Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veinticuatro.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 04 días del mes de Agosto del año dos mil nueve se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES bajo la Presidencia del Dr. Cippitelli, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 45/08 - AREVALO, Sergio Marcelo c/IATE S.A., EDECAT S.A. y POLISERVICIOS S.A. -s/ Beneficios Laborales -s/RECURSO DE CASACION", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 36, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI; JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

La demandada EDECAT interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 204/07 pronunciada por la Cámara de Apelación de 2da. Nominación que confirma la regulación de honorarios efectuada por el a quo. A modo de ilustración, en lo que aquí atañe se extrae que, en la presente causa que finaliza con un acuerdo transaccional el Dr. Mario Nieva solicita regulación de honorarios, por su participación en representación de las tres demandadas; por EDECAT, como patrocinante y por las otras como gestor. El a quo regula los honorarios teniendo como base el monto de la demanda, al no haber el letrado participado del acuerdo transaccional arribado. EDECAT apela y cuestiona, la inaplicabilidad de la ley de Aranceles por tener el profesional una relación de dependencia con la misma y, la base tenida en cuenta para la regulación sosteniendo que debe ser el monto de la transacción que es lo que pone fin al pleito y constituye el monto del proceso. La Cámara confirma el fallo. El recurso se funda en las causales de los incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C. En primer lugar basado en la arbitrariedad, por omitir considerar la prueba agregada por su parte tendiente a acreditar respecto del Dr. Nieva, la relación de dependencia y exclusión de la ley de aranceles, -recibos de sueldos y el propio reconocimiento del letrado de haber trabajado como asalariado para EDECAT. Igualmente por que nada dice en relación al monto tomado como base para la regulación ya que no es el original de la demanda sino uno actualizado sin especificar como se obtuvo esta cifra. Y en segundo término funda su impugnación en la errónea interpretación y aplicación de la ley por omitir aplicar el Art. 19 de la L.A. en relación al monto del proceso que concluyó por acuerdo y el Art. 505 del Código. Civil, en tanto lo regulado supera el 25% establecido como límite.- Critica el argumento de la Alzada que sostiene que los acuerdos transaccionales son inoponibles para el que no firmó el acuerdo, -Art. 1195 y 1199- expresando que, ello además de ser errado contraría lo establecido por La Corte Suprema de Justicia de la Nación. A fs. 18/25 responde traslado la contraria solicitando el rechazo del recurso. A fs. 30 se declara la admisibilidad del recurso. A fs. 31/34 obra dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante. Firme el proveído de autos para sentencia, se procede al sorteo, Art. 295 del C.P.C.C. y conforme a su resultado inicio el estudio de la causa. A fin de emprender el tratamiento de lo sometido a decisión es dable referir que, para que el recurso sea viable resulta ineludible que la sentencia cuya descalificación se pretende, revista carácter definitivo.

Frente a ello, tratándose el pronunciamiento en crisis de un auto interlocutorio que por regla no reviste tal carácter, estimo que corresponde equiparar, parcialmente a la presente a ese rango, -definitividad del pronunciamiento- en lo atinente a la determinación del monto de la regulación. Sostengo ello dado que lo aquí controvertido no podrá luego ser debatido en otra etapa de este proceso ni en otro proceso, sin que se afecte la cosa juzgada produciendo los gravámenes que la recurrente intenta reparar. Vale recordar que la autoridad de la cosa juzgada proveniente de un pronunciamiento judicial, constituye una norma jurídica individual que dirime la cuestión debatida y define la situación de las partes respecto del objeto litigioso, en virtud del cual el justiciable cuya pretensión fue rechazada no puede en una nueva instancia discutir la cuestión ya decidida; y quien obtuvo el reconocimiento del derecho invocado puede reclamar el reconocimiento de aquella decisión sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a tenerla en cuenta. En esa línea de razonamiento se impone aclarar el por qué sostengo que la sentencia es parcialmente definitiva. Ello habida cuenta de que, tratándose de una regulación de honorarios la misma solo tiene por objeto determinar el monto que corresponde por la labor realizada, pero nada concluyente en lo atinente al derecho y demás consideraciones relacionadas a su cobro, dado que esas circunstancias son propias de la ejecución de dichos emolumentos Conf. Art. 506 C.P.C.C. y es en ese marco, donde deben ser definidas. En este contexto el planteo de la relación de dependencia efectuado por EDECAT tiene la oportunidad de ser debatido nuevamente en el proceso de ejecución de honorarios, es decir le queda al recurrente otra posibilidad para reparar su agravio en consecuencia lo pronunciado al respecto no constituye sentencia definitiva y en razón de ello no corresponde su tratamiento en esta instancia. Formuladas estas consideraciones, a fin de abordar la cuestión de fondo me parece apropiado recapitular que, el actor inició demanda por cobros de beneficios laborales por la suma de $77.000 con fecha 06 de abril del 2.001 contra IATE S.A., EDECAT S.A. y Poli Servicios S.A.. Luego se llega a un acuerdo el que es homologado con fecha 29 de mayo del 2003 donde se acuerda abonar al actor suma de $15.000 en concepto de pago total y cancelatorio y definitivo de todas sus pretensiones contenidas en la demanda.- En virtud de esta transacción que concluyó el proceso, el abogado que patrocino a la recurrente y como gestor de las otras dos demandadas, pero que no intervino en la transacción solicita regulación de honorarios. El juez le regula en junio del 2005, con fundamentos en los Arts. 1, 3, 6, 7, 9, 19, 33 y 40 de la ley de aranceles, sobre la base de $158.026, y expresa que es el monto de la demanda actualizada al 31 de mayo del 2.005.

Apelada la sentencia, la Alzada confirma los honorarios regulados, considerando igualmente que debía tomarse el monto de la demanda y no el de la transacción. La recurrente se agravia por que no se ha considerado el monto de la transacción a los fines regulatorios y la omisión de indicar, el modo de actualizar la base del monto y los porcentajes aplicados. Es así que, el asunto a resolver consiste en dilucidar si la base que se debe tomar en cuenta para efectuar la regulación de honorarios del letrado que intervino en el juicio, pero no en la transacción es el que resulta del monto reclamado en la demanda, o si, por el contrario, debe prevalecer la suma consignada en la transacción celebrada entre el actor del juicio y las demandadas. Precisado así el núcleo del conflicto obliga puntualizar previamente que si bien, "La regulación de honorarios -en lo que respecta a su monto- está exenta de revisión por la Corte" (SCBs. As. 19/9/78, Rep., t. 19, p 1072), dado que, "es una cuestión de hecho, no susceptible de revisión por la Corte, lo relativo a los mismos y pautas que deben servir de base a la regulación de honorarios de letrados y peritos (SCBs.As., 13/11/79, ED t. 89), vale dejar en claro que, la excepción a este principio existe y entiendo que la situación se configura en la especie toda vez que "corresponde admitir recursos extraordinarios contra regulaciones de honorarios cuando no se trata de apreciar pautas de hecho sino el sentido jurídico de la norma que rige la regulación" (CBs.As.., 7/8/84, Rep.ED, t. 19, p. 1072) -en el caso, se regularon tomando el monto de la demanda y no el de la transacción-, en este supuesto el pronunciamiento en crisis, se aparta abiertamente y sin fundamento alguno de la solución normativa que rige el caso lo cual la descalifica como acto jurisdiccional válido. Salvado este escollo, dejo a la luz perfilada mi opinión en dirección favorable a la cuestión por lo que paso a formular los fundamentos de la decisión. Mi razonamiento parte de uno de los dispositivos legales en que fundamenta el a quo la regulación, que la Cámara confirma y motiva el recurso. Es el Art. 19 de la L.A.; el mismo establece textualmente que "se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción", en consecuencia, tomar como base el monto de la demanda importa un claro e inequívoco apartamiento de la norma legal que se dice aplicar. A su vez dicha norma marca así, su estrecha vinculación con el modo de terminar el proceso. De ello infiero que al concluir la transacción con el conflicto jurídico, los efectos procesales de la extinción del proceso alcanzan a todas las partes, de hecho no pueden aquellos que no intervinieron, continuar con el juicio, pues, tiene el alcance de cosa juzgada conforme a la normativa de fondo (Art. 850 del Código Civil) y por lo tanto sus efectos procesales alcanzan a todos los intervinientes en el mismo. Entonces, al establecer el acuerdo el monto final del juicio, fija a su vez la base a considerar para practicar la regulación a todos los profesionales actuantes. Aquí, aparece conveniente señalar que, cuando hay un convenio de partes, sus efectos sobre los honorarios no se rige por la legislación civil en materia de contratos, sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia y que se refieren a ellos. En esa inteligencia, el texto de la ley que regula la materia es claro y no hace diferencias entre los profesionales que intervinieron o no en el acuerdo y, cuando la letra de la ley es clara debemos aplicar su texto genuino y no permitirnos distinguir donde la ley no distingue y crear una nueva categoría de profesionales, y diferenciar los que participaron y los que no participaron. Igualmente cabe reparar que a los fines de la regulación un juicio es una unidad jurídica y procesal lo que implica que tiene un solo monto, que en este caso es el de la transacción y por ende no puede haber dos bases diferentes según el letrado haya o no intervenido en la transacción. La posibilidad de fijar distintas bases regulatorias según haya o no participado afecta irremediablemente esta unidad jurídica y procesal que constituye el juicio a los efectos regulatorios. Por su parte la transacción de derechos litigiosos homologada judicialmente, como en el caso de autos, es un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia -arg. Art. 850, Cód. Civil-, de ahí que, como título ejecutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia, ofrece la suficiente seguridad como para determinar el monto de la regulación de honorarios por actuación judicial, como lo hace igualmente con una sentencia de condena (Art. 19, ley 21.839 -Adla, XL-C, 3601-). En esa inteligencia si se equipara la transacción con los contratos, desconociendo y omitiendo toda referencia a sus efectos y naturaleza procesal, con alcance de cosa juzgada para todos los intervinientes en el pleito, sean firmantes o no de la misma. desconoce el derecho vigente, pues el artículo 19 de la ley arancelaria, toma como base regulatoria "...el monto de la sentencia o transacción...", sin hacer arbitrarias distinciones. Si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe distinguir, los efectos sustantivos inoponibles de los procesales oponibles, ya que es un contrato con repercusiones procesales. Corresponde tener presente que entre los profesionales intervinientes en el pleito y las partes existe una relación jurídica -sustancial y procesal- que es la que hace que lo dispuesto por ellas en el acuerdo dispositivo transaccional respecto del derecho sustancial controvertido, pueda reflejarse en el interés de aquellos, inclusive afectándolos. Como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es oponible, pues de admitirse ello, conduciría a un resultado absurdo dado que tampoco podrían invocarla como culminación del proceso. Ahora bien, cabe dejar sentado que tal conclusión no obsta a que, por otro lado, se aduzca y pruebe, en algún caso, el carácter fraudulento y doloso del acuerdo, destinado no a reglar los intereses de las partes sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba. En el caso bajo examen ni siquiera se ha invocado fraude o desbaratamiento de algún derecho, lo cual es a su vez de interpretación estricta, debiendo demostrarse el dolo. Es más, al respecto vale destacar que, el destinatario de los honorarios solicitó lisa y llanamente su regulación sin referir en ningún momento a su no participación en el acuerdo y aun es mas, al responder los agravios, todo el peso de su discurso es en ara a despegarse de la relación de dependencia invocada por la recurrente y nada expresa sobre esta cuestión.

A modo de reflexión final, se justifica destacar que la razón del legislador en la redacción de los textos que rigen la materia, es clara si se atiende a que, de lo contrario, se desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social. Por último, cabe expresar que sobre el monto base de la regulación en los casos de transacción para los abogados que no intervinieron en el acuerdo, la C.S.J.N. mantiene la jurisprudencia fijada en el caso Murguía, Elena J.c. Green, Ernesto B.- 2006, y otros como lo amplía el dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, en sus citas jurisprudenciales de dicha corte federal, a la que me remito y doy por reproducidas, y en el que se establece que el monto base, es el de la transacción, salvo denuncia de fraude.- En este caso se plantean cuestiones similares a las resueltas en la misma. Y si bien es cierto que, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son jurídicamente obligatorias para los tribunales inferiores, bien que poseen suma autoridad institucional, y los pronunciamientos que se apartan de ellas adolecen de vicios que el Alto Tribunal definió en fallos: 307-1094, con citas de 250-653, 256- 414 y 292.

