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Seguros, seguro de daños patrimoniales, pago por subrogación, procedencia del recurso, robo de automotor, playas de estacionamiento, shopping, prueba, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c/ Coto CICSA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Resulta procedente el pedido de reintegro por parte de la aseguradora -LS 80- contra el propietario de la playa de estacionamiento del complejo comercial que explota, del dinero que abonó a su asegurado por el robo del vehículo ocurrido en dicho estacionamiento. Ello por cuanto, en el caso, la accionante ha cumplido con su obligación como aseguradora, indemnizando a su asegurado, como beneficiario por el hurto/robo del rodado amparado y que, en la especie ha requerido, por vía de subrogación (LS 80), un resarcimiento por parte de la demandada, atribuyéndole una responsabilidad contractual, ya que correspondía al supermercado la guarda del rodado del sub lite. Es menester aquí señalar que cuando una aseguradora acciona por repetición, como en este caso, lo hace por subrogación en los derechos que, a causa del siniestro, le competen al asegurado contra el tercero, asumiendo el asegurador la misma posición procesal y sustancial que le corresponde al asegurado en la medida de lo indemnizable y no teniendo el tercero, en razón de la subrogación, una obligación distinta a la que tenía respecto del damnificado, ello, conforme a lo expresamente dispuesto por la LS 80. En la especie, el recibo de indemnización y/o pago y cesión de derechos, da cuenta de la existencia de la relación de seguro entre la actora y su cliente y evidencia el pago de la indemnización abonada por la actora a este último, en los términos del mentado contrato de seguro. Ello basta para sostener la legitimación para obrar que, en el caso, invoca en su favor la entidad aseguradora.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Salinas, Fortunato c/ Metcon S.A. s/ Demanda laboral. Cobro de australes. Queja por denegación del  recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 651-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Si el a quo se inscribió en una de las posibles interpretaciones que en torno a la prescripción prevista en la ley 9688, modificada por ley 23643, ha adoptado parte de la doctrina -la que dista de ser pacífica en el tema, lo que marca el carácter opinable de la cuestión- según la cual transcurridos dos años de la extinción de la relación laboral, se prescriben las causas laborales que pudieran haber justificado la responsabilidad del empleador (porque la ley no crea un sistema de seguridad social a cargo del empleador sino la reparación de los infortunios laborales "claramente vinculados con la tarea"), queda claro que la tesis seguida por el Tribunal no implica que éste soslayara la normativa aplicable al caso y juzgara la situación a la luz de una ley posterior.
Participación secundaria, agravantes de la pena, menores, robo
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra Dario Alejandro s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-11

Si no existen dudas sobre que la presencia del imputado en las inmediaciones de la vivienda siniestrada estuvo estrechamente vinculada con el accionar destinado a apropiarse de bienes hallados en la finca, ello justifica la atribución de responsabilidad como partícipe secundario del robo, ya que de las pruebas surge que con su presencia y estadía en las afueras de la casa, prestó colaboración en la sustracción de los objetos de valor. La aplicación de tipo calificado en virtud del art. 167 inc. 3 CP carece de fundamentación con relación a la colaboración o intervención del imputado sobre el modo en que se ingresó a la vivienda, ya que no se probó que hubiera conocido y consentido las circunstancias relativas a la agravante. No se encuentra configurada la agravante del art. 41 quater CP si sólo se afirmó que el imputado era mayor e intervino en un hecho con menores, sin indicar ninguna otra circunstancia fáctica que permita aseverar que "se sirvió" de éstos. Resulta inoficioso el tratamiento del agravio relativo a la inconstitucionalidad del art. 41 quater CP si no quedó configurada la agravante. La disidencia parcial sostuvo que la intervención en el hecho, como coautor, de un menor de dieciocho años de edad es el presupuesto que el art. 41 quater define como causal de agravación de la pena, pues no resulta necesario a tales fines que se determine si el menor fue utilizado como instrumento para evitar su punibilidad -en definitiva valiéndose de él-, pues basta su intervención en el delito.
Supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, derecho interno, principios del derecho internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-26

El principio según el cual los Estados Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios -effet utile-, en sus respectivos derechos internos, se aplica no sólo en relación a las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino también con relación a las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte, las que deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la especial naturaleza que hace a los tratados de derechos humanos.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba sobre incidente de queja por apelación denegada en vitelli, maría julia y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

La queja que está a consideración del Tribunal, aunque fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33 de la ley n° 402) no puede prosperar, porque no logra rebatir adecuadamente las razones por las que los jueces a quo denegaron el recurso de inconstitucionalidad que el GCBA pretende sostener. La parte quejosa debía demostrar que sus planteos -a diferencia de lo sostenido por la Cámara- podían ser abordados por este Estrado en el marco de un recurso de inconstitucionalidad. Pero sus esfuerzos en ese sentido no son exitosos para habilitar la revisión que pretende. En efecto, el GCBA no brinda suficientes razones para considerar, contrariamente a lo sostenido por la Cámara, que se está ante una sentencia definitiva o equiparable a tal. Luego, y a mayor abundamiento, señaló que la parte recurrente yerra cuando pretende, con manifestaciones que lucen genéricas, rebatir el criterio de la alzada según el cual no hay un adecuado planteo de un caso constitucional que habilite la instancia extraordinaria. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Prueba documental, competencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Porrez, Lorena Elizabeth c/ Vargas Gutiérrez, Santiago s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-16

El fundamento por el cual las constancias del proceso penal no son oponibles a quien no las ofreció radica en la preservación de la garantía de la defensa en juicio en relación a quien no pudo controlar dichas pruebas. Pero si la actuación de la parte que controvierte esas constancias muestra su participación en el pleito criminal confirmatoria del conocimiento que tuvo del mismo y su posibilidad de controvertirlo, así como su falta de oposición a la incorporación de aquéllas al expediente civil, es de toda evidencia que la garantía ha sido respetada.
Audiencia de conciliación, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fontevecchia, Jorge y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La omisión por parte del Juzgado Correccional de anoticiar a todas las partes del arribo del expediente a esa sede, tornó ilusoria la realización de la audiencia de conciliación prevista, con el consiguiente perjuicio para el recurrente, y cuyo resultado ha sido la afectación del principio de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de nuestra Carta Magna (arts. 267, inc. 2° y 168, 2° párrafo, del C.P.P.N.)(voto del Dr. Tragant).
Prescripción, prescripción trimestral, cómputo del plazo, vicios redhibitorios
Materia: CIVIL
Carátula: FRESIA ENRIQUE Y OTRA c/ SIROTA SAUL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

Si los adquirentes reclaman el resarcimiento de los daños causados por los defectos ocultos que presentan los pisos de la unidad que adquirieran, dicha pretensión tiene sustento legal en la norma relativa a las acciones derivadas de la existencia de vicios redhibitorios (art. 2174 del Código Civil), por cuanto la falta de cumplimiento de la obligación de sanear tales vicios constituye el incumplimiento contractual que da origen a la pertinente acción resarcitoria (conforme Cámara Nacional Civil Sala F, c. 284.886 del 11/4/86). En orden a lo estatuido por el art. 4041 del mismo cuerpo legal, la defensa de prescripción que opusieron los accionados debe prosperar si transcurrió el plazo de tres meses que prevé la norma citada, computándose dicho plazo desde el momento en que el comprador tuvo conocimiento -o pudo tenerlo con la debida diligencia- de la existencia de los vicios (conforme Llambías, Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, tomo III, página 459, número 2112, nota 383; Salas-Trigo Represas, Código Civil Anotado, tomo III, página 374, número 3, apartado A).-
Sentencia definitiva, principio de congruencia, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  MAYO s/ LIQUIDACION JUDICIAL S/ INC. DE ESCRITURACION PORRABINOVICH, NORBERTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia recaída en un incidente de escrituración, pues resulta arbitraria, en tanto el "a quo", basado exclusivamente en lo expuesto por la sindicatura se manifestó sobre la imposibilidad de obtener información de la contabilidad de la entidad bancaria en liquidación, sin dar oportunidad a la incidentista de expresarse sobre lo dicho por el órgano sindical, pese a los alcances de aquel informe como medio probatorio (pericial contable), que especialmente fuera requerido por ella; por esa vía se impidió a la incidentista el control que autoriza el C.P.C.C. art. 163 y conc. y la posibilidad de solicitar las medidas conducentes frente a la situación planteada, afectando el debido proceso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, viajantes de comercio, prueba
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: ALBERTO RAUL LOPEZ c/ KENIA  S.A.  Y OTRO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió considerar las constancias emergentes de la ampliación de la prueba pericial contable, si las circunstancias en ellas contenidas, conjuntamente con las declaraciones testificales, resultan prima facie conducentes para gravitar en la decisión del caso, desde que importan el sustento fáctico de aplicación del art. 8' de la ley 14.546.
Disolución de la sociedad conyugal, indivisión postcomunitaria, derechos creditorios
Materia: CIVIL
Carátula: BENDERSKY, HAYDEE c/ BEECH ARCRAFT CORP. s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-19

La indivisión post-comunitaria -esencialmente transitoria, hasta arribarse a la liquidación- no altera la naturaleza jurídica de los derechos que los cónyuges tienen sobre el patrimonio de la sociedad conyugal. Por ello, el derecho al producido de la partición y/o liquidación singular de alguno de los bienes, no convierte el crédito personal del cónyuge que carece de titularidad dominial en un derecho real, sino que simplemente convierte en actual y exigible a dicho crédito, que durante la subsistencia de la sociedad es sólo potencial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Carril de Martínez, Josefa y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Si bien los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho público local, ajenas, como regla y por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a tal principio cuando las razones dadas por el a quo para resolver en determinado sentido sólo confieren fundamento aparente a la solución arbitrada, a la vez que se traduce en una inadecuada ponderación de la prueba producida en la causa.
Nulidad procesal, fundamentos suficientes
Materia: LABORAL
Carátula: Gospodinoff Luis Augusto c/ Mery S.A. y/o Saturnino Blas Barrero y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-09

Las nulidades no se decretan en aras de la nulidad misma, ni en el interés de la ley; las resoluciones unicamente deben ser anuladas cuando existe un interés legítimo lesionado que no puede repararse por otra vía. En consecuencia el interés jurídico concreto en obtener la anulación, o bien, la demostración de cual es el interés que se pretende subsanar con la declaración, o cuales fueron las pruebas o defensas de que se habría visto privado de oponer el recurrente, son extremos que, de no concurrir, obstan a la declaración de la nulidad de la sentencia.
Falta de reglamentación de la ley, ley de contrato de trabajo, Poder Ejecutivo Nacional, acción de amparo, Constitución Nacional, interés superior del niño, guardería, principios laborales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Corresponde concluir la procedencia del amparo por la omisión de autoridad pública que resulta de la falta de implementación de un mandato legislativo expreso -art. 179 de la LCT-, que constituyendo una ilegalidad manifiesta lesiona en forma actual los derechos constitucionales de niños, niñas, y de los trabajadores y trabajadoras que ejercen tareas de cuidado, en tanto se han menoscabado los derechos invocados por los actores (Voto del juez Rosatti).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tronando, Juan J. c/ Sanatorio Modelo Quilmes S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

La culpa del médico, como la de cualquier profesional, carece de autonomía, consistiendo en la omisión de diligencias exigidas por la naturaleza del deber profesional que él había asumido -obligación incumplida de hacer- y que correspondiesen a las circunstancias de la personas, del tiempo y del lugar (art. 512, Cód. Civil), siendo éste, por lo demás, uno de esos casos en que "se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes", según reza el art. 909 del Código Civil.
Interpretación del contrato, principio de ejecución del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARNERO CESAR AUGUSTO Y OTRO c/ FABRIVENTA S.A. s/ DIVISION DE CONDOMINIO CARNERO CESAR AUGUSTO Y OTRO c/ FABRIVENTA S.A. s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-24|1994-11-24

Incurre en conducta contradictoria la parte que pretende poner en juego o hacer valer como resolutorio un plazo dentro del cual debía cumplirse una obligación, si ella misma había dado principio de ejecución al convenio.-
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Antonio c/ Famax S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El dependiente es acreedor a la indemnización especial que respecto a los candidatos contempla el art. 54 segunda parte de la ley 22.105 si al ser despedido el principal tenía conocimiento que aquél era postulante a delegado gremial, sin que sea óbice a ello el que no mediara la previa comunicación a la empresa de la lista oficializada por la organización gremial; esta exigencia comporta -en la especie- un excesivo formalismo que desvirtúa el fin protectorio de la ley, ya que la empleadora no se vio impedida de cuestionar la candidatura del actor, absteniéndose de hacerlo.
Ministerio Público de la Defensa, beneficio de litigar sin gastos, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.R. c/ C., A.M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18

Bajo ningún punto de vista puede autorizarse a confirmar que priva al magistrado interviniente de la facultad-deber de ejercer el control oficioso de la personería invocada, común en todo procedimiento. Ello es así, por dos cuestiones que son trascendentes: 1)- la presunción de escasez de recursos para afrontar los gastos del proceso, le viene impuesta al Juez intervieniente por disposición legal (art. 54 Ley N° 4.920 vigente); y 2) la ley orgánica del Ministerio no sustrae al Juez interviniente de ninguna facultad-deber de ejercer el control oficioso de la personería invocada. La tarea igualmente la ha de cumplir. Debe limitarse a verificar en la primera presentación del Defensor, el tipo de personería invocada. Si es como patrocinante, verificará que los escritos judiciales contengan la firma del patrocinado (art. 49 Ley N° 4.920 en conc. art. 56 del C.P.C.C.); y si es como apoderado, deberá cotejar la presentación de la correspondiente Carta Poder contemplada en el art. 58 de la Ley N° 4.920 vigente; o que se haya invocado el apoderamiento especial del art. 47 bis del C.P.C.C., debiendo en este último caso examinar que se cumplimenten los requisitos legales que autorizan su invocación.
Contrato de trabajo, remuneración, supermercado, títulos de deuda pública
Materia: LABORAL
Carátula: MOLL     GERMAN    ALEJANDRO c/ COTO    C.I.C.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

Los denominados "Bonos Coto", entregados a sus empleados por Supermercados COTO CICSA, consisten en una suma fija y mensual para su utilización mediante la compra de productos de la empresa. Dicha entrega no resulta equiparable a los beneficios sociales enumerados en el art. 103 bis L.C.T.. Se trata de una suma fija incorporada de forma mensual al salario del trabajador, y para más, si bien esa suma podría ser traducida en mercadería, lo cierto es que ésta proviene de la demandada.
Relaciones de familia, sucesiones, fuero de atracción, acciones de filiación, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: D.N.S.B. c/ Sucesores de F.R. s/ Acciones de reclamación de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

El fuero de atracción del juicio sucesorio sólo se extingue con la partición de los bienes que componen el acervo hereditario; la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento en el Registro de la Propiedad, deja subsistente el estado de indivisión.
Recurso de casación, denegatoria del recurso, nulidad procesal, debido proceso, defensa en juicio, estado de indefensión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cajal, Orlando Antonio s/ homicidio calificado por alevosía -causa nº 27.309/07-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21

La circunstancia de que las razones que el propio superior tribunal provincial invocó para rechazar el recurso de casación planteado por el letrado particular implicó reconocer que éste no contó con la asistencia técnica necesaria en la oportunidad procesal de revisión de la condena, tornando ineficaz la posibilidad de revisión del fallo, determina la nulidad de las actuaciones a partir del recurso de casación, ya que no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquél haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor (Disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Ficco Guzzo de Panceri, Silvia y otro c/ Transportadora Latinoamericana Ltda. s/ Daños y perjuicios Belén, Rosa A. c/ Sueta, Diego y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-03|1995-07-11

El sobreseimiento provisorio llegado a definitivo por el transcurso del tiempo es similar a sentencia absolutoria en sede penal, más no en la civil. En ésta sólo hacen cosa juzgada aquellos hechos sobre los cuales se hubiere pronunciado el juzgador penal, de donde no existiendo en el sobreseimiento convertido en definitivo pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de hecho alguno, no tiene aquellos efectos (Doct. arts. 1102 y 1103 CC).-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, derechos y garantías constitucionales, proceso penal, acción civil, actor civil, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: V, A A s/ APELACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 459-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

No vulnera garantías constitucionales -al margen del acierto o error en que pudo incurrir-, la decisión de la Sala A quo que descartó la pretensión de la defensa del procesado que pretendía que la omisión de la notificación de la constitución como actor civil era atribuible al constituido con fundamento en que no encontró razón alguna -ni en la letra ni en el espíritu de la ley- para sostener esa idea, especialmente en orden al significado accesorio que posee la acción civil insertada en el proceso penal.
Gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaggiamo, Héctor José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contenciosoadministrativo de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

La normas de facto no caducan automáticamente con la asunción de las autoridades constitucionales, dejando desprotegidos a los ciudadanos y sumergida a la sociedad en un insoportable caos.