Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 385/389.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BODE, TELMA VERÓNICA contra TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTROS -ACCIDENTE DE TRABAJO- (EXPTE. 298/15 CUIJ 21-05160906-6) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CÁMARA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05160906-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución N° 462 de fecha 06 de setiembre de 2016 (fs. 277/279) la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por La Caja A.R.T. S.A. contra la sentencia 191 emitida por esa Sala en fecha 25 de abril de 2016 (fs. 256/260v.).

El nuevo examen de admisibilidad -que corresponde a esta Corte efectuar por imperio del artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista-, conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 306/308).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. En lo que aquí resulta de interés, la litis:

Según surge de las constancias de la causa, la actora promovió demanda por accidente de trabajo contra La Caja A.R.T. S.A. y Telecom Argentina S.A. en virtud del siniestro del que derivó la muerte de su esposo en fecha 09.02.2010. Refirió que en fecha 08.02.2010 su esposo -quien se encontraba gozando de licencia anual ordinaria- fue requerido por su superior para prestar servicios en la localidad de Guadalupe Norte y al día siguiente mientras transitaba por la ruta nacional N° 11 sufre un accidente al colisionar con un camión. Agregó que el accidente fue rechazado tanto por la empleadora como por la aseguradora por lo cual accionó judicialmente contra ambas.

Contestada la demanda, las excepciones opuestas, realizada la audiencia del artículo 51, C.P.L., producida la prueba ofrecida y presentados los alegatos de bien probado, mediante sentencia 312 de fecha 11 de junio de 2015 (fs. 193/198) el juez de primera instancia de distrito en lo laboral N° 3 de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad para el caso de los artículos 21, 22 y 46.1 de la ley 24557, la del artículo 17.5. de la ley 26773 y y la del artículo 17 del decreto 472/14 e hizo lugar a la demanda, condenando a La Caja A.R.T. S.A. a abonar una indemnización a los derechohabientes del señor Fernández, liquidadas conforme los parámetros de la ley 26773, así como el pago de la indemnización prevista en el artículo 3 de dicha ley.

Contra dicho pronunciamiento La Caja A.R.T. S.A. interpuso recurso de nulidad y apelación total, que fueron rechazados por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe mediante sentencia 191 de fecha 25.04.2016 (fs. 256/261v.).

2. Contra el referido pronunciamiento, La Caja A.R.T. S.A. interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 264/268v.) en los términos del artículo 1 inciso 3), de la ley 7055 por considerar que el decisorio incurre en arbitrariedad fáctica y normativa al confirmar la sentencia de baja instancia.

En primer término, estima erróneo que los Sentenciantes hayan tenido por acreditado que el accidente sufrido por el señor Fernandez fue mientras prestaba servicios para Telecom Argentina S.A. cuando en verdad -aduce- surge de las constancias de autos que se encontraba de vacaciones.

En segundo término, alega que la aplicación de la ley 26773 al caso implicó una clara violación al derecho constitucional del debido proceso y defensa en juicio puesto que esa normativa fue introducida por el juez de primera instancia sin que ninguna de las partes lo solicitara, sin que se les corra traslado al respecto para expedirse sobre su aplicación, vulnerando así principios procesales y garantías constitucionales.

Considera, asimismo, que el Tribunal realizó una errónea y arbitraria interpretación de la inteligencia de la ley 26773, contrariando la voluntad del legislador, la división de poderes, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad de su parte y la finalidad que se tuvo con esa ley, cual fue actualizar el sistema reparatorio de contingencias laborales hacia el futuro y no en forma retroactiva.

Al contestar el traslado respectivo (fs. 271/272v.) la actora solicitó su rechazo con costas. El Tribunal a quo concedió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad intentado, al puntualizar que a fin de dilucidar si "...la aseguradora ha articulado una hipótesis que en abstracto pueda encasillarse como un tipo de arbitrariedad que amerite la apertura de la competencia extraordinaria del más Alto Tribunal Provincial... se advierte que el criterio expuesto por ésta Sala respecto de la aplicación temporal de la ley 26773 es distinto al fijado en esta temática por el máximo Tribunal Nacional in re "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (fallo del 07.06.2016), donde resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños provocados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad" (fs. 278v./279).

3. El examen de la materia involucrada en el presente litigio -y dentro de los márgenes en los cuáles ha sido concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido, respecto de la aplicación temporal de la ley 26773-, revela que la cuestión aquí planteada es idéntica a la que fuera objeto de estudio y decisión por esta Corte en Acuerdo de fecha 06 de Junio de 2017 in re "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), resultando de aplicación la doctrina constitucional fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (Fallos:339:781, del 07.06.2016) cuyo acatamiento se impone, por lo que "brevitatis causae" no cabe sino remitir a las consideraciones allí efectuadas, a la luz de las cuales ha de concluirse en la invalidez de la respuesta jurisdiccional proporcionada por el Sentenciante sobre el punto.

En efecto, tal como refiriera este Tribunal in re "Britos", el estado de situación jurisprudencial actual perfilado por el Supremo Tribunal de la Nación sobre la discusión relativa a la aplicación temporal de las disposiciones contenidas en la ley 26773, impone concluir que cualquier hermenéusis que conlleve a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773 carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de precedente "Espósito" (Fallos:339:781).

Ello así, pues los lineamientos trazados en ese fallo hoy pueden considerarse doctrina constitucional consolidada atento su reiteración en numerosos pronunciamientos posteriores donde se descalifican todos aquellos fallos cuya interpretación no se ajuste a los criterios establecidos en "Espósito" a cuyos fundamentos y conclusiones la Corte nacional remite derechamente, en razón de brevedad, aún en casos donde los jueces de la causa habían declarado inconstitucional las pautas normativas de aplicación temporal de la referida ley 26773 y su decreto reglamentario 472/14.

Al respecto, corresponde recordar que los parámetros expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio conforme el tradicional criterio del referido Tribunal respecto de que, no obstante que el mismo sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 116, Const. nac. y 14 de la ley 48; Fallos:212:51).

Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin aportar nuevos argumentos que pudieran justificar el desligamiento de lo resuelto por el Supremo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060).

Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional de la Sala en la temática aquí analizada no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional.

Teniendo en consideración la fecha del fallo "Espósito" (07.06.2016) y la del pronunciamiento emitido por el Tribunal A quo (25.04.2016), las costas de esta instancia han de imponerse en el orden causado al haber implicado la doctrina sentada en "Espósito" un cambio en el criterio jurisprudencial imperante hasta entonces.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, dijo:

Las alegaciones de la recurrente se dirigen centralmente a cuestionar que en la causa se hubiera condenado a su parte según las pautas indemnizatorias establecidas en la ley 26773. Y en el caso los extremos del "sub lite" conducen a la consideración de supuestos asimilables a los analizados y resueltos en la causa "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), a cuyos fundamentos corresponde remitir "brevitatis causae".

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en cuanto ha sido materia de recurso y análisis y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas en el orden causado.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 3 de Santa Fe.