Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-30


Comodoro Rivadavia, 30 mayo de 2006	.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "Q., M. A. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA S/ EJECUCION DE HONORARIOS (Expte 966/94)", Expte Nº 14.124/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 1 Secretaría Nº 1 (Expte. Nº 1092/2003), por haber interpuesto la demandada, recurso de apelación a fs. 210, contra la sentencia de fs. 207/208. Y a fs 212 apela la parte actora con fundamento en el principio de eventualidad y subsidiariedad procesal.

Concedidos los recursos interpuestos, se acompañan memoriales de expresión de agravios. Obran a fs. 213/216 los fundamentos del recurso concedido con efecto diferido a fs. 202. A fs. 228/238 expresa agravios la actora. A fs. 217/225vta. obra memorial de agravios de la demandada y contestación de la actora a fs. 239/245.

I.- Corresponde en primer término dar tratamiento al recurso de apelación concedido con efecto diferido, respecto del auto de fs. 200 que rechaza el hecho nuevo denunciado.

En tal sentido, deberá confirmarse la resolución apelada, toda vez que las relaciones de terceros con la demandada en autos, no reviste trascendencia en la presente causa. Máxime si el hecho denunciado tiene origen en un comportamiento de la profesional involucrada, distinto respecto del que asumiera la propia actora Contadora M. A. Q..

Nótese que no surge de autos, la existencia de acuerdo extrajudicial alguno entre las partes del presente litigio. II.- Dicho ello, a los efectos de poder llegar a un correcto estudio de las cuestiones planteadas, se analizarán en primer lugar los agravios de la demandada.

Se agravia la demandada a fs. 217/225 en cuanto el sentenciante rechaza las excepciones de falta de acción y falta de legitimación para obrar interpuestas por la misma. Sostiene que la sentencia es nula, falta al principio de congruencia y es arbitraria, no constituyendo una derivación razonada del derecho. Insiste que las excepciones planteadas fueron introducidas dentro de la noción amplia de la excepción de inhabilidad de título.

Manifiesta que el sentenciante no sólo no funda en derecho sus conclusiones sino que tampoco se expide sobre todas las cuestiones introducidas por la parte. Sostiene que el juez omite considerar la falta de legitimación para obrar del actor a tenor de lo dispuesto por la ley 4567, cuestión que fue expresamente requerida por la demandada.

Continúa, que el sentenciante sólo tuvo en consideración el argumento de que no hubo liquidación firme, sosteniendo que hubo liquidación homologada en los autos principales, apartándose de las constancias de los expedientes. Insiste en la nulidad de la sentencia.

A fs. 239/245, la actora contesta los agravios y solicita el total rechazo de los mismos. Requiere la inaplicabilidad prevista en el art. 10 de la Constitución Provincial en orden a la ley Nº 4567. Mantiene la reserva del caso federal.

III.- Delimitado el marco de las quejas de las partes, corresponde, analizar si las excepciones planteadas por la demandada son procedentes para el caso.

La presente ejecución de honorarios del perito contador, se inicia de acuerdo a la sentencia firme de segunda instancia que determina los mismos en el 15% (ver fs. 26/40 y 89/93) del capital de condena conforme liquidación a practicar por cada uno de los expedientes principales en los que el perito actuó. La actora, a fs. 67/70 expresamente manifiesta que la liquidación practicada es provisoria, no estando aún la misma aprobada.

La demanda de ejecución de honorarios se inicia el 31 de octubre de 2003, de acuerdo al cargo impuesto en la misma (fs.74), sin perjuicio que la mis-ma se despachó el 4 de agosto de 2004 (fs.97) y notificado a la demandada el 9 de septiembre de 2004 (fs. 104).

Es por ello, que la demandada -Municipalidad de Comodoro Rivadavia- interpone las excepciones de falta de acción y falta de legitimación pasiva y activa para obrar, dentro de la noción amplia de la de inhabilidad de título. Entiende que no hay al momento de interponer la demanda liquidación aprobada y firme que permita determinar el monto a ejecutar y que se hayan cumplido los recaudos previstos por la ley 4567. Entre ellos, el año de espera para ejecutar la liquidación.

A fs. 123/130 obran copias certificadas por la Actuaria respecto a los autos principales (Expte. Nº. 908/2003, de ejecución de sentencia), en los cuales se ha convenido el monto de condena e intereses de los actores al 26/09/2003, por la suma de $ 308.147,41 comprensiva de los intereses hasta el mes de marzo de 2004 -correspondiente al plazo de seis meses que se estipuló para la cancelación total- (fs 127 y vta).

Tal acuerdo fue homologado en todos sus términos el 8 de Octubre de 2003 (ver fs. 130).

Con ello se puede determinar que el monto de los honorarios correspondientes al perito contador, ascienden a la suma de $ 46.222,11 al mes de marzo de 2004 (conforme los términos de la sentencia que regula sus honorarios y el art. 62 de la ley 2200 t.o. ley 4335).

Ello, porque el monto acordado por las partes en los autos principales: "C. J. y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia" Expte Nº 908/03, es equivalente a una liquida-ción aprobada y firme, siendo la determinación de los honorarios del perito la mera realización de una operación matemática. Tratándose el presente de una ejecución de sentencia de pago de honorarios, es de aplicación el art. 502 2do párrafo del CPr.

Además, debe tenerse en cuenta que la demandada sólo niega genéricamente adeudar dicha suma, lo cual no tiene el alcance de una impugnación formal y tampoco practica su propia liquidación.

En consecuencia, se debe rechazar el argumento de la apelante respecto a la falta de suma líquida, porque las partes acordaron el monto y los honorarios que aquí se ejecutan, deben ser fijados en un porcentaje determinado de ello.

Con respecto al segundo agravio, esto es el apartamiento del derecho aplicable en cuanto sostiene la demandada que el a quo no se expidió respecto a la aplicación de la Ley Provincial Nº 4567 corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente decidido, se debe advertir que no surge manifiesto que se haya cumplido con los recaudos previstos por la ley 4567- que reglamenta el art. 98 de la Constitución Provincial-, en cuanto determina que sólo podrán ejecutare las condenas firmes en los siguientes casos:. "cuando no obstante haber sido notificada la liquidación aprobada judicialmente, antes de la elevación del ante-proyecto de la ley u ordenanza de presupuesto al poder o departamento ejecutivo, respectivamente, no es incluida en el programa de pagos de sentencias judiciales del siguiente ejercicio presupuestario.

En este caso la ejecución sólo podrá ser dispuesta luego de transcurrido un año desde la notificación de la liquidación aprobada judicialmente."(art. 6 inc a).

Como se observa, es cierto que el actor no ha respetado la espera de un año desde la notificación de la liquidación o determinación del monto. Nótese que si la determinación del monto adquirió firmeza con la homologación del acuerdo al que arribaron las partes principales, esto es el 8 de Octubre de 2003 y la presente ejecución fue iniciada el 31 de Octubre de 2003, y aún cuando como lo manifiesta la actora, su tramitación no fue dispuesta ni ordenada hasta agosto de 2004, forzoso es concluir que no transcurrió aquel plazo de un año.

Es cierto que tanto la doctrina y jurisprudencia enseñan que las sentencias contra el estado tienen carácter declarativo contra el mismo, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda y que la excepción de inhabilidad de título resulta viable, aunque los códigos procesales expresamente no lo digan, cuando falten alguno de los requisitos que objetiva o subjetivamente condicionen la fuerza ejecutiva de la sentencia,- tal el supuesto de autos-.

Incluso, algunos autores entienden que la excepción de inhabilidad de título, en casos semejantes, se considera implícita en la excepción de falsedad de la ejecutoria (Palacio y Alvarado Velloso. Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación Art. 506. Pág. 115 y ss. Tomo 9º. Ed Rubinzal Culzoni "CAP. CNCiv. M, 06.09.91, L. S. Suc." "B. C... d. P., 1ra. 25.02.92. C. c. F.". Pág. 117).

Pero forzoso es decir, más allá del efecto "declarativo" de los fallos, no se exime al Estado obligado, de efectuar las previsiones presupuestarias respectivas, tal como se deduce del art. 4 de la ley Nº 4567 (Cfme. criterio STJ en "G., A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Diferencias Salaria-les, Nulidad e Inconstitucionalidad de Decreto" (Expte. Nº 15.578-G-1996, Sentencia Nº 6 7/3/02).

En el caso de autos, al momento de la presente, además de haber transcurrido holgadamente el plazo de espera que establece la ley 4567 que dilata el derecho al cobro, de la contestación al Oficio Nº 33/06 -dispuesto como medida de mejor proveer por este Tribunal- por parte de la demandada (fs.253/286) no se advierte concretamente que se haya presupuestado suma alguna para atender al pago de los honorarios aquí reclamados durante los Ejercicios Fiscales 2004, 2005 y 2006.

Aún cuando podría considerarse previsto en el rubro Varios del anexo IV de fs. 260 para el año 2004 o de idéntico rubro del anexo IV obrante a fs. 276 para el año 2005, lo cierto es que hasta la fecha no se ha hecho efectiva la acreencia que aquí se ejecuta, lo que autoriza a concluír que la demandada no consideró incluido en tales previsiones la suma debida en concepto de honorarios a la actora en los presentes.

Todo ello y demás constancias de autos, ameritan un apartamiento de lo que se dispusiera en Sentencias Interlocutorias Nº. 283/04 y 284/04.

En consecuencia, en atención a lo dispuesto por los arts. 4 y 6 de la ley 4567 y el plazo transcurrido desde que la demandada se hallaba en condiciones de presupuestar la suma debida, que no resulta ajustado a derecho que el Municipio pretenda continuar ampararse en la falta de transcurso del plazo previsto por el art. 6 inc. a) in fine de la mencionada ley.

En el sub judice, si como quedó dicho el monto del juicio sobre el cual debía calcularse el porcentaje de los honorarios quedó firme el 8 de octubre de 2003, siendo notificada judicialmente de la liquidación provisoria efectuada el 9 de septiembre de 2004, no habiendo impugnado la misma, no puede concluirse que aun deba aguardarse el año de espera para disponer la ejecución forzada. Es que se debió confeccionar el informe y el monto que correspondía con la liquidación aprobada judicialmente o "cálculo estimativo pertinente para ser incluido en el presupuesto del ejercicio siguiente" (art. 4 ley 4567).

Por ello, es que debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título y confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto es materia de recurso por parte de la demandada.

IV.- Respecto al agravio de la actora, en cuanto sostiene que el juez no se expidió en orden al planteo de inconstitucional de la Ley Provincial Nº. 4567, la incompatibilidad con el art. 33 y 42 del Código Civil y el incumplimiento del recaudo procesal previsto en el art. 544 inc. 4 del CPr., en atención a como se resuelve y dado que el límite objetivo del conocimiento de la Alzada está dado por la existencia del agravio o interés jurídico, no resultando éste presente carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los mismos.

V.- Las costas de la Alzada por principio objetivo de la derrota, se imponen a la demandada vencida.( art. 68 CPr).

Los honorarios se fijarán de acuerdo a la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, etapa procesal, monto del proceso, y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles y la labor desempeñada en esta instancia (arts 6,7,40,14 y ss ley 4335 t.o.).

Por ello, la Sala B de la Cámara de apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 201 y concedido a fs. 202.

2)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Confirmar la sentencia de fs. 207/208 mandando llevar la ejecución adelante.

3)Declarar carente de virtualidad jurídica expedirse sobre los agravios vertidos por la actora a fs. 228/238 4)Costas de esta instancias a la demandada vencida. Se regulan los honorarios profesionales de la Dra. M. C. Q., en la suma de pesos mil quinientos ($1.500) y los de las Dra. M. X. P. en la suma de pesos setecientos cincuenta ($750,00).

5)Tener presente la reserva del caso federal de fs. 225 vta..

6)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL Nº 27 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS