marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exportaciones, compraventa, control de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUGHES TOOL COMPANY  S.A.C.I.F.I. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO - CONTROL DE CAMBIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

El vender mercaderías al exterior por un precio en moneda extranjera supone en el caso una operación de exportación lícita para la que se exige un "permiso" para la salida de los bienes (arts. 332 y 348 de la ley 22.415 y art. 67 inc. 1, 9 y 12 de la C.N.). Como el art. 9 punto 2 de la ley 22.415 define a la operación de exportación como la salida del territorio aduanero de cualquier mercadería, no cabe asimilarla sin más a un contrato de compraventa sino que cabe acudir al concepto recogido por un cuerpo legal que le asigna significación económica y en el que exhibe mayor amplitud.

Salta así a la vista el error de pretender encuadrar las consecuencias de ese hecho jurídico sólo en disposiciones del derecho privado, toda vez que aparte de los reglamentos en que consisten los códigos de fondo (art. 67 inc. ll de la C.N.) existen leyes de carácter público que también gobiernan la mentada operación.

Estas últimas presentan estrechos vínculos (art. 108 del Código Aduanero) cuyo punto de contacto es promover el bienestar general a través de figuras de intervención y control por el Estado con una profunda raigambre histórica; permitiendo aquél vínculo obtener resultados económicos semejantes con diferentes medidas que conforman institutos jurídicos estructuralmente distintos aunque tengan análogos efectos, lo que impide que pueda desconocerse los aspectos aduaneros de los cambiarios o de otro tipo, y sostener así la falta de relación entre lo dispuesto por la Resolución nro. 2 del Ministerio de Economía y la Comunicación A-86 del B.C.R.A.-
Despido con causa, sanciones laborales
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Emilio Evaristo c/ Empresa Tiro Federal Resistencia S.R.L. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-07-14

Siendo cierto que, jurisprudencialmente se requiere que el lapso entre la infracción y el despido sea breve, no lo es menos también que se admite supuestos que justifican una eventual demora en reaccionar, si, como acontece en la especie, medió la tramitación de sumarios, para mejor evaluar las infracciones cometidas. No se requiere una inmediatez absoluta, sino un ejercicio de la posibilidad rescisoria temporalmente prudente. Lejos está, un lapso de diez días de ser considerado inequitativo y culpable, para poder conceptualizarlo decisivamente extemporáneo, como lo pretende el recurrente, sin duda por estimar que la inmediatez debe ser siempre y necesariamente absoluta, tanto más si se tiene en cuenta que se compadece con el término previsto al efecto en el art.12 de la Convención Colectiva Nro.322/73, aplicable al "sub-discussio".
Régimen de consolidación de deudas, intereses, banco central, tasa pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Flores Benjamín Nemesio c/ Mº de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-05

Respecto de las sumas, desde que cada una de ellas fue debida y hasta el 31 de agosto de 1992, deberá computarse el interés equivalente a la tasa pasiva promedio publicada por el B.C.R.A. en los términos del art. 10 del decreto 941/91, capitalizable mensualmente (ley 23.928). La suma consolidada resultante a dicha fecha devengará el interés que normativamente se encuentra establecido para el medio de pago por el que opte el acreedor para la cancelación de su crédito. En relación a las prestaciones devengadas a partir del 1º de septiembre de 1992, y hasta el 31 de diciembre de 1993, deberá estarse al mecanismo de pago establecido en el art. 22 de la ley 23.982, correspondiendo computar sobre ellas, desde que cada una es debida, la tasa de interés pasiva promedio a que se refiere el art. 8º del decreto 529/91, según texto aprobado por el decreto 941/91 (conf. C.S.J.N., in re "López, Antonio", del 10/6/92). (Consid. 6º).
Competencia, juez de ejecución, jueces, sentencia, rehabilitación (penal), inhabilitación especial, inhabilitación para conducir
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FISCAL - EXPTE. Nro. 13823 - c/ CASINI, PABLO DANIEL s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-11-01

Siendo el propio Tribunal de Sentencia el que ejecutó la pena de inhabilitación especial, es también el competente para entender en el incidente de rehabilitación de conformidad con el art. 533 del Código Procesal Penal.

Ello es así, puesto que la ejecución de la sentencia se produce en forma inmediata, una vez aprobado el cómputo de la pena, y la remisión de las copias y antecedentes al Juez de Ejecución es a los fines del control posterior de la misma, art. 511 del Código Procesal Penal.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, daño psíquico, chofer de colectivos
Materia: LABORAL
Carátula: VALDEZ, RICARDO c/ EL HALCON  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

El hecho de que, probablemente, lo stresante de la tarea laboral desempeñada, haya agudizado o exacerbado el estado depresivo del trabajador, no puede considerarse una causa adecuada para justificar la responsabilidad de la demandada.
Apreciación de la prueba, JUSTIFICACIÓN
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

Sólo corresponde al tribunal de juicio apreciar los elementos de prueba, evaluarlos, y establecer el grado de convencimiento que puedan producir sin que tenga el deber de justificar por qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Por su parte, la tarea que compete al tribunal de Casación, se circunscribe a verificar sí los extremos tenidos en cuenta, satisfacen los requisitos que la legislación procesal y la propia Constitución Nacional imponen a los jueces en materia de fundamentación de sus sentencias.
Sentencia, interpelación, defensa en juicio, debido proceso, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUELLO, RAUL s/ SENTENCIA - DEFENSA EN JUICIO - DEBIDO PROCESO - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-24

Como una derivación de la inviolabilidad de la defensa que se asienta en los derechos esenciales de la persona humana y que el orden constitucional reconoce (C.N.,art. 18) el factum o hecho criminoso que constituye el objeto material de la imputación previamente intimada, o ampliada en legal forma y declarado en la sentencia condenatoria, es inmutable, y ello no sólo porque limita la jurisdicción decisoria en esa medida abierta por la acusación, incurriendo en ese supuesto,el tribunal de mérito,en un exceso de poder por quebrantamiento del "ne procedat judex ex officio", cuanto por una restricción de la audiencia y de la prueba relativas al contradictorio. Lo cierto es que es que cuando no hubo intimación del hecho de la sentencia, se han desconocido normas relativas a la intervención del imputado en el debido proceso, del cual la sentencia es su culminación y remate, y ese vicio anula efectivamente aquélla.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LALLANA, GLORIA ROLON DE Y OTROS s/ INFRACCION ARTICULO 62 INCISO "B" CODIGO DE FALTAS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 223-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-11

La inmotivación de la sentencia (por falta de comprensión y análisis de la totalidad de los elementos de hecho y derecho), fulmina a ésta con la sanción de nulidad que contempla el artículo 95 de la Constitución de la provincia.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pastuszuk, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo Provincial e Instituto de Previsión Social. s/ Acción Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

Es indudable que si las resoluciones atacadas provienen de un organismo descentralizado -en el caso, el Instituto de Previsión Social- con personería para estar en juicio, no puede integrarse la litis, si la acción se dirige solamente contra el Estado Provincial excluyendo al organismo del que proviene el acto administrativo originario.

Estando en autos demandado el Instituto de Previsión Social, resulta procedente la pretensión de la actora de que el Estado Provincial integre la litis como codemandado, por la responsabilidad que le pueda corresponder por su actuación en el procedimiento administrativo, debiendo rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva.-
Recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución, contrato de trabajo, derechos del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

Sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994.
Cuestiones de competencia, fallos de la Corte Suprema, crédito laboral, verificación de créditos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Mario Oscar c/ Vieira Argentina SA s/ despido s/ conflicto de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Si bien no existe en el caso, propiamente, una contienda de competencia entre los jueces nacionales del trabajo y comercial, sí hay, evidentemente, un conflicto entre los magistrados (artículo 24, inciso 7° del decreto-ley n° 1.285/58) que el Tribunal debe resolver de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Bazán" {Fallos: 342:509). Ello es así en tanto la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajó decidió -por mayoría- que el crédito del actor contra su empleador concursado era ejecutable ante el juez del trabajo -aún cuando no había sido insinuado ni verificado en el proceso universal- y el juez del concurso, afirmando que en ese momento no lo era (con base en el mismo artículo 57 de la ley de concursos y quiebras y en su artículo 21), solicitó a su colega de primera instancia del trabajo -a instancia de la concursada y como medida cautelar- que no continuara la ejecución hasta que el crédito reclamado fuera verificado en el proceso universal. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, lectura de la sentencia, notificación en la oficina judicial, notificación por cédula, interposición del recurso, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Faraldo, Eva Valeria; Elissagaray, Gabriel s/ s/ inf. ley 255- Apelación. ley 255- Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

El artículo 49 de la Ley de Procedimiento Contravencional dispone que la sentencia se notifica en el acta de audiencia. Concordantemente, el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación de aplicación supletoria, también establece la obligatoriedad de la lectura de la sentencia en la Sala de Audiencias y, bajo pena de nulidad, dispone que dicha "lectura valdrá en todo caso como notificación para los que hubieran intervenido en el debate" (últ. párr.); de donde se desprende claramente que el acto de lectura importa su notificación.

Dicha circunstancia no puede variar por el hecho de que el Secretario del Juzgado haya decidido, librar cédulas a las partes, pues a la fecha en que ellas fueron recepcionadas la notificación ya se había producido. En otras palabras, una duplicidad de notificación del mismo acto no puede hacer variar el momento a partir del cual se computa el plazo para interponer el recurso que siempre se contabilizará desde la primera de ellas. No puede pretenderse hacer un desdoblamiento indebido de un solo y único acto: la lectura de aquella pieza es ya su notificación.

Y si bien es cierto que el sobreabundante libramiento de cédulas comunicando un acto procesal ya notificado puede generar cierta confusión en el trámite del proceso, frente al claro texto de la ley que expresamente identifica lectura con notificación, no resulta viable admitir que el error incurrido puede ampliar un plazo que posee carácter perentorio (art. 163 CPPN), razón por la cual su mero vencimiento produce la caducidad de la facultad procesal otorgada.

DATOS: C.A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A. Causa 026-00CC/06 -Faraldo, Eva Valeria; Elissagaray, Gabriel s/inf. ley 255 -Apelación- Sala I. del voto de los Dres. Vázquez, Marum y Sáez Capel, abril 11 de 2006. Sentencia Nº 136-06.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, manifiesto de carga
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AGENCIA MARITIMA ROBINSON  S.A. s/ ADUANAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

No excluye que se encuentre reunido el requisito del perjuicio fiscal que los derechos, por la totalidad de la mercadería declarada en el manifiesto de la carga, se abonen con posterioridad a la presentación de este documento aunque con anterioridad a la finalización de la descarga, pues si bien ello evitaría una disminución de la renta fiscal, no elimina la virtualidad que aquella declaración tuvo de producirla de pasar inadvertida, bastando esa posibilidad para que se configure el ilícito que reprime el art. 954 del Código Aduanero.
Ley aclaratoria, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chicorio, Adela Rosa y otros c/ Caja de Sub. Fam. para el Pers. de la Ind. (CASFPI). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

El Poder Judicial está facultado para determinar el carácter de la norma, cualquiera hubiese sido la denominación que le hubiere dado el legislador, con el fin de establecer si, so pretexto de aclarar, se afectaban derechos legítimamente adquiridos bajo el amparo de la ley anterior.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Bauer, Horacio W. c/ BCRA. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

El recurso extraordinario es formalmente procedente cuando se ha puesto en tela de juicio la aplicación e inteligencia de normas de naturaleza federal - ley 21.526 de garantía de los depósitos - y la decisión ha sido contraria al derecho invocado por el recurrente.
Prueba confesional, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: FREIJE, Edilio Armando s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

Si la confesión incluye partes que conspiran contra la aceptación de una excusa, no es el procedimiento divisorio el inexcusable camino que debe seguirse, pues basta que se computen esos datos que prueban en contra para no atender al declarante. Y entre ésto y afirmar que las excusas inatendibles, conforme a la misma confesión, no tienen efectos calificativos, en el sentido del art. 236 C.P.P., no hay diferencia.-
Revocación de sentencia, nulidad procesal, plazos procesales, suspensión del plazo, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Francisco c/ EFA s/ ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al declarar la nulidad de lo actuado en el expediente a partir de la suspensión de los plazos otorgados por el juez de primera instancia a pedido de ambas partes, desestimó el recurso de apelación de la demandada, pues sobre la base de una exégesis inadecuada de las normas procesales en juego, dio preeminencia al art. 53 de la ley 18.345, en desmedro de las que regulan tal declaración en cuanto sujetan la declaración de oficio de la nulidad a que el vicio no haya sido previamente convalidado tácita o expresamente por las partes y que haya causado un perjuicio al litigante.
Aplicación de la ley, despido con causa, contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: M. V. M. c/ I.S.S.N. s/ acción de amparo Saez, Mauricio Hernan c/ Oil Addper Service S.R.L. s/ despido por causales genericas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-21|2018-09-20

Corresponde rechazar el agravio referente a diferencias de haberes reclamada por el erróneo cómputo de la antigüedad del trabajador, si el actor no dice concretamente cual es el periodo, el monto correspondiente a cada mes considerando la antigüedad liquidada en cada periodo, ni tampoco proporciona pautas para realizar el cálculo, resultando la vaguedad del reclamo y no permite hacer efectiva la presunción del art. 38 LCT.
Indemnización tarifada, pago parcial, incapacidad parcial
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Francisco c/ Filsan Argentina S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Infringe el art. 47 del decreto ley 7718/71 el fallo que dispone la deducción de la suma depositada en sede administrativa a valores históricos si en el escrito de demanda el actor sólo peticionó la diferencia resultante entre la indemnización que por incapacidad parcial se fijó en sede administrativa y la suma que efectivamente se adeuda estimada a valores monetarios constantes, sin que interese la percepción o no de dicha suma por el actor porque al reclamar sólo la diferencia está admitiendo el pago aunque en forma parcial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Ramallo, Lidio Oscar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la prescindencia de la pericia de alcoholemia al desestimar el sentenciante la alegación de inconsciencia por ebriedad si tal pericia indica que no existían rastros de alcohol en la muestra de sangre extraída al inculpado, lo que demuestra la inconsistencia de dicho planteo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba de la posesión, prescripción adquisitiva, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Paolo Claudia Silvana y otros c/ Agüero Ernesto Mario y otros s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-14

Para que se configure la posesión en el concepto legal de esta palabra es necesario que el poseedor no solo tenga la cosa bajo su poder sino que esa posesión se manifieste con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Este elemento subjetivo importa no reconocer la titularidad del dominio en otro, de lo contario es evidente que no existe posesión sino tenencia.
Requerimiento de elevación a juicio, descripción de los hechos, debate
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Onofri, Eduardo Andrés s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

Es la acusación formulada en la oportunidad normada por el artículo 347 del ritual la que sienta las bases sobre las que habrá de desarrollarse el juicio oral, y la que determina la actividad de los sujetos procesales con antelación al debate y durante el transcurso de éste. Es así que tanto el ofrecimiento de pruebas formulado por las partes como el examen de admisibilidad que sobre ellas ejerce el Tribunal de enjuiciamiento se encontrarón íntimamente vinculados a los hechos materia de acusación en el requerimiento fiscal de elevación a juicio (artículos 355 y 356 del Código Procesal Penal).

También será determinante el límite que imponen tales hechos en el desarrollo del contradictorio; ello en la medida que la actividad natural de uno de los actores del mismo -es decir, el Fiscal General- se dirigirá a acreditar la responsabilidad del imputado en aquellos sucesos, mientras que la defensa, por su parte, intentaron desacreditar los elementos de cargo obrantes contra su pupilo y presentar los elementos de descargo que considere atinentes, ello en pos de evitar que su estado de inocencia pueda ser finalmente conmovido (Voto de la Dr.a. Capolupo de Durañona y Vedia).
Doctrina legal, voto en minoría
Materia: CIVIL
Carátula: Rusconi, Daniel Fabián c/ ING BANK N.V. Sucursal Argentina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

Un voto en minoría no constituye doctrina legal.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Automotores, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTO, Antonio s/ INFORMACION SUMARIA, INSCRIPCION DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-05

Ni por la vía de al información sumaria, ni por ninguna otra vía del procedimiento local, la justicia provincial es competente para entender en asuntos relacionados con la entrada del vehículo al país.
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Félix c/ Blua, Dante s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Indemnización de daños y perjuicios  (Expte. CSJ Nº 150-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

En el trámite que la ley 7055 imprime el recurso de inconstitucionalidad en el orden local, el solicitante de la regulación de honorarios no tiene por ante la Corte substanciación o actividad alguna que no sea la vista al Señor Procurador General.

De tal manera, no siendo éste Tribunal aquél por ante el cual se desarrolló la actividad profesional a justipreciar, no corresponde al mismo efectuar regulación alguna en relación a ese trámite, la que deberá ser solicitada ante el a quo, quien proveerá de conformidad al artículo 20 de la ley 6767.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Zerrillo,  Rosana  Elizabeth c/ Universidad  de  Buenos Aires,Facultad de Ciencias Econ3/4micas s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

De acuerdo a lo expresado por la CSJN in re "Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" de 30/4/91, la Ley de Contrato de Trabajo sólo es aplicable a una relación de trabajo, cuando el órgano administrativo (conf. art. 2 inc. a) de la L.C.T.) manifieste su voluntad en tal sentido. En el caso, ello no ocurrió y no es suficiente a los fines de la aplicación de la legislación laboral, la invocación de haber desarrollado tareas por más de dos años en la entidad pública de que se trate. A ello se suma el hecho de haber firmado la actora sucesivos contratos de locación de servicios profesionales, recibiendo como retribución honorarios en base a facturas o recibos instrumentados al efecto.
Extinción del contrato de trabajo, despido por falta o disminución de trabajo, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo Ruiz, Abdón Orlando y Otro c/ Empresa J.G.F. y-u Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-29

Atento las especiales circunstancias económicas que debió soportar la demandada al momento de la rescisión contractual de los accionantes, reitero lo dicho en la anterior oportunidad decisoria de este cuerpo con cita de Meilij cuando informa en caso de quiebra, esta situación no configura por sí misma una causa que habilite a pagar indemnizaciones reducidas si no se prueba que el estado de falencia obedeció a causas ajenas a la voluntad del empresario, ya que la quiebra no constituye por sí misma, en principio una causal de falta o disminución de trabajo que autorice al pago de indemnizaciones especiales.