marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, base regulatoria, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 817-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

Le cabe razón al Tribunal a quo que consideró que la base concreta esgrimida por el recurrente en su pretensión por el cobro de honorarios no tenía vinculación con la acción mera declarativa de inconstitucionalidad de la ley nº 10511 -substanciada en el caso- en orden a su significación económica. En esa inteligencia, entendió la Sala que la base invocada refería a una suma por "daño emergente" peticionada en una litis en la que no era parte el Banco Provincial de Santa Fe, que había sido mencionada en una nota de reclamo administrativo promovido contra dicha institución por ciertas empresas constructoras, respecto a relaciones negociales preexistentes con la entidad bancaria, la cual no era materia de la presente causa y que sólo aludía "tangencialmente" a la ley impugnada. Así, la remuneración del letrado impugnante establecida en base a tal razonamiento, no luce absurda, ilógica o sustentada en la sola voluntad de los jueces, ni tampoco se advierte que adolezca de defectos de fundamentación que tornen a lo decidido descalificable como acto jurisdiccional, por traducirse en un arbitrario menoscabo de la integridad del patrimonio del recurrente -como excepcionalmente lo ha admitido el Alto Tribunal de la Nación en casos de reducción de los honorarios fijados en las instancias inferiores-.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, impuesto a las ganancias, Impuesto sobre los ingresos brutos, pericia contable
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Camal  SA. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Importa el análisis de aspectos del litigio ajenos a la competencia extraordinaria, el rechazo de los argumentos de la actora respecto a que el tributo impugnado se superpone con el impuesto federal de las ganancias, a partir del examen de cuestiones de hecho y prueba como la relativa a si la pericia contable practicada resultó idónea para establecer la influencia del gravamen en el precio de las mercaderías.
Acción civil en el proceso penal, daños y perjuicios, indemnización, cheque sin fondos, monto del cheque
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ PORTELA, MANUEL ANDRES s/ Cheque sin fondos Causa 27659-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

La reparación de los perjuicios ocasionados por el libramiento de un cheque sin fondos no comprende el importe del cheque, debiendo limitarse al pago de los gastos ocasionados con motivo de la tramitación de la causa, costas e intereses y, a la s molestias que tal tramitación ha ocasionado (Del voto del Dr. Riggi).
Intereses moratorios, cómputo de la mora, acto administrativo, presunción de legitimidad, pago de tributos, pago sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: Chaco, Provincia del c/ Huayqui S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Si cabe presumir la buena fe de la empresa al recibir los pagos, que reconocían su origen en actos administrativos que aún se encontraban vigentes y que gozaban de la presunción de legitimidad, sólo se deben intereses a partir de la mora, que debe fijarse en el momento en que quedó definitivamente despejada la incertidumbre acerca de la legitimidad de los pagos.
Sanciones disciplinarias, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado civ. com. y lab. - Ituzaingó s/ Resol. Nº 01 de fecha 13/05/14 ref. reestructuración de las tres secretarías actuariales - distribución de competencias y sus agregados
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-08-07

En el marco de un sumario administrativo tendiente a investigar la actuación y la conducta de un magistrado, resuelve sancionar a un juez con una multa equivalente al treinta por ciento de la retribución que percibe mensualmente, en tanto de los antecedentes examinados se pudo constatar la existencia de interrupciones de llamamientos de autos para sentencias, el incumplimiento del trámite de pronto despacho, omisiones de proveer en tiempo oportuno escritos de urgimientos presentados por las partes e incumplimiento de plazos procesales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Saez, Mario Anibal c/ Frugone & Preve Ltda. S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Es inatendible el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna la condenación en costas pero no discute la calidad de vencido ni alega violación de la norma legal que eventualmente podría respaldar el agravio.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Bieber de Estigarribia, María Laura c/ Julio César Franco y/o Roberto L. Franco y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Daños y Perjuicios. Bieber de Estigarribia, María Laura c/ Julio César Franco y/o Roberto L. Franco y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-10-13|1988-10-13

No corresponde, bajo distintas denominaciones -privación de vehículo y lucro cesante- compensar un mismo daño produciéndose una duplicidad de conceptos que afecta al patrimonio de los demandados en sus efectos. No puede alegarse la existencia de lucro cesante como consecuencia de la imposibilidad de uso del vehículo.
Certificado de trabajo, multa laboral, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Reyes Rivera Alex Patricio c/ Crestall S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

No corresponde la aplicación de la multa contemplada en el art. 45 de la ley 25.345, puesto que mal puede considerarse cumplimentado el emplazamiento previsto en el art. 3 del decreto 146/01 a través de un requerimiento judicial, pues la intimación a la que alude tal normativa debe ser efectuada con anterioridad al inicio de las acciones legales. (En igual sentido: SD 11.886 del 14/7/03 in re "Hackbartt Héctor Horacio c/Peugeot Citroen Argentina S.A. y otro s/despido").
Ley vigente, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A., I. A. D. M.  c/ J.,G. L. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-02-18

Conforme se encuentra estructurado el sistema casatorio en nuestro ordenamiento procesal, la arbitrariedad constituye uno de los motivos de casación contemplados en el supuesto de violación de la ley (Art. 291 inc. "e" del CPr.), configurándose esta última cuando "el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica vigente, o yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debiera aplicárseles". Con relación a esta causal, violación de la ley por arbitrariedad, cabe también habilitar la vía casatoria, porque a lo largo de los fundamentos expuestos el desarrollo de las críticas realizadas por el recurrente revisten la entidad suficiente a tales efectos.
Menores, derechos del niño, Convención de los derechos del niño, interés del menor, derecho del menor a ser oído, elección del lugar de internación, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: T., P.M. s/ PROTECCION DE PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-26

1- La atención primordial al interés superior del menor a que alude el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niños, apunta a dos necesidades básicas: constituirse en pauta de decisión ante un conflicto, y en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño. Así, la legislación vigente (ley 23.849), de rango constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional) propugna que sea contemplada la voluntad del menor que está en condiciones de formarse un juicio propio sobre el tema a resolver.

2- Tratándose de un menor de 16 años, su opinión debe ser tenida en cuenta para decidir en que establecimiento asistencial permanecerá.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, contrato de obra, precio, interpretación del contrato, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, IGNACIO J. Y MIRAVELLI, EDUARDO J. c/ COIRINI CONSTRUCCIONES S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 356 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

No constituye derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por tanto, debe ser anulado el pronunciamiento de la Cámara que rechazó la demanda incoada tendente al cobro de diferencias de precio por trabajos y obras de construcción realizados con sustento en la inexistencia del derecho al cobro. Ello por cuanto siendo el contrato de locación de obra verbal, el precio de la obra y su forma de determinarlo constituyó un pilar fundamental en la tarea del experto, y la pericia, más allá de su corrección, se expidió sobre tales puntos, razón por la cual la exigencia de la Cámara respecto de que los actores debieron acreditar con todo rigor el sistema de determinación del precio de la obra, aparece como absolutamente desmedida, teniendo en cuenta el hecho no controvertido de la realización de los trabajos y cuando las partes habían ofrecido y producido pruebas encaminadas a justipreciar el "quantum" de la obra. En consecuencia, podrá decirse que los parámetros propuestos en las periciales y en la demanda para estimar el precio de la obra son insuficientes, más lo que no puede afirmarse -sino a riesgo de caer en ritualismo- es que no hay "derecho al cobro de suma alguna" sin previamente haber determinado el precio de la obra o, en su caso, brindar las pautas para hacerlo determinable, soslayando las constancias de la causa que tendían -precisamente- a ese fin. (Del Voto De La Mayoría. En Disidencia, La Dra. Gastaldi)
Licencia de taxi, cuestión constitucional
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa Hugo Alberto c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

La crítica del recurrente a la interpretación de la norma -art. 12 del decreto nro. 123/96- no alcanza a poner en crisis los argumentos de la sentencia. Tampoco logra exponer en forma precisa y adecuada un caso constitucional, conforme lo dispone el art. 27 de la LPTSJ.

Ni siquiera ha intentado rebatir las razones expuestas, por las autoridades administrativas y judiciales, para imponer y confirmar la sanción, sino que reitera dogmáticamente que él sí había entregado el vehículo a un tercero, pero no había hecho lo propio con la tarjeta de taxista o, al menos, que esta circunstancia no fue probada. Sus manifestaciones constituyen una mera expresión de disconformidad con lo decidido, pero no son suficientes para sustentar el recurso de inconstitucionalidad intentado.
Prescripción, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, orden público
Materia: PENAL
Carátula: A., S. W. c/  s/ Prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Magdalena Laíño, por su voto, precisó que ".a los fines de establecer cuál debe reputarse el último acto positivo orientado a consumar el hecho enrostrado no bastará entonces con el mero señalamiento de la última actuación realizada por el imputado en el proceso civil, sino que es requisito ineludible fijar el último acto con idoneidad para dar cumplimiento al tipo..." Agrego que ".A la luz de los presupuestos indicados, atendiéndose al carácter literal y taxativo de la redacción de la citada norma de fondo, teniendo en cuenta que según lo sostuvo la Dra. Graciela M. Pozzali -apoderada de la querella- en la audiencia -a la que no asistió ningún representante de la Fiscalía pese a tratarse lo debatido de una cuestión de orden público- a los fines de efectuar el cómputo de ley debe tomarse como fecha inicial el 1º de febrero de 2011 (día en que se produjo la inscripción de los inmuebles) y que el imputado fue llamado a prestar declaración indagatoria el 9 de marzo de 2018, considero que al momento de resolverse en la presente incidencia, había transcurrido el plazo máximo establecido en el artículo 62 inciso 2° del Código Penal. Ello así pues, partiendo de la calificación atribuida por la magistrada a quo a los hechos investigados (cfr. arts. 42 y 44 del CP y Plenario n° 2 de la CFCP "Villarino" rto. el 21/4/97), no han mediado en autos otros actos de idoneidad con capacidad para suspender el plazo de prescripción establecido por la ley..", razón por la cual coincidió con la solución propiciada por Lucero, sin perjuicio de lo cual añadió algunas consideraciones en relación a la demora que tuvo el proceso y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., M.O. c/ D., V. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-25

"La carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva".
Patrocinio letrado, revocación del mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Martorell, Daniel c/ Alonso, Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-03-16

La presentación espontánea de quien no fue intimado de pago oponiendo excepciones es el sujeto pasible de la sanción, porque él realiza el acto reprochable, comparece sin ser parte, dándose por demandado, sin serlo. No puede, haber sido tan categórica respecto de su apoderado. El ardid puede haber sido sólo del mandante o también producto de una estrategia procesal de su apoderado. El profesional ha sostenido que fue inducido en un error de hecho por su exmandante, razón por la que renunció al mandato. Ello impide afirmar que el profesional haya sido el autor de la maniobra concretada por su representado y ante el carácter restrictivo que debe regir en materia disciplinaria se deja sin efecto la sanción, sin perjuicio de reconocer el encomiable celo puesto por la Sra.

Juez en la observancia del principio de moralidad en el proceso.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, competencia, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Automovil Club Argentino c/ Municipalidad de Trelew s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-08

Es unánime la interpretación de doctrina y jurisprudencia al sostener que el Tribunal de Alzada no puede expedirse más allá de lo que fue materia de la pretensión y oposición, de recurso y agravios. Los órganos jurisdiccionales de segunda y ulterior instancia sufren, en sus facultades de decisión, una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que impone el recurrente por medio de su expresión de agravios.
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Riu, Antonio David c/ Riva S.A. s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-02

El trabajador que sin observar normas elementales de prudencia pasa a escasos centímetros del borde de la boca de un pozo, conociendo su existencia, que el mismo no se encontraba tapado y que carecía de elementos de seguridad adecuados, protagoniza voluntariamente una acción temeraria que lo contaría como víctima.

Vulnera los principios que caracterizan la existencia de la culpa en los términos de los arts. 512 y 902 de C.C.; así como los ha infraccionado la empresa demandada al no obrar con la diligencia y prevención a la que estaba obligada con su personal.
Responsabilidad penal, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: H., J. C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad interpuesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-02-02

Para responsabilizar penalmente a un sujeto por la comisión de un delito culposo, en el que no existe correspondencia entre la intención del autor y el desenlace producido, no basta la constatación del resultado previsto en el tipo penal ni tampoco alcanza la existencia del nexo causal entre la conducta y la consecuencia dañosa, pues aquella relación es condición necesaria, mas no suficiente puesto que el orden jurídico no reprime la simple causación de resultados.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: De Pirro,Héctor c/ Est. Nac. (Mx de Defensa) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si la cámara cometió un error decisivo en oportunidad de fundarla, al haber remitido a un fallo anterior que se dictó en una causa en que el tema controvertido y el presupuesto fáctico que condicionó la aplicación de las normas en juego eran distintos. En el caso, se rechazó el reclamo por diferencias salariales correspondientes al período octubre de 1984 y mayo de 1985, y el a quo se remitió a un pronunciamiento en el que se declaró que el art. 1° de la ley 23.199 aparejó la derogación parcial del art. 53 bis de la ley 19.101 y toda otra norma similar que hubiera establecido una vinculación mediante coeficientes con las retribuciones que perciben los jueces.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCHNEEBERGER, Néstor Ricardo c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

El juego armónico de los arts. 8 y 9 de la ley 23.473 y 277 del C.P.C.C. vedan al juzgador la posibilidad de fallar en uno u otro sentido sobre temas en los que existe resolución expresa de la Caja, ya que si bien la ley referida descarta la posibilidad de la segunda instancia administrativa, el haber obtenido pronunciamiento o resolución adversa en sede previsional es un supuesto indispensable para la viabilidad de los cuestionamientos que efectúen los sujetos que estimen afectados sus derechos jubilatorios o pensionarios (cfr. Amanda Lucía Pawlovski de Pose, Comentario al fallo "Ponce, José c/Estado Nacional", pub. en D.T.

6/91, pág. 1296 y ss.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Arrascaite, Roberto H.; Pons, Carlos J. s/ Asociación ilícita, coacción agravada y lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- si las manifestaciones del procesado constituyen confesión en los términos del citado art. 238.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esperon, Irma c/ Ravarelli, Arturo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

En presencia del daño, el Juez tiene que preguntarse luego si ha sido causado ilícitamente (antijuridicidad) y culpablemente (culpabilidad). A la inversa, si no hay daño alguno, resulta superfluo indagar la existencia de los otros dos elementos.-
Despido, confirmación de sentencia, contestación de la demanda, ratificación de actos procesales
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Briones, Victor Eduardo c/ Arnoni, Daniel Alberto s/ despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-06

Debe ser confirmada la resolución en donde se tiene por no presentado el escrito de contestación de la demanda y, en consecuencia, por no contestada la demanda, por haber vencido el plazo para ratificar la gestión procesal invocada en tal presentación, por cuanto es lo que también postula el Tribunal Superior de Justicia, quien ha sostenido, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el plazo para ratificar la gestión se cuenta a partir de la primera presentación del gestor (Cfr. R.I N°170/2014 del Registro de la Secretaría Civil, "C.S.B. Agro S.A C/ Neuquén Produce S.A", expte. n° 147/2013).
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SALLESE, LUIS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-09

Cuando lo que se discute es si se pagó correctamente la remuneración de determinadas jornadas, o sea la ejecución de un contrato celebrado libremente, regido por normas inderogables, siempre que sean in peius del trabajador, no corresponde conceder, por vía interpretativa preferencias en cuanto a deberes y obligaciones si el empleador es un ente público. De ser así, se atentaría contra la igualdad ante la ley pues todos los sujetos empleados como tales, sean de empresas públicas o privadas están sometidos a un mismo derecho del trabajo y no corresponde discriminar cuando se trata de examinar acuerdos conciliatorios, arts. 16 CN y 17 LCT.
Remuneración, límite del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Martín Contreras y otros c/ Ernesto Saúl Cabezas s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 46795/99 Incidente de Ejecución de sentencia en Expte. Nro. B - 05259/96 Ordinario.L.A. N 45 F 746/748 N 332. Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 46795/99 Incidente de Ejecución de sentencia en Expte. Nro. B - 05259/96 Ordinario.L.A. N 45 F 746/748 N 332.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-08-09

El hecho que a los "Beneficios acordados para el empleado", se lo halla denominado "subsidio mensual no remuneratorio", en modo alguno puede conducir a desconocer la naturaleza laboral, resarcitoria, compensatoria o indemnizatoria de la prestación que percibe el ex empleado. La expresión "no remunerativo" utilizada para caracterizar al subsidio, no puede ser interpretada más que -a contrario sensu- para establecer que no existe "contraprestación" que deba realizar el trabajador, en razón del distracto laboral. En tal caso, el embargo trabado, no puede exceder del veinte por ciento(20%) de la suma que percibe el accionado conforme lo establecido en el artículo 3 inciso 2 del Decreto 484/87, reglamentario de los artículos 120, 147 y 149 de la Ley de Contrato de Trabajo
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, comisiones médicas, procedimiento administrativo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GONZÁLEZ, PROTACIO c/ BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A. s/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

El procedimiento tramitado ante las comisiones médicas no garantiza la igualdad de los trabajadores y sus derechohabientes ante los tribunales, ni el derecho al debido proceso adjetivo en condiciones de plena igualdad, toda vez que, como señalan Ackerman y Maza, un proceso en el cual el sujeto más desprotegido debe litigar solo, sin abogados ni médicos que lo auxilien, frente a ominipotentes organizaciones que cuentan con equipos médicos especializados y grupos de asesores letrados altamente capacitados, ante "jueces administrativos" médicos, no es un auténtico proceso de los que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional. (Sumario confeccionado por el SAIJ).