marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, prueba testimonial, presunciones, prueba de cargo, declaraciones contradictorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., O. R. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-10

Respecto a la valoración de la declaración de la abuela de la niña, cabe concluir que el análisis de sus dichos fue parcializado, toda vez que tan solo se mencionó en el fallo de Cámara que ella sostuvo que la menor cuando volvía de la casa de su padre se rasguñaba y se tomó ello como un indicio cargoso que ratificaría la correspondencia del relato de la adolescente con la realidad; mas su testimonio fue mucho más extenso y la mera alusión a una frase sin meritar el contexto de su declaración resulta un fraccionamiento inadmisible, puesto que sus dichos debieron ser evaluados teniendo en cuenta las afirmaciones que sobre ella y sobre su vínculo con su nieta efectuaran otros testigos, fundamentalmente los psiquiatras tratantes de la niña, así como las contradicciones que surgieron en el debate entre lo que ella manifestara en tal momento y lo que los médicos expusieron que les había expresado al acompañar a aquélla a las sesiones. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Juicio ejecutivo, excepción de pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Empresa Mayco S.A c/ Valiente Pablo Federico y otros s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

A tenor de lo dispuesto en el art. 542 inc. 6° de la ley de enjuiciamiento, los pagos o entregas parciales debidamente documentadas sirven para fundamentar la excepción de pago parcial y desde el momento que inciden sobre el monto de la condena deben ser examinados en la sentencia.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Escalante, Delicia Miguelina c/ Instituto de Medicina Psicológica s/ Diferencia por indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-02-12

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, que considera que hubo relación laboral ininterrumpida. Ello así, ya que el sentenciante de grado anterior encuentra sus fundamentos en las testimoniales ofrecidas por el actor, como así también en la instrumental, cuyo valor probatorio, finca el a-quo en las consideraciones que expone, las cuales no se encuentran objetables. Los testigos son espontáneamente coincidentes en declarar que la actora trabaja para la demandada describiendo con similitud las tareas que le habrían visto ejecutar, no se advierten contradicciones, apareciendo, de esta manera armoniosas. No pretenda la apelante que la falta de registración de la actora en los libros de la demandada constituya un elemento probatorio erróneo para desvirtuar la relación laboral alegada, pues, cuanto menos ello revela la situación de clandestinidad en que se encontraba la actora.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Moure, Javier Marcelo y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La competencia de la Cámara se halla regulada por el art. 342 del Código de procedimiento Penal y no por el art. 263 inc. 4º del mismo texto legal, de modo que, si por el primer artículo no se encontraba legalmente obligada a tratar el cuerpo del delito, esto desplaza toda otra hipotética obligación -de tipo formal- lógicamente derivada de ella.
Emergencia económica, pesificación, depósito bancario
Materia: CONSTITUCIONAL-BANCARIO
Carátula: "Pozzi  Carlos  Daniel c/ PEN Ley 25.561 Dto 1570/01 214/02 (BNL) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Para el caso en que se hubieran realizado pesificaciones voluntarias totales o parciales en relación a las cuentas reclamadas procederá el reconocimiento de la diferencia de cotización entre el tipo de cambio fijado por el decreto 214/02 -$ 1,40- y el valor de la divisa estadounidense en el mercado libre de cambios en los siguientes casos:

a) Respecto de las pesificaciones efectuadas con anterioridad al inicio del presente proceso, por cualquier monto, siempre y cuanto la pretensión haya sido oportunamente introducida y se hubiere realizado reserva de derechos o cobro bajo protesto. Se tendrá por válida esta manifestación en tanto importe una comunicación explícita y fehaciente de la actora a la entidad depositaria, cumplida en forma previa o concomitante al acto de pesificación.

b) En lo atinente a las pesificaciones efectuadas con anterioridad al inicio del presente proceso y aún cuando no medie reserva oportuna se reconocerá la diferencia de cotización por las desafectaciones de hasta U$S 5.000 -o $ 7.000- por cada depósito financiero.

Esto es así por cuanto teniendo en cuenta el monto pesificado no resulta de aplicación la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Cabrera" del 13/07/2004. Dicha conclusión se sustenta en que los retiros -hasta el límite indicado- se concretaron en el marco de un régimen que admitió la necesidad generalizada de los depositantes de contar con fondos propios que se encontraban inmovilizados, compatibilizándola con los requerimientos de solvencia y liquidez del sistema bancario a esa época, para lo cual estableció un cronograma de vencimientos reprogramados y la posibilidad de desafectar de él la suma de $ 7.000 (B.C.R.A.

Comunicación "A" 3.443/02 y normas complementarias).

Por lo tanto, este reconocimiento reglamentario acerca de las necesidades de financiamiento de los ahorristas no puede conducir a extraer de tales desafectaciones, que por otra parte resultaban parciales, tasadas y de monto reducido, el consentimiento voluntario del régimen de pesificación impugnado.

C) Por último, corresponde admitir la presentación relativa a la diferencia de cotización por las pesificaciones efectuadas con posterioridad al inicio del presente proceso, hasta cualquier suma de los depósitos reclamados.

En tal caso, no cabe proyectar el criterio fijado por el Máximo Tribunal en el precedente "Cabrera", del 13/7/2004, ya que la actora continuó la demanda presentada con anterioridad al acto de pesificación. Tal conducta impide sostener que ha operado un consentimiento o libre aceptación de las normas impugnadas en tanto las mismas se encontraban cuestionadas en la acción judicial previamente interpuesta.
Presunción de contrato de trabajo, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: Gerez, Francisco Anastacio c/ Embotelladora Torasso S.A. "Edificio Caseros" s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-10-23

Invocado por la demandada que el actor era un fletero que trabajaba en forma independiente con su camión propio, y a su vez el actor invoca relación laboral, éste último probó su afirmación pues debía hacer las tareas en el horario y forma que decía la empresa, con ruta prefijada, y el vehículo de propiedad del actor debía contar con la leyenda de la empresa es decir se acreditó la subordinación.

En casos como el de autos, donde el principio de la subordinación parece desdibujarse por las especiales características del trabajo que se cumple fuera de la empresa y en horarios no habituales, en modo alguno implica que no haya control de trabajo, máxime cuando no se invocó otro tipo de relación que haga necesaria la prueba de la subordinación.
Contrato de trabajo, árbitros de fútbol, relación de dependencia, Asociación de Fútbol Argentino
Materia: LABORAL
Carátula: BLANCO, JORGE c/ ASOC. DEL FUTBOL ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

El convenio colectivo 126/75 que regula las relaciones entre la Asociación Argentina de Árbitros y la Asociación Argentina de Fútbol fue ampliado de común acuerdo permitiendo a la segunda entidad celebrar contratos de servicios arbitrales sin relación de dependencia, con los árbitros que integran o integren sus planteles oficiales. Tal ampliación fue consentida y homologada por la autoridad administrativa. A pesar de ello, como los contratos de servicios arbitrales son meras máscaras formales para simular la relación laboral subyacente, son nulos de acuerdo al art. 14 RCT. Ello es así porque si para realizar iguales tareas unos se incorporan mediante contratos de trabajo y otros mediante servicios laborales, cobrando también diferentes remuneraciones, el empleador violenta el art. 17 RCT discriminando sin razón objetiva alguna al que devenga menor salario.
Ley de Navegación, sustitución de medidas cautelares, interdicción de salida
Materia: NAVEGACION
Carátula: PROVINCIA SEGUROS SA c/ ACAREY SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

El ordenamiento procesal brinda al cautelado la posibilidad de solicitar la sustitución de una medida precautoria, con fundamento en la necesidad de evitar o disminuir los perjuicios innecesarios que eventualmente le pudiere ocasionar, en tanto y en cuanto los bienes o garantía que se ofrezcan tengan igual o mayor valor que aquéllos cautelados originalmente (confr. art.

203 del Código Procesal; Sala I, causa 6.563 del 16-2-95; esta Sala, causas 6.706 del 21-2-90 y 2.269 del 15-4-93;

Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T-2 C, pág. 497/98; Podetti, J. R., "Tratado de las Medidas Cautelares", 2ª. Ed., 1969, T 4, pág. 174). La Ley de Navegación prevé en su art. 540 que todo embargo e interdicción de salida cesa, si cualquier interesado en la expedición da fianza bastante para el pago de la suma reclamada con más los intereses y costas presupuestados por el Juzgado.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Balmaceda, Alberto Enrique c/ Briceca S.A.I.C. y S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Los litigantes tienen el deber de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en su propio interés.
Empleados públicos, remuneración, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HISI GUSTAVO J. Y OTROS c/ Estado Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

La existencia de una excesiva disminución en el valor intrínseco de las remuneraciones de los empleados públicos debe verificarse no sólo comparándola con el poder adquisitivo del sueldo inicial del agente, o de su mejor sueldo, sino que también de relacionársela con el deterioro general de las remuneraciones en el período de que se trate.
Ley aduanera, contrabando, bien jurídico protegido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CINEPA  S.A. s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

El bien jurídico protegido por el inc. f) del art. 187 de la Ley de Aduana (t.o. 1962) está constituido por el adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías asignada a las aduanas.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA SANTAFESINA DE TIERRAS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COMPETENCIA- MERE DECLARATIVA- CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA  ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y  COMERCIAL DE LA DECIMO CUARTA NOMINACION Y LA CAMARA DE LO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO DOS, AMBOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO  (EXPTE.: C.S.J. N  225 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-14

Que la satisfacción de la pretensión suponga inexorablemente la declaración de inconstitucionalidad de una ley o la aplicación o no de un acto de carácter general, no desplaza la concurrencia de materia contencioso administrativa. No es otro el criterio de los innumerables precedentes en los que el Tribunal ha atendido a pretensiones y defensas que igualmente suponían el examen de la constitucionalidad de una ley administrativa en sentido lato, ello por cuanto el control de constitucionalidad de las leyes no priva a la materia de su carácter de contencioso administrativa.
Inadmisibilidad del recurso, recurso de casación, excarcelación, cuestión federal, transporte de estupefacientes, fallo plenario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bustamante, Luis Rodolfo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-07

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación que se ajustó a los parámetros establecidos en el plenario "Díaz Bessone", si la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de la CFCP, la resolución de la cámara de apelaciones ha satisfecho el "derecho al recurso", el tiempo que el imputado lleva privado de libertad no luce irrazonable a la luz del art. 1 ley 24.390 como así también del delito que se le imputa (transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes en concurso real con su calidad de miembro de una asociación ilícita, art. 5 inc. "c" y art. 11 inc. "c" de la ley 23.737 y art. 210 del CP), habiendo el a quo valorado el riesgo procesal no sólo en función de la elevada escala penal prevista, sino que además tuvo en cuenta la solidez de la imputación formulada en atención a la prueba de cargo existente, la gravedad del hecho y el peligro de fuga fundado en los antecedentes penales y el mal comportamiento que registra el imputado en su lugar de detención, existen medidas de prueba pendientes de producción tendientes a determinar el origen y el destino de los 841,69 kg de cocaína secuestrados y que la soltura del imputado podría entorpecer. La disidencia sostuvo que a la CFCP compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, incluso en aquellos casos en que se ha observado la garantía de la doble instancia. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -en disidencia-).
Reajuste jubilatorio, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, ABEL c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Resulta irrazonable que, pese a mediar una manifestación inequívoca y expresa del particular y una conducta cierta de la Administración demandada, se presuma por vía legal la renuncia o no se habilite la instancia por no haberse agotado el reclamo previo. Igual solución cabe en casos de irregularidades, errores en la tramitación administrativa o situaciones atribuibles a la Administración, que enfrentan el comportamiento inequívoco de aquella al justo reclamo del administrado y lo someten a una dispendiosa e inútil reclamación que, en definitiva, concluirá con la demanda judicial.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alcaraz, Norma I. c/ Paez, Raúl Oscar s/ Divorcio art. 214 C. Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

En el juicio de divorcio ninguna incidencia debe tener en la justipreciación de las retribuciones, el mayor o menor caudal patrimonial de los cónyuges, pues ninguna tarea se ha cumplido en relación al mismo, encontrándonos ante un pleito no susceptible de apreciación pecuniaria.-
Actos jurídicos, violencia como vicio de la voluntad, manifestación de la voluntad
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramírez, Beatriz de los Milagros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 103-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21

La doctrina sobre la violencia moral establece que los requisitos que deban reunirse para que se configure la intimación jurídica son:

1) que se trate de amenazas injustas; 2) que el mal amenazado sea inminente y grave; 3) que el temor que suscite sea fundado; 4) que por las condiciones personales de la víctima, la intimidación haya tenido racionalmente que hacerle una fuerte presión; y 5) el "metus" haya sido causa determinante del acto.
Proceso penal, reconocimiento en rueda de personas, nulidad de sentencia, acuerdo de partes, recurso de casación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Raúl Alberto y Herrera, Jorge Moisés s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodrigo Luis Ovejero en contra de Sentencia Nº 23/2009 recaída en causa Expte. Nº 158/08: 1) Agüero, Raúl Alberto, 2) Herrera, Jorge Moisés p.ss.as. 1) y 2) Robo agravado por el uso de armas; 2) Robo simple en concurso real - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15

El recurrente critica por la vía casatoria los reconocimientos efectuados en rueda de personas a los imputados. Concretamente, insiste en la tacha de nulidad de dichos reconocimientos, reiterando el planteo que con acierto ha sido rechazado por el juzgador en el fallo cuestionado.

Y ello es así porque, como bien lo pone de resalto el tribunal de mérito, dichos actos procesales se cumplimentaron con las formalidades prescriptas por los artículos 259/262 del C.P.P., y fueron practicados en presencia de los asistentes técnicos de los imputados.

Asimismo, un análisis integral de la causa permite advertir que ambos imputados no sólo han sido asistidos por su defensa técnica, sino que además, ella no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el momento de los alegatos -casi dos años más tarde-, cuestionamiento alguno a las ruedas de reconocimientos de personas que ahora tilda de inválidas.

En lo que a este tópico se refiere cabe recordar lo sostenido por este Tribunal en precedentes anteriores, en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma, y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Caducidad de instancia, segunda instancia, oficial primero
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Corresponde dejar sin efecto la decisión que declaró la caducidad de la segunda instancia si, al concluir que la demora en el envío de las actuaciones a la cámara no eximía a las partes de urgir la prosecución del juicio, soslayó lo dispuesto en el art. 251 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que coloca en cabeza del oficial primero la obligación de remitir los expedientes a la alzada una vez contestado el traslado previsto en el art. 246, como así también, lo establecido en el art. 313, inc. 3°, de dicho código, en cuanto excluye la ocurrencia de la caducidad cuando la prosecución del trámite dependiere de una actividad que el código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero.

Fuente del sumario: SAIJ
Reordenamiento del sistema financiero, emergencia económica, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, ley de emergencia económica, decretos, interpretación de la ley, aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Inversiones Yatay S.A. c/ Ferreyra, Ramón Alberto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-10

La pesificación forzosa dispuesta por la ley 25561 y el decreto 214/02 comprende a toda obligación cualquiera fuese su causa u origen, incluyendo las judiciales. La interpretación a darse a las normas en juego no puede ser otra que la de que están ■pesificadas■ todas las obligaciones de dar dinero anteriores al 6-2-2002 cualquiera fuera su monto, origen o causa.
Propiedad horizontal, partes comunes, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llorca Moragues José c/ Consorcio Edificio de la Unión de Trabajadores Gastronómicos s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S137 - 021)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-19

Las disposiciones contenidas en la ley Nº 13.512 en lo que al tema se refiere, n son de orden público, sino que por el contrario la enunciación sobre que bienes se consideran comunes contenida en su art. 2, es como el mismo se encarga de aclararlo, simplemente enunciativa. Las partes pueden a través de su reglamento de administración, como normalmente acontece, ampliar la enumeración de los bienes que participan de esas características. De allí también la prioridad que corresponde asignar a las enunciaciones precisas del reglamento frente al texto vago de la ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar Guzmán, Adolfo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Es improcedente el agravio por el que se denuncia violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal solicitando una disminución en la sanción impuesta al procesado atento la falta de antecedentes que registra si ello fue expresamente valorado como atenuante en la sentencia impugnada.
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Madinaveitía, Alberto s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

Los particulares concesionarios de la empresa nacional de ferrocarriles sólo se encuentran exentos de la potestad tributaria provincial -y, por tanto, beneficiados por la exención tributaria dispuesta por el art. 38 de la ley 18360- en tanto dicha imposición interfiera directa o indirectamente en el propósito de interés público de la indicada empresa nacional (arts. 67 inc. 27, 28 y 31, Constitución Nacional y ley 18310).
Procedimiento tributario, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, efecto devolutivo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Lacasa, Federico Alejandro y otros s/ Apelación ganancias  I.V.A.  -  T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

En el régimen de la Ley 11.683 la apelación del pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmatorio de la pretensión tributaria de la D.G.I. , se concede al sólo efecto devolutivo, con la consecuencia de que ese organismo se encuentra habilitado para librar la boleta de deuda pertinente si no se acredita el pago dentro de los 30 días de notificada la sentencia, o, en su caso, la resolución aprobatoria de la liquidación, según reza el artículo 176 de dicha ley (t.o. en 1978 y mod.).

En consecuencia, la administración puede promover ejecución fiscal.