Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 53/13, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Mercedes Gandía de Morcos en contra de la Sentencia Nº 11/2013 referente a Expte. Letra "V" Nº 152/12 - Vaquel, Carlos Emanuel", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 11/2013, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada (art. 456 C.P.P.), y se dirige contra la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 09, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

I. Por Sentencia Nº 11/2013, dictada el 15/04/2013, la Cámara Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió:

" Iº) Declarar culpable a Carlos Emanuel Vaquel, de condiciones personales ya relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable de los delitos de Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública, previsto y penado por los arts. 167 inc. 4º en función de los arts. 163 inc. 6º y 45 del Código Penal (Hecho Nominado Primero, según Requisitoria Fiscal de fs. 105/107 vta.) y Robo en grado de tentativa en calidad de coautor, previsto y penado por el art. 164 en función del art. 42 y 45 del Código Penal (Hecho Nominado Segundo, según Requisitoria Fiscal de fs. 253/258 vta.) en concurso real (art. 55 del Código Penal), condenándolo a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal), declarándolo Reincidente por segunda vez (art. 50 del Código Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del Código Procesal Penal) (.)".

Los hechos que el tribunal dio por acontecidos son los siguientes: Hecho nominado primero: "Que el día 23 de Marzo del año 2012, a la hora 21:00 aproximadamente, cuando Ramón Eduardo Barrionuevo (a) Chuki y Carlos Emanuel Vaquel (a) Viborita, con claros fines furtivos se hicieron presentes en el Mini hospital sur "Carlos Bravo" sito en Av. Manuel Pedraza S/Nº de esta ciudad capital, y previo ejercer fuerza en la traba del manubrio de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc., color negra, dominio 974 HEA, chasis Nº 8CHPCGB1BL004131 motor Nº SDH150FMG2A5827339, propiedad de Sonia Beatriz Rodríguez Arce, procedieron a apoderarse ilegítimamente, la cual se encontraba estacionada en la vereda a la altura de la puerta de ingreso principal del nosocomio de anterior mención. Tras ello, los imputados Barrionuevo y Vaquel se dan a la fuga del lugar, a bordo de dicha motocicleta en dirección hacia el Barrio San Antonio Sur".

Hecho Nominado Segundo: "Que en el día 03 del mes de Abril de 2012, en un horario que no se ha podido determinar con precisión, pero aproximadamente a las horas 20:30, Carlos Emanuel Vaquel se hizo presente con otro sujeto en el domicilio sito en Bº Luis Franco, Sector "A", casa Nº 38 de esta ciudad capital, propiedad de Jorge Antonio Cruz y aprovechando la ausencia de sus moradores y previo a ejercer violencia sobre los barrotes y romper los vidrios de una ventana que hace frente hacia el sector Norte ingresaron a la misma e intentaron apoderarse ilegítimamente de: un (01) reloj de hombre marca Agui, de color plateado, el cual estaba roto, sin la tapa ni la pila, de color plateado; un (01) reloj de mujer de marca Montreal de color plateado, el cual estaba sin pila y la malla tenía dos formas de corazones en las puntas donde se agarra el reloj: un (01) celular marca Nokia de color negro con teclado plateado el cual no tenía la tapa de atrás ni la batería y un (01) celular Motorola modelo L6, de color plateado, el cual estaba roto en la parte debajo de las teclas y se veía la plaqueta de color verde, el cual no tenía su batería, únicos datos de los elementos, no logrando su cometido ya que fueron aprehendidos en inmediaciones del lugar del hecho por personal de la Comisaría Novena".

II. Contra el decisorio aludido, comparece la Dra. Mercedes Beatriz Gandía de Morcos, Defensora Oficial Penal de Segunda Nominación, en su calidad de asistente técnica del imputado Carlos Emanuel Vaquel, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 2 y 3 del art. 454 del C.P.P.

II. a. En primer lugar cuestiona la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas en relación al Hecho Nominado Primero. Argumenta que el tribunal condenó a su defendido valorando sólo una prueba testimonial -la cual califica de indiciaria y parcial-.

Consecuentemente, sostiene que aquella no es suficiente para atribuirle un hecho delictivo tan grave, por lo que solicita la absolución de su asistido por el beneficio de la duda.

III. La crítica expuesta no debe tener acogida favorable en esta instancia. En primer lugar, estimo oportuno destacar que la introducción del agravio propuesto por la defensa, resulta a todas luces extemporáneo.

Digo ello, porque no se advierte de las constancias vertidas en el acta de debate (fs. 330) -suscripta por la recurrente-, que hubiera cuestionado en aquella oportunidad la falta de elementos probatorios para acreditar el hecho que se atribuyó a Vaquel.

La estrategia defensiva procuró el cambio de calificación legal -el cual no discute en esta instancia-, analizando incluso para ello, el testimonio que ahora tilda de parcial.

Sentado lo anterior, debo decir que la ponderación en conjunto del material probatorio debidamente incorporado a debate con la anuencia de las partes, permite confirmar la certera participación del imputado Carlos Emanuel Vaquel en la ejecución del Hecho Nominado Primero.

En tal sentido, adviértase que los argumentos defensivos en torno a que el tribunal basó su condena ponderando únicamente los dichos de la testigo Adriana del Valle Gonzáles, quien según la recurrente, tiene un encono personal originado en la mala vecindad con el imputado, no resultan de recibo.

Como punto de partida, cabe aclarar que no se ha constatado que el imputado y la cuestionada testigo sean vecinos, ni mucho menos la mala relación entre ellos.

Y es que, del legajo surge que Carlos Emanuel Vaquel vive en el Barrio San Antonio Sur, mazana "D", lote 25, mientras que González vive en Barrio Santa Marta, lote 10. De igual modo, la referida testigo en debate aclaró que conoce al imputado como "Vivorita" y que nunca tuvo nada con él.

En idéntica dirección, cabe aclarar aquí que el cuestionado testimonio ha sido percibido por el tribunal en el transcurso del debate -inmediación- (CSJN 20-09-05, "Casal"; C.J.Cat. S. nº 49, 12/10/2012; S. nº 7, 04/04/11; S. nº 3, 02/03/2011; S. nº 45, 17/12/2010; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), así como, el testimonio de la víctima, Sonia Beatriz Rodríguez Arce, quien refirió que el día del hecho, a las 21:00 hs, se trasladó junto a su hermano a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc, de propiedad de su madre, hacia el mini hospital sur "Carlos Bravo".

Que allí, dejaron estacionado el rodado en la puerta de ingreso del nosocomio con seguridad; es decir, con la traba en el volante, no se la podía mover -aclaró-, e ingresaron. Cuando salieron, a los minutos, advirtieron que la moto no se encontraba y que la habían sustraído personas desconocidas.

De este modo, el tribunal a quo ponderó que los dichos de la víctima encuentran corroboración y se complementan con lo manifestado por Adriana del Valle González -testigo presencial-, quien en debate pormenorizadamente describió las circunstancias del hecho, así como el aspecto físico de los sujetos que desapoderaron a la víctima de la moto. En tal sentido, relató que el día del hecho había concurrido al mini hospital "Dr. Carlos Bravo", con su marido a bordo de una motocicleta.

Que su marido ingresó al mini hospital, quedando ella afirmada en el rodado, en eso llegaron una muchacha y un muchacho en una motocicleta, ambos ingresaron al nosocomio.

En esa circunstancia observó a dos sujetos, a los que identificó como Vaquel, alias "el vivorita" y Barrionuevo, alias "el chuky" que tomaban la motocicleta que aquellos chicos dejaron estacionados, la giran haciendo un movimiento y proceden a llevarla empujándola y a la mitad del camino la hacen andar.

Aseveró que el rodado mencionado tenía una traba en el manubrio que cedió por la maniobra violenta (envión) que ejercieron sobre él.

En este orden de ideas, el tribunal destacó que la referida testigo, no sólo reconoció en el debate a Vaquel como a uno de los autores del hecho, sino que además, en el juicio dio explicaciones de por qué reconoció a los imputados, argumentos que el sentenciante consideró suficientes para la identificación de aquéllos.

Sumado a ello, merece destacar que el tribunal de mérito también desvirtuó la posición defensiva del imputado Vaquel, quien sostuvo que no cometió el hecho porque en esa fecha se encontraba detenido en la comisaría novena, que lo detuvieron el día 23 de marzo de 2012 a las dos de la madrugada en la estación de servicio "Refinor", coartada que ha quedado sin sustento conforme lo constatado en el Informe de la secretaría del tribunal -el que fue debidamente incorporado a debate con la anuencia de las partes; es decir, no ha sido objetado- durante el desarrollo del juicio, en virtud del cual se corroboró que indudablemente el imputado Vaquel no se encontraba privado de su libertad el día ni la hora de comisión del hecho que se le atribuye.

En efecto, debo decir que a pesar del esfuerzo argumentativo expuesto por la defensa del acusado, ello no logra desestabilizar las conclusiones arribadas por el tribunal, la que ha dado correcta solución al hecho investigado al atribuir su co-autoría al imputado, en tanto ha valorado integralmente la prueba reunida, dando expreso tratamiento a los puntos que aparecían más débiles y eslabonando minuciosamente los indicios que de ella surgían.

Esta labor de integración no tuvo correlato en la argumentación de la recurrente, quien se ha restringido a formular críticas que desoyen la convergencia puesta en evidencia por el juzgador, quien sustenta con suficiencia la conclusión arribada por el tribunal.

En definitiva, más allá de las críticas expuestas, cabe concluir que en el caso, conforme ha quedado constatado, ninguna duda cabe respecto a la existencia del hecho nominado primero y a la participación punible del acusado Carlos Emanuel Vaquel en el mismo.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

IV. Subsidiariamente, la recurrente cuestiona la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (arts. 40 y 41 C.P.), argumentando que la misma es injusta y desproporcionada.

Sostiene que se condenó a Vaquel por sus antecedentes más que por la entidad del hecho cometido, lo cual afecta principios constitucionales. De este modo, asevera que considerar a la reincidencia como factor que influye más gravemente en la determinación de la pena supone un reproche a la culpabilidad del autor por su personalidad o por la conducción de su vida, violatorio de los principios consagrados constitucionalmente.

Sostiene que la pena que se impone al sujeto en virtud de un delito cometido nunca puede superar la medida de su culpabilidad por ese hecho concreto estando vedado reprocharle hechos anteriores, ya sancionados y cuyas penas ya fueron cumplidas.

Enfatiza que la pena que se impuso a su defendido es exagerada y que no cumplirá con el objetivo de reinserción social buscado, que el monto de pena impuesto no se ajusta al marco discrecional reconocido por la ley, ingresando así al campo de la arbitrariedad.

Finaliza, formulando reserva del caso federal.

IV. a. En primer término, debo poner de resalto que, una vez más, la recurrente introduce en esta instancia cuestionamientos que omitió formular oportunamente al momento de alegar, ya que habiendo conocido la solicitud del Ministerio Público Fiscal, de declaración de reincidencia por segunda vez, nada dijo al respecto.

En consecuencia, en modo alguno puede reputarse arbitraria la sentencia del tribunal a quo por haber confirmado la declaración de reincidencia del imputado a tenor de lo previsto por el art. 50 del Código Penal, cuando no hubo ningún planteo dirigido a cuestionarla.

No obstante ello, daré individualmente respuesta a los argumentos vertidos por la Defensora Oficial.

El primero de ellos, radica en cuestionar que el instituto de la reincidencia es violatorio del principio de resocialización y que el fracaso del Estado en resocializar al sujeto a través de la pena no puede usarse en contra del imputado.

Este argumento no aporta ningún dato objetivo que sustente esa afirmación; el sólo hecho que la persona haya cometido un delito luego de su tratamiento penitenciario no es indicador concreto de fracaso del Estado en llevar adelante el mismo.

No puede endilgarse al Estado toda la responsabilidad en el tratamiento penitenciario, toda vez que nuestra ley de ejecución penitenciaria, ley 24.660, establece en su artículo 5 que: "El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria".

De ello se desprende que el tratamiento penitenciario es en gran medida voluntario, por ello, el éxito o fracaso no depende exclusivamente del Estado, sino también, de la voluntad de la persona para aceptar y llevar adelante dicho tratamiento.

Es el Estado el que ha puesto a disposición de la persona durante su encierro los recursos y posibilidades para acceder a opciones que permitan su resocialización y para el caso de que la persona no las haya aceptado, o aceptándolas no las aproveche en su beneficio, no puede trasladar toda la responsabilidad al Estado.

No debe tenerse a la prevención especial como finalidad exclusiva y excluyente de la pena privativa de la libertad; debe ser armonizada también con principios de prevención general, siempre dentro de los límites que impone el Estado democrático de derecho.

En segundo término, la recurrente sostiene que el instituto de la reincidencia afecta el principio del non bis in idem.

Sucintamente, esta garantía establece que se prohíbe perseguir penalmente más de una vez por el mismo hecho, o sea, hay una prohibición de nuevo juzgamiento por un mismo hecho.

Por lo tanto el instituto de la reincidencia no viola este principio, dado que la norma del artículo 50 del Código Penal no establece tipos de delitos anteriores a considerarse, y por lo tanto no se indaga en el hecho anterior ni se lo está juzgando nuevamente.

El último argumento es la objeción que se realiza a la reincidencia como violatoria del principio de culpabilidad.

De ninguna manera puede interpretarse en ese sentido el principio de culpabilidad que importa en este caso, siguiendo a Mir Puig, que "...no pueden castigarse formas de ser, personalidades, puesto que la responsabilidad de su configuración por parte del sujeto es difícil de determinar, sino sólo conductas, hechos: principio de responsabilidad por el hecho, exigencia de un Derecho penal de hecho..."(Mir Puig, Santiago; "Derecho Penal Parte General", Ed. B de F, 8° edición, Buenos Aires-Montevideo, 2008, pp. 123 y ss.).

Así, sólo se puede considerar al momento de evaluar la responsabilidad del imputado la conducta desplegada al cometer el hecho.

En el caso en cuestión, las conductas realizadas por Vaquel, encuadradas como Robo Calificado de vehículo dejado en la vía pública (Hecho Nominado Primero) y Robo en grado de tentativa (Hecho Nominado Segundo), son objeto de reproche dado que el nombrado -al momento de los hechos- se encontraba en condiciones normales de motivación y, por lo tanto, podría haber actuado conforme a Derecho.

Pero al momento de realizar las conductas contrarias a la norma, hay otro factor que impone un reproche mayor al imputado: el hecho de haber sufrido un encierro previo en carácter de penado, recibiendo durante ese encierro un tratamiento penitenciario.

Al momento de realizar el hecho delictivo objeto de juzgamiento, el imputado conocía, además de la prohibición legal, cuáles eran sus consecuencias, y aun así, actuó infringiendo la norma. Esto es demostrativo de un mayor grado de culpabilidad ya que aun habiendo vivido la experiencia penitenciara, ésta no fue suficiente para motivar un comportamiento conforme a Derecho; con ello manifiesta el desprecio hacia la norma como hacia su consecuencia.

Por lo tanto, este hecho debe tenerse en cuenta al momento de mensurar la condena a fijar, y de allí que encontramos justificada su inclusión en las pautas establecidas por el artículo 41 del Código Penal.

En este sentido se ha expedido nuestro máximo tribunal en el precedente Gómez Dávalos: "...el instituto de la reincidencia tiene sustento en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito.

(...) A los fines de la reincidencia, interesa que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce..." ("Gómez Dávalos, Sinforiano s/recurso de revisión" del 16/10/1986).

En el mismo sentido, se ha expedido en pleno el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en autos: "Aguilar, Rubén Omar s/ ejecución pena privativa de libertad - recurso de Inconstitucionalidad ? 12/03/2012 o LLC 2012 (agosto) , 721 o AR/JUR/7340/2012", en donde se ha dispuesto que: "El instituto de la reincidencia no violenta el principio de culpabilidad, pues si el imputado aun habiendo vivido la experiencia penitenciaria recae en el delito, el desprecio que manifiesta por la pena pone en evidencia un mayor grado de culpabilidad".

Conforme lo adelanté, los argumentos esgrimidos no pueden tener acogida favorable.

Sentado lo anterior, corresponde ahora dar respuesta a otra de las críticas expuestas por la defensa, relativa al monto de pena impuesto a Carlos Emanuel Vaquel, al que considera injusto y desproporcionado.

Adelanto, en atención al modo en que ha sido fundado este cuestionamiento, que el mismo no puede prosperar en esta instancia. Y es que, esta Corte ha sostenido en distintos precedentes (S. nº 58, 12/11/2012; S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros) que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala.

Adviértase además que, las expresiones utilizadas por el tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena al imputado, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la pena, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.

También cabe poner de resalto la omisión de demostrar a través de la vía recursiva intentada, cuáles son las atenuantes que a su entender hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena, o cuáles las agravantes ponderadas erróneamente por el tribunal capaz de incidir positivamente en el monto de pena impuesto al acusado.

Por lo expuesto, considero que no corresponde hacer lugar a los planteos efectuados por la defensa. Consecuentemente, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

Concuerdo plenamente con los fundamentos expuestos por el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a los mismos en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03 por la Dra. Mercedes Beatriz Gandía de Morcos, Defensora Oficial Penal de Segunda Nominación, en su calidad de asistente técnica del imputado Carlos Emanuel Vaquel.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03 por la Dra. Mercedes Beatriz Gandía de Morcos, Defensora Oficial Penal de Segunda Nominación, en su calidad de asistente técnica del imputado Carlos Emanuel Vaquel.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con Costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.) 4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.