Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10


Esquel, de diciembre de 2009.- VISTO:- El recurso de apelación articulado a fs. 140 por el letrado apoderado de la parte actora, tanto por derecho propio contra los honorarios regulados en su favor por estimarlos bajos y en representación de aquélla, y ambos contra la sentencia registrada bajo el Nº 159 del año 2009 (fs. 139 y vta.), de fecha 03 de junio de 2009 y;- CONSIDERANDO:-- 1. Que en lo sustancial, el a quo resuelve 1. Establecer como valor del presente proceso a los fines de la cuantificación de los honorarios del Dr. G. G. M., la suma de $1.100.000,00 (Pesos un millón cien mil) en un todo de acuerdo a lo referido en el considerando respectivo de la presente resolución. 2. Sobre la base de lo determinado precedentemente regular los honorarios profesionales del Dr. G. G. M. en la suma de $48.000,00 con más el IVA si correspondiere, los que estarán a cargo del Sr. J. C. N. O. en un todo de acuerdo a las disposiciones de los arts. 73, primer párrafo y tercero de las pautas de los arts. 5, 6, 7, 8, 22, 31 y 38 de la Ley XIII - 4 del Digesto Jurídico Provincial (en adelante DJP) (antes arts. 6, 7, 8, 9, 23, 32 y 39 de la ley 2.200).- Por ello, se agravia, el actor, expresando a fs. 142/143 vta. los perjuicios que la mencionada resolución causa tanto al letrado como a su representada. - 2. Así, apela por derecho propio, los honorarios regulados en su favor por estimarlos bajos. Sostiene que por tratarse de una división de condominio, el monto del proceso, a los efectos de la regulación de honorarios, debe estar dado por el valor de todos los bienes objeto del proceso -determinado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 23 de la ley 2.200- en virtud de que la actuación fue en beneficio de todas las partes y no solo con relación a la cuota parte defendida como lo hizo el a quo.- Y, en representación de su parte apela las costas, entiende que no es de aplicación el art. 73 del C.P.C. que propicia las costas por su orden |en el caso de transacciones, señalando que el convenio homologado no configura una transacción y que además, su parte no fue la generadora del juicio sino que la demora de las codemandadas en la división del condominio hizo necesaria la iniciación del proceso, por lo que solicita sean impuestas a las demandadas.

Finalmente, a fs. 143vta. pto. 20 hace reserva del Caso Federal.- 3. En tanto, las codemandadas, al contestar el traslado conferido, en relación a los honorarios manifiestan que ".los mismos deben ser regulados conforme la cuota parte efectivamente recibida por cada uno de los litigantes como correctamente lo decidió el a quo."- Respecto a las costas, coincidentemente con el a quo, alegan que deben imponerse por su orden teniendo en cuenta el resultado del litigio, finalizado por un acuerdo de partes en el que se efectuaron concesiones recíprocas.-- 4. Que puesto en la tarea de analizar la cuestión planteada, en primer lugar, respecto a la regulación de los honorarios del Dr. G. G. M., entendemos que no le asiste razón al recurrente y coincidimos con el criterio del a quo, al aplicar las disposiciones de los arts. 5, 6, 7, 8, 22, 31 y 38 de la Ley XIII Nº 4 del Digesto Jurídico Provincial (antes arts. 6, 7, 8, 9, 23, 32 y 39 de la ley 2.200).- Y ello así, por cuanto -y en relación al monto del proceso que corresponde considerar a los fines de la regulación de sus honorarios profesionales- entendemos que atendiendo a que el juicio en análisis reconoce como antecedente un proceso sucesorio, su pretensión no puede exceder la porción del acervo que le ha sido asignada a su cliente y cuya individualización y asignación constituye el fin último de la pretensión de su representada. A mayor abundamiento, también ponderamos a tal fin el monto por el que prosperase su pretensión, esto es el 20 % del acervo sucesorio.

En este sentido ha dicho la jurisprudencia, que: "En los juicios de división de condominio la litis se origina en la necesidad de los actores de solicitar la partición y disponer de la parte que les corresponde. Y si nadie pretende el todo y la demandada se allanó, el objeto del juicio es para cada uno la porción que le pertenece sobre el bien. En consecuencia, aun cuando las costas hayan sido impuestas en su totalidad a una de las partes los honorarios de cada profesional han de regularse sobre el valor de la parte de su mandante o patrocinado." (SAIJ Sumario P0001759).-- También, que: "El pago de los honorarios regulados en los juicios de división de condominio es una obligación simplemente mancomunada y el reconocimiento de la obligación efectuada por uno de los deudores simplemente mancomunados no afecta a los demás" (SAIJ Sumario C0011724).-- Por los motivos expuestos, debe confirmarse la resolución apelada en orden a la cuestión planteada por el letrado.-- 5. En cuanto a la apelación intentada por la parte actora en relación a condenación en costas en el orden causado, debemos advertir que: a) En ocasión de cursarse la intimación de fs. 8, en la respuesta dada a fs. 9 por los aquí demandados, éstos manifestaron predisposición positiva a la pretensión manifestada por el Sr. J. C. N. O.; b) En ocasión de demandar, el letrado apoderado del actor manifiesta que el acuerdo ".no ha sido posible con los aquí demandados en cuanto a la valoración de los bienes y la formación de los lotes, por lo que nos vemos en la necesidad de entablar la presente demanda." (v. fs. 11 pto. II. HECHOS ap. SEGUNDO.-); c) Al contestar la demanda (v. fs. 58/60), los accionados se allanan a la pretensión del actor; d) En el CONVENIO DE PARTICIÓN PRIVADA celebrado entre las partes y que se agrega a fs. 99/101, en particular su cláusula QUINTA último párrafo, las partes consensuaron "poner fin a la pretensión objeto." del presente proceso. También en la cláusula SEXTA se hace renuncia de las acciones que pudieran corresponder en virtud de la comunidad hereditaria disuelta. Todas estas circunstancias ponen de manifiesta, conforme las reglas de la sana crítica que impone el art. 390 del rito provincial (según texto Ley XIII Nº 5 del DJP), la existencia de concesiones recíprocas a fin de fulminar el condominio existente.- Así las cosas, no existió actividad probatoria alguna de las partes relativa al material fáctico oportunamente aportado por aquéllas en sus escritos postulatorios que permita advertir la certeza de las afirmaciones del actor expuestas a fs. 11 pto. II. HECHOS ap. SEGUNDO.-), las que, reiteramos fueron negadas en ocasión de repelerse la acción. En su función, este Cuerpo estima que debe estarse al resultado arribado en la presente causa, esto es el CONVENIO DE PARTICIÓN PRIVADA que se agrega a fs. 99/101 y que en su cláusula QUINTA resolvió poner fin a la pretensión del actor.-- En la inteligencia planteada, la partición privada arribada por las partes y que se agrega a fs. 99/101, constituye sin duda alguna, una forma de transacción, en los términos de los arts. 832 y ss del Código Civil. El artículo citado define la transacción como "un acto jurídico bilateral, por el cual las partes haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas" el que -en el supuesto de autos y a los fines dispuestos por el codificador procesal- requiere de la homologación judicial para adquirir virtualidad jurídica.- Se sostiene en doctrina que: "Evidentemente, la transacción de nuestra legislación exige que el acuerdo al que se arribe debe partir de un presupuesto de conflicto o de duda al cual las partes ponen fin haciendo concesiones recíprocas e instrumentándolo a través de un acuerdo. El art. 833 del Código Civil hace aplicables a la transacción todas aquellas disposiciones relativas a la capacidad, objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, es decir, toda la normativa de los contratos, salvo las excepciones y modificaciones contenidas en el título de las transacciones. Podemos afirmar, entonces, que la transacción es una especie dentro del género de los contratos con cierta especificidad que la ley le acuerda, como la existencia de un estado de conflicto o de duda que insta a las partes a negociar y acordar un pacto sacrificando una eventual porción del derecho que les asiste en pos de solucionarlo. (.) La transacción es, pues, un contrato capaz de tener proyecciones procesales; la ley sustancial influye en el aspecto procesal en virtud de los arts. 832 y 838 del Código Civil." (cfr. LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo; "Derecho Procesal Civil"; Rubinzal Culzoni Ed.; Santa Fe; Oct/2009; Tº II; p. 158).-- Así, "(.) Concluido el proceso por transacción o conciliación, las costas se imponen en el orden causado respecto de quienes celebraron el acuerdo (art. 73, 1er. párrafo, CPCCN -modif. Ley 22.434 - [art. 74 Ley XIII - 5 del DJP, CPCC]), a menos que las partes hubiesen pactado una distribución distinta (art. 73, 3er. párrafo, CPCCN -modif. Ley 22.434 - [art. 74 Ley XIII - 5 del DJP, CPCC]). Toda vez que, como vimos, la transacción o conciliación no pueden serle opuestas a quienes no participaron en ella, congruentemente el art. 73 1er. párrafo in fine (art. 74 del rito provincial local) dispone que 'en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales.'" (v. LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo; "Derecho Procesal Civil"; Rubinzal Culzoni Ed.; Santa Fe; Oct/2009; Tº II; p. 164).

Así descripta y ponderada la cuestión planteada por los apelantes, este Cuerpo entiende que la sentencia apelada debe confirmarse en todas sus partes.- Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, --R E S U E L V E 1°) CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de fs. 139 y vta.-- 2º) IMPONER las costas de esta Alzada al apelante vencido (art. 69 CPCC), regulando los honorarios profesionales del Dr. G. G. M. en la suma de $2.000 y los del Dr. H. A. S. en la de $3.000, ambas sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Instancia (arts. 5, 18 y 13 de la Ley del Arancel).- 3º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N° 17 del Digesto Jurídico de la provincia) y hallarse vacante una vocalía de Cámara.

JORGE LUIS FRUCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° CANO DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DEL AÑO 2009. CONSTE.-