marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Comercialización ilegal de estupefacientes, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, declaración de rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Recurso de Inconstitucionalidad En Autos Fernandez, Julio Eduardo Sobre 5 C - Comercio de Estupefacientes o cualquier Materia Prima para su Producción /Tenencia con Fines de Comercialización", expte. SAPPJCyF n° 353036/22-4 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

Corresponde suspender el trámite de la queja, reservar las actuaciones en la Secretaría actuante, y solicitar al titular del juzgado interviniente que comunique a este Tribunal toda novedad que entienda de interés para la continuación del trámite iniciado ante estos estrados. Ello así, de conformidad con lo establecido por el art. 170 del CPP, y toda vez que el juzgado informó que el imputado que impulsó la queja fue declarado rebelde y se ordenó su captura. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Agregar valor consiste en desplegar una actividad que coloque al bien o servicio en un mercado distinto de aquel en el que quien la despliega encontró sus insumos, un mercado cuyos demandantes estén dispuestos a pagar un precio que convierta en onerosa o lucrativa la actividad. No se trata, necesariamente, de que haya cambiado la sustancia de lo que ofrece sino de que lo haya convertido en algo por lo que el demandante esté dispuesto a pagar más. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Ausencia por desaparición forzada, Fuerzas Armadas, muerte, agresión ilegítima, derecho al beneficio
Materia: CIVIL
Carátula: ADe Paz, Josefa Matilde de la Asunción c/ Ministerio del Interior s/ Art. 6 ley 24.411
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Para otorgar los beneficios que prevé, la ley 24.411 sólo exige que el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad haya ocasionado la muerte de un ciudadano, sin distinguir entre conducta legítima o ilegítima, directa o indirecta.
Facultades del Poder Ejecutivo, decreto de necesidad y urgencia, transporte de pasajeros, seguros, seguro de transporte, constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: COSSIO, Francisco c/ ROMERO, Eduardo Antonio y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-19

1- La facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por el art. 99, inc. 3º de la Carta Magna, es de carácter excepcional y queda reservada para situaciones de grave riesgo social, en las cuales el propio Estado o alguna de sus instituciones se encuentre en crisis, siempre y cuando la magnitud de esas circunstancias tornen imposible el tratamiento parlamentario. En tal contexto, la difícil situación por la que atraviesa el servicio público de transporte de pasajeros, en orden a la crisis financiera de las aseguradoras y la existencia de una gran cantidad de demanda contra las empresas, no alcanza el grado de "crisis" institucional o social, que es necesario exista para la procedencia del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

2- El crédito de la víctima, resultante del hecho generador del daño, nace desde el propio momento en que el hecho se produjo (sea éste cuasidelictual o de índole contractual), encontrándose amparado por la garantía constitucional que tutela la propiedad privada, la que resulta lesionada por el decreto 260/97, en tanto éste afecta retroactivamente tal crédito.

3- El decreto 260/97 traslada a las víctimas de los accidentes el peso de la crisis de un sector empresarial, en desmedro de los propios intereses de aquéllas, a quienes coloca en una peor posición que las víctimas de accidentes en las que no intervino una empresa de transporte público, violando el principio constitucional de la igualdad ante la ley.- 4- El decreto 260/97 transgrede la garantía constitucional de la defensa en juicio, que involucra la del debido proceso, en la medida en que, sin audiencia del acreedor y sin participación de la decisión del juez de la causa, le escamotea el derecho de "emplear los medios legales" para el cobro de su crédito, otorgado por el art. 505, inc. 1º del Código Civil.
Incapacidad, daño futuro, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Guggisberck, Inocencio c/ Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Accidente de Trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-26

No todo accidente o enfermedad tiene la posibilidad de producir un daño cuya identidad, en cuanto a sus efectos, suele mantenerse en el futuro, y en relación a la ley aplicable a las consecuencias dañosas que se producen en el tiempo, corresponde precisar cuando comienza a operar cada daño. En cuanto a la norma aplicable para reparar las consecuencias dañosas producidas por la enfermedad o el accidente, es la vigente a la fecha en que dichas consecuencias dañosas se configuraron; y así dentro de una relación jurídica cuando se genera la obligación de reparar el daño y el consecuente débito se incorpora al patrimonio de quien puede reclamar la reparación y de quien puede liberarse de su obligación, de acuerdo con la norma vigente al momento en que el daño se produjo, pasando a integrar su patrimonio.
Derecho a ser elegido, acefalía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción meramente declarativa-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

El derecho de elegir y ser elegido implica poder hacerlo por un periodo completo cuando ello corresponda dado que aquel puede verse ilegítimamente alterado, cuando en una situación de acefalía se convoca por un término menor, en cuanto ello importe una verdadera revocación de derechos subjetivos reconocidos y garantizados por la Constitución, cuando no una virtual e ilegítima derogación de su normativa por vía de un Derecho.
Derecho contravencional, declaración de oficio, ley de orden público
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Romero, Ramón Bonifacio c/ inf. art. 47 s/ Incidente de ejecución ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

El instituto de la prescripción de la pena es de orden público por cuanto "cuando el Estado declara superflua e inútil la imposición de la pena, no corresponde sino al juez declarar de oficio la prescripción, aún ante el silencio de la parte; porque no corresponde a los particulares someterse a la pena, cuando la ley por interés público y general declara que no debe aplicarse. La omisión del imputado debe ser suplida por el magistrado, que encarna la autoridad del Estado, como órgano del derecho de juzgar y de condenar (Il Digesto Italiano, vol. XIX, Parte Prima, Prescrizione (Materia Penale), Unione Tip. -Editrice Torinese, Torino, 1909-1912, págs. 540 y sgtes.)" (CSJN, C. 459 XXXVIII, "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº 555-cc-2000 s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", rta. 8/11/05, del voto del Dr. Fayt.)
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, derivación razonada del derecho vigente, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: HOYOS, CECILIO EFRAIN c/ NEPOTE, GUSTAVO ARTURO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-23

Es inadmisible el recurso desde que la quejosa no logra convencer que -más allá de su mayor o menor grado de acierto- los jueces de la causa hubieran incurrido en irrazonabilidad o desbordado los límites que el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza al poner especial atención a la actividad recursiva de la demandada quien -frente a una sentencia de primera instancia que había tenido por acreditado el trabajo del actor en una fecha anterior a la registrada por la demandada- interpuso recurso de apelación que, aunque expresa es parcial, en verdad se refiere a todos los rubros de la condena, incluyendo la fecha de ingreso; y luego de destacar que tal actitud había generado una situación de extrema violación a la dignidad del trabajador (derivada de haber negado el derecho a un trabajo decente en función de la indebida registración), concluyó que cuando el recurso de apelación no se dirige seriamente a discutir la existencia de una relación laboral no registrada o las verdaderas circunstancias de la fecha de ingreso y extensión de la jornada, el derecho constitucional de defensa en juicio está siendo utilizado por el recurrente en forma abusiva, como un mero formalismo a los efectos de prolongar en el tiempo la violación de los derechos del trabajador, lo cual lo llevó a entender que tal actitud de la demandada ostentaba carácter malicioso en los términos del artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Poder Legislativo, referéndum, consulta popular
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAEZA, ANIBAL ROQUE. c/ ESTADO NACIONAL. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

La convocatoria dispuesta por el decreto N.2272/84, se trata de una simple consulta no vinculante al cuerpo electoral y no de un referendum, toda vez que su resultado no decidirá sobre un acto público de los órganos legislativos. No se trata, pues de un acto de decisión en la formación por el pueblo de la voluntad legislativa del Estado, razón por la cual no altera el contenido formal y material del art. 22 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr.

Carlos S. Fayt).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CATTELAN MABEL c/ SANCHEZ MARIA Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Si formalmente el título resulta hábil y, sustancialmente exigible;

pretender cuestionar la validez de la escritura pública, excede el limitado ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo.-
Recurso de casación, asesor de menores, legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal, desistimiento de la acusación, sentencia absolutoria, delitos contra la integridad sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

En el sub examine la menor es víctima de un delito contra la integridad sexual y uno de los sospechados de su comisión es quien detenta la patria potestad (la madre). Asimismo, cabe agregar que quien debía ejercitar el "ius punendi" como representante de la acción pública desiste infundadamente de continuar el debate, desertando del alegato al que la ley procesal obliga en la discusión final (art. 364 y ss.).

De tal modo , la vía recursiva ante la instancia extraordinaria por la Asesora de Menores, contra lo actuado por dicho funcionario y la Cámara Criminal que se pronuncia por la absolución de los imputados, era la adecuada para dar cumplimiento a la exigencia a los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto se le dará "... oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" (art. 12, inc. 2).
Homicidio culposo, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: J., S. s/ Homicidio (Expte Nº55-99, Resolución Nº36, Tomo 6, Folio 31)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-08

No habiendo un ataque que colocase concretamente en riesgo la integridad física de personas, es inconcebible admitir una defensa ordenada a la neutralización de semejante riesgo. Sin embargo este análisis puede haber sido distinto al juicio que sobre el mismo suceso conformara el imputado al momento de vivirlo. Aludo con esto a la posibilidad de un error. Ante el ataque que sufría en su vivienda de parte de personas alcoholizadas, la zozobra que ha de haber embargado su ánimo no sólo se me presenta como una posibilidad abstracta sino como una probabilidad concreta, resultándome de ella también en alto grado de probabilidad creíble que pudo haber incurrido en error acerca de las características del ataque que contra sus bienes estaba soportando, creyendo que se hallaba en curso de ejecución una agresión contra la integridad familiar propia o de su familia. Tal convicción íntima, aunque errada, pudo llevarlo a creerse necesitado de defenderse en la forma que lo hizo.

Nos encontramos ante un error sobre una circunstancia de hecho, error que hubiera podido superarse adoptándose los cuidados pertinentes, pero éste no fue así, y lo reprochable entonces es haber actuado violando deberes de cuidado, lo que lleva a la subsunción de su obrar bajo las especies del obrar imprudente, ubicando el hecho como configurativo del delito de homicidio culposo.
Beneficios previsionales, conviviente, cónyuge supérstite, derecho a la protección integral de la familia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: García de Machado, Sara c/ Caja  de  Jubilaciones,  Pensiones  y  Retiros  de  la  Provincia  de Córdoba. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Del hecho de asimilar a los fines previsionales, la situación de la mujer que hubiere convivido públicamente en aparente matrimonio con el causante del beneficio, a la viuda (art. 31 de la ley 5848 de Córdoba) no puede seguirse válidamente que el legislador haya desnaturalizado el mandato constitucional que preceptúa la protección de la familia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, fundamentación de sentencias, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lucero, Victor Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 498 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina, integrando así la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo Tribunal, remitido por ella.
Régimen penal cambiario, cuestiones de competencia, Régimen Penal Administrativo, autoridad de aplicación, policía federal, facultades de la autoridad de prevención, procedimiento policial, nulidad procesal, banco central, facultades del banco
Materia: PENAL
Carátula: ONDA ARGENTINA CAMBIOS, VIAJES Y TURISMO S.A. s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

1- Es nulo lo actuado por la Policía Federal como prevención en materia de control de cambios, por carecer su personal de atribuciones legales al efecto. La Ley 19359 tiene regulado un régimen especial para la tramitación de las causas de cambios, siendo exclusiva y excluyente la competencia y jurisdicción del Banco Central tanto para el trámite prevencional como sumarial, y no puede ser delegada. (Del voto de la mayoría).- 2- La aplicación supletoria del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley cit. art. 21 y Decr. 1265/82, Art. 8, inc. f) corresponde sólo en los casos no previstos por la ley especial. (Del voto de la mayoría).- 3- El Poder Ejecutivo Nacional (Banco Central) no carece de facultades para juzgar hechos de naturaleza penal, resultando compatible con la Constitución Nacional la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales de índole administrativa, destinados a hacer más efectiva la tutela de intereses públicos, con ciertas limitaciones y cuya decisión queda sujeta a control jurisdiccional suficiente. (Del voto de la mayoría).
Contrato de trabajo de temporada, salarios por enfermedad, licencia con goce de sueldo
Materia: CIVIL
Carátula: Gonzalez, Viviana Mónica y otros c/ Frutic. Unidos Centenario S.R.L. s/ cobro de haberes Centenario S.R.L. s/ cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

Corresponde confirmar la sentencia que rechaza la demanda al considerar que finalizada la temporada, cesa el derecho de percibir el salario por enfermedad, pues ninguna de las tres actoras acreditaron que durante el periodo de postemporada hubiesen sido convocadas para laborar, para que renaciera como ellas pretenden, sus respectivos derechos al pago de la licencia. (del voto del Dr. Gigena Basombrío).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, decisiones administrativas, acción de nulidad, plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

El agotamiento del plazo de caducidad de tres meses previsto por la LGS 251 impide en adelante declarar la invalidez del acto de que se trate, salvo que se trate de un supuesto de nulidad absoluta (conf. CSJN, in re "Provincia de Chubut c/ Centrales Térmicas Patagónicas SA", Fallos 324:4199; CNCom, Sala D, in re "Oversafe Seguros de Retiro SA (en liquidación forzosa) c/ Courby, Juan Carlos y otros s/ ordinario", del 18/07/19).
Tercerías, tercería de dominio, demandado, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASARES,  CARLOS  (BAZAR  ROSEMBLIT SOCIEDAD ANONIMAC. CASARES CARLOS SOBRE EJECUTIVO). s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

La circunstancia de que convivan en la misma casa padre e hijo hace que la presunción del código civil 2412 deba ser analizada con particular cuidado, porque el ejecutado tiene su domicilio en el mismo departamento de su padre y la presunción que pretende invocarse a favor de este último, tiene su contrapartida en la que puede admitirse respecto del hijo conviviente.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso contencioso administrativo, sentencia, policía, ascenso laboral, empleados públicos, derecho a la carrera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

No corresponde considerar en sede judicial sin previo pronunciamiento la pretensión del actor de la Administración, de que se haga lugar a su promoción al cargo de Comisario Inspector, cuyo presupuesto de análisis y, en su caso, de acogimiento, lo constituye el eventual reconocimiento del derecho al ascenso de aquél.
Administración de la sociedad, responsabilidad del administrador de la sociedad, vacío legal, aplicación de la ley, mandato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cía.  Swift  de  La  Plata    S.A.    Frigorifica - Deltec Argentina c/ Estado Nacional Argentino (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

No se ha probado la existencia de un daño indemnizable ni la relación de causalidad entre ese pretendido daño y administradores - liquidadores es susceptible de ser regulada - a falta de normativa específica - por las reglas del mandato, a tenor de lo dispuesto en el art. 1870, inc. 1 y 3 del Código Civil, de tal modo que para comprometer la responsabilidad del mandatario - el Estado -, no basta con demostrar que el capital de trabajo confiado al comienzo de la gestión es superior al existente una vez terminada, pues la obligación de éste no consiste en realizar una actividad superavitaria sino a cumplir con el propósito fijado por la Ley 18 832 y con una administración cuidadosa y sujeta al contralor jurisdiccional. Por lo tanto, no existe en el caso una inejecución del mandato en los términos del art. 1904 del Código Civil.
Violación, violación a víctima privada de razón, oligofrenia
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Mauricio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-09-21

Cuando la víctima de una violación sufre una probable patología (oligofrenia) que por concepto impediría o afectaría la resistencia de la misma al acto sexual (art. 119, inc. 2 C.P.) debe considerarse que la ley no tutela sólo la violencia física y la moral en el sentido de vencerse materialmente la voluntad del sujeto pasivo o lograrse su aceptación viciada por la amenaza del peligro que, aún potencial, aquél pretende evitar, sino que, la protección legal se extiende a la ausencia de voluntad y la imposibilidad de persistencia tanto sea por no discernirse acerca de la acción o porque queriéndose resistir no se puede.
Crédito fiscal, prescripción, plazo, código civil, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración Provincial de Impuestos (API) c/ Frigorífico Litoral Argentino S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

A fin de sustentar la decisión aquí cuestionada el Tribunal interviniente expresó -en lo que ahora resulta de interés- que descartando la aplicación de la normativa provincial respectiva, se estima que en lo atinente al cómputo del plazo prescriptivo para el cobro de la deuda corresponde tener presente, con arreglo al artículo 3956 del Código Civil, que las obligaciones tributarias aquí comprometidas no provienen de declaraciones juradas presentadas por el contribuyente en tiempo y forma, sino del procedimiento de verificación y determinación de oficio seguido por la Administración Provincial de Impuestos en los términos de los artículos 34, 35 y concordantes del Código Fiscal, lo que conduce a descartar la defensa de prescripción propuesta; y que conforme a una pacífica interpretación de lo dispuesto por el citado artículo 3956, la prescripción empieza a correr desde la fecha de exigibilidad del crédito, que no es otra que aquélla en que se tiene expedita la acción para su cobro, argumentos que encuentran sustento en lo decidido por esta Corte en distintos precedentes, a los que se remite en lo pertinente; sin perjuicio de lo cual, en el presente caso resulta conveniente efectuar determinadas precisiones sobre el punto, atento a lo resuelto por la Corte federal en fecha 10.12.2020 en relación a la causa "API c. Organización Distribuidora del Litoral SRL" de este Cuerpo, en razón de que, según la apreciación del Máximo Tribunal nacional, las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA", en el cual se dejó sin efecto una sentencia en la que -esencialmente- el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se había apartado sin más del criterio establecido en autos "Filcrosa". - CITAS: CSJN: Filcrosa, Fallos 326:3899; Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA, Fallos 342:1903; CSJStaFe: API c. Organización Distribuidora del Litoral SRL, AyS T 283, p 338; Municipalidad de Rosario c. Nestlé, AyS T 259, p 276; Municipalidad de Rosario c. Merengue SRL, AyS T 264, p 74; API c. Reale, AyS T 269, p 322; API c. Buslowicz, AyS T 289, p 283; Emprendimientos TV SA, AyS T 308, p 373 y 378. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 3956; Código Fiscal provincial, artículos 34 a 36 y 93 a 96