Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03


SENT Nº 844 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Trejo Juan Daniel vs. Municipalidad de la Banda del Río Salí s/ Contencioso Administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra la sentencia N° 580 de fecha 30 de junio de 2011 emitida por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo obrante a fs. 272/276, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 21/10/2011 (fs. 303), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el art. 751 in fine del CPCyC, norma ésta de aplicación por expresa disposición del art. 79 del CPA.

I.- Siendo competencia de este Tribunal, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, pronunciarse sobre la admisibilidad del remedio casatorio incoado, corresponde entrar su tratamiento.

Desde esta perspectiva se advierte que, el recurso resulta admisible, al haber sido interpuesto tempestivamente (fs. 277/293 vta.), se impugna una sentencia definitiva, se ha dado cumplimiento con el depósito que marca la ley ritual (fs. 286), el escrito recursivo se basta a sí mismo, se invoca infracción a normas de derecho, gravedad institucional y arbitrariedad.

Respecto de la mentada arbitrariedad, es del caso aclarar que la ponderación por esta Corte de aquella valoración efectuada por el tribunal de grado -la cual constituye una cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico del material probatorio de la causa- resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo tanto corresponde entrar al análisis de la procedencia del mentado recurso, así lo declaro.

II.- Por su parte el recurrente, se agravia por considerar que nos encontramos frente a una sentencia arbitraria al haber prescindido de doctrina legal vinculante emitida por la CSJN en fallos que cita y transcribe en lo pertinente, los que doy por reproducidos en honor a la brevedad,...y solicita su aplicación".

Continua, "la sentencia en recurso no niega al Sr. Trejo el derecho a ser titularizado,...sin embargo para que el accionante pudiera hacer uso de su derecho, estaba sometido a una condición, que la demandada tuviera la autorización del Ministerio del Interior de conformidad a lo convenido entre provincia y municipios. Ello me agravia en diversos sentidos: -porque le ha reconocido el derecho en virtud del cual accionó y pese a lo cual le es denegado, sin tener en cuenta el A quo que al actor se lo viene designando bajo esa modalidad por más de 11 años (desde diciembre de 1999 a la actualidad) con sucesivas renovaciones... En definitiva encubre una designación de carácter permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado".

Aduce, "-la sentencia en crisis, no tuvo en cuenta la garantía constitucional que prevé el artículo 14 bis de la C.N. De hecho si le asiste un derecho en expectativa al actor, tal como lo expresa el sentenciante, en este caso es el de permanencia laboral que tiene la protección del citado artículo constitucional... Es la demandada la que ha incurrido en conducta ilegítima al ampararse en pactos o convenios provinciales...".

Considera, "-la Cámara prescindió de los plazos en la contratación. Como se demostrará el recurrente fue designado en el año 1999 en el H. Consejo Deliberante (empleado de bloque político) de conformidad a los artículos 40 y 41 del reglamento interno (Ordenanza Nº 966/95), el que cesará automáticamente en cada renovación legislativa (4 años), contratación que fue renovada sistemáticamente durante 11 años... No se trata de un pedido caprichoso, esta fundado en los instrumentos legales dictados por la propia demandada los que fueron invocados desde su reclamo administrativo, cumpliendo todas las condiciones requeridas para su titularización...".

Entiende que la sentencia que impugna, esta viciada de gravedad institucional y arbitrariedad. Para justificar que el fallo excede el mero interés de las partes, afirma: "el factor de trascendencia se da cuando el fallo en recurso lesiona el derecho a obtener una sentencia fundada en la ley, que constituya derivación razonada del derecho vigente, consagrando la arbitrariedad sin valorar las particularidades del caso que autorizan y se aplican a nuestra parte... Acentuándose ante el apartamiento arbitrario del tribunal de la doctrina sentada por la SCJN...". Propone doctrina legal y hace reserva del caso federal.

III.- La sentencia en crisis, dispuso: "No hacer lugar a la demanda por titularización y recategorización interpuesta por el Sr. Juan Daniel Trejo en contra de la demandada Municipalidad de la Banda del Río Salí por lo considerado" Funda su decisorio en los antecedentes de la causa. "El actor alega que presta servicios en el HCD del municipio como personal del bloque político desde el año 1999 a la fecha, en carácter de temporario (arts. 40 y 41 del reglamento interno del órgano) y que esa condición cesó con el dictado de la Ley Nº 7.557, a la que adhirió la Municipalidad mediante Ordenanza Nº 1358/06, que faculta al Poder Ejecutivo a titularizar en planta permanente al personal temporario que al 30/6/2004 cuente con una antigüedad de tres años. Añade que solicito dicha titularización administrativamente, sin que hasta la fecha obtenga respuesta".

Asimismo, la parte actora plantea a fs. 252 "Hecho Nuevo al haberse dictado en fecha 8 de febrero de 2010 la Ordenanza Nº 1506/2010 (fs. 250), por la cual la demandada se adhirió al Decreto Provincial Nº 4346/1-2009, la cual en su artículo 2º autoriza al Dpto. Ejecutivo Municipal y al Honorable Consejo Deliberante, a titularizar al personal transitorio y/o contratado que reúna las condiciones que allí especifica. Esta Ordenanza fue vetada por el Ejecutivo Municipal por Decreto Municipal Nº 102/10 de fecha 18/02/2010 (fs. 255) sugiriendo se incorpore la frase: "...lo previsto en el párrafo precedente estará sujeta a la previa y expresa aprobación del Ministerio del Interior de conformidad a las previsiones del artículo 7 del Acuerdo para el Crecimiento de Tucumán".

Por su parte, la demandada en su responde, "niega que le asista derecho al actor y manifiesta que la Ley Nº 7.557 no resulta aplicable a los agentes designados en el ámbito del HCD como "personal de bloque político" en virtud de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 de la Ordenanza Nº 966/95. Agrega que el actor no reúne los requisitos legales antes señalados para acceder al beneficio que acuerda la ley, por no haber prestado servicios en forma continua..." (enumera los sucesivos decretos de Presidencia del Consejo por los cuales se fue renovando la designación temporaria del actor".

Luego de analizar las pruebas y la normas legales aplicables a la causa, el tribunal de grado, concluyó: "...que si bien el derecho a la titularización del actor nace con la Ordenanza nº 1506/10, ya que cumple con los recaudos que esta exige, no resulta posible desconocer que el mismo quedó sujeto a una condición (autorización previa del Ministerio del Interior) que lo convierte en una mera expectativa de que tal situación se concrete, pero ello de ninguna manera crea un derecho adquirido a su favor cuyo reconocimiento pueda exigirse por esta vía".

IV.- Antes de abordar propiamente el recurso de casación planteado por la parte actora, resulta necesario para el adecuado tratamiento del tema, una breve reseña de los antecedentes fácticos y jurídicos que jalonan el desempeño laboral del actor en el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Banda de Río Salí.

El actor, desde el momento de su designación por Decreto Nº 95/99 de fecha 2 de diciembre de 1999 (fs. 16), como las sucesivas renovaciones para su continuidad en la prestación de servicios en diferentes categorías, se desempeña como "empleado de bloque" (fs. 16/25 y 76), cargo regulado por los arts. 40 y 41 del Reglamento Interno del HCD del municipio demandado aprobado por Ordenanza Nº 966/95 (fs. 87), tales artículos expresamente disponen que: "dicho personal es designado y removido -en cualquier momento- por el Presidente del HCD a propuesta de la autoridad de aquellos y cesa automáticamente en cada renovación legislativa".

Si a ello sumamos, que la Ordenanza Nº 638/91 (Estatuto para el Personal de la Municipalidad de la Banda del Río Salí) en su artículo 2º excluye expresamente de dicho estatuto a los "empleados de bloque" del HCD, lógico sería preguntarse si la naturaleza jurídica del cargo del recurrente, es político o administrativo a la luz de las normas aplicables al caso.

IV.1) Los agravios del recurrente, se centran en considerar que el fallo que impugna es arbitrario y violatorio de normas constitucionales, pues tras reconocer el derecho del actor a ser titularizado por reunir todas las condiciones que exige la norma, lo transforma en un derecho en expectativa al sujetarlo a una condición (previa aprobación del Ministerio del Interior).

Desde este punto de vista, el déficit en que incurre la sentencia en crisis consiste en no haber analizado en forma previa una cuestión netamente de derecho, cual es la naturaleza jurídica del cargo de revista del actor y consecuentemente si el mismo se encuentra amparado o no por el derecho a la estabilidad. Manuel María Diez, en "Derecho Administrativo", 2da. Edición corregida y actualizada, Edit. Plus Ultra, Bs. As. 1.979, T. III, pág. 494, sostiene: "funcionarios políticos son aquellos que deben dejar sus cargos al renovarse el Poder Ejecutivo y/o legislativo los no políticos los que se mantienen independientes de las alternativas de la política a pesar de esas contingencias".

Desde esta perspectiva, resulta sustancial para la dilucidación de la cuestión, la transcripción del art. 40 del citado cuerpo legal "los bloques tendrán personal nombrado y removido en cualquier tiempo por el presidente del HCD a propuesta de la autoridad de aquellos, el que cesará automáticamente al desaparecer el mismo o en cada renovación legislativa..." (Ord. Nº 966/95 Cap. VI). Siendo la particularidad del cargo político la transitoriedad, pudiendo disponerse su remoción discrecionalmente parece configurada tal naturaleza -política- en el cargo que nos ocupa, pues ante tan clara disposición legal y la exclusión estatutaria que dispone el artículo 2º de la Ordenanza Nº 638/91 más allá de las sucesivas renovaciones no podría configurarse un cargo administrativo con ese status.

En este orden de ideas cabe preguntarse, ¿podría sostenerse, como lo afirma el tribunal de grado, que, el actor tiene un derecho en expectativa sujeto a condición en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1506/2010? la respuesta es no, pues su remoción se encuentra legitimada en un simple cambio de autoridades. En efecto, si el derecho a la estabilidad es concebido técnicamente como el derecho a conservar el empleo y nivel escalafonario alcanzado, salvo que medie una causa de cesantía imputable al agente, acreditada en sumario administrativo regular, o bien exista una causa legal que la justifique, no cabe duda que el dispositivo comentado (art. 40 de la Ord. Nº 966/95) no la ha consagrado.

A mayor abundamiento, la Ordenanza 15/6/2010 que el actor la invoca como hecho nuevo, tampoco le resulta aplicable, por no pertenecer -el actor- al estamento administrativo (no permanente), sino al estamento político, por lo considerado precedentemente.

Asimismo, tampoco se ha vulnerado lo dispuesto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional al no asistirle al recurrente su derecho a la estabilidad, correspondiendo advertir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado la diferenciación entre derecho adquirido y derecho en expectativa al decir que: "cuando durante la vigencia de una ley en particular se ha cumplido con todos los actos y condiciones sustanciales, como así mismo los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derechos adquiridos porque la situación jurídica general creada por esa ley se transformó en situación jurídica concreta e individual en cabeza del agente que como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (in re: "De Martín, Alfredo vs. Banco Hipotecario Nacional s/ Reincorporación", fallos T. 296, págs. 719 y ss, considerando 3°).

Lo hasta aquí expuesto, me exime del tratamiento de los restantes agravios del recurrente, correspondiendo no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra la sentencia N° 580 de fecha 30 de junio de 2011 emitida por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala I- obrante a fs. 272/276, confirmando la parte resolutiva de la misma en base a los fundamentos dados en estos considerandos.

IV.- Por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas de esta instancia casatoria al vencido, actor en autos (arts. 49 del CPL y 105 del CPCyC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero la reseña de los antecedentes del caso como a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, del voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia errónea aplicación del derecho y la doctrina de la arbitrariedad , se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el depósito (arts. 748/752, CPCyC). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Cabe agregar, como ya fue expresado por este tribunal en los autos "Cortez, Dolores del Tránsito vs. Municipalidad de Banda del Río Salí s/ Contencioso administrativo", sentencia Nº 694 del 17/8/2012, que tampoco le asiste razón a la parte recurrente cuando alega que ha mediado un apartamiento de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Ramos, José Luis c. Estado Nacional" (sentencia del 06/4/2010) y "Cerigliano, Carlos Fabián c. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control" (sentencia del 19/4/2010).

En "Ramos", la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que "la demandada contrató al actor en el marco del decreto Nº 4381/73 por el lapso de veintiún años, en abierta violación al plazo máximo previsto por la norma. Por lo demás, del legajo personal de Ramos resulta que sus tareas carecían de la transitoriedad que supone el mencionado régimen de excepción; que era calificado y evaluado en forma anual (fs. 9/36); que se le reconocía la antigüedad en el empleo (fs. 98, 99 y 101); y que se beneficiaba con los servicios sociales de su empleador (fs. 97 y 105)". Ninguna de estas circunstancias fácticas relativas a las condiciones de la contratación se verifican en autos, puesto que, como dijo la Cámara en reiteradas oportunidades, la condición de revista de la recurrente era de personal de bloque político y no desempeñaba tareas de naturaleza administrativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró relevante además que "la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado". En el caso, la contratación de la actora como empleada de bloque no revestía característica excepcional ni se regía por las normas relativas a la contratación de empleados administrativos transitorios, pues deriva de la facultad que se le reconoce a cada uno de los concejales y al Presidente del Concejo seleccionar al personal político que colaborará con cada uno de ellos (arts. 40 y 41, Ordenanza Nº 966/95) y el objeto de esta contratación en el bloque político no se dirige a encubrir "una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado".

En "Cerigliano" la Corte transcribió "el texto del decreto 2138/GCBA/2001 (sobre n° 2279), que configura el soporte jurídico de aquéllos: 'autorizar la celebración de todos aquellos contratos que, bajo el régimen de locación de servicios o de obra, se encuentren vinculados con el objeto de la Unidad Ejecutora'" y consideró que "Tal enunciado normativo, por su extrema generalidad, puede ser idóneo para concertar relaciones de muy diversa índole; pero no parece eficaz para enmarcar vínculos como los descriptos por el actor, ajenos a toda noción de transitoriedad y, que, por el contrario, se muestran aptos para generar razonables expectativas de permanencia". En el caso de autos, los arts. 40 y 41 de la Ordenanza Nº 966/95 aluden expresamente a la función de colaboración de los empleados de bloque con cada Concejal y con el Presidente del Concejo Deliberante, motivo por el cual es inherente a dicha tarea la noción de transitoriedad del vínculo y es natural su extinción con cada renovación legislativa, sin que de ello pueda válidamente inferirse una expectativa de permanencia que vaya más allá del período para el cual resultó electo el Concejal que propuso la designación de su personal político.

Por otro lado, resulta particularmente relevante destacar que en los casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionados más arriba, los demandantes no pretendían la modificación del vínculo transitorio en un vínculo permanente ni la incorporación a la planta de agentes permanentes de la administración municipal, como en el caso de autos, sino que reclamaban una indemnización fundada en la extinción de un vínculo transitorio, renovado periódicamente y que generó, en palabras de nuestro Máximo Tribunal, "una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el 'despido arbitrario'". Es pertinente recordar que en "Ramos", se precisó que "la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni a la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le corresponde. En particular, no puede sostenerse que el actor tenga derecho a la reincorporación en el cargo. Esa conclusión vulneraría el régimen legal de la función pública, y el principio constitucional que prevé que corresponde al Congreso autorizar anualmente el presupuesto general de gastos de la Administración Nacional, y que toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima (arts. 75, inc. 8 de nuestra Carta Magna y 29 de la Ley Nº 24.156)" (considerando 8).

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra la sentencia N° 580 de fecha 30 de junio de 2011, emitida por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala I- obrante a fs. 272/276, confirmando la parte resolutiva de la misma en base a los fundamentos dados en estos considerandos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032538-01