Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28


Causa Nº 18573-01-CC/2007 - "Incidente de incompetencia en autos: Garbuglia, Juan José s/ inf. art. 150 -Violación de domicilio- Código Penal- Apelación" - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver las presentes actuaciones.//- Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 59/62 por el Sr. Defensor Oficial, Sergio Julián Pistone, contra la resolución de fs. 53/58 mediante la cual el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 11, Marcelo Bartumeu Romero aceptó la competencia atribuida, en razón de la materia, por el Luis Alberto Schelgel a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11 para entender respecto de la conducta llevada a cabo el 5 de mayo de 2007 a las 20:00 horas aproximadamente por Juan José Garbuglia consistente en haber ingresado sin autorización a la vivienda sita en la calle Pujol Nº 1275 de esta Ciudad.

Para así decidir el Magistrado sostuvo, en lo sustancial, que el hecho descripto precedentemente encuadraría en el tipo penal de violación de domicilio -art. 150 del C.P.-, figura incluida en el Segundo Convenio Nº 14/04 de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la CABA y siendo que aquél aconteció con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, concierne a la justicia local el conocimiento de las actuaciones labradas al respecto. En este orden de ideas, entendió que corresponde interpretar armónicamente las leyes vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación vinculadas con el aludido traspaso de competencias, como así también las Cartas Magnas respectivas, de modo tal que la autonomía establecida en el art. 129 de la C.N. no resulte debilitada. En este sentido puntualizó que: "...el Congreso Nacional, a través del dictado de la ley 25.752, concretó varios objetivos...En primer lugar, aprobó (de)) modo explícito el Primer Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había suscripto, el 7 de diciembre de 2000...En segundo orden, modificó la ley 24.588, derogando tácitamente, el art. 8 de ese te xto legal, removiendo así el obstáculo de hecho que impedía el ejercicio efectivo de la autonomía jurisdiccional plena. En tercer y último término, estableció un marco, para la suscripción de sucesivos acuerdos interjurisdiccionales, para que se avanzara, verdaderamente, en la progresiva transferencia de competencias penales ordinarias desde el Poder Judicial de la Nación al de la Ciudad y, en definitiva, en el efectivo cumplimiento de lo establecido en el art. 129 de la Constitución Nacional..." (fs. 56).

Sobre la base de tales consideraciones y en cuanto al fondo del embate, el Juez "A-Quo" adhirió a los argumentos expuestos por el fiscal contravencional, Walter E. López y los magistrados nacionales, Dres. Carlos Gamallo (fiscal correccional), Cecilia L. Mage (defensora oficial en lo Correccional) y Luis Alberto Schelgel (juez correccional) en el punto a que la ratificación del Convenio 14/04 por parte del Congreso Nacional resulta innecesaria, puesto que aquél se encuentra vigente a partir del 1 de abril de 2007, conforme la Ley 2257 y art. 2 del Código Civil (fs. 53/58).- La Defensa se agravió concretamente por considerar -en forma contraria a lo posición de sus predecesores- que debe rechazarse la competencia en las presentes actuaciones, toda vez que "...el segundo convenio viene a completar o a perfeccionar al anterior;; por lo tanto, lo nuevo que se adiciona, para alcanzar el mismo estatus que lo anterior, necesita indefectiblemente la aprobación legislativa..." (fs. 61vta.). El Pistone interpreta como "sabia previsión" el final de la cláusula cuarta del Convenio 14/04 que establece celebrarse "...ad referéndum de su aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el congreso de la Nación";; ello sin perjuicio de afirmar -paradójicamente- que comparte y alienta el afianzamiento de la autonomía de la Ciudad. Formuló reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los términos del art. 53 de la LPC y Ley 402, ante la vulneración de los principios, derechos y garantías de raigambre constitucional (59/62).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara refiere que la presentación del Sr. Defensor no () cumple con las exigencias formales de admisibilidad en razón de carecer de la potestad subjetiva para recurrir, por lo que "debe declararse mal concedido" el remedio impugnaticio intentado por el accionante (fs. 67vta).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

I.- Del preliminar análisis surge que el recurso ha sido interpuesto en el plazo oportuno, por escrito, ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución atacada y por quien -de acuerdo a lo que surge de fs. 45, párrafo segundo- se encuentra legitimado para hacerlo, dirigiéndose contra un acto procesal que en principio podría causar gravamen a la defensa. (arts. 432, primera parte y 449 "in fine" del ceremonial nacional, de aplicación supletoria conf. art. 55 L.1287 ref. L.1330).

II.- Sentado lo anterior, cabe destacar que si bien el agravio de la Defensa no logra demostrar de qué manera la aceptación de competencia por parte del Magistrado local afectaría la garantía del juez natural de la causa, conforme el art. 18 de la C.N. -dirigida a impedir la creación de comisiones especiales o el establecimiento de jueces designados mediante los procedimientos que establece la Carta Fundamental-, lo que subyace tras la cuestión planteada merece la especial intervención de esta Sala por hallarse seriamente comprometida la atribución de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires que surge del primer párrafo del art. 129 de la C.N.

En mérito a ello, corresponde examinar en esta instancia si resulta competente este fuero para conocer en el proceso penal iniciado el 5 de mayo de 2007 contra Juan José Garbuglia en orden al delito de violación de domicilio -art. 150 del C.P.-, pese a que el Convenio 14/04 de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la CABA, suscripto el 1 de junio de 2004 que incluye a la figura descripta, no ha sido ratificado por ley del Congreso Nacional hasta el presente.

Para una íntegra comprensión del caso, concierne efectuar un breve repaso de las normas referentes a aquél, comenzando claro está por la que se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico de aplicación.

En efecto, la Constitución Nacional en el primer párrafo del artículo 129, reconoce el principio de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que comprende las facultades propias de legislación y jurisdicción, como así también la existencia de un jefe de gobierno elegido directamente por los habitantes de aquélla.

Por otra parte, el segundo párrafo del articulo citado precedentemente limita la actuación del Congreso Nacional a individualizar los intereses del Estado Nacional y garantizarlos por medio del dictado de una ley, mientras que la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.

Es decir que no es el órgano legislativo el encargado de atribuir competencias a la Ciudad de Buenos Aires, por la sencilla razón de que éstas se encuentran establecidas en la Constitución Nacional en la regla del artículo 129 de la C.N.

A su turno, armónicamente la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remarca en el art. 6 que "Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanentemente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional".

Por lo tanto, la interpretación reseñada en los considerandos precedentes es la que debe primar cuando y como en el caso sometido a decisión corresponda analizar el entramado de convenios firmados y leyes dictadas en su consecuencia ante la asunción de competencias penales por parte de la justicia local.

Sintetizando, el 7 de diciembre de 2000 se suscribió el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(1) en cuya cláusula primera establece que "Los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, sancionados en el art. 42 bis de la Ley Nº 20.429 y en los artículos 189 bis, 3er. párrafo y 189 ter del Código Penal, todos según la Ley Nº 25.086 y en los artículos 3, 4 y 38 de la Ley Nº 24.192, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes, conforme a los procedimientos establecidos por la Ley Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta tanto se dicten las normas procesales de la Ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en aquella ley".

De acuerdo a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse en orden a una contienda negativa de competencia entre un Juzgado Nacional de Menores y otro Contravencional y de Faltas de esta Ciudad, manifestándose por la remisión de las actuaciones a conocimiento de éste último(2).

La firma del primer convenio al que hicimos referencia precedentemente, motivó el urgente tratamiento de proyectos de ley presentados ante la legislatura local tendientes a establecer las normas procesales mínimas e indispensables para que la justicia de la Ciudad persiga y juzgue los delitos transferidos en orden al mencionado instrumento.

De esta manera, el dictado de la Ley 1287 con la reforma de la Ley 1330 que incorporó con carácter transitorio a la Ley Nº 12 -de Procedimiento Contravencional- el Capítulo XIV estableció el procedimiento especial para las competencias que fueron aprobadas por Ley Nº 597, disponiéndose la aplicación del ritual nacional para todo aquello que no estuviere previsto en la normativa local (conf. art. 55).

Cabe destacar además que a poco de haberse dictado la Ley 2.257 de aprobación del Convenio Nº 14/04 de "Transferencia Progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" suscripto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1), por medio de la Ley 2.303 se aprobó el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires (art. 1), que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su sanción (art. 2) No es un dato menor que recientemente por unanimidad el Senado Nacional aprobó una reforma a la Ley Nº 24.588 derogándose el art. 7 que limitaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y le impedía crear un cuerpo de policía propio(5). Por otra parte, en estos días se han alzado las voces de otros sectores que componen la esfera institucional con el objeto de demostrar verdaderamente que el sistema federal (art. 1 de la C.N.) implica el reconocimiento de las autonomías provinciales sin condicionamientos por parte del poder central.

Precisamente el segundo convenio aludido establece que el delito de violación de domicilio -art. 150 C.P.- será investigado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y juzgado por sus jueces competentes -conf. cláusula primera ítem g del Convenio 14/04-. Por tal motivo, es que en razón de la materia y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en relación a la defensa de los derechos inherentes a la autonomía de la ciudad consagrada por la Constitución Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponderá la confirmación del auto recurrido.

En tales condiciones, sólo resta aclarar que la actuación del Congreso de la Nación encontró su justo límite en el párrafo segundo del art. 129 del C.N., acotado a poner en movimiento la organización del régimen autónomo de esta Ciudad.

De esta manera sobre la base de todo lo expuesto, no cabe sino proclamar la competencia de este fuero para continuar con la investigación de las presentes actuaciones, dando por reproducido el prolijo y contundente análisis que el Magistrado local efectuó sobre la contienda a cuyos argumentos nos remitimos por cuestiones de economía procesal.

Es por ello que, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución de fs. 53/58 en cuanto acepta la competencia atribuida por el Titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11 para entender en la causa iniciada contra Juan José Garguglia en orden al delito de violación de domicilio -art. 150 del C.P.

II) TENER PRESENTE la reserva del art. 53 del C.P.C. y Ley 402 planteada por el Sr. Defensor Oficial en el apartado IV de la presentación de fs. 59/62.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente debiéndose practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch - Pablo A. Bacigalupo Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

La Marcela De Langhe, no firma por encontrarse en uso de licencia.

(1) Aprobado por Ley Local Nº 597, sancionada el 31 de mayo de 2001, promulgada el 25 de junio de 2001 y publicada en el B.O.C.B.A. el 29 de junio de 2001 y Ley Nacional Nº 25.752, publicada en el B.O. el 18 de julio de 2003.

(2) El precedente tuvo por protagonistas a los juzgados Nacional de Menores Nº 7 y Contravencional y de Faltas Nº 6 de esta Ciudad en causa número 158-00-CC/2005 del registro de esta Sala. El Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, en su dictamen para postular la competencia del fuero local se remitió a las razones expuestas en el anterior suscripto por el procurador Esteban Righi en la Competencia nº 451, L, XL in re "Velez Vazquez, Marcelo s/ art. 189 bis del C.P.", del 16 de julio de 2004. La Corte por su parte, sostuvo que "al caso resulta aplicable, en lo pertinente, lo resuelto el 28 de septiembre de 2004 en la Competencia Nº 451.XL "Lacour, Rosana Mabel y Velez Vazquez, Marcelo s/ infracción al artículo 189 bis del Código Penal", a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de la brevedad....". Acorde a ello, y de conformidad con el dictamen fiscal, declaró la competencia del Juzgado Contravencional y de Faltas (C.S.J.N., comp. 791/04 L. XL, del 26 de octubre de 2004).

(3) La Ley local Nº 2.257 fue sancionada el 14-12-2006, promulgada mediante Decreto Nº 106/007 del 16-01-2007 y publicada en el B.O.C.A.B.A. Nº 2609 del 22-01-2007.

(4) La Ley local Nº 2303 fue sancionada el 29-03-2007, promulgada el 30-04-2007 y publicada en el B.O.C.A.B.A. el 08-05-2007.

(5) Las publicaciones de los principales periódicos dieron cuenta de ello en sus medios gráficos y ediciones "on line" (http://www.clarin.com/diario/2007/08/23/elpaís/p-01701.htm).//-