Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05


RAMALLO, Bibiana Bracalenti de contra VIRASORO, Roberto Miguel y/u otro Reg.: A y S t 215 p 412-417.

Santa Fe, 5 de septiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los apoderados del codemandado Roberto Miguel Virasoro contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2004 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "RAMALLO, Bibiana Bracalenti de contra VIRASORO, Roberto Miguel y/u otro -Ordinario- (Expte. 381/03)" (Expte. C.S.J. nro. 26, año 2005); y, CONSIDERANDO: Por decisorio de fecha 28 de julio de 2004 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió rechazar el recurso de nulidad y hacer lugar parcialmente al de apelación, condenando al codemandado doctor Roberto Miguel Virasoro a pagar a la actora, dentro del término de diez días la suma de pesos 45.000.- en concepto de reparación del daño moral e interés conforme a la tasa mixta -activa y pasiva- que aplica el Banco de la Nación Argentina desde la notificación de la sentencia y hasta el efectivo pago, con más la suma que resulte del informe que se solicitará al Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario para que indique el valor actual que corresponda a esas prácticas, gastos de internación y demás realizados en el año 1983 por la actora según las constancias de autos, con un interés del 6% anual desde que se realizaron los gastos y hasta el efectivo pago, confirmándola en lo demás.

Dispuso las costas en razón del resultado a cargo de la actora respecto del codemandado Instituto Médico de Diagnóstico y Tratamiento S.A.; y en relación al codemandado Virasoro en un setenta por ciento a su cargo y el treinta por ciento restante a cargo de la accionante.

Contra dicho pronunciamiento interpusieron los apoderados del doctor Virasoro recurso de inconstitucionalidad invocando la concurrencia de los supuestos previstos en los incisos 2 y 3, del artículo 1ro., de la ley 7055.

Al referir a los agravios que les ocasiona el fallo atacado manifestaron ante todo que no existen constancias en autos que demuestren o prueben que su representado no haya desechado la posibilidad de una infección puerperal.

Por el contrario, siguieron, está probado que la actora frente a la orden de internación y análisis que le diera para profundizar los estudios y efectuar las interconsultas, decide sin mas consultar a otro médico, quien sin apartarse de lo dicho por Virasoro aconseja la internación de la señora de Ramallo, consignando en su certificado que se encuentra con un cuadro de depresión medular y además pone con signos de interrogación infección, por lo que tampoco asevera este otro médico, con el examen clínico domiciliario que la paciente tiene una infección.

Agregaron que el perito oficial expresa que la paciente al momento de la consulta con el profesional médico Ramírez Zelaya no revestía extrema gravedad, ni tampoco cuando ingresa al Sanatorio Parque y que los médicos rosarinos internan a la paciente con diagnóstico de leucopenia aguda por lo que no presumen la sepsis puerperal.

Por otra parte sostuvieron que el fallo presenta como una situación concomitante al alta sanatorial las molestias y fiebre que presentaba la actora en las visitas domiciliarias del doctor Virasoro, lo que no es así, pues la paciente se retira del sanatorio sin fiebre y sin mayores molestias como lo consignan las historias clínicas, por lo que no existiendo fiebre desde la cesárea no se puede diagnosticar infección.

Destacaron que la fiebre apareció en el domicilio de la paciente el día 13.11.1983 y no como sugiere el considerando, cuando todavía no estaba dada de alta médica. Como la fiebre podía obedecer a múltiples factores y ante su persistencia y falta de respuesta a los antibióticos, la orden de practicar análisis bioquímicos de urgencia no está cuestionada como practica desacertada para enfocar el diagnóstico. Con dicho resultado -siguieron- vuelve el doctor Virasoro a reiterar la orden de reinternación dada el día anterior para ampliar los estudios y precisar el diagnóstico y el tratamiento adecuado.

Añadieron que en ese estado la actora al consultar con el doctor Ramírez Zelaya y confirmarle él la necesidad de internación, rescinde unilateralmente el contrato que la unía al doctor Virasoro al decidir, de motus propio, internarse en el Sanatorio Parque de Rosario, haciendo lo que le ordenara éste, pero dos días después, por lo que hubo una conducta negligente por parte de la accionante que contribuyó al deterioro de su salud, impidiendo a su vez que el doctor Virasoro efectuara los estudios que eran necesarios para realizar el diagnóstico que el fallo atacado le exige.

Afirmaron que todos los testimonios médicos y la pericial coinciden con Virasoro en la necesidad de la reinternación para efectuar los estudios que posibilitaran un diagnóstico certero y que la Sala confunde diagnóstico provisorio con definitivo.

Senalaron que en la sentencia se tergiversa el contenido de una pregunta de la audiencia confesional y su respuesta e insistió en que no hubo diagnóstico tardío ni omisión al debido seguimiento post operatorio del paciente conforme consta en autos.

Refirieron a las historias clínicas y sostuvieron que no hay contradicciones en las mismas, que resulta incongruente el tratamiento dado a éstas y arbitraria la razón de su descalificación.

Destacaron que la fiebre en la paciente no existió y que no se retiro con trastornos, sino con anemia para seguir con tratamiento ambulatorio.

También dijeron que los agravia que en la sentencia cuestionada se sostenga que no está probado que el Dr. Virasoro ordenó la internación el 15 de noviembre, cuando esto está confeso en autos por la actora y suficientemente analizado en la sentencia de Primera Instancia.

Por otro lado manifestaron que igualmente está probado que la exención de responsabilidad por culpa de la víctima o de terceros fue introducida al contestar la demanda. Agregó que al producirse la prueba, tener la constancia indubitada de la historia clínica, testimoniales médicas brindadas y pericial médica efectuada, la conclusión arribada en el alegato no podía ser otra: la hipótesis de probabilidad expresada al contestar la demanda tenía certeza en cuanto a que la histerectomía por la cual se pretende lograr indemnice Virasoro a la actora no es atribuible a su conducta, sino que fue desencadenada por culpa de la víctima o de terceros.

Luego de referir a lo acontecido a partir de la internación en la ciudad de Rosario concluyeron que la conducta seguida por los médicos que atendieron a la señora de Ramallo fue desmesurada teniendo en cuenta el estado de la paciente al ingreso y son ellos los responsables de la mutilación de su órgano y por consiguiente del daño causado. A su entender no existe nexo causal entre el actuar del Dr. Virasoro y lo decidido por el Dr.

Roncoroni y su equipo.

La culpabilidad de la actora -aclararon- no radica en haber resuelto internarse en un lugar distinto sino en la demora al hacerlo a las 48 horas, lo que desembocó en la histerectomía que podría haberse evitado con una correcta evaluación ginecológica a su ingreso y sin mediar una maniobra agresiva como el raspaje.

Afirmaron también que atribuirle falta de control y seguimiento al doctor Virasoro contradice las constancias de autos y que tampoco para el doctor Ramírez Zelaya el cuadro infeccioso se mostraba franco.

Por parte señalaron que la prueba pericial debe ser tomada en su integridad y no aisladamente y que se agravian por cuanto la Sala estimó configurado con posterioridad al parto mediante operación cesárea un incumplimiento de los deberes médicos por parte del codemandado Virasoro.

Reiteraron que la actora rompe el vínculo contractual sin haberle dado éste el alta médica, que no hubo diagnóstico desacertado ni tardío y que la sepsis generalizada que lleva a la intervención quirúrgica es producto del legrado y no de las prácticas médicas anteriores. En otro orden de ideas, y al referir a la implicancia constitucional de sus planteos, aseveraron que el fallo reviste gravedad institucional porque desnaturaliza la esencia del contrato bajo examen al despojarlo de su carácter personalísimo abarcando en el riesgo médico conductas de otras personas con las que el demandado no tiene ninguna identificación ni relación contractual alguna, lo que obligaría a cualquier compañía de seguro a hacer nuevos cálculos actuariales de costos, primas y premios. Por último se agraviaron por la condena a pagar las sumas que abonara la actora al Sanatorio Parque y a sus médicos por entender que no existe responsabilidad del doctor Virasoro y por no corresponder su pago y por la imposición del 70% de las costas como consecuencia de la condena parcial que ella establece.

2. Por decisorio de fecha 28 de diciembre de 2004 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto con fundamento -esencialmente- en que el escrito recursivo solo evidencia disconformidad respecto de la decisión tachada de arbitraria, sustentada en una diferencia de criterio y de interpretación de la cuestión, pruebas y normas aplicables, pero que no traspone el umbral de una mera expresión de agravios.

Y, por que lejos de observar en su contenido la necesaria autosuficiencia formula observaciones fragmentadas de la resolución impugnada pareciendo olvidar el impugnante que el recurso de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia. Tal denegatoria motivó la presentación directa de los comparecientes ante esta Corte.

3. Ante todo corresponde señalar que si bien los quejosos invocan en sustento de su impugnación la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 2do., de la ley 7055, lo argumentado al respecto no autoriza a tener por configurada dicha hipótesis que exige que en autos que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él.

Cabe aquí recordar que reiteradamente ha sostenido esta Corte que de ningún modo dicha hipótesis legal admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales. Así entenderlo sería superponer el inciso 2do. con el 3ro., o peor aún, tornar a este último innecesario e inoperante.

Es, pues, por lo demás claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción (Cfr. A. y S. T. 67, pág. 454; T. 103, pág. 261; T. 104 pág. 169, entre muchos otros).

Por ello, la totalidad de los planteos recursivos serán analizados bajo la óptica del supuesto previsto en el inciso 3ro. del citado artículo.

Aclarado ello, cabe afirmar que la confrontación de la totalidad de los agravios esgrimidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos de la sentencia recurrida -realizada con los autos principales a la vista, los que fueron solicitados como medida para mejor proveer- conducen a concluir que las hipótesis de arbitrariedad articuladas por los impugnantes carecen de idoneidad para lograr la descalificación de lo decidido por la Sala en esta instancia de excepción.

Ello así desde que los vicios invocados sólo reflejan la mera disconformidad de los comparecientes con la conclusión arribada por los juzgadores en ejercicio de funciones propias, al hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la actora, luego de valorar los hechos, y las pruebas con respaldo en el derecho aplicable al caso, lo que no configura cuestión constitucional.

Al respecto el más Alto Tribunal Nacional señaló que no habilita la instancia extraordinaria la discrepancia del apelante con el criterio seguido por los jueces de la causa en materia fáctica, probatoria y jurídica, insuficiente para respaldar la tacha de arbitrariedad (Fallos 306:738). Como así también esta Corte señaló que es inadmisible el recurso si lo que se pretende es reabrir el debate sobre la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba (Cfr. A. y S. T. 76, pág. 16, por todos).

Por otra parte, no debe olvidarse a la hora de dar respuesta a los planteos recursivos de quien se queja que la naturaleza de la presente instancia extraordinaria veda a este Tribunal ad quem examinar el acierto o error del pronunciamiento impugnado, debiendo limitarse a controlar su adecuación al ordenamiento jurídico fundamental, pues no debe perderse de vista que el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad no autoriza a sustituir a los jueces de la causa en la interpretación y aplicación del derecho, ni en la ponderación del material fáctico y probatorio del litigio (Cfr. criterio de A. y S. T. 140, pág. 49).

A la luz de tales lineamientos, la lectura del pronunciamiento impugnado revela que, a pesar de la crítica minuciosa efectuada por los recurrentes, asentada en su particular postura, aquél no adolece de ninguno de los vicios invocados desde que los sentenciantes arribaron a una solución posible -aun cuando pudiera entenderse opinable-, debidamente sustentada en el análisis de las pruebas obrantes en autos y sin apartarse del derecho aplicable a las particulares circunstancias del caso.

La Sala, a la hora de condenar al codemandado Virasoro a pagar a la actora la suma que indica en concepto de daño moral y gastos por prácticas médicas, internación y demás realizados en la ciudad de Rosario en el año 1983, inició la fundamentación de su fallo teniendo en cuenta los términos de la demanda, en donde se alude a que la culpa no se imputaba por la complicación séptica que sufriera la actora y que derivara en una historoctomía total, sino en la impericia en diagnosticarla, como así también consideró lo resuelto por el Juez de Primera Instancia y los agravios que ello provocó en la apelante.

Siguió con el análisis del vínculo que unió a las partes, el derecho aplicable al mismo y la noción de culpa y carga de la prueba en el caso concreto de los profesionales, para ingresar inmediatamente después al análisis concreto del caso. Afirmó que valorando las pruebas producidas no puede concluirse la presencia de la acusada impericia y negligencia en lo que podría llamarse la primera parte de la intervención del galeno. Luego de fundar tal afirmación señaló que resulta opuesta la conclusión relacionada con el período pos-operatorio y pasó al tratamiento de este tema. Consideró con apoyo en el informe pericial que no caben dudas de que el foco infeccioso existió y que la actora dadas las alternativas del parto distócico, consecuente operación cesárea, pérdida de sangre y anemia se encontraba en riesgo de infección, lo que lleva a centrar la responsabilidad no en la adjudicación de la causa de la infección sino en la ausencia de un diagnóstico oportuno y eficaz tratamiento.

A su entender, el profesional médico enfrentado al cuadro de situación descripto debió extremar el deber de cuidado y previsión y no conformarse con la sola información extraída de análisis de sangre que marcaban una situación normal de glóbulos blancos, para desechar toda probabilidad de existencia de una infección puerperal. Continuó su pronunciamiento fundando sus consideraciones en las particularidades del caso, con apoyo en la prueba aportada, justificando la forma en que se valoró la misma, como así también en doctrina y jurisprudencia que entendió aplicables. Por otra parte, atendió al planteo de la demandada en cuanto atribuye a la paciente culpa por no haber acatado la orden de reinternación, considerando que se trata de una afirmación de la defensa sin prueba que lo corrobore; y en cuanto pretende derivar la responsabilidad de la consecuencia dañosa, la historoctomía, en la propia víctima y en los médicos que realizaron la intervención en la ciudad de Rosario, planteo que también rechaza, mas allá de considerar que fue introducido fuera de la oportunidad procesal correspondiente, por falta de pruebas que lo corroboren.

Estimó, en definitiva, respecto del codemandado Virasoro, con posterioridad al parto mediante operación cesárea, la existencia de un incumplimiento de los deberes médicos determinando una actuación negligente, descuidada y omisiva. Y, con cita de doctrina (Bueres), entendió, en suma, que el médico resulta responsable "...en caso de que cometa un error objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase" (f. 21 vto.). Hizo, pues, lugar parcialmente a la demanda y condenó a pagar los rubros cuyo procedencia entendió probada.

Y, frente a lo resuelto, los comparecientes se empeñan en hacer prevalecer su propia visión del caso, apoyada en su particular valoración de los hechos, prueba y derecho, insistiendo en la ausencia de responsabilidad por parte del médico demandado, más con planteos que aunque basados en la existencia de supuesta arbitrariedad (como ser, omisión de valorar prueba decisiva, falta de tratamiento adecuado de la controversia, invocar prueba inexistente, apartarse de las constancias de autos, invertir la carga de la prueba, violar la garantía del debido proceso), solo denotan -mediante críticas fragmentadas de la sentencia impugnada-, la mera disconformidad con lo decidido por los jueces de la causa en ejercicio de sus funciones.

Es que como ya se adelantara, al margen del grado de acierto o error en lo resuelto y aunque lo decidido pueda resultar opinable, no corresponde que esta Corte sustituya a los jueces ordinarios en la valoración de los hechos, prueba y derecho. Por ello, a pesar de las críticas esgrimidas por quien recurre, al no demostrase la efectiva configuración de alguna causal de arbitrariedad que torne descalificable constitucionalmente lo decidido, la vía prevista en la ley 7055 resulta inadmisible.

Resta agregar que las genéricas quejas vinculadas con los rubros condenados a pagar resultan insuficientes para persuadir que la Sala al fallar se haya apartado de lo peticionado y probado en las instancias ordinarias del proceso. Igualmente debe desecharse sin más trámite su agravio vinculado a la imposición de costas desde que siendo éstas consecuencia de lo resuelto, los impugnantes ni siquiera intentan demostrar que el porcentaje atribuido a su parte resulte ilógico o infundado.

Por último tampoco se advierte configurado un caso que revista gravedad institucional ya que lo debatido y decidido en el caso no trasciende el mero interés de las partes en litigio (cfr. "Muriel",A. y S. T. 140, pág. 128, por todos).

En suma, a pesar de los agravios articulados a lo largo del escrito recursivo, cabe concluir que nos encontramos frente a una sentencia que respeta la exigencia constitucional contenida en el artículo 97 de la Carta Magna local, dado que la motivación suficiente exigida por la Ley Suprema no impone un cartabón de "quantum", sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto.

Es decir, no existe una medida en la fundamentación de la sentencia judicial, sino bastará que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes, debida fundamentación o sustento necesario como condición de validez, lo que acontece en el caso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para los recurrentes el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)