Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-09-01


Salta, 1 de setiembre de 2.004.

Vistos estos autos "Salomón, Ernesto c Municipalidad de Embarcación - Cobro de Pesos" Expte. 12.697/02 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª. Nominación del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal y Expte. CAM 85.353/03 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

_ CONSIDERANDO: ____ I) La sentencia de fs. 84/87 condenó a la Municipalidad de Embarcación a pagar al actor la suma de $3.873,75 por capital e intereses en concepto de pago por 10.330 de fotocopias que le encomendara. A fs. 89 apeló el actor, fundando su recurso, en el escrito de fs. 91/92 donde limita su agravio a la tasa de interés del seis por ciento anual establecida en la sentencia.

Con abundantes citas jurisprudenciales de la Corte Suprema y otros tribunales del país, sostiene que corresponde aplicar la tasa activa del 20.75 por ciento anual porque de acuerdo al artículo 565 del código de comercio y 622 y1197 del código civil, debe fijarse la que emplea el Banco de la Nación Argentina.

A fs. 100 y vta. la demandada, pidió el rechazo del recurso por considerar que los agravios son insuficientes y eventualmente, porque los intereses han sido fijados dentro del espacio de razonable discreción que los jueces poseen de acuerdo a doctrina de la Corte Suprema. A fs. 90, la accionada también interpuso recurso de apelación contra la sentencia indicada y expresó sus agravio a fs. 96/99 vta. Considera que la sentencia es arbitraria y violenta la garantía de la defensa en juicio y el derecho de propiedad, porque no ha efectuado una profunda valoración de la prueba o ha hecho una valoración incorrecta, sino que, describe la prueba y de allí, determina la existencia de la deuda.

Entiende que habría dado valor probatorio a dos recibos que por su naturaleza se extienden cuando se recibe el pago y no antes y a un vale, en lugar del acto administrativo, único instrumento apto para vincular al Estado, de acuerdo a las normas que cita.

Dice que la sentencia otorga demasiada relevancia a los testimonios cuando la declaración del Sr. Caballero no se condice con la documental presentada por la Municipalidad sino que en relación al tiempo que remonta a dos años atrás, contradice los recibos que se refieren a seis meses y a la demanda que menciona el día 22/6/99.

Considera irrelevantes y carentes de toda convicción a los testimonios del Sr. Juez de Paz y del entonces Secretario de Gobierno Sr. Lostia, y fundamental, el instrumento público de fecha 19/12/00 firmado por el Sr. Caballero que prevalece sobre el resto de la prueba y solamente puede ser desvirtuado por redargución de falsedad.

Critica que la sentencia no haya valorado la omisión de la prueba pericial ofrecida por el actor, que no haya tenido presente que el silencio de la Administración al reclamo administrativo o Carta Documento, debe entenderse como una negación del derecho, que haya mencionado una desorganización administrativa no invocada por nadie, o extraer la deuda por el solo hecho que el actor tenga una fotocopiadora para el público.

Por otra parte, la Municipalidad se queja de la justificación del valor de la fotocopia ensayando una explicación de la formación de precios, y concluyendo que no puede valer más de 0,05 centavos por unidad y se agravia por la falta de aplicación de la ley 7.125 y su decreto reglamentario.

A este respecto, dice que no se debe acreditar ninguna adhesión por su carácter de orden público, como lo ha dicho la Corte de Justicia Provincial y que es desacertada la afirmación que la extracción de fotocopias está excluida de la reprogramación de deudas. Mantiene la reserva del recurso de inconstitucionalidad y pide la revocación de la sentencia.

II) Corresponde iniciar el examen del recurso de la parte demandada (fs. 90): El primer agravio está dirigido a la valoración de la prueba hecha en la resolución apelada. Dispone el artículo 386 del código procesal que "Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica.

No tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa".

Por sana crítica debe entenderse un correcto razonamiento judicial en la selección de los hechos de la causa y el análisis de los medios probatorios individualmente y en su conjunto, integrándolos y armonizándolos, de acuerdo a las reglas de la lógica formal, y las m ximas de la experiencia.

El buen entendimiento judicial conlleva igualmente una coincidencia del sentido jurídico con el denominado sentido común, que es lo que da razonabilidad y aceptación de la decisión.

Por ello es que la Corte Suprema ha acuñado la expresión y exigencia que la decisión "sea una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" lo que constituye una exigencia de validez de las resoluciones judiciales.

Contrariamente a lo dicho por el recurrente, hay una valoración de la prueba por parte de la Señora Juez de Primera Instancia. No se trata de una simple descripción mecánica de pruebas sin análisis alguno, porque se advierte claramente que ha realizado una selección, tanto de los distintos elementos probatorios, como de las partes de cada prueba elegida, que luego le hacen concluir en la existencia de la deuda.

Ello se aprecia, claramente, al cotejar la sentencia y las actas de las declaraciones testimoniales, como al hecho que el mismo recurrente, critique el valor dado a unas pruebas en detrimento de la presentada por él.

De todos modos, aunque hubiera habido insuficiencia o defectuosa valoración de la prueba, igualmente le corresponde a este Tribunal analizar si resultaron acreditados los hechos en que el actor funda su demanda en función de las críticas y el análisis que el mismo hace en su memorial de agravios. Al respecto, lo relevante de los hechos es determinar si es cierto o no, que se han sacado las fotocopias por parte del actor.

Y, en su caso, si la Municipalidad demandada debe pagarlas.

En ese sentido, más allá de la divergencia existente acerca de si tales fotocopias se encargaron en un solo acto, como está expresado por el actor, o en distintas oportunidades durante el período que va desde marzo de 1.988 hasta junio de 1.999, como se dice en los recibos presentados por el mismo actor, lo cierto que la prueba rendida, valorada a la luz de la sana crítica, demuestra que ello ha ocurrido en la realidad.

En efecto, si el Sr. Juan Carlos Caballero que ha sido Intendente de la Municipalidad de Embarcación al tiempo de la extracción de las fotocopias, ha reconocido a fs. 68 y vta. que ello es así y que no se pagó porque el Municipio no tenía plata, está reconociendo la realidad de los hechos.

Lo propio ocurre a fs. 65 y vta. con el Sr. Juan Carlos Lostia, Secretario de Gobierno de ese entonces, quien confirma las afirmaciones del actor.

Ambas declaraciones, a las que podría agregarse la del Sr. Juez de Paz, concuerdan con el denominado "vale" firmado por el primero, instrumento privado reconocido en el juicio.

El resto de la prueba no desvirtúa esa realidad. Los recibos presentados en la demanda, carecen de valor probatorio para el actor, porque están confeccionados para respaldar al deudor de un futuro pago, que no existió, pero tampoco lo tienen para la demandada.

Y el instrumento invocado por ésta sobre la deuda denunciada por el Sr. Caballero al dejar la Intendencia Municipal en manos del nuevo Intendente, no prueba que la deuda no existe, como lo afirma el recurrente, sino solamente que no ha sido denunciada en ese instrumento. No es fruto de un peritaje o de una auditoría, sino una manifestación unilateral que ha sido contradicha por la misma persona en esta causa.

Por otra parte, cabe señalar que no se ha insinuado en la causa que pudiera haber una eventual colusión de las autoridades anteriores con el actor, por lo que no cabe otra conclusión que la de la sentencia recurrida. Por tanto, los agravios de la demandada sobre el punto no resultan procedentes.

III) En cuanto a la aplicación de la ley 7.125, debe decirse que la emergencia declarada en 1.987, se mantiene con la sanción de la ley 6.583 en marzo de 1.990 aún vigente debido a las sucesivas y continuas prórrogas.

Por tanto, la Provincia de Salta se encuentra legalmente en estado de emergencia económica desde entonces. Durante este tiempo y en ese estado, se han dictado las leyes 6.669, denominada régimen de consolidación de deudas del Estado Provincial, en julio de 1.992, en adhesión a la ley nacional 23.982; la ley 6.837 de Reprogramación de deudas, en marzo de 1.996; y la ley 7.125 por la que la Provincia de Salta, se adhiere al régimen nacional de la ley 25.344 de emergencia económica y financiera y que también establece un régimen de consolidación de la deuda pública, cuya vigencia es también periódicamente, prorrogada hasta el presente.

Si bien en esas leyes es diferente el tratamiento dado a los Municipios, ya que unas, - las 6583 y 6669, - los invitan a adherir expresamente al sistema, mientras que las otras incorporan autom ticamente a las Municipalidades, refiriéndose a las deudas municipales, - 6837 y la 7125, - lo cierto es que las llamadas deudas corrientes, no se encuentran dentro de esos regímenes, por su exclusión expresa en el artículo 2 de la ley 6.669 y en los demás regímenes por el decreto reglamentario 2.314/01, artículos 3, inciso h) y 7 inciso b).

En efecto, la extracción de fotocopias constituye una actividad normal, común y frecuente, útil o necesaria para el desarrollo de la actividad cotidiana de la administración o cualquier actividad pública y privada. Además, su costo es generalmente atendido con lo que se llama caja chica.

La circunstancia que se hayan acumulado la falta de pago no convierte a una deuda corriente en una de otra naturaleza, razón por la que no cabe su inclusión en el régimen. En tal sentido, se ha resuelto en relación con la norma nacional an loga y a la que la provincia adhirió, que resulta inaplicable lo preceptuado por el art. 13 de la ley 25.344 al crédito por expensas comunes, (CNCiv., Sala B, JA, 2002-IV-484), o el pago de prestaciones médico asistenciales adeudadas por el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, (CNFed. Civ. y Com., Sala III, LL, 2002/01/13, 3).

Por tanto, el recurso no es procedente.

IV) En cuanto a los agravios del actor, referidos a la tasa de interés por la mora de la demandada, que la sentencia ha fijado en el 6 por ciento anual, debe decirse que los cambios acaecidos en la situación económica y financiera del país, que se han venido dando a partir de diciembre del año 2001, como consecuencia del dictado, por parte del gobierno nacional, de medidas de emergencia económica, han producido un proceso de desvalorización monetaria con la consecuente modificación frente a la derogada convertibilidad.

Por lo cual, estima la Sala que la tasa aplicada por la señora juez de la anterior instancia, para este caso, no satisface ni cubre las consecuencias derivadas de la mora del deudor y deben elevarse.

En consecuencia, se considera adecuado a las circunstancias de la causa, elevar la tasa por intereses moratorios al 12 por ciento anual desde la mora de la demandada hasta el 31 de diciembre de 2.001, y a la del 20,75 por ciento anual peticionada, desde entonces.

V) De acuerdo al resultado de ambos recursos, corresponde imponer las costas a la Municipalidad demandada por haber sido vencida de acuerdo al principio general establecido en el artículo 67 del código procesal civil y comercial. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.:

I) Desestima el recurso de apelación interpuesto a fs. 90. ___ II) Hace Lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 89 y Modifica la tasa de interés establecida en la sentencia de fs. 84/87 que se determina en el 12 por ciento anual desde la mora hasta el 31 de diciembre de 2.001 y en el 20.75 por ciento anual desde entonces hasta el efectivo pago.

III) Impone las costas a la demandada.

IV) Dispone se registre, notifique y baje.

Fdo: Dres. Koehle, Gustavo - DïJallad, Mario Ricardo