marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, intervención quirúrgica, auxiliares de la medicina, instrumentador quirúrgico
Materia: CIVIL
Carátula: RAMIREZ, julio c/ HOSPITAL FRANCES y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

Por el olvido de una pinza u otro instrumental en el cuerpo del paciente, en ocasión de una intervención quirúrgica, aún cuando se trate de un profesional de la medicina, si no se demostró que el coaccionado tuviera una función de contralor, máxime frente a la circunstancia de que él no es el responsable de quienes integran el equipo quirúrgico, parece excesivo extender la responsabilidad al ayudante en el acto.
Proceso penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal General de Investigaciones Administrativas del Chubut s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-23

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado su posición firme de respeto al principio, pues ha aceptado el dictamen del señor Procurador General en el sentido que: "..Cuando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado por el art. 18 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, el único remedio posible es declarar la insubsistencia de la acción penal por medio de la prescripción, en la medida en que ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal modo, el derecho federal invocado...".
Medidas cautelares, Colegio Público de Abogados, libertad de circulación, responsabilidad profesional, emergencia sanitaria, protocolo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente de medida cautelar en autos: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ EN y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-23

Corresponde admitir la nueva medida cautelar solicitada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y ordenar al GCBA y al Estado Nacional que evalúen la necesidad de emitir un protocolo más amplio que el vigente, frente a las nuevas circunstancias impuestas ante el levantamiento de la feria judicial extraordinaria, puesto que si bien es cierto que la CSJN, con el dictado de las Acordadas 14/2020 y 31/2020, entre otras, dispuso la obligatoriedad de realizar las presentaciones por medios digitales, ello no obsta a la real y urgente necesidad que tienen los matriculados de poder circular conforme a un protocolo más amplio, con el fin de cumplir eficientemente con sus obligaciones en salvaguarda de su responsabilidad profesional.
Accidente de tránsito, culpa concurrente, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: COSECHA COOPERATIVA DE SEGUROS Ltda. c/ Ostric, Juan y otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-06

No existe el parangón de concurrencia de culpas que pretende el apelante, cuya negligencia pone en juego el costo de ganado pero afectando una red vial y poniendo en riesgo el inapreciable valor de la vida humana. El deber de atención y prudencia conductiva no puede ser exigido a extremos que imposibiliten el tránsito normal en una ruta, ante la manifiesta imprudencia de quienes resultan responsables de un obstáculo torpe que transforme al conductor en embistente.
Homicidio simple, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Marcos Gabriel s/ Homicidio agravado en grado de partícipe necesario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-07-02

El imputado por el crimen de su novia, la cual fue hallada muerta en un descampado con dos disparos de arma de fuego, debe ser condenado en orden al delito de homicidio simple si de la prueba adunada a la causa surge su autoría, pues no obsta a ello que el arma homicida no se haya encontrado, habida cuenta que quedó demostrado por los dichos de la ex pareja del imputado, y lo manifestado por los compañeros de trabajo que el imputado era de portar armas de fuego, y si bien la usada en el presente hecho no fue hallada, debe pensarse que pudo haberla tirado en cualquier lugar durante su raid posterior a la comisión del hecho. (Del voto del Dr. Santucci)
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: YOCCA DE CARABAJAL, HEBE LUZ c/ SIALLE DE GONZALEZ IESMINA Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-24

El principio que establece el art. 1026 del Código Civil no debe ser entendido en forma absoluta. El instrumento privado hace plena fe, hasta la simple prueba en contrario, en cuanto a la sinceridad de las declaraciones, fechas, pagos etc., contenidas en él. Las partes interesadas pueden perfectamente atacarlos y demostrar que no son exactos.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., L. H. c/ D., A. B. s/ Divorcio contradictorio. Exclusión del hogar. Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Debe anularse el fallo que omite tratar una cuestión esencial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desistimiento del recurso, acusación fiscal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

A la par de justificar el control externo, la Corte Suprema introduce la noción de control interno (dentro del propio Ministerio Público Fiscal) que lo deriva de la Ley 24946 - Orgánica del Ministerio Público - y reglamentaria del art. 120 de la Constitución Nacional, en el sentido de ejercicio de las funciones con unidad de actuación e independencia, atento a la existencia de una organización jerárquica que exige que cada miembro de dicho ministerio controle el desempeño de los inferiores.

Dicho control interno tiene reconocimiento expreso en la normativa del Código Procesal Penal de nuestra provincia en cuanto a las disposiciones generales de los recursos - art. 413, tercer párrafo-, que le permite al Ministerio Público Fiscal desistir fundadamente de sus recursos, incluso si los hubiera interpuesto un representante de grado inferior.

De igual modo, "... habrá de controlar los criterios desincriminatorios postulados por [el inferior jerárquico]... Nótese que, aun antes de resolverse en 'Quiroga' (se. de la CSJN del 02-02-05) con arreglo a la conformación jerarquizada de los distintos estamentos del Ministerio Público (artículo 1 cuarto párrafo, de la ley 24946), extremo que también supone sistemas de control jerárquico, se han fijado criterios de revisión de los dictámenes de los fiscales de primera instancia por parte de aquéllos que actúan ante las cámaras de apelaciones, máxime frente al 'carácter individual' y 'ex post' de control que ejercerán los Fiscales de Cámara, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 66 del ordenamiento procesal [mutatis mutandis, nuestro art. 58 C.P.P.]... y frente al mantenimiento de la política criminal del Ministerio Público Fiscal en el sentido de 'preferir aquellos criterios que conduzcan al mantenimiento de la acción y no a su extinción (Resolución de la Procuración General de la Nación nro. 32/02)'... es la necesidad de garantizar que los fiscales actúen según pautas de objetividad lo que obliga a reflexionar sobre el control de los actos del Ministerio Público...".
Régimen de consolidación de deudas, leyes, jerarquía de las leyes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Campos y Baiocco Omar s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La ley 11.192 ha sido dictada haciendo uso de las facultades conferidas por el Congreso de la Nación (art. 19, ley 23.982), circunstancia que determina que sus disposiciones tengan un rango normativo distinto a la de las leyes comunes provenientes de la Legislatura local: configura el caso de una ley provincial que integra un acto compartido de derecho intrafederal cumplido con participación de una ley del Congreso de la Nación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Radicación del expediente, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: TENAS  S.A. c/ SOMISA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Tal como lo dispone el art. 135, inc. 15 del C.Procesal, aplicable analógicamente, corresponde notificar por cédula la providencia que hace saber el juez que va a conocer. Y si bien ello fue ordenado, la circunstancia de que en la especie la actora no hubiera sido notificada de oficio por el juzgado en que quedó radicado el expediente, forma obstáculo a la caducidad decretada por el señor juez. Ello es así, desde que las reglas atinentes constituyen un mero ordenamiento administrativo del fuero, que no tiene porqué ser conocido por los litigantes a los efectos del seguimiento de las causas. Por tanto, es el juzgado quien debe actuar de oficio a los efectos de hacer saber a los interesados el lugar en que la causa ha quedado radicada y habrá de tramitar en lo sucesivo, cursando las notificaciones pertinentes.
Pagaré en blanco, muerte del librador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S.A. CLUB DEL ESTE c/ FLORES DE NELLISSEN Olga Herminia s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-30

El pagaré es un documento que, si bien se halla incompleto, al crearse otorga a su poseedor un derecho patrimonial, propio de una cambial completa y la potestad de llenarlo ha sido adquirida en forma definitiva e irrevocable desde el mismo momento de su recepción por el beneficiario; potestad que se extiende a todos los derechos sobre el título, sin que la incapacidad sobreviniente del librador, su muerte o su desapoderamiento por quiebra, tengan efectos sobre tal facultad de llenado o integración.
Extinción por muerte del trabajador, salarios adeudados, pago de las vacaciones, herederos
Materia: LABORAL
Carátula: MARTIN DE GANDIANO, LUCIA c/ ANTONY BLANK Y COMPAÑIA s/ VACACIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-09-16

"Los causahabientes del trabajador que fallece estando en condiciones de obtener el beneficio del artículo 7 del decreto número 1740/45 (ley 12921) tienen derecho a esa prestación".
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, pago
Materia: LABORAL
Carátula: DUARTE, ELADIO c/ ESSO  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

La validez del pago fundado en la en la ley 9688 está condicionado a que el mismo se concrete mediante el depósito en los términos de su art. 9. De acuerdo con esta disposición legal la demandada no ha quedado liberada de su obligación por haber otorgado al trabajador un pago voluntario por motivo de su cese, renuncia negociada. Si se admitiera el efecto liberatorio de dicho pago, se vulnerarían los arts. 9 y 13 de la ley 9688, especialmente si se tiene en cuenta que el beneficio en cuestión se abonó contemporáneamente con la renuncia.
Conjueces, aceptación del cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Triviño, Juan Humberto y Otros s/ Homicidio Culposo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-09

Si bien la aceptación expresa del cargo y el juramento de ley deberían considerarse obligaciones implícitas en este tipo de nombramientos (jueces ad hoc), ni la Constitución, ni la L.O.P.J., ni el C.P.P. lo exigen expresamente, no puede crearse una causal de nulidad absoluta al margen de las disposiciones legales y constitucionales en vigencia, aunque es dable recomendar a los Tribunales la observancia de esos recaudos, a fin de revestir, al acto de mayores solemnidades, acordes con la trascendencia de las funciones que habrá de cumplir el designado.-
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, derechos creditorios, crédito laboral, sociedad cooperativa, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Balkbrug SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por borelli javier matias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

Procede revocar la resolución que rechazó la revisión intentada, con base en que la relación laboral con la fallida se extinguió con la constitución de la cooperativa, y declarar verificado los créditos laborales con el alcance de la liquidación practicada. Es que el a quo, al dictar la resolución de la LCQ 36 reconoció a favor de los incidentistas los salarios, SAC y vacaciones debidas hasta el cierre de la empresa, y las indemnizaciones por despido, que fueron calculadas considerando como fecha de despido dicha fecha. Y no las comprendidas durante el funcionamiento de la cooperativa. Esto es, admitir que la conducta de los trabajadores puede ser asimilada a una excepción de incumplimiento contractual, con sustento en que se encontraba "suspendida" la prestación de servicio, manteniéndose vigente las relaciones laborales hasta el decreto de quiebra y reconociendo a favor de los trabajadores las remuneraciones devengadas por todo ese período pues recién con el decreto falencial puede considerarse terminada la relación laboral (LCQ 196). Ello, haciendo una aplicación analógica de lo dispuesto en la LCT 75 y por aplicación de los principios de irrenunciabilidad de la LCT 12 y de continuidad de la LCT 10, pues frente a la falta de un despido formalmente efectuado, debe estarse por la vigencia del contrato de trabajo. Refuerza esta conclusión, el hecho de que viola la justicia social quien no paga el salario debido y no brinda a la comunidad, en forma directa o a través de una relación laboral su aporte a la construcción de un mundo más próspero y más humano (conf. Vázquez Vialard, "Ley de contrato de trabajo", T. I, pág. 183), lo que habría ocurrido en autos, habida cuenta que los representantes de la fallida desoyeron sus obligaciones y dejaron sin dirección alguna a los trabajadores, obligándolos a buscar algún medio de vida que permitiera mantener decorosamente sus necesidades económicas y las de su familias.
Expresión de agravios, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: B, F R s/ HOMICIDIO EN ESTADO DE EMOCION VIOLENTA      EXPTE NRO 178-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-04

Si bien en el recurso de la Defensa la competencia del Tribunal de Alzada se encuentra limitada por los puntos de los agravios, éstos abarcan todos los que la argumentación recursiva propone al examen de aquél: explícitamente, o implícitamente como necesario presupuesto o necesaria consecuencia de la solución que se de al cuestionamiento expresamente propuesto.

Si la Defensa esgrime una pretensión absolutoria por ausencia de responsabilidad penal en el imputado, los puntos del agravio se extienden implícitamente al tema de la procedencia de la pena y a su individualización, por lo que el Tribunal puede establecer una distinta -aunque rechace la pretensión de la parte según sus motivos expresos- observando la prohibición de la "reformatio in pejus".
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas urgentes, CUBA, obligaciones internacionales, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Pacto de San José de Costa Rica, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 16/2020 - Medida cautelar No. 1077-19 - Roilan Zárraga Ferrer y otros respecto de Cuba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-13

Conforme el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, las funciones otorgadas por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido en los artículos 18 y 25 del Estatuto y Reglamento de la Comisión respectivamente, el otorgamiento de medidas cautelares hace a la función de supervisión del organismo interamericano sobre el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, base sobre la cual se otorgan -o deniegan-, medidas cautelares necesarias para prevenir un daño irreparable en situaciones graves y urgentes.
Transferencia de fondo de comercio, obligaciones del vendedor, obligaciones de no hacer, libertad de comercio e industria, clausura del establecimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOMOTORES MONTE GRANDE c/ ENRIQUE BOERI E HIJOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-03

Es condición sine qua non que la cláusula de no restablecerse debe ser limitada en el tiempo ya que de lo contrario se vulnerarían las libertades comerciales consagradas por la Constitución Nacional (art. 14 C.N.); (Cám. Com. de la Capital, 31-5-47, LL T. 52, p.292;

28-7-50, LL. T.51, p.579 y 23-1050, LL. T60, p.739).

Cuando el vendedor se restablece indebidamente puede ser compelido con la referida obligación de no hacer; en otros términos, la justicia puede ordenar la clausura del establecimiento competidor, de conformidad con lo que determina el cód. Civ. en los arts. 505, inc. 1 y 549, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados; y si la justicia considerara que la cláusula es improcedente o bien por solicitarlo así el comprador, el vendedor debe ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios de acuerdo con lo preceptuado por los arts. 505, inc. 3 y 534 del Cód. Civ.

Es doctrina aceptada en nuestro derecho la viabilidad de hacer cumplir compulsivamente las obligaciones de no hacer y, por consiguiente, el derecho de quien se ha considerado perjudicado a intimar el cese de actividades que considera lesionan su libertad de comerciar en los términos convenidos con la vendedora, pero, habiéndose guardado silencio al respecto, la alegación de daños y perjuicios invocados extemporáneamente llevan ineludiblemente a su rechazo.
Honorarios, intereses moratorios, tasas de interés, tasa pasiva, sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Pozo, Rafael c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Impugnación  a la liquidación (Expte. CSJ Nº 86-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-10

La Corte local ha adoptado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad del Austral, como pauta de medida para resarcir la privación de uso del capital, la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto 941-91, que es la que corresponde aplicar en la especie; por ello corresponde hacer lugar a la impugnación articulada por la demandada contra la liquidación practicada por la actora cuando la tasa aplicada para el cálculo de los intereses por el pago tardío de los honorarios profesionales que le fueran regulados resulta arbitraria y falta de todo sustento en las constancias de la causa.
Personas con discapacidad motriz, medidas cautelares, obligaciones de la obra social, computadora
Materia: CIVIL
Carátula: G.R.A. s/ Insania y Curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-04

La obra social demandada debe otorgar de modo cautelar cobertura para la provisión de una Notebook y joystick de botones con palanca a un joven que padece "síndrome de Wilson" con afectación de la función motriz y pérdida de lenguaje, pues se encuentra acreditado el impacto negativo que genera en su aspecto emocional la imposibilidad de comunicarse adecuadamente con el medio y la necesidad de contar con tecnología de apoyo, máxime cuando dicho tecnología le permitiría ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la información.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: López, Daniel Héctor s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La discrepancia de la Corte con los fundamentos del pronunciamiento no es motivo para anular de oficio el fallo de la Cámara.
Comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, libertad condicional, cuestión constitucional, principio de legalidad, pena única, aplicación temporal de la ley penal, sistema acusatorio
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

La resolución de Cámara que confirmó la decisión del juzgado de rechazar el pedido de libertad condicional de la condenada es equiparable a sentencia definitiva, en tanto podría generar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, derivado de la frustración del derecho constitucional a la libertad ambulatoria que se invoca. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Empleo público, hospitales públicos, guardias activas, trabajadores de la salud, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA BARTHE MONICA SUSANA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-11

Del análisis de las previsiones del decreto Nro. 282/96 surge claramente que del decreto analizado surgen dos clases de disposiciones, a saber; unas, de carácter permanente; otras, transitorias.

En efecto, mientras que algunas se refieren a contemplar situaciones temporarias y tienen por destinatarios a profesionales de los días domingo designados bajo el régimen del Decreto Nro. 6395/87, otras tienen vocación de permanencia por cuanto tienden a la reglamentación del funcionamiento de la atención de la urgencia en los días domingo.

El artículo 6 del Decreto Nro. 282/96 reviste carácter permanente, en cuanto, en forma imperativa, prescribe que todos los profesionales que se desempeñen en el Sector de Urgencia en los días domingo deberán cumplimentar un horario mínimo en planta de doce (12) horas semanales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, propiedad intelectual, derechos de autor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. DEMANDADO: CRAZY CONFITERIA (A.S.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- COBRO DE AUSTRALES- LEY 11723 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 481 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesta por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música ( S.A.D.A.I.C.) contra la sentencia que hizo lugar parcialmente a su demanda aplicando sólo sobre el 20% de los ingresos de boletería de la demandada ( y no sobre la totalidad pretendida) la alícuota del 16% fijada por la difusión pública de obras musicales. Ello por cuanto no se configura la pretendida cuestión federal simple, toda vez que en el precedente "Sociedad Argentina de Autores y Compositores c/ ANDESMAR S.A." (Fallos: 327:679, sentencia del 23/03/2004) la Corte nacional -por remisión al dictamen del Procurador Fiscal- ha reiterado su antigua jurisprudencia entendiendo que las normas cuya interpretación se discute (decreto 5146/69: art. 3 inciso b), 4 y 7) no tienen carácter de legislación federal. Ciertamente, no escapa a este Cuerpo que, en ocasiones, es posible y hasta recomendable la modificación de criterios jurisprudenciales establecidos; pero en autos no se advierte la existencia de elementos objetivos que justifiquen el apartamiento de la directriz emanada del Alto Tribunal de la Nación.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, reglamentación de la ley, facultades reglamentarias, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Carma, José Antonio c/ Municipalidad de Valle Viejo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

En el ámbito de la garantía de la estabilidad del empleado público es aplicable el principio según el cual la reglamentación debe ser razonable, es decir, adecuada a los fines que contempla y debe evitar los procedimientos discriminatorios aplicados sin razón valedera.