Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-10-03


(Libro de Acuerdos Nro. 45, F 882/885, Nro. 389). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los TRES días del mes de OCTUBRE de dos mil dos, los Sres. Jueces Titulares del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dres. José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti y Héctor Eduardo Tizón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. nro. 1209/2002, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expediente nro. 219/00 (Sala III de la Cámara en lo Penal): Ramírez, Oscar Eligio p.s.a. lesiones culposas - Ciudad-" El Dr. del Campo dijo:

Con motivo del accidente de tránsito acaecido en esta ciudad el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Oscar Eligio Ramírez fue imputado del delito de lesiones culposas, en perjuicio de Emilio Vicente Luis Montenovi y Juan José Longombardo.

Elevada la causa a juicio, la Sala III de la Cámara en lo Penal condenó al encartado, mediante sentencia dictada el tres de abril del año dos mil dos, a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor por el término de un año y al pago de las costas emergentes del proceso, en razón de haber sido hallado autor responsable del delito que se le imputara.

En contra de ese pronunciamiento se alza Ramírez, promoviendo recurso de casación a fs. 317 de autos, cuyo memorial de agravios rola agregado a fs. 336/339 y respecto del que ya se ha expedido el Sr. Representante del Ministerio Público habilitado.

La causa, entonces, ha quedado en estado de ser resuelta, por lo que deviene menester abordar su estudio.

A mérito de una pormenorizada lectura de la presentación de fs. 336/339, advierto que son dos los agravios esgrimidos por el recurrente: el primero, vinculado a la valoración de la prueba que efectuara el Tribunal A-quo y el segundo, relacionado con la discordancia entre la pretensión fiscal de absolución, pronunciada en la audiencia de debate y el decisorio condenatorio finalmente emitido.

Surge con toda evidencia que el último de los menoscabos enunciados es el que guarda una entidad prioritaria a los fines de su exámen en la presente instancia, respecto del primero, justificando, de tal suerte, su tratamiento liminar.

Concretamente, el referido agravio versa sobre la decisión condenatoria adoptada por el Tribunal A-quo a pesar de la expresa solicitud de absolución efectuada por el Fiscal de Cámara interviniente.

No resulta extraño a mi análisis que el referido ítem ha sido tangencialmente expresado, tanto al deducir el presente remedio procesal (fs. 317, apartado 2) como en oportunidad de presentar el memorial de agravios (fs. 338, sexto párrafo). Mas, tampoco puedo permanecer ajeno a la circunstancia de que, a pesar de las deficiencias formales y técnicas que padece la formulación de este menoscabo, por tratarse de una materia en la que está en juego ponderar la efectiva observancia de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, queda habilitada la competencia de este Superior Tribunal de Justicia para analizarla, atento a la vinculación del planteo con la validez misma del pronunciamiento atacado (CSJN, in re "Tarifeño", 29/12/89, considerando 2, DJ, 1995-1, 703).

A los fines de determinar la solución que corresponde dar en la especie, estimo necesario repasar los pronunciamientos que, sobre el particular, ha emitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso "Tarifeño", dicho Cuerpo decidió que, ante la ausencia de acusación, correspondía absolver al imputado. A los fines de abonar tal aserto, expresó el Alto Tribunal que "en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales" (considerando 6). En el entendimiento que desoir la petición del Ministerio Público implicó contravenir dicha garantía, es que concluyó que correspondía nulificar la sentencia impugnada.

Posteriormente, al resolver el caso "Cáseres" (CSJN, Fallos, 320: 1896), la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó en idéntico sentido al antecedente citado. Sin embargo, en esta causa comenzó a perfilarse un nuevo criterio, establecido en los pronunciamientos de los Ministros que votaron en disidencia. La modificación de la perspectiva originalmente asumida se fundó en un argumento sustancial, inspirado en un principio de alta política judicial, a saber, que la admisión de "... la autoridad del precedente debe ceder ante la comprobación de la inconveniencia de su mantenimiento" (disidencia del Dr. Nazareno, considerando 7).

Asimismo, dijo el Dr. Nazareno que el pedido concreto de pena por parte del fiscal al finalizar el debate, "... no resulta una obligación de su parte, toda vez que esos funcionarios acusan o no, de acuerdo a la convicción que se hayan formado sobre el mérito de los elementos reunidos durante la sustanciación del juicio" (considerando 9). Por lo demás, no es posible concluir en que la abstención derive, necesariamente en la imposibilidad para el Tribunal de condenar, habida cuenta de que, en rigor, "la actividad estimuladora de los órganos que ejercen la jurisdicción ya fue cumplida, por el fiscal, en el requerimiento de elevación de la causa a juicio" (considerando 10).

Es, precisamente, en este acto procesal que ponen especial énfasis los Ministros Moliné O'Connor y Vázquez al señalar -en sus respectivas disidencias expresadas en el mismo fallo- que "por acusación debe entenderse la que se produce en la etapa prevista por el art. 347 del código mencionado [Procesal Penal de la Nación]". La acusación se produce al formularse el requerimiento de elevación a juicio, el que debe contener los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda, sin incluir el pedido de pena, el que se difiere a la finalización del debate. Llegan, entonces, dichos magistrados, a la conclusión de que requerimiento de absolución por parte del fiscal de juicio no desapodera al tribunal del ejercicio de la jurisdicción, pues el pedido desincriminatorio por parte del acusador no se halla previsto como causal que determine el cese de la acción penal. En suma, no se afecta el debido proceso legal pues la acusación como tal se ha producido en la etapa legalmente prevista, siendo esa requisitoria la que ha permitido a la defensa conocer los cargos que permiten el pleno ejercicio de los derechos que le asisten.

Posteriormente, en el caso "Santillán" (CSJN, 13/8/98, DJ, 1999-1, 334), la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que, en la especie, el querellante -ante la pretensión absolutoria del Ministerio fiscal- fue quien solicitó la imposición de pena. En razón de ello, dicho Cuerpo concluyó que el Tribunal inferior no debió descalificar ese proceder como acto suficiente para habilitarlo para emitir un pronunciamiento de condena. Para así decidir la Corte juzgó que "todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma". En otras palabras, que admitida la intervención del querellante como parte en el proceso, su pretensión punitiva también resulta idónea para activar la jurisdicción del tribunal.

Finalmente, en el caso "Marcilese", recientemente decidido (CSJN, 15/8/2002, publicado en "elDial.com - editorial albremática"), el más alto órgano judicial de la Nación, en voto mayoritario, consideró que la solicitud de absolución efectuada por el Ministerio Fiscal no enerva la atribución del tribunal de juicio de valorar el debate y condenar al acusado, si correspondiere.

Con arreglo a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia ya reseñados, cabe concluir que el pedido de absolución formulado por el Fiscal al alegar no empece al dictado de sentencia condenatoria por el Tribunal.

Las razones para ello son las siguientes: a) la mera abstención del fiscal importaría admitir un límite absoluto a la facultad jurisdiccional, desconociendo el alcance del principio de oficialidad que rige en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, se trasladaría el ámbito de la decisión jurisdiccional que la Constitución asigna a un poder distinto e independiente (CSJN, causa "Marcilese", Voto del Dr. Fayt, considerando 13); b) no se explica cómo una sentencia puede ser revisada en virtud de su contenido arbitrario, mientras que, paradójicamente, el alegato no motivado de un fiscal debería tener un efecto vinculante para el juzgador (CSJN, causa "Marcilese", Voto del Dr. Fayt, considerando 14); c) el ejercicio de la acción penal se confundiría con su disponibilidad: no hay dudas acerca de que el Fiscal puede solicitar la absolución, pero ello no implica en modo alguno reconocerle un poder de disposición, pues entonces, si el fiscal vincula es el fiscal quien decide, vulnerándose el principio de separación de poderes (CSJN, causa "Marcilese", Voto del Dr. Fayt, considerando 15).

No me es ajeno que, desde una perspectiva opuesta, se ha expresado que la petición de condena, articulada por el Fiscal, adquiere ribetes de absoluta necesidad a los fines de habilitar el decisorio en igual sentido del Tribunal.

Así, el Dr. Sebastián Soler, otrora Procurador General de la Nación, tuvo oportunidad de señalar, en la causa "Ricoy" (CSJN, Fallos, 234:376) que si a pesar de la falta de pedido por parte del Fiscal, el órgano jurisdiccional "falla en contra del procesado, es evidente que perjudica el derecho de defensa de éste, porque mal podría ejercitar ese derecho si debiera anticipar, en ausencia de una pretensión concreta y actual a la que hacer frente, todas las imaginables posibilidades de condena". Por su parte, el Dr. Bidart Campos ("La acusación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación", ED, 159-86; en igual sentido, Roberto Atilio Falcone, "La indisponibilidad del objeto procesal y el desistimiento del fiscal del juicio", ED, 160-861) entiende que la "instrucción" y el "juicio" componen una unidad, en la que, ante la falta de cumplimiento del segundo acto, el primero resulta incompleto. De ello se deriva, a criterio del autor, que el tribunal que condena en semejantes circunstancias, falla con jurisdicción pero sin acusación, violando la garantía del debido proceso por ausencia de acusación. Finalmente, destaco la reflexión vertida por Nemesio González ("¿Puede condenarse a un procesado a quien la parte acusadora le pidió la absolución?", ED, 159-81) en el sentido de que en el supuesto en exámen, "la defensa no podrá cumplir su misión esencial en la medida que no sepa ni pueda saber cuál es precisamente el o los cargos a los que debe responder".

He glosado los pasajes precedentes no sólo por la entidad de las opiniones de los autores citados sino porque advierto que la preocupación que anida en tales expresiones estriba, fundamentalmente, en la posible lesión a un derecho esencial para el hombre como lo es el de defensa en juicio. Sin embargo, conforme he tenido ocasión de puntualizarlo, no existe tal peligro, desde que, en consonancia con la postura cuya adopción vengo propiciando, el eficaz ejercicio del referido derecho está garantizado a partir de que el requerimiento fiscal de elevación a juicio contiene, en sí mismo, todos los elementos que el imputado necesita conocer para su contestación.

Es por ello que estos argumentos no obstan a concluir en el acierto de la postura asumida por el más Alto Tribunal de la Nación al decidir como lo hizo en el precedente "Marcilese".

Ello no significa desconocer la sustancial labor que en el plenario le cabe al Fiscal de Cámara en la búsqueda de la verdad real. Sólo que la naturaleza de su pronunciamiento final, en los alegatos, resulta inidónea para limitar la actuación de una competencia que se encontraba activada desde la oportunidad del requerimiento de elevación de la causa a juicio y a la que él sólo le cupo continuar o ampliar, en su caso.

No hay pues, vulneración o menoscabo alguno al derecho de defensa en juicio, toda vez que, a lo largo de todo el proceso, el imputado conoció plenamente todos los cargos formulados en su contra y respecto de los cuales ejerció debida y oportunamente, ese derecho. La abstención de acusar por parte del fiscal o, directamente, su pedido de absolución del encartado en la etapa del plenario, no puede inhibir la competencia de los jueces para el dictado de la sentencia condenatoria si fuere el caso, pues todo el proceso ya se ha desarrollado con arreglo a los límites establecidos por la acusación formalizada por el Ministerio Público al requerir la elevación a juicio.

Siendo ello así, considero que no es arbitrario el pronunciamiento condenatorio atacado, no obstante el pedido de absolución efectuado por el Fiscal ante el Tribunal A-quo.

Queda, ahora sí, indagar los restantes menoscabos que inspiran la casación en estudio.

Sobre el particular, cabe poner de resalto que no es posible individualizar el agravio específicamente experimentado por el quejoso, lo que constituye un sustancial obstáculo para la procedencia del remedio procesal articulado (L.A. N° 27, F° 343/344, fallo del 5/10/84).

Por lo demás, no puedo permitirme pasar por alto la circunstancia de que el recurrente no ha hecho más que circunscribir su embate a reprochar la labor ponderatoria de prueba realizada por el Tribunal A-quo, restando identidad, de tal suerte, a la impugnación articulada, habida cuenta de que tal argumento no se identifica con las motivaciones autorizadas por el art. 467 del Código Procesal Penal. Me veo, entonces, en el deber de señalar -una vez más y aún cuando ello pareciera sobreabundante a la luz de lo pacífica y reiterada de nuestra doctrina legal al respecto- que la valoración que los magistrados inferiores efectúan de las probanzas producidas ante sus estrados, resulta materia irrevisable si no se demuestra, con el rigor necesario (L.A. n° 30, F° 364/369, n° 183; L.A. Nro. 40, F 740/743, Nro. 263), que el sentenciante ha incurrido en un equívoco interpretativo de tal magnitud que sea susceptible de ser tachado de absurdo, habilitando, de tal suerte, la crítica de arbitrariedad (L.A. 39, FS. 303/305, Nro. 121; L.A. 39, FS. 965/984, Nro. 377). Ello así, toda vez que los jueces son soberanos para meritar la prueba rendida por ante ellos (L.A. n° 29, F° 398/404, n° 140; L.A. Nro. 39, F 123/125, Nro. 49), justificándose aún más tal solución cuando el litigio tramita por la vía del procedimiento oral (L.A. Nro. 36, F 756/762, Nro. 321; L.A. 38, FS. 2126/2127, Nro. 866, L.A. Nro. 39, F 274/276, Nro. 114).

Cabe recordar que, en la especie, el impugnante menciona como específico objeto de reproche, la valoración que le merecieran al órgano jurisdiccional inferior las testimoniales rendidas en oportunidad de celebrarse la audiencia de vista de la causa.

En consecuencia, concluyo que el recurso de casación interpuesto por el Dr. Guillermo Vázquez, en ejercicio de la defensa técnica de Oscar Eligio Ramírez, debe ser rechazado, con costas.

De compartirse mi criterio, se deberá regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Vázquez en la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) por la labor profesional desplegada en la presente instancia. Sin perjuicio de lo anterior, entiendo necesario destacar que la regulación propuesta lo es en virtud de lo establecido por el art. 11 de la ley 1687, resultando oportuno puntualizar que la suma fijada por igual concepto en la instancia precedente aparece, a mi criterio, notoriamente desproporcionada, por escasa, respecto de la tarea cumplida por el letrado defensor del imputado. Mas, como ello no ha sido objeto de debida impugnación en la presente etapa procesal, no corresponde su modificación.

Los Dres. Valdecantos, Arnedo, Noceti y Tizón adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. Guillermo Vázquez, en ejercicio de la defensa técnica de Oscar Eligio Ramírez, en contra de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara en lo Penal, el tres de abril del corriente año.

2) Imponer las costas al quejoso.

3) Regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Vázquez en la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) por la labor profesional desplegada en la presente instancia.

4) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.