marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Repetición de impuestos, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Buono, Jorge Rafael c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Si bien en ocasión de votar en el precedente "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Algaze, David Oscar c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT)", expte. n° 8316/11, exigí una mayor fundamentación en la decisión que desconocía la aplicación de la resolución n° 4151/SHYF/03, la diferencia temporal entre la sentencia allí revocada -diciembre de 2010- y la que aquí se analiza -julio de 2017- y la aceleración de la depreciación de nuestro signo monetario en ese lapso me lleva a pensar que lo que antes requería mayor fundamentación ahora resulta evidente. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano),
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, competencia, tutela de la competencia, actuación de oficio, recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, jueces, pérdida de la jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Provincia de Santa Fe (Fiscalía de Estado) s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  amparo (Expte. CSJ Nº 340-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-01

Si bien es cierto que la Corte puede declarar -aun de oficio- que un asunto corresponde a su competencia contencioso administrativa, y, en su caso, ordenar la adecuación de las pretensiones a la ley 11330, también lo es que decisiones tales suponen la existencia de un caso que se tramite ante un juez incompetente, más no sin jurisdicción, como en el caso lo ha entendido el A quo, mediante consideraciones que -más allá de su grado de acierto o error- no resultan descalificables en esta instancia. Así, corresponde, en todo caso, dejar a salvo el derecho del recurrente a cuestionar la legitimidad del acto cuestionado en el modo y forma debida.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito c/ Crespo, F. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

El dispositivo del art. 25 de la ley 8904 es aplicable en principio en los casos de transacción como modo anormal de terminación del proceso -art. 308 CPCC- y no en supuestos de acuerdo mediando ya sentencia firme.
Robo de automotor, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Cuvillana, Carlos Alberto y Raggio, Luis Miguel s/ causa N. 21.493. Martínez, José Agustín s/ robo calificado s/ causa N. 32.154. Gómez, Ricardo y Federico, Eduardo Alberto s/ robo agravado - automotor - arma de fuego
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06|1989-06-06|1989-06-08

El art. 38 del decreto ley 6582/58, que reprime el delito de robo de automotor cometido con armas, incurre en un ostensible e irrazonable desconocimiento del derecho constitucional, fundado en los arts. 28 y 33 de la Ley Fundamental, a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roldan, Lucio c/ Abrate, Miguel Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-03

En los procesos de daños y perjuicios, a los efectos de la regulación de honorarios, y de acuerdo al art. 19 de la ley 21.839, modificado por la ley 24.432, debe tomarse como monto del proceso a la suma total de los rubros de condena. (Minoría u opinión personal)
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: G.C., M. c/ H., M.G. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-03

1- Es difícil sostener válidamente la intencionalidad de comportamientos o discursos configurativos de un agravio o una injuria grave de uno de los cónyuges hacia el otro como causal de divorcio culpable ante la presencia de un cuadro de turbación psíquica con síntomas de descompensación psicótica, pensamiento delirante, conductas inapropiadas, etc. 2- Es que no puede haber intencionalidad si no hay una aptitud de discernir y no hay acto imputable a su autor si éste no fue practicado con discernimiento, intención y libertad (arts. 890, 897, 913, 921 y concs. del Código Civil). 3- De tal manera, en un divorcio entablado por esta causal subjetiva no es posible admitir la culpa imputada al cónyuge que sufre una enfermedad psiquiátrica sólo haciendo mérito de las afirmaciones vertidas en registros de las historias clínicas ofrecidas como prueba de los padecimientos del cónyuge demandado y sacándolas del contexto de la dolencia que lo aquejaba, máxime si el cónyuge que se considera agraviado por las conductas descriptas en esta prueba reconoce la existencia de la enfermedad. (Sumario N°17700 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

Los principios formales (procesales) deben ser respetados en tanto regulan el correcto devenir del proceso, pero de modo alguno pueden convertirse en una garantía o salvaguarda para violación a una norma constitucional, máxime cuando el derrotero procesal respecto del cual se podría predicar preclusión contiene un vicio esencial atribuible, pura y exclusivamente, a quien podría beneficiarse con la aludida preclusión procesal, en caso en que la misma fuese eventualmente receptada, en cuanto a su aplicación.
Incapacidad permanente, indemnización por incapacidad, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Hidalgo, Delaida Noemí c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-25

"Cuando la incapacidad del damnificado es total y definitiva, no procede resarcir el lucro cesante, desde que se superpone con el rubro incapacidad".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, extracción de sangre, mala praxis, impericia, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PLOMER, JORGE GUSTAVO Y OTROS c/ BERTONE, STELLA INES Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Frente a la argumentación de la Cámara - que aseveró que la extracción de sangre debía considerarse un acto quirúrgico y que el error en tal aspecto constituiría un caso de impericia, por no usar la técnica apropiada, agregando que en el caso concreto, al haber sido ejecutado el acto por el propio jefe del equipo, ya no puede exonerárselo, pues ha asumido el riesgo eventual del error y con su conducta permitió que la extracción no fuese realizada por el bioquímico-, el recurrente expresa principalmente que era el obstetra y no el bioquímico el profesional más idóneo y capacitado para realizar la extracción, pero con sus alegaciones no logra rebatir la conclusión relativa a su participación personal en tal acto y a la implicancia causal de su conducta. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Proceso penal, homicidio culposo, pena de inhabilitación, interpretación de la ley, doctrina, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Segura, Luis Eduardo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luis Guillermo Segura en Expte. Nº 182/06: "Segura, Luis Eduardo - s.a. Homicidio Culposo - Valle Viejo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15

El asistente técnico del imputado por el delito de Homicidio Culposo formula Recurso de Casación contra el Auto Interlocutorio, dictado por el Juzgado Correccional de Primera Nominación, que resolvió no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba por improcedente.

En los delitos reprimidos con penas de inhabilitación no se admiten la condicionalidad establecida y prevista en el Art. 26 tercer párrafo de Código Penal.

Así, autorizada Doctrina sostiene que la condenación condicional no procede si la pena impuesta es de reclusión, multa o inhabilitación, aunque éstas dos últimas hayan sido dispuestas conjuntamente con la pena de prisión en la condenación suspendida condicionalmente (confr. Ricardo C. Núñez "Manual de Derecho Penal" - Parte General - 4ta. Edición Actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Año 1999, Página 301, Editorial Marcos Lerner - Editora Córdoba).

Por consiguiente en cuanto a la naturaleza de la pena, sólo la de prisión puede ser dejada en suspenso. La ley excluye del instituto la de inhabilitación.

Por lo que realizando una interpretación sistemática con el art. 76 bis, párrafo octavo, del Código Penal, tampoco se admite la Suspensión del Juicio a Prueba si entre los delitos imputados figura alguno sancionado con pena de inhabilitación, como ocurre en el caso traído a examen, al tratarse el delito de Homicidio Culposo, art. 84 segundo párrafo del Código Penal, reprimido con pena de prisión e inhabilitación especial.

En consonancia a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa (...) La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuyas pena prevea la inhabilitación - art. 76 bis in fine del Código Penal - surge de manera inequívoca de la intención del legislador" (C.S.J.N., 3/12/2002 "Gregorchuk, Ricardo s/ rec. cas." G.663.XXXVI, Jueces: Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, López. Voto: Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Disidencia: Vázquez, PJN Intranet. WebRubinzal ppypenal 22.3.9 rl).

Culminando, no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.

Corresponde, entonces, no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

(Del voto del Dr. Palacios)
Sobreseimiento, centro clandestino de detención
Materia: PENAL
Carátula: Legajo Nº 1 - Querellante: Fukman, Enrique Mario y otro imputado: Berni, Sergio Alejandro y otro c/  s/ legajo de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-13

La disidencia sostuvo que el sobreseimiento resultará válido en la medida en que el juez funde su decisión suficientemente, expresando las razones concretas por las que considera que la investigación se ha agotado y que la prueba reunida resulta insuficiente a los fines de continuar la investigación, requisitos éstos que no fueron cumplimentados en la resolución recurrida, ya que no brindó razones suficientes para afirmar que los preventores habían sido agredidos por los manifestantes, ni cuál fue el sentido de la detención de los manifestantes, si éstos ya habrían depuesto su actitud, acatando las órdenes que la Gendarmería les habría impartido de conformidad con el protocolo al que aludió la jueza de instrucción, asimismo se soslayó considerar lo alegado por el impugnante en cuanto a que la detención en un centro clandestino implica vejamen. (Dr. Hornos -disidencia-).
Interdictos posesorios, procesos especiales, trámites judiciales, juicio abreviado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: TIERRAS DE LOS ANDES S.A. y Otro c/ Juan Bautista Samper s/ Interdicto de Recobrar la Posesión - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-18

El nuevo Código procesal (Ley 8037) vigente desde el 1 de febrero de 2010, establece para los interdictos el trámite de las reglas del proceso abreviado.

El art. 451 en su inciso 6 dispone que sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas cautelares. Es decir que no se ha modificado el criterio restrictivo en materia de apelación, impuesto en el art. 481 de la Ley 3738.

En cuanto al rechazo in limine de los incidentes, el art. 181 y 189, del nuevo Código, no importa modificaciones sustanciales al 185 y 193 de la ley anterior, excepto en cuanto a que la resolución será recurrible por reposición y en su caso apelable subsidiariamente, sin efecto suspensivo.
Relación de consumo, indemnización, supermercado, daño moral, ley de defensa del consumidor, publicación de la sentencia, deber de obrar con prudencia, responsabilidad del establecimiento comercial
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Stefoni, Paola Carina y otro c/ Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-12-09

Procede hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por los actores -quienes son consumidores o usuarios, en los términos del art. 1 de la Ley de defensa del consumidor y su modif. Ley 26361, en cuanto son personas físicas que efectuaron una compra en un supermercado-, condenando a la sociedad demandada a abonarles las sumas correspondientes en concepto de daño moral, incluido el daño psicológico y el daño punitivo, con más los intereses fijados. Respecto a la solicitud de publicación de la sentencia, debe estarse a lo reglado en el art. 54 bis LDC.

Para decidir así, ha de precisarse que de los términos de la contestación de la demanda y de los testimonios efectuados por los propios protagonistas del hecho denunciado -quienes se desempeñaban en tal ocasión como dependientes de la demandada- quedaron corroboradas las afirmaciones de demanda que configuran el daño por el que se reclama. En efecto, con tales relatos quedó acreditado su proceder sin respetar las normas protocolares, ambos empleados no actuaron -en tales circunstancias- con la discreción, prudencia y reserva que merecía el caso; sumado a ello que el hecho ocurrió en hora pico de concurrencia de público en una ciudad en la que los actores son conocidos.

Por su parte, la demandada no aportó elementos de juicio alguno que corroboren sus afirmaciones que enerven las conclusiones precedentes, en definitiva quedó demostrado en el accionar de sus dependientes -por quienes debe responder- que incurrieron en las prácticas abusivas sancionadas en el art. 8 bis de la LDC; máxime que la empresa demandada conociendo errores en el sistema de alarma no implementó medidas para corregirlas con el fin de evitar este tipo de daños, por lo cual corresponde atribuirle responsabilidad por el hecho dañoso.
Leyes, Constitución Nacional, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Amplias son las potestades del legislador en cuanto a introducir cambios en las leyes, ya que la modificación de éstas no da lugar a cuestión constitucional alguna, ni existen derechos adquiridos a la inalterabilidad de las normas.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbagallo, Mario Nicolás c/ Gomez, Fernando Gabriel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La prioridad de paso por derecho a (art. 57 inc. 2 ley 11430) debe jugar en supuestos de convergencia simultánea, antecedido de una correcta conducción con dominio del móvil, presumiéndose la simultaneidad si no se demuestra que quién aparece por la izquierda, lo hizo con antelación.
Recurso extraordinario, interpretación de la ley, ley federal, entidades financieras
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción  S.A c/ Banco  Central  de la República Argentina y Ministerio de Economía de la Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La decisión de la cámara de admitir formalmente la impugnación de los actores subsumiendo el supuesto en los arts. 42 y 46 de la ley 21.526, suscita una cuestión de índole procesal que, aún cuando es regida por normas de naturaleza federal, permanece, en principio, ajena a la instancia extraordinaria.
Defensa del consumidor, derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: "G., P. A. c/ C. s/ Reclamo s/ Apelación art. 7° Ley VII N° 22 (antes 4219)" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-25

"...el Derecho al Consumidor atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, proyectándose su aplicación desde la relación de consumo, de base fáctica, a través de la cual se identifica la situación de vulnerabilidad estructural que es objeto de protección por el mismo orden público, sin distinción entre proveedores según sean permanentes u ocasionales, personas públicas o privadas, nacionales o provinciales.

Asimismo, la activación del estatuto de defensa del consumidor mediante la detección de la relación de consumo, eleva el umbral protectorio y califica la relación jurídica en su misma naturaleza, abstrayéndola de las categorías públicas o privadas en que se inserten las regulaciones a que estén sometidos proveedores y órganos de control. Ya no se trata de relaciones civiles, comerciales o administrativas, sino de relaciones de consumo.

Dicho estatuto se estructura desde su vértice en el art. 42 de la Constitución Nacional, organizando su reglamentación a partir de la Ley 24.240 hacia sus reglamentaciones particulares y normas modificatorias y complementarias, lo que no implica desconocer que otras normas del ordenamiento contengan derechos a favor del usuario o consumidor, aunque formando parte de otros sistemas normativos. ...La Ley de Defensa del Consumidor, a su vez, diseña un sistema de controles adecuado a la tutela de la relación de consumo, en su individualidad así como en su proyección o incidencia colectiva."
Responsabilidad penal, culpa concurrente, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, MIGUEL JUAN CARLOS s/ HOMICIDIO CULPOSO, EN PERJUICIO DE ROMEO GUARNIERI Y OSCAR LOBOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

La concurrencia de culpa de la víctima carece de relevancia para determinar la responsabilidad del procesado.
Administración Pública, entes descentralizados, recursos, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDRILLE DE MAROZZI IMELDA DEL VALLE c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-27|2009-12-17

Se agota la vía administrativa por los recursos administrativos previstos por las leyes a fin de que la autoridad competente, para resolver con carácter final, tenga la oportunidad de decidir en nombre del ente, y expresar su voluntad definitiva respecto del planteo formulado por el recurrente. El recurso pertinente en el caso de los entes descentralizados, es el recurso de revocatoria.
Despido sin causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Portas, Sergio Hugo c/ Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

El despido directo dispuesto por el empleador por pérdida de confianza, respecto de un empleado que marcó la salida de tres compañeros que no habían podido permanecer en el lugar de trabajo por razones de índole personal utilizando las credenciales empresarias de los mismos resulta injustificado, dado que la infracción cometida no revestía carácter impeditivo del mantenimiento de la relación y que bien pudo haber sido sancionada mediante una medida proporcionada a su real significación antes que con la extrema decisión de resolver el vínculo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, corretaje inmobiliario, comisiones, matriculación de inmuebles, inscripción registral, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BREGA, ARTURO EDELMIRO c/ CAPDEVIELLE, KAY Y CIA. DE MANDATOS s/ Ordinario (Expte.: Nº 125 Año 1981)(Tribunal Plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

La doctrina judicial de la Corte Federal -en el sentido que quién ejerciere una actividad propia de corredor sin estar matriculado no tiene derecho a cobrar comisión- no provino de la interpretación de temas federales sino sobre cuestiones de derecho común y por conducto de su competencia originaria en las hipótesis contempladas por el entonces art. 101 de la Constitución Nacional, antes de la Reforma de 1994 (aplicable aquella norma a la época del pronunciamiento), por lo que parecería que carece del poder vinculante a nivel institucional o moral; pero debe entenderse, por otro lado, y de todos modos, que como afirma la doctrina constitucional la jurisprudencia de la Corte Suprema vale porque proviene del Alto Tribunal y no por la vía procesal o la temática abordada. Es la calidad de la Corte la que confiere mayor robustez a sus pronunciamientos como intérprete final de todo el derecho (federal o común, por recurso extraordinario, o por cualquier tramitación procesal diversa), por lo que se le debe reconocer sino obligatoriedad automática, al menos, en este plano, un predicamento particular más allá del mecanismo rituario o de la materia sobre la cual versa su decisión. (Del Voto del Dr. Drago). En el caso la cuestión a resolver es: ¿La intermediación inmobiliaria encuadra exclusivamente en la figura del corretaje, con la consiguiente carencia de acción para cobrar comisión en el caso de incumplimiento de las condiciones o calidades legales, o por el contrario, también es posible calificarla como locación de servicio generadora de obligación civil que da derecho a exigir el cumplimiento de contraprestación pecuniaria?.
Fundamentación del recurso, discrepancia del recurrente, venta ambulante, permiso de venta en la vía pública
Materia: CIVIL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Milano, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Milano, Juan Carlos c/GCBA y otros s/amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-02

El argumento del actor cuando sostiene que la actividad de venta de artesanías en la vía pública involucraría un uso común del dominio público que no posee restricciones o requisitos específicos en la normativa vigente, por lo que sería innecesaria la tramitación de un permiso, contiene una interpretación alternativa de la normativa aplicable (Código de Habilitaciones y Verificaciones), contraria a la realizada por los jueces de mérito, sin refutar el razonamiento desplegado por la Cámara, de manera tal que el planteo recursivo constituye una mera discrepancia con la valoración y aplicación de normas infraconstitucionales. (Voto de la Sra. Jueza Ana María
Despido por maternidad, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Ramona Armida c/ Sil Ben SCA. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

El fallecimiento del hijo de la trabajadora al día siguiente de su nacimiento no puede malograr el amparo que el art. 178 de la L.C.T. garantiza a la progenitora -con motivo del alumbramiento- por la circunstancia de haberse frustrado la función impuesta en la etapa de lactancia, pues ello significaría caer en un distingo que la norma no formula.