Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-08


San Miguel de Tucumán, 08 de Marzo de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "ACOSTA JESUS OSVALDO C/CHICO PATRICIA S/ X* COBROS (SUMARIO)" - Expte. N° 78/99, y CONSIDERANDO:

1.- El caso: A fs. 177, el tercero Antonio Eduardo Viola, deduce incidente de caducidad de la instancia con fundamento en el transcurso del plazo de inactividad establecido por el art. 210 inc. 1° CPCCT, computando dicho plazo desde el último acto impulsorio cumplido en el expte. en fecha 06/05/2003 (cédulas obrantes a fs. 170/172). Mediante sentencia de fecha 21/05/2004 (fs. 192), el juez de primera instancia declaró perimida la instancia. Apela el actor.- 2.- Agravios: A fs. 201/203, presenta memorial de agravios el apoderado del actor, centrando la crítica en que la causa se encuentra pendiente del dictado de sentencia y, por ende, estima aplicable al caso lo dispuesto por el art. 218 CPCCT. Por ello y demás razones que por razones de brevedad se dan por reproducidas, solicita se revoque el fallo.- A fs. 206, responde agravios el tercero incidentista y, por los fundamentos allí expuestos, solicita el rechazo del recurso de apelación.- 3.- Anticipando opinión, estima el Tribunal que la resolución apelada debe ser confirmada, pues la actividad impusoria cumplida en autos por la parte actora tuvo lugar luego de vencido el plazo para que se opere la caducidad de la instancia, sin que la misma haya sido consentida por el incidentista. Ello así, habiéndose reunido en autos los restantes requisitos exigidos por la ley formal para la declaración de la caducidad de la instancia -transcurso del tiempo sin activarse el proceso en los términos previstos por el art. 210 CPCCT-, el recurso de apelación debe ser desestimado.- En efecto, el examen de las presentes actuaciones permite establecer que el último acto impulsivo cumplido en la causa del epígrafe es el dictado de la providencia de fecha 10/06/2003 (fs. 174) mediante la cuál el juez de primera instancia tiene por recibidos los autos remitidos por la Cámara, providencia que fue colocada a la oficina en fecha 12/06/2003. Desde esa oportunidad y, hasta la fecha en que el apoderado de la parte actora presentó el escrito obrante a fs. 175, mediante el cuál peticionó se tenga por incontestada la demanda (11/02/2004) se cumplió el plazo de seis meses sin que se inste el procedimiento (art. 210 inc. 1° CPCT).- En cuanto a la legitimación del tercero para solicitar que se declare la caducidad de la instancia, cabe poner de relieve que, la misma puede ser opuesta no solo por las partes sino por cualquier tercero que tenga interés en que ella se declare, es decir, que tenga un interés jurídico en el pleito y en su declaración, de forma tal que pueda considerarselo vinculado al juicio, sin que obste a tal conclusión el que se haya solicitado y resuelto dar por decaído el derecho a contestar la demanda.- En tal sentido la CSJT tiene resuelto lo siguiente: "El tercero adherente simple. es quien, sin estar legitimado para demandar o ser demandado, defiende un derecho ajeno (el del actor o el demandado), pero en interés propio. El no propone una nueva demanda que amplíe la materia litigiosa, ni deduce, en el proceso en el cual interviene, su propia pretensión: Se limita a ayudar a una de las partes para que resulte triunfadora: no hace valer un derecho suyo, en posición autónoma, sino, simplemente sostiene las razones de un litigante contra el otro. El tercero adherente es sujeto del proceso, pero su posición está subordinada a la actuación principal a la cual se adhiere. En ese sentido el art. 87 CPCC, al regular la calidad procesal de los intervinientes, deja establecido que en el caso del art. 86 inc. 1º, la actuación del interviniente es accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. Según se ha señalado, "La intervención del adherente simple es la que causa más problemas dentro del proceso, ya que no está legitimado para ser actor o demandado. Sin embargo debe considerárselo un litisconsorte de la parte a quien ayuda, salvo en lo que hace a las excepciones materiales o procesales de carácter personal, que no está facultado para oponer en el proceso; por ello el art. 91 del Cód. Procesal Nacional, dispone que el tercero no puede alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. En lo demás está autorizado para realizar todos aquellos actos que le está permitido a la parte a quien adhiere, siempre que ésta no lo hiciese, tales como oponer defensas y excepciones (incluso la de prescripción), peticionar la caducidad de la instancia (CNCiv., Sala C, 13/7/84, J.A. 1984-IV-141; CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I 13/10/81, Ed 98-179), apelar la sentencia desfavorable (CNCom., Sala C, 9/9/87, Ed, 129-336) y oponerse a los actos de disposición del proceso (por ej. allanamiento o desistimiento). Con este alcance debe interpretarse la frase del código Procesal Nacional que dispone que "la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyase" (art. 91, párr. 1º) (cfr. Arazi, Roland, "El tercero adherente simple", La Ley 1995-C, p. 442 y ss.). En sentido coincidente en cuanto a la facultad del adherente simple para recurrir la sentencia que le es desfavorable, se pronuncian Fenochietto-Arazi, quienes indican que el tercero adherente está facultado para suplir las omisiones en que incurre la parte a quien adhiere, como por ejemplo, apelar la sentencia desfavorable (cfr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 379).También en el sentido antes indicado se ha precisado que la intervención del tercero en la forma adhesiva simple, subordinada o accesoria a la de la parte demandada que lo convocó a juicio se encuentra, en principio, limitada por la conducta que asuma la parte a quien apoye. No obstante, tiene la facultad de apelar cuando la parte principal no haya deducido el recurso eficazmente y ello pueda causarle perjuicio (CNCom., Sala C, Ed 129-338; Palacio, L. E. , "Derecho Procesal Civil", t. III, p. 241 y nota 46). Aunque se lo llame coadyuvante, esta intervención no sólo debe ser considerada una ayuda, una coadyuvancia, un medio directo de colaborar, sino también de vigilar la labor de la parte coadyuvada para que su negligencia o reticencia no produzca efectos perjudiciales al tercero (cfr. Martínez Hernán, "Procesos con sujetos múltiples", Buenos Aires, La Rocca, 1987, t. 1, p. 304); no debe olvidarse que, desde sus primeros tiempos, la figura del tercero interviniente se halla ligada a la historia de los procesos colusorios (Couture Eduardo, "Legitimación procesal del tercero coadyuvante", en "Estudios de Derecho Procesal", Buenos Aires, 1951. t. III, p. 221, citado por SCMendoza, Sala Ia, voto preopinante de Kemelmajer de Carlucci, publicado en La Ley 1997-D, p. 767).-" (Cfr. CSJT, "Abregú de Corbalán vs Hanssen, s/ prescripción adquisitiva", 17/08/2000, Sentencia Nro.: 634).- En igual sentido, la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen obrante a fs. 212, manifiesta lo siguiente: "III.- No obstan a tal conclusión los agravios del apelante. En cuanto a la legitimación para oponer la caducidad. Los legitimados para plantear la caducidad son las partes (art. 214 C.P.C.C.T.) y dentro de las partes, la calidad de parte en el sentido procesal consiste en un estado jurídico destinado a producir derechos, facultades, responsabilidad, cargos y deberes en un primer plano del proceso. (Cf.: Fenochietto Arazi, "Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación", T. I, p. 182)....IV.- Tampoco es óbice el estado procesal de la causa. El art. 399 Procesal Civil exige el dictado del decreto pertinente haciendo saber a las partes que la discusión concluyó y se ha cerrado la compuerta para presentar nuevas pruebas o hacer alegaciones, el que debe hacerse conocer a las partes. En el subexámine, dicha providencia nunca fue dictada, por lo que resulta inaceptable la tesitura sustentada por el accionante.-En las condiciones aludidas era la obligación del interesado -actor-, instar el curso del proceso, urgir, mover, peticionar, reclamar, para que el mismo continuara con su curso normal, por lo menos hasta el dictado de la providencia de autos para sentencia firme, con lo que su deber de promover el trámite formalmente concluye. La inacción que imputa al órgano judicial de manera alguna eximía a su parte de su deber de cooperar y de instar el trámite. Las reglas del principio dispositivo así lo exigían.-Al respecto nuestro Alto Tribunal ha expresado que: "Teniendo en cuenta que la carga de impulsar el procedimiento recíen cesa para las partes cuando el expediente se encuentra en estado de ser fallado, vale decir, luego de dictada la providencia de autos para sentencia debidamente notificada y firme, es de toda evidencia que no resulta arreglado a derecho la pretensión de encuadrar el caso en las prescripciones del art. 218 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Este artículo excluye de la caducidad a los autos "pendientes de sentencia", o sea, en los que lo único que falta es la sentencia; más no a aquellos en los que resta aún la conclusión del trámite para colocar la causa en estado de sentenciarse" (C.S.J.Tuc., Sent.N°498 del 13/8/96). No habiéndose encontrado el actor relegado a la situación pasiva de quien, terminada la tramitación del juicio, no puede hacer otra cosa que esperar la sentencia que decida el pleito, no debió permanecer inactivo durante un lapso temporal que supera con creces los seis meses previstos en el art. 210 inc. 1° del C.P.C.C. (Cf.: C.S.J.Tuc., "Ocaranza Roberto Miguel vs. Municipalidad de Bella Vista S/Indemnización", Sent. N°142 del 12/03/01, y "Genta Hugo Dante y Otros Vs. Lanati Federico Enrique y Otra S/Daños y Perjuicios", Sent. N°658 del 17/8/01).-".- 4.- Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada y, desestimar el recurso de apelación con costas de la alzada a cargo del recurrente vencido (art. 219 CPCCT).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 21/05/2004 (fs. 192), conforme a lo considerado.- II.- COSTAS de la alzada al vencido como se consideran. DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER.- MARIA E.FRIAS DE SASSI COLOMBRES - AUGUSTO FERNANDO AVILA.