marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, jurisprudencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Roga, Orlando A. de Cecco y otros c/ Banco de Santa Fe SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo (Expte. CSJ Nº 22- 99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Si bien el complemento y la organización del fondo compensador surgió por decisión unilateral del banco, a él también contribuían los trabajadores y los pasivos, por lo tanto -a partir de la aceptación de los aportes recíprocos- la institución creó obligaciones contractuales pues aquellos contribuían con la contraprestación prometida y a partir de ese dar y recibir se configuró el sinalagma contractual, no obstante que no estaba en juego la facultad del empleador de imponer los aportes, ni la posibilidad de su creación en forma unilateral. De ahí que solo adquiere legitimidad la institución, y - consecuentemente- posibilidad de coerción respecto de los empleados cuando éstos lo aceptan con todas sus consecuencias, en especial que se mantenga el aporte de complemento jubilatorio móvil por el banco, ratificando esto su carácter contractual (y bilateral) aunque haya surgido de la impronta del banco. (Criterio de "Lupi c.

Banco Nacional de Desarrollo" voto del doctor Fernández Madrid). En sentido contrario se ha sostenido que el complemento jubilatorio móvil del fondo compensador para el personal jubilado del Banco, por su propia naturaleza complementaria del régimen nacional de previsión social, se basa en el principio de solidaridad, y la frustración de las expectativas de los sujetos, máxime si como en el caso, el fondo fue creado unilateralmente por la demandada, constituye el riesgo propio de todos los emprendimientos fiduciarios. (Criterio de "Lupi c.

Banco Nacional de Desarrollo" voto del Dr. Morando).
Procesos especiales, juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kotliar, Luisa Adriana c/ Spataro, Omar Ernesto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Constituye título hábil para promover ejecución un convenio de reconocimiento de deuda, cuyas firmas no fueron desconocidas o fueron certificadas por escribano, en tanto se baste a sí mismo y contenga una obligación de pagar una suma líquida y exigible de dinero (arg. CPR 520 y 523; CNCom, Sala D, 2.8.18, "Compañía Argentina de la Indumentaria SA c/ New Clothes SA y otros s/ ejecutivo", entre otros).
Alimentos, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANSILLA RUIZ, ALICIA M. c/ CLAUDIO A. CID s/ DIVORCIO VINCULAR-INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

En materia de alimentos, corresponde la traba de la medida cautelar, por el porcentaje fijado, mediante libramiento de oficio a todas las reparticiones donde el alimentante presta servicios, mediante una remuneración o en el libre ejercicio de su profesión.
Delito continuo, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Tillería, Fabián Alcides y otros c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Asimismo es un injusto continuado o permanente en el cual el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la consecuente falta de información sobre su destino y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida.
Tasa de justicia, sanciones administrativas, Prefectura Naval
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: JURAGA, José -INC.- c/ PREFECTURA NAVAL ARG." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

Tratándose de un recurso deducido contra un acto de la autoridad marítima en ejercicio de sus facultades policiales (apelación de la suspensión de las funciones en que se desempeña el actor dipuesta por la Prefectura Naval) y no de un juicio originado en la relación laboral -lo que supone que la litis se traba entre el trabajador y su empleador- a los efectos del pago de la tasa de justicia, la causa se encuentra subsumida en los arts. 1 y 3, inc. g) de la ley 23.898 y no en el art. 13, inc. e) de la ley citada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHERVO ISOLA, MARIA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Los reproches de la recurrente habilitan la revisión constitucional en cuanto endilgan a la Sala apoyar su decisión en la arbitrariedad (de la resolución ministerial impugnada) sostenida por la amparista (por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular), omitiendo ponderar que el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, atento a la existencia de un fin público y en ejercicio de facultades que les son propias en el marco de la ley 8927 y sus modificatorias, dictó la resolución 1211/09 regulando lo relativo al llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en establecimientos comprendidos en la Junta de Escalafonamiento Docente de Educación Primaria y, en ese marco, se instalan las disposiciones ahora cuestionadas, soslayando cuestiones de fundamental importancia como el análisis de las diferencias entre los sistemas de ingreso de docentes del sector público y privado, dado que los primeros ingresan conforme pautas basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad, en tanto los segundos se rigen por la libre elección del propietario del establecimiento, por lo que el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 8927 y 6427. - Jurisprudencia Concordante con Cavallol, AyS T 261, p 495/506, sumario
Concursos, desapoderamiento, bienes del fallido, afectación del inmueble (civil), desafectación de bienes, síndico del concurso, legitimación activa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nieruczkow, Claudia Veronica c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

