Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24


Salta, 24 de febrero de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PARTY, Luis Alberto c/ TECNO ANDINA S.R.L.; GUTIERREZ, Miguel Eduardo - EJECUTIVO"- Expte. n° 368205/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3º Nom., CAM 446480/13 de Sala Primera, yCONSIDERANDO I. Que vienen estos autos a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 48 por el Dr. Francisco José Díaz en representación de los demandados en contra de la sentencia que a fs. 42/44 rechazó el planteo de prejudicialidad y las excepciones de inhabilidad de titulo y falta de personería, y ordenó llevar adelante la ejecución. El recurso fue concedido a fs. 51 en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 53/54 expresa agravios el apelante. Manifiesta que representa a Miguel Eduardo Gutiérrez, que en el pagaré figura el sello de su conferente, como también figura su supuesta firma en el anverso y reverso del pagaré, reiterando que él representa a Miguel Eduardo Gutiérrez. Dice que en el mismo pagaré figura que hay que abonar a un tal Miguel Ángel Gutiérrez, a quien desconoce así quién lo representa, agraviándose de la confusión. Asimismo, sostiene que en ningún lugar del acto constitutivo figura el actor del presente proceso, por lo que en su criterio, el Sr. Party no se encuentra legitimado para interponer el presente proceso; por ello le agravia que la sentenciante haya resuelto que el actor se encuentra legitimado para iniciar el cobro. Por otra parte, expresa que le agravia que la sentenciante de grado no haya observado con detenimiento los requisitos de prejudicialidad prescriptos en el artículo 1101 del Código Civil. Sostiene que su parte cumplió con los requisitos legales de informar que los pagarés se encontraban extraviados con anterioridad al presente proceso y que la a quo considera letra muerta el instituto de la prejudicialidad. Finalmente, expresa que su parte ha justificado la personería tal cual se encuentra agregada con anterioridad al vencimiento de los plazos, para lo cual -sostiene- basta observar las copias de fs. 19, 20 y 21; por lo que le agravia la afirmación de la sentenciante de grado de que no ha justificado la personería ni los poderes.

A fs. 58 contesta los agravios la parte actora, solicitando su rechazo. En primer lugar sostiene que no se cumplió con las disposiciones del artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que el demandado se ha limitado a expresar que el rechazo de los incidentes han causado un daño irreparable a su parte, expresando solamente que el a quo habría prescindido del derecho aplicable al caso, remitiéndose a su anterior presentación, sin que en el mismo expresara de manera concreta y razonada cuales son las partes del fallo que le afectaron su derecho de defensa. No obstante, manifiesta que, tal como se desprende de la demanda incoada en las presentes actuaciones los demandados en autos son la firma Tecno Andina SRL y el Sr. Miguel Eduardo Gutiérrez, en su carácter de endosante y libradores del pagaré respectivamente, por lo que no existirían en el presente y tal como lo expresa la A quo un error en el sujeto por lo que debe rechazarse el presente planteo.

Con respecto al planteo del error en el análisis de la inhabilidad de título y en contra de lo expresado por el demandado señala lo prescripto el artículo 17 del decreto ley 5965/63, mencionado por la A quo, por lo que asevera que su mandante se encuentra legitimado a interponer la presente acción para el cobro de la presente deuda. Asimismo, sostiene que tal como se demuestra de las constancias de autos su parte se encuentra legitimada para promover la presente ejecución por el poder general para juicios otorgado por Elsa Party, acreedora del demandado. Con respecto al agravio del demandado sobre la prejudicialidad planteada adhiere a lo expresado por el a quo, en el sentido de que la norma del artículo 1101 del Código Civil no se aplica en el juicio ejecutivo por no tener la sentencia que se dicta en el mismo carácter definitivo.

A fs. 68 pasan los autos a despacho, providencia que se encuentra firme.

II. Que el recurso fue interpuesto en término, según surge de constancias de fs. 47 vta. y 48.

III. Que en primer término cabe dejar sentado que las copias de fs. 19, 20, 21, no acreditan la representación procesal del Dr. Días en nombre de la firmar Tecno Andina, ya que el poder cuya copia corre a fs. 19 sólo fue otorgado por el Sr. Miguel Eduardo Gutiérrez, mas no en su calidad de representante de la sociedad. Por lo tanto, la conclusión de la Sra. Juez expresada a fs. 42 vta. punto 1 debe ser confirmada.

IV. Que la base de la presente ejecución está constituida por un pagaré sin protesto que tiene como beneficiario al Sr. Miguel Ángel Gutiérrez, según constancia de fs. 3.

Ahora bien, se observa que en el caso, a fojas 23/24, el demandado ha planteado excepción de inhabilidad de título, fundada en la falta de legitimación activa de la actora, alegando, en lo esencial, que la misma no es titular del crédito que se reclama en autos, por no figurar en la cadena de endosos. Asimismo cuestiona su legitimación pasiva, entendiendo que debió demandarse a Tecno Andina SRL y no a los socios, ya que la misma actúa como una de las variantes de personalidad.

La legitimación consiste en que medie coincidencia entre las personas que, efectivamente, actúan en el proceso, y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa.

Es decir, la titularidad de los sujetos de la relación constituye un presupuesto básico del proceso de ejecución. La falta de legitimación en el juicio ejecutivo puede ser alegada por vía de la excepción de inhabilidad de título.

V. Que la excepción de inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas del documento, esto es, que el título será inhábil cuando: a) no es de los enumerados en el Código de Procedimientos; b) cuando no contiene obligación de dar una suma líquida y exigible; c) cuando el que pretende ejecutarlo no es el titular del mismo; d) cuando se pretende ejecutar contra quien no resulta del título ser el deudor de la obligación (Alsina- Tratado - 1° ed. - T.III - pág. 198 - n° 43). La excepción articulada en autos se basa en que quien pretende ejecutarlo no es el titular del documento y, por ende, que no se encuentra legitimado para demandar el cobro. Como así también en que el demandado no se encuentra legitimado pasivamente.

Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que la excepción de inhabilidad de título no procede si no se desconoce la deuda salvo que se funde en hechos como son la falta de exigibilidad de la obligación por no haberse cumplido el plazo o condición (CACC Salta, Fallos Sala I año 1990 fs. 155/156).

A este respecto se ha dicho que: "La inexistencia de la deuda es presupuesto indispensable para la procedencia de la excepción de inhabilidad de título" (ED 60-636). "La sola circunstancia de no haberse negado la existencia de la deuda por el ejecutado es suficiente para decretar la improcedencia de la excepción de inhabilidad de título" (ED 56-243; 55-525; RepED 10-517; Fallos Sala I año 2000 fs. 236/238; 2002 fs. 236/238). La negativa de la deuda es presupuesto indispensable para la procedencia de la excepción de inhabilidad de título (ED 60-636; Fallos Sala I año 2003 fs. 777/779; 2005 fs. 78/80; 2010 fs. 934/936) En cuanto a la supuesta confusión de personas en que habría incurrido la Sra. Juez, en nada modifica lo ya expresado.

En definitiva, en el supuesto de autos, a pesar de las disquisiciones que efectúa la apelante sobre la legitimación tanto activa como pasiva de las partes, en momento alguno negó la existencia de la deuda. El agravio relativo a estos aspectos, en consecuencia, debe desestimarse.

VI. Que, en lo que respecta a la invocación de la prejudicialidad del artículo 1101 del Código Civil, no puede olvidarse que la misma no se aplica en el juicio ejecutivo, por no tener carácter definitivo la sentencia de trance y remate. El juicio criminal pendiente no constituye un impedimento para dictar sentencia en los juicios ejecutivos, pues la sentencia de remate no tiene alcance de definitiva y, asimismo porque para ambas partes existe la posibilidad de reabrir la discusión en un proceso ordinario posterior. Por otro lado no se puede supeditar el dictado de la sentencia ejecutiva hasta tanto exista pronunciamiento en sede criminal, dado que ello sería una forma indirecta de introducir la cuestión de la causa en el proceso ejecutivo (CACC Salta, Fallos Sala III, T. 2002, fs. 462; Sala I, Tomo 2013 I, 398/399). Igualmente se ha dicho que: "Si bien el art. 1101 del C.C. se aplica en todos los casos en que el pronunciamiento en lo civil se halle íntimamente vinculado al resultado del proceso criminal, pues en todos ellos existe la misma razón de orden público que da fundamento a la norma, por no tener el carácter de sentencia definitiva en lo civil se ha resuelto que el juicio criminal pendiente no obsta a que se dicte sentencia de trance y remate en el juicio ejecutivo, pudiéndose continuar el procedimiento si ésta se halla firme" (J.A. 38-531; J.A.-I-406; L.L. 31-573; J.A. 1942-IV- 368; CACC Salta Fallos Sala I año 1995 fs. 123/124; 2002 fs. 536/537; 2005 fs. 78/80; 2009 fs. 514/515; 2011 fs. 925/927).

En ese contexto, la resolución de la Sra. Juez en grado, que desestimó por tales argumentos el planteo de prejudicialidad del demandado Miguel Eduardo Gutiérrez, debe confirmarse.

Por lo que la apelación interpuesta resulta inadmisible debiendo rechazarse la misma y confirmarse el auto en grado. Con costas (art. 67 del C.P.C.C.).

Por ello:

LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FALLA:

I. RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 48 y CONFIRMANDO la sentencia de fs. 42/44 vta. Con costas. II. REGÍSTRESE, notifíquese y bajen los autos.