Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-07


La Plata, octubre 7 de 2009.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Genoud dijo:

1. La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- del Departamento Judicial La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda interpuesta contra la Municipalidad de La Plata, rechazándola con respecto a Maximiliano Alberto Cáceres y Walter Daniel Cáceres y modificando los importes fijados en concepto de "lesiones físicas" para las accionantes Silvana Zago y María Silvana Peluffo.

2. Contra esa decisión el apoderado de la demandada dedujo recurso de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y/o errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución Nacional; 901, 902, 903, 904, 905, 1111 y 1113 del Código Civil; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y absurdo en la apreciación de la prueba.

Aduce que el daño reclamado no se debió al hecho de la reparación del semáforo, girado indebidamente por terceros de su posición normal, ni a su forma de funcionamiento, que quedó demostrado que era correcta, sino al accionar de los vehículos que intervinieron en la colisión y que actuaron como únicos agentes activos. Acota que no se ha probado en autos la existencia de una relación de causalidad adecuada entre el hecho que se invoca como dañoso y las imputaciones atribuidas a la Municipalidad, las que tampoco se encuentran configuradas.

Entiende que la concatenación de hechos que se mencionan en la sentencia no concluye relacionando directamente el incumplimiento legal que se le atribuye con la producción de circunstancias que hubieran contribuido a posibilitar el accidente, que fue generado por los participantes del mismo.

Destaca que en todo lo que resulta competencia de esa comuna no se advierte omisión o inacción alguna de parte de su mandante que pueda fundamentar una atribución de responsabilidad como la que efectúa el juez de grado.

Asimismo, señala que no puede pasar desapercibido que el fallo impugnado, con una pericia practicada en la causa penal, sostiene que los semáforos pueden ser desplazados de su lugar en forma manual, lo que llevó al sentenciante a concluir que la instalación o el funcionamiento de los mismos ha sido inadecuado. Ello, sostiene, no es así dado que importa una generalización inadmisible, como si todos los semáforos en el Partido de La Plata pudieran ser trasladados o girados de su posición normal en cualquier momento, por cualquier persona y por cualquier motivo.

También refiere que el decisorio inaplica el art. 1113 del Código Civil en lo que respecta a las causales de eximición de responsabilidad, cuando de las propias constancias del expediente se encuentra acreditada la existencia del hecho de terceros por los que no se debe responder y la culpa de la víctima, lo cual ha interrumpido de manera total la existencia de todo nexo causal entre la pretendida acción u omisión y los daños derivados del hecho.

Ello en tanto cree que -además- la forma de conducción del rodado -en forma imperita e imprudente- por Juan Manuel Peluffo fue el factor determinante en la producción del evento, según surge de la propia mecánica del hecho, sobre el cual se explaya extensamente.

3. El recurso no puede prosperar.

La Cámara, para resolver como lo hizo, manifestó que resultaba incontestable la responsabilidad del municipio, ya que se encontraba bajo su control la sincronización de las señales lumínicas.

Para ello dejó sentado que tal responsabilidad se fundaba en su deber de vigilancia sobre tales elementos de seguridad en el tránsito, cuyo irregular funcionamiento contribuyó a la producción del evento dañoso (v. fs. 1043).

En efecto y luego de analizar la pericia de fs. 217/219 de la causa penal, concluyó que por alguna deficiencia era posible a extraños girar el semáforo; con lo cual el hecho de un tercero que invocara el municipio, no tenía entidad para eximirlo de responsabilidad con cita de los arts. 902, 1112, 1113 y cctes. del Código Civil.

En cuanto a los actores, puntualmente la alzada imputó al conductor Peluffo que no hubiere advertido la existencia de las otras luces en rojo y que sólo haya visto el semáforo que tenía luz verde, abstrayéndose de las restantes circunstancias que habían rodeado la escena. Destacó además que no se había demostrado que el codemandado al mando del Fiat 128 hubiera conducido en forma imprudente o imperita (v. fs. 1044/1044 vta.).

En autos la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había adjudicado a la ahora recurrente responsabilidad parcial en el evento dañoso, por entender que el municipio debía ser condenado al no cumplir con su deber de vigilancia sobre los referidos elementos de seguridad del tránsito; así como también estimó, que hubo un actuar negligente del conductor del vehículo que había resultado embestido (v. fs. 1045).

Es del caso reiterar que la responsabilidad del Estado puede ser originada tanto en su actividad como en su comportamiento omisivo, siempre que tal omisión sea un deber jurídico incumplido por el ente estatal.

Para apreciar si un cierto acto de abstención puede caracterizarse como causa de determinado daño, es menester verificar si ese factor negativo estaba dotado de virtualidad suficiente para producir el efecto que sobrevino. Ello, pues causa adecuada de un cierto resultado es el antecedente que lo produce normalmente, según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. Ac. 70.593, sent. del 28-IX-1999; Ac. 73.526, sent. del 23-II-2000, "D.J.B.A.", 158-100; Ac. 81.917, sent. del 30-IV-2003, "D.J.B.A.", 165-180).

No ha logrado desvirtuar el quejoso, la conclusión del a quo que entiende responsable al municipio, toda vez que la misma se basa en el actuar omisivo del mismo que no cumplió adecuadamente con su poder de policía.

Pues bien, en la especie entiendo causalmente vinculada al daño la omisión del ente municipal, ya que ha incurrido el mismo en una abstención a su deber de policía y custodia, generando riesgos para la sociedad.

Como se sostuviera en la causa Ac. 76.040 (sent. del 17-X-2001), a la cual hizo mención la alzada, así como el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño, también la demostración de que el factor puesto por la víctima ha sido excluyente, desplazando enteramente la existencia de ese nexo, debe resultar de elementos de juicio debidamente probados, no pudiendo suplirse tal acreditación con enunciados de carácter general (Ac. 69.433, sent. del 16-II-2000 en "D.J.B.A.", 158-107).

También se ha decidido que determinar la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño constituye una cuestión de hecho, no abordable en la instancia extraordinaria si no se logra demostrar que el juzgador, al darla por existente o considerar su ruptura, ha incurrido en absurda valoración de la prueba (Ac. 37.673, sent. del 3-V-1988 en "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-12; Ac. 57.347, sent. del 8-VIII-1995; Ac. 57.838, sent. del 12-XI-1996; Ac. 66.562, sent. del 3-VI-1997; Ac. 64.719, sent. del 23-II-1999, etc.).

Para que esta Corte pueda revisar las cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- otra versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto, y que derivan en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación, y lo cual sucede aun cuando este último pueda aparecer como discutible, objetable o poco convincente (conf. causas Ac. 55.046, sent. del 5-IX-1995; Ac. 57.124, sent. del 20-II-1996; Ac. 57.436, sent. del 27-II-1996; Ac. 58.232, sent. del 25-III-1997; Ac. 72.688, sent. del 27-IV- 1999; Ac. 71.581, sent. del 8-III-2000).

Sentado ello, cabe destacar que en el caso traído no puede eludir su responsabilidad el municipio codemandado, cuando en la producción del accidente de tránsito ha mediado como concausa un desperfecto en los semáforos.

Comprobado su deficiente funcionamiento, surge indudable la responsabilidad de la comuna por los daños causados. En consecuencia, y con respecto a este tema, no se han conculcado las disposiciones legales en juego, como lo pretende el recurrente.

Para concluir con este aspecto de la cuestión, cabe formular algunas apreciaciones que estimo relevantes a fin de circunscribir las consecuencias del presente fallo a las particulares circunstancias del caso.

Al votar en la causa C. 88.211 (sent. del 29-VIII-2007), adherí a la postura del doctor Hitters en cuanto a que la mera alegación de un incumplimiento genérico del poder de policía por parte del Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad. En función de tal postulado, en aquella oportunidad se rechazó el recurso interpuesto por el municipio demandado, considerando que éste había incumplido en concreto con ciertas diligencias necesarias para asegurar que los bienes públicos se encuentren en condiciones de no dañar la vida o la integridad física de las personas.

Acorde con este modo de enfrentar el problema, comparto con el recurrente que no puede exigirse a la Municipalidad controlar durante las 24 horas del día todos y cada uno de los semáforos instalados en la ciudad, en la medida que ello demandaría una actividad de cumplimiento imposible (v. fs. 1064). En efecto, es un hecho notorio que el municipio demandado no podría afectar el número de agentes necesarios a tal fin. Y aún cuando ello no fuera así (esto es, si los recursos del presupuesto municipal habilitaran actuar en consecuencia) entiendo que resultaría absurdo pretender la presencia permanente de un inspector municipal en cada esquina para cumplir con la finalidad indicada. Sin embargo, lo cierto es que el municipio efectivamente se encuentra obligado a efectuar un control razonable sobre la materia.

Partiendo de estas premisas, considera que resulta esencial en el caso el hecho que el semáforo en cuestión se encontraba desplazado por lo menos desde las 4 de la mañana y hasta las 13 horas del mismo día, confundiendo a los automovilistas e incluso generando otros accidentes (de menor gravedad que el que sirve de causa a este proceso) durante ese lapso. Esta circunstancia fue tenida por acreditada por la sentencia de primera instancia (v. fs. 928) y por la sentencia de Cámara (v. fs. 1041 vta.) no mereciendo crítica alguna del recurrente y demostrando de tal modo que el municipio no incurrió en un sencillo incumplimiento genérico de sus deberes derivados del poder de policía.

En cuanto a la alegación de absurdo en la apreciación de la prueba, cabe añadir que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que la denuncia de dicha anomalía debe ir acompañada de la cabal demostración de su existencia (conf. causas Ac. 67.104, sent. del 3-III-1998; Ac. 68.634, sent. del 17-XI-1999; Ac. 71.478, sent. del 16- II-2000; Ac. 71.709, sent. del 29-II-2000; etc.).

Por lo tanto y dado que no exhiben las críticas vertidas por el impugnante la entidad suficiente para desvirtuar las claras conclusiones del sentenciante, ya que se limitan a expresar su propio criterio disidente respecto de la responsabilidad de los intervinientes del trágico accidente, sin acreditar que aquéllas sean producto de una absurda interpretación de las cuestiones fácticas de la litis, doy mi voto por la negativa.

El doctor Hitters por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.

La doctora Kogan dijo:

He de adherir a la reseña de antecedentes y solución propuesta por mis colegas preopinantes.

Ello, sin perjuicio de lo que expusiera al emitir opinión en la causa C. 88.211 (sent. del 29-VIII-2007), citada en el voto precedente, toda vez que la cuestión allí debatida difiere de lo planteado en autos.

En tal sentido, doy mi voto también por la negativa.

El doctor Pettigiani por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 84 y 289 del C.P.C.C.).- Luis E. Genoud.- Hilda Kogan.- Eduardo J. Pettigiani.- Juan C. Hitters.