marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, beneficios tributarios, empresas del Estado, acordadas, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: Y.P.F. GAS SA c/ CARTOR S.A s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

En situaciones análogas, esta sala resolvió que la actora, no incluida en la enumeración del art. 2 de la acordada n 66/90 csjn., estaba obligada al pago inmediato de la tasa de justicia, contemplada en el mencionado art. 2 y no en el 1 (conf. entre otras, causas 8457 del 7.6.91; 8688 del 5.11.91; 9030 del 4.2.92). Ello no obstante, tal como lo señaló la sala I en la causa 6622/92 resuelta el 22.6.93, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -frente a peticiones similares, formuladas por "empresas del Estado"-, decidió que estas hallábanse comprendidas en la suspensión del pago de la tasa hasta el siguiente ejercicio financiero (conf. Expediente de superintendencia n 3339/91 del 20.12.91, y causa y.14.XXIV 92 in re "Y.P.F. S.A c/Tucumán, pcia. de y Banco de Tucumán s/cobro, del 25.8.92). Sin perjuicio de señalar que las exenciones o privilegios en materia tributaria, "lato sensu", son normalmente de interpretación restrictiva, esta sala juzga -en concordancia con lo expuesto por la sala I en el precedente citado- que por tratarse de una reglamentación dictada por el alto tribunal se impone admitir que debe prevalecer en esta materia la interpretación que la propia corte suprema asigna a sus acordadas.(interlocutoria).
Cuota alimentaria, hijos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. G. E. c/ Q. F. O. A. s/ alimentos para  los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-11

Si bien la obligación alimentaria que surge del instituto de la patria potestad recae sobre ambos padres, la misma no puede interpretarse como una obligación de igualdad numérica en la contribución económica, máxime cuando -como en el caso de autos- es la madre quien detenta la tenencia de los hijos.
Indemnización por accidente de tránsito, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: P., M. C. c/ Los Constituyentes S.A. de Transportes y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-18

El daño psicológico atañe a la integridad física de la víctima de un accidente de tránsito, se sufre hacia el futuro, a partir del hecho, y está determinado por la prueba de su existencia y extensión, mientras que el daño moral no requiere demostración de ambos aspectos, por lo que al sólo efecto de un mejor desarrollo, es posible su tratamiento separado, con el cuidado pertinente de no caer en la doble indemnización.
Principios procesales, principio de congruencia, defensa en juicio, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: D., L.A. c/ M., SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18

El principio de congruencia y la garantía en juicio sólo se conculcan cuando se introducen en el fallo alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena defensa, debiendo entenderse cumplida la exigencia del art. 163, inc. 6 del CPCC - cuando existe conformidad entre la sentencia y el pedimento.
Declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

Las leyes de punto final y de obediencia debida y el indulto presidencial de altos militares son contrarios a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues niegan a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el período autoritario de un recurso efectivo para la tutela de sus derechos -artículos 2 y 9-, conforme ha sostenido el Comité de Derechos Humanos, cuya postura constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de tal pacto.(del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Insuficiencia del agravio, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Chávez, Sergio Edgardo  c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 109.853 del Tribunal de Casación Penal, sala III
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-14

No proceden los agravios de la defensa concernientes a la interpretación y alcance del art. 460 del Código Procesal Penal, que regula la facultad del órgano intermedio de, en el marco de la materia sujeta a fiscalización, readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva, habida cuenta que sobre el tema, ha resuelto esta Corte que, en principio, la interpretación de los preceptos que determinan la esfera de actuación del órgano revisor, escapa al ámbito de conocimiento de este Tribunal por medio de la vía de inaplicabilidad de ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea, certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Gaillardín, Héctor Severo c/ Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

La falta de fijación de un resarcimiento por la demora en que se incurriera en la entrega de los certificados de servicios del actor (en violación de lo normado por el art. 80 de la L.C.T.), constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad y no del extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Acceso a la justicia, querellante, querellante particular, víctima del delito, Ministerio Público Fiscal, Constitución Provincial, derecho de peticionar, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: M., E. J. s/ Homicidio culposo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-14

Asimismo, el art. 218 de la Constitución Provincial dice que el Ministerio Público tiene entre otras funciones la de promover y ejercitar la acción penal pública, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a otros funcionarios y particulares, lo que permite interpretar que, si el Ministerio Público no ejercita la acción penal o elige (opta) por una inactividad o actuación desincriminadora, dicha conducta procesal no puede perjudicar los derechos de los particulares víctimas de delitos, a los que deben acordárseles vías legales para lograr la reparación jurisdiccional de ese perjuicio que el fiscal ocasiona a su derecho, independiente de su voluntad.

A tenor de dicha normativa, es insuficiente sostener que el interés de la parte querellante queda resguardado por la intervención del Ministerio Público Fiscal, pues ... no cabe descartar que sus intereses sean divergentes y entonces tampoco puede quedar en manos de éste la posibilidad de dicha parte de obtener la tutela judicial efectiva a su derecho violentado por el delito.

Agrego también que el derecho de petición del art. 14 de la Constitución Nacional es para todos los habitantes, de modo que no puede pretenderse que subsista la petición de la parte querellante a través del Fiscal, pues éste no es mandatario de la persona ofendida, sino de la sociedad. Así, como esta última es la titular del derecho de petición, si no puede ejercerla por derecho propio, se la priva de la garantía mencionada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBAÑEZ, JOSE MAXIMO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y CALIFICADO POR EL VINCULO, POR ENSAÑAMIENTO Y EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO (FEMICIDIO) EN CONCURSO REAL CON EL DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-17

Con relación a la postulada inconstitucionalidad de la prisión perpetua, la interesada no logra demostrar que la pena impuesta colisione con las cláusulas constitucionales, ni con las normas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional; toda vez que la prisión perpetua no implica, en rigor, una pena a perpetuidad, ya que no sólo existe la concreta posibilidad de obtener distintos beneficios penitenciarios según la legislación aplicable (salidas transitorias, libertad condicional, entre otras), sino también que antes de cumplirse las etapas respectivas, si el tiempo de encierro se transforma en una pena cruel, inhumana o degradante o atenta contra la resocialización, la cuestión puede ser traída a conocimiento de los estrados jurisdiccionales. En definitiva, se está ante expectativas futuras que no son inmutables y por ende, existe la posibilidad de que llegado el momento y ante una concreta solicitud se disipe el agravio que hoy se invoca, todo lo cual torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento. (Del voto de los Dres. Gutiérrez, Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22
Empleados públicos, nombramiento, estabilidad laboral, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, interpretación de la ley, acto administrativo, Administración Pública, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jasso, Ramón Enrique y otro. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a doce meses, no pueden trastrocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto administrativo expreso; lo contrario desvirtuaría el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública establecido por la ley.
Obras sociales, opción de obra social
Materia: LABORAL
Carátula: TOMESO, JUAN c/ DARDAN, ANA M. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

Si bien el art.4 de la ley 22269 habilita a los afiliados a optar por no hacer uso de las prestaciones que les corresponden en su calidad de beneficiarios de una determinada obra social, siempre que acrediten estar incorporados a una entidad de prestaciones médicas habilitada por el Instituto Nacional de Obras Sociales, art. 5 de la ley 22209, dicha opción debe realizarse respecto de entidades privadas, y no puede elegirse otra obra social del sistema.
Recurso extraordinario, justicia militar, cuestión federal
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: HAGELIN, Dagmar s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La gravedad institucional no puede suplir la inexistencia de cuestión federal como materia de la instancia extraordinaria, y aún cuando ello no fuera así, no puede confundirse tal característica del caso con la mera repercusión pública que él haya tenido que es inepta para motivar decisiones jurisdiccionales.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, fallo plenario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NOVERAZCO, Daniel Edgardo y otro c/ CRIPPA DE RUIZ, Patricia y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-16

En nada altera la aplicación de la doctrina que emerge del plenario "Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T.", del 10/11/94, el hecho que cosas generadoras de riesgos sean de muy distinta entidad, como un automóvil y una motocicleta, desde que en tal situación en modo alguno podría decirse que la presunción legal de culpa del dueño o guardián de cada una de las cosas podrá compensarse o neutralizarse, precisamente por la diferente magnitud del riesgo generado por una u otra.
Proceso penal, honorarios del abogado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LENNON, Lucas y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-03

Que la causa no resulte complicada es algo que no posee mayor trascendencia, pues su trámite y la labor desplegada por los profesionales permitió que no llegara quizás a serlo, sin que pueda quitarse por ello trascendencia a los escritos presentados que con seguridad habrán sido de interés para la dilucidación final del expediente.

El mérito de la labor profesional de lo abogados de la defensa, debe estar justipreciado de la mano con la calidad y eficacia puestos de resalto a lo largo de la causa en que defendieran a la imputada a lo largo de un año.

Por tanto, los estipendios regulados en la instancia anterior deberán elevarse en forma conjunta.
Marcas, oposición al registro de marca, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARGENTIA S.A.C.I.F.I. c/ VESTILLEIRO ALBERTO ANTONIO s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

El signo pretendido incluye una desinencia de cuatro letras que no existe en el opuesto y que constituyen un conjunto que tiene significación en nuestro idioma. La marca pretendida -que comparte con la opuesta las dos primeras sílabas- "Pleno"- ha recibido entonces, un agregado, que posibilitaría su existencia, si de este modo se logra una conjunción que exhiba suficiente poder diferenciador frente a la marca opuesta. Y esta finalidad ha sido lograda en el sub-examen, ya que el signo pretendido no agotara su virtualidad en la obvia significación de la palabra "pleno", sino que esta calificara con el sentido de totalidad que le es propio a un remedio destinado a la curación de enfermedades de la piel. Esta distinción en el significado añádase a la que también existe en los otros planos en lo que se efectúa el cotejo -gráfico y fonético- impuesto naturalmente por la diferencia en el numero de sílabas tres en lugar de dos- y de letras -nueve en vez de cinco-; y la pretensión de excluir la terminación "derm" es particularmente inaceptable en el caso, por mucho que ella tenga carácter común ya que aquí no es esta la porción coparticipada por los signos en pugna. Por el contrario coinciden en la sílabas "pleno", con lo cual la desinencia "derm" juega como factor de distinción, y particularmente valioso por tener significado en nuestro idioma.
Sentencia interlocutoria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, recurso extraordinario federal, nulidad procesal, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Amigo, Roberto P. c/ Asistencia Médica Social Argentina S.A. y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Aunque el interlocutorio mediante el cual se concedió el remedio federal no aparece debidamente fundado, no corresponde disponer su nulidad si en la causa está en juego un derecho indemnizatorio fundado en daños a la persona y la medida sólo conllevaría prolongar aun más el ya dilatado trámite.
Sociedades comerciales, contrato social, domicilio, notificación, domicilio legal, domicilio procesal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Vegeeks SAS s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-21

Procede revocar la resolución que denegó la petición de la IGJ de que la cédula de notificación de demanda fuera librada al domicilio social inscripto de la accionada con carácter de constituido y fijada, en su caso, en la puerta de acceso. Ello por cuanto, en el caso, en materia de sociedades comerciales el domicilio social inscripto constituye un domicilio legal en el que resultan válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (LGS 11-2° in fine). De modo pues, que la notificación efectuada en el domicilio social inscripto es válida a los efectos del traslado de la demanda, sin necesidad de constatación previa acerca de la realidad del domicilio en cuestión, pues aquélla tiene el efecto vinculante que prescribe la LGS 11-2°, y el CCCN 153 (cfr. esta CNCom, esta Sala A, 30/12/09, "Royal Court SA s/ Pedido de quiebra promovido por Unipox SA"; íd, 30/09/09, "Fibrax Sociedad Anónima s/ le pide la quiebra Velázquez Raúl Angélica Zulema). Por tanto, dicha notificación es suficiente para tener por cumplida las notificaciones del proceso, aunque de hecho, aquélla no resida efectivamente allí, en un todo de acuerdo con lo previsto por la citada LGS 11-2°. Es por ello que se ha entendido que, cumplida la notificación en el domicilio social inscripto de la accionada, no resulta procedente disponer medidas tendientes a averiguar su domicilio real (arg. conf. esta CNCom, esta Sala A, 25/10/11, "BCA Trading Co SA s/ pedido de quiebra por Pesquera Cruz del Sur SA"; íd., íd., 23/10/18, "Inspección General de Justicia c/ Air Facility SA s/ ordinario"). Con base en todo lo expuesto precedentemente, cabe autorizar la notificación del traslado de la demanda en el domicilio social inscripto con carácter de "constituido", admitiéndose en consecuencia, que la notificación se cumpla en los términos del CPR 141
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mata, Eduardo c/ Araya Robles, Luis Alberto s/ Ejecutivo  Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-05

"La enumeración que el código procesal hace en el artículo 554 y concordantes respecto de los casos en que procede la apelación, en los juicios ejecutivos, es de carácter restrictivo".
Cuestiones de competencia, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Gavilanes Gonzalez Aquilino y otro c/ Axion Energy Argentina SA y otro s/ ordinario s/incidente de honorarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-11

El reclamo de la letrada dirigido a obtener la retribución acordada mediante un pacto de cuota litis por la labor profesional que desarrolló en sede judicial se encuentra enmarcado en el presupuesto del art. 43, inc. c del decreto-ley 1285/58, norma según la cual la cuestión referente a la relación contractual entre un profesional y su cliente, en la que cabe incluir el cumplimiento de un convenio de honorarios, es materia propia de la justicia nacional en lo Civil (CSJN, "Perazzolo, Juan Orlando c/ Argüello, Irma Ramona s/ ejecución de honorarios, astreintes y otros" Fallos Tomo: 327 06/02/2004; CNCom, Sala A, 14/6/94, "Wallach, Ana C/ Acosta Arévalo, Ida s/ ejec"). Ello así pues dicha cuestión queda excluida del ámbito regido por el art. 6°, inc. 1° del Código Procesal ante la falta de condena en costas (CNCiv, Sala C, 8/3/01, "Aquino, Jorge Teófilo c/ Uriarte, Susana Lucinda s/ cumplimiento de contrato" y CNCom, Sala C, "Dinners Club Argentina SACyT c/ Sacher E s/ ejecutivo" del 31.3.00). Síguese de ello que en casos como el sub examine corresponde que el profesional haga valer los derechos que crea corresponder contra su ex cliente por la vía pertinente, mucho más en este caso donde ésa ha sido justamente la sede pactada dado lo que fuera convenido en una cláusula del convenio, donde las partes acordaron la solución de cualquier disidencia por ante "la jurisdicción de los Tribunales Civiles".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, pena, graduación de la pena, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la  Norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal? (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-15

El capítulo que ha traído mayor inquietud a los intérpretes del artículo 44 del Código Penal es la reducción del tercio y la mitad.

La disminución de la pena obviamente como toda disminución se aplicará sobre el total, y con la modalidad que sigue nuestro Código Penal, lo será a partir del máximo. Entonces el Magistrado debe como mínimo y necesariamente, reducir en un tercio ese máximo, lo que puede extender hasta llegar a la mitad del mínimo, quedando ahí, el otro límite, operando dichos topes como márgenes entre los cuales debe ubicarse la pena seleccionada. En la tarea de dosificación el Magistrado parte de un dato concreto cual, los actos de tentativa, el iter críminis que efectivamente ha acaecido, luego lo adecua típicamente en función de aquella acción llevada a la hipótesis de consumación. Para escoger la sanción se la individualizará en función de los criterios que fijan los artículos 40 y 41 del Código Penal, agregando la particular adecuación del artículo 44 Primer Párrafo. Tal hermenéutica obviamente no es novedosa, es la seguida por la mayoría de la jurisprudencia contemporánea. (De los Fundamentos del Dr. Lara). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal?
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

El art. 4.015 del Código Civil exige no sólo la ocupación de la cosa durante veinte años -es decir el "corpus"- sino el "ánimo de tener la cosa para sí" en el carácter de poseedor. Así se ha declarado que: "La posesión debe ser ejercida con ánimo de poseedor para sí, es decir a título de dueño con la publicidad que exige el art. 2.479 del C.C..-
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: COLEGIO DE MEDICOS DE SGO. DEL ESTERO c/ ODONTO PRES Y OTRA s/ COBRO DE PESOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-06

Debe distinguirse entre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la ley -nuestra casación- y su eventual procedencia. Las condiciones de admisibilidad son rituales y procedimentales, independientes de las razones de fondo; las de procedencia hacen a la fundabilidad, determinan quien tiene razón y deben ser examinadas en la sentencia del Tribunal Ad quem.
Superior Tribunal de Justicia, facultades disciplinarias, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-10

Se deduce acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e Ilegitimidad persiguiendo la nulidad de la Resolución Nº 57 dictada por la Corte de Justicia, de fecha 27 de diciembre de 2007, y sus actos posteriores, que dispone la cesantía del actor.

El conflicto que motiva la pretensión sometida a conocimiento de esta Corte de Justicia surge de un típico contrato de derecho público, regido por normas de derecho administrativo, se interpone contra una resolución definitiva emanada de uno de los poderes del estado, con invocación de lesión a derechos establecidos a favor del administrado, requisitos que determinan la jurisdicción y competencia de este Cuerpo para entender en el causa, todo ello de conformidad a los Arts.1, 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo coherente con el Art.204 de la Constitución Provincial. En orden a lo dispuesto por los Arts.5, 6 y 7 del C.C.A., se exige el agotamiento de la vía administrativa previa a la acción jurisdiccional para obtener pronunciamiento de la autoridad competente de última instancia, se determina el valor del silencio ante la falta de pronunciamiento expreso y se fija el plazo perentorio de veinte días hábiles para la interposición de las acciones contencioso administrativas. En el caso, la acción ha sido deducida en tiempo hábil, dado que el agotamiento de la vía administrativa previa culmina con el dictado de la Resolución N°16/08,dictada por la Corte de Justicia que rechaza el recurso de reposición con fecha 10 de abril de 2008, interponiéndose la demanda dentro del plazo previsto en el Art.7 del C.C.A..

Por lo tanto, corresponde declarar "prima facie" la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa.