marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, prueba, testigos, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Guattini, Julio César s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

No puede asimilarse a un testimonio a la versión de uno de los hijos del imputado a otra persona. Ésta -quien sí depuso en autos como testigo- se limitó a participar al órgano jurisdiccional lo que informal y voluntariamente le refirió su vecino, resultando inadmisible pretender que tal comentario adquiera la entidad de un testimonio rendido por el hijo del imputado, revestido de todos los requisitos que la ley de rito exige y con los deberes y prohibiciones que esa carga implica (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Banco central, representación procesal, inconducta procesal, negligencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberes del juez
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ozafraín, Horacio M. y otros c/ BCRA. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Si de la causa surge que la conducta procesal de la representación letrada del Banco Central resulta, en principio, cuanto menos, negligente y desaprensiva pues ha incurrido en omisiones e incoherencias que han generado una situación gravosa e irreversible para dicho ente, corresponde que la Corte lo ponga en conocimiento de la Procuración General del Tesoro, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y del Directorio del Banco Central de la República Argentina, para que se proceda a las investigaciones pertinentes (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Mutuo comercial, apertura de la sucesión, seguro de vida, cobertura, secuestro de automotor, ejecución del contrato, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Aviles, Cristian Antonio y otros c/ Banco de la Prov. de Neuquén S.A. s/ cumplimiento de contrato de Neuquén S.A. s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

Dada la contratación del seguro de vida que cubría el riesgo muerte del tomador del préstamo, con referencia al mutuo celebrado entre el banco y el causante, los herederos se encontraban eximidos de afrontar el pago de las cuotas pendientes, en tanto la aseguradora debía cancelar el saldo impago del mutuo en cuestión.
Liquidación judicial, impugnación de la liquidación, ejecución de sentencia, Estado Provincial, emergencia previsional, régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, capitalización de intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO, ALDO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION -  IMPUGNACION DE LA LIQUIDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 444 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Si practicada la liquidación del pleito con el defecto en la incorporación de las diferencias posteriores a la emisión del fallo, la parte actora solicitó no obstante su aprobación difiriendo para una etapa posterior la liquidación de esas acreencias e interin se produjo la entrada en vigencia de la ley de Emergencia Previsional, corresponde que, tratándose de una acreencia proveniente de una sentencia firme de autoridad judicial, quede enmarcada en la disposición del artículo 4 de la ley 11.373 y, por ende, sujeta al régimen especial de cancelación allí dispuesto. Con esa inteligencia, echa de verse que más allá de la factibilidad de la percepción del crédito en dinero en efectivo, la liquidación no se ajusta a derecho por cuanto justiprecia intereses a la tasa pasiva promedio posteriores a la fecha de corte (entrada en vigencia de la ley) y sin solución de continuidad, cuando en realidad, la aplicación de los intereses debió efectuarse sólo hasta esa fecha y, de allí en más, dilucidados los pagos que debieron efectuarse por aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo 4, posteriormente reglamentado por lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 1413/96, se deberá aplicar la tasa contemplada en el decreto 941/91, en concepto de privación de uso del capital, desde que cada pago debió concretarse y hasta el momento del efectivo cumplimiento.
Contravenciones de juego, contravención de peligro, lesividad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q, H.E. s/ Ley 255.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-09

Dentro de las previsiones del artículo 3 de la Ley Nro. 255, en la modalidad de "promover" el juego, se trata de una contravención de peligro abstracto, en la que la lesividad se concreta al poner en peligro cierto el patrimonio de las personas -artículo 1, Código Contravencional- sin que sea entonces necesario, a los fines de la reprochabilidad, la acreditación de lesión alguna del mismo o la verificación de que alguna persona ha efectivamente respondido positivamente a la "promoción" del juego; en consecuencia, no cabe acudir al principio de la insignificancia, ni en los términos de la teoría de la tipicidad conglobante de Zaffaroni, ni en el sentido que a dicha expresión le otorga el artículo 8 de la Ley Nro. 255. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Prueba pericial, incidentes, producción de la prueba, dictámenes, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    REVOCATORIA    CONTRA  DECRETO  QUE  FIJA  VISTA  DE  CAUSA  EN  DOS  INCIDENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

La controversia surgida por la oposición de la actora a la prueba pericial contable ofrecida por la demandada con el objetivo de demostrar la ineficacia probatoria del dictamen del ingeniero civil, planteada dentro del incidente de impugnación de la pericia efectuada por ese profesional, no puede convertirse en otro incidente del mismo nivel, sino que en todo caso consiste en una incidencia a resolver, sobre la procedencia de producir o no determinada probanza, pero sin un trámite con las características del previsto en el artículo 413 del Código Procesal Civil y Comercial.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, obligaciones del empleador, consignación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, PAOLA ELIZABETH c/ CASA RUBIO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-23

Cabe sostener que la entrega de los certificados de trabajo al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados. (En el caso, la demandada funda la tardanza en entregar los certificados de trabajo en que estuvieron a disposición de la actora y ésta no fue a retirarlos).
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: MENDEZ, MIGUEL c/ GRAFA S.A. s/ LIQUIDACION FINAL POR DESPIDO, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-17

La sola inobservancia de un deber derivado del contrato de trabajo no configura justa causa de la rescición, sino que ella debe ser injuriosa para los intereses de quien se dice afectado y que asuma suficiente gravedad como para ser incompatible con al subsistencia del vinculo.-
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: ODISA Obras de Ingeniería S.A. Constructora Comercial e Industrial c/ Municipalidad de Trelew s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-14

...en lo que a la suficiencia técnica de la impugnación respecta, los argumentos que se pretenden exponer ante la Corte Nacional son falaces, pues endilgan al fallo de este Superior Tribunal, un vicio inexistente invalidando la pretensión, y faltando al deber de fidelidad con la prevención del caso. En este orden ha de advertirse, que los agravios relatados, presentados como "cuestión constitucional", se circunscriben a la omisión de pronunciamiento -es más, "ni siquiera mencionar" dicen- la liquidación final, que la parte pretende distinguir del certificado que llama medición final, presentado en la misma fecha.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, Derecho ambiental, daño ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoza,  Beatriz  Silvia  y  otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

No se verifica respecto de los reclamos individuales por daño ambiental el recaudo de causa civil exigido por el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 para dar lugar a la competencia originaria de la Corte Suprema (art. 117 de la Constitución Nacional), cuando una provincia es demandada por un extranjero o por vecinos de otra provincia, sin que obste a ello que la pretensión también se dirija contra el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, pues el privilegio federal del primero está satisfecho con la intervención de los tribunales inferiores de la Nación y, en cuanto a la segunda porque, al no ser una provincia argentina, no le corresponde la instancia originaria del Tribunal.
Movilidad del haber jubilatorio, derecho de acrecer
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Betancur, José c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

Resulta procedente acceder a la tasa de reemplazo reclamada por el accionante, pues a esa solución conduce el empleo de la misma regla de hermenéutica a la que recurrió la Cámara en el caso del "dere-cho de acrecer" -supuesto no previsto expresamente por la ley 24.241 en materia de pensiones- donde por imperio de su art. 156 (aplicación supletoria de las disposiciones de las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias), reconoció la plena vigencia del derecho aludido, tal como estaba previsto por los arts. 41 y 29 de los regímenes previsionales para trabajadores dependientes y autónomos, respectivamente (cfr. Sala I, sent. del 26.06.00, "Fleitas Filipov, Daniel Arturo"; Sala III, sentencias del 06.11.01 y 11.08.03, "Burgos de Parera, María Margarita" y "Sacerdote de Puente, Ana María", entre otras). Por ello, corresponde declarar aplicable a aquel fin el 70% establecido por el art. 49 de la ley 18.037, en cuanto no resulta incompatible con el S.I.J.P (ahora S.I.P.A.), máxime teniendo presente que ese guarismo constituye el punto de referencia para la determinación del Retiro por Invalidez y la Pensión por Fa-llecimiento (arts. 97 y 98 de la ley 24.241 y sus modificatorias). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Accidente de tránsito, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, velocidad reglamentaria, prioridad de paso
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: R., B. J. s/ Homicidio culposo (Expte. Nro. 113-00, Resolución Nro. 38, Tomo 41, Folio  46/48)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

El cruzar una esquina no prioritaria, sea a 45, 55 o 60 km/h., implica una indiscutible violación a un deber de cuidado, ya que la prudencia conductiva, conteste con la obligación de dominio sobre la unidad y guiar a una velocidad adecuada, exigen una transitabilidad en cruce de la esquina, que debe disminuir sensiblemente la máxima permitida, precisamente para prever toda contingencia previsible en el complejo tránsito automotor que se puede dar en una encrucijada, y razonablemente, a esa velocidad sensiblemente disminuida, hubiera podido evitar el encuentro previsible entre las máquinas, más cuando el principio de paso no lo favorecía, si tenemos en cuenta que la prioridad de paso de quien transita por al derecha, no cede ni aún ante las avenidas, por más que éstas sean de circulación rápida...".
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LUCHINI, MARIO c/ INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO (ICR) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-10

Corresponde rechazar la queja desde que la recurrente insiste en el apartamiento de la regla de congruencia pero sin refutar los fundamentos esgrimidos por la Cámara, que en relación al inciso 2 del artículo 42 de la ley 10160 invocado, sostuvo que no se demostró presumido el nexo de causalidad ni tampoco se evaluó que era necesario demostrar la intervención de una cosa en la producción del daño ni que el rechazo de la demanda se sustentara en la falta de intervención de alguna cosa, estimando que la apelante había subsumido erróneamente los vicios que invocaba, ya que se imputaba a la sentencia del Tribunal Colegiado hallarse incursa en contradicción, cuando en rigor se le atribuía un apartamiento de los hechos invocados y probados, cuestión que debió ser canalizada , en todo caso, por vía del inciso 1 del artículo 42 de la ley 10160.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mazo, Máximo Catalino c/ H.C.D. de la Municipalidad de General Lucio V. Mansilla s/ Conflicto de poderes General Lucio V. Mansilla s/ Conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-12-09

Debe observarse en la materia la mayor flexibilidad, para que las medidas cautelares cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar molestias o perjuicios que podrían evitarse, ya que ellas miran, más que al interés privado del contendiente, al orden público que el proceso presume y cuya eficacia debe garantizarse.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, principio de confianza
Materia: PENAL
Carátula: ZANARDI, Franco. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

El principio de confianza cede cuando existe razón suficiente para dudar o creer lo contrario, por cuanto su límite se halla en el propio deber de observación. Es violatorio del deber de cuidado mantener la confianza cuando, en el ámbito de observación han entrado indicios de que el otro no se comportaba conforme lo esperado .

El imputado debió conducirse bajo la cautela que le exigía el art. 41 inc. e) de la Ley de Tránsito N° 24.449, ya que en definitiva, quien debía cruzar sin restricciones, se vio embestida por un vehículo cuyo conductor debió evitar cualquier maniobra que entorpeciera el tránsito peatonal.

Por ello, debe confirmarse el autodecisorio que declaró el procesamiento del imputado en orden al delito de homicidio culposo.
Caducidad de instancia, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: JOFRÉ, Hilda Beatriz c/ Kricas, Andrés Agustín s/ Apelación auto interlocutorio s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-05

Resulta de aplicación al caso la doctrina judicial elaborada por este Tribunal la cual sostiene que si el legislador hubiera entendido que las partes debían instar el proceso hasta la clausura del período de prueba, este no habría introducido el artículo 275 inciso 5º del CPC, norma que tiene sustento en el hecho de que producida la prueba o vencido el plazo para hacerlo, comienza una actividad que corresponde al juez. De allí en más quien debe instar el proceso es el tribunal, de donde no puede producirse la perención en el mismo artículo en el inciso 6º.- Antecedente ("González Rolando Sergio c/ Cinco Soles SRL -apelación auto interlocutorio s/ Inconstitucionalidad" (PRE S2º 2017-IV-698), reiterada en PRE S.2ª 2017-IV-755.
Revocación de sentencia, personal transitorio, reincorporación, indemnización agravada, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: Salvi, Cristian c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

El actor fue contratado como gerente de UDAI Tandil por la ANSES con carácter transitorio, sin estabilidad y ad referendum de la Jefatura de Gabinete de Ministros, extinguiéndose el vínculo cuatro años después. El juez a quo rechazó la acción por reincorporación pero condenó a la demandada ANSES, al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT, más el agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. Se agravia la demandada. La relación que unía a las partes no se encontraba alcanzada por las disposiciones de la LCT, toda vez que de la Resolución DEA N° 002 del 7/12/2016 surge que los "jefes regionales" de la demandada "deben regirse por el régimen legal aplicable a los funcionarios políticos" ya que el vínculo de aquellos con ANSES "participa de los caracteres propios del personal de gabinete toda vez que es designado por la autoridad superior y cesa en sus funciones simultáneamente con la autoridad cuyo gabinete integra" y que deben ser considerados "funcionarios políticos con sujeción a la normativa que regula su función y cesará su vinculación de pleno derecho ante el cese de las funciones de la autoridad que lo designe o por decisión desea misma autoridad". Cabe destacar que la norma es aplicable a las personas que ingresen en forma directa a un cargo de conducción superior y no al personal de carrera a quien le es aplicable el CCT N° 305/98 "E y el actor tenía pleno conocimiento de la normativa que regulaba su designación, es decir que tenía pleno conocimiento de sus alcances y de la sujeción al régimen legal aplicable a los funcionarios políticos, que no cuestionó. Así la solución expuesta en el fallo de grado llevaría a otorgarle al actor una estabilidad de la que carecía de acuerdo con los propios términos y alcances de su contratación. Por ello, la pretendida aplicación del régimen de contrato de trabajo a la relación mantenida entre las partes deviene improcedente. El actor carecía de la estabilidad en su cargo por tratarse de uno político. La mayor o menor conveniencia de recurrir a la creación de cargos de agentes transitorios por parte de la administración constituye una decisión de política administrativa no revisable en sede judicial. Cabe revocar la sentencia de primera instancia.
Cosa juzgada, diferencias salariales, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: Brufal, Juan y otros c/ SOMISA s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

Para considerar que el trabajador desistió de su derecho a cobrar diferencias salariales, debe estar expresamente plasmado en el acuerdo. Pero al no existir la cláusula referida y habiéndose producido la desvinculación conforme a lo dispuesto por el art. 241 de la LCT, debe entenderse que el trabajador carece de derecho a reclamar solamente las indemnizaciones relativas a la desvinculación.
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Los tratados internacionales no prevalecen en nuestro derecho constitucional sobre la Constitución Nacional porque la rigidez de ésta no tolera que normas emanadas de los órganos del poder constituido la alteren o violen, pues ello equivale a reformarla y porque el art. 27 es terminante en exigir que los tratados estén de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Salvo, Blanca Azucena c/ Alvarez Hnos. S.R.L. s/ Indemnización por muerte. Ley 24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Si lo resuelto por el tribunal del trabajo, carece de razones jurídicas suficientes, llegando de tal modo a una interpretación contraria a derecho, lo decidido es configurativo de absurdo, por lo cual el fallo debe ser descalificado.
Tribunal de alzada, recursos, facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MAUD, ELIAS s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-20

La piedra de toque de la función de la Alzada está restringida por el alcance del recurso concedido y por la fundamentación del quejoso, que determinan el ámbito de su competencia decisoria "tantum devolutum quantum apellatum". Pero la concesión de la apelación "devuelve" al superior la totalidad de sus poderes. La alzada es el juez del recurso, y si bien su competencia está acotada a las circunstancias apuntadas, goza de amplias libertades respecto del objeto litigioso sometido a su consideración, pues falla sobre los hechos y el derecho con las mismas posibilidades que el a-quo, teniendo la aptitud de revocar, reformar o confirmar en todo o en parte, la providencia atacada, y en ésta hipótesis está potenciada para utilizar la motivación del inferior, ampliarla o reformarla a su manera.
Delito imposible, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: DABIN MARIA LAURA s/ DELITO IMPOSIBLE - TENTATIVA - ABORTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-18

Para que un acto humano sea incriminado debe poder subsumirse en el tipo penal descripto y si no coinciden plenamente los hechos de la realidad con los requisitos del supuesto típico, no hay tipicidad. Así, en todos aquellos casos en que el objeto o el sujeto pasivo del delito sea inidóneo o haya faltado desde el comienzo, no pueden ser punibles por ausencia de un elemento constitutivo del tipo. Entonces, no se encuentran comprendidos en la disposición del art. 44 del C.P., los supuestos de inidoneidad o inexistencia del objeto por cuanto falta un elemento de la figura;

podría considerarse que existiendo una concreción exterior de voluntad criminal no hay razón para que queden excluidos de punición ciertos casos límites. Se podría justificar la punición por el disvalor del acto, pero al penar tales supuestos en los que falta un elemento esencial del tipo se estima que se estaría violando el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" (c.N. art. 18) (Voto de la mayoría Dr. Juan Parodi).-