Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-03


AUTOS N°157391 (C.C.Nº22501) DEL QUINTO JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "MARZIALL Miguel Ángel C/ Imparado Salvo Maria José - Interdicto de Recobrar".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2018- del Tº I - Fº165/171- En la Ciudad de San Juan a Tres (03) días del mes de mayo de 2018, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Roberto Pagés Lloveras y la Sra. Vocal Dra. Elena de la Torre de Yanzón, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 191/192 del recurso de queja, contra la resolución de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº157391 (C.C. Nº22501) caratulados: "MARZIALL MIGUEL ANGEL C/ IMPARADO SALVO MARIA JOSE - INTERDICTO DE RECOBRAR", dictada por el Sr. Juez titular del Quinto Juzgado Civil, obrante a fs. 204.- LA DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZÓN DIJO:

Vienen estos autos para resolver con motivo del recurso de apelación subsidiaria concedido a fs. sub 191/192 del recurso de queja contra la providencia de fecha 19 de diciembre de 2016, obrante a fs. 204.

I- Antecedentes.

En ella, el Sr. Juez a-quo resuelve: "Al punto I: En virtud de que la audiencia inicial prevista en el Art. 321 del C:P.C. resulta facultativa para el suscrito, a lo solicitado no ha lugar. Estése a lo decretado a fs. 202. Al punto II: Proveyendo la pruebas ofrecidas en los incidente de nulidad y redargución de falsedad. De la parte actora: Pericial: Para designar perito TASADOR, señálase fecha de audiencia para el día 7 de febrero de 2017, a las 09:00 hs. Notifíquese a los Colegios Profesionales si existiera. Confesional: Para que absuelvan posiciones los demandados Sr. Fernando Javier Zapatero Figueroa y la Sra. Yolanda Beatriz Figueroa de Zapatero, fíjase fecha de audiencia para el día 9 de marzo de 2017, a las 09:30 y 10:00 hs. Cíteselos en la forma y bajo los apercibimientos de los Arts. 372 y 380 del C.P.C. los que se transcribirán.- Testimonial y de Reconocimiento: Para que declare el Sr. Luis Abel Martín, fíjase fecha de audiencia para el día 9 de marzo de 2017 a las 10:30 hs.- Cíteselos en la forma y bajo los apercibimientos del Art. 396 del C.P.C..- Notifíquese personalmente o por cédula".

Contra la aludida resolución, la demandada deduce recurso de reposición con apelación en subsidio a fs. 206/211 vta.

Al fundar el recurso dice que se agravia, en primer lugar, porque al proveerse la prueba correspondiente a los incidentes de nulidad y redargución de falsedad ofrecida por el actor, el Sr. Juez a-quo omitió proveer y merituar los planteos de rechazo a esas pruebas formulados al contestar dichos incidentes, violando con ello los arts. 33 inc. 4 y 162 del C.P.C. -deber de resolver y fundar las resoluciones interlocutorias-, el principio de congruencia, el derecho de peticionar ante las autoridades y el derecho de defensa en juicio.

En segundo lugar se agravia, porque la omisión anterior -afirma- es consecuencia de haber omitido merituar el pedido de rechazo in limine de la nulidad y redargución de falsedad, que desnaturalizan el trámite de este interdicto de recobrar.

Señala que en este caso nos encontramos en un interdicto de recobrar la posesión -trámite voluntariamente dispuesto y elegido por el actor-, y en el que esa parte sólo puede discutir la supuesta pérdida de una pretensa posesión en forma clandestina, y no cuestionar, en contradicción incluso con sus propios actos, la validez de instrumentos públicos voluntariamente por él suscriptos, plenamente válidos, e inscriptos en el Registro General Inmobiliario para su publicidad.

En tercer lugar, se agravia, porque de proveerse tales pruebas se estarían introduciendo extremos que no han sido incorporados a la litis, y que nada tienen que ver con el interdicto de recobrar la posesión.

Que el actor pretende en un proceso donde se discute una medida policial (interdicto) abusar del sistema, pretendiendo formular planteos ordinarios nulificatorios, por lo que de quedar firme la resolución impugnada se produciría un grave desbordamiento del interdicto, en clara violación al derecho de defensa en juicio y el debido proceso.

Expresa que se haría posible que se materialicen tales improcedentes conductas, al punto de permitir que un perito tasador tenga que dictaminar sobre un supuesto desequilibrio, cuando ni siquiera el actor cumplió con el deber de precisar y fundamentar el desequilibrio que refirió, denunciando las pautas o tópicos sobre los que éste se basa, obligando al perito a tomar opiniones totalmente subjetivas, que excederían su labor de auxiliar de la justicia, lo que conllevaría a la nulidad absoluta del proceso.

Que el actor manifiesta que la cláusula que prevé la condición resolutoria con daños y perjuicios produce desequilibrio, pero no ha denunciado en qué consiste éste o cómo se da en la especie; sin perjuicio de advertir que el instituto de la condición resolutoria es válido y legítimo, y que aquélla parte lo celebró voluntariamente.

Sostiene que en la hipótesis de haber existido un desequilibrio, sería imposible justipreciarlo en este proceso abreviado de interdicto, en el que sólo se persigue una medida sumarísima policial.

Que en caso de existir, como dice el actor, terceros perjudicados, ellos tendrían sus propias acciones que podrían ejercer; sin perjuicio de advertir que quienes eventualmente contrataron con el Sr. Marziali conocían o debieron conocer la condición resolutoria y sus consecuencias, pues fue dada a publicidad por la inscripción en el Registro General Inmobiliario, no pudiendo ser ignorada.

Pide se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se dicte otra en la que se resuelva admitir el pedido de rechazo in limine de los incidentes de nulidad y redargución de falsedad, y la oposición de prueba.

Corrido traslado del recurso, el actor lo contesta en forma extemporánea a fs. 264/265 vta.

A fs. 330/333 vta. el Sr. Juez a-quo rechaza el recurso de reposición y deniega la apelación subsidiaria.

Para así decidir, dice que la demandada no cuestionó la providencia de fs. 122, en la que se ordenó la sustanciación de los planteos de nulidad y redargución de falsedad deducidos por el actor a fs. 110/119.

Que ha sido su consentimiento el que otorgó firmeza y ejecutoriedad a la sustanciación ordenada, y en definitiva al trámite de la vía incidental que ese mismo acto produjo, por imperio de lo establecido en el art. 182 del C.P.C., siendo ello el primer valladar que enfrenta el pedido de rechazo in limine, habiendo precluido la oportunidad para pronunciarse ahora de la manera pretendida, producto de la sustanciación consentida y cumplida, y por estar respondidos cada uno de los planteos formulados.

Sostiene que las circunstancias apuntadas han tornado válido el trámite procesal que fuera impreso a los planteos propuestos por el accionante, y su procedencia en este juicio de tenor abreviado, y que independientemente de su andamiaje fundacional y eventual resolución, no puede ser ahora vedada sin permitir un desarrollo completo de su vía incidental, so pena de violar los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio invocados por la propia recurrente.

Añade que atendiendo a la complejidad de las cuestiones vinculadas en esta causa, considera adecuado acceder a todo medio probatorio que facilite su eventual solución, aplicando y respetando los principios de amplitud probatoria y carga de la prueba impuestos por el art. 340 del C.P.C.

Por esas razones, y en uso de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas por los arts. 33, 35, 321, 326 inc. 4 y 6 del C.P.C., rechaza las oposiciones formuladas por la demandada sobre las pruebas ofrecidas en los incidentes de nulidad y redargución articulados por el accionante, sin perjuicio -dice- de su posterior valoración que de ellos se realice al momento de resolver en definitiva.

Sostiene a continuación, que: "En este punto, he de resaltar que el Juez de la causa, como director del proceso, es quien puede disponer de la prueba ofrecida por las partes, ordenando toda aquella que considere adecuada para una mejor y más justa resolución de la controversia. Y bajo esa premisa es conveniente la adopción de todos aquellos medios probatorios que conduzcan a tener una mejor y más amplia visión de la situación de hecho producida, siempre que no sean, claro está, a prima facie meramente dilatorios o inconducentes, los que en este caso particular no merecen tal calificación".

Finalmente, deniega la apelación subsidiaria y exime de costas por el incidente.

A fs. 373 se llama autos para resolver, y a fs. 401 se certifica el pase a estudio.

II- Tratamiento del recurso.

Como surge de la expresión de agravios, la demandada apelante se agravia de la providencia impugnada en cuanto dispone proveer la prueba ofrecida por el actor en los incidentes de nulidad y redargución de falsedad. Solicita que en su lugar se dicte otra, en la que previo a proveer la prueba se resuelvan los planteos de rechazo in limine de los incidentes de nulidad y redargución de falsedad, y de oposición a prueba.

El art. 181 del C.P.C., referido a los incidentes, establece: "Rechazo 'in limine'. Si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el Juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución será recurrible por reposición y en su caso apelable subsidiariamente, sin efecto suspensivo".

Con relación a ello, se sostiene: "Rechazar in limine, es decir, en el umbral del proceso, es desestimar la pretensión deducida en la demanda incidental sin analizar la cuestión planteada ni correr traslado de ella. Es decir, rechazar de plano la petición formulada, proveyéndolo así en la primera presentación del incidentista" (Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Tomo I, 2° edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, pág. 707).- De las constancias de autos, resulta que a fs. 108/119 el actor plantea incidente de nulidad y redargución de falsedad.

En providencia de fecha 07 de octubre de 2016, obrante a fs. 122, el Sr. Juez a-quo dispone: "Por repuesto el sellado de incidencia requerido a fs. 120, en consecuencia córrase traslado del planteo de oposición a prueba, de la nulidad de cláusula y del planteo de redargución de falsedad, al demandado por el plazo de tres días. Notifíquese personalmente o por cédula".

A fs. 123/167 vta. la demandada, sin impugnar la providencia que le da curso al incidente, contesta el traslado corrido, solicitando que se rechacen los planteos formulados, incluso -dice- in limine.

En providencia de fecha 19 de octubre de 2016, obrante a fs. 168, el Sr. Juez a-quo decide: "Por contestado el traslado del planteo de nulidad y redargución de falsedad en tiempo y forma de ley".

La providencia de fs. 122, que ordena correr traslado del incidente, y la de fs. 168 que lo tiene por contestado en tiempo, no fueron impugnadas por la demandada, encontrándose ambas firmes.

Así las cosas, si bien la norma procesal prevé la facultad de rechazar in limine un incidente, en este caso, atendiendo al estado en que se encontraba el proceso al tiempo de dictarse la providencia recurrida, no cabía esa posibilidad, porque el Sr. Juez a-quo no rechazó de plano la petición del actor, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 182 del C.P.C., decidió admitir el incidente y dar traslado a la otra parte en orden al principio del contradictorio, y la demandada hoy apelante lo consintió. Si el ahora recurrente consideraba que tales proveídos no eran correctos, debió interponer recurso de reposición y no lo hizo.

En consecuencia, en virtud del principio de preclusión, mencionado en la sentencia que rechaza la reposición, corresponde rechazar el recurso en este punto.

La apelante se agravia también, porque en la providencia recurrida el Sr. Juez a-quo omitió pronunciarse sobre el pedido de rechazo de las pruebas ofrecidas por el actor, correspondientes a los incidentes de nulidad y redargución de falsedad.

Si bien es cierto que el sentenciante había abierto a prueba el incidente sin resolver la oposición a la prueba planteada por el ahora recurrente; como se dijo supra, al momento de resolver la reposición, sin perjuicio de rechazarla, trató la oposición a prueba hecha por la demandada y se pronunció al respecto, rechazándola. De esta manera, subsanó su omisión.

En virtud de ello, y a que como reiteradamente se ha resuelto, las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala A, 05/07/2013, "Bunge Argentina S.A. c. A.F.I.P. s/ contencioso administrativo", La Ley Online, Cita Online: AR/JUR/46941/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 25/10/2013, "O. A. M. c. O.S.P.E.C.O.N. s/ sumarísimo", Cita Online: AR/JUR/95196/2013), esta cuestión ha perdido actualidad y ha devenido abstracta.

Ello, porque la alegada omisión de tratamiento del pedido de rechazo de la prueba ofrecida por el actor en el que la recurrente fundó este agravio ya no es tal, en tanto el Sr. Juez a-quo se pronunció expresamente sobre ese tema -rechazándolo- al tratar la reposición (fs. 330/333 vta.).

En este sentido: "El agravio, para justificar el recurso de apelación, debe también ser actual; es decir, debe existir al momento de apelar y subsistir al momento de dictar sentencia. (.) Si desaparece el interés, la cuestión se torna abstracta; y según lo ha señalado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos, estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas" (Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Tomo 1, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, pág. 202/203).- Por último, teniendo en cuenta que no se rechazó in limine el incidente, y a que como señala la doctrina, es circunstancia facultativa para el juez la apertura a prueba en los incidentes, pues en el trámite de ellos queda a criterio del magistrado la opción de recibir la prueba ofrecida o decidir prescindiendo de ella cabe desestimar el pedido de que se deje sin efecto la prueba proveída. (Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Tomo I, op. cit., pág. 711).

Respecto de la preocupación del recurrente sobre la afectación a garantías constitucionales, por la supuesta inapelabilidad del incidente planteado dentro de un interdicto, razón que justificó la admisión de la queja, considero que no debe ser tal, pues de acuerdo a lo dispuesto por el art. 358 del C.P.C. de aplicación supletoria, la redargución de falsedad se resolverá juntamente con la cuestión principal. Por tales razones, voto por el rechazo del recurso de apelación subsidiaria.

EL DR. ROBERTO PAGÉS LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación subsidiaria concedido a fs. sub 191/192 del recurso de queja contra la providencia de fecha 19 de diciembre de 2016, obrante a fs. 204.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZON;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.