Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, CONTENC. ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-19


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: NOVENTA Y CUATRO En la ciudad de Río Cuarto a los diecinueve días del mes de Septiembre de dos mil doce, se reunieron en Acuerdo Público los Señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, todo por ante mí Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en estos autos caratulados "SERRA, MARTÍN EDUARDO Y SERRA, RUBÉN DARÍO SH - CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DE REVISION DEDUCIDO POR ALIENDO, EDUARDO ANTONIO" (Expte. Nº 426576), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo del Dr. José Antonio Peralta, quien por Sentencia Número Doscientos veinte (fs. 38/41), dictada con fecha seis de septiembre de dos mil once, resolvió: "I) No hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por el Sr. Eduardo Antonio Aliendo. II) Imponer las costas a la revisionista, regulando los honorarios de la Sindicatura en la suma de pesos cuatro mil treinta y cinco con ochenta y seis centavos ($ 4.035,86), y los de su letrado Dr. Dionisio Cendoya, en la suma de pesos seis mil cincuenta y tres con setenta y nueve ($ 6.053,79), con más la suma de pesos mil doscientos setenta y uno con veintinueve centavos ($ 1.271,29) en concepto de IVA. Protocolícese.".

El tribunal estableció las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte revisionista? 2da.) ¿Qué pronunciamiento debe dictarse? De conformidad con el resultado del Acuerdo, se estableció que el orden de emisión de los votos sería el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei.

A LA PRIMERA CUESTION, el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) Breve relación de lo actuado.

Contra la sentencia dictada, y que contiene una relación de la causa que satisface los recaudos exigidos por la ley del rito (art. 329, CPCC), por lo que a la misma me remito en homenaje a la brevedad, se levantó la parte revisionista a fs. 44, interponiendo el recurso de apelación que nos convoca, el que fue concedido a fs. 45/vta.

Elevados los autos ante este tribunal de alzada, la apelante expresó agravios mediante el escrito que luce a fs. 53/56, pretendiendo la revocación de la sentencia y que se declare verificado su crédito quirografario, con costas. Corrido traslado a la concursada para refutar aquellos, su apoderado lo evacua según presentación de fs. 59/vta., peticionando el rechazo de los agravios y la confirmación de la resolución, con costas. Hecho lo propio con la Síndico, ésta lo contesta según escrito de fs. 63/64, postulando que debe verificarse el crédito de que se trata en la forma indicada.

Resta señalar, para completar lo actuado, que dictado el proveído de autos a estudio (fs. 65/vta.), firme y consentido el mismo, quedó la impugnación en condiciones de ser resuelta.

II) Agravios.

Luego de hacer referencia a que el fallo se habría equivocado de acreedor al analizar el caso, según los párrafos del mismo que transcribe, lo cual sería suficiente para que se dicte un nuevo fallo por las graves consecuencias que ello le acarrea, pasa a concretar sus agravios que se compendian como sigue.

Considera que, distintamente a lo resuelto, su crédito debe ser verificado porque está perfectamente demostrada no solo la existencia y monto de la deuda, sino también la causa u origen de la misma.

En el primer aspecto ello se prueba con el pagaré por U$S 36.762, firmado por los concursados y vencido el 30 de julio de 2010 que corre a fs. 29 de autos. Y en cuanto a la causa del crédito, la estima probada con el contrato de mutuo celebrado con los concursados, que luce a fs. 27, del cual surge que dio en préstamo dicha cantidad documentada en el pagaré. Destaca, además, que el mismo tiene fecha cierta, pues ha sido certificada su autenticidad por la Escribana Peralta de Celoria mediante acta notarial como surge de los documentos adjuntados.

Seguidamente formula algunas reflexiones acerca de la causa del crédito en materia de verificación de títulos abstractos, mencionando los conocidos plenarios recaídos en los autos "Translinea" y "Difry", en los que se elaboró la exigencia de "acreditar" la causa, requerimiento que no surge de la ley. No obstante, alude a que ello se encuentra cumplido en este caso, reiterando lo expresado anteriormente.

Añade que la razón de esa exigencia fue impedir que el deudor "fabricara" créditos falsos en connivencia dolosa con acreedores ficticios, logrando mayorías para las votaciones de sus propuestas concordatarias, lo que fue morigerado por la jurisprudencia que cita. Dice que ello no ocurre en el presente caso, en donde no hay ninguna razón para sospechar que el crédito no sea real, siendo que ni la sindicatura ni ningún otro acreedor alegaran sospechas sobre la legitimidad de su crédito.

Que a todo lo expresado debe agregarse la opinión de la sindicatura, la que aconsejó la verificación del crédito, tanto en su informe individual como al contestar este recurso de revisión, transcribiendo las partes pertinentes de los escritos respectivos, a los que cabe remitir, lo cual torna inexplicable que el tribunal se apartara de los informes favorables rechazando el crédito, considerando que en el fallo se analizó otro crédito y no el suyo.

En orden a los intereses pactados (del 8,10% mensual), y por los que la sindicatura sugirió recalcularlos a una tasa del 6% anual, estima que no encuentra justificación dicha rebaja por cuanto ello ha sido la expresión de la libre voluntad de las partes, y en el hecho de asumir el riesgo para su cobro, al punto que aún hoy no tiene ninguna seguridad de que le sea devuelta la suma prestada y tal circunstancia hace que la comparación propuesta por la sindicatura, respecto de la tasa de créditos hipotecarios, no sea de aplicación al caso, por lo que pide que se mantenga la tasa pactada.

Pide en definitiva, se revoque la sentencia apelada y se declare verificado su crédito quirografario, por el monto y condiciones indicadas, con costas.

III) Contestación.

Como ya se anticipara al relacionar lo actuado, los apoderados de la concursada, al refutar los agravios de la recurrente, y por los motivos que expresan a los que me remito, sostienen que ninguna prueba aportó la quejosa en este incidente que permita hacer variar lo resuelto, pronunciándose en definitiva por el rechazo del recurso y la confirmación del fallo.

IV) Opinión de la sindicatura.

Que, a su turno, la sindicatura, luego de expresar su rechazo a al agravio del revisionista en cuanto a la confusión que le imputa al fallo, insuficiente para pretender su revocación por ello, remite a sus presentaciones anteriores con relación al crédito de que se trata, en las que aconsejó la verificación, empero rechazando el agravio por los intereses, manteniéndose en su posición de que los mismos sean morigerados a la tasa del 6% anual, que es la habitualmente utilizada por los tribunales para créditos en dólares.

IV) La solución.

Distintamente a lo postulado por el quejoso, en el sentido de que el fallo debe ser revocado por entender que el a quo se confundió de crédito, el agravio en este aspecto levantado no puede tener cabida, no obstante la semejanza que pudiera existir con otra causa de similar talante que se ventila, obedeciendo ello a un mero error material o "lapsus cálami" al nombrar equivocadamente a la parte revisionista (sólo en un párrafo de los considerandos -a fs. 40- se alude a "la Sra. Borges" en lugar del accionante de autos), empero de todo lo actuado surge que se hace referencia al crédito que se pretende verificar aquí. Incluso tal circunstancia pudo haber sido introducida por la vía de una aclaratoria.

Ello sentado, entiendo que en el sub-júdice están dadas las condiciones para admitir la verificación pretendida por el recurrente, aunque parcialmente. Veamos.

En efecto, en primer lugar cabe poner de relieve, tal como lo postula el apelante, que existe prueba idónea de la fecha cierta de la documentación adjuntada como título y causa del crédito que se pretende verificar.

Es que el tanto el pagaré por U$S 36.762, que en copia auténtica luce a fs. 29, como el contrato de mutuo que da origen a dicho título y que constituye la causa de su emisión, que también obra en autos (a fs. 27/vta.), y cuyas firmas al pie de ambos instrumentos privados se atribuyen al concursado Rubén Darío Serra, poseen fecha cierta, toda vez que consta en ellos la certificación notarial de que las firmas insertas han sido puestas en presencia de la Escribana Peralta de Celoria, quien ha labrado el acta correspondiente en el libro de intervenciones notariales que se menciona con relación al primer instrumento.

Siendo así, y no encontrándose enervado por prueba idónea el aludido contrato de mutuo, ni el libramiento del pagaré del que da cuenta el mismo, desde que dichos instrumentos privados deben tenerse por reconocidos judicialmente, en virtud de que la firma en ellos consignada y atribuidas al concursado, ha sido certificada por escribano público con las formalidades de ley, de conformidad con lo que surge de la interpretación armónica de los arts. 1026, 1028, 1031, 1034, 1035 y cc. del Cód. Civil, tales documentos así presentados (al margen de los caracteres de literalidad, autonomía, abstracción, etc. que por la ley mercantil posee el pagaré), tienen en el caso el mismo valor probatorio que el instrumento público entre quienes lo suscribieron y sus sucesores, debiendo además tenerse por reconocido el cuerpo o el contenido, y la fecha cierta que la da esa intervención del Oficial Público (la escribana), lo hace oponible frente a terceros, como resulta ser en el caso el concurso.

En tal sentido, se ha sostenido que a los fines de probar el mutuo que funda la pretensión verificatoria, el reconocimiento de firma implica la de su contenido -art. 1028, Cód. Civil-, siendo irrelevante que se niegue haber recibido el dinero, pues el reconocimiento de la deuda implica la acreditación de dicha recepción y el cumplimiento del recaudo exigido por el art. 2242 del Cód. Civil para el perfeccionamiento del contrato (conf. C1ª Civ. y Com., San Nicolás, 2001/07/20, La Ley, 2002-B, 657, citado por CIFUENTES, Santos, en comentario al art. 2242 del Cód. Civil, Ed. La Ley Online).

Lo dicho impide que pueda asemejarse la prueba rendida por el pretenso acreedor en este proceso con lo que el tribunal tiene dicho en otros casos en los que no se había producido la idónea demostración de la causa de la obligación (conf. Sent. N° 110, del 01/12/2004, in re: "Vizzo, Hugo Alberto; Juan Carlos Vizzo en representación de Vizzo, Juan Carlos y Vizzo, Hugo - Sociedad de Hecho - Concurso Preventivo (Incidente de Revisión deducido por el Sr. Carlos Alberto Rinaudo)", y que, por ende, en manera alguna pueda verse contradicción con lo que aquí se diga y lo que se dispuso en dicho proceso o en otros en los que se debatían situaciones de similar linaje.

Además, y de manera coadyuvante, debe tenerse presente que en el caso de autos, la sindicatura aconsejó la verificación pretendida, justamente por estimar acreditados los extremos suficientes para admitir el crédito en el pasivo concursal, no habiéndose negado por el concursado la calidad de mutuario ni la firma del pagaré que se le atribuye, salvo en forma asaz genérica (ver fs. 18/vta.), por lo que el hecho de no haber formulado una negativa categórica de la firma tal como es exigible, tanto por las normas de fondo supra citadas y el imperativo procesal que emerge del art. 192 del CPCC y las consecuencias jurídicas que ello trae aparejado (VENICA, Oscar Hugo, "Código Procesal Civ. y Com. de la Provincia.", T. II, p. 282 y ss.), no ofreciendo ni produciendo ninguna prueba en apoyo de la posición que sustenta al contestar la demanda de revisión en ese trascendental aspecto, hacen que de conformidad con las reglas que rigen el "onus probandi" sea a su cargo desvirtuar la presunción legal que juega a favor del revisionista en cuanto a la autenticidad del contrato acompañado y del pagaré, invirtiéndose la carga probatoria porque, precisamente, cuentan dichos instrumentos con una presunción de veracidad.

Siendo así, parece por demás lógico, por más sospechas que se pudieran llegar a tener al respecto ("prolijo como el fraude", según el recordado Facundo Cabral), lo cierto es que no existe razón o motivo justificado para rechazar la pretensión (conf. C.3ªCCCba., 12/06/2003, in re: "Vidal, Julio C. s/recurso de revisión en: Marcast Construcciones S.R.L. s/conc. prev.", LLC 2003-1286), resultando extraño o ajeno a la cuestión de fondo debatida la ausencia de abonar el impuesto a los sellos, sin perjuicio de que se encomiende al tribunal de origen proceda a exigir el cumplimiento de los deberes fiscales que correspondan. Por todo ello, voto por la afirmativa a esta cuestión.

A LA PRIMERA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) De conformidad con el resultado de la votación a la anterior cuestión, proponía que se sentencie esta causa haciéndose lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el accionante Eduardo Antonio Aliendo, revocándose la sentencia dictada y disponiendo que se admita parcialmente el incidente de revisión articulado, declarando verificado en su favor un crédito por la suma de Dólares Estadounidenses Treinta y seis mil setecientos sesenta y dos (U$S 36.762), con carácter quirografario. Revocando también la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada e su consecuencia.

II) En cuanto a los intereses, desde su vencimiento y hasta la fecha de presentación concursal, soy de la opinión que no corresponde computarlos a la tasa pactada (del 8,10% mensual), por cuanto la misma aparece a todas luces abusiva. Comparto, por lo tanto, el dictamen de la sindicatura sobre el punto, que supone morigerar la misma a la tasa usualmente utilizada por los tribunales -incluso por esta misma Cámara- para deudas en dicha moneda, esto es al 6% anual. A mayor abundamiento, es el criterio que tiene sentado el Excmo. Tribunal Superior, a través de la Sala Civil y Comercial, en diversos pronunciamientos, donde señaló que: "...si se advierte por el propio Juzgador o por pedido de parte, sobre la existencia de intereses de carácter excesivo o abusivo, se deberá proceder a su morigeración con fundamento en normas de carácter imperativas, vg. arts. 21, 953 y 1071 del C.C. De tal manera, independientemente de la génesis de la obligación de que se trate y del tipo de interés aplicable en su carácter de accesorio de dicha deuda principal (convencional, bancario, fiscal), los Tribunales no pueden cohonestar la aplicación de tasas excesivamente onerosas, excesivas o usurarias, por lo que deben templarlas cuando exista abuso o desproporción..." (conf. TSJ, Sala CC, Sent. N° 199, del 29.09.09, in re: "Municipalidad de Córdoba c/ Bayer Argentina S.A.C.I.F.I.- Ejecutivo fiscal- Recurso Directo", citando sus propios precedentes, fallo publicado en Diario Jurídico de Córdoba, Ed. Digital del 17/11/2009, Año 8, N° 1760).

III) En lo que respecta a las costas, ellas deben ser adecuadas al nuevo pronunciamiento que por la presente se emite (conf. VENICA, ob. cit., T. II, p. 43/44 y sus citas), considerando que las mismas deben ser soportadas íntegramente por el concursado, habida cuenta que ha sido claramente vencido en el incidente, y siguiendo sobre el punto los principios generales en la materia acuñados por la doctrina y jurisprudencia (conf. JUNYENT BAS, Francisco, "Ley de Concursos y Quiebras - Comentada", T. I, Abeledo Perrot 2009, cita Online: Lexis Nº 6208/004883, citando a GARAGUSO, Horacio: "Verificación.", p. 53, entre otros).

Corresponde regular honorarios al letrado del incidentista de conformidad con lo prescripto en el art. 83 inc 1°, segunda parte, del CAAP, ley 9459, aplicable al caso por haberse tramitado solo con un traslado a la contraria el incidente de que se trata, confirmando el criterio aplicado en la instancia inferior, el cual, por otra parte, es el que esta Cámara ya tenía sentado con la vigencia del anterior código arancelario (viejo art. 80), asumido en varios pronunciamientos (a partir de la Sent. N° 33, del 12/05/2004, dictada in re: "Incidente de revisión promovido por la concursada en contra del crédito del Banco Provincia de Córdoba en autos "Clínica de la ciudad S.A. Peq. Conc. Preventivo"), y que se compadece con lo resuelto recientemente por la Sala CC del TSJ (conf. Auto N° 71, del 05.04.11, in re: "Recurso de revisión interpuesto por el Banco de la Nación Argentina en autos; Rubiolo Mario José, Rubiolo Jorge Alberto, Rubiolo Mario José y Rubiolo Jorge A. S.A. y Transporte Rubiolo S.R.L. (en formación)- Concurso preventivo- Recurso de casación").

Por todo ello, y teniendo en cuenta las pautas de evaluación cualitativas y cuantitativas establecidas por el artículo 39 del código arancelario, en especial el valor y eficacia de la defensa (inc. 1), la poca complejidad de la cuestión planteada (inc. 2), la ausencia de novedad en el problema jurídico debatido (inc. 3), la responsabilidad comprometida por el profesional en su desempeño (inc. 4), el éxito parcial obtenido (inc. 5), la cuantía del asunto (inc. 7), y el tiempo que ha llevado la solución del litigio (inc. 10), considero justo y equitativo que los honorarios del Dr. López de Alda se establezcan en el mínimo de la escala del art. 36 del CA, aumentado en dos puntos, sobre la base regulatoria determinada en la instancia inferior (de $ 201.793), a la fecha de la resolución apelada, reducida al 15% en virtud del citado art. 83 inc. 1, segundo párrafo, CA, conforme la postura fijada por este tribunal en cuanto sostiene que a partir del mínimo de la escala (único parámetro que atiende a la cuantía del asunto) procede desde allí elevarlo en tantos puntos porcentuales como se estime necesario hasta llegar al porcentaje que retribuya adecuadamente la tarea desarrollada (conf. Auto N° 199 del 10/09/02, in re: "Lisa c/ Fernández y/o quien resulte ocupante del inmueble - Despojo" - "Incidente de regulación de honorarios deducido por el Dr. Jorge González Schiavi", reiterado en pronunciamientos posteriores dictados por este Cuerpo con su actual integración), y en función, además, de tomar en el caso la unidad económica vigente al tiempo de practicar la regulación Ello así, y efectuados los cálculos pertinentes sobre la base regulatoria determinada (de $ 201.793 : 33.740,02 = 5,98) nos ubica en el inc. b) del art. 36 (18%), el que aumentado en 2 puntos sitúa el porcentual estimado en el 20%, que con la reducción del art. 83 supra citado, hace que el porcentaje de honorarios quede establecido en el 3% de aquella suma (3% de $ 201.793 = $ 6.053,79), sin perjuicio del IVA, y de los intereses que correspondan hasta su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva promedio del BCRA con más el 2% mensual no acumulativo (arg. art. 35, CA).

No corresponde regular honorarios a los letrados de la parte concursada, Dres. Facundo Clodomiro Carranza y Guillermo H. Masciarelli, ni al Síndico Cra. María Elena Grassi y su letrado Dr. Dionisio Cendoya, toda vez que ello debe hacerse en oportunidad de la regulación general (arg. art. 265, LCQ), sin perjuicio de que se tengan presentes para dicha ocasión las labores desarrolladas por los nombrados profesionales en el incidente de que se trata (conf. doctrina del TSJ, Sala CC, in re: "Alba", LLC 2001-440, y ED 190-242, con nota favorable de TRUFFAT; C2ª CCCba., 15/8/02, LLC 2003-321; íd., 3ª Nom., 20/8/02, LLC 2003-205; citados por PESARESI, Guillermo M., "Honorarios en incidentes concursales tramitados en la Provincia de Córdoba", LLC 2004 (julio), 569).

IV) Encomendar al tribunal de origen proceda a exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto a los sellos respecto del crédito de autos.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

Por el resultado del acuerdo y por unanimidad del tribunal;

SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el revisionista y revocar la sentencia dictada, disponiendo que se admita parcialmente el incidente de revisión articulado por el Sr. Eduardo Antonio Aliendo, declarando verificado en su favor un crédito por la suma de Dólares Estadounidenses Treinta y seis mil setecientos sesenta y dos (U$S 36.762), con carácter quirografario, e intereses desde el vencimiento del pagaré (30/07/2010) hasta la fecha de presentación concursal a una tasa del 6% anual.

II) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en su consecuencia en la anterior instancia, disponiendo que aquellas sean soportadas por el concursado, regulándose los honorarios del Dr. Omar López de Alda en la suma de pesos Seis mil cincuenta y tres con setenta y nueve centavos ($ 6.053,79), sin perjuicio del IVA y de los intereses establecidos hasta su efectivo pago.

III) Encomendar al tribunal de origen proceda a exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto a los sellos.

PROTOCOLÍCESE Y BAJEN.