Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1944-09-15


Considerando:

Que contra la sentencia dictada a fs. 218 se ha interpuesto el recurso extraordinario por el Fiscal de Cámara, y los recursos ordinario y extraordinario por la sociedad actora. De estos últimos, el auto de fs. 229 sólo concede el segundo, sin que la interesada haya traído queja alguna que habilite al Tribunal para resolver respecto de la legalidad de la omisión referida (Fallos, t. 193, p. 115). En consecuencia esta Corte debe pronunciarse únicamente sobre los puntos que han sido objeto de recurso extraordinario y en tanto que los mismos sean susceptibles de consideración por esa vía. Las cuestiones de hecho son así, ajenas al pronunciamiento a dictarse (Fallos, t. 196, ps. 39, 72, 118, 604 entre muchos otros).

Que de acuerdo con lo expresado en el considerando precedente, no cabe decisión alguna referente a la primera cuestión propuesta por el memorial de fs. 236, en los siguientes términos: ¿cuál es la duración de vida útil de las viñas? El punto, en efecto, ha sido resuelto por razones de hecho y prueba, que como ya se ha dicho, no son susceptibles de revisión por la vía del art. 14 de la ley 48. Por lo demás, ni en el escrito de fs. 228 -en que se interpuso el recurso- ni en el memorial de fs.236, ante esta Corte, se hace sobre el punto argumentación útil de derecho federal. Los razonamientos sobre la eficacia de la prueba producida y los fundamentos procesales que igualmente se invocan no revisten, desde luego, ese carácter (doct. de Fallos, t. 198, p. 226 y los allí citados).

Que en cuanto a la amortización de los viñedos de que trata la causa, no se discute la aplicabilidad del art. 23, inc. c), de la ley 11.682 (t.o) que dispone en lo pertinente que: "De la renta bruta anual se deducirán ...los siguientes renglones... las amortizaciones razonables para compensar el agotamiento, desgaste y destrucción de los bienes usados en el negocio...". El texto ha sido entendido por el tribunal apelado con el alcance de la suma necesaria para la recuperación del agotamiento, desgaste o destrucción del bien mismo, productor de la renta y no precisamente del capital comprometido en el negocio. Esa inteligencia se funda, desde luego en los términos de la ley; es concorde con su espíritu en cuanto permite distinguir las fuentes en perennes y perecederas, distinción que encuentra apoyo en precedentes de esta Corte (Fallos, t. 187, p. 511, t. 195, p. 263, t.197, p. 590) y ha sido admitida por la doctrina y jurisprudencia extranjera sobre la base de una fórmula legal, semejante en lo que hace al caso, a la Argentina (Conf., Paul y Mertens, "The Law of Federal Income Taxation", t. 2, núms. 20.01 y sigts.).

Que no es óbice para la interpretación admitida en los considerandos que anteceden, la circunstancia de que técnicamente pueda concebirse una amortización más completa que la legal. A los efectos fiscales, es en efecto, solamente la última la que debe tenerse en cuenta (Fallos, t. 187, p, 330; Paul y Mertens, ob. cit., t. 1, núm. 4.22; t. 2, núm. 20.01 y sigts).

Que esto sentado, y teniendo en consideración que la sentencia apelada ha resuelto -de manera irrevisible- que el suelo libre de mejoras no sufre desmedro por el apropiado cultivo de la vid, corresponde excluirlo de la amortización permitida por la ley.

Que es consecuencia necesaria de la conclusión precedentemente admitida, la de que el precio total de adquisición de los viñedos no puede servir de base para el cálculo de la amortización que prevé el art. 23, inc. c) de la ley 11.682 (t.o). En efecto, parte de ese precio se ha pagado por la tierra libre de mejoras, eliminado según se ha visto, del cómputo a realizarse.

Que desde luego, lo dicho no obliga necesariamente a prescindir del precio de adquisición de la parte amortizable del viñedo, a los efectos del establecimiento del por ciento de amortización, con lo que se seguiría el procedimiento que prevén con carácter general los arts. 92 y siguientes del decreto reglamentario de la ley 11.682.

Que sin embargo, en presencia de la dificultad de determinar ese precio, que el fallo apelado pone de relieve con la referencia que hace a las oscilaciones que sufren los de los viñedos y que serían ajenas al valor intrínseco de los mismos, esta Corte encuentra procedente la aplicación del precepto del art. 101 del decreto reglamentario, que permite la estimación del bien en el caso que no se pudiera comprobar su precio. Resulta así ajustada a derecho la solución a que se ha llegado en la causa, consistente en el cálculo de la amortización sobre el costo de plantación del viñedo, más las partidas amortizables del "capital fundiario" y "capital explotación", que incluye la sentencia apelada. Es del caso aun agregar que la eliminación de intereses sobre el costo de plantación se ajusta a lo dispuesto en el art. 23, inc. a) de la ley 11.682 (t.o.) que no admite la deducción sino de los que corresponden a deudas comerciales, hipotecarias y bancarias. Y que los gastos para la "sistematización de la superficie del suelo, obras de riego y desagüe" han sido excluidos por causa de que estas mejoras "pueden utilizarse nuevamente al erradicarse las viñas y hacer nuevas plantaciones", es decir, por razones de hecho cuya revisión escapa a esta Corte.

Que debe también confirmarse la sentencia apelada en la parte que decide que el tiempo en función del cual la amortización ha de calcularse en la especie, es todo el que abarca la vida útil de la fuente. De admitirse el cómputo del resto de ese lapso a partir de la fecha de adquisición -como lo supone la aplicación del procedimiento general del art. 99 y siguientes del decreto reglamentario-, sería, desde luego, indispensable deducir del valor calculado de la fuente, lo ya amortizado.

Que lo resuelto sobre la deducción sin limitación de la renta bruta, de las erogaciones ordinarias conducentes a conservar el bien productor de la renta, se ajusta también a lo decidido por esta Corte que ha admitido la detracción de los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente generadora del rédito (Fallos, t. 196, p. 72).

Que el fallo apelado debe, pues, confirmarse, cabiendo únicamente agregar que el Tribunal no encuentra que las razones invocadas por el Fisco, autoricen en forma alguna su modificación; y que según es reiterada jurisprudencia lo referente a las costas del juicio, es ajeno al recurso extraordinario (Fallos, t. 197, p. 370, entre otros).

En su mérito se confirma la sentencia apelada en lo que ha podido ser objeto de recurso extraordinario.

Roberto Repetto - B. A. Nazar Anchorena - Francisco Ramos Mejía - Pedro F. Agote.