Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-27


000189/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de mayo del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M. J. A. c/ M., C. y/o C. M. C. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 189 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente el recurso impetrado?, SEGUNDA: En su caso, ¿es justa la sentencia apelada? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 232.--------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	Vienen estos actuados a conocimiento de este Tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado Sr. C. M. (fs. 214) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 204/208 vta.) por el que se hizo lugar a la demanda entablada por el Sr. J. A. M. condenándolo a pagar, en el plazo que se fija, a la Sra. B. G. L., por sí, y en representación de sus hijos D. I. M. y al Sr. H. E. M., en su calidad de sucesores del actor, la cantidad de $ 89.569,75 con más el interés fijado en el considerando respectivo, con costas.-------- El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 216/222.-------	A fs. 223 fue ordenado su traslado a la parte contraria siendo éste evacuado por escrito obrante a fs. 224/228 vta..--------	I.- El demandado recurrente expresa en sustento de su impugnación que lo agravia el fallo en los siguientes aspectos: a) en cuanto no se efectuó un análisis adecuado de las prueba producidas en este proceso; b) por cuanto se considera el vínculo como de naturaleza laboral; c) y, en cuanto hace lugar en todas sus partes a la demanda incoada. Respecto al primero de los agravios indicados manifiesta que en demanda M. dijo que comenzó a trabajar a sus órdenes en el mes de enero de 2001 y su parte al responder expresó que el actor era dependiente del servicio de salud pública haciendo trabajos de enfermería en forma particular por lo menos desde el año 1999. Se agravia, dice, de la interpretación del sentenciante que con la única prueba testimonial aportada por la actora llega a su convencimiento. Señala que no se tiene en cuenta que el actor se encontraba inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos en la Municipalidad de Trelew desde el 1 de junio de 1999 (fs. 54). Agrega que a fs. 71 obra informe de la AFIP del que se desprende que éste se encontraba inscripto como monotributista desde la misma fecha. Efectúa cita doctrinal en apoyo de su posición. Se agravia asimismo, de la valoración que realizara el a quo de la testimonial para tener por acreditado el inicio y prosecución de la relación laboral, siendo que en realidad -dice- la misma no es concluyente para tener por acreditada la existencia de una relación de dependencia con sus notas típicas. Señala que ninguno de los testigos fuera del ámbito de la administración pública de la salud vio a su parte impartir órdenes al actor en relación a las labores que debía desarrollar, es decir, desplegando su poder de dirección y disciplinario. Ciertamente, continúa diciendo, algunos de los testigos afirman que fueron atendidos por el actor ejerciendo su oficio de enfermero vinculado al Hospital Zonal de Trelew pero cabe el interrogante sobre si en algún otro momento lo haría en beneficio propio, puesto que ninguno vio que su parte abonara a M. un salario o remuneración como contraprestación por sus servicios. En suma, concluye, no se acreditó dependencia económica. Efectúa cita doctrinal y jurisprudencial a la que remito. Sostiene que ha quedado demostrado en autos, a tenor de las testimoniales rendidas la falta de subordinación que evidenciaba M. con respecto a su parte, respecto a los horarios con los que se manejaba, funciones que cumplía y su demostrada dependencia como auxiliar de enfermería del sistema de salud pública. Vuelve a citar jurisprudencia vinculada al tema la que igualmente remito. En función de dicho antecedente que reseñara expone que le causa agravio la sentencia que apela por cuanto a tenor de la situación de que el actor se encontraba inscripto por ante el Municipio de Trelew y ante la AFIP, a lo que añade, su dependencia con el sistema de salud pública y que en ocasiones hacía trabajos en forma particular, cae -afirma- la presunción del contrato de trabajo. Postula que no se ha demostrado que M. realizara tareas permanentes de profesional de la enfermería que justificara su contratación laboral con todo lo que ello implica, pues resulta impensable -entiende- que para contratar a una persona que realice alguna aplicación puntual o particular auxiliar de enfermería que surja (sic) debamos recurrir al sistema protectorio establecido en el derecho del trabajo. Se agravia que no se haya considerado si como lo dice el actor la relación se desarrolló desde el 2001 al 2007, aparece como poco probable que no percibiera remuneración alguna o percibiera importes por debajo de los que establecen los convenios respectivos sin hacer ningún reclamo a quienes consideraba sus empleadores, soportando esta situación trabajando en horario extendido solo por dedicación a su mentada labor como auxiliar enfermero. Esta situación, asevera, resulta insostenible y contraria a toda lógica a no ser que la relación se hubiera desarrollado en la forma que se explicó en ocasión de contestar la demanda y como luce en la carta documento obrante a fs. 3 del cuaderno de prueba de la parte demandada. Destaca que el Juez a quo tuvo por acreditado que el actor laboró tanto para el hogar de ancianos como para el Hospital Zonal de la ciudad de Trelew. Cita la prueba informativa de fs. 129 a 135 y 142, la que da cuenta, entiende, que por la antigüedad del actor siempre laboró para la administración pública provincial con una carga horaria de 44 horas semanales, adicional por dedicación exclusiva a esas funciones y con régimen laboral de turnos rotativos según informe de fs. 135. Es decir, tras el análisis de la prueba testimonial y confesional, puede concluirse -expresa- que la relación se desarrolló en coincidencia con la versión de su parte. Es decir, que el actor tenía como principal actividad la de auxiliar de enfermería dependiendo de la administración pública provincial, situación que holgadamente justifica la circunstancia de que siempre se lo viera asistiendo a su parte dentro del ámbito de pacientes hospitalarios del Hogar y del Hospital Zonal de Trelew, como asimismo, a los pacientes ambulatorios del mismo Hospital. Esta versión, asegura, resulta coincidente con la de los testigos que se atendieron con su parte como pacientes del Hospital de Trelew y que únicamente concurrieron en forma esporádica al C. en donde igualmente fueron atendidos por él como pacientes del Hospital sin efectuar contraprestación alguna. Señala que el testigo T., cuando refiere que M. concurría con su parte a realizar tratamientos oncológicos al servicio de clínica médica del Hospital Zonal de Trelew, para con posterioridad señalar que a partir del 2005 volvió a depender de la institución (Hospital Zonal de Trelew). Visto lo relatado, manifiesta, no se puede arribar a otra conclusión cual es, que siendo dependiente su parte de la administración pública provincial, M. lo asistía también como dependiente de la administración pública provincial, por cuanto resulta apartado de toda lógica y racionalidad que un enfermero cumpla funciones en un hospital público sin estar formalmente vinculado a la institución y mucho menos probable que un médico que trabaja como oncólogo de un hospital requiera los servicios de un enfermero en forma particular. Insiste que, tal como ya lo dijera al contestar la demanda, tanto el actor como su parte actuaban juntos en la atención de pacientes con patologías oncológicas internados y ambulatorios del Hospital Zonal de Trelew, circunstancia que se corrobora cuando la misma testigo refiere que cuando ambos trabajaban juntos M. se manejaba en forma independiente a los horarios que tenía que cumplir en el Hospital y que corrobora, entiende, la libertad de horarios con la que se manejaban ambos como dependientes del Hospital zonal de Trelew. Alude también a lo dicho por el testigo S., quien refirió que su marido fue atendido por el actor y su parte como personal del hospital de Trelew, incluso en C. ante la ausencia de camas en el hospital, pero nunca abonando por las prestaciones dado que las mismas se efectuaban con intervención del servicio de salud pública cada 28 días, períodos en los que veían a su marido durante 3 días. Otra circunstancia que omite arbitrariamente considerar el juzgador son las flagrantes contradicciones en las que han incurrido los testigos presentados por la parte actora con relación a los horarios que dicen cumplía el actor, llegándose en caso extremo a la declaración brindada por la testigo L. N. quien dijo que el actor trabajaba de 22 a 6 en el Hogar de ancianos y que luego igual lo veía trabajando siempre en C. de mañana, de tarde o hasta el mediodía, circunstancia que resulta apartada de toda lógica y de los horarios que decía el actor que cumplía. También y en lo referente a las funciones que el actor y su parte se dijo que efectuaron en el Hogar de ancianos (tratamientos y visitas de pacientes durante el día) resulta más congruente entender que tales funciones se efectuaban como dependientes del servicio de salud de la administración pública provincial, tratase del hospital zonal de Trelew como asimismo del geriátrico público, única institución que funciona para atender esta necesidad dentro del radio de la ciudad de Trelew y dependería del mismo hospital, circunstancias que se corroboran con la prueba informativa colectada en autos y con la declaración de la testigo L. N. F., quien refiere -dice- haber tomado conocimiento que la Secretaría de Salud cedió a M. para que trabaje con M. aclarando también con anterioridad que el actor era dependiente del hogar de ancianos y que no era enfermero dependiente del C.. Continúa, señalando que en coincidencia con la testimonial analizada precedentemente la testigo A. K. T., dijo que la principal actividad de M. era la de enfermero dependiente del servicio de salud pública como dependiente del sector de ontología y que fuera de ello se refleja la autonomía con que se manejaba éste quien concurría a C. con frecuencia a "tomar mate" no formaba parte del personal de enfermería y que se conducía con un teléfono celular particular con el que acordaba con sus clientes sobre trabajos de auxiliar de enfermería, beneficiándose en forma exclusiva con el producido de su actividad habiendo entablado entre las partes una relación personal con motivo de la coincidencia en las funciones y el tiempo que cumplían para el servicio de salud pública, como de mutua conveniencia en el sentido de que M. captaba clientes o hasta obtenía el refrigerio en C. por la relación que mantenía con la gente que trabajaba allí, circunstancias que por sí solas justifican la esporádica cantidad de veces que se lo pudo ver en el consultorio privado de su parte. Se agravia de que se omitiera la declaración testimonial del Sr. C. A., del interés de la parte actora en el interrogatorio de este testimonio y de la actitud asumida con posterioridad hacia esta testigo. Cita doctrina relacionada a la apreciación de los testimonios, a la cual remito, señalando la particular relevancia que adquiere en este aspecto los dichos del citado A. cuando es preguntado por su padre y el tratamiento que tuvo cuando padeció una enfermedad oncológica. Sobre el particular relató -manifiesta- que su padre fue atendido por su parte y por M. como dependientes del servicio de ontología del Hospital Zonal de Trelew, que éste no tenía obra social y por este motivo era atendido por ellos como personal del Hospital y que si hubiera tenido SEROS, por ejemplo, se hubiera atendido en forma particular con el Dr. M. en C. aclarando con posterioridad que muchos pacientes del hospital acudían a consultarlo a su consultorio privado. En consonancia con ello, continúa su valoración, se produjo la declaración del testigo de la parte actora H. O. F., quien se refiere a M. como dependiente del Hospital Zonal de Trelew con anterioridad al año 2004/2005, fecha en la que falleció su madre por una enfermedad oncológica. Relata también que la madre fue atendida por el actor y su parte como dependientes del servicio público de salud, que recibió prestaciones y medicamentos en forma totalmente gratuita tanto en el Hospital, como en su domicilio, como en el consultorio privado de su parte en C.. Indica que resulta coherente en consecuencia que dada la esporádica cantidad de veces que a M. se lo veía en C., es más creíble la libertad que tanto dentro como fuera del Hospital Zonal de Trelew, que en las ocasiones en que se presentaba o coincidían en las prestaciones con su parte lo hacía como miembro del equipo de ontología de Salud Pública en donde estableció una particular relación con su parte que culmina por problemas personales y no por razones de índole laboral relativas a una relación de trabajo en negro. Finalmente se agravia de que el Sr. Juez a quo no haya reparado en la falta de habilitación profesional por parte del accionante para aplicar tratamientos de quimioterapia. En efecto, expresa, ha presentado el actor una habilitación y matriculación como auxiliar de enfermería con la que se encontraba contratado y con la que prestó funciones en el ámbito del sistema de salud provincial. Explica que la actividad suya y del C., se encuentra habilitados para la realización de tratamientos de quimioterapia en forma privada, actividad que se encuentra regida por ley 24.004 y su reglamentación, motivo por el cual en el ámbito de su actividad privada como oncólogo siempre se vio obligado a la contratación de enfermeros profesionales con título y carnet habilitante, que son requisitos para la habilitación del gabinete. Advierte que el propio actor alegó que contaba con una habilitación y matriculación como auxiliar de enfermería y por su parte aclaró que M. contaba con una práctica de técnicas y conocimientos básicos de auxiliar de enfermería, situación que evidentemente demuestra que tiene vedada la aplicación de tratamientos oncológicos los cuales únicamente pueden ser administrados por los profesionales incluidos en el inc. a) del art. 3 de la ley reglamentada, es decir, por enfermeros profesionales y no por auxiliares de enfermería. Finalmente cita el art. 3, inc. "M" de la misma ley que reserva para los enfermeros profesionales "Participar en los tratamientos quimioterapéuticos, en diálisis peritoneal y hemodiálisis". Tal es, destaca, la habilitación de los enfermeros que si prestan funciones en C., habiéndose acreditado con la prueba testimonial producida que en ninguna oportunidad se lo ha visto a M. efectuar tratamientos quimioterapéuticos dentro del ámbito del C. y como empleado dependiente de esta empresa. También se agravia que el juzgador al hacer lugar en todas sus partes a la demanda entablada por M. omite reparar en la imposibilidad de cumplimiento de los horarios denunciados en demanda. En efecto, dice, se demostró mediante la prueba informativa y la testimonial que el accionante poseía un régimen de dependencia con el servicio de salud pública y una carga horaria que tornaban de imposible cumplimiento la realización de cualquier horario fuera del ámbito del sistema de salud pública. También se agravia de que se hubiera estimado aplicable la escala salarial reclamada por la actora. Sostiene que ha quedado acreditado que el actor se encuentra inhabilitado para desempeñarse como enfermero profesional para tratamientos quimioterapéuticos, habiéndose demostrado que no efectuaba dichas labores dentro de la empresa C.. Por último, expresa, para el hipotético supuesto de que se confirmara la sentencia solicita que se morigere la cuantía de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerar los mismos elevados.----	La parte actora al responder a los agravios, cuyo traslado se le corriera, expresa que la impugnante no ha realizado una concreta y razonada crítica al fallo. Subsidiariamente contesta los agravios sosteniendo que el Sr. M. mantuvo una perdurable y legítima relación de trabajo sin registración con M., iniciada el 4 de enero de 2001, habiendo sido contratado para desempeñar tareas de enfermería y cuidado de pacientes afectados con severas patologías oncológicas tanto dentro del establecimiento de la salud C., como también la asistencia ambulatoria a los domicilios de los pacientes de los demandados. Indica que la relación de trabajo finalizó el día 19 de diciembre de 2007. Destaca el valor probatorio de los testigos en vías de acreditar una relación de trabajo "en negro" para responder al agravio vinculado a que el juzgador llega a su convencimiento mediante la valoración de la prueba haciendo hincapié en la testimonial. Luego de reseñar la testimonial y la apreciación que mereciera la misma del juzgador y que reivindica, señala que equivocadamente el apelante refiere a que no fue valorada por el a quo la inscripción de M. en ingresos brutos y la AFIP, no siendo ello más que un intento del demandado de maquillar y encubrir una real relación de trabajo, bajo una espuria e inexistente locación de servicios mediante la facturación mensual y consecutiva, hecho notorio éste que fue valorado impecablemente -califica- por el sentenciante de grado para formar su convicción en la sentencia motivo de revisión. Resalta que sin soslayar la copiosa e enriquecedora prueba adunada en estos folios que acreditan la realización de los trabajos de M. para los demandados bajo su supervisión, subordinación, dirección y dependencia económica, debe conjugarse con el juego armónico de los principios consagrados en los arts. 9 y 23 de la L.C.T.. Efectúa citas jurisprudencial y legal, como asimismo, de una porción de su demanda, relativas a la presunción iuris tantum de existencia de un vinculo de naturaleza laboral, a todo lo cual remito. Asevera que retuerce y quiebra la verdad probatoria la mendacidad de que M. cumplía una carga horaria de 44 horas semanales cuando ha quedado abonado -afirma- que el cumplimiento de labores por una cuantía horaria de 40 horas semanales a órdenes del hospital zonal en horas tempranas de la mañana hasta el mediodía en donde, como se dijo y quedó acreditado en autos, luego ingresaba a C. y prestaba funciones bajo la estricta dependencia de los aquí apelantes, a partir de las 12:30 hs., retirándose a las 14:00 hs., para retornar a las 16:00 hs., hasta las 21:00 hs., realizando tareas propias de su profesión en cuanto a la afección oncológica de los pacientes del demandado colocándoles sueros, aplicándoles las drogas que indicaba M. y que individualiza en detalle al que me remito, con el propósito de calmar dolores propios de la quimioterapia que se realizaban a los pacientes en el consultorio del demandado. Añade que también le controlaba la presión arterial y les aplicaba inyecciones intramusculares, concurriendo muchas veces hasta los domicilios de los pacientes, circunstancia ésta refrendada por todos los testigos que depusieron. Refiere respecto a que la actividad principal de M. fuera ser dependiente de la administración pública al prestar labores por la mañana en el hospital zonal de Trelew y, en su momento, en el hogar de ancianos, que olvida la rica testimonial por la que se acreditó la pertenencia coetánea pero no incompatible de las labores como empleado de la administración pública con las tareas que cumplía para M. y C., cumpliendo órdenes impartidas por dicho profesional respecto de las aplicaciones y tratamientos que efectuaba a los pacientes que consultaban y se atendían en su instituto privado denominado C.. Destaca que la propia secretaria del C., K. T., reconoció que M. asistía todos los días, con habitualidad al instituto para coordinar las tareas que M. le impartía dejando expresamente sentado en su deposición que iba siempre por la tarde a tomar mate y arreglaban con el doctor para hacer tratamientos o hacer domicilios. Dicho testimonio se debe conjugar, manifiesta, con el resto de los testigos que depusieron los que ha vivido o visto a M. prestar labores bajo las órdenes de M. en el C.. Respecto a la afirmación de la apelante de que jamás un enfermero que está vinculado a la administración pública puede ser requerido por un médico oncólogo para sus servicios particulares por fuera de la administración, hace notar que se olvida que al responder a la demanda reconoció haber contratado a M. para realizar tareas de asistencia y aplicación de tratamientos que M. le impartía a sus pacientes oncológicos. Cita los testimonios de F., N. y S., para afirmar que se acreditó el desempeño de M. bajo la dependencia de M. durante distintos años. Se equivoca la parte apelante, dice, en afirmar que su actividad como dependiente de la administración pública es incompatible con la actividad privada aseverando que no hay tal incompatibilidad ni fáctica ni legalmente. Señala que reingresó a la administración publica en el año 2005 quedando demostrado que ante de tal fecha como después prestó tareas para el demandado en su consultorio privado en C.. Destaca la contradicción entre lo expresado en la expresión de agravios y la contestación de la demanda en cuanto afirma que un médico del hospital no necesita contratar un enfermero que lo asista, lo que es contradicho con las facturas adjuntas por la propia demandada como prueba con las cuales reconoce haber contratado por más de tres años a M. como su enfermero para realizar sus tareas privadas en el C., lo que hace caer de plano dicho argumento. Aduna sobre todo lo anterior y, por último, en lo que refiere a la queja tendente a que se morigeren los honorarios de los letrados que asisten a su parte, señala que la misma no contiene argumento jurídico ni empírico sino que se basa en el solo "criterio" al considerarlos elevados.	II.- En los límites demarcados por los agravios esgrimidos por la demandada y por el responde que merecieran de la parte actora, ingresaré a su análisis haciéndolo en conjunto toda vez que todos y cada uno de los reseñados se encuentran vinculados entre sí al referirse en todos los casos a la valoración probatoria realizada por el judicante del anterior grado.--------	El Sr. Juez a quo, apreció de manera particular y puntillosamente los testimonios prestados por los Sres. M. T. (fs. 106 y vta.); L. N. (fs. 105 y vta.); H. O. F. (fs. 107 y vta.); M. I. S. (fs. 108 y vta.); C. D. A. (fs. 109 y vta.); y, A. K. T. (fs. 110) para concluir del siguiente modo: "Queda claro luego de la lectura de las declaraciones testimoniales que M. era el encargado de ejecutar los tratamientos contra el dolor y la quimioterapia, conforme las precisas y necesarias indicaciones del Dr. M.; también queda claro que los mismos se llevaban adelante tanto en C. -calle 9 de julio- como en los domicilios particulares de los pacientes; que los tratamientos se hacían de mañana, tarde y noche; que M. era empleado de M.; que como contraprestación por sus labores recibía una suma mensual; que esta suma era fija y se imputaba al pago de honorarios conforme surge de la documental que obra reservada en caja de seguridad, la que fuera acompañada por el demandado -fs. 11/42-; que se observa en las facturas que las mismas resultan correlativas y secuenciales guardando directa relación su numeración con el mes y así al siguiente; que desde el mes de noviembre de 2000 recibió en concepto de "honorario" la suma de $ 500,00 luego $ 1.000,00 y finalmente $ 800,00 como prestaciones de enfermería...De tal forma no abrigo duda alguna que entre las partes en litigio existió una relación laboral encontrándose presente en la misma las notas típicas y propias de estos contratos, cuales son la subordinación técnica, jurídica y económica..." (sic) (ver: considerando de fs. 207 y vta.). He trascripto estos extensos párrafos de la argumentación desarrollada por el judicante en los considerando, en particular en su faz conclusiva luego del mérito realizado, toda vez que tales afirmaciones sentenciales contienen el basamento del veredicto estimatorio de la demanda basándose ellas en la valoración probatoria que efectuara el juzgador y que es, precisamente, la materia sobre la cual se direcciona el cuestionamiento ensayado por la parte demandada recurrente.--- Pues bien, en tal contexto delineado, observo que no resulta controvertido un dato que, entiendo, es en verdad trascendental, el que dicho siguiendo literalmente lo expuesto por la parte demandada en su escrito de responde, es el siguiente: "...la auténtica relación entablada entre el demandante y el suscripto como titular del consultorio médico oncológico identificado como "C."...El actor que siempre realizó y ofreció labores por cuenta propia hacia pacientes del suscripto o de cualquier médico, generalmente contactados en el ámbito del Hospital Zonal de Trelew, se vincula con "C." y con el suscripto como titular del mismo..." (sic) (ver: fs. 17). Esto es, no es discutido que el ya fallecido Sr. M. se desempeñó cumpliendo sus tareas como auxiliar de enfermería en y para la organización empresarial prestadora de servicios médicos oncológica y del dolor de titularidad del galeno demandado Dr. M..-----	Esto lo asevero además, habida cuenta que, de inmediato, se intenta explicar infructuosamente que las facturas correspondientes a las prestaciones que realizara el actor "...para "C."...", éste las emitía "...debido a que formaba parte del giro contable y de gastos que el suscripto registraba como titular del consultorio..." (sic) (ver: fs. 17 "in fine"). Y digo que la parte demandada expuso lo trascripto de manera infructuosa debido que la pretendida explicación dirigida a sostener en el marco de su defensa que el actor se desempeñaba autónomamente, lejos de lograr tal cometido vino proveer de un dato que corrobora la inteligencia que emana de la señalada incorporación del trabajador en una organización empresarial ajena, que es propia y connatural a un vinculo dependientes o subordinado, y que se extrajera del párrafo precedente ya trascripto en lo principal.----	Ello así desde que, me pregunto, de qué otra manera se puede interpretar que la emisión de las facturación correspondiente a la prestación por M. de sus tareas como enfermero "...para "C."..." se anotara como "...parte del giro contable y de gastos que el suscripto registraba como titular del consultorio..."(sic). La respuesta no puede ser otra que aquella que se viene perfilando en mi voto, es decir, que ello sucedía porque tales servicios formaban parte de los que ofrecía la organización empresarial que gira bajo el nombre de fantasía "C." y de la que es titular el demandado Dr. M..- ---------- En tal sentido tengo dichos antes de ahora que la distinción entre un trabajador dependiente y uno autónomo se focaliza prevalentemente en la circunstancia de que el trabajador dependiente incorpora su actividad en el contexto de una organización total o parcialmente ajena, la cual aprovecha el resultado de su trabajo en su propio beneficio para ofrecer el producto o el servicio a un tercero. Y, desde esta perspectiva, el trabajador autónomo es aquel que ofrece un producto o servicio directamente al mercado, mientras que un dependiente lo cede a su empleador quien, a su vez, es el que lo traslada a terceros (vide: S.D.L., Nº 38/08, c. 22.454; S.D.L., Nº 30/05, c. 20357; S.D.L., Nº 13/05, c. 20.194; S.D.L. 03/01, c. 16.592; S.D.L., Nº 01/02, c. 17.586; S.D.L., Nº 20/02, c. 18.198; S.D.L., Nº 40/03, c. 18.662; S.D.L., Nº 10/04, c. 19.123; S.D.L., Nº 53/06, c. 21.852; S.D.L., Nº 22/08, c. 22.566, entre otras, CANE). Respecto a esto último, destaco que la propia parte demandada arguye sobre la falta de calificación profesional de parte del fallecido M. para desempeñarse con pacientes oncológicos por lo que se induce de ello que mal podría haber ofrecido servicios profesionales autónomos directamente a los pacientes oncológicos a los que indudablemente atendiera y para los que según lo afirma el demandado no se encontraba calificado. En tal dirección, entonces, cabe ponderar que la falta de habilitación profesional de M. para aplicar tratamientos de quimioterapia que postula pretendidamente a favor de su posición el impugnante (vide: escrito de expresión de agravios -fs. 221-), lejos de importar un dato que excluya la denunciada subordinación, la confirma.------- Y, la circunstancia que el actor y el demandado M. de hecho actuaran en la atención de pacientes con patologías oncológicas en supuesta violación a la legislación que regula la materia, en todo caso, no parece que fuera una circunstancia que altere el sentido del resolutorio apelado puesto que, a todo evento, ello sería materia de denuncia y tramitación por ante la autoridad de aplicación, que en la provincia del Chubut es el "Sistema Provincial de Salud" (Conf. art. 16, inc. "c" y conc. de la Ley Nacional Nº 24.004 y art. 10 de la ley provincial Nº 3498 y art. 2 del Dcto. Regl. Nº 319/99) pero siempre, lo reitero, viene a corroborar el contexto fáctico afirmado por el actor, esto es, que efectivamente prestó tareas para la organización de servicios médicos de titularidad del demandado y que desarrolla sus actividades bajo el nombre de fantasía "C.".--------	Solo para ponerlo en claro adunaré en relación a la norma nacional de cita y que es traída a colación por la parte demandada recurrente, que la provincia del Chubut en realidad no adhirió a la misma en los términos de la invitación contenida en su art. 28º, contando con una legislación específica similar que es de data anterior a la ley nacional (Ley 3498 del año 1989, modificada por Ley 3961/94 y reglamentada por Dcto. 319/99).---- En esta línea de análisis corresponde poner énfasis en que no se puede precisar la naturaleza de la relación habida entre las partes: en el caso, el profesional de la enfermería, que se desempeñara en la empresa de servicios médicos oncológicos de titularidad del Dr. M.; sin delinear las características que definen al contrato de trabajo. Al respecto la L.C.T. en su art. 21 conceptúa al contrato de trabajo indicando que es el acuerdo por el cual una persona física se compromete realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. La nota fundamental que estimo es la que se extrae de tal norma es que el trabajo se presta por cuenta ajena. El empresario aprovecha de los beneficios del trabajo y afronta los riesgos de la gestión de la empresa, lo que corresponde a su condición de dueño del capital -y en la especie por su condición de médico especialista en ontología que importa una condición sine qua non para el desarrollo de la actividad de su empresa- y de la organización de los medios de los que se vale para el desarrollo de los servicios médicos que ofrece y presta a terceros (ver: Fernández Madrid, Juan Carlos, "Las profesiones liberales y el contrato de trabajo", en "Derecho del Trabajo. Doctrinas esenciales 1936-2010", Ed. La Ley, ed. año 2010, T. II, págs. 117/139; id., Cesarino Junio, A.F., "Concepto jurídico social de "Trabajo" y "Empresa"", ob. Cit., T. I, pág 5/9).	En igual inteligencia destaco que en tal vínculo habido entre los profesionales del arte de curar en litigio se atenúan naturalmente algunos factores característicos de la clásica dependencia, como pueden ser la morigeración de la subordinación técnica, la posible inexistencia de horarios fijos, la prestación de servicios en lugares físicos ajenos a la empresa.----	Es así, que se ha dicho en idéntica tesitura a la que vengo exponiendo que el ejercicio de una profesión llega a constituir un verdadero contrato de trabajo cuando se desarrolle como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y evidente jerarquización, obligándose el profesional a acatar y cumplir las órdenes de su empleador, aunque no exista dependencia técnica, y sin que tenga relevancia el hecho de calificar de "honorarios" a la entregas periódicas de dinero efectuadas por el principal mediante la emisión de facturas (conf.: CNAT, Sala VII, 13/10/97, "Lumermann, Claudio c/ YPF S.A.", D.T., 1998-A-722; id. CNAT, Sala VIII, 23/8/94, "Moncayo, Sandra Marcela c/ F.ES.V.I. s/ Despido", en Derecho Laboral Errepar, nº 137, T. XI, pág. 173).------ Pongo de resalto respecto a las aludidas facturas, las que fueran acompañadas por el demandado con su escrito contestatario de la demanda, encontrándose reservadas en caja de seguridad (fs. 11/42), que el sentenciante indicó que "...se observa en las facturas que las mismas resultan correlativas y secuenciales guardando directa relación su numeración con el mes y así al siguiente;..." (sic) (considernado de fs. 106 vta.), sin que hubiera merecido el más mínimo señalamiento o precisión de parte del impugnate. Y, tengo para mi, que lo observado por el Sr. Juez a quo en verdad resulta cuanto menos sugestivo y merecía al menos un intento de explicación de parte del recurrente.----- Por último, francamente resulta irrelevante la calidad de dependiente de la administración pública provincial con desempeño en el Hospital Zonal de Trelew que ostentara el actor (y con anterioridad en el Hogar de Ancianos), en simultáneo con el vinculo laboral que lo uniera con el demandado toda vez que no es la exclusividad una nota tipificante ni configurante de un contrato de naturaleza laboral (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra., ed. actualizada y ampliada, año 2007, T. I, pág. 711/712, letra "g").--- Finalmente, en tal marco hermenéutico en verdad encuentro que toda la argumentación tendente a poner bajo supuesta cuestión la valoración de la testimonial que hiciera el Juez a quo, a mi ver, no alcanza a importar más que un mero disenso. Ello así, por cuanto no contiene más que una valoración paralela personal y subjetiva pero sin contener una puntual y concreta atribución de error o equívoco en la ponderación realizada por el judicante. Frecuentemente he dejado sentado que "criticar" no es lo mismo que "disentir" ya que lo primero importa un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo apelado, tendiente a demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pueda contener, mientras que lo segundo consiste simplemente en exponer un punto de vista distinto o que se está en desacuerdo con lo decidido. Y sabido es que una mera discrepancia con el criterio sustentado por el a quo en la valoración de las probanzas arrimadas a la causa no basta para fundar la apelación, máxime cuando es sabido que la apreciación de dichos elementos está gobernada por el principio de la sana critica del juez (Conf. CNFed. Civ. y Com., Sala III, 13/10/93, J.A., 1996-I, síntesis; Lexis, nº 1/24693; id. CNCiv., Sala A, 11/10/94, J.A., 1996-I, síntesis; Lexis, nº 1/24698).----------	En lo tocante al pedido de que se "morigere" la cuantía de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos el apelante elevados (vide: expresión de agravios -fs. 222-), el mismo resulta inaudible desde que no se ha habilitado siquiera esta instancia revisora a su respecto. Ello así, habida cuenta que la apelación sobre honorarios es una vía recursiva autónoma, regulada por el art. 49 de la ley arancelaria, debiendo ser interpuesta y concedida en forma específica. No hecho de tal manera resulta, entonces improcedente el planteo de tal materia dentro de la apelación articulada en contra del fondo del asunto.----	En resumen, pues, propondré al acuerdo que se tenga por desierto el recurso impetrado por carecer el mismo de la suficiencia técnica mínima e indispensable que permita a este Tribunal de alzada ejercer su función propiamente revisora (conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C. -actuales arts. 268 y 269 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-). Así lo voto.--------	III.- Conclusión:	Por todo lo expuesto corresponderá declarar desierto el recurso de apelación con costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada recurrente vencida en ella (Conf. Arts. 68 y 279 del C.P.C.C. - actuales arts. 69 y 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A -).---------	Los honorarios de la Dra. Gr. M. C. M., letrada apoderada de la aparte actora, por sus tareas cumplidas por ante la alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en la suma equivalente al 30% de la que mereciera por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente; sin regular honorarios al Dr. L. A. S., letrado patrocinante del demandado apelante, por haber resultados sus labores inoficiosas (Conf. arts. 3, 6 y 14 de la ley 2.200 -actuales arts. 3, 5 y 13 de la Ley XIII Nº 4-).-------- Termino mi intervención de tal manera, pronunciándome en la presente cuestión por la NEGATIVA.	A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	Dada la claridad de la reseña que efectuara el colega preopinante de la sentencia de origen de fs. 204/208 vta., así como de los agravios que contra la misma expusiera la demandada a fs. 216/222 y de la contestación de los mismos por parte de la actora a fs. 224/228 vta., me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y en homenaje a la brevedad.-	I.- Analizaré los agravios de la apelante a fin de dar respuesta al interrogante acerca de la suficiencia técnica del memorial.-	1) Como claramente lo expusiera el juzgador "a quo" en su decisorio, la cuestión debatida entre las partes consistía en saber "...si entre las partes en litigio existió la relación laboral que en demanda se denuncia, pues éste resulta ser el fundamento de la pretensión actoral frente a la negativa de parte de C. M., quien asegura que la vinculación fue de carácter comercial, haciendo notar que no contaba la misma con las notas típicas de los contratos de trabajo" (ver sentencia a fs. 205, 2do. párrafo). A partir de dicha premisa analizó la prueba producida en autos, básicamente la testimonial -N. (fs. 105/vta.), T. (fs. 106/vta.), F. (fs. 107/vta.), S. (fs. 108/vta.), A. (fs. 109/vta.) y T.(fs. 110/vta.)- (ver sentencia a fs. 205 vta./206 vta.). En base a tales testimonios el sentenciante concluyó que el actor era el encargado de ejecutar los tratamientos contra el dolor y la quimioterapia conforme a las indicaciones del demandado, también concluyó que los tratamientos se llevaban adelante tanto en C. como en domicilios particulares de los pacientes, en horario variable, y que M. recibía como contraprestación una suma mensual, que era una suma fija y que se imputaba a honorarios, de acuerdo a la documental acompañada por el demandado consistente en facturas correlativas y secuenciales (ver sentencia a fs. 206 vta., último párrafo). Finalmente cerró su razonamiento expresando que "De tal manera no abrigo duda que entre las partes en litigio existió una relación laboral encontrándose presente en la misma las notas típicas y propias de estos contratos, cuales son la subordinación técnica, jurídica y económica" (ver sentencia a fs. 207 vta., anteúltimo párrafo).-	Por otra parte, y como bien lo dejó sentado el colega preopinante, debe destacarse que al contestarse la demanda, el accionado admitió que el actor realizó y ofreció labores por cuenta propia hacia pacientes de M. o de otro galeno, generalmente conectado en el ámbito del Hospital Zonal de Trelew, y se vincula con C. y M. como titular del mismo, ofreciendo la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería a mediados de 1999 (ver fs. 17, 2do. párrafo). Y es así que en las ocasiones que las prestaciones de M. eran realizadas para C., aquél emitía la facturación correspondiente debido a que formaba parte del giro contable y de gastos que el demandado registraba como titular del consultorio (ver fs. 17, último párrafo). Es claro entonces, porque así lo reconoce el propio M., que M. cumplía tareas como auxiliar de enfermería para la organización empresarial (C.) de titularidad del accionado. Ahora bien, la argumentación de este último respecto a que la facturación que emitía el actor (ver fs. 11/42) formaba parte de su giro contable y de gastos, no encuentra una explicación ajena al servicio de enfermería que la misma organización empresarial del demandado ofrecía a través de M., ya que la facturación referida detalla que las sumas consignadas lo eran por "servicio u honorarios de enfermero".-	2) Efectuadas las consideraciones precedentes, es de señalar que en interpretación de la presunción establecida en el art. 23 de la LCT se consideró que el legislador ha establecido que debe presumirse que la relación de trabajo, si se prueba, proviene de un contrato y no de otra fuente, lo que supone que quien invoca una relación laboral subordinada debe probarla con los indicios o pruebas directas de que provee el derecho procesal. En el mismo sentido se entendió que la "prestación de servicios" a la que alude la norma no puede ser otra que la cumplida en relación de dependencia ya que en toda la ley no hay referencia posible a otras prestaciones que no sean las que reúnen las condiciones tomadas como indispensables por aquélla para su aplicación (arts. 4, 5, 21, 22, 27, etc.) (conf. Rodríguez Mancini, Jorge en: Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, págs. 72/73). Por su parte desde la jurisprudencia se entendió que para que juegue la presunción dispuesta por el art. 23 de la LCT se requiere la acreditación en juicio de que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia para otro (conf. SCBA, 28/08/02 in re: "Di Rocco, Asunción c/ Palma Parodi, Marina; 29/05/02 in re: "Lares, Raquel M. y otros c/ Saavedra, Néstor M.", Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Ed. LexisNexis, 2004, pág. 99); así como que la prestación de servicios que genera la presunción prevista en el art. 23 de la LCT es aquella realizada bajo la dependencia de otro, ya que los arts. 21 y 22 del cuerpo normativo citado sólo contemplan dicho tipo de relaciones (conf. CN.Trab., Sala I, 24/05/99, in re: "Bourgeois, Oscar A. y otro c/ Gas del Estado Residual", Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ídem, íd.). Al respecto ha de agregarse que resulta característico de la relación de empleo el hecho de que el trabajador dependiente, normalmente se incorpora a un establecimiento ajeno, ya que esto lleva consigo y determina el carácter del trabajo como heterónomo (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de Trabajo", Ed. Astrea, 2000, pág. 77). Y en relación a la distinción entre el contrato de trabajo y otras figuras contractuales, desde la jurisprudencia se ha sostenido que "Para determinar la existencia de un contrato de trabajo, que asume manifestaciones diversas de acuerdo a las distintas actividades empresarias, debe determinarse si se cumple la exigencia de que se ponga un quehacer personal e infungible al servicio de un tercero, para que este último alcance los objetivos de su empresa o explotación" (conf. CN.Trab., sala VI, 19/03/97, DT, 1997-B, 2032). Asimismo se ha dicho que "El trabajo independiente es un trabajo autoorganizado, que no está referido a necesidades normales y permanentes de la empresa. Si la labor personal se presta por cuenta ajena, de manera permanente y para necesidades de igual carácter que tiene la empresa, se está en presencia de una relación contractual laboral" (conf. CNTrab., sala VI, 20/05/88, LL, 1988-D, 239). Tal ha sido mi argumentación sobre el tema en recientes antecedentes (ver CANE, Sala "B", SDL Nº 04/2010, del 18/03/10; entre otros).-	Es claro que M. prestaba sus servicios de enfermería dentro de la órbita de actuación de la organización empresarial del demandado, ya que, amén de que la facturación mensual revela que el servicio prestado era de carácter permanente y referido a necesidades normales de la empresa, en cuanto hacía a la actividad principal de la misma -prestación de servicios médico-asistenciales-, la propia demandada arguye que el actor carecía de la habilitación pertinente para desempeñarse en forma autónoma en la atención de pacientes oncológicos (ver fs. 221, último párrafo), por lo que se refuerza la conclusión a la que arribara el sentenciante de grado en cuanto a que M. se desempeñaba bajo la subordinación técnica del accionado. Y como lo dejara explicitado el Dr. Lucero, la circunstancia de que ambas partes hubieran desarrollado la actividad médico-asistencial en violación a la legislación que regula el ejercicio de la enfermería, ya que se requiere ser profesional enfermero para aplicar tratamientos de quimioterapia (conf. art. 3, inc. 18, M del decreto reglamentario 2497/93 de la ley 24004), ello no resulta óbice para tener por demostrada la relación laboral, tal como lo concluyera el sentenciante de grado, dado que en todo caso ello podría ser materia de denuncia ante la autoridad de aplicación correspondiente (conf. art. 16, inc. c de la ley 24004, y art. 10 de la ley provincial 3498 y 2 del decreto reglamentario 319/99). Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto "ut supra", lo que resulta claro es que M. se desempeñó bajo las órdenes de M. en la prestación del servicio de enfermería.-	No empece a la conclusión antedicha que el actor no laborara de manera exclusiva para el demandado ni que cumpliera un horario fijo para el mismo, tal como lo argumenta la apelante (ver fs. 217 vta., anteúltimo párrafo y fs. 218 vta., dos últimos párrafos/219 vta.). Al respecto se ha sostenido "que la ausencia de exclusividad con relación a las tareas realizadas por un profesional, la cual pareciera desprenderse de la ausencia de correlatividad en las facturas por él emitidas, carece de relevancia a los efectos de determinar la existencia de un contrato de trabajo, dado que lo que interesa es definir si el trabajador -cualquiera sea el área en la que se desempeña-, se encontraba integrado con otros medios personales y materiales a la empresa de la demandada para el logro de los fines, mientras ninguna virtualidad corresponde acordar a la falta de reclamo por parte del actor durante la relación laboral con fundamento en el principio de irrenunciabilidad previsto en el art. 58 de la LCT" (conf. CNTrab., Sala X, 29/11/04, DT, 2005-A, 509). Esto último por su parte refuta la argumentación del recurrente referida al silencio y falta de reclamo del actor durante el tiempo que duró el vínculo contractual (ver fs. 218 "in fine"/vta., 1er. párrafo). Por lo demás al respecto he sostenido con anterioridad que no cabe atender el argumento de que el trabajador no efectuó reclamo alguno durante un prolongado lapso de tiempo (ver CANE, Sala "B", SLD Nº 44/08 del 19/06/08 y SLD Nº 49/08 del 01/08/08). Al respecto razoné en el sentido de que la regla general de interpretación del art. 919 del C. Civil explica que el silencio no puede ser considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, a excepción de los supuestos que la misma ley establece (conf. CN. Civ., Sala G, 16/5/84, ED, 110-431), pudiendo configurar admisión cuando el deber de contestar tenga evidencia directa y distinta, pero el silencio por sí solo no implica que existiera ese deber de responder (conf. CN. Com., Sala D, 18/2/85, LL, 1985-C-608). En la especie, la circunstancia de que el actor no haya figurado formalmente como empleado del demandado sin que reclamara su debida registración y que dicha situación se prolongara durante el tiempo, hace que la única sanción que el ordenamiento prevea a la mentada falta de reclamo es la de la prescripción liberatoria (conf. art. 3947 y concs. del C. Civil y 256 de la LCT). Si a ello se añade el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador contenido en el art. 12 de la LCT, tampoco corresponde inferir la existencia de una renuncia tácita en los términos del art. 873 del C. Civil, por lo que la inactividad del actor no puede servir de fundamento para el rechazo de su reclamo.-	A todo lo expuesto hasta aquí debe añadirse, que en la especie, el sentenciante de la anterior instancia enfatizó como argumento dirimente que el actor recibía una suma fija mensual y que las facturas eran correlativas y secuenciales, guardando directa relación su numeración con el mes y así al siguiente (ver fs. 206 vta. "in fine"), sin que dicha argumentación recibiera crítica alguna por parte de la quejosa. Al respecto es de tener en cuenta que es sabido que crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, se debe trasuntar un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia, sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., ídem, pág. 941). En el mismo sentido es sabido que carece de contenido el escrito de expresión de agravios que no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100). Es que criticar no es lo mismo que disentir, ya que lo primero importa un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo apelado, tendiente a demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pueda contener, mientras que lo segundo consiste simplemente en exponer que se está en desacuerdo con la sentencia recurrida (conf. CN. Civ., Sala A, 19/8/91, LL, 1992-A-487, nº 42). La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido (conf. CN. Civ., Sala H, 20/6/03, ED, 204-472) que ejercitada, traslada la competencia al tribunal de alzada (conf. C. 1era. Civ. y Com. Bahía Blanca 29/2/68, LL, 131-698), sino que, como lo señala el art. 265 del C. Procesal debe contener una crítica concreta y razonada (conf. CN. Civ., Sala M, 27/9/00, ED, 191-414) de las partes del fallo que el recurrente considere equivocadas (conf. CN. Civ., Sala F, 18/7/96, LL, 1997-D-827, 39.612-S), indicando los supuestos errores u omisiones que la misma contiene así como los fundamentos que le permitan sostener una opinión distinta (conf. CN. Com., Sala A, 21/2/96, ED, 172-92); es decir, debe señalar punto por punto los errores que se atribuyen a la sentencia en grado, por los cuales se considera que el pronunciamiento es injusto o contrario a derecho (conf. CN. Civ., Sala A, 16/12/99, ED, 186-539). En la expresión de agravios deben refutarse las conclusiones de hecho y derecho que motivan la decisión en grado, mediante la exposición de circunstancias jurídicas por las cuales se considera erróneo el pronunciamiento impugnado (conf. CN. Civ., Sala H, 20/6/03, ED, 204-472).-	A la luz de los criterios señalados, compartiré lo manifestado por el Dr. Lucero, en cuanto a que la supuesta crítica que se realiza a la valoración de la prueba testimonial, no pasa de ser una mera discrepancia en dicha apreciación, ya que resulta claro que del análisis que el juzgador efectuara de tales testimonios, se desprende que M. se desempeñaba a las órdenes de M.. Es que toda la argumentación de la apelante al respecto resulta orientada a justificar que el actor no se desempeñaba bajo las órdenes de M., destacando que laboraba en entes públicos y que no cumplía con un horario fijo, argumentos que fueron debidamente confutados y que resultan irrelevantes a los fines de atacar la conclusión del juzgador, esto es, la existencia de relación de dependencia entre las partes.-	Es así, que compartiré lo postulado por el colega prevotante, en cuanto a que corresponderá declarar desierto el recurso deducido por insuficiencia técnica del mismo (conf. arts. 265 y 266 del CPCC -actuales arts. 268 y 269 de la ley XIII Nº 5 Anexo A-). Otro tanto cabe expresar respecto de la morigeración requerida acerca de los honorarios regulados, ya que dicha cuestión debió haber sido objeto de la vía recursiva autónoma en virtud de lo dispuesto por el art. 49 de la ley 2200 (actual art. 48 de la ley XIII Nº 4).-	II.- En síntesis, por todo lo expuesto y razonado corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la accionada, con imposición de costas en esta sede a la recurrente vencida (conf. art. 68 y 279 del CPCC- actuales arts. 69 y 282 de la ley XIII Nº 5 Anexo A-).-	Sin perjuicio de lo anterior, ante la deserción del recurso declarada, no corresponderá regular honorarios al letrado patrocinante de la apelante -Dr. L. S.- por resultar inoficiosos sus trabajos realizados ante la Alzada; procediendo regular los de la letrada apoderada de la actora, Dra. G. M., en atención al mérito y extensión de las tareas desarrolladas y al resultado del pleito, en un 30% de lo establecido en la instancia de origen, con adición de IVA correspondiente (conf. arts. 3, 6 y 14 de la ley arancelaria -actuales arts. 2, 3, 5 y 13 de la ley XIII Nº 4).-	A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.-	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- Atento al modo en que me pronuncio en el tratamiento de la cuestión anterior, la presente ha devenido en vacía de contenido por lo que me eximo de pronunciarme en ella.--------	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	En atención a la respuesta brindada a la primera cuestión planteada, deviene abstracto pronunciarse respecto de la segunda pregunta presentada.-	A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación deducido por el demandado, Sr. C. M.. 2) IMPONER las costas de segunda instancia al demandado recurrente vencido en ella. 3) REGULAR los honorarios de la Dra. G. M. C. M., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 30% de los que le fueran reguladas en la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente; sin regular honorarios al Dr. L. S., atento que sus labores por ante esta segunda instancia han resultado a la postre inoficiosas.------ ASI LO VOTO.-	A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto expresó:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, fiel expresión del acuerdo al que se ha arribado.-	Así lo voto.-	Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Raúl Adrián Vergara (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: - --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---	DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación deducido por el demandado, Sr. C. M..	IMPONER las costas de segunda instancia al demandado recurrente vencido en ella.	REGULAR los honorarios de la Dra. G. M. C. M., por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 30% de los que le fueran reguladas en la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente; sin regular honorarios al Dr. L. S., atento que sus labores por ante esta segunda instancia han resultado a la postre inoficiosas.---	Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDL - CONSTE.-	VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA