marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Reyes  Acosta,  Rubén  H.;Herrera  Muñoz,  Joaquín; Maureira Alarcón, Ricardo s/ TENTATIVA DE HURTO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-22

La nulidad de los actos cumplidos en inobservancia de las reglas de la competencia, es de carácter absoluto en tanto afecta la garantía constitucional del juez natural y capacidad del Tribunal.
Régimen de consolidación de deudas, orden público
Materia: ECONOMIA
Carátula: Germán, Arón c/ ANSeS. s/ jubilacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

Las disposiciones de la ley 23.982 revisten el carácter de orden público y son aplicables aun a los efectos no cumplidos de las sentencias (arts. 16, ley 23.982 y 6°, inc. a, del decreto 2140/91).
Agentes de propaganda médica, viáticos, reintegro de gastos de movilidad, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA  SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTIN c/ LABORATORIOS ANDROMACO  S.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La norma establecida por el art. 106 de la LCT al considerar remuneración a los viáticos que no se acreditan por medio de comprobantes, tiene por objeto prevenir el fraude laboral, consistente en evadir obligaciones legales emergentes del salario, pero no puede llevarse al que, por su naturaleza, no lo tienen por estar destinadas a otro fin. En este contexto interpretativo, la compensación por gastos de movilidad que el art. 37 de la CCT 119/75 reconoce a los agentes de propaganda médica, es un viático en los términos analizados precedentemente, que no revela carácter remuneratorio y sobre el cual entonces no puede pretenderse el cálculo de la cuota de obra social.
Contrato de transporte, flete
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOBRERO, HECTOR c/ CERRO NEVADO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

El contrato de transporte terrestre de mercaderías puede ser definido como "aquel por la cual una persona asume la obligación de transferir o hacer transferir una cosa de un lugar a otro, a cambio de una remuneración llamada según el caso, porte, flete, precio, etc." (cfr. siburu, Juan, "comentario del código de comercio argentino", ED. Valerio abeledo, t. iii, bs. as. 1933, p. 167) o bien como "aquel por la cual una empresa porteadora se obliga, mediante el pago o promesa de pago de un porte o flete, a recibir de una persona -denominada cargador- los efectos que ésta le entregare y a transportarlos a un lugar determinado y entregarlos, a su vez, a otra persona llamada destinatario, o al mismo cargador" (cfr. soler aleu, amadeo, "transporte terrestre. mercaderías y personas. su régimen jurídico". ED. astrea, buenos aires, 1980, p. 3).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, fallo plenario, multa, modificación de la tasa de interés, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORIJUNIO SA S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO POR AFIP c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-25

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda incidental de revisión manteniéndose el tope de la multa impositiva del 30% establecido por la magistrada concursal en la sentencia verificatoria general de la LCQ 36. Es que lo que repugna a la moral no es la multa o sanción en sí, sino la magnitud de la pena en cuanto configura un medio de absorción patrimonial del deudor por el acreedor. Desde tal prisma, la admisión del crédito pretendido por el organismo fiscal -en materia de costas- se transformaría en un verdadero menoscabo en perjuicio de los restantes acreedores quienes verían afectadas sus posibilidades de cobro frente a un escenario de quiebra y en base a ello, se sostiene el criterio general de reducción de las multas, en un 30% de su valor pues, el pago de las multas de la magnitud antedicha resultarían de imposible cumplimiento contemplando la situación falencial de la fallida, deviniendo pertinente su morigeración. Si bien es legítima la facultad del Fisco de imponer multas ante la falta de pago oportuno del tributo o contribución, es necesario compatibilizar la excesiva cuantía de la sanción con la naturaleza universal de este proceso y el resguardo que merecen los restantes acreedores.
PERÚ, contaminación por hidrocarburos, desechos peligrosos, pueblos originarios, visita in loco
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 52/2017 - Medida cautelar No. 120-16 -- Pobladores de la Comunidad de Cuninico y otra respecto de Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-02

Varias organizaciones de diversa extracción, solicitaron al organismo de protección interamericano ordene al Perú la adopción urgente de medidas de protección de la vida y la salud de 92 comunidades de pueblos indígenas ubicados en la Amazonia peruana. Los continuos derrames de petróleo crudo y la sucesiva expansión de sus residuos tóxicos -verificados por la Comisión en su visita a la zona-, a más de producir degradación ambiental, afectan en forma directa toda posibilidad saludable de subsistencia humana.
Pago de tributos, tasas de interés, impugnación de la liquidación
Materia: ADUANERO
Carátula: Oleaginosa Río Cuarto S.A. (T.F. 6960-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

