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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba pericial, pericia caligráfica, jueces, apreciación de la prueba, DICTAMEN NO VINCULANTE
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ERNESTO SANCHEZ Y CIA. S.R.L. c/ BANCO RIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 36 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18

Corresponde rechazar los cuestionamientos perfilados por la actora con sustento en el apartamiento del dictamen pericial pues de la lectura de la sentencia impugnada surgen expuestas las razones que llevaron a la Sala a apartarse parcialmente del mismo.

Así, los sentenciantes consideraron que "cuando se demanda al banco endilgándole responsabilidad por el pago de un cheque falsificado, el primer presupuesto que necesita de prueba es si realmente el instrumento se pago se encuentra o no falsificado, tarea que contundentemente se alcanza a través del peritaje caligráfico.

Empero, una vez acreditada dicha circunstancia es el propio magistrado el que debe compulsar con "su vista" si en el caso la falsificación se exhibe "visible" o "manifiesta", concluyendo, luego de compulsar los cheques con el registro de firmas que "han sido "dibujadas" de tal manera que a simple vista parecen "auténticas, imitando el falso autor los verdaderos trazos que pudieron haber sido utilizados en un "indubitada", por lo que se apartó parcialmente del dictamen ya que sólo con los ojos de un experto podría aseverarse que la irregularidades y/o falsificación que presenta el cheque podría ser detectadas por el empleado bancario o despertar sospechas.

Por lo tanto, no puede reputarse que la resolución haya prescindido sin motivo justificante alguno del dictamen del perito ni que tales aseveraciones priven de fuerza de convicción a las conclusiones del fallo.

Además, no le corresponde a la Corte mediante la vía intentada juzgar sobre el resultado de la valoración probatoria, sino tan sólo respecto de la ausencia o insuficiencia de dicha ponderación.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: CORSO, A. c/ EXPRESO LINIERS - LINEA 88 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

La incapacidad sobreviniente corresponde ser apreciada computando el riesgo actual de la minusvalia económica en que la víctima queda frente a la vida, del cual únicamente estaría eximido quien por su situación económica, se encuentra a cubierto de cualquier contingencia; y que el resarcimiento debe establecerse meritando no sólo el aspecto estrictamente laborativo, sino en relación con todas las actividades posibles del sujeto y el influjo de la secuela del accidente proyecta sobre la personalidad integral de quien lo sufre, siempre que de aquélla se deriven o puedan derivarse consecuencias patrimoniales perjudiciales, puesto que es ese menoscabo el que debe ser objeto de resarcimiento y no la minoración física en sí misma.
Exclusión del hogar, medidas autosatisfactivas, guarda del menor
Materia: CIVIL
Carátula: F. R. E. s/ medida cautelar de exclusion del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-14

La medida de retiro de uno de los cónyuges del hogar conyugal y su reintegro a él, así como la determinación de la guarda de los hijos y la fijación de alimentos, se inscriben dentro de las "medidas urgentes de protección sobre las personas", que no contempladas específicamente en el código procesal en el orden provincial, ha recibido tratamiento legislativo en la ley 9198 como medida urgente ante una situación de violencia familiar, marco en el cual esta alzada ha entendido, se trata en realidad de una medida autosatisfactiva, habiéndose agregado que la recuperación de la vivienda encuadrable en una acción sumarísima es ajena al ámbito específico de la denuncia por violencia familiar cuando es el excluido quien pretende su reintegro, fuera de ese ámbito, el art. 231 del C.Civ., la contempla en el marco de una acción de separación personal o de divorcio vincular "o antes de ella en casos de urgencia".
Derecho de retención, Ley de Navegación, privilegios sobre el buque, interpretación de la ley
Materia: NAVEGACION
Carátula: Enriques, Alfredo Jorge c/ Juan Tomasello S.A. Com. Ind. y F. de Ttes. Marítimos, Fluviales y Terrestres s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Aunque la preferencia asignada al retenedor no haya sido incluida dentro de la nómina de privilegios establecida en el art. 476 de la ley 20.094, ni haya sido calificada como tal por el art. 486, la cuestión no puede ser decidida sin indagar los alcances jurídicos de los aspectos sustanciales con que la ley lo ha reconocido, ya que ha sido dotado por dicho estatuto legal de eficacia para posponer a otros créditos - art. 486 - y ha sido regulado dentro de la sección segunda, del capítulo IV de aquella ley, bajo el título "De los privilegios sobre el buque, el artefacto naval y el flete", con lo que cabe inferir la voluntad legislativa de concederle un privilegio (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Alimentos, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROS DE DELGADO, Nélida c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Cuando el crédito reclamado es esencialmente alimentario, la estricta aplicación de la ley de consolidación de deudas del Estado, en lo referente al diferimiento del pago, la entrega de bonos de la deuda pública y la aplicación de los intereses allí previstos, estaría en directa colisión con el derecho a la vida y a la dignidad de las personas, tutelado en el art. 33 de la Constitución Nacional.

Es que, la compatibilidad constitucional de un sistema como el que establece dicha norma, depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, que en el caso concreto no se destruya la sustancia del derecho recurrido en la sentencia.-
Delito penal, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: B., F.-A., A.Z. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-30

Cuando la afectación al bien jurídico que protege la norma penal es muy nimia -es este caso la integridad física de la víctima, afectado por excoriaciones y eritemas de muy poca entidad-, la aplicación de pena -la mínima es de un mes de prisión- quiebra esta proporcionalidad necesaria entre pena y bien jurídico afectado, revelándose con ello que el tipo no ha querido abarcar esas conductas con afectaciones insignificantes. De no ser así, resultaría lesionada la disposición constitucional que prohíbe las penas crueles, lo que no es antónimo de piadosa, sino de racional, es decir, adecuada a la magnitud del injusto. Nuestro ordenamiento jurídico basado en los principios republicanos de gobierno, requiere de la intervención estatal de un modo diferente del reparador sólo cuando la conducta se considera socialmente intolerable dando lugar a la intervención estatal con una pena. Consecuentemente, la racionalidad que impone el principio republicano a los actos del poder público obliga a entender los tipos penales en forma tal que aunque abarquen lo textual de la descripción, representen un mínimo racionalmente exigible de entidad de peligro o lesión. A mayor abundamiento, debemos decir que en este supuesto no sólo el resultado es una nimiedad, sino que también lo es el incidente del cual proviene, lo que viene a reforzar la correspondencia con el disvalor de la acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámaras de casación, apreciación de la prueba, error de derecho, error de hecho (civil)
Materia: PENAL
Carátula: Musso, Pedro Alfredo s/ Lesiones culposas- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-08-27

El Tribunal de la casación se encuentra impedido de revalorar las pruebas o modificar los hechos, ya que no ha participado del debate, debiendo limitarse a una revisión jurídica de la corrección con que han sido calificados. De esta posición doctrinaria, seguida pacíficamente por la mayor parte de las provincias sólo se aparta la Provincia de La Rioja, que siguiendo la casación española permite al Tribunal de casación ingresar en el campo del factum para determinar si existe error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, costas, ejecución de créditos laborales, verificación tardía, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Pertenecer SRL c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito promovido por flores, carlos alberto y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

En ese marco cabe señalar que, con prescindencia de lo sostenido tanto por el acreedor laboral como por la Representante del Ministerio Público -quienes postulan la operatividad del beneficio de gratuidad previsto en la LCT 20-, lo concreto y jurídicamente relevante es que dicha norma se limita a facilitar al trabajador el acceso a la justicia, pero no implica de ninguna manera que se lo exima del pago de las costas cuando resulta vencido en el juicio y el fallo le impone esa condena accesoria (CNCom, Sala D in re "Pantin SA s/ quiebra s/ incidente de verificación promovido por Pedevila, Domingo", del 15/11/16; CNTrab, Sala IV in re "Abdelnur Perugini", del 29/05/86; Sala VII in re "Frutos", del 11/04/11; entre otros); principio que cabe aplicar cuando, como sucede en el caso, la insinuación resultó tardía.
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Foglia, Barbara c/ Mangiapani, Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Cuando la aseguradora apela en forma conjunta con su asegurado no es aplicable la doctrina legal que limita sus derechos recursivos. De otro modo la aseguradora se podría ver constreñida, por una sentencia firme a su respecto, a abonar al actor una suma superior a la que debe su asegurado y, por ende, superior a su obligación de indemnidad (supuesto en que la sentencia de Cámara acoja el recurso del asegurado y reduzca el monto de la condena) o, incluso, a pagar cuando su asegurado nada adeude y esté indemne (supuesto en que la Cámara, ante un agravio del asegurado, excluya de todo reproche al mismo).
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIULIANO ORLANDO FÉLIX c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-20

La estabilidad del agente público es el derecho del personal permanente a conservar, además del empleo, el nivel escalafonario alcanzado, en indiscutible referencia a uno de los aspectos del derecho a la carrera y que sólo es concebible en el agente que revista en planta permanente.
Divorcio, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: PEREYRA, JUAN IGNACIO c/ DUFEI, MIRIAM LUJAN s/ ORDINARIO DIVORCIO (EXPTE. Nº 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-05-28

"...en el único caso que corresponde regular el mínimo arancelario por juicio completo es en aquel contemplado por el art. 78 ap. 1º in-fine de la ley nº 7046, pues el resto de las materias tratadas en el divorcio de los cónyuges (régimen de tenencia, visitas y comunicación, alimentos y autorización para viajar) a propuesta de uno de los litigantes (confrontar escrito promocional y contestación) constituyen efectos propios derivados de la extinción del matrimonio por aquella causal (arts. 236 del Cód. Civil y 438 del Código Civil y Comercial) y no procesos autónomos que configuren alguno de los supuestos previstos en los arts. 50 y 58 de la ley arancelaria. Lo anterior no significa desconocer la labor profesional sobre dichas cuestiones accesorias, sino, tan solo, compensarla en sus justos límites (art. 1627 párrafo 2º del Cód. Civil, según ley 24.432), ya que lo contrario violenta el derecho constitucional de propiedad (art. 18 de la Const.

Nacional) y la garantía - de la misma naturaleza - de la tutela judicial continua y efectiva (art. 65 de la Const. de Entre Ríos) que deben abrigar tanto al acreedor como al deudor de la obligación. Bajo dichas pautas, los honorarios mínimos para el profesional recurrente por su intervención en la acción de divorcio debe representar 150 juristas, y los emolumentos provenientes de los demás asuntos 20 juristas (art.

3 de la L.A.), consecuencia de lo cual la retribución debatida es baja y debe ser aumentada a PESOS XX XX
Personal policial, carrera administrativa, reescalafonamiento, ascenso policial, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERGES, MANUEL MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

Si bien es cierto que en un precedente jurisprudencial la Corte denegó el reconocimiento de salarios caídos al agente policial que los reclamaba, también lo es que en ese caso se trataba de un supuesto en el que había mediado ruptura de la relación de empleo público, con la consiguiente posibilidad de que el agente realizara durante el cese otra actividad remunerativa. En cambio en el caso en estudio debe descartarse tal posibilidad, desde que el recurrente no dejó de prestar servicios para la demandada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., R. A. c/ M., A. s/ Incidente cambio de tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La apreciación de las circunstancias del caso para determinar la tenencia de menores en función del interés de los mismos y de la idoneidad de los progenitores, es una cuestión de hecho, privativa de las instancias ordinarias.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cristaldo c/ Calo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

El hecho principal a que se refiere el art. 1103 del CC no es el mero hecho del accidente sino también de la circunstancias que lo rodearon. De ahí que si en sede penal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas en que se fundó la absolución del imputado dicha conclusión no puede reveerse en sede civil.
Contravenciones de tránsito, interpretación sistemática, competencia, cuestiones de competencia, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Conductor rodado dominio OAV c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 78 de Buenos Aires s/ Artículo 78
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

Coincido con el Sr. Juez de Faltas, en cuanto entiende que la Ley Nro. 42 (vigente desde el 17/7/98) ha modificado la Ley Nro. 10, incorporando a este cuerpo normativo el Capítulo IX "Contravenciones de Tránsito", entre las que se encuentra la relativa a disputar carreras en la vía pública, y sustrayendo así de la competencia asignada a la Justicia de Faltas el conocimiento de los ilícitos legislados en el referido Capítulo IX del Código Contravencional.

La modificación aludida introduce una excepción a los principios de la parte general del Código Contravencional, puesto que el artículo 81 dispone: "En los supuestos contemplados por los artículos 75, 76 y 78, cuando sea imposible identificar el autor/autora de la contravención, se aplica el régimen establecido por los artículos 6, 8, 9 y 24 de la Ley 19.690".

La aplicación de dicha normativa no importa de ninguna manera una modificación de la competencia asignada a esta Justicia Contravencional para entender en hechos como el que se ventila en autos. Todo lo contrario, del artículo 81 ut supra citado se colige que la competencia es propia y específica de la Justicia Contravencional en razón que tales conductas han adquirido rango de contravención, y no de infracciones cuyo juzgamiento corresponde a la Justicia de Faltas.

De lo dicho se desprende que es competencia de esta Justicia conocer en las causas que se originen por contravenciones de tránsito tipificadas en la Ley Nro. 10, aún cuando no esté identificado el presunto contraventor, en cuyo caso si se tratara de alguna de las conductas previstas en los artículos 75, 76 y 78 del Código Contravencional, corresponderá aplicar para su juzgamiento las disposiciones contenidas en los artículos 6, 8, 9 y 24 de la Ley Nro. 19.690.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santillán, Daniel Omar c/ Argarate, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

La imprevista, súbita y repentina aparición de un vehículo en la línea de marcha de otro que circulaba por su mano, importa una interferencia insalvable para éste, impidiéndole evitar la colisión.

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Delegado gremial, estabilidad del delegado gremial, notificación al empleador, falta de notificación, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, DURBAL c/ HECARMA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-17

La empresa no puede escudarse válidamente en la ausencia de una notificación formal, para invocar el desconocimiento del carácter de delegado del trabajador. Especialmente si tuvo acceso a documentación de la que surge claramente la realización de elecciones en la obra que tenía a su cargo, el resultado de las mismas, de cumplimentación de datos, etc.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, gastos de prótesis
Materia: CIVIL
Carátula: Guerrero, Juan A. y otra c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Si la prótesis de la pierna que debió colocarse la víctima de un accidente de tránsito tiene una útil de dos o tres años según el tipo de material utilizado y uso y hay que cambiarla periódicamente debe aceptarse este rubro como lo hizo la jurisprudencia en anteriores ocasiones.
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA NORMA LIA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO s/ COBRO DE PESOS-CASACION CAJA SEGUROS DE VIDA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y OTROS s/ COBRO DE PESOS. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-02-26|2004-03-31

Las resoluciones que declaran desierto un recurso ante las Cámaras, no son impugnables por Casación en razón de que, por tratarse de cuestiones de naturaleza fáctica y procesal, constituyen materia reservada a las instancias de Apelación, haciÚndose excepción a dicha regla sólo cuando lo decidido revela un exceso ritual susceptible de frustrar la garantía de la defensa en juicio
Recurso de queja (procesal), suspensión del proceso judicial, devolución del expediente, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Papelera Pedotti S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa Nº 3738-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Corresponde suspender el trámite de la queja y devolver la causa a la cámara si la revocación dispuesta no importó un pronunciamiento acerca de la vigencia de la acción, sino invertir el procedimiento que corresponde adoptar, ya que en definitiva, no hizo más que subordinar la viabilidad de la prescripción -sobre la que no emitió juicio de fondo- a la decisión que pudiera dictar la Corte respecto de la cuestión principal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recusación, leyes, interpretación restrictiva, segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia, ministros, recusación sin causa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Recurso de amparo. Recurso de nulidad y revocatoria. Excusación del   Dr. Vigo (Expte CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

Advertido que sea que el artículo 247 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino es una norma de interpretación restrictiva, luce consecuente que ésta se refiera, en su primer párrafo, a los jueces de primera instancia y, en el segundo, a los vocales de Cámara ("si ...se produjere en segunda instancia...");

empero, la norma no comprende (ni de manera expresa, ni por generalización) al Tribunal Superior, en el que, al igual que en el orden nacional, imperan criterios de mayor rigor para admitir la incompetencia subjetiva, en virtud de las graves responsabilidades que derivan de la naturaleza misma de las funciones que ejerce la Corte, las que se manifiestan, entre otros aspectos, con la veda de la recusación sin expresión de causa y el cúmulo de modificaciones que introdujo, con su promulgación definitiva, la ley 11.427.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urdimberea Liria F. c/ Facio Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

El hecho principal a que se refiere el artículo 1103 del Código Civil no es el mero hecho del accidente sino también las circunstancias que lo rodearon, de ahí que sí en sede penal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas - las mismas ventiladas en esta acción- en que se fundó la absolución del imputado, dicha conclusión no puede reverse en sede civil.
Estado Provincial, emergencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDREOLI, JOSE MARIA H. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que los actores persisten en sostener que la Provincia no podía disponer la emergencia previsional si no lo era invadiendo derechos protegidos por la Constitución Nacional que sólo la ley nacional y en los límites del artículo 28 puede reglamentar; o que a pesar que es la Provincia quien debía demostrar que no tenía otra alternativa más que imponer la exacción en los haberes previsionales de los actores, su parte probó que al momento de la primera ley de emergencia 11696, tenía alternativas válidas para evitar el agravio a los derechos constitucionales de los reclamantes, como así también que en los últimos años de la emergencia, mejoró la situación general de la Provincia y dejó de registrar déficit presupuestarios, e insisten en que se había probado la confiscatoriedad de la retención a los pasivos y la violación del principio de razonable proporcionalidad, mas sin hacerse cargo de lo dicho por esta Corte al rechazar la queja deducida por la denegación del recurso de inconstitucionalidad local, donde observó válida-desde el plano constitucional- la respuesta dada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo en cuanto no admitió la inconstitucionalidad del régimen de emergencia instaurado por la Provincia por entender que no afectaba garantías constitucionales.