marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rementería, Luis María c/ Coltrinari, Héctor Angel y ot. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Las cuestiones referentes a honorarios y su actualización compete en forma privativa a los jueces de la causa, resultando improcedente la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley en la materia, si no se demuestra la concurrencia de los supuestos en que la Suprema Corte ha exceptuado el principio de irrecurribilidad.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Moser, Hugo s/ Infracción art. 110 del Código Penal - Causa Nro. 21.830
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso las costas al actor, pues habiendo prosperado parcialmente su planteo, el criterio de imposición adoptado está alejado de una prudente compensación.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, presidente de la Nación, facultades discrecionales, remoción de funcionarios públicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La aceptación de "facultades discrecionales" del Presidente de la Nación - que permitieran remover a los fiscales adjuntos sin necesidad de acreditar su "mala conducta" - importaría la total desnaturalización del sistema de control que establece la ley 21.383 (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Código civil, daños y perjuicios, indemnización, homicidio, autoría, muerte de la madre, indemnización por muerte, prueba, menores, mayor de edad, víctima del delito, herederos forzosos, interpretación y aplicación de la ley, principios generales del Derecho, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Buiatti, Sandra y Otros c/ Dionelli, Sergio y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-10

Si bien los artículos 1084 y 1085 del Código Civil no distinguen entre hijos mayores y menores refieren, indudablemente, a quienes se encuentren en condiciones de exigir sustento a la víctima del delito de homicidio, por lo que extender la presunción de daño a todo heredero forzoso resulta irrazonable en tanto el artículo 1084 alude a lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando claramente vinculado a la obligación de sostener al cónyuge e hijos menores o incapaces, no así a los mayores a quienes se les aplica el principio general consagrado en el artículo 1079 de la norma de fondo, en virtud del cual, tienen derecho a la reparación del daño sufrido en tanto acrediten la procedencia de la reparación pretendida.
Querella, objeto del proceso, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito de acción pública, desistimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARACRI, Félix Clement. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

No pueden tramitar en un mismo expediente procesos por delitos de acción pública y privada al mismo tiempo.

Si el objeto de la denuncia formulada fue una falsificación de un poder y comprendió el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar -ley 13.944-, en la modalidad en que la víctima es el cónyuge (*), al tratarse de un delito de acción privada, conforme se encuentra regulado por el art. 73, inc. 4, del C.P., si la querella no observó las reglas del rito para entablar la acción tal como lo dispone el Libro III, Título II, Capítulo III del C.P.P.N., debe confirmarse el auto por el se desestima el planteo de la defensa de tener por desistida a la parte querellante respecto del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Contratos, compraventa, automotores, círculo cerrado, entrega del bien, agentes colocadores de títulos, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Moraviski, María Teresa c/ Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Procede confirmar la resolución que condenó a los accionados a entregar al actor en un término perentorio, el automóvil adjudicado en cumplimiento del contrato de ahorro y préstamo que unía a las partes. Ello por cuanto, en el caso, si bien la coaccionada apelante no tuvo como función acercar a las partes, tarea que cumplió la concesionaria que había seleccionado la actora en el año 2005, y que simplemente debía intermediar en la entrega del automóvil que la terminal le adjudicaría según las pautas de contratación existentes entre ellas; sin embargo, tenía como misión, además de recibir la oferta que, en este caso, hizo otro, la de ser, por su propia naturaleza y, de acuerdo con su objeto social, el agente colocador o productor de sistemas de ventas. A más, la propia demandada dijo haber recibido la aceptación de adjudicación, de la que surgía que esta última actuaba como un agente de entrega y que, en dicho sentido receptó las peticiones y reclamos de la accionante y en función de ellos, actuó. Es que se encuentra probado con los correos electrónicos que acompañó y transcribió, que asumió su condición de requerida y dio cuenta de las medidas que adoptó, lo que evidencia el alcance de sus obligaciones y del papel relevante que en general cumple dentro de la cadena de comercialización de vehículos y en particular en el negocio de marras. En ese marco, de acuerdo a la LDC 2 y 40, integra la organización económica y obtiene beneficios, existe actuación conjunta generadora ante terceros de obligaciones y se aviene a efectuar en conjunto una prestación de servicios que se encontraba alcanzada por aquella norma legal. Así las cosas, cabe desestimar la falta de legitimación opuesta por esta concesionaria.
Contratos comerciales, interpretación del contrato, conducta de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIVAS Jorge c/ CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

El ámbito de aplicación de la teoría de los propios actos se relaciona tanto cuando se pretende impugnar una conducta anterior (expresa o tácita), poniendo el derecho límites a esa impugnación por considerarla contraria a la buena fe, o cuando se pretende ejercitar algún derecho o facultad en contradicción con anteriores conductas de relevancia jurídica y que también chocan con la buena fe.

Para que la teoría de marras resulte aplicable debe existir una conducta determinada de un sujeto, que haya generado una situación de apariencia susceptible de influir en la conducta de otro sujeto que haya procedido de buena fe y que por ello se perjudicaría al defraudarse la confianza depositada en los actos del otro.
Jueces, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTERO JUAN D. c/ CARDENAS MARIA ELSA s/ TENENCIA-INCIDENTE DE RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-05-21

Corresponde rechazar la recusación sin causa deducida pues el código de rito establece la conexidad procesal entre el juicio de tenencia y el de alimentos (art. 7 inc. 3º) de tal manera que si se consintió su actuación en los alimentos, los cuales se encuentran con sentencia firme, no puede luego recursarse sin causa en el juicio de tenencia entablado con posterioridad por una de las partes de aquél.
Proceso contravencional, facultades del fiscal, facultades instructorias, prueba, prueba pericial, falta de notificación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, A. G. s/ Incidente de nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

Si en el momento de ordenar un peritaje no existe imputado alguno, no se advierte de qué forma la omisión del Ministerio fiscal (de no haber notificado previamente a la Defensa), implique una violación de una forma procesal establecida en resguardo de la defensa del imputado.

El derecho de defensa implica la reacción del encartado ante la actuación persecutoria estatal, por lo que no resulta acertado alegar que la falta de notificación a la defensa sea una clara violación al derecho de defensa, cuando no existe aún acción alguna por parte del fiscal, en relación con persona determinada.

Cabe concluir que la pericia, tachada de nulidad por el Sr. Defensor no conculca derecho de defensa alguno, y esto no sólo por haber sido llevada a cabo en plena etapa instructoria, sino que previo aún a la citación de su ahijado procesal a la audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional.(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Acción de amparo, falta de legitimación para obrar, partidos políticos, afiliados políticos, presidente de la Nación, reelección, carta orgánica de los partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ortiz Almonacid, Juan Carlos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El afiliado a un partido político - y titular de una agrupación interna - carece de legitimación para deducir el amparo tendiente a habilitar la reelección presidencial del presidente de la Nación para la elección de 1999, si no alegó ni demostró, que se hayan desconocido los derechos que le otorga la Carta Orgánica del Partido Justicialista ni que haya agotado las instancias partidarias previstas para la satisfacción del derecho, extremos éstos que son los únicos cuya configuración otorga personería a los afiliados de los partidos políticos para actuar ante la justicia electoral.
Remuneración, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Edgardo R. y otros c/ Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú limitada. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-28

La remuneración base sobre la que se ha de liquidar el beneficio otorgado a los trabajadores que cesan por acogerse a la jubilación, en el Convenio Colectivo de Trabajo nº 36/75, no incluye la parte proporcional de Sueldo Anual Complementario, de la Bonificación Anual por Eficiencia, de la Asignación Anual por Turismo ni el Sueldo Anual Complementario sobre la Bonificación Anual por Eficiencia.Ello, por aplicación del mismo criterio por el cual no se incluye la parte proporcional del aguinaldo en el salario base para el cálculo de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, considerando el carácter anual de aquél.
Estupefacientes, ley penal más benigna, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: SCALFI, ERNESTO D. s/ ESTUPEFACIENTES - TENENCIA - LEY PENAL MAS BENIGNA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Por imperio del art. 2 del Cód. Penal, el art. 6 de la Ley 20 771, vigente a la época de comisión del hecho, resulta más benigna, ya que actualmente el art. 14 - primer párrafo - de la Ley 23.737 sanciona la conducta - tenencia de estupefacientes - con una multa superior.
Prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villalba, Antonio c/ Sucesores de Jorge Felix Bastiani y/o Bastiani, Jorge Ricardo s/ Demanda Laboral por accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-09-29

El replanteo de pruebas en Segunda Instancia, procede contra medidas de pruebas mal denegadas o perdidas por negligencia injustamente declaradas. Facultad que exige necesaria e imprescindiblemente la posibilidad de corregir serios errores deslizados al sustanciarse la causa. En la presente causa teniendo en cuenta la importancia de la prueba que se solicita y representar un medio necesario para el esclarecimiento de la verdad objetiva, corresponde en ésta instancia la recepción de la Pericial Médica y el libramiento del Oficio al Hospital Perrando, en la forma solicitada oportunamente (prueba informativa).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Carlos Alberto y otro c/ Giaccaglia, Mariano y otros s/ Ejecución de arrendamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Constituye sentencia definitiva la decisión que con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Sociedades comerciales -prescindiendo de lo dispuesto por el artículo 24 del mismo cuerpo legal y del contenido de la sentencia apelada que condena a la sociedad conjuntamente con sus integrantes individualmente demandados-, desconoce la legitimación de los recurrentes para expresar agravios que -en su opinión- sólo compete a la sociedad, ya que no deja expedita vía alguna para hacer valer el derecho que se controvierte por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad de hecho demandada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHALUB FCO. Y OT. c/ ALBERTO GASPARI s/ Cump - Cont (LIBRO: S084 - 294)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-03

El pago no es un contrato y por lo tanto no se lo vincula con la exigencia del art. 1193 del CCI. Por ello, conforme lo señala la jurisprudencia, puede probárselo por cualquier medio, inclusive por testigos y presunciones.
Medidas cautelares, embargo preventivo, depósito judicial, Banco Nación
Materia: CIVIL
Carátula: Ohannessian, Pedro c/ Miño, Walter y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-19

Resulta ajustada a derecho la decisión por la que se decretó que las sumas embargadas sobre una cuenta bancaria fueran transferidas al Banco de la Nación Argentina, sucursal tribunales, a la orden del juzgado y como perteneciente a los autos. Ello porque la administración y disposición de fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces que se encuentra legalmente regulado, en tanto las inversiones sólo pueden realizarse en instituciones oficiales (sumario confeccionado por el SAIJ).
Impugnación del acto administrativo, vencimiento del plazo, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VISAGGIO, ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL (CONGRESO NACIONAL) s/ ORDINARIO - ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

No resulta alcanzada por el transcurso del plazo de caducidad, la pretensión relativa a la indemnización por daño moral, porque ante la razonable duda sobre el alcance de la notificación respecto del total del contenido del acto recurrido y teniendo en cuenta que la referida pretensión puede tener carácter autónomo respecto de la legitimidad del acto, desde que puede proceder o no con independencia de la calificación jurídica de éste, debe prevalecer el derecho constitucional que garantiza el acceso a la Justicia.
Honorarios, recurso de apelación (procesal), legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mathieu Claudia c/ José R. Comparín y Ot. s/ Cobro de Alquileres (LIBRO: S138 - 072)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-02

Los profesionales a quienes se les han regulado honorarios o incluso habiéndolos sólo devengados, si tienen interés legítimo en que mediante una decisión de segunda instancia, se amplíen las personas obligadas a su pago (vid. L.A. 132:88); a lo que se agrega, o a que se modifique o amplíe la base o monto sobre el cual deban regularse sus honorarios. Tanto el perjuicio personal en el profesional apelante, como el interés cierto, actual y concreto, se valora se cumple en el "sub-lite", habida cuenta que de consentir la sentencia -lo que no ocurre por la interposición del recurso en tiempo y forma- sus honorarios devengados se verían reducidos sensiblemente, como surge claramente de los saldos que arrojan las liquidaciones practicadas por Secretaría (fs. 96 vta.) y por la actora (fs. 98).
Marcas, error de prohibición
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: Fontana, Guillermo y otros s/ Infr. artículo 31, inciso "A"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

El alegado desconocimiento de la norma prohibitiva de la comercialización de una marca, no resulta admisible ni como falta de dolo, ni como error de prohibición excluyente de la responsabilidad sin un sostén probatorio y menos aún, cuando quienes intentan valerse de tal argumento resultan ser avezados comerciantes a los que cabe exigir un acabado conocimiento de los instrumentos jurídicos que protegen y regulan su actividad.
Honorarios, carga de la prueba, razonabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: I.M.E. c/ Fiat Concord  S.A. s/ Simulación  e  incumplimiento  contractual  - Incidente de honorarios  Dr. Golpe
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-19

Esta Sala tiene decidido que reclamados los emolumentos por la vía intentada - regulación de honorarios por el Tribunal -, se impone a la empresa acreditar la actuación del profesional mediante una retribución fija o en relación de dependencia, más si alguno de dichos extremos o ambos queda verificado se produce la inversión de la carga de la prueba, pues a partir de allí es el letrado quien debe demostrar que la retribución percibida o la relación de dependencia no contemplan su reclamo, en tanto éste se refiere a una actividad que excede el marco de esa relación. Dicho esto de otro modo, la prueba acerca de esta última circunstancia corría por cuenta del profesional que la invoca y a cuyo respecto nada ha acreditado.

Esta exigencia - la limitación de los alcances de la actuación del abogado frente a su cliente - resulta de toda razonabilidad si se advierte que nadie mejor que el profesional del derecho está en condiciones de especificar y precisar modalidades y alcances de su actuación, de modo tal que si la remuneración que percibió sólo comprendiera determinadas tareas y no otras ello debería quedar indubitablemente consignado en los recibos. De modo contrario, sino se fuera exigente en la valoración del cumplimiento de este recaudo, se llegaría al absurdo de poner al cliente en la necesidad de contratar a otro abogado para que lo asesorará de los términos en que debería contratar al primero.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Miguel Angel y otra c/ ZANONI y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

...la adopción de un criterio restrictivo para la aplicación de la caducidad se impone cuando existen dudas sobre su configuración, privilegiándose en tales casos la subsistencia del proceso.
Contrato de trabajo por tiempo determinado, extinción anticipada, daños y perjuicios, falta de prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: LEIKIS DE ALVAREZ ROJAS, HILDA G. c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-07

Procede la fijación judicial en forma prudencial de la indemnización por daños y perjuicios reclamada por despido anticipado en contratos por plazo determinado, toda vez que no se haya producido prueba tendiente a acreditar las mismas. (En el caso, se fijó el importe equivalente a seis meses de sueldo, actualizado a la fecha de la sentencia por el índice de precios al consumidor).
Concurso real, robo, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., M. A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-23

Si la privación de la libertad, por su intensidad, magnitud, duración y trascendencia, excedió el delito de robo, para configurar independientemente una privación coactiva de la libertad, resulta razonable y adecuado a las disposiciones aplicadas, la condena por robo en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en tanto se advierte que hay dos conductas bien diferenciadas, pues de otra manera no se explica cuál es el motivo por el cual los reos negaron a la víctima descender del vehículo, teniendo en cuenta que ya habían logrado despojarla de sus pertenencias. La disidencia consideró que la privación ilegal de la libertad se encuentra comprendida en la violencia requerida por el delito de robo, durante su desarrollo y, en particular, después de realizado en procura de la impunidad de sus autores. (Dres. Hornos, Diez Ojeda, González Palazzo).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, IVA, hecho imponible, sujetos imponibles, sociedades civiles, cesión de créditos, inoponibilidad a terceros
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: LABORATORIOS BAGO SA c/ SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Por tratarse de honorarios regulados en un juicio, los "servicios gravados" son los prestados personalmente por los profesionales que actuaron en él, que son los titulares de las regulaciones respectivas (Ley 21.839), resultando inoponible a la contraparte que ellos integren una sociedad civil y que en sus relaciones internas observen determinadas pautas sobre la afectación o destino de sus ingresos (art. 1195, Código Civil). La circunstancia de que la ley, en su art. 4° incluya como sujetos pasivos de la obligación tributaria a los "agrupamientos societarios" que presten servicios gravados (inciso e) no modifica la solución que cuadra en el sub lite, porque aquí el "servicio" es prestado en forma personal por los profesionales y no por el ente societario del que son parte o dependientes.
Revocación de sentencia, recusación con causa, parentesco, mandato, revocación del mandato, renuncia del apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: Don Pedro de Albariño  S.A.  y otro c/ Inchauspe de Ferrari, María Isabel. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, para rechazar la recusación fundada en el vínculo pariental entre el juez y un apoderado de la actora, sostuvo que el profesional no había ejercido el mandato en el juicio, si existía la posibilidad latente de comparecer en tanto no hubiera cesado la representación por revocación o renuncia.
Recurso de queja (procesal), resolución denegatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO,ELIDA G. EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR ROMERO, SOLEDAD c/ FORNE, SOLEDAD Y OTRO s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-21

Tramitando el juicio por vía sumaria, resulta acertada la resolución denegatoria por estricta aplicación de la norma del artículo 482 del Código Procesal Civil. El auto impugnado -que versa sobre la producción de las pruebas ofrecidas por las partes-, no escapa a la regla de la inapelabilidad que consagra el citado texto legal, que al decir "únicamente", está negando la posibilidad de que proceda la apelación respecto de otras resoluciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sustracción de menores, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Las acciones que constituyen el supuesto de hecho del delito de retención y ocultamiento de un menor -art. 146 del Código Penal- no son equivalentes a las formas básicas de restricción de la libertad física o ambulatoria, pues puede sustraerse, retenerse u ocultarse a un niño sin privarlo de la libertad física o ambulatoria, ya que el citado artículo 146 no es una forma agravada de la figura básica del delito de privación ilegal de la libertad -art. 141 del digesto procesal-.