Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-10


AUTOS Nº 125927 (7° JUZ. CIVIL) (SALA III 12043) "GOMEZ Rosa Elvira s/ Adquisición de dominio por usucapión abreviado" En la Ciudad de San Juan a 10 días del mes de mayo de 2018, reunida en Acuerdo la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Juan Carlos Pérez y Daniel G. Olivares Yapur, a fin de conocer en el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 159 concedido a fs. 164 contra la sentencia definitiva dictada el 7 de junio de 2017, obrante a fs. 146/158 de estos autos N° 12043 (125927 - Séptimo Juzgado Civil) "GOMEZ ROSA ELVIRA S/ Adquisición de dominio por usucapión abreviado".

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

Vienen a estudio los autos por las apelaciones deducidas contra la sentencia que resolvió: I) Rechazar la demanda por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. Costas a la actora. II) Regular los honorarios de los Dres. Fernando Andrés Nacusi y Héctor Osvaldo Riveros por su actuación conjunta, en la primera etapa del proceso, en doble carácter, en un valor equivalente al 4.30% de la base regulatoria correspondiente. En virtud de la renuncia al patrocinio obrante a fs. 90, efectuada del Dr. Héctor Osvaldo Riveros, corresponde regular honorarios únicamente al Dr. Fernando Andrés Nacusi, por su actuación individual en las dos sucesivas etapas del proceso, en doble carácter, en un 8 % de la base regulatoria correspondiente. Por último, se fijan los honorarios de la Dra. Graciela A. Gómez, apoderada por Fiscalía de Estado en un 21% de la pertinente base regulatoria.

La citada sentencia es el resultado de la tramitación de todo un proceso que se inició con una demanda donde la Sra. Rosa Elvira Gómez solicitando la adquisición por usucapión de un inmueble identificado con N.C. 16-50-511445-00-000, ubicado en calle Alto Verde s/n (también llamada calle Laprida), Calingasta, Provincia de San Juan; con una superficie según mensura de 1.400 m².

Agravios	A fs. 166/178 el apoderado de la parte actora expresa como agravios los siguientes:

En el primero sostiene que hay una incorrecta valoración de la prueba producida en la que incurrió la sentenciante, generando un fallo arbitrario. Critica que se ha realizado una valoración aislada de cada prueba y no una combinación de todas las producidas. Realiza una descripción de cada una de las pruebas producidas por su parte concluyendo que el criterio tenido en cuenta por la Juez resulta errado, donde ha sobre valorado la documental y minimizando la testimonial. Que su carga procesal ha sido cumplida y la Juez no armonizó las distintas pruebas.

Como segundo agravio manifiesta que se ha realizado una incorrecta aplicación del derecho. Sostiene ello al decir que la actora no cumplió con el trámite denominado "previa conformidad", procedimiento establecido por la autoridad de aplicación y control de la Ley 23.554 (Ministerio del Interior) para la adquisición de derechos reales sobre inmuebles incluidos en zonas de frontera y seguridad, remitiendo expresamente para delimitar cuales son esas zonas al Decr. 887/94. Agrega que existe una norma que es la resolución 166/2009 del Ministerio del Interior que constituye concretamente la Directiva para el Ejercicio de la Policía de Radicación en Zonas de Seguridad de Fronteras. De los artículos 14 y 16 de dicha norma queda claro que la actora está exceptuada del trámite de previa conformidad que establece la ley 23554. En subsidio dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 23554 y del decreto 15385/44.

Corrido traslado de los agravios, estos son contestados por la apoderada de la Provincia de San Juan a fs. 181/184, siendo rechazados los mismos y el planteo de inconstitucionalidad. Solicita que se confirme la sentencia dictada en primera instancia.

Tratamiento	Traído a estudio el presente recurso, debo comenzar con el tratamiento del primer agravio referente a la aludida incorrecta valoración de la prueba producida.

Al respecto debo decir que la adquisición de dominio por usucapión está legislada en materia procesal en nuestro Código en el Título X del Libro V, donde en el art. 677 se fijan los requisitos de la demanda y de la prueba. En el inciso 1° se dispone que se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. En los siguientes incisos se imponen como requisitos probatorios los certificados del registro inmobiliario, del departamento de Hidráulica, plano de mensura entre otros medios de prueba.

En la presente causa la parte actora además de los medios probatorios mencionados, produjo como prueba documental boletas de rentas correspondientes al impuesto inmobiliario, de la Unión Vecinal de Calingasta por el servicio de agua potable, y de Energía San Juan, plano de mensura, certificado de avalúo de la dirección de Geodesia y Catastro, Fotocopia de DNI de la actora, un documento escrito fechado y firmado de un supuesto anterior poseedor y certificado de domicilio y partida de matrimonio. Como prueba testimonial, el testimonio de cinco testigos. La prueba informativa a diversos organismos como el Departamento de Hidráulica, Dirección de Geodesia y Catastro y municipalidad de Calingasta entre otros. Una encuesta ambiental y un acta de reconocimiento Judicial.

La Juez en su sentencia sostuvo acertadamente que con la prueba documental aportada no se encuentra acreditado el inicio de la posesión del inmueble, por parte de la Sra. Gómez Rosa Elvira, ya que ésta solo se acredita a través de actos materiales sobre el inmueble y no basta con las declaraciones de las partes. Encontró como ineficaz para oponer a terceros la autorización de uso para construir, efectuada en 1988 por un documento informal y suscripto a mano por el Sr. Claudio Tinto. Dicho instrumento carece de formalidad alguna, ni ofrecido su reconocimiento judicial a los fines de otorgarle valor probatorio. Tampoco se encuentra probada la posesión anterior del Sr. Claudio Tinto, firmante de dicho manuscrito.

También estimó como documento inepto para probar dicho extremo, el acta de matrimonio de fecha 04/05/1973, en donde figura como domicilio de los contrayentes Sres. Gallardo Vidal Galo y Gómez Rosa Elvira el de calle Alto Verde - Calingasta, sin que coincida con el del inmueble que se pretende usucapir.

Dichas estimaciones efectuada por la magistrada de primera instancia resultan correctas, porque no denotan con algún rasgo de certeza que dichos instrumentos acreditan la fecha aproximada del comienzo del ánimo de posesión que debe tener la actora para solicitar la adquisición del dominio por usucapión. Uno por falta de formalidad suficiente y el otro por falta de especificidad del lugar de convivencia del matrimonio.

Las declaraciones de los testigos por si solas no son suficientes tal cual lo estipula el artículo 677 del CPCC. Por ello y haciendo un análisis de la prueba producida no resulta probado el comienzo de la posesión con ánimo para adquirir la misma por esta vía antes de los veinte años del inicio de la demanda.

En una causa resuelta recientemente este Tribunal fijó como una postura sustancial, que se tienen que probar los actos posesivos en fechas cercanas a los veinte años anteriores a la interposición de la demanda. En los autos Nº 11994 (120543- Séptimo Juzgado Civil) "ORTEGA MARIA CELESTE Y ORTEGA MARIA SILVERIA S/ Adquisición de dominio por usucapión- Abreviado" se dijo: "Para la resolución del presente recurso, resulta importante conocer actos posesivos de fecha cercana a los veinte años anteriores a la interposición de la demanda. Por ello y teniendo en cuenta que la documentación aportada son comprobantes antiguos, resulta factible que la parte actora no tuviera conocimiento de su existencia después de tantos años. Resulta importante la valoración de dichos instrumentos, toda vez que la principal razón por la que la Juez rechaza la demanda, es precisamente la falta de elementos probatorios que corroboren las pruebas testimoniales que contenían declaraciones indicativas de una posesión de parte de las actoras de más de veinte años." En dicha causa los comprobantes aportados eran facturas o boletas de impuestos y servicios que databan de fechas cercanas a los veinte años anteriores al inicio del proceso.

Entiendo que el primer agravio debe ser rechazado por las consideraciones vertidas en estos considerandos, debido a que las constancias documentales reservadas más antiguas en la presente causa datan del año 2000, es decir once años antes de la interposición de la demanda.

En relación al segundo agravio expresado por la parte actora, referido a la aplicación de la ley 23554 y el decreto 887/94 en virtud de la resolución ministerial n. 166/ 94. Todas estas normas están vigentes, como la ley 26737 y el decreto 274/12 invocados por la apoderada de la Provincia de San Juan.

Del análisis de las mismas no resulta claro qué normas son aplicables al caso. Tampoco surge de autos si el inmueble está en una zona considerada como rural o urbana. De allí, que si la ubicación fuere en zona rural sería aplicable para la actora la ley 26737. De todas maneras no existe certeza de tal situación, resultando necesario, a criterio del suscripto, la citación de los organismos nacionales pertinentes para determinar cuales son las normas aplicables a la zona referenciada. Llámese Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones.

Sin perjuicio de ello resulta innecesario adentrarse en el estudio de este agravio por cuanto con la conclusión arribada en el primer agravio es suficiente a los fines de determinar el rechazo del recurso de apelación de la parte actora. Lo mismo ocurre con el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 23554 y el decreto 887/94 deducido por la parte actora.

Por todo lo dicho hasta aquí, considero que debe rechazarse el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la sentencia dictada por la titular del Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería.

En relación a la imposición de las costas en este proceso, en virtud de lo expuesto por la apoderada de la Provincia de San Juan a fs. 184 respecto a la aplicación del art. 20 de la ley 883-A, considero que debe readecuar la imposición de costas dispuesta en la sentencia de primera instancia imponiéndose las mismas en el orden causado.

Igual criterio debe sostenerse respecto de las costas de esta segunda instancia por aplicación del art. 20 de la ley 883-A, consentida por la parte vencedora en este recurso.

El SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

POR TODO ELLO, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por el apoderado de la parte actora a fs. 159, confirmándose en consecuencia la sentencia dictada a fs. 146/158.

II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. Regular los honorarios del Dr. Fernando Andrés Nacusi en un 30% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 91/94 AÑO 2018