Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-06


Causa Nº 8701-01-CC/2006 Incidente de excepción de falta de acción en autos "Herrera Bravo, Jonathan Danny s/Infr. art. 81 ley 1472 -Apelación-".

En n la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 18/21 vta. y concedido a fs. 22 del presente, del que RESULTA:

1- Que a fs. 1/3, obra el escrito de excepción de falta de acción presentado por el Defensor Oficial, Emilio A. Cappuccio, en los términos del art. 339 inc. 2º, toda vez que entiende que el presente proceso no fue legalmente promovido por quien debía efectuarlo, según el mandato que surge del art. 81 CC y de la cláusula transitoria de la misma ley de fondo, conculcándose de ese modo la garantía constitucional del debido proceso adjetivo, el principio de legalidad y las reglas propias del sistema acusatorio. Sostiene que del expediente se desprende la decisión autónoma de los ayudantes Bulacio y Villalva, de iniciar por decisiones propias y en forma inconsulta un procedimiento prevencional (a fin de colectar pruebas sobre una presunta contravención), decidiendo comunicarse con la Fiscalía de turno con posterioridad a las filmaciones efectuadas, con lo que se estaría violando lo prescripto en el último párrafo del art. 81 CC, que pues la PFA no tenía facultad alguna para filmar al imputado sin antes requerir una autorización al Ministerio Público Fiscal. Que el presente procesos irroga un agravio para su defendido sobre la base de una actuación ilegal, considera que la nulidad de la filmación se traslada a todos los actos po steriores que hayan sido directa consecuencia de los mismos, solicitando se haga lugar a la excepción de falta de acción y se dicte el sobreseimiento de Herrera Bravo.

2- Que a fs. 5/8, figura la contestación de la fiscal de primera instancia, a la vista conferida a fs.9, quien entiende que se debe rechazar sobre la base de la nulidad de todo lo actuado desde el momento de las filmaciones, como lo solicita la defensa, pues se trata de medios legitimos y admisibles, obtenidos en cumplimiento de los arts. 16 y 36 ley 12, y en virtud de órdenes impartidas por la Fiscalía ante las comprobaciones de las flagrantes contravenciones. Afirma que la norma citada (art. 81 CC) se limita a requerir la decisión o autorización de un representante del Ministerio Público Fiscal para dar inicio a las actuaciones sin especificar el modo en que deberá hacerlo y destaca que el defensor no precisa que garantía o derecho en concreto se estaría vulnerando, 3- Que a fs. 9/14, con fecha 14/09/2006 obra el resolutorio del Juez a quo, quien declara que las pruebas fílmicas resultan válidas y por ende admisibles como prueba instrumental para el debate, dejando sentado que ello no implica emisión de juicio valorativo alguno sobre su significación como prueba de cargo pues esa actividad será realizada seguramente por las partes en los alegatos y por el suscripto al tiempo de dictar la sentencia correspondiente. Rechaza la excepción de falta de acción articulada por el Sr. Defensor Oficial en las presentes actuaciones y no hace lugar al sobreseimiento de Jonathan Danny Herrera Bravo, pues la obtención de filmaciones en forma previa a la consulta con los representantes del ministerio público fiscal, no implicó irregularidad alguna y que no es necesario que el Fiscal se encuentre en el lugar de los hechos conforme la letra del art. 81 CC.

4- Que a fs. 18/21 vta., consta el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de Herrera Bravo contra la resolución citada supra, por entender que en esta causa se encuentran en juego la garantía constitucional del debido proceso adjetivo, el principio de legalidad, las reglas propias del sistema acusatorio y, a partir de la resolución que impugna, el principio de razonabilidad de los actos de los poderes públicos. Que la falta de acción por él articulada es de aquellas de carácter perentorio, toda vez que su fundamento reside en que media un obstaculo insalvable que impide la continuación del proceso y en que, de corroborarse ello, traería necesariamente aparejado el dictado de una resolución que ponga fín a la situación de incertidumbre que genera la sustanciación de un proceso de naturaleza penal como el presente (art. 343 CPPN). Ataca la resolución afirmando que carece de una debida fundamentación (art. 123 CPPN), pues el señor juez sólo debió expedirse a partir de las constancias de la causa, y no en base a afirmaciones de la señora fiscal - carentes de sustento probatorio revisable por esa parte y por un tercero imparcial - o en base a un oficio que jamás fue incorporado a la caus a, y que la fiscal en ningún momento acumuló los expedientes o dispuso alguna medida que permita entender que no existen dos causas en trámite, sino una sola. Que las comunicaciones de la PFA con el Ministerio Público Fiscal deben ser anteriores al inicio de las investigaciones y a la recolección de pruebas.

5- Que a fs. 22 y vta., el Sr. Juez a quo resuelve conceder el recurso de apelación incoado por el Sr. Defensor Oficial.

6- Que a fs 27 y vta., se agrega el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, quien solicita se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto y subsidiariamente se rechace el recurso de apelación. Sostiene que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva ni un auto equiparable a ella y tampoco produce un gravamen irreparable.Subsidiariamente dictamina que el art. 81 CC solamente exige que se inicie en el MPF la acción respecto a esta contravención, privando a la policía del poder de disponer del procedimiento. En la presente causa, la Fiscalía Nro. 4 había emitido órdenes a la Comisaría 18, por lo que se actuó conforme a derecho y la excepción de falta de acción es claramente improcedente.

7- Que a fs. 30/31, el Defensor Oficial, agrega a los argumentos ya expuestos que, a su juicio, resulta inadmisible que el Ministerio Público Fiscal intente dar por cumplida la imposición legal del último párrafo del art. 81 CC, para todas las causas abiertas y por abrir en la comisaría nº 18, sólo con el libramiento de un único oficio del año 2005 (aún cuando dicho oficio posiblemente tenga - aunque esto es desconocido - una pretensión de generalidad), y que de las actuaciones surge claramnte que primero se obtuvo la prueba y luego se consultó a la fiscalía por lo que corresponde decretar la falta de acción y en consecuencia el sobreseimiento de su ahijado procesal.

8- Que a fs. 32, pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTION:

En cuanto a la admisibilidad del recurso, es preciso recordar que en relación al sistema impugnaticio establecido por el ordenamiento procesal nacional de aplicación supletoria en materia contravencional conforme lo dispuesto en el art. 6 ley 12, una de las reglas generales dispone que las resoluciones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley (art. 432, CPPN). A su turno, y específicamente en cuanto al recurso de apelación el art. 449 de la norma citada establece -entre otros supuestos- que "El recurso de apelación procederá contra ... la resoluciones expresamente declaradas apelables ...".

Conforme lo expuesto el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial, resulta formalmente procedente puesto que ha sido interpuesto en debido tiempo y forma contra la resolución que rechazó un planteo de excepción de falta de acción (cuya apelación está expresamente previsto en el CPPN) y por quien se encuentra legitimado a tal efecto.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En cuanto a la cuestión de fondo traída a examen, cabe adelantar que las pretensiones de la Defensa no habrán de tener favorable acogida, por las consideraciones que a continuación se exponen.

Que tal como se desprende de las constancias de la causa, al encartado se le endilga la presunta oferta de servicios de carácter sexual en forma ostensible en un espacio público no autorizado para ello, conducta reprimida en el art. 81, Ley 1472; tipo contravencional, por el que de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Transitoria de la Ley Nº 1472 "(l)a autoridad preventora sólo podrá proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal".

El impugnante refiere que en el caso bajo estudio el personal preventor, en las cuatro actas labradas a Herrera Bravo, consta que se filmó al encartado sin contar con la previa autorización del Ministerio Público Fiscal, toda vez que la consulta fue efectuada con posterioridad a la intervención policial, lo que vulnera lo establecido normativamente en la ley 1472 para el tipo contravencional del art. 81, razón por la cual debe declararse la falta de acción y dictar el sobreseimiento de su defendido.

Respecto de la interpretación del art. 81 del CC y de la claúsula transitoria inserta en dicho código, esta Sala ya se ha pronunciado en causas similares a la presente (nros.: 465-01-CC/2005 Incidente de falta de acción en autos "Modernell, Alberto s/Inf. art. 81 ley 1472 - Apelación" del 24 de febrero de 2006, 477-01-CC/2005 Incidente de excepción de falta de acción en autos "Fernández, Diego Jesús s/inf. art. 81 ley 1472 - Apelación, de igual fecha que la anterior e Incidente de nulidad en autos Fernandez, Ariel Gustavo s/inf. Art. 81 ley 1472- Apelación, rta. 28/04/06).

En particular, en el último antecedente citado, hemos afirmado que el último párrafo del art. 81 del CC impide a la autoridad policial iniciar de oficio la acción contravencional y que la solicitud de cese de la contravención implica, de algún modo, su ejercicio. Por ello, debe ser el Fiscal (o un representante del ministerio público actuando bajo sus órdenes) quien debe decidir si el hecho constituye prima facie la contravención prevista en el art. 81 CC para que la autoridad policial pueda proceder a ordenar su cese.

Se agravia el Defensor por entender que la filmación del encartado, efectuada por la prevención antes del labrado del acta contravencional, vulnera las condiciones establecidas en el art. 81 del CC pues respecto de dicha prueba no hubo intervención previa del representante del ministerio público fiscal.

Sin embargo, de las constancias de la causa, se desprende, con el grado de provisoriedad que estas afirmaciones pueden tener en esta etapa del proceso, que en los cuatro hechos endilgados a Herrera Bravo, los preventores efectuaron siempre la consulta con el representante del ministerio público con anterioridad al labrado de las actas y haber hecho cesar la conducta contravencional, por lo que puede afirmarse que se han respetado las condiciones de promoción de la acción contravencional establecidas en el último párrafo del art. 81, ley 1472.

Que la prevención haya procedido a filmar al encartado en la vía pública, no constituye en sí, ni el defensor logra demostrarlo, un agravio de suficiente entidad como para entender que la policía actuó en contrariedad a lo dispuesto en el art. 81 del CC. Por un lado, pues la prevención, tal como lo afirman las fiscales de ambas instancias, actuó conforme a las prescripciones del art. 36 de la LPC, asegurando la prueba previo al labrado del acta contravencional. Por otro lado, el aseguramiento de dicha prueba no provocó restricción a derecho alguno del imputado (como sí lo sería la aprehensión o el secuestro de bienes), por lo que pretender que su producción vulneró lo establecido en el art. 81 del CC, sería pretender otorgarle a la misma una extensión de la que carece, conforme a sus fines, y una interpretación ilógica en concordancia con el resto del ordenamiento contravencional.

En este sentido, debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que las leyes deben interpretarse y aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que se informan de modo que no entren en pugna unas con otras y no se destruyan entre sí, por lo cual debe adoptarse el sentido que las concilie y deje a todas con valor y efectos (Fallos 309:1149, 307:518, 314:418) En razón de ello, y atento el procedimiento llevado a cabo en la presente es dable afirmar que la finalidad perseguida por la ley se vio claramente cumplida, por lo que corresponde rechazar el recurso de la defensa y confirmar la resolución del magistrado de grado.

Sin perjuicio de la solución a la que se arriba, es dable mencionar que asiste razón a la defensa en cuanto a que las instrucciones expresas de la Sra. Fiscal de Primera Instancia respecto al procedimiento a seguir en las contravenciones tipificadas como oferta y demanda de sexo en la vía pública, libradas a la Comisaría interviniente mediante un oficio de carácter general, no pueden constituir, para cada caso en particular, incluída la presente causa, la consulta previa con el ministerio público contravencional a la que hace referencia el tipo contravencional aquí analizado.

En virtud de ello, este Tribunal, RESUELVE:

I.- Confirmar el decisorio recurrido, obrante a fs. 9/14 del presente, en cuanto rechaza el planteo de excepción de falta de acción y no hace lugar a la solicitud de sobreseimiento de Jonathan Danny Herrera Bravo.

II.- Tener presente las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior y del caso federal impetradas por la Defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mi:

Se deja constancia que el José Saez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.

EM