Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-16


SENT Nro. 997 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 16 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado en contra de la sentencia dictada por la Sala VI de la Cámara Penal, del 18/12/2002 obrante a fs. 119/121, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 27/02/2003 (cfr. fs. 147 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la admisibilidad y procedencia del recurso que se intenta (fs. 154/156). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- La defensa de Jorge Andrés Damián Miguel interpone recurso de casación contra la sentencia dictada el 18/12/2002 por la Sala VI de la Cámara Penal que le condena por ser autor voluntario y responsable del delito de calumnias en perjuicio de Julio Augusto Vergara Altuve a la pena de un año de prisión en suspenso y costas del proceso.

Considera el recurrente que la sentencia es nula por fundarse en ilegal prueba dirimente, por haber desechado la eficacia conviccional de válida prueba testimonial dirimente, sin observar las reglas de la sana crítica racional, y por carecer de toda fundamentación fáctica sobre la existencia de la conciencia de la falsedad de la imputación que requiere el delito de calumnia, lo que implicaría vicio in procedendo a tenor del art. 468 inc. 2 y la nulidad de la sentencia por imperio de los incs. 3 y 4 del art. 413 del CPP, y pide que se reenvíe la causa a nuevo juicio oral y público.

Estima que la sentencia se funda en prueba ilegal, porque la carta documento remitida por el Diario La Gaceta del 16/02/2001, al ser un instrumento privado, para tener valor probatorio en el juicio, debió haber sido sometida a los procedimientos de autenticación de firma y contenido según el art. 1026 del Código Civil, norma que, dice el recurrente, impone una limitación al principio de libertad probatoria en el proceso penal, por ser una de las excepciones previstas por la ley a ese principio por el art. 192 del CPP. Afirma que, de ese modo, la sentencia se funda en elementos probatorios no incorporados legalmente al debate, art. 413 inc. 3 CPP. Remarca que la carta documento no fue enviada ni dirigida a su defendido, quien es un tercero en relación a su contenido, y que en rigor debió el querellante ofrecer la testimonial del suscriptor o responsable de la carta documento en cuestión a los fines de que la ratificara en su emisión y contenido.

Señala también que además de la autenticidad de esa carta, es menester establecer si lo que dice es verdadero, y que al no estar esto acreditado se transgrede el principio de razón suficiente.

Por otra parte acusa de arbitrariedad a la sentencia en tanto descalificó la eficacia probatoria de los testigos Valdivieso, Arizmendi y Moyano. Estima que descalificar esos tres testimonios coincidentes porque la mayoría del tribunal tuvo "la impresión de haber conocido previamente el interrogatorio por carecer de espontaneidad", es una conclusión fáctica que carece de toda fundamentación razonable, pues solo se funda en impresiones y no en pruebas. Agrega que no hay ninguna ley que prohiba a las defensas informarse de lo que conocen los testigos sobre los puntos que han de ser interrogados.

Se agravia, en subsidio, por la falta de motivación de la sentencia por ausencia de fundamentación legal en relación a la existencia del dolo exigido por el delito de calumnia. Expresa que el juicio que por homicidio se sigue a Miguel y que está en vía de recurso extraordinario federal, hubo expresiones del tribunal de Cámara y propias del recurrente en casación que "en contra de Vergara, existen serios, graves y concordantes indicios de que fue él quien participó en el hecho y no Miguel" (fs. 142 vta.), y pasa a transcribir todas sus argumentaciones al respecto que plasmó en el escrito recursivo presentado en aquel otro juicio. De allí se pregunta si puede decirse que sostener públicamente esta posición es configurativa de la malicia propia de la calumnia. En suma, considera que en término de agravio casatorio se evidencia la necesidad de que la condena por calumnias fundara la existencia de un hecho psíquico: la conciencia de la falsedad de la imputación. Solicita que también se anule la condena civil.

El recurso fue concedido mediante auto del 27/02/2003.

El Sr. Ministro Fiscal se pronuncia a fs. 154/156 por la admisibilidad y procedencia del recurso.

2.- La sentencia cuestionada, luego de referir a fs. 127 vta. que el querellado "dejó dicho que no eran suyas las expresiones atribuidas por el diario", agrega que "las manifestaciones de Miguel que afectaron al honor de Vergara Altuve se produjeron -según prueba que surge de la carta documento remitida por el diario La Gaceta en fecha 16/02/2002- y así fueron reproducidas textualmente" (sic).

Vale decir que frente a la negativa de Miguel de haber proferido las declaraciones que se le atribuyen, la sentencia considera que efectivamente las emitió y que ello se prueba con la carta documento remitida por el Diario La Gaceta el día 16/02/2002. Por tanto, corresponde analizar si esa ponderación puede servir de válido sustento a la sentencia en orden a la existencia del hecho.

Es preciso destacar primeramente que esa carta documento aparece remitida por el mencionado diario al letrado del querellante (fs. 90). En esa carta el gerente administrativo del diario se circunscribe a expresar que "En respuesta a su Carta Documento del 14/12/2001 le hacemos saber que la publicación en La Gaceta del 15/12/2000 titulada "No se hizo nada para descubrir la verdad", corresponde a un reportaje en el que se transcribió entre comillas, en forma textual, las palabras del entrevistado".

Analizando las distintas facetas del agravio del recurrente, cabe señalar que la cuestión principal no pasa tanto por determinar si es o no auténtica tal carta, en el sentido de que quien la remitió es la persona que aparece como signataria, y si el texto refleja lo que realmente expresó y no ha sido adulterado, pues aun admitiendo que efectivamente sea auténtica, y obviando introducirnos en el debate acerca de si la carta documento es instrumento público o privado, sino avanzando más en profundidad en el agravio y en el tema, lo que se advierte es que la sentencia arbitrariamente -esto es, sin dar motivación alguna- estima que con esa carta documento se prueba que "las manifestaciones de Miguel que afectaron el honor de Vergara Altuve se produjeron" y "así fueron reproducidas textualmente" (fs. 127 vta.). Pero precisamente esto es lo que ha negado Miguel, y lo ha negado al ahora querellante, mediante carta documento del 26/12/2000 (fs. 89) y ante el tribunal en ocasión de su comparecencia ante el mismo. El tribunal no explicita razón alguna en orden a por qué da valor probatorio absoluto, a título de premisa sobre la que construye el juicio lógico, a lo referido en la carta documento del 16/02/2001 y por qué no le da ese valor a lo expresado por Miguel en la carta documento que dirige al letrado del querellante. Parece entonces que, para la sentencia, no es el medio instrumental a través del cual se plasman las manifestaciones lo que le confiere mayor o menor credibilidad a las mismas. Por tanto hay que escudriñar en el fallo los motivos de pre ferencia por la credibilidad de lo dicho en una en relación a la otra. Y aquí se advierte la falencia, pues el tribunal no expone razones acerca de por qué lo manifestado por un tercero fuera del juicio -manifestación que por lo demás no aparece circunstanciada- en relación a un hecho que es menester probar, debe darse por probado en el juicio, siendo que tampoco en la sentencia se analizan otros elementos que corroboren lo expresado por el tercero, ni tampoco dice, y menos demuestra, que no existan esos otros elementos o que ellos no fueran necesarios. Tampoco se colige de la sentencia por qué para el tribunal sería suficiente con el tenor de lo comunicado en la carta documento del 16/02/2001, que no fue dirigida al querellado y no existía por ende obligación de responder de parte de éste, para acreditar el hecho de veracidad de las declaraciones que se atribuyen de Miguel.

Estando en juego el principio de inocencia y la libertad de una persona, y el honor de otra, la suficiencia de las razones que el tribunal de juicio debe explicitar en su fallo no es una cuestión menor, sino que hace a la esencia de toda sentencia para calificar como tal, y, como ocurre en el subexamine, al advertirse que el fallo se sustenta en una premisa indemostrada e inverificable en la elaboración de su contenido del fallo, y dada la trascendencia primordial conferida a la prueba aludida, se concluye en que la sentencia transgrede el deber de motivación exigido por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y debe ser casada y anulada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que transgrede el deber de motivación exigido por el art. 28 de la Constitución de la Provincia".

En razón de lo expuesto, deviene innecesario pronunciarse sobre los agravios restantes del recurrente.

La nulidad que se declara no es imputable a las partes, por lo que las costas de lo actuado se distribuyen en esta instancia por su orden (art. 551 CPP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa de Jorge Andrés Damián Miguel contra la sentencia del 18/12/2002 dictada por la Sala VI de la Cámara Penal; en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de la doctrina legal enunciada, debiendo volver los autos al tribunal de origen a fin de que, con nueva integración, y previa la sustanciación procesal correspondiente, se proceda a dictar nueva sentencia.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA