Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, querellante, calidad de parte, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: " Vergez, Héctor Pedro s/ apela rechazo de excepciones y planteode nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

"La pretensión de Víctor J. Coccoz de actuar como querellante en este proceso, dada su calidad de hermano de Javier Ramón, encuentra respaldo en su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción (arts. 33 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8.1 CADH, art. 14 PIDCP)".

"Frente a ese derecho la oposición de la defensa sobre la base de una lectura restrictiva de la norma prevista en el código de forma -art. 82 del CPPN- contradice, de inicio, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna (Fallos 315:1492) y dado que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias (Fallos 239:459)".

"Justamente, en el caso Urteaga (Fallos 321:2767) la Corte aplica esa doctrina para reconocer al hermano de una persona desaparecida durante la última dictadura militar el derecho de accionar para obtener información sobre su fallecimiento y, en su caso, la localización de sus restos. Más allá de los aspectos relativos a la instrumentación de ese derecho, allí se dijo: que el actor era titular del derecho de esclarecer las circunstancias en que se había producido la muerte de su hermano con quien lo unía un vínculo parental sancionado legalmente, que integra su estado de familia y constituye un atributo de su personalidad cuya tutela se desprende del art. 33 de la Constitución Nacional (voto de los ministros Augusto C. Belluscio y Guillermo A. F. López); que proteger el derecho a conocer todo lo relativo a la muerte de un familiar cercano ocurrida en las circunstancias referidas significa, en última instancia, reconocer el derecho a la identidad y reconstruir la propia historia, los cuales se encuentran estrechamente ligados a la dignidad del hombre (voto del ministro Enrique S. Petracchi); y que los vínculos familiares, que determinan el estado de familia, integran la identidad de la persona (voto del ministro Gustavo A. Bossert)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler).

"En lo que al hecho respecta, en este mismo proceso se ha dicho que "para experiencias como las aquí analizadas es útil reparar, a su vez, en que el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias reconoció en su tercer informe a la Comisión de las Naciones Unidas que la desaparición forzada podría en sí constituir ipso facto tortura y otros malos tratos prohibidos, conclusión compartida por el Comité de Derechos Humanos, teniendo principalmente en cuenta su larga duración. Así lo recuerda uno de los sucesores de Kooijmans, el relator especial Sir Nigel Rodley, quien reafirmó que "las desapariciones forzadas son ilícitas con arreglo al derecho internacional y causan mucha angustia sea cual sea su duración, y al mismo tiempo está convencido de que hacer desaparecer a alguien es una forma de tortura o malos tratos prohibidos, claramente en lo que respecta a los familiares de la persona desaparecida y cabe argüir que también en lo que respecta a la propia persona desaparecida" -las negrillas son un agregado- (v. c. 39.746 "Vergez, Héctor Pedro s/ procesamiento", reg. 574, rta. 15/6/07 -del voto de Eduardo R. Freiler-)"(Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler)."En cuanto a la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, ella es consecuente con el criterio amplio sostenido por esta Cámara en materia de legitimación para asumir el rol de querellante, particularmente cuando se investigan hechos pasibles de ser caracterizados como delitos de lesa humanidad (v., entre otras, c. 36.260 "Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos", reg. 44, del 13/5/2004, y, de Sala II, c. 26.739 "Azic, Juan Antonio s/ excepciones previas", reg. 28615, rta. 27/6/08)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler).

"De hecho, los precedentes de ambas Salas de este Tribunal han sido expresamente tenidos en cuenta en el proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación que dio a luz actual artículo 82 bis de ese cuerpo normativo (v. mensaje del PEN nro. 1244 de fecha 10/9/2009).

Entre otras consideraciones, allí se destacó que en virtud de los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país, "el Estado tiene el deber de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones compromete su responsabilidad internacional" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler)."Los únicos límites se fijaron en torno al objeto social de la organización que, según el texto de la ley, debe vincularse "directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados" (cfr. art. 82 bis CPP)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler)."La interpretación restrictiva que postula la defensa, aferrada a la noción de particular damnificado, es contraria a tal inteligencia (v. c. 44231 "Feito, Alfredo Omar s/excepción de falta de acción", reg. 505, del 1/6/2010)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler)."Puntualmente, en lo que concierne a la Secretaría de Derechos Humanos, esta Sala Primera ha contestado las críticas referidas a su actuación como querellante in re "Rolón, Oscar Augusto s/ rechazo de excepción de falta de acción y nulidad" -c. 41.445, reg. 390, rta.

18/4/2008-. De un modo similar, lo ha hecho la Sala Segunda in re "Acosta" -c.25.766, reg. 27.626, rta. 2/11/2007-. A dichos precedentes cabe remitirse" (Del voto de los Dres. Ballestero y Freiler)."disiento con mis colegas preopinantes en cuanto a la posibilidad de extender la doctrina que emana del fallo "Urteaga" (Fallos: 321-2767) a la materia debatida en la presente incidencia. Ello así, en tanto en aquél precedente estaba en juego la presunta legitimidad del hermano de una persona desaparecida durante la última dictadura militar para deducir acción de hábeas data, mientras que en las presentes actuaciones se discute su facultad de participar en el ejercicio de la persecución penal" (Del voto en disidencia del Dr.

Farah). "Sobre la materia, este Tribunal se ha volcado en el tiempo por un amplio reconocimiento del particular damnificado como actor procesal, excluyendo al bien jurídico protegido por la norma como única pauta de determinación. Sin embargo, en esa misma línea ha fijado, como condición de acceso al ejercicio de la persecución penal particular, la necesidad de acreditar un plus en su legítimo interés que exceda aquél que resguarda el Ministerio Público Fiscal, que se revela ante la existencia de un especial, concreto y directo perjuicio para quien pretende constituirse en parte (cfr. Sala I: causa no. 27.886 "Zapletal, Lidia s/denuncia", rta. el 28/8/96, reg. 741; causa no. 28.054 "Pluspetrol Energy S.A. s/ser tenido como querellante", rta. el 26/11/96, reg. 1052; causa no. 35.540 "Spicacci Citarella, Aldo Andrés s/sobreseimiento", rta. el 14/8/03, reg. 692; causa no.

44.231 "Feito, Alfredo Omar s/excepción de falta de acción", rta. el 1/06/10, reg. 505, entre otras), no advirtiendo la procedencia de un perjuicio así valorado en la persona de Víctor Julián Coccoz como consecuencia de los hechos que damnificaran a su hermano" (Del voto en disidencia del Dr. Farah).