marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, motocicleta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FIGUEROA, OSCAR ARMANDO c/ PABLO DANIEL MIGUELES SAVY s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-11

La motocicleta, al margen del daño que puede provocar a su usuario, es un medio de transporte que crea riesgos a los componentes de la sociedad. Si bien el riesgo no es igual al del automotor, la velocidad que puede desarrollar en cortos espacios y la mayor inestabilidad, determina que ambos vehículos: automóvil y motocicleta, son equiparables en cuantos a los riesgos creados, por lo que corresponde resolver la cuestión de conformidad con lo dispuesto en el art. 1109 del Código Civil.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Tarditi, Matías Esteban s/ homicidio agravado por haber sido cometido abusando de su función o cargo como integrante de la fuerza policial -causa Nº 1822-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

Cabe revocar la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de quien fue declarado autor del delito de homicidio agravado y condenado a prisión perpetua, y lo condenó a la de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el término de ocho años como responsable de homicidio culposo, pues al resolver no permitió brindar adecuada respuesta al planteo de la querella acerca de la imposibilidad de modificar la base fáctica bajo la forma de tratamiento de un vicio en la calificación legal de los hechos y de la necesidad de realizar un nuevo juicio si se reconocen vicios en la apreciación de las reglas de la sana crítica ante los límites que impone el principio de inmediación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Banco central, multa administrativa, ejecución fiscal, resolución administrativa, prueba
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. c/ Polito Eduardo s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-15

Para el cobro de las multas aplicadas por el B.C.R.A. (inc. 3º del art. 41 de la ley 21.526), ...se seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial y constituirá título suficiente para iniciar dicho procedimiento ...la copia simple de la resolución que aplicó la multa, suscripta por dos firmas autorizadas del B.C.R.A.... , por lo que su habilidad ejecutiva no está condicionada -tal como lo pretende equivocadamente el demandado a que la resolución que impuso la multa se encuentra firme (confr. Sala IV, in re: B.C.R.A. c/ Aguilar, Jorge L.R. s/ juicio ejecutivo , del 13/9/94 y B.C.R.A. c/ Urien, Enrique A. s/ juicio ejecutivo , de la misma fecha).
Recurso de inconstitucionalidad, imputado, audiencia de conocimiento personal, nulidad del acto jurídico, orden público, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: REMETICH, RICARDO JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El "contacto de visu" no se reduce únicamente a formar opinión con la finalidad exclusiva de aplicar la pena sino que permite el relevamiento de muchas otras circunstancias vinculadas al hecho y la personalidad del autor que hasta podrían variar la consideración de su responsabilidad penal. La aplicación de la pena mínima no solventa por sí misma la ausencia de la convocatoria de la audiencia "de visu" porque a través de ella pueden establecerse circunstancias especiales que aconsejen que la reacción penal más adecuada no necesariamente resulte la pena. Por todo ello, considero que el acto omitido constituye una oportunidad más en el ejercicio de su derecho de defensa y por lo tanto violatorio del principio constitucional que consagra la inviolabilidad de la misma, acarreando una nulidad genérica insubsanable y por lo tanto de orden público lo que permite más allá que no haya sido puntualmente planteada por las partes declararla de oficio. (DEL VOTO DEL DR. UCCI)
Acción de amparo, personas con discapacidad auditiva, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CHIOMA   VIRGINIA c/ OBRA  SOCIAL  UNION  PERSONAL  Y  OTRO s/ incidente de apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

No cabe duda alguna respecto de la necesidad de colocar a la paciente el implante coclear arriba mencionado como así tampoco el peligro en la demora que acarrearía la postergación en su colocación para la salud y rehabilitación auditiva de la amparista (obsérvese que ya han trascurrido casi 4 meses desde que el Cuerpo Médico Forense recomendó efectuar el implante "sin demasiada demora". Resta considerar qué profesional debe llevar a cabo dicha intervención. Al respecto, se observa que la Obra Social ofrece brindar la cobertura requerida con prestadores propios y no con el Dr. Diamante que es ajeno a su cartilla de profesionales. No habiendo acreditado la actora que los especialistas ofrecidos por la demandada no resulten adecuados para efectuar el implante coclear, se concluye que la cautelar solicitada será admitida, con la cobertura del 100 % con profesionales de la cartilla de la Obra Social Unión Personal.
Domicilio constituido, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: Leccese, Rina Elena Biassuti Medina de c/ Biassuti, Camilo Fernando s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-03

Si la parte constituye su domicilio procesal en el estudio de su letrado patrocinante, todas las cédulas dirigidas a este domicilio importan la notificación a la parte patrocinada. De igual manera, debe importar notificación a la parte, el retiro del expediente por el letrado, dado que no hay razón que justifique un distinto tratamiento en uno u otro supuesto; prácticamente la situación en ambos casos es la misma: en uno el letrado recibe una cédula del juicio en su domicilio; en el otro, el mismo letrado recibe todo el expediente.
Acción penal, matrimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RIGHETTI, WALTER VICTOR s/ INC. DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1972-09-22

La prejudicialidad civil, prescrita por el art. 1104 C.C., está reglada por el art. 10 C.P.P., según el cual el ejercicio de la acción penal se suspenderá aun de oficio,cuando se cuestionara la validez o nulidad del matrimonio y de su resolución dependa la existencia d el delito,hasta que en la jurisdicción civil recaiga sentencia firme, la que producirá el efecto de cosa juzgada.

Si el delito imputado consiste en sustraerse a la prestación de los medios indispensables para la subsistencia del hijo menor de dieciocho años y la calidad de hijo no aparece, necesariamente, ligada a la existencia del matrimonio válido del padre,puesto que a esa norma lo que le interesa es la paternidad, y si por otra parte ésta es cuestionada, el Tribunal de Menores tiene competencia para resolver al respecto, con arreglo a las disposiciones legales que lo rigen, según as lo prescribe el art. 10, primera parte, del C.P.P.- La prejudicialidad sólo surge cuando en otra sede judicial (civil) deba ser resuelta la cuestión, pero no cuando la puede considerar el juez del proceso,porque entonces se transforma, cuando mucho, en una cuestión previa, sin afectar la prosecución del juicio.-
Colegio Público de Abogados, abogados, ejercicio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Bruno Eloísa Teresa c/ C.P.A.C.F. (Expte. 13.120/01)". s/ ejercicio profesional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-12

El art. 43 de la ley 23.187 prevé como atribución exclusiva del Colegio Público la fiscalización del correcto ejercicio de la profesión de abogado. (Consid. IV).
Pena, salidas transitorias, leyes, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLAGRAN, SERGIO JAVIER c/  s/ APELACION RESOLUCION QUE RECHAZA EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 56 BIS; LEY 24660 Y DENIEGA SALIDAS TRANSITORIAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-13

En la causa "Belizán", este Tribunal analizó pormenorizadamente cada uno de los principios constitucionales señalados e invocados por la defensa del condenado en su recurso de inconstitucionalidad y que -a su criterio- resultan vulnerados por la aplicación del impedimento previsto en la norma referida, no advirtiendo esta Corte -por los fundamentos allí esgrimidos- que tal obstáculo legal pudiera tildarse como contrario a mandas constitucionales; y, sometido dicho pronunciamiento a revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de un recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa técnica, éste por vía de queja fue desestimado por el Máximo Tribunal, dejando de tal modo firme el criterio de este Cuerpo en orden a que la restricción establecida por el artículo 56 bis de la ley 24660 no merece reparos constitucionales. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Belizán, AyS T 263, p 96/124; T 264, p 1/10 y p 91/101; T 268, p 343/353 y T 274, p 318/333. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24660, artículo 56 bis
Recurso de casación penal, excarcelación, eximición de prisión, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: CRESPI, Jorge Raúl, CENDON, Néstor Norberto s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Las resoluciones que deniegan la excarcelación o la exención de prisión, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros).Sin embargo, dicho aspecto, por sí sólo, resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes "Di Nunzio", "Durán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente), debido a que además debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y ante esta instancia, aquel límite en casos como el ventilado en autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pronunciamiento inoficioso, proceso penal, prueba, juicio oral, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: I., D. c/  s/ APELACION PARCIAL DEFENSA Y FISCAL RESOLUCION AUDIENCIA PRELIMINAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-14

Las pretensiones defensivas vinculadas al rechazo de la prueba ofrecida por su parte y a la calificación provisional de los hechos se han disipado, toda vez que en el caso recayó sentencia definitiva en orden a los hechos investigados tras la realización de un juicio oral y público, por lo que ninguna actualidad reviste la cuestión planteada, demostrándose, en tales condiciones, la inoficiosidad del dictado de una decisión de mérito, debiendo, eventualmente, traer los cuestionamientos a la condena ante esta Corte por la vía extraordinaria contra el fallo final de la causa -de mantenerse sus agravios luego de resuelta la apelación ordinaria-.
Costas, regulación de honorarios, responsables inscriptos, discriminación del IVA
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Ubelhartt, Raúl Horacio c/ B.B.V.A. Banco Francés S.A. s/ Cobro de Pesos - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-29

La apoderada de la parte actora, solicita se adicione al monto de los honorarios regulados, el 21 % en concepto de impuesto al valor agregado IVA.

En el caso de autos, al tratarse de un responsable inscripto, deberá adicionarse a la suma fijada en concepto de honorarios el impuesto al valor agregado, que debe necesariamente estar a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En efecto, no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto.

En este sentido, el impuesto al valor agregado ha sido concebido y legislado como el carácter indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Por ello, corresponde hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia deberá adicionarse a la suma fijada, en concepto de honorarios profesionales, el impuesto al valor agregado.
Excarcelación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, DORA SILVIA s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La procedencia de la excarcelación está regulada progresivamente por la Ley, según el estadio procesal en que se encuentren las actuaciones. No es lícito resolver la cuestión dentro de una norma correspondiente a una etapa ya superada o no alcanzada.
Mercado de valores, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Menéndez, Fermín A. c/ Mercado de Valores de Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Los arts. 47, inc. a), y 137 del Reglamento del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. deben interpretarse en el sentido de que los plazos fijados por el directorio de la institución para liquidar las operaciones, no lo son para cumplirse en un día determinado sino en aquél que resulte de contar los plazos en días hábiles bursátiles, independientemente de que los días inhábiles se hayan decretado antes o después de la fecha de la concertación de la operación.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, recurso de casación penal, concesión errónea del recurso, monto de la pena, sentencia arbitraria, querellante particular, facultades del querellante, juicio por delitos de acción privada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mainhard, Edgar Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra la sentencia que -por aplicación del límite del art. 458, inc. 1º, del Código Procesal Penal de la Nación- declaró mal concedido el recurso de casación si las cuestiones planteadas por el recurrente fueron resueltas con fundamentos suficientes de derecho material y procesal común, sin que se advierta arbitrariedad alguna en la aplicación de las normas legales invocadas por el sentenciante, y sin que se haya cuestionado oportunamente la constitucionalidad de los límites al recurso del querellante particular en delitos de acción privada (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Notificación, carta documento, ejecución hipotecaria, ejecución extrajudicial, domicilio especial
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO  DE  LA  NACIÓN ARGENTINA c/ ELISSALT, Jorge Enrique y otro s/ EJECUCIÓN ESPECIAL LEY 24.441.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

1- La carta documento constituye un servicio postal cuyas condiciones de confección, presentación, certificación y sellado de copias fueron rigurosamente reglamentadas y le dan el carácter de instrumento público -al igual que al telegrama colacionado- en los términos del art. 979, inciso 2 del Código Civil, que no sólo prueba su contenido, sino también que el destinatario la ha recibido, y para su descalificación se requiere la redargución de falsedad.

2- El mero desconocimiento de las cartas documento no las inhibe de la autenticidad que poseen ni de su contenido, si cuentan con todos los recaudos de diligenciamiento, así como tampoco cabe el desconocimiento de la intimación efectuada en los términos del art. 53 ley 24.411, si la carta documento se dirigió al domicilio especial constituido por el deudor en la escritura pública.
Competencia federal, competencia por la persona, extranjeros, nacionalidad, prueba, carga de la prueba, inhibitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Zaccagnino, Lucía s/ inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

No procede el fuero federal si la promotora de la inhibitoria no ha acompañado al efecto, el único documento hábil para acreditar la nacionalidad, cual es la partida de nacimiento dotada de los recaudos que autoricen su reconocimiento en nuestro Estado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, astreintes
Materia: PROCESAL
Carátula: MERCADO, RAMON Y OTROS c/ NAZAR Y CIA. SA. Y FIRMA SOLAR CUYO DE VICENTE MARTINEZ s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-11

Siendo las astreintes sanciones aplicadas a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial, y pudiendo ser ajustadas, aumentadas, disminuídas o incluso dejadas sin efecto, por razones de hecho que en cada caso evalúa el magistrado; no cabe en principio la revisión de la corrección jurídica de su volumen dinerario. Por ende todo debate en torno a los ajustes, incrementos o supresiones de los astreintes, no son materia de esta instancia excepcional.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortiz, Francisca Aurora c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La competencia originaria que, transitoriamente, la Constitución de la Provincia atribuye a esta Suprema Corte se rige, hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo contencioso administrativo, por los principios y reglas que hasta la reforma constitucional venían aplicándose. Entre éstas, obviamente, se encuentran las que determinan la materia contencioso administrativa que, de acuerdo a lo preceptuado por los arts. 1, 28 inc. 3 y 29 inc. 2 y concs. del C.P.C.A., no comprende a los litigios en los que se persigue el restablecimiento o la reparación de un derecho de orden civil, particularmente el de dominio. (Minoría u opinión personal)
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asseff, Julio A. c/ Concej. Deliberante de Moreno s/ Conf. art. 196 Const. Prov. y arts. 261 y siguientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si ambos órganos del gobierno municipal han actuado en ejercicio de competencias que le son propias: el Concejo Deliberante al sancionar la ordenanza y aprobarla mediante la insistencia (arts. 24, 25, 28 inc. 8 y 69 segundo párrafo del dec. ley 6769/58) y el Intendente al observarla (art. 108 inc. 2º, dec. ley cit.) el conflicto promovido debe desestimarse porque sólo en caso de que uno haya invadido la esfera de atribuciones del otro corresponde que la Corte -ejerciendo la competencia que la Constitución provincial le confiere- anule la disposición dictada por aquél que se haya extralimitado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, incumplimiento del contrato, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arpeco S.A. c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Deben distinguirse las diversas situaciones producidas por la paralización de actividades en la ejecución de un contrato de obra pública, valorando que la paralización de los trabajos sin culpa del contratista genera erogaciones que "no producen" ni para el particular, ni para la Administración, puesto que no existe ejecución de obra y que si la paralización culmina en rescisión, es necesario por imperio de la ley 6021, liquidar en favor de la empresa la suma que resulte de los conceptos enumerados en el art. 64.

Dicha previsión legal nada tiene que ver con los gastos improductivos acaecidos con anterioridad, con motivo y ocasión de la paralización.
Aplicación de la ley, despido con causa, contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Saez, Mauricio Hernan c/ Oil Addper Service S.R.L. s/ despido por causales genericas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

Valorando las circunstancias del caso en el marco de las obligaciones que establece un contrato de trabajo, considero que la circunstancia alegada como para justificar el despido por la empleadora, es razonablemente configurativa de una situación objetiva de pérdida de confianza que constituye un límite insuperable para el mantenimiento de la relación y, por lo tanto, una injuria que no admitía la continuidad del vínculo (art. 242 LCT).
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, interrupción del proceso, procedencia del recurso, mandamientos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Altavilla, Claudio Marcelo c/ Sanchez, Javier Hugo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Procede revocar la resolución mediante la cual el Sr. Juez a quo declaró, a pedido del demandado, la caducidad de la instancia en este proceso. Ello por cuanto, en el caso, el actor al contestar el planteo de caducidad y a los fines de demostrar que estuvo activando el proceso, acompañó un troquel con el que intentó acreditar la recepción del mandamiento librado en autos por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Morón. Tal comprobante fue objetado por el accionado y desestimado por el juez. Ahora bien, la parte actora acompañó con su memorial, un informe emitido por dicha Oficina que da cuenta de que el mandamiento de intimación de pago ingresado a dicha dependencia en esa fecha, se encontraba extraviado. En este marco, estímase que dichas constancias tornan verosímil y suficiente la alegación de la actividad denunciada por el apelante concretada durante el plazo de perención acusado. En efecto, dichas constancias representan un acto que exterioriza el propósito del accionante de impulsar su trámite, mediante una expresa y concreta actuación tendiente a continuar la relación procesal, con prescindencia del resultado o eficacia de la misma, máxime ponderando, el carácter restrictivo del instituto que aquí se trata (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, 24/11/09, "Basf Argentina SA c/ Ledesma Miguel Ángel s/ ordinario", íd, 23/03/11 "De Wavrin Juan Roberto María y Otros c/ Uranga Cabral Hunter SA s/ Ordinario"). En efecto, advierte esta Sala que, frente al troquel acompañado por el apelante, el juez de grado, ante las dudas que le generaba la veracidad de dicha pieza, a los fines de corroborar sus dichos, debió haber ordenado el libramiento del oficio ofrecido por el accionante al contestar el traslado de la caducidad.
Excepción de espera, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M. R. A. c/ Municipalidad De Rio Cuarto s/ Ejecutivo Especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-11

Corresponde denegar la excepción de espera interpuesta contra una acción ejecutiva tendiente a obtener el cobro de honorarios profesionales, pues conforme lo dispuesto en los autos "Cahe, Víctor Hugo c/ Provincia De Córdoba (Ministerio de Finanzas - Dirección General de Rentas) - Amparo por mora" (A.I. N° 289 del 28/11/2007), la normativa de la ley 7182, a diferencia de la ley 8465 (Procedimiento Civil), no establece pautas temporales a las que deba supeditarse la ejecución de una condena, por lo que resulta innecesario que la resolución del tribunal que aprueba la planilla y/o liquidación definitiva en concepto de suma líquida de condena quede firme y consentida.