Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14


Causa Nº 005-00-CC/2006 caratulada "Perez, Elías Israel s/ inf. art. 189 bis C.P." Apelación.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de marzo de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver en la presente causa.

VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial Emilio A. Cappuccio, interinamente a cargo de la Defensoría Oficial Nº 7, interpuso recurso de apelación (fs. 140/44vta.) contra el auto por el que se rechazó la solicitud de suspensión del proceso a prueba (fs. 139).

Oportunamente, la Sra. Fiscal de Cámara entendió que asistía razón al recurrente en cuanto a que tanto el dictamen de su colega de primera instancia de fs. 138, cuanto el auto de fs. 139 carecían de la debida fundamentación legal impuesta por el art. 123 del CPPN de aplicación supletoria y por el principio republicano de gobierno -art. 1 CN-, argumentando que"...la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a prestar su consentimiento para que se suspenda el proceso a prueba sin expresar cuál era el motivo de tal negativa. Por su parte el Juez de grado, atendiendo a esta circunstancia, se limitó a rechazar sin más trámite el pedido, no efectuando un control de legalidad sobre la razonabilidad de la oposición fiscal. Por esos motivos, entiendo que ambas resoluciones carecen de los requisitos básicos para ser consideradas como actos jurisdiccionales válidos, por lo que correspondería declarar su nulidad absoluta". Sin perjuicio de ello, señaló también que en atención a que en autos se imputa el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil que prevé junto a la pena de prisión la de multa de mil pesos ($1.000) a diez mil ($10.000), el recurrente debería haber ofrecido, como requisito objetivo para la procedencia de la solicitud, abonar el monto mínimo de la multa, circunstancia que no se ha cumplimentado hasta la fecha. Tal extremo conduce a la Sra. Fiscal a solicitar se rechace en esta instancia el pedido de suspensión de juicio a prueba, a fin de no dilatar el trámite de la presente causa penal, en función de que el pedido originario no cumple con los requisitos mínimos para su procedencia (fs. 152/vta.).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I. En torno a la admisibilidad del recurso a estudio, cabe destacar que el apelante ha respetado los recaudos subjetivos, contando con legitimidad para su interposición, efectuada por escrito en tiempo y forma ante el Magistrado de grado.

Sentado ello, nos abocaremos a verificar la presencia de los recaudos objetivos que habilitarían su procedencia, esto es si el interlocutorio recurrido por no ser sentencia definitiva resulta equiparable a ella con sustento en que ocasiona un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, en los términos de los arts. 432 y 449 CPPN de aplicación supletoria conforme al art. 55 de la ley 1287.

Con anterioridad al presente, en ocasión de resolver in re: "Luraschi, Carlos Alejandro s/inf. art. 38 CC-Apelación" (Causa Nº 187-00-CC/2005), sostuvimos que la declaración de validez del dictamen fiscal constituye una suerte de rechazo a su eventual nulidad "...lo que sí puede ocasionar gravamen irreparable a la defensa por constituir, en definitiva, el obstáculo señalado por el Magistrado para tornar viable la pretensión de la quejosa...", estimando en el caso cumplidos exitosamente los requisitos de admisibilidad formal. Si bien en aquél supuesto se trataba de una causa contravencional, el fondo de la cuestión sometida a consideración no varía en los presentes actuados, pese a la diversidad de la materia que conforma el objeto procesal -penal-.

En tal sentido, se ha dicho que "...la suspensión del juicio a prueba permite suspender el proceso penal evitando el dictado de una condena, mediante la asunción por parte del peticionante (imputado) de obligaciones cuyo cumplimiento, durante el lapso por el cual se impongan, determinaría la extinción de la acción penal, siendo éste su efecto mediato del cual -por otra parte- se extrae el carácter sustantivo del instituto en cuestión..." (Fallos J.A., 1996 - III - 432).

Asimismo, la doctrina ha señalado con acierto que "si bien no se trata de sentencia definitiva ni extingue la acción o pena, tiende a extinguirlas iniciando una etapa que, si se cumplen las condiciones, extingue la acción penal. Por eso el recurso debe proceder ab initio...el recurso procede tanto contra el auto que concede la suspensión de juicio a prueba (recurso del Ministerio Público Fiscal) como del que la deniega (recurso del imputado), porque priva a éste del derecho a evitar la pena, por lo que su gravamen (es) irreparable y la decisión tiene a ese Causa Nº 005-00-CC/2006, Sala II respecto carácter definitivo" (De la Rúa, Fernando "La Casación Penal", Editorial Depalma, 2ª edición, 1994, págs. 185/86), razón por la cual aquél resulta apelable.

II. Sorteados exitosamente los recaudos de admisibilidad, se impone el tratamiento del asunto traído a conocimiento de esta Alzada.

La queja del accionante encuentra su génesis en la presentación de fs. 136 por medio de la cual se solicitó la suspensión del proceso a prueba en favor de Elías Israel Perez, adjuntándose la manifestación de voluntad firmada por el nombrado (fs. 135/vta.), dando cuenta de su expresa conformidad en torno a la procedencia del instituto.

Ante ello, el Durante previo todo trámite corrió vista al Sr. Fiscal interviniente "...teniendo en cuenta que el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal constituye una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio a prueba (arts. 76 bis y cctes., C.P.; y 56, inc. 4, L.P.C)" -fs. 137-. La Navarro se opuso a la concesión del instituto en los siguientes términos: "...no he de prestar el consentimiento para que se suspenda este proceso a prueba, a favor de PEREZ ELIAS ISRAEL , por lo que solicito por las manifestaciones vertidas a fs. 129/133 (Requerimiento de Juicio), se fije audiencia de debate (art. 56 último párrafo de la ley 12) y oportunamente se dicte sentencia" -fs. 138-.

Seguidamente, el Magistrado dispuso: "Teniendo en cuenta que la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la pretensión defensista y que, por ende, no se cumple una de las condiciones necesarias e ineludibles para suspender el proceso a prueba (art. 76 bis y cctes., C.P.), corresponde rechazar sin más trámite la solicitud formulada a fs. 135/136" (fs. 139).

En el contexto descripto, se advierte como cuestión previa a toda otra que, tal como se señala en el escrito de apelación y en el dictamen de la respresentante fiscal ante esta instancia, la oposición a la concesión del instituto de la "probation" se articuló de manera totalmente infundada, no indicándose en sustento de la negativa motivo alguno que la justifique, extremo que la torna insanablemente nula por manifiestamente arbitraria -arts 69 y 123, CPPN-.

Así se ha resuelto unánimemente que la oposición del Ministerio Público no es vinculante cuando resultare infundada o errónea: "No puede obstar a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, la oposición del Ministerio Público Fiscal, si carece de los recaudos necesarios para atribuírle motivación suficiente que le confiera validez, no ajustándose a las constancias de la causa de las que arbitrariamente prescinde, al tiempo que se margina de la norma integradora. Este tribunal ha sostenido que: ´El dictamen fiscal no puede ser infundado, arbitrario, repugnante a las reglas de la lógica o caprichoso. En tal supuesto el acto producido por el representante del Ministerio Público estaría inficionado por un vitio in procedendo que obligará al órgano jurisdiccional a expurgarlo del proceso, decretando su correspondiente invalidación (arts. 169 y ss. del CPPN), y ordenando se produzca un nuevo acto que reemplace al nulificado´(vgr. in rebus "B., D. H. N. s/ Lesiones culposas", 29-8-95; "R., J. T. A. -Recurso de Casación-", 13-12-95) -STJ de Entre Ríos, Sala I, 7-3-2001, "M., R. y otros", publicado en "El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia", Edgardo A. Donna, Rubinzal- Culzoni Editores, Tomo I, Buenos Aires, 2003, p. 617-.

En el caso, estimamos que la oposición fiscal a la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba en un proceso penal requerida por el imputado y su defensor carece de toda fundamentación, extremo que -tanto en las decisiones judiciales cuanto en los dictámenes de los funcionarios públicos- constituye un imperativo constitucional que hace al Estado de Derecho. Ello así por cuanto el representante de la vindicta pública se ha expedido sin siquiera evaluar la razonabilidad del pedido formulado por el encartado, ni analizar las circunstancias concretas del caso que hubieran permitido o no acceder a lo solicitado "...tanto los dictámenes como los pronunciamientos que carecen de apoyatura suficiente ocultan la verdad objetiva y entorpecen el derecho de defensa, que en modo alguno es factible restringir porque reconoce raigambre constitucional" (C.Fed. de Gral. Roca, 27-11-97, "M., L. B.", JPBA, 102-157, cit. en Donna, ob. cit., p. 618).

Por otra parte, también se advierte que el Magistrado al rechazar el pedido articulado por la defensa, ha omitido el control de legalidad respecto de aquel dictamen fiscal que el ejercicio de la jurisdicción imponía, previo a expedirse sobre su viabilidad.

Tales extremos permiten subsumir la cuestión en la hipótesis nulificante de orden general prevista en el inc. 2 del art. 167 del CPPN, que conduce a privar de eficacia jurídica a la oposición obrante a fs. 138 y todo lo obrado en consecuencia -art. 172 CPPN-. Y sin perjuicio de que con el dictamen producido por la Sra. Fiscal ante la instancia podría darse por cumplida la Causa Nº 005-00-CC/2006, Sala II intervención que el art. 76 bis del CP impone recabar del representante del Ministerio Público Fiscal, estimamos que precisamente a fin de evitar dilaciones en el trámite de la presente causa "se impone previo a resolver sobre lo solicitado, dar cumplimiento a la audiencia prevista por el art. 293 del CPPN", concordando en el punto con la Guagnino.

Por ello, consideramos prudente no avanzar en el sentido que postula la Fiscal, rechazando el pedido de suspensión de juicio a prueba, toda vez que será la celebración de la audiencia prevista para el trámite de la "probation" en causas penales, el marco en el cual "las partes tendrán derecho a expresarse" -art. 293 CPPN- acomodando sus pretensiones a las exigencias legales que regulan el instituto.

Por las razones expuestas, habiendo concluído el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD del dictamen fiscal obrante a fs. 138 y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 69, 123, 166, 167 inc. 2, 168, 172 y cc del CPPN).

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al juzgado de primera instancia interviniente, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas