marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: GUIRADO, JOSE c/ LA AGRARIA S.A. s/ ACCION DE REMOCION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-14

La función de la nulidad, no es precisamente asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines confiados al proceso.

Quedando librado al prudente arbitrio judicial, quién debe ser exigente en el respeto de la defensa en juicio, pero prudente en la declaración de la nulidad. La sola invocación de un vicio formal, o ineficacia de un acto, es insuficiente para obtener la declaración de nulidad, debiéndose expresar -para que proceda- el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con su declaración, pues no cuadra pedirla en el solo interés de la ley.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, suspensión preventiva, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ferreiro, Gustavo Marcelo c/ Dukarevich SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

Procede revocar la resolución que juzgó de abstracto el requerimiento de suspender de modo precautorio la asamblea objeto de la nulidad pretendida en este proceso con base en que ya había sido decidida la cuestión en un proceso similar. Ello por cuanto, en el caso, si bien se adoptó una medida idéntica y con los mismos efectos a la que en este proceso se propicia, los argumentos invocados que sirvieron de base para su dictado son sustancialmente disímiles y el requirente no puede quedar ligado a la suerte que siga dicha decisión, que podría ser recurrida por la demandada con fundamentos que no se ajustarían a este caso en concreto.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, asistencia alimentaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en LMMDV y otros contra GCBA y otros sobre amparo - asistencia alimentaria y otros subsidios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos porque el recurrente muestra que la decisión en última instancia objetada, que lo condenó a brindar a los actores asistencia habitacional y alimentaria, no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso (CSJN, Fallos 256:101; 261:209, entre muchos otros), razón por la cual no se sostiene como acto jurisdiccional válido. El recurrente viene planteando la falta de cumplimiento del requisito de anclaje para que operasen las prestaciones que la ley n° 4036 pone a su cargo (residencia mínima de dos años en la Ciudad), pero los jueces a quo se limitaron a señalar que los coactores habían presentado un certificado de peticionantes de refugio, en los términos de la ley n° 26165. Aun asumiendo que los jueces entendieron que mediaba alguna inconsistencia entre los programas locales instrumentados y la ley nacional referida, no lo explicitaron. Tampoco se deriva implícitamente del pronunciamiento impugnado, en qué consistiría; ni por qué conduciría a brindar la asistencia programada por las normas locales sin pasar por la verificación del cumplimiento de las condiciones en ellas establecidas. El punto resultaba, pues, dirimente; y su omisión convierte en arbitrario el pronunciamiento. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dottoti, Jorge L. c/ Fernandez, Juan Ramón y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El art.40 del Decreto Ley 8904/77 prevé la regulación de honorarios en el juicio de desalojo sobre la base del valor locativo del bien objeto de ese proceso. En tal sentido, carece de trascendencia el avalúo fiscal del inmueble, en la medida en que no se controvierte en autos su propiedad. Y el reenvío al art.27 inc.a) de la ley arancelaria debe entenderse limitado a lo pertinente, esto es al procedimiento estimatorio con el que habrá de obtenerse en este caso el valor locativo, no el venal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: JOSE ANTONIO MORONI c/ ROSA IDA PAILLAMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  EXPTE. N. M-12190-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-23

Probado que la situación de riesgo que originó el accidente fue creada por la demandada y su presunción de culpa de acuerdo a los arts. 512 y 902 del Código Civil que determinan la aplicación del art. 1109 del mismo cuerpo legal, como reiteradamente ha resuelto la jurisprudencia nacional y la de esta Cámara en especial; no es aplicable la doctrina del a - quo de presuponer negligencia por parte del conductor del vehículo embestido por el sólo hecho de estar el mismo en movimiento y representar "la utilización de una cosa riesgosa" exigiéndole prueba de su falta de negligencia y aplicando implicitamente el art. 1113 del Código Civil.
Ahorro obligatorio, acción meramente declarativa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BACHIODRI ROJAS, JUAN C. c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE ECONOMIA Y  D.G.I. ) s/ INCONSTITUCIONALIDAD MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

El art. 322 citado posibilita la promoción de una acción para obtener una sentencia meramente declarativa que haga cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, a fin de evitar perjuicios al justiciable, cuando éste no contara con otro medio idóneo a su disposición.

Por lo tanto, los casos en que se reclama por la vía citada, presentan como nota común y distintiva la de requerir de la autoridad judicial, un pronunciamiento que acuerde certeza de la existencia o no, de un determinado derecho. Por tal motivo, la pretensión del demandante, de dilucidar mediante esta vía la naturaleza jurídica del ahorro obligatorio no puede prosperar.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, derecho comparado, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Ni siquiera en el derecho anglosajón, que rinde notable tributo al precedente, puede afirmarse la fuerza vinculante, obligatoria, de las decisiones de los Tribunales Superiores como fuente de derecho formal. La misma doctrina de la "stare decisis" no sustrae al Juez del caso concreto el "derecho de interpretar la ratio decidendi, de tal manera que un precedente invocado no constituye necesariamente un obstáculo a la libertad motivada de la decisión del Magistrado".

(Del Voto del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Recurso de casación, deserción
Materia: LABORAL
Carátula: CABANEZ JULIO ARGENTINO c/ UDRIZAR EDGARDO s/ DIFERENCIA DE SALARIOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

Notificado el recurrente a los fines de que cumpla con lo dispuesto por el art. 148 de la Ley 3.603 y no habiendo cumplido con la manutención del recurso en el término perentorio previsto en el mismo, corresponde declarar de aplicación la sanción prevista por el art. 149 del dispositivo legal citado, esto es declarar desierto el recurso.
Concursos, rehabilitación del fallido, efectos entre partes, levantamiento de medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Giampietro de Semowoniuk, Liliana Paola c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Corresponde confirmar la resolución de grado que desestimó la solicitud de la fallida orientada a obtener el levantamiento definitivo de la inhibición general de bienes ordenada en ocasión de decretar la presente quiebra y, en cambio, admitió el levantamiento de la medida solo en lo que respecta a los bienes adquiridos luego de la rehabilitación. Ello así, en tanto el juez concursal no extendió la inhibición a los bienes adquiridos luego de la rehabilitación de la fallida, sino que - inclusive autorizó expresamente su disposición una vez que fueran denunciados e individualizados por aquella. De manera tal que la decisión apelada, en tanto no desatiende norma concursal alguna ni se aparta del trámite del expediente, no causa gravamen irreparable a la recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, declaración de oficio, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Vivian Hnos. S.A.C.I.F. c/ GCBA s/ repetición (art. 457 ccayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Corresponde declarar correctamente concedido el recurso con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la tasa de interés dispuesta en la resolución n° 4151-SHyF-2003 y al pago de intereses de las sumas a reintegrar de conformidad con el fallo plenario en la causa "Eiben". (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: García  Badaraco, Carlos Eduardo c/ Maggi, Ida María s/ medidas precautorias -ordinario-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Si el auto de concesión del recurso extraordinario se limita a reseñar los obstáculos para la procedencia del recurso y luego, como único fundamento para concederlo, invoca la existencia de circunstancias excepcionales que omite indicar, en tales condiciones, no aparece debidamente fundado, por lo que cabe declarar su nulidad al no dar satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se hallaba destinado.
Daños y perjuicios, accidente en acto de servicio, títulos de deuda pública
Materia: CIVIL
Carátula: Giuliano Norberto c/ Tessone Martín y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-16

Los progenitores reclaman por la muerte de un hijo que perdiera la vida al regresar del acto de graduación de la Escuela de Suboficiales de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de un disparo que se le escapa a un compañero dentro del vehículo en que eran trasladados. Los progenitores inician el reclamo de daños y perjuicios contra el autor del disparo accidental y contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.-Obtienen sentencia de primera y segunda instancia, queda firme la misma y en la etapa de cobro del resarcimiento obtenido, el Fisco opone la consolidación de deuda del estado provincial y pretende pagar con bosnos de la deuda pública.-La Camara dicta sentencia y decreta la inaplicabilidad de dicha normativa de emergencia ordenando pagar en dinero efectivo a los reclamantes, analizándose todas y cada una de las circunstancias de este caso.
Banco central, entidades financieras, depósito a plazo fijo, certificado de depósito a plazo fijo, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riolfo, Juan Carlos y Otro c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

No está alcanzado por la garantía del art. 56 de la ley 21.526 el certificado de depósito a plazo fijo que presenta las mismas características de aquellas correspondientes a la operatoria irregular que realizaba la entidad financiera liquidada a fin de captar depósitos no canalizados al circuito financiero institucionalizado.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-30


2º Instancia. - Buenos Aires, setiembre 30 de 2005.

Considerando: 1. Apeló subsidiariamente la ejecutante la decisión de fs. 76; los fundamentos del recurso corren a fs. 84 y fueron contestados a fs. 91/2.

2. La apelante se alza contra la decisión del a quo que tuvo por presentado el memorial de la accionante corriente a fs. 53/56 el 15-4-05. Para ello, meritó que el cargo mecánico colocado en la pieza referida (v. fs. 56 vta.) aparece enmendado, y la copia de esa presentación aportada por la parte da cuenta que fue presentado en fecha diversa a la consignada en la presentación glosada al expediente: mientras esta última figura como presentada el 19-4-05, la que obra en su poder con cargo mecánico del tribunal, aparece presentada el 15-4-05.

Además, el primer judicante produjo una actuación interna en el ámbito de la secretaría actuaría, la que determinó que un agente de esa dependencia "salvó" con tinta la fecha del cargo debido a que el mismo no resultaba suficientemente claro, y al hacerlo pudo equivocar la fecha que colocó en tinta en esa presentación.

3. La circunstancia acaecida en autos presenta particularidades que requieren adoptar una solución jurisdiccional que aporte equidad en el resultado que ella conlleve.

En ese contexto, y frente a los elementos del caso, la solución acordada por el a quo aparece justa. Es que más allá de la desdichada circunstancia motivada por cierta disfunción en el cargo mecánico, y la imprudencia en que pudo haber incurrido el agente al enmendar el cargo con una fecha errónea -circunstancia que fue motivo de acción disciplinaria por el juez a fs. 76- lo cierto es que ante esa circunstancia y la existencia de copia en poder de la accionante que desvirtúa la fecha obrante en el expediente, debe prevalecer la interpretación acordada por el juez de la anterior instancia.

Ello así, pues ante la posibilidad de que se hubiese deslizado un error material por parte del tribunal no corresponde aplicar una interpretación que pueda resultar lesiva para la parte directamente perjudicada por esa circunstancia; y, ello cobra mayor virtualidad cuando el acto afectado tiene o puede acarrear importantes consecuencias para el proceso.

De otro lado, los argumentos expuestos por el recurrente trasuntan un mero desacuerdo con la solución acordada por el a quo, mas no concretan una crítica que permita modificar la solución acordada en la anterior instancia.

Las costas se imponen en el orden causado, en atención a las particulares circunstancias referidas en la presente, y que pudieron -razonablemente- dar lugar a disímiles conclusiones.

4. Se desestima la apelación subsidiaria de fs. 84 y se confirma la decisión de fs. 76. La doctora Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Enrique M. Butty.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, ley laboral, ley de empleo, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERRANDO, GUILLERMO DANIEL y FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 725 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-08

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que no puede prosperar el reproche atinente a la inaplicabilidad de las leyes laborales en el ámbito del empleo público provincial, toda vez que el planteo sólo trasluce la intención de renovar el debate sobre la interpretación del derecho aplicable y el artículo 141 de la ley de empleo se encuentra vigente en la Provincia. Además, en las particulares circunstancias de la causa, no serían ajenas a la situación de los actores las normas del derecho laboral, por estar alcanzados los agentes de la Dirección Provincial de Vialidad, por una convención colectiva de trabajo.
Derecho laboral, in dubio pro operario
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: LEHMANN, OLGA R. SOSA DE POR SI Y SU HIJA MENOR LEHMANN, ANDREA J c/ ASTILLEROS Y ARENAS ALZUA SRL s/ COBRO RUBROS LABORALES. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 11-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-06

El principio que consagra el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, "in dubio pro operario", se aplica exclusivamente el ámbito laboral, y está unido inexorablemente a la interpretación normativa y a la valoración de la prueba, materias que, naturalmente, son propias de los jueces de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, accidentes de trabajo, opción, Derecho civil, reparación integral, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: RODA, DELFINO c/ CONSOLIDAR ART s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

Es improcedente el recurso intentado desde que en el caso, los jueces no omitieron dar respuestas a planteos conducentes, ni ignoraron el derecho aplicable, o la doctrina de la Corte nacional surgida de la causa "Aquino" y otros similares, sino que, valorando el caso a la luz de la prueba producida y las normas jurídicas invocadas, arribaron a una conclusión distinta a la pretendida por el impugnante al entender que no se encuentra probado por parte del trabajador que estemos en presencia de un caso que encuadre en alguno de los supuestos de responsabilidad civil, razón por la cual la pretensión de reparación integral debía ser desestimada, correspondiendo al actor solamente la reparación de ley laboral.

Y dicha respuesta, al margen de su mayor o menor acierto, da sustento suficiente a lo resuelto, si tenemos en cuenta que no basta con invocar genéricamente la concurrencia de responsabilidad civil por culpa del empleador, o riesgo creado, o incumplimientos de la aseguradora, sino se asume una actitud activa en orden a demostrar aquellos extremos cuya prueba pesa en cabeza del actor y que tornarían viable la pretendida indemnización. (de la disidencia del Dr.Spuler a la que adhiere el Dr. Gutiérrez)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, impulso de oficio, jueces, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iuorno, Carla y Bressanelli, Mariana Silvia s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Recurso de  Apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. C.S.J. Nro. 522 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No puede prosperar el vicio que las recurrentes imputan a la sentencia A quo en cuanto manifiestan que la Sala desconoció el acuerdo parcial con una de las denunciantes y que aceptó la actividad oficiosa del Tribunal de Etica, desde que constituye un intento de reproducir planteos formulados en instancias ordinarias y en un tema sobre el que el Juzgador se pronunció claramente en el auto recurrido; así dijo -entre otros argumentos- que tanto la abogada denunciante como la particular involucrada resultaron víctimas del actuar descomedido de las imputadas. Por ello la Sala, luego de citar jurisprudencia relativa a la imposibilidad de desistimiento de la acción disciplinaria una vez iniciada por el damnificado, consideró aplicables los artículos 15 y 22 del Reglamento del Tribunal de Etica, el artículo 18 del Estatuto del Colegio de Abogados y el artículo 297, inciso 9 , de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que autorizan la actuación de oficio aun sin contar con la anuencia de las partes, por ser misión del Tribunal velar para que el proceso determine la verdad objetiva.
Duración del proceso, investigación agotada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., G. D. s/ Dcia. Estafa s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-07

No comparto el criterio de la Magistrado de grado al cocluir la investigación mediante la llamada "absolución instructoria".

No están dados en el caso los presupuestos habilitantes estatuidos en el Art. 285 inc. 7° del C.P.P.Ch en relación con los arts. 282, 283 o 146 del mismo cuerpo normativo, a cuyos términos el primero de ellos remite.

En efecto, como sostuve en otras ocasiones, el instante de inicio del cómputo del plazo de duración posible de la etapa preparatoria es aquél en que el Ministerio Fiscal dispone la "...apertura de la investigación..." (Art. 274 C.P.P.Ch).

He considerado, otrora, que la claridad de ese texto legal cuando dicta que "...A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso..." no permite especular en demasía sobre el día "a quo", de manera pues que esa y no otra es la guía para cualquier solución apegada a la norma.
Pensión a la vejez, decreto reglamentario, pensión por invalidez, Constitución Nacional, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social en la causa Miranda Castillo, Gloria Trinidad  c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

El beneficio de la pensión por invalidez no deriva de la atribución del Poder Legislativo de dar pensiones (tradicionalmente llamadas pensiones graciables) contenida en el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional -cuyo reconocimiento pertenece a la órbita de discrecionalidad del órgano legislativo-, sino que, por el contrario, se encuentra encuadrada en el ámbito de la legislación relativa a la seguridad social, conforme el art. 75, inc. 12, de la Norma Fundamental argentina (Disidencia del juez Rosatti).
Ley de desindexación, aplicación de la ley, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UNISYS SUDAMERICANA S.A. c/ E.N. y otros s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

El reclamo tendiente a modificar la liquidación de marras mediante la ley 24.283 deviene insusceptible de acogimiento, desde que para que ello proceda, resulta menester una demostración cabal de los antecedentes que justifiquen la aplicación de dicho precepto legal; prueba que concierne a los antecedentes de hecho y que incumbe a quien la plantea, "puesto que él se encuentra en situación de demostrar cuál es el valor real y actual del bien no dinerario de que se trata, no siendo -en principio- aplicable la teoría del hecho notorio" (Alterini, Aníbal en "Desindexación de las deudas", Ed.

Abeledo Perrot, Bs. As., julio de 1994, pág. 146.). (Del voto del Juez Licht, considerando II).
Accidente de tránsito, transporte de pasajeros, seguros, seguro de transporte, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: STARK, Elisa I.E. c/ RAFFAEILLO, Sergio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-15

A la hora de evaluar el decreto 260/97, y desde la perspectiva de los intereses en conflicto, es claro que se ha menoscabado la situación existencial y jurídica de las víctimas de los accidentes de tránsito provocados por el transporte de pasajeros, en beneficio de este último sector, dejando de lado las normas del Código Civil que regulan la materia, y, más aún, violando reglas específicas de la Constitución Nacional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede atropellar.