marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Labonia, Roberto s/ Lesiones leves, corrupción calificada y homicidio calificado por  alevosía, ensañamiento y criminis causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa con cita del art. 286 del Código de Procedimiento Penal intenta impugnar los diversos elementos en los que el juzgador funda su "convicción sincera" sobre la verdad de los hechos juzgados, si para ello elaborara hipótesis basadas en su propia interpretación de los hechos y selección de los elementos probatorios que -en su personal opinión- considera útiles a tal fin, despreocupándose del razonamiento del sentenciante; por lo que lejos está entonces de evidenciar el "absurdo lógico" que invoca y que habilitaría la casación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucía Mejail y Cía.  S.R.L. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

Es extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad que sólo aparece formulado en el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que, con fundamentos coincidentes, confirmó la dictada en la primera instancia.
Beneficios previsionales, jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Caja de Jubialciones y Pensiones de Abogados, Procuradores y Escribanos s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Libro: S053-439)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-03-05

Los magistrados judiciales, que habiendo ejercido la profesión y estén en condiciones de jubilarse, pueden optar por los beneficios de la Caja Forense.
Recurso de queja (procesal), competencia, juez de instrucción, deberes del juez, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., C. B. y OTROS. s/ Queja en: -C., N. A. y C., S. J. s/ Vtma. Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-31

[?] habiendo anotado más adelante que la instrucción se inició merced al parte preventivo de la policía, no estará de más recordar que este Cuerpo ha dictado la Acordada 2/09 en el marco de la competencia que otorga el art. 5 del Código Procesal Penal, en la que claramente se dispone que el sumario de prevención, con o sin intervención del Fiscal, será responsabilidad del Juez de Instrucción (art. 10), en tanto los organismos del fuero en lo Criminal, Correccional y de Instrucción, como el Ministerio Público, se encuentran obligados a la observancia y aplicación de la prenotada acordada (art. 9).

Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al representante de la acción penal pública de efectuar sus intervenciones en defensa del interés que representa, encaminándolas a establecer con la mayor precisión posible tanto el acaecimiento del evento reputado ilícito como la individualización de sus autores, cómplices, encubridores o instigadores.

No puede dejar de evidenciarse en este pronunciamiento que, no obstante no encontrarse alegada la ?gravedad institucional?, el aletargado y sinuoso derrotero de estas actuaciones,[?], de seguir esta suerte, podría llegar a configurar un supuesto de denegación de acceso a la justicia a las víctimas, con la consiguiente vulneración de su derecho a la verdad, generando responsabilidad del Estado argentino. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, convenio multilateral, contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Delta Corner SA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Delta Corner S.A. c/ GCBA (Dir. Gral. de Rentas) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR' SA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Delta Corner S.A. c/ GCBA (Dir. Gral. de Rentas) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-12

Restringido el objeto del procedimiento a la observación de la legalidad del procedimiento respecto del acto administrativo en cuestión, según decisión interlocutoria del tribunal competente, aceptada por el recurrente e, incluso, por el recurrido, ese procedimiento de determinación de la deuda e imposición de la sanción ha terminado sin afirmar -conforme al orden jurídico vigente, integrado por esta sentencia- ilegitimidad alguna. (Del voto del Dr. Maier).
Protección de la propiedad industrial, aplicación temporal de la ley, patentes, ley vigente, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Iraola y Cía. S.A. y otro c/ Basf Agro BV y otro s/ nulidad de patentes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

Tal como entendió el a quo, el artículo 35 de la ley 24.481 no se aplica a la patente puesto que la solicitud fue presentada con anterioridad a su entrada en vigencia y dado que esa norma rige únicamente las solicitudes presentadas con posterioridad a ese momento según lo dispuesto por el artículo 97 del Anexo II del decreto 260/1996. Además, el plazo otorgado a la patente en cuestión es consistente con la protección prevista en el artículo 33 del ADPIC porque su duración es mayor a 20 años contados desde la solicitud.- (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la Corte)-
Ejecución de sentencia, honorarios, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVARADO, PATRICIA M. c/ GUTIERREZ, DANIEL ALEJANDRO. s/ EJECUCION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30

Si bien es procedente la tramitación del cobro de honorarios por el procedimiento de ejecución de sentencia en el mismo juicio en que se han regulado, resulta asimismo válido el incidente promovido por el letrado para obtener el cobro de honorarios, que se le regulara en el principal, por vía de ejecución de sentencia, resultando innecesaria la intimación de pago, tanto porque la ley no la prevé como porque ella está remplazada por la notificación de sentencia, debiendo en tal caso trabarse directamente embargo y luego procederse a la citación de remate.
Carga procesal, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero Ramón Ernesto c/ Olivares Emiliano Rafael y otro s/ ordinario s/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-11-03

El dar razón de lo que se deposita, es una carga de la parte recurrente y es ella quien debe formular y explicar la cuenta que pudiera corresponder o el motivo por el que se efectúa el depósito mínimo. Tal argumentación únicamente puede ser obviada si se deposita el monto máximo de lo previsto en el acuerdo respectivo.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: CARLOS E. COSTA S.R.L. c/ CONSORCIO RAFAEL TRISSTAN COMEZ-CASTRO LIMA s/ INCIDENTE  DE  TERCERIA  DE  MEJOR  DERECHO INTERPUESTO POR MAURICIO  LEANDRO FERNANDEZ BECERRA Y HORACIO ALFREDO LOPEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-03-15

No puede atribuirse un obrar negligente a quien la ley le concede una facultad y como contrapartida un deber a la contraparte el titular registral, máxime cuando tal facultad y tal deber carecen de la debida reglamentación en la jurisdicción para su efectivización.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Magariños José c/ Galán Sergio s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Cabe la anulación del remate, si es que se encuentra acreditado - aún por el propio martillero- , si la adjudicación no fue hecha a quien formuló la oferta y no es el caso de la denominada "compra en comisión" prevista en el art. 582 del CPC. La índole de la infracción deja sin sustento jurídico al acto, lo que lleva a que no podamos considerar al supuesto como una simple nulidad de orden procesal no siendo procedente en este supuesto señalar la falta de invocación de perjuicio por el nulidicente, ya que la nulidad es de caracter sustancial y hace a la faz negocial del mismo (doct. arts. 944, 1044, 1137, 1144 Cód. Civil; art. 52 ap. b- 7 ley 11.093)
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, reenvío, derivación razonada del derecho vigente, jueces, leyes, aplicación de la ley, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Buyatti SAICA c/ Sampayo, Alejandro y/u otros s/ Juicio Ordinario por cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 2067-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-11

La determinación de lo justo concreto exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos de la causa; en otros términos, un precepto legal no debe ser aplicado literalmente sin el análisis previo de las circunstancias del caso, que conduzca a su recta interpretación jurídica; de lo contrario, se correría el riesgo de arribar a una conclusión irrazonable. La hermenéutica de las normas debe atender, ante todo, a los principios constitucionales que informan el sistema jurídico; como enseñaban los romanos, "incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius propista iudicare vel respondere" (es incivil juzgar o responder en vista de alguna parte pequeña de la ley, sin haber examinado atentamente toda la ley) (Celsus, Lib. 9, Dig.). En consecuencia, en el sub-judice, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la sentencia del a-quo que aplicó el artículo 623 del Código Civil por sobre el artículo 569 del Código de Comercio, debiéndose remitir la causa al subrogante legal a fin de que se dicte una nueva sentencia que componga el litigio balanceando prudentemente los valores en juego -propiedad, libertad contractual, buena fe, equilibrio de las prestaciones-, interpretando para ello las normas comprometidas a la luz de las exigencias impuestas por los principios superiores del ordenamiento jurídico.
Procesos de ejecución, pagaré, relación de consumo, mutuo, defensa del consumidor, inhabilidad de título, título ejecutivo hábil, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Aquipesos S.A. c/ Ñancumil Treuquil, Mónica Janett s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-25

Si bien los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor no deben necesariamente estar contenidos en el título, deben ser integrados con la documentación complementaria pertinente.
Revisión judicial de actos administrativos, reclamo administrativo previo, crédito fiscal, certificados de crédito fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Pino Camby  S.A. c/ F.N.  (Min. de Econ.) s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

En cuanto a la postergación de la entrega de los certificados de crédito fiscal, se decidió al no acreditar el recurrente el cumplimiento de los recaudos exigidos por el dec. 1174/89 para dicha entrega, ni el inicio del trámite administrativo cuya necesidad y carácter previo a fin de su evaluación por la autoridad administrativa impone la norma contenida en su art. 9, por lo que, más allá del cuestionamiento que introduce por insuficiencia reglamentaria de la resolución 1318/92, carece de legitimación activa para instaurar esta acción judicial.
Audiencia de alegar, falta de audiencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES, BONIFACIO c/ CALCAGNO, MIGUEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

La falta de designación de la audiencia de alegar no provoca la nulidad de la sentencia, porque no es un vicio de este acto procesal sino del procedimiento tramitado en primera instancia que, por ello, debió ser allí planteado dentro de los tres días de haber el recurrente tomado conocimiento del acto viciado, arts. 59 y 60 LO.
Concursos, quiebra, honorarios, costas, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Del Valle, Osvaldo Samuel c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-27

Del esquema arancelario contenido en la ley 24522 resulta que la estimación de los honorarios a favor de los profesionales actuantes debe ser realizada en alguna de las oportunidades que indica la LCQ 265. Ello así, en la medida que resulta adecuado y justo concentrar en un cálculo global todo el gasto derivado de las actuaciones judiciales desplegadas tanto en la quiebra como en sus incidencias, que deban cargarse, en definitiva, a la masa de acreedores (CNCom, Sala A, en autos "Piñero Pacheco Agropecuaria SA s/ quiebra", del 12/09/95; Sala E, en autos "Uvita SA s/ quiebra s/ inc. De subasta", del 01/10/93; id. "Club Atlético Atlanta Asociación Civil s/ quiebra", del 14/09/95; entre muchos otros; citados en Pesaresi - Passarón "Honorarios en concursos y quiebras", pág. 286, edit. Astrea). En consecuencia toda actuación susceptible de ser remunerada que se encuentre a cargo de la quiebra no exige, en principio, una regulación autónoma.
Concurso preventivo, acreedor privilegiado, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Farmaline SA c/  s/ concurso preventivo s/inc. art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Asiste razón al apelante sobre la forma en que se deben liquidar los intereses de su acreencia privilegiada. Es que, la sentencia dictada en sede laboral fue clara al señalar que los intereses desde la mora se deberían calcular conforme la tasa nominal anual para préstamos libre destino del Banco Nación (conforme Acta CNAT 2601 del 21/5/14 y Acta CNAT 2630 del 27/4/16). Tratándose de accesorios devengados con anterioridad al concursamiento de la deudora, la Sala no advierte, ni tampoco fue invocado por la concursada o la sindicatura, fundamento alguno para no respetar la tasa fijada en el referido pronunciamiento, que se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada. Correspondió, entonces, la utilización para el período en cuestión de la tasa del Acta CNAT 2630 -36 % anual- en lugar de la empleada por la sindicatura -TABN-.
Defensa en juicio, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

El ejercicio del derecho de defensa debe ser eficaz, para lo que es imprescindible que se cumplan los requisitos de forma que lo aseguren. Entre ellos se encuentra la exigencia del art. 318 del código adjetivo, que prescribe que el requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, pues ello hace a la adecuada intervención del imputado en el proceso (art. 159 inc. 3 íd.).

Además, el acto procesal mencionado debe respetar la base fáctica de la intimación realizada en la declaración indagatoria y del auto de procesamiento. Tales exigencias son de importancia relevante e igualmente exigibles a la parte querellante particular, toda vez que la hipótesis fáctica que contiene la acusación para la elevación a juicio de cada parte procesal determina y circunscribe su actividad, de tal modo que sobre ella incide toda actividad ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión, la incriminación y la decisión definitiva del Tribunal de juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, voluntad del legislador, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88 LENO, GERARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 545-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06|1993-04-14

Las leyes se presumen compatibles con la Constitución y sólo debe declararse la inconstitucionalidad cuando no queda vía de optar por una interpretación que favorezca la constitucionalidad de la ley.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villamil, Juan Carlos c/ INDASYC S.R.L. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-08

En la especie, el carácter del dato fáctico a justificar es el de sucesivas prestaciones laborales extraordinarias habidas a lo largo de un lapso prolongado, de modo que no resulta emanación del buen sentido pretender de los testigos absoluta precisión, tanto acerca de la fecha exacta de hechos ya lejanos en el tiempo, cuanto sobre cifras horarias justas, porque la experiencia muestra que ese tipo de datos está usualmente sujeto a error, dependiendo en gran medida del coeficiente intelectual del deponente. Por encima de esas precisiones, lo que importa es el sentido general de la declaración y lo que ésta puede traducir fielmente de los hechos relatados.
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGO, DIEGO BLAS. c/ DAMFROCHT, MANUEL Y OTRO. s/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14

"No resulta arreglada a derecho la sentencia que declara la caducidad de instancia en un juicio ejecutivo, sin considerar que los autos se encontraban pendientes de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 521 del CPCCT".

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BENTIVEGNA, Salvador c/ ORELO, Edith y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

1- Quien sostiene que concurren los presupuestos de aplicación de la ley 24.283, en oportunidad de introducir la pretensión desindexatoria, deberá, simultáneamente, depositar la cantidad de dinero que "prima facie" considere que adeuda, conforme a lo que entienda es el valor real actual del bien, cosa o prestación, no resultando admisible que el incumplidor subsista en tal estado, y espere el resultado de su articulación sin abonar el importe por el que se reconoce obligado.- 2- El litigante que introduce la cuestión desindexatoria debe, en la etapa procesal oportuna, ofrecer la prueba tendiente a demostrar que el resultado a que se llega con la indexación de la deuda no guarda relación con el "valor real o actual del bien, cosa o prestación".-
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, aplicación supletoria de la ley, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres de Córdoba, Diana Miriam y Otro c/ Asociación de Obras Sociales -A.D.O.S.- s/ Cobro Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-11

Ante la ausencia de norma específica en la Ley 2.200, que instrumenta en su Art. 4 el pacto de cuota litis, sobre la competencia, aunado a la supletoriedad del ordenamiento del CPCC. dispuesta en el Art. 64, 2do. párr. de la ley, es de plena aplicación la norma del Art. 6º inc. 1º del código ritual, que establece la competencia del juez del proceso principal para las cuestiones accesorias al mismo, cual es la derivada de los efectos de un pacto de cuota litis como lo sujeto a decisión en la especie.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), monto de la pena, proporcionalidad de la pena, homicidio, portación de armas, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DAVID FABIO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL CON PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

La suerte de la presente impugnación no puede variar a la luz de las postulaciones recursivas vinculadas con el monto de la pena impuesta al justiciable, puesto que la desproporcionalidad esgrimida por la quejosa no se corresponde con el tratamiento del tema en el fallo recurrido, siendo que sobre este aspecto la Alzada consideró que el análisis circunstanciado realizado por el Tribunal de grado para mensurar la pena de acuerdo a las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, lucía acertado en relación a la magnitud del accionar protagonizado por el imputado, teniendo en cuenta que la sanción aplicada no sólo ostentaba una menor distancia respecto al máximo ponderable -de más de 33 años de prisión-, sino también que la misma se ajustaba convergentemente con el delito de portación por el que también el imputado resultó condenado en el caso y, principalmente, a los parámetros examinados por los Sentenciantes vinculados a la ínsita gravedad del gratuito e inconmensurable asesinato armado asestado por el agente; y frente a ello, con sus genéricas formulaciones no alcanza la compareciente a demostrar una aplicación indebida o una violación de las pautas legales de mensuración del castigo, debiendo tenerse en cuenta que la determinación de las circunstancias vinculadas con el monto de la pena es una función propia de los jueces de la causa no susceptible de ser revisada en esta instancia de excepción, salvo arbitrariedad, cuya concurrencia en el caso no logra evidenciar. (Del voto de la Dra. Gastaldi y los Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal. artículos 40 y 41
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cánepa, Néstor y Otro c/ Bruna, Salvador y Otra s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

La nulidad por defectos de procedimiento debe reclamarse en la misma instancia en la que se produjo el vicio descalificante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, recursos, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: Nucerino, Juan Carlos c/ Lessiver SRL s/ ejecutivo s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-09

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria in extremis incoado contra la resolución que declaró inaudible la apelación deducida en razón del monto, toda vez que no se acreditó la existencia de un error grosero, esencial e irreparable. Ello así, pues contrariamente a lo sostenido por el recurrente, a los fines de determinar el monto de apelabilidad cabe estar a la fecha de inicio del incidente y no a la de la demanda que motivó la fijación de los honorarios cuya verificación se pretendió.