Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-07


AUTO NÚMERO: NUEVE Córdoba, SIETE	de	ABRIL	de dos mil cuatro.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR INCHAURREGUI DE GAVELLI, ÉLIDA DEL VALLE C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA RECURSO DE CASACIÓN" (expte. letra "A", n° 10, iniciado el doce de diciembre de dos mil dos), traídos a la consideración de este Tribunal con motivo del recurso de casación deducido a fs. 78/92 por la parte actora, en contra de la Resolución Número Doscientos once, dictada por la entonces Cámara de Acusación de esta ciudad con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos (fs. 69/75vta.), mediante la cual se resolvió: I) Declarar la nulidad parcial del decreto obrante a fojas 26 y la nulidad total de los que corren a fojas 28, 30, 32, debiendo bajar los presentes autos para que se proceda conforme a lo considerado. II) Declarar la nulidad absoluta del A.I. 12 de fecha 16 de julio de 2002, dictada por el Sr. Juez de Feria en lo Civil y Comercial, de acuerdo a las evaluaciones realizadas. Sin costas. Protocolícese ... .

Y CONSIDERANDO:

1. Con fundamento en la causal prevista en el art. 383 inc. 1° del C.P.C. y C., el amparista deduce recurso de casación (fs. 78/92) en contra del Auto Interlocutorio Número Doscientos tres (sic), dictado por la Cámara de Acusación (hoy Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación) de esta ciudad con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos (fs. 69/75vta.), el que fuera concedido mediante Resolución Número Doscientos treinta y nueve de fecha cinco de diciembre de dos mil dos (fs. 93 y vta.) emanada de la Cámara en lo Criminal de Decimosegunda Nominación de esta ciudad.

2. A fs. 95 se elevan los autos a este Tribunal. Seguidamente, se notifica del recurso de casación deducido al Señor Fiscal General de la Provincia, quien emite su Dictamen a fs. 97/100, en forma favorable a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en el sentido que corresponde dejar sin efecto la nulidad dispuesta, sólo en cuanto se basó en la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes en los procesos de amparo.

3. Dictado el decreto de autos a fs. 101 y firme el mismo (fs. 102), queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Con sustento en el artículo 383 y ss. del C.P.C. y C., Ley 8465, el casacionista esgrime los agravios que a continuación se reseñan:

a. Acusa que la sentencia es nula por incompetencia de jurisdicción, expresando que el Auto Interlocutorio de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos fue dictado por la Cámara de Acusación (actual Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación) cuando ya había dejado de ser tal por imperio de la ley 9048 publicada en el Boletín Oficial del día veintinueve de octubre de dos mil dos, en virtud de la cual dejó de funcionar como Cámara de Acusación y, consecuentemente, dejó de tener competencia y jurisdicción para conocer y decidir de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción.

b. Cuestiona igualmente la designación de los actuales integrantes de la Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación, sosteniendo que aquella no se corresponde con el art. 175 de la Constitución Provincial, por cuanto sus miembros no han formalizado los presupuestos legales y constitucionales que manda la ley del Consejo de la Magistratura N° 8802. .

Agrega que el referido tribunal ya había intervenido en la presente causa como Cámara de Acusación para entender en el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Córdoba en contra del pronunciamiento emanado del Juez de Feria en lo Civil y Comercial, toda vez que la causa fuera asignada al Juzgado de Control N° 3 en razón del turno. Concluye que el tribunal carecía de jurisdicción y competencia para emitir el pronunciamiento cuestionado, por cuanto su actuación se encuentra prohibida por el art. 10 segunda parte de la ley 9048, debiendo determinarse por sorteo la Cámara competente.

c. Denuncia, asimismo, violación al principio de congruencia, alegando que el pronunciamiento de la Cámara resultó ultra y extra petita toda vez que se expidió, explica, sobre materia extraña a los agravios expresados por el recurrente. Así, dicho órgano, dispone en el párrafo IV) in fine : ... En segundo lugar, se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones, dictadas por los poderes del Estado Provincial, lo que torna inadmisible la demanda en este sentido, en consonancia con lo previsto por el artículo 2 de la Ley 4915, en su inciso d `...La acción de amparo no será admisible cuando: ...d) la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese ...la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas ...Tal declaración de inconstitucionalidad se encuentra instrumentada, en un procedimiento especial por ante el tribunal respectivo, excluyendo la posibilidad de tratamiento de la cuestión, por parte de otros órganos jurisdiccionales. De tal suerte la resolución del a quo, en cuanto a dicha declaración también deviene nula, por haber sido dictada por quien no tenía la facultad de realizar el procedimiento respectivo y decidir sobre esta cuestión ... , habiendo precluído la etapa de admisibilidad de la demanda, lo cual da prueba del desconocimiento de lo normado en el art. 43 de la Constitución Nacional por parte del Sentenciante. Cita jurisprudencia y doctrina sobre el punto.

d. Postula, igualmente, que existe falta de fundamentación lógica y legal, por cuanto la resolución de la Cámara aquo ha aplicado erróneamente los artículos 1 y 6 de la ley 7854 y además ha inobservado los artículos 7, 21 y 22 ib. al sostener, con sustento en el artículo 1 referido, que el informe circunstanciado, que debe solicitarse en el procedimiento de amparo en contra del Estado Provincial, debe ser requerido al Fiscal de Estado, quien tiene a su cargo el control de legalidad de la actividad administrativa del Estado y la defensa del Patrimonio de la Provincia, y no al Procurador del Tesoro, ya que el Juez no puede disponer por sí una delegación de facultades en tal sentido. Cita el artículo 21 de la ley referida en cuanto dispone: El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada conforme a lo establecido por el artículo 6 de esta ley , concluyendo el impugnante, que la delegación de facultades no es un requisito sine qua non p ara la comparecencia en juicio del Procurador del Tesoro. Arguye, además, que el Tribunal aquo ha omitido considerar el art. 2 de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, en tanto dicha norma atribuye en un pie de igualdad tanto al Fiscal de Estado como al Procurador del Tesoro la función que le asigna el art. 1 ib.

En otro orden de cosas, y haciendo referencia al plazo del art. 8 de la Ley 4915, sostiene que el informe debe ser evacuado en un plazo no superior a tres días, expresando que el único límite para el juzgador es no exceder de la cantidad de días mencionados, pero puede éste disminuirlos discrecionalmente, por lo cual el plazo de dos horas otorgado en estos autos no cuestionado oportunamente por la afectada se encontraría dentro del término establecido por la ley mencionada, resultando adecuado a la naturaleza sumaria de la acción de amparo.

e. Acusa, como cuarto agravio, violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y la sentencia. Luego de un extenso desarrollo legal y doctrinario sobre las nulidades procesales, concluye que la Cámara de Acusación, al declarar la nulidad parcial del proveído de fecha diez de julio del año dos mil dos (fs. 26), no ha tomado en cuenta los actos procesales regularmente cumplidos, no recurridos por la parte afectada, y por ende convalidados y pasados en autoridad de cosa juzgada. Con cita de doctrina, concluye, que se ha considerado nulo de manera parcial el decreto que admite la demanda por falta de notificación al Sr. Fiscal de Estado, quien sin embargo había quedado anoticiado por notificación tácita, al suscribir la sustitución de facultades, conforme lo afirmado por el juez de la causa a fs. 36vta.

Hace reserva del Caso Federal.

5. La instancia extraordinaria local ha sido deducida en tiempo oportuno y por parte legitimada (art. 385 C.P.C. y C.), por lo que corresponde su tratamiento.

6. Deviene pertinente, entonces, analizar si el remedio articulado satisface las demás exigencias para su procedencia formal y sustancial.

Resulta tempestivo aclarar que el casacionista, si bien interpone Recurso de Casación (fs. 78/92) en contra del Auto Interlocutorio Número Doscientos tres, señalando luego, también como objeto de su Recurso, el Auto Interlocutorio Número Doscientos nueve, en realidad lo hace en contra de la Resolución Número Doscientos once, que fuera dictada con fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dos (fs. 69/75vta.), y que dispusiera las medidas procesales recurridas por el amparista, por lo que así debe ser entendido.

6. a)	Previo a considerar los reproches esgrimidos por el casacionista, y como primera cuestión, corresponde resolver el planteo de incompetencia de jurisdicción; al respecto, cabe traer a colación un precedente jurisprudencial emanado de este Tribunal, que resulta de plena aplicación en el sub examen, en el que se dijo: respecto de la competencia del Tribunal interviniente en la causa, corresponde enmarcar dicha cuestión en los considerandos del Acuerdo Reglamentario 654/02, dictado por este Tribunal en ejercicio de las atribuciones que expresamente le asignara el artículo 2 de la Ley 9048 y en el marco de las potestades que le son conferidas por el artículo 4 del C.P.P. y arts. 12 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido que la ley 9048 no es de aplicación inmediata, por cuanto requiere de reglamentación, potestad asignada a este Tribunal Superior de Justicia, tal como lo establece expresamente el artículo 2, disposición que le encomienda que a los fines de la distribución de los turnos para la competencia modificada, instrumente un sistema de sorteo... (Considerando I, Ley 9048).

En consecuencia, mal podía considerarse inmediatamente operativa la norma en cuestión; recién con el dictado de la reglamentación pertinente por el órgano designado para ello en el artículo 2 de dicho cuerpo normativo y la debida publicidad de la Acordada Reglamentaria 654, la ley modificatoria del Código Procesal Penal de la Provincia resultaba aplicable.

Así las cosas, el Tribunal interviniente como Cámara de Acusación debía continuar entendiendo en la presente causa, competencia que subsiste hasta la resolución definitiva de la incidencia planteada, en virtud de lo dispuesto en el Considerando III de la acordada referida (T.S.J. en Pleno A.I. N° 54 del 14/08/2003 in re: Acción de amparo interpuesta por Fermín Ramón Cisneros... ) Por lo demás, el cuestionamiento del impugnante en orden al nombramiento de los actuales integrantes de la Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación por no haber cumplido con los requisitos correspondientes debe ser desestimado; cabe señalar sobre el particular, que la transformación de la Cámara de Acusación en Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación no acarrea el cese en las funciones de los magistrados que la componen; por el contrario, el dispositivo legal determina que la Cámara de Acusación existente, con sus mismos integrantes, continuará funcionando no ya con el marco de competencia que le confería la normativa anterior ley 8123 sino como Cámara del Crimen, importando la reforma introducida una modificación de la competencia, al otorgarle una distinta porción de jurisdicción a la que se le asignare originariamente, con lo que el cuestionamiento deviene improcedente. Como ya se ha expresado, lo único que implicó la ley N° 9048 fue una mutación de la competencia de dicho órgano y un cambio de nombre que obedece a las exigencias actuales del tribunal, en función del marco de atribuciones conferidas, por lo que no se requerirá una nueva designación de los Magistrados integrantes de la Cámara del Crimen de Duodécima Nominación, y menos aún que lo fuera a través del procedimiento que marca la ley 8802.

6. b)	En otro orden de cosas y a los fines de determinar la procedencia formal y sustancial del recurso interpuesto, es dable referirse a la doctrina jurisprudencial elaborada por este Tribunal Superior respecto del requisito de impugnabilidad objetiva que debe observarse al interponer un recurso de casación en las acciones de amparo como la que aquí se intenta.

En este sentido, se dijo que: la sentencia que se pronuncia sustancialmente sobre el fondo del amparo poniendo fin a la acción hace cosa juzgada material, razón por la cual resulta indudable su carácter de sentencia definitiva, y por tanto es susceptible de impugnación a través de los recursos extraordinarios locales. Si por el contrario, la sentencia que puso fin al proceso de amparo no se pronuncia sobre el fondo de la litis sino que sólo se limita al rechazo in límine de la demanda (art. 3 de la Ley 4915, análogo al art. 3 de la Ley 16.986) o bien rechaza la acción con fundamento en la inexistencia de los presupuestos procesales, o por ausencia de las condiciones propias de la acción, el decisorio que así lo resuelva hace cosa juzgada formal y, en principio, no reviste el carácter de sentencia definitiva, impugnable por la vía de los remedios extraordinarios locales .

Por otra parte, ...La interpretación armónica de los artículos 13 y 15 de la Ley 4915, suministra la base normativa que permite conceptuar como sentencia definitiva a la resolución judicial que declara la existencia o inexistencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional. El artículo 15 citado tiene por objeto delimitar cuáles son las resoluciones recurribles en apelación, pero no implica la exclusión automática de los recursos extraordinarios locales... .

...En sentido propio, se admite que la sentencia que se pronuncia sustancialmente sobre el fondo del amparo poniendo fin a la acción hace cosa juzgada material, razón por la cual resulta indudable su carácter de sentencia definitiva, y por tanto es susceptible de impugnación a través de los recursos extraordinarios locales (T.S.J. - A.N° 191/97 in re "Acción de amparo interpuesta por María Julia Cataldi y otra Recurso de Queja", el resaltado nos pertenece).

Una interpretación lógica de la doctrina mencionada permite derivar, como primera conclusión, que únicamente en caso de cuestionarse una sentencia definitiva procede la impugnación extraordinaria por vía del recurso de casación, debiendo entenderse por tal aquella resolución que dirime el litigio, pronunciándose sobre el fondo de la cuestión sustancial en debate o concluye el pleito impidiendo que dicha cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio.

A ello cabe agregar que en forma excepcional se considera procedente la impugnación por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo y que no se pronuncie sobre el fondo de la litis, en la medida en que el mismo ocasione o pueda ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación posterior (T.S.J. Sala Civil - A.I.N° 261 del 200898 in re - Maidana... ).

En el marco de la postura enunciada es dable considerar que, en el caso, se impugna la Resolución Número Doscientos once, dictada por la Cámara del Crimen de Decimosegunda Nominación de esta ciudad con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos, mediante la cual se declarara la nulidad parcial del decreto de fs. 26 por el que se corriera traslado para la contestación del informe pertinente y la nulidad total de los decretos subsiguientes (fs. 28, 30, 32) así como la nulidad absoluta del Auto Interlocutorio Número Doce, de fecha dieciséis de julio de dos mil dos, dictado por el Sr. Juez de Feria en lo Civil y Comercial por el que se admitiera el amparo, con fundamento en la verificación de irregularidades en el trámite de la causa y en la violación al derecho de defensa que se ocasionara a la demandada, al otorgársele el plazo de dos horas para contestar el informe que ordena el art. 8 de la ley 4915.

En el sub examen, la medida procesal dispuesta por el aquo no resulta, entonces, arbitraria ni irroga agravio irreparable en la medida que una vez tramitada la causa conforme a derecho y emitida una resolución sobre el fondo, la misma será susceptible de ser revisada a través de los canales recursivos autorizados por las normas procesales aplicables al caso.

Por lo demás, no se han configurado en la causa ni el impugnante ha logrado acreditar circunstancias de excepción o arbitrariedad manifiesta que justifiquen apartarse de la doctrina precedentemente enunciada.

Cabe poner de resalto, igualmente, que si bien el art. 8 de la ley de amparo otorga un ámbito de discrecionalidad a los jueces, disponiendo que el término máximo no debe exceder de tres días pudiendo el juez reducir dicho plazo de acuerdo a las circunstancias del caso, la utilización de la misma no puede ser arbitraria y debe fundarse en una verdadera necesidad, ya que un plazo exiguo resulta violatorio del derecho de defensa, prerrogativa ésta que goza de raigambre constitucional.

7. Finalmente, y con respecto al criterio adoptado por el tribunal a quo, en orden a la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma en los procesos de amparo con fundamento en el art. 2 inc. d de la ley 4915, es dable señalar que si bien esta postura no resultó dirimente a la hora de revocar la resolución de primer grado (cfr. fundamentos de fs. 73vta. in fine a 75), la misma ha sido superada por la propia Constitución Nacional luego de la reforma del año 1994, toda vez que en su art. 43 expresamente dispone la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma en disputa en los procesos de amparo, siempre y cuando se presenten los demás requisitos que tornan procedente la acción referida, criterio éste que ya ha sido receptado por este Tribunal Superior de Justicia, in re: Acción de amparo interpuesta por José Martín Carabajal y ot. contra ley 8575 - Recurso de Casación e Inconstitucionalidad Sentencia N° 121 de fecha 15/10/1999, entre muchos otros.

A mérito de lo expuesto, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación incoado por la parte actora, con la salvedad apuntada en el párrafo precedente.

III. En cuanto a las costas, atento a la naturaleza de la causa, la entidad de los agravios expuestos y el resultado de las cuestiones propuestas, corresponde imponerlas por el orden causado.

Por ello, este Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE:

I. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación incoado y en su mérito confirmar el pronunciamiento recurrido en todas sus partes, con la excepción de lo decidido por el Tribunal a quo con relación a la imposibilidad de declaración de inconstitucionalidad en el proceso de amparo, conforme las consideraciones expuestas en el considerando 7 .

II. Imponer las costas por su orden.

Protocolícese, dese copia y bajen.