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Alimentos, obligación alimentaria, divorcio del 67 bis, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE P.L.V. Y F.J.J. s/ DIVORCIO 67 BIS - ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

Los alimentos constituyen una obligación legal que deriva del parentesco (art. 367 del Código Civil), del matrimonio (art. 198 del Código civil), o indirectamente impuesta por la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar a los tutores.

No pueden ser objeto de cesión (art. 1453 del Cód. Civil), compensados con obligación alguna, ser objeto de transacciones, ni pueden renunciarse, ni transferirse, por acto entre vivos, o por muerte del acreedor o del deudor de dichos alimentos, ni constituir a terceros "derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna" (art. 374 del Código Civil).

La obligación alimentaria es de orden público, en virtud del artículo 21 del Código citado y no pueden dejarse sin efecto sus provisiones legales por convenios que la contradigan. La reserva del derecho de uno de ellos a recibir alimentos efectuada en la última parte del segundo párrafo del art. 67 bis de la ley 2393), implica un reconocimiento probatorio de que "de toda necesidad" (art. 80, ley 2393).

Al cese de dicho estado, el marido puede solicitar la cesación por vía de incidente (art. 649 y 650 del Código Procesal Civil) y ello pura y simplemente porque se los estaba pagando con posterioridad a la sentencia, porque si no fuera así su obligación El convenio al que se refiere el derogado art. 67 bis de la ley 2393, debe entenderse referido sólo a los alimentos provisorios a los que tendrá derecho el beneficiario durante la sustanciación del proceso previsto en aquella norma, pero, una vez fallado el mismo, la razón de ser de aquellas habrá perdido, en principio, el sustento que posibilitó el convenio.

La obligación alimentaria no puede vivir de modo desconectado del matrimonio y, por tanto si se agota la plena vigencia de este último, igualmente y salvo los casos de extrema necesidad, se extingue la primera.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ciliberto Juan Carlos c/ Maciel Carlos Ramón Antonio y Otros s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-07-11

Si bien esta sala ha venido manteniendo la tasa activa, un nuevo examen de la cuestión nos persuade de la necesidad de modificar dicha postura dado los elevados coeficientes exageradamente positivos respecto de la mínima desvalorización monetaria del país en los últimos tiempos y la reducida tasa pasiva que abonan los bancos. Por ello adoptamos un coeficiente resultante de promediar la tasa pasiva promedio que publica el Bco. Central con la tasa activa que percibe el Bco. de la Nación, en sus operaciones de descuento a treinta días.
Sociedad de hecho, disolución de sociedades, sociedad irregular
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAMINGO   FLORENTINO  Y  OTRO c/ FIAMINGO,  SERGIO  ADRIAN s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-03

La previsión del artículo 22 de la Ley 19550 establece en su tercer párrafo la posibilidad de que cualquiera de los socios pueda exigir a sus consocios la disolución de la sociedad de hecho, que se producirá a la fecha en la que el interesado los notifique fehacientemente sobre su voluntad disolutiva. Ello, claro está, siempre y cuando la mayoría no resuelva en el término de 10 días regularizar la sociedad y adopte las formalidades correspondientes a tal fin, solicitando asimismo su inscripción dentro del plazo de 60 días; lapsos temporales ambos computables desde la última notificación cursada por el consocio que persigue la disolución. Puede concluirse, consecuentemente, que ope legis la sociedad de hecho puede ser disuelta por la mera intención de alguno de sus socios comunicada fehacientemente a los restantes, salvo que existiera algún grado de litigiosidad que torne menester la intervención jurisdiccional a tal efecto disolutorio del ente. Es dable poner de relieve que no existe otro medio para poner en práctica la voluntad de separación de la empresa común de alguno de los partícipes que tramitar la disolución del ente virtual configurado por esa comunidad (Alberto Víctor Verón, "Sociedades Comerciales - Comentada, anotada y concordada", Ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2007, T. 1, pág. 212) con ajuste al citado artículo 22 de la Ley 19550.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Barquiza, Pablo A. c/ Organización Clearing Argentina S.A. (O.C.A.S.A.) y otro s/ Cobro de Pesos- Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-30

Resulta improcedente el escrito de interposición del recurso de inaplicabilidad de ley que no pasa de contener una serie de críticas al fallo en crisis, sin una vinculación mínima con la normativa o doctrina legal supuestamente infringida; y no cumple con los requisitos señalados por el artículo 140 del Cód. Procesal Laboral por no enunciar en forma clara y precisa en que consiste la violación que denuncia. Se rechaza el recurso.
Riesgos del trabajo, incapacidad laboral, igualdad ante la ley, sentencia, recursos, compensación económica
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, JOSE AMADOR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-19

La decisión en comentario tuvo entonces en mira garantizar, por medio de la autoridad administrativa o judicial interviniente, que los damnificados siempre reciban un tratamiento igualitario, con arreglo a una misma tabla de evaluación; es decir, que sus incapacidades sean apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, mediante criterios de evaluación uniformes, previamente establecidos, y no con arreglo a pautas discrecionales, para evitar así litigios innecesarios (cf. CSJN, Fallo "LEDESMA" del 12/11/19). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Schmidt, Berta María c/ Panificadora del Oeste S.R.L. s/ Enfermedad profesional, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Determinar si es justificado o no el despido indirecto es cuestión de hecho, irrevisible salvo absurdo.
Amenazas, prueba, incidentes, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Gral. de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Farias Clavijo, Patricio Sebastián s/ 149 bis - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde rechazar la queja si la Cámara descartó el planteo relacionado con la violación del plazo razonable, con apoyo en razones de hecho y de interpretación del derecho infraconstitucional, ajenas a esta instancia extraordinaria. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Poder Ejecutivo, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Henry de Llanos, José.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-07-18

Un decreto expedido por el, reglamentando los tratados públicos, no puede ser considerado como ley de la Nación, respecto de aquellas disposiciones que no se contienen en los tratados que en él se recuerdan, por no haber recibido la sanción del congreso de la República. (Con motivo del decreto de 19 de noviembre de 1862).
Pensiones, hija soltera
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vera Barros, Rita Esther c/ Estado  Nacional  (Armada  Argentina  -Dirección  General de Personal Naval-) s/ beneficio de pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Aunque no cuente con los cincuenta años de edad que exige el art.

82, inc. 5. de la ley 19.101, debe reconocérsele el derecho a pensión a la hija soltera que convivió con el causante durante toda su vida y lo cuidó en su enfermedad que derivó en la pérdida de la vista, sin realizar nunca trabajos fuera del hogar ni contar con preparación alguna que le facilite el acceso al mercado laboral.
Juicio ejecutivo, excepción de pago, recibo, cheque
Materia: PROCESAL
Carátula: ILLARIETTI, Héctor Luis c/ VITALO, Mónica Viviana s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

El recibo que se refiere a la entrega de un cheque no es suficiente para fundar la excepción de pago, pues la entrega de esa orden pura y simple de pago no constituye propiamente pago. En efecto, conforme lo determina el art. 725 del Código Civil, sólo hay pago cuando se cumple "la prestación que hace al objeto de la obligación", de manera tal que aquél no queda configurado por la mera recepción de cheques por parte del acreedor de sumas de dinero.-
Tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: ROBLES, DANIEL ENRIQUE. c/ LA LUGENZE S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-08

Atento a las circunstancias de la causa, resulta arreglado a derecho liquidar los intereses de condena desde el 07-01-02 con la tasa pasiva de los índices fijados por el BCRA, de acuerdo con el pronunciamiento sugerido por el comunicado "A" Nº 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" Nº 5014, hasta su efectivo pago".

DRES.:GANDUR-GOANE-ESTOFAN.
Mora, mora automática
Materia: CIVIL
Carátula: M., G.N. c/ L., L.J. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-24

Quedan sometidas a la regla de la mora automática las obligaciones modalizadas con un plazo determinado, sea éste cierto o incierto, visto que la norma no distingue entre ellos y que en el último supuesto el deudor puede cubrirse de las consecuencias desfavorables de su posible ignorancia del vencimiento del plazo, así como de la vulneración por el acreedor de la buena fe negocial, mediante los recursos puestos a su disposición por los artículos 509 párr. 4 y 1198 parte 1era., en armonía éste con la disposición del artículo 1071 apdo 2, todos del mismo cuerpo legal.
Suspensión del juicio a prueba, competencia funcional, competencia por el grado, competencia correccional, tribunal de alzada, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

El Juzgado en lo Correccional y la Cámara en lo Criminal pueden decidir sobre la probation en los casos elevados a juicio y, en consecuencia, de ello se desprende que ambos tribunales se emplazan en igual competencia en razón del grado y por división de funciones (etapa de juicio en instancia única), lo que obsta a que alguno de ellos pueda ser tribunal de alzada respecto del otro.
Recibo de sueldo, obligaciones del empleador, apreciación de la prueba, principios laborales, derechos del trabajador, regularización del trabajador, presunciones
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: López Malvina Yael  c/ Lógica S.R.L.  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-19

A diferencia de lo que afirma el estimado colega, Juez de primera instancia, no comparto que "la documentación laboral del empleador goza de presunción de legitimidad dado que es llevada en legal forma y se encuentra debidamente intervenida por la autoridad de aplicación"; ya me he pronunciado respecto del peso o entidad probatoria que cabe otorgar a las atestaciones que (por ej. sobre fecha de ingreso, categoría, o jornada cumplida) exhiben los recibos de haberes que son traídos a juicio, generalmente nunca cuestionados por el trabajador. Respecto del punto estoy consciente de que esta Sala, en sus orígenes y con anterior integración, otorgaba suma relevancia a los datos asentados en los recibos cuando no habían sido cuestionados en el tiempo por el trabajador. Se exigía por ello, que las probanzas con las que se pretendiese modificar las constancias de dichos recibos fueran concluyentes o fehacientes, siendo rigurosa la valoración que se hacía de las mismas (especialmente cuando se trata de testifical), llegándose a indicar, en relación a los recibos de haberes no cuestionados, que cabía presumir veracidad de su contenido. Esta tesitura desoye la potente voz del sentido común que indica que, dada la situación de hiposuficiencia del trabajador, sobre cuya cabeza pende una espada forjada por la necesidad de alimentos, vestidos, salud y educación para sí y su familia, requerir del mismo acciones que solo en el marco -civilista- de una libre y no constreñida voluntad podría ponerse en acto, resulta injusto. Pretender que el trabajador, en el decurso de la relación, formule formales cuestionamientos a su deficiente registración pone al mismo en la agónica situación de poner en riesgo su fuente de ingreso, y esto resulta tan obvio y observado en la realidad que me resisto a seguir argumentando al respecto (Voto Ronconi)
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Juzgado de Transición nro. 1 Morón c/ Juzgado de Garantías nro. 1 Quilmes s/ Incidente de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Frente a la imperativa voluntad del legislador de modernizar todas las instituciones relacionadas con el proceso penal, el criterio de aplicación de la ley 3589 no puede ser sino restricto, toda vez que se trata de un sistema en liquidación, donde las causas se hallan sometidas a un procedimiento cuyo plazo de extinción se encuentra legalmente fijado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio, cancelación de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: ESTEVEZ, Rubén c/ PARQUE ATLANTICO DE LA CALETA S.A. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Cuando se trata de la escrituración de la cancelación de la hipoteca, la regulación de honorarios deberá hacerse conforme al art. 19 de la ley 21.839 que dispone que se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción, pues en estos casos la escritura no es más que la forma del acto que da por extinguido el derecho real que garantizaba un crédito (art. 3201 del Código Civil), y en consecuencia, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de la regulación de honorarios es el crédito y no el valor del bien afectado al pago del mismo.
Recurso de inconstitucionalidad, intereses, indemnización tarifada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SENA, DOMINGO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

Los reproches relativos a la capitalización de intereses (dispuesta desde que la planilla quede firme) no resultan atendibles, toda vez que los argumentos de la Alzada ponderando la decisión de la demandada de colocarse en el rol de autoasegurada debiendo entonces responder como tal, y el carácter estrictamente alimentario de la deuda lucen razonables y adoptados por aplicación de pautas debidamente valoradas, toda vez que dicha capitalización -tal como se fijó en el pronunciamiento impugnado- sólo se aplicaría en el evento de que la demandada no cumpliese con el pago por el cual se la ha condenado, esto es, una vez firme la liquidación final y vencido el plazo de pago estipulado. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Erbetta)
Resoluciones judiciales, etapas del proceso, sentencia, aportes previsionales, liquidación de haberes, diferencias salariales, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Carmona Mayra Cecilia contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-23

La actuación del GCBA como agente de retención no constituye el ejercicio de un derecho ni la defensa de una prerrogativa propia sino el cumplimiento de una obligación legal que le imponen las leyes n° 24241 y n° 472. En efecto, al actuar como agente de retención, el GCBA no actúa en defensa de su patrimonio ni persigue satisfacer una obligación de la cual resulte acreedor, sino que se limita a intervenir (por expreso mandato legal) en la recaudación de los aportes personales debidos por los trabajadores y cuyo acreedor es un tercero. Ese mandato legal no necesita ser ratificado por la sentencia definitiva para adquirir vigencia en el caso concreto, ni fue descalificado por inconstitucional en ese pronunciamiento. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe por remisión a sus argumentos expuestos in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angeleri, Claudia Gabriela y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales", expte. n° 23550/17-1; sentencia del 09-02-2022; y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fudim Ernesto contra GCBA sobre empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. n° 45800/12-1; sentencia del 10-02-2022).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Plaul, Nélida Esther c/ Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Tandil s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

La disposición final del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo regula el tope mínimo del monto indemnizatorio, el que en ningún caso puede ser inferior a dos meses de sueldo calculados en base al sistema del primer párrafo -y no del segundo como se realizó en sentencia.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: KUSNIER JUAN PABLO S.D. ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL E.P. LUNA DARIO ALBERTO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18

Se considera robo con armas el cometido con cualquier arma blanca que sea ya que posee aptitud para aumentar el poder ofensivo del hombre y crear una real situación de peligro.
Acción de amparo, admisibilidad formal, educación superior, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Ferrer Quiroga , Tomás Fabian c/ Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ciencias Médicas s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2016-04-07

Cabe declarar formalmente procedente la acción de amparo intentada por el actor -quien pretende que se lo admita como alumno regular de la carrera de medicina-, a fin de que la UN de Cuyo -Facultad de Cs. Médicas- se adecúe a la ley 27.204, promulgada por Decr. nº 2358/15, modificatoria de la ley 24.521, de Educación Superior (LES) que establece el ingreso gratuito e irrestricto para todas las universidades públicas del país, y, en consecuencia, requerir a la demandada el informe circunstanciado que prevé el art. 8° de la ley 16.986, bajo apercibimiento de ley.
Reincidencia, reincidencia real, procesado, excarcelación, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: GENNARO, José s/ REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-21

Corresponde revocar la declaración de reincidencia efectuada en el otro proceso, en atención a lo establecido por el art. 50 CP -ley 23050- y por aplicación del art. 2 cód. cit., dado que el período de detención sufrido hasta que fue excarcelado, lo fue en carácter de procesado y no de condenado y como actualmente rige el sistema de la reincidencia real, que exige ese extremo, cabe concluir que dicho antecedente no puede ser invocado a tales fines; confirmándose en consecuencia la pena única, pero dejándose sin efecto la declaración de reincidencia por primera vez.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA SANDRA L.C. c/ ROSALES ANTONIO P. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Los padres, como los hijos mayores de edad, deben acreditar la existencia de un perjuicio real emergente de la muerte de la víctima, pues la presunción establecida por el art.1084 del Código Civil sólo alcanza a la viuda y a los hijos menores de edad.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde imponer las costas por su orden pues la dificultad del texto legal pudo inducir a la recurrente a sostener un criterio opuesto.
Valor justicia, imputado, derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-21

La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito sea conjugado con el derecho del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, procurándose así conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Costas al vencido, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CUIÑA, RODOLFO s/ Régimen Penal Tributario y Contrabando Causa 31076-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Conforme al Art. 144, primera parte, del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372), las costas estarán a cargo de la parte vencida y no obsta a ello que el apelante haya desistido.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., R. c/ C., M. del C. s/ Divorcio Z., S. A. c/ A., A. J. s/ Divorcio y separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01|1989-07-27

La prueba de testigos se debe tomar como formando parte de un todo y es deber del juzgador valorarla cotejándola con el resto de los elementos del proceso, pues la atomización de cada contestación conduce al polo opuesto. El valor de convicción de los elementos considerados por el sentenciador debe ser analizado en su conjunto, relacionando unos con otros y todos entre sí y no separadamente.
Requisa personal, falta de orden del juez, medidas urgentes, flagrancia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROSENTAL, Alejandro s/ nulidad Causa nro. 27.419
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El Código Procesal Penal de la Nación establece como presupuesto para la procedencia de la requisa que existan motivos suficientes para presumir que alguien oculta cosas relacionadas con un delito (art.

230, Código Procesal Penal ), la que será ordenada por un Juez; en caso de urgencia será llevada a cabo directamente por el funcionario policial interviniente (art. 184, inc. 5., Código Procesal Penal de la Nación). Tales razones de urgencia deben tener una entidad tal que hagan claramente aconsejable no postergar el acto durante el tiempo necesario para que el Juez emita una orden que lo autorice. Se ha interpretado que otra razón que puede autorizar la requisa sin orden judicial, se da en los supuestos en que está autorizada la detención sin orden, como ocurre en el caso de flagrancia. Una vez producida la detención, la requisa queda autorizada. Pero esto impone someter la detención a un riguroso test de legitimidad.