Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-11


Expte. nº 1860/02 "Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario" Buenos Aires, 11 febrero de 2004 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. La empresa Sanecar S.A.C.I.F.I.A. interpone recurso extraordinario federal (fs. 919/935) contra la sentencia de este Tribunal que obra a fs. 901/914.

2. Al contestarlo, la Procuración General de la Ciudad solicita su rechazo (fs. 938/948).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier y las juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana M. Conde dijeron:

1. El recurso extraordinario federal fue interpuesto en plazo, además, en él se ataca una sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa; sin embargo, el recurso no puede prosperar.

La parte actora sostiene que, en este juicio, se ha cuestionado la inteligencia de una norma federal -se refiere a la ley nº 23.696- y la sentencia resultó adversa al derecho fundado en aquélla. Sin embargo, la cuestión federal aludida no es tal. La ley nacional nº 23.696 no representa un ejemplo clásico de "ley federal" -aunque pueda contener alguna norma con ese carácter- y su art. 68, fundamento singular de la crítica (fs. 927 vuelta), en cuanto menciona la aplicación de la ley a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no representa alcance federal alguno. Por lo contrario, si se lo coloca en el contexto histórico de su sanción y del comienzo de su vigencia -clara prueba la mención de una provincia actual, en ese entonces un territorio nacional- se confirma hoy el carácter "no federal" de la norma.

El decisorio cuestionado se limitó a resolver una controversia de naturaleza estrictamente local, por aplicación de normas de igual índole. En efecto, en lo que aquí interesa, se declaró la nulidad de determinados contratos celebrados por la administración que no observaron las exigencias legales previstas por el decreto nº 5720/72 (aplicable en el ámbito de la ex-MCBA según Ordenanza n° 31.655) para contratar las prestaciones en juego.

2. Por lo demás, si se aceptara la configuración de una cuestión federal, cabe señalar que ella no fue aducida en la causa de manera oportuna, pues la recurrente no defendió la validez de los contratos en juicio con sustento en la ley citada -de reforma del Estado-: no lo hizo en la demanda, ni al contestar la reconvención articulada por el GCBA (fs. 169/183). La articulación del caso respectivo sólo apareció cuando SANECAR expresó agravios contra la sentencia de primera instancia. Al respecto, se ha dicho que "[L]a cuestión federal, base del recurso extraordinario, debe introducirse en la primera ocasión posible que brinde el procedimiento" (Fallos: 312:1470), pues si la recurrente tuvo oportunidad de introducir la cuestión antes de la sentencia de primera instancia, es tardío el planteo formulado al expresar agravios contra aquélla (Fallos: 308:1711; 311:1804, entre otros). Tampoco la invocación de la ley 23.696 -por las razones ya expuestas- introduce per se el caso dentro de alguna de las excepciones toleradas por la CSJN (Fallos: 311:186), para admitir en cualquier instancia la solicitud de revisión de la aplicación de leyes federales.

Asimismo, corresponde expresar que no existe relación directa entre la cuestión federal insinuada y la decisión del pleito. Precisamente, los contratos cuya nulidad se decretó en todas las instancias son por completo ajenos a la normativa invocada y la recurrente fracasa en su intento de vincular el servicio de limpieza, cuyo pago reclama, con las relaciones jurídicas que regula la ley nº 23.696 en materia de servicios públicos, en cuanto dicha ley nunca pudo gobernar los actos jurídicos en crisis.

En definitiva, la cuestión federal es sólo aparente, dada la naturaleza asignada por la recurrente a la norma invocada y su falta de vinculación con este juicio. Al margen de ello -según ya fue dicho-, el planteo resultó extemporáneo a los fines de este recurso.

3. Bajo la tacha de arbitrariedad, la recurrente engloba diversos agravios que, a su criterio, impiden considerar a la sentencia como una derivación razonada del derecho aplicable y de las circunstancias probadas en la causa (fs. 929 y vuelta).

Al respecto, cabe señalar, que ese motivo, desarrollado por la CSJN en Fallos: 184:137, es estricto, pues cubre sólo casos de carácter excepcional (Fallos: 312:246, 389, 608, entre otros). Si bien la recurrente alega que los fundamentos del TSJ son sólo manifestaciones dogmáticas, no muestra cuáles serían sus defectos lógicos o argumentativos, o de qué forma la sentencia quedaría descalificada como acto judicial. En rigor, la impugnación articulada sólo pone de manifiesto su desacuerdo con las razones de carácter no federal en que se basa la sentencia y en la valoración de cuestiones de hecho y prueba, sin advertir que "la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias del apelante con respecto a la inteligencia asignada por la sentencia a problemas regidos por normas de derecho público local extrañas al remedio federal que se intenta" (Fallos: 308:1757) y que "esta tacha no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que [las sentencias], a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales (Fallos: 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584 y otros)" (Fallos: 294:376). Es que, "[L]a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 312:246, 389, 608, 1839, entre otros).

El recurso, con relación a este agravio, es inadmisible, en tanto se sostiene, básicamente, en la discrepancia de la actora con la interpretación que efectuó el Tribunal tanto de las normas de derecho común aplicables, como de la prueba colectada en esta causa.

4. Finalmente, las garantías constitucionales genéricamente invocadas (arts. 14 bis, 16, 18 y 31 CN, fs. 935) no guardan relación directa e inmediata con lo decidido (art. 15, ley n° 48). Al respecto, la Corte Suprema ha establecido que no procede el recurso extraordinario que, fundado en presuntos quebrantamientos a principios y garantías constitucionales, sólo plantea cuestiones de hecho y de derecho común que no guardan relación directa e inmediata con los artículos invocados de la Constitución nacional (Fallos: 300:130).

Atento el carácter excepcional de la jurisdicción extraordinaria, es necesario que la norma federal invocada se vincule de manera estrecha con la materia del litigio, en forma tal que su dilucidación sea indispensable para la decisión del juicio. En el caso, la recurrente menciona normas constitucionales presuntamente afectadas, pero no las vincula argumentativamente con la cuestión debatida ni controvierte los fundamentos de la sentencia sobre esa base.

5. Conforme al sentido de la resolución, las costas del recurso en esta instancia deben imponerse al recurrente (art. 68 CPCCN).

El Juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La pretendida cuestión federal bosquejada sobre la base de la simple invocación de diversos artículos de la ley nº 23.696 se muestra insuficiente para habilitar la competencia extraordinaria apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello así, en tanto no se ha logrado demostrar, de modo consistente, la relación directa entre los preceptos de la apuntada norma que se mencionan en el escrito recursivo, la situación fáctica subyacente en la causa y los argumentos contenidos en la sentencia dictada en este estrado. Los fundamentos de hecho, prueba y derecho público local del aludido pronunciamiento resultan bastantes para sustentarla como acto jurisdiccional válido y no han sido conmovidos por el recurrente, independientemente de cualquier regulación de naturaleza federal desvinculada con el objeto del proceso que se invoque de manera ritual.

2. En punto a las articulaciones de la apelante cuando pretenden sustentar sus agravios en la tacha de arbitrariedad o en la invocación genérica de garantías constitucionales, adhiero, para desestimarlos, a las consideraciones desarrolladas en los puntos 3 y 4 de los fundamentos precedentes.

En consecuencia, me pronuncio por la inadmisibilidad de la apelación extraordinaria con costas a la recurrente (art. 68 CCPCN).

Así lo voto.

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y se devuelva.