Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-19


Expte. Nº 6261 caratulado "Incidente de nulidad a favor de V. M. A. G. s/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil catorce, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?----------------------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, dijo:- --- Contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara Penal y Correccional interpone recurso de casación la defensa técnica de A. G. V. M.--------------------------------------------------- --- Dicha resolución, conforme se desprende de fs. sub. 47/49, confirmó el auto dictado por el inferior, a fs. sub. 13/19 vta., que disponía no hacer lugar a la nulidad incoada por la defensa en relación a la detención del encartado en autos.------------------------------------------- Ahora bien, tal como se desprende del presente incidente, el Dr. Federico Petrignani Camargo (cfr. fs. sub. 1/7 vta.) promovió incidente de nulidad por considerar que la detención del imputado había sido violatoria de distintas normas procesales y otras de la constitución provincial y nacional. Básicamente argumentó que la privación de la libertad del encartado, y el secuestro de efectos, fue efectuada de modo irregular y sin la pertinente orden escrita de allanamiento, toda vez que las denuncias fueron efectuadas el día 29 de octubre de 2.012, entre las 13,35 y las 14,45 horas, y la detención se concretó el día 30 a las 3,35 horas, sin haberse cumplimentado lo normado por el artículo 333 del CPP. A partir de allí, se sostiene que todo el procedimiento estaría viciado de nulidad absoluta.--------------------------------- El magistrado instructor (a fs. sub. 13/19 vta.) entendió improcedente el planteo en base a los siguientes argumentos: 1) Que no se habría expresado de ningún modo cual sería la lesión esencial que se pretendía subsanar o el perjuicio sufrido por el procesado. 2) La actuación policial se habría desarrollado con total apego a la normativa procesal que allí se detalla, especialmente en lo dispuesto por el artículo 337, último párrafo, del CPP, ante la existencia de vehementes indicios de culpabilidad contra el denunciado. En un pasaje de la resolución se sostiene que "existían indicios suficientes de que V. estaba abusando sexualmente de sus tres hijos, lo que motivó sobradamente su aprehensión y luego puesta a disposición del juzgado". En tal sentido, también se refiere que luego de la aprehensión se le da comunicación al juzgado, donde se dieron las directivas correspondientes y se ordenó por escrito el allanamiento y la detención, según consta a fs. 21, dándose así cumplimiento a lo que prevé el artículo 224 ibid. 3) Que el encartado se encuentra procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo, y corrupción de menores; estando firme tal pronunciamiento, toda vez que la defensa desistió de la apelación. 4) Con el procedimiento llevado a cabo se habrían protegido los derechos de las víctimas menores, los cuales se encontrarían garantizados por los pactos internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. 5) Que V., cuando fue notificado de los distintos actos que se llevaron a cabo en el proceso (arresto, detención, designación de defensor, declaración indagatoria, etc.), en ningún momento expresó lo que luego intempestivamente intenta hacer aparecer como una violación de sus derechos; resultando inadmisible la declaración de nulidad por la nulidad misma. 6) Que la detención no aportó ninguna prueba de cargo que se valorara como tal en el auto de procesamiento. Se afirma que el cauce de la investigación se desarrolló con total independencia de lo que fue la detención, de manera que de ese modo no se afectaría la base fáctica ni jurídica de la cautelar dictada.----------------------------- --- En esencia, en la apelación de fs. sub. 21/22 vta. como en el informe recursivo de fs. sub. 30/37, se reiteraron los cuestionamientos primigenios y se instó a la revisión del fallo.----------------------------------------- Por su parte, el tribunal de apelación (cfr. fs. sub. 47/49) en escueta forma desestimó los agravios, haciendo propios los mismos argumentos del inferior y aduciendo que lo actuado fue llevado a cabo en el marco de legalidad necesaria y exigida por la ley. Que la aprehensión del procesado resultó legítima al haberse realizado en un todo de acuerdo a lo establecido por el segundo apartado del artículo 337 del CPP, por tratarse de una persona contra la cual habían graves indicios de culpabilidad. También se sostuvo que cualquier vicio formal fue debidamente subsanado, a tenor de lo previsto por el artículo 206 del código ritual. Que el auto de procesamiento ya habría quedado firme, por lo que pretender retrotraer el proceso a la etapa de la actuación prevencional vendría a desconocer el principio de preclusión procesal, cuyo cumplimiento es de orden público. Finalmente, se dijo que no se habría expresado cual sería el perjuicio sufrido y el interés que se pretende subsanar. Así, se confirmó el rechazo de la nulidad incoada por la defensa.-------------- --- En ese contexto fue planteada la casación a fs. sub. 50/53. En dicha pieza procesal se afirma que la denegatoria dispuesta resultaría violatoria de las normas contenidas en los artículos 201, 222 inc. 5º y 8º, 254, 330, 333, 337 y concordantes del CPP, artículos 30, 31 y 33 de la Constitución Provincial, 18 de la Constitución Nacional, y los Tratados Internacionales de rango constitucional.----------------------------------------------------- --- Manifiesta el letrado recurrente que el procedimiento policial de detención y secuestro de los efectos personales del imputado se realizó absolutamente fuera del marco legal establecido en nuestro sistema constitucional y procesal. Que la primera anomalía estuvo dada por el incumplimiento de la obligación impuesta a los funcionarios policiales por el primer párrafo del artículo 224 del CPP, ya que el personal policial actuó de acuerdo a sus propias pautas, sin informar a la autoridad judicial, violando su relación de subordinación. Que, no obstante no configurarse los supuestos de flagrancia o de fuga, los efectivos policiales se limitaron a recepcionar las denuncias y, sin tomar recaudo alguno, determinaron que la persona acusada "debía" ser detenida "a como diere lugar".------------------------------------------------------- En relación al registro, sostuvo el Dr. Petrignani que no se cumplimentó el recaudo de "auto fundado" que exige el artículo 254; lo cual determinaría la nulidad de la medida de coerción. Que el procedimiento de detención y requisa del imputado es nulo de nulidad absoluta, por lo que correspondería su declaración de oficio, atento a la flagrante violación de las garantías constitucionales del imputado. Que la ilegalidad del procedimiento haría insanablemente nulas las pruebas obtenidas a consecuencia de aquel.--------------------------------------------------- Finalmente, expresó el impugnante que agravia a sus intereses la imposición de tener que aclarar el perjuicio sufrido por su defenso, el cual se encuentra detenido ilegalmente desde el 30 de octubre de 2012.------------- --- La apertura de la vía recursiva extraordinaria fue denegada por el A quo (cfr. fs. sub. 54/55 vta.); lo que motivó la tramitación de la pertinente queja en el Expte. Nº 6209 del registro de esta Sala de la Corte, donde se decidió -por los fundamentos allí consignados- la concesión de la casación (véase fs. sub. 82/83).-------------- --- Una vez radicada la causa en esta instancia, la parte recurrente reiteró su pretensión anulatoria y amplió sus fundamentos (fs. sub. 92/99 vta.).----------------------- --- Mientras que el Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció por el rechazo del recurso, abundando en los mismo fundamentos ya dados por el A quo (véase fs. sub. 102/104 vta.).---------------------------------------------- La querellante contestó en iguales términos que el Sr. Fiscal (fs. sub. 107).------------------------------- --- Planteada así la cuestión, corresponde dar respuesta a la misma y para ello es preciso analizar las constancias pertinentes que obran en el expediente principal.--- --- Se advierte que la causa se inicia con la denuncia radicada por M. A. A., el día 29 de octubre de 2012 a las 13,35 horas, en dependencias de la comisaría vigésimo quinta de policía. Allí se expuso que sus hijos de 18, 15 y 10 años habían sido abusados sexualmente por A. G. V. M., quién es su esposo y del cual se encuentra separada de hecho. Puntualizó la denunciante que, por comentarios de su hija mayor, cada vez que concurrían los menores a la casa de su padre eran sometidos a distintos tipos de abuso. Que F. habría sido manoseado, tocándole los genitales, desde los 5 años hasta los 10 años aproximadamente. Que C. fue penetrada sexualmente -vía vaginal solamente- desde los 12 años hasta que la misma formó pareja, es decir a los 17 años aproximadamente. Mientras que a M. también la habría manoseado, mostrado videos y revistas pornográficas, aparentemente desde la edad que tiene hasta la fecha. Que su hija mayor actualmente se encuentra en pareja, tiene un hijo y además está embarazada nuevamente. (cfr. fs. 1 y vta.).---------------------------------------- A fs. 2/4 obra la denuncia interpuesta por C. F. V., en la misma fecha anterior a las 14,45 horas. En tal constancia, entre otras cosas, se consigna que cuando la dicente tenía doce años de edad (es decir hace 6 años a la fecha) fue abusada sexualmente y penetrada vía vaginal por su padre relatándo los detalles del hecho. Que cuando contaba con 13 años de edad, y había entablado una relación de noviazgo con un chico, su padre nuevamente abusó sexualmente de ella. Se relata también, que pasado aproximadamente un año mas volvió a abusar sexualmente de ella en la casa de su abuela; como así también en otras oportunidades hasta que se puso de novia con Maximiliano Nicolás Romero, con el cual quedó embarazada. La denunciante describe otro abuso sexual cuando su hijo tenía 3 o 4 meses de edad. En cuanto a sus hermanos, relató que M. le habría contado que su padre le hacía ver videos y revistas pornográficas, que también le habría tocado sus partes íntimas y "metido el pito". Con respecto a F. le tocaba sus genitales y apoyaba sus partes íntimas.------------------------------------------ --- A fs. 5 obra decreto de la instrucción prevencional ordenando dar intervención al Sr. Juez del Cuarto Juzgado de Instrucción y al Agente Fiscal. Asimismo se solicitó la colaboración del médico legista para el examen de los menores.------------------------------------------------ Se glosan, a fs. 8/9, los informes médicos ginecológicos practicados en medicina legal. Y de los mismos se infiere que M. V. no presentaba signos de violencia externa, su himen estaba desflorado de antigua data, con eritema vulvar. Y que C. V., sin signos de violencia externa, no se realizó el examen ginecológico por negarse al mismo, refiriendo embarazo de dos meses de gestación. En relación a F. V., no evidenciaba signos de violencia externa y ano sin lesiones.-------------------------------------------------------- Sin existir ninguna otra actuación, a fs. 11, los encargados de la instrucción policial disponen, el día 30 de octubre de 2012, ". comisionar al secretario de actuaciones para que constituido en la terminal de ómnibus proceda a la aprehensión del acusado en autos, como así también adopte toda otra diligencia estimada de interés en la sustanciación de los presentes actuados.". Seguidamente obra constancia sumarial donde se hace entrega del aprehendido, acta de procedimiento y efectos secuestrados; resolviéndose mantener en calidad de "arrestado" a A. G. V. M. (véase fs. 11 in fine).- --- A fs. 12 y vta. obra la declaración testimonial del Oficial Gustavo Ernesto Oyola quién expreso que el 30 de octubre de 2012, siendo las 3,35 horas, se constituyó en la terminal de ómnibus a fin de proceder a la aprehensión del acusado. Que siendo las 4 horas se procedió a la concreción de la medida, es decir la "aprehensión" de V. M., el cual hizo entrega en forma espontánea de una revista y de su teléfono celular.-------------------- --- A fs. 13 y vta. se agrega la pertinente acta que refleja la declaración precedente y hace constar el procedimiento seguido donde se priva de libertad al encartado. A fs. 14 se glosa el acta de notificación de arresto del nombrado.--------------------------------------------------- A fs. 15 se adjunta el conste policial de la comunicación telefónica mantenida por la instrucción prevencional con la Sra. Secretaria del Cuarto Juzgado de Instrucción, quien habría sido informada de los pormenores de la causa. Allí se dispone el oficiamiento al Hospital de Niños, Secretaría Social, y la solicitud de la orden de allanamiento para el domicilio del acusado.-------------- --- Recién a fs. 20 obra el pedido de mandato judicial de allanamiento de domicilio, detención y secuestro de efectos, realizado por la instrucción policial al señor juez penal en turno.------------------------------------------ --- A fs. 21 y vta. se agrega la orden de allanamiento propiamente dicha, suscripta por el Sr. Juez del Cuarto Juzgado de Instrucción, y fechada 30 de octubre 2.012 (y de su texto, surgen claramente expresiones y terminología como si el acusado se encontraría en libertad).---------- --- A fs. 22 se luce un conste policial dando cuenta sobre el secuestro de tres revistas pornográficas y de una bombacha con manchas de color pardo rojizo, que son vinculadas a la causa.-------------------------------------- --- A fs. 23 se agrega otra orden de allanamiento, también de fecha 30/10/2012, para lograr la detención de A. G. V. M.------------------------ --- A fs. 24 y vta. consta el acta oportunamente labrada en ocasión de llevarse a cabo el allanamiento de domicilio y el secuestro de las revistas y prenda íntima. Esta diligencia fue realizada el día 31 de octubre de 2.012, a las 12,20 horas.-------------------------------------------- A fs. 25 se glosa el oficio dirigido al Cuarto Juzgado de Instrucción anoticiando la realización de la medida anteriormente volcada en el acta.------------------------ --- Finalmente, el 31 de octubre de 2012, a las 15 horas, se procede a notificar a V. de su estado de detención y acusación (fs. 26).-------------------------- --- Siendo ello así, soy de la firme convicción que con el procedimiento de detención y requisa llevado a cabo en las presentes actuaciones se habrían conculcado groseramente garantías básicas que amparan a todo acusado de una conducta penalmente reprochable, como así también expresas disposiciones de carácter procesal, que de ningún modo pueden resultar avaladas en la presente instancia.------- Cabe tener en cuenta, como principio rector, que todo imputado debe ser considerado y tratado como inocente, y sólo en casos de extrema necesidad se pueden ejercer sobre él medidas de coerción que limiten o cercenen su libertad personal. El primer requisito para poder privar de la libertad a un habitante es que sea por orden escrita de autoridad competente, debiendo entenderse por tal a los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial y que a su vez resulten competentes para el caso concreto. Sólo excepcionalmente tiene esa facultad el Poder Ejecutivo, a través de las fuerzas policiales, exclusiva y restrictivamente para los supuestos previstos en la ley. Y el ejercicio de esa facultad fuera de las formas y condiciones fijadas en la normativa hace nulo el procedimiento y todo lo actuado en consecuencia.--------- --- Es que un legítimo Estado de Derecho impone necesariamente el prioritario reconocimiento de los derechos esenciales del individuo y el respeto a la dignidad humana, cuya tutela es axiológicamente más importante para la sociedad que el castigo al autor del delito.---------------- Considero, ante todo, que el supuesto de excepción que prevé el artículo 337, segundo párrafo, del CPP no se encontraba configurado al momento de que la fuerza policial procediera a la detención de V.; como así también ninguno de los supuestos en los que la ley autoriza soslayar la orden escrita judicial (arts. 337 primer párrafo, 335, 336 ibid). En este sentido, se vulneraron abiertamente disposiciones constitucionales y los artículos 222, incisos 5º y 8º, 330 y 333 del código ritual penal, no resultando de aplicación en el sub júdice lo normado por el 331. Por lo que necesariamente cabe concluir aplicando, en lo pertinente, las disposiciones sobre nulidades.------------------------------------------------- --- Ya que el parámetro que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a una persona sin previa orden judicial, entre otros y con carácter de excepción, es la presencia en su actitud de "indicios vehementes de culpabilidad", debiendo además concomitantemente existir riesgo de fuga o de entorpecimiento a la investigación que se cierne. De manera que son dos los requisitos que deben confluir conjuntamente. Uno de ellos vinculado a la materia a la cual debe referirse, necesariamente, el fundamento de la detención, esto es, que el sujeto sobre el cual ha de concretarse haya realizado, esté realizando o esté disponiéndose a realizar de modo inminente una acción tipificada como ilícito penal. El segundo requisito que debe verificarse se refiere, en cambio, a justificar la omisión de recabar la orden escrita del juez competente, para lo cual es preciso que existan razones que indiquen que la aprehensión de la persona debe llevarse a cabo con urgencia. Es por demás evidente que los dos requisitos deben deducirse de datos objetivos y hacerse explícitos por parte de quien haya realizado la privación de la libertad ambulatoria, pues de lo contrario la garantía constitucional en juego se tornaría ilusoria al imposibilitarse un efectivo control jurisdiccional de lo actuado.----------------------------------------------------- --- "De allí que esta hipótesis suponga un conocimiento probable de la culpabilidad de un sujeto respecto a un delito, y además, también conocimiento de que dicho sujeto va a fugar o va a entorpecer la investigación. Ello debe surgir de un sumario de prevención que ha arrojado todos estos datos que conoce el funcionario policial" (cfr. "Código Procesal Penal de la Nación" Miguel Ángel Almeyra - Director, editorial "La Ley", tomo II, Pág. 455 y sgtes.).----------------------------------------------- --- Pues, son precisamente razones de urgencia las que en verdad justifican que las leyes confieran a sujetos distintos del juez la facultad de proceder a la detención de quien hasta ese momento goza de libertad ambulatoria. Aunque la detención por parte de auxiliares de la justicia sólo tiene una excepcionalísima cabida y justificación; de tal forma se reivindica que en nuestro sistema jurídico la libertad individual es la regla y la detención basada en una orden escrita es la excepción. Por ello, se sostiene que la posibilidad de que la autoridad detenga sin esa orden es la "excepción de las excepciones", motivo por el cual su procedencia legal es extremadamente restringida.------------------------------------- --- A partir de estos conceptos, en este caso particular, de la reseña probatoria consignada en párrafos anteriores y de lo que consta en el expediente, nunca pudo sostenerse objetiva y seriamente la existencia de vehementes indicios de culpabilidad para justificar la aprehensión, desde el momento en que no existen datos ciertos -ni tampoco se consignó a los que eventualmente los efectivos policiales pudieron haber tenido en cuenta- que lo hicieran suponer. Menos aún se evidenciaron razones de urgencia o de riesgo fundado de fuga del presunto autor de los hechos.----------------------------------------------------- Es de destacar que la mayoría de los abusos denunciados y conductas aparentemente ilícitas atribuidas a V. se remontaban a vieja data. Así al menos en relación a C. y F., ya que con respecto a ellos el último hecho abusivo habría acontecido cuando tenían 17 y 10 años respectivamente. En torno a M., si bien las referencias no resultan del todo claras (ya que su madre solo refiere manoseos y exhibición de pornografía; mientras que su hermana mayor acota una penetración), queda en evidencia que los hechos no habrían sido en un pasado inmediato. Es decir, que en los tres casos los hechos se habrían consumado al menos con marcada antelación. Cabe aclarar que ni F. ni M. prestaron declaración en aquel momento, por lo que no se contó con una versión directa de los hechos.----------------------------------- --- Téngase en cuenta que ninguna de las tres supuestas víctimas presentaba signos de violencia externa; además C. se negó al examen ginecológico, F. no evidenciaba signos de lesiones anales, y la menor M. tenía el himen desflorado de antigua data.-------------- --- A esa altura de la investigación no se recabó ninguna otra probanza para reforzar la verosimilitud de los hechos denunciados, tal como podría haber sido un informe psicológico de los damnificados.------------------------- --- Además en ningún pasaje de las dos denuncias se puede inferir dato alguno de que V. pudiera fugarse o entorpecer la investigación.------------------------------- --- Sin mediar otra pauta objetiva legitimadora del estado de sospecha, el personal policial se avocó a la detención del acusado el día 30 de octubre de 2012, en horas de la madrugada. Es decir, sin mediar las razones excepcionales que necesariamente deben justificar dicho proceder. Adviértase que la denuncia se radicó un día lunes y la detención se materializó al día siguiente, es decir en jornadas hábiles judiciales, sin existir motivos evidentes para dilatar o haber obviado el pedido de una orden escrita de detención emanada del juez competente. Perfectamente pudo recabarse la orden escrita judicial, y no se hizo.---------------------------------------------------- --- La prevención policial actuó directamente sin existir orden del magistrado y enmarcó su accionar en las figuras de la "aprehensión" o el "arresto" (véase fs. 11, 12, 13 y 14), cuando en verdad ninguno de sus presupuestos o características se encontraban configuradas.------------- --- Como ya quedó expuesto, en el presente caso de ninguna forma se encontraban patentizados detalles o circunstancias que indicaran la existencia de flagrancia. Ya que esta (cfr. artículo 336 del CPP) supone que la autoridad policial se enfrenta con el autor de un hecho que es sorprendido en el momento de cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido. El concepto alude a que el hecho se está ejecutando actualmente, es decir que, hace referencia al momento de estarse cometiendo el delito, sin que el autor haya podido huir. En tales supuestos, básicamente la detención se justifica por la evidencia de la comisión de un delito y por la ausencia de tiempo para requerir la orden de un juez.------------- --- Repárese que V. fue detenido en la terminal de ómnibus, después de que se encontrara trabajando en la cordillera, por lo que es fácil deducir la inexistencia absoluta de flagrancia, en relación a las conductas denunciadas.----------------------------------------------- --- La situación acaecida tampoco podría definirse como de arresto (art. 331 del CPP), toda vez que el mismo es una mera restricción provisoria de la libertad (de carácter brevísimo y efímero) que se puede llevar a cabo cuando, acontecido un hecho delictivo en el que hubieran participado varias personas, no resulte posible establecer quiénes son responsables o testigos y sea necesario tomarles declaración a los fines de indagar sobre tales extremos.------------------------------------------------ --- Ninguna de estas circunstancias existió al inicio de la investigación (ni flagrancia, ni la indeterminación del responsable), sino que, simplemente el personal policial encargado procedió a la detención desoyendo la normativa aplicable y movido por meras subjetividades, por cuanto de la simple denuncia -tal como se encontraba esbozada en este caso particular y sin ningún otro elemento corroborante- no se podía inferir la existencia de graves indicios de culpabilidad. El debido proceso legal y la lógica jurídica indican todo lo contrario, puesto que, de no ser así ante cualquier denuncia el personal policial se encontraría habilitado para privar de la libertad. La magnitud o la repugnancia de los hechos de ningún modo autoriza a obrar contra la ley.----------------------------- El mismo pedido de orden de allanamiento, obrante a fs. 20, viene a poner en evidencia la irregularidad del proceder policial en la medida que privó de libertad al encartado, toda vez que, si el mismo fue aprehendido legítimamente, no era necesario un allanamiento puramente formal (cfr. art. 338) y la disposición de un secuestro respecto al material que ya había sido incautado.-------- --- A esta altura del sumario prevencional el magistrado competente no había sido anoticiado de la privación de libertad de V.; y el texto de la orden de allanamiento de fs. 21 y vta. corrobora esta circunstancia no menor, por cuanto su escritura denota claramente que el acusado se encontraba en libertad.----------------------- --- Por otro lado, y con el fin de contestar algunas de las cuestiones esgrimidas por los tribunales inferiores intervinientes, como así también por el Sr. Fiscal General de la Corte, considero oportuno citar lo dicho por esta Sala en otros precedentes, en tanto resulta de plena aplicación al sub judice.-------------------------------- --- Así en el caso "M. O." se sostuvo que "todo lo atinente a la observancia de las disposiciones concernientes al allanamiento de domicilios, restricción de la libertad y detención del imputado, revisten el carácter de esenciales, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y varios de los pactos internacionales incorporados a ella (art. 75, inciso 22º), en cuanto consagra las garantías de la inviolabilidad del domicilio y la libertad individual. De modo que resultan de carácter absoluto las nulidades que importen la violación de tales garantías constitucionalmente resguardadas" (PRE Sala 2ª-2014-I-174). Mientras que en "Castro" se dijo que "las formas juegan como una valla de la discrecionalidad funcional y eventual atropello de los derechos fundamentales (.) Los defectos y la consecuente sanción del procedimiento de detención (.), por su magnitud y trascendencia, nunca pudo verse convalidado, consentido o precluido su planteamiento, desde que las nulidades absolutas pueden declararse en cualquier estado del proceso" (PRE Sala 2ª -2012-IV-757).----------------- --- De manera que en este caso la lesión esencial fue evidentemente la restricción ilegítima de la libertad ambulatoria del imputado, tal como se colige claramente de todo el contexto de la impugnaciones formuladas por la defensa. Por lo que insistir en que no se habría mencionado el "perjuicio sufrido" o "el interés que se pretendía subsanar", resulta un desatino y obstinación en no ver lo patente, que no precisa de mayores explicaciones. Este aspecto, tal como fue expuesto por los jueces inferiores, denota una simple y clara excusa totalmente vacía de un fundamento serio, lógico y a la altura de las circunstancias.--------------------------------------------- --- El defecto que se ha puesto en evidencia, referido a la detención de V., nunca pudo verse convalidado, como mal se sostiene, desde que las nulidades absolutas no son pasibles de ser purgadas o subsanadas de ningún modo dentro del proceso penal (cfr. art. 203, segundo párrafo, del CPP) hasta el dictado de la sentencia. La existencia de una causal de nulidad absoluta en una causa penal de ningún modo puede validarse. En esta faceta solamente un neófito puede hablar de preclusión procesal; por mas que el procesamiento estuviera firme o el imputado no hubiera hecho el planteo al momento de su indagatoria.----------------------------------------------------- --- "La detención de un ciudadano sin que exista flagrancia o indicios de que sea responsable de delito alguno, hace nulo el procedimiento y lo actuado en su consecuencia (.) Corresponde declarar la nulidad si se ha violado el artículo 18 de la Constitución Nacional (.)" (CS - Fallos 317:1985).--------------------------------------------- La aludida "protección de los derechos de las víctimas menores" carece de significancia y aplicabilidad en este asunto, para validar la detención irregular llevada a cabo, desde el momento en que aquella garantía no justifica el atropello de otra específica aplicable al proceso penal. Pensemos en la hipótesis de que si no hubiesen menores involucrados, la justificación ensayada se desmoronaría y no resultaría operativa. Evidentemente que "el interés superior del niño" implica otra cosa dentro del proceso; ya que así podría llegar a pensarse que, cuando se encuentran menores víctimas de abuso, los efectivos policiales no deben respetar ningún otro principio o garantía que ampara al acusado. De modo que por sí sola la razón sucumbe como respuesta válida para arreglar lo que no tiene otra solución que la invalidez.------------- --- A partir de todo lo que se viene diciendo, corresponde -y así lo postulo- declarar la nulidad absoluta de la ilegítima detención y requisa operada el día 30 de octubre de 2012 contra el ciudadano A. G. V. M., conforme surge del acta glosada a fs. 13 y vta. de los autos principales, como así también hacer extensiva tal sanción procesal a todos los actos consecutivos que de ella dependieron (cfr. art. 207 del CPP), como las actuaciones de fs. 11, 12 y vta., 14, 17, 19, 20 a 30 vta. inclusive, 34, 35, 38 a 39 inclusive, 43, 45, 46, 47, 75 y vta., 145, 152 y vta., 153 a 167 vta. inclusive, 174 a 202 inclusive; en todo lo que fuere pertinente.---- --- Corresponde aclarar, con respecto a esto último, que la invalidez se proyecta a todos aquellos actos procesales y/o elementos probatorios que fueron dictados, producidos o incorporados, según corresponda, a raíz de la detención viciada del imputado, como parte esencial del proceso penal en curso. Puesto que, el vicio primario u originario se expande a los actos y pruebas subsiguientes que de él dependan o presupongan la existencia de un sujeto válidamente traído a la causa.---------------------- --- Además del basamento jurídico ya expuesto, los fundamentos de esta posición obedecen principalmente a la irrefutable razón ética derivada de la imposibilidad de que el Estado, a través de sus órganos, dicte actos trascendentales para el avance del proceso penal (como la indagatoria o el procesamiento del imputado) a partir de la vinculación ilegal de una de las partes, o, se aproveche para el juzgamiento elementos de convicción que fueron obtenidos en forma ilegítima, inobservando las mismas normas por él predispuestas. Ya que, en otras palabras, el Estado no puede valerse de la ilegalidad para perseguir la delincuencia.------------------------------------ --- Como colofón propicio se haga lugar al recurso de casación incoado por la defensa a fs. sub. 50/53 del presente incidente. Y, conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución, se revoquen los decisorios obrantes a fs. sub. 13/19 vta. y sub. 47/49, de este legajo. Asimismo se declare la nulidad del acta glosada a fs. 13 y vta. de los autos principales, como así también de las actuaciones ya individualizadas y con los alcances fijados. Igualmente, se decrete la inmediata libertad de A. G. V. M., de demás datos consignados en la causa, librándose los pertinentes oficios de estilo. Por la gravedad del asunto, se disponga el apartamiento, para seguir conociendo en el expediente, de los doctores Maximiliano Blejman, Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y Silvia Peña Sansó de Ruiz. Tras las notificaciones del caso, y puesta en conocimiento de la presente a los magistrados nombrados, se remita la causa al Quinto Juzgado de Instrucción Penal (por ser el siguiente en orden de nominación al que ya actuó) para que el Sr. Juez a cargo se avoque a cumplir, lo más pronto posible y con total apego a derecho, los fines que establece el artículo 228 de la ley ritual; y dicho magistrado envíe copia íntegra de las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción en turno -a la fecha de hoy-, para que, ante el tribunal que corresponda, proceda conforme lo prevén los artículos 215 y concordantes del CPP, en torno a la participación que les cupo en la presente causa a los efectivos policiales que intervinieron en la detención del encartado.-------------------------------------- --- Así voto.-------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:------------------------------------ --- I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. sub. 13/19 vta. y sub. 47/49.----------- --- II) Revocar las resoluciones obrantes a fs. sub. 13/19 vta. y sub. 47/49 de este legajo y declarar la nulidad del acta glosada a fs. 13 y vta. de los autos principales, como así también las actuaciones precisadas en los considerandos.--------------------------------------- --- III) Decretar la inmediata libertad de V. M. A. G., de datos consignados en la causa, debiendo girarse las pertinentes comunicaciones a la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial.---------------------------------------------------- --- IV) Apartar de la causa de los doctores Maximiliano Blejman, Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y Silvia Peña Sansó de Ruiz, a quienes deberá notificarse.---- --- V) Remitir la presente causa al Quinto Juzgado de Instrucción Penal para que el Sr. Juez a cargo se avoque a cumplir los fines que establece el artículo 228 de la ley ritual; quien deberá enviar copia íntegra de las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción en turno.--------- --- VI) Protocolícese, notifíquese, cúmplase y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante Mí: Héctor Fabián Meló - Secretario letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6261 CS PRE. S. 2° 2014-II-285