Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-12


EXPEDIENTE N° 1009: N. N. y N. N. S/ Carpeta de Adopción	San Juan, 12 de mayo del año dos mil diecisiete.-	VISTO: Para resolver en Autos N°1009 (SALA IV) caratulados: " N. N. Y N. N. S/ CARPETA DE ADOPCIÓN", el recurso de apelación interpuesto a fs. 44 contra la resolución interlocutoria obrante a fs. 42 dictada en fecha 07 de julio del año 2016 por la Sra. Juez a cargo del Registro Único de Adoptantes de la Provincia de San Juan. El recurso ha sido concedido a fs. 51 sin efecto suspensivo.-	Y CONSIDERANDO: Mediante el pronunciamiento aludido la juez a quo rechazó el pedido de inscripción instado por la pareja integrada por los Sres. N. N. y N. N. en su carácter de postulantes a integrar el Registro Único de Adoptantes.-	Para resolver de este modo la juez de grado, luego de transcribir parte del informe psicológico de fs. 28/29 relativo al perfil psicológico de uno de los postulantes, concluyó que el Sr. N. N. no reúne las condiciones para ejercer la guarda de un niño, rechazando de este modo el pedido de inscripción instado por los postulantes en autos.-	A fs. 44 obra recurso de apelación interpuesto por los postulantes contra la referida decisión y que fuera concedido sin efecto suspensivo mediante la providencia de fs. 51; asimismo a fs. 55/57 obra expresión de agravios.-	Resumidamente diremos que agravia a los recurrentes la resolución cuestionada por considerar que la misma afecta no solo los derechos de un niño a contar con una familia para su crecimiento y desarrollo, sino que también cercena sus derechos constitucionales consagrados en la Constitución Provincial (arts. 24, 54, 81) y Nacional, como los derechos reconocidos por Convenios Internacionales (arts. 9, 12, 20 Convención del Niño Ley N°23849) que a la luz del art. 31 de la C. Nacional resultan Ley Suprema de la Nación.-	Alegan que el régimen de adopción introducido en el Código Civil Argentino ve a la guarda como parte del proceso de adopción, por lo tanto el juez debe sujetar todo ello a los requisitos instituidos a tal fin. Refieren que en el presente procedimiento no tuvo participación complementaria el Ministerio Público (cfr. art. 103 inc. a) del C. Civil), lo que acarrea la nulidad de lo resuelto, en función de lo previsto por el art. 32 de la Ley N 7014.-	Expresan que el decreto recurrido les impide ser incorporados en la lista de postulantes con aptitudes de adoptabilidad, tomando a su criterio en forma parcial y caprichosa los informes emitidos por los servicios técnicos del juzgado, centrando su visión en la personalidad de uno de los postulantes sin considerar la unión convivencial como una unidad complementaria.-	Refieren que, ante la falta de intervención del Ministerio Público y de resolución sobre la situación de adoptabilidad que prescribe el art. 607 del C. Civ. y Com., hubo incumplimiento en el debido trámite ya que la mencionada norma exige un pronunciamiento en un plazo no mayor a 90 días. Aclaran que pese a la demora y luego de 3 años los convivientes mantienen aún la unión convivencial. Refieren que con más de 51 y 46 años de edad tienen y cuentan con una estructura familiar que se prolonga en el tiempo con un proyecto de vida en común, lo que surge del informe de fecha 21/12/2015.-	Seguidamente expresan que conforme lo dispuesto por el art. 601 inc. a del C. Civ. y Com., que permite adoptar aunque uno de los postulantes se encuentre impedido por razones de edad, denota que aunque no haya capacidad suficiente en uno de los adoptantes, ello no puede ser impedimento para obtener la adopción. Así sostienen que el trámite de autos tiene por objeto una pretensión de pareja (unión convivencial), en orden a postularse como adoptantes, surgiendo de los informes producidos que uno de sus integrantes es subdirector de un colegio y el otro posee una explotación comercial en la provincia. Así les agravia que los reparos o cuestionamientos de la juez de grado se sostengan en los informes de fecha 05/07/2016 emitidos por las licenciadas Gil y Basso, transcribiendo la parte de los mismos. Al respecto afirman que si bien consintieron el contenido de los mismos, esta circunstancia no puede ser óbice para ser excluidos de lista de personas en condiciones de adoptar, siendo que la circunstancia señalada como impeditiva por la juez a quo (grado de inmadurez o histronismo), no afecta el funcionamiento de la pareja y que las características apuntadas responden solo a un perfil de personalidad. Al respecto afirman que el Sr. N. N. es un comerciante con arraigo en la provincia, de buen trato ante vecinos y dedicado al trabajo, teniendo gran éxito en su actividad.-	Reiteran que la resolución es arbitraria por haber omitido considerar que uno de los postulantes no presenta objeción alguna, no obstante ello señalan que de los diversos informes técnicos producidos en autos ninguno indica que los apelantes no se encuentran en condiciones de adoptabilidad. Seguidamente señalan que el informe utilizado por la juez de grado presenta contradicciones en cuanto contiene un párrafo que textualmente expresa: "Funciones psíquicas dentro de parámetros normales...." y luego afirma que "existe inmadurez emocional...".

En función de lo expuesto concluyen que la personalidad narcisista o histriónica de un miembro de la pareja no constituye una patología, sino que, es tan solo un rasgo del carácter o personalidad, solicitando en consecuencia se haga lugar al recurso interpuesto, debiendo ser incluidos en la lista de personas con capacidades de adoptabilidad.-	A fs. 63 vta. obra certificación de pase de autos a despacho para resolver en definitiva.-	Planteado en estos términos el recurso venido en apelación corresponde al tribunal avocarse a su estudio a efectos del dictado de la sentencia que corresponda.-	Antecedentes del caso: De las constancias obrantes en autos surge que a fs. 01/02 los recurrentes formulan solicitud de postulación por ante el Registro Único de Adoptantes de la provincia.-	A fs. 25/27 obra informe socio-ambiental, mientras que a fs. 28/29 y vta. se encuentra incorporado el informe producido por el equipo de adopción.-	A fs. 30/38 obran informes psicológicos.-	A fs. 39 obra dictamen emitido por la Sra. Asesora de Menores e Incapaces N 2 en fecha 11/01/2015 expresando que los peticionantes reúnen las condiciones para ser incluidos en el Registro de Adoptantes previsto en el art. 600 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación.

A fs. 40 obra pedido de ampliación de informe psicológico requerido por la juez a quo y que fuera evacuado a fs. 41 y vta.-	A fs. 42 obra el decreto apelado. Tales son en apretada síntesis los antecedentes que motivan el presente recurso de apelación.-	Tratamiento del Recurso: Inicialmente debemos señalar que "La adopción consiste en un vínculo filiatorio y familiar por naturaleza, en sentido integral al que la ley reconoce y regula. Su concreción es judicial y su aplicación es restringida, específica y excepcional. La excepcionalidad del vínculo adoptivo surge de las circunstancias extraordinarias que le dan origen, que circunscriben - estrictamente - los supuestos legales en los que puede ser otorgado. La especificidad consiste en la evaluación de la decisión judicial apreciando centralmente el beneficio personal del menor en desamparo. Respecto a la naturaleza jurídica de la adopción, la misma no constituye ni podría constituir una sanción o un enjuiciamiento a los progenitores. No corresponde a su esencia y como función le es ajena. La adopción radica su razón de ser decididamente en la consideración óntica, y el consiguiente reconocimiento jurídico, de la dignidad del sujeto de derecho agraviado: el menor en desamparo.." ("LA ADOPCIÓN" Catalina Elsa Arias de Ronchietto; pag. 293/294; Ed. Abeledo Perrot).-	El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley N 26.994, en el libro Libro Segundo, Título VI, (arts. 594 a 637) incorpora en su articulado el contenido normativo de la Ley N° 25.854 de creación del Registro Único de Adoptantes y de la Ley N° 26.061 sobre Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.-	El art. 594 del Código Civil y Comercial define al instituto de la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.-	El Código Civil coloca su acento en el derecho del niño a vivir en una familia donde se desarrolle y cubra sus necesidades afectivas y materiales ante la situación excepcional en que éstas no puedan ser cubiertas por su familia biológica. Los principios generales que rigen en la materia y sobre los cuales se edifica la institución (Kemelmajer de Carlucci, Herrera, Lloveras: "Tratado de Derecho de Familia", Rubinzal-Culzoni Editores, T.II., págs. 31 y sgtes.) se encuentran enunciados en el art. 595 C.C. y C., aunque tienen su origen en la Convención de los Derechos del Niño, razón por la cual, deben ser observados de oficio por el juez, conforme lo viene señalando con firmeza la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. (Corte IDH, "Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas", sentencia del 24/02/2012, párr.282; "Fornerón e Hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas", sentencia del 27/04/2012, párrs. 48 a 51).-	Particular importancia depara la aplicación en concreto del interés superior del niño, prisma bajo el cual, el juez debe tomar todas las decisiones en un proceso de adopción. Esto viene asegurado por el art. 3, párr. 1, de la Convención de los Derechos del Niño, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que lo afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.-	A los fines de emitir nuestro pronunciamiento hemos de considerar además la disposición contenida en el artículo 599 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto legisla sobre las personas que pueden ser adoptantes expresando: "El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona.-	El artículo 600 de dicho plexo legal incorpora el requisito de la inscripción previa en el registro de adoptantes que corresponda a su domicilio, como condición para acceder a la adopción. A su vez el artículo 602 establece que las personas casadas o en unión convivencial sólo pueden adoptar si lo hacen conjuntamente.-	Bajo estos postulados habremos de analizar la apelación promovida a fs. 44, destacando inicialmente que el planteo de nulidad del decreto de fs. 42 por falta de intervención del Ministerio Público no debe prosperar, ya que como lo señaláramos referirnos a los antecedentes de la causa, a fs. 39 consta la intervención en autos de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces N° 2 expresando que los apelantes reúnen las condiciones exigidas por la ley para ser incluidos en el Registro de Adoptantes previsto por artículo 600 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.-	En relación a los restantes agravios serán tratados en forma conjunta dada su estrecha vinculación entre sí, en cuanto los mismos reconocen un denominador común, esto es, que la juez a quo ha interpretado en forma parcializada los informes técnicos producidos en autos, reparando en el perfil psicológico de uno de los postulantes, desconociendo de este modo a la unión convivencial como una unidad complementaria. Por los motivos que seguidamente señalaremos habremos de hacer lugar a la apelación propuesta.-	En primer lugar debemos destacar que el informe técnico (fs. 28/29) en cuya virtud la juez de grado solicitara a fs. 40 un psicodiagnóstico más profundo sobre uno de los postulantes (Sr. N. N.) considera que la pareja solicitante se encuentra apta para ser postulante a una adopción. En efecto dicho informe sugiere "una nueva evaluación al momento de la llegada del niño y durante el proceso de adopción, con seguimiento del proceso vincular, por parte del equipo de adopción y continuidad de psicoterapia de ambos adoptantes".-	De igual modo cabe señalar que el párrafo del informe que la juez a quo utiliza para poner en duda la capacidad de uno de los adoptantes como padre (3° párrafo fs. 28 vta.) comienza expresando: "N. N. se observa sin trastornos severos de personalidad", para luego describir el perfil del postulante (ansioso, histriónico, cierto rasgo de manipulación, etc). Idéntica situación acontece con el informe obrante a fs. 41 que la juez a quo cita en la providencia apelada. En efecto dicho informe reitera los rasgos de la personalidad de ambos postulantes, para luego concluir: "Por lo evaluado en la pareja N. N. - N. N., en la actualidad no se advertirían indicadores significativos que se presuma pondrían en riesgo la integridad psicofísica de un niño".-	Al respecto corresponde destacar que ambos postulantes constituyen una familia y por ende las conclusiones y recomendaciones, en relación a la aptitud para ser potenciales padres, debe ser evaluada en función de los deseos y capacidades de ambos postulantes como pareja. Así lo considera el Gabinete Técnico del Registro Único de Adopción en el informe de fs. 28/29, como el informe de fs. 41.-	Sin perjuicio de lo señalado cabe destacar que los informes psicológicos individuales (fs. 30/31; 32/33) de cada uno de los postulantes concluyen que no se observan indicadores patológicos al momento del análisis.-	En el mismo sentido debemos advertir que la Asesora Letrada de Menores (fs. 39) estima que los postulantes reúnen las condiciones exigidas por los arts. 597 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; en especial el requisito de inscripción en el Registro de Adoptantes previstos por el artículo 600 inc. b).-	En función de lo que venimos sosteniendo debemos convenir que el derecho de los postulantes a inscribirse en el Registro de Adoptantes no puede ser condicionado si los mismos no han sido objetados por el Equipo de Adopción de la Secretaría Social de la Corte de Justicia, situación que acontece en la especie, conforme las conclusiones a las que arriban dichos organismos técnicos.-	En otro orden de ideas debemos señalar que si el artículo 602 de dicho plexo legal determina que las personas casadas o en unión convivencial solo pueden adoptar solo si lo hacen conjuntamente. Así entendemos que tal norma consagra la obligación de evaluar en forma conjunta la aptitud de los postulantes a una adopción, por tratarse precisamente de una familia que desea adoptar un hijo.-	Lo afirmado en el párrafo anterior nos lleva a sostener que el perfil psicológico de uno de los postulantes, constituye una circunstancia individual y personal, que por si sola no debe considerarse como impedimento para adoptar, sino que debe ser ponderada adecuadamente por el juez, en el contexto de un caso concreto, nunca en forma apriorística y abstracta como lo ha realizado la juez de grado.-	Así la Excma. Corte de Justicia de la Nación ha sostenido: "Si bien la falta de identidad de religión entre adoptante y adoptado constituye una de las tantas y variadísimas circunstancias que el juez debe ineludiblemente examinar para formar criterio acerca de si la adopción es conveniente para el menor (art. 9, inc. e), por tratarse de "circunstancias", el examen tiene que hacerse en concreto y no en abstracto, esto es, con particular referencia a las modalidades del caso". (Corte Suprema de Justicia de la Nación o 16/12/1957 o S., J. y otra o La Ley Online o AR/JUR/25/1957).-	Así las cosas consideramos improcedente el argumento utilizado por la juez a quo para denegar la petición de postulación a la adopción. Y si bien es cierto que la exigencia de inscripción en el Registro Único de Adoptantes constituye una condición necesaria para ser adoptante (cfr. art. 600 inc. b) C.Civ.), no debe perderse de vista que tal recaudo es instituido en función del interés superior del niño, el que reiteramos, debe ser analizado por el juez en el contexto de un caso concreto al momento de decidir sobre el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. De esta forma lo ha entendido la CSJN al expresar: "A los fines del otorgamiento de una guarda con fines de adopción, el requisito de la inscripción en el Registro Único de Aspirantes no puede constituirse en un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual, pues, al tratarse de la construcción de un sistema de protección civil y protección social en beneficio de la sociedad y de la niñez, debe ser interpretado y aplicado con arreglo al principio rector, a la piedra fundamental en la que reposa la protección integral de los derechos del niño, cual es el interés superior de éste, que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias, incluyendo a la Corte Suprema". (Corte Suprema de Justicia de la Nación 16/09/2008 G., M. G. s/ Protección de Persona LA LEY 01/10/2008, 11 LA LEY 10/10/2008, 4 con nota de Rodolfo G. JáureguiLA LEY 2008-F, 59 con nota de Rodolfo G. Jáuregui DJ 22/10/2008, 1766 DJ 2008-II, 1766 LA LEY 09/02/2009, 7 con nota de Silvia E. Fernández LA LEY 2009-A , 450 con nota de Silvia E. Fernández JA 2009-I , 15 AR/JUR/7453/2008).-	Por los motivos expuestos corresponde hacer lugar al recurso de apelación promovido a fs. 44 revocando en consecuencia la providencia de fs. 42, haciendo lugar al pedido de inscripción en el Registro Único de Adoptantes formulado por los Sres. N. N. y N. N.-	Asimismo y en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo General N° 43/15 dictado por la Excma. Corte de Justicia de San Juan, una vez firme y consentido este pronunciamiento, deberán remitirse los autos a la Secretaría Social de la Corte de Justicia -Registro Único de Adoptantes- a los fines de su anotación y oportuna remisión al Juzgado de Familia que corresponda.-	Costas y honorarios: No corresponde imponer costas en este recurso atento su tramitación inaudita pars. Asimismo y conforme lo establecido por los artículos 13, 22 y 47 de la Ley N 56-O se regulan los honorarios profesionales correspondientes al letrado patrocinante de los apelantes, Dr. Federico Caroprese, por su labor en esta instancia, en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00) estimados la fecha del presente resolutorio.-	La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido en el art. 257 C.P.C.-	Por ello, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra la providencia obrante a fs. 42, la que se revoca por los motivos expuestos en los considerandos;

II) En virtud de lo resuelto en el punto I) se hace lugar al pedido de inscripción en el Registro Único de Adoptantes de los Sres. N. N. y N. N., disponiendo la oportuna remisión de los autos a la Secretaría Social de la Corte de Justicia (Registro Único de Adoptantes) a los fines indicados en los considerandos;	III) Regular los honorarios profesionales del letrado patrocinante de los apelantes, Dr. Federico Caroprese, por su labor en esta instancia en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00) estimados a la fecha del presente resolutorio.-	Protocolícese, notifíquese y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.-