Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-20


La Plata, octubre 20 de 2005.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º En caso afirmativo ¿resulta fundado? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Natiello dijo:

No obstante que la resolución impugnada no resultaría -en principio- un pronunciamiento de aquellos que el art. 450 del rito enumera, media aquí una situación de gravedad institucional que amerita la apertura de esta instancia casatoria.

En efecto, el a quo ha desconocido lo resuelto por este Tribunal en causa Nº 18.518, en la cual se dispuso que "se expida en forma expresa, positiva y clara sobre la adecuación constitucional del art. 24 del C.P.".

Así, la Cámara actuante consideró, en esencia, que la prisión preventiva, como medida cautelar, "está condicionada a la pena que posiblemente se aplicaría (en nuestro ordenamiento, art. 169, inc. 9º CPP) y al cómputo que de la misma se haría, conforme la ley sustantiva. Y por lo tanto es de aplicación el art. 24 CP, en relación con la sanción impuesta en la sentencia recurrida, no siendo procedente la declaración de inconstitucionalidad, a los fines excarcelatorios". Con ello, entendió que resultaba satisfecho lo dispuesto por este Tribunal en la mencionada causa Nº 18.518.

Esto, sin embargo, no es así.

La Cámara debió pronunciarse sobre la constitucionalidad del art. 24 del CP -tal como lo ordenara esta Sede- independientemente de su falta de competencia para declararla respecto del art. 5º del mismo código, por haberse recurrido la sentencia condenatoria ante la Suprema Corte.

Esto así porque existe una palmaria diferencia entre valorar constitucionalmente la pena de reclusión en sí (art. 5º del CP) y la forma en que debe computarse el tiempo sufrido en prisión preventiva cuando se impuso este tipo de pena (art. 24 del CP).

Ahora bien, habiéndose ya efectuado un reenvío a la Cámara a efectos de que analice la peticionada inconstitucionalidad y habiéndose alzado el a quo contra lo así dispuesto, considero oportuno -como excepción y atento la suma de los extremos mencionados-, que este Tribunal se pronuncie sobre la solicitud de inconstitucionalidad del art. 24 del CP, a fin de evitar más dilaciones reenviando a la instancia.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargés dijo:

Adhiero al voto del doctor Natiello en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Natiello dijo:

El art. 24 del CP, en lo que interesa destacar, prescribe que: "La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión...".

Ahora bien, no debe olvidarse que la prisión preventiva es una medida cautelar que, como tal, se aplica a una persona que goza aún del estado de inocencia. Este estado, recién se verá -eventualmente- desvirtuado cuando exista sentencia condenatoria firme.

Asimismo, el imputado ostenta el derecho constitucional a recurrir la sentencia que lo condena ante un Tribunal Superior.

En este marco, computar en forma más gravosa la prisión preventiva que la pena, resulta violatorio de la Constitución.

En efecto, no parece congruente con nuestro plexo normativo que a una persona que se le ha impuesto pena de reclusión por sentencia no firme y que por lo tanto aún conserva el estado de inocencia, se le compute por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión y que una vez que este estado se haya extinguido por encontrarse firme la sentencia condenatoria, este cómputo sea por un día efectivo de cárcel, uno de reclusión. Esto implica que, una vez que el estado de inocencia cedió ante la sentencia firme, el cómputo es más favorable que cuando se gozaba de ese estado.

No resulta siquiera lógico que una medida cautelar tenga un cómputo más gravoso que una pena.

Por lo demás, el cómputo del art. 24 del CP afecta la ya mencionada garantía de doble instancia.

En efecto, si un condenado por sentencia no firme recurre, como es su derecho, ante la alzada, el tiempo que insuma la tramitación del recurso, le será computado en forma más gravosa que si no hubiera recurrido y su sentencia hubiera quedado firme.

De esta forma, la posible lentitud judicial en la resolución de su planteo, caerá sobre sus espaldas de la manera más injusta: para que se le compute un día de reclusión, deberá sufrir dos días en la cárcel.

Esta forma de computar tiene un conocido origen histórico, cual es, en resumen, que como la pena de reclusión tenía una ejecución más severa y aflictiva, el tiempo "gozado" en prisión preventiva se "compensaba" mediante este gravoso cómputo. A su vez, asiste razón al recurrente en cuanto a que la ley 24.660 ha eliminado la diferencia otrora existente entre la ejecución de las penas de prisión y reclusión. Sin embargo, no es esta la razón por la cual sostengo la mentada inconstitucionalidad, sino lo dicho anteriormente.

Digo esto porque el Poder Legislativo podría hacer resurgir alguna diferencia en la ejecución de las penas antes referidas -vgr. en los establecimientos en que deban cumplirse- y no obstante ello, el cómputo previsto en el art. 24 del CP seguiría siendo inconstitucional. Esto porque, como dijera, no puede computarse una medida cautelar más gravosamente que la pena, no puede admitirse que ejercer el derecho constitucional a recurrir sea -a la vez- un perjuicio, no puede cargarse sobre el imputado el atraso judicial. No puede hacerse nada de esto, sin que se viole la Constitución en sus garantías basales.

La ley 24.390 reparó en cierta forma esta injusta forma de computar prevista en el art. 24 del código sustantivo, al disponer en su art. 7º -hoy derogado- que transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, "se computará por un día de prisión preventiva, dos días de prisión o uno de reclusión". Esta ley, si bien mantuvo la diferencia existente entre las penas de prisión y reclusión, terminaba parcialmente con la violación constitucional referida en los párrafos precedentes. Digo parcialmente ya que los dos primeros años sufridos en prisión preventiva, continuaban computándose en la forma gravosa antes descripta. Por lo dicho y sin entrar a considerar la constitucionalidad de la pena de reclusión, toda vez que este Tribunal ha perdido su competencia en este punto por encontrarse la sentencia condenatoria tramitando recurso extraordinario ante la Suprema Corte, puede advertirse que el cómputo de la prisión preventiva en caso de que se haya impuesto este tipo de pena, previsto en el art. 24 del CP, es inconstitucional. Esto por violación de los arts. 18 y 28 de la CN; 14, incs. 2º y 5º del P.I.D.C.y P. y 8º. inc. 2º, primer párr. y ap. h) de la C.A.D.H.

Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargés dijo:

Adhiero al voto del doctor Natiello en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

3º cuestión.- El doctor Natiello dijo:

Atento el resultado de los sufragios precedentes, corresponde: 1) declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial del Departamento Judicial Dolores, doctora A. H. P. (arts. 421, 448, 450, 451 y concs. del CPP); 2) por los fundamentos dados al tratar la cuestión segunda, declarar la inconstitucionalidad del art. 24 del CP en cuanto al cómputo de la prisión preventiva en el caso de que se haya impuesto pena de reclusión y reenviar a la instancia a fin de que, con jueces hábiles, resuelva el pedido libertario de Corvalán Tripoloni en los términos del art. 169, inc. 9º del CPP, de conformidad con la inconstitucionalidad declarada (arts. 456, 461, 463, 464, 465, y concs. del CPP; 18 y 28 de la CN;

14, incs. 2 y 5 del P.I.D.C.y P. y 8º, inc. 2º, primer párr. y ap. h) de la C.A.D.H.

Así lo voto.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Natiello en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala: I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial del Departamento Judicial Dolores, doctora A. H. P., a favor de Adrián Fernando Corvalán Tripoloni.

Artículos 421, 448, 450, 451 y concs. del CPP. II. Por los fundamentos dados al tratar la cuestión segunda, declarar la inconstitucionalidad del art. 24 del CP en cuanto al cómputo de la prisión preventiva en el caso de que se haya impuesto pena de reclusión, y reenviar a la instancia a fin de que, con jueces hábiles, resuelva el pedido libertario de Corvalán en los términos del art. 169 inc. 9º del CPP, de conformidad con la inconstitucionalidad declarada. Arts. 456, 461, 463, 464, 465, y concs. del CPP; 18 y 28 de la CN; 14, incs. 2º y 5º del P.I.D.C.y P.; 8º, inc. 2º, primer párr. y ap. h) de la C.A.D.H. III. Cumplido con el registro legal, pase a la Mesa Unica General de Entradas, conforme el Acuerdo Extraordinario del Pleno suscripto con fecha 28/12/04, para su notificación con copia certificada de lo aquí resuelto a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Dolores. Arts. 33 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Casación.- Carlos A. Natiello.- Benjamín R. Sal Llargués.- Horacio D. Piombo.