marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, hurto de automotor, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: MAIORANO JORGE c/ MORALA MODESTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Considerase, en general, que ha mediado culpa del propietario debido a una conducta negligente en la custodia de la cosa que pondría a su cargo las consecuencias previsibles de esa conducta (art. 904 Cód. Civil), cuando se ha dejado al vehículo en lugar accesible, con puertas abiertas, o con las llaves puestas, o el motor en marcha, o al alcance de un menor. Pero si las características del vehículo sustraído (un camión con acoplado) no permiten su fácil guarda en garages o estacionamientos, no se advierte tal culpa del propietario ante la permanencia de dicho rodado frente a su domicilio.
Recusación sin causa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Subsecretaría de Trabajo c/ Zegarra, Segundino s/ Incidente de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

La recusación sin expresión de causa a los jueces, es un derecho que la ley procesal concede a las "partes" y no puede negarse que la parte actora viste tal calidad, sin que se la quite su carácter público (doctr. del art. 14 del CPCC); y precisamente al no prohibirlo en forma expresa la norma adjetiva citada, resulta de estricta aplicación el principio constitucional: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe" (2do párr. art. 19, C.N.; id 25 de la Constitución Provincial). (Minoría u opinión personal)
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Bramante, Julio Alberto c/ Máxima Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

Frente al conocimiento del dictamen de los médicos forenses que adjudicaron al peticionario un alto grado de incapacidad y señalaron las dificultades para el desempeño de sus tareas habituales, circunstancias que daban sustento suficiente a su pretensión, la actitud de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de no reconocer expresamente el derecho y llevar a una dilación innecesaria de un proceso en el que se encuentran en juego derechos de indudable naturaleza alimentaria, no demuestra que la solución de imponerle las costas sea contraria al régimen legal ni que la carga que se le ha impuesto resulte desprovista de razón suficiente.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PALOU ANTONIO c/ SANGUINETTI SUSANA ANA MARIA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-21

Resulta arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia del Tribunal de alzada que se dicta sin considerar ni decidir sobre la imposición de las costas en primera instancia cuando tal cuestión fue propuesta como uno de los agravios del apelante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, duda
Materia: PENAL
Carátula: Espósito, Fabio A s/ Robo automotor calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Queda sin sustento la pretendida aplicación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, solicitada por el recurrente, si formuló dicho agravio supeditándolo a otro de materia probatoria, en el que fracasara.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, agravantes de la pena, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, bien jurídico protegido, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Quienes sostienen que únicamente en el peligro corrido por la víctima está el bien jurídico protegido por la ley, afirman que allí ha debido ser encontrado puesto que el poder intimidante del arma como anulador de defensas está ya previsto en la figura básica del robo -como intimidación expresa en la anterior redacción, y como violencia física a la que resulta equiparable en la actual- y por ende no puede construirse una figura agravante en base a un elemento ya comprendido en el tipo básico.

Sin perjuicio del cúmulo de argumentos existentes para refutar esa forma de conceptuar el robo y trasladar las sustracciones cometidas con intimidación a la extorsión, baste recomendar la lectura del comentario hecho por Carlos Creus al fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe en fecha 29-03-1994 en autos "Miranda , Omar y otro" (publicado en La Ley, t. 1994-E, pág. 75) donde se pone en crisis que los conceptos de violencia e intimidación contenidos en la ley civil y en el art. 34 inc. 2º Cód. Penal sean equiparables a los contemplados en los arts. 164 y 168 del Cód. Penal, puesto que los primeros pertenecen a las excusas, mientras los segundos atañen a las afirmaciones típicas de punibilidad.

Allí se pregunta dónde encuadrar bajo ese presupuesto que critica, al supuesto de quien obliga a otro a entregar algo bajo amenaza de un mal futuro, dado que en el concepto de la ley civil y del art. 34 inc. 2º C. Penal la intimidación requiere la inminencia del mal prometido. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Giordano, Ricardo Alberto s/ Infracción art. 96 inc. f. ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Es formalmente inadmisible el recurso de inconstitucionalidad sustentado en normas de la Constitución nacional, ya que el remedio estatuido en el art. 349 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- es expresión legal de lo mandado por el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y está previsto sólo en función de esta última.
Seguros, régimen de contralor, superintendencia, asignación de funciones, liquidación y distribución, asegurador, honorarios, comisión liquidadora, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Omega Cooperativa de Seguros Ltda. (Ssn) c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Una de las funciones que ejerce la Superintendencia de Seguros es liquidar forzosamente a las empresas de seguro (ley 20091: 51) y como entidad autárquica y persona jurídica, debe actuar a través de las personas individuales, manteniendo la calidad legal asignada por dicha norma y la responsabilidad que ello conlleva. Asimismo, la Superintendencia tiene autonomía funcional y financiera, por lo que resulta desacertado imponer nuevos costos cuando ya se encuentran previstos dentro del presupuesto ordinario de dicha entidad (ley cit.: 65 y 81).
Medidas cautelares, embargo, crédito líquido, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: CAIRO NATALIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

El embargo fue ordenado sobre la suma de dinero perteneciente a la demandada depositada a la orden del juzgado interviniente en los autos "Chaparro, Jorge c/Villar Antonio s/Incidente de Medidas Cautelares", la cual reconoce su origen en el embargo trabado sobre alquileres percibidos por la demandada. Así, es claro que se trata de cautelar recursos propios de la C.N.A.S., sin comprometer los recursos que pertenecen al Estado Nacional (cfr. esta Sala, arg. Causa 56.476 del 19.12.95); cabe añadir que el art. 16 in fine, Ley 24.624, dispone: "Establécese la fecha del 31 de diciembre de 1.996 como límite para la liquidación definitiva de los entes residuales de empresas ya privatizadas. Los saldos de cuentas a cobrar y a pagar pendientes a esa fecha serán transferidos a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos" hasta tanto no se lleve a cabo la transferencia mencionada (plazo prorrogado hasta el 30 de junio de 1.997; cfr. art. 25, Ley 24.764), el patrimonio de la empresa en liquidación le pertenece, de modo que no se integra -hasta la fecha indicada- a "los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público". De tal manera, el embargo materializado sobre algún crédito de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) no implica una afectación de recursos del Estado Nacional (cfr. esta Sala, Causa 6430 del 4.7.96, entre muchas otras).
Jurisdicción y competencia, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicios en que es parte una provincia, Provincia de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canale,  Carlos  Alfredo  y otros c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la causa si la Provincia de Buenos Aires no aparece como titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, por lo que no cabe tenerla como parte sustancial en la litis.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENZADON, SOL c/ BENZADON, LAURA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

En relación a la postulación del impugnante referida a la aplicación al caso de la reducción de la escala arancelaria dispuesta en los artículos 7, inciso 2, apartado d) y 8, inciso n) de la ley 12851, corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta puesto que, si bien es criterio reiterado de la Corte provincial -y también de la Corte nacional- que lo relativo a cuestiones de honorarios resulta ajeno al recurso extraordinario, se advierte que las alegaciones del recurrente cuentan prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos y suponen articular con seriedad planteos que podrían configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia de excepción, superando el óbice de admisibilidad mencionado. (Del voto de la mayoría. en disidencia parcial: Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12851, artículos 7, inciso 2, apartado d) y 8, inci o n).
Regulación de honorarios, nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: DR. CUNEO LIBARONA, Mariano s/ reg. de honorarios Causa nro. 12.795
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

El Señor Juez "a quo" no se ha pronunciado en relación a la naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado que se hubiese obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de la efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, ni en cuanto a la actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal. Sino que haciendo una parcial interpretación del artículo 6º, inc. d) de la ley 21.839, ha pronunciado su resolución en atención a lo prolongado del trámite de las actuaciones (once años) sin apreciar siquiera el mérito a la labor profesional, calidad y eficacia. Por lo que debe declararse la nulidad, debiendo el magistrado dictar nuevo pronunciamiento.
Acción de inconstitucionalidad, procurador general, supresión del cargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-29

La Honorable Cámara de Diputados tiene facultades constitucionales de dictar leyes, mas tales facultades se encuentra limitadas por esa misma Constitución y entre ellas no posee, como se pretende, la de disponer la cesantía por ley de Magistrados y Funcionarios Judiciales con estabilidad constitucionalmente otorgada como elemento esencial que hace al sistema Republicano de Gobierno. Debe, a mi entender quedar muy claro que la ley impugnada no afecta simplemente derechos subjetivos del titular del cargo cuyas funciones se desdoblan, derechos sólo otorgarían la posibilidad de un reclamo patrimonial, como si se tratara de la indemnización por despido injustificado de un trabajador con estabilidad laboral, sino que afecta a mi entender groseramente el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas de nuestra Provincia, que hace incluso a derechos esenciales tales como el del debido proceso y el juzgamiento por los Jueces naturales, lesión por supuesto, insusceptible de ser reparada patrimonialmente. VOTO EN MAYORIA: DR.

CASTRO DASSEN
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, sucesiones, bienes, compraventa, condominio
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MARTINEZ, RAMIRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ SUCESION Y ACCIONES COLATERALES. HOY JUICIO ARBITRAL.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 486-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-06

No procede la apertura de la instancia extraordinaria por cuanto no se satisface la exigencia del artículo 3 de la ley 7055, si las quejosas -hijas y herederas del causante- no explican, al interponer el recurso, cuál es el interés jurídico que las legitimaría para atacar la decisión de la sala a quo. Es decir, de qué modo les provoca un gravamen la división de los bienes del sucesorio, actualmente en condominio, y con qué fin insisten en la indisponibilidad de los que le corresponden a su madre.

En el caso, la resolución atacada por inconstitucionalidad, permite a la esposa del causante enajenar los bienes que le corresponden en la sucesión mediante venta, para posibilitar la partición por tratarse de inmuebles indivisibles y dispone que los fondos que a aquélla se asignen, sean invertidos convenientemente.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Uhalde, Víctor Hugo; Hassell, Juan Carlos; Fernández, Mario Damián; Peressutti, Juan Carlos s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial alegando que la alzada no trató lo relacionado con la materialidad ilícita y que no fundó tal extremo en ley, si el tribunal a quo se ocupó de describir el hecho, invocó los elementos probatorios que lo acreditaban y brindó la fundamentación legal respectiva.
Contrabando, personas jurídicas, embargo, procesamiento, auto de procesamiento, sociedades comerciales
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, ROBERTO s/ Contrabando, recurso de apelación del auto de procesamiento de  Carlos R. Meta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

1 - Corresponde mantener el procesamiento por contrabando y embargo de la Sociedad Limitada, en tanto las personas de existencia ideal son solidariamente responsables de las penas pecuniarias por delitos aduaneros cometidos por su dependientes en ejercicio o en ocasión de sus funciones.- 2 - El auto de procesamiento sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho, estimación que no es definitiva ni vinculante.
Reordenamiento del sistema financiero, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: DELUCCHI, Alejandro José c/ GIACOMOSSI, Luis Alberto s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-24

Aun cuando la modificación que dispuso la ley 25.820 parece haber extendido el alcance de la llamada "pesificación" a todas las obligaciones de dar sumas de dinero existentes a la fecha de la sanción de la ley 25.561 (6 de enero de 2002), con prescindencia de su exigibilidad, este precepto legislativo no puede superar el valladar del art. 3 del Código Civil, establecido con la sanción de la ley 17.711, que excepciona el principio del efecto inmediato en materia contractual. Es que, permitir que con posterioridad al momento en que queda configurado el marco regulador de la relación jurídica, constituida mediante un contrato de tracto sucesivo, ésta se alterará mediante las disposiciones contenidas en la sanción de una nueva ley que alcanza a los efectos de esta relación -que se han producido también bajo el amparo de la ley sustituida-, importaría contrariar el principio de irretroactividad sostenido por nuestra legislación. Del voto de la mayoría: Dras. Wilde y Brilla de Serrat.
Sucesiones, colación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Maio, Ciriaco c/ Sgro, José Luis y otros s/ Acción de Reducción, etc. De Maio, Ciriaco c/ De Maio, Angela y otros s/ Colación, Rescisión de Partición por Donación y Reducción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28|1992-05-28

Cabe distinguir entre colación y reclamo de la legítima, pues la primera tiene por fin determinar el excedente y mediante operación contable (no por reingreso de bienes a la masa hereditaria) y la segunda -cálculo previo de por medio- es la porción que debe respetarse por el causante.
Recurso de inconstitucionalidad, mantenimiento del recurso, cuestión constitucional, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Fonzalida, Ernesto Daniel c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Fonzalida, Ernesto Daniel c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones de empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Determinar si en autos se encontraban probados o no los hechos imputados al actor -por cuya comisión se dispuso la sanción de cesantía que se impugna-, así como el alcance que cabía asignar a la sentencia recaída en la causa penal, son cuestiones que, claramente, remiten a la forma en que la Cámara valoró los hechos y las pruebas y, al modo en que analizó la normativa infraconstitucional. Estos aspectos resultan, como principio, extraños a esta instancia extraordinaria. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, asegurador por riesgos del trabajo, indemnización, monto de la indemnización, indemnización agravada
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 31066 GARCIA HUMBERTO EDUARDO Y OT. P/SI Y POR SU HIJO MENOR c/ CHIARPOTTI, CARLOS Y OT. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-06

El monto pagado por la Aseguradora de Riesgo Trabajo debe descontarse de la indemnización concedida, a fin de no incurrir en una duplicidad de indemnizaciones (art. 39, ley 24.557). Por tanto, si el actor, el demandado o la citada en garantía no acreditan el im-porte ya pagado por la A.R.T., se supedita dicho descuento a la prueba pertinente que deberá rendirse en la etapa de ejecución de sentencia.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Hernandez, Mónica Deolinda (Intendente de la Municipalidad del Distrito San José - Dpto. Santa María) c/ Concejo Deliberante de San José - Dpto. Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-21

La presente causa es promovida por la Sra. Intendente de la Municipalidad del Distrito San José Dpto. Santa María, a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 111/09 por la cual se la destituye del cargo.

La pretensión ejercida se fundamenta en la ilegalidad del procedimiento, en tanto no se respetó en el mismo las exigencias legales del llamado a la convocatoria de la sesión extraordinaria, el que a su vez, se realizó antes de concluir el plazo de suspensión dispuesto en Sentencia Nº 23/09 y sin el quórum de mayoría calificada requerido.

Sostiene que el acto, además, carece de motivación por no contener una imputación concreta de falta grave que justifique la medida, de falta de citación para poder ejercer su derecho de defensa y ausencia de facultades del CD para resolver la destitución del Intendente Municipal conforme a Ley Orgánica de Municipalidades.

Sin esfuerzo se infiere que la situación acontecida encaja holgadamente en el concepto que esta Corte sostiene en relación a qué debe entenderse por conflicto de poderes interno municipal, dado que la controversia se suscita entre las autoridades que conforman el gobierno municipal -el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante- y su existencia no es posible revertirse en el ámbito que le es propio y hace imposible su normal funcionamiento.

En el mismo sentido este Tribunal ha definido que esta hipótesis se produce cuando se suscitan controversias entre las autoridades que conforman el gobierno municipal como conflicto de competencia entre las ramas, departamentos o autoridades que componen el gobierno municipal comunal.

A su vez, el concepto de competencia es contemplado tanto en su acepción restringida como un solo requisito o elemento de legitimidad del acto estatal o en su acepción amplia, es decir que, aun cuando el órgano tuviese la competencia para dictarlo en sentido estricto, al no respetar el procedimiento o forma para dictarlo fijado por la ley, se considera que dicho órgano se ha excedido en sus atribuciones.

Precisado ello, es dable recordar que como ya lo tiene dicho este Tribunal, el ejercicio de la competencia de esta Corte de Justicia, es meramente revisora y excepcional, tendiente en primer término, a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento seguido para la realización de determinados actos del Cuerpo Deliberativo, verbigracia: controlar el acatamiento del quórum legal requerido para sesionar, el debido proceso, etc., sin llegar a entrar a la cuestión de fondo pues no se pretende sustituir el criterio de los Concejales por el de este Tribunal.
Aplicación de la ley, reducción de cuota alimentaria, gastos del proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B. N. T. c/ G. S. G. J. s/ alimentos para los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-23

La cuota alimentaria no es un castigo y aquí radica, en parte, uno de los motivos por los cuales las subjetivas consideraciones de la accionante, al expresar agravios, no tienen ninguna relevancia para aceptar semejante importe que pretende. Como es sabido, son dos grandes parámetros los que moldean la cuantía de la cuota alimentaria: las posibilidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentado. El análisis convergente de esos dos elementos es el que determina el monto que prudencialmente se debe fijar.
Juicio de desalojo, intimación previa, locación, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardo, Concetto c/ Giuliano, Francisco Franco s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Al existir plazo fijado para el pago y convenido lugar que no era el domicilio del locatario o su representante, el inquilino ha caído en mora por el mero transcurso del plazo, de conformidad con el art. 509, primera parte del Código Civil, pues la intimación prevista en el art. 5 de la ley 23.091, es un requisito para entablar la acción de desalojo, no siendo una exigencia para constituir en mora al inquilino cuando está pactado el plazo para efectuar el pago y fijado lugar que no sea el domicilio del locatario.