marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Teoría del delito, causas de justificación, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: A., M. s/ Amenaza con Arma y Abuso de Arma Reiteradas en Concurso Real  conDaño y Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-12

La legítima defensa tiene lugar cuando media una situación de necesidad. Pero la misma debe ser racional, no puede haber una desproporción tan enorme entre la conducta defensiva y la del agresor, en forma que la primera cause un mal inmensamente superior al que hubiese producido la agresión. La necesidad de la defensa debe ser actual e inminente, tal como lo exige la doctrina y jurisprudencia.
Ejecución prendaria, competencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Si bien esta sala en anteriores pronunciamientos con remisión al dictamen de la Sra. fiscal de cámara (cfr. 25.9.03, in re: "Ford Credit Cia. Financiera SA c/ Quagliaro, Guido Marcelo s/ Secuestro Prendario") juzgó que aunque no se trate de un juicio ejecutivo, el secuestro prendario reviste características similares a aquel que tornan procedente la atribución de la competencia a las secretarias de ejecución, un nuevo estudio de la cuestión persuade sobre la pertinencia de rever dicho criterio. Es que a tenor de la acordada de esta cámara del 3.2.99, no parece admitir interpretaciones extensivas de aquella, y tratándose -en la especie- del mentado trámite de secuestro y no de una ejecución prendaria, no corresponde que el mismo sea asignado a ninguna de las secretarias de ejecución (cfr. en igual sentido: Cncom, sala C, 29.9.00, in re "Fiat Crédito Compañía Financiera SA c/ Ferreira, Ramón Alfredo s/ secuestro prendario"; idem, sala e, 31.7.00, in re "VW compañía financiera SA c/ Pezzatti, Roxana Laura s/ secuestro prendario").
Régimen de consolidación de deudas, presupuesto provincial, Poder Judicial Provincial, remuneración del juez, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Ezcurra, Ricardo Florencio y otros c/ Provincia del Neuquén. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El decreto reglamentario 926/92 circunscribe la excepción instituida por la ley 1947 de la Provincia del Neuquén en materia de deudas corrientes a aquellas que en su momento hubieran contado con la autorización presupuestaria respectiva y tenido trámite de ejecución, extremos no acreditados al tratarse de cantidades debidas a magistrados provinciales con motivo de la disminución de sus remuneraciones a raíz de la desvalorización monetaria (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Acta de secuestro, testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AGUIRRE, LUCIA M. s/ PRUEBA  TESTIMONIAL  -  MENOR  -  ACTA  DE  SECUESTRO - PARTICIPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

Es válida el acta de secuestro aunque uno de los testigos del acto no haya aparecido, pues además de hallarse rubricada por éste, se encuentra firmada por otro testigo que sí declaró en el expediente.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Alvarenga, Pablo Yonatan s/ Robo agravado de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

El art. 38 del dec. ley 6.582/58 ratificado por ley 14.467 no transgrede los arts. 14, 16 y 28 de la Constitución nacional.
Principios procesales, etapas del proceso, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J.A. y Otro s/ Robo Agravado por el Uso de Arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-10

"La preclusión consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue".
Reformatio in pejus, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Trotti, Gustavo Rafael s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

La doctrina que prohíbe la reforma del pronunciamiento en perjuicio del acusado sin recurso acusatorio, violatoria de la garantía de la defensa en juicio del artículo 18 de la C.N., tiene aplicación respecto de sentencias de carácter definitivo o equiparables a ellas por sus efectos.
Concursos, honorarios, monto del juicio, quiebra, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Nastasi, Andrea Verónica c/  s/ quiebra Bettini, Carlos Antonio Bautista c/ Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Club de Viñas Cava Pampa s/ liquidacion judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13|2021-05-04

Por consiguiente, el incremento que experimentaron los fondos a distribuir debe tenerse en cuenta para que la retribución profesional mantenga una adecuada y justa relación con los intereses en juego y con lo que habrán de percibir los acreedores. Consecuentemente, presentada la readecuación correspondiente (como derivación de los intereses resultantes de la inversión a plazo fijo y según el tipo de cambio vigente), corresponde que la instancia de grado fije los honorarios en función de aquélla suma total, como así también de cualquier otro incremento habido hasta ese momento.
Medidas cautelares, facultades del juez, declaración de quiebra, fallido, continuación de la empresa, AFIP DGA, registro de importadores y exportadores, suspensión del registro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MANUEL FERNANDEZ VEGA SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-26

Resulta procedente el otorgamiento de una medida cautelar, a fin de que, la administración nacional de aduanas deje sin efecto la suspensión de la fallida del registro de exportadores e importadores, que había decidido como consecuencia de su estado falencial y en virtud de normas del código aduanero, ya que en tales situaciones -como la que se plantea en el caso- el juez esta autorizado a dictar dicha medida, a fin de tutelar el interés iuspublicístico comprometido en el proceso concursal, cuando de ello se sigue un beneficio manifiesto para la quiebra, sin verificarse un perjuicio irreparable para el tercero afectado, y permitir la continuación de la empresa.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: ANSS c/ RANUCCI HNOS. S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El deudor está facultado para pedir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor (art. 203 del Código Procesal). E inclusive el juez, de oficio, puede para evitar perjuicios limitar una medida precautoria o reemplazarla por otra distinta teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger (art. 204 del mismo cuerpo legal).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Valle Gómez E. c/ Propietario Ameghino N. 620 y Otros s/ Cobro Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-27

Respecto de la contracautela, la misma debe ser adecuada y efectiva, motivo por el cual, puede el recurrente solicitar la respectiva mejora, en cualquier estado del proceso, probando sumariamente que es insuficiente. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación laboral, monto del juicio, sustitución del depósito, póliza, seguro de caución
Materia: LABORAL
Carátula: ROSALES JACINTO PAULINO c/ LLUGDAR HERMANOS Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-03

Con respecto a esta exigencia de depositar el monto total de la condena para admitirse el recurso de casación laboral que constituye un presupuesto de admisibilidad de sentencias condenatorias, es decir aquellas que imponen una prestación, el S.T.J. ha brindado al litigante la posibilidad de suplir el dinero por una póliza de seguro de caución o algún otro medio similar que preserve la seguridad y la agilidad del cobro de la indemnización por parte del trabajador frente a la norma que no contiene modo alternativo para efectuarlo. En consecuencia, no puede ser cualquier tipo de bienes, sino sólo aquellos que permitan, en caso de corresponder, el cobro inmediato sin necesidad de un proceso de verificación: La fórmula "otros bienes a ofrecer", debe interpretarse en el sentido de bienes cuya realización pueda efectuarse lo más sumariamente posible, como el supuesto de títulos representativos de valores tales como plazos fijos sujetos a un término prudencial, cédulas hipotecarias, etc.
Recusación, recusación con causa, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cofre, A. L. y otros c/  s/ recusación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Si bien la recusación de los magistrados de la sala no estaría objetivamente comprendida en ninguno de los supuestos previstos en el art. 55 del C.P., en aras de preservar la garantía de la imparcialidad su enunciado no puede ser considerado exhaustivo. Además de los motivos allí enumerados pueden admitirse otros en la medida en que las circunstancias del caso concreto pudieran dar lugar a que los intervinientes se vean enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de sus jueces.
Responsabilidad del Estado, Municipalidad, poder de policía municipal, edificio a construir, abandono de la obra
Materia: CIVIL
Carátula: BENGOA, VICTOR - EXPTE. N° 30857 c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-16

Cabe admitir la responsabilidad del Estado por el ejercicio irregular del poder de policía edilicio por actos omisivos, cuando el Municipio teniendo la obligación concreta de actuar supliendo la inactividad del propietario de una obra abandonada, no lo hace, provocando con su omisión los daños que se reclaman.
Escritos judiciales, cargo, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Esteban Alfonso c/ Pedro Ganeff s/ Juicio Ordinario, Escrituración de Hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-04-26

El cargo puesto por el Secretario en un escrito, reúne las características del instrumento público, y por consiguiente hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal, por vía principal o de incidente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Delgado, Juan J. y otro c/ Vallini, Hugo L. y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01

Resulta ineficaz la denuncia de violación de normas de la Constitución nacional, que sería eventual consecuencia de haberse primeramente infringido preceptos legales de la materia de que se trata, supuesto no verificado.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, choque múltiple, legitimación pasiva, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: IDOYAGA, Julio Mario c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-01

Cuando el daño se produce como consecuencia de la previa colisión de dos automotores en movimiento, la acción de la víctima queda acreditada contra cualquiera de los partícipes por el monto total del perjuicio, debido a que la explicación debe encontrarse en la norma del art. 1109, última parte, del Código Civil. En efecto, si los varios partícipes que actúan culposamente responden de una manera solidaria, no hay razón para que no ocurra lo mismo con aquellos a los que puede imputarse haber creado el riesgo. Es decir que la prueba de la culpa real de algunos de los automovilistas no permite a los restantes exonerarse frente a la víctima, porque esa prueba de la culpa tiene trascendencia sólo para la acción de reintegro, vale decir, en la relación interna entre ellos.- (conf.

Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños. Eximentes", T.III, p.58, nota nº52).-
Acción de amparo, carácter excepcional, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Genaro García S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Amparo. Recurso directo (Expte. CSJ Nº 342-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, la delicada relación entre la preservación de la materia contencioso administrativa y la vía del amparo enfrenta la alternativa de adquirir un curso de normalidad, contando los jueces del amparo con la potestad y los elementos de juicio suficientes como para efectuar lo que se daría en llamar una selección inteligente, definiendo cuidadosamente en qué caso una cuestión contencioso administrativa podrá ser materia de amparo.
Ministerio Público, principio de legalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S.M., S.; O., J.C. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

El principio de legalidad significa que el Ministerio Público Fiscal debe ajustar su actuación a la ley penal, es decir iniciar y proseguir la acción penal pública cuando corresponda hacerlo. El principio de legalidad equivale a la indiscrecionalidad, o sea, a la falta de capacidad de los Fiscales para juzgar si conviene o no promover o continuar la acción penal.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado, pericia contable
Materia: PROCESAL
Carátula: COLOMBO Y MAGLIANO S.A. c/ CARNICERIAS INTEGRALES DEL MILAGRO S.H. y/o LOPEZ DE SORUCO, Emilia y otros s/ PIEZAS PERTENECIENTES AL SUMARIO COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-04

El dispositivo del artículo 209 inciso 4to. del Código Procesal Civil y Comercial comtempla la concesión de la medida cautelar cuando la deuda esta justificada por libros de comercio, llevados en debida forma por el actor o surja de certificación realizada por contador público. Esta certificación debe aseverar la fidelidad respecto a los asientos originales, como también que las registraciones contables figuren en los libros llevados legal y regularmente. La norma activa no exige la realización de la pericia contable, y los distintos trámites que ésta requiere (designación de perito, aceptación del cargo, presentación del dictamen, etc), no se concilian con la celeridad que debe presindir el otorgamiento de las medidas cautelares, y ello especialmente, si la actora tiene su sede en Buenos Aires.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, inhabilidad de título, excepción de pago, CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, sentencia definitiva, Seguridad social, concesión errónea del recurso, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja Complementaria de Prev. para la Actividad Docente c/ Universidad de Buenos Aires s/ ejecución ley 22804 y concordantes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Cabe declarar mal concedido el recurso ordinario de apelación deducido por la Universidad accionada, confirmando la decisión que rechazó las excepciones de inhabilidad de título y de pago y ordenó llevar adelante la ejecución por las sumas reclamadas por la Caja de Previsión para la actividad docente, en concepto de aportes a la seguridad social, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva, sino contra la que rechazó las excepciones mencionadas.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Carlos Oscar c/ Pérez, Sebastián Alfonso s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

En materia de notificaciones se oponen dos teorías, la de la "recepción" y la del "conocimiento". La primera se conforma con que se cumplan los requisitos formales que fija la ley para que se tenga por cumplida la notificación, independientemente del conocimiento real que haya tenido el destinatario. La segunda no pone su acento en el cumplimiento de las formalidades sino en que el destinatario haya conocido realmente la providencia que se le hace saber. La solución argentina acuerda plena validez a la notificación que ha tenido lugar según las formalidades legales, sin perjuicio de suplirlas el conocimiento indudable logrado por otros medios.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KUKIN JULIO c/ VICTOR O. LEGUIZAMON Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22

Todo conductor está obligado a guiar su rodado de modo tal de conservar el pleno dominio del mismo. La conducción debe hacerse con atención, máxime aún que el que conduce se convierte en guardián de una cosa peligrosa, y como tal debe observar en todo momento su más absoluto dominio para no ocasionar daños a terceros.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., M. C. c/ A., M. L. s/ Incidente de reconocimiento de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La omisión o el silencio observado en la cuenta particionaria respecto del derecho de recompensa derivado de las mejoras realizadas en un inmueble propio, no implica renuncia a la misma.
Sentencia, falta de prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NOVARA, Antonio c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

El juez, al dictar sentencia, no tuvo a la vista, en forma completa, la causa penal nro. 14.623, según resulta de la expresión "parcialmente fotocopiada" que emplea, y se infiere de la omisión de toda referencia respecto de importantes elementos de convicción. En la precitada causa penal se dictó sobreseimiento definitivo con respecto al doctor Abal, declarándose la incompetencia del juzgado para resolver sobre la situación de los doctores Della Santa, Teplitzky y Halperin de Calvagno. Tampoco el a quo ha tenido a la vista el expediente criminal tramitado respecto de dichos profesionales, lo que pudo constituir una omisión gravísima (arg.

arts. 1101/3), aunque no llegó a serlo por declararse extinguida por prescripción la acción penal sobreseyéndose definitivamente con respecto a todos los imputados.

La primitiva omisión conserva toda su importancia revistiendo tal entidad como para que la Cámara, sin más trámite, dicte el pronunciamiento que ponga punto final a esta causa. Habiendo quedado purgado el vicio procesal, resultan aplicables -mutatis mutandi- los principios elaborados por la jurisprudencia para decidir situaciones que guardan analogía con la presente.-
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compagnucci, Humberto José c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La circunstancia de que el Instituto de Previsión Social emplee un complejo sistema de codificación para consignar en el recibo de haberes el cargo sobre cuya remuneración se calcula el importe del beneficio, no es obstáculo para que el organismo oponga la prescripción de su obligación de pagarlos correctamente, desde que aún suponiendo -indebidamente- que tal sistema ha sido impuesto maliciosamente, para oponer la prescripción liberatoria no es preciso justo título, ni buena fe (art.4017, in fine, Código Civil).
Prueba, prueba de cargo, intervención de línea telefónica, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: FORNO JOSÉ ELIGIO Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA - LEY 5020 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-09-29

Las defensas plantean la inconstitucionalidad de la principal prueba de cargo (los registros obtenidos de teléfonos intervenidos), con fundamento en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 21 de la Constitución Provincial, en lo referido a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Se trata de críticas que no fueron deducidas en la primera oportunidad procesal posible y que se intentaron en el curso del debate, no obstante lo cual el TJ decidió analizarlos, en la medida en que se denunciaba la violación de las garantías constitucionales de los imputados. El criterio responde al art. 85 del Código Procesal Penal, que impide utilizar como fundamento de una decisión judicial los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías constitucionales de los imputados, y se adecua a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que "en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio... y sentencia dictada por los jueces naturales" y que "constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentren involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que, la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada" (cf. Fallos 325:2019, 330:1540, 331:1605 y 341:129).
Poder Judicial, facultades administrativas, acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Mara y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-09-20

Se articula acción de plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, solicitando que se deje sin efecto el ácuerdo Plenario dictado por la Corte de Justicia mediante el cual les denegara el reclamo de recategorización formulado por los accionantes.

La cuestión traída a decisión importa un claro cuestionamiento a las atribuciones de superintendencia que tiene a su cargo este álto Cuerpo, en su condición de máxima autoridad en el gobierno, administración y prestación del servicio de justicia.

En efecto, a través del ácuerdo Plenario impugnado, la Corte de Justicia rechazó la solicitud de recategorización escalafonaria en base a la falta de previsión en el presupuesto de los cargos requeridos. Entonces, en la tarea de controlar el cumplimiento de los presupuestos esenciales que el acto debe reunir para ser válido, se advierte que, tratándose de un acto administrativo dictado en ejercicio de la actividad discrecional, el mismo se ajusta a pautas objetivas aceptables, en la medida que su fundamento configura " la causa jurídica que toda decisión estatal debe tener, se encuentra expresada en forma precisa y clara, infiriéndose sin dificultad alguna cual es el motivo presupuesto y determinante del acto cuestionando. (Roberto Enrique Luqui - Revisión Judicial de la actividad administrativa - T. 1; pAg. 197). (Del voto del Dr. Cáceres-Según su fundamento)
Indulto, conmutación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Moisés Ariel s/ Conmutación De Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-02

El informe previo sobre conveniencia y oportunidad al que alude la Constitución de la Provincia de Salta en su art. 144 inc 5 en relación a la facultad del gobernador de indultar y conmutar penas -acto de gobierno de carácter eminentemente político- no es vinculante para el Gobernador ni amerita que se emita opinión sobre la conveniencia del indulto o la conmutación requerida, pues sólo se deben mencionar las circunstancias de la causa debido a que tanto el indulto como la conmutación -a diferencia de la amnistía- son medidas particulares que tienen por efecto no ejecutar la pena o reducirla, pero no afectan la criminalidad del acto, quedando subsistente el fallo condenatorio a los efectos de la reincidencia, de la indemnización pecuniaria, de las costas y de la inhabilitación o la pérdida de los derechos políti-cos.