Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El Norberto Luis Alanelli, en su carácter de representante de "Cinematográfica Vanguardia S.R.L.", promueve a fs. 139/143vta. lo que parece ser un recurso de apelación contra la sentencia de fs. 124/130vta. del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 16 a cargo de la Claudia Amanda Alvaro, en cuanto dispone condenar a la mencionada firma "...a la sanción de multa de quinientos pesos ($500), y costas, por haber sido encontrada responsable, por tener conductores eléctricos al alcance de la mano en el rellano de la escalera que conduce al sótano, el día 2 de febrero de 2005 en el establecimiento comercial sito en la calle Lavalle 739/41 PB y SOT 1, 2 y 3 de esta ciudad (arts. 2.1.2, 4, 18, 19 y 28 de la ley 451; y art. 33 y 55 de la ley 1217)" (punto III de fs. 130).

Para así decidir, la Magistrada declaró la validez del acta infraccional y meritó los testimonios producidos en la audiencia ritual -desestimando el desconocimiento de la normativa aplicable por parte de los inspectores citados y resaltando positivamente el registro de su percepción directa-; por último, habida cuenta de la falta de producción de prueba en contrario, tuvo por acreditada la comisión del hecho (fs. 129).

Encuadró aquella conducta en las previsiones del art. 2.1.2 de la ley 451 -desechando con base en su inexigencia las alegaciones defensistas relativas a que no se hallaba concretamente determinado el amperaje de los conductores eléctricos infraccionados- como también en las del art. 8.10.1.3 del Código de la Edificación. Impuso el mínimo de la sanción legal -en función de los parámetros de individualización del art. 28 del Régimen de Faltas- y las costas del proceso a la accionada, teniendo en cuenta su resultado (fs. 129).

De los confusos términos en que se formula la apelación puede inteligirse que, como sustento de la primera de las quejas vertidas, pretende el recurrente una aparente carencia de base normativa de la condena adoptada por la Juez de mérito, toda vez que la conducta consistente en "tener cables expuestos al alcance de la mano" no estaría prevista en la legislación aplicable al caso.

Aduce posteriormente que el art. 8.10.1.3 invocado por la sentenciante -que a su criterio establece una sanción para quien incurra en la infracción descripta en el párrafo precedente- adolece de vaguedad, habida cuenta de que la figura que delinearía -y por la cual fue multada su poderdante- no denota el regular estado de los cables, en el sentido de si estaban "...desnudos, aislados, protegidos, de línea seccional, de circuito, o de alimentación, o si estaban conectados a algún artefacto eléctrico" -fs. 140-. La indeterminación apuntada se extendería a la ausencia de delimitación de una pauta métrica concreta que permita determinar los parámetros de comisión de la falta enrostrada. Arrima en apoyatura de esta tesis copia de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 12, que habría consagrado la solución por él propugnada ("otro sí" de fs. 143vta.).

Cuestiona, por otra parte, el desempeño del Sr. Fiscal durante la audiencia de juzgamiento. Bajo su óptica, el acusador debió haber objetado las manifestaciones de los testigos -inspectores labrantes de los documentos infraccionales- quienes declararon desconocer las disposiciones sobre las que encolumnaron su imputación. Tal conducta procesal implicaría, para el quejoso, una vulneración del principio de legalidad, cuya defensa compete al Ministerio Público (fs. 142).

Finalmente, en diversos puntos de su libelo -fs. 140, 141, 141vta. y 142 vta.- el presentante trae a estudio diversas consideraciones relativas a la validez del acta infraccional. Las consideraciones allí vertidas parecen reeditar las pretensiones de nulidad llevadas a la audiencia y resueltas en el punto dispositivo I del resolutorio de fs. 124/130vta.

A fs. 143 formula reserva del caso federal.

El Walter Fernández, Fiscal ante este Tribunal, propugna a fs. 148/149vta. que se declare mal concedido el recurso intentado, por no apreciarse Causa nº 100-00/CC/2006. Sala II.

en la pieza respectiva una auténtica expresión de agravios. Entiende, al respecto, que la tacha de arbitrariedad alegada por el apelante sólo se sustentaría en una discrepancia con el criterio adoptado por la Juez de grado.

Cumplidos los plazos y pasos procesales de rito, el trámite se encuentra en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO:

El recurso ha sido interpuesto por quien tenía derecho a deducirlo, en escrito fundado, dentro de los cinco días de notificada la resolución atacada y ante la Magistrada que la dictó -conforme lo normado por el art. 57 de la Ley 1.217- de modo que se satisfacen los requisitos formales de deducción. En cuanto a la admisibilidad sustancial, las quejas se hallan vinculadas siquiera mínimamente con las causales de arbitrariedad y violación de la ley -art. 56 L.P.F.- por lo que también debe reputarse superado el análisis a este respecto.

En primer término, cabe observar que la totalidad de las referencias a la validez del acta de comprobación por un lado, y del procedimiento -alegada necesidad de intimación previa al labrado de los instrumentos que la documentan-diseminadas en varios párrafos del escrito de impugnación no constituyen, en verdad, objeto del presente recurso. En efecto, delimita el punto II de la presentación que la discusión propuesta por el letrado representante de la firma infraccionada tiende a que "...SE REVOQUE EN CUANTO CONDENATORIA LA SENTENCIA DEL 26 de mayo de 2006, resolviendo la pertinente absolución, en cuyo proceso se impuso a mi parte multa de PESOS QUINIENTOS ($500.-) por 'tener conductores eléctricos al alcance de la mano en el rellano de la escalera que conduce al sótano...' " -fs. 139-. Tal expresión configura claramente el ámbito de debate que corresponde a esta instancia, cuya competencia viene así activada sólo en relación al específico marco de disconformidad cercado por el quejoso al punto condenatorio de la sentencia en crisis, lo que, por su silencio, equivale a consentir el resto de los ítems resolutivos. Entre ellos, el acápite "I", que decidiera el planteo nulificante relativo a las temáticas señaladas en sentido adverso a la pretensión del mandatario, y que, como quedó dicho, al no haberse cuestionado, se encuentra firme.

Por ello, corresponderá tratar los agravios concernientes a la decisión recaída en autos sólo "en cuanto condenatoria", como expresa el recurrente; esto es, los vinculados con la referida imposición de multa a "Cinematográfica Vanguardia S.R.L." por infracción al Régimen de Faltas de la Ciudad.

La deficiencia vinculada con el sustento normativo de la pena impuesta, primera tacha que emerge de la pieza impugnaticia, resulta sólo aparente. En efecto, la conducta juzgada encuentra adecuado encuadre en el tipo del art. 2.1.2 de la Ley 451 -cuya redacción, por otra parte, guarda una casi textual similitud con la imputación vertida en el formulario acusatorio de fs. 32- y por ello el juicio efectuado por la sentenciante no resulta susceptible de crítica alguna. El hecho de que haya traído en abono subsidiario de su decisión la disposición del art. 8.10.1.3 del código constructivo no significó en la especie haber aplicado erróneamente la ley vigente, pues la regla, si bien no asocia una sanción a su incumplimiento, individualiza en cambio con suma precisión la conducta debida en relación a la colocación y conservación de instalaciones eléctricas, entre las que se encuentran comprendidas los cables inspeccionados.

Correrán la misma suerte las alegaciones vinculadas con la vaguedad o imprecisión de la acusación, correspondientes a criterio del quejoso, con la descripción típica efectuada en la figura considerada aplicable. En ocasión de resolver los autos "Local RITMO BAILANTERO SRL s/ falta de matafuego - APELACION" -causa nº 411-00/CC/2005, rta. el 16/12/2005- hemos sentado que estas pretendidas indeterminaciones típicas no son tales, y que, contrariamente, la delimitación cuantitativa de su rango métrico de punibilidad abriría el camino de un válido cuestionamiento. Si bien respecto de la expresión "local de gran afluencia de público" del art. 2.1.1 del R.F. -aunque asimilables en términos de la presente discusión al de "cables al alcance de la mano"-, hemos observado en aquel precedente que "...la indemnidad del principio de legalidad no tolera que, a través de un análisis aislado y meramente gramatical de la ley, desconectado del espíritu que la informa y apartado de las circunstancias de la causa, devengan desincriminadas por vía interpretativa ciertas conductas que sin duda alguna aquélla ha calificado indeseables para el orden social pretendido.Ello, porque al sistema de ilicitudes subyace la evidencia respecto de cuáles fueron los valores sopesados y los disvalores asignados en la tarea de diseño normativo y a los que se ha dado cuerpo de protección y consecuente reflejo punitivo, a fin de construir y sostener en el tiempo una articulación que tiende a aquel modelo ético-social propugnado, cuyas bases no resultan sólo jurídicas...".

Causa nº 100-00/CC/2006. Sala II.

Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal -y citamos asimismo en aquel legajo-que "...el propósito de dar pleno efecto a la intención del legislador no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma" (Fallos 323:1407; 323: 1460; 323:1491, entre muchos otros). Con mayor precisión, ha sostenido también que: "...la inteligencia de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y con ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma" (Fallos 322:2379; 323:164 y causas "Marino, Miguel Ángel v. Ministerio del Interior - Subsec. Derechos Humanos y Soc", rta. el 25/09/2001; "González, Alejandro Daniel y otros v. Estado Nacional s/proceso de conocimiento", rta. el 18/12/2002, entre muchas otras). En todo caso, "no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales o reglamentarias que equivalga a la prescindencia de su texto, si no media debat e y declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu". (Corte Sup.,11/10/2001- A.F.I.P. v. Povolo, Luis Dino s/ infracción al art. 40 de la ley 11.683).

Si a lo dicho se aduna la explícita declaración de fs. 118vta. -"...la testigo se puso de pié [sic] y señaló que los cables pasaban a la altura de su tórax"-, ninguna duda cabe respecto de la existencia de la infracción en el sentido delineado por la disposición del art. 2.1.2 arriba mencionada. Por ello, este perfil de ataque a la resolución impugnada tampoco emerge hábil al efecto pretendido.

Finalmente, claro es que, como expresa el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen, el análisis institucional de las manifestaciones de los testigos -inspectores de faltas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- excede el marco de juzgamiento del hecho atribuido a la sociedad infraccionada y en nada conmueve al acta de comprobación en el carácter que la ley le otorga, circunstancia que impide, asimismo, cuestionar la actuación del órgano acusador durante la audiencia de fs. 117/119 -que, por otra parte, tampoco conlleva el cariz que pretende el apelante-. Ello así, toda vez que, como se dijo, la sanción ha recaído en relación a una conducta que fue debidamente descripta en la imputación y tenida luego por acreditada durante el proceso, por lo cual la escasa preparación y aun la palmaria ignorancia de la legislación positiva evidenciadas por los inspectores no afectan en el particular la entidad de la acusación.

Consecuentemente, y en orden a que no se ha presentado un verdadero caso de arbitrariedad, violación de la ley o inobservancia de las formas previstas para la sustanciación de la causa, la vía no encontrará la solución preconizada por el recurrente, y la decisión del a quo habrá de ser cohonestada.

Por lo expuesto, oído el Sr. Fiscal, y habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 124/130vta. -cuya parte dispositiva obra, asimismo, a fs. 120 y vta.- en cuanto resuelve condenar a la firma "CINEMATOGRÁFICA VANGUARDIA S.R.L." a la sanción de MULTA DE QUINIENTOS PESOS ($500), Y COSTAS, por haber sido encontrada responsable, por tener conductores eléctricos al alcance de la mano en el rellano de la escalera que conduce al sótano, el día 2 de febrero de 2005, en el establecimiento comercial sito en la calle Lavalle 739/41 PB y SOT 1, 2 y 3 de esta ciudad (arts. 2.1.2, 4, 18, 19 y 28 de la Ley 451; y art. 33 y 55 de la Ley 1.217).

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal introducida a fs. 143, punto VIII.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes.

Causa nº 100-00/CC/2006. Sala II.

Sirva lo aquí proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo:Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.