisión no sea confirmada.

Aquella orden de "expedirse" resultó adecuada en tanto la inhibición general es una medida precautoria que procede ante la falta de conocimiento de bienes del deudor para su embargo, o bien por la insuficiencia de los conocidos. Se trata, por tanto, de una medida subsidiaria, la que deberá ser dejada sin efecto cuando no existan las causas que dieron lugar a ella; es decir, cuando el actor tome noticias de bienes del contrario o el deudor ofrezca "bienes suficientes" a embargo con lo cual desaparece el desconocimiento de éstos (Roland Arazi-Jorge A. Rojas Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado anotado y concordado con los Códigos Provinciales, T. I, p. 872 y jurisp. allí citada).

Sin embargo el letrado ejecutante no acreditó tampoco haber trabado el embargo que le fue otorgado, y que la actora consintió (sólo pidió una aclaratoria en fs. 376/377).

Nos encontramos entonces ante una situación paradojal: el letrado B. C. obtuvo una inhibición general de bienes y luego un embargo sobre un bien específico de su ex cliente.

En ninguno de ambos casos acreditó haberlos trabado.

Tampoco se pronunció sobre la subsistencia de la primera en tanto, como fue dicho, ni siquiera demostró haber instado la registración del embargo.

Empero, no es posible mantener esta incertidumbre que es provocada básicamente por la falta de diligencia del letrado B. C., y que pesa sobre el patrimonio de su ex poderdante quien, a pesar de la falta de acreditación, podría encontrarse padeciendo dos medidas cautelares simultáneas.

Adviértase que la orden de inhibición data de mayo de 2006 y la de embargo de diciembre del mismo año, lo cual hace más apremiante una definición.

En estas circunstancias, y en atención a la naturaleza y características de la inhibición general de bienes, cabrá confirmar sin más lo decidido en fs. 184 y mantenido en fs. 368/369, no por los fundamentos dados en la instancia anterior, sino por haber desaparecido la base fáctica que le dio sustento.

No se ignora que lo dispuesto por la señora juez interina en fs. 378 procuró garantizar la traba del embargo previo al levantamiento efectivo de la inhibición general de bienes.

Pero transcurrido ya casi un año desde esta última decisión, no es posible premiar al moroso y perjudicar a quien se encontraría doblemente cautelado.

Las costas del incidente serán distribuidas en el orden causado, atento las especiales características de la controversia (cpr. art. 68, segunda parte y 69).

5. Por ello, la Sala resuelve:

(a) Confirmar lo decidido en fs. 184 y mantenido en fs. 368/369.

(b) Costas por su orden.

(c) En mérito a la naturaleza, importancia y extensión de las tareas desarrolladas desde la presentación inaugural de fs. 8/9 hasta la renuncia al mandato informada en fs. 89; y ponderando las labores realizadas tanto por el trámite principal, como así también por la incidencia resuelta en fs. 120, redúcese el honorario regulado en fs. 162/163 a $ 51.600 (pesos cincuenta y un mil seiscientos) para el ex letrado apoderado de la parte actora, R. A. B. C. (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 40 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).-Gerardo G. Vasallo.-Juan J. Dieuzeide.- Pablo D. Heredia.