Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-10-07


Salta, octubre 7 de 2005.

Considerando: 1) Que la intervención de esta Corte ha sido requerida para que, ejerciendo las atribuciones que le confieren los arts. 153 ap. II inc. b de la Constitución Provincial y 40 del CPP, dirima la contienda planteada entre los Juzgados Correccional y de Garantías de Quinta Nominación y de Instrucción Formal de Séptima Nominación.

A fs. 9, previo requerimiento del Fiscal Correccional, el Juzgado Correccional y de Garantías de Quinta Nominación sostuvo que en el caso concurre la excepción a la aplicación del procedimiento sumario prevista en el art. 353, inc. 2º del CPP, por haberse concluido la investigación policial en el marco de dicho procedimiento sin que se individualice al autor del hecho.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción Formal, a fs. 10/11, para rechazar la competencia que se le atribuye, sostiene que la indeterminación del imputado impide el requerimiento de juicio pero no la solicitud de archivo, por no poderse proceder, hasta tanto se tome razón de nuevos elementos de juicio, para cumplir con los recaudos que exigen los arts. 354 y concs. del CPP, habida cuenta que la declaración de archivo no causa estado ni genera los efectos de la cosa juzgada.

2) Que en su dictamen de fs. 15/16, el Sr. Procurador General de la Provincia sostiene que no puede compartirse el criterio expuesto por el Juzgado de Instrucción Formal, porque con él se pretende una incorrecta aplicación de la cláusula de "no poderse proceder" que sustenta el auto de archivo y que nuestra ley formal reglamenta para supuestos de carácter procesal; entre estas menciona los supuestos de inviabilidad de persecución penal por falta de titularidad para el ejercicio de la acción, por quebrantamiento del principio del juez natural, presupuestos procesales o garantía de formalidad. Agrega que la individualización del autor, autores, partícipes o encubridores es una tarea que se ha asignado en exclusividad al Juez de Instrucción por el art. 189 del CPP, por lo que la imposibilidad de determinar quién es el causante resulta incompatible con el procedimiento sumario. Pone énfasis en que ese procedimiento consiste en una investigación preparatoria que debe dar lugar a una solicitud de apertura de juicio o en su caso, a un mérito negativo, fundado en razones sustantivas. Finaliza señalando que cuando, como en este caso, la actividad de la preventora en el marco del procedimiento sumario finaliza sin resultado positivo en orden a la individualización del causante, debe intervenir el Juzgado de Instrucción Formal.

3) Que en el nuevo régimen procesal penal de Salta, el procedimiento sumario previsto para los casos indicados en el art. 352 del CPP, resulta inaplicable cuando concurren los supuestos de excepción establecidos en su art. 353. El inc. 2º de la disposición últimamente citada se refiere a los casos en que la complejidad de las pruebas o duración de las diligencias que deban practicarse resulten incompatibles con el procedimiento sumario.

4) Que en estos autos la investigación policial cumplida bajo la dirección del Fiscal Correccional se ha agotado, con la consiguiente elevación del acta única, en el tiempo demandado por la ley, siendo evidente, a las resultas de esa actividad, la necesidad de dar continuidad a las diligencias de averiguación para establecer la identidad del causante. No cabe entonces, sino concluir que la profundización de la pesquisa necesaria en estas actuaciones es inconciliable con el procedimiento sumario.

5) Que la complejidad y duración de la prueba emerge como un supuesto de excepción en los términos del art. 353, inc. 2º del CPP, siempre que habiendo precluido la etapa de investigación policial, en el exiguo plazo que se establece para ella, los elementos indicados en el acta única no permitan cerrar la causa por sobreseimiento o formular requerimiento de juicio, situación que siempre se verificará en las actuaciones en que, llegado aquel momento, no se ha determinado la identidad del imputado.

6) Que la incompatibilidad y duración a las que se refiere dicha norma debe establecerse respecto de la extensión temporal del procedimiento sumario en la etapa de investigación dirigida por el Fiscal Correccional, que resulta claramente indicada en el art. 182 del CPP, donde se manda a la policía a girar el acta única al órgano requirente, en el término de tres días a contar desde el inicio de las actuaciones.

7) Que la posibilidad de disponer el archivo de las actuaciones en el marco del procedimiento sumario no puede considerarse vinculada a las razones expuestas en el art. 191 del CPP, porque la imposibilidad de proceder no se vincula a supuestos relacionados a la insuficiencia probatoria, sino a circunstancias como los obstáculos fundados en privilegios de orden constitucional que resultan incompatibles con dicho procedimiento; además, en los casos en que sea manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal, procedería el dictado de sobreseimiento, conforme a lo indicado en los arts. 326, inc. 3º y 357 in fine.

8) Que en rigor, la imposibilidad de disponer el archivo en función del citado art. 191 deriva más precisamente del art. 357, que establece una razón específica consistente en la falta de mérito frente a los elementos de convicción, hipótesis que debe considerarse inconciliable con el supuesto de excepción indicado en el art. 353, inc. 2º. En ese contexto, no cabe sino interpretar que la posibilidad de archivo por insuficiencia de datos sobre el hecho resulta inviable y corresponde entender que toda vez que concurra esta circunstancia ha de profundizarse la investigación en el ámbito de la instrucción formal.

En razón de lo expuesto, corresponde disponer la intervención del Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación.

Por ello, la Corte de Justicia, resuelve: I. Declarar la competencia del Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación para intervenir en la presente causa. II. Mandar se registre y notifique. - María C. Garros Martínez. - Guillermo A. Posadas. - Edgardo Vicente. - Antonio O. Silisque. - María R. I. Ayala.