Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 20/22.

Santa Fe, 12 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución de fecha 20 de setiembre de 2017, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "YPF GAS SA contra COMUNA DE SAUCE VIEJO -AMPARO - HABEAS DATA- (EXPTE. CUIJ N° 21-01973832-6)" (Expte C.S.J. CUIJ N°: 21-00511717-5); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución del 20 de setiembre de 2017 (fs. 1/7), la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad -en lo que aquí resulta de interés- admitió el recurso de apelación interpuesto por la actora, declaró la competencia del A quo para entender en autos, y devolvió las actuaciones al Inferior a fin de que resuelva sobre el mérito de la causa, con costas a la accionada.

Contra tal pronunciamiento interpone la Comuna de Sauce Viejo su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (fs. 10/22).

Le imputa a la Alzada el haber incurrido en el vicio de falta de fundamentación suficiente al apartarse de las normas de competencia del fuero contencioso administrativo.

Expresa que, desde el inicio señaló la incompetencia del fuero civil y comercial para entender en la causa y la improcedencia del amparo para solicitar la declaración de ilegitimidad de un acto administrativo.

Arguye que el caso supone el claro ejercicio del poder público municipal que admite el encuadre en el derecho administrativo stricto sensu y que -a su entender- la descripción del objeto del amparo y de los fundamentos que se exponen en la demanda, serían coincidentes con la definición competencial de la ley 11330, por ende ajeno a la competencia del juzgado interviniente.

Cita jurisprudencia de esta Corte que considera aplicable al "sub lite" y alega que en el caso la pretensión de la actora depende de la legitimidad o ilegitimidad del obrar administrativo, que cae dentro del campo de lo contencioso administrativo que -dice- está reservado en forma exclusiva -por expreso mandato constitucional- a la Corte Suprema y a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo por imperio del artículo 93 inciso 2 de la Constitución provincial y los artículos 1 y 2 de la ley 11330.

Sostiene que los Camaristas incurrieron en un cercenamiento de derechos en base a una interpretación incorrecta de los antecedentes y jurisprudencia citada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y defensa en juicio, ya que -alega- de aplicarse los criterios jurisprudenciales considerados por la Alzada como ajustados a las circunstancias del caso, se produce una inválida intromisión en la esfera de competencia originaria y exclusiva "en razón de la persona" de la Corte provincial.

Afirma que hubo una grave intromisión del poder judicial en las esferas de los poderes legislativo y ejecutivo, puesto que -sostiene- es evidente que en el caso de expropiación del uso temporal, la utilidad pública surge por la necesidad imperiosa de trasladar los perros del refugio "Angel y la Gloria" y por otro lado, por el abandono del predio que resulta un gravísimo problema social.

Por último, alega que la expropiación es un acto político e interferir en una cuestión de esa naturaleza apareja una grave violación al principio de división de poderes, resultando necesaria -a su entender- la intervención de esta Corte, ya que se están violando precedentes que -dice- son claros respecto de la incompetencia civil y comercial para tratar esta temática, que considera propia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

2. La Sala, por resolución del 13 de diciembre de 2017, denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, al hallar insatisfecho el requisito de planteo oportuno y adecuado mantenimiento de la cuestión constitucional, aparte de señalar que en el "sub lite" no se estaba en presencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva que pudiese subsanar los defectos de oportunidad e idoneidad apuntados, aclarando que la hipótesis de arbitrariedad tampoco fue invocada por la recurrente.

Tal denegación motiva la presentación directa de la Comuna de Sauce Viejo ante esta Corte (fs. 49/62v.).

3. La necesaria revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado, evidencia que el pronunciamiento recurrido -que admitió el recurso de apelación de la actora, declarando la competencia de la A quo para entender en autos, y devolvió las actuaciones a fin de que el Juez que entendió en el amparo resuelva sobre el mérito de la causa- carece de la definitividad requerida por el artículo 1 de la ley 7055 para franquear la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, es doctrina pacífica que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación. Ello así ya que, al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda (Fallos:302:417; A. y S., T. 144, pág. 450; T. 188, pág. 181; T. 199, pág. 265, entre muchos otros). Debiendo agregarse que la ausencia del requisito de definitividad no puede ser suplida con la invocación de arbitrariedad o de agravios constitucionales (cfr. Fallos:256:474; 302:555; 304:479, etc.).

Y si bien el principio anteriormente enunciado cede en caso de que lo resuelto produzca un gravamen irreparable (cfr. A. y S., T. 63, pág. 111; T. 199, pág. 265) o medie denegatoria del fuero federal (cfr. Fallos:311:455) o una efectiva privación de justicia (cfr. Fallos:308:2230; 311:2701), lo cierto es que la Comuna impugnante, con los argumentos que expone, no logra persuadir acerca de la existencia en el caso de razones de excepción que permitan superar el mentado recaudo formal.

No obsta a esta solución la fundamentación de la recurrente en relación a la inválida intromisión en la esfera de competencias de la Corte provincial, afirmación genérica que resulta asaz insuficiente para demostrar dicho aserto. En efecto, siguiendo los lineamientos del artículo 93 inciso 3 de la Constitución provincial, compete a la Corte Suprema de Justicia local "exclusivamente" el conocimiento y resolución de los juicios de expropiación que promueva la Provincia, no incluyendo la norma constitucional atributiva de competencia, a juicios de esa naturaleza en que el sujeto expropiante sea una municipalidad o una comuna (A. y S. T. 75, pág. 185).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe -Sala Tercera-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 11 de Santa Fe.