Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 113 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la demandada en autos: "Gambarte, Víctor Manuel vs. Paz, Horacio José s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 323/331 por el letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIª del 29/5/2003, confirmatoria del pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar al reclamo resarcitorio del actor.

Alega que el sobreseimiento de su representado en jurisdicción penal, por aplicación de lo normado en el art. 350, inc. 2º del Cód. Penal, implica que el siniestro se debió a la exclusiva culpa de la víctima, sin necesidad de ninguna otra prueba. Según afirma, la determinación de que el hecho no encuadra en la figura penal culposa basta para excluir la responsabilidad del acusado; toda vez que ante la mas mínima duda o la culpa concurrente, el Juez penal no puede sobreseer por esta causal, dado que no hay culpas compensadas en esa jurisdicción.

Expresa que el contenido de la causa penal evidenciaría la falta de nexo causal entre el daño sufrido por el actor y la responsabilidad del accionado. Atribuye arbitrariedad al decisorio en este punto, por omitir el análisis integral de estos antecedentes, demostrativos de la culpa exclusiva de la víctima; cuyo accionar negligente y culposo habría sido la causa del siniestro. Reitera que aun cuando Paz conducía una cosa de riesgo como la motocicleta, su proceder no se ajustó al tipo penal culposo; en tanto que la culpa exclusiva de la víctima ya fue acreditada en sede penal, y nada más debía probar su parte en jurisdicción civil.

A su entender, la sentencia en recurso privó al demandado de su derecho a eximirse de responsabilidad en sede civil. Que ante la ausencia de testigos, los dichos y conductas de los protagonistas debieron confrontarse dentro del plexo instrumental total, del cual resulta la alegada culpa de la víctima. Al respecto, puntualiza que los jueces de mérito sólo consideraron el croquis policial de fs. 61 vta., realizado cuatro días después del accidente y en horas de la noche, en base a las manifestaciones del mismo actor. Se habría omitido además la valoración de los dichos de Gambarte, y su confrontación con la totalidad del plexo probatorio.

En su interpretación, al decidir el juez penal sobre la ausencia de culpa de su parte, ello también hace a la cuestión prejudicial. La aplicación del citado art. 350, inc. 2º del CPP tendría la misma fuerza y valor que la absolución; y aún más, porque el sobreseimiento requiere convicción del juzgador, en tanto que la absolución puede resultar de la duda, en beneficio del imputado. La Cámara habría mal interpretado que la resolución invocada por su parte no tiene el valor técnico jurídico de la sentencia absolutoria; cuando la aplicación del referido inc. 2º excluiría la existencia de responsabilidad civil. Postula, en definitiva, que la falta de adecuación del hecho a una figura penal -en el caso, art. 94 del Cód. Penal- impide la condena resarcitoria, porque "no hubo imprudencia o negligencia, impericia en el manejo de la cosa peligrosa, ni inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo" (cfr. fs. 329).

Califica de arbitraria la conclusión de la Sala a quo, referida a que el actor sufrió lesiones al momento de ser arremetido por el vehículo. Ello no se correspondería con la índole de aquéllas, ni con la localización de los daños en la moto que resulta de los informes físico mecánicos. La Cámara habría omitido examinar los agravios de su parte y la prueba instrumental invocada, dividiendo la misma en perjuicio del accionado; lo cual torna arbitrario el pronunciamiento.

De otra parte, sostiene que la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia citada por la sentenciante (Nº 762 del 19/9/2001), refiere a un supuesto fáctico y jurídico diferente al de autos. Concluye que no hubo imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos ni violación de los deberes a cargo de Paz; quien tuvo pleno dominio del automotor, que estaba en perfectas condiciones de circulación. Que además, el caso presenta caracteres de gravedad institucional, por ausencia de fundamento racional y jurídico que lo tornan arbitrario. Cita jurisprudencia, y propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

Corrido traslado de ley, es respondido a fs. 337/339 por la contraria. Mediante resolutiva del 15/8/2003, el Tribunal a quo concedió la vía extraordinaria local; correspondiendo a esta Corte Suprema de Justicia, en la presente instancia procesal, verificar el cumplimiento de los recaudos que la ley adjetiva establece para la admisibilidad del recurso. Se verifica que ha sido interpuesto en término contra un pronunciamiento definitivo; y corre agregada en autos boleta que acredita el depósito de ley.

2.- El primer motivo de casación planteado refiere a la influencia de la sentencia de sobreseimiento en sede civil.

2.1.- A criterio del demandado, el sobreseimiento por no encuadrar el hecho en una figura penal (art. 350, inc. 2º del CPP), conduce sin más al rechazo de la pretensión resarcitoria incoada por la víctima. A más de no indicar la norma de derecho pretensamente violada en el pronunciamiento, su postulación se opone a la reiterada doctrina de esta Sala Civil y Penal, citada por el Tribunal a quo; sin que el impugnante logre demostrar su errónea aplicación al caso concreto.

La Sala a quo puso de relieve en primer término, que el Código Civil establece un sistema de interrelación entre la acción civil y la criminal, priorizando la jurisdicción penal. Sostuvo que la decisión de sobreseimiento, por no corresponder el hecho a una conducta calificada penalmente como delito, no incide en el ámbito de la responsabilidad civil ni hace cosa juzgada respecto de ella; por lo que el juez civil puede decidir que hubo culpa del demandado en este ámbito. Citó precedentes de esta Corte Suprema de Justicia, en los cuales se expresó que la sentencia penal absolutoria no obsta la consideración de la culpabilidad civil. Añadió que según doctrina de esa Sala de la Excma. Cámara, cuando la absolución en sede penal no se sustenta en la inexistencia del hecho o en la falta de autoría del mismo por parte del imputado, sino simplemente por considerar que el acusado no era culpable del delito, tal calificación no es vinculante para el juez que debe merituar la responsabilidad patrimonial; quien libremente puede concluir que aquél fue culpable a fin de reparar el daño que causó.

El caso de autos fue resuelto por el Tribunal a quo a partir de esta premisa. Puso de relieve que el sobreseimiento por falta de encuadramiento en un tipo penal -causal distinta a la de inexistencia del hecho-, no limita la decisión del juez civil. Estimó desacertada la postura del demandado, en cuanto reclama su liberación sobre la base de la ausencia de culpa de su parte; toda vez que el fallo apelado aplicó la responsabilidad objetiva por riesgo creado prevista en el art. 1113, segunda parte del Cód. Civil, que sólo contempla la eximición total o parcial del dueño o guardián si se acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder. Que según doctrina de este Superior Tribunal, en tal hipótesis la ley prescinde de la noción de culpa, y al enfrentar al tercero que sufre un daño derivado de la propia naturaleza de la cosa con aptitud para lesionar legítimos intereses de otros, impone al sujeto responsable el deber jurídico de afrontar los perjuicios que ocasione aún inocentemente (sentencia Nº 762 del 19/12/2001).

2.2.- Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que la resolución recaída en sede penal, no impide al Juez civil examinar la conducta de quienes participaron en el suceso. Conforme su reiterada doctrina, la sentencia criminal que absuelve con fundamento en la inexistencia de culpa o responsabilidad penal carece de eficacia en sede civil; lo que no sucede cuando se basa en la inexistencia del hecho o de autoría por parte del imputado (cfr. entre otras, sentencia del 15/02/96 en autos "Lescano, Inés y otros vs. Carlos Víctor Tacla y otro s/daños y perjuicios"). Dijo entonces, citando a Llambías, que la comparación de los textos de los arts. 1102 y 1103 del Cod. Civil permite concluir que la sentencia penal absolutoria ejerce en sede civil una menor influencia que la sentencia condenatoria, quedando reducida, en aquel caso, a la inexistencia del hecho principal sobre el cual recayó la absolución o no haber sido el autor del hecho, pero nada dice sobre la falta de culpa del imputado, que pese a su autoría sobre el hecho, hubiese llevado al tribunal penal a absolverlo como delincuente. Este "otro motivo" disti nto no es vinculante para el juez civil, quien libremente puede concluir que aquel fue culpable a los fines de reparar el daño que causó, pese a habérselo declarado inocente para eximirlo de una condena penal (Tratado de Derecho Civil- Obligaciones", t. IV-B, 84 y siguientes; La Ley 1993-A, 340). Como principio, si ha mediado una participación física de quien fuera absuelto en sede penal, ello no impide condenarlo en calidad de responsable civil, siempre que el juez de este fuero pueda encontrar en su esfera un factor atributivo de responsabilidad del absuelto criminalmente.

Desde esta perspectiva, lo relevante es que la participación del demandado en el siniestro ha sido claramente establecida. Las razones que pueda exponer el Juez penal para valorar la ausencia de culpabilidad del imputado, no inhabilitan al Juez civil para examinar con amplitud el hecho y su causalidad. Para una adecuada dilucidación de estas cuestiones, ha de distinguirse en cada caso la fijación de los hechos efectuada por el juez penal, de la valoración subjetiva de aquéllos; habida cuenta que la descripción del hecho en sede penal no impide que puedan evaluarse otras facetas del comportamiento del imputado, que cobran importancia para establecer civilmente su responsabilidad. Existen cuestiones que el juez civil puede reexaminar a fin de determinar si es atribuible o no al imputado la obligación de resarcir los daños ocasionados, a saber, si la conducta del demandado fue o no imprudente, si incurrió en falta de previsión, y si la culpa de la víctima tuvo, en el caso, virtualidad para absorber la eficiencia causal con relación al daño, de modo que destruya el presupuesto de la autoría y provoque la ausencia total o parcial de responsabilidad (conf. Pizarro: "Causalidad adecuada y factores extraños", cap. XI de la obra "Derecho de daños", en homenaje a Mosset Iturraspe, p. 265).

2.3.- Cabe poner de relieve que el recurrente atribuye autoridad de cosa juzgada a una resolución cuya virtualidad es clausurar anticipadamente el proceso penal, sin transitar la etapa plenaria. Al respecto, este Tribunal ha destacado que aún admitiendo la equiparación del sobreseimiento a la sentencia absolutoria, éste sólo podría provocar los efectos de la cosa juzgada en los mismos casos en que los generaría la sentencia penal absolutoria; esto es, cuando los motivos fundantes fueran la inexistencia del hecho o de autoría por parte del imputado (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 97 del 28/02/96, en autos "Carrizo, Domingo S. vs. Lucio R. Tula y otro s/Daños y perjuicios"; Nº 835 del 26/12/94, "Lazarte, Ramón M. y otra vs. Alberto A. Marto y otro s/Daños y perjuicios, etc."; Nº 403 del 02/6/2003, "Moyano, Rómulo L. y otros vs. Cancino, Alberto A. y otros s/Daños y perjuicios). Por lo demás, la posible concurrencia de un factor objetivo de responsabilidad, se juzga exclusivamente al tratar la acción civil; y ello es lo acontecido en el sublite.

La influencia que el demandado asigna al fallo de sobreseimiento carece de sustento legal. De ninguna manera puede sostenerse que la causal aplicada en sede penal implique establecer, con autoridad de cosa juzgada para la jurisdicción civil, la culpa exclusiva de la víctima y la consiguiente ruptura del nexo causal.

En este aspecto, el impugnante se desentiende de la doctrina que sustenta el decisorio, pues no la rebate. Por lo contrario, su reclamo gira en torno a la ausencia de culpa de su parte, resultante del fallo de sobreseimiento y de la afirmada conducta diligente de Paz en el evento. De este modo, soslaya que los jueces de mérito han decidido el caso por aplicación del factor objetivo de responsabilidad previsto en el art. 1113 del Cód. Civil; y examinaron la incidencia del riesgo de la cosa como factor objetivo de atribución de responsabilidad civil extracontractual. Ello así, la ausencia de culpa del conductor del vehículo embistente es ineficaz, por sí sola, para excluir su responsabilidad patrimonial; pues frente a la presunción de causalidad prevista por la ley, resulta menester acreditar la culpa ajena, con idoneidad para interrumpir total o parcialmente ese nexo causal.

No se verifica, entonces, el error de derecho denunciado por el recurrente; cuyo yerro esencial consiste en enfocar el caso exclusivamente en la perspectiva de la ausencia de culpa del conductor embistente; eludiendo que el factor atributivo de responsabilidad establecido en la instancia de mérito ha sido el riesgo de la cosa. A diferencia de los daños causados "con" la cosa; en los que el presunto responsable puede liberarse demostrando su ausencia de culpa, en la hipótesis de que el mismo sea causado "por" su riesgo o vicio, la responsabilidad objetiva impuesta al dueño o guardián sólo cede o se atenúa demostrando la culpa de la víctima o de un tercero por quien los primeros no deben responder. Contrariamente a lo sostenido por el accionado, la eximente invocada debe acreditarse en sede civil; toda vez que ella no resulta de la sola atipicidad de la conducta juzgada en jurisdicción criminal.

Cuando el daño se origina en virtud de que ha actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, el deber de repararlo que pesa sobre el dueño o guardián de la cosa que lo generó, sólo puede eximirse probando que no existió o que se interrumpió la relación causal entre el hecho de la cosa y el daño causado. (cfr. Pizarro, R. D.; "Causalidad adecuada y factores extraños", en "Derecho de daños - Homenaje al prof. Dr. J. Mosset Iturraspe", primera parte. La Rocca, 1989, 264). Ello así, en el ámbito de la responsabilidad objetiva invocada por el actor, la conducta de la víctima -culpable, según alega el demandado-, debe confrontarse con la aptitud causal propia del específico factor atributivo de responsabilidad aplicado al caso. Y de acuerdo a lo considerado, la ausencia de reproche penal hacia el demandado, sobreseído en jurisdicción penal, resulta insuficiente para fundar la liberación total, cuando la pretensión se sustenta en un factor objetivo de atribución. El sobreseimiento fundado en la causal del art. 350, inc. 2º no importa, per se, la determinación de culpa exclusiva d e la víctima, que se imponga al juez civil con autoridad de cosa juzgada.

Por lo expuesto, no se advierte error de derecho en la valoración de los alcances que el Tribunal a quo asignara al auto de sobreseimiento por parte del Tribunal a quo; con lo que el planteo casatorio resulta improcedente en relación a este agravio.

3.- El planteo de arbitrariedad del pronunciamiento es inadmisible. Desestimadas las proyecciones del auto de sobreseimiento postuladas por el recurrente, los restantes agravios son insuficientes para advertir el déficit denunciado. Su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, lleva a concluir que el recurso exhibe la mera discrepancia del impugnante con la determinación de los hechos y el acontecer causal del suceso.

La Sala a quo valoró que el demandado no ha logrado acreditar la culpa exclusiva de la víctima; y que sobre este tema resulta irrelevante su propia diligencia, al haberse probado que el peatón sufrió lesiones al momento de ser arremetido por el vehículo. Tuvo así por demostrada la intervención activa de la cosa riesgosa en la producción del daño, y verificado el nexo causal exigido para la operatividad del art. 1113 citado. Consideró la sentenciante que las pruebas producidas no advierten la existencia de una actitud poco diligente de la víctima; quien de acuerdo al croquis policial ya había atravesado la mitad de la calzada, lo cual desvirtúa la posibilidad de abalanzamiento sobre el vehículo postulada por el recurrente. Concluyó que el fallo apelado se ajusta a derecho, al determinar correctamente la influencia que el proceso penal ejerce sobre la jurisdicción civil, la innecesariedad de atender a la culpa de la parte demandada conforme al art. 1113 del Cód. Civil y a la apropiada valoración de la conducta de la víctima, mediante una crítica concreta y razonada de las pruebas aportadas en autos.

Las razones de la Cámara, como las que sustentaron el decisorio apelado, bastan para motivar el decisorio. La posición del impugnante exhibe un mero disenso con la base fáctica establecida en la instancia de grado, la cual encuentra basamento suficiente en las constancias de la causa y en los hechos definitivamente fijados por los jueces de mérito. El planteo recursivo se limita a una diferente valoración de aquéllos; sin proporcionar argumentos de derecho que adviertan violación al art. 1113 del CC, o la arbitrariedad denunciada. En rigor, lo reclamado es el rechazo de la demanda por culpa exclusiva de la víctima, a partir de premisas fácticas distintas de las establecidas en la instancia de mérito. Como principio, el juzgamiento de tales cuestiones de hecho está reservado a los jueces de grado, y resulta ajeno a la instancia extraordinaria local. Contando el decisorio con fundamentos bastantes para sustentarlo, no se advierte déficit de arbitrariedad que lo descalifique como acto jurisdiccional válido.

A mérito de las razones expresadas, procede desestimar el recurso en examen, con costas al recurrente vencido (arg. art. 106, primera parte y cc. del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil, Sala IIª del 29/5/2003, con pérdida del depósito de ley.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA