Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "ASESOR CIVIL de FAMILIA e INCAP. c/ P., S. s/ JUICIO ORDINARIO", Expte. No. 15.939/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la localidad de Sarmiento (Expte. No. 98/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 219), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 191/198? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 191/198, declaró que el Sr. J. E. C. no es el padre del menor A. S. C. aun cuando subsiste el vínculo matrimonial con la señora C. C.; hizo lugar a la acción de reclamación de filiación extramatrimonial interpuesta por el Sr. Asesor Civil de Familia e Incapaces en representación promiscua del niño A. S. C., declaró que éste tiene por padre al señor S. P., ordenó las medidas de inscripción pertinentes, impuso las costas al demandado vencido y reguló los honorarios profesionales.

La demandada interpuso contra esta decisión recurso de apelación, a fs. 200; el mismo fue concedido a fs. 201, los agravios expresados a fs. 208/211.

Sostiene el recurrente como agravios la incorrecta valoración de la prueba y del derecho aplicable; continuando el desarrollo de tal línea argumental sostiene que ha existido una incorrecta y forzada interpretación de la oposición a la prueba biológica efectuada por el juez de grado. Cita jerarquizada doctrina conforme a la cual no cabe ejercer compulsión física sobre la parte que no se somete voluntariamente a las pericias biológicas por respeto al principio de la libertad individual. Luego, invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo Español que autorizaría la negativa al sometimiento a tales pericias en los supuestos en que no existieren indicios serios de la conducta que se le atribuye.

Invoca, finalmente, la falta de valoración de la conducta procesal de las partes. 2. Los antecedentes relevantes de la causa.

El Asesor Civil de Familia, invocando la representación promiscua del niño A. S. C. promovió acción de reclamación de estado (filiación paterna) contra S. P.. El demandado al contestar la acción, negó los hechos, invocó la presunción de paternidad prevista por el artículo 243 en base al estado civil de la Sra. C. C., remarcó la irregularidad de la inscripción de nacimiento del niño e hizo reserva del caso federal. A fs. 76/86 vta. el juez de grado previo declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 24 ordenó la integración de la litis en los términos del artículo 89 del CPCCCh con el Sr. E. C. -esposo de la actora.

A fs. 94/95 comparece el nombrado y manifiesta que contrajo matrimonio con la actora en el año 1990 y que a mediados del año 2000 se separaron de hecho y de común acuerdo sin promover -por razones económicas el trámite de divorcio. Niega ser el padre del niño A. S. C. y adelanta que se someterá a las pruebas biológicas pertinentes para acreditar tal aserto.

En la etapa probatoria, es dable destacar la oposición del demandado S. P. a la producción de la prueba hematológica ofrecida por la parte actora -fs. 111 resuelta a fs. 117. En cuanto a las pruebas producidas es relevante el peritaje obrante a fs. 161/166 que establece que el Sr. J. E. C. es excluido de su paternidad biológica en la persona de A. S. C.. En base a estos extremos primordiales, con sólidos argumento dicta la sentencia el juez de grado.

3. Tratamiento de los agravios.

Ninguno de los tres agravios del demandado, los dos primeros vinculados a la equívoca valoración negativa de éste a someterse a la prueba pericial biológica que en rigor constituyen uno sólo y el tercero a la conducta desplegada en el proceso por la parte actora, alcanzan a conmover la solución que la juez de grado ha dado a la cuestión sometida a debate. Ello así dado que los mismos evidencian una mera discrepancia con lo resuelto, carente de entidad para fundar una decisión distinta a la consagrada.

Como se desprende de la sentencia apelada el sometimiento y la colaboración para la realización de las pruebas biológicas constituye un imperativo ético y legal tanto respecto a la determinación como a la exclusión de la paternidad. Tal conclusión se asienta, como lo ha precisado el magistrado de la anterior instancia, sobre un derecho humano básico como el de la identidad personal, en cuyo mérito toda persona es titular del derecho a investigar de la manera que legalmente corresponda y en forma amplia quienes son o han sido sus padres biológicos. Al derecho del renuente corresponde oponer este derecho consagrado por normas preeminentes de nuestro ordenamiento -art. 8 de la Convención de los Derechos del Niño, art. 18 inc. 1 de la Constitución de nuestra provincia.

En tal marco debe ser insertada la previsión del artículo 253 del Código Civil que establece una regla general aplicable a la filiación matrimonial y extramatrimonial consagratoria de la amplitud probatoria y de la trascendencia de las pruebas biológicas. Dicha trascendencia descansa en dos motivos básicos aplicables a todas las acciones de filiación. Primero, el fundamento del vínculo filial es el nexo biológico. Segundo, la determinación de la filiación alcanza prácticamente a la certeza (pruebas de compatibilidad inmunogenéticas, tales como investigación de los sistemas sanguíneos erotricitarios, del sistema de histocompatibilidad H.L.A., investigación de proteínas plasmáticas, investigación de isoenzimas eritrocitarias; ácido desoxirribonucleico conocido como ADN, etc).

El avance científico producido, ensamblado con la jerarquía del derecho a tutelar, tiene directa incidencia en la valoración de la negativa a someterse a las pruebas genéticas. Ahora, la contundente definición que otorgan las pruebas hematológicas en cuanto a la existencia o ausencia del nexo biológico "obliga a una enérgica valoración de la negativa de una de las partes a someterse a tales exámenes que debe resolverse en una presunción absoluta en contra de quien se resiste a su producción. Trabar una comprobación que ofrece tan elocuente seguridad para establecer la verdad biológica, debe ser juzgada en forma severa, pues por esta vía se fuerza al juez a resolver el litigio en base a elementos más inciertos o de difícil acreditación" (G., C. y M. A., I. "La filiación matrimonial. Su reforma según la ley 23.264", LL 1986 -D935).

Los efectos de esta comprobada falta de colaboración han sido ponderados por el juez de grado en el marco de la solución prevista por el artículo 4º de la ley 23.511 por tratarse de una grave presunción con considerable peso específico por sí sola. Ello así desde que la misma descansa sobre un estándar de conocimiento científico que no es susceptible de cuestionamiento dado el alto grado de certeza -al que ya me he referido, y la índole de los análisis que se requieren; también porque es inaceptable dejar librado al litigante contumaz la posibilidad de conocer la identidad de un niño.

Este contexto, excluye absolutamente, la pretensión revisora que se intenta.Además, debe señalarse que, en el caso particular, la presunción extraída de la resistencia a la extracción sanguínea se encuentra robustecida por la existencia de las otras pruebas a la que el juez de grado ha hecho referencia y respecto de las cuales ha guardado silencio el recurrente. Concretamente la testimonial de fs. 147/148 y, sobre todo, la prueba pericial biológica obrante a fs. 161/166 porque sus conclusiones excluyen al esposo de la madre -quien se encontraba separada de hecho como padre del niño. Es decir, la realidad biológica demostrada impide la aplicación de la presunción de paternidad derivada del matrimonio vigente legalmente por falta de disolución legal del mismo.

Estas actuaciones de la causa le quitan toda entidad al último agravio referido a la conducta procesal de la madre del niño y a la anotación del niño por ella sola sin referencia a su estado civil.

A todo ello corresponde agregar la inexistencia de elementos probatorios que desvirtúen la presunción que surge de la negativa.

Por todo lo expuesto, concluyo que corresponde rechazar los agravios y confirmar el fallo de grado. 4. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota -art. 68 del CPCCCh.

Los honorarios de segunda instancia se regularán de conformidad con las previsiones generales contenidas en el artículo 6 de la ley arancelaria 4335 y las escalas específicas previstas para la actuación en segunda instancia (arts. 14) del citado ordenamiento. En función de lo expuesto propongo su cuantificación a favor del Dr. L. R. en la suma de pesos quinientos cuarenta ($540).

A la segunda cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

Por todo lo expuesto propongo la siguiente fórmula decisoria:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 191/198, que se confirma en todas sus partes. 2º) Costas de esta instancia al demandado vencido. Los honorarios de la segunda instancia se fijan a favor del Dr. L. R. en la suma de pesos quinientos cuarenta ($540).

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Previo al acogimiento de la filiación extramatrimonial interpuesta contra el demandado, el a quo resolvió a fs. 191/198, favorablemente, la impugnación de paternidad que pesaba por presunción legal de J. E. C. en razón del vínculo matrimonial -que aún subiste con la madre del menor A. S. C., Sra. C. C..

Así, de conformidad al trámite formalmente inobjetable (ver decisorio de fs. 76/86), se establece la paternidad de quien resiste tal declaración a tenor del informe de fs. 208/211.

Mi colega preopinante, tras verificar el cumplimiento de recaudas procesales de esta etapa del proceso, analiza brevemente el contenido de la queja lo que evita su mera reiteración, sin mengua de la manda constitucional y ley reglamentaria que la rige.

Un detenido análisis y confrontación de los agravios con lo decidido y a la luz de la prueba adquirida dentro del marco jurisdiccional que autoriza el apelante, observo que más que crítica obra disconformidad con lo resuelto, no obstante, esta sala ha preferido ante toda duda respecto del cumplimiento de los recaudos del art. 265, mantener abierta la instancia (ver v.gr. LL Litoral, 1997327, con nota de Roberto A. Vázquez Ferreyra), máxime en atención a la naturaleza de la litis.

Se cuestiona principalmente la presunción legal que genera la negativa a la realización de la prueba biológica invirtiendo la importancia de los valores en pugna, olvidando la opinión francamente dominante de doctrina y jurisprudencia y que he tenido la oportunidad de exponer v.gr. causa "M., E. M. c. I., D." (causa nº 14.986/05) RSD Nº 48/05 y "N., H. D. c. N., D. N. y otros" (causa nº 15.619/06) RSD Nº 36/06, entre otras.

Allí se podrá leer mi adhesión fundada a la postura propiciada por Luis Mauricio Mizrahi formulada en su trabajo "Prueba biológica y filiación" publicada en Rev. La ley de 2005/08/22, pág. 5 LA LEY 2005D, 921, comentado el fallo de la CNCiv., Sala B, 2005/02/04 -"D. M., A. c. M., F.".

Enriqueciendo tal postura interpretativa el ST Cba. ha resuelto que en el plexo normativo actual, y conforme los adelantos científicos producidos en materia de investigación genética, se estima que la conducta obstruccionista del demandado en juicio de reclamación de la paternidad extramatrimonial constituye por sí mismo fundamento de suficiente peso para tener por "verosímil" la pretensión de la accionante, ya que resulta razonable concluir que la negativa tiende a evitar que se produzca la prueba que lo señalará como padre. Tal lo acontecido en autos.

Además, que: "Si el juez debe formar su juicio "de conformidad con las reglas de la sana crítica" (art. 327 C.P.C.) entre las cuales se encuentran "las máximas de experiencia, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano" (...) va de suyo que no puede apartarse de una realidad incontestable: sólo el afán de frustrar la prueba de su paternidad, puede suponer inducir al demandado a negarse a la prueba biológica. No sería "razonable" suponer que quien de buena fe entiende no ser el padre del hijo que se le atribuye, se niegue a la demostración fehaciente de ese extremo. La "verosimilitud de la pretensión" no puede ya significar la necesidad de aportar la prueba complementaria de las relaciones sexuales del presunto padre con la madre al tiempo legal de la concepción, sino que es suficiente la ausencia de prueba directa que excluya la posibilidad de tal relación íntima (enfermedad, impotencia sexual, viaje al exterior, privación de la libertad, etc.) pues entonces ya la pretensión no sería verosímil, como tampoco lo sería si se aportaran datos certeros que impidieran tener por establecida la filiación por la simple negativa del accionado (esterilidad, por ejemplo). Se trata en definitiva de invertir los términos en que se postula la regla sobre "verosimilitud" de la filiación invocada. No ya requerir al accionante que demuestre que la filiación invocada es "verosímil", mediante la demostración de extremos que tornen probable la existencia de relaciones sexuales al tiempo de la concepción, sino asumir, como regla de experiencia, que la negativa a la prueba biológica gesta esa verosimilitud, al menos mientras las circunstancias de hecho no tornen irrazonable la filiación pretendida".

Y concluye, en lo que interesa, recordando que: "En todo juicio de filiación está comprometido no sólo el interés privado, sino también el público, en la medida que se discute el estado de familia de una persona. Siendo así no pueden ampararse desde la Justicia (...) conductas procesales que fundadas en razones de presunto conocimiento científico, impiden la concreción de derechos fundamentales de la persona, como lo es el derecho a conocer su origen biológico" (ver TSJ Cba., Sala Civil, 19/04/2006, elDial.com).

En igual sentido fallos recientemente publicados concuerdan en que debe confirmarse la sentencia que emplazó al demandado como padre biológico de la menor de edad reclamante, sustentada en la negativa de aquél a someterse a las pruebas biológicas para determinar la paternidad aludida, pues si bien tal negativa no resulta un elemento que por sí solo viabilice la demanda, su valoración junto con las declaraciones testimoniales que sindican al requerido como padre, son dirimentes a los efectos pretendidos (ver CCiv. y Com. Azul, Sala II, 04/05/2006 - "R., M. del C. c. E., I." LLBA 2006 (setiembre), 1054).

Queda claro que el a quo adquiere certeza a través de prueba inimpugnada oportunamente y establece las circunstancias de tiempo, lugar que permitieron a la pareja tener relaciones al margen de la relación matrimonial que comprometía a la madre del menor habido de ambos. Si sumamos a lo dicho la exclusión biológica que emerge de la experticia de fs. 161/166, y que las pruebas testimoniales a que hace alusión la recurrente carecen de sustancia, por desconocimiento de lo que se les preguntaba, por lo que resultan absolutamente intrascendentes y en consecuencia inoponibles a la adquirida, no cabe más que desestimar la apelación articulada por la recurrente, imponerle las costas de la alzada y mantener firme el fallo impugnado en todo cuanto fue materia de agravios.

Los honorarios se fijarán al momento del acuerdo de conformidad con las pautas establecidas por la ley de aranceles 2200 y su reforma por ley 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo, Al haber concordado con la opinión de la Dra. Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 191/198, que se confirma en todas sus partes. 2º) Costas de esta instancia al demandado vencido. Los honorarios de la segunda instancia se fijan a favor del Dr. L. R. en la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA ($540).

3º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE Juez de Cámara SILVIA N. ALONSO de ARIET Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 83 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS