Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2007-04-11


Corrientes, abril 11 de 2007.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? El doctor Rubin dijo:

I. A fs. 80/82 la a quo dicta la sentencia Nº 1/05, haciendo lugar a la demanda y declarando la inconstitucionalidad del art. 28 del Reglamento General de la DPEC, resolución 223/83, modificado por resolución 781/82 y Reglamento General del Suministro Eléctrico. Ordenando la reconexión, con costas.

A fs. 83/85 vta. se interpone recurso de apelación por la parte demandada, agraviándose en primer lugar por la presunta "intromisión" en facultades de los poderes de la administración, siendo la facturación legal y no arbitraria y que no lesiona derechos constitucionales, pues se funda en la ley 3589, decreto 6202 y el Reglamento General.

Que los derechos constitucionales no revisten un carácter absoluto, "sino en consideración a cada caso en particular", no afectando el derecho de propiedad ni los demás derechos.

También se agravia al considerar que la suspensión del servicio importa una lesión a los derechos de los usuarios, siendo que se trata de un servicio público y como tal, "requiere para su subsistencia y continuidad percibir los medios para poder asegurar su prestación".

Que se procedió al corte de energía por falta de pago, ajustándose a la calidad "onerosa" del servicio y autorizado por la ley, no acreditándose trámite alguno para obtener facilidades de pago, habiéndose implementado una tarifa social por resolución 205/02 y decreto 1289/02, reuniendo determinadas condiciones, con presentación de certificado de desocupación de Anses o indigencia por el Ministerio de Acción Social, "recibo de sueldo de hasta $400".

Argumentando luego sobre la "continuidad absoluta" del servicio público y los derechos de los consumidores.

A fs. 90/92 vta. contesta la actora y destaca la "extrema situación" en que se halla la misma y su grupo familiar, con el marido afectado de diabetes, enfermo del corazón, etc. y los precedentes del caso.

La sentencia destaca también el estado de postración e indigencia familiar que aqueja a la actora y recalca que "al no ser impugnado por la contraria, debo tener por acreditado tal extremo", lo que no fue agraviado por el recurrente.

De igual manera la consagración por la a quo, que en esas condiciones "el suministro de energía eléctrica se convierte en un elemento vital y trascendente para la salud de la familia" y de esas circunstancias y la existencia de derechos de tercera generación y el riesgo que corre la salud familiar, con más el rol que debe asumir el Estado, estima que el artículo citado viola esos derechos fundamentales.

II. Del desarrollo realizado por la sentencia y los escritos litigiosos, se extrae que no es el artículo en sí el que lesiona los derechos constitucionales, sino su aplicación al caso particular y debido a sus excepcionales condiciones de indefensión social.

La vigencia de la "razonabilidad" y el "objeto" para el cual se creó la institución, ha sido consagrado por la CSJN cuando, pese a ser legítima la fijación de la norma, su aplicación al caso la torna perjudicial para los derechos que se pretende asegurar; así, en relación a la paralización del monto del salario mínimo dijo (CSJN, 23/2/95-Bichute de Larsen c. Tintas Letta SA; LA LEY, 1995-C, 14) que, si bien se halla dentro de las facultades del PE, "es posible su revisión si se demuestra en cada caso que...configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar".

En "Itzcovich, Mabel c. Anses", (I.349.XXXIX), reivindica el "principio de razonabilidad", que exige la coherencia de los preceptos con las normas constitucionales, de manera que, "su aplicación no resulte contradictoria" (Fallos: 316:3104-considerando 11).

En ese fallo, que establece la inconstitucionalidad de un recurso de la ley de solidaridad previsional expresa: "ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y las circunstancias objetivas relacionadas con ellas".

Y, "La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; ello por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como la judicial" (Fallos: 249:37; 302:1284).

Es así que en "Itzcovich" (voto del doctor Lorenzetti) se diferencia la "interpretación adaptativa", "la inconstitucionalidad sobreviviente" y la "descalificación por los efectos derivados de la aplicación de la norma jurídica", cuando "toda interpretación constitucional consiste en adjudicar un sentido a la norma jurídica".

Y la "declaración de constitucionalidad sobreviviente ha sido utilizada para invalidar una regla afectada por las transformaciones históricas y sociales", es así que "en el caso se trata de una norma que, a lo largo del tiempo de su aplicación, demostró un efecto contrario al que ella misma perseguía y al sistema de valores y principios constitucionales".

Que, "el elemento a considerar no es sólo el contexto de sanción de la norma, sino el de aplicación, de modo que pueda ser sometida a un proceso de verificación de la permanencia de su adaptación constitucional".

La misma CSJN aclara que hasta el presente se acató la norma, pero ello no inhabilita al Poder Judicial, ni al que vota, para declarar su inconstitucionalidad, "porque esta conclusión se logra luego de verificado el contexto de aplicación de la legislación cuestionada" (doctor Lorenzetti).

III. Planteado así el esquema de la consecuencia injusta de la aplicación de una norma legítima, lo inconstitucional se halla en que, al aplicarse en condiciones de indefensión de salud y económicas, causa verdadero agravio a los derechos de las personas consagrados en nuestra CN, cuyo articulado es ley suprema de la provincia de Corrientes (Art. 1º- Constitución provincial).

El derecho de acceso al consumo y a una economía sustentable: El art. 42 de la CN establece mecanismos de protección a los consumidores y usuarios de bienes y servicios y la obligación de las autoridades para proveer la educación para el consumo y la defensa del equilibrio de los mercados.

Ello presupone un "derecho de acceso al consumo" y su impedimento entraría en la esfera de la discriminación; pero que ocurre si el impedimento es de tipo económico o desigual, quebraría la igualdad del art. 16 de la CN, constituyendo por ello un derecho no expresado pero supuesto dentro del art. 33 de la Carta Magna.

A su vez, el art. 43 otorga la Acción de Amparo para su reclamo; el art. 41 (CN) al adoptar el "desarrollo sustentable" como modelo de desarrollo, determina el piso y, si un habitante no tiene acceso al consumo en sus necesidades básicas, se incumple con la sustentabilidad social.

Además de ello, la aplicación de los principios de equidad y solidaridad social, que subyacen en los derechos de tercera generación, fundamentan también esa sustentabilidad, afectada ésta por la indigencia de determinados componentes de la sociedad.

Consagrada la necesidad y su derecho a satisfacerla, el Estado no puede darle un trato común, atento a su carácter oneroso y de autosatisfacción económica, pues el Estado posee otras obligaciones cuya jerarquía es superior. Como ser vigilar las necesidades básicas de la población.

Como lo expresó Pérez Bustamante, Laura ("El acceso al consumo como derecho social: vivienda, salud, educación y alimentación" - DJ, 2004-3, 77), "los individuos tienen derecho a acceder a un nivel de consumo compatible con el desarrollo sustentable; los poderes públicos -legislativo, ejecutivo y judicial- tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para la efectividad de aquel acceso y se encuentran sujetos a responsabilidad frente al poder que la Constitución confiere a toda persona -"soberano" en términos constitucionales- para obtener la satisfacción concreta de sus pretensiones amparadas por una garantía constitucional".

Y, "Al respecto, es oportuno recordar que la finalidad del principio de la división de poderes es la de asegurar los derechos de los individuos, tal como entendiera Montesquieu; y, consecuentemente, no puede ser utilizado de manera de obstar a su efectivización".

Es así que, lo Contencioso Administrativa y Trib. de la Ciudad Autónoma de Bs. As., sala I, "in re"- "Ortiz, Célica y otros c. GCBA" (Pérez Bustamante-ob. Cit.-llamada 9) ha dicho: "Frente a un estado de necesidad de los derechos fundamentales como son la vida, la salud o la educación, los tribunales de justicia están habilitados para emitir mandamientos judiciales dirigidos a tutelar, en tiempo real, la situación de emergencia que vive la persona, dentro del contexto de recursos con que cuenta el patrimonio público, por supuesto. Pero haciendo agotamiento de la investigación recursiva, pudiéndose ejecutar bienes o partidas no afectados a otras prestaciones también esenciales a otros derechos individuales o de la sociedad en su conjunto. Todo depende del sentido de razonabilidad con que se tomen las medidas".

No se debe olvidar que la demandada DPEC es parte del Estado provincial y su carácter de entidad autárquica no la sustrae de las obligaciones que conforman al Estado en su conjunto.

IV) La energía eléctrica, como parte de esas necesidades básicas, ha sido consagrada en la sentencia recurrida cuando dijo: "el suministro de energía eléctrica se convierte en un elemento vital y trascendente para la salud de esa familia", afirmación que no fue negada, desmentida o rechazada por la demandada, no siendo motivo del recurso.

Y ese derecho a la salud se destacó por la CSJN el 25/9/01 en "Imbrogno, Ricardo c. IOS"-La Ley "on line" y otros fallos anteriores y posteriores; donde expresó que, a fin de garantizar la plena vigencia de un derecho social como el derecho a la salud, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados asimilados, "procede EXIGIR de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación".

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XI); Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5º inc. e), pto. IV) y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc. f); consagrados en el art. 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/85 vta.. Con costas a cargo de la parte demandada. Intimar a los letrados para que, dentro del término de cinco días, denuncien su posición ante la AFIP, bajo apercibimiento de considerarlos monotributistas.

El doctor Niz dijo:

No comparto el voto del distinguido colega preopinante, por los siguientes fundamentos.

La alegada existencia de otros remedios procesales que hacen inadmisible la vía de amparo no es postulable en abstracto, pues la posición de los representantes de la D.P.E.C. de la mencionada existencia depende -en cada caso- de la concreta situación motivante del pleito.

Así, y con arreglo a la doctrina del Superior Tribunal, comporta fundamento dogmático sostener que la cuestión debió ventilarse por otra vía y no del amparo cuando -como ocurre en el caso- siquiera se visualiza cual haya sido la defensa o la prueba que acaso el proceso sumarísimo hubiese impedido deducir o producir.

"La C.S.J.N. ha señalado que la existencia de otras vías procesales aptas no es postulable en abstracto, sino que depende en cada caso de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación como es obvio, es propia del tribunal de grado " (U.C.D. c. n. de C s/amparo, fallo al 6/6/95).

En ese orden de ideas, a priori advierto que la presente cuestión no requiere un mayor debate y/o amplitud probatoria que justifique ocurrir a las instancias ordinarias para dirimirla.

Respecto del segundo agravio, el párrafo 1º del art. 42 incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, expresa "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a acondiciones de trato equitativo y digno".

La norma se refiere básicamente a los denominados "derechos sustanciales" (a la vida, a la salud, protección de intereses económicos, a la calidad de productos y servicios, a la justicia contractual etc.), pero también se ocupa de los llamados "derechos primarios fundamentales" (acceso al consumo, a la libertad de elección, al trato equitativo y digno, a la educación para el consumo, etcétera).

En el importante contenido del artículo que analizamos, cabe señalar las cláusulas referidas a la "protección de la salud" seguridad e intereses económicos, emergentes de la relación del consumo y del uso de bienes y servicios. Es decir que la norma trata de evitar menoscabos que pueden producirse en el consumidor a causa de bienes o servicios de mala calidad.

La protección de la salud y seguridad son propias del poder de policía del Estado, que además, según este artículo, debe tratar de resguardar la igualdad en el negocio jurídico (entre los consumidores y los intereses de los proveedores del mercado de bienes y servicios).

Ahora bien los referidos derechos se encuentran sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio, ya que no existen derechos constitucionales absolutos sino que todos ellos son susceptibles de reglamentación y deben, cada uno, realizarse de modo acorde con los demás a fin de asegurarles a todos un ámbito de validez y efectividad.

La Corte ha dicho reiteradamente que sería antisocial admitir derechos ilimitados, de lo que se colige que no hay derechos absolutos.

"Los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 28 de la Ley Fundamental), y tales restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de neutralizar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la determinaron" (del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte) C.S.J.N. 328-1-2005, fs. 690.

