Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-17


AUTOS N°134836 (C.C.Nº22439) DEL Noveno Juzgado Civil, Caratulados: "ARRIETA Franco Emiliano Y Ramos Maria Belén C/ Mecina Antonia Elia y Ceballos Anabela - Ordinario - Conexidad Con Autos Nº127062" PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2017- del TºII -Fº89/98- En la Ciudad de San Juan a Diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 401 y 408, contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº134836 (C.C. Nº22439) caratulados: "ARRIETA FRANCO EMILIANO Y RAMOS MARIA BELEN C/ MECINA ANTONIA ELIA Y CEBALLOS ANABELA - ORDINARIO - CONEXIDAD CON AUTOS Nº127062 -", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. 378/391 vta.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Resultan procedentes los recursos planteados? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

ANTECEDENTES I. A fs. 378/391 consta la sentencia dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, en la cual resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condena a Anabella Ceballos, Antonia Elia Mecina y Segurcoop Cooperativa de Seguro Limitada a pagar "in solidum" al Sr. Franco Emiliano Arrieta, la suma de Pesos Cuatro mil seiscientos ($ 4.600), con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (LP-9-0), y a la Sra. María Belén Ramos la suma de Pesos Cuarenta y seis mil ($ 46.000), con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (LP-9-0), en el plazo de diez días de quedar consentida o firme la presente. También impone las costas los demandados vencidos y regula los honorarios de los profesionales intervinientes Para así decidir consideró, en resumen, que de las actuaciones preliminares efectuadas por la policía surge que a la fecha del accidente la demandada era titular del vehículo Chevrolet Corsa que intervino en la colisión y, por ende, está legitimada para ser demandada.

Estimó acreditado que el día 21/05/2011, siendo aproximadamente las 21,15 hs. el Sr. Franco Emiliano Arrieta y María Belén Ramos circulaban por calle San Lorenzo de Oeste a Este una moto marca Motomel dominio 618-DVK, conducida por el Sr. Arrieta. Al cruzar calle Pueyrredón colisionaron con el automóvil Chevrolet Corsa, dominio DNQ-699, conducido por la Sra. Anabella Ceballos, que transitaba por calle Pueyrredón de Sur a Norte, cuando intentaba doblar hacia su izquierda, con dirección al oeste.

Conforme lo indicado, tuvo por probado que la Sra. Anabela Ceballos al intentar ingresar a calle San Lorenzo hacia el oeste, no tenía prioridad de paso, y que existe relación causal entre el accionar imprudente de la demandada y los daños sufridos por los actores.

Respecto de los daños reclamados teniendo en cuenta las lesiones constatadas fijó en el rubro gastos terapéuticos la suma de Pesos Quinientos ($ 500) para el Sr. Arrieta y Pesos mil ($ 1.000) para la Srta. Ramos, con más los intereses ley LP-9-0.

Evaluando las circunstancias que detalla, el grado de incapacidad, como también las indemnizaciones fijadas por los tribunales del país para incapacidades similares, fijó en el rubro incapacidad sobreviniente la suma de Treinta y cinco mil ($ 35.000) calculada a la fecha del accidente, con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago.

Por daño moral, estimó la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000) con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago, a favor del Dr. Arrieta, y de Pesos Diez mil ($ 10.000) con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago para la Sra. Ramos.

Estableció la suma de Pesos Ochocientos ($ 800) por daños materiales al motovehículo y Pesos Trescientos ($ 300) con más intereses desde que se produjo el accidente y hasta su efectivo pago por privación de uso.

II. A fs. 397, la parte citada en garantía, a través de su apoderado, plantea el recurso de apelación y a fs. 433/437 expresa agravios.

Sostiene que se agravia por la valoración dada a la prueba pericial, indicando que si bien el perito expuso una mecánica que ninguna de las dos partes relató, del informe se desprenden datos que resultan de relevancia y que deberían haber sido tenidos en cuenta por el Juez "a quo" al momento de resolver, a los fines de eximir de responsabilidad a la parte demandada.

Señala, además, que no se ha valorado en su totalidad los elementos probatorios que detalla (rotura del asfalto, motocicleta básica, carga cercana al límite, velocidad estimada de la motocicleta, maniobra de esquive) y que -según alega- eximen de responsabilidad a la demandada.

Desde tal perspectiva, concluye que existió responsabilidad del Sr. Arrieta, quien circulando en una moto standard con un acompañante, al llegar a la intersección de calles San Lorenzo y Pueyrredón pretendiendo cruzar a la misma velocidad en la que circulaba y sin pleno dominio de rodado, impacta contra el vehículo marca Chevrolet conducido por la demandada.

También se agravia por no haberse indicado las bases para fijar los montos dispuestos en los rubros detallados en la sentencia, por los porcentajes de honorarios regulados -los que considera bajos-, y que se haya dispuesto que los intereses corran desde la fecha del accidente.

Hace reservas y pide que se revoque la sentencia impugnada en todas sus partes. III. A fs. 399 consta el escrito en el que el Perito Jorge Rives plantea el recurso de apelación en los términos del 800 inc. 11 del CPC.

IV. A fs. 404 consta agregado en escrito en el que la parte actora interpone el recurso de apelación, y a fs. 409/420 expresa agravios.

Sostiene que se agravia -según alega- por el error del sentenciante en la aplicabilidad del derecho para evaluar y cuantificar los daños y perjuicios reclamados, y aduce que se debe aplicar la ley 26.994 a tales fines.

Como segundo agravio indica -en síntesis- que en razón de la arbitrariedad en la fijación de los montos indemnizatorios, dado que por las lesiones sufridas por los accionantes debe condenarse a pagar, en relación a los gastos terapéuticos, las sumas reclamadas en la demanda.

Respecto de la incapacidad sobreviniente, manifiesta que con lo informado por la pericia médica y parámetros de cuantificación de las reglas matemáticas, pide que se fije la indemnización de esa manera.

Sobre el daño moral reitera los argumentos expuestos precedentemente para concluir que se debe determinar un nuevo monto por daño moral conforme los montos reclamados en la demanda.

Introduce cuestión constitucional y solicita que se haga lugar al recurso.

IV. A fs. 427/432 obra adjunto el escrito de réplica presentado por los apoderados de la citada en garantía, en el que manifiestan -en resumen- que los apelantes solo se limitan a disentir con la sentencia recurrida, por lo que piden que sea declarado desierto.

En subsidio, con relación al primer agravio alegan que debe aplicarse lo dispuesto en el Código Civil derogado, con cita de doctrina y jurisprudencia.

Y sobre el segundo agravio expresan que sin perjuicio de sostener que la responsabilidad en el accidente fue de la parte actora, se ha fundado la resolución impugnada conforme a derecho y a su experiencia en casos análogos precedentes, teniendo en cuenta la magnitud de los daños y las condiciones personales de los actores.

Agregan que los agravios carecen de sustento fáctico y jurídico, por lo que solicitan su rechazo y hacen reservas. V. A fs. 439/442 consta el escrito de réplica presentado por el apoderado de la parte actora, en el que se pide que sea declarado desierto el recurso planteado por la citada en garantía, por no cumplir -a su entender- los requisitos previstos en el art. 265 del CPC.

Sin perjuicio de ello, contesta el traslado de los agravios aduciendo -en síntesis- que no es aplicable la doctrina de la arbitrariedad, tal como lo solicita la citada en garantía, sobre la valoración de la prueba pericial, responsabilidad de la parte demandada, montos indemnizatorios fijados, honorarios regulados y tasa de interés establecida.

Hace reserva y pide el rechazo del recurso.

VI. A fs. 457 se declara desierto el recurso planteado por la co-demandada Sra. Antonia Mecian.

VII. A fs. 481 se certifica el pase de los autos a estudio.

TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS 1. El recurso de apelación no es un nuevo juicio sino la revisión de la sentencia impugnada, por lo que -como principio- el tribunal de alzada está limitado a pronunciarse sobre las cuestiones propuestas a decisión del juez de primera instancia, tal como expresamente se dispone en el art. 262 del CPCCyM.

Por ende, el pronunciamiento de la alzada debe limitarse a revisar la parte apelada (pudiendo revocarla o confirmarla en su totalidad o parcialmente), y no las demás que, al no haber recurso en su contra, han quedado firmes.

2. Ahora bien, como en el caso se discute en los recursos planteados la responsabilidad de los intervinientes en un siniestro vial, las indemnizaciones fijadas como consecuencia del mismo, las costas y los honorarios fijados, por una cuestión de orden metodológico se tratarán primero el agravio de la parte citada en garantía sobre la responsabilidad de los intervinientes y luego los de ambas partes recurrentes sobre las demás cuestiones.

3. Además, como al momento de tratar los agravios se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994), se debe tener presente que, según lo dispuesto en su art. 7, a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Pero en la aplicación del nuevo Código se deben diferenciar dos aspectos: a) el relacionado con la determinación de quiénes serán los sujetos responsables del deber de resarcir; y b) el que se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente, que comprende la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Ello hace que la determinación de los sujetos responsables del deber de resarcir se deba analizar en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, tal como se consideró en la sentencia de primera instancia, y a las consecuencias jurídicas derivadas del siniestro le son aplicables las disposiciones del Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994). 4. Dicho esto, se puede afirmar que el riesgo creado regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de la materia y, por ende, solo aparece la culpa como factor de exoneración (art. 1113, C. Civil derogado).

Sobre esta base de la presunción de responsabilidad de los sindicados legalmente como obligados a responder, la situación procesal de la víctima se facilita notablemente, pues conlleva a que el legitimado pasivo deba asumir un rol activo en el juicio para acreditar la concurrencia de eximentes.

Basta con que los afectados demuestren el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa, quedando a cargo de la parte demandada, como dueña o guardián, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, porque el fin específico del art. 1113 del Cód. Civil velezano es posibilitar la indemnización del daño causado por riesgo o vicio de la cosa, con independencia de toda idea de culpa.

En efecto, incumbe al legitimado pasivo acreditar la concurrencia de eximentes de responsabilidad, lo que debe probar de modo fehaciente e indubitable, dada la finalidad tuitiva de la norma.

Se debe agregar que la posible culpa de la víctima con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio a que alude el art. 1113 del C. Civil, debe aparecer como única causa del daño, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (CSJN, Fallos 321:1462; 327:5224).

5. Y cuando se contrata el seguro automotor voluntario, su objetivo es mantener la integridad de su patrimonio, pero cuando es la ley es la que obliga a contratar un seguro como condición para conducir un vehículo (art. 68, ley N° 24.449), la protección principal es para el posible perjudicado en lo que respecta a la "obligación legal autónoma" (gastos de sanatorio y/o velatorio, de pago "inmediato").

Es que en el ámbito propio de la Obligación Legal Autónoma (OLA), según lo establecido la ley de tránsito (art. 68) y las condiciones contractuales, no podrán oponerse excepciones vinculadas con la falta de responsabilidad del Asegurado respecto del daño, ya que su objetivo es responder de manera inmediata, frente a las víctimas de los accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y/o muerte, por los gastos sanatoriales más urgentes y, eventualmente, de sepelio.

Además, en tales rubros la víctima damnificada tiene una acción directa contra la aseguradora del tercero presuntamente responsable del accidente, la cual deberá abonar dichos gastos hasta la suma máxima establecida en la póliza conforme la Resolución vigente de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), sin necesidad de probar la responsabilidad del asegurado.

6. Entonces, con relación a la determinación de quiénes son los sujetos responsables del deber de resarcir y la prueba producida, se puede afirmar que para emitir una opinión técnica sobre la forma en que ocurrió un hecho de tránsito vehicular y la participación que tuvo cada una de las partes involucradas, debía necesariamente cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 437 del CPCCyM de San Juan, y su fuerza probatoria ser estimada conforme lo previsto en el art. 438 del mismo Código.

Por lo tanto, si en este caso en el dictamen pericial se indicó que "...debido a la falta total de datos como huellas de frenado, no es posible calcular velocidades. Solo es posible estimar...", y al no dar una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y principios científicos que permitan sostener que el vehículo circulaba a 20 Km/h y la motocicleta a 40 Km/h, además del error en el que indicó como circulaban los intervinientes, se justifica que no se le otorgue fuerza probatoria.

Es que la omisión de estos requisitos, que no son sólo de forma sino también de fondo, priva al dictamen de validez técnica así como de valor probatorio para acreditar -como pretende la citada en garantía- la posible culpa de la víctima en la producción del siniestro.

6.1. En consecuencia, no acreditada la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder, se debe indemnizar el daño causado por riesgo o vicio de la cosa por quien fue demandado y no probó tales eximentes de responsabilidad, y ello hace que el agravio de la citada en garantía deba ser rechazado.

7. Ahora, respecto del análisis de las consecuencias derivadas del accidente, que comprende la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados en el rubro "incapacidad sobreviniente", se puede afirmar que la regla contenida en el nuevo artículo 1746 del Código Civil y Comercial es superadora a cualquier determinación que no tenga otra base que la mera autoridad de quien la fija.

En la sentencia impugnada se tuvo por acreditado con la pericia médica producida (fs. 314/316) que la actora Srta. Ramos padece de una incapacidad del 18%, de carácter parcial y permanente, como consecuencia del siniestro vial al que se refiere esta causa, pero se señala expresamente que para la fijación del monto indemnizatorio no corresponde la adopción de fórmulas matemáticas vinculadas con los emolumentos que hubiera podido percibir la víctima durante su vida útil cuando en este caso ni el trabajo ni el haber mensual se ha determinado con certeza.

Se indicó que la víctima tenía al momento del hecho 26 años, era soltera, con instrucción secundaria, que obtuvo el beneficio de litigar sin gastos y presentó una declaración jurada en la que declaraba un ingreso mensual de $1.000 (método circunstanciado), como también las indemnizaciones fijadas por los tribunales del país para incapacidades similares (método comparativo, pero no cita los tribunales tenidos en cuenta) y se determinó la suma de $35.000, calculada a la fecha del accidente con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago.

Es decir que si en la sentencia impugnada se indicaron cuáles fueron las bases para fijar el monto, y en la impugnación efectuada por la citada en garantía (que se limita a indicar que -según estima- en la sentencia no se cumple con señalar en forma clara y expresa cuáles son las bases para fijar los montos dispuestos en los rubros detallados -fs.- 436 vta./437) no se cumple la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 253, segundo párrafo, CPCCyM), pues no señala cuál sería el correcto método para cuantificar el daño que se ha tenido por acreditado, el agravio resulta improcedente.

Y si bien la crítica de la parte actora relativa al monto fijado, hace referencia a la necesaria aplicación de fórmulas matemáticas, ello no fue planteado en el escrito de demanda como método de cuantificación del daño por "incapacidad sobreviniente", por lo que al no haber sido propuestos a la decisión del juez de primera instancia, sino que -por el contrario- se dejó expresamente a criterio del sentenciante la determinación del monto (fs. 90 vta.), no puede prosperar como agravio en esta instancia recursiva (arg. art. 262, CPCCyM).

Sin perjuicio de ello, se ha sostenido en la doctrina que para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidente de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que debe tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente (Cfr. Lorenzetti, Ricardo L.; "Cód. Civ. y Com. de la Nación comentado", Tº VIII, pág. 528, Ed. Rubinzal - Culzoni).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, al respecto, que a la hora de establecer la cuantía de la indemnización, deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado (CSJ 85/2014 (50-O)/ CS1 Recurso de Hecho "Ontiveros, Stella Maris C/ Prevensión ART S.A y Otros S/ Accidente - inc y cas - Fecha 10/08/2017.), por lo que propongo el rechazo de los agravios planteados contra la forma en que se ha cuantificado el daño por incapacidad.

8. Respecto de las impugnaciones a los montos fijados en concepto de "daño moral", también los agravios incumplen con los requisitos previstos en el art. 253, segundo párrafo, CPCCyM, pues ni la citada en garantía ni la parte actora indican cuál sería el método que correspondería aplicar a los fines de determinar una justa indemnización en este rubro, siendo que sus críticas no destacan, además de señalar que no están de acuerdo con el monto fijado, cuáles serían los errores, omisiones y demás posibles deficiencias que se atribuyen a la sentencia recurrida, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones que pudieran justificar un monto distinto al fijado en primera instancia.

Lo que se requiere como crítica concreta y razonada del fallo es la exposición de un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna, máxime cuando en ella se ha sido expuesto en el método utilizado (método circunstanciado).

No alcanzan a constituir una crítica concreta y razonada del fallo las meras reflexiones, consideraciones o afirmaciones genéricas, ni las observaciones generales subjetivas, por lo que también propongo el rechazo de los agravios de ambas partes recurrentes sobre este rubro.

9. Con relación al monto establecido en el rubro "gastos terapéuticos", si bien no resulta necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar, aún cuando los damnificados hayan sido atendidos en el hospital público (Hospital Rawson, fs. 66/68), el magistrado debe fijar el importe de los perjuicios reclamados, dado que su existencia está legalmente comprobada, aunque no resultare determinado su monto, efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (arg. art. 167, CPCCyM de San Juan).

Sin perjuicio de ello, dicha presunción era susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que debía ser producida por quien alega la improcedencia del reclamo (la recurrente citada en garantía) o quien pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art. 167 del CPCCyM (accionante).

Por ende, al no haberse producido prueba que pueda justificar la improcedencia del reclamo o una suma mayor a la que razonablemente se ha otorgado en la primera instancia, propongo rechazar los agravios planteados sobre este punto.

10. Respecto del monto fijado en el rubro daños materiales, al estar probada su existencia pero no la suma (fs. 37), resulta igualmente aplicable lo indicado precedentemente y propongo también el rechazo del agravio de la citada en garantía relativo al mismo.

11. Sobre la imposición de costas impuestas a los demandados, resulta correcta la misma por aplicación de lo establecido en el art. 66 del CPCCyM, aun cuando no hayan prosperado todos los montos reclamados, al haber quedado determinada la responsabilidad de la parte demandada en la producción del siniestro.

12. Los apoderados de la citada en garantía cuestionan el porcentaje de honorarios regulados, estimándolos de excesivamente bajos, pero no aportan argumentos mínimos sobre el tema para sustentar dicha afirmación, por lo que encontrándose establecidos los porcentajes de honorarios dentro de las pautas previstas en la ley 56-O, corresponde el rechazo del agravio.

Y respecto del escrito presentado por el perito actuante a fs. 421, al no haber sido firmado por letrado alguno ni suplida la omisión conforme lo ordenado por decreto de fs. 422, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 48 del CPCCyM de San Juan y tenerlo por no presentado.

13. Por último, sabido es que los intereses de la indemnización de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito cumplen una función indemnizatoria, cual es la de procurar brindar al damnificado la reparación integral de sus daños, evitándose el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla, por lo que los intereses integran el "concepto de daños y perjuicios". Y como los valores indemnizatorios fueron establecidos a la fecha del accidente, resulta correcto que la tasa de interés fijada deba computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (art. 622, C. Civil derogado y art. 768, CCyCN), por lo que el agravio de la citada en garantía también debe ser rechazado.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN:

Atento a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar los recursos planteados a fs. 397 y 404 e imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento al resultado obtenido (art. 70, CPCCyM de San Juan).

EL DR. OSCAR R. OTIÑANO, DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar los recursos planteados a fs. 397 y 404;

II- Imponer las costas de Alzada en el orden causado. Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.