Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 1999-12-22


Considerando: Que el letrado apoderado de la firma Fa-Ma. y M-S. Producciones S.R.L. interpone recurso de apelación en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva de fs. 31/32 de autos, que dispone desestimar el recurso de apelación administrativa en contra de la resolución de fecha 26/1/99 y dejar firme la referida resolución que sanciona con la clausura por cinco días del establecimiento comercial del contribuyente Fa-Ma y M-S. Producciones S.R.L. y le impone una multa de $ 3.000. Asimismo al hacer un detalle pormenorizado de los hechos dice en síntesis: Que el acta de comprobación no está confeccionada conforme las previsiones del art. 41 de la ley 11.683, por lo que deviene nula, por cuanto no se han cumplido los requisitos que son esenciales a los efectos de otorgarle validez a las actas labradas por los funcionarios fiscales; que si se analiza el acta de infracción labrada por los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se observa que la misma carece de toda precisión en cuanto a las operaciones supuestamente efectuadas por su mandante en infracción a la ley, ya que los funcionarios se limitan a decir de un modo genérico "la firma contribuyente por una venta realizada por un monto superior a $ 10, no emitió factura o documento equivalente, que comprobaron la infracción "in situ"; no precisaron a qué venta se refiere, a qué cliente se vendió de tal forma, qué artículos comprende y cuál era el precio real de la operación; que la no inclusión expresa del valor de la operación debe llevar a la declaración de nulidad del acta de comprobación. Subsidiariamente sostiene que las sanciones de clausura y multa aparecen a todas luces desproporcionadas frente a una infracción carente de elementos sustanciales, dado la formalidad que rodea la misma y resultando violatorio del principio constitucional de razonabilidad de los actos del Estado, toda vez que la sanción debe ser adecuada a la importancia del bien tutelado y a la entidad de la lesión o peligro causados.

Que a fs. 45 el letrado apoderado de la firma, contestando el emplazamiento dispuesto a tenor de lo normado por el art. 151 del Cód. Procesal de la Nación dice que mantiene el recurso de apelación interpuesto, ratificándolo.

Que a fs. 48/53 el letrado apoderado de la firma, en cumplimiento a la audiencia señalada de conformidad a lo prescripto por el art. 454 del Cód. Procesal Penal manifiesta que suple la audiencia fijada en autos, conforme lo permite el art. 454 del Cód. Procesal de la Nación y fundamenta el recurso interpuesto, manteniendo el mismo y ofrece pruebas.

Que a fs. 55, la Dirección Gral. Impositiva, por medio de su letrado representante manifiesta que siguiendo expresas instrucciones de su mandante, viene a ratificar la resolución sancionatoria dictada en autos, pidiendo que se confirme la misma, desestimándose el recurso de apelación planteado en su contra por resultar improcedente y que para el hipotético caso de un fallo adverso a su mandante, hace expresa reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14, ley 48) por la gravedad institucional que ello implicaría, por lo que solicita se confirme la sentencia apelada con imposición de costas.

Que antes de entrar a resolver, sentaremos algunas premisas. Así, se ha dicho que la simple "visualización a la que alude el acta no confiere certeza a lo afirmado por los inspectores". También se dijo que "cuando existe una supuesta venta visualizada por los inspectores actuantes por el cual no se habría emitido comprobante, el cliente debe ser identificado en el acta, pues si bien la misma reviste el carácter de instrumento público, no contiene certeza de lo afirmado, sólo los dichos de los actuantes" (PET, La Ley, Jurisprudencia Penal Tributaria, p. 9 del 10/11/99). Igualmente se ha dejado establecido que "El acta de constatación de los inspectores no hace prueba de sí misma y si bien goza de la presunción de legitimidad, las imputaciones contenidas en ella pueden ser perfectamente desvirtuadas por los elementos de prueba que pueda tener el contribuyente sancionado. Por último, también se dejó establecido que la carga de la prueba incumbe a la acusación, por ende la falta de prueba conduce a desestimar los cargos" (PET, La Ley, Jurisprudencia Penal Tributaria, p. 12 del 27/7/99).

Que sentadas estas premisas y entrando a resolver, advierto que el acta de fs. 2, labrada por dos funcionarios del organismo de recaudación fiscal, consigna que la firma contribuyente por una venta realizada por montos superiores de $ 10 no emite factura o documento equivalente... todo ello se prueba con constatación "in situ" los actuantes, y manifestación verbal de la propietaria del local. En el caso, los clientes a los que no se les emitió factura debieron ser identificados por los inspectores actuantes en el acta y si bien la misma reviste el carácter de instrumento público, no contiene certeza de lo afirmado ya que sólo son dichos de los mismos. Ello es así, por cuanto las supuestas infracciones podrían haber sido comprobadas con la identificación de los clientes, los precios reales de las ventas realizadas, como así también las mercaderías comprendidas en las mismas, siendo estos remedios idóneos para corroborar lo consignado en el acta, por lo cual concluimos que el acta de fs. 2 contiene afirmaciones que no tienen supuesto probatorio y por aplicación del principio "in dubio pro reo" dispongo la revocación de la resolución apelada.

Que conforme a lo expresado en el párrafo anterior, la resolución administrativa de fecha 26/1/99, confirmada en fecha 31/5/99 que dispone la clausura de cinco días del establecimiento comercial del contribuyente Fa-Ma y M-S. Producciones S.R.L. y le impone una multa de $ 3.000 no se ajusta a derecho, por lo que resuelvo revocar las mismas, absolviendo de culpa y cargo a M. A. Ramírez, socio gerente de la firma imputada.

Que por lo considerado precedentemente corresponde rechazar la nulidad planteada por el apoderado de la firma accionada. Que conforme al resultado a que se arriba y atento a lo dispuesto por el art. 531 del Cód. Procesal Penal en su último párrafo, se exime totalmente las costas a la parte vencida.

Por ello, se resuelve: I. Revocar en todas sus partes la resolución administrativa de fecha 26/1/99 confirmada en fecha 3/5/99 que dispone la clausura del establecimiento comercial del contribuyente Fa-Ma y M-S. Producciones S.R.L. y le impone una multa de $ 3.000. Y absolver de culpa y cargo a M. A. Ramírez, socio gerente de la firma imputada conforme lo considerado. II. Rechazar la nulidad planteada por el apoderado de firma sancionada. - Jorge Paroche.