Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11


Buenos Aires, 11 de abril de 2006.

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12. Hágase saber al Juzgado Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12, Sala IV de la Cámara de Apelaciones de dicho fuero y Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Competencia N° 1067. XL.Turturo, Gustavo Roque c/ PEN - ley 25.561 - dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986.

S u p r e m a C o r t e:

Surge de las actuaciones que el actor en su calidad de acreedor de una operatoria en dólares estadounidenses promovió acción de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 contra el Estado Nacional - en razón del dictado de la ley 25.561 y su decreto reglamentario 214/02-, solicitando se declare la inconstitucionalidad de dicha normativa, con el objeto de que se mantenga entre las partes contratantes las obligaciones originariamente contraídas en moneda extranjera en el marco de un contrato de compraventa de un bien inmueble ( Ver fs. 1/9 y vta.).

A fs. 16 y vta. el magistrado Contencioso Administrativo Federal, se declaró incompetente para entender en estos autos con fundamento en lo dispuesto en el art. 4º, párrafo primero, de la ley 16.986 y los remitió a la Justicia Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la Titular del Tribunal Nº 7 de dicha jurisdicción resistió la radicación con fundamento en que al haber sido demandado el Estado Nacional correspondía la intervención del fuero federal conforme conforme los preceptos contenidos en los artículos 18 de la ley 16.896 y 116 de la Constitución Nacional ( fs. 26 y vta) y ordenó la devolución a su par nacional que, luego de insistir en su postura ( fs. 28), procedió a remitirlas a su alzada, quién, decidió elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que dirima la contienda de competencia planteada ( fs. 33 y vta.).

Creo oportuno señalar que mas allá de que conforme a los hechos expuestos en la demanda -a los que se tiene que estar a fin de resolver las cuestiones de competencia- la relación jurídica que invoca la parte actora se encuentra, principalmente regida por leyes de naturaleza civil, corresponde destacar que la pretensión se dirige, en forma nominal y sustancial, contra el Estado Nacional, en su carácter de órgano emisor de la legislación referida cuya aplicación se intenta suspender, circunstancia ésta, que en mi opinión, habilita la competencia de la justicia federal ratione personae.

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Carta Magna y 2º, inciso 6º y 12 de la ley 48, opino que la causa deberá continuar su trámite ante el juzgado de origen.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2005.

MARTA A. BEIRO DE GONÇALVEZ ES COPIA