Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


BRADESCO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 205 p 31-34.

Santa Fe, 16 de febrero del año de 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia nro. 61 del 29.8.2000 dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "BRADESCO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Cobro de Pesos- (Expte. 381/99)" (Expte. C.S.J. nro. 112, año 2001); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que revocó el fallo inferior y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda interpuesta por Bradesco S.R.L., el ente territorial deduce recurso de inconstitucionalidad por considerar que la misma no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la provincia (artículo 1, inciso 3 de la ley 7055) y ser lesiva de los derechos y garantías de raigambre constitucional que enuncia.

Bajo la causal de arbitrariedad normativa, sostiene que la resolución impugnada resulta infundada, pues ha sido dictada con meras citas normativas, se sustenta en la sola voluntad de los jueces e incurre en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva amplitud, en definitiva, se aparta de la normativa aplicable, interpretando arbitrariamente la ley y los actos privados.

En tal sentido, expresa que la cita de los artículos 826 y 1474 del Código Civil constituye una aparente fundamentación normativa, desde que no concreta una sólida línea argumental que justifique la revocación de la fundada interpretación de la ley efectuada por el inferior en cuanto al juego armónico de aquellos preceptos (sic).

Seguidamente reseña jurisprudencia del Alto Tribunal nacional que textualmente reza "...es oponible al cesionario la compensación fundada en la existencia de un crédito contra el cedente anterior a la notificación de la cesión aunque el deudor no haya hecho reserva alguna en tal oportunidad...".

Por consiguiente, dice, lo que define la cuestión es si el crédito invocado por el deudor cedido para oponer la compensación es anterior a la notificación de la cesión, habiendo quedado demostrado en autos que el crédito de la Municipalidad de Rosario contra Temporelli S.A. (cedente), era anterior a la notificación. Expresa que la resolución elige "dentro de las dos soluciones que se admite consagra la ley, a la más injusta", pues privilegia el interés privado (del cesionario) por sobre el interés público de su parte, lo que "podría crear un peligroso antecedente para casos análogos", ya que la operatoria financiera ventilada en este proceso es frecuente entre contratistas del Estado. Manifiesta que en el supuesto de tener que abonar el crédito a la actora, tendría que disponer de fondos públicos y, tal vez iniciar acciones contra el cedente para lograr la percepción del crédito cuya compensación fue rechazada, asumiendo el riesgo de la insolvencia del deudor.

En definitiva, aduce, que se está en presencia de un supuesto de gravedad institucional. Y bajo la tacha de arbitrariedad fáctica, afirma que los sentenciantes han vulnerado el derecho constitucional al debido proceso al omitir considerar la existencia de un crédito con anterioridad a la cesión. También le agravia que la Alzada entendiese que el señor González aceptó las cesiones, pues así sostenerlo demuestra la preterición en que incurre el órgano jurisdiccional respecto de las actuaciones realizadas, como así de la documental aportada por Bradesco S.R.L.

Ello así, por cuanto no puede considerarse que aquél funcionario (Subcontador General González) sea competente para aceptar la cesión de un crédito de un contratista de obra pública con los alcances jurídicos que se otorga en el proceso, lo que surge fundamentalmente de lo dispuesto por el artículo 41 inciso 1 de la ley 2756 -Orgánica de Municipalidades- que dispone que el representante legal de la Municipalidad es el Intendente Municipal. Le agravia que los sentenciantes sostuvieran que su parte no expresó quién era el funcionario autorizado para aceptar la cesión, desde que señaló que únicamente el Departamento Ejecutivo Municipal es competente para obligar o desobligar al ente territorial y, en su caso, cuando lo exija la normativa aplicable, con la concurrencia del Honorable Concejo municipal. Tampoco puede sostener la Alzada que su parte no identificó el "sustento normativo", el que claramente lo constituye la Ley Orgánica de Municipalidades, reiteradamente señalada.

Finalmente, agrega que la ordenanza de Contabilidad expresa que cualquier pago por Tesorería establece como requisito de validez la orden escrita firmada por el señor Intendente Municipal y el Secretario de Hacienda, como así, otros recaudos que reseña.

La Sala a quo denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del ente territorial ante esta sede.

2. De la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, la compareciente lejos de fundar la imputación de incurrir en una hermenéutica arbitraria de la ley, cae en el error común de enjuiciar el fallo desde el punto de vista de lo que considera sus desaciertos en relación a dicha imputación, limitándose así a manifestar una fuerte discrepancia con el criterio del Tribunal en la interpretación y aplicación de normas de derecho común. Los reproches invocados, devienen entonces en mera discrepancia de interpretación legal.

Pero una interpretación de la norma no coincidente con la efectuada por el Tribunal no convierte al decisorio en inconstitucional, sino que sólo conforma disenso con el criterio sostenido por los juzgadores en ejercicio de funciones que le son privativas.

Ello así, por cuanto la recurrente, con su desarrollo argumental no logra demostrar a este Cuerpo que la Alzada incurra en una interpretación irrazonable o ilógica de los artículos 826 y 1474 del Código Civil, al sostener que este último precepto dispone que mediando aceptación pura y simple de la cesión y no mera notificación, el deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones que podría haber planteado contra el cedente, salvo la de compensación, norma que conjugada con el artículo 826 autoriza aclarar que no se admiten determinadas compensaciones por créditos posteriores a la cesión notificada o a la delegación aceptada, insistiendo de tal suerte que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1474 "en cuanto a los anteriores a la compensación sería viable siempre que no hubiese mediado aceptación lisa y llana de la cesión".

Y en autos, dice el Tribunal de la causa, la demandada recurrente aceptó la cesión -aceptación que no implica renuncia a un derecho- sin reservas, la que quedó registrada en las escrituras públicas en que Bradesco S.R.L. notificó dicho acto a la Municipalidad en la persona del Subcontador General de la misma, Jorge González, habiendo afirmado este último -funcionario que no era de menor cuantía ni irrelevante dentro del organismo comunal- que lo cedido no estaba sujeto a compensación y que las eventuales retenciones legales constituyen la única reserva al respecto.

A esta línea conceptual opone la quejosa su propio enfoque del caso, sosteniendo que la Sala efectúa una incorrecta interpretación y aplicación de los artículos 826 y 1474 del Código Civil, habiendo optado por una de las soluciones posibles, en el caso, la más injusta, al privilegiar el interés privado por sobre el interés público. Sabido es que la interpretación de una norma no autoriza la tacha de arbitrariedad, si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (C.S.J.N. in re "Aranda", Fallos 304:1826) o si se formula una solución posible autorizada por la ley (C.S.J.N. in re "Cunha"; Fallos 304:948; 307:1803; 308:71; A. y S. T. 104, pág. 180; T. 106, pág. 492, entre muchos otros).

El recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma aconseja reservarlo, conforme a la jurisprudencia del más Alto Tribunal, para desaciertos de gravedad extrema que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones que se reputen equivocadas (confr. Fallos 294:376; 302:1564; 304:375, entre otros).

En autos, la Alzada -con acierto o no- efectuó una interpretación de las normas en juego y esa interpretación, a la luz de las constancias de autos, no aparece manifiestamente irrazonable, ni los argumentos aducidos por la recurrente persuaden que en dicha labor se ha vulnerado específicamente dicho ordenamiento legal mediante una interpretación arbitraria.

En consecuencia, la materia traída a control de legalidad constitucional, por referir a la interpretación de normas de derecho común y constituir una cuestión opinable y discutible, con tendencias jurisprudenciales contrapuestas, carece de contenido constitucional, puesto que para que ello ocurra, es necesario que medie una grosera desinterpretación de las mismas, circunstancia que no se configura en el presente caso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA GASTALDI La postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por tanto, propicio la apertura de la queja.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)