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Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, rechazo in límine, actos de los poderes públicos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empadronamiento inmobiliario, revalúo inmobiliario, efecto retroactivo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: LUPORINI, Alfredo César c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

Si se pretende la declaración de inconstitucionalidad, improcedencia y nulidad del cobro retroactivo por diferencias en el revalúo inmobiliario de una propiedad, dispuesto por la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la vía de amparo resulta inadmisible. Ello, en razón de que sería preciso someter la controversia a un debate más amplio, dando la posibilidad a ambas partes de producir una prueba profusa y compleja, en atención a la entidad del hecho a demostrar, cual es la tasación de los bienes y la base de determinación del impuesto en el ámbito respectivo.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo CHRISTOV y otros c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ AMPARO  -  INEXISTENCIA  DE OTRAS VIAS - ZONA INDUSTRIAL - DEFENSA EN  JUICIO - ORDENANZA MUNICIPAL  - PROVINCIAS - FACULTADES NO DELEGADAS-  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Teniendo en cuenta que la acción de amparo planteada en el caso lleva más de un año de trámite, la normal demora que insumiría recurrir a los procedimientos ordinarios, con todas las consecuencias que de ello derivaría, hace que la tutela judicial del amparo deba ser otorgada sin demora.
Suspensión del trabajador, suspensión por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Soler, Luis c/ Mendonca, Carlos s/ Despido Molina, Miguel Angel c/ Del Franco y Fernández, Igma S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21|1988-09-06

No exteriorizada la disconformidad del dependiente con la suspensión por causas económicas dispuesta por su empleador y que le fuera formalmente comunicada, carece de derecho al cobro de los salarios caídos durante dicho lapso (art. 223, L.C.T.).
Contratos administrativos, efectos con relación a terceros, DIRECCIÓN GENERAL DE HIPÓDROMOS
Materia: LABORAL
Carátula: Abbiatti, Alejandro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido Wilches, Alejandro y otros c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de salarios, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1988-03-22

El art. 25 del dec. ley 9004/78 no altera la naturaleza del derecho público local del régimen del contrato de concesión establecido cuyas derivaciones son materia de derecho administrativo local que desplazan la aplicación del derecho común, sobre todo cuando se trata de atribuirle a la persona jurídica pública que lo celebró una responsabilidad que no asumió expresamente y cuya consagración legislativa resulta incompatible con principios propios de la materia específica. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nacionalidad, derecho a la nacionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la Defensora Pública de Menores y por L.N. en la causa N., L. (en representación de N.K.M.E.) s/ medida autosatisfactiva c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

Una consecuencia natural de la existencia física de un ser humano es el derecho a tener una nacionalidad, entendida como un vínculo de pertenencia entre una persona y un Estado, del que surgen derechos y obligaciones recíprocas. La nacionalidad expresa, sin perjuicio de otras ponderaciones de carácter histórico, espiritual, afectivo o cultural, la relación jurídica de una persona con "un" Estado ante quien hacer valer sus derechos.
Contrabando, encubrimiento, prueba
Materia: PENAL
Carátula: MAIDANA, ALFREDO PEDRO s/ Averiguación de contrabando Causa 28450
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

1- La preexistencia del contrabando encubierto surge clara de la cantidad de la mercadería, de su valor en plaza, de su origen extranjero, de su concentración en manos de una sola persona, de la ausencia de toda documentación aduanera que la ampare y la falta de individualización precisa del proveedor. Estas presunciones graves invierten la carga de la prueba en los términos de la 2° parte del Art. 318 del Código de Procedimientos en Materia Penal, siendo captadas por el Art. 874 1 "a" del Código Aduanero, que prevé entre las hipótesis del encubrimiento de contrabando la conducta de quien adquiere mercaderías debiendo presumir, de acuerdo con las circunstancias, que provienen de contrabando, existiendo incontrovertiblemente, según estas presunciones, al menos, dolo eventual. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- La comprobación del contrabando no requiere la individualización del responsable directo o la determinación de las precisas particularidades del hecho (Cf. "Sotelo", Reg. 141/89. (Del voto del Dr. García Quiroga).
Relación de dependencia, abandono de trabajo, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Tarroza, Horacio Lujn c/ Panadería Alejandra S.R.L. s/ Indemnización por Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-27

No existe abandono de contrato, en los términos previstos en el art.244 de la Ley 20744 si en puridad no se encuentra acreditado el requisito previo de la constitución en mora.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, odontólogos, asociaciones civiles, estatuto de la asociación, derechos del asociado, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ALISIO, IVES GUILLERMO c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 129 AÑO  2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

No resulta derivación razonada del derecho con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, deber ser anulado como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento de la Cámara cuando lo resuelto importa, en definitiva, convalidar como jurídicamente válido que el reglamento del Círculo Odontológico habilite a sus autoridades a exigir y obligar a sus asociados a que previamente ofrezcan el dictado de un curso a la asociación como condición para que puedan dictarlo en otro ámbito. Es que si el dictado de cursos no constituye el contenido de una obligación estatutaria, quienes efectivamente los dicten podrán resultar merecedores de reconocimientos o estímulos -que es el modo normal en que el derecho induce aquellos comportamientos a los que no es dable obligar pero resultan deseables o beneficiosos-, pero, en tanto no obligatorias ni debidas, quedan excluidas de castigo. Siendo entonces que la actividad académica no constituye el contenido de un deber legal del asociado, se impone sostener que obligar a determinados asociados a colaborar bajo la amenaza de sanciones, no solo atentaría con elementales requerimientos de igualdad sustancia l en materia sancionatoria, sino que vendría ello a operar directamente como restricción del derecho a la libertad de cátedra o enseñanza para aquellos asociados que por sus saberes pudieren libremente tener intención de dictarlos fuera del marco del Círculo. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Principios laborales, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Rubén Darío c/ Conarpesa S.A. s/ Indemnización Especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-12

Si bien el derecho laboral y su interpretación deben proteger los intereses del trabajador, no es del caso considerarlo un auténtico "lelo" que nada sabe de lo que hace o lleva a cabo.
Concursos, crédito laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Clínica Alvear S.A. s/ Concurso Preventivo-Incidente de pronto pago- Promovido por A.R.  Arce y C. Sánchez
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El pronto pago no implica, de por sí, la inmediata concreción del crédito. La supeditación al resultado de la explotación, que preve nítidamente la ley, es suficiente para evidenciarlo.-
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Zampini, Osvaldo c/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Fiaz SA Inmobiliaria s/ ejecución fiscal, expte. nº 14058/16 s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

La ley nº 5134 -Ley de Honorarios Profesionales- no se refiere o utiliza indistintamente las voces capital e importe. Esas expresiones son utilizadas para identificar sumas de distinta especie. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Honorarios del abogado, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Montoya    de   Mendoza,  Stella  Marys  y  Mendoza,  Carlos  Benito. s/ Divorcio Por Mutuo Consentimiento. Art.67 Bis.  L.M.C. . Carlos  Benito. s/ Divorcio Por Mutuo Consentimiento. Art.67 Bis.  L.M.C. .
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-04-13

El juicio de divorcio es de valor indeterminado, sin contenido patrimonial. No obstante ello, es factible considerar el valor de los bienes que integran el acervo social, como índice para una adecuada retribución de las tareas profesionales, ya que, en razón de producir el divorcio la disolución de la sociedad conyugal, ambas acciones se consideran en forma conjunta, mediante una única regulación.
Proceso penal, exención de costas, facultades del juez, principio objetivo del vencimiento, recurso de casación, ley sustantiva, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: Bertoldi, Guillermo Federico y otros p.ss.aa. s/ Coacción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-02-14

La potestad de distribuir las costas configura en principio una facultad privativa del Tribunal de Juicio, que sólo puede ser controlada por el Tribunal de Casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Ahora bien, para que no se configure un supuesto de ejercicio arbitrario de la potestad, ella debe ejercerse dentro del marco normativo constituido por disposiciones cuya naturaleza no es exclusivamente adjetiva, aunque estén ubicadas dentro de ordenamientos procesales.

