Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30


--- Trelew, 30 de julio de 2008.- --- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto y fundado a fojas 11/12 contra la resolución de fojas 9/10, y ------------------------ --- CONSIDERANDO: ---- I.- Que en los presentes autos la actora pretende que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano le informe respecto de la deuda que tiene en relación a la compra de un inmueble. ------------------ Interpuso la demanda ante lo que ella estimó la vulneración de su derecho de acceso a la información, con base en que la respuesta obtenida en su oportunidad por parte del demandado, no satisfizo el requerimiento que había formulado. ---------- En la oportunidad reglada en el art. 7 de la ley 4.572, el Señor Juez de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo deducida. ------------------ Fundamentó la resolución en que no consideró que el Instituto Provincial de la Vivienda hubiera negado expresa o tácitamente la información solicitada por la actora, toda vez que de la respuesta dada por ese organismo surge una adecuada explicación sobre lo emplazado. ----------------------- II.- Que la amparista se agravió, en lo esencial, sosteniendo que resulta evidente de la nota de la demandada que no informó concreta y puntualmente lo solicitado, pues en ningún párrafo de dicho escrito se hace referencia al saldo de la deuda. ------- Afirmó que la información brindada no satisface en modo alguno la solicitada, dado que lo único que le interesaba conocer era el saldo de su deuda para cancelarla y no los manejos internos del Instituto con otros entes. ------------------------ Expresó que la ley 3764 prevé la vía del amparo para el caso de que se le niegue a algún habitante de la Provincia del Chubut información sobre actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del Estado Provincial, en la inteligencia de que el amparo es, antes que un remedio procesal, una garantía concreta para los derechos del hombre. --------------- Arguyó que no se requiere mayor esfuerzo para comprender que se está en presencia de una omisión de autoridad pública que restringe arbitrariamente su derecho a conocer cuál es el saldo de su deuda con la demandada. ----------------------- Concluyó manifestando que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano obró manifiestamente en forma arbitraria e ilegal, porque esos vicios aparecen visibles al examen jurídico más superficial, ya que desconoció el derecho a la información de manera abierta, caprichosa y sin principios jurídicos. --------------- III.- Que no puede dejar de advertirse que el análisis efectuado por el a quo mediante el decisorio en crisis lo fue a la luz de lo normado por el art. 7 de la ley 4.572, verificación de la admisibilidad preliminar del amparo que incluye los presupuestos normados en los arts. 1 a 6 de la citada norma, de lo que se deduce que cabe controlar, además de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir, de los requisitos formales, también, las condiciones de fundamentación o procedencia de la pretensión, para desestimar la demanda en este estadio respecto de estas últimas sólo si la pretensión aparece objetivamente, en el sentido de manifiesta, improponible.

--- Es correcta la resolución atacada en cuanto encuadra la cuestión en los términos de la ley 4572. Es que el art. 7º de la ley 3764, sancionada el 15/10/92, cuando establece que ante la denegación expresa o tácita a facilitar el acceso a las fuentes de información el afectado podrá recurrir en amparo de su derecho, debe interpretarse, actualmente, que se refiere al amparo reglamentado por la normatividad primero citada, que es la reglamentaria de los artículos 54, 57, 58, 59 y 111 de la Constitución Provincial sancionada el 11/10/94. ------------------------------ IV.- Que la presente demanda fue encuadrada en los términos de la ley 3764. El artículo 1º de dicha ley 3764 establece que la misma: "reglamenta el libre acceso a las fuentes oficiales de información de los actos de gobierno, sean estos legislativos, administrativos o jurisdiccionales...". -- El acceso a la información reside, centralmente y de modo general, en la posibilidad que se le concede a cualquier ciudadano para conocer toda clase de información pública que permita el control de los actos de gobierno (confr.: Gerez, "La ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una mirada al derecho constitucional de acceso a la información", L.L. sup. Act. 6/5/08, 1). -------------------- En razón de que los datos requeridos no se refieren a un "acto de gobierno", en el sentido de acto del Estado con alcance general, que son los actos respecto de los cuales la ley garantiza el libre acceso de los ciudadanos, se confirmará la sentencia apelada. ---------------- Podría discutirse si el acto que se cuestiona por el amparista es un acto administrativo o un acto de naturaleza privada realizado por un ente estatal autárquico.--------- --- En el primer sentido, Mayer en "Le droit administratif allemand", tomo 1º, páginas 2, según cita del maestro Miguel S. Marienhoff, expresó: "Antaño "gobierno" comprendía todas las actividades del Estado: legislación, justicia y administración. Pero durante el proceso de la evolución del Estado, esas ramas fueron separándose entre sí, una después de la otra. La primera en separarse fue la justicia. Con la formación del nuevo derecho constitucional, la legislación aparece luego en situación de oposición respecto a la restante actividad del Estado. Finalmente, para toda la actividad que no es justicia ni legislación, se introdujo la palabra administración, aunque no para reemplazar la actividad de gobierno, sino para designar una nueva rama de actividad que, desprendiéndose aún del gobierno, aparece colocada al lado de la justicia, formando como el opuesto de ésta. Lo cierto es que actualmente toda la actividad del Estado hallase atribuida a esas tres ramas especiales: legislación, justicia y administración. Ellas no le dejaron al gobierno sino lo que les es común. Hoy se entiende por gobierno la alta dirección, la impulsión que parte del centro para activar los negocios en el sentido de una buena política y del interés general" (confr.: Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T I, ed. Abeledo-Perrot 1965, pág. 44). ---------------------------------- Considerándolo un acto de esencia privada se pronuncia el maestro CASSAGNE, quien expresa en una de sus obras máximas que "El Estado, al emitir diferentes especies de actos puede actuar indistintamente bajo formas públicas o privadas. Si opta por lo primero, que es el cauce propio y natural, sus actos serán, en principio, de derecho público, aunque puede también celebrar actos de objeto privado o mixtos en algunas entidades públicas estatales. Si, en cambio, asume la condición de una persona jurídica privada, sus actos se hallarán sometidos enteramente al derecho civil o mercantil, encuadrándose en el régimen ordinario de tales actos, salvo las derogaciones que a texto expreso introduzcan normas públicas o privadas o las que deriven del régimen exorbitante aplicable a las relaciones jurídicas. Tanto en este último supuesto, como en el de los llamados actos mixtos o de objeto privado, el Estado no actúa en la función o actividad administrativa (en el campo del derecho público) sino que desenvuelve una mera actividad regulada por el derecho privado" (CASSAGNE, Juan C, Derecho Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Tomo II, Tít,. III, Cap I., en Lexis Nexis online Nro. 1205/10030).---- Pero en el caso no es necesario entrar a analizar si el acto en cuestión es un acto administrativo o de esencia privada, pues cualquiera de ambas opciones sería irrelevante para la procedencia del presente amparo, pues lo que la ley 3764 tutela es el acceso a la información de los actos de gobierno, categoría en que indudablemente no se encuadra el objeto que aquí se pretende tutelar.------------------- No es ocioso recordar que, según prestigiosa doctrina administrativa, la diferencia entre actos administrativos y actos de gobierno radica en que la función administrativa --en cuya órbita se dictarían los primeros-- está caracterizada y definida por su subordinación a la ley, siendo una potestad ejecutiva que se puede ejercer sólo en virtud de autorizaciones legislativas. La actividad de gobierno, para los sostenedores de esta doctrina, no requeriría esa habilitación de la ley y se cumple por la autoridad administrativa en virtud de potestades que le son propias y emanan directamente de la Constitución (conf. JELLINEK, citado por CARRÉ DE MALBERG, "Teoría General del Estado", Fondo de Cultura Económica, México, 1948. pp. 480 y sigtes.).------ Obviamente los llamados "actos de gobierno" son ontológicamente diversos de la actuación que aquí se ventila. Los actos de gobierno son aquellos que implican decisiones de cierta importancia, que trasuntan un criterio general y abstracto para tratar un determinado problema. A diferencia de ellos los actos administrativos son particulares y concretos, esto es, atienden a una problemática particular de un individuo o grupo, con un criterio concreto y sin poder generalizarse esa solución.---- El caso que nos ocupa muestra un acto absolutamente ya no sólo particular, sino individual y concreto, que conceptualmente nunca podría considerarse un acto de gobierno, motivo por el cual es correcto concluir que no está amparada su difusión en la ley 3764, lo que sella la suerte de este recurso y de la pretensión actora, que no puede pretender amparar su pedido dentro del reducido marco del proceso de amparo, previsto para situaciones diversas a las que se evidencian en este caso.----- --- V.- Las costas de Alzada se impondrán a la actora en razón de su calidad de derrotada en la apelación (art. 69 C.P.C.C.). --------- En consideración a la importancia, eficacia y resultado de la labor desarrollada en esta Alzada y carácter con el que actuara, se regularán los honorarios del Dr. C. F. M.en la cantidad de $ 400 (arts. 6, 14, 36 y concs. del dec-ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.------------------- Por los fundamentos expuestos, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew; RESUELVE: ------ 1) Confirmar la resolución apelada de fs. 9/10. -- 2) Imponer las costas de Alzada a la actora.------- 3) Regular los honorarios del Dr. C. F. M., por su labor de Segunda Instancia, en la suma de $ 400, con más el I.V.A. pertinente.------------------------------ Regístrese, notifíquese y remítase.--------------- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 131 DE 2008 - SIC.- CONSTE.- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA