Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10


JURISPRUDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION Dahlgren, Jorge Eric c/ Cáceres, Raúl Edgardo y/o A.T.E.CH. s/querella.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1996.

Vistos los autos: "Dahlgren, Jorge Eric c/ Cáceres, Raúl Edgardo y/o A.T.E.CH. s/ querella".

Considerando:

1°) Que la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió anular todo lo actuado y decidido en la causa con respecto a la pretensión penal por injurias y a la acción civil por daños y perjuicios, y archivarla. Contra ese pronunciamiento el querellante interpuso el recurso extraordinario de fs. 245/ 250, que fue concedido a fs. 256/262.

2°) Que para así decidir el tribunal consideró que al haberse acreditado que las expresiones injuriosas habían sido vertidas por el querellado como resultado de su actividad gremial y en su carácter de secretario de Prensa, Difusión y Cultura de A.T.E.CH., se debía anular todo lo actuado pues, al estar aquél bajo el amparo de la ley 1272, modificada por ley 1296 -que prevé una inmunidad penal absoluta de opinión de los dirigentes gremiales- no debieron ejercitarse válidamente ni el poder de acción ni el de jurisdicción.

El a quo agregó que aun cuando aquella ley local establece una inmunidad gremial penal con categoría parlamentaria -y, en consecuencia, constitucionalmente inválida- no podía dejar de aplicarla en razón de la limitación impuesta por el art. 9° de la constitución provincial, en cuanto determina la imposibilidad de invadir de oficio facultades propias de otro poder, y de la inactividad de la parte querellante.

3°) Que los agravios del apelante suscitan cuestión federal para su consideración en la vía intentada, pues aunque remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho procesal, materia ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando la decisión sólo satisface en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación y trasunta un injustificado rigor formal en la apreciación de las constancias de la causa, con agravio de imposible reparación ulterior y con evidente menoscabo de la garantía del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).

4°) Que, en efecto, al sobredimensionar el interés tutelado por el art. 9° de la constitución provincial -aplicable a los supuestos de acción de inconstitucionalidad con efecto erga omnes- y soslayar otros intereses de igual jerarquía, el tribunal permitió que por una ley local -que aplicó de oficio y que está en contradicción con la ley nacional 23.551 y, por lo tanto, viola los arts. 31, 75, inc. 12, y 126 de la Ley Suprema- se consagre una detracción de su función jurisdiccional, no obstante su obligación, por ser cabeza del Poder Judicial provincial, de afirmar y mantener su inviolabilidad y pese a las amplias atribuciones conferidas por el art. 151 de la constitución local para preservar su propia función y su independencia.

5°) Que al haber estructurado su razonamiento sobre la base de aquella premisa irrazonable e impregnada de un excesivo rigor formal en la interpretación del art. 9° citado y del art. 451, inc. 1°, del Código Procesal Penal de la provincia, el a quo concluyó -con fundamentos en una norma que reputó inconstitucional- en abdicar del ejercicio de su función de juzgar la comisión de un supuesto delito. De tal manera, negó al querellante el acceso a la jurisdicción, impidiéndole obtener una decisión final que determine la existencia o inexistencia de injurias, lo que trajo aparejada la violación del debido proceso penal.

6°) Que esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que la garantía constitucional de la defensa en juicio exige que las normas procesales locales que organizan la correcta sustanciación de las causas y la competencia de los tribunales provinciales, sean interpretadas de modo de evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión (Fallos: 315:308), y que las formas instrumentales faciliten el esclarecimiento de los hechos y el logro de la verdad jurídica y no sirvan y se utilicen como obstáculo a la defensa de la libertad y el honor (Fallos: 315:2984). Asimismo se ha decidido que el derecho a la jurisdicción, consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna y expresamente en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, importa la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150, entre otros).

7°) Que, en tales condiciones, frente a los diversos intereses en juego que surgen de las normas a aplicarse en el sub lite, el a quo debió interpretarlas de modo coherente a fin de que armonicen entre ellas y no que, enfrentadas, se destruyan recíprocamente, y de que, además, no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad y los individuos que la forman (confr. doctrina de Fallos: 315:1922). En efecto, la inteligencia que el tribunal ha dado al art. 9° de la constitución provincial, en desmedro de otras normas constitucionales provinciales y nacionales, lo ha llevado a la pérdida de su propia función jurisdiccional y del derecho del querellante a que se administre justicia.

8°) Que, por otro lado, del art. 31 de la Constitución Nacional surge que los magistrados provinciales deben considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan sus constituciones o leyes locales. El fundamento último de esa atribución se halla precisamente en la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia, objetivo que reclama con carácter de necesidad que sus jueces no estén cegados al principio de supremacía constitucional para que tal administración de justicia sea plena y cabalmente eficaz (confr. doctrina Fallos: 308:490 y 311:2478, entre otros).

9°) Que, finalmente, sin necesidad de pronunciarse sobre la validez constitucional de la inmunidad gremial si ella fuese establecida por una ley nacional, resta destacar que la aplicación de la ley penal -cuyo dictado con carácter- uniforme para toda la Nación el art. 75, inc. 12, de la Constitución atribuye al Congreso- sólo puede ser limitada con referencia a las personas, consagrando con carácter permanente un supuesto de irresponsabilidad penal, con el mismo carácter de uniformidad para todo el país. De tal modo, entre las facultades reservadas a las legislaturas provinciales no está la atribución de establecer soluciones diferentes según el lugar del país donde los hechos supuestamente ilícitos hayan sido cometidos.

10) Que, en tales condiciones, corresponde descalificar lo decidido con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, toda vez que en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego y un exceso ritual manifiesto en su interpretación, el a quo ha sustentado su fallo en argumentos sólo aparentes con serio menoscabo de las garantías aseguradas por la Constitución Nacional.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifíquese y remítase.

JULIO S. NAZARENO (en disidencia) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO, DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello se lo declara improcedente. Hágase saber y devuélvase.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.