Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto contra las resolución obrante a fs. 15/9 de la presente causa, de la que RESULTA:

I) Que a fs. 29/41 vta. se agregan los fundamentos del recurso de apelación interpuesto, a fs. 22, por el apoderado del Gobierno de la Ciudad contra la decisión adoptada por el titular del Juzgado CyF N° 15 que rechazó una ejecución fiscal iniciada contra José María Woloszczuk por la suma de seis mil ciento setenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos ($6.164, 66) luego de declarar de oficio la prescripción de la multa cuyo cobro compulsivo se persigue mediante este proceso.

En virtud de dichos fundamentos considera el recurrente que la decisión del Sr. Juez a quo debe ser revocada toda vez que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal local que cita, la prescripción debe ser siempre planteada por las partes y nunca declarada de oficio ("GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa'", Expte. n° 3966 del 19/10/2005).

Se agravia asimismo por considerar que de conformidad con el art. 3986 del Código Civil la deducción de la demanda promotora del juicio del presente proceso tiene virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción de la sanción de multa que se pretende cobrar compulsivamente.

II) Que toda vez que en el presente caso no se encontraba trabada la litis las actuaciones quedaron, de conformidad con el decreto de fs. 42, en estado de ser resueltas.

Los Dres. Elizabeth A. Marum y Marcelo Pablo Vázquez dijeron:

PRIMERA CUESTION Liminarmente, y en lo atinente al juicio de admisibilidad del recurso bajo estudio, corresponde señalar que este Tribunal ya se expidió al respecto. En efecto, a fs. 27, se dispuso, a raíz de que lo resuelto no constituía sentencia definitiva en sentido técnico, declarar que el recurso de apelación, que había sido concedido libremente por el Sr. Juez a quo, debió haberlo sido en relación. Ello motivó la oportuna presentación de los agravios de la recurrente. Así las cosas, no corresponde volver sobre el juicio de admisibilidad sino adentrarse en el análisis de los agravios propuestos.

SEGUNDA CUESTION Ingresado al análisis del fondo de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal es preciso analizar detenidamente las circunstancias de tiempo en que se desarrollaron los hechos ventilados en la presente causa pues ellas pueden determinar la aplicación de una norma de derecho común diferente a la escogida por el Sr. Magistrado.

Al respecto, es dable advertir que, tal como se desprende del certificado de deuda obrante a fs. 3, la sanción que se pretende cobrar compulsivamente mediante el procedimiento que determina el art. 23 de la ley 1217 fue impuesta mediante resolución de fecha 25/07/2002 y fue notificada recién el 20/03/2003 (8 meses después de dictada).

Ahora bien, la ley 1217 que regula el procedimiento en materia de Faltas en esta Ciudad fue publicada el 26/12/2003 (BOCBA N° 1846) momento que, simultáneamente, determinó la entrada en vigencia de la ley 451, es decir, del Régimen de Faltas, norma de fondo en la materia (conf. Art. 1º de la Ley Nº 906 BOCBA Nº 1556 del 29/10/2002). Siendo ello así, dicha normativa no se encontraba vigente ni al momento del hecho ni en la oportunidad en que la multa impuesta adquirió firmeza; sí lo estaban las leyes 19690 y 19691 (Boletín Oficial 28/06/1972 - ADLA 1972 - C, 3344; modificada por leyes 21318 -Boletín Oficial 31/05/1976 - ADLA 1976 - B, 1099- y 21922- y 21922 -Boletín Oficial 16/01/1979 - ADLA 1979 - A, 21-), razón por la cual esta última debe regir la cuestión y sólo se podrán aplicar las posteriores en caso de que ellas resulten más benignas.

El Juez de Grado, en la decisión en crisis, consideró, en lo sustancial, que correspondía apartarse de la ley que gobernaba el asunto en virtud de que la ley 451, actualmente vigente, resultaba más benigna al no prever la existencia de causales de interrupción de la prescripción de la sanción.

Sin embargo, si bien resulta cierta la circunstancia que advierte el Sr. Juez a quo, no lo es menos que a los fines de establecer cuál resulta la ley más benigna debe tomarse en cuenta el caso concreto, pues no se trata de una mera comparación abstracta de leyes, sino de decidir este extremo, previendo los resultados de la aplicación concreta de las distintas leyes, balanceando cada uno de los hechos de la vida real, tal como lo ha explicado este Tribunal in re "MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otros s/ ley 255 Junín 1787" -Revisión art. 479 CPPN-, causa 1394-02-CC/2003, del 8/06/2005, con citas de Sebastián SOLER -Derecho Penal Argentino, T I, Bs. As., TEA, 1999, pág 259/265 y de Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, T II, Filosofía y Ley Penal, Buenos Aires, ed. Losada, 5ª Edición, p. 632 y ss.

Ahora bien, conforme la nueva interpretación de las normas de derecho común que efectuó el máximo Tribunal local (fallos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ ejecución fiscal'", expte. n° 3998 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa'", expte. n° 3966, ambos del 19/10/2005), a la luz del art. 23 de la ley 1217, que remite al reclamo judicial por vía ejecutiva en los términos de la ley 189 (art. 450 y ss. CCAyT), no resulta admisible la declaración oficiosa de prescripción de una multa que se encuentra en condiciones de ser ejecutada.

No obstante, la ley 19691, vigente al momento de los hechos establecía, a diferencia de la ley 451, por un lado que las disposiciones generales del Código Penal resultaban aplicables siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas por ella y que no podía aplicarse por analogía otra ley en perjuicio del imputado (art. 4 y 5 de la citada ley), y por otro, que tanto las acciones como las penas se extinguían, entre otros motivos, por el transcurso del plazo de prescripción que era de dos años a contar desde el dictado de la sentencia definitiva (ver arts. 26 y 27 de la ley 19691).

Asimismo dicha norma disponía que "la prescripción se declarará de oficio aunque el imputado no la hubiere opuesto" (ver art. 27 in fine de la aludida ley, donde no obra el destacado que en esta decisión se enfatiza). Adviértase que ésta ley especial no distinguía momento alguno en el cual se debía ejercer dicha obligación legal, así como tampoco acerca de órgano alguno -administrativo o judicial- en cuya cabeza se asignaba tal competencia.

En un sentido similar y destacando la diferencia entre ambos regímenes legales, el Sr. Juez Julio B. J. Maier advirtió que "(...) las reglas nuevas (leyes n° 451 y 1.217) no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal como lo hacían las anteriores leyes aplicables (n° 19.690 y n° 19.691) y como lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes (...)" (Del voto del Juez aludido in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005).

Sin embargo, toda vez que la ley 19.691 contenía causales de interrupción de la prescripción de la sanción, resulta necesario verificar en el presente caso si se produjo alguna de ellas, por lo que corresponde revocar la decisión en crisis a efectos que proceda a dictar nueva sentencia con arreglo a la ley aplicable luego de verificar la existencia, o no, del extremo aludido en el caso concreto.

En la tarea encomendada resulta oportuno destacar la consideración del Sr. Juez Maier quien, en ocasión de expedirse en la causa "GCBA c/ Kruptizky, Jaime s/ ejecución de multa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. nº 4231/05 del 8/02/2006, entre otras, destacó la importancia de que las partes interesadas tengan la posibilidad de opinar sobre el extremo a decidir a la luz, como se dejó expuesto, de la ley aplicable al caso.

El José Sáez Capel dijo:

Tal como reiteradamente he sosteniendo en los autos "GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ ejecución de multas" Causa 184-00/CC/2004 rta. 10/08/2004; "GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ ejecución de multa- apelación" Causa 365-00/CC/2004, rta 3/11/04 y "GCBA c/ Annie Millet SA s/ ejecución de multa- apelación" rta. 3/11/2005 entre otros, nos encontramos frente a un reclamo patrimonial en virtud de una obligación exigible, que tiene su origen en una sanción administrativa impuesta a la demandada, correspondiendo aplicar el procedimiento establecido en los artículos 450 y cc. del CCAyT, en el que la prescripción debe ser opuesta por el demandado como excepción.

El Juez de grado, una vez presentada la demanda, sólo esta facultado para hacer un examen del titulo tendiente a determinar si el mismo tiene las cualidades necesarias para proceder a su ejecución, es decir si representa un título ejecutivo.

En otras palabras, sólo debe examinar cuidadosamente la concurrencia de los presupuestos formales del titulo, que le dan fuerza ejecutiva, este examen implica determinar si él es hábil y si prima facie existe legitimación procesal por parte de la actora para efectuar el reclamo. Pero en modo alguno el Juez, de oficio, debe suplir la actividad de la parte demandada resolviendo una cuestión que hace al fondo de la cuestión sin haber sido interpuesta como excepción.

El juicio de ejecución fiscal normado en el artículo 450 ibídem es independiente de la naturaleza administrativa sancionatoria de las multas impuestas por los otrora Jueces Administrativos de Faltas o los Controladores de la Ciudad.

Por ello, es indistinto a criterio del suscripto, que el procedimiento utilizado en la multa lo haya sido con anterioridad o no de la vigencia de la ley 1217 ya que desde su vigencia en julio de 1999 el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece este procedimiento para la ejecución de tales sanciones.

Procedimiento que con el nombre de apremio había sido ya regulado en nuestro derecho por la vieja ley 50 y recepcionado localmente por los Códigos de procedimiento de los Estados de la Federación, porque como sostienen Peretti y Tessone (La ejecución fiscal en la ley 11.683. - pagina 17. Buenos Aires, 1997), a lo que tienden estos procedimientos es a la necesaria y rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompañan a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos, con lo que se estructura un proceso de ejecución destinado a que el fisco perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan y busca un mínimo equilibrio que se contempla en una restringida faz de conocimiento, fuertemente simplificada con relación a los procesos plenarios, en aras, precisamente de agotar la coacción de la manera más acelerada posible.

La estrechez de este procedimiento de ejecución fiscal revela una limitación del conocimiento y denotan inequívocamente que la intención del Legislador porteño ha sido la de acentuar la estrictez del régimen de ejecución.

Por otra parte así lo ha entendido el TSJ en el expediente 3966 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa" y expediente 3998 "GCBA s/ queja por recuso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ ejecución fiscal" ambos resueltos el 19/10/05, en los que se hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se revocaron las resoluciones de esta Sala, ordenándose la continuación de los tramites de ejecución fiscal en el estado que se encontraban Por todo ello voto para que se revoque el punto 1 de la Resolución obrante a fs. 18 vta. por la que el señor Juez del JCyF nro.15 no hizo lugar a la ejecución y se ordene que continué la causa según su estado.

Por lo expuesto y en mérito del acuerdo que antecede, a las normas legales, antecedentes jurisprudenciales y opiniones doctrinarias citadas, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

REVOCAR la resolución del titular del Juzgado CyF N° 17, obrante a fs. 15/9, debiendo el Sr. Juez verificar si concurren causales interruptivas de la prescripción de la pena a la luz de la ley 19.691, previo a resolver la presente causa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera instancia, a sus efectos.

Ante mí:

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas