marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia federal, falsificación de sellos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOS SANTOS CAUACO, ZACARIA s/ DENUNCIA - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Cuando el hecho punible que se investiga consiste, o en una falsificación de sellos de correos, o en el uso fraudulento de sellos verdaderos, debe entender la Justicia Federal puesto que en ambos casos, se obstruye o corrompe el buen servicio de sus empleados (art. 3, inc. 3 de la ley 48).
Prescripción, suspensión de la prescripción, mora del deudor, constitución en mora, telegrama colacionado, carta documento
Materia: CIVIL
Carátula: CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL c/ D'ARIELLI MARIA ANGELICA s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Cumple con la exigencia de la "forma auténtica" prevista por el art. 3986, segunda parte, Código Civil, el requerimiento hecho por telegrama colacionado, pues, con tal medio, se aleja toda duda sobre la veracidad y la fecha del acto interpelatorio (cfr. Borda, G. A., "La Reforma de 1968 al Código Civil", N° 207, pág. 300; Wayar, E. C., "Tratado de la Mora", N° 105, pág. 618; esta Cámara, Sala II, Causas 4822 del 9.11.76 y 1877 del 24.5.83). En opinión del Tribunal, las cartas-documento tienen, en la materia, idéntica eficacia que los telegramas colacionados, dados la forma y modo en que son diligenciadas por los respectivos responsables.
Juicio correccional, homicidio culposo, recurso de casación, sentencia, falta de motivación, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor M. Pinto y Fernando Avila en Expte. Nº 151/03 Vargas, Einer Rosario s/ Homicidio Culposo - Chañar Punco - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30

La defensa técnica formula Recurso de casación contra la sentencia que denegó el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal y el levantamiento de la orden de captura internacional dispuesta contra el mismo.

En lo esencial, le atribuyen al Auto impugnado carencia de fundamentación por omitir considerar circunstancias planteadas por esa parte: el sobreseimiento al imputado dictado por el Juez de Control -en una causa posterior- y la consiguiente desaparición del motivo de interrupción del plazo de prescripción de la acción penal emergente del hecho de la causa principal.

En efecto, ninguna consideración hizo el a quo con respecto al sobreseimiento dictado por el Juzgado de Control y su vinculación con la vigencia de la acción derivada del hecho de autos-homicidio culposo-, con lo que omitió tratar cuestiones oportunamente planteadas por ellos y conducentes para la correcta decisión del caso.

De tal modo, dicho pronunciamiento exhibe un ostensible apartamiento de las constancias de la causa que dan cuenta de hechos nuevos con relación a la resolución de esta Corte a la que remite el a quo, que son tales por ser posteriores al dictado de la misma, y que, por serlo, su consideración por el juez no comprometía la autoridad del fallo de este tribunal.

En este sentido, la Corte Suprema ha expresado que la omisión de tratar constancias relevantes que habían sido incorporadas al expediente vicia el pronunciamiento como acto jurisdiccional (318:920).

En las condiciones señaladas, los agravios invocados deben ser acogidos y, en tanto carece de motivación, el Auto impugnado debe ser descalificado por no constituir una derivación razonada del derecho con arreglo a las circunstancias del caso, y en tanto basta para negarle validez y legitimidad a una sentencia el que arbitrariamente prescinda del análisis de un elemento trascendente que comprometa la adecuación de la sentencia con la verdad real.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, como consecuencia, casar el Auto Interlocutorio recurrido.
Honorarios, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hermosid Marina G. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-14

La actuación profesional en el Beneficio de Litigar sin gastos no puede procesalmente calificarse como incidente, no resultando de aplicación la disposición del artículo 70 de la Ley de Aranceles, sino que debe considerárselo como procedimiento voluntario y aplicar al caso el artículo 58 de la norma citada.
Despido discriminatorio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Farrell, Ricardo Domingo c/ Libertad SA s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

El mero señalamiento de que la supuesta conducta reprobada no surge del acto mismo del despido resulta inconsistente para dar sustento al pronunciamiento pues la discriminación, por lo común, se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es harto improbable que surja de los términos de una notificación rescisoria, por lo que debe necesariamente ser demostrada mediante otras pruebas.
Delitos, portación de armas, delito doloso, apreciación de la prueba, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en INCIDENTE DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS LENCINA, CLAUDIO EXEQUIEL Y OTROS c/  s/ 189 BIS (2) - TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar el agravante del delito de portación de armas por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas (artículo 189 bis, inciso 2, octavo párrafo del Código Penal) si el recurrente no se hace cargo de la pacífica doctrina sentada por este Tribunal al respecto (véase, por ejemplo, "Lemes", expte. 4603/15, resolución del 19/07/2006, entre tantos otros). (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Derecho constitucional, doctrina de la real malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABELIN DE TEJADA, GLADYS FATIMA c/ FRANCISCO MONTES SACIF Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-10-22

El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles.

Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la mas amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de integridad moral y el honor de las personas.

El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información.

Ampara, si, a la prensa, cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o particulares involucrados en ella, aun si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, en cuyo caso los que se consideran afectados deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de la noticia y obro con real malicia con el propósito de injuriar o calumniar.

La doctrina de la "real malicia" tiene como objetivo procurar un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aun particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la información o de la crónica.
Restitución del inmueble, presunción de inocencia, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Lino Pedro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

La restitución del bien al denunciante no vulnera el estado de inocencia de quien resulta imputado en un proceso, siempre que resulta de disímil tratamiento la investigación relacionada con la posible participación criminal, por un lado, y lo concerniente al derecho de propiedad, por el otro, que es en definitiva el bien tutelado por la norma, pues la medida cautelar del art. 238 bis CPPN tiene por objeto evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien solicita. El voto concurrente señaló que no se había demostrado un agravio de naturaleza federal y que la medida no debería hacerse efectiva hasta tanto se garantizara el realojamiento de las familias que habitan el inmueble. (Dres. González Palazzo, Hornos, Diez Ojeda -por su voto-).
Primera instancia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Stipelman, Rodolfo Salvador c/ UBA. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Si bien es principio que la solución de conflictos jurisdiccionales trabados entre jueces nacionales de primera instancia compete a la cámara de apelaciones del fuero que haya prevenido, el art.

24, inc. 7°, del decreto ley 1285/58, prevé la intervención de la Corte a los efectos de decidir cuál es el juez competente cuando se presente un supuesto de privación de justicia.
Sociedades comerciales, objeto social prohibido, objeto social ilícito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUNGE SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS. s/ QUIEBRA.  INCIDENTE DE APELACION ARTICULO 250 CODIGO PROCESAL CIVIL Y  COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-18

La realización por parte de una sociedad, de una actividad de intermediación financiera sin sujección a la autoridad de contralor, no constituye el desarrollo de una actividad ilícita subsumible en la ley 19.550: 19, que conlleve fatalmente a la disolución y liquidación del ente societario.

Se trata de una actividad prohibida, atento el incumplimiento de ciertos requisitos establecidos legalmente, cuya práctica habitual la encuadraría dentro de las previsiones de la ley 19.550: 20.
Recurso extraordinario, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña Freytes & Asociados c/ Los Lagartos Country Club S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda y reguló honorarios es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mineo, Lamberto y otros c/ Palomo, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

Habiendo percibido los propietarios del automóvil siniestrado el importe que les abonara la aseguradora por destrucción total del rodado, de A 1.680 en el mes de abril de 1985 (equivalente al 80 por ciento del monto asegurado) y siendo que el costo de una unidad similar en esa misma fecha ascendía a A 4.690, y que los propietarios del automotor se quedaron con la chatarra (equivalente al 20 por ciento del monto asegurado, o sea, A 420), el monto indemnizatorio surgirá de la diferencia entre el valor de la unidad en el mercado y la sumatoria del importe recibido de la aseguradora más el valor de la chatarra, o sea, A 2.590.
Recurso extraordinario de nulidad, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Gatti, Rubén s/ Apremios ilegales Martínez, Sergio Roberto s/ Violación, corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-15|2001-11-07

Son materia ajena al recurso extraordinario de nulidad los reclamos del recurrente referidos a una supuesta conculcación del derecho de defensa.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos, depósito bancario, bancos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El contenido del art. 3° de la ley 25.466 es tan inequívoco en su comprensión como inmodificable en cuanto a sus alcances; si los derechos nacidos de las imposiciones bancarias -en curso de ejecución o futuras- han sido considerados por el legislador como adquiridos y, desde esta premisa, entronizados al amparo del art. 17 de la Constitución Nacional, ninguna norma infraconstitucional ulterior puede afectarlos sin violar, a la par, la garantía superior alcanzada (Voto del Dr. Julio S. Nazareno).
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, calidad de la sustancia secuestrada, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MENDOZA VAZQUEZ, JEISSON s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Corresponde desechar la configuración del delito de tenencia para consumo personal, atento la cantidad del material estupefaciente secuestrado, así como las condiciones de fraccionamiento en que el mismo fue encontrado en diferentes lugares del automóvil de alquiler que conducía el imputado.
Nulidad de matrimonio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: G., D. C. c/ SUC DE J R s/ NULIDAD DE MATRIMONIO MATRIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-03-18

En el acta de matrimonio certificada de GBL con RJ, se lee "A continuación los contrayentes manifiestan: matrimonio realizado en la Clínica Sta. María SRL por encontrarse enfermo el contrayente, según certificado médico que se adjunta bajo el N° de esta acta ..." Y con esta observación el Registro Provincial de las Personas está cumpliendo con el art. 69 de la Ley 1878 actualizada. Se encuentra acreditado que el matrimonio se celebró en la Clínica Santa María, por encontrarse enfermo el contrayente, según un certificado médico que no se encuentra agregado a la causa. No se encuentra acreditada la enfermedad que padecía el contrayente, sólo que padecía una enfermedad que le impedía trasladarse al Registro Civil. Usando un razonamiento lógico y la sana crítica, debemos decir que la enfermedad que lo aquejaba era física y no psíquica, porque una cuestión es no poder asistir al Registro Civil y otra distinta es no tener discernimiento para entender sus actos.
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: PENAL
Carátula: Calvillo, Roberto Isidro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-07

La posterior anulación de actuaciones con efectos probatorios meritados en la prisión preventiva o en la requisitoria fiscal no afecta la validez formal de éstas porque la ausencia de aquellas no constituye un vicio de procedimiento ni la violación de un trámite esencial del mismo (arts. 303 y 305 -núm. ant.- del C.P.P.), cualesquiera fueren los efectos materiales que la anulación pudiera ocasionar en el plano lógico procesal de la valoración probatoria.
Doctrina legal, notificación del acto administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Miguel A. y otros c/ Municipalidad de Quilmes s/ Pretensión de reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-02

La doctrina legal de esta Suprema Corte en cuanto a la interpretación que cabe predicar respecto de la notificación de los actos administrativos a sus destinatarios y el comienzo del cómputo del plazo de caducidad de la acción contencioso administrativa, ha sido violada en el caso por la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, en tanto, no puede considerarse notificación del decreto 2812/2001 -que dispuso el cese del reconocimiento de la "bonificación por recolección de residuos"-, el conocimiento de los descuentos practicados que se vio reflejado en los recibos de sueldo de los actores -agentes municipales de la comuna demandada-, pues tal circunstancia en la medida en que no estuvo precedida por la previa notificación del acto, se constituyó como una vía de hecho contra la que los mismos, lejos de consentir, se alzaron mediante la deducción de una acción de amparo (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Reordenamiento del sistema financiero, acción de amparo, sociedades mutuales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Fabrizzi  Norma  Angélica y otro c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1.570/01y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-18

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo declarándose la inconstitucionalidad del art. 2, inc. a) del decreto 1.570/01, de la ley 25.561 en cuanto ratifica tácitamente el mentado decreto y de los arts. 1 y 2 del decreto 214/02, sus modificatorias y las resoluciones y disposiciones dictadas en su consecuencia, debiendo la entidad depositaria -Sociedad Militar Seguros de Vida Institución Mutualista- entregar al amparista las sumas reclamadas en autos, en la misma moneda en que fueron impuestas o bien mediante la entrega de la cantidad de pesos necesaria para adquirir, en el mercado libre de cambios al tipo vendedor, igual cantidad de dólares.
Deber de información, medidas urgentes, REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, derecho a la integridad física, medidas de seguridad y protección, derecho a la vida, daño irreparable, grupos vulnerables, derechos de los pueblos indígenas, coronavirus, pandemia, derecho a la salud, obligaciones internacionales, investigación del hecho
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 1/2021 - Medida cautelar No. 754-20 Miembros de los Pueblos Indígenas Guajajara y Awá de la Tierra Indígena Araribóia respecto de Brasil c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-01-04

Considerando el contexto pandémico, la información aportada por los Pueblos Indígenas Guajajara y Awá en ocasión de solicitar a la Comisión Interamericana ordene al Brasil la adopción de las medidas que fueren necesarias a fin de proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud, la gran diseminación del virus, los casos positivos confirmados y los fallecimientos, así como la particular vulnerabilidad inmunológica en la que se encuentran, agravado ello por la presencia de terceros no autorizados en sus territorios, el Organismo Interamericano solicita al Estado requerido adopte medidas urgentes de protección que garanticen tratamiento médico adecuado, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme los estándares internacionales aplicables, a fin de minimizar la posibilidad de una situación de irreparabilidad e informe acerca de las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos y a evitar su repetición.
Despido indirecto, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ EDUARDO c/ CLUB LOS INDIOS Y OTROS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-12

Aún cuando exista mora en el pago de salarios, para que haya injuria que justifique un despido indirecto es necesario un requerimiento expreso de pago incumplido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, renuncia de derechos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galeano, Celso César c/ Cosmibell S.R.L. s/ Ordinario Fortunato Bonelli y Cía. S.A. y otra c/ Transporte Ciudad de María y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-18|1996-04-30

Establecer la existencia o no del ánimo de renunciar es una cuestión de hecho extraña a la casación.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreno, Luciano c/ Omentaria de Lugano, Hebe s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

La carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso la demanda, contrademandó, articuló el incidente o dedujo el recurso.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que la Nación es parte, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La importancia institucional de las controversias que se desarrollan ante la instancia originaria de la Corte entre los Estados Nacional y Provinciales y el rol que le toca desempeñar en ellos al Tribunal, determina que todas las normas que regulan los procedimientos deben aplicarse con una especial cautela, que no excluya la previa ponderación de la justicia a la que la solución legal permite arribar.
Responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, estado parte, derecho de propiedad, pueblos originarios, propiedad comunitaria de la tierra, obligaciones del Estado miembro, derecho de propiedad ancestral
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Debe el Estado República del Paraguay o devolver a los miembros de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek que lo demandó por violación a su derecho de propiedad ancestral, las 10.700 hectáreas reclamadas -en cuya identificación y determinación de límites intervendrán los líderes de la Comunidad-, y, en caso de imposibilidad, deberá entregar otras alternativas ubicadas dentro del territorio ancestral y elegidas con el consenso de los miembros de la Comunidad conforme sus formas de toma de decisiones;

imposibilidad que en ningún caso podrá basarse en que las tierras se encuentran en manos privadas o que están racionalmente explotadas.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ardohain de Palacios, Ilda Beatriz c/ Banegas, Juan Gregorio s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Resulta ineficaz, para acreditar "la culpa" de la víctima, insistir sobre el estado de alcoholización que presentaba si no se rebate idóneamente la afirmación de la sentencia en punto a que dicho estado no había incidido en la producción del accidente ya que aquélla se encontraba detenida y éste se había producido por una mala maniobra del demandado.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giménez, Serafina Manuela c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El pago de los haberes a valores nominales no implica en modo alguno una renuncia a oponer la prescripción de los accesorios impagos la que, atento a las prescripciones del dec. ley 9650 es de dos años cuando se trata de peticionar el reajuste de un beneficio ya acordado.
Partes del proceso, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torrico, Virgilio c/ Bidart, Edgardo Martín y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

La promoción de toda acción judicial supone que el interesado debe estar legitimado debiendo ser por una parte, titular del derecho que invoca o representar a quien lo sea y por la otra, disponer de la acción que faculta el ejercicio de aquél.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRAL PUERTO S.A. c/ G.C.B.A s/ REPETICIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Las designaciones que a un instituto jurídico le otorga la propia ley que lo crea o regula no necesariamente coinciden con la real estructura jurídica de dicho instituto. Es decir, es preciso desentrañar el régimen jurídico concreto de cada institución, más allá de cuáles sean las designaciones que le otorguen los legisladores.