marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, abogados, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: GABUTTO, ELIDER c/ SUAREZ, MARIA T S DE s/ ORDINARIO    INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS      EXPTE NRO 66-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-07

Corresponde en la especie aplicar el mismo criterio utilizado por la Sala en análoga situación fáctica, en cuanto ambas incidencias de reposición, si bien se contestaron por separado, en realidad importaron análogas defensas para similares planteos, vale decir que procede una sola regulación por la circunstancia de unidad ideológica en los pertinentes actuales, tanto en las incidentistas como en el incidentado, igual a lo que ocurriría si ambas demandadas materialmente hubiesen incidentado en conjunto y el actor hubiera presentado un solo responde.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: CHUAIRE NESTOR RAMON c/ NUEVO BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O BANCO QUILMES s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD PROFESIONAL, ETC-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-28

Partiendo de la base de que los jueces de mérito son soberanos en la valoración de la prueba producida e incorporada al proceso, el ámbito de revisión por parte del Tribunal Superior se torna restringido frente a las vías de acceso previstas por la ley de rito. En ese sentido los argumentos base de la pretensión impugnativa deben, necesariamente, demostrar los vicios de fundamentación que abonan la tesis del recurrente, para permitir por esta vía casatoria ser considerada la sentencia como arbitraria en el ámbito de su admisibilidad.
Doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09) y otro s/ entes reguladores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el recurrente considere tales, con sustento en su mera discrepancia con el alcance atribuido por el a quo a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional; en virtud de ello, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, pues de lo contrario se extendería la jurisdicción de la Corte habilitándola para revisar todas las decisiones judiciales que se dicten, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rios, Raúl Alfredo y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 40 del Código Penal, agraviándose del monto de la pena impuesta, si no logra poner de manifiesto vicio alguno en la ponderación de las pautas mensurativas de la condena realizado por el "a quo".
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., R. E.; R., A. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEFRAUDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 136 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

Aún cuando la Corte local ha hecho aplicación de los criterios sentados por la Corte federal cuando las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa sometida a juzgamiento guardaba identidad con la que creó la jurisprudencia de alto rango, en el caso en particular existen circunstancias que verdaderamente impiden trasladar la solución brindada por el más Alto Órgano de la Nación en "Abraham Jonte". En ese antecedente la Corte nacional anuló la sentencia A quo y el motivo decisivo o fundamento inmediato de la descalificación constitucional lo constituyó -en resumidas cuentas- en que la resolución impugnada había aplicado erróneamente las reglas vigentes sobre la prueba, trasladando la carga al imputado con la consecuente conculcación de la garantía de defensa en juicio. Siendo ello así, no se vislumbra una regla de derecho sentada por la Corte nacional que imponga su seguimiento por el Tribunal en base a la doctrina plasmada sobre la obligatoriedad de sus fallos. A mayor abundamiento, no se verifica una repetición, reiteración y constantes fallos que apuntalen este supuesto patrón constitucional, debiéndose recordar que acudir a una sola sentencia para la construcción de la doctrina aplicable a casos similares podría acarrear el riesgo de sentar reglas de derecho tan solo precarias, expuestas al albur de la interpretación que el operador le asigne a los hechos y a los preceptos jurídicos en juego, y cuando no a la integración del Tribunal -como ocurre en el caso- que permita plantear más de una duda razonable acerca de la reiteración del precedente frente a una nueva composición; y que el caso, refiere a la interpretación de normas procesales, descartándose, así, la configuración"prima facie" de una cuestión federal, en donde sí -conforme a alguna opinión autoral- aparecería con mayor vigor el seguimiento de los decisorios de la Corte nacional. En suma: la Corte nacional no ha establecido una regla de derecho que permita su aplicación al presente caso por vía de la doctrina del seguimiento obligatorio de sus fallos para los jueces inferiores; por ende, no hay apartamiento alguno a su jurisprudencia ni menoscabo ni desconocimiento alguno de la autoridad y prestigio de ese Alto Tribunal al adoptar una solución diversa. (De La Disidencia Del Dr. Netri A La Que Adhiere El Dr. Falistocco)
Responsabilidad de la provincia, daños y perjuicios, obras públicas, obras de canalización, indemnización, gastos de traslado
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Pieres, Enrique y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Al determinar la indemnización por los daños y perjuicios causados por las obras de canalización realizadas por la provincia en un campo, debe reconocerse el aumento de los gastos de movilidad ocasionado por la mayor distancia que debe recorrerse para comunicar los sectores del campo divididos por el canal.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: QUIROGA, JULIO CESAR c/ GULARTE, JORGE DELIO s/ EJECUTIVO Nro. 55/99. INC. DE DESAFECT. DE BIEN DE FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-10-27

Para zanjar la discordia habida en torno a la existencia o inexistencia de la fecha cierta puesta en los títulos del sub -examine, por vía de generalidad, se impone advertir que una vez que el instrumento privado ha obtenido autenticidad por vía de haber sido verificada la firma es concluyente el valor probatorio de su contenido con referencia a las partes y a sus sucesores universales aunque frente a terceros -y sólo desde entonces; arts. 1034 y 1035, C.Civ.- adquiera autenticidad al adquirir fecha cierta.

Es a partir de allí en que debemos ponderar debidamente consumado el hecho generador de la responsabilidad del deudor ocurrida con anterioridad al acto de afectación inoponible al acreedor sin perjuicio de que -dicho como dato inocuo- el vencimiento de la obligación también ocurrió en tiempos previos a dicha protección legal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, homicidio culposo, accidente de tránsito, vehículo embistente, pericia mecánica, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALMADA, MATIAS c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA-SCC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-11

En orden al reproche que efectúa la recurrente por prescindencia de elementos fundamentales de la impugnación de la pericia mecánica y que a su entender darían cuenta que fue el imputado quien resultó embestido, ha de tenerse presente que tal afirmación no se condice con lo valorado por los magistrados quienes, si bien no hicieron una referencia directa y puntual a las observaciones de la defensa y de su delegado técnico, ello fue en razón de que a su criterio la contundencia de la prueba mecánica -y la ampliación de la misma a instancia de la parte defensiva-, permitía asignarle el rol de embistente al rodado conducido por aquél, descartando así la tesis propuesta por el abogado defensor respecto a que el automóvil del sujeto pasivo hubiera impactado en la forma descripta por la apelante, en tanto la pericia era terminante en relación a que los daños verificados en el vehículo de mayor porte evidenciaban que el mismo fue el que colisionó con el otro vehículo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Higiene y seguridad del trabajo, obligaciones del empleador, vestuarios
Materia: LABORAL
Carátula: TRANSPORTES SOL DE MAYO  C.I.S.A. s/ SUMARIO - APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

La Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo es la autoridad de aplicación de la ley 19587 y su decreto reglamentario, y es quien tiene la facultad de determinar las excepciones a que se refiere el art. 50 del dec. 351/79, no advirtiéndose en tal proceder violaciones de orden público, al garantizarse la debida revisión judicial de la interpretación y actuación del poder administrador.
Contratos, domicilio especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simón, Juan Gregorio y otro c/ Velazquez, José Enrique y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Resulta válida y eficaz la notificación realizada en el domicilio especial fijado en el contrato privado que es reconocido o declarado tal.
Prescripción, plazo, cómputo del plazo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: GRECO  HNOS.    S.A.   S/QUIEBRA S/INC. DE ACCION DE AMPARO Y MEDIDAS CAUTELARES POR BODEGAS Y VIÑEDOS LUCHESSI HNOS.  S.A. s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-04

El plazo previsto por el CCIV 4032-1 cuando cesa la actuación del profesional, comienza a correr a partir del hecho determinante de la cesación, se la muerte, la incapacidad o la renuncia. Empero, si tal hecho es la revocación del poder o la sustitución por otro letrado, el término se computa desde la notificación, al profesional, del cese de su personería o patrocinio.

En materia de prescripción para el cobro de honorarios profesionales debe adoptarse un criterio restrictivo de interpretación, optando por el régimen más favorable al acreedor, y por la conservación de los actos y negocios jurídicos, principio este que adquiere jerarquía de principio general de derecho.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, daño punitivo, responsabilidad contractual, responsabilidad objetiva, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Ello muestra un comportamiento groseramente negligente que evidencia, de manera notoria, cómo el demandado puso el acento en la protección de su propio interés, lo cual es inadmisible máxime desde la perspectiva de la responsabilidad profesional bancaria implicada (conf. Spanghero, M., "El daño punitivo como sanción a las malas prácticas bancarias", DCCyE, año 1, n° 2, noviembre 2010, p. 73 y ss.). (En el caso se cuantificó la multa en la suma de $80.000, esto es, $ 40.000 para cada actor).
Entidades financieras, banco central
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Acuerdo S.a. s/ Quiebra incidente de Informes trimestrales.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

El art. 88 de la ley 24144 dispone expresamente que la actividad del Banco Central como liquidador de las ex-entidades financieras existentes al momento de la vigencia de tal ley, continuara conforme las normas vigentes "hasta el momento" o sea según lo dispuesto por el art. 50 de la ley 21526 y su reformadora ley 22529 disposición que sólo permite a la liquidadora prescindir de autorización judicial "previa" para adoptar determinadas decisiones operacionales (art. 50 cit. inc. c.) lo que es entendible a los fines de una agilización exigida por la funcionalidad de la actividad liquidadora, pero que en modo alguno es excluyente del necesario y exigible contralor jurisdiccional.-
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Carlos Alberto c/ Monje Puentes, Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Las velocidades deben estar adecuadas a las circunstancias de modo, tiempo y lugar (arts.512 y 902 del Código Civil).
Ley de consolidación de la deuda pública, daños y perjuicios, daño a la salud moral o física
Materia: CIVIL
Carátula: Reartes, Liliana y otra c/ Provincia de Córdoba s/ Derecho A La Integridad Fisica
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-03-29

La inclusión dentro del régimen de consolidación de la deuda pública de las obligaciones que reparan daños a la integridad y salud de las personas -como en el caso de autos, en el cual se reclama indemnización de los daños derivados del uso indebido de la pistola reglamentaria por parte del cónyuge de la actora-, deviene irrazonable y, por tanto, la ley 8836 resulta inconstitucional.
Despido, presunciones, falta de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda, Irma Sandra c/ Empresa Contreras Hnos. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-26

Para la destrucción de la presunción establecida por el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo se hace menester la fehaciente acreditación que la falta o disminución del trabajo en el ámbito de la empresa revista el carácter de gravedad, no imputable a ella, resultante de circunstancias que objetivamente no respondan a culpa o negligencia de su dirección, puesto que una crisis temporal y/o circunstancial es un riesgo normal de toda actividad empresarial que no puede ser utilizada como justificativo para eludir el cumplimiento de la Ley.
Títulos de crédito, robo, cosas perdidas, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Mediterranea Clean SRL c/  s/ cancelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-21

Procede confirmar la resolución que consideró aplicable para la cancelación de los Cedines sustraídos el procedimiento del decreto ley 5965/63: 89 y siguientes. Ello por cuanto, la delegación de facultades reglamentarias al Banco Central de la República Argentina, quien dictó la Comunicación A 5447/2013 conllevó que la autoridad de contralor fijara el procedimiento de cancelación por la vía prevista en el decreto 5965/63, por lo que desde tal perspectiva no resulta objeto de reproche alguno la decisión de grado. Desde tal perspectiva entonces, la solución adoptada por la Sra. Juez de Grado ateniéndose, se reitera, al procedimiento de cancelación de títulos endosables no se ve afectada por la posterior sanción del Código Civil y Comercial (TO ley 26994) pues, dicha regulación subsiste en forma subsidiaria y/o para los casos de inexistencia de normas especiales. Desde tal sesgo y contemplando en ese orden de ideas que dicho Código no derogó el decreto ley 5965/63, ni la ley 26860, ni la Comunicación del BCRA A 5447/2013, la pretensión de la recurrente que intentó acudir a ciertas normas de la nueva legislación de fondo para redireccionar plazos, tanto en lo que hace a la publicación edictal, como para la deducción de oposiciones en el procedimiento de cancelación, carece de sustento y será desestimado.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALLESTEROS LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE FRIAS s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-18

El Municipio es autónomo y por ello la decisión de remoción del Carri-bar encuentra su marco en el Poder de Policía que, le está reservado entre sus facultades. Las apreciaciones de oportunidad, mérito o conveniencia cuando el propio orden jurídico autoriza, explícita o implícitamente, su concreción por la Administración, no pueden ser revisadas por el juez (falta el parámetro objetivo necesario). Dichos actos quedan exentos de revisión a través de la acción de Amparo.-
Excarcelación, concurso de delitos, intención de eludir la acción de la justicia, caución real, prohibición de salida del país, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: N., K. C. C. s/excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-03

Ricardo Pinto, a cuyo voto adhirió Rodríguez Varela, precisó que el concurso de delitos por el que fuera procesado, más la ausencia de antecedentes condenatorios, permitía adecuar la situación en la segunda de las hipótesis liberatorias previstas en el segundo párrafo del artículo 316, al que remite el inciso 1° del artículo 317, ambos del CPPN. Añadió que, a la luz del artículo 221 del CPF, el presunto riesgo de fuga que se derivaba de su permanencia transitoria en el país podía ser neutralizado con una medida de menor intensidad, tal como lo prevé el artículo 210 del CPF, máxime ante la ausencia de rebeldías y procesos en trámite. Finalmente y, en punto al peligro de entorpecimiento de la investigación (artículo 222 del CPF) destacó que la investigación no reviste complejidades, los sucesos no fueron violentos y no restan medidas de producción de particular interés, siendo por ello adecuada una caución real que fijó en 50.000 pesos atendiendo a sus condiciones personales, su falta de arraigo y la capacidad logística que refleja el delito cometido, con mas la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado, fijar domicilio, la imposición de la prohibición de salida del país sin autorización previa y la retención de sus documentos de viaje (artículo 210 incisos d, e, f, h, del CPF). Finalmente advirtió que correspondía materializar nuevamente la declaración indagatoria toda vez que el imputado no habla el idioma español y fue indagado sin intérprete, aún cuando su defensa estaba presente.
Impuesto de sellos, medidas cautelares
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

La medida cautelar requerida a los fines de que se restablezca el status quo ante y se ordene a la provincia de Misiones abstenerse de aplicar o hacer efectivo el cumplimiento de los artículo 1º, 6º y 7º de la ley 4275-en cuanto establece que el impuesto de sellos debe ser soportado íntegramente por las entidades bancarias coactoras, sin que puedan trasladar su incidencia a los clientes-, es improcedente, pues dichas medidas no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, no obstante no configurarse los presupuestos necesarios para acceder a ella- verosimilitud en el derecho invocado y la inminencia o irreparabilidad del perjuicio
Despido, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: WENDLER NESTOR FABIAN c/ WENDLER HUGO AGUSTIN s/ LABORAL - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-18

Si el despido fue efectuado con anterioridad a la intimación del actor de acuerdo con los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 24.013 no da lugar a la indemnización del artículo 15 de dicho cuerpo legal.
Instancia administrativa previa, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., A.O. c/ Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-16

Los recaudos exigibles para la habilitación de instancia -reglas que difieren de las Nacionales- devienen de las normas de procedimientos vigentes, general o especiales.

Por ello, con referencia al agotamiento de la vía administrativa y la reclamación previa a las acciones contencioso-administrativas, este Cuerpo ya viene interpretando desde la S.D. No 8/SRE/96, que en el proceso contencioso-administrativo provincial, esto es, aquél en que una de las partes es la Provincia, o alguno de sus órganos descentralizados o autárquicos, el principio que emana del Dto. Ley No 920 -norma general- es la inexigencia de ese recaudo, salvo que una norma de derecho positivo aplicable a la relación jurídica sustancial así lo exija.
Excarcelación, prisión preventiva, solicitud de libertad condicional, requerimiento de pena, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: ESMAN, M. s/ EXCARCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

Corresponde la excarcelación si el procesado cumplió en prisión preventiva más de los dos tercios del tiempo para obtener la libertad condicional conforme al mínimo de la escala del delito por el que se lo procesa y no obstante el pedido fiscal de 10 años, pues venció el término del art. 701 CPC y no es viable en el caso la excepción del art. 380, porque salvo el pedido fiscal no existen otros elementos de juicio para hacer presumir que el procesado intentará eludir la acción de la Justicia.
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Junin Motor S.A. s/ Apremio La Previsión Coop. Seguros Ltda. c/ Municipalidad de Olavarría y Alvarez, Carlos s/ Cobro australes Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05|1997-07-15|2000-04-18

El requerimiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal debe ser formulado en la primera oportunidad procesal propicia, en las instancias ordinarias y respetando la audiencia de la contraria.
Despido, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SECCHI, MARIO HECTOR c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ AMPARO - TRAMITE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

La carta documento enviada por el actor donde se considera despedido, intimando el pago de los salarios caídos, indemnizaciones y beneficios pertinentes, se opone a la acción aquí intentada, tornándose abstracta la cuestión en los términos de la doctrina.
Derechos y garantías constitucionales, aportes previsionales, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caracciolo de Haiek, Palmira c/ Estado Nacional - A.N.S.E.S. s/ Amparos y sumarísimos con medida cautelar adjunta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-09

Quien durante su vida activa efectuó aportes superiores a los oblados por los trabajadores comprendidos en un régimen general, cumplió los años de servicios requeridos y la edad exigida por el cuerpo de normas que tutela la actividad de la que se trate, accede legítimamente al beneficio acordado; y una de-rogación posterior de esa norma no puede determinar la pérdida de sus derechos sin lesionar la garantía constitucional de propiedad (art. 17 C.N.). La forma de movilizar esas prestaciones será mediante los parámetros especificados en dicha norma y no en otra.