Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-17


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 17 de 2009.

El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en los términos que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 149/150 y 145/146).

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque la sentenciante de grado rechazó la demanda por considerar que no se acreditó la calidad de empleadora de la accionada, dado que la Sra. juez a quo consideró que las tareas desarrolladas por la actora, no se integraron a una "empresa", sino que se desarrollaron en el ámbito de una familia. Solicita que se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a las sumas reclamadas en la demanda.

La parte demandada se agravia por la imposición de costas dispuesta en la sentencia de anterior instancia y cuestiona las regulaciones de honorarios efectuada a favor de los profesionales actuantes.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte actora.

En orden a ello, cabe señalar liminarmente que, el segmento recursivo de la recurrente dirigido a cuestionar la conclusión del decisorio de grado -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: "Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto", S.D. Nº73117, del 30/03/94, entre otras). Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia del agravio, a fin de no privar a la recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré -seguidamente- el contenido de su presentación.

En el caso, está reconocido por la propia demandada que la Srta. Pereyra, desde fines del 2003, desarrolló tareas de enfermería en su domicilio con el fin de cuidar a su hijo quien sufre una parálisis cerebral y necesita cuidados de un profesional de la salud (ver fs. 34vta./36).

Tal circunstancia -que surge admitida en los escritos de demanda y contestación y acreditada a través de los distintos testimonios producidos en autos-, por si sola deja, evidenciado que la actora no estuvo unida a la demandada por un contrato de trabajo. En efecto, está claro que la actora fue contratada para asistir al hijo de la demandada que padece una enfermedad y que necesitaba de cuidados especiales y que los servicios fueron prestados dentro del ámbito del domicilio personal y familiar de la Sra. Picardo de Ceva. Tal como lo sostiene la sentenciante de grado, dicha circunstancia, no permite admitir la configuración de un contrato de trabajo pues se trata de una prestación de servicios que no se brinda en el marco de una actividad empresaria. En efecto, no se ha invocado ni probado que la demandada tenga a su cargo la explotación de una empresa dedicada a brindar servicios de asistencia a personas enfermas; y está claro que la actora sólo asistió al hijo de la demandada en su domicilio. Tanto porque se trató de una prestación de esa índole, como porque no esta probado que la demandada se dedique a la atención de personas enfermas, tengo para mí que no pudo ocupar el rol de "empleador" que describe el art. 26 de la LCT en una relación como la habida con la accionante desde que es evidente que la Sra. Picardo de Ceva no reviste el carácter de empresaria que describe el art. 5 de esa norma. La acreditación de éste último extremo era de fundamental importancia (CNAT, Sala IV, 31-10-85 "Cantero c/Pams" Errepar 447, CNAT, Sala IV, 30/11/04 sent. 90.152 "Calveiro , Luisa c/ Imperatrice Héctor y otro s/ despido", Sala V, 29/10/97 sent. 57.157 "Garay Aldo c/ Georgalos De Gounaridis María s/ despido", Sala VI, 14-10-86, sent. 24.713 "Nuñez c/García Stella", Sala VII, 14/3/00 sent. 28.725 "Gigena Vilma c/ Guerrero de Martinez, Rosa s/ despido") porque es indudable que quien no organiza medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos no puede ser considerado "empleador" de servicios que en modo alguno se incorporan a su actividad y que, por lo tanto, no dirige. Como es evidente, era menester que la actora acreditase suficientemente ese extremo; pero, entiendo que por "las circunstancias, las relaciones o causas" que motivaron los servicios de la accionante, es obvio que no se ha tratado de una prestación subordinada, que -por lo tanto- debe considerarse desvirtuada la presunción que emana del art.23 de la LCT por lo que, en definitiva, debe concluirse que no ha mediado entre las partes un contrato como el indicado. Como lo ha señalado esta Cámara a través de sus Salas al analizar situaciones absolutamente análogas a la presente -en las que prestación del servicio estaba dirigida al cuidado de enfermos o de ancianos dentro de un domicilio propio-, se trata de una vinculación de carácter típicamente civil que escapa al ámbito de aplicación propio del derecho del trabajo (CNAT, Sala I, 21/7/06 sent. 83.752 "Furmari, Encarnación c/ Nader, Graciela s/ despido; Sala VII, 5-5-97 SD. 29.181 "Vizcara c/Rodríguez"; Sala III, 31/5/06 "Ledo Dolly y Otra c/ Fallabrino María y otros s/ despido"; Sala VI, 12-12-95 "Matta, María c/Barletta, Lidia" en D.T. 1996-B, pág. 1801; Sala V, "Ortiz, J. c/ Arditi s/ despido", S.D.Nº65.276 del 28-12-01, Sala II, "Maidana Marta c/ Agustini Otilia y otro s/despido" S.D Nº 95125 del 17/7/07). Por otra parte, creo conveniente puntualizar que una prestación de servicios que se brinda en favor de quien no es una empresaria de esa actividad (como ocurre normalmente con el cuidado domiciliario de enfermos o ancianos), constituye uno de los pocos casos en los que puede considerarse que subsisten relaciones susceptibles de ser encuadradas en la normatividad prevista en los arts. 1623 y subs. del Código Civil; y en los que puede apreciarse que, entonces, la figura del contrato de trabajo no ha desplazado íntegramente la operatividad de la locación de servicios.

En conclusión, estimo que no está acreditada la existencia del contrato de trabajo invocado en sustento de los reclamos deducidos en autos; y, como ello obsta decisivamente el progreso de las distintas pretensiones, estimo que corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto rechazó la demanda en todas sus partes (art. 499 Código Civil).

Con relación al agravio vertido en torno a las costas, cabe puntualizar que, si bien el art. 68 del CPCCN, establece la regla básica de aplicación derivada del principio objetivo de la derrota, también habilita al juzgador a examinar si la eventual razón fundada que pudo tener el pretendiente para promover la acción justifica apartarse de dicho principio rector. En tal perspectiva, cabe puntualizar que la especial naturaleza del tema debatido y la existencia de criterios jurisprudencias diversos en el tema en debate pudo haber llevado a la accionante a considerarse asistida de mejor derecho; por lo que estimo equitativo propiciar se confirme lo resuelto en la anterior instancia en este aspecto. (art. 68, 2º párrafo, CPCCN) Asimismo, cabe señalar que la apelación deducida por la parte demandada respecto de los honorarios de la parte actora debe ser desestimada ya que la recurrente carece de interés recursivo en atención a como han sido impuestas las costas. En lo relativo a los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, en atención al mérito y la extensión de la labor desarrollada durante el tramite de primera instancia, al valor económico del litigio y a las pautas que emergen del art. 6 y susbs. De la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O y del dec. 16.638/57, considero que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada no resultan elevados por lo que propongo confirmarlos.

En atención a las razones expuestas mas arriba, estimo que las costas de Alzada también deben imponerse en el orden causado (art. 68 CPCCN, 2º párrafo).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia propongo que se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 25% y los de la representación letrada de la demandada en el 30%, de la suma que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Mi distinguido colega, Dr. Miguel Ángel Pirolo en su muy ilustrado voto sostuvo que, si bien las alegaciones formuladas por la parte actora en su expresión de agravios no constituían una crítica concreta y razonada del decisorio apelado en los términos del art. 116 L.O., en aras de extremar la garantía de defensa en juicio que le asiste a las partes en el proceso, correspondía tratar los cuestionamientos vertidos en torno al encuadre de la relación en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal contexto, y con fundamento en los argumentos jurídicos desarrollados, sostuvo que el cuidado de personas enfermas en el domicilio del paciente no constituye trabajo dependiente en los términos de la L.C.T. por cuanto la demandante no integró una organización empresaria (conf. arg. arts. 5 y 26 LCT) En cuanto a la suficiencia de los agravios formulados por la parte actora, no comparto el criterio interpretativo de mi colega puesto que a fs. 149/150, con abundante cita jurisprudencial, la recurrente ha puesto en cuestión la principal argumentación de la sentenciante de grado. En efecto, en lo medular, la Dra. Castagnino sostuvo que para poder calificar a la relación como dependiente es necesario que los servicios sean prestados en el marco de una organización empresaria y, como se puntualiza en el recurso interpuesto, ese criterio no ha sido compartido pacíficamente por las distintas Salas que integran la Cámara de conformidad con la fundamentación que la apelante transcribe, por lo que frente a ello, el tratamiento de los agravios a mi juicio se impone.

No se discute en la especie que la Srta. Pereira prestó servicios en el domicilio de la demandada como enfermera al cuidado de su hijo discapacitado, sujeta a las facultades de organización y dirección de la accionada, por lo que la cuestión a resolver se ciñó en lo sustancial a determinar si tales servicios podía o no encuadrarse en la normativa laboral invocada en el escrito inicial (LCT).

Al respecto he tenido oportunidad de pronunciarme en sentido diverso al desarrollado por el Dr. Pirolo, entre otros, in re "Melero, Felisa Angelica c/Ojalvo David s/indemnización art. 249/247 LCT" (Sentencia definitiva 90323 del 11/4/02 del registro de esta Sala).

En dicha ocasión señalé que como lo sostuviera el Dr. Vaccari al votar en disidencia en los autos "Garay Aldo E. C/Georgales de Gounaridis, María s/despido" (sentencia Nro. 57.157 del 29.10.97 del registro de la Sala V), del análisis de los arts. 4 y 5 de la L.C.T. no se colige que sólo un empresario pueda ser reputado "empleador" en la sistemática de la ley, ya puede una persona física que no es titular de una empresa -entendida ésta como una organización de medios materiales, personales e inmateriales- contratar a un trabajador y tampoco es necesario que haya un fin lucrativo. Nadie discute que la relación que une a una trabajadora doméstica con el dueño de casa, es una relación laboral -subordinada y dependiente- y la circunstancia de que tal actividad se encuentre regida por normas estatutarias que excluyen la aplicación de la ley laboral básica, no convierte a aquélla en una trabajadora autónoma o independiente. Frente a ello, el argumento dirigido a excluir del ámbito de protección al trabajo prestado por una enfermera que se desempeña en el domicilio del paciente por el mero hecho de no poder reputarse empresario al empleador, deviene a mi juicio inadecuado.

En tal sentido el Dr. De la Fuente, con cita de Krotoschin, al votar en autos "Leguizamon Ana Maria c/Celcer Tadeo s/despido" (sent. 52936 del 16.6.2000 del registro de la Sala VI) sostuvo que la coincidencia entre empresario y empleador no es necesaria, ya que hay empleadores que no son empresarios (por ej.: quien emplea a una empleada doméstica), como a la inversa, hay empresarios que no son empleadores porque no requieren los servicios de trabajadores, por lo que, siguiendo el criterio sustentado por los Dres. Vázquez Vialard y Guibourg en los autos "Zárate,Marta E. C/Estrogamou de Braun Menendez" del 30.11.88 y "Pueyo de De Rosa Norma M. c/Alegre de Sepich María L." del 13.2.81 (ambas del registro de la Sala III) cabe concluir que no corresponde descartar apriorísticamente que la prestación de servicios de una enfermera dedicada al cuidado de un enfermo en su domicilio privado encuadre en un contrato de trabajo, ya que se ha reconocido reiteradamente que cuando la enfermera cumple un horario junto al enfermo y está a las órdenes de éste o de sus familiares, así como del médico tratante en el aspecto técnico, el vínculo dependiente aparece perfilado (ver en igual sentido, Nieva, Stella Maris en "Cuidado de enfermos, contrato de trabajo o locación de servicios?", Colección Temas de Derecho Laboral, Nro. 2 Teletrabajo, parasubordinación y dependencia laboral, Errepar Bs. As., 2009; y Ojeda, Raúl Horacio, "Personal doméstico excluido del estatuto. El caso de los cuidadores de enfermos", Revista de Derecho Laboral, Estatutos y otras actividades especiales-II, 2004-1, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 411 y ss.).

Así se ha dicho que "el carácter operativo y amplio de las disposiciones tutelares del art. 14 bis de la Constitución Nacional determina que el derecho laboral abarque situaciones o relaciones no específicamente reguladas por una norma laboral. En tal sentido, se impone reconocer la postura doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que el carácter tutelar y protectorio del derecho del trabajo se proyecta a todas aquellas situaciones en las que se verifique un supuesto de trabajo dirigido o subordinado, sin importar que quien contrate los servicios sea o no, a su vez, titular de una empresa y aún cuando la categoría no se encuentre prevista o se haya excluido del ámbito de aplicación del derecho laboral vigente o el dador de trabajo no sea un empresario (conf. Goldín, Adrián (dir), Alimenti, Jorgelina (coord) en Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, La ley, Bs. As. 2009, pág. 240).

No obstante ello, y en lo que a la aplicación concreta de la L.C.T. a la relación de trabajo habida entre las partes en el particular vínculo sometido a consideración, los Dres. Maza y Pirolo se han expedido en forma coincidente al sostener que la Ley de Contrato de Trabajo no resulta aplicable al trabajo prestado por una enfermera para el cuidado de un discapacitado en los autos "Maidana, Marta c/Agustini Otilia y otro s/despido" (sentencia 95125 del 17/7/07 del registro de esta Sala).

En dicho precedente el Dr. Maza al formular su adhesión puntualizó que"no puede considerarse a la relación entre el cuidador particular de enfermos y éstos o uno de sus familiares como encuadrada en el ámbito de la LCT, toda vez que resulta incorrecto conceptuar a tales beneficiarios como titulares de una organización de medios instrumentados destinados a producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en la que el aporte personal de la actora pudiera subsumirse. Al respecto, sostengo enfáticamente que en los supuestos en los que el receptor del trabajo humano no es un empresario que emplea el aporte laborativo para producir bienes o prestar servicios en el marco de su organización de medios, sino un consumidor directo de ese servicio, no puede haber contrato de trabajo regido por la LCT".

Asimismo, recordó que " en doctrina Francisco Walker (Ponencia al VIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Buenos Aires, en 1983) puntualizó que "El centro mismo de las relaciones de trabajo está en la empresa y es allí donde se proyectan los tres actores del sistema: Estado, trabajadores y empleadores", y esa ausencia de la institución empresa, agrego, como tomadora de la mano de obra es reemplazada, en situaciones como la de marras, por la unidad familiar u "hogar". De ahí que Manuel Alonso Olea (Instituciones de Derecho del Trabajo) acuñara la expresión "empleados del hogar".

En resumen, en la referida causa "Maidana" mis distinguidos colegas coincidieron al sostener que lo que caracteriza al dependiente titular del contrato de trabajo regido por la LCT, es que participa en el sistema general productor de bienes o servicios, entregando su aptitud de labor a través de una empresa que, a su vez, realiza su finalidad propia en base a la libre disposición del producto elaborado o del servicio mismo, por lo que concluyeron que la labor desplegada por la enfermera en el domicilio del paciente no se encuentra enmarcada en un contrato de trabajo regido por la ley 20.744 y que, por eso deben desestimarse las pretensiones deducidas con tal sustento.

Frente a ello, elementales razones de economía y celeridad procesal me llevan a adherir al voto que antecede toda vez que no creo útil insistir en una posición que, por lo expuesto, sé que no ha de ser aceptada.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el decisorio de grado en cuanto rechaza la demanda en todas sus partes; 2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado ; 3) Confirmar los honorarios regulados por la tareas realizadas en la anterior instancia ; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 25% y los de la representación letrada de la demandada en el 30%, de la suma que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. - Graciela A. González. - Miguel Ángel Pirolo.