marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad de expresión, derechos y garantías constitucionales, ofensas cometidas por medio de la prensa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada y por Julia Nelly Acher Mizraji (codemandada), en las causas Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

El especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio.
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mon, Eriberto c/ Bessone de Rosas, Isabel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Cuando se produce el hecho del cual se deriva la obligación de indemnizar por parte del asegurado al tercero, simultáneamente nace otra obligación: la de mantener la indemnidad. Por lo tanto, la relación obligacional legal que sí vincula a la víctima con el asegurado y la relación contractual que existe entre éste y la aseguradora son obligaciones absolutamente independientes entre sí y sólo enlazadas o vinculadas por el sistema instituído por la ley 17418 (art.118).-
Tenencia de estupefacientes, derecho a la privacidad
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: QUESADA, IGNACIO JUAN s/ INF. ART. 14 LEY 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-01

La tenencia ilegítima de estupefacientes, tanto por los efectos que produce como por todo lo que es previo a ella, conforma una conducta que supera el marco de derecho a la intimidad, resguardado por el art. 19 de la Constitución Nacional, por lo que la actividad del estado que persiga el objetivo de impedir conductas perjudiciales para la ética, la salud, el bienestar y la seguridad general de la comunidad y que tenga origen en la tenencia de las aludidas sustancias, resulta inesitablemente lícita.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, LUCAS SEBASTIAN c/ SHORT TIME S.R.L. Y OTRO s/ INDEMNIZACION ART. 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-30

Aún cuando el fundamento de la acción no fuera la ley 24.557 sino las normas de derecho común, y el seguro contratado por la empleadora con la ART no cubra estas últimas indemnizaciones, si la enfermedad sufrida por el trabajador se encuentra entre las cubiertas por el seguro de riesgos del trabajo cabe considerar incluidos los montos que la ART debió haber liquidado, en los términos de la L.R.T.. No resultaría coherente disponer que toda la responsabilidad indemnizatoria recaiga sobre quien ha contratado un seguro que, en definitiva no lo ampara ante la declaración de inconstitucionalidad del dispositivo contenido en el art. 39 de ley 24.557 ya que, en tal supuesto, el reclamo incoado por el damnificado se enmarca en un contexto jurídico diferente. Por otra parte, tal postura redundaría en un claro perjuicio económico para las empleadoras y, por consiguiente, en un enriquecimiento de las aseguradoras que cobran las primas de un seguro que, finalmente no tendrán que afrontar, por el sólo hecho de que el reclamo judicial, es diferente al sistema de reparación que prevé la ley 24.557 y en virtud de la cual se contrató el seguro. (Del voto de la Dra. González, en mayoría).
Medidas cautelares, obras sociales, intervención quirúrgica, obligaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ, Andrea Lorena c/ Swiss Medical S.A. s/ Amparo - Medida Cautelar - beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-14

Debe admitirse la medida cautelar por la que se solicita a una obra social cobertura total e integral de la cirugía ocular, pues, atento la jerarquía de los intereses en juego como lo es la salud, la pretensión cautelar configura un interés tutelable, cierto y manifiesto, que obliga a los responsables a la provisión de lo solicitado - lentes fáquicas de cámara posterior-, toda vez que el derecho de la peticionante resulta verosímil y su denegatoria implicaría una inconcebible demora en el mejoramiento de sus condiciones de salud, en relación con la patología padecida -disminución de agudeza visual por miopía de alta graduación y as-tigmatismo miópico bilateral-.
Poder Ejecutivo, nombramiento del personal judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara Nacional de Apelaciones en  lo  Civil  y  Comercial Federal s/ comunicación - Puppo, Jorge del Valle s/su situación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

El nombramiento de un magistrado por el Poder Ejecutivo Nacional es para un cargo específico y no consiste en la atribución genérica del carácter de "Juez" sin adscripción concreta a un cargo (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Carlos Américo c/ A.J. Tendlarz S.A.C.I.F. y-o quien resulte responsable s/ Indemnización Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-31

La ley protege e indemniza la pérdida de capacidad laboral como presupuesto basal de que el trabajador -después del accidente con incapacidad sobrevenida- ya no es el mismo trabajador que antes era.

Y es esa diferencia la que la legislación procura reparar con el pago de la indemnización.
Poder Judicial Provincial, inamovilidad de los jueces, remoción de jueces, Constitución Provincial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva, Amelia Sesto de c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El principio de inamovilidad de los jueces es requisito esencial para la debida preservación de las instituciones republicanas, razón por la cual resulta necesario interpretar en forma restrictiva las disposiciones constitucionales que permiten la separación del cargo de aquellos magistrados nombrados de conformidad con las leyes supremas en el ámbito provincial. Ello, más allá de las facultades de los constituyentes provinciales de instituir el procedimiento de remoción que, dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional, estimen pertinente.
Carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aquino, Wenceslao Miguel c/ Iza, Juvenal y Salazar Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-05

Interpretando el art. 374 del Código Procesal se ha sostenido que si el demandado niega pura y simplemente los hechos que sirven de fundamento a la demanda, no tiene la carga de producir prueba alguna. Es que pesa sobre la parte actora la carga de traer la verdad de los hechos constitutivos del derecho que invoca. Empero si el accionado no se limita a negar los hechos expuesto por el accionante, sino que alega otros en su descargo, deberá acreditarlos. Fundamento de la Dra. Colman.
Inmueble hipotecado, expropiación, actos y diligencias procesales, reconocimiento de las obligaciones
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ BUENOS AIRES EXIMPORT SA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La cédula agregada configura un trámite ineludible en una expropiación inversa cuando figura en el registro de la propiedad inmueble que pesa sobre el terreno afectado un gravamen hipotecario.

El cumplimiento de ese trámite, por tanto, no significa otra cosa que admitir la realidad de la inscripción registral -cuya subsistencia puede obedecer a múltiples motivos-, mas no implica, de suyo, el reconocimiento de la deuda.
Daños y perjuicios, contrato de obra, responsabilidad del arquitecto
Materia: CIVIL
Carátula: Barrientos, Héctor Rolando c/ Cuello, Juan Pablo s/ daños y perjuicios (inh.inhibicion origen doc.loc.via nom)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-27

El argumento del demandado de que no puede imputársele responsabilidad alguna con respecto a los daños existentes en la pared donde se encuentra instalado el medidor de luz y en las paredes medianeras, pues ya existían al momento de iniciarse la construcción y no fueron ejecutadas durante la obra; toda vez que -como se expuso ut supra- el director técnico es un consultor del comitente y su función es proteger sus intereses, elaborar el proyecto y culminar la obra según sus propios requerimientos técnicos; y no puede desvincularse con su implementación. Así, al proyectar la obra sobre paredes ya existentes debió realizar un estudio de aquéllas y prever las posibles consecuencias que su utilización provocaría; pues está obligado a ejecutar la obra de tal modo que presente las cualidades prometidas y no esté afectada de vicios que hagan desaparecer su valor, o que la vuelvan inapropiada para el uso ordinario o establecido en el contrato. DRES.: MOVSOVICH - COSSIO.
Pensiones, denegatoria del beneficio, impulso de parte
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DILORENZO, ANTONIA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-20

Las Cajas no pueden convertirse en oponentes del beneficiario, toda vez que la pérdida del derecho a pensión no se presume ni debe indagarse de oficio con propósitos denegatorios, ya que la oposición debe surgir de personas interesadas que corran con la carga de la prueba de sus derechos, máxime cuando los supuestos ocultamientos no son materia suficiente para presumir la pérdida del beneficio. (En el caso la Caja Nacional de Previsión Social confirmó la denegatoria del beneficio por estar la solicitante separada de hecho y no haber probado la culpa del esposo).
Depósito judicial, indemnización por accidente de trabajo, inembargabilidad de la indemnización
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: CARABAJAL, FELIPE c/ DEVI CONSTRUCCIONES SA s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Las sumas que fueran depositadas a favor del actor en concepto de indemnización por accidente no son susceptibles de embargo alguno (art. 13 ley 9688), aún tratándose de honorarios profesionales debidos por el actor en relación a la porción desestimada de sus reclamos.
Recurso extraordinario, universidades, acción de amparo, sanciones disciplinarias administrativas, docentes, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SABINA EVA MAZA DE MOLINA c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY s/ ACCION DE AMPARO.    UNIVERSIDAD - DOCENTES.    SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

La sanción de suspensión de un profesor interino no puede exceder el término de 60 días, ya sea su sustento en las disposiciones del Estatuto de la Universidad (art. 90, inc. a), del decreto-ley 1262 82, como la postula el a quo, o las normas del decreto 1798-80, como sostiene el recurrente. En consecuencia, considerando que el plazo máximo de suspensión ha transcurrido, la universidad carece de interés legítimo que haga viable un pronunciamiento de la Corte por cuanto no subsiste el agravio que dio origen a las actuaciones.
Contratos comerciales, daños y perjuicios, prueba, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERRA, JUAN  C c/ MADANES, CLAUDIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

En lo referente a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, tiene dicho la jurisprudencia que la inejecución de un contrato no constituye por si misma una presunción de daño a favor del acreedor y quien demanda la indemnización por esa causa, debe acreditar -fehacientemente- el perjuicio sufrido, requiriéndose que dicha prueba sea directa y propia.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, competencia, plazos procesales
Materia: Procesal
Carátula: Weise, Carlos R.O. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-05

Ante las exigencias adjetivas comentadas -lugar y tiempo del recurso casatorio- una prudente interpretación ritual autoriza a concluir que aunque sea dable prima facie reconocer el mandato imperativo de presentar el escrito ante el Tribunal que dictó la resolución, tal principio puede ser morigerado cuando, a pesar de un yerro sobre el punto, la posterior actividad de los interesados -ausente aquí a todo evento- endereza el trámite, siempre que simultáneamente acaezcan los demás resguardos previstos por la ley bajo pena de inadmisibilidad.

Y es justamente la orfandad de uno de los extremos, el tiempo hábil para deducir la queja jurídica, lo que conspira transformando en inaudible la protesta del defensor. Puede repararse un desatino en punto al lugar a donde debió producirse la impugnación pero no será suficiente el encauce cuando tal cosa ocurra fuera del plazo improrrogable que manda la ley.
Empresa, sindicatos, delegado gremial, tutela sindical, estabilidad laboral, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINERA  S.A.  MIGUEL CAPODONICO LIMITADA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

La polémica entre la empresa y una entidad sindical en torno a los alcances de una representación gremial, para saber si estaban o no comprendidos en la tutela prevista en los arts. 48 y concordantes de la ley 23551, genera una incertidumbre que debe dirimirse mediante una acción declarativa en los términos del art. 322 del CPCCN, toda vez que está en juego la aplicación de un cuerpo normativo como el título XII de la ley 23551.
Honorarios, regulación provisoria, ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, resoluciones inapelables, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ ASOCIACION FRANCESA FILANTROPICA Y DE BENEFICENCIA s/ EJECUCION FISCAL. CAUSA 16.711/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

En procesos como el "sub lite", cuando no ha recaído sentencia, la regulación provisional de honorarios apelada no resulta aprehendida por la inapelabilidad dispuesta por el art. 92, noveno párrafo, ley 11.683.
Seguro de vida, contratos, buena fe, beneficiario del seguro, declaración jurada, ley de seguros, peritos, prueba, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bezic, Mirta c/ H.S.B.C. New York Life Seg. de vida s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-23

En el contrato de seguro, la buena fe de las dos partes contratantes se constituye en una base esencial y -si es posible- de mayor importancia aún, que en el resto de los contratos. Concretamente, en el caso del asegurado, debe poner en conocimiento del asegurador, en forma franca y sin reservas todas las circunstancias que pudiesen influir en la apreciación del riesgo, en tanto las primas se determinan matemáticamente sobre la base de cálculos de probabilidades. Debe también abstenerse de todo engaño, por medio de declaraciones falsas u ocultación de hechos que conocía o que hubiera debido conocer.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Valle, Marcelo Daniel s/ Lesiones leves y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Es inaudible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde se impugna lo referido a la materialidad ilícita, si la sentencia de la Cámara se circunscribió -con cita del art. 342 del Código de Procedimiento Penal- a tratar lo relativo a la autoría (art. 360, C.P.P.).
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Héctor H. Rodríguez Construcciones c/ Flores Mamerto s/ Cobro Ejecutivo D'Atena, Osvaldo c/ Barzola, Ruben s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18|2001-11-06

Los intereses punitorios dependen de la morosidad del deudor y dicho incumplimiento es precisamente el que determina el nacimiento de los punitorios o moratorios. De tal forma la constitución en mora del ejecutado ocurrida indudablemente el día de vencimiento de la publicación de edictos, desde que así expresamente lo prevé el artículo 46 de la Ordenanza General 165/73, determina que en ese momento ha de comenzar el cálculo de los intereses punitorios.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., R. s/ Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-21

Debe recordarse que la garantía de defensa en juicio, como toda garantía, adquiere significación frente al Estado como limitación a su poder o como remedio efectivo para el uso arbitrario del mismo, lo que no se da con la limitación impuesta. Es al momento de evaluar sobre las limitaciones que al poder estatal le imponen las garantías concebidas para equilibrar la desigualdad entre quien acusa -el Estado por medio de sus órganos- y quien soporta la persecución penal.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

La base regulatoria de los honorarios del abogado por su actuación como patrocinante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la contestación del recurso extraordinario federal son los que hubieran correspondido a los letrados del GCBA por su actuación como patrocinantes de aquél, en primera instancia (recuérdese que el artículo 15 in fine de la ley n° 5.134 -Honorarios profesionales de abogados y procuradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- establece que la retribución del apoderado que actúa sin patrocinio es la que hubiera tocado a ambos profesionales de haber existido patrocinante). (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás)
Fundamentación de sentencias, tentativa, extorsión, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Leandro David s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-29

Está debidamente fundada la condena por tentativa de extorsión si las características de los sucesos que se tuvieron por acreditados, justifican de manera suficiente la alusión a una intimidación, teniendo en cuenta que el denunciante fue abordado en la vía pública por un funcionario policial, que le hizo saber que lo conocía, le requirió dinero a cambio de no detenerlo y luego lo llevó por distintos lugares bajo intimidación, lo cual sella la suerte de las críticas del recurrente. No cabe aplicar la regla del art. 44 CP con fundamento en que el delito no se podría haber consumado teniendo en cuenta que fue neutralizado por la acción de la policía, pues claramente se verificaron una serie de actos por parte del autor que indican que su accionar ya había superado la fase preparatoria y que se alistaba para su consumación, la cual fue finalmente neutralizada con motivo de la denuncia realizada.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Casco, Osvaldo Neris c/ Ferrodúctil S.A.I.C. y F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

La sola enunciación de los elementos de labor con que se desempeña el trabajador no es suficiente para acreditar que el daño en su salud se produjo por vicio o riesgo de una cosa de propiedad del principal, como tampoco lo es la prueba de la relación de causalidad con el trabajo, ya que es necesario demostrar de qué manera el dependiente se encuentra comprendido en cualquiera de los supuestos que contempla el art.1113 segunda parte in fine del Cód.Civil.
Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Vaccalluzo, Delia Beatriz c/ Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ministerio de Educación y Cultura s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-09-09

La insoslayable obligación del Estado de cumplir con el mandato constitucional de garantizar una educación general y adecuada y el derecho de los educandos de recibirla es un "cometido esencial, prioritario e indeclinable" (art. 57 Constitución Provincial y Ley de Educación Nro.159), y se llevan a la práctica a través de los docentes que los organismos competentes seleccionan por su idoneidad y mérito, para cuya medición y/o calificación se torna claramente irrazonable dar por sentado que después de los 40 ó 45 años ha desaparecido la idoneidad que naturalmente atribuye el título docente, que otorga una capacidad o preparación para tareas específicas, que no es legítimo tronchar a una edad prematura sin motivos que aparezcan totalmente justificados.

En virtud de lo expuesto me inclino a sostener que la actora sufrió una arbitraria discriminación al impedírsele postularse nuevamente para integrar el plantel de maestros suplentes en el orden de méritos que la autoridad competente formulare, debiendo declararse que el artículo 49 de la ley 261 es inconstitucional en su aplicación al caso concreto, por cuanto en las circunstancias de autos la limitación por la edad significa introducir un impedimento ajeno a la estricta condición de la idoneidad que contempla el artículo 16 de la Constitución Nacional. (disidencia del Dr. González Godoy)