Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-27


Salta, 27 de julio de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CHAVEZ, DAVID EDUARDO c/ FLORES, ROMAN ESTEBAN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE - ORDINARIO", EXP Nº 17727/09; originario del Juzgado del Trabajo Nº 4, Expte. Nº 17727/07, Distrito Judicial del Centro, para resolver la apelación interpuesta a fs. 176/179, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: I) El Dr. Arturo S. Torino, por el demandado, plantea recurso de apelación en contra de la sentencia de fojas 169/172, por cuanto la misma le causa a su mandante un gravámen irreparable. Se funda la apelación asimismo en las siguientes consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer:

1) Primer agravio: Falta de consideración por parte del Juzgador de prueba concluyente para la resolución de la causa.

Que el a-quo, sólo fundamenta su resolución en la declaración de los testigos de la parte actora, entendiendo que la relación laboral entre actor y demandado existió únicamente por las deducciones y conclusiones a las que llegaron los testigos nombrados, omitiendo considerar los testigos de la parte demandada y toda la demás prueba ofrecida y producida para poder de esa manera llegar a una solución razonada de la cuestión.

El no considerar la totalidad de la prueba y basar el fallo en sólo una parte de ella, lo torna arbitrario, más cuando esos elementos son decisivos a la hora de resolver la cuestión.

Así, a fojas 106 consta informe de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de salta, en donde se informa que la Sra. María Concepción Lira y no el demandado era la titular del almacén desde el año 1.997 hasta el año 2.003. Consta al final de dicho informe que a nombre de Román Esteban Flores no se registra ningún antecedente comercial hasta la fecha. Se probó con este informe lo dicho en el conteste de demanda en cuanto a que el negocio era de la Sra. Lira y no del demandado.

A fojas 105 también por informe de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Salta, consta que el almacén en cuestión está habilitado a nombre de Andrés Samuel Guantay desde el año 2.003, todo lo cual nuevamente viene a probar los dichos de su mandante al contestar la demanda.

No se consideró que la habilitación a nombre del señor Guantay es de 3 años antes a la fecha en que el actor se considerara despedido, por lo que resulta incomprensible la atribución de responsabilidad a su mandante y la falta de acción en contra del titular del negocio.

También se omite considerar que a fojas 86 la AFIP informa que el Sr. Román Flores nunca figuró inscripto como contribuyente de la AFIP, lo que prueba que nunca fue ni actuó como empleador. En igual sentido informa la DGR de la provincia a fojas 109.

Se omite considerar que a fojas 115 consta acta de defunción de la Sra. María Concepción Lira, de donde se desprende que el fallecimiento de la misma ocurrió en el año 2.005 tal como se sostuvo en el conteste de demanda, quedando de esta manera probado ese extremo.

Otra omisión de la sentencia y quizás la más grave se desprende de la absolución de posiciones del actor ya que en ella él mismo reconoce que ayudaba a la Sra. María Concepción Lira en la Caja del negocio puesto que a ella le robaban. Es fundamental lo declarado en la posición 5º cuando dice lo siguiente: "Me dijo que vea quien entra y quien sale, que le dé una mano en la caja ahí la ayudaba a ella me puso de cajero a mí, me enseñó cómo cobrar y todo eso". Aquí el propio actor reconoce expresamente que quien le impartía órdenes, quien le indicaba las tareas a realizar y quien le enseñó a trabajar fue la propia Sra. Lira y no el ahora demandado. Aquí con su confesión el actor prueba que el Sr. Flores no pudo ser empleador ya que en el mismo lugar y en la misma fecha reconoce haber sido empleado de la Sra. Lira, tal como ésta parte lo dijo en el conteste de demanda. Finalmente reconoce también en la absolución que es propietario del negocio de calle Zuviría 2.298 acreditando nuevamente su carácter de empresario y no de empleado con posterioridad al fallecimiento de la Sra. Lira.

Esto, a su vez encuentra nuevo respaldo en las constancias de fojas 80/81, en donde se constató que el negocio de calle Mitre 2.298 esquina Tejada es de propiedad del Actor, lo que demuestra que no es empleado sino por el contrario que tiene su propia organización empresarial, seguramente instalada una vez que extinguió la relación laboral con la Sra. Lira.

Analiza la prueba testimonial, -lo que omito reproducir para abreviar y agrega que a la luz de toda la prueba precedentemente citada, no puede nunca afirmarse que existía relación laboral, toda vez que con ella el demandado ha logrado sobradamente probar los hechos invocados en la contestación de demanda. Fundamentalmente que el propietario y empleador del negocio fue primero la Sra. María Concepción Lira y posteriormente y hasta la fecha lo es el señor Andrés Samuel Guantay, a quien se discrimina y se lo considera como incapaz de ser propietario de un negocio. No se comprende ahora el motivo o porqué no se demanda al titular o propietario del negocio y si se lo hace contra un tercero que nada tiene que ver con el mismo.

De no hacerse lugar a la apelación, se consentiría la ya configurada "arbitrariedad de sentencia", que, según la creación pretoriana de la Corte Suprema de la Nación se da cuando en las sentencias se omite considerar pruebas fehacientes para la dirimencia de la controversia (CSJN, Fallos 193-135, 235-654, 237-225, 242-252).

2) Segundo agravio: Los rubros indemnizatorios: Como surge de la prueba y tal como se lo dijo en el agravio anterior, el demandado no era empleador del actor. No obstante ello se hace lugar al reclamo de diferencias salariales, y aguinaldos reclamados en razón de no haberse presentado LRU ni los recibos a pesar de que el demandado fue debidamente intimado. Ello, también es arbitrario, ya que si el actor no era empleado, ni tampoco el demandado empleador, mal puede presentarse recibos de sueldo o LRU. Como la parte actora no logró probar los hechos afirmados en su alegación y sí lo hizo la demandada, no puede prosperar el reclamo de ninguno de los rubros reclamados.

Tampoco resulta viable el reclamo toda vez que no acreditó fehacientemente lo que se le adeuda.

Con relación a los despachos telegráficos, el actor nunca los recibió, por la sencilla razón de que el negocio nunca fue de su propiedad. Quedó demostrado en la causa a su vez que el Sr. Flores trabajaba y ahora nuevamente lo hace como empleado en el negocio.

Si bien es cierto que por error el traslado de demanda se realizó en el domicilio de Bº Castañares, Manzana 16, Casa 3, Grupo 222, la contestación de la demanda se debió a que cuando se entregó ella en el negocio y como venía a su nombre, su empleador le hizo entrega de las mismas.

El señor Flores reingresó a trabajar en el negocio en cuestión como empleado en relación de dependencia en los primeros días de octubre de 2.006, por lo que nunca pudo haber recibido las notificaciones en el lugar ya que éstas fueron efectuadas con anterioridad a la fecha.

El hecho de que en el poder de fojas 37 figurara el domicilio en cuestión, se debe a que en ese momento, el Sr. Flores había sido excluido de su hogar por su cónyuge, situación que debido a lo delicada que resulta, no se invocó en la demanda y por ello en ese momento se consignó el domicilio laboral ya que no tenía domicilio fijo aún.

No debemos olvidar tampoco que el propio actor, indica como domicilio de su mandante en las cartas documentos el de Bº Castañares, manzana 16, Casa 3, Grupo 222 y cuando plantea la demanda denuncia el domicilio real de su mandante sito en Bº Castañares, Block U, departamento 2, Grupo 234 (fojas 11), con lo que se corrobora todo lo aquí manifestado y que conociendo esa situación aparentemente la habría aprovechado para estafar procesalmente al demandado y obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, resultando inexplicable nuevamente el porqué se lo demanda a él y no al propietario del negocio.

Es por todo ello que no pueden nunca prosperar los rubros indemnizatorios reclamados, toda vez que el actor nunca fue empleado de Flores y porque nunca fue debidamente intimado.

Con relación a las indemnizaciones de la Ley 25.323, y a la entrega de Certificados de Remuneración y Servicios, por los mismos motivos ya expuestos, tampoco se ajusta a derecho la sentencia recurrida y por ende debe rechazarse.

Especial mención merece el rubro correspondiente al art. 16 de la ley de emergencia económica, toda vez que en el fallo simplemente se fundamenta la procedencia del reclamo conforme a lo previsto en el art. 16 ley 25561 y decretos modificatorios.

No se fundamenta en el fallo por qué va en contra de lo previsto en la ley 25972 de fecha 17/12/04, que establece que la procedencia de la indemnización estaría vigente hasta que el índice o tasa de desocupación elaborada por el INDEC fuere inferior al 10 % y al momento de la extinción de la relación que invoca el actor, ese índice estaba por debajo del porcentaje indicado. No debemos olvidarnos aquí que el año 2005 y 2006 son los de mayor crecimiento económico y baja de desempleo en nuestro país y justamente en el año 2004 se dictó la normativa que estableció el parámetro para que proceda o no este rubro indemnizatorio. Al momento del supuesto despido, el índice de desocupación era inferior a lo previsto en la norma por lo que el fallo resulta desajustado y contrario a la ley.

3) Tercer agravio: Las certificaciones: tal como se desprende del primer agravio, quedó claramente demostrado que la relación laboral no existía, que el verdadero empleador del actor fue primero la señora María Concepción Lira (reconocido por el propio actor) y luego el señor Andrés Samuel Guantay, por lo que mal puede condenarse al demandado a la entrega de certificaciones de servicios cuando nada tiene que ver con el actor.

4) Reserva: Encontrándose afectadas, entre otras y en forma mas evidente las garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa en juicio, el derecho de propiedad, el derecho de igualdad, se formula reserva de plantear el recurso Extraordinario ante la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y/o en su caso Recurso Extraordinario Federal por ente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos y condiciones de ley.

Por lo expuesto, pide: Tenga por presentado y fundado en tiempo y forma oportunos el recurso de apelación; se haga lugar al mismo, ordenando el rechazo de la demanda en todas sus partes; con costas al actor.

II) Luego de analizar las constancias del expediente, existen dos que me inclinan por el acogimiento del recurso; una es el informe de la Dirección General de Rentas, en el sentido que María Concepción Lira es titular del Padrón Comercial Nº 54.817, con domicilio comercial en Manzana 16, Casa 3, Grupo 222, Bº Castañares, con inicio de actividad: 01/06/1997 (pág. 106).

La segunda es la confesional del actor (pág. 129 y vta.; pliego de posiciones en pág. 116), en la que éste, al responder a la posición nº 5 manifiesta: "es más yo la ayudaba a ella -a María C. Lira- en la caja en la parte de adelante porque le robaban en la parte del almacén. Me dijo que vea quién entra y quién sale, que lé de una mano en la caja ahí la ayudaba a ella me puso de cajero a mí, me enseñó como cobrar y todo eso". Es el actor quien reconoce que la víctima de los robos era la titular del negocio, la Sra. María Lira; que la misma le dio instrucciones (que controle la entrada y salida de personas), configurando las notas de subordinación jurídica y técnica, inherentes a una relación laboral subordinada (art. 65 L.C.T.). Y en ejercicio de la facultad de organización (art. 64 L.C.T.), la Sra. Lira lo puso al actor de cajero, enseñándole "como cobrar y todo eso"; estos reconocimientos del actor constituyen plena prueba (art. 423 C.P.C. y C.; de aplicación supletoria por el art. 90 del C.P.L.).

Por lo expuesto, voto porque: se haga lugar al recurso, y en su mérito, se rechace la demanda, con costas al actor en ambas instancias (art. 67 C.P.C.C.); se reserve la regulación de honorarios hasta que se calculen los de primera instancia.

El Dr. Figueroa adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) Haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto en págs. 176/179 y, en su mérito, rechazando la demanda, con costas al actor en ambas instancias.

II) Reservando la regulación de honorarios hasta que se practique la de primera instancia.

III) Ordenando se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.-