Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-26


SENT Nº 206	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Saiz Sanjurjo Ladislao vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Sanjurjo Ladislao Saiz, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 335/347) contra la sentencia Nº 101 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 28 de febrero de 2011 obrante a fs. 330/331 vta., que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 11-10-2011 (cfr. fs. 354 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Se agravia el recurrente de la sentencia atacada aduciendo que, una planilla judicial, no hace cosa juzgada en sentido material, no es inmutable ni tiene los efectos de la preclusión procesal, según lo afirma -dice- la profusa jurisprudencia en tal sentido que cita a fs. 339/341 vta. de autos. Agrega que en la planilla presentada en el expediente administrativo y la formulada por el actor en sede judicial, los montos son diametralmente desproporcionados, equivaliendo la diferencia a más de 20 veces entre ambos.

Frente al argumento que el tiempo entre la primera planilla (en sede administrativa) y la segunda (en sede judicial) es prolongado, se remite a la falta de efectos de preclusión, inmutabilidad y cosa juzgada que se verifica en el caso; al tiempo que insumió la tramitación del expediente administrativo; que se constata la existencia de impugnación de planilla y, fundamentalmente, cambio de títulos públicos con los que se debía sufragar el crédito (primero Bonos Independencia y luego CONSADEP). Igualmente, señala que la planilla practicada en sede administrativa no fue aprobada por el órgano judicial, por lo que mal puede alcanzar los efectos de cosa juzgada o preclusión procesal. Resalta que las planillas judiciales, bajo ningún punto de vista, pueden desnaturalizar la sentencia sobre las pretensiones demandadas, que sí alcanza inmutabilidad y autoridad de cosa juzgada.

Respecto de la conformidad del actor con la planilla confeccionada en sede administrativa, arguye que prestó dicho consentimiento sin asesoramiento letrado con ligereza y sin conocimiento técnico, rememorando que con posterioridad a dicho asentimiento explicitó su disconformidad con aquella planilla, tanto en el expediente administrativo como en el judicial.

Afirma que el Estado local nunca pagó su deuda. Al respecto, indica que en ningún momento hubo traspaso de moneda o su sustituto (bonos) desde el patrimonio de la Provincia al suyo. Manifiesta sentirse estafado por el Gobierno, no sólo por una planilla confeccionada en sede administrativa con guarismos reducidos más de 20 veces a los correctos, sino también vía cambio de títulos públicos. Declara que es por demás natural y lógico el silencio guardado con relación a la documentación detallada.

Califica de fácil la solución formal del fallo (dudosa pertinencia jurídica en tanto pugnaría con la verdad jurídica objetiva) al resolver la cuestión apelando a la doctrina de los actos propios, a la que reputa no aplicable en el caso. Alega que la planilla practicada en sede administrativa es contradictoria con la sentencia de mérito, en cuanto desnaturaliza a esta última.

Recuerda que bajo el título de: "Silencio y Propios actos en la demandada" (cfr. fs. 345), por escrito de fecha 07-3-2008 le requirió a la accionada que practicara nueva planilla en virtud del cambio de títulos públicos. De esta presentación se corrió traslado a la Provincia de Tucumán y nada dijo, "Conformidad Ficta, sin embargo no existe doctrina de los actos propios en este caso", consigna el recurrente en su escrito recursivo a fs. 345 de autos.

Finalmente, tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado y huérfano de análisis de argumentos conducentes para la solución de la controversia, imputándole haber violado los artículos 953 y 1071 del Código Civil y 41 del CPCC.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 332 y 347); se dio cumplimiento con el depósito exigido por la ley adjetiva (cfr. fs. 334); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Sin embargo, aunque el acto judicial cuestionado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que el fallo que resuelve no hacer lugar a la impugnación de planilla no se pronuncia sobre el mérito de la pretensión principal, no pone fin a ella ni impide su continuación lo cierto es que, en el sub lite, se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional, que suple la ausencia de pronunciamiento definitivo y legitima la intervención de esta Corte en tanto que se denuncia afectación a la cosa juzgada lo que, en la especie, atendiendo a las peculiares circunstancias de la causa desborda, los intereses de las partes, proyectándose sobre los de la comunidad.

Por lo expresado, concluyo que el recurso en estudio es admisible; por ende, a este Tribunal Cimero local le queda expedita su competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del recurso.

IV.1.- Para la recta composición del litigio, preliminarmente, conviene tener presente los fundamentos en que la sentencia en crisis sustentó el acogimiento de la impugnación planteada por la demandada -ahora materia del recurso de casación en examen-debiéndose insistir en que el resultado aludido, conforme lo manifiesta expresamente el Tribunal de grado, se refirió a la impugnación incoada por la accionada a fs. 225/227 en contra de la planilla de cálculo presentada por el actor a fs. 211/216.

Para así resolver, la Cámara se fundó esencialmente en el hecho que Sanjurjo Ladislao Saiz, el 20-10-2000, prestó conformidad con la planilla de actualización confeccionada en sede administrativa como pago total y definitivo (ver fs. 142/144 y 300/302) y su cancelación en títulos públicos, la cual determinó a su favor la suma de $66.555,44. Puntualizó que a raíz de ello, por Decreto Nº 1.248/3 (SH) del 07-6-2001 (fs. 309/310), el Gobernador de la Provincia dispuso el pago de la suma antes mencionada en Bonos Independencia Argentina del Tesoro de la Provincia de Tucumán, Serie III, a favor del actor (artículo 1 del mencionado acto administrativo), dejándose establecido que dicho pago constituía la cancelación definitiva y total del monto adeudado (artículo 2). A renglón seguido resaltó que se intimó al actor por carta documento a apersonarse por ante Fiscalía de Estado a los efectos que se le hiciera efectivo el pago de su acreencia, obrando a fs. 312/314 constancia del depósito respectivo en el Banco del Tucumán, entidad ésta que, a fs. 322, informó que los títulos entregados por la Provincia fueron canjeados por títulos CONSADEP I, existiendo a la fecha una cantidad VN 68.128 (hoy VR 52.594,81), de tales valores.

Como corolario de la antedicha reseña, el fallo recurrido expresó que el actor había prestado expresa conformidad -hacía más de diez años- con la actualización de su crédito practicada por la demandada en sede administrativa y que dicho monto había sido depositado e intimado Sanjurjo Saiz a presentarse a percibir en pago aquellos valores. De allí concluyó que esto ponía de manifiesto la existencia de una conducta antecedente, de parte del demandante, contraria a su actual intención que se recalcule la deuda otrora reconocida por este Tribunal mediante Resolución Nº 133/1996 (fs. 81/87) haciendo aplicación, de este modo, de la teoría de los actos propios para hacer lugar a la impugnación de planilla de marras, a la que consideró detenidamente mediante citas jurisprudenciales, en los términos de fs. 330 vta. /331.

Para terminar, puso de relieve que la nueva planilla de cálculo había sido presentada por el actor más de diez años después de haber aceptado expresamente la liquidación ofrecida por la demandada, sin invocar la existencia de vicio alguno que violentara la expresión de voluntad efectuada.

IV.2.- La doctrina de los actos propios requiere de tres condiciones o requisitos para que pueda ser aplicada, a saber: a) una conducta anterior relevante y eficaz, o sea, se necesita una primera conducta también llamada vinculante; b) el ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona que crea la situación litigiosa debido a la contradicción -atentatoria de la buena fe- existente entre ambas conductas; y c) la identidad de sujetos que se vinculan en ambas conductas (cfr. Borda, Alejandro: "La Teoría de los Actos Propios", págs. 67 y vta.).

Ahora bien; cabe preguntarse si ¿resulta ajustado a derecho tener por conducta antecedente relevante y válida -a los fines de la aplicación de la teoría de marras- a la conformidad prestada en sede administrativa por el actor el 20-10-2.000 con la planilla de actualización confeccionada en sede administrativa por la demandada por la suma de $66.555,44, como sostiene el pronunciamiento en crisis a fs. 330 vta. de autos?	Por las razones que explanaré, la respuesta negativa se impone. No debe considerarse, como conducta anterior vinculante a los efectos precedentemente aludidos, al consentimiento con la planilla en cuestión desde el momento que tal comportamiento, atendiendo a la materia sobre la que versa (planilla de liquidación de acreencias) no causa estado, no es inmutable ni adquiere efectos de cosa juzgada, como lo admite señera doctrina (cfr. Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T. VII, pág 274; "Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, concordado, comentado y anotado, T. II, pág. 541) y jurisprudencia (cfr. CSJT: sentencia Nº 594, del 07-7-2.006). Y si esto es así con relación a una planilla judicial, cuanto más con respecto a una confeccionada en sede administrativa.

Concordantemente se ha dicho que no es lícito ir contra los propios actos cuando se traten de actos jurídicos que causan estado, definiendo en una forma inalterable la posición jurídica de su autor (cfr. Borda, Alejandro: "La Teoría de los Actos Propios", pág. 52; ídem: "Enciclopedia Jurídica Omeba, voz "actos propios", T. I, pág. 440); situación ésta que no es la del caso, según se dijo.

Tampoco debe perderse de vista que la mencionada conformidad del actor se verificó en el procedimiento administrativo previo de formación de la voluntad administrativa cristalizada en el Decreto Nº 1.248/3 (SH), del 04-6-2001 (cfr. fs. 146/147 y 309/310), del que el demandante no sólo se notificó en disconformidad en sede administrativa el 14-9-2.001 (cfr. fs. 148 y 310 vta.), sino que contradijo y cuestionó en sede judicial el 28-11-2.001, a fs. 156 y vta. del presente expediente, denunciando que la liquidación de marras no se ajustaba a los términos de las sentencias definitivas de la causa y acompañó en dicha oportunidad los cálculos que estimó correctos (cfr. fs. 150/155). Igualmente se constata que el órgano jurisdiccional dio traslado de esta impugnación y de la planilla adjunta a la demandada, respondiendo esta última a fs. 159/162 con observaciones; respecto de lo cual, a estar a las constancias de autos, no recayó resolución del Tribunal de grado. Sobre este tema volveré más adelante.

Asimismo, de las referidas constancias se sigue que el actor se negó a percibir la suma allí consignada, lo que pone en evidencia aún más la impertinencia del fallo atacado al haber otorgado significación a la circunstancia de haberse encontrado depositado el monto en cuestión, en la inteligencia de presentar como razonable la teoría de los actos propios para decidir la cuestión incidental llevada a conocimiento del Tribunal.

Corresponde recalcar que en el sub iudice el órgano jurisdiccional de grado recurre a la doctrina de los actos propios para decidir el caso remitiendo, la solución del conflicto, a una planilla presentada más de 11 años atrás a la que, en razón del consentimiento prestado por el actor con relación a ella, le confiere una suerte de fuerza decisiva para la cuantificación del crédito de aquél, al punto de vedarle absolutamente la posibilidad que se recalcule la deuda oportunamente reconocida en la sentencia definitiva, al reputar una petición en tal sentido como un comportamiento contradictorio con el anterior vinculante y, por ende, inadmisible por lesivo a la mencionada teoría.

Cabe advertir que, de las constancias de autos, se desprende que el A quo dio traslado (cfr. fs. 218) a la demandada de una nueva planilla presentada por el actor en el año 2008 -que corre glosada a fs. 211/216-, la que a su vez fue impugnada por aquélla en los términos de fs. 226/227 adjuntando una nueva planilla de cálculos a fs. 225 en la que recalcula el crédito del actor con arreglo a un título público diferente (CONSADEP II) al que sirviera de base a la primera planilla redactada en sede administrativa en el año 2.000 (BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA, SERIE III -cfr. fs. 300/3002, 309/310-) dando por superada, de esta forma, la situación denunciada por el demandante a fs. 195.

Asimismo, una vez que se diera traslado a Saiz de dicha impugnación (cfr. fs. 228) y que fuera respondida por él a fs. 229 y vta., por providencia del 06-3-2009 se llamaron los autos para resolver la impugnación de marras (cfr. fs. 230). Dejo aclarado desde ya que la sentencia interlocutoria que resolvió la aludida impugnación de fs. 226/227 es la ahora recurrida en casación, resultando pertinente reparar también en el siguiente detalle,	En efecto; en el precitado fallo en crisis (Nº 101, del 28 de febrero de 2011) el argumento que utilizó la Cámara para rechazar la impugnación de fs. 226/227 contra la planilla del actor de fs. 211/216 fue, conforme se vio, el consentimiento prestado por Sanjurjo Ladislao Saiz con relación a la primera planilla de liquidación confeccionada en sede administrativa por la accionada en el año 2000. Como consecuencia de ello, no se hizo cargo de los cálculos de la nueva y posterior planilla del actor de fs. 211/216 y su correspondiente impugnación, en los términos en que había sido concebida por la demandada a fs. 226/227.

Es así que el Tribunal inferior no advierte que, de las constancias de autos, se infiere que la planilla a que se remitió (del año 2000) en la sentencia atacada también había sido impugnada, a su vez, por el actor en los términos de fs. 156 y vta. de los presentes actuados sobre lo que no recayó resolución -tal como lo puse de relieve ut supra-, siendo tales circunstancias obviadas absolutamente en el análisis de la Cámara en la sentencia ahora recurrida en casación.

Las razones hasta aquí explanadas me convencen que la Sala A quo realizó, en la especie, una indebida aplicación de la doctrina de los actos propios para resolver el caso, al no apreciarse que se haya vuelto contra una conducta anterior vinculante o relevante. Eludió así, indebidamente, abocarse al estudio de la planilla de fs. 211/216 presentada por el actor y la impugnación respectiva de la demandada corriente a fs. 226/227 a fin de determinar el resultado correcto que se adecue estrictamente a las pautas de liquidación establecidas en la sentencia definitiva de la causa Nº 133 del 30-4-1996 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo (cfr. fs. 81/87), conforme a lo establecido por esta Corte en sentencia Nº 227, del 22-4-1997 (cfr. fs. 105/108).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por Sanjurjo Ladislao Saiz contra la sentencia Nº 101 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 28 de febrero de 2011 obrante a fs. 330/331 vta. de autos. En consecuencia, casar dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, haciendo aplicación indebida de la doctrina de los actos propios, rehuye injustificadamente hacerse cargo de los cálculos cristalizados en la planilla presentada por el actor a fs. 211/216 y de la impugnación correspondiente formulada contra ella a fs. 226/227 de autos por la parte demandada". Por consiguiente, corresponde remitir los presentes actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado, dejando debidamente aclarado que lo resuelto, en manera alguna, supone adelantar opinión sobre el tópico.

V.- Atento a las conclusiones inferidas y la nulidad a que se arriba, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, inciso 1, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por Sanjurjo Ladislao Saiz contra la sentencia Nº 101 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 28 de febrero de 2011, glosada a fs. 330/331 vta. de autos. En consecuencia, casar dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando y disponer la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.