Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07


Reg.: A y S t 281 p 90/95. En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CAMPOS DE ARCE, ROSA contra PCIA. DE SANTA FE - DEMANDA LABORAL - (EXPTE. 88/04) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-05090377-7. Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Falistocco, Netri y Gutiérrez. A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 271, págs. 423/424, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución del 01.04.2015 dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente -invocando que lo decidido resultaría en contradicción con las disposiciones de las leyes 23928 y 25561 y con afectación del derecho de propiedad- contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 704/707. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de interés, puede resumirse así: 1.1. Según surge de las constancias de la causa, la parte demandada impugnó la planilla por saldo de honorarios de foja 566, practicada por los apoderados de la actora. Alegó que no correspondía aplicar la unidad jus actualizada, sino sólo la tasa de interés prevista por el Tribunal (fs. 571/575v.). El Juez de grado entendió que, estando firmes y consentidos los honorarios fijados por auto 935/2009 y la planilla de liquidación practicada a foja 523 -aprobada a fs. 539-, había precluído la oportunidad procesal para interponer el planteo relativo a que se estaría violando la prohibición de indexación prevista por las leyes 23928 y 25561. La Provincia de Santa Fe recurrió el decisorio aduciendo que la actualización de la unidad jus importaba vulnerar normas nacionales que prohíben indexar. Negó que su planteo fuera extemporáneo por cuanto -afirmó- la actualización se materializó al practicarse las planillas, y no al regularse los honorarios. 1.2. Por resolución 61 del 01.04.2015 la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario rechazó la apelación interpuesta. Para así decidir, sostuvo -en lo esencial- que operó la preclusión desde que los cuestionamientos de la impugnante debieron ser planteados contra la regulación realizada con expresión de la equivalencia en unidades jus, de conformidad con la ley arancelaria local, toda vez que la planilla de saldos que se ataca es, de hecho, consecuencia de aquella. Agregó que la apelante no cuestionó la constitucionalidad de la normativa que fue tomada de base por los apoderados de los actores para practicar la planilla. Por otra parte, señaló que la circunstancia que el pago por parte del Estado provincial demande tiempos en función de la normativa a la que debe ajustarse, no debe ir en desmedro de los acreedores, ya que en la previsión presupuestaria deberían incluirse intereses y actualizaciones según lo establecieran los jueces y el Estado consintiera, haciendo especial hincapié en la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, lo que impide que pueda pagarse en 2012 a valor nominal un crédito originado en 2009. 2. Contra este pronunciamiento la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad aduciendo arbitrariedad por falta de fundamentación y exceso de la facultad jurisdiccional (v. fs. 9/20). Cuestiona que los Sentenciantes hayan considerado que había precluido la oportunidad para impugnar la planilla, por entender aquéllos que ésta era consecuencia de lo resuelto mediante el auto regulatorio 935/09, que la recurrente había consentido. Afirma que referir a que la impugnante habría consentido la regulación de honorarios, no es más que un intento de evitar "elípticamente" la clara prohibición legal vigente respecto a la indexación de deudas que apareja efectos nocivos sobre el problema inflacionario. Al respecto, sostiene que la sentencia impugnada -que convalida la actualización relativa al valor de la unidad jus- constituye una violación de las normas nacionales de orden público que prohíben la actualización monetaria (ley 23928 y ley 25561) y se contradice con los lineamientos trazados por la Corte nacional. Considera que habiéndose fijado los intereses conforme la tasa activa, el valor de la unidad jus debía ser tomado solamente como indicador de equivalencias al momento de la regulación de honorarios. Por último, achaca exceso de la facultad jurisdiccional atento a que constituiría una franca violación del régimen federal delegado en materia de fondo, que las provincias (y sus órganos jurisdiccionales) aceptaran una "repotenciación de deuda" prohibida por leyes nacionales vigentes. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. 3. Entiendo que las cuestiones debatidas en autos -en cuanto versan sobre el planteo de inconstitucionalidad del "sistema del jus", implementado por la normativa arancelaria local- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, págs. 294/326) por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que en la misma expuse. Conforme a lo que sostuve en aquel precedente, las alegaciones de la impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. También he de señalar que allí se destacó que una vez dilucidada definitivamente la cuestión regulatoria, las finalidades prácticas y procesales que primaron en la normativa arancelaria -al adoptar la unidad jus- conducían a entender que al momento de la firmeza del auto regulatorio los módulos establecidos se convertirán por "su equivalente en pesos o moneda de curso legal" (v. art. 32 -segundo párrafo- ley 6767, texto según ley 12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada producirá el devengamiento de los intereses que se determinen. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al "sub lite", se advierte de las constancias de autos que la Alzada se apartó claramente del criterio sentando en el precedente de mención por cuanto al confirmar el decisorio de primera instancia, convalidó la planilla de f. 566 -donde se aplicó la unidad "jus" a mayo de 2012-, siendo que la firmeza del auto regulatorio databa de septiembre de 2009 (v. fs. 529/v.). En consecuencia, atento se habilita la posibilidad de utilizar la variación de la unidad jus más allá de la fecha de firmeza de los honorarios regulados, apartándose del criterio sentado en el antecedente al cual este voto se remite, corresponde anular la sentencia recurrida mediante el recurso extraordinario local. Por lo demás, en cuanto a la tasa de interés aplicable, como se dijo en el referido precedente, tal es materia reservada a los jueces de la causa, quienes deben evaluar con prudencia la compensación de la pérdida del valor adquisitivo y definirla en cada caso, de acuerdo a las particularidades del mismo y a la realidad imperante. Voto, pues, por la afirmativa. Costas en el orden causado. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (EXPTE. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que allí expuse.	2. Proyectando las pautas que expuse en aquel precedente al "sub judice", surge de las constancias de autos que el A quo confirmó la regulación de honorarios efectuada en baja instancia, convalidando la planilla de fojas 566 que aplicó la unidad "jus" a mayo de 2012, pese a que la firmeza del auto regulatorio acaeció en septiembre de 2009 (fs. 529/v.). Con tal proceder, se habilitó la aplicación del sistema jus más allá de la fecha de firmeza de la regulación del estipendio, apartándose del valorismo atenuado adoptado en el precedente mentado, por lo que corresponde anular lo resuelto. Por lo expuesto, voto por la afirmativa, con costas por su orden (arts. 250, C.P.C.C. y 13, ley 7055). Así voto.	A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Coincido con la respuesta brindada por los señores Ministros preopinantes al propiciar la procedencia del presente recurso de inconstitucionalidad. En efecto, a tenor de las cuestiones mantenidas en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, de entre las que oportunamente se plantearon en autos, se advierte que en las presentes actuaciones se encuentra en discusión, en esencia, si la liquidación de los honorarios profesionales -regulados de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851)- desconoce la vigencia de una norma federal como la ley 23928 (y sus modificatorias) en cuanto establece la prohibición indexatoria. De tal modo, el asunto debatido, al versar sobre la validez constitucional del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851), guarda sustancial analogía con el que fue materia de análisis y decisión por este Tribunal en la causa "Municipalidad de Santa Fe contra Bergagna" (pronunciamiento de fecha 01.08.2017, A. y S. T. 276, págs. 294/326). Siendo ello así, se advierte que la decisión de la Alzada aquí impugnada, en cuanto convalidó la liquidación de honorarios formulada a foja 566 según el valor de la unidad jus vigente en un lapso posterior a aquel en el cual había adquirido firmeza el auto regulatorio respectivo, se aparta del criterio mayoritario obtenido en el precedente de esta Corte antes citado -al que "brevitatis causae" me remito-, por lo que resulta descalificable desde el plano constitucional; corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas por su orden (crit. A. y S., T. 276, págs. 294/326). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus, guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra BERGAGNA, Edgardo -apremio fiscal- (Expte. 121/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S., T. 276, pág. 294). 2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al presente caso, a las que "brevitatis causae" me remito, surge de las constancias de autos que -en lo que ahora es de estricto interés- que el A quo convalidó la resolución de baja instancia que a su hora rechazó la impugnación formulada por la demandada contra la planilla de honorarios practicada, por entender que encontrándose aquéllos firmes y consentidos, había precluído la oportunidad procesal para interponer el planteo relativo a que se estaría violando la prohibición de indexación prevista por las leyes 23928 y 25561. Siendo por lo tanto que el criterio sentado por el juez de grado y confirmado por la Sala, habilita la aplicación del sistema de jus previsto por el artículo 32 de la ley 6767 -según la modificación introducida por la ley 12851- más allá de la firmeza de la regulación de honorarios efectuada en autos, dicha resolución contradice lo sostenido en el precedente antes mencionado y, en consecuencia, corresponde anular la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario local. Voto, pues, por la afirmativa, con costas en el orden causado. A la tercera cuestión, la Señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada de conformidad con las consideraciones que anteceden. Costas por su orden. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada de conformidad con las consideraciones que anteceden. Costas por su orden. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Rosario.