Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 83 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por demandada en autos: "Sistema Provincial de Salud vs. Citromax S.A.C.I. s/Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. fs. 653/660) contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2002 dictada por la Sala Primera de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 647/649), que fue concedido en forma provisoria por resolución de fecha 16 de mayo de 2003 dictada por esta Corte (fs. 709/710).

Antes del tratamiento del recurso se efectúa a continuación un breve resumen de los antecedentes del caso a estudio.

2.- El Sistema Provincial de Salud demandó el día 27 de julio de 1994 a la empresa CITROMAX S.A.C.I. por cobro ordinario de una multa impuesta por Resolución Nro. 774/CPS del 25/8/1993 (cfr. fs. 34). Esa multa había sido aplicada por ser la demandada reincidente en el incumplimiento de las obligaciones de los incisos a) y b) del art. 14 de la Resolución Nro. 1929/CPS-85 y su modificatoria 251/CPS, e incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nro. 47/DGSA del 09/8/91 (fs. 34/35). El accionado rechazó la aplicación de la multa diciendo que no era verdad que la empresa había arrojado efluentes peligrosos, y que en ningún momento incurrió en dolo o culpa. Manifestó que su parte había iniciado juicio ante la Cámara Contencioso Administrativo demandando la nulidad y/o revocatoria del decreto 810/21-MAS dictado el 18/4/94 en expediente 112/411/C-91 y agregados. Expresó que SIPROSA impuso multa y la prohibición de continuar arrojando efluentes, y que advirtió que de no cumplir la orden se clausuraría la fábrica definitivamente, con el perjuicio que ello implicaría. Planteó como excepción previa que se declare la inconstitucionalidad del sistema punitivo de policía sanitaria, por establecer tipos abstractos sin conducta dolosa y sin prueba del daño, con castigos desmesurados, desproporcionados e irrazonables. Expresó que ese sistema punitivo se aprobó con posterioridad a la apertura del establecimiento de Citromax, por lo que con sideró que se cercenan a su parte derechos adquiridos, y advirtió que si se ordenara la clausura del establecimiento correspondería pagar una indemnización. Manifestó que su parte hizo el mismo planteo de inconstitucionalidad y nulidad de la multa en dos jurisdicciones diferentes, suponiendo que se resolvería primero en el fuero contencioso administrativo, para recién establecer la procedencia de la acción de cobro ante el juez civil en documentos y locaciones, aunque consideró que en este juicio también podría decidirse la inconstitucionalidad (fs. 57/61).

En primera instancia se dictó sentencia en fecha 27/4/2000, en la que se hizo lugar a la demanda de cobro y se rechazaron la inconstitucionalidad y defensas alegadas por el accionado (cfr. fs. 549/557).

En su recurso de apelación el demandado reprodujo las defensas planteadas al contestar demanda: la inconstitucionalidad del sistema de policía sanitaria por establecer tipos abstractos con inexistencia de conducta dolosa y sin prueba de daño alguno, la negación de que exista un tipo punitivo administrativo, y la inexistencia de dolo, culpa o daño (fs. 571/582).

En la sentencia de fecha 18/10/2002 la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones resolvió no hacer lugar a los recursos de nulidad y apelación presentados por la demandada (cfr. fs. 647/649). El voto del Dr. Marcial, al que adhirió la doctora Agliano de Magli, expresó que la nulidad carecía de fundamento, y que el planteo de inconstitucionalidad había sido tratado en la sentencia de primera instancia, con fundamentos que se compartían. En cuanto al recurso de apelación, se expuso que los planteos del demandado eran similares a los de la acción que tramita en el fuero en lo contencioso administrativo, y que la Cámara en Documentos y Locaciones carecía de competencia para dilucidar la materia propuesta, por lo que no cabía su consideración ni resolución sobre la legitimidad de los actos administrativos que impusieron la multa, sin perjuicio de que en caso de anularse, el demandado disponga del medio procesal que corresponda para hacer valer su derecho (cfr. fs. 647 y vta.).

3.- En su recurso de casación contra esa sentencia (fs. 653/660), el demandado relató los antecedentes del caso, señalando que el día 15 de junio de 1994, -antes de iniciarse este juicio-, su parte promovió contra SIPROSA en el fuero en lo contencioso administrativo una acción de nulidad y revocatoria del decreto que confirmó la multa impuesta a su parte, fundada en la inconstitucionalidad de las normas de policía sanitaria, impugnaciones que reprodujo en este juicio. Manifestó que al contestar la demanda del presente juicio, en el que se pretende el cobro de la multa que impugnó ante el fuero en lo contencioso administrativo, su parte planteó la existencia de litis pendencia por conexidad en relación al juicio contencioso administrativo iniciado por Citromax, basada en que la misma cuestión debe ser resuelta en dos jurisdicciones diferentes. Expuso que la litis pendencia no fue tratada en primera ni en segunda instancia, y que es inadmisible el criterio de la Cámara de confirmar la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la acción de cobro de multa, fundado en que la inconstitucionalidad planteada por Citromax puede desdoblarse, resolviéndose una parte en esta causa y la otra en el fuero contencioso administrativo. Expone que la litispendencia, prevista como excepción en los arts. 294 bis inciso 3 y 297 CPCC, puede ser declarada de oficio aún sin mediar petición de parte conforme al art. 34 CPCC. Expresó que la existencia de litispendencia fue advertida por la Vocal que votó en disidencia, Dra. Rodríguez Prados de Basco, y señaló que no comparte el criterio de ésta, porque considera que no corresponde suspender el dictado de la sentencia de alzada hasta que recaiga pronunciamiento en el juicio "Citromax c. Gobierno de la Provincia", sino que debe declararse la nulidad de este proceso a partir de la providencia del 13/12/1994 (fs. 64 vta.), porque previamente debió haberse resuelto el tema de litispendencia por conexida d, ya que de continuar vigentes estas actuaciones, se estaría en presencia de prejuzgamiento, y considera que las presentes actuaciones deben acumularse a los autos "Citromax S.A. c. Provincia de Tucumán".

Denunció arbitrariedad porque el voto de la mayoría convalida una sentencia nula, y porque la minoría se pronuncia porque se suspenda el dictado de la sentencia, cuando lo que corresponde es declarar la nulidad del fallo de primera instancia. Pide que se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia, como así también la nulidad de las actuaciones desde fs. 65 en adelante, por violación de las normas sustanciales del proceso, y solicita que se declare litispendencia por conexidad. El recurrente señaló la contradicción del voto del Dr. Marcial, al haber expresado que la inconstitucionalidad fue tratada y resuelta en primera instancia con criterio que él comparte, a la vez que sostuvo que el Tribunal no era competente para entender en esa materia, por lo que no cabía su consideración ni que se emita pronunciamiento sobre la legitimidad de los actos administrativos que impusieron la multa.

Manifestó que en primera instancia la Jueza desdobló el planteo de inconstitucionalidad y trató solamente la violación al derecho de propiedad, sin resolver las otras cuestiones porque consideró que no eran de su competencia. Enunció las defensas opuestas por su parte que no fueron tratadas en las sentencias de primera y segunda instancia. Propuso doctrina legal en el sentido de que por ser cuestión de previo y especial pronunciamiento, es nula la sentencia que omite tratar la litispendencia por conexidad, particularmente si se reconoció la incompetencia para tratar la materia, y expresó que por economía procesal corresponde acumular los autos para que no se dicten sentencias contradictorias.

La Cámara declaró inadmisible el recurso de casación por considerarlo insuficiente (sentencia del 14/2/2003, fs. 678). Esta Corte declaró la admisibilidad provisional de la queja por casación denegada mediante resolución del 16/5/2003 (fs. 709/710 vta.).

4.- De la lectura de la acción promovida por el recurrente ante el fuero en lo contencioso administrativo, y su confrontación con la demanda y el contenido de esta litis, surge que la misma materia debe ser objeto de pronunciamiento en dos juicios referidos a una misma relación jurídica, ya que la defensa planteada por el demandado de este juicio constituye la causa y el objeto de la acción del otro. Citromax S.A. impugna en ambos juicios la constitucionalidad de las normas de policía sanitaria y la nulidad e improcedencia de la multa, fundada en los mismos elementos. Se advierte que se trata de procesos cuyas pretensiones tienen el mismo objeto y están basadas en idénticos argumentos. Por ese motivo debe evitarse que la misma cuestión sea objeto de un doble conocimiento, con la consiguiente posibilidad de que sobre ella recaigan sentencias contradictorias, impidiendo la manifiesta inutilidad de la función jurisdiccional que esa circunstancia necesariamente comporta (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil comentado t. 7º p. 359). Tal situación se encuentra prevista tanto en el inciso 3 del art. 294 bis CPCC como en el art. 34 último párrafo, estando fundada esta última norma en el orden público.

Como los dos juicios tramitan ante fueros diferentes, no pueden acumularse conforme disposiciones de los arts. 175 CPCC, y 58 inciso c) de la ley 6238. Habiendo sido iniciado con anterioridad el juicio contencioso administrativo, debe ser resuelto primero. En este presente juicio no debió dictarse sentencia hasta que recaiga pronunciamiento en el proceso que tramita ante el fuero en lo contencioso administrativo, momento en el que recién corresponderá dictar pronunciamiento.

Ello hace procedente la nulidad articulada, por haberse alterado sustancialmente la estructura del procedimiento, incurriéndose en la situación prevista en el art. 167 último párrafo CPCC, por lo que de oficio corresponde declarar la nulidad de las actuaciones a partir de la sentencia de primera instancia inclusive.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad formulado y demás agravios, no corresponde dictar pronunciamiento atento a la nulidad que se declara.

En cuanto a las costas, constituyendo lo resuelto una cuestión que de oficio debió ser considerada por el Tribunal, corresponde imponerlas por su orden (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR DE OFICIO la nulidad de las presentes actuaciones a partir de la sentencia de fecha 27 de abril de 2000 inclusive, (fs. 549 en adelante), conforme lo considerado, debiendo suspenderse el dictado de la sentencia hasta que se dicte la sentencia de fondo en el juicio "Citromax S.A. vs. Provincia de Tucumán s/nulidad", que tramita ante la Sala IIIa. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA