Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-29


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de octubre de 2010, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Juan E. Fégoli como Presidente y los doctores Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Raúl R. Madueño como Vocales, a los efectos de examinar y resolver los recursos de casación deducidos a fs. 1722/1783 por el Dr. Héctor René Tejerina Ortiz, Defensor Público Oficial de Roberto Oscar Saavedra y de Nora Luján Paez; a fs. 1784/1795 por el Dr. Cristian Barrita, Defensor Público Oficial de Javier Alejandro Almada y a fs. 1799/1814 por el Dr. Leonardo David Miño, Defensor Público Oficial de Alberto Ríos, contra la sentencia de fs. 1691/1692 vta. fundamentada a fs. 1698/1729, de esta causa n 11.807 caratulada "Ríos, Alberto y otros s/ recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 4 de San Martín resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad deducido por la defensa técnica de Javier Alejandro Almada; no hacer lugar a las nulidades planteadas por las defensas de Nora Luján Páez, Alberto Ríos y Javier Alejandro Almada; declarar responsable a Roberto Oscar Saavedra, en orden a los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas, en concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de armas cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada y absolverlo en orden a los delitos por los que fuera acusado, en los términos del art. 4 de la ley 22.278; condenar a Javier Alejandro Almada a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haber logrado su propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas, en concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con armas cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada; condenar a Nora Luján Páez a la pena de diez años y ocho meses de prisión, multa de trescientos pesos, accesorias legales y costas por considerarla autora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización (art. 5 inc "c" de la ley 23.737) en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas, en concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con armas cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada y condenar a Alberto Ríos a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas, en concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con armas cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada, manteniendo su declaración de reincidencia (fs. 1698/1729).

2 ) Que contra ese pronunciamiento, interpusieron recurso de casación el Dr. Héctor René Tejerina Ortiz, Defensor Público Oficial de Roberto Oscar Saavedra y de Nora Luján Páez (fs. 1772/1783); el Dr. Cristian Barrita, Defensor Público Oficial de Javier Alejandro Almada (fs. 1784/1795) y el Dr. Leonardo David Miño, Defensor Público Oficial de Alberto Ríos (fs. 1799/1814).

Los recursos interpuestos fueron concedidos (fs. 185/1816) y mantenidos en esta instancia.

Recurso interpuesto por la defensa de Nora Luján Paez y Roberto Oscar Saavedra.

La defensa planteó la nulidad de la acusación fiscal por no contener "la correspondiente individualización de las conductas de los encausados" (fs. 1773). En tal sentido sostuvo que "el fiscal no ha fundado ni se han precisado, en forma clara las pruebas por las cuáles resulta acreditada la comercialización de estupefacientes por parte de Nora Luján Paez o al menos la tenencia de dicho material prohibido" y que en relación al secuestro tampoco se explicó cual fue la participación que le cupo a su pupila ni se contestó el descargo efectuado por la nombrada en cuanto a que "para aquella época, su hija María Belén Sosa -declarada no punible en la presente causa por ser menor de edad-, se drogaba, andaba en mala junta y para ella era incontrolable" (fs. 1775 vta.).

Añadió que Páez trabajaba todo el día y no frecuentaba la habitación donde se mantuvo cautivo a Rodas.

Asimismo cuestionó la sentencia sosteniendo que carece de la debida fundamentación. Alegó el recurrente que "el tribual realizó una consideración global sin discriminar puntualmente qué elementos se valoraban a los efectos de tener por acreditada la materialidad respecto al secuestro extorsivo de Ricardo Rodas y cuáles para determinar la autoría y participación de cada uno dentro del plan criminal, limitándose a enumerar actas, declaraciones testimoniales -realizando algunas transcripciones de las mismas-, certificaciones actuariales, fotoprints, etc., de las cuales no se desprenden atribuciones concretas" (fs. 1776 vta./1777).

Sostuvo que Páez "no fue vista al realizarse las tareas de observación, al contrario de lo sucedido con su hija Belén" y que los únicos elementos que relacionan a su asistida "con los hechos sub exámine, son ser la madre de María Belén Sosa, vivir en el domicilio donde fue encontrada la víctima y tener en su poder cinco billetes 'supuestamente' provenientes del secuestro". A este respecto apuntó que "para salvaguardar la integridad de la prueba y posibilitar el control por parte de la defensa, el acopio de dinero para el pago del rescate y vuelco de la numeración de los billetes en un acta, podría haberse hecho en una actuación separada o bien requerir la presencia de un escribano público"(fs. 1781 vta/1782).

En relación a la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización añadió que no puede afirmarse que la cantidad sea excesiva ni que la droga le perteneciera a su asistida teniendo en cuenta que "la propia encartada dijo en la audiencia que su hija Belén consumía drogas" y que el a quo no "realizó una valoración seria de la ultra intención, requerida para apartarse de la figura básica del art. 14 de la ley 23.737" (fs. 1777 vta).

Subsidiariamente abogó porque las conductas reprochadas a su asistida sean calificadas como encubrimiento y que de considerarse que tuvo alguna participación "sólo cabe la participación secundaria del art. 46 del Código Penal, ya que no puede aseverarse que Páez haya tenido un remanente de dominio del hecho, en alguna de las etapas del secuestro de Rodas, a lo sumo dejó hacer, motivada en la participación de su hija menor en el hecho" (fs. 1782 vta.).

Por otra parte, planteó la nulidad de la detención de su pupila por ausencia de "orden escrita de autoridad competente lo que no puede subsanarse con la mera enunciación de consulta a los directores de la investigación". Recordó que al momento de esa detención, la víctima ya había sido liberada y que por ello "no existían elementos suficientes para actuar de oficio" (fs. 1777 vta./1778) y que el acta de fs. 77 da cuenta que el juez tomó conocimiento de la medida, una vez transcurrida.

Por las mismas razones cuestionó la detención de Roberto Oscar Saavedra afirmando que "se produjo varios días después de la liberación de Rodas y sin orden judicial" y apuntó que el tribunal oral omitió tratar el planteo. En apoyo de su pretensión añadió que "del legajo no surge que existieran fotografías de Saavedra o una descripción acabada o al menos un dictado de rostro, por lo que no puede legitimarse el procedimiento" (fs. 1780).

Recurso de casación interpuesto por la defensa de Javier Alejandro Almada.

La defensa articuló su presentación por la vía prevista en el art. 456 inc. 2 del C.P.P.N., propiciando la declaración de nulidad del fallo por defectos de fundamentación.

Sostuvo que "no existe en toda la sentencia un desarrollo razonado que, previo tratamiento de las plurales pruebas alegadas en el planteo absolutorio de esta defensa, permitiera acreditar" el conocimiento y la voluntad de Almada para realizar el tipo penal por el que se lo condenó.

Señaló que el tribunal oral desatendió la explicación de su pupilo quien "sinceramente admitió haber receptado la bolsa que le entregara Carla Rodas y que esto sucedió a pedido del identificado como Ezequiel (o Alex), quien se encontraba casualmente en Capital, desconociendo absolutamente Almada el contenido y motivo que se hallaba tras ese favor" (fs. 1787 vta.) y que en este sentido los testimonios de los policías Galleguillo y Morales y el reconocimiento de Carla Rodas, invocados como prueba en la sentencia, respaldan el alegato de la defensa.

Afirmó que aún cuando Almada recibió la bolsa que contenía el pago del rescate, "no intervino en la interceptación y sustracción de Gustavo Rodas, la realización de los llamados extorsivos y su retención o 'cuidado' durante el cautiverio" (fs. 1787 vta.). Agregó que "la eventual intervención de Almada en la gestación y realización del 'plan criminal' al que aludiera el juzgador que culminara con el secuestro de Gustavo Rodas también fue descartada por las propias tareas de inteligencia llevadas a cabo en el 'subexámine'" (fs. 1788) toda vez que el nombre de su asistido no figura entre los sindicados por los investigadores y que "más alla del conocimiento social que tuviera de alguno de los encartados, Almada nunca supo o vio que en la casa de Páez se hallaba cautivo Rodas" (fs. 1789). Al respecto, alegó que las veces que estuvo en ese domicilio permaneció en la planta baja, y que sus dichos se corroboran con el testimonio de la víctima, que relató que cuando lo ingresaron en la casa no había nadie y que luego lo llevaron a una habitación en la planta de arriba donde permaneció hasta que fue liberado (fs. 1789).

Cuestionó también la valoración del testimonio de Galleguillo, afirmando que "el reconocimiento impropio e ilegítimo que practicara en la audiencia respecto de Ríos como la persona que habría recibido la bolsa de manos de Almada carece de todo asidero, más aún cuando a fs. 142 fue todo lo claro y preciso que no fue en la audiencia y afirmó que luego de recibir 'la bolsa blanca que portaba Romina (Carla Romina Rodas)' el sujeto (sería Almada) 'camina por la misma vereda hasta la siguiente esquina, dobla a la derecha siempre por la misma vereda, pasa la bolsa a un N.N. masculino, en calle Pasco y Humberto Primo, el cual resulta ser robusto de 1,70 mts de estatura, cara redonda, cabello ondulado negro, y unos 25 años' quien luego 'saca y tira la bolsa blanca, quedándose con la mochila azul donde se hallaba el dinero del pago' a quien luego inexplicablemente perdió de vista pese a que admitiera estuvo un tiempo más que interesante dentro de la estación de servicio Petrobrás de Entre Ríos y Humberto Primo realizando llamadas desde el teléfono semipúblico que se encontraba en la playa de dicho predio" (fs. 1789 vta.). Cuestionó también los dichos del policía Dito Morales en cuanto sindica a Ríos como la persona que recibió la bolsa de manos de Almada, señalando que se encuentran contradichos "por sus pretéritas intervenciones en la pesquisa" y "sugestivamente aparecen recién en la audiencia junto con las ya descalificadas de Galleguillo" (fs. 1789 vta.). Al respecto recordó que Morales "sostuvo que la persona que recibió la bolsa de manos de Carla Romina Rodas era 'una mujer' y al advertir la sorpresa de los presentes intentó corregir indicando que como vio a esta persona a aprox. 50 metros entendía que 'estaba vestido como una mujer'" (fs. 1789 vta.).

Agregó que la versión de su pupilo en cuanto a que fue "Ezequiel" o "gordo Alex" la persona que le pidió el favor de recibir la bolsa y a quien finalmente se la entregó, resulta corroborada por la circunstancia de que se encuentra probada la intervención de éste en el hecho. A ello adunó que el dinero del pago del rescate no estaba a la vista, ni surge que "Almada hubiera mirado el interior de la bolsa para corroborar su contenido, extremo que, si hubiera estado al corriente de que participaba en un evento delictivo, las reglas de la experiencia permiten sugerir que así habría acontecido" (fs. 1790). Añadió que ello permite sostener que "Alex o Ezequiel, aprovechó el encuentro ocasional con Almada para valerse de él y concretar el pago, sin riesgo para su persona, temperamento que dispuso en ese momento" (fs. 1790 vta.).

Por otra parte cuestionó la atribución de responsabilidad efectuada a su pupilo en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y en poblado y en banda (fs. 1791 vta.). En favor de su pretensión alegó que en la sentencia no se indicó "de qué manera concretamente Almada habría participado en la comisión del delito de robo agravado en cuestión" (fs.1791 vta.).

Cuestionó también el rechazo de su planteo subsidiario relativo a que "el reproche a formular no podía superar los límites de la complicidad o participación secundaria en los términos del art. 46 del C.P." (fs. 1792 vta.). Afirmó que en la sentencia "nunca se explicó por qué el supuesto aporte de Almada resultó 'fundamental' o de 'imperiosa necesidad', ni en que consistió puntualmente su eventual co-dominio del hecho" (fs. 1792 vta.). En este punto, puso de resalto que la conducta de su pupilo "se circunscribió a los escasos segundos de su contacto con la bolsa que le entregara Carla Rodas" y que su "actuación pudo haber sido lograda o fungida por cualquiera de los otros verdaderos coautores cuya intervención en el hecho delictivo previo y su presencia en el lugar se halla suficientemente probada" (fs. 1793).

Por último se agravió de la "omisión de tratamiento de la aplicación del beneficio de reducción de pena previsto en el art. 41 del C.P.". Al respecto argumentó que lo manifestado por Almada respecto de los coencausados "Ríos", "Ezequiel o Gordo Alex", "Páez" y "Willy" "fue expresamente utilizado tanto por el juez de instrucción para disponer el procesamiento de los nombrados" "como por el fiscal federal para requerir la elevación de la causa a juicio" y el "fiscal de juicio al formular su acusación" (fs. 1794).

Recurso de casación interpuesto por la defensa de Alberto Ríos.

La defensa de Ríos puso en crisis la fundamentación de la sentencia alegando que "las circunstancias probadas en la causa no permiten colegir la participación" de su asistido en los hechos que le fueron imputados (fs. 1803).

En lo que respecta al secuestro cuestionó los testimonios que lo vincularon con el suceso, en particular los de la víctima, su hermana Romina Gómez y su madre, María Casilda Alvarez, alegando que se encuentra probada la enemistad de la familia de Rodas hacia su pupilo, la que "tendría que ver con la comercialización de estupecientes -delito por el que se encontraba detenido el padre de Gustavo Rodas al momento en que habrían ocurrido los hechos" (fs. 1805). Sobre el punto añadió que el testimonio de Gustavo Rodas fue inconsistente en lo que respecta a si conocía a Alberto Ríos y a si pudo haberlo reconocido por la voz (fs. 1805).

Asimismo cuestionó el "reconocimiento impropio" de su asistido efectuado en la audiencia por los policías Ricardo Galleguillo y Dito Salvador Morales por considerar que se violó el art. 272 del C.P.P.N. Al respecto añadió que la diligencia "no tenía sentido" toda vez que "ambos manifestaron que no habían visto nunca el rostro de Ríos, sino que vieron, -en relación a la persona que habría recibido el bolso con el dinero, su contextura física" (fs. 1805 vta.). Señaló que Galleguillo en la audiencia dijo que Ríos se parecía al sujeto que recibió la bolsa "en relación a su contextura física en tanto que Morales, que señaló a Ríos, en otro tramo de la audiencia declaró que no vio el rostro de la persona que habría recibido el bolso en segundo lugar" (fs. 1805/1806) y que en definitiva "en el fallo, no se refleja la realidad de lo que verdaderamente ocurrió en cuanto al reconocimiento realizado durante el curso de la audiencia" (fs. 1806).

Subsidiariamente cuestionó el grado de intervención atribuido a su asistido señalando que "la correcta calificación debió ser la de 'partícipe secundario' en los términos del art. 46 del Código Penal" (fs. 1808). Argumentó que su pupilo "aceptó que le 'marcó' a Willy el domicilio de Rodas y le indicó cual era Ricky"; que ello fue "sólo a efectos del cobro de una suma de dinero que se debía" y que por lo tanto Ríos "desconocía que se iba a llevar una privación ilegítima de la libertad mas allá del cobro de una deuda" (fs. 1808 y vta.). Concluyó que su asistido no tuvo dominio del hecho ni lo quiso como propio y que su actividad no resultaba esencial a los efectos del ilícito.

Por último, cuestionó el monto de la sanción impuesta Ríos por considerarlo arbitrario en tanto no se encuentra debidamente fundado y se valoraron sus antecedentes condenatorios en forma negativa, en violación al principio "ne bis in indem".

3 ) Que, en la oportunidad prevista por el artículo 466 del C.P.P.N, el señor Fiscal General ante esta instancia se presentó propiciando, por las razones allí expuestas, el rechazo del recurso de casación.

Por su parte los señores Defensores Públicos Oficiales ante esta instancia, Dres. Eleonora Devoto y Juan Carlos Sambuceti (h), se presentaron en término de oficina insistiendo en los planteos y argumentos efectuados por sus colegas de la instancia anterior (fs. 1836/1339; 1840/1844 vta.), en tanto que la Dra. Laura Beatriz Pollastri, por la defensa de Javier Alejandro Almada, planteó también la inconstitucionalidad de la pena prevista en el art. 170 del C.P.) por considerar que resulta inconcebible que sea mayor a la prevista para el delito de homicidio (fs. 1846/1849 vta.).

4 ) Que superada la etapa prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Raúl R. Madueño y en segundo y tercer lugar los doctores Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Juan E. Fégoli, respectivamente.

El señor juez Raúl R. Madueño dijo:

I- Liminarmente cabe recordar que el Tribunal Oral tuvo por probado que "el día 5 de marzo de 2008, siendo aproximadamente las 00:30 horas, en oportunidad en que Gustavo Ricardo Rodas, Guillermo Almilcar Castillo y Gustavo René Gómez se encontraban en la intersección de las calles Los tulipanes y Las orquídeas, del barrio 22 de enero de Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, fueron abordados por tres sujetos -entre los cuales se encontraba Roberto Wilfredo Miranda-, quienes imprevistamente los apuntaron con armas y los obligaron a arrinconarse contra la pared. Seguidamente, preguntaron por 'Ricky' e identificaron como tal a Gustavo Ricardo Rodas. Previo extraerle del bolsillo de su pantalón las llaves del rodado Peugeot Partner, dominio CUZ 861, que se encontraba estacionado a escasos metros del lugar y despojarlo de dos teléfonos celulares, lo obligaron a subirse a dicho vehículo, donde fue colocado en la parte trasera. En esa ocasión, y luego de apoderarse, también mediante intimidación, de un reloj marca 'Election Prix' que tenía Guillermo Amilcar Castillo en su muñeca, lo obligaron a él y a Gustavo René Gómez, a retirarse del lugar. Posteriormente, los tres sujetos partieron a bordo de la referida camioneta Partner -donde se encontraba Rodas privado de su libertad- hasta llegar al barrio 17 de marzo, cercano a la villa 'San Petesburgo'. Allí se detuvo la marcha del automóvil y, minutos más tarde, luego de dar aviso por radio de tal circunstancia a otros sujetos, ingresaron a un rodado marca Ford Escort, color bordó, que acudió a tal efecto, en el que había otras dos personas -siendo el que viajaba en el asiento del acompañante, Alberto Ríos. En ese automotor trasladaron a Rodas hasta la vivienda ubicada en el Pasaje I, número 4617 de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires -propiedad de Nora Luján Páez-, donde permaneció cautivo hasta el día 9 de marzo de 2008 a las 05:10 horas aproximadamente, ocasión en que fue liberado por personal policial a cargo de la Dirección de Investigaciones de La Matanza. Durante los casi cuatro días que duró el cautiverio, Roberto Oscar Saavedra -junto con la menor Magdalena Belén Sosa- se encargaron de 'cuidar' a Gustavo Ricardo Rodas, en tanto que los demás secuestradores realizaron llamados extorsivos a los familiares de la víctima, a fin de solicitar la entrega de sustancia estupefacientes, dinero y joyas a cambio de su liberación. Así, en horas de la noche del 8 de marzo de 2008, tras un intento anterior fallido, Carla Romina Rodas, en la intersección de las calles San Juan y Humberto Primo, en las proximidades del Hospital Santa Lucía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo entrega de una bolsa conteniendo una mochila con el pago del rescate -consistente en la suma de diez mil pesos, algunas joyas y sustancias tóxicas- a Javier Alejandro Almada, quien a su vez, tras un corto trayecto a pie -aproximadamente cien metros-, traspasó la mochila con el rescate a Ríos". Asimismo tuvo por cierto que "desde fecha incierta y hasta el 9 de marzo de 2008, aproximadamente a las 05:10 horas, Nora Luján Páez tenía, en su domicilio sito en el Pasaje I, número 4617 de San Justo, la cantidad de 2,35 gramos de marihuana fraccionados en dos envoltorios de pape de nylon transparente y ocho trozos cilíndricos -de los comúnmente denominados 'tizas'- de clorhidrato de cocaína que hacían un total de 62,46 gramos, equivalentes a 177,13 dosis umbrales, con pleno conocimiento y con finalidad mercantil" (fs. 1714 y vta.).

II- Sentado cuanto precede, cabe dar respuesta a los planteos de nulidad formulados por la defensa de Nora Luján Páez y de Roberto Oscar Saavedra.

Como expresé en anteriores ocasiones, los arts. 184 inc. 5 , 230 bis y 284 del C.P.P.N. y la ley 23.950, resultan reglamentarios de la cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional.

En tal sentido la normativa procesal precisa -en lo que aquí interesa- las condiciones en las que los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad, pueden disponer la detención y requisa de una persona.

El artículo 284 autoriza la detención aún sin orden judicial "cuando hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención", en tanto que el art. 230 bis para el caso de las requisas establece que el acto debe tener por finalidad "hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas: a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado..." .

Por otra parte el decreto 338/58 -modificado por ley 23.950- autoriza a la policía federal a "detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de veinticuatro (24) horas, a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes" (art. 5 inciso 1).

No debe soslayarse, por un lado que la medidas de coerción llevadas a cabo y cuya validez se examina, constituyen "una severa intervención del Estado" (Fallos:317:1985) en derechos constitucionalmente reconocidos y protegidos y por el otro que han sido realizadas al amparo de la situación de excepción -sospecha de la comisión de un delito- que autoriza prescindir de la orden judicial pertinente.

En tales condiciones, cabe extremar la prudencia al analizar si la actuación del funcionario policial sin orden judicial resulta ajustada a los standards previstos en la legislación procesal, que siempre debe ser interpretada en conciliación con los supremos intereses reconocidos en la Constitución Nacional.

Cabe recordar también, que una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado (cfr. causa n 2723 "Lapalma, A. D. y Lloveras, M. F. s/ recurso de casación", reg. n 3708, del 30/11/2000, de la Sala II de esta Cámara) y por lo tanto la verificación del estado de sospecha supone un análisis ex-ante sobre los elementos de juicio con los que contaba la autoridad policial antes de producirse la detención y la requisa, pues es ese el momento en el que deben estar configuradas las razones suficientes para suponer que una persona ha tomado parte en la comisión de un delito.

La Corte Europea de Derechos Humanos interpretando el artículo 5.1.c. de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sostuvo que "el requisito de que la sospecha tenga sustento razonable forma parte esencial de la garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias. El hecho de que la sospecha sea de buena fe no es suficiente" y que los términos "sospecha razonable" significan la existencia de hechos o información que hagan suponer a "un observador objetivo que la persona involucrada pueda haber cometido el delito" ( Cfr. Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, sentencia del 30 August 1990 y CEBOTARI v. MOLDOVA, sentencia del 13 November 2007 & 48).

A los efectos de evaluar la legitimidad de las medidas cautelares que tuvieron por sustento la existencia de un estado de sospecha de la presunta comisión de un delito, ha de examinarse aquel concepto a la luz de las circunstancias en que tuvieron lugar las detenciones cuestionadas (Fallos 321:2947; 325:3322; 326:41).

Resulta ilustrativo señalar que la Suprema Corte de los EE.UU., en cuya jurisprudencia en la materia ha abrevado la de nuestro más Alto Tribunal (Fallos 321:2947), ha establecido que para determinar si existe "causa probable" o "sospecha razonable" para inspecciones y requisas se debe considerar la totalidad de las circunstancias del caso (the whole picture). Así se pronunció en "United States v. Cortez" 449, U.S., 411, 417 (1981) y en "Alabama v. White", en las que se dijo que en supuestos como los nombrados deben examinarse todas las circunstancias en las que se desarrolló el hecho y que basada en aquéllas, la detención por parte de las fuerzas policiales debe tener por fundamento la premisa de que el sospechoso se halla relacionado con un hecho ilícito.

III- Con arreglo a los criterios supra expuestos no es dable soslayar que en el marco de la investigación del secuestro extorsivo de Gustavo Rodas y de conformidad con la previsión del art. 227 inc. 5 del C.P.P.N., el 9 de marzo de 2008, personal policial allanó la vivienda de Pasaje uno n 4617 del barrio Almafuerte en la provincia de Buenos Aires, diligencia a resultas de la cual se logró la liberación de Gustavo Rodas quien se hallaba en el lugar con los ojos vendados y los pies atados. En el lugar se encontraba durmiendo un menor, de nueve años de edad, hijo de Nora Luján Páez. Asimismo se secuestró, entre otros elementos, diversa documentación a nombre de la imputada y sustancias estupefacientes.

Sin perjuicio de que en ese contexto la detención de Páez se ajusta a lo dispuesto en el art. 284 inc. 3 del C.P.P.N., cabe añadir que el acta de fs. 269/271 vta. da cuenta que la medida fue realizada el mismo día del allanamiento y en cumplimiento de "lo dispuesto por el señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Federal número uno del departamento Judicial de la ciudad de Morón como así también del señor juez a cargo del Juzgado Federal número uno del mismo departamento judicial" y que por otra parte la detención fue inmediatamente comunicada al juez de la causa .

Por las mismas razones corresponde confirmar el rechazo del planteo de nulidad de la detención de Saavedra, toda vez que las diligencias previas realizadas por la prevención, en el curso de las directivas emanadas del juez de la causa sugerían la intervención del nombrado en el hecho (vid. actuaciones de fs.259/260). Por otra parte su detención, el 10 de marzo de 2008, fue inmediatamente comunicada el Juez Federal quien a su vez dispuso la tutela e intervención del asesor de menores, por tratarse de un menor de edad (fs.127).

IV- Tampoco se advierte en la acusación fiscal la invocada "falta de individualización de la conducta de los encausados". De la lectura del requerimiento de fs. 1247/1284 surge que el representante del Ministerio Público atribuyó a los recurrentes ser "coautores penalmente responsables por haber sustraído, retenido y ocultado a Gustavo Ricardo Rodas, junto a otras personas..., mediando un acuerdo previo en el que se distribuyeron distintos roles; con la finalidad de exigir a sus familiares una suma de dinero y la entrega de sustancia estupefaciente a cambio de su liberación, utilizando armas de fuego" (fs. 1248). Se les atribuyó también la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Cabe señalar que la pieza en cuestión contiene un relato pormenorizado de los hechos imputados y precisa los elementos de prueba en los que se sustentaron las imputaciones (fs. 1256/1260). En particular, en lo que atañe a Páez, se señaló entre otras circunstancias que la víctima se encontraba cautiva en la vivienda de su propiedad, el secuestro de entre sus pertenencias de billetes utilizados para el pago del rescate y en lo que respecta a la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el lugar y condiciones en que la droga fue hallada y su cantidad.

De ahí que en relación a las condenas por esos hechos no se verifican, ni se ha demostrado, que la sentencia se haya sustentado en alguna circunstancia no intimada en la acusación y que haya menguado el ejercicio del derecho de defensa.

V- Los recurrentes coincidieron en cuestionar la fundamentación de la sentencia.

En esencia, las argumentaciones expuestas en los recursos involucran un disenso con la valoración de la prueba efectuada en la instancia anterior.

Respecto a las reglas que moderan el mérito del plexo probatorio, en anteriores oportunidades he señalado que nuestro Código Procesal Penal ha adoptado el sistema de la sana crítica racional art. 398, 2 párrafo , que conforme al precepto constitucional que exige que toda sentencia debe ser fundada, requiere que las conclusiones a las que se arriba en el veredicto deben ser consecuencia de una valoración racional de los elementos de juicio colectados, respetándose las leyes de la lógica principios de identidad, tercero excluido, no contradicción y razón suficiente de la psicología y de la experiencia común.

Esta es por otra parte la pauta que impera en los tribunales internacionales en el sentido de que tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fallo (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos in re: Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 parág. 42; Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, parág. 120; Maritza Urrutia vs. Guatemala, sentencia del 27 de noviembre de 2003, párag. 48; y "Herrera Ulloa v. Costa Rica" sentencia del 2 de julio de 2004, parág 57). El principio de razón suficiente implica que las afirmaciones a que llega una sentencia deben derivar necesariamente de los elementos de prueba que se han invocado en su sustento. Son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (cfr. mi voto in re: "Di Fortuna, Juan Marcelo s/ recurso de casación", causa n 3714, rta. el 20/5/02, reg. n 4923 de la Sala II).

El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad.

En este orden de ideas la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de presunciones e indicios en forma fragmentada y aislada, incurriéndose en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado una visión de conjunto ni una adecuada correlación de los testimonios y de los elementos indiciarios, ello constituye una causal de arbitrariedad que afecta las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (L.478.XXI, "Liberman, Susana por sus hijos menores c/Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI ", del 28 de abril de 1988 y J.26.XXIII, "Jaurena, Ramón Avelino s/homicidio culposo" causa n 1192, del 2 de abril de 1992).

En esta línea de pensamiento, Pietro Ellero en sus reflexiones acerca de la certidumbre en materia criminal explica que la certeza es la persuasión de una verdad, la convicción de que la idea que nos formamos de una cosa corresponde a la misma, puesto que siempre que se tiene por verdadera una cosa, hay certeza de ella, pues se trata de una verdad de tal naturaleza que se impone a la mente sin discusión. Así, la certeza constituye aquel estado del ánimo en virtud del cual se estima una cosa como indudable (Pietro Ellero, De la certidumbre en los juicios criminales, Tratado de la prueba en materia penal, Buenos Aires, mayo de 1998, págs. 21, 33 y 318).

De ahí entonces que si de los elementos de prueba reunidos no se puede llegar inexorablemente a la conclusión descripta en la sentencia, significa una afectación al principio de razón suficiente, lo que provoca su nulidad.

Los preceptos sentencia fundada en ley, defensa en juicio y presunción de inocencia que consagran los arts. 18 de la C.N. y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos como derecho fundamental comprenden el de obtener una resolución motivada, que incluye tanto la motivación jurídica, como la que se refiere al análisis y valoración de la prueba como exteriorización del fundamento de la decisión adoptada, a la vez que permite un eventual control jurisdiccional; por lo tanto, si el proceso lógico que sirve para fundamentar una conclusión carece de apoyo en las propias circunstancias de la causa, configura un supuesto de arbitrariedad que compromete el veredicto con afectación de la garantía de defensa en juicio en su más amplio contenido (conf. mi voto en la causa n 1800, "Venezia, José Luis s/rec. de casación", reg. n 2315, del 3 de diciembre de 1998).

En coincidencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos "es conveniente recordar que el acervo probatorio de un caso es único e inescindible" (cfr. casos "Maritza Urrutia supra cit,. Parág. 52; Myrna Mack Chang parág. 128, Bulacio parág. Parág. 57 y Herrera Ulloa parág. 68), y por tal motivo la valoración debe realizarse sobre los particulares elementos de prueba incorporados al caso.

VI- Entrando a considerar la situación de Páez con arreglo a los parámetros antedichos, cabe adelantar que el a quo expuso suficientes razones que validan la participación atribuida a la nombrada tanto en lo que respecta al secuestro extorsivo como respecto a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En lo atingente a este último delito se tuvo en cuenta que la droga se encontraba en su domicilio, circunstancia que no se encuentra controvertida y surge del acta de fs. 170/173. Por otra parte, a partir de la cantidad de estupefaciente secuestrada -64,81 gramos equivalentes a 179, 53 dosis umbrales de consumo-, el modo en que se encontraba acondicionada y fraccionada y los dichos de los coimputados Almada y Ríos se tuvo por probado "que el material prohibido tenía como destino final una o varias transacciones en el mercado marginal del narcotráfico" (fs. 1725 vta.). En este sentido las probanzas señaladas privan de sustento a la versión de Páez que atribuye las sustancias ilícitas a su hija María Belén Sosa por su condición de consumidora.

En lo que respecta al secuestro se tuvo en cuenta que la víctima permaneció cautiva y fue encontrada en la vivienda de Páez.

El a quo descartó fundadamente el pretendido desconocimiento de la situación alegado por la imputada, señalando que "atento a las dimensiones de la finca -sobre las cuales ilustra el croquis agregado a fs. 174- resulta imposible pensar en que Páez no tuviera conocimiento alguno del suceso ilícito que allí se desarrollaba, más cuando su consumación se extendió por un período de casi cuatro días, durante los que Rodas se alimentó, durmió y, tal como él mismo indicara, mantuvo conversaciones con alguno de sus captores, todo ello, en la pequeña casa de la imputada". Además se tuvo en cuenta que Páez tiene dos hijos que al momento de los hechos tenían uno y diez años y cuyas voces fueron reconocidas por Rodas quien señaló que durante su encierro escuchó las voces de los menores "y la de una mujer mayor de edad, a la que este chico Brandon le decía mamá" (fs. 1722).

Tampoco es dable soslayar la circunstancia de que al momento de su detención, Páez tenía en su poder parte de los billetes utilizados para el pago del rescate. En punto a los cuestionamientos que introduce la defensa en relación al modo en que a su juicio debió haberse documentado los datos de los billetes utilizados en el rescate, cabe señalar que no se verifica ni el recurrente ha indicado la concurrencia de algún elemento que ponga en entredicho la verosimilitud del contenido del documento de fs. 251/257, por lo que el agravió habrá de ser rechazado.

En lo que respecta a Roberto Oscar Saavedra, aún cuando resultó absuelto en los términos del art 4 de la ley 22.278, corresponde analizar la atribución de responsabilidad endilgada teniendo en cuenta la declaración de responsabilidad efectuada en la sentencia. La participación del nombrado en el secuestro se probó con el reconocimiento efectuado por la víctima quien señaló que era "la persona que lo cuidaba y le llevaba la comida cuando estaba en cautiverio" (fs. 457). Ese reconocimiento confirmó los dichos del preventor Antonio Martín Sosa en cuanto a que obtuvo información que vinculaba a Saavedra (a) "Tuli" con el secuestro. Sobre el particular cabe señalar que si bien en un principio el nombrado negó responder a ese apodo, mas adelante en la audiencia, frente a la prueba que demostraba lo contrario, lo reconoció.	En cuanto a Almada, su argumentación se dirigió en lo sustancial a cuestionar la valoración de la circunstancia de haber sido quien recibió de Romina Rodas la bolsa conteniendo el pago del rescate. Al respecto el tribunal ha expuesto suficientes razones que demuestran la participación del nombrado en el hecho.

Un primer elemento que corrobora la imputación está dado por el hecho de que se encuentra probado y admitido por Almada, que fue él quien recibió la mochila conteniendo el pago del rescate de manos de Carla Romina Rodas. En redor de ese hecho la defensa adujo que ello ocurrió a instancias de una persona que identificó como "Alex", quien le habría pedido a su pupilo "que le alcanzara una bolsa que era de su prima" desconociendo Almada el contenido y motivo que se hallaba tras ese favor y que una vez recibida la bolsa no fue a Ríos a quien se la entregó, como se indica en la sentencia, sino al mencionado "Alex".

En este punto, se advierte que las circunstancias que rodearon el pago y que fueran relatadas tanto por Carla Romina Rodas como por los preventores que observaron la entrega, restan verosimilitud a la hipótesis de la defensa. En tal sentido cabe tener en cuenta el prolongado derrotero seguido por Carla Rodas, conforme las indicaciones que le daba uno de los secuestradores, y que precedió a la entrega del dinero. Asimismo la nombrada señaló que ni bien entregó la bolsa el sujeto que la recibió la inquirió acerca de si estaba todo y luego le dijo "bueno ahora vas a caminar derecho hasta donde estabas que te van a llamar" (fs. 247). Ese relato priva de sustento a la versión que pretende que Almada desconocía la significancia de su accionar.

A ello cabe añadir que también se encuentra probado que la persona a la que Almada le entrego la bolsa con el contenido del rescate es Alberto Ríos. Ello surge de las declaraciones de los preventores Galleguillo y Morales quienes conforme lo señaló el tribunal oral fueron contestes en apuntar "sin dubitación, a Javier Alejandro Almada y a Alberto Ríos como los individuos que, en primer y segundo término, respectivamente, tomaron la bolsa que contenía la mochila con el dinero, las joyas y el material estupefaciente en su interior" (fs. 1721).

La defensa calificó de ilegítimo el reconocimiento impropio efectuado en la audiencia por los mencionados policías respecto de Ríos. Al respecto, cabe señalar que la individualización de ese imputado, efectuada por los testigos en el marco de la audiencia, constituye una parte integrativa de la declaración testimonial de acuerdo con las previsiones que contiene el capítulo IV del C.P.P.N. y en particular el art. 240 del ibídem en cuanto establece la obligación para el testigo de "declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado". Por tanto, la sola circunstancia de que en el curso de una declaración testimonial, que por definición tiende a efectuar una reproducción de aquello que en algún momento pudo haber pasado por los sentidos del testigo, se señale a una persona como partícipe de la experiencia que se relata, no invalida ese reconocimiento que pasa a integrar el plexo probatorio, cuya valoración se encuentra sujeta a las reglas de la sana crítica.

En este sentido se ha expedido esta Cámara in re: "Vitale, Rubén D. S/ rec. de casación, Sala III, causa, n 18, rta. el 18/10/93 y "Gutiérrez, Víctor W. s/rec. de casación", Sala II, rta. el 3/06/94).

De otra parte, Almada también "reconoció que el día jueves 6 de marzo, cuando Rodas ya estaba cautivo en lo de Páez, estuvo en casa de la nombrada, y lo mismo el día que recibió el pago del rescate" (fs. 1723). Estas circunstancias, unidas a las ya referidas características de la mencionada vivienda restan viabilidad a su versión de que no sabía que Rodas se encontraba cautivo en el lugar y en definitiva a su pretensión de resultar ajeno al secuestro extorsivo.

De lo expuesto, se advierte que la atribución de coautoría a Javier Alejandro Almada en el secuestro extorsivo de Ricardo Rodas, cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación en esta instancia.

En lo que atañe a Ríos, sus cuestionamientos a la sentencia se centraron en la valoración de los dichos de la víctima y sus familiares alegando que se encuentran afectados por la enemistad que guardan hacia su persona y por otra parte, al igual que Almada, en los reconocimientos impropios efectuados por Ricardo Galleguillo y Dito Salvador Morales en oportunidad de la audiencia de debate. En relación a este último planteo cabe hacer remisión a la respuesta dada al análogo, efectuado por su consorte de causa.

Por lo demás, el grado de participación que se le atribuyó en el secuestro se encuentra adecuadamente fundado. Al respecto, se tuvo en cuenta la declaración de la víctima que dijo que estando en cautiverio pudo ver a 'Peco' -Ríos-, "de perfil, a través del reflejo que la luz del pasillo provocaba sobre una ventana, en momentos en que aquél se asomó por la puerta" (fs. 1715 vta.). Por otra parte se tuvo en cuenta que Carla Romina Rodas individualizó a Ríos como una de las personas que vio y le dio indicaciones en el intento de rescate que fue abortado por los secuestradores al advertir la presencia policial (fs. 1716) y que María Casilda Gómez Sosa declaró que la ex mujer del padre de Rodas le dijo que "Peco" le había dicho que iba a secuestrar a Rodas o alguno de sus hijos (fs. 1716 vta.).

Asimismo se valoró que el encartado, admitió haber "marcado" a Ricardo Rodas, aunque negó su participación en el secuestro. En este punto, la postura de Ríos se contrapone con la prueba antes enunciada, tanto con las declaraciones de Rodas y su familia respecto de las cuales, más allá del señalamiento de enemistad que efectúa el encartado, no se advierten inconsistencias, como con los dichos de los preventores que lo reconocieron como quien recibió el dinero del rescate y por tanto corroboran su intervención en el hecho.

El contexto expuesto, demuestra que las conclusiones del Tribunal Oral en relación a la participación que le cupo a los encartados en el secuestro de Ricardo Rodas se encuentran precedidas de un razonamiento lógico, ajustado a las pautas indicadas en el punto V, lo que determina el rechazo de los agravios formulados por las esforzadas defensas. VII- Corresponde analizar la fundamentación del veredicto en punto a la atribución de responsabilidad en orden delito de robo en poblado y en banda mediante el uso de armas cuya aptitud para el disparo no se ha comprobado en concurso ideal con los otros delitos por los que resultaron condenados los aquí recurrentes.

En cuanto al punto se advierte que en la sentencia al indicarse los hechos que se tuvieron por ciertos y las conductas atribuidas a cada uno de los imputados se dice que en la sustracción del reloj de Guillermo Amilcar Castillo y del vehículo y los dos teléfonos celulares de Rodas en la ocasión en que se inició su secuestro, intervino Roberto Wilfredo Miranda junto con otros sujetos cuyas identidades no aparecen precisadas en el fallo.

Si bien en el pronunciamiento se indican aquéllas circunstancias que acreditan la participación de los imputados en el secuestro extorsivo de Rodas y en el caso de Páez también en el delito previsto por el art. 5to inc. "C" de la ley 23.737, se omite precisar cuáles serían los elementos que vincularían a los encartados con la sustracción de los bienes en la que sólo se identificó a Miranda.

Tampoco hay elementos que permitan razonablemente inferir que Páez, Saavedra, Almada o Ríos hayan tenido la intención de apoderarse de los bienes de los sujetos que ocasionalmente acompañaban a Rodas al momento en que se produjo la aprehensión. En efecto en lo que al robo respecta, de las probanzas colectadas no se advierte la concurrencia de una decisión para realizar el injusto ni un codominio del hecho que sustente la coautoría endilgada, sino que los desapoderamientos habrían sido decididos en el momento en que las víctimas fueron abordadas por Miranda y los otros dos sujetos no identificados cuando se proponían iniciar el secuestro de Rodas. Por tal motivo propongo en este punto casar el pronunciamiento recurrido.

VIII- Sin perjuicio de lo expuesto, considero que la modificación de la sentencia con el alcance establecido en el punto anterior, no adquiere proyección sobre el quantum de las sanciones impuestas a los recurrentes.

Ello así por cuanto, en el caso de Ríos, teniendo en consideración el rol de organizador que le cupo en el hecho y la circunstancia de ser reincidente, la pena de doce años de prisión resulta ajustada a los criterios de gradación que informan los arts. 40 y 41 del C.P.

Por otra parte, considero que la valoración de los antecedentes condenatorios de Ríos, como pauta agravante de la sanción se ajusta al artículo 41 del Código Penal en cuanto establece que el juez deberá tener en cuenta la conducta precedente del sujeto. Al respecto cabe agregar que el principio non bis in idem prohíbe la aplicación de una pena por el mismo hecho, pero no impide que al individualizarla judicialmente dentro de la escala penal se tome en cuenta la anterior condena a efectos de valorar el mayor desprecio hacia la pena ya sufrida. Ello también es parte del análisis subjetivo que respecto al imputado realiza el juez y las condiciones personales pueden ser consideradas como indicadores de mayor o menor autodeterminación con que actuó el imputado, por lo que resultan datos de utilidad para cuantificar el grado de culpabilidad (cfr. mi voto in re: "Villarreal, Víctor Hugo s/ recurso de casación", Sala I, causa n 7053, reg. 9096 rta. el 26/06/2006).

En lo que respecta a Páez y Almada se tuvo en cuenta como atenuantes sus complejas historias de vida y en el caso de éste último su corta edad.

Por tal motivo al nombrado le cupo el mínimo de la sanción prevista para el delito por el que se lo condenó y en el caso de Páez teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas y los hechos por los que resultó condenada, la pena de diez años y ocho meses de prisión y multa de trescientos pesos.

Resta señalar, respondiendo a la petición de reducción de pena reclamada por la defensa de Almada, que no se verifican los extremos de hecho que requiere la aplicación de la norma, toda vez que no surge que el nombrado haya aportado la información que permitió conocer el lugar donde se encontraba la víctima privada de su libertad, ni la identidad de los otros partícipes del hecho ni, en definitiva, el esclarecimiento del hecho. A mayor abundamiento y aún cuando lo expuesto es suficiente para rechazar el agravio, no puede pasarse por alto que la atribución de responsabilidad penal a Almada fue efectuada a título de coautor, circunstancia que en los términos del tercer párrafo del art. 41 ter del C.P. en cuanto establece que sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen, obsta a la reducción solicitada.

Por otra parte, la respuesta al planteo de inconstitucionalidad de la pena prevista en el art. 170 C.P. exige tener en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señala que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, y sólo cuando la aversión de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (cfr. Fallos 226:688; 242:73; 263:309; 300:241 y 1087; 305:1304). Por ello, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucionalidad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 303:625).

Así, no resulta suficiente a los efectos de demostrar la inconstitucionalidad que se alega, la comparación en abstracto entre las penas que prevén los arts. 170 y 79 del C.P., si no se demuestra que la sanción que se ataca resulta en el caso concreto violataria de los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad cuya conculcación la defensa invoca. Así, también lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 314:424.

Sin desconocer que las múltiples reformas a la ley sustantiva han mellado la coherencia y sistemática del Código Penal, lo cierto es que en el caso no se advierte que el monto de la sanción que le cupo a Almada por el delito que cometió sea en sí misma irracional o arbitraria. En este punto es dable recordar que la determinación punitiva que contiene el art. 170 del C.P. cuya constitucionalidad se ataca, ha sido impuesta por el Poder Legislativo en ejercicio de la facultad constitucional exclusiva de declarar la criminalidad de las acciones, desincriminar otras, imponer penas, aumentarlas o disminuirlas (art. 75 inc. 12 de la C.N.), y el único juicio que le corresponde hacer al poder judicial es el referente a la constitucionalidad de las leyes sin examinar el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, pues no son puntos sobre los que al poder judicial le quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 313:410; 318:1256), supuestos que en el caso no se advierten.

En el mismo sentido, cabe recordar que el diseño de la política criminal del Estado, en cuyo marco se inscribe la facultad de sancionar normas penales y modificar las existentes, es una cuestión que en el esquema constitucional argentino resulta una facultad ajena al Poder Judicial. La debida observancia de la división de funciones del poder, implica que así como los otros poderes tienen a su cargo la responsabilidad en el diseño de las respuestas más adecuadas a la problemática del delito, los jueces asumen la de aplicar las normas emanadas del órgano legislativo y de garantizar su control de constitucionalidad. Esta tarea reclama el más alto equilibrio de manera de evitar que una diferencia de apreciación en cuanto a la oportunidad o conveniencia de una norma se traduzca en una injerencia indebida de un poder en facultades que son privativas de otro.	Así, no habiendo vicios que afecten la individualización del monto de las penas impuestas, corresponde en esta instancia confirmarlas.

IX- Con arreglo a los fundamentos expuestos voto por hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos, con los alcances indicados en el punto VII de este pronunciamiento y en consecuencia casar la sentencia de 1698/1729 y declarar a Roberto Oscar Saavedra responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas y absolverlo, en orden a los delitos por los que fuera acusado, en los términos del art. 4 de la ley 22.278; condenar a Javier Alejandro Almada a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas; condenar a Nora Luján Páez a la pena de diez años y ocho meses de prisión, multa de trescientos pesos, accesorias legales y costas por resultar autora penamente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas y condenar a Alberto Ríos a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas.

El señor doctor Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso dijo:

Que por sus fundamentos adhiero al voto del doctor Madueño.

El señor juez doctor Juan E. Fégoli dijo:

Que por sus fundamentos adhiero al voto del doctor Madueño.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos, con los alcances indicados en el punto VI de este pronunciamiento y en consecuencia casar la sentencia de 1698/1729 y declarar a Roberto Oscar Saavedra responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas y absolverlo, en orden a los delitos por los que fuera acusado, en los términos del art. 4 de la ley 22.278; condenar a Javier Alejandro Almada a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas -art. 170 primer párrafo in fine e inciso 6 del C.P.-; condenar a Nora Luján Páez a la pena de diez años y ocho meses de prisión, multa de trescientos pesos, accesorias legales y costas por resultar autora penamente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas -art. 170 primer párrafo in fine e inciso 6 del C.P. y 5to inciso 'c' de la ley 23.737- y condenar a Alberto Ríos a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito y por haberse cometido con la participación de tres o más personas, manteniendo la declaración de reincidencia -art. 170 primer párrafo in fine e inciso 6 del C.P.-, sin costas (arts.470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada y oportunamente devuélvase al tribunal de origen sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo.: Juan E. Fégoli, Raúl Madueño y Juan C. Rodríguez Basavilbaso. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende, Secretario.