Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-17


Autos N° 4.382 (2° J.P.L.G.S.J. N° 34.347/10), caratulados: "VARGAS DE MORALES, Elodia c/ Reyes, José - Desalojo".

---------San Juan, diecisiete de septiembre de dos mil quince.--- ---------Y Vistos:------------- ---------Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 519 por el demandado José Reyes, con patrocinio letrado, contra la sentencia obrante a fs. 512/517.------ ---------Tal recurso fue concedido a fs. 525 con efecto suspensivo.-- ---------Y Considerando:------ ---------I. La sentencia cuestionada:------- ---------En la parte dispositiva del decisorio atacado el a quo rechazó la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el demandado, con costas a su cargo; hizo lugar a la demanda de desalojo por vencimiento del contrato y falta de pago instaurada contra el locatario Sr. José Reyes y contra toda otra persona que ocupase el bien de calle José Pedro Cortínez N° 611, Oeste, Capital, y ordenó el desalojo de todos los ocupantes del mismo en el término de diez (10) días de notificada la resolución, bajo apercibimiento de lanzamiento y utilización de la fuerza pública si fuere menester, ello con costas al demandado vencido; y difirió la regulación de honorarios.---- ---------II. El memorial de agravios, su traslado y réplica:-- ---------1) Contra la mencionada sentencia se alzó el demandado Sr. José Reyes, quien presentó el libelo de fs. 527/541 vta., solicitando replanteo de prueba y exclusión de los resultados de la prueba pericial caligráfica y de la testimonial de la parte actora; dedujo inconstitucionalidad e inconvencionalidad de ciertas normas del C.P.C. (arts. 253, último apartado, y 342); y sin perjuicio de tales planteos expresó agravios. Al respecto, y luego de acusar haber sufrido en la instancia anterior una flagrante violación a su derecho de defensa, pasa a explayarse sobre las mencionadas cuestiones.- A) Sobre el "replanteo de prueba" (art. 253, apartado 4, incs. 2° y 5°.b, y art. 342 del C.P.C.), manifiesta:

Haber indicado medios de prueba que no fueron admitidos, como la confesional de la actora para que absuelva posiciones y reconozca documentación, audiencia que fue fijada a fs. 215 y no se llevó a cabo en virtud de un certificado médico acompañado por su contraria, ordenando el Juzgado se oficiara a la Corte de Justicia a los fines del art. 382 del C.P.C. Añade que se libró un oficio a la Corte local y se iniciaron las actuaciones que corren por cuerda floja, las que llegaron al Juzgado el 21 de abril de 2014 y en fecha 20 de febrero de 2014 solicitó se fijara una nueva fecha de audiencia para que se rinda la confesional ofrecida por su parte, petición que fue rechazada por el a quo argumentando que no se habían cumplido los plazos procesales previstos en el arts. 382, ibíd. Señala también que interpuso recurso de reposición a fs. 324/325, el que fue rechazado a fs.326 por los fundamentos de fs. 303 y los arts. 381 y 382 del C.P.C. Continúa relatando otras actuaciones en el expediente y alega la importancia de dicha prueba, lo que lo lleva a replantearla ante este Tribunal; y que la prueba testimonial del Sr. Jorge Augusto Vargas fijada para el 12 de diciembre de 2013 a las 10:00 hs. no se llevó a cabo por no encontrarse presente el testigo a las 11:45 hs. (fs. 255), dejándose constancia de que sí estaba presente a las 10:50 hs. Al rendirse la supletoria el a quo hizo lugar a la oposición de la contraria y no se llevó a cabo la audiencia donde iba a declarar el testigo citado supra, lo que fue un despropósito. Señala que el art. 410 del C.P.C. es claro por cuanto la obligación del testigo de permanecer en la sala del Juzgado y a disposición del juez ocurre una vez prestada la declaración, no antes. La audiencia nunca se inició y el hecho de que haya concurrido al Juzgado y al momento de ser llamado no se encontrara, en nada cambia; es como si hubiese faltado a la primera audiencia debiendo concurrir a la supletoria. Por ello, solicita ante esta instancia el replanteo de dicha prueba testimonial.-- ---------B) Acerca de la "exclusión de los resultados" de la prueba pericial caligráfica y de la testimonial de la actora (art. 342, in fine, del C.P.C.), expone:--------------------- sobre la primera de las pruebas formula un largo relato de las diversas alternativas del proceso en relación con que manifestó su interés en participar de la realización de la prueba caligráfica pidiendo que la perito actuante le notifique lugar y fecha de la realización de la pericia, lo que el Juzgado proveyó conforme. Agrega que, sin notificarlo de ello, se le impidió intervenir en las tareas previas y preparatorias del dictamen pericial realizado efectuando a la perito las observaciones pertinentes del caso. Ante ello, impugnó la pericia por medio del escrito de fs. 375/376 vta. pidiendo que dicha prueba sea desechada por el a quo y no se le otorgara ninguna eficacia probatoria. El a quo sustanció su planteo y a fs. 422/424 vta. lo rechazó, tergiversando las cuestiones planteadas y las constancias de autos, incurriendo en una "absurdidad" (sic, fs. 531 vta.). Dice que luce evidente que la pericial cuestionada ha sido realizada ilegítimamente y sus resultados volcados en la sentencia. Entre otras cosas, señala que no debe confundirse la posibilidad (o facultad) del art. 434 del código ritual (presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que se consideren pertinentes), con la facultad del art. 438, ibíd. (solicitar las explicaciones que se consideren convenientes). Alega violación a su garantía de defensa en juicio y pide exclusión de los resultados de tal prueba pericial; y ----------- solicita la exclusión del testigo Sr. Zungri (fs. 264 [y vta.]) ya que según el proveído de fs. 215 la audiencia era para el día 16 de diciembre de 2014 pero resulta que la prueba fue rendida el 16 de diciembre de 2013. Ante ello interpuso incidente de nulidad de la audiencia, rechazándose por extemporáneo su planteo con lo que se cometió un "garrafal error" (fs. 533), ante el que recurrió por vía de reposición fijándose nueva fecha de audiencia, la que no se llevó a cabo, pese a lo cual al fallar el a quo hizo mérito de dicho testimonio.------------------------- ---------C) Sobre los controles de constitucionalidad y convencionalidad que propicia respecto de los arts. 253, último apartado, y 342 del C.P.C., expresa:---------------------- que plantea la inconstitucionalidad del art. 253, último apartado, del C.P.C. porque en el caso del proceso abreviado conculca la garantía de la doble instancia al impedir que por vía del replanteo de prueba sea la segunda instancia la que revise las decisiones sobre producción, denegación y sustanciación inapelables y se excluyan los resultados de las pruebas ilegítimas admitidas (art. 342 del C.P.C.) en oportunidad de la apelación de la sentencia definitiva en el proceso abreviado; y peticiona al Tribunal que realice el control de convencionalidad de la normativa citada del C.P.C. por considerarla violatoria del art. 8.2. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [CADH]. Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en respaldo de su planteo, particularmente el "Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá", pronunciamiento internacional del que efectúa varias transcripciones. In concreto entiende que el elenco de garantías mínimas del numeral 2 del art. 8 de la CADH se aplica en la determinación de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (fs. 536).-- ---------D) Ya concretamente como "expresión de agravios" deduce un primer agravio principal y ensaya un segundo agravio subsidiario. En definitiva:------------------ dice que su agravio principal se concentra en el rechazo por el a quo de la "excepción de falta de legitimación activa" (fs. 536 vta.) que interpusiera. Consigna particularmente que a fs. 167/171 vta. opuso como defensa de fondo la falta de acción en la actora ya que ésta dedujo demanda por derecho propio por el vencimiento del contrato de locación del inmueble, la que es improcedente porque la demandante no cuenta con acción para promoverla por derecho propio, aunque el a quo desestimó el planteo, tergiversando el tenor de la demanda e ignorando el principio de congruencia. Pide, en síntesis, que se admita este agravio, se declare procedente la defensa de fondo propuesta y se rechace la demanda; y como segundo agravio, en subsidio del anterior, sostiene que la Inferior efectúa una torcida y parcial meritación de las pruebas arrimadas a la causa, dejando de ponderar prueba dirimente y teniendo en cuenta pruebas ilegítimas. Se queja por cuanto el a quo expresa que su parte no ha aportado pruebas que sustenten su alegada posesión con ánimo de dueño. Indica que la actora reconoce expresamente la posesión alegada ya que al decir que vencida la última prórroga se resistió (el apelante) a desocupar el bien y además pretendió negar la existencia del contrato que uniera a las partes, reconoce que su parte posee el bien desde fines de 2007 y por la propia confesión de la accionante queda patentizada la interversión del título. Luego se refiere a la documental que aporta (carta documento remitida a la actora; boletas, planes de pago, comunicaciones referidas al inmueble; recibos de pago y presupuestos). Posteriormente, se detiene en las testimoniales rendidas, detallando las partes de los testimonios que selecciona correspondientes a los Sres. Flores, Fernández, Vila y Herrada, considerando que los testigos prestan declaraciones contundentes y concordantes entre sí y con el resto de las pruebas, refiriéndose a las reparaciones y refacciones realizadas en el inmueble que posee comportándose como verdadero dueño o propietario; reparaciones y refacciones que ?sostiene? coinciden con los presupuestos y recibos de pago acompañados. No obstante ello, la jueza se limita a decir que "los testigos ofrecidos por la demandada (.) admiten que en el mismo tiene un servicio de lavado en el lugar, o que en el mismo el demandado efectuaba reparaciones, pero ello en absoluto demuestra o alude a una posesión del demandado" (fs. 539 vta./540); de lo que extrae que la jueza no valora correctamente las testimoniales. Pasa a hacer referencia a la inspección ocular de fs. 274/275 de la que expone que el inmueble que posee está totalmente independizado del resto del bien donde funcionaba la Estación de Servicios, prueba que tampoco fue meritada por el a quo. Entre otras apreciaciones en las que muestra su discrepancia respecto del modo en que la Inferior ha ponderado la prueba, afirma que ha incurrido en una argumentación irrazonable, dictando una sentencia arbitraria. Argumenta también que la jueza saca de contexto lo que expuso a fs. 18/19 sobre que el contrato base de la demanda de desalojo lo firma como locador el Sr. José Morales (en 1999) y no es tal persona que acciona por desalojo, por lo que antojadizamente le hace decir algo que no dijo. Manifiesta finalmente que la Sentenciante le endilga que ha reconocido que el Sr. Morales tenía el dominio del inmueble objeto de desalojo, olvidando "que la titularidad registral del inmueble en cuestión no está discutida. Lo que está en debate es la posesión del mismo. Y nada importa en este proceso quién es el propietario" (fs. 541).-- ---------2) A fs. 543 se corrió el pertinente traslado de la expresión de agravios a la actora, quien presenta un escrito a fs. 544/548 vta., manifestando lo siguiente en lo estrictamente vinculado a la materia del traslado (fs. 547/548):---- que como bien lo sostiene la Inferior la actora ha acreditado su derecho a accionar como heredera declarada en el sucesorio y como administradora judicial de la sucesión de su marido, titular de dominio del inmueble cuyo desalojo se persigue. Considera que está debidamente fundada en derecho y probada en autos la afirmación del a quo en cuanto a que ha quedado acreditado su derecho de acción y además que desde el momento mismo del fallecimiento el heredero adquiere calidad de tal, no siendo necesaria la posesión de los bienes, por lo que habiendo sucedido inmediatamente y sin intervalo de tiempo al causante, transmite a sus propios herederos la facultad de solicitar el reconocimiento de su antecesor de la sucesión de aquél;----- que el demandado se comporta como un "autista" (fs. 547) al sostener que la actora deduce la demanda de desalojo solamente por derecho propio, cuando de las constancias de autos surge sin lugar a dudas que además de presentarse en tal carácter lo hace también como administradora judicial de la sucesión del Sr. José Morales, pasando a detallar la documentación que acredita tal legitimación;------------------------ que la Sentenciante meritó las pruebas y fundó su sentencia en aquellas pertinentes y conducentes ya que no todas las pruebas deben ser referidas en la sentencia, sino tan sólo aquellas pertinentes para la correcta solución del litigio. Asevera que no hay pruebas de que el demandado haya poseído el inmueble con ánimo de dueño por veinte (20) años o más;---- considera "vergonzosas y absolutamente infundadas" (fs. 547 vta.) las manifestaciones del apelante respecto a que ocupa el inmueble con ánimo de dueño, que la actora reconoce la posesión alegada o la interversión del título por parte de aquél;--- que si bien su contrario se queja de que el juez no ha ponderado su prueba documental, testimonial e inspección ocular, ninguna de ellas acredita que el demandado haya poseído el inmueble con ánimo de dueño por veinte (20) años o más;----- que al decir su contraparte que lo que está en debate es la posesión del inmueble y que "nada importa en este proceso quién es el propietario" (fs. 548), muestra su "falta de respeto por las instituciones de derecho, y su actitud claramente ventajera" (id. folio). Puntualiza que el inmueble era de propiedad del Sr. José Morales, quien lo alquiló al Sr. José Reyes y que una vez fallecido el titular de dominio lo heredan sus hijos y su cónyuge supérstite, quienes requieren al locatario que desocupe el bien, negándose éste a devolver lo que reconoce que no es de él, pretendiendo quedárselo; y -- finalmente, solicita el rechazo del recurso con costas.---- ---------III. Elevación del expediente y trámite en la Alzada:---- ---------A fs. 552 se ordenó el envío del expediente a la Alzada, lo que se materializó según constancia de fs. 555.----- ---------A fs. 557 y vta. el demandado peticiona se testen expresiones del escrito de la actora presentado el 7 de mayo de 2015 que excedan de la contestación de los agravios planteados, punto que será proveído más adelante en la presente sentencia.--------- ----------A fs. 558 se corre vista a la Fiscalía de Cámara sobre el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de fs. 533 vta./536 vta.------------- --------A fs. 559 y vta. obra contestación de la Fiscal de Cámara N° 2 manifestando que corresponde desestimar el planteo en cuestión atento a que el quejoso no indica el derecho y/o garantía de raigambre constitucional que la disposición del art. 253, último apartado, del C.P.C. le conculca o lesiona y tampoco se configura la lesión a la doble instancia.------------------- --------A fs. 560 uno de los patrocinantes del demandado, en diligencia, solicita se provea el escrito de fs. 557 y vta.--- --------A fs. 561 se tiene por contestada la vista conferida a la Sra. Fiscal de Cámara (apartado I); se rechaza lo peticionado en diligencia a fs. 560, por improcedente e intempestivo, dado que el escrito de expresión de agravios como su contestación serían objeto de estudio por el Tribunal al resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 519, es decir, mediante el presente decisorio (apartado II); y, asimismo, se determinaron los miembros del Tribunal que intervendrían en la resolución de dicho recurso (apartado III).----------- --------A fs. 564 se dispuso el pase de autos a resolver previo sorteo, resolución comunicada a las partes, tal como surge de la notificación en diligencia de fs. 564 vta. (apoderada de la actora) y de las constancias de la cédula obrante a fs. 566 y vta. cursada al accionado.-------------------------------- --------A fs. 567 y vta. la parte demandada interpone un recurso de reposición contra el decreto de fs. 564, el que fue rechazado por improcedente conforme surge de fs. 568, ordenando al recurrente que estuviese a lo dispuesto en el apartado II del resolutorio de fs. 561.-- --------Finalmente, a fs. 569 se procedió al sorteo de la causa y a su adjudicación a estudio en primer término, como resultado de lo cual surge el presente pronunciamiento.---------------------- ---------IV. Advertencia preliminar:---------- ---------Liminarmente dejamos aclarado que en relación con la presente causa, y por supuesto además de dilucidar los diversos planteos efectuados en el libelo de fs. 527/541 vta. (relativo al recurso incoado a fs. 519), corresponde proveer el escrito de fs. 557 y vta., lo que ?como se anticipaba? se realizará infra.--- ---------Asimismo, debe resolverse lo que corresponda respecto del recurso de apelación deducido a fs. 234 contra el decreto de fs. 224 (concedido a fs. 273 y vta.) del que se formaron actuaciones que corren por cuerda y se elevaron a este Tribunal concomitantemente con el principal. Ese recurso se dirime en el día de la fecha constando la respectiva resolución en las respectivas actuaciones que en la instancia inferior se constituyeron con tal propósito.------ ------------Finalmente, por razones de economía procesal y para evitar duplicaciones narrativas estériles, nos remitimos a la relación de la causa efectuada por el a quo en el pronunciamiento resistido.-- ---------V. Sobre las diversas cuestiones planteadas en el escrito de fs. 527/541 vta.:--------- ---------Una "radiografía" del muy extenso escrito de fs. 527/541 vta., de acuerdo con el orden secuencial que le ha dado el apelante, muestra las siguientes articulaciones procesales, que pueden escindirse en dos bloques:------------------ A) El primero, relativo a las siguientes cuestiones:--- replanteo de pruebas confesional de la actora y testimonial del Sr. Jorge Augusto Vargas y exclusión de los resultados de la prueba pericial caligráfica y del testimonio del Sr. Luis Alberto Zungri (art. 253, apartado 4, incs. 2° y 5°.b, y art. 342 del C.P.C.); y -------------- declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los arts. 253, in fine, y 342 del C.P.C.------- B) El segundo, referido específicamente al memorial de agravios.-- ---------Por razones metodológicas, también lógicas, nos centraremos primeramente en los planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad formulados por el apelante en relación con la improcedibilidad del replanteo de prueba y la exclusión de los resultados de ciertas probanzas en el contexto de este proceso abreviado.------------------- ---------Despejada tal cuestión, y de corresponder, examinaremos el escrito de fundamentación recursiva impetrado.---- ---------1) Acerca de los planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad efectuados por el recurrente:------------------ ----------A) Evidentemente, el legislador ha decidido ?dentro de su legítimo marco de atribuciones competenciales y de su libertad de configuración normativa? acordar una mayor amplitud cognoscitiva a los procesos ordinarios que a los abreviados, dotando a éstos de una estructura y un desarrollo procedimentales simplificados, procurando lograr un curso procesal menos complicado y con una impronta de celeridad para lograr que en el menor tiempo posible se dicte la respuesta jurisdiccional definitiva.------------------ ---------En esa línea se inscriben, por ejemplo, las siguientes pautas específicas para los procesos abreviados, que los diferencian de los ordinarios, advirtiendo respecto de estos últimos que la Justicia de Paz Letrada no tiene competencia (ver art. 789 del C.P.C.):--- en los abreviados no se tramitarán las excepciones como de previo y especial pronunciamiento, ni se podrá reconvenir (art. 451, inc. 1°);--- todos los plazos serán de tres (3) días, con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que serán de cinco (5) días (id. art., inc. 2°);----------- cada parte no podrá ofrecer más de cinco (5) testigos (id. art., inc. 3°);--------------------------- contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, se señalará a criterio del tribunal o a pedido de parte, audiencia inicial dentro de los diez (10) días, o se derivará la causa a mediación si correspondiere, o fijará plazo para la producción de la prueba con un máximo de veinte (20) días, resolviéndose en el mismo acto las demás cuestiones propias de dicha audiencia (id. art., inc. 4°);------------ declarada la cuestión de puro derecho, producida la prueba o transcurrido el plazo fijado para hacerlo, la causa quedará en estado de resolver y las partes podrán alegar dentro de los tres (3) días siguientes (id. art., inc. 5°);---------- restricción en cuanto a la apelabilidad, siéndolo sólo la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias (id. art., inc. 6°); e improcedencia del replanteo de prueba en segunda instancia (art. 253, incs. 2°, 3°, 4° y 5° del C.P.C.) y su relación con la pretensión de exclusión de los resultados de las pruebas admitidas u ordenadas ilegítimamente en primera instancia (art. 342, ibíd.).----------------------------- ---------Valga la obviedad, ha sido una decisión de política legislativa la de escindir los procesos ?en cuanto aquí interesa? en ordinarios y abreviados y, al hilo de ello, establecer rasgos distintivos entre una y otra categorías, adjudicando a los de la primera modalidad mencionada una mayor amplitud cognoscitiva, mientras que para los abreviados ha prefigurado un margen de extensión más reducido e incluso algunas limitaciones recursivas y de otra clase. Si ello no fuera así, indudablemente carecería de sentido semejante disección de tipologías procedimentales.------ ---------La tónica impresa por el legislador a los juicios abreviados, que ?como su nombre lo indica? tienden a reducir la duración de los litigios y ?según vimos? procurar la agilización del trámite en segunda instancia, llevó a aquél a limitar las resoluciones recurribles por vía de apelación y exceptuar a los juicios abreviados de la posibilidad de replanteo probatorio ante la instancia apelatoria y de exclusión de los resultados de las pruebas admitidas u ordenadas ilegítimamente.--------------------------------------- ---------Por ende, no converge falta de proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios previstos para lograrlo, entre ellos, la limitación tildada de inconstitucional por el quejoso. En otras palabras, la medida adoptada legislativamente guarda una relación razonable con el fin que se intenta alcanzar.---- ---------Es que primeramente debe exigirse de una medida legislativa que tenga un fin y luego, que sea adecuada para el logro de ese fin, esto es, que resulte idónea para alcanzar su objetivo.----- ---------En el particular tópico abordado, el fin de lograr procesos más céleres ?objetivo legislativo que nutre la innovación procedimental en el marco de los juicios abreviados? se conecta estrechamente con el principio de economía procesal y con el desiderátum de la duración razonable de las contiendas; disposiciones y valores que compatibilizan con el principio de debido proceso.------------ ---------Dentro de la fisonomía que el Poder Legislativo local decidiera infundir a la reforma procesal civil que se cristalizara en el C.P.C. actualmente en vigor (T.O. por Ley Prov. N° 8.037, hoy renumerada como Ley Prov. N° 988-O, de acuerdo con el "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan", aprobado por la Ley Prov. N° 8.509 [actual Ley Prov. N° 1.260-E] y modif.), las disposiciones puestas en tela de juicio por el recurrente: art. 253, apartado 4, incs. 2° y 5° y apartado final, y art. 342 del C.P.C., no se muestran manifiestamente irrazonables ni abiertamente contrarias a la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso estatuidas en las Constituciones local (art. 33) y nacional (art. 18).----------------------------- ---------Mutatis mutandis, y como la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo, "los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten. Esas leyes, si son razonables, no pueden impugnarse exitosamente como inconstitucionales, dependiendo su razonabilidad de que se adecuen al fin perseguido por la reglamentación" (CSJN, in re, "Machicote, Juan C.", La Ley, 1978-D-435).---------------------- ---------Como manifestación colateral, y a partir del examen de la causa, no pareciera que el accionado hubiera sufrido el cercenamiento de sus garantías constitucionales del modo extremo en que presenta tal queja, entre ellas el acceso a la jurisdicción o la tutela jurisdiccional efectiva, cuando en la instancia de origen ha podido deducir incontables recursos y otras articulaciones, algunos de los cuales resultaban claramente improcedentes o mostraban un tinte aparentemente dilatorio.--------------------- ---------Dicho de otro modo, el demandado ha podido defenderse adecuadamente a lo largo de este largo proceso ?valga el juego de palabras?, en el que se han abastecido los umbrales de protección que marcan las exigencias constitucionales y convencionales.------ ---------B) Solicita además el recurrente que se efectúe control de convencionalidad de las normas tachadas de inconstitucionalidad: art. 253, in fine, del C.P.C., vinculado al art. 342, ibíd. Alega violación al art. 8.2. h de la CADH y a los arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, concretamente, al "principio de la garantía de la doble instancia" (sic, fs. 534 vta.). Centralmente, manifiesta que el "Caso Baena" es de plena aplicación al sub lite. Sobre el punto, ve una "similitud con el caso de marras" cuando la Corte IDH manifiesta en el citado asunto (párr. 140) que: "La actitud de la Sala Tercera resulta más grave aún, si se considera que sus decisiones no eran susceptibles de apelación, en razón de que sus sentencias eran definitivas e inapelables" (fs. 536). De todo ello colige que el art. 8.2. h de la CADH se aplica también a los procesos civiles.--- --------El planteo efectuado, que apunta a la desactivación por inconvencional de la normativa citada del C.P.C., debe ser rechazado. Ello con arreglo a las consideraciones que pasaremos a efectuar.