marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Filippin, Gilda Emilia del V. c/ OSEP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-17

En el marco del amparo iniciado por la agente administrativa contra la Obra Social de Empleados Públicos, persiguiendo se deje sin efecto la Resolución que dispone desafectarla, relevarla del cargo que desempeñaba como Jefa de División Farmacia Central y asignarle nuevo destino laboral a la agente, la petición cautelar solicitada, no resulta de recibo conforme a la pacifica jurisprudencia de este Superior Tribunal en el sentido de que las medidas tendientes a suspender los efectos de leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los poderes públicos (Conf.: S.I. Nº223/98; Nº168/99; Nº92/99; 95/00, 234/00, entre muchas otras), por lo que sólo resultan admisibles cuando además de la existencia de los requisitos legales comunes, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta e indudables razones de interés público.

En tal sentido la CSJN ha expresado que: "la presunción de validez de los actos de los poderes públicos impide disponer por la vía de no innovar, la suspensión de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas.....si no se justificare la irreparabilidad del daño" (Conf.: CSJN 210:48; 195:383).- Siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos, corresponde señalar que la justificación en la fundamentación de la medida por parte del accionante de los requisitos propios de la tutela impetrada, no alcanzan a justificar las razones de orden público que justificarían su otorgamiento en este fuero contenciosoadministrativo y la irreparabilidad del daño, omisión que este Tribunal no se encuentra habilitado para remediarla o inferirla ex oficio, por constituir carga del interesado exponerlos en forma clara y precisa, demostrado que no basta para la protección de sus derechos la acción sumarísima del amparo.

Caracterizada per se de brevísimos plazos impuestos tanto al Tribunal como a las partes, aunado al estrecho marco cognoscitivo asignado por la ley adjetiva a esta etapa procesal lo que implicaría alongar el procedimiento más allá de las previsiones normativas. Razones por las que corresponde su rechazo.-
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pistara, Fernando René c/ Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-03-02

Para que una enfermedad pueda ser declarada accidente en los términos de la ley n° 9688 -art. 41-, no es necesario que el trabajo haya sido su causa exclusiva, pues basta que haya existido una relación concausal con las tareas habituales, capaz por sí de provocar, agravar o despertar la dolencia que aqueja al actor y que haya producido su incapacidad para el trabajo.
Proceso penal, facultades jurisdiccionales, homicidio calificado, recurso de inconstitucionalidad, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: R., C. I. N. por homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de N., A. A. c/  s/ recurso de casación con preso - recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-20

El propio tribunal puede modificar la subsunción del caso (arts. 482 y 483 del C.P.P.), para otorgarle la significación jurídica correcta; pero lo que no se puede es sorprender al imputado con un cambio de la calificación que impida desarrollar la defensa eficazmente, utilizando una figura penal novedosa y de la que no existió posibilidad de rebatirla, es decir, cuando se ve afectado el derecho de defensa. Pero nada impide que el tribunal subsuma el caso en la calificación que mejor derecho tienen de ser aplicada; es más, sería incorrecto que no lo hiciera cuando así lo considera, precisamente porque la función jurisdiccional implica, necesariamente, conocer de los hechos y decir el derecho.

En este caso se denuncia, a modo de agravio, la afectación al principio de congruencia, cuando lo que en realidad se cuestiona es el cambio en la subsunción típica que recibió el hecho, y no la base fáctica sobre la que se apoya, porque desde el comienzo del caso la descripción fue la misma; lo que cambió en la sentencia de segunda instancia fue el encuadre típico (ahora agravado), y lo que se debe establecer es si ese cambio en la calificación fue sorpresivo y ha impedido a la defensa ejercer eficazmente su tarea.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, derivación razonada del derecho vigente, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CRISCI, ESTELA ALICIA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Del razonamiento seguido por el A quo no surge que lo resuelto exceda, tal como pretende genéricamente hacer ver la impugnante, los limites propios de los jueces de la causa, al valorar la prueba colectada, la normativa aplicable, lo expuesto por las partes y los hechos tal como se acreditaron, observandose que la Cámara interviniente denegó el acceso a la pensión solicitada por la actora en razón de que el causante no cumplía con lo exigido en el artículo 39 bis de la ley 10727, según el cual se considera aportante regular a los fines del otorgamiento de la pensión al afiliado que hubiere integrado el mínimo de años de aportes exigido como requisito para obtener la jubilación ordinaria, o bien los aportes mínimos anuales por un número de años igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de todos los años con afiliación a la Caja y el mínimo anual de aportes correspondiente al año del inicio de la incapacidad o del fallecimiento, o al de alguno de los tres años inmediatos anteriores al mismo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10727, artículo 39 bis
Honorarios, decretos provinciales, excepción de espera, obligaciones accesorias, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: IBM  ARGENTINA  SA c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-08

