Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-07


En la Ciudad de San Juan, a siete días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada (Sr. Sergio Andrés Manrique), contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce en autos Nº 21726 (86664) caratulados: "Rivero, Daniela Mercedes y otra c/ Manrique Sergio Andrés y otros - daños y perjuicios"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO: La Sala I de la Cámara Civil, como tribunal de reenvío, rechaza el primer agravio del demandado Manrique. En consecuencia, confirma la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078, 2º párrafo del Código Civil y rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta respecto del Sr. Rivero (concubino de la fallecida y padre de la hija de ambos, co-actora). El tribunal también rechaza los agravios tercero, cuarto y sexto del mismo apelante, mediante los cuales este controvirtió la atribución de responsabilidad (80% al demandado y 20% a la víctima), el fundamento normativo de esa responsabilidad y el monto por el cual prosperaba la reconvención.

Para confirmar la declaración de inconstitucionalidad del artículo citado, el a quo comienza señalando que el derecho de daños ha sufrido una evolución hasta la actualidad, contando desde los tiempos en que se sancionó el Código Civil e, incluso, desde que la norma fue introducida por la ley 17.711 (1968). Dice que ese proceso se ha enderezado hacia la "humanización del derecho", especialmente, a partir de la reforma constitucional de 1994. Sostiene que, en el marco de esa transformación, la limitación del artículo 1078 violenta el principio de "reparación integral", en cuanto niega al conviviente el derecho a reclamar como consecuencia del deceso de su compañera. Agrega que está acreditado que ambos conformaban un verdadero grupo familiar, en el caso, con descendencia.

El tribunal agrega que la disposición también afecta el principio de igualdad ante la ley, en cuanto discrimina injustamente entre las lesiones sufridas por el cónyuge y el concubino. Concluye que la discriminación entre el dolor de uno y otro no se apoya en criterios razonables y objetivos, delineados a luz de una interpretación dinámica y evolutiva de la realidad, y que mantener la validez constitucional del artículo importa desproteger a la familia extramatrimonial, siendo que la Constitución Nacional (arts. 14 bis, 16 y 75, inc. 22) no efectúa al respecto distingo alguno.

En lo referente a la distribución de la responsabilidad (tercer agravio), el a quo parte de la base de considerar que el juez de primera instancia analizó prolija y detalladamente los elementos probatorios aportados. Señala que los cuestionamientos del apelante no cumplen con los requisitos impuestos por el artículo 253 del CPC, ya que no contienen crítica concreta y razonada de los argumentos del juez de primera instancia.

El tribunal entiende que la sentencia impugnada no queda conmovida por el hecho de que la víctima se hubiera abalanzado sobre la motocicleta, ya que fue el conductor del moto-vehículo quien aportó el riesgo, al incorporar el ciclomotor a la circulación. Además, porque quedó demostrado que el impacto ocurrió cuando la peatona había traspuesto gran parte de la calzada, con lo que el conductor debió extremar el cuidado y previsión a fin de evitar un accidente. El a quo concluye el análisis del agravio diciendo que el apelante no demostró en la evaluación de los hechos la existencia de error que condujera a disminuir su culpa.

El tribunal también rechaza el cuarto agravio, en que el apelante alegaba contradicción en las normas invocadas para atribuir la responsabilidad. Sobre el punto, el a quo interpreta que el juez de primera instancia juzgó la culpa de los protagonistas del accidente del siguiente modo: la del conductor, en el marco del artículo 1109 del Código Civil, y la de los restantes demandados, como responsabilidad indirecta y objetiva (art. 1113, ibídem). Con ello, descarta la contradicción, sin perjuicio de lo cual deja a salvo su opinión en el sentido de que la responsabilidad del conductor de la máquina debe encuadrarse en el artículo 1113.

El sexto agravio planteado por el recurrente se encaminaba a que se atribuyera la totalidad de la responsabilidad a la víctima; ello, en vistas a aumentar el monto por el que había prosperado la reconvención. Al fundar el agravio, el apelante afirmó que la víctima no había cruzado la calle por la senda peatonal. El a quo lo rechaza, remitiendo a las consideraciones de la sentencia de primera instancia. En ese sentido, señala que el juez de grado hizo mérito de que en el lugar no existía una senda peatonal, que la iluminación era escasa, que se trataba de una calle altamente transitada, que el embestimiento se produjo cuando la víctima ya había traspuesto más de la mitad de la calzada y que no se probó que lo hubiese hecho de manera intempestiva, abrupta o imprevisible. En función de ello, y apoyándose en el deber que incumbe al conductor de guiar la máquina con atención y prudencia en vistas a sortear cualquier obstáculo y de mantener el más absoluto dominio sobre aquel, el tribunal mantiene la distribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado.

El demandado encuadra el recurso de inconstitucionalidad en las causales de los incisos 1º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Objeta la decisión de la alzada en cuanto: a) otorga legitimación activa al concubino de la fallecida para reclamar el daño moral; b) omite tratar su pedido de atenuación de la indemnización con sustento en el artículo 1069, 2º párrafo del Código Civil; c) mantiene la distribución de culpa dispuesta en la sentencia de primera instancia (80% al conductor y 20% a la víctima); y d) también mantiene la distribución de costas.

En el marco de la causal del inciso 1º, afirma que el artículo 1078, 2º párrafo del Código Civil es constitucional. Dice que es razonable el criterio legislativo según el cual sólo los herederos forzosos de la víctima tienen legitimación activa para reclamar daño moral. Que ese límite responde a criterios de parentesco y la existencia de damnificados directos. Cita doctrina y jurisprudencia en su apoyo. Añade que, de ampliarse la legitimación más allá de lo que dispone la norma, se generaría un grave perjuicio patrimonial al causante del hecho, ya que todos los afectados por el deceso de las personas cercanas podrían intentar reclamar daño moral. Agrega que la declaración de inconstitucionalidad de las normas debe ser juzgada con carácter excepcional y restringido.

Por la vía del inciso 3º del artículo 11, ley 2275, el recurrente endilga arbitrariedad al fallo. Dice que la sentencia viola su derecho de defensa y que carece de las formas indispensables para la existencia misma del pronunciamiento (arts. 33, inc. 4, 164 y 165 del CPC).

Al respecto, dice, en primer lugar, que la sentencia carece de fundamentos suficientes para declarar la inconstitucionalidad del artículo 1078. Argumenta que el tribunal no ha determinado de qué manera el actor resulta agraviado y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del orden jurídico.

Seguidamente, afirma que el tribunal a quo incurre en contradicción al juzgar el grado de responsabilidad de las partes en la producción del accidente. Que, por un lado, el a quo dice que el memorial no cumple con los requisitos del artículo 253 del CPC, pero luego agrega que los argumentos no alcanzan a conmover la decisión del juez de grado.

En cuanto a las pruebas rendidas sobre la "mecánica" del accidente, sostiene que es absurda la apreciación que de ellas hace el a quo. Que el tribunal hace hincapié en la conducta del conductor de la moto, sin analizar el comportamiento de la víctima. Afirma que en ningún momento se probó que su parte hubiese incumplido alguna norma de tránsito ya que: a) fue la víctima quien cruzó la calle distraída y se abalanzó contra la motocicleta, lo que provocó su abrupta caída al suelo y su inmediata muerte; b) el motociclista no atropelló a la víctima, sino que ella apareció corriendo desde el oeste de la calzada; c) la velocidad de la moto no era elevada, ya que se trataba de un ciclomotor de escasa cilindrada. Concluye diciendo que fue la víctima quien debió extremar los recaudos para cruzar la calle y que la alzada no respetó las reglas de la sana crítica racional.

Respecto del cuarto agravio, el demandado alega que el tribunal omitió pronunciarse sobre el pedido de atenuación de la indemnización fundado en el artículo 1069, 2º párrafo del Código Civil. Agrega que el a quo se contradice cuando funda simultáneamente la responsabilidad en los artículos 1109 y 1113 del mismo Código. Sostiene que esa contradicción afecta su derecho de defensa, ya que no queda claro cuál es la verdadera disposición legal según la cual se le atribuye responsabilidad, situación que lo coloca en estado de indefensión, en cuanto las consecuencias jurídicas de uno y otro régimen son claramente diferentes, especialmente, en lo referente a causales de exoneración de responsabilidad. Insiste en que la culpa de la víctima tuvo aptitud suficiente para interrumpir el nexo de causalidad, lo que exonera a su parte de responsabilidad subjetiva.

La impugnante encuadra el recurso de casación en la causal del artículo 15 inciso 2º de la ley 2275. Alega errónea interpretación de los artículos 1109 y 113 del Código Civil. Se agravia de que, para imputar responsabilidad al conductor de la moto, el a quo diga participar de la corriente que considera aplicable al caso el artículo 1113 del Código Civil. Dice que esa interpretación se aparta del tenor literal del artículo 1113, ya que la responsabilidad subjetiva del conductor debe ser juzgada según el criterio subjetivo (art. 1109), el cual exige prueba de la culpa para hacerlo responsable del accidente. Afirma que el régimen del artículo 1113 es mucho más gravoso pues, en ese esquema, la culpa se presume.

Añade que esa falta de precisión en la legislación aplicable es la que llevó a los sentenciantes a distribuir la responsabilidad de manera arbitraria y antojadiza, puesto que se escudó en aquella presunción para atribuirle el 80% de la responsabilidad. Y que no hay prueba alguna que permita enrostrar a su parte una conducta negligente o imprudente al momento de conducir la motocicleta.

La codemandada había planteado aclaratoria, pidiendo al tribunal que se expidiera sobre la atenuación de la indemnización (cuarto agravio). El a quo aclaró su sentencia definitiva en el sentido de rechazar el pedido de atenuación. Frente a ello, la codemandada amplio su recurso de inconstitucionalidad.

Los recursos fueron admitidos formalmente a fojas 115. Se corrió traslado a la parte actora, quien contestó mediante escrito de fojas 135/142. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 144/146 Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré el rechazo de los recursos, por las siguientes razones.

Comienzo por examinar el recurso de inconstitucionalidad y, específicamente, el planteado en el marco de la causal del inciso 3º del artículo 11. Sobre el particular, adhiero a las consideraciones que vierte el Fiscal General en su dictamen. Considero, en efecto, que la recurrente no ha demostrado la arbitrariedad del fallo ni la consecuente violación a su derecho de defensa. En cuanto al primer agravio, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil ha sido efectuada tras un prolijo examen de las posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre los temas involucrados, tras lo cual el tribunal hizo foco en los cambios sociales e ideológicos que se han producido desde la sanción de la ley 17.711. El a quo concluyó que, en el caso, la limitación del artículo 1078 violaba la garantía de "reparación integral" y el derecho de igualdad, con lo que resultaba discriminatoria. Ello constituye fundamentación suficiente y adecuada, por lo que el primer agravio resulta inviable.

En cuanto al segundo agravio, no advierto contradicción entre la referencia del a quo a que los cuestionamientos del apelante no constituyeron crítica concreta y razonada, y aquella relativa a que el agravio no lograba conmover la sentencia de primera instancia. Se trata de dos afirmaciones que coinciden en la inviabilidad de los agravios y que no resultan incompatibles. La recurrente afirma que decir que un agravio "no conmueve" implica reconocer que sí constituye crítica concreta y razonada. Sin embargo, se trata de una cuestión meramente semántica y, en todo caso, ambas afirmaciones pueden coexistir a través del principio de subsidiariedad.

En lo que hace a la omisión de pronunciarse respecto del pedido de atenuación de la indemnización, el agravio ha devenido abstracto, ya que el a quo examinó el punto mediante aclaratoria posterior. Cabe agregar que tampoco resulta procedente el agravio que la recurrente plantea contra lo resuelto en dicha aclaratoria. La demandada pidió que se atenuara la indemnización en los términos del artículo 1069, 2º párrafo del Código Civil, y el a quo rechazó el pedido. Cabe recordar que, en lo pertinente, la norma citada dispone que: "Los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo.". Pues bien, tiene dicho esta Sala que "El ejercicio de una facultad del juez o posibilidad del mismo implica reconocerle un ámbito de discrecionalidad, que sólo puede ser meritada y analizada por las instancias ordinarias, concluyendo en que no puede existir arbitrariedad frente a una facultad discrecional de los tribunales de mérito" (PRE S.1ª 1990-I-84). Dicho criterio es aplicable al caso, ya que la norma citada otorga al tribunal de mérito una potestad y no un deber; por ende, el eventual ejercicio de la potestad o la omisión de hacerlo nunca pueden resultar arbitrarios.

Tampoco advierto contradicción en lo referente a las alusiones del a quo a los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. La apelante se agraviaba de la sentencia de primera instancia señalando que esta incurría en una contradicción, al fundar la responsabilidad del conductor de la moto simultáneamente en los artículos 1109 (responsabilidad subjetiva) y 1113 (responsabilidad objetiva) del Código Civil. El tribunal a quo rechaza el agravio diciendo que no hay contradicción, que el fallo de primera instancia fundó la responsabilidad del conductor en el artículo 1109 y la de los codemandados, en el artículo 1113. El primer votante agrega que, sin perjuicio de ello, participa de la corriente que considera aplicable el artículo 1113 también respecto del conductor. Al agraviarse ante esta instancia de lo resuelto, la demandada vuelve a imputar contradicción al fallo, en este caso, porque se homologa la resolución apelada que aludía al 1109 y a la vez se adhiere a la corriente que señala aplicable el 1113. Pues bien, y como digo, no advierto la contradicción que se imputa al fallo. El a quo estableció claramente que el juez de primera instancia había aplicado el artículo 1109, con lo que desestimó la existencia de una contradicción. La consideración del primer votante a que entendía aplicable el artículo 1113 debe ser considerada una opinión personal, en la medida en que no había un agravio específico sobre el punto.

En lo demás, el recurso concierne a cuestiones fácticas y probatorias, en cuyo juzgamiento no se ha demostrado arbitrariedad, como ha establecido el Fiscal General en su dictamen.

Paso a aludir al recurso de inconstitucionalidad encuadrado en la causal del inciso 1º del artículo 11, mediante el cual la impugnante controvierte específicamente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil. Como dije an-teriormente, el a quo confirmó en lo pertinente la sentencia de primera instancia, al entender que el artículo resultaba inconstitucional. El tribunal sostuvo que la limitación del artículo violentaba el principio de "reparación integral" y el principio de igualdad ante la ley; esto último, en cuanto discriminaba injustamente entre cónyuge y concubino.

Entrando a examinar la cuestión, adelanto que coincido con el criterio sentado en el fallo recurrido. En primer lugar, considero improcedente el agravio de la demandada relativo a que, de ampliarse la legitimación más allá de lo que dispone el artículo 1078, se generaría un grave perjuicio patrimonial al causante del hecho, ya que todos los afectados por el deceso de las personas cercanas podrían intentar reclamar daño moral. El agravio se abstrae de las consideraciones del fallo recurrido, en el cual, si se amplía la legitimación, es a través de equiparar la situación del concubino con el esposo. Lo específico de dicha ampliación torna inocuo el argumento de que todos los afectados podrían reclamar daño moral.

Por otra parte, considero acertada la equiparación que, a los fines de la legitimación para reclamar daño moral, el a quo efectúa entre personas que mantienen relación de concubinato y aquellas que están legalmente casadas. Comienzo por señalar que, conforme lo expuesto por este Tribunal en la sentencia de fecha nueve se septiembre de 2013 dictada en esta misma causa (PRE S.1ª 2013-III-519), ha quedado firme el fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería (4/2/2013) en la parte en que ese tribunal juzgó que la Sra. Molina (víctima del accidente) y el Sr. Rivero (actor) ".convivieron en forma habitual, continua y permanente durante veinte años, que tuvieron una hija, y que a la fecha del accidente tenían idéntico domicilio.". Es así, que ha quedado establecido que el actor mantenía con la persona fallecida una relación de concubinato que a la fecha del fallecimiento superaba los veinte años de antigüedad.

Sentado ello, y, como digo, considero acertada la equiparación efectuada por el a quo. Entiendo que los cambios sociales producidos desde la vigencia de la ley 17.711 (1968) y, específicamente, la ampliación y flexibilización del concepto "familia" tornan arbitraria la distinción entre una familia "matrimonial" y la que se constituye a partir de la convivencia. Tales cambios han tenido, incluso, reconocimiento legislativo; por ejemplo, con la ley 20.774, que autoriza la indemnización por muerte del trabajador a la mujer que hubiera vivido en aparente matrimonio por dos años, o la ley 23.570, que reconoce el derecho de pensión a la concubina.

Es así que una comunidad de vida tan antigua como la referida permite suponer que la muerte de la pareja genera la misma afección espiritual que en el caso de los esposos. A lo que cabe agregar que en la especie el concubinato no se superpone con una anterior relación de matrimonio con ligamen subsistente, por lo que tampoco hay riesgo de que se superpongan los reclamos.

En la línea que propicio se han expedido el Superior Tribunal de Chaco (23/10/2007, "C., S. R. y otros c. Moreno, Eduardo y/u otros", Litoral 1/1/1900, 168; DJ, 2008-II, 1156) y el de la Provincia de Río Negro (28/11/2007; "M., E. G. c. Edersa S.A.", LPatagonia 2009 (abril), 745. Agrego que en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado, se legalizan las "uniones convivenciales (Libro Segundo, Título III) y, específicamente, se otorga legitimación respecto de las "consecuencias no patrimoniales" del daño a "quienes convivían con aquél (el fallecido) recibiendo trato familiar ostensible" (art. 1741).

En cuanto al recurso de casación, debe ser rechazado por las razones expuestas al examinar la alegada contradicción entre las alusiones del a quo a los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Como dije, la consideración del primer votante a que entendía aplicable el artículo 1113 debe ser considerada mera opinión personal, con lo que no forma parte del fallo.

Por todo ello, voto por rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación, y por imponer las costas a la recurrente, vencida.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Imponer las costas a la recurrente, vencida. III) Ordenar que se protocolice la presente, que se agre-gue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen.

Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Andrés de Cara - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.