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Sucesión testamentaria, testamento ológrafo, pérdida del testamento
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ, EDITH SOLEDAD c/ WENK, GUSTAVO s/ SUC. S/CUMP. ART. 3639 C.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

Fallecido el causante soltero y sin herederos legitimarios, dictándose declaratoria a favor de su sobrino, inscripta en el Registro de la Propiedad con relación al inmueble denunciado como propiedad del causante y habiendo solicitado la correspondiente pensión quien conviviera con aquél durante sesenta y cinco años, presentando lo que dijo ser un testamento ológrafo atribuido a su concubino en el que legaría "todos sus bienes presentes y futuros" obteniendo dicho beneficio previsional, la beneficiaria desglosó el instrumento original dejándose copia fotográfica no sabiendo nada de dicho documento y habiendo ésta testado por acto público, presentándose la heredera instituida solicitando la apertura del testamento por el que el causante habría legado sus bienes a su concubina corresponde rechazar la demanda. Para ello debe tenerse en cuenta que la presentación del así llamado testamento ológrafo original se hizo en sede administrativa; no hubo, ni podía haber en el ámbito judicial declaraciones testificales, según previsión de los arts. 3691, 3692 y conc. del Código Civil y 704 y sigtes. del Código Procesal ni la rúbrica del juez en el principio y fin de la única página. Para efectuar el desglose y su reemplazo por una copia fotográfica intervino una empleada cuya jerarquía no se conoce pero que, indudablemente, no estaba investida de función fedante.

No se pudo realizar pericia caligráfica sobre una copia fotográfica y la pericia química realizada por personal de la Policía Federal concluyó que no existen elementos de juicio que permitan determinar químicamente la calidad, antigüedad, ni autoría del texto manuscrito y firma atribuida al causante y a conclusión similar se llega en la pericia scopométrica, por lo tanto no hay certeza de que el original haya sido obra del causante, ni certificación fehaciente de que la copia fotográfica concuerde fielmente con su original.

Debe tenerse en cuenta que la pensión acordada a la concubina no lo fue por su carácter de heredera testamentaria del causante sin por haber considerado la autoridad previsional del municipio que había acreditado los extremos de la alegada convivencia de hecho, según régimen de la Ordenanza 27.944/73 entonces vigente, pero en cuanto al presunto testamento, la Asesoría Letrada opinó que previamente debería acreditarse la aprobación judicial establecida en el art.

708 del Código Procesal, se pidió su desglose y se entregó sin que aquella opinión lo fuese sobre la validez formal del documento desglosado y hasta el deceso de aquélla no se inició el proceso judicial de protocolización al que se refería el dictamen, por lo que no hay por tanto cosa juzgada administrativa que implica el examen del mérito de la prueba en sede judicial, ni basta la genérica invocación del carácter de instrumento público de las actuaciones administrativas para admitir la pretensión.
Acción meramente declarativa, competencia civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: TEYMA ABENGOA S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-24

Teniendo en cuenta el alcance de la pretensión cuya satisfacción se persigue en autos -obtener una declaración judicial expresa en el sentido de que no corresponde el pago de suma alguna en carácter de aportes y contribuciones pretendidos por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe-, y que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se realiza en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, el caso habrá de radicarse ante la Justicia de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial. - CITAS: CSJN: Fallos: 313:971, 315:951, 343:711, y 344:1845; CSJStaFe: Acevedo, AyS T 311, p 119.
Calificación legal, robo con intimidación en las personas, extorsión, vicios, temor reverencial
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

El modo como la cosa ajena llega al poder del delincuente puede constituir en regla general, una distinción para los delitos contra el patrimonio. Pero esa circunstancia en nuestra ley actual, no puede fundar una separación nítida entre las figuras del robo y de la extorsión. Es irrelevante que el sometido a violencias físicas (golpes, malos tratamientos, etc.) entregue al ladrón su dinero, como que éste lo despoje directamente. Ha de juzgarse de igual manera la traditio de la extorsión: es indiferente que el asaltante haya seguido una u otra vía para apropiarse de la cosa ajena. La distinción no debe buscarse en la forma material de donde toma el delincuente la cosa (de la mano de la víctima o de sus ropas) sino en el vicio de la voluntad del tradente: violentada por fuerza física en el robo y por fuerza moral o temor de la extorsión. (DE LA AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. OLAZABAL)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, liquidación judicial, desindexación, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Vignatti, José N. c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda ordinaria (Expte.: C.S.J.  Nro. 13 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la Alzada desechó sin argumentos aceptables una normativa -Ley 24.283- cuyo valor ha sido afirmado por el Máximo Tribunal Nacional en reiteradas ocasiones al destacar que ella se dirige a evitar las situaciones de inequidad e injusticia derivadas de la actualización e indexación de deudas en los casos en que las prestaciones a cumplir entre deudor y acreedor se tornan manifiestamente desproporcionadas, impidiendo así el enriquecimiento sin causa de los acreedores.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ resolución  n°  21  del  Plenario de la Comisión Federal de Impuestos s/ Impugna imp. a los ingr. brutos locales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Si es condición de la actuación de la justicia la existencia de un "caso", el recurso extraordinario reclama, además, que tal caso haya seguido el trámite de un juicio, pues no es dable pretender por su medio zanjar cualquier disputa ni atender a cualquier petición, si previamente no se ha transitado por un procedimiento judicial encaminado a resolverlo.
Poder, plazo, recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, abogados
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VERINO, ECLAIR ROSALIA c/ MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING SA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29

No es misión de esta Corte ingresar en una hermenéutica propia de los jueces ordinarios en torno al conflictivo artículo 42 del Código Procesal Civil que ofrece un amplio abanico de posibilidades, y en el que la presentación tardía del poder adquiere ribetes especialmente urticantes entre los defensores a ultranza de la letra severa, y los proclives a una interpretación sistemática que atenúe los efectos de una disonancia disvaliosa. Pero sí es deber insoslayable tutelar el acceso real a la jurisdicción, derribando vallas irrazonables que una asistencia técnica inadecuada o negligente llegan a colocar al justiciable en situación de auténtico desamparo.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, pena
Materia: PENAL
Carátula: R., C.H. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-29

Conforme al Código Penal, artículo 3°, las disposiciones relativas al cómputo de la prisión preventiva deben ser interpretadas en el sentido más favorable al imputado, razón por cual, si el reo -simultáneamente- era un procesado y un condenado, tuvo derecho al beneficio de la ley que reglamentó el Pacto de San José de Costa Rica.
Recurso de casación penal, condena penal
Materia: PENAL
Carátula: BRAVO LUIS FABIAN E.P. LOPEZ ORLANDO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-26

Aún cuando la apreciación de la embriaguez en el momento del hecho, como causal determinante de inimputabilidad, es una cuestión de hecho, propia del mérito, e irrevisable -en principio- en el recurso de casación penal, a través del criterio que viene sustentando este Tribunal Superior sobre la posibilidad de brindar al condenado la revisión integral de la condena, que encontraron eco en la doctrina de la Corte Interamericana, receptada por esta Sala Penal, en cuanto refiere que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior contemplado en el artículo 8.2h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.

Sobre esta base, se busca proteger el derecho de defensa, otorgando durante el proceso, la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionan un perjuicio indebido a los intereses de la persona.
Revocación de sentencia, revisión judicial de actos administrativos, reclamo administrativo previo, inconstitucionalidad, decreto reglamentario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA, Felisa D. y OTRAS c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Corresponde revocar el decisorio de primera instancia de no habilitar la instancia judicial cuando los actores plantean la inconstitucionalidad de un decreto del P.E.N. (en autos el 1767/87), cuestión que no puede ser dirimida en sede administrativa, ya que es el Poder Judicial el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo (306:911).
Costas en el orden causado, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Unitan  S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

No puede prosperar la petición de imponer las costas por su orden, efectuada por la actora al desistir y basada en que la Corte debía mantener el mismo criterio que el adoptado al rechazar, con fecha posterior a la iniciación de la demanda, la acción de daño temido que tramitara entre las mismas partes y en la que tuvo en cuenta que la actora pudo creerse con derecho a litigar, si no existió ningún supuesto de excepción para apartarse del art. 73, párrafo 2 , del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni medió acuerdo de partes en contrario.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: BLANES DE SANCHEZ, ROSA M. c/ ECHEGARAY, JULIO A. Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-23

"el hecho de tener prioridad de paso no exime al conductor del vehículo de proceder con el máximo de prudencia y pleno dominio del coche, de acuerdo con lo que prescribe la ley y ello es particularmente aplicable en el cruce de las bocacalles, en donde deben reducir sensiblemente la marcha y detenerla, si es necesario para evitar un daño a los demás o propio, en las personas o en los bienes."
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones de medio, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PRESENTADO DE LECUONA, Mirta Susana c/ T.I.M. S.A. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

La obligación del médico es sólo de medios y no de resultado.

En razón de ello, el mero hecho de la no obtención del resultado esperado, pero no prometido -es decir de la curación-, no traerá aparejada necesariamente la responsabilidad de aquél. Corresponderá entonces a quien pretenda la reparación, la prueba de que el profesional no se condujo con la adecuada mesura, diligencia o, si se prefiere, que existió un comportamiento defectuoso de su parte.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Binotti, Julio César c/ E.N. - Honorable Senado de la Nación (mensaje 1412/02) s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

No constituye una cuestión abstracta el planteo tendiente a que se resuelva si la propuesta del ascenso del recurrente había sido decidida por la Cámara de Senadores con las mayorías que corresponden, es decir, por un Senado de la Nación que actúe dentro de los márgenes de su competencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, detención
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, MAURICIO GREGORIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

En relación a los planteos de nulidad por ilegalidad de la detención del imputado por personal policial, si bien insiste la impugnante con la ausencia de testigos de actuación y orden judicial, del contenido del fallo impugnado se observa que el Tribunal analizó los planteos invalidantes efectuados en este aspecto, brindando argumentación suficiente para descartarlos; y así, concluyó -a partir del análisis de las circunstancias particulares del caso y de la prueba aportada- que lo que motivó la aprehensión e identificación de aquél fue la inmediatez con la que actuó el personal policial al advertir los disparos, acercarse al lugar del hecho y dirigirse en la dirección en que se retiraron los justiciables, donde observaron a un sujeto de similares características a las aportadas por las víctimas esconderse con actitud sospechosa; y asimismo, la Alzada no sólo aseveró que los funcionarios anoticiaron inmediatamente al fiscal, actuando dentro del margen de sus deberes y facultades; sino que también precisó que se observaba que los elementos de prueba aportados por la Acusación que llevaban irremediablemente a concluir en la responsabilidad penal del encartado eran independientes de su aprehensión y del secuestro de su ropa y fotografías, sellándose la suerte adversa del planteo efectuado.
Bienes muebles, tenencia simple, acción de restitución
Materia: CIVIL
Carátula: SCIAMMARELLA, JORGE SILVIO G. c/ BIDART, ZULMA MARGARITA s/ RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-27

Si se encuentra comprobada la condición de tenedora de la accionada respecto de los bienes muebles y enseres que llevó el accionante al inmueble que cohabitara con aquella, carece de toda aplicación la invocación en su favor del art. 2456 del Código Civil.

Establecida la condición de tenedora y enunciados los objetos a restituir en un inventario, son ellos los alcanzados por la acción de restitución, una clásica acción personal y no real, por reintegro de objetos que el tenedor debe restituir "al poseedor a cuyo nombre posee o a su representante, luego que la restitución le sea exigida conforme a la causa que lo hizo tenedor de la cosa" (art. 2465 del Cód. Civ.).
Ministerio Público Fiscal, encubrimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alderete, Víctor Adrián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-27

Del cotejo de la actual redacción del art. 277, inc. 1° d), con la anterior se evidencia entre las modificaciones introducidas la exigencia de que el funcionario en cuestión sea no ya de aquéllos obligados a denunciar la comisión de un delito sino a promover su persecución penal, con lo que el ámbito subjetivo (o círculo) de posibles autores luce actualmente más reducido. En efecto, éste se halla circunscripto sólo a los funcionarios del Ministerio Publico Fiscal, a los de la fuerza del orden en su tarea prevencional y, en su caso, a los jueces cuando lo prevén los códigos adjetivos locales. Es así que la función de perseguir penalmente pertenece al Estado quien cuenta para ello con órganos estatales específicos, cuyas tareas fundamentales se pueden resumir, precisamente, en la labor de investigar los delitos de que tengan noticia y promover su persecución para individualizar a su autores y partícipes. (Voto del Dr. Mitchell).
República Argentina, delitos contra la humanidad, terrorismo de Estado, dictadura militar, proceso de reorganización nacional
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Carlos A. y Zírpolo, Luis A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

De acuerdo a la experiencia de la República Argentina en lo relativo a las causas tramitadas por delitos que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, no ha sido el número de hechos investigados lo que permitió asignarles tal carácter sino la circunstancia de que la generalización o sistematicidad del ataque se encontraba ínsito en la política seguida por el Estado y vinculado a la autoridad durante todo el Proceso de Reorganización Nacional -conforme lo exige el artículo 7 del -, realizándose como parte de su organización, siendo sus víctimas objetivos de esa política.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: Ocampo, Daniel Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

La prohibición de tenencia y consumo de estupefacientes en la cárcel es una restricción legítima que persigue fines legítimos, ya que el Estado tiene legitimación para imponer reglas a los internos concebidas para el orden y la seguridad del establecimiento que no podría imponerles en una morada privada.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Reyes Andrada, Julián y otros s/ Facilitación a la prostitución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Debe ser rechazado el recurso extraordinario de nulidad donde el recurrente no vincula sus reclamos con las disposiciones de los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial sino que sus agravios versan sobre cuestiones de valoración probatoria y aplicación del derecho de fondo, temas éstos ajenos a la vía intentada.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIDELA ROBERTO c/ MIGUEL GIRALA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 110)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-07

El propietario puede hacer arreglar su automóvil donde le plazca, en el taller que él elija, pero eso no significa que el demandado responsable tenga que indemnizar más allá de lo necesario, es decir, un monto mayor al indispensable para que el automóvil quedara en condiciones.
Recursos, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

Si se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, limitándose a insistir en su punto de vista, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto.
Enjuiciamiento de magistrados, defensa en juicio, Constitución Nacional, cuestión justiciable
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMONEGA JORGE ENRIQUE s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

El planteo ante la Suprema Corte de Buenos Aires, atacando como contraria a la Constitución de la provincia la norma que rige en ella el enjuiciamiento de magistrados, presenta una cuestión propia de los jueces, como es decidir sobre la validez constitucional de las disposiciones de jerarquía inferior. Declarar la falta de jurisdicción del tribunal priva al recurrente de la debida audiencia que asegura el derecho amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Medidas cautelares, medida de no innovar, leyes, acto administrativo, verosimilitud del derecho invocado, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de Mar del Plata c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 250 C.P.C.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Las medidas de no innovar proceden respecto de actos administrativos o legislativos, a pesar de la presunción de validez que ostentan, cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles como contrarios a disposiciones de derecho federal de mayor jerarquía (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Iommi, Miguel Angel c/ ESEBA SA s/ Accidente de trabajo, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

El recurrente puede ejercitar el embate de inconstitucionalidad hasta el momento del recurso extraordinario federal, es decir cuando interpone dicho medio de ataque (art. 257, apart. primero del Código Proc. de la Nación), con tal que se cumpla el principio de bilateralidad, y ello acontece cuando la contraparte tiene la potestad de contestar el traslado de ley (art. 257, apart. segundo del mismo cuerpo legal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, costas, ley procesal, interpretación de la ley, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ULANOVSKY, ANGEL c/ BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE  REGULACION HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 498 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Cabe imponer a los recurrentes las costas del recurso extraordinario federal articulado desde que la tramitación de dicho recurso está gobernada por el Código Procesal Civil y Comercial nacional y el artículo 73 de ese digesto establece que "si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste"; no configurándose, por lo demás, ninguna de las excepciones a que alude la norma citada, a saber: que se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada. Por lo demás, y sabiendo que los honorarios sólo representan uno de los rubros que integran las costas, no corresponde hacer extensiva a la imposición de las mismas una norma limitada a los emolumentos profesionales, sin que ello signifique adelantar criterio en cuanto a la aplicación del inciso 'e' del artículo 28 de la ley 6.767 a la especie.
Sociedades comerciales, intervención judicial, contracautela
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIALEVA,  HULIO c/ MOROQUEN  SA s/ MED.  PRECAUTORIA (INC. DEAPELACION ART. 250 CPR).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-19

En materia de intervención judicial de sociedades, no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 222 de la ley de sociedades, en relación a la posibilidad del peticionante de ofrecer como contracautela de la medida cautelar dispuesta, las acciones que posee de la sociedad. Ello así, pues si bien "...la prohibición de recibir las propias acciones en garantía, tiende a evitar operaciones indirectas de licuamiento de capital social... impidiendo, por ejemplo, que los directores garanticen el cumplimiento de sus obligaciones y su eventual responsabilidad, mediante la entrega de sus propias acciones... el impedimento, empero, no alcanza a la entrega de acciones como contracautela judicial, por no producir esta daño alguno en el valor de las acciones..." (Ernesto E. Martorell: "Sociedades anónimas", Pág. 181).