Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 6 de 2007.

El doctor Ponce dijo:

I. En el pronunciamiento de fs. 458/67 la Juez de Grado hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Alicia Haydée Acerbi, condenando al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a abonarle la suma de $ 24.500, con mas sus intereses y costas. Asimismo, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la aseguradora de la parte demandada -Caja de Seguros S.A.-, por lo que la sentencia alcanzó también a esta última, que fue citada en garantía en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.

Apelaron el fallo la aseguradora (fs. 472), el banco demandado (fs. 473) y la demandante (fs. 475), quienes expresaron agravios a fs. 510/19, fs. 502/508 y fs. 499/500, respectivamente. Las quejas de la citada en garantía fueron respondidas por la parte demandada a fs. 528/30 y por la actora a fs. 531/33, las de la entidad financiera vencida fueron respondidas solamente por la accionante a fs.534/36, y las de esta última recibieron respuesta de la accionada a fs. 521/24 y de su aseguradora a fs. 525/27.

II. Se encuentra controvertida la existencia del hecho relatado por la actora en el escrito de inicio, que da origen a las presentes actuaciones, que según sostiene aquélla ocurrió el 10 de junio de 2003, aproximadamente a las 12 horas, en circunstancias en que ella se encontraba caminando por la vereda par de la calle Sarmiento de esta ciudad, y al arribar al número "626" de la misma, "...pisa una baldosa suelta, enganchándose el pie derecho...", pierde el equilibrio y cae pesadamente al suelo con todo el peso de su cuerpo sobre la mano derecha, sufriendo graves lesiones.

III. En primer término se quejó el apoderado de la entidad demandada de la "deficiente prueba del hecho": y de que no obstante ello, la señora juez "a quo" haya tenido por probado tanto la ocurrencia del hecho dañoso como la responsabilidad de su representada. Esto así, basándose sólo en los dichos de la actora, que, a su entender, no pudieron ser corroborados por el resto de las probanzas arrimadas por Acerbi a estos obrados.

En este orden de ideas, destacó que la demandante no inició un sumario penal debido a la naturaleza de las lesiones que alegó haber sufrido, como así también que no llamó al SAME y se retiró del lugar donde supuestamente ocurrió el accidente por sus propios medios.

A su vez, agregó el recurrente, que la constatación notarial efectuada por la actora a fin de acreditar el estado de la vereda -reservada en sobre chico, que tengo a la vista- se realizó el 05/09/2003, es decir casi tres meses después de la fecha del acontecimiento que nos ocupa. Por lo que sólo da fe del estado de la vereda el día en que fue realizada, y no de cómo estaba el 10/06/2003.

Concluyó el apelante señalando que la única prueba que produjo la actora a los fines de acreditar el hecho denunciado fue la declaración prestada por el testigo Mata (fs. 399), cuyas manifestaciones resultan imprecisas y ambiguas, y agregó también que Acerbi desistió, a fs. 405, del otro testigo que oportunamente ofreció. En cuanto el testimonio de Mata, indicó que no surge de esta prueba ningún indicio de que el día del accidente la vereda en cuestión se encontraba en el estado de que da cuenta el acta notarial.

Agregó, finalmente que de la Historia Clínica -glosada en fotocopia certificada a fs. 344/57 y 377/84- no surge tampoco ningún elemento que permita tener por configurado el nexo causal necesario para inculpar a su mandante como lo hizo la sentenciante de primera instancia.

Desde otro ángulo, sostuvo el apoderado de la entidad demandada que la actora no acreditó el riesgo o vicio de la cosa (porción de vereda que le corresponde a la primera), ya que, según su criterio, las probanzas producidas en autos no avalan sus dichos en modo alguno. Y en cuanto a la declaración testimonial ya más arriba descripta, remarcó que con ella "...no sólo no se corrobora la mecánica del hecho en sí, sino que, además, tampoco se desprende que el día del accidente la vereda estuviera en mal estado, con baldosas flojas o rotas, como únicamente lo sostiene la demandante" (la negrita le pertenece a la accionada, cfr. fs. 506, párrafo 6º de la expresión de agravios en análisis).

En síntesis, la recurrente concluyó que en el "sub lite" no se ha podido probar "ni siquiera por aproximación", el vicio o riesgo de la cosa (vereda/baldosa), ni que los daños que dice haber sufrido Acerbi hayan provenido de su contacto con aquélla.

Paso ahora al análisis de las quejas vertidas por la citada en garantía sobre este punto.

Sostuvo, en idéntico sentido a su asegurada, que el acaecimiento del hecho expuesto por la actora en el escrito de inicio no ha sido probado, que de la prueba colectada en autos no surge que la caída de Acerbi en la acera haya ocurrido, ni que haya sido en el frente del edificio de propiedad del Banco Ciudad de Buenos Aires.

El apoderado de la citada efectuó análogas críticas a las realizadas por la parte demandada respecto de la declaración testimonial prestada por Mata y manifestó también que la sentenciante de grado realizó una valoración incorrecta de la "ínfima prueba" aportada por la actora.

En cuanto a la vereda, indicó que esta es una "cosa inerte" por la que no puede responsabilizarse a su parte. A mayor abundamiento, agregó que la propia actora manifestó en la demanda haber notado el mal estado de conservación de la acera, por lo que el daño que alega haber padecido fue por su propia y exclusiva culpa, dado que ella se constituyó por sí sola en agente activo de aquél (artículo 1109 del Código Civil).

Destaco con relación a este agravio que de la lectura del escrito de postulación -obrante a fs. 45/51- no se desprende, al menos claramente, que Acerbi haya advertido (antes de sufrir el supuesto accidente) que la baldosa en cuestión estuviera floja o fuera de lugar.

Sentado ello, debo abordar ahora el análisis de la actividad probatoria desarrollada por la accionante a lo largo del proceso.

En tal sentido corresponde señalar que la carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos, entre los que forman el "thema probandum" en ese juicio, deben aparecer justificados para que sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones (Devis Echandia, Hernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", t. I, p. 142).

En nuestro ordenamiento procesal el artículo 377 regula el instituto de la carga probatoria imponiéndosela al que afirma un hecho controvertido o un precepto legal que el tribunal no tiene la obligación de conocer. Esta norma, tal como se aprecia, contiene la regla de juicio por medio de la cual se indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que lleven la certeza sobre los hechos que deben fundar su decisión, a la vez que establece a cual de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables. En síntesis, es un imperativo del propio interés de cada litigante.

En el "sub lite" adelanto que la actora no ha entendido las directivas procesales precedentemente descriptas, pues si bien -por los argumentos que más adelante detallaré- propondré a mis distinguidas colegas se tenga por acreditada la caída de Acerbi en la vereda de la calle Sarmiento al 600, frente a la entidad bancaria demandada; por el contrario, no propiciaré se tenga por comprobado el presupuesto de hecho necesario para la procedencia de sus pretensiones. Y este presupuesto de hecho no es otro que el deterioro de la acera que provocó su caída y los daños alegados y reclamados.

La jurisprudencia resulta conteste respecto a que, cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de una cosa inerte (como ocurre en el "sub iudice"), a ella incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto de 2º párrafo, última parte, del artículo 1113 del Código Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián, quien podrá eximirse total o parcialmente de dicha responsabilidad, acreditándose la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. (conf. CNCiv. Sala "L" L. 51877 del 18-09-97, Sala "D" Expte. L. nº 115413/2000, del 12-10-2004, Sala "K", JA, t. 2005-IV-52 y LA LEY, 2006-A, 2). Y en el "sub examen", como describiré seguidamente, la demandante no logró probar los extremos más arriba señalados.

Así las cosas, paso a analizar las pruebas arrimadas al expediente por la actora.

A fs. 399 obra la declaración del testigo Mata, quien al ser interrogado por las generales de la ley expresa que iba detrás de Acerbi cuando esta se cayó. Relata luego que "...cuando se cayó la señora, que tropezó, según lo que vio ella iba delante del testigo por la calle Sarmiento y de repente ve que cae la señora y observa que había un baldosón de cemento, fuerte, como de piedra, grueso y cayó la señora, tropezó, lo primero que atinó fue agarrarla para quererla levantar, sintió que gritaba y que había caído sobre su brazo derecho...Que más o menos fue en Sarmiento al 600...Que el testigo cuando la alzó a la señora...le preguntó si quería que llamara a una ambulancia...y ella decidió tomarse un taxi y se lo tomó..."(sic).

A más de señalar que las manifestaciones vertidas por el deponente resultan marcadamente escuetas y vagas -ya que Mata no puede precisar, por ejemplo, ni el lugar exacto de la calle Sarmiento en que ocurre el hecho ni la fecha de este: cfr. fs. 399/vta.-, lo más importante a los fines de decidir si corresponde confirmar o no la atribución de responsabilidad efectuada por la señora juez a quo respecto de la demandada es que el testigo en ningún momento expresa, como lo hace la actora en el escrito de inicio, que la baldosa o "baldosón" de cemento se encontrara flojo o fuera de su lugar como para convertirse en una "cosa riesgosa" susceptible de ocasionar la caída de Acerbi.

Y tal como lo señalé más arriba, de conformidad con lo previsto en el 2º párrafo, última parte, del artículo 1113 del Código Civil, la demandante debía probar que la cosa "inerte" jugó un papel causal respecto al daño, acreditando la posición o el comportamiento anormales o su vicio.

De lo precedentemente expuesto se desprende a las claras que Acerbi no ha logrado acreditar el riesgo de la cosa (baldosa floja) que alegó como causa de su caída, por lo que lo que se produce es la ruptura del nexo causal (entre el hecho y el daño), presupuesto necesario e ineludible de la responsabilidad contractual o aquiliana, para condenar a la accionada a responder por los daños y perjuicios alegados por la actora y cuyo resarcimiento reclama.

Cuadra recordar al respecto que dentro de los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desatenderse la necesidad de verificar con precisión no sólo el daño experimentado sino también su necesaria relación de causalidad con lo obrado por la persona o, en este caso, por la "cosa riesgosa", a cuyo propietario se intenta responsabilizar.

Por tal motivo en el "sub lite" resulta indispensable, determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por hechos atribuibles a la cosa de propiedad de la entidad emplazada, vale decir, la relación causal jurídicamente relevante no como vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho, cuya demostración incumbe en todos los casos a la actora.

A su vez, agrego y reitero, que la actora desistió del otro testigo que oportunamente ofreció, que posiblemente hubiera servido a sus intereses, actitud esta que la valoro en los términos del artículo 163, inciso 5 del Código Procesal (Peyrano, Jorge W., "Valor probatorio de la conducta procesal de las partes", LA LEY, 1979-B, 1049).

A más de ello, resulta definitorio para sellar la suerte del recurso que, tal como lo indicó la parte demandada en su expresión de agravios, las fotografías y la constatación notarial del lugar del accidente -puntualmente de "la baldosa suelta, con movilidad y desniveles" que nos incumbe-, acompañada por la accionante a fs. 2/5, se realizó con fecha 05/09/2003, es decir prácticamente tres meses después de la fecha del accidente (el 10/06/2003), por lo que sólo da fe del estado de la vereda el día en que fue efectuada.

Las mismas consideraciones merece la otra prueba documental adjuntada por la demandante: la filmación acompañada en CD, reservada en sobre, ya que fue realizada el mismo día que la constatación más arriba referida.

En síntesis y por todo lo expuesto, doy mi opinión negativa, en el sentido que deben recibirse los agravios interpuestos por la demandada y su aseguradora y revocar la sentencia de grado, toda vez que de las probanzas arrimadas al proceso se sigue que los perjuicios cuyo reconocimiento pretende la accionante se debieron exclusivamente a la conducta negligente y culposa adoptada por ella en la emergencia, ya que no logró acreditar el riesgo de la cosa que invocó.

En consecuencia, y en orden a lo decidido precedentemente, se ha tornado abstracto expedirse tanto acerca de la procedencia o no de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la citada en garantía, como así también respecto de las quejas cruzadas entre los justiciables relativas a la procedencia y los montos de los rubros indemnizatorios fijados en el fallo en crisis.

V. Atento la revocatoria que propicio y lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal corresponde adecuar las costas y los honorarios regulados en la instancia de grado, debiendo los gastos causídicos quedar a cargo de la actora en orden al principio objetivo de la derrota (artículo 68 del mismo cuerpo legal).

Por todo lo expuesto si mi voto fuera compartido por mis distinguidas colegas, propongo revocar la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la demanda y condena al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y a su aseguradora, a abonarle a la actora la suma de $ 24.500, con mas sus intereses y costas.

Las costas de alzada también deberán quedar a cargo de la actora por aplicación del mencionado principio objetivo de la derrota.

Las doctoras De los Santos y Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Revocar la sentencia de primera instancia. Las costas del proceso se imponen a la parte actora. 2) Los gastos causídicos de alzada deberán también ser soportados por la demandante.

I.- En atención a la forma en que se resuelve, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en autos (conf. art. 279 del Código Procesal) y habiéndose rechazado la demanda, la interpretación adecuada del régimen arancelario exige aplicar las pautas de la ley nº 21.839 - t.o. 24.432 no estrictamente, sino en base a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder al actor de haber prosperado la acción (conf. esta Sala expte. 359.956; 403.398, 402.781 y otros). En tal orden de ideas deben valorarse -en su conjunto- los conceptos reclamados, las características del hecho en cuestión, su víctima y finalmente los trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad de los mismos (conf. art.6º, incs. b);c) y d) de las leyes arancelarias mencionadas).

En consecuencia, por la labor profesional de los letrados realizada en la instancia anterior, regúlase al letrado apoderado de la parte actora -perdedora-, Dr. J. L. I. la suma de pesos seiscientos ($ 600) y a su letrado patrocinante, Dr. M. A. la suma de pesos dos mil ($ 2.000); a los letrados apoderados de la demandada "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", Dr. M. R. M. la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800), Dra. L. R. M. por su intervención en la audiencia de fs.214 la suma de pesos trescientos ($ 300) y al Dr. L. R. L. por su intervención en la audiencia de fs.399 la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150) y al letrado de la citada en garantía "Caja de Seguros SA.", Dr. D. A. S. la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800).

II.- En cuanto a los peritos, se tendrá en cuenta la naturaleza de las peritaciones realizadas, la calidad, importancia y complejidad de las mismas, su carácter técnico-científico y la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (conf. CSJN., Fallos: 239:123; 243:96, entre otros). Asimismo y respecto del consultor técnico, su asesoramiento a la parte que lo propuso, no es asimilable al dictamen de los peritos, por lo cual sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Bs. As. 1993, pág. 147).

Por lo expuesto, regúlase a los peritos: médico A. M. A. la suma de pesos quinientos ($ 500); contador J. P. N. la suma de pesos quinientos ($ 500); psicóloga C. R. la suma de pesos quinientos ($ 500) y consultora técnica psicóloga A. A. F. la suma de pesos trescientos ($ 300).

Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia que culminara con el dictado de la sentencia definitiva, fíjase a los Dres. J. L. I. y M. A., en conjunto, la suma de pesos setecientos ($ 700); Dr. M. R. M. la suma de pesos un mil seiscientos ochenta ($ 1.680) y Dr. D. A. S. la suma de pesos un mil seiscientos ochenta ($ 1.680; conf. art. 14, ley de Arancel). - Carlos R. Ponce. - Mabel De los Santos. - Elisa M. Diaz de Vivar.