marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ONORATO, MARIA ARACELI c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

Resulta razonable tener por acreditado que el causante se encontraba incapacitado a los fines previsionales a la fecha del cese laboral, si la ruptura del vínculo se produjo en los términos del art. 211 de la L.C.T., es decir, tras haber permanecido el trabajador imposibilitado de prestar servicios por un período de dos años, en uno de los cuales no percibió haberes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia absolutoria, reenvío, non bis in ídem, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: OLIVERA, EMANUEL ALEJANDRO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN POBLADO Y EN BANDA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

Los aspectos centrales de la cuestión giran en torno a los presupuestos y alcances del recurso fiscal y el juicio de reenvío a tenor de los artículos 396 y 404 del Código Procesal Penal, cuya inconstitucionalidad reprocha con invocaciones a la garantía de la múltiple persecución penal; y en tal sentido, se coincida o no con el alcance amplio de la garantía de non bis in idem por la que aboga la defensa, lo cierto es que en la presente causa las alegaciones defensivas logran estructurar un supuesto que impone analizar si la revocación y reenvío impugnados, se sustenta en vicios graves o esenciales del razonamiento absolutorio del Tribunal Oral o en una dispar valoración de la prueba; por lo que corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad, al mediar suficiente interés institucional ante la necesidad de aventar que en todo caso, y con fundamento en una nueva valoración de la prueba, que el sistema procesal conduzca a la mera búsqueda de un Juzgador que condene; con posible distorsión del sistema de enjuiciamiento implementado por ley 12734 y afectación de las garantías del imputado. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: "Suárez", AyS T 252, p 482/486.
Contrato de trabajo, objeto prohibido, trabajo de menores
Materia: LABORAL
Carátula: NERI MARIELA A. y OTRA c/ MUSCARSEL CARLOS y MUSCARSEL ANDRES J. s/ RECLAMO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-04

La noción de lo "prohibido" a los fines de calificar el trabajo de menores se encuentra en el art. 40 de la LCT. del que se debe destacar los dos presupuestos que lo sostienen: la prohibición del objeto deviene de que las normas legales o reglamentarias hayan vedado el empleo de "determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones"; y, además, que la prohibición está siempre dirigida al empleador.
Daños y perjuicios, enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva
Materia: CIVIL
Carátula: BILLORDO, José Valentín c/ SHELL C.A.P.S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

A los efectos del juzgamiento de la responsabilidad, en el caso de una tecnopatía declarada efecto exclusivo del trabajo, como es la hipoacusia, no resulta imprescindible la demostración precisa de la existencia de ruido por encima del nivel sonoro admisible por reglas relativas a la seguridad industrial, desde que no es posible desestimar la eventual incidencia desfavorable que una intensidad sonora menor puede haber tenido en el menoscabo de la salud de quienes resultan expuestos.-
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA JUSTO FERMIN c/ U.T.E.P.S.E. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE HABERES ETC. - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-27

La presunción del art.23 LCT opera ante la prestación simple de servicios. Es decir, no requiere la acreditación de que los servicios fueron prestados en forma dependiente o subordinada. Ello por cuanto una interpretación en tal sentido subvierte el mandato legal exigiendo al presunto dependiente probar el contrato o la relación de trabajo a través de la acreditación de su nota más típica (la subordinación) para recién tener por presunto el contrato de trabajo.-
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-13


Salta, 13 de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO RIO DE LA PLATA S.A. vs. GALLUCI, HECTOR - INCIDENTE DE REVISION" - Expte Nº 10.648/0 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte - Circunscripción TARTAGAL (Expte. N° CAM 300.896/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I. A fojas 217/219 el Dr. Guillermo López Mirau, por la parte actora, interpone caducidad de la instancia, manifestando que el concursado apeló la sentencia de primera instancia, fundando sus agravios con fecha 10/10/07, los cuales fueron respondidos por su parte en noviembre/07, y que desde ese momento se encontraba el expediente en condiciones de ser elevados a la Sala. Que ello no ocurrió produciéndose desde ese momento actos procesales nulos por haberlos dispuesto, dice, un Tribunal que ha perdido jurisdicción y competencia para ello.

Corrido traslado, contesta la Sra. Síndico a fojas 245/250 y a fojas 257/258 el demandado señor Héctor Gallucci, solicitando el rechazo del incidente las razones que ambos exponen en sus respectivos escritos.

II. En el presente, tenemos que a partir de la contestación de los agravios de fojas 180/84 el expediente se encontraba en condiciones de elevarse, realizándose diversos actos a los fines de agregar una diligencia de notificación, solicitando en cada uno de las oportunidades el demandado la elevación de los autos a la Cámara (fs. 190,193) incluso en el escrito de fs. 195 del 1º de mayo de 2008. A partir de allí el próximo acto impulsorio es el de fojas 197 (14/5/09) habiéndose cumplido a dicha fecha con el plazo del art. 310 inc. 2º del Código Procesal C. y C.

Habiéndose planteado la perención de instancia, el 27/5/09 (fs. 219 vta.) transcurrieron mas de los cinco días previstos por el art. 315 del Cód. P.C. y C., por lo que si el actor consintió el acto impulsorio de fs. 197, no puede alegar la perención pues la instancia ha quedado subsana o purgada (Palacio: "Derecho Proc. Civil" Bs.As. AbeledoPerrot, 1972, IV, pág. 237; Colombo: "Cód. Proc.C. y C." 1969, II, pág. 701 y ss; Parry : "Perención de la Instancia", 1964, pág. 349 y ss). Si la parte a quien favorece la perención no la ha opuesto oportunamente ha existido consentimiento tácito, ya que la parte debió `pedirla dentro del plazo del artículo 170 C.Pr.

Corresponde por ello, rechazar el planteo de caducidad de fs.217/219, con costas (arts. 67 y 73,CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y vuelva.
Régimen de consolidación de deudas, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEAL, ANA LIA c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-03-17

Es procedente el recurso de apelación respecto de la obligación de indemnizar que nace del daño a la vida por encontrarse sujeto al régimen de consolidación de las obligaciones del Estado, puesto que su aplicación es de orden público teniendo por meta un equitativo amparo del interés general de la sociedad.
Procesos especiales, juicio ejecutivo, subasta de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gregorutti, Maria Rosa c/ Torres, Beatriz Argentina s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

La consolidación del dominio a favor del comprador en subasta se materializa por medio de la aprobación del remate, el pago del precio y la entrega de posesión; y respecto de este último recaudo, debe darse la concurrencia de dos elementos -corpus y animus- (CCIV 2351 y su doctrina, hoy CCCN 1909) para cuya configuración se requiere la posibilidad de disponer de la cosa (v. "Sperber Crianza e Industria Pilifera SRL s/ quiebra" del 7/10/08). En el marco descripto, toda vez que luce incontrovertido en el caso, que el inmueble permanece ocupado, es necesario previamente resolver sobre la legitimidad o no de esa ocupación y, eventualmente, proceder a su desahucio, para poder hacer efectiva la entrega de la posesión al adquirente en subasta.
Concursos, principios generales del Derecho, jueces, competencia, persona humana, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTI, PAULA LE PIDE LA QUIEBRA DIAZ, PABLO EMITERIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-24

Corresponde confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente para entender en un pedido de quiebra dirigido contra la directora de una sociedad anónima, cuyo domicilio real se ubica en extraña jurisdicción. En ese marco, no corresponde determinar si la presunta deudora tiene la administración de sus negocios en la Ciudad de Buenos Aires, por haberse desempeñado como directora de la sociedad antes mencionada, cuya sede social se encuentra en esa jurisdicción, pues la circunstancia de que la emplazada de quiebra hubiera integrado el órgano de administración de una sociedad radicada en esta ciudad, no le confiere calidad de comerciante, ni resulta suficiente para concluir en que la sede de la administración de los negocios del deudor se encuentre en esta jurisdicción (conf. CNCom, Sala A, in re "Winner, Víctor León", del 20/04/10; ídem Sala C, in re "Hostache, Damian M. le pide la quiebra a Lebe SA", del 18/08/16).
Sucesión testamentaria, legados, legado de cosa cierta
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., C.E. c/ H., N.N. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

1- Para que el heredero incurra en mora en la entrega de un legado debe mediar interpelación del legatario. La mora no opera de pleno derecho porque no es desde el fallecimiento del testador que el legatario puede exigir la entrega del legado. Si de lo que se trata es de percibir la renta o precio de la ocupación en su carácter de continuador de la persona del causante, deberá hacerlo saber en forma fehaciente a los herederos que detentan el bien. 2- A partir de la aprobación del testamento queda expedita la vía para exigir la entrega del legado y si las herederas fueron anoticiadas del pedido pero continuaron depositando su rodado en la cochera objeto del legado, es a partir de ese momento en que debe correr el canon pretendido, aun cuando la interpelación no haya sido expresa, según surge de una interpretación razonable del art. 509 del Código Civil.
Honorarios, abogados, notificación, domicilio real, regulación de honorarios, cobro al cliente, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PODESTÁ CASTRO, RICARDO Y OT. EN J 38.084/114.848 PODESTÁ CASTRO RICARO Y OT. (EXPTE. N° 87.171) c/ BANCO DE GALICIA Y BS. AS. s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-11-09

La notificación de la regulación de los honorarios en el domicilio procesal del abogado es insuficiente cuando se ejecuta al propio cliente.

Claro está, que cuando se trata del cobro de los honorarios al cliente no median las razones que se tuvieron en miras al constituir el domicilio en juicio desde que aquél pierde su carácter de litigante para transformarse en contrario de su patrocinante, por lo que de existir intereses encontrados entre ambos, corresponde que la regulación se notifique a quien está obligado al pago por cédula en su domicilio.

De allí que si esa notificación no se ha efectuado, el ejecutado ( ex mandante, o en general, ex cliente) puede interponer la excepción de inhabilidad de título.

(Voto Preopinante Dra. Kemelmajer de Carlucci).
Concusión, personal de la Prefectura Naval, libreta de embarco
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA, Néstor José s/ CONCUSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

La calidad de funcionario público, en el caso suboficial de Prefectura Naval Argentina, el aprovechamiento de su situación unida al abuso de cargo, para recibir dinero por parte de un marinero que necesitaba la aprobación de la libreta de embarco, significa una presión psicológica necesaria para viciar la voluntad de la víctima, configurándose el delito de concusión.
Prescripción, cómputo del plazo, prescripción bienal
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez,  Fernando  Esteban c/ EMPREDIMIENTOS 2001 S.R.L. y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-11

En materia de prescripción, los mismos principios que rigen la solidaridad pasiva imponen partir de la premisa de una pluralidad de sujetos deudores y, por lo tanto, si el crédito emerge de una relación individual de trabajo rige lo dispuesto por los artículos 256 y conc. de la Ley de contrato de Trabajo, y el plazo debe ser computado desde la fecha del nacimiento del crédito y no a partir de la sentencia que condena a la sociedad en la existencia de un reclamo ulterior porque no se trata de una hipótesis de garantía de excusión. (En el caso, la accionante pretendía apartarse de la prescripción bianual y aplicar el plazo decenal del art. 4023 del C. Civil, haciendo extensiva la responsabilidad por condena a varias personas jurídicas y físicas ante la imposibilidad de hacer efectivo el crédito).
Alimentos, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: R.M.I. c/ G.P.S. s/ EJECUCION DE CONVENIO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-03

No existe norma en la ley 7676 que expresamente atribuya competencia en la resolución de juicios ejecutivos a ningún tribunal del fuero de familia. Ante la falta expresa de competencia se trata de resolver quién debe dictar sentencia en el juicio ejecutivo por alimentos. A esta solución debe arribarse respetando el espíritu de la ley y la finalidad perseguida por el legislador al asignar competencia funcional distinta a la Cámara y a los jueces de familia en la misma materia alimentaria. Así, adjudicando la competencia al Juez de Familia, se aseguran los principios fundamentales que informan la ley 7676, las reglas del C. de P.C. como ley supletoria y la garantía constitucional del debido proceso y se hace posible la doble instancia. En efecto, una adecuada lectura del art. 21 de la Ley del fuero, permite concluir que el juez competente para ejecutar sus propias decisiones ya sea que resulten de una resolución provisoria o de la homologación de convenios ante el Asesor o ante sí mismo, debe serlo respecto de acuerdos que las partes han celebrado extrajudicialmente, cuando son traídos a este fuero para hacerlos efectivos. No existe diferencia en la naturaleza de la materia cuya ejecución debe resolver, y por lo tanto la situación puede incluirse en los supuestos del inc. 1ro. del art. 21. Este criterio es congruente con las atribuciones que le acuerdan expresamente por el inc. 7mo. de este artículo ya que el Juez es esencialmente ejecutor tanto de sus propias decisiones como las de las Cámaras y del Tribunal Superior de Justicia. La ejecución de sentencia no es más que una de las formas de juicio ejecutivo especial. Esta solución no fuerza el sentido de la ley sino que se ajusta a su propósito. Así, acuerda a un Tribunal unipersonal y en procedimiento abreviado, la facultad de dictar sentencia asegurando la doble instancia. Cabe señalar que, por el contrario, la Cámara de Familia no es Tribunal adecuado porque debe resolver en instancia única, mediante juicio oral, continuo y reservado (art. 20 inc. 1ro.). Los juicios especiales se limitan al supuesto del art. 236 del C. Civil (art. 84 Ley 7676). Sin embargo, es tribunal de apelaciones en los casos previstos en el art. 20 inc. 4to. de la Ley del fuero. Por otra parte, la función ejecutoria de las Cámaras de Familia, es excepcionalísima ya que sólo se le asigna esta competencia respecto de sus propias decisiones interlocutorias y las del Tribunal Superior de Justicia.-
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, empleador, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Silva, Juan Oreste c/ Aguiar, Griselda y Huber vda. de Aguiar, Rosita y/o quien resulta propietario de Establecimiento rural s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte.:  C.S.J. Nro. 849 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Debe rechazarse el recurso interpuesto por cuanto no resulta susceptible de impugnación constitucional la esgrimida prescindencia de elementos probatorios, pues para que esta tacha se configure requiere que la prueba que se dice preterida por los sentenciantes sea decisiva para cambiar la suerte del litigio, lo que la recurrente no ha logrado demostrar acontezca en el sub examine. En efecto, el A quo ponderó el informe del ANSSES, el que daba noticias del aporte efectuado por otros patronos a nombre del actor;

señalando que en primer lugar ello no necesariamente excluye la posibilidad de que el actor se desempeñara como trabajador permanente de los demandados, máxime cuando se trataría de aportes relacionados con pagos por cosecha de algodón, que puede ser compatible con su prestación para la demandada; pero le restó decisividad por la poca claridad del informe, pues no ayuda a determinar con exactitud el tiempo de prestación a favor de otros patrones; no obstante señalar que, sin embargo, el mismo no dejaba dudas de que se trataron, en todo caso, de períodos muy cortos dentro de las fechas de vinculación laboral con su parte y que si bien, en otros casos, la misma Cámara había considerado dichos períodos esporádicos de relación con otros empleadores a fin de limitar el reclamo de diferencias salariales y del cálculo del tiempo efectivamente trabajado, en este caso, el informe no le permite; agregando que ninguno de los posibles empleadores testimonió en la causa. Asimismo, tampoco aparecía probado por la demandada tener otro trabajador permanente en su explotación con categoría de encargado -la misma no acompañó documentación laboral que avale su postura-.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Sucharab, Luis Alberto s/ Asociación ilícita - Robo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Corresponde declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia de Cámara si estableció que se hallaba probado el cuerpo del delito y la autoría responsable del procesado calificando el hecho como disparo de armas (art. 104, C.P.) y al tratar la cuestión relativa al pronunciamiento que correspondía dictar y la parte dispositiva omitió resolver sobre el particular, consignando entre las citas legales la del referido art. 104. Una preterición de esa naturaleza no puede subsanarse mediante esta última cita, pues la mención de la norma perteneciente a un determinado delito sólo tiene relevancia cuando sirve de fundamento legal a una condena, la que, sobre el delito de abuso de armas, no ha existido. El vicio en cuestión constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso, en tanto la sentencia recurrida aparece descalificada como acto jurisdiccional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAGUSA RAFAEL c/ MARIA SAYANCA s/ Escrituración (LIBRO: A071 - 304)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-11

No existe suspensión ni fuerza mayor por encontrarse el expediente en el Tribunal inferior, toda vez que el apelante puede instar tempestivamente la devolución de los mismos a la Alzada, y solo ante la negativa del Tribunal podría estimarse que la gestión se había agotado.
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo, aplicación de la ley, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

No parece razonable limitar el alcance de la ley 23.184 - que consagra una responsabilidad objetiva con fundamento en el riesgo creado - a los espectadores con exclusión de otros concurrentes al estadio, tales como los jugadores - mas aún cuando no media vínculo de dependencia con la institución -, el árbitro y demás auxiliares de juego (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Roberto Vázquez).
Elevación en consulta, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: Constitucional Procesal
Carátula: S., M. A. s/ Homicidio y Violación a C. B.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-05-08

La sentencia es nula, porque dicho pronunciamiento no consigna las circunstancias de hecho y de derecho en que se basa la mensuración de la pena que impone al procesado, por lo que el fallo deviene en un acto de pura voluntad del juzgador que viola la regla cuarta, puntos 3 y 6 del artículo 495 del Código de Procedimiento en lo Criminal.

Siendo así, corresponde declarar de oficio la nulidad de sentencia venida en consulta por estar en juego principios de orden público, en especial la garantía de defensa en juicio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, crédito verificado, trámites judiciales, verificación tardía, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La regla retributiva para la labor del síndico en la verificación de créditos concursales ha de ser igual en los casos de verificaciones tempestivas como tardías, sin perjuicio de que corresponda seguir un criterio diferente -por excepción- cuando sea manifiesto que el síndico ha sido el único contradictor del verificante y le haya vencido. Desde este punto de vista, el argumento del mayor trabajo que las verificaciones tardías impondrían al síndico -con lo que se pretende justificar una retribución especial en ellas- tampoco puede prosperar, por cuanto si bien es obvio que para formular un informe general ajustado a la ley -dictamen sobre el pasivo (artículo 40, inciso 2 Ley de Concursos)- el síndico ha tenido que estudiar la composición de todo el pasivo, y en este aspecto, que la verificación sea tempestiva o tardía no parece influir demasiado.

Por otra parte, el trabajo sindical para confeccionar un dictamen sobre cada crédito en el informe individual no es (sustancialmente, aunque si formalmente) diferente de la labor de opinión en una verificación tardía. Y, por fin, si hay "mayor" trabajo por verificaciones tardías, debe haber habido "menor" trabajo en la epata informativa temporánea. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Reordenamiento del sistema financiero, procesos de conocimiento, tasa de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Ferrari  Francisco c/ PEN  Ley  25.561  Dtos.  1570/01 y 214/02 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

A los efectos de determinar la base imponible y liquidar la tasa de justicia en un juicio de conocimiento por el denominado corralito financiero, ella se compone de las sumas originariamente depositadas en el plazo fijo en billetes dólar o su equivalente en pesos necesarios para adquirir los dólares en el mercado libre, por lo que de conformidad con lo establecido por los arts. 1 y 2 de la ley 23.898, corresponde el ingreso del 3% en concepto de dicha tasa judicial, por cuanto la causa no puede caracterizarse como de monto indeterminado. (Consid. XI).