Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-05


Comodoro Rivadavia, Cinco de abril de 2005.-	VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD de COMODORO RIVADAVIA c/ V., A. s/ EJECUCION FISCAL", Expte.N° 14.800/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución (Expte. Nro.3224/03).

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública, en representación de la demandada ausente a fs.52 contra la sentencia definitiva de fs.41/47 rechazo la solicitud del demandado Sr. A. V. de declarar inconstitucional los arts.54 y 57 de la Ordenanza Municipal nº6500/98, hizo lugar parcialmente a al excepción de prescripción opuesta por el demandado, respecto de los períodos 1/1995 a 12/1996 correspondientes al Impuesto Inmobiliario y por los períodos 10/1996, 11/1996 y 12/1996 correspondientes a Tasa de Higiene Urbana y rechazándola respecto de los periodos reclamados en las Boletas de deuda que se ejecuta, y mando llevar adelante la ejecución contra el demandado por la suma de $3.885,72, con más intereses.

Impuso las costas en el veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora y ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte demandada.

II.- Se agravia el apelante a fs.54/58 en cuanto se considera que la legislación sobre prescripción de la acción del fisco en materia tributaria se encuentra relacionada con la autonomía del poder local por pertenecer la materia tributaria al derecho público, y por ende que corresponde a la Municipalidad legislar sobre el tema, como potestad que la misma Constitución Nacional y Provincial le acuerdan.

Precisa que sin desconocer las facultades de los municipios de crear impuesto, tasas y contribuciones, determinar su objeto y formas de percepción, se agravia al considerar al instituto de la prescripción dentro de dichas facultades, por cuanto considera que la expiración del plazo para dar por extinguida una obligación va mas allá de la facultad reservada a aquel. Que toda referencia a normas de grado inferior a la Constitución Nacional que pretenda avalar el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso de la Nación agravia sus intereses.

Que opuso excepción de prescripción por todos y cada uno de los períodos reclamados cuyo vencimiento operara con anterioridad al día 29 de agosto de 1998. Que la acción judicial prescribió teniendo presente que el término de prescripción dispuesto por el art.4027 inc. 3º del Código Civil es de 5 año y que la misma comenzó correr en forma independiente para cada uno de los períodos reclamados desde el día que se detalla como fecha de vencimiento de cada uno de ellos. Que teniendo en cuenta que el reclamo judicial fue interpuesto con fecha 29 de agosto de 2003, opuso excepción de prescripción por cada uno de los períodos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 29 de agosto de 1998.

Destaca que corresponde la aplicación del art.4027 inc.3 del Cód.Civ. por cuanto no se trata de una obligación aislada, sino periódica.

Cita doctrina y jurisprudencia a favor de su postura	III.- Que en casos similares se ha expresado que ".el pedido de declarar la inconstitucionalidad., en lo que respecta al plazo de prescripción que determina, en tanto debe ser motivo de suficiente debate y prueba, no cabe admitir su planteo en el marco de un juicio ejecutivo. De ahí que al ejecutado le queda expedita la vía del amplio proceso de conocimiento, en el cual incluso es posible la obtención del reembolso de las sumas que entiende no es justo abonar. G.C.B.A. c/ P.. C. .... s/ EJECUCION FISCAL (Sentencia Interlocutoria - CNCIV - Sala F - Nro. de Recurso: G283483 - Fecha: 09-12-99).

Por otra parte se ha expresado que si bien en principio no es procedente el planteo de inconstitucionalidad en ejecuciónes fiscales, cabe admitir la procedencia de la excepción en la medida que se demuestre que la resolución puede frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior (conf.CNCom Sala III, "E. c/ M. D. P. s/ Ejecución Fiscal" del 9-6-95).

Al respecto el más Alto Tribunal tiene dicho que los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver la excepción de inconstitucionalidad si su rechazo ocasiona una clara violación a los derechos de propiedad y de defensa en juicio, siendo admisible aunque para resolver haya que abrir la causa a prueba ya que la Corte Suprema tiene dicho que el artículo 549 del CPCCN no excluye la posibilidad de realizar diligencias probatorias en las ejecuciones fiscales.

En el caso sub examine se cuestiona que una ordenanza pueda violar los plazos regulados en el Código Civil en la materia, por lo se solicitó la inconstitucionalidad de los arts. 54, 55, 56 y 57 del Código Tributario Municipal y que se aplique el art.4027 del CC.

Que corresponde en prinicipio precisar que el presente planteo de inconstitucionalidad no se ajusta a los lineamientos esbozados, aun adoptando una posición implica, en procesos de naturaleza ejecutiva, en los que se acota su examen. Pues al respecto no se advierte de que forma se pueda frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior, cuando tuvo oportunidad de oponer las defensas que le permite el ordenamiento aplicable, y no se advierte cuál es el agravio que se le pueda ocasionar el traslado de las excepciones opuestas.

Cabe mencionar que precisamente la Corte Suprema admite para casos el planteo de inconstitucionalidad y si su rechazo ocasiona una clara violación a los derechos de propiedad y de defensa en juicio, se abra la causa a prueba. La postura que aduce el recurrente para sostener la invalidez del proceso, que como se dijo ya fuera resuelto por el juez de grado, no obstante se eleva como argumento para sostener la arbitrariedad de la sentencia.

Por otra parte se pretende la aplicación procesal del Código Tributario Municipal y la declaración de inconstitucionalidad en cuanto regula la prescripción.

Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, atendiendo en concreto al agravio referido a la alteración de prelación de normas, respecto de la excepción de prescripción es reiterada la doctrina que señala la única prescripción admisible en materia tributaria es la libertatoria, y que la normativa que la regula es específica en la materia, resultando claro que debe ser preferida a la norma general de Código Civil, por cuanto, la ley especial posee prevalencia sobre la ley general( cit. conf. Carlos María Folco, "Procedimiento Tributario" de la CNCCom, Sala III, 11-10-95 "C. N. C. de S. S. c/ D., M. A. s/ Ejecución Fiscal").

Este principio de especialidad tiene mas fuerza en la regulación de los tributos, ello asi se sostiene que, al tratarse el derecho tributario de derecho público local y, al no haber sido delegado por las provincias a la Nación, éstas conservan la posibilidad de determinar todo lo relativo a las obligaciones e institutos que lo constituyen. La C.S.J.N. acogió esta tesis en algunos pronunciamientos (cfr.Fallos 243:98 y 251: 379).

Al respecto en materia de prescripción de impuestos y contribuciones municipales, se ha dicho que "se rigen específicamente las previsiones de la ley 19489, que fuera sancionada, precisamente, con el objeto de evitar los inconvenientes de orden administrativo que originaba la aplicación de las disposiciones del Código Civil a la prescripción de aquellos gravámenes. Por lo tanto, las normas del ordenamiento legal citado son susceptibles de ser modificadas por leyes posteriores, ya que dicho cuerpo normativo también es ley, de similar jerarquía a la de éstas últimas" (conf. M.C.B.A. c/EMPRESA G. M. S.A.C.I.F. s/EJECUCION FISCAL (Sentencia Interlocutoria - CNCIV - Sala E - Nro. de Recurso: E206443 - Fecha: 11-10-1996).

Asimismo se ha pronuncia el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el sentido expuesto dando los referidos argumentos y revalidando los principios expuestos. Ello así se expresa que "La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el artículo 75, inc. 2°, de la Constitución Nacional." (Del voto de la Dra. Conde) "No carece de razonabilidad que la legislación local otorgue distinto tratamiento al contribuyente inscripto de quien no se ha inscripto en los registros fiscales, tal como lo hace la legislación nacional; pues la situación de uno y otro no pueden considerarse equiparadas en términos de igualdad. Es claro que para el gobierno local la determinación de la situación tributaria de quien no ha ingresado sus datos en el registro requiere de un despliegue de actividad mayor que el necesario para establecer la situación de quien sí los ha ingresado y ha proporcionado información a las bases de datos oficiales. Por ello es razonable que el plazo de prescripción de la acción tributaria respecto de aquél sea mayor que el fijado para demandar a éste...".(Del voto de la Dra. Conde).

"La CN -por ciertas razones políticas- se apartó de su modelo americano del norte en tanto las provincias cedieron parte de la legislación común (no federal) a la competencia del Poder Legislativo nacional (Art. 75, inc. 12). Empero, según también observo, no cedieron específicamente la institución de la prescripción liberatoria, ni la fijación de los plazos de esa prescripción. Lo cedido en la norma constitucional citada es el desarrollo de la llamada legislación material, más específica y literalmente, la sanción del Código Civil. De tal manera, cuando el Art. 75, inc. 12 (numeración actual), menciona los diferentes códigos de Derecho material, tan sólo ha establecido una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común, pauta que, interpretada racionalmente, no sólo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la CN -legislación local la regla, legislación nacional la excepción-, sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas reconocidas." (Del voto del Dr. Maier) "La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas. Como sostiene mi colega el juez Julio B. J. Maier en el apartado 1 de la primera parte de su voto, "el Congreso de la Nación se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los plazos de prescripción de "Las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos..." (Art. 56, ley 11.683, t. o. al 13/7/1998, B. O. 20/7/1998; y, antes aún, Art. 1º, ley 11.585 para los restantes impuestos nacionales, tasas y contribuciones de mejoras, no incluidos en la ley 11.683)". También a través de "la ley Nº 19.489, dictada también por la autoridad nacional, pero ésta vez como legislatura local (entonces Art. 67, inc. 27, CN), para la entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires". Los plazos fijados -y las razones y presupuestos en que se sustentan y diferencian- por el Congreso de la Nación como poder legislativo nacional, coinciden con los distintos plazos de prescripción contemplados en la norma que dictara en su carácter de legislador local, aplicados en la sentencia que se recurre (10 y 5 años, según el contribuyente esté o no inscripto)." (Del voto de la Dra. Alicia Ruiz) . Tengo para mí que la primera de las articulaciones, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista en el Art. 4027 inc. 3º del Código Civil, a expensas de la contemplada en la ley Nº 19.489, no puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó ceñida a las materias específicas a que se alude en la Cláusula de los Códigos, no pudiendo trasvasarse dichas disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho público local; c) la "sumisión esclavizante" del Derecho tributario local al Derecho privado, podría conducir a consecuencias impensadas, reproduciendo desconceptos como los que se observan en el voto de la mayoría recaído en la causa: "Doña Tomasa Vélez Sarfield" -ya citada-, del año 1882, en que se reputó el Impuesto a las Herencias como una legítima forzosa impuesta al causante. A modo de ejemplo sirva efectuar una breve reseña de consecuencias disvaliosas: el Impuesto de Sellos, como no se paga por años o por períodos más cortos, prescribiría para todos los otorgantes de los instrumentos, aunque no tengan obligación de inscribirse, a los diez años; las uniones transitorias de empresas, al carecer de personalidad jurídica, no podrían ser contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a pesar de revestir tal carácter en el Impuesto al Valor Agregado (impuesto también genérico al consumo); y los gravámenes que pesan sobre inmuebles en condominio con tasas progresivas parcelarias, deberían reliquidarse, de volver a cobrar vigencia la tesis civilista adoptada in re: "Ana Masotti de Busso y otros v. Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 207:270), sentencia del 7 de abril de 1947; d) se afectaría el principio de igualdad esencial entre el Estado Nacional y las provincias como entes gubernativos, en cuanto la potestad tributaria normativa -atributo iure imperii-, sufriría menoscabo en el segundo de los supuestos, a diferencia del primero; e) se quebraría la actual unidad y uniformidad de legislación sobre prescripción en el ámbito específicamente tributario, a tenor de las disposiciones análogas contenidas en la ley Nº 11.683; f) en subsidio, se pasaría por alto que la ley local Nº 19.489 -lex posterior y lex specialis-, ha sido sancionada por el órgano titular con la atribución de dictar los Códigos de fondo y; g) también en subsidio, se convertiría en Ley Suprema una interpretación sólo posible y no pacífica de un artículo del Código Civil para menoscabar la autonomía de los Estados locales, con lesión palmaria al federalismo que sustenta la Carta Política de 1853." (Del voto del Dr. Casás)".

Que en virtud de los argumentos que resultan por demás análogos para sostener la doctrina aquí desarrollada, y de los cuales se hacen propios, es que, corresponde el rechazo de los agravios de la demandada y debe confirmarse la sentencia en crisis en esta materia.

IV.- Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado por no existir contradictorio (conf.art.68 y cc. del CPr.) procediéndose a regular honorarios de acuerdo a las pautas del Dcto. Ley 2.200 modificado por la Ley 4.335.-	Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia,	R E S U E L V E:

1º).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs.52, y en consecuencia confirmar la sentencia definitiva de fs.41/47.-	2º).- Costas de la Alzada se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 y cc. del CPr.). Regúlanse los honorarios de la Dra. D. S. G. D. K. en el TREINTA POR CIENTO (30%) de los honorarios regulados en primera instancia.-	3º).- Téngase presente la reserva del caso federal.-	4º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

NÉLIDA SUSANA MELERO (Presidente) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL N° 023 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS