marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Booth, Aidan James y otro c/ Matercell SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Corresponde admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral incoado por un matrimonio de actores contra una empresa, por incumplimiento del contrato de colecta, criopreservación y almacenamiento de células madre obtenidas de la sangre del cordón umbilical y del tejido del mismo cordón perteneciente a su hijo, pues es claro que los accionantes efectivamente han sufrido un daño espiritual que es resarcible, al tomar conocimiento de que la muestra del cordón umbilical de su hijo recién nacido no había llegado a destino, y por lo tanto no podría ser criopreservada ya que es material irrecuperable. (En el caso se fijó la suma indemnizatoria de $240.000 para ambos esposos).
Concurso preventivo, acciones societarias, recursos, ejecuciones especiales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Boz, Laura Angela Irene c/  s/ concurso preventivo s/ recurso de queja por boz laura angela irene
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Procede hacer lugar a la queja por la denegatoria del recurso de apelación deducido por el concursado, contra la resolución que rechazó su pedido orientado a obtener la suspensión de la subasta decretada en la ejecución hipotecaria, fundado en la LCQ 24. Ello por cuanto la apelabilidad de la resolución se encuentra justificada en el gravamen irreparable que causa al deudor, que autoriza a prescindir de la regla de la LCQ 273-3° (Heredia Pablo D, "Tratado Exegético de Derecho Concursal, tomo I, pág. 602, Editorial Ábaco, 2000).
Contrato de trabajo, sujetos del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PASCUAL DELFIN Y OTROS c/ TRANSPORTES DAPELLO s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-11

La persona del trabajador "hace al contrato", ello por cuanto las prestaciones laborales a cargo del trabajador son infungibles ya que si bien sus tareas pueden ser reemplazadas por otro carecerían del elemento esencial de la subordinación jurídica, por lo que no se puede transferir ni por sucesión ni por cesión. En cambio la persona del empleador puede sufrir modificaciones sin que se altere el objeto de la relación, bastando que se mantenga la empresa o establecimiento, cuya finalidad está dada por el objeto de la explotación a cuya obtención se orientan directa o indirectamente los trabajadores vinculados a ella.
Recurso de apelación (procesal), principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Cuando el fallo impugnado hace lugar en parte a la pretensión del apelante, la sustancia económica discutida no se halla representada por las sumas reclamadas en la demanda, sino por la diferencia entre las fijadas y las mayores a las que aspira el recurrente, porque tal sería el valor disputado en último término.
Sociedades mutuales, exención de tasa de justicia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE CORDOBA c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-18

Dentro de las exenciones que por la remisión genérica a lo dispuesto en otras leyes formula el art. 1 de la ley 23.898, cabe considerar incluida a la establecida por el art. 29 de la ley 20.321 para las entidades mutuales, pues resulta incontrovertible que si aquellas debieran afrontar el pago de tasa de justicia, lejos de fomentar el desarrollo y actividad en aras al bienestar general, se les impondría un mayor costo operativo que encarecería, inevitablemente, sus servicios.
Pueblos originarios, parques nacionales, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comunidad Indígena Toba La Primavera - Navogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Corresponde diferir la decisión vinculada a las impugnaciones formuladas por la comunidad actora respecto del relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por dicha comunidad, realizado en el marco del proceso, pues ella se encuentra supeditada a la decisión que se adopte con relación a los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 14.073, 17.915 y las resoluciones 1107/2007 y 33/2010 del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia de Formosa, ya que de allí surgirá, en definitiva, el derecho que pudiera asistirle o no a la comunidad demandante respecto de las tierras que reclama y eventualmente, la necesidad de relevar los puntos topográficos que fueron omitidos.
Recurso de casación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El Alto Tribunal entendió que, elevada la causa a juicio, sustanciado el debate y pedida en su curso la absolución del imputado, su condena resultaba nula por afectar la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional que, en materia criminal, exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Osvaldo J. c/ Almuina, Nestor E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Existe transporte benévolo, si no hay prueba alguna que determine una relación laboral entre el conductor del rodado y su propietario con relación a la víctima, que destruya la presunción de gratuidad del viaje de retorno de aquella al lugar de su residencia -art. 163 inc.5º, 2da. p. del C.P.C.C.-.-
Daños y perjuicios, poder de policía, bienes del Estado, dominio público, deberes de la administración, aceras
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

De conformidad con el inciso 7° del artículo 2340 del Código Civil, "las calles, caminos, plazas, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común" son bienes del dominio público.

No puede dudarse que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad el deber (y no solamente el derecho) de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas sin peligro, pues el Estado tiene el deber de atender la seguridad y la salubridad de los habitantes (conf. CNFed. Civ., y Com. Sala II, marzo 13. 92, "Springer de Miguel, Ernestina M. c/ Cruces Hermanos S.A. y otros", Doctrina Judicial 31-3-92, p. 483; CNCiv. Sala G, Agosto 14-984, "David, Lidia M. c/ Obras Sanitarias de la Nación", E.D. 12/12/84; CNCiv. sala C, Agosto 30-983, "Ruiz, Manuel y otra c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", rev. E.D. 9-11-83). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Expropiación irregular, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rinaldi, José Angel y Rinaldi, Angela Vicino de c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Expropiación inversa (Expte CSJ Nº 361-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-19

El artículo 51 inciso b) de la ley 7534 establece que podrá iniciarse acción de expropiación inversa, si el juicio de expropiación (directa) no hubiere sido iniciado "en el plazo fijado de común acuerdo o dentro de los seis meses siguientes a la toma de posesión a falta de plazo convenido". Si no consta que las partes hayan acordado un plazo para iniciar el juicio de expropiación, el cómputo respectivo debe hacerse, desde el vencimiento de los seis meses siguientes a la toma de posesión. Ahora bien, de conformidad al artículo 60, el plazo para considerar prescripta la acción de expropiación es de dos años desde que el juicio de expropiación debió ser iniciado por el expropiante. En el sub-judice, si bien de las constancias de la causa no puede extraerse con exactitud cuál fue la fecha en la que la Administración tomó posesión del inmueble, aún adoptándose la más favorable a los actores, la acción de expropiación inversa se encuentra prescripta.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: ALTAMIRANDA, Edgardo y otro c/ MUNICIPALIDAD DE TOAY y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-12-29

Respecto al planteo de gravedad institucional que el recurrente funda, esencialmente, en la repercusión económica que el resolutorio provocaría en el municipio, tampoco es procedente. Es doctrina de la Corte que: "No basta con la invocación genérica de gravedad institucional sino que es preciso, además, demostrar qué perjuicios concretos por su magnitud o entidad trascienden el interés de la parte y afectan de modo directo a la comunidad" (Voto del Dr. Carlos S. Fayt - Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto; Conf.: Fallos: 328:3061). Ello no resulta del recurso en estudio.-
Partidos políticos, oficialización de listas, intervención partidaria, falta de legitimación para obrar
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Inc. de  oficialización  de candidatos de la UCeDe. (intervención) elección 30/06/96. - Bousquet, Jorge L. s/ sol. de avocación en autos:"Inc.  de  oficialización de candidatos  de la UCeDe" expte 506.501/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Si el interventor carecía de legitimación para presentar listas de candidatos para su oficialización, corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó proceder a la oficialización de las listas de candidatos presentadas por aquél.
Entidades financieras, banco central, depósito, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Rosso, Pedro Ricardo c/ CompaÑía Financiera Munro SA. y otro s/ cobro de pesos. Arévalo, Roberto Rubén c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos - ordinario. Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09|1989-02-28|1989-05-16

Si bien es comprensible que la ley haya autorizado al Banco Central de la República Argentina a exigir la presentación de una declaración jurada referente a las imposiciones que los depositantes mantengan en las entidades en liquidación, para establecer la responsabilidad de éstos especialmente en caso de detectarse irregularidades en las entidades financieras no lo es menos que el obrar irregular de los depositarios no puede imputarse a los depositantes.
PRESCRIPCIÓN, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Río SA c/ González, César Osvaldo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

El planteo de prescripción de la acción represiva, planteada por el demandado en sede penal, pendiente de resolución de modo alguno justifica la suspensión del juicio comercial; que por cierto, lleva -en el caso- más de un año esperando el dictado de la sentencia definitiva. Es que, para resolver una cuestión de prescripción, no se requiere un juicio de culpabilidad de los hechos a investigarse sino únicamente el análisis del transcurso del plazo legal que obstaculice la acción penal en cuestión. Sucede que para que opere el instituto de la prejudicialidad es menester que exista una acción penal en la que se investiguen los hechos sobre los que se funda la acción civil pendiente de resolución y que en ambos procesos se pretenda del órgano jurisdiccional un juicio valorativo sobre la culpabilidad de los generadores de los acontecimientos investigados (tal como dijo esta Sala en la resolución del 19/02/19, Bco. Santander Río c/ Gonzalez"); cuestión, esta última, que en la acción de prescripción no se configura.
Recurso de casación, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: SAMORANO JULIO RAMON c/ LUCIO FLORES Y CIA. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO,ETC.-RECURSO DIRECTO DE QUEJA INTERPUESTO  POR LOS DRES.CERRO(H) Y LUCENA CACERES ROJAS CARLOS A. c/ EMP. LABORATORIOS ANDROMACO S.A. s/ DIFERENCIAS HABERES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-02|2001-10-02

La sentencia que resuelve un incidente planteado por la actora sobre la aplicación de la ley 24.283 a la planilla de liquidación practicada en autos, no es sentencia definitiva a los fines de la procedencia del recurso de casación pero puede ser equiparada a ella teniendo en cuenta los efectos que le produce a la actora la denegación de dicha aplicación normativa.
Quiebra, cesación de pagos, deberes del juez
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Pascuttini José Luis c/ Agrícola Jujeña S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad.-  (L.A. Nº 40, Fº 480/485, Nº 176).- Recurso de Inconstitucionalidad.-  (L.A. Nº 40, Fº 480/485, Nº 176).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-06-23

Si bien la acreditación sumaria a que alude el art. 90 de la L.C., se entiende cumplida con la demostración de algún hecho revelador de la cesación de pagos, no puede prescindirse de la evaluación que realiza el juzgador de tener en cuenta que ese hecho revelador exteriorice fehacientemente ese estado de cesación de pagos, de acuerdo a las circunstancias del caso, y al material probatorio agregado.

Para decretar la procedencia o no de la quiebra, debió el juez ponderar los recaudo exigidos por la ley utilizando el máximo de prudencia.

El estado de cesación de pagos, presupuesto necesario para que proceda la declaración de quiebra, importa una situación de hecho que requiere su acreditación por medio de signos visibles que traduzcan inequívocamente la imposibilidad del deudor de cumplir regularmente la obligación. De ahí entonces, que la ley al enumerar algunos hechos que pueden ser considerados por el juzgador como reveladores del estado de cesación de pagos, faculta tácitamente a éste a apreciar si aquellas circunstancias demuestran la insolvencia patrimonial del deudor.

Concretamente tiene que probarse, aunque sea sumariamente, que ese incumplimiento constituye la fehaciente exteriorización de un estado de cesación de pagos en el deudor.-
Concursos, derechos reales de garantía, verificación de créditos, suspensión de la subasta
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Kim SA (Hoy Arosa Rosario SA) c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Los juicios de ejecución de garantías reales constituidas sobre bienes del concursado, están excluidos de las reglas generales de suspensión del trámite, fuero de atracción y prohibición de promoción de juicios después de la apertura del concurso preventivo. El acreedor titular de una garantía real sobre un bien del concursado puede iniciar la ejecución, o proseguirla, ante el juez natural que corresponda, aún después de abierto el concurso preventivo del otorgante de la garantía real. Los acreedores de esta clase son los únicos habilitados para llevar hasta la etapa final la ejecución de bienes de propiedad del deudor en situación de concurso preventivo. Esos acreedores pueden, durante el concurso, agotar los trámites de la ejecución hasta la venta del bien gravado y la percepción del crédito sobre el producto obtenido. Ciertos aspectos de estas acciones de ejecución, sin embargo, pueden experimentar dos efectos suspensivos, uno automático y otro por disposición judicial. El primero de esos efectos, que es automático, es la suspensión del remate del bien gravado -no del trámite del juicio de ejecución-, y la inadmisibilidad de medidas precautorias que impidan al deudor usar dicho bien, hasta tanto el acreedor demuestre, en el trámite ejecutivo, que ha presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio. Una vez que el actor en las ejecuciones de garantías reales cumpla su carga de solicitar verificación, no debe esperar a que ésta se resuelva para proseguir su juicio de ejecución y lograr el cumplimiento de las medidas cautelares respectivas, aunque éstas importen desposeer al concursado del bien gravado; basta, al efecto, justificar ante el juez de la ejecución que se presentó la solicitud de verificación al síndico (LCQ 32) o al juez del concurso (LCQ 56). El segundo efecto de suspensión de la subasta y las medidas cautelares que impidan al deudor el uso del bien gravado, a raíz de ejecuciones de garantías reales, no es automático, pues requiere orden expresa del juez del concurso, por tiempo limitado y en las condiciones establecidas por la LCQ 24. Es claro que la mentada suspensión se encuentra supeditada a la conveniencia por razones de necesidad y urgencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores (LCQ 16, último párrafo).
Lesiones leves, acción dependiente de instancia privada, acción no instada, nulidad procesal, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: COLOMBO, J. s/ ACCION DEPENDIENTE INSTANCIA PRIVADA - LESIONES LEVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

La omisión, -luego de entrar en vigencia la ley 23.487, que transformó el delito de lesiones leves en uno de instancia privada- de llamar al damnificado para que dijese si instaba o no la acción, implicó un inútil desgaste jurisdiccional, pero cuya solución no puede radicar en una nulidad insalvable que perjudicaría al procesado, al retrotraer los procedimientos a etapas procesales ya superadas, con lo que se vulnerarían sus derechos constitucionales a la certeza jurídica y a ser liberado de la sujeción personal que significa todo proceso penal; revocándose la sentencia apelada y absolviéndose al encausado.
Homicidio calificado, violencia de género, dolo
Materia: PENAL
Carátula: F., M. N. c/  s/ p.s.a de homicidio agravado por el vínculo y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Palpalá
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-07-13

Corresponde declarar al imputado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, toda vez que la muerte fue una consecuencia deseada por el imputado en atención a la magnitud de la única lesión que se encontró en el cuerpo de la víctima.
Régimen disciplinario administrativo, actuaciones en sede penal, sobreseimiento, sentencia absolutoria, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pacífico Carlos Vicente c/ Banco Nacional de Desarrollo (Patrim. en liquidación) s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

Nada impide que un hecho pueda constituir una falta disciplinaria y dé lugar a una sanción administrativa, pese a que en sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento o la absolución (Fallos 256:182; 258:195; 262:522; 275:194; esta Cámara, Sala III in re "Sire", del 9/10/89; Sala IV in re "Vites", del 3/11/92;

"Achingo", del 11/5/93, "Mercado", del 26/9/94; "Aquino", del 11/7/95; "Stipelman", del 7/2/96). (Del voto de la juez Herrera, cons. 6).
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, representación y asistencia, contrato de asistencia integral al viajero, infarto, tratamiento médico, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Litvin, Teddy Daniel y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

1 - Corresponde aplicar una multa en concepto de daño punitivo a la empresa demandada, con motivo del incumplimiento del contrato de asistencia al viajero contratado por los actores, en tanto la accionada rechazó injustificadamente la cobertura de un tratamiento de urgencia (cateterismo) prescripto por los médicos del crucero en el cual viajaban los coactores, quienes atendieron al coactor a causa de haber sufrido un infarto cardíaco.
Despido, contrato de servicios, responsabilidad solidaria, fraude laboral, socio gerente
Materia: LABORAL
Carátula: Chien, Chia Hong  c/ Grupo Vicnet S.R.L. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-10

Corresponde que en el marco de un contrato de locación de servicios se haga lugar a una demanda por despido incoada por un trabajador que llevaba a cabo tareas inherentes al objeto social de la demandada que comprendían la atención de licitaciones extendiendo la responsabilidad en forma solidaria al socio gerente, toda vez que encontrándose acreditada la dependencia jurídica y técnica por parte del actor, no puede descartarse la existencia de la relación laboral entre las partes. Y agrega que ha quedado debidamente acreditado el fraude laboral por la falta de registro, lo que es una de las razones concretas, por las cuales, en la práctica, se responsabiliza solidariamente a directos y gerentes de personas ideales en los términos de los arts. 54, 56 y 274 de la LGS.
Certificados de obra, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19|1994-09-27

La ley de obras públicas protege el plazo establecido para la cancelación del certificado, debiendo interpretarse que el término consagrado se integra con los previstos para su emisión y pago.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, gastos médicos, prueba, hospitales públicos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: N.N. c/ M.C.B.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-15

Si bien la circunstancia de que el damnificado haya sido atendido en un nosocomio público no presupone gratuidad, indica que los gastos han sido menores si no se han acompañado comprobantes, los cuales sin duda se conservarían de haber existido erogaciones de entidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, cuestiones procesales, resoluciones apelables, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: MASCIETTI, Vicente T. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-20

La subsunción en las causales de destitución, la apreciación de la prueba, como así también la acusación y la puesta en funcionamiento del proceso es competencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y, en consecuencia, no resulta revisable por el Poder Judicial.
Derecho civil, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: OVIEDO, MARIA DE LOS ANGELES c/ DE GIULIO, JOSE Y OTRO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Conserva plena vigencia la exigencia de plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva del art. 24 de la ley 14.159 tratándose de un inmueble de propiedad horizontal, no pudiendo ser suplida por el plano de subdivisión del inmueble para la ley 13.512, máxime cuando ni siquiera se emitió pronunciamiento alguno acerca de la intención de otorgarle tal eficacia ni existe reglamento de copropiedad.