Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Trident Southern Explorations de Argentina S.R.L c/  s/ concurso preventivo Caimi, Gabriela Beatriz c/ Telecom Personal SA s/ sumarisimo s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-06|2019-08-13

Procede rechazar la queja, en tanto el recurso fue bien denegado en razón del monto. No obsta a esta solución que el CPR 242, en su nueva redacción, disponga que "a los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención" (conf. ley 26536). Ello así, puesto que esta última disposición no debe interpretarse aisladamente, sino en sintonía con el párrafo anterior de ese mismo precepto en cuanto establece que, anualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adecuará, si correspondiese, el monto allí establecido. Así, debe interpretarse que lo que la ley ha querido es que las futuras modificaciones que pudiera hacer la Corte con arreglo a esa norma en un proceso ya iniciado bajo el régimen de la nueva ley no sean computadas a los fines del límite de (in) apelabilidad, debiendo estarse siempre a esos efectos al que regía al momento de la interposición de la demanda, con independencia de las ulteriores modificaciones que -con arreglo a este precepto- pudiera introducir -o haber introducido- el Alto Tribunal con posterioridad a la iniciación del proceso (v. en este mismo sentido: Kiper Claudio, "El nuevo monto mínimo para apelar", La Ley, boletín del 2/2/10). La ley debe ser interpretada de una manera que le de sentido y aplicación y que, además, no lleve a que su finalidad se vea desvirtuada. De tal suerte, si la finalidad de la ley fue procurar actualizar el monto de inapelabilidad a valores actuales, interpretar la ley en sentido literal conduciría al absurdo resultado de mantener en el tiempo la vigencia del vetusto monto anterior -que precisamente se buscó actualizar-, desnaturalizando y frustrando -en definitiva- la finalidad explícitamente perseguida por la ley, al acotar de manera significativa su campo de aplicación.

Voto del Dr. Vassallo:.

En el entendimiento de que las leyes procesales son, como regla, de aplicación inmediata a las causas pendientes, aun cuando no lo dispongan expresamente, siempre que no priven de validez a los actos procesales cumplidos con arreglo a la legislación anterior, cuyo respeto se vincula con las garantías de la CN 17 y 18 (Fallos 246:162; 246:183; 249:256: 302:263), y a falta justamente de una aclaración en sentido contrario, se ha juzgado en numerosas ocasiones que, con independencia de la fecha de promoción de la demanda, esta modificación resultaba de inmediata operatividad, con excepción de aquellas causas en donde el recurso hubiere sido concedido con anterioridad a su entrada en vigencia (CNCom, Sala D, 26.2.10, "Banco Supervielle SA c/ Castro Matías s/ ejecutivo"). Y en tal la lectura armónica y no aislada de la norma cuando dispone que "a los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención" conduce a interpretar que tal previsión refiere indudablemente al párrafo precedente, que prevé la adecuación anual que eventualmente efectuará el máximo Tribunal respecto del monto establecido como límite de apelabilidad en el sexto párrafo. Es que, de otro modo, privar de inmediata operatividad a la ley 26536 o restringir su campo de aplicación respecto de la totalidad de las causas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia, no haría sino contrariar los antecedentes jurisprudenciales citados y fundamentalmente desvirtuar el espíritu final de la modificación legislativa cuyo objetivo no era otro que actualizar (dieciséis años después) el monto de apelabilidad para agilizar el trámite de los procesos de menor cuantía y limitar la cantidad de expedientes en grado de apelación.

Disidencia de la Dra. Tevez:.

Procede admitir la queja articulada y, por ende, conceder en relación el recurso de apelación interpuesto. Ello por cuanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los autos "Recurso de hecho deducido por Sergio Gustavo Pantano en la causa Banco del Buen Ayre SA c/ Pantano Sergio Gustavo y otro s/ ejecutivo", admitió la queja deducida por el demandado cuyo recurso de apelación contra la decisión que aprobó la liquidación de condena había sido declarado mal concedido conforme lo establecido por el art. 242, según ley 26536. Sostuvo el Alto Tribunal, en lo que aquí nos interesa, que "la demanda fue planteada el 20 de octubre de 1994, tiempo en que regía el monto mínimo establecido por la ley 23850, cuyo importe en pesos fue actualizado por esta Corte en $ 4.369,67. Yendo al caso concreto, la demanda fue iniciada en el año 1995, reclamándose la suma de $ 13.000 lo que conlleva, tras la orientación jurisprudencial señalada por el Máximo Tribunal, a receptar el recurso de queja interpuesto.