Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-17


Comodoro Rivadavia, 17 de junio de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "V., E. A. y Otra c/ K., M. R. s/ EJECUTIVO", Expte. N° 14.991/2005, venidos del Juzgado Letrado de Ejecución N° 1, Sec. N° Dos,(Expte. nro. 6853/2004), por haber interpuesto la demandada a fs. 43, recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fs. 36/38.

Se agravia el recurrente a fs. 45/49, contra la decisión del juez de grado que rechaza in limine litis el pedido de nulidad de la intimación de pago y embargo y manda llevar adelante la ejecución. Sostiene que la intimación de pago y embargo es nula porque fue realizada en ausencia del deudor; que se ha violado su derecho de defensa en juicio y no se ha respetado el debido proceso. Insiste que la incidencia ha sido interpuesta conforme las normas procesales. Continúa que su parte interpuso conjuntamente con el pedido de nulidad, las excepciones que hacían a su derecho. Manifiesta que en el fallo impugnado se ha violado el principio de congruencia y no se ha valorado las circunstancias comprobadas de la causa. Ratifica la reserva del caso federal.

A fs. 54/56, contesta el traslado de la expresión de agravios la contraria. Solicita primeramente la declaración de deserción del recurso y en for-ma subsidiaria, el rechazo de los agravios de la actora. Hace reserva del caso federal.

Delimitada así la cuestión que viene a estudio y, peticionado por la contraria que se declare la deserción del recurso de la demandada, se debe tener presente que impera un criterio amplio y flexible respecto al juzgamiento de la suficiencia técnica de los recursos. Conforme a dicho criterio se ha resuelto que: "Una expresión de agravios deficiente o incompleta no autoriza a declarar desierto el recurso si es dudoso que no reúne los méritos exigidos por aquella pieza procesal"( LL 100809, LL 137857, entre otros). Por ello y en virtud de las graves consecuencias que conlleva al derecho de la parte la aplicación de un excesivo rigorismo formal en la declaración de deserción del recurso, se rechaza la pretensión de la actora.

Seguidamente, como lo ha sostenido esta Sala en las Sents. Interlocutorias Nros. 223/92, 190/95, 203/04, entre otras, las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándoselas como última ratio frente a la existencia de una efectiva indefensión.

Ello, por cuanto el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los actos, superiores a las de otras ramas del orden jurídico, de donde se sigue que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (Cám. Nac. Civ., Sala a, 31779, La Ley 1979 v. D, pag. 502, ídem sala B, 261083, La Ley 1984,v. B, pag 254).

Que, quien alega la nulidad procesal debe mencionar expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulidificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. No basta una invocación genérica, sino que el interesado debe indicar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido; es decir, debe acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, debiendo asimismo el impugnante individualizar y probar cual es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna. En tal sentido se ha dicho: "...es que la materia de las nulidades debe manejarse cuidadosamente y aplicándose a los casos en que sea estrictamente indispensable. Es misión de la jurisprudencia la de refrenar los impulsos de los litigantes, siempre proclives a encontrar motivos de nulidad, declarándose éstos únicamente en los casos en que se los haya señalado como una solución expresa del derecho positivo.." (Epifanio J.L. Condorelli, en "Presupuestos de la Nulidad Procesal" en "Estudios de Nulidades Procesales", MorelloBerizonce y otros Ed. Hammurabi, 1980, pág 95).

Como se ha establecido por la doctrina y jurisprudencia dominante, las nulidades procesales son todas de carácter relativo, y no proceden por la nulidad misma o en el sólo interés de la ley. Se requiere que medie un perjuicio cierto y efectivo que reparar, pues retrogradar el procedimiento sería estéril e inocuo frente a supuestos perjuicios que no se han demostrado (C1a La Plata, sala III, citado por MorelloPassi Lanza, Sosa -Berizonce, Cód Proc Civil y Comercial de la Nación, T IV1, pag. 541, ED Abeledo Perrot, 1975).

Del estudio del presente sublite, surge que se ha realizado la intimación de pago y embargo por la suma de $ 10.000, saldo de capital adeudado correspondiente al título de crédito base de la ejecución (fs. 11/12), en el domicilio real del demandado (fs. 16/18 vta.).

De dicha diligencia consta de acuerdo a la leyenda impresa puesta por el Oficial de Justicia, que: "no siendo atendido por persona alguna e informado por los vecinos que el demandado vive allí, procedí a realizar la intimación de pago y citación de remate, fijando las copias de traslado acompañadas en la puerta de acceso al domicilio"; dando fe de ello el Oficial actuante.

El demandado al tomar participación en autos, (fs. 27/34) reconoce que la intimación fue efectuada en su domicilio real, e informa que se encontraba circunstancialmente ausente por motivos familiares.

Sostiene que dicha intimación conlleva la citación para oponer excepciones y que por ello requiere la presencia del deudor, en virtud que la diligencia es equiparable al supuesto de notificación de la demanda. Funda en ello su pedido de nulidad del acto procesal, por haberse violado su derecho de defensa. Resalta en el punto C., las excepciones que se vio impedido de oponer, como la de inhabilidad de título y abuso del derecho.

Reconoce haber suscripto el pagaré que sirve de base a la presente ejecución y no haber atendido sus obligaciones relacionadas con el mismo (punto C. ítems 31 y 36). No ataca las formas extrínsecas del documento, ni que el mismo sea falso. Manifiesta que la deuda existe, sólo discute el monto de la misma. Y vincula las excepciones interpuestas con la causa de la obligación.

De lo expuesto surge que el demandado ha podido tomar conocimiento de la demanda, y ha ejercido su derecho a oponer excepciones al plantear la nulidad de la intimación. De la interposición de las mismas se concluye que como ya lo destacara el juez de grado, las excepciones planteadas no pueden prosperar. En principio, porque no se ha negado la deuda y se ha reconocido el documento(Cám. Nac. Civil Sala A, LL 129272).

En segundo lugar, porque la parte pretende relacionar las mismas con la causa de la obligación, excediendo ello del marco cognoscitivo del proceso ejecutivo y por ende, improcedente.

Con lo cual se colige que, en el presente no se ha privado del derecho de defensa a las partes y se ha respetado el debido proceso. La nulidad que pretende la demandada que se declare en autos, sería en el único beneficio de la ley, lo que como se ha reseñado anteriormente, no es procedente.

Sin perjuicio de lo manifestado, no habiendo el recurrente impugnado de falsedad una diligencia judicial en este caso el mandamiento de fs. 17/18 la nulidad de la misma es improcedente pues para que ella prospere es necesario que se funde en la violación del derecho de defensa y que se especifique con claridad los medios que se ha visto privado el ejecutado así como su interés en la declaración de nulidad de la intimación de pago (Cám. Nac. Civ. Sala E, LL 122911, SUM 13399. Enrique M Falcón. Procesos de Ejecución. Tomo I. Juicio Ejecutivo. Volumen B. Ed Rubinzal Culzoni 1998. Pag. 60 y ss). Asimismo, se ha dicho que para la validez del requerimiento de pago y embargo no es requisito que sea efectuado en la persona del demandado, y que al igual que la notificación del traslado de la demanda, no requiere la presencia del demandado y, de no encontrarse en su domicilio, no procede el aviso que ordena el art. 339 del CPr. para los juicios cognoscitivos (LL 1998B871, 40.176S).

Ratificando este criterio, se ha sostenido: "No existe disposición legal alguna que imponga, respecto al mandamiento de intimación de pago, el apartamiento de las reglas generales establecidas para las notificaciones, de modo que en ausencia de una disposición expresa que imponga que dicha diligencia deba cumplirse personalmente con la parte demandada, el Oficial de Justicia cumple con la misma entregando copia del mandamiento y de la documentación acompañada a quien manifiesta ser y se reconoce como una persona de la casa ("C. H. S. R. c/ C., E. B. s/ ejecución de expensas" -Cámara Civil, San Isidro -26101998).

Finalmente, tal como ha quedado demostrado en autos, la intimación de pago y embargo de fs. 17/18 vta. se efectúo con las formalidades de ley, no siendo la presencia del demandado una de ellas; el acto procesal no fue atacado de falsedad; el demandado ha podido ejercer las excepciones que hacían a su derecho; las mismas no resultan procedentes como ya se señalara y; principalmente, la recurrente no ha acreditado sufrir un perjuicio concreto que resulte irreparable, por lo que corresponde se rechace el recurso de apelación de la demandada y se confirme la sentencia de fs. 36/38.

Por como se resuelve la cuestión, las costas de la Alzada se imponen al apelante vencido, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPr.). Se regularán los honorarios profesionales teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, etapas cumplidas, monto del mismo, éxito obtenido y demás pautas de la ley de aranceles (arts. 40, 47, 50 y ss ley 4335 t.o.).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º). Rechazar el recurso de apelación Interpuesto por la demandada a fs. 43 y, confirmar la sentencia de fs. 36/38.

2º). Costas de la Alzada, a la apelante vencida. Regular los honorarios de los Dres. N. L. d. E., F. L. G. y G. B., en forma conjunta, en la suma de pesos trescientos ($ 300,00) y, los del Dr. L. M. P., en la suma de pesos cien ($ 100,00). Todos más la alícuota del IVA si correspondiere.

3º). Tener presente la reserva del caso federal de fs. 49.

4º). Regístrese, notifíquese y devuélvase. JULIO ANTONIO ALEXANDRE (Presidente) SILVIA N. ALONSO de ARIET (Juez de Cámara) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL N° 044 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS