marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivera Ferreira, Santa Iris s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-31

Los cheques, rechazados no resultan suficientes para demostrar un estado de impotencia patrimonial capaz de enervar la resolución en recurso, máxime cuando de las constancias bancarias de los rechazos de los cheques surqe que dichos rechazos lo fueron por no haber fondos suficientes acreditados en cuenta para su pago, estando en consecuencia, la cuenta corriente abierta.-
Régimen de equipaje, decreto reglamentario, exportación temporaria, importación temporaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Aichele Kretschmar, Rudy Carlos c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

No sólo debe considerarse incluida en el concepto de "vehículo" del art. 59, inc. b) del decreto 1001/82 a la embarcación en la cual el viajero arribó al país, sino también a aquélla "destinada a ser utilizada" por aquél.
Estafa, falsificación de instrumento privado, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, MARTA E. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-18

Cometió el delito de estafa, art. 172 del CP, quien suscribió un contrato comprometiéndose a transmitir por venta, el dominio exclusivo de un departamento sometido al régimen de propiedad horizontal y libre de todo gravamen, cobrando por ello parte del precio, cuando en realidad sólo era titular de una parte indivisa del bien, siendo que además existían deudas impositivas impagas y un embargo sobre dicho inmueble, con lo cual la venta no pudo concretarse. Probado el ardid, aun ante el error de la víctima, que llevó al perjuicio, se configura el tipo penal del art. 172 del CP, pues lo esencial es dicho perjuicio más allá de cuan diligente puede ser en los negocios, quien lo sufrió, toda vez que, junto con la propiedad, que es el bien jurídico protegido principal está el bien jurídico que protege la buena fe en los contratos arts. 953 y 954 del C.C.
Nulidad procesal, defectos del procedimiento, declaración indagatoria, abstención de declarar, garantías procesales, debido proceso, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Leonardo y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No debe confundirse el respeto a los recaudos que tienden a asegurar la protección del ejercicio de una garantía constitucional con la incolumidad de la garantía misma, pues suponer que una hipotética omisión formal, que no afectó la libre determinación del imputado a guardar silencio, podría causar la nulidad del acto, implicaría convertir a los medios tendientes a proteger el ejercicio de aquella garantía, en una garantía en sí misma, en desmedro del carácter meramente instrumental que tales medios revisten.
Costas, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA JULIO c/ PANIGATTI RITA GUADALUPE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-13

Aún en los incidentes, la condena en costas configura una obligación que sólo puede imponerse a las partes en sentido material del pleito, es decir, a los sujetos titulares de los intereses litigiosos, y no a quienes se limitan a "hacer" el proceso en beneficio de aquéllos, como son justamente los abogados.-
Concurso preventivo, partes
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: AUTOLATINA  ARGENTINA  S.A.  RECURSO DE REVISION EN SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS LIMITADA - CONCURSO PREVENTIVO s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-12

En el trámite del art. 21 de la Ley 19551 (art. 20 de la Ley 24522) el co-contratante in bonis no es parte, pero ello no excluye su facultad de intervenir como tercero voluntario y de interponer recursos ya que: a) si la ley concursal no lo prevé, tampoco lo prohíbe y b) tal facultad es reconocida en todos los ordenamientos procesales vigentes de aplicación supletoria de acuerdo a lo que dispone la normativa concursal en la medida en que no afecte el principio de celeridad. El recurso de revisión, en principio, carece de efecto suspensivo.

En consecuencia, pudiendo configurarse el vicio que invoca el contratante in bonis como fundamento del recurso de revisión interpuesto, corresponde concederlo.-
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: P. P. J. c/ G. L. A. s/ dif. de hab. e indem. de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10

La apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado -más todavía en materia laboral- constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, por lo que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución.
Daños y perjuicios, tasas de interés, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: De Barba, Rino c/ Loureiro, Carlos Eduardo s/ daños y perjuicios (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-07-06

"Cuando las sumas de condena representan obligaciones de valor cuantificadas al momento de la sentencia, no existe ningún impedimento de aplicar a las mismas una tasa pura de interés, desde el momento en que el perjuicio se produjo y hasta la fecha de la sentencia de Primera Instancia; ya que la misma está destinada a retribuir el uso del capital" (cf. STJRNS1 Se. 100/16 "TORRES"; Se. 04/18 "TAMBONE"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

La indemnización de daños y perjuicios derivados tanto de hechos ilícitos (responsabilidad aquiliana) como del incumplimiento de las obligaciones contractuales, debe fijarse en función de los valores vigentes a la fecha de la sentencia, pues de lo contrario se desvirtuaría el principio según el cual se debe a la víctima una indemnización plena o integral, conforme a las pautas del derecho común. A su vez, la circunstancia de fijar el monto de la indemnización conforme a valores actualizados no crea incompatibilidad con la condena al pago de intereses toda vez que en un caso se atiende al capital, y en el otro a sus accesorios para permitir así reparar el perjuicio ocasionado por la imposibilidad de su uso. Se contempla entonces la integridad del resarcimiento debido y también la obligación accesoria del pago de intereses por la privación del capital adeudado.
Prescripción, plazo, honorarios, honorarios del perito, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL
Carátula: TABOADA, ROBERTO c/ BUSCH, ADOLFO s/ LIQ. SOC. (ORD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

El plazo de prescripción aplicable respecto del derecho a salario del perito no es el previsto por el cciv 4032 que rige para abogados y procuradores, sino el decenal contemplado en el cciv 4023. Las razones que determinan la diversidad de régimen, se encuentran fundamentalmente en una hermenéutica literal del precepto involucrado que impide asimilar a los peritos, tasadores, liquidadores, administradores, interventores, veedores y demás auxiliares judiciales con los "empleados de la administración de justicia" a que alude el cciv 4032-1. Y el carácter restrictivo con que todo lo relativo al instituto de la prescripción debe ser interpretado. Si bien podría parecer inicua una diferencia tan abultada en el plazo de prescripción en comparación con los profesionales de la abogacía, no debe olvidarse que la diversa índole de la labor cumplida por cada uno y el carácter meramente ocasional y transitorio del desempeño de un auxiliar judicial justifica un tratamiento menos severo para evitar que la falta de continuidad en el contacto con el expediente irrogue perjuicios al potencial beneficiario del estipendio.
Estado Provincial, bienes, bienes inembargables, emergencia económica, constitucionalidad, deuda previsional, pago en bonos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Marozzi, Eldo Eithel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 33-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-29

No puede considerarse irrazonable la inembargabilidad de bienes del estado provincial y demás organismos oficiales (artículo 23 ley 11696), mientras tenga operatividad el "sistema de pago" que el legislador ha establecido para las "deudas previsionales" (Bonos Previsionales) y que tiene su punto de partida en el mecanismo instituido por ley 11373 y contempla las actuales circunstancias (artículo 26 de la ley 11696).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GALOTTO, CARINA FABIANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6427. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73; y Saez, AyS T 284, p 281/294.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SUIPACHA 1367 c/ PERELMUTER, Alejandro s/ CUESTIONES DE VECINDAD - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-07

La circunstancia de que existan otras construcciones en el edificio en infracción a la ley 13.512 o a las normas reglamentarias que rigen la comunidad, no determina que la pretensión del consorcio configure una conducta que importe un obstáculo de derecho. Ya que las faltas de uno de los copropietarios no son compensables con las de los otros, pues ellas no autorizan a perseguir en una cadena interminable de infracciones que alterarían el orden, que es garantía del derecho generado en la normativa citada.-
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cielos del Sur S.A. s/ Interdicto de recobrar Cumplimiento arrendamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Si la acción estaba destinada a recobrar el uso del cartel solamente por el término contractual que se denuncia como incumplido, es decir por los meses que van desde la interposición de la demanda hasta el vencimiento del arrendamiento convenido, el interés económico objeto del litigio debe estimarse en la suma correspondiente a ese período.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad profesional, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: QUIROAGA ELSA c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL (INCAPACIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-07

La modificación del sistema de presunciones de responsabilidad del empleador que introduce la nueva ley en su art. 2do (ley 24.08) con relación a las enfermedades profesionales resulta irrelevante en el presente caso porque la cuestio]n por la que la demanda no prosperó es previa a tal consideracionn: la inexistencia de prueba sobre la relación de causalidad entre el hecho "enfermedad" o su "agravamiento" la influencia de ello en el trabajo realizado, pues en nuestro ordenamiento jurídico para atribuir responsabilidad, tanto directa como refleja, es necesaria la demostración de la existencia del hecho dañoso y la relación de causalidad entre el daño y el hecho del responsable, como previos a abordar los factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad.
Despido, trámite jubilatorio, notificación al trabajador, caducidad, renuncia de derechos, renuncia expresa
Materia: LABORAL
Carátula: GRECO, Nestor c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Conforme la clara previsión del art. 91 LCT (t.o. dec.

390/76) y al no existir plazo de caducidad de obvia fuente legal para el ejercicio por el empleador de su derecho de concretar por sí el "cese efectivo" luego de agotado el plazo de un año del art.

252 LCT, resulta una derivación razonable del derecho vigente para que pudiere llegar a considerarse no operativo o "caduco" en algún caso aquella prerrogativa del empleador, la exigencia de la retractación expresa y formal por parte de éste a los efectos jurídicos de su denuncia con motivo legítimo, la renuncia del empleador a su derecho así consolidado no debe presumirse. Por ello, en ese contexto jurídico ya no podría seguir hablándose de estabilidad - aún impropia - de quien había alcanzado los recaudos legales para jubilarse. (Del voto del Dr. Morell, en mayoría).
Recurso directo, facultades jurisdiccionales, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: B. S., M. A. c/ CH., N. s/ rescisión o resolución de contrato Sánchez, Graciela c/ Secretaría de Trabajo y Previsión Social s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-09|2019-12-20

Los recursos judiciales son actos procesales en los cuales se formula una pretensión contra un acto administrativo. Por medio de ellos se inicia un juicio administrativo especial o extraordinario. Se trata de verdaderos juicios o procesos cuya misión principal es examinar las pretensiones de invalidez del acto donde el impugnante de la decisión administrativa debería revestir la calidad de actor y la entidad estatal que dictó el acto, la de demandada. Con estos recursos se abre una verdadera instancia judicial.

Los recursos directos ante los tribunales de alzada no deben ser tratados como una apelación. Ello es debido, en primer lugar, a que no existe una continuidad lógico jurídica entre la instancia administrativa y la judicial, y en segundo término porque el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa no es una casación, sino una primera instancia judicial, sin perjuicio de que el medio procesal previsto a tal efecto haya sido denominado recurso.
Quiebra, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SAMPAYO, LUCIA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Cuando el mínimo previsto por la ley 24522 para efectuar la totalidad de las regulaciones de los profesionales intervinientes, esto es, tres sueldos de secretario de primera instancia, por ser este valor superior -en el caso- al 4% del activo realizado, supera el 12% del producido de la realizacion de los bienes que constituye a su vez el maximo legal para dichas regulaciones (art. 267 de la ley 24522); al no ser factible de aplicación la pauta minima fundada en los ingresos del funcionario judicial, cabe estar directamente por el porcentual maximo previsto en la ley (12% del activo liquidado), pues no existe otro modo de conciliar las disposiciones del precepto analizado y de aplicar integramente las directivas contenidas en el mismo.
Recurso extraordinario local, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Axion Energy Argentina S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-14

Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación, por lo que el pronunciamiento impugnado que, al desestimar la apelación por insuficiente, dejó firme la providencia de primera instancia en la que se resolvió que la accionante no se hallaba eximida del pago de la tasa y sobre tasa de justicia y, en consecuencia, ordenó el cumplimiento de las mismas, no reúne aquel carácter en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gómez, Julio c/ Cerámica Martín SA. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Las sentencias de la Corte Suprema han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso o extraordinario.
Cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-20

Ninguna de las argumentaciones esgrimidas pasa de ser una mera discrepancia con lo resuelto por el a quo, ni funda adecuadamente la alegada arbitrariedad, toda vez que no explica ni demuestra acabadamente la imposibilidad de notificar los aumentos de cuota de medicina prepaga con alguna anticipación, o de fijar algún parámetro claro en el marco del cual dichos aumentos serán resueltos. En tales condiciones, el otro agravio relativo a la supuesta arbitrariedad cometida por el a quo en la lectura que hizo de la cláusula relativa a la modificación de la categoría, al entender que no expresaba claramente que la cuota aumentaría con dicha modificación, carece de relación directa con lo resuelto.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores, Dora c/ Angelani, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La relación contractual entre la actora y el codemandado (contrato de transporte de pasajeros) tiñe de un modo especial la responsabilidad de este último, desde que la misma ya no provendría del quebrantamiento del deber general de no dañar a otro, sino, del mucho más particularizado y preexistente a la colisión, surgentes del contrato que lo vinculaba a la primera y, por el cual, se comprometía a transportarla sana y salva a su lugar de destino.
Cuestiones de competencia, ejecución de sentencia penal, tribunal de alzada, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, recurso de casación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si bien de los arts. 18 de la ley 24.050 y 24 del C.P.P.N., surge que la Cámara conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de ejecución penal, se advierte que dichas disposiciones se contraponen a lo normado en el art.

491 del código adjetivo.

La naturaleza del rechazo de la suspensión del juicio a prueba sumado a lo dispuesto al respecto por el art. 491 del C.P.P.N. en el sentido de que contra las resoluciones dictadas en los incidentes de ejecución sólo procederá el recurso de casación, concluyen que la Cámara carece de competencia para conocer en las actuaciones .

El art. 491 de la ley procesal resulta prístino al disponer que sólo procede el recurso de casación contra tales resoluciones y ello luce acertado porque, si bien la decisión recurrida será la dictada por el magistrado a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, la disposición primigenia podría haber sido adoptada en un sumario respecto del cual la Cámara no resulte competente en virtud de lo dispuesto en el art. 24 del ordenamiento ritual.

Se disipa esta eventual desinteligencia, desde que la Cámara Nacional de Casación Penal resulta ser el superior jerárquico común tanto de todos los Juzgados de Instrucción, Correccional y de Menores, como de aquellos que tienen competencia en lo Penal Económico y aún de los Tribunales Orales, tanto de mayores como de menores.

Por ello, debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto.
Recurso extraordinario, jurisdicción, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: LOUGE A BELTRAN Y OTRO c/ GOBIERNO DE SU MAJESTAD BRITANICA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

El Alto Tribunal ha señalado que el recurso extraordinario es formalmente admisible respecto de resoluciones relativas a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, las que deben ser equiparadas a sentencia definitiva a los fines del cumplimiento de los recaudos formales. Además, el sentido de la decisión permite concluir que para el recurrente es éste el momento oportuno para dilucidar definitivamente su agravio -de imposible o insuficiente reparación ulterior-, hallándose en juego la inteligencia de normas legales de innegable naturaleza federal (Fallos 322:2399, 324:1648). Al revestir tales cuestiones importancia internacional -al ser un principio elemental de la ley de las naciones y dado su innegable carácter federal-, corresponde que su inteligencia sea establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Legisamón, Héctor Eduardo, "Enfoque procesal de las defensas de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de les estados extranjeros", publicado en "Revista de Derecho Procesal" 2003- 1, págs. 103/128).
Prueba de informes, plazo de gracia, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PAOLO SESSA c/ ORGANIZACION TOTO INMOBILIARIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

En mérito del criterio de amplitud que debe imperar en materia probatoria, corresponde tener por agregada la prueba informativa, aun cuando se desconozca si el oficio tendiente a producirla, incorporado a la causa el día de vencimiento del plazo para contestar el acuse de negligencia, lo fue dentro de las dos primeras horas del mismo.
Títulos de crédito, principios cambiarios, prueba del pago, presunciones
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AGROINMOBILIARIA SOLARES DEL PARANA S.A. c/ VELLON, Estela Norma s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-15

La posesión de un documento por el obligado cambiario importa una presunción de pago a punto tal que una aplicación rigurosa del principio en materia cambiaria llevaría admitir como prueba idónea del pago solamente la tenencia por el deudor del documento de la deuda, restituido por el acreedor, o bien la constancia asentada en el cuerpo de éste, lo cual se ha atenuado al admitir también a los efectos de la probanza del pago, los recibos con el límite de la precisa imputación.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, testimonio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, María Amalia s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-22

El mero disenso con la valoración de un testimonio brindado en la causa, resulta inhábil para sustentar la casación formal