- si bien es correcta la afirmación del apelante cuando sostiene que la citada norma de la CADH resulta de aplicación a los procesos civiles, liminarmente cabe aclarar que las plataformas jurídico-fácticas del caso internacional que cita ("Baena") y el sub lite, como también las circunstancias contextuales de ambos litigios son absolutamente diversas;------------------ el espíritu de la norma internacional aludida apunta básicamente a que un fallo definitivo de primera instancia pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior;----------------- en otras palabras, debe existir el derecho al recurso ante una instancia jerárquicamente más elevada que examine la sentencia recaída en la causa;---- en ese marco, en el sub lite no se aprecia violación inconvencional toda vez que, de hecho, el demandado sí ha podido plantear recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el que fue concedido y precisamente está siendo analizado por este órgano apelatorio, que es funcionalmente superior a la jueza que emitió el pronunciamiento en la instancia de origen;-------- con ello se abastece el recaudo del art. 8.2. h de la CADH porque la exigencia radica en permitir la revisión de la sentencia, no en garantizar el éxito en la postulación;---------- la improcedencia del replanteo de la prueba y de la solicitud de exclusión de los efectos de ciertas probanzas es una solución legislativa con la que se puede o no estar de acuerdo pero que no aparece objetivamente irrazonable ni arbitraria, y fue definida por el cuerpo legisferante en función del trazado normativo que aplicó al proceso abreviado. Ello no contraría la citada disposición de la CADH y de hecho haría parte de una especie de margen de apreciación nacional que puede emplearse al tiempo de proyectar la estructura legislativa de un determinado entramado procesal en tanto sea consistente con las particularidades del tipo de juicio (abreviado en este caso) que se está normatizando;--------------------------------------------------------- no debería perderse de vista que la propia Corte IDH al gestar y luego modular jurisprudencialmente el llamado control de convencionalidad interno o difuso que es el que aquí nos convoca y cuya columna vertebral quedara plasmada primordialmente en la trilogía de casos formada por "Almonacid Arellano y otros vs. Chile" (sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, N° 154, párr. 124), "Trabajadores Cesados del Congreso ( Aguado Alfaro y otros ) vs. Perú" (sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, N° 158, párr. 128) y "Gelman vs. Uruguay" (sentencia de fondo y reparaciones, 24 de febrero de 2011, Serie C, N° 221, párr. 239); se ha encargado de advertir que dicha fiscalización convencional por los jueces (también por las restantes autoridades públicas según el último fallo citado) debe evidentemente realizarse en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes;--- como elemento argumental adicional, no resulta razonable que el demandado en este extenso proceso se queje de que se ha violado su derecho/garantía de doble instancia. Nótese por ejemplo el dictado por este Tribunal de Alzada de la sentencia de 24 de octubre de 2012, obrante a fs. 133/138 vta. de estos actuados (P. de S., T° XI, Fos. 133/138), por la que se admitió parcialmente su apelación de fs. 89 contra la resolución de fs. 80/85, la que se dejó sin efecto en lo pertinente, se confirmó la revocación de la sentencia monitoria de fs. 16 y se dispuso retrotraer el proceso hasta fs. 15 imponiéndole al a quo que lo reordenara y recondujera por las normas del proceso abreviado, que ofrecen un mayor ámbito de debate que el del juicio de estructura monitoria impuesto primigeniamente;--------- que en ese mismo sentido, tampoco puede acusar violación a dicho derecho/garantía de doble instancia en tanto nuevamente ha accedido a este Tribunal de Alzada por medio del recurso deducido a fs. 519 contra la sentencia definitiva de fs. 512/517 y su remedio procesal será examinado infra por este mismo órgano apelatorio; y ------ ello se inscribe en los propios postulados que al respecto y desde hace tiempo viene labrando la Corte IDH, al establecer que "una verdadera garantía de reconsideración del caso será aquella que se configura ante un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece" (Corte IDH, "Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú", sentencia de fondo, reparaciones y costas, 30 de mayo de 1999, Serie C, N° 52, párr. 161); elementos aquéllos que esta Cámara de Apelaciones abastece cumpliendo su labor de conformidad con los requerimientos institucionales, jurídicos, éticos, axiológicos y deontológicos de rigor que aseguran al demandado que su caso (como todos los que llegan a sus estrados) será examinado con seriedad y respeto para determinar si le asiste o no razón en su postulación.------- --------C) En definitiva, y como resultado de lo expuesto, el art. 253, apartado 4, incs. 2° y 5°. b y apartado final, del C.P.C., en conexión con el art. 342, ibíd., no resultan irrazonables ni se muestran objetivamente contrarios a los arts. 18 y 33, respectivamente, de las Constituciones Nacional y la Provincial; ni al art. 8.2. h de la CADH, que cuenta con jerarquía constitucional en función del art. 75, inc. 22, segundo párrafo, de la Carta Magna Federal.-------- --------Como consecuencia de lo precedente, corresponde desestimar el replanteo de prueba y la petición de exclusión de los resultados de las pruebas pericial caligráfica y testimonial que impetra dentro de su escrito de fs. 527/541 vta. específicamente a fs. 527/536 vta., sin perjuicio de cuanto diremos infra, concretamente en el apartado VII de este pronunciamiento.------ ---------2) En torno al agravio principal y, eventualmente, al planteado en subsidio:------------------- ---------A) El agravio central es inaudible, pues más allá del esfuerzo dialéctico del apelante en torno a la supuesta falta de acción de la Sra. Elodia M. Vargas de Morales, al referirse a que plantea la demanda (fs. 9/10 vta.) por derecho propio (fs. 9), omite que al comenzar a describir los "Hechos" en el apartado 2 del libelo de demanda, ya deja asentado que es administradora judicial de la sucesión del Sr. José Morales (fs. 9, in fine).

---------Asimismo, al bonificar demanda a fs. 14, acompaña copia juramentada de su designación como administradora judicial del acervo hereditario del causante, Sr. José Morales, proceso sucesorio tramitado por ante el Quinto Juzgado Civil y Comercial de San Juan en Autos N° 100.963.------------------ ---------Pero además, y luego de la intervención de este Tribunal de Alzada en la sentencia de fs. 133/138 vta. que retrotrajo el proceso hasta fs. 15, al mejorar su demanda la parte accionante a fs. 162/163 se presentan los letrados apoderados de la Sra. Elodia Magdalena Vargas en mérito al mandato en copia a fs. 154/155, quien se presenta por sí y como administradora de la sucesión del Sr. José Morales, adjuntando la siguiente documental en copia certificada notarialmente correspondiente a los citados Autos N° 100.963: "Morales, José - Sucesorio":----------------------- designación (fs. 505) y aceptación del cargo de administradora judicial de la sucesión por parte de la Sra. Elodia Magdalena Vargas [vda. de Morales] (fs. 505 vta.);----- declaratoria de herederos (fs. 506 y vta.);----- inscripción de ésta en el Registro de Juicios Universales (fs. 507); y ----- autorización a la administradora judicial de la sucesión, emitida por el Quinto Juzgado Civil y Comercial, para promover acción de desalojo, cobro de alquileres y daños y perjuicios del inmueble que integra el acervo hereditario, ubicado en calle José Pedro Cortínez N° 611, Oeste, Capital, San Juan (fs. 508).------- ---------A fs. 164 se tuvo por "bonificada la demanda", luego de lo cual, a fs. 167/169 vta. el accionado contesta demanda, deduciendo excepción de falta de acción como defensa de fondo porque ?en su visión? la Sra. Elodia Magdalena Vargas vda. de Morales no es titular de la acción que ejercita por derecho propio.-- ---------Contrariamente a lo expuesto, la citada demandante ?quien ha aclarado que actúa por sí y en su carácter de administradora judicial de la sucesión de su esposo? demuestra suficiente legitimación para incoar la acción instaurada, contando por tanto con legitimatio ad causam activa. En otras palabras, no se quiebra la identidad entre la persona a quien la ley confiere la acción y quien la ejerce, ante el particular contexto de autos y el carácter que la accionante ha demostrado acabadamente: administradora judicial de la sucesión, lo que en este caso lleva ínsita su condición de heredera.-------- ---------Como se ha sostenido, quien ha sido declarado heredero del propietario de un inmueble posee legitimación para demandar el desalojo, pues de conformidad con lo previsto en el art. 3415 del Código Civil ?C.C.? [versión anterior a la actualmente vigente pero operativa en el presente caso] ha sucedido al causante inmediatamente, sin ningún intervalo y con efecto retroactivo al día de su muerte (cfr. Salgado, Alí J., Locación, comodato y desalojo, ed. ampl. y actualiz. por Pano, Santiago J. E. y Salgado, José M., 1ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 361, nota 43 a pie de página, donde se consigna la siguiente cita jurisprudencial: Cám. Nac. Civ., Sala C, "Martínez, Susana A. c/ Ocupantes Tomás M. de Anchorena 1357", 11-07-2000, La Ley, 2000-F-986, 43.238-S).----------- ---------En línea convergente se resolvió que, de acuerdo con el art. 3417 del C.C., el heredero investido de la posesión hereditaria, ya sea de pleno derecho (art. 3410, ibíd.), o por decisión judicial (arts. 3412 y 3413, ibíd.), "continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era, salvo los derechos intransmisibles por sucesión [.;] los herederos del propietario o, en su caso, del locador o comodante, también están legitimados para el ejercicio de las acciones concernientes a los bienes hereditarios, así como también realizar hasta la concurrencia de su parte, las acciones conservatorias de los bienes de la sucesión, entre las que debe encuadrarse el desalojo" (Cám. Nac. Civ., Sala G, "Vázquez, Elsa Dolores c/ Da Silva, Manuel y otro s/ Desalojo por vencimiento de contrato", 11-05-2007, El Derecho, de 20-09-2007).-------- ---------Es incuestionable que la accionante ha sido designada administradora judicial de la sucesión y como tal está debidamente legitimada para incoar el desalojo, e incluso ha sido autorizada expresamente por el juez del sucesorio para promover una acción en tal sentido. Pero aun si por vía de hipótesis dicha autorización no existiera, como la demanda de desalojo constituye un acto conservatorio de los intereses del sucesorio, el administrador puede intentarla sin autorización de los herederos (Cám. 1ª, Sala II, La Plata, causa 210.669, reg. int. 676/91; precedente referido por Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° VII-B, 2ª ed. reelab. y ampl., Ed. Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 51); lo que encuentra fundamento en que "la designación de administrador de los bienes sucesorios equivale a un mandato concebido en términos generales y aunque sea de carácter provisional, le permite al administrador estar en juicio para demandar el desalojo, sin necesidad de autorización judicial" (Cám. 2ª, Sala I, La Plata, B-72.987, reg. int. 49/92; fallo aludido por Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., ob. cit., ídem).--------------- ---------Convergentemente, desde antiguo se tiene por válido que "el carácter de administrador de una sucesión equivale a un mandato concedido en términos generales, que lo autoriza a ejercitar todo acto propio a sus facultades implícitas y, entre ellas, la de demandar el cobro de alquileres o el desalojo, sin necesidad de autorización judicial. En efecto, la promoción del juicio de desahucio constituye un acto de administración que tiende por procedimientos normales a la conservación y explotación del patrimonio de la sucesión actora, que no requiere autorización expresa" (Cám. Nac. de Paz, Sala VI, 05-03-1968, La Ley, 133-181; jurisprudencia mencionada en Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., ibíd., p. 178).------------- ---------En palabras simplísimas y si quedase alguna duda, en el caso de la heredera administradora (como el supuesto de autos), el solo hecho de ser declarada heredera le confiere legitimación sustancial para accionar por desalojo respecto de un inmueble del peculio sucesorio.------------------------ ---------Por su parte, si el propio demandado en carácter de locatario firmó voluntariamente con la Sra. Elodia Magdalena Vargas de Morales, en calidad de locadora, el acta complementaria N° 4 que extendía el contrato de locación hasta el 31 de diciembre de 2007, mal puede luego acusar falta de acción en aquélla para incoar la demanda de desalojo.---- ------------La teoría del acto propio conspira contra la posición defensiva asumida por el accionado al plantear la citada excepción. Según dicha tesis nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar nemo potest contra factum venire, siendo por tanto inadmisible el intento de ejercer judicialmente un derecho subjetivo o facultad jurídica incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la conducta anterior (Cám. Nac. Com., Sala D, 23-02-1984, La Ley, 1982-A-260) o pretender fundamentar una actuación aportando hechos y razones de derecho que contradigan los propios actos u omisiones; es decir, que asuma una actitud que venga a colocar a la persona en contradicción con su conducta anterior (Cám. Nac. Civ., Sala C, 23-05-1983, La Ley, 1984-B-465, 36.583-S; ídem, sala D, 14-04-1983, La Ley, 1984-A-295; ídem, sala E, 28-07-1983, La Ley, 1984-B-406).---------------------------- ---------Tampoco es un dato menor, a los fines de evaluar la conducta que el demandado ha desplegado en el proceso, que éste haya negado haber firmado la documentación aportada por la actora (ver por ejemplo, fs. 167 vta.) en sustento de la acción planteada, cuando por medio de la pericial caligráfica practicada en autos (obrante a fs. 340/369, cuyas conclusiones no fueron impugnadas por el interesado) se ha demostrado cabalmente que en todos los documentos analizados cuyas firmas se atribuyen al demandado ellas son auténticas y propias de éste. En otras palabras, todas las rúbricas desconocidas por el accionado responden a una misma génesis estructural: la suya propia.------- ---------A propósito de lo anterior, debe hacerse notar que de la audiencia de toma de plana de escritura del demandado (13 de marzo de 2014), cuya acta figura a fs. 323, participaron además de éste, uno de sus letrados patrocinantes y uno de los apoderados de la accionante, al igual que la perito interviniente Sra. Mónica Guerrero y el personal del Juzgado asignado a tal faena. Las distintas etapas de la citada plana de escritura obran a fs. 315/322, encontrándose la totalidad de dichos folios rubricada por la perito y los dos abogados mencionados (uno por cada parte).------------------------ ---------De su lado, y como esta Cámara ha manifestado en reiteradas ocasiones (por ejemplo, Autos Nº 3.912: "Rodríguez Licciardi, Luis Alberto c/ Jofré, Francisco H. - Desalojo" [P. de S., T° X, Fos. 159/164, 17-06-10]), resulta inherente al derecho real de dominio (que en el sub lite la parte actora puede hacer valer a partir de la calidad de propietario del causante Sr. José Morales) la potestad de usar y gozar de la cosa, excluyendo a terceros de ese uso y goce (arts. 2506, 2508, 2513, 2516 y ccds. del C.C.). Consiguientemente, tal pretensión puede ser canalizada por medio del proceso de desalojo, que tiende a liberar de ocupantes a un inmueble.------ ---------Según el nombrado art. 2513 del C.C., es ínsito a la propiedad el derecho de disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular; mientras que de acuerdo con el art. 2516, ibíd., el propietario tiene la facultad de excluir a terceros del uso o goce, o disposición de la cosa, y de adoptar a su respecto todas las medidas que estime convenientes.---- ---------En la orientación indicada, están legitimados activamente para promover el proceso todos aquellos titulares de una acción personal que pretendan excluir a otros de la detentación de un inmueble; y esta acción se concede a todo aquel que invoque un título del cual derive un derecho a usar y gozar del inmueble, contra todo el que esté en la tenencia actual de él, ya sea sin derecho originario y regularmente conferido, por abuso de confianza, engaño, clandestinidad o violencia, intrusión propiamente dicha, o en virtud de un título que, por su precariedad, engendre la obligación de restituir (Cám. de Paz Letrada Santa Fe, 30-07-1979, Zeus, Tº 19-257; Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala I, 15-02-1983, El Derecho, Tº 103-525; Cám. de Paz Letrada Rosario, Sala I, 18-03-1980, Juris, Tº 62-74).-------- ---------Como repetidamente se resolviera, en el juicio de desalojo a la actora le basta con demostrar que le asiste un derecho a tener la cosa bajo su señorío [lo que en autos se ha concretado cabalmente]. Luego, la carga acreditativa se desplaza a la parte demandada, quien para neutralizar la acción deberá demostrar que a su vez disfruta de una situación jurídica incompatible con el derecho acreditado por la accionante [lo que en la causa no ha sucedido ya que no se ha alcanzado un nivel sustentable de seriedad en la pretensión defensiva basada en la alegada condición de poseedor con ánimo de dueño por el demandado]. No probado este derecho a mantenerse en la ocupación de la cosa, deberá estarse al mejor derecho de la demandante y, por consiguiente, corresponderá condenar a la parte accionada a restituir el inmueble (v.gr., mutatis mutandis, fallo 98161992, Cám. Apel. Civ. y Com., 8ª, "Ríos, María c/ Amuchástegui, Juan Carlos y Otro s/ Desalojo - Comodato - Tenencia Precaria", 04-02-2004; Fuente: Lex Doctor 9.0, Jurisprudencia de la Provincia de Córdoba, Civil y Comercial).----------------------------- ---------B) Dada la desestimación del agravio planteado de manera principal, corresponde examinar el vasto segundo agravio, deducido en subsidio al anterior.--------------------- ---------El mismo tampoco resulta audible. En las líneas siguientes sustentaremos la conclusión anunciada.------- ---------a) En cuanto a lo que nos interesa resaltar en este tramo del decisorio, la causa muestra:--------- la existencia de un contrato de locación suscripto el 30 de septiembre de 1999 entre el Sr. José Morales (locador) y el demandado Sr. José Reyes (locatario), por el que aquél cede a éste en alquiler un local destinado a lavadero de vehículos, ubicado en calle José Pedro Cortínez N° 611, Oeste, Capital, San Juan (dentro de un inmueble de mayor extensión ?en su momento Estación de Servicios? de propiedad del locador), proporcionándole incluso las maquinarias y herramientas y los accesorios identificados en la cláusula 1ª del contrato (en original a fs. 498/499);---------- posteriormente (el 9 de noviembre de 2002), las mismas partes firman un acta complementaria al contrato de locación prorrogando por seis (6) meses dicho contrato (obviamente respecto del local consignado en el convenio), que vencería el 31 de marzo de 2003. En tal acto se consigna que el locador entrega al locatario un recibo de cancelación por los alquileres hasta el vencimiento mencionado (ver original a fs. 499 vta.);------------------ luego (el 14 de mayo de 2003) las mismas partes suscriben el acta complementaria N° 2 al contrato de locación (de idéntico local), prolongando su vencimiento hasta el 31 de marzo de 2004 y manifestando el locador que otorgaba recibo de pago cancelatorio por los alquileres hasta el vencimiento mencionado (véase original a fs. 500);------------------------ ulteriormente (el 1 de abril de 2004), las partes en cuestión firman el acta complementaria N° 3 al contrato de locación (del mismo local), prolongando por dos (2) años el vencimiento, que operaría el 31 de marzo de 2006. Fijaron un canon locativo para los primeros doce (12) meses de alquiler y otro (con un incremento) para el segundo año pactado (cfr. original a fs. 501);------------------------------------------------------------------- ante el fallecimiento del Sr. José Morales, su viuda (Sra. Elodia Magdalena Vargas de Morales), en representación de Estación de Servicios Morales , y como locadora, y el Sr. José Reyes como locatario, suscriben el acta complementaria N° 4 al contrato de locación y convienen en prolongar el contrato mencionado (sobre idéntico local) hasta el 31 de diciembre de 2007 (ver original a fs. 502); y -- a fs. 510 figura la carta documento remitida el 4 de mayo de 2010 por la Sra. Elodia Magdalena Vargas de Morales intimando al hoy demandado a restituir el local oportunamente alquilado al haber vencido con exceso el contrato de locación. Dicha misiva fue respondida por una carta documento fechada el 7 de mayo del mismo año en la que el accionado rechazó la existencia del vínculo contractual alegado y negó vínculo alguno (fs. 446).--- ---------El cuadro jurídico-fáctico descripto avala la existencia del contrato original de locación y de las sucesivas prórrogas, como también el vencimiento del ligamen contractual.--------- ---------La prueba documental anexada a la causa, la pericial caligráfica (que pone de manifiesto con fundamentos científico-técnicos no rebatidos que las firmas adjudicadas al demandado son auténticas, pese a que éste se encargó de desconocerlas sistemáticamente) y la falta de pago de los cánones locativos, allanan el camino hacia la procedencia de la acción de desalojo, tal como lo decretó el a quo y lo confirmará este Tribunal por medio de la presente sentencia.----- ---------En ese sentido, al haberse comprobado en el proceso la veracidad y la adjudicabilidad de las rúbricas al demandado, queda igualmente reconocido el contenido del convenio de alquiler y sus instrumentos complementarios. Es que, mutatis mutandis, el art. 1028 del C.C. establece que "el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido" (subrayado agregado).-------------------- ---------De allí que se comprueba su calidad de locatario y evidentemente al vencimiento de la última prórroga del contrato se corporiza su precaria situación generadora de la obligación de restituir.----------------------------------------- ---------b) Por su parte, el accionado ha afirmado al contestar demanda (fs. 168) e insistido al expresar agravios (fs. 538) que el Sr. José Morales (quien era el titular registral del inmueble ?hecho reconocido por aquél?) le había prometido en vida transferirle el dominio de dicho bien, aunque falleció sin efectivizar tal promesa.-- ---------No constan en autos pruebas que abonen los dichos del demandado en relación con semejante cuestión. Esa afirmación, además de carecer de respaldo probatorio, dista de cumplir la exigencia que al respecto estatuye el art. 253, apartado segundo, del C.P.C., para procurar desactivar la argumentación del a quo en cuanto a la falta de acreditación de la invocada condición de poseedor animus domini.----------------------------------- ---------Otro tanto ocurre con algunas consideraciones desenfocadas del apelante cuando critica a la Inferior por haber sostenido "a fs. 168 y 171 línea 9" (sic) que aquélla había reconocido que el Sr. José Morales tenía inscripto a su nombre el dominio del inmueble objeto de desalojo (fs. 541). Dice al respecto el quejoso: "Al parecer la a quo se olvida que la titularidad registral del inmueble en cuestión no está discutida. Lo que está en debate es la posesión del mismo. Y nada importa en este proceso quién es el propietario" ?sic? (subrayado del original).--------------------------------------------- ---------Por un lado, es innegable que el apelante ha reconocido el dominio del inmueble en cabeza del Sr. José Morales, de lo contrario no se explica por qué razón afirma que éste en vida le prometió transferirle el dominio del inmueble, pero no cumplió con su promesa. Existe allí una clara contradicción porque de acuerdo con el art. 3270 del C.C., nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.- ---------Por el otro, si bien el proceso de desalojo brinda un marco adecuado para recuperar la tenencia de inmuebles, siendo un instrumento procesal idóneo para regular las peculiares relaciones que derivan de la desocupación de aquellos bienes (cfr. Salgado, Alí J., Locación, comodato y desalojo, ed. ampl. y actualiz. por Pano, Santiago J. E. y Salgado, José M., ob. cit., p. 324), admitir que el titular dominial del inmueble era el Sr. José Morales (y a partir de su fallecimiento, los herederos universales de éste) sí es importante, porque supone reconocer la calidad de dueño en otra persona. Y si esto es así, se desvanece la alegación en cuanto a su condición de poseedor animus domini pues en puridad reconoce en los hechos una potestad superior excluyente o incompatible con la que él dice detentar. Es que poseedor es quien tiene un inmueble con animus domini y, consecuentemente, no reconoce en otro un señorío superior al suyo.---------- ---------Por último, no debe olvidarse que, para frustrar la demanda de desalojo en función de la posesión que alegue el demandado, habrá que atenderse a la verosimilitud de la posesión, no meramente a la intención de poseer (cfr. SCBA, AC. 49931-S, 21-12-1993).--------------------------------------------------------- ---------c) Otro punto débil en el memorial, que desnuda una pretensión inviable, aparece cuando el recurrente afirma que posee el inmueble desde 2007 y que ha quedado "patentizada la interversión del título" (sic, fs. 538).--------------------- ---------Adviértase que el accionado procura incorporar en esta sede una cuestión que no fue alegada explícitamente al momento de contestar demanda. Tanto es así que de la lectura de la litiscontestatio (fs. 167/169 vta.) se comprueba que no existe ninguna mención expresa a una supuesta interversión del título. Ello violenta el art. 262 del C.P.C., norma que al referirse a la competencia de la segunda instancia, prescribe claramente que el órgano apelatorio no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.---------------------------------- ---------De cualquier modo, reiteramos que a nuestro juicio no se encuentra probada ni siquiera prima facie la posesión alegada por el demandado, con lo cual mal podría configurarse la interversión del título.------------------------ ---------Al referirse a esta última cuestión y su relación con el juicio de desalojo, Kiper señala que la interversión de la causa debe ser probada por quien la alega, añadiendo que con frecuencia en los procesos de desalojo de un inmueble el demandado alega su condición de poseedor y, por ende, la improcedencia de la acción intentada, destinada a obtener la restitución por parte de tenedores. Añade que los tribunales valoran con estrictez esta clase de defensas y sólo si el demandado consigue probar su condición de poseedor mediante la acreditación de los correspondientes actos posesorios y, en su caso, de haber intervertido el título, la acción de desalojo será rechazada (Kiper, Claudio M., en Zannoni, Eduardo A. dir. y Kemelmajer de Carlucci, Aída coord., Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Tº 10, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 210/211).------------ ---------Al solo efecto ilustrativo, debe hacerse notar que la interversión del título no se produce como consecuencia de la simple mutación de la voluntad del interesado o el mero transcurso del tiempo (art. 2353 del C.C.). En ese sentido, el autor citado en el párrafo anterior menciona un fallo que indica que "para la interversión del título debe mediar: a) un acto de entidad suficiente para modificarlo (v.gr., convención entre poseedor y tenedor); b) actos materiales efectuados por el sujeto de la relación real; c) participación de un tercero; y d) sentencia. Deben ser probados, no bastando exteriorizar la mutación de la voluntad o el transcurso del tiempo" (Cám. Nac. Civ., Sala C, 19-12-1988, Jurisprudencia Argentina, 1989-II-315; aludido por Kiper, Claudio M., en Zannoni, Eduardo A. [dir.] y Kemelmajer de Carlucci, Aída [coord.], Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, ob. cit., p. 212, nota 18 a pie de página).----------- ---------d) La prueba rendida en autos por el demandado es insuficiente para acreditar con seriedad su alegado carácter de poseedor.-- ---------Más allá de que las contradicciones e inconsistencias apuntadas en el memorial y la endeble posición jurídica en que queda el recurrente luego de haberse determinado judicialmente (pericial caligráfica mediante) la autenticidad de las firmas del contrato de locación y de las actas complementarias, elementos que son per se suficientes para rechazar el recurso, nos ocuparemos ahora de ahondar en la fragilidad acreditativa del apelante, pese al esfuerzo dialéctico que realiza por acordarle valor convictivo suficiente a su prueba para fundar la pretendida posesión del bien cuyo desahucio se persigue.------ ---------Enfocaremos la prueba testimonial producida por su parte, la inspección ocular de fs. 274/275 y la documental consistente en "boletas, planes de pago, comunicaciones" que aporta el accionado al contestar demanda.---------------------------------------------- ---------En ese sentido, la prueba testimonial producida por el accionado nos merece las siguientes consideraciones:--- los testimonios rendidos corresponden a los Sres. Humberto Fernández ?fs. 253/254?, Víctor S. Vila ?fs. 280 y vta.?, Francisco Herrada ?fs. 281 y vta.?, Víctor Hugo Sisterna ?fs. 288?, Antonio Alberto Flores ?fs. 250/252? y Florencio Heredia ?fs. 291?;------------------ las declaraciones de los tres primeros son dichos superficiales y genéricos que se refieren a ciertas refacciones (eléctricas y sanitarias) que se habrían realizado en el lavadero, reparaciones que dice haber llevado a cabo el testigo Sr. Sisterna, mientras que los Sres. Flores y Heredia manifiestan haber confeccionado sendos presupuestos al respecto; y de cualquier modo, se trata de arreglos que ?por las manifestaciones de los testigos? serían ser necesarios para la continuidad del giro comercial del demandado (para lo cual el agua y la electricidad son indispensables) pero no por ello pueden sin más considerarse demostrativos de una situación posesoria.-- ---------Por su parte, la inspección ocular de fs. 274/275 contiene un croquis ilustrativo con las instalaciones denunciadas por el demandado, además de acotaciones contrapuestas referidas al inmueble por parte del letrado de la actora (en cuanto a que el lavadero es parte integrante de la Estación de Servicios, con la misma construcción, características y antigüedad, por lo que las instalaciones detalladas hacen parte de dicho inmueble de la Estación de Servicios, en ese momento cerrada y cercada con chapas) y el de la demandada (en referencia a que el inmueble donde está ubicado el lavadero se encuentra totalmente independizado de la Estación de Servicios).----- ---------Por último, la documental que adjuntara al responder la demanda, a la que alude a fs. 538 vta. como "boletas, planes de pago, comunicaciones" (relativos al inmueble que ocupa), se refiere a Energía San Juan, OSSE y Municipalidad de la Capital. Respecto de ellas, cabe realizar las apreciaciones que siguen:---- todos los instrumentos son posteriores a la iniciación de la demanda de desalojo (producida el 28 de mayo de 2010, cfr. cargo de fs. 10 vta.), con lo cual, carecen de validez probatoria a los fines del supuesto de hecho que el accionado pretende acreditar;------------------------- en general, se refieren a servicios indispensables para la actividad comercial del demandado (lavado y engrase de vehículos), fundamentalmente electricidad y agua;------ indudablemente los actos imprescindibles o mínimos para el mantenimiento de la cosa en buen estado, no son posesorios ni excluyentes de la posesión ajena;--------- los pagos de servicios (también de contribuciones) carecen de relevancia jurídica para acreditar la posesión, ya que no se sufragan por ser o creerse propietario, sino para utilizarlos, y tales pagos pueden ser realizados también por el inquilino, el tenedor precario, inter alia, a fin de poder preservar la ocupación de la cosa, y no necesariamente por el poseedor; y como dato ilustrativo pero sintomático, nótese que a raíz de una de las pruebas informativas ofrecidas por el Sr. José Reyes, en este caso a OSSE para que remita copia certificada del Expte. N° 387.945, la empresa destaca a fs. 411 que aquél solicitó autorización para regularizar la deuda de la Cuenta N° 119-9030-000/3 (correspondiente al inmueble donde se ubica el lavadero). A dicha petición el Departamento Jurídico accedió habilitando que se cancelase la deuda en doce (12) cuotas, aclarándose que pese a tal autorización el Sr. José Reyes nunca se presentó a regularizar la deuda y posteriormente, con fecha 20 de diciembre de 2012, la misma fue cancelada por la viuda del titular registral, Sr. José Morales, emitiéndose certificado de libre deuda el día 2 de enero de 2013.--------- ---------e) Una visión global e integrada del acervo probatorio colectado en la causa, a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 349 del C.P.C.), demuestra que el accionado no ha comprobado prima facie la efectividad de la posesión que invoca. Es decir, no ha justificado con suficiente verosimilitud semejante pretensión posesoria. Si bien no se puede exigir certeza absoluta, se requieren elementos serios y sólidos que permitan apreciar un grado sustentable de verdad y fuerza de convicción en la posesión invocada en el responde de la demanda, lo que en autos no se ha configurado.-- ----------Tal como repetidamente se ha decidido, "procede la acción de desalojo si está acreditado el carácter de propietario del actor y el demandado no resulta ser poseedor, ni acredita título que legitime la ocupación, no bastando la mera invocación de la calidad de poseedor para neutralizar la acción de desalojo" ?cursivas agregadas? (ver por ejemplo, CC0002, QL, 338, RSD-33-96 S, "Messia, Ana María y otros c/ Ugarte Duarte, Rafael y otros s/ Desalojo", 23-05-1996, Mag. Vot.: Reidel - Manzi - Cassanello, LLBA, 1996-747; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial).---------------------- ---------En línea convergente, se tiene resuelto que "no es suficiente que el demandado por desalojo manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble" (CC0201, LP, B 66646, RSD-62-92 S, "Piacentini, Ana Francisca c/ Ligaluppi, Edmundo s/ Desalojo", 24-03-1992, Mag. Vot.: Crespi - Sosa; y CC0201, LP, 110948, RSD-148-9 S, "D Angelo, Juana c/ Martínez, Zulema y ot. s/ Desalojo", 06-08-2009, Mag. Vot.: López Muro - Ferrer; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial). Asimismo, se ha decidido que "la sola afirmación del demandado de ser poseedor no basta para enervar la acción pues de lo contrario se restringiría el campo de la aplicación del juicio de desalojo en los supuestos de intrusión o precariedad. En consecuencia, es improcedente el desalojo siempre que la posesión haya sido justificada prima facie", lo que en autos no ha acaecido (CC0000, TL, 8102 S, "Coña, Julio, c/ León, Jorge L. s/ Desalojo", 16-10-86, Mag. Vot.: Casarini - Macaya - Suárez; Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial) [en ambas citas jurisprudenciales las cursivas han sido añadidas].---------------------- ---------En definitiva, al demostrarse la autenticidad de las firmas estampadas por el demandado en el contrato y sus "actas complementarias", así como los respectivos contenidos de tales documentos, y ?entre otras cosas? al estar vencido el contrato de locación que uniera a las partes, se derrumba la construcción defensiva que había ensayado el accionado en su contestación de demanda, la que queda ostensiblemente desarticulada.------ ---------A ello cabe adicionar que:-------- el inmueble donde se ubica la porción ocupada por el demandado era de propiedad del causante Sr. José Morales, habiendo pasado a sus herederos universales: su esposa superviviente y sus hijos;------------------- el accionado fue debidamente intimado a desalojar el bien que ocupa y respondió negando haber tenido vínculo contractual alguno con el de cujus y la parte demandante, lo que ha quedado absolutamente desmentido en autos al haberse comprobado la existencia de un contrato de locación y sus prórrogas;--- el accionado ha afirmado también que en vida el Sr. José Morales le prometió transferirle el inmueble, falleciendo sin efectivizar la promesa (siempre según sus dichos), lo que supone reconocer que aquél era el propietario del inmueble pues nadie podría válidamente transmitir un derecho ?de dominio, en este caso? que no tiene;---------- habiendo admitido que el titular dominial del inmueble era el Sr. José Morales, ello implica aceptar el carácter de dueño en otra persona, con lo cual se esfuma su alegación en punto a que es poseedor animus domini dado que en los hechos reconoció una potestad superior excluyente o incompatible con la que él afirma detentar;------- si el Sr. José Reyes concedió que el Sr. José Morales era titular dominial del bien, con el deceso de éste tal reconocimiento se hizo extensivo a los herederos de aquél. Es que, como mutatis mutandis se ha decidido, "el heredero que entró en posesión de la herencia continúa la persona del causante y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto lo era, si la demandada reconocía la propiedad del bien en el causante, a la muerte de éste tal reconocimiento se transmite a su sucesor universal" ?subrayado añadido? (cfr. Cám. Nac. Civ., Sala E, 14-02-1995, La Ley, 1995-E-407, y Revista del Notariado, N° 843, p. 957); y -- de todo ello, y otras razones expuestas supra, se desprende con nitidez que en modo alguno ha quedado probada la alegada calidad de poseedor del Sr. José Reyes con un nivel sustentable de seriedad y efectividad. Tampoco ha probado ostentar título ni derecho suficientes para repeler la acción de desahucio emprendida en su contra.-------------------- ---------Por consiguiente, es adecuada la solución establecida por el a quo en cuanto a declarar procedente el desalojo, lo que conduce al rechazo del recurso de apelación que infructuosamente persigue la revocación de su sentencia.------------- ---------C) Como consecuencia de lo expuesto, corresponde desestimar la apelación deducida a fs. 519 por el demandado Sr. José Reyes contra el decisorio obrante a fs. 512/517, con costas de segunda instancia a su cargo (arts. 66, párrafo primero, y ccds. del C.P.C.).------------ ---------VI. En torno al escrito de fs. 557 y vta.:---------- ---------Como anticipábamos, a fs. 557 y vta. el apelante presenta un escrito por medio del cual indica que al fundar la apelación, también articuló los planteos que "permite" el art. 253, apartado 4, inc. 2°, del C.P.C. y que el a quo corrió traslado a la contraria sólo de la expresión de agravios formulada por su parte.---- ---------Expone también que la actora se arroga una facultad que no le confiere la ley ritual y no se limitó a responder dicho traslado sino que en el mismo escrito procedió in extenso a replicar todos los planteos señalados que el apelante propuso a la Alzada, articulaciones que a su criterio, deben ser resueltas sin sustanciación alguna. Pide que se mande testar en el escrito de la contraria todo lo que exceda (o sea ajeno) al responde de la expresión de agravios.-------------- ---------Al respecto, no corresponde hacer lugar al pedimento en cuanto a testar las partes del escrito de su adversaria al que el interesado alude, ya que en función de lo indicado en el subapartado V.1, la solicitud integral de su parte en relación con la aplicabilidad al presente proceso abreviado del replanteo de prueba y la exclusión del resultado de ciertas probanzas basado en las invocadas inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 253, apartado 4, incs. 2° y 5°. b y apartado final, del C.P.C. y del art. 342, in fine, ibíd., ha sido rechazada por este Tribunal por los argumentos elaborados y vertidos supra, sin referirnos ni tomar en cuenta las manifestaciones efectuadas al respecto por la actora.--- ---------De hecho, ello ha sido cabalmente aclarado al comenzar el subapartado II.2 de este fallo, segmento en el que sólo se alude a lo puntualizado por la demandante al replicar el traslado de la "expresión de agravios", o sea, se ciñe exclusivamente a lo expuesto a fs. 547/548 dentro del escrito de fs. 544/548 vta.------- ---------En función de todo lo expuesto, el pedido formulado por el demandado ha quedado desustancializado, lo que así se declara.---------------- ---------VII. Corrección de oficio de una cuestión erróneamente incluida en la sentencia del a quo:---------------------------- ---------A fs. 215 la Inferior fijó fecha de audiencia para que el testigo Luis A. "Zundri" rectius: Zungri declarara el 16 de diciembre de "2014" a las 9:00 hs. Sin embargo, tal audiencia se llevó a cabo el 16 de diciembre de "2013" (ver fs. 264 y vta.). Ante el cuestionamiento recursivo formulado al respecto por parte del demandado, el a quo a fs. 329 fijó nueva fecha de audiencia para el 23 de abril de 2014 a las 10:00 hs., la que no finalmente no se llevó a cabo (ver certificación de fs. 334).--------------------------- ---------Sin embargo, en la sentencia cuestionada (fs. 512/517) se observa que la Inferior ha aludido al testimonio del Sr. Luis A. Zungri concretamente a fs. 515 vta., líneas 18 a 22. Por tal razón, y para salvar un involuntario error al respecto, corresponde que de oficio este Tribunal deje sin efecto la nombrada referencia efectuada en tal pronunciamiento, mención que tiene autonomía argumental y evidentemente carece de entidad para perjudicar el resto de la fundamentación del a quo y la conclusión condenatoria a la que arriba, que recibe sólido sustento en las demás consideraciones vertidas en la parte motiva del fallo y en la explicitada insuficiencia probatoria incurrida por el demandado.----------------- ---------Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:------------------- Rechazar las articulaciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad efectuadas por el demandado y, consecuentemente, el replanteo de prueba solicitado en la presente instancia y la exclusión de los resultados de las probanzas que indica; peticiones todas contenidas en el libelo de fs. 527/541 vta., específicamente a fs. 527 vta./536 vta.-- Desestimar lo peticionado por el recurrente en el escrito de fs. 557 y vta., en función de lo mencionado en el apartado VI de los considerandos precedentes.------ No hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 519 (fundado a fs. 536 vta./541 del citado escrito de fs. 527/541 vta.) contra la sentencia obrante a fs. 512/517, sin perjuicio de la leve corrección a la que se aludirá en el punto resolutivo siguiente.- Dejar sin efecto, de oficio, la referencia que en el resolutorio de fs. 512/517 se efectúa a la declaración testimonial del Sr. Luis A. Zungri, concretamente a fs. 515 vta., líneas 18 a 22; ello conforme a lo expuesto en el apartado VII de los considerandos anteriores.----------------- Hacer constar que en el día de la fecha también se dicta resolución en las actuaciones que corren por cuerda, para dirimir el recurso de apelación articulado por el demandado a fs. 234 contra el decreto de fs. 224.--------------- Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese a las partes y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición del sellado si correspondiere.---- Notas a pie de página:

1. Alude a Corte IDH, "Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá", sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2 de febrero de 2001, Serie C, N° 72.

2. El nuevo Código Civil y Comercial fue aprobado por Ley Nac. N° 26.994 (B.O. de 8 de octubre de 2014) y entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 según lo dispuesto por la Ley Nac. N° 27.077 (B.O. de 19 de diciembre de 2014), modificatoria de aquélla. Se deja expresa constancia de que todas las referencias que en el cuerpo principal de la sentencia se realicen en adelante a normas del Código Civil corresponderán al texto inmediatamente anterior al que rige en la actualidad.

T. de S. 13, fs. 193/214- Fdo.: Víctor Bazán - Presidente; María Esthela Tonelli.