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Prueba confesional, confesión ficta, plena prueba
Materia: CIVIL
Carátula: KREIMER CARLOS c/ EMPRESA DE TRANSPORTE PEDRO DE MENDOZA CISA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO. PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

El art. 423 del Código Procesal dice: "La confesión judicial expresa constituirá plena prueba". Luego establece salvedades. Pero el principio general de la plena prueba está definidamente referido a la confesión ficta expresa. A contrario sensu, no es plena prueba la confesión ficta (o tácita). En otros términos: la propia ley no le otorga a la confesión ficta el carácter de plena prueba con el mismo alcance en que está concebido el comienzo del artículo 423. De los contrario, lo establecería.
Título profesional, perito oficial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ROMERO RAUL JUAN c/ RENE ISIDORO BOLLATTI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-04

Cuando el art. 287 C.P.C. dispone que "los peritos practicarán unidos la diligencia", en texto no modificado, es obvio que se está refiriendo a la redacción original del art. 268 C.P.C., según el cual de ordinario los peritos eran tres. Dicho de otro modo, no contempla a los peritos contraloreadores, que recién fueron incorporados por la ley 4782, máxime que no son verdaderos peritos, de modo que su función no consiste en elaborar un dictamen, sino en criticar u observar el del perito.

No obstante, mientras la ley no organice el procedimiento por el cual el contraloreador pueda llenar su cometido, no hay otra solución que atenerse al art. 287 C.P.C., única vía posible en virtud de la regulación vigente.Aceptado lo que antecede, ello importa,ineludiblemente,que el perito debe anoticiar a los contraloreadores el día, hora y lugar en que dará comienzo a las operaciones, único modo de posibilitar el cumplimiento del art. 287 C.P.C., de modo que nada tiene que hacer la parte ni el perito contraloreador. Es decir, es el perito quien, resultando de los autos la existencia de contraloreadores, los debe citar.

La elección del contraloreador es libre para la parte, ya que, incluso el art. 273 C.P.C. no exige, necesariamente título habilitante, bastando que sea idóneo. En su caso, la ausencia de título, será eventualmente, un elemento a tener en cuenta en el momento de la valoración de sus conclusiones. Es necesario precisar que el perito debe limitarse al cumplimiento de su función formulando al Juez las peticiones que crea corresponder, pero no está facultado para decidir por sí y ante sí.-
Transporte aéreo de pasajeros, incumplimiento del contrato, responsabilidad del transportador aéreo, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bilevich, Adriana Silvia y otro c/ Lan Airlines S.A. y otro s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-29

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda contra una línea aérea por incumplimiento del contrato de transporte, en razón de que los pasajeros no se presentaron en el horario debido a la puerta de embarque, dado que el régimen de horarios constituye en los servicios aéreos regulares un elemento básico de la relación contractual y del acuerdo de voluntades, y su incorporación no reviste un carácter meramente indicativo, sino que, por el contrario, integra el plexo de obligaciones especiales pactadas entre las partes; y los actores no dieron cumplimiento a la antelación requerida para embarcar, situándose en el supuesto de presentación tardía del pasajero que se trata de un hecho o acto propio de la víctima que implica la eximición de responsabilidad del trasportador.
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: CORTINEZ, Hugo Elías c/ LARRUMBIDE, Filomena Ana s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

El daño requerido para la configuración del delito de falsificación ideológica de documento público es meramente potencial y de cualquier naturaleza.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lovero, Jorge Ricardo c/ Sanchez Vázquez de Lagares, María Cármen R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

El vicio de la cosa -en la especie, llave ubicada en un baño de la propiedad de la demandada- al resultar vetusta, de mala calidad o tener algún defecto, la torna impropia para su utilización, pues nadie puede utilizar cosas que tengan vicios o defectos susceptibles de provocar daños a terceros. Es que cuando alguien causa algún perjuicio por razón del vicio que tiene la cosa de que se sirve, debe reparar ese daño, pues ha resultado el causante indirecto de ese mal ajeno. Es daño causado por riesgo de la cosa el que se deriva de la acción causal de una cosa -como aquí acontece- sin que medie autoría humana.
Prueba compuesta, apreciación del juez, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BARLETA, Jorge Omar s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-09-07

Para componer la prueba, en los términos del art. 256 in fine del C.P.P., el intérprete se mueve en un terreno en el que se flexibiliza el sistema del Código, al punto de sostenerse que constituye una verdadera excepción al mismo. La Ley quiere que, partiendo de elementos restrictivamente definidos en cuanto al número, se gane certeza incorporando otros, que no define y para los que, únicamente es exigible la verificabilidad de una relación confirmatoria, sea que la misma tenga por objeto la parte principal del hecho, o por el contrario se refiera a segmentos del mismo, o a tramos anteriores o posteriores, relevantes y conducentes.-
Juicio de apremio, tasa de justicia, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: La Segunda Coop. Seg. Grales. Ltda. c/ Lovera, Victor L. Y otra s/ Apremio (Expte. Nro.045-00, Resolución Nro.203, tomo 2, folio 405/407)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-24

En el juicio de apremio corresponde que la actora dé cumplimiento al pago de la tasa proporcional de justicia, sólo respecto de las costas (honorarios, aportes y gastos) e intereses de la sentencia declarativa que han sufrido un mecanismo de "capitalización" (art. 623, ult. Parte, c. Civil) incorporándose como parte integrante del capital reclamado en el posterior juicio ejecutivo.
Empleados públicos, denuncia, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, notificación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RUIZ MARTINEZ, F. s/ SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Tratándose de actuaciones en las que se ha realizado una imputación formal contra agentes públicos por eventos vinculados al ejercicio de sus funciones, como requisito previo a cualquier decisión debe notificarse a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; su omisión acarrea el incumplimiento de lo estatuido por el art. 4 de la ley 21383 y en consecuencia la invalidez.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Demonte, Raul R.P. c/ Ramondelli y Cía. S.C.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral   (Expte.: C.S.J. Nro. 103 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Debe declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor, desde que si bien se aduce que media un supuesto de arbitrariedad sorpresiva por tratarse de vicios propios del decisorio de la Cámara, del desarrollo de los reproches vertidos se desprende que giran en torno a cuestiones que fueron debatidas en las instancias ordinarias, habiendo sido objeto de agravios y de responde ante la Alzada (esencialmente sobre la actividad desarrollada por la demandada y la labor del actor a efectos de determinar el Convenio Colectivo aplicable y la valoración que de tales circunstancias efectuara el juez de baja instancia), por lo cual el actor pudo plantear la pretensa cuestión constitucional al menos al contestar la expresión de aquellos, por lo que resulta que el tema traído directamente ante la Corte -con incumplimiento del requisito del artículo 1 in fine de la ley 7055-, determina su inadmisibilidad, dado que en el caso, el planteo no existió en modo alguno.
Depósito previo, pena privativa de la libertad, sanciones pecuniarias, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mármol, Juan José  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos mármol, juan josé sobre 149 bis - amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

En el caso, no corresponde exigir el depósito del art. 34 de la ley n° 402. Ello debido a que, si está en juego una pena privativa de la libertad en cualquiera de sus aspectos o una multa sustituible en arresto, se coloca a quien acude en queja en situación de ponderar bienes incomparables a estos fines y, en muchos casos, en un grado significativo de incertidumbre en cuanto a la procedencia de la revisión a que estima tener derecho. Así el importe constituirá un motivo para resignarse a no intentar obtener la revisión de su condena por el máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es particularmente así cuando el importe del depósito no exhibe en una importante cantidad de supuestos, proporcionalidad con la erogación que la propia sanción pecuniaria de multa podría implicar. No es suficiente a este respecto la existencia del beneficio de litigar sin gastos, porque el depósito constituye una traba aun para el que puede pagarlo; y la regla del art. 12 está concebida para que el aparato de justicia de la Ciudad esté orientado a servir a quienes están sujetos a él. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, por sus argumentos expresados in re:"Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC - apelación", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/09/2005).
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez, Ricardo Antonio c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-15

Se desestima el recurso de queja interpuesto ya que la documental acompañada adolece de la ausencia de una pieza fundamental en materia laboral, cual es el veredicto ya que la ausencia del mismo impide un completo análisis de los agravios esgrimidos contra la resolución definitiva que se apoya en las conclusiones arribadas y plasmadas en éste.
Depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: MARCOVICH RAMON Y OTRO c/ CARRIZO RODOLFO TRISTAN Y OTROS s/ EXCLUSION DE SOCIO S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-07-30

Surgiendo de los términos de la queja, que si bien el recurrente solicitó el beneficio de litigar sin gastos no hay constancia de que el mismo haya sido concedido, por lo que no habiéndose cumplido con el depósito exigido en el art. 4 inc. d) de la Ley 1687 ni acreditado el goce de aquél, subsiste el incumplimiento de un requisito formal previo que hace perder virtualidad a la consideración de los motivos que fundamentan la queja respecto del recurso extraordinario provincial de casación, corresponde el rechazo del recurso articulado por improcedente.
Causales de divorcio y separación personal, iura novit curia
Materia: CIVIL
Carátula: M. G., D.R. c/ Z. Q., H.J. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-28

Parece abrirse paso a la tendencia a evaluar que se encuentra dentro de las facultades del órgano jurisdiccional el dictado de sentencia de divorcio por la causal objetiva, artículo 214 inc.

2 CC, a pesar que los cónyuges no hayan efectuado una precisa invocación de ésta. Se aduce que son supuestos en los cuales el cese de la convivencia por el término legal está acreditado o reconocido por los esposos, es decir, casos en que no obra discusión alguna respecto de la circunstancia fáctica de la separación. En consecuencia, se trata de situaciones que evaden la aplicación del plenario citado , pues no se está ante hechos no invocados en la demanda, su contestación o reconvención.
Prisión preventiva, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARI, ALFREDO Y OTROS c/ E.N.  MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

La prisión preventiva que el litigante hubiese consentido sin interponer los recursos de apelación por ante el superior nunca podrá comprometer la responsabilidad del juez que la dictó, y en consecuencia, la del estado.
Asociaciones sindicales, acción de amparo, conflicto intrasindical
Materia: LABORAL
Carátula: BARREIRO, AVELINO Y OTROS c/ UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-06

Toda vez que los conflictos intrasindicales se encuentran regidos por los arts. 59 y 60 de la ley 23551 resultan, en principio ajenos al "amparo sindical" legislado en el art. 47 de dicha ley. Aunque los actores del conflicto pudieran revestir la doble condición de delegados del gremio y trabajadores del sector, tal circunstancia no puede ampliar el campo de aplicación del art. 47 ya citado, so pena de desnaturalizar la voluntad legislativa.
Despido indirecto, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

Pesan sobre el trabajador las cargas y responsabilidades de demostrar la razonabilidad de su injuria en los casos en que se invoque el despido indirecto.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recusación, excusación
Materia: LABORAL
Carátula: Rolón, Oscar c/ Witcel S.A. s/ Indemnización enfermedad accidente. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

En el caso, el pronunciamiento que resuelve no tener por parte al profesional en representación de la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 11.653 no es susceptible de ser recurrido por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no produce el efecto indicado anteriormente. (Minoría u opinión personal)
Competencia provincial, enriquecimiento ilícito de funcionario público, funcionarios públicos provinciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzur, Juan Luis s/ Enriquecimiento ilícito (art. 268 inc. 1)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Corresponde que la justicia local -y no la federal- investigue el supuesto incremento patrimonial que se habría producido mientras el imputado era funcionario provincial si no se verifica conexidad alguna con la denuncia efectuada ante el fuero de excepción por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de aquel en un cargo nacional correspondientes a períodos diferentes, por lo que no existe peligro de incurrir en sentencias contradictorias, ni se acreditó la existencia de hechos que pudieran afectar directa y efectivamente a la Nación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Contrato de trabajo, relación de dependencia, asesoramiento profesional, abogados
Materia: LABORAL
Carátula: SAENZ, GLADYS LUCIA c/ ULTRACOMB COMERCIAL Y FINANCIERA SCA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

El asesoramiento legal brindado por una abogada, en beneficio y por cuenta de otro, que la remuneraba en forma fija y mensual (independiente de sus honorarios judiciales), constituye una prestación típica de un contrato de trabajo. En estos supuestos la dependencia laboral no requiere que las tareas profesionales se realicen con sujeción a horario o en las oficinas de empleados, e implica para el empleador en algunos casos dar ordenes y en otros la posibilidad de darlas, en los limites que fije el contrato y la categoria profesional del trabajador.
Prisión preventiva, condena de efectivo cumplimiento, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Eguren, Damián Luis s/ imp. de inf. Ley 23.737', incidente apel. fisc. fed.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Cabe decretar la prisión preventiva del imputado por el delito de transporte de estupefacientes, puesto que la seriedad y gravedad del delito enrostrado, con la pena de cumplimiento efectivo que conlleva, su conducta al momento de la detención y la posibilidad de ser declarado reincidente en caso de recaer condena, evidencian un aumento en el riesgo de fuga y son razones para apartarse de la presunción -iuris tántum- establecida en el Código Procesal Penal -art. 316 y 317-.
Locación, locación de obra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SP  SA  Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA s/ COBRODE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cuando, como en el caso, la actora suscribió con la Municipalidad de Córdoba un contrato mediante el cual asumió las obligaciones de proveer la tecnología informática y los servicios de asistencia técnica necesarios para la implementación del Municipio Digital y del Programa Córdoba 24 horas y, de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 8 del Pliego de Condiciones Particulares; se puede extraer que el contrato de marras se trató de una locación de obra, pues la actora actuó como un empresario, sin subordinación jurídica, que se comprometió a alcanzar un resultado -la modernización y simplificación de los sistemas de recaudación y control del municipio en relación a los derechos, tasas y contribuciones-, aportando para ello, los equipos, software y hardware que fueran necesario, así como la capacitación requerida para el personal municipal, asumiendo el riesgo técnico y económico, habida cuenta que el precio que se obligó a pagar la Municipalidad demandada tenía directa vinculación con el resultado de la gestión de la accionante.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Alanoca, Carlos Oscar c/ Libertad S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

Conforme a la doctrina del Alto Tribunal de la Nación, la aplicación de normas de un convenio colectivo de trabajo y la interpretación que cabe acordarle a sus términos son cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria. El recurso de inconstitucionalidad es excepcional, lo que determina que es inadmisible cuando se la dirige contra sentencias en las que se resuelven cuestiones de hecho, prueba o derecho común, como tampoco resulta procedente en los supuestos de discrepancia con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas en la sentencia por los jueces, por cuanto el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en caso de sentencias arbitrarias, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales. (Del voto de los Dres. Samsón, Vittar, Bonari y Catalano. Mayoría).
Designación de perito, perito de parte, registro de peritos, derecho de trabajar, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: C. L., S. R. c/  s/ inscripción perito de parte
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-05

Corresponde confirmar la decisión que rechazó la designación de una psicóloga como perito de parte por no encontrarse inscripta en los listados del Poder Judicial, puesto que los peritos, en su carácter de asesores técnicos del juez, deben estar sujetos a un control previo, tal como lo establece el art. 254 del Código Procesal Penal, para lo cual es requisito estar inscripto en las listas formadas por el órgano judicial competente, y tal inscripción obedece a la posibilidad de controlar los requisitos necesarios para ejercer la actividad y resguardar la garantía de imparcialidad del dictamen pericial. Asimismo, no parece existir una colisión entre la norma citada y el art. 14 de la Constitución Nacional, en tanto el ejercicio del derecho de trabajar está sujeto a las leyes que lo reglamenten, como así tampoco se afecta el art. 28, puesto que no se advierte irrazonabilidad.
Defensa en juicio, delitos, derechos y garantías constitucionales, imputado, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C/ T.J.R. S/ Lesiones leves agravadas, Amenazas y Abuso sexual (E/P de V.L.B. y R.A.T.) S/ Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-05-02

Para toda persona imputada de un delito, por el cual se la somete a proceso, es sin duda la defensa en juicio el derecho por excelencia.
Responsabilidad de la Municipalidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta, Claudia Malvina c/ Hector Jaluf e Hijos S.H. y Otros s/ Ordinario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-24

No cabe endilgarle culpa alguna a la víctima de un accidente de tránsito acaecido en un pozo construido a los fines de la ampliación de la red de agua, pues sin perjuicio de que la actora carecía de licencia habilitante para conducir, la municipalidad demandada no logró acreditar que dicha omisión hubiera influido causalmente en el siniestro. Por el contrario, se probó la falta de señalización adecuada de la obra en construcción, y que al momento del siniestro las condiciones de visibilidad no eran óptimas, por lo que no corresponde eximir de responsabilidad a la autoridad de aplicación.
Régimen penal de la minoridad, menores, individualización de la pena, culpabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., D.H. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-09

Si bien no procede la aplicación del régimen minoril previsto por la ley 22.278 respecto de quien ha cometido a la edad de dieciocho años un delito, el hecho de encontrarse apenas por encima del umbral de la plena persecución penal puede erigirse como una situación de especial consideración conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. en atención a que se trata de una persona que no cuenta con el mismo grado de madurez de un adulto, tal como lo conceptúan los arts. 126 y 128 del Código Civil, lo que tiene directa incidencia en su situación emocional, y en su posibilidad de actuar de forma impulsiva o a instancias de sus compañeros, todo lo cual constituye un aspecto de especial trascendencia al examinar su culpabilidad, y, por ende, tiene también gran relevancia al momento de individualizar el monto de pena adecuado. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos -en disidencia-).