marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, compraventa, factura, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Loster SRL c/ Gustavo Quiroga Epm SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

1 - Corresponde rechazar parcialmente la pretensión de cobro de ciertas facturas reclamadas, pues si bien con las facturas electrónicas acompañadas como prueba documental la accionante ha acreditado su efectiva emisión, lo cierto es que no resultan suficientes para probar la efectiva prestación de los servicios que hubiera dado a ellas. Ello así, pues más allá de que los libros son llevados en legal forma, al contraponerse los de ambas partes y no habiéndose producido otros medios probatorios ajenos a ellos, no resulta posible acceder a tal totalidad del reclamo. Máxime, cuando la accionada alegó al contestar la demanda, que la accionante no había presentado los documentos y certificaciones que acreditaran el cumplimiento de sus obligaciones. Por tales motivos, en principio, no sería posible tener por configurada la presunción derivada del silencio (según la normativa del CCOM 73 y 474, actualmente CCCN 862 y 1145). 2 - En efecto, no puede tenerse por configurada dicha presunción, toda vez que no se ha probado la existencia de los servicios invocados ni la efectiva recepción por parte de la demandada de la totalidad de las facturas reclamadas, razón por la cual tampoco corresponderá acceder al reclamo incoado por la accionante en la extensión solicitada.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bogado Edmundo s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-04

El artículo 5° de la Ley 9688 lo único que presume es la responsabilidad del patrón por los accidentes ocurridos a sus empleado durante el tiempo de prestación del servicio o "in itinere", en modo alguno se crean presunciones respecto al nexo causal entre un accidente y sus secuelas. Si la responsabilidad por accidente se presume, la relación de causalidad queda sujeta a prueba conforme a las reglas comunes del onus probandi, cuando se trata de establecer la vinculación del evento dañoso con las incapacidades que se presenten; no es admisible confundir accidentes de trabajo, con secuelas de los mismos. (Dr. Márquez Palacios: según su voto).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Carmelo René s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Es ineficaz el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que sustenta sus planteos -al mismo tiempo- en los supuestos previstos en el art. 349 incs. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal si ninguno de ellos son idóneos para conmover el fallo, pues si se entendiera que denuncia la ausencia de fundamentación legal ella no ha existido al encontrarse la sentencia fundada en ley ( art. 159, n.a.- Constitución provincial), y los demás argumentos son impropios del recurso interpuesto.
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gil, Jorge Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa Negri, Omar Oscar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa González, Graciana Ester c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1994-11-22|1999-03-09

Tanto la función pública o el empleo público que comprende lo que se denomina "carrera administrativa", están internamente estructurados en grados diversos, debiéndose tener presente que la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, sin que el ejercicio de tales atribuciones pueda ser revisado por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial.
Simulación, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REHACE   EXPEDIENTE  EN  AUTOS:  AMBROSIO  VDA.  DE  BERTRAND,  LUISA c/ TRISTAN MARCELO TORRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-04

Cuando los sucesores demandan por una simulación realizada en su perjuicio, podrán hacerlo a partir de que "conocieron la falsa causa", pues -obviamente- si no sabían de la irrealidad del negocio, mal podrían ejercer esa acción; y por lo tanto, mal puede prescribir la misma.

El principio que debe tenerse siempre en cuenta es que el término de la prescripción corre desde que la acción nace para el interesado y puede interrumpirse si existe un impedimento.

Tratándose de sucesores universales que intentan la acción de simulación, se distinguen dos situaciones: Una, cuando la simulación es deducida por los sucesores ejerciendo la acción que tenía el causante como parte de ella, vg.: contra el contratante del negocio simulado. En este caso, los herederos se colocan en la misma situación del causante y, consecuentemente, son también "partes" del acto simulado, debiendo contarse el término de la prescripción a parte de que "..el aparente titular del derecho hubiera intentado desconocer la simulación" (segundo párrafo del art. 4030 del C.C.).

Otra, cuando los sucesores demandan por una simulación realizada en su perjuicio. Entonces, deben considerarse "terceros" porque no pretenden ejercer el derecho del causante, sino el suyo propio de herederos que defienden su derecho hereditario. La situación que se plantea es totalmente diferente a la anterior y, por eso, a su respecto debe contarse el término de la prescripción desde que ".. la falsa causa fuese conocida" (primer párrafo del art. 4030 del C.C).
Reducción de contribuciones patronales, pérdida del beneficio, deuda previsional, reglamentación de la ley, resoluciones generales, interpretación de la ley, quiebra, defensa en juicio, facultades del Poder Judicial, independencia del Poder Judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EL HALCON S.A.T. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

La resolución D.G.I. 4158/96 (disposición reglamentaria en que fundamenta su posición el organismo) no puede alterar el espíritu de la ley que reglamenta, sus objetivos o sus principios. Tampoco interpretársela aisladamente, prescindiendo de las diversas alternativas que la realidad económica impone y, primordialmente, de la distribución de competencias que fija la C.N. (art. 108 en adelante, con especial mención del art. 109), haciendo del Poder Judicial un órgano independiente en quien recae exclusiva e indiscutiblemente la potestad de decidir en concreto la correcta aplicación de la ley y de todas las normas que le siguen en orden jerárquico. En consecuencia, corresponde revocar la resolución que, ante la quiebra de la actora, determinó la existencia de créditos previsionales a favor del organismo al declarar la caducidad del régimen de reducción de contribuciones patronales del Dec. 2609/93 y modificatorios, en los que se hallaba comprendida la apelante.
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AIMO, VICTOR HUGO c/ COOPERATIVA ELECTRICA DE GALVEZ LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE    PESOS LABORALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 255 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-12

La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que configura la "ultima ratio" del orden jurídico por lo cual no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, ya que se trata del ejercicio de la función más delicada de los jueces , debiendo sólo recurrirse a ella cuando no existe la posibilidad de optar por una interpretación que favorezca la constitucionalidad de la ley.

En mérito a ello, también se ha establecido que para que la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, el interesado debe haber demostrado claramente de qué manera ésta contraría la Constitución nacional causándole de ese modo un gravamen. Para lograr ese objetivo, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir la instancia extraordinaria.
Trabajadores telefónicos, pago de las vacaciones, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ISASI, RICARDO c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

A los efectos del cálculo de la retribución del trabajador durante el período de vacaciones corresponde que se incluyan el adicional por asistencia, las horas extraordinarias y el premio por productividad, pues el art. 155 de la LCT expresa que se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antiguedad u otras remuneraciones accesorias.
Cónyuge, deber de cohabitación, abandono del hogar conyugal, cuota alimentaria, cesación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Romero de Mercado, Delicia Elizabeth s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-11

Conviviendo la actora con su cónyuge gozaba de habilitación, comida, vestimenta, etc.derechos de los que ella voluntariamente renegó cuando a sólo cinco meses de matrimonio se alejó del hogar conyugal.

La actora es una mujer joven y sana por lo que no existe motivo alguno que le impida trabajar y solventarse sus gastos.

Se resuelve rechazar la demanda de alimentos, ordenando el cese definitivo de la cuota de alimentos estimada provisoriamente.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Ramón Benigno y otros s/ Robo calificado Sosa, Saúl; Altamira, Rubén s/ Robo calificado, privación ilegal libertad calificada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03|1994-06-07

Es hábil el testimonio de la víctima para integrar la prueba compuesta mientras no se demuestre que los dichos que se cuestionan pueden haber sido inspirados por interés, afecto u odio.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE CASO HORACIO OLIMPIO c/ BONALPECH DANIEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

El hecho que la peritación no haya sido impugnada no cancela la facultad judicial de ponderar el grado de convicción que es posible adjudicar a cada uno de los elementos de juicio traídos al litigio.-
Notificación, demanda, cosa juzgada, domicilio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Riccardi, Julio César y otros c/ DARON  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

No viola la cosa juzgada la sentencia que declaró la nulidad de todo lo actuado fundada en que la cédula de notificación del traslado de la demanda no había sido dirigida al domicilio legal de la accionada, si al resolver el juez de primera instancia sobre la validez de dicha diligencia sólo se expidió sobre sus aspectos formales vinculados al cumplimiento de lo normado en el art. 141 del Código Procesal.
Auto de procesamiento, requisitoria fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Antoniotti, Marcelo y Núñez Gerardo s/ Hurto en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-05

Por ello se explica que en el caso, el auto de remisión no puede quedar nunca equiparado al auto de procesamiento. Porque por más que tenga que reunir idénticos requisitos y que también resulte apelable, la verdad es que su dictado ya no queda al arbitrio del juez de instrucción -como ocurría por la vía de los arts. 278 y 283-, pues -aunque sea él quien lo dicte-, sólo procede a requerimiento del Agente Fiscal interviniente o de aquél que lo reemplace cuando la Cámara de Apelaciones entienda que así corresponde (art. 320 CPP). (del voto del Dr. Carranza, en minoría)
Ejecución prendaria, secuestro de bienes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitullo, Pedro c/ Magariños, Diego s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-07

En la ejecución prendaria se admite en forma prevalenciente que procede el secuestro de la cosa prendada, no solo cuando estuviera estipulado en el contrato de prenda, sino también en cualquier caso.

El secuestro que se reclama al iniciar la ejecución no tiene caracter precautorio, sino esencialmente ejecutivo y cuando se ejecuta la obligación prendaria el principal objeto es precisamente el secuestro, porque la afectación del bien al pago de la deuda, su individualización e indisponibilidad ya existen en virtud del contrato. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo a domicilio, relación de dependencia, tallerista
Materia: LABORAL
Carátula: FERREIRA ARGUELLO, MAURO c/ SALVINETTI, VICENTE s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

La ley 12713 incluye tanto a los talleristas -casi siempre pequeños empresarios- art. 50 LCT, como a los operarios a domicilio, cuyo desempeño puede reunir o no las características de una relación dependiente. Para el caso en que se observe tal dependencia, resultan aplicables las disposiciones de la LCT relativas a la extinción del contrato, pues resultan compatibles con la naturaleza y las modalidades de la actividad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, recursos, interpretación de la ley, pronto pago, celeridad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

El art. 109 del C.P.L. exige a quien interpone contra la sentencia definitiva recurso de apelación y bajo sanción de tenerlo por no interpuesto, la obligación de especificar expresamente si la impugnación es total ó parcial y, en este último caso, la de precisa r sobre qué puntos ó rubros de la sentencia recurre. Tal requerimiento tiene por objeto que el acreedor de rubros cuya admisión judicial fuere consentida por la parte contraria pueda ejercer la facultad que le confiere el art. 121 del C.P.L., el que consagra para el derecho procesal laboral la institución del "pronto pago", característica del mismo. Tal figura responde a principios siempre latentes en el derecho del trabajo, por los que se tienen en cuenta las necesidades del trabajador y el carácter alimentario de la mayoría de sus reclamos. ¿Qué sentido tendría establecer un procedimiento breve y expeditivo si finalizado el mismo se debiera paralizar la ejecución por seis meses salvo otorgamiento de fianza, aún cuando el demandado en persona hubiera recibido la notificación respectiva?. Ello así por cuanto admitir ó permitir la aplicación en el proceso laboral de las normas sobre recurso de rescisión contenidas en los arts. 83/86 del C.P.C.C. importaría la aceptación de la prohibición absoluta por el término de seis meses de ejecutar la sentencia conforme art. 82 del C.P.C.C., lo que además de significar el riesgo de alongar indebidamente en el tiempo la obligación de pago del deudor, coloca a quien desoyó el llamado del Juez y se mantuvo indiferente ante los reclamos del actor en una situación de privilegio en relación a quién habiendo integrado la litis debe abonar de inmediato los rubros admitidos so peligro de ejecución de sus bienes. (Del Voto de la Dra. Bugni de Basualdo) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Solicitud de libertad condicional, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc. de libertad condicional - Luxen Mario Alberto - Capital c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-03-03

La libertad condicional al igual que otros institutos o beneficios previstos en el Código Penal, tales como la condena de ejecución condicional o la suspensión de juicio a prueba -art. 26 y 76 bis del CP-, no son de concesión obligatoria para el juez de la causa. Consiguientemente, la a quo no se encuentra obligada a conceder automáticamente la libertad condicional peticionada, sino que analizando el caso puede o no otorgarla brindando obviamente las razones en uno u otro sentido -art. 185 de la Constitución Provincial-. En consecuencia, el solo cumplimiento del art. 13 del CP no es suficiente sino que en casos como el presente, resulta inobjetable la decisión de la quo atento a que ha ido más allá, realizando un análisis global de la situación del condenado y valorando los informes conforme a los parámetros exigidos por la ley para la concesión o no de este instituto.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, injurias, amenazas, AFIP DGI, tipo penal, delitos contra la Administración Pública, atentado y resistencia a la autoridad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Godoy, Zulma Nora s/ denuncia de amenazas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Corresponder sostener la competencia del fuero federal si las presuntas víctimas de agresiones, injurias y amenazas son empleados de la DGI. y en ese carácter fueron víctimas de los hechos denunciados y encuadrados por el magistrado en los tipos penales descriptos por los arts. 237, 238 y 239 del Código Penal, considerando que tales hechos habrían obstruido el buen servicio que deben prestar los empleados de la Nación, y por ello se vería afectado el normal desenvolvimiento del ente recaudador.
Prueba, hecho negativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarado Soto, Manuel y Otra c/ Rodríguez, Guillermo Manuel y-u Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-23

Si bien ante la existencia de hechos negativos que deben ser objeto de prueba el juez debe atenuar el rigorismo del derecho, lo cierto es que los hechos negativos son objeto de prueba. Además como las proposiciones negativas son la inversión de una positiva, la suerte de la carga de la prueba no puede quedar sujeta a una incertidumbre, pues la solución contraria conduciría a entregar a la voluntad de la parte y no a la ley la distribución de este aspecto importantísimo de la actividad procesal. La prueba de los hechos negativos no es imposible toda vez que, como dije, envuelve alguna afirmación.
Jubilaciones, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BUASSO LEPORI, IOR JULIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Frente a la solicitud del recurrente de que se le reconozcan las diferencias resultantes "a partir de la fecha del reclamo administrativo o desde que se devengaron, según corresponda", debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 18037 y reconocérselas desde dos años anteriores al reclamo administrativo.
Prueba pericial, pericia psicológica, enfermedades, incapacidad laboral, fallos del Superior Tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: IDIARTE, GUSTAVO NELSON C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-08-31

Este Cuerpo, en distintas oportunidades, ha aceptado las periciales psicológicas como idóneas para determinar el estrés post traumático (STJRNS3 Se. 28/15 "COYAMILLA"), por lo que es de incumbencia profesional y cumple el requisito de idoneidad científica el informe pericial psicológico obrante en autos, a efectos de discernir sobre la existencia y causalidad de la incapacidad laboral base del reclamo. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Costas, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAFIDE SAIC. c/ ESTADO NACIONAL ( MINISTERIO DE ECONOMIA). s/ AMPARO POR MORA - COSTAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Si la Administración se ha excedido de lo razonable para resolver sobre un reajuste de precios solicitado por la actora y que tal decisión se dictó con posterioridad al emplazamiento efectuado por el Juzgado para la producción del informe del art. 28 de la ley 19 549, ha de concluirse que ello fue motivado por la acción que se intentara, razón por la cual corresponde que la demandada cargue con las costas.
Recurso de inconstitucionalidad, medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, valor nominal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: MARQUEZ, JOSE OSVALDO RAMON c/ MOURULLO, JESUS ANTONIO s/ EJECUTIVO. INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROMOVIDO POR   EDGARDO REMO BENVENUTO Y MIRTA MARIA ROSSI. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 308-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-06

Debe admitirse el recurso de inconstitucionalidad intentado por la actora, ya que los fundamentos del recurrente resultan prima facie idóneos; primero, porque el principio de la no admisibilidad del recurso extraordinario en materia de medidas cautelares, reconoce excepciones conforme a reiterada doctrina jurisprudencial; segundo, porque el auto impugnado podría ser descalificado por no constituir derivación razonada del derecho vigente con afectación del derecho de propiedad; y por último, porque la reparación posterior del agravio se torna incierta o dificultosa.
Recurso de casación penal, recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguero, Carlos y Vera, Angel s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

Las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales de la causa no justifican, como regla, el otorgamiento del remedio extraordinario; doctrina que resulta aplicable en el sub lite -en que no se hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de la ley-, donde para rechazar la vía intentada, este Tribunal -por mayoría- basó su determinación en suficientes razones de carácter no federal cuya pertinencia al caso no compete a la Corte revisar, cualquiera fuere el grado de acierto de lo decidido según las divergencias expuestas por el recurrente.

(Voto de los Dres. Madueño, Hornos, Rodríguez Basavilbaso, Bisordi, Fégoli, Catucci, Riggi, Tragant, Capolupo de Durañona y Vedia, Ledesma).
Leyes, interpretación de la ley, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q., M. E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 110 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Las cuestiones interpretativas frente a una norma legal pertinente pueden dar lugar a una deficiencia exegética que permite distinguir dos tipos de interpretaciones: arbitrarias y no arbitrarias, cada una con distintas manifestaciones.

Evidentemente, sólo las primeras podrán habilitar el recurso de inconstitucionalidad. Y si bien es cierto que el deslinde entre una y otra no guarda la claridad y precisión que se pueden encontrar en otros temas vinculados con la doctrina de la arbitrariedad, el recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma debe reservarse -conforme con pautas señeras de la Corte- para desaciertos de gravedad extrema que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones que se estimen equivocadas.
Allanamiento sin orden, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GORDON, ANIBAL s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Es plenamente válido el allanamiento de una finca sin la orden legal correspondiente, cuando el mismo ha sido hecho para aprehender a la persona autora de un grave delito y que era objeto de persecución aun cuando se lo hubiera perdido de vista, toda vez que tal circunstancia encuadra perfectamente en el inc. 2 del art. 189 del Código de forma.