Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-30


SENTENCIA NRO.	89.899	CAUSA NRO.	21.627/2006: "GARGANO SERGIO DAMIAN C/ ASOCIACION FRANCESA FILANTRÓPICA Y DE BENEFICENCIA Y OTRO S/ DESPIDO".-JUZGADO No. 66-.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30/6/08, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación :

El doctor Eiras dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior, que acogió parcialmente el reclamo de autos, se alzan ambas partes a tenor de los memoriales que lucen a fs. 1049/1053 y fs. 1064, fs. 1065/1076, mereciendo réplica de las contrarias a fs. 1078/1083, fs. 1086/1090 y fs. 1092/1095. La codemandada Provincia Salud apela el modo en que fueron impuestas las costas.

Se queja la codemandada Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia porque el Sentenciante entendió que el despido decidido por el actor se ajustó a derecho. Cuestiona la conclusión e insiste en que su mandante se encontraba frente a una profunda crisis y que no le negó tareas al actor. Cuestiona la falta de condena a Provincia Servicios de Salud S.A. cita jurisprudencia y solicita se revoque lo decidido.

El memorial en análisis no cumple, con los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 116 L.O., ya que no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en la que se demuestre la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el Sentenciante. El recurrente no controvierte ninguno de los argumentos del fallo, limitándose a reiterar argumentos vertidos en ocasión de contestar la demanda, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento de la instancia anterior relativos a los reclamos por parte del trabajador, los sucesivos incumplimientos y la prueba de ello. Afirma principios que considera evidentes y ciertos, sin aportar elementos objetivos de juicio que justifiquen su pretensión. En consecuencia, propondré que se declare la deserción del recurso.

Idéntica conclusión propongo en relación con los agravios relativos a la condena a Provincia Servicios de Salud S.A. ya que la recurrente no se hace cargo del principal argumento en que se funda el rechazo de la acción contra la misma, la que se fundamenta en la cesión de los contratos de trabajo a la Asociación con casi tres años de antelación al despido. Por ello, también propondré que se declare desierto el recurso en este aspecto.

Se queja la parte actora porque el Sentenciante rechazó el reclamo fundado en el art. 182 L.C.T., porque eximió de condena a Provincia Servicios de Salud S.A., y porque sostiene que es clara la aplicación de la solidaridad del art. 229 L.C.T. en tanto la cesión fue un hecho impuesto a los trabajadores. Cuestiona la valoración de la prueba testimonial al respecto. Entiende que en el caso, en los contratos celebrados por las accionadas resulta de aplicación el art. 30 L.C.T. y porque entiende que en relación con el tercero citado Grupo Bapro la cuestión debe ser analizada a la luz del art. 31 L.C.T. de lo que se deriva la condena solidaria a esta última.

En relación con la primera de las cuestiones, no le asiste razón al recurrente y en tal sentido fundaré mi voto. He sostenido que la presunción del art. 181 L.C.T. no es aplicable al trabajador varón y aun cuando el despido del actor haya sido dispuesto sin invocación de causa, corresponde a éste invocar y acreditar que se debía a su matrimonio para resultar acreedor de la indemnización prevista por el art. 182 L.C.T. (en sentido análogo S.D. 84.153 del 21/10/02 en autos "Bertoncelli, Christian Adrián c/ Carrefour Argentina S.A.".

En el caso, el actor no sólo no lo introdujo como argumento al demandar, sino que se limitó a incluirlo como concepto en la liquidación de fs. 12. Por ello, con independencia de lo que declararon los testigos acerca de que tenían conocimiento del matrimonio del actor, propondré que se rechace el reclamo.

El actor sostuvo al demandar que trabajó como administrativo a las órdenes de Provincia Servicios de Salud S.A. desde 1998 en la sede del Hospital Francés, donde debía atender las consultas y necesidades de los pacientes del hospital afiliados a Provincia Salud. Que con fecha 28 de junio de 2002 fue obligado a suscribir un contrato de cesión a través del cual Provincia Servicios de Salud S.A. le cedía los servicios del actor a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia.

Sostuvo que todos los trabajadores que prestaban servicios para Provincia Servicios de Salud S.A. se vieron obligados a aceptar dicha cesión bajo amenaza de ser despedidos, y que como la necesidad económica los embargaba debieron aceptar las condiciones impuestas por la empleadora. Sostuvo que con la cesión perdía la garantía que le brindaba el hecho de prestar servicios para una entidad integrante del Grupo Bapro.

El Sentenciante sostuvo en su oportunidad que el actor no logró demostrar que la conformidad que prestara para la cesión estuviese viciada y que no existen elementos en la causa siquiera para presumirlo.

Es sobre esta conclusión que se agravia la recurrente y sostiene que los testigos manifestaron que para todos la cesión fue un hecho impuesto. Coincido con la apreciación del Señor Juez "a quo" en cuanto a que no se encuentra debidamente probada la existencia de vicio en la voluntad del actor con la prueba testimonial pues, de las declaraciones surge claramente que existió lo que los deponentes llaman "fusión", que firmaron papeles y que continuaron trabajando con la misma modalidad, cuenta sueldo, superiores jerárquicos y lugar en que lo venían haciendo pero ahora para el Hospital Francés -Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia-, pero de ninguna de las declaraciones surge acreditado el extremo invocado en la demanda relativo a la amenaza de despido.

Las partes son contestes en que con fecha 28 de junio de 2002 el actor firmó un contrato de cesión de personal entre Provincia Servicios de Salud S.A. y la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia (ver fs. 132/133) y en el caso opera directamente la aplicación del supuesto de solidaridad del art. 229 L.C.T..

En mi criterio, existe una cuestión que sella la suerte favorable del reclamo de la parte actora en este aspecto. El artículo 229 L.C.T. establece en su segundo párrafo que aun cuando mediare la conformidad del trabajador, cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida.

Es preciso determinar cuáles son los alcances de la expresión de la norma "todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida" ya que, restrictivamente, podría interpretarse que el límite temporal establecido en el art. 228 L.C.T. -obligaciones existentes a la época de la transmisión- resulta aplicable a la norma en análisis -cesión-. En este sentido, la lectura de ambas normas permite concluir que si el legislador utilizó en la segunda norma la expresión abarcativa de todas las obligaciones resultantes de la relación, precisamente no deseaba limitarla como lo hizo en el artículo anterior.

En tal sentido el Dr. Vázquez Vialard sostuvo "no obstante la opinión de algunos autores que destacan lo disvalioso de la solución, por lo cual consideran prudente respecto de las obligaciones que se devenguen con posterioridad a la cesión, admitir el mismo criterio que para la transferencia del establecimiento, estimamos que en este caso, frente a los términos empleados por el legislador que responden a la finalidad por él perseguida, no obstante los inconvenientes que su aplicación pueda suscitar, no hay posibilidad de formular semejante interpretación. El tema, en todo caso, exige una modificación legislativa y excede el ámbito de la interpretación propia a cargo de la función jurisdiccional y doctrinaria" (Tratado de Derecho del Trabajo, Vázquez Vialard Antonio, T. 5, pág. 79).

Es criterio de Sala que "con independencia de que las demandadas conformen o no un grupo económico, lo cierto es que en relación al actor, efectuaron sucesivas cesiones de personal en los términos del art. 229 LCT. Al respecto tiene resuelto este Tribunal que el art. 229 LCT dispone que cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones emergentes de la relación laboral cedida, sin determinar un límite en el tiempo para la misma, lo que lleva a afirmar que dicha solidaridad rige respecto de las obligaciones anteriores y posteriores a la cesión, situación distinta a la prevista por el art. 228 LCT, que dispone que la solidaridad rige respecto de las obligaciones existentes a la época de la transmisión. En virtud de lo expuesto, se impone confirmar la condena en forma solidaria a todas las demandadas, lo que incluye lo relativo a la entrega de los certificados de trabajo y aportes, ya que los acompañados sólo corresponden a un período de la relación" (S.D. 85.213 del 15/9/03 en autos "Cardozo, Bernardino c/ Goleen Chef S.A. y otros s/ despido".

Por todo lo hasta aquí expuesto, ambas demandadas deben responder frente al trabajador en forma solidaria por dos motivos, primero porque la norma no distingue ninguna fecha ni supuesto temporal y segundo porque siguiendo la posición expresada por el Dr. Vázquez Vialard, el ex empleador cedente continúa vinculado como garante por las obligaciones de la persona que lo sustituye en esa posición jurídica.

A su vez, que la posición de garante que debe adoptar el cedente, se corresponde con la protección al trabajador frente a eventuales fraudes del cesionario, los que en el caso han quedado incluso reconocidos -falta de integración de aportes al sistema de seguridad social a los pocos meses de cedida la relación de trabajo- (arg. arts. 9, 14 y 229 L.C.T. y ver carta documento de fecha 22/12/05 fs. 7).

En consecuencia, propondré que se revoque la decisión anterior, y se condene a la codemandada Provincia Servicios de Salud S.A. a abonar al trabajador las sumas diferidas a condena en la instancia anterior.

Resta analizar el agravio vertido por la actora en cuanto a la condena del tercero citado Grupo Bapro S.A.. El Sentenciante sostuvo que correspondía rechazar la citación cuando mediante la resolución de fecha 15/3/07 (fs. 390) la misma había sido admitida. La recurrente sostiene que el tercero citado responderá en los términos del art. 31 L.C.T., señala la prueba que apoya su postura y solicita se revoque lo decidido.

Grupo Bapro S.A. contestó la citación a fs. 406/422 y sostuvo que dicha sociedad responde a un holding empresario de un grupo económico integrado por diferentes sociedades entre las cuales se encuentra Provincia Servicios de Salud S.A. y sostuvo que el solo hecho de integrar un grupo económico no es suficiente para que los integrantes del mismo deban ser responsabilizados por las obligaciones asumidas por uno de ellos. Negó a su vez la existencia de fraude laboral (ver fs. 412).

Provincia Servicios de Salud S.A. entendió que existía controversia común con el tercero citado en el entendimiento de que de los acuerdos celebrados por la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y su mandante surge, que ésta quedó subordinada a la segunda. Que ello implicó que las actividades comerciales como la prestación de servicios de salud a los asociados y afiliados fue prestado por trabajadores y profesionales de ambas empresas agrupadas (ver fs. 470 vta.).

Del modo en que quedó planteada la controversia, no existe duda acerca de la existencia de un conjunto económico y de la vinculación de éste con los trabajadores que primero prestaron tareas para Provincia Servicios de Salud S.A. y luego cesión mediante, continuaron el vínculo laboral con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia.

La cuestión relativa a la existencia de maniobras fraudulentas, ha sido debidamente analizado por el Sentenciante "a quo" al momento de analizar las causas del despido. Por lo expuesto en los respectivos considerandos en relación a la falta de crítica concreta y razonada de los fundamentos del pronunciamiento anterior, propondré que en el caso se tenga por acreditada la existencia de las maniobras fraudulentas por parte de las empresas integrantes del grupo económico, extremo que torna aplicable la solidaridad que emana del art. 31 L.C.T..

Por ello, propondré que se condene al tercero citado solidariamente con las codemandadas con los alcances del art. 96 C.P.C.C.N..

En virtud del resultado del pleito que propongo, las costas deberán ser soportadas en su totalidad por las demandadas y tercero citado (art. 68 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad, extensión e importancia de los trabajos desempeñados por los profesionales intervinientes y las normas arancelarias vigentes, estimo que los emolumentos regulados en la instancia anterior son ajustados a derecho por lo que deben confirmarse.

Por ello propicio, modificar la sentencia apelada en el sentido de condenar solidariamente con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia a Provincia Servicios de Salud S.A. y a Grupo Bapro S.A., confirmándola en lo demás que decide. Imponer las costas de la instancia anterior en su totalidad a las demandadas y tercero citado vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.). Imponer las costas de la Alzada a la demandadas vencidas y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes por sus trabajos en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. En caso de corresponder, a los honorarios fijados se adicionará, el monto relativo la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber a la condenada en costas que en la etapa del art. 132 L.O. deberá abonar la contribución prevista en el inciso 3 del artículo 62 de la ley mencionada, todo bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente. (art. 80 ley 1181 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/5).

El doctor Guibourg dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar la sentencia apelada en el sentido de condenar solidariamente con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia a Provincia Servicios de Salud S.A. y a Grupo Bapro S.A., confirmándola en lo demás que decide. II.-Imponer las costas de la instancia anterior en su totalidad a las demandadas y tercero citado vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.). III.-Imponer las costas de la Alzada a la demandadas vencidas. IV.-Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes por sus trabajos en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. V.-En caso de corresponder, a los honorarios fijados se adicionará, el monto relativo la contribución del inciso 2 art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber a la condenada en costas que en la etapa del art. 132 L.O. deberá abonar la contribución prevista en el inciso 3 del artículo 62 de la ley mencionada, todo bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASABA) mediante oficio de estilo en la oportunidad procesal correspondiente. (art. 80 ley 1181 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/5).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse.

Ricardo A. Guibourg Roberto O. Eiras	Juez de Cámara Juez de Cámara	Ante mí: Liliana N. Picón	Secretaria