marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contienda negativa de competencia, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Delgado, Mabel Beatriz  c/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

Cabe rechazar la excusación formulada, dado que la misma implica un derecho de abstención por parte del magistrado en tanto exista un impedimento subjetivo de aquél; desde tal perspectiva, cuando los procesos deben por regla iniciarse y culminar su tramitación ante el juez natural conf. art. 18 de la CN, los motivos de excusación deben ser apreciados con criterio restrictivo, máxime cuando se sustentan en un mero exceso de susceptibilidad o en simples razones de delicadeza personal.
Personas con discapacidad, usuarios electrodependientes por cuestiones de salud
Materia: DERECHOS HUMANOS-ADMINISTRATIVO
Carátula: G., R. E.  c/ Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-04-07

Cabe ordenar al Ministerio de Salud que garantice al accionante la inscripción y su mantenimiento de forma permanente en el "Reg. de Electrodependientes por Cuestiones de Salud", conforme a las disposiciones de la Ley 27.351, pues es obligación de los estados parte trabajar prioritariamente en la detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad -art. 2, apartado 3, inc. b de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad-.
Derecho a la salud, derecho a la vida, enfermedades
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. E.  c/ Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-04-07

El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida -art. 75, inc. 22 de la CN; art. 12, inc. c del Pacto Internacional de Dchos. Económicos, Sociales y Culturales; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre DDHH e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Dchos. Civiles y Políticos-.
Concesión errónea del recurso, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Celotti, Maximiliano Javier  c/ Platabus SA  s/ daños y perjuicios (acc. tran. sin lesiones)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-07

Procede declarar mal concedido el recurso de apelación, ello de conformidad con el art. 242 del CPCC, que mediante Ac. 10/2024 la CSJN se establece el monto de apelabilidad a la suma de pesos dos millones cien mil ($2.100.000).
Documento electrónico, firma digital
Materia: INFORMATICO
Carátula: Cons. Prop. Av. Hipólito Yrigoyen 4072  c/ Camarasa de González, Graciela Francisca  s/ ejecución de expensas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La firma digital no es sólo un mecanismo informático de autenticación, sino que jurídicamente equivale a la firma ológrafa, en tal sentido, los arts. 3 de la Ley 25.506 y 288 del CCyCN equiparan tal tipo de firma con la manuscrita.
Modificación de la cosa juzgada, accidente de tránsito, daño moral, monto de la indemnización, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Avila, Carlos Raúl  c/ Colipan, Rodrigo Gastón y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

Cabe modificar la sentencia, aumentando la suma que se reconoce en concepto de daño moral -en ocasión de un accidente de tránsito- y extendiendo la condena a la aseguradora citada en garantía, pues no existe ofrecimiento probatorio del aporte causal de la víctima en el desenlace dañoso como así tampoco ningún argumento en contra de la condena recibida que contribuya a la pretendida concurrencia de responsabilidades. Por otra parte, dado que las lesiones sufridas generaron una incapacidad permanente, dicho padecimiento tiene entidad para causar una pena íntima y pérdida de la autoestima que causa un daño extrapatrimonial resarcible; así, el monto reconocido no resulta suficiente para enjugarlo y en razón de ello corresponde elevar el mismo -arts. 1741 del CCyCN y 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 165 del CPCCN-.
Modificación de la cosa juzgada, secreto fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Fernández, Osvaldo Alberto  c/ Key SA y otros  s/ simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-21

Procede modificar parcialmente la resolución, desestimándose el pedido de levantamiento del secreto fiscal, pues conforme el art. 3 del CCyCN, la decisión cuestionada carece de la debida fundamentación al no desarrollar los motivos por los cuales ordena dicho levantamiento. En tal sentido, la previsión consagrada en el art. 101 de la Ley 11.683 es llevar tranquilidad al ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la DGI será secreta.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, moneda de curso legal, moneda extranjera, depreciación monetaria
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

La Alzada, pese a la base de su razonamiento explicitada en atender particularmente a la situación de los acreedores disidentes en la votación, soslayó efectuar un debido control sustancial de lo propuesto, al preterir toda referencia a la posición de aquellos acreedores cuyos créditos son -o parte de ellos- originariamente en moneda extranjera, enfocando su examen la Cámara en la forma de corrección de la desvalorización a implementarse respecto de las acreencias en pesos argentinos, omitiendo el hecho de que lo contenido en la propuesta denotaría ningún tipo de esfuerzo por preservar de la depreciación monetaria -aunque sea en alguna medida- a las deudas en moneda extranjera, desde la fecha de la presentación en concurso, puesto que pese a dejar en claro que dicho tipo de acreencias también experimentaban desvalorización -máxime si se tiene presente que, justamente, este proceso (en parte) estuvo atravesado por la pandemia generada por el virus COVID-19-, no contempló la diferencia de trato que, en este punto, existiría entre los acreedores, en tanto al simplemente reconocer las bondades de la dolarización, puntualizó que la recurrente se veía parcialmente beneficiada dado que ostentaba una porción de su crédito verificado en pesos; ergo, parcialmente perjudicada ante la falta de esfuerzo -aunque sea- similar. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, costas, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sarati, Mario Gustavo c/  s/ homicidio culposo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

La Cámara entendió que las arbitrariedades alegadas por la presentante constituían un mero disenso no susceptible de ser abordado en el ámbito de la competencia extraordinaria local, reparando en que las críticas de la recurrente se circunscribían a interpretaciones disímiles a la posición adoptada por el Tribunal sobre aspectos vinculados con el derecho común y ajenos a la materia propia del recurso de inconstitucionalidad, puntualmente en lo atinente al método de imposición de costas y a la legislación aplicable a dicha institución, resaltando que en el sub lite se habían brindado los fundamentos relacionados al punto de la cuestión a resolver, esto es, a la precisión de si los ítems expuestos por la Fiscal en el momento de realizar la planilla, podían ser tenidos en cuenta para determinar la posterior imposición de las costas; y en ese contexto, no podían incluirse los rubros expresados (tales como el trabajo de sus empleados o el propio como fiscal), por cuanto los mismos ya se encontraban remunerados por parte del Estado para el propio ejercicio de su función en todos sus extremos, conclusión que se desprendía a partir de una interpretación armónica de la normativa aplicable y sin que ello pudiera valorarse como una arrogación de la función legislativa. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), despido, injuria laboral, violencia como vicio de la voluntad, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Arnold, Edgardo Fabián c/ Expreso Santa Rosa S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

El Tribunal A quo evaluó que las circunstancias fácticas de violencia protagonizadas por el actor surgían acreditadas de las declaraciones y de la descripción de exhibición de las filmaciones de los testigos; que también surgían demostrados otros dos sucesos violentos de fechas anteriores del actor (conforme su propia confesional y las testimoniales), que habían sido oportunamente sancionados con suspensiones y mencionados en la notificación extintiva como antecedentes; y que, conforme el marco legal y convencional, la empleadora tenía la obligación de tomar una acción positiva para tutelar la integridad psicofísica de sus trabajadores, evaluando la Sala en dicha línea la proporcionalidad de la sanción decidida y considerando que había asistido justa causa a la accionada para disponer el despido del actor pues el distracto había sido decidido por la empresa en pleno ejercicio de sus facultades disciplinarias evidenciándose que no se trataba de una decisión arbitraria; y frente a tales consideraciones, las alegaciones de la quejosa resultan insuficientes para derrumbar el pronunciamiento desde una óptica constitucional, puesto que no alcanzan a demostrar que los juzgadores hubieran propuesto una hermenéutica de la normativa aplicable que exceda los márgenes de razonabilidad tolerados, con la consecuente conculcación de derechos y garantías consagrados en las leyes laborales y en la Constitución.
Recurso de inconstitucionalidad, pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: C., M. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la victima menor de edad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-25

El procedimiento de individualización de la sanción -lo que abarca lógicamente su modalidad de cumplimiento- debe efectuarse en el marco dispuesto por las normas constitucionales y garantizando el principio de legalidad, entendiendo que, excepcionalmente, y de ser absolutamente necesario en virtud de la esencialidad del fin readaptador de la pena, se podría justificar el apartamiento de la letra de la ley para dar cumplimiento a aquella manda de superior jerarquía, ello así puesto que las penas privativas de la libertad tienen como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados, no obstante ello, esta esencialidad no autoriza a desconocer absolutamente otros parámetros para estructurar la respuesta penal ante un delito que se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico, pues no implica que dicho objetivo consienta toda medida por el solo hecho de que se la considere dirigida a ese fin; y en el caso concreto, la resolución de la Alzada exhibe un déficit en la motivación y fundamentación exigible, con afectación constitucional que resulta decisiva para la suerte de lo decidido en el sub lite, desde que no se encuentra en discusión que la situación del encartado no encuadra -ni con un esfuerzo interpretativo- en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 10 del Código Penal, por lo que el Magistrado se aparta de la normativa vigente a partir de una excepción que no se encuentra legislada. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.3; Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22 - CITAS: CSJStaFe: AyS T 263, p 248.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

En el caso de marras, no luce debidamente cumplida la faena propia de los jueces en procesos de este estilo, que consiste en terciar para que cada uno de los actores involucrados logre el mayor amparo posible, ello sin perder de vista que campea el interés general en orden a la continuidad de la empresa, por lo que frente a la existencia de posibilidades y recursos finitos, todos los intervinientes se ven constreñidos a resignar una parte de sus aspiraciones individuales, pero confiados en que luego del tránsito de todas las etapas previstas por el ordenamiento, se arribará al mejor resultado posible que atienda de la manera más óptima sus derechos, sin que se materialice una convergencia que -injustificadamente- de más a unos que a otros. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, categorización de acreedores, igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

No uede pasar desapercibido que, como consta en autos, se exhortó a la concursada a incorporar soluciones razonables para mantener la cadena productiva, contemplando las diferentes circunstancias del gran abanico de acreedores concurrentes, y el hecho de que con ese pago se desinteresara aproximadamente a más de 800 acreedores, no autoriza a inferir que la entidad de tal pago fuere la causa de la quita y la espera para otros acreedores de mayor monto, en tanto las quitas y esperas legalmente amparadas son impuestas por la escasez propia de la insolvencia, sin demostrarse, ni poder siquiera entreverse, que algún tipo de categorización hubiese podido cambiar de manera significativa la situación de los acreedores de mayor cuantía, pudiendo entonces colegirse que -en cierto sentido- se propone que el principio de la pars conditio creditorum se evalúe como una proporcionalidad matemática para cuestionar el pago igualitario, que sólo representa el 7,7% del total ofrecido a quirografarios, y ello partiendo de una postura interpretativa sin fuente legal, que contrariaría principios que privilegian la solución concordataria, y desde alegaciones recursivas que no logran demostrar el endilgado abuso de derecho. (Del voto en disidencia de la Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, depreciación monetaria, quita
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

La Alzada explicitó una fundamentación sólo aparente al preterir otros elementos de juicio conducentes y hacer estribar su razonamiento en meras afirmaciones dogmáticas, en tanto el Tribunal a quo circunscribió el análisis del agravio relativo a la violación de la par conditio creditorum sólo a la porción del pago inicial -U$S 30.000 para cada acreedor, o monto menor verificado/admitido-, soslayando otras circunstancias que también debían ser valoradas, como ser la diferencia de trato que recibirían las acreencias expresadas en dólares estadounidenses, al no realizarse esfuerzo alguno por preservarlas de la desvalorización monetaria -que también sufren este tipo de monedas duras-, en contraposición a lo ofrecido para los acreedores cuyas acreencias tienen como moneda de origen pesos argentinos; la quita que experimentarían los acreedores que no resultaren satisfechos con el pago inicial, a tenor de que no se contempla tasa de interés para mantener incólume el capital ofrecido por la espera -pudiendo llegar a ser de doce años, para algunos-; y el riesgo, la incertidumbre y la capitalización forzada a la que serían sometidos aquellos sujetos que no alcanzaren a recibir sus acreencias con el pago inicial y el pago adicional; puesto que en el análisis de las críticas esgrimidas no cabía prescindir de dichas circunstancias, las cuales traerían aparejado que, en el caso, no se respete la igualdad contemplada en el artículo 43 para acreedores dentro de la misma categoría, entendida desde un punto de vista económico-financiero, implicando un apartamiento de la solución normativa prevista. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) Ley 24522, artículo 41
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, responsabilidad penal, culpabilidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: V., J. O. c/  s/ homicidio doloso calificado- apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-25

Los Jueces aludieron a que las teorías del caso intentaban ubicar al encartado en un lugar diferente al tiempo del acaecimiento del hecho juzgado; sin embargo, analizando el fallo alzado, proporcionaron las razones para entender que la prueba tornaba insostenible esa hipótesis, en tanto refirieron minuciosamente a distintos testimonios que con mayor o menor grado de firmeza -de acuerdo a sus posibilidades de percepción- afirmaban al imputado como uno de los autores del ilícito, reparando asimismo en que los deponentes se reforzaban con numerosos indicios de cargo, y ponderando a su vez que los testigos que ubicaban al inculpado en otro lugar eran allegados, ofrecidos recién para el plenario; circunstancias que -conforme razonaron- relativizaban su objetividad; y de lo actuado se evidencia que en la revisión ordinaria los Magistrados intervinientes proporcionaron puntuales desarrollos para descartar los agravios apelatorios y confirmar la sentencia de condena, omitiendo en la presente instancia la recurrente hacerse cargo de refutar y neutralizarlos como totalidad, con lo que sus reiterativas alegaciones, en definitiva, tan sólo evidencian su desacuerdo con la solución del caso y la pretensión de imponer la propia -no así supuestos de descalificación desde la óptica constitucional-, lo que sella la suerte adversa de la vía intentada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gudiño, Claudio José c/  s/ homicidio doloso calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

El Tribunal de Alzada brindó los motivos por los que entendía que la sanción impuesta al justiciable lucía excesiva en el caso y por ende, debía disminuirse, teniendo en miras principalmente la finalidad de la pena privativa de libertad y el principio de humanidad; y frente a tal fundamentación, los planteos defensivos sólo dejan entrever la mera discrepancia de la compareciente con la interpretación que de cuestiones fácticas y de derecho común efectuaran los Magistrados en ejercicio de funciones propias, sin evidenciar la presencia de un supuesto de arbitrariedad o de afectación de principios constitucionales, no apareciendo prima facie el fallo atacado disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gudiño, Claudio José c/  s/ homicidio doloso calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

El memorial introductor de la vía extraordinaria local presenta defectos determinantes en orden al acabado cumplimiento del requisito de autosuficiencia, dado que si bien intenta la impugnante una crítica a la valoración de algunas de las pruebas producidas, haciendo alusión a que la sentencia recurrida resultaría arbitraria y lesiva de principios y garantías constitucionales -fundamentalmente del estado de inocencia de su asistido y del doble conforme-, omite efectuar -como era esperable atento al tenor de sus agravios- un relato objetivo y completo de lo ocurrido en el juicio y de todos los medios probatorios producidos y tenidos en cuenta para fundar la condena y su confirmación a los fines de intentar acreditar la decisividad de sus planteos en relación al resultado de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, abuso del derecho, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

El cimero Tribunal nacional ha referido que, en el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económico-social de aquél, que está dada no sólo por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, resultando no ser el pronunciamiento impugnado una derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos comprobados de la causa y, por tanto, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos: 332:2339.
Recurso de inconstitucionalidad, acuerdo de partes, salvataje de la empresa
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicentin S.A.I.C. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-02-18

Las alegaciones recursivas de la compareciente -invocando perjuicios abusivos para los mayores acreedores- no consiguen demostrar la arbitrariedad o el desenfoque reprochados al pronunciamiento recurrido, por haber comparado los pagos que por la propuesta recibirían los acreedores disidentes con el dividendo que a éstos pudiera corresponder en moneda de quiebra; por el contrario, no podría alegarse un desenfoque en la comparación efectuada por la Alzada entre los escenarios mencionados, cuando en fundamentación normativa aplicó a tal efecto, analógicamente, el criterio del artículo 52, inciso 2, apartado b, IV de la ley concursal (texto según ley 25589, art. 17), y citó opiniones doctrinarias en aval de su postura; y aunque la recurrente alude a las ventajas del cramdown, lo cierto es que tal procedimiento constituye únicamente una alternativa a la declaración de quiebra y no un parámetro de abusividad, ni una alternativa a la homologación de un acuerdo que logró las mayorías de ley, cuando no se ha logrado demostrar ni el abuso, ni la mala fe, ni el fraude. (Del voto en disidencia de la Dra. Gastaldi) Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 10; Código Civil, artículo 1071