Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-01


ACUERDO N° 34/2.011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los días de Junio de dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los señores vocales Dres. ANTONIO G. LABATE y LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "PARRA, Rogelio S/ robo" (Expte. N° 233 - año 2.010), del Registro de la Secretaría Penal.

ANTECEDENTES: Por Resolución Interlocutoria N° 61/2.010, la Juez subrogante del Juzgado Correccional de Zapala, Tercera Circunscripción Judicial, resolvió no incorporar al interno Rogelio PARRA, al régimen de salidas transitorias, por acercamiento familiar y salidas laborales (fs. 218/ 219 Vta.).

En contra de lo allí dispuesto, la señora Defensora Oficial Penal, Dra. Beatriz AMBROGIO, en su rol de letrada defensora del condenado Rogelio Parra, dedujo recurso de casación (fs. 220/226).

El mismo fue declarado admisible por Resolución Interlocutoria N° 52/2.011 de 12 de Abril de 2.011 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (fs. 282/283).

Por aplicación de la Ley N° 2.153 de reformas del Código Procesal (Ley N° 1.677), y lo dispuesto en el Art. 424, Párr. 2°, del C.P.P.y C., ante el requerimiento formulado, los recurrentes no hicieron uso de la facultad allí acordada, por lo que se produjo el llamado de autos para sentencia (fs. 287).

Practicado el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dra. Lelia Graciela M. de CORVALÁN y Dr. Antonio G. LABATE.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el Art. 427 del C.P.P y C., los magistrados se plantean las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: I. Contra la decisión de la Dra. Ivonne San Martín, en su carácter de Juez Subrogante del Juzgado Correccional de Zapala, que dispuso el rechazo de las salidas transitorias de acercamiento familiar y salidas laborales, pretendidas a favor del interno Rogelio Parra, su Defensa Oficial dedujo el correspondiente recurso de casación (fs. 220/ 226).

En lo sustancial, la Dra. Beatriz Ambrogio afirmó que el pronunciamiento recurrido inobserva lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 3, 9, 16, 17, 23 y 104 de la Ley N° 24.660; Arts. 1, 5 inc. 6 de la Ley N° 23.054 C.A.D.H.; Arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., porque no obstante cumplir Parra con cada uno de los requisitos exigidos por ley, las salidas transitorias fueron denegadas bajo ponderaciones meramente subjetivas, creándose una causal para su denegación, no contemplada por la Ley N° 24.660, en clara violación a la división de poderes y al principio de legalidad. En particular, considera que no puede invocarse, como causal para la denegación del beneficio solicitado, la circunstancia de que se le haya revocado la libertad condicional.

A fin de demostrar su aserto, expresó que el interno, cumplió con los requisitos que exige la ley para gozar de los beneficios solicitados, a saber, tiene cumplida la mitad de la pena; no posee causa pendiente en la que interese su detención; tiene conducta muy buena; informe del organismo técnico criminológico favorable. Por último, destaca que el propio Ministerio Fiscal dictaminó favorablemente, en cuanto a la concesión del beneficio.

II) Que, luego de realizado un análisis del recurso, la resolución censurada y las constancias del legajo, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la casación deducida debe ser declarada procedente. Doy razones:

1)	Como se ocupó de señalar esta Sala en fallos anteriores, "...Un sistema penal que pretenda respetar los postulados del Estado de derecho debe garantizar que el principio de legalidad tenga plena vigencia en la etapa de ejecución. Como bien lo señala Marcos G. Salt: 'El principio implica que las penas deben ejecutarse del modo previsto en las normas vigentes antes de la comisión del hecho ilícito que justifica la condena. Es claro que el principio de legalidad previsto constitucionalmente (C.N., Art. 18) no sólo exige una definición respecto a la duración de la pena (...), sino también una regulación legal de las condiciones de cumplimiento de las penas en general (régimen penitenciario, derechos, obligaciones, etc.). En otras palabras, para cumplir con el principio de legalidad en todos sus alcances, la ley debe regular las características cualitativas de la pena y de qué manera se va a desarrollar su ejecución' (...) la vigencia de este principio se dirige, directamente, al órgano jurisdiccional de control y puede ser sintetizada de la siguiente manera: cuando los jueces examinan los requisitos necesarios para la concesión de un beneficio legal peticionado, la exhaustividad que -por imperio de la garantía de legalidad (lex stricta)- caracteriza a la norma penitenciaria, no hace posible exigir más requisitos que aquellos que, en forma precisa y detallada, se establecen en la norma aplicable..." (Acuerdo N° 18/2.001, de 29/05/2.001). 2)	Trasladado este concepto al caso que nos ocupa, no advierto otra solución que la declaración de nulidad de la resolución que se recurre, y la remisión de las presentes actuaciones al Juzgado correspondiente, a fin de dicte nueva resolución, examinando -a la fecha- el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Arts. 16 y 17 de la Ley N° 24.660. En efecto:

Al momento de presentación del recurso, el informe criminológico, refería que el interno había sido calificado con CONDUCTA MUY BUENA (8), y CONCEPTO MUY BUENO (8), sin registrar sanciones disciplinarias, ni causas internas durante su detención, mencionando el mismo que "...la evolución favorable de su conducta interna como indican los informes de las autoridades policiales, podría inferirnos en un pronóstico de mediano bajo riesgo de reincidencias en conductas transgresoras. Se considera benigno el otorgamiento de las salidas de la semilibertad, ya que el trabajo a realizar le ayudará en su economía personal y familiar y por otro lado a mantener el hábito de trabajo..." (fs. 209 Vta.).

Además, no registraba causas pendientes en los términos del Art. 17 de la Ley N° 24.660, y por su parte, el Ministerio Público Fiscal en las vistas que le fueran conferidas, prestó conformidad con las salidas solicitadas (fs. 211 y 217).

Los argumentos del la magistrada en nada empañan aquellas circunstancias favorables al momento de la solicitud. En efecto: en primer lugar, no puede ser un impedimento la condena a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por parte del Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, con asiento en la Ciudad de Esquel, Poder Judicial de la Provincia del Chubut, del 11 de Junio de 2.009 (fs. 164/165), en virtud de la cual se le revocó la libertad condicional de la que venía gozando Parra, toda vez que se procedió a la unificación de ambas penas por parte del Juzgado interviniente (Ver: fs. 175), y no surge de autos la existencia de causa abierta en la que interese su detención, o condena pendiente.

Ahora bien, dable es mencionar, que el interno con posterioridad a la presentación del recurso de casación en análisis, ha sido sancionado en diversas ocasiones (fs. 262/266 Vta. y 275/280), por lo que corresponderá que el Tribunal de ejecución de la pena, analice bajo la óptica de los Art. 16 y 17 de la Ley N° 24.660, si corresponde o no la concesión de las salidas transitorias laborales y de acercamiento familiar solicitadas.

Por los argumentos expuestos, es que considero que la casación deducida debe ser declarada procedente. Mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por la señora Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo que se declare la nulidad de la Resolución Interlocutoria N° 61/2.010 del Juzgado Correccional de Zapala, que fuera materia del presente recurso, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y por falta de fundamentación (Art. 415, inciso 1°, y 369, inc. 3°, del C.P.P. y C.); debiendo reenviarse el legajo al Juzgado de origen para que, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho (Arts. 155, 2° párrafo, y 429, del C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Sin costas en la instancia (artículos 491 y 492, a contrario sensu, C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I) HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la señora Defensora Oficial Penal, Dra. Beatriz AMBROGIO, a favor de su asistido Rogelio PARRA. II) DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Interlocutoria N° 61/2.010, de fecha 10 de Agosto de 2.010 (fs. 218/ 219 Vta.), dictada por la Dra. Ivonne San Martín, Juez a/c del Juzgado Correccional de Zapala, Tercera Circunscripción Judicial, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y por falta de fundamentación (Art. 415, inciso 1°, y 369, inc. 3°, del C.P.P. y C.); III) REENVIAR el legajo al Juzgado de Origen, para que se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho (Arts. 155, 2° párrafo y 429 del C.P.P. y C.). IV) Sin costas (Arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C.). V) Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario