Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


RAGGI, Germán contra TRANSENER S.A. Reg.: A y S t 198 p 278-280. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución de fecha 18 de octubre de 2002, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "RAGGI, Germán contra TRANSENER S.A. -Recurso de Amparo- (Expte. 247/02)" (Expte. C.S.J. nro. 90, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el pronunciamiento de baja instancia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor contra "Transener S.A." y ordenó el reintegro de aquél a su lugar de trabajo y en su categoría con el pago de 'haberes devengados' desde el 12 de mayo de 1999 hasta la fecha de la reinstalación.

Recurrida que fuera tal decisión, la Cámara resolvió revocarla sólo en lo que refiere a la condena al pago de 'haberes devengados' (que deberían reclamarse en juicio ordinario posterior) (fs. 1/10).

Contra dicho pronunciamiento interpone el accionante recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad (fs. 11/19).

Pretende que prospere el criterio de la doctora Burde (vocal en disidencia parcial) quien sostuvo que disentía respecto a que los 'haberes devengados' no formaban parte de la reclamación de su parte en tanto el tema salarial se tuvo en miras como lógica consecuencia del pedido de restitución formulado y, además, porque de haberse mantenido la cautelar interpuesta (que a su turno se rechazara por otras razones y no por no integrar el reclamo el salario) su parte hubiera cobrado durante toda la tramitación del pleito.

Asegura que la solución de la Sala es contraria al derecho federal invocado (ley 23592; art. 16 de la Constitución nacional; art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), pues no deja sin efecto en forma total el acto discriminatorio con la obligación de restitución desde el momento en que el mismo se produjo, tal como lo establece la ley.

Asegura que su parte pidió reincorporación desde el inicio del proceso y que buscó nulificar el acto arbitrario de despido y, como consecuencia de ello, la percepción de los salarios caídos dado que no hay otra manera de cumplimentar con lo pretendido.

Indica que cuando se nulifica un acto pero no se hacen caer todas sus consecuencias sino sólo algunas -porque se expresa que su parte no pidió específicamente los salarios caídos aun cuando pidió la nulidad del acto- se incurre en exceso ritual manifiesto.

Y peor aún -señala- cuando se sostiene que la demora en la tramitación del amparo hace que deban reclamarse los salarios por otra vía cuando perfectamente pueden ser condenados en el presente sin tener que tramitar otro juicio.

Finalmente invoca un supuesto de gravedad institucional por tratarse de un caso de discriminación que conmueve a toda la sociedad.

2. Por auto nro. 2 del 10 de marzo de 2003, el Tribunal a quo denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, destacando que respecto de los salarios no se expidió por no haber sido objeto de reclamo y, por ende, no integrar la litis (fs. 27/31).

3. De la detenida lectura de los fundamentos del escrito recursivo en confrontación con la sentencia impugnada no surge la posible existencia de cuestión constitucional que justifique la apertura de la instancia extraordinaria.

Ya que los argumentos en que se sustentan los agravios vertidos en torno al apartamiento del derecho federal invocado en que se habría incurrido al no incluir en la condena los 'haberes devengados' como consecuencia de la nulidad del acto discriminatorio por no haber sido reclamados en la demanda, no trasunta otra cosa que la particular interpretación del recurrente respecto de temas de índole procesal y de derecho común, opuesta al enfoque sostenido por la Sala en ejercicio de funciones propias.

En efecto, la Alzada -en el voto de la mayoría- entendió que la acción instaurada persiguió el reintegro del actor a su puesto de trabajo no activándose ninguna otra cuestión a la resolución judicial, y que "...violenta el principio de congruencia la sentencia que excede las peticiones contenidas en la pretensión, como así también el derecho de defensa, de raigambre constitucional".

A su vez, se precisó (con relación a la ausencia de reclamo de los salarios caídos), y a mayor abundamiento, que "...no comparto la postura del actor que es la 'obvia' consecuencia, pero si, vía hipótesis de trabajo, así pudiere sostenerse, lo sería en el caso de un trámite acorde con la acción, agotado en escaso lapso de tiempo, nunca cuando el mismo -que debió ser instado por las partes- demoró más de tres años, en cuyo caso parece advertirse la posibilidad de que la cuestión se ubique más dentro del terreno de los daños y perjuicios, que derechamente en la percepción de los salarios (concepto remunerativo) por tan largo período (siendo el mismo indicio de que el trabajador tuvo acceso a otros medios de vida y de atención de su salud), por todo lo cual debe dilucidarse en juicio ordinario posterior". A lo que finalmente agregó que "...el presente amparo, conforme lo pretendido, se agota con la orden de reinstalación..." (f. 6).

Frente a tales argumentos, el recurrente intenta hacer prevalecer su propio punto de vista, sosteniendo que la Sala incurre en exceso ritual al nulificar un acto pero sin hacer caer todas sus consecuencias por sostener que su parte al demandar no reclamó los salarios caídos; sin lograr persuadir a este Cuerpo acerca de que el A quo en su labor hubiese incurrido en tal vicio.

Cabe recordar que lo referente al alcance de las peticiones de las partes como lo relativo a cuáles son las cuestiones comprendidas en la litis, son resorte exclusivo de los jueces de la causa y más allá del acierto o error de su análisis y sus conclusiones -en tanto no se demuestre arbitrariedad- escapa a la órbita de la revisión extraordinaria.

A lo expuesto cabe agregar que no se encuentra presente en autos un supuestos de gravedad institucional en tanto, tal como señala el A quo en el auto denegatorio "...justamente el fallo impugnado -por las razones que brinda- admite la existencia de tal discriminación..." lo que deja sin sustento su postura.

El planteo recursivo, pues, no desborda el límite de la órbita propia de los jueces ordinario y resulta extraño a esta instancia extraordinaria cuya misión consiste en verificar que los pronunciamientos de los Tribunales inferiores se adecuen a la Constitución, pero de ningún modo sustituir a aquéllos en su competencia jurisdiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)