Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


BENEGAS, Carlos Ramón y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 19-28.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro Decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BENEGAS, Carlos Ramón y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 75, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día trece del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: I.1. Carlos Ramón Benegas, Alfredo Juan Franco, Horacio Oscar Lubiano, Marcelo Eduardo Bogao, Alberto del Valle Molina, Daniel Ramón Conde, Humberto Abelardo Rojas, Carlos Alberto Mello, Inocencio Monzón, Justo Gabriel Matos, Angel Ramírez, Martín Bernardo Escher, Ramón Ojeda, Gaspar Ramón Zubillaga, Serafín Dalmacio Ruiz, Juan Salustiano Ruiz y Alcides Federico Ramos promueven -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Santa Fe, a los fines de obtener el cobro de diferencias salariales por aplicación del artículo 78 de la ley 9286 (Anexo II) desde enero de 1988 hasta el efectivo pago, con más intereses legales, actualización monetaria y costas.

Dicen que son empleados de la demandada, y que cumplen tareas en la Sección Vialidad. En el año 1983, mediante la ordenanza 8527/83, la Municipalidad adoptó lo dispuesto por la ley provincial 9286, en base a la cual, los haberes eran liquidados conforme la escala del artículo 78 del Anexo II.

Afirman que a partir del mes de enero de 1988, y en virtud de un Acta de Paritarias efectivizado en el mes de febrero de ese año, "en forma equivocada e ilegítima" se deja de lado el mencionado artículo 78.

Agregan que desde esa fecha se comienza a producir un acentuado deterioro de los salarios de los trabajadores municipales, que se fue acentuando notoriamente con la caída paulatina del signo monetario.

Dicen que de tal manera se cercenó el principio de intangibilidad de los salarios y se consumó la violación a una ley con plena vigencia en la Provincia.

Sostienen que el artículo 78 de la ley 9286 es de aplicación insoslayable, ya que la Comisión Paritaria que se crea a los fines de fijar la política salarial establece la aplicación de los coeficientes que para cada categoría esta ley indica sobre la base de las asignaciones correspondientes a la categoría 1, fijada por política salarial.

Afirman que mediante el convenio paritario no se ha derogado expresamente el artículo 78 mencionado.

Destacan, por otra parte, que esa norma no puede ser dejada de lado por el solo hecho de que un convenio colectivo no lo ha tenido en cuenta.

Mencionan que el dictado del decreto 2312/90 -por el cual la Municipalidad le abonó a los empleados jerarquizados un 50% de los coeficientes- supone un reconocimiento implícito de la vigencia del artículo 78.

También aluden a que el plan de jerarquización dispuesto por el decreto 2921 -"que se encuentra en plena vigencia" (f. 15)- representa para las categorías superiores una aplicación estricta del reclamo que efectúan en la presente causa.

Explican que no se vieron favorecidos con igual actitud de la demandada, "lo cual representa una nueva incongruencia, pues se está desconociendo el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Concluyen que se han visto agredidos en su nivel salarial no sólo porque no se les abona de acuerdo a lo establecido por una ley provincial vigente (acogida por una ordenanza municipal también vigente), sino que se ven en la situación absurda de que las citadas disposiciones son aplicadas al personal de mayor jerarquía.

Entienden que "el agravante" para sus respectivas situaciones está dado por el hecho de que quienes menos ganan han sido excluidos de los beneficios de los ordenamientos legales mencionados.

2. La Presidencia del Cuerpo, mediante auto registrado en A. y S. T. 143, pág. 189, declaró admisibles los recursos interpuestos por los actores, con excepción de los deducidos por Inocencio Monzón y Serafín Dalmacio Ruiz (v. f. 45 de autos).

3. Se cita la demandada a estar a derecho. Comparecida (f. 54), se le corre traslado de la demanda, la que es contestada a foja 57. Ante todo, niega todos los hechos que no sean de su expreso reconocimiento y desconoce que el derecho invocado por los actores resulte vigente y aplicable al caso. Menciona el precedente "Rivero" fallado por este Tribunal y afirma que, a diferencia de lo que allí ocurría, la pretensión de los actores de la presente causa se concreta a partir del mes de enero de 1988.

Señala que el artículo 78 del Anexo II de la ley 9286 quedó derogado por la ley 9996, que agregó a esa norma los artículos 132 bis y 133 bis. Destaca que este Tribunal, en la causa "Rivero" (mencionada) concluyó que el artículo 78 era aplicable durante el período que va desde el mes de febrero de 1984 hasta diciembre de 1986, y que no lo es en el período restante; y que tales coeficientes dejaron de aplicarse desde que comenzó a tener vigencia el mecanismo de Comisión Paritarias.

Destaca que los recurrentes siquiera mencionan en su demanda a la ley 9996. Argumenta que los actores tampoco observaron los acuerdos paritarios, más allá de que la Corte ya entendió que lo allí establecido no podía tacharse de arbitrario o irrazonable.

También recuerda que en esa oportunidad se descartó que los decretos 2312/90 y 2921/91 (derogado con posterioridad), tuvieran la relevancia jurídica que ahora le asignan los demandantes.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso, con imposición de costas.

4. Abierta la causa a prueba (foja 61), y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fojas 95/100 y 101/103) y se dicta el llamamiento de autos (foja 104).

Firme dicha providencia, se halla la causa en estado de ser resuelta.

II. Liminarmente, cabe señalar que la firmeza del auto de Presidencia obrante a fojas 45/46 (artículo 25, ley 4106), obsta a la solicitud -formulada por la parte actora recién al informar sobre el mérito de la causa (f. 95 vto.)- de que se vuelva sobre la cuestión de la admisibilidad y, en definitiva, se abran también los recursos deducidos por los agentes excluidos en dicha resolución.

III. Ingresando al tratamiento de la cuestión propuesta, surge del relato precedente que los actores pretenden se les reconozcan y abonen diferencias salariales derivadas de la falta de aplicación de los coeficientes previstos en el artículo 78 de la ley 9286 (Anexo II) a partir del 1.1.1988 y por todo el período que legalmente corresponda.

En sustento de su postura, traen dos órdenes de argumentos: en primer término, la inconstitucionalidad de la ley 9996 en sí misma "para el caso en que el Tribunal la considere aplicable"; y, en segundo lugar, la afirmación de que las escalas salariales de la ley 9286 mantuvieron su plena vigencia a pesar de que comenzaron a funcionar las Comisiones Paritarias.

Tal como se verá, ninguna de estas razones puede ser acogida.

1. En primer término se analizará la tacha de inconstitucionalidad deducida, por cuanto, en efecto, la ley 9996 resulta directamente aplicable al caso. a. Ante todo, una observación inicial.

Refiere a la oportunidad procesal en que los actores han deducido estos planteos.

Concretamente: la cuestión constitucional aparece en autos recién al informar sobre el mérito de la causa y no en la demanda, oportunidad que constituye la apropiada para su postulación.

A mi criterio no concurre ninguna razón que justifique dicha actitud procesal.

En efecto: los argumentos consistentes en que ha sido la demandada "quien trae a estos estrados la ley 9996" (f. 96) o en que "el verdadero régimen o sistema salarial del personal municipal es el establecido en el art. 78 del Anexo II de la ley 9286" no pueden ser admitidas, a poco que se observe que la ley 9996, lejos de resultar ajena al estatuto escalafón -tal como parecen entenderlo los recurrentes-, se trata de una norma que ha modificado expresamente el texto de la ley 9286.

Además, los actos administrativos de rechazo de los reclamos se fundan, precisa y textualmente, en el alcance que tuvo la modificación introducida por la ley 9996 en el Estatuto municipal.

En tales condiciones, la circunstancia de que el presente caso deba juzgarse a la luz de aquella norma mal puede calificarse de "sorpresiva", y justificar, por ende, la tardía introducción de la cuestión constitucional y en contradicción con los planteos formulados en la demanda.

Resulta conveniente aclarar que, en mi criterio, esta conclusión dista de constituir un rigorismo excesivo, dado que la articulación ahora analizada vino a importar una verdadera alteración de los términos en que fue trabada la litis, provocando consiguientemente un desmedro al derecho de defensa de la contraparte.

En efecto: de la lectura de la demanda es posible extraer que los recurrentes partían de la base de la constitucionalidad del régimen de Comisiones Paritarias, toda vez que no sólo ni siquiera mencionaron a la ley 9996 (ni tampoco los artículos de la 9286 incorporados por esa norma) sino que meramente se limitaron a tachar de "equivocado e ilegítimo" al accionar de tales órganos a partir de 1988 (f. 14), es decir, ni siquiera a partir de la fecha de su instalación (1987, tal como ellos mismos lo admiten).

Todas estas prevenciones suscitan razonables dudas acerca de la admisibilidad misma de estos planteos.

b. Si, por hipótesis, se consideraran superadas las cuestiones anteriormente descriptas, y se ingresara al análisis de los argumentos propuestos por los actores, se arriba a la conclusión de que la tacha propuesta no puede prosperar.

Los recurrentes -en síntesis- alegan que las negociaciones colectivas en la Administración Pública cumplen una función "de supletoriedad" y no "de complementariedad"; que las Comisiones Paritarias no pueden emitir decisiones que alteren o modifiquen disposiciones legales; que la ley 9996 no prevé una "vía judicial recurrible" (f. 96 vto.), con lo que se produce la indefensión de los agentes; que le otorga a la Comisión Paritaria facultades ilimitadas para establecer el régimen salarial del personal municipal y comunal; y, finalmente, que nada dice sobre la fijación de límites en cuanto al funcionamiento y competencia de la Comisión Paritaria que crea, ni fija los efectos de sus decisiones.

Pues bien: estos argumentos no son suficientes para concluir en la inconstitucionalidad de la ley 9996 ni en la de las Comisiones Paritarias por ella creadas, toda vez que se resumen en afirmaciones de mera crítica hacia la política escogida por el legislador local al dictar la ley 9996, y no llegan a convencer de que, entre esta norma y la fundamental, concurre una causal de repugnancia que justifique la desaplicación de aquélla.

En este sentido resulta oportuno recordar que, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte nacional y esta local, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley.

La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (C.S.J.N. Fallos, 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 314:424; esta Corte, A. y S. T. 128, pág., entre muchos otros).

Asimismo, "que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos 312:2315).

También resulta útil tener presente que, como también lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación de modo invariable (Fallos 314:424, considerando 5to.), el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, "sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (ver también Fallos 253:362; 257:127; 300:642; 308:1631; 312:122, 435, 888 y 1681; etc.).

En similar sentido, este Tribunal local ha señalado que "en el delicado juego de equilibrio de poderes diseñado constitucionalmente ... no es, en principio, tarea del Poder Judicial establecer los criterios de oportunidad y conveniencia de las decisiones y medidas económicas que adoptan los otros poderes en el ámbito de su competencia y responsabilidad constitucional..." (A. y S. T. 129, pág. 342).

Entrando al análisis de los agravios en sí, corresponde recordar que en el precedente registrado en A. y S. T. 77, pág. 224, este Tribunal -con otra integración- analizó si la ley 9996 resultaba o no viciada de grosera ilegalidad.

Para propiciar la conclusión negativa tuvo en cuenta que esa norma, "por el voto unánime de los legisladores representantes de distintas tendencias políticas, sancionó el régimen de fijación salarial por intermedio de una Comisión Paritaria en la que están representados las intendencias y comunas, estableciendo un mecanismo de formación del salario para los trabajadores municipales en base a la negociación colectiva, que constituye una de las grandes conquistas de la evolución jurídica en los países civilizados, y órgano de inestimable valor para la paz social".

También destacó en apoyo de la validez de esta ley que "los mecanismos de negociación colectiva encuentran fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, en el Convenio nro. 154 sobre fomento de tal negociación adoptado por la Conferencia General de la O.I.T., el 19.6.1981, y ratificado por la ley 23.544, que reafirma la obligación de fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, y, en lo que refiere a la Administración Pública, prevé la posibilidad de que la legislación o la práctica nacional fijen modalidades particulares de aplicación del convenio, dictándose en 1987, en el orden nacional, la ley 23.545 y en la Provincia de Santa Fe, las leyes 9996 y 10.052, en 1986 y 1987, respectivamente".

Pues bien: ninguna de estas razones -que, como se vio, ya fueron evaluadas por el Tribunal al analizar planteos similares al presente- es enfrentada por los recurrentes de autos, quienes se limitan meramente a afirmar -sin ningún desarrollo argumental- que "en el ámbito público las negociaciones colectivas tienen un carácter supletorio".

Tan magro esfuerzo, frente a las razones expuestas, no alcanza para concluir en la inconstitucionalidad de la ley 9996.

En cuanto a que ninguna Convención Colectiva puede modificar lo establecido por una ley anterior, corresponde señalar que, tal como este Tribunal ya lo entendió en el precedente "Rivero" (de A. y S. T. 135, pág. 211) -caso en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja por denegación del recurso extraordinario federal (C.S.J.N., 11.11.1997, causa R.338.XIXIII)-, la incidencia de las decisiones de las Comisiones Paritarias en la fijación de los salarios de los agentes de los municipios y comunas de la Provincia se encuentra legalmente habilitada.

En esa causa el Tribunal expuso cuál es la interpretación que corresponde asignar a las modificaciones introducidas por la ley 9996 al Estatuto de la ley 9286.

En particular, tuvo en cuenta la disposición del artículo 2 de aquella norma (transitorio), según la cual "hasta tanto no se conforme y se expida la Comisión Paritaria sobre la Política Salarial del sector Municipal y Comunal, seguirá en vigencia el artículo 133 del Anexo II de la ley provincial 9286/83".

Pues bien, se ha entendido que esta última norma es decisiva para el caso, pues de ella puede colegirse el alcance de las funciones que la propia ley asignó a dicha Comisión, ya que no parece razonable sostener que la facultad de "expedirse" sobre una determinada "política salarial" se agotara en la mera posibilidad de establecer sólo el sueldo básico que le correspondería a la categoría 1, manteniendo el resto de las cuestiones salariales en el marco del automatismo creado por la ley 9286, consistente en adicionar a ese sueldo básico su mismo valor (artículo 49, inciso 4) para de ese modo determinar la asignación de la categoría de ésa y de las restantes Categorías del escalafón (artículo 78).

También se sostuvo -mediante razonamientos que asumo para juzgar la presente causa- que surge evidente que la intención del legislador, al sancionar la ley 9996, admitía la posibilidad de que las decisiones paritarias derogaran determinados tramos del régimen de la retribución; entre ellos, el artículo 78, para lo cual no exigió proceso homologatorio alguno.

Expresamente el Tribunal formuló la salvedad consistente en que "desde luego, nada de lo anterior excluye la posibilidad de que las Municipalidades y Comunas de la Provincia mejoren la situación de sus agentes respecto de las condiciones establecidas por la Comisión Paritaria, pues -en principio- nada impide que las Administraciones municipales o comunales retribuyan el trabajo de sus dependientes por encima de los mínimos legales, si les resulta presupuestariamente posible y es compatible con la adecuada satisfacción de los intereses públicos que persiguen ("Pavón"; A. y S. T. 109, pág. 373); principio éste que encuentra apoyo normativo en el artículo 135 del Anexo I de la ley 9286, y aun en lo decidido por la Comisión Paritaria según acta de fecha 19.4.1990, en la cual se ratifica que la política salarial acordada tiene el carácter de nivel único, mínimo y obligatorio para los entes.

Entiendo que lo expuesto basta para desechar el agravio en cuestión.

Pasando a la afirmación de que la ley 9996 resultaría inconstitucional por provocar la indefensión de los agentes al haber establecido que las decisiones que adopta sean "irrecurribles" (f. 99 vto.), entiendo que constituye un planteo que debe ser desechado sin mayores consideraciones, a poco que se observe que se trata de una alegación que no tiene sustento ni en la letra de la ley ni en ningún otro dato del ordenamiento jurídico aplicable al caso.

Por el contrario: soslayan los actores que la deducción de causas como la presente permite verificar precisamente lo contrario, esto es, que las decisiones de las Comisiones Paritarias resultan plenamente justiciables -ello, más allá de lo que se resuelva respecto del fondo de la cuestión-.

Similares consideraciones merecen los planteos vinculados a que la ley 9996 habría creado un órgano que tiene facultades ilimitadas.

En efecto: no sólo que la propia ley 9996 contiene diversas normas que aluden a aspectos propios del funcionamiento de la Comisión Paritaria y al alcance de sus resoluciones, sino que la falta de una precisa y detallada mención de los límites de su actuación no puede interpretarse -al menos en casos como el de autos- como negación de las exigencias impuestas por la razonabilidad, por un lado, y por los fines para los que la Comisión Paritaria fue creada, por otro.

Así lo entendió este Tribunal en el precedente "Rivero" (citado), en el que tuvo oportunidad de señalar, respecto del primero de los requisitos señalados, que sabido es que el presupuesto básico de la acción de la Administración Pública es la realización del interés público (cfr. A. y S. T. 37, pág. 313; T. 46, pág. 488; T. 47, pág. 2; T. 48, pág. 486; T. 49, pág. 57; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; T. 74, pág. 281) y que, en esta tarea, debe necesariam "En consecuencia -continuó-, se optaba por aludir a derechos de los agentes estatales y no a facultades de su empleador; derechos que como cualesquiera otros deben adecuarse a exigencias mínimas de convivencia y coexistencia y, además, a la significativa circunstancia de que la contraparte de la relación persigue objetivos y cumple cometidos que interesan a todos; persigue objetivos y cumple cometidos ligados al bien común.

Señaló también que "las garantías que protegen todo tipo de trabajo y el ejercicio del llamado 'ius variandi' conoce, en el ámbito administrativo, una limitación relacionada directamente con los fines públicos de la persona jurídica empleadora", concluyendo en que "dicho ejercicio es controlado judicialmente (véase C.S.J.N., "Reaseguradora Argentina S.A. c/Estado Nacional", Set. 13- 1990 y comentarios de G. Bidart Campos en E.D., lunes 27-5-1991, nro. 7749,), mediante el juicio de razonabilidad constitucional; por medio de la pauta o standard jurídico de razonabilidad con la que se supone se resolverá en cada caso concreto el delicado equilibrio entre intereses opuestos ... y que permite, en suma, conocer si existe adecuación del medio utilizado al fin propuesto".

Y en lo atinente al segundo de los límites señalados -el establecimiento del régimen salarial del personal municipal y comunal- se dijo que "sin perjuicio de la posibilidad de que -en principio- pueda llegar -la Comisión Paritaria- a pronunciarse sobre otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, es claro que no podrá afectar a aquellos elementos que hacen a la esencia misma de la relación de empleo público, algunos de los cuales no están siquiera en manos del legislador.

Al respecto, debe tenerse especialmente en cuenta que la ley 9996 implicó sólo una modificación al Anexo II de la ley 9286, y no a su Anexo I, razón por la cual la Comisión Paritaria no podría en principio adoptar medidas que impliquen la virtual derogación de alguno de los derechos enunciados en el artículo 15 de dicho Anexo I; a lo sumo, podría precisar alguno de sus contenidos (como en definitiva lo hizo respecto del derecho a la "retribución justa").

A su vez, no podría privar a la Administración de las potestades mínimas cuyo ejercicio hacen a la naturaleza pública de la relación, ni, en fin, a dicha relación, de las notas características que permiten definirla como pública.

El Tribunal fue preciso cuando recordó que "la Comisión Paritaria, en el desarrollo de su actividad, ha tenido bien en claro el ámbito de su competencia", destacando que "el artículo 7 del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión (aprobado en fecha 12.5.1987), establece que "la Comisión Paritaria se abocará a fijar la política salarial para el sector municipal, a la revisión integral de la ley 9286 y 9256 y toda otra cuestión de relación administrativa-laboral inherente al personal de Municipalidades y Comunas".

"Como se observa -continuó- sólo se alude al establecimiento (o 'fijación'), por decisión paritaria, de la política salarial del sector, sin que exista elemento alguno que permita afirmar que, en la intención de los miembros paritarios, estaba la de modificar la ley en los restantes aspectos con prescindencia de la intervención del Poder Legislativo.

Por el contrario, diversas tratativas (así, por ejemplo, en la reunión de fecha 24.3.1988, el señor Intendente Muriel planteó la situación de 'asfixia' de las Municipalidades y dijo que por eso es urgente 'comenzar a discutir la modificación a las leyes 9286 y 9256'; en la reunión de fecha 27.9.1988 diversos miembros paritarios se lamentaron de que se frustara la intención de avanzar en temas tales como reforma de las leyes 9286 y 9256; del acta correspondiente a la reunión del día 27.3.1991, surge que la FESTRAM quería presentar un proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo; etc.) culminaron con la creación de una Comisión Especial con integración paritaria que tendría como finalidad la elaboración de unos anteproyectos de leyes que contemplaran, además de un nuevo mecanismo de discusión salarial y condiciones de trabajo, la reforma a las leyes 9286 y 9256.

Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial se comprometió a enviar a las Cámaras, "los anteproyectos resultantes del acuerdo" (ver acta correspondiente a la reunión del día 2.9.1992).

En fecha 16.9.1992, la Comisión especial ad hoc planteó la elaboración de un anteproyecto tendente -además de la derogación misma de la ley 9996- a la modificación del Estatuto, Escalafón y Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias del personal municipal y comunal".

Quedan, de este modo, desechadas las tachas de inconstitucionalidad analizadas.

2. Despejado lo anterior, se observa que, tal como lo indica la demandada, las restantes cuestiones a debatir en la presente causa, en sus aspectos relevantes, resultan sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas por este Tribunal en el precedente "Rivero" (citado).

En esa oportunidad, el Tribunal concluyó, una vez aclarado que la Comisión Paritaria constituía el órgano administrativo con competencia para fijar la política salarial, que la actuación de estos órganos, durante el período analizado -el mismo, sustancialmente, a que refiere esta causa- no podía tacharse de irrazonable.

Por razones de brevedad, corresponde remitir a las consideraciones efectuadas in extenso por el Tribunal en dicha causa.

3. También en "Rivero", el Tribunal, luego de concluir que resultaban legítimos los actos impugnados "en cuanto rechazaron la pretensión de los actores de que se les liquidaran sus haberes de conformidad al artículo 78 de la ley 9286 (Anexo II) desde que comenzó a tener vigencia el mecanismo establecido por la ley 9996", aclaró que "nada de lo anterior excluye la posibilidad de que las Municipalidades y Comunas de la Provincia mejoren la situación de sus agentes respecto de las condiciones establecidas por la Comisión Paritaria", pues en principio "nada impide que las Administraciones municipales o comunales retribuyan el trabajo de sus dependientes por encima de los mínimos legales, si les resulta presupuestariamente posible y es compatible con la adecuada satisfacción de los intereses públicos que persiguen" ("Pavón"; A. y S. T. 109, pág. 373).

Este principio encuentra apoyo normativo en el artículo 135 del Anexo I de la ley 9286, y aun en lo decidido por la Comisión Paritaria según acta de fecha 19.4.1990, en la cual se ratifica que la política salarial acordada tiene el carácter de nivel único, mínimo y obligatorio para los entes.

En ese mismo razonamiento entendió que "el dictado, por la demandada, de los decretos 2312/90 y 2921/91 (este último, por lo demás, posteriormente dejado sin efecto), no pueda sin más significar el reconocimiento de que el artículo 78 del Anexo de la ley 9286 era en ese momento aplicable; en todo caso, debe ser considerado como el resultado de medidas -en tales condiciones, legítimas- tendentes a mejorar la situación del personal, para lo cual válidamente puede servir como pauta el mencionado artículo 78".

Como se observa, el Tribunal ha entendido que esos decretos ni siquiera le otorgaban razón a los agentes beneficiados por los aumentos allí dispuestos -demandantes en "Rivero"- en el sentido de que implicaban la efectiva vigencia de la escala del artículo 78.

En tales condiciones, tampoco la pretensión de los recurrentes puede prosperar con base en el agravio de la desigualdad de trato que dicen haber padecido por el dictado de tales decretos.

En efecto: siendo que no se encontraba vigente la escala de coeficientes mencionada, la utilización de ella a modo de "pauta" para fijar una política salarial que abarca sólo a un sector del personal, no le otorga sin más derecho a otros grupos a que le sea aplicada.

No debe perderse de vista en este sentido que los recurrentes no impugnan directamente los decretos mencionados por considerarlos en sí discriminatorios en cuanto establecen una cierta política salarial para el personal jerarquizado y no para los sectores inferiores.

Por el contrario: de la lectura de la demanda, se extrae que esos actos son traídos al nivel de argumentación a los fines de probar la efectiva vigencia de la escala del artículo 78 para esa época -lo cual, por lo visto, ha sido desechado-.

Sin perjuicio de ello, de entenderse que mediante este planteo están acusando un supuesto de desigualdad de trato, correspondería igualmente desecharlo atento su manifiesta falta de argumentación y prueba, la cual era particularmente necesaria a la luz de los criterios jurisprudenciales fijados por este Tribunal respecto de la justiciabilidad de los actos administrativos que establecen políticas salariales (A. y S. T. 112, pág. 43).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas a los actores (artículo 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)