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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, juicio, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bondino, Alejandro y otro c/ Ferry, Sidney y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio   ordinario (Expte. CSJ Nº 536-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-29

La obligación de oblar el depósito previo (artículo 8 de la ley 7055), como requisito de admisibilidad del recurso directo ante la Corte, no lesiona garantías de raigambre constitucional. No deben olvidarse, además, los motivos que inspiran la exigencia de ese recaudo y el destino de esos fondos (devolución) en caso de ser admitida la queja. Dicha obligación, por otro lado, no reconoce otras excepciones que las expresamente contenidas en la ley. Con tal inteligencia no cabe hacer lugar a la eximición de la tasa de justicia solicitada por el recurrente fundada en su actual estado económico -cercano a la cesación de pagos-, lo que a su entender implicaría una lesión a un interés jurídicamente actual, desde que la ley 7055 exime del depósito a quienes estén exentos de abonar la tasa de justicia, y la situación alegada amén de no haber sido debidamente acreditada, no se encuentra contemplada entre las excepciones que admite el Código Fiscal.
Quiebra, liquidación y distribución, concurso especial, subasta, facultades del juez, designación de martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA MARTONA  S.A. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-08

En caso de venta judicial de un inmueble hipotecado, en una quiebra, la convención que permite fijar la base, al igual que la relativa a la designación de martillero, no integra los derechos sustanciales propios de la garantía real, consistentes en el ius preferendi y en el ius persequendi, por lo que no corresponde tal atribución al acreedor hipotecario; ese acuerdo no se diferencia del que pueden celebrar las partes en una relación contractual no garantizada, y ésta última cede frente a disposiciones concursales:

con mayor razón será así encontrándose en juego facultades expresamente otorgadas al juez concursal por la LC: 202 y 285.
Sindicatos, Policía Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

El hecho de que la organización de las fuerzas de seguridad sea jerárquica y vertical no resulta un factor inhibitorio de la sindicación ni contradictorio con la deliberación democrática y participativa que debe preceder las decisiones y guiar la acción gremial, en primer lugar, porque la jerarquía es propia de toda organización burocrática, sea esta militar, de seguridad o de otro tipo, y, en segundo lugar, porque la deliberación democrática interna en materia gremial no impide que el resultado de esa deliberación se vea plasmado en reivindicaciones unificadas, tal como es práctica en la realidad del mundo del trabajo (Disidencia del Dr. Horacio Rosatti).
Sociedad anónima, domicilio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontana R.y otro c/ Fontana Héctor S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

Tal como tiene dicho la Corte Suprema, cuando se habla de domicilio comercial debe entenderse sede social (ED 6-425), la cual debe mencionarse en el instrumento constitutivo de la sociedad (art.11, inc.2, ley 19550), además de informarse al Registro y a los terceros mediante edicto (art.9 y 10 texto conforme ley 21.357 de la citada ley). De acuerdo a lo establecido en el art.7 del Decreto Ley 2.293 /71 todo cambio que se haga respecto del mismo debe ser informado en el plazo de tres (3) días a la Inspección General de Justicia, ya que mientras ello no ocurra subsiste el domicilio legal anterior.

Tal como establece el inc.3 del art.90 del Cód.Civil, aplicable a las sociedades anónimas ése es el "lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contra" que constituye el domicilio de una sociedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Carrara, Angel Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la errónea aplicación del art. 166 inc. 2º del Código Penal, pero no se mencionan como conculcadas las normas referidas a los medios probatorios mediante los cuales la Cámara tuvo por acreditada la aptitud y la identidad del arma utilizada en los hechos en cuestión.
Caducidad, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Faramcéuticos del Chaco c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-29

Debe rechazarse las defensas de falta de agotamiento de la instancia administrativa previa y caducidad de la acción promovida ya que, teniendo en cuenta los términos de la demanda, su contestación y demás constancias de la causa, la entidad pública previsional no ha resuelto en forma expresa los reclamos administrativos deducidos por la parte actora, y que por otra parte la demandada se opone a las pretensiones de la accionante por razones de fondo, por lo que resulta evidente que tal recaudo se convierte en un ritualismo inoperante. Al caso resulta de aplicación la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia en causa que guarda analogía a la presente, en la que dijo: en estas condiciones, la conclusión del a -quo de considerar que se había operado el plazo de caducidad frente al silencio del Instituto de Previsión, constituye una decisión de injustificado rigor formal y comporta una inteligencia de las reglas aplicables contraria al principio in dubio pro-actione, rector en la materia y destacado reiteradamente por esta Corte.
Injurias, retractación, simple explicación
Materia: PENAL
Carátula: MOYANO, Hugo A.. Causa 29.708
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El Tribunal reitera su doctrina en el sentido que "...el acto simplemente explicativo del proceder o de la intención del culpable puede valer como explicación satisfactoria de la ofensa equívoca o encubierta, pero no es un acto de arrepentimiento activo...."
Recurso de casación penal, prescripción de la acción penal, resolución denegatoria, resoluciones equiparables a definitiva, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, Guillermo Estanislao. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-11

Las decisiones que rechazan la defensa de prescripción pueden ser equiparadas a definitiva en sus efectos, en la medida en que cabe presumir que hasta la sentencia final puede transcurrir un lapso tan prolongado que, por si solo, irrogue al procesado un perjuicio que no podrá ser ulteriormente reparado (*).

Por ello, y en virtud de lo establecido por el art. 457 de la ley ritual, debe concederse el recurso de casación interpuesto.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: C. D. V. c/ O. A. M. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23

Esencialmente la llamada doctrina de los actos propios, que en realidad constituye una inadmisibilidad o veda de ir contra los propios actos, constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad reconocida al sujeto que luego pretende variar de comportamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso penal, instrucción, plazo, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P, C. D. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Defraudación por retención indebida (Expte. CSJ Nro. 158-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro". Este ha sido el lineamiento seguido por el Tribunal a quo en torno a la exégesis del artículo 208 del Código Procesal Penal, el que el compareciente no ha demostrado que resulte absurdo, ilógico o irrazonable, de modo tal, que de lugar a la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
Huelga, empleados públicos, sanciones disciplinarias, remuneración, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: MAGHDSICK, WALDEMAR HERIBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 121-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

El recurrente que adhirió a la huelga por un motivo distinto del dispuesto por las autoridades sindicales, realizó un mero acto individual, no siendo del caso analizar entonces la legitimidad de su conducta, ni corresponde pronunciarse acerca de si la demora en el pago de los sueldos de los empleados públicos legitima una huelga En el caso, el Sindicato de Trabajadores Municipales dispuso una huelga, siendo el motivo el rechazo a la vigencia de la ley 9531 Ampliación de fundamentos del Dr Iribarren.
Prueba pericial, dictamen pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Galarza, Ramón c/ Aspitarte y Cia. y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Laboral- Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-16

Si bien es aceptado el criterio generalizado que el sentenciante debe valorar criteriosamente la Pericia Médica, como en este caso, a fin de fundamentar su Fallo, también es cierto que la no impugnación de la misma significa un tipo de aceptación del dictámen Médico.
Intereses, tasas de interés, convertibilidad, intereses convencionales, recurso de revisión (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, LINDA c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES  S.A. s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

Si bien, en principio, el pago de intereses resulta válido, éste puede tornarse ilegítimo cuando por su elevado monto ofende a la moral y a las buenas costumbres, supuesto en que se anula parcialmente por usurario, debiendo realizarse la interpretación conforme al cciv 953. Así luego de la sanción de la ley 23928 se ha producido una brusca desaceleración del proceso inflacionario por lo que la persistencia de una tasa del 16% mensual -pactada- exige la revisión del pacto, aún cuando el deudor se encontrare en mora.
Prueba, prueba compuesta, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: BONELLO, ESTELA c/ MEDICA, ANA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La prueba compuesta se configura cuando ninguna de las ofrecidas es por sí suficiente para tener por acreditados los hechos, pero reunidas llevan la certidumbre el ánimo del Juzgador.
Facultades del juez, graduación de la pena, recurso de casación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MUÑOZ, FERNANDO RODOLFO S/  TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO REAL CON PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL",Expte. Nº M-505/05/TSJ). s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-07-17

Salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad o irracionalidad manifiesta, el monto de la pena no puede ser revisado en sede casatoria por tratarse de una cuestión privativa de los jueces de mérito, a menos que se demuestre absurdo en la fijación de los hechos a los que se atribuye la condición de atenuantes o agravantes, o que ellos no posean aptitud para inferir de los mismos criterios que puedan incidir en la cuantificación de la pena, extremos que no se consolidan en la presente causa. Estando presente la fundamentación del monto punitivo en la sentencia atacada, corresponde el rechazo del recurso de casación.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, rechazo de la demanda, prescripción adquisitiva, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Zelarayan, Oscar Enrique c/ Estado Nacional Argentino s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Procede admitir el recurso de la demandada y revocar la sentencia apelada, debido a que no obran en la causa suficientes elementos de prueba que demuestren fehacientemente, por diversos medios y en forma coincidente, la posesión efectiva, pública, pacífica, ininterrumpida y no equívoca del inmueble cuya usucapión se pretende por el actor y con el ánimo necesario al efecto, durante todo el lapso previsto por el art. 4015 del Código Civil. En este tipo de pleitos, la prueba tiene que ser plena e indubitable, demostrativa y no dejar ninguna clase de duda de que están cumplidos todos los requisitos de la ley para poder adquirir por prescripción. A mayor abundamiento corresponde señalar que, a los fines de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, resulta necesario que el reclamante acredite fehacientemente haber entrado en la posesión de la cosa, realizando actos de naturaleza de los señalados por el art. 2373 del Código Civil, y que se mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por el medio previsto en los arts. 2524, inc. 7°, y 4015 del mismo Código. Al respecto el Alto Tribunal ha señalado que la comprobación de todos estos extremos debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente, dado que la posesión veinteañal constituye un medio excepcional de adquisición del dominio.
Contrato de obra, precio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Bs. As. c/ Rubinstein, Ruben Jorge s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

En la locación de obra, la exigibilidad del pago del precio al comitente, tiene lugar al tiempo de hacerse la entrega de la misma, pues esa es la contraprestación debida por la ejecución de ella y no sería justo obligar al locatario a pagar la obra sin que le sea entregada (arts. 1197, 1496, 1623, 1636 del Código Civil), quedando siempre a salvo la estipulación que al respecto las partes hayan convenido (art. 1636 cit.). Así entonces como regla, el precio que corresponde al empresario por la obra, que es el objeto de su prestación a la que se obligó por el contrato, se debe sólo cuando, según la naturaleza del acuerdo (pero teniendo en cuenta siempre la regla fundamental contenida en el artículo 1636 del Código Civil) sea exigible y cierto.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler Ursino, Juan c/ Federación Médica de la Pcia. de Bs. As. s/ Otorgamiento arancel diferenciado y daños y perjuicios Iacuso, Miguel Angel c/ Gastien, Horacio s/ Rendición de cuentas y disolución de sociedad y liquidación Correa de Vella, Marta Ursula c/ Compañía de Transportes La Argentina S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Dobal, Mario Alberto y otra c/ Castro, Daniel s/ Daños y perjuicios Lozano, Raúl F. y ot. c/ Autoplat S.A.C.I. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04|1988-05-03|1993-12-28|1991-12-03|1990-10-09

La violación al principio procesal que regula la carga de la prueba sólo se produce cuando el sentenciante invierte irregularmente el onus probandi (art. 375, C.P.C.).
Nulidad procesal, acusación fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GULIAS, ALEJANDRO s/ INFRACCION ART. 292 Y 255
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

Aún cuando no medie recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de apelación, el tribunal de alzada se encuentra habilitado para decretarla de oficio, cuando se violenten formas esenciales de procedimiento. Ello ocurre respecto de la acusación fiscal cuando no contiene una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se estimasen probados. Se confunden por completo los eventos investigados, se cita indiscriminadamente la prueba en la que no se determina que elementos son los que acreditan tal aseveración. No se define el número de hechos por los que se acusa. No se los individualiza mediante una adecuada descripción, ni por cuales debe responder cada uno de los involucrados. Es que la acusación debe resultar autosuficiente pues es un acto esencial en el proceso y debe bastarse a si misma, de lo contrario infringe las formas sustanciales prescriptas por la normativa procesal e impide a la defensa conocer e individualizar las imputaciones.
Mandato especial, poder general
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIOS REYNA LETICIA c/ A.S.P.A.D.I Y/U OTROS s/ NULIDAD Y/O REAJUSTE EQUITATIVO DE CONVENIO, ETC.- CASACION  CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-21

La exigencia de presentación de poder especial con fundamento en lo prescripto por el artículo 1881 del C. Civil, se suple con la inclusión de la cláusula facultativa en un poder general.
Acción penal, prescripción, suspensión del proceso judicial, proceso penal, antejuicio, Poder Judicial, jueces, destitución
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., V. H. s/ Prescripcion de la accion penal en autos "p., h. m. s/ sus lesiones  (Expte Nº 16-00, Resolución Nº  34, Tomo 10, Folio 33)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-12

El término de la prescripción de la acción penal no siempre tiene libre curso desde el momento en que se ha cometido un delito, sino que, entre otros casos debe suspenderse cuando por disposición de la ley no puede proseguirse el procedimiento hasta tanto se produzca la destitución del magistrado imputado, único caso en que la norma legal dispone que el juez "ordenará la formación del proceso" tal como expresamente consigna el art. 314 del digesto adjetivo. En definitiva, se trata de la aplicación del antiguo adagio latino "contra non valentem agere non currit prescriptio". En virtud de este razonamiento carece de relevancia el argumento del impugnante acerca de que no se recepcionó declaración indagatoria al justiciable tanto porque efectivamente tuvo oportunidad de dar las explicaciones pertinentes en el marco de la calidad de imputado prevista en el art. 68 de Código Procesal Penal, como porque aunque se hubiera formalizado aquel acto, igualmente se habría producido la causal suspensiva del curso de la prescripción.
Apremios ilegales, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Elizabeth Grosso y otros s/ Apremios ilegales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

Corresponde condenar a los oficiales de la policía provincial imputados en orden a los delitos de apremios ilegales y tortura, por cuanto se acreditó que en el interior de la comisaría en la que prestaban servicios, tras una discusión entre los internos, ingresaron a dos calabozos y colocaron a todos los detenidos desnudos en fila contra la pared, y dos de ellos aplicaron cachetazos y cachiporrazos en nuca, brazos y espalda de los internos, mientras que el resto de los numerarios que actuaban en la requisa participaron en dichos apremios en forma conjunta contribuyendo en mantener reducidos y bajo su control a los detenidos mientras eran castigados, neutralizando toda posible resistencia, ejerciendo en consecuencia entre todos, el pleno control funcional de la situación. Asimismo se acreditó que a pocas horas del suceso, cuando los calabozos fueron incendiados por los menores, procedieron a desalojarlos continuando con igual accionar violento, y los golpes, maltratos y castigos físicos aplicados en el contexto y situación reinante y hacia menores ("niños", en términos de la Convención sobre los derechos del Niño, artículo 1°) que se hallaban con graves quemaduras, tanto que a la postre algunos de ellos fallecieron, contienen un plus que inexorablemente conduce -en esos supuestos- a que sean encuadrados como tortura, en los términos del art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Agentes de la administración pública, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., S. R. c/ Ministerio de Salud Pública de Salta; U., P. E. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-15

Los aspectos relacionados con la política administrativa y la ponderación de las aptitudes de los agentes públicos, constituye una facultad propia del poder administrador, que no resulta susceptible de ser revisada por los jueces sino en caso de manifiesta irrazonabilidad, en tanto las disposiciones que las instituyen son valederas en la medida que no obedezcan a propósito de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva, aunque su fundamento sea opinable.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: MENDIETA MIGUEL -NGEL c/ OVEJERO CARLOS GERMAN s/COBRO DE PESOS s/ CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-13

Resulta improcedente el recurso de casación planteado cuando los argumentos invocados por el recurrente sólo exhiben su disconformidad con la interpretación de los hechos y la valoración de los elementos probatorios realizadas por los jueces de la instancia sin dar debido sustento a la alegada arbitrariedad. Dicha labor, no puede ser revisada mientras no afecte la formación lógica de la sentencia, toda vez que, como se viene expresando, no está en la esfera del Máximo Tribunal valorar nuevamente la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de aquellos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia condenatoria, proceso penal, notificación personal, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso deducido por la defensa en la causa Leguiza, David Ezequiel c/  s/ recurso de queja en causa n º 73.369 del Tribunal de Casación Penal -Sala IV-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

La notificación de los defensores oficiales se realizará de forma personal y se instrumentará mediante su firma en el expediente, y no a través del mero ingreso de las actuaciones a la sede de la defensoría. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Michel, Carlos Armando c/ Riveras, Elio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La demanda a que se refiere el art. 3986 del Cód. Civ., es comprensiva de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando expresa su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial, no resultando exigible que la misma haya sido notificada al deudor para otorgarle eficacia interruptiva.
Medidas cautelares, protección de personas, competencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.C.M.P. s/ ART. 482 DEL CÓDIGO PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-08

En atención a lo normado por los artículos 5 inc. 8, 12 y 235 segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es el juez del lugar donde se encuentre el centro de internación el más indicado para adoptar las medidas urgentes necesarias para dar legalidad y controlar las condiciones en que el tratamiento de internación se desarrolla, sin perjuicio de que resuelva declarar su incompetencia, o en su caso, requiera la intervención del juez del domicilio del causante a los fines previstas en el art. 5, inc. 8 segundo párrafo del código de rito. En consecuencia no corresponde que la causa tramite ante la Justicia Nacional en lo Civil- por el domicilio del enfermo en esta ciudad -cuando el lugar de internación es en extraña jurisdicción, en tanto si bien la pretensión inicial fue la internación coactiva de un drogodependiente devino abstracta en razón de que el causante se sometió voluntariamente a la medida, desplazando así la competencia.