Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-21


SENT Nro. 621 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Palou, Antonio vs. Sanguinetti, Susana Ana María y otros s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por la letrada apoderada de la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 26/9/2002, que desestima el recurso de nulidad y confirma la sentencia de fecha 18/4/2002 en cuanto fuera materia de agravios, imponiendo las costas a la actora vencida.

II.- El recurrente sostiene que la sentencia de Cámara ha aplicado falsa o erróneamente textos expresos del ordenamiento jurídico vigente; ha violado el contenido implícito de la doctrina legal de la Corte y no se atuvo a las circunstancias para dar un pronunciamiento sobre el tema de la imposición de las costas.

Sostiene que en el caso de autos, tal como se han desarrollado los hechos, teniendo en cuenta los reconocimientos y responsabilidades asumidas por la demandada y las disposiciones de fondo (arts. 718, 3989, 1113, 1071 CC) y forma (arts. 106 y 107 procesal) las costas pudieron haberse impuesto a la parte demandada, sin embargo la Cámara no se ha pronunciado sobre el particular cuando hubo agravios expresos de su parte sobre la imposición de costas de primera instancia, por lo que el pronunciamiento, atento a la omisión incurrida, resulta arbitrario violándose el debido proceso legal (art. 18 CN), el deber de motivación (art. 28 CP) y los arts. 31, 32, 33, 34, 272, 273 incs. 5 y 6 y 280 CPCCT.

Considera que la sola cita que el tribunal a quo hace de los arts. 106, 107 y 108 procesal no suple la "decisión expresa positiva y precisa" y permite aducir que se está en presencia de una nulidad que deriva de la alteración de la estructura esencial del procedimiento, insubsanable y declarable de oficio (art. 167 procesal).

A continuación manifiesta lo que, a su entender, serían otras razones que pesan decisivamente para que las costas no pudieran serle impuestas, aludiendo a lo que fuere materia de agravio en la segunda instancia: la actitud de la parte actora que, dice, reconoció la responsabilidad por el evento dañoso; que de ello se infiere que había una instancia abierta para que la demandada pudiera probar la culpa de la víctima, o la concurrencia de culpa; que el planteo de caducidad no era oponible a su parte pues la instancia, de sobrevivir, únicamente podía favorecer a la demandada a los fines probatorios señalados; que los reconocimientos sucesivos de la demandada daban supremacía a los artículos 3989, 1113, 1071, 718 CC frente al art. 210 y ss. del CPCCT pues éste podía dar por resultado la conclusión de un proceso con la probable aplicación de costas mientras que aquéllos conducían a la conclusión definitiva de un caso en que alguien había causado un daño a otro y estaba legalmente obligado a indemnizar sea en un proceso actual, como posterior; que hay, entonces, una cuestión de derecho (art. 106 inc. 2° ritual) que no está expresamente resuelta por la ley.

Explicita que cuando hay razones fundadas para litigar, como las hay en el caso, según los detalles que indica (reconocimientos y asunción de responsabilidades por la demandada, tratativas llevadas a cabo antes de que se planteara la caducidad de instancia), entonces las costas pueden distribuirse por su orden.

Cita doctrina -legal de este Tribunal- y jurisprudencia en apoyo de lo manifestado; propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso de casación.

III.- Por auto interlocutorio del 21/3/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia del 26/9/2002, luego de rechazar el recurso de nulidad impetrado, se aboca al tratamiento de los agravios dentro del recurso de apelación. En este marco, advierte el tribunal que se planteó caducidad de instancia a fs. 218 fundándose en el transcurso del plazo legal sin que se recepte actividad impulsoria a partir de la providencia del 03/8/2000 que tiene por presentada a la letrada María Aráoz como apoderada de las accionadas y que la sentencia de fecha 18/4/2002 (fs. 356/357) receptó favorablemente la incidencia deducida.

Del cotejo de las actuaciones compulsadas con las constancias de autos, concluye en que efectivamente el último acto impulsivo data de la providencia mencionada donde se tuvo por contestada la demanda. Que desde entonces hasta que se opusiera la caducidad de la instancia ha transcurrido el plazo del art. 210 inc. 1° del CPCCT operando la perención de la instancia principal, sin que obste a tal conclusión la expresión de agravios de la recurrente, toda vez que la inactividad desde el 03/8/2000 resulta determinante para la producción de la caducidad pues en la especie no hubo actividad alguna que interrumpiera aquélla, que operó entonces, por el solo transcurso de su plazo.

Destaca además, que la suspensión de los términos procesales precisa el dictado de una resolución que así lo disponga expresamente pues los mismos son improrrogables y perentorios (art. 123 procesal) y sólo pueden suspenderse por acuerdo de partes, fuerza mayor o causa grave apreciada discrecionalmente por el juzgador, lo que presupone el indispensable dictado de una resolución fundada del a quo ordenando la suspensión. De allí que considera incorrecto sostener que el mero acontecimiento de un hecho (tratativas extrajudiciales) importe "per se" idoneidad para que opere la suspensión de la perención. Aplica doctrina sentada por esta Corte Suprema que sostiene que no resulta desacertada ni arbitraria la afirmación sentencial de que las tratativas extrajudiciales son ineficaces para interrumpir o suspender el curso de la caducidad de la instancia; que el art. 211 CPCCT es claro en prescribir que el acuerdo de partes debe tener por objeto suspender el trámite del proceso; que no resulta suficiente la existencia de acciones o conversaciones extraprocesales orientadas a poner fin al litigio, desde el momento que ella no configuran el acuerdo de suspender el trámite del juicio; que en tanto el acuerdo ha de versar sobre la suspensión del proceso, resulta obvio que debe ser presentado por escrito en el expediente; que el acuerdo debe ser expreso, por escrito y bilateral, quedando excluidas las tratativas o gestiones extrajudiciales.

En cuanto a las costas, las impone a la parte actora perdidosa contra quien se declara el derecho conforme surge del resultado del recurso (arts. 106, 107, 108 CPCCT. Concluye, así, desestimando el recurso de nulidad y confirmando la sentencia de primera instancia en cuanto fuere materia de agravios por la recurrente y por ende, mantener firme la caducidad declarada por el inferior en grado.

V.- De la confrontación del recurso de casación, puesto en relación con los términos sentenciales se concluye en que el mismo debe prosperar.

En efecto, de la lectura del libelo recursivo emerge que los agravios de la recurrente están centrados en la imposición de costas en el presente juicio. Al respecto, le causa gravamen, esencialmente, que habiéndose agraviado de ellas en el recurso de apelación, la Cámara no se haya expedido al respecto. Expresa que no es suficiente con la mención de los arts. 106, 107, 108 procesal; que las circunstancias que detalla (reconocimientos de la demandada acerca de su responsabilidad, etc) citadas supra hacen que la imposición de costas deba serlo sobre la demandada pues los arts. 3989, 718, 1071, 1113 CC se imponen por sobre el art. 210 y ss. del digesto de forma.

Ahora bien, en primer lugar, cabe aclarar que es principio general receptado por esta Corte que, el modo de distribución de los gastos causídicos configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (CSJT, sent. nro.138 del 18/3/2003, entre muchas otras).

En este último sentido, se advierte que la sentencia deviene arbitraria, toda vez que habiéndose expresamente solicitado la revisión de la imposición de los gastos causídicos, la sentencia recurrida hace caso omiso de tal planteo.

En efecto, el pronunciamiento se expide, sobre la caducidad, refiriendo que el plazo legal hubo transcurrido sin que ninguna actividad procesal interruptiva o suspensiva se haya receptado en el expediente a los efectos de evitar la perención finalmente producida y que no son suficientes en este sentido las aludidas tratativas extrajudiciales que indica e intenta probar la actora. Concluye luego imponiendo las costas a la vencida aplicando los arts. 106, 107, 108 procesal. Se observa así que impone las costas de segunda instancia sin pronunciarse en nada respecto al agravio del apelante que le requería reconsiderar el modo de imposición de las costas en primera instancia.

Por lo expuesto, resulta eficaz a los efectos casatorios el argumento referido a que existe omisión de tratamiento en relación a la imposición de las costas en primera instancia, toda vez que la Cámara confirma la sentencia de primera instancia (que impone las costas del principal y del incidente a la vencida según lo dispuesto por el art. 106, 107 y 219 procesal) sin expedirse sobre la materia de agravios la cual requería explícita y autónoma expresión al respecto mediante la consideración y análisis de los motivos ofrecidos por la actora para sostener la petición referida a una distinta distribución de los gastos causídicos en primera instancia, motivos éstos que no han sido efectivamente tratados por la Cámara al analizar los agravios de la apelación.

Y es que, como bien lo resalta el recurrente, la sola cita de los arts. 106, 107 y 219 del CPCCT no suple el deber de pronunciarse respecto a gravámenes expresamente puntualizados en el memorial de agravios, así como que, tampoco puede extenderse las virtualidades de tal fundamento -referidos a las costas en la instancia que se estaba desarrollando, esto es: la segunda- a punto tal que sirva también de sostén a las costas de la instancia inferior pues, sobre este tópico, no hubo estimación ni decisión expresas.

Así, de la lectura de la sentencia en embate se advierte que el tema de los gastos causídicos sólo son tratados bajo el título "Costas de la alzada" en donde la Cámara decide imponerlas a la parte actora perdidosa. Luego, en la Resolutiva sentencial se dice: "Costas como se consideran" (según fs. 386). Como bien se observa, nada hay en el decisorio recurrido que aluda a las costas de la sentencia de primera instancia. De su lado, el memorial de agravios expresa "en cuanto a las costas me agravio dando como fundamentos todas y cada una de las razones que he desarrollado en esta presentación y que demuestran acabadamente la sinrazón del pedido de caducidad de instancia formulado por las accionadas, a la vez que justifican la oposición que mi parte hiciera valer contra tan indecorosa postulación" (sic fs. 367 vta. in fine). De ello surge que, ante una explícita cuestión litigiosa propuesta, la Cámara ha omitido su tratamiento y consideración.

Existe en el caso violación al principio de congruencia que se vincula básicamente a la forma en que los jueces y tribunales resuelven las cuestiones que les han sido sometidas con arreglo a la traba de la relación procesal; es decir, a la conformación de la sentencia con el pedimento.

La sentencia de la Cámara debe ser congruente y motivada (arts. 34, 272, 273 y 280 CPCC; CSJTuc, "Sucesión Eduardo Carlino c/Símbolo Compañía Financiera S.A.s/escrituración hipotecaria", 25/2/99). Al no pronunciarse sobre una cuestión propuesta y conducente para la decisión del recurso, no sólo se afecta el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa y la regla del debido proceso, ambos de raíz constitucional.

Las razones expuestas tornan nulo al pronunciamiento por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación en el punto que analizamos, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia del Tribunal de alzada que se dicta sin considerar ni decidir sobre la imposición de las costas en primera instancia cuando tal cuestión fue propuesta como uno de los agravios del apelante", debiendo volver los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento en el punto.

VI.- Las costas del recurso de casación, atento al resultado nulificante, se imponen por su orden (arts. 106 inc. 1° y 108 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la letrada apoderada de la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 26/9/2002 y, en consecuencia declarar la nulidad parcial de la misma en base a la doctrina legal enunciada. Vuelvan los autos a segunda instancia a fin de que por intermedio de quien corresponda se dicte nueva sentencia únicamente en relación al punto anulado.

II.- COSTAS de la instancia casatoria como se consideran.

III-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA