Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21


SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 16/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra Sent. Nº 3/2009 en Causa Expte. Nº 229/08 - 'Blasco, Víctor y Salasar, César - s/ Robo agravado por el uso de armas de fuego - Esquiú - La Paz'", contra la Sentencia Nº 03/09 dictada el tres de marzo de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación. El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por carecer de la debida motivación la pena impuesta?.

2º) ¿Qué resolución corresponde dictar?.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 24, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

I. Por Sentencia Número Tres/2009, de fecha 03/03/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, resolvió: "I) Declarar culpable a Víctor Daniel Blasco de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de Robo calificado por el uso de armas de fuego (arts. 166 inc. 2º, primer supuesto del primer párrafo y segundo párrafo de dicho artículo y 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.). II) Declarar culpable a César Raúl Salazar de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de Robo calificado por el uso de armas de fuego (arts. 166 inc. 2º, primer supuesto del primer párrafo y segundo párrafo de dicho artículo y 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de trece años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.)".- II. Contra el decisorio aludido comparece la Dra. Cecilia Cúneo, en su calidad de asistente técnica de los coimputados, Víctor Blasco y César Salazar, e interpone recurso de casación invocando el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 3º del C.P.P.

Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión y de realizar una breve síntesis de la causa, la recurrente funda su escrito denunciando la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena. Refiriéndose puntualmente a la Tercera Cuestión de la pieza sentencial, afirma que el tribunal ha analizado de manera parcializada las previsiones contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P., al considerar pormenorizadamente las agravantes y omitiendo analizar las demás pautas de valoración establecidas en las normas mencionadas. Luego de transcribir los votos referentes a la cuestión que ataca, se agravia al denunciar que el voto mayoritario sanciona con un año más de prisión a Salazar -trece años de prisión- que a Blasco -doce años de prisión-, sin que el juzgador -alega- haya justificado ni fundamentado, aunque sea mínimamente, esta diferencia. Entiende que se resolvió con total discrecionalidad en perjuicio de uno de sus asistidos. Afirma que existió doble valoración, puesto que el voto mayoritario a los fines de cuantificar el monto de la sanción punitiva tuvo en cuenta que el hecho se haya cometido con armas de fuego, siendo que el robo se agrava justamente por el uso de armas de fuego y esto último, se agrava aún más -resalta la impugnante- por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo ha sido fehacientemente demostrada, lo que si se objetiviza en una mayor peligrosidad del autor y en un mayor riesgo real corrido por la víctima, en este aspecto -destaca-, el tribunal no valoró como atenuada la ausencia de violencia física en la persona de la víctima durante el evento criminoso. A más de ello, se agravia al sostener que el a quo valoró como agravante el hecho de que sus asistidos tengan extraña jurisdicción. A continuación, afirma que la totalidad de los elementos sustraídos fueron recuperados en el operativo prevencional en el cual se intercepta y detiene a los imputados, por lo que mal se podría valorar esta causal como agravante a los fines de valorar la pena. Alega que la falta de antecedentes judiciales computables deben inobjetablemente llevar la pena al límite menor de la escala penal considerada en abstracto. Resalta que es sumamente excesiva la pena aplicada a sus asistidos, puesto que ellos no poseen antecedentes penales, son personas jóvenes, con escasa educación, por lo que peticiona se les aplique, de conformidad a lo prescripto por los arts. 40 y 41 del C.P., teniendo en cuenta las atenuantes señaladas, la pena de siete años de prisión.

Culmina su escrito, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2do., apartado 3ro., inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- II.a. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización de la pena impuesta a los imputados Víctor Blasco y César Salazar. La recurrente concretamente denuncia la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche, se dirige a cuestionar, por un lado, la valoración de circunstancias que ya se encontraban contenidas en el tipo penal aplicado, con lo cual asevera, se ha vulnerado la prohibición de doble valoración; por el otro, denuncia que se ha omitido valorar circunstancias atenuantes, que hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena, monto que considera excesivo.

Conforme lo sostenido recientemente por esta Corte en el precedente "Araya" (S. nº 6, del 25/03/09), la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal. No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

En idéntica dirección, cabe afirmar que si bien lo relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 es propio de los jueces de mérito, no puede haber arbitrariedad manifiesta, afirmaciones abstractas que no condicen con la causa, u omisión de las constancias atenuantes.

Finalmente, también debe advertirse, que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente, es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que, su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.- II. b. Ingresando puntualmente al tratamiento de los agravios contenidos en la impugnación, aclaro que examinaré en primer término, los vinculados con la vulneración de la prohibición de doble valoración, para luego, considerar la crítica expuesta en orden a la fundamentación omisiva de circunstancias atenuantes, las que, al ver de la recurrente, son favorables a los acusados.

Dicho ello, adelanto que en lo que respecta a la crítica de doble valoración, le asiste razón a la impugnante. En el caso bajo examen -como se demostrará-, las mismas particularidades del suceso que se consideraron propias del robo cometido con armas de fuego con aptitud comprobada para el disparo, es decir, encuadrables dentro del tipo penal agravado (art. 166 inc. 2º -primer supuesto- y segundo párrafo del mismo artículo, reforma establecida por ley 25.882), luego se valoraron como agravantes al momento de la individualización judicial de la pena. Adviértase que, si tales circunstancias ya fueron motivo de valoración por parte del legislador al estructurar el respectivo tipo penal, ponderar nuevamente aquellas a los fines de la fijación de la sanción a imponer, importa un ejercicio arbitrario de la señalada facultad discrecional.

En el fallo, se evaluó la particular modalidad del hecho atribuido en coautoría a Blasco y Salazar, resaltándose que la sustracción del dinero y de otros elementos -consignados al tratar la primera cuestión- se ha verificado mediante la utilización de violencia sobre quién a la postre resultara afectado, conducta ésta que por tal motivo ingresa en el ámbito de consideración de la figura típica del robo, el cual se especializa y agrava -destacó el a quo- por el uso de armas de fuego, siendo ellas perfectamente aptas para el disparo, conforme se desprende de la pericia obrante a fs. 188/190, efectuada sobre dichos elementos. En tal dirección, destacó que la conducta emprendida por los coautores Blasco y Salazar, encuentra acabada subsunción en la descripción normativa contenida por el art. 166., 2do. párrafo en función del primer supuesto contenido en el 1er. Párrafo del inc. 2do. del C.P. Igualmente, puntualizó que más que evidente resultó la utilización de las armas oportunamente secuestradas en el procedimiento llevado a cabo por la Policía prevencional (fs. 1/4), armas que fueron efectivamente usadas en el suceso referido, cumpliéndose acabadamente la exigencia legal de la objetividad demostrada de su existencia al momento del ilícito, y su posterior comprobación del buen funcionamiento de ellas, cumpliéndose además el requerimiento subjetivo en los autores, es decir, el conocimiento de la circunstancia apuntada, condición insoslayable en los delitos de naturaleza dolosa. En idéntica dirección, el sentenciante resaltó que las armas de fuego utilizadas en la ocasión ilícita comparten el contenido conceptual genérico de arma, particularizándose su condición "de fuego" al consistir su mecánica en la emisión de proyectiles por un proceso de detonación o deflagración (art. 3º inc. 1º del Decr. 395/75 -reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, Nº 20.429 -, define Arma de Fuego). Consecuentemente con lo analizado, el juzgador catalogó la conducta delictiva atribuida a los encausados Blasco y Salazar dentro de la calificación legal de Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego con aptitud comprobada para el disparo, en los términos del art. 166 inc. 2º, 1er. supuesto del primer párrafo y segundo párrafo del Código Penal. Es decir, que este cúmulo de circunstancias, fueron valoradas a los efectos de encuadrar el comportamiento de los imputados Blasco y Salazar, en la figura agravada de robo cometido por el uso de arma de fuego apta para el disparo. Sin embargo, al momento de la individualización judicial de la pena, el voto de la mayoría del tribunal ponderó como circunstancia agravante -aunque sin mencionarla como tal-, las mismas particularidades anteriormente justipreciadas. Así, a criterio de dicho voto, funcionaron como agravantes, entre otras, la extrema peligrosidad de los acusados -Blasco y Salazar-, al haber actuado utilizando un arma de fuego de grueso calibre (9 mm), amedrentando a su víctima y dejándola atada e indefensa procurando así, su impunidad. El examen de los fundamentos utilizados por el tribunal de grado para justificar las sanciones penales impuestas a los acusados, permite concluir que se ha considerado indebidamente la utilización de armas de fuego como un elemento agravante, pues esa particular circunstancia opera como un elemento calificante del delito enrostrado, a partir de la reforma establecida por ley 25.882.

En consonancia con lo sostenido reitérese que, al subsumir la conducta del imputado en el art. 166 inc. 2º, primer supuesto del primer párrafo y segundo párrafo del mismo artículo del Código Penal, en virtud de haberse comprobado la efectiva utilización de un arma de fuego apta para sus fines específicos, el Tribunal se encuentra inhabilitado para ponderar el poder vulnerante de dicho objeto como pauta mensurativa al momento de fijar el monto punitivo concreto. Ello, en razón de que todas aquellas circunstancias ya han sido tomadas específicamente en cuenta por el legislador al establecer el tipo penal, por lo que no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena. Su ponderación vulnera el principio de prohibición de doble valoración.- II.c. Desde otro ángulo corresponde ahora considerar, los cuestionamientos efectuados en cuanto a la omisión de valoración de circunstancias que según la casacionista operan como atenuantes. Al respecto debo decir, que, más allá de la razón o no que le asista, advierto que aquí también el tribunal de mérito en el voto de la mayoría ha ejercido la facultad discrecional apuntada de manera arbitraria ya que ha cometido el yerro consignado en los párrafos precedentes, limitándose a nombrar circunstancias que podrían funcionar como agravantes o atenuantes, sin decir de qué modo operan, omitiendo además, explicitar en qué medida repercutieron sobre la mayor o menor peligrosidad de los acusados. Es decir, el sentenciante ha obviado explicitar si se valora a favor o en contra. Advierto además, como bien lo señala el recurrente, que con idénticos fundamentos agravó la situación de Salazar al imponerle distinto marco punitivo -un año más de pena de prisión que Blasco-, sin fundar, ni siquiera mínimamente justificar, tal decisión.

En consecuencia, como lo adelantara, se impone la respuesta afirmativa a los agravios impetrados por la recurrente.

Siguiendo lo sostenido por esta Corte en el precedente Godoy -fallo al que me remito en razón de la brevedad-, entiendo que se deben volver las presentes actuaciones al tribunal a quo, a fin de que funde y adecue la pena impuesta a los prevenidos Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar, teniendo en cuenta lo aquí establecido respecto de las pautas prescriptas en los art. 40 y 41 del Código Penal. Así voto.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo, en su carácter de defensora de los prevenidos Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar, y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, en lo relativo a la motivación de la individualización de la pena impuesta a los mencionados coimputados (art.18 Const. Nac., 208 Const. Prov. y 408 inc. 4° C.P.P.), y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio a fin de que fundamente y adecue la graduación de la pena impuesta a Blasco y Salazar conforme las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal. Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin costas (arts. 536/537 del C.P.P.). Así voto.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo: Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo, en su carácter de defensora de los prevenidos Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar, y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, en lo relativo a la motivación de la individualización de la pena impuesta a los mencionados coimputados (art.18 Const. Nac., 208 Const. Prov. y 408 inc. 4° C.P.P.).- 2º) Remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio a fin de que fundamente y adecue la graduación de la pena impuesta a Blasco y Salazar conforme las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal.- 3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 4º) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del Valle Sesto de Leiva - José Ricardo Cáceres - ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-