marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, culpa civil, falta de licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: GUERRA, LUIS NELSON Y OTRA c/ SARACHO, PAULO DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-02

En materia de responsabilidad civil, es de esencial trascendencia la circunstancia de que un conductor carezca del carnet habilitante porque se trata de una persona que no acreditó ante la autoridad pertinente hallarse en las condiciones psicofísicas para manejar vehículos, de manera que al no encontrarse "habilitado", además de la transgresión a la ley en forma deliberada, dicha carencia hace presumir cierta inidoneidad para conducir un automóvil que, con el aditamento del estado alcohólico en que se encontraba en la ocasión con el resultado conocido -no logró detenerlo o efectuar un viraje a tiempo en pos de evitar la colisión-, habilitada también a presumir su culpabilidad en el acontecer dañoso.
Cuestiones de competencia, acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, competencia civil y comercial federal, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Villafuerte  Rosa  Mariela c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Es competente la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal para entender en la demanda iniciada por depositantes del sistema financiero contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de, entre otras normas, la ley 25.561, los decretos 1.570/01, 214/02, 320/02, las resoluciones 6, 9, 18 y 23/02 del M° de Economía, mediante las cuales se afectaban gravemente los derechos y garantías reconocidos en los arts. 14, 16, 17, 18 y 31 de la C.N., porque la causa atañe a un conflicto emergente de un contrato celebrado entre particulares sometido a normas de derecho privado, comerciales en la especie; y la naturaleza de la pretensión -art. 5 del C.P.C.C.N.- permite sostener que el tema en debate no se resolverá mediante la aplicación preponderante de principios y normas de derecho público, administrativo.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, abogados, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, ejecución fiscal, competencia, competencia civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LUSARDI, JUAN JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10

Sabido es que los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio y en relación a ello- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ro., de la ley 7055; como así también que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contenciosa administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11.330. Sin embargo, no se advierte que el presente caso, en donde la Provincia impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 12% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal, y en la instancia extraordinaria local, sobre la tasa de interés aplicada desde el 1.4.1991 (12 %)- pueda ser encuadrado en dicha excepción. (Del Voto De La Mayoría, En Disidencia La Dra. Gastaldi)
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, pagaré, títulos ejecutivos, lugar de pago, inhabilidad de título, obligaciones de dar sumas de dinero, reconocimiento de firma
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sale Lucas René  c/ Figueroa Delfor Roberto s/ Cobro Ejecutivo. Expte. N° 2337/22
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-05-31

Resulta innecesario el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva -en el caso de la apelación contra lo dispuesto por el a quo quien hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado, con base en que no se encontraba indicado el lugar de pago en el instrumento -base de la acción- ya que si la firma no le pertenece al demandado -quien no lo negó-, puede desconocerla en la oportunidad en que se lo cita de remate para oponer excepciones legítimas, puesto que el elemento ausente no gravita en contra de ningún interés específico de la persona a quien se atribuyen los documentos, y cuya autenticidad ésta no impugna.
Legitimación activa, gastos de reparación del automotor, conductor no titular
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lelli Armando R. c/ Federico D. Lorenzo y César A. Romero Milano s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S004 - 295)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-17

La legitimación activa del poseedor o tenedor del rodado siniestrado se extiende, no sólo a la facultad de obtener el reembolso de los gastos que ello insumiría, sino a la posibilidad de obtener el valor de reposición del bien dañado, mediante una suma de dinero equivalente a otro vehículo en iguales o similares condiciones a las que se encontraba el vehículo antes del accidente.
Honorarios, excepción de prescripción, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernández, Roberto Ignacio c/ Liderar Compañía General de SEguros S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-07

Si la labor del beneficiario de la regulación de honorarios recurrida consistió únicamente en el escrito contestación de demanda y oposición de la excepción de prescripción, resulta que ha de atenderse principalmente a las pautas mensuradoras previstas por el art. 3 de la Ley 7046 -esto es el valor, mérito, eficacia y complejidad de la tarea efectivamente desarrollada, así como la probable dedicación temporal y el éxito obtenido-, teniendo en cuenta que la etapa regulatoria debe orientarse a la satisfacción más completa y equitativa de la tarea realizada en las actuaciones sin que ello implique aplicar estrictamente la escala del citado art. 30, pues claramente ello conllevaría una cuantificación injusta e inequitativa de la labor realmente cumplida.
Torturas, República de Burundi, responsabilidad internacional del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, prueba prohibida
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Tortura - Sr. Abdulrahman Kabura Vs. República de Burundi - Torturas infligidas por fuerzas de seguridad nacionales - Deber de investigación y reparación c/  s/ República de Burundi - Torturas infligidas por fuerzas de seguridad nacionales - Deber de investigación y reparación c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-11-11

Resultan violados por Burundi los artículos 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en perjuicio del líder político que fue torturado varios días, detenido sin ninguna base legal y posteriormente acusado de tentativa de asesinato, pues el procedimiento judicial seguido contra él se inició sobre la base de su confesión forzada por las torturas padecidas -tal como dejaron establecidos los exámenes médicos-, y el Estado no sólo no aportó ningún argumento en contrario sino que además incumplió con su deber de investigar, frente a las denuncias recibidas, si las declaraciones se habían efectuado bajo tortura, obligación que subsiste en el tiempo y es independiente al hecho que el demandante no se encuentre en territorio nacional.
Competencia, competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, crédito documentado, tipo de cambio, reordenamiento del sistema financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERRALFER SA c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA s/ AMPARO. (LL F° 105.318).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

Es competente el fuero civil y comercial federal para entender en un reclamo contra una entidad bancaria a fin de que, en el marco de una operación de crédito documentario, el banco en cuestión liquide sus operaciones al tipo de cambio dispuesto por Decreto 214/02 art. 3, y no aplicando el dólar libre como pretende la accionada, pues tal pretensión esta alcanzada por las previsiones contenidas en la Ley 25587 art. 1 y 6, habida cuenta que se demanda a una entidad integrante del sistema financiero en razón de deudas que pueden considerarse afectadas por las disposiciones contenidas en la Ley 25561, sus reglamentarias y complementarias; ello así pues de lo que surge de la Ley 25587 art.

1, la voluntad del legislador no quedo reducida a la cuestión vinculada con los depósitos bancarios que se encontraban atrapados en el "corralito", sino que sus disposiciones tienen un alcance mucho mas vasto.
Confirmación de sentencia, ampliación de la acusación
Materia: PENAL
Carátula: VIOLLAZ, Miguel Alcides y otro c/  s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

La disidencia parcial expresó que, en el caso, so pretexto de ampliarla acusación conforme las previsiones del art. 381 CPPN, se pretendieron incluir -bajo el ropaje de la aparición de nuevos elementos probatorios- hechos y circunstancias que no encuadraban en las previsiones de la normativa citada, motivo por el cual consideró acertada la decisión a la cual arribó el tribunal de juicio. (Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente- y Hornos -disidencia parcial-).
Solidaridad previsional, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, movilidad del haber jubilatorio, AMPO
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguiar López, Eduardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Declarada la inconstitucionalidad del art. 7°, inc. 1°, ap.

b), de la ley 24.463, a partir del 1° de abril de 1991 y hasta que entró en vigor el régimen contemplado por los arts. 32 y 160, párrafo primero, de la ley 24.241, deberá ser aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28%, por ser esta variación de igual extensión cuantitativa que la experimentada por el Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) estimado por las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social números 9/94, 26/94 y 171/94.
Escritos judiciales, copias
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUIMICA HOECHST SA c/ VETERINARIA  MODERNA (SOC. DE HECHO DE JUAN JOSE ANTONINI Y CARLOS A. VILCHE) s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

Las copias deben constituir expresión integra y textual de los escritos y documentos a los que corresponden, y la firma de las mismas, exigida por el cpr 120, autoriza al destinatario a atenerse a su contenido, sin necesidad de compulsar su conformidad con los originales.
Cláusula penal, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Byun Jung Shik. c/ Yu Yon Poong. s/ Ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Conforme a lo establecido en el art. 656, párrafo segundo del Código Civil a fin de determinar el monto del crédito ejecutado, al capital reclamado es razonable que se adicione un interés del 24% anual, por todo concepto, porcentual que comprende los intereses compensatorios y los punitorios originados en el incumplimiento del emplazado.
Hurto con escalamiento, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Oscar s/ DELITO. PARTICIPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Corresponde declarar la responsabilidad penal del procesado como cómplice primario del delito de hurto con escalamiento, pues la actitud omisiva del incuso, frente a la posición de garante en la cual lo ubicaban los reglamentos internos del Ejército, que le imponían incluso la obligación de detenerlos ante el conocimiento que tenía de que los autores, subordinados suyos, consumarían el hecho, resultó una colaboración tan imprescindible que sin su silencio y pasividad el evento no habría podido cometerse.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalba, Antonio c/ Americana de publicaciones S.A s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

No se requiere la efectiva prueba de los desembolsos realizados por los gastos médicos y de farmacia, cuando por la índole de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito es evidente que estos desembolsos se han debido realizar. Los gastos de asistencia médica y de farmacia, resultan razonables, teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima y el tiempo que pudo durar su curación, aún en ausencia pruebas.
Participación criminal, falta de dolo, actividades laborales
Materia: PENAL
Carátula: " Marino, Marta y otros s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-15

La conducta desplegada por la imputada ".. no habría respondido sino a la realización de una tarea meramente formal, común, cotidiana. Trascribir en una planilla los datos aportados por sus jefes y acercarla a sus compañeros para que la firmen se habría constituido, así, en la única actividad que ha quedado acreditada y, a la vez, demostrativa de una más de las tantas tareas administrativas que pueden existir en cualquier oficina, sea tanto pública como privada". "Es cierto que si dicho proceder es examinado al interior de las maniobras develadas a lo largo de la integral investigación desarrollada la inocuidad es una característica que le ha sido extraña. Efectivamente, la confección de las planillas y la posterior recolección de las firmas se impusieron en labores eficaces para la acabada comisión del delito reprochado a sus jefes. Pero tal imbricación causal lejos está de ser suficiente para responsabilizar a los imputados como cómplices de dicho proceder espurio"."En la medida en que ese trabajo no haya constituido sino un obrar habitual, regular, normal en todas sus acepciones, no puede ser objeto de una condena criminal. El cumplimiento de una tarea semejante, que ningún riesgo especial entraña, jamás puede imponerse en el antecedente de una sanción; la observancia del rol es irreprochable". "Y cuando ello es así, cuando de lo que se ha tratado en el caso es del fiel seguimiento de las expectativas depositadas en el agente, ni siquiera la más patente comprensión acerca del modo en que su conducta habrá de gravitar en un futuro hecho lesivo puede variar su naturaleza de un actuar neutral. De ahí que ese dolo que se infiere como lógico reflejo del conocimiento manifestado por los testigos sobre el verdadero destino del dinero asignado a la División Despacho, ningún efecto pueda ejercer sobre una conclusión que declara cuán ajenos han resultado los imputados respecto de los sucesos investigados: "A un rol general corresponden tan sólo conocimientos generales, no especiales". Para una tarea que exigía saber cómo procesar una planilla, cómo realizarla, de qué modo perfeccionarla, y nada más que ello, poco importa qué otros factores conocían quienes desempeñaron esa labor que así se resumía (cfr. JAKOBS, Günther, "Imputación Objetiva, especialmente en el ámbito de las instituciones jurídico-penales 'riesgo permitido', la 'prohibición de regreso' y el principio de confianza", en Estudios de Derecho penal, UAM-Civitas, Madrid, 1997, p. 214)"."De tal forma, en la medida en que lo realizado por los jefes haya constituido, como se ha tenido por acreditado, una decisión que de manera unilateral y arbitraria enlazó la conducta de los imputados con la propia, valiéndose de su eficacia en propio provecho, en cuanto lo hecho por ellos no haya tenido como meta acceder al ilícito de sus superiores, no hay cabida para el reproche punitivo".
Impuestos, régimen penal tributario
Materia: PENAL
Carátula: MORGAN S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de apelación Causa 34564
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-09

1- La ley penal tributaria 23771, Art. 16 establece que la Dirección General Impositiva debe elevar al Juez un informe con los elementos de prueba y las conclusiones técnicas alcanzadas, informe que no tiene el carácter de una pericia ni resulta vinculante para el magistrado.- 2- Corresponde declarar mal concedido al recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó la impugnación del informe técnico de la D.G.I. en tanto dicha resolución no es apelable según lo establece el art. 449 del Código de Procesal Penal (ley 23984) ni causa gravamen irreparable pues, en todo caso, lo resuelto no es obstáculo para que en la instancia procesal adecuada se deduzcan las articulaciones que el recurrente estime necesarias.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, cobertura, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VARINO, CARLOS ALBERTO c/ ELMECO INGENIERIA S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los Jueces no han dado motivaciones suficientes de orden fácticas y probatorias a tenor de lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial en torno al incumplimiento atribuido a la A.R.T. en la producción del daño sufrido y probado por el actor; y es que, mensurar el efectivo deber de previsión e higiene debido por la codemandada responde a la fijación de una premisa fáctica y ella no está correctamente determinada por vía de una correcta interpretación de los hechos comprobados del proceso; por ende, la sentencia sólo está sustentada en premisas insuficientes que importan una violación al derecho a la jurisdicción de acuerdo a la Constitución provincial.

En efecto, la Cámara tan sólo se enfocó en dos medios de confirmación (prueba informativa y dictamen pericial médico), soslayando toda consideración de la integralidad de las cuestiones oportunamente deducidas por el actor y con sustancial incidencia en la solución final del pleito.

Y es que, sólo a partir de una evaluación completa y sistemática de la concreta modalidad en que efectuaba la prestación laboral el actor, podía colegirse si la ART había cumplido -o no- con los deberes de prevención y seguridad que la ley 24557 pone a su cargo.

Nótese, en tal sentido, que ante la evidencia de tareas de gran esfuerzo físico, acreditadas por los testimonios obrantes en la causa , y reconocida en el propio programa de seguridad confeccionado, es más siendo tareas usuales de la actividad allí desplegada, no se advierte que la A.R.T. haya tomado los recaudos de seguridad para evitar los daños sufridos por el actor, por el contrario, del control que hiciera de la obra, surge una suerte de pasividad en la adopción de alguna medida concreta al respecto.
Pago por consignación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gianmarelli de Ibarra, María c/ Leberoni de Martínez s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-22

Para que proceda la consignación por negativa del acreedor a recibir el pago (art.757,inc.1 C.C.); el deudor debe probar esa negativa, para ello puede demostrar que él realizó ofertas serias de cumplimiento y que éstas fueron rechazadas por el acreedor. El rechazo de las ofertas puede ser acreditado por cualquier clase de medios, incluidas presunciones.
Suspensión del trabajador, plazo máximo
Materia: LABORAL
Carátula: IGLESIAS, ARMANDO c/ SASETRU s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

Cuando la suspension - cualquiera sea su causa - se proyecta por un período mayor que el que la ley admite, el trabajador, previa intimación para que el empleador desista de prolongarla, puede considerarse en situación de despido indirecto (artículo 222 LCT.).

No se requiere la previa impugnación (artículo 223 LCT.) Con que la ley condiciona el pago de los salarios de suspension.
Empleo público, reincorporación al servicio, recurso de queja (administrativo), cesantía, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALFONSIN, REYNALDO DANIEL c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

La existencia de un daño patrimonial no puede deducirse indefectible y automáticamente de la falta de ingresos ocasionada por la cesantía, ya que ante la ruptura de la relación de empleo público la actora pudo razonablemente desarrollar otra actividad lucrativa que le brindase recursos. En ese contexto, asumir -sin ninguna afirmación de la parte en este sentido- que la cesantía declarada nula produjo una merma definitiva en los ingresos del actor, no aparece como una derivación razonada de los hechos de la causa. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de La Rioja s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-06

Entre los requisitos que este Tribunal debe verificar para decidir o no la concesión del recurso extraordinario figura el planteo y mantenimiento de la cuestión federal, omisión que no puede suplirse con la simple alegación de sentencia arbitraria o la articulación de que el pronunciamiento le afecta derechos constitucionales que menciona.
Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, delegación de la investigación, diligencias de la instrucción, policía federal, requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DROGUERIA "JUMPER" y otros s/ MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

No corresponde declarar la nulidad de las diligencias investigativas y tareas de inteligencia efectuadas por la Policía Federal si ha sido en cumplimiento de la encomendación de una comisión de fiscales formada por resolución del Procurador General de la Nación (M.P. n° 54/97) y que dieran base al requerimiento fiscal de instrucción, privándolas de todo efecto al interpretarse que dicha actividad importaba la recolección de prueba sin el debido control jurisdiccional, ya que a través de tareas que le son propias tanto el Ministerio Público Fiscal (órgano independiente con autonomía funcional para promover la actuación ante la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, de las que no cabe excluir a la policial, art. 120, C.N.) como los funcionarios policiales, pueden llevar adelante averiguaciones sobre actividades que podrían revestir carácter ilícito, estos últimos en su faz preventiva como investigativa, tal como lo admite el art.

183, C.P.P. a fin de cumplir con su posterior comunicación a la autoridad judicial y fiscal para ya, bajo la dirección de éstas, colaborar como auxiliares en el marco de las exigencias que para entonces establece el art. 186 del ordenamiento instrumental.

Ello así, en tanto dicha actividad no se encuentre comprometida por la comisión de delitos que lleven no sólo a invalidar los procedimientos utilizados sino al juzgamiento de quienes así lo hicieren o autorizaren.

A ese efecto ha de repararse que el cúmulo de información proporcionada en autos no ha merecido la mínima atención que permita discernir los medios de que se ha valido la prevención para su reunión, pues la vaga referencia a "...discretas auscultaciones, reunión de informaciones diversas, evaluación y análisis de las actividades...", como la incorporación de vistas fotográficas que lucen obtenidas en la vía pública, nada anticipa sobre la legitimidad de las tareas cumplidas y por otro lado tampoco siquiera refleja el recurso a actos de naturaleza procesal que debieran efectuarse bajo la órbita excluyente del Poder Judicial o bajo su control.