Acción contencioso administrativa, incidente de competencia, honorarios del abogado, base regulatoria, regulación de honorarios, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO, JORGE ESDUARDO c/ E.P.E.C.- s/ ILEGITIMIDAD- RECURSO DE CASASCIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-25

La procedencia del remedio impugnativo intentado, por cuanto consideramos que la Cámara a-quo incumplió el deber de motivación Ello es así, toda vez que de la atenta lectura del decisorio impugnado se verifica que el Juzgador no obstante hacer mención a lo dispuesto en el artículo 29 inciso 1, segunda parte de la Ley 8226, en la oportunidad de determinar el quantum de los honorarios solicitados por el Doctor Ocampo por las tareas profesionales desarrolladas en el juicio principal, los calculó fijando como base económica el valor total de referencia señalado por la parte actora en su demanda con intereses -diferencias de haberes por retiro voluntario- aplicando directamente la escala del artículo 34 ib. y omitiendo la prevista en la norma citada en primer término, sin explicitar además razón alguna que provea de adecuada motivación a la resolución jurisdiccional y justifique la proporcionalidad o razonabilidad de la base regulatoria determinada en vinculación a las circunstancias objetivas acaecidas en la causa.

Idéntica deficiencia se verifica con relación a los honorarios regulados al peticionario por la labor cumplida en la excepción de incompetencia opuesta por la accionada.

Por todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que debe acogerse el recurso de casación incoado por la parte actora. En consecuencia, corresponde efectuar una nueva regulación de honorarios.

Al solo efecto de la regulación de honorarios, por la labor consistente en la presentación de la demanda, consideramos justo y equitativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 inciso 1, segunda parte de la Ley 8226, establecer como base regulatoria un porcentaje del trece por ciento (13%) de la suma total estimada por el accionante en concepto de diferencia de indemnización por retiro voluntario de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la que asciende a Pesos Nueve mil ochocientos ocho con cincuenta y seis centavos ($ 9.808,56.-).

Idéntica base es la que corresponde tomar para regular los honorarios del Doctor Ocampo por su actuación en el incidente de incompetencia del Tribunal -artículo 80 inciso 2, segundo supuesto ib..

La tarea profesional del peticionario consistió en la interposición de la acción contencioso administrativa de ilegitimidad y en la contestación de la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por la accionada, debiendo tenerse en cuenta que la demanda incoada no obstante superar el análisis de su admisibilidad en la etapa de habilitación de la instancia (art. 11 y cc. Ley 7182) fue desestimada por la Cámara a-quo mediante el dictado del Auto, por el cual resolvió declarar que la causa no integra su competencia.

A la base económica así establecida corresponde adicionar intereses compensatorios a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina más el medio por ciento (0,5%), desde el veintitrés de mayo de dos mil hasta el siete de enero de dos mil dos y a partir de esa fecha hasta la de la presente resolución la tasa pasiva promedio más el dos por ciento (2%) nominal mensual. La compensación precedentemente calculada contiene una adecuada actualización que se ajusta a las prescripciones de la Ley 25.561.

Efectuados los cálculos pertinentes se obtiene la suma de Pesos Dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis con siete centavos ($ 18.646,07.-).

En orden a los porcentajes dispuestos en el artículo 34 de la Ley 8226, teniendo en cuenta las pautas de evaluación cualitativa establecidas por el artículo 36 ib., por la tareas desarrolladas en el juicio principal, resulta justo y equitativo aplicar el mínimo de la escala más tres puntos.

Ello es así, en virtud que corresponde tener en cuenta que la acción contencioso administrativa incoada no prosperó por haberse declarado el Tribunal a-quo incompetente para su conocimiento y, además la posición económica del accionante ex empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Atento la etapa procesal cumplida -interposición de la demanda (art. 42 inc. 1 ib.)- debe aplicarse el cincuenta por ciento (50%) del cuarenta por ciento (40%) de la escala del artículo 34 ib. precedentemente establecida, toda vez que fue llevada a cabo por el peticionario en forma conjunta con la Doctora Villafañe Cuevas.

En relación a la labor llevada a cabo por el Doctor Ocampo en el incidente de incompetencia del Tribunal, resulta justo y equitativo aplicar el seis por ciento (6%) de la escala del artículo 34 ib. (art. 80 inc. 2, segundo supuesto ib.), atento el resultado favorable obtenido por la accionada, correspondiendo al peticionario el cincuenta por ciento (50%) de ese monto en razón de haber contestado el traslado de la excepción conjuntamente con la Doctora Villafañe Cuevas.

En definitiva corresponde fijar los honorarios del Doctor Luis Ángel Ocampo por su labor desarrollada en el juicio principal -presentación de la demanda-, en la suma de Pesos Seiscientos ($ 600.-), y por los trabajos efectuados en el incidente de incompetencia del Tribunal, en la suma de Pesos Noventa y ocho con cuatro centavos ($ 98,04.-), monto equivalente a cuatro (4) jus, atento no superar la regulación de honorarios efectuada por tal concepto el mínimo legal establecido en el artículo 34 ib. para remunerar cualquier acto procesal, los que deberán ser abonados por el actor conforme a la imposición de costas dispuesta por el Judex a-quo.

En lo que respecta a las costas derivadas de la tramitación del recurso articulado en el presente incidente regulatorio, deben imponerse atento las prescripciones del artículo 107 de la Ley 8226.

El artículo 107 de la Ley 8226 -concordante con el artículo 103 de la Ley 7269- dispone que: "Toda actuación destinada a la determinación de honorarios, no devenga, a su vez, honorarios para ninguno de los abogados o procuradores actuantes, sin perjuicio de los convenios entre letrados y partes...". La citada norma es contundente y no deja lugar a dudas respecto a que las labores profesionales que se realicen en tales actuaciones no "devengan" honorarios.

Los supuestos excepcionales que la norma bajo análisis prevé como enervantes de la aplicación de dicho principio son la existencia de "plus petitio" inexcusable o exceso en la defensa, debiendo advertirse que en estas últimas dos hipótesis las costas -y consiguientemente el pago de los honorarios- son a cargo del abogado que incurre en tales conductas y no de las partes.

No advertimos en dicha disposición objeción constitucional alguna, desde que se dejan a salvo los convenios entre letrados y partes. Ello en sintonía con otras disposiciones de la Ley Arancelaria, tales como la que establece el carácter supletorio de la regulación legal para el caso en que no exista pacto de honorarios (art. 1) y la renunciabilidad del arancel (art. 12).

De tal modo, la salvaguarda de la retribución profesional -que resulta un derecho renunciable- se encontraba resguardada a través de la posibilidad del convenio que contemplase una solución inversa a la plasmada en la ley.

Si éste no se celebró, se aplica la solución legal sin que resulte admisible que quien se sometió así voluntariamente y sin condicionamientos al régimen legal supletorio pueda solicitar su declaración de inconstitucionalidad, resultando de clara aplicación la teoría de los actos propios ("venire contra factum propium nulli conceditur"). (Voto de los Dres. Sesín y tarditti, en mayoría)