marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones recurribles, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUÑOZ, ELECTRA JOSEFA SALVADOR DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO DE  REVOCATORIA CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 0004-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-21

La lectura e interpretación congruente de los artículos 4 y 10 de la ley 4106 exige, como condición ineludible, para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, que se agote la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo, y que la resolución impugnada sea definitiva y cause estado; esto es, decida sobre el fondo del asunto y sea dictada por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento. DE LA DISIDENCIA DE LOS DRES BARRAGUIRRE Y ULLA.
Violencia de género, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., H. s/ Amenazas (ex Juzg.Inst. Nº 6 S 12-09-0288) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-09-18

En tal contexto, la Convención [de Belen o Belem do Para] establece deberes concretos que deben ser cumplidos por los estados que la han firmado, entre los que se destacan la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7, apartados b, d y f).
Prisión preventiva, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Nieva, Miguel Eduardo s/ Pedido de cese de prisión preventiva formulado por el Dr. Víctor García a favor del imputado Miguel Eduardo Nieva
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-04

El Código Procesal Penal determina que corresponde el cese de la prisión preventiva en el caso de que su duración excediera de dos años sin que haya comenzado el debate para dictar sentencia y no se hubiera dispuesto la prórroga por las causales taxativas previstas, de conformidad al procedimiento establecido en la propia norma del inc. 4 del art. 295.

A través de dicha fórmula, la ley ritual toma razón de la garantía de la duración razonable de la prisión preventiva, incorporada a nuestra Carta Magna a través de los diversos pactos internacionales insertados en su artículo 75 inc. 22.
Concurso preventivo, quiebra, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Algoselan S.A.C.I.C.F.I.A. c/ Falevich, Jacobo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

El fuero de atracción del juez del concurso, por su naturaleza y finalidad no admite, en consecuencia la prórroga de su competencia;

por ello, la mera referencia acerca de la existencia del proceso universal absorbente torna imperativo arbitrar de oficio los medios tendientes a corroborar esa circunstancia al comprometer, en su caso, la validez de los actos procesales realizados sin sujeción a esa máxima (art. 34 inc. 5 ap. "b" del CPCC).
Procesos de conocimiento, impuesto sobre los bienes personales, impuesto a la riqueza
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M. I.  c/ EN-AFIP-ley 27605 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-18

La jueza de grado desestimó el planteo de improcedencia de la vía intentado por el Fisco Nacional. El demandado interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada, hizo lugar al recurso, revocó la decisión apelada y declaró formalmente inadmisible la acción promovida. Para así resolver, señaló que no se verificaba la existencia de un acto en ciernes, dado que la orden de intervención expedida a efectos de fiscalizar el impuesto a los bienes personales no constituía una actividad de la administración vinculada al cobro del Aporte Solidario y Extraordinario instituido por la ley 27.605
Impugnación de la liquidación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NOGUES DE GARRIDO MARIA E c/ TIBILETTI ALFREDO E s/ PROCESO SUMARIO-LIQUIDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Como el propio nombre lo indica, impugnar es sinónimo de atacar de un modo concreto y específico la liquidación debiendo detallarse los montos que la integran, demostrando el error incurrido por el ganancioso.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE G. V. c/ G. J. A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-04

Si bien en un juicio de divorcio, no es necesario la enumeración detallada de cada hecho que configuró injuria, no es posible que habiéndose descripto tipos de hechos como agresiones verbales y físicas de la cónyuge, se pretenda introducir luego hechos de naturaleza distinta, como son las supuestas actitudes indecorosas de aquella con terceros, los cuales no fueron ni siquiera sugeridos al reconvenir.
Cierre del establecimiento, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: BATORANO, NORBERTO c/ LABORATORIOS PROMECO  SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Los mandatos gremiales de los accionantes tienen sentido y razón de ser mientras haya trabajadores del sector respectivo en la empleadora, pero al disponerse el cierre de dicho sector, en el caso el correspondiente a comercialización de un laboratorio, el despido de los visitadores médicos que allí se desempeñaban no justifica la subsistencia de los delegados gremiales, toda vez que a falta de trabajadores para representar, corresponde la aplicación de lo establecido en el art. 51 de la ley 23551.
Acción de amparo, Convención Constituyente, asegurador por riesgos del trabajo, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRADES CARLOS ALFONSO s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-16

El Pacto dse San José de Costa Rica presentaba, por otra parte, una valla formal y material infranqueable para las aspiraciones del amparista -nulidad del texto del art. 113 sancionado. En efecto, La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 23 incs. 1, acápites a), b) y c) y 2, deja claro que la titularidad de los derechos en ella mencionados viene reconocida directamente, sin remisión alguna al derecho interno, aún cuando es evidente que éste tiene que organizar todo el complejo proceso electoral en el que se inserta el ejercicio de los derechos políticos, así como el sistema de acceso a las funciones públicas; siendo en el inc. 2 -que admite expresamente la reglamentación legal para el ejercicio de los derechos y oportunidades del inc.1- donde se señala como exclusivas razones para ello, las de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena penal por juez competente. En esta dirección resulta evidente que, las condiciones emergentes de los derechos y oportunidades del que gozarán los ciudadanos, se yergue en una suerte de "numerus clausus" del derecho constitucional a partir de la normativa indicada por la Constitución Nacional vigente en su art. 75 inc. 22, donde por otra parte, es menester inexcusable asociarlo indisolublemente al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (art. 25 incs. a), b) y c)), con la conceptualización de "igualdad" emanada de los arts. 8 y 14 de los tratos citados respectivamente, disposiciones éstas que deberán jugar -en un todo necesario y armónico- con el balanceo constitucional y jurídico que deberá equilibrar sistemas procedimentales sin preeminencia excesiva.
Cuestiones de competencia, defensa del consumidor, sanciones administrativas, tribunal de alzada, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CARREFOUR ARGENTINA S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-14

FEDERAL - INCOMPETENCIA DEL FUERO EN LO PENAL ECONOMICO.

Resulta ajena a la competencia del Fuero en lo Penal Económico el tratamiento de los recursos de apelaciones contra resoluciones dictadas por infracción a la ley de defensa del consumidor, pues por el art. 45 de dicha ley se establece que contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, imputación calumniosa
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE K. E. I. c/ K. F. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

La imputación no probada de hechos graves o deshonrosos constituye injurias graves. Si éstas, como causal para el divorcio, son aprehendidas con amplitud en el art. 202, inc. 4, del Cód. Civil y se configura con el menoscabo de un cónyuge hacia el otro, vulnerando su reputación o su dignidad, o bien hiriendo sus justas susceptibilidades, no parece dudoso que la pertinaz actitud del cónyuge que no trepitó en solicitar reiteradamente la detención y/o procesamiento de los suegros y su esposa en una causa penal, ha constituido para ésta la situación desdorosa que califica la ley. Se ha considerado injuriosa la denuncia criminal cuando el cónyuge ha asumido el rol de querellante, poniendo manifiesto una intención tenaz de deshonrar al denunciado al exponerlo a las alternativas de una captura, tal como en diversas oportunidades expresamente lo solicitó el marido ante el Juez Penal interviniente.
Obligaciones en moneda extranjera, debido proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., A. c/ O., D.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-14

Frente a la petición de obtener la devolución en su moneda de origen la accionada podrá contradecir la misma y realizar los planteos que hagan a su derecho de defensa en tanto no corresponde cerrar al accionante la posibilidad de debatir cuál es el objeto de la prestación debida.
Emergencia económica, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FACIAN,  EDUARDO c/ ESSO PETROLERA ARGENTINA SA s/ SUMARIO Y ESSOPETROLERA ARGENTINA SRL C/ ISRAEL, CARLOS S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

El rechazo de la consignación no es óbice, para que se resuelva definitivamente sobre la cancelación del débito en cuestión, máxime cuando en la acción acumulada, por revisión contractual por aplicación del principio del esfuerzo compartido, en los terminos de la ley 25561: 11 y decreto 214/02: 8, incoada por los acreedores, ha quedado definido el derecho de estos, lo que no puede agotarse en la mera declaración de tal derecho; ello asi, corresponde ordenar que la deudora pague a sus acreedores la diferencia que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia a razon de $1 por cada dolar estadounidense adeudado, mas el 55% de la brecha entre $1 y el valor del dolar en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, a la cotización del dia en que se practique la liquidación y el importe depositado en el juicio por consignación judicial, dentro del plazo de diez dias de aprobada esa liquidación, mas los intereses posteriores a la fecha de ese depósito -los anteriores a esa fecha ya fueron contabilizados en el deposito hasta el efectivo pago, a la tasa del 7% anual indicada en la consignación y no objetada por la contraria.
Sanciones disciplinarias, establecimientos penitenciarios, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Arpajou Palorma Hernán Ariel c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza  s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-30

En un proceso administrativo derivado de una sanción disciplinaria aplicada a un agente penitenciario, no corresponde tener por acreditada la omisión o negligencia o el incumplimiento de los deberes de guarda y custodia del agente sólo a partir de la fuga de los reclusos, aun cuando se encuentra probado el deficiente funcionamiento de los sistemas de seguridad del complejo, porque ello llevaría peligrosamente a convertir la obligación que pesa sobre los penitenciarios en una obligación de resultado; es decir, en caso de no verificarse dicho resultado (evitar la fuga), la responsabilidad caería sobre aquéllos sin existir prueba en contrario que permitiera demostrar su inocencia.
Obligación alimentaria, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CANONICO
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Incidente de Alimentos - Copias de Apelación Prom. por el Sr. N.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-21

La prestación alimentaria de aquellos que se encuentran designados por la ley, constituye una obligación moral y jurídica inexcusable. Este deber tiene una función vital, que se asienta sobre un fundamento tan ético como es la solidaridad social-familiar y que preexistiendo al derecho positivo, éste lo consagra con alcances precisos.

Los alimentos debidos entre esposos que se encuentran separados de hecho, constituyen la persistencia del aspecto material del deber de asistencia consagrado por la ley; por lo que resulta procedente fijar una cuota alimentaria cuando la esposa invoca la necesidad de afrontar gastos imprescindibles.

Resulta justo que el cónyuge acuda con una prestación en beneficio de la esposa quien, luego de la separación, ha quedado en una situación de inferioridad de recursos.

Ello sin perjuicio del deber de la esposa de contribuir a sus propios gastos mediante el trabajo personal, aunque esto no puede derivar en la eximición de toda obligación al demandado. En otras palabras, deben evaluarse las posibilidades económicas y laborales de la esposa, pero ello no permite una liberación total y absoluta de las obligaciones del marido que, mientras se mantuvo la convivencia, fue el pilar sobre el que se sostenía económicamente el matrimonio.
Medidas cautelares, acciones posesorias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Jimenez Garcia, Jose c/ Olveira, Luis Ricardo s/ Acciones Posesorias -  Incidente de Medida Cautelar Levantamiento p/p Demandado -  Expte Nº 280/09-I1
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-11-27

En el marco de una acción posesoria no pueden decretarse medidas cautelares que dejen sin efecto la resolución de un Juez de Paz en un amparo a la tenencia que fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 71 inciso 7 de la Ley Orgánica 6238
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conyca S.A.C.I.F.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Si el Pliego de Bases y Condiciones establece la obligación del contratista de realizar los trabajos de drenajes, achiques y escurrimiento de las aguas sin la expresa estipulación de afectar solamente un equipo, constituye un compromiso ineludible el cumplimiento de tales tareas con los medios que resulten necesarios para obtener dicho fin.
Demanda, copias, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MIGUEL MARTIN CRITTO c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1994-03-25

El hecho de subsanar las omisiones del escrito de demanda adjuntando las copias de ley, constituye una diligencia judicial idónea para el progreso y desenvolvimiento de la instancia, porque cumplimenta los requisitos para que pueda proseguir.
Fuerzas de seguridad, policía federal, adicionales de remuneración, adicional por responsabilidad jerárquica, carácter remuneratorio
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: SCHULLER, ERNESTO EMILIO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

La generalidad que asumió el pago al personal en actividad de los suplementos indicados (en el caso, art. 1 del Dec. 2744/93, "funciones jerárquicas de alta responsabilidad"), muestra de modo indisimulable que su otorgamiento ha tenido connotaciones salariales. Confirma tal interpretación no sólo el hecho que en cada jerarquía se percibe un adicional de similar monto y de que no hay agente que no lo cobre, sino también la circunstancia de que el personal policial involucrado se ha hecho acreedor a los referidos conceptos por la sola situación de revista en actividad o función en el cargo desempeñado,con independencia de si por ello el particular interesado se ve sometido a una exigencia o situación especial que implique un riesgo o peligro, o pueda provocar un deterioro físico o psíquico en los términos del art. 77 de la ley 21.965 (cfr.

C.S.J.N., sent. del 17.03.98, "Torres, Pedro c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal").
Ampliación de la declaración indagatoria, quiebra fraudulenta, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: E., S. M. y otros c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-09

En disidencia, Ricardo Matías Pinto, estuvo de acuerdo con los argumentos del magistrado. Señaló que la circunstancia de que el fiscal hubiera solicitado las ampliaciones indagatorias por hechos que calificó como quiebra fraudulenta, demostraba que la acción impulsada no estaba prescripta. Agregó que de momento no podía aseverarse la existencia de un concurso de tipo ideal y que, en las actuaciones, aún no se había resuelto la situación procesal de los imputados, por lo que no estaba clara cuál era la tipificación legal que correspondía aplicar al caso.
Regulación de honorarios, juicio sumario, allanamiento, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CRIAGRO  S.A.A.C. Y F. c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si bien el proceso sumario tiene una división en etapas distinta de la prevista para los juicios ordinarios, en razón de la actual estructura de aquél por virtud de las reformas introducidas por la ley 22.434 se ha relativizado el diferente tratamiento a los efectos regulatorios. En la especie la circunstancia de haberse ofrecido prueba con el escrito de demanda significa un trabajo profesional que se debe tener en cuenta en la medida en que importa avanzar sobre la etapa siguiente que recién se agota con la producción íntegra de la prueba ofrecida. Y no pudiéndose apreciar cual es la gravitación del ofrecimiento de prueba por cuanto el allanamiento de la demandada impidió la continuación de la causa y el consecuente trámite probatorio, corresponde valorar aquel mayor trabajo profesional a los fines de aplicar el porcentaje que prevé el art. 7 de la ley de arancel.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: Y.R.E. c/ S.S.V. s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

Cuando el objeto litigioso del incidente tiene un interés económico autónomo del proceso principal, no cabe hacer la reducción del 10% al 20% que dispone el art. 33 de la ley 21.839 (conf. C.N Civ. Sala F, H. 13.414 del 7-5-85; íd. H. 123.399 del 14-5-85; íd. H. 16.815 del 30-8-85). A fin de establecer los honorarios correspondientes al proceso contencioso que tendió a la determinación del carácter ganancial o propio de los bienes de la sociedad conyugal, aunque se le haya dado trámite incidental, se aplicará el art. 33 computando como base regulatoria el valor de aquéllos bienes -propios o gananciales- que suscitaron materia, litigiosa; mientras que al regular por los trámites específicos de liquidación y partición de la sociedad conyugal se aplicará el art. 35 únicamente sobre el valor de los bienes gananciales que por reconocimiento de las partes o decisión dada en los pronunciamientos compusieron la masa partible.-
Competencia, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ACLAND ANTONIO FERNANDO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-23

En la especie nos encontramos ante un proceso que se sustancia contra la Provincia de Tucumán por prescripción adquisitiva de un inmueble de su dominio; sin que pueda determinarse fehacientemente, en este estadio, si el mismo esté afectado al uso público, por lo que no puede deducirse fidedignamente que integre el dominio público del Estado Provincial. Entonces se trataría -a priori- de un supuesto de situación jurídica de la Provincia propia de su actuación en el ámbito del derecho privado, lo que tornaría de aplicación lo normado por el art. 18.1 a) de la LOPJ y el art. 20 de la Constitución de la Provincia, resultando competente esta Corte Suprema de Justicia para conocer y decidir en el sub examine.
Extradición, Italia, rebeldía, auxilio jurídico internacional, asistencia en asuntos penales
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PRIVADO-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Fabbrocino, Mario s/ pedido de extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Es de práctica bilateral aceptada tanto por la República Argentina como por la de Italia, que el alcance que las partes han querido asignar al compromiso de entrega recíproca de condenados, excluye a quien ha sido condenado en contumacia a menos que se otorgue la posibilidad efectiva de un nuevo juicio en su presencia, con oportunidad de debida protección de sus derechos, y que no es la aplicación de la ley interna argentina la que sustenta el juicio del magistrado requerido, sino los principios que subyacen en el derecho interno y esencialmente en el derecho constitucional, que expresa el orden público internacional argentino como límite a la cooperación penal internacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Alimentos provisionales, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: B., V. c/ G.,J.G. s/ Art. 250 C.P.C. - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

Las necesidades de los hijos a considerar al fijar los alimentos provisorios debe atender al nivel de vida de la familia en cuestión, pues no hay razón que justifique que un niño vea disminuido el flujo de dinero indispensable para atender a sus actividades habituales porque una deficiente organización de nuestra justicia provoque demoras injustificables en la duración de estos procesos.
Indemnización por despido, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: JAUREGUI, Elio Emir c/ Servicios Islas Malvinas S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-12-26

Acreditado que la demandada despidió injustificadamente al actor y habiendo cumplido éste la exigencia establecida en el artículo 11 de la Ley de Empleo 24013, y contestando la empleadora la carta documento intimatoria del trabajador sin hacer referencia al requerimiento de registración, resulta procedente entonces la indemnización prevista en el artículo 15 de la referida ley.