Competencia, jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, domicilio del demandado, seguros, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Manquez, Estanislada c/ INSTITUTO DE SALTA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS DE VIDA s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10

La apelada suscribió en la fecha la solicitud de seguros de vida Lapacho Cobertura Total, por la que autorizara a la quejosa el débito automático en sus haberes en forma mensual de las coberturas adquiridas en tal solicitud y en las condiciones estipuladas en las mismas, no constando en dicho documento, la cláusula de prórroga de jurisdicción. En tal ocasión, expresamente se consigna como domicilio de la contratante.

Por otra parte la contratante aporta documentación pertinente al contrato de seguros que contiene las condiciones particulares de la Póliza de Seguro de Vida Modular, pudiendo leerse en su cláusula 22 que se dice que toda controversia judicial relativa al contrato, sería dirimida ante los tribunales ordinarios competentes del lugar de emisión de la póliza, - en el caso en el interior de la provincia- consignando la demandada en su defensa que al ser emitida en nuestra Ciudad Capital, se ha pactado la prórroga de la competencia.

No puede quedar duda alguna que el convenio en cuestión se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240, pues se trata de un contrato de adhesión, de consumo, oneroso, bilateral y de larga duración.

Y al menos con relación a la cláusula de prórroga de jurisdicción no consta que haya existido una debida información al beneficiario, lo que era una obligación de la entidad demandada en cumplimiento del deber de información que le corresponde respecto de los consumidores de sus servicios, de conformidad al art. 4 de la Ley 24.240.

Se ha señalado que en los contratos de adhesión y de consumo el deber de información del predisponente deviene en instrumento de tutela del consentimiento, en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de celebración del contrato (CApel. Cont.Adm. y Trib. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, 3-3-2004, E.D. 211-451). También, que el precepto legal contenido en el art. 4° de la ley 24.240, por una parte determina las condiciones que deberá reunir la información al exigirle "veracidad, eficacia y suficiencia"; y por otro lado, especifica el contenido del deber en examen al establecer que la información debe referirse a "las características esenciales de los bienes y servicios" (CNCont.Adm.Fed., Sala II, 6-5-99, E.D. 189-470).

No debe perderse de vista que el derecho a una información veraz es uno de los pilares fundamentales en los que descansa toda la relación de consumo saludable, pues tanto la falta total de información, como una información dada en forma parcial, contradictoria o engañosa, son todas variantes idóneas para inducir a los potenciales interesados en consumir determinado producto o utilizar un cierto servicio (CNPenal Económico, sala A, 9-8-2004, E.D. 209-276).

Las cláusulas que se refieren el art. 37 de la Ley 24.240, destacando entre otros supuestos de cláusulas abusivas, las que "importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte".

Se dijo que el carácter abusivo de una determinada relación jurídica existe en la medida en que producen restricciones de la libertad de actuación del sujeto pasivo; cuando este contexto es creado por el autor para desnaturalizar, obstaculizar o impedir el ejercicio de tal facultad, hay una situación abusiva; y a consecuencia de ello, tales disposiciones deben tenerse por no escritas (CApel.CC. Mar del Plata, sala II, 17-6-2004, E.D. 208-589).

En tal sentido se ha resuelto que el consumidor tiene derecho a una jurisdicción que pueda ser efectiva, y por ello especial; y una manifestación de este aspecto, es la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, que privan al consumidor de este derecho (Lorenzetti, Ricardo Luis: Consumidores, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, 2003, pág. 127).

Quede claro que no se desconoce la posibilidad de las partes de acordar la prórroga de jurisdicción, y que el Código Procesal Civil y Comercial de Salta expresamente contempla esa posibilidad. Pero cuando se trata de un contrato de consumo y se presentan al consumidor cláusulas predispuestas, las cuestión es diferente; y más aún cuando, como en el caso, tales estipulaciones ni siquiera han sido presentadas al consumidor para su consideración al momento de celebrar el acuerdo.