marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: PENAL
Carátula: Fucci, Alfredo s/ Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

A los fines de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley en una cuestión referente a la obligación de pago de honorarios suscitada en un proceso penal, corresponde aplicar lo establecido por el art. 278 del C.P.C.C. en cuanto al monto mínimo para recurrir, de conformidad con la remisión del art. 374 del C.P.P..
Costas, recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ZALAZAR GUSTAVO c/ YPF S.A. Y OTRO s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

El remedio federal se dirige a cuestionar una resolución de neto contenido procesal -la imposición de costas- que no suscita la vía extraordinaria (Fallos: 320:1525), en efecto, los temas decididos son de hecho, y derecho común y procesal, propios de los jueces de la causa y ajenos a la institución excepcional del art. 14 de la ley 48; y esta Sala, en dicho pronunciamiento ha dado argumentos no federales suficientes para sustentar jurídicamente lo decidido, extremo que descarta la pertinencia de la tacha de arbitrariedad (cfr. esta Sala, causas 13.100/02 del 23-03-05). Tampoco habilita la jurisdicción del Alto Tribunal la invocación de normas constitucionales cuando, como en el caso, no guardan relación directa e inmediata con lo resuelto en el pronunciamiento impugnado, tal como lo exige el art. 15 de la ley citada (conf. doctrina de Fallos: 276:305;

278:271, entre otros).
Acción dependiente de instancia privada, interés público
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Angel A. s/ Lesiones culposas SANCHEZ, Angel A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24|1995-08-24

Es posible compartir la tesis de que es del interés público lo relacionado con la seguridad de las personas en los medios de transporte colectivo de pasajeros. Pero ello no significa que toda vez que se causen lesiones leves en o con un transporte de esas características se da la situación excepcional del inc. 2º del art.

72 C.P. Es necesario que concurran, además, actos manifiestamente imprudentes o negligentes, o de cierta magnitud.
Hurto, tentativa, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, EDUARDO GUILLERMO s/ HURTO SIMPLE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-01

La penalidad de un delito tentado debe efectuarse conforme a la reducción de la pena que establece el art. 44 del C.P. es decir reduciéndola de un tercio a la mitad, ello referido al mínimo y al máximo respectivamente.

Ello así, ya que al establecer la penalidad de los distintos delitos en primer lugar se fija el mínimo y luego el máximo.

Si el sujeto pasivo no alcanzó a ser desapoderado y el agente no adquirió un poder de hecho sobre la cosa que le permitiera disponer de ella, el delito no llega a consumarse, pero si hubo comienzo de ejecución del ilícito en cuestión se debe reputar como hurto en grado de tentativa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, Colegio de Escribanos, relación de dependencia, contratos, rescisión del contrato, indemnización, Cámara de Apelaciones, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gioffre, Enrique c/ Provincia de Santa Fe y Colegio de Escribanos de la 2da. Circunscripción s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso contencioso administrativo  - Ley 11.330 (Expte.: C.S.J. Nro. 157 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

No merece reparo constitucional, la decisión de la Sala que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto por cuanto el actor -al reclamar el cobro de indemnización por rescisión del contrato celebrado con el Colegio de Escribanos y de la relación de empelo mantenida bajo el régimen de la Ley Convenio 8994-, no había planteado el reconocimiento de una relación encuadrada en la ley 8525, ni el carácter de personal permanente de la Administración Pública ni la incompetencia del Colegio de Escribanos para disponer tal rescisión, concluyendo que al no existir -en el caso- acto administrativo -ni expreso ni tácito- cuya legitimidad controlar, ni relación entre las partes que pueda dar origen a la pretensión entablada, las actuaciones sólo dan cuenta de una obligación que se inscribiría en el ámbito de las responsabilidades patrimoniales en las que el Estado puede aparecer como posible sujeto pasivo, pero ello, en manera alguna, suscita la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, razonamiento que no representa otra cosa que la evaluación de las circunstancias y pruebas de la causa y su subsunción en la normativa de derecho público local que el A quo reputó aplicable.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: CIVIL
Carátula: DOMÍNGUEZ MARÍA ESTHER c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIÓN DE AMPARO - APELACIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-12

Si la resolución principal es apelable, lo es también la accesoria, por cuanto esta última sigue la suerte de aquella.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minaglia, María Adela c/ Cauteruccio, Omar Norberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

El daño estético debe ser visible o apreciable exteriormente, pues atañe a la apariencia o presentación física de la persona. Los menoscabos corporales internos, o bien los que siendo internos quedan escondidos a la vista (debajo del cabello, detrás de la oreja), no trascienden en una minoración estética, sin perjuicio de que pueda proceder indemnización a otro título, en tanto también representan un detrimento a la intangibilidad somática de la persona (por ejemplo, padecimientos y gastos inherentes a la curación).
Concurso preventivo, verificación de créditos, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: A.P.S s/ CONC. S/ INC. POR A.I.M
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-04

A los efectos de la aplicación del plazo de prescripción previsto por la lc 56, a un incidente de verificación de crédito, promovido en un concurso presentado y abierto bajo la vigencia de la ley 19551 que no preveía tal instituto, el plazo de dos años establecido en la nueva ley debe computarse a partir de su entrada en vigencia, y no desde la fecha de presentación en concurso preventivo, ya que en esta materia, corresponde conferir mayor importancia al principio de la seguridad jurídica, que impone que no se aplique retroactivamente un plazo legal cuya aplicación determina el fenecimiento de un derecho; además, la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y, en caso de duda, ha de estarse a la solución más favorable a la subsistencia del derecho y por el plazo mas dilatado.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Patricia c/ Cuellas, Leonardo Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19

No siendo una cuestión dudosa de derecho o que amerite dejar de lado el principio que rige la materia, la imposición de costas a cargo del vencido se ajusta a derecho.
Recurso extraordinario de nulidad, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giganti Caparroz, Elida y otro c/ Lorenzo, Víctor Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-11

No puede atenderse la pretensión del control oficioso de la existencia de la cosa juzgada cuando la intervención de este órgano no está abierta para el control de la inteligencia de las normas aplicadas.
Cheque, actos ilícitos, recibo falso, responsabilidad del banco, aplicación de la ley, firma falsa, apreciación del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: COPPOLA, CLAUDIO CEFERINO Y OTRO C/BANCO SUPERVIELLE SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

La ley 24452: 35, prevé en sus tres incisos las hipótesis en las que responde el banco por el pago de documentos con firmas apócrifas. El inciso 1° de tal norma responsabiliza al banco cuando la firma fuese "visiblemente falsificada", concepto que requiere de un análisis no privado de subjetividad, pues corresponde al juez concluir si, dentro de la velocidad esperable de esta operatoria bancaria, un empleado con experticia sobre este tema puede o debe advertir la falsedad. De ser la respuesta positiva, el banco será condenado y, en caso contrario, absuelto.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal, juicio sumario en tiempo de paz, privación de justicia
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MARIA TERESA PIÑERO DE GEORGIADIS Y OTROS s/ SOLICITA  INTERVENCION  DIRECTA  DE  LA  C.S.J.N.  PARA  IMPEDIR  UNA  EFECTIVA PRIVACION DE JUSTICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Quienes solicitan que la Corte declare suspendido el curso de la prescripción de la acción penal en las causas vinculadas al art. 10 de la ley 23.049, alegando una situación de privación de justicia, deben formular el agravio que plantean en cada una de las causas en las que tengan derecho a intervenir.
Acción, cuestión abstracta, juicio de desalojo, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Marisa Adriana c/ Banno, Julia E. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Si la pretensión deducida sobre desalojo, es viable en función de la causal de vencimiento del término, deviene abstracto, en principio, verificar si también es viable por otra causal -falta de pago, en el caso-, pues aún cuando ésta última no resultare fundada, igualmente el desahucio tiene virtualidad por la otra causal (arts. 1604 inc.

1, Cód. Civil; 676 Cód. Procesal).
Excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aravena, José Daniel y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-22

El ordenamiento procesal en el artículo 346 del código ritual, prevé la posibilidad de oponer la prescripción hasta el vencimiento del plazo para contestar la demanda o la reconvención, y que ello se ajusta a lo preceptuado por el artículo 3962 del Código Civil, el cual dispone que la misma debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en juicio.
Debido proceso, defensa en juicio, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dora Acme Pardiñas de Bustamante Pérez y Ernesto Bustamante Pérez s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. 6254/02  Acción autónoma de nulidad en el Concurso. L.A. N 46 F 31/35, N 15 Bustamante Pérez s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. 6254/02 Acción autónoma de nulidad en el Concurso. L.A. N 46 F 31/35, N 15
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-02-18

No obstante su amplitud, el derecho de defensa en juicio, que no sólo ampara a la persona sino también a todos los derechos, debe ser ejercido conforme a las normas procesales que reglamentan su ejercicio, pero sin alterarlo ni desnaturalizarlo y dentro de los límites constitucionales, para hacerlo compatible con el ejercicio de ese mismo derecho por parte de los demás litigantes y con el interés público de asegurar una justicia recta y eficiente (C.S.J.N., Fallos, 147:45; 180:148; 185:242).
Pago, pago por consignación, consignación judicial
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, María Mercedes y otros c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Para que la consignación sea válida, es menester acreditar que se efectuó una oferta real de pago, no basta con querer pagar sino que hay que ofrecer explícitamente el pago al acreedor. Sólo cuando el deudor está coartado en el ejercicio de ese derecho, está autorizado a recurrir a la consignación judicial.
Prevención, detención, secuestro de bienes, nulidad procesal, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CAMPOS, Marcelo A. s/ Nulidad y procesamiento, Causa nro. 29.125
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

Planteada la nulidad del secuestro y la detención del imputado fundada en el actuar arbitrario de los preventores, este planteo está referido al valor probatorio del procedimiento y su cuestionamiento, que debe formularse en la etapa procesal oportuna.
Derechos de incidencia colectiva, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, Código de Planeamiento Urbano, patrimonio cultural
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-01

No ha perdido actualidad la pretensión que requiere la protección de un derecho que la CCBA estructura como de incidencia colectiva, la preservación del patrimonio ambiental, cultural e histórico de la Ciudad (arts. 14 y 26 de la CCBA), a cuyo fin pone objetivos urbanísticos y arquitectónicos a cargo del gobierno que organiza (art. 27, inc. 2, de la CCBA). (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, diligencias extrajudiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOUTO DE LACERDA DE GONZALVEZ PIRES LAURINDA c/ COMPAÑIA DE SEGUROS DEL INTERIOR SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

Las actuaciones extrajudiciales no poseen virtualidad impulsoria del proceso, asignándose tal calidad a la actividad que se desenvuelve dentro del expediente (cpr 311).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, leyes, accidente de tránsito, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, velocidad reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: A DEL C, E R s/ LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 388-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

La sentencia que consideró que no había sido pruedente y acorde a las circunstancias del caso, la velocidad desarrollada por el imputado en el momento de embestir a la víctima, estimada por él mismo entre 40 y 50 kms horarios, en concordancia con uno de los testigos y que como mínimo se desprendía de los rastros de frenada del automotor, ha aplicado estrictamente lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza 2802-81, toda vez que dicha norma, si bien fija en 50 kms el límite de la velocidad para automotores, rurales y taxis dentro del radio urbano, brinda diferentes precisiones de modo que por debajo de ese tope aparecen una serie de exigencias tendientes a que la velocidad no se torne peligrosa o imprudente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, José G. c/ Indeco S.A.C.I. s/ Indemnización enfermedad accidente y art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Constituye cuestión de hecho determinar el momento en que el dependiente tuvo conocimiento de su disminución laborativa cuyo resarcimiento reclama y, consiguientemente, lo es también establecer cuándo comienza a correr la prescripción de la acción derivada de una enfermedad accidente. El límite de esta facultad lo constituye la demostración de absurdo en el proceder de los jueces de grado.
Excepciones procesales, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreira, Jesús Javier c/ Santa Isabella S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-08

Lo concreto es que el problema comunicacional que poseía el accionante se encuentra acreditado de manera científica por la perito psicóloga, atendiendo a las circunstancias socioambientales del lugar y costumbres de vida desarrolladas por el actor. Esto lleva a considerar que resultaría aplicable el art. 3956 del C.C., o en su caso el art. 3980, pues existió una imposibilidad de hecho que le impidió temporalmente al accionante el ejercicio de la acción. (Voto Romero. Adhesión Welp)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sentencia, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BRACAMONTE, ANDRES ALEJANDRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-11

Corresponde rechazar la queja desde que los agravios conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, resueltos con fundamentos suficientes, ya que si bien el orden en que fue desarrollada la respuesta jurisdiccional de la Cámara -tratar la tipicidad de la conducta antes de la existencia del hecho- aparece opinable, de ningún modo supone la afectación de garantías de raigambre constitucional; más aún cuando la misma Sala explicó que la razón por la cual seguía ese orden es porque cualquier juez penal carece de competencia y legitimación para entrar a la valoración y juzgamiento de la existencia material y la autoría de un hecho que no se considere penalmente típico.
Docentes, nacionalidad, ciudadanía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BISTUE DE MONTILLA NILDA THERESA c/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS s/ Acción de Amparo (LIBRO: A132 - 414)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-16

Se estima es razonable la exigencia de la nacionalidad o de la ciudadanía para el ejercicio de funciones políticas e inclusive esencialmente administrativas estatales, como requisito de idoneidad (aunque en nuestra historia administrativa y política hay ejemplos de extranjeros que han servido a la nación con una lealtad, honradez y eficacia no superada por los mejores ciudadanos. Y no son pocos, desgraciadamente, los casos de ciudadanos que han envilecido la función pública y la han degradado con la deshonestidad, la indisciplina y la adulación repugnante por bajeza o por hipocrecía: Bielsa Rafael, Derecho Constitucional, Bs. As. 1959, pág. 262, nota 24), pero no para un servicio social como lo es el de la enseñanza, que incuestionablemente puede ser en la esfera de acción propia del Estado (aunque éste preste controlar el prestado por ellos), tratándose de actividades que aquéllos ejercen por derecho subjetivo constitucionalizado propio.
Contratos, tarjeta de crédito, derechos de las partes, obligaciones de las partes, defensa del consumidor, responsabilidad del banco, aplicación material de la ley, cosa juzgada, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLIVERA, MARIA ANABEL C/INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto condenó al banco demandado a la eliminación de consumos y reintegro de sumas vinculadas a la utilización de la tarjeta, con causa en el tratamiento que recibió la impugnación de la actora respecto de dos consumos involucrados en el uso indebido de la tarjeta, toda vez que con relación a lo mismo fue absuelta la administradora del medio de pago mediante sentencia alcanzada por la "res iudicata". Tal es la solución que se impone lógicamente si se considera, como no puede ser de otro modo, que frente al usuario el servicio de tarjeta de crédito funciona como un "sistema" en el que actúan de manera coordinada tanto la entidad bancaria emisora como la empresa administradora y organizadora de dicho sistema que lo controla y explota. Nada distinto podría sostenerse si, como lo hace destacada doctrina, se entendiera que la responsabilidad implicada por la LDC 40 no es solidaria sino, más bien, concurrente o "in solidum" (en este sentido: Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., "Ley de defensa del consumidor - comentada y anotada", Buenos Aires, 2009, t. I, p. 512; Chamatropulos, D., "Estatuto del consumidor comentado", Buenos Aires, 2016, t. II, p. 92). Es que aun en ese marco cuando la demanda contra el coobligado es rechazada, el obligado concurrente también puede invocar esa decisión para igualmente eximir su responsabilidad (CCCN 851-g); Ossola, Federico A., "Obligaciones", Buenos Aires, 2017, p. 540, ap. "h").
Expropiación, indemnización expropiatoria, interés público, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: U.N.I.R.E.C. c/ Ramos E. Iglesias E. y ot. s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-01

Al expropiar, el Estado ejerce un poder jurídico que le reconoce la Constitución, pero el ejercicio de ese poder, autorizado por causa de utilidad pública, supone el sacrificio de un derecho que también tiene base constitucional y que obliga a indemnizar debidamente al expropiado, toda vez que la expropiación supone un conflicto que se resuelve por la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés del particular; pero la juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad, que se beneficia con el objetivo de la expropiación, indemnice a quien pierde su bien a causa del bienestar general. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Obras sociales, agentes de retención, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Unión  Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) e Instituto  de Servicios Sociales para el personal de la Industria de la Construcción (ISSPIC) c/ Empresa Constructora Sequeira Carlos Raúl s/ Cobro de aportes y contribuciones Argentina (UOCRA) e Instituto  de Servicios Sociales para el personal de la Industria de la Construcción (ISSPIC) c/ Empresa Constructora Sequeira Carlos Raúl s/ Cobro de aportes y contribuciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-21

El empleador es agente de retención de los aportes de los trabajadores y debe depositarlos, junto con las contribuciones a su cargo en la cuenta bancaria a nombre de la correspondiente obra social y que la falta de sos depósitos hace incurrir en mora automática al deudor.
Medida de no innovar, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAMIETEA DE SAAVEDRA, CLARA MARY c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-07

Corresponde rechazar la medida cautelar de prohibición de innovar en subsidio peticionada por la actora, consistente en ordenar a la Provincia de Santiago del Estero, se abstenga de llamar a concurso para la cobertura del cargo de Juez de Familia de la ciudad de La Banda en mérito a que no se encuentran acreditados los extremos de procedencia del artículo 230 del C. P. C. y C., toda vez que conforme a la Resolución de fecha 15/02/06 del Consejo de la Magistratura, se ha dispuesto suspender el llamado a concurso de todaas las vacantes del Poder Judicial ocupadas en forma provisoria hasta tanto se sancione la ley orgánica de dicho Cuerpo con adecuación a la recientemente sancionada Constitución de la Provincia.

Dicha decisión torna abstracta la concesión de la tutela cautelar peticionada, puesto que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora no se encuentran suficientemente acreditados a efectos de tornar viable la prohibición de innovar solicitada.