marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo, inhabilitación profesional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ibarra, Gustavo Jorge  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ibarra, gustavo jorge contra gcba sobre amparo - impugnación-inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia de la Cámara que declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que rechazó in limine litis el amparo dirigido a cuestionar una resolución administrativa. Esta dispuso la inhabilitación del actor para usar su firma como arquitecto para tramitaciones en la CABA. Ello así, en tanto no logra acreditar un caso constitucional que a este Tribunal corresponda ahora resolver, ni que la sentencia cuestionada, más allá de su acierto o error, haya excedido el límite de las facultades propias del a quo. Las objeciones que formula el recurrente no permiten habilitar la instancia extraordinaria local prevista en el art. 113, inc. 3° de la CCABA en tanto únicamente remiten a cuestiones de hecho y de derecho infraconstitucional y de índole procesal. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda, mandato, contrato verbal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRAGAPANE ALDO c/ MARIA ZOBIN Y OT. s/ Sumario (LIBRO: S084 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-11

La demanda deducida invocando personeria de urgencia debe considerársela -por imperio del art. 29 ap. IV, CPC- efectuada por el propio interesado, ya que a quien lo representó se lo considera ungido como mandatario desde el momento en que invocó esa representación y la acreditó en término. Basta para nuestra legislación formal, por consiguiente, el mandato verbal, siempre que se lo confirme dentro del plazo que se le confiera, mediante el respectivo poder o la ratificación expresa en el expediente.

Por lo tanto, dicha demanda, tal como lo prescribe el art. 3986 del CCI interrumpió el plazo de la prescripción, antes que ésta operara.
Prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ZARATE DE FARIAS JOSEFINA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-02-17

A los fines de integrar la noción de "determinación de la incapacidad", es necesario realizar una interpretación armónica de la ley 9688, ley 23.643 y ley 24.028 en concordancia con el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), mediante un principio apto para satisfacer los requerimientos del casuismo judicial y las exigencias de un valor fundamental, cual es la seguridad jurídica.

De tal modo, el tipo objetivamente descripto en la ley es integrado con el principio según el cual esa "determinación" coincide con el conocimiento "cierto" acabado de la lesión y de sus efectos incapacitantes, que sólo se logra cuando se ha producido el dictamen de una junta médica dispuesta en sede previsional, administrativa o judicial.

De conformidad con lo que disponen los arts. 2 y 8 de la ley 9688 que rige el caso- el punto de partida para el cómputo de la prescripción es el conocimiento real y efectivo de la incapacidad que padece el trabajador tanto en su grado, carácter de permanente, posibilidad de sustitución, etc.

Es necesario que el damnificado tenga conocimiento de todas las circunstancias atinentes a su incapacidad y en especial, ese carácter de permanencia que normalmente quedará asignado a través de la determinación que efectúe la junta médica. (Voto del Dr.

Ayan).
Ética profesional, tribunal de disciplina, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/ Presunta inconducta profesional por demanda de particulares s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-30

Cabe rechazar la restitución de dinero entregado al letrado patrocinante -conforme recibos acompañados- en función del pacto de cuota Litis celebrado entre las partes, debiendo los denunciantes agotar previamente las vías judiciales pertinentes, pues el tema planteado no entra dentro de la órbita de competencia de este Tribunal, se trata de un órgano que no tiene facultad alguna para obligar -si correspondiere- a la restitución de dinero alguno, en cambio resulta competente cuando la conducta de los colegiados en el ejercicio de la profesión transgreden normas éticas.
Contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lucci   Andrea   Paula c/ Casino  Buenos  Aires  SA  Compañía  deInversiones        en       Entretenimientos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

Cuando la actitud patronal que provoca el distracto -sea directa o indirectamente- , más allá de su eficacia para extinguir la relación, está acompañada de otros componentes que "descalifican" en sus cualidades morales a la otra parte, dejándole un estigma que puede afectar incluso futuros puestos de trabajo en el ámbito privado o público, el daño que se provoca constituye un ilícito extracontractual que no se encuentra contemplado dentro de los límites de la tarifa legal. En tales casos, se configura un supuesto excepcional que justifica la reparación del daño moral más allá del sistema tarifario previsto para la reparación de las consecuencias que normalmente derivan de un despido.
Resoluciones inapelables, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, aplicación de la ley, ejecución fiscal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL -D.G.I.- c/ KAVULAKIAN COMUNICACIONES S.A. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-22

Habida cuenta que el art. 92 de la ley 11.683 -a partir de la reforma introducida por el art. 34, inc. 11) de la ley 23.658- establece la inapelabilidad de la sentencia de ejecución, el recurso de apelación ha sido bien denegado por cuanto admitir la revisión del mérito de lo resuelto importaría desconocer la prohibición establecida por la norma de referencia (conf. Podetti, J. Ramiro, "Tratado de las ejecuciones", Edición ampliada y actualizada por Víctor A. Guerrero Leconte, pag. 640; C.N.A.C.A.F., Sala I, in re "F.N. (D.G.I.) c/ Tadenay", sent. del 28-7-93; ídem Sala II, in re "F.N. c/ Mariano Caffiero S.A.", sent. del 19-5-94; "Fisco Nacional -D.G.I.- c/ Apholos S.A.I.C.F.I.", sent. del 19-11-96, entre otros).
Encargados de casas de renta, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, ALBERTO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS OLLEROS 2570 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-31

El régimen de los encargados de casas de renta, contempla un sistema especial de estabilidad, que hace que no pueda afirmarse que las disposiciones de la LCT. referidas al mismo punto contemplen situaciones no regladas por dicho régimen especial, consagrando beneficios superiores o compatibles con el específico régimen jurídico.
Liquidación judicial, sentencia, índices de actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: VIALCO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - IMPUGNACION A LA LIQUIDACION PRACTICADA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 619 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23

No puede aprobarse la liquidación practicada desde que en la planilla acompañada, los montos de la deuda originaria se actualizaron mediante la aplicación del "indice de precios al por mayor nivel general," contradiciendo la lógica de lo resuelto por la Corte en razón de que una interpretación sistemática y armónica del "acuerdo transaccional" celebrado entre las partes -al que remite la sentencia- y de la renegociación de los términos contractuales, determina que el indice de actualización empleado para toda la operatoria del contrato que unía a las partes era el "mayorista no agropecuario total", y por lo tanto, no puede entenderse que el Tribunal hubiera condenado a actualizar los rubros adeudados mediante el empleo de un coeficiente distinto del mencionado.
Querellante, mandato especial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHORNY, Jorge s/ INCIDENTE DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

La exigencia de un mandato especial para querellar, relacionada con la necesidad lógica de establecer ciertos recaudos en orden a la efectiva responsabilidad del querellante, no comporta la obligación de especificar en cada caso el nombre de quienes hayan de ser denunciados o querellados y los hechos que se le atribuyen, de modo que la determinación sea absoluta, como se exige en relación con otros delitos, pues los fines que se persiguen al requerir un mandato de esa naturaleza se cumplen cabalmente al indicarse el objeto de la protección.
Estado de necesidad, juicio de desalojo, falta de trabajo, robo con armas, privación ilegal de la libertad calificada, resistencia a la autoridad, resistencia a la autoridad calificada con armas, concurso real, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: MIÑO, José s/ ESTADO DE NECESIDAD. ROBO. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

1) La mera referencia a un desalojo inminente y a la falta temporaria de trabajo, no basta para la viabilidad de la eximente de responsabilidad del art. 34 inc. 3 C. Penal, la que no fue probada de modo alguno.

2) Configura el delito de robo con armas, en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada por haberse perpetrado con amenazas, en concurso ideal con resistencia a la autoridad (versión de la ley 23077), la acción del procesado que atracó un taxímetro, después de lo cual y lograda ya su desvinculación de la víctima, abordó otro coche de alquiler en el que fue detenido, pudiéndose determinar la independencia de ambas conductas, que llevan a la concurrencia material de los 2 hechos.

3) El delito de resistencia a la autoridad, calificada por el uso de armas, que se encuadró en el fallo de primera instancia en el artículo 239 inc. 1 en función del artículo 238, queda actualmente subsumido en el art. 239 C. Penal en la versión original de la ley 11179, que no contempla dicha agravante y que sanciona el hecho más levemente que la ley derogada.
Sentencia arbitraria, suspensión del debate, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Sanso, Exequiel Omar Horacio  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-08-24

Los artículos 18 de la CN y 171 de la Provincia, imponen a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria; circunstancia que no acontece en lo resuelto por el a quo como cuestión preliminar del debate, en el que sólo ha expresado que no hace lugar a la suspensión del debate solicitado por la defensa.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montesino Atilio c/ Ailán Héctor Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Corresponde anular de oficio la sentencia que no determina el fundamento del que deriva la responsabilidad atribuida al demandado ya que de tal forma impide a la Corte el debido conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso de casación, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINGRAD, NELLY c/ HARRY KOSFELDER s/ LIQUIDACION SOC.CONY
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-03-13

LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCESOS DE EJECUCION DE SENTENCIA Y TENDIENTES A HACERLA EFECTIVA, NO CORRESPONDE EN PRINCIPIO CONSIDERARLAS COMO DEFINITIVAS, EXCEPTO QUE HUBIERE UN MANIFIESTO APARTADO DE LO DECIDIDO EN LA SENTENCIA.
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fischetto, Enrique c/ Jara, Rufino y otra s/ Ejecución de alquileres Alvarez, Jorge A. c/ Nolasco, Gustavo y Cualquier ocupante s/ Desalojo Valastro, José Alberto c/ GErli, Mariel Clara s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28|1991-11-19|1996-12-12

La medidas ordenatorias e instructorias previstas en el artº 36 del CPC, en principio son inapelables. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, viabilidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EXPTE. N° 97.085 EGEA, MARÍA JULIA CRISTINA EN J° 85.385/40.810 EGEA MARÍA JULIA CRISTINA C/ DIRECCIÓN DE VÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE P/ AMPARO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-07

La acción de amparo es una vía de excepción que procede cuando la utilización de los medios ordinarios de protección de los derechos lesionados, resulten insuficientes o ineficaces por el peligro que genera la demora en su tratamiento.

Esta vía excepcional de protección, así como otros remedios ordinarios, esta sujeto a reglas que hacen a su admisibilidad, entre ellas: su temporalidad, la existencia de un daño o peligro inminente de daño, fundamentación suficiente y consistente con lo solicitado.

A los efectos de la procedencia del amparo, en cada caso particular el juez deberá verificar si, de acuerdo a la pretensión deducida y la complejidad (sobre todo fáctica) de la cuestión, el amparo es o no menos idónea que otra vía.

Vía más idónea (art. 43 C.N.) no es sólo vía más rápida, sino que significa más apta, más hábil, más apropiada, de acuerdo a todas las circunstancias que el caso presenta.

En autos, el plazo de interposición de la acción de amparo, debe contarse desde la adjudicación de las matrículas para taxi y no desde el sorteo, por cuanto este es condicional a la verificación que la comisión realice de los bienes registrables o registrados propuestos y/o dinero depositado, luego de él, la Comisión verifica los requisitos legales para recién adjudicar.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, prueba pericial, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: F., G. R. c/ E. N. - N. SH s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

Toda vez que la parte demandada recurrente no impugna oportunamente las conclusiones de la experticia ni tampoco ejercie su derecho de alegar sobre el mérito de la misma, precluye para ella toda posibilidad de cuestionar el dictamen del perito contador. A la par, en tal inteligencia es indisputable que en la instancia revisora el objeto de crítica y de revisión es la sentencia y no la pericia contable producida en autos.

De allí, que no resulta atendibles las manifestaciones que vertiera en la expresión de agravios a su respecto.
Robo seguido de homicidio, homicidio criminis causa, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: AGUIRRE, Miguel A. s/ Causa 26.489
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-26

Disidencia parcial del Dr. González: a): El ilícito atribuible al caso es el del art. 165 del C.P., pues la víctima (policía), no parece haber sido el resultado que perseguían los forajidos, ni aun a título de dolo eventual, sino un resultado imprevisible ante la aparición de un extraño en el lugar donde iba a perpetrarse el robo, que decide frustrarlo, cayendo abatido en el intento. Es decir, que para poder diferenciar ambas hipótesis delictivas, es necesario determinar si los agentes han matado para robar (art. 80, inc. 7°, C.P.), o si al robar han matado, como parece ser el caso de autos, pues el latrocinio del art. 80 está caracterizado por la existencia de esa circunstancia de carácter subjetivo consistente en el propósito voluntario y conciente dirigido a lograr directamente la muerte de la víctima elegida, debiendo limitarse la figura del robo agravado del art. 165, C.P. a aquellos casos en que la muerte no ha entrado en el designio del reo y acaece como resultado accidental de la violencia propia del atentado patrimonial.
Prueba, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, delitos contra la humanidad, Fuerzas Armadas
Materia: PENAL
Carátula: Arrillaga, Alfredo Manuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

Las alegaciones de la defensa en torno a la ajenidad del enjuiciado en los sucesos ocurridos bajo la órbita de un superior y en una ciudad en la cual él no cumplía funciones, pierden virtualidad, pues ha quedado demostrado su aporte concreto, como segundo jefe, desde un cargo jerárquico que permitía controlar y poner a disposición los medios necesarios para que las operaciones se llevaran a cabo.

A partir del cuadro probatorio analizado en la sentencia el órgano jurisdiccional tuvo por acreditado el aporte del imputado para la concreción tanto de las detenciones ilegales llevadas a cabo en el ex radar, como también, las torturas impartidas a las víctimas, y los llamados "vuelos de la muerte" a través de los traslados que se hicieron de varios detenidos en aviones que partían de allí, entendiendo que hubiese sido materialmente imposible que miembros de otras fuerzas armadas tuvieran acceso directo al hangar y a la pista de aterrizaje.

Fuente del sumario: OFICIAL
Excusación, asegurador por riesgos del trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: López Benítez Héctor Darío c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos ART s/ proceso laboral (por excusación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

El de autos es un típico accidente en trayecto, no es en ocasión del trabajo. El empleado del poder judicial culmina su trayecto al ingresar a su puesto de trabajo y firmar el libro de asistencia o marcar su ingreso en el sistema de identificación digital. Antes de ello, está en trayecto. Estacionar el auto y el desplazamiento hacia el edificio donde presta servicios es parte del trayecto. Recordemos la definición legal: "es el hecho súbito o violento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo" (cfr. art. 6º) (Voto Welp. Adhesión Romero)
Declaración indagatoria, plazo, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'Gareca, César Luis Alberto s/ infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil -CP (P/L 2303-)'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

La Cámara interpretó que si bien la audiencia de intimación del hecho prevista en el art. 161, CPP, es el hito a partir del cual debe computarse el plazo previsto en el art. 104, CPP, en este proceso, en el que las actuaciones arribaron a este Poder Judicial luego de que el acusado brindó la declaración indagatoria prevista en el art. 294, CPPN, debía iniciarse el término en cuestión recién a partir de que las autoridades judiciales locales tomaron intervención -ingreso de las actuaciones al fuero penal local-, para concluir el plazo de duración de la investigación penal preparatoria no se había cumplido, de modo que la sola invocación de que ese plazo ha vencido y que -por ello- se ha lesionado la garantía de plazo razonable, sin rebatir sólidamente los dichos de la Cámara, no deja de constituir más que una afirmación dogmática. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Delegación de la investigación, facultades del juez, resoluciones inapelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fiscalía Federal nro. 5 s/ Queja por apelación denegada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-10

En materia de delegación el Tribunal ha sostenido ".que el ejercicio de la facultad a la que alude el artículo 196 del C.P.P.N, confiriendo dirección al fiscal, .no hace más que asignarle uno de los cometidos esenciales inherentes a su razón de ser, ajustando su rol a la potestad que ejercita. Una exégesis razonable de la ley procesal impide sujetar a un plazo mínimo la innovación introducida por el artículo 196, que aunque tímida y mediatamente, permite al Ministerio Público protagonizar la investigación preliminar desdoblando las funciones de requerir y decidir, a la luz de las legislaciones más modernas y de los principios republicanos, y en vistas de una mayor agilidad y eficacia en la persecución"(cfr. de esta Sala, causa n° 28.425 "Desirée Aidar, J.", reg. 30.699 del 24/11/09 y sus citas).

Es que no debe olvidarse que "el instituto de la delegación es eminentemente discrecional para el juez, pudiendo éste disponer de su utilización durante toda la instrucción, con el único límite de la conveniencia para el desarrollo de la investigación." (en este aspecto, v. causa n° 17.121 "Inc. de apelación en autos Valdez, B. s/defraudación", rta. 16.11.00, reg. 18.176; c. n° 17.248 "Norberto y otros s/nulidad art. 196 C.P.P.", rta. 5.12.00, reg. 18.254 y sus citas; c. n° 19.098 "Massholder, Juan s/nulidad delegación fiscal", rta. 22.8.02, reg. 20.079, entre otras).
Prescripción de la pena, notificación, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Callejas, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-01

En el caso, el tribunal a quo ordenó la captura del imputado al quedar firme su condena, la que no se hizo efectiva porque éste se profugó y no pudo ser habido, circunstancia que frustró su debida notificación personal. Por ello no puede sostenerse que el Tribunal Oral no dispuso oportunamente las medidas tendientes a notificarlo efectivamente y a ejecutar el cumplimiento de la condena, que ya había pasado en autoridad de cosa juzgada. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido art. 66. La orden de detención librada y la notificación al defensor, no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de establecer el momento en que comenzó a correr el plazo de la prescripción de la pena. Por el contrario, como dicha captura no se hizo efectiva, no hay constancias en el expediente de que el imputado haya tomado personalmente conocimiento de la firmeza de su condena hasta su presentación, por derecho propio, por lo que es esa la fecha que se debe tener en cuenta a los efectos mencionados, conforme a la normativa que se viene invocando. (Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).