Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-15


--- En la ciudad de Trelew, a los 15 días de abril del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. , R. O. S/ acción de amparo" (Expte. Nº 22.648 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Es procedente la apelación de honorarios de fs. 90? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 104. -- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó: --- -	I.- La sentencia de primera instancia, sin perjuicio de desestimar el planteo de falta de legitimación activa formulado por la Municipalidad de Puerto Madryn, rechazó la acción de amparo que promoviera en su contra el abogado Dr. R. O. G. , por considerar que la denegación de la solicitud realizada por éste de obtener copia del dictamen producido por un asesor legal contratado en el Expte. Adm. n° 177/98, anexo 1, cuerpo 5, encontró sustento en la Res. n° 310/08 I. del Señor Intendente Municipal, que dispuso la reserva de los informes y dictámenes emitidos por dicho profesional, decisión enmarcada en el ámbito de discrecionalidad de la administración. - Apelado ese decisorio por el perdidoso, éste -tras observar liminarmente la demora injustificada en el dictado del fallo, pronunciado allende el plazo fijado a ese fin por ley- expresó los siguientes agravios: -- A) La denegatoria de la copia requerida no la fundó el Señor Intendente en dicha resolución de reserva, la que, pese haber sido dictada el día anterior, no fue mencionada en la Nota n° 196/08 del 4/3/08 con la que se le comunicara la negativa, ni le fue a él notificada, ni publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad. B) La existencia de la mentada Res. n° 310/08 I. no puede tenerse en autos por cierta, pues la demandada acompañó de ella una supuesta copia simple cuya autenticidad negó el actor, sin que la misma fuera demostrada luego. C) En la sentencia no fue abordado el tópico de que la falta de legitimación activa fue opuesta por la demandada como una excepción de previo y especial pronunciamiento improcedente en un proceso sumarísimo, con lo cual debió ser rechazada con costas. - D) La juzgadora de la anterior instancia incurrió en autocontradicción, toda vez que, tras recordar que según el art. 5 inc. "b" de la Ley 3.764 quedaban exceptuados de la regla general de libre acceso a las fuentes de información pública los documentos y antecedentes relacionados con información declarada reservada por razones de seguridad o salubridad pública, asignó tal alcance a la Res. n° 310/08 I. que no fue apoyada para disponer la reserva en razones de esa índole. -- E) Fue arbitrario el fallo al considerar el principio de publicidad de los actos estatales, pues se apartó de la latitud que al mismo otorgan los arts. 13 de la Const. Prov., 1° y 3 de la Ley 3.764, 10 de la Carta Orgánica del Municipio y 7 de la Ord. Mun. n° 4.586, encuadrando el caso como una excepción que no se cuenta entre las previstas en el art. 5 de la citada ley ni en el art. 10 de la indicada ordenanza y a la luz de una resolución municipal no publicada. --- F) Ha sido asimismo incorrecta la aplicación al caso del concepto de zona de reserva de la administración, en tanto también en el uso de las facultades allí comprendidas el administrador debe obrar de acuerdo al principio de legalidad. G) Aun en el supuesto de que lo sustancial de la sentencia fuera confirmado, corresponde modificar la condena en costas, pues dada la circunstancia que la Res. n° 310/08 recién la conoció el actor con el responde a la demanda, bien pudo él considerarse asistido de razón suficiente para litigar, de modo que cabe eximirlo de las costas a tenor del art. 17 de la Ley 4.572. -- La demandada presentó ante esta alzada el memorial sosteniendo la sentencia a que el art. 11 de la ley 4.572 le reconoce derecho. --- II.- Al margen hemos de dejar la objeción del apelante relativa al retardo en el dictado de la sentencia. Si agotado el plazo del art. 10 de la ley 4.572 la parte consintió que la causa permaneciera en espera del fallo, sin formular de inmediato cuestionamiento alguno con apoyo en el art. 167 C.P.C.C., no le es dado luego, tras conocer que la decisión le era adversa, atacarla sobre esa base, pues ello contraviene el principio general de la buena fe en el trámite de las causas judiciales (confr.: C.S.N., Fallos 298:197 y 304:769, E.D. 60-550; S.C.B.A., D.J.B.A. 117-63, cit. por Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., II-C-301/302). -- III.- No asiste al recurrente razón en su agravio relativo a que el planteo de su pretendida falta de legitimación activa debió ser desestimado por haberlo la demandada traído como excepción previa. --- Cierto es que no existen excepciones de previo y especial pronunciamiento en el proceso de amparo por tramitar éste por la vía sumarísima (arts. 16 de la ley 4.572 y 498 inc. 1° C.P.C.C.), pero no lo es menos que, de deducírselas, ellas deben ser decididas en la sentencia definitiva, cual en la especie aconteció (confr.: Rivas, "El amparo", Ed. La Rocca 1987, pág. 282, n° 30; este tribunal, c. 17.546 S.D.C. 38/01). -- Además, si finalmente la juzgadora del precedente grado desestimó el planteo de la demandada y tuvo al actor por legitimado activamente en la causa, la apelación de éste carece en tal aspecto de uno de los esenciales requisitos de admisi- bilidad del recurso: el interés jurídico nacido de un gravamen, el perjuicio personal provocado por el decisorio (art. 242 C.P.C.C., su doc.; este tribunal, c. 20.483 S.D.C. 46/05, c. 20.931 S.D.C. 28/06, c. 21.633 S.D.C. 12/07, entre otras). La existencia de ese interés legítimo es indefectible presupuesto subjetivo de la apelación, a la vez que requisito de toda especie de acto procesal; sin él no hay acción, pues el derecho mismo no es, según la feliz expresión de Ihering, sino el interés protegido por la ley y nada lleva a concluir que en la especie de las apelaciones se configure una excepción a tal primordial regla. Conviene en ello la doctrina toda, de antaño y de hogaño (confr.:Ibáñez Frocham, "Tratado de los recursos en el proceso civil", 4ta. ed., pág. 167; Podetti, "Tratado de los recursos", EDIAR 1958, pág. 123; Alsina, "Tratado...", 2da. ed., IV-191, n°3, "b"; Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1970, IV-31 n° 335 y V-47, n° 527 y págs. 85/86 n° 546; Morello y otros, ob. cit., III-24, n° IV; Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", L.E.P. 1985, págs. 42/47 nros. 14 y 15, pág. 336 n° 191 y pág. 347 n° 199; De Santo, "Tratado de los recursos", 2da. ed., I-284 n° 43; Arazi-Rojas, "Código Procesal...", Rubinzal-Culzoni 2001, I-777, n° 2). IV.- Sentado el principio general de la publicidad de los actos municipales por el art. 13 de nuestra Constitución Provincial, precepto que difiere a la ley el determinar la forma de acceso de los particulares a su conocimiento, y establecido por el art. 3 de la Ley 3.764 que ese acceso personal y directo comprende los "antecedentes" de dichos actos, en mi concepto no es dudoso que el dictamen jurídico emitido por el asesor contratado sobre el que este caso versa se halla dentro de tal órbita de información pública. Coincide en ello el art. 5 de la Ord. Mun. n° 4.586 -reglamentaria en el ámbito de la Municipalidad de Puerto Madryn de la recodada ley (arts. 17 de ésta y 2 y sgts. de la ordenanza)- que lo dispone de manera idéntica, despejando cualquier hesitación el art. 7 de la misma ordenanza en cuanto impone al funcionario de que se trate el empleo de un criterio amplio, no restrictivo, para la interpretación de todo requerimiento de información, de modo que la brindada contenga todos los elementos para posibilitar la formación de una objetiva y correcta opinión del requeriente sobre el asunto acerca del cual la información verse. --- - Para considerar al dictamen de marras "antecedente" del acto administrativo, basta con advertir que la Señora Coordinadora de Asesoría Legal lo solicitó