Ello significa que todos son susceptibles de reglamentación, no sólo para salvaguardar los derechos de los demás individuos sino para preservar el bien común.

El poder de policía es consecuencia precisamente del carácter relativo de los derechos. En efecto, reconocidos aquellos por la ley fundamental, resulta indispensable regular la forma y modo de ponerlos en práctica, pues de lo contrario reinaría la anarquía.

La existencia de una sociedad ordenada es un requisito necesario para el goce de los derechos, por lo cual aun cuando lo principal sea la vigencia de los derechos individuales, debemos resignarnos a limitar algunos de ellos en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del orden social.

En la sistemática de la Constitución el poder de policía no aparece expreso bajo la denominación que la doctrina le asigna, emergiendo sin embargo como una potestad regulatoria a tenor de la prescripción contenida en el art. 14 cuando establece que: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio ...".

Asimismo el Pacto de San José de Costa Rica prescribe que: "(...) los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (...)" (art. 32.2).

En esta línea argumental, considero que el derecho reconocido por la constitución a favor de los consumidores, se encuentra limitado en este caso por el Reglamento General de Suministro Eléctrico, aprobado por Resolución de Intervención 568/00 y sus modificatorias 620/01, 623/01, 020/02 y 624/03 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes el 25 de enero de 2002, que atribuye a la entidad prestataria del servicio público el poder de suspenderlo sin necesidad de previo aviso ni interpelación judicial o extrajudicial cuando medie mora en el pago de facturas (art. 2.8).

El servicio de energía eléctrica es un servicio público de carácter oneroso, no se presume gratuito y el corte de energía ante el incumplimiento de pago del usuario es su resultado.

Lo expuesto revela por si mismo la improcedencia de la acción entablada en autos ni bien se constata la legalidad del proceder del demandado, actuar que tampoco merece ser reprochada de arbitrario.

Ello así pues si por razonabilidad entendemos a la norma como adecuada a los fines que contempla y no descalificable por razón de inequidad (C.S.J.N. Fallo: 304:972, 978) estimo que del análisis de la normativa vigente se observa que existe una frondosa reglamentación tendiente a proteger a aquellos consumidores que se encuentran impedidos de cumplir con el suministro.

En efecto, la D.P.E.C. ha implementado la tarifa social mediante la resolución 205/02 y homologada por decreto del Poder Ejecutivo 1289/02 para atender a usuarios con dificultades económicas, por la que se otorgan a los usuarios amplias facilidades para cancelar sus deudas, como así también innumerables planes moratorios.

Sin embargo no advierto del examen de estos actuados documentación que acredite propuesta de acogimiento a la mencionada normativa por parte de la recurrente, como así tampoco prueba suficiente de la carencia de medios para afrontar la deuda requerida en debida forma.

Se desprende de las actuaciones, que la actora posee innumerables facturas impagas y pretende que se la exceptúe de pagar la deuda que mantiene con la D.P.E.C., lo que de recepcionarse iría contra el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la C.N.

No advirtiendo entonces ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder atacado, corresponderá en mi opinión hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 83/85 y en consecuencia revocar la sentencia apelada rechazando la demanda de amparo entablada. Con costas a los vencidos e intimar a los profesionales intervinientes para que en el término perentorio de cinco días acrediten su condición frente al IVA, bajo apercibimiento de regularse los honorarios como Monotributistas (S.T.J. Ctes. Acdo. 18/06 pto. vigésimo).

El doctor Semhan dijo:

Que adhiere al voto del doctor Niz, por compartir sus fundamentos.

El doctor Codello dijo:

Que adhiere al voto del doctor Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente sentencia: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/85 y en consecuencia revocar la sentencia apelada rechazando la demanda de amparo entablada. Con costas a los vencidos. 2) Intimar a los profesionales intervinientes para que en el término perentorio de cinco días acrediten su condición frente al IVA, bajo apercibimiento de regularse los honorarios como Monotributistas (S.T.J. Ctes. Acdo. 18/06 pto. vigésimo). -Carlos Rubin. -Fernando A. Niz. -Guillermo H. Semhan.