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Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, perito tasador, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Segovia, Aurelia y otros c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Toda vez que los expertos cumplieron con las tareas encomendadas y no se dieron en autos ninguno de los supuestos contemplados por los artículos 470 y 473 "in fine" del Código Procesal, es procedente la regulación de honorarios de ambos peritos que han tenido una coincidencia sustancial y que han sido suficientemente ilustrativos sobre las condiciones del inmueble de que aquí se trata.

Por otra parte, no basta con impugnar un dictamen pericial para que éste caiga y para justificar el no pago de los honorarios devengados. En este sentido, las impugnaciones sólo traducen una discrepancia con la avaluación de la unidad, pero de ningún modo son suficientes para invalidar las tasaciones.

Además, a los efectos de determinar los honorarios de los profesionales intervinientes, el Tribunal no debe tener en cuenta sólo la estimación del inmueble realizada por los peritos sino también que se trata de un bien adquirido para hacer posible que grupos familiares carecientes accedan a la vivienda propia mediante precios subsidiados, de modo que no es razonable calcular su valor como si se tratase de inmuebles comprados según los valores del mercado (esta Sala, causa 1470, de 2/11/90).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SOMAY, Manuel c/ GUIDO, A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

En la determinación del monto resarcitorio de la privación de uso del automotor dañado en un accidente de tránsito, se trata de indemnizar el perjuicio neto, o sea descontando del bruto las costas de la utilización del vehículo (combustible, lubricantes, desgaste de piezas), impedida por la necesidad de ser reparado.
Recurso de apelación (procesal), falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: CANNUNI, SUSANA DANIELA EN REPRESENTACIÓN DE ALBERSTEIN, ALIN ALEJANDRA. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA. s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.356/11).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20

La omisión de adjuntar las copias previstas por el art. 250 del CPCC de la Pcia de Salta para el recurso de apelación concedido al solo efecto devolutivo no es susceptible de subsanación por parte del órgano jurisdiccional, en virtud de tratarse de una carga propia del justiciable de incorporar las piezas judiciales que hacen a su pretenso derecho, razón por la cual corresponde hacer efectivo el apercibimiento y considerar desierto al recurso interpuesto.
Despido sin causa, indemnización por despido, ley de empleo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

De conformidad con lo normado en el art. 153 de la ley 24013, el tope que esta norma fija, debe ser tomado a la fecha del despido y no en una fecha posterior.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central, quiebra, nulidad procesal, delegado liquidador, matrícula profesional, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Símbolo Cía. Financiera S.A. s/ quiebra - recurso de queja por casación denegada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La nulidad de las actuaciones deducidas por el Banco Central tendientes a obtener la declaración de quiebra de la entidad liquidada - discernida por los jueces de la causa en razón de que los liquidadores que intervinieron en representación del ente rector no habían acreditado su matriculación - constituye un evidente entorpecimiento del ejercicio del poder de policía financiero asignado al Banco Central y dilata irrazonablemente en el tiempo la liquidación del patrimonio de la deudora.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poli Carlos Federico c/ Destéfano Homero s/ Fijación de honorarios Ley 8904
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Los escritos judiciales son, en esencia, actos jurídicos, y si carecen de firma, deben considerarse inexistentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Suñer, Josefina y Otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y Otro s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

En juicios cuyos montos son de excepcional magnitud, la regulación no depende exclusivamente de tales sumas o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces en situaciones extremas, con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (ver Fallos 239:123, 251:516, 256:232, 257:142, 296:124; 302:534 y 1452; asimismo, Fallos 320:495, 322:1537, 325:217 y 331:2550; en el mismo sentido, ver las resoluciones dictadas el 20-5-2014 y el 16-9-2014, en un caso análogo al presente, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, en los incidentes de regulación de honorarios en la causa "Loma Negra Compañía Industrial SA y otros s. infracción ley 22.262", Registros N° 61/14 y 76/14, respectivamente).
Contratos, daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: GALVEZ Oscar Andres c/ Club Social San Juan s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-10-31

La cuestión a resolver tiene que ver con el tema de si son indemnizables los "daños morales mínimos". Para un sector importante de la doctrina rige la máxima "de minimus non curat praetor", tanto por razones prácticas (si se aceptaran reclamos por padecimientos menores los tribunales colapsarían), como porque todos los habitantes deben soportar los inconvenientes o molestias que genera vivir en sociedades cada vez más complejas.

De ahí que se dice, por ejemplo, que el daño debe ser grave, intolerable, de envergadura o producir una honda aflicción. Otros han sosteniendo que no puede rechazarse la indemnización de perjuicios escasos, si existen y son inmerecidos. Hay daños morales de variada gravedad, pero, si se producen y son injustos, no están fuera de la tutela resarcitoria bajo el pretexto de ser 'mínimos'.

Antes bien, lo 'menos' que legítimamente puede pretender cualquier persona es vivir con básica normalidad, sin otros inconvenientes que los aparejados por su naturaleza humana y la convivencia. Bastante difícil es ya afrontar esa vida en sociedades fríamente impiadosas para que, además, deban soportarse sin remedio agresiones externas que desbordan una elemental tolerancia y que frecuentemente pudo evitar el dañador.

Lo central, pasa, entonces, por la injusticia del daño, no por su cuantía. En su consideración no pueden dejar de tenerse en cuenta las particulares circunstancias que han generado el daño (art. 512 C.C.). Es decir, el aspecto subjetivo del incumplimiento. El dolo o la culpabilidad calificada en ocasiones profundizan el daño moral.

"Efectivamente, no se vive igual ser víctima de un error (aún inexcusable) que sentirse estafado: el dolo o una culpa grave tiñen entonces al perjuicio con una mayor injusticia que la de una lesión meritada en abstracto". Asimismo, cabe tener en cuenta que la reparación por daño moral además del carácter resarcitorio, que es el principal, también tiene en cuenta una finalidad preventiva para que no vuelva ocurrir.

El derecho de daños no debe descuidar una finalidad preventiva, que disuada de conductas previsiblemente nocivas; es decir, de aquellas en que se incurre cuando se sabe que no aparejarán derivaciones gravosas para los responsables.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Risso, Celia c/ La Previsión Cooperativa de Seguros Limitada s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza el desacuerdo del agraviado con las motivaciones del fallo, sin que ello conmueva su estructura básica.
Responsabilidad de la provincia, daños y perjuicios, personal policial, funcionarios judiciales, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Asociación Mutual Latinoamericana c/ Misiones, Pcia. de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Para atribuir responsabilidad a la provincia por el actuar antijurídico de funcionarios policiales y judiciales no basta con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad.
Defensa en juicio, recurso de reposición (procesal), derecho al recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal investiga abuso Sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-13

La real defensa técnica garantizada impide la excepción del artículo 376 CPP, primer párrafo: la presencia del Abogado y su asistencia al enjuiciado obligan a que el letrado agote las articulaciones permitidas por el ordenamiento adjetivo; entre ellas, la revocatoria cuyo planteamiento significa la importante reserva de impugnar el fallo (365).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, competencia, jueces naturales, nulidad procesal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CLEMENTIN, JULIO CESAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

La mera alusión a normas y principios de raigambre constitucional no determina por sí misma la admisión del recurso de inconstitucionalidad provincial, siendo necesaria la demostración de la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa, no surgiendo del recurso la existencia en el caso de tal vinculación. En el caso, si bien el impugnante funda su pedido de nulidad de todo lo actuado invocando afectación a la garantía de "juez natural" y al principio de legalidad, por cuanto la competencia del Juez de Menores no tendría fuente legal, debe resaltarse que la Cámara al rechazar el recurso ordinario en este punto "consideró legítima la actuación del Juez de Menores de Tostado a través de una interpretación de la ley, a la sazón, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Nro. 10160, y sólo acudió a la fuente reglamentaria de la CSJSF efectivamente posterior a los actos cuestionados para darle respaldo lógico, siendo entonces irrelevante la data de esta última" , argumento que no fue controvertido adecuadamente por el compareciente. Por lo demás, aun cuando los Sentenciantes basaron su rechazo al pedido de nulidad no sólo en una interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino también en lo dispuesto por el artículo 30 del Código Procesal Penal que prevé la validez de los actos de instrucción aun en caso de incompetencia y, fundamentalmente, en que la intervención del cuestionado Magistrado no le habría irrogado al imputado ningún perjuicio requisito ineludible en cualquier pedido de nulidad , tales argumentos ni siquiera son mencionados por el recurrente al intentar infructuosamente insistir en su pedido de nulidad del proceso por vía del recurso de inconstitucionalidad, permaneciendo así incólumes en esta instancia.
Instrumentos públicos, redargución de falsedad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA - INC. DE REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-10-12

Las condiciones de admisibilidad previstas en el art. 379 del C.P.C. para que queda abierta la vía incidental, dentro de un proceso pendiente son: La previa impugnación de la autenticidad del instrumento público, que el interesado debe formular al corrérsele traslado del mismo y la promoción del incidente dentro del plazo de 10 días de efectuada la impugnación.

Por razones de economía procesal se admite que la impugnación del instrumento público y el incidente se interpongan conjuntamente, contándose el plazo desde que el interesado tomó conocimiento del documento impugnado.

Ello denota bien a las claras la existencia de dos momentos distintos: el de la "impugnación", a partir del cual corre el plazo para promover la "redargución", siendo primero en el tiempo el de la "impugnación", a partir del cual corre el plazo par promover la "redargución.

Claro está que si bien esta norma establece el referido plazo de diez días de efectuada la impugnación par la formación del correspondiente incidente, nada impide que se deduzcan ambos en forma coetánea, por cuanto no por ello el incidente sería extemporáneo si el mismo ha sido deducido dentro del citado plazo de haber tomado el incidentista conocimiento del acto que ataca, lo contrario podría configurar un exceso ritual manifiesto.
Revocación de sentencia, legitimación pasiva, incumplimiento del contrato, rechazo de la demanda, remise
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martínez, Johanna Vanesa  c/ Clama SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

Si bien se revocó la resolución que hizo lugar a la falta de legitimación pasiva de ambas codemandadas, cabe rechazar la demanda por incumplimiento contractual. Es que se advierte imprudencia en el actuar del accionante, quien sin asesorarse debidamente, adquirió un rodado que, por sus características originales no cumplía con los recaudos exigidos para su habilitación como remís. El posterior desarrollo del presente trámite tuvo indiscutido origen en tal negligencia que no podría derivar en responsabilidad alguna de la concesionaria o la automotriz, en tanto no fue acreditado -ni siquiera alegado- que se hubiera establecido, como elemento esencial de la adquisición del rodado, que el mismo debía cumplir con los requisitos necesarios para poder ser habilitado como remís. Es que tal cuestión compete al adquiriente, quien de forma previa a la compra de un vehículo, debió cerciorarse de que el rodado cumplía con los recaudos que eran exigidos para el uso que le pretendía dar.
Seguros, productor asesor de seguros, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: NADAL, CARLOS c/ OMEGA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Si el productor actúa aparentando un mandato de la aseguradora, evidenciado por la tolerancia de esta última a la aludida actuación, los actos realizados por el productor resultan eficaces.
Cobro de sumas de dinero, verificación de créditos, cesión de créditos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Natural Foods Industrial Exportadora S. A. c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

La pretensión de cobro no puede prosperar cuando en el marco del procedimiento de verificación de deuda, si bien el cesionario puso en conocimiento del Gobierno local la cesión de créditos, al presentar la documentación respectiva, dicha presentación resulta inválida como notificación, por no haber sido realizada sobre la base de un documento auténtico emanado del cedente y no haber cumplido los requisitos contemplados en el decreto 5905-MCBA-87 referidos a quién y cómo hay que notificar las cesiones de créditos en las que el deudor cedido era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Notificación, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: NATTERO CARLOS ANTONIO s.d DEFRAUDACION (RETENCION INDEBIDA) e.p LUIS EDUARDO RAED s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-16

La cédula de notificación diligenciada sin haberse cumplido con las prescripciones contenidas en al art. 97 del Código de Procedimiento Criminal y Correccional, (se procedió a dejar cédula fijada en la puerta sin encontrarse el interesado), es pasible de nulidad, en tal caso a tenor de lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 97 del citado cuerpo legal, por el cual debió requerirse la presencia de un testigo que firmara la diligencia cuando se fije la cédula en la puerta.
Comuna, comisión comunal, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabral, Miriam Lamelas de c/ Comuna de Alejandra s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 160-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Para la validez de las resoluciones que toma la Comisión Comunal, basta con que se reúna el quórum y la mayoría prevista para dictar resoluciones válidas. El único supuesto en que la ley expresamente exige que el Presidente cite a los miembros de la Comisión Comunal está previsto en el artículo 29 in fine, que refiere a "casos urgentes", cuando la naturaleza del asunto requiera la convocatoria a reunión extraordinaria, hipótesis que no se acreditó correspondiera al supuesto de autos, por lo que cabe rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Muerte, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Narváez, Alfredo y Oviedo de R. Berta c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-26

El daño se sufre necesariamente por la víctima antes de su muerte.

Por rápida que sea ésta, entre ella y los golpes asestados ha transcurrido forzosamente, al menos, un instante de razón.

Obligatoriamente los golpes han precedido a la muerte. En ese instante, por breve que haya sido, en que la víctima ya alcanzada no habría muerto aún, en ese instante en que su patrimonio existía todavía, se origina el crédito de indemnización; por lo tanto, los herederos lo encuentran en la sucesión. Los herederos no demandan la reparación de un perjuicio sufrido por un muerto; sino algo muy diferente, la reparación del perjuicio sufrido por un ser viviente al morir, por el hecho de su muerte. La acción se les transmite.
Responsabilidad del Estado, policía federal, francos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Sayago  Horacio  Adrián  y  otro c/ EN  -PFA y Otro s/ Daños yPerjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

El Estado es responsable por el hecho dañoso, aún cuando el autor se encontrara en franco de servicio, toda vez que aquél fue consecuencia directa del uso del arma que el primero provee a sus agentes (Fallos: 327:5295 y 317:1006) (Del voto del juez Grecco, cons. 3°).
Derecho a la privacidad, autonomía de la voluntad, cinturón de seguridad, infracciones de tránsito, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Garay, Diego Sebastián  c/ Provincia de Mendoza s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

En virtud de la protección de que gozan las acciones privadas, para juzgar la constitucionalidad de la normativa que sanciona la acción del conductor de no abrocharse el cinturón de seguridad en la vía pública, es irrelevante que la medida estatal no revista naturaleza penal o que tenga escasa significación económica y tampoco cabe admitir, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, argumentos de corte perfeccionista que aspiren a imponer una concepción del bien personal para justificar el obrar estatal (Voto del juez Rosenkrantz).
Resistencia a la autoridad, resistencia a la autoridad calificada con armas, robo con armas, tentativa, concurso ideal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: PELAY, J.A. s/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-22

La activa oposición del encausado, quien estando todavía en el interior de la peluquería que había asaltado con otro, comenzó a disparar el revólver que llevaba a fin de evitar ser detenido por su ocasional aprehensor, importa el delito de resistencia a la autoridad, de acuerdo a la doctrina sentada en el plenario 'Palienko, B.' del 28/11/47. Esa figura prevista en el art. 239 del C. Penal en la versión de la ley 23.077, que resulta más benigna por lo dispuesto en su art. 2, carece de agravantes y se enlaza idealmente con el robo agravado por su comisión con armas en grado de tentativa.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: Marioni, Sergio David s/ Usucapion - Medidas Preparatorias Para Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-10-21

La carga de la prueba concierne al actor que pretende usucapir, esa prueba debe ser concluyente, pues no basta para la adquisición del dominio que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte de los titulares registrales, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir y que sean lo suficientemente idóneos, como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponde los derechos que le han sido desconocidos.
Despido, discriminación laboral, discriminación por enfermedad, SIDA, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BANCO   GENERAL   DE  NEGOCIOS  SA s/ LIQUIDACION  JUDICIAL  S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (POR LIMA, ONOFRIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05

Cabe admitir el reclamo de indemnización por daño moral ocasionado por la entidad fallida a uno de sus empleados, toda vez que ha quedado acreditado el trato discriminatorio de que este fue objeto; pues, probada la enfermedad por el trabajador, así como el despido, y en tanto toda restricción o limitación al derecho del trabajo en aquellos casos en que las consecuencias de la infección del virus HIV no afecten, concretamente, las aptitudes laborales ni comprometan la salud de terceros, constituye una conducta discriminatoria (cfr. CSJN, 17.12.96, "B., R. E. c/ Policía Federal Argentina", Fallos 319:3040); era carga de la fallida demostrar que el despido respondió a la alegada reestructuración de la empresa y que, así como afectó al incidentista, pudo alcanzar a cualquier otro trabajador sano (arg. ley 20744: 81); como esa carga no fue cumplida, el reclamo debe ser atendido, pues se encuentra configurada una trasgresión a las disposiciones de la CN: 16 y los tratados internacionales incorporados a ella y las leyes 23592 y 23798
Proceso penal, denuncia prohibida, cónyuge del procesado, nulidad procesal, fiscal de Cámara
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cóppola, Alberto Angel s/ falsificación de instrumento público -Causa N 899
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que anuló todo lo actuado por considerar que la denuncia había sido efectuada por la cónyuge del procesado (art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) al enviar al fiscal de cámara una misiva con el documento supuestamente falsificado si el acto que contuvo la noticia del delito y que desencadenó la persecución penal fue realizado por el referido fiscal, que es la persona particularmente ofendida por el hecho delictuoso.