Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-09


En la ciudad de Trelew, a los 09 días de mayo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., E. S. c/ CAPSA - C. P. S.A. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 22523 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 448.-- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:-------- I.- En lo que aquí interesa, dada la dimensión de los agravios que delimitan la competencia revisora del tribunal, la sentencia de primera instancia desestimó los reclamos actorales de diferencias salariales -que habrían surgido de una alegada disparidad entre la categoría laboral de acuerdo a la cual el trabajador fue remunerado hasta diciembre de 2005 y aquella otra que en la que en verdad se desempeñara-, de salarios caídos -producto de suspensiones disciplinarias y descuentos de haberes por ausencias injustificadas- y de indemnizaciones derivadas del despido directo.---- Apeló el demandante tal decisorio, exponiendo contra él, en síntesis, los siguientes agravios:------ A) Erró el sentenciante al decidir sobre la cuestión de las categorías laborales, pues en lugar de interpretar las disposiciones del art. 10 del C.C.T. 379/04 que contienen la clasificación de aquéllas, se atuvo a los informes de otras empresas concesionarias de automotores que dieron cuenta de los organigramas de sus propios talleres de servicios, los que podían ser distintos del de la demandada y violatorios de las referidas normas. Añadió que las declaraciones testimoniales de la causa demostraron además las múltiples labores que él cumplía, típicas de la polifuncionalidad distintiva del "especialista en servicios" y no del "experto en servicios", que sus tareas eran supervisadas por un "especialista superior" -como se halla convencionalmente previsto para la primera de esas categorías- y no por el encargado del sector o gerente de servicios -cual viene dispuesto para la segunda clase- y que no hubo variante alguna en sus trabajos entre la época anterior y la posterior a enero de 2006 en que le fuera reconocida la categoría más elevada.----------- B) La suspensión aplicada en mayo de 2006 fue injustificada, ya que el trabajador había dado el aviso de enfermedad y ningún precepto le imponía presentar certificado médico el mismo día de su inasistencia o en la jornada siguiente. Además, pasó el juzgador de origen por alto los feriados y días de suspensión que mediaron entre la ausencia y la presentación de dicho documento.------- C) El juez del otro grado convalidó la suspensión de junio de 2006 sin atender a su falta de contemporaneidad con el supuesto incumplimiento -veinte días después de éste- y a que no fue probado que fuera el actor quien efectuó la reparación del automóvil mal realizada.------ ------ D) Los salarios caídos del 31/7 y 1°/8/06 no han sido producto de ninguna suspensión disciplinaria, sino del erróneo descuento de haberes por inasistencias consideradas sin justificar en esas jornadas, poniendo de resalto que el actor intentó cursar el pertinente aviso y luego presentó certificado médico.------ E) Las inasistencias de los días 16 y 17/8/06 nunca pudieron justificar el despido decidido en esa última fecha, pues tras el alta médica hubo una reapertura del siniestro laboral y una prórroga de la prescripción de reposo hasta el día 19/8/06, que la empresa conoció en la misma jornada que dispuso el despido, de modo que éste fue apresurado; debió la empleadora aguardar un tiempo prudencial el reintegro, pues podían mediar discrepancias acerca de ese alta, y hasta intimar al trabajador a que aclarara su situación. A propósito de los invocados antecedentes laborales, señaló el recurrente que no los había, pues la suspensión de mayo de 2006 fue injustificada según lo expuesto en relación a ella, la quita salarial de julio y agosto del mismo año no fue producto de un medida disciplinaria y las declaraciones testimoniales que refieren diversas pretendidas inasistencias suyas emanaron de testigos de referencia, amén que los incumplimientos no sancionados en su día no constituyen antecedentes computables.-------- Las resumidas impugnaciones del apelante recibieron réplica de la adversaria a fs. 439/444.---------- II.- Acompañaré al recurrente en la primera de sus críticas al fallo. Para determinar cuál era la categoría laboral que al actor correspondía dentro de las previstas en el C.C.T. 379/04 no era hacedero atenerse a los esquemas de labor adoptado por otras empresas de la actividad en sus talleres; de un lado, porque ello era ajeno a la relación individual de trabajo de la especie; de otro, porque esos organigramas empleados por terceros podían no ajustarse a las referidas normas convencionales y no era correcto por esa vía imponer al demandante someterse a costumbres derogatorias de preceptos jurídicos de mayor jerarquía (art. 1 L.C.T. su doc.; confr.: C. N. Trab., sala III, D.L. 1974-299, cit. por Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", 2da. ed., pág. 10, n° 2).-------------- -- En disputa aquí si el demandante debía ser encuadrado en la categoría "especialista en servicios" o en la de "experto en servicios", debía el análisis partir de las definiciones de ellas contenidas en el art. 10 incs. 3 y 4 de la mentada convención colectiva, comparándolas con las funciones cumplidas por el trabajador sobre las que ilustraran las testificales rendidas. Recordaré en primer término que especialista en servicios es el técnico "polifuncional en su tarea específica, que sin tener todos los conocimiento del especialista superior, realiza las tareas inherentes a su especialidad" (art. 10 inc. 3 C.C.T. cit.), mientras que el experto en servicios es "el trabajador que realiza con la idoneidad necesaria alguna de las tareas complejas correspondientes a su rama u oficio" (art. ídem, inc. 4).--------- Pues bien. No sólo los testigos R. N. P., H. F. G., J. A. I. V. y J. E. P. brindaron una larga enumeración de tareas desarrolladas por el demandante dentro de la rama mecánica del automotor -cambio de la correa dentada de distribución, reparación de tren delantero, retiro del motor, reparación de frenos, reemplazo de rótulas y amortiguadores, bajado cajas de cambio, diferenciales y transmisiones, reparaciones de embragues, cambio de aceite y filtros, control de niveles (fs. 235, resp. a la preg. 3era.; fs. 237vta., resp. a la repreg. 3era.; fs. 238, resp. a la preg. 5ta.; fs. 240, resp. a la 2da. preg.)-, sino que el nombrado H. F. G. añadió que el actor "hacía todo lo que tiene que ver en un servicio mecánico, menos la electricidad, ni aire acondicionado, ni alarma" (fs. 237 vta., resp. a la repreg. 3era.). La amplia gama de labores enumeradas, sumada a ese colofón de "todo lo que tiene que ver en un servicio mecánico", no deja duda acerca de la polifuncionalidad en las específicas tareas de la rama mecánica que tenía el trabajador, que no era únicamente idóneo para llevar a cabo "alguna de las tareas complejas correspondientes" a la misma.-- Enmarcar al actor en la categoría de especialista en servicios es lo correcto entonces, sin que obste a ello la declaración de L. M. M., quien con la respuesta a la repregunta 3era. (fs. 308) sólo demostró su erróneo concepto sobre las tareas propias de un especialista en servicios, bien apartado de la definición del art. 10 inc. 3° del C.C.T. 379/04. De otro lado, los deponentes H. F. G. y J. A. I. V. informaron que no hubo diferencia alguna entre las labores que cumplía el demandante antes de enero de 2006 -época en la que fue promovido a la categoría de especialista en servicios- y las que desarrolló luego (fs. 237 vta., resp. a la repreg. 4ta. y fs. 240, resp. a la preg. 4ta.), lo que demuestra que previo a dicho ascenso se encontraba mal encuadrado por la empresa, toda vez que si las tareas eran las múltiples indicadas no mediaba razón para mantenerlo como experto en servicios.- Derecho le ha asistido entonces al actor en su reclamo de las diferencias salariales surgidas de esa distinta categoría de acuerdo a la cual le eran liquidadas las remuneraciones. Pero ello nos conduce a ocuparnos de inmediato de otro tópico.- III.- Ante la demanda por las diferencias de marras producidas en los meses corridos entre agosto de 2004 y diciembre de 2005 -ambos inclusive-, la empleadora opuso la defensa de prescripción por las tres primeras de esas mensualidades, cuestión que el juzgador del previo grado no llegó a tratar por haber concluido previamente la inexistencia de los créditos (fs. 417 vta., penúlt. párr.).-- Mas ella se actualiza hoy, al concluirse en cambio la procedencia del reclamo, y debe pues ser fallada por la alzada. Ello así porque a consecuencia de la apelación del vencido y por virtud de la plena asunción de la competencia dentro de la cuestión objeto del recurso, incumbe al tribunal "ad quem" conocer de las defensas oportunamente planteadas por el vencedor, que se vio impedido de recurrir el fallo por serle favorable, y que resultaren desestimadas o no consideradas en la sentencia de primera instancia (doc. del art. 277 C.P.C.C.). Si bien ha de ceñirse al punto objetado, al abordarlo tiene la cámara de apelaciones amplias facultades, iguales a las que sobre la materia asistían al "a quo", correspondiendo ocuparse de las argumentaciones defensivas del demandado, sometidas a esta instancia a tenor del conocido principio de la apelación implícita, mecanismo equilibrador de la igualdad de las partes y protector de la defensa en juicio (esta sala, c. 19.507 S.D.L. 27/04, c. 19.953 S.D.L. 60/04, c. 22.110 S.D.L. 32/07, entre muchas).-- Los salarios correspondientes a los meses de septiembre y noviembre de 2004 fueron exigibles a partir de los días 6/10 y 5/11/04 respectivamente (art. 128 L.C.T.) y recién desde ellos comenzó el curso de la prescripción ("actio non nata, non praescribitur"); como desde esas datas hasta la de deducción de la demanda el 26/9/06 (v. cargo de fs. 13 vta.) el lapso bienal no transcurrió, no tienen caso mayores análisis respecto de esos créditos. La que sí requiere de indagación más profundizada es la diferencia remuneratoria del mes de agosto de 2004, exigible a partir del día 5/9/04.------------- -- Por cierto que la comunicación telegráfica del actor obrante a fs. 81 no fue hábil para suspender el curso del plazo bienal de prescripción establecido por el art. 256 L.C.T., pues al no ser reclamadas en ella las diferencias remunerativas devengadas con anterioridad a su fecha -27/1/06- no contuvo a tal respecto una exigencia categórica de cumplimiento que la elevara a la calidad de la auténtica interpelación menester para que surta el efecto previsto en el art. 3986 párr. 2° Cód. Civ.(confr.: Borda, "La reforma del Código Civil", E.D. 29-747/748, n° III-4).----- Tampoco configuró una interpelación eficaz a dicho fin el telegrama del día 23/8/06 (fs. 38 y 202 de la doc. res.), inidóneo entonces para suspender el curso del plazo de prescripción de acuerdo al recordado artículo de nuestra Ley Civil. Es que para lograr el efecto suspensivo, la interpelación ha de contener los elementos necesarios para que pueda determinarse con precisión a qué rubro se está refiriendo la reclamación y cuál es el período al que se alude, recaudos no satisfechos en un despacho telegráfico como el de la especie que mencionó solamente "diferencias de sueldo desde mi ingreso a sus órdenes" (confr.: C.N. Trab., sala X, E.D. 181-233).----- Por lo demás, no hay rastros de prueba en la causa de una reclamación administrativa del trabajador que tornara aplicable el art. 257 L.C.T.--- Así pues, sin interrupción ni suspensión alguna, el plazo de prescripción en relación a la diferencia salarial de agosto de 2004 se agotó el 5/9/06 y la demanda del 26/9/06 resultó tardía. El importe de esa diferencia debe entonces detraerse de lo reclamado a fs. 11, cap. IV, apdo. "a". El resto de lo allí demandado ha de prosperar, por cuanto los cálculos se compadecen con las escalas salariales de fs. 354/355 y lo que resulta de los recibos de pago anejados a la causa. Este rubro de la condena ha de ascender pues a $ 1.684,80.-------------- -- IV.- Cabe considerar cierto que el actor dio aviso de su inasistencia del 20/5/06, pues la respuesta "no recuerdo y no me consta" del absolvente a la 8va. posición que a fs. 166 le fuera puesta torna procedente tenerlo por fictamente confeso, porque resulta inverosímil que el representante legal de la empleadora demandada no guardara memoria del hecho que motivara una sanción disciplinaria que él mismo impuso (v. fs. 48 de la doc. res.), ni haya repasado al menos los antecedentes del legajo del ex-empleado con anterioridad a la audiencia en pleito en que ese dato era uno de los tópicos debatidos (art. 413 últ. párr. C.P.C.C.).------- Pero, contra lo sostenido por el apelante, con ese aviso no se agotaban sus deberes para con la empresa en estos supuestos de enfermedad inculpable, dado que, según el art. 23 del C.C.T. 379/04, también había de presentar certificado médico que verificara su dolencia y grado de imposibilidad para concurrir a desarrollar sus tareas. Es exacto que esa norma convencional no establece un plazo para la entrega de dicho documento, pero no lo es menos que en la empresa era uso y costumbre vigente el hacerlo el mismo día de la ausencia o a lo sumo en la jornada siguiente (art. 1 inc. "e" L.C.T.; fs. 237, resps. a las pregs. 12da. y 14ta.; fs. 307 vta., resps. a las pregs. 11era. y 13era.). No lo hizo el actor así y ello no es comprensible aun acudiendo a las pautas de razonabilidad en la determinación del plazo que él invoca en su pieza de agravios. Es que si en la misma fecha de la enfermedad, es decir el sábado 20/5/06, él estuvo en posesión del certificado que el galeno le extendiera prescribiéndole reposo por ese solo día (fs. 27 de la doc. res.), bien a su alcance tuvo el presentarlo a la empresa en la siguiente jornada hábil, esto es el lunes 22/5/06 -en el cual ya se hallaba en condiciones de laborar-, hasta el mismo momento de notificársele en tal data la medida disciplinaria (fs. 48, reservada). Sorprende igualmente que al cuestionar telegráficamente la sanción al día siguiente 23/5/06 ni siquiera hiciera constar en la comunicación el contar con el certificado médico de marras (fs. 36, reservada). Aguardó para presentarlo hasta el sábado 27/5/06 (fs. 48 doc. res., últ. parte) y sin que resulten atendibles como razones de fuerza mayor que se lo hubieran impedido el feriado del 25 de Mayo ni los tres días de la suspensión impuesta -días 23, 24 y 27 de ese mes-, pues aun vigente la medida, nada le vedaba, sin intentar tomar tareas claro está, apersonarse en las oficinas de la empresa para la entrega del documento.- Considero por tanto que la falta cometida era reprensible de acuerdo a las facultades reconocidas al empresario por el art. 67 L.C.T. y habiéndose tratado entonces de una suspensión por razón disciplinaria con justa causa (art. 219 ídem), el reclamo fundado en el art. 223 de tal ordenamiento ha sido correctamente desechado por el sentencian de origen.----------- V.- La gran negligencia incurrida el 5/6/06 en la reparación del automóvil de un cliente de la empresa, que pudo costarla a éste un grave accidente en caso de perder una rueda del vehículo en marcha, fue plenamente acreditada con la declaración testimonial del perjudicado obrante a fs. 239.- Tocante a la autoría del actor en el hecho, quedó finalmente probada con el dictamen pericial caligráfico producido en esta instancia, demostrativo de que le pertenecen a él las anotaciones insertas a fs. 199 vta. de la doc. res. en su porción superior bajo el título "control de mano de obra" (fs. 453/485). Cual ya indicáramos a fs. 449 al disponer la realización de tal pericia como medida de mejor proveer, ese documento, incluso con la sola letra del demandante y sin firma de él, resulta relevante como medio de prueba del hecho de que fue ese trabajador quien realizó la reparación defectuosa, porque no se trató de un instrumento otorgado como elemento de forma de un acto jurídico -caso en que el recaudo de la firma es esencial, según el art. 1012 Cód. Civ.-, sino de un instrumento en sentido lato creado como simple medio de prueba, eficaz a tal efecto incluso sin signatura, de acuerdo a la previsión del art. 1190 inc. 2 del citado cuerpo legal (confr.: Llambías, "Parte general", 2da. ed., II-375/376, n° 1588).- Puesto que en ese campo "control de mano de obra" es de práctica que el operario que realiza la labor coloque de su puño y letra el ítem en que estuvo trabajando (fs. 307 vta., resp. a la preg. 20ma.), que el actor consignó allí que lo había hecho en el ítem n° 3 y que éste era "chequear frenos" (anverso de fs. 199 res.), lo que, es hecho público y notorio, hace menester sacar las ruedas del vehículo para colocarlas nuevamente tras revisar el sistema de frenado, es indudable que fue él quien instaló una defectuosamente.-- La gravedad del hecho justificaba plenamente la adopción de una medida disciplinaria como la suspensión impuesta (art. 67 L.C.T.; fs. 191 doc. res.), sin que la afecte la pretendida falta de contemporaneidad con el incumplimiento del día 5/6/06, toda vez que éste lo conocieron los directivos de la empresa mediante la queja escrita del cliente damnificado del día 21/6/06, sin que exista en cambio prueba demostrativa de que la anterior queja verbal en el taller les hubiera sido transmitida (fs. 196, reservada; fs. 239, resps. a la preg. 7ma. y a la repreg. 1era.). Que la empresa demorara tres días en decidir la sanción, no convierte a ésta en extemporánea, pues configuran ellos un plazo razonable para llevar a cabo una necesaria investigación sobre el suceso.------- Considero entonces que frente a lo justificado de la suspensión, el reclamo de salarios caídos fue bien rechazado.- VI.- En cuanto atañe a las ausencias del actor a sus labores de los días 31/7 y 1°/8/06, es claro que el Señor Magistrado "a quo" únicamente incurrió en un error de pluma al referirse a ellas como motivantes de una sanción de suspensión, por cuanto sólo dieron lugar al descuento de los haberes diarios correspondientes a dichas jornadas. Mas el yerro no afecta la recta comprensión de la decisión: desestimar el reclamo de esas remuneraciones deducidas por haberse tratado de inasistencia no avisadas (fs. 419, párrs. 4° y 5°). El recurrente, salvo señalar el equívoco terminológico mencionado, no expresó una crítica concreta y fundada de los argumentos dados por el juzgador para concluir la inexistencia de aviso de las ausencias, porque no lo fue el insistir en que el anuncio de las inasistencia fue intentado en horas tempranas del primer día, sin hacerse cargo de las razones desarrolladas en el fallo en torno a que el informe de T. D. A. demostraban lo contrario. Aquí topamos con una parcial deserción del recurso que provoca la firmeza de lo decidido al respecto (art. 265, 266 C.P.C.C.).---- VII.- Para analizar lo justificado o no del despido directo seguiré el mismo orden argumental utilizado para exponer este agravio por el apelante, quien comenzara refiriéndose a la ausencia de antecedentes disciplinarios suyos computables y siguiera señalando la falta de consideración por el "a quo" de pruebas documentales demostrativas de que la empresa, al momento de denunciar el contrato, conocía la continuidad de su convalecencia tras el accidente laboral sufrido. A propósito de los antecedentes, resulta del todo inexacto que el actor careciera de ellos y es dado inventariarlos a partir de la documental incorporada al proceso que se encuentra reservada. Veámoslos: 1) El 12/7/99 le fue impuesto un día de suspensión por falta de cumplimiento de sus tareas (fs. 170). 2) El 10/5/03, suspensión por un día por falta de cumplimiento de sus obligaciones (fs. 172).--- 3) El 12/10/05, un llamado de atención por falta de aviso de inasistencia, con transcripción incluso de la norma del art. 23 del C.C.T. 379/04 que le imponía ese deber y prevención de más severas sanciones en caso de reincidir en tal conducta (fs. 173).------- 4) El 16/11/05, un día de suspensión por falta de aviso de inasistencias (fs. 174).-------- 5) El 21/2/06, nuevamente suspensión por un día por inasistencias sin justificar (fs. 175).-- Estas medidas fueron todas comunicadas al trabajador mediante los citados documentos, que cuentan con firmas auténticas suyas -así surge del dictamen pericial de fs. 315/325-, sin que él las impugnara en el plazo de treinta días corridos contados desde las notificaciones, de modo que tales sanciones quedaron consentidas (art. 67 L.C.T.). Luego de las señaladas siguieron:--------- ------ 6) El 22/5/06, suspensión por tres días por falta de justificación de inasistencia (fs. 205). La medida fue impugnada, mas resulta ratificada por sentencia de primera instancia que propongo confirmar en ese sentido.----- 7) El 24/6/06, suspensión por siete días ante la muy grave falta cometida en la reparación del automotor de un cliente (fs. 191). También esta sanción fue cuestionada, mas resultando procedente su confirmación judicial.------ En suma, resultan computables siete antecedentes disciplinarios (confr.: de Diego, "El principio de proporcionalidad de las sanciones disciplinarias y el plazo de caducidad legal", D.T. 1982-1.000, cap. IV), cuatro de ellos debidos a inasistencias sin avisar o sin justificar que se concentraron en ocho meses -de octubre de 2005 a mayo de 2006- muy próximos a la data del despido.- Puesto que los antecedentes disciplinarios desfavorables del dependiente no configuran por sí solos justa causal de despido de no venir actualizados por un nuevo incumplimiento relevante del que se constituyan en precedentes apreciables como agravantes (doc. art. 242 L.C.T.; este cuerpo, c. 12.312 S.D.L. 56/97, c. 13.668 S.D.L. 111/98, c. 19.782 S.D.L.56/04, c. 20.396 S.D.L. 28/05, entre otras), hemos de establecer si en la especie tal novel hecho efectivamente aconteció. A mi ver, la documental anejada así lo demuestra.-- Pasemos revista a la secuencia de los hechos siguientes al accidente laboral que el actor sufriera:---------- * El lunes 14/8/06 el Dr. L. otorgó al trabajador el alta médica a partir del día 16/8/06, fecha en que se reiniciaba la relación laboral (fs. 30 de la doc. res. y 364).---------	* El martes 15/8/06 esa circunstancia le fue notificada a la empleadora (fs. 229).-----------	* El miércoles 16/8/06 el operario inasistió a sus labores sin mediar aviso a la empresa.----	* El jueves 17/8/06 tampoco el demandante asistió al trabajo ni avisó su ausencia. En cambio, fue a la consulta del Dr. P., quien reabrió el siniestro, indicó un tratamiento y le dio alta médica a partir del 19/8/06 (fs. 29 y 32 de la doc. res. y 366 y 370 de los actuados).--------	* El mismo 17/8/06 la empleadora, invocando como injuria las faltas sin aviso ni justificación de los días 16 y 17/8/06, así como los antecedentes de idénticos incumplimientos y de mal desempeño, produjo el despido directo del actor mediante telegrama expedido a las 16:15 hs. de ese día (fs. 44).---------	* No cabe considerar que con el "mail" de fs. 382, enviado también ese 17/8/06 y a la misma hora 16:15, la A.R.T. comunicó a la empresa la reapertura del siniestro, pues dicho anuncio fue dirigido a la distinta persona de P. S. y a un domicilio electrónico bien diferente de aquel donde C.A.P.S.A. S.A. recibía ese tipo de correspondencia de parte de P. A.R.T. (comparar ambos en la citada fs. 382 y en fs. 229 reservada).-----------	Así tenemos que la empleadora decidió el despido ignorando la reapertura del siniestro y la nueva fecha del alta médica y ante las ausencias no avisadas de los días 16 y 17/8/06. El operario por su lado, en conocimiento desde el día 14 de tal mes y año que debía reiniciar sus labores el día 16 ídem, no asistió a las mismas ni, de discrepar con el alta médica otorgada, avisó de ello a la demandada , incumpliendo una vez más con los deberes que le imponían los art. 209 L.C.T. y 23 del C.C.T. 379/04 y sin que alegara luego causa de fuerza mayor que se lo haya impedido; debe notarse en este sentido que era un enfermo ambulatorio, que así como pudo concurrir al consultorio médico del Dr. P., también pudo apersonarse en la sede de la empresa para dar el pertinente aviso, o, inclusive, hacerlo telefónicamente o por tercera persona, cual lo autorizaba la recordada norma convencional.- -- Sabido es que las reiteradas faltas de asistencia, oportunamente objeto de amonestaciones y sanciones disciplinarias por parte de la empleadora, configuran, ante la reiteración de un hecho preciso de similar característica, injuria grave que no consiente la prosecución de la relación y, por lo tanto, constituyen justa causa de despido (art. 242 L.C.T., su doc.; confr.: C.N. Trab., sala VIII, D.T. 1991-A-832; este cuerpo, c. 19.841 S.D.L. 59/04, c. 20.601 S.D.L. 45/05, etc.). Invocó en su memorial de agravios el apelante el deber de los jueces de valorar la injuria prudencialmente y de acuerdo, entre otras pautas, a las circunstancias personales del caso; pues hete aquí que esas circunstancias personales consistieron en que la empresa se halló ante las nuevas faltas sin aviso de un trabajador impenitente incumplidor de tal obligación suya, que acumuló por ello cuatro sanciones en ocho meses, a las que se aunaron otras tres por diversos incumplimientos.---- Esa existencia de causal suficiente para motivar el despido desprovee al actor del derecho a obtener las indemnizaciones de los arts. 232, 233, 245 L.C.T., 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561 (según texto del art. 4 de la ley 25.972) que reclamara. VIII.- Las razones hasta aquí vertidas me conducen a propiciar la revocación parcial de la sentencia apelada, a fin de aumentar el monto del capital de la condena a la suma de $ 1.791,80. No será menester practicar adecuación a este decisorio de la condena en costas pronunciada ni de los honorarios regulados en la otra instancia por aplicación del art. 279 C.P.C.C. De las primeras, porque ellas fueron ya impuestas a ambas partes en las proporciones de sus triunfos y derrotas, cargándolas al actor en las porciones de la demanda que se desestiman y a la demandada en la fracción de ella que es acogida, doctrina que sentáramos en el caso "P. vs. P. R. y otra" (c. 16.434 S.D.L. 66/00; arts. 59 de la ley 69 y 71 C.P.C.C.). De los segundos, porque el escaso aumento del capital de la condena hace que, aun computándolo, los emolumentos regulados resulten ajustados al monto del proceso y la extensión y calidad de las labores profesionales desarrolladas.---------- Desestimados cuatro de los cinco agravios expuestos por el recurrente y prosperando sólo uno de ellos, de escasa cuantía además, las costas de segunda instancia han de distribuirse imponiéndolas al apelante en un 95 % y a la demandada en un 5 % (art. 71 C.P.C.C. ya cit.).- Los honorarios de los Dres. D. E. F., P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de alzada y atendiendo a la dimensión, calidad y resultado de ellas, propondré regular los en las sumas respectivas de $ 2.320, de $ 765 y de $ 765 (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19 del dec.-ley 2.200).-- Me pronuncio aquí entonces PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.---------- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. El colega preopinante ha efectuado ya una adecuada síntesis de los antecedentes fácticos que informan el caso y de los fundamentos sustanciales del decisorio apelado, como así también de los motivos de agravios expuestos por el recurrente. En consecuencia, abordaré directamente el tratamiento de las cuestiones traídas a conocimiento y decisión del Cuerpo.-- II. Categoría de revista del actor: -------- Para comenzar, comparto el criterio del colega preopinante acerca de las pautas a tomar en cuenta para esclarecer este hecho controvertido. La determinación de la categoría laboral del demandante debe analizarse conforme a las especificaciones de la norma colectiva que regula la actividad, esto es, el C.C.T. 379/04. A partir de esta premisa, puede observarse que las tareas realizadas habitualmente por M., conforme se desprende de los diversos testimonios prestados en la causa - ya descriptos en forma pormenorizada por el colega preopinante- ponen claramente de relieve la versatilidad de conocimientos y habilidades del demandante en tareas de mecánica, lo que permite encuadrarlo dentro de la categoría de especialista en servicios tipificada en el art. 10, inc. 3° del C.C.T. 379/04.- Por otra parte y como lo ha señalado con acierto el magistrado prevotante, está demostrado a través de los testimonios de G. (fs. 237 vta., resp. a la 4ta. repreg.) e I. V. (fs. 240, resp. a la 4ta. preg.) que las tareas cumplidas por el actor no variaron con posterioridad a su promoción como especialista, lo cual es indicativo de que la menor remuneración percibida con anterioridad no se ajustaba a su real categoría, tornándolo así legítimo acreedor a las diferencias salariales reclamadas.-- III. La defensa de prescripción opuesta por la demandada: ------ Ante la procedencia del reclamo pecuniario por diferencias impagas, por el principio de apelación implícita (conf. Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 465 y ss. - Ab. Perrot, 1975 - id. Ibáñez Frocham, M., "Tratado de los recursos en el proceso civil", pág. 170 - Fedye, 1969 - Exptes. 17339 - 19953 C.A.N.E., entre muchos otros), aplicado reiteradamente por esta Sala en casos análogos, corresponde tratar en consecuencia este capítulo defensivo, en tanto el recurso del vencido confiere competencia plena al tribunal para conocer acerca la defensa opuesta por la demandada que, a raíz de haber obtenido un fallo favorable, se vio privada por tanto de ocurrir ante esta Alzada.-------- Como el colega de sala, opino que esta defensa debe prosperar sólo parcialmente, atendiendo para su cómputo a la fecha de promoción de la demanda. En cuanto a las intimaciones cursadas extrajudicialmente por el actor en fecha 27/01/2006 (conf. copia de fs. 81) y 23/08/2006 (fs. 202, doc. reservada), la primera no incluía un reclamo referido a este rubro salarial y la segunda, en la que se aludió genéricamente a "diferencias de sueldo desde mi ingreso..." no contenía las especificaciones mínimamente necesarias para identificar y cuantificar los créditos pretendidos, por lo ambas que carecieron de aptitud para suspender el curso de la prescripción liberatoria (conf. art. 3986, C.Civil - su doctrina). De tal manera, al momento de entablarse la demanda habían transcurrido ya dos años (art. 257, L.C.T.) para reclamar la acreencia correspondiente a diferencias remuneratorias respecto del mes de agosto del año 2004, debiendo detraerse del monto reconocido en el fallo por este concepto la suma de $ 67,20, por lo que el rubro prosperará entonces por la suma de $ 1.684,80.------ IV. La inasistencia por enfermedad y la sanción disciplinaria: -- Por más que se tenga por probado que el actor dio aviso oportuno de su enfermedad en cumplimiento de lo establecido en el art. 23 del C.C.T. 379/04, lo cierto es que según la misma norma aquél debía presentar asimismo la certificación médica correspondiente, y no se aprecia la existencia de razones plausibles para justificar que lo hiciera con una semana de demora, cuando el hecho ya había motivado una sanción cinco días antes y no se hallaba físicamente imposibilitado de allegarse hasta el lugar de trabajo para dar cumplimiento a dicha obligación. Por consiguiente, no resultan atendibles los argumentos invocados por el apelante para cuestionar este aspecto del decisorio, que se aprecia ajustado a derecho a tenor de los fundamentos expuestos por el a quo, debiendo confirmarse lo resuelto.---------- V. La suspensión y los salarios caídos: - Con la producción de la pericia caligráfica en esta Alzada ha quedado debidamente acreditada la autoría de la reparación deficiente realizada por el actor a comienzos de junio de 2006 en el taller de la demandada. Es claramente indicativo de ello la anotación autógrafa (guarismos numéricos) realizada por M. en el campo "control mano de obra" del formulario de orden de reparación del 05/06/06 para el chequeo de frenos de un automotor, cuyo propietario luego denunció ante la empleadora la deficiente colocación de una rueda. Se trata por otra parte de una falta de suficiente entidad para justificar la medida de suspensión dispuesta (conf. art. 67, L.C.T.), que se aprecia adecuada a la gravedad de la misma. Por otra parte no puede considerarse que haya mediado extemporaneidad en su aplicación, por cuanto -como bien lo ha señalado mi colega de sala- es de práctica que la patronal, antes de hacer uso de sus facultades disciplinarias, tome los recaudos y realice las investigaciones de hecho pertinentes. En consecuencia, coincidiendo con el Dr. Velázquez, propiciaré asimismo la confirmación de la sentencia en este aspecto.- VI. Descuento de haberes por inasistencias injustificadas: ------- Fuera del error ya señalado en la consideración del a quo al aludir a una "suspensión" inexistente, en lo esencial, la decisión ha consistido en confirmar el descuento de salarios por las faltas sin aviso correspondientes a los días 31/7 y 1°/8/06, computando al efecto la prueba testimonial, documental e informativa, sin que las quejas del apelante aporten al respecto una crítica concreta y razonada que brinde argumentos superadores de ese juicio lógico, lo que denota su insuficiencia técnica en los términos y con las consecuencias previstas en los arts. 265 y 266, C.P.C.C.(art. 76, Ley N° 69).----- VII. El despido directo - su justificación: - Adelanto que no agregaré nada novedoso al circunstanciado análisis y razonamiento seguido por el Dr. Velázquez, que comparto plenamente. Por exigencia normativa (art. 169, Const. Provincial) me limitaré a fundar mi opinión coincidente aunque para ello deba incurrir en inevitables repeticiones.- Por lo pronto, carece de objeto volver a historiar los hechos relatados por el colega preopinante en su voto, donde se han detallado puntualmente las secuencias fácticas que, contra lo sostenido por el apelante, revelan en forma documentada la existencia de cinco medidas disciplinarias entre julio de 1999 y febrero de 2006, las que fueron notificadas y consentidas por el trabajador. Luego, entre mayo y junio de 2006, la patronal sanciona a M. con dos suspensiones cuya legitimidad ha sido declarada en este proceso. Estos antecedentes comprobados fueron, sin duda, los aludidos en la comunicación de distracto.---------- Luego del infortunio laboral se desencadenaron los hechos reseñados por el Dr. Velázquez (inasistencias sin aviso) que, sumados a los antecedentes disciplinarios ya referidos, dieron motivo al despido directo con invocación de justa causa.-------- Aduce el recurrente que no se tuvo en cuenta la comunicación de la ART por la que se consignaba como fecha de accidente y reapertura el 16/08/07; sin embargo, como bien lo ha señalado el magistrado prevotante, no existe un mínimo grado de certeza que permita inferir una hipotética toma de conocimiento por parte de la empleadora acerca de dicha circunstancia en forma previa a la decisión de distracto.-- En síntesis, sobre la base de las causales invocadas en la comunicación de ruptura (art. 243, L.C.T.) y ante los hechos comprobados en el curso del proceso, considero que la demandada tuvo motivos suficientes para dar por concluido el vínculo, habiendo quedado de manifiesto en autos que el despido estuvo ajustado a derecho (art. 242, L.C.T.; su doctrina).-------- En consecuencia, no le asistía derecho al actor en su reclamo indemnizatorio, que ha sido correctamente desestimado y por tanto merecerá confirmación en esta Alzada. VIII. Conclusiones: ----------- Como síntesis de todo lo expresado, concuerdo en todos sus términos con la decisión propuesta por quien me ha precedido en el voto a fin de confirmar en lo principal la sentencia apelada, modificándola sólo parcialmente en cuanto al capital de condena, que deberá ser elevado a la suma de $ 1.791,80.---- También comparto que se mantenga lo resuelto en la anterior instancia en materia de costas y honorarios, dado que la ligera modificación resuelta en esta sede no justifica ninguna variación a su respecto, en vista del resultado que se registra en la litis.--- En cuanto a las costas y honorarios de Alzada, el magro progreso del recurso impetrado justifica que el apelante soporte la mayor carga en costas (95%), imponiéndolas en tal solo el 5% para la parte demandada (art. 71, C.P.C.C.; su doctrina).- Coincido asimismo con las regulaciones propiciadas por mi colega para retribuir las tareas profesionales en esta Alzada -las que doy aquí por reproducidas, brevitatis causae- atendiendo a su extensión, calidad, eficacia y resultados respectivamente obtenidos (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:-------- Visto el acuerdo alcanzado, corresponde:- 1.- Revocar parcialmente la sentencia apelada a fin de elevar el capital de la condena a la suma de un mil setecientos pesos con ochenta centavos ($ 1.791,80), confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.--------- 2.- Imponer las costas de segunda instancia al apelante en un 95 % y a la demandada en un 5 %. 3.- Regular los honorarios de los Dres. D. E. F., P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas de $ 2.320, de $ 765 y de $ 765.------- ASI LO VOTO.- A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. F. expresó: Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el magistrado preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico.--------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).------ Trelew, 09 de mayo de 2.008.------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada a fin de elevar el capital de la condena a la suma de un mil setecientos pesos con ochenta centavos ($ 1.791,80), confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.----------- IMPONER las costas de segunda instancia al apelante en un 95 % y a la demandada en un 5 %. REGULAR los honorarios de los Dres. D. E. F., P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas de $ 2.320, de $ 765 y de $ 765.------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 23 DE 2.008 - SDL.- Conste.---