Juicio correccional, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, Juan Andrés s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en Expte. Nº 99/10: Carrizo, Juan Andrés - s.a. Homicidio Culposo, Loc. Chumbicha, Dpto. Capayán
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-20

El Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba y no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa del imputado.

Contra el decisorio aludido, el defensor del imputado interpone recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Son numerosos los casos en los que esta Corte de Justicia se expidió respecto del valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

No debe ser de recibo la alegada vulneración del principio de igualdad ante la ley que se deriva de la interpretación de la norma que sostiene este Tribunal.

Sin embargo, y en atención a que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el Tribunal de Casación se encuentra facultado para efectuar un nuevo examen de la causa como garantía del imputado de que sea examinada íntegramente la decisión que lo afecta, y en esa faena advierto que en el caso no resulta razonable denegar la suspensión del juicio solicitada, por aplicación del último párrafo del art. 76, desde que, en función de las circunstancias del hecho que se le atribuye al nombrado, eventualmente, no sería de aplicación la pena de inhabilitación.

Así lo considero debido a que, según los términos de la acusación que contiene la requisitoria de elevación de la causa a juicio, el hecho enrostrado al causante es el siguiente: "Con fecha siete de octubre de dos mil seis, a la horas dieciocho aproximadamente, .. C. circulaba conduciendo una motocicleta ., J. A. C., quien caminaba con un grupo de gente por la aludida avenida en sentido contrario, observó que la moto conducida por C. se dirigía hacia ellos y, en lugar de apartarse hacia un costado como el resto de la gente, en forma imprudente J. A. C. levantó sus manos y un pie interrumpiendo de esta manera la libre circulación del moto vehiculo que conducía C. ocasionando con esa imprudencia, que C. perdiera el control de la motocicleta y cayera al suelo, provocándole ese impacto a C. lesiones de tal gravedad que a los pocos días le produjeron la muerte". Así las cosas, dado que de las circunstancias fácticas anotadas resulta que en la ocasión el imputado no estaba al mando de vehículo alguno sino que transitaba la vía pública como peatón cuando habría ocasionado la caída del motociclista que luego fallece a causa de las lesiones sufridas, no existe el interés general en neutralizar el riesgo de continuidad de una actividad riesgosa que justifica la imposición de la pena de inhabilitación en procura de evitar que la persona continúe realizando la actividad riesgosa que originó el delito.

Sin embargo, otra razón concurre convalidar la decisión denegatoria del a quo y es que no ha trascurrido el plazo señalado por el art. 76 ter del Código Penal, por lo que falta la concurrencia de uno de los requisitos de admisibilidad para una nueva concesión de la suspensión.

Señala el fallo atacado que, atento al informe del Registro Nacional de Reincidencia, surge que con fecha 9/9/2003 se hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado, declarándose extinguida la acción penal emergente del delito el 3/8/2006. El nuevo delito que se reprocha en la citación a juicio data del 7/10/2006.

Es así, que atento lo dispuesto por el art. 76 ter del CP, entre la fecha de comisión del nuevo hecho y la fecha de expiración del plazo por el cual fue suspendido el juicio en el proceso anterior no han transcurrido los ocho años que exige la ley para la concesión de un segundo beneficio, y por ello consideró el a quo que no debía otorgarse la probation solicitada por el imputado.

Tales fundamentos permiten advertir que la inviabilidad de una segunda concesión de la suspensión del juicio a prueba a favor del acusado, constituye una de las razones que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para sostener la conclusión que aquí se ataca.

Y no es ésta una interpretación antojadiza del juzgador, sino la voluntad del legislador desde que surge del propio texto normativo que analizamos, que: "...La suspensión del juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior...".

Por ello, corresponde rechazar el Recurso de Casación interpuesto.