expresamente durante el proceso formativo de la decisión municipal, cual surge del Memorándum n° 183/08, cuya copia de fs. 54 acompañó la demandada, sin que el actor desconociera su autenticidad en la forma categórica y particular que el art. 356 inc. 1° C.P.C.C. exige. No obsta a ello que el dictamen no haya sido invocado para fundar la Nota n° 041/08 D.E. ni la Res. n° 225/08 I. (fs. 6 y 15/16). Cual señalara el apelante con ajustada cita de Agustín Gordillo, ha de reconocérsele al administrado la facultad de acceder a un dictamen haya éste sido o no base la decisión final; trajo en su obra el tratadista a colación la opinión de Ferrer Moyano para sostener que no cabe sustraer al conocimiento del interesado el dictamen, coincida o no con la resolución final adoptada, so pretexto de que los argumentos de aquél podrían dar base a impugnaciones del acto, porque precisamente esos argumentos han de formar parte del material a cuya luz eventualmente será revisado el acto administrativo, para desechar la objeción si la ponderación de la autoridad fue justa o para acogerla si ha mediado error de apreciación o desajuste al derecho; añadió el doctrinario que son conocidos casos en que la administración, maliciosamente o no, desglosa informes y dictámenes valiosos, con lo cual las actuaciones a que el administrado tiene acceso se reducen a un conjunto de pases y fojas de escasa trascendencia (Gordillo, "Tratado de derecho administrativo", 4ta. ed., to. 4, pág. IV-29, parágrafo n° 14.2.). - Y no puede en esta especie ser pasado por alto que el amparista manifestó que procuraba la información con el propósito de asistir luego al cliente en una causa contencioso-administrativa (fs. 24 vta., párr. 2°). V.- Es exacto que la normatividad vigente excluye de la regla general del libre acceso a las fuentes de información pública a los documentos y antecedentes relacionados con información declarada secreta o reservada por ley, ordenanza o resolución administrativa (arts. 5 de la Ley 3.764 y 10 de la Ord. Mun. n° 4.586 de Puerto Madryn), lo que nos conduce a considerar la Res. n° 310/08 I. invocada a ese efecto por la demandada. No me parece que la cuestión pase por la acreditación de su dictado en razón de haber sido acompañada sólo una copia simple de ella (fs. 43/44), pues se trata de una resolución administrativa de índole general. Es advertible en efecto que ella no se ciñe a disponer la reserva del solo dictamen cuyo acceso se debate en este causa, sino que lo hace respecto de todos "los informes o dictámenes emitidos por el Dr. J. A. E. ". Es así un documento oficial, distinto de los instrumentos públicos y de los privados, significativo de la autoridad y proveniente de la actividad de los poderes estatales que se rige por el derecho público (confr.: Fiorini, "Acto administrativo e instrumento público", L.L. 146-1027). --- Ello nos lleva a analizar si la resolución indicada ha cumplido con los requisitos que el derecho público determina. Desde que se trata, vengo de expresarlo, de una resolución administrativa destinada a producir efectos generales -la reserva de todos los informes y dictámenes mencionados, en todo proceso administrativo entonces-, ella debía ser publicada en el Boletín Oficial Municipal mensual (arts. 11 de la Carta Orgánica, 12 de la Ord. Mun. nº 4.586 y Ord. Mun. nº 2.092 ). Finalmente lo fue, toda vez que ella apareció en el Boletín Oficial n° 400, pág. 16, del 25/3/08 y, aunque derecho sobreviniente a los hechos, podría en principio brindar sustento a la decisión denegatoria. --- - Pero acontece que esa Res. n° 310/08 I. padece de defecto de fundamentación que la priva de validez. Cual lo demuestran los arts. 5 y 17 de la Ley 3.746, la actividad de declarar reservadas o secretas determinadas fuentes de información se inscribe en el ámbito de las facultades regladas de la administración, pues el primero de esos preceptos enumera las causales admisibles de secreto o reserva, mientras que el segundo de