marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización, trámites judiciales, instrucción, leyes, aplicación supletoria de la ley, servicio público, reintegro de gastos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA   DE  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE-ELECTRICIDAD  Y  OBRAS PUBLICAS DE FUNES LIMITADA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 67-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-03

De los mecanismos de posible aplicación para la fijación y estimación del monto indemnizatorio, regulados por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial (al que cabe remitirse por aplicación del artículo 23 del Código Contencioso Administrativo), el más prudente y que mayor compatibilidad tiene con la preservación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, en las circunstancias del caso -en que las acreditaciones respecto del monto estarían derivadas de una pericial contable proveída por el Tribunal, que se revela insuficiente, y cuando estaban concluidas todas las instancias del proceso-, está constituido por la sustanciación de un procedimiento sumario de cognición.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOLEDO LUQUEZ ROBERTO SEGUNDO c/ ESTADO    NACIONAL.    MINISTERIO  DE  DEFENSA.  EJERCITO  ARGENTINO. s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  COSTAS. DAÑO MORAL "CHANCE" RIESGO DE LA COSA.  RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

Considero que aunque el monto reclamado es superior, como se trata de valorar daños personales no determinados, que son susceptibles de distintas apreciaciones unilaterales, el hecho de que el propio damnificado los estime en sumas superiores a las acordadas no es motivo suficiente para distribuir las costas en la medida en que el perjuicio en sí ha sido sustancialmente demostrado.
Indemnización por despido, indemnización agravada, categoría laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Brunello Luis Eduardo Nicodemo c/ Telecom Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

Si bien para dilucidar el significado "deficientemente registrada" es correcto acudir al antecedente normativo del art. 1 ley 25323 (es decir, la ley 24013), lo cierto es que este precedente no es limitativo ni excluyente de otros supuestos en donde el trabajador pudiere estar incorrectamente registrado. Aunque la categoría no es un dato exigido en el libro del art. 52 L.C.T., sí lo es la correcta consignación de su remuneración conforme al básico de convenio que correspondiere a su categoría. Si de dicha falencia se derivó un perjuicio para él, como es el adeudamiento de diferencias salariales, y otro tanto para los sistemas fiscales y previsionales, la conducta descripta por el art. 1 de la ley 25323 se encuentra tipificada. Es decir que la incorrecta registración de la categoría laboral da lugar a la aplicación de la multa en cuestión. (Del voto del Dr. Catardo, en minoría).
Jurisdicción y competencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Cayupil, Luis Bernardino c/ Empresa Menipal S.A. y-u Otro s/ Demanda Laboral -art. 1113 CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-18

Según antigua y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principio, las leyes modificatorias de la jurisdicción y de la competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes y ésto mientras no importe privar de validez a los actos procesales regularmente producidos con arreglo a la ley anterior.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación  Trabajadores  del Estado c/ Misiones, Provincia de s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Sólo pueden ser considerados actos interruptivos del curso de la perención aquellos que materializan actuaciones concretas que impulsan el proceso al estado de dictar sentencia.
Facultades del Poder Judicial, división de poderes, facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, personal militar, adicionales de remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-MILITAR-LABORAL
Carátula: Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional- M° de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Salvo ostensible abuso a los jueces no les compete inquirir sobre el mayor o menor grado de acierto con que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 19.101, ha elegido y diseñado las condiciones singulares que, a su criterio, habilitan al personal a percibir el suplemento particular por "responsabilidad de cargo o función" creado por el decreto 2769/93 y la compensación por vivienda y el suplemento de zona (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Enrique Santiago Petracchi).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, constitucionalidad, derecho a la privacidad
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, A. s/ ESTUPEFACIENTES. Tenencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-20

El espíritu liberal que campea en el art. 19 C.N., acepta para los particulares la posibilidad de regir sus propios destinos siempre que no afecten los derechos de los demás, el orden dentro del cual puedan ejercerlos, ni la moralidad pública que en conjunto hayan contribuido a cimentar. Lo expuesto anticipa ya que en casos particulares el art. 6 de la ley 20.771 eventualmente puediera contener cierta contradicción, en su parte final, sobre todo, con las Declaraciones, Derechos y Garantías que la Primera Parte, Capítulo Unico de la C.N. consagra, lo que permite decidir sin un planteo formal de la inconstitucionalidad del punto recordado, ya que la contradicción sobre la constitucionalidad de las leyes es inadmisible cuando se decide sobre este tipo de cuestiones.
Medidas cautelares, requisa personal, tenencia de estupefacientes, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Angueyra Bustamante, Jerónimo G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

Para evaluar la legitimidad de las medidas cautelares que tuvieron por sustento la existencia de un estado de sospecha de la presunta comisión de un delito, ha de examinarse aquel concepto a la luz de las circunstancias en que tuvo lugar la requisa y detención del imputado. No se respetaron las garantías constitucionales en el procedimiento si los testigos de actuación manifestaron que fueron convocados por la policía cuando el contenido de la mochila y las colillas estaban en la vereda y los prevenidos esposados, se dijo que el imputado intentó darse a la fuga, hecho no corroborado, los testigos discrepan con lo relatado por los preventores en cuanto a qué agente percibió el olor a marihuana, y -en tanto el acta policial no da cuenta directamente de las circunstancias objetivas del procedimiento- se transformó en una transcripción a posteriori de la versión de uno de los preventores. La tenencia de marihuana, por parte de quienes la habían cultivado, en formato de sustancia vegetal no procesada, en una cantidad que -para un período de seis meses- no supera los 1,3 gramos por día, está protegida por el art. 19 CN y por ende exenta de la autoridad de los magistrados a la luz de la doctrina CS "Arriola". La disidencia sostuvo que dicha doctrina era inaplicable al caso, teniendo en consideración la gran cantidad de droga secuestrada y la balanza portátil que llevaba el imputado.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIA DE CORDOBA c/ TELA Y OTRO s/ EJECUTIVO - HONORARIOS: REGULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-01

El art. 116 de la ley 7.269 dispone que la nueva ley es aplicable a los procesos pendientes unicamente cuando la regulación no hubiere sido practicada, vale decir, cuando el anterior arancel no hubiese comenzado a ejecutarse. En consecuencia, si el honorario ha sido regulado con arreglo a la antigua ley, la nueva no puede aplicarse por más que la regulación no esté firme.

La circunstancia de que la apelación sobre lo principal pudiese proyectarse sobre los honorarios es irrelevante, porque eso no destruye el hecho de que la regulación ya estaba realizada. Tan intrascendente es esa circunstancia, que tampoco habría tenido aplicación la ley nueva en el supuesto de que el objeto de la apelación hubiesen sido los mismos honorarios, ya que la modificación de la ley operada durante el curso de la segunda instancia ninguna influencia podría tener en el fallo de alzada, en el cual la norma aplicable no puede ser otra que la vigente al tiempo de la resolución del primer Juez.
Prueba, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ategam S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-28

Cuando el acto procesal probatorio -en el caso de recepción de la testimonial- resulte nulo, ello no obsta a la repetición del mismo, fuere a pedido de parte interesada -caso en que el juez debe ordenarla aún sin sustanciación ni traslado- o dispuesta de oficio.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez, Néstor Walter y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Uslenghi, Eduardo Pedro y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-18|1999-06-18

Resultaría intolerable que se restrinjan de manera alguna, sea mediante plazos de caducidad como el del art. 6 de la ley 7166; sea mediante rígidas o literales interpretaciones del mismo, el ejercicio del amparo tutelado por el nuevo texto constitucional, que lo consagra expresamente y regula con bastante precisión, sin otra limitación que la que establece el último párrafo del art. 20 de la Constitución provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cómputo de la pena, subsanación del error
Materia: PENAL
Carátula: Rivero Juan Carlos s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-15

El costo de la ineficacia del Estado para observar el cómputo de pena (art. 493 CPPN) no puede afectar los derechos del condenado, pues se estaría trasladando una responsabilidad que le es ajena a él. La disidencia sostuvo que los evidentes errores materiales en el cómputo de la pena, obligan al poder jurisdiccional a su enmienda, no afectando ello, garantía alguna del condenado.
Expropiación, proceso judicial, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ VENETUCCI, INDIANA JORGELINA s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-13

En la ley expropiatoria santafesina la actividad que se desarrolla ante el Poder Judicial está prevista como un procedimiento contradictorio de fijación del monto indemnizatorio en los casos en que haya divergencia, procedimiento en el cual la determinación de una indemnización constitucional y legalmente justa está a cargo del juez o tribunal luego de producida la prueba pertinente.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schroder Roca de Laulhe, María Eugenia c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

El mandato extendido para la actuación en el ámbito administrativo perdió vigencia con el fallecimiento de su otorgante, por lo cual quien invoca dicha representación carece de legitimación activa para intervenir en la causa contencioso administrativa en la misma cuestión ventilada.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Martín y otra s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

No es posible para la Corte Suprema ejercer las atribuciones que le acuerda el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, pues los escasos elementos incorporados al incidente no resultan suficientes para conocer con la certeza necesaria los pormenores de los hechos investigados. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Sociedad anónima, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIMENSEN DE BIELKE, Sergio Armando c/ ARTES GRAFICAS S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-07-05

Si quedó probado que las remuneraciones del Directorio de la Sociedad Anónima las determina la Asamblea Ordinaria va de suyo que para el progreso de la acción reclamando honorarios mayores a los pagados por el desempeño del cargo de Vice Presidente era presupuesto necesario acreditar que la Asamblea le había asignado una cifra superior, lo que por otra parte quedó demostrado que había sido acordada por otro concepto a uno de los accionistas no pudiendo ser enjuiciado en la medida que dicho pago no afecta los intereses del actor ya que es un acto que vincula exclusivamente a la Sociedad con dicho accionista. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, facultades discrecionales
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, MIGUEL A.Y OTROS s/ S.D.HOMICIDIO Y OTROS DELITOS E.P.DE JIMENEZ, OSCAR Y OTRO SIMONETTI JOSE NAZARENO; PAULO R. OMAR; HERREERO M. ALBERTO; BRANDAN ABEL; ALVAREZ M. OMAR s/ S.D. ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS E.P. ESTADO PROVINCIAL   (BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO)- CASACION CARRIZO, AMERICA DEL CARMEN S.D. LESIONES CULPOSAS E.P. OSCAR CLAUDIO DIAZ s/ CASACION RODRIGUEZ GREGORIO DEL C., RODRIGUEZ JOSE ELIO, GONZALEZ DOMINGO A., MORALES JULIO R., CHAVEZ MAXIMO E., CHAVEZ TEOFILO O. s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES EN RIÑA E.P. GUSTAVO ANGEL  RIVADENEIRA Y OTROS-CASACION VALOR HECTOR R.; MANSILLA LUIS; MANSILLA CLODOMIRO; VALOR PASCUAL; VALOR DARDO; JUAREZ OMAR; s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES EN RIÑA E.P. MANSILLA MIGUEL  DEMETRIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-18|2000-11-06|1999-05-17|1999-07-29|2001-02-26

El uso de los poderes discrecionales, o la forma en que hayan sido usados no autoriza el Recurso de Casación.-
Patria potestad, ejercicio de la patria potestad, suspensión de la patria potestad, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: S.P.J.A. c/ B.R.M. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La existencia de desórdenes en la conducta de la madre que distrajeron su atención en el ejercicio de la tenencia no genera normalmente responsabilidad alguna si fueran encuadrables dentro del margen previsto por el art. 19 de la Constitución Nacional; pero cuando los referidos desórdenes afectan a niños de muy corta edad al momento del retiro de los mismos por su padre de la casa materna, esa calificación debe ser más cuidadosa, especialmente si dentro del curso natural y ordinario de las cosas, estaba que esas distracciones causaran perjuicios a menores incapaces de valerse por sí mismos.

A los efectos de decidir sobre la tenencia definitiva de los menores, por más que la madre haya mejorado su comportamiento, no es posible pasar por alto la anterior conducta desordenada de ésta en relación a sus hijos de corta edad, cuando dicha actitud les ocasionó serios perjuicios a los mismos.

Resulta natural que la tramitación de todo proceso de familia conduzca al órgano jurisdiccional a mantener entrevistas con las partes con el fin de hacer efectivo el principio de inmediación consagrado en el art. 36, inc. 2 a) del Código Procesal y también para solucionar algunas incidencias específicas que no requieren la convocatoria de audiencias específicas que no requieren la convocatoria de audiencias específicas e el trámite previsto por el art. 175 y sgtes. del citado ordenamiento; empero, la función jurisdiccional no puede sustentarse únicamente en la apreciación que confieran esas entrevistas, más aún cuando se encuentra vigente plenamente el procedimiento escrito.
Falta de acción, Ministerio Público, querellante, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-26

Al Ministerio Público le está vedado pugnar por la separación de la parte querellante; sólo el imputado y su defensa se encuentran habilitados para ello (*). Como lógica consecuencia, el fiscal no puede apelar, como pretende, el auto que deniega tal posibilidad.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), apelación en subsidio, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Organización Fenix SA c/ Consorcio de Copropietarios Avenida Córdoba 673 s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-16

Corresponde rechazar la ampliación de fundamentos pretendida, pues el CPR 248 establece que cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación. Nuestro ordenamiento procesal no admite la ampliación de la fundamentación que debe contener la apelación cuando es planteada de forma subsidiaria.
Locación, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Biagi de Cóppola, María Elena c/ Pulido Rodolfo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

No se puede imponer al fiador la extensión de la fianza por un tiempo mayor al originario y bajo las nuevas modalidades acordadas entre locador y locatario sin su intervención, pues aquel entendió obligarse por el plazo contractual originario y por el tiempo en que el inquilino, obligado a restituir, se resistiera a cumplir con su obligación de entregar el inmueble libre de ocupantes.
Obras sociales, acción de amparo, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: De Zarazaga Jordan, Paula Isabel de Portugal Augusta c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-22

En cuanto se persigue el reintegro de las sumas cobradas por la obra social en virtud del aumento de la cuota mensual del plan de adherentes, por haber cumplido la edad de 64 años, resulta ajeno a la vía empleada, pues más allá de la pretendida ilegitimidad de dicho cobro que esgrime la interesada, la acción de amparo no es la vía apropiada para dilucidar cuestiones patrimoniales de solución opinable, que requieren mayor debate y prueba. La procedencia de esta vía expedita se halla condicionada a la inexistencia de otras aptas para la tutela del derecho que se dice conculcado. En efecto el art. 2°, inciso a, de la citada Ley 16.986, establece que no será admisible cuando existan remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho constitucional de que se trata (confr. causas N° 9141 del 17.03.92 y 7524/94 del 28.10.94; Sala III, causa N° 7214/99 del 16.11.99; entre otras).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, intereses, criterio de razonabilidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALLEJOS, HECTOR RAUL c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

En lo atinente al cuestionamiento sobre los accesorios determinados, corresponde destacar que, en la especie, la determinación de la tasa de interés a aplicar, quedará supeditada en el plano de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar dicho ordenamiento, teniendo presentes las pautas de razonabilidad estimadas por esta Corte en el caso "Olivera, Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L." a cuyos fundamentos si bien cabe remitirse mutatis mutandi por cuestiones de economía procesal, debe recordarse que si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas de la causa, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y concordantes del Código Civil y Comercial. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 317:507; 323:2122; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295/308. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771. - Jurisprudencia concordante con Leguiza, AyS T 297, p 469/474, sumario J0046054; Perreta, AyS T 309, p 482/486, sumario J0048432.
Administración Pública, facultades de la administración, acto administrativo, suspensión del acto administrativo, empleados públicos, ascenso laboral, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIDIER, NESTOR JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 36 AÑO 1994) MENDOZA, RUBEN ITALO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 43 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05|2004-03-17

Si la Administración puede proceder a la anulación en sede administrativa -en uso de las facultades de autotutela- de actos de los cuales derivaron derechos subjetivos para los administrados, con mayor razón deben reconocérsele facultades para disponer la privación de efectos respecto de determinados actos que considera "prima facie" ilegítimos, hasta tanto se determine si lo son o no.

Ello no resulta conmovido por los argumentos que desarrolla el actor tendentes a demostrar que no fue alcanzado por el decreto 65/91, por el que se difirió la eficacia de la designaciones y los ascensos de empleados públicos a las resultas de las conclusiones a que arribasen los órganos creados al efecto.
Declaración testimonial, autoridad de prevención, idoneidad del testigo, estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Recalde, Jorge s/ Inf. Ley 2337. Causa 25390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-26

No es objetable la declaración testimonial del preventor en la cual expresa haber escuchado a la persona que detuvo, manifestar el lugar y la persona a quien le adquirió la sustancia estupefaciente secuestrada.
Impuestos, principio de legalidad, facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias, exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Resinfor S.A. (T.F. 11.052-I) s/ res. Apel. D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

En materia de exenciones y reconocimiento de créditos fiscales rige el principio de legalidad del mismo modo que para el establecimiento de impuestos (arts. 4, 17 y 75, incs. 1 y 2 del texto constitucional). También debe tenerse en cuenta que las disposiciones que establecen beneficios o privilegios no inherentes a la esencia de las normas fundamentales de la C.N. deben ser interpretadas con criterio estricto (Fallos: 200:88). (Consid. 4º).
Riesgos del trabajo, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ JOSE MANUEL c/ E.D.E.T. S.A. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-10

Atento a que la solución de la controversia -competencia sobre aspectos que atañen de modo general a los riesgos de trabajo Ley 24.557- no surge de manera expresa de la ley, y a la disparidad de criterios de interpretación existente en las Cámaras de los distintos fueros advertida en el dictamen del Sr. Ministro Fiscal, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (art. 49 CPTT y 106 inc. 1 CPCC).