Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 282 p 469/480.

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez y con la integración del señor Juez de Cámara doctor Ángel Félix Angelides, a fin de dictar sentencia en los autos "ACUÑA, CARLOS contra 3M SACIFIA -COBRO DE PESOS- (EXPTE. 40/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-03701177-8). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco, Gutiérrez, Spuler y Angelides.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 264, págs. 59/65 vuelta, esta Corte -integrada, y por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta vía extraordinaria.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11, ley 7055, realizado con los principales a la vista, no encuentro razones para apartarme de lo oportunamente decidido por este Tribunal.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

En oportunidad de resolver sobre la queja interpuesta por la demandada ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad consideré que correspondía su desestimación dado que, frente a lo decidido por la Alzada que, a la luz del derecho vigente, evaluó el despido del actor como incausado, advirtiendo incumplidos los recaudos de contemporaneidad y proporcionalidad entre la conducta supuestamente injuriosa que se le atribuyó a Acuña y la sanción aplicada, los reproches esgrimidos por la accionada sólo denotaban su disenso para con la tarea de selección y valoración de hechos y pruebas de la causa que el A quo había llevado a cabo, sin lograr descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido.

En el nuevo examen que se impone conforme el artículo 11 de la ley 7055 y con los principales a la vista, he de rectificar aquel criterio, puesto que, esencialmente, del examen de todas las constancias del caso surge que para así decidir el Tribunal a quo soslayó elementos de prueba decisivos para otra solución, esto es, omitió el análisis de cuestiones relativas a la valoración de la entidad injuriante de las faltas que la empleadora le imputó al actor, admitiendo que limitaba su valoración al proceder de aquélla al momento de decidir la extinción del vínculo, tarea en la que además se advierte incurrió en afirmaciones meramente dogmáticas.

Consecuencia de estas razones es que considero debo rectificar mi postura anterior y admitir el recurso excepcional deducido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Angelides expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. En lo que resulta objeto del presente recurso, las constancias de la causa dan cuenta de lo siguiente:

1.1. Por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nro. 8 de la ciudad de Rosario, Carlos Acuña promovió demanda por cobro de pesos contra 3M SACIFIA, pretendiendo se le abonen una serie de rubros emergentes de la relación laboral que lo uniera con la accionada, y otros derivados del despido directo -a su parecer, injustificado-, endilgándole a la causal rescisoria invocada por la patronal, falta de contemporaneidad y proporcionalidad (fs. 113/126).

Afirmó en el escrito inicial que había ingresado a trabajar a las órdenes de la demandada como "viajante de comercio", en fecha 11.07.2005.

En lo que aquí concierne, relató que el 17.06.2010, la patronal lo citó a una reunión del departamento de ventas. En dicha reunión, para su asombro -aludió-, no se encontraban las personas habituales sino un escribano público, el representante del departamento de recursos humanos (Señor Vatano) y el gerente de ventas (Señor Brusco), quienes le atribuyeron "graves infidelidades" e "incumplimientos de reglas de conducta". Según lo descripto en la demanda, tales comportamientos referían a ciertos pedidos de reintegro de gastos para fines personales -algunos, inclusive, realizados en días inhábiles- que, según la política de la empresa, no eran reembolsables (v.gr. diarios, revista, pilas, entre otros, y combustible -nafta- disímil al utilizado por el vehículo de la empresa -gasoil-). Del mismo modo, le endilgaron el haber reiterado el pedido de reintegro de ciertos importes de combustibles ya abonados por otro medio de pago (tarjeta corporativa). De tal modo, la reunión culminó mediante la comunicación de su desvinculación con la empresa consignada en acta notarial que se negó a firmar.

Así es como el 23.06.2010, Acuña contestó tales imputaciones a través del envío de una carta documento, exponiendo que, además de falsa la causal invocada para el distracto, era extemporánea y desproporcional a la medida dispuesta, más aún -agregó-, teniendo en cuenta su excelente desempeño durante toda la relación laboral sin antecedentes disciplinarios. En igual sentido, explicó que el gasto de combustible que se le imputara, fue a causa de que oportunamente se había visto obligado a utilizar su vehículo personal, en razón -alegó- de que el automotor que le proveía la empresa se encontraba en ese momento "fuera de servicio".

Ese mismo día, mediante un nuevo despacho telegráfico, requirió a su empleadora el pago de las indemnizaciones derivadas como consecuencia de un despido injustificado, tomando "a cuenta" el depósito bancario efectuado por una suma menor a la que, a su criterio, correspondía. Demanda, esta última, que se reiteró mediante el inicio de la presente acción judicial.

1.2. En oportunidad del responde, la demandada afirmó que la causal rescisoria invocada revestía la gravedad y entidad suficiente que la respaldaban en su decisión rupturista y negó que el despido hubiera resultado intempestivo, injustificado y desproporcional. Por el contrario, expresó que el distracto fue la consecuencia natural de la falta de confianza que las inconductas del reclamante generaron en la empresa. Añadió en tal sentido que su parte recién tomó conocimiento certero de los hechos protagonizados por el accionante, a partir de la "auditoría interna ex post" realizada conforme a la política y los procedimientos indicados en el manual de la compañía que -señaló- es de público conocimiento por todos los empleados, explicando que "3M es una empresa que cuenta con varios centenares de empleados, por lo cual, los controles por el consumo con esas tarjetas [refiriéndose a las utilizadas y entregadas por la empresa para cargar combustible] deben abonarse al proveedor del servicio y posteriormente, durante los meses siguientes, auditarse los mismos". Por último agregó que debe tenerse en cuenta también "que el proceso de auditoría es lento y requiere de certezas para poder determinar el alcance de las conductas que se cuestionan" (fs. 12/22).

1.3. Luego de tramitada la causa, la Jueza de baja instancia rechazó la demanda, con costas.

Para así decidir, en una valoración de los elementos de prueba rendidos vía exhortos que constan agregados por cuerda -pericial contable y testimoniales- y demás constancias obrantes en el "sub examine" (como ser, las respuestas del actor al absolver posiciones, que la Sentenciante catalogó de "evasivas" -art. 67, C.P.L.- y su calificado nivel universitario y especializado, conforme la documental acompañada por el propio Acuña y la falta de acreditación de la avería del automotor de la empresa que alegara como justificativo del gasto que reconoció realizar para cargar un combustible que no se condice con el utilizado por el vehículo de la demandada), consideró acreditada la causal de despido. Así, brindando razones fundadas (episodios reiterados, falta de apego a las políticas dispuestas y ejemplo disvalioso del accionar de un jerárquico respecto a sus pares, en contra del deber de respeto y de confianza en que debe sustentarse el contrato de trabajo) calificó de "suficiente entidad injuriosa" a la conducta del actor (cfr. fs. 473/477v.).

La sentencia fue apelada totalmente por la perdidosa (f. 485).

1.4. Por su parte, el Tribunal de alzada hizo lugar parcialmente al recurso de apelación intentado por el actor y, en consecuencia, revocó la sentencia cuestionada en lo atinente a la legitimidad de la causal rescisoria, haciendo lugar a los rubros derivados por un despido incausado (fs. 517/523).

Fundamentó su decisión, "sin abrir juicio acerca de la entidad injuriante o no de las faltas imputadas", juzgando -con sustento en cita doctrinaria y tras analizar el acta notarial en la cual se plasmó la comunicación rescisoria- que el obrar rupturista de la empleadora no había respetado el principio de contemporaneidad exigido por la norma (art. 242, L.C.T.), en virtud de no surgir probada en autos la "existencia de auditoría interna alguna". Por el contrario, consideró que se trataba de un "desmanejo organizativo interno de la empresa respecto de los controles de gastos y rendiciones de cuenta de sus dependientes que de ninguna manera justifica la dilación entre los hechos imputados como indebidos y que vulneraban la confianza entre las partes y la decisión de extinguir el contrato". En igual sentido, entendió desproporcionada la decisión patronal, por cuanto -a su entender- "la situación hubiera ameritado un llamado de atención al trabajador para que adecuara su conducta a las normas internas" (cfr. fs. 517/523v.).

1.5. Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 (fs. 525/535).

En tal sentido, le endilgó al Tribunal A quo haber efectuado una interpretación forzada y errónea de los hechos, en función de meras conjeturas apartadas de una valoración pormenorizada y detenida de la totalidad de los hechos expuestos y las pruebas producidas en autos, al considerar incumplidos los requisitos de "contemporaneidad" entre el hecho denunciado como injurioso y la sanción "máxima" aplicada, y de "desproporcionalidad", aparejando la nulidad del fallo.

En relación a lo expuesto, señaló que el apuntado vicio se verificaría con las contradicciones que evidencia el razonamiento de la Sala al decir que los hechos fueron conocidos efectivamente por la empresa antes de lo afirmado y, a continuación, consideró que la "dilación" en la toma de conocimiento fue producto de un desorden administrativo.

Agregó que la gravedad del vicio en que incurrieron los juzgadores estriba en que, sin desmerecer la comprobación determinada en primera instancia de los hechos indebidos que se le imputaron a Acuña, partieron de conjeturar -sin elemento de prueba alguno- un supuesto "desmanejo organizativo interno" de la empresa y -por ende- la inexistencia de una auditoría, para -posteriormente- considerar injustificada la "dilación" entre las faltas cometidas por el trabajador y la decisión rupturista de la demandada, concluyendo así en la improcedencia de la causal del despido.

Frente a ello, explicó que la auditoria a la que se hace referencia se corresponde con controles internos establecidos por la empresa, es decir, que además de efectuar dicha vigilancia en los gastos que se rinden, existe un departamento interno encargado de realizar la mentada auditoria, la cual requiere de un procedimiento de investigación minucioso, que conlleva un tiempo razonable como el que transcurrió en el caso, pero -aludió- no necesariamente debe ser plasmada dicha tarea investigativa en soporte papel, como pretendió la Alzada al sostener que: "de las constancias de la causa no surge la existencia de auditoria interna alguna", pretiriendo los testimonios arrimados a la causa, los cuales de manera unánime dan certeza de la modalidad de control de la empresa, en concordancia con lo alegado por su parte.

Vinculado con lo anterior, cuestionó que el Tribunal desconociera la firmeza que él mismo le otorgó a la gravedad y magnitud de la conducta atribuida al actor, quien violó con el ardid descripto, la confianza, buena fe y fidelidad que deben primar en toda relación laboral, imposibilitando la prosecución del vínculo. A lo que agregó, que si bien es cierto que deben considerarse los antecedentes previos del trabajador -en el caso, sin sanciones disciplinarias-, ello no implica que el empleador se encuentre obligado a efectuar un simple "llamado de atención" como estimó la Alzada, antes de tomar la decisión rescisoria del contrato, si la entidad de dicho incumplimiento -conforme, reiteró, deja incólume la propia Alzada- impedía su continuación.

Finalmente, invocó la quejosa una errónea interpretación y aplicación normativa por parte del Tribunal A quo respecto de la sanción agravada prevista en el artículo 2 de la ley 25323. En tal sentido, indicó que la Sala habría condenado a su parte a abonar una "duplicación" de las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20744, sobrepasando los límites del precepto legal primario que dispone un incremento de las mismas hasta un máximo del 50%.

1.6. La Sala mediante pronunciamiento de fecha 24.09.2014 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a esta instancia de excepción, como se señaló al tratar la cuestión anterior.

2.1. De las constancias de autos se desprende que el "sub lite" gira en torno a la demanda laboral de cobro de pesos, tendente a obtener las indemnizaciones derivadas de un despido incausado, en virtud de la extinción contractual configurada por la patronal, motivada en ciertos incumplimientos al deber de buena fe y de fidelidad del trabajador (descriptos precedentemente), alegando el accionante en tal sentido injustificada, desproporcionada y extemporánea la decisión rupturista de la demandada. Pretensión que fuera rechazada en primera instancia, decisión ésta revocada por la Cámara.

Preliminarmente, sobre el tema que se trata, cabe recordar que en la extinción del contrato de trabajo por justa causa -refiere el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- se posibilita a cualesquiera de las partes a hacer denuncia del contrato ante un incumplimiento de la otra que configure "injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación"; y, añade la norma, "la valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso".

En ese mismo orden de reflexión, Rodríguez Fernández dice que "Injuria es, entonces, la conducta (acto u omisión) de una de las partes que afecta el vínculo laboral de un modo tal que justifica que la parte que no incurrió en ella rescinda el contrato con tal invocación. La entidad de tal afectación es habitualmente identificada como la proporcionalidad entre el acto y la sanción. Esta condición -es decir, la presencia de injuria- es necesaria y no suficiente ya que se exige, además, que la respuesta sea contemporánea u oportuna" (cfr. Rodríguez Fernández, Liliana, en "Tratado de derecho del Trabajo", dir. Ackerman, Mario E. Tomo IV, cap. XV: "Terminación de la relación de trabajo", 2008, pág. 194); o, lo que es lo mismo, que se encuentren cumplidas las exigencias de contemporaneidad, proporcionalidad y causalidad, conceptos que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado extensamente.

Es decir que en el tipo legal abierto y flexible que consagra la norma, las situaciones de hecho encajarán o no según la prudente apreciación que de ellas efectúen los jueces de la causa, a quienes tal labor atañe en última instancia; la decisión arribada -pues- excepcionalmente podría ser susceptible de revisión constitucional si tal ponderación resultara absurda o desbordara los límites de toda lógica y de las reglas del raciocinio.

Tiene dicho esta Corte -con relación a la caracterización de la injuria laboral- que "el legislador ha dejado en manos del juez la valoración de las conductas y, mientras ésta no aparezca como caprichosa o irracional y escape de los márgenes de libertad concedidos, convirtiendo la sentencia en arbitraria, escapa al control constitucional de este Cuerpo" (cfr. A. y S., T. 99, pág. 397; T. 111, pág. 407; T. 123, pág. 100).

Dicho ésto, cabe señalar que el análisis de las constancias de la causa me lleva a concluir que si bien los agravios planteados por la impugnante remiten al examen de cuestiones -valoración de hechos y pruebas- que por su naturaleza resultan ajenas en principio al recurso reglado en la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando -como en el caso- lo decidido ha supuesto en la actividad del A quo una transgresión a garantías de raigambre constitucional, a punto tal de lesionar el derecho a la jurisdicción aludido en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

Ello así por cuanto, de una detenida lectura de las constancias de la causa se advierte que el Tribunal ha incurrido en el déficit al que se alude, esto es incongruencia argumental y desconocer elementos de prueba decisivos para la solución del caso, lo que conlleva directamente a invalidar el fallo recurrido al no resultar derivación razonada del derecho vigente.

En efecto, conforme surge de la sentencia impugnada, la Cámara remarcó expresamente -tanto en el pronunciamiento impugnado como al denegar el remedio extraordinario- que no procedió a examinar la gravedad y entidad de las faltas imputadas al actor, sino que su juzgamiento se limitó a valorar el proceder de la empleadora al momento de decidir la extinción del vínculo (cfr. punto 3.1.3. de fs. 519; 520 "in fine" y vta.; y f. 27 de la queja).

Frente a tal premisa jurisdiccional, le asiste razón a la recurrente al sostener que el propio reconocimiento de la falta de análisis del hecho que motivó el despido para considerar la falta de proporcionalidad, sella la procedencia del recurso. Es que, carece de toda razonabilidad y logicidad preterir la valoración de la "entidad injuriante" que le atribuyera la Juez de primera instancia a la conducta del trabajador y, por tanto, impeditiva de la continuidad del vínculo (art. 242, L.C.T.) -recuérdese, consistentes en gastos personales solventados con recursos de la demandada y repetición en la solicitud de reintegros de gastos ya abonados- y, a su vez, determinar dogmáticamente que tal situación no ameritaba más que un "llamado de atención al trabajador", considerando en contradicción a su propio razonamiento, desproporcionada la decisión rupturista de la patronal, haciendo hincapié en la ausencia de antecedentes disciplinarios de Acuña en el trascurso de la relación laboral.

Sobre esto último se ha dicho que "si la falta por sí misma es tan grave que impide la prosecución del contrato de trabajo, la conducta anterior del trabajador no ejerce influencia en relación con el hecho imputado" (Guillermo Cabanellas, "Compendio de derecho laboral", Ed. Heliasta, 2001, págs. 751/752). Concluye el citado autor que "en lo disciplinario laboral, como en el plano penal genérico, la bondad pasada -hasta la infracción- no absuelve de la maldad presente, aunque pueda atenuar la sanción o suspenderla hasta la reincidencia".

Es decir que, si la Sala no desmereció el carácter "injurioso" de la causal rescisoria determinado en la sentencia de baja instancia, carece de toda lógica pretender luego morigerar la entidad y gravedad de la conducta del trabajador, si se entendía que la misma detentaba la magnitud que requiere la ley para no consentir la prosecución del vínculo (art. 242, L.C.T.).

Del mismo modo, el Tribunal incurrió en la arbitrariedad que le achaca la impugnante en tanto se advierte incongruencia en el razonamiento y omisión de valorar prueba conducente para dilucidar la contemporaneidad cuestionada entre los sucesos injuriosos y el despido directo.

En tal sentido, la autora primigeniamente citada postula que "El juicio sobre la contemporaneidad depende, así, de las circunstancias del caso y del tipo de actividad: si existe una tramitación administrativa previa y obligatoria o si las características de la falta cometida por el trabajador sólo permiten que el empleador tome conocimiento tardío de la misma, puede encontrarse justificado el paso de un lapso de tiempo previo a la decisión. Tal valoración, sin embargo, ha de ser rigurosa y sujeta a prueba. Si es necesaria una indagación, el tiempo insumido por ella es tolerado, siempre que una vez que los hechos sean esclarecidos la respuesta pueda juzgarse razonablemente inmediata" (cfr. ob. Cit., Rodríguez Fernández, pág. 197).

Al respecto, cabe hacer lugar a la tacha de arbitrariedad endilgada al Tribunal. Ello es así, por cuanto la afirmación ("de las constancias de la causa no surge la existencia de auditoria interna alguna") de la cual parte la Sala para considerar extemporánea la decisión rupturista de la patronal, sucumbe ante la prescindencia de elementos de prueba conducentes para la solución del "sub examine".

En efecto, resultan conducentes para descalificar lo decidido los agravios relativos a que ni siquiera se analizaron las declaraciones efectuadas por todos los testigos arrimados a la causa (ver exhorto: declaraciones de los señores Freije, Brusco, Viniegra y Vatano), determinantes para la comprobación de la auditora interna invocada.

Cabe remarcar al respecto lo alegado por el recurrente en cuanto a que, si bien algunos de los deponentes (Brusco y Vatano) fueron partícipes de la reunión que supuestamente desencadenó la extinción contractual, ninguno de ellos resultó materia de tacha en la oportunidad procesal pertinente. Por el contrario, todos resultaron concordantes entre sí y fueron específicos al describir el sistema y modo de control y de auditoria que llevaba a cabo la empresa sobre los gastos producidos por su personal, tal como fuera ponderado en la sentencia de primera instancia, cuyos argumentos judiciales tampoco fueron cuestionados por el actor apelante al expresar agravios (fs. 502/509), ni desmerecidos por la Alzada para revertir el pertinente tramo sentencial.

Y en conexión con esta misma cuestión, le asiste razón a la recurrente en cuanto le endilga al Tribunal falta de motivación al basarse en "meras conjeturas" y preterir la valoración de la prueba producida en la causa, al determinar la existencia de un "desmanejo organizativo interno" por parte de la empleadora, y considerar injustificada la "dilación" entre los hechos imputados como indebidos y su decisión rupturista.

Ello es así por cuanto, tal como lo señala la compareciente, la Sala sin fundamento alguno consideró irrazonable el tiempo transcurrido (de dos a cuatro meses, aproximadamente) entre los hechos imputados al actor (ejecutados en los meses de febrero, marzo y abril de 2010) y la toma de conocimiento de la demandada respecto de aquellos (en junio de 2010, ver ejemplos citados en el pronunciamiento impugnado, f. 520), soslayando la ponderación de las planillas de "Liquidación de Gastos" presentadas por Acuña en la empresa, adjuntadas por el perito contador como Anexo N° 3 al responder el primer punto de pericia solicitado por el actor (ver exhorto), donde surge palmario que es el propio trabajador quien solicitara ante su empleadora el reintegro de gastos, los cuales rinde con un atraso (aproximadamente de dos meses) equivalente al período catalogado como demora por el Juzgador. Situación -la liquidación de gastos- que se reitera de manera constante y continua durante todo el transcurso de la relación laboral, que no hace más que demostrar la habitualidad en el "modus operandi" del trabajador y -al mismo tiempo- la modalidad en la tarea de control empresarial sobre los gastos efectuados por sus dependientes, en concordancia con lo declarado por los testigos.

Y frente a ello, aun partiendo del presupuesto de que los jueces no están obligados a analizar todas las pruebas producidas en la causa sino aquellas que resultan trascendentes para su dilucidación, la correcta aplicación de dicho axioma en el estado de Derecho Constitucional exige una motivación de la carencia de decisividad de esos medios de confirmación para resolver el pleito. Tarea jurisdiccional, precisamente -como se vio- que luce ausente en el pronunciamiento.

En definitiva, de lo hasta aquí expuesto se colige que llega incólume a esta Corte el análisis de la verificación en la realidad de las causales invocadas para el distracto y su entidad injuriosa apreciadas por la Juzgadora de grado a la luz de todo el plexo probatorio en el que cimienta su juicio, el que da cuenta no sólo de los hechos desencadenantes del despido -que justificarían la sanción- sino también de la tarea investigativa que llevó a cabo la empleadora y que, como tales, cuentan para avalar el tiempo que le llevó tomar conocimiento de la conducta indebida e infiel del trabajador y, en consecuencia, la rescisión contractual.

Al respecto, la doctrina tiene dicho que "Si bien el despido debe corresponder a un hecho contemporáneo a su decisión, en algunos supuestos cabe admitir un criterio distinto, como en el supuesto de que en ningún momento haya mediado un hecho que por sí solo asumiera gravedad decisiva para imponerlo; cuando, en cambio, se suceden transgresiones mínimas que, por repetidas, crean un clima incompatible con la disciplina y el orden que deben imperar en todo ambiente de trabajo" (cfr. ob. cit., Cabanellas).

Coincidentemente, sostiene Deveali que aún la repetición de pequeñas faltas o actos de inconducta, la pereza y el constante descuido en el desempeño de las tareas pueden configurar una injuria, aun cuando ninguno de esos actos, aisladamente considerado, constituya una verdadera falta (DT, 1970-390, en nota a fallo); porque no importa si los hechos pasados han sido o no sancionados, cuentan como antecedente y pueden ser invocados para mayor justificación del despido (cfr. Krotoschin-Ratti, "Código del Trabajo Anotado", 2da. edic., págs. 113/114).

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para tener por configurado en la especie el déficit endilgado a la resolución impugnada, pues -como se vio- el Tribunal incurrió en una fundamentación que solo se apoya en la voluntad de los jueces y no responde, por ende, a un razonamiento lógico en la valoración de la prueba rendida en el expediente. Y como consecuencia de ello, los Magistrados no han brindado una respuesta jurisdiccional al serio reproche articulado por el recurrente, que satisfaga las exigencias de la debida motivación que requiere el artículo 95 de la Carta Magna provincial.

2.2. Finalmente, cabe añadir que el reproche concerniente a pagar la indemnización agravada prevista por el artículo 2 de la ley 25323, al tener una directa incidencia sobre la decisión final que corresponde adoptar en el juicio sobre la legitimidad de la causal de extinción del contrato de trabajo, deviene innecesario el examen de los agravios dirigidos a rebatir los fundamentos de ese tramo del pronunciamiento impugnado.

2.3. En síntesis, una sentencia que exhibe los defectos expuestos no resguarda las garantías de debido proceso y defensa en juicio en tanto que no sólo se conculca el principio de congruencia procesal, sino porque además se incurre en un arbitraria valoración de la prueba de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa, la que sólo puede verse como el producto de la sola voluntad de los jueces, lo que conlleva a descalificarla como acto jurisdiccional válido.

Por todo lo precedentemente expuesto, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Angelides expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, imponiéndole las costas a la vencida. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las directivas trazadas en los considerandos precedentes.

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Angelides dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -integrada- RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, imponiéndole las costas a la vencida. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las directivas trazadas en los considerandos precedentes.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente, los señores Ministros y el señor Juez de Cámara, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - ANGELIDES - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 8 de Rosario.