marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARO  FERNANDO  Y OTRO c/ OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LANACION s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

El recurso en examen no cumple con el requisito de fundamentación autónoma porque no se hace cargo de los argumentos conducentes en que se apoya el pronunciamiento recurrido y no los rebate mediante una crítica concreta y razonada (Fallos: 295:99; 298:793; 302:265; 303:374, entre otros). Las críticas formuladas sólo exteriorizan una mera discrepancia de la recurrente con los argumentos de la decisión, sin demostrar en modo alguno que el pronunciamiento apelado haya incurrido en grosero apartamiento de las constancias de la causa o en defectos de fundamentación normativa, vicios que conducirían a su descalificación como acto jurisdiccional (doctrina de Fallos 296:769: 300:200 y 298, entre otros). En suma, el recurso extraordinario no tiene por finalidad lograr la apertura de una tercera instancia revisora.
Graduación de la pena, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: FEITO, Alfredo Omar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

La disidencia parcial sostuvo que en este caso, a los fines de resguardar el derecho al recurso del encausado (arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP), no procede la determinación de la graduación punitiva desde esta instancia, por lo que deben remitirse las actuaciones a su origen a los fines de que nuevos magistrados, previa audiencia contradictoria entre las partes, definan la pena del nombrado de acuerdo a la doctrina aquí fijada. Dres. Carbajo, Ledesma -en disidencia parcial- y Borinsky.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreno de Palacios, Rosario c/ Piñero de Araujo Muller, Susana s/ Ejecución hipotecaria Estab. Qco. La Fortaleza y Cía. Qca. Santa Ana s/ Quiebra, etc. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08|1995-06-13

El valor del litigio a los efectos de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado por la diferencia que surge entre los intereses calculados en la liquidación aprobada a partir del 1 de abril de 1991 y las que el recurrente estima deben ser aplicadas a partir de dicha fecha. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: SEMERARO DE ALTAMIRANO c/ BALABANOF, A. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-08

Cuando la norma del art. 27 del decreto ley 6.582/58, dispone que la falta de inscripción de la transferencia de dominio de los automotores hace presumir la responsabilidad del titular inscripto del vehículo sólo establece una presunción "juris Tantum", que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. La norma reposa en la presunción de que el titular inscripto posee la dirección intelectual de la cosa y por ello le atribuye responsabilidad. La circunstancia de que el enajenante haya resignado su poder de control, traspasándolo al adquirente en cumplimiento de la obligación que le impone el acto jurídico, adquiriendo el "accipiens" legítimamente la guarda del vehículo, enerva la presunción precedente Ni el art. 27 (T.O.) del decreto ley 6.582/58, ni norma legal alguna dispone que el dueño sea responsable por el "accipiens" poseedor. Frente al interés social en proteger a las víctimas ofreciéndoles dos responsables indistintos -dueño o guardián -está también el de asegurar la libre actividad de los individuos, el de no paralizarlos haciendo pesar sobre ellos la amenaza de una responsabilidad susceptible de alcanzarlos incluso cuando su conducta sea irreprochable. Esta tesis de la irresponsabilidad que se sostiene, si bien angosta el "frente de responsables" originando la posibilidad de que la víctima no obtenga reparación por la eventual insolvencia del guardián, posibilita la creación de remedios m s apropiados tales como fondos estatales o seguros sociales, soluciones éstas m s adecuadas que imponen la obligación de reparar el perjuicio a un inocente. Sostener la responsabilidad de quien figura inscripto como dueño en el registro, no obstante no tener la guarda jurídica del automotor por haber hecho tradición del mismo en cumplimiento de un acto jurídico que tiene por finalidad la transmisión de la propiedad, es desajustado al ordenamiento jurídico aplicable y reñido con la equidad y la justicia.
Denuncia, poder especial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SICILIANO, SUSANA s/ INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD Y FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-10

El poder especial requerido por el artículo 157 del C.P.M.P., (denuncia) debe contener una referencia precisa e inequívoca sobre el hecho delictivo y su denominación típico - jurídica, haciéndose mención de las actuaciones judiciales donde habrá de ejercerse la acción y la designación de la persona contra la cual ella se dirigirá, más aún cuando en el caso ya estaba individualizada la imputada.
Boleta de deuda, deuda líquida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA c/ GARCIA TUNON SOCIEDAD ANONIMA s/ EJECUCION FISCAL - COSTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

Esta Sala ha declarado que, tratándose de una cantidad de dinero fácilmente liquidable (art. 520 del Código Procesal de aplicación supletoria), pues el procedimiento para ello se encuentra reglado por la ley de rito en la materia (art. 115 y siguientes) y en las normas dictadas en su consecuencia (resoluciones generales que dicta periódicamente el Director del organismo recaudador que son objeto de publicación), cabe concluir que este ordenamiento no requiere cumplir una intimación administrativa previa al libramiento de la boleta de deuda y a la acción judicial.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, división de poderes, títulos públicos, bono nominativo en dólares, conversión de títulos, decreto ley, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gruval  S.A. c/ Estado Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Siendo que los bonos nominativos en dólares estadounidenses (bonos) fueron creados por una norma que alcanzó jerarquía legal, el decreto del P.E. que estableció su conversión al modificar no sólo el plazo, sino también la tasa de interés de la deuda, es violatorio de la división de poderes que se plasma en el artículo 86, inciso 2 de la C.N. . Al hacerlo ha infringido el principio republicano fundamento mismo de estado de derecho; y ello constituye la más grave forma de ilegalidad o inconstitucionalidad, porque representa la subversión de uno de los valores fundamentales de la estructura constitucional.
Procedimiento administrativo, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ortiz Maza, José Ignacio c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-29

El actor promueve demanda Contenciosa Administrativa de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción en contra del Estado Provincial, a fin de que se deje sin efecto el Decreto G y J Nº 305/09, mediante el cual se dispone su retiro obligatorio de la Policía de la Provincia de Catamarca.

Considero conveniente realizar una síntesis del planteo a los fines de precisar la cuestión sometida a decisión.

Con esa idea se advierte que el actor cuestiona el Decreto N° 305/09 dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se resuelve rechazar el Recurso Jerárquico deducido en contra de la resolución del Jefe de Policía, en la que se solicita al Ejecutivo su pase a retiro y en el mismo instrumento se dispone su retiro obligatorio.

Lo hasta aquí expuesto me sirve para poder verificar los presupuestos de cumplimiento ineludible que hacen a la habilitación de esta instancia judicial.

Nunca está de más insistir que, no obstante haber sido ya declarada la jurisdicción y competencia de este Tribunal, la resolución es prima facie, no causa estado y en este momento procesal no hay obstáculo para realizar nuevamente el contralor de dichos presupuestos.

A ese fin, sin esfuerzo se aprecia que el Acto Administrativo atacado emana de autoridad competente y de última instancia, es un acto definitivo y que causa estado, pues no hay Recurso Administrativo obligatorio que pueda interponerse en su contra y, recurrido judicialmente dentro del término que prevé el Art. 7 del C.C.Adm., la vía administrativa se encuentra debidamente agotada y la instancia judicial habilitada, por lo que considero corresponde ratificar la resolución de este Tribunal que obra en autos.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Angelelli, Luis Víctor c/ Guagnano, A. y otro s/ Daños y perjuicios Arasati de Higa c/ Alfaro, Raúl s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04|1993-08-04|1993-08-04|1993-08-04

Vano y fútil a los fines impugnativos suena la adjetivación de accesoriedad o secundariedad que dispara contra las circunstancias que rodearon el accidente, desde que éstas y la corroboración de su acaecer tal como lo narra el testigo, son las que nos permiten juzgar la veracidad de la percepción sensorial que del hecho tuvo el testigo o, dicho de otra manera, las que nos permiten conceder credibilidad al conocer personal que de tal hecho se atribuye al declarante. De nada vale que su decir sobre la ocurrencia del hecho guarde coherencia y se presente como altamente verosímil o particularmente posible, si la credibilidad del testigo y la posibilidad de su presencia en el lugar aparece desdibujada por las erráticas y contradictorias afirmaciones que procuran amojonar la razón de sus dichos. Pues de alguna manera, la veracidad de aquél relato solo puede inscribirse y leerse sobre el friso firme y claro que tienden esas circunstancias, las que revelan el estar, el percibir y el conocer del testigo en el momento de la ocurrencia de los hechos relatados (arts. 384, 456, CPCC).
Honorarios, convenio de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Vera del Aguilar, Rita del Carmen c/ Castellano, José Manuel y otro s/ Beneficio de Litigar sin pagos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El convenio de honorarios celebrado por la madre, que es necesario para el juicio, es oponible a los hijos menores de edad.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cuello, Maglio José c/ Banco de Santa Fe SAPEM s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 911-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

No merece reproche constitucional el criterio de los jueces de la causa en el sentido que el accionante -empleado del Banco Provincial de Santa Fe SAPEN- tenía derecho a percibir la gratificación especial por jubilación por encontrarse vigente la norma que la instituía en el momento en que el derecho se concreta, esto es, en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en dicha norma para obtenerla, en el entendimiento que la junta médica dictamina una incapacidad derivada de una enfermedad inculpable que se había consolidado con anterioridad a su constitución.
Revocación de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, prueba de informes, multa penal, régimen penal cambiario, control de cambio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooke, Juan Alfredo s/ infracción ley 19.359 - Causa Nro. 28.888
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al imponer al actor la pena de multa por considerarlo autor de la infracción prevista en el art. 1 , inc. b) de la ley 19.359, omitió valorar los informes suministrados por la división de Bancos de la Policía Federal y el Banco Central, pues tal omisión configura un defecto en la consideración de aspectos conducentes para la solución del litigio que autoriza a descalificar la sentencia.
Retención indebida, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ, E. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

El tipo acuñado en el art. 173, inc. 2 C.P. no se limita a la mera relación de la misma cosa entregada por la víctima al sujeto activo, porque la norma requiere que se le haya dado por cualquier título que produzca obligación de "entregar o devolver" y sólo este último verbo se refiere a la identidad de la cosa entregada por el sujeto pasivo.

"La actividad extraoficina" desplegada por el acusado, encargado del cobro y venta fuera del ámbito de la empresa, demuestra que no era cajero, ni vendedor de mostrador, debiendo subsumirse su accionar en el inc. 2 del art. 173 del C.P. , al desviar el importe de los cheques percibidos, en su propio provecho.

La desviación en provecho propio de aquello que se dio al agente para que le entregara a su empleador es conducta atrapada por el inc 2 del art. 173 C.P. (del voto del Dr. Navarro. Se citó, C.S., J.P b.a., 69-183, fallo 8359).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Borrasca, Olga B. c/ Clínica Salas SA s/ Enfermedad accidente Lázaro, Redenta c/ La Libertad S.A. s/ Indemnizaciones Lázaro, Redenta c/ La Libertad S.A. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23|2001-02-21

Si la determinación salarial realizada tuvo apoyo en el análisis de la prueba producida, resulta ineficaz para conmoverla la crítica formulada sobre la base de la presunta transgresión de los arts. 39 de la ley 11.653, 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 354 del Código Procesal Civil y Comercial.
Remuneración, adicionales de remuneración, reintegro de gastos, personal militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Chaile,  José  Guillermo c/ EN -M° Defensa- EA-Dto 1.490/02 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-22

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Freitas", 5/10/99 aclaró que "...a fin de liquidar los adicionales establecidos en los decretos 2.000/91, 628/92 (...) deberán ser incorporados al concepto 'haber mensual' , en el cual están incluidos los rubros denominados en la reglamentción de la ley 'sueldo' y 'reintegro de gastos por actividad de servicio' (art. 2401, inc. 1°)". De este modo, las sumas que corresponden a los adicionales de que se trata deben distribuirse entre los rubros que componen el "haber mensual", en las proporciones establecidas en la reglamentación (Del voto del juez Treacy, cons. III).
Amenazas, competencia penal, competencia criminal y correccional, comisión de delitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Beretta, Ezequiel David c/  s/ Robo s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas para continuar con la investigación de los hechos denunciados en tanto de las constancias del caso se desprende que las amenazas habrían sido proferidas por el imputado hacia el damnificado cuando aquél ya se encontraba aprehendido por personal policial, por lo que no se advierte que las frases hayan sido emitidas en el contexto del robo. Por ello, toda vez que los hechos fueron ocurridos en distintas circunstancias de modo, tiempo y lugar y teniendo en cuenta que se dictó el sobreseimiento del imputado respecto del delito de robo y solo queda subsistente la investigación por el delito de amenazas, es la justicia local la que debe continuar con la investigación de los hechos aquí denunciados toda vez que el delito investigado (art. 149 bis, 1° párrafo del Código Penal) fue incorporado en el Segundo Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley Nacional n° 26357 y la Ley Local n° 2257. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano por remisión a los fundamentos del dictamen fiscal).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, litisconsorcio, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Machuca, Ismael Ramón y otros c/ Santa Cruz, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ley 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

La competencia originaria de la Corte proviene de la Constitución Nacional y no es susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales, lo que ocurriría si se la admitiera con sustento en lo dispuesto por los artículos 88 o 188 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, máxime cuando no está en tela de juicio que ninguna de las partes de este pleito es aforada ante esta jurisdicción originaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Travela, José Germán s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Corresponde conocer por vía del recurso de inaplicabilidad de ley en la denuncia de incumplimiento de la diligencia prevista en el art.

8° del Código de Procedimiento Penal no obstante tratarse de acto procesal anterior a la sentencia de Cámara, pues de la doctrina del citado artículo resulta una situación análoga a la prevista en el art. 352 inc. 3° del mismo Código, en que por vía de inaplicabilidad de ley corresponde conocer en etapas previas a la sentencia recurrida. O a la manera de otras nulidades (art. 167, C.P.P.) cuyos efectos recaen sobre el contenido de la sentencia impugnada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Carna, Carlos Alberto c/ Televisión Federal S.A. y otro. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hizo lugar al beneficio de litigar sin gastos si, al no examinar las particularidades de la demanda deducida en la causa principal ni la exorbitancia del monto reclamado, la cámara valoró las pruebas producidas en el incidente con un alcance demasiado amplio y aplicó mecánicamente las normas pertinentes, lo que importó que prescindiera de elementos objetivos cuya valoración, en conjunto, hubiese revelado la realidad económica de los actores y la posibilidad de obtener medios suficientes para afrontar los gastos del juicio (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Recurso de casación penal, rechazo de la prueba, cosa juzgada, sentencia definitiva, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BUSSI RICARDO ARGENTINO s/ DENUNCIA  -INCIDENTE FORMADO POR LA PRESENTACION DE ROSA AUGIER DE ROJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

Se debate en autos la exclusión anticipada de un medio probatorio, por aplicación del art. 194 del CPP; alegando el Ministerio Público, entre otras razones, la indebida extensión de la nulidad declarada en otro proceso. Tal planteo involucra la existencia y alcances del instituto de la cosa juzgada; lo cual trasciende los intereses de las partes y se proyecta sobre los de la comunidad toda.

Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia, en distintas integraciones, que la finalidad de la referida institución, de innegable raigambre constitucional, es la de evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y la de conferir a las sentencias definitividad, de manera tal que la cuestión resuelta no pueda ser discutida de nuevo, no sólo en el mismo proceso sino en ningún otro futuro.

En razón de ello, la cosa juzgada es instituto que compromete la seguridad misma de las instituciones judiciales y, como tal, su desconocimiento o violación excede el mero interés particular de la parte, proyectándose negativamente sobre los intereses mismos de la comunidad. La imputación referida configura, entonces, uno de los supuestos de gravedad institucional.
Error esencial (civil), subasta
Materia: CIVIL
Carátula: FHP c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-02

Corresponde declarar la nulidad de la compraventa, con fundamento en el vicio de error, de un cuadro pictórico no original que fuera adquirido por el actor como auténtico, en una subasta organizada por el banco demandado, pues se advierte que las circunstancias que rodearon el vínculo jurídico habido entre las partes, el importe que figuraba en el catálogo de subasta, ofreciendo una obra firmada por un famoso pintor argentino, en un óleo sobre tela original, cuya suma abonada equivaldría al valor original de la pintura, se presentan como evidentes de la intención del accionante de adquirir el auténtico.
Juicio ejecutivo, daño moral, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Provincia de Córdoba c/ Camardella, María Concepción s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-19

Ante el silencio sobre el rubro daño moral, la interpretación correcta de la sentencia es que el a quo admitió dicho rubro, pues de lo contrario expresamente lo hubiera rechazado. No caben dudas que el remate de los tres inmuebles de propiedad de la accionada en el presente juicio le ha producido a ella -además de angustias y padecimientos- un desequilibrio espiritual que comprometió sus afecciones legítimas. (Voto en disidencia Dr. Griffi).
Revocación del auto de procesamiento, asociación ilícita, funcionarios públicos, espionaje, violación de secretos, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Yofre, Juan Bautista y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-16

Corresponde revocar la sentencia que confirmó el procesamiento y sobreseer a los imputados de los delitos de asociación ilícita, espionaje y encubrimiento a raíz de la interceptación o acceso al correo electrónico de funcionarios públicos, pues la información o noticia acuñada como secreta en el art. 2º de la ley 13.985 de espionaje ha de ser aquella que el Estado determine explícita o implícitamente por legítimas razones de interés nacional, no se refiere a cualquier información, ni siquiera "información sensible". Los medios de comunicación utilizados por los funcionarios públicos para la transmisión de información no eran los indicados para el envío o circulación de contenidos secretos o reservados en los estrictos términos de la ley 13.985, ni por ende tenían las características supuestamente otorgadas, que hubieran sido necesarias para llegar a los procesamientos de los sujetos involucrados en este expediente por las figuras delictuales atribuidas. Ese particular encuadre jurídico, conlleva ni más ni menos que la ampliación prohibida de ese tipo penal con grave lesión a la garantía constitucional de legalidad. El hecho de haber ceñido las intimaciones formuladas a tenor del art. 210 CP exclusivamente a un espionaje (a integrar una agencia ilegal de espionaje, según la jueza federal) que no se verificó, desapodera a esa aludida organización de su finalidad delictual, necesaria para su subsistencia. No se configura el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, endilgado a los imputados, a tenor del art. 277 incs. 1, c) y 3, b) -según ley 25.815- del CP, ya que es imposible incurrir en encubrimiento por receptación de "aquello que provenía de un hecho ilícito (espionaje)", que nunca se hubo configurado. El art. 73 inc. 2° CP sujeta el reclamo de la actividad jurisdiccional respecto del delito de violación de secretos acuñado en el art. 153 CP a la acción privada, por lo que la promoción oficiosa de la causa encierra un vicio relativo al ejercicio de la acción penal que impedía proceder. (Dres. Catucci, Riggi y Borinsky).