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Derecho procesal, medidas cautelares, anotación de la litis, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Berneman, Sergio Daniel c/ Berneman, Jorge Eduardo y otros s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

Cabe tener en cuenta que, dada la índole de la medida de anotación de litis, los requisitos de admisibilidad deben apreciarse con menos rigor (v. en ese sentido, CNCom, Sala E, "M y F SA c/ Soc. Entrerriana de Electrificación SEDELEX SA s/ ordinario" del 20/8/97; íd. Sala D, "Scatamacchia, Mauricio c/ Scatamacchia, Carlos s/ Ordinario" del 29/4/05). Y tampoco puede soslayarse que la normativa del CPR 229 permite adoptar la anotación de la litis sin que sea necesario a tal fin que se acredite el peligro en la demora (v. CNCom, Sala E, "Gonzalez, Nélida y otros c/ Antonio Barillari SA y otro s/ ordinario", del 30.4.09. En igual sentido: CNCom, Sala A, "Herrera de Noble, Ernestina c/ Supercanal Holding s/ sumarísimo", del 5/9/01).
Enfermos mentales, internación, medidas de seguridad, establecimientos psiquiátricos
Materia: SALUD PUBLICA-PROCESAL
Carátula: G., J. L.  c/  s/ coacción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

Medida de seguridad. Magistrado que ordenó la captura y la internación compulsiva del imputado en el ámbito carcelario -en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino "PRISMA" del Servicio Penitenciario Federal I-, con control a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal que por sorteo resulte desinsaculado.

Agravio: Imputado que corresponde que sea derivado a una institución de salud mental extramuros con control a cargo de la justicia civil.

Peligrosidad constatada que torna operativas las disposiciones que, como medida de seguridad, prevén los artículos 34, inciso 1°, del Código Penal y 511 del catálogo adjetivo. Nula adherencia del causante a los tratamientos instaurados. Antecedentes de descompensación psíquica con presencia de síntomas psicóticos (alucinaciones e ideación delirante) y/o conducta heteroagresiva y/o desinhibición sexual. Control de la medida que debe quedar a cargo del juez de ejecución penal (artículo 511 del Código Procesal Penal de la Nación). Necesidad de realizar un efectivo control judicial de los derechos del inimputable y de aquellos criterios médicos que motivaron su internación. Derivación al dispositivo PRISMA que se presenta como la alternativa más razonable en razón que en cinco oportunidades fue internado en el Hospital José T. Borda para recibir tratamientos que abandonó, retirándose por sus propios medios. Imposibilidad de inferir algún agravio que le podría ocasionar al encausado que el control de la medida de seguridad sea asignado a la justicia de ejecución penal. Orden de captura que resulta conducente.

Confirmación.

Disidencia parcial: Control periódico y/o el eventual mantenimiento, atenuación o supresión de la medida, en razón que cesó la jurisdicción penal por haberse dispuesto el sobreseimiento del encausado en los términos del artículo 336, inciso 5º, del Código Procesal Penal de la Nación, que debe ser llevado a cabo por un magistrado con competencia en lo civil.
Cuestión constitucional, argumentos de las partes, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villamil, Javier Esteban c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

El reenvío a argumentos expresados dentro del proceso, incluso a jurisprudencia u otras fuentes autoritativas no aparece como irrazonable en tanto y en cuanto haya certeza y claridad respecto de cuáles son los textos o argumentos que se invocan en apoyo de la decisión. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. Ruiz).
Sanciones conminatorias, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, Zinny Hebe c/ El Pegujal S.A. s/ Cumplimiento contrato - Daños y perjuicios - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

El auto que impone sanciones pecuniarias conminatorias (astreintes) es inapelable, puesto que no se encuentra enumerado dicho supuesto, entre las providencias recurribles establecidas en el art. 494 del CPC para el proceso sumario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, Derecho procesal, situación del imputado, prisión preventiva, auto de prisión preventiva, principios procesales, defensa en juicio, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: VALDECIR STUPP - RODRIGUEZ OLIVEIRA, JORGI ALDAIR - GOMEZ, WALTER RENE s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-15

Es opinión Jurisprudencial y Doctrinaria que: "si el plazo de prisión preventiva previsto en el art. 1 de la ley 24.390, modificada por ley 25.430, reglamentaria de la garantía reconocida en el art. 7, inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra hartamente cumplido, la prolongación del estado de privación de libertad del procesado resulta absolutamente irrazonable" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12/08/03, "Trusso, Francisco Javier s/excarcelación Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12/08/03, "Trusso, Francisco Javier s/excarcelación" c. 19.685, Y. 64. XXXIX, Jueces: Mayoría: Moliné O´Connor, Boggiano López, Vázquez. Voto: Morales. Disidencia: Belluscio, Petracchi, Maqueda, Fernández).
Despido, indemnización agravada
Materia: PROCESAL
Carátula: Zapico Claudio Ramón c/ Ecohabitat SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

El actor apela la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la demanda por diferencias salariales y limitó la multa del art. 2 de la ley 25.323 a dichas diferencias. Para que haya pago, en un marco técnico-jurídico, debe producirse el cumplimiento de la obligación y la prestación se encuentra sometida a dos requisitos fundamentales, que son: la identidad y la integridad. Este último no fue cumplido en el caso de autos, en la medida en que si bien el empleador realizó un pago al momento del despido, este pago resultó parcial, generándose las diferencias salariales a favor del trabajador que fueron determinadas en la sede de origen, que se proponen confirmar mediante mi voto. (Del voto del Dr. Arias Gibert en minoría).
Médicos, establecimientos asistenciales, relación de dependencia, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANATORIO MODELO DE CASEROS S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

No corresponde exigir el pago de aportes a la entidad sanatorial cuando los médicos que prestan servicios en ella se encuentran organizados en grupos de trabajo dedicados tanto a la atención de pacientes del sanatorio como propios, con completa autonomía técnica funcional, sin obligación de realizar guardias o cumplir horarios, teniendo completa libertad para rechazar la atención de un paciente determinado y sin percibir retribución alguna por parte de la institución.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Queja presentado por R., F. en autos: "P., G. N. c/ M., M. J. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-02-06

Las cuestiones de hecho y prueba, que ya fueron debatidas y juzgadas en las instancias correspondientes, son ajenas a esta instancia extraordinaria, y sólo de manera excepcional podrá admitirse su tratamiento.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Montalvo, Nélida c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La ley 5678 dispone el discernimiento de la pensión estableciendo el monto correspondiente a aquélla, cuando se tratara del fallecimiento de un afiliado jubilado o cuando el deceso se produjera en actividad (art. 46). Fuera de estos supuestos no existe otra posibilidad para acceder al beneficio.
Iura novit curia, prescripción, interrupción de la prescripción, suspensión de la prescripción, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA EDITORIAL  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COSA  JUZGADA  -  HONORARIOS  -  PERITO  DE  OFICIO  - PRESCRIPCION -  LICITACION PUBLICA - ACTO DE ADJUDICACION -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

La afirmación de la recurrente en el sentido que el convenio no pudo ser ignorado por el a quo en razón del principio "iura novit curia" no comporta crítica razonada alguna, cabiendo destacar que la proyección de las potestadas calificatorias del Juez no alcanzan a situaciones en donde aquello que se persigue es el otorgamiento de valor interruptivo o suspensivo a una determinada situación, la cual, consiguientemente, debe ser expresamente alegada, dando así la oportunidad a la contraparte para que articule las manifestaciones o pruebas que crea conveniente. Conferir efecto interruptivo o suspensivo a un "hecho" (en sentido genérico) no aludido, equivaldría, en la práctica, a quebrantar, bajo signo contrario, la norma contenida en el art. 3964 del Código Civil según la cual el Juez no puede suplir de oficio la prescripción.
Honorarios, base regulatoria, trabajos posteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero Isabel c/ Conet s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

De conformidad con la doctrina de la sentencia plenaria dictada en los autos: "Farrando, Arturo c/ La Nación s/ ordinario", del 24/8/82 y de aplicación obligatoria en tanto no ha sido modificada por otra sentencia de igual rango (art. 303 del Cód.Procesal), las tareas normales a fin de determinar el monto del crédito generan el derecho a nuevas regulaciones de honorarios cuando no puedan considerarse incluidas en las realizadas por las etapas del proceso que concluyen con la sentencia definitiva, puesto que, en caso contrario, la circunstancia de que materialmente se trate de trabajos posteriores a la sentencia conceptualmente concurren a integrarla, toda vez que lo que en ella se manda pagar se puede, en principio, determinar en el mismo acto (art. 502 del Código Procesal).
Administración Pública, acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Si el legislador admitió la posibilidad de elección en cabeza del administrador, permitiéndole apreciar las circunstancias con cierto margen de libertad o de conveniencia, en razón de la oportunidad de las medidas, tal actividad ingresa en la zona de la discrecionalidad.
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Maiza, José Félix Simón c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-05

Sobre la medida cautelar de urgencia solicitada, cabe señalar, tal como se ha establecido en distintos fallos de este Alto Tribunal, que su dictado no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pues sólo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable e ilegalidad manifiesta, dado el rigor con que deben apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible.

Y ello es así, porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina en principio, la improcedencia de las medidas cautelares.

Debe añadirse, por último, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia, o, como dice el Máximo Tribunal, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (CSJN Fallos: 314:1202).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez, Jorge Raúl c/ Cadarmet S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Siendo una típica cuestión de hecho la valoración de la conducta del trabajador previo a la concreción del despido, y como tal reservado ese cometido a los jueces de grado, la conclusión a la que éstos arriben sólo es revocable en presencia del absurdo, acabadamente demostrado.
Empleador fallido, crédito inadmisible, resoluciones inapelables, incidente de revisión
Materia: LABORAL
Carátula: Pardo, José Pedro c/ Transportes García SRL y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-25

En el supuesto que el actor se presente a verificar su crédito en la etapa concursal, y su acreencia fuera declarada inadmisible en su totalidad por el juez comercial, dicha resolución no es susceptible de apelación (art. 273, inc. 3 LCQ). Sin embargo el acreedor cuenta con un sistema recursivo especifico: el incidente de revisión (art. 37, 2 párrafo, LCQ). Esta vía revisora es un remedio procesal cuya finalidad está enderezada a obtener un nuevo debate, una nueva discusión sobre la verificación o no del crédito en cuestión, representa una etapa sustancial, en tanto viene a completar el debido proceso legal en caso de discordia sobre los fundamentos del decisorio judicial. El acreedor inadmisible debe promover incidente de revisión dentro del plazo legalmente previsto, pues sino la declaración de inadmisibilidad pasada en autoridad de cosa juzgada veda al trabajador el reclamo en la jurisdicción laboral.
Tasa de justicia, base imponible, monto indeterminado, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubiero, Martin Javier y otro c/  s/ incidente de tasa de justicia por cgm leasing argentina
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Procede rechazar la pretensión de pagar la tasa de justicia por monto indeterminado. Ello por cuanto, en el caso, se dedujo acción de responsabilidad social contra ciertos ex directores a fin de obtener la indemnización de los daños que la actora adujo haber sufrido, en especial, como consecuencia de cierto reclamo laboral dirigido contra los demandados. El hecho de que aún no se haya dictado sentencia en el juicio laboral respectivo no puede obstar a la aludida cuantificación, pues, como es claro, para la determinación de la gabela que nos ocupa no es necesario que la demandante tenga ninguna certeza acerca del monto por el cual, en su caso, prosperará su propia acción, de suyo imposible en este estado del proceso, solo debe contar, en cambio, con los datos para hacer una estimación provisoria esta acción con sustento -entre otros- en los daños que aquella acción laboral le habría generado, no puede negarse a estimarlos sin incurrir en violación de sus propios actos.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, jubilaciones, denegatoria del beneficio, trabajo insalubre, apreciación de la prueba, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sarmiento, Luis c/ Administración Nacional de la Seguridad Social. s/ Jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la jubilación solicitada por considerar que los servicios que el peticionario había prestado no eran insalubres si no tuvo en cuenta una prueba aportada por el actor que resultaba decisiva al momento de calificar dichos servicios.
Medidas cautelares, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL
Carátula: "Pini  Hugo  Víctor  Amílcar  Aldo c/ Poder  Legislativo Nacional-Disp. 65/02 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12

Dentro de las medidas cautelares la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su adopción (Sala IV, "Zavaleta", del 25/3/02). (Consid. 3°).
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, pasajero damnificado, líneas aéreas, indemnización, daño moral, pérdida de tiempo, actor procesal, carga de la prueba, reducción de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO MARGARITA SUSANA c/ VIASA VENEZUELAN INTERNATIONAL AIRWAYS Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Viasa sostuvo, al contestar la demanda que la perdida de participación por unas horas en un Congreso Internacional de Medicina -que calificó de consecuencia mediata-, base eminente del reclamo de la actora, "no pudo ser ni previsto" por la empresa aérea. A la demandante incumbía probar -por ser un presupuesto de hecho fundante de su pretensión (art. 377, Código procesal)- que la transportista estaba anoticiada de la finalidad del viaje y consecuentemente de la importancia de respetar los horarios convenidos, es decir, que Viasa previo las consecuencias mediatas o pudo haberlas previsto empleando la debida atención. Y sobre este aspecto, de relevancia incuestionable y que formo parte de la litis, la pasajera no arrimo elemento alguno de juicio. Y aunque es probable que, efectivamente, el personal de Viasa fuera avisado de la finalidad que animaba a los especialistas y de la importancia de los horarios y fechas, lo real y cierto es que solo se puede formular conjeturas obviamente estériles para tener un hecho por probado. Debiéndose excluir de la indemnización del daño moral la mortificación derivada de la tardía participación en el aludido simposio.
Asegurador, citación a juicio
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: OVIEDO NILSO ERNESTO c/ PANEDILE ARGENTINA  S.A.I.C. s/ RECURSO DE CASACION - COMPAÑIA DE SEGURO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-22

El accionante promovió demanda en contra de la empresa empleadora y "la o las compañías aseguradoras que la empresa denunciare como responsables de los riesgos derivados de la ley 9688", pero al conocer quienes eran las aseguradoras en la audiencia de conciliación no formula manifestación alguna concretando sus pretensiones, las comparecientes lo hicieron en el carácter de citados en garantía, como expresamente lo manifiesta. De tal modo, nada debía resolver el Tribunal frente al incorrecto requerimiento del actor pero si en cambio correspondía tratar la situación de las compañías de seguros comparecientes en su condición de citadas en garantías por la demandada, como no lo hizo corresponde casar el pronunciamiento por la omisión señalada y entrar al fondo del asunto -
Nulidad de sentencia, progresividad del régimen penitenciario, libertad condicional, sistema acusatorio
Materia: PENAL
Carátula: Simeoni, Walter Martin c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Corresponde anular la resolución que redujo en tres (3) meses y quince días los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema y reenviar a su procedencia a fin de que, previa intervención de las partes, se dicte un nuevo pronunciamiento, pues se encuentra afectada por vicios de nulidad que la descalifican como acto jurisdiccional válido. Ello así pues, la favorable posición del Ministerio Público Fiscal en relación al cumplimiento del condenado de las condiciones necesarias para acceder a su libertad condicional, sellaba la suerte de la pretensión defensista y limitaba la jurisdicción del a quo para adoptar una solución más gravosa para el reo. Sobre este marco, menester es evocar que: "... la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio previsto por nuestra Constitución Nacional implica: "... la división de poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, que puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir". En este sentido, corresponde destacar que: ". la potencialidad de la función jurisdiccional se ve limitada -en primer término- por la existencia de contradicción, es decir, controversia planteada por las partes ante el juez. Seguidamente, por el límite de la pretensión acusadora como garantía de equilibrio, al cumplir la función de salvaguarda del derecho de defensa en juicio del encausado, preservando además la imparcialidad del juzgador". Si el dictamen Fiscal alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación -más allá de su acierto o no-, remite a la valoración de circunstancias y al favorecimiento de una solución sobre los que ha quedado privada la jurisdicción de expedirse, cuanto menos en la especie y mediando regular labor requirente. En definitiva, asumir la posición contraria implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, en particular el ne procedat iudex ex oficio y la prohibición de la actuación jurisdiccional ultra petita, comprometiendo así la imparcialidad y la defensa en juicio del justiciable. De otra banda, asiste razón a la defensa en cuanto a que se han vulnerado las previsiones del art. 167 inc. 1° del CPPN, toda vez que la situación procesal del encausado implicaba la resolución por parte del pleno del Tribunal, por lo que así deberá cumplimentarse (Cfr. Fallos: 330:2826 causa "Olariaga, Marcelo Andrés s/ causa 35/03", O.300.XL, rta. el 26/6/2007). Dres. Slokar, Yacobucci, Mahiques.
Encubrimiento, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CIRES, Iván David. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

"El fin de lucro...tiene en miras la obtención de la ventaja derivada del empleo de la cosa misma, por su valor intrínseco, siendo indiferente que consista en la adquisición de la propiedad o de la posición estable del bien, o simplemente en su uso" (*).

Si el imputado fue detenido en posesión del ciclomotor sobre el cual pesaba pedido de secuestro, corresponde confirmar el auto que decretó su procesamiento en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277, inc. 2°, a) del C.P.).
Organismos del Estado, facultades de la administración, multa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "KECO S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La determinación e imposición de la multa por el órgano administrativo, siempre queda subordinada al control judicial. "El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones normativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el ámbito de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces" (cfr. C.S.J.N., sent. del 05.04.90, "Cook, Carlos Augusto - Vocal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay).