Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-03


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Hitters, Soria, Pettigiani, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 86.083, "I. , P. J. y otro. contra Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida por P. J. I. y J.F. , por si y en representación de su hija menor de edad V. L. I. contra la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 529/535 vta.). La Cámara Primera de Apelación departamental confirmó la sentencia dictada (ver fs. 559/563 vta.). Se interpuso, por parte de la Delegada Fiscal, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo: I. En lo que interesa destacar, la Cámara decidió sustancialmente que: a) el deber de asegurar la indemnidad de los alumnos torna objetiva la responsabilidad del Estado prestatario del servicio, de suerte que la sola circunstancia del acontecer dañoso, sin otro ingrediente, ha de bastar para generar obligación de reparar el perjuicio sobrevenido en modo inexcusable, siendo su fundamento -al decir de Borda- la teoría del riesgo creado por conducto de la cual quien requiere de una organización de sus fines, debe cargar con el de tal suerte implicado; b) con respecto a la existencia de un hecho fortuito o fuerza mayor, para que un suceso revista tales características y como tal se proyecte negativamente sobre el vínculo de causalidad, además de inevitable, debe ser extraordinario, anormal e imprevisible, lo que en modo alguno -y más allá de sus consecuencias desbordadas- reviste el contacto propio de los juegos infantiles durante el recreo escolar, cuyo acaecimiento no pude ser puesto en tela de lo discutible, habida cuenta del reconocimiento del establecimiento educativo; y c) resulta evidente que si el hecho existió dentro del establecimiento y en horas de clase, y nadie de su personal estuvo en condiciones de detallar lo sucedido debe concluirse que las medidas de seguridad fallaron o no fueron debidamente cumplimentadas por quienes debían hacerlo, naciendo como consecuencia de ello la responsabilidad del establecimiento, ya que no se ha demostrado algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

II. Contra esa decisión se alza la Delegada Fiscal mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad obrante a fs. 568/573 vta. Allí denuncia la violación y/o errónea aplicación de los arts. 43, 512, 1109, 1113, 1er. párrafo y 1117 del Código Civil en su anterior redacción y 163 del Código Procesal Civil y Comercial como también de doctrina legal que cita (ver fs. 568). Luego de efectuar un breve relato de lo resuelto por las instancias anteriores, se agravia de que la relación de causalidad se haya tenido por acreditada con base en dichos de menores (un niño carente de discernimiento según el art. 921 del C.C. y sin edad para testimoniar conforme art. 424 del C.P.C.C.) y por la buena disposición del establecimiento educativo que dio por cierta una situación fáctica que nadie presenció. En concreto, dice, el fallo de primera instancia, confirmado por la alzada, dio por acreditada la disminución de la vista de la niña I. con base en hechos no probados en autos, como ser que V. recibió un golpe de parte de otro alumno que iba corriendo, y que ese golpe y no otro, fue el factor causal del daño, habiéndose prescindido de prueba testimonial que en forma unánime coincidió en que las maestras a cargo del cuidado de los menores en los recreos no advirtieron ninguna anormalidad en cuanto a tropiezos, ni comentarios entre alumnos (ver fs. 283 a 287 y 290). Agrega que no habiéndose demostrado la responsabilidad de la directora del establecimiento, no resulta procedente reconocerla contra la institución educativa, con sustento en los arts. 43 y 1117 del Código Civil. Ello, a su decir, violenta doctrina de esta Corte que la propia sentencia cita. Finalmente sostiene que de evaluarse la posibilidad del supuesto choque entre alumnos (no acreditado en autos) ello resulta del juego natural entre niños, por lo cual el daño como resultado de ese evento sería totalmente fortuito, imprevisible, resultando una consecuencia remota por la cual tampoco debería responder (arts. 513 y 514 del C.C.).

III. Opino, al igual que el señor Subprocurador General, que el recurso no debe prosperar. a) En el caso bajo examen, el recurrente expresa que no se ha acreditado en autos el nexo de causalidad ni que la menor V. se haya accidentado dentro de la institución educativa. También se agravia porque se hizo mérito, para condenar al establecimiento, de los dichos de un menor y porque se prescindió de prueba testimonial que cita a fs. 570 vta./571, configurando una típica cuestión de hecho, propia de las instancias ordinarias. Es doctrina conocida de esta Corte aquélla que establece que las cuestiones de hecho sólo pueden ser reexaminadas si se pone en evidencia que son el resultado de una absurda interpretación de las circunstancias de esa naturaleza (cfr. Ac. 52.552, sent. del 1-XI-1994; Ac. 36.282, sent. del 10-XI-1987, entre muchas otras). A pesar de sus esfuerzos, no sólo omite la denuncia del vicio lógico interpretativo sino que tampoco menciona, como transgredidas, las normas que regulan dicho quehacer valorativo, lo que sella la suerte adversa del planteo (conf. art. 279, C.P.C.C.). En circunstancias análogas esta Corte ha resuelto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que sólo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (conf. Ac. 49.882, sent. del 10-XI-1992; Ac. 53.238, sent. del 28-IX-1993; Ac. 55.181, sent. del 21-VI-1994; Ac. 59.240, sent. del 14-V-1996; Ac. 68.209, sent. del 23-II-1999; Ac. 82.961, sent. del 11-IX-2002). b) Idéntico resultado propicio para los planteos vinculados con la improcedencia de la responsabilidad del establecimiento, por haberse descartado la de la directora (arts. 43 y 1117 del C.C.) y la violación de doctrina legal. En efecto, resulta acreditado por el testimonio indiscutido de la docente de grado A. E. P. y por el reconocimiento de la autoridad educacional (ver fs. 561 vta.) que el hecho se produjo dentro del establecimiento, en horas de clases y que ningún integrante de su personal advirtió lo acontecido. Estas circunstancias demuestran que la conducta de las docentes, encargadas de los alumnos, entrañan una falta del deber de actuar con la diligencia y precaución que hubiera observado una persona cuidadosa, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512, C. Civ.). Tiene dicho esta Corte que la culpa del deudor consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño configura comportamiento culposo, se trata de cualquier clase de obligación (conf. causa Ac. 31.702, sent. del 22-XII-1987). Por lo demás, no hay duda que la obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aun considerada como la obligación accesoria de tomar todas las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles (conf. Ac. 45.606, sent. del 11-VIII-1992). En consecuencia, probado que la víctima del daño al momento de ocurrir el hecho se encontraba bajo el control y la responsabilidad de personal de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y encontrándose probado en autos que el accidente ocurrió por la negligencia o imprudencia con la que se ha faltado al cumplimiento de la obligación de seguridad implícita en la de enseñar, la transgresión de la misma engendra el deber de reparar el perjuicio ocasionado (arts. 512 y 1109, C. Civ.; conf. Ac. 71.404, sent. del 27-IX-2000). c) En cuanto a la posibilidad de que el suceso haya acontecido por caso fortuito o fuerza mayor, el mismo debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado- extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no hubiera ocurrido por su culpa. Como se desprende de lo antedicho, tales circunstancias no se dan en la especie; no probándose así la eximente de responsabilidad (art. 514, C. Civ.; ver fs. 561 vta./562). Por lo expuesto, no habiéndose evidenciado por quien tenía la carga de hacerlo la violación de las normas citadas ni la de la doctrina legal denunciada (conf. art. 279, C.P.C.C.), doy mi voto por la negativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo: I. Disiento con la decisión del distinguido colega que me precede en orden de votación.

II. Entiendo que en la especie resulta aplicable lo sostenido al expedirme en la Ac. 84.896 (sent. del 10-V-2006). Si bien advierto que difieren las circunstancias fácticas, entre uno y otro caso, ya que en aquella ocasión se trató de una lesión de un alumno en el ojo derecho, a raíz de un golpe provocado por una pelota con la que jugaba al fútbol con sus compañeros, en clase de educación física, y en este caso de un accidente provocado por un choque entre alumnos en el recreo, soy de la opinión que el lamentable hecho, como en el citado precedente, constituye un supuesto típico de caso fortuito, pues las consecuencias de estas actividades resultan imposibles de evitar y tienen virtualidad exonerativa de responsabilidades en los términos del art. 514 del Código Civil. Concurren pues las circunstancias de imprevisibilidad del hecho, ya que superó la actitud predictiva media o como tantas veces se ha dicho la previsión de un hombre inteligente, fue inevitable o irresistible dado que los docentes que estaban a cargo del control en los recreos, obrando con la diligencia debida no les fue posible impedir el acaecimiento del suceso (arts. 513, 514, Cód. cit.).

III. Por lo expuesto considero que lo resuelto no se ajusta a derecho, y en consecuencia, haciéndose lugar al recurso deberá revocarse la sentencia apelada y rechazarse la demanda interpuesta, con costas a los actores (arts. 68 y 289, Cód. procesal). Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo: Adhiero al voto de la doctora Kogan y agrego las siguientes consideraciones.

1. Se debate en autos la responsabilidad de los colegios por los daños sufridos por una alumna durante un recreo en el año 1992. Esta última circunstancia impide la aplicación del nuevo régimen de responsabilidad objetiva atribuida a los establecimientos educativos por la nueva redacción del art. 1117 del Código Civil (texto según ley 24.830). El sistema originario de este cuerpo legal contempló al daño producido por los alumnos, atribuyendo la responsabilidad a los directores con un esquema similar al de la responsabilidad de los padres, y no incluyó una norma específica para el daño sufrido por los educandos. Con el correr de los años la doctrina y jurisprudencia llenaron ese vacío, y extendieron la responsabilidad a los titulares de los establecimientos educativos, fueran estos públicos o privados, utilizando tanto categorías contractuales como extracontractuales.

2. Un sector de la jurisprudencia entendió que el fundamento de la responsabilidad era una presunción de culpa, por falta de vigilancia por parte de los docentes (C.N. Civ., Sala H, 7-IX-1994, "El Derecho", 166-73; C.N. Civ., Sala B, 9-X-1997, "El Derecho", 177-97), para eximirse de la cual era necesario demostrar la imposibilidad de evitar el hecho (C.N. Civ. Sala F, "La Ley", 134-140) (conf. Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, Roveda Eduardo, "Manual de Derecho de Familia, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, págs. 456 y siguientes"). En otros precedentes jurisprudenciales se atribuyó responsabilidad a los establecimientos educativos a partir del contrato que los padres de los alumnos celebraban con el propietario de esos establecimientos, y que tendría -como cláusula implícita- la seguridad que obliga al instituto de enseñanza a mantener indemnes a los niños que concurren a ellos. La naturaleza de esa obligación, a su vez, dio lugar a diversas interpretaciones: Para una minoría de fallos, la obligación de preservar la integridad física de los menores sería de medios, por lo que debería demostrarse la culpa de los sujetos que estaban cargo de la tarea de vigilancia para la procedencia de la indemnización. Desde otra perspectiva se señaló que los padres de un menor que sufre un daño dentro del instituto educativo, no tienen la carga de probar la negligencia o imprudencia del director del establecimiento (C. Apel. C.C. 1ª, San Isidro, Sala I, 18-IX-1997, "El Derecho", 180-58), sino que les basta con acreditar que el hijo no fue reintegrado "sano y salvo" por el establecimiento al cual fue confiado. La finalidad tenida en mira por las partes al contratar, en orden a la preservación de la integridad física de los educandos, no se satisface con "poner diligencia". La liberación sólo sería posible con la prueba de una conducta del menor inesperada, imprevisible; caso fortuito, o hecho de un tercero extraño a los riesgos cubiertos por la obligación de seguridad, no siendo suficiente acreditar genéricamente sus dispositivos de prevención.

3. La aplicación de estos principios a la especie nos permite visualizar, ya sea que nos ubiquemos en el ámbito de la obligación tácita de seguridad proveniente del ámbito contractual o en la responsabilidad aquiliana derivada de la infracción al deber de vigilancia, que el establecimiento educativo se exime de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. En tal sentido, entiendo que el hecho objeto de autos resultó inevitable para el docente que estaba a cargo del control en los recreos y por consiguiente para el establecimiento educativo. Si bien puede resultar previsible la posibilidad de que, durante la recreación que realizan los alumnos, alguno de los participantes pueda ser lesionado dado el intrínseco contacto existente entre ellos, no obsta a que sea inevitable por ser una consecuencia lógica de la actividad lúdica que despliegan. Por lo tanto, tal circunstancia encuadra perfectamente en la hipótesis del art. 514 del Código Civil que al definir al caso fortuito incluye expresamente aquellos eventos previstos pero inevitables.

4. Por los motivos expuestos, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia apelada disponiendo, en consecuencia, el rechazo de la demanda incoada, con costas a la parte actora (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo: 1. Al igual que el juez de primer voto, entiendo que el recurso no puede prosperar.

2. El quejoso hace fundamental hincapié en la incongruencia subyacente en el decisorio que, por un lado, consideró que las autoridades de la escuela y las maestras a cargo de la vigilancia en los recreos habían cumplido con las diligencias debidas y, por el otro, condenó a su representada con base en una doctrina que autoriza -en este ámbito de la responsabilidad civil- la exculpación del Fisco por "falta de culpa". La crítica cae por su base, ya que fue sólo el voto que abrió el acuerdo el que señaló que las actuaciones administrativas permitían considerar firme la conclusión de que la Directora del establecimiento y las educadoras cumplieron con las diligencias debidas. Por el contrario, las opiniones que conformaran la mayoría en el decisorio atacado (nótese que la doctora Rivero de Knezovich adhirió especialmente a los fundamentos del doctor Telechea, fs. 562) entendieron que la accionada "no demostró su falta de culpa" y que "las medidas de seguridad fallaron o no fueron debidamente cumplimentadas por quienes debían hacerlo" (fs. 561 vta.). Por consiguiente, la inconsistencia denunciada no es tal: el Tribunal adoptó la doctrina según la cual el Estado pudo eludir su responsabilidad acreditando que fue diligente en su obrar, aunque consideró que dicha carga no había sido cumplimentada.

3. Respecto de la crítica basada en la falta de demostración del hecho, comparto la opinión del colega de primer voto, en cuanto a que se trata de cuestiones de hecho frente a las cuales el impugnante no ha denunciado -ni, obviamente, demostrado- la existencia de un apartamiento grave y notorio de las constancias obrantes en la causa, que permitan tachar al pronunciamiento de absurdo. Cabe señalar particularmente que la denuncia basada en la indebida valoración de testimonios tomados en violación del art. 424 del Código Procesal Civil y Comercial, no tiene asidero, ya que ni el judicante de primera instancia (fs. 531 vta.) ni el a quo (fs. 561 vta.) tuvieron en cuenta dicha clase de evidencia. Por el contrario, se basaron únicamente en la declaración de la maestra A. E.P. . En lo que respecta a la apreciación de este último testimonio, cabe destacar que la crítica deducida es insuficiente (art. 279, C.P.C.C.) no sólo por la ausencia de demostración de absurdo a su respecto, sino porque, además, la alzada consideró inidónea la crítica vertida en este punto en la expresión de agravios (conf. art. 260, C.P.C.C.) y el recurrente ha omitido todo ataque a esta definición del sentenciante (doct. causas Ac. 33.298, sent. del 21-XII-1984; Ac. 69.094, sent. del 10-V-2000; Ac. 78.610, sent. del 28-XI-2001; Ac. 72.124, sent. del 19-II-2002). Considero que lo expuesto, junto con las apreciaciones del doctor Negri, en lo concordante, para dar mi voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 1. El recurso no puede prosperar. a. De un lado, las razones que claramente expone el doctor Hitters en los puntos 1 y 2 de su voto -al que adhiero- me persuaden de la inatendibilidad de las quejas vinculadas con la supuesta incongruencia y absurdidad imputada al fallo en crisis. b. Del otro, advierto que el tramo de la crítica enderezada a cuestionar la responsabilidad endilgada al Estado provincial sobre la base de la pretendida configuración de un caso fortuito, luce manifiestamente insuficiente. i] A fin de descartar tal causal de eximición, la Cámara de Apelación señaló que para que un suceso reúna las características del caso fortuito o fuerza mayor además de "inevitable" debía ser "extraordinario" y "anormal" (v. fs. 560, 561 y 563), recaudos que estimo ausentes en el sub examine. ii] Frente a tal base argumental, el demandado ciñe su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas exigidas por el art. 279 del Código ritual. En efecto, su crítica sobre tal tramo de la decisión, se limita a afirmar que el supuesto choque entre alumnos "[...] resulta del juego natural entre niños, por lo cual el daño como resultado de ese evento sería totalmente fortuito, imprevisible, resultando una consecuencia remota por la cual tampoco deberí[an] responder (arts. 513 y 514 del Código Civil)", sin exponer con adecuado razonamiento ni suficiente justificación, cuáles son las normas o la doctrina legal de este Tribunal erróneamente aplicadas o violadas y cómo ellas se relacionan con los errores que le adjudica al fallo recurrido. Cierto es que en el marco de su recurso menciona los arts. 513 y 514 del Código Civil, sin embargo no explícita circunstanciadamente si tales preceptos son los que estima violados o erróneamente aplicados en el sub lite. Para más, tampoco rebate lo aseverado por el a quo en torno a que a efectos de que opere la causal de eximición alegada es menester que el hecho resulte extraordinario y anormal (v. votos ya reseñados).

2. Por lo brevemente expuesto, doy mi voto por la negativa, con costas al recurrente (arts. 68, 279 y 289 del C.P.C.C.).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. Se debate en autos la responsabilidad del establecimiento educativo por los daños sufridos por un alumno el día 21 de mayo de 1992, circunstancia que impide la aplicación del nuevo régimen de responsabilidad objetiva atribuida a tales instituciones por la nueva redacción del art. 1117 del Código Civil (texto según ley 24.830). Por otro lado, hasta la reforma de 1997 hubo consenso doctrinal en torno a que los daños sufridos por un alumno en el ámbito de la actividad docente no estaban regidos por el art. 1117 del Código Civil. La única excepción era el supuesto en que el daño sufrido por un alumno había sido causado por otro alumno (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída "La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997", "La Ley" , 1998-B-1047); hipótesis última que acontece en autos. En efecto, el presente caso se debate la responsabilidad del establecimiento educativo al que asistía la hija menor de los accionantes, por los daños padecidos por la misma en ocasión de un recreo, oportunidad en que fuera embestida por otro alumno y resultara golpeada en la zona orbital correspondiente al ojo izquierdo, ocasionándole a la postre, pérdida parcial de la visión en dicho órgano (fs. 531 vta., firme). Así, esta Corte ha expuesto en torno a la interpretación que cabía realizar del anterior texto del art. 1117 del Código Civil que responsabilizaba a los directores de colegio por los daños provocados por sus alumnos mayores de 10 (diez) años que se trataba de una presunción simple por culpa desde que expresamente contemplaba la liberación de tal responsabilidad si demostraban que "... no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era su deber poner" (Ac. 70.251, sent. del 29-II-2000; Ac. 57.021, sent. del 29-IV-1997; Ac. 49.726, sent. del 6-IV-1993); entendida la culpa del deudor como consistente en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño (conf. causa Ac. 31.702, sent. del 22-XII-1987; entre otras).

II. Pues bien, considerando el encuadre jurídico precedentemente indicado, y en atención a los agravios vertidos por el recurrente, cabe afirmar liminarmente que determinar si en el caso se ha configurado caso fortuito es una cuestión de hecho, en tanto no se demuestre la violación de las reglas que rigen la prueba o una apreciación absurda de la misma. Se entiende por tal al error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (Ac. 89.671, sent. del 24-V-2006). Aquí, es la propia materialidad de los acontecimientos, tal cual ha quedado definida durante el curso del proceso, con las dificultades en su determinación (inexistencia de testigos presenciales), la que enseña -por un lado- que el choque entre los alumnos no pudo ser divisado por ninguna de las maestras cuya responsabilidad era custodiar los ámbitos del establecimiento educativo en dónde se desarrollaban los recreos; ausencia que fuera entendida por la mayoría de opiniones del tribunal a quo, como evidencia de inexistencia -o al menos grave deficiencia- en las medidas de seguridad exigidas (fs. 561 vta., 562 vta.). Sin embargo, tal mecánica del evento también demuestra -por sí misma- que el episodio fue ciertamente aislado (los alumnos no se hallaban jugando y corriendo durante el referido recreo, ni se describió una situación de descontrol que propiciara la ocurrencia del accidente), fortuito, donde la vigilancia más estrecha no habría razonablemente podido impedir el desenlace perjudicial que originase esta causa (arts. 512, 513, 514, 1109 y ccdtes. Cód. Civil). El concepto jurídico de "caso fortuito" o "fuerza mayor" no es otro que el señalado por los arts. 513 y 514 del Código Civil, con arreglo a los cuales, tanto uno como otro requieren la concurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que hagan imposible el cumplimiento de la prestación prometida, siendo su principal característica la exterioridad del acontecimiento (Ac. 84.910, sent. del 18-VIII-2004; Ac. 71.453, sent. del 7-II-2001; entre otros). De este modo, aún cuando pudiese concebirse en abstracto como previsible que los alumnos de escuela primaria puedan lastimarse durante los recreos, circunstancia que en tales momentos exige una mayor atención por parte de los responsables de que tales sucesos no ocurran, cierto es que en el caso, aún cuando las maestras encargadas del recreo -que se hallaban presentes en el patio (fs. 287, 290)- hubieran podido observar cómo el mismo sucedía, el evento -por su modalidad- hubiera igualmente ocurrido, resultando inevitable y ajeno para el establecimiento educativo (tampoco resultó producto de una actividad escolar específica, ni producto de los bienes del establecimiento). Se ha tratado pues de un lamentable suceso, mas razonablemente inevitable, frente al que -obrando con la diligencia debida- no podía ofrecerse una conducta activa capaz de eliminar o paralizar sus efectos, cuya potencialidad dañosa se consumó instantáneamente.

III. Si bien se ha dicho con razón que es principio recibido que la prueba del caso fortuito pesa sobre quien lo alega (Ac. 89.671, sent. del 24-V-2006), en el caso ha de encontrarse dicha consecuencia probatoria en la misma mecánica acreditada del evento, cuyas notas de inevitabilidad y ajenidad resultan ostensibles, incluso respecto de las maestras encargadas del recreo en que ocurrió el siniestro, lo que me convence de que el hecho ocurrido no provino de un defecto de cuidado de dichas docentes. IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso traído y revocar el decisorio impugnado, con costas (art. 289, C.P.C.C.). Voto pues, por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 289, C.P.C.C.). Notifíquese y devuélvase Dictamen de la Procuración General:

La Cámara Primera de Apelación de San Nicolás, confirmó el decisorio de primera instancia que hizo lugar al reclamo resarcitorio de los padres de una alumna menor de edad, que padeciera un accidente en el interior de un establecimiento educativo dependiente de la demandada y desestimó la acción entablada contra la directora de aquél, condenando al ente provincial a abonar la suma total de $45.342,80 y sus accesorios por los conceptos que entendió pertinentes. -v. fs. 559/563 vta.-. Contra dicho pronunciamiento se alza la Sra. Delegada Fiscal, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 568/573 vta. Denuncia violación y/o errónea aplicación de los arts. 43, 512, 1109, 1113 primer párrafo, 1117 en su anterior redacción del Código Civil; 163 inc. 5º del C.P.C. y C. y violación de la doctrina legal sentada en Ac.45.606 y Ac.61.067 de esa Suprema Corte. Se agravia porque en la sentencia apelada se tuvo por acreditado el nexo causal a partir de la declaración de un niño menor de 14 años, no apto para testimoniar de conformidad con lo prescipto por el art. 424 del C.P.C. y C. y 921 del Cód. Civ. Entiende que no se ha probado que el hecho dañoso ocurriera dentro del establecimiento escolar, y tampoco la relación de causalidad entre el mismo y la afección padecida por la niña. Sostiene que habiéndose descartado la responsabilidad del dependiente -directora del establecimiento-, no procede la responsabilidad refleja del establecimiento educativo con sustento en los art. 43 y 1117 del Código Civil. Lo resuelto por la Alzada en este tópico, agrega, contraría la doctrina legal de esa Suprema Corte que la misma sentencia menciona. Por último, manifiesta que en relación al daño sufrido por la niña, de haber sido el resultado del choque entre alumnos, consistiría en un evento fortuito e imprevisible por el cual no cabría responder (arts. 513 y 514 del Cód. Civ.). Entiendo que el recurso no puede posperar. Principio por señalar que la determinación de las circunstancias que incidieron causalmente en la provocación de los daños constituye una típica cuestión de hecho y prueba (Conf. S.C.B.A., Ac.75.615, sent. del 30-5-2001). Y como pacíficamente lo ha venido sosteniendo V.E., en este campo donde los jueces de grado poseen amplias facultades en lo que hace a la selección y ponderación del material probatorio, sólo se habilita la revisión en la instancia extraordinaria si ha mediado la denuncia y demostrado acabadamente el absurdo (Conf. S.C.B.A., Ac.67.537, sent. del 21-10-97), nada de lo cual ha acontecido en autos, donde la quejosa sin cuestionar las normas legales que sirvieron de marco a dicha tarea axiológica, se ha limitado a oponer su particular punto de vista, contrariando parcialmente la prueba valorada en ambas instancias, pues centra su embate en el testimonio del hermano menor de la víctima descuidando el resto del material probatorio tenido en cuenta por el sentenciante. Dicha insuficiencia técnica, mereció en su ámbito, el reproche del Magistrado que vota en segundo término, y al que luego adhiere la Dra. Rivero de Knezovich, cuando a fs. 561 vta. señala: "El juez de primera instancia tuvo por acreditado esto último -el daño- con el testimonio de la docente de grado A. E.P. , aspecto éste que puntualmente no ha sido objeto de crítica seria y razonada en el memorial de fs. 552/554 con las consecuencias que tal situación acarrea (arts. 260 y 261 del C.P.C.C.). A ello debe adunarse que de la documentación de fs. 112 surge admitida, en su momento, por las autoridades del establecimiento educacional la existencia del siniestro." Concluyo entonces, que el mencionado vicio, definido como el "error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa siendo su demostración fehaciente y su percepción ostensible" (Conf. S.C.B.A., Ac.71.327, sent. del 18-5-99) no aparece debidamente acreditado, ni concurre en la especie. No mejor suerte ha de correr el intento de acreditar las transgresiones a la normativa que prevé la responsabilidad de la representada de la quejosa (Conf. art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial). En este tema la Procuración General ya ha tenido oportunidad de expedirse. Tanto en el dictamen emitido en Ac.61.067 como en el recaído en Ac.71.404 se sostuvo que "la obligación de seguridad que brindan los establecimientos educacionales (ante situaciones similares a las aquí probadas) es una obligación de medios". Al respecto V.E. ha expresado que "la culpa del deudor consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiese la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño configura comportamiento culposo, trátese de cualquier clase de obligación". (Conf. Ac.71.404, sent. del 27-9-2000). Y concordantemente con dicha postura, la Alzada ha condenado a la codemandada por el hecho de sus dependientes, sin que el rechazo de la demanda incoada contra la directora constituya obstáculo para ello, pues el comportamiento disvalioso sancionado fue el de los docentes del establecimiento, quienes debidamente instruidos por la autoridad, no pudieron evitar el advenimiento del siniestro. Así a fs. 561 vta./562 la mayoría entendió que "solo se analizó el comportamiento de la directora demandada más no el de las restantes docentes, y en este último aspecto -y a pesar de las instrucciones dadas- resulta evidente que si el hecho ocurrió dentro del establecimiento y en horas de clase, y nadie de su personal estuvo en condiciones de detallar lo sucedido debe concluirse que las medidas de seguridad sugeridas fallaron o no fueron debidamente cumplimentadas por quienes debían hacerlo, naciendo como consecuencia de ello la responsabilidad del establecimiento, ya que no se ha demostrado la existencia de caso fortuito o fuerza mayor." Es decir que el "a quo" tuvo por acreditado que la víctima se encontraba al momento de ocurrir el hecho bajo el control y responsabilidad de la parte recurrente, situación que viene firme a esta instancia ante la insuficiencia del reproche; también tuvo por probado que el accidente ocurrió por la negligencia o imprudencia con la que se ha faltado al cumplimiento de la obligación de seguridad implícita en la de enseñar, y cuya transgresión engendra el deber de reparar el perjuicio ocasionado (arts. 512 y 1109 del Cód. Civ.). Y agrego a lo hasta aquí dicho, que esta postura es la mantenida por V.E. en los antecedentes que la quejosa menciona soslayados, por lo que tampoco el agravio relacionado con la violación de la doctrina legal merece acogida. Por último, la recurrente intenta exculpar a su representada atribuyendo el carácter de fortuito al choque entre alumnos que provocara las lesiones de la causante, manifestando que por imperio de los arts. 513 y 514 del Cód. Civ.no corresponde responsabilizarla. Una vez más siguiendo a V.E. propiciaré su rechazo pues "Es principio recibido que la prueba del caso fortuito pesa sobre quien lo alega. El suceso que constituye caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable, extraordinario, anormal, ajeno al presunto responsable" (Conf. Ac.45.606, sent. del 27-8-91). Como se desprende de lo antedicho tales características no se dan en la especie, pues no puede atribuírselas al choque entre alumnos de corta edad producido en el patio de un colegio en horas de recreo; la eximente de responsabilidad no puede entonces, a mi criterio, prosperar. Por consiguiente, requiero a V.E. el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf.art. 289 del Código Procesal Civil y Comercial). Así lo dictamino. La Plata, 2 de junio de 2004 - Juan Angel De Oliveira.