Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 207/211 contra la disposición Nº 2076-DGDYPC-2004 de fecha 30 de marzo de 2004, en los autos caratulados: "BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ G.C.B.A. s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.", expte. RDC 977/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Carlos F. Balbín, Dr. Horacio G. Corti y Dr. Esteban Centanaro. El Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. A fs. 207/211 Banco Hipotecario S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución 2076-DGDYPC-2004 de la Dirección General de Defensa y Protección al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual impuso una multa de cinco mil pesos ($5.000) por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley Nº 24.240. La disposición se dictó en el marco de un expediente iniciado como consecuencia de la denuncia de una consumidora quien manifestó que el Banco Hipotecario S.A. incumplió su solicitud de cancelación anticipada del préstamo hipotecario tomado con dicha entidad bancaria. Luego de sustanciadas las actuaciones y producida la prueba, la autoridad administrativa, mediante disposición 2076-DGDYPC-2004, consideró que Banco Hipotecario S.A. infringió los deberes previstos en los artículos 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. Para así decidir, la administración señaló que "con relación al artículo 4 de la ley 24.240, de las constancias obrantes en las presentes actuaciones no surge que la denunciante haya sido informada en forma veraz, eficaz y detallada respecto del trámite a seguir para la obtención de la Cancelación y Liberación de Hipoteca. Que con relación al artículo 19...se considera que BANCO HIPOTECARIO S.A. no respetó los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales fueron ofrecidos o convenidos. En efecto el Banco de marras no cumplió con la cancelación del Préstamo Hipotecario, de acuerdo la solicitud, no desconocida por la denunciada, que se adjunta a fs. 4. Que en mérito de lo expuesto precedentemente debe tenerse por probada la infracción al artículo 19 de la ley 24.240 al no prestar la sumariada el servicio tal cual fuera convenido con el denunciante". La recurrente apeló dicha decisión a fs. 207/211. Adujo que: (i) no incumplió el deber previsto en el artículo 4 de la ley 24.240 y el establecido en el artículo 19 de la misma norma; (ii) el acto es nulo por carecer de todo sustento; y, por último, (iii) la multa impuesta resulta excesiva e injustificada. A fs. 230/232 vta. la Ciudad contestó los agravios expresados por la actora indicando -básicamente- que la infracción se encuentra acreditada en autos y que la actora no aportó prueba que permitiera eximirla de responsabilidad. En consecuencia, solicitó que se confirme la sanción recurrida. A fs. 240/241 vt a. emitió dictamen la Sra. Fiscal de Cámara. A fs. 244 se elevaron los autos al acuerdo de Sala. II. Ante todo, considero que para resolver los agravios es conveniente efectuar algunas precisiones acerca del marco normativo aplicable a esta litis. El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que "quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". La finalidad de la norma es "la búsqueda de la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las ventajas y desventajas del servicio que contratan. La razón de la norma se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual pretende contratar" (CNCont Adm Fed., Sala 2, "Diners Club Argentina SACy de T c. Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disp. DNCI 165/97 causa 10361/97, 11/04/1997, Lexis Nexis On Line Nº 8/3005). El deber de informar en forma adecuada al consumidor no surge únicamente del citado artículo sino de la propia Constitución Nacional, en tanto dispone en su artículo 42 que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo (...) a una información adecuada y veraz". La Constitución local, por su parte, establece en su artículo 46 que "la Ciudad (...) protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles (...) el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna". En términos generales, podría decirse que "la razón de ser de la norma del art. 42 de la Constitución Nacional se encuentra en la necesidad de suministrar al consumidor los conocimientos de los que carece a fin de permitirle elegir, en forma racional y fundada, el bien o servicio que pretende contratar, y a sí disminuir la desigualdad de conocimientos que, naturalmente, existe entre quien concibe y publicita un producto o servicio y quien lo puede adquirir" (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "¿Quién es consumidor, a los fines de la protección procesal?", LL, ejemplar del 23/04/2003). Por su parte, el artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor dispone que "quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos". La norma constituye una derivación necesaria, en el ámbito específico del derecho del consumidor, del principio pacta sunt servanda consagrado en el artículo 1197 del Código Civil. III. Teniendo presente el marco normativo reseñado, en primer lugar analizaré si ha existido infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. La apelante aduce que originalmente la operación de cancelación anticipada de la hipoteca debía e fectuarse a través del administrador, esto es, el Banco Patricio S.A. y que, como consecuencia de la quiebra de dicha entidad, recién en ese momento asumió la gestión de la operación de cancelación. Por eso, concluyó que no cabe atribuirle responsabilidad por falta de información al momento de la toma del crédito hipotecario dado que su intervención en la operación fue posterior. Por otra parte, agrega que la información que necesitaba la denunciante se encontraba en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que obra a fs. 30/74. Sin embargo, resulta concluyente la documental de fs. 12 y 13 de la cual surge que Banco Hipotecario S.A. omitió informar a la consumidora acerca del estado del trámite de cancelación hipotecaria. En efecto, a fs. 12 obra una carta documento enviada a la sumariada, quien la recibió el 27/09/01 (ver constancia de recepción que obra a fs. 10), a través de la cual la cliente solicita información acerca de la cancelación total del préstamo contraído. A su vez, a fs. 13 obra una nota dirigida a la empresa denunciada, recibida el 19/10/01 (ver sello de recepción inserto en la misma nota), en la cual relata los inconvenientes derivados de la falta de cancelación de la hipoteca. Cabe destacar que no consta en el expediente que las cartas mencionadas hubieran recibido respuestas por parte de la recurrente. A su vez, el hecho de que el contrato agregado en el expediente figuren las condiciones de la cancelación anticipada del préstamo hipotecario (fs. 30/76) no suple la falta de información a la cliente durante la tramitación de la cancelación del empréstito contraído. En efecto, acerca de los momentos en que debe informarse al consumidor la doctrina ha dicho que: "a) en primer lugar, contempla el aspecto contractual, al incluir la obligación de suministrar los datos que permitan al consumidor celebrar reflexivamente el contrato (protección del consentimiento); b) en segundo término, abarca toda la información necesaria en la etapa posterior a su celebración, tanto en el momento de la entrega de la cosa como durante la prestación del servicio, si ocurren en tiempos distintos, y c) por último, incluye toda la información que resulte indispensable después de entregada la cosa, para un disfrute adecuado de ésta, conforme a su naturaleza, complejidad y riesgos" (Farina, Juan M., "Defensa del Consumidor y del Usuario", Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 169). En consecuencia, tengo para mí que la actora no cumplió debidamente con su deber de informar al consumidor respecto del trámite de cancelación hipotecaria. Por ello, este agravio no habrá de prosperar. IV. El segundo agravio de Banco Hipotecario S.A. se refiere a que no pudo cumplir en término con la cancelación anticipada del préstamo hipotecario pues no contaba con la escritura hipotecaria, cuya guarda estaba a cargo del Banco Patricios S.A.. Agregó que, dado que la misma fue extraviada, tuvo que tramitar un segundo testimonio de la escritura. En consecuencia, concluyó que la pérdida del título por parte del ex Banco Patricios S.A. -administrador de la operación hipotecaria- es un hecho fortuito ajeno al Banco Hipotecario S.A. Adelanto mi opinión en el sentido de que este agravio no habrá de prosperar. En efecto, a fs. 4 luce agregada la "Solicitud de Cancelación Total y Liberación de Hipoteca" de fecha 20/11/00, en la cual se indica que el 20-12-00 el Banco Hipotecario S.A. procedería a efectuar la cancelación total del préstamo. La recurrente no ha logrado acreditar el cumplimiento de lo allí solicitado. A su vez cabe destacar que, contrariamente a lo que sostiene la apelante, la cancelación del préstamo hipotecario se hallaba a su cargo y no del banco Patricio S.A.. En efecto, nótese que las partes pactaron (ver fs. 30/76) que, a fin de cancelar la hipoteca en forma anticipada, "la parte deudora deberá comunicar al BANCO su decisión de cancelar el crédito en forma anticipada" y que por "Banco" debe entenderse "Banco Hipotecario Nacional" (ver fs. 32). Finalmente, considero que el extravío de la escritura hipotecaria no permite eximir de responsabilid ad al Banco Hipotecario S.A. por la infracción imputada toda vez que, aún cuando por hipótesis se estimara que éste no se hallaba a cargo de su guarda, el banco se encontraba obligado a adoptar todas las medidas necesarias para que tal circunstancia no perjudicase al cliente. En efecto, debió al menos abstenerse de cobrar intereses y los gastos mensuales del préstamo hipotecario. Por todo lo expuesto, este agravio no tendrá favorable acogida. V. La recurrente también se agravia de que el acto carece de fundamentación adecuada. En este aspecto, debo señalar que no asiste razón al actor pues el acto recurrido expresa con claridad los fundamentos en base a los cuales sustenta la sanción. Como fuera expuesto supra, en cuanto al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, la autoridad de aplicación sostuvo que el Banco Hipotecario S.A. no brindó en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca del trámite de cancelación anticipada del préstamo hipotecario. A su vez, con rela ción al artículo 19 de la misma ley, en lo sustancial, adujo que el Banco Hipotecario S.A. no cumplió con la cancelación del préstamo en cuestión. Lo expuesto y los argumentos desarrollados en los apartados anteriores resulta, ami entender, suficiente para rechazar el planteo de la recurrente. VI. Por último, me abocaré ahora al agravio referido al monto de la multa, que la recurrente cuestiona por considerarlo excesivo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que "un acto será excesivo en su punición cuando la sanción imponible o impuesta a un particular no guarde adecuada proporcionalidad con la télesis represiva que sustentó -es razonable suponer- tanto el dictado de la norma como la emisión del acto individual que hace aplicación de ella" (Comadira, Julio Rodolfo, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, La Ley, 2003, p. 331). Entonces, para determinar si en el sub lite nos encontramos ante un caso de exceso de punición, resulta necesario analizar si la sanción impuesta por la administración es desproporcionada respecto de la infracción cometida por la actora. Pues bien, el artículo 47 de la Ley 24.240 dispone -en lo que aquí interesa- que "verificada la existencia de la infracción quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (...) multa de quinientos pesos a quinientos mil pesos, hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción". En cuanto a las pautas de graduación, el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, establece que "en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrán en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho". A su vez el art. 16 de la ley 757 de la Ciudad receptó estas pautas de graduación. Cabe destacar que, en el acto en crisis, la administración graduó la multa teniendo en consideración "Que la importancia de la sumariada en el mercado constituye en elemento generador de confianza en el público consumidor al momento de contratar la prestación de servicios bancarios, circunstancia que la obliga a extremar los cuidados en el cumplimiento de la ley 24.240". En virtud de las consideraciones efectuadas, debo señalar que el monto de la multa impugnada -$5.000- se encuentra mucho más cerca del mínimo previsto -$500-, que del máximo -$500.000- y, por ende, no resulta exorbitante. Por todo lo expuesto, resulta claro que la multa impugnada ha sido ajustada a derecho y, consecuentemente, este agravio debe ser rechazado en su totalidad. VII. Por las consideraciones que anteceden, propongo el acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace en su totalidad el recurso de apelación interpuesto, con costas a la actora, por aplicación del principio objetivo de la derrota (artículo 62, primer párrafo del CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. Por los fundamentos expuestos por el Dr. Carlos F. Balbín, adhiero al voto que antecede. II. Sin perjuicio de ello, estimo necesario realizar algunas apreciaciones complementarias con respecto al agravio del apelante por cuanto la Resolución cuestionada si bien sostiene que el Banco no cumplió con la cancelación solicitada por formulario, no menciona que la guarda del Testimonio de Hipoteca estaba a cargo del Banco Patricios, y que por ende, no era fácticamente posible cumplir con los tiempos insinuados. Al respecto agrega que para poder acceder al testimonio de hipoteca fue necesario que tramitara el segundo testimonio para que así la deudora pudiera cancelar su crédito. Cabe señalar que tal como lo exige el art. 1184, inciso 11 del Código Civil: "Deben ser hechos en escritura publica, con excepción de los que fu esen celebrados en subasta pública: ...11º) Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o alquileres." Asimismo, al comentar el artículo 3201 del citado cuerpo legal, que establece: "El oficial notificador de hipotecas no podrá cancelarlas si no se le presentan instrumentos públicos del convenio de las partes, del pago del crédito o de la sentencia judicial que ordene la cancelación.", los Dres. Alberto J. Bueres y Elena Highton, en su obra "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Editorial Hammurabi, Tomo 5, págs. 1453/1454, expresan que: "... El artículo 3201 hace referencia a la necesidad de presentar al Registro instrumentos públicos. Sea la cancelación judicial o voluntaria, la forma del acto es el instrumento público. ... Los instrumentos que permiten al oficial dejar sin efecto la inscripción de la hipoteca son los siguientes: 1) Convenio de partes: Habitualmente en la escritura pública que permite la cancelación de la hipoteca comparece sólo el acreedor. Se trata de un acto jurídico unilateral. Podría consistir también el instrumento en un testimonio de acta judicial, si hubo conciliación de la que surje el consentimiento del acreedor para la cancelación. 2) Pago del crédito: Cuando se ha dado el pago del crédito, se instrumenta su constancia en escrituras públicas u otros instrumentos públicos donde conste la extinción del crédito, que lleva aparejada la de la hipoteca por vía de consecuencia. El artículo 3201 no se agota con la escritura pública o la sentencia judicial, sino que una interpretación coherente y sistemática de la norma lleva a incluir también, los escritos judiciales donde se consigne la voluntad de cancelar. 3) Sentencia judicial: No habiendo posibilidad de acuerdo entre partes, ni consentimiento del acreedor, el único camino es el juicio que culminará en la consiguiente sentencia por la cual el juez puede ordenar la cancelación del gravamen se es procedente. De la sentencia j udicial se libra testimonio que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble. Si existieron instrumentos privados de los que surgiera el pago o la extinción de la deuda o de la hipoteca, también será necesario un proceso a fin de que la sentencia condene al acreedor para que se eleven a escritura pública o eventualmente, por razones de economía, ordene en forma directa la cancelación judicial. El convenio valdría como obligación de hacer. ..." Por ello, cabe concluir que el agravio invocado por el Banco Hipotecario debe ser rechazado de plano, toda vez que no es necesario el testimonio de la hipoteca para proceder a su cancelación, basta con que el pago del préstamo al cual accede la hipoteca haya sido instrumentado en escritura pública como así también lo establece el art. 1184 inc. 11 antes mencionado. Dicho artículo expresa que los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública (como en el caso, la hipoteca) con excepción de los pagos parciales, de intereses, canon o alquileres, deben ser he chos en escritura pública, con excepción de los que fuesen celebrados en subasta pública. En base a lo expuesto surge claramente que el extravío del testimonio de la hipoteca invocado por el apelante como causal que le impidió cumplir en término con la cancelación de la hipoteca solicitada por la actora no resulta ser óbice al cumplimiento de tal acto por parte de la apelante. El Dr. Horacio G. Corti, por las consideraciones allí expuestas, adhiere al voto del Dr. Carlos F. Balbín. En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Banco Hipotecario S.A. contra la resolución 2076-DGDYPC-2004; y 2) imponer las costas a la vencida (artículo 62 CCAyT). Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase. Carlos F. Balbín Horacio G. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Esteban Centanaro Juez de Cámara