Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-18


- En la ciudad de Trelew, a los 18 días de diciembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L. N., A. c/ G., C. J. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 21.852 -año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 214.

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Lucero dijo: - Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 205), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 199/202), por el cual se desestima en todas sus partes la demanda entablada por el Sr. C. J. G., con costas.- El informe del art. 62 de la Ley 69, se encuentra glosado a fs. 207/209 vta..

I.- La parte actora recurrente formula los siguientes agravios. Expresa que el Sr. Juez a quo partió equivocándose en su análisis al omitir valorar la confesión ficta en que incurrió el accionado señalando que no hizo ninguna referencia al apercibimiento del art. 25 de la ley 69. Explica previa trascripción parcial del citado artículo que el mismo explica con claridad cual es la sanción para el demandado ausente a la audiencia confesional y los efectos orientados hacia la admisión de los hechos personales interpretados en base a las restantes circunstancias de la causa. Añade que no se exige en la ley otro recaudo para considerar la confesión ficta, ni la presentación del pliego de posiciones junto con la interposición de la demanda, ni luego en el momento del art. 25, que tal vez puedan haber sido los motivos aunque equivocados de la omisión del sentenciante ya que, de otro modo dice, resta considerar la posibilidad lamentable del mero olvido al valorar la prueba rendida. Sostiene que el juzgador a quo incurrió en insalvables errores y llamativas omisiones en la aplicación de presunciones contenidas en la ley del rito y en la Ley de contrato de trabajo. Efectúa cita jurisprudencial de ésta Cámara de Apelaciones relacionada con la confesional ficta y sus efectos a cuya lectura remito. A partir de allí omitió en su análisis invertir la carga de probar. Cita y transcribe el último párrafo de los considerando en donde indica como razonable que entre las partes pueda haber existido una vinculación pero no de carácter laboral indicando que no se acreditó en la especie ninguna de las notas que tipifican esto es, la subordinación técnica, jurídica y económica. Postula que debió presumir el juzgador la existencia de un contrato laboral entre las partes otorgando un valor adecuado e importante a la confesión ficta ya que contaba con un escrito de demanda redactado en forma clara, con hechos expuestos de manera precisa y bien descriptos, para luego, a partir de allí determinar si realmente la prueba rendida por la contraria es suficiente con la rigurosidad que se requiere para desvirtuar los efectos propios de la presunción que -repite- fue ignorada por el a quo. Añade, que en el responde se formuló un expreso reconocimiento de la prestación de servicios de su parte aunque atribuyéndole otra naturaleza agregando el reconocimiento de que se le efectuaban pagos con periodicidad mensual y por el mismo importe denunciado en el escrito de demanda. Efectúa nueva cita jurisprudencial a la cual remito. Insiste que G. reconoció primero la prestación de servicios resultando de aplicación la presunción del art. 23 de la L.C.T. aunque atribuyéndole una carácter comercial que no pudo acreditar, y no tuvo reparos -dice- en presentar un recibo de pago diciendo que ante los reclamos verbales realizados por su parte acordó para evitar reclamos el pago de la suma de $ 3600. Indica que la existencia de reclamos verbales es cierta y fue un hecho afirmado como un hecho ocurrido en forma previa al reclamo luego formalizado en sus telegramas y también debió presumirse -afirma- que dichos reclamos verbales fueron de carácter laboral aplicando la presunción contenida en el art. 25 de la ley 69. Repite la misma cita jurisprudencial anterior relativa a la confesión ficta. Expresa que el demandado afirmó la existencia de una locación de servicios de carácter comercial que no pudo acreditar y su falsedad quedó demostrado en la confusión que -dice- incurrió entre la locación de obra con la de servicios. Debía demostrar el demandado el carácter de comerciante o de empresario de su parte con estructura propia, asunción de riesgos y plena autonomía aunque nada de ello quedó acreditado. Sostiene que el juzgador del anterior grado valoró sobremanera la testimonial rendida a pesar que -asegura- ella corroboraba los dichos de su parte bien dichos al promover la demanda. Cita los dichos del testigo P. quien dijo verlo trabajando en el locutorio, describió las tareas, la ubicación de locutorio, la frecuencia con que lo veía y la época aproximada en que lo vio destacando que conocía al Sr. L. al que tanto importancia le atribuyó el sentenciante. Manifiesta que fueron coincidentes con el mencionado testigo los de F. y H., quienes afirmaron sin dudar que lo vieron trabajando y responden cada una de las preguntas formuladas sobre la frecuencia, horarios y época de labor invocada por su parte. Se agravia entonces de que el Sr. Juez a quo entendiera que en definitiva los testimonios rendidos por la demandada alcanzaron para desvirtuar la presunción contenida en el citado art. 25 de la ley 69. Advierte que los testigos L. A. y G. manifestaron que nunca vieron o directamente no lo conocen, pero de ellos no puede derivar ni extraerse una interpretación orientada a que entre las partes existiera un vínculo de naturaleza comercial y menos del tipo o clasificación que eligió el demandado. Destaca que su desempeño en el locutorio es un hecho reconocido expresamente por el demandado además de las presunciones olvidadas por el juzgador a quo. El testimonio del único empleado actual del locutorio Sr. M. a quien se le otorga importancia, a pesar de que lo alcanzan las generales de la ley, tampoco se puede tener por acreditado la locación de servicios de naturaleza comercial que debía probar el demandado. Expresa que con lo declarado por este último testigo puede concluirse que es estudioso y trabajador, pero de ninguna manera un empresario dedicado a la contratación de servicios informáticos. Se agravia también que se tomara como relevante el informe cursado por la directora de la escuela .... de Trelew, ya que existiendo la presunción prevista en el citado art. 25 de la ley 69 y la afirmación de la demanda de que su horario extendía a partir de las 8 hs. y hasta las 23 hs., según determinara su empleador, por la mañana o por la tarde y de lunes a domingos, descripción que tiene amplitud suficiente, de ningún modo se contradice con el escrito de promoción como ligeramente afirmó el Sr. Juez a quo.

II.- En el marco delimitado por los agravios reseñados estimo útil destacar prioritariamente que, básicamente, los mismos se asientan sobre los efectos derivados de la confesión ficta en la que incurriera el demandado según se afirma; y, a partir de allí, en la carga de probar la existencia de un vínculo de distinta naturaleza que la laboral que le atribuye el actor a la prestación de tareas que cumpliera en el locutorio que gira en el comercio bajo la denominación de fantasía "L. A.".- Así pues, atendiendo al modo en que se trabó la litis debo inicialmente señalar que, merced a que se ha reconocido por la parte demandada la efectiva prestación de tareas del actor en el locutorio de su propiedad, se involucra para la resolución del presente conflicto de intereses traído a resolución, la operatividad que cabe atribuir "prima facie" a la norma presuncional contenida en el art. 23 de la L.C.T.. Conocida ha de ser la postura de esta Sala B de la Cámara de Apelaciones de esta circunscripción judicial en relación a cómo debe interpretarse la presunción contenida en el citado Art. 23 de la L.C.T., en tanto que su inteligencia ha concitado diversas posturas doctrinarias y jurisprudenciales. Y así, he dicho antes que ahora, en distintos precedentes vinculados a dicho tópico que, desde mi óptica, solo entra a jugar ante la acreditación de prestación de tareas a favor de una organización empresarial ajena, bajo la dirección y efectivo poder jurídico del sindicado como empleador, que en el sub exámine vendría a ser el demandado Sr. G..

- Por lo tanto, es claro que me inclino por la tesitura interpretativa que propugna que la expresión "prestación de servicios" que usa el citado Art. 23 de la L.C.T., no se refiere a cualquier tipo de servicio, sino, al que corresponde a la tipología contractual que conforma y da la materia propia del ámbito del derecho del trabajo.- Es que, la Ley de Contrato de Trabajo al referir a las características de la acción humana regulada por esta rama jurídica, la define siempre como una prestación distintiva de la tipología contractual de naturaleza laboral, la que contiene a cargo del trabajador una "prestación dirigida" (Art. 4 L.C.T.); "bajo relación dependencia" (Arts. 21; 22; 99 L.C.T.); con "sujeción a instrucciones o directivas (Art. 27 L.C.T.), "a las órdenes" (Arts. 168 y 255 L.C.T.), en "relación de dependencia" (Art. 32, párrafo 3ro. y 253 L.C.T.), "haber puesto su fuerza de trabajo a disposición" de la otra parte (Arts. 103 "in fine" y 197 L.C.T.); conceptos todos ellos que caracterizan la llamada dependencia jurídica, es decir la puesta a disposición de la capacidad laboral de una persona a favor de otra que puede dirigirla.

Esta postura, como lo adelantara, es la que he adoptando en otros precedentes de esta Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut (en especial los que se registran en S.D.L. Nro. 03/01; 01/02 y 20/02 CANE, entre muchas otros).

Tal posicionamiento se compatibiliza con la valoración de la actitud asumida por las partes en conflicto en cada supuesto en particular, en cuanto que el modo en que se produjo la traba de la litis determina las cargas probatorias que asumen y que corresponderá atribuir en cabeza de cada una de las partes respectivamente. Si el actor, por un lado, afirma la existencia de un contrato de trabajo y la parte demandada, por el otro lado, no niega la prestación de tareas a su favor sino que afirma que las mismas fueron realizadas en otro carácter o que el vinculo que las motivara era de otra naturaleza, asume la carga de probar tal presupuesto fáctico que conforma la sustancia de su defensa. Habida cuenta de ello entonces, tal como lo sostiene en esta litis la sindicada parte empleadora, al aludir a que no existe una relación de trabajo afirmando por el contrario que el actor era un locador de servicios comerciales, expresando: "...el Sr. A. L. N., tenía un contrato de locación de servicios de naturaleza comercial, y por él realizaba el servicio técnico y el mantenimiento de los equipos de computación existentes en el local comercial.()Como pago de dichos servicios se le abonaba aproximadamente la suma de pesos trescientos ($ 300), lo cual era según los problemas que se presentaban en el mes en los equipos de ocupación...." (sic)(fs. 19 vta./20), según puede verse del escrito contestatario, claramente se perfilan cargas probatorias para ambas partes. Reitero, de tal composición controversial emerge como conclusión que ambas partes habrán de probar los presupuestos de hecho de la norma que indican en favor de la pretensión que dedujera o de su defensa respectivamente (Art. 377 2do. párrafo del C.P.C.C., de aplic. por vía del Art. 45 de la Ley 69). Nótese que lo dicho, no es ni más ni menos que aquello que precisa el citado Art. 23 de mentas, en cuanto establece literalmente que "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancia, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario" (sic)(lo destacado en negrita me pertenece). Es que, ante la admisión de la prestación de tareas de la parte actora a favor de la demandada, impone acreditar que la vinculación que existiera reconoce características distintas a una relación laboral o bien que este desarrollaba una actividad autónoma.

No hay pues inversión de carga probatoria alguna sino solo una presunción favorable a quien afirma haberse desempeñado bajo relación de dependencia ante la falta de acreditación de lo contrario. (Conf. CNCom., Sala B, 12/4/00 "A....s/ Concurso preventivo s/ incidente de verificación...", T.S.S., 2000-459; id. C. Apel. Concepción del Uruguay, sala del Trab., T.S.S. 2000-930).- Es que de esto trata el principio de la primacía de la realidad que rige en la materia, ni más ni menos que determinar en concreto y en cada supuesto planteado a la jurisdicción, cuál fue la realidad acontecida haciendo efectivo el principio que le da primacía a ella por encima de cualquier forma (o informalidad) que las partes pudieran haberle dado a su vinculación (Véase al respecto el interesante enfoque de Efraín Quevedo Mendoza, "Carga y valoración de la prueba: precisiones", J.A., 1998-III-630).- Y la parte demandada ahora recurrente no solo estuvo lejos, para mi, de satisfacer la carga probatoria a su cargo, sobre lo cual me explayaré más adelante, sino que por el contrario, y como lo puntualiza correctamente la parte actora recurrente, inadvertidamente el juzgador del anterior grado pasó derechamente a la apreciación de la prueba testimonial aportada a la causa omitiendo computar previo a ello que el demandado había incurrido en confesión ficta según surge de las constancias obrantes a fs. 33 y 96 (vide: el consecuente proveído de fs. 97). Y este dato no es menor, desde que por la presunción de veracidad de los hechos lícitos afirmados en demanda, que emana de la confesión ficta en la que se colocara el absolvente rebelde, según lo contempla el art. 25 de la Ley 69, se acentuó aún más la carga que ya pesaba en cabeza del demandado, en tanto que se añade la de probar en contrario de tal presunción favorable al posicionamiento esgrimido por el actor en su demanda respecto a la naturaleza del vínculo habido entre las partes.- - Y es que esta inteligencia se encuentra sustentada en la interpretación literal del art. 25 de la ley 69 que edicta: "..., si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda..., salvo prueba en contrario"(sic). Pues bien, un hecho afirmado en la demanda fue precisamente la existencia de un vínculo laboral entre el actor y el demandado, afirmación que mereció expresa negativa por lo que conformó la litis contestación y, por ende, el marco fáctico de controversia objeto de la prueba. Así concretado el hecho específico materia de contradicción, era carga de ambas partes acreditar uno -el actor- el hecho positivo alegado -naturaleza laboral del vínculo-, y el otro -el demandado-, el hecho negativo alegado en su responde -que no era un vínculo laboral sino de naturaleza comercial-.- Hete aquí, reitero entonces, que entre el plexo probatorio de autos se constata que el demandado G. no compareció a su prueba confesional, a pesar de haber sido debidamente notificado, y ante el pedido de confesión ficta efectuado por el actor el Juzgado lo tuvo presente para el momento procesal oportuno (fs. 96/97). Cumplidos los recaudos previstos por los Arts. 17 inc. c) de la Ley 69 y ante la señalada incomparecencia del demandado a la audiencia designada a los fines de recibir su absolución de posiciones, sin que hubiera invocado causa impeditiva que lo justifique, corresponde tener por ocurrida la confesión ficta del Sr. G., en relación a los hechos expuestos en el escrito de demanda, salvo prueba en contrario (Art. 25 de la Ley 69).- El aludido Art. 25 de la Ley 69, al establecer la confesión ficta de los hechos alegados en la demanda imperativamente impone su observación por el Juzgador, quién debió analizar la controversia desde el nuevo ángulo resultante de tal circunstancia procesal. Es decir, que las demás pruebas producidas en la litis solamente tienen relevancia si acreditan de modo fehaciente lo contrario al reconocimiento ficto operado en razón de la incomparecencia a la confesional.- Insisto, producida tal circunstancia deviene inexorable la inversión de la carga probatoria anunciada al principio, debiendo de tal manera la demandada producir prueba en contrario que permita desvirtuar los efectos de la presunción generada (criterio sostenido por este Tribunal, Sala "B" en S.D.L. Nros. 25/98; id. S.D.L. Nro. 19/01; id. Sala "A" en S.D.L. 52/98; 83/98 entre otras).- Por otro lado, como lo expresara "supra", tampoco puede predicarse que el aquí sindicado como empleador hubiera demostrado, como debía hacerlo aún sin que operara en su contra la presunción de veracidad de los hechos lícitos alegados en demanda, que el vínculo que lo uniera con el actor fuera de naturaleza comercial como los postulara al contestar la demanda. Por caso, la testimonial aportada a la presente causa se reparte, casi por partes iguales, entre quienes afirmaron haber visto prestar tareas emparentadas con las propias de una relación subordinada (Sres. H. -fs. 137 y vta.-; P. -fs. 138- y F. -fs. 181-) y quienes, por el contrario, manifestaron o no conocerlo (S. -fs. 102 y vta.-) o bien afirmaron que al único empleado que conocieron en el locutorio del demandado fue al Sr. L. M. (L. -fs. 104- y G. -fs. 105-). En este último grupo se suma el propio M., quien sostuvo en sintonía con este último grupo de testigos que era el único empleado del demandado (fs. 103 y vta.). Cierto es que la prueba testimonial constituye "per se", uno de los medios más utilizados para arribar a la deseada convicción, más también es uno de los más inseguros a los cuales indefectiblemente debe recurrir la justicia a fin de resolver los litigios, potenciándose su necesidad en materia laboral donde la informalidad o el disimulo es precisamente lo que usualmente acontece con el propósito de evadir el marco legal de su regulación. En tal sentido por caso, Falcón lo califica como el medio de prueba más antiguo y menos fiable y, en general, la totalidad de la doctrina coincide con esta apreciación (conf. autor cit. en "Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nac.", T. III, pág. 292). Ahora bien, repito, sin embargo su existencia y utilización se impone por razones prácticas. Máxime en el mundo laboral en el cual la necesidad de la prueba testimonial se impone por razones lógicas ya que en la mayoría de los supuestos motivos de litigio se discute ni más ni menos que la existencia de la relación laboral o como en el supuesto planteado en autos, se trata de verificar si el vínculo fue un contrato de trabajo o una locación de servicio comercial. Y en materia de valoración de la prueba testimonial dado que se basa en un mecanismo deductivo en tanto prueba indirecta, la actividad del Juez es compleja en la medida que en la búsqueda del hecho a probar debe utilizar su percepción de un hecho (declaración testimonial) para la deducción del hecho a probar (contrato de trabajo y sus modalidades particulares), utilizando para ello un procedimiento lógico de deducción. Y en tal sentido la testimonial se halla sujeta a un gran número de variantes por la persona del testigo, la naturaleza de los hechos sobre los que depone, la forma de las declaraciones y muchas otras circunstancias que influyen en el testimonio. Es por esa razón que el legislador se limitó a disponer como norma genérica de apreciación probatoria la regla de la sana crítica la cual obviamente comprende a la prueba testimonial la que habrá de complementarse con la valoración del testigo en cuanto a su idoneidad (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del Art. 45 de la Ley 69).- Por lo demás, como lo explica acertadamente Devis Echandía, es más lógico suponer la sinceridad del testigo dadas determinadas condiciones, en cuanto señala: "No creemos que exista en realidad una propensión natural a decir la verdad, como algunos autores opinan, ni que deba presumirse de manera general y abstracta, sino una mayor probabilidad de que haya buena fe, cuando se declara judicialmente, si el testigo es capaz y no tiene antecedentes de perversión, deshonestidad o falso testimonio, en razón de la solemnidad del acto, la responsabilidad que implica, el sentido del honor y honradez que frecuentemente existe, el temor a la sanción del perjurio y la ausencia de circunstancias que hagan sospechosa la declaración (como parentesco, amistad íntima o enemistad con una de las partes e interés económico en la suerte del proceso)". Y añade "En esas condiciones es lógico presumir la sinceridad del testigo, si las condiciones del testimonio lo permiten, sin que esto signifique que corresponda por ese motivo necesariamente a la realidad, ni que deba otorgársele siempre pleno valor probatorio" (conf. autor cit., en "Teoría general de la prueba judicial", ed. Zavalía, 1970, págs. 85, nro.211 y 113 ss, nro. 216 y 247 ss, nro. 242).- Tales reflexiones las traigo a colación por cuanto sin descartar ningún testimonio de los prestados, aún cuando son diametralmente distintos en sus apreciaciones respecto al punto a dilucidar, tengo para mi que, a todo evento, el demandado no satisfizo su carga de probar en contra de la presunción de veracidad de los hechos que afirmara en demanda el Sr. L. N., lo que inclina la balanza de la apreciación global de las probanzas aportadas decididamente a favor del actor (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C. y arts. 25 y 45 de la ley 69).- No parece relevante para alterar la ponderación efectuada precedentemente la informativa producida por la Dirección del Colegio N° ....., en cuanto indica que el actor concurrió durante el año 2003 y hasta el 2do semestre del 2004 a clases en el horario de 19,30 hs. a 23,20, toda vez que ello pudo tener incidencia en la determinación de la extensión de su jornada y no, en cambio, en la determinación de la naturaleza del vínculo cuyo objeto es la que principalmente es puesta en cuestión en esta litis (Arts. 386 del C.P.C.C. y 45 de la ley 69).- Por último los dichos del testigo M., relativos a que el actor se habría desempeñado en el período denunciado como que prestó servicios en el locutorio "L. A." en una carpintería, además de cumplir funciones de custodia en otro comercio ocasionalmente, no son datos éstos que se encuentre corroborados con otras probanzas de modo tal que pudieran influir decisivamente en su apreciación concreta en el contexto probatorio aportado y sin soslayar ni perder de vista, por otro lado, que la exclusividad no es un elemento caracterizante de un vinculo laborativo.- En suma, pues, propiciaré la admisión del recurso proponiendo al acuerdo la revocación "in totum" del fallo apelado, para estimar favorablemente la demanda incoada por el Sr. L. N. en contra del Sr. G..- Ante ello será menester ingresar al análisis de los demás aspectos del reclamo actoral, para lo cual, en primer lugar, corresponde establecer que deberá tenerse como fecha de alta de la relación laboral aquella que surge de los informes de la Municipalidad de Trelew, desde que se indicó en demanda haberse desempeñado en el locutorio ubicado en calle ....... de .... n° ... y dicho locutorio inició sus actividades en tal dirección recién el 21/05/03 tal como se informara (vide: fs. 113). Esta data es corroborada con la nota dirigida "T. A. S.A." al municipio informándole que se autorizó al Sr. G. a la instalación de cabinas T.s en el mencionado local sito en .... de ........ .... (ver fs. 7 e informativa de fs. 126); la solicitud de medidor de suministro de energía eléctrica cursada por formulario de alta obrante a fs. 10, el que data del mes de marzo también del año 2003 (vide informativa de fs. 118), y la autorización de ocupación obrante del inmueble con certificación de firmas obrantes a fs. 15, que también data del mismo mes de marzo de 2003. Todos estos elementos permiten aseverar, en consonancia con la propia afirmación del actor, consistente en que comenzó a prestar tareas en el establecimiento comercial ubicado en la dirección a la cual se alude, el inicio de su relación laboral es partir del mes de mayo de 2003.- - Atento a lo anterior, vacío de contenido ha quedado el planteo de prescripción opuesto por la parte demandada (punto IV de fs. 20 vta.).- Asimismo, con motivo de las presunciones derivadas de la aplicación al caso de las normas contenidas en los arts. 52, 55, 56 y conc. de la L.C.T., en concordancia con las previstas armónicamente por los arts. 42 y 44 de la ley 69, corresponderá efectuar la siguiente liquidación por diferencias de haberes, haberes impagos y liquidación final e indemnizaciones de Ley, adoptando como base de cálculo el haber informado por el S. de E. de C. para la categoría "Administrativo A" para el período con los adicionales zona y presentismo ($ 679,07).

Única salvedad en relación a su procedencia debe realizarse sobre la indemnización agravada prevista por el agregado por el art. 45 de la Ley 25345 al art. 80 de la L.C.T., en cuanto a que la intimación realizada por despacho telegráfico obrante a fs. 3 del C.P.A. que corre agregado por cuerda, resulta extemporánea por prematura, dado que se efectúa en la misma comunicación del distracto decidido por el trabajador y sin que se hubiera satisfecho el lapso de espera de 30 días posteriores a operada la ruptura para efectuar tal requerimiento. Tal recaudo se encuentra previsto por el art. 3° del Dcto. Regl. N° 146/01. Cabe añadir a mayor abundamiento, que se registra un reciente pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia que fija doctrina legal respecto a la viabilidad de suplir el aludido recaudo de intimación previa dejando pasar el lapso fijado reglamentariamente con el reclamo que en el mismo sentido se formule en la demanda vedando que el mismo pueda suplir la intimación extrajudicial no hecha o bien prematuramente hecha como ocurriera en el supuesto de autos (Conf. S.R.E., N° 15/06 S.T.J.Ch.). De allí, que debe desestimarse dicho rubro de la cuenta liquidatoria a efectuar. De todo lo expuesto, entonces, resulta lo siguiente, a saber: - Diferencias de haberes: - Período Abonado Diferencia Mayo a Dic/03 (8 meses)... $ 300.- .................. $ 3.032,56.- Dif. 1° y 2° S.A.C./03........$ 200.- .................. $ 252,70.- Enero a Junio/04................$ 300.- .................. $ 2.274,42.- 1° S.A.C./04.....................$ 100.- ............ $ 239,53.- a)Haberes impagos:

Julio a Octubre/04 (4 meses)............................. $ 2.716,28.- Dcto. 1347/03 Enero/Oct/04 (10 meses)........... $ 500,00.- Sub-Total $ 9.015,49 b)Liquidación e indemnizaciones:

Integ. Mes desp. (Nov/04) $ 679,07.- S.A.C. prop. 2do. sem/04 $ 294,26.- Vacaciones (14 días) $ 380,27.- Preaviso $ 679,07.- S.A.C. s/preaviso $ 56,58.- Indem. Antig. $ 1.358,14 Sub-Total $ 3.447,39 d) Indemnizaciones agravadas:

Art. 1° de la Ley 25323$ 1.358,14.- Art. 2° de la Ley 25323$ 679,07.- Sub-Total $ 2.037,21 - En consecuencia, de la sumatoria de los sub totales antes obtenidos ($ 9.015,49 + $ 3.447,39 + $ 2037,21= $ 14.500,09), procederá hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. A. L. N., condenando al demandado, Sr. C. J. G., a que en el plazo de diez (10) días de firme la presente, abone al actor la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos con Nueve Centavos ($ 14.500,09), con más la tasa de interés activa que fija y cobra el B. del C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, desde que cada una de las sumas parciales es debida y hasta el día de su efectivo pago. Así lo dejo propuesto al acuerdo.- Atento al modo en que se perfila en mi voto será la decisión a adoptar, corresponderá adecuar a este nuevo decisorio la atribución de las costas devengadas en la anterior instancia. De acuerdo a ello, habiendo prosperado en lo sustancial las pretensiones deducidas en la presente litis y merced al posicionamiento defensivo extremo adoptado por la demandada quien se restringió a sostener la inexistencia de relación laboral, corresponderá que las costas de ambas instancias sean soportadas por la parte demandada vencida finalmente en ellas (Art. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).- Por aplicación de la última norma citada, corresponderá asimismo adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado. Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de Primera Instancia, opino que deben fijarse los emolumentos de los Dres. P. A. S. y L. C. B., letrados apoderados del actor, en la suma equivalente al 19,6%; y a la Dra. S. K., letrada patrocinante del demandado, en la suma equivalente al 10%. Ambos porcentajes a calcular sobre el monto final del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39, 47 de la ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).- Por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo que los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de Alzada, deben fijarse en la suma equivalente al 6,86% del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. correspondiente.- Por todo lo expuesto me expido en la presente cuestión por la NEGATIVA. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 205, que fuera concedido a fs. 206, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 199/202 que desestimó en todas sus partes la demanda instaurada por A. L. N. contra C. J. G. al considerar que no se acreditó la existencia de relación laboral, con imposición de costas al accionante vencido.

- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 207/209 y vta., el traslado conferido a fs. 210 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.

2. Tal como lo señala el juzgador a fs. 199 vta./200 el punto a dilucidar queda centrado en determinar si entre las partes, existió la relación laboral que en demanda se invoca como sustento de la pretensión, o si por el contrario le asiste razón al demandado en punto a la defensa interpuesta.- Al respecto, alegó el accionante que "comenzó a prestar labores para el demandado . bajo estricta relación de dependencia . cumpliendo tareas de atención al público personal y T.mente, venta, atención del servicio de fax, asesoramiento a usuarios de internet, etc, en el locutorio que C. J. G. explota comercialmente bajo la denominación de "L. L. A.", con su sede principal ubicada en calle .... de ......... ............ de Trelew, correspondiéndole la categoría "Administrativo A" del C.C.T. 130/75 aplicable a los empleados de Comercio y Servicios" (acápite III, fs. 2 bis y vta.).

- A su turno, el demandado luego de negar la relación laboral invocada (p. II, fs. 19) alegó que su contraria "tenía un contrato de locación de servicios de naturaleza comercial, y por él realizaba el servicio técnico y el mantenimiento de los equipos de computación existentes en el local comercial. Como pago de dichos servicios se le abonaba aproximadamente la suma de pesos trescientos ($300), lo cual era según los problemas que se presentaban en el mes en los equipos de ocupación" (p. III, fs. 19 vta./20).

De tal modo, cuando la parte actora alega la existencia de una relación laboral, y la demandada no niega la prestación de tareas sino que invoca una relación jurídica distinta, lo cierto es que ambas partes deberán probar los presupuestos de hecho de las normas que consideran aplicables y que sirven de sustento de su pretensión.

Así, cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables. Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Concretamente y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 324 y 325, con cita de Rosenberg, Micheli y Sentis Melendo, respectivamente).- En tales condiciones, toda vez que el demandado no negó la prestación de tareas por el actor sino que invocó que las mismas se cumplieron bajo otra forma jurídica, corresponde analizar en la presente causa cual era la naturaleza del vínculo.- En ese marco de distribución de la carga probatoria le correspondía acreditar al actor los datos fácticos que alegara, presupuesto de hecho de la norma que estima aplicable y que sirve de sustento a su pretensión, esto es, demostrar la prestación de servicios dependientes a favor del demandado, en tanto que éste último debía probar que el vínculo jurídico respondió a una "locación de servicios de naturaleza comercial".- - Y desde esta perspectiva cobra especial relieve la situación de confesión ficta en la que se colocó el accionado, ya que citado en debida forma a la audiencia designada a los fines de recibir su absolución de posiciones (cédula de notificación de fs. 33 y vta.) resultó su falta de comparecencia sin invocación de justa causa impeditiva al acto procesal cumplido según acta labrada a fs. 96, motivo por el cual el Juzgado a fs. 97 tuvo presente el apercibimiento dispuesto por el art. 25 de la ley 69.- - En consecuencia, se encuentran cumplidos los recaudos previstos por los arts. 17 inc. c) y 25 de la ley 69 para tener a esa parte por confesa sobre los hechos expuestos en el escrito de demanda.

El reconocimiento de la verdad de los hechos se produce con iguales efectos, tanto se trate de la confesión expresa o ficta. La única diferencia estriba en que la confesión ficta crea una presunción "iuris tantum" (arts. 417 y 423 del C.P.C.C.), que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario.- La interpretación queda corroborada en el proceso laboral por el ya citado art. 25 de la ley 69 que dispone tener por confeso al absolvente que dejara de comparecer, salvo prueba en contrario.- Producida tal circunstancia, deviene inexorable la inversión de la carga probatoria, debiendo el demandado producir prueba en contrario que permita desvirtuar los efectos de la presunción generada (criterio invariablemente seguido por este Tribunal, Sala "B", c. 12.643, S.D.L. 25/98, Sala "A", c. 12.802, S.D.L. 8/98, entre otros pronunciamientos).- Y tal circunstancia procesal determina que el análisis debe efectuarse a partir de considerar que las partes estuvieron ligadas por una relación laboral (dato fáctico expuesto en demanda), y que esa presunción legalmente impuesta debe ser desvirtuada por prueba en contrario a cargo del demandado (art. 25 de la ley 69).

- En ese marco, es evidente el déficit probatorio en que incurriera esa parte. Así, cabe considerar, a saber que: a) L. Á. S. no conoce al actor y por ello no lo vio nunca (contestación a la 8a. y 9a. pregunta, fs. 102); b) A. L. si conoce a L. N. del Barrio C., pero no lo atendió y tampoco lo ha visto en el locutorio (contestación a la 8a. y 9a. pregunta, fs. 104); y c) C. G. lo conoce por haber pagado un plan en la oficina donde trabaja, y respecto a su presencia en el locutorio respondió " "no, atendiendo no" (8a. y 9a. pregunta, fs. 105).

Por el contrario, respecto de la presencia del actor en el locutorio y tareas realizadas, manifestaron, a saber: a) N. M. H. lo conoce de hablar por teléfono, es cliente y lo vio en el locutorio en tareas de atención al público, concurriendo 4 veces por semana más o menos, pasaba por la mañana o por la noche y lo veía, desde mediados del 2003, época en la cual el actor ya estaba ahí (por las generales de la ley y contestación a la 2a., 3a., 4a., 5a., y 7a. pregunta, fs. 137); b) A. R. P. lo vio en el locutorio, daba cabinas y cobraba, concurría más o menos 3 ó 4 veces a la semana, normalmente pasaba a la tarde y estaba él, a las 17 o 18 horas (contestación a la 2a, 3a., 4a., y 5a. pregunta y 3a. repregunta, fs. 138); y c) J. E. F. lo vio en el locutorio, atendía las computadoras, las cabinas y el kiosco, varias veces lo vio, en la tarde lo solía ver, entre las 16 o 18 horas, en que solía ir a comprar cigarrillos (contestación a la 1a, 2a., 4a., 5a., pregunta, y 5a. repregunta, fs. 181).

De tal modo, frente a los dichos de los testigos S., L. y G. que no vieron al actor atendiendo en el locutorio, por el contrario H., P., y F. depusieron positivamente sobre tal circunstancia, por lo que existiendo testigos que afirman haber visto al demandante desempeñar tareas, sus dichos presentan mayor fuerza de convicción y quitan relevancia a los de quienes depusieron en forma negativa.- Frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquellos no significa que no hayan ocurrido (CNCiv., sala "B", noviembre 29-974, "M., M. c. O., O. L.", L.L. 1975-A, 719).- Cabe señalar que, es mayor la fuerza de convicción resultante de afirmar un hecho que se dice caído bajo la impresión de los sentidos -como resulta del testimonio de varios testigos- que negar su existencia. Se trata de la clásica diferencia entre la prueba de los hechos positivos y de los hechos negativos.- Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (CNCiv., sala F, setiembre 29-966, L.L. t. 125, 118).- En tales condiciones resta por considerar la declaración de L. A. M. que conoce al actor de chicos y que manifestó que era el único empleado, ya que el actor concurría a veces cuando se lo necesitaba por las máquinas, cuando tenían virus, y que venía según su horario (contestación a la 2a., 3a., 8a., y 13a. pregunta, fs. 103).- Con ese cuadro probatorio, a partir de la presunción generada por la confesión ficta del demandado que se ve corroborada con los testimonios positivos de H., P., y F. acerca de la presencia del actor en el local comercial atendiendo al público, evidente resulta la insuficiencia de prueba del accionado al sostener que tenía un contrato de locación de servicios de naturaleza comercial, máxime cuando de los dichos de M. surge que el actor realizaba tareas para el demandado en el locutorio.

En este último aspecto, también es obvio que la calificación de las mismas no le corresponde al testigo, ya que esa es la cuestión debatida y cuya decisión es resorte exclusivo del órgano jurisdiccional. En todo caso, el testimonio suministra elementos de hecho que le sirven al juez para pronunciar su decisión.- Y en ese contexto, debe atenderse al principio de la primacía de la realidad, uno de los principios generales del derecho del trabajo, que tiene en el ordenamiento positivo numerosas manifestaciones (conf. Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, par. 4, págs. 39/40).

Se trata de una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación, de aplicación constante en materia laboral, ya que esta regla tiene en consideración la situación de desigualdad en que se encuentran las partes, y afirma el principio de buena fe (conf. F. Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. edición actualizada, 2000, T. I, págs. 310/311, y nota 87, respectivamente,).- Así, este principio se ha impuesto en todos los ámbitos del derecho, pero en el derecho del trabajo se presenta con caracteres más nítidos, ya que la realidad tiene que prevalecer sobre la apariencia (conf. Martínez Vivot, "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social", pág. 82, Astrea, 1999).- A su vez, descarto las manifestaciones del mencionado testigo acerca que el accionante tenía otro trabajo (contestación a la 11a. y13a. pregunta, fs. 103), pues ese no fue dato alegado al contestar demanda (ver fs. 19/21 y vta.), por lo que no puede producirse prueba de hechos no alegados.

El objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales. Hay una identificación normal, de principio, entre objeto de la prueba y objeto de la alegación. Respecto de los datos de hecho rige el principio general que acaba de ser expuesto. La necesidad de su prueba es la regla (Guasp, "Derecho Procesal Civil", Tomo Primero, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, par. 23. 5. págs. 328 y 329, respectivamente). En cuanto a la acreditación del hecho no alegado, es de precisar que son los mismos datos fácticos alegados los que deben comprobarse (Guasp, obra y tomo citado, pág. 328, n° 5).

Así, no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escri Vale decir que los hechos llamados a establecerse en objeto de la prueba deben haber sido introducidos por las partes en el proceso, a través de sus escritos constitutivos de demanda, reconvención, excepciones y sus contestaciones, y excepcionalmente, al alegarse hechos nuevos en primera y segunda instancia, pues para el ordenamiento procesal que nos rige el hecho no afirmado no existe (Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot, 1996, par. 2.a) I., pág. 40) (el subrayado me pertenece).- Por lo demás, y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal, como lo señalara el Dr. Lucero la nota de exclusividad no es elemento necesario para que se configure la relación laboral.- Es usual que se realicen tareas para dos o más empleadores (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 252, pág. 122 y nota nº 262 con cita de fallos). Es que, la exclusividad no constituye un requisito esencial del contrato de trabajo (S.C.B.A., 29/03/66, D.T. 1966-349; CNTrab., sala V, 22/03/94, "C., J. c/ A. A.", SD 18.557; sala VI, 02/04/92, D.T. 1992-B-2065; sala III, 23/04/92, D.T. 1992-A-1043).

En ese contexto, después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", Zavalía, 1970, 5a. edición, Tomo II, pág. 273), de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), cabe concluir que el demandado no consiguió desvirtuar los hechos alegados en demanda (confesión ficta, art. 25 de la ley 69), y menos aun acreditó que se trataba de una locación de servicios de carácter comercial como sostuviera, por lo que el déficit probatorio incurrido pesa sobre esa parte.- Desde ya que en ese marco, la prueba informativa rendida a fs. 163 vta. sobre la presencia del actor en un horario de clases de 19:30 a 23:20 horas ninguna relevancia tiene en cuanto a la naturaleza del vínculo, pues la misma sólo tiene incidencia en la extensión de la jornada laboral, para lo cual debe tenerse presente que el trabajador aludió a una jornada a partir de las 8:00 (fs. 2 vta.).- Con tales pautas y por entender que el contexto probatorio reunido permite concluir que el actor prestaba servicios en favor del demandado y bajo su dependencia (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., y arts. 25, 45, y 76 de la ley 69), considero que el trabajador se colocó justificadamente en situación de despido indirecto ya que la inobservancia de las obligaciones del empleador configuraron injuria grave que no consentía la prosecución de la relación (art. 242 de la L.C.T.), por lo que también propicio al Acuerdo la revocatoria del fallo venido en apelación para hacer lugar a la demanda laboral instaurada.- 3. Tocante a la fecha de inicio de la relación laboral, toda vez que el actor denunció como único lugar de trabajo la sede comercial ubicada en la calle 25 de mayo 432, Trelew, a tenor de la prueba informativa que resulta de fs. 113 (Municipalidad de Trelew, cambio de domicilio de la habilitación), fs. 118 (C. E. de C. y V. Ltda. de Trelew respecto de la documental reservada de fs. 10), y fs. 126 (T. de Argentina con referencia a la documental reservada de fs. 7), que se corrobora con los dichos de los testigos S. (contestación a la 4a. pregunta, fs. 102), M. (contestación a la 10a. pregunta, fs. 103), y H. (contestación a la 7a. pregunta, fs. 137), estimo debidamente acreditado que la explotación del local comenzó a partir de principios de mayo de 2003 como lo indicara el demandado a fs. 20.- En cuanto a la remuneración a considerar, las intimaciones practicadas (fs. 1 y 2, cuaderno de prueba actora) y declaración jurada prestada (p. V, fs. 4 vta.) hacen operativas las presunciones y facultades previstas en los arts. 55 y 56 de la L.C.T y arts. 42 y 44 de la ley 69 ante la falta de registro de la relación laboral, por lo que a partir de la remuneración denunciada por el actor a fs. 2 vta. y montos informados por el S. de E. de C. de Trelew con la contestación de fs. 56, estimo prudente el monto de $679,07.- que propone el Dr. Lucero y que incluye los adicionales por zona desfavorable y presentismo. Sobre tales pautas, tomando asimismo los pagos parciales denunciados por el actor a fs. 4, coincido con las cifras detalladas por el Dr. Lucero en concepto de diferencia de haberes, incluido el sueldo anual complementario, y haberes adeudados, que asciende a un total de $9.015,49.-, y que corresponden, a saber: a) $3.032,56.- y $2.274,42.- por diferencia de haberes mayo a diciembre de 2003 y enero a junio de 2004; b) $252,70.- y $239,53.-, diferencia sueldo anual complementario 2003 y 1er. semestre 2004; c) haberes impagos julio a octubre 2004 $2.716,28.-; y d) $500.- enero a octubre 2004, decreto 1347/03.

A su vez, resultan correctos los importes referidos a la liquidación final e indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso y que ascienden a $3.447,39.- ($679,07.-; $294,26.-; $380,27.-; $679,07.-; $56,58.-; y $1.358,14.-).

Finalmente, la falta de registro y de pago de las indemnizaciones de ley, que diera lugar en este último caso a la intimación que luce a fs. 2 del cuaderno de prueba, permite hacer lugar a los incrementos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, cuyos importes ascienden a $1.358,14.- y $679,07.- respectivamente.- En cambio, la intimación extrajudicial cursada respecto a la entrega del certificado de trabajo (última parte del telegrama de fs. 3 del cuaderno de prueba actora) se produjo en el mismo momento en que se produjo el distracto, y por ende resultó prematura ya que no había transcurrido el plazo de 30 días previsto por el art. 3 del decreto 146/2001 (reglamentario del art. 45 de la ley 25.345, que agrega el último párrafo al art. 80 de la L.C.T.).- En efecto, dicha normativa dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta cuando el empleador no entregara las constancias o certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro de los 30 días corridos de extinguido el contrato de trabajo.- Ello significa que la indemnización especial procede cuando el trabajador formule el requerimiento hábil para generar ese derecho una vez transcurrido el plazo de 30 días corridos a partir de la extinción del vínculo.

Y en el caso de autos la intimación fue cursada antes del vencimiento del plazo otorgado al empleador por la norma citada precedentemente.

Así, el reclamo debe ser apropiado a las circunstancias, entre otras, de tiempo, y el factor tiempo interesa ya que el requerimiento debe ser oportuno, es decir concretado una vez que la obligación sea exigible. Ello por cuanto la exigibilidad es un presupuesto de la situación de mora que condiciona la eficacia de la interpelación, por lo que la intimación debe efectuarse después que la obligación se hizo exigible. De allí que la interpelación realizada antes que el débito se torne exigible carece de valor a los efectos de constituir al deudor en mora (conf. Wayar, "Tratado de la mora", Editorial Abaco, 1981, págs. 400, 404 y 282, respectivamente).- En tales condiciones, la intimación extrajudicial realizada por la trabajadora carece de eficacia por haberse realizado con anterioridad al vencimiento del plazo legal fijado por el art. 3 del decreto reglamentario 146/2001, y al no encontrarse habilitada esa parte para realizar el requerimiento a la fecha de la interpelación la misma devino extemporánea por prematura.- Y desde que esa intimación extrajudicial cumplida en forma deficiente no puede suplirse con el reclamo efectuado en sede judicial (sentencia del S.T.J. del 19/10/2006, en autos "F., N. c/ P. S. I. S.A. s/ cobro de pesos - laboral", Expte. N° 20.394-F-2006, S.R.E. N° 15/2006), corresponde el rechazo de la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. (texto agregado por el art. 45 de la ley 25.345).- 4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar íntegramente la sentencia venida en apelación condenando a C. J. G. a fin que en el plazo de diez días a contar desde que quede firme este pronunciamiento pague a A. L. N. el importe de pesos catorce mil quinientos con nueve centavos ($14.500,09.-), con más sus intereses que deberán liquidarse desde que cada una de las sumas resultan adeudadas hasta su efectivo pago, conforme a la tasa utilizada por el B. del C. S.A. para sus operaciones comunes de descuento.- Al resultar sustancialmente vencedor el actor y ante el posicionamiento del accionado al solicitar el rechazo total de la demanda, las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada vencida (arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).

- Por aplicación de la normativa citada en último término, deberá adecuarse a este decisorio los honorarios regulados en la anterior instancia, por lo que atendiendo al mérito, extensión, y eficacia de los trabajos allí cumplidos, también estimo prudente los emolumentos que propicia fijar el vocal que me precede en la votación a favor de los Dres. P. A. S. y L. C. B., letrados apoderados de la parte actora, en forma conjunta, y de la Dra. S. A. K., letrada patrocinante de la parte demandada, en las sumas equivalentes al 19,6% y 10%, respectivamente, del monto del proceso a establecerse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.- Asimismo, siguiendo las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo adecuado establecer los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., en conjunto, por sus tareas de segunda instancia, en la suma equivalente al 6,86% del ya referido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente.- - Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR íntegramente la sentencia apelada, condenando al Sr. C. J. G. a que en el plazo de diez (10) días abone al Sr. A. L. N., la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos con Nueve Centavos ($ 14.500,09), con más sus intereses que se liquidarán desde que cada suma es debida hasta la fecha del efectivo pago conforme la tasa utilizada por el B. del C. S.A. en sus operaciones comunes de descuento. 2) IMPONER las costas de ambas instancia a la parte demandada vencida en ellas. 3) FIJAR los honorarios de primera instancia, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., en la suma equivalente al 19,6%; y a la Dra. S. K., a la suma equivalente al 10%, del monto final del pleito, con más el I.V.A. correspondiente. 4) REGULAR los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 6,86% del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. correspondiente.- ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.- - Así lo voto.- - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:- - REVOCAR íntegramente la sentencia apelada, condenando al Sr. C. J. G. a que en el plazo de diez (10) días abone al Sr. A. L. N., la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos con Nueve Centavos ($ 14.500,09), con más sus intereses que se liquidarán desde que cada suma es debida hasta la fecha del efectivo pago conforme la tasa utilizada por el B. del C. S.A. en sus operaciones comunes de descuento. - IMPONER las costas de ambas instancia a la parte demandada vencida en ellas. - FIJAR los honorarios de primera instancia, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., en la suma equivalente al 19,6%; y a la Dra. S. K., a la suma equivalente al 10%, del monto final del pleito, con más el I.V.A. correspondiente.- REGULAR los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 6,86% del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. correspondiente.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 53 DE 2006 - SDL.- Conste.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA