Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-25


Salta, 25 de agosto de 2.010.

Vistos estos autos "Molina Aguado, Antonio, Quiebra", Expte. 44.154/06 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación del Distrito Judicial del Norte, Orán, y Cam 288.876/09 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

CONSIDERANDO:

I) Corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto por el fallido a fs. 616 en contra de la resolución de fs. 595 que estableció como fecha de su cesación de pagos el día 19 de noviembre de 1.999. Expresó agravios a fs. 645/650 vta. Luego de mencionar el antecedente que originó la quiebra y afirmar que en el proceso parece oírse únicamente a lo que dicen los Síndicos, el apelante dice que el agravio central es el apartamiento de los términos de la relación procesal con violación del principio de congruencia y la defensa en juicio porque de ninguno de los pedidos de verificación de créditos surge que haya dejado de cumplir sus compromisos en el año 1.999, lo que ocurrió con el descalabro económico del año 2.001.

Señala como primer agravio, que no se haya tenido en cuenta las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y Ganancias mínimas presuntas de los años 2.004 y 2.005 como tampoco los libros IVA Compra y Venta, lo que provoca nulidad. Como segundo agravio, dice que no se respetó el artículo 116 de la ley 24.522 que establece que la fecha de cesación de pagos no puede retrotraerse más de dos años de la fecha del auto de quiebra o de presentación del concurso, por lo que no puede ir más allá del año 2.004 y agrega que se pretende afectar a terceros que no han sido parte en el proceso por no haber intervenido en el trámite para su determinación, lo que no constituye derivación razonada del derecho vigente según doctrina que cita. En el tercer agravio, se queja porque no se haya enviado al Sr. Fiscal Civil para que se expida sobre lo solicitado por la Sindicatura, lo que le hace suponer un intento de favorecer a la misma y a los acreedores y en el cuarto, se agravia de la sola remisión al informe del Síndico. Cita jurisprudencia sobre la cesación de pagos y menciona cinco causas en las que afirma haber abonado lo reclamado y el de dos profesionales, que demostrarían la inexistencia de cesación de pagos en la fecha fijada en el auto apelado. Finalmente, se refiere al recurso de reposición "in extremis" y hace reserva del recurso de inaplicabilidad de la ley y del extraordinario federal.

Por su parte, la Sindicatura a fs. 658/670, contestando el traslado conferido solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución apelada con fundamento en la extemporaneidad del recurso, la inapelabilidad de la resolución por la falta de intervención del fallido, por no revestir la critica concreta y razonada que exige la ley procesal y por haber omitido el recurrente referirse a las cuestiones determinantes para la fijación de la fecha de cesación de pagos, como el desprendimiento de la propiedad de ocho bienes inmuebles cuyas matrículas individualiza, las deudas a la AFIP y OSPRERA y las distintas presunciones que indica.

A su vez, la Señora Fiscal de Cámara, dictamina a fs. 682 aconsejando no se admita el recurso por ser extemporáneo. _ II) En atención a que tanto la Sindicatura como la Señora Fiscal de Cámara, afirman la extemporaneidad del recurso, corresponde analizar esa cuestión en primer lugar. En los procesos sobre concursos preventivos y quiebras, el principio general está dado por las normas de los artículos 26 y 273 inciso 5 de la ley 24.522. La primera dispone como regla general que "... el deudor o sus representantes deben comparecer en secretaría los días de notificaciones. Todas las providencias se consideran notificadas por ministerio de la ley, salvo que el compareciente deje constancia de su presencia y de no haber podido revisar el expediente, en el correspondiente libro de secretaría." Por la segunda, "La citación a las partes se efectúa por cédula, por nota o tácitamente las restantes notificaciones" (inciso 5º). Por consiguiente, por la regla general las notificaciones automáticas son válidas y suficientes para tener por conocidas las providencias y resoluciones dictadas en el proceso.

Cabe notar también que la aplicación extrema y rigurosa de esas normas puede llevar a situaciones donde se vea afectado el ejercicio real del derecho de defensa, situaciones en las que se hace excepción al principio, se deja de lado la notificación ficta y se exige el conocimiento personal o por cédula de una resolución. Ello puede suceder respecto de las resoluciones que recaen sobre incidencias ajenas al trámite específico y propio del proceso concursal, o incluso que sin ser ajenas, se dictan en momentos o situaciones que impiden la posibilidad del conocimiento y afectan el debido proceso. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo con la resolución del artículo 36 de la ley concursal (que no es el del caso). En tal sentido se han expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como distintas Cortes o Superiores tribunales de Provincia, incluida la de Salta (CSJN, Fallos: 317-700 y 320-2226, entre otros; SCBuenos Aires, LLBA 2005 (setiembre), 940; STJEntre Ríos, LL Litoral 2005 (abril), 274; CJSalta, 30 /08/2.000, Ángel, Perfecto c. Jenefes, Guillermo, T. 70: 1037/44).

III) El presente caso se trata del auto que determina la fecha de cesación de pagos, que constituye un acto procesal específico del procedimiento concursal de modo que en principio es de aplicación la regla general. Al respecto se resolvió en un precedente judicial de otra provincia que "... cabe advertir que el resolutorio que determina la fecha de cesación de pagos no escapa a la regla general del art. 273, inc. 5° de la ley de Concursos y Quiebras, toda vez que la misma no resuelve un incidente de los previstos en la ley específica, conforme lo antes expuesto; sino que dicha resolución es el resultado de un procedimiento propio y específico dentro del mismo proceso concursal, en el cual los interesados han tenido la oportunidad para formular observaciones, las que, incluso, pueden efectuarse en dos momentos: la primera en oportunidad de formular observaciones al Informe General del síndico, donde junto con las demás observaciones de carácter general, se pueden introducir en concreto la referida a la fecha que el síndico propone como de iniciación de la cesación de pagos. La otra es dentro de los treinta (30) días de la presentación de ese informe general, y, específicamente, en relación con la fecha de cesación de pagos. Todo ello en salvaguarda del derecho de defensa, previendo, además, la apelación por parte de quienes hayan intervenido en la articulación del fallido (Conf. Martínez-Petrazzini, "Ley de Concursos y Quiebras", Ed. Macchi, p g. 156 ; CACC Resistencia, Sala IV, 29/06/2.001, LLLitoral 2002, 188, Cita Online: AR/JUR/2176/2001).

IV) El examen de la causa muestra que el Informe General del Síndico proponiendo la fecha de cesación de pagos fijado en la sentencia recurrida, ha sido presentado en autos a fs. 580/590 y puesto en conocimiento a los fines de su observación por notificación automática de fecha 4 de agosto de 2.009 (fs. 591 vta.). El recurrente, no hizo ninguna observación a dicho informe, en general, ni al punto específico sobre la fecha de cesación de pagos en particular, dentro de los diez días que prevé el artículo 40 de la ley 24.522. Tampoco ha ejercido el derecho establecido en el artículo 117 de la ley, según el cual "Dentro de los treinta días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial de cesación de pagos propuesta por el síndico." Como expresa la Sra. Fiscal de Cámara, la notificación por nota de la sentencia recurrida tuvo lugar el 1º de octubre de 2.009, según constancia de fs. 600 vta. Por consiguiente, por un lado, de acuerdo a la regla general estudiada, el recurso de apelación interpuesto a fs. 616 el día 13 de octubre siguiente, resulta extemporáneo. Por otro, la aplicación de los artículos 26 y 273 inciso 5, no provoca indefensión desde que el recurrente no ha usado las oportunidades dadas por los artículos 40 y 117 para cuestionar la fecha de cesación de pagos indicada por la sindicatura que siguió el auto apelado. Por ello y lo dictaminado por la Señora Fiscal de Cámara, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

No Hace lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 616. Con costas. Dispone se registre, notifique y baje.