Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-08


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de marzo del año 2012, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Mario Luis VIVAS y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique FIORDELISI, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., J. I. c/ C., M. I. s/ RENDICION DE CUENTAS" (Expte. N° 64- año 2011) venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciudad (Expte. 250- año 2009), en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Cumple la fundamentación del recurso de apelación los requisitos exigidos por el artículo 268 del CPCC?; SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 118/120?; TERCERA: ¿Son justas las regulaciones de honorarios practicadas a los letrados intervinientes por la parte demandada? y CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

1) Antecedentes y la sentencia.

Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 126 por la parte actora, concedido a fs. 127; el recurso de apelación interpuesto por su derecho por el Dr. D. A. T. a fs. 123 y vta. por considerar baja la regulación de sus honorarios, el cual fue concedido a fs. 125 y por el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 124 por considerar alta la regulación de honorarios practicada a favor de su letrada patrocinante Dra. V. P., el cual se concediera a fs. 125. La parte actora fundó el recurso que se le concediera mediante su presentación de fs. 157/158 vta., cuyo traslado fue contestado por la demandada a fs. 160/161 vta.

La sentencia objeto del recurso en tratamiento rechazó la demanda entablada por J. I. C. contra M. I. C., impuso las costas al actor y reguló los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso.

Para arribar al rechazo de la demanda la sentenciante consideró que la rendición de cuentas es la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. Dejo sentado que este tipo de proceso consta de dos etapas, la primera consiste en establecer si existe o no la obligación de rendir cuentas y la segunda, que procede en caso de que se haya reconocido tal obligación.

Expone la sentenciante que en autos la parte actora reclama la rendición de cuentas a quien ejerce la explotación comercial de una sociedad de hecho conformada por la demandada y los Sres. O. J. B., M. L. B. y el propio actor. Negada la existencia de tal sociedad como también la obligación de rendir cuentas por parte de la accionada, sostuvo la Sra. Jueza a quo que correspondía al actor acreditar los presupuestos que determinaran la obligación legal por la que ha demandado.

Deja constancia la magistrada del inferior que el actor acompaña dos contratos de cesión de acciones pero se advierte que ninguno de ellos fueron celebrados por la demandada y con respecto a ésta se acompañaron copias simples de un contrato que ella habría celebrado previamente, lo cual nada prueba dado que las fotocopias no autenticadas carecen de fuerza probatoria.

Se ha plasmado en la sentencia que los contratos presentados (fs. 12/13 y 16/18) se refieren a cesión de acciones y establecen efectos entre los celebrantes pero no resultan suficientes para acreditar la existencia de la sociedad de hecho con la demandada que invoca en actor y menos para derivar de ellos la obligación de rendir cuentas que reclama.

Teniendo en cuenta que conforme el art. 25 de la Ley 19.550 -dice la magistrada a quo- la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba, el actor no ha incorporado otros elementos de prueba tendientes a confirmar la existencia de la sociedad de hecho invocada.

Tuvo en cuenta también la sentenciante que, conforme el informe municipal, la demandada es la única titular de la habilitación municipal de la concesión denominada V. P. y ella tributa el impuesto sobre los Ingresos Brutos por el citado emprendimiento.

Por último dejó sentado que por aplicación del art. 381 del ritual incumbe a cada parte acreditar los presupuestos de hecho de la norma que invoca, como imperativo de su propio interés, por lo que no habiendo la actora acreditado la existencia de negocio o vinculación con la demandada de la que derive la obligación de rendir cuentas que reclama, corresponde rechazar la demanda.

2) Los agravios de la parte actora.

Agravia al actor que se haya rechazado la demanda por considerar la sentencia que no se acreditaron los presupuestos necesarios que determinen la necesidad de rendir cuentas.

Según su queja lo resuelto por la Sra. Jueza a quo es contrario a derecho y a la prueba rendida en autos, la cual no ha sido valorada en legal forma por la sentenciante.

Menciona luego que su parte acompañó instrumentos privados con firmas certificadas por Escribano y la copia del instrumento de cesión suscripto entre el Sr. R. y la demandada. Del análisis de la documental referida, según el agraviado, surge con evidencia que el presupuesto de hecho invocado por su parte ha sido probado contundentemente.

Argumenta que la accionada se limitó a negar los hechos y la documental, pero que no aportó prueba alguna y que dicha parte fue intimada a acompañar la documental en su poder, entre la que se encuentra el original del contrato de cesión entre la Sra. C. y el Sr. R. J. R. y dicha carga procesal fue incumplida totalmente, por lo que debió la a quo aplicar la presunción en su contra establecida por el CPCC, lo que no hizo.

Sostiene que resulta verosímil la existencia de la cesión original por la copia que su parte ha acompañado y por las restantes cesiones acreditadas. Es por ello que -según su postura- el fallo es contrario a derecho, al no haber aplicado la presunción que prevé el Código Procesal.

Más adelante argumenta que la demandada se limitó a negar todo, pero nada aportó en sustento de su postura, ni redarguyó de falsedad los instrumentos acompañados cuyas firmas están certificadas notarialmente.

Finaliza su queja sosteniendo que su parte desplegó actividad probatoria suficiente para acreditar la existencia de la sociedad sobre la que pesaba la obligación de rendir cuentas por parte de la accionada, en tanto que la contraria omitió aportar prueba alguna y además no acompañó la documental en su poder cuya existencia era verosímil, por lo que la a quo debió aplicar la presunción en su contra y no lo hizo, lo cual descalifica por completo la sentencia.

3 Tratamiento de los agravios de la parte actora.

3.1) Resolución contraria a derecho y a la prueba no valorada en legal forma.

Este agravio constituye sólo un enunciado del apelante. Y digo esto porque luego de una afirmación de esta naturaleza, el agraviado debe demostrar a la Alzada porqué la resolución de la a quo es contraria a derecho y a las pruebas de autos y acreditar o explicar porqué éstas no han sido valoradas en forma legal al sentenciar. Esta carga a cumplimentarse en la expresión de agravios (arg. art. 268 CPCC) no ha sido satisfecha por el recurrente, con lo cual la queja es sólo un enunciado y una demostración de disconformidad con lo resuelto, pero no constituye un agravio.

3.2) La documentación presentada por la parte actora.

Según el agraviado presentó en autos instrumentos privados con firmas certificadas por Escribano. Advierto que ninguno de estos instrumentos están suscriptos por la demandada.

Agrega luego que presentó "copia" de un instrumento de cesión celebrado entre el Sr. R. y la demandada. Tengo presente en este caso que el referido instrumento se trata de una "copia simple" (fotocopia) la cual fue oportunamente negada por la demandada en cuanto a su existencia y legitimidad.

En base a esta documentación el actor afirma que el presupuesto de hecho invocado por su parte ha sido probado contundentemente. En este caso, debió el quejoso también demostrar a esta Alzada cómo es que ha demostrado en forma contundente los presupuestos de hecho que avalan su postura en el proceso (conf. art. 268 CPCC). No lo ha hecho. Por lo tanto, no hay agravio para ser considerado.

3.3) La accionada se limitó a negar los hechos y la documental sin aportar prueba.

Aquí el quejoso hace referencia a cual fue la postura asumida por la demandada en el proceso, por lo que tampoco estamos en presencia técnicamente de un "agravio".

Remarca que la demandada fue intimada a acompañar la documental en su poder (el original del contrato de cesión celebrado con el Sr. R.) y que dicha carga no fue cumplida, por lo que debió la a quo hacer lugar a la presunción que establece el CPCC.

Encuentro aquí otro vacío en la queja debido a que el supuesto instrumento (contrato de cesión) al que hace referencia el actor fue oportunamente negado en cuanto a su existencia y celebración por parte de la demandada (ver su presentación de fs. 47), por lo que no se advierte en base a qué prueba debió la jueza a quo hacer jugar la presunción que establece el art. 392 del ritual dado que el quejoso no lo dice.

3.4) La verosimilitud de la existencia de la cesión original.

Continúa la queja afirmando el actor que resulta verosímil la existencia de la cesión original por la copia que su parte ha acompañado y por las restantes cesiones acreditadas y que por ello el fallo es contrario a derecho ya que no aplicó la presunción legal.

Hay aquí una reiteración de argumentos anteriores que adolecen, obviamente, de las mismas carencias en cuanto a su consideración y evaluación como "agravios".

Debió explicar o demostrar el actor porqué resulta verosímil la existencia del original de un contrato del cual él sólo presentó una "fotocopia simple" que fue en tiempo y forma negada por la contraparte (arg. art. 381 y concs. CPCC) y demostrar también porqué la existencia de dicho contrato resultó acreditada con las restantes cesiones que presentó (las que no están firmadas por la demandada). No ha cumplimentado ninguna de estas cargas procesales.

Por último, la afirmación de que el fallo es contrario a derecho por no haber aplicado la presunción prevista por el Código Procesal, es una apreciación vacía carente de contenido dado que la norma del art. 392 del ritual (a la que evidentemente hace referencia la queja) dice muy claramente que ".Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlos constituirá una presunción en su contra". O sea, es muy claro que para que juegue la "presunción" debió aquí demostrar el actor que en base a sus probanzas producidas en el proceso surge la verosimilitud sobre la existencia y el contenido del documento cuya presentación ha requerido. Advierto, una vez más, que el quejoso no ha explicado a esta Alzada cómo ha demostrado la existencia y el contenido del documento en cuestión a fin de que pueda evaluarse su queja.

3.5) La demandada negó todo y no redarguyó de falsos los instrumentos acompañados con firmas certificadas notarialmente.

Realmente no comprendo en qué dirección se apunta con este agravio en miras a conseguir la revocación de la sentencia. La postura de la demandada ya fue referida más de una vez y no constituye agravio.

Con respecto a que la demandada no redarguyó de falsos los instrumentos presentados por el actor cuyas firmas están certificadas notarialmente, no advierto qué relación tiene esto con agraviarse por una sentencia en contra. Tengo en cuenta también que no se presentaron aquí instrumentos públicos sino privados con firmas certificadas notarialmente y ninguna de esas firmas pertenecía a la demandada. No advierto los motivos por los cuales debió la demandada atacar esos instrumentos que no estaban firmados por ella. Esto sin dejar de tener en cuenta que la redargución de falsedad procede con respecto a los instrumentos públicos. El recurrente no dice ni demuestra cuál es la relación entre esta afirmación con lo que debiera constituir un "agravio". Por lo que su intrascendencia es más que evidente.

3.6) Desplegó actividad probatoria suficiente para acreditar la existencia de la sociedad sobre la que pesaba la obligación de rendir cuentas por la accionada.

Finaliza su presentación el apelante afirmando que ha desplegado actividad probatoria suficiente para acreditar la existencia de la sociedad de la cual surge la obligación de rendir cuentas por parte de la accionada. Al hacer esta afirmación debe necesariamente el recurrente demostrar a este Tribunal en qué consistió su actividad probatoria y cómo y de dónde resultó acreditada la existencia de la sociedad y la obligación de rendir cuentas por parte de la accionada (arg. art. 381 CPCC). No lo ha hecho.

Es evidente que se trata de un enunciado más, el cual en modo alguno llega a reunir las condiciones necesarias para ser considerado un "agravio" que merezca ser analizado en esta Instancia.

4) Conclusión.

Del análisis realizado no cabe sino concluir que la presentación en tratamiento y que constituye la fundamentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, no logra reunir los requisitos mínimos y básicos exigidos por la norma del art. 268 del CPCC.

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo "concreto" se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo "razonado" indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. CNCiv., Sala A, 14/02/80, LL 1980-D, p. 180; ídem, Sala B, 13/06/78, ED 80-378; 15/05/79, LL 1978-C, p. 76; ídem, Sala C, 06/05/75, ED 67-206; LL 1976-A, p. 507, sum. 1671; y demás jurisprud. citada en MORELLO-SOSA-BERIZONCE, "Cód.Proc.Civ.Com.", T. III, pág. 351).

La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada.

El apelante debe, por lo tanto, decir con claridad y corrección por qué considera la sentencia injusta, desde que las normas regulatorias del debido proceso que hacen a la esencia de la institución, comportan la necesidad de exhibir los fundamentos de las propias críticas como único medio de hacer posible el contralor jurisdiccional atribuible a la segunda instancia, a través de un juicio de ponderación razonable y no de la simple contraposición de aserciones, cerrado en sí mismo (conf. CNEsp.Civ.Com., Sala III, 07/10/74, LL 1975-D, p.426). Nótese que en ningún momento se dice y demuestra en la fundamentación del recurso por qué considera el recurrente que la sentencia es injusta.

Es que debe repararse que la segunda instancia no es autónoma, ni es reconducción. Es, como norma, dependiente de lo actuado en la instancia inicial, y es revisión de su sentencia, síntesis o conclusión, a cuyo efecto requiere el elemento nuevo: la crítica de los agravios que de la misma resulten. De allí que, si faltan esas argumentaciones, carece el tribunal de la alzada de la materia indispensable para confrontar los argumentos del a quo con los que, de contrario, aduce la parte que se considere afectada y ello, precisamente, constituye la función propia del segundo grado jurisdiccional (conf. CNCiv., Sala A, 08/08/75, LL 1976-D, p. 688, sum. 2260; 24/09/75, JA 1976, v. III, p. 45; LL 1976-D, p. 667, sum. 2257; CNCom., Sala A, 13/08/74, LL, v. 156, p. 809, 31.646-S).

Ha de repararse asimismo, que la apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al juzgador suplir en esa tarea al justiciable por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia. Como corolario de ello, la expresión de agravios sirve para delimitar las atribuciones de la alzada en el conocimiento del recurso, en correlación con el postulado de congruencia, desde que las causas deben decidirse secundum allegata et probata (conf. MORELLO., ob, cit., pág. 353).

De la lectura de la presentación en análisis advierto que estamos ante afirmaciones genéricas, impugnaciones del mismo carácter, un mero desacuerdo con lo resuelto, simples consideraciones subjetivas y disgresiones inconducentes que carecen del debido sustento jurídico, conforme he analizado supra. La carga en cuestión requiere un razonamiento coherente que demuestre el desacierto de la conclusión contenida en la sentencia que se impugna.

Para mí no existe una crítica razonada de los fundamentos que demuestren el error del fallo, dado que falta el necesario desarrollo argumental capaz de cerciorar sobre la pertinencia de lo aseverado y tampoco se ingresa a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, que a su turno desarrolló la Jueza a quo, en forma completa y acertada.

Los requisitos que deben cumplimentarse para la correcta fundamentación y a los que estoy aludiendo, encuentra sólida base en la correlación que existe entre el deber del juez y la carga procesal del justiciable, desde que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte asume la carga de criticarla, no siendo razonable permitirle que reproduzca alegaciones anteriores que, precisamente, fueron replicadas en el fallo. Si se analizan los términos de la demanda y de la expresión de agravios, se advertirá el porqué de mi razonamiento. Y es que uniformemente se ha decidido que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal (conf. CNCiv., Sala D, 18/11/81, LL 1982-C, p. 320; JA, 1982, v. II, p. 509; 09/03/83, LL 1983-C, p. 84).

Lo primero que surge de la fundamentación del recurso es una clara reiteración de los argumentos esbozados en primera instancia y ello en modo alguno es admitido como correcta crítica de la sentencia que permita abrir y tratar el recurso de apelación. Y es así porque el agravio debe demostrarse en el mismo escrito en que se expresa, puesto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Por otra parte, los agravios no pueden limitarse -como aquí ocurre- a señalar una mera discrepancia de criterios o a manifestar simplemente una disconformidad con lo decidido por la a quo, sino que deben alcanzar suficiencia técnica. La meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea, de modo de producir convicción en el tribunal de alzada sobre la sinceridad y autenticidad de los agravios vertidos (conf. CNCiv., Sala D, 19/04/77, LL 1977-C, p.334).

Adviértase que la queja en tratamiento hace simplemente referencia a la prueba documental obrante en el proceso, pero no satisface adecuadamente la carga procesal pertinente. Y no la satisface porque hace esa simple referencia pero no puntualiza equivocaciones en el razonamiento de la Jueza.

Finalmente, debo remarcar que el apelante no explica en ningún momento qué se deriva de sus dichos que tratan de dar fundamento a su apelación y porqué su afirmación constituye un agravio atendible, cuál es la consecuencia para la suerte de este proceso que se afirme tal conclusión o en qué cambiaría la sentencia admitiendo lo que considera su "agravio". No lo dice en absoluto, por lo tanto el recurso carece de fundamentación suficiente, la presentación no se basta a sí misma y deben considerarse consentidas todas las conclusiones de la sentencia (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1962, v. I, págs. 461 y 692; 1969, p. 306).

Por lo tanto, propondré al Acuerdo que se declare desierto el recurso de apelación incoado contra el decisorio en crisis toda vez que la queja desarrollada no constituye una refutación certera, pormenorizada y razonada de la totalidad de los argumentos traídos por la a quo en los términos que exige el art. 268 del ritual, sino que el recurrente -como ya he referido supra- se limita a manifestar su disconformidad con la solución propuesta sin aportar elementos de convicción que permitan modificar el fallo de primera instancia y porque debe evaluarse también que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un fundamento revocatorio serio y sólido de la sentencia que es objeto del recurso, tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores y omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo especificando con toda exactitud cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento, requisitos que en modo alguno cumple la pieza en análisis.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar desierto el recurso concedido a la parte actora (conf. arts. 268, 269 CPCC), confirmando en todas sus partes la sentencia dictada a Fs. 118/120. Así lo voto.

Las costas de esta Instancia.

En cuanto a las costas de esta Instancia y atento el hecho objetivo de la derrota, corresponden sean impuestas a la parte actora que resulta perdidosa en el recurso interpuesto. Con respecto a los honorarios del letrado E. A. F. L., apoderado de la parte actora, y conforme ya es criterio de esta Cámara (SDL N° 03/10), no devenga honorarios el escrito de expresión de agravios que es tenido por insuficiente considerándose su actividad inoficiosa (conf. Ure-Finkelberg, "Honorarios de los Profesionales del Derecho", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2009, pág. 178). Con respecto a los honorarios del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. D. A. T., y por su actuación cumplida en esta Instancia, considero que los mimos deben ser regulados en el 30% del monto que le corresponda por su actuación en Primera Instancia (conf. arts. 3, 5, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la NEGATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

1.

Que las cuestiones fácticas han sido ampliamente referidas por mi colega de primer voto, motivo por el cual no redundaré en ellas, dando por transcriptos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Fiordelisi.

Centraré mi atención, para el sustento individual de mi voto, en el análisis de los aspectos traídos a revisión de esta Cámara.

Adelanto que voy a coincidir con el Sr. Juez preopinante, en orden a que el recurso traído habrá de ser declarado desierto.

Contra la afirmación sentencial que señala que la actora no ha acreditado la existencia del negocio o su vinculación con la demandada de la que derive rendición de cuentas alguna, se alza la recurrente.

En abono de su posición y de la injusticia del decisorio, sostiene que su parte acompañó instrumentos privados certificados notarialmente, complementado con una copia del instrumento de cesión suscripto entre las partes.

Coincido con mi colega del primer voto en el sentido que las afirmaciones de la apelante constituyen una mera discrepancia con los fundamentos del pronunciamiento en crisis.

Digo ello, pues dicha sentencia hace notar que los contratos que contienen firmas certificadas no han sido suscriptos por las partes de autos, y agrega que el documento antecedente que apunta la actora, consta en copia simple, no pudiendo ser merituado como prueba.

Contra tal afirmación nada agrega la quejosa, limitándose, sin fundamento fáctico ni jurídico a señalar que, "conforme a la sana crítica de la totalidad de la documental referida, surge con evidencia que el presupuesto de hecho invocado por mi parte ha sido probado contundentemente, no pudiendo sostenerse con seriedad la negativa de la demandada de la existencia de tales negocios jurídicos".

Frente a la negativa de la documental, sostiene que debió la sentenciante haber aplicado la presunción en su contra derivada de su falta de presentación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 388, del CPCC (art. 392, de nuestro Código provincial).

En ese sentido, se ha dicho que, con la solución adoptada por el art. 388 del CPCC (art. 392, del CPCC local), y normas afines es en oportunidad del fallo final cuando el juez debe apreciar el alcance de la negativa, pero para que ésta constituya presunción en contra del requerido no bastan los elementos de juicio inicialmente aportados por el interesado en la exhibición, sino que se requiere la producción de otras pruebas corroborantes ( cfr. PALACIO, Lino E - ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial", T° VIII (arts. 360-385), Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 159). Y que yo sepa, no se han acompañado a autos otros elementos que hagan verosímil su existencia. Debe recordársele a la apelante que la carga de la prueba se encontraba a su cargo, de conformidad con el art. 381, del CPCC, acerca de la existencia y contenido del documento.

Por tal razón, esta última crítica al decisorio no resulta ser, ni razonada, ni concreta (art. 268, del CPCC).

En el segundo aspecto de la queja, la apelante pareciera pretender, haciendo gala de una posición muy particular, brindar una versión innovadora sobre el régimen de la carga de la prueba vigente en nuestro ordenamiento jurídico procesal.

Señala al respecto que "...la sentencia ha puesto únicamente en cabeza de esta parte" la carga de la prueba; "...el hecho de haberse limitado a negar los hechos como única defensa de la demandada, no releva a la misma de arrimar al proceso pruebas que desvirtúen la procedencia de la pretensión del accionante...".

Contrariamente a lo señalado por la quejosa, la prueba no incumbe indiscriminadamente a ambas partes, sino que se encuentra distribuida entre ellas en forma correlativa al interés que procuran satisfacer. Esta aseveración, responde al principio que indica que "el interés es la medida de la acción".

Concluir de otra manera significaría promover una acción y exigir de la contraparte que cargue con la prueba que hace al derecho del contendiente.

El principio dispositivo ritual que emana del art. 381 del CPCC, pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

La manda procesal es clara: "incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido...". Pretender variar el sentido de tan claro precepto legal significa buscarle la quinta pata al gato.

La parte actora, quien pretendía acreditar la existencia de un contrato, debió, en todo caso, acudir al amplio espectro que le ofrece el art. 1190, del Cód. Civil, y, eventualmente, a las disposiciones del art. 1191 del mismo Código. No advierto que lo haya plasmado en autos.

Por esa razón, soy de la idea que su crítica no es razonada ni concreta pues se embate contra el decisorio a partir de un razonamiento carente de lógica jurídica.

Coincido en señalar que las impugnaciones que trae la actora a consideración de la Cámara son de una indisimulable precariedad, sin alcanzar el mínimo de técnica recursiva requerido por el art. 268 del CPCC, dado que las quejas propuestas en calidad de agravios se manifiestan como una mera discrepancia con lo decidido en la anterior instancia.

Es decir, la crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento. Deben refutarse las conclusiones de hecho y derecho en que fundó el "a quo" su decisión, a través de la expresión de las circunstancias fácticas y de las razones jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, "Madariaga Anchorena de Bustos, M. M", 29/05/1985, LA LEY 1985-D LA LEY 1985-D, 574, AR/JUR/979/1985).

Es así entonces que comparto el criterio sustentado por el Sr. Vocal preopinante, correspondiendo declarar desierto el recurso impetrado por la parte actora, ya que de la simple lectura del memorial de agravios surge, en definitiva, que la apelante no formuló crítica alguna al decisorio cuestionado (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Procurar c. Banco de la Provincia de Buenos Aires, 14/06/2010, La Ley Online, AR/JUR/39257/2010).

Por tales razones, no habiendo cumplido la expresión de agravios del actor con los recaudos del art. 268, del CPCC, el recurso debe ser declarado desierto.

2.

Las costas de esta Instancia, en atención al modo en que se resuelve la presente cuestión, deben ser impuestas a la parte actora ( art. 69, 11ª. Parte del CPCC).

Tiene dicho este Tribunal que en supuestos como el presente, no corresponde regulación de honorarios de ningún tipo a los letrados que no hubieren salvado el obstáculo del art. 268, CPCC, pues su tarea ha sido inoficiosa (cfr. ZARATE; CAPM 47/11, entre otros).

Sin embargo, habiendo contestado el traslado a fs. 160/161, corresponde regular el honorario por su labor en esta Alzada del Dr. D. A. T. en el 30% de lo que le corresponde en la Primera Instancia. Ello, atendiendo las pautas de los arts. 5,6,13 y cc. de la ley arancelaria.

Por tales razones, voto por la NEGATIVA A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

En atención a la forma que he propuesto para resolver la primera cuestión, el tratamiento de la segunda cuestión deviene abstracta.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Atento el modo en que se resuelve la cuestión anterior, también considero que la presente deviene en abstracta.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Ha interpuesto recurso de apelación el Dr. D. A. T. por derecho propio, considerando exiguos los honorarios que le fueran regulados en la sentencia de Primera Instancia. Los mismos fueron regulados en forma conjunta con la Dra. V. P. en la suma de $900.- (Novecientos Pesos).

Esgrime el recurrente que la retribución fijada por la Sra. Jueza a quo no cubre la labor cumplida ni respeta el mínimo legal que le corresponde. De allí el fundamento de su petición.

Teniendo en cuenta el tipo de proceso, su naturaleza, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesional desarrollada y las pautas fijadas por el artículo 7 de la Ley XIII N° 4 y su modificatoria, considero que la regulación practicada al recurrente en la instancia de origen es insuficiente. Por lo expuesto considero que debe dejarse sin efecto la misma y regular los honorarios del Dr. D. A. T. por su intervención en Primera Instancia, como letrado patrocinante de la parte demandada, en 25 (Veinticinco) JUS (conf. arts. 3,5, 6, 6 bis, 7, 38, 46 y concs. de la ley arancelaria), con más el I.V.A. si correspondiere.

Asimismo, interpuso recurso de apelación la parte demandada por considerar elevados los honorarios regulados a su letrada patrocinante Dra. V. P. atento la labor desarrollada en el proceso, solicitando su reducción por la Alzada.

Evaluando las tareas cumplidas por la mencionada letrada y las pautas que fija la ley arancelaria aplicable, en realidad no encuentro mérito para considerar elevado el monto que se le fijara como retribución en la instancia de origen, de allí que proponga al Acuerdo su confirmación conforme los postulados aplicables de la ley de aranceles ya referidos supra.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, vota PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

En atención a lo dispuesto por los arts. 5,6,7,9 y cc .de la ley arancelaria, y al mérito, desarrollo, extensión de las tareas desplegadas y resultado obtenido por el Dr. D. A. T., he de compartir el criterio del Dr. Fiordelisi en el modo en que regula sus honorarios de la Instancia anterior.

Igual postura adoptaré respecto de lo propuesto para la Dra. V. P. respecto de quien no advierto mérito para reducirlos, atento las razones expuestas más arriba.

Por tal razón, voto PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.

A LA CUARTA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

De ser compartido mi voto por los colegas de esta Excma. Cámara, el pronunciamiento que correspondería dictar es el siguiente:

1) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación concedido a la parte actora (conf. arts. 268, 269, del CPCC).

2) IMPONER las costas de la Alzada a la parte actora que resulta perdidosa en el recurso interpuesto (art. 69 CPCC).

3) NO REGULAR honorarios al letrado apoderado de la parte actora, Dr. E. A. F. L., por su labor en la Alzada, atento resultar inoficiosa su participación recursiva.

4) REGULAR los honorarios del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. D. A. T., por su intervención en la Alzada, en el 30% del monto que le corresponda por su actuación en Primera Instancia (conf. arts. 3, 5, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

5) DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento de la segunda cuestión propuesta al Acuerdo.

6) DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. D. A. T. por su actuación en Primera Instancia, fijándose los mismos, como letrado patrocinante de la parte demandada, en 25 (Veinticinco) JUS (conf. arts. 3,5, 6, 6 bis, 7, 38, 46 y concs. de la ley arancelaria), con más el I.V.A. si correspondiere.

7) CONFIRMAR la regulación de honorarios practicada a favor de la Dra. V. P., letrada patrocinante de la parte demandada, por su labor desempeñada en Primera Instancia.

8) De forma.

A LA CUARTA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Que en orden a lo expuesto precedentemente, corresponde que el pronunciamiento a dictarse sea el propuesto por mi colega de Cámara.

Así lo voto Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría, pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de marzo de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación concedido a la parte actora (conf. arts. 268, 269, del CPCC).

2) IMPONER las costas de la Alzada a la parte actora que resulta perdidosa en el recurso interpuesto (art. 69 CPCC).

3) NO REGULAR honorarios al letrado apoderado de la parte actora, Dr. E. A. F. L., por su labor en la Alzada, atento resultar inoficiosa su participación recursiva.

4) REGULAR los honorarios del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. D. A. T., por su intervención en la Alzada, en el 30% del monto que le corresponda por su actuación en Primera Instancia (conf. arts. 3, 5, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

5) DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento de la segunda cuestión propuesta al Acuerdo.

6) DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. D. A. T. por su actuación en Primera Instancia, fijándose los mismos, como letrado patrocinante de la parte demandada, en 25 (Veinticinco) JUS (conf. arts. 3,5, 6, 6 bis, 7, 38, 46 y concs. de la ley arancelaria), con más el I.V.A. si correspondiere.

7) CONFIRMAR la regulación de honorarios practicada a favor de la Dra. V. P., letrada patrocinante de la parte demandada, por su labor desempeñada en Primera Instancia.

8) REGISTRESE, NOTIQUESE y DEVUELVASE.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC. CONSTE.