Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-02-23


Río Gallegos,	23	de febrero de 2010.- Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "PIZARRO JOSÉ ALBERTO c/ SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS", Expte. Nº P-8.519/00 (P-1.556/06-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y CONSIDERANDO:

I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación que interpusiera la Dra. Belisa B. Yáñez, en representación de la parte co-demandada Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil a fs. 448/449 vta., contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 437/438.- Afirma que ".El fallo resulta arbitrario. Es susceptible de casación por estar directamente vinculada la cuestión a un error de interpretación y violación de la ley procesal destinada a indicar el modo de regular la conducta del Juez durante el trámite del proceso." (confr. fs. 448). Explica la recurrente que ".Se ha declarado mal concedido un recurso de apelación impuesto en tiempo y forma contra los puntos 2 y 3 del fallo de Primera Instancia basado en el único argumento que la suscripta no tenía poder de la parte condenada." (confr. fs. cit.) y agrega que ".La resolución afecta así garantías constitucionales, tales como la defensa en juicio y el derecho de propiedad además de ser arbitraria por no respetar el principio de congruencia, habiéndose quebrantados las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento." (confr. fs. cit.). En el mismo sentido, dice que ".No se trata aquí de una simple cuestión de hecho que en principio no sería motivo para abrir la instancia extraordinaria, sino que el fallo ha violado claras disposiciones legales que le indican al Juez como debe actuar ante un defecto de falta de personería, por lo que el decisorio aparece arbitrario, producto de vicios en el mecanismo evacuatorio y de interpretación que de por sí lo descalifican." (conf. fs. cit.). Como corolario del fundamento esgrimido, refiere que el decisorio atacado ".deja a la parte que represento, única condenada en la sentencia de primera instancia, SIN RECURSO DE Apelación, fundado en que la suscripta no tenía poder o mandato válido de VIVIENDAS VIALES DEL SUR S.C. al momento de apelar con fecha 08 de noviembre de 2004 y por el contrario el mandato vigente era del otro codemandado NO condenado. (confr. fs. cit.). Y agrega que ".A poco que se analice nuevamente el expediente y su confronte con las claras normas procesales que rigen el caso se advertirá que el recurso es procedente, se impone la apertura del mismo por la causal de arbitrariedad, inequidad y violación de derechos que la Constitución Nacional garantiza." (confr. fs. 448 vta.), apoyando tal aseveración en citas jurisprudenciales de este Alto Cuerpo. Finalmente, avanza sobre sus agravios haciendo una recorrida por los actos procesales cumplidos en el expediente y reiterando que el decisorio dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones dejó ".a la UNICA parte condenada sin recurso." (confr. fs. 448 vta., punto 3). Insiste además la letrada apoderada que fue ella quien ".tramitó todo este juicio, surge sin dudas en defensa de ambos demandados. En su momento y ante la ausencia de poder se me ratificó la gestión con fecha 29 de agosto de 2001. La contraria consintió toda esta actuación, incluso la posterior hasta el dictado de la sentencia e interposición del recurso, no habiendo advertido ninguna de las partes, ni el propio juez de la causa que no se había agregado a autos el poder que acreditara el mandato en nombre de quien actuaba, es decir de VIVIENDAS DEL SUR SC. Tan claro es esto que el propio Juez concedió el recurso y dispuso su elevación." (confr. fs. cit., punto 4). Profundiza su derrotero afirmando que ".Esta situación, habiendo revisado las normas aplicables al caso, precedentes jurisprudenciales e incluso de V.E. es un indiscutible defecto de FALTA DE PERSONERÍA, vicio "formal" y "subsanable" dentro del plazo que debe fijar el Juez, pero que de ninguna manera puede acarrear de por sí la pérdida de derechos, tan grave como ocurre en este caso cuando se deja a la única parte condenada sin recurso de apelación." (confr. fs. cit., punto 5). Asimismo, pone de manifiesto que ".En el caso, existían motivos más que suficientes para que mediara de parte de V.E. una intimación previa para acreditar el mandato. Es inadmisible que no se advirtiera que se apelaba en nombre de VIVIENDAS VIALES DEL SUR SC cuando era el único condenado y puntualmente en las partes del fallo que se apeló... Es de evidencia que se ha adoptado la posición más rígida e incluso en franca contraposición con antecedentes de V.E. en numerosos casos, donde sistemáticamente se ha señalado que '.como Tribunal de Apelación está facultado para examinar irregularidades procesales, reveer el trámite y enmendar de oficio si se deslizo un error.' '.la inobservancia formal especificada no puede por sí sola producir el decaimiento de los derechos que se intentan ejercer.' (Ver causa 6613/99; T.LVI. R. 5549; R.5560; T.L.VII R.5595; R.5617; 5694, entre otros. Es mas, V.E. intimó a acreditar personería en expedientes en los cuales los profesionales jamás habían sido ni siquiera objeto de ratificación, situación que a juicio de esta parte resulta mucho más grave que en la del caso particular de la que suscribe, donde no solo en su momento SE ME RATIFICÓ TODO lo actuado en nombre de VIVIENDAS VIALES DEL SUR SC sino que además el propio Juez unificó la participación de los dos demandados tal como surge de los cuadernos de pruebas. Estas situaciones si bien estamos de acuerdo en que configuran una irregularidad procesal no es menos cierto que también pueden justificar la falta de agregación del poder en el expediente." (confr. fs. 449, punto 8). Por último, explica que ".también podría haberse aplicado a la actuación la figura del gestor procesal prevista en nuestro código de procedimiento, y en su caso haberse intimado a acreditar el mandato, hecho perfeccionado con la presentación del 21 de febrero. El agravio de mi parte se justifica y prueba así con la grave violación que se ha producido en la instancia última del proceso, afectándose claramente la defensa en juicio y el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. A través de esta irregularidad se violenta claramente una norma procesal de orden público." (confr. fs. 449, punto 11). Culmina, haciendo reserva de caso federal.- Que, a fs. 507/508, ha tomado intervención el Señor Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien sostiene que ".en el resolutorio impugnado no se ha violado la ley ni vulnerado el derecho de defensa conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto por la demandada no es procedente." (confr. fs. 508). Arriba a esta conclusión el Señor Agente Fiscal, luego de haber analizado la cuestión planteada y verificado la inexistencia de arbitrariedad en la valoración de las circunstancias probatorias, circunstancia que lo lleva a compartir ".ampliamente lo resuelto por la Excma. Cámara, en cuanto a que considera que se concedió mal el recurso, toda vez que la Dra. Belisa Yáñez no se encontraba legitimada para representar a la demandada, no habiéndose acreditado en autos el poder que tenía por parte de la misma." (confr. fs. cit.).- II.- Que resultará adecuado a los fines del tratamiento de las causales casatorias invocadas, el análisis de las mismas a la luz de los diversos actos procesales que se han producido en el expediente.- Así, a fs. 1/120 vta. Dn. José Alberto Pizarro, asistido por sus letrados patrocinantes Dres. Norberto Manuel Leserovich y Mario R. Paradelo, inicia formal demanda por cobro de pesos contra el Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia de Santa Cruz y contra Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil (ver fs. 118/120 vta.). A fs. 124/165 vta., se presenta la Dra. Belisa Bibiana Yáñez, en su carácter de apoderada del Sindicato de Trabajadores Viales, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo V. Ortiz de Zárate, planteando la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar de su poderdante (ver poder obrante a fs. 124/126).- Es para destacar, que juntamente con la documentación agregada por la Dra. Yáñez, al momento de la presentación de la defensa articulada, se adjunta poder general para juicios otorgado por Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil en favor del Dr. Domingo Victoriano Ortiz de Zárate (ver fs. 162/164), del cual no surge que en ese acto notarial los representantes legales de la sociedad civil hubieren otorgado apoderamiento alguno en favor de la Dra. Yáñez.- A fs. 167/260 vta., vuelve a presentarse la Dra. Yáñez invocando su carácter de letrada apoderada del sindicato demandado, contestando la demanda incoada por José Alberto Pizarro. En esa ocasión expresamente invoca su condición de apoderada ".Conforme surge de la copia de poder que oportunamente se acompañó al oponer la excepción de previo y especial pronunciamiento. soy apoderada del Sindicato del Personal de Vialidad Provincial." (confr. fs. 259, punto I -Personería -).- A fs. 283/287 vta., invocando la representación de la otra codemandada Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil, nuevamente se presenta la Dra. Yáñez contestando la demanda, aunque en este caso agrega un poder general judicial (ver fs. 283/285) que no ha sido otorgado en su favor, sino en el del Dr. Domingo Victoriano Ortiz de Zárate (ver especialmente fs. 283 vta.). Esta circunstancia, no pasó inadvertida para el Señor Juez de Grado, quien a fs. 288 emite un decreto, notificado por ministerio de la ley, intimando a acreditar la personería invocada. Va de suyo entonces, que el reclamo que formula la letrada quejándose ".para que mediara... una intimación previa para acreditar el mandato." (confr. fs. 449, punto 7), carece de argumentos, porque se satisfizo a priori la queja de la recurrente. Ergo, deviene improcedente el agravio que considera ".inadmisible que no se advirtiera que se apelaba en nombre de VIVIENDAS VIALES DEL SU SC cuando era el único condenado." (confr. fs. y pto. cit.), habida cuenta que la intimación ha sido cursada y fue la letrada quien no respondió con la carga de acreditar el apoderamiento invocado.- A mayor abundamiento, nótese que a fs. 291, el Dr. Leserovich -a esa altura apoderado de la actora por poder de fs. 264 y vta.- al haber transcurrido en exceso el plazo de fs. 288, solicitó la rebeldía de Viviendas Viales del Sur S.C. por entender que la codemandada no justificó la personería. Pese a ello, el Señor Juez de Grado, emite un nuevo decreto a fs. 292 por el que se cursa otra intimación para que se acredite la personería invocada, bajo apercibimiento de ley, pero esta vez, la notificación se ordena por cédula que se notifica a la propia Dra. Yáñez (v. fs. 293 y vta.), quien se presenta a fs. 294 e insiste en que de ".las constancias obrantes a fs. 289/290 la suscripta entiende que su personería se encuentra acreditada en este expediente." (confr. fs. 294).- Pues bien, dos elementos para tener en cuenta: En primer lugar adviértase que no se corresponde con la realidad objetiva lo argumentado por la Dra. Yáñez cuando enfáticamente señala que ".Es de evidencia que se ha adoptado la posición más rígida." (confr. fs. 449, punto 8), toda vez que el Señor Juez de Grado, pese a encontrarse firme la providencia que disponía la intimación para que se acredite la personería invocada, con amplio y flexible criterio reiteró la exhortación; pese a la cual, tampoco fue acreditada. Y he aquí el segundo elemento: No sólo no se acreditó la personería a pesar de la segunda advertencia cursada, sino que pretende reemplazar la conducta debida de adjuntar el respectivo acto de apoderamiento, apoyándose en manifestaciones vertidas a fs. 289 por el letrado apoderado de la actora Dr. Leserovich, y lo actuado por el Señor Juez de Primera Instancia.- La presentación del Dr. Leserovich de fs. 289, se relaciona directamente con el decreto de fs. 278, por el cual se intima a la actora a denunciar el domicilio de la codemandada ".Asociación Civil Viviendas Viales del Sur." (confr. fs. 278). Luego, al tomar conocimiento de la presentación de la Dra. Yáñez a fs. 283/287 vta., formaliza a fs. 289 una presentación rectificando la persona contra quien dirige su demanda, ".cuya denominación correcta es tal como consta en el Poder General que presenta la Dra. Bibiana Yáñez en su responde." y en esa inteligencia sostiene en un segundo párrafo del punto primero de su escrito que ".no existiendo planteamiento de excepciones dilatorias, solicito a S.S. se la tenga por presentada en tiempo y forma a la Dra. Bibiana Yáñez, en el carácter invocado, dando mi parte su expresa conformidad para trabar la litis contra la misma... Sin perjuicio de ello y atento el estado de autos, habiendo vencido el plazo para la contestación de la demanda, vengo a solicitar se abran a prueba los presentes autos." (confr. fs. 289). Sin embargo, el Señor Juez de Grado a fs. 290, advirtiendo que el acto de apoderamiento emergente del poder agregado a fs. 283/285 no alcanza para justificar la personería de la letrada, no hace lugar a lo solicitado en el segundo párrafo del punto primero antes aludido.- Indudablemente ha tenido la letrada innumerables ocasiones para acreditar su personería conforme a derecho. Pero ello tan sólo ha acontecido a fs. 439/440 vta. y en oportunidad de haber planteado aclaratoria contra el decisorio de la Excma. Cámara de Apelaciones. Por lo tanto, también carece de sostén la argumentación referida a la pretendida rigidez de la Alzada.- A fs. 295 se presenta el Dr. Domingo V. Ortiz de Zárate en el carácter de apoderado de Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil, invocando la personería acreditada con el poder glosado en el expediente, a efectos de ratificar ".todo lo actuado por la Dra. Belisa Bibiana Yáñez en nombre de mis representados y en especial la CONTESTACIÓN DE DEMANDA.".- En igual sentido, la apoderada del sindicato demandado afirma que ".SE ME RATIFICÓ todo lo actuado en nombre de VIVIENDAS VIALES DEL SUR SC." (confr. fs. 449 punto 8). Ahora bien, de los términos puestos de manifiesto por la propia letrada se extrae la fallida argumentación que se intenta, habida cuenta que al admitirse los efectos producidos por la ratificación, se admite a la vez la inexistencia de la acreditación de la representación que se pretendió invocar. Ello es así, toda vez que la eficacia de la presentación de la Dra. Yáñez está condicionada por la ratificación del Dr. Ortiz de Zárate en su carácter de apoderado de Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil, y es a partir de tal validación que se tiene por contestada la demanda (v. fs. 296); ciertamente entonces, aquella sólo tendrá validez como acto procesal no ya por sí misma sino en la medida de su confirmación por otro acto posterior; es decir que la presentación de la Dra. Yáñez no causó estado procesal alguno. Y de igual modo, cualquier otra presentación que la letrada pretenda sólo podrá producir el efecto deseado en la medida que se acredite la representación que se invoca.- En ese orden de ideas, no debe perderse de vista que en el artículo 47 del C.P.C. y C., expresamente impone a los procuradores y apoderados la carga de acreditar su personalidad con la pertinente escritura de poder, y en su primera presentación. Nótese que el poder que finalmente acompañó la Dra. Yáñez está pasado por escritura pública el 27 de junio de 1996 (v. fs. 439/440 vta.); en tanto que la contestación de la demanda que llevó a cabo data del 13 de junio de 2001 (v. fs. 286/287 vta.); vale decir, que la Dra. Yáñez a la época en que invocó su representación sin acreditarla, hacía ya casi cinco años que era apoderada de Vivienda Viales del Sur S.C. y recién implementó la conducta exigida en el artículo 47 del C.P.C. y C., el 21 de febrero de 2005. Entonces, no se alcanza a entender la razón por la que durante casi cuatro años omitió agregar la escritura que da cuenta de su apoderamiento, haciéndolo al momento de pedir aclaratoria de la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones. Circunstancia ésta, que también es reveladora de la ausencia de verosimilitud de los agravios que pretende imponer en esta instancia extraordinaria.- En efecto, a fs. 437/438 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Yáñez a fs. 427, sobre la base de la inexistencia de interés jurídico, en la medida que no hubo acreditado la personería invocada. De modo que, la circunstancia de adjuntar el instrumento que la acredita al plantear aclaratoria de aquél decisorio, indudablemente implica dar por cierto el razonamiento elaborado por la Excma. Cámara para declarar mal concedida la apelación y también desvirtúa los agravios pretendidos en el recurso casatorio que ahora nos ocupa. Por cierto, la doctrina de los actos propios cobra plena aplicación en la especie.- A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que hasta lo actuado a fs. 439/440 vta., cuando la Dra. Yáñez acredita la personería invocada a fs. 286/287 vta., Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil, tenía un único e indiscutido representante en el pleito: el Dr. Domingo V. Ortiz de Zárate; quien, no recurrió la sentencia de primera instancia obrante a fs. 410/417; encontrándose por lo tanto, consentida.- III.- Que, entrando al estudio de los fundamentos en que se asienta el recurso de casación articulado, por las causales de quebrantamiento de forma (artículo 2º de la ley Nº 1.687) y violación de la ley o doctrina legal (artículo 3º, inc. "a", de la citada ley), cabe señalar que resulta improcedente en la medida que no se alcanzan los extremos pretendidos y los agravios resultan insuficientes para lograr su cometido, no se superan las vallas formales de manera suficiente, ante el interlocutorio denegatorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, advirtiendo que el recurso impetrado no señala deficiencias estructurales del pronunciamiento ni demuestra que el acto sentencial carezca de fundamentos de tal modo que se determine el quebrantamiento de las formas sustanciales del mismo, o la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal.- En ese orden de ideas y sin adentrarnos demasiado en cuestiones procesales y de interpretación de escritos -cuestiones típicamente de hecho y ajenas a la casación intentada- debemos aclarar que: "Si el letrado que apela no cuenta con la correspondiente representación de la parte ni invoca la gestión prevista en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, carece de legitimación para recurrir, debiéndose declarar mal concedido el respectivo recurso." (confr. sum. JUBA CC LP, B 75141 RSD-12-93 S 11-02-1993, "Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Asistenciales del Centro Urbano Ranelagh Ltda. c/ Trillo, Gerardo s/ Cobro de Pesos Sumario"). Que, "Recurso es el acto procesal mediante el cual la parte en el proceso, o quien tenga legitimación para actuar en el mismo, pide se subsanen errores que lo perjudican, cometidos en una resolución judicial, por donde la ausencia de personería del apelante obsta a la avocación que se pretende por el tribunal de alzada: dicho defecto impide tener por propuesto válidamente el asunto en la anterior instancia, con lo que el art. 272 del CPCC, lo excluye de la segunda" (confr. sum. JUBA CC 0002 SI 62616 RSD-82-94 S 29-04-1994, "Barpal S.R.L. c/ Giordano, Roberto s/ Daños y perjuicios"). Y que: "Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta contra el auto de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por considerar que la actuación del profesional fue desplegada sin contar con las atribuciones correspondientes. En efecto, resulta imposible soslayar que la actora luego de rechazado el recurso de apelación por parte del Poder Ejecutivo provincial con base en la falta de acreditación de la representación invocada en sede administrativa y con posterioridad a que, por los mismos motivos, la Presidencia de la Corte declarara inadmisible el recurso contencioso administrativo indicado, inclusive, que en el escrito de demanda no se acompañó constancia alguna por la que se intentara, al menos, suplir las deficiencias antes apuntadas, se ha limitado a insistir en su postura basada en un supuesto consentimiento de dicha situación por parte de la Administración, sin siquiera mencionar que el poder invocado realmente existía ni, mucho menos, acompañar las constancias correspondientes a efectos de desvirtuar lo considerado tanto en sede administrativa como en esta sede jurisdiccional. No se trata, pues, de simples defectos en la debida acreditación la personería sino de la completa ausencia de representación (falsus procurator) lo cual no es admitido por la normativa ni los principios aplicables al caso" (confr. elDial - SF1CE1, sumario J0027883, "Bergesio, Adriana Stella Maris Mori De c/ Provincia De Santa Fe - Corte Suprema De Justicia De Santa Fe - Expte.: C.S.J. Nro.. 137 Año 1994 - 29-08-2001").- De tal modo, deviene improcedente pretender que existe un quebrantamiento de las formas o solemnidades sentenciales y/o que se ha violado, interpretado o aplicado erróneamente la ley, por rechazar un recurso de apelación por que la letrada, pretendidamente recurrente, ha invocado una personería que no acreditó en legal forma.- Ello es así, básicamente al presentarse a fs. 427 pretende representar a una parte distinta de la que venía haciéndolo en el juicio, y del poder acompañado en primera instancia no resulta que la Dra. Yáñez sea apoderada. Ergo, debió adjuntar el instrumento pertinente en alguna de las oportunidades en que fue intimada a hacerlo. Pero tampoco invocó el beneficio del artículo 48 del Código Procesal Civil, ni realizó aclaración alguna respecto que se presentaba en nombre de otro cliente distinto de aquel en nombre del cual se presentó a contestar demanda, sino que se limitó con dar por supuesto -y con ella todos debían ser contestes en ese razonamiento- que comparecía por Viviendas Viales del Sur Sociedad Civil. Lo cierto es que resulta elemental que quien invoca en un juicio, tiene el deber jurídico de probar el mandato otorgado, o actuar como gestor oficioso (art. 48 del C.P.C. y C.) y obtener la ratificación posterior oportuna. Claro en este último caso, además debió haber invocado también las urgentes tramitaciones que debía realizar en autos y los hechos o circunstancias que impidiesen la actuación del representante legal. Pero ya hemos visto que el mandato que la Dra. Yáñez presentó en este proceso es de data muy anterior al inicio del juicio. Por lo tanto, todas las consideraciones que realiza respecto del exceso ritual manifiesto, la violación del derecho de defensa en juicio, etc., devienen en un inaceptable intento de revertir las consecuencias de su propia actuación y por ende inaudibles en esta extraordinaria instancia.- Esto es, si la sentencia cuya revisión se pretende por vía de casación no puede ser objeto de ningún recurso por la parte a quien la Dra. Yánez representa porque le fue favorable y la otra codemandada la dejó firme porque no se presentó a apelar, va de suyo que si no puede ser objeto del recurso de apelación mucho menos puede serlo del remedio extraordinario que nos ocupa.- Lejos de privilegiarse las formas sobre el fondo, cabe recordar que el Código de Procedimientos fue dictado para imponer orden en la tramitación del proceso. Que resulta claro entonces que la decisión impugnada es una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria, sin que se advierta en la sentencia de la Excma. Cámara violación a la ley o desvío lógico alguno y menos aún la alegada arbitrariedad.- IV.- Que, atento las consideraciones expuestas el recurso interpuesto por la demandada resulta ineficaz por no ingresar la cuestión traída dentro de las previsiones del artículo 1º de la ley 1.687, debiendo en consecuencia rechazarse por improcedente el recurso de casación articulado a fs. 448/449 vta. y por ende confirmar en todas sus partes la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 437/438, con costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 449 vta, punto VI.- Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de casación articulado a fs. 448/449 vta., en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 437/438, con costas a la recurrente.- 2º) Tener presente la reserva del caso federal.- 3º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.- La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27° de la Ley Uno, t.o. Ley N° 2.404).-