Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-15


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 74319 . SALA V. AUTOS: ""NOGUERA SUSANA C/ KRAFT FOODS ARGENTINA S.A.Y OTROS S/ JUICIO SUMARISIMO" - (JUZGADO N : 58) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de agosto de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) Contra la sentencia de la instancia anterior (fs. 676/685) apelan la demandada Kraft Foods Argentina S.A., la demandada Talsium S.A. y la actora, a fs. 690, 697 y 702, respectivamente. A fs. 692 el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos, y a fs. 698 Talsium S.A. recurre los honorarios regulados al mencionado experto y al letrado de la actora, por estimarlos elevados.

II) Según resolución firme de fs. 55/56 la tramitación de la presente causa está regulada por las normas del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En este marco, el plazo previsto para la interposición de la apelación contra la sentencia definitiva será de tres días y el otorgado para fundarla será de cinco días contados desde la notificación de la concesión del recurso (conf. arts. 246, parágr. 1º, párr. 1º y 498, párr. 1º e inc. 3º y 6º, C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta que la parte actora fue notificada de la sentencia definitiva el 7 de febrero de 2012 (ver fs. 701/vta.), el plazo para apelarla vencía el 13 de febrero de 2012 a las 9,30 hs., razón por la cual el recurso interpuesto el 16 de febrero de 2012 (ver cargo mecánico de fs. 714 vta.) es extemporáneo.

Por las razones expuestas, propicio declarar mal concedido el recurso de la actora, sin que obste a ello lo decidido por la magistrada de la instancia anterior, ni la convalidación expresa o tácita de Kraft Foods Argentina S.A. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que Talsium S.A., dentro del plazo para la contestación del traslado de la expresión de agravios de la actora, sostuvo la extempora-neidad del recurso interpuesto por esta última (ver fs. 758 y fs. 777, párr. 1º).

Tampoco modifican la conclusión propuesta en el párrafo anterior las manifestaciones vertidas por la actora en el escrito de fs. 736/737 vta. por las siguientes razones.

En primer lugar, si durante la tramitación del proceso la jueza de primera instancia aplicó la ley 18.345 y el art. 247 del C.P.C.C.N. referido al proceso ordinario regulado en este ordenamiento procesal para resolver la admisibilidad de algunos recursos, esos errores cometidos en esas circunstancias por la Dra. Simone no llevan a modificar la resolución firme de fs. 55/56 en cuya virtud la tramitación de esta causa está regulada por las normas del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ni -mucho menos- a condicionar a este tribunal al momento de ejercer la potestad de expedirse acerca de la admisibilidad de los recursos de apelación concedidos en primera instancia.

En segundo término, tampoco favorece la postura de la actora la invoca-ción de lo resuelto por la magistrada a fs. 69 y 700.

La ampliación de plazo conferida a fs. 69 con invocación de los arts. 157 y 498, C.P.C.C.N., más allá de su acierto o error, obedeció a un planteo de ampliación del plazo legal para contestar la demanda efectuado por una de las demandadas antes del vencimiento del mismo, fundado en circunstancias que, según el parecer de la peticiona-ria, serían ajenas a su voluntad; es decir, no estamos en presencia de un escrito presenta-do fuera del plazo procesal sin efectuar previamente un planteo de ampliación o contemporáneamente de inaplicación de la norma prevista para el caso.

En cuanto a la resolución de fs. 700, considero que si se trata de una apelación que debe concederse en relación sin efecto diferido, como la interpuesta a fs. 697, y en el mismo escrito de interposición del recurso se expresan agravios, resulta admisible el recurso, porque debiendo fundarse el mismo en primera instancia, la circunstancia de que el recurrente exprese por adelantado los motivos de la impugnación no comporta, en definitiva, otra cosa que la renuncia a un beneficio (temporal) que la ley le otorga.

Dicho en otros términos: si el apelante funda el recurso en el mismo escrito en que lo promueve y el juzgado, en lugar de devolverlo da curso a la apelación esta última debe considerarse fundada (conf. Fassi y Yañez, Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, Tomo 2, 3ª ed. Actualizada y ampliada, pág. 302/303).

Cabe agregar que fue la propia actora quien en el escrito de inicio fundó su pretensión, entre otras normas, en el art. 47 de la ley 23.551 y en los arts. 321, inc. 2º y 498 del C.P.C.C.N. (ver fs. 2 vta., pto. III).

El tribunal de apelación está facultado para examinar la admisibilidad del recurso, ya que sobre el particular no está ligado por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de grado, aun cuando se encuentre consentida; y ese examen, por lo demás, puede hacerse de oficio (conf. Fassi y Yañez, op. cit., pág. 279, C.N.A.T. Sala V, sent. int. nº 26.774 16/07/2010, "Jaimez Sergio Adrián c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y otro").

III) Corresponde ahora el tratamiento del recurso de Kraft Foods Argentina S.A.

Llega firme a la alzada que la demandada despidió a la actora imputándo-le haber participado en forma activa y directa de los hechos acaecidos el 7 de julio de 2009 consistentes en amontonar pallets de propiedad de la empresa en el ingreso de camiones del puesto n° 3 del establecimiento para proceder al incendio intencional de los mismos, ello con un severo compromiso de la seguridad industrial, de bienes y personas y bloqueo violento del acceso de camiones (ver sentencia de primera instancia -fs. 679-, no cuestionada en este punto por las partes).

Luego de analizar minuciosamente los testimonios de Gorayeb, Coto, Alonzo, Testai e Invancovich y la reproducción del video aportado por la demandada, la jueza de primera instancia concluye lo siguiente:

1) La demandada no acreditó cabalmente la participación activa y directa de la actora en los incidentes del 7/07/2009.

2) Los testigos aportados por la demandada dicen que vieron a Susana Noguera charlando con el grupo y Gorayeb dice que no vio a la actora llevar material inflamable.

3) El conflicto era generalizado y la actora cumplía horario nocturno, lo que torna verosímil que se hubiera acercado al lugar como mera espectadora y excluye su participación activa y directa que el empleador atribuye a la actora para justificar su decisión resolutoria.

4) El hecho de que la actora estuviera presente en un incidente de tal magnitud no habilita el despido, si tenemos en cuenta el principio de proporcionalidad que impera en torno del incumplimiento laboral (ver fs. 681/682).

Las manifestaciones vertidas por la demandada respecto a los argumentos y conclusiones de la magistrada de la instancia anterior expuestos precedentemente sólo expresan una discrepancia dogmática, pues ni siquiera aluden a los testimonios valorados por la jueza, ni mucho menos exponen razones que permitan desvirtuar las conclusiones adoptadas por aquélla mediante su apreciación, ni se remiten a otros elementos probatorios arrimados a la causa, que corroboren su postura recursiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que corresponde declarar desierto el recurso de apelación si el escrito de expresión de agravios no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el sentenciante de la anterior instancia, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión impugnada; no bastando en consecuencia escuetos argumentos que no constitu-yen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél (C.S.J.N. Fallos:323:2131).

La crítica supone un análisis de la sentencia mediante raciocinios que demuestren el error técnico, la incongruencia normativa o la contradicción lógica de la relación de los hechos que el juez considera conducentes para la justa composición del litigio, de su calificación jurídica y de los fundamentos de derecho que sustentan su decisión, por ello la ley procesal exige que esa crítica sea razonada, es decir que el apelante refute las conclusiones que considera erradas, requisito que, en el caso, no encuentro cumplido, por cuanto los agravios formulados por la parte actora soslayan la conclusión sustancial del magistrado de grado.

Por las razones expuestas, propicio declarar desierto el tramo del memorial de fs. 716/729 vta. relativo a la acreditación de la causa del despido, por lo que queda firme la sentencia de primera instancia en lo pertinente.

La queja referida a la tramitación por la vía sumarísima de la pretensión subsidiaria de las indemnizaciones derivadas del despido resulta inadmisible, pues no expone el perjuicio concreto que tal tramitación le habría causado al apelante.

La jueza de primera instancia considera que el ingreso de la actora se produjo el 3/09/2006, pues si bien Noguera fue contratada por Talsium S.A. -empresa de servicios eventuales- para prestar servicios en Kraft Foods Argentina S.A., lo cierto es que no se ha demostrado en la causa que esa contratación respondiera a exigencias extraordinarias o excepcionales que habilitaran una contratación eventual. Añade la magistrada que la efectivización de Noguera a partir del 19/02/2007 por parte de Kraft Foods S.A. evidencia que aquélla fue contratada para desempeñar tareas normales y habituales propias de su giro empresario, por lo que ambas empresas deberán responder solidariamente por los créditos reclamados en el escrito de inicio.

El agravio expuesto al respecto por Kraft Foods Argentina S.A. es inatendible, pues, luego de admitir la prestación de servicios de la actora desde el 3/09/2006, sostiene que el lapso en que la vinculación se debió a la intermediación de Talsium S.A. no le genera responsabilidad alguna pues se habría debido a un aumento de su producción constitutivo de una eventualidad, sin advertir que la acreditación de los supuestos de configuración de la contratación eventual incumben a quien invoca esa modalidad excepcional de contratación, en este caso, Kraft Foods Argentina S.A., carga procesal que no cumplió (conf. arts. 99, L.C.T. -t.o.-; 377, C.P.C.C.N. y 155, L.O), sin que en el memorial de agravios indique elemento probatorio alguno que corrobore su petición recursiva.

En consecuencia, también propicio la confirmación de la sentencia de grado en este aspecto.

Estimo inatendible la queja de Kraft Foods Argentina S.A. relativa a la sanción establecida en el art. 2° de la ley 25.323 por las siguientes razones.

Si bien es cierto que -a la luz de lo dispuesto en el art. 242, L.C.T. (t.o.)- incumbe a los jueces la valoración del carácter injurioso de los incumplimientos contractuales imputados, la determinación judicial de la existencia o no de justa causa de despido es declarativa, esto es, retroactiva al momento de la ruptura del vínculo.

Desde esta perspectiva, el empleador que decide un despido causal en un sistema de protección contra el despido arbitrario como el regulado en la Ley de Contrato de Trabajo o en su caso, en la ley 25.013, está sujeto al riesgo de ser condena-do a abonar las indemnizaciones pertinentes en caso de que no acredite un incumpli-miento contractual injurioso del trabajador.

Asimismo, también está sujeto al riesgo de verse obligado a pagar los intereses moratorios desde la fecha de la exigibilidad de las indemnizaciones, e incluso otros rubros como el previsto en el art. 1º de la ley 25.323 y el que motiva esta decisión.

Sin embargo, no parece pertinente fundar la eximición o la reducción de la condena al pago de alguno de esos rubros en el solo hecho de que el empleador someta la decisión rupturista a la valoración judicial prevista en el art. 242 de la L.C.T. (t.o.).

Si se admitiera esta postura bastaría que el empleador creara e invocara cualquier motivo de despido para tornar inoperante el precepto legal.

En el presente caso los incumplimientos imputados a la actora no fueron probados, razón por la cual no cabe la reducción o eximición indemnizatoria prevista en el segundo párrafo del art. 2º de la ley 25.323.

En base a las consideraciones expuestas, propicio la confirmación de la sentencia de grado en este tópico.

Tampoco merecerá acogida favorable la queja relativa a la sanción prevista en el art. 80, L.C.T. (t.o.), pues está demostrado que la demandada no entregó a la actora la documentación allí enunciada con la real fecha de ingreso.

La ausencia de intimación oportuna en los términos de la norma precitada y del art. 3° del dec. 146/2001 constituye una defensa no opuesta en el responde, por lo que su invocación es el fruto de una reflexión tardía que no puede ser considerada por este tribunal (conf. arts. 34, inc. 4°, 163, inc. 6°, 271 y 277, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Sugiero, por ende, la confirmación de la sentencia de primera instancia en este aspecto.

La imputación a la actora de su participación activa en los actos ilícitos ocurridos el 7 de julio de 2009 configuran una grave imputación diferente al acto ilícito del despido y que no resulta reparada por la tarifa establecida en el art. 245 de la L.C.T. (t.o.).

Estamos en presencia de un ilícito ajeno a la decisión extintiva incausada, que vulnera el derecho al honor y a la dignidad de la trabajadora, y que, por aplicación de los subsistemas de responsabilidad civil, debe ser reparado.

En el presente caso, dados los términos de la comunicación del despido y la índole de los valores y derechos en juego, el daño moral surge "in re ipsa", sin necesidad de mayores pruebas (conf. arts. 62, 63 y concs., L.C.T. -t.o.-; 522 y concs., C. Civ.).

Propicio, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de grado en este punto.

Teniendo en cuenta el modo en que llega la cuestión sustancial a la alzada, carece de interés recursivo el denominado "octavo agravio", por lo que sugiero su desestimación.

Trataré la queja sobre costas, luego de analizar el recurso de Talsium S.A.

IV) Propicio desestimar el recurso de Talsium S.A., pues, como fue señalado en el considerando II) la actora fue contratada por la recurrente -empresa de servicios eventuales- para ser destinada a prestar servicios en Kraft Foods Argentina S.A. desde el 3 de septiembre de 2006, sin que las demandadas hayan demostrado la eventualidad de los servicios requeridos para dicha contratación.

En ese contexto, resulta aplicable el art. 29, párr. 1° y 2° de la L.C.T. (t.o.), en cuya virtud Kraft Foods Argentina S.A. reviste la calidad de empleador directo y Talsium S.A. resulta solidariamente responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social.	Por las razones expuestas, postula la confirmación de la sentencia de grado en este tópico.

V) Conforme los términos en que fue trabado y resuelto el litigio, teniendo en cuenta que la demandada no acreditó el incumplimiento imputado a la demandante, que los rubros derivados del despido prosperan íntegramente, aunque no fue acogida la pretensión de nulidad del despido, considero que la actora resultó sustancialmente vencedora, por lo que estimo justa y equitativa la decisión adoptada por la jueza de grado en materia de costas (conf. arts. 68, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Propicio, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de primera instancia en este aspecto, dando tratamiento a la queja pertinente de Kraft Foods Argentina S.A.

VI) Teniendo en cuenta el monto del proceso, y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, no considero elevados los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador, dando tratamiento al agravio interpuesto a fs. 698, punto II (conf. arts. 38, L.O., 6, 7, 8, 9, 19, 37 y concs., ley 21.839 y dec.-ley 16.638/57).

Siguiendo las mismas pautas, no considero reducidos los honorarios regulados al perito contador, dando tratamiento al recurso de fs. 692.

Por las razones expuestas, propicio la confirmación de las regulaciones de honorarios apeladas.	VII) En lo que respecta a las costas de alzada -dadas las particularidades del presente caso- considero que deberían ser distribuidas de la siguiente forma: a)En el recurso interpuesto por la actora a fs. 702/714 vta. en el orden causado. 2°)En los recursos interpuestos por las demandadas a cargo solidariamente de estas últimas en el pago de los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora (cada demandada pagará los honorarios de sus propios letrados) (conf. arts. 68, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Postulo regular a la representación y patrocinio letrado de cada una de las partes, el 25% de lo que le correspondan por su actuación en primera instancia (conf. art. 14, ley 21.839).	LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

En lo sustancial, adhiero al voto del Dr. Zas por análogos fundamentos a los que allí lucen.

Discrepo de la solución propuesta por el distinguido colega preopinante en cuanto a la reparación prevista por el art. 80 L.C.T. Los respectivos requisitos vienen impuestos legal y reglamentariamente, por lo que correspondía su aplicación por la magistrada, y sin que en la sentencia de grado se hayan efectuado -en todo caso- consideraciones puntuales que pudieran haber justificado apartarse de lo dispuesto en tal normativa (art. 80 cit. y decreto reglamentario 146/2001). De la lectura de fs. 10 y sig. no surgen aquellos cumplimentados; el memorial de agravios hace hincapié en la ausencia de intimación a la entrega de certificaciones y a lo dispuesto por el decreto citado (fs. 723vta./724).

A mayor abundamiento aclaro en cuanto al decreto 146 en particular, que reiteradamente en el tema que se controvierte he expuesto mi opinión en el sentido de que el requisito que indica el decreto es perfectamente razonable y no constituye un exceso reglamentario; así lo expresé entre otros casos en "González, Juan J. c/ Tapizados Ramos S.A.", sentencia definitiva nº 68.948 del 20-10-2006, publicada en Jurisprudencia Argentina Lexis Nexis 2007-I, Fascículo 7, pág. 87. Con posterioridad, y mientras la Sala estuvo integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia de la vocalía nº 3, mi postura quedó en minoría ya que el voto mayoritario fue resolviendo en diverso sentido conforme la opinión del Dr. Oscar Zas (ver entre otros "Mileto, Virginia c/ Codan Argentina S.A." sentencia definitiva nº 71.041, "Bautista, Aldana Alejandra c/ Elisium S.A." sentencia definitiva nº 71.043, "Galván, Gustavo Rafael c/ Gestión Integral S.A." sentencia definitiva nº 71.047 todas del 30 de setiembre de 2008; del mismo modo así sucedió en los casos "González, Tomás c/ Vanguardia" sentencia definitiva nº 71.096 del 23-10-2008 y "Perticara, Martín Alejandro c/ AL SA FA CO S.R.L." sentencia definitiva nº 71.097 del 23-10- 2008), por lo cual solo por razones de economía procesal y para evitar un inútil dispendio jurisdic-cional -sin perjuicio de que mantuve mi opinión- resolví adherir con esa salvedad a la postura del Dr. Zas que disentía de mi interpretación.

Sin embargo, actualmente esta Sala V se halla definitivamente integrada con la incorporación del Dr. Enrique N. Arias Gibert a partir del 10 de febrero de 2011, de modo que resultó procedente antes de ahora que replantease mi criterio conforme pase a exponer.

Sostuve en esa (caso "González, Juan J.") y otras oportunidades, que el últi-mo párrafo del art. 80 L.C.T. que establece como requisito de la indemnización allí prevista la intimación fehaciente al empleador, fue introducido por la ley 25.345, también llamada "Ley de Prevención de la Evasión Fiscal", con el objetivo de combatir la evasión en el pago de impuestos y tributos. Es fácil advertir entonces en primer lugar, que lo que busca la norma trasciende el solo resarcimiento económico que pretende el trabajador, pues subyace el interés del Estado de que el empleador no solamente cumpla con la entrega del certificado sino también con las obligaciones fiscales enunciadas en el primer apartado de la norma (art. 80 L.C.T.). Con ello la directriz legal pretende un mayor compromiso tributario.

En esa inteligencia, y teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente requiere la emisión por parte del empleador de un certificado con tales implicancias, resulta -por cierto- razonable que el decreto, tendiendo al cumplimiento de la norma, otorgue un plazo de 30 días para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. Luego, una vez vencido tal lapso y si el empleador no entregó los instrumentos pertinentes, el trabajador se encuentra habilitado para requerir el cumplimiento de tal obligación intimando por el plazo de dos días hábiles que prevé la norma, con lo cual ningún derecho se le cercena como puede apreciarse. En ese sentido indica Carlos A. Etala que ".el plazo señalado en la norma sustancial aparecía como extremadamente exiguo si se tiene en cuenta que la disposición se dirige a todo tipo de empleadores (unipersonales, pequeñas empresas), y que puede tratarse de la extinción de relaciones laborales de larga data, caso en que su elaboración puede exigir una engorrosa tarea. El art. 3º del decr. regl. 146/01 aclaró, de manera razonable, que el trabajador queda habilitado para hacer el requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o certificados dentro de los treinta días de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo" ("Contrato de Trabajo" 5ª edición actualizada y ampliada, pág. 248).

Es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene di-cho que un decreto reglamentario no resulta inconstitucional cuando por medio del mismo se propenda al mejor cumplimiento de los fines de la ley o constituya un medio razonable para evitar su violación y sea ajustado a su espíritu (Fallos, 204:194; 220:136; 232:287; 250:758; 254:362). El decreto bajo análisis antes de relevar al empleador de su obligación, precisamente tiende a posibilitar su razonable cumplimiento y, consecuente-mente, el de las normas fiscales vigentes.

Retomé así antes de ahora el criterio original que sostuve y, en virtud de que en esta causa como dije, no se encuentra satisfecho el recaudo exigido por el art. 3 del decreto 146/01, el concepto no debería prosperar.

En lo que respecta al daño moral, considerando que en este caso concreto se imputó a la demandante la realización de hechos que bien pueden llegar a constituir un delito del derecho penal (ver fs. 9 y 249/vta.; gravísimo episodio consistente en amonto-nar pallets de propiedad de la empresa en el ingreso de camiones ".para proceder al incendio intencional de los mismos." con severo compromiso de la seguridad industrial y de bienes y personas), habré de adherir al primer voto.

En todo lo demás, incluídas costas y honorarios -de ambas instancias- me sumo a la anterior propuesta; ello así porque, aunque propicio desestimar el rubro relativo al art. 80 L.C.T., la parte actora resulta de todas maneras sustancialmente vencedora en la lid, al prosperar la mayoría de los reclamos que integraron la litis, lo que justifica la imposición de costas a las contrarias (art. 68 C.P.C.C.N.) EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Adhiero a la propuesta formulada por los vocales preopinantes por análogos fundamentos II. En la disidencia que separa a los votos que anteceden en cuanto a la indemnización establecida en el art. 80 de la L.C.T., texto modificado por la Ley 25.345, coincido con la conclusión arribada por la Dra. García Margalejo, pero por los siguientes fundamentos:

El requisito de intimación previa establecido para la viabilidad de la aplica-ción de la sanción del art. 80 RCT impone, para establecer el tiempo a partir del cual es posible realizar la mencionada intimación, la determinación previa de la estructura y función de las mismas pues es en esa determinación que ha de surgir el marco contextual que permite interpretar las condiciones y efectos de la sanción.

A pesar de ser calificada por la propia norma como indemnización (esto es, sanción que tiene una función eminentemente resarcitoria), puede advertirse que no es la finalidad de la sanción jurídica reemplazar la prestación debida por otra (función central de la indemnización) sino la creación, junto a la obligación preexistente de una obligación nueva. El pago de la sanción del artículo 80 RCT no exime del cumplimiento de la obligación de entrega de la obligación de hacer originaria.

Por el contrario, esta sanción establece una obligación adicional como consecuencia de la realización de conductas reputadas disvaliosas con prescindencia del daño efectiva o hipotéticamente causado. Esto es, tiene una vocación punitoria, establece una pena de carácter pecuniario, es una multa, pena civil, pero el ámbito civil de la punición no impide la necesidad de aplicación de las normas de carácter constitucional relativas a la aplicación de las penas.

Del mismo modo que no hay indemnización sin daño, en las multas el daño resulta indiferente. Lo que hace la multa es producir un desequilibrio patrimonial en perjuicio de quien se hace responsable de una situación considerada jurídicamente disvaliosa.

El carácter civil de la sanción determina la posibilidad de la aplicación de la multa a una persona jurídica de existencia ideal, pero hecha esta salvedad, las condicio-nes de aplicación de la multa requieren la existencia de un factor subjetivo de atribución en virtud del precepto constitucional "nulla poena sine culpa". En estas multas no se sanciona la deuda (la sanción de la deuda es resarcitoria, es un efecto común de la obligación conforme el artículo 505 del Código Civil). Lo sancionado es una conducta omisiva posterior, una renuencia contumaz al cumplimiento de la obligación. Esta es la razón por la que la multa del artículo 80 RCT exige la intimación previa al incumpli-miento tomado en cuenta para la aplicación de la multa.

No se trata de una intimación para poner en mora al deudor ya que la mora es automática (artículos 509 del Código Civil y 128, 137 y 149 RCT) sino de una interpe-lación que muestre la contumacia, la voluntad de no cumplir la obligación pese a la intimación del acreedor - trabajador.

Si el deudor incumpliente hace caso omiso de la intimación, se produce la contumacia que hace posible la aplicación de estas multas. Pero para que la contumacia se produzca es menester que la deuda por la que se interpela al deudor sea exigible. Ninguna contumacia puede existir si el crédito por el que se interpela al deudor está aún sometido a plazo.

Por este motivo, la intimación producida antes de los cuatro días hábiles del distracto carece de eficacia para servir de presupuesto a la contumacia pues se está intimando a cumplir a quien aún no debe atento lo prescripto por los artículos 128, 137 y 149 RCT.

La norma del artículo 80 RCT requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la multa. Mal puede haber contumacia si el plazo para la entrega no está vencido. En este punto debe señalarse que la obligación de entrega de certificados era, hasta las normas de la ley 24.013, una obligación sin plazo que debía, por tanto consti-tuirse por una intimación que constituya en mora al obligado (artículo 509 del Código Civil). No eran aplicables las normas de los artículos 137 y 149 RCT por cuanto se refieren a la obligación de dar sumas de dinero. De hecho todos los tribunales establecie-ron al condenar a la entrega de certificado de trabajo un plazo especial para el cumpli-miento de la obligación al determinar el tiempo de cumplimiento de la condena (en mi caso utilizaba un plazo de quince días).

Luego de la sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. Norma que debe ser aplicada por analogía. En consecuencia, el decreto lo único que hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. Es obvio que no se puede punir (la multa del artículo 80 RCT tiene función punitiva y no resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria) por la falta de cumplimiento de una obligación no vencida.

Obsérvese que de no concordarse con el criterio de constitucionalidad del artículo 3 de decreto 146/01 la obligación del artículo 80 requeriría de constitución en mora por tratarse de un plazo indeterminado. Vencido el plazo constitutivo recién entonces el actor podría realizar la intimación a que se refiere la norma. Por supuesto, la adopción de este criterio tendría como consecuencia la discusión sobre la suficiencia del plazo por el cual se interpela por la mora.

Para concluir, no puede olvidarse que no hay contumacia (presupuesto de la aplicación de las multas) sin que previamente exista inejecución. Esto es, sin que el plazo de la obligación esté vencido. Por estos motivos no he de acceder al reclamo en los términos del artículo 80 RCT. Respecto de la inaplicabilidad de la norma del artículo 149 RCT al plazo para el cobro de las indemnizaciones, debe señalarse que esta interpretación contradice la expresa definición legal que establece el plazo para el cobro de remuneraciones, sino que al faltar la determinación del plazo legal o convencional (condición para la aplicación de la norma de la primera parte del artículo 509 del Código Civil) habría de estar a la norma del 2º párrafo del artículo 509 del Código Civil pues se trataría de una obligación cuyo plazo no estaría "expresamente convenido". Textualmen-te:

Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al acreedor para constituirlo en mora.

Si no se considera que el plazo se encuentra expresamente estipulado por la norma de los artículos 128 y 149 RCT, la consecuencia es la necesidad de interpelación para que nazca la mora. Recién a partir de entonces puede hablarse de contumacia o aplicarse intereses. Por esta razón la interpretación de la aplicabilidad de las normas del RCT citadas previamente a las indemnizaciones constituyen la interpretación más favorable al trabajador en los términos del artículo 9 RCT.

Por tales razones, reitero, que adhiero a la conclusión de la Dra. García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 702/714 vta. 2º) Confirmar la sentencia de 1ª instancia en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios, a excepción de lo relativo al rubro art. 80 L.C.T. que se deja sin efecto, por lo que se reduce la condena a PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($50.761, 38), con más los intereses dispuestos en origen. 3°) Costas y honorarios de segunda instancia según lo sugerido en el considerando VII) del primer voto. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara