Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11


Expte. n° 8311/11: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Cookery S.A. s/ ejecución fiscal'"	Buenos Aires, 11 de abril de 2012	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) interpuso recurso de queja (fs. 2/24 vuelta) contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 222/223 de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa) que denegó el recurso de inconstitucionalidad planteado por su parte contra la sentencia de alzada (fs. 190/191) que, en lo que aquí interesa: a) modificó el punto I de la resolución de grado declarando parcialmente inhábil el título ejecutivo con respecto a los períodos 12 del año 1999, 1 a 12 del año 2000, 1 a 11 del año 2001 y 2 a 12 del año 2002; y b) resolvió, en lo que respecta a la multa, que la ejecución prosperara sólo por la sanción relativa a los anticipos 12 del año 2001 y 1 del año 2002.

2. En el caso, el GCBA promovió ejecución fiscal contra Cookery S.A. por el cobro de la suma de $ 47.187,30 en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos -anticipos: 12 del año 1999, 1 a 12 del año 2000, 1 a 12 de la año 2001, y 1 a 12 por el año 2002-, y $ 84.233,20 en concepto de multa; con más sus intereses y costas a la fecha del efectivo pago (conf. fs. 1/4).

La ejecutada opuso la excepción de espera documentada (fs.10/15). Indicó que meses antes del inicio de la ejecución fiscal -concretamente, el día 22 de noviembre de 2007- se había acogido al plan de facilidades de pago establecido por la ley nº 2.406 a fin de regularizar la deuda que registraba por los períodos aquí reclamados, habiendo incorporado a dicho régimen las sumas correspondientes a los anticipos 12 del año 1999, 1 a 12 del 2000, 1 a 11 del 2001 y 1 a 11 del 2002.

Corrido el pertinente traslado, el GCBA se opuso al progreso de la defensa esgrimida por la demandada y solicitó la suspensión del juicio de apremio por aplicación del artículo 13 de la ley nº 2.406 (fs. 24/26).

El juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de espera respecto de los períodos incluidos en el plan de facilidades de pago. Para así decidir, sostuvo que al momento del inicio del juicio de apremio la demandada ya se encontraba incluida en dicho régimen, motivo por el que resultaba inaplicable la norma invocada por el GCBA siendo improcedente, en consecuencia, la requerida suspensión del proceso.

Finalmente, resolvió mandar a llevar adelante la ejecución por los períodos 12 del año 2001 y 1 del 2002 -no incluidos en el plan y cuyo pago no fue acreditado por la ejecutada a pesar de invocarlo-, y rechazar la demanda respecto de las sumas reclamadas en concepto de multa por entenderla condonada en virtud de los artículos 8 y 11 de la ley nº 2.406 (conf. fs. 167/169).

3. El GCBA apeló la sentencia alegando en su memorial (fs. 174/180) que la excepción de espera resultaba inatendible toda vez que la incorporación al régimen de regularización de las sumas determinadas de oficio mediante la Resolución nº 738/DGR/2007 era parcial y constituía un reconocimiento de deuda por parte del contribuyente, que no impedía la interposición de la demanda de apremio, y que tampoco suponía la concesión de un plazo de espera por parte del fisco acreedor (conf. fs. 175 vta. y 176).

Se quejó, asimismo, de la condonación dispuesta con fundamento en que la ejecutada no había incluido la totalidad de la deuda en el régimen de la ley nº 2.406.

Contestado el traslado de la expresión de agravios, tal como se indicó en el acápite primero precedente, la Sala I declaró la inhabilidad parcial de la boleta de deuda -respecto a los períodos incluidos en el plan de facilidades de pago-, apoyándose en que la ejecutada se había acogido a dicho régimen con anterioridad a la emisión del título ejecutivo. Con relación a la multa, consideró que condenar a la accionada a su íntegro pago resultaría desproporcionado y contrario a la normativa reguladora del régimen de facilidades de pago suscripto, toda vez que la contribuyente había dejado fuera de aquel plan únicamente dos períodos del total de los reclamados. Consecuentemente, resolvió que la ejecución de este rubro "habrá de prosperar sólo en lo que respecta a los períodos 12 del año 2001 y 1 del 2002" (conf. fs. 191). 4. En el recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria dio lugar a esta queja, el GCBA sostuvo que la sentencia de la Sala I era equiparable a definitiva porque "no existe ninguna instancia ni judicial ni administrativa, por la cual pueda mi parte reclamar o debatir sobre la condonación de la multa oficiosamente declarada por el decisorio que motiva el presente recurso, lo cual para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cumple incuestionablemente el requisito de ser una SENTENCIA DEFINITIVA" (conf. fs. 207 vta. y 208).

Reiteró que la condonación de la multa es irrazonable y contraria a la ley nº 2.406 ya que, según sus disposiciones, se ve impedida por no haberse incluido en el plan el total de la deuda pretendida por el fisco (fs. 207 y 207 vta.).

Añadió que las sumas reclamadas en ese concepto están integradas, a su vez, por montos correspondientes a las infracciones materiales configuradas con relación a los anticipos y períodos objeto de este apremio, así como a los anticipos 1 a 12 de los años 2003 y 2004 contenidos en la resolución determinativa y sumarial nº 738/DGR/2007 (conf. fs. 210).

También respecto de este punto, sostuvo que la condonación fue declarada extra petitio, en desmedro de sus derechos de propiedad y de defensa (conf. fs. 209 vta.) Adicionalmente, tachó la sentencia de arbitraria por no respetar el régimen legal específicamente aplicable al caso y violar los principios de congruencia e igualdad ante la ley, legalidad, debido proceso, defensa en juicio y el derecho de propiedad afectando la normal percepción de la renta pública (conf. fs. 206/217).

Dicha presentación no obtuvo respuesta de la demandada (conf. fs. 219 y 221).

5. La Sala I denegó el recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el recurrente no había logrado exponer, con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justificara la intervención del Tribunal Superior en los términos del art. 27 de la ley nº 402. Para así decidir sostuvo que "no obstante su esfuerzo argumentativo, las críticas de la recurrente están dirigidas a impugnar la valoración efectuada por este Tribunal con respecto a preceptos de derecho infraconstitucional, temas ajenos por regla al objeto del recurso de inconstitucionalidad y de exclusiva ponderación de los jueces de mérito" (conf. fs. 223).

6. En su recurso directo, el GCBA en primer lugar despliega un conjunto de argumentos tendientes a demostrar que la sentencia cuya revisión pretende resulta equiparable a definitiva. Por otro lado, insiste en que: a) la condonación otorgada por los jueces de mérito no está autorizada por la ley nº 2.406, alegando que la inclusión parcial de las sumas pretendidas por el fisco en el plan de facilidades de pago obsta a su procedencia; b) la multa cuya ejecución persigue no responde únicamente a los períodos incluidos en la boleta de deuda, sino que también corresponde a omisiones verificadas respecto de anticipos de los años 2003 y 2004; d) la condonación fue declarada por fuera de las pretensiones de las partes; y e) la sentencia de Cámara resulta arbitraria.

7. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja articulada por la parte actora en razón de no ser definitiva la sentencia recurrida (fs. 35/37, de la queja).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402. Sin embargo, su suerte adversa está sellada en tanto la recurrente no logra articular adecuadamente un caso constitucional, resultando inatendibles en esta instancia tanto el recurso de inconstitucionalidad como el de hecho que lo sostiene.

En la pieza procesal por la que se insta la intervención de este Estrado se alega que la decisión de la Sala I -que resolvió declarar parcialmente inhábil el título ejecutivo en lo referido a las sumas reclamadas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 12 de 1999, 1 a 12 de 2000, 1 a 11 de 2001 y 2 a 12 de 2002; y condonar la multa vinculada a dichos anticipos en razón de que el contribuyente había incorporado esa deuda al plan de facilidades de pago dispuesto por la ley nº 2.406- provocaba la afectación de los principios de legalidad, de defensa en juicio, de congruencia y de razonabilidad resultando, asimismo, arbitraria.

En primer lugar, corresponde poner de resalto que los agravios de la actora se limitan acotadamente a que la Cámara se haya pronunciado por la improcedencia de la ejecución de las sumas reclamadas en concepto de multa. Así surge de las expresas manifestaciones de la ejecutante que, al fundar el recurso de inconstitucionalidad oportunamente articulado, sostuvo: ". es contra el decisorio en cuanto dispone la dispensa de la multa (.) que se interpone el presente recurso de inconstitucionalidad, a fin de salvaguardar los derechos constitucionales de mi parte" (conf. fs. 207 vta.)-.

Asimismo, debe destacarse la impertinencia de los argumentos del GCBA dirigidos a sostener el carácter definitivo de la sentencia cuya revisión pretende. Ello así pues dicho agravio no se compadece con los términos en que se expidió la Cámara al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, cuya resolución tuvo apoyatura en la ausencia de configuración de un caso constitucional -mas no en la inexistencia de sentencia definitiva- (ver puntos I y II de la sentencia interlocutoria de fs. 222/223).

2. En lo que respecta a los planteos relativos a la improcedencia de la condonación de las sanciones que pretenden ser ejecutadas en estas actuaciones, no puede perderse de vista que no fueron oportunamente incorporados al proceso por la ejecutante.

En efecto, al dar respuesta al traslado de la excepción articulada por la demandada, el GCBA se limitó a oponerse a su procedencia requiriendo la suspensión del proceso de apremio como consecuencia de la suscripción por el contribuyente del plan de facilidades de pago denunciado, por aplicación del artículo 13 de la ley nº 2.406 (conf. fs. 24/26). Nada expuso en dicha oportunidad procesal respecto de la improcedencia de la defensa particularmente en lo relativo a las sumas que pretende ejecutar en concepto de multa.

Adviértase que incurrió en dicha omisión a pesar de que la ejecutada expresamente planteó en su escrito defensivo que el acogimiento al plan de regularización dispuesto por la ley nº 2.406, según los términos de dicha norma, suponía la "liberación de las eventuales multas que pudieran resultar respecto de las deudas en gestión" (conf. fs. 11).

3. De acuerdo a lo expuesto, los referidos planteos vinculados a la condonación de las sanciones resultan tardíos y esencialmente contradictorios con las defensas articuladas por la actora al momento de responder a las excepciones opuestas por la ejecutada al progreso del presente apremio.

De esa manera, la pretendida cuestión constitucional no fue propuesta a los jueces de la causa en el momento procesal oportuno, circunstancia que desbarata, por sí sola, la posibilidad de su tratamiento en esta instancia.

4. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la cuestión que el GCBA intenta introducir cuando en el recurso de inconstitucionalidad y en el directo sostiene que "[E]l a quem (.) sin que se hubiese planteado la condonación, EXTRAPETITIO LA DECLARA en desmedro de los derechos de propiedad y de defensa de mi parte" (conf. fs. 209 vta. y 9 vta. de esta queja, el subrayado no obra en el original), así como los planteos relativos a la supuesta violación al debido proceso y al principio de congruencia, no resultan novedosos.

Por el contrario, el Tribunal ya ha abordado la cuestión en reiteradas oportunidades, en causas en las que -aunque en el marco de procesos de impugnación de actos administrativos u otras demandas contra la Administración- también se discutía la viabilidad de que los jueces de mérito dispongan la condonación de sanciones con fundamento en la ley nº 2.406 y su decreto reglamentario, a pesar de no existir expresa petición del contribuyente en ese sentido.

A este respecto, el Tribunal ha adoptado el criterio conforme al cual la quejosa debería demostrar la configuración en la especie de alguna situación en que las garantías invocadas se encuentren comprometidas, lo que entiendo que no podría válidamente alegarse en el caso pues el a quo no se ha pronunciado acerca de una cuestión diversa a la debatida -es decir, la procedencia de la ejecución fiscal de la multa impuesta a la parte demandada por la resolución 738/DGR/2007-.

En este sentido se ha expresado este Estrado in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Instituto Massone S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. nº 6543/09, sentencia del 25 de noviembre de 2009; y, más recientemente, in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Amancay S.A.I.C.C.A.F.I. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. nº 7778/2010, sentencia del 24 de agosto de 2011, y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Obra Social del Personal de las Telecom. De la Rep. Arg. (Ostel) c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa", expíe. nº 7778/2010, sentencia del 24 de agosto de 2011.

Esta postura se ve reforzada en el caso, además, por el hecho de que la ejecutada haya invocado de modo expreso los beneficios previstos por la ley nº 2.406 en su escrito de oposición de excepciones, tal como se puso de resalto en el párrafo segundo del punto 2 de este voto (conf. fs. 11).

Respecto del derecho de propiedad cuya vulneración invoca el GCBA, corresponde considerar que planteos de esa especie no resultan atendibles, por regla, ante la inaplicación de una multa pues se desnaturalizaría la función de este tipo de sanciones que no están concebidas como recursos fiscales -a pesar de que ingresan al Tesoro Público- sino que, dada la naturaleza penal que en la mayoría de los casos se les asigna, funcionan esencialmente como medidas ejemplificadoras e intimidatorias que tienen por finalidad lograr el acatamiento de los preceptos legales y no revisten carácter indemnizatorio. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que, en tanto las multas revisten carácter represivo, la finalidad que con ellas se persigue es restaurar el orden jurídico infringido, y su cometido es herir al infractor en su patrimonio y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario público (cfr. in re: "Establecimiento Modelo Terrabusi S.A." -Fallos: 324:3083-, sentencia del 27 de septiembre de 2001).

Por tanto, en el sub examine es desacertado sostener que la revocación de la multa genere una afectación del derecho de propiedad estatal o un demérito de los ingresos públicos.

Al contrario, tanto una multa como unos accesorios -intereses o recargos- desproporcionados sí podrían poner en riesgo el derecho de propiedad de los contribuyentes y conducir a que se produzcan efectos confiscatorios -tal como lo expresé en el dictamen que emitiera como Procurador Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Obras Sanitarias de la Nación v. Propietario Avda. Coronel Roca 1732" -Fallos: 307:2070-, sentencia del 29 de octubre de 1985, opinión receptada por el Alto Estrado en su pronunciamiento-, agravio que sólo podría invocar el contribuyente.

5. Con relación al planteo de arbitrariedad, en el cual el GCBA subsume buena parte de sus agravios -y, entre ellos, la pretendida afectación del principio de legalidad, el derecho de propiedad, la regla de la razonabilidad, el principio republicano de gobierno y la división de poderes-, considero que no logra poner en crisis la sentencia de la Cámara ya que las afirmaciones de la demandada sólo expresan su discrepancia con los fundamentos dados por el a quo, lo que no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. el Tribunal in re: "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 49/99, resolución del 25 de agosto de 1999 y sus citas, en: Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. I, ps. 282 y ss.).

La recurrente sostiene, en sentido contrario a lo resuelto por la Sala I, que la condonación dispuesta por la ley nº 2.406 no alcanzaría al supuesto de autos ya que el contribuyente no incorporó a dicho régimen la totalidad de la deuda que registraba conforme la resolución determinativa de oficio y sumarial nº 738/DGR/2007 -que fue confirmada posteriormente por la Resolución 626/DGR/2008-.

Manifiesta que esta circunstancia no fue debidamente considerada por el a quo al dictar sentencia, así como tampoco ponderó adecuadamente el hecho de que las sumas que el GCBA pretende ejecutar aquí en concepto de multa engloban sanciones aplicadas por la omisión de tributos correspondientes, tanto a los períodos incorporados al plan de facilidades de pago cuya suscripción invocó la ejecutada, como a los anticipos 1 a 12 de los años 2003 y 2004.

Sin embargo, la condonación de la multa no llega a constituir un caso constitucional toda vez que, más allá del acierto o error de la decisión adoptada en la anterior instancia, los jueces de la causa dieron razones suficientes para acotar el monto de la multa por el que podía prosperar este apremio. En efecto, valoraron en particular que resultaba inequitativo incluir en el reclamo la multa correspondiente a los períodos regularizados cuando habían quedado fuera sin regularizar exclusivamente dos de los cuarenta y seis anticipos discutidos en esta causa -a los que deben adicionarse los veinticuatro anticipos correspondientes a los años 2003 y 2004, que fueron incluidos en el régimen establecido por la Resolución 2722-SHyF-2004, según surge de los considerandos de la propia resolución determinativa de oficio y del acto que la confirma (conf. fs. 62)-.

De acuerdo a lo expuesto, los argumentos desplegados por la quejosa remiten a la interpretación de las pretensiones de las partes y a la aplicación e interpretación de normas de derecho público local, cuestiones que resultan, por regla general, propias de los jueces de la causa -criterio que también coincide con el adoptado por este Tribunal al dictar sentencia en la ya citada causa "Instituto Massone"-.

6. Las razones brindadas en los apartados precedentes se ven, además, fortalecidas por el hecho de que la contribuyente suscribió el plan de facilidades de pago el día 22 de noviembre de 2007, esto es, con holgada anterioridad a la emisión de la boleta de deuda que tuvo lugar el 19 de agosto de 2008 (conf. fs. 2), y a la interposición de la ejecución cuyo cargo es de fecha 3 de octubre del mismo año (conf. fs. 4 vta.).

7. Por lo demás, sin perjuicio del acierto o error en que haya incurrido el a quo al decretar la inhabilidad parcial del título ejecutivo, debe tenerse especialmente en cuenta que, tal como se precisó en el apartado primero de este voto, los planteos del GCBA se circunscriben únicamente a que la Cámara se haya pronunciado por la improcedencia de la ejecución de las sumas incorporadas a la boleta de deuda en concepto de multa, de modo tal que no corresponde al Tribunal expresarse respecto de este punto dado que no fue objeto de agravio por quien agita la queja.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, entiendo que corresponde rechazar la queja articulada por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja cumple los requisitos formales previstos en el art. 33 de la ley 402, pero no puede prosperar ya que no logra rebatir los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, referidos a la inexistencia de un genuino caso constitucional.

2. En sus recursos de inconstitucionalidad y queja, el GCBA cuestiona la sentencia de Cámara en cuanto consideró condonada la multa practicada en relación a los períodos incluidos en el plan de regularización, por distintos motivos que se pueden agrupar de la siguiente manera:

a)	aduce que la admisión de los planteos de la demandada implicó ingresar al análisis de la causa del gravamen, pero sin el debate correspondiente que sólo tiene cabida en el marco de un proceso de conocimiento.

b)	manifiesta que la declaración oficiosa viola su derecho de defensa, pues los sentenciantes se expidieron sobre un tema no planteado por la parte demandada;

c)	sostiene que las cuotas por las que se impuso la multa no son solo las reclamadas en autos, sino también la omisión por otras cuotas del año 2003 y 2004, que no se incluyeron en el plan dispuesto por ley 2406;

d)	dice que la falta de inclusión en el plan de toda la deuda -ya que los períodos 12 del 2001 y 1 del 2002 no fueron introducidos en el plan de pagos- excluye la posibilidad de considerar condonada la multa, en virtud de lo expresamente dispuesto por la ley 2406.

Concluye que los defectos apuntados tornan arbitrario al fallo recurrido y lesionan sus derechos de defensa y propiedad.

3. En primer lugar, cabe destacar que los planteos del GCBA dirigidos a cuestionar la condonación de la multa de autos en los términos de la ley 2406 -y su decreto reglamentario-, han sido introducidos en la causa en forma oportuna.

Más allá de las manifestaciones del demandado relativas a que "... presentó solicitud de acogimiento al régimen de presentación espontánea y de facilidades de pago, tal como lo estableció la ley 2406/07 (...) Dicho plan tenía previsto para quienes se acogieran la liberación de eventuales multas que pudieron resultar respecto de las deudas en gestión ..." (fs. 11), lo cierto es que en su escrito inicial (fs. 10/15) se limitó a oponer excepción de espera documentada respecto de toda la deuda que pretendían ejecutarle -incluida la multa-, pero en ningún momento solicitó expresamente que los jueces intervinientes declaren condonada la sanción impuesta por el fisco local. En otras palabras, si bien se opuso a la ejecución de la multa, lo hizo en el marco de una "excepción de espera" y no de un explícito pedido de que se declare condonada la sanción pecuniaria en los términos de la ley 2406.

Por lo tanto, no podemos inferir que el GCBA, en su escrito de contestación de excepciones (fs. 24/26), estaba obligado a presentar los planteos para resistir la condonación de sanciones prevista en la ley 2406, simplemente porque resulta ilógico pretender que resista la aplicación de una norma que la contraparte, si bien insinuó, no planteó en forma clara y concreta. Lo que hizo en dicha oportunidad procesal fue oponerse a la espera, única excepción opuesta por la ejecutada, y solicitar la suspensión de las actuaciones en los términos del art. 13 de la ley 2406.

El Sr. Juez de primera instancia, en ejercicio de su amplia potestad de elegir el derecho aplicable para resolver los casos traídos a su conocimiento, hizo lugar a la excepción de espera respecto de la multa por considerarla condonada en los términos de los arts. 8 inc. c) y 11 inc. b) de la ley 2406 (ver considerando 3°, fs. 168 vta.). Y al resolver la apelación deducida por el GCBA, la Cámara dispuso hacer lugar parcialmente al recurso y establecer que la condonación de la multa comprende únicamente la correspondiente a los períodos incluidos en el plan (considerando III, fs. 190 vta./191).

Como podemos apreciar, a pesar de no ser expresamente solicitado por la ejecutada, la condonación de la multa aplicada al contribuyente fue declarada por el Sr. Juez de primera instancia -y luego confirmada por la Cámara, exceptuando la parte de la multa correspondiente a los períodos no incluidos en el plan-, aunque sin exceder el ámbito cognoscitivo delimitado por las pretensiones y defensas de las partes -ya que lo hizo para resolver una excepción opuesta por la ejecutada para resistir la ejecución-. Por lo tanto, el primer momento procesal en que el GCBA pudo y debió cuestionar la aplicación al caso de la condonación de sanciones prevista en la ley 2406 fue en el memorial destinado a fundar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y así lo hizo (ver "segundo agravio", a fs. 177/180), lo que permite formar convicción en cuanto a la introducción temporánea del agravio.

4. Sentado lo expuesto, cabe afirmar que los planteos que realiza el recurrente, en su intento de construir un caso constitucional, no logran su cometido ni justifican la apertura de la presente vía recursiva extraordinaria.

4.1. El GCBA manifiesta que el debate de autos excede el ámbito cognoscitivo del proceso ejecutivo, pero no acredita cuáles serían los perjuicios que sufrió como consecuencia de ello.

Para que prospere este agravio el recurrente debía demostrar que su derecho a una eficaz defensa en juicio se vio vulnerado porque no pudo oponer determinadas defensas y/o pruebas atento el limitado marco del proceso ejecutivo, pero no lo hizo. Por lo tanto, la invocada lesión a su derecho de defensa constituye una mera afirmación dogmática, sin fundamentación, que no puede ser acogida en esta instancia.

4.2. En cuanto a la condonación declarada por los jueces de mérito, los magistrados de primera y segunda instancia consideraron que la demandada introdujo en autos la defensa dirigida a resistir la ejecución de la multa impuesta por el fisco local, y la resolvieron en forma favorable a la ejecutada por considerar condonada la deuda en virtud de lo dispuesto en los arts. 8 y 11 de la ley 2406 y 2 y 6 de su decreto reglamentario 1228/07 (ver fs. 168 vta./169 y 190 vta./191).

En primer lugar, cabe recordar que la interpretación del alcance de las pretensiones y defensas de las partes constituye una potestad procesal exclusiva de los jueces de mérito, y ajena -en principio- al ámbito del recurso de inconstitucionalidad local.

Por otra parte, la valoración y aplicación al caso de la ley 2406 y su decreto reglamentario 1228/07, involucra un debate de hechos y derecho infraconstitucional que también escapa -en principio- al marco cognoscitivo del recurso extraordinario local.

Y por último, el recurrente no logró demostrar que el razonamiento desarrollado por los jueces de mérito, más allá de su acierto o error, haya incurrido en vicios groseros que lo descalifiquen en cuanto acto jurisdiccional válido, máxime teniendo en cuenta que los jueces de mérito se limitaron a resolver un planteo introducido en la causa por la demandada -improcedencia de la ejecución fiscal de la multa aplicada mediante la resolución 738/DGR/2007-, y que la elección del derecho aplicable para resolver un caso, aunque no haya sido invocado por la parte interesada con la claridad y precisión deseadas -como ocurre en este caso-, forma parte de las competencias de las que gozan naturalmente los magistrados en virtud del principio "iura novit curia".

4.3. Tampoco puede prosperar la aseveración del GCBA en cuanto a que las cuotas por las que se impuso la multa no son solo las reclamadas en autos, sino también por la omisión de otras cuotas del año 2003 y 2004, que no se incluyeron en el plan dispuesto por ley 2406.

De los considerandos de la resolución 738-DGR-2007, que determinó de oficio la deuda tributaria e impuso la multa perseguidas en autos, surge que "... se amplió el sumario instruido, toda vez que la contribuyente se acogió durante el curso de la verificación al Plan de Facilidades Resolución 2722-SHyF-2004 mod. 570 y solicitud N° 908213, en el cual incluyó las rectificativas correspondientes a los anticipos mensuales 1° a 12° de 2003 y 1° a 12° de 2004 (fs. 538/539 de la C.I. N° 138.180-DGR-2005) ..." (fs. 62 -el subrayado no se encuentra en el original-) y que "... corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 84.233,20 (PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100), equivalente al 80% del impuesto omitido, para cuyo cálculo fueron tenidos en cuenta los conceptos que motivaron la ampliación del sumario ..." (fs. 63 -el subrayado no se encuentra en el original-).

Como podemos apreciar, y contrariamente a lo manifestado por el GCBA, el impuesto correspondiente a los años 2003 y 2004 fue efectivamente incluido en un plan de regularización -el regulado por la resolución 2722-SHyF-2004-, y el recurrente no se hace cargo de este hecho de indudable incidencia en la suerte de la multa, en atención a lo expresamente dispuesto por el art. 6 del decreto 1228/2007 que determina la condonación de oficio de todas las multas impuestas que se hubieran incorporado a cualquier plan de facilidades de pago vigente, además del previsto por la ley 2406.

Por lo tanto, la sentencia de Cámara, en cuanto consideró que todos los anticipos omitidos que motivaron la imposición de la multa estaban incluidos en planes de facilidades de pago con la sola excepción de los períodos 12° del 2001 y 1° del 2002, no comete los errores que le atribuye el recurrente, lo que torna inviable el acuse de arbitrariedad formulado.

4.4. Con respecto al planteo relativo a que la falta de inclusión en el plan de toda la deuda -ya que los períodos 12 del 2001 y 1 del 2002 no fueron introducidos en el plan de pagos- excluye la posibilidad de considerar condonada la multa, en virtud de lo expresamente dispuesto por la ley 2406, considero que el planteo constituye una mera discrepancia con el criterio -contrario- sostenido por la Cámara, que no logra superar el ámbito infraconstitucional.

En efecto, la Cámara analizó el planteo y lo descartó al sostener que "... Si bien es cierto lo que aduce la ejecutante en cuanto a que la ejecutada no incorporó en el plan de facilidades de pago todos los períodos reclamados y, por tanto, la condonación no alcanza a la totalidad de éstos; también lo es que resultaría desproporcionado --además de contrario al texto normativo antes transcripto-- condenar a la accionada al pago íntegro de la multa, cuando en realidad de las constancias de autos se advierte que sólo no ha incluido dos períodos en aquel plan ..." (fs. 191). Esta argumentación, más allá de su acierto o error, realiza una ponderación seria de los hechos de la causa y, sustentada en el principio de razonabilidad, brinda una respuesta posible entre las alternativas que brinda el ordenamiento jurídico.

En definitiva, el agravio plantea una interpretación distinta de la normativa infraconstitucional -ley 2406 y su decreto reglamentario- y de cómo deben valorarse los hechos de la causa -particularmente cuántos períodos fueron incluidos en planes de regularización y cuántos no-, pero no demuestra la directa vinculación de lo decidido con las normas constitucionales invocadas en los recursos.

5. Por último, cabe agregar que el GCBA no cuestionó la decisión adoptada por la Cámara que, pese a que la demandada había consentido tácitamente la sentencia de primera instancia, modificó el punto I de dicha resolución -en cuanto había admitido la excepción de espera opuesta por la ejecutada- y declaró inhábil el título ejecutivo respecto a los períodos 12 del año 1999, 1 a 12 del 2000, 1 a 11 del 2001 y 2 a 12 del 2002.

La inexistencia de agravio al respecto me exime de pronunciarme acerca de la validez de esta decisión.

6. En virtud de lo expuesto, voto por rechazar la queja deducida por el GCBA.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA (fs. 2/24 vuelta) fue deducida en tiempo y forma y contiene una crítica mínima aunque suficiente de la resolución de fs. 222/223 vta. de los principales, vistos los términos en que el a quo denegó el recurso de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, la queja del GCBA debe ser admitida.

2. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 206/217 de los principales ha sido interpuesto en tiempo y forma ante el tribunal superior de la causa, y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal.

Asimismo, el pronunciamiento atacado debe equipararse a uno definitivo aunque fue dictado en el marco de una ejecución fiscal. Ello, pues lo decidido por la Cámara no podría volverse a debatir en un proceso ordinario posterior.

3. Pese a ser formalmente admisible, el recurso de inconstitucionalidad del ejecutante no puede prosperar toda vez que no se ha logrado articular un caso constitucional ni se ha fundado la existencia de una sentencia arbitraria.

4. La Cámara (fs. 222/224 vta. de los principales) declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ejecutado contra el pronunciamiento de la Sala I que hizo lugar parcialmente al planteo del GCBA y mandó a que se condone la multa que comprende únicamente los periodos incluidos en el plan de facilidades de pago (fs. 190/191 de los principales).

Los jueces advirtieron que los fundamentos del recurrente no han logrado exponer, con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justifique la intervención del Tribunal Superior en los términos del art. 27 de la ley 402 (fs. 222 vta. de los principales) A su vez el a quo entiende que la sentencia no es arbitraria, ya que no resulta contradictoria, carente de lógica o de insuficiente fundamentación jurídica.

La argumentación expuesta por el GCBA en su recurso de inconstitucionalidad, no logra explicitar las razones por las cuales su reclamo reviste carácter constitucional. Se limita a enunciar la afectación de derechos constitucionales sin exponer, en relación con lo discutido en el caso, las afectaciones concretas que habilitarían el análisis por parte de este tribunal. Toda vez que el GCBA no logra rebatir, con apoyo en las normas constitucionales invocadas, los argumentos que expusiera la Sala I y que remiten a la interpretación de la normativa infraconstitucional implicada en autos (artículo 99 del Código Fiscal -t. o. 2003-) y a la valoración de las circunstancias fácticas que estimara dirimentes en el presente caso.

En las condiciones señaladas, es aplicable la doctrina del Tribunal que dice: "[l]a referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" ("Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, resolución del 23 de febrero de 2000).

Por otra parte en relación con la alegada arbitrariedad del decisorio, el punto de la sentencia de la Sala I que condona parte de la multa reclamada, se encuentra fundado sobre la valoración de los hechos y pruebas presentados en la causa. Cuestiones que, en principio, resultan ajenas al remedio intentado, como tengo dicho "la ausencia de una afectación constitucional impide a esta instancia extraordinaria suplir la actividad de los otros magistrados intervinientes en la causa, transformando el recurso de inconstitucionalidad en una revisión de cuestiones de hecho, prueba y normas infra-constitucionales" (conf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Zuccoli, Oscar Luis Marcelo y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 6661/09, pronunciamiento del 27/05/2010).

4. Por lo expuesto, voto por declarar admisible la queja de fs. 2/24 vta. y rechazar por improcedente el recurso de inconstitucionalidad de fs. 206/217 de los principales, con costas.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja y el recurso de inconstitucionalidad que ella defiende deben progresar por cuanto los agravios planteados demuestran que la sentencia impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a los hechos comprobados de la causa.	2. En efecto, el pronunciamiento atacado privó de validez a la constancia de deuda obrante a fs. 1/2 (autos principales), pese a que la documental invocada en ese título para respaldar la certificación formulada indicaba el cumplimiento de los actos exigidos por la normativa aplicable para dejar expedito el cobro por vía de apremio (resoluciones 738/DGR/2007 y 626/DGR/2008).

Para lo que aquí importa, el a quo estimo probado y al margen de toda controversia que el contribuyente no había regularizado el total de las obligaciones que adeudaba al fisco en concepto de ISIB (fs. 190 vuelta). Frente a ello, la sentencia no explica cómo pudo sortear las previsiones legales que sujetan la operatividad de los beneficios previstos en el régimen de regularización al acogimiento total de la deuda (vgr. art. 3 de la ley 2406 y cc. del decreto 1228/07); exigencia cuya inconstitucionalidad no fue impetrada. Ese acogimiento parcial, entonces, conduce a sostener que la solución adoptada por la Sala I de la CCAyT implica haber rechazado -en su mayor parte- la ejecución instada, pero sin haber logrado descalificar el contenido de la certificación que sustenta este proceso respecto de los conceptos allí consignados, aunque aquí sólo se ha discutido lo relativo a la multa.

3. Lo anterior resulta suficiente para revocar el pronunciamiento impugnado en cuanto fue materia de agravio y, asimismo, dado que no existen cuestiones que excedan el ámbito de actuación de este Tribunal en la vía planteada corresponde resolver el fondo del asunto (art. 31 de la LPT). A ese respecto, nuevamente, los argumentos ya desarrollados bastan para mandar llevar adelante la ejecución instada en concepto de multa con más los intereses pertinentes.

Por las razones dadas, oído el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar a la queja así como al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia atacada y mandar llevar adelante la ejecución instada en concepto de multa con más los intereses pertinentes. Las costas del proceso se imponen en un 65% a la demandada y en un 35% a la parte actora en función del resultado al que se arriba, mientras que las generadas por el recurso de inconstitucionalidad se imponen a la vencida.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar que los agravios planteados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no satisfacen los requisitos establecidos en el art. 27 de la ley nº 402.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.