Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-05


Comodoro Rivadavia, cinco de abril de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "S., M. c/ C., H. s/ EMBARGO PREVENTIVO", Expte. Nº 15.515/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia (Expte. Nº 1427/2005), por haber interpuesto la parte actora, a fs. 12, recurso de apelación contra la resolución de fs. 11 que rechazó la medida cautelar solicitada.

I.-Entiende la actora, que la magistrada a quo ha incurrido en un error en la interpretación del derecho aplicable al caso, toda vez que pese a existir contundentes fundamentos a favor de la procedencia del embargo, rechazó la medida, negando al peticionante la posibilidad de cautelar el resultado del proceso de daños y perjuicios iniciado en contra de quien fue declarado judicialmente su padre mediante Sentencia Definitiva Nº 530/04 -que se halla firme-, recaída en autos "S., M. G. c/ C., H. E. s/ FILIACIÓN" Expte. Nº 138/03 en trámite por ante ese Juzgado de Familia.

Señala que la Juez de grado no analizó que en el caso concreto se cumplía con el requisito de verosimilitud del derecho resarcitorio que asiste al reclamante y desechó la medida poniendo énfasis en la falta de certeza respecto del presupuesto peligro en la demora.

Se queja también, por cuanto en la resolución denegatoria, la juez entendió que la venta de una propiedad por parte del demandado, no puede imputársele a conductas dolosas tendientes a disminuir su patrimonio, cuando lo que asume relevancia es la disminución del patrimonio que eventualmente responderá y no la intención del demandado en la venta efectuada.

II.- A los fines de resolver los agravios traídos a esta instancia, corresponde señalar que en el ámbito del juicio de probabilidades, a fin de evaluar la procedencia de medidas cautelares, es al órgano jurisdiccional a quien compete evaluar todas las circunstancias que el asunto presente para disponer lo concerniente a medidas precautorias, teniendo en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho.

Que en este contexto, se ha precisado en numerosas ocasiones que las medidas cautelares no deben interpretarse en forma restrictiva, teniendo como finalidad, el proceso cautelar, asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso. Es decir, que se decretan sobre la base de una apariencia del derecho que se pretende tutelar, pues en ese momento del proceso todavía no se sabe si el derecho garantizado existe, pero responde a la necesidad efectiva y actual de alejar el temor de un daño jurídico. (CSJN,24-7-91 "ESTADO NACIONAL c/ PROV. RÍO NEGRO s/ SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES". CNCCEsp.,4ta ,29-6-87 "V. c/ T.". Revista de Derecho Procesal. Medidas Cautelares T I Editorial Rubinzal Culzoni. Págs. 418/419. Ed 1998, Sent. Interl. 229/04, Sala A y 132/03, Sala B de este Tribunal entre muchísimas otras).

Que en el sub judice, el presupuesto de la verosimilitud de derecho, surge de modo patente de las constancias del Expte. Nº 138/03, que corre agregado por cuerda (fs. 24), en el que recayó sentencia definitiva que declaró que el aquí cautelante es hijo del Sr. H. E. C. hallándose firme tal pronunciamiento.

Que ya no existen dudas de la responsabilidad civil que nace, en principio, frente a la falta de reconocimiento espontáneo de la filiación.

Así, numerosos pronunciamientos jurisdiccionales han sostenido que "Dicha falta constituye un hecho ilícito, que obliga a reparar tanto el daño material como el moral, encontrando sustento la procedencia del reclamo en el principio general de no dañar a otro, que la Constitución Nacional establece como límite concreto de las conductas privadas individuales (Cfme. doct. arts. 19 de la Const. Nac.; 1068, 1071, 1074, 1075, 1109 y concds. del C. Civil; Causa 61.652 del 1-3-94, 66.120 del 10-2-96, 67.418 del 6-6-96, 41.521 del 3-10-88 todos de la Cámara 1ra. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, E.D. 132-473, CNCiv., sala F, 19-10-89, LL 1990-A, con nota de Zannoni, CNCiv. Sala E, 12/5/98 en "M., M. del C. y otro c/ M., V. s/ Daños y Perjuicios").

Ello, sin que se valore el fondo de la materia, -porque en definitiva todas las acciones dependen necesariamente de una sentencia previa que las reconozca y declare su exigibilidad- aparece en este estadío jurídico provisional, como suficiente sustento para admitir el embargo preventivo solicitado.

Que por otro lado, el presupuesto del peligro en la demora no necesita una prueba acabada, puesto que la inevitable morosidad judicial, para obtener sin retardo una providencia definitiva en el marco de un proceso de conocimiento, como el de autos, hace presumir el estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal.

Es que existe una correlación tal entre la verosimilitud del derecho y la alegación de un riesgo de un daño irreparable (el peligro en la demora), que ante una mayor certeza sobre el derecho invocado, el temor fundado de que tal derecho se frustre o minorice durante la sustanciación del proceso tendiente a su reconocimiento se puede atenuar y viceversa (Cfme. CSJN 11/7/96, LL, 1997-E-143, esta Sala Sents. Interls. Nº 168/04, 207/03 entre otras).

"El moderno derecho de daños, según predominante doctrina y jurisprudencia, buscan acentuar la producción del damnificado, de allí su nombre, participando con ello de la tendencia a apreciar con amplitud y generosidad para acordar las medidas cautelares, el cumplimiento de los requisitos legales adjetivos de verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris) y del peligro de frustración (peliculum in mora) supuesto éste último representado principalmente por la tardanza en la tramitación del proceso ordinario indemnizatorio de daños y perjuicios. Interpretarlo de otro modo podría conducir a una verdadera frustración de derecho y aún, de denegación de justicia por la hipotética obtención de una sentencia declarativa carente de toda eficacia jurídica- económica" (El Dial BB164A).

Por ello, y sin que signifique pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, surge que se ha acreditado suficientemente la verosimilitud del derecho invocado por el apelante así como el peligro en la demora ante la probabilidad, se reitera, que la tutela de los derechos pretendidos se vean frustrados por el transcurso del tiempo que el mismo trámite del proceso pudiera llevar.

Razones todas ellas, por las cuales corresponde, admitir al recurso de apelación interpuesto a fs. 12 haciendo lugar al embargo preventivo.

No obstante, en uso de las facultades previstas por el art. 204 del CPr. se morigerará la cautela solicitada, a fin de evitar que se genere una situación disvaliosa.

Por ello, el embargo preventivo solicitado se reducirá al 50% del monto pretendido por el cautelante en la acción de daños y perjuicios iniciada, trabando embargo sobre los bienes denunciados que resulten suficientes hasta cubrir la suma de $514.000.

IV.- Con relación al requisito genérico común a toda medida cautelar de la contracautela (art. 199 CPr.), corresponde señalar que de las constancias del Expte. Nº 39/05 "S., M. G. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" que corre por cuerda (fs. 24) todavía no se ha dictado resolución que acuerde o deniegue el beneficio solicitado como manifiesta el recurrente a fs. 10.

Al respecto, es uniformemente aceptado que para la procedencia de exención de contracautela prevista en el art. 200, inc. 2, es preciso "que el beneficio de litigar sin gastos ya haya sido otorgado, y no meramente solicitado o que se encuentre en trámite" (CNCiv, Sala A, 3/6/96, LL 1997-D-850; ïd. Sala C, 16/10/97, LL 1998-B-772; CNCom, Sala C, 24/2/00, LL 2000-D-532 cit. por Fenochietto, Carlos A. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado..." T. I, Ed. Astrea, p.732).

En consecuencia, resultando que la graduación de la contracautela, se halla a cargo del juez, quien debe ponderar la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado, el valor presunto de los bienes inmovilizados, los daños que eventualmente puedan producirse, la conducta de los justiciables y toda otra circunstancia computable ( Eduardo N. De Lazzari, "Medidas Cautelares" T. I, p. 113 Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 1995), se concluye que deberá el cautelante prestar caución juratoria.

En definitiva, debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandante y revocar lo decidido a fs. 11, decretando el embargo peticionado sobre los bienes denunciados con los alcances dispuestos en los considerandos precedentes.

V.- Atento la medida solicitada y el resultado obtenido las costas se imponen por su orden (art. 68 del C.P.C.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y las pautas de los arts. 6, 7 y 33 del Dto. Ley 2200 y su modificatoria ley 4335.

Por ello, la sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 12 y revocar lo decidido a fs. 11.

2)Trabar embargo preventivo, previa caución juratoria que deberá prestar el solicitante en la instancia de grado, sobre bienes suficientes de propiedad del demandado, hasta cubrir la suma de $ 514.000.

3) Costas por su orden. Regúlense los honorarios profesionales de los Dres. O. G. A., C. S. K. e I. A. V. conjuntamente en la suma de pesos ciento cincuenta ($150).

4)Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo.:Nélida Susana Melero, Presidente.- Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.- Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.- REGISTRADO BAJO EL Nº 54 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS