Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "D, L A c/ M. S.A. s/ SUMARIO", expte. nro. 16.114/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 475/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 460), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 419/424 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 426 por el actor y a fs. 431 por la demandada la sentencia definitiva nro. 94 del 03/10/06 de fs. 419/424 vta., habiéndose concedido a fs. 428 y 432 respectivamente, libremente y con efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos.

El fallo apelado dispuso: 1) Hacer lugar a parcialmente a la demanda y declarando la nulidad de la decisión asamblearia que aprobó la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31/12/03 de la sociedad comercial M. S.A., adoptada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30/04/04, según Acta nro. 18 del Libro de Acta de Asambleas nro. 1 de dicha sociedad comercial; 2) Rechazar el pedido de remoción del Síndico de M. y 3) Imponer las costas al demandado vencido.

I.A-1) A fs. 436/449 obran glosados los agravios de la parte demandada.

Se agravia sumariamente en cuanto a que:

a) la sentencia no se ajusta a los hechos pretendidos en la demanda, ya que el acto de la asamblea no merece objeciones sino que se está refiriendo a una supuesta nulidad del balance lo cual es una cosa completamente distinta a la acción promovida en autos:

b) no existen las diferencias señaladas por el a-quo en los balances que fueron presentados en la Asamblea y en la Delegación de Personas Jurídicas ya que las distintas pautas de medición utilizadas -balance histórico y balance consolidado- no implica que los mismos sean irregulares y que no respondan a la situación patrimonial de la empresa atento a que las correcciones que se efectuaron entre uno y otro balance obedecen al proceso inflacionario y a la pesificación de la economía nacional;

c) el acta confeccionada con motivo de la asamblea llevada a cabo tiene carácter de instrumento público y por lo tanto la única forma legal de impugnar los alcance de los balances es mediante el incidente de redargución de falsedad;

d) la imposición de costas y e) los honorarios regulados.

I.A-2) A fs. 450/451 vta. obran agregados los agravios expuestos por el apelante actor, contestando el traslado de los mismos la demandada a fs. 455/456.

Sucintamente fundamenta su agravio en cuanto rechazó el pedido de remoción del Síndico por cuanto al haber decidido el a-quo la nulidad de la Asamblea ello tenía relación directa con la generación de responsabilidad de éste en su obrar negligente en el control de el estado contable y balance.

I.B-1) En cuanto al agravio de la apelante demandada sobre que la sentencia no se ajusta a los hechos pretendidos en la demanda ya que el acto de la asamblea no merece objeciones sino que se está refiriendo a una supuesta nulidad del balance lo cual es una cosa completamente distinta a la acción promovida en autos, es criterio de la suscripta en cuanto al principio de congruencia que:

"Si bien es cierto que en la estructura del proceso civil debe primar el principio de congruencia en torno a la petición de las partes y la decisión expresa en tal sentido por el sentenciante, no menos cierto es que de acuerdo al segundo párrafo del inciso 6° del artículo 163 del Código Procesal, el ritual autoriza a los jueces a hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante en la sustanciación del juicio que se encuentren debidamente probados" (07-06-00, Sent. Interlocutoria nro. 60, en autos caratulados: "P. Ar. SRL en autos: "T. C. S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia -Acción de Amparo- expdte. nro. 11.463/00 s/ Recuso de Queja").

En sentido similar ha establecido la jurisprudencia que: "El principio de congruencia y la garantía en juicio sólo se conculcan cuando se introducen en el fallo alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena defensa, debiendo entenderse cumplida la exigencia del art. 163, inc. 6 del CPCC - cuando existe conformidad entre la sentencia y el pedimento" (Pcia. Buenos Aires); "B. O. c/ C. S.A. y otro s/ Diferencia en la indemnización por antigüedad" - SCBA - L 34194 S - 21-12-1984: LT 1985 XXXIII-A, 383 - LL 1986 B, 601 - AyS 1984-II, 681; elDial - W2EB").

Haciendo aplicación de los criterios precedentemente expuestos, considero que es inatendible la argumentación relativa a la violación del principio de congruencia expuesta por la apelante tanto en su escrito de demanda (fs. 165vta./166), en su alegato (fs. 399/400) como en su apelación (fs. 437), ya que advierto que no se menciona los preceptos de la ley ritual presuntamente conculcados ni refiere que el a-quo haya introducido cuestiones de hecho en forma sorpresiva razón por la cual estimo que no infringe tal regla el fallo que, en función propia de la judicatura, resuelve el encuadre jurídico del caso para lo que no puede dejar de lado la norma de fondo que rige la materia de que se trata, tal como lo ha efectuado el a-quo en el razonamiento que expone en el considerando 6to. del fallo (fs. 422vta./424).

I.B-2) Atento la vinculación existente en cuanto a la decisión a tomar de los agravios individualizados en este voto como I.A.1-b) y I.A.-c), he de tratar los mismos en forma conjunta.

En cuanto a la temática planteada corresponde preliminarmente fijar los conceptos jurídicos de la situación existente entre las partes en este juicio, en este sentido es criterio de la suscripta que la asamblea general de accionistas es el órgano necesario que establece las condiciones en que podrán cumplirse válidamente ciertos actos colegiados de gobierno o que suponen una facultad excepcional a la meramente administrativa que ella determina y, que debe su origen a la reunión de accionistas.

Su forma refiere al procedimiento colegial: A) convocatoria por el órgano competente, B) publicación de la convocatoria, C) recaudos de legitimación para la asistencia, D) quórum para la constitución y funcionamiento de la asamblea, E) tratamiento del orden del día con las salvedades de la ley con información y deliberación, F) votación y proclamación de los resultados alcanzados según las mayorías necesarias, y G) confección del acta (cfr. Otaegui, Julio C., "Invalidez de actos societarios", editorial Abaco, Buenos Aires, 1978, pág. 405).

En la especie nos encontramos frente al pedido de declaración de la nulidad de la asamblea general ordinaria de la sociedad M., efectuada por el actor y que fuera realizada el día 30/04/04 por la cual se aprobó el balance del ejercicio al 31/12/03 conforme Acta nro. 18 del Libro de Acta de Asamblea nro. 1 (conf. doc. adj. por actor a fs.31/33 y por demandada a fs. 159/164).

De la lectura detenida de la misma surge que dicha Asamblea tuvo los siguientes puntos de orden del día:

Convocatoria a Asamblea Ordinaria:

1) designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) consideración de Memoria y Balance general cerrado el 31/12/03;

3) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio;

4) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes y 5) Consideración de los honorarios del Directorio y Sindicatura.

Profundizando más el análisis de la cuestión, es opinión de la ponente que el Magistrado no puede ni debe marginarse de la verificación de que las decisiones adoptadas no responden al interés social, cuando la minoría lo requiere. Ello porque el conflicto de intereses no se juega entre mayoría y minoría, sino entre mayoría e interés social.

Como sostuve, la decisión de la asamblea requiere para su validez el cumplimiento de determinados requisitos formales y sustanciales. Lo último apunta a la legitimación de los socios presentes, para hacer uso del derecho a voto y la inhabilidad para votar se sustenta en que el voto debe ser emitido en interés de la sociedad, no para satisfacer un interés personal del socio que está en pugna con aquél.

No es ocioso recordar que el art. 251 de la L.S., al otorgar el derecho a promover la acción de impugnación de asambleas a los accionistas ausentes o disidentes, lo hace en base a que este derecho corresponde al socio impugnante en ejercicio de un derecho subjetivo propio, a fin de que las deliberaciones se tomen conforme a la ley y al acto constitutivo. Cuando tal derecho subjetivo es lesionado nace para el accionista otro de carácter subrogatorio, para la anulación de la deliberación. Es decir, que la acción procede cuando existe una lesión al interés social y al interés de uno o más socios como partícipes de ella (cfr. CNCom., esta Sala, 6-12-1982, in re, "C. I. c/ C S.A.").

La acción que nos ocupa apunta a las nulidades relativas (cfr. CNCom., esta Sala, 2-11-1990, in re, "J. D. E. c/ G. S.A.") pero no excluye la acción de nulidad del código civil imprescriptible e inconfirmable en el caso de una resolución cuyo objeto o contenido sea contrario al orden público o al régimen societario (cfr. CNCom., Sala E, 23-5-1989, in re, "L. D. c/ A. C. S.A.").

Cuando el art. 251 de la L.S. dispone que toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas, encuadra un amplio espectro de irregularidades que van desde un vicio subsanable que implique anulabilidad hasta la nulidad absoluta; cuando se afecten normas de orden público o derechos inalienables de los accionistas.

Son irregularidades susceptibles de impugnación -entre otras- las que liberan al directorio de la obligación de poner a disposición de los accionistas en la sede social copias del balance y del estado de resultados con no menos de 15 días de anticipación al de su consideración por la asamblea; pues implican una violación al derecho de información de los socios.

Es que ante una decisión asamblearia resuelta por la mayoría, que al emitir su voto lo hace en procura de la satisfacción de un interés individual -atentatorio o no del interés social- pero si lesivo para el resto de los socios, surge la acción de impugnación como procedimiento idóneo para el resguardo de esos derechos (cfr. CNCom., esta Sala, mi voto, 5-11-1993, in re, "P. J. M. c/ P. P. E. y otros").

Según el art. 67 de la L.S. en la sede social deben quedar copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto... a disposición de los socios o accionistas, con no menos de 15 días de anticipación a su consideración.

Por otro lado, amerito que la impugnabilidad se presenta como viable: A) cuando independientemente de la existencia o no de daño social, la mayoría se obtiene con votos que ejercitaron su poder en causa propia, B) cuando se pueda derivar un daño aunque sea potencial, y anulados los votos emitidos en cualquier caso de conflicto de interés, la mayoría desaparece y C) cuando la mayoría ha llegado a su acuerdo para satisfacer su interés y causar un daño a los minoritarios (en tal sentido v. Odriozola Carlos en "Estudio de sociedades comerciales en homenaje Carlos Zavala Rodríguez", Tº I, editorial Astrea, Buenos Aires, 1973, pág. 56).

Cabe puntualizar que el derecho de información de carácter netamente instrumental se dirige a la efectivización de los derechos sociales, como forma de posibilitar la participación de los accionistas en el control de la actividad societaria (cfr. Foschini, "Il diritto dell' azionista all' informazione", Giuffre, Milano, 1959, ps. 86 y sgtes.).

Al efectuar esta revisión evalúo que en el ordenamiento societario argentino los asuntos que se deben someter a consideración y resolución de las asambleas: balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, y medidas relativas a la gestión de la sociedad que competa resolver, requiere el cumplimiento previo de determinadas obligaciones de carácter informativo. Los accionistas tienen derecho a recibir una reseña de los datos necesarios sobre la situación económica y financiera de la empresa a los fines de tomar adecuadamente sus decisiones (cfr. Escuti Ignacio Andrés, "El Derecho a la Información Societaria y la actuación Judicial", Revista de Derecho Privado y Derecho Comunitario, Sociedades Anónimas, 2001-1, editorial Rubinzal Culzoni, 2000, págs. 77 y sgtes.).

Finalmente, el plazo del art. 67 L.S. que ordena poner a disposición de los socios la documentación necesaria para la aprobación de los balances, no apunta sólo a la protección del socio sino también a mantener la coherencia del sistema legal que necesita de la deliberación colegial para adoptar sus decisiones. Y en tal deliberación una concreta y completa información es esencial, debe ser sincera y amplia para brindar un conocimiento que permita decidir y reflexionar sobre los aspectos puestos a su consideración a cada uno de los socios (cfr. CNCom., esta Sala 29-11-1994, in re, "M. L. J. c/ Editorial M. S.A.", ídem, esta Sala, 21-3-1997, in re, "N. J. c/ E. e hijos S.A.").

Confrontando el panorama que se evidencia de la lectura de los términos del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el día 30/04/04, la declaración prestada por la testigo C. M. A. A. (fs. 257/259 - auditoria externa de la demandada) con el informe expuesto por el perito contador J. A. N. (fs. 308/313) se advierte que los estados contables presentados a los socios para su aprobación diferían en cuanto a la Exposición y a la Unidad de Medida utilizada, diferencia basada en que el Estado Contable que fue presentado al actor fue expuesto sin haberse aplicado las normas de consolidación establecidas por la Resolución Técnica nro. 14 de la F......... y el haber utilizado como Unidad de Medida para la presentación de los Estados mencionados los Valores Históricos, mientras que los Estados Contables presentados por la demandada en el C......... se encuentran expuestos con la aplicación de las normas establecidas por la R.T. mrp - 14 de la F.......... referidas a estados contables consolidados y ajustados en Moneda Constante.

A ello debe sumarse, que el perito señaló que: a) en cuanto a los Libros Contables - Libro de Inventario, Balances y Libro diario, no se encontraban llevados en legal forma por observarse atrasos en sus registros contables dado que el último registro era de fecha 31/12/03 a la fecha de la realización de la pericia (conf. cargo prosecretaría -23/09/05 - fs. 313); b) que los asientos transcriptos en el libro diario no eran lo suficientemente analíticos para que permitieran la individualización de las operaciones registradas, llevándose un asiento Global Mensual por todo concepto y c) existencia de blancos o huecos tanto entre los asientos llevados en forma global y mensual en el Libro Diario como en el Libro de Inventario y Balance.

Valoro dicho informe porque entiendo que el experto ha efectuado un pormenorizado detalle de datos que reconocen sustento en una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de los negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable, complementada con la respectiva documentación (art. 43 C.Com,) por consiguiente, es plenamente válida la peritación en cuanto al detalle que suministra sobre los estados contables llevados por la sociedad anónima demandada resultando procedentes las impugnaciones que formulo el actor (art. 477, Código Procesal), aclarando que los reproches que la apelante demandada (fs. 445 vta./447vta.) pretende efectuar a dicha pericia está basada en la exposición de meras discrepancias con la opinión del experto, o de formulación de consideraciones para poner en duda su dictamen, sin llegar a demostrar con fundamentos apropiados y de modo convincente que el peritaje es erróneo, atento a que la pericial contable merituada se apoya sobre bases científicamente verificables, deduciendo una convicción racionalmente fundada de todos los elementos colectados en el proceso.

Atento la valoración de las pruebas colectadas considero que ha quedado acreditado en autos que el accionante no pudo ejercer su derecho de información pues carecía de los datos indispensables para deliberar sobre los aspectos propuestos en la convocatoria. Ello le impedía adoptar decisiones fundadas, ya fuera aprobando los estados contables, requiriendo las aclaraciones necesarias o formulando las impugnaciones que estimaran pertinentes, circunstancia que hizo quebrar la confianza que debe existir entre los socios, resultando de aplicación la jurisprudencia que determina que: "Resulta procedente hacer lugar al pedido de nulidad de asamblea ordinaria cuando las irregularidades existentes en la contabilidad de la sociedad demandada, particularmente respecto del antecedente necesario e imprescindible del balance que es el libro de inventario, han afectado el derecho de información de los actores que, dada la inidoneidad del balance practicado, no estuvieron en condiciones de conocer el desenvolvimiento social" (conf. crit. CAPEL CC AZUL, SALA I, 17/10/97, "V. J. c/ C SA s/ impugnación decisión asamblearia" (ed 9.5.00, f° 50018): elDial - AG3D9).

A mayor abundamiento ha expresado la doctrina especializada en la materia que ambos documentos (balances de ejercicio y el consolidado) resulta que fuera de toda duda el balance consolidado se vincula inescindiblemente con el procedimiento deliberativo del ejercicio... en orden a la omisión de confeccionar el consolidado, si así lo resolviere el directorio cabría la posibilidad de impugnar la resolución sobre la base de la interpretación extensiva del art. 251 de la Ley de Sociedades a cuya luz se viene sosteniendo y admitiendo la acción de nulidad contra las decisiones directoriales (Revista de Derecho Privado y Comunitario 2000-I, "Sociedades Anónimas", Dr. Horacio F. Fargos en su artículo titulado "El Balance Consolidado (¿ilegalmente inocuo?, pág. 104/106, Edit. Rubinzal - Culzoni).

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 436/448vta. y confirmar en ese sentido la sentencia de fs. 419/424 vta.

I.B-3) Teniendo en cuenta la línea argumental desarrollada para la decisión arribada en este voto carece de virtualidad jurídica expedirse sobre el agravio de la apelante demandada sobre la imposición de costas expuesto a fs. 448 vta.

I.B-4) En cuanto a la apelación sobre los honorarios regulados expuesta por la apelante demandada a fs. 449, es entendimiento de la suscripta que para determinar si las acciones de nulidad de asamblea u otras similares poseen o no contenido económico a los fines regulatorios constituye una cuestión circunstancial, sin que corresponda efectuar una declaración de principios al respecto, debiendo considerarse en cada caso concreto si la pretensión posee o no base económica ("F. A. J. c/ G. de P. M. C. y otras s/ Fijación de honorarios" - SCBA - Ac 43840 S - 15-10-1991; publicaciones: AyS 1991 III, 469: elDial - W410F).

Si bien este juicio tuvo por objeto una acción meramente declarativa, de ello no puede concluirse que exista en el caso monto del proceso en los términos previstos por los artículos 6, inc. "a" y 19 de la ley de arancel.

Por ello, es que a los fines de regular los emolumentos correspondientes a los profesionales intervinientes en el presente proceso, considero que la regulación efectuada por el a-quo es prudente y adecuada a las circunstancias del caso concreto y aplicada a un criterio objetivo, que sin perjuicio de no ser susceptible de apreciación pecuniaria en los términos del art. 6, inc. "a"; el a-quo también ha evaluado las circunstancias del caso concreto -como dato referencial-, en orden a lo dispuesto en los inc. "b" a "f" de la norma legal citada.

Son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 449 y confirmar la sentencia de fs. 419/424 vta. en este sentido.

I.C) Respecto de los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 450/451 vta., después de un exhaustivo estudio de los términos en que fueron planteados considero de aplicación el criterio doctrinario y jurisprudencial unánime en cuanto a que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse porqué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T. III, pág. 351; Cám. Nac. Civ., Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p. 180; ídem., Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros).

En dicho sentido y como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por el recurrente, advierto que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, teniendo establecido en dicha circunstancia Nuestro Superior Tribunal de Justicia que los agravios deben comprender una crítica razonada de aquellas partes del fallo que considere erróneas o equivocadas, debiendo contestar la parte apelante y analizar exhaustivamente las conclusiones de hecho y el derecho invocado en forma puntual. Consecuentemente con ello se ha expresado: "Las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (STJCh, 27-03-1992, Sentencia Definitiva Superior Tribunal de Justicia - magistrados: Dres. Agustín Torrejón - Fernando S.L. Royer - en autos caratulados: "B. M. c/ R. A. P. y Pcia. del Chubut s/ Daños y Perjuicios", 18-03-1994, "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Ordinario").

Por las razones expuestas arribo a la convicción que deben ser desestimados los agravios expuestos por el actor a fs. 450/451 y confirmar la sentencia de fs. 419/424 vta. en este sentido.

I.D) Atento a la decisiones arribadas en este voto, existiendo rechazo de los agravios de ambos apelantes -actor y demandada- las costas de esta instancia son impuestas en el orden causado (art. 71 del CPCCh). Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo, donde serán regulados los mismos teniendo en cuenta la temática planteada, la labor desarrollada y el éxito obtenido, conforme lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 47 ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el caso de coincidencia, la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 436/449 y los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 450/451 vta ,y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 419/424 vta. en todas sus partes.

2) Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 71 del CPCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 47 ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la primera cuestión la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Llegan las actuaciones en apelación (fs 426 y 431) de la sentencia de fs 419/424 vta que hace lugar parcialmente a la demanda y declara la nulidad de la decisión asamblearia que aprobó la memoria y balance general correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2003 de la sociedad comercial M. S.A., adoptada en la asamblea general ordinaria celebrada el 31-7-04/2004, según Acta N° 18 del libro de acta de asambleas N° 1 de dicha sociedad comercial, rechaza el pedido de remoción del síndico de M. S.A., impone las costas al demandado vencido, regula los honorarios.

A fs 436 el demandado se agravia por entender que la sentencia dictada no se ajusta a los hechos pretendidos en la demanda. Transcribe lo que expresa el magistrado a fs 423, de donde se desprende dice que el acto de la asamblea, no merece objeciones, sino que se está refiriendo a una supuesta nulidad del balance, cosa completamente distinta a la acción promovida.

Sostiene que el magistrado debió atenerse a la situación que existía al momento de trabarse el debate, pronunciándose sobre lo que le piden las partes y no decretar la nulidad de la Asamblea, cuando no existen vicios en el referido acto.

Señala siguiendo doctrina cuáles son las causas de impugnación de acuerdos asamblearios.

Indica que la convocatoria, la constitución, deliberación, emisión del voto y la mayoría fueron respetadas en la asamblea y no surgen del acta de asamblea irregularidades que encajan dentro del marco de las nulidades del asambleario.

Indica que la reparación del daño causado es el objeto de la acción de nulidad de la asamblea, no resultando suficiente las cuestiones meramente formales que no generen un daño a la sociedad y por ende a los socios.

Se refiere al carácter restrictivo de las nulidades asamblearias.

Bajo el título aprobación e impugnación de los estados contables, manifiesta que si el juicio tiene como objeto la impugnación de los estados contables presentados, destacan que la misma no contiene errores en su confección, sino que han existido distintos métodos de medición sobre los estados contables.

Señala que en punto a los intereses se advierte un orden de prelación en el que el interés público, la seguridad jurídica, la conservación de la empresa y el interés social se anteponen al mero interés personal de los socios, y ello es así porque el art. 251 de la LSC, en lo relativo a la acción individual que otorga al accionista, debe interpretarse limitadamente, pues la ley debe tutelar el interés de los accionistas mayoritarios, el de los minoritarios y el de la sociedad anónima en el logro del objetivo social, resultando pernicioso el intervencionismo oficial exagerado, con el argumento de protección del débil pueden anular el espíritu de iniciativa de los accionistas.

Cita jurisprudencia y agrega que la mayoría de los actos que objeta el accionante no corresponde al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, sino actos de la sociedad llevados a cabo con anterioridad y que no fueron impugnados y por lo tanto no revisables por la actividad jurisdiccional por encontrarse firme y consentida, aún por el propio accionante, prescripción que fue correctamente expuesta a fs 167/169.

Destaca que no existen las diferencias señaladas por el magistrado (fs 10/11) en los balances que fueron presentados en la asamblea y en la delegación de personas jurídicas, pues el balance histórico y el balance consolidado, no implica que sean irregulares y que no respondan a la situación patrimonial de la empresa. Las correcciones que se efectuaron entre uno y otro balance, obedecen al proceso inflacionario y a la pesificación de la economía nacional, lo que se encuentra explicado en los estudios contables acompañados por la propia demandada, a fs 48/49; correcciones que fueron explicadas a la asamblea, de acuerdo a las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Dicho informe no fue impugnado por el actor que asistió a la Asamblea, acompañando copia de la misma con la demanda.

Dice que analizando la copia del balance acompañado por la accionante, y que obra a fs 4/24, se observa que el referido documento reúne todos los recaudos del art. 63 de la ley de sociedades.

Aclara que si se compara el balance analizado en la asamblea con los valores históricos expuestos en el balance 4 (estados en valores históricos) no existen diferencias en los montos de activos, pasivos y resultados, las diferencias son de exposición. Se trato en forma separada la situación patrimonial económica financiera de M. SA, M. SA-S. SRL UTE, y S. SRL-M. S.A. U..., y luego se consolidó línea a línea, a cada uno de los rubros de los estados contables, al sólo efecto de su exposición y así se certificó cumpliendo lo exigido con la resolución técnica 14.

Añade que la resolución lo que exige es sumar línea a línea los distintos rubros de los estados contables de la empresa M. SA con su participación en la U.... Y esto es lo que genera que haya diferencia de exposición, pero no de montos.

Destaca lo que consta a fs 23/24 y que dicho importe en el mismo resultado neto (superávit) antes del impuesto a las ganancias expuesto en los estados contables presentados ante la asamblea y que se adjuntó a fs 39, lo que demuestra que se trata de la misma realidad económica y arriba al mismo resultado en ambos casos. Y agrega que si se compara con los estados ajustados, vamos a encontrar diferencias generadas por el resultado por exposición en los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (R........), pero ello se aclara en la asamblea, idéntica situación surgió el año anterior.

El actor señala como diferencia $1.994.253,30 y hace referencia a activos y pasivos, pero la diferencia aludida de cotejar el total de activos del balance consolidado y ajustado, con el total de activos a valor histórico y sin consolidar.

Marca que el actor comparó datos del balance histórico con datos del balance ajustado, incurriendo en un error, comparándose activos con activos.

En cuanto a la supuesta diferencia de $39889,74, ésta corresponde a la reexpresión de partidas y por estar frente a un balance ajustado por inflación y no frente al histórico. Igual consideración cabe para la diferencia de $597.555,40.

Aclara las otras diferencias como la de resultados $745.445,70, la diferencias en ventas, respecto al impuesto a las ganancias, al flujo efectivo, adjuntando un detalle de los principales rubros.

Exponen a continuación algunas aclaraciones, marcando los errores por parte del accionante en el cálculo de las diferencias.

Puede verse, agrega, que todos los rubros llamados monetarios, tienen su justificación en este punto, la suma del 50% de idéntico rubro en la participación de U...., y por otra parte no tienen diferencia entre balance histórico y ajustado, por su condición de monetarios en donde los efectos de ajuste por inflación se producen a partir de la reexpresión de los rubros no monetarios.

En resumen, hay un error en la comparación efectuada sustancial, a raíz que se comparan balances históricos con balances ajustados. Transcribe resolución técnica N° 14 y sostiene que no existen las diferencias que señala el accionante a fs 101 vta, ni violación al artículo 66 y 67 de la ley de sociedades, cumpliendo el balance acompañado con los recaudos exigidos en el art. 64,65 y 66 de la ley de sociedades.

Cita doctrina y en mérito a ella y las disposiciones del Código Civil, art.1026, el acta confeccionada con motivo de la asamblea llevada a cabo tiene el carácter de instrumento público y el único modo de impugnar los alcances del balance es mediante la redargución de falsedad y en autos sólo se hacen impugnaciones en general.

Enumera siguiendo doctrina en la materia, cuando un estado contable es falso o incompleto, los que no se dan con relación al balance de M. S.A., habiendo la dirección de personas jurídicas, aprobado el balance y procedió al archivo en el legajo de la empresa.

Se refiere a las aclaraciones que efectuó la contadora, de donde advierte que el balance no adolecía de deficiencias en su confección y contrariamente a lo sustentado por el magistrado, refleja los valores de la operatoria de la sociedad, de acuerdo a las previsiones legales y contenía la información necesaria sobre el desarrollo económico de la empresa.

Indica que el magistrado no efectúa ningún análisis sobre los estados contables y las consideraciones efectuadas en la contestación, y decreta la nulidad de la asamblea, sin ingresar a ponderar si existían falencias en los balances, operaciones ocultas, fraude, ocultación de pasivo o activo, lo que es reconocido en la absolución de posiciones por el Sr D.

Alude a la pericia contable y luego de señalar las respuestas dadas, manifiesta que se hicieron las siguientes impugnaciones, que detalla.

Agrega que el perito informa que los administradores no presentaron la información complementaria de los estados contables, lo que no se ajusta a la verdad, por cuanto conforme resulta del acta de la asamblea general ordinaria Nro 18 y que obra a fs 159/164, se transcribió el orden del día, y entre ellos en el punto 2 se puso a consideración de la asamblea, la memoria y el balance, que fue aprobado por 38 votos a favor y tres por la negativa.

Se debe considerar que el actor en la asamblea no impugnó la memoria del balance, ni en la demanda cuestionó la validez de los hechos consignados en el acta indicada, manifestando que no confía en los balances, por información que el posee y que corresponde a los años 1993-1998. Detalla los pormenores de la asamblea, concluyendo que la asamblea fue debidamente informada sobre balance y sus anexos. Agrega que el Colegio Público de Ciencias Económicas, y la Inspección de Personas Jurídicas, no observaron los estados contables ni la Asamblea que aprobó los mismos.

En el supuesto de no admitir las pretensiones, solicita que al acogerse parcialmente la demanda las costas se deben imponer por su orden.

Se agravian por los honorarios regulados, por considerarlos excesivos, corresponde regularlos como si se tratara de un juicio de monto indeterminado.

Hace reserva del caso federal.

A fs 450/451 el actor se agravia por el rechazo de la remoción del síndico que dispusiera el sentenciante, por entender que tal decisión es contradictoria, pues se hace lugar a la nulidad de la asamblea, por presentarse un balance que no cumplía con la reglamentación vigente y que luego se presentó ente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas uno distinto y se niega la remoción, cuando lo señalado genera responsabilidad del síndico (art 294 inc. 2ª, 5 de la ley de Sociedades).

Menciona el art. 295 LSC y agrega que el incumplimiento a lo reclamado demuestra que el síndico ha sido negligente. Cita jurisprudencia.

A fs 455/456 el demandado contesta el traslado conferido Como se desprende de la presentación de fs 88/103, la demanda tiene como objeto que se declare la nulidad de la asamblea de fecha 30 de abril de 2004, en la que se aprobara el balance contable del año 2003, en razón de haberse violado los arts 66, 67, 69, 237 y cc de la Ley de Sociedades y a fs 98 vta se lee "El pedido de nulidad absoluta de la Asamblea de fecha 30 de abril de 2004 se basa en varias irregularidades..." enumerando lo ya dicho en el objeto y claramente, señala "d) existencia de falsedad e inexactitud de los estados contables".

Y al desarrollar el actor los fundamentos por este último ítems, en el punto VI, marca los motivos de la impugnación, entre los que se encuentran los tenidos en cuenta por el sentenciante para resolver.

Pues más allá que el sentenciante haya resuelto que en la asamblea no se observan objeciones nulidificantes en su aspectos formales, lo que llegó firme a la Alzada, luego se refirió a sus aspectos sustanciales.

Y advierto que a fs 170 vta de la contestación de demanda se refiere a la inexistencia de las diferencias apuntadas por el actor respecto al balance aprobado, mencionando el balance histórico.

Y tal introducción resulta útil a fin de desechar el primer agravio del demandado en cuanto sostiene que la sentencia dictada en autos no condice con las pretensiones deducidas en el proceso.

Como todo acto jurídico, la asamblea puede ser impugnada de nulidad por la existencia de vicios anteriores o concomitantes a su celebración. Tratándose de un acto jurídico complejo, esto es, que se lleva a cabo a través de un proceso que culmina con su celebración y la adopción de decisiones que adoptan los accionistas en ella reunidos, el vicio nulificante puede ser hallado en cualquiera de esas etapas previas.

Como bien lo señalara el sentenciante en el caso de la nulidad de la asamblea, ella podrá ser declarada cuando exista un vicio que afecte los actos tendientes a su celebración, por lo que la irregularidad provendrá de no haberse atacado las formas establecidas por la ley para que la asamblea se realice en los términos dispuestos por el estatuto o por la misma ley a través de normas no dispositivas. Pero hallándose reunida la asamblea sin defecto ni vicio alguno en su constitución o funcionamiento, el contenido mismo de la declaración asamblearia puede ser teñido de un vicio que provoque la precisa nulidad de esa declaración, sin extenderse a otras.

Por su parte N. citando a S. A. afirma que la acción de impugnación de un acto asambleario puede tener por causas. Entre otras que enumera c) la ilegitimidad de los contenidos de la decisión por ser contrarios a las disposiciones obligatorias de la ley, el estatuto o reglamentos vigentes.

Y este sería el caso de autos que paso a analizar.

El balance, es la relación, respecto del Estado Económico Financiero y a la Política Comercial seguida por la Empresa, y en relación a los ejercicios en que se practique, expresión de los saldos de las diversas cuentas; representa la situación financiera de la sociedad. En cuanto a la presentación de los Estados Contables tiene carácter informativo. El Balance se complementa con el estado de Resultados o cuenta de ganancias y pérdidas -así lo señala I. H. (Soc. Anón.) quien también expresa que para que se cumpla con el fin perseguido debe contener y observar los siguientes principios o normas; a) Claridad: referida a la contabilidad, expresando que la falta de claridad y precisión son vicios, por sí, además de la eventual falsedad que hace a la sinceridad, veracidad y exactitud; b) Veracidad: con relación a la contabilidad en conjunto, y compatible también con la función del Balance en relación a las valuaciones y a las precisiones de éstas para la determinación de la ganancias; c) Completividad, siendo ésta fundamental porque sin él, no existe realmente Balance, dado que es necesario la presentación de un Balance consolidado integral. La violación de la veracidad y de la completividad importa Balances falsos. El Balance además se halla vinculado al inventario, que es su presupuesto, y al Estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas que es su resultado.

De lo expuesto resulta evidente que el inventario es una operación previa indispensable para la compilación del Balance. Por ello cuando por error o fraude se aprueba el Balance, como el mismo lógicamente no es veraz ni verdadero se entiende que puede ser rectificado, debiendo tenerse presente entonces que la nulidad de las Resoluciones de las Asambleas se pueden fundar en toda violación del Estatuto y/o de la Ley en el contenido de las decisiones que se adopten, conforme así lo establece el art. 62 de la L.S. Nº 19.550, y arts. 926-931-1071-1045, Cód. Civil.

La doctrina especializada destaca el derecho de información del accionista, consustancial e irrevocable (VERON - Ley 19550 comentada - T.I pág 502 y sigs.), así como los principios de veracidad, exactitud, claridad y unidad que deben observar los estados contables (ibídem, pág. 527 y sigs.). El Balance General, es el expositor de la información compendiada de la Sociedad -de su estado patrimonial (composición y valor) con la finalidad de comprobar pérdidas o ganancias. Contablemente, es la expresión sistematizada de las operaciones efectuadas durante el curso del ejercicio. Jurídicamente, hace las veces de rendición de cuentas de los administradores y la sociedad, y permite establecer si se ha respetado el principio de integridad del capital social, como cifra representativa del límite de la responsabilidad patrimonial de la empresa con sus acreedores. Expone los derechos de éstos sobre la sociedad y la participación de sus propietarios (accionistas) en ella. En síntesis, permite el control, la vigilancia, la verificación por todos los interesados, de la situación patrimonial de la sociedad.

Y es esta completividad, a la que hace referencia el Dr Halperín la que ha sido omitida en el balance presentado en la asamblea, pues debió presentar un balance consolidado integral, ya que como afirma el mismo autor de no ser así no existió balance realmente.

Y a tal aserto arribo ante la lectura de la pericia contable que fuera ya analizada por el sentenciante de la instancia anterior y por la Sra camarista preopinante, de donde consta que existen diferencia en los estados contable presentados, como consecuencia de estar comparando dos estados contables que difieren en cuanto a la exposición y a la unidad de medida utilizada, de donde ya se infiere que no sólo existe una diferencia de exposición como pretende el demandado.

Explica la perito que esta diferencia surge por no haberse aplicado en el estado contable presentado por la actora las normas de consolidación establecidas por la resolución técnica Nº 14 de la F.A.C.P.C.E. y el haber utilizado como Unidad de medida para la presentación de los estados mencionados los valores históricos; mientras en los estados contables presentados por la empresa en el C.P.C.E.Ch., se cumplen con la resolución Nº 14 referidos a estados contables consolidados y ajustados a moneda constante.

La última parte de este informe es corroborado por la Inspección General de Justicia, Delegación de Comodoro Rivadavia a fs 333/356.

Agrega el informe pericial no se cumplió con el art. 62 LSC, que establece la obligación de presentar como información complementaria, los estados contables anuales consolidados, confeccionados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que establece la autoridad de contralor, ni tampoco con la obligación de confeccionarlo en moneda constante.

A lo que debe agregarse que justamente el libro de balance no es llevado en forma legal.

Y sin perjuicio de lo sostenido por el apelante en la expresión de agravios, en los alegatos; toda vez que la impugnación fue presentada extemporáneamente, ordenando el Sr juez, desglosar la misma (fs 327); no encuentro motivos para apartarme de lo allí decidido y que sella la suerte de la apelación, atento que si bien el Juez es soberano en la apreciación de los hechos, y por consiguiente en la redacción y elección de los elementos para su dictamen según la doctrina judicial; pero en consonancia con las reglas de juzgamiento se le ha señalado una valla, puesto que deberá "aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones periciales (LL. 1980-B-143) y amplia es la casuística que aplica tales conclusiones a la valoración -o forma de ponderación- de la prueba pericial. Pues si bien el principio es que el juez no está obligado por las conclusiones del perito (art. 477 CPC) es aconsejable seguir de cerca la opinión de quienes atesoran los conocimientos científicos y técnicos propios de la materia de su especialidad, objeto de la consulta. Si atendidas las leyes de la sana lógica u otros principios científicos de convicción arrimados a la causa, es posible apartarse de sus conclusiones, será necesario, para desvirtuarlas, valorar en la sentencia los elementos que permitan advertir fehacientemente la insuficiencia del examen del experto. "La sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor peso, aceptar sus conclusiones" (El perito y la prueba - Schiaffino, La Rocca 1988 - pág. 152/153).

Ante la conclusión de la prueba pericial rendida, es claro que el Balance aprobado en la asamblea del 30-4-2004, violenta los arts. 43, 51 y 52 C. Com. (referidos a la veracidad, aún considerada como "standard" y a la exactitud que deben reunir los estados contables) no puede ofrecer claridad ni completitud, ni reflejar en forma inequívoca los valores patrimoniales y resultados de la gestión. Se confecciona en contravención al art. 63 LSC y al exponerse de ese modo a la Asamblea conculca el derecho a la información y vicia el consentimiento.

Tengo en cuenta que los estados contables, adquieren virtualidad jurídica por la Resolución aprobatoria de la Asamblea. Recuerdo con Halperín, que la decisión asamblearia importa un negocio jurídico que para su validez requiere capacidad genérica y específica, consentimiento no viciado por error, dolo o violencia, decisión inspirada en el interés social, causa lícita... (Sociedades Anónimas - pág. 562/563). Así como que la facultad de la Asamblea de aprobar los estados contables y acordar la distribución de ganancias tiene en opinión de los autores un carácter declarativo (FISHER - Sociedades Anónimas - pág. 377) toda vez que debe ajustarse a las restricciones legales y estatutarias que imposibilitan la adopción de decisiones arbitrarias.

Ante la doctrina invocada, se desprende la incidencia que el resultado del balance tiene en la distribución de las ganancias, como la vinculación con el inventario y tal como consta a fs 310, éste no se encuentra llevado en forma legal y cumpliendo las disposiciones del Código de Comercio.

"Con relación a la importancia del libro de inventarios, Anaya señala que es el auxiliar principal para la preparación del balance. Es en cierta medida la documentación complementaria del balance" Revista de las Sociedades y Concursos, Nº 6. Ricardo Nissen.

No dejo de considerar, también, que se admite en general un sentido limitado en cuanto al alcance de las acciones de nulidad de las decisiones asamblearias, imperando un principio de cautela. Lo cual no significa sea restrictivo pues se debe tener en cuenta, como ya señalara el interés social y la defensa de los derechos individuales de los accionistas, coordinándolos en forma tal, que éstos no puedan ser menoscabados por los órganos directivos o las asambleas generales, pero aventando el peligro del ejercicio caprichoso y abusivo de las acciones de impugnación en miras al principio de conservación de la empresa (Conf. ZALDIVIA, GASRRIGUES, HALPERIN, VERON y Revista mencionada, pág. 117.

Señalaba el Superior Tribunal de Justicia en "S. Vda de J. C. M. c/ A. J. C. Hijos S.A s/ Impugnación". En este sentido meritúo, que más allá de la previsión del art. 233 LSC, la Asamblea no puede tener un poder saneador o exculpatorio de los actos que se realizan contrariando la ley, los estatutos o los reglamentos -tal la presentación por los responsables de un balance desajustado-. La norma que disciplina su valor y contenido es imperativa; su función es tuitiva de los intereses de terceros, accionistas, el Estado (por los fiscales) y la sociedad misma. La confección de este "espejo social" (COLOMBO) o "fotografía societaria" (NEWTON) en su contravención, y su presentación de este modo a la Asamblea para su aprobación, lo constituye en un objeto ilícito de la misma. Esta ilicitud afecta el iter asambleario deliberativo, privando a los accionistas del derecho de información, por vicio de uno de sus instrumentos esenciales, extendido así al consentimiento y con ello a la decisión. Si a más de lo dicho agrego que en mérito al instrumento viciado se aprobaron dividendos, teniendo en consideración que el derecho general a participar en las ganancias protege al accionista contra cualquier posible acto social que pretenda excluirlo de la participación en los beneficios de la empresa, o mas aún, contra la posible decisión de la sociedad de no repartir las ganancias que obtenga, reservándolas indefinidamente... porque iría contra la finalidad de los accionistas al constituirse la sociedad, inmovilizaría sus capitales y tornaría en ilusorio un derecho esencial... (VERON ob. cit., T.3, pág. 700), y que la impugnación de las decisiones de la Asamblea promovidas por un socio debe considerarse también como acción social, en el sentido de que tutelando su interés personal, a los efectos del funcionamiento de la sociedad en la cual está interesado, ejerce un poder de vigilancia que resulta en definitiva en beneficio de la persona jurídica... (HALPERIN ob. cit. pág. 648); aún reconociendo la moderna tendencia traída por los doctrinarios sobre la inconveniencia de una orientación exageradamente formalista de la valoración de los requisitos de exactitud y precisión, concluyo en que, el dictamen del perito es un escollo insalvable a la validez del instrumento del balance, y de su aprobación por la Asamblea. Se trata de un hecho de apreciable relevancia, de suficiente gravedad susceptible de originar serios perjuicios y se impone declarar la nulidad pretendida de conformidad con los arts. 63, 68, 69, 72, 251 LSC, 926, 931, 1045 y 1071 CC.

Con relación a la apelación del actor con relación al rechazo de la remoción del síndico de la sociedad, he de coincidir con el sentenciante, atento que si bien es cierto que el texto del art. 254 de la ley de sociedades comerciales, tal como lo señala Fernando H. Mascheroni - Roberto A.Muguillo, en Régimen jurídico del socio, pág. 246, resulta la posibilidad de incorporar por vía de la acumulación de acciones la demanda de responsabilidad contra los directores, síndicos y demás funcionarios, es preciso haberlos citado, como terceros al proceso de impugnación de la decisión asamblearia.

Y en autos ha sido demandada la empresa M. S.A., y es ella la que contesta a fs 165/180 vta, razones suficientes para rechazar el agravio.

En punto a las costas que ha sido motivo de agravio por el demandado, no encuentro justificación para apartarme del principio objetivo de la derrota y así lo declaro.

Los honorarios regulados también ha provocado la queja del demandado.

En punto al monto a tener en cuenta a fin de regular los honorarios, atento la naturaleza de la acción de nulidad de asamblea, a los efectos regulatorios no existe monto del proceso en los términos del art. 19 de la ley 2200 y sus modificatorias, de allí que no pueda merituarse el inc. 1 del art. 6 de la ley de aranceles, sino los restantes, valorando la actuación profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y lo que dispone el art. 7 y 61 de la ley mencionada.

Y ante ello entiendo que los honorarios regulados en la instancia de grado resultan excesivos, proponiendo que los mismos se fijen respecto del Dr S. E. T. en la suma de $5000 (cinco mil pesos), de los Dres E. V. y Gladis B. S. en $3000 (tres mil pesos) y los del perito J. A. N. en la suma de $2.500 (dos mil quinientos pesos).

Las costas de esta instancia, atento cómo se resuelve, las impongo en el orden causado.

A fin de regular los honorarios por los trabajos realizados en la Alzada, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente iguales pautas a las ya citadas.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Confirma el punto 1º) y 2º) de la sentencia desestimando los agravios del demandado y actor respecto a lo que allí se resuelve.

2) Confirma el punto 3º) de la sentencia respecto a las costas, revoca la regulación de los honorarios, en consecuencia, y propone que los mismos se fijen respecto del Dr S. E. T. en la suma de $5000 (cinco mil pesos), de los D. E. V. y G. B. S. en $3000 (tres mil pesos) y los del perito J. A. N. en la suma de $2.500 (dos mil quinientos pesos).

3) Impone las costas de la Alzada por su orden.

4) Difiere la regulación de los honorarios de esta instancia para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por haber sido apelada por las partes la sentencia definitiva nro. 94/2006 (fs. 419/24, fs. 426 y fs. 431).

Atento que la ley 4550 modifica el art. 271 del CPCCCh (art.4), dispuso que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión. Tratándose mi voto precisamente sorteado en tercer orden, haciendo uso de la facultad de abstención sobre aquellos temas que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, se limitará el pronunciamiento a las cuestiones de costas y honorarios que fue resuelta en discordancia entre las prevotantes.

Toda vez que la reseña de las cuestiones a tratar por la Cámara fue efectuada por las Sras camaristas prevotantes, me eximo de dicha labor por estar cumplimentada la carga procedimental (art. 163 del CPCCCh) y en la convicción que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas.

Conforme lo expuesto, agrego que el STJ de la provincia ha dicho que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia pues los jueces son libres de decidir los elementos que forma la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión (voto Dr. Torrejon sent. def. del 1-6-98), más aún "la mayoría de los votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no necesariamente debe exigirse la existencia de fundamentos iguales, sino cada juez debe dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros. Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Por lo que considero que para determinar si existe mayoría, en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en argumentos distintos, lo que debe sopesarse que estos no se excluyen jurídicamente entre sí de manera que no tengan afinidad acumulativa indispensable (STJ causa 000A 000026 fecha 20-10-99). Este criterio fue reiteradamente seguido por el máximo tribunal de la Provincia (STJCH SI nro.88SRE/04, SDNRO. 45/SER795 SI NRO.124/SER/06 entre otras).

En este orden de ideas sin alterar lo dicho precedentemente advierto que en el primer agravio debatido en esta instancia consistió en la postura del recurrente demandado en punto a que el Aquo se excedió decretando la nulidad de la asamblea que aprobó el balance y memoria correspondientes al ejercicio del 31 de diciembre de 2003, cuando ello no había sido peticionada por el actor, sino que la pretensión se refería al balance.

Si bien existe coincidencia en desestimar este agravio por las magistradas preintervinientes, y sin perjuicio de lo dicho al inicio el presente, considero que debo resaltar que la afirmación efectuada por la parte apelante no se corresponde con las constancia de autos en tal sentido me remito a fs. 98 vta., fs. 102, fs. 103, sustanciado que fue, por su interés se contestó a fs. 170 resultando inadmisible el calificativo de incongruente del fallo.

También existe coincidencia con el rechazo de los agravios del actor, no obstante la diferencia de fundamentos y sin alterar los conceptos vertidos, encuentro que el apelante a fs. 450 y fs. 451 exclusivamente reitera los argumentos expuestos sin indicar cuáles fueron los errores in iudicando del magistrado, al rechazar por la falta de argumentos puntuales para proceder a la remoción, con la sola mención de las normas de la ley de sociedades comerciales que reitera en el memorial, cuando al incoar demanda señala las deficiencia en el cumplimiento legal por parte de la sociedad (fs. 102/103) y no del funcionario en cuestión.

Ello me induce a considerar que el recurso no resulta técnicamente fundado para conmover la decisión y corresponde aplicar el art. 266 del ritual.

En punto a las costas apeladas por la sociedad comercial demandada, no encuentro argumentos para apartarme del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del código ritual. Cabe destacar que según la doctrina, "...la condena en costas del vencido importa la aplicación de un principio que pertenece al derecho procesal, pues está determinado por razones procesales: la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón" (Roberto G. Loutayf Ranea "Condena en costas en el proceso civil", pág. 8 Ed. Astrea-98, cita a Reimundín "La condena en costas", pág. 29).

El criterio del vencimiento puede establecerse y aplicarse en forma estricta (absoluta) o forma relativa. En el primer caso la única pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple, en cambio la forma relativa tiene lugar cuando se introducen excepciones al principio general del vencimiento, estableciéndose la facultad de eximir de costas al vencido cuando se encontrase mérito para ello (autor y obra citada, pág. 9).

Conforme lo sostuve en oportunidades anteriores, no corresponde hacer un análisis meramente matemático de la cuestión, y siendo el principio objetivo de la derrota el seguido por esta Sala, solamente atemperado en circunstancias especiales cuya casuística es reducida y merituada por las peculiaridades de la situación y en la convicción que el mismo no es absoluto, en la especie, habiendo prosperado la cuestión troncal como señaló el sentenciante de grado, es de escasa incidencia el rechazo para revertir la imposición de las costas. Es más, el juez sostuvo que hubo inexistencia de circunstancias acreditantes (según surge de fs. 424) objetivas que han demostrado la concurrencia de un justificativo suficiente que alcance a los directivos de la empresa y su rechazo al pedido de remoción del síndico no alteran en lo sustancial lo decidido y acordado en el fallo atacado, más aún cuando no hubo una citación del funcionario en cuestión, es decir no estuvo controvertida por el interesado directo, por lo cual lo confirmo.

En punto al monto de los honorarios de los profesionales actuantes, es de mi entendimiento que en un proceso sin monto en situaciones análogas el máximo tribunal del país sostuvo que los jueces disponen de un amplio margen discrecional para la ponderación de los distintos factores que influyen en la regulación de los honorarios (SCJN fallos 278:365 -ED - Boletín-1997-58). Constituyendo la determinación de los honorarios profesionales una facultad reglada y discrecional como se señalara con especial énfasis puesto en que el juez debe tener en consideración al regular la evaluación de la labor, eficacia y mérito de los trabajos cumplidos en el litigio y que ello es privativo del magistrado que actúa en la instancia oportuna, y que no resulta a mi modo de ver conmovible lo decidido es que confirmo lo resuelto.

Por ello esta vocalía propone para el acuerdo confirmar la costas y los honorarios de la instancia de grado.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 436/449 y los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 450/451 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 419/424 vta. en todas sus partes.

2) Imponer las costas de esta instancia por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. E. V. y G. B. S. conjuntamente, en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.750) y del Dr. S. E. T. en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500).

3) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 449.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO. Graciela Mercedes GARCIA BLANCO- PRESIDENTE Marta Susana REYNOSO de ROBERTS - JUEZ DE CAMARA Nelida Susana MELERO -JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL nro. 20 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS