Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-08


- Trelew, 08 de agosto de 2.006.- - Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fojas 187 por la actora contra la resolución de fojas 176/182, memorial de agravios presentado a fojas 189/194 y su contestación de fojas 196/197 vta., y la apelación interpuesta por el Dr. J. G., concedida según constancias de fs. 217, contra la regulación de honorarios de fs. 182. CONSIDERANDO:

I.- En la resolución apelada se resolvió hacer lugar a las excepciones de pago interpuestas por los codemandados y consecuentemente se rechazó la ejecución prendaria incoada.

La actora se agravió, en lo esencial, explicitando que lo que la Sra. Jueza "a quo" denominó "numerosas contradicciones en las que incurre la parte actora", lo eran, en realidad, de las normas que se dictaron en la emergencia.

Manifestó que la demandada se encuentra en mora desde diciembre de 2001 y que adeuda el CER con más la tasa impuesta por el B.C.R.A., desde el 2/2/02 por imperio de la normativa vigente. - Transcribió varios fallos que, según sostuvo, brindaron diferentes interpretaciones y soluciones a las relaciones jurídicas alcanzadas por la normativa de emergencia.

Adujo que en base a lo dispuesto por dichas leyes y jurisprudencia de éste Tribunal interpuso la presente demanda el 27 de junio de 2003, reclamando los montos en dólares estadounidenses, y que con posterioridad fue sanciononada la ley 25.820 que estableció la conversión a pesos de las deudas contraídas en dólares estadounidenses haya o no mora.

Explicó que, en consecuencia, se consideró en un principio con derecho a reclamar la deuda en su moneda de origen y que luego la enderezó de acuerdo a las nuevas circunstancias normativas. Se quejó por cuanto en la sentencia no se aplicó como corresponde íntegramente la normativa vigente rechazando y desconociendo los coeficientes respectivos con más la tasa de interés del B.C.R.A., tal como lo establece la ley de orden público.

Sostuvo que a diferencia de lo expuesto en la sentencia, existió morosidad en la conducta del demandado.

Expresó que el Juez no hizo el cálculo de los intereses, ni se tomó el trabajo de analizar la documental para comprobar que los recibos no tienen imputación por tal concepto.

Indicó que si la deuda se pesificó se debe, tal como lo dispone la ley, el coeficiente respectivo y los intereses correspondientes.

Expuso que la leyenda que puso en los recibos fue necesaria en un momento de contradicciones derivadas de la emergencia.

Alegó que el Juez en forma parcial hizo una calificación de la leyenda fuera de contexto y de tiempo, pues esos recibos se hicieron antes dela vigencia de la ley 25.820, cuando la jurisprudencia sostenía que las obligaciones en mora no se pesificaban. Manifestó que la demandada al momento de presentarse la demanda no había cumplido con su obligación, estaba en mora, con plazos de cuotas caídos y no cumplió con la normativa de orden público, es decir haber pagado la cuota pesificada con el agregado del CER, dado que se trata de un persona jurídica y los intereses respectivos. Se agravió también en cuanto la sentencia no considera procedente la aplicación del coeficiente de variación salarial.

- Expuso en tal sentido que la sentenciante realizó un listado de vencimientos inexistentes, ya que las cuotas listadas se tornaron exigibles por la mora automática. Adujo que la sentencia brindó efecto conmutativo a supuestos pagos, prescindiendo de la necesaria imputación por parte del acreedor.

Se quejó, asimismo, por la imposición de costas que se decidió.

Sostuvo que en razón de que cuando inició la demanda se consideró con derecho a reclamar la deuda en dólares de acuerdo a la jurisprudencia existente, para el caso en que se establezca como deuda por parte del ejecutado los coeficientes respectivos, se lo condene al pago de las costas.

Finalmente, solicitó que para el caso contrario las costas sean impuestas en el orden causado, atento a lo controvertido de la normativa que pesificó este tipo de relaciones jurídicas.

II.- El memorial de agravios que presenta la actora, más allá del resultado final de la apelación, no permite reputar desierto el recurso, en virtud que representa una crítica que referida a cuestiones concretas y específicas y presenta un análisis razonado de la sentencia, exponiendo los argumentos y motivos que posee la quejosa para considerarla errónea. Ello satisface los requisitos establecidos en el art. 265 C.P.C.C., aplicables al memorial previsto en el art. 246 del mismo ordenamiento, por lo que se desestimará la petición de la parte demandada de fs. 196, párrafo 6º de que sea declarado infundado el recurso.

III.- Las normas que establecen el C.E.R. y el C.V.S. fueron normas dictadas en una situación de emergencia económica que hizo necesaria una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico. Este importa que el Estado puede regular, en principio, en forma excluyente de la voluntad privada ciertos aspectos de la economía que normalmente están regidos por la autonomía de la voluntad.

Estas leyes no son normas supletorias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso de que las partes no hayan exteriorizado la suya, sino que sustituyen lo ya pactado. Son imperativas en orden a la pesificación, al índice de actualización y a la tasa de interés aplicable, mas se encuentran dentro de la subcategoría de prescriptivas, es decir que son disposiciones que no pueden ser alteradas o dejadas de lado por una convención particular; pero una vez adquirido un derecho como consecuencias de las mismas, la parte favorecida puede renunciarlo expresa o tácitamente (confr.: Barbero..."Pesificación: ¿cuándo no es aplicable? ¿cuándo es revisable?, -en Obligaciones de Derecho Privado, entre particulares extrañas al sistema financiero-", ED 199-781), mas en el caso la actora, lejos de renunciar a percibir el monto del coeficiente aplicable, dejó constancia en los recibos que extendió que consideraba el pago como "a cuenta".

La circunstancia de que la actora en el escrito inicial haya solicitado el pago en dólares estadounidenses, que luego haya planteado la inconstitucionalidad de las normas de emergencia en cuanto a la pesificación , o, erróneamente, el reajuste de lo debido en razón del mayor valor del vehículo y que corresponda el rechazo de todas esas peticiones, no significa que no sea debidas, como parte del título que se ejecuta, las sumas que correspondan por aplicación del coeficiente respectivo. Es que como se expresara, se trata de normas que suplantaron las cláusulas del contrato prendario.

En cuanto al índice aplicable, el mismo será el Coeficiente de Variación Salarial, pues al haberse librado los mandamientos de intimación de pago y citación de remate ordenados a fs. 110, que disponen su aplicación, sin perjuicio del acierto o no de la decisión, sin que la actora haya deducido recurso alguno, la cuestión se encuentra precluida y no es revisable por este Tribunal.

En consecuencia, se modificará la sentencia apelada haciendo lugar sólo parcialmente a la excepción de pago interpuesta, mandando llevar adelante la ejecución por el monto que corresponda al cálculo del Coeficiente de Variación Salarial respecto de cada período, con más los intereses hasta la fecha de pago de cada cuota a la tasa convenida en el contrato de origen vigente al 2/2/2002, salvo en el caso en que ésta haya sido superior al promedio de las tasas vigentes en el sistema financiero durante el año 2001 que informó el B.C.R.A., en cuyo caso se aplicará esta última.

IV.- En razón de lo que se resuelve, y siendo que se fijarán nuevos honorarios por la actuación de todos los letrados en la instancia anterior, no se tratará la apelación de honorarios deducida por el Dr. J. G., por haber ella devenida en cuestión abstracta.

V.- Toda vez que de lo expuesto previamente surge que se modificará la sentencia de la Instancia anterior, corresponde adecuar las costas y el monto de los honorarios a este nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.).

Las costas de Primera Instancia se impondrán en el orden causado teniendo en cuenta para ello que se resuelve llevar adelante la ejecución aunque sólo parcialmente, por lo que la demandada resulta derrotada, y que a su vez, el monto por el que prospera la pretensión del actor es menor al reclamado (art. 558 C.P.C.C.).

Teniendo en cuenta la naturaleza de las presentes actuaciones, la extensión y eficacia de las tareas efectivamente desarrolladas, etapa cumplida, así como el resultado obtenido y el carácter con que actuaran, bajo las pautas rectoras que deben aplicarse al caso "sub examine", prescriptas por los arts. 6, 7, 9, 10, 11, 40, 47 y concs. del dec.-ley 2.200, corresponde regular por su labor ante la Instancia anterior los honorarios de los Dres. E. R. C. y D. H. G. en el 3,95 % a cada uno, del monto del proceso y los del Dr. J. G. en el 8,20 %, también sobre dicha cantidad, en todos los casos más el I.V.A. pertinente.

Las costas de Alzada serán a cargo de los demandados que resultaron derrotados en ésta Instancia.

En consideración a la pautas antes señaladas se regularán los honorarios por los trabajos de Alzada del Dr. D. H. G. en el 2,35 % del monto del proceso, y los del Dr. J. G. en el 2,05 %, a calcular sobre dicho monto, con más el I.V.A. pertinente (arts. cits. y 14 del arancel). - Por ello, la Sala "A", de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste;

RESUELVE:

Modificar la sentencia de fs. 176/182 haciendo lugar sólo parcialmente a la excepción de pago interpuesta y mandar llevar adelante la ejecución por el monto que corresponda al cálculo del Coeficiente de Variación Salarial, con más los intereses hasta la fecha de pago de cada cuota, a la tasa convenida en el contrato de origen vigente al 2/2/2002, salvo en el caso en que ésta haya sido superior al promedio de las tasas vigentes en el sistema financiero durante el año 2001 que informó el B.C.R.A., en cuyo caso se aplicará esta última.

Imponer las costas de Primera Instancia en el orden causado.

Regular por su labor ante la Instancia anterior los honorarios de los Dres. E. R. C. y D. H. G. en el 3,95 % a cada uno, del monto del proceso y los del Dr. J. G. en el 8,20 %, también sobre dicha cantidad, en todos los casos más el I.V.A. pertinente.

Imponer las costas de Segunda Instancia a los demandados.

Regular los honorarios por los trabajos de Alzada del Dr. D. H. G. en el 2,35 % del monto del proceso, y los del Dr. J. G. en el 2,05 %, a calcular sobre dicho monto, con más el I.V.A. pertinente.

Se deja constancia que el presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1.130, T. ley 4.550).- Regístrese, notifíquese y devuélvase. - l. VELÁSQUEZ VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 86 DE 2.006 - SIC.- CONSTE.-