Y, también es cierto que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por principio, sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no es obligatorio para casos análogos. No obstante ello, los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas a fin de honrar los principios de economía y celeridad procesal que resultan un resguardo para los justiciables. Por eso, el distanciamiento de sus pronunciamientos, en una causa sometida a la decisión de esta Corte, sólo cabe cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados, que justifiquen su apartamiento. Por último, considero que le asiste razón a la quejosa en cuanto reprocha la omisión de registrar el modo de actualizar el monto base de la regulación y porcentajes aplicados. Ello en tanto si bien este tipo de pronunciamiento se caracteriza por su parquedad, ella debe ser diáfana, nítida y no obscura y al expresar solamente los resultados priva a los interesados de poder verificar la exactitud de las cifras estipuladas lo que no deja de atentar contra su derecho de defensa. Y, "si bien la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida en materia de honorarios, este principio admite excepciones cuando -como en el caso- la decisión regulatoria deja de ser derivación razonada de las normas arancelarias vigentes con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Ello así, pues los Arts. 7 y 19 de la ley 21.839 disponen que a los efectos de la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en los juicios se determine por el monto del proceso, y el a quo, si bien manifiesta que actualiza dicho monto, no explica sobre qué base de cálculo arribo a la estimación a la que llega." (CS, 15/9/83, Rep. ED. T. 19 p, 1156). En conclusión y por todo lo expuesto, propicio hacer lugar parcialmente al recurso, revocar el fallo conforme a lo expresado y en consecuencia disponer que en el juzgado de origen se proceda a regular los honorarios del patrocinante de EDECAT tomando como base el monto de la transacción, consignando además índice de actualización y porcentajes aplicados. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cippitelli, para la solución de la causa, votando en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizado el voto precedente, la sentencia recurrida y las pretensiones de parte, adhiero a la solución propiciada por los Señores Ministros preopinantes. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que: "Como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que la transacción celebrada por las partes no les es oponible, sin perjuicio de que se aduzca y se pruebe, en algún caso, el carácter fraudulento y doloso del acuerdo, destinado a no reglar los intereses de parte sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba" (Murguía, Elena J. c/ Green, Ernesto B.-DJ,2001-3,520-La Ley, 2001-F,592-ED 194. Voto de los Dres. Argibay y Petracchi), en autos no se alega dolo alguno, por ende mucho menos se prueba tal circunstancia. La falta de dolo, queda además confirmada por la homologación judicial del Acuerdo Conciliatorio realizada entre partes por el Juez de primera instancia a fs. 406. Por todo lo expuesto, adhiriendo a la solución propiciada por los Ministros preopinantes, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso intentado, revocar el fallo y disponer que se regulen los honorarios del patrocinante de EDECAT en el Juzgado de origen, tomando como base el monto del acuerdo conciliatorio o transacción conforme lo establece el Art. 19 de la Ley 3956. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Conforme al resultado que propicio estimo que las costas deben aplicarse en el orden causado. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, votando en el mismo sentido. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que atento se resuelve la primera de las cuestiones planteadas las costas deben ser aplicadas por su orden. Es mi voto. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, oída la Sra. Procurador General Subrogante en su Dictamen Nº 07/09 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación, revocar el fallo de Cámara conforme a lo expresado y en consecuencia disponer que en el juzgado de origen se proceda a regular los honorarios del patrocinante de EDECAT S.A. tomando como base el monto de la transacción, consignando además índice de actualización y porcentajes aplicados. 2) Costas en el orden causado en esta instancia. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación, que deberá proceder a devolver al recurrente el Depósito Judicial obrante a fs. 13 de autos. 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Presidente: Dr. Luís Raúl CIPPITELLI.- Decano: Dra. Amelia del Valle SESTO DE LEIVA.- Vice Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.-