Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14


Expte. n° 9155/12 "Fernández, Serafín Eduardo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Fernández, Serafín Eduardo c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/cobro de pesos'" Buenos Aires	14 de agosto de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Sr. Serafín Eduardo Fernández interpone recurso de queja contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que dedujera, dirigido a cuestionar el fallo de la Sala con relación a la omisión en pronunciarse respecto de agravios planteados contra la sentencia de primera instancia.

En la queja, el recurrente señala que la omisión del fallo de la Cámara a quo de establecer intereses para la deuda que reconoció la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante OSBA) con su parte, afecta la garantía constitucional de la propiedad, y que la determinación de la tasa pasiva (por el período en la que fue establecida) desconoce la tutela constitucional de los créditos laborales y alimentarios. Considera, por ende, que el recurso plantea en forma adecuada cuestiones constitucionales que el Tribunal debe considerar.

2. En autos, el actor promovió demanda contra la OSBA persiguiendo el cobro de una suma a determinar, en concepto de diferencias salariales no abonadas por la demandada con posterioridad a la reliquidación de su retribución como Vicepresidente del ex IMOS -cargo en el que se desempeñó desde el 25/11/97 hasta el 02/12/99- reconocida por Resolución n° 7/01 de la Comisión Normalizadora de la OSBA, que estableció las pautas para su determinación.

Manifestó que había cobrado la suma de $ 45.000 en cuatro pagos y reclamó las diferencias que consideró se le debían a partir de la mencionada reliquidación.

3. La jueza de primera instancia consideró que se adeudaba al actor la suma de $ 5.284,86 por las diferencias salariales reclamadas. Fijó los intereses a partir del 20/3/2002 (fecha del último pago parcial que el actor percibiera de la OSBA) y estableció que dichos intereses se calcularían de acuerdo con la tasa pasiva que publica el BCRA, salvo para el período marzo-septiembre de 2002 en el que se debía considerar la tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina (fs. 396/398 de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa).	4. Ambas partes apelaron el fallo. El actor atacó la decisión de primera instancia porque, a su entender, se apartaba de la prueba pericial y tomaba en cuenta elementos que no podían considerarse prueba documental regularmente incorporada al proceso. También cuestionó el inicio del cómputo de los intereses y la tasa aplicable fijados en la sentencia. La OSBA se agravió de la forma en que fueron impuestas las costas.

En cuanto a lo que ahora interesa, la sentencia de la Sala II hizo lugar parcialmente al recurso del actor y dispuso que la demandada le pagase las diferencias establecidas de conformidad con lo que surgía del dictamen del perito contador, confirmó la decisión de primera instancia en materia de intereses, excepto respecto de la tasa aplicable para el período posterior a enero de 2005, al que debería aplicarse un coeficiente que resultase del promedio de: (i) la tasa de descuento de documentos comerciales a 30 días publicada por el Banco de la Nación Argentina y (ii) la tasa pasiva que publica el BCRA (fs. 430/435 vuelta). 5. En el recurso de inconstitucionalidad (fs. 441/450 vuelta), cuya denegatoria dio lugar a la queja que da cuenta el punto 1, la actora centró sus agravios en que: (i) se encontraba afectado el derecho de propiedad por no haberse condenado a la OSBA a abonar intereses con anterioridad al año 2002, persistiendo el agravio generado por el fallo de primera instancia; y (ii) se afectaban las garantías del trabajador al establecerse una tasa que no compensaba el deterioro del crédito alimentario.

6. La Sala II resolvió -previo traslado a la demandada que no fue contestado- no conceder el recurso de inconstitucionalidad, por considerar que las cuestiones tratadas en el fallo "quedaron circunscriptas a la interpretación de cuestiones de naturaleza procesal", que la alegada afectación del derecho de propiedad "no guarda relación directa e inmediata con lo decidido" y que las manifestaciones formuladas en el recurso "han sido enunciadas de manera vaga, genérica, y desprovistas de todo contexto predicable al sub lite" (fs. 462 y vuelta).

7. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja por entender que en la queja no se había logrado exponer fundadamente un caso constitucional, en los términos del artículo 27 de la ley n° 402 (fs. 114/116 de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde, José Osvaldo Casás, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg dijeron:

1. El recurrente demuestra que la omisión en que incurrió la sentencia de la Cámara a quo en el tratamiento de los agravios relativos al momento desde el cual debían computarse los intereses aplicables a las diferencias salariales reconocidas, constituye un planteo que, de haber sido tratado oportunamente por los jueces de mérito, poseía aptitud para modificar la suerte del pleito. Por ello considera que dichos agravios involucran de manera directa una cuestión constitucional que habilita la competencia de este Tribunal para revertir la afectación del derecho de defensa del recurrente.

2. En la sentencia de la Cámara se resolvió: "1) Hacer lugar parcialmente al recurso del actor y en consecuencia, 2) Modificar el monto de condena, disponiendo que la demandada deberá pagar en concepto de remanente por diferencias salariales, el saldo que resulte de la pericia de fs. 185 con los alcances señalados en el considerando 11. 3) Confirmar la tasa de interés, salvo para los períodos posteriores a enero de 2005, respecto de los cuales deberá aplicarse un coeficiente que resulte del promedio de: (i) la tasa de descuento de documentos comerciales a 30 días publicada por el Banco de la Nación Argentina y (ii) la tasa pasiva que publica el BCRA. 4) Imponer las costas de esta instancia en un 80 % a la demandada y un 20 % a la actora (art. 65, CCAyT)".

A su turno, de la lectura de la referida sentencia surge que el a quo, luego de tratar el agravio relativo al monto total adeudado por las diferencias salariales reclamadas (en el punto 10) y a la interpretación de las impugnaciones al informe pericial (en el punto 11), se abocó al tratamiento de la queja sobre la tasa de interés aplicable a la suma reconocida, omitiendo examinar el planteo del actor expuesto como 4° agravio a fs. 414 vta., relativo al momento desde el que debían aplicarse los intereses.

Asimismo, de los considerandos del fallo de la Alzada se desprende que al proponer la modificación de la tasa de interés a partir del año 2005, se sostuvo que correspondía confirmar la tasa fijada por la jueza de primera instancia limitándose al "período comprendido entre diciembre de 1999 al día 31/12/04".

2.1. Al respecto, cabe puntualizar que la Sra. Jueza de Primera Instancia dispuso que "el crédito reconocido genera intereses desde que fue debido y hasta la fecha del efectivo pago, estimando razonable fijar como punto de partida el día 20/03/2002, teniendo en cuenta que es la fecha del último de los cuatro pagos a cuenta de la liquidación complementaria final efectuados al actor y la fecha desde la que se registra su crédito como saldo final a su favor pendiente de pago según memorándum de fs. 213. Los intereses se calcularán conforme la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, salvo por el período comprendido entre marzo de 2002 y septiembre de 2002 en el que se aplicará la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina.".

2.2. El actor sostiene que la Cámara omitió pronunciarse respecto del agravio relativo a cuál era el punto de partida del cómputo de los intereses aplicables a las sumas reconocidas en autos. Agrega que dichos intereses debían calcularse desde el vencimiento de la obligación incumplida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código Civil, que, a su entender, habría ocurrido transcurridos cinco días hábiles posteriores a vencido el período que corresponda.

Nótese que la jueza de primera instancia había resuelto que los intereses se aplicarían desde la fecha del último pago efectuado en sede administrativa (producto del reconocimiento formulado en dicha sede).

En ese contexto, el planteo de la parte actora, no fue abordado por el a quo, y por ello, tiene razón la parte recurrente en cuanto sostiene que la Cámara, aun cuando fue puesta en la obligación de tener que expedirse acerca de la cuestión reseñada, omitió hacerlo.

Más aun cuando dicha omisión resultó determinante del resultado del juicio, es decir, modificó sustancialmente el alcance de la condena.

En tales condiciones, su abordaje resultaba ineludible para los magistrados intervinientes, puesto que su facultad de interpretar el alcance de las pretensiones y planteos de las partes, como principio privativa, no llega a la posibilidad de desconocer completamente un cuestionamiento cuyo contenido, dirigido a establecer el alcance de la condena, justifica su examen pese a que pudiera estimarse escueta su formulación ante la primera instancia. 2.3. En el caso, no se encuentra en discusión la regla consagrada en el artículo 622 del Código Civil según la cual "el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella", sino que el debate se presenta respecto del momento en el cual se produjo efectivamente la mora, esto es, en qué momento se produjo el incumplimiento del GCBA.

Para ello resulta necesario examinar la cuestión planteada contando con mayores elementos de hecho y prueba que la jueza de primera instancia pudo ponderar en oportunidad de decidir como lo hizo, cuya materia es ajena a la competencia de este Tribunal En consecuencia, la causa debe ser devuelta a la Cámara para que los jueces de mérito traten el planteo relativo al momento desde el que deben calcularse los intereses correspondientes a las sumas reconocidas en dicha sentencia.

3. En cuanto al agravio inherente a la tasa de interés aplicable, más allá de que la forma en que resuelva el a quo podrá modificar su alcance, aquél carece de entidad constitucional y debe ser rechazado, pues la crítica intentada en este punto no posee entidad suficiente para demostrar una absoluta inconsistencia del razonamiento que funda la sentencia en crisis. Más aun cuando se basó en las razones expuestas por la misma Sala II en el precedente "Pereira de Amaral" (fs. 435, considerando 12.1 de la sentencia), que tampoco la actora se encargó de cuestionar en el recurso de inconstitucionalidad.

Por los argumentos expuestos en los apartados precedentes, y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad planteados por Serafín Eduardo Fernández, sin costas. 2. Revocar parcialmente la sentencia de fecha 23 de febrero de 2012 y devolver las actuaciones a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de los mismos jueces que dictaron la sentencia aquí parcialmente revocada, se dicte nueva sentencia en la que se pronuncien sobre los agravios omitidos.

3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.