marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz Vda. de Rufino, Ines c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Daños y pejuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

La muerte de un ser querido lleva un tiempo de recuperación y es mas un padecimiento espiritual que psíquico, puesto que no toda alteración anímica a consecuencia del hecho, constituye una lesión psíquica en sentido propio, por lo que no corresponde indemnización por daño psíquico, quedando dicho padecimiento subsumido dentro del daño moral, salvo, claro está, que el sujeto enferme intelectual, afectiva o volitivamente a raíz del hecho, mas allá de limites de normalidad o del poder de la personalidad para absorber, elaborar y superar la situación lesiva.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, acuerdo legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Los nombramientos con "acuerdo" son actos substancialmente políticos o de gobierno; no son actos administrativos sino desde el punto de vista formal. Esta concepción sobre la naturaleza jurídica de tales nombramientos con acuerdo, válida también para las designaciones de los jueces mediante dicho procedimiento, es aceptada por la doctrina argentina.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Ibáñez, Demetrio c/ Carindú S.A.I.C.A.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

No se compadece con los principios de lealtad y buena fe circunstancia que por sí descalifica el agravio, la fundamentación del recurso que soslaya deliberadamente toda referencia a lo resuelto en precedentes que le fueron adversos y que eran de conocimiento de la parte, representada por el mismo profesional, con motivo de casos análogos motivados por los mismos hechos.
Acción de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, facultades del juez, competencia ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

En el derecho público provincial rionegrino todos los jueces se encuentran a cargo del control de constitucionalidad, siguiendo el modelo estadounidense, concluyo que ninguna razón clara de urgencia se manifiesta como relevante para ser considerada en autos de tal modo de habilitar la competencia originaria de este Cuerpo, además de lo ya argumentado sobre la cuestión institucional.

Que para el caso a resolver coincido con el voto del Dr. Alberto I. BALLADINI en cuanto existiendo reconocida la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos que estima afectados, corresponde expedirse este Tribunal en el sentido de declarar extinguida la competencia originaria del Superior Tribunal, atento el carácter extraordinario y excepcional de ésta.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, José María y otros s/ Incidente de restitución de bienes en autos: "Fernández, Roberto  Pedro. Concurso preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

En la interpretación de la ley debe comenzarse con la misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico.
Prisión preventiva, cambio de calificación legal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Piris, Claudio Edgardo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-14

La ley 24.390 no ha derogado las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquélla deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del Código de Procedimientos en Materia Penal y del Código Procesal Penal. Por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal de la República en el precedente "Bramajo" del 12-9-96, se arriba a la conclusión de que no debe aplicarse en forma automática el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley 24.390 para conceder el beneficio de la excarcelación, sino que dichas disposiciones deben valorarse en relación a las pautas establecidas por los artículos 319 y 317 a "contrario sensu" del C.P.P.N., poniendo de relieve las circunstancias que hacen que la detención sufrida no se presente como irrazonable.
Administración Pública, actuaciones administrativas, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- I, II, III Y IV CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-26

Se debe tener presente que la característica de procedimiento o sucesión de actos y hechos de la administración pública y de los particulares de la licitación pública tiene tres hitos importantes que deben ser analizados desde la óptica de los derechos que cada una concede a los particulares oferentes: etapa de admisión y calificación de las ofertas, la adjudicación del contrato y la suscripción del contrato.
Daños y perjuicios, legitimación activa, dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, ROSA c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-17

Cuando una persona es dueño de una cosa, por implicancia está afirmando que es poseedor, que es usufructuario, que es usuario de la cosa, que tales derechos son inherentes a la misma. Esto resulta claramente de la concordancia con los arts. 2.513 y 1.110 del Código Civil. De ello deriva que aún cuando no acredite la referida titularidad del dominio, si de las constancias de autos se desprende que es poseedor, usufructuario o usuario de la cosa, tiene legitimación activa para demandar la indemnización de los daños y perjuicios a raíz de la destrucción de la cosa.
Contratos, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Taylor Victor Teodoro c/ Costas Roberto y Miracola Aurora E. s/ Cumplimiento de contrato y Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-18

Cuando al progreso de la demanda se opone la excepción llamada "exceptio non rite adimpleti contractus" establecida por el art.

1201 del Código Civil, recae sobre el actor la carga de probar que al pedirle al demandado que cumpla, a su vez haya cumplido o que ofrece cumplir su obligación simultáneamente con la del accionado. Y ésta prueba, tal como surge de los propios términos de la ley, es a cargo de la parte que exige el cumplimiento.
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Pedro Luis c/ Pautazzo, María Cristina s/ Ejecuc. Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-19

Evaluando las peculiaridades instrumentales de la incidencia motorizada por la demandada, con alongada tramitación y donde no llegó a configurarse el hito obligacional del artículo 581 del digesto ritual respecto del comprador, en que corresponde actualizar el saldo de precio, aún impago, en el lapso indicado en la sentencia apelada, pero por índice de precios al por mayor, nivel general, pues al estar vinculada la obligación reajustada al valor de un inmueble, es razonable acudir al que mide con mayor especificidad, la depreciación de bienes o si se quiere, el más representativo de la inflación promedio en la actividad económica global, pues el índice de precios al consumidor sólo refleja, en esencia, el costo de vida.
Recurso de apelación (procesal), prescripción adquisitiva, posesión, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES BOLIVAR, Abraham c/ MARTINEZ, Claudio Fermín s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-24

Y en cuanto a los medios de prueba de que puede valerse el pretenso usucapiente, es dable reparar que la jurisprudencia nacional entendió que los pagos de barrido, limpieza y contribución territorial, así como los de Obras Sanitarias de la Nación, merecen ser interpretados positivamente, ya que si tradicionalmente la posesión se prueba con el "corpus" que consiste en los llamados actos posesorios mencionados en el art. 2.384 del Código Civil, no deja de tener lógica que se considere como prueba del "animus" específicamente la posesión de recibos de impuestos que se refieren al fundo en forma especial y ello porque es poco factible que alguien que no se sienta poseedor de la cosa, se allane a pagar contribuciones impuestas por el Estado.

O si se quiere, porque sólo el propietario, o quien se sienta con ánimo de tal, realice erogaciones que no le traen aparejado un beneficio directo, sino que impide la ejecución forzada por vía de apremio de la cosa poseída.

La prueba colectada es más que suficiente para la acreditación de la posesión animus domini por un término que supera el mínimo legal. En efecto, debe tenerse en cuenta que adjuntó el actor 83 boletas de pago de los servicios de luz y agua corriente que en la Provincia centraliza la empresa Edesa S.A., siendo la más antigua la del año 1998, cuanto asimismo, constancias de abono del impuesto inmobiliario desde el año 1996.

Y el plano de mensura glosado a fs. 5, permite apreciar que en el predio se ha construido una casa habitación, en donde habita el actor con su mujer Roberta Socaza (a nombre de quien figuran las boletas de luz) y los seis hijos de la pareja, según confirma el informe policial de fs. 205, en donde se da cuenta que los vecinos tiene un buen concepto de la familia.

Es oportuno reparar sobre la cuestión que la Ley 14.159, no exige que existan documentos que hagan a todo el plazo de la prescripción (CNCiv. Sala B, L.L., 1981-A, 51 -JL, 980-3-224).

De todas maneras, debe entenderse que el pago de tributos tiene un valor meramente complementario de otras probanzas para acreditar los actos posesorios (SC Buenos Aires, S.P. L.L., 981-358 (573­SP), DJBA, 116-349), cabe reflexionar que quien construye, amplía y repara una vivienda, en donde se ha emplazado con su grupo familiar, está realizando típicos actos posesorios; y si a más lo hace ante la tolerancia y pasividad del titular registral, que nada dice ni objeta esas tareas, está concretando un obrar tendente a consolidar el dominio de la cosa ocupada.
Sociedades comerciales, liquidación, legitimación procesal, herederos, partición
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Houston de Otaegui, María Cristina  c/ Houston, Roberto Daniel y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

No puede reconocérsele a la accionante, legitimación para instar la liquidación de la sociedad per se -y el destino de las acciones que la causante posee en ella- con prescindencia de las resoluciones tomadas al respecto por la juez que entiende en la sucesión y a las que, en definitiva, se ha sujetado voluntariamente. Es que existiendo sucesorio abierto (sin partición) y administrador judicial designado, la legitimación para intervenir en representación de la participación social de la causante, debe estar en cabeza de dicho auxiliar o ajustarse a lo que se resuelva al respecto en el proceso civil, ya que no solo es asunto que compromete el patrimonio de los herederos, sino también a los intereses de los eventuales acreedores que concurran a dicho trámite. Proceder de otra manera importaría, cuanto menos, desoír lo resuelto por la magistrada a cuyo cargo está la sucesión, así como habilitar una suerte de segunda vía judicial con el fin de intentar arribar, al menos según lo declamado, a un mismo resultado, escenario procesal que no puede ser admitido en tanto podría derivar en decisiones judiciales contradictorias. En otras palabras, es a través de la sucesión y no de manera individual o autónoma, que deben articularse las pretensiones necesarias para concretar los mandatos judiciales firmes y eventualmente pendientes cumplimiento o, en su caso, la ejecución de los acuerdos habidos entre los herederos (con más razón, si aún no existe partición).
Competencia administrativa, daños y perjuicios, responsabilidad médica, hospitales públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: CONTRERA  CINECIO,  Antonio c/ GOBIERNO  DE LA CIUDAD DE BUENOSAIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

Resulta competente la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires para entender en la demanda entablada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de obtener una indemnización de los daños y perjuicios por hechos sucedidos en un órgano dependiente de la accionada -en el caso, un hospital-. Corresponde excluir del concepto "causa civil" al que alude el art. 24 inc. 1 del decreto ley 1285/58 a los casos en los que se pretende atribuir responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido un órgano estatal, en cuanto es una materia de derecho público, pues su regulación corresponde al derecho administrativo y, por ende, es del resorte exclusivo de los gobiernos locales conocer en aquellos, aunque, eventualmente se invoquen o se apliquen, de manera subsidiaria, disposiciones del derecho común o principios generales del derecho. (Sumario N°20911 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Relaciones de familia, filiación, demandado, prueba, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

La Ley 23511 (artículo 4) se limitó a otorgar reconocimiento legal al indicio que pretorianamente se venía deduciendo de la negativa del demandado a someterse a los exámenes y análisis necesarios para determinar la filiación -si bien con discrepancias en cuanto al alcance de la inferencia que los tribunales se encontraban habilitados a efectuar en razón de dicha negativa-.
Inhabilitación especial, imputado
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Sobisch, Jorge Omar y otros s/ Art. 63 inc. b) Ley 26.215- Inf. Final Legislativa 2007 M.P.N. (Movimiento Popular Neuquino)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

A los fines de la defensa en los procesos tendientes a aplicar sanciones electorales, es necesaria la intervención personal del acusado y no mediante apoderado.
Acción de amparo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BAIGORRIA, ROSA MARIA DEL LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-02

Se impone la descalificación de la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido, desde que la Sala prescinde del análisis de las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de la vía de amparo intentada, ingresando sin más al tratamiento de la procedencia de la misma, soslayando la particular rigurosidad que en dicha tarea le era exigible pues, tratándose de un litigio que versa sobre materia administrativa -aun existiendo un planteo de inconstitucionalidad- la competencia de los Tribunales especiales se supone, advirtiéndose por lo demás que las razones invocadas en la demanda son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional motivo la disposición impugnada producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo, ni por ende por qué el acceso a la jurisdicción en lo contencioso administrativo podía acarrearle un perjuicio irreparable. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Spuler y Gutiérrez).
Prescripción adquisitiva, falta de prueba, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FORTUNA TABORDA DE SENA s/ POSESION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-09

La falta de prueba referida al pago de impuestos, por sí sola, no justifica el rechazo de la pretensión, pero constatada tal falencia, los demás elementos de convicción han de apreciarse con mayor rigor y deben conformar un cuadro probatorio complejo e inequívoco de la posesión pública y pacífica, con ánimo de dueño, por el plazo requerido por la ley.
Competencia federal, obstrucción de la vía pública, tránsito automotor, rutas nacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres  Bustos, Miriam Elena s/ denuncia falsificación documento público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

Corresponde al fuero federal entender en la causa en la que como consecuencia de las medidas de fuerza se interrumpió el tránsito de vehículos sobre una ruta nacional, pues esas acciones han interferido directamente en la satisfacción de los objetivos de bien público para los cuales la ruta fue establecida, entre los que debe encontrarse el de garantizar el libre desarrollo del tráfico interjurisdiccional.
Acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ ALBERTO, JUAREZ SONIA Y OTROS c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-11

El Poder Judicial debe revisar la legalidad de las decisiones administrativas, una vez agotado por parte del administrado, el camino procedimental que la ley establece, ya sea por la vía impugnatoria o recursiva, o por la reclamación administrativa de un derecho.La primera presupone el agotamiento de los recursos administrativos, cuya consecuencia sería necesariamente un pronunciamiento expreso o tácito de la administración pública en punto a la legitimidad o ilegitimidad del acto administrativo de alcance general o individual, cuya revocación o modificación se persigue por el administrado.La segunda, que consiste en la reclamación que debe efectuar el particular en sede administrativa, a fin de obtener un obrar positivo o negativo de la administración o de sus entes, acerca de un derecho subjetivo de carácter administrativo, no depende, para su procedencia, de la declaración de invalidez de acto administrativo alguno como elemento eficiente de la misma, pues como se dijo, por ésta vía no se impugnan actos administrativos.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorchs, Jorge Gustavo c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Resultan aplicables a la revisión de los actos administrativos los principios generales elaborados en la materia sobre la base de la juridicidad ínsita en la actuación de todos los órganos estatales a partir del art. 31 de la Constitución nacional, que permiten el análisis de la existencia de los elementos que conforman el acto administrativo, la configuración en el caso de todos ellos conforme a derecho -comprendiendo las normas de aplicación supletoria o analógica (arts. 1, dec. ley 7647; 150, Constitución provincial)- y la consiguiente constatación de los vicios que pudieren justificar su anulación, incluida por cierto la irrazonabilidad en el ejercicio de las facultades discrecionales.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CORNEJO, ANGEL HUGO c/ CAIVANO, OSCAR NESTOR CARLOS s/ PROCESO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-03-28

La falta de registraciones en los libros de la accionada, ante las prueba de la prestación de servicios extras, juega como presunción en su contra.
Imputado, declaración informativa, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C. P., N. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-09

La única similitud existente entre la declaración informativa y la indagatoria se encuentra en su forma, pues a través de la primera se garantizan, a modo de recaudo ante la posibilidad de que luego sea indagado, los derechos del justiciable. Pero no existen similitudes desde el punto de la sujeción al proceso; el imputado no ingresa al mismo como procesado y asi lo consigna la propia norma. También debe tenerse en cuenta que el llamado a explicativa, según calificada doctrina, no constituye secuela de juicio, por no ser un acto que impulse el procedimiento.
Denegatoria del recurso, presentación extemporánea, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Outon Fabiana Silvina contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Corresponde rechazar, por extemporáneo, el recurso de aclaratoria planteado, dado que el plazo para interponerlo había vencido con anterioridad a su presentación (cf. art. 217 del CCAyT aplicable en virtud de lo dispuesto en el art. 2 de la ley n° 402, texto consolidado por ley n° 6017). Ello, sin perjuicio de que hubiera podido ser deducido dentro de las dos primeras horas hábiles judiciales del día siguiente al de su vencimiento (cf. art. 108, último párr. del CCAyT). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano).
Nulidad del acto administrativo, Derecho administrativo, código civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles S.A. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-07-16

La invalidez de los actos de derecho público ha de enjuiciase según las normas de la materia iuspublicista, sin que a ello se oponga el recurso a las reglas del Código Civil en cuanto éstas guarden congruencia con la materia, fines y garantías propios de aquellos actos.
Accidente de tránsito, peatón distraído, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Raúl c/ Policía de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Si bien debe admitirse que el peatón tiene prioridad de paso en los lugares habilitados para ello, no es menos cierto que el cruce debe efectuarse en circunstancias "normales" y no obrando en forma desaprensiva, negligente y hasta temeraria, invadiendo la línea de circulación de los automotores súbitamente y a una marcha que no es normal, tanto más si lo que se intentaba cruzar era una avenida de intenso tránsito, de noche, mal iluminada y sin prestar la debida atención al desarrollo del tránsito vehicular, de allí que tal conducta del peatón debe ser calificada de culposa y que, en igual medida que el obrar del conductor, ha puesto una condición necesaria para la producción del hecho ilícito, correspondiendo concluir que ha existido culpa concurrente y en igual proporción entre el conductor y la víctima (arts. 499, 512, 902, 1111, 1113 Cód. Civil;

71 inc. 1 ley 5800).