Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-11


SENT Nº 766 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Setiembre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y no existiendo votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido, se hace necesario integrar la sala con la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a través de su representación letrada en autos: "Consorcio Leone II vs. Lestard Sandra Alicia s/ Cobro ejecutivo de expensas".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a través de su representación letrada (fs. 540/544) contra la sentencia Nº 550 de fecha 30 de diciembre de 2010 (fs. 522/523 y vta.), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 15 de agosto de 2011 (fs. 571) del referido Tribunal de Alzada.

II.- Entre los antecedentes relevantes del caso, corresponde indicar que la parte actora inicia cobro ejecutivo de expensas en fecha 25 de junio de 2003, en contra de Sandra Alicia Lestard, por la suma de $ 14.490. Intimada de pago, la demandada opone al progreso de la acción, diferentes excepciones (incompetencia, falta de legitimación activa manifiesta, inhabilidad de título, prescripción y compensación).

El pronunciamiento de primera instancia, dictado en fecha 26 de julio de 2010 (fs. 490/493), resuelve rechazar las excepciones opuestas por la demandada y ordena llevar adelante la ejecución, sobre la interpretación de que, en autos, se encuentran presentes los presupuestos necesarios para la ejecución del título ejecutado.

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 496) en contra de la sentencia de primera instancia y expresados los agravios a fs. 505/510, la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones dicta sentencia Nº 550 de fecha 30 de diciembre de 2010 (que obra a fs. 522/523 y vta.).

La referida sentencia de Cámara, realiza un tratamiento puntual de los agravios de la parte demandada. Así, con relación al cuestionamiento referido a la ausencia de legitimación activa, la Cámara señala que la representación necesaria del consorcio la cumple el administrador, y que la actora acreditó, mediante actas Nº 13 y 14 (fs. 55/56), la designación de la Sra. María Ester Egues como administradora del consorcio actor, no resultando necesaria la designación mediante escritura pública, en tanto que tal requerimiento sólo resulta imperativo cumplir cuando es necesario acreditar el carácter de administrador frente a terceros, y no, cuando el litigio se presenta frente a los propios consorcistas (como en el caso de autos). En igual sentido, invoca los instrumentos por los que considera acreditada la representación del letrado Víctor Roberto Schedan. Por ello, rechaza los agravios referidos a la excepción de falta de legitimación activa.

Por su parte, en lo referido a los agravios sobre la excepción de inhabilidad de título, la Cámara interpreta que la parte demandada esgrime argumentos que no fueron invocados al plantear dicha excepción, por lo que invoca la aplicación del art. 713 del CPCCT y, a partir de allí, rechaza los cuestionamientos referidos a la supuesta falta de requerimiento al actor de la presentación de los originales de los instrumentos privados presentados y la supuesta carencia de fecha, aclaración de firma de la administradora, suma líquida y exigible y falta de plazo para el pago, extremos estos últimos que la parte demandada imputa al certificado de deuda. Sin embargo, el pronunciamiento impugnado, agrega que, no obstante ello (es decir, la inadmisibilidad de los agravios por aplicación del art. 713 del CPCCT), la procedencia de la inhabilidad de título en el marco de un proceso de ejecución de expensas comunes, es restringida "en función del principio según el cual tales reclamos deben apartarse de rigorismos formales, respecto de las condiciones de ejecutabilidad del instrumento hecho valer como base de la acción, en tanto las normas instituidas por la Ley Nº 13.512 están especialmente dirigidas a asegurar el deber de pagar, con puntualidad, lo necesario para sufragar los gastos comunes", sobre esa base, agrega que al tratarse de un instrumento privado rige el principio de libertad de las formas, por lo que sólo se exige la firma.

A su vez, la Cámara rechaza el agravio referido a que el certificado de deuda no contiene deuda líquida, por considerar que del mismo surge -claramente- la deuda reclamada. En igual sentido, el fallo de Cámara afirma que la demandada no ofrece ningún argumento que logre rebatir lo decidido en torno al rechazo del argumento de que la unidad se encuentra eximida del pago de expensas.

En mérito a todo ello, el tribunal rechaza el recurso de apelación deducido e impone las costas de esa instancia a la parte ejecutada.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 30 de diciembre de 2010 (fs. 522/523 y vta.), la parte demandada interpone recurso de casación a fs. 540/544, invoca infracción a normas de derecho, violación del principio de congruencia, debido proceso, derecho de propiedad e igualdad, y aduce que la referida sentencia incurre en arbitrariedad por no corresponderse con los elementos del proceso ni con el debido encuadre jurídico. A su vez, la recurrente realiza un repaso de los antecedentes del caso y expone los motivos por los que considera que su recurso debe ser declarado admisible.

En lo referido a los agravios que contiene el recurso de casación deducido por la parte demandada, se advierte que, en primer término, se cuestiona al pronunciamiento de Cámara por haber otorgado valor jurídico a documentación que -según el recurrente- fue impugnada legítima y tempestivamente, aduce que los instrumentos privados acompañados por el actor no cumplen con las formas de ley, que no se encuentra agregado el original del título y que no se acreditó su autenticidad ni su legitimidad.

Asimismo, cuestiona que el pronunciamiento de Cámara se haya amparado en la aplicación del art. 713 del CPCCT para eludir la consideración de sus agravios y confirmar un decisorio que, a criterio de la parte recurrente, padece un "criterio groseramente parcial e ilegítimo". Afirma también, que la sentencia impugnada no se corresponde con los elementos del proceso, ni con un correcto encuadre jurídico, "constituyendo un típico caso de sentencia arbitraria" que viola el debido proceso y el principio de igualdad. Por su parte, sostiene la parte recurrente que correspondía el análisis de los agravios por aplicación del art. 34 del CPCCT, sin que pueda alegarse que no opuso como defensa la falta del título ejecutado.

A partir de allí, expresa la parte recurrente, que la sentencia impugnada resulta incongruente por cuanto para la decisión no ha tenido en cuenta todos los antecedentes instrumentales, fácticos y jurídicos que integran el proceso y, además, señala que se encuentra sustentada sobre un título cuestionado en su legitimidad y autenticidad, sin que la actora haya acreditado su legitimidad en la etapa probatoria. A su vez, señala que el pronunciamiento constituye un peligroso antecedente para los justiciables, en tanto que "otorga un pronunciamiento jurisdiccional favorable a quien no ha cumplido con las formas procesales que determinen su merecimiento conforme a derecho".

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto por la demandada, por las razones expuestas en su presentación de fs. 564/567. Por auto interlocutorio de fecha 15 de agosto de 2011 la Sala II de la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 571), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 539) y presentación tempestiva, el escrito se basta a sí mismo, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. A su vez, el recurso resulta admisible, toda vez que se encuentra en debate la procedencia de una excepción de inhabilidad de título, en donde se cuestionan consideraciones jurídicas que poseen carácter definitivo en relación al tema resuelto (conf., CSJT, sentencias Nº 92 de fecha 2 de marzo de 2010; CSJT, Nº 971 de fecha 2 de diciembre de 2003; Nº 291 de fecha 12 de mayo de 2004; Nº 620 de fecha 29 de julio de 2005, entre otras), por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- Sin embargo, del análisis de los fundamentos del pronunciamiento impugnado a la luz de los agravios de la parte recurrente, se advierte que el recurso de casación deducido por la demandada no puede prosperar, por los motivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, cabe aclarar que en autos, se persigue el cobro ejecutivo de expensas, lo que implica la posibilidad de un análisis limitado en relación a la materia de debate, dada la especial naturaleza del proceso. Así, se dijo que "la finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 331 y sgtes.)" (CSJT, sentencia Nº 621, de fecha 30 de agosto de 2004, in re "Banco Hipotecario S.A. vs. Menez, Daniel Fermín s/ Cobro ejecutivo").

A su vez, es reiterada la posición doctrinaria y jurisprudencial que considera que no cabe un examen riguroso del instrumento base de la acción ejecutiva, pues el pago del referido concepto es fundamental para el normal desenvolvimiento del consorcio de propietarios (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 04/9/2007, in re "Consorcio de Prop. Uruguay 647/51/59 c. Faskowicz, Ezequiel y otro", La Ley Online, AR/JUR/5198/2007).

Sobre el particular, la doctrina ha señalado que "en la ejecución de expensas comunes es más limitado el marco de procedencia de la excepción de inhabilidad de título, pues tales reclamos deben apartarse de rigorismos formales respecto de las condiciones de ejecutabilidad del instrumento base de la acción dado que las normas de la Ley Nº 13.512 están especialmente dirigidas a asegurar el deber de pagar con puntualidad lo necesario para sufragar los gastos comunes" (Claudio Kiper -Director-, "Propiedad horizontal", ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 444 y ss.). En igual sentido, se ha dicho que "no corresponde ser extremadamente riguroso en el examen del título cuando éste se refiere a obligaciones por expensas comunes, teniendo en cuenta la particular naturaleza de ese crédito y la necesidad de no perturbar el normal desenvolvimiento del consorcio. En efecto, la prestación requerida representa una obligación esencial para el funcionamiento del régimen de propiedad horizontal, que sirve para atender gastos de conservación, mantenimiento y administración de las partes comunes, quedando los restantes propietarios expuestos a tener que sufragar deudas de los morosos, viendo así agravada su situación (arts. 8º y 9º inc. a, 13 y concs., Ley Nº 13.512)" (Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala 2, 2012/2001, "Consorcio Quintana 2350, General San Martín vs. Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires s/ Ejecución de expensas").

Sobre esta base, se observa que los agravios contenidos en el recurso casatorio no logran demostrar la arbitrariedad sentencial ni resultan suficientes para rebatir los fundamentos del pronunciamiento de Cámara, el que no se limita a descartar los agravios de la parte demandada sobre la base de interpretar que se introducen extemporáneamente, es decir, recién en el recurso de apelación sin que hayan sido propuestos a la decisión del juez de primera instancia (por aplicación del art. 713 del CPCCT) -como lo intenta presentar la recurrente-, sino que también consideró que, "no obstante ello", los cuestionamientos realizados al título no son suficientes para enervar los efectos del mismo en las circunstancias de autos.

Es que la solución adoptada por la Cámara, de otorgar fuerza ejecutiva al título ejecutado, resulta acertada en las condiciones de autos, toda vez que existen elementos que me convencen de la existencia del derecho reclamado en el marco de la relación jurídica subyacente, así, del análisis de las constancias de la causa surge que la parte demandada resulta titular de la unidad que justifica el presente reclamo de expensas y que la misma forma parte del consorcio actor (conf. CSJT, sentencia Nº 1162 de fecha 30/11/2006), sin perjuicio que -entre los argumentos defensivos de la demandada- pretenda que la referida unidad se encuentra exenta del pago de expensas, extremo, este último, que fue analizado y rechazado en instancias anteriores por no encontrarse acreditado en autos y que, además, resulta inadmisible en esta instancia casatoria, dado que podrá ser analizado en un posterior proceso de conocimiento.

Por su parte, se encuentra agregada en la causa, una copia certificada por escribano del reglamento de copropiedad y administración de fecha 08/8/1972, a partir del cual, surge la seriedad del reclamo incoado en autos. Es decir, en coincidencia con lo concluido, se observa que los demás elementos de la causa, respaldan la decisión de otorgar valor al título ejecutado, en tanto que permiten inferir -con entidad dirimente- la existencia de la relación causal, así como los alcances y características de la deuda reclamada, sirviendo la documentación adjuntada como indicio suficiente de prueba del acto jurídico que refleja (conf. Arazi, Roland, "La Prueba en el Proceso Civil", 3º ed., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, pág. 156).

Desde esta perspectiva, los argumentos expresados por la recurrente no permiten tener por configurada la infracción a las normas invocadas. Tampoco luce acreditado el vicio de arbitrariedad denunciado; el que conforme reiterados pronunciamientos de esta Corte "exige la demostración de que el discurso sentencial exhibe un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado a las leyes del raciocinio, que descalifiquen al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido" (cfr. CSJT, sentencias Nº 219 del 03/4/1996; Nº 19 del 13/02/1997; Nº 65 del 25/02/1997; Nº 72 del 26/02/1997; Nº 85 del 07/3/1997; Nº 90 del 12/3/1997; Nº 519 del 08/7/1997; Nº 248 del 25/4/1997, Nº 231 del 10/4/2000; Nº 263 del 17/4/2000; Nº 268 del 18/4/2000, entre muchas más). En especial, cuando -como en la especie- la invocación de ausencia de requisitos formales no provocaron la imposibilidad de conocer el contenido del reclamo, cuyos alcances surgen claramente de los elementos de juicio. Así, en igual sentido, la jurisprudencia ha señalado que "corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el accionado contra el resolutorio que tuvo por auténticas y válidas las fotocopias y copias fotostáticas de los pagarés objeto de ejecución al haber sido extraviados los originales, cuando su falta no permite visualizar que obstáculo puede presentarse para el ejercicio del derecho de defensa que asiste al demandado, ni que pueda ocasionar la frustración de un eventual planteo de la acción de repetición, máxime si pudo oponer al progreso de la ejecución excepciones y ofreció prueba en su defensa" (Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 05/6/2007, in re "Atienza, Eugenio c. Civit, Facundo", publicado en: LLGran Cuyo 2007 -noviembre-, 1081).

Es decir, de las consideraciones reseñadas surge que el recurso de casación bajo análisis no puede prosperar, en tanto que los fundamentos de la Cámara sobre la cuestión debatida no fueron suficientemente rebatidos por la parte recurrente, la que se limita a replantear los argumentos expresados en su recurso de apelación y que fueron oportunamente analizados y rechazados por la Cámara, en consecuencia, no se advierte la arbitrariedad denunciada, por lo que el recurso -como dijimos- debe ser rechazado.

Por lo expresado, voto por el rechazo íntegro del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, de conformidad a los fundamentos anteriormente expuestos.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el representante legal de la ejecutada (fs. 540/544) en contra de la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 30/12/2010 (fs. 522/523 y vta.).

Corrido traslado del recurso a la parte actora, contesta a fs. 564/567 solicitando su rechazo, por las razones que allí esgrime.

II.- El recurrente funda el recurso en que la sentencia impugnada omitió considerar y aplicar expresas normas de derecho -formales y de fondo-, amparándose para decidir como lo hizo, en un rigorismo formal inaplicable a la especie (art. 713 CPCyC); que a pesar de no haberse acreditado su autenticidad por las formas que impone la ley de rito (art. 328 CPCyC); y no obstante que por la naturaleza de la acción ello resultaba imperativo y necesario, la Cámara otorga valor jurídico a documentación que ha sido impugnada legítima y tempestivamente por la parte demandada; que funda así el decisorio (procedencia de la acción) en instrumentos privados presentados unilateralmente por la actora sin cumplir con las formas que impone la ley procesal, en flagrante violación del debido proceso y de la defensa en juicio, en detrimento de los intereses y derechos de su parte.

Sostiene que en la especie, la actora pretende ejecutar un "título ejecutivo" cuya legitimidad depende del cumplimiento, imperativo de los requisitos establecidos en el Reglamento de Copropiedad; que era entonces a su cargo demostrar -probar- la autenticidad y pertinencia ante la impugnación de la contraria, lo que no hizo; que ello equivale afirmar, que se declara en la sentencia en crisis la procedencia de una acción ejecutiva, no obstante que no se agregó a los autos el original del título, ni se demostró su legitimidad (cumplimiento de las formas impuestas por el artículo décimo sexto del Reglamento de Copropiedad).

Refiere que la Cámara así fulmina y aniquila las normas de los arts. 34, 264, 265 inc. 4°, 279, 300, 328 y cctes. del CPC, las normas jurídicas de fondo (Ley N° 13.512 y Reglamento de Copropiedad), las disposiciones de los arts. 16, 17, 18 y cctes. de la Constitución Nacional, y de los arts. 24, 30, 122 y cctes. de la Constitución de la Provincia de Tucumán; que el fallo impugnado viola el principio de congruencia, el debido proceso, el derecho de propiedad y la igualdad de las partes ante la ley.

Expresa que la sentencia recurrida no ha ponderado ni valorado en la forma que determina la ley los elementos de prueba reunidos en el proceso, no obstante que de ellos mismos resulta la impertinencia de la acción de fondo, conforme a las normas que establecen los requisitos de admisibilidad de ésta particular acción; que por el contrario, mediante el incomprensible amparo en los términos del art. 713 CPCyC elude considerar los agravios y confirma un decisorio en el que se analiza con criterio groseramente parcial e ilegítimo los instrumentos presentados por la parte actora, sin atender las legítimas defensas opuestas por su parte, y menos aún las exigencias de admisibilidad impuestas por la ley aplicable; que la sentencia atacada no se corresponde con los elementos del proceso, ni consecuentemente con la debida enmarcación jurídica que corresponde a la acción, constituyendo un típico caso de sentencia arbitraria, que viola el debido proceso, y la igualdad de las partes frente al mismo; que la fundamentación jurídica de la sentencia no es adecuada a los elementos que integran el proceso y que necesariamente debieron ponderarse para decidir, contraviniendo el art. 264 del CPCyC.

En relación a los antecedentes del caso, relata que la relación procesal en el presente proceso se traba del siguiente modo: que la administradora del Consorcio Leone II, por apoderado demanda a nuestra mandante por vía ejecutiva el cobro de expensas por la suma de $ 14.490 con más intereses y gastos, expresando que a pesar de los insistentes reclamos efectuados no obtuvo respuesta favorable, y por ello deduce la acción, que sustenta la demanda en instrumental que acompaña, y que se detalla en cargo actuarial puesto a fs. 17; que corrido el pertinente traslado su parte contesta oponiéndose al progreso de la demanda, que niega los hechos invocados por la parte actora e impugna por falsos e inauténticos los instrumentos acompañados a la demanda, que no sean motivo de expreso reconocimiento; que niega autenticidad al Reglamento de Copropiedad y a las cartas documentos que la actora afirma haber remitido, por que las mismas fueron enviadas a un domicilio inexistente; que opone defensas de incompetencia, falta de legitimación activa, inhabilidad de título, compensación de deuda y prescripción y que de tal modo se traba la litis.

Expresa que la sentencia de primera instancia del 26/7/2010, analiza solo las presentadas por la parte actora; y a pesar de que ésta no cumplió con las formas que establece la Ley de Rito (arts. 279, 328 y cctes. CPCyC) ni aportó pruebas de las que surgieran los extremos invocados en la demanda, rechaza la totalidad de las excepciones y hace lugar a la demanda en todas sus partes, con costas; que dicha sentencia es apelada por su parte; que conforme a las constancias de autos (fs. 17, 18, 265 y 270) el certificado de deuda -título ejecutivo- con que se promueve la ejecución nunca fue acompañado en original por la actora; que tal instrumento acompañado en fotocopia, adolece además de defectos formales (no tiene fecha de emisión, no corresponde a la unidad de propiedad de la demandada, no surge la deuda líquida y exigible, la firma no esta aclarada ni certificada); que jamás se remitió a la demandada las liquidaciones de expensas, en forma mensualmente; que no se cumplió con la intimación previa por telegrama colacionado que exige el Reglamento de Copropiedad (art. 16) como requisito de procedencia del cobro ejecutivo.

Refiere que los demás cuestionamientos efectuados que jurídicamente determinan la invalidez de las actas de asambleas, otorgamiento de poderes a letrados, etc. no los reproduce en el presente en mérito a la brevedad procesal, por ser elementos circunstanciales -indicios- de la ilegitimidad del título con que se promueve la ejecución.

Sostiene que al resolver el recurso, la Cámara, pasando por alto las normas del debido proceso -aniquilando el derecho de defensa en juicio que corresponde a su parte, su derecho de propiedad, y la igualdad de las partes frente el debido proceso-, otorga valor a una certificación de deuda (supuesto título ejecutivo) cuyo original nunca fue agregado en autos por la actora, recepta el monto de una liquidación de expensas que no corresponde a la unidad de su parte y confirma la sentencia de Iª Instancia con costas, amparándose para ello en la disposición del art. 713 CPCyC de modo ilegítimo, considera que los argumentos esgrimidos por mí parte en los agravios no fueron invocados al plantear la excepción, no obstante que de las constancias de la causa emerge que para rechazar las excepciones opuestas por mi parte, especialmente la de inhabilidad de título, el a-quo en su sentencia consideró los fundamentos jurídicos que su parte esgrimiera en los agravios y que la actora contestó éstos alegando que son los mismos argumentos opuestos por su parte en Iª Instancia; que el fallo en crisis puso de manifiesto la evidente predisposición de parcialidad -a favor de la actora-; que al no considerar los agravios, la Cámara incumplió de modo flagrante la obligación que le impone el art. 34 CPCyC, pues tratándose de la ejecución de un título ejecutivo, era su obligación cuanto menos, de considerar el agravio de su parte que denunciaba que el mismo no constaba agregado en autos en original, como lo exige la ley formal; que ante tamaña evidencia (cargo actuarial de fs. 17) resulta inconcebible la aplicación del art. 713 CPCyC; que debió decidir el caso conforme a tal constancia actuarial, y ordenar el rechazo de la demanda por cuanto no se acreditó el título con el que se promoviera la acción.

Se agravia de la sentencia impugnada, ya que la coloca en evidente desigualdad -en grado inferior- respecto de la actora, vulnera el debido proceso y la defensa en juicio, pues de modo ilegítimo, avasallando esas garantías de raigambre constitucional, se ha declarado la procedencia de una acción emergente de un título cuyo instrumento no consta en el proceso, y tampoco guarda las formas que la ley requiere de modo imperativo.

Sostiene que la arbitrariedad de la sentencia motivo del presente recurso es manifiesta, correspondiendo su revocación para dejar sin efecto la ilegitimidad que emerge de ella.

Se agravia de la sentencia en cuanto resulta incongruente, por cuanto para la decisión no ha tenido en cuenta el Tribunal todos los antecedentes instrumentales, fácticos y jurídicos que integran el proceso conforme al modo en que se trabara la litis, y se determinara la materia objeto del decisorio; que ha omitido considerar las defensas opuestas contra la pretensión manifestada, sobre las cuales la actora ha tenido oportunidad de ofrecer y producir las pruebas que llevaran a la convicción de la legitimidad y autenticidad del título que invocó; que por el contrario; analizando únicamente instrumentos privados incorporados al proceso en fotocopia, desconocidos e impugnados en su autenticidad y pertinencia por su parte, y sin que hayan sido objeto de prueba que los legitime en la estación procesal pertinente, dicta un pronunciamiento que como consecuencia de ello no condice con la realidad fáctica del proceso. Reitera que la sentencia viola de modo flagrante los principios constitucionales de la igualdad de las partes frente a la ley, el debido proceso adjetivo, y fundamental y especialmente, el derecho de propiedad de su parte.

Se queja que la sentencia no ha tenido en cuenta prueba esencial ni el derecho aplicable al caso para la decisión siendo un verdadero fallo arbitrario, írrito a la grandilocuencia que debe primar en la administración de justicia.

Sostiene que mayor gravedad asume aún la circunstancia de que la Cámara, haciendo gala de un premeditado parcialismo invocara como excusa para eludir un pronunciamiento ajustado a derecho, la norma del art. 713 CPCyC, con cita de jurisprudencia de la Corte de la Nación. Solicita se case y se revoque la sentencia impugnada. Formula reserva del caso federal.

III.- La sentencia impugnada no hace lugar al recurso deducido por la demandada en contra de la sentencia de primera instancia que resuelve no hacer lugar a las excepciones de incompetencia, falta de legitimación activa, inhabilidad de título, compensación de deuda y prescripción opuesta por la parte demandada, y ordena llevar adelante la ejecución por el capital reclamado con más sus accesorios.

En relación a los agravios expuestos en el presente recurso, en orden a la excepción de inhabilidad de título deducida, la sentencia impugnada sostiene que respecto a la inhabilidad de título esgrime argumentos que no fueron invocados al plantear dicha excepción. En cuanto a que no se requirió al actor la presentación de originales de los instrumentos privados presentados, este punto no fue invocado como fundamento de la excepción de inhabilidad de título ante el inferior y por ende no fue objeto de tratamiento; que ello además de ser una cuestión precluída en este momento del proceso, tampoco puede ser considerada por el tribunal por disposición expresa del art. 713 del CPCyC, que establece que no se podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta a decisión del inferior; que lo mismo cabe decir en relación a los argumentos referidos a que el certificado de deuda carece de fecha, que la firma de la administradora no está aclarada, que no tiene suma líquida y exigible o que no figura el plazo para pago.

Sostiene que no obstante ello, cabe agregar que por tratarse de un instrumento privado no rige el mismo rigor formal que en el caso de tratarse de un instrumento público. Al contrario, rige el principio de la libertad de las formas; solo se exige la firma, tal como se desprende de los arts. 1012, 1013, 1014 y 1015 del Código Civil.

Considera que a ello debe agregarse que cuando se trata de la ejecución de expensas comunes el marco de procedencia de la excepción de inhabilidad de título se encuentra aún más restringido en función del principio según el cual tales reclamos deben apartarse de rigorismos formales, respecto de las condiciones de ejecutabilidad del instrumento hecho valer como base de la acción, en tanto las normas instituidas por la Ley Nº 13.512 están especialmente dirigidas a asegurar el deber de pagar, con puntualidad, lo necesario para sufragar los gastos comunes (A161514 "Consorcio de Propietarios Juan F. Segui 3575/79 c/Baliner, Carlos Hugo y otro s/ Ejecucion de expensas").

Expresa en cuanto a la falta de liquidez de la deuda, la a-quo se ha pronunciado en el sentido que si hay deuda líquida, y el apelante no ha expresado porqué es que sostiene que no hay deuda líquida. Al contrario, del certificado de deuda surge que se reclama $ 900 por expensas de mayo de 1998 a abril de 2003 y $ 5.400 por intereses. En consecuencia lo afirmado por la apelante sólo es una afirmación caprichosa y carente de sustento alguno. Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia recurrida.

IV.- El recurso ha sido concedido por auto del 15/8/2011. Corresponde en esta instancia el examen de su admisibilidad y, en su caso, su procedencia.

Ha sido deducido en término, se acompaña depósito judicial y propone doctrina legal. La sentencia es definitiva al plantearse cuestiones inherentes al juicio ejecutivo en el presente caso en que se alega la inhabilidad de título con fundamento en la ausencia de un requisito que, a criterio del ejecutado, es necesario para la habilidad del título, cual es la exigencia de presentar el certificado de deuda en original, con los requisitos establecidos en el Reglamento de Copropiedad y que su parte planteó oportunamente la oposición a tal instrumento adjuntado en fotocopia simple.

Asimismo, si bien es doctrina de esta Corte que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante el juicio de conocimiento (arts. 527 y 749 CPCCT), ya que existe una excepción restringida a aquellas cuestiones inherentes exclusivamente al juicio ejecutivo, que adquieren calidad de cosa juzgada material porque no pueden discutirse nuevamente (arg. art. 527, 4° párrafo, CPCCT). Por esa razón se admite la inclusión de tales casos en el supuesto del art. 748 inc. 1 de la ley procesal (conf., CSJT, sentencias Nº 92 de fecha 2 de marzo de 2010; Nº 971 de fecha 2 de diciembre de 2003; Nº 291 de fecha 12 de mayo de 2004; Nº 620 de fecha 29 de julio de 2005, entre otras; Nº 745, Provincia de Tucuman -D.G.R.- vs. Puesto Vasko S.A. s/ Ejecucion fiscal, 26/9/2011), y advirtiendo que, por la índole de las cuestiones debatidas, no podrán volverse a discutir las consideraciones jurídicas objeto de agravio en un proceso posterior, corresponde admitir su encuadramiento dentro de la preceptiva mencionada.

A la par de ello, el recurso alude a concreta infracción normativa y apartamiento de las constancias de la causa con afectación de derechos de raigambre constitucional, y se presenta con fundamentación suficiente en tanto se invocan vicios concretos que, de existir, tacharían de arbitraria la sentencia recurrida. Por ello, corresponde declarar admisible el recurso conforme a lo previsto por el art. 754, último párrafo Ley N 6.904 (CSJTuc., sentencia N° 272, del 04/4/2006).

V.- De la confrontación del memorial casatorio de la parte demandada puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar.

Los agravios del recurrente se centran en que la alzada incurrió en arbitrariedad y el fallo viola el principio de congruencia al resolver que los agravios no pueden ser atendidos en mérito al art. 713 procesal, al considerar que los argumentos esgrimidos por su parte en la alzada no fueron invocados en primera instancia, al plantear la excepción de inhabilidad de título.

Al plantear excepciones el demandado (fs. 229/241), en el punto II del escrito expresó ".impugno por falsos e inauténticos toda la documentación glosada en autos que no sea objeto de reconocimiento expreso.".

Asimismo, del escrito de oposición de excepciones surge que el excepcionante planteó que "...no se acompaña estado de deuda alguno requisito imprescindible para la existencia de un juicio de cobro de expensas." y que ".este litigio es iniciado sin constancia de deuda alguna instrumental básica y fundante para iniciar el proceso y cuya carencia debió haber sido materia suficiente para el rechazo de la demanda in límine...". Reiterando en otros párrafos que no existe instrumento alguno que acredite tal deuda (ver fs. 233).

De lo expuesto se deriva que el excepcionante cuestionó toda la documentación adjuntada por el actor por falta de autenticidad y en tal sentido la sentencia impugnada carece de fundamentación al afirmar que respecto a la inhabilidad de título esgrime argumentos que no han sido invocados al plantear dicha excepción; que la falta de requerimiento al actor de la presentación de originales de los instrumentos privados presentados, no fue invocado como fundamento de la excepción de inhabilidad de título ante el inferior y por ende no fue objeto de tratamiento; que tampoco puede ser considerada por el tribunal por disposición expresa del art. 713 del CPCyC, que establece que no se podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta al inferior.

Habiéndose negado la autenticidad de la documentación adjuntada por la actora al plantear la excepción de inhabilidad de título, tal cuestionamiento incluye la observación a que se refiere el art. 334 del CPCyC, en relación a la autenticidad de la documentación que se presente en copia fotográfica por lo que el agravio relacionado con la falta de agregación de documentación original importa una cuestión que ha sido planteado en primera instancia. En tal sentido, la falta de consideración por la alzada del agravio del recurrente en cuanto a que no se requirió al actor la presentación de originales de los instrumentos privados carece de motivación, pues omite considerar constancias expresas de la causa, en tanto, como se dijo, el recurrente planteó en primera instancia la falta de autenticidad de la documentación acompañada por la actora.

Sabido es que el tribunal de alzada carece de potestades para analizar indiscriminadamente todo tipo de cuestiones, puesto que la legislación procesal determina con precisión cuales son sus restricciones. Considerando que en el proceso civil campea el postulado dispositivo, afirma Juan C. Hitters que el tribunal verificador tiene una serie de limitaciones en cuanto al objeto de la apelación, ya que por vía de principio, sólo posee competencia funcional para examinar el foco litigioso planteado en primera instancia y además dentro de los límites que lo presente el quejoso ya que el ad quem no puede suplir sus agravios y no está facultado para abocarse a temas que no fueron motivo de embate para el vencido. Ello significa -continúa el autor- coincidentemente con la S.C.B.A., que el tribunal de apelaciones tiene cercenado su accionar por dos cortapisas fundamentales, la que resulta de la relación procesal de primera instancia, y por otro la que le impone el recurrente por mediación de la fundamentación del escrito impugnativo. (Técnica de los Recursos Ordinarios, Platense, pág. 387/388, S.C.B.A., "Perucci O c/Dutka, M. y Dutka N. s/ Escrituración", ob. cit. not. pág. 388, 03/6/1980). La ley procesal vigente (N° 6.176), en su art. 775 recepta claramente el criterio doctrinal expuesto, en cuanto a los límites del Tribunal de apelaciones, relación a las cuestiones a decidir, restringiéndolas en principio, a aquéllas que hayan sido propuestas a decisión del inferior, incluidos los puntos omitidos por la sentencia de primera instancia, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios (CSJTuc., sentencia Nº 772, T.E.E. vs. E. R. E. B. s/ Pension alimenticia (Casación), 05/12/1994).

A contrario sensu de lo antes expresado, el Tribunal de alzada debe considerar y resolver el agravio esgrimido en el recurso de apelación cuando el mismo se refiere a cuestiones planteadas en primera instancia, como en el caso de autos en que el accionado negó autenticidad a la documentación adjuntada en autos al plantear la excepción de inhabilidad de título, lo que lo habilita a agraviarse del rechazo de tal excepción con fundamento en que la actora no acompañó original del certificado de deuda, base de la ejecución de expensas deducida. Por lo tanto incurre en el vicio de incongruencia la sentencia impugnada en cuanto afirma que el agravio expuesto sobre la excepción de inhabilidad de título relacionado con la falta de presentación del certificado de deuda en original y su presentación en fotocopia no puede ser tratado al no haber sido propuesto en primera instancia conforme al art. 731 del CPCyC e incurre en arbitrariedad al desconocer constancias de la causa.

Tiene dicho esta Corte que la sentencia de la Cámara debe ser congruente y motivada (arts. 34, 272, (hoy art. 264) 273 (hoy art. 265) y 280 (hoy art. 272) CPCC; CSJTuc, "Sucesión Eduardo Carlino vs. Símbolo Cía. F.S.A. s/ Escrituración hipotecaria", 25/02/1999). Al no pronunciarse sobre una cuestión propuesta y conducente para la decisión del recurso, no sólo se afecta el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa y la regla del debido proceso, ambos de raíz constitucional (cfr.: "Banco del Tucumán S.A. vs. Albornoz, Manuel Bernabé y otra s/ Ejecución hipotecaria", 02/3/1999; "Banco Roberts S.A. vs. Beti de Blando Lidia s/ Cobro ordinario por cumplimiento de contrato", 22/11/1999).

Como lo afirma el recurrente, la omisión en la que incurre el tribunal a quo importa un apartamiento del principio de congruencia procesal. Cabe recordar que el imperativo de congruencia en la sentencia exige que medie conformidad entre ésta, la demanda y su responde, vale decir, que la decisión se ajuste a la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciada en el juicio. Ello tiene como finalidad respetar la defensa en juicio, y determina que el pronunciamiento judicial, que desconoce u omite el tratamiento de cuestiones correctamente introducidas al debate, altere el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de uno de ellos (CSJT, sentencia Nº 432 de fecha 11/5/2009). Como sostiene el profesor Lino E. Palacio, el respeto al principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan a las pretensiones y a la oposición. Es decir, el tribunal ha de pronunciarse positiva o negativamente, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cuantitativos y cualitativos (conf. Lino E. Palacio "Derecho Procesal Civil", T. V, págs. 429/433). Por su parte, acerca del principio de congruencia, esta Corte tiene dicho que "constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema de la Nación, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 CN), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso" (CSJT, sentencias Nº 802 de fecha 22/10/2010; Nº 745, Provincia de Tucuman -D.G.R.- vs. Puesto Vasko S.A. s/ Ejecucion fiscal, 26/9/2011).

También se ha expresado que "el derecho a la jurisdicción impone al juez pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas, no pudiendo omitir tal pronunciamiento sin incurrir en incongruencia por defecto" (CSJT sentencias N° 782 de fecha 09/9/2002; Nº 656 de fecha 19/9/1996, entre otras).

En la especie, la omisión del tratamiento en la que incurrió el tribunal a quo de la defensa referenciada -falta de autenticidad de la documentación acompañada por el actor como fundamento de la excepción de inhabilidad de título- y por tanto falta de autenticidad del certificado de deuda adjuntado en fotocopia simple, invocado en la expresión de agravios, implicó una vulneración del principio de congruencia procesal, lo que, evidentemente, afectó la garantía de defensa en juicio de la parte demandada, la que no obtuvo un pronunciamiento sobre la cuestión planteada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado una reiterada doctrina según la cual comportan agravio a la garantía de defensa, tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes que sean conducentes para la decisión del pleito (conf. CSJT, sentencias Nº 432 de fecha 11/5/2009 y Nº 1163 de fecha 13/11/2008, entre otras).

En consecuencia, nos encontramos ante una sentencia que infringió el principio de congruencia y el deber de motivación, impuesto por el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y previsto en el art. 264 del CPCC, que exige que los jueces deben hacer evidente la expresión del razonamiento crítico, valorativo y lógico, con que han sido apreciadas las cuestiones sometidas a su conocimiento, explicitando el sentido de su decisión (CSJT, sentencia Nº 264 de fecha 04/4/2006).

Un vicio con estos caracteres afecta no sólo el deber de una fundamentación adecuada establecida en el art. 264 del CPCCT sino que, además, violenta la garantía constitucional del debido proceso legal. Las deficiencias señaladas vician la motivación de la sentencia y provoca la nulidad de la misma al transgredir lo dispuesto en el art. 30 de la Constitución de la Provincia. Sin embargo, corresponde remarcar que la impugnación de la resolución de Cámara ante la ausencia de motivación, no significa asumir postura alguna sobre el fondo de la cuestión debatida la cual deberá ser analizada y resuelta por el tribunal correspondiente.

Por las razones expresadas, corresponde casar la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que infringió el principio de congruencia y el deber de motivación, al omitir el análisis de una cuestión planteada en la causa y que resulta conducente para la adecuada solución del pleito". "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que viola el principio de congruencia al omitir el tratamiento y decisión de uno de los agravios expuestos en el recurso de apelación, relacionados con una cuestión que había sido propuesta en primera instancia".

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de fecha 30/12/2010, debiéndose remitir los presentes autos a la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

VI.- Proviniendo la nulidad de la actividad del órgano jurisdiccional, corresponde que las costas se impongan por su orden (art. 105 inc. 1 del CPCCT).

Por todo lo expuesto propicio: "I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el representante legal de la ejecutada (fs. 540/544) en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 30/12/2010 (fs. 522/523), la que se casa y anula en mérito a la doctrina legal enunciada en el considerando, y se dispone la remisión de los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte en lo pertinente, un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado. II.- COSTAS como se consideran. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Adhiero al rechazo del recurso de casación interpuesto por la ejecutada, propuesto por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, y me permito agregar lo siguiente:

1.- La impugnante alega que el tribunal de alzada incurre en rigorismo formal, por cuanto en autos no se habría acreditado la autenticidad de la documentación observada por su parte. Le agravia que la procedencia de la acción haya sido fundada en instrumentos privados presentados unilateralmente por la actora sin cumplir con las formas impuestas por la ley procesal, en violación al debido proceso y al derecho a la defensa en juicio. Sostiene que la legitimidad del título ejecutivo depende del cumplimiento imperativo de los requisitos establecidos por el Reglamento de Copropiedad, y que en el caso no se acreditó el cumplimiento de las formas impuestas por el artículo décimo sexto del Reglamento. Cuestiona que se declare procedente la acción aún cuando no se agregó el original del título ni acreditado su legitimidad, eludiendo la ponderación de los elementos de prueba reunidos en el proceso, y el tratamiento de los agravios esgrimidos al plantear recurso de apelación, con lo cual se configura el típico supuesto de sentencia arbitraria. Relata los antecedentes del caso, y reitera que además de no acompañarse dicho original, el instrumento agregado en autos contendría otros defectos formales dado que "no tiene fecha de emisión, no corresponde a la unidad de propiedad de la demandada, no surge deuda líquida y exigible, la firma no está aclarada ni certificada". Expresa que tampoco se cumplió con la intimación previa por telegrama colacionado que exige el art. 16 del reglamento, ni se le remitió liquidación mensual por las expensas. Estima inconcebible la aplicación del art. 713 procesal, cuando debió rechazarse la demanda por no acreditación del título con el que se ha promovido la presente ejecución.

Concluye que la arbitrariedad de la sentencia es manifiesta, y propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

2.- La vía casatoria resulta admisible, toda vez que la recurrente invoca violación de normas de derecho adjetivo, y arbitrariedad de la sentencia por omisión en ponderar los elementos de prueba reunidos en el proceso, y el tratamiento de los agravios esgrimidos al plantear recurso de apelación. Al respecto, estimo oportuno reiterar que el examen relativo a la configuración del vicio de arbitrariedad constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz, César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I.yF. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997). Ello es así pues, tal como lo vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte -al menos en su composición mayoritaria- la ponderación que el tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJTuc, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos, sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art. S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252). En tal supuesto, la Corte se limita a examinar la juridicidad del juicio ponderativo de la plataforma fáctica obrante en el caso llevado a cabo por el a quo y no dicha plataforma, cuyo juzgamiento compete de manera exclusiva y excluyente al tribunal de grado. Por tanto, la competencia de este Tribunal en la instancia extraordinaria local de casación, se agota con la conclusión que infiere y pronuncia en su sentencia, en el juicio sobre la existencia o no del vicio de arbitrariedad en la operación, propia del órgano sentenciador de grado, de su juicio ponderativo del material fáctico ofrecido y producido en los autos 3.- La confrontación de los agravios esgrimidos con los antecedentes de la causa no muestra que la sentencia recurrida infrinja normas de derecho en violación de garantías constitucionales, o la arbitraria aplicación del citado art. 713 procesal.

Estimo relevante señalar que en oportunidad de oponer excepciones, la ejecutada planteó incompetencia de jurisdicción, falta de legitimación activa, inhabilidad de título, prescripción y compensación de la deuda. También ha cuestionado su condición de deudora, sobre la base de un pretenso pacto de exención del pago de las expensas, fundado en que su unidad no sería beneficiaria de los servicios comunes de los que participan los demás copropietarios. La sentencia de primera instancia agregada a fs. 490/493 desestimó todos los planteos; y ha sido recién en el memorial de apelación, cuando la misma parte reclamó la omisión en aplicar el (ex) art. 328 del CPCC; es decir, la intimación a la actora para que presente la documentación original para disponer su cotejo por Secretaría, y en su caso, proceder a su reconocimiento y ulterior comprobación por peritos, con cita de los arts. 332, 336, 337 y cc. del CPCC. En la misma oportunidad, la ejecutada denunció pretensos defectos atribuidos al certificado de deuda, que exceden el reclamo basado en la no presentación de su original; toda vez que fue al expresar agravios cuando denunció que dicho instrumento no se correspondería con la unidad de su propiedad. Se explayó entonces acerca de una supuesta ausencia de deuda líquida y exigible y falta de plazo para el pago, poniendo además en duda la autenticidad de la firma atribuida a la administradora María Ester Egues; lo cual tampoco había sido puntualmente cuestionado al oponer excepciones. Abundó además acerca de los tipos de asambleas, actas de consorcio, quórum exigible, validez de la designación de administradora y demás cuestiones desarrolladas en oportunidad de impugnar el fallo adverso de primera instancia.

Tales precisos cuestionamientos exceden la negativa genérica de existencia de un instrumento que acredite la deuda y/o de autenticidad de la documentación acompañada con la demanda ejecutiva, opuesta al plantear excepciones. Como puede advertirse, en lo pertinente, el escrito de oposición de excepciones se limitó a genéricos cuestionamientos de toda la documentación acompañada, sin precisar los pretensos defectos de la constancia de deuda que obra en copia a fs. 14 que luego reclama. Ello explica la referencia al art. 713 de la ley adjetiva efectuada por el tribunal de alzada; y en tales condiciones, no advierto excesivo rigor formal en la aplicación de esta normativa. Lo dicho, sin perjuicio de señalar que -como advierte el Sr. Vocal preopinante- igualmente el tribunal a quo se hizo cargo de los planteos del apelante dirigidos a cuestionar el certificado de deuda. Sobre esta cuestión, afirmó que por tratarse de un instrumento privado no rige el mismo rigor formal que en el caso de un instrumento público, con citas jurisprudenciales donde fue puesto de relieve que cuando se trata de la ejecución de expensas comunes, el marco de procedencia de la excepción de inhabilidad de título se encuentra aún más restringido, "en función del principio según el cual tales reclamos deben apartarse de rigorismos formales, respecto de las condiciones de ejecutabilidad del instrumento hecho valer como base de la acción, en tanto las normas instituidas por la Ley Nº 13.512 están especialmente dirigidas a asegurar el deber de pagar con puntualidad, lo necesario para sufragar los gastos comunes" (cfr. fs. 523).

4.- En esta instancia casatoria, la ejecutada se desentiende de los antecedentes del caso y de los fundamentos integrales del decisorio que impugna. Repárese que previo a abordar lo atinente a la habilidad del título, la Sala a quo trató con minuciosidad los agravios dirigidos a cuestionar la legitimación de la demandante, y confirmó el rechazo de la excepción planteada destacando que el administrador es el representante necesario del consorcio (art. 11, Ley Nº 13.512), y en el caso las actas Nº 13 y 14 dan cuenta de la designación de la Sra. María Esther Egues como tal. Este razonamiento tampoco se ve cuestionado por la demandada, y con ello ha quedado firme la decisión positiva sobre la legitimación de la Sra. Egues para suscribir la certificación de deuda e iniciar la presente ejecución. Legitimación que proviene de la ley y de lo previsto por el art. décimo sexto del reglamento de copropiedad, al establecer que la falta de pago de la contribución de cada propietario para atender las cargas comunes, "tendrá mérito ejecutivo para el cobro la liquidación de la deuda que practique al efecto el Administrador" (cfr. fs. 28 vta.). Cabe poner de relieve que esta cláusula ha sido invocada por el recurrente, no obstante su desconocimiento inicial del Reglamento acompañado con la demanda ejecutiva.

De este modo, la recurrente elude aquellos aspectos del pronunciamiento que han quedado firmes. En particular, la legitimación de quien se presentó en autos como Administradora, y por ende habilitada para suscribir la certificación de deuda y promover la presente demanda ejecutiva. En estas condiciones, estimo decisivo para excluir la tacha de arbitrariedad, la circunstancia de que el título que se ejecuta surge del Reglamento que forma parte del título de propiedad; y que la constancia de deuda claramente legible acompañada en autos es un instrumento privado emanado de la propia administradora ejecutante que se lo atribuye al presentarlo en juicio, y por tanto lo ratifica al promover la presente ejecución. En efecto, es al Administrador a quien compete llevar a cabo el cobro forzoso de las expensas comunes, en virtud de lo previsto por el art. 11 de la Ley Nº 13.512 y el Reglamento de Copropiedad (cláusula décimo sexta, cfr. fs. 28 vta.).

De lo expuesto se sigue que pese a las múltiples defensas ensayadas al oponer excepciones, en autos ha quedado fuera de debate tanto la condición de administradora de la Sra. Egues, como la autenticidad del Reglamento de Copropiedad adjunto, al que la misma ejecutada se remite para fundar sus reclamos. En estas condiciones, el reclamo central basado en la presentación del certificado original no alcanza para poner en evidencia el déficit de arbitrariedad, habida cuenta de que la sentencia contiene otros fundamentos que tampoco se ven refutados. Pese a la anunciada aplicación del art. 713 del CPCC, la Cámara no ha eludido el planteo del apelante, sino que lo considera y califica como de un excesivo rigor formal, en virtud del criterio restrictivo imperante en materia de gastos comunes. Para rebatir este aserto sentencial resultan insuficientes las alegaciones fundadas en el (ex) art. 328 procesal, pues no repara la impugnante que este instrumento privado emana de la propia ejecutante que lo presenta en juicio. Por lo demás, la ejecutividad del título se integra con el propio Reglamento, y responde a un procedimiento privilegiado a favor del consorcio acreedor, que se explica en tanto la percepción de tales sumas es fundamental para su desarrollo (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vol. 3, pág. 38 y ss., Astrea, 1999). Se trata de un título de naturaleza compleja, y según lo destaca el autor citado, en el juicio ejecutivo no cabe defensa alguna relativa a controversias vinculadas al reglamento de copropiedad, o a la ineficacia de la asamblea que lo modificó, sin perjuicio de las acciones ordinarias. De allí que, "en razón de la particular naturaleza del crédito tutelado y en orden a la necesidad de no perturbar el desenvolvimiento normal del consorcio, el examen del título no debe ser riguroso". Ello es así porque el legislador ha establecido normas especiales para asegurar el deber de pagar con puntualidad la contribución para sufragar los gastos comunes del consorcio.

En el caso de autos, pese a la negativa general, la recurrente admite la existencia del pacto de ejecutividad en el reglamento de copropiedad y administración, que integra el título de propiedad y constituye la ley del consorcio, de cumplimiento obligatorio para cada propietario pues al adquirir el inmueble, adhiere a todas las cláusulas de aquél. Se trata -reitero- de un título que no se atribuye al ejecutado, y proviene de un convenio anterior que lo liga al juicio como legitimado pasivo.

5.- Finalmente, cabe hacer notar que en ambas instancias de grado ha sido rechazado el argumento central esgrimido por la ejecutada para negar su condición de deudora; esto es, un pretenso pacto de exención de expensas fundado en que esta unidad no sería beneficiaria de los servicios comunes. Las partes han desplegado actividad probatoria en torno a esta cuestión, y lo resuelto en las instancias de grado no dio lugar a agravio en esta sede.

Tiene dicho este Tribunal, con anterior integración, que "El Reglamento de Copropiedad y Administración de un consorcio constituido en los términos de la Ley Nº 13.512 forma parte del título de dominio de cada uno de los copropietarios y constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones, constituyendo un verdadero convenio al que los propietarios deben someterse como a la ley misma en los términos del art. 1197 CC. El art. 8 de la ley mencionada expresa que "los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario, las expensas de administración reparación de las partes y bienes comunes del edificio, indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro..." por lo que en definitiva, siendo la accionante propietaria mantiene su obligación al pago de expensas en la medida que resulta obligada habitualmente en los porcentajes pertinentes. La obligación de pago de expensas comunes nace de la ley, porque constituyen la esencia misma del régimen de propiedad horizontal sin cuya observancia el mismo no tendría el funcionamiento que el espíritu de la ley le asigna. De allí que sólo excepcionalmente y por acuerdo expreso, o decisión judicial o asamblearia, cabe la liberación de ciertos rubros o gastos que recaen dentro de su concepto. El criterio para su interpretación es eminentemente restrictivo (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 1269 del 03/12/2008, voto Dr. Brito). Dijo entonces el tribunal que "el consorcista no puede dirimir el conflicto de su discrepancia con la liquidación de expensas a través del mecanismo del no pago. En esto hay acuerdo doctrinario y jurisprudencial, precisamente basado en la importancia de las expensas para la continuación de la vida y funcionamiento del consorcio, lo que se privilegia por sobre toda otra cuestión que pudiera suscitarse en la relación consorcial".

Ha destacado asimismo el rol vital que juegan las expensas comunes del régimen de propiedad horizontal, porque sin su percepción puntual el sistema no podría subsistir. El deber de abonarlas existe desde el origen del consorcio, y su pago es prioritario, pues son derivaciones de la obligación principal de contribuir al pago de los gastos necesarios para el sistema. Es así que resulta de particular trascendencia el puntual cumplimiento de este tipo de obligaciones para el desenvolvimiento del régimen consorcial; las que están sujetas a lo dispuesto por el reglamento de copropiedad, sin perjuicio de que el propio sistema legal ha rodeado a ese crédito de diversas prerrogativas enderezadas a asegurar su pago (CSJT, sentencia Nº 47 del 22/02/1999) y que el art. 3 de la Ley Nº 13.512, impone en relación al uso de los bienes comunes pautas claras que se refieren a la medida o límite de ese uso, que en ningún caso debe suponer detrimento o desconocimiento de facultades iguales que correspondan a los otros propietarios de los mismos bienes; que el régimen de propiedad horizontal crea entre los consorcistas un régimen especial de comunidad con miras al beneficio común, en cuya esencia está la imposición a sus miembros de ciertas restricciones y límites al dominio, y determinadas cargas cuyo acatamiento es condición necesaria para asegurar el buen funcionamiento del sistema y que la circunstancia de que se reconozca dentro del régimen de la Ley Nº 13.512 en cada uno de los propietarios la máxima posibilidad de utilización de su unidad, teniendo en cuenta el estado de comunidad en que se encuentran, les impone ejercerla en el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás, como por el interés general que se encarna en la subsistencia del régimen (sentencia N° 394 del 28/5/2001).

6.- Concluyo que los cuestionamientos de la ejecutada son insuficientes para evidenciar arbitrariedad en la desestimación del recurso de apelación intentado contra la sentencia de primera instancia. Como ha sido dicho, el instrumento cuestionado en esta sede como motivo central de agravio emana de la propia ejecutante, y no exhibe puntuales defectos u omisiones que pudieran obstaculizar a la ejecutada la defensa de sus derechos. Para objetar la habilidad del título no basta con argumentar que se trata de una fotocopia, pues la ley adjetiva autoriza su presentación (arg. ex art. 334, CPCC), y siendo claramente legibles se tienen por auténticas en la medida que no sean observadas. Agrego que por su generalidad, las observaciones contenidas en el responde no bastan para descalificar el documento emanado de la ejecutante que lo presenta en juicio. Desde esta perspectiva, no advierto arbitrariedad en la referencia al art. 713 de la ley adjetiva, máxime cuando pese a ello, el tribunal de alzada efectúa otras consideraciones que no se ven refutadas en el memorial casatorio.

No se advierte entonces, el rigorismo formal que la ejecutada atribuye al decisorio para imputarle arbitrariedad. La valoración de los hechos de la causa realizada por el tribunal a quo no exhibe violación o errónea aplicación de las normas que rigen el caso, ni apartamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional, o un análisis parcial del cuadro probatorio reunido según denuncia la recurrente. Por el contrario, la sentencia exterioriza un juicio ponderativo de la plataforma fáctica no cuestionada, que excluye los defectos denunciados, lo cual priva de fundamentación a la alegada violación de garantías constitucionales.

En definitiva, las razones expuestas por la recurrente no alcanzan para acreditar el déficit de arbitrariedad alegado. En consecuencia, procede rechazar el recurso, con costas por aplicación de la regla general en la materia (art. 105 CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero al voto del señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur. Asimismo, comparto y adhiero a las consideraciones expuestas en los apartados 3, 4, 5 y 6 del voto del señor vocal, doctor Antonio Daniel Estofán.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 550 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II-, dictada en fecha 30 de diciembre de 2010 (fs. 522/523 y vta.), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE (En disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032183-01