Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63951 SALA VI Expediente Nro.:33.357/2009 (Juzg. N° 75) AUTOS: "CABRERA DIAZ JUAN RODOLFO C/ EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA S/DESPIDO" Buenos Aires, 27 de ABRIL de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo parcialmente lugar a la demanda interpuesta, vienen en apelación ambas partes.

La demandada presenta su memorial recursivo a fs. 534/542, el cual es replicado por la parte actora a fs. 554/559. Y la actora, por su parte, interpone su queja a fs. 544/550, siendo la misma contestada a fs. 561/564.

Asimismo, el perito contador a fs. 531 cuestiona los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

En primer lugar analizaré los agravios vertidos en la queja de la demandada, Embajada de España en la República Argentina, en torno a la valoración de las causales invocadas por el trabajador para considerarse en situación de despido.

En este sentido, y en particular en relación con el aspecto de la apelación vinculado a la vivienda, adelanto que no encuentro en el escrito recursivo elemento objetivo alguno que justifique apartarse de lo decidido al respecto.

Ello así, puesto que conforme surge de los distintos elementos de prueba aportados a la presente causa, surge claramente demostrado que al actor en ocasión de su desempeño como portero en la embajada demandada, se le había otorgado el uso de habitación ubicada en la sede de la misma, como parte de la contraprestación a cargo de la empleadora.

Así, el testigo Difresco (fs. 417) quien ingresó a la demandada como portero reemplazante del actor y de otro portero de nombre Sergio; explica claramente que la vivienda del actor se encontraba en el tercer piso, y que el dicente podía quedarse a pernoctar allí cuando el actor estaba de vacaciones o cuando como consecuencia de algún evento en la embajada, se hacía tarde y no tenía transporte para retornar a su domicilio.

Por su parte, el testigo Vega Nuñez (fs. 420) quien también se desempeñara para la demandada como portero pero en horario rotativo, manifiesta que si bien él nunca durmió en la embajada, al tomar servicio se cambiaba en la habitación del actor, quien les permitía utilizarla a tales efectos puesto que no había otro lugar donde cambiarse; y aclara el dicente que el actor vivía allí.

Por lo demás, y en relación con el tema, puede originarse alguna duda en relación con los efectos de una suspensión de la prestación laboral del trabajador sobre el salario en especie.

Sin embargo y tal como lo ha sostenido Justo López no corresponde ligar sinalagmáticamente el uso de habitación con las prestaciones diarias que va cumpliendo el trabajador. El tracto sucesivo del contrato de trabajo se interrumpe forzosamente por los descansos, en cambio el carácter continuo del uso de habitación no supone interrupción alguna, porque está ligado a toda la duración del contrato de trabajo.

Así las cosas, para el caso de una enfermedad inculpable, como es el caso de autos, considero que no caben dudas en relación a que durante los períodos de licencia por enfermedad el trabajador enfermo podrá seguir ocupando las habitaciones que le tuvieren asignadas. Máxime en consideración a la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentra el trabajador enfermo al cual se le impide, además, gozar de la vivienda que tenía asignada.

Por lo expuesto, y no encontrando en el escrito recursivo en examen elementos objetivos que justifiquen adoptar una conducta distinta a la del pronunciamiento de grado, considero que corresponde confirmar lo decidido en este punto.

De conformidad con lo decidido, en mi opinión, la causal examinada (impedir al actor enfermo ingresar a la habitación-vivienda otorgada por la demandada) resulta suficientemente impeditiva de la prosecución del vínculo dependiente que uniera a las partes, sin que resulte necesario en modo alguno, analizar el planteo vinculado con el pago de horas laboradas en exceso de la jornada legal, puesto que, a los efectos de valorar la causal esgrimida por el trabajador para considerarse incurso en situación de despido indirecto, el impedimento de ingreso a la vivienda por parte del trabajador enfermo, resulta por sí sola agraviante en los términos previstos por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En cuanto al planteo relativo a la procedencia de las horas laboradas en exceso de la jornada legal (agravio de la demandada) y su incidencia en la remuneración base considerada en el cálculo de rubros tales como antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, haberes, SAC y Vacaciones; cabe adelantar que la queja en este aspecto tampoco tendrá favorable acogida.

Ello así puesto que los términos de la queja en este aspecto no constituyen agravios en el sentido técnico del vocablo (art. 116 LO) pues no contienen la crítica concreta y razonada de los elementos del fallo que sostiene lo agravian, no controvierte los elementos de prueba fundamento del pronunciamiento, sino que el recurrente se limita a verter manifestaciones meramente genéricas y subjetivas, con citas de jurisprudencia; sin aportar datos objetivos concretos que permitan una decisión distinta a la que se arribó en primera instancia.

Por su parte, la actora cuestiona que se haya rechazado su reclamo por daño moral y en este sentido, estimo que la actitud patronal evidenciada en autos merece una reparación particular y autónoma distinta de la prevista para el despido.

En mi opinión, estamos en presencia de un ilícito ajeno a la decisión extintiva, que vulnera el derecho al honor y a la dignidad del trabajador, y que, por aplicación de los subsistemas de responsabilidad civil, debe ser reparado.

En el presente caso, dados los términos de la comunicación de despido indirecto en que se colocó el trabajador y la índole de los valores y derechos en juego, el daño moral surge "in re ipsa".

Teniendo en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y las demás circunstancias del caso, estimo razonable y equitativo fijar el monto de la reparación del daño moral en la suma total de $20.000.

Por su parte, la actora cuestiona asimismo el rechazo de su pretensión con fundamento en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En este aspecto, creo necesario recordar, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, que "La sanción prevista en el art.275 de la L.C.T. sólo es aplicable en casos extremos y cuando la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, el que debe quedar debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave, pues de lo contrario se puede afectar un principio constitucional como es el de defensa en juicio, lo que obliga a actuar con mayor prudencia" (conf. CNAT. Sala I, Rasumoff c. Mois Chami S.A., D.T. 2001-1687).

Siendo ello así, el mero hecho de que las defensas hayan sido desestimadas como en el presente caso no justifica hacer lugar a lo peticionado por la actora.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto propongo se modifique el fallo apelado y se fije el monto de condena en la suma de $110.146, con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado.

En virtud de las previsiones del art. 279 CPCCN, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, y perito contador -por la aceptación del cargo- en el 15%, 13% y $500 respectivamente, por los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia. Y los correspondientes a las actuaciones profesionales de fs. 544 y de fs.534 se fijan en el 25% de lo regulado por los trabajos de primera instancia.

Ello así en atención a la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito, y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 lo, y dto. 16638/57) EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar el fallo apelado. II) establecer el monto de condena en la suma de $110.146, con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado. III) imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (art. 68 y art. 279 CPCCN). IV) Fijar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, en el 15% y 13% respectivamente del monto de condena con intereses por la actuación profesional de primera instancia, y los del perito contador -por la aceptación del cargo- en la suma de $500. V) confirmar en lo restante que decide. VI) fijar los honorarios por la actuación ante esta alzada de los presentantes de fs. 544 y de fs. 534 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos en la etapa anterior. Regístrese, notifíquese y vuelvan	GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA