Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22


SENT.Nro. 1020 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 22 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "López, Miguel Alberto vs. Banco del Tucumán S.A. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 552/553 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 05 de junio de 2002, obrante a fs. 544/548 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 29 de noviembre de 2002 (cfr. fs. 573 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Desde esta perspectiva, corresponde destacar que el recurso es admisible, pues: a) ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 551 y del cargo inserto a fs. 553 vta.; b) el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; c) el depósito que marca la ley del rito resulta innecesario por cuanto el actor cuenta con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 33); d) el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y expresamente propone doctrina legal; y e) la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, ha realizado una errónea interpretación del artículo 59 del Reglamento del Personal del ex Banco Provincia de Tucumán, Resolución Nº 590/80, en lo que se refiere al cómputo de los plazos para determinar la existencia de reincidencia entre la comisión de una falta administrativa y la siguiente.

Alega que el plazo para calificar de reincidente debe computarse no desde la fecha de aplicación de la sanción, sino desde "el hecho generador", que en la especie data del 16 de agosto de 1988, con lo cual la hipotética reincidencia se habría operado 60 meses después de que incurrió en la primera falta administrativa.

Igualmente se agravia por los fundamentos de la cesantía, basados en que las certificaciones efectuadas por el actor desprestigiaban al Banco y lo comprometían frente a la DGI, creando un potencial perjuicio económico, pues ello constituye una mera ficción, toda vez que el Banco no debió responder por ningún valor económico, ni tampoco resarcir daños a la DGI, por lo que la hipotética negligencia del actor no produjeron consecuencias dañosas para la institución.

Menciona como prueba la causa penal en la que fue sobreseído alegando, además, sobre las condiciones y sobre cargas de tareas que justificaron su conducta.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, en lo que es objeto del presente recurso, sostuvo que conforme al artículo 59 del Reglamento del Personal del ex Banco Provincia y a los efectos de la graduación de la sanción que deba aplicarse, se considerarán reincidentes a los que dentro de los 48 meses anteriores a la fecha de comisión de la nueva falta haya sido sancionada con las penas previstas en los incisos a) a f) del artículo 54, entre las cuales se encuentra la de suspensión hasta treinta días.

El actor en su demanda entiende que fue dejado cesante arbitrariamente, ya que fue sobreseído en la causa penal y por ello extraño a cualquier hecho o actividad lesiva para el Banco.

De la causa penal traída a la litis, advierte que la misma se inició como consecuencia de una denuncia penal de la DGI contra Frigorífico Manantial y/o Frigorífico Manantial SACIFIA o quienes resulten responsables de los delitos como autor, y/o coautor, y/o cómplice y/o encubridor y/o instigador del perjuicio fiscal estimado en una suma de dinero que menciona.

En lo que para el caso interesa, indica que las boletas de depósito con sello del ex Banco de la Provincia, fueron certificadas por el actor. El proceso terminó en sobreseimiento, pues se consideró que el delito no fue cometido por el imputado.

Desde esta perspectiva, considera que por principio la sanción en sede administrativa y en sede penal, son independientes y autónomas entre sí. La absolución o sobreseimiento en la causa penal, no es título suficiente para impedir la sanción administrativa, aún cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias en las que resultan irrelevantes en la instancia penal pero no en sede administrativa (cita doctrina).

En el presente caso, el fallo desvincula lo actuado en sede penal con el resultado en sede administrativa, pues en esta última se investigó y determinó la no prestación de servicio con eficiencia, capacidad y diligencia o el no responder a la ejecución de la tarea que les son encomendadas, además de actuar contra los intereses de la institución bancaria.

Analiza las actuaciones sumariales, de las que surge la conducta irregular del actor, al igual que sus antecedentes disciplinarios, descartando la existencia de arbitrariedad, absurdo o desproporción en la sanción dispuesta.

Por lo tanto rechaza la demanda.

V.- De la reseña realizada se infiere que las cuestiones centrales en debate la constituyen: a ) la supuestamente errónea interpretación sentencial del artículo 59 del Reglamento del Personal del ex Banco Provincia, y b) arbitrariedad de la sanción aplicada.

Con relación a la cuestión descripta en el punto a), cabe analizar el cuadro fáctico.

Por resolución del Directorio del ex Banco Provincia de fecha 04-3-94, se dispone la suspensión preventiva del actor por el término de 45 días, en razón de notas remitidas por la DGI (20/01; 15/02 y 17/02 del año 1994), donde se recaba información sobre el pago de boletas de impuestos pertenecientes a la firma "El Manantial S.A.", cuya autenticidad fuera certificada por el actor, hecho éste que el señor López no negó.

Concluido el sumario administrativo pertinente, se determinó la indebida actuación del accionante y por Resolución Nº 1055 de fecha 01-9-94, el Directorio del Banco se dispone la cesantía del mismo, abonando la decisión con la falta comprobada, amén de los antecedentes desfavorables y su carácter de reincidente.

Discute el recurrente en esta instancia casatoria, la interpretación sentencial sobre el modo de computar de los plazos entre dos faltas para considerar que existe reincidencia.

Para ello, previamente conviene transcribir el dispositivo cuestionado, a fin de su análisis.

Artículo 59: "A los efectos de la graduación de las medidas disciplinarias que deban aplicarse, se considerarán reincidentes a los que durante los 24 meses anteriores a la fecha de comisión de la nueva falta hayan sido sancionados con penas de carácter leve, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 54, o dentro de los 48 meses contados de la misma forma, cuanto se trate de las sanciones previstas en los incisos c) a f) del mismo artículo".

Tendiendo en consideración que última sanción aplicada al actor es la de suspensión de 25 días (inciso d) del artículo 54), la comisión de la nueva falta debe producirse dentro del plazo 48 meses para que se opere la reincidencia.

¿Desde cuando deben contarse dichos 48 meses? ¿desde que se cometió la primera falta como lo pretende el recurrente? o ¿desde que ha sido sancionada, como lo afirma la sentencia? De la literalidad del texto transcripto surge sin hesitación que el plazo de 48 meses debe computarse a partir de la fecha de la sanción. El texto normativo resulta lógico. Si no se investiga y sanciona, no puede predicarse existencia de falta a partir de la cual considerar la existencia de reincidencia. Eventualmente podrá existir reiteración pero en modo alguno reincidencia. Además, adviértase que es el tipo de sanción, la que determinará en su caso si, cometida una nueva falta, la reincidencia se operará si ella ha ocurrido dentro de los 24 o 48 meses.

Por último, conviene poner de relieve, que sólo puede válidamente configurarse la situación de reincidencia cuando existe una falta anterior debidamente comprobada, sancionada y firme.

Consecuentemente, la apreciación del recurrente de que los 48 meses deben computarse desde la fecha de comisión de la falta, debe desestimarse.

En el caso, consta en autos que la última sanción aplicada al actor fue una suspensión de 25 días dispuesta por Resolución Nº 0101 del 14-02-90 (fs. 301/302) y la nueva falta ha sido cometida a partir de julio de 1993, como consta en el cargo que se le imputa. Consecuentemente, entiendo que en el caso se ha configurado el supuesto de reincidencia.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad de la sanción dispuesta, alegada por el recurrente con fundamento en el sobreseimiento en sede penal y la circunstancia de inexistencia de perjuicio patrimonial al Banco, coincido con el fallo en crisis en que la esfera penal y la administrativa, son independientes de modo tal que puede no existir delito pero si falta administrativa.

Ello es lo que ha acontecido en autos.

Desde esta perspectiva, la Administración en un procedimiento regular, analizado puntualmente por la sentencia en recurso, ha considerado la existencia de falta administrativa, referida a la prestación de un servicio ineficiente e irregular que comprometía la organización del Banco, que eventualmente podría acarrearle perjuicios patrimoniales, aunque en la realidad de los hechos ello no aconteciera. Lo sancionado es la inconducta administrativa del agente, independientemente de un resultado perjudicial concreto.

Esta circunstancia, que como se dijo está debidamente comprobada, más los antecedentes del actor y su condición de reincidente, despejan definitivamente la presencia de arbitrariedad en la sanción, como lo aduce el recurrente.

En el presente caso, el Banco, en uso de su facultad discrecional, optó por aplicar la sanción prevista reglamentariamente para la falta cometida sin que se advierta exceso o irrazonabilidad alguna en la opción realizada.

En consecuencia, no advirtiéndose el vicio de arbitrariedad alegado, ni desvío alguno en la solución acordada al litigio por la sentencia impugnada, corresponde el rechazo del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia atacada.

VI.- Atento al resultado al que se arriba, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse a la parte actora, vencida en autos (CPC y C, artículo 106).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 05 de junio de 2002, obrante a fs. 544/548 vta. de autos.

II.-COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO