marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, despido, licencia por enfermedad, medios de prueba, concubinato
Materia: LABORAL
Carátula: Cayun, Mariela Fabina c/ Jadde SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-07

La actora comenzó a gozar de licencia como consecuencia de una enfermedad inculpable. A los seis meses, la demandada le comunicó la reserva del puesto de trabajo según lo normado por el art. 11 LCT, por haber transcurrido el plazo previsto por el art. 208 LCT conforme antigüedad mayor de cinco años y no poseer cargas de familia. El estado de convivencia con su pareja, generó el reclamo del plazo de un año de licencia paga conf. art. 208 LCT y la documentación con la que la trabajadora acreditó el vínculo aludido, fue desconocida por la empleadora. Así entonces, la actora comunicó el despido indirecto. La juez de grado hizo lugar al reclamo y por ello se queja la demandada. La unión convivencial admite la amplitud de medios de prueba que permite el art. 512 del CCyCN y en esta línea, las pruebas aportadas permiten determinar que tal convivencia entre la actora y su pareja, era conocida por la empresa accionada. Cabe destacar que el art. 9 de la ley 23.660 considera cargas de familia al grupo de beneficiarios de las obras sociales entre los que se encuentra el/la concubino/concubina. Asimismo, de la "manifestación de convivencia" realizada y certificada por escribano público, surge que la misma se estableció alrededor de 10 meses antes que la actora empezara a gozar de la licencia por enfermedad y alrededor de 1 año y 3 meses antes de la comunicación de reserva del puesto. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto hizo lugar a la extensión del período de licencia pago por considerar probado el concubinato y su conocimiento por la empleadora.
Reposición in extremis, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: V., M. E. c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-04

El recurso de reposición in extremis tiene por finalidad corregir errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples, resoluciones interlocutorias y aun las sentencias definitivas, cuando media posibilidad de consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial.
Despido, jornada de trabajo, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Medina Avallay, Adriana Mariel c/ Atento Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

De conformidad a lo establecido en el art. 8 del Acta Acuerdo 872/10 la jornada laboral de los que cumplen tareas del "call center" es de 36 horas, y por lo tanto la remuneración no podrá ser otra que la prevista en el CCT 130/75 para esta categoría profesional. Es decir 36 horas semanales es la jornada habitual y completa de conformidad al acta acuerdo celebrada en el marco del convenio colectivo citado.
Quiebra, incidente de revisión, buena fe, boleto de compraventa, oponibilidad a terceros, acreedor hipotecario, acreedor con privilegio especial
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Construcciones Potosí 4013 SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por: bartocci, stella maris
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El derecho reconocido al comprador de buena fe por boleto en el caso de concurso o quiebra del deudor, no obsta a la oponibilidad a su respecto del crédito reconocido al acreedor hipotecario con el privilegio especial previsto en la LCQ 241-4°. En efecto, la hipoteca es un derecho real que confiere a su titular el poder perseguir el bien aun en caso de enajenación a un tercero -antiguo CCIV 3162- toda vez que la hipoteca debidamente registrada produce efectos contra los mismos desde el día de su otorgamiento (antiguo CCIV 3149). Es por ello que a tal acreedor, dada la extensión de su derecho, no se le puede oponer un boleto de compraventa otorgado por el deudor hipotecario -con posterioridad- a un tercero, para intentar que prevalezca sobre el gravamen. En efecto, gozando el acreedor hipotecario del llamado "ius persequendi", según el cual puede perseguir la cosa -asiento de su privilegio- en poder del adquirente y pedir su ejecución y venta, como podría hacerlo contra el deudor original (Sala A, "Luxury Homes SA s/ Quiebra s/ Inc. De Escrituración de Testatonda, Luciano Rodolfo" del 7/11/17 y sus citas). De lo contrario, pretender la escrituración del inmueble libre del gravamen, implicaría desvirtuar o limitar el régimen de la hipoteca que no es afectado por la quiebra del titular del dominio.
Prueba pericial, interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho del menor a ser oído, deberes del juez, plan de parentalidad, derecho de comunicación, control de convencionalidad, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Si los hijos expresan su deseo de continuar viviendo con su padre y la angustia que les genera regresar a vivir con su mamá -lo que resultó suficientemente acreditado en la pericial producida-, es deber del poder judicial en el marco de sus obligaciones constitucionales y convencionales -Convención sobre los derechos del niño y Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional-, concretar el mandato del interés superior del niño escuchándolos atendiendo primordialmente a su opinión independientemente del acuerdo que sus progenitores hayan realizado pues por sobre su aplicación estricta debe ponerse en el centro de la escena los intereses y necesidades de sus hijos, priorizándolos siempre.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jurisprudencia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S., F. M. c/  s/ delitos contra la Administración Publica, resistencia y desobediencia a la autoridad-amenazas simples-delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Cabe recordar que a partir del caso "Scalcione" (criterio conteste con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Duarte" y "Chambla"), esta Corte -por mayoría- estableció que el Tribunal que al analizar una apelación interpuesta por el actor penal -sea su pretensión la agravación de la calificación legal y de la sanción o la revocación de una sentencia absolutoria, como en autos- entienda que corresponde hacer lugar al recurso, debe fallar la causa sin reenvío, siempre que no resulte necesaria la realización de un nuevo juicio o procedimiento, a fin de preservar el derecho del imputado al doble conforme consagrado en los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ambos incorporados al bloque de constitucionalidad por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional-, de modo de otorgar así al interesado la posibilidad de que un nuevo tribunal, integrado con otros magistrados del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal, mediante el acceso a un recurso ordinario, realice una revisión amplia de lo resuelto; y precisamente, de la resolución impugnada, se avizora sin dificultad que el A quo brindó adecuada respuesta a los agravios de la defensa conforme los lineamientos establecidos, desvaneciéndose los planteos de la presentante que con insistencia postula, debiéndose recordar al respecto que la mera alusión a normas y principios de raigambre constitucional no determina por sí misma la admisión del recurso de inconstitucionalidad provincial, siendo necesaria la demostración de la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa, no surgiendo del remedio extraordinario intentado la existencia en el caso de tal vinculación. - CSJN: Chambla y Duarte, ambos del 5/8/2014; CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239/260; T 99, p 393; T 117, p 296; T 138, p 433; T 226, p 50; T 227, p 495. Código Procesal Penal de Santa Fe -Ley 12734-, artículo 404, segundo párrafo
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, falta de prueba, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cámara de la Propiedad Horizontal c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El pronunciamiento no puede ser convalidado al adolecer de defectos que lo tornan arbitrario y lo descalifican como acto jurisdiccional válido, desde que la asociación actora carece de legitimación para cuestionar las ordenanzas que han sido objeto de impugnación, lo cual implica que no existe caso, causa o controversia; y la Cámara de la Propiedad Horizontal no ha demostrado tener un interés directo en el dictado de un pronunciamiento judicial, es decir, no acreditó qué perjuicios personales y concretos le acarrearían las normas atacadas. - CSJN: Fallos 345:1312; CSJStaFe: Asociación Tribunales, AyS T 233, p 159.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, cuestiones procesales, ejecución de sentencia, ley procesal, interpretación de la ley, facultades del juez, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Barrio, Alfonso Guillermo (sucesión) y otros c/ Lazarus, Ricardo Leonardo s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad no reúne la condición de definitividad, en tanto las resoluciones dictadas después de la sentencia, generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de aquélla, no son en principio impugnables por la vía prevista en la ley 7055, puesto que no resultan -por regla- un pronunciamiento definitivo ni auto equiparable al no poner fin al pleito ni impedir su continuación; y, si bien es cierto que la doctrina admite excepciones, entre ellas, cuando los pronunciamientos tengan un contenido ajeno o impliquen un ostensible apartamiento de lo resuelto por la sentencia que se ejecuta, en este caso el recurrente no demuestra que se configure un supuesto que autorice a dejar de lado el aludido principio, ni acredita la existencia de un daño irreparable o de una situación que por su incidencia en los derechos del demandado haga indispensable arbitrar una solución especial, dado que toda su argumentación se dirige a cuestionar la interpretación que la Sala le asignó a normas procesales en el ejercicio de funciones que le son propias. CSJStaFe: AyS T 97, p 473; T 147, p 363; T 148, p 221; T 150, p 203; T 159, p 227; T 332, p 174.
Indemnización agravada, empleo no registrado, Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, irretroactividad de la ley
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Fiorelli, José Luis y otros c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

En relación a las indemnizaciones agravadas reclamadas en los términos del art. 8 de la ley 24.013, cabe destacar que, de acuerdo con el art. 7 del C.C.C.N., a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario. Por tal razón, no corresponde la aplicación de las derogaciones del art. 99 de la Ley Bases, a las situaciones jurídicas ya consolidadas.
Recurso de inconstitucionalidad, procedimiento administrativo, prescripción, plazo
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la Cámara omitió considerar que el trámite en sede administrativa se mantuvo activo con posterioridad al momento tomado como referencia en la sentencia impugnada para contabilizar nuevamente el plazo de prescripción, dado que a partir del reclamo de la actora en la instancia administrativa se sucedieron una serie de actos procedimentales con virtualidad para conservar los efectos interruptivos de la prescripción. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJStaFe: Tolosa, AyS T 96, p 389.
Recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Corresponde imponer las costas por su orden, en atención a la complejidad del caso y a la naturaleza de los fundamentos expuestos por el tribunal. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta)
Despido, intereses, índices de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: Villanueva, Néstor Eduardo c/ Provincia ART SA y otro s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Corresponde actualizar el capital de condena mediante la aplicación del IPC más un interés del 6% anual desde la fecha de exigibilidad de cada crédito hasta la del efectivo pago, toda vez que no resulta desajustado a la realidad económica del país el sistema de actualización propuesto, desde que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares.
Despido, ius variandi, prueba, daño moral, daño material, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: De Leo, Flavia Karina c/ Servicio de Terapia Renal Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La legislación de nuestro país excluye el uso no funcional del ius variandi, por lo cual es al empleador a quien le corresponde acreditar el mínimo de razonabilidad que justifique el cambio impuesto y, sólo ante tal prueba, corresponde al trabajador o trabajadora demostrar el perjuicio material o moral. La empleadora tenía derecho a modificar condiciones no esenciales del contrato de trabajo siempre que existiera una razón "funcional" y que no le causara a la trabajadora perjuicio material ni moral (cfr. art. 66 LCT). En el caso, no se produjo prueba alguna que demuestre que el cambio del lugar de trabajo de la actora hubiese respondido a motivaciones funcionales de la empresa o a exigencias de índole comercial (tal como además del art. 66 de la LCT, se impone en el ejercicio de las facultades de organización en el art. 64 de la LCT) por lo cual no se acreditó que hubiere obedecido a razones objetivas derivadas de la organización empresarial que obligaran a la empresa a adoptar la medida cuestionada.
Derecho laboral, encargados de casas de renta, aplicación de la ley, vivienda, juicio de desalojo, indemnización, despido, imposibilidad de continuar el vínculo, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Crámer 305/315/319/345/355/361/381/391 c/ Ramírez Miguel Ángel s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

La juez de grado rechazó el reclamo por los daños y perjuicios sufridos por el consorcio accionante, en virtud de la ilegítima ocupación del inmueble destinado a vivienda del encargado, y no hizo lugar al canon locativo que solicitara el consorcio como reparación. El trabajador permaneció durante tres años ocupando la vivienda en forma ilegítima luego de concluir el contrato de trabajo por despido, pero el paso del tiempo aludido fue el lapso que duró el trámite judicial, toda vez que el consorcio inició la acción por desalojo al mes de vencidos los treinta días otorgados para la entrega de la vivienda. Por ello, no se puede cargar al trabajador con las consecuencias de los daños ocasionados al consorcio accionante. El canon locativo que reclama la accionante es inadmisible pues no existe un contrato como fuente de la obligación - en el que la causa de la obligación es el título- sino un ilícito en términos estrictos. La vivienda del encargado reviste naturaleza accesoria al contrato de trabajo en su carácter de encargado permanente, tal como lo dispone el estatuto 12.981, por lo que al ser disuelto el vínculo laboral y transcurrido el plazo de treinta días fijados por el art. 25 inc. 11 del CCT 589/10, ello no habilita a la accionante a considerar la existencia de un contrato de locación que imponga al inquilino el pago de un canon locativo. Así entonces, vencido el plazo previsto por dicha norma solo tenía el accionante derecho a recuperar el inmueble otorgado en comodato, mas no a peticionar el precio de un alquiler que nunca se pactó en términos contractuales, y que mensuró en relación al mercado inmobiliario. Más allá que el consorcio no pudo otorgar la vivienda al nuevo encargado, no lo es menos que ello pueda asimilarse a la imposibilidad de arrendar dicha vivienda a un inquilino. En consecuencia, se desestima la queja y confirma lo decidido en la anterior instancia. (Del voto del Dr. De Vedia, en minoría).
Revocación de sentencia, defensa, sanciones disciplinarias administrativas, falsa denuncia, código penal, falta de dolo, ética profesional, sanciones del Colegio Profesional, sentencia absolutoria, cuota alimentaria, responsabilidad profesional, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Kowaleski, Katya Marina - Falsa denuncia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2024-08-23

Corresponde sancionar a la letrada de quien resultó imputada por el delito de falsa denuncia en perjuicio del progenitor a quien atribuyó incumplimiento de los deberes de asistencia familiar por falta de pago de la cuota alimentaria, toda vez que debido a la ineficacia de la defensa técnica de su letrada desconocía absolutamente el cumplimiento paterno, correspondiendo en consecuencia dictar su absolución, imponer sanción de apercibimiento a la profesional actuante y ordenar el inicio de una investigación administrativa a los fines de determinar su responsabilidad profesional.
Recurso de inconstitucionalidad, plazo, presentación extemporánea, recurso de queja (procesal), leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Catalano, María Belén c/  s/ apelación resolución del tribunal de ética del colegio de psicólogos resolución que aplica sanción de apercibimiento publico y suspensión de matricula-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

Teniendo presente que el criterio inveterado de esta Corte al interpretar y aplicar el artículo 2 de la ley 7055 -que, luego de establecer el plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad expresamente dice que la aclaratoria no interrumpe el plazo mencionado-, si bien en ocasiones se efectuó el cómputo a partir de la notificación del auto que resolvió la aclaratoria, cabe destacar que se trataba de supuestos en que ésta -vinculada al tema cuestionado constitucionalmente- se consideró admisible, lo que no aconteció en los presentes autos, resultando por tanto insatisfecha la exigencia de temporaneidad del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi) - CSJStaFe: AyS T 38, p 326; T 51, p 310; T 54, p 438; T 76, p 496; T 324, p 327.
Falsa denuncia, código penal, tipo penal, dolo como vicio de la voluntad, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL
Carátula: Kowaleski, Katya Marina - Falsa denuncia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2024-08-23

Conforme los elementos requeridos para que se configure la falsa denuncia del artículo 45 del Código Penal y la conducta típica a sancionar, se requiere en aquélla incurrir en falsedad objetiva y subjetiva, lo que exige asimismo el conocimiento que la denuncia es falsa o sea, el cabal conocimiento del tipo objetivo a lo que debe sumarse la voluntad de realizarlo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, ejecución de sentencia, impugnación de la liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cardoso, Raúl Ernesto c/ Papelera San Juan S.R.L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

Es sabido que las resoluciones dictadas después de la sentencia, generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de aquélla, no son en principio impugnables por la vía prevista en la ley 7055, puesto que no resultan -por regla- un pronunciamiento definitivo ni auto equiparable al no poner fin al pleito ni impedir su continuación, subsumiéndose en aquella hipótesis el pronunciamiento mediante el cual se resuelve la impugnación de la planilla practicada; y, si bien cabe hacer excepción al mencionado criterio en supuestos en que la cuestión decidida exceda claramente los límites de una razonable ejecución del fallo y cause un gravamen irreparable, la compareciente no alcanza a demostrar un supuesto de excepción a la regla antes expuesta, ya que con sus genéricas alegaciones, referidas mayormente en cuanto a los efectos de la cosa juzgada, no alcanza a controvertir el fundamento desarrollado por la Cámara respecto de que la expresión de agravios no alcanzaba a conmover los argumentos desarrollados por el Juez inferior, desde que la demandada había cuestionado la liquidación mediante recurso de revocatoria in extremis, el que -entendió- resultaba pertinente en el caso, ello en tanto había existido un error evidente, sin que hubiera otra vía para subsanarlo, por lo que consideró que la liquidación no había adquirido el carácter de cosa juzgada sino que, por el contrario, podía ser revisada. - CSJStaFe: AyS T 95, p 10; T 148, p 221; T 79, p 246; T 80, p 446.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, remuneración, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Lisandro Pedro y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

La Cámara destacó que no se discute ni se ha alegado que se haya traído a consideración un caso vinculado a la vulneración de la garantía de inamovilidad, cuya conformación no cubre las contingencias vinculadas a la modificación de las remuneraciones -atinentes a la garantía de intangibilidad- sino las relacionadas a la permanencia en el desempeño de las funciones propias del órgano, todo lo que evidentemente no hace a la discusión que aquí se ventila; que también debe rechazarse que haya una vulneración de la garantía de intangibilidad, cuestión sobre la que se insiste pese a las consideraciones de esta Corte al resolver el pedido de avocación, ahora sosteniendo que la intangibilidad no sólo se cercena mediante una ley que disminuya lo dispuesto en leyes anteriores; y que lo que siempre debe estar presente es la reducción o deterioro, y ninguno de esos dos supuestos se presenta en el caso, ya que los demandantes perciben sus remuneraciones como lo establecen las leyes sancionadas antes de su ingreso y no modificadas en este aspecto. - CSJStaFe: AyS T 300, p 360.