ellos impuso a los poderes públicos, incluso a las corporaciones municipales, dictar las normas que establecieran los regímenes de actuación y procedimiento a los fines de dar operatividad a las disposiciones de la ley citada, debiendo ellas contener "la enumeración de la información, actos y documentos declarados reservados o secretos de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la presente ley". Así procedió la Municipalidad de Puerto Madryn, la que dictó la Ord. Mun. n° 4.586, cuyo art. 10 inventarió taxativamente la información exenta de publicidad. Así entonces, la calificación de reservada de una información, que constituye una excepción "fundada" al derecho al libre acceso a ella (art. 7 de la misma ord.), únicamente puede ser cimentada en alguno de los supuestos estatuidos. - En el caso la Res. 310/08 I. no mencionó siquiera ninguno de los previstos en los arts. 5 de la Ley 3.764 y 10 de la Ord. Mun. 4.586. Recién al contestar la demanda el municipio aludió a la razón de reserva prevista en el art. 10 inc. "h" de la Ord. Mun. n° 4.586, pero debe notarse que en ninguno de los considerandos de aquella resolución fueron invocadas de razones de orden público o de protección de derechos y libertades de personas interesadas, con lo que la decisión no fue, como debe serlo según el indicado inciso, "motivada en cada caso". En cuanto al ocultamiento de estrategias procesales a seguir en eventuales causas judiciales futuras, ello no forma parte del derecho de defensa ni es conciliable con la buena fe - lealtad que ha de informar la conducta de los entes públicos. - De ese modo la resolución de reserva de dictámenes contravino el principio de legalidad consagrado en los arts. 26 inc. 1°, apdo. "a", y 27 últ. párr. de la Ley 920, a la que el municipio demandado adhiriera mediante Res. n° 36/79. - Atinente al basamento de la resolución en cuestión en el art. 3 inc. "b" del Dec. 486/93 que la demandada invocara en su memorial, apuntaré que: a) esa normativa no alcanza a la Municipalidad de Puerto Madryn, toda vez que ella reglamenta la Ley 3.764 en el sólo ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia, mientras que en la órbita del municipio la reglamentación es la sancionada mediante la Ord. Mun. n° 4.586 (art. 17 de la ley indicada); b) que así fuera el precepto de aplicación a la especie, él exceptúa del principio general de libre acceso a la información a "los actos y documentos preparatorios de Informes y Dictámenes" y no a los últimos en sí mismos. -- Tocante al fundamento consistente en que los informes y dictámenes producidos por el asesor contratado son de la exclusiva propiedad de éste según lo pactado (considerando 4° de la resolución), la simple lectura del convenio celebrado demuestra lo contrario, pues se hizo constar en él que la propiedad de los mismos "es exclusiva del contratante" (fs. 20, cláus. 2da., apdos. "a" y "b" en sus últimas partes), es decir del Municipio (ver encabezado del pacto) y no del profesional que ha sido el "contratista", al punto que este último para publicar en su página web parte de sus dictámenes e informes precisa de indicación del contratante propietario exclusivo de ellos (fs. 20, cláus. 2da., apdo. "c"). Ha sido la invocada pues una falsa causa, variante del vicio de falta de causa (confr.: Gordillo, opus cit., to. III, págs. IX-31/33, pto. 8.2; esta alzada, c. 17.330 S.D.C. 36/03, c. 21.937 S.D.C. 1/07). --- VI.- Descartable entonces la recordada excepción al principio general del libre acceso a las fuentes de información públicas, la denegación de copia en cuestión importó una restricción al constitucional derecho del actor a acceder al conocimiento de un acto municipal público (art. 13 Const. Prov.), manifiestamente ilegítima por contravenir las expresas disposiciones de los arts. 3, 4 de la Ley 3.764, 11 de la Carta Orgánica Municipal y 5 de la Ord. Mun. n° 4.586. Por ende, el amparo deducido merece ser acogido (arts. 54 de la Const. Prov., 7 de la ley cit., 8 de la Ord. Mun. n° 4.586 y 3 de la ley 4.572). -- VII.- Tales son las razones que me conduce a proponer la revocación de la sentencia apelada, a fin de acordar al actor el amparo pretendido, librando mandamiento de ejecución para que en el plazo de dos días hábiles la Municipalidad de Puerto Madryn entregue al Dr. R. O. G. , a costa de éste, copia del dictamen emitido por el asesor contratado Dr. J. A. E. y que fuera agregado oportunamente al Expte. Adm. n° 177/98, anexo 1, cuerpo 5 (arts. 10 y 18 de la ley 4.572). -- -Las costas de ambas instancias han de imponerse a la demandada finalmente vencida en ellas (arts. 17 de la ley 4.572 y 279 C.P.C.C.), lo que torna cuestión abstracta, de aquéllas que los jueces no deben decidir, la propuesta con el último de los agravios del recurrente. -- De ser compartido mi punto de vista, será menester también adecuar al nuevo decisorio los honorarios regulados en el anterior grado. Vista la extensión, calidad y resultado de las labores cumplidas por el Dr. R. O. G. , el carácter de letrado en causa propia en que actuara y lo dispuesto en los arts. 6, 12 y 36 del dec.-ley 2.200, propicio fijar sus emolumentos en la suma de $ 1.500. --- Los honorarios del mismo profesional por sus tareas de alzada entiendo justo regularlos en la suma de $ 525 (arts. ya cits. del decreto arancelario y su igual n° 14). -- No corresponderá regular honorarios a los letrados que en ambas instancias actuaran por el Municipio condenado en costas en atención a lo normado en el art. 2 del dec. cit. --- Por lo expuesto me pronuncio en esta cuestión por la NEGATIVA. --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. Doy aquí por reseñados los antecedentes y cuestiones que conforman la materia apelatoria a tenor de lo ya expresado al respecto por el magistrado preopinante. En consecuencia, me expediré directamente sobre los agravios vertidos. II. Expuestos ya por el Dr. Velázquez los motivos que cimentan su postura y tras un detenido estudio de la causa, puedo adelantar desde ya mi opinión coincidente acerca de tema traído a decisión del Tribunal. - En verdad, el colega preopinante ha brindado una sólida fundamentación para acoger la pretensión que motiva el presente amparo, y nada novedoso podría agregar al respecto. Sin embargo, en tanto la manda del art. 169 de la Constitución Provincial determina el requisito de fundamentación individual, expondré seguidamente -aun a riesgo de incurrir en inevitables reiteraciones conceptuales- las razones que me llevan a participar de la revocación propuesta. III. No me extenderé acerca dos aspectos que han motivado las quejas del apelante, cuales son los referidos al planteo de falta de legitimación activa y a la vigencia de la resolución municipal 310/08 en razón de su falta de publicidad, ya que ninguno de ellos tiene gravitación sobre lo sustancial de la materia a decidir en esta sede. - Así, en el primer caso, es sabido que la defensa de falta de legitimación, en tanto no es admisible su trámite como de previo y especial pronunciamiento (art. 498, inc. 1°, C.P.C.C. y art. 16, Ley N° 4572), debe ser tratada al momento de dictarse la sentencia definitiva (conf., Morello-Vallefin, "El amparo - Régimen Procesal", pág. 144 -L.E.P., 1992 - id. Sagüés, N.P., "Acción de amparo", pág. 489, Astrea, 1988; sus citas). En consecuencia, al no haber prosperado el planteo, claro está que dicha defensa resultó tácitamente desestimada por la sentenciante a quo en su fallo, por lo que en definitiva no se le ocasionó al recurrente un gravamen concreto que merezca reparación en esta Alzada. En cuanto a la omisión de publicación de la resoluc. 310/08, más allá de lo que luego expresaré acerca de su incidencia en la suerte del litigio, puede comprobarse que la misma fue divulgada en el boletín Oficial del 25/03/2008, por lo que satisface las exigencias de publicidad determinadas por el art. 11 de la Carta Orgánica el Municipio demandado. IV. En mi opinión, lo que resulta dirimente para acoger el amparo incoado es la inexistencia de fundamentos adecuados para decretar la reserva del informe confeccionado por la asesoría jurídica externa del Municipio, cuya exhibición fuera solicitada por el amparista con resultado negativo. --- V. A modo introductorio, estimo oportuno recordar que, como bien se ha sostenido, el derecho a la información es un derecho de naturaleza social, que garantiza a toda persona -física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, y se evidencia -en tanto enderezado a obtener información sobre los actos públicos-, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III o 29/11/2004 o Fundación Poder Ciudadano o JA 30/03/2005, 62 - JA 2005-I, 699). -- Este derecho, reconocido expresamente en la Constitución Nacional (art. 42) y en la Provincial (art. 13) ha sido reglamentado -en lo que aquí interesa- por la ley provincial 3764 y por la ordenanza municipal de Puerto Madryn N° 4586/2002. --- VI. De la normativa precedente se desprende sin dificultad: a) que en referencia a los actos administrativos, el derecho a la información comprende el acceso personal y directo a "la documentación y antecedentes" que se le requieran al funcionario público y que estén bajo su jurisdicción y tramitación (arts. 1, 2 y 3, ley 3764; id. art. 5, O.M. 4586/02); b) que las excepciones a este principio general son restrictivas y están expresamente regladas (art. 5, ley 3764; arts. 7 y 10, O.M. 4586/02; c) que para disponer la reserva de los informes o dictámenes emitidas por la asesoría letrada, la razón invocada por el Ejecutivo Municipal consistió en "considerarla información privada" dentro del marco del convenio suscripto por el Dr. E. (Resoluc. Munic. N° 310/08 I.) - VII. A partir de estas nociones básicas, se advierte que le asiste razón al reclamante. Es que a tenor de las disposiciones citadas precedentemente, los motivos aducidos por el Municipio para denegar el acceso a la información solicitada no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción establecidos en los arts. 5 de la Ley 3764 y 10 de la O.M. 4586/02, cuya enumeración debe considerarse taxativa en virtud del criterio general amplio imperante en esta materia, derivado del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. --- VIII. En este último aspecto, no son atendibles las argumentaciones de la demandada acerca de que, según lo pactado con el profesional, los dictámenes son "de exclusiva propiedad" del Municipio contratante, ya que los términos de una convención entre un particular y el órgano administrativo carecen de aptitud jurídica para neutralizar los efectos de las normas de derecho público que rigen en este ámbito. -- -- IX. Tampoco cabe atender al artículo defensivo basado en que el acceso a la información queda limitado exclusivamente a los "actos de gobierno", ya que -como lo he señalado anteriormente- el marco normativo determina una pauta de amplitud ("documentación", "antecedentes" - art. 3, Ley 3764; "todos los elementos suficientes para facilitar una correcta y objetiva opinión sobre el asunto objeto del requerimiento de la información" - art. 7, O.M. 4586) sin imponer como condición que tales elementos integren en forma expresa los actos administrativos, bastando que formen parte de sus "antecedentes y documentación" para quedar comprendidos en el derecho cuyo amparo aquí se solicita. - X. En base a las consideraciones expuestas, que se añaden a los extensos fundamentos del colega preopinante, opino que procede acoger la acción promovida a fin de que se ordene al Municipio de Puerto Madryn brindarle al amparista la información requerida, en tanto no se han acreditado razones de excepción atendibles para justificar la declaración de reserva del dictamen solicitado (art. 5, Ley 4572). XI. A mérito de lo expresado y por aplicación supletoria del art. 279 C.P.C.C., deben adecuarse las costas y honorarios de primera instancia a este nuevo resultado. En este cometido, comparto la propuesta del magistrado prevotante de imponer las costas en ambas instancias al Municipio perdidoso (art. 68, C.P.C.C.; art. 17, ley 4572), fijándose los honorarios del letrado actuante por derecho propio para ambas instancias en la sumas sugeridas por el Dr. Velázquez -que doy aquí por reproducidas, brevitatis causae- en tanto las mismas se aprecian adecuadas a la extensión y eficacia de las tareas cumplidas, a la complejidad jurídica de la causa y a los resultados respectivamente obtenidos, conforme a las escalas y pautas arancelarias vigentes (arts. 6, 9, 14, 36, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). No corresponderá regular honorarios a la dirección letrada y procuración del Municipio demandado, en virtud de lo previsto en el art. 2º del Dec. Ley 2.200. Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA. -- -- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó: - La adecuación a este decisorio de los honorarios regulados en la instancia precedente que hemos acordado al ocuparnos de la cuestión anterior ha transformado en abstracto, por carente de actualidad, el tópico de la apelación de honorarios planteada a fs. 90, pues quedó referido a estipendios dejados sin efecto, lo que así corresponde declarar. - TAL LO VOTO. -- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: -- -	La adecuación efectuada por aplicación del art. 279 C.P.C.C. ha tornado inoficioso el tratamiento de la apelación sobre honorarios interpuesta a fs. 90, de manera que mi voto también lo es en ese sentido. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: - Ante el acuerdo alcanzado, corresponde: - 1) Revocar la sentencia apelada a fin de acordar al actor el amparo pretendido, librando mandamiento de ejecución para que en el plazo de dos días hábiles la Municipalidad de Puerto Madryn entregue al Dr. R. O. G. , a costa de éste, copia del dictamen emitido por el asesor contratado Dr. J. A. E. y que fuera agregado oportunamente al Expte. Adm. n° 177/98, anexo 1, cuerpo 5. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la Municipalidad de Puerto Madryn. 3) Fijar por adecuación a la presente los honorarios del Dr. R. O. G. , por sus labores de primera instancia, en la suma de $ 1.500. - 4) Regular los honorarios del mismo profesional, por sus tareas de alzada, en la suma de $ 525. - 5) No regular honorarios en favor de los letrados que en ambas instancias actuaran por el Municipio condenado en costas. - 6) Declarar cuestión abstracta la planteada con la apelación de honorarios de fs. 90. --- ASI LO VOTO. --- A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: -- -	Tal como ya lo adelanté, comparto en todos sus términos la resolución propuesta por el colega preopinante, votando en sentido idéntico. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la Ley 1130, To. Ley 4550). --- Trelew, 15 de abril de 2008. - En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: --- --- REVOCAR la sentencia apelada a fin de acordar al actor el amparo pretendido, librando mandamiento de ejecución para que en el plazo de dos días hábiles la Municipalidad de Puerto Madryn entregue al Dr. R. O. G. , a costa de éste, copia del dictamen emitido por el asesor contratado Dr. J. A. E. y que fuera agregado oportunamente al Expte. Adm. n° 177/98, anexo 1, cuerpo 5. --- IMPONER las costas de ambas instancias a la Municipalidad de Puerto Madryn. FIJAR por adecuación a la presente los honorarios del Dr. R. O. G. , por sus labores de primera instancia, en la suma de $ 1.500. - REGULAR los honorarios del mismo profesional, por sus tareas de alzada, en la suma de $ 525. -- NO REGULAR honorarios en favor de los letrados que en ambas instancias actuaran por el Municipio condenado en costas. - DECLARAR cuestión abstracta la planteada con la apelación de honorarios de fs. 90. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 09 DE 2.008 - SDC.- Conste.- c.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA