marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apelación concedida libremente, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: W., L. C. c/ S., N.R.O. s/ Demanda Laboral (Haberes e indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-16

Teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, estan suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio.
Huelga, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Alimonta, Blanca Haydeé y otros c/ Yagan Pesquera S.A. s/ Nulidad de despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Si la abstención de los trabajadores de prestar servicios no tiene respaldo en un conflicto colectivo de trabajo sino en un diferendo plurindividual, los contratos de trabajo no quedan suspendidos y tal actitud debe considerarse como incumplimiento individual de sus obligaciones que habilita -si adquiere entidad suficiente (art. 242 de la L.C.T.)- a disponer sus despidos con justa causa.
Crímenes de lesa humanidad, reparación integral, daños y perjuicios, obligaciones internacionales, REPÚBLICA ARGENTINA, imprescriptibilidad de la acción penal
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-28

La fuente de responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de la dignidad humana, de manera que la acción indemnizatoria que puede derivarse de ellos no es una simple acción patrimonial como la que se origina en un negocio común o extracontractual, sino que tiene carácter humanitario, por lo que no corresponde aplicar, respecto a las reparaciones pecuniarias por violaciones a los derechos humanos, institutos y soluciones establecidas por el ordenamiento interno para dar respuesta a situaciones que en modo alguno resultan equiparables (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RODIGHIERO JORGE c/ A.N.S.E.S. EX C.A.S.F.P.I s/ APELACION DE SENTENCIA-RECURSO EXTRAORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-16

La imposición o exoneración de las costas es una cuestión de hecho que los tribunales de mérito estiman y resuelven con criterio soberano y por ello constituye cuestión extraña a los recursos extraordinarios, salvo el caso de arbitrariedad.
Querellante, apartamiento de oficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SABATO, Francisco Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

El querellante pierde el derecho a intervenir o proseguir como acusador en el procedimiento por haber renunciado a la acción civil o por haber convenios sobre el pago del daño (*).

Por ello, debe confirmarse la separación de oficio del rol de querellante.
Deberes del juez, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: PALOMBARANI, ROBERTO LUIS c/ NUEVO BANCO BISEL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-04

Los jueces deben calificar autónomamente la realidad fáctica (lo cual supone calificar las pretensiones de las partes) y subsumirla en las normas jurídicas aplicables, supliendo para ello las normas no invocadas y las mal invocadas -con lo cual tenemos dos actividades: calificación autónoma de los hechos y de las pretensiones; y determinación del derecho aplicable (De la disidencia del Dr. Erbetta, a la que adhieren los Dres. Falistocco y Gastaldi).
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, excarcelación, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Rodríguez Landívar, Blanca Sofía s/ incidente de excarcelación -Causa nx 7221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Pueden cuestionarse por la vía extraordinaria las decisiones denegatorias de la excarcelación, en tanto medie la inconstitucionalidad de las normas impeditivas de aquélla o graves defectos del pronunciamiento denegatorio. Ello es así por la raigambre constitucional reconocida desde antiguo a la excarcelación.
Adultos mayores, arresto domiciliario, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: BENÍTEZ, José L. c/  s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

De la sanción de la ley 27.360 -que establece como edad límite para ser considerado "Persona mayor" o "Persona Adulta Mayor" los 65 años- no se sigue necesariamente la modificación del límite etario establecido por el art. 32 inc. "d" ley 24.660, pues de su texto no surge referencia alguna a la concesión del instituto del arresto domiciliario a las personas que se encuentran comprendidas en aquella norma, ni tampoco el legislador, al momento de su tratamiento, ha efectuado ninguna consideración acerca de una eventual modificación en el sentido que se reclama, máxime teniendo en cuenta que la parte no ha cuestionado expresamente la constitucionalidad de dicha legislación.
Ejecución fiscal, resoluciones inapelables, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL -D.G.I.- c/ VIEL AUTOMOTORES S.A.C.I.F.I. s/ EJECUCIÓN FISCAL S.A.C.I.F.I. s/ EJECUCIÓN FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

La inapelabilidad dispuesta por el art. 34, inc. 11), pto. 2 de la ley 23.658, permite interponer recurso extraordinario contra la sentencia de primera instancia; debiendo el a quo, en su caso, sustanciarlo y pronunciarse acerca de su procedencia.
Asesor de menores, representación procesal, legitimación procesal, defensa en juicio, nulidad procesal, recurso de casación, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

La intervención de la Asesoría de Menores en el procedimiento penal debe ser de acuerdo con el derecho que aquí se declara para resguardar el art. 18 de la Constitución Nacional, pues el derecho de defensa también abarca a la víctima, y la declaración de nulidad de lo actuado se deriva de lo expresado en relación con el recurso interpuesto por el señor Fiscal de Cámara - es decir, de la sentencia cuestionada y el debate correspondiente -, en tanto el contenido de ambas impugnaciones y sus pretensiones son similares y los agravios de dicha funcionaria se restringen a dicha segunda etapa del proceso, lo que permite confirmar los actos anteriores por su convalidación implícita.

"En efecto, se ha entendido que la nulidad establecida por la norma civil mencionada (art. 59 CC.) es de carácter relativa, razón por la cual el asesor de menores puede confirmar expresa o tácitamente lo actuado sin su intervención, como asimismo que aquella sanción se aplica también a los actos procesales siempre que de la falta de intervención resulte algún perjuicio para el incapaz".
Abuso del derecho, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orsi Guillermo c/ Distribuidora de diarios s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El supuesto de abuso del derecho es de interpretación cautísima, porque el acatamiento de las normas jurídicas representa en sí mismo un valor fundamental que confiere seguridad, afianza el orden y propende a la paz, fortaleciendo la confianza dentro de un ordenamiento normativo que se exhibe como inexorable (art.1071 del Cód.Civil y 260 del CPCC).
Inhabilitación preventiva, medidas cautelares, sentencia absolutoria, prisión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUMAR MARIO SILVANO c/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

La absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva o medida cautelar dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquella medida que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso. La privación de la libertad o de limitación de la propiedad durante el proceso no debe ser automáticamente reconocida a consecuencia de la absolución, sino, cuando el auto de prisión preventiva o la resolución que dispuso medida cautelar se encuentren infundados o se revelen irracionales (Fallos: 317:1233 "Roman", 318:1990 "Balda", 321:1712 "López", 325:1855 "Robles", 327:1738 "Cura", 330:2112 "Pouler", entre otros).

No obstante, puede resultar que, a partir de un determinado momento, la prolongación de una medida cautelar, legítimamente dispuesta, pueda exceder el plazo razonable. En tal caso, se configuraría una falta de servicio y, solamente a partir de ese momento, se estaría generando un daño eventualmente resarcible.
Empleados públicos, personal de planta permanente, personal no permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piano, María Alba c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 526-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-10

La ley 9104, si bien establece que el personal no permanente que realice tareas normales y habituales del personal permanente, tendrá los mismos derechos y obligaciones que este personal, hace expresa excepción del derecho a la estabilidad (artículo 1, in fine);

tampoco los beneficia las disposiciones de la ley 9242 las que no disponían un automático pase a la planta permanente de personal, sino que sólo establecieron una facultad del Poder Ejecutivo, autorizándolo a disponerlo; además, en razón de tratarse de una norma de excepción, debe ser interpretada restrictivamente.
Apreciación de la prueba, recibo de sueldo, carga de la prueba, principios laborales, medios de prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Duarte, Julia Elena  c/ Finkelstein Mariana y otros  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-08

La supuesta falsedad en la especificación de la fecha de ingreso -inserta en los recibos de sueldo-, debe ser fehacientemente justificada, ya que al estar confeccionados conforme a la ley, dichos recibos tienen plena validez. En este sentido, la falsedad de la fecha de ingreso o de los demás datos insertos en los recibos puede ser demostrada por cualquier medio de prueba, incluso exclusivamente mediante testigos, aunque en tal caso las declaraciones deben resultar claras, precisas y concretas. Dicha prueba debe ser examinada en conjunto, respecto a cada hecho y circunstancia de tiempo, modo y lugar, cualquiera sea la fuente de donde provenga, hay que compararla en todos los detalles, para establecer las concordancias y discordancias que existan en las diversas narraciones. Solamente después de hecha esta labor preliminar, es posible adelantar su crítica global para adoptar conclusiones probatorias. Conclusión final que se logra a través de un exámen minucioso de cada uno y del conjunto de los testimonios, debiendo el judicante, aquí también, proceder con un espíritu racional y crítico (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schneider de Citrinovich, María T. c/ Di Costa, Pascual y otra s/ Daños y perjuicios Trotta, Juan y otros c/ Transportes Villa Ballester S.A.C.I. s/ Daños y perjuicios Gómez, Rubén Oscar c/ Patella, Teresa y otros s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18|1995-11-07|1991-06-04

Probada la existencia del daño puede válidamente ejercerse la facultad prevista por el art 165 del C.P.C., correspondiendo a los tribunales de grado lo relativo a su aplicación.
Subasta, publicación de edictos, contrato de publicidad, compraventa, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA c/ CIA DE TIERRAS Y HOTELES ALTA GRACIA.- s/ APREMIO-REMATE-CITACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-30

La falta de citación del organismo concesionario del casino, no es un vicio del remate porque no hay norma alguna que establezca la necesidad de esa comunicación directa; los edictos constituyen el medio general de publicidad para todos los eventuales interesados en adquirir bienes en remates judiciales.-Si la ejecutada tenía inter es en notificar la realización de la subasta en forma directa, a un organismo determinado, pudo gestionar ella misma esa diligencia antes del remate, pero no alegar después la nulidad de la venta con fundamento en la falta de esa notificación, que no es obligatoria ni beneficia a las demás partes del juicio.-
Amparo por mora, competencia de la Corte Suprema, legalidad objetiva, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, María del Valle c/ Estado Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-07

Resulta preciso retener que los trámites en que se ventila el interés privado del particular, el administrado tiene la obligación de instarlos a los efectos de obtener una resolución que atienda sus peticiones. No obstante ello, en el caso de que la Administración permanezca inactiva, el sistema acude en garantía y protección de los particulares, proveyéndole de los remedios procedimentales y procesales pertinentes para alcanzar una decisión administrativa, ya sea mediante la interposición del pronto despacho o bien, como sucedió en el caso de autos, solicitando la intervención judicial por vía del amparo por mora de la administración. -(Del voto en disidencia del Dr. Cáceres).
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: HILDEBRANDT, Marcelina c/ YOYA, Carlos Orlando s/ Salarios, Indemniz., S.A.C. y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-15

Negada la autenticidad de los recibos, corresponde a la demandada, que había negado el hecho del pago, acreditar su autenticidad para que surtan los efectos previstos en el artículo 1026 del Código Civil -artículo 363 del Código Procesal Civil y Comercial-. Dichos instrumentos carentes de valor probatorio, al no haberse podido corroborar mediante la pericia caligráfica correspondiente, no pudieron sostener la alegación del accionado.
Artistas de variedades, contrato de publicidad, derecho a la imagen, contrato verbal
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, HECTOR ALBERTO c/ RADIUX INMOBILIARIA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-27

No existiendo contrato escrito que establezca los derechos de las partes con motivo de un corto publicitario, aún antes de la celebración del CCT. 323/75, debe interpretarse razonablemente la voluntad de las partes a través de sus actos posteriores, y uno de los elementos para hacerlo es la disposición del artículo 20 de aquél, que impide el abuso del derecho en desmedro de derechos personalísimos del trabajador.
Registro de la propiedad inmueble, inscripción registral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VENEGAS DE KARAM CARMEN c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-11-18

Los defectos, errores u omisiones producidos al momento de confeccionar los asientos, pueden reconocer distintas causas generalmente atribuidas al funcionario del Registro de la Propiedad, tal es el supuesto en el que se verifica la falta de confección del asiento en el folio real, lo que se rectifica generando la anotación correspondiente a partir de la documentación ingresada para su inscripción. Producido el error u omisión al momento de confeccionar el asiento, resultará necesaria la rectificación por cuanto éste es el procedimiento mediante el cual se provoca la concordancia entre la realidad registral y la extra-registral.
Competencia, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco Flaminio c/ Palacios Miguel Angel y-o ocupante s/ Desalojo predio rural
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 11.653 (art. 2do. inc.

"c"), que no hace referencia a "contratos de trabajo vigentes", concluimos que las demandas de desalojo promovidas con la intención de recuperar la tenencia de una finca que ha sido entregada con motivo de una relación de trabajo deben radicarse ante los tribunales laborales, sin importar que el despido (directo o indirecto) se haya producido antes de la iniciación del juicio.

(Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia definitiva, segunda instancia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Assets Solutions SA c/ Lobo, Rafaela Ester (Defensora Pública Oficial N°2) y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. Nuestro Código Procesal explicita en distintas normas (arts. 242, 276 y 277) y con fundamento en la naturaleza de la competencia (entendida como la aptitud concedida por la ley a los magistrados para decidir las causas que llegan a su conocimiento), el principio de que el ad quem es el juez del recurso (CNCom, Sala D in re "Perea, Juan Antonio y otros c/ Sud Inversiones y Análisis SA y otros s/ ordinario", del 24-9-13, entre muchos otros). 2. Es decir que la primera misión del tribunal revisor es considerar la admisibilidad del recurso concedido: examinar si la resolución es apelable; si el apelante tiene calidad de parte legítima, así como también si lo ha deducido en tiempo, y la forma de concesión. Este examen es oficioso y reviste carácter previo respecto de la fundabilidad del recurso (Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, T. 1, págs. 954/955, 1993).
Honorarios, base, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dictámenes
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA INGENIERO ARNALDO KHON Y PEDRO ARESCA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-21

Tratándose de una norma de carácter procesal, resulta de aplicación la ley 7626 - no así la ley 4640- atento lo establecido en sus artículos 1 y 110.

La aplicación de la reforma arancelaria no configura retroactividad legal ni altera derechos adquiridos, desde que no existía regulación de honorarios a la fecha de su dictado (fallos 163:231;

227:518).