Corresponde rechazar la excepción de espera opuesta al reclamo de los estipendios devengados en el proceso principal, con fundamento en las disposiciones de un decreto provincial -2656 del 14.11.01, de emergencia económica y financiera-, toda vez que habiéndose cancelado la deuda principal antes de la entrada en vigencia de dicho decreto, y siendo la deuda ahora reclamada accesoria de aquella, resulta ajena al ordenamiento provincial en cuestión, ya que una recta interpretación de los artículos de aquella norma lleva a concluir que se han excluido de la consolidación a las obligaciones accesorias de las acciones no consolidadas.
Amparo ambiental, rechazo del reclamo, jueces, principio de congruencia, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vecinos de Allen c/ YSUR Energía Argentina S.R.L. y otros s/ acción colectiva ambiental (c) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-01

Una vez rechazado el amparo, todo lo dispuesto a continuación -aparte de ser incongruente- ha sido decidido con ausencia de competencia (art. 166 del CPCC). Es preciso enfatizar que no puede transformarse el proceso judicial en una actuación sin reglas predeterminadas y más aún en temas tan sensibles para con la ciudadanía, arriesgando la jurisdicción del tribunal y con ello la satisfacción de los derechos que se intenta. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, encubrimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Inc.    de  incomp.  promov.  en  la  causa  N  60.982  "Averiguación s/ infracción al decreto-ley 6582/58".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Si el delito de encubrimiento que se vincula con un hecho ilícito cuyo juzgamiento compete a la justicia nacional, se habría llevado a cabo en la provincia, su juzgamiento compete a la justicia federal con jurisdicción en esa localidad.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Darretche, Victor y otro c/ Oroz y Baretta Carlos y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Para poder resolver si el acreedor hipotecario de primer rango tiene derecho a compensar su crédito con el producido de la subasta, antes debe determinarse si no existen terceros con mejor derecho para cobrarse de lo obtenido, ya que de darse dicho supuesto, el ejecutante que adquirió el bien no le quedaría otra salida que depositar las sumas necesarias para satisfacer el derecho de los preferentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cosecha Cooperativa de Seguros Limitada s/ Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-29

En el presente Recurso de Revisión, ninguna posibilidad queda abierta para la actora, ya que del texto de la Carta Documento se desprende que obraba en su poder cuatro meses antes, documentación sobre la situación denunciada en fecha posterior.

Es decir que la entidad del conocimiento de los hechos que reconoce en su Carta Documento abre la instancia, desde ese momento, para la defensa judicial de sus intereses, sin que sea necesario esperar a contar, en ese caso, con la posesión "In manu" de los instrumentos de prueba suficientemente autenticados.

El plazo para interponer el recurso comienza a correr, según la economía de las normas en análisis, desde que se abre la posibilidad fáctica o jurídica, para incoarlo.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro Gabriel Alejandro c/ Tacchella Rubén O. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

Cuando la parte reconoce que no vio un camión con tiempo suficiente para frenar, en orden a la entidad de dicho rodado, permite inferir que no conducía con la suficiente atención para cerciorarse de su presencia, omisión que comporta una conducta imprudente y que como tal impuso también la condición para la causación del hecho, lo que impide hacer actuar en su favor, la eximición de responsabilidad que pretende.
Sucesiones, colación
Materia: CIVIL
Carátula: Serra Capdevila, Aníbal c/ Serra, Guillermo D. y otros s/ Ordinario s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-26

El art. 3476 del CC. sujeta a colación a toda donación hecha por el causante a herederos forzosos, sin distinguir entre bienes propios o gananciales. (En disidencia: Dra. Flores).
Excusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., N. s/ Homicidio en Agresión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-05

El art. 49, inc. 1º del Código Procesal Penal exige expresamente para que proceda el apartamiento, que el juez haya participado (es decir, que haya cumplido funciones propias del Ministerio Público Fiscal) en el mismo proceso en que se juzga su intervención.
Sobreseimiento definitivo, extinción de la acción penal por pago de multa, tipo penal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS, L.E. s/ SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. RECURSO DE APELACION. FISCAL.   PROSTITUCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-26

Causa gravamen al fiscal el sobreseimiento definitivo dictado por extinción de la acción por oblación del máximo de la multa, si lo solicitó por inexistencia de delito, dado que si bien se llega al mismo resultado, la disparidad argumental es importante, puesto que en un caso se trataría de una mera extinción de la punibilidad por cancelación de la misma, es decir, de una causa personal de cancelación de la punibilidad, en tanto que en otro caso sería directamente una atipicidad. Considerando que al Ministerio Público le incumbe el el control de legalidad del acto, debe entenderse que dadas las particulares características del caso, pueden causarle agravio los fundamentos del sobreseimiento definitivo. Se confirmó el sobreseimiento apelado, modificando su motivación, es decir con el fundamento de inexistencia de delito por atipicidad de la conducta, por no existir pena legal prevista, dado -se dijo- que las disposiciones monetarias reducen la pena hasta un extremo de valor ínfimo que no es expresable en moneda legal corriente y con poder cancelatorio.
Seguros, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRUNO, JUAN BAUTISTA c/ TABOLANGO S.R.L. s/ ORDINARIO-INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL DR.  JORGE CARLOS ROCA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-30

El asegurador asume la obligación impuesta por la ley de seguros, Nº. 17418, de mantener indemne al asegurador. Se desprende el art.

110 inc. "a", de la citada ley, que integra la prestación del asegurador el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales efectuados para resistir la pretensión del tercero, respecto de lo cual, sólo cabe la liberación del asegurador, cuando él deposite en pago la suma aseguradora, y el importe de las costas y gastos devengados hasta el momento.
Competencia, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Profesionales de la Agrimensura c/ Director de Catastro de Entre Ríos s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-30

La Resolución Nro. 10 DC del Col. de Profesionales de la agrimensura de E.R. estableció que ante el dictado de la Ley Nro. 9515, modificatoria de la Ley Nro. 8800, no es competencia de ese organismo catastral decidir los alcances interpretativos de las normas jurídicas, elevando en consulta las actuaciones generadas a la Fiscalía de Estado.

La Ley Nro. 9515 modifica el art. 47 de la Ley 8800 de creación del Colegio de Agrimensura, y establece que "ningún organismo del Estado Nacional, Provincial o Municipal dará curso alguno a documentación relacionada con el área profesional o actividad referidos al Colegio de Profesionales". Cabe interrogarse si el Director de Catastro de la Provincia se encuentra legalmente habilitado para no cumplir una norma vigente: la respuesta será negativa, excede ampliamente el marco de competencia de cualquier funcionario disponer per se el no acatamiento de una ley, máxime si sólo se esgrimen divergencias en la interpretación de la misma.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Rojas, Carlos José s/ Ejecución Citibank N.A. c/ Rojas, Carlos José s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-07|1996-11-07

Corresponde decretar la inhabilidad parcial del saldo deudor de cuenta corriente, si de la documentación obrante en el expediente, cuya autenticidad no cuestionó la actora) surge la inclusión en el saldo reclamado de débitos por préstamos personales, lo que infringe los límites impuestos por la comunicación "A" 2329 del BCRA, circ.

OPASI 2-129-REMON 1-719 Publicada en el Boletín Oficial 28.144 del 16/05/95. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Rodrigo, Eduardo Daniel y otros  c/  s/ asociación ilícita, inf. art. 310 -incorporado por ley 26.733, defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2019-09-03

Cabe agregar que esta figura admite su comisión por acción u omisión, y en este último caso será necesario que el actor se encuentre en una especial posición que le exija actuar (habrá de estarse a los sujetos obligados por el art. 20 y ss. de la ley 25.246- modificada por ley 26.683).
Acceso a la información pública, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

En torno a la legitimación pasiva en el ejercicio del derecho de acceso a la información, para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en tal sentido, no solo deben garantizar este derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público, amplitud que supone incluir como sujetos obligados no solamente a los órganos públicos estatales, en todas sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también a empresas del Estado, hospitales, las instituciones privadas o de otra índole que actúan con capacidad estatal o ejercen funciones públicas. -Voto de los jueces Enrique S. Petracchi y Carmen M. Argibay y voto de la jueza Elena I.

Highton de Nolasco-. -Del precedente "Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI-dto 1172/03" (Fallos:335:2393) al que remiten-.
Pago, plazo, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ ELBA c/ CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO s/ Rescisión de Contrato (LIBRO: S071 - 398)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-20

De no haberse fijado plazo determinado, ese vacio lo ocupa el plazo tácito que los jueces deben interpretar en consideración de cada caso. Y debe definirse si al promoverse la demanda, el plazo tácito había razonablemente transcurrido. El mismo ha de resultar de la naturaleza y circunstancias de la obligación.

Es de la índole de ésta de donde habrá de inferirse cuál es el tiempo adecuado para concretar la prestación convenida.-
Proceso judicial, demanda laboral, presunciones, valor probatorio, medios de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González Argentino Ramón c/ Zárate Horacio Antonio s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-11

En el proceso laboral operan presunciones legales que provienen tanto de la ley sustantiva como adjetiva, cuyo resultado se traduce en la inversión de la carga probatoria, entre las que se destaca la de veracidad de lo afirmado por el trabajador ante la falta de exhibición de instrumentos cuya confección y conservación incumben al empleador, art. 52 LCT, arts.85 inc.5 y 106 ley 2383, pero, también es cierto, que ellas no son medios de prueba, de allí que no corresponde realizar una proyección lisa y llana de la presunción si, como en la especie existen otros medios de prueba, cuya desatención solo se sostendría en la renuncia del juzgador a su poder deber de formar convicción.
Prueba, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-24

La prueba es la actividad que realizan las partes para acreditar la existencia de datos que han de servir de fundamento a la solución del proceso, por cuanto el juez no conoce los hechos.Es la demostración de la verdad de un hecho de la cual depende el reconocimiento de un derecho.El juez reconstruye los hechos valiéndose de los datos que las partes le ofrecen o que puede procurarse por sí mismo de oficio.De ahí la enorme importancia que tiene la prueba en la vida jurídica, sin ella los derechos subjetivos o el interés legítimo de una persona serían simples apariencias.El fin principal del proceso administrativo es tanto la realización del derecho como satisfacción del interés público cuanto la solución de la petición particular.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Kind Conrado Werner s/ robo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Las contiendas de competencia deben tramitar por vía incidental, para evitar la innecesaria paralización del principal.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, empleo público, cesantía, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA  c/ GCBA SOBRE EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en COVINO MARIA TERESA y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja porque el recurrente no se hace cargo de las razones que dio el tribunal a quo para rechazar el recurso de inconstitucionalidad que aquí intenta sostener, a saber: que los argumentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad no fueron oportunamente dados al momento de fundar la apelación y que por lo tanto, el interesado pretendía introducir cuestiones que son producto de una reflexión tardía. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, migraciones
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez Buela, Raúl / Defensoría Pública Oficial y otro c/ EN - M Interior - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

El recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal (ley 25.871, especialmente sus arts. 29, inc. 'c', y 62, inc. 'b') y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que la apelante funda en ellas. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -.
Procedimiento laboral, temeridad o malicia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Dobrzanski, Roberto Esteban c/ Fcf Construcciones S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Este Tribunal considera que poseen naturaleza penal las multas aplicables a los renuentes, cuando ellas -en lugar de poseer carácter retributivo del daño causado- tienden a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes obligaciones legales. Esta finalidad surge, sin hesitación, del último párrafo del art. 275 de la L.C.T.. Si bien la norma no establece expressis verbis que en casos como el presente no deban sumarse las dos penalidades, es principio antiguo de hermenéutica que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la correcta interpretación indagar lo que ellas establecen jurídicamente. Y si bien no cabe prescindir de las palabras de la ley, tampoco es adecuado atenerse rigurosamente a ellas, cuando así lo requiere una interpretación razonable, sistémica y armónica. Sentado lo expuesto, y sin perjuicio de considerar innegablemente reprochable la contumacia de los demandados, las partes acordaron cuál sería la sanción para el caso de incumplimiento de estos últimos, la que resultó de aplicación en el caso, puesto que se obtuvo el cobro de lo convenido considerando la cláusula penal del 0,2 % diario mencionada, y por ello, no corresponde aplicar una nueva sanción por la misma inobservancia en la que incurrieron los accionados.
Valor vida, muerte, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Narváez, Alfredo y Oviedo de R. Berta c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-26

La tesis solidaria o espiritualista de la vida, resulta incompleta si no se prevé la posibilidad de indemnizar a la vida misma, a ese derecho perdido por el interfecto, que si se transmite a sus herederos. Es decir, ante la pérdida de una vida humana a consecuencia de una conducta ilícita se debe adoptar un criterio amplio para favorecer su reparación integral permitiendo, a los herederos y terceros indirectamente damnificados, el ejercicio de distintas acciones autorizadas por la ley para reclamar la indemnización.