Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2005-11-22


San Luis, noviembre 22 de 2005.

1º ¿Es procedente el Recurso de Inconstitucionalidad por sentencia arbitraria interpuesto? 2º En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? 3º ¿Cuál sobre costas? 1º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

1) Que por sentencia de fecha 17/12/2002, dictada en juicio oral, la Excma. Cámara del Crimen de Conjueces -ley 5249- de la Segunda Circunscripción Judicial, declara culpable a Roque Antonio Escudero, como autor penalmente responsable del delito de "Abuso Deshonesto" en los términos del art. 127 del Código Penal, vigente al momento del hecho, condenando a sufrir la pena de cuatro años de prisión, accesorias de ley y costas procesales.

Que contra dicho pronunciamiento la doctora S. E. B., Defensora de Menores e Incapaces Nº 1, interpone Recurso de Inconstitucionalidad (fs. 31/40 vta.), el que es denegado conforme fotocopia de fs. 43 y vta. por la Excma. Cámara.

Que ello origina la interposición del Recurso de Queja, el que es concedido por este Alto Cuerpo mediante Auto de fecha 26/11/2003, obrante a fs. 63 y vta.

2) Que a fs. 66/77, y en mérito a las facultades acordadas por el art. 59 y conc. del Código Civil y art. 83 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, en los términos de la ley 310 y disposiciones pertinentes del C.P.Crim., la Defensora de Menores funda el Recurso de Inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia, por considerar que se han violentado normas constitucionales que hacen al debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley y al supremo interés del niño, por lo que peticiona se haga lugar al mismo.

Que a fs. 85 se corre traslado a la contraria del memorial de agravios, y a fs. 86 se da a la parte recurrida por perdido el derecho no ejercido de contestar dicho traslado.

3) Que a fs. 90/91 dictamina el Procurador General, opinando que "es evidente que la calificación legal de Abuso Deshonesto, atento a la prueba rendida, resulta absurda, no siendo una derivación razonada de los hechos y la prueba rendida y en consecuencia del derecho aplicable".

Concluye sosteniendo que la sentencia que se ataca es pasible de la tacha de arbitrariedad por las causales que se mencionan en los fundamentos, por lo que considera que debe hacerse lugar al Recurso de Inconstitucionalidad planteado por la causal no reglada de arbitrariedad, revocar la sentencia impugnada y ordenar se dicte nueva sentencia con jueces hábiles.

4) Que en los fundamentos obrantes a fs. 66/77, la recurrente centra sus agravios en su disconformidad con la condena impuesta a Roque Antonio Escudero. Ello por considerar que "surge acreditado que dicho abuso físico data desde 1994 a 2001 y en concordancia con los demás elementos probatorios se demuestra el acceso carnal que califica el delito de Violación entendiendo ello la penetración total o parcial tanto vaginal como anal...".

Al referirse a la arbitrariedad de la sentencia recurrida, sostiene que la conclusión a la que en ella se arriba fue adoptada merced a consideraciones fragmentarias y aisladas de las pruebas, primando la sola voluntad del juzgador y prescindiendo de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión de acuerdo a las reglas de la sana crítica que tornan irrazonable el fallo en cuestión, por cuanto no se tuvo en cuenta las contundentes declaraciones de las víctimas en concordancia con los demás elementos probatorios. Agrega que el acceso carnal, núcleo del tipo penal de la violación, se encuentra debidamente probado. Para avalar sus dichos cita doctrina y jurisprudencia concordante, entre ellas a Eduardo Donna, autor que "entiende por acceso carnal como la penetración del órgano masculino en cavidad natural de la víctima, con el propósito de practicar coito, siendo indiferente que la penetración sea total o parcial, que se produzca o no desfloración, que se llegue o no a la eyaculación. Expresa que es la introducción del órgano genital masculino en el cuerpo de otra persona, sin ser necesario para su consumación que la penetración sea total o si la introducción es completa o solo a medias, basta que haya existido real y efectivamente...", para concluir sosteniendo que existe cuestión suficiente para la apertura del recurso, por cuando el tribunal en el Veredicto 103/02 y sus fundamentos ha incurrido en un exceso de rigor formal que afecta derechos que gozan del amparo constitucional.

5) Que ante la alegación de arbitrariedad de la sentencia, es necesario analizar las premisas de su existencia, para luego considerar si cabe su aplicación al caso planteado.

La doctrina de la arbitrariedad exige, como fundamento de su instituto, que la resolución que se impugna padezca de alguna de las causales de arbitrariedad, con la virtualidad suficiente para afectar el decisorio en una medida tal que impida que se lo considere como acto judicial válido. Por ello se ha dicho: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646).

Este Alto Cuerpo ha señalado para que se verifique la arbitrariedad de la sentencia, ésta debe estar fundada en la mera voluntad de los jueces, es decir que no sea una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa ("Oviedo Alejandro H. Sartori y Otros - Recurso de Queja", 28/6/84, L.A. y S., 57-A, 216; "Quevedo Juan José y Otros c. Fábrica de Cemento El Gigante - Laboral - Queja", 24/10/84, L.A. y S., 56-120).

Que corresponde en consecuencia, luego de realizado este breve análisis sobre la doctrina judicial existente en la materia de sentencias arbitrarias, en el concepto definido por la Corte y el que obra en los anales jurisprudenciales de este Superior Tribunal, determinar si en caso específico materia de análisis, nos encontramos frente a un decisorio que contenga algunos de los ingredientes que lo tornen al mismo pasible de la tacha de arbitrariedad, correspondiendo por ello su descalificación como acto judicial válido.

6) Que en el tratamiento de la medida recursiva incoada, se considera atinado recordar la opinión de Vélez Mariconde en cuanto a la significación y fundamentación racional del Juicio Oral, el que califica como el que mejor responde a las garantías constitucionales (confr. A. Vélez Mariconde - "Derecho Procesal Penal", t. 1, p. 418).

Sentado ello, y en concreta referencia al thema decidendum es dable destacar que los delitos de abuso sexual, en general, se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de abundantes elementos. En tal sentido se ha sostenido que: "La prueba de los delitos contra la honestidad -en el caso, violación- resulta de difícil recolección, no sólo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia "criminis" al tribunal. Sin embargo, ello no significa que resulten de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en conjunto lo tiene. Por el contrario, deben valorarse las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados (confr. C.S. Fallos: 320:155).

Amerita en orden a lo antes dicho reproducir algunas consideraciones efectuadas por el doctor Augusto M. Morello en "El Peso de los 'Indicios' y la Valoración de la Prueba de Presunciones en el Delito de Violación", en donde sostiene que: "Si hay un sector del mapa probatorio que lleva al operador jurídico (juez, jurado, árbitro, abogado) a trabajar en un frente de conjunto, en una red que, interactuante, anude y teja es el de los indicios: dispersos acaso débiles o insuficientes, si son tratados en solitario, pero que multiplican e interactúan en la recíproca articulación y en función unitaria, el valor de convicción de las evidencias. Las parcelas, los indicios abastecen a las presunciones (así en plural) que, se reflejan en el paciente armado de la totalidad de esos cabos sueltos".

Agrega el autor que tan delicada y compleja trama se dibuja, a los fines de la carga de probar, enlazando débiles consistencias parciales, en una ponderación que relaciona unos indicios con los otros por construir un plexo de hecho en unidad combinada. No hay modo de captar esas partes sino en un todo; sólo así se desemboca en un cuerpo de fuerza compacta. El tipo delictivo explica de por sí la necesidad de evaluar el comportamiento en la forma señalada subsumiendo los hechos enjuiciados a través de su idónea reconstrucción a la que es dable arribar trabajando los elementos compatibles de manera armónica, globalmente, aprehendidos en su peso acumulado, que es el que acuña su sentido (confr. LA LEY Suplemento de Jurisprudencia Penal, 23/2/98, ps. 3/4).

Por otra parte y en punto al elemento material cabe consignar que para la consumación del delito de violación no se requiere que la penetración del miembro viril sea perfecta, como así tampoco que el acto sexual se agote fisiológicamente bastando con que el acceso sea parcial (confr: Sup. Corte Bs. As., 11/5/82 - "Demichelis Luis y otros"), tal como lo señala la Defensora de Menores.

Que, además, en materia de violación, la cuestión relativa a la fuerza y a la resistencia de la víctima es puramente circunstancial y de hecho (confr. JA, 1981-III-125), resaltando que la ausencia de violencia en el acto de posesión carnal no excluye el delito, puesto que el hecho configura también violación cuando se trata de un caso de violencia moral en el cual se ha ejercido una intimidación suficientemente grave como para que la acción no escape al tipo (confr. JA, 1990-I - p. 171).

Que ello se patentiza en el presente caso, atento el vínculo sanguíneo que une a la víctimas y al condenado, su natural superioridad dada su condición de padre de aquellas y sobre todo a los dichos del propio Tribunal, al considerar que: "Es así que de un pormenorizado estudio de las constancias de autos, surge en forma clara que ha existido un abuso por parte del imputado respecto de su concubina e hijos (de todos ellos), 'que en el caso de las dos hijas mayores se extendió al terreno sexual'" (el encomillado simple me pertenece). Continúa la Excma. Cámara manifestando "... el mismo imputado reconoce su actitud castradora, violenta e intolerante para con todo el grupo familiar, con una habitualidad de abuso físico que le resulta absolutamente normal" ... "tomados sólo a modo referencial, vienen a ratificar el resto de la prueba desarrollada, ya que psicológicamente una vez derribadas las barreras inhibitorias del maltrato a los seres dependientes del victimario, los diversos grados del abuso son solo escalones en una espiral ascendente, que en este caso resulta absolutamente probada" ... "que dichos delitos ocurrieron entre 1994 y 2001" y "los efectivamente probados habrían ocurrido alrededor de 1997, si bien por sus características, resultan ser consecuentes de acciones anteriores y antecedentes de conductas posteriores todas dirigidas al abuso paterno respecto de sus hijas mayores".

En ese contexto no resultan atendibles los argumentos vertidos por el Tribunal sentenciante para desacreditar las declaraciones testimoniales de las menores víctimas del delito que se le imputaba a su padre. En ese marco, es de hacer notar que no se advierte que las declaraciones de la víctima estén teñidas de interés u odio tendiente a perjudicar al imputado, por lo que lo manifestado adquiere plena prueba (confr. Argentina Jurídica "R.J., D. C. s/Excarcelación", 8/11/2001).

Que en el derecho comparado también encontramos respaldo a la posición que aquí se adopta. En tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo de España al sostener que el testimonio de la víctima, aunque no hubiese otro más que el suyo, cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el Juzgador impidiéndole formar su convicción en consecuencia, es considerado apto para destruir la presunción de inocencia. La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad de la declaración haciendo dudosa su credibilidad, y creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes; pero sin olvidar también que aunque todo denunciante pueda tener interés en la condena del denunciado, no por ello elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones. En este sentido, nada obtenía la menor al denunciar a su propio padre de abusos sexuales (confr. A. J. Tribunal Supremo de España Sentencia 618/2003 de fecha 05/05/2003), situación que es precisamente la que se observa en el presente caso, pese a lo sostenido en la sentencia que se recurre.

En efecto, no se alcanza a vislumbrar cuál "es el interés patrimonial de los damnificados y de la denunciante a que hace referencia la Excma. Cámara, ya que como allí mismo se consigna 'evidentemente dependen del imputado para su subsistencia, ya que ninguno de ellos trabaja...'", como así tampoco "la intención defensiva de las víctimas, que las lleva a recitar ciertos hechos, cuyo detalle indudablemente han estudiado juntos", resultando los dichos meras manifestaciones producto de la sola voluntad de los jueces al no determinarse cuáles fueron los elementos de convicción, ni los criterios objetivos empleados para arribar a tal conclusión.

Al respecto cabe señalar que no debe confundirse la persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por las víctimas (y de los restantes testigos) sin contradecirse ni desdecirse, pues se trata de una persistencia material de la incriminación, valorable no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida sino en constancia sustancial de las diversas declaraciones (confr. Tribunal Supremo de España citado, Sentencia del 18/06/98).

Por lo tanto, y conforme lo que se ha venido reseñando, se ha producido un grave vicio en la construcción del fallo, configurándose la arbitrariedad alegada y que por ende, lo tornan descalificable como acto judicial válido. No se trata por cierto, al hacer estas apreciaciones, de sustituir el criterio de los jueces ordinarios de la causa en decisiones que le son privativas por merituaciones de este Superior Tribunal, sino el de comprobar si en el dictado de la sentencia puesta en crisis por el apelante, se ha producido una falla en el razonamiento lógico en que se sustenta aquella o una manifiesta carencia de fundamentación normativa con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.

7) A su vez, es de hacer notar que en el escrito de fundamentación del recurso sub-análisis, se aborda la cuestión constitucional en forma autónoma, indicándose en forma inequívoca y explícita las disposiciones constitucionales en juego (Fallos: 293:323), demostrando la vinculación que ellas guardan con la materia del proceso (Fallos: 297: 251).

Siguiendo tales pautas orientadoras, analizado el fallo atacado y los agravios esgrimidos por el recurrente, se advierte que el resolutorio presenta ciertos vicios necesarios para configurar una hipótesis de arbitrariedad de sentencia.

En el sub-lite, cabe concluir que es procedente el remedio jurídico intentado, toda vez que al hacer mérito de las constancias de la causa, se advierte que la Excma. Cámara ha incurrido en faltas graves de fundamentación, que convierte a la resolución dictada en una sentencia arbitraria, tal como alega la recurrente.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

Los doctores Uria y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta primera cuestión.

2º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

Atento como se ha votado la cuestión anterior corresponde revocar la Sentencia, Veredicto 103/02 y sus Fundamentos de fecha 17/12/2002, dictada por la Excma. Cámara del Crimen de Conjueces -ley 5249- de la Segunda Circunscripción Judicial, para que por medio de jueces hábiles se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas señaladas en la presente.

Los doctores Uria y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta segunda cuestión.

3º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

Costas al perdidoso.

Los doctores Uria y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta tercera cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad por sentencia arbitraria interpuesto y revocar la Sentencia, Veredicto 103/02 y sus Fundamentos de fecha 17/12/2002, dictada por la Excma. Cámara del Crimen de Conjueces -ley 5249- de la Segunda Circunscripción Judicial, para que por medio de jueces hábiles se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas señaladas en la presente. Costas al perdidoso. -Oscar E. Gatica. - Omar E. Uria. - Florencio D. Rubio.