marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación por cédula, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ISALEX SA c/ SACREU SCA s/ APREMIO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     NULIDAD (CSJ EXPTE N. 33-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El ordenamiento procesal santafesino (artículo 66 del Código Procesal Civil y Comercial) expresamente establece que cuando las notificaciones por Correos y Telecomunicaciones sean recibidas en día u horas inhábiles, "el plazo correspondiente empezará a correr desde la cero hora del primer día hábil inmediato a la fecha de su recepción". Esta normativa pone punto final a una cuestión muy debatida y la resuelve con sentido práctico.
Suspensión del proceso judicial, remisión del expediente, cambio de calificación legal, extinción de la acción, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos "Jaime, Carlos Javier s/ art. 11179:183"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La resolución que suspende el trámite de una apelación dirigida contra una condena y remite la causa a la instancia anterior, a fin de que vuelva a ser considerada la posible extinción de la acción a la luz de una diferente calificación jurídica de la conducta que habría suscitado su condena, importa una determinación equiparable a una "sentencia definitiva". Ello es así, por cuanto cierra cualquier controversia útil en orden a la calificación que la acusación supone adecuada y obliga al tribunal colegiado de mérito a pronunciarse con arreglo a un plazo de prescripción sensiblemente inferior al que sus integrantes entendieron correcto al emitir la sentencia condenatoria. (Del voto de la jueza Ana María Conde)
Contratos, adjudicación, modificación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización Cleareing Argentino S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

Prescindir del marco jurídico libremente pactado en el contrato adjudicado, al pretender obtener la aprobación de los trabajos de relevamiento adjudicados y el cobro de los mismos por vías distintas y a través de funcionarios diferentes a los señalados en los instrumentos base de la contratación, significa tanto como incorporar, por la vía judicial, modificaciones a las condiciones del contrato a favor de la parte que, en forma previa, ha aceptado las condiciones del pliego de licitación. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra, Dionisio Angel y otra (sus sucesiones) c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

Si los causantes -afiliado y su pensionada- presentaron reclamos administrativos atinentes a sus situaciones previsionales -en el caso, tendientes a obtener el reajuste por cómputo de servicios fictos- que luego de sus fallecimientos fueron desestimados, sus herederos se encuentran legitimados para ejercer la acción cuestionando tal denegatoria en los mismos términos y con el mismo alcance que aquéllos formularon, mas circunscribiendo la pretensión pecuniaria a las diferencias dejadas de percibir por el jubilado y su pensionada mientras gozaron de las prestaciones. En tal caso, no son los sucesores quienes cuestionan aspectos relativos ala situación previsional de los titulares de los beneficios, ya fallecidos, sino que continúan a las personas de los causantes prosiguiendo la reclamación deducida en vida por éstos.
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lasa Rubén Francisco c/ Saldivia Martín y Otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-02-18

Por el postulado de congruencia, el órgano judicial debe ceñirse a los límites que le presenten los titulares de la acción o de la excepción, no pudiendo el juzgador extenderse más allá en su consideración para conocer o modificar la realidad. Es decir que el Juzgador queda inhibido de entender sobre cosa distinta para la que el actor, o en contradicción con éste el demandado, hubieren requerido su intervención.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA HECTOR ARMANDO c/ E.D.E.T.  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

La jurisprudencia tiene dicho que la determinación de la relación causal constituye una cuestión de hecho reservada a los jueces de grado y exenta por tanto del control casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad, que en el caso, se alega fundadamente.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Penna Bores, Lucas Silvano s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

La atribución de declarar la invalidez constitucional de los actos de los otros poderes reconocidos a los tribunales federales ha sido equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto para que aquella sea puesta en juego.
Defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor, aplicación temporal de la ley, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., A.M.L. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-23

Cualquier nulidad necesita para su declaración de un interés directo y no siempre retrotraer causas sentenciadas por los jueces del mérito a estadios anteriores al auto de procesamiento apareja un beneficio a quien está sometido a juicio.
Subasta judicial, crédito fiscal, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cendon Cousiño José c/ Di Carli de Viani, Nilda s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Conforme a lo dispuesto en el art. 581 del CPC es improcedente acordar la disponibilidad de los fondos, si no se reservan las sumas necesarias para el pago de los correspondientes impuestos o se cite a los organismos pertinentes a hacer valer sus derechos (arts. 586, 589, 590 del CPC; 3934, 3789 inc. 2° del CCI). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, apelación de honorarios, tribunal de alzada, procedencia del recurso, admisibilidad del recurso, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Michelucci Montes Cristian Gustabo c/ COTO C.I.C.S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-18

En los casos de apelaciones de honorarios regulados en primera instancia, el tribunal de alzada no sólo está facultado para examinar la procedencia del recurso sino también su admisibilidad, pues sobre el punto no se encuentra ligado por la conformidad de las partes, ni por la resolución del juez de anterior grado, aún cuando esté consentida.
Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, nomen iuris, acción meramente declarativa, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº 202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art. 31 de la Constitución Nacional y los Arts. 244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

El nomen iuris dado a esta acción es acción declarativa que, por cierto, se contrapone a concreta, mientras otros la llaman acción directa de inconstitucionalidad por la característica de ésta en cuanto a que, en la demanda por inconstitucionalidad, se juzga la norma en sí misma, por ende, en el sistema difuso no se enjuicia la norma sino en la medida en que sea aplicada a una situación concreta tendiendo a la remoción de un acto singular y no a la norma.

En cuanto a que sea abstracta o directa, debemos excluir de esta acción a quien a título de ciudadano, de legislador, etc., -sin invocar un interés legítimo-, formula la pretensión de manera genérica y a modo de consulta involucrando situaciones hipotéticas o coyunturales, que no es el caso de autos.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)
Competencia, domicilio, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: Valle de Roble Norma Cristina c/ EN-SPF s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-22

Dado que los actores carecen de domicilio legal en la jurisdicción porque no cumplen funciones en ninguna oficina del Poder Ejecutivo Nacional demandado y que éste tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que es allí donde debería cumplir eventualmente las reclamadas obligaciones - incorporar al básico los aumentos otorgados por decretos-, corresponde declarar la incompetencia de la Justicia Federal de San Martín, por cuanto deberá conocer en lo sucesivo la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acción de amparo, existencia de otras vías, facultades de la Municipalidad, poder de policía, decretos municipales, local bailable, espectáculos públicos, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Juarez Oscar Rodolfo c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-06

En el caso, el actor solicitó habilitación técnico comercial provisoria que lo autorice para realización de espectáculos públicos en una confitería bailable, para el día 3/11/07, ya que la municipalidad no emitía la habilitación definitiva.

El día 06/11/07 presenta nuevamente solicitud de habilitación técnico comercial y se notifica del decreto municipal que dispone: "suspender por el término de sesenta días el otorgamiento de factibilidades de localización y/o habilitaciones comerciales en ámbitos de un barrio residencial de la ciudad capital," y también por igual plazo y en igual zona el otorgamiento de permisos para la realización de espectáculos públicos transitorios nocturnos en donde, precisamente, pretende ejercer dicha actividad el actor.

Por una parte, la actividad administrativa desarrollada por la Municipalidad dentro del marco legal que le es propio, ejerciendo el poder de policía reglamentando la actividad de que se trata, no se exhibe con los vicios denunciados por el amparista, de acuerdo a los fundamentos del decreto en cuestión, toda vez que por mandato constitucional los derechos fundamentales invocados por el amparista están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, por lo que la admisibilidad de la acción se encuentra obstaculizada en orden a las previsiones de los Art. 1, 2 inc. c y d y Art. 6 de la Ley Nro. 4642.

Por otra parte, dentro de las razones que expone el decreto se encuentra el pedido de vecinos del lugar ante el creciente malestar del sector frente al desarrollo de la actividad en cuestión, a la que considera, incompatible con las características residenciales del área; aspiraciones del gobierno municipal a la consecución del bien común y convivencia armónica entre vecinos, circunstancias que, sin duda requieren una mayor amplitud de debate y prueba a producirse por las vías procesales de que dispone el actor Por último, efectuado el cómputo del plazo de sesenta días de suspensión de las habilitaciones comerciales, a la fecha del dictado de esta resolución, el mismo ya ha expirado, configurando otro escenario jurídico en el que varía la situación del administrado a los fines perseguidos, demostrativo de que no existe evidencia de que el acto administrativo haya causado un daño irreparable y que la cuestión pueda dilucidarse mediante procedimientos administrativos o judiciales ordinarios.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Ferini, José G. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Cobro de Seguro de Vida.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

De acuerdo a lo perceptuado en el art. 78 del Decreto 1588-80, Seguro de vida obligatorio para el Personal del Estado, similar al art. 78 del Decreto 4578-71 las acciones derivadas de este prescriben a los 10 años. El plazo de prescripción corre desde que el derecho era exigible o en otros términos desde que la acción ha quedado expedita y pueda ser ejercida y no, desde el recibo de las eventuales cuotas en que se habría percibido la indemnización.
Recurso de casación, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Nosvaski, Carlos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

La violación del art. 41 ocurre cuando se consideran elementos de la figura delictiva en aplicación como circunstancias agravantes, pero no si el modo de comisión es considerado como revelador de mayor grado de injusto o de culpa, tal como específicamente lo prevé dicha figura legal.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, acumulación de acciones
Materia: CIVIL
Carátula: Cannella, Juan Domingo Guillermo c/ Isla Pérez, Manuel Santiago y Otros s/ Desalojo - Falta de Pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-07

Se ha consignado que de acuerdo al art. 676 del C.P.C.C., el objeto del proceso especial de desalojo se ciñe a determinar si cabe la obligación de restituir el inmueble, por lo que el juicio de desahucio sólo ha de encauzarse a dilucidar dicha cuestión, y en consecuencia no corresponde -ab initio- acumularle pretensiones que deban transitar por distintos andariveles procesales, según se desprende del principio general contenido por el art. 319 del C.P.C.C.
Contratos, locación, contrato de obra, obligaciones de las partes, vicios de la construcción
Materia: CIVIL
Carátula: Carbajal, Carla Jesica y otro c/ Mundo Pisos SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-19

Ello así, pues el consumidor que elige contratar y actúa conforme esa expectativa generada tiene derecho a que ella se vea satisfecha, disponiendo para satisfacer las obligaciones incumplidas por parte del proveedor de distintos remedios legales y, con esa base, el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la deficiente calidad y colocación del piso debe encuadrarse en lo dispuesto por la LDC 10 bis, inc. c), (cfr. sentencia CNCom, Sala D en un caso ciertamente muy parecido: "Lipquin, Rita Inés c/ Mundo Pisos SA", del 27/12/16, en el que se probó que el piso provisto era de mala calidad y, además, había sido mal colocado).
Infracciones formales tributarias, falta de facturación, multa, controladores fiscales
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: LADY PRESTIGE S.A. s/ INFRACCIÓN LEY 11.683.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-23

Corresponde confirmar la sanción de multa aplicada al establecimiento porque al momento de efectuarse la inspección que dio origen a esta causa, el contribuyente había emitido facturas sin el controlador fiscal exigido por la normativa vigente. La ley indica claramente que la sanción se impone por el sólo incumplimiento de los deberes formales sin que se requiera la producción del daño fiscal.

Si bien es perfectamente verosímil que pueda presentarse algún inconveniente que imposibilite aunque sea momentáneamente la utilización del controlador fiscal, en este caso, el corte de energía alegado por la contribuyente no se encuentra acreditado y tampoco fue asentado en el libro de registro que corresponde llevar de acuerdo a la reglamentación vigente. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Derecho procesal, medidas cautelares, juicio ordinario, improcedencia del recurso, seguro de caución, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: Loucen International SA c/  s/ quiebra c/ loucen international argentina sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

La pretensión de la apelante de sustituir la inhibición general de bienes ordenada a su respecto por un seguro de caución no puede ser receptada. Ello así, pues aquella medida cautelar fue decretada en el marco de un juicio ordinario, cuyo objeto es lograr la extensión de la quiebra de la actora a la demandada y en el cual se denunció la existencia de un "...manejo discrecional de sociedades aparentes, pantalla de su actividad comercial..." y "...la utilización por parte del fallido de ficciones jurídicas para realizar sus negocios. Ello, escudando su patrimonio y actividad comercial a través de terceros o personas jurídicas, supuestamente inatacables para los acreedores que se han visto perjudicados por la fallida..." (CNCom, Sala B in re "Loucen International SA s/ Quiebra c/ Loucen International Argentina SA s/ Ordinario", del 09/12/19).
Excepciones procesales, limitación de recursos económicos, oportunidad procesal, ejecución de sentencia, prueba pericial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: LOBOSCO, CELIA SOFIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

La defensa de limitación de recursos no constituye una excepción de previo y especial pronunciamiento que tenga incidencia en la etapa de conocimiento en la que se encuentra el sub examine, ni en la sentencia a dictar en cuanto al reclamo de fondo (en el caso, jubilación por edad avanzada), por lo que su tratamiento ha de quedar reservado para la etapa de ejecución del fallo, en el supuesto de que el mismo sea favorable a la demandante.

En consecuencia, corresponde confirmar la denegatoria a la producción de la prueba pericial solicitada en los términos del art. 17 de la ley 24.463. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Wassner. El Dr.

Laclau votó en disidencia).
Facultades del fiscal, excarcelación, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: C. L., Eduardo Andrés c/  s/ rechazo de suspensión del juicio aprueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Con relación al papel que cumple el Ministerio Público Fiscal en materia de excarcelación, el pedido liberatorio con dictamen favorable de la fiscalía implica la inexistencia de un "caso" que habilite a los tribunales a mantener la prisión preventiva. La posición sustentada por la fiscalía debe ser razonable, que no se advierta un error en la interpretación de la ley o un proceder arbitrario (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).
Actualización monetaria, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Cepeda, Roberto Jorge c/ SOMISA s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06

Para llevar a cabo una recomposición del capital que considere la depreciación ocurrida a partir del 01-IX-1990 se requiere identificar -como divisor, o "base"- al índice del mes inmediato anterior. Al no hacerlo así, el juzgador de grado violó -por conducto de una apreciación absurda de las circunstancias de hecho- la norma del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que por entonces hallábase en vigencia.
Defensa en juicio, principio de contradicción, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro y Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) y Otro s/ Contencioso administrativo s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-09-30

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: "La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, en su aspecto más primario, se traduce en el principio de contradicción o bilateralidad, el cual supone, en sustancia, que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se pide, es decir, dándole oportunidad de defensa".
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal La Plata c/ Blanco, Patricia s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

En orden a lo expresamente normado por el art.793 del Código de Comercio, ha de afirmarse que si del análisis del aspecto extrínseco de la cuantificación del saldo deudor en cuenta corriente, surge la existencia de suma líquida y exigible, la determinación de los sujetos activos y pasivos de la obligación, como asimismo, que se trata de uno de los títulos enumerados en el art.521 inc.5 del Código Procesal, que bastándose a sí mismo, trae aparejada ejecución (art.518 C.P.C.), debe en consecuencia concluírse en la inexistencia de la inhabilidad de título invocada.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, prueba, apreciación de la prueba, corredor inmobiliario, corredor no matriculado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HOGNER, CAROLINA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

Asiste razón a la recurrente al postular la descalificación constitucional del decisorio cuestionado, desde que entender que las publicaciones que se desprenden de las capturas de pantalla evidencian operatorias reservadas exclusivamente a quienes ejercen la actividad profesional de corredor inmobiliario, constituye una afirmación dogmática que se aparta de los cánones de fundamentación exigibles, puesto que en tales publicaciones -efectuadas por la inmobiliaria con una finalidad de captación y publicidad- aparece el nombre de la corredora matriculada como responsable de cada operación y los denominados agentes sólo como contactos, por lo que en todo caso lo que quedaría de manifiesto es que la actividad ofrecida por los agentes resultaría por cuenta o en interés de la corredora matriculada. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Renna. En disidencia: Dres. Netri, Erbetta e Ivaldi Artacho) - Jurisprudencia vinculada: Batlle Casas, AyS T 294, p 343/362, sumario J0045629.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Enrique s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La obligatoriedad de las doctrinas de la Corte Suprema de la Nación no encuentra apoyo expreso ni implícito en nuestro ordenamiento jurídico; ello implicaría introducir un componente externo dentro del sistema del art. 31 de la Constitución nacional; el art. 100 limita la competencia de la Corte Suprema a las particulares causas en que intervenga, restricción que se repite cuando el art. 101 se refiere a los "casos" en que ejercerá su jurisdicción. La decisión final a que se refiere el art. 100 de la Constitución lo es, por cierto, dentro de los límites de las causas en que aquélla se produce.
Libertad de prensa, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PETRIC DOMAGOJ, Antonio c/ DIARIO PAGINA 12 s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

El carácter restrictivo inherente al derecho de respuesta o rectificación, sólo permite ejercitarlo frente a informaciones inexactas o agraviantes, que se refieran directamente al presunto afectado o, al menos, lo aludan de modo tal que resulte fácil su individualización. De lo contrario, se abriría la posibilidad de infinitos cuestionamientos a expresiones ideológicas o conceptuales que, en definitiva, podrían afectar la libertad de prensa.