Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-19


Paraná, 19 de junio de 2015.

VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, el Expte. N° FPA 13009634/2011/1/CA1, - caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE H.I.J.O.S., ASOCIACIÓN CIVIL; TORREALDAY, MIGUEL ALBERTO EN AUTOS H.I.J.O.S., ASOCIACIÓN CIVIL; TORREALDAY, MIGUEL ALBERTO POR SUPRESIÓN DEL EST. CIV. DE UN MENOR (ART. 139 INC. 2) SEGÚN TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179, SUSTRACCIÓN DE MENORES DE 10 AÑOS (ART. 146); TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179" proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 48/51 vta. por las partes querellantes y a fs. 53/61 por el Sr. Fiscal Federal, contra la resolución obrante a fs. 22/36 vta., en cuanto resuelve dictar la falta de mérito de Miguel Alberto Torrealday, ya filiado en el exordio, en orden a los delitos por los que fuera indagado, detallados en el acápite 1-a) del decisorio (art. 309 del CPPN). Los recursos se conceden a fs. 62 y vta.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 123/124, compareciendo en la oportunidad, el el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez; el Dr. Marcelo Boeykens, representante de la querellante, Sabrina Gullino; las Dras. Florencia Amore y Sofía Uranga, representantes de la parte querellante Asociación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio - Regional Paraná-, la Dra. Ana Lucía Tejera, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Dr. Walter Rolandelli, en defensa de Miguel Alberto Torrealday, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Fiscal General refiere a las testimoniales producidas. Señala que en una de las aportaciones más vivas, Cuatrin, señala que ellas tenían miedo y cuando es llamada a aclarar, alude a los directivos. Indica que la referencia al miedo no es aislada en el testimonio de Cuatrin y lo dice de una manera tal que uno puede interpretar el por qué no existe registro de lo que ocurría. Destaca que eso puede explicar por qué nadie sabe nada, nadie explica nada.

Sostiene que alguien habrá atendido al niño, alguien le habrá dado el alta, y que alguien habrá entregado a esas criaturas. Aduce que no se ha problematizado demasiado acerca de cuáles son las infracciones que se le pueden imputar, y refiere que quizás se podría dividir en bloques: la recepción de los niños; el alta y la entrega.

Afirma que la causa debe progresar, que deben esclarecerse los hechos. Sostiene que las reglas mínimas de sentido señalan que Torrealday ejercía un ascendente importante de lo que ocurría. Destaca que a muchos no les importará que reciba un castigo público, que lo que les preocupa es localizar al niño.

Arguye que se está en una fase embrionaria de la reconstrucción del acontecimiento y que se necesita seguir investigando, entendiendo que los argumentos del Juez conspiran contra ese objetivo.

Propicia la revocatoria de la resolución por ausencia de mérito y la necesidad de que se disponga el auto de procesamiento de Torrealday mandando la prosecución de autos según su estado.

b)A su turno, la Dra. Tejera hace una referencia a los hechos que dan origen a esta causa. Alude a los testimonios recabados en la audiencia de la causa Hospital Militar.

Señala que en el año 2008 se restituyó la identidad a la niña y que el niño tiene paradero incierto, que al día de hoy no se conoce su identidad. Indica que el pedido de indagatoria de Miguel Torrealday en octubre de 2014, es para dar cuenta de la responsabilidad que tienen los directores del instituto en cuanto partícipes necesarios.

Aduce que el paso por el I.P.P. fue necesario para el cuidado de los niños, para que salieran con vida de allí y para su posterior apropiación. Destaca que Torrealday con su especialización y la Jefatura en el área, tiene responsabilidad.

c)A su turno, la Dra. Uranga, refiere a los argumentos del Juez. Afirma que es imposible que un médico de guardia no hubiera prestado atención ni atendido a los niños que hubieran pasado. Destaca que si se tuvieran esas historias clínicas se estaría imputando al médico tratante, -sino era Torrealday-, pero afirma que igualmente ello no lo exime, que la responsabilidad penal no se ve mermada por ese sistema abierto.

Indica que la otra cosa que se discute es ésta jefatura fáctica del instituto. Destaca que ello fue dicho en el juicio del Hospital Militar, por Vainstub y Schroeder, que en los hechos Torrealday se movía como quien decidía.

Señala que también la sentencia del hospital militar lo dice, que ninguno figuraba como jefe aunque probablemente lo sea en los hechos Torrealday. Refiere a las testimoniales que el Juez no valora y que avalan lo señalado.

Alega que Torrealday era un médico de cerca de 40 años, uno de los mayores del I.P.P. y era un referente en lo político, en lo técnico.

d) Seguidamente, la Dra. Tejera sostiene que el Juez hace una valoración aislada. Indica que no toma en cuenta la declaración de Estela Carlotto donde relata la propia entrevista que tuvo con Torrealday, y tampoco tiene en cuenta las declaraciones de la enfermera que sirvieron para saber lo que había pasado.

Señala que es arbitraria la resolución porque el Juez le da mucha importancia a las declaraciones del propio Torrealday y de dos mujeres de los dueños del Instituto, acerca de que no había guardia.

e) A su turno, el Dr. Rolandelli, indica que el fallo dictado se ajusta a derecho, que el Juez aplica la sana crítica racional, que no existe motivo suficiente para sospechar que Torrealday haya participado en el delito que se está investigando.

Aduce que la testigo Cuatrin es poco clara en cuanto a lo que dice de los mellizos, no está muy segura de quiénes eran, además habla de que el niño no tenía una cardiopatía, cuando ha quedado comprobado que tenía una afección severa en el corazón.

Indica que no ha quedado desvirtuado lo que era el I.P.P., que era una institución abierta, que cualquier médico de Paraná podía ir a internar a un pequeño. Indica que solo había dos instituciones, el Hospital de Niños y esta institución, y que los cuatro socios se distribuían las tareas. Resalta que el único especialista en neonatología era el Dr. Schroeder ya fallecido. Indica que es el médico de cabecera el que daba el alta, que se desconoce quién es, y que no está controvertido que vinieron del Hospital Militar.

Refiere que el Sr. Fiscal ha hablado del miedo, y destaca que Torrealday lo sufrió en carne propia, su padre fue vicegobernador de la provincia, que su defendido no era la excepción. En cuanto al libro de producción, indica que él no lo desconoció, que dijo que la letra era de Laura Marizza, lamentablemente también fallecida.

Subraya que Torrealday le trató de explicar al a quo que esos números que figuraban podían ser relativos al varón, como eran menores que los de la niña, porque tal vez hayan tenido pocos gastos y quizá la patología haya sido menor que la de la niña.

Indica que tampoco ha sido probada la jefatura de Torrealday, que era un médico más, quizá sí tenía una preponderancia médica, porque era el que más cursos hacía, pero de ninguna forma era quien ejercía la jefatura fáctica, que era un médico más dentro de los cuatro creadores del I.P.P.

Señala que si no hubiera acaecido la pérdida de la documental, quizá hoy no estaríamos imputando al Dr. Torrealday. Entiende que el fallo se ajusta a derecho, rechaza el embate recursivo y solicita que sea confirmado el fallo.

f) Por su turno, el Sr. Fiscal General, la Dra. Tejera y el Dr. Boeykens ejercieron sus respectivos derechos de réplica.

II- Que, en las presentes actuaciones y conforme auto de fs. 22/36 vta., el Sr. Juez a-quo atribuye a Miguel Alberto Torrealday los siguientes hechos: "En su carácter de socio fundador del Instituto Privado de Pediatría de esta ciudad, presuntamente con funciones de Jefe de la Sección de Neonatología a la época de los hechos que más adelante se detallarán -conforme testimonios recabados en la causa N° 2031/10 "ZACCARÍA, JUAN ANTONIO Y OTROS S/INFRACCIÓN ARTS. 139 2DO. PÁRR. Y 146 CP" -habría coordinado el ingreso a dicho instituto de los hijos mellizos de R. N. y E. V. (ambos militantes de la organización Montoneros, que fueron detenidos en el mes de Enero de 1978 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por un grupo operativo perteneciente al Destacamento de Inteligencia 121 del segundo Cuerpo de Ejército, ubicado en la ciudad de Rosario). El ingreso de los niños, nacidos en el Hospital Militar entre los últimos días de febrero y primeros de marzo de 1978, tuvo lugar en fecha 4/3/78 (la niña) y 10/03/78 (el niño). Asimismo, habría autorizado su permanencia en la Sala del Servicio de Neonatología del referido instituto y su posterior alta médica, egreso administrativo y entrega a personas extrañas a las legítimamente habilitadas para recibirlos, omitiendo dar aviso al Juzgado de Menores del ingreso de niños que carecían de custodia legal y que fueron registrados con nombres falsos y como "N.N.", respectivamente. Su aporte, posibilitó que la niña fuera llevada a la ciudad de Rosario, donde fue abandonada en un convento o casa de huérfanos donde en fecha 27 de marzo de 1978 se registrara como "N.N. M. A." y puesta a disposición de la justicia provincial, la que finalmente la dio en adopción al matrimonio integrado por Raúl F. G. y S. S., desconociéndose hasta el día de la fecha el destino sufrido por el varón." (cfr. fs. 22/36 vta.) Que, el Magistrado calificó tales hechos detallados como infracción al art. 139 inc. 2do. del Código Penal (texto según Ley 11.179) en función del art. 45 del mismo cuerpo normativo (que prevé y reprime la conducta de quien por medio de exposición, de ocultación, o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de diez años -en calidad de partícipe primario-), y art. 146 del Código Penal (texto según Ley 11.179) en función del artículo 45 del mismo código (que prevé y reprime la conducta de quien sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare -en calidad de partícipe primario), ambos en concurso ideal, (art. 54 del Código Penal), respecto de los hijos mellizos de R. N. y E. V., por los que fueran condenados Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano (como coautores) y Juan Antonio Zaccaría (en calidad de partícipe necesario), en fecha 21 de octubre de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad en autos "Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ infracción art. 139 2do. párrafo y 146 C.P." (cfr. fs. 1/7).

Que, en orden a tales hechos por los que fuera indagado el imputado, el Juez a-quo resolvió en fecha 27 de abril de 2015, dictar la falta de mérito de Miguel Alberto Torrealday (art. 309 del C.P.P.N.), cfr. fs. 22/36 vta., resolución contra la cual se alza el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, entrando al tratamiento de los recursos de apelación, se advierte que los apelantes centran sus agravios en considerar que existen en la causa elementos probatorios suficientes para el dictado del procesamiento del imputado Torrealday, respecto a los delitos que se le atribuyen en su declaración indagatoria.

b) En primer lugar, debe señalarse que este Tribunal -en distinta composición- tuvo oportunidad de tratar en fecha 5 de marzo de 2010, el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados en la causa: "TRIMARCO JUAN CARLOS RICARDO Y OTROS S/SUP. INF. ARTS. 139 INC. 2 Y 146 SIGUIENTES Y CONCORDANTES, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN (LEY 11.179) (INCIDENTE DE APELACIÓN DE AUTO DE PROCESAMIENTO)" L. de E. N° 5-16.937-17.508-2.008, resultando las presentes actuaciones un desprendimiento de aquella causa. Por ello, considero que deben hacerse extensivas a la presente resolución, las consideraciones efectuadas en esa oportunidad como marco metodológico en torno al plan orquestado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de luchar contra la subversión y el terrorismo en la República, y a la naturaleza de "lesa humanidad" de la apropiación de los hijos de padres supuestamente "subversivos" como una práctica sistemática dentro de ese plan criminal de la dictadura.

c) Sentado ello, advierto que la atenta lectura de la resolución venida en recurso y el análisis de las constancias obrantes en la causa me persuaden de arribar a una conclusión distinta a la decisión del Magistrado instructor.

Al respecto, la declaración indagatoria de Torrealday, lo actuado en las diferentes causas de las que la presente se deriva y los testimonios predicados, arrojan como resultado que los mellizos identificados como L. S. y L. N.N., ingresaron, permanecieron y egresaron del Instituto Privado de Pediatría (en adelante el I.P.P.) entre el 04/03/78 (Sabrina) - 10/03/78 (el varón) y el 27/03/78.

Esos mismos elementos demuestran que los mellizos provenían del HOSPITAL MILITAR DE PARANÁ donde fueran dados a luz por la detenida/desaparecida Raquel Negro, ilegalmente en cautiverio y a expensas de la voluntad de sus captores.

Asimismo, el libro de producción del I.P.P. y lo declarado por el imputado Torrealday, sus socios, las cónyuges de estos y otros testigos, constituyen la homologación de todo lo que hasta aquí se ha dado por acreditado.

Es un hecho probado en autos que el I.P.P. recibió a los mellizos V. N.. Asimismo, estos niños, como todo bebé estaban en condición extrema de vulnerabilidad, y si bien cualquier paciente es vulnerable, un bebé que no puede siquiera pedir auxilio constituye el ser más vulnerable sobre la faz de la tierra. Si a eso le sumamos el grave estado de vulnerabilidad de ambos padres, secuestrados y separados entre sí, y el eventual estado de salud de R. N. después del parto, la vulnerabilidad de los menores era absoluta.

Por ello, entiendo que no reviste relevancia el hecho de que los médicos de cabecera o médicos tratantes fueran los responsables del tratamiento de los pacientes y que el I.P.P. fuera una institución abierta donde cualquier profesional de la salud podía internar sus pacientes.

Si se tiene en cuenta que hasta el mero encargado de una guardería asume obligaciones y responsabilidades respecto de los menores que recibe para su guarda, las explicaciones de Torrealday no pueden ser de recibo. Así, entiendo que los responsables de las Instituciones Sanitarias, sean estas públicas o privadas son los garantes de esos seres humanos indefensos y lo mínimo que se espera de ellos es que actúen los controles indispensables para evitar hechos como el que se encuentra investigado en autos.

No puede soslayarse en el caso la precariedad del sistema identificatorio argentino al tiempo de los hechos y en relación a los recién nacidos. Sin embargo, cualquier Institución o médico que recibiera dos menores debía extremar los recaudos en relación a quien los traía o retiraba y su legitimación para cualquiera de estas acciones.

Y es que, toda vez que insiste con que el instituto era una institución abierta, considero que lo mínimo que debía establecerse es la identidad del médico tratante porque a partir de él podría reconstruirse toda la secuencia y deslindar su responsabilidad el I.P.P. y sus responsables.

Sobre tal tópico, entiendo que no puede resultar de recibo aquello de la pérdida de los registros a raíz de la inundación del sótano de la institución. Ello así porque el libro de producción demuestra que era posible almacenar datos suficientes para responder a ulteriores ideales. Tampoco será de recibo la carga de las responsabilidades que realiza Torrealday sobre la empleada Laura Marizza (cfr. fs. 14) dado que tal dependiente respondía a las autoridades del establecimiento y, el relato del testigo Ángel Alberto Zoff -citado a partir de la declaración de Torrealday-, pone en crisis su versión de lo actuado por Laura Marizza, al menos en cuanto al aspecto temporal de la prestación de servicios cuando dice: "... Tengo la idea que fue la persona que quedó después haciendo mi trabajo de las órdenes, ya no me acuerdo bien, pero me suena el apellido Marizza..." (fs. 3050 del ppal. y 84 de este incidente).

Por otra parte, pienso que en el caso no adquiere relevancia la determinación acerca de quién era el Jefe o el Administrador del I.P.P., pues considero que Torrealday no solo debería responder en la presente causa por la suerte de los mellizos, que habría que ampliar el círculo de intervinientes, máxime ante la indeterminación de funciones a la que se aduce.

Abona mi postura lo declarado por el propio imputado, quien incurre en importantes contradicciones, sobre todo a fs. 15 cuando refiere al "procedimiento de trabajo". Expresamente expresa: "...el alta debía firmarla el médico de cabecera..." e inmediatamente después agrega "... para que el personal de enfermería entregue a los familiares el bebé, esa era la norma de aquel momento, ese procedimiento de trabajo había sido traído del Instituto de Neonatología de la ciudad de Córdoba...".

Tal como puede observarse, advierto que en el caso no se siguió el protocolo autoimpuesto dado que R. N. y E. V. estaban imposibilitados de ingresar y de retirar a los mellizos. Asimismo, los familiares de ellos tampoco podrían haberlo hecho porque ni siquiera sabían del alumbramiento de los mellizos, hijos de estas dos personas secuestradas en Mar del Plata y mantenidas en cautiverio en las proximidades de Rosario, con la complicación del traslado de Raquel Negro a Paraná, circunstancias éstas impeditivas de la presencia de cualquier familiar de los mellizos en el I.P.P., tanto en el ingreso como en el eventual egreso.

Por lo demás, destaco que en el supuesto no debe desecharse la escasa información disponible, tal el nombre supuesto de S., esto es "S." y el apellido atribuido a ambos menores, tal es, "L.". Considero que tal información reviste relevancia porque en el mejor de los casos la profundización del punto puede llevarnos a la persona que llevó y luego retiró a los mellizos. Al respecto, debe presumirse prima facie que al ingreso se requirió a la persona que trasladó a los niños, alguna identificación. Si ello es así, la persona que ingresó y retiró a los menores sería de apellido "L.", pues al habérsele requerido alguna identificación lo habría hecho con un documento en que conste tal apellido.

En este contexto, luce adecuado indagar en la nómina de personal del Hospital Militar de Paraná si a la fecha de los hechos revistaba algún médico/a o enfermera/o de apellido López y en su caso, la actividad que cumplía. Considero que también debería indagarse acerca de si alguno de los conductores de la ambulancia portaba tal apellido. Realizado esto deberá procurarse establecer -si revistaba algún L.-, el nombre de familiares directos de esta persona (madre, esposa, hijas, nietas, etc.), porque es muy probable que la asignación del nombre "S." no sea casual, sino la recurrencia a una persona cercana.

Advierto que nada de esto se ha investigado y, son datos fundamentales a mi criterio para seguir la pista del menor ingresado como N.N. L., de quien a la fecha se desconoce su paradero, además de brindar un indicio más acerca de los autores de los delitos que aquí se investigan.

IV- a) Que, en relación a los tipos penales enrostrados al imputado: arts. 146 y 139 inc. 2 del Código Penal, ley 11.179, coincido con la tipificación conforme ley 11.179, vigente al momento en que se habrían sucedido los hechos investigados. Ello por cuanto la aplicación de la posterior modificación legislativa (ley 24.410) que aumentó la escala penal, de 5 a 15 años, vulnera los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. En este mismo sentido, el Tribunal -en distinta integración- se ha expedido en L.S.Crim. 2009-I-134.

Es que entiendo que para calificar los hechos dentro de los tipos redactados según ley 24.410 resulta preciso analizar, tal como propone el Dr. Zaffaroni, los límites temporales que toma en cuenta el art. 2 del C.P. y los límites constitucionales para prohibir la retroactividad de la más gravosa, que son la comisión del hecho y la extinción de la condena. Debe entenderse por tiempo de la comisión del hecho el de la realización de la acción típica (y no el de la producción del resultado). El citado autor sostiene que en los delitos permanentes la comisión se extiende aún después de su consumación. No obstante como la actividad voluntaria se extiende en el tiempo (comisión), tiene un momento inicial y otro terminal, siendo necesario determinar cuál es el que debe tomarse en cuenta para este efecto.

Al respecto, indica el autor que la doctrina argentina se inclina por sostener que es el del comienzo de la actividad voluntaria, y la europea predominantemente toma en consideración el de su cese. En función de la interpretación restrictiva corresponde inclinarse por la interpretación de la doctrina argentina, existiendo otra razón que refuerza tal posición, pues si bien el delito se comete desde que la acción se inicia hasta que cesa, cuando una ley más gravosa entra en vigencia en un momento posterior, al comienzo de la acción existe un tramo de ello que no está abarcado por la tipicidad de la nueva ley, salvo que se haga una aplicación retroactiva de ella (cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, Derecho Penal Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., Año 2000, pg. 116).

En virtud de ello, y siguiendo la postura del aludido doctrinario que comparto, en el presente supuesto, los delitos endilgados se habrían llevado a cabo durante la vigencia de la ley 11.179, por lo que aplicar los tipos de los artículos 139, inc. 2do. y 146 modificados posteriormente, es decir, más gravosos, afecta el principio de legalidad y de la irretroactividad de la ley penal consagrado en el art. 2 del Código Penal.

b) Que, hemos de indicar que con relación a los menores, el bien jurídico tutelado por nuestro ordenamiento no se limita a la libertad en si misma, sino que se extiende al conjunto de los derechos de los que se ve privado durante el tiempo en que dura la permanencia de la conducta ilícita. En cuanto al tipo objetivo, puede decirse que para que se configure la sustracción la ley requiere que el autor o autores del hecho aparten al menor de la esfera de custodia en que se encuentra, siendo esta custodia la otorgada por la ley a los padres, tutores y demás encargados. Se consuma en el momento mismo en que ese poder de custodia es interrumpido sin justificación legal alguna. Una vez consumada la sustracción, comienza a ejecutarse la etapa de la retención del menor. En este caso, se requiere que los autores, por un cierto lapso, impidan que los padres o responsables legales ejerzan sus facultades de tutela, y ello se debe llevar a cabo mediante la privación de la libertad de la víctima, impidiendo, por cualquier medio que vuelva a la custodia de sus padres. Este delito, se refiere a actos de los autores en relación al menor, puesto que su actuar debe dirigirse hacia él, evitando por cualquier medio -acción u omisión- devolverlo a sus padres o tutores, quedando bajo el dominio de los autores. La ocultación del menor debe entenderse en el sentido de impedir el restablecimiento del vínculo con quienes tengan a su cargo la custodia legal.

Que, en relación al momento en que cesa la conducta ilícita, se han generado dos posiciones; para algunos, la sustracción, retención y ocultación del menor de 10 años cesa cuando éste alcanza su mayoría de edad, es decir, a los 18 años; mientras que para otra postura, el delito cesa cuando se devela la verdadera identidad de la víctima. Adelantamos que el criterio del Tribunal es éste último.

De la prueba aportada a la causa surge que los hijos de la desaparecida R. N. fueron sustraídos de su esfera de custodia inmediatamente después del alumbramiento, a finales del año 1977 y principios de 1978. A partir de ese momento fueron retenidos, ocultados de su madre y familiares y, asimismo, sus identidades se hicieron inciertas producto de esta misma sustracción. Esta situación se mantiene respecto de uno de los bebés, el varón, cuyo paradero hasta la fecha resulta ser incierto. Mientras que respecto de la niña, ella fue encontrada a finales del año 2008 en razón de la investigación instructoria que pudo dar con su paradero y verdadera identidad. Éste y no otro es el momento en que cesó el delito. Cuando la víctima deja su estado de cautiverio inconsciente, es allí mismo que culmina la retención ilegal tipificada por el tipo penal que le ha sido enrostrado a los imputados.

Es por estas consideraciones que sostenemos que el delito se sigue ejecutando respecto del hijo varón desaparecido que habría dado a luz R. N.; mientras que respecto de su otra hija, melliza del anterior, el delito ha cesado al recuperar su identidad. Esta hermenéutica encuentra sustento en el art. 3 de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, que considera el delito de carácter permanente o continuado hasta que no se conozca el paradero de la víctima, que converge, como dijimos más arriba, junto al tipo -genérico- previsto por el art. 146 del Código Penal.- c) Sentado lo expuesto, y tras la valoración de los elementos de prueba hasta ahora aportados al expediente, concluyo en que, al menos por el momento, sólo cabe tener por "prima facie" demostrada una colaboración secundaria del imputado Torrealday en la sustracción de los menores y en la alteración de su estado civil, por cuanto los elementos colectados sólo habilitan endilgarle el presunto ingreso y autorización de la permanencia de los niños en la sala del Servicio de Neonatología del I.P.P y su posterior alta médica, egreso administrativo y entrega a personas extrañas a las legítimamente habilitadas para recibirlos, omitiendo dar aviso al Juzgado de Menores del ingreso de niños que carecían de custodia legal y que fueron registrados con nombres falsos y como N.N. respectivamente.

Considero que la participación atribuible no puede superar a secundaria, ya que la actividad endilgada a Torrealday, no se avizora por el momento, indispensable, pues su actuar no fue el motivo que determinó la continuidad del delito de sustracción de los menores ni de supresión de su estado civil.

V- Por todo lo expuesto, puedo afirmar que los elementos colectados son significativos y suficientes para arribar a la convicción indispensable para atribuir a Miguel Alberto Torrealday la comisión de los hechos investigados en calidad de partícipe secundario -con el grado de probabilidad propio del dictado del auto de procesamiento-, recordándose que el art. 306 del C.P.P.N. no contiene la exigencia de que, a esta altura de la investigación instructoria, se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. De lo contrario, se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Asimismo, entiendo que el procesamiento debe dictarse sin prisión preventiva, confirmándose la libertad del imputado, habida cuenta que lo resuelto por el Magistrado a-quo en oportunidad de la indagatoria ni ha sido cuestionado por ninguna de las partes y el imputado se ha mantenido a derecho. Ello así en función de lo dispuesto por el art. 312 del CPPN que en lo pertinente establece: "El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que confirmare en su caso la libertad provisional que antes se le hubiere concedido...".

Por ello, propongo al Acuerdo hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, revocándose la falta de mérito cuestionada y dictar el procesamiento de Miguel Alberto Torrealday por considerarlo prima facie y por semiplena prueba, partícipe secundario de los delitos por los que fuera indagado, previstos y reprimidos por los arts. 139 inc. 2do. del C.P. (texto según ley 11.179) en función del art. 45 del mismo cuerpo legal; y art. 146 del C.P. (texto según ley 11.179) en función del art. 45 del mismo cuerpo legal, en concurso ideal (art. 54 del C.P.) -arts. 306 del C.P.P.N. y 46 C.P.- Que, el Dr. Mateo José Busaniche, dijo: Que comparto -en lo sustancial- los argumentos y las conclusiones a las que arriba el Dr. Daniel Edgardo Alonso, con relación a la responsabilidad que cabe atribuirle al imputado Torrealday en los hechos que se investigan, que autorizan a revocar el auto venido en recurso y dictar su procesamiento; como asimismo con respecto a la calidad de partícipe secundario y la calificación jurídica escogida y las consideraciones efectuadas sobre su libertad.

Ello, por cuanto, los elementos colectados son significativos y suficientes para arribar a la convicción indispensable para atribuir a Miguel Alberto Torrealday la comisión de los hechos investigados en calidad de partícipe secundario -con el grado de probabilidad propio del dictado del auto de procesamiento-, recordándose que el art. 306 del C.P.P.N. no contiene la exigencia de que, a esta altura de la investigación instructoria, se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. De lo contrario, se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Por otro lado, corresponde poner de resalto la posible intervención de otros sujetos en el hecho investigado, especialmente de quienes revestían la misma calidad de socio en dicha entidad al momento de los hechos, respecto de lo cual habrá de encomendarse al magistrado actuante a que considere una posible ampliación subjetiva de responsabilidad en relación a dichos sujetos.

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo: Que adhiero a la solución propuesta en los votos precedentes.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I-Hacer	lugar a los recursos de apelación interpuestos y revocar la falta de mérito dictada a fs. 22/36 vta.

II-Decretar el procesamiento de Miguel Alberto Torrealday, cuyos demás datos personales son de figuración en autos, por considerarlo prima facie y por semiplena prueba, partícipe secundario de los delitos por los que fuera indagado, previstos y reprimidos por los arts. 139 inc. 2do. del C.P. (texto según ley 11.179) en función del art. 45 del mismo cuerpo legal; y art. 146 Fecha de firma: 19/06/2015 Firmado por: DANIEL EDGARDALONSO Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE del C.P. (texto según ley 11.179) en función del art. 45 del mismo cuerpo legal, en concurso ideal (art. 54 del C.P.) -arts. 306 del C.P.P.N. y 46 C.P.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE DANIEL EDGARDO ALONSO CINTIA GRACIELA GOMEZ ANTE MI GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL PROSECRETARIO DE CAMARA