Así, el artículo 130 del C.P.C. -aplicable por remisión del artículo 551, segundo párrafo, del C.P.P.- en tanto define al sujeto obligado al pago de las costas, en base al principio objetivo de la derrota, constituye ley sustantiva, y su inobservancia debe ser cuestionada a través de la vía del primer inciso del artículo 468 del rito penal.

En materia de distribución de costas civiles, conforme a la legislación actualmente vigente (art. 130 C.P.C.C., en función del art. 551 -2do. párr.- C.P.P.), la falta de petición de imposición de costas al perdidoso no obsta a la exención de la parte vencedora, y únicamente podrán cargarse aquellas a ésta, de existir mérito para ello, lo que además debe fundarse debidamente. En este punto, si bien se trata del ejercicio de una facultad discrecional del Tribunal de mérito, encontrándose abierta la vía por el motivo sustancial de casación, esta Sala puede -con base en los hechos de la causa- analizar el mérito que pueda sustentar la excepción al principio del vencimiento.
Concursos, crédito por honorarios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Henderson, Eduardo Daniel c/ Estrella de Mar S.A. s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Los honorarios del perito que actuó en una causa laboral en la que el fallido fue condenado, sólo deben verificarse hasta el monto que hubiera correspondido tomando como base regulatoria el capital de sentencia más los intereses hasta el auto declarativo de quiebra, pues si se incluyeran en la base los intereses devengados con posterioridad al decreto de quiebra se estaría violando el art. 133 de la ley 19551. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fraccionamiento de vinos, control sanitario, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Augusto y Renato Vaschetti  S.A.C.I.I.F. c/ Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La prohibición de fraccionar el vino en cierta clase de envases fuera de la zona de origen (art. 1x de la ley 23.149) no aparece como desproporcionada con la finalidad de policía perseguida; por el contrario, el Poder Legislativo ha ejercido sus facultades en forma razonable, y no absurda o arbitraria, pues se apoya en fines de utilidad común.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16


PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17590 EXPEDIENTE Nº 27.102/10 SALA IX- JUZ. Nº 58 En la Ciudad de Buenos Aires, 16/2/2012 el para dictar sentencia en los autos caratulados: "CURIA SANDRO NICOLAS C/ CENTROMEDICA S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

EL ALVARO EDMUNDO BALESTRINI dijo:

I. Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia a fs. 164/167, que admitió la pretensión inicial, recurre la parte demandada, a tenor del memorial agregado a fs. 170/171, mereciendo réplica de la contraria a fs. 178/179.

II.- Adelanto que el recurso interpuesto es insuficiente, para revertir el fallo de grado y en tal sentido me explicaré.

En efecto, la apelante cuestiona la base remuneratoria adoptada en el fallo de grado para liquidar los rubros de condena, aduciendo que no se tuvo en cuenta, que el actor se desempeñó como franquero en la sede de la demandada, sin embargo, soslaya que la judicante consideró para fundar su decisión, que el C.C.T. Nº 459/06 establece, que el personal de cualquier categoría que se desempeñe total o parcialmente en horario nocturno percibirá un 20% más de su básico por las horas cumplidas en dicho lapso, beneficio que alcanza tanto al personal que se desempeñe en ese horario habitualmente, como al que lo haga esporádicamente o circunstancialmente (art. 24), encuadre normativo que alcanza al actor, lo que llega firme a esta instancia y sella la suerte de la queja.

Lo expuesto, torna abstracto el análisis del resto de los agravios.

En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia apelada en el punto, lo que así voto.

III.- En cuanto a los honorarios regulados en la instancia de grado, a la representación letrada de la parte actora y perito contador, que se encuentran apelados por la demandada por considerarlos elevados, teniendo en cuenta el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas por dichos profesionales y lo normado por el art. 38 L.O., arts. 6 y sig. Ley 21.839 y decreto 16.638/57, considero que resultan adecuados por lo que propongo, su confirmación.	IV.- Sugiero imponer las costas de esta Alzada a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, por sus trabajos en esta alzada en el 25%, para cada una de ellas, de cuanto les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ROBERTO POMPA dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 LO).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo lo que fuera materia de apelación y agravios. 2) Costas de la Alzada a la demandada y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, por sus trabajos en esta alzada en el 25%, para cada una de ellas, de cuanto les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-	ANTE MI.-
Prescindibilidad, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ACCORINTI, CARMELO V. c/ SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SA. (SEGBA.) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-21

Si bien el sometimiento voluntario a una norma impide cuestionar a posteriori su constitucionalidad (que en el caso se ve fundamentada en la percepción de la indemnización de la ley 21274), tal limitación debe circunscribirse en el caso a las facultades de decretar la prescindibilidad y al tema indemnizatorio, sin que ello pueda impedir el cuestionamiento referido al artículo 8 de la ley que prohibe el reingreso a la administración pública por un lapso de cinco años.
Competencia por el territorio, organización de la justicia, cheque
Materia: PROCESAL -CIVIL
Carátula: MORINI MIGUEL C. c/ BUTASSI NESTOR G. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-23

Tratándose de un cheque, la competencia queda definida por la ley 4676. Esta ley en su art. 3 inc. a) dispone que el juez del domicilio del banco girado es el competente para entender, ya que es el lugar del pago. Siendo el domicilio del banco girado en Despeñaderos, es prima facie competente del Tribunal de Alta Gracia La ley 4140 establece que hasta tanto se creen las Cámaras respectivas, la competencia de las circunscripciones del interior es acumulativa y concurrente con la de los jueces en lo Civil y Comercial de la Capital de la Provincia (art. 3). Imperante esta ley, se dicta la 8000 que crea nuevos juzgados en el interior de la Provincia. Frente a esas dos leyes que se encuentran vigentes, pues la 4140 no fue derogada expresamente, debemos aceptar una posición que armonice con los tiempos actuales. En tal sentido debe privar la intención del legislador al momento de sancionar la ley 8000, su finalidad no era otra que la descentralización de la función judicial, y para ello creó nuevos tribunales en el interior, tratando de facilitar el acceso a la justicia y descongestionar los tribunales de la capital.

Aferrarse a la aplicación de la vieja ley 4140, significaría desvirtuar el verdadero sentido que tuvo la ley 8000 y facilitar en los hechos la práctica viciosa de demandar ante los Tribunales de la Capital de Córdoba en lugar de hacerlo ante los tribunales del interior de la Provincia.-
Juicio ejecutivo, excepción de pago, pago parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: Tehuelche S.A.F.I.C.A. c/ Calabrano, Eleodoro y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-17

Opuesta excepción de pago parcial, la ejecución sólo debe prosperar por el saldo impago; empero si la etapa del proceso todavía no permite precisarlo porque en los recibos reconocidos por el actor éste no discriminó las imputaciones a cuenta de capital, intereses, gastos y honorarios, corresponde mandar llevar adelante la ejecución por el total reclamado, sin perjuicio de recordar que la suma que fija el "a quo" al ordenar librar el pertinente mandamiento, es al solo efecto de conferir liquidez provisoria a la suma de dinero reclamada, pero no importa determinar la cantidad adeudada ni, mucho menos, tener por cancelada la obligación, en caso de pago.
Traslado de la demanda, notificación por carta documento
Materia: PROCESAL
Carátula: Meraviglia, Graciela Noemí c/ Microómnibus Saavedra SATACEI y otro s/ daños y perjuicios (acc. tráns. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Debe desestimarse el pedido de la actora de efectuar el traslado de demanda a través de carta documento, pues más allá de la transcripción que pueda hacerse de ciertos proveídos, datos o circunstancias en su contenido, no pueden equipararse las obligaciones impuestas al oficial notificador y su efecto jurídico, con el régimen de aviso de retorno de la carta documento. (Del voto en disidencia de la Dra. Pérez Pardo)
Requisa personal, falta de orden del juez, razones de urgencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Servián Domínguez, A. s/ Requisa personal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

No es nula la diligencia de requisa y secuestro practicado por personal policial si el imputado fue sorprendido en flagrancia (arts. 285 del C.P.P. ) a horas de la madrugada y en un lugar escasamente transitado, dándose las notas de urgencia e impostergabilidad que autorizaban a la policía a la requisa y secuestro sin orden, pues entre sus facultades está la de investigar por iniciativa propia, para impedir que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación (art. 183 del C.P.P. ).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02

En principio, las omisiones observables en sede administrativa no importan violación de la defensa en juicio, cuando el posterior trámite ofrece oportunidad para subsanarlas (conf. Sala III del fuero, in re: "López Messa, Juan Carlos", del 7/9/95; esta Sala, in re "Transportadora de Gas del Norte S.A.", del 20/11/95). (Consid.

X).
Recurso de queja (procesal), calidad de parte, consumidores, sanciones administrativas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Secretaría de Defensa del Consumidor - ORTIZ, Maria Alejandra c/ KYRIOS MUEBLES del GRUPO DENARIO S.R.L. s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-11

La Sala tiene dicho reiteradamente (CAM 314.874/10 entre otros) que "el control a efectuarse en esta sede respecto de las sanciones administrativas impuestas por leyes especiales, debe ser, esencial y primordialmente, el de legalidad y no de oportunidad, mérito o conveniencia".

"Esto es la revisión plena de las cuestiones de derecho (sin perjuicio de la especial deferencia que ciertas conclusiones de derecho a que haya arribado la Administración le merezca al Tribunal) y una revisión de las cuestiones de hecho y de las mixtas, limitada a los supuestos en que los hechos no aparecen probados en el expediente o las determinaciones administrativas al respecto, sean arbitrarias o irrazonables, lo que obliga al Tribunal a confirmar las decisiones administrativas que no incurren en estas tachas, aunque él discrepe con el acierto o intensidad de ellas (conf. Héctor Mairal, en su obra Control Judicial de la Administración Pública, tomo II, pág. 664)".

En un voto de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con citas de doctrina que esta Sala se permite transcribir por su utilidad que "La falta de proporcionalidad, es causal de invalidez, cuando existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos que lo motivaron (Gordillo, Agustín, "Tratado de derecho administrativo", T. 3, cap. VIII-16) y el vicio de un acto afectado por exceso de punición, determinante, a su vez, de la irrazonabilidad del respectivo acto, se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación (Marienhoff, Miguel S., "El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público", LA LEY, 1989-E,969).

La exigencia de proporcionalidad entre las medidas que el acto involucre y los hechos acreditados, trasunta la aplicación del principio de razonabilidad que es una garantía constitucional "innominada", cuyo fundamento se encuentra en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional y cuyo origen está en las "Bases" de Juan Bautista Alberdi (Linares, Juan F. "Razonabilidad de las leyes", p. 160, Buenos Aires, 1970).
Intereses convencionales, cómputo de intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DEL NOROESTE COOP. LTDO. c/ BARRIONUEVO CACERES, Josefina Graciela Angenla; SARAVIA DE ARANDA, María Graciela s/ SUMARIO: COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-03-17

En cuanto a la tasa a aplicar, se ha señalado que para resolver si la tasa de interés pactada resulta o no abusiva, debe atenderse al período en discución, ya que la variación de la situación económica en el tiempo, impide que se puedan establecer parámetros de carácter general.-