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Acción de amparo, programa de desarrollo social, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Silvia Graciela c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-07

De las presentes actuaciones surge que la prestación que el Gobierno de la Ciudad viene realizando a los accionantes, que se encuentran al amparo de programas sociales establecidos e instrumentados por él, supera el plazo de las previsiones que el cuerpo normativo aplicable ha fijado. En efecto, dichos programas tenían previsto un plazo de duración de 6 meses (art. 4 Anexo I de la Ordenanza Nro. 43.821/89) o 15 días (Anexo I del Decreto Nro. 607/97). Es decir que el despliegue de actividad efectuado por la Administración aparece, en principio, sin sustento normativo, ya que se manifiesta por meros hechos.

El accionar de la Administración, excediéndose de los plazos mencionados, obedece al reconocimiento tácito por parte de ésta de que los fines perseguidos al establecerse los citados programas sociales (confr. Ondenanza Nro. 43.821 y Decreto Nro. 607/97) no se habrían alcanzado hasta el momento. Al respecto, los programas sociales en cuestión tienen como finalidad dar respuesta a la difícil situación en que se encuentran las familias incluidas en ellos. Todo, al amparo de normas constitucionales que garantizan el desarrollo de la persona, entendida ésta como un ser dinámico que requiere, para el ejercicio de la autonomía individual, de condiciones mínimas de asistencia que impidan la exclusión social que sólo puede concluir en el menoscabo de derechos fundamentales que tutela tanto la Constitución Nacional (artículos 19 y 75 inciso 22) como así también la Constitución de la Ciudad (artículos 10, 11, 31 inciso 1). En virtud de lo expuesto, resulta un deber normativo del Estado efectuar prestaciones positivas de modo que su ejercicio sea concreto. En esta inteligencia resulta razonable tener por configurado prima facie la verosimilitud del derecho invocado por los actores como así también el peligro en la demora ante la posibilidad de modificación de las condiciones en que se han implementado los planes que se instituyeron a su favor.

A la luz de la exigencia que el artículo 189 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario pone en cabeza del juez al requerir de éste la merituación respecto de la consecuencia de mayor perjuicio que pudiera ocasionar la ejecución de un acto, y en virtud de lo prescripto por el artículo 184 del citado código, debe ordenarse al Gobierno de la Ciudad que se abstenga de excluir a los actores del plan en el cual se encuentran incluidos hasta tanto se demuestre que los fines que determinaron la creación de dichos planes sociales se han cumplido pudiendo, en su lugar, determinar la inclusión de los demandantes en planes equivalentes que resguarden los fines habitacionales perseguidos en este proceso o hasta que recaiga sentencia definitiva en la presente causa.
Relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Rigazzi, Juan Carlos c/ Cuenca S.R.L. s/ Diferencia de Haberes e indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-21

Ante la negativa de la relación laboral, corresponde al actor probar la subordinación jurídico-personal con la demandada.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, incidente de caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ PINTO DE CABEZAS, SELVA MIRTA s/ Recurso  Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-09

Teniendo en cuenta que la instancia recursiva se inicia con la interposición del recurso, a partir de la cual existe la posibilidad de su perención, y es desde esa oportunidad que el apelante debe urgir su trámite pesando sobre él la carga de impulsarlo y asimismo arbitrar los medios conducente para hacerlo avanzar hasta el dictado de la providencia de autos, donde recién se suspende el plazo de perención.

La notificación de la integración de la Sala constituye un acto impulsorio que no se encuentra a cargo del Tribunal; y por otro lado, no aparecen configurados los presupuestos que dispone el art. 137 del CPCC para que sea procedente la suscripción de la cédula por el secretario; ante bien, el profesional, sea apoderado o letrado, quien tenga interés en la prosecución del trámite que debe efectuar tal notificación.

La Corte de Justicia ha expresado sobre el punto que si lo impugnantes no presentaron la cédula para notificar la radicación de los autos en el Tribunal, es de su exclusiva responsabilidad, pues la carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso el recurso (CJS, Tomo 995:1002).
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Carlo, Marcela c/ Expreso Lomas S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El hijo/a mayor de la víctima está legitimado para reclamar resarcimiento por el fallecimiento de aquélla, pero la procedencia del reclamo dependerá de la subsistencia de la presunción de daño (arts. 1084 y 1085, C. Civ.).
Sistema interamericano de Derechos Humanos, obligaciones del Estado miembro, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, violación de derechos humanos, acceso a la justicia, defensa en juicio
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Liakat Ali Alibux c/ Surinam s/ Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-12-20

Conforme los principios que rigen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta indispensable que los tribunales encargados de decidir si efectivamente aquéllos resultan violados por el accionar de los estados, garanticen a todas las partes involucradas, la presentación más completa de los hechos y argumentos de las partes a fin de resolver adecuadamente los temas de la controversia, garantizar el derecho de defensa y el efectivo ejercicio de la competencia del Tribunal para abordar adecuadamente los casos sometidos a su conocimiento y decisión, garantizando un plazo razonable en la duración del procedimiento, como lo exige el derecho de acceso a la justicia.
Competencia federal, distinta vecindad, competencia laboral, competencia provincial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Fatsa c/ Sanatorio Pasteur s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-02-06

No es de recibo la excepción de incompetencia articulada, toda vez que la circunstancia de que la actora tenga domicilio o su asiento principal en Capital Federal no altera la competencia laboral de esta provincia, ya que como señala la Fiscal de Cámara, la competencia federal por razón de distinta vecindad, ha sido instituida como un beneficio a favor del vecino de una provincia distinta de aquella en la cual se deduce la pretensión, por lo que no puede ser invocada por quien es demandado ante los Jueces de la provincia de la cual es vecino, ya que no es admisible declinar la competencia de los jueces propios; existiendo sobrada jurisprudencia acerca de cuestiones laborales en la que esta competencia federal cede a favor de los jueces provinciales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Tomei, Alejandro Alberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Es insuficiente el agravio en el que omite impugnar eficazmente el razonamiento que desarrolla el a quo para estimar inaplicable el art. 150 in fine del Código de Procedimiento Penal a la situación de la menor (art. 355, C.P.P.), insuficiencia que descarta el tratamiento de los agravios dirigidos al fundamento relacionado con el eventual consentimiento del recurrente a la realización de diligencias de reconocimiento practicadas por la víctima (doct. art. 359, C.P.P.).
Partidos políticos, nombre partidario
Materia: POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Partido Socialista Auténtico de Neuquén s/ personería.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

El régimen legal establecido por el art. 13 de la ley N° 23.298 asigna, al nombre de un partido, entre sus principales caracteres, el de la exclusividad de su uso.
Concursos, calificación jurídica, contratos, fallido, responsabilidad de la concesionaria, automotores, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Carleschi, Esteban Javier c/ Peugeot-Citroen SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Cuando, como en el caso, se declaró la quiebra de una concesionaria, dicho supuesto debe ser solucionado a la luz de lo dispuesto en la LCQ 148; que, al regular lo que sucede en caso de quiebra de un comisionista que ha vendido bienes ajenos, autoriza a los interesados principales a reclamarse directamente. De lo dispuesto en la LCQ 125 -norma aplicable a todas las especies de concursos reguladas en tal ley- surge que los acreedores sólo pueden ejercer sus derechos contra el deudor de conformidad con allí dispuesto. No obstante, dicha ley no trata del mismo modo a todas las relaciones jurídicas trabadas por el nombrado. En extrema síntesis, puede afirmarse que existen tres grupos de normas, a saber: a) las que se destinan a regular el pasivo, imponiendo su verificación y "cristalización" (art. 19, 127, 128, entre otros); b) las que producen modificaciones sustanciales sobre los contratos en curso (v. gr. arts. 147, 148, 151, entre otros); y c) las que, sin modificar los derechos respectivos, establecen el modo en que el contratante no fallido debe seguir para obtener en el concurso el reconocimiento de su derecho (v.gr. art. 138, 139, 188, entre otros) ..." (CNCom, Sala C, "Entre Ríos 1221 SRL s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial" según fallo del día 13.6.19). En materia contractual, el régimen ".se compone de soluciones expresas otorgadas para ciertos contratos en particular en función de su contenido (v. arts. 146 a 158), según nómina que, en su caso, debe regir por analogía a aquellos convenios que, no previstos, se encuentren en condiciones de recibir esas soluciones por aplicación de lo dispuesto en el art. 159 de la misma ley." (sic, fallo citado). Esa solución analógica debe ser aplicada en el caso, como se infiere del hecho de que la fallida cumplió una función de intermediación que, al igual que la que cumple el comisionista previsto en el citado art. 148, autoriza - siempre aplicando la norma por analogía- a evitar que se frustre la posibilidad de los interesados principales de obtener en especie las prestaciones a que se han obligado. Así calificada la relación, es claro que debe aplicarse a su respecto el plazo de prescripción contractual del CCIV 4023
Accidentes de trabajo, prescripción, interrupción de la prescripción, mora, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA,  AMANCIO  C/ ORTIZ, JUAN BAUTISTA Y OTRO  S/ACCIDENTE ACCION CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-29

La carta documento mediante la cual el trabajador que ha sufrido un accidente pone en conocimiento de su empleador que la A.R.T. le ha otorgado en forma provisoria un 21% de incapacidad, resulta suficiente como para considerar que queda en evidencia su voluntad de responsabilidad por la secuelas del infortunio padecida. Aun cuando de dicha misiva no surja la intención de constituir en mora al deudor, por no reclamarse suma alguna, debe valorársela a la luz de lo normado en el art. 9 L.C.T. (ref. por la ley 26.428), y corresponde considerar que la misma surtió los efectos previstos en la segunda parte del art. 3986 del Código Civil
Abuso sexual calificado por acceso carnal, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: V., A. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-11-26

El argumento del Tribunal de Impugnación, al desestimar de plano los dichos de la víctima de violencia sexual, por ciertas imprecisiones descriptivas, contraviene conocida jurisprudencia de la Corte Interamericana (receptada a su vez por nuestro Máximo Tribunal Nacional en Fallos 343:354).
Daño moral, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: PEIRANO CARLOS c/ ROASCIO LUIS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

La regulación normativa que el Código Civil realiza respecto al daño moral varía sustancialmente, según se trate de la responsabilidad contractual o extracontractual. Mientras en el último caso el art.

1078 determina que la indemnización comprenderá la reparación del agravio moral, en el otro supuesto y con motivo de la modificación introducida por el art. 522 (ley 17.711), determina que el Juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral. El término utilizado implica una facultad, si bien la misma no puede pensarse como ejercida arbitrariamente por el juzgador, otorga a éste una mayor amplitud para determinar su procedencia.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, defectos en la consideración de extremos conducentes, sanciones disciplinarias administrativas, escribanos públicos, destitución, pena, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  libros  de  requerimiento  de  firmas del Escribano  Enrique José Ignacio Garrido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que aplicó la sanción de destitución prevista en el art. 52, inc. f), de la ley 12.990 si, tratándose de la pena más grave contemplada en esta ley, prescindió de la debida consideración de la conducta reprochada al escribano, de sus antecedentes personales y profesionales y de las concretas implicaciones que las faltas cometidas tuvieron sobre el tráfico jurídico que la función notarial tiene en mira asegurar.
Juicio ejecutivo, fianza comercial, título ejecutivo inhábil, títulos ejecutivos, prenda con registro, suma líquida
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ ESAIAN DICRAN s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

Como principio, el contrato de fianza no es de los que traen aparejada ejecución, es decir, no es un título ejecutivo de los previstos por el art. 523, Código Procesal (aún cuando su enunciación no es taxativa), ni por otras leyes especiales, pero la acción de tal naturaleza queda expedita contra los fiadores sólo si existe una suma líquida y exigible contra el deudor principal y siempre que el documento demostrativo de la obligación principal sea, a su vez, exigible por dicho procedimiento, en la especie con el contrato de prenda con registro obrante en copia (cfr. Rodríguez, Luis S., "Tratado de la Ejecución", T. II-A, pág. 357; esta Sala, Causa 4490 del 21.5.96; Sala III, Causa 4982 del 6.9.95; CNCom., Sala D, in re "Lago de Oro SA, del 12.2.76, pub. en JA 1976-IV-235).
Embargo, levantamiento de medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Virue, Rubén María c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Ejecución de salario-Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-10

Es correcta la decisión que no hace lugar al levantamiento del embargo sobre fondos del A.N.S.E.S. ya que son de aplicación al caso las disposiciones de la ley 23.982, que expresamente dispone que la inembargabilidad lo es sólo respecto a las disposiciones consolidadas al 1º de abril de 1991, por lo cual queda sin aplicación lo determinado por la ley 16.931.Y aún, cuando no surgiera expresamente tal incompatibilidad, la confusión de patrimonios y unificación funcional de diversas entidades en una sola -el A.N.S.E.S.-, según lo explicado por el decreto 2741 en relación a lo dispuesto por el decreto 2284/91, implica la pérdida de autonomía patrimonial de las entidades fusionadas en el Sistema Unico de la Seguridad Social, por lo que no puede invocarse inembargabilidad de fondos de las Cajas Nacionales de Previsión en forma particularizada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revisión judicial de actos administrativos, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Poder Ejecutivo Nacional c/ Universidad de Buenos Aires s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-04

No se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del poder judicial cuando quien lo requiere carece de legitimación para hacerlo (confr. C.S.J.N., sentencia dictada el 18/6/91 en la causa "Universidad de Bs.As. c/ Est.Nac. -P.E.N.- s/inconstitucionalidad", especialmente considerando 10, Fallos:

314:570).
Prisión preventiva, control de razonabilidad, prórroga de la prisión preventiva, interpretación restrictiva, prórroga de la medida cautelar, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Zauraza Vila, R. M. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-11

Conforme lo establece el artículo 1° de la Ley 24.309, sobre los plazos para la aplicación de la prisión preventiva, ésta no puede exceder los dos años sin que se haya dictado sentencia, no obstante lo cual cuando la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, la que deberá ser comunicada de inmediato para su debido contralor, lo que indudablemente impone que la prórroga del plazo de duración de la medida cautelar sea de interpretación restrictiva y con carácter excepcional (Del Voto de la jueza Magdalena Laíño).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley, ley posterior, acción de amparo, trámites judiciales, medidas urgentes, celeridad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la Constitución de Tribunal plenario en los juicios de  amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial está derogado por la vigencia del artículo 29 de la ley 10160, atento al principio "lex posterior deroga priori", descubierto por el legislador en el artículo 9 de las Disposiciones transitorias de la ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 13 de la ley 7053, que rige atento al artículo 18 de la nueva ley de amparo 10456, alude a disposiciones del "Código Procesal Civil y Comercial". Al respecto, es necesario distinguir: la ley 10160 rige "indefectiblemente", y el Código Procesal Civil "supletoriamente". Sucede que todo lo que venga del Código Procesal Civil ser eminentemente dispositivo, mientras que lo que se derive de la ley 10160 es por lo general derecho procesal (en cuanto organiza las competencias jurisdiccionales) predominantemente de orden público, de modo que el Código Procesal Civil se va a aplicar supletoriamente acaso en aras a esa celeridad que quiere el legislador. La ley 10160, en cambio, no se va a aplicar "subsidiariamente" sino que se va a aplicar a rajabonete aunque su regencia provoque que un juicio de amparo dure años. (Del Voto del Dr. Chiappini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce, Terceros Atiliano y otros c/ Colegio Medico de la Provincia de Buenos Aires IX Distrito s/ Sumarisimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

La apelación de los honorarios se rige por la norma específica del caso, o sea el artº 57 de la ley 8904, por lo que no es de aplicación al artº 496 inciso 2º del ritual referido al proceso sumarísimo.
Licencia por enfermedad, deducciones salariales, empleo público, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Campos, Fabian Gustavo c/ Municipalidad de Plaza Huincul s/ Acción Procesal-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-10-29

Ante la discrepancia entre el médico de cabecera y el médico del empleador respecto de la cantidad de días de licencia otorgados por enfermedad, debe estarse a lo resuelto por el primero, pues es el profesional a cargo del tratamiento del trabajador, es quien mejor conoce su estado y aptitud. (Del voto en disidencia del Dr. Massei)
Competencia, competencia por la persona
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENGARELLI ARNALDO V. c/ A.C.A. Y OTRA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

El desplazamiento de la jurisdicción provincial en el caso proviene del carácter de la persona demandada -la Caja Nacional de Ahorro y Seguro- y sus implicancias para con el interés nacional Constitución de la Nación, art. 100; Ley 48, art. 2do, inc. 6°). El convenio en sí poco añade, porque de haber sido la demandada una persona privada la exclusión de la jurisdicción local conviniendo la federal resultaría inviable, pues la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable (Cód. Proc., art. 1ro; Cód.

Civil, art. 21) y la Provincia no puede renunciar a su propia jurisdicción que es de orden público (art. 5 y 104 C. Nacional).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Taormina Francisco José c/ Depresbiteris Claudio y Otra s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Si bien es cierto que no se le confirió a la demandada el traslado de los documentos que adjuntó la parte actora, al contestar la excepción, tal omisión no le causó gravamen, porque esos documentos resultaron irrelevantes para el dictado de la sentencia en la que ni siquiera se hace alusión a los mismos, por lo que la nulidad planteada debe ser desestimada.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Baldomar, Juan Carlos c/ Hidraltécnica S.A. s/ Despido y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Resulta conculcatoria de los arts. 21 y 23 del dec. ley 8904/77 y del derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional la regulación de honorarios del letrado apoderado que evidencia una manifiesta desproporción con el valor económico del juicio y la naturaleza de la labor cumplida ya que no guarda relación con una justa retribución al resultar inferior al mínimo que hubiera correspondido de acuerdo con las pautas arancelarias citadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FAVARIN, REMIGIA GODOY DE c/ LLEVEL, ENRIQUE Y-U OTRO s/ DESALOJO     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 253-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

Siendo la imposición de costas la correcta consecuencia de lo decidido en torno a la pretensión principal -en el caso, la declaración de deserción de los recursos de nulidad y apelación-, al no ser ésta modificable por vía del recurso de inconstitucionalidad, resulta también irrecurrible lo decidido sobre ellas.