Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-08


Buenos Aires, octubre 8 de 2007.

El doctor Sarli dijo:

I. A fs. 11/15 la firma actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Disposición Nº 1487/06 (AD PASO) del administrador de la aduana de Paso de los Libres, dictada en el expte. Actuación SIGEA Nº 12.314-2619-2006 inicialmente EA 42 Nº 17.215/97 (por dicha resolución -del año 2006- se rechazó por extemporánea la impugnación que se había efectuado en nombre de la firma actora contra nueve cargos formulados en el año 1997 -y notificados en ese año- respecto de sendos despachos de importación registrados en el año 1992; causa de los cargos: la inaplicabilidad, o en su caso la falta, de certificados de origen intrazona ACE 14). La actora solicita que se declare prescripta la acción del fisco para reclamar el pago de tributos (se entiende que de los tributos exigidos por los aludidos 9 cargos) y asimismo plantea (se entiende que en subsidio) la nulidad de tres de dichos cargos. La actora relata: que la aduana de Paso de los Libres consideró que los certificados presentados para los 9 D.I. que se indican no eran aptos para acreditar el origen de las mercaderías importadas mediante esos D.I., y que por ello, en el año 1997, esa aduana formuló la intimación de pago -respecto de dichos D.I.- reclamando la diferencia de tributos (entre arancel intrazona y arancel general o extrazona); que contra esa intimación se inició un procedimiento de impugnación presentado (por quien en ese momento no era apoderado de la empresa) en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N. (gestor), sin que después se ratificara la gestión; que ante la demora en resolverse dicha impugnación la empresa presentó un recurso de amparo ante este Tribunal Fiscal, causa 22.277-A; y que "frente" al mismo la aduana de Paso de los Libres dictó la resolución aquí apelada, por la que se rechazó por extemporánea la impugnación y se le intima a su parte el pago de los tributos (los de las liquidaciones impugnadas). Se refiere la actora a la procedencia formal del recurso, ello con fundamento en que su parte cuestiona la intimación de pago que efectúa la aduana "... mediante la resolución que 'pretende' resolver el procedimiento de impugnación que había iniciado la Empresa" (sic -¿?-), agregando que (la aduana) "... con motivo de la 'supuesta extemporaneidad', en la misma resolución intima a (su) mi representada al pago de los tributos....". En el mismo capítulo sostiene la actora que la resolución apelada es equivocada en cuanto a que se resuelve que la impugnación se presentó fuera de término, ya que -afirma- la impugnación se presentó ante la oficina de Correos dentro de los diez días fijados por el art. 1055 del C.A., no obstante lo cual -también afirma y esto en concordancia con lo que se expresa en la resolución apelada- es nulo lo actuado al iniciar el procedimiento de impugnación (ello por no haberse ratificado la gestión); pero -sostiene la actora- el error (sería éste "otro" error) de la resolución apelada radica en que la aduana considera que la presentación de la impugnación, aunque nula, igual tuvo efectos suspensivos de la prescripción (de la acción fiscal para percibir los tributos), y en que por ello (la resolución), en lugar de declarar la prescripción, intima al pago de los tributos (finalmente -afirma la actora-, como consecuencia de esa intimación, el Tribunal Fiscal es competente en el caso). Plantea (en subsidio en orden a la procedencia formal del recurso) que -de considerarse que su parte "... debió iniciar un procedimiento de impugnación contra los cargos cuestionados"- en virtud del "informalismo" deberían remitirse las actuaciones a la aduana de Paso de los Libres para que tramite el procedimiento de impugnación (ello en cuanto "... esta presentación -el recurso de autos- se realiza dentro de los diez días de notificada la resolución cuestionada" -sic-). En cuanto al fondo de la cuestión (el "fondo" que entiende la actora que debe estar en cuestión) plantea la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos a su parte. Al respecto vuelve a referirse al criterio expresado en la resolución apelada en el sentido de que la impugnación -aunque nula- igual tuvo efecto suspensivo de la prescripción, y esto lo cuestiona concretamente la actora (concretamente afirma que dicha impugnación, por ser nula, no pudo tener efecto suspensivo); y consecuentemente señala que, en el caso, el plazo de prescripción (tratándose de despachos del año 1992) comenzó a correr el 1 de enero de 1993 y se interrumpió por la intimación practicada en noviembre de 1997, y como desde entonces (desde que quedaron firmes los cargos -diciembre de 1997-) no se dio ningún acto suspensivo, se cumplió el plazo de la prescripción, siendo que la resolución apelada (de agosto de 2006, intimatoria de pago) se dictó cuando se había largamente cumplido ese plazo. También plantea la nulidad de la intimación respecto de tres cargos (respecto de los tres despachos que al efecto indica) en razón de que no se pudieron encontrar los despachos Finalmente (en lo que sería la cuestión de fondo "sustancial" de la frustrada -o nula- impugnación) plantea la validez de los certificados de origen presentados para los despachos del caso. Solicita se revoque la resolución apelada declarándose prescripta la acción de la aduana para reclamar el pago de los tributos liquidados.

II. A fs. 29/36 el representante fiscal acompaña la Actuación 12.314-2619-2006 (antes EA 42 Nº 17.215/97, act. Adm. Antecedentes de esta causa) y contesta el traslado del recurso Se refiere -como antecedente de la cuestión- a la resolución apelada (indica erróneamente que dicha resolución se dictó en consecuencia de que en el recurso de amparo causa TFN 22.277-A se hizo lugar al mismo), y se refiere también a los agravios de la actora. Contesta el planteo de prescripción efectuado por la actora, y al respecto sostiene -en primer lugar- que la impugnación es extemporánea (repite en esto la argumentación de la resolución apelada) y que la impugnación es nula (por la falta de su ratificación), no obstante lo cual -también sostiene y asimismo repitiendo la argumentación de la resolución apelada- tuvo igualmente efecto suspensivo (y por eso no se habría operado la prescripción). Contesta también el planteo de nulidad afirmando -contra lo que dice la actora- que los despachos sí obran en las actuaciones administrativas e indica las fojas de dichas actuaciones al respecto (señalo yo que entre estos despachos -de las fojas indicadas y en todas las actuaciones- no están -precisamente- los tres despachos que la actora invoca como no hallados). Por último afirma que los certificados de origen del caso son inaplicables y formula algunas consideraciones sobre los requisitos a cumplir por los certificados de origen. Solicita se rechace la apelación interpuesta y se confirme íntegramente el decisorio aduanero apelado.

III. A fs. 42 se ponen los autos a sentencia.

IV. Según resulta de las constancias del inicial expte. EA 42 Nº 17.215/97 y luego Actuación 12314-2619-2006 (actuaciones administrativas antecedentes de esta causa), el. Dr. Enrique Benítez Cruz, invocando el carácter de gestor de la actora (art. 48 del C.P.C.C.N.) efectuó la presentación -obrante a fs. 1/2 del citado expediente- por la que interponía el procedimiento de impugnación contra nueve cargos formulados por la aduana de Paso de los Libres con relación a los nueve despachos de importación que se individualizaban en esa presentación (a dicha presentación se adjuntaron las copias que obran a fs. 3/6 del citado expediente, copias de las notas o memorándumes de notificación que la propia actora indicaba haber recibido). A fs. 7 obra la constancia postal de recepción (aviso de retorno) que sería de recepción de los memorándumes (de la referida notificación) Nros. 349 al 351 que corresponderían a sólo tres cargos, de tres despachos (de los nueve de la impugnación). A fs. 8/39 obran agregadas actuaciones (del año 1992) por las que se habían adjuntado tres certificados de origen aportados para tres de los despachos involucrados en la causa. A fs. 40, 41, 42, 48, 50 y 53 obran las carpetas de cinco de los (9) despachos involucrados en la causa (ninguno de los tres precedentemente indicados en las citadas actuaciones de fs. 8/39). A fs. 61/62 se dictó la resolución apelada en autos, de fecha 28.8.2006.

V. Tengo a la vista el expte. 22.277-A caratulado "SCANIA ARGENTINA SA C/DGA S/REC. DE AMPARO", que tramitara ante la vocalía de la 14º Nom. Sala E de este TFN, en el que se dictara sentencia (del 11.9.2006, que quedó firme) por la que se declaró que el amparo había devenido "abstracto", ello en razón de que -al tiempo de esa sentencia- ya se había dictado la resolución definitiva que la recurrente (la misma actora en estos autos) perseguía, resolución que es la misma resolución apelada en estos autos.

VI. Es preciso y/o conveniente dejar preliminarmente aclarado que no obran en las actuaciones administrativas la totalidad de los nueve cargos originales que fueron objeto de la impugnación del caso (impugnación que es la rechazada en el resolución apelada en estos autos). Sólo obran en dichas actuaciones (a continuación de los sobres de los tres respectivos despachos de importación): el cargo -sin Nro.- del 21.10.97 respecto del D.I. 07817-4/92 por "falta del certificado de origen" (fs. 43/44); dos ejemplares del memorandum A.P.L. Nº 351 sin fecha (fs. 51/52) relativo a la notificación del cargo formulado respecto del D.I. 05940-3/92 por "certificado de origen inaplicable" (se verá que la actora recibió este memorandum de notificación); y el cargo -sin Nro.- del 20.10.97 respecto del D.I. 07816-7/92 por "falta del certificado de origen" (fs. 54), cargo este último seguido por un ejemplar del memorandum A.P.L. Nº 349 del 3.11.97, de notificación de dicho cargo (también la actora recibió este memorandum de notificación).

No obstante, la propia actora, en su recurso de autos, expresa y admite haber recibido la intimación de pago (por diferencia de tributos) respecto de los nueve despachos del caso, y que en consecuencia de esa intimación se inició el procedimiento de impugnación (el rechazado por la resolución apelada en autos y, en rigor y por lo que se verá, frustrado procedimiento de impugnación), y en esa presentación (por entonces efectuada por quien a la sazón no tenía poder pero que lo tuvo a la postre tal como resulta del poder de fs. 2/8 de estos autos y de la aludida causa de amparo 22.277-A), se adjuntaron las copias obrantes a fs. 3/6 de las act. adm., que son copias (que deben tenerse por recibidas por la actora): de la Notificación 494 fechada 3.11.97 (notificación ésta, de la intimación de pago de tributos por seis -de los nueve- D.I. del caso, por "... certificado de origen inaplicable"), y de los memorándumes Nros. 349, 350 y 351, los tres del 3.11.97, de notificación de los cargos (intimación de pago) formulados respecto de los otros tres D.I. del caso (por "falta del certificado de origen" o en su caso por "certificado de origen inaplicable). Esto no está controvertido, ni en las act. adm. ni en estos autos, ni está controvertido que el objeto de la referida impugnación (y por ende de la resolución apelada en autos, como por lo demás allí se lo indica expresamente) son los cargos respecto de los nueve individualizados en dicha resolución y además con referencia expresa a sus respectivas notificaciones (exactamente en los mismos términos y contenidos que los de las aludidas copias de fs. 3/6 de las act. adm.), y -finalmente, y concordantemente- la propia actora expresa (ver fs. 13 vta. -2do. párrafo- de estos autos) que la intimación de pago (del contexto resulta que se refiere a la intimación de los cargos por los nueve despachos del caso) se efectuó en noviembre de 1997.

VII. Voy a tratar primero el aspecto procesal relativo a lo resuelto expresamente en la resolución apelada (en el punto 1º de su parte resolutiva), cual es la "extemporaneidad" de la impugnación (motivo expreso, en dicha parte resolutiva, del rechazo de la impugnación).

Este aspecto (específicamente este aspecto) es el que debería ser (al menos formalmente) el "único" aspecto de agravio de la actora -en el recurso de autos- respecto de la resolución recurrida en autos (el otro aspecto de rechazo de la impugnación -nulidad de la presentación de la impugnación-, explícito en los considerandos de dicha resolución, pero no incluido en la parte resolutiva, no está cuestionado por la actora y, por el contrario, está expresamente consentido y aun como "el" fundamento de su verdadera pretensión en el caso: la declaración de prescripción -aspecto este último que como se verá no puede ser objeto de agravio ni de consideración en el recurso de autos-). Precisamente, la actora ensaya (con muy pocos argumentos, por lo demás no valederos) un planteo en ese aspecto, es decir que viene a sostener que la impugnación fue interpuesta en término y no extemporáneamente.

Por la aludida argumentación, la impugnación habría sido interpuesta extemporáneamente, tal como se lo establece en la resolución apelada. En efecto, la actora dice al respecto que la impugnación "... se presentó ante la oficina de Correos dentro del plazo de diez días....", y nada más; es decir que no dice en qué día se efectuó la presentación y tampoco desde qué día corría el plazo de diez días. Sin embargo, de lo que es posible observar destaco que en la presentación de la impugnación de la que se trata (fs. 1/2 de las act. adm.) hay un sello de correo que indica que se habría presentado el escrito en la Capital Federal (Oficina Plaza San Martín) el día 11 de diciembre de 1997. A su vez resulta que el aviso de retomo de fs. 7 de las act. adm. (que lleva fecha de recepción -por la firma actora- 19.11.97 y que es lo que hace decir en la resolución apelada que esa fecha es la de notificación de la intimación de pago por los nueve D.I. del caso), no sólo que no tiene "nexo alguno" con alguna pieza de las notificaciones en juego, sino que en todo caso -y conforme una anotación marginal manuscrita en ese aviso- el aviso sólo sería referido a la notificación de los memorándumes 349 al 351 (es decir -según se vio- respecto de sólo tres de los nueve D.I. del caso). No obstante, no sólo que la actora no cuestiona que la notificación de la intimación, respecto de los nueve D.I., fue en la fecha 19.11.97 (como se afirma en la resolución apelada), sino que esa fecha es coherente con la fecha cercana (3.11.97) con la que como se vio están "fechadas" las aludidas copias (de notificación de la intimación respecto de en total los nueve. D.I.) que obran a fs. 3/6 de las act. adm., y es asimismo coherente con la afirmación de la propia actora (ver fs. 13 vta. de estos autos) en el sentido de que la intimación de pago se efectuó en noviembre de 1997. Siendo así, la referida interposición del 11.12.97 fue intrínsecamente extemporánea, ya que en rigor, en el caso no procedía computar esa ampliación (por la distancia Capital Federal domicilio de la actora-Paso de los Libres lugar de oficina aduanera notificadora; máximo posible de ampliación cuatro días como se indica en la resolución apelada), prevista legalmente sólo para la interposición del recurso en el lugar de la oficina aduanera notificadora (distante del lugar del domicilio del notificado), y que por ende no procede cuando la interposición se efectúa por medio postal en el lugar del domicilio del notificado (como sería la interposición del caso), y porque de todos modos, es decir aun contando la aludida ampliación por distancia, es decir en total 14 días, también la interposición (del 11.12.97) se efectuó después de ese plazo de 14 días desde el día siguiente al 19.11.97.

Ahora bien, por una razón "distinta" de la razón dada en la argumentación de la actora, la impugnación de la que se trata habría podido ser intrínsecamente tempestiva (esto es no efectuada extemporáneamente como se lo establece en la resolución apelada). Ello así en virtud del Plenario de la C.N.A.C.A. F. in re "Y.P.F.", del 13.9.00, que sentó el criterio de que "las notificaciones practicadas en el ámbito aduanero deben reunir los requisitos que establece el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, (señalo yo que tales requisitos son "indicación -en el instrumento de notificación- del o los recursos que proceden contra el acto notificado y el o los plazos para su interposición")..., y la omisión de su cumplimiento produce los efectos que aquella norma prevé" (señalo yo que el efecto es la ampliación -del plazo para recurrir- a 60 días), y de que, sentado -como ya se vio- que las copias de fs. 3/6 de las act. adm. son las que corresponde tomar como las que reflejan el contenido de las notificaciones de las intimaciones de pago del caso -esto es de las notificaciones de los actos que eran susceptibles de impugnación-, en esas notificaciones no se indicaron ni el procedimiento de impugnación que correspondía ni el plazo para interponerlo. Consecuentemente, el plazo para interponer la impugnación, en el caso, era de 60 días contados a partir del día hábil siguiente al 19.11.97, y por ende la impugnación presentada el 11.12.97 habría podido ser ("intrínsecamente", es decir de no haber mediado el obstáculo a la postre insalvable que comentaré de inmediato), tal como dije, "tempestiva".

Pero "no" corresponde que así se lo declare en la presente; aclaro que esa declaración tendría (y/o habría debido tener) el sentido de lo que sería su efecto, esto es la revocación de la resolución apelada y por ello y consecuentemente disponer la remisión de las actuaciones al organismo aduanero para allí deber resolverse acerca de (en rigor el fondo de la cuestión) la procedencia o improcedencia "sustancial" de las intimaciones de pago de tributos (por los nueve D.I. del caso), en suma acerca de la validez o invalidez de los certificados de origen en su momento presentados o en su caso si es que se presentaron. Ello no corresponde, por lo que se expone a continuación.

VIII. Es absolutamente inevitable, y a la vez necesario, considerar que, en el caso, la presentación de la impugnación de la que se trata no pudo tener ningún efecto. Es decir que, en razón de la nulidad de esa presentación, nulidad insanable en virtud de lo establecido por el art. 48 del C.P.C.C.N. y de que dicha presentación no ha sido (nunca) ratificada, esa presentación se debe tener, forzosamente, por no efectuada. Por lo tanto, si en rigor no hubo impugnación válida de los cargos (cuyo importe se sigue intimando de pago en la resolución apelada), era cabalmente irrelevante determinar si esa (nula) impugnación fue tempestiva o si fue extemporánea, y por ende irrelevante resolverlo o disponerlo expresamente (en el caso, tal como se lo hizo en la resolución apelada, disponiéndose la extemporaneidad -que a su vez "intrínsecamente" no se habría producido-), por lo que es -por lo mismo- irrelevante que así se lo declare en esta sentencia (si es que -acentúo- la nulidad aludida cabalmente se ha producido).

En las act. adm. no hay constancia alguna de la ratificación de la "gestión" por la que se interpusiera la (frustrada o nula) impugnación. Pero es categórico y concluyente al respecto que la propia actora (si bien para favorecer su -formalmente improcedente como se verá- "verdadera" pretensión en el recurso de autos y/o la "verdadera" finalidad de dicho recurso) expresa enfáticamente que -por la aludida falta de ratificación- se ha producido en el caso tal nulidad (ver específicamente al respecto los dos primeros párrafos de fs. 12 vta. de autos). Y la resolución apelada así lo expone -si bien no en la parte dispositiva-, categóricamente, en sus considerandos.

En suma, la nulidad de la que se trata, efectivamente se ha producido; y por eso -y por lo explicado más arriba- no procede aquí declarar que la impugnación ha sido tempestiva, y desde allí revocar, en ese aspecto, la resolución apelada. Por el contrario, en todo caso corresponde confirmarla en cuanto a la aludida nulidad expresada categóricamente en sus considerandos.

En realidad, el juez administrativo aduanero, en la resolución apelada, habría debido, lisa y llanamente, y sin necesidad alguna de considerar la "oportunidad" (extemporaneidad o tempestividad) de la presentación de la impugnación, rechazar la impugnación por ser nula su presentación. Ello era obviamente suficiente (sin embargo, a la par que -en los considerandos- e juez administrativo determinó esa nulidad, también allí se explayó sobre el -que allí se invocaba- efecto suspensivo de la prescripción de la acción para exigir tributos, efecto que a criterio de dicho juez administrativo se habría producido por la presentación nula y pese a tal nulidad; y adelanto yo al respecto que -por lo que se verá- esto último era claramente innecesario).

Pero el efecto de la declaración de la aludida nulidad -reitero que declaración no efectuada en la parte dispositiva de la resolución apelada- es exactamente el mismo que el efecto de la declaración -sí efectuada en dicha parte dispositiva- de extemporaneidad de la impugnación. En ambos aspectos, por no haber existido una impugnación válida (sea por su nulidad -como correspondía- sea por su extemporaneidad -que no habría sido tal de no haber mediado la nulidad-), el efecto era (y es) que los cargos y/o la intimación de pago de los mismos, impugnados indebidamente y/o en rigor no impugnados han quedado firmes (no se ha producido el efecto suspensivo del art. 1058 del C.A.).

Tal conclusión es categóricamente admitida por la propia actora, la que, a fs. 12 vta. de autos, expresa que ".... quedaron 'ejecutoriadas' las intimaciones de pago formuladas, tal cual lo resolviera el Señor Administrador de la Aduana de Paso de los Libres", y, a fs. 13 vta. de autos, que desde que quedaron "firmes los cargos" -diciembre 1997-...".

IX. Sentado todo lo que antecede, cabe ahora señalar que la declaración efectuada en la resolución apelada en autos (extemporaneidad de la impugnación, que no habría correspondido de no haber mediado nulidad de la misma, pero según se vio equivalente en sus efectos a la aludida nulidad considerada en la misma resolución pero no declarada expresamente) era y es absolutamente desvinculada y desvinculable (en rigor no podía tener vinculación alguna) de la circunstancia de haberse explayado la resolución sobre un pretendido efecto suspensivo (y/o efecto que en los considerandos de esa resolución se invocaba como suspensivo) de la prescripción para exigir tributos (efecto que según esos considerandos de todos modos se habría producido por la nula impugnación y pese a tal nulidad), ya que ninguna prescripción se invocaba ni/o se planteaba en la impugnación que se rechazaba (es más, la propia actora expresa, en el recurso de autos -ver fs. 13 vta. de autos-, que en el caso la prescripción recién se hubiera operado el 31 de diciembre de 1997 y que las intimaciones de pago -de noviembre de 1997- que impugnaba la habían interrumpido, por lo cual -según la propia actora- al tiempo de efectuarse la frustrada y/o nula impugnación -11 de diciembre de 1997- no se había operado la prescripción). Todo lo dicho al respecto en dicha resolución apelada (acerca del aludido y pretendido efecto suspensivo) era -y es- por lo tanto cabalmente irrelevante e innecesario para lo que se estaba resolviendo (es decir para lo que se resolvió en la resolución apelada); pero eso es lo que aprovecha la actora, junto con la (nueva) intimación de pago (del punto 2º de la parte dispositiva de la resolución apelada), para plantear -ahora por primera vez pero como si se estuviera agraviando de lo resuelto en un procedimiento de impugnación- la prescripción de la acción fiscal para exigir tributos (prescripción que a su criterio se habría operado después de diciembre de 1997).

Pero en este punto debo poner de relieve que, a mi juicio, la actora no puede plantear por esta vía (recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal) la prescripción de dicha acción fiscal. Ello no es formalmente procedente por cuanto, en rigor, lo que no procede en tal sentido, es cuestionar (insisto que por esta vía de apelación ante este TFN), con y/o por cualquier razón sustancial (por ejemplo la validez de los certificados de origen cuya invalidez invocó la aduana como causal de los cargos) y/o por cualquier obstáculo o causal de extinción de la obligación tributaria (como la prescripción de la acción fiscal para el cobro), la intimación de pago de un cargo aduanero "firme", firme -en el caso- por no haber sido válidamente impugnado (en el caso se trata de nueve cargos "firmes" -nueve liquidaciones exigidas, respecto de nueve D.I.- por no haber sido válidamente impugnados).

Aclaro especialmente que ello no significa que, oportunamente y en su caso, la actora no pueda acudir, eventualmente, a la jurisdicción de este Tribunal Fiscal, pero, en el caso particular, sólo en otro recurso y si eventualmente (y previamente) efectuare el pago de los cargos firmes y -si así y por eso intentare repetir ese pago, ello con fundamento en la validez de los certificados y/o en la prescripción de la acción fiscal para el cobro- ante una eventual resolución jurisdiccional aduanera denegatoria de la repetición. De no ser así, si la actora en cambio pretende discutir la exigencia de pago (como se dijo exigencia formulada y "firme"), sin efectuar el pago; y ello planteando (tal como intenta plantearlo en el recurso de autos) la validez de los certificados de origen y/o la prescripción de la acción fiscal, debe hacerlo por la vía "ordinaria" (esto es no por la vía recursiva reglada, de apelación ante este TFN), y así corresponde que se lo declare en la presente, disponiéndose que el organismo aduanero de al reclamo o recurso de la actora el trámite que administrativamente entienda que corresponde (trámite que -por haber quedado firmes los cargos en cuestión- no podrá ser la vía del procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a. del C.A.).

Por lo demás, si bien se está, en el caso, ante un recurso de apelación interpuesto contra una resolución definitiva del juez administrativo aduanero dictada en un (intentado y frustrado) procedimiento de impugnación (lo cual "aparentemente" habilitaría la competencia del Tribunal Fiscal en los términos de los arts. 1025 ap. 1. inc. a. y 1132 ap. 2. del C.A.), no se está, sin embargo, en el caso, y "en realidad", ante una resolución tal, sencillamente porque no hubo una impugnación válida y, mucho más aún, en cuanto la impugnación intentada ha sido insanablemente nula y en cuanto así lo reconoce expresa y enfáticamente la propia actora en el recurso de autos.

Es por eso, en tanto la consecuencia de una incontrovertidamente nula impugnación no puede ser otra que concluir en que los cargos indebidamente impugnados han quedado firmes, que es en cambio "formalmente" procedente (magüer la errónea y a la vez innecesaria declaración de extemporaneidad de la impugnación) la "nueva" intimación de pago (de los mismos cargos cuya intimación de pago se había efectuado por primera vez en noviembre de 1997, tal como está reconocido por la propia actora) efectuada en el art. 2º de la parte resolutiva de la resolución apelada.

Corresponde entonces, en la presente, declarar: que es abstracta y sin efectos la declaración del art. 1º de la parte resolutiva de la resolución apelada sólo en orden a la allí expresada extemporaneidad de la impugnación (en realidad deducida el 11.12.97 -y no el 16.12.97 como erróneamente se indica en ese punto 1º-); que es nula la presentación (pretendida y frustrada impugnación) de fs. 1/2 de las act. adm. (ello tal como se lo determina en los considerandos de la resolución apelada); que por esto último procede confirmar el aludido punto 1º de la resolución apelada en orden al rechazo de la aludida impugnación; que es formalmente improcedente el recurso de autos en orden a la introducción del planteo de prescripción que efectúa la actora en dicho recurso; y que es formalmente procedente la exigencia formulada en el punto 2º de la parte resolutiva de la resolución apelada, con la aclaración de que, en los dos últimos aspectos, lo que se declare es sin perjuicio de los derechos de la actora a plantear sus agravios por la vía administrativa que corresponda y, así y por ello, procederá remitir el recurso de autos y las act. adm., al organismo aduanero para que allí se sustancie y considere la pretensión de la actora por la vía administrativa que se entienda corresponda (vía que -por haber quedado firmes los cargos en cuestión- no podrá ser la del procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a. del C.A.).

X. Las costas deben imponerse por su orden. Ello así en razón de la complejidad de la cuestión y de que, básicamente, las conclusiones alcanzadas lo han sido, de modo sustancial, a partir de argumentaciones y razonamientos introducidos de oficio en este voto; a lo que cabe agregar que es criterio de esta Sala G que tal modalidad de imposición (en el caso con fundamento en que las precedentemente referidas razones serían mérito suficiente al respecto) es aplicable en la especie en virtud de lo establecido por el art. 184 de la ley 11.683 según el texto dado por la ley 25.239, de forzosa y necesaria aplicación a las facultades de este Tribunal en materia aduanera (art. 1163 del C.A.), con lo que queda sin efecto el texto de dicho art. 1163 dado por el decreto 1684/93 (sobre los fundamentos de este criterio ver los votos de la mayoría -en cuanto al referido aspecto- en la sentencia de la Sala E de este TFN en la causa 10.694-A "Molinos Rio de La Plata", del 16.11.2000).

XI. Por todo lo expuesto, voto por:

1.- Declarar abstracta y sin efectos la declaración del art. 1º de la parte resolutiva de la Disposición Nº 1487/06 del administrador de la aduana de Paso de los Libres dictada en la Actuación SIGEA Nº 12.314-2619-2006 (inicialmente expte. EA 42 Nº 17.215197), resolución apelada en autos, sólo en orden a la allí expresada extemporaneidad de la impugnación (en realidad deducida el 11.12.97).

2.- Declarar la nulidad de la presentación de fs. 1/2 de las citadas actuaciones administrativas, ello confirmándose lo determinado al respecto en los considerandos de la aludida resolución apelada.

3.- Confirmar -por lo expresado en el punto 2. precedente- el aludido punto 1º de la resolución apelada en orden al rechazo de la aludida y allí referida impugnación (presentación de fs. 1/2 de las citadas act. adm.).

4.- Declarar formalmente improcedente el recurso de autos en orden a la introducción del planteo de prescripción que efectúa la actora en dicho recurso.

5.- Declarar formalmente procedente la exigencia formulada en el punto 2º de la parte resolutiva de la resolución apelada.

6.- Lo que se dispone en los puntos 4. y 5. precedentes es sin perjuicio del derecho de la actora a plantear sus agravios por la vía administrativa que corresponda y, así y por ello, se dispone remitir el recurso de autos y las act. adm., al organismo aduanero para que allí se sustancie y considere la pretensión de la actora por la vía administrativa que se entienda corresponda (ello con la aclaración y/o la salvedad de que -por haber quedado firmes los cargos en cuestión- esa vía no podrá ser la vía del procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a. del C.A.).

El doctor Krause Murguiondo dijo:

I. Que corresponde que me remita a la relación de los hechos del voto del doctor Sarli.

II. Que a juicio del suscripto corresponde confirmar lo resuelto en el art. 1º) de la parte resolutiva de la Disposición Nº 1487/06.

Que en el sentido indicado no comparto la mención del art. 40 del Reglamento de la LNPA, contenida en el voto precedente, para considerar tempestivo el recurso de impugnación de fs. 1/2 del expte. administrativo, habida cuenta que ningún agravio se introduce al respecto en el recurso, y ello implica un consentimiento respecto de la validez de las notificaciones practicadas, que no puede obviarse, máxime cuando los originales de esas notificaciones no se agregan a la causa.

Que no obstante lo anterior, comparto la argumentación del doctor Sarli que estima que obviando la indicado aplicación de lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de la LNPA la presentación de fs. 1/2 del resultaba extemporánea.

III. Que adhiero a los puntos 4º y 5º de la parte dispositiva del voto del doctor Sarli, y a los fundamentos de esas decisiones.

IV. Que estimo que las presentes actuaciones deben remitirse a la D.G.A. para que considere si en su criterio corresponde otorgar al recurso presentado en autos otra sustanciación en sede administrativa que considere las pretensiones de la actora en este recurso y resuelva su procedencia o improcedencia.

V. Que no comparto lo dispuesto en el punto 2º) de la parte dispositiva del voto del doctor Sarli, y sus fundamentos, por considerar que implican en esta instancia la declaración de una nulidad por la nulidad misma.

Que, por todo lo expuesto, voto por:

1º) Confirmar lo dispuesto en el art. 1º) de la parte resolutiva de la Disposición Nº 1487/06.

2º) Declarar formalmente improcedente el recurso de autos en orden a la introducción del planteo de prescripción que efectúa la actora en dicho recurso.

3º) Declarar formalmente procedente la exigencia formulada en el punto 2º de la parte resolutiva de la resolución apelada.

4º) Remitir a la D.G.A. para que considere si en su criterio corresponde otorgar al recurso presentado en autos otra sustanciación en sede administrativa, que considere las pretensiones de la actora en este recurso y resuelva su procedencia o improcedencia. Ello así sin perjuicio de los planteos que la actora pueda realizar en sede judicial, en caso de que el fisco inicie las acciones de esa naturaleza para el cobro de lo adeudado.

La doctora Musso dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto del doctor Sarli.

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

1.- Declarar abstracta y sin efectos la declaración del art. 1º de la parte resolutiva de la Disposición Nº 1487/06 del administrador de la aduana de Paso de los Libres dictada en la Actuación SIGEA Nº 12.314-2619-2006 (inicialmente expte. EA 42 Nº 17.215/97), resolución apelada en autos, sólo en orden a la allí expresada extemporaneidad de la impugnación (en realidad deducida el 11.12.97).

2.- Declarar la nulidad de la presentación de fs. 1/2 de las citadas actuaciones administrativas, ello confirmándose lo determinado al respecto en los considerandos de la aludida resolución apelada.

3.- Confirmar -por lo expresado en el punto 2. precedente- el aludido punto 1º de la resolución apelada en orden al rechazo de la aludida y allí referida impugnación (presentación de fs. 1/2 de las citadas act. adm.).

4.- Declarar formalmente improcedente el recurso de autos en orden a la introducción del planteo de prescripción que efectúa la actora en dicho recurso.

5.- Declarar formalmente procedente la exigencia formulada en el punto 2º de la parte resolutiva de la resolución apelada.

6. Lo que se dispone en los puntos 4. y 5. precedentes es sin perjuicio del derecho de la actora a plantear sus agravios por la vía administrativa que corresponda y, así y por ello, se dispone remitir el recurso de autos y las ad. adm., al organismo aduanero para que allí se sustancie y considere la pretensión de la actora por la vía administrativa que se entienda corresponda (ello con la aclaración y/o la salvedad de que -por haber quedado firmes los cargos en cuestión- esa vía no podrá ser la vía del procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a. del C.A.). - Jorge Celso Sarli. - Gustavo A. Krause Murguiondo. - Cora Musso.