Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-25


.MDEL.1487582.

EXP 28892 / 12 Salta, 25 de abril de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VERON, JESUS ANGEL C/ GUTIERREZ, MIRIAN VIOLETA; COOPERATIVA SALTEÑA DE TAMBEROS LTDA- COSALTA S/ ORDINARIO", EXP - 28892 / 12; originario del Juzgado de primera instancia del Trabajo nº 3, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 259/264 y vta.; 269/274 y 281/285 y vta. , y C O N S I D E R A N D O La Dra. Mirta Inés Regina dijo:

I. Suben estos autos a la alzada, en virtud de los recursos de apelaciones interpuestos a fs. 259/264 y vta.; 269/274 y 281/285 y vta. en contra de la sentencia de primera instancia de fs. 248 /254 y vta.

APELACION DE LA PARTE ACTORA:

Expresa el apelante que la sentencia agravia a su parte, porque rechazó los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda, porque consideró justificado el despido directo que dispuso el empleador, alegando para ello "abandono de trabajo" por parte de trabajador.

Afirma que el fallo agravia su representado, toda vez que interpretó erróneamente el art. 244 de la LCT, soslayando el derecho del actuante a retener sus tareas ante el incumplimiento patronal, ello en función de lo dispuesto en el art. 1201 del Código Civil.

Explica que de ninguna manera, la figura del art. 244 de la LCT, como de hecho la interpretó el fallo, pudo ser la de servir para legitimar la situación de despido, frente a la expresa negativa del trabajador de prestar servicios, pues de hecho en tal retención de labores mediante la justificación que haya sido (falta de pago de salarios, licencia médica, fuerza mayor, etc.), hubo clara voluntad de proseguir el contrato y consecuentemente de no "abandonarlo".

Asevera que no existió abandono de trabajo por parte del Sr. Verón, porque éste se encontraba reteniendo sus tareas laborales, situación que expresamente imposibilitó la utilización de dicha figura legal para disolver justificadamente el contrato de trabajo. Cita jurisprudencia.

Opina que el empleador en este caso, ante la negativa de un empleado de tomar labores en la falta de pagos de salarios, pudo proceder de mil maneras: tanto para lograr que trabaje como para disolver el vínculo; pero respecto a ello es que de ninguna manera se pudo aplicar el " abandono de la relación", porque no se patentizó mientras el dependiente alegara alguna circunstancia que demostrase que su intención no era " abandonar" el contrato, menos cuándo lo hace reteniendo tareas amparándose en el art. 1201 del Código Civil por incumplimiento patronal.

Manifiesta que si bien la sentencia acordó genéricamente que un trabajador pudo retener labores, lo cual importó acordarle la facultad del art. mencionado, resultó que en la práctica, y en este caso concreto, le negó y cercenó gravemente tal derecho.

Dice que, sin la fundamentación de porqué la postura retentiva de tareas del actor no pudo ser acogida, resultó el fallo arbitrario y como tal revocable, pues justamente esa fue la materia litigiosa y el eje fundamental sobre el que giró el caso. Que en tal sentido la sentencia no estableció porqué se le negó al trabajador la potestad emanada del art. 1201 del Código Civil y más aún convalidando la justificación de un despido por "abandono de trabajo", cuando en manera alguna se trasuntó la configuración de dicha causal resolutoria.

Expone que a los fines justificatorios de la sentencia, no bastaron las consideraciones dadas en el análisis del intercambio epistolar, menos en cuanto refirieron al pago de abril de 2011, porque claramente surgió de tal intercambio, que efectivamente era adeudado al trabajador y en tal sentido era justificada su retención de tareas.

En este orden de cosas, expresa que es notorio lo arbitrario de la sentencia, que pretendió teñir de "buena fe" a la postura de la empleadora de "poner a disposición haberes" cuyo pago debió hacerse efectivo el 4to. día hábil de mayo, lo cual recién se hizo el 09 de junio, esto es un mes después del su vencimiento.

Agrega que tampoco bastó a los fines justificatorios del fallo el tangencial análisis que se efectúo a las "..otras casuales que se alegan como fundamento de la retención de tareas dispuesta por el actor...y diferencias salariales.", pues tal cuestión no es nimia como pretendió reducirla la sentencia, sino y al contrario, fundamental para la resolución de la causa.

Arguye que el trabajador intimó el pago de diferencias salariales y retuvo tareas hasta tanto les fueran abonadas, mientras el empleador fue quien despidió al trabajador por abandono de trabajo, demostrando que ella no quería la relación laboral.

Afirma que el fallo se equivocó en imputar como descalificante que el Sr. Verón varió sus intimaciones, lo cual de ninguna manera fue así, menos cuando, además fueron demostradas que sus interpelaciones fueron justificadas. Así, dice, primeramente intimó el pago de la remuneración de abril y tras un mes de espera pudo finalmente percibirla. Luego, de igual forma, el trabajador también requirió postalmente que las diferencias salariales adeudadas en virtud de la re-categorización que le correspondía también le fuere pagado, lo que también fue sentenciado procedente, situación de la cual en manera alguna debió plantearse "conjuntamente" con los otros requerimientos.

Alega que el actuante , mientras tuvo derecho, pudo efectuar todos los requerimientos que consideró que le cabían, sin que nada le impusiera que debió hacerlos en un mismo momento, sino en la oportunidad que hubiese considerando adecuado hacerlo. Manifiesta que el fallo trastocó la evaluación de las conductas del empleador y del trabajador, pues otra vez castigó al trabajador "acreedor" diciendo que modificó su intimación, beneficiando como contrapartida al empleador "deudor", pues claramente se atentó contra el referido derecho de retener las labores al negárselo fácticamente.

Por lo tanto, ratifica el recurrente, en contraposición a la sentencia, de que efectivamente fue justificada la retención de tareas del Sr. Verón por falta de diferencias salariales, aún cuando la hubiere introducido con posterioridad a sus primeros requerimientos y mientras se encontraba vigente el contrato de trabajo, lo que importó, en tales términos, el ejercicio de la mentada facultad legal ( art. 1201 CC) y la imposibilidad de que la empleadora lo acuse de abandono de la relación, menos cuando dichas diferencias salariales luego fueron condenadas por el propio fallo, demostrando la legitimidad de la posición del trabajador.

Explica que frente a las intimaciones formuladas por la patronal, de que su conferente se presentase a trabajar bajo apercibimiento de considerar el abandono de trabajo, siempre éste le dio suficiente justificación a la imposibilidad de concurrir a prestar sus labores, alegando la retención de tareas en amparo al art. 1201 del Código Civil ante el incumplimiento patronal. Así dice, mal pudo invocarse la situación de haber tenido por abandonada la relación laboral, por la negativa a prestar tareas cuando el trabajador se encontraba legítimamente protegido, al retener su contraprestación hasta que la patronal cumpla la suya. Que por lo que frente al requerimiento de la contraprestación por una de las partes (que preste sus tareas), el trabajador rechazó prestarlas hasta que se cumpliera con la otra contraprestación (el pago de sus salarios en debida forma), tal como manda el artículo mencionado, todo lo cual acreditó la falta de justificación del distracto por abandono y correlativamente la legitimidad del reclamo reparatorio. Cita jurisprudencia.

Ratifica que de ninguna manera, el Sr. Verón demostró que era su intención abandonar el contrato de trabajo. Su contestación fue de que era su intención trabajar y de que el incumplimiento era patronal, al no pagarle sus haberes de acuerdo a la categoría laboral, que luego la propia sentencia reconoció que le correspondía.

Dice que corolario de lo expuesto surge que la sentencia confundió gravemente los derechos de las partes, calificando erróneamente el proceder del trabajador, quien justificadamente se encontró reteniendo tareas ante la falta de pago de las diferencias salariales, que le correspondían por su categorización laboral y por otra parte acordando legitimidad a la decisión patronal, de proceder a la ruptura del contrato en función de considerar configurado el abandono de trabajo, siendo que justamente fue quien era deudora, como de hecho surgió de la condena del punto I) de la parte resolutiva.

Por otro lado expresa que también agravia a su parte que del rechazo del punto II) de la parte dispositiva, surgió también que no era procedente la indemnización derivada del art. 80 de la LCT.

Alega que la sentencia se limitó a establecer la "temporalidad" de la entrega de la certificación de servicios, soslayando que fundamentalmente la obligación de extender tales documentos lo fue en los términos de la real contratación, situación que en el caso no ocurrió, pues ello quedó de manifiesto en tanto expresamente se dictó condena a extender nuevamente tales documentos al decirse".la accionada Gutiérrez deberá hacer entrega de nueva certificación de servicios y remuneraciones, certificado de trabajo y constancias documentada de aportes provisionales de conformidad a lo dispuesto por el art. 80 de la LCT y el art. 12 inc. g) de la Ley 24.241, sin perjuicio del otorgamiento por el juzgado, de una constancia de los datos que respecto de la relación laboral surgen del presente fallo, teniendo presente el pedido de astreintes en caso de incumplimiento." (fs. 254, 4to párrafo). -Afirma que la indemnización del art. 80 de la LCT, es absolutamente procedente, por cuanto incluso al día de la fecha, la demandada aún, no cumplió con la exigencia legal de extender la referida documentación en debida forma, pues incluso fue condenada a hacerlos.

Asevera que para cumplir con las interpelaciones y recién desobligarse la demandada no sólo debió proceder al depósito de la documentación, sino que además debió haber notificado al trabajador dentro del término de dos días de que efectivamente la documentación había sido depositada, lo que no sólo no hizo sino que además omitió contestar, generando la presunción del art. 57 de la LCT que también la sentencia descartó aplicar.

Entiende que contrapuesto al derecho, también se desligó a la demandada al decir que." la demora en la notificación por parte de las autoridades del organismo de trabajo puede serle atribuible a la accionada..", puesto que si es su obligación frente al trabajador la de hacerle conocer de que efectúo el deposito , situación que la obliga a extremar que la notificación de dicha situación se produzca dentro del término legal de dos días, sin que quepa " trasladar" ello al organismo administrativo.

Por lo expuesto concluye que, tanto por cuanto la demandada no procedió a la entrega de la documentación en tiempo; puesto que la consignación no la liberó al no haber efectuado las notificaciones oportunamente y no poder trasladarlas como obligación de la administración, o tanto porque a todo evento dicha documentación consignada no fue entregada en forma, pues careció de validez alguna-puesto que fue nuevamente condenada a extenderla- resulta que se configuró el supuesto del art. 80 de la LCT debiéndose a su entender, que se debe revocar el fallo y condenar al pago de la referidas indemnizaciones reclamadas.

Finalmente solicita que se anule el punto II) de la parte resolutiva y se haga lugar a la demanda en todas su partes con más intereses y con costas a la demandada en ambas instancias.

Hace reserva de caso federal.

Corrido el traslado, la co-demandada COSALTA, contestó el mismo a fs. 282/283, pidiendo que oportunamente se rechace el recurso de apelación deducido por esta parte, con costas.

APELACION DE LA DEMANDADA Manifiesta el apelante que la sentencia de grado agravia a su parte, por cuanto hizo lugar al pago de diferencias salariales reclamadas por la actora, por la aplicación de la categoría prevista en el art. 512 del CCT 40/89, correspondiente a la "Rama de Operaciones Logísticas, Almacenamiento y Distribución". Condenando así a su mandante a extender nuevas certificaciones laborales y a efectuar los aportes correspondientes a la Seguridad Social.

Expresa que su parte se vio agraviada gravemente, porque la sentenciante cometió un grosero error que atentó directamente contra su derecho de propiedad de su representada, considerando que es procedente su encuadramiento en la rama logística, almacenamiento y distribución del CCT mencionado ut supra.

Ante esto aclara que: La Sra. Gutiérrez posee una empresa de fletes que se ocupa del transporte de cargas varias, desde el año 1998 conforme consta a fojas 196.

Que COSALTA es una empresa dedicada a la producción y elaboración de productos lácteos, los cuales son comercializados por la misma, resultándole aplicable el CCT 130/75 y no el CCT 40/89.Que entre las codemandadas, solo existió una vinculación comercial, eventual y transitoria conforme consta a fojas 31-32, ya que ambas empresas son autónomas y poseen personalidades jurídicas propias, sin que haya existido entre ellas una relación de subordinación, ni que tampoco éstas hayan formando parte de una sociedad comercial o constituyan un conjunto económico.

Que el Sr. Verón inició su relación laboral con su representante en el año 2006, es decir con anterioridad a la celebración del contrato de flete entre las codemandadas (2008), sin que exista ningún tipo de fraude laboral en su contratación.

Que ni la empresa COSALTA, ni la empresa de la Sra. GUTIERREZ, son empresas, dedicadas a la logística, almacenamiento y distribución de bienes y que no lucran ni lucraron con esta actividad, ofreciendo tales servicios a terceros, sino que son empresas con características propias distintas a las enunciadas en el apartado 5.12.1 del convenio referido.

Manifiesta que el CCT Nº 40/90 en la rama mencionada, estableció en su apartado 5.12.1 las características de la actividad: "Conforma la caracterización de la presente rama, todas las operaciones realizadas dentro de los depósitos de almacenamientos de mercaderías, sean éstas propias o de terceros, que se encuentren a la espera de determinación de su destino final. Son específicamente propias de esta rama las tareas de almacenamiento de mercaderías, la administración de stock, los movimientos internos de la mercadería necesarios para la operación del depósito, preparación de pedidos, su control y embalaje, hasta el momento previo a la expedición del mismo".

Así dice, en este orden de ideas, que de las declaraciones de los testigos del caso y del contrato acompañado, quedó claro que en ningún momento la Sra. Gutiérrez, recibió las mercaderías de COSALTA, para acopio de la mismas, ya que no posee galpones para almacenar productos recibidos y mucho menos una cámara de frío en razón de este tipo de bienes.

Afirma entonces, que su actividad fue solo transportar los bienes desde la fábrica a su destinatario y nada más. Que el hecho que supuestamente el actor realizó en forma exclusiva la distribución de los productos de COSALTA (lo cual su parte niega categóricamente), no pudo implicar que por este hecho, se "formó parte del proceso de logística en su conjunto", conforme lo manifestado por la sentenciante.

Opina que para determinar que la cooperativa no es una empresa encuadrada en apartado 5.12.1 del CCT 40/89, bastaría apreciar su estatuto y reforma obrantes a fs. 121- 180. Afirma, por lo tanto, que ni COSALTA ni su representada, comercializan dichos servicios.

Finalmente explica que, con respecto a las manifestaciones efectuadas por los testigos Morales y Benites y las observaciones efectuadas a fs. 250 por la Sra. Mouge Moisés respecto de la entrega de documentación, lugar de carga, destino de los bienes y rendición del transporte; resulta lógico y necesario aclarar que en todo tipo de contrato de transporte de cargas o flete, que quien contrató un servicio indique al transportista el destino de los mismos, el lugar de carga , entregue éstos junto con su documentación (remitos, facturas, etc.) y además exija una rendición que acredite que el servicio se realizó correctamente. Cita jurisprudencia.

Por todo lo expuesto, pide que se revoque el punto I de la parte resolutiva y se rechace la demanda en todas sus partes, condenando con costas a la actora en ambas instancias. Hace reserva de caso. Federal.

A fs. 275 se corre traslado a la contraria, el que es contestado a fs. 277/7278 por la parte actora, solicitando que se rechace el recurso de apelación incoado y se confirme la sentencia, salvo en lo que fue materia de apelación por su parte, con costas.

A fs. 281 la codemanda COSALTA, al contestar los agravios de esta parte, manifiesta que está de acuerdo con los mismos y pide que se tenga presente.

APELACION DE LA CO-DEMANDADA COSALTA:

Expresa el apelante que agravia a su parte, lo resuelto por la aquo en la sentencia de autos en la que textualmente dice : ".dentro de la sub categoría de logística contemplada por el CCT 40/89, cabe decir que dicha rama se encuentra prevista en el art. 5.12 de dicho cuerpo normativo bajo la " Rama de Operaciones Logísticas, Almacenamiento y Distribución", siendo dable remarcar que la empresa de la accionada Gutiérrez ha participado de manera determinante en dicho proceso, al ser la encargada de hacer efectiva la última etapa del mismo como lo es la distribución de los productos de COSALTA".

Afirma que indudablemente la conclusión a la que llegó la sentencia en este aspecto, carece de todo sustento normativo, o mejor dicho, contradice lo dispuesto por el art. 5.12.1 del CCT Nº 40/89, que tipificó claramente las características necesarias para el encuadre del personal dentro de la Operación Logística, que no se dan en este caso. Dice que al respecto, se debió tener en cuenta que a Sra. Gutiérrez co-demandada- está inscripta en la Dirección de Rentas como empresa de Transporte de carga, nada más, pero no de Logística, Almacenamiento y Distribución de bienes.( oficio fs. 196).

Por otro lado, manifiesta que resultó una enormidad jurídica tenerla a COSALTA como una empresa de logística, almacenamiento y distribución de bienes, por el sólo hecho de haber contratado el servicio de transporte de su productos a una simple o modesta empresa (cuenta con dos camiones,), dedicada al transporte vario.

Alega que la aquo condenó a su representada, a responder en base a un convenio colectivo que no le es aplicable, en el que no tuvo participación en su celebración, y que reglamenta una actividad absolutamente ajena a su objeto social. Que basta para demostrar ello, el estatuto de COSALTA, que obra a fs. 200/211, que en su artículo 5 señala con toda precisión cual es su principal finalidad y en donde no se menciona el transporte.

Asevera que el transporte de sus productos es una actividad secundaria y complementaria prescindible, ya que principalmente vende sus productos en su planta industrial, de dónde son retirados por las personas que lo adquieren. Que tan prescindible es el transporte de sus productos, que en el citado art. 5 del estatuto ni siquera menciona esta actividad secundaria, pero que la juez, dice, ha ignorado por completo esta prueba.

Por otro lado expresa que el fallo de grado también agravia a su parte, en cuanto se la tuvo como responsable solidaria- fundado en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo-.

Argumenta que como la Sra. Jueza en la sentencia que apeló, no ha merituado para nada los argumentos vertidos por su parte sobre este punto al contestar la demanda ( fs. 35/38) y ha ignorado la prueba que respalda tales argumentos (fs. 200/211), a fin de evitar repeticiones, remite a lo allí expresado y a lo que surja de esa prueba.

Concluyendo, pide que se revoque la sentencia en autos, y se rechace la demanda deducida en contra de su representada, con costas.

Corrido los traslados respectivos de los agravios ut supra, a la parte contraria y a la co-demandada, a fs. 288/289 contesta la actora solicitando que se confirme la sentencia de fs. 247/ 254, salvo en lo que fue materia de apelación por su parte, con costas.

Por otro lado, hace lo propio, la co-demandada a fs. 292 y vta. ratificando lo expresado por esta ésta parte en la contestación de la demanda, por lo que pide que se condene con costas a la actora por ambas instancias .

II. La demandada se agravia por cuanto se hizo lugar a las diferencias salariales aplicando la categoría prevista en el art. 5.12.1 del CCT 40/89, considerando que tal encuadramiento no es procedente, ya que la demandada es una empresa de fletes.

Es necesario determinar algunos conceptos para configurar la aplicación de la supuesta categoría reclamada. En primer lugar la caracterización de la actividad: rama de logística, almacenamiento y distribución, son todas las operaciones realizadas dentro de los depósitos de almacenamiento de mercaderías, sean éstas propias o de terceros, que se encuentren a la espera de determinación de su destino final. Son específicamente propias de esta rama las tareas de almacenamiento de mercaderías, la administración de stock, los movimientos internos de la mercadería necesario para la operación del depósito, preparación de pedidos de pedidos, su control y embalaje, hasta el momento previo a la expedición de los mismos.- Dentro de la actividad logística también se integra con el empaque que permite una adecuada protección de los productos, con el objeto de que estos sean protegidos en forma óptima y mantengan las características físicas originales, resultando necesario contar con un adecuado almacenamiento y control para el posterior manipuleo y traslado de lo mismos.- El servicio de almacenaje implica el control de stock y preparación de pedidos, embalaje y etiquetado, estanterías y estiba, elaboración de guias y documentación, control y seguimiento informático de cada movimiento.- La entrega y distribución es el último eslabón logístico, siendo el transportador la última persona que toma contacto con el cliente o usuario final de las mercaderías repartidas.

Si analizamos las declaraciones testimoniales rendidas podemos advertir claramente que todos coinciden en que el Sr. Veron era chofer de la Sra. Gutierrez, hacia el flete de los productos mediante entrega de remitos o facturas, sin cobrar efectivamente el precio. Las testigos Gloria Arroyo y Rosana Bisceglia, conocen al actor por el reparto de la leche Cosalta en las respectivas escuelas donde trabajaban, afirmando además que la mercadería era descargada por un ayudante. La sra. Nelida Heredia quien fue empleada administrativa de transporte Maluzzu, afirma que los clientes eran Cosalta, Ministerio, también mudanzas, y que se retiraban los productos o cosas y se la llevaban al lugar donde los piden. Jiménez declaró tener carnicería y haber contratado como flete a la sra. Gutierrez de las compras en Kolker o Bermejo.

A su vez los sres. Benitez, Morales y Flores coinciden en que fueron ayudantes del actor en carga descarga y reparto de los productos Cosalta en Salta, Jujuy, y Tucumán, confirmando lo dicho por el trabajador en cuanto transportaba mercadería fuera de la ciudad de Salta capital.

Ahora bien, la categoría de chofer de reparto de operación logística, definido como todo trabajador que conduzca de manera exclusiva los vehículos de las empresas cuya actividad se encuentre caracterizada en el item 5.12.1, en el tráfico de corta distancia, no condice con las funciones desarrolladas por el trabajador; primero porque la actividad de su empleador es de transporte exclusivamente para terceros, asimismo en el item 5.12.2 del citado CC se considera como personal comprendido a los trabajadores afectados en forma principal y habitual a las operaciones referidas a la caracterización de la actividad, lo cual no es la logística en su totalidad, sino únicamente el reparto de los productos contratados, además tampoco ha sido con exclusividad a Cosalta, ni en corta distancia como prevee la normativa, el actor afirma realizar transporte también de larga distancia. Entiendo que la categoría que le corresponde es la comprendida en el art. 3.1.1, conductor siendo sus funciones las establecidas en los inc. a, b, c, d, e, por lo que este agravio debe prosperar y en consecuencia ser rechazadas las diferencias salariales, con costas.

Respecto a la apelación del actor, la misma dirige su crítica al rechazo de los rubros indemnizatorios y a la multa contenida en el art. 80 LCT.

La Sentenciante ha considerado al trabajador incurso en abandono de trabajo y que la retención de tareas invocada, no fue ajustada a derecho.

Entiendo que no basta que el actor se ampare en la mentada excepción y que así lo haya hecho saber a su empleadora para repeler la argumentación derivada de un abandono de trabajo: la invocación de cualquier incumplimiento no siempre es suficiente en orden a paralizar la intimación empresaria en ese sentido, toda vez la misma debe encontrar como base que en el contrato bilateral se advierta una inobservancia de la otra parte que habilite la propia abstención (arg. art. 1.201 C.C. vigente a la fecha de extinción del vínculo, hoy art. 1.032 del C.C.).

En este contexto es preciso recurrir al intercambio epistolar entre las partes para verificar el alcance de los supuestos incumplimientos. El actor en fecha 30 de mayo de 2011 intimó a las accionadas por negativa de tareas, por falta de pago de los haberes del mes de abril de 2011 y por diferencias salariales al habérsele abonado en menos las sumas que se consignan en los recibos, haciendo retención de tareas en los términos del art. 1201 del CC. la Sra. Gutiérrez le contesta el 01 de junio de 2011, rechazando cada una de sus intimaciones, especificando respecto al salario del mes de abril de 2011, que su parte ya se los abonó íntegramente en tiempo y forma, no habiendo procedido a firmar el pertinente recibo, por lo que siendo el duplicado del mismo la prueba para acreditar el pago y a los efectos de evitar un reclamo judicial o ser causa que configure un despido indirecto, pone dicho haber en forma inmediata a su disposición para ser cobrados en la sede de la empresa.

Las otras causales que se alegan como fundamento de la retención de tareas, fueron negativa de tareas y diferencias salariales adeudadas. Respecto de la primera cabe decir que la actora no produjo prueba alguna de la que pueda colegirse dicha situación; mientras que de la segunda teniendo en cuenta lo resuelto ut- supra, es decir el rechazo de las diferencias salariales, encuentro que la decisión del señor Veron Jesus de considerarse despedido resultó injustificada. En consecuencia, no advirtiendo un incumplimiento de por parte del empleador, encuentro que, en el caso de autos, no fue válido el ejercicio de potestad de retener tareas, motivo por el cual la negativa del actor a cumplir el débito obligacional ante el requerimiento en ese sentido del empleador constituyó el antecedente fáctico para actualizar la hipótesis normativa prevista en el ya mencionado art. 244 de la ley de contrato de trabajo. Este agravio debe ser rechazado, con costas.

En cuanto al agravio respecto de la indemnización que se solicita en virtud del art. 80 de la LCT, puede advertirse de las actuaciones tramitadas en sede administrativa, que la accionada procedió dentro del plazo intimado a depositar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la documentación laboral requerida mediante carta documento la cual se lo intimaba precisamente a depositarla por ante ese organismo, por lo tanto dicho certificado estaba depositado en término y a su disposición.

Sabido es que la causa fin de la inclusión del tercer párrafo del art. 80 de la LCT es que el trabajador despedido cuente oportunamente con los instrumentos descriptos en el primer párrafo, pero no procurarle un beneficio patrimonial. En efecto, el objeto de la sanción en cuestión no es que el trabajador obtenga un resarcimiento económico indebido sino castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones contenidas en el art. 80 LCT.

En este entendimiento, la causa del rechazo de la multa prevista en la norma en cuestión es que la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo fueron puestos a disposición del trabajador y fueron depositados en sede administrativa, razón por la cual el cumplimiento de la obligación de hacer prevista en esa norma resulta indiscutible, y el pedido de aplicación de la multa carece de su antecedente lógico y fáctico, este agravio no puede prosperar.

En cuanto a la apelación interpuesta por la codemandada COSALTA, en atención a lo resuelto precedentemente, la misma resulta abstracta, e inoficioso su tratamiento, debiendo imponerse las costas por su orden en ambas instancia.

Por lo expuesto voto por hacer lugar a la apelación de la demandada y en su mérito revocar la sentencia de primera instancia rechazando las diferencias salariales, con costas. Rechazando integramente la apelación de la parte acora, con costas art. 67 CPCyC, declarando abstracta la apelación de la codemandada COSALTA, con costas por su orden en ambas instancias.

En atención a los dispuesto en la Acordada de la Corte de Justicia de Salta Nº 12.062/16 debo expedirme sobre el porcentaje de lo que considero le corresponde por honorarios a los abogados intervinientes en esta instancia, el que en esta oportunidad y atento el resultado del recurso y en aplicación de los arts. 4 y13 del Decreto Ley 324/63 estimo en un 45 % de lo que corresponda por honorarios en primera instancia.

El Dr. Federico G. Kosiner dijo: Adhiero al resultado del voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. HACIENDO LUGAR a la apelación de la parte demandada y en su mérito revocando la sentencia de primera instancia, rechazando las diferencias salariales, con costas al vencido II. RECHAZANDO en su integridad la apelación de la parte actora, con costas art, 67 CPCyC.

III. DECLARANDO abstracta la apelación de la codemandada COSALTA, costas por su orden en ambas instancias.

IV. DETERMINANDO los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia en un 45% de lo que se regule en primera en relación a lo que ha sido materia de agravio.

V. ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA.