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Medidas cautelares, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Toledo, Héctor S. y otro c/ Ramón Delgado y otra s/ Embargo preventivo. Toledo, Héctor S. y otro c/ Ramón Delgado y otra s/ Embargo preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-04-28|1988-04-28

La admisión de una medida cautelar no implica adelanto de opinión por parte del juzgador, habida cuenta que es distinta la apreciación sobre el derecho del actor en el momento en que se admite la medida cautelar -donde basta prima facie se demuestre su existencia- que la que se exige para reconocer ese mismo derecho en la sentencia que decide el conflicto.
Seguros, responsabilidad civil, obligaciones del asegurador, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA AGRICOLA CIA. DE SEGUROS  S.A. c/ GARAJE BELGRANO Y OTRO s/ SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

Si la citada en garantía es deudora de su asegurado -el garajista- dentro de los límites emergentes del contrato de seguro (ley 17.418, arts. 116 y 118), tal prestación dirigida a satisfacer al tercero damnificado no puede verse agravada por el mayor valor de la indemnización que exceda los límites convenidos en la póliza; lo contrario importaría una inadmisible violación del principio de la ley 17.418, art. 118.

La cuantía de la obligación del asegurador sólo puede extenderse hasta el límite del seguro y nunca más allá del vínculo contractual, o sea, de la suma garantizada en responsabilidad civil. La fórmula "en la medida del seguro" es útil, pues comprende el capital debido, los importes proporcionales por las costas, gastos judiciales y extrajudiciales e intereses, cuya amplitud podrá conocerse recién al tiempo de su liquidación, con la limitación que impone la suma asegurada en la póliza.

Si la demandante puso en tela de juicio la veracidad de la limitación denunciada por la citada en garantía, debió ofrecer y producir la prueba pertinente tendiente a demostrar los alcances de la obligación asumida por el asegurador de la contraparte, por pesarle la carga probatoria de ese extremo. En tales condiciones, el pronunciamiento apelado ningún perjuicio le ocasiona a la demandante, en tanto se limitó a diferir la determinación del límite de la cobertura al momento de ejecución de la sentencia.
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, acciones de clase, acuerdos comerciales, homologación judicial, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Percomin Icsa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde rechazar el pedido de homologación de un acuerdo transaccional celebrado entre una asociación de defensa de consumidores y una empresa que fue demandada por infringir el deber informativo previsto en la LDC 36, ya que omitió informar, en los casos en los que los clientes abonan con tarjeta de crédito en cuotas con interés, la tasa de interés efectiva, el costo financiero total y el sistema de amortización del capital y los intereses. En primer lugar, porque no ha sido suministrada información alguna que permita emitir juicio acerca de la suficiencia de las sumas comprometidas en el acuerdo.
Ley tributaria, constitucionalidad, acción meramente declarativa, recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24549. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 790-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La impugnación del recurrente relativa a la vía procesal meramente declarativa utilizada por la actora como medio para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 23549 de "Ahorro Obligatorio", puede reputarse carente de decisividad en el estadio actual del proceso, porque el agravio emerge insubsistente desde que este Alto Tribunal de la Provincia se encuentra ahora habilitado para tratar y decidir la cuestión -como ya se señalara- de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Strada".
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, interpretación restrictiva, principio de dignidad humana, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fornerón en Hija vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-04-27

El principio del interés superior del niño, regulador de toda la normativa relativa a menores, se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, resultando indispensable, en casos relativos a su custodia y cuidado, la evaluación de los comportamientos parentales específicos, su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, con un análisis concreto y no especulativo respecto de daños o riesgos reales.
Participación criminal, dominio del hecho, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La doctrina científica en el derecho comparado, no ha aceptado en la legislación penal común- que el criterio del dominio del hecho sea decisivo para distinguir el concepto de autor del de partícipe.
Relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ZULETA ROLANDO SERGIO c/ FLORES LIDIA ADELINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-05-31

La presunción acerca de la prestación de los servicios instituida por el art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiende a resguardar jurídicamente la situación del trabajador contratado informalmente, pero ello no puede inducir, como pretende la apelante, a presumir la existencia de subordinación jurídica en cualquier situación, ya que en orden a ello juegan diversos factores que permiten perfilar una efectiva dependencia económica que, a su vez, supone por parte del dador principal el efectivo ejercicio del poder de dirección y disciplinario.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, inhabilidad de título, ejecución de honorarios, seguros, asegurador, representante del asegurador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Papetti, Juan José c/ Chubut Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó la excepción de inhabilidad de título interpuesta y mandó llevar adelante la ejecución de los honorarios del letrado designado por la aseguradora (Disidencia de Dr. Julio S.

Nazareno).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, acción meramente declarativa, ahorro obligatorio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Santa Juana  SCA. c/ Estado Nacional (Mx de Economía -  DGI. s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

No constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal, la decisión que consideró que la dilucidación de la naturaleza jurídica del "ahorro obligatorio" excede el marco previsto por el art. 322, primer párrafo del Código Procesal.
Recurso extraordinario, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vaccaro, Francisco Roberto c/ Paramio, Pascual Enrique e Inmobiliaria del Salado  SRL. s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Las resoluciones recaídas en los procedimientos de ejecución de sentencia no revisten, si tienden a hacerla efectiva, el carácter del fallo definitivo de la causa a los fines de la apelación del art. 14 de la ley 48, salvo en el caso en que lo resuelto importe un apartamiento de lo decidido en aquélla, por apartarse de los valores reales en juego tenidos en cuenta al dictarla.
Recurso de casación, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: BRAVO HECTOR HUGO c/ CHEDID HECTOR EMP. CONST. s/ HABERES IMPAGOS, ETC.-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTO POR DR. A.NASSIF
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

El rigorismo formal debe ceder cuando, en la oportunidad de interponer el recurso de casación, la demandada ofrece garantía suficiente a efectos de afianzar el crédito de la actora, esto es, bienes a embargo para cubrir suficientemente el monto de la condena y sus accesorios, reiterando la caución al momento de interposición del recurso de queja, ya que el hecho de no poder subsanarlo le impide acceder al recurso de casación. (Minoría u opinión personal)
Interpretación restrictiva, contratos, partes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RMS INGENIERIA SRL c/ SULFACID SAIFC s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   384-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Siendo que la teoría del abuso del derecho es utilizada para privar de efectos a una cláusula contractual, su uso debe ser restrictivo; solamente cuando aparezca manifiesto el antifuncionalismo debe acudirse a este remedio excepcional. Sustentar una conclusión contraria puede resultar altamente peligroso para la seguridad jurídica, pues importaría aceptar que la ejecución y cumplimiento de los contratos queden sometidos ilimitadamente al arbitrio de los jueces, quienes terminarían por convertirse en contratantes, sustituyendo a las partes en el ejercicio de su autonomía contractual, lo que no puede aceptarse en atención al firme amparo dispensado por la Constitución Nacional a esta libertad.
Pago, prueba, falta de recibo, apreciación de la prueba, presunciones hominis
Materia: CIVIL
Carátula: MARQUEZ, Alfredo c/ Antonio REYES e hijo s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

A pesar de la amplitud de medios probatorios que se admite con respecto al pago como acto jurídico extintivo, es menester emplear rigor de apreciación frente a la presunción hominis adversa que se desprende de la carencia de recibos.
Gastos del proceso, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: F., M.N. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-06

En cuanto a la naturaleza jurídica del depósito que el artículo 289, inc. "d" del Código Procesal Civil reglamenta, se trata de una carga procesal y no de una tasa o impuesto, resultando la enumeración del último párrafo del texto legal citado es taxativa.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, accidentes de trabajo, aplicación de la ley, daño resarcible, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: García Balastegui, Gines s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-02

Con respecto a la causal de violación de la ley sustantiva (Accidente de Trabajo ocurrido con fecha en que estaba vigente la ley 9688), la cuestión ha de resolverse conforme a la noción de consumo jurídico, a fin de saber cuándo se aplica la nueva ley (en este caso ley 23643).

Primero se debe diferenciar: a) Los hechos pasados que han agotado su virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley; b) los hechos "in fiere" o en curso de desarrollo, pueden ser alcanzados por el nuevo régimen; y c) las consecuencias no consumadas de los hechos pasados, caen bajo la vigencia de la nueva ley.

Con la diferencia apuntada, interesa analizar el hecho generador de la responsabilidad en supuestos de esta índole (infortunios laborales), y así, debe recordarse que el daño no es una consecuencia de la relación jurídica de la responsabilidad, sino la causa que da origen a esa responsabilidad. En este entendimiento el daño se verifica y se consolida en el momento en que la víctima toma conocimiento en forma definitiva de la incapacidad que padece. Y es en ese momento en que deberá establecerse cuál es la ley aplicable, ya que lo que adquiere relevancia es la fecha en que ha tenido lugar la determinación de la afección y su entidad invalidante y, ciertamente, el conocimiento de los interesados en hacer valer ese derecho conculcado. En mérito a los principios señalados, la solución congruente consiste en establecer, conforme lo receptado por el artículo 3 del Código Civil la fecha de determinación del daño, pauta ésta que discernirá la aplicación de la ley en el tiempo.

El hecho generador de la responsabilidad patronal lo constituyó el accidente, este originó el daño, es decir la incapacidad y el nacimiento de la acción resarcitoria. El efecto dañoso, en este caso, no quedó consumado en sede administrativa sino que siguió gestándose hasta llegar a sede judicial, instancia ésta en que el juez sentenciante establece en forma definitiva el grado de incapacidad, teniendo en cuenta la pericia judicial, cuya base de conclusiones determinaron el daño. O sea que es aquí, donde se completa el proceso de gestación de la situación jurídica de responsabilidad. En autos se arriba a la conclusión que tomando como punto de referencia la fecha de la pericia judicial, será de aplicación la ley nueva teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la misma.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Propezzi Horacio Alejandro y otro c/ Sallal Jorge Omar y otros s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Si bien frente a la insuficiencia del dictamen pericial puede cobrar mayor fuerza o incidencia la documentación presupuestaria que se acompaña ello no releva ni impide al juez a través de la facultad que le atribuye el art.165 del CPC, de evaluar lo adecuado de los valores consignados, a través de su propia experiencia personal derivada, tanto del conocimiento ordinario de las cosas, cuanto de la resolución de otros casos similares o parecidos.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benítez Bravo, Antonio c/ Codesal, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que plantea la revisión de una cuestión que la alzada se negó a considerar por imperio del art.272 del C.P.C., sin impugnar las razones de tal negativa.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSSI MIGUEL ANGEL c/ ALDO DANTE CRESPIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-14

No puede ser mantenida, bajo el pretexto de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada, una resolución en la que se dispone el rechazo a la impugnación formulada a la planilla de liquidación en el rubro de los intereses del capital calculado con la tasa activa, puesto que mantenerla importa una modificación en el régimen monetario y obligacional que nos rige, y que representa la voluntad de los poderes políticos de poner fin al flagelo inflacionario y corregir una economía estabilizada.
Injuria laboral, despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: ZENKO, Carmen Ramona c/ FERNANDEZ, Esteban y/o CASA GÜEMES y/o ROIN POIN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-09-25

Para que la existencia de la deuda en el atraso en el pago de su obligación, por el empleador, pueda constituir injuria, es necesario que el dependiente exteriorice su voluntad de tenerse por injuriado y que tal decisión llegue a conocimiento del empleador, ya que de lo contrario, no se perfecciona el despido indirecto.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LINEA CUZ S.R.L. c/ TOMAS FIGUEROA s/ Cambiaria (LIBRO: A051 - 003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-30

La caducidad puede ser enervada a través de actuaciones simples y complejas. Las primeras sirven para interrumpir la perención por poseer una idoneidad objetiva específica o particular. Las segundas son aquellas que por no revestir estos caracteres, necesitan de una complementación posterior para ser consideradas útiles en los términos de la ley adjetiva.-
Tenencia ilegítima de armas de guerra, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: MOREL, Miguel Angel s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

No puede prosperar la posición defensista en cuanto a considerar precaria la tenencia de arma de guerra por parte del procesado, cuando de los dichos de un testigo de cuya sinceridad no cabe dudar, surge que aquel se la exhibió la noche anterior a su detención.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata S.A. c/ Poggi Ricardo Angel y otra s/ Cobro ejecutivo Banco Francés del Río de La Plata S.A. c/ Gómez Héctor Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28|1995-08-01

La Suprema Corte de Justicia tiene resuelto (con alcance tal que vale para la situación prevista por el art. 623 del C.C. en su originaria redacción y, mucho más, para la emergencia de la reforma efectuada por la Ley 23938) que la mera circunstancia de que el art.

623 del C.C. impida la capitalización de interés no puede fundar su pretendida inconstitucionalidad, porque sólo la excluye fuera de los supuestos por él contemplados.-(SCBA. JUBA: sumario 22808)-
Caducidad de instancia, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OLIVERA, RAÚL Y OT. EN NOMBRE Y REPR. DE S.H.M. OLIVERA DIEGO G.R. EN J° 29.359/10.283 OLIVERA RAÚL G.C. (EXPTE. N° 88.091 ) c/ ALFARO RAUL A. P/ D. Y P. EN J° 8715 EMPRESA EL RAPIDO S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-08-27

Siendo la solicitud de llamamiento de autos para resolver, el único acto procesal que quedaba realizar en la causa y habiendo sido pedido por el recurrente antes de cumplirse el término de caducidad, la falta de integración del Tribunal, invocada por la Cámara para pospone la resolución hasta que se produjese la integración, configura una situación de fuerza mayor, que impide el impulso de causa, pues coloca a la parte en la imposibilidad de continuar con el proceso, hasta que se dé una circunstancia que no depende de la voluntad del recurrente. La Cámara debió dictar el llamamiento de autos para resolver, y luego suspender el sorteo hasta tanto integrara el Tribunal. De este modo, la apelante, que ya no tenía deberes procesales que cumplir no corría el riesgo de la declaración de caducidad provocada únicamente por la omisión de una carga que correspondía al Tribunal. Tal situación motivó, de hecho, una suspensión del curso de la caducidad, la que subsistía al momento de la interposición y resolución de la caducidad interpuesta, que mal pudo ser declarada.( Voto MAYORIA)
Representación de la sociedad, sociedad anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAR, HUGO PERFECTO c/ RIVA S.A s/ PROCESO ORDINARIO Y EMBARGO PREVENTIVO (EXPTE Nº 1751/92)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-12-26

En principio, la representación legal en juicio de una sociedad anónima, incumbe al presidente del directorio (art. 268, Ley 19550), salvo que los estatutos restringieren dicha facultad.-
Honorarios, competencia, base
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO CARLOS ELVIO c/ MUNICIALIDAD DE SAN FRANCISCO s/ HONORARIOS: INCIDENTE DE REGULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-14

El art. 104 de la ley 8226 establece que el Tribunal de Alzada, si no existe monto para regular, debe imponer las costas difiriendo la regulación, pero debe indicar los por cientos para que el a-quo oportunamente pueda practicarlos.

Si esto no se ha hecho en la resolución de la cámara,no corresponde peticionar directamente al juez a-quo la regulación, sino que debe peticionarlo a la cámara de apelaciones.

No es necesario un nuevo pedido de regulación, sino que deben elevarse los autos a la alzada para que se practiquen los mismos, ya que el a-quo no tiene más competencia para hacerlo.

Por un principio de economía procesal y por grado, corresponde sin más que el tribunal ad-quem, ante los parámetros económicos existentes, proceda a la mencionada regulación de honorarios de los profesionales que intervinieron en el recurso de reposición ante la alzada.

Siendo un recurso tendiente a impugnar la sentencia de primera instancia, las bases económicas son aquellas que se indican en el fallo del a-quo y habiendo quedado firme para el obligado en costas, debe partirse de ella, con más los intereses previstos y la actualización si corresponde.

Dada la fecha (noviembre de 1990) los intereses indicados, sólo tienen valor hasta el 1/04/1991 (ley de convertibilidad y decreto 529 y 941) y de allí los previstos en esas resoluciones (la ley es de orden público y por lo tanto aplicable para todas las obligaciones impagas).

El art.80 de la ley 8226 establece los porcientos para los recursos de reposición (que es válido para los producidos en segunda instancia) con base en el art. 34, sin que sea aplicable el art. 37 que no esta indicado para el Recurso de Reposición. De esto se aplica el art. 80 y como se tramitó con vista a la contraria, solo la segunda parte del artículo mencionado.-
Procedimiento laboral, conciliación, quita
Materia: LABORAL
Carátula: BEATRICE c/ BENITEZ s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-27

Si el acuerdo conciliatorio, se formula después de dictada la sentencia y el contiene una quita de los montos mandados a pagar por aquélla, resulta improcedente su homologación en términos del art. 15 de la Ley de contrato de trabajo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Krausse, Sergio O. y ot. s/ Robo calificado en poblado y en banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Es insuficiente el agravio en el que invocando los arts. 138/141, 226 y 251/253 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.-, se sostiene que los testimonios valorados por la Cámara no acreditan la autoría responsable, si no se rebate lo resuelto por el tribunal "a quo" y se limita a reproducir textualmente los argumentos desarrollados en la expresión de agravios.