Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-27


Salta, de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CAMPOS, Mirtha Gloria vs. OVEJERO, Luis Abelardo - EJECUCIÓN DE HONORARIOS"; Expte. Nº 244850/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4ª Nominación; Expte. Nº 280377/09 de Sala, y _________________C O N S I D E R A N D O I. Vienen estos autos a la alzada a los fines de los recursos de apelación deducidos por la ejecutante a fs. 54 y por el ejecutado a fs. 57, en contra de la resolución de fs. 45/46 y su aclaratoria de fs. 52.

Al fundar el recurso (fs. 61/64) la Dra. Mirtha Gloria Campos solicita se revoque el apartado I de la parte resolutiva y se modifique el apartado II, con fundamento en que su redacción no es feliz y no refleja los considerandos de la resolución. Señala que en el apartado IV de los considerandos se tiene por cancelados los honorarios del juicio de alimentos con su recibo de fecha 13/4/07, y en el punto I de la parte resolutiva se hace lugar parcialmente a la defensa interpuesta, y se tiene por "extendida" la obligación emergente del auto regulatorio de fs. 7. Formula un relato de los antecedentes del proceso y dice que el total de los honorarios en primera instancia por el juicio de alimentos asciende a $ 2.729,60, por lo que no advierte cómo la sentenciante puede tener por cancelados los mismos con la suma de $ 1.900 que el demandado abonó para estos autos, antes de la regulación de honorarios. Agrega que de este modo se le desconoce su derecho a percibir la suma de $ 829, que es el saldo que el demandado le adeuda, entre lo regulado y consentido y lo abonado. Destaca que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el art. 1 del dcto. ley 324/63, ni la modificación que introdujo la ley 24432 al último párrafo del art. 1627 del Código Civil. Entiende que si bien la ley arancelaria resulta supletoria de la voluntad de las partes, quienes pueden acordar montos superiores a los que resulten de sus normas, jamás pueden convenirse sumas inferiores, atento lo dispuesto en el art. 1 de la misma. Que tampoco se ha tenido en cuenta la jurisprudencia imperante en casos como el presente. Se agravia de la expresión "extendida" contenida en el pronunciamiento apelado, y sostiene que posiblemente lo que se quiso decir fue "extinguida", lo que amerita -dice- la revocación del punto I de fs. 46, y tener por rechazada en su totalidad la excepción de fs. 23/25, ya que entre lo pagado y lo regulado, hay un saldo deudor de $ 829,60. Por otro lado, agrega que debe modificarse el apartado II de fs. 46 por no compadecerse con los considerandos. Señala que se incurrió en omisiones y que la poca claridad de su redacción se presta a confusiones. Así, sostiene que se ha rechazado la excepción de pago respecto de los honorarios del juicio de divorcio, y que ello no ha sido reflejado en la parte resolutiva. Entiende que la misma debe reflejar claramente el rechazo de la defensa del demandado, con costas y ordenar se lleve adelante la ejecución por la suma de $ 4865,60, con más intereses y costas.

A fs. 68/70 el ejecutado contesta el traslado corrido y formula su memorial de agravios. Solicita se confirme la resolución recurrida, en cuanto considera cancelados los honorarios generados por la actuación en primera instancia de la actora en el proceso de alimentos y los devengados hasta la etapa de la sentencia del Expte. Nº 88133/04. Agrega que de la lectura de la resolución apelada surge que la defensa articulada por su parte ha sido acogida parcialmente. Que la cancelación, en los términos de dicho pronunciamiento, comprende el trabajo efectuado por la ejecutante hasta la etapa de la sentencia, lo que -dice- de hecho implica que los honorarios se encuentran cancelados totalmente, ya que no existió tarea alguna posterior a la sentencia dictada en el expediente de divorcio.

En cuanto a su recurso dice que la sentenciante extendió efectos cancelatorios al recibo nº 229, sólo respecto de los honorarios generados por la labor de primera instancia, considerando que quedan pendientes de pago los correspondientes a segunda instancia. Señala que el mencionado recibo no contiene distinción alguna, como por el contrario sí lo hace el recibo nº 297. Destaca que los honorarios no se generan con la regulación, sino con el efectivo patrocinio, lo que respecto de la segunda instancia se cumplió con la presentación del memorial de 181/197, de fecha anterior al recibo cancelatorio, por lo que los mismos se encontraban ya generados, aunque no cuantificados. Sostiene, en suma, que la excepción debe progresar respecto de todos los honorarios reclamados en el proceso de alimentos, y que las costas deberán ser impuestas a la ejecutante. En su defecto, dice que al mediar vencimientos recíprocos, las mismas deben imponerse por el orden causado. En cuanto a los honorarios por el juicio de divorcio manifiesta que el recibo nº 297 contiene la imputación a cancelación de honorarios generados hasta la etapa de la sentencia, por lo que la ejecución por este rubro no podrá progresar. Señala que hay identidad entre el trabajo cuyos honorarios fueron regulados a fs. 3 y el recibo cancelatorio. Agrega que la cancelación es un medio extintivo de las obligaciones y que su eficacia es absoluta si no se ha consignado salvedad alguna. Pide se haga lugar a la excepción de pago en su totalidad, con costas.

A fs. 73/75 la ejecutante contesta el traslado corrido, solicitado el rechazo del recurso interpuesto, con costas, por los motivos que allí expone, a los que cabe remitirse por razones de brevedad.

II. De la compulsa de autos surge que la Dra. Mirtha Gloria Campos dedujo ejecución de honorarios por la suma de $ 4.845,60 en concepto de saldo de los honorarios profesionales regulados a su favor en Exptes. Nº 88133/04 y 88576/04 (fs. 11/13), más intereses y costas.

El ejecutado opuso como defensa la falsedad de la ejecutoria a fs. 23/25, con fundamento en la cancelación de los honorarios ejecutados, por lo que el crédito reclamado carece de causa y la ejecutante carece de legitimación para reclamarlos. Concluye que la falta de legitimación de la actora es categórica, desde que no existe monto alguno que reclamar, ni acción alguna que ejercer.

A fs. 36/40 la ejecutante contestó la defensa articulada y a fs. 45/46 la sentenciante de grado, aplicando el principio iura novit curia, analizó la defensa como excepción de pago. De la lectura de dicho pronunciamiento se concluye que se acogió la defensa en relación a los honorarios de primera instancia correspondientes al proceso de alimentos, aún cuando en la parte resolutiva se haya empleado el término "extendida" en relación a la obligación emergente del auto regulatorio agregado a fs. 7. Surge también, que pese a la omisión incurrida en la parte resolutiva del fallo apelado, se rechazó la defensa en lo que a los honorarios regulados en el proceso de divorcio respecta, toda vez que en el apartado V de los considerandos expresamente se estableció "...no cuesta mayor esfuerzo concluir que la ejecución en este rubro debe proseguir en los términos, montos y condiciones que se plantearan en el escrito ejecutorio de instancia". Asimismo, ordenó la reformulación de la planilla de liquidación por parte de la ejecutante e impuso las costas por la excepción deducida a la demandada.

Reiteradamente se ha sostenido que el tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primera instancia, aún cuando ésta se encontrare consentida. Este examen puede efectuarse de oficio (Falcón, Enrique, "El juez del recurso", LL, 1987-D-492; CApelCCSalta, sala III, fallos año 1994, fº 132; íd. sala IV, t. XX, fº 442, t, XXIV, fº 523; 793, entre otros). Es que, como juez del recurso, el tribunal de alzada está facultado para rever el trámite de primera instancia, tanto en lo relacionado a la concesión como en lo referente a la presentación de memoriales (cf. CNFed, Civ. y Com., sala I, La Ley, 2000-A, 208; íd. íd., 2000-B, 445; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXII, fº 219).

En tal sentido, cabe destacar que el límite de apelación fijado por el art. 253 del CPCC, reglamentado mediante acordada Nº 7741 de la Corte de Justicia de Salta ($ 500), y modificado por acordada Nº 9959, conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso, y como tal debe ser considerado por la alzada, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones dictadas en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv, sala C, La Ley 1996-C, p. 162; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 665). En consecuencia, si el monto inherente a la cuestión traída a revisión a la alzada resulta inferior a lo establecido, la resolución es inapelable (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 336/337; íd. t. XXXI, fº 686).

En el caso resulta aplicable el límite de apelabilidad establecido por acordada nº 9959 ($2.000), desde que la presente ejecución de honorarios tramita ante el Juzgado de Personas y Familia por razones de conexidad (art. 6, inc. 1 del CPCC) y no por cuestiones de competencia material.

Tanto el primer agravio formulado por la ejecutante, como el del ejecutado, versan sobre el progreso parcial de la excepción de pago relativa a los honorarios regulados en el proceso de alimentos (Expte. Nº 88576/04). Así, la actora centra sus agravios en que entre lo abonado a su parte por el demandado y la regulación de honorarios efectuada a su favor por el trámite de primera instancia, existiría un saldo deudor de $ 829,60. Por su parte, los agravios del ejecutado, en relación a esta cuestión, se circunscriben a que se hayan considerado concelados sólo los honorarios de primera instancia y no los de segunda, siendo que el recibo nº 229, en base al cual fundamenta su decisión, no formula distinción alguna.

Cabe destacar que de la compulsa del Expte. Nº 88576/04, que se tiene a la vista, surge que los honorarios regulados a la Dra. Mirtha Gloria Campos por el trámite realizado en segunda instancia ascienden a $ 1.386 (cfr. fs. 269).Siendo así, se advierte que el valor comprometido en ambos recursos, en lo que al proceso sobre alimentos respecta, no supera el límite de apelabilidad establecido en la normativa señalada, por lo que los mismos resultan formalmente inadmisibles.

III. Cabe en consecuencia, adentrar al análisis de los restantes agravios formulados por los apelantes. A tal fin, por cuestiones de orden práctico se analizará en primer lugar los del ejecutado.

Al respecto, cabe decir que de la lectura de la presentación de fs. 68/70, oportunidad en la cual el mismo contesta los agravios de la contraria y formula su propio memorial, surge que el demandado ejecutado entiende que el fallo apelado consideró cancelados los honorarios del proceso de divorcio, hasta la "etapa de la sentencia" (cfr. fs. 68, III-b). Así, en el tercer párrafo de fs. 69 vta. expresamente dijo "Pido por lo expuesto que sea confirmada la sentencia en cuanto a que tiene por cancelados los honorarios generados por la actuación de la Doctora Campos por su labor en primera instancia del expediente de alimentos nº 88.576/4 y los devengados "...hasta la etapa de la sentencia..." del expediente nº 88133/4".

En tal entendimiento, al formular su memorial se limitó a destacar que la ejecución no podrá proseguir como se consigna en el acápite V de la sentencia recurrida, toda vez que los honorarios han sido regulados -y la ejecución promovida- por la gestión cumplida en primera instancia hasta la sentencia, y el recibo nº 297 contiene justamente la imputación a cancelación de honorarios generados hasta la etapa de la sentencia (cfr. fs. 70 y vta.).

Tal como se expuso en párrafos precedentes, pese a la poca claridad de la parte resolutiva de la sentencia apelada, la misma desestimó la defensa deducida en lo que a los honorarios regulados en el proceso de divorcio respecta, por lo que equivoca el ejecutado al entender lo contrario. Siendo así, sus planteos resultan manifiestamente insuficientes para modificar lo resuelto, pues no ha formulado agravios concretos respecto del rechazo de la excepción, en el entendimiento de que la misma había prosperado.

Tampoco dedujo -si entendía que la decisión adolecía de claridad-, el recurso previsto en el art. 166 del CPCC, a fin de que se aclare la cuestión y así poder formular sus agravios al respecto, consintiendo, de esta manera, el rechazo de la excepción.

En base de lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso de apelación deducido por el ejecutado, con costas por su orden, atento que la cuestión se resuelve con fundamentos propios del tribunal no advertidos por la apelada (art. 67, segundo párrafo del CPCC).

IV. Por último, en relación a los restantes agravios formulados por la ejecutante, cabe decir en primer lugar que le asiste razón a la misma en relación al vocablo "extendida", empleado en el apartado I de la sentencia de fs. 45/46, el que resulta incongruente con los considerandos. En consecuencia, y atento el resultado de los recursos examinados en el apartado II de la presente, cabe modificar el apartado I del pronunciamiento recurrido, y dejar establecido que se tiene por extinguida la obligación emergente del auto regulatorio agregado a fs. 7 de autos.

Igualmente le asiste razón en cuanto a que en la parte resolutiva de la sentencia de fs. 45/46 no se ha reflejado el rechazo de la excepción deducida, en lo que a los honorarios por el juicio de divorcio respecta, que contienen los considerandos, por lo cabe también integrar dicho pronunciamiento, en el sentido que, ante el rechazo parcial de las excepciones deducidas se debe mandar llevar adelante parcialmente la ejecución.

Ello así, desde que conforme lo dispuesto por el art. 518 del CPCC, si se hubiese deducido alguna excepción, previa sustanciación con la contraria, el juez mandará continuar la ejecución, o declarará procedente la excepción opuesta. En el caso, la resolución de grado omitió emitir pronunciamiento respecto de la procedencia de la ejecución, incluso se desestimó el pedido de aclaratoria formulado a fs. 50/51 por la ejecutante (cfr. fs. 52).

En base a ello, cabe acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora, modificar la parte resolutiva de la sentencia de fs. 45/46, rechazar la excepción deducida por el ejecutado en lo que a los honorarios regulados en el proceso de divorcio respecta, y, en consecuencia, mandar se lleve adelante la ejecución por la suma de $ 4.036, mas intereses -los que serán calculados en oportunidad de formularse planilla de liquidación- y costas (art. 67, y 273 del CPCC).

Esto así conforme el siguiente análisis: 1) los honorarios de primera instancia por el proceso de alimentos se encuentran cancelados, quedando en consecuencia, un saldo impago de $ 1.386 correspondiente a la regulación de segunda instancia (cfr. fs. 269, Expte. Nº 88576/04), conforme sentencia de fs. 45/46 confirmada en esta oportunidad en lo que a dicha cuestión respecta; 2) de los honorarios regulados por el proceso de divorcio en la suma de $ 4.550 (cfr. fs. 329, Expte. Nº 88133), debe descontarse la suma de $ 1.900 que la ejecutante denuncia como abonados (cfr. fs. 61 vta., cuarto párrafo, de estos autos), quedando en consecuencia, un saldo impago de $ 2.650, los que adicionados a los $ 1.386, arrojan la suma de $ 4.036.

V. Atento el progreso parcial del recurso interpuesto por la actora, las costas de esta instancia se imponen por el orden causado (art. 67, segundo párrafo del CPCC).

Por lo expuesto, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I. DECLARA MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación interpuestos por ambas partes en lo que a la cuestión resuelta en el apartado I de la sentencia de fs. 45/46 respecta.

II. RECHAZA en lo demás el recurso de apelación deducido por el ejecutado a fs. 57 y HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la ejecutante a fs. 54. En su mérito, MODIFICA el apartado I de la parte resolutiva de la sentencia recurrida y tiene por "extinguida" la obligación emergente del auto regulatorio agregado a fs. 7; DESESTIMA la defensa deducida por el ejecutado en lo que a los honorarios regulados en el proceso de divorcio respecta y ORDENA llevar adelante la ejecución por la suma de $ 4.036, más intereses y costas.

III. IMPONE las costas de esta instancia por el orden causado.

IV. REGISTRESE, notifíquese y BAJE.