Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


En la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de Febrero de dos mil doce, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores María Cristina Mendivil y Jaime Oscar López Muro, por integración de la Sala Tercera, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "R. V. A. C/ H. O. E. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (causa 114.001), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Mendivil.

LA EXCELENTISIMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1ra. ¿Se encuentra ajustado a derecho el decisorio dictado a fs. 363/371?	2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA MENDIVIL DIJO:

1) En el fallo citado la Sra. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda promovida por V. A. R. contra O. E. H. y R. E. G. y, en consecuencia, condenó a estos últimos a pagar al actor la suma de $ xxx.xxx con más sus intereses calculados desde el 18 de abril de 2008 y hasta el efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días; hizo extensiva la condena contra F. P. S. S.A.; impuso las costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.) y rechazó la actualización monetaria solicitada.

Contra esa forma de decidir apeló V. A. R. a fs. 372, y expresó sus agravios a fs. 393/396, en tanto que la parte demandada y citada en garantía lo hicieron a fs. 374 expresando sus agravios a fs. 397/400.

Se agravia el actor en relación al quantum indemnizatorio respecto de los rubros "incapacidad sobreviniente", "daño psíquico" y "daño moral" por considerar escasa su tarifación.

A su turno se agravian los codemandados H. y G. y la citada en garantía con relación a la atribución de responsabilidad efectuada en el fallo en crisis, que se endilga al Sr. H. Sostienen que para arribar a esa conclusión la judicante anterior valoró erradamente la prueba, merituando la declaración del testigo C. en sede civil, omitiendo toda referencia a la declaración efectuada primeramente en sede penal; que no ha considerado las particularidades del lugar donde se produjo el hecho, que hacen que el relato del testigo no sea posible; que tampoco ha considerado la declaración del testigo P., obrante en la causa penal, de la cual surge la realidad de lo acontecido, resaltando la mendacidad de C.

Dicen también que yerra la Sra. Juez de la instancia precedente al sostener que la pericia accidentológica de la causa penal determina la responsabilidad del demandado, pues ella no se expide acerca del tema capital, que es quién se encontraba habilitado para realizar el cruce. Consideran que ello sólo puede resultar de los testimonios, y es en ese punto en el que los dichos de C. se vuelven inatendibles, mientras que los de P. no ofrecen contradicciones.

Solicitan, en consecuencia, que se revoque el fallo apelado y se rechace la demanda.

Subsidiariamente, se agravian respecto del monto indemnizatorio otorgado en compensación por la "incapacidad sobreviniente", por el "daño moral" y "daño material".

2) Responsabilidad.

Entrando en la tarea revisora anticipo desde ya a mi distinguido colega de Sala que he de propiciar el rechazo de los agravios, introducidos por la parte demandada y citada en garantía, relativos a la valoración de la prueba efectuada por la judicante anterior y la consiguiente atribución de responsabilidad efectuada en el fallo en crisis.

Viene al caso señalar que la circunstancia de que el juzgador haya hecho expresa referencia a las pruebas que han servido más decididamente a su conclusión, no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas. La ponderación del juicio del juez acerca de los hechos y de la apreciación de la prueba rendida por las partes, debe medirse tomando el proceso en su desarrollo total y con respecto a la lógica y razonabilidad de las conclusiones que sienta en su mérito, y no a través de la valoración de uno de los elementos probatorios computados por más importante que sea (conf. SCBA, Ac. y Sent. 1966, v. 1, pág. 958; SCBA, DJBA, v. 72, p. 9, cit. Morello, Passi-Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos...", T. V, com. art. 384, p.183, ed. Platense-Abeledo-Perrot, 1973).

Ahora bien, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, la declaración del testigo P., que le favorece, y obra a fs. 167 de las actuaciones investigativas acollaradas, resulta por lo menos imprecisa en lo atingente a la dirección que llevaba el motociclo del actor y contradictoria con las conclusiones de la pericia accidentológica vial realizada en sede punitiva, en tanto le adjudica a ése último el carácter de "embistente" en el evento dañoso, en coincidencia también con la mecánica del hecho descripta en el punto 1) de la pericia ingenieril obrante a fs.324/325 de estos actuados.

En efecto, el testigo declaró haber observado que el conductor del Fiat Duna "espera en la intersección de la calle 45 y 8 el cambio de semáforo unos minutos y al tener habilitación del mismo arranca", y que una moto, "la cual no puede precisar si venía por calle diagonal 74 o calle 8", "embiste al automóvil Fiat Duna en la parte lateral izquierdo delantero".

Si bien el carácter de embistente resulta irrelevante a la hora de atribuir la responsabilidad en el accidente, lo cierto es que conforme la experticia realizada, también en sede penal, se ha esclarecido que el Fiat Duna posee sus daños sobre su parte frontal excéntrica izquierda, es decir sobre su frente de avance, por lo que reviste el carácter participativo de embestidor físico mecánico (fs. 179 vta. de la causa penal). Al describir la "fase precedente" se expuso que el Fiat Duna se encontraba emplazado sobre calle 45 con sentido de calle 9 hacia calle 8, esto es en sentido descendente, circulando sobre el carril izquierdo de la calle y realizando un giro a su derecha, perfilándose para tomar calle 8, en tanto que la unidad Yamaha 125 cc se encontraba desplazando sobre calle diagonal 74 con sentido de Plaza Italia hacia Plaza Moreno. Y al describir la "fase post-impacto" se determinó que la motocicleta cayó contra el pavimento delante del automóvil adquiriendo su posición final de reposo relevado en la pericia planimétrica; así como que el Fiat Duna arrastró sobre su frente a la motocicleta y detuvo su marcha aproximadamente a un metro del punto de impacto (arts. 384, 474 del C.P.C.C.).

Tales circunstancias, descriptas en la experticia, entran en franca contradicción con lo afirmado por el testigo P., a la vez que son en un todo coincidentes y concordantes con la declaración del testigo C. quien a fs. 81 de las citadas actuaciones investigativas declaró que el Fiat Duna blanco "no detuvo su marcha pese a estar el semáforo en rojo" "colisionando a una moto que circulaba por el (rectius: la) diagonal 74 de Plaza Italia a Plaza Moreno", no advirtiéndose contradicción alguna entre esa declaración y la efectuada a fs.149/150 de estos actuados (arts. 384, 456 y 474 del C.P.C.C.).

Conforme ha quedado dicho en precedentes de esta Sala, frente a la existencia de testimonios contradictorios sobre hechos esenciales para dilucidar la litis, corresponde determinar con una crítica severa de cada uno y del conjunto si deben descartarse los variables testimonios o si debe dársele credibilidad a alguno o varios. Es decir aplicando un criterio selectivo de acuerdo a una crítica minuciosa de todos, tanto en su aspecto subjetivo (capacidad, forma de instrucción, etc.) como objetivo: contenido del testimonio, razón de ciencia del dicho, circunstancia de la narración y percepción, verosimilitud de su expresión y credibilidad que merezcan, y también por simple mendacidad inconscientemente determinada, a veces, por su inclinación acerca de uno de los litigantes (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", 3ra. ed. v. II, pág. 282/283; esta Sala causas B-70.181 del 29/XI/90; B-73.410 del 2/6/92; 75.164 del 23/3/93; B-82.856 RSD 123/96; B-88.064 RSD 119/98; 94.208 RSD 232/06; 106.995 RSD 274/06).

Consecuentemente ha de tenerse por acreditado que el hecho de marras ocurrió en la forma relatada en la demanda, esto es en circunstancias en las cuales el conductor del motociclo tenía su paso habilitado por la luz verde del semáforo existente en la mencionada intersección, en tanto que el conductor del vehículo embistente tenía el paso vedado por la luz roja del indicador lumínico. Lo que significa tanto como afirmar que los accionados no lograron acreditar su postura exculpatoria (art. 1113, 2do. párrafo, 2do. apartado del Código Civil).

Cabe recordar, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Superior de la Provincia, que la cuestión litigiosa se subsume dentro de la norma que consagra la llamada teoría del riesgo creado por las cosas y en tal caso, la culpa, la negligencia o la falta de previsión, no constituyen elementos exigidos por el artículo 1113 del Código Civil, para realizar la imputación: es que, aún cuando se probase la falta de culpa, ello carece de incidencia para levantar la responsabilidad, pues, lo que debe acreditarse, es la concurrencia de las circunstancias previstas en el "in fine" de la segunda parte, segundo párrafo de la norma del citado artículo, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero, interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA. Ac.35.235, del 1-7-1986, Ac.37.535 del 9-8-1988, Ac.39.584 del 21-2-1989, Ac.40.464 del 13-6-1989,Ac.51.688 del 6-2-1996,Ac.59.283 del 15-10-1996, Ac.65.050 del 18-3- 1997, Ac.65.779 del 13-5-1997,Ac.61.908 del 15-7-1997 e.o.).

3) Rubros.

A) Incapacidad.

Se agravia el actor por la tarifación del rubro en la suma de $ xxx.xxx, que considera insuficientes para indemnizar los daños que padeciera en su cuerpo, generadores de graves secuelas que disminuyeron sus potencialidades anteriores al evento dañoso, y sostiene que debió valorarse que a la fecha del mismo contaba tan sólo con 21 años.

Expresa que en los años que le quedan por delante deberá padecer las consecuencias dolorosas del andar claudicante a raíz de las lesiones en su miembro inferior, consistente en fractura de la diáfisis femoral derecha y ambos platillos tibiales por las que fue intervenido quirúrgicamente con osteosíntesis metálica en todas las fracturas. Agrega que la incapacidad que padece es del orden del 67% de la total obrera; que nunca podrá realizar prácticas deportivas y que con la suma fijada no se resarcen los perjuicios padecidos.

Con respecto a la incapacidad sobreviniente también se disconforman los accionados, pues sostienen que sin valorar los informes del perito médico traumatólogo de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se tomó como porcentaje de incapacidad del actor el 67%; que de la lectura del informe de fs. 356 surge su falta total de fundamentación, al punto de referirse a la existencia de una fractura del material de osteosíntesis, sin indicarse por qué se ha producido; que esa fractura no puede ser consecuencia del hecho de autos; y que la "iudex a quo" a errado al estimar el monto indemnizatorio del rubro cuestionado.

Tal como lo dejara dicho la Sra. Juez de la precedente etapa y surge del dictamen del Perito Médico Traumatólogo Dr. A. M. obrante a fs. 279/281, el actor sufrió en el accidente de marras la fractura de la diáfisis femoral derecha y de ambos platillos tibiales del mismo miembro, como consecuencia de lo cual y para su tratamiento fue intervenido quirúrgicamente con osteosíntesis metálica en todas sus fracturas. El experto expuso que mediante los estudios radiográficos realizados constató una fractura de diáfisis femoral derecha mal consolidada y en posición viciosa enclavijada con dos clavos metálicos endomedulares; y, en la rodilla derecha secuela de fractura de ambos platillos tibiales con la colocación de placa metálica con tres tornillos sobre el lado externo del platillo tibial y una placa metálica con cuatro tornillos sobre el platillo tibial interno. En es mismo dictamen expresó que el pronóstico es severo y reservado.

Posteriormente, a fs. 356, contestando la nueva evaluación ordenada a fs. 353 y habiendo examinado nuevamente al actor, el Perito médico traumatólogo constató la realización de una nueva cirugía a la que aquél fue sometido en la cual se le extrajeron clavos endomedulares de la cirugía anterior por fractura de dicho material, quedando como resto en el tercio inferior del fémur un trozo del material fracturado; agregando que, después del retiro de dichos elementos, se ha colocado un implante protésico, puntualmente una placa con ocho tronillos por no hallarse la fractura en cuestión consolidada, lo que hace que el actor padeciera una seudo artrosis del foco.

En punto a ello el experto dictaminó que frente a esa nueva evaluación, la incapacidad del actor ha ascendido al 67% de la total obrera parcial y permanente.

Lo precedentemente expuesto evidencia que no le asiste razón a la demandada recurrente en tanto afirma que el incremento de la incapacidad constatada en el actor no se encuentra en relación de causalidad con el accidente de marras, habida cuenta que el experto dejó dicho que el cambio del material de osteosíntesis se debe a que la fractura en cuestión no se hallaba consolidada (concepto anticipado en su primer dictamen) e hizo que el actor padeciera una seudo artrosis del foco, diagnóstico compatible con el indicado en la historia clínica de fs. 333/347 en la que se ha consignado tanto como diagnóstico presuntivo de ingreso como de egreso: seudo artrosis fémur derecho (arts. 375, 384, 474 del C.P.C.C.).

Viene al caso recordar que la causa de un daño es aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir un resultado. Y que para ello, conforme la teoría de la causalidad adecuada, es necesario formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si la acción u omisión del presunto responsable era idónea para producir regular o normalmente un resultado; y ese juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto. Si bien la causalidad es material, o sea que alude al encadenamiento de los fenómenos que acontecen externamente en relación al hombre, interesa determinar jurídicamente el nexo causal para imputar a éste un resultado, y es aquí, precisamente, donde no puede prescindirse de una apreciación racional, referida la aptitud normal de previsibilidad considerada en abstracto, es decir, objetivamente (conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil, 3ra. ed., Abeledo Perrot, pág.219/220; Belluscio- Zanonni, "Código Civil...", com. art. 901 por Santos Cifuentes, T.4, parág. 4, pág. 52).

Sentado el porcentaje de incapacidad estimado por el experto, habrá de recordarse que los porcentajes que fijan los peritos respecto de la incapacidad, no tienen otro alcance que constituir un elemento más de orientación para el intérprete y de ninguna manera puede acordárseles el carácter de un dispositivo a partir del cual se puedan desarrollar operaciones matemáticas que conduzcan a sumas fijas, invariables para todos los casos (conf. esta Sala, causa B-80.777, RSD 203/96; 80.282 RSD 65/95; causa 104.852, RSD 240/2005); pues lo que se indemniza en estos casos no es otra cosa que el daño físico y/o psíquico ocasionado a la víctima, que se traduce en una disminución de su aptitud, entendida en sentido amplio, que comprende además de la laboral, lo relacionado con su actividad social, familiar, cultural, deportiva, artística, etc. (arts. 1083 y 1086 Código Civil; esta Sala causas B- 80.264, RSD 145/95; B-78257, RSD 91/94, e.o.). De allí que el magistrado, en la búsqueda de la indemnización prudente y equitativa, que no importe ni un enriquecimiento ni un menoscabo patrimonial, debe tomar en cuenta las circunstancias personales apuntadas, sin sujetarse a rígidos esquemas matemáticos o determinadas proporciones, empleando un criterio subjetivo y objetivo en forma integral (art. 1086 Código Civil; conf. SCBA, Ac. y Sent., 1977-II-662; esta Sala, causas 80.801, RSD 97-95; B-79360, e.o.).

Con relación a la incapacidad computable en materia resarcitoria, cabe puntualizar que una jurisprudencia inagotable y la doctrina que tiende a prevalecer, preconiza en nuestros días que dicha incapacidad no es sólo la laborativa, sino que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc. debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable (Zabala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", t. 2A, p. 308; Kelmelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 5, p. 220; nota al art. 2312 del C.C. y art. 5 del Pacto de San José de Costa Rica). Mosset Iturraspe señala que "...la incapacidad física muestra dos rostros: uno que se traduce en la minoración de las posibilidades de ganancias, connatural con el ser humano en el empleo de sus energías y otro, relacionado con las restantes actividades de la persona, disminuida por una incapacidad" ("El valor de la vida humana", p. 63 y 64).

Así, para la tarifación de la incapacidad debe atenderse a la potencial capacidad productiva de la víctima, su edad, sexo, cultura, estado físico e intelectual, posición económica, etc.; esto es, que la incapacidad sobreviniente se traduce en una disminución de la aptitud de la misma en sentido amplio, es decir, que además de la actividad laboral comprende las relacionadas con su actividad social, cultural, deportiva, etc. (C.C. 2da., Sala III, L.P., del 13/2/87, causa B-61.629).

En el sub examen se trata de un hombre, de unos 21 años a la fecha del accidente, que convive con sus padres y hermanos en una casa modesta, que trabajaba con el padre como techista con anterioridad al accidente; desempeñándose como changarín al tiempo del dictamen de la Sra. Asistente Social, actividad por la que percibiría unos $ xxx mensuales a esa época; estudiante de agronomía, carrera de la que fue alumno regular para el ciclo 2008 (ver informe de fs. 313); y de escasos medios económicos, lo que le impidió afrontar los gastos del juicio (fs. 39/40 del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos; dictamen pericial de asistente social obrante a fs. 237/238; arts. 375, 384, 456 del C.P.C.C.).

Consecuentemente, valorada la totalidad de las circunstancias apuntadas, propongo se eleve el importe indemnizatorio del rubro "incapacidad" a la suma de $ xxx.xxx, que considero justa y equitativa (art. 165 del C.P.C.C.).

Actualización monetaria.

Con respecto al cuestionamiento que se introduce de soslayo al rubro incapacidad, dentro del cual se solicita que se considere el proceso inflacionario en la cuantificación del rubro, cabe recordar que conforme la legislación vigente se mantienen derogadas, con efecto a partir del 1 de Abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes obras y servicios (art. 10 de la ley 25.561).

Del mismo modo ha de destacarse que los montos indemnizatorios fijados se han determinado de acuerdo a las pruebas aportadas a la causa y conforme los criterios valorativos y fundamentos legales expuestos, conforme los principios de la reparación integral que atienden los arts. 1068, 1069 y 1086 del Código Civil.

Y que, por otra parte, conforme lo normado por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, el capital de condena no admite otra recomposición que los intereses calculados a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días vigente durante los distintos períodos de aplicación, la que se liquidará desde la fecha del evento dañoso (10/11/2002) hasta la de su efectivo pago (arts. 508, 622 del Código Civil; conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 5, com. art. 1069, pág. 38, parág. 3; SCBA Ac. 49.439 S 3-VIII-1993, Ac. 88.502 S 31-VIII-2005; esta Sala, causa 105.960, RSD 150/06).

B) Daño Psíquico.

Se agravia el actor con relación a la tarifación del "daño psíquico" pues sostiene que la suma de $ xx.xxx fijada como reparación, menoscaba los daños que padeciera en el evento dañoso tanto en su faz estética como espiritual.

Alega que mediante las pericia psicológica y psiquiátrica acreditó suficientemente los trastornos sufridos que fueron determinados como un cuadro compatible con un episodio depresivo ansioso de intensidad moderada, con manifestaciones tales como, alteraciones del humor, disminución de la vitalidad, sentimientos vergonzantes por tener que usar muletas para deambular, temor fóbico social a ser discriminado, estimándose su incapacidad en el orden del 15%.

Sostiene que el costo total del tratamiento indicado por las expertas, psiquiatra y psicóloga, teniendo en cuenta el tiempo y frecuencia de las entrevistas, más la medicación que también se indicara, arroja la suma de $ xx.xxx, la que resulta de la realización de una simple operación matemática. Consecuentemente solicita la elevación del monto fijado en la instancia de origen, que considera exiguo.

Teniendo en cuenta que el tratamiento indicado por la perito psicóloga, tal como lo ha señalado la magistrada de la instancia precedente, consiste en una terapia de una sesión semanal durante dos años a un costo promedio de la entrevista en el ámbito privado de $ xx por sesión; y que la perito psiquiatra ha indicado un tratamiento psiquiátrico con una frecuencia de consulta quincenal durante un período de diez a doce meses al principio, hasta evaluar la evolución, estimando el monto de la consulta en el ámbito privado en la suma de entre $ xx y $ xxx y el costo de los medicamentos en $ xxx mensuales (ver fs. 268 pto. 6 e), no se advierte la existencia del mentado error matemático en la cuantificación del rubro en examen.

Consecuentemente, propicio al acuerdo el rechazo del recurso traído en el aspecto tratado y la confirmación del monto indemnizatorio acordado en la instancia originaria al item analizado, esto es en la suma de $ xx.xxxx.

C) Daño Moral.

Se disconforma el actor con relación a la tarifación del daño moral en la suma de $ xx.xxx interpretando que la Sra. Juez de grado no dimensionó las consecuencias que le produjo el accidente, y de esa manera estimó el rubro muy por de bajo de la realidad de sus padecimientos.

Con respecto al daño moral alegan los accionados que debió fijarse conforme principios de razonabilidad, prudencia y equidad, por lo que debe ser reducido.

Tal como reiteradamente se ha sostenido en anteriores pronunciamientos de esta Sala ha de dejarse en claro que las indemnizaciones en esta parcela no deben guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación como monto depende del hecho generador y se halla sujeta al prudente arbitrio judicial merituando las circunstancias que rodearon el hecho, edad, y sexo de la víctima (art. 1078 C. Civil, 165 del C.P.C.C.; S.C.B.A. Ac. 21311, 21512, 31583, 41539, e.o.).

A su vez debe merituarse, que el dolor humano debe considerarse como agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro" porque este concepto viene de sacar ganancia o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral (cfr. Belluscio, Código Civil Anotado, tº 5 pág. 110 citando a pie de página a C.N. Civ. Sala C, La Ley 1978 D-645, y a Mosset Iturraspe; esta Sala causa B-83.346, RSD. 164/96; B-79.317 R. Sent. 49/95; 89.362 R.S.D. 71/99, e.o.).

Asimismo valoro, que han de primar normas de prudencia y razonabilidad sin incurrir en demasías decisorias para evitar que el reclamo se transforme en fuente de enriquecimiento indebido, o en un ejercicio abusivo del derecho (nota art. 784, 1077, 1078 del C. Civil, esta Sala causas B-84.430 reg. sent. 37/97 y B-83.966 reg. sent. 77/97; 89.362 antes citada).

Consecuentemente, atendiendo a las circunstancias del caso, los padecimientos sufridos por la actora que configuran los presupuestos que hacen viable este rubro estimo razonable y equitativo confirmar el importe indemnizatorio conferido por la "iudex a quo" en la suma de x x pesos ($ xx.xxx; art. 165 del C.P.C.C.).

D) Daño material.

Con atingencia al "daño material" sostienen los accionados que ni las fotografías obrantes en la causa penal, ni las referencias efectuadas en la pericia de fs. 57 y vta. pueden justificar el monto de la reparación concedida; que el presupuesto de fs. 7 no identifica el rodado, limitándose a consignar valores de piezas que no se indican que deben ser reemplazadas o reparadas, incluyéndose reposiciones innecesarias y valores arbitrarios sin fundamento alguno.

Al respecto ha dejado dicho la Sra. Juez de la anterior instancia que existe certeza del daño material producido a la motocicleta (ver fotografías obrantes en la causa penal, e informe mecánico de la Sección de Accidentología Vial a fs. 57/67), que detalla; y que el monto de esas reparaciones a efectuarse en base al reemplazo de piezas dañadas por nuevas surge del presupuesto de fs. 7, elaborado y reconocido por el titular de la firma Moto Factory a fs. 316/317. Para así decidir, tuvo en cuenta que en ese presupuesto de las reparaciones, se incluyen tanto los repuestos como la mano de obra, y que ellas son coincidentes con los daños descriptos en la pericia accidentológica.

Consecuentemente, la mera circunstancia de no haberse identificado específicamente el rodado objeto de la reparación en el presupuesto de mentas, no obsta la procedencia del rubro ni pone en tela de juicio el monto por el que prospera el reclamo indemnizatorio, desde que éste no consiste en una mera conjetura. Valorados tales elementos probatorios, propicio al acuerdo el rechazo del recurso traído en el aspecto tratado (arts. 375, 384 del C.P.C.C).

Por las razones expuestas doy mi voto por la NEGATIVA.

Por los mismos fundamentos el doctor López Muro votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESA, LA DOCTORA MENDIVIL DIJO:

Logrado el necesario acuerdo de opiniones al votar y decidir la cuestión que antecede, corresponde: I) Modificar parcialmente el apelado decisorio de fs. 363/371 vta. y consecuentemente II) Elevar la indemnización por el rubro incapacidad a la suma de $ xxx.xxx; confirmándolo en lo demás que decide y fuera materia de recurso y agravio. III) Las costas de la alzada se imponen a la demandada por resultar sustancialmente vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.). IV) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con la de la precedente instancia (art. 31 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.

En un todo de acuerdo el doctor López Muro adhirió al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose por el tribunal la siguiente:

S E N T E N C I A:

La Plata,	9	de febrero de 2012.

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:

Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el apelado decisorio de fs. 363/371 no es justo (arts. nota al 784, 1077, 1078, 1113 del C. Civil; 68, 165, 375, 384, 456, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 31 del dec. ley 8904/77; doctrina y jurisprudencia citada).

POR ELLO: corresponde: I) Modificar parcialmente el apelado decisorio de fs. 363/371 vta. y consecuentemente II) Elevar la indemnización por el rubro incapacidad a la suma de $ xxx.xxx; confirmándolo en lo demás que decide y fuera materia de recurso y agravio. III) Las costas de la alzada se imponen a la demandada por resultar sustancialmente vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.). IV) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con la de la precedente instancia (art. 31 de la ley 8904). Reg. Not. Dev.-