La impugnación de las tasas de interés liquidadas establecidas según lo dispuesto por el art. 794 del C.A., no procede cuando el fundamento sustancial desarrollado a los fines de su invalidación sólo toma en cuenta la relación existente entre las tasas y los índices de inflación correspondiente a los períodos en los que aquéllas se encuentran vigentes. (Consid. 3º).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses, jueces, mora, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, HUGO FLORENCIO c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

Respecto de los intereses, la Alzada argumentó que en fallo atacado -en el que se confirmó el accesorio impuesto en baja instancia- se tuvo en consideración la negligencia en la que habría incurrido la demandada por la mora en el pago de las prestaciones a su cargo, y agregó que la aplicación de dichos accesorios constituye una facultad discrecional de los jueces, máxime en el caso en que ello posee la finalidad de reparar con criterio de suficiencia el infortunio del trabajador y en el que se encuentra en juego la integridad psicofísica del referido, y señaló que más allá que se comparta o no la postura adoptada, los mismos no podían tacharse por infundados por cuanto fueron dispuestos a los fines de restablecer el debido equilibrio por el paso del tiempo, aludiendo al proceso inflacionario; aseveraciones que permanecen incólumes, toda vez que las alegaciones de la presentante, en las que se circunscribe a citar jurisprudencia, frente a los argumentos del A quo para rechazar sus agravios, resultan insuficientes en orden a exponer con precisión cual sería la concreta conexión entre los intereses determinados en el caso y la cuestión constitucional invocada. (Del voto de los Dres. Spuler y Gutiérrez)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: D'Acosta, Jorge Domingo s/ Encubrimiento, hurto de automotor en concurso real con reemplazo  ilegítimo de placa individualizante del rodado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Es insuficiente el planteo que, con cita del art. 256 inc. 1 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal, sostiene que las presunciones invocadas para acreditar la autoría responsable no probarían "en forma directa e inmediata el corpus delictum" si los indicios cuestionados no se utilizaron a estos fines.
Nulidad procesal, Ministerio de Menores, falta de intervención
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Sucesorio de Luere Silverta s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3677/96.  (L.A. Nº 40, Fº328/330, Nº 118).- Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3677/96.  (L.A. Nº 40, Fº328/330, Nº 118).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-05-15

Según lo prescripto por el art. 59 del Código Civil, el Ministerio de Menores es "parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados".

Ahora bien, la sanción por su falta de intervención es la nulidad, que si bien es de carácter relativo y por ende convalidable, ello no obsta a que el ministerio de referencia efectúe el planeamiento de nulidad en caso de existir perjuicio para el incapaz, tal como ocurrió en autos, ya que habiéndose dado intervención a aquél, ha pedido la no confirmación del fallo en recurso. Por ello, la falta de intervención del asesor de menores en la instancia precedente, en este sucesorio en el que existe una menor interesada, vicia de nulidad el procedimiento allí seguido.

El proceso civil reconoce entre sus funciones mas elevadas la de crear certeza jurídica en las relaciones existentes entre los hombres; y la confianza que emana de tal certeza, reposa en la debida formación del proceso y en su regular tramitación, que son condición esencial de validez de la sentencia. La garantía de la defensa en juicio consiste en que se dé a la parte una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus derechos. En la especie, la privación de esa oportunidad, al no haberse dado la debida participación no solo al Ministerio Público Pupilar, conforme lo preceptúa el ya mentado art. 59 del Código Civil, sino tampoco al representante legal designado, y al no convalidar el Ministerio citado las actuaciones ante la alzada, comporta la violación de la tutela jurídica constitucional del proceso.-
Sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, excepciones procesales, inhabilidad de título, excepción de pago, ejecución hipotecaria, deudor, mutuo comercial, seguros
Materia: PROCESAL
Carátula: BankBoston   National  Association c/ Rufino, Norberto Edgard yotro. s/ ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Evidencia un excesivo rigor formal que se aparta de las cuestiones debatidas en la causa el pronunciamiento que -con fundamento en la falta de acreditación de la incapacidad absoluta del deudor asegurado- rechazó las excepciones de inhabilidad de título y pago opuestas ante la ejecución hipotecaria, pues los deudores no dijeron haber pagado, sino que exclusivamente pretendieron encontrarse liberados, sobre la base de la configuración de una situación -que intentaron probar prevista en el contrato de mutuo.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, acción de nulidad, acto administrativo, suspensión del beneficio, nulidad de oficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Frías, Sara Alejandra c/ Servicio Penitenciario Federal - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

El organismo incurre en "vías de hecho" si ha incumplido con el debido procedimiento, en donde la administración debe fundamentar debidamente y de forma suficiente respecto a los hechos y al derecho aplicable, ya que de no ser así, el acto tendría un vicio claro y evidente y no podría presumirse que es válido. Caso contrario, se estaría perjudicando de esta manera el derecho de defensa instituido en el art. 18 de la CN, sobre todo en el acto de emisión de actos donde está en juego el otorgamiento o denegatoria de beneficios previsionales de naturaleza alimentaria.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, jueces, deberes y facultades del juez, domicilio, cambio de domicilio, cuestiones de hecho y prueba, Derechos humanos, tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pompas,  Jaime  y  otros s/ p.ss.aa. de defraudación calificada-causa nº 27/00-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

El pronunciamiento que no hizo lugar al cambio de domicilio solicitado por un condenado -más allá de la invocación de tratados internacionales de derechos humanos- se vincula con el análisis de temas de hecho, prueba y derecho común -carácter que ostenta la ley 24.660- y cuya apreciación, constituye, en principio, facultad propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Sentencia no firme, gravamen irreparable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cincotta, Eduardo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

Las decisiones dictadas en el marco de "juicios por la verdad" no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal, sin que el recurrente haya logrado demostrar la existencia de un agravio de imposible reparación ulterior, ni haber sido sometido a declaraciones que violenten la garantía constitucional de prohibición de la autoincriminación, en tanto el recurrente está siendo sometido a un proceso jurisdiccional en el cual ejerce su derecho de defensa material y técnico conforme las reglas del CPPN). (Dres. Diez Ojeda, Hornos, González Palazzo).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, legitimación procesal, hábeas corpus, denunciante, legitimación activa
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Mariani, Clara Anahí s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

Si el amparado no se encuentra presente, el denunciante está legitimado para interponer recurso extraordinario, por lo que es innecesario el tratamiento de los agravios vinculados a los arts. 19 y 22 de la ley 23.098.
Nulidad procesal, principio de trascendencia, agravio concreto
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Touriñan, Norma Susana y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

En materia de nulidades procesales impera el principio de trascendencia, que impide declarar la nulidad por la nulidad misma, de modo que la invalidez solo puede decretarse ante la necesidad de reparar un perjuicio concreto que haya colocado a quien la alega en un real estado de indefensión, el que se demuestra detallando expresa y precisamente las defensas que el impugnante se vio privado de oponer. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Proceso penal, conmutación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez Trijillo, Augusto Raúl s/ Expte. Corte Nº 125/12: Martínez Trujillo, Augusto Raúl (...)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-18

El trámite del pedido de indulto o conmutación de pena solicitado por el condenado, presentado en la Secretaria Privada de la Gobernación, requiere del informe respectivo de esta Corte de Justicia, conforme lo manda la Constitución Provincial.

En el art. 149 se establecen las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8º).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, las modalidades del hecho delictivo y la personalidad del condenado, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

A tal fin, se analizaron las constancias de los informes de las distintas áreas del Servicio Penitenciario.

Como reiteradamente se sostiene, las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

Desde esa normativa, el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad, resulta atemperado por el legislador mediante la institución de mecanismos que, antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre.

Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.
Protección del medio ambiente, Constitución Nacional, defensa del consumidor, responsabilidad objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIO NEGRO (EDERSA) s/ AMPARO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

El principio de precaución puede ser utilizado conforme el art. 42 de la Constitución Nacional, con el instituto del amparo y el art. 2499 del Cód. Civil, en materia de derecho de fondo, que a su vez puede ser acompañado en el ámbito del consumidor con los arts.4 (información) y 5 (seguridad) y en materia ambiental por el art. 2618 del Cód. Civil y la ley.

La responsabilidad y de toda la cadena de intervinientes, sostenemos que tiene que ser objetiva como reza el art. 40 de la ley 24999 en materia de consumo y subsidiariamente el art. 1113 del Cód. Civil para asuntos que exceden la aplicación de aquella ley o relación de consumo (art. 42, Const. Nacional).
Retiro militar, haber de retiro, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Delgado,   Evelio   Oreste  y  Otros c/ E.N.  (Mº  de  Defensa) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda promovida por los actores, condenando al Estado Nacional al pago de la diferencia de los haberes percibidos por los demandantes y los que hubieran debido percibir, de liquidárselos con la inclusión de los conceptos incorporados a los haberes del personal en actividad por el decreto 1569/91 y por el decreto 2000/91, modificado por los decretos 2115/91 y 628/92.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Balzano Scioletta, Alejandro c/ Siderca SAIC s/ Accidente de trabajo, art. 1113, C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

La suma entregada al operario en ocasión de la extinción del contrato de trabajo imputable a cualquier reclamo resarcitorio fundado en dicha relación laboral representa un concepto tan amplio y genérico de pago que resulta contrario a su naturaleza que ese importe sea útil para ser imputado a la indemnización de derecho común por un infortunio laboral.
Torturas, privación ilegal de la libertad, centro clandestino de detención, acoso sexual
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

La violencia sexual soportada por las víctimas detenidas en centros clandestinos de detención es constitutiva del delito de tormentos.
Procedimiento judicial de la seguridad social, Administración Pública, amparo por mora, derechos y garantías constitucionales, derecho de peticionar, defensa en juicio, beneficios previsionales, costas, costas al vencido
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VALBERDE, RAMON OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

El art. 14 de la C.N. consagra, entre otros, el derecho de peticionar a las autoridades, que lleva ínsito el de obtener una respuesta adecuada en plazos razonables. Por ello, las resoluciones que afecten derechos legítimos de las partes son revisables judicialmente, y dependerá del interesado la forma de hacer valer su pretensión; pero es irrenunciable ésta en el sentido de conocer el criterio del ente al que se dirige sobre la materia que motivó su presentación. De otro modo se afectaría el derecho de defensa reconocido por el art. 18 -máxime ante la naturaleza de una petición previsional- y lo prescripto por el art. 14 bis, ambos de la C.N., de dilatarse el dictado de la resolución administrativa y eximir a la Administración de las consecuencias de su acción. En virtud de ello, debe concluirse que el art. 21 de la ley 24.463 no es óbice para la aplicación de costas al organismo administrativo. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Wassner. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, accidentes de trabajo, testigos, presunciones, historia clínica
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ayala, Daniel Darío c/ Ruiz, Andrés Gustavo y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

El quejoso no se hace cargo de que los Magistrados -de ambas instancias- entendieron que los testigos no habían presenciado el infortunio, por lo que no denotaban un conocimiento directo, lo que los descalifica como medio probatorio idóneo; y tampoco la restante prueba en que el apelante pretende fundar sus quejas (historia clínica, informe hospitalario y certificación policial), resultan suficientes a los fines de acreditar la ocurrencia del hecho, no siendo posible justificar tal situación por presunciones, como pretende; no consiguiendo el accionante desmerecer la valoración efectuada por la Sala del resto de los elementos probatorios, al considerar que la historia clínica indicando que el actor ingresó al nosocomio por dolor de importancia funcional en rodilla izquierda si bien puede justificar una dolencia en su rodilla, no acredita el infortunio laboral, a la vez que consideró también que la constancia policial obrante en las medidas cautelares y preparatorias conexas al sub examine, demuestran el inicio de actuaciones sumarias a raíz de haber ingresado el actor al hospital herido de arma de fuego en la rodilla izquierda, pero a fin de acreditar el infortunio invocado por el actor en ocasión del trabajo habría sido necesario mínimamente la remisión del legajo penal que no fue realizado por falta de diligenciamiento del oficio, afirmación judicial esta última que, frente a la falta de autoabasto del escrito recursivo, no se logra comprender el extravío del mismo por parte de la autoridad policial alegado por el quejoso, a los fines de generar -aunque sea indiciariamente- la arbitrariedad probatoria aludida.
Tribunal colegiado, nulidad de sentencia, sufragio, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: Procesal Penal
Carátula: C., H.C. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-02-17

Un decisorio cuya censurable técnica consiste en que el voto individual de sus miembros es sustituída por la declaración de voluntad del primer sufragante y otra que, siendo común, no puede ser atribuída ni al segundo ni al tercero por carecer de personalidad. Una factura de este tipo concurre, por ser un antecedente esencial de la fundamentación, a la nulidad del pronunciamiento pues queda conformado insuficientemente con una sola voluntad diferenciable -expedida válidamente- pero que, aislada, incumple el resguardo legal que prescribe como voluntad del Tribunal la de la mayoría de sus miembros.