marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del contrato de trabajo, servicio militar obligatorio, despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, ROBERTO J. c/ EMPRESA MARINUCCI SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-04

El salario que debe computarse para el cálculo de las indemnizaciones previstas en el artículo 216 RCT. en el supuesto en que se hubiera producido el despido del trabajador que se encontraba cumpliendo el Servicio Militar (hallándose el contrato de trabajo suspendido, conforme artículo 214 RCT.) es el normal y habitual que hubiera devengado el trabajador al momento del despido si éste no se hubiera encontrado cumpliendo con dicha obligación; admitir que el salario a computar sea el percibido al momento de la suspensión (en el caso, quince meses antes), sería permitir ejercer a la empleadora una prerrogativa que la ley le ha otorgado contrariando sus fines y excediendo, además, los límites de la buena fe que consagra expresamente el artículo 63 RCT., la moral y las buenas costumbres (artículo 1071 Código Civil).
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Centro de la Vision S.R.L. c/ Biasi, Edgardo Esteban s/ ordinario cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-09-08

También deben ser rechazados los agravios relativos a la regulación de los honorarios profesionales del apoderado de la contraria porque el cuestionamiento a la inclusión de los intereses en la base regulatoria se contrapone con la expresa disposición del art. 29 de la ley 8226 y, en lo que hace al monto de la base, la mera afirmación de que "no queda claro cómo es el cálculo" no constituye una crítica razonada a la resolución y, en consecuencia, no tiene eficacia impugnativa.
Depósito bancario, imposición bancaria, certificado de depósito a plazo fijo, decreto reglamentario, Ley de Entidades Financieras, banco central
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El modo primero y natural con que un depositante debe acreditar la imposición es mediante el respectivo certificado que instrumenta la realización del depósito. Dicho certificado, de acuerdo con la reglamentación del art. 56 de la ley 21.526, debe contener indefectiblemente ciertos recaudos que, prolijamente han sido reglamentados por el Banco Central, en ejercicio de expresas facultades conferidas por la ley de entidades financieras (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: López, Cipriano s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Quien agrede ilegítimamente (art. 34 inc. 6º letra a), C.P.) hace más que provocar, por lo que el concepto de provocación resulta incluido en el de agresión ilegítima en tanto ésta existió.
Recurso de casación, honorarios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS CASTRO HNOS. s/ QUIEBRA-INCIDENTE DE AVENIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-10-01

La determinación de la base económica, la apreciación del interés jurídico y el mérito de la labor profesional, son cuestiones de hecho, y por ello no son materia de casación.
Defensa en juicio, unidad de la defensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Asa, Julio A. s/ Inf. art. 292, 2do. párrafo) del  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

Por el principio de unicidad de la defensa, el mero cambio del defensor no permite invalidar o anular lo actuado por sus antecesores en el legítimo ejercicio de ese Ministerio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, relación de causalidad, responsabilidad del abogado, negligencia procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CASTAÑO, RAUL RAMON Y OTRA c/ CHEREP, FELIPE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 96 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

No resulta ilógica o irracional como para descalificar el fallo la interpretación efectuada por la Sala al sostener que para que exista responsabilidad civil es necesario acreditar la relación de causalidad entre la falta imputada (en el caso, la omisión) y el daño, correspondiendo a la parte actora demostrar que el proceder de la accionada ha constituido una condición " sine qua non" del daño, y que normalmente debía producirlo ( art. 901 y ss. Código Civil).

En el caso, la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos otorgados por la Sala al sostener que la pérdida de la "chance" para el cliente o representado -que podría constituirse como la causa generadora de responsabilidad profesional por una infracción típica de ciertos deberes propios de dicha actividad - se concretó al dejarse perimir el juicio y no interponerse los recursos pertinentes, correspondiendo a la quejosa demostrar que el obrar omisivo del apoderado fue la causa determinante de la perención, cometido que no fue alcanzado, desde que el juicio concluyó como consecuencia de la declaración de caducidad dictada a más de un año del cese de la intervención del demandado.
Honorarios, recursos, costas, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE CAÑADA DE GOMEZ c/ CARBONARI, ROBERTO Y OTROS s/ SIMULACION -NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS-     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 430-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

Si bien el artículo 28 inciso e) de la ley 6767 establece que los recursos sobre honorarios no devengarán honorarios, siendo esto de aplicación tanto en la instancia ordinaria como en la extraordinaria, la mera imposición de costas no concretaría una lesión al citado artículo de la ley arancelaria, desde que ello no involucra necesariamente derecho a la regulación de honorarios, pues el concepto de costas es comprensivo de todos los gastos que pudieran haberse causado en el litigio y no solamente de los honorarios profesionales.
Remuneración, adicionales de remuneración, vales de comida, gratificaciones, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: Antognini, Ricardo c/ Stilton S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-06

Es posible discutir la estructura jurídica de los tickets canasta pero no se puede negar que, si son entregados para incentivar la producción, dejan de ser beneficios sociales regidos por el discutido decreto 333/93 para mostrarse como premios, por lo tanto receptados en el art.104 de la LCT.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalba Lorenzo c/ Aguirre Vila Máximo y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Es negligente el actuar de los médicos que atendieron al menor fallecido por no haber realizado las diligencias que concernían a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Código Civil) ya que no se realizaron los estudios correspondientes para confirmar o descartar lo que los médicos del hospital demandado creían que sufría el menor y así realizar un diagnóstico adecuado que hubiera podido permitir saber la dolencia que padecía el niño.
Derecho procesal, partes del proceso, beneficio de litigar sin gastos, admisibilidad formal, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Agro Ser Tec SA c/ Saima S.A.I. y M.A. y otro s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. Toda vez que la sociedad comercial actora no acreditó la absoluta carencia de respaldo económico para encarar importantes demandas como la presente, y menos aún, una frustrada actividad en pos de recomponer su giro empresarial, procede eximir a la actora solo del pago de la tasa de justicia, mas no de los restantes gastos causídicos. 2. Resulta impertinente el beneficio cuando no ha sido demostrada la imposibilidad de obtener recursos o realizar siquiera alguna actividad comercial productiva que permita salir del estado de iliquidez denunciada, máxime si se tiene en cuenta que por tratarse de una sociedad comercial, y por lo tanto con fines de lucro, el instituto en examen debe ser apreciado con suma prudencia (cfr. CSJN, in re "Patagonian Rainbow SA c/ Provincia de Neuquén y otros s/ cumplimiento de contratos s/ beneficio de litigar sin gastos", del 28-5-98).
Competencia, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Demonte Becker, María Valeria c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-07

Conforme la clara disposición del artículo 119 de la ley 7046, cuando se ejecutan honorarios regulados por tribunales de Alzada resulta competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, correspondiendo, en consecuencia, decretar la incompetencia de esta Sala para entender en la ejecución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, defensa en juicio, debido proceso, cuestión federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MACIEL, JUAN CARLOS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

Si la impugnación se ha basado en la mera invocación de la violación de garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso, y en juicios discrepantes con el criterio adoptado por el tribunal sentenciante, esto no implica una acreditación de relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestion federal.
Recursos, recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ G. V. C. c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

El recurso extraordinario federal debe ser admitido, dado que fue interpuesto en tiempo y forma por parte legitimada, y está dirigido contra una sentencia equiparable a definitiva emanada del tribunal superior de la causa. Los recurrentes plantean, además, una cuestión federal (art. 14 inc. 3 de la ley n°48) que tiene relación directa con la resolución de la causa y que se centra en la afectación de los derechos a la vivienda digna y la tutela judicial efectiva, a la luz de las normas contenidas en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que los garantizan. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, Estado Provincial, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Mónica de los Angeles c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-23

El Estado es demandado a responder por los daños y perjuicios emergentes de la muerte de un interno del Servicio Penitenciario como consecuencia de un incendio en su celda en circunstancias poco claras. La Alzada considera que no se tomaron los recaudos necesarios para evitar el daño y por aplicación del Art. 1112 del C. Civil atribuye responsabilidad al Estado por la prestación de un servicio irregular.

El demandado ahora recurrente, sostiene que el detenido quiso suicidarse y la muerte es consecuencia de su única y propia culpa. Que corresponde aplicar el Art. 1111 pues el interno decidió hacerse daño así mismo y en concordancia con el Art. 1113, la culpa de la víctima libera de responsabilidad al Estado.

Evaluado el fallo a la luz de los reproches formulados por el impugnante, la impresión que percibo es que, este recurso no puede tener andamiento positivo y ello en razón de lo siguientes motivos.

En primer lugar porque los agravios que el discurso recursivo exhibe no van más allá de una mera discrepancia de lo resuelto por la Alzada y no alcanzan los ataques desplegados a afectar y mucho menos destruir los fundamentos que sustenta la sentencia.

En este sentido es oportuno recordar que el éxito de este Recurso de naturaleza extraordinaria es derrumbar, destruir, aniquilar a una resolución, y no pronunciar una tesis diferente a esta.

El planteamiento se dirige a objetar típicas cuestiones de hechos y prueba, aspectos en los cuales como se sabe, las facultades de los jueces de grado son soberanas y la revisión de sus decisiones en tales ámbitos, solo es posible ante la existencia de arbitrariedad o absurdo.

En ese contexto, no se advierte que el razonamiento desarrollado en la pieza procesal atacada esté fuera de toda lógica y que su contenido se aparte de las constancias de la causa, y siendo ello así, el análisis de lo ocurrido desde una perspectiva distinta de la que propone el recurrente no implica, por sÍ solo, que el decisorio encaje en los extremos de arbitrariedad o absurdo.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por improcedente.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, ambiente de trabajo ruidoso
Materia: LABORAL
Carátula: VICENTE, MANUEL c/ OLIVETTI ARGENTINA SACI. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Aunque el nivel sonoro existente en la empresa sea inferior al permitido por la legislación de Higiene y Seguridad Industrial, las máquinas que lo provocan constituyen la cosa riesgosa a que alude el artículo 1113 Código Civil y a pesar de los elementos de protección y seguridad suministrados o instalados por la empleadora, ésta es responsable por el trauma acústico causado a los trabajadores.

(Conforme sentencia número 41346; Jugo, Saúl R. c/ Apholos SA. del 19 de octubre de 1980).
Sentencia condenatoria, juicio de menores, medidas tutelares
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Carlos I. y otros. s/ Robo Agravado con Lesiones Graves -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-05

La normativa contenida en el artículo 87 in fine de la Ley 8.490, es de extrema inequivocidad: sólo cuando se absuelva al menor o se decida no aplicarle pena alguna, se ordenará -esto con carácter imperativo- seguir con el tratamiento tutelar. Resolver lo contrario, importa no sólo un severo acatamiento del expreso texto legal, sino que, disponiéndose que la respuesta punitiva como la tuitiva se cumplan al mismo tiempo y en diferentes lugares, atenta además contra principios basales de la lógica formal y aún de las leyes de la propia naturaleza.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, reclamo administrativo previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Tucumán, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

La competencia originaria de la Corte que proviene de la Constitución, no puede quedar subordinada al cumplimiento de requisitos exigidos por leyes locales, lo cual basta para desestimar la defensa de falta de acción opuesta por la provincia demandada con fundamento en no haberse agotado los trámites administrativos que indican las leyes locales.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANZALDO AMERICO c/ GOBIERNO PROVINCIA DE MENDOZA s/ Recurso Amparo (LIBRO: A070 - 154)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-12

Si se optó por utilizar la vía administrativa, no puede luego intentarse la del amparo hasta tanto aquella no se haya agotado.
Cuota alimentaria, cuidado personal compartido, competencia civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Juzgado del Menor s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-05-19

Es competente la Cámara Civil para entender en el presente pedido de determinación de cuota alimentaria que deberá atender el padre de las menores, y que se asigne la tenencia definitiva de éstas a la acudente; ya que las menores no se encuentran en situación irregular. Se trata de dos menores de 7 y 9 años de edad, que al producirse desavenencias entre sus padres y retirarse la madre del hogar conyugal, son llevados por ésta, quien los mantiene bajo su guarda, en domicilio de un familiar, ocupándose de su atención material con sus ingresos como empleada pública y por la atención de un negocio en la esfera privada; no surgiendo indicio que evidencie desatención moral de las menores.

Se considera menor en situación irregular a aquel que se encuentra en estado de abandono moral o material o incurso en actos antisociales o sancionados por la ley penal. La competencia del Juzgado de Menores solo se ejerce respecto de ellos.
Concursos, juicio ordinario, representación procesal, síndico del concurso, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios, oportunidad procesal, gastos del proceso, costas al vencido
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ARTURITO  SRL c/ MOURELLE,  FRANCISCO  Y  OTROS S/ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Cuando como en el caso se trata de un proceso ordinario vinculado con el trámite concursal (al pretenderse la declaración de responsabilidad de terceros -LCQ: 173- y la ineficacia del acto de inscripción de la marca "Arturito" -118 inciso 1° ley cit.-), en tal marco y al amparo del argumento que sostiene la doctrina del fallo plenario dictado por este Tribunal in re:"Cirugía Norte" del 29.12.88, sólo corresponde fijar emolumentos al síndico por la representación del concurso cuando éste resulte vencedor en costas (arg. artículo 1627 Código Civil). Es que si los gastos causídicos se imponen a la fallida, sólo podrían ser solventados con el fruto de la venta del activo, por lo que la respectiva estimación correspondería efectuarla exclusivamente al tiempo previsto por la LCQ: 265 (Conf. CNCom. Sala A, 11/3/08, "Prestaciones Médico Asistenciales SA s/ quiebra s/ ord. s/ revocatoria concursal por la Sindicatura; íd. Sala B, 28/12/06, "Pisacane, Alberto s/ quiebra s/ inc. de ineficacia concursal"; íd. Sala D, 19/11/10, "Baubeau de Secondigne Carlos s/ quiebra c/ Babeau Carlos de Secondigne y ot. s/ ordinario"). Ello así, resultó anticipada la regulación de honorarios en tanto la postergación que aquí se impone a las resultas de la condena en costas, resulta coherente con el sistema organizado por la Ley Concursal, en el cual priman los principios de concurrencia y proporcionalidad, a la vez que no tiene entidad para afectar definitivamente el derecho de propiedad de los profesionales (art. 17 CN y 3 de la Ley 21839).
Defraudación, retención indebida, dinero, hurto
Materia: PENAL
Carátula: PEROTTI, Néstor E. s/ Causa 44.517
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

Para que se configure el delito de defraudación por retención indebida, el sujeto activo debe tener un poder de hecho sobre la cosa, concedida voluntariamente por quien podía hacerlo. Cuando se trata de dinero, no es posible la aplicación del art. 173, inc. 2º del C.P., pues al ser cosa fungible, se transmite la propiedad en el caso que hubiera pasado a poder de otro, por lo tanto el apoderamiento de dinero constituye el delito de hurto.
Revisión judicial de actos administrativos, nulidad del acto administrativo, decretos municipales, salarios caídos, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMUNI, ARMANDO JOSE c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO - NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

No corresponde decretar la nulidad de un decreto municipal que asignó partida y cambió la asignación de los empleados fundada en que no se motivó la resolución administrativa, si el decreto expresó claramente que se procedió a cambiar el destino y asignación de todo el personal afectado, por haberse pedido el cese de sus funciones.

Si el nulidicente además carece de título alguno para desempeñar una función especializada, como lo es la de jefe de montaje de la División artística, habiendo sido suspendido durante 15 días, por no cumplir con sus obligaciones de controlar el archivo sonoro, los motivos o causas de su cambio de asignación dependieron no de un decreto sino de la valoración que la autoridad administrativa realizó en el curso de la observación y eficacia del empleado.

La ordenación y distribución del personal de las oficinas públicas obedecen a criterios administrativos propios de la autoridad ejecutiva y al margen del contralor jurisdiccional, salvo el caso de manifiesta arbitrariedad.

Ante la menor duda sobre la nulidad de un decreto de esta naturaleza debe inclinarse por su validez porque escapa al arbitrio judicial la valoración que se ha hecho del agente durante sus años de actuación municipal en el cargo en cuestión.
Extinción de la fianza, locación, novación
Materia: CIVIL
Carátula: Racahi  S.A.C.I. c/ Sistemas Logical  S.R.L. s/ Ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-20

No configura novación, como causal de extinción de la fianza prevista en el art. 2047 del Código Civil, el convenio celebrado entre locador y locatario, con la finalidad de adecuar el precio del contrato, porque de acuerdo a la doctrina que surge del art. 812 del mismo código, hay novación por cambio de objeto, cuando la segunda obligación altera esencialmente la prestación primitiva o introduce en el modo de satisfacerla un cambio de trascendencia o modificación de importancia.
Sustitución del defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL
Carátula: Leopardo, Jorge A.-López, Osvaldo A. s/ Lesiones graves y amenazas agrav. por uso de armas y daños en conc.  real-Robos reit. y otros-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-02

El letrado recurrente reconoce haber sido llamado el día antes de la audiencia por familiares de quien ahora defiende pidiéndole su "intervención en el debate que se iba a desarrollar en horas de la mañana" (sic). Frente a ello, cabía al abogado que debía asumir la nueva defensa hacer saber la circunstancia al magistrado interviniente mediante un escrito con la correspondiente designación, por sí o por allegados (artículos 69, segunda parte y 106 del Código Procesal Penal) y solicitar lo pertinente al a quo hasta la oportunidad prevista por el artículo 382 del ordenamiento ritual. Nada de ello ha acontecido en el sub lite, donde mediando designación de defensor técnico, en el caso a cargo de la defensa de oficio, nada impedía un nombramiento posterior de letrado particular (art. 110, ídem), quedando librado a la prudencia y apreciación del inferior el decidir sobre la eventual postergación del debate si mediare reemplazo previo de defensor, ya que no se trataría el de autos de un supuesto de abandono de la defensa (art. 114, tercera parte) que determine la suspensión de la audiencia. De la lectura prolija del acta de debate y de la sentencia de grado no se advierte que haya existido compromiso alguno al derecho de defensa del encausado, la que ha sido satisfecha adecuadamente por el Defensor de Pobres y Menores que actuó.
Competencia correccional, investigación a cargo del juez, debate, derechos y garantías constitucionales, prejuzgamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chaparro, Rodrigo G s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

El juez en lo correccional que instruyó el sumario no ve cercenada su actividad en la etapa de debate habida cuenta que el auto de procesamiento no constituye una declaración de culpabilidad en contra de quien se haya sometido a proceso penal y, por lo tanto, para el juzgador aún después de esa resolución judicial el procesado continuó gozando de la presunción de inocencia en su favor y es bajo el manto de dicha cláusula constitucional que arriba al debate oral que es donde en rigor se sustancia el juicio para llegar a un veredicto (Voto del Dr. Madueno).