marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, Poder Ejecutivo, Direcciones, empleados públicos, traslado, servicio penitenciario, Administración Pública, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viñuelas, Sergio René y Agusti, Hector Raúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 469 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05

Es procedente el recurso contencioso administrativo, reafirmando las conclusiones a que arribó provisionalmente esta Corte, al disponer la suspensión cautelar del traslado impugnado desde que el examen de las actuaciones revela que no pueden juzgarse configuradas las "necesidades de servicio" invocadas para fundar el traslado de quienes habían sido designados nada menos que como Director y Subdirector de Aeronáutica Provincial, al Museo y Biblioteca Penitenciaria, disponiéndose que su titular "previa evaluación, determinaría las funciones a cumplir". Ello por cuanto no se advierte que a la época en que se dispuso el traslado ahora impugnado hayan concurrido necesidades públicas que tornaran imprescindible contar con los servicios de los recurrentes en el área del Ministerio de Gobierno; ni produce la accionada prueba alguna en relación a la postulada necesidad de "atención de áreas específicas de la Administración Pública con personal adecuado y eficiente las cuales por insuficiencia o carencia de empleados se verían afectadas en el cumplimiento de sus fines". Por el contrario, se decidió el traslado de los actores, para luego tratar de encontrarles ubicación en el ámbito del Ministerio de Gobierno.
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: SANDOVAL, Gabriela Alicia c/ INC S.A. y otro s/ Accidente -Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-03

Ante el caso de la trabajadora que prestaba servicios como cajera en el establecimiento de la demandada, y padeció un proceso de tendinitis en la mano y muñeca derecha, originada en las tareas realizadas, surge la responsabilidad de la empleadora y de la A.R.T.. Esta última, por no haber cumplido con la obligación de prevención de accidentes capacitando al personal en ese sentido y por omitir el deber de seguridad impuesto legalmente. La omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos expressi verbis por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio. La ART deberá reparar de manera integral y con ajuste al derecho común los daños que tienen relación causal adecuada con la antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea imputable al menos a título de culpa (arts. 512, 902, 1109 y 1074 del Cód. Civil, fallos CSJN "Galván" y "Torrillo"). En contraposición, su responsabilidad patrimonial se ceñirá a las prestaciones tarifadas por la ley 24.557 si no se configuran los presupuestos básicos de la responsabilidad civil (no se incurrió en ilicitud, o bien, el daño no tiene relación causal con la omisión culposa).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, valuación del inmueble, perito tasador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., V.A. c/ D.L., J.C. s/ DIVORCIO ART. 214 INC. 2º DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

El art. 23 de la ley 21.839 persigue como objetivo procurar que en toda regulación de honorarios se consideren valores reales y actuales, y a tal fin prevé un mecanismo particular para el cumplimiento de su finalidad. De ahí que, ante la divergencia de valores respecto de un inmueble, no corresponde integrar la base regulatoria con la valuación fiscal, sino designar un perito tasador conforme lo establece la norma citada.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, daños y perjuicios, indemnización, servidumbre de electroducto
Materia: PROCESAL
Carátula: Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo José y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que condena a indemnizar por la constitución de una servidumbre de electroducto, sin expresar ninguna consideración que lo justifique.
Torturas, coautoría, dominio del hecho, personal penitenciario, régimen penitenciario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Osvaldo Jorge Fano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-07-04

El director de la unidad carcelaria y el jefe de turno son coautores del delito de tormentos agravados por ser parte del agravamiento del régimen penitenciario desencadenado a partir de marzo de 1976, donde participaron en los hechos criminales constitutivos de torturas con división de tareas, adhiriendo y ejerciendo un rol determinado en los actos de la organización y los castigos físicos y psicológicos concebidos para la destrucción de quienes estaban allí alojados, estando determinada su coautoría por el dominio funcional del hecho que tuvieron con los demás ejecutores y puesto que sus aportes conjuntos al todo de los sucesos fueron indispensables sin los cuales los eventos en infracción a la ley penal no se habrían verificado.
Competencia de la Corte Suprema, medidas cautelares, Estado Provincial, emergencia sanitaria, coronavirus, familiar enfermo, libertad de circulación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ibarrola, Romina Natalia c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Aun cuando la Corte no se ha pronunciado acerca de su competencia para conocer en la causa por vía de su instancia originaria, las excepcionalísimas circunstancias que rodean al presente caso habilitan que se examine la medida cautelar solicitada - ordenar a la provincia demandada que se abstenga de ejecutar actos que impidan el libre tránsito de la actora en el territorio provincial para visitar a su madre que se encuentra en grave estado de salud -, de acuerdo a lo previsto en los artículos 196 y 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Procedimiento aduanero, debido proceso, Tribunal Fiscal de la Nación, impulso de oficio, crédito fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Klas Electonic S.R.L. c/ A.N.A. s/ Rec. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

El ordenamiento legal vigente autoriza al Tribunal Fiscal a impulsar de oficio el procedimiento y le concede amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, con las excepciones respecto del desistimiento y el allanamiento que contempla el art.

1143 del C.A., potestades que, entre otros motivos se fundamentan en la indisponibilidad del crédito fiscal y que deben ser debidamente conciliadas con el derecho de defensa en juicio y con el principio de la buena fe. Al respecto ha sostenido la C.S.J.N. que "Reconoce base constitucional la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir, por lo tanto, su ocultamiento formal, como exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la C.N.", en virtud de lo cual declaró nulo un proceso en el que "...no se ha hecho uso de facultades que sólo hasta cierto punto pueden considerarse como discrecionales,..." teniendo en cuenta que, como en autos, se encontraban acentuados "...los deberes de instrucción oficiosa frente al principio de libre disposición de las partes, para dar satisfacción al interés general que exige la realización de todo aquello que sea menester -aún lo no propuesto por los litigantes- para la recta y justa decisión de la causa" (Fallos:

290:293).
Recurso extraordinario federal, cuestiones de competencia, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, privación de justicia, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pcia. del Chaco c/ Parra de Bosco, Ana M. y otros s/ expropiación expte. 6214/99 s/inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

A los fines del art. 14 de la ley 48, no son sentencias definitivas las que deciden sobre cuestiones de competencia, salvo que medie denegación del fuero federal.
Adopción, familia de origen, padres biológicos
Materia: CIVIL
Carátula: P. J.; O. M.; O. M. y O. Y. c/  s/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE ABANDONO Y GUARDA PARA FUTURA ADOPCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-07

En razón de la situación de una de las niñas, dada la fragilidad y emotividad negativa que mostró por saber que carece de vínculo biológico con el recurrente, generando resistencia actual a la figura de aquél en su rol paterno, como así también, que la madre biológica tampoco implica una opción válida, y su idealización de contar con una familia adoptiva que remedie las falencias que hasta ahora sufrió, en el caso en efecto se agotaron las posibilidades de que sea reintegrada a su núcleo de origen, lo cual resultaría contrario al principio del interés superior del niño en concreto, y como ya hemos dicho en esta Sala, una solución que alongara la revinculación con la familia biológica controvertiría la intervención oportuna del Estado y la toma de decisiones en un plazo razonable, cuando se sabe que el paso del tiempo tiene particular importancia para la infancia estando pendiente el derecho de crecer en el seno de la familia, en un ambiente de amor y comprensión. Además, en resguardo de ese interés superior y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquélla meta.
Amenazas, extorsión, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Miguel, Mara c/  s/ Extorsión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

Resulta correcto concluir que la expresión comunicativa ejecutada por los intervinientes en los hechos debe calificarse como idónea para configurar el requisito de intimidación exigido por la figura el art. 168 CP, pues no puede dejar de considerarse que las frases amenazantes fueron proferidas en el contexto de sendos llamados telefónicos en los cuales se hacía creer a las víctimas que la llamada estaba vinculada con un familiar -concretamente, sus hijos- y, luego, se reclamaba una suma de dinero a cambio de no lesionar la integridad física de los supuestos damnificados. Por esa razón, la argumentación de la defensa tendiente a desvirtuar la idoneidad de la intimidación en función de la imposibilidad de cumplimiento efectivo de la amenaza proferida, no puede ser atendida, toda vez que no se advierte por qué supondría una errónea interpretación y aplicación de la norma aquella que no toma en cuenta una circunstancia que la propia ley, de modo evidente, no contempla en su texto, en tanto el art. 168 CP. No exige que se trate de un anuncio intimidante vinculado a un mal de cumplimiento efectivo (voto del juez Huarte Petite al que adhirieron los jueces Magariños y Jantus)"
Empleo público, Municipalidad, personal municipal, indemnización, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcón, Eduardo Daniel c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 552-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

La naturaleza previsional del objeto reclamado - indemnización- torna aplicar un criterio distinto al de "Tolosa, Rubén A. contra Municipalidad de Rosario sobre Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción" (Expte CSJ Nº 11 Año 1988) y sus acumulados (AyS T 96 p 389), en los que se estimó que no había razones para apartarse del ordenamiento laboral a fin de establecer el plazo de prescripción, en consideración a que en los autos mencionados, no se limitó la fundamentación al examen de una o varias normas, sino que se optó por un criterio interpretativo, muy similar al llamado argumento del juego limpio que, en definitiva, postula que si una persona ha recibido beneficios bajo una organización política establecida (es este caso, bajo un sistema jurídico determinado), tiene entonces que soportar las cargas de dicha organización (o sistema). El caso presente, se rige por normas sustanciales no pertenecientes al sistema de derecho laboral, y no existiendo norma administrativa que refiera a la prescripción cobra vigencia al respecto lo establecido por el Código Civil: siendo el precepto aplicable el artículo 4023 primer párrafo que dispone "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial". (Del Voto del Dr. Barraguirre).
Registros laborales, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Walter Daniel c/ Rivera, Luis y-o quien resulte propietario o responsable del"Taller Luisito" s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

Al exigir el artículo 52 L.C.T. el libro especial no prevé excepción que haga referencia a la magnitud de las operaciones ni al tamaño del establecimiento, pero parece a todas luces excesivo pretender que una modestísima empresa unipersonal cumpla rígidamente con todas las prescripciones sancionadas por el legislador con la mira puesta en entes de mayor desarrollo, que cuentan con una organización administrativa; razones de justicia y equidad, que han de conciliarse con las exigencias legales, aconsejan evitar que la inobservancia de algunas de estas prescripciones se transforme en plataforma sustentadora del abuso de quien eventualmente prestó algún servicio para la miniempresa, al que, sabedor de la inexistencia de libros derivada de la magra estructura empresarial, le bastaría con practicar una intimación de exhibición de imposible cumplimiento para obtener, presunciones mediante, el espaldarazo probatorio que apoyara cualquier pretensión, por descabellada que fuere.
Recurso extraordinario federal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS TABOADA, LUCIANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (QUEJA) - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-21

La facultad soberana que el Máximo Tribunal provincial tiene para calificar la definitividad de una sentencia, sólo podría ser revisada por la Corte federal, puesto que, "...queda en sus manos la decisión última en esta clase de cuestiones". No lo es menos que el análisis que realiza el Supremo Tribunal a esos fines, es todavía más riguroso que el de la instancia local y que el absurdo o la arbitrariedad que permitiría equiparar esta clase de fallos a aquéllos que revisten carácter de definitivos debe vincularse necesariamente con la vigencia efectiva de gravedad institucional en el tema en análisis.
Jornada de trabajo, trabajo en días feriados, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA, ANGEL ARTURO c/ GESTOSO, ROBERTO SILVERIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-05

El artículo 201 de la LCT. (To.) Solo establece recargos por el trabajo en sábados y domingos cuando dicho trabajo se cumple en horas suplementarias (conforme sala 3, sentencia 43582, 30 de julio de 1982, 'bello c/ secretaria de comunicaciones').
Defensa del consumidor, multa, servicio telefónico
Materia: CIVIL
Carátula: Defensa del Consumidor c/ Telefónica de Argentina (atención personalizada) s/ actuación de oficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-04

Corresponde aplicar una multa a la empresa de telefonía imputada por incumplir con el trato digno que debe brindar a sus clientes según lo dispuesto en el art. 8 bis de la ley 24.240, pues el simple hecho de que se arrogue la potestad de disponer del tiempo de sus clientes, ya sea haciéndolos concurrir a sus oficinas para luego negarles o escatimarles la atención personal, u obligarlos a "telegestionar" reclamos y pedidos mediante aparatos telefónicos pese a que se han molestado en concurrir personalmente al lugar donde se encuentran las oficinas comerciales de la empresa, entre muchas posibilidades, son prácticas comerciales prohibidas por las normas de protección contenidas tanto en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (art. 8 bis; 27), como en el propio artículo 42 de la Constitución Nación
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ANA MARIA BIÑASCA c/ PONIEMAN HERMANOS S.A.I.C. Y A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO INDIRECTO.    IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Resultan tardíos los agravios del apelante para habilitar la instancia extraordinaria si al contestar los agravios de su contraria, no introdujo la cuestión federal, pues el progreso de las defensas de los litigantes constituye una circunstancia previsible que exige observar tal requisito en la primera ocasión que brinde el proceso.
Empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DACUNDA YOLANDA ROSA c/ ESTADO PROVINCIAL Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-01

Aún asumiendo prima facie que al momento de la toma de posesión del cargo y en orden a lo dispuesto en el Decreto 3667/95 y Resolución 3926/99, de acuerdo a lo previsto en la ley 7579, la administración se encontraría habilitada a exigir la matriculación provincial como asistente social para el desempeño de esa actividad, tal potestad solo podría ejercerla a partir de los concursos a convocar desde el dictado y vigencia de dicha normativa y entonces solo podrían inscribirse a partir de ese momento aspirantes que reúnan tal condición, pero no retrotraer los efectos de las disposiciones citadas, a la situación consolidada, de la actora quien con anterioridad a la normativa invocada por el Estado, concursó el cargo.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brola, Sergio L. s/ Inconstitucionalidad leyes 6716 y 10268 Berciotti, Nora Alicia s/ Demanda de inconstitucionalidad Procuración General de la Suprema Corte de Justicia s/ Inconstitucionalidad de los arts. 13 y 44 de la ley 11.148 y de las  leyes 11.195,11.196 y 11.197.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07|1988-05-31|1992-02-11

Mediante la acción de inconstitucionalidad no se ejerce un control político con función de veto, sino una función jurídica a cumplimentar como una garantía de los derechos individuales o de orden constitucional, por lo que la cuestión o caso sólo puede ser planteado en interés del particular directo.
Contratos administrativos, contrato de obra pública, fórmulas contractuales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Satecna c/ Estado  Nacional  (Min.  de  Obras  y  Ser. Públicos - Sec. de Marina Mercante  D.N.C.P. y V.N. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

El contrato administrativo de obra pública es de naturaleza formal, y no queda perfeccionado por el mero consentimiento de las partes, sino que es preciso que éstas suscriban el respectivo instrumento.
Empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Juvenal c/ Del Saz, Héctor Daniel s/ Indemnización por daños y perjuicios Espíndola, María Cristina c/ Pirelli Neumáticos S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Aquino, Marcos c/ Cattorini Hnos. S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-11-24|2000-08-30

El principal no puede ni debe delegar el deber de seguridad que le incumbe en su trabajador dependiente y es a aquél a quien le corresponde adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de sus trabajadores, no pudiendo hacer recaer sobre el empleado las consecuencias desfavorables de su propio comportamiento.
Cesión del establecimiento, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: FORNIZ, MARIA ALEJANDRA c/ BCA BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Debe considerarse que se encontraba en todo su derecho a darse por despedida la trabajadora que, al momento de efectuarse el traspaso de establecimiento pudo notar un perjuicio en la decisión unilateral de los empleadores, la que llevaría las condiciones pactadas claramente a la baja, lo que veda el art. 12 L.C.T. y el esquema general de irrenunciabilidad de dicha ley. En el caso, la transferencia por parte de la empresa Bebidas de Calidad de la Argentina S.A. a Casa Isenbeck le ocasionaba numerosos perjuicios patrimoniales: privación de beneficios que concedería el C.C.T. 85/89 del gremio vitivinícola (pasaría al de cerveceros), pérdida de la condición de viajante, y falta de pago de las comisiones generadas por tal carácter, desconocimiento de las tareas de gestora comercial, y por último un nuevo esquema salarial, basado en incentivos en lugar de comisiones.
Jurisdicción y competencia, recurso extraordinario, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, privación de justicia, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Fernando Marcos c/ Transportes Metropolitanos GeneralRoca S.A. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si se hizo lugar al recurso extraordinario -por mediar denegatoria del fuero federal- y no corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema, ésta debe determinar qué juez debe intervenir en las actuaciones a fin de evitar la profusión de trámites, situación que va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, y de impedir la perduración de situaciones que -de mantenerse en el tiempo podrían llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional para las partes.
Cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PILARES DE LA CRUZ SA LE PIDE LA QUIEBRA JARA FEDERICO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

El art. 191, in fine, del ordenamiento ritual establece que la decisión que hace lugar al pedido de acumulación de procesos es inapelable, pudiendo recurrirse la que la rechaza. Y, en el caso, fue apelada la resolución que admitió el pedido de acumulación solicitado por la parte demandada. En ese marco, si bien no se desatiende la regla consagrada por la norma ritual citada, lo cierto es que dicha norma supone una decisión adoptada respecto de procesos susceptibles de ser acumulados, mientras que este caso, nos encontramos frente a dos acciones de diversa naturaleza -un proceso ordinario y otro ejecutivo-, uno de los cuales es susceptible de provocar cosa juzgada material y el otro, formal. Así, se estima que la resolución apelada importa una decisión susceptible de irrogar a la apelante un gravamen irreparable involucrando, eventualmente, las garantías constitucionales de propiedad y de defensa en juicio que no admiten el límite establecido por la norma ritual citada.