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Querellante, legitimación activa, calidad de parte, perjuicio directo, rechazo del querellante, diputados nacionales, derechos de incidencia colectiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAFIERO, Mario s/ ser tenido por parte...
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-04

No posee legitimación activa quien no resulta ser el afectado de modo real, especial singular y directo.

No constituye excepción a este principio el hecho de que el pretenso querellante sea Diputado Nacional, aún lego de la reforma constitucional que en su art. 43 se faculta a interponer acción de amparo al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a los fines que allí se mencionan.
Empleo público, prescindibilidad, motivación del acto administrativo, control de legitimidad, razones de servicio, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El art. 46 de la ley 23.697 sólo puede ser interpretado en el sentido de que la autoridad administrativa, al decretar la prescindibilidad por "razones de servicios", no se encontraba obligada a fundar la medida -a tenor del deber que, de no existir esta norma, le impondría el inc. e) del art. 7 de la ley 19.549-, sin que de él pueda válidamente inferirse que, frente al requerimiento del administrado -o de sus superiores- para que dé cuenta de la licitud de su conducta, el funcionario público se encuentre facultado a no acreditar que ha obrado conforme a derecho o, lo que es lo mismo, que se admita como "legítimo" que pueda haber actuado "ilegitimamente". Cuando se suscitan serias dudas sobre la legitimidad en el caso concreto, debe el funcionario acreditarla, ya que no se puede excluir dogmáticamente la eventual existencia de arbitrariedad del órgano administrativo, que -como persona que es- es humano y, por ello, falible. (Del voto del juez Buján, cons.

IV.5).
Sentencia arbitraria, fundamentos insuficientes, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cobas, Manuel Osvaldo c/ GCBA s/ daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-06

Cabe admitir el recurso de inconstitucionalidad por cuanto se sostiene en la crítica que efectúa de la sentencia por ser autocontradictoria y por haber omitido considerar cuestiones significativas para la correcta solución de la causa, planteadas por la parte actora. La defectuosa fundamentación de la sentencia afecta el derecho de defensa del actor, habilitando la intervención del Tribunal por medio del recurso de inconstitucionalidad para indicar la incorrecta aplicación de las disposiciones constitucionales que estructuran el juicio justo en la Ciudad de Buenos Aires.
Preaviso, vacaciones, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Valda, Adela c/ Bello, Olga Rosa s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-29

Para la procedencia del pago por preaviso es importante determinar si este fue otorgado o no y si fue suficiente. El preaviso fue mal concedido, al haberlo acumulado con las vacaciones, desvirtuando así ambos institutos, las vacaciones como necesidad de sustraer por un tiempo al trabajador del régimen cotidiano de tareas, no sólo para que descanse, sino también para que cambie de régimen de vida y pueda atender con más tiempo exigencias de índoles personal, familiar y social. El preaviso debe darse por el empleador por un mes o dos, según la antigüedad del trabajador sea inferior o superior a cinco años, artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, durante el plazo de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de dos horas diarias, dentro de la jornada legal del trabajo, artículo 237 de la Ley de contrato de Trabajo. Otorgarle la licencia al trabajador durante el preaviso es privarle de la licencia diaria por lo que corresponde condenar su pago, por haber resultado insuficiente.
Recurso de apelación (procesal), régimen de retiros, haber de retiro
Materia: PROCESAL
Carátula: PIGÑER, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-11-29

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia que incorporaba en los haberes de retiro los adicionales del decreto 2769/93 en carácter de remunerativos y bonificables, ya que esta situación no ha sido cuestionada en la alzada, en la medida en que los agravios se limitaron a resumir el derrotero normativo que sucedió al dictado del decreto en cuestión.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, competencia originaria
Materia: MEDIO AMBIENTE-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Olivera, Mirta Susana y otros c/ Dr. Solis Horacio y Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-08

En el caso, si bien las actividades mineras, cuyo cese se pretende, encuentran su fundamento en el informe de impacto ambiental aprobado mediante una Resolución emitida por la Secretaría de Minería de la Provincia, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, tal circunstancia no justifica la competencia originaria de esta Corte, cuando estamos frente a un caso que no está atrapado por materia contencioso administrativa.

En los presentes autos no se somete a revisión ningún acto administrativo que vulnere derechos tutelados por normas de derecho administrativo, sino que el objeto perseguido por esta acción ambiental es la protección de derechos y garantías constitucionales, lo que implica que la cuestión es estrictamente de orden constitucional y de tratados y leyes que protegen el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades involucradas, por lo que la cuestión es estrictamente de orden constitucional, en la que si bien se cuestiona el accionar de un organismo del estado, se ven vulnerados derechos constitucionales de los amparistas, que son de la competencia asignada a los jueces de grado dentro de nuestro ordenamiento procesal.

Por ello, corresponde declarar la incompetencia de esta Corte de Justicia para entender en la presente causa y, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 4 párrafo 1 de la Ley 4642, remitir la misma al Juzgado con competencia territorial en la ciudad de Tinogasta, a los fines de su prosecución.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)
Proceso contravencional, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GonzáIez Tavera, George Martin y otros s/inf. art. 82, CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

A partir de las constancias particulares de la causa, con la elaboración del acta contravencional, se produjo el primer acto del procedimiento persecutorio y a partir de allí es que comienza a operar la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, de modo que el tiempo transcurrido entre el acta contravencional y el requerimiento a elevación a juicio superó el plazo de la pesquisa figurado por el art. 104 CPPCABA, sin que el fiscal haya hecho uso de la prórroga que reconoce la norma legal. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, derechos del empleador, facultades de control, examen de salud, examen ginecológico
Materia: LABORAL
Carátula: ENGELMANN, ETHEL ROSA c/ PRODUCTOS MU MU SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

Si bien el artículo 210 de la LCT. (to.) impone al trabajador el deber de someterse al control del médico designado por el empleador, el respeto de su dignidad previsto en los artículos 68 y 70 para otros supuestos, faculta a la empleada a negarse a una revisación ginecológica.
Contratos, efectos con relación a terceros, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-03

Si los acreedores - terceros no citados en autos - no aceptaran el cambio de deudor que implica el contrato privado entre las partes, las obligaciones resultarían de imposible cumplimiento, por lo cual debe preverse para el casus la sustitución de la condena principal por el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la inejecución de lo que aquí se obliga primariamente al demandado ( art. 511 y cdts. Cód. Proc. )
Daños y perjuicios, accidente en supermercado, responsabilidad del establecimiento comercial, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. W. c/ Coto C.I.C. S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-06

El particular que transita dentro de un supermercado es un usuario que se ajusta a la categoría determinada por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, y la empresa es un típico proveedor de servicios entre los que se encuentra la protección de la integridad física de aquellos que circulan por sus corredores en los cuales es habitual que se susciten este tipo de colisiones entre personas o caídas en razón de las particulares condiciones de los pisos. La prestación que se espera obtener de los supermercados es el deber de organizar adecuadamente la custodia de las instalaciones a su cargo, con el objeto de evitar perjuicios a los clientes o personas que transitan por el local, adoptando las medidas de seguridad necesarias a tal fin.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, contrato de distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: David Bursztyn y Cía.  S.R.L. c/ Carlos Patrón y/o Transporte Patrón  S.A.C.I.F. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Debe desestimarse la postura de la actora, en el sentido de que debe adicionarse un 87% por gastos de distribución, toda vez que ella importa y a la vez distribuye entre los comerciantes minoristas los armazones uruguayos "Davico". Para hacer lugar a un importe tan elevado era preciso una demostración más completa acerca de la magnitud de tales erogaciones. Tampoco se comparte la oposición que plantea la demandada a que se reconozca un porcentaje de 60% en este caso, en lugar del habitualmente admitido por la jurisprudencia del fuero, de 40% en concepto de ganancia esperada. Si la importadora tiene, a la vez, a su cargo la distribución de los productos entre el comercio minorista, como está probado, es evidente que esta segunda actividad requiere de una estructura empresaria adicional que genera ciertos gastos. Tales gastos forman parte, sin duda, del precio mayorista de plaza, por lo que no parece exagerado admitir - como lo ha hecho el a quo - que al 40% de ganancias esperadas se sume un 20% por tal concepto.
Igualdad ante la ley, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El legislador puede tratar de modo diferente situaciones que considere diversas, con tal que el distingo no importe una discriminación arbitraria ni traduzca una ilegítima persecución o un indebido privilegio de personas o grupos de personas.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El requisito de ley escrita del principio de legalidad no se ve lesionado por el instituto de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad aplicada a los ilícitos ocurridos durante la última dictadura, pues el ámbito del derecho penal internacional prescinde -bien por definición o bien por factores coyunturales- de las reglas que subyacen al principio nullum crimen nulla poena sine lege, o al menos no es deber observarlas rigurosamente.
Impugnaciones reiteradas, efectos erga omnes, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: De la Prida, Esteban Rafael c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

La decisión impugnada, si bien omitió expedirse respecto del planteo de inconstitucionalidad "erga omnes" del Estatuto Docente (Ordenanza n° 40593) no resulta arbitraria. El recurrente no explica los motivos por los cuales no sería posible integrar las normas del Estatuto relativas al ingreso a la carrera con la ley n° 1502 y normas complementarias y reglamentarias del art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevén los mecanismos para la protección de los derechos de las personas con capacidades especiales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Desacato, declaración indagatoria, procesado, funcionarios judiciales, desobediencia a un funcionario público, amenazas, garantías procesales, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: ANCHARTE DE MOLINA s/ SOBRE DESACATO - INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

No configura el delito de desacato, la acción del procesado que, luego de prestar declaración indagatoria y al comunicarle el empleado judicial que tenía que permanecer alojado en la unidad penitenciaria tribunalicia a la espera de ser revisado por los médicos forenses, se abalanzara sobre aquél, profiriendo amenazas, porque si bien la figura mencionada no requiere la presencia del destinatario de la ofensa, sí exige la dirección objetiva e intencional de la contumelia, de manera tal que éste perciba y sienta el ultraje.

El posible encuadramiento de la acción descripta en los delitos de amenazas o el impedir o estorbar a un funcionario público para el cumplimiento de un acto público de sus funciones, no puede ser atribuido al procesado porque no fue interrogado por ninguna de esas conductas, omisión que resulta ser violatoria del derecho de defensa en juicio e impide que el correspondiente juicio evaluativo en que debe apoyarse una condena, cuente con las garantías hacia las que procesal y constitucionalmente se dirige.
Despido por imputación de delito, sentencia absolutoria, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, FELIPE BENICIO c/ COMPAÑIA QUIMICA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-27

La falta de condena en sede penal, no es inconveniente para que en el plano de la relación laboral, se configure injuria grave justificativa del despido por justa causa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, legitimación procesal, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, Estado Nacional, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina c/ Banco Argencoop Coop. Ltdo. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso  directo - Revocación de autorización para funcionar - Liquidación  (Hoy quiebra) (Expte.: C.S.J. Nro. 468 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-28

Las cuestiones procesales son, por regla, extrañas al recurso de inconstitucionalidad, salvo que se demuestre arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de defensa en juicio. En el caso, el recurrente no logra demostrar tal extremo, siendo que la Sala sustentó su decisión en que "Ab initio se advierte que la quejosa intenta adoptar en esta causa una conducta dual en relación con su legitimación para intervenir en el proceso falencial en trámite; ya que, si bien en principio menciona como circunstancia obstativa a la intervención que oficiosamente le impusiera el juez, que no reviste el carácter de parte y que tampoco pretende intervenir como tercero, con posterioridad reclama la revocación de la intimación dispuesta, en decisión propia del juicio que se trata (arts. 217, 218 y 221 ley 24522), para que la entidad bancaria que en virtud de una regulación específica (art. 14 inc. b) ley 10582 t.o. y su modificatoria ley 11387) tiene asignada la guarda de los fondos existentes, en función complementaria e instrumental de lo actuado en este proceso concursal (art. 183 ley cit.), proceda a depositarlos conforme las pautas establecidas por el juzgador... Así planteada la cuestión es notorio que cualquiera sea la naturaleza de la resolución resistida, la quejosa -por propia determinación- carece de legitimación para impugnarla por vía del recurso de apelación..." A esos fundamentos los Sentenciantes agregaron otros, apoyados en doctrina autoral, en el sentido de que sólo quienes revisten la condición de partes o los terceros se encuentran en condiciones para deducir el recurso de apelación; reiterando que el propio ente rector -hoy recurrente- había manifestado, dando razones para ello, que resultaba improcedente su intervención en el proceso concursal.
Excarcelación, prevención de enfermedades, pandemia, coronavirus, denegatoria del recurso, Servicio Penitenciario Federal
Materia: PENAL
Carátula: Nuño, Jorge Hernán y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-21

OFICIAL
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de decreto - incidente de tasa de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa judicial es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla, más allá de que la interesada pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las sumas pagadas y que sea ella la que soporte en definitiva la proporción que corresponde.
Interrupción de la prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: BOURGEOIS, ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

Lo que el legislador civil quiere por medio de principios que son aplicables al Derecho del Trabajo (artículo 257 T.O. Ley de Contrato de Trabajo) es que cualquier acto del actor que exteriorice su voluntad de ejercer sus derechos, obre como interruptivo de la prescripción -supuestos enunciados en el primer párrafo del artículo 3986 Código Civil- salvo que otro acto evidencie su voluntad expresa o tácita de dejar sin efecto el acto jurídico procesal que evidenció originariamente su pretensión -supuestos del artículo 3987 Código Civil-.
Seguros, partes, beneficiario del seguro
Materia: CIVIL
Carátula: Gaggero, Mario Enrique c/ Fabri S.A. y-u otra y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-04

De la noción de Contrato de Seguro expresada, surge que la únicas partes contratantes, y en consecuencia, con relaciones y acciones entre sí, son el asegurador y el asegurado obligados recíprocamente;

el segundo a pagar la prima y el primero a asumir el riesgo previsto como contrapartida. La vinculación de un tercero total o parcialmente extraño al contrato, debe ser observado teniendo en cuenta las posibles relaciones de derecho que ese extraño tendrá con las partes, en virtud del contrato celebrado con anterioridad. Sin duda que la víctima o tercero damnificado en el seguro de responsabilidad civil, es uno de los tantos sujetos que encuadran entre los posibles beneficiarios del seguro, que en este caso es la indemnización debida por el asegurador.
Ahorro obligatorio, reintegros impositivos, actualización monetaria, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Delfino, Eduardo A. y otros c/ D.G.I. s/ Repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

Si la posibilidad de devolución de las sumas del ahorro no fuera total por insuficiencia del mecanismo legal previsto a tal efecto para mantener a valor constante el poder adquisitivo de lo depositado, no puede dudarse de la existencia de un desapoderamiento ilegítimo de una parte de ese capital, y que habilita la intervención judicial disponiendo la actualización del crédito desde su fecha de pago, y hasta el 1ro. de abril de 1991 en base al índice de precios al por mayor, nivel general, que publica el INDEC , con más un interés del 6% anual desde la interposición de la demanda, y hasta la fecha aludida; de allí en más, y hasta su devolución, la obligación se regirá por lo dispuesto en la Ley 23.982.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: EL TRIÁNGULO SRL c/ PEREYRA, José Cristóbal s/ POSESIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-03-25

Para la adquisición del dominio por usucapión, los extremos invocados deben efectuarse de manera insospechable, clara y convincente, de manera tal, que si hubo antecesores en la posesión se debe acreditar que tanto el que el solicitante como sus antecesores en la posesión, ejercieron la misma de manera continua y con ánimo de dueño del bien durante el plazo de veinte años.
Pena de inhabilitación, aplicación de la ley penal, código penal, prisión, reclusión, Constitución Nacional, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Lago, Manuel Antonio y otros. s/ INFRACCION    ART.   189  BIS  Y  LEY  20.840.  (SEGURIDAD  NACIONAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La imposición de la inhabilitación absoluta del art. 12 del Código Penal por un tiempo que excede en más de tres años a cualquiera de las privativas de libertad del art. 5 del Código Penal, no estaría fundada en ley, y por ende resultaría contraria a lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Caducidad de instancia, incidentes, defensa de fondo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, ERNESTO J. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El juez a-quo al dar el pertinente traslado no le ha otorgado al expediente el trámite de los incidentes (art. 180 CPCC) sino el de excepción previa.

Sin entrar a analizar el acierto o no de la decisión del a-quo, que la demandada consintió (art. 170 CPCC), lo cierto es que se trata de una defensa que trajo el demandado para oponerse a la acción promovida.

No puede intentarse aplicar el plazo de caducidad de los incidentes (art. 310 inc. 2 CPCC), toda vez que el término menor establecido por la ley en estos casos, lo es por la especial circunstancia de que se ha considerado al incidente como todo acontecimiento que sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia.

En los demás casos, cuando la cuestión planteada no sea algo accesorio a la cuestión principal, sino, como en el caso, a la oposición del demandado a la acción promovida contra el -aunque sea como una cuestión a dilucidarse previamente al fondo- el plazo de caducidad es el previsto para el curso normal de la instancia (art. 310 inc. 1 del CPCC).