Recurso de apelación (procesal), principios procesales, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: WIERNA, Cecilia Leonor c/ SODANO, Daniel Enrique s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-17

Resulta de aplicación al caso el principio de consumación procesal, que es una manifestación del instituto de preclusión, que establece que una vez que una facultad procesal ya ha sido ejercitada, resulta imposible volver a hacer uso de la misma (C.N.Civ., Sala C, L.L. 135-1132, 21.055-S. Eisner, Isidoro: Preclusión, L.L. 118-1106); y habiéndose consumado la actividad procesal, con ello ha precluido la posibilidad de su modificación, reproducción o reiteración (Días, Clemente: Instituciones de Derecho Procesal, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1968, tomo I, pág. 371; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1985, f° 303; id. id., año 1994, f° 244).

Ampliando aún más el concepto y con adecuación al caso de autos, se dijo que si una resolución se encuentra firme, no existe posibilidad de reverla, por cuanto ello importaría el regreso a etapas o momentos procesales ya extinguidos o consumados (Fenochietto y Arazi: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Astrea, t. 1987, págs. 512/513; C.N.Civ., Sala B, L.L. 117-831, 11.561-S; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2002, f° 769).

Es decir que si una decisión no mereció planteo alguno y por ende se encuentra firme, no resulta admisible una incidencia posterior que pretenda reeditarla. Todo juicio, cual más cual menos, escribió Chiovenda (Instituciones, tomo III, pág. 277), para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, pone límites al ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia siguiente: fuera de esos límites esas facultades ya no pueden ejercitarse.

Y las normas y principios que vedan reeditar etapas procesales precluidas son de orden público. Por lo tanto, al impedirse a un litigante la renovación de una cuestión ya decidida y firme, se suele decir que resulta improcedente por haberse operado la preclusión (Cám. Nac. Civ. Sala F, en L.L. 1977-A-541 y CApel. CC. Salta, Sala III, año 1994, f° 222, id. 1995, f° 314, id. id. año 1999, f° 549; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2006; f° 513).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aconsejado que se debe evitar el excesivo rigor formal (CSJN, caso "Colalillo", Fallos 247-176; caso "Cabrés", Fallos 240-99, y J.A. 1958-II-238; conf. Bertolino, Pedro J.: El exceso ritual manifiesto, La Plata, Lib. Edit. Platense, 1979, págs. 23 y 158; CApel.CC. Salta, Sala III, tomo año 1980, fº 253; año 1989, fº 959; año 1993, fº 527; año 2002, fº 591 y 1167).

La garantía del debido proceso demanda soslayar el "exceso ritual", dando prioridad a las "formas", en desmedro de la "finalidad" del mismo, que es buscar y realizar la justicia (Bidart Campos, Germán: Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Bs. As., Ediar, tomo 1, 1989, pág. 467).

Las formas procesales, dijo también nuestro más alto tribunal, "tiende a proteger a los litigantes a fin de asegurar la mayor eficiencia y celeridad de las decisiones judiciales; y si para ello es indispensable remover los obstáculos que puedan encontrar los jueces para desempeñar eficazmente sus funciones, no caben interpretaciones que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para alcanzar dicha finalidad, que ésta en sí misma (Morello: El Proceso Justo, Bs. As. -Abeledo-Perrot-, La Plata -Librería Edit. Platense-, 1994, pág. 228; "El Proceso Justo", L.L. 1990-C-808, ap. I; CApel. CC. Salta, Sala III, 14-5-03, tomo año 2003, fº 467; Id. Id., 24.2.04, tomo año 2004, fº 90).

En esa orientación, se reparó por la Corte de Justicia de la Provincia que la garantía de la defensa en juicio no tutela la negligencia o la conducta omisiva de los justiciables; el que ha tenido oportunidad de ejercer sus derechos y no lo ha hecho, responde por la omisión que le es imputable (CJSalta, 21-2-2006, "Ficarra vs. La Quena", tomo 102, fº 1/10).