El dictamen del Consejo Profesional de Ciencias Económicas no resulta vinculante para el juzgador (art. 11 in fine ley 7626).

En el marco de la ley 7626 la base de la regulación la constituye el valor del crédito o bienes motivo de la pericia, la que puede o no ser coincidente con la de los letrados (A.I. nro. 23/91 "Sade S.A C.C.I.F.I.M.").

A los efectos de configurar la base económica para la regulación de honorarios no corresponde adicionar "intereses" atento no haber sido objeto de pericia (ley 7626).

Para practicar la regulación de honorarios procede asimismo tener en cuenta las pautas cualitativas establecidas en el art. 18 de la ley 7626.-
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: APPA, EDGARDO PLINIO c/ IBAÑEZ, MARISA E. Y OTROS s/ NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-10

Si la simulación se deduce por un tercero que no intervino en el acto, es admisible cualquier medio probatorio y entre ellos revisten un papel preponderante las presunciones cuando por su gravedad, precisión y concordancia permiten inferir la insinceridad del acto atacado.
Lesiones culposas, exceso de velocidad
Materia: PENAL
Carátula: S, O. A. s/ Lesiones culposas (EXPTE. Nº 56-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

Velocidad excesiva no es solamente aquella que supera los límites reglamentarios, sino la que en determinadas circunstancias hace que su conductor pierda el dominio del vehículo; pero también no toda velocidad excesiva puede ser considerada como causa del accidente, ya que no lo es cuando de no haber existido esa velocidad excesiva el accidente igual se hubiera producido.
Ius variandi, igual remuneración por igual tarea
Materia: LABORAL
Carátula: Kury, Mario Oscar c/ Argencard S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-23

Mas allá de la incidencia y proyección que tienen las facultades que la ley sustancial otorga al empleador, su ejercicio está bajo el control jurisdiccional del juzgador, encontrándose la discrecionalidad del empleador, sujeta a prueba, a los efectos de merituar el correcto accionar del empleador en la práctica de sus potestades (en igual sentido esta Sala sent.Nro. 80-85f9 16/4/97 in re "Mapis César Ariel y otro c/Techint S.A."). Esta Sala en forma reiterada, ha sostenido en concordancia con la cláusula constitucional que lo sustenta, que el principio de "igual remuneración por igual tarea", radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, doctrina que la C.S.J.N. ha aplicado también reiteradamente al decidir que frente a circunstancias disímiles nada impide un trato también diverso, de manera que resulte excluída toda diferencia injusta o que responda a criterios arbitrarios (C.S.J.N. Fallos 265:242;"Fernandez Estrella c/Sanatorio Guemes S.A. 25/8/88 TSS l988-pág.975,esta Sala SD 73774 5/7/94 "Sicca,Enrique Hector y Otros c/Hierro Patagónico Sierra Grande S.A.", SD 74471 30/9/94 "Auzmendi Oscar c/ Diversey Wyandotte S.A." entre otros).
Contratos civiles, prueba del contrato, prueba insuficiente, presunciones, simulación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: López, Juan Carlos y otro c/ Subsecretaría de Transporte Aéreo Fluvial y Marítimo s/ Varios Transporte de Cosas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

En los supuestos como el de autos, corresponde examinar en conjunto y no de manera desmenbrada las pruebas aportadas para formarse criterio acerca de la irrealidad o verdadera finalidad del acto impugnado, fundándose principalmente en presunciones suficientemente graves precisas y concordantes (art. 163, 2do.

párrafo, Cód. Procesal), porque difícilmente existan pruebas concluyentes al respecto, sobre todo si quien lo ataca es, como en el caso, un tercero ajeno a aquél. Se ha admitido, por consiguiente, que (a falta de una prueba directa) uno de los elementos decisivos para apoyar tales presunciones es la "causa simulandi", la cual se define como el interés o razón que mueve a las partes a simular un contrato (confr. CNCiv., Sala D, 1/12/88, pub. en ED, 133-111).
Costas, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: Wijtszyn Ana en j: Acuña Seferino y Sucesión s/ Pieza Administración - Casación (Libro: S066-086)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-10-24

Quien impugna una rendición de cuentas y resulta condenado en costas en el respectivo incidente, sólo responde por las costas que se han originado en su controversia con el cuentadante sobre las partidas impugnadas y no de las correspondientes a la rendición de cuentas en todo lo que no impugnó.
Recurso de casación, cuestión de derecho común, ley penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantero, Ruben s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-21

La inteligencia de la ley penal sólo es materia de un Tribunal de Casación, cuando ante él se trae un caso judicial so pretexto de mala aplicación de la ley penal por parte de un tribunal de juicio, limitándose el contralor al examen jurídico del caso: a revisar como aquel tribunal ha aplicado el derecho a los hechos de la causa.