Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-04


Puerto Madryn, Noviembre de 2010.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M., M. V. c/ G., L. T. S / Inc. de Modificación de Alimentos" (Expte. 96 Año 2010), venidos del Juzgado de Familia N° 1 (Expte. N° 286/2009), por haber interpuesto la parte actora a fs. 100 del expediente, recurso de apelación contra la sentencia registrada bajo el N° 61/2010.

I.- A fs. 97/99 la magistrada de primera instancia hace lugar a la demanda de aumento de cuota alimentaria promovida por M. V. M. en nombre de su hija menor de edad M. L. G. M. fijando la misma en un 18 % de los haberes del demandado, menos los descuentos de ley y con una base de pesos quinientos cincuenta ($550) mensuales que percibiera de su trabajo, para ser depositada del 1 al 10 de cada mes en la cuenta de la caja de ahorro del B. C..

A fs. 103/106 se agravia la recurrente por el porcentaje estipulado por el a quo en concepto de alimentos, alegando que el mismo fue en un 18% de los ingresos del alimentante y no en el porcentual solicitado del 20 % de dichos haberes. Asimismo la agravia en que -pese a tratarse de un alimentante remiso al incumplimiento de sus obligaciones- la Sra. Jueza de primera instancia ignoró el pedido de embargo sobre los haberes del señor G..

Manifiesta que la sentencia no merituó debidamente las constancias de las prueba y se pronunció con total prescindencia de los argumentos expuestos por la apelante. Explica que no se tuvo en cuenta que el demandado no alegó ni aportó probanzas suficientes e idóneas a los efectos de demostrar que su situación económica no se ha modificado, sino que se limitó a expresar que tiene otra hija y que debe alquilar una vivienda para vivir con su actual grupo familiar.

Resalta citas de la magistrada donde entiende que el agravio resulta, al considerar la Sra. Juez de Familia, que esa parte debe probar que la mayor edad de la niña torna insuficiente la cuota pactada en $ 250. Entiende que lo que se debe probar es que la situación económica del alimentante fue modificada en su beneficio y no en el de la niña. Que por lógica se deduce que necesita un aumento de la cuota para satisfacer sus necesidades básicas, debido a que el monto solo de la cuota, denota su insuficiencia, y que cualquier familia tipo no puede cubrir los gastos que demanda un niño en un hogar con esa cuota pactada.

Asimismo señala que, al iniciar la acción busca la modificación de la cuota fijándose un porcentaje a los efectos de evitar el manejo de la misma por parte del demandado. Alega que éste paga cuando quiere quedando demostrado en la prueba documental aportada de los depósitos bancarios. Que pretende con la acción instaurada, llegar a fijar una asistencia alimentaria acorde a los gastos de la pequeña y que su progenitor cumpla en debida forma con dicha asistencia.

Expresa la apelante, que en los considerandos el a quo resalta que "se deben tener en cuenta los requerimientos del alimentado", pero que al fallar beneficia al alimentante incumplidor con un porcentaje menor al peticionado y para producir mayor perjuicio ni siquiera se expresa por el pedido de embargo de haberes solicitado.

Argumenta que la apelante probó que las circunstancias fácticas que se tuvieron en miras al momentos de determinar el monto de los alimentos, sufrieron cambios hasta la actualidad para el alimentante y que los ingresos del mismo experimentaron modificaciones constantes para incrementarse.

Aduna tratándose de aumento de la cuota alimentaria, la prueba de la actora apuntó al incremento de las necesidades del alimentado y a la mayor capacidad de contribución del alimentante.

Respecto al embargo de los haberes peticionado, señala que la magistrado de primera instancia no se expidió a pesar de haberse probado la conducta del Sr. G., habiendo beneficiado a un alimentante incumplidor con un 18% de sus haberes como cuota alimentaria, además aplicando una retención voluntaria.

En orden a los agravios causados por la imposición de costas a esa parte, manifiesta la apelante, que la resolución del a quo resulta más que agraviante y de un trato particularmente favorable al alimentante quién ya se vió favorecido al ordenarse un porcentaje menor al peticionado.

Resalta que la regla de imposición de costas al alimentante se ha hecho extensiva también para los incidentes de reducción y aumento de la cuota y que, excepcionalmente, se ha admitido la imposición de las mismas al alimentado para no posibilitar el plateo improcedente por parte del alimentado y respecto de incidencias que no conciernen directamente a la pretensión alimentaria; señalando que la magistrada de primera instancia no ha observado dicha regla.- II. A fs. 119 este Tribunal fija la audiencia que dispone el art. 130 de la Ley III N° 21, obrando constancia a fs. 126 que solo se hicieron presentes la parte actora con el patrocinio de la Ab. A. N. A., no habiendo comparecido la AFI y el demandado.

III. A fs. 113 y vta. se agrega la vista a la Asesoría de Familia e Incapaces quién por sus fundamentos se expide por dar razón al apelante al señalar que el a quo no ha fundamentado la razón por la cual estableció la cuota dispuesta en la sentencia, considerando que debe hacerse lugar a petición efectuada por la actora a fs. 106 vta.

IV. Previo al tratamiento de los agravios resulta pertinente señalar que la Ley III N° 21 establece que las normas del Código Procesal Civil y Comercial se aplican supletoriamente en todos los juicios que son competencia del fuero de familia, así lo entendió la Sra. Jueza cuando dispuso que la modificación del acuerdo oportunamente homologado debía tramitar conforme el art. 175 y sgtes. (hoy 177 y sgtes) del CPCC (v. fs. 20). La sentencia dictada en este tipo de proceso reviste el carácter de interlocutoria por lo que esta Cámara dictará sentencia de tal forma (art. 8 Ley V N° 17).

V. Diversas son los argumentos que ha vertido el apelante en sus agravios y que han motivado la intervención de este Tribunal, los cuales podemos ordenar de la siguiente manera: a) El porcentaje establecido en concepto de alimentos, b) la falta de consideración del pedido de embargo, c) el aumento del caudal económico del alimentante y su falta de relación con el porcentaje fijado, d) el detrimento de los intereses del alimentado y e) la imposición de costas a) El porcentaje establecido en concepto de alimentos: Menciona la apelante que la cuota ha quedado establecida en un 18 % del sueldo del alimentante, cuando el porcentual solicitado fue el del 20 % de dichos haberes.

La obligación alimentaria tiene en miras el status de vida y el sustento de las necesidades del alimentado, por ello la apreciación que realicen los magistrados sobre su cuantía, siempre que se adecue a la prueba aportada y denote una percepción prudente y objetiva de las circunstancias en las que se encuentra el alimentado, no debe ser materia de revisión por esta instancia. En este sentido se ha dicho que "... la índole peculiar de la obligación alimentaria originada en la satisfacción de necesidades vitales, le comunica al instituto una fisonomía propia de la que se desprende el carácter de orden público que reviste, regulación que abarca en general al derecho de familia. Por ello, se estará a la cuota alimentaria fijada por la jueza de grado, dado que responde a una apreciación prudente y objetiva de la situación por la que transitan los alimentados, de modo que los agravios formulados no han de prosperar confirmándose..." (C.A.N.E - Sala B. SIC 011. "R. E. N. c/ R. S. C. s/ incidente de aumento de cuota alimentaria").

Entonces, con relación al porcentual fijado por la juez de grado, no se aprecia una critica certera y razonada que permita considerar a esta Cámara la modificación de la cuota prevista. El a quo ha realizado una consideración acertada y precisa de la constancias de autos, y sobre lo cual estableció el porcentual discutido. Admitir el criterio contrario, permitiría cuestionar cualquier adjudicación alimentaria por el solo fundamento de no ser asequible a los intereses individuales del alimentado.

b) La falta de consideración del pedido de embargo: En cuanto al pedido de embargo de fs. 18, se agravia el apelante en que "a pesar de tratarse de un alimentante remiso al cumplimiento de sus obligaciones, la señora juez de primera instancia ignoro el pedido, reiterado en distintas oportunidades, de embargo sobre los haberes del Sr. G.." ... "...a pesar de las pruebas aportadas al expediente la señora juez de primera instancia no merituara el pedido de embargo sobre los haberes del señor G.". El argumento exteriorizado a tal efecto, resulta inadmisible en esta instancia. No solo que la parte debió, y no lo hizo, reponer las providencias que no la ordenaron en la etapa procesal pertinente, por lo que llegan a esta instancia firmes, sino que la retención de la cuota asegura la percepción de la misma por la Sra. M..

La Sra. Jueza de grado ha establecido el aumento del porcentual de la cuota alimentaria teniendo como hito argumental, la edad de la menor y el equilibrio entre el caudal económico del alimentante y sus aportes efectivos.

La apelante, no logra conmover los términos de la resolución en crisis, toda vez que se limita a discrepar con la misma sin formular una crítica razonada de sus términos sin aportar elementos jurídicos o de hecho que permitan admitir sus quejas. En este sentido se ha dicho que "...disentir con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios..." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I; 30/07/1993 Albarracín, Pedro S. c. Sadaic; Publicado en: DT 1994-A, 718; Cita Online: AR/JUR/351/1993).

c) El aumento del caudal económico del alimentante y su falta de relación con el porcentaje fijado: El aumento de los ingresos del alimentante meritúa el acrecimiento de la cuota alimentaria porque la misma se encuentra en correcta relación con el caudal económico del alimentante y las necesidades del alimentado. Como ha sostenido la jurisprudencia "... frente a una superlativa mejora en los ingresos del alimentante, resulta saludable que la cuota alimentaria se incremente en una proporción que permita mejorar la situación de los menores alimentados más allá de lo estrictamente necesario, como forma de participar de la holgura que permite la coyuntura económica que vive el padre..." (C. N. de A. C., sala H, 08/10/2009 , M. M. L. c. A. J. M. A., La Ley Online; AR/JUR/41851/2009).

Dicho aumento se cristaliza en lo resuelto por la judicante de primera instancia, quien estableció en un 18 % de los ingresos del apelante, la cuota alimentaria. Se produce un incremento de la misma que se adecua a las percepciones dinerarias del apelado en sus diferentes empleos, adquiriendo dicho porcentual, como bien señala la sentencia, "...una genuina correlación entre la capacidad económica del alimentante y el aporte alimentario...".

Es discrecional del juez, admitir los argumentos de una parte o rechazarlos, con una crítica argumental valedera y razonada como la exteriorizada en el fallo de grado. No varía tal situación el hecho de que el apelante cuente con el dictamen favorable de la Asesoría de Familia, ya que -en el caso- el mismos no es vinculante para el Juez, sino que constituye una pauta orientadora.

d) Detrimento de los intereses del alimentado: El apelante se considera agraviado al considerar que "...a pesar de probar esta parte la conducta del Sr. G., la señora juez de primera instancia beneficia al alimentante incumplidor... además aplicando la retención voluntaria...". Nada de ello se materializa en el fallo. En la sentencia que se revisa, se ha plasmado un aumento de la cuota establecida en el convenio de fs. 05 y vta. Sólo basta con cotejar éste con la sentencia de fs 97/99, para dar cuenta que dicho aumento se materializó de conformidad a las circunstancias del caso. Por su parte, es evidente que el 18 % con una base fija constituye una mayor protección para el alimentado que un 20 % sin dicha base, máxime teniendo en cuenta la actividad laboral que desarrolla el alimentante.

e) La imposición de costas: La quejosa entiende que las costas del juicio especial respectivo deben ser soportadas -en principio- por el alimentante, porque de lo contrario importaría gravar la pensión fijada, que no debe ser reducida por ningún motivo, regla que sólo pudo ser atemperada para imponerlas en el orden causado, pero no para distribuirlas proporcionalmente al éxito obtenido por cada litigante.

Es recurrente la jurisprudencia en sostener que el principio objetivo de la derrota como fundamento para la imposición de costas "...es de aplicación rigurosa, siendo su eximición excepcional y de interpretación restrictiva..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 21/03/2007, Torres, Amanda c. Línea 213 S.A. de Transporte y otro, DJ 2007-II, 1157, AR/JUR/646/2007) y como advertía CHIOVENDA "...la calidad de vencedor o vencido atrapa sólo a quién obtiene sentencia favorable o es condenado respectivamente..." (CHIOVENDA, José. "Principios del derecho procesal civil" T. II, Ed Reus, Madrid, 1977, Pag. 469), en virtud de lo expuesto precedentemente y vigorizando en este caso el principio objetivo de la derrota (art. 69 CPCC), es que se desestima el agravio y confirma lo resuelto por la Señora Jueza de primera instancia.

Por lo expuesto se confirmará la resolución obrante a fs. 97/99 y consecuentemente se rechazará la apelación deducida por la actora fs. 100.

A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta la labor desarrollada, naturaleza del proceso, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles para abogados (arts. 5, 7, 32 y 13 de la Ley XIII N° 4), por ello corresponde fijar los honorarios de la abogada S. B. B. en el 2,5 % de los previstos por la magistrada de grado.

Por ello la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn RESUELVE:

1.CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 97/99 en cuanto ha sido materia de agravio y consecuentemente RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 100.

2.IMPONER las costas de esta instancia al apelante (art. 69 del CPCC).

3.REGULAR los honorarios de la abogada S. B. B. en el 2,5% de los previstos por la magistrado de grado (arts. 5, 7, 13 y 32 de la Ley XIII N° 4), con más el IVA pertinente si correspondiera.

4.REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse el tercer cargo jurisdiccional vacante.

REGISTRADA BAJO EL N° /10 SIF.-