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Robo calificado, robo en despoblado
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ, Héctor Florencio - ROGNONI, Héctor Alberto s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-15

El hecho debe encuadrarse en la figura del robo calificado por haberse consumado en despoblado ya que la casa que fue objeto del ilícito se encontraba a quinientos metros de la vivienda más próxima, en un lugar absolutamente solitario ya que si bien había casas a la distancia apuntada, la que fue objeto del hecho estaba absolutamente indefensa e imposibilitada de recibir auxilio, ya sea porque en dicha distancia no se la veía en forma directa y mucho menos se escucharían ni ruidos ni pedidos de auxilio en caso de encontrarse dentro de la casa su morador. El hecho perpetrado en la casa violentada situada en un paraje que resulta absolutamente solitario facilita la impunidad de quienes ingresaron al domicilio sabiendo que no los podría ver nadie.
Estafa, ardid, engaño, automotores, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: Causa 64 s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-26

El despliegue ardidoso consistió en una apariencia de poder proveer al damnificado del automóvil que a éste le interesaba, Fiat Uno, dos puertas, O KM, color borravino.

Su buena presencia, sus antecedentes en operaciones similares, la confianza que le dispensaba el dueño de PIZZA CERO, y la promesa de obtener un vehículo O KM a cambio de un coche usado, sin pagar diferencias de precio, son todos los elementos que constituyeron la "mise en scene" del ardid estafatorio.
Mala praxis, obras sociales, error de diagnóstico, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: C. N. B. c/ Clínica Lafayette y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-13

Resultan responsables por mala praxis médica una obra social, una clínica y una compañía de seguros, debiendo resarcir los daños y perjuicios ocasionados en la actora a quien se le emitió un diagnóstico médico de egreso equívoco al reflejar un cuadro de enterocolitis, dado que surge del informe pericial la negligencia en la que incurrió el cirujano al momento de emitirlo, pues posteriormente la paciente fue intervenida quirúrgicamente por padecer un cuadro agudo peritonítico con punto de partida de apendicitis gangrenosa.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A. c/ L. DE S. I.I. s/ Divorcio y Disol. Soc. Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Es estricto el criterio con que debe analizarse la procedencia del replanteo de pruebas que autoriza el art. 255 inc. 2° del CPCC en los supuestos previstos por los arts. 377 y 383 "in fine" del citado Código. Sin embargo no se limita a una suerte de revisión de acierto o desacierto de la declaración de negligencia resuelta en su oportunidad, y llega mucho más allá, para ingresar en la facultad -deber de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, conforme el interés jurídico a tutelar y con el objeto final de resaltar el derecho sustancial, debiendo ser usada con la debida discrecionalidad, a efectos de preservar el derecho de defensa y de igualdad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestión constitucional, honorarios, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G.C.B.A. c/ Estado Nacional Argentino - Gendarmería s/ Ej. fisc.- ABL s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

En el caso se ha logrado acreditar que la aplicación de la regla que consagra el art. 460 del CCAyT al abogado recurrente suscita un genuino caso constitucional que respalda la pretensión recursiva (arts. 17 y 28, CN) pues, a partir de la situación peculiar del letrado recurrente que denota especial vulnerabilidad (persona de edad mayor que se desplaza en una silla de ruedas por carecer de una de sus piernas), y también ponderando que ya han transcurrido más de 5 años desde que se extinguió el mandato que el Fisco le otorgara, se encuentra comprobado en el sub examine que la aplicación del régimen que determina la postergación en el tiempo del cobro de sus honorarios profesionales impacta en forma relevante en su derecho de propiedad y genera un resultado irrazonable. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Intento de suicidio, accidente ferroviario, responsabilidad civil, imprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Coronel, Ramona Dominga c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

Aun en la hipótesis de considerar que el siniestro no fue un intento de suicidio sino un accidente, ello no tiene ninguna entidad para refutar la conclusión a la que arribaron los jueces de mérito en el sentido de que el mismo ocurrió como consecuencia de un hecho atribuible exclusivamente a la actora, que si no se arrojó ante el paso de la locomotora para quitarse la vida, lo cierto es que habría obrado con una imprudencia total, ya que estaba en un lugar en el que no podía transitar -zona de vías-, evidenciando una distracción absoluta al no advertir que una locomotora con las luces prendidas se acercaba, y en forma totalmente negligente se interpuso ante el paso de la locomotora. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Marta Paz y José O. Casás).
Contrato de trabajo, pasantías, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Soriano Helena c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-28

No puede referirse seriamente a una pasantía cuando la actora sólo cumplía tareas de venta telefónica -servicios de larga distancia, servicio de línea y sub-campaña relacionadas con las ventas- no condiciendo dicha función con los contenidos curriculares de la tarea de psicología. Así la pasantía ha ocultado fraudulentamente la relación laboral entre la actora y las demandadas. Ante un fraude laboral, el Juez debe correr el velo y descubrir la relación laboral oculta, máxime si el trabajador manifiesta su existencia.
Responsabilidad objetiva, guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarado Soto, Manuel y Otra c/ Rodríguez, Guillermo Manuel y-u Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-23

Como lo sostiene la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, definir el término guardián de la cosa dañosa, empleado en la parte primera del artículo 1113 CC, no ha sido labor fácil, existiendo distintos criterios. Uno de ellos indicaba que hacía referencia al guardián jurídico, es decir, a quien tiene la obligación impuesta por la ley de cuidar una cosa, de impedir que ella pueda ocasionar una lesión; a quien tiene sobre ella una verdadera facultad de dirección. Otros, los sostenedores de la opinión mayoritaria jurídica y doctrinaria, seguían el criterio de la dirección intelectual, predominante en el derecho francés, por considerar que es el poder de dar órdenes relativas a la cosa, el poder de mando sobre la misma, o bien la autoridad ejercida, independientemente de dominio y de dirección y control sobre la cosa, lo que caracterizaba al guardián. Llambías, enseña que no interesa para nada si el guardián tiene o no una situación aprobada por el derecho, pues su figura no ha sido elaborada para atribuirle prerrogativas, sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados. Para una tercera corriente, guardián es quien se aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal, de placer o salvaguarda de sus intereses.
Comodato, plazo, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: Mozzoni, Horacio c/ Villada, Humberto José s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-23

No habiéndose pactado plazo del comodato, el comodante tiene derecho a pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo (art. 2285 C.

Civil).

La carta documento, en el caso, tuvo por efecto hacer conocer al comodatario la decisión del comodante de recuperar la cosa, y que el primero quedase en mora al vencer el plazo otorgado para restituir la cosa.
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, representante del fallido, plazos procesales, prescripción bienal, excepción de prescripción
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Calling SA c/  s/ quiebra c/ gonzalez noguera anibal y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Procede confirmar la resolución que desestimó la defensa de prescripción opuesta por los demandados e hizo lugar a la acción de responsabilidad conforme la LCQ 173. Ello por cuanto, en el caso, el plazo de dos años previsto en la LCQ 174 desde la sentencia de quiebra no había transcurrido a la fecha de promoción de la demanda. Es que los demandados lejos estuvieron de desempeñar su gestión de acuerdo con el standard impuesto por la LGS 59. Asimismo, no se encuentra controvertido su incumplimiento a lo dispuesto en el auto de quiebra y los edictos publicados. En particular, no entregaron a la sindicatura los bienes de la fallida, sus balances, libros y documentación contable respaldatoria. En ese marco, la conducta de los administradores causó un daño a la quiebra, pues impidió la reconstrucción del considerable activo falencial de la empresa. Así, lo alegado en torno a las renuncias efectuadas a los cargos de directores no obsta a la conclusión relativa a la responsabilidad atribuida, pues tales renuncias no fueron inscriptas de acuerdo con lo prescripto por el ordenamiento societario (LGS 60 y 12).
Certificados de obra, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alicura S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Corvin S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09|1993-06-08|2000-05-31

La liquidación adeudada por el comitente en concepto de intereses por mora en el pago de los certificados debe ser abonado en un plazo determinado, con lo cual si esta cancelación no se produce en término, también resulta procedente el reconocimiento de la actualización monetaria por el período referido a este nuevo atraso.
Regulación de honorarios, aplicación de la ley, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: FALKE, Rolando s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Si bien la ley 24.432, es de aplicación inmediata en aquellos juicios en trámite, en virtud de lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil, su imperio irrestricto se detiene en aquellos casos en que existe regulación firme.-
Hábeas data, recursos, competencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CAZAJUS  ILDA GRACIELA c/ SOLAR SERVICIOS ON LINE DE ARGENTINA SAS/ s/ -BEAS DATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

El recurso interpuesto por la actora fue mal concedido, habida cuenta de que de la decisión -en cuanto atribuyó competencia al juzgado que previno en extraña jurisdicción- resulta contraria al art. 15 de la ley 16.986 y al art. 498, inc. 6, del Código Procesal, aplicables a la presente acción de hábeas data en virtud de lo establecido por el art. 37 de la ley 25.326. Esta norma remite al procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal, en lo atinente al juicio sumarísimo. Tanto en un caso (art. 15 de la ley 16.986) como en otro (art. 498, inc. 6, del Código Procesal), la resolución apelada no se encuentra entre las apelables en este tipo de procesos (conf. esta Cámara, Sala III, causas 16.392/95 del 30-5-95; 6192/01 del 26-2-02; 13.818/02 del 4-3-03; 3844/ 02 y 13.015/02, ambas del 11-11-03; Sala I, causas 55.053/95 del 13-5-97 y 5854/99 del 19-4-01; Sagues, "Acción de Amparo", Editorial Astrea, 1995, p. 490; Morello-Vallefín, "El Amparo. Régimen Procesal", Librería Editora Platense, 2a. ed., 1995, p. 129). Admitir una solución contraria a la que aquí se propicia, no sólo contraría la letra del art. 15 de la ley 16.986 y art. 498, inc. 6, del Código Procesal, sino que también atentaría contra la sumariedad excepcional con que se ha estructurado el proceso de amparo (conf. esta Cámara, Sala III, causa 6192/01 del 26-2-02; Sala I, causas 5854/99 del 19-4-01 y 13.818/02 del 4-3-03; Morello-Vallefín, op. cit., p. 129).
Proceso judicial, reordenamiento del sistema financiero, acción meramente declarativa, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Tufo  Francisco c/ PEN  -Ley  25.561  Dtos.  1.570/01  y  214/02 s/ proceso de conocimiento -ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-26

En una acción declarativa promovida a propósito del denominado corralito financiero, en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N., sin perjuicio de lo que pueda decidirse oportunamente respecto a la procedencia de la vía intentada por el accionante, no corresponde su rechazo "in limine" sin que hubiese mediado sustanciación con la contraria.
Actividad portuaria, responsabilidad de la administración portuaria, depósito de la carga, mercadería de despacho directo forzoso, fallos de la Corte Suprema, fallo plenario
Materia: NAVEGACION - COMERCIAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BUQUE "KENNEMERLAND" s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

Según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "La Administración General de Puertos debe responder por la sustracción de mercaderías de despacho directo forzoso, ocurrida dentro del ámbito de su jurisdicción pero fuera de los galpones cerrados para su depósito", desautorizando así la doctrina de este Tribunal en pleno in re "Sampi c/A.G.P., de 24-11-87, que decía lo siguiente: "La Administración General de Puertos no asume la calidad de depositaria de la mercadería remitida a plazoleta de emergencia - sea que se trate de efectos de despacho directo forzoso o ya fuera de despacho a depósito - al facturar por su estadía o almacenaje y, en consecuencia, no responde en casos de sustracciones, por incumplimiento del deber de custodia, salvo que - en el supuesto de mercadería a depósito -, la remisión a plazoleta de emergencia fuera dispuesta por la propia administración portuaria con fundamento en la ausencia de galpones disponibles".

El último supuesto que contempla la doctrina plenaria no contradice la atribución de responsabilidad general que decidió la Corte.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Estrada de Ruiz Guiñazu Ana c/ Ramírez Hugo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Para que la reparación satisfaga el fin perseguido por el art. 1083, 1a. parte del C. Civil, debe acreditarse que dichos trabajos de chapa y pintura no han logrado la reposición de las cosas a su estado anterior, prueba que, incuestionablemente, queda a cargo del damnificado -art. 375 del C. Procesal-. De lo contrario, el rubro "desvalorización del automotor" constituiría una secuela dañosa de admisión obligatoria para el Sentenciante, siempre que un rodado hubiere sufrido daños, sin que ello pueda sustentarse en ningún precepto legal (arg. arts. 1067, 1068, 1069, 901, 904, 905 y 906 del C. Civil).-
Ejecución del contrato, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: M., N.G. c/ A. S.A. y Otro s/ Cancelación de Prenda -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-28

La tesis del "esfuerzo compartido" no puede convertirse en un principio general aplicable a todos los contratos afectados por la emergencia, pues ello importaría tanto como reemplazar la regla general de pesificación -uno a uno más ajuste por el coeficiente que corresponda- sancionada por el legislador por otra de creación puramente pretoriana.
Contrato de trabajo, seguro de vida obligatorio, Administración Nacional de la Seguridad Social, indemnización por muerte, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Diaz,  Ramona  Elsa c/ Caja de Seguros S.A. s/ cobro de seguro devida.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

De conformidad con lo normado por los arts. 52 y 53 del Decreto 1548/77, es obligación de las dependencias administrativas y de las instituciones que abonen las jubilaciones o retiros, comunicar a la Caja de Seguros S.A. el fallecimiento de los asegurados en forma inmedata y mediante los formularios correspondienes, teniendo dichos datos allí consignados, el caráter de declaración jurada. Asimismo , dado que la obligación de abonar el importe corresponmdiente a la indemnizacón por fallecimiento surge a partir de la fecha en que se produce el siniestro asegurado - esto es la muerte del trabajador asegurado- corresponde aplicar intereses a partir de la fecha del deceso.
Confirmación de sentencia, tarjeta de crédito, responsabilidad del comerciante, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fracasso, Rosalía Marta c/ Prisma Medios de Pago S.A. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-21

Procede confirmar la resolución que desestimó la demanda incoada contra una administradora de tarjetas de crédito y un banco, en tanto consideró que, en el caso, la actora no había ajustado su proceder al mecanismo que se encontraba expresamente previsto para la operatoria, toda vez que los cupones correspondientes a los "contracargos" cuyo reembolso perseguía carecían de la impresión del relieve de la tarjeta, siendo que fue admitido por la propia demandante que no tuvo a la vista el plástico correspondiente -arguyendo que el cliente le había manifestado que podía realizar consumos "sin la exhibición de la tarjeta"-. Si bien se encontraba reconocido que los consumos fueron autorizados por la administradora lo cierto es que -conforme los términos del contrato- tal autorización únicamente tenía por objeto verificar que la tarjeta no se encontrase invalidada, que la transacción se ajustase a los límites de compra disponibles y que el establecimiento se encontrase habilitado para operar. Ello así, las partes habían convenido que la autorización no eximía al establecimiento de cumplir con las demás medidas de seguridad. En ese marco, no se encuentra configurada por parte de las codemandadas conducta antijurídica alguna que autorice a condenarlas a la restitución de los valores oportunamente debitados, siendo la propia actora quien omitió adoptar las diligencias que exigía la naturaleza de la obligación y quien no ajustó su proceder al mecanismo de seguridad expresamente previsto en el contrato que vinculaba a las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, boleto de compraventa, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INGRASCIOTTA, LUIS ALBERTO c/ CARLOTTA, GERARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

No obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de disconformidad de la parte con las cuestiones resueltas por la Sala que -para confirmar el rechazo de la demanda-, en ejercicio de funciones propias, consideró que no era posible considerar de buena fe al adquirente, en tanto actuó con absoluto descuido de las diligencias mínimas que la ley impone al prescindir informarse del estado y condiciones jurídicas del vehículo a través del certificado de dominio respectivo; prescindiendo de gestionar un informe de estado de dominio que le hubiera permitido anoticiarse de la divergencia existente en torno al año del modelo y no requiriendo a tiempo la documentación del rodado a adquirir, como surge del tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del boleto y el tiempo en que recibió la documentación respectiva yadvirtió el año del modelo.
Medidas cautelares, medida de no innovar, decretos, verosimilitud del derecho invocado, zonas francas, tributos aduaneros, compraventa de mercaderías, bienes importados
Materia: PROCESAL-ADUANERO
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Corresponde suspender los efectos del decreto nacional 1583/96 por medio del cual se derogó el decreto 520/95 que autorizaba la venta al por menor de mercadería de origen extranjero dentro de las zonas francas creadas como consecuencia de la ley 24.331, si resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incs. 2° y 3° del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, José c/ Rhone Poulenc Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-12

Resulta improcedente la pretensión de retrotraer los alcances de la ley 23.928 a situaciones ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Cuestiones prejudiciales, dictamen fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Andrés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

Corresponde declarar la nulidad del dictamen y lo actuado en consecuencia si el pedido no se encuentra adecuadamente fundado ya que, al sostener que la existencia de delito depende de que el juez laboral tome una decisión evaluando el testimonio reputado como falso por el querellante, ha introducido una cuestión de prejudicialidad no prevista por la ley, y ha efectuado argumentaciones aparentes, pues confunde el objeto del proceso penal y el del juicio laboral cuando advierte el peligro de pronunciamientos contradictorios. El voto concurrente agregó que los diferentes objetos procesales involucrados en sendos fueros no ameritan el dictado de una decisión tan excepcional como lo es la paralización del ejercicio de la pretensión penal. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abal, José Carlos c/ Alfaro, Eduardo Tomás y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No corresponde conceder indemnización alguna por la privación del uso, si el actor no podía usar su automóvil para otro destino que no fuera el de taxímetro, por el cual se le indemnizó el lucro cesante (art. 1069 CC), ya que si bien se trata de dos rubros distintos al destinarse el vehículo las 24 horas a la explotación como taxi, es evidente que el actor no podía utilizarlo para otros fines personales.
Computadora, elementos de trabajo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTAGNOLI BARZOLA, OLGA GRACIELA (EXPTE. Nro. 10152) c/ REALE, MIGUEL ÁNGEL s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-08-30

Resulta inembargable una computadora, por aplicación de lo previsto en el art.235, inc.1 del Código Procesal Civil, si se trata de un bien de uso imprescindible para el normal funcionamiento de la actividad comercial del demandado.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Crédito Consumo c/ Matrángelo, Silvia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

Si se trata de un "cheque endosado en blanco" la falta de indicación del nombre del presentante carece de trascendencia, pues estando legitimado cualquier tenedor, el recaudo de mención aparece como una mera requisitoria formal que no impide la promoción del juicio ejecutivo. (Minoría u opinión personal)