marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrucción, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Alfredo Ernesto s/ Tentativa de hurto simple Arce, Ezequiel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24|1992-10-27

Las omisiones sumariales respecto de la debida investigación de la ebriedad no pueden perjudicar al procesado.
Garantías procesales, acceso a la justicia, debido proceso, tasa de justicia, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A.P.S. c/ Medicus Sociedad Anónima.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Tanto la tasa de justicia cuanto los depósitos que son requeridos en las instancias recursivas, no deben ser exigidos en ningún caso como condicionantes previos del acceso a la jurisdicción, para evitar cualquier tipo de cercenamiento de la garantía constitucional cualquier pago debe ser realizado al finalizar el pleito y por parte de quien ha resultado vencido (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.C.A. c/ G.I. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La decisión contenida en la Sentencia debe ser expresa, positiva y precisa, debe conformarse a las pretensiones deducidas en el juicio, debe declararse el derecho de los litigantes y condenarse o absolverse de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.-
Nulidad procesal, querella, facultades del querellante, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ARANA, ADALBERTO E. s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 987
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-10

Los verbos "intervenir" y "participar" empleados en la redacción del inciso 2do. del artículo 167, así como el carácter esencial del vicio contenido en esa norma, autoriza a inferir que la sanción de nulidad está prevista en aquellos casos en los que se ha omitido la actuación del querellante en los actos y diligencias consignados en la ley. Dicha nulidad encuentra su razón en el quebrantamiento de los principios del debido proceso y de la defensa en juicio, garantías constitucionales cuya violación provoca las nulidades absolutas.
Excarcelación, homicidio simple
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Silvio Ramón s/ Recurso de casación s/Homicidio y lesiones graves lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-10-06

La privación de la libertad anterior a la sentencia sólo será constitucionalmente admisible si además del obvio "fumus bonis juris", -esto es, que el imputado aparezca, con gran probabilidad, sospechado de haber cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento, y de la también obvia necesidad de que el imputado haya podido conocer la intimación y cuente con abogado defensor y oportunidad de ser oído-, se crea fundadamente que la libertad del imputado pone en peligro los fines del proceso, esto es, averiguar la verdad y aplicar la ley sustantiva - peligro procesal-, en otros términos, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento - periculum in mora-.
Acción de amparo, sanciones administrativas, sumario administrativo, producción de la prueba, falta de prueba, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Lorenzo Rosa del Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

La ausencia de probanzas suficientes conducentes al esclarecimiento de los hechos, cuando con holgura han transcurrido los plazos expresamente fijados como tope para su producción en el trámite de toda actuación administrativa, no puede ser considerada de modo tal que sea el sumariado quien soporte la falta de diligencias adecuadas a la resolución del trámite en el marco temporal correspondiente. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Sanciones tributarias, bien jurídico protegido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CORCEGA S.A. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Conforme al texto del art. 43 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones) se ha de sancionar a los infractores de las disposiciones contenidas en las diferentes leyes tributarias, en sus decretos reglamentarios o en las resoluciones de la D.G.I. que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria o a verificar el cumplimiento que de ella hagan los responsables . Resulta claramente de lo transcripto que el bien jurídico protegido con la norma es la protección del normal ejercicio de las facultades de la D.G.I. en la fiscalización y verificación de los deberes tributarios de los contribuyentes. Es decir, sin entrar a considerar aquí la incidencia de la voluntad del presunto infractor en la configuración o no del ilícito, ha de examinarse de qué manera el hecho imputado -inclusión en las facturas del comercio del nombre del fondo o el de fantasía en lugar del nombre comercial- pueda tener una trascendencia tal como para poner en dificultades aquel ejercicio, justificando así la sanción que le impuso el organismo administrativo.
Quiebra, declaración de quiebra, cesación de pagos, seguro de caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLOR DE LIS SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR MOCCIA, HECTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

El seguro de caución no es hábil para desvirtuar el estado de cesación de pagos, en tanto no se trata del depósito de la suma necesaria para satisfacer el crédito invocado, ni tampoco consiste en desembolso de la presunta deudora a fin de demostrar su solvencia, sino que se trata de la mera garantía prestada por un tercero que no estaría en condiciones de afrontar la acreencia.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Zappa, Leonel Elías y otros  c/  s/ inf. Art. 303 CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2022-03-29

El lavado de dinero se trata de un proceso nuevo e independiente del delito previo (y del mero ocultamiento de los activos); a través del cual se reinvierten, integran, disfrutan, controlan o ahorran activos derivados del crimen en el mercado legal y regulado, con el fin de transformar los bienes criminales en activos supuestamente derivados de ingresos adquiridos legítimamente. El lavado de dinero no es la simple posesión u ocultación de los activos procedentes del crimen; sino que su significado y daño al sistema socio-económico (bien jurídico protegido) ocurre cuando el "dinero sucio" se reinvierte o integra en el mercado forma l372. Parece claro entonces, que una cosa es la comisión del delito previo (delitos fiscales) y otra muy distinta el proceso autónomo y posterior de reciclado o reinversión de los activos derivados de tal delito en el mercado formal y regulado
Deudas impositivas, solve et repete, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso directo por apelación   denegada. Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social -Contra  la Resolución No. 103/96 del 8.4.1996- (Expte. CSJ No. 22-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-20

Para dilucidar si el supeditar el acceso a la justicia al pago de la suma adeudada ("solve et repete") viola preceptos de rango superior, no cabe mantener un criterio rígido, ya que el aludido condicionamiento podrá o no ser lesivo del derecho a la jurisdicción, cuando, conforme a las circunstancias de cada caso concreto y singular, la suma sometida a pago previo sea, por su cuantía, desproporcionada o no a la capacidad del obligado y, por ende, configure un óbice al fácil acceso a la justicia.
Competencia por conexidad, cobro de expensas comunes, consignación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: ARISMENDI, Nélida c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS RECONQUISTA 986 s/ CONSIGNACION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-21

Corresponde que en la acción intentada por consignación de expensas entienda la Sala que conoció en el juicio por ejecución de expensas de los mismos períodos que se intenta consignar, aún cuando dicho juicio haya concluido por caducidad de instancia (art. 32 del R.J.N.C.).-
Honorarios, honorarios del interventor judicial, honorarios del veedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomasini, Lidia  c/ Amitrano, Christian Pablo  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

La ley manda regular los honorarios de los interventores tomando en consideración el monto de las utilidades realizadas durante el desempeño del profesional (ley 27423: 32-a). No obstante, esa pauta solo puede ser tomada como indicativa de la importancia económica del patrimonio en juego y su aptitud para producir ganancias, no como una exigencia sine qua non de que, en los hechos, esas utilidades se hayan efectivamente verificado. Ello pues, una tesis contraria conduce a resultados tan asistemáticos que condenan la validez de la interpretación. Así, si la noción de "utilidades" allí prevista debiera ser equivalente a su noción jurídica, sería necesario que el interventor se desempeñe durante todo un ejercicio, y eso no es lo que habitualmente ocurre cuando se acude a este tipo de designaciones, lo cual obsta a suponer que esa haya sido la intención legislativa, que tornaría incluso imposible la regulación cuando, por más ganancias que la sociedad hubiera obtenido durante el desempeño del interventor, debiera destinarlas a recomponer pérdidas anteriores (LGS 71), pues en tal caso los ingresos tampoco redundarían en "utilidades" en los términos de la ley.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diorio de Erriest, Eve Susana c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

La máxima lex specialis derogat legi generali encierra un sólido criterio interpretativo, resolviendo cualquier problema de inconsistencia (cuando dos normas imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas), a favor de la regla particular sobre la regla general.
Costas, expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: Superintendencia General de Irrigación c/ Aradas de Giunta s/ Expropiación - Inconstitucionalidad (Libro: S048-486)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1950-12-28

No es inconstitucional el art. 14 de la ley 1290 en cuanto dispone que en el caso de ser fijado por los jueces el precio del inmueble expropiado en una suma superior al avalúo para el pago de la contribución directa, las costas y gastos del juicio de expropiación se abonarán por mitades entre las partes.
Declaración de inconstitucionalidad, legitimación pasiva, fiscal de Estado, concesión de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benitez, Graciela Ramona s/ Inconstitucionalidad  art.  34  Ley Provincial Nº 1142 (Incidente de  levantamiento de medida cautelar) 34  Ley Provincial Nº 1142 (Incidente de  levantamiento de medida cautelar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-14

La declaración de inconstitucionalidad de una ley provincial se tramita en juicio especial. Y por expresa disposición del C.P.C.C.

(artículo 686, inciso 1º), solo está legitimado pasivamente, en este tipo de juicio, el Fiscal de Estado. De al modo, si bien la doctrina ha admitido la posibilidad de la acumulación objetiva de la pretensión de condena a la de inconstitucionalidad, cuando el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor -según la fórmula utilizada por el artículo 684 del C.P.C.C.- no es lógicamente posible la acumulación subjetiva, esto es, la intervención de terceros en el proceso, salvo como coadyuvante -intervención adhesiva simple- en los términos del artículo 90 inciso 1º y concordantes del C.P.C.C.. La medida cautelar ha sido dictada contra el Estado Provincial y la obligación de cumplirla recayó sobre el incidentista pura y simplemente porque "Aguas de Formosa S.A.", en su carácter de concesionaria, presta el servicio de distribución de agua potable en virtud de facultades que le han sido delegadas por la Administración Pública. De tal modo el servicio público concesionado sigue siendo un servicio público y el Estado no puede desvincularse de él. En consecuencia, no habiendo la única parte pasivamente legitimada en forma principal requerido el levantamiento de la medida cautelar, no corresponde hacer lugar a lo pretendido por la empresa concesionaria, la cual no por ello queda en indefensión, ya que puede hacer valer los derechos que considere afectados, pero por vía distinta a la del específico juicio de declaración de inconstitucionalidad, que es estrictamente bilateral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, reenvío, sentencia absolutoria, non bis in ídem, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMANO, JUAN JOSE c/  s/ PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Los reproches de los recurrentes vinculados a que el acuerdo impugnado -en tanto confirma la sentencia condenatoria dictada, producto del reenvío dispuesto luego de la revocación del fallo absolutorio- vulnera la garantía contra las persecuciones penales múltiples, en tanto ello se originó por un recurso de apelación del fiscal, al que considera constitucionalmente inadmisible, no pueden tener favorable acogida puesto que precisamente en el sub lite, la revocación de la sentencia absolutoria no determinó el sometimiento del imputado a un nuevo juicio, ni implicó por ende la reedición de actos procesales regularmente cumplidos, sino tan sólo el dictado de una nueva sentencia que valoró nuevamente las pruebas ya producidas. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 246, p 121 y T 250, p 306, voto del Dr. Netri en ambos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, carácter excepcional
Materia: LABORAL
Carátula: Farías, Ramón c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios Mendieta Miguel Angel c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04|1994-07-26

Si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión de los hechos, a ello sólo puede acudirse en situaciones extremas; es decir, ante el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa.
Administración fraudulenta, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SCAVONE, JORGE NORBERTO s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 302 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23

El delito de administración fraudulenta debe reputarse cometido en el lugar donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación del deber y, en caso de no conocerse ese lugar, debe presumirse que aquel se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración.
Despido, injuria laboral, insultos
Materia: LABORAL
Carátula: ARGUELLO, CELSO c/ GUERRIN S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-26

No solo el insulto emitido a un superior jerárquico resulta un incumplimiento a los deberes de conducta y al principio de buena fe consagrado por el articulo 63 de la LCT, sino que además el hecho que el mismo haya trascendido a los clientes del local agrava la situación en tanto importa un perjuicio y lesión a la imagen e intereses de la empleadora. A la vez, no puede pasarse por alto que se trató de un trabajador que se desempeñaba a las órdenes de la accionada desde hacía casi de 35 años, sin que hubiere sido pasible durante todo ese tiempo de sanciones disciplinarias o amonestaciones que pudieran operar, en el supuesto, como antecedentes desfavorables para aquél. De modo que la sanción rupturista adoptada ha sido excesiva, puesto que, el empleador cuenta con un amplio abanico de sanciones para disponer frente al trabajador incumplidor de las obligaciones a su cargo, con carácter previo a decidir la ruptura de la relación.
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORDERO, CRISTIAN EMILIANO Y OTROS c/ CICHETTI, ALCIRA BEATRIZ Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

Los planteos de la parte actora resultan insuficientes para sortear el valladar que constituye la regla sentada por el Máximo Tribunal de la Nación, respecto a que lo atinente al cumplimiento del plazo de prescripción y a la determinación de su cómputo constituye materia de hecho, prueba y de derecho común y procesal, propia de los jueces de la causa (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez, Spuler y Erbetta) - CITAS: CSJN: "Acosta", A.756.XLI.RHE.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, régimen penal de la minoridad, imputado, peligrosidad del imputado, pericia psicológica
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P., M. G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ROBO CALIFICADO, ETC. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 507 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Corresponde rechazar la queja desde que no se advierte configurada en la especie la alegada prescindencia en la valoración de los elementos de confirmación arrimados al proceso, en especial, el informe psicológico que -según el defensor- aconsejaba el tratamiento al imputado, previo al dictado de la sentencia de segunda instancia. Al respecto, cabe distinguir que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de prueba decisiva, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa. No hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna. En el caso, el A quo analizó pormenorizadamente el informe psicológico al que alude la defensa, considerando que más allá de que el mismo no tiene carácter vinculante, las conclusiones a las que se arriba "no se compadecen con las voluminosas constancias de autos, como tampoco la incipiente paternidad a la que alude la profesional como indicadora de signos de socialización, destruye el análisis precedente en cuanto a la necesidad de aplicar una pena efectiva. Nótese que el menor no sólo ha hecho caso omiso a las constantes oportunidades que se le han brindado, sino que en actitud claramente opuesta a la ingenuidad propia del paso por la adolescencia, no sólo ha demostrado indiferencia hacia las trágicas consecuencias de su incursión delictiva, sino que también ha revelado un comportamiento alta y permanentemente desafiante al sistema y a los más elementales parámetros de convivencia social... Todo lo expuesto -prosiguió la Cámara- ilustra sobre la necesidad de un tratamiento correctivo lejos de un grupo familiar deteriorado o inexistente, que lo prepare para volver a la sociedad, pero sin olvidar que debe asumir el protagonismo de su propia recuperación"
Delitos, competencia penal, competencia criminal y correccional, juez previniente, etapas del proceso, falsificación de documentos
Materia: CIVIL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS DANCYGIER, GABRIEL c/  s/ 247 - USURPACIÓN DE GRADOS / TÍTULOS Y HONORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar en la investigación del hecho denunciado -inserción de falsedades en una constancia expedida por un licenciado en psicología-. Ello así, porque si bien los delitos sobre falsificación de documentos en general (artículos 292 a 298 del Código Penal) se encuentran incluidos en el tercer convenio de transferencias penales a la justicia de la Ciudad, esta transferencia fue condicionada a la circunstancia de que se trate de instrumentos emitidos o cuya competencia para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extremo que no concurre en el caso. Por otra parte, no es posible descartar la investigación de una eventual conducta defraudatoria en la cual el referido licenciado podría tener incluso algún grado de participación, lo que otorga una razón más para disponer la continuidad de la intervención del fuero nacional. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi por remisión al dictamen fiscal, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Expendio de medicamentos, farmacéuticos, derecho a la salud, defensa del consumidor, ánimo de lucro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La presencia de un director técnico farmacéutico no basta para garantizar el derecho a la salud de los consumidores, en tanto el ánimo de lucro de una persona que no sea farmacéutico no está mitigado de modo equivalente al de los farmacéuticos autónomos pues la subordinación del farmacéutico trabajador por cuenta ajena al titular de la farmacia podría implicar que aquel no pueda oponerse a las instrucciones del titular (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Derecho procesal, recursos, apertura a prueba, recurso de alzada, improcedencia del recurso, demandado, pericia caligráfica
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, HECTOR RODOLFO C/ FIDEICOMISO DE CONSTRUCCION AVDA. BELGRANO 1345 S/ EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-11

Corresponde rechazar la pretensión de la demandada de que, ante esta Alzada, se realice actividad probatoria dirigida a fundar su alegación sobre la falsedad y prescripción del título que se le pretende ejecutar. Ello por cuanto, en primera instancia la apelante fue declarada negligente en la producción de cierto peritaje caligráfico que ella misma había ofrecido, mediante resolución que quedó firme, no pudiendo admitirse el pedido de reiteración de prueba que la apelante ahora formula.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. G. de E., S. L. c/ E., J. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

No resulta razonable sostener que sólo mediante la promoción de la separación personal o el divorcio pueda lograrse la fijación de la cuota alimentaria.
Control de constitucionalidad, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J.F. c/ D.L.S. A. L. - S. A. s/ Demanda Laboral (Indemnización por despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

Cuando se realiza el trámite de contralor de constitucionalidad, el operador -intérprete de la Constitución- maneja normas (las constitucionales, en primer término), pero también conductas y valores. El Juez-controlador de la constitucionalidad difícilmente actúa en un laboratorio normativo aséptico y ajeno al medio donde vive: muy pocas veces pasa así, y jamás debiera pasar, por lo demás.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Lavignolle, Obdulio R. c/ Enricci Bellom, W. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

La decisión del Tribunal del Trabajo que rechaza el incidente de nulidad de subasta en la etapa de ejecución de sentencia no reviste carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)