marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, asociaciones civiles, personería jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

El análisis de las cuestiones relacionadas con el otorgamiento de la personería jurídica a una asociación debe ceñirse a un estricto escrutinio jurídico del caso a decisión, sin introducirse en valoraciones morales, religiosas, sociológicas o políticas que no son de competencia de la Corte Suprema, ni, salvo excepciones, útiles para la resolución de las causas judiciales. Tales valoraciones ya fueron hechas por el constituyente, el legislador, y, en su ámbito de competencia, por la autoridad administrativa; a ellas debe remitirse la sentencia dándolas por presupuestas.
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, domicilio, testigos, defensa en juicio, obras sociales, odontólogos
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE COMPETENCIA EN CAUSA NRO. 15097 s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  LUGAR  DEL DOMICILIO DE LAS PARTES -  TESTIGOS -  ODONTOLOGO  -  DEFENSA  EN  JUICIO    -  OBRAS  SOCIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

El criterio que hace recaer la elección en el juez del domicilio del imputado, que atiende a favorecer la mejor defensa en juicio, debe ceder en la especie, donde éste, a pesar de domiciliarse en la Provincia de Buenos Aires, desarrolla gran parte de su actividad profesional en la Capital Federal, en la que posee consultorio, circunstancia que permite presumir que someterlo a los jueces de esta ciudad no le causará mayores restricciones a su libertad; y es además en ella donde se produce el perjuicio, y donde se domicilia la mayoría de los testigos que fueron pacientes del imputado. En el caso, se procesó a un odontólogo que habría prestado atención a empleados del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el consultorio del Servicio médico que la institución posee en la Capital Federal, que reglamentariamente se ofrece en forma gratuita. Sin embargo, por esas prestaciones confeccionó fichas odontológicas pertenecientes a la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires que posteriormente fueron presentadas como facturaciones de honorarios ante el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, invocando haber realizado las atenciones en su consultorio particular de la Provincia de Buenos Aires.
Pago, intereses, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONGE OSCAR c/ DOLORES CRUZ s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S067 - 492)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-30

El Tribunal puede establecer como equitativo, y en virtud de la doble función que cumple la cláusula penal como resarcitoria del daño y compulsoria del pago principal, la tasa del 30 porciento anual sobre el capital ajustado, tal como lo hizo el sentenciante.-
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, valor de la acción, honorarios del perito, contrato de obra pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Servipark SA c/ GCBA s/ contrato de obra pública s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Corresponde declarar mal concedido el recurso ordinario de apelación porque el recurrente no demostró el cumplimiento del requisito de que el valor disputado en último término superara 1.500.000 unidades fijas al tiempo de interposición del recurso, esto es, diecinueve millones quinientos mil pesos ($19.500.000) (cfr. artículos 37 de la ley n° 402, 27 inciso 6° de la ley n° 7 y 1° de la resolución n° 130/2018 del Ministerio de Justicia y Seguridad). El perito, al reclamar la diferencia de sus honorarios, no indicó claramente el tipo de cambio a utilizar para actualizar el monto en dólares reclamado en la demanda ni realizó dicha operación. Tampoco determinó concretamente la suma en pesos de la diferencia entre la regulación realizada por la a quo y la que pretende, ni señaló, en definitiva, el monto que comprometería el interés de la Ciudad no condenada en costas (el 50% de la anterior, cfr. artículo 71 del CCAyT). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 817-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

No cabe abrir la instancia extraordinaria para dilucidar si resulta errónea o no la regulación impugnada; hacerlo significaría convertir la labor de este la Corte en una nueva instancia ordinaria para la revisión de lo resuelto por los tribunales inferiores en ejercicio de la función jurisdiccional, desnaturalizando de tal modo el objetivo mismo del recurso de inconstitucionalidad regulado en la ley 7055, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

No obsta a esto que, en el memorial recursivo, se haya invocado violación de derechos constitucionales -principio de igualdad, derechos de propiedad y de trabajar-, cuando no surge acreditado que, en verdad, ello haya acontecido, lo que autoriza a concluir que el a quo no se apartó al fallar de las exigencias de las Constituciones Nacional y Provincial y de la ley.
Bienes inmuebles, prescripción adquisitiva, animus domini, prueba, apreciación de la prueba, comodato
Materia: CIVIL
Carátula: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO NEUQUEN Y LA PAMPA. c/ FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIBLES. s/ POSESION VEINTEAÑAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

Cabe revocar la sentencia que declaró la usucapión de un inmueble y considerar que está acreditado que la relación que unió a las partes fue un comodato, cobrando sentido la afirmación de la demandada en cuanto sostiene que cedió en comodato los inmuebles al Sindicato actor, por la relación sindical que los unía, tal como era la modalidad de la federación, respecto de los sindicatos que se iban adhiriendo.

Sin embargo, no es posible intervertir el título con posterioridad a la desafiliación del Sindicato, pues como se ha dicho en el precedente "JULIAN JORGE C/ MEZA CARLOS SEGUNDO Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN" (Expte. N° 556-Ca-1998), que al pretender revertir un título de dominio, las pautas que deben regir la apreciación de la pruebas deben ser estrictas, siendo dable exigir la demostración de los hechos concretos que no dejen duda acerca de la posesión "animus domini", con apoyo formal, serio y convincente respecto a la posesión como también a su antigüedad" (PS-1998 T°II F° 390/392, Sala II), y ello no es posible, porque tal hecho [la desafiliación del Sindicato], ocurre en el año 2008, conforme dichos de un testigo, y no alcanza a transcurrir el plazo de 20 años que exige el art. 4015 del Código Civil.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Franco  Héctor  Javier c/ EN -M° Justicia- PNA -Disp. 21/09- R-R(expte. 10735/09 F-R) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-18

La acción de amparo reglada en la 16.986 y en el art. 43 de la C.N. resulta ser un proceso excepcional, tan sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por la carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita (Fallos: 297:93;

298:328 y 299:185) (Del voto de la juez Do Pico, cons. IV).
Acceso a la información, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

La Ley Provincial Nro. 1829, modificada por Ley Nro. 3441, estableció el libre acceso a las fuentes de información pública, señalando que (artículo 1) los poderes públicos del Estado, sin perjuicio de la información pública que producen por propia iniciativa, brindarán toda aquélla que se les requiera, de conformidad con los artículos 4 y 26 de la Constitución de la Provincia.

Para ello prevé en el artículo 7 el uso del recurso establecido en el artículo 44 de la Constitución Provincial, es decir el mandamiento de ejecución.

A su vez, la Ley Nro. 3550, de ética e idoneidad de la función pública (sancionada el 18-09-01) establece pautas sobre cómo debe ser el desempeño de cargos en el Estado Provincial, teniendo por objeto el resguardo de la calidad institucional de los tres poderes y el derecho a la información ciudadana, respecto de las condiciones de idoneidad de acceso a la función pública, de la publicidad de los actos y del desempeño ético de todos aquéllos que presten servicios remunerados o no remunerados en el sector.
Moneda, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGROCOMERCIAL SERVAG SOCIEDAD ANONIMA c/ GATTI ADOLFO s/ MONEDA: DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

El incremento por depreciación monetaria de la deuda no constituye estrictamente un 'accesorio', siendo inaplicable con relación al mismo la normativa del artículo 624 del Código Civil.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Esquivel, Orlando Oscar y otra c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

No resulta óbice para que el tribunal fije la indemnización, que el reclamo inicial haya sido efectuado en términos poco claros, toda vez que el tribunal ha podido comprender el alcance de las diversas pretensiones y determinar la cuantía de cada una de ellas.
Impuestos, régimen penal tributario, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS FARAON S.A.C.I.F.I. s/ Cheque sin fondos y Régimen penal tributario Causa Nro. 35412.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

1-La figura del art. 8 de la ley penal tributaria no consiste en la evasión de tributos sino en la omisión, de quien posee la calidad de agente de percepción o retención, de ingresar lo percibido o retenido al ente recaudador en los plazos establecidos. Así, por su condición de agente de retención y percepción, lo retenido y percibido no le pertenecía a la empresa imputada sino al fisco, no formando parte de su patrimonio.- 2-Por consiguiente, al no integrar dicho patrimonio, no cabe aceptar la excusa de que la dilación en el pago se debió a la crisis económica por la que atraviesa el sector productivo, pues el ingreso a las arcas fiscales no depende de la actividad económica de la empresa.
Recurso de casación, contrato de trabajo, despido por maternidad, estabilidad laboral, cómputo del plazo
Materia: Laboral
Carátula: De Malde de Sburlatti, Graciela Matilde c/ Hotel Centenario s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-10-28

Juan A. Ensinck...se ocupa del caso, en que la mujer fue cesanteada durante el primer mes y medio de embarazo, plazo no alcanzado por la presunción, pero que, no obstante esta protegido por la estabilidad especial creada por la ley, ya que el art.177 en su actual tercera parte sigue diciendo que se garantiza a toda mujer durante la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. Y el plazo normal de gestación dura nueve meses. Insiste en que la protección se extiende a todo el plazo de gestación y señala la injusta desigualdad a que se sometería a una trabajadora a cuyo respecto se dieran las condiciones señaladas.
Hipoteca, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia Financiera Tessei S.A. c/ World Propanda s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Para que la subasta pública produzca la extinción de la hipoteca, como lo dice el art.3196 del C.C., con respecto del que hubiere adquirido el inmueble, resulta indispensable citar al acreedor hipotecario y que el comprador consigne el precio a la orden del juez.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, prueba testimonial, prueba insuficiente, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Reynoso, Narciso Justino c/ Rotonda Group S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-26

Los testigos traídos juicio por la parte actora, no han sido contundentes o convincentes, debiendo recordarse que para que las declaraciones testimoniales tengan fuerza legal y convictiva, conforme a las reglas de la sana crítica, deben ser veraces, sinceras, específicas, objetivas, imparciales, concluyentes y concordantes, extremos que no se encuentran cumplidos en el presente, por lo que corresponde predicar de tal medio probatorio su insuficiencia para sustentar la veracidad de la plataforma fáctica narrada en juicio por el accionante, y que no fuera avalada por el juez de grado, tanto como "categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no deben dejar dudas (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, responsabilidad médica, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba, contra genovesi, luis mariano sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que rechazó el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmó la caducidad de la instancia declarada por el juez de grado. Ello así, porque no logra rebatir los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad subyacente. En efecto, el GCBA no explica por qué la decisión atacada -que no resuelve la cuestión de fondo sino que declara la caducidad de instancia- impediría plantear nuevamente la cuestión discutida en autos y debería ser, por lo tanto, equiparada a definitiva, pues no acredita concretamente el cumplimiento del plazo de prescripción de la acción (de hecho, ni siquiera lo menciona en su recurso de inconstitucionalidad). Y aunque ello resulta suficiente para desestimar el presente recurso de hecho, el GCBA tampoco demuestra la afectación de cláusulas constitucionales ni un supuesto de arbitrariedad de sentencia, pues se limita a insistir en que debería haberse aplicado el procedimiento de intimación previa contemplado en la nueva redacción del art. 265 del CCAyT (conforme ley n° 6402), pero no evidencia que resulten insostenibles los argumentos desarrollados por la Cámara para rechazar el planteo. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, estabilidad propia, derechos adquiridos, cesantía, salarios caídos, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: ESQUIVEL, MARIO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 375-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Si al momento de la cesantía estaba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo nº 36-75, cuyo artículo 6 establecía la "estabilidad propia" del personal comprendido en él, el recurrente tiene un derecho adquirido al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, por ser ilegítima e injustificada la extinción de la relación laboral que lo vinculaba con la demandada. En ningún caso, el decreto del P E N 246-81 -que reformó dicho convenio, sin contemplar esa estabilidad-, pudo privarle del derecho irrevocablemente incorporado a su patrimonio, ya que gozaba de la protección constitucional de la inviolabilidad de la propiedad.
Funcionarios judiciales, auxiliar de séptima, título universitario, incompatibilidades de los funcionarios judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Miozzo, Victorino Alberto c/ INPS  -  Caja Nacional de Previsiónpara el Personal  del  Estado  y Servicios  Públicos s/ reajustesvarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La compensación funcional establecida por la acordada 38/85, no es aplicable a la situación de quien estaba incluido en el anexo II del escalafón del "personal administrativo y técnico" por la ley 20.181, con percepción de la bonificación por título universitario y compatibilidad con el ejercicio profesional, más allá de que posteriormente el cargo pasó a formar parte del anexo I del escalafón (ley 21.492).
Secreto fiscal, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, voluntad del legislador
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN - M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

La ausencia de una disposición sobre la inoponibilidad del secreto fiscal a la FIA -Fiscalía de Investigaciones Administrativas- en las leyes especiales que regularon sus facultades revela la voluntad del legislador de limitar sus atribuciones en este aspecto particular.
Proceso contravencional, excepciones procesales, falta de acción, oportunidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: AQUINO, Ezequiel Rodrigo s/ Infr. Art. 81, ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09

De no surgir palmariamente la falta de acción en virtud de cualquiera de las causales previstas en el artículo 339 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, debe rechazarse su solicitud de excepción.

En efecto dicha excepción no es la vía idónea para discutir cuestiones que ameriten un análisis más profundo y que no pueden resolverse prima facie.
Despido, revocación de sentencia, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Ricardo  c/ Tudda, Liliana Beatriz s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

Debe revocarse el pronunciamiento del tribunal de grado que, desprovisto de sustento jurídico idóneo a la luz del planteo que le fuera sometido, arribó a una decisión arbitraria que -como tal- obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de la Suprema Corte.
Concubinato, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acevedo, Nilda Ramona c/ Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Para que exista derecho a resarcimiento, quien lo pretende debe demostrar la existencia de un daño cierto que ha ocasionado el hecho perjudicial y, en el presente caso, la ahora apelante, al entablar la demanda por si y en representación de sus hijos menores, se abstuvo de invocar la existencia de un daño personal inferido por la muerte de su concubino, ya que no incorporó como cuestión a considerar en estas actuaciones la circunstancia de haber sido sostenida económicamente por su compañero y que la muerte del mismo la hubiera privado de los fondos necesarios para su subsistencia (art. 1079 del C.C.; art. 330 del C.P.C.C.).
Consumidores, reforma de la constitución, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-18

El derecho consagrado en favor de los usuarios y consumidores en el art. 42 de la Constitución Nacional es un derecho operativo, ya que su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación, aunque por cierto se deje en manos de la autoridad legislativa, como sucede en el campo de todos los derechos (art. 28), la determinación circunstanciada de los diversos procedimientos y situaciones bajo los cuales tendría lugar el nuevo derecho.
Docentes, empleo público, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE SETA, ARNOLDO E. Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

El Estado Nacional debe pagar a cada uno de los actores la diferencia resultante entre los índices 670 y 970 desde que cada período fue debido durante la vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 3.516/84, con más actualización e intereses de conformidad con lo dispuesto por la ley 22.328.
Estado Provincial, partidos políticos, Poder Judicial, jueces, funcionarios judiciales, control de razonabilidad, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCAL  DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DR. MESTRES, INFORMA SOBRE EL SR. ORMACHE, José Eduardo. s/ PROVINCIAS   -  PODER  JUDICIAL  -  PARTIDOS  POLITICOS  -  EMPLEADOS  JUDICIALES  -  INCONSTITUCIONALIDAD  DE  CONSTITUCIONES PROVINCIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

La indudable finalidad del art. 157 de la Constitución de Entre Ríos y de los arts. 6 y 7 de la ley orgánica del Poder Judicial local (Nro. 6902) es resguardar la imparcialidad del juez y la independencia de su función. Y la actividad política partidista, que implica proselitismo electoral, lealtades, respecto a la conducción, etc., de los magistrados y funcionarios judiciales, podría convertirse en obstáculo para el logro de tales fines, por lo que su prohibición, circunscripta a quienes ejercen la función judicial y a sus colaboradores directos, no parece irrazonable aunque se afecte el interés personal. Por lo demás, este criterio referente a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, es el que rige en la mayoría de las constituciones provinciales.
Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley, jurisprudencia aplicable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MONTI, Sebastián y otro s/ inf. Art. 96 C.C. Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-12

Existiendo para el instituto de suspensión de juicio a prueba, regulación propia en el ámbito local (art. 45 del Cód.Cont.), no cabe echar mano supletoriamente del ritual nacional, a lo que se aduna que la normativa local en la especie -pese a ser de derecho sustantivo- estipula también los pasos procedimentales a seguir (Cfr. in re Luraschi, Carlos Alejandro s/inf. art. 38 C.C.-Apelación, rta. 31/08/2005).
Libertad condicional, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: LOZANO, Oscar A. s/ LIBERTAD CONDICIONAL. REINCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-20

No procede la libertad condicional por ser reincidente el condenado, pues cuando cometió el delito ya estaba en vigencia el texto del actual art. 50 del C.P., el que consagra que quien registra una condena previa dictada como mínimo 5 años atrás, será considerado reincidente si comete un nuevo delito.

No se agrava en esta hipótesis la punibilidad de un hecho anterior a la nueva ley, sino simplemente se indica el plazo necesario para que una condena previa incida en la penalidad de un hecho posterior a la reforma. No hay aplicación retroactiva de ley más gravosa, ya que, al tiempo de comisión del segundo delito, regía la norma que concordantemente se le aplica.