Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29


SENTENCIA Nº 89.504 - CAUSA Nº 24538/06 "SKREKA JUAN PABLO C/COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE C.N.R.T. Y OTRO S/DESPIDO" - JUZGADO Nº 2.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

Las partes codemandada Universidad Tecnológica Nacional y actora apelan la sentencia de fs. 566/568, en los términos de los memoriales de fs. 569/vta. y 577/586, con réplica a fs. 589/593 vta. y fs. 595/598. El Sr. Perito Contador apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos (fs. 572).

La actora se queja porque el sentenciante considera que la relación habida entre las partes resulta ajena a la Ley de Contrato de Trabajo atento lo dispuesto por el art. 2 ap. a) de dicho régimen y la doctrina que sentara la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir la causa "Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (L. 441 - XXII del 30/4/91).

Por razones de mejor orden trataré, en primer lugar, los agravios de la accionante.

La Universidad Tecnológica Nacional, la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Transporte Automotor suscribieron convenios a partir del 17/9/92, en virtud de los cuales se creó la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT) para contribuir al mejoramiento de las condiciones de operación, seguridad y calidad de vida, relacionados con los sistemas de transporte terrestre (ver cláusula segunda de las copias certificadas de los instrumentos que obran a fs. 72/91).

En el marco de los convenios de creación y regulación del CENT, la Universidad Tecnológica Nacional contrató al actor a partir del 1/1/97, durante casi diez años, mediante sucesivos contratos de locación de servicios cuyas copias certificadas obran a fs. 200/298. Nótese que de las resoluciones del rectorado (ver art. 1) que dispusieron la celebración de estos contratos surge que las partes convinieron el pago de una retribución en concepto de honorarios con las personas pertenecientes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (he resaltado). Advierto, además, que la C.N.R.T. tenía facultades para solicitar la designación y rescisión del personal contratado (ver memorándum que obra a fs. 199).

Los testimonios de Fratto (fs. 512/514), Antonio (fs. 515/516), Guerrero (fs. 521/523) y Bejarano (fs.

525/526) acreditan que el accionante prestó tareas como inspector en la Terminal de Omnibus de Retiro, en cumplimiento de funciones propias del personal de planta permanente de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (artículos 90 de la ley 18345 y 386 del CPCCN). También destaco que las credenciales que obran en sobre cerrado a fs. 348 revelan que la codemandada extendió al actor una serie de credenciales en las que se deja expresa constancia de su calidad de inspector nacional de las empresas de transporte automotor sometidas al control de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (reconocidas según auto de fs. 449).

Ahora bien, no se rebate en esta instancia que el personal que presta servicios en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se rige por las prescripciones contenidas en la LCT (según art. 3 del decreto 1388/96).

Desde tal perspectiva, no cabe duda alguna de que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo regido por la LCT (ver esta sala en "Fernández Bernardo c/Comisión Nacional de Regulación del Transporte C.N.R.T. s/Despido", SD 83.839 del 19/7/02 y "Competiello Mario c/Comisión Nacional de Regulación del Transporte C.N.R.T. y otro s/Despido" SD 89.420 del 28/12/07).

No afecta tal conclusión la circunstancia de que el actor haya sido contratado por intermedio de un tercero - Universidad Tecnológica Nacional, pues lo relevante es que prestó servicios a favor de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (sometida a las disposiciones de la LCT) y bajo las órdenes de ésta.

Por lo precedentemente expuesto propongo revocar la decisión impugnada en este aspecto.

Ante este modo de resolver el tema en debate, resulta abstracto tratar la queja relativa a la extensión de la condena contra Universidad Tecnológica Nacional con sustento en las previsiones del art. 30 de la LCT.

En cuanto al cese de la relación, señalo que las demandadas admiten el intercambio telegráfico transcripto en el inicio y agregado en sobre a fs. 3. El 8/3/06 el actor intimó a las demandadas por la inscripción del contrato de trabajo (TCL 65722363 y 65722364). Comisión Nacional de Regulación de Transporte C.N.R.T. (telegrama 4LC80387262 de fecha 10/4/06) y Universidad Tecnológica Nacional (telegrama del 23/3/06) negaron el invocado vínculo laboral, respuestas que motivaron que el 12/4/06 el trabajador decidiera la ruptura del contrato de trabajo (tcl 65722371 y 65722372).

En tales condiciones, concluyo que la negativa de la relación laboral por parte de las demandadas - pese a los emplazamientos del actor tendientes al registro del contrato - legitima la decisión de éste de considerarse despedido (art. 242 de la LCT) y por ende, resulta acreedor a las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, las dos primeras con la incidencia del aguinaldo.

Habida cuenta que las demandadas no acreditaron su pago mediante los correspondientes recibos salariales (art. 138 de la LCT), corresponde acoger los reclamos en concepto de salario de marzo y días trabajados abril de 2006, vacaciones de 2005, proporcionales de 2006, aguinaldos de 2004, 2005 y proporcional de 2006. Si bien Comisión Nacional de Transporte Automotor opone excepción de prescripción, corresponde su rechazo por cuanto el 8/3/06 el actor constituyó en mora a las accionadas al intimar al pago de tales rubros, suspendiendo así el curso de la prescripción liberatoria por el término de un año (art. 3986 del Código Civil).

El actor alega en el inicio haber remitido la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos que prevé el art. 11 de la ley 24013 como recaudo formal para acceder al resarcimiento pretendido con sustento en el artículo 8 de la norma legal citada y acompaña los telegramas respectivos (ver tcl 65722365 y 65722366 del 8/3/06 que obran a fs. 3). Las demandadas no negaron este hecho en los respondes en forma expresa. Por eso, corresponde hacer lugar a las indemnizaciones establecidas por los arts. 8 y 15 de la ley 24013 para los supuestos de empleo no registrado.

También prosperará el agravamiento establecido en el art. 2 de la ley 25323. El trabajador intimó al pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT en tiempo oportuno - con las comunicaciones del despido aludidas precedentemente - y ante el incumplimiento observado por las demandadas, se vio obligado a promover acciones judiciales para su cobro.

En relación con los reclamos en concepto de certificados de trabajo e indemnización del art. 80 de la LCT, destaco que el 31/5/06 el trabajador intimó la entrega de los instrumentos en el plazo que prevé el decreto 146/01 y las demandadas no cumplieron dicho requerimiento (tcl 65722378 y 65722379). Por tales consideraciones, propongo hacer lugar a la entrega de las certificaciones dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 de la ley 18345, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en el orden de $ 30 por cada día hábil de incumplimiento (art. 666 bis del Código Civil) y al pago del resarcimiento contemplado en el art. 80 de la norma legal citada.

Asimismo debe acogerse la pretensión sustentada en el art. 16 de la ley 25561, con las modificaciones dispuestas por la ley 25972 y el decreto 1433/05, dado que el despido del trabajador debe reputarse injustificado y ocurrió bajo la vigencia de la referida norma.

Cabe admitir el reclamo de asignaciones familiares, pues la partida de nacimiento cuya copia autenticada obra en sobre a fs. 3 da cuenta de que, durante el lapso de la relación de empleo, el actor tenia un hijo menor de edad a su cargo. Y, si correspondía al trabajador acreditar ante su empleador el derecho a percibir la asignación familiar correspondiente mediante la presentación de la documentación pertinente, es preciso destacar que también era deber del empleador notificar al personal las normas que rigen el sistema de asignaciones familiares, como lo dispone el art. 6 del anexo de la resolución 112/96 de la Secretaría de Seguridad Social (decreto 1245, reglamentario de la ley 24714) en los plazos y formas allí establecidos, recaudo éste cuyo cumplimiento no se alega ni prueba en la causa y que, por ende, lleva a considerar que no ha sido observado. Tal omisión es relevante pues, de acuerdo a lo previsto en el art. 79 de la LCT, no resulta viable que el empleador invoque el incumplimiento del trabajador, cuando de él se derive la pérdida total o parcial de beneficios de la seguridad social, si la observancia de tal obligación dependiese - como en el supuesto en consideración - de la iniciativa del empleador y éste no probase haber cumplido los deberes a su cargo (esta Sala en "Cortés Luis Alberto c/Fraga Gladys Nelly s/Despido" SD 71.950 del 19/7/96).

No prosperará, en cambio, el reclamo de asignaciones no remunerativas según decretos 1273/02, 2641/02, 392/03, 905/03, 1347/03 y 2005/04.

Si bien es cierto que el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado mediante decreto 214 de fecha 27/2/06 rige para el personal de la Comisión Nacional de Transporte Automotor sujeto a las disposiciones de la LCT (ver art. 1 y Anexo I de la norma convencional), destaco que no asiste a derecho al actor a percibir las asignaciones no remunerativos pues los decretos aludidos disponen con claridad que este beneficio no es aplicable a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos (esta Sala en "Basso Paula Marina c/Sena & Bretón Moreno Soc. Civil y otros" SD 87.136 del 27/9/05 y "Zucarelli Lidia Nora c/Belgrano Day School S.A. s/Diferencias de Salarios" SD 87.668 del 18/4/06).

En cuanto al salario, advierto que el actor no prueba que percibiera sumas de dinero en concepto de viáticos sin respaldo documental. Los testimonios de Fratto y Antonio no son coincidentes en el punto. El primero dice que denominaban viáticos a las sumas pagadas sin obligación de rendir cuentas por viajes al interior del país, trabajo en tiempo suplementario y durante los fines de semana. Antonio, por su parte, alude al cobro de comisiones y viáticos sólo por los viajes al interior del país, conceptos por los que en algunas oportunidades los inspectores debían rendir cuentas. Guerrero y Bejarano manifiestan desconocer la modalidad de pago de salarios respecto del accionante. Destaco, además, que no existe elemento probatorio alguno que permita inferir la cuantía de los supuestos viáticos que el actor invoca que percibió.

Desde tal perspectiva, utilizaré como base de cálculo de los distintos conceptos e importes por los que prosperará la demanda, los salarios que surgen de los instrumentos de fs. 92/98, la facturación en concepto de honorarios que obra en sobre por cuerda y el cuadro de remuneraciones elaborado por el perito contador a fs. 473/476. Sentado lo expuesto, mandaré pagar a actor los siguientes conceptos e importes:

Conceptos y forma de cálculo.

Importes.

Indemnización art. 245 de la LCT = $ 1.530 x 10 períodos = $ 15.300 Indemnización sustitutiva del preaviso omitido - con la incidencia del aguinaldo - = $ 1.530 x 2 períodos = $ 3.315 Salario marzo 2006 = $ 1.530 Días trabajados 2006 e integración mes de despido = $ 1.530 Aguinaldo proporcional 1ra.

cuota 2006 - con la inclusión de la integración del mes de despido - (s/$ 1.530) = $ 510 Vacaciones proporcionales 2006 - 5 días - (s/$ 1.530) = $ 367,20 Indemnización art. 2 ley 25323 = $ 9.486 Indemnización art. 8 ley 24013 = $ 28.141,75 Indemnización art. 15 de la ley 24013 = $ 18.496 Indemnización art. 16 de la ley 25561 = $ 7.650 Indemnización art. 80 LCT = $ 4.590 Aguinaldo 1ra. cuota 2005 (s/$ 1.230) = $ 615 Aguinaldo 2da. cuota 2005 (s/$ 1.530) = $ 765 Vacaciones 2005 (s/$ 1.530) = $ 1.285,20 Aguinaldo 1ra. cuota 2004 (s/$ 1.200) = $ 600 Aguinaldo 2da. cuota 2004 (s/$ 1.200) = $ 600 Asignaciones familiares = $ 60 x 24 meses = $ 1.440 Total $ 96.221,15 Dichas sumas deberán ser abonadas por las demandadas dentro del quinto día de notificado este pronunciamiento con más los intereses moratorios devengados desde que cada concepto es debido, que se calcularán con la tasa propuesta por esta Cámara mediante Acta Nº 2357 del 7.5.02.

Las costas del juicio, en ambas instancias, deberán ser afrontadas por las demandadas vencidas (art. 68 del C.P.C.C.).

En atención al mérito y éxito de los trabajos profesionales realizados en autos, al valor económico comprometido en la contienda y a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 17, 19, 37, 39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345, arts. 3, 6 y concs. del dec. ley 16.638/57 y demás leyes arancelarias vigentes, propicio que los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada Comisión Nacional de Transporte Automotor, demandada Universidad Tecnológica Nacional y el Sr. Perito Contador, por sus trabajos en ambas instancias, se fijen en 20%, 15%, 15% y 5%, respectivamente, del monto de condena y con inclusión de los intereses.

Respecto del IVA, esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente - ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Propongo que se haga saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, según sea el caso, así como del obligado a afrontar las costas del juicio - salvo el trabajador- que deberán adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

De prosperar mi voto propiciaré: I.- Revocar el fallo de grado y condenar a COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR C.N.R.T. y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL a pagar a JUAN PABLO SKREKA la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 15/100 CENTAVOS ($ 96.221,15) con más los intereses fijados precedentemente; II.- Condenar a las demandadas a hacer entrega al actor de los certificados de trabajo y aportes previsionales previstos en el art. 80 de la LCT dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 de la ley 18345, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en el orden de $ 30 por cada día hábil de incumplimiento (art. 666 bis del Código Civil); III.- Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada Comisión Nacional de Transporte Automotor, demandada Universidad Tecnológica Nacional y el Sr. Perito Contador, por sus trabajos en ambas instancias, se fijen en 20%, 15%, 15% y 5%, respectivamente, del monto de condena y con inclusión de los intereses; V.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, según sea el caso, así como del obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberán adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

El doctor Eiras dijo:

Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar el fallo de grado y condenar a COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR C.N.R.T. y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL a pagar a JUAN PABLO SKREKA la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 15/100 CENTAVOS ($ 96.221,15) con más los intereses fijados precedentemente; II.- Condenar a las demandadas a hacer entrega al actor de los certificados de trabajo y aportes previsionales previstos en el art. 80 de la LCT dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 de la ley 18345, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en el orden de $ 30 por cada día hábil de incumplimiento (art. 666 bis del Código Civil); III.- Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada Comisión Nacional de Transporte Automotor, demandada Universidad Tecnológica Nacional y el Sr. Perito Contador, por sus trabajos en ambas instancias, se fijen en 20%, 15%, 15% y 5%, respectivamente, del monto de condena y con inclusión de los intereses; V.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, según sea el caso, así como del obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberán adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Roberto O. Eiras Elsa Porta Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana Noemí Picón L.P. Secretaria