En el marco de una quiebra, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, rechazando la posibilidad de disponer -a instancia de la sindicatura- el levantamiento de la afectación al régimen de bien de familia que pesa sobre el inmueble de la fallida. Ello por cuanto el último párrafo del CCCN 249 dispone que en el proceso concursal, la ejecución sólo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en ese mismo artículo. Y es que siendo disponible el derecho que la ley le atribuye a ciertos acreedores para agredir el inmueble inscripto como bien de familia, carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia u omisión en la que no se encuentra comprometido el orden público.
Obstaculización del ingreso o salida de lugares públicos o privados, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. As. As. c/ M, C. D. s/ Artículo 42
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

De la simple confrontación del texto del artículo 42 y del artículo 43 bis del Código Contravencional surge que ellas reprimen hechos diferentes, por lo que no puede interpretarse que la conducta reprimida por la primer norma quede subsumida dentro de la segunda. Pero además, no puede soslayarse que la misma Ley Nro. 42 que introdujo el artículo 43 bis modificó el texto del artículo 42 en lugar de derogarlo. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, debido proceso, interpretación de la ley, regulaciones parciales, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Bansud SA c/ Zulkouski, Marcela Roberta s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Procede confirmar el pronunciamiento que estimó la defensa de inhabilidad de título y rechazó la ejecución sobre la base de entender afectados los principios protectorios consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor. Se juzgó que el expreso desconocimiento por parte de la ejecutada de haber suscripto una solicitud de apertura de cuenta corriente cobraba preponderancia frente a la ausencia de acompañamiento por parte de su contraria del contrato respectivo, de sus resúmenes y del aviso del cierre. Ciertamente, el extravío de la solicitud de la apertura de la cuenta corriente, reconocido por la actora en el escrito incorporado a la causa, se presenta como un óbice infranqueable para la prosecución del pleito. Véase que, negada por la demandada la titularidad de la cuenta corriente, la única comprobación posible que cabía -en el marco de este proceso de cognición acotada- era la exhibición del documento respectivo para el eventual levantamiento de una pericial caligráfica (probanza que fue ofrecida por la demandada). En este contexto, resulta opinable que pueda cobrar relevancia dirimente para fallar, los caracteres propios de los títulos de crédito (v. gr. abstracción, literalidad, completitividad) como modo de deslinde de la operatoria jurídica que le habría dado origen. Es que este Tribunal ya estableció que la relación de consumo, más allá de que las partes puedan esgrimirla como defensa, en realidad es débito y materia a indagar por el sentenciante. De allí que corresponda jerarquizar la legislación consumerista por sobre las limitaciones que la legislación cambiaria o comercial -dirigida a agilizar el tráfico comercial- establece a la hora de impedir indagar en la causa-fuente de la obligación (v. esta Sala, "Banco de Galicia y Bs. As. c/ Leguisamo Ruben Eduardo s/ ejec." y "Banco Hipotecario SA c/ Tangir Andrés David s/ ejecutivo", ambos del 12/2/15 y "Banco de Galicia y Bs. As. c/ Dayan Gonzalo s/ ejecutivo" del 19/2/15, entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prescripción adquisitiva, boleto de compraventa, precio, posesión
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ittig, Susana Marta c/ Maggio, Raul Oscar s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio   ordinario por cumplimiento de contrato y/o resarcimiento de daños y   perjuicios (Expte. CSJ Nº 415-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

No merecen reproche constitucional los argumentos expresados por la Cámara A-quo quien -en orden a fundar su decisión confirmatoria de la sentencia apelada- juzgó procedente la pretensión del reconviniente de adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva y prescripta la acción por el saldo de precio, por cuanto la posesión no es reconocimiento de la deuda sino afirmación del derecho que reconoce el vendedor sin que a la vez haya actuado su propio derecho cobrando el precio, y cuando el comprador posee no está admitiendo tácitamente, de modo continuado, que debe pagar, posee para ejercer jurídicamente la prerrogativa sobre la cosa cuando ella le fue entregada, pero no con conocimiento de estar declarando la voluntad de pagar.
Sociedades comerciales, sociedades de garantía recíproca, socios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hidro Import SA c/ Concurso Preventivo s/ incidente de revision de credito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Conforme las previsiones de la ley 24467, el socio partícipe queda obligado frente a la sociedad de garantía por los pagos que ésta última afronte en cumplimiento de lo afianzado, la cual podrá repetir de aquél y del fiador solidario por el total de lo que hubiera pagado (arg. arts. 70, 76 y 77 ley cit., CNCom, Sala F, 30/9/10, "Garantizar SGR c/ Bararte Madera SRL y otros s/ ejecutivo"; íd. CNCom., Sala D, 12/10/07, "Garantizar SGR c/ Rodriguez Olga s/ ejecutivo"; Sala A, 13/2/08, "Garantizar SGR c/ M y L s/ ejecutivo", entre muchos otros).
Responsabilidad del deudor, costas, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. N. N. M. c/ V. C. O.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

En la actualidad, el artículo 730 de Código Civil y Comercial ha recepcionado en sus alcances, en similares términos, la manda que se encontraba establecida en el artículo 505 del antiguo Código Civil. Merece destacarse que allí se establece un límite en la responsabilidad del deudor en el pago de las costas que se hayan generado ante el incumplimiento de una obligación. Ello siempre que el acreedor haya iniciado un proceso judicial o arbitral para efectivizar algunas de las opciones previstas en los incisos. a), b) o c) del citado artículo. Bajo tales premisas, se infiere con claridad de la normativa en cuestión, que el incumplimiento del deudor resulta ser un requisito esencial a los fines de aplicar el tope del 25 % del monto del pronunciamiento sobre el pago de las costas. De allí que deba entenderse que no opera la restricción cuando ha mediado rechazo de la demanda incoada por un acreedor.
Concurso preventivo, quiebra, continuación de la empresa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COVEDER S.R.L. c/ ACEITERA GUALEGUAYCHU S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-26

La declaración de resolver un contrato supone que trascurrieron los treinta días desde la apertura del concurso, sin haber recibido la comunicación acerca de la decisión del deudor de continuarlo, mediando la autorización judicial. Está facultad acordada a la parte "In bonis" requiere que su determinación sea notificada al deudor y al síndico; deberán practicarse en el juicio y según el procedimiento legal. Al respecto, se ha resuelto que, no exigiendo la ley un modo sacramental específico para tal comunicación al deudor, basta con que la noticia llegue, más aún si es bajo la forma de un proceso.
Jubilaciones, actualización monetaria, pago a cuenta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIRA MANUEL c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ JUBILACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-02

El pedido de pago de actualización monetaria es procedente en cuanto al carácter alimentario que denoten. En ese orden el pago de las prestaciones jubilatorias realizado en el caso de autos,sin la pertinente actualización, resulta insuficiente y en consecuencia debe ser considerado como pago a cuenta de lo adeudado.-
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, cambio de tareas, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN  SEBASTIAN  SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE VERIFIC. POR LOZANO,CLAUDIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Cabe rechazar la verificación de un crédito fundada en el perjuicio sufrido por el incidentista al tener que mudar su lugar de trabajo desde el centro de esta ciudad a otra localidad alejada, toda vez que ello se debió a una reformulación de tareas que afectó en forma general a la empresa por traslado de departamentos y áreas administrativas a esa ciudad, y no en forma exclusiva y particular al reclamante; además, la voluntad de la empleadora se demuestra por la oferta de compensar el mayor costo de movilización, y finalmente, no acreditó la carga horaria adicional que alegó, ni demostró que el lugar de trabajo haya sido factor determinante de la contratación ni una modalidad esencial del mismo, no advirtiéndose así, una alteración de las bases del contrato ni un perjuicio inadmisible.
Caso fortuito, fuerza mayor, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta Eleuterio y otra. c/ Y.P.F. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor pueden ser producidos por la naturaleza o por el hecho del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor, ya que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. Jurídicamente, la distinción entre uno y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman que el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza: por ejemplo el desbordamiento de un río, los terremotos, las tempestades, las pestes, los incendios; en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares.
Títulos de crédito, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Baigorria, Ernesto c/ Vargas, Evaristo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-25

La excepción planteada procede únicamente cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título, sea porque no está contemplado entre los enumerados por la ley, porque carezca de los requisitos a que se supedita su fuerza ejecutiva, o porque el actor o el demandado no gozan de legitimación procesal, es decir, no figura en el instrumento como acreedor o deudor.
Enfermedad accidente, indemnización, relación de causalidad, Municipalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez, Amado c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 99-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-07

Al existir causales atribuibles al trabajador como lo es su predisposición a contraer la enfermedad y la edad de aquél, no cabe que la Administración repare las secuelas propias del envejecimiento que repercute en la salud física del ser humano que ha sobrepasado una cierta edad, ni las consecuencias que se derivan de los esfuerzos que la vida diaria somete al trabajador. Por tanto, si no sólo el hecho del trabajo incidió en la dolencia final padecida por el actor -que reclama el carácter de enfermedad accidente para las dolencias que dice padecer-, se impone una distribución de las cargas con un criterio de justicia, debiendo estimarse prudencialmente la incidencia de las derivadas del trabajo.
Alimentos, alimentos provisionales, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: D.J. c/ K. DE D.B.A. s/ DIVORCIO - ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

En aquellos supuestos en que el alimentante únicamente cuenta como fuente de ingresos la remuneración que percibe como consecuencia de un trabajo en relación de dependencia y carece de otros bienes en su patrimonio, el art. 645 del Código Procesal, que establece la posibilidad de fijar una cuota suplementaria tendiente a satisfacer los alimentos devengados durante la tramitación del proceso, impone que dicha cuota suplementaria debe calcularse de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones.

El porcentaje de la cuota suplementaria fijada no puede exceder del 20% de las remuneraciones que percibe el alimentante en su trabajo, efectuados los descuentos de ley, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9511, modificado por la ley 14.443.
Falta de legitimación para obrar, prueba, producción de la prueba, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Mendoza, Rolando c/ Sainas, Restituta s/ Desalojo Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-12-23

La falta de legitimación para obrar, hace referencia a la "calidad" de titular del derecho, es una cuestión de fondo que debe tratarse en la sentencia a la que se llega después de producir las pruebas necesarias para acreditar esa calidad invocada. Solamente cuando la falta de legitimación es "manifiesta" debe decidirse ab-initio a fin de evitar un dispendio procesal.
Jubilaciones, aplicación de la ley, opción, recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, prescripción, interpretación restrictiva, recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, Municipalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BENITEZ, BLAS ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 275-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-13

Disiente con el criterio de esta Corte acerca del régimen jurídico de derecho público local que rige el caso, lo que no depara cuestión federal, el recurrente que bajo la imputación de prescindencia del principio de que la ley aplicable en materia previsional es la vigente a la fecha del cese, discute el criterio del Tribunal, acerca de que cuando el derecho jubilatorio del actor surge por opción a un régimen jurídico anterior, la situación se rige por un plexo normativo integrado por las normas relativas a esa opción y por el ordenamiento al que ellas remiten.

En el caso, las Ordenanzas mencionadas en el fallo, son de fecha anterior al cese y la opción del interesado se produjo durante la vigencia de las normas transitorias, lo que justamente determinó que el Ente Municipal concediera el beneficio.
Contrato de trabajo, certificado de servicios, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ  MARIA  DELCARMEN c/ CONSOLIDAR AFJP S.A. s/ INDEM. AR.80                           LCTL.                          25345
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

No debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 L.C.T., con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24.241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (PS.6.2) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el art. 80 LCT.

Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguir otro empleo, en tanto el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio provisional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES. Por otra parte, el formulario P.S.6.2. tampoco sustituye a la constancia de aportes, los que deben figurar en el certificado de trabajo.
Cauciones, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ RAMON s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-23

Se debe tener presente al momento de fijar el tipo de caución, que de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia.
Reordenamiento del sistema financiero, obligaciones de dar sumas de dinero, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: LIGUORI, CECILIA c/ WAL MART ARGENTINA S.A. s/ IND. POR MATRIMONIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-27

Tanto en la ley 25561 como en su decreto reglamentario 214/02 se mantiene lo preceptuado originariamente por el art. 7 de la ley 23928 en cuanto a que las deudas , ya sean en dólares o en pesos, no se actualizan ni reajustan de ninguna manera. En efecto, el art. 5 del decreto citado - que remite al art. 4- respecto de las deudas existentes tanto en dólares como en pesos, expresamente dispone que no deroga lo establecido por los arts. 7 y 10 de la ley 23928, que prohiben todo tipo de actualización monetaria.
Partidos políticos, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez Abelenda, Raúl c/ Ediciones de la Urraca S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Del art. 19 de la Constitución Nacional surge que toda nuestra organización política y civil reposa en la ley; los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas, y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca.