Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Se inició el expediente con la promoción de ejecución fiscal (fs. 3) por parte del Francisco José Díaz Vega, en el carácter de apoderado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra Daniel Moisés Nacca, por la suma de $5.184,59, que surge del certificado de deuda nº 010692 emitido el 16 de mayo de 2003 y glosado a fs. 2, conforme resolución del 19 de marzo de 2003 -notificada el 7 de abril de 2003- en el Legajo nº 007970-00/02, que tramitó por ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas nº 29.

Radicada la causa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 4, Secretaría nº 8, a fs. 4 la Magistrada ordenó cursar la correspondiente intimación de pago al ejecutado, la que importaba, asimismo, su citación de venta y para oponer excepciones. Sin embargo, con posterioridad al diligenciamiento de la cédula respectiva, resolvió declararse incompetente para continuar entendiendo en la causa y remitirla a la Secretaría General y Cámara del Fuero Contravencional y de Faltas (fs.8).

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia nº 16, Claudia Amanda Alvaro, a fs. 16 dispuso continuar el trámite mandando llevar adelante la ejecución. Más de seis meses después -el 14 de octubre de 2005-, y "ante la posible prescripción de la pena", corrió vista al Fiscal que por turno correspondiera (fs. 18). En la contestación respectiva, la titular de la Fiscalía nº 10, Elsa I. Miranda, manifestó a fs. 20 que no se expediría en el proceso, argumentando que la norma ritual aplicable -Ley 189- no prevé la intervención del Ministerio Público Fiscal en relación al tópico objeto de la vista, ni existe cuestión constitucional sobre la que dictaminar, ni se trata de un proceso de conocimiento contra las autoridades administrativas que suponga actividad fiscal (Título VIII del C.C.A y T.).

Al mismo fin, la Juez corrió traslado al actor (fs. 21), quien en su presentación de fs. 23/27 se opuso a una eventual declaración de prescripción de la multa ejecutada y solicitó el desglose de la pieza suscripta por la Sra. Fiscal, por entender que la vista respectiva fue conferida extemporáneamente.

El 8 de noviembre de 2005, en la sentencia de fs. 29/32vta., la Magistrada resolvió rechazar las peticiones interpuestas por el apoderado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no hacer lugar a la ejecución, por encontrarse prescripta la pena de multa que constituía su objeto, sin costas. Para así decidir, la Juez de grado valoró sustancialmente ( en consonancia con reconocida doctrina y variada jurisprudencia de diversos tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia local y la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que deben estimarse penales en sentido estricto las multas impuestas por la Administración. Concluyó entonces que resultan aplicables al caso los principios generales del Derecho penal y consideró que esta imputación de lineamientos resulta la vía más eficaz para le juridización del derecho administrativo sancionador. Entendió que no regía en la especie el plexo normativo integrante del Código Fiscal de la Ciudad, pues la multa ejecutada no constituye, a su criterio, una deuda de carácter tributario.

En este orden de ideas, dedujo que, al ser la prescripción un instituto de orden público -e indispensable por las parte- su análisis no puede verse obstaculizado por la circunstancia de no haber opuesto el accionado la excepción correspondiente. Invocó razones de economía procesal que imponen al decisor evitar indebidos desgastes jurisdiccionales, los cuales devendrían toda vez que, encontrándose habilitado el Juez a declarar de oficio la extinción de la acción por hallarse prescripta la pena, arribase a esa solución sólo en el caso de sustanciarse un eventual excepción opuesta por el demandado.

En cuanto a la normativa aplicable al caso, razonó que, al no establecer la Ley 451 causales de interrupción de la prescripción de la pena, ésta resulta más beneficiosa que la ley nacional nº 19.691 -vigente al momento del juzgamiento de las faltas que originaron las multas ejecutadas-, por lo que debe regir- conf. art. 3 del Régimen de Faltas-. Así, la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución no constituyó un supuesto de interrupción del plazo de marras, por no estar expresamente prevista la causal en el orden legal aplicable.

Finalmente, evaluó que la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución produjo eficacia de cosa juzgada en sentido formal, toda vez que el objeto del Causa nº 429-00/CC/2005. Sala II.

procedimiento promovido no consiste en la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho que permanecía incierto, sino hacer pago al acreedor de un crédito que la propia ley presume vigente en razón de la modalidad impresa a la pieza que lo documenta. El procedimiento ejecutivo sería entonces el ejercicio del derecho del acreedor a logra el cobro que surge del correspondiente título, de modo que la sentencia de remate no constituye técnicamente una sentencia condenatoria.

Así estructurado el sustento de su razonamiento, entendió a continuación que, toda vez que entre el dictado de la sentencia condenatoria y la interposición de la correspondiente demanda hubo transcurrido el plazo establecido por le art. 34 de la Ley 451, la sanción impuesta se encontraba prescripta, lo que así declaró.

El pronunciamiento resulta apelado por la actora a fs. 34. El recurso es concedido en relación (fs. 35).

Recibido el legajo en esta Sala y efectuado el examen del art. 246 C.C.A. y T., a fs. 38 se resuelve conceder libremente la apelación interpuesta y disponer el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 231 de la Ley 189.

La ejecutante funda memorial a fs. 41/53vta. El primero de los agravios desarrollados consiste en que la sentenciante habría vuelto sobre su propia decisión: ya había una sentencia de trance y remate y luego declaró prescripta la pena.

En segundo lugar expresa el impugnante que el fallo resultaría arbitrario, en función de dos órdenes de críticas. De acuerdo con el primero de ellos, al centrar su decisorio en la naturaleza penal de la multa que origina la suma consignada en el certificado de deuda, el "a quo" ha efectuado un indebido análisis de la causa de la obligación cuya ejecución se persigue (la cual habría quedado concluida con el dictado de la sentencia ejecutada), apartándose de este modo de las previsiones normativas, la doctrina y la jurisprudencia vigentes, que le imponían canalizar la cuestión bajo las previsiones del procedimiento ejecutivo y sus principios. Agrega que la prescripción declarada en el pronunciamiento impugnado deviene improcedente, toda vez que la Ley 189 -que estima de aplicación al caso- regula su dictado sólo a pedido de parte y nunca de oficio.

La segunda línea de fundamentación de la arbitrariedad viene dada por la alegación de que el a quo habría fallado sobre cuestiones de hecho ajenas al caso en juzgamiento. En este aspecto, critica el presentante la circunstancia de que la proveyente no contempló el inicio del proceso en su dimensión interruptiva del plazo de prescripción de la pena. Entiende que la institución halla regulación general en el Código Civil -norma a la que propugna acudir a falta de otras causales de interrupción y suspensión- de modo que, a su criterio, en tanto el proceso continúe sustanciándose, la interrupción operada mantiene su virtualidad. A ello contribuiría, asimismo, la naturaleza "eminentemente patrimonial, también llamada, civil", por lo que considera "plenamente compatible, con la materia de la misma, la aplicación del Código de Fondo, que resulta ser la Civil". Entiende que la solución elaborada por la Magistrada supone para el ejecutante una tarea de "cumplimiento procesal imposible", cual es la obtención de una condena judicial de trance y remate y su ejecución, so pena de prescripción de la deuda.

Se corre traslado del memorial a fs. 55.

Cumplidos los plazos y pasos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

1.

Corresponde pronunciarse en primer término acerca del examen de admisibilidad, el cual se dirige a constatar la existencia de los requisitos que hagan procedente el recurso de apelación interpuesto, ya que de no superarse dicho tamiz no podrán considerarse los agravios de fondo que se han introducido.

En este sentido, el remedio impugnaticio fue interpuesto en tiempo oportuno -dentro del plazo de cinco días-, ante el juez que dictó la resolución recurrida, por quien está legitimado para hacerlo y, además, satisface la exigencia adicional de procedibilidad establecida por el art. 456 de la Ley 189 en cuanto dispone que: "La sentencia es apelable cuando el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura." Causa nº 429-00/CC/2005. Sala II.

En efecto, el órgano referido dictó la Resolución CM nº 149/1999, cuyo artículo segundo fijó en mil pesos el importe mínimo en concepto de capital a partir del cual procedería la apelación en estos casos. Posteriormente, el 13/7/2004 el Consejo de la Magistratura emitió la Resolución nº 487/2004 que en su artículo segundo elevó la suma en cuestión a la cantidad de cinco mil pesos, derogando la anterior disposición. En el caso, al superar la suma reclamada el límite impuesto y cumplidos los restantes requisitos, el recurso es admisible.

2.

Previo a introducirnos en el análisis de los planteos de fondo a tratar, deben efectuarse algunas precisiones en lo que hace al trámite del recurso impetrado.

Ellas se justifican en virtud de que el juez interviniente concedió el remedio articulado en relación (fs. 35), con cita de los previsto en el artículo 230 del C.C.A. y T.; radicados los autos en esta Alzada, el Tribunal, al examinar la forma de concesión del recurso, entendió que, en razón de que debía haber sido concedido libremente, correspondía cumplir con lo dispuesto en el art. 231 del mismo cuerpo (fs. 38).

En efecto, la decisión recaída a fs. 29/32vta. del legajo que dispone no hacer lugar a la ejecución de la deuda por encontrarse prescripta la pena de multa impuesta constituye, a juicio de este Tribunal, una sentencia definitiva, por lo que el recurso de apelación deducido a su respecto debe ser concedido libremente, en virtud de lo que prevé el párrafo segundo, primera parte, del art. 220 de la Ley 189.

Si bien en opinión de autorizada doctrina (confr. Balbín, Carlos F., Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Comentado y Concordado, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2003, págs. 453/454) y en algunos antecedentes jurisprudenciales tanto el del fuero Contencioso Administrativo local como del Contravencional y de Faltas, se ha decidido en sentido contrario, entendemos que tal criterio no se hace cargo de la fundamental particularidad que deriva del hacho de que la sanción pecuniaria -multa- impuesta por la administración, posee indudable carácter penal y por ende es su propia naturaleza la que impone que le sean aplicables las normas y principios generales del derecho penal, de modo que la decisión que decreta su prescripción constituye sentencia definitiva, no sólo porque pone fin a la causa, una vez firme -cosa juzgada en sentido formal-, sino porque, además, imposibilita que en cualquier circunstancia y en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo resuelto en aquélla cosa juzgada en sentido material-. Y es por ello que no resultan de aplicación los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan frecuentemente para afirmar que las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos no configuran sentencia definitiva ni equiparable, toda vez que en autos ha recaído sentencia definitiva, en sentido técnico y material al fundarse la prescripción -como instituto de or den público indisponible- en la naturaleza penal de la multa, extremo que la diferencia de los pronunciamientos ejecutivos.

Corresponde en consecuencia dejar sentado que importa una insalvable contradicción decretar la prescripción de la pena de multa con base en la naturaleza penal de ésta y luego desconocer su carácter de sentencia definitiva al conceder el recurso de apelación articulado en su contra, sólo en relación en los términos del art. 220, párrafo segundo, segunda parte, de la Ley 189. Del mismo modo también conlleva contradicción admitir la facultad de decretar la prescripción de la pena ex officio y luego negar el carácter definitivo de tal pronunciamiento cuando se lo ha vinculado con el orden público, de naturaleza indisponible para las partes.

No obstante ello, la cuestión debatida en los párrafos anteriores ya ha sido resuelta por esta Sala con anterioridad en las causas "GCBA c/ Chirinos Castañeda, Martín s/ ejecución de multas", considerando II (causa nº 183-00-CC/2004, sentencia del 08 de noviembre de 2004), como así en "GCBA c/ Construcciones Zubdesa S.A. s/ Ejecución de multas - Apelación" (causa nº 245-00-CC/2004, sentencia del 08/11/2004) y "GCBA c/ Transportes Automotor Varela S.A. S/Ejecución fiscal - Apelación" (causa nº 286-00-CC/2004, sentencia del 08/11/2004) y causas nº 359-00-CC/2004, 380-00-CC/2004, 427-00-CC/2004, 010-00-CC/2005, 056-00-CC/2005, 154-00-CC/2005 y 274-00-CC/2005, a cuyos argumentos nos remitimos brevitatis causa.

3.

En las causas antes referidas hemos sentado que el eje del problema a ventilar estribaba -como en el sub lite- en la determinación de si la multa impuesta, más allá de encontrarse inscripta en un acto de naturaleza administrativa -el Certificado de Deuda de fs. 2- tiene o no carácter penal, cuestión que mereció, Causa nº 429-00/CC/2005. Sala II.

como se dijo, respuesta afirmativa. Ello condujo a adoptar en aquellos legajos - iniciados con posterioridad al transcurso del plazo de prescripción de la pena o acaecida ésta durante la tramitación sin que se hayan verificado hechos interruptivos conforme las disposiciones consideradas aplicables- la solución liberatoria, pues se entendió, en armonía con la esencia del castigo cuyo cumplimiento se exigía, que el Estado no contaba ya con la legitimación activa para proseguir el apremio intentado.

Sin embargo, y toda vez que el Tribunal Superior de la Ciudad ha establecido un criterio contrario al sustentado por las Salas que conformaban la Cámara al momento de aquella elaboración, cabe preguntarse si el presente caso debe resolver el mismo problema a la luz de la nueva doctrina -opuesta a la hasta ahora propugnada - o si, de adverso, se impone mantener la posición referenciada y confirmar la decisión extintiva del a quo.

En efecto, in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Impsat SA s/ejecución de multa' "y "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ ejecución fiscal' ", ambas resueltas el 19/10/2005, el Alto Tribunal Porteño entendió que " ...el objeto del proceso es el reclamo del pago de una deuda firme, ejecutoriada y determinada por la autoridad administrativa, por ende, corresponde su cobro judicial compulsivo conforme lo establecen el art. 450 y ss. de la ley nº 189 (CCAT). La normativa especial prevé un marco acotado en cuanto a las atribuciones de los jueces que impide, en principio, todo análisis ajeno a las cuestiones introducidas por las partes al momento de oponer excepciones -no debiendo suplirse su inacción en resguardo del principio de contradicción-. La razón de ser del procedimiento especial establecido para las ejecuciones fiscales radica en evitar un nuevo debate sobre la causa que generó la obligación exigible, pues con ello se reabriría una discusión clausurada que fue objeto de un proceso previo -judicial o administrativo- que culminó en la imposición de una sanción. Por tanto, la naturaleza de la deuda -penal, civil o tributaria- cuyo cobro se pretende por esta vía es una distinción que cuanto menos excede este marco legal -que no se agota en la ejecución de las cargas fiscales- y de manera alguna justifica la adopción de los extraños principios que se señalan aplicados, máxime cuando no se verifica, en el caso, la presencia de circunstancias extraordinarias o excepcionales que habiliten la consideración de este aspecto (cf. expte. nº 2823/04, antes citado). Dicho de otro modo, aún cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin más, que el régimen de faltas sea derecho penal material, y menos aún, que deban acogerse principios que rigen materias diametralmente opuestas en cuanto a sus fines y contenidos" (voto de la Ana María Conde, cons. 2º). A su turno -considerando 5º de su voto-, el Ministro Casás observó que "...aún si se reconociera naturaleza represiva a la multa originada en el régimen de faltas, parece por lo menos dudoso que ello permita trasladar al cauce formal previsto por el legislador para exigir su pago una vez que la misma ha quedado ejecutoriada, sin más, la totalidad de los principios característicos del proceso penal".

Finalmente, y en referencia a la oportunidad procesal en que el órgano jurisdiccional estaría habilitado a declarar prescripta la pena dentro del marco del procedimiento ejecutivo, el Julio B. J. Maier sentó que: "...de oficio no puede querer significar en cualquier momento sino en el momento en el cual la ley procesal le concede al tribunal -en este caso, ejecutor- la facultad de decidir (esto es, llevar adelante la ejecución o cancelarla). Esto último sucede -al menos- según cualquiera de las leyes aplicables, después de dejar opinar al ejecutante sobre la excepción fundada en la extinción de la facultad de ejecutar la multa".

Frente a este panorama, nítidamente se advierte que persistir en la adopción de decisiones del tenor de las ya referidas -a pesar de encontrarse sustentadas en el pleno y actual convencimiento que informa a los integrantes de esta Sala- implicaría provocar al trámite del proceso indebidas dilaciones, en virtud de haberse originado la elaboración adversa en el máximo tribunal de las causas sustanciadas ante este fuero. Ello así, so riesgo de desoír las exigencias de celeridad y economía procesal que tornan conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional. Tal es, por otra parte, la orientación que debe regir la labor judicial, de conformidad con el antiguo criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia en relación al carácter obligatorio de sus interpretaciones (conf. arg. de Fallos: 25:36; 212:51; 212:160; 53:309; 256:20; 303:1769;311:1644; 311:2004; 318:2103; 320:166; 321:3201 y sus citas).

Consecuentemente, y habida cuenta de que el espectro decisional ha quedado en el particular así restringido, deberá resolverse la cuestión únicamente en orden a tal rígido canal de dilucidación -aunque dejando a salvo la opinión de Causa nº 429-00/CC/2005. Sala II.

los suscriptos, vertida en los antecedentes reseñados supra- y en consecuencia revocarse el auto impugnado, en aplicación de la referida doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

En mérito a lo expresado y habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE REVOCAR el punto III del interlocutorio de fs. 29/32vta., en cuanto dispone no hacer lugar a la ejecución de la deuda de pesos cinco mil ciento ochenta y cuatro con cincuenta y nueve centavos ($ 5.184,59), documentada a fs. 2, por hallarse prescripta la multa impuesta a Daniel Moisés Nacca (DNI 13.368.978); sin costas.

Tómese razón y devuélvase a la primera instancia interviniente, debiendo la Sra. Juez ordenar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.