marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación suficiente, fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIMENEZ SAIDA ALICIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO POR MORA ADMINISTARTIVA-APELACION EN AMPAROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-05

El recurso de apelación no puede basarse en una mera discrepancia de la parte interesada con lo decidido por el magistrado de la instancia anterior. Deben puntualizarse los motivos que se tienen para considerarse la sentencia errónea. Así el recurso debe alcanzar suficiente técnica, es decir contar con articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores del fallo, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder jerarquía de verdad conclusiva.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MELLACE, ROQUE c/ S.A.D.A.I.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

La falta de legitimación sólo puede oponerse como excepción de previo y especial pronunciamiento, cuando es manifiesta. Pero ello, queda sujeto a la apreciación del demandado, quien de considerarla "no manifiesta" puede deducirla al contestar la demanda.
Daños y perjuicios, principio protectorio
Materia: CIVIL
Carátula: Vera, Antonio Mariano y otra c/ Ojeda, Rubén Javier y otros s/ ordinario accidentes de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-07

Cabe desechar el argumento de mayor protección de la víctima que solicitan los recurrentes, ya que dicho criterio debe ser ponderado en su justa medida. El ordenamiento protege los intereses de los damnificados y establece responsables en forma concurrente, admite un sistema de eximentes limitados y hace abstracción de la idea de culpabilidad a la hora de efectuar la imputación. Pero no puede cargar las consecuencias del hecho dañoso quien no fue su autor; la interpretación de las eximentes se debe hacer con un sentido finalista, pero sin desentenderse de su verdadera naturaleza y alcances. Cuando no hay causalidad, resulta evidente que no puede mantenerse la presunción de responsabilidad porque el daño no ha sido causado -total o parcialmente- por el riesgo o vicio de la cosa, sino por la conducta -culpable o no- de la víctima.
Costas, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Moro, Mariano S. c/ Aconcagua Compañía de Seguros S.A. s/ Embargo Preventivo. Moro, Mariano S. c/ Aconcagua Compañía de Seguros S.A. s/ Embargo Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

La condena o eximición de costas, se rige por las normas y principios generales (arts.68 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial). Así como el pronunciamiento definitivo debe serlo en favor o en contra de todos los litisconsortes, sea cual fuere la actitud individual de éstos; en principio el pronunciamiento accesorio sobre costas, debe serlo también en favor o en contra de todos. La solidaridad que une a los co-demandados y condenados en la causa principal, lo es con respecto al damnificado en el evento dañoso y vencedor en el proceso, por lo que no cabe extender dicha solidaridad entre los perdedores, en relación a sus propias costas, ya que éstas, entendidas en sentido lato y por ende comprensivas de gastos y honorarios, deben ser soportadas en forma individual y por los mismos que resultaron vencidos en el juicio, debiendo ser abonados los honorarios de los profesionales intervinientes por sus respectivos comitentes. Además si bien la sentencia en los autos principales condena a varios perdedores a soportar solidariamente las costas del juicio, cada uno de ellos deber responder a quien lo ha defendido en el proceso, ya que la solidaridad opera respecto al tercero a quien se ha ocasionado un daño por el que se lo debe resarcir, pero no con respecto a los que fueron responsables del evento dañoso.
Sentencia, nulidad de sentencia, reglas para dictar sentencias, pena, individualización de la pena, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: BOND, Emilio s/ NULIDAD DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-27

Es nula la sentencia que condena a la pena de un año en forma condicional, sin especificar la especie de pena, por cuanto ésta no se determina solamente por su medida, sino por su especie, incurriéndose en la omisión de una cuestión esencial, por cuanto la condena señala la duración puro no el contenido penal de aquello que debe durar; sin que existan referencias en los considerandos a la especie penal.

Las formalidades de la sentencia constituyen un imperativo legal que no puede ser omitido por el sentenciante, toda vez que aquélla es el acto decisorio del procedimiento y que, como ocurre en este caso, no se trata de una absolución sino de una condena la que por dictarse en un proceso criminal impone una pena, esto es, la sanción jurídica de naturaleza más grave de todo ordenamiento legal. Es sabido que detrás de las formalidades jurídicas siempre se oculta alguna garantía, y en este caso, es evidente que al omitirse el cumplimiento de la regla del art. 495 incs. 3 y 5 CPC se ha afectado el debido proceso, a que tiene derecho el justiciable y se ha introducido una resolución judicial cuyo significado, puede provocar confusión, como precedente, en el futuro.
Procedimiento laboral, desistimiento de la instancia, desistimiento de la acción, demanda laboral, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAR, ALBERTO c/ CRUSH SA. DIGEN COMPAÑIA DISTRIBUIDORA SA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-25

Carece de virtualidad para interrumpir la prescripción la demanda interpuesta, si se tuvo al actor por desistido del proceso en los términos del artículo 70 de la ley 18345, toda vez que esta norma comprende el desistimiento expreso contemplado en el artículo 3987 del código civil, máxime que esta disposición legal incluye, entre los casos en que la demanda es ineficaz a los efectos interruptivos, el de 'la deserción de la instancia, según las disposiciones del codigo de procedimientos'.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, ley procesal penal, Cámara de Apelaciones, competencia funcional, reformatio in pejus, recurso de apelación (procesal), pretensión, jueces, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L, J.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SIN  NOMBRAMIENTO DE AUTORIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 460 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que, aún sosteniéndose que la quejosa dirige su cuestionamiento en torno a la interpretación asignada por la Cámara al artículo 414 del Código Procesal Penal, sobre este aspecto el Tribunal entendió - aclarando que lo hacía a mayor abundamiento- que esa norma concede al Órgano revisor una potestad jurisdiccional amplia a los efectos de expedirse en favor del condenado en los casos en que media únicamente recurso de apelación del Ministerio Fiscal, en lo que se denomina "reformatio in melius" por oposición a la "reformatio in peius", pudiendo el "ad quem" decidir que la condena es injusta e improcedente aun cuando la queja del acusador penal verse únicamente sobre la pena, revocándola y disponiendo la absolución del imputado.

Agregando -la Sala- que cuanto más correspondía la viabilidad y legitimidad de una decisión que se expidiera también sobre el fondo del caso, cuando la condena venía recurrida por el propio condenado en un estricto apego y respeto a los principios de legalidad y defensa.

Pero estos alcances que el Tribunal confirió al precepto enunciado y que parecerían -como ya se dijo- alzarse como el centro de reproche por parte de la recurrente, fueron expuestos, como ya se adelantó, tan solo a mayor abundamiento en la sentencia, careciendo, entonces, de contenido decisorio expreso no pudiendo erigirse como "holding" de aquella y, en consecuencia, ninguna trascendencia ostentan en la especie para alterar el resultado del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, cuestión no constitucional, prueba, prueba pericial, dictámenes, tribunales de instancia única, vista de las actuaciones, audiencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CIVAROLO, RUBEN LUIS c/ SANATORIO SAN ROQUE SA Y-U OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29

Las expresiones vertidas por los recurrentes en torno al "agravio al derecho constitucional de igualdad de las partes ante la ley y de defensa en juicio", en que habría incurrido el Tribunal Colegiado al no considerar la prueba pericial producida antes del dictado de la sentencia, ya que -según el perito- pese a su presentación tempestiva, no fue recepcionada por el personal de dicho Tribunal;

no dejan de ser meras afirmaciones que -además de desprovistas de todo sustento en las constancias de la causa- no resisten lo considerado en el decisorio impugnado, en especial lo referente a que en el caso no se encontraría probada la presentación tempestiva de la pericial, desde que la primera oportunidad en la que el perito puso en conocimiento del Tribunal que la peritación estaba confeccionada -sin precisar desde qué fecha- fue con posterioridad a la audiencia de vista de causa, y que, en consecuencia, no se configuraría la situación invocada por los recurrentes, bastando ello para desestimar la queja por falta de sustento.
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, cuestión federal, oportunidad procesal, honorarios del abogado
Materia: Procesal
Carátula: Banco Regional Patagónico S.A. s/ Incidente de Verificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-04-13

En lo que refiere al planteo de la cuestión federal, no es tempestiva.

Conforme lo resuelto por el Alto Tribunal, aquel debe efectuarse al trabarse la litis o "en el primer instante que brinda el procedimiento de una manera explícita e inequívoca a fin de que los Jueces de la causa puedan tratarla y resolverla". Habida cuenta de que la apelación del auto regulatorio se efectuó sin reserva y la cuestión federal recién se plantea en el recurso de casación, ha de resolverse que el planteamiento es tardío.
Activismo judicial, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Polti, Daniel Ernesto (Intendente de la Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz s/ Conflicto de Poderes s/ Aclaratoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-17

La actual Corte Suprema de la Nación recurre cotidianamente a los efectos de ir más allá de lo peticionado por las partes, en el marco del llamado activismo judicial.

Pueden citarse algunos casos significativos, tales como el de de recomendar darles movilidad a las jubilaciones o el saneamiento del Riachuelo. También podemos apreciarlo en jueces de grado que, a nivel de ilustración, condenan a una Municipalidad a pagar daños y perjuicios por la existencia de un basural y van más allá de lo peticionado por la parte, ordenando al municipio erradicarlo. No podemos decir que se ha violado el principio de congruencia ni la regla de la bilateralidad y la contradicción.

En ese orden de ideas, cabe señalar lo que dice el actual presidente de la Corte Suprema en un trabajo titulado "Políticas de Estado para el Poder Judicial", publicado en LL -Suplemento de Actualidad del 30/08/07, pág. 2: "En el mediano plazo lo que se pretende es la definición clara del rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho, capaz de fijar límites a los demás poderes, de proteger los derechos de los ciudadanos y de brindar una gestión eficaz y eficiente", señalando más adelante que, además ". debe señalar límites y ordenar a los demás poderes que cumplan sus funciones".

En esa inteligencia, esta Corte ya se ha pronunciado a favor del activismo judicial en autos Corte Nº 11/06 caratulados "BOLLADA, Víctor Manuel en representación de la Unión de Usuarios c/Aguas del Valle S.A. y Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones -s/Amparo- s/RECURSO DE CASACION".

Por lo tanto, en el caso, requerir que el órgano deliberativo cumpla la función para la que el pueblo lo ha elegido y que le es propia no viola ningún principio constitucional de orden procesal, por el contrario, tiende a resaltar y proteger a las instituciones y a la sociedad ante los graves acontecimientos que son de dominio público y que esta Corte no podía soslayar.
Sociedades comerciales, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: VARGAS LERENA, ALVARO ANDRES C/ CADENA PAIS PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

Es sabido que la personalidad que el sistema legal atribuye a las sociedades comerciales se estructura sobre la base de la diferenciación del sujeto de derecho y las personas humanas o jurídicas que la integran en carácter de socios. Este particular modo de reglar los efectos jurídicos de las relaciones entabladas entre distintos sujetos y referidas a determinados patrimonios conduce a la diferenciación, que tiene expreso reconocimiento en el ordenamiento legal nacional, en la imputación de la responsabilidad que la actuación de la sociedad en el medio económico genere. Ello, por cuanto la sociedad tiene un patrimonio propio distinto del de los socios singulares respecto de los acreedores de la sociedad, pero esa personalidad se manifiesta no solamente en las relaciones externas, sino también en las relaciones internas, en lo que se refiere a los socios (Ascarelli, Tullio, "Sociedades y Asociaciones Comerciales", pág. 64 y 66, Ediar, Bs. As., 1947).
Motivación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: H., J.P. y Otro c/ M.T. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-14

La ausencia cierta de enunciación o explicación respecto de la existencia de alguna causa valedera que justificara la medida administrativa, lleva a la certeza moral de su inexistencia, condición en la que el acto deviene arbitrario e inválido, nulo entonces de pleno derecho.
Convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Algañaraz, Orlando José c/ Marítima Challaco S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-30

Este Cuerpo ha considerado en otros pronunciamientos sobre el tema de encuadre, se ha entendido que no por realizar -el dependiente- una actividad específica de otro convenio, su encuadre ha de ser en la otra regla convencional y no en la que corresponde a la actividad de la empresa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, regulación de honorarios, actualización monetaria, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GODOY, JULIO ESTERGIDIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (INDEMNIZACION LEY 9286)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-13

Corresponde admitir la queja interpuesta, pues habiéndose regulado los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes -de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767, texto según ley 12851-, el cuestionamiento de la unidad "jus" como medio de creación de una virtual nueva moneda que establece -según dichos de la recurrente- un mecanismo de indexación legalmente vedado resulta un planteo que prima facie puede configurar una hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción.
Transporte aéreo, daño moral, indemnización, responsabilidad del transportador aéreo, incumplimiento del contrato, líneas aéreas
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASLAVCHIK  FRANCISCO  DANIEL c/ AMERICAN AIRLINES INC s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

No es un hecho controvertido que el actor no pudo viajar en el vuelo programado. El damnificado perdió un considerable lapso de su libertad, de su tiempo y de sus actividades laborales programadas, lo cual ocasina un daño moral que debe ser reparado, el que no requiere prueba específica, porque el daño es consecuencia directa del incumplimiento contractual de la demandada. En cuanto a la cuantía, es sabido que en materia contractual el reconocimiento de una indemnización por daño moral tiene carácter restrictivo y el juez debe ponderar su procedencia en atención al hecho generador y a las particulares circuntancias del caso (cfr. Borda Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, tomo 1, ed. Perrot, 1976, pág. 194/196), siendo necesaria la constatación de molestias o padecimientos que hieren las afecciones legítimas de la víctima, es decir, que excedan la mera contrariedad por la frustración de la relación convenida y esperada. En el sub-lite, la descripción de los hechos dada en el considerando precedente, revela que el actor fue colocado -por la conducta culpable o indiferente de la demandada- en una situación de desasosiego y angustia que resulta indemnizable (esta Cámara, Sala 1, causa 4623/02 del 26.2.04; causa 5667/93 del 10.4.97; en igual sentido, Sala 3, causa 14667/94 del 17/7/97, entre otras). Es adecuado señalar que no hubo incumplimiento total de las obligaciones de la demandada puesto que, finalmente, el demandante llegó sano y salvo a destino con su equipaje, puesto que la finalidad del resarcimiento del daño moral es, en el sub-lite, proporcionar al pasajero el goce compensatorio de otros bienes con aptitud para reconfortar el espíritu mortificado, pero sin incurrir en un enriquecimiento injustificado del acreedor, considero justo confirmar la indemnización de la suma de $ 2000.
Responsabilidad indirecta, presunción legal
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Antonio José c/ Amposan SA s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-02

Con respecto a los fundamentos de la responsabilidad refleja, solo la idea de la presunción legal de culpa del principal es la que explica satisfactoriamente y justifica tal responsabilidad: quien para ampliar con cualquier finalidad su órbita de acción recurre a la actividad de un extraño que habrá de obrar para él, a modo de "longa manu" suya, tiene el deber preciso de elegir a quien sepa desempeñar el cometido, sin riesgo para tercero, y vigilarlo convenientemente con esa misma finalidad (Llambías).
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Merchan, Daniel G. c/ Oligas S.A.I.C.F.I. y A. s/ Despido injustificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Corresponde anular de oficio el fallo apelado por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad, si la sentencia dictada no proporciona los presupuestos necesarios para resolver las cuestiones litigiosas, ni expone conclusiones claras sobre temas esenciales al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad.

Ello aunque no se haya denunciado en el recurso infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia.
Honorarios, monto del juicio, juicio de apremio, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ GUEVARA CARLOS ENRIQUE s/ APREMIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-09-19

La letra de la ley es clara y categórica: impone una regulación mínima de diez jus por la tramitación total en primera instancia en el proceso de apremio. El establecimiento de ese arancel mínimo, que puede superar inclusive el monto del crédito en litigio, así como el mantenimiento de una escala mínima del treinta por ciento para las tareas en primera instancia, que permite inferir un costo para todo el pleito superior al 33%, implica descartar la tesis que descalifica por confiscatorios los honorarios que exceden ese límite.

El allanamiento del ejecutante a las excepciones opuestas tiene a los fines regulatorios, efectos análogos a un desistimiento de la demanda, por lo que resulta de aplicación el art. 41 de la Ley 8226, en cuanto la regulación de honorarios debe practicarse en función de las etapas procesales cumplidas. Sin embargo, la aplicación de la norma no provoca reducción alguna del mínimo correspondiente a la tramitación total en primera instancia, ya que el allanamiento no suprime etapa procesal alguna de las que integran el juicio de apremio, desde que la sustanciación de éste se agota en la audiencia del art. 924 del C.P.C.

Así el allanamiento no alivia la tarea profesional que corresponde a la tramitación total del pleito.

El allanamiento, aún cuando no abrevie las etapas procesales, puede y debe ser meritado a los fines de la regulación de honorarios, en cuanto elimina incertidumbre sobre el resultado del litigio y acelera el dictado de sentencia (arg. art. 35 incs. 4, 9 y 10 de la Ley 8226) pero ello sólo para cuantificar los honorarios entre los límites máximo y mínimo del arancel, no cuando la cifra a regular es única, impuesta como retribución mínima por la gestión cumplida, supuesto en el cual no cabe evaluación cualitativa alguna de la tarea profesional, salvo lo dispuesto en el art. 44 Ley 8226.-
Honorarios, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROCCHIA ROBERTO c/ GANADEROS UNIDOS  S.A s/ ORDINARIO  - HONORARIOS - INCONSTITUCIONALIDAD  LEY PROVINCIAL 8226 -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-05

El art. 120 ley 8226 ordena aplicar sus disposiciones, desde la entrada en vigencia "a toda causa o actuaciones profesionales en trámite o pendiente de regulación y en las terminadas, donde no se hubiere practicado regulación".

Esta norma prevé la aplicación retroactiva de la ley 8226 expresamente, lo que la diferencia de la anterior 8158.

Esta aplicación retroactiva está permitida por el art. 3 C. Civil, como el 118 Constitución Provincial, con al sola limitación de no afectar garantías constitucionales.

Sobre el particular existen notas doctrinarias, como así también lo dispuesto por la C.S.J.N. respecto a las leyes de honorarios y su aplicación en el tiempo.

El legislador esta autorizado a disponer la aplicación retroactiva de una ley al establecerlo así respecto de normas arancelarias, no se afectan garantías constitucionales.-
Fallos de la Corte Suprema, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación). s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-03

Las resoluciones de la Corte Suprema no son susceptibles de acción, incidente ni recurso de nulidad.