marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, contrato de obra, responsabilidad del arquitecto
Materia: CIVIL
Carátula: Barrientos, Héctor Rolando c/ Cuello, Juan Pablo s/ daños y perjuicios (inh.inhibicion origen doc.loc.via nom)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-27

Finalmente, corresponde dar tratamiento al daño moral, que comprende los padecimientos, angustias e inseguridades sufridos por el actor y provocados por el estado en el que se vio obligado a vivir. Se trata, en el caso, de una prueba in re ipsa, que surge de los mismos hechos, y que hace que cobre operatividad la norma que contiene el art. 522 del Código Civil. Empero, en el sub exámine, considero que los sufrimientos de índole espiritual se infieren de las fotografías acompañadas con los respectivos peritajes. "Es que el daño moral en estudio no consiste en el mero sufrimiento que eventualmente causa ver destruida o deteriorada una cosa propia, sino en la perturbación del modus vivendi, con las consiguientes repercusiones espirituales negativas" (Zavala de González, Matilde, "Personas, casos y cosas en el derecho de daños", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, p. 213) (Cita on line: 70048251). Ahora bien, constante y reiteradamente se ha dicho que para merituar el daño moral no existen parámetros exactos; por el contrario, es difícil de establecer e igualmente precisar el sufrimiento de quien lo ha padecido. Por tal motivo, es que más que en ningún otro rubro su estimación queda sujeta al arbitrio del juzgador y debe ser fijada equitativamente teniendo en cuenta las circunstancias personales y las particularidades del caso planteado Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza y entidad de las molestias sufridas que excedieron de la normal tolerancia para estos casos, y debieron perturbar la tranquilidad familiar e incluso la estabilidad emocional de los moradores de la vivienda; estimo prudente que se reconozca por este rubro la cantidad de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-). DRES.: MOVSOVICH - COSSIO.
Tercería de dominio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORALES, SANTOS Y OTROS EN J: 105543/19894 GALESI, RAMON E. EN J: 101909 MORALES, SANTOS Y OTROS JUAN JOSE GALLARDO Y OTROS s/ Embargo Preventivo - Terceria de Dominio - Casación (LIBRO: S238 -  096)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-11

La resolución dictada en un incidente de desembargo, no causa estado en el juicio posterior por tercería de dominio el que, por reconocer autonomia en el incidente, no puede encontrarse condicionado al pago de las costas de la incidencia, pues se trata de una causa distinta a la iniciada en defensa del derecho de dominio.
Despido indirecto, empleo no registrado, declaración testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Huglich, María Eugenia c/ El Molinillo S.R.L. s/ despido indirecto por falta de registración o consignación erronea de datos en recibo de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-30

En relación a la segunda queja referida a la invalidez que se le otorgó en la sentencia al acta notarial para proceder al despido (lo cual tiene que ver con la fecha de la finalización de la relación laboral), la misma tampoco tendrá acogida favorable. Para así decidir, el a-quo -en opinión que comparto- tuvo en cuenta que el escribano señala de puño y letra en el acta, que dio lectura del contenido de la misma a una persona "que dice ser la requerida" pero que no exhibió DNI, con lo cual no tiene por acreditado que dicha persona sea la trabajadora de autos.[.] Lleva razón tal decisión, por cuanto, en el marco de los arts. 1001 y 1002 del Código Civil de Vélez, la identidad de la actora debió justificarse por la declaración de dos testigos instrumentales responsables de la identificación, haciendo constar en el cuerpo de la escritura el nombre y residencia de los mismos o bien por exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo. Cuestiones éstas, que faltaron en el acta mencionada, en tanto solo se constata la presencia del empleador de la actora, circunstancia ésta que sin duda le resta credibilidad al acto por tener interés en el proceso.
Obligaciones de dar sumas de dinero, pago con subrogación
Materia: NAVEGACION
Carátula: Antorcha Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Cap. y/o Arm. del bq. "Monte Pascoal" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La demanda se hizo en australes, más exactamente, se reclamó la cantidad de australes que fue necesaria para adquirir la suma de dólares desembolsada por la aseguradora a la fecha del pago subrogatorio. En este caso no procede reducir la suma de australes;

el hecho de que esa suma alcance hoy para adquirir más dólares que en mayo de 1989 es aleatorio y se debe a las fluctuaciones del valor de esa moneda, pero lo cierto es que se trata de la misma suma real que necesitó la actora para adquirir los dólares pagados y no hay motivo alguno para reducirla.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, seguridad jurídica, jueces, excusación, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Debe el juez excusarse -o puede desestimar la recusación- en   función de lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3) Si las hipótesis  previstas en dicha norma se registran respecto de entidades   públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de   servicios prestados de salud, emisoras de tarjetas de crédito y   prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en   las cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su   conyuge? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Si los tribunales plenos propenden al afianzamiento de la igualdad y la seguridad jurídica, al fin de la zozobra y al logro de la certidumbre del pronóstico para el destinatario del servicio de justicia, ello no se alcanzaría con la interpretación que propicia que el cual el Juez no debe excusarse -o puede desestimar la recusación- en función de lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3, si las hipótesis previstas en dicha norma se registran respecto de entidades públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de servicios de salud, emisoras de tarjetas de crédito y prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en las cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su cónyuge, y cuyo resultado queda supeditado a la existencia de "circunstancias especiales o contingencias puntuales". En suma, la hermenéutica que sostiene dicho voto ha de circunscribirse a las entidades públicas o privadas prestadoras -con carácter monopólico o cuasi monopólico- de servicios públicos concesionados o privatizados. (Del Voto del Dr. Elena -En Disidencia-).
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Julio c/ B.C.R.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

La indemnización por lucro cesante cubre el daño que supone privar al patrimonio del damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, título que no reviste quien explota un puesto municipal, perfectamente habilitado por la Comuna, pero a nombre de otra persona.
Recursos de la seguridad social, retención indebida, aportes de empleados, agentes de retención, código penal
Materia: PENAL
Carátula: Constructora Friedrich SRL y otros  c/  s/ infracción Ley 24769
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

La obligación de depositar los aportes destinados al sistema de seguridad social proviene de la calidad de agente de retención de aquellos aportes, por cuanto las sumas en principio retenidas, cuyo depósito se omitió, no constituyen fondos propios de los que puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad, pues las posibles dificultades financieras de aquélla no justifican, la retención de aportes pertenecientes a terceros.
Cheque, falta de pago, intereses, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORMAR SA c/ PAMAR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

Cuando -como en el caso- la falta de pago de los cheques no es atribuible solo a la demandada -en el sentido de que ha tenido especial gravitación la omisión de las actoras en presentarlos al cobro-, procede adicionar intereses desde la fecha en que el demandado fue infructuosamente intimado al pago; hasta la efectiva cancelación. Ello así, aplicando la tasa "activa" fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días (conf. CNCom. en pleno, 27.10.94, "S.A. La Razón") (LA LEY, 1994-E, 412), sin capitalizar (conf. CNCom. en pleno, 25.8.03, "Calle Guevara") (LA LEY, 2003-E, 783).
Seguro de caución, concesión comercial
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios c/ Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Los seguros de caución tienen como nota esencial y propia el carácter expeditivo de la ejecución de la garantía ante el solo incumplimiento del tomador, sin que pueda interpretarse que el decreto 411/69, en cuanto prescribe que una vez "firme" la resolución dictada dentro del ámbito interno del ente estatal asegurado que establezca la responsabilidad del participante o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo el asegurado tendrá derecho a exigir al asegurador el pago pertinente, se refiera al "acto firme" que adquiere tal carácter por haber sido rechazada su nulidad por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pues tal interpretación importaría desconocer que el propio decreto equipara -a todos sus efectos- al seguro de caución con los otros medios de integración de la garantía de ejecución de los contratos administrativos, de inmediata disponibilidad para el comitente ante el incumplimiento de su cocontratante y desnaturalizaría la finalidad del seguro de caución al impedir la ejecutabilidad inmediata de la garantía, que es su razón de ser.
Competencia, admisión y permanencia de extranjeros, expulsión de extranjeros, orden de detención
Materia: PROCESAL
Carátula: "EN  -DNM-DISP  15458/04  (Expte  226628/03-Nota  108/04) c/ LinYueying s/ amp. proc. sumarísimo (art. 321 inc. 2 CPC y C)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

Toda vez que la ley 25.871 otorga competencia específica a través de su art. 98, para entender en lo dispuesto en los títulos V y VI en donde se encuentra ubicado el art. 70 que prevé que firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Migraciones solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene la retención, mediante resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla, es la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la competente para librar tal orden de detención (Cons. 5).
Haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aplicación temporal de la ley, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REA, GLORIA SUAREZ c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-27

La movilidad del haber del titular, a partir del 01 de abril de 1995, será la que surja de la aplicación de lo establecido por el art. 7, inc. 2) de la ley 24.463.
Prueba confesional, absolución de posiciones, posición impertinente, deberes del juez, asistencia a las audiencias, inasistencia del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIMAN, JACOBO MARCOS c/ CAMEA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El legislador, al redactar el artículo 414 del Código Procesal Civil y Comercial, partió de la base de que los jueces presencian las audiencias, y por ello sólo debe dejarse constancia en el acta de la oposición, sin que de lugar a incidente o recurso alguno. Pero la realidad muestra que los jueces no pueden concurrir y los empleados encargados de tomarlas ponen las posiciones sin efectuar, desde luego, la valoración apriorística de su pertinencia, por lo que es lógico y conveniente que se permita a quien se opone que exprese su opinión para que el juez al sentenciar la tenga en cuenta.
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Expte Corte Nro. 28/03 Córdoba, Gustavo c/A.T.S.A. - Laboral - Recurso de Casación s/ Corte Nro.222/04 - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-06-16

En cuanto al cómputo de los plazos para que opere la caducidad de instancia en el recurso extraordinario federal, la CSJN ha dicho que la perención de la instancia se produce a los tres meses de inactividad procesal conforme el Art. 300 del Código Procesal Nacional (CS5/8/76, LL1978-1457, Nro. 67, CS3/3/71, ED36550), debiendo computarse el término de conformidad a lo dispuesto por dicho cuerpo legal, aunque el expediente se encuentre radicado en los tribunales ordinarios (Tribunal Superior de Justicia 24/3/86 en Sen. Jur. 6/11/86) .-A su vez el Art. 311 del CPCCN, expresa "... correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a los feriados judiciales".

Cabe señalar también que el plazo de tres meses corre desde el momento en que se dictó la providencia mediante la cual se corrió traslado del recurso extraordinario interpuesto sin que la actora lo haya impulsado (conf. Arts. 310 inc 2 y 311 del CPCCN).

En el caso, la ultima actuación del recurrente en esta instancia se limitó a la presentación del recurso el día 07/12/04, que dio lugar al dictado de la providencia del 13/12/04, sin que con posterioridad hiciera ninguna presentación a efectos de dar impulso al proceso, por lo que el plazo venció el 13/04/05, es decir que el mismo se encontraba vencido al momento del acuse de negligencia articulado por la contraria, 24/04/05.

En conclusión, por lo expuesto y toda vez que el impulso del proceso le corresponde a quien promueve el recurso, corresponde hacer lugar a la perención del recurso extraordinario federal deducido.
Violación, error (penal), sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: FONTANA, M.O. s/ VIOLACION. ABSOLUCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-29

No obstante que el procesado admitió haber tenido relaciones sexuales con la víctima, y que sus dichos se hallan corroborados por las imputaciones de ésta y por las manifestaciones de los coprocesados; la falta del conocimiento preciso y actualizado de uno de los elementos del tipo del art. 120 del C.P. (creía que la damnificada tenía 15 ó 14 años), excluye el dolo; razón por la cual debe ser absuelto del delito de violación que se le imputara.

En cuanto a la DUDA -que podría objetarse que existió-, si bien como lo destaca Jiménez de Asúa, no se equipara siempre al ERROR, no se puede decir que es "igual al saber" ni que excluye el dolo, debiendo ser analizado el problema en cada hipótesis individual, ya que aún cuando puede ocurrir que, dudando, se ejecute el acto, tendremos que contentarnos con la CULPA, si no se puede afirmar con absoluta certeza que el sujeto aceptó o consintió en el eventual resultado.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PLASCENCIA, Héctor Armando c/ EMPRESA SAPEZA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-12-15

Si la disminución de trabajo se produjo por la variación de la política del único cliente de la empresa, esta circunstancia le resultaba imprevisible, siendo los despidos justificados.
Jornada de trabajo, aplicación del convenio colectivo, trabajador con cargas de familia
Materia: LABORAL
Carátula: Baez, Pedro Ramón y otros c/ Finexcor S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-10

Debe considerarse que el empleador ha hecho debido uso del régimen de garantía horaria mínima conforme lo establecido convencionalmente en el artículo 18 del CCT 56/75, en un intento por salvar las fuentes de trabajo, puesto que dicha norma convencional resulta una fuente específica y propia del derecho del trabajo, legalmente habilitada para regular y fijar condiciones de trabajo y empleo para determinados trabajadores (cf.art. 1 LCT).

De este modo, las disposiciones que surgen de la convención colectiva en cuestión pueden ser utilizadas y gozan de privilegio y preferencia por sobre las derivadas de la LCT, atento la especifidad que las caracteriza.

Asimismo no prevee recaudo alguno que establezca su aplicación de un modo determinado, es decir, no exige su imposición a personal con menor antigüedad o con menores cargas de familia, requisitos que sólo resultan exigibles dentro del ámbito de la LCT. Tampoco estima necesaria la tramitación del procedimiento preventivo de crisis. (Del voto del Dr. Pirroni, en minoría).
Faltas, proceso de faltas, sentencia, fundamentación de sentencias, principio de legalidad, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MORELLI, Mariana Cecilia s/ circular a mayor /menor velocidad - APELACION velocidad - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14

La exigencia de motivación de las sentencias informa la base misma de imputación normativa sobre la que armónicamente los poderes del Estado deben desplegar su actividad. En este sentido, la seguridad del justiciable de que no será "condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" del artículo 18 de la Constitución Nacional, obra tanto de principio rector del desempeño de la actividad judicante como de elemento plurisubjetivo de confirmación del modelo adoptado -en tanto se dirige a los "habitantes", y, en su faz activa, a los órganos de "gobierno" en los términos del artículo 1 del mismo cuerpo fundamental-.

De este modo, el sistema de "revisión" de las respuestas del poder que presenten déficits de observación a su respecto, debe traducirse en una herramienta de consecución de aquella pretendida armonía, y ello implica -siempre que ello resulte posible- la posibilidad de desechar aquellos actos que palmariamente se apartan de lo debido en función de los principios que determinan la dinámica estructurada.
Contrato de obra pública, cocontratante, eximentes de responsabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ute Macoin S.R.L. y Monaldi e Hijos S.C. c/ E.N. -Mº de Defensa- s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

"No debe exigirse...que para eximir de responsabilidad al cocontratante, ya sea por retardo de éste en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o por incumplimiento del contrato, el hecho de la Administración "impida absolutamente" que el cocontratante cumpla en término sus obligaciones...; sólo cuadra exigir una "razonable imposibilidad", requisito que queda cumplido cuando la Administración deja de pagarle a su cocontratante una suma apreciable durante un lapso que exceda toda prudencia", (Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T.III-A, pág. 375). (Del voto de la juez Herrera, consid. 5º).
Vicios del acto jurídico, nulidad absoluta
Materia: CIVIL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si los vicios que padece un acto jurídico atentan contra los intereses generales o colectivos, la nulidad será absoluta.
Auto de elevación a juicio, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Francisco Luis s/ Homicidio con exceso en la Legítima defensa Legítima defensa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-07

El principio acusatorio que anima el Sistema y la aplicación correcta de la interpretación de las reglas de la competencia, imponen la solución de que el Juicio sea ventilado en sede criminal, sin que ello importe ninguna definición adelantada sobre el tipo penal aplicable, ni sobre la necesidad de sujeción del excarcelado al Juicio a través de la detención, por cuanto se trata ésa de una simple definición de competencia, sin otro efecto jurídico que el de establecer el Tribunal que debe intervenir.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Brandán, Gloria del Carmen c/ Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e  Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-11

La facultad disciplinaria, que es propia de la Administración Pública, deriva de la potestad de dirigir y controlar a los funcionarios y empleados, quienes deben cumplir las órdenes legítimas que reciban y desempeñarse con corrección y eficiencia, atendiendo a las exigencias del servicio y respetando el orden jerárquico administrativo establecido. Esta potestad se desarrolla en distinto campo que la potestad sancionatoria penal, que tiene como objetivo primordial la prevención y represión de la delincuencia, más allá de su común naturaleza, derivada del "ius puniendi" estatal.

Al aplicarse ambas especies de sanción a ámbitos y situaciones distintas, nada impide que un hecho pueda constituir una falta disciplinaria aunque en sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento o la absolución.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, prescripción, juicio ejecutivo, ejecución fiscal, resolución irrevisable en juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Seco, Aurelia Elida. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es admisible el recurso extraordinario, si el fallo apelado desestimó la prescripción opuesta con apoyo en una norma federal, lo que supone dar curso a la ejecución fiscal, sin que el agravio que de ello resulte pueda ser revisado en ulterior trámite donde aquella defensa no sería ya admisible.
Obligaciones en moneda extranjera, convertibilidad, pesificación, derecho de propiedad, acreedor, deudor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION BANCO DE LA PAMPA c/ P. S. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28|2004-12-22

Como se ha sostenido, el objeto dinerario prometido en obligaciones como la que se demanda en la especie, era un dólar convertible, definido por la ley 23928 como canjeable por un peso argentino. Los pesos se canjeaban en los bancos por el dólar, uno a uno, si así se lo deseaba.

De ahí que la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno sería el perjuicio que sufriría el acreedor que cobre en pesos en lugar de los dólares que le fueren debidos. Ello así, porque si hubiere cobrado dólares o pesos durante la vigencia de la convertibilidad podría haber comprado lo mismo en el mercado interno.

No se trata en el caso de obligaciones en las que se introdujo el signo extranjero como moneda esencial, tales como las que se deben pagar en giros al exterior o las que se rigen por la ley extranjera. Pero nuestro peso sin el apoyo del dólar pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad uno a uno, y tanto para el acreedor como para el deudor.
Pena única, concurso real
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, LUIS AURELIO - CAMPBELL, JORGE EDUARDO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-27

Corresponde imponer al imputado pena única comprensiva de la recaída en el proceso y de la que fuera aplicada en otra causa, cuando entre los hechos investigados en ambas media una relación de concurso real (art. 55 C.P.). Esta exigencia es obligatoria y surge del principio establecido por el art. 58 de la ley de fondo.