Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 731 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Castillo, Aldo Atilio vs. Tablada e Hijos S.H. y otro s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 168/171, la parte actora plantea recurso de casación y, simultáneamente, introduce cuestión federal por arbitrariedad, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 7 de noviembre de 2002, obrante a fs. 160/161 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 4 de marzo de 2003 (cfr. fs. 173). Unicamente la parte demandada, según surge del informe actuarial de fs. 180, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, al rechazar la demanda, ha efectuado una errónea aplicación del derecho.

a) Se agravia por cuanto la sentencia, no obstante considerar que el acta de inspección del Ministerio de Trabajo de fecha 30-9-99 realizada en la obra de calle Lavaisse y San Luis es un instrumento público, entiende que el inspector actuante sólo puede dar fe de lo que pasa bajo la percepción de sus sentidos y que el acta sólo consigna la categoría profesional que cada uno de los entrevistados le dice al oficial actuante, pudiendo esto ser desvirtuado por prueba en contrario, para lo cual se pregunta cuál es la prueba en contrario que existe en autos, dónde estaba el responsable de obra al momento de la inspección, quién era el capataz y si los obreros se dirigían solos.

Entiende que la Cámara pretende que el actor pruebe lo probado en instrumento público. En todo caso alega que, para el reconocimiento de la categoría profesional, debió tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 9 de la LCT.

b) Considera reñido con la buena fe el obrar del demandado cuando niega que el contador García remitiera carta documento en representación de la empresa, lo que se reconoce en la absolución de posiciones, amén que la Cámara omite el contenido de la misma donde se reconoce la fecha de ingreso y egreso en el mes de julio de 1999. Se pregunta entonces qué hacía el actor en la obra el día de la inspección del Ministerio de Trabajo.

Se agravia porque el fallo tiene en cuenta la testimonial de Hugo Sánchez que al momento de la inspección estaba trabajando y que era albañil, pero omite los dichos de la propia demandada en cuanto niega por carta documento que el actor trabajó hasta julio de 1999. Se pregunta si esto no se encuentra vinculado con la mala fe de la demandada.

Por todo ello considera violados los artículos 9, 11, 12, 231, 245, 260 de la LCT y artículos 95 a 105 de la Ley de Empleo.

Por otro lado, entendiendo que la sentencia de Cámara ha conculcado garantías constitucionales del actor, introduce la cuestión federal prevista en el artículo 14 de la Ley Nro. 48, por arbitrariedad e incongruencia de aquélla III.- La sentencia en recurso sostiene que no se encuentra controvertido el ingreso del trabajador el 16-6-99, entendiendo que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo en tareas propias de la construcción.

Discrepan en cuanto a la categoría profesional, causa del distracto y régimen legal.

El actor alega haberse desempeñado como capataz (tiene la carga de la prueba) y la demandada sostiene que fue oficial especializado.

El fallo considera no probada la categoría profesional de capataz, para lo cual analiza las pruebas. Así, desestima el acta de inspección del Ministerio de Trabajo de fecha 30-9-99 pues, no obstante su calidad de instrumento público, el inspector sólo hace fe de los actos que percibe con sus sentidos y el acta únicamente consigna las categorías profesionales que les mencionaron los entrevistados, circunstancia ésta que puede desvirtuarse por prueba en contrario. Igualmente entiende que la testimonial del inspector Calderón, de fs. 99 de autos, no consigue acreditar la categoría de capataz del actor, porque expresa que no lo vio trabajar como tal, ni pudo verificar la calificación profesional; asimismo la documentación laboral de la empresa demandada no se encontraba en el lugar de trabajo y no obstante intimar su presentación, no se acreditó la categoría por instrumento legal alguno, sólo el testimonio de los entrevistados.

Agrega que tampoco surge acreditada la categoría profesional por la absolución de posiciones rendida por Tablada Ortiz a fs. 108, ni por la prueba informativa de la UOCRA (fs. 114) que resulta irrelevante (sólo acompaña datos de la escala salarial) y tampoco por las constancias del expediente administrativo (fs. 85/86), categoría que fue cuestionada por la accionada a través de despacho remitido por el contador García.

Afirma que a lo expresado, se adiciona la testimonial de Hugo Sánchez (fs. 129), a la que el actor no formula objeción alguna, que depone sosteniendo que el actor era albañil como él y que la obra la dirigía el propio Tablada y que al momento de la inspección el actor se encontraba poniendo el marco de una puerta y que los quería hacer firmar un papel.

Por todo ello el fallo desestima la categoría de capataz invocada por el actor y declara que trabajó para la demandada como oficial especializado, bajo el régimen legal de la construcción Ley Nro. 22.250.

En cuanto al distracto, considera no acreditado el despido verbal producido el 04-10-99 invocado por el accionado. La intimación del actor a aclarar su situación laboral ha sido respondida en término por la accionada, por lo que no cabe presunción alguna en su contra.

Tampoco advierte obrar alguno reñido con la buena fe por parte del accionado, como afirma el actor en su alegato, por el hecho de que la demandada negara en el responde que el Contador García remitiera carta documento en representación de la empresa Tablada e Hijos S.H., lo que se reconoce al absolver posiciones, pues destaca que la referida negativa encuadra en la negativa genérica de rigor que hace al derecho de defensa de la parte.

Por lo tanto rechaza la demanda, con costas al actor.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso ha sido interpuesto en término, según surge de lo actuado a fs. 165 vta. y del cargo inserto a fs. 171; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; siendo innecesario el afianzamiento que marca la ley del rito por recurrir la parte actora.

No obstante ello, de la confrontación del fallo recurrido, con las constancias de autos y el escrito recursivo considero que no todas las pretendidas cuestiones de derecho consistentes en la presunta violación de normas adjetivas y en la arbitrariedad de la sentencia por errónea apreciación de las pruebas y la omisión de considerar otras, aparecen, a mi juicio, configuradas.

Desde esta perspectiva, el recurso casatorio sólo se basta parcialmente a sí mismo.

En efecto, cabe consignar primeramente que la determinación de la existencia de la categoría profesional de capataz alegada por el actor y la causa y fecha del distracto, en principio, constituyen cuestiones de hecho y valoración de pruebas rendidas en autos, que competen exclusivamente al juicio prudencial de los jueces de grado, insusceptibles de ser reexaminados en esta instancia casatoria, salvo que se alegara fundadamente la existencia de arbitrariedad y violación a las reglas de la sana crítica.

De otro lado, esta Corte ha sostenido que "La valoración del cuadro probatorio es facultad privativa de los jueces de mérito, sólo que estos no pueden, legítima y razonablemente, prescindir de integrar en el discurso sentencial atinente, la referencia estimativa a pruebas que aparecen como ostensiblemente importantes. Lo cual no significa que los jueces de grado se encuentren constreñidos a analizar todas y cada una de las probanzas traídas al juicio, pues poseen la facultad de seleccionar entre ellas, las que se consideren relevantes" (sentencia Nro. 183 del 21-3-96).

En su mérito los jueces son soberanos en la selección de pruebas y en tal sentido se ha dicho que entre las facultades de los jueces de grado se encuentra la de merituar o no de manera expresa alguna probanza, no estando obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa ("Cruz M.A. vs. Minetti y Cía. 19-02-93). De modo que la arbitrariedad sólo se configura cuando se prescinde de una prueba decisiva para la solución del caso" ("Torrione, Pedro Antonio vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán", sentencia Nº 710 del 14-12-95).

Sobre la base de las premisas precedentes, cabe analizar los agravios.

a) Se aduce la omisión sentencial de considerar el valor jurídico del acta de inspección del Ministerio de Trabajo, a la que se asigna el carácter de instrumento público, y por lo tanto prueba de la categoría profesional reclamada por el actor. Entiende que la Cámara pretende que el actor pruebe lo probado en instrumento público.

En todo caso alega que, para el reconocimiento de la categoría profesional, debió tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 9 de la LCT.

El agravio, referido a la acreditación de la categoría profesional del actor, debe considerarse inadmisible.

En efecto, las afirmaciones del recurrente se limitan a hacer apreciaciones subjetivas sobre la interpretación que cabe efectuar respecto al acta de inspección, pero se desentiende de los fundamentos de la sentencia, prolijamente expresados, sobre la naturaleza y alcance probatorio que cabe asignar a los contenidos que surgen de la misma, con relación a la categoría profesional del actor, especialmente cuando dichos contenidos son consecuencia de versiones proporcionadas por los propios trabajadores y no son corroboradas por otras pruebas, como puntualmente lo expresa la sentencia, cuando descalifica la eficacia probatoria de cada una de ellas al respecto.

Estas consideraciones, no fueron rebatidas por el recurrente, deviniendo de ello la insuficiencia del recurso en esta cuestión.

También, estos mismos fundamentos dejan sin sustento a la afirmación del recurrente de que la Cámara pretende que el actor pruebe lo probado en instrumento público. Por las razones expresadas en la sentencia y no desvirtuado en la presentación casatoria, el planteo resulta inadmisible.

Igualmente la pretensión del actor que se aplique la regla del artículo 9 de la LCT, "in dubio pro operario", respecto a la determinación de su invocada categoría de capataz, no guarda relación con lo decidido en el pronunciamiento.

El principio rige en los casos de dudas sobre la aplicación de normas legales o reglamentarias o interpretación sobre el alcance de una ley, pero no a la duda sobre la apreciación de los hechos, no pudiendo por otra parte, calificarse de duda la opción del juzgador sobre un medio de prueba (CNATr, Sala II, 30-4-79, ED, 28-7-80).

En el caso no existe duda sobre la apreciación de los hechos, sino por el contrario la sentencia, luego de analizar puntualmente cada prueba, considera no acreditada la categoría profesional de capataz invocada por el actor, sin que sus fundamentos hayan sido rebatidos por el recurrente, como no sea, esgrimir afirmaciones subjetivas y dogmáticas, amén de pretender la aplicación de una norma inaplicable al supuesto.

También por este aspecto, el recurso deviene inadmisible.

b) En cuanto a la pretendida mala fe del obrar del demandado cuando niega en el responde que el contador García remitiera carta documento en representación de la empresa, lo que se reconoce en la absolución de posiciones, amén que la Cámara omite el contenido de la misma donde se reconoce la fecha de ingreso y el egreso en el mes de julio de 1999, por lo que el recurrente se pregunta que hacía el actor el 30-9-99 en la obra (día de la inspección), estimo que el agravio se vincula con la causa y fecha del distracto.

Igual inferencia cabe realizar con respecto a la denuncia de mala fe del accionado cuando el recurrente se agravia porque el fallo tiene en cuenta la testimonial de Hugo Sánchez que al momento de la inspección estaba trabajando y que era albañil, pero omite los dichos de la propia demandada en cuanto niega en el responde que por carta documento se haya dicho que el actor trabajó hasta julio de 1999.

En efecto, sin perjuicio de que la sentencia se hace cargo del primer argumento (ya manifestado en el alegato), y sostiene que dicha negativa se encuadra en la negativa genérica de rigor que hace al derecho de defensa, sin que se advierta el obrar reñido con la buena fe que se endilga a la demandada, fundamento que no ha sido rebatido por el recurrente; al igual que se advierte que el análisis sentencial de la testimonial de Hugo Sánchez se encuentra vinculado a la acreditación o no de la categoría profesional invocada por el actor y no a la fecha del distracto, no obstante se infiere que el cuestionamiento del recurrente se relaciona con la causa y fecha de concreción del mismo, alegada por cada una de las partes.

Desde esta perspectiva, la actora cuestiona elípticamente la causa y fecha de la desvinculación (sostiene que hubo despido verbal en fecha 04-10-99), atento a que la demandada dice que la relación laboral concluyó a fines de julio de 1999, no obstante existir el acta de inspección de fecha 30-9-99, aspectos que no fueron valorados por la Cámara.

En consecuencia, y con relación a esta cuestión, el agravio resulta procedente, casando parcialmente la sentencia en recurso, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que tiene por no probada la fecha y causa del distracto alegado por el actor y rechaza la demanda, omitiendo valorar objetivamente dichos elementos a la luz de prueba esencial obrante en la causa", y dejando sin efecto los puntos I, II y III de su parte resolutiva, pues lo que se resuelva en definitiva eventualmente modificará las costas y los honorarios.

Sin que la conclusión a la que se arriba implique pronunciamiento en sentido alguno, las actuaciones -por las razones expresadas prolijamente en sentencia nro. 759 del 29-9-97- deben remitirse a la Excma. Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, en lo que el recurso ha sido declarado procedente.

V.- Atento al resultado arribado corresponde imponer a la actora, en esta instancia casatoria, el total de las costas propias y el 50% de las de la demandada y el 50% restante de esta última, a la accionada habida cuenta la conclusión parcialmente nulificante, por provenir el déficit de la actuación del órgano jurisdiccional.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- 1.-DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 7 de noviembre de 2002, obrante a fs. 160/161 de autos, conforme a lo considerando en el punto IV, a). 2.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al mismo, de acuerdo a lo manifestado en considerando IV, b).- 3.- REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, conforme lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA DMG