Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-21


SENT Nro. 151 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Lorenzo, Alfredo Raúl vs. Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. s/Enfermedad accidente".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 7 de marzo de 2002 (fs. 383/385), la parte demandada a través de apoderado interpone recurso de casación, el que es concedido mediante auto del 22 de agosto de 2002 (fs.435). Consta en el informe actuarial de fs. 446 que sólo la codemandada ha presentado memoria facultativa.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma de $26.315,15, en concepto de indemnización por incapacidad en los términos de la ley 24.028. Rechaza las excepciones de falta de acción y prescripción, impone las costas a la vencida en la causa principal y a la excepcionante las correspondientes a su actuación.

Considera que es aplicable la ley 24.028, en razón de que el certificado médico por el que toma conocimiento es del 1° de junio de 1996, y el expediente ante ANSES fue iniciado el día 20 del mismo mes y año, habiendo comenzado a regir la ley 24.557 el 1/7/96.

Relata brevemente la trayectoria laboral del actor, puntualizando que al transferirse a los nuevos dueños, no hay revisación médica, ni tampoco periódica, y luego de examinar las conclusiones periciales se inclina por la que considera más favorable al trabajador, declarando en razón de ello que tiene una incapacidad del 80%, adjudicando de ella un 33% al trabajo.

3.- Los agravios comienzan con una breve referencia a los requisitos formales de admisibilidad y relato de los antecedentes, planteando como infringidos los arts. 2 y 49 de las leyes 24.028 y 24.557, respectivamente y 33, 34, 40, 271, 272, y 273 inc. 4 y 5 del CPCCT, de aplicación supletoria.

Considera que la acción se inicia en el mes de junio de 1998, derogada ya la ley 24.028, habiéndose hecho caso omiso de las disposiciones del art. 3 del Código Civil, sin que se haya planteado sobre el punto inconstitucionalidad alguna.

Refiere la previsión de la cláusula quinta de las disposiciones adicionales, la que expresamente contempla la situación en que las contingencias anteriores pero puestas en conocimiento del empleador con posterioridad, dan lugar al otorgamiento de las prestaciones de la ART, si no estuvieren prescriptas.

Cita el caso Gorosito de la Suprema Corte de la Nación, razón por la que en su criterio la Sala se equivoca al disponer que no había legitimación pasiva en Consolidar, pues debe responder por las contingencias anteriores no prescriptas, posición que emerge de la misma contestación de la demanda, sin oponerse a su citación, y no expresando que se aplicaba la que resultaría la exclusión del recurrente.

Aborda luego el tema considerando la aplicación de la ley 24.028, de la que surge la inexcusable necesidad de demostrar que la enfermedad provenía o se agravó por el trabajo, estando a cargo del actor la carga de la prueba.

Señala que se transgreden los arts. 33 y 40 del CPCCT se ha consignado la instrumental acompañada, valorado erróneamente el dictamen de la Comisión Médica, y no se han considerado las impugnaciones de su parte, ni de la ART, circunstancias suficientes para descalificar por arbitrariedad al decisorio, atacando finalmente el modo de imposición de costas.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplimiento del afianzamiento y demás requisitos, habiéndose planteado y fundado la arbitrariedad, por lo que debe abordarse la procedencia.

5.- Evidentemente el primer aspecto a considerar es lo concerniente al régimen legal aplicable, determinado como está por la sentencia, que corresponde juzgar el caso a la luz de las disposiciones de la ley 24.028.

Para ello toma en cuenta el certificado médico de fs. 31, considerado como el de la fecha en que se toma conocimiento de la incapacidad, esto es el 1° de junio de 1996 y el expediente iniciado ante la ANSES el día 20 del mismo mes y año, todo ello antes de la vigencia de la ley 24.557.

Los agravios refieren por una parte que la demanda se inicia en el mes de junio de 1998, casi dos años después de la vigencia de la ley 24.557, que había derogado expresamente la anterior y por la otra que al disponer bajo el título de Contingencias Anteriores la cláusula quinta de las disposiciones adicionales manda que será acreedor a la prestación de la LRT, el que estando en esa situación lo ponga en conocimiento del empleador con posterioridad a la vigencia de este ordenamiento.

Este Tribunal, con distintos votos ha tratado el tema en autos "Molina Jesús Manuel vs Arcor SAIC s/Cobros"(CSJTuc., sent nro. 119 del 12/3/2003) donde se dijo: que "la norma posibilita la eventual aplicación retroactiva del régimen a accidentes o enfermedades acaecidos bajo la vigencia de la ley anterior, cuando el empleador no las ha conocido hasta el 30 de Junio de 1996".

Citábase allí mismo a Néstor Corte y José Daniel Machado, en cuanto señalan que "frente a una contingencia anterior, puesta en conocimiento del empleador con posterioridad, dará derecho a las prestaciones de la ley, a tenor de la disposición adicional quinta, canon I", los que concluían que 'a contrario sensu, las contingencias acaecidas con anterioridad al 1° de julio de 1996 y que obraren en conocimiento del empleador antes del 30 de junio inclusive, se rigen por la ley 24.028' ("Siniestralidad Laboral- Ley 24.557", pág. 157")".

Citando a los mismos autores se concluyó que "de la conjunción de ambas disposiciones queda claro que existen dos vías por las cuales el régimen derogado puede subsistir como aplicable a la especie: el ejercicio de la acción mediante la interposición de la demanda (como hipótesis autónoma que no requiere notificación al empleador) o bien la toma de conocimiento por éste de la contingencia por cualquier medio (ya que la ley no especifica uno concreto)" (ibídem, pág. 157).

Examinando estos autos, se advierte que la demanda fue interpuesta el 26 de mayo de 1998 (fs. 44), circunscribiendo la decisión a que la toma de conocimiento por parte del empleador, antes del plazo más arriba indicado, se produjo por el certificado médico del actor y su actuación ante el organismo previsional, en fecha 1° de junio de 1996.

Nada dice el fallo en crisis, sobre las cartas documento que en copia se agregan a fs. 31/32, y la denuncia de accidente de fs. 34, actuaciones todas posteriores a la fecha indicada en el párrafo anterior por la sentencia y la fijada legalmente como de vigencia del nuevo régimen.

Ello determina que la sentencia deba revocarse a tenor de la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende jurídicamente descalificable, la que se dicta prescindiendo de prueba relevante en la determinación del régimen legal que rige el caso", y en consecuencia deben reenviarse los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

6.- Atento el resultado a que se arriba resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, imponiéndose las costas por el orden causado, en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 7 de marzo de 2002 (fs. 383/385), en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "5" de los considerandos y REENVIAR los autos a dicho Tribunal, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO