marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo calificado, lesiones, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Berurena, Ezequiel Humberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

El robo calificado por la gravedad de las lesiones causadas por la violencia ejercida para cometerlo mediante la utilización de un arma de fuego -C.P., art. 166 -inc. 1°, con la agravante del art. 41 bis- no absorbe el injusto de la portación de arma sin autorización legal -C.P., art. 189 bis, inc. 2°, párr. 4°-. Ello es así, en virtud de que los tipos penales en juego tienen por base distintos ámbitos de protección y, también, diferentes momentos de consumación.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Núñez  Ortiz,  Juan  Miguel y Riquelme, Juan Gabriel s/ portación de arma de uso civil condicionado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Si se encuentra pendiente de resolución la apelación interpuesta, corresponde, con carácter previo a determinar la competencia, que se resuelva el recurso deducido. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Procedencia del recurso, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F., D. E. c/ ENAFIP-LEY 27605 s/ INC APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-14

El voto en disidencia del juez Facio admite los agravios de la parte actora, hace lugar a la medida cautelar solicitada y ordena a la AFIP que se abstenga de realizar cualquier acto o llevar adelante cualquier conducta que implique la afectación directa sobre la persona del actor y de su patrimonio. Acerca del requisito de verosimilitud del derecho consideró -con base a la documentación acompañada a la causa- que la aplicación del artículo 2°, penúltimo párrafo de la ley 27.605 al caso de la parte actora implicaría, prima facie, extender la obligación del pago del "aporte" a un sujeto que no era residente en el país al momento de la entrada en vigencia de la ley y, de ese modo, lo obligaría a soportar una carga fiscal cuya base excede de los bienes de fuente argentina. Asimismo, tuvo en cuenta que el planteo formulado sobre la residencia fiscal se sustentó en la incidencia del convenio para evitar la doble imposición firmado entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay -aprobado mediante la ley 26.758-, que en términos constitucionales cuenta con jerarquía superior a las leyes (artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de la Ley Fundamental). Relativamente al peligro en la demora, consideró la gravitación económica del "aporte" sobre las rentas y el patrimonio de la parte actora.
Pensiones, gobernador, vicegobernador, pensiones graciables, solicitud del beneficio, otorgamiento del beneficio, fecha de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Menem, Carlos Omar s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-09-23

El derecho a la Pensión de Ex Gobernador y Vice (de las llamadas graciables), se trata de un derecho que nada tiene que ver con el derecho a la jubilación -al que se aplican la totalidad de los principios que hacen al derecho previsional-, en tanto que el derecho a la pensión graciable, no se encuentra amparado por las mismas reglas y principios, ya que se trata de una liberalidad, en virtud de la cual el Estado decide recompensar a quienes desempeñaron determinadas y elevadas funciones en beneficio de la comunidad.

Atendiendo a la naturaleza del beneficio, en el lapso existente entre el cese en la actividad y el momento en que se exterioriza la voluntad de cobrar la pensión, solo existe la expectativa de gozar del derecho. Si bien desde que la persona cesa en su cargo tiene el derecho de pedir la pensión de que se trata, para poder percibirla debe efectuar la pertinente petición, y es recién a partir de ese momento que adquiere el derecho a la efectiva percepción.

La Ley Nº 3412 no reconoce derechos, sino que crea un derecho, que el interesado ejercita o no según su libre voluntad. Si no efectúa la petición, no gozará de la pensión. Si la efectúa, si lo hará, pero desde esa fecha. No antes. Si se tratara del reconocimiento a un derecho preexistente, el peticionante lo ostentaría desde que cumplió los recaudos legales, desempeño en determinadas funciones y cese en ellas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Insaurralde, Ricardo Gerardo s/ Robos agravados por el uso de armas reiterado - Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se despreocupa de relacionar la presunta invalidez de un acta de secuestro con el efecto que la misma produciría -concretamente- al considerar los diferentes medios probatorios utilizados por el a quo para acreditar los hechos ilícitos reprochados al procesado.
Facultades del juez, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-02-26

La potestad discrecional, la equidad y el libre arbitrio son facultades que permiten que la actividad de los magistrados se desenvuelva dentro de un margen legal menos estrecho que el ordinario y que, por eso, puedan ponderar con peculiar flexibilidad las circunstancias concretas del caso, pero no los dispensa de la exigencia constitucional de la debida fundamentación de las decisiones, pues aún cuando, bajo estas circunstancias, no se requiera una argumentación "strictissimun iuris", ello no significa que pueda omitirse toda motivación. Resulta necesario que los jueces inferiores fundamenten jurídicamente sus decisiones, en cumplimiento de la obligación impuesta por el código de rito en su art. 34 inc. 4, posibilitando al Superior confrontar los argumentos vertidos por el A-quo con los manifestados por el recurrente, para así llegar a una más justa y ponderada resolución del agravio.
Competencia desleal, Estado Nacional, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, derechos del usuario, derechos del consumidor, Constitución Nacional, defensa de la competencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Cencosud S.A. s/ apela resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Es competente, en los términos del artículo 35 de la ley N° 25.156, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para investigar la posible realización de conductas anticompetitivas mediante la instrucción de un procedimiento pues, hace a su actuación específica y tiende a la preservación de los derechos de los usuarios y consumidores, tal como lo demandan los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia de la Doctora doña Elena Highton de Nolasco).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, historia clínica, obligaciones del médico, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DESALVO, Miguel Angel c/ INSTITUTOS MEDICOS ANTARTIDA y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROF. MEDICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

No obstante que la carga de la prueba pesa, en principio, sobre el actor; el profesional médico, ante lo incompleto de la historia clínica, debe aportar al proceso los datos faltantes, toda vez que él cuenta con mayor aptitud probatoria al haber tenido en sus manos el tratamiento del paciente. Por lo tanto, al no ser arrimados tales elementos al proceso, se genera en contra del galeno una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional, que a él corresponde desvirtuar.
Recurso de apelación (procesal), monto del juicio, resoluciones apelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gattari Carlos María c/ Renda María Teresa y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1. Resulta improcedente el recurso de apelación deducido por la actora contra la sentencia que admitió la demanda, toda vez que el interés económico comprometido en esta instancia es la diferencia entre la suma a cuyo pago condenó el juez a quo y la pretendida por la parte actora. Por lo tanto, toda vez que el monto de los agravios de los apelantes es inferior al límite de apelabilidad establecido por el artículo 242 del Código Procesal (texto sustituido por la Ley 26536) a la fecha de concesión de los recursos, que asciende a $ 20.000, cabe concluir en que tales recursos son inaudibles.

2. La apelabilidad depende exclusivamente del monto comprometido y no del grado del error que se atribuye a la decisión o de otros factores incidentales (CNCom, Sala D, in re "Dickszteyn", del 15/08/83).
Acción de amparo, inconstitucionalidad, existencia de otras vías, improcedencia del recurso, juicio sumarísimo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COPPOLA EDGARDO AMADEO c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

Corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta que tiene como objeto solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.426, Decreto 1058/2017, Ley 27.541, el Decreto 99/19, 163/20, 495/20, y los decretos que pudieran dictarse en lo sucesivo otorgando incrementos de movilidad discrecionales. Pues, el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales y es por esa razón que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.
Denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Alejandro y otra c/ González, Jorge Daniel Alberto y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-04-24

Cabe rechazar el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, pues el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundamentado en los hechos, constancias de la causa, conforme a Derecho y enmarcado en las prescripciones legales, utilizando con criterio y buen juicio las pruebas existentes e incorporadas al expediente; así las cosas, los agravios de los que se vale la parte recurrente devienen infundados y sin sustento suficiente para desvirtuar lo decidido en contra de sus pretensiones.
Robo con armas, resistencia a la autoridad, disparo de arma, prueba, prueba testimonial, presunciones, acta de secuestro
Materia: PENAL
Carátula: CORTEZ s/ ACTA  DE  SECUESTRO.  ARMA  QUE PORTABA EL PREVENIDO. UN SOLO TESTIGO  DEL SECUESTRO. (VALIDEZ). RESISTENCIA  A  LA  AUTORIDAD.  OMISIÓN  DE  PRACTICAR  EL  "DERMOTEST"  PARA  VERIFICAR  SI SE HABÍA DISPARADO EL  ARMA SECUESTRADA.    FALTA  DE  TESTIGOS DEL TIROTEO.  ROBO.  ARMAS:  CUADRO  INDICIARIO SUFICIENTE. PRUEBA  DE  PRESUNCIONES  E  INDICIOS.  ROBO CON ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

1) es válida como prueba de cargo el acta de secuestro del arma que portaba el procesado, no obstante que un solo testigo presenció la diligencia, porque surge de autos que ésta se cumplió en horas de oscuridad y en un sitio donde la hostilidad a la actuación policial por parte de los habitantes de las villas de emergencia es manifiesta y consta en autos.

2) No puede responsabilizarse al procesado por los delitos de resistencia a la autoridad y disparo de armas de fuego, si resulta inexplicable la falta de testigos del tiroteo que había ocurrido, a lo que se añade que al prevenido no se le practicó el habitual "dermotest" para verificar si había disparado o no la carabina que le fuera secuestrada, lo que configura un panorama incriminatorio de manifiesta pobreza, que debe resolverse por aplicación del art. 13 C.P.C.

3) Debe en cambio ser responsabilizado el encausado por el otro hecho que se le incrimina -robo con arma- porque es mediante las referencias que los funcionarios policiales obtuvieran del detenido que se individualizó al damnificado que reconoció al acusado de modo terminante, identificando el arma como similar a la empleada en el asalto, elementos que delinean un cuadro indiciario suficiente para sustentar un pronunciamiento condenatorio. (Del voto del dr. Costa al que se adhirió el dr. Mitchell).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, jubilaciones, reajuste jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Farat Siré Salim c/ Caja  de  Previsión  Social  de  la Provincia  y Provincia de Salta. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Es admisible el recurso extraordinario contra la decisión que no hizo lugar al reajuste del haber jubilatorio solicitado, no obstante que los agravios se vinculen con la aplicación de normas de derecho público local y su invalidez respecto de lo dispuesto por la constitución provincial, cuando, sin dar razones valederas, lo decidido prescinde de lo dispuesto expresamente por el texto legal que rige el caso y conduce a la frustración de un beneficio previsional al que se tiene derecho.
Hurto simple, hurto de energía, televisión por cable, estafa
Materia: PENAL
Carátula: GODOY, CARLOS s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

1) El sistema de servicio que presta la televisión por cable, consiste en un curso de corriente eléctrica transformada en puntos lumínicos combinados para que formen la imagen, con la particularidad de transportarse por cable y no por aire los aludidos impulsos y la respectiva onda portadora por cuyo medio se obtiene la recepción visual y auditiva, imagen y sonido en los televisores conectados a dicha red.

O sea que la que se denomina "señal" no es más que fluido eléctrico transportado por el cable, incluyéndose como señala Núñez a la electricidad como objeto material de hurto.

En consecuencia, la estafa no se configura con el apoderamiento clandestino e ilegítimo de la señal -electricidad en definitiva- cuando esa acción configura un delito de hurto.

2) El delito de hurto de cables y demás elementos utilizados en las instalaciones clandestinas en beneficio propio por ambos procesados, cuando esos materiales pertenecían a la empresa "Cablevisión" concurren materialmente en cada caso con el delito de hurto de energía eléctrica, configurado dos veces al disponer la instalación que produjo el apoderamiento del fluido transmitido por el cable convertido en la imagen que reflejará los televisores de dos personas.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castellanos, Juan Carlos c/ Municipalidad de Brandsen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

En principio, el acto que dispone una suspensión preventiva -así como otros propios de la iniciación y trámite del sumario- carece del carácter de decisión final o definitiva en el sentido de resolución acerca del fondo de la cuestión (arts. 1 y 28 C.P.C.A.) MINORIA U OPINION PERSONAL)
Vocación hereditaria, exclusión hereditaria, vocación hereditaria del cónyuge, separación de hecho, cónyuge separado
Materia: CIVIL
Carátula: C. S., C. H. y C. I. c/ Herederos de don L. R. C. s/ Exclusión de vocación hereditaria por separación de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-07

El cónyuge supérstite carece de vocación hereditaria en el proceso sucesorio del cónyuge fallecido, pues se ha acreditado que ambos se encontraban separados de hecho al momento del deceso y no se ha probado que el supérstite fuese inocente, que no hubiese dado causa a la separación, o que su cónyuge fuese el exclusivo responsable de la ruptura.
Régimen de consolidación de deudas, expropiación, honorarios del abogado
Materia: ECONOMIA
Carátula: M.C.B.A. c/ PROP. BESARES 1632 s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

La inaplicabilidad de la ley 23.982 al crédito derivado de la expropiación no se hace extensiva a los honorarios.
Asociaciones sindicales, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación  de  Trabajadores  del Estado c/ Entre Ríos, Provinciade s/ amparo sindical.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Para la aplicación del régimen de la ley 23.551, título XIII, que regula la querella por práctica desleal, tendiente a conjurar las conductas contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo, se requiere el examen de las actitudes impugnadas, máxime cuando se pretende atribuir tal carácter a un acto administrativo cuya legitimidad se presume.
Abuso sexual, homicidio calificado, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: C.C.J s/ HOMICIDIO - s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-27

Corresponde reducir a doce años la pena de prisión impuesta a un joven que siendo menor de edad abusó sexualmente a un niño de seis años y luego lo asesinó, pues debe adecuarse el reproche de culpabilidad, en base a la valoración armónica y conjunta de las modalidades del hecho, los antecedentes del imputado, su conducta posterior, la impresión directa que recogió el sentenciante, el resultado del tratamiento tutelar al que se sometió el acusado y la escala penal aplicable.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tau, Rubén M. y otro c/ García Azzarini, Luis D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Incurre en responsabilidad profesional el médico que yerra el diagnóstico, aunque el mismo pudiera ser dificultoso, si no le proporcionó al paciente los cuidados prudentes, diligentes e idóneos para el logro de su curación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nombre, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: P.A. Y OTRO s/ APELACION  RESOLUCION  REGISTRO ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS - NOMBRE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Procede admitir la inscripción de una menor con el nombre de "Luciana Siloé". El nombre "SILOE" no es extravagante, ridículo, contrario a nuestras costumbres, no expresa ni significa tendencia política o ideológica. Tampoco suscita equívocos sobre el sexo, menos aún si se lo pretende imponer como segundo nombre precedido del de "Luciana", ni -con prescindencia de su origen puede considerárselo extranjero si es bíblico y, como consecuencia de la universalidad que es dable reconocer a las Sagradas Escrituras, ningún interés nacional puede entenderse conculcado.
Sociedad de hecho, prueba, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SESSA, PAOLO AUGUSTO c/ ORGANIZACION TOTO INMOBILIARIA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

Aunque una sociedad de hecho pueda ser acreditada por todos los medios de prueba (ls 25) ello no implica que, en concreto, cualquier probanza sea idónea para dar por acreditada esa situación, ya que en cada caso se impone analizar los elementos aportados a fin de apreciar si de su conjunto surge un serio poder de convicción que autorice a admitir la existencia de la sociedad de hecho que se alega.
Reincidencia, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Aman, Jorge Horacio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Los artículos 14 y 50 del Código Penal no resultan inconstitucionales, pues la razonabilidad de dichas previsiones legales radica en que la mayor severidad de la ejecución de la pena, para quien comete un nuevo delito luego de haber cumplido pena privativa de la libertad, se sustenta en la conducta asumida por el condenado ante la pena ejecutada. En dichas circunstancias, la comisión del nuevo delito se presenta reveladora de una mayor falta de motivación por la norma penal y, correlativamente, merecedora de un mayor reproche.
Comodato, extinción del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marino, María Isaura c/ Quesada, Norma s/ Desalojo por vencimiento de comodato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Si la cosa se dio en comodato para paliar la necesidad mientras la situación patrimonial mejorara por otros medios distintos a ese uso, encontramos que el apremio económico no resulta elemento constitutivo del contrato sino mera motivación de la liberalidad.

Siendo así, tampoco funciona como condición porque no es a su superación que las partes subordinaron la adquisición o resolución de sus derechos (art. 528 Cód. Civ.).
Honorarios del abogado, prescripción, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valderrama, Ramón Rafael s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

La regulación de honorarios profesionales devengados en un juicio sucesorio requiere previa determinación del acervo trasmitido y sólo desde que éste requisito se ha cumplido corre el plazo de prescripción para el cobro de aquéllos.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, inhabilidad de título, procedencia del recurso, obligaciones recíprocas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gestión Laboral SA c/ Codac SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-04

Procede admitir la excepción deducida cuando, como en el caso, del instrumento base de la presente ejecución se desprende la inclusión de determinadas estipulaciones referidas a obligaciones recíprocas asignadas a los firmantes del título, cuya comprobación requiere la interpretación de la relación jurídica subyacente y, por ende, obstan a su habilidad ejecutiva. Y no es que se trate aquí, de superar ningún escollo dogmático; a punto tal que este Tribunal ha reconocido a las partes en una relación jurídica la facultad de acordar convencionalmente títulos ejecutivos al margen de los legalmente previstos (conf. "Chacras del Paraná Club de Campo SA c/ Hindaly John s/ ejecutivo" del 4/11/14). Antes bien, son las defecciones en la redacción del convenio y la estructura obligacional allí asumida, las que generan incertidumbre sobre el alcance ejecutivo del instrumento y perjudican la acción intentada (cfr. esta Sala, 26/5/11, "Geoallianz SRL c/ Bernabei Nicasio Humberto y otros s/ ejecutivo"; íd. 27/2/18, "Casares, Sebastián c/ Anso, Pablo Sebastián s/ ejecutivo", Expte COM N° 22888/201).
Juicio ejecutivo, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bernal de Forcada, Carmen Martina c/ Gaurie, Domingo s/ C. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

En lo que concierne a la pretensa falta de acreditación de la liquidez y exigibilidad de la deuda en el título, cabe señalar que no puede perderse de vista que en manera alguna el ejecutado ha cuestionado el conocimiento y la firmeza de la mentada regulación de honorarios y, por ende, no puede alegar desconocer, como ahora se pretende, tanto la fecha del auto que fijó los estipendios ni la fecha en que se practicó la notificación y, menos aún, que la prestación se encuentra impaga, pues, no se ha negado en forma expresa la deuda reclamada que, por lo demás, no estaba en condiciones de objetar válidamente frente a lo que resulta de las basales constancias del juicio principal.