Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-21


Nro. de Sentencia: 009 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"A., H. c/ M., E. R. Y otra s/ JUICIO ORDINARIO", Expte. No. 15.036/05, venidos del Juzgado de Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la Localidad de Sarmiento (Expte. No. 168/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 139), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 106/110? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera instancia rechazó la prescripción adquisitiva interpuesta por H A contra E R M de G y A E M con respecto al inmueble indi-vidualizado como mitad oeste lote 6 - Solar D de la manzana **, Chacra nº **, calle ** s/ nº de la ciudad de Sarmiento, impuso las costas a las vencidas y reguló los honorarios de los letrados intervinientes. La parte actora apeló este pronunciamiento a fs. 111; el recurso fue concedido a fs. 112 y el recurso fundado a fs. 127/132.

Al expresar agravios, sostuvo el apelante que le genera gravamen irreparable la valoración de la prueba efectuada por el juez de grado en relación a la falta de acreditación del pago de los impuestos durante todo el período de tiempo requerido para hacer lugar a la usucapión. Indica que la doctrina, en forma clara y evidente, ha precisado que la cuestión referida a los impuestos no es un requisito fundamental para la procedencia de la acción y que no se requiere que se demuestre el pago de éstos durante todo el lapso de la posesión.

Alega que dicho pago constituye un elemento más que debe ser ponderado en forma compuesta y no restrictiva. Concluye que la consideración del juzgador respecto de este elemento es errónea desde que no es un elemento decisivo para hacer lugar a la acción entablada.

Precisa además que no es dable otorgar a los impuestos el carácter de acto posesorio. Cita abundante jurisprudencia que avala su postura; es decir que no es necesario que el poseedor acredite el pago de impuestos desde el comienzo de la posesión ni durante el período de veinte años y que normalmente el pago del primer impuesto no marca el comienzo de la posesión.

El segundo agravio versa sobre la ponderación de la prueba testimonial que es calificada como errónea. Sostiene el apelante que no se le ha dado a esta prueba el carácter que debe tener en este tipo de proceso. Manifiesta, con basamento en citas jurisprudenciales, que si bien el fallo no puede basarse exclusivamente en la testimonial, no puede olvidarse que por lo común es lo más importante y convincente porque se trata de acreditar hechos materiales.

Arguye que los testimonios rendidos tienen especial trascendencia por las características de los testigos y que no es necesario que la prueba corroborante verse sobre la totalidad del plazo establecido por el artículo 4015 del Código Civil.

Precisa que lo indispensable es el pleno convencimiento de que el actor ha poseído el inmueble en forma pública, pacífica e ininterrumpida y con ánimo de dueño por el citado plazo legal y que tal extremo concurre en la especie. Por último destaca las características personales de los testigos -primeros vecinos de la actora-, pide la revocación del fallo y hace reserva del caso federal.

2. Tratamiento de los agravios.

Los agravios del actor nos remiten al análisis de la prueba rendida en autos a fin de valorar si corresponde tener por acreditados los extremos que habilitan la procedencia de la prescripción extraordinaria. Se trata de una cuestión esencial ya que las normas de fondo regulan como modo excepcional de adquisición del dominio la usucapión (ley 14.159). Esta característica, la naturaleza de la materia de que se trata y el interés público que se encuentra comprometido determinan no sólo la imperatividad de las normas -enervando toda posibilidad de voluntarismo de los particulares para obtener un reconocimiento- sino también el deber de extremar el análisis de la prueba de los hechos constitutivos mediante los que se pretende dar andamiaje a la acción.

Ahora bien, ello no significa que el examen deba ser presidido por un exceso de rigor formal que impida un adecuado servicio de justicia. En realidad, se persigue, atendiendo a los especiales intereses en juego, que el juez -de sobremanera- protagonice una función activa en el ejercicio de sus poderes-deberes procesales tratando de esclarecer la verdad de los hechos en debate e impidiendo la realización abusiva de las actuaciones.

Extremo que, reitero, no significa denegación, sino que -incluso- el cumplimiento de los requisitos legales que hacen a la procedencia de la acción deba ser verificado por el Tribunal con independencia de su planteo por las partes (Cfr. SALA 4 CAp.Civ y Com. Resistencia, autos: "V, M de J c/ Sucesores de V V s/ Prescripción veinteañal" del 21/4/96; elDial - AR1D3).

Sentado ello, es dable señalar que la procedencia de la acción está supeditada a la acreditación de los siguientes extremos: a) que se posea el inmueble usucapido con ánimo de dueño, b) que la posesión sea pública, pacífica, continua e ininterrumpida, c) que la posesión haya durado el tiempo que exige la ley (Cfr. Arean, Beatriz, "Juicio de usucapión", Ed. Hammurabi, 3º edición actualizada, Bs. As 1998, ps. 297/298). El juez de grado ha considerado que no se han acreditado, en la forma que exige la ley, la concurrencia de estos presupuestos. Ello, puesto que el último de los mencionados -duración de la posesión por el tiempo exigido por la ley- surge, exclusivamente, de los dichos de los testigos y no es posible acoger la demanda de usucapión basada únicamente en prueba testimonial.

De lo expuesto, resulta que el quid de la cuestión sometida a revisión es el alcance que corresponde otorgar a la exigencia de la prueba compuesta.

En este orden de ideas, es dable señalar que el carácter contencioso del juicio de usucapión supone la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho alegado, que se logra cuando las pruebas arrimadas conforman lo que se denomina "prueba compuesta".

La prueba compuesta es la coordinación de elementos correspondientes a diferente naturaleza probatoria y deja como saldo sistematizador una acreditación. En la materia que nos ocupa -usucapión- y tal como vengo sosteniendo, la prueba debe ser definida y plena respecto a la posesión quieta, pacífica, pública e ininterrumpida con verdadera intención de someterla al derecho de propiedad.

En autos, esta prueba compuesta existe, tal como se verá. Las declaraciones testimoniales, evaluadas a la luz de la sana crítica, son sumamente importantes para resolver la cuestión, por cuanto los testigos dan cuenta del conocimiento personal de actos posesorios realizados por la actora. Sin embargo es sabido que la ley requiere que la prueba testimonial no sea la única aportada por el demandante, es decir que se halle corroborada por la evidencia de otro tipo, que formen con ella la prueba compuesta.

En la especie, el reconocimiento judicial efectuado, confirma lo expuesto por todos los testigos en cuanto a las características de las edificaciones realizadas en el terreno en diferentes momentos. Por lo demás la actora acreditó la instalación de servicios en el inmueble, el pago de la red de gas, y el de contribuciones directas referidas al inmueble a partir del año 1992. En función de ello, considero que se encuentran acreditados en la forma exigida por la ley los presupuestos que autorizan a considerar configurada la usucapión.

En esta misma línea argumental se ha sostenido: La prueba testimonial, corroborada por el reconocimiento judicial, sumada a la comprobación del pago más o menos regular de los impuestos o tasas referidos al inmueble en cuestión, constituyen una prueba compuesta idónea y demostrativa de la intención de poseer la cosa para sí por parte de la usucapiente - "B, M T y otra c/ M, S s/ Posesión veinteañal" - CC0000 - TL 10365 RSD-21-88 S - 14-7-1992, elDial - WB610).

Es que, para demostrar la prescripción adquisitiva la prueba compuesta no debe, necesariamente, versar sobre actos cumplidos durante todo el plazo de la prescripción, siendo suficiente que exterioricen la posesión durante buena parte de ese período.

Y si bien es cierto que la sentencia no puede basarse exclusivamente en declaraciones testimoniales, ello no significa "...que la prueba testifical sufra menoscabo; de hecho y en la generalidad de los casos el proceso de reconstrucción de los hechos habría de tener su principal sustento en dicha prueba, de donde es preciso que a través de ella y de manera inequívoca puedan apoyarse consideraciones que demuestren:

a) la existencia de actos posesorios; b) la continuidad de esa posesión; c) la inexistencia de actos turbatorios; d) el carácter público de la conducta desplegada; y e) la antigüedad de la posesión que exceda el lapso exigido por la ley.

Acreditados estos extremos el juez podrá integrar su convicción merituando cualquier otro elemento de juicio que tenga valor probatorio y que no sea otra mera constancia testifical. Y como la ley no exige que la prueba complementaria acompañe cronológicamente a la testifical, ha sido admitido en la generalidad de los casos, que pueden tratarse de constancias probatorias que no calen hondo en el pasado, siempre que sean demostrativas del animus posidendi" (Cfr. CF, San Martín "_C J c/ Estado Nac. s/ prescripción veinteañal" Sala II, sec. Civil- Reg. Nº 10/01(def)- Rta. 5/6/01; ídem S.C.B.A. en la causa "F, C. c/ S, J.", rta. el 8/9/70, L.L. Tº142-pág. 398, ídem C.1º C.C. de La Plata, Sala III; citado por Marina Mariani de Vidal, elDial - WS22D). El art. 24 inc. "c" de la ley 14.159 -texto seg. decreto ley 5756/58- sólo requiere que la prueba testimonial no sea la única aportada por el actor, es decir, que se halle corroborada o integrada por evidencias de otro tipo que formen con ella la prueba compuesta y, para esto, no es forzoso que dichas evidencias versen sobre actos cumplidos a lo largo del plazo de prescripción, sino que basta que exterioricen la existencia de la posesión o de alguno de sus elementos durante buena parte de ese período (Cfr. "A, D A y otro c/ B, J J s/ Usucapión" - CC0203 - LP 94701 RSD-70-1 S - 22-5-2001, elDial - W1592D).

Lo expuesto, determina la procedencia del recurso y torna innecesario abordar el agravio relativo a los impuestos. Siendo dable destacar, además, que las afirmaciones del juez no tienen al respecto el alcance que se pretende otorgar el quejoso. 3. Costas y honorarios.

La solución que se propone determina la aplicación del artículo 279 del ritual. En función de ello, propugno la imposición de las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas por aplicación del principio objetivo de la derrota receptado por el artículo 68 del C.P.C.Ch.

Los honorarios de los profesionales intervinientes deben ser regulados de conformidad con las previsiones del decreto ley 2200 modificado por ley 4335; pautas generales previstas en los artículos 6 a 9 -específicas atendiendo al tipo de proceso- y, en función de ello, no se advierten extremos que habiliten la modificación de la regulación efectuada en la instancia de grado. Los de segunda instancia se fijarán de acuerdo a las pautas generales reseñadas y por aplicación de las escalas previstas por el artículo 14 del mismo ordenamiento.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 111 y, en consecuencia, revocar los puntos 1º y 2º de la sentencia de fs. 106/110.

2º) Hacer lugar a la demanda interpuesta por H A contra E R M de G y A E M en todas sus partes. Declarar, en consecuencia, adquirido el dominio por prescripción de veinte años por la actora, Sra. H A, sobre el bien inmueble individualizado como mitad oeste del lote 6, que es parte del solar "D" de la manzana ** de la Chacra ** de la ciudad de Sarmiento, inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble del Chubut, como finca nº ** (mitades indivisas inscriptas al Tomo 141, Folio 24 y al Tomo nº 105, respectivamente).

3º) Ordenar la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut, cancelando la anotación del dominio informada a fs. 76 y anotando el bien individualizado a nombre del actor.

4º) Costas de ambas instancias a las demandadas.

5º) Confirmar la regulación de honorarios de primera instancia, conforme los considerandos pertinentes.

6º) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la Alzada al Dr. M F M en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250) y los correspondientes al Dr. H G A en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150,00).

6º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 131 vta.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia denegatoria de la prescripción adquisitiva de dominio intentada por el accionante, respecto del bien oportunamente individualizado, es apelada por éste a tenor del informe de fs. 127/132 y contestada a fs. 134/135 vta. por el Defensor Público actuante por las demandadas ausentes.

La crítica contenida en el memorial considera que el a quo ha valorado los elementos de convicción adquiridos en la causa con un criterio extremadamente formalista y restrictivo.

En especial respecto de las presunciones que emanan del pago parcial o total del impuesto inmobiliario respecto del bien que se pretende usucapir, en el caso pecando de insuficiencia, y por la doctrina interpretativa restrictiva que adopta en cuanto al alcance de la prueba testimonial a la luz de la normativa imperante y el desarrollo doctrinario y jurisprudencial. En principio vale recordar que, como tantas veces se ha resuelto, no toda posesión es apta para llegar a la adquisición del dominio de un inmueble. Para ello debe acreditarse que se ha poseído la cosa en forma efectiva, pacífica, pública, ininterrumpidamente y con el ánimo de dueño.

Además, que se admite toda clase de pruebas que lleven al sentenciante a la convicción de que el actor ha realizado actos posesorios que justifican la admisión de la demanda (art. 2384 CCiv.), vedando la prueba testimonial con carácter de única (art. 24, inc. "c", de la ley 14159, según decreto 5756/58).

Que esta norma también prevé que será especialmente considerado el pago por el poseedor de los impuestos o tasas que gravan al inmueble. No obstante la posesión debe probarse por la realización efectiva de hechos que demuestren la voluntad de tener la cosa para sí.

Y es que aún cuando los comprobantes de pago de impuestos son un elemento de gran importancia para valorar la situación del usucapiente, no es decisivo para la procedencia de la acción, pues no constituye propiamente un acto posesorio (ver v.gr. "S B C/ M DE V A Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA" - CNCIV - SALA C - 22/06/2000, elDial - AA52F).

A favor de la postura del actor, y sin contradecir lo dicho por el a quo, el pago de los impuestos ha perdido el carácter de prueba decisiva de la posesión que antes de la modificación legal revestía, convirtiéndose en un mero acto exteriorizante del "animus domini" del usucapiente, sin mayores exigencias en cuanto a tiempo y modo de pago, en la medida que existan comprobantes, como ocurre en autos.

En cuanto al alcance de la prueba testimonial, que en el caso no es única, sino que acompaña la documental señalada y otros datos que se acompañan al inicio, da cuenta de actos idóneos al fin deseado en la demanda pero aún enrolados en la estrictez que merece el instituto en atención a su naturaleza y trascendencia jurídica vale recordar que se ha resuelto que a los efectos de valorar la prueba testimonial en un juicio de usucapión, como se trata de acreditar hechos que datan de más de veinte años, no puede exigírsele a los testigos una precisión temporal rigurosa, ni puede pretenderse que estas personas conozcan la diferencia entre dueño y ocupante, toda vez que no se trata de técnicos en la materia y de sus dichos se desprende que siempre consideraron al accionante como dueño del lugar (ver v.gr. SC Mendoza, sala I, 2004/03/03, LL Gran Cuyo 2004-547); así, las rendidas en autos satisfacen las pautas apuntadas con holgura.

Conforme la coincidencia con la colega preopinante, se torna operativa la norma contenida en el art. 279 CPr. y sin que se den los supuestos de excepción del principios contenidos en el art. 68 del mismo código de rito, las costas deben imponerse a las vencidas, difiriéndose la regulación de honorarios de ambas instancias al momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo: Habiendo concordado con la opinión de la Dra. Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Fernando Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 111 y, en consecuencia, revocar los puntos 1º y 2º de la sentencia de fs. 106/110.

2º) Hacer lugar a la demanda interpuesta por H A contra E R M de G y A E M en todas sus partes.

Declarar, en consecuencia, adquirido el dominio por prescripción de veinte años por la actora, Sra. H A, sobre el bien inmueble individualizado como mitad oeste del lote 6, que es parte del solar "D" de la manzana ** de la Chacra ** de la ciudad de Sarmiento, inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble del Chubut, como finca nº 9448 (mitades indivisas inscriptas al Tomo 141, Folio 24 y al Tomo nº 105, respectivamente).

3º) Ordenar la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut, cancelando la anotación del dominio informada a fs. 76 y anotando el bien individualizado a nombre del actor.

4º) Costas de ambas instancias a las demandadas.

5º) Confirmar la regulación de honorarios de primera instancia, conforme los considerandos pertinentes.

6º) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la Alzada al Dr. M F M en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) y los correspondientes al Dr. H G A en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150).

7º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 131 vta.

8º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 09 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS