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Competencia contencioso administrativa, OSEP, acción de amparo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Valdez, Carlos Roberto c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-07

Comparece el actor interponiendo acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos, Persigue, ante la negativa verbal de la demandada, se ordene la autorización para la realización de una práctica médica a su hijo, denominada cráneoplastia y la colocación de prótesis helicoidal de polímero vegetal osteointegrable.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art. 204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia de este Tribunal y Art. 4 de la Ley de Amparo modificada por Ley N° 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada corresponde se declare la competencia del Tribunal para entender en autos.

En el sub lite se encuentran satisfechos los requisitos procesales extrínsecos de admisibilidad de la acción por configurarse las pautas axiológicas enunciadas de incontrovertible aplicación a la normativa determinante de la recepción de la acción, por lo que prima facie se estarían conculcando derechos de superior jerarquía.

Que en razón del bien jurídico cuya tutela se persigue, en el modo y condiciones que se impetra, resulta de aplicación la doctrina emergente del fallo de esta Corte de Justicia en Sentencia Definitiva Nº 06/2003, en autos Corte 185/02, lo que determina la procedencia formal de la acción.

Ello, sin perjuicio de que la procedencia sustancial sea merituada en el momento procesal oportuno, cuando el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales dentro de las características intrínsecas de este proceso abreviado de la acción de amparo, que tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional, se impone como correlato de la actividad jurisdiccional en mérito de la admisibilidad formal de la acción, que el amparista demuestre sin esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba, en donde reside la ilegitimidad del acto que se cuestiona, el daño grave y irreparable que se pretende remediar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar del poder administrador.

Respecto a la medida cautelar impetrada, la misma no resulta de recibo, Ello con fundamento en la coincidencia de la misma con el objeto de la pretensión deducida y lo acotado de los términos legales previstos para la acción de amparo.
Prueba, prueba anticipada, habilitación de feria, prueba informática
Materia: COMERCIAL
Carátula: DVA AGRO GMBH c/ CIAGRO SRL s/ DILIGENCIA PRELIMINAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-28

Resulta procedente la habilitación de la feria judicial a los efectos de que pueda producirse la prueba anticipada solicitada, tendiente a constatar la existencia de ciertos correos electrónicos y archivos adjuntos en las computadoras de la accionada, relativa a la correspondencia dirigida a la peticionaria, dada la urgencia derivada de la propia naturaleza y vulnerabilidad de los registros informáticos.
Daños y perjuicios, indemnización, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa Ingeniero Roberto J. Lazarte e Instituto Provincial del Seguro de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-15

Comprobado el daño, el Juez tiene facultades para fijar su resarcimiento, aún apartándose de las pretensiones de las partes, lo que no puede hacer es imponer indemnizaciones donde no hay daño comprobado.
Impuestos, pago, plazo, error excusable, Impuesto de sellos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LIMITADO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 123-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

No pueden atenderse las razones esgrimidas por el actor referidas a que medió error excusable en el ingreso fuera de término del impuesto de sellos; puesto que no debe tratarse de cualquier error sino de aquellas situaciones fácticas que, razonablemente apreciadas, permitan llegar a la conclusión de que el sujeto pudo ser inducido a confusión, descartando todo propósito de defraudar al fisco, como ocurriría en cuestiones complejas y cuya interpretación se presta a dudas, o cuando las modificaciones de la ley e interpretaciones administrativas crean una situación de duda, tanto más si el interesado acredita buena conducta fiscal.
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marcó Eugenia B. y Otro c/ Nidera Argentina S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-01

El relato histórico de un acontecimiento (accidente de tránsito) hecho ante un oficial de policía al otro día de ocurrido sin presión o violencia física o moral alguna, libre de todo interés circunstancial, sin sospechar que pudiera traerle consecuencias -favorables o desfavorables-, prestado con el exclusivo propósito de contribuir a la averiguación de los hechos, responde cabalmente al concepto de prueba como acto purísimo de verificación de la verdad, sin mezcla de elementos extraños a la misma y constituye una medio insuperable de convicción de magistrado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, contribución de mejoras, repetición de impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MURAD DE SORABELLA, AMANDA POMPEYA. c/ PROVINCIA DEL CHACO Y MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA. s/ DEMANDA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Por tratarse de una cuestión de derecho público local, no es revisable, como principio, por la vía del art. 14 de la ley 48, la decisión del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco acerca de su propia competencia para entender en la causa por repetición de contribución de mejoras, máxime si el a quo en ningún momento entró a considerar las razones de oportunidad, conveniencia o política financiera que dieron lugar a la imposición del gravamen cuestionado, sino su legitimidad a la luz del ordenamiento jurídico vigente en la provincia.
Estupefacientes, calificación legal, tenencia de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, prueba, presunciones, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ramirez Sanchez, Sigfrido s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Para calificar el hecho como almacenamiento no basta que se haya incautado una cantidad significativa de marihuana (suficiente para armar sesenta cigarrillos) y otro tanto de cocaína, pues este injusto penal exige que se acredite que la sustancia depositada se la tenía para comercializar, requisito que no se demostró ni siquiera por prueba indiciaria, por lo que debe calificarse el hecho como tenencia de estupefacientes (art. 6 de la ley 20.771).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, honorarios, recurso de queja (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos Sucursal Local c/ Sucesión de Aldo Eusebio Benedetti- s/ Ejecutivo Prendario S/Recurso de Queja Interp.por Dr.Aldo Pedro  Maria Benedetti
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-01

Si bien se fundamentó el rechazo del recurso de Inaplicabilidad de Ley, basado en la doctrina legal vinculante de esta Sala "Richvan ...del 24/3/1997 "de no hacerse lugar al recurso de queja ahora impetrado, la regulación de honorarios cuestionada adquiere firmeza, no pudiendo ser revisada en el futuro, y por lo tanto, es definitiva en los términos de los artículos 276 y alcance dado por el artículo 277, ambos del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto decide en forma conclusiva y sin que proceda otra vía procesal para su revisión.
Proceso penal, resoluciones apelables
Materia: PENAL
Carátula: R. O. A. R. J. C. Y. M. E. J. s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30

Ha dicho esta Corte, dictando doctrina legal en tal sentido, que es apelable por el imputado, la resolución que concede el rol de querellante (CSJT, sentencia: Nº 646, 31/8/1999, Labougle Joaquin y otros s/ Tentativa de defraudacion y otro). Calificada doctrina sostiene asimismo la apelabilidad cuestionada en cuanto se ha dicho que en la medida en que la intervención indebida del querellante causa al imputado un gravamen irreparable, procederá el recurso de apelación para lograr por esa vía la exclusión (Cafferata Nores-Tarditti Código Procesal Penal de la Pcia. de Córdoba, Tomo 1, Pág. 303).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Eximición de prisión, caución real, monto de la caución
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: REMONDETTO, Mirta s/ eximición de prisión Causa nro. 27.410
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

El monto que se fije como gravamen de la eximición de prisión no debe tornar ilusoria la concesión del beneficio, por lo que resulta aconsejable reducir prudencialmente la suma estipulada. Ello, teniendo en cuenta, además, la voluntad manifestada por el procesado de someterse a la jurisdicción del Tribunal y la circunstancia de que hasta la fecha no ha depositado la fianza en cuestión.
Eximición de prisión, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ, PRIMO LUIS s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de eximición de prisión Causa 33426
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

La imposibilidad de que recaiga condena de ejecución condicional o que el procesado registre condenas anteriores no obsta la aplicación de la disposición contenida en el primer párrafo del inc. 1) del art. 379 del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372), que torna procedente la eximición de prisión del procesado.
Alimentos, obligación alimentaria, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL
Carátula: P. de S., S. c/ V., V.N. y otros s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-01

1- El deber alimentarlo es una obligación civil de base legal, fundada en el principio de solidaridad familiar, y corresponde su satisfacción a los parientes de grado más remoto sólo en forma subsidiaria y sucesiva, y no simultánea respecto a los de grado más cercano. Además, corresponde a quien pide los alimentos probar su imposibilidad de procurárselos, su estado de necesidad, y la capacidad económica de los demandados. 2- En consecuencia, la falta de acreditación de la imposibilidad del hijo de la reclamante de cumplir con su obligación alimentarla para con su madre -dado que cuenta con un buen pasar y que fue favorecido por sus padres con la cesión de un crédito hipotecario- impide el progreso de la ejecución iniciada contra los nietos -hijos de un hermano premuerto del obligado en primer lugar-. Máxime si -como en el caso, la alimentante cobra una jubilación y cedió onerosamente el cincuenta por ciento de un inmueble heredado, del que conserva el usufructo vitalicio, no se advierte el estado de necesidad. (Sumario N°20255 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Inadmisibilidad formal, abuso sexual simple, inhabilitación perpetua
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López, A. A.  c/  s/ abuso sexual simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-02-24

La impugnación ordinaria deducida por el MPF, en contra de la sentencia de cesura que no hizo lugar a su pretensión de la imposición de la pena de inhabilitación perpetua, no supera el estadio de la admisibilidad formal. (...) No solicitó (el MPF) la inconstitucionalidad en el caso concreto de la limitación recursiva prevista en el artículo 241 del C.P.P.N., ni la inaplicabilidad de la regla de taxatividad de los recursos (art. 227 del C.P.P.N.), no es posible ampliar la capacidad impugnativa del MPF en contra del expreso texto de la Ley 2784.
Homologación del acuerdo, nulidad parcial
Materia: LABORAL
Carátula: De Aracil c/ Banco Municipal de Paraná s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-17

No cabe declarar la nulidad parcial del acuerdo homologado en cuanto a una de sus cláusulas sin generar la de sus otras estipulaciones (vgr. extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo), puesto que aquélla es inseparable del resto del convenio en que se ha querido finiquitar en forma total las cuestiones entre las partes.

En igual sentido: "Aloy c/Frig. Reg.Sta.Elena" del 15/11/94 y "Emili c/Telecom" del 8/4/98.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Miguel Angel y otros s/ Robos calificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Son relevantes a los efectos del recurso extraordinario de nulidad las deficiencias que originan una resolución sólo aparente: sin real contenido (porque no permite conocer suficientemente lo resuelto).

En cambio las deficiencias que ocasionan la anulación de oficio son -en lo que aquí interesa- las que obstan sustancialmente la formulación del recurso de inaplicabilidad de ley o imposibilitan a la Corte el debido conocimiento del mismo (y así desplazan el derecho de las partes a obtener un debido pronunciamiento mediante el recurso de inaplicabilidad). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Preclusión, defensa en juicio, constitucionalidad, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICENTE, ELVIRA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La preclusión es un instituto jurídico ideado como consecuencia y garantía del "derecho de defensa en juicio". Ello presupone la existencia de partes, las cuales, en igualdad de situación procesal, puedan hacer valer sus derechos, circunstancias ésta que no se daban en el procedimiento hasta ahora vigente (ley 23.473). Por ello, desde el punto de vista del referido principio de preclusión y de la seguridad de los actos procesales, el art. 24 de la ley 24.463 no viola la C.N. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Chirinos. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Concurso preventivo, recurso de casación, sentencia no firme
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Suc. de Cacciato, Antonio y Cano, María s/ Suc. de Cacciato, Antonio y Cano, María I. Cacciato de; en autos Nº 1256/01: Nuova S.A. s/ Pequeño Concurso s/ Quiebra s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-05

Los acreedores de la empresa concursada interponen recurso de Casación en contra de la sentencia de Cámara que confirmó la sentencia de primera instancia que a su turno rechazara el pedido de quiebra interpuesto por la ahora recurrente, considerando que la sentencia cuestionada ha incurrido en el vicio de arbitrariedad.

La controversia de autos se circunscribe a cuestionar la denegatoria de la declaración de quiebra, en ambas circunstancias peticionada por acreedores, contra la empresa concursada y con acuerdo preventivo homologado.

Previo a ingresar en el análisis de la cuestión debatida, corresponde evaluar la naturaleza de la sentencia en recurso en tanto sólo pueden ser objeto de recurso de Casación -por su carácter extraordinario y esencialmente restrictivo en su ámbito de jurisdictio- aquellas que ostenten el carácter de definitivas o puedan ser asimiladas a tales, en las que el perjuicio producido no sea susceptible de reparación ulterior.

Bajo esa condición sine qua non para la habilitación de esta instancia extraordinaria, la jurisprudencia tiene dicho que: "La denegatoria del pedido de quiebra...no constituye sentencia definitiva a los fines de la concesión del recurso Extraordinario, en tanto no prohíbe a los peticionantes a ocurrir por la vía ordinaria en defensa de sus derechos" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -Sala B- LL 12/7/2011, LL2011-D, 186). En idéntico sentido se pronuncia la doctrina cuando expone que:

"Resulta improcedente el recurso interpuesto por el acreedor contra el pedido de quiebra denegado porque, en síntesis, esa sentencia no hace cosa juzgada y puede ser replanteada por el acreedor por lo que no le causa agravio" (Grispo Jorge-Tratado sobre la Ley de Concursos y Quiebras, Tomo III, Pág. 142 y ss.). Y ello es así, a mi criterio, porque el concurso preventivo es una etapa esencialmente provisional y que presume para el futuro pueda derivar en su caso en el cumplimiento del deudor o en la imposibilidad del mismo, circunstancias que podrán ser reevaluadas tanto por los jueces como por los acreedores a fin de la preservación de sus créditos durante aquella etapa, pudiendo en su caso el acreedor peticionar la quiebra rechazada en su oportunidad, por supuesto todo ello de acuerdo a circunstancias de hecho cuya valoración y juzgamiento corresponderá a los jueces de la causa en sus instancias ordinarias.

Por todo lo expuesto el recurso intentado debe rechazarse, confirmando la sentencia de Cámara cuestionada.
Derecho laboral, acción civil, legitimación pasiva, asegurador, resolución de las excepciones
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cristeff, Mónica Susana c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ accidente-acción especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

El Magistrado de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y no seguro, opuesta por la ART demandada por lo que rechaza la demanda incoada. Se observa que si bien existe un convenio de rescisión del contrato de seguro con la ART, en virtud del cual la Provincia se autoaseguró, lo cierto es que se encomendó a la demandada la administración de la cartera de siniestros y contingencias, asumiendo la ART el gerenciamiento de todas las prestaciones, incluyendo las indemnizaciones, haciéndolo todo por cuenta y orden del estado provincial. Por otro lado, resulta contradictorio que la Provincia haya decidido autoasegurarse, y ceder inmediatamente la administración y gerenciamiento de las prestaciones a la ART demandada. Ello, demuestra que hasta el momento, no cuenta con los medios materiales para llevar a cabo su tarea de autoasegurada. Razón por la cual, Provincia ART SA debía no solo brindar las prestaciones en especie, sino también en dinero, tal como esta misma lo reconoció en el responde. En definitiva, la cesión de la administración de las contingencias y de la cartera de clientes a Provincia ART, para que esta se hiciera cargo de las prestaciones que corresponden a la ley 24557, terminó implicando que la ART asumiera todas sus obligaciones. Se puede apreciar que las normas que determinaron el autoseguro de la Provincia de Buenos Aires, también delegaron casi la totalidad de los deberes y obligaciones emanadas de la Ley de Riegos del Trabajo, incluyendo no solo las prestaciones en especie sino también las dinerarias. De modo, que se entiende que tiene legitimación pasiva para ser demandada más allá de la acción de reintegro que tenga luego contra la provincia, tal como la habilita la Resolución Conjunta citada. (Del voto en disidencia de la Dra. Cañal).
Contrato de trabajo, sanciones disciplinarias, trabajador, caducidad, plazo, consentimiento, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: QUEVEDO JUAN DOMINGO c/ NELDO MARGARA Y/U HOTEL COLONIAL s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL - SANCIONES DISCIPLINARIA IMPUGNACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-26

El derecho a impugnar la suspensión es pleno, pero sujeto a caducidad. Para conservarlo durante todo el plazo de prescripción, el trabajador debe cuestionar la medida dentro del término fijado en el art. 67 LCT y a ese efecto es hábil la oposición extrajudicial (ante la empleadora o en sede administrativa). De lo contrario, la sanción queda consentida. El legislador ha querido que el empleado pueda "cuestionar la procedencia de la medida, su tipo o extensión para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos.

Alegar consentimiento en el supuesto de que en el mencionado término no se haya deducido acción judicial colisiona con el contenido expreso de la norma y con el sistema bienal de prescripción regulado en la LCT.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, incapacidad, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez c/ Establecimiento San Juan s/ Indemnización de daños y perjuicios (Expte Nro. 304-01, Resolución Nro.  39, Tomo 20, Folio 179/182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-08

El segundo párrafo del art. 2 de la ley 24.028 es claro al disponer que "... no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo.

En el caso, no puede considerarse probado que haya existido nexo causal o concausal entre el trabajo del actor y la enfermedad que le provoca, minusvalía, ya que no se encuentra probado que el demandante hubiera realizado un esfuerzo durante el desempeño de las tareas rurales. Las afirmaciones de la perito relativas a las condiciones en que el dependiente prestó servicios no valen si ellas sólo las conoció a través del relato del trabajador, a quien incumbe probar que su trabajo fue efectuado en las condiciones que afirma. La pericia médica, por sí sola, no basta para acreditar la causalidad o concausalidad, debiendo completarse el juicio con la prueba de las tareas y su influencia nociva.
Facultades del juez, facultades ordenatorias, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. E. y otro c/ B., A. H. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

Desde que las facultades ordenatorias e instructorias pueden ser adoptadas en cualquier estado del proceso, con mayor razón al encontrarse a estudio para el dictado de la sentencia definitiva, oportunidad ésta en la que el magistrado toma conocimiento de todo lo ocurrido en su transcurso y le permite apreciar qué medidas son necesarias para llegar al pleno conocimiento de la verdad, pues la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMMARATA, JULIO SEVERO ANTONIO c/ EMPRESA MICRO OMNIBUS LINEA "L" s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.     CSJ EXPTE NRO 419-86 DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CSJN      CSJ EXPTE NRO 144-85 OLIVER, MARTIN IGNACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      CSJ EXPTE NRO 332-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25|1988-09-14|1988-09-21

La hipótesis del artículo 14 inciso 3 de la ley 48, requiere como presupuesto que se haya debatido en la instancia ordinaria acerca de la inteligencia de una norma federal, y que la decisión fuese contraria al derecho fundado en esa preceptiva.