Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-05


Buenos Aires, 5	de febrero de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta	1. El 17/02/09 el titular del Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 15 consideró desistida -por incomparecencia- la solicitud de juzgamiento realizada por la representante de Alimentos Tropicales Argentinos SA (fs. 33 de esta queja y 92 de las actuaciones principales) y, en consecuencia, declaró firme la sanción de 20.600 UF de multa impuesta por el controlador de faltas a cargo de la UACF nº 39.

El 25/02/09 la firma mencionada cuestionó dicha decisión judicial mediante un recurso de reposición, con apelación en subsidio. En su escrito (fs. 22/31) planteó la nulidad de la notificación de la providencia, del 29/12/08 (fs. 34 de esta queja y 91 de los autos principales), mediante la cual se la citaba a comparecer al procedimiento judicial de faltas (art. 41 de la ley nº 1.217). Según explicó, la cédula diligenciada el día 30/12/08 no habría sido recibida en la empresa por causas que no le resultaban imputables. Además, ofreció prueba para acreditar sus dichos. Por último, denunció la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley nº 1.217 y, en este sentido, confrontó las reglas procesales vigentes en materia contravencional con aquellas que rigen el procedimiento de faltas; sobre esa comparación concluyó que el presunto infractor a la ley nº 451 -pese a que, como en este caso, podría ser sancionado severamente- no cuenta con las garantías que sí resultan aplicables para las personas acusadas de haber cometido una contravención que, muchas veces, prevé penas sustancialmente menos gravosas.

2. El 26/02/09, el magistrado de primera instancia -al resolver sobre la presentación mencionada en el párrafo anterior- decidió "notifi[car] a la infractora (.) que actualmente se encuentra fenecida la instancia judicial de revisión oportunamente requerida en sede administrativa, debiendo por ello concurrir por ante la UACF nº 39 (.) a los fines de interponer los planteos jurídicos que por derecho estime corresponda" (fs. 32). Frente a dicha resolución, la representante de Alimentos Tropicales Argentinos SA acudió ante la Cámara a través de una queja por apelación denegada (fs. 16/20). El día 27/04/09 la Sala II rechazó el recurso directo (fs. 14/15).

3. Alimentos Tropicales Argentinos SA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 4/12) contra el rechazo decidido por la Sala II.

En ese escrito denunció la violación de su derecho de defensa en juicio y de la garantía de debido proceso porque, según explicó, no se había producido la prueba ofrecida para demostrar que la notificación fue realizada inválidamente. Además, indicó que la decisión cuestionada le impidió ejercer su derecho a la revisión judicial de la resolución administrativa y, en el mismo sentido, expresó que se afectaba su derecho de propiedad porque, en definitiva, se la estaba obligando a abonar la multa impuesta por el controlador de faltas. Por último, tildó de arbitraria la decisión dado que los camaristas no habían tratado los argumentos propuestos en la queja.

Sus motivos de agravio se vinculan a que los camaristas consideraron que el procedimiento había finalizado con la incomparecencia de la representante de la firma -es decir, concluyeron que el proceso estaba cerrado incluso antes de que la empresa iniciara la vía recursiva- y, en este sentido, no produjeron la prueba ofrecida para demostrar la nulidad denunciada. Además, los magistrados tampoco habrían contestado los argumentos expuestos sino que simplemente se limitaron a convalidar la notificación cuestionada.

4. La Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad reseñado en el punto anterior (fs. 2/3). Indicaron, como fundamento de esa resolución, que el recurrente no había logrado plantear un caso constitucional. La firma recurrente, frente al auto denegatorio, interpuso la queja que está agregada a fs. 35/43.

5. El Sr. juez de trámite, previo a cualquier otra diligencia, requirió los autos principales (cf. fs. 45, punto 2 y constancia de recepción de fs. 47, punto 1).

6. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, propició el rechazo de la queja debido a que, pese a atacar una decisión equiparable a sentencia definitiva, no lograba presentar un caso constitucional (fs. 48/49). En este sentido, indicó que "la parte no presentó un caso, debido a que en su momento escogió mal la vía procesal, toda vez que para poder atacar un instrumento público, como lo es la cédula de notificación, con la finalidad de quitarle los efectos jurídicos que provocó, debió hacerlo mediante redargución de falsedad (art. 993 del Código Civil), remedio al que no recurrió y, con tal omisión, perdió la posibilidad de evitar la caducidad definitiva de la instancia y la vía para invocar las lesiones de derechos en que pretendió basar el acceso a los tribunales de alzada".

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja agregada a fs. 35/43 fue interpuesta ante el Tribunal, por escrito y dentro del plazo legal y, como se expone a continuación, debe prosperar.

En primer lugar, la decisión atacada es equiparable a la sentencia definitiva mencionada en el art. 27 de la ley n° 402, en tanto los efectos que se generan en cabeza de la firma imputada son de imposible reparación ulterior. Ello así, dado que el tema debatido no podrá ser replanteado con posterioridad y, en el caso, se tendrá por desistida la solicitud de juzgamiento en sede judicial efectuada por Alimentos Tropicales Argentinos SA y por firme la resolución dictada en sede administrativa que le impuso una multa de 20.600 UF por encontrarla responsable de ciertas infracciones al régimen de faltas. En segundo lugar, el recurrente, más allá de incurrir en algún exceso retórico censurable, acierta cuando califica de dogmático al auto denegatorio obrante a fs. 2/3, pues tal decisión se sustenta en argumentos sumamente genéricos y conceptos ya vertidos por la Cámara al dictar la sentencia que convalidó el temperamento adoptado por el señor juez de grado. La queja, en tales términos, contiene una refutación mínima, aunque habida cuenta del contenido concreto del mencionado auto denegatorio ella se muestra como suficiente para habilitar la competencia de este Estrado.

En este sentido, a diferencia de lo sostenido por los integrantes de la Sala II, considero que los planteos de la recurrente, si bien en parte remiten a cuestiones de hecho, prueba y de índole procesal -por regla, ajenas al ámbito de conocimiento de este Tribunal-, se muestran idóneos para dar andamiento al recurso incoado por encontrarse en juego de manera directa el derecho de defensa en juicio (tutela judicial efectiva), protegido por la Constitución local, nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Cabe aclarar que la objeción del Sr. Fiscal General Adjunto a la admisibilidad del recurso en este caso no puede prosperar, pues no se advierte error en la vía elegida por la firma imputada para cuestionar la notificación que genera sus agravios. La interesada no tacha de falso el contenido del documento (caso en el que sí hubiera correspondido la vía de redargución del art. 993, Cód. Civil) sino que cuestiona las circunstancias en que se practicó la diligencia (ver fs. 23). Por ende, la vía intentada resulta idónea a ese fin.

En suma, al haberse logrado conectar lo decidido por los jueces de la causa con un agravio que involucra de modo directo preceptos de jerarquía constitucional, la queja deducida debe prosperar.

2. Alimentos Tropicales Argentinos SA, en su recurso de inconstitucionalidad, expuso que la Cámara confirmó el auto impugnado -la declaración de firmeza de la multa de 20.600 UF impuesta por la UACF de fs. 92 de los autos principales-, tras aseverar la validez de la notificación del auto de fs. 89 de los autos principales que dispuso su citación a oponer defensas en sede jurisdiccional, sin dar tratamiento a los planteos de nulidad efectuados oportunamente en torno a la cédula de notificación agregada a fs. 91 de los autos principales. En otras palabras, la recurrente se agravia porque los jueces de la causa omitieron resolver su planteo de nulidad de la notificación del auto que la citaba a oponer defensas y, en consecuencia, declararon firme la multa impuesta por la UACF. Ese es el punto del que parten sus agravios constitucionales.

3. Vale la pena, antes de continuar con la resolución del recurso de inconstitucionalidad, destacar ciertos actos que conformaron el proceso. a) El día 29/12/08 el juez interviniente decidió citar a la firma imputada a plantear sus defensas y ofrecer prueba. La notificación cursada fue practicada -en el domicilio que la empresa había constituido ante la UACF- el día 30/12/08 a las 18:45 hs. (cf. fs. 91 vta., autos principales), esto es, sobre el cierre de la tarde del último día hábil judicial del año 2008 (cf. Resolución CM nº 987/2008). Según indicó la oficial notificadora en el reverso de la cédula, el documento fue fijado en la puerta de acceso al domicilio (fs. 91 vuelta).

Sentado lo expuesto, resultan ciertamente atendibles los motivos expuestos por la defensa para requerir una mínima indagación en torno al correcto cumplimiento por parte de la Oficial Notificador de las previsiones reglamentarias (art. 2.19, Resol. CM nº 152/99) que la obligaban, en primer lugar, a intentar entregar el documento al requerido y sólo en su defecto a dejar debida constancia de lo sucedido y fijarlo en lugar visible; en segundo lugar, también era necesario fijar ese documento de manera efectiva, esto último teniendo en consideración el lugar y el momento en que se procedió al diligenciamiento, las 18:45 hs. del último día hábil judicial del año 2008, al que siguieron los días feriados por el fin de año. El 17/02/09, una vez vencido el plazo de diez (10) días que la ley otorga a la acusada para plantear su defensa, oponer excepciones y ofrecer prueba, el magistrado interviniente resolvió tener por desistida la solicitud de juzgamiento realizada (fs. 92, autos principales). Esa decisión fue notificada al mismo domicilio constituido y bajo la misma forma que la anterior ("notificación en el día"); no obstante, esta cédula fue recibida el 18/02/09 a las 16:50 hs. por una empleada de la empresa (fs. 93 vta., autos principales).

b) Frente a la resolución del magistrado que tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento, la apoderada de la firma, con asistencia letrada, interpuso una revocatoria con apelación en subsidio, planteó la nulidad de la notificación, ofreció prueba al respecto y expuso ciertos argumentos sobre la presunta inconstitucionalidad del art. 31 de la ley nº 1.217.

Tanto el juez de primera instancia -quien sostuvo, escuetamente, que la instancia se encontraba agotada y, además, indicó a la recurrente que debía hacer sus planteos jurídicos ante la instancia administrativa (fs. 118, autos principales)- como los jueces de la Cámara -quienes rechazaron la queja interpuesta por la presunta infractora ante la peculiar decisión de fs. 118- omitieron tratar las razones que dio la acusada para demostrar, en definitiva, que el proceso judicial no había fenecido. En este sentido, tampoco produjeron las pruebas ofrecidas sino que, por el contrario, sostuvieron que la multa impuesta en sede administrativa estaba firme ante la simple incomparecencia de la acusada.

Además, los miembros de la Sala II indicaron "[n]ótese asimismo que las fotocopias de las cédulas adjuntadas con el escrito de queja a fs. 1 y 12, poseen la fecha, hora de notificación y la identificación del oficial notificador en el anverso izquierdo, práctica que indica que se trata de los instrumentos que entrega el funcionario respectivo a la parte notificada, y no de los instrumentos que devuelve a la causa con el sello en el reverso indicando el resultado de la notificación, que constan en el principal a fs. 91 y 93. Ello sería indicio suficiente como para tener por acreditado que efectivamente dichos documentos han sido recibidos por la sociedad, de manera tal que le resta fundamento al planteo de nulidad efectuado" (fs. 15 de la queja).

La transcripción de este párrafo de la sentencia recurrida permite advertir cierta confusión. En la decisión se menciona que la defensa aportó las copias de las cédulas de notificación que recibió oportunamente, y no aquellas que el oficial notificador devuelve al juzgado para que sean agregadas al expediente. Esta afirmación -que, aunque a modo de obiter, se refiere al planteo de nulidad interpuesto- es incorrecta: las copias que la Cámara menciona como agregadas a fs. 1 y 12 no corresponden a las que en original están agregadas a fs. 91 y 93.

En efecto, la nulidad planteada se refiere al documento que está agregado a fs. 91 de los autos principales, que notifica la citación a comparecer al procedimiento judicial de faltas; sin embargo, a diferencia de lo sostenido por los camaristas, aquellas copias que aportó la empresa acusada al intentar la queja por recurso de apelación denegado (fs. 1 y 12 del incidente formado a sus efectos) reproducen las constancia que, en original, están agregadas a fs. 119 y 93 de los autos principales. Estas dos cédulas notifican a la recurrente, por un lado, la decisión que tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento realizada por la empresa (fs. 93, en copia a fs. 12 del incidente de queja por apelación denegada) y por otra parte, el rechazo de la reposición interpuesta (fs. 119, en copia a fs. 1 del incidente de queja por apelación denegada). En resumen, ninguna de las dos constancias aportadas por el recurrente es copia de la cédula que cuestionó por haber sido presuntamente mal diligenciada (la de fs. 91 de los autos principales).

4. Así las cosas, considero que los planteos desarrollados por la recurrente ponen en evidencia que, en las distintas instancias transitadas, se ha omitido toda consideración del planteo de nulidad de la notificación de la citación prevista en el art. 41 de la ley n° 1.217 y, con ello, se ha privado a la parte de una decisión fundada en ley sobre el punto (cf., en sentido similar, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Moares, Carlos Luis s/ estacionar en lugar prohibido y otra -apelación-'", expte. nº 4917, resolución del 25/04/07). En el caso, las instancias de mérito cerraron sin justificación válida toda posibilidad de que la firma acusada pudiera cuestionar la notificación practicada y, de modo indirecto, pudiera ejercer las defensas que le confiere la ley de procedimiento en materia de faltas. Todo ello, más allá del éxito que pueda tener el planteo de nulidad interpuesto por la apoderada de la firma Alimentos Tropicales Argentinos SA, cuestión que excede el marco cognoscitivo del Tribunal por la vía intentada.

Ya he recordado en otras oportunidades (cf. mi voto en "Lewinzon, Julio s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lewinson, Julio c/ GCBA s/ otras demandas c/ la aut. administrativa'", expte. nº 5948, decisión del 23/03/09 y sus citas) que sólo una correcta notificación garantiza el acceso e ingreso a la tutela judicial efectiva, concretando el principio de interdicción de la indefensión, tal como lo ha resaltado el catedrático Joan Pagés i Galtés de la "Universitat Rovira i Virgili", Tarragona-Reus -cfr. La codificación en materia de notificaciones tributarias, parágrafo 5: "Conclusiones", Revista Argentina de Derecho Tributario, n° 3, ps. 641 y ss., en particular ps. 691 y ss., La Ley, Buenos Aires, 2002-.

La importancia del acto procesal que cuestionó la defensa -esto es, la notificación de la citación a presentarse al procedimiento judicial de faltas- imponía la necesidad de dar curso a su planteo, producir la prueba ofrecida (o denegar fundadamente esa producción) y resolver conforme a derecho. En este sentido, la lesión constitucional al derecho de defensa en juicio apareció en el momento en que el juez de primera instancia omitió expedirse sobre la revocatoria planteada (punto 2 del "resulta"). Esta misma lesión se mantuvo cuando los integrantes de la Cámara rechazaron la queja interpuesta luego de que el titular del Juzgado PCyF nº 15 -tácitamente- denegó la apelación interpuesta en subsidio.

5. Por las razones expuestas en los puntos anteriores, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de la Cámara que está agregada a fs. 158/159 de los autos principales, así como la de primera instancia, agregada a fs. 118.

En atención a que el Tribunal, como se adelantó, no es competente en esta etapa del proceso para resolver sobre la validez de la notificación cuestionada, y atento a que los magistrados que intervinieron hasta hoy en el proceso ya han emitido opinión sobre el punto debatido en las circunstancias descriptas en los puntos precedentes, corresponde enviar la causa a las instancias de mérito a fin de que jueces distintos a los que ya han tomado intervención sobre el planteo de la defensa resuelvan, luego de practicar las diligencias que estimen corresponder, la revocatoria que está agregada, en copia, a fs. 22/31 (art. 31 de la ley nº 402).

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero a los fundamentos expresados y a la solución que propone el Sr. Juez de trámite.

Sólo quiero formular algunas observaciones en un sentido coincidente con el del voto de mi colega, respecto de cuestiones que por su relevancia no pudieron ser omitidas por los jueces de mérito, omisión que invalida sus decisiones y las torna arbitrarias.

La falta de tratamiento del planteo de nulidad de la notificación a partir de la cual se denegaron las peticiones de la recurrente, tuvo como consecuencia la extinción del proceso judicial, única oportunidad para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente (violación de una garantía constitucional).

Discrepo con la opinión del Fiscal General Adjunto, en cuanto afirma que Alimentos Tropicales Argentinos SA debió redargüir de falsedad el instrumento agregado a fs. 91. Sucede que la presunta infractora no discutía el documento citado ni su contenido, sino que ponía en crisis el procedimiento llevado a cabo por la oficial notificadora, del que las anotaciones en el texto preimpreso del reverso de la cédula no dan cuenta.

En tales condiciones y al no resolver la reposición intentada, la quejosa fue colocada en una situación de indefensión porque ni se consideró la procedencia de la prueba que aquella propusiera, ni se declaró la cuestión de puro derecho.

Así voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con el juez de trámite, Dr. José O. Casás, en que el recurso de inconstitucionalidad deducido por Alimentos Tropicales Argentinos ha sido articulado contra una sentencia definitiva -en tanto la decisión de fs. 158/159 vuelta impide el trámite del proceso (Fallos 137:352, 242:460, 312:2348, entre otros, cuya doctrina es mutatis mutandis aplicable)-, así como en que corresponde hacer lugar, pues la solución adoptada buscó apoyo en fundamentos sólo aparentes y, en cambio, omitió tratar los planteos conducentes formulados por la recurrente.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducido por Alimentos Tropicales; revocar la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de fs. 158/159 vta., y remitir las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos a los que intervinieron, se dicte un nuevo pronunciamiento que atienda a las cuestiones planteadas por la recurrente en su recurso de apelación y que fueron arbitrariamente omitidas, conforme se desprende de este voto y del voto del Sr. Juez José O. Casás.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás, y coincido con la solución que propone.

El caso presenta características similares, cuando no idénticas, a otra causa de faltas que arribó a nuestro conocimiento. Me refiero concretamente al precedente "Moares", precedente en el cual, conviene recordar, los jueces de mérito cerraron cualquier posibilidad de que la presunta infractora pudiera cuestionar la notificación cursada y, de manera indirecta -en el supuesto de que su cuestionamiento triunfase-, pudiera ejercer válidamente su defensa para obtener una primera resolución judicial acerca de la materialidad de las infracciones imputadas, tal como el RF lo permite y la CCABA lo garantiza.

Si bien existe cierto déficit o laguna en la regulación procesal de faltas en cuanto a las normas que pueden aplicarse supletoriamente para resolver -entre otras cuestiones- acerca del modo como deben llevarse a cabo las notificaciones o acerca de las vías pertinentes para cuestionar su eficacia, lo cierto es que cualquiera sea el régimen legal que se utilice (el CPP local o el CCAyT, al que sí remite el RF para otros aspectos) lo que se busca es dotar de certeza y efectividad a las comunicaciones, porque de su adecuado y real cumplimiento depende -nada menos que- la defensa en juicio de quien se encuentra sometido a proceso.

Quien constituye un domicilio procesal asume la posibilidad de quedar notificado mediante el procedimiento ficcional autorizado por la ley (art. 15 y 31, RF), pero esa ficción sólo opera bajo estrictas condiciones impuestas en la reglamentación (Res. 152/99-CM) y en la razonabilidad que debe envolver al acto notificatorio de acuerdo a la naturaleza e importancia de la resolución o citación que se intenta comunicar. En el caso, nada se ha expresado sobre la necesidad de notificar con urgencia o "en el día" (fs. 32) el emplazamiento para comparecer ante el Juez, bajo apercibimiento de considerarse desistida la solicitud de juzgamiento formalizada en sede administrativa (art. 42, RF), cuando se trataba del último día hábil del año 2008, circunstancia que hacía posible que, de no encontrarse al requerido, esta cédula quedara fijada en el acceso -o en alguno de ellos, ya que, según la infractora, tendría más de uno- de un inmueble cerrado, que funcionaba como un "depósito de pisos y materiales", con el riesgo probable de que por el paso de los días inhábiles y festivos pudiera desaparecer y se frustrara el ejercicio de defensa de la firma imputada.

Las respuestas que los magistrados de mérito den a los interrogantes planteados por la quejosa, hasta hoy desatendidos o desechados de manera arbitraria e infundada, determinarán la suerte de este proceso. Es necesario señalar, una vez más, que la circunstancia de que "no exista un régimen de notificaciones específico para la materia de faltas (al margen del art. 32 de la ley nº 1217), no significa que aquéllas puedan practicarse de cualquier manera y mucho menos operar en perjuicio del infractor" (in re "Moares").

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de la Cámara agregada a fs. 158/159 de los autos principales, así como la de primera instancia, agregada a fs. 118 de ese mismo expediente.

2. Reenviar la causa a las instancias de mérito a fin de que jueces distintos a los que ya han tomado intervención sobre el planteo de la defensa resuelvan, luego de practicar las diligencias que estimen corresponder, la revocatoria que está agregada, en copia, a fs. 22/31 de este expediente.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.