Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-02


SENT Nº 465 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Banca Nazionale del Lavoro S.A. vs. George Gustavo Adolfo y otra s/ Ejecución Hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 172/177 vta. por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 23/2/2005 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 157/160) dispuso acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar el pronunciamiento dictado por el juez a quo y rechazar la ejecución perseguida por la parte actora.

A fs. fs. 181/187 vta., el ejecutado contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada por sentencia de fecha 22/6/2005 que glosa a fs. 191, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto procede una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC); pero que no obstante en el caso, resulta definitiva al haberse acogido el pago cancelatorio de la deuda, cuestión que no podrá ser revisada en oportunidad posterior (art. 544 CPCC y 813 CPCC).

III.- Desde la perspectiva del art. 815 CPCC, denuncia que el fallo adolece de arbitrariedad y violenta normas constitucionales al no cumplir con la fundamentación debida, no ser una consecuencia razonada del derecho vigente, ni ajustarse a los términos en que se trabó la litis contestatio. Señala que el tribunal se limita a realizar consideraciones genéricas totalmente desprendidas de la causa y con desacierto total llega a una conclusión cuya razón no es indicada.

Explica que la sentencia se puso fuera del orden jurídico al resolver por sí y ante sí la contienda suscitada por la demandada y, en su decisión parcial, hizo perder a su parte derechos irrevocablemente adquiridos.

Cita jurisprudencia y doctrina referidas a la arbitrariedad y señala que el fallo introdujo una cuestión no debatida, como lo es el alcance de una medida autosatisfactiva que dio lugar a que se dé por cancelada la deuda, cuestión que nunca fue propuesta por la accionada, quien solamente dedujo una excepción de pago parcial al momento de contestar la demanda.

Asimismo, indica que al tribunal no le competía entrar a analizar la aplicabilidad o inaplicabilidad del sistema de pagos mediante títulos públicos y mucho menos como consecuencia de una medida autosatisfactiva que no se tramitó en la justicia provincial, conculcándose de ese modo los arts. 31, 32, 272, 273 y cc del CPCC.

Recuerda que el juicio ejecutivo se encuentra acotado en cuanto sus defensas a las normas que marca la ley de rito y está vedado al juzgador rebasar dichos limites como lo ha hecho la sentencia, violentando de ese modo la norma del art. 539 CPCC que limita el pronunciamiento a la legitimidad de las excepciones planteadas.

Señala también que la sentencia es autocontradictoria ya que luego de desestimar la excepción de incompetencia, con el argumento de que no estaban en juego el sentido y el alcance de las leyes federales, concluyó su razonamiento haciendo una dogmática cita jurisprudencial sobre las bondades de remedios no legislados en la ley procesal, para terminar luego por afirmar que ha existido un pago total, el cual, como se dijo, no fue planteado en las excepciones opuestas. Aduce que de ninguna manera una medida autosatisfactiva, que no tiene un procedimiento previsto en el derecho positivo, puede tener una jerarquía superior al proceso ejecutivo contemplado en la ley del rito local. De allí es que el fallo genera gravedad institucional, cuyos lineamientos y caracteres el recurrente precisa con jurisprudencia, señalando que se han violentado los arts. 18, 16, 19 y 28 de la Constitución Nacional.

Hace reserva del caso federal, propone doctrina legal y solicita que se case la sentencia recurrida en todos sus términos.

IV.- La Sala a quo se expidió por la competencia del fuero civil en documentos y locaciones para entender en la causa, por estar el caso contemplado en la normativa genérica del art. 62 inc. b) LOT y no en la ley nacional 25.587, toda vez que no se demandó al Estado Nacional ni a entidades integrantes del sistema financiero, presupuesto de esta última norma a los fines de atribuir la competencia federal.

Seguidamente, el fallo consideró los alcances de la sentencia que resolvió la medida autosatisfactiva deducida por la parte demandada ante los tribunales federales de la provincia y razonó que durante el transcurso del proceso de epígrafe se verificó la existencia de un hecho que resultó extintivo de la obligación reclamada, al haberse ordenado y cumplido la cancelación de la deuda en la forma determinada por el juez federal actuante. Manifestó que el hecho modificatorio de la situación fáctica existente al momento de la traba de la relación procesal, está documentado en la causa, lo que faculta al tribunal a considerarlo (art. 40 último párrafo del CPCC) para dictar la sentencia.

Con la medida autosatisfactiva y su cumplimiento -concluyó el tribunal-, se ha agotado el objeto del proceso ejecutivo que persigue el cobro del crédito, razón por la que no es posible volver a ordenar el pago de lo ya abonado, en tanto que los procesos de ejecución persiguen el cumplimiento de la obligación y no la declaración de su existencia.

En el caso, el tribunal a quo, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 40 CPCC entendió que el pago de la deuda cuyo cobro se pretende fue realizado en el modo en el que lo autoriza la sentencia del 27/11/2002, dictada por el Juzgado Federal n° 2 de la Provincia de Tucumán.

Más allá del esfuerzo realizado por el recurrente tendiente a acreditar la existencia de la arbitrariedad del decisorio, lo cierto es que la lógica sentencial, en el modo en que fue desarrollada, no puede ser descalificada por el vicio de arbitrariedad. En efecto, la Cámara entendió que en el ámbito acotado del proceso ejecutivo, las conclusiones que se desprenden de la sentencia dictada por el juez federal, así como las circunstancias que hacen a su cumplimiento, demuestran en forma suficiente la improcedencia de la pretensión articulada.

La lectura del fallo impugnado revela así la inexistencia de un déficit en la motivación del acto sentencial que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido, exhibiendo por el contrario, un mero desacuerdo del recurrente con las apreciaciones del tribunal de mérito, insuficiente per se para justificar la procedencia de la crítica.

Respecto a la omisión del a quo de valorar que la litis se trabó sin la oposición de una excepción de pago, debe concluirse que el argumento es inválido para fundar el vicio de arbitrariedad alegado.

En efecto, el art. 40 CPCC invocado en la sentencia contiene directrices para el debido ejercicio de la prudencia jurídica por parte de los jueces y su infracción, en lo pertinente a la valoración de las pruebas, sólo puede invocarse excepcionalmente en vía casatoria, cuando han sido conculcadas hasta el absurdo.

En definitiva, lo que el tribunal a quo ha realizado es considerar que existe cosa juzgada, para lo que está facultado, incluso de oficio, por el art. 34 CPCC.

Las críticas que plantea el recurrente, relativas al cauce procesal por el que discurrió la pretensión de los codemandados ante la justicia federal, así como su falta de regulación en nuestra legislación adjetiva local, tampoco contribuyen a la demostración del mentado vicio, al tratarse de una cuestión que hace al contenido y fundamento del acto judicial dictado por un juez federal en el marco de su competencia, insusceptible por ende, de ser cuestionado ante esta jurisdicción local.

Por fin, lejos de acreditar la contradicción que el recurrente denuncia, las consideraciones vertidas por el a quo en torno a las medidas autosatisfactivas se dirigieron a analizar los alcances y efectos que el mencionado procedimiento -y su solución-, tuvieron en las presentes actuaciones.

Tampoco concurre en el presente caso el excepcional supuesto de gravedad institucional toda vez que la cuestión propuesta no supera el límite del interés individual del recurrente y la mera invocación de lesión a derechos y garantías constitucionales resulta insuficiente para justificar la apertura del recurso interpuesto.

Por las razones antedichas, se rechaza el recurso de casación incoado.

Las costas de la instancia, atento al principio objetivo de la derrota vigente en la materia, se imponen a la parte vencida, recurrente de autos. (art 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora, Banca Nazionale del Lavoro S.A. en contra de la sentencia de fecha 23/2/2005 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- DIFERIR, pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

M ARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.