Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Angela E. Ledesma, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, Dr. Walter Magnone, para dictar sentencia en la causa n° 11.240 del registro de esta Sala caratulada "Trusso, Pablo Alfredo s/recurso de casación".

Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General, Dr.

Ricardo Gustavo Wechsler, actúa como querellante el letrado apoderado, Dr. Alfredo Moreno Yadarola -Fioroni Investimenti S.P.A.-; y ejercen la defensa del imputado Pablo Alfredo Trusso los Dres. Matías Ledesma y Sergio Schedrovitzky.

Según el sorteo efectuado el orden de votación es el siguiente: Catucci, Ledesma, Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

PRIMERO:

Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 23/35vta. por la defensa de Pablo Trusso contra el rechazo de la excepción de falta de acción decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 17 de esta ciudad (fs.15/17).

Causa n/ 11240-Sala III- "Trusso, Pablo Alfredo s/recurso de casación.

Que habiendo sido concedido por el a quo el remedio impetrado a fs. 37/vta., y radicadas las actuaciones ante esta instancia, el recurso fue mantenido a fs. 44.

Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465, primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, el Sr. Fiscal de Cámara a fs.

60/61 requirió el rechazo de la impugnación.

Por su parte, la asistencia técnica de Trusso amplió los fundamentos de su recurso (fs. 63/66), peticionó su concesión y, en consecuencia, el dictado del sobreseimiento de su defendido.

Finalmente, en la audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 465 del código de forma, la defensa acompañó breves notas, y el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

Los recurrentes encarrilan su recurso en la causal prevista en el artículo 456 inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación por haber desatendido la garantía del ne bis in idem consagrada por el artículo 1 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sostienen que Pablo Alfredo Trusso ya fue juzgado por el Juzgado de Transición n° 2 de La Plata (causa n°15-21.836-2) por el hecho que tramitara ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción n° 24 (causa n° 34.108/98) y ahora reproducido ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 de esta ciudad (causa n° 2738).

Afirman que el suceso identificado como hecho I) "Operatoria 500" en el auto de mérito del 1° de noviembre de 1999 del expediente provincial n° 15-21.836-2 (acumulado al n° 15-23.310-2) guarda identidad con el objeto de este.

Señalan que si bien con fecha 26 de diciembre de 2001 la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió la incompetencia por la transferencia de acciones que la firma Inversora Recoleta poseía en la empresa Emprendimiento Recoleta a favor del ex Banco Crédito Provincial, por entender que constituía un hecho independiente, se acusó y condenó a Trusso el 18 de diciembre de 2002, por la creación de una línea crediticia inexistente, denominada Operatoria 500, que habría consistido en el ingreso en la contabilidad del ex Banco Crédito Provincial y a su balance del mes de mayo de 1997, la simulada creación de una línea crediticia constituida por 20.936 operaciones, tergirversándose la realidad económico-financiera del banco frente a las autoridades de fiscalización y control, sus accionistas y clientes.

Sostuvieron que la conducta que aquí se analiza constituye junto con otras -entre las que se destaca la "Operatoria 500"- la pluralidad de acciones que configura la defraudación por administración fraudulenta por la que ya fue juzgado Pablo Trusso en jurisdicción provincial. Ello en la medida que el accionar que tramita en sede nacional forma parte de la simulación de la línea crediticia ya referida.

Afirman que, como posteriormente la Cámara de Apelaciones de La Plata declaró extinguida la acción penal por prescripción, en esa solución quedó comprendida la Operatoria 500 (Resolución de fecha 11 de noviembre de 2005),y por consiguiente mal puede ahora mantenerse viva la acción respecto de esta misma hipótesis fáctica en sede nacional.

Manifiestan que en este contexto Pablo Trusso quedó sobreseído por prescripción (cfr. Resolución de la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata) en relación al hecho individualizado como I), la "Operatoria 500", es decir, la autorización de actos indebidos (Art. 301 del C.P.) descripto en el requerimiento de elevación a juicio de la querella y del fiscal (fs. 357/359 y 405/409 respectivamente) en perjuicio del grupo económico italiano Fioroni S.A.. Por lo tanto su asistido no puede volver a ser perseguido en sede nacional.

Sostuvieron los codefensores que se trata de un hecho único e inescindible, y pasado en autoridad de cosa juzgada material.

Agregaron que su defendido fue investigado por administración fraudulenta por una maniobra similar a la aquí ventilada en la causa n° 34.108/98 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°24.

Acotan que en el caso no puede obviarse la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de Nación en el caso "Pompas" en el sentido de que el fraude abarca las conductas en una unidad, de lo que se sigue que si una es la administración, una es la conducta fraudulenta, e impide multiplicar la delictuosidad del agente con un único designio y una sola rendición de cuentas final.

Por lo expuesto reclaman que se case lo decidido , se haga lugar a la excepción de falta de acción interpuesta y consecuentemente se sobresea a su asistido Pablo Alfredo Trusso.

TERCERO:

Que para analizar la impugnación sometida a inspección jurisdiccional primeramente cabe tener presente que del contexto de las declaraciones, derechos y garantías de la Primera Parte de la Constitución Nacional fluye el precepto enunciado desde antiguo con el aforismo non bis in idem, que proscribe la doble persecución judicial a un individuo por el mismo hecho y por la misma causa, el que se inscribe como un complemento de las demás garantías que protegen la libertad individual, convirtiéndose en principio básico y previo al proceso, regulador de la estructura procesal y constituye una norma constitucional reglamentada a través de los códigos de forma locales (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 1 del Código Procesal Penal de Nación) (cfr. Sala III causa n° 1250 "Vielmetti, Roque A. y Salas, Justina C. s/rec. de casación" reg. n° 456/97, rta. el 28 de octubre de 1997).

A tales fines habrá de remitirse a la doctrina fijado en la causa n° 9502 "Trusso, Francisco Javier s/recurso de casación" resuelta en el 26 de abril de 2010 (Reg. 551/10), en honor a la brevedad.

CUARTO:

Que partiendo de estos parámetros, a los efectos de analizar si en la situación sub examine se ha violentado el dogma del non bis in idem, conviene repasar los distintos pasos procesales producidos en la causa n° 2738 del registro del Tribunal en lo Criminal Oral n° 17 (anteriormente causa n° 49160/1998 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 24); la causa n°15-21836-2 del actual Juzgado de Garantías n° 5 de La Plata y la causa n° 34.108/98 del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 24.

a) Causa n° 2738.

Esta tiene su génesis en la n° 15-23.310-2 caratulada "Dr. Varese, Carlos Arturo representante de Fioroni Investimenti S.P.A., integrante de Inversora Recoleta S.A.

s/denuncia" del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional n°15 del Departamento Judicial de La Plata, la que fuera acumulada a la causa n° 15-21.836-2 caratulada "Trusso Pablo y otros s/asoc. ilícita, estafas reiterada, tent. de estafa, falsificación de documentos, balance falso y autorización indebida" del mismo tribunal en virtud de la declinatoria de incompetencia del Juzgado de Instrucción n° 42 de fecha 7 de octubre de 1998.

El 1° de noviembre de 1997, la jueza provincial mantuvo la prisión preventiva de Pablo Alfredo Trusso, Jorge Alejandro Desimoni y Jorge Héctor Granitto (fs. 228/234).

En dicho pronunciamiento y en lo que aquí concierne se identificó al Hecho I) con la siguiente descripción fáctica:

"De la lectura de la denuncia del Dr. Carlos Arturo Varese, apoderado de FIORONI INVESTIMENTI S.P.A., la cual diera origen a la causa con registro n° 15-23.310-2 acumulada a la principal 15-21.836-2 ... surge "prima facie" que ciertos directivos y accionistas del Banco Crédito Provincial S.A. transfirieron, con fecha 15 de agosto de 1997, la totalidad accionaria de INVERSORA RECOLETA S.A. en EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.

(representativo del 31,5%) a favor del Banco Crédito Provincial S.A., ascendiendo -en consecuencia- la participación de éste último en EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A. al 44% porcentaje que no es real ya que las acciones de Inversora Recoleta S.A. en Emprendimiento Recoleta S.A., transferidas por los dadores no eran de su propiedad. Que esta operación -verdadera "toma de control" que reestructuró la primitiva sociedad- se realizó sin la debida autorización por parte de los denunciantes, perjudicando al Grupo Fioroni, propietario de parte del paquete accionario de INVERSORA RECOLETA S.A. (teniendo en cuenta la composición accionaria firmada por Personas Jurídicas), conforme surge de las pericia contables ... correspondiendo la titularidad de esas acciones al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al haber sido transferidas por el MERCOBANK S.A., quien las recibió de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 742/97 del Directorio del Banco Central de la República Argentina (por la cual fueron excluídos y transferidos a favor del Mercobank S.A. determinados activos y pasivos privilegiados del ex- BCP).Que por Resolución N° 420 el Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso, entre otras medidas, la regularización de la cartera crediticia del ex-BCP S.A.por SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, otorgándole un plazo de 30 días para resolver el aumento de capital. Que con posterioridad a esta resolución el BCP S.A. presentó una propuesta de reestructuración que implicaba la previsión del 100% de la cartera de consumo por un total de $ 64.000.000 y capitalizar el banco por dicha suma a través de la aceptación de oferta de compra de la cartera previsionada por parte de los accionistas en dicho precio. Que la entidad presentó la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre la entidad y los Sres.

Francisco Javier Trusso, Pablo Alfredo Trusso Y Renato Dalla Nogare, cuyos términos no fueron debidamente cumplidos en tiempo y forma, recobrando pleno efecto la Resolución 420/97 y 436/97 apartado 1°. Que por nota del 13 de Agosto de 1.997 el ex-BCP S.A. comunica que recibió como bienes en defensa de créditos, entre otros, el 31,5% de las acciones de Emprendimiento Recoleta S.A. por $16.000.000, cancelando provisoriamente el precio debido por la compra de la cartera.

Este ofrecimiento esta plasmado en el contrato de dación obrante en el Anexo Documental XVII." Con fecha 26 de diciembre de 2001 (fs. 1/15vta.) los integrantes de la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata resolvieron declarar la incompetencia de esa jurisdicción para conocer en el hecho denunciado. Allí se afirmó que la maniobra delictiva consistía en una transferencia fraudulenta de Fioroni a la empresa Inversora Recoleta S.A. (IRSA) al Banco de Crédito Comercial, por parte de Francisco Javier Trusso, Pablo Alfredo Trusso y Renato Dalla Nogare; y que las maniobras aludidas -todas ellas concretadas en jurisdicción de la Capital Federal- no tienen relación alguna con las administraciones fraudulentas del B.C.P. que se investigan en ese proceso. El activo del banco no se vio perjudicado en modo alguno sino que por el contrario, se intentó incrementarlo.

Concluyeron que se trataba de hechos absolutamente independientes, que tienen en común únicamente a sus autores y como exclusivo damnificado al Grupo Fioroni.

Radicadas las actuaciones en el Juzgado de Instrucción n° 24 bajo el n°49160/1998, la querella y el fiscal requirieron la elevación a juicio (fs.357/359vta y 402/409vta., por el delito de defraudación por administración fraudulenta prevista en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal respecto de los procesados .

La asistencia técnica de Renato Dalla Nogare dedujo excepción de falta de acción por extinción de la acción penal por prescripción (fs. 450/452) la que fue rechazada a fs.

737/vta. A fs. 501/504 la defensa de Jorge Héctor Granitto solicitó la extinción de la acción por muerte del imputado, la que fue resuelta a fs. 573/vta.

Por su parte, los codefensores de Jorge Alejandro Desimone plantearon la nulidad del trámite del expediente y subsidiariamente instaron el sobreseimiento de su asistido procesal. Sostuvieron que producto del "collage" procesal implícitamente aceptado en el expediente entre el antiguo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y el actual Código Procesal Penal de la Nación, se cercenó la debida intervención de Desimoni en los casos y formas que la ley establece (art. 167 inc. 3° del C.P.P.N.), y se inobservó lo dispuesto en el artículo 346 del Código Procesal Nacional que exige ineludiblemente como requisito previo a la vista allí prevista, el auto de procesamiento, inexistente en el caso.

A su turno el defensor de Juan Miguel Trusso (fs.

515/523) planteó la nulidad de la declaración indagatoria de su defendido y de los requerimientos de elevación a juicio formulados. Asimismo, por escrito separado, se opuso a la elevación de la causa a juicio e instó el sobreseimiento de su pupilo procesal (fs. 524/527).

Por su parte, el asesor letrado de Francisco Javier Trusso a fs. 528/531, solicitó el sobreseimiento de éste por los motivos allí desarrollados.

Finalmente, a fs. 554/559 el Sr. Defensor Público Oficial, a cargo de la defensa de Pablo Alfredo Trusso, requirió la nulidad absoluta de las vistas conferidas a tenor del artículo 346 del C.P.P.N. y subsidiariamente instó el sobreseimiento de su defendido en los términos del artículo 349 inciso 2° del mismo ordenamiento ritual.

Los planteos nulificantes de las defensas fueron rechazados por el magistrado instructor a fs. 635/643, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero el 10 de noviembre de 2006 (fs. 715/718).

El 3 de diciembre de 2007 (fs. 883/885), el magistrado en oportunidad de declarar clausurada la instrucción describió los sucesos de la siguiente manera: "Se imputa a Francisco Javier Trusso -como Vicepresidente del BCP y director de negocios, Pablo Trusso -vocal y director ejecutivo del BCP-, a Jorge Desimoni -director del BCP SA y BCP Negocios S.A. y de Emprendimientos Recoleta SA, a Renato Dalla Nogare -director del BCP SA, vicepresidente de BCP Negocios SA y presidente de Emprendimientos Recoleta SA y presidente de Inversora Recoleta SA y a Juan M. Trusso -presidente de BCP Negocios SA y director de Emprendimiento Recoleta SA-, el haber transferido, con fecha 15 de agosto de 1997, la totalidad accionaria de la firma Inversora Recoleta SA a la empresa Emprendimiento Recoleta SA (representativo del 31,5%) a favor del Banco Crédito Provincial, ascendiendo en consecuencia, la participación de éste último en Emprendimiento Recoleta SA al 44%, porcentaje que resulta irreal ya que las acciones de Inversora Recoleta SA en Emprendimiento Recoleta SA transferidas por los dadores no eran de su propiedad. Esta operación, verdadera toma de control que reestructuró la primitiva sociedad, se realizó sin la debida autorización por parte de los denunciantes, perjudicando patrimonialmente al grupo Fioroni Investimenti SA, quien resultaba ser propietario por parte de paquete accionario de la firma Inversora Recoleta SA, conforme surge de las pericias contables de fs. 89/94 de la causa n° 23.310 y fs. 6666/86 de la causa n° 15-21836-2 del Juzgado de Transición n° 2 del departamento Judicial de La Plata" (vid. fs. 286/326 de esta causa).

Allí también se puntualizó que la titularidad de las acciones pertenecía al BCP al haber sido transferidas por el Mercobank, quien las recibió por disposición de la Resolución n° 742/97 del Directorio del Banco Central de la República Argentina, por la cual fueron excluidos y transferidos a favor del Mercobank SA determinados activos y pasivos privilegiados del ex BCP. Asimismo, a través de la Resolución n° 420 la misma autoridad dispuso, entre otras medidas, la obligación de incrementar las previsiones regularizadoras de la cartera crediticia del ex BCP SA por sesenta y cuatro millones de pesos ($64.000.000), aumento de capital social que debería concretarse en un plazo de treinta días corridos .Con posterioridad a esta resolución, el BCP SA presentó una propuesta de reestructuración con una previsión del 100% de la cartera de consumo por un total de $ 64.000.000 ,capitalizando al banco por dicha suma a través de la aceptación de la oferta de compra de la cartera de previsión de los accionistas en dicho precio. En dicha oportunidad, la entidad presentó la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre la entidad y los Sres. Francisco Trusso, Pablo Trusso y Renato Dalla Nogare, cuyos términos al no haber sido cumplidos en tiempo y forma, hicieron recobrar pleno efecto a las resoluciones n° 420/97 y 436/97. Finalmente, por nota del 13 de agosto de 1997, el ex BCP SA, comunicó que recibió como bienes en defensa de créditos, entre otros, el 31,5% de las acciones de la firma Emprendimientos Recoleta SA por la suma de $16.000.000, cancelando provisoriamente el precio debido por la compra de la cartera, habiéndose plasmado dicho ofrecimiento en el contrato de dación obrante en el anexo documental XVII que se corresponde con las copias remitidas por el Mercobank SA, glosadas a fs. 83/88 (certificadas a fs. 280/5).

Radicadas las actuaciones ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 se citó a las partes a juicio en los términos del artículo 354 del C.P.P.N. (fs. 927).

Paralelamente, por vía incidental, el señor Defensor Público Oficial de Pablo Trusso, interpuso excepción de falta de acción por cosa juzgada (fs. 1/5vta.), la que rechazada, motivó el recuso ahora en trámite.

b) causa n°15-21.836-2 Por sentencia de fecha 18 de diciembre de 2002, la titular del Juzgado de Transición n° 2 (Ex Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 15 de La Plata, provincia de Buenos Aires, actualmente Juzgado de Garantías n° 5 de la misma localidad ) condenó -en lo que aquí interesa- a Pablo Alfredo Trusso a la pena de siete años de prisión, a Renato Dalle Nogare a la pena de cinco años de prisión y a Jorge Héctor Granitto a la pena de cuatro años, como autores del delito de autorización de actos indebidos (art. 301 del C.P.) respecto del hecho identificado como I "Operatoria 500"(cfr. sentencia n°39/2002 en fotocopias).

La magistrada tuvo por acreditado ese hecho I en cuanto a que "tres directores, a través de personal especializado del ex-Banco Crédito Provincial S.A.(en adelante ex-BCP SA), previo a algunas reuniones en la sede central de la calle 7 y 50 de esta ciudad [La Plata] prestaron su concurso o consentimiento, para la creación de una línea crediticia simulada, constituida por veintiséis mil novecientos treinta y seis (29.936) operaciones por un valor total de pesos sesenta y dos millones doscientos treinta y dos mil quinientos sesenta y uno con setenta y tres centavos ($62.232.561,73), la que se incorporó a la contabilidad del ex-BCP S.A. y en consecuencia al balance del mes de mayo de 1997. Dicha línea de crédito se elaboró utilizando un formato de una base de datos, correspondientes a usuarios de tarjetas de crédito, ordenados alfabéticamente, al que le fueron adjudicados entre otras circunstancias, distintos montos secuenciales en formas ascendente y descendente de entre dos mil y casi cuatro mil pesos, a efectos de que -por su monto- pasaran inadvertidos ante la inminente inspección del Banco Central de la República Argentina -en adelante BCRA- y evitar así la confección de la documental respaldatoria de su tramitación de rigor. Que de esta forma falsearon el balance del mes de mayo, tergiversando la realidad económica-financiera de la entidad frente a las autoridades de fiscalización y control, de sus accionistas, terceros y clientes, con el fin de aparentar una distinta realidad económica del BCP S.A. arriesgando la solvencia y liquidez del patrimonio (art. 30 y 231 de la ley 21.526)." "El BCRA advierte la creación simulada de la línea de crédito y exige a las autoridades del Banco por resolución n° 420 de fecha 6 de agosto de 1997 previsionar por esa suma - $64.000.000-, por lo que mediante reunión de acta secreta, con fecha 8 de agosto de 1997, deciden algunos de los accionistas comprar dicha cartera -inexistente- y capitalizar el banco. Con fecha 13 de agosto del mismo año, y sin haberse efectivizado pago alguno, conforme al contrato aludido en el BCRA, se cambia la propuesta y se presenta una nueva por la que, para cancelar el precio antedicho varían el pago con acciones de empresas vinculadas a los accionistas del Banco." El fallo aludido fue apelado por la Fiscalía, el particular damnificado y los defensores de los condenados.

Con fecha 11 de noviembre de 2005, la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata (Reg. 103) resolvió en el punto I, declarar extinguida por prescripción las acciones penales iniciadas contra Pablo Alfredo Trusso y Renato Dalla Nogare por los delitos de autorización de actos indebidos (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -ley 25.990- y 301 del Código Penal).

Entendió la cámara platense que dado que el hecho se habría cometido en el mes de mayo de 1997 al crearse una línea crediticia simulada ("Operatoria 500") y que por el mismo fueron indagados Dalla Nogare el 25 de mayo de 2000 y Pablo Trusso el 2 de noviembre de 1997, siendo ambos imputados acusados recién el 11 de abril de 2002; desde la fecha del hecho hasta la indagatoria de Dalla Nogare; y desde la indagatoria de Pablo Trusso hasta la acusación fiscal, transcurrió el término previsto en el artículo 62 inciso 2 del Código Penal en relación con el artículo 301 del mismo cuerpo legal, para la extinción de la acción penal sin que se haya interrumpido por la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 67 cuarto párrafo, redacción conforme Ley 25.990, aplicable de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal.

Dicho pronunciamiento quedó firme al haber sido tácitamente consentido por las partes, quienes no interpusieron recurso alguno a este respecto ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (cfr. Informe en causa n° 9502 "Trusso, Francisco Javier s/rec. de casación" de esta Sala).

c) causa n° 34.108/98 La causa de mención tiene su génesis en la denuncia formulada el 21 de abril de 1998 por Carlos Arturo Varese en su calidad de apoderado de la empresa Fioroni Sistema S.P.A. (fs.

1/31), la querella promueve acción penal contra Francisco J.

Trusso, Pablo Alfredo Trusso, Juan Miguel Trusso, Renato Dalla Nogare, Jorge Héctor Granitto, Gustavo Liendo y Jorge Desimoni, en sus carácter de presidente, vicepresidente y directores de las empresas EBI S.A., B.C.P. Negocios S.A. y del Banco Crédito Provincial S.A. al entender que resultan responsables de los delitos de administración fraudulenta o subsidiariamente estafa en perjuicio de la representada (art. 173 inc. 7 y 172 del C.P.).

Relata el denunciante que los ejecutivos del grupo Fioroni se contactan con directivos de la empresa italiana Buffetti Finanza & Sviluppo S.P.A -accionistas en el Banco Crédito Provincial S.A.- quienes a su vez los contactaron con Francisco Trusso, Pablo Trusso, Antonio Falabella y Renato Dalla Nogare a fin de interesarlos en la participación accionaria de una importante inversión como socios, así como también en la realización de otros importantes emprendimientos;

entre ellos la adquisición y explotación comercial del inmueble de la calle Reconquista 46/100 que perteneciera al Banco de Italia y Río de la Plata S.A. En ese contexto Fioroni Fiance & Sviluppo realiza una importante inversión en dinero para participar accionariamente en el Banco Crédito Provincial S.A.

y Fioroni Sistema S.P.A. hace lo propio para adquirir junto con BCP Negocios SA el referido inmueble de la calle Reconquista.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 1991 el Banco Central de la República Argentina subastó la sede del Banco de Italia y Río de la Plata S.A. y el 23 de marzo de 1992 dicha entidad aprobó la oferta de $ 15.030.000 efectuada por Fioroni Construzioni S.P.A. El 16 de septiembre de 1992 el Banco de Italia y Río de la Plata vendió en comisión mediante boleto de compra-venta el inmueble indicado a Fioroni Sistemas S.P.A en la que actuó Renato Dalla Nogare como apoderado de la firma.

Según se relata la querella, el 5 de diciembre de 1992, mediante escritura n° 419 Juan M. Trusso por el BCP Negocios SA y Roberto Peccini por Fioroni Sistemas SA constituyen la sociedad Ebi SA cuyo único patrimonio lo constituía el inmueble de la calle Reconquista, ya que la explotación de este era su único objeto.

Finalmente, el 3 de octubre de 1994 se efectúa la escritura traslativa de dominio en que se deja constancia de que Dalla Nogare realiza la compra para y con dinero de la sociedad Ebi SA. En la misma fecha Fioroni Sistemas SPA cedió por instrumento privado su paquete accionario en Ebi SA a BCP Negocios SA, quedando conformada la sociedad por BCP Negocios con el 45% y por el ING Bank con el 4,5%, no obstante lo cual el cedente no recibió suma alguna de parte de la cesionaria, por la supuesta transferencia de acciones de Ebi SA.

Refiere la querella que pese a los reclamos efectuados frente a la ausencia de depósito del dinero correspondiente a la transferencia, Dalla Nogare justificaba la omisión en virtud de que "todavía no se había podido escriturar el bien de la calle Reconquista 46/100 y ello hacía incierto el derecho de propiedad de Ebi SA", cuando ello no era verdad, extremo que Fioroni Sistemas SPA corroboró con posterioridad con los informes del Registro de la Propiedad Inmueble.

Agregó el denunciante que mientras Fioroni Sistema SPA creía que se dilataba el cumplimiento de un contrato de transferencia accionaria, el 9 de mayo de 1995 el BCP Negocios SA y el ING Bank venden el inmueble en cuestión al Banco Crédito Provincial SA por la suma de u$s 18.000.000. El 30 de junio de 1995, la entidad bancaria suscribe un contrato de locación de obra con Alto Palermo SA y posteriormente un fideicomiso y otros actos jurídicos. El 19 de diciembre de ese año los representantes del Banco Crédito Provincial SA le cedieron a Alto Palermo SA el 25% indiviso de sus derechos sobre el inmueble y sobre el 75% restante se constituyó un fideicomiso y el Republic National Bank of New York adquirió los derechos del Banco Crédito Provincial y Ebi SA sobre el inmueble en la parte que una vez sujeta al régimen de propiedad horizontal resulten ser dos unidades funcionales más 10 cocheras con la expresa condición de que se comprometía venderle el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 343/9 a la firma Piramide de Mayo (perteneciente al BCP SA). El 25 de junio de 1997 Ebi SA le vende a Republic Bank of New York las unidades de referencia. En ambos instrumentos Granitto - apoderado de BCP SA- y Dalla Nogare -presidente del directorio de Ebis SA- hicieron constar que el bien en cuestión había sido adquirido el 9 de mayo de 1995 a Ebi SA y que se le abonó a la vendedora la totalidad del precio.

Posteriormente, Fioroni Sistemas SPA recuperó las acciones mediante juicio (expediente "Fioroni Sistemas SPA s/Ebi SA s/convocatoria de Asamblea").

Radicadas las actuaciones ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 17, a fs. 39/41 la representante del Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de instrucción.

En un primer momento, la causa fue remitida por conexidad al Juzgado de Instrucción n° 42 en el que fue acumulada a la n° 88.110/97, y posteriormente, previo paso por el Juzgado de Instrucción n° 32, y en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuestión de competencia suscitada (cfr. fs. 47/50), con fecha 12 de agosto de 1998, la magistrada declinó la competencia al Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 15 del Departamento Judicial La Plata, Provincia de Buenos Aires, por entender que la conducta de alguno de los involucrados en la maniobra delictiva denunciada se investigaba en la causa n° 15.21.836-2 del registro de ese tribunal (fs. 53/55).

El 21 de marzo de 2003, la jueza provincial se declaró incompetente para seguir entendiendo en la causa y remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción n° 42 (fs.

597/599). Entendió que si bien algunas personas físicas del Directorio del BCP Negocios SA eran las mismas que integraban el órgano de administración del ex BCP SA, como se trata de una diferente persona jurídica y con patrimonio diferente, que contrató y luego incumplió en una jurisdicción ajena al ámbito de competencia de ese Juzgado, ya que la suscripción del acuerdo celebrado entre Fioroni Sistema SPA y BCP Negocios SA lo fue en la ciudad de Buenos Aires respecto a un inmueble situado en el mismo lugar, con invocación del precedente de la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que el 26 de diciembre de 2001 resolvió un planteo de incompetencia también vinculado con el Grupo Fioroni, en el que se precisó que los hechos denunciados y concretados en la Capital Federal no tienen relación alguna con la administración fraudulenta del ex Banco Crédito Provincial SA ya que el activo de la entidad no se vió perjudicado en modo alguno ;eran por lo tanto hechos independientes que tenía en común únicamente a sus autores y como exclusivo damnificado al Grupo Fioroni.

Finalmente, por razones de conexidad con la causa n° 31.881/98 el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 24.

El 29 de agosto de 2007 se dictó el sobreseimiento de Francisco Trusso, Pablo Trusso, Juan Miguel Trusso, Renato Dalla Nogare, Jorge Granitto, Gustavo Liendo y Jorge Desimone (fs. 836/839).

Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 4 de diciembre de 2007 (fs. 918/vta.).

QUINTO:

Frente a las connotaciones de las causas reseñadas, en el confronte de la plataforma fáctica que resultó materia de juzgamiento por la magistrada provincial al dictar la sentencia del 18 de diciembre de 2002, y que motivara luego la resolución de la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo de La Plata mediante la cual se sobreseyó a Pablo Trusso por extinción de la acción penal y respecto del hecho individualizado como I), la "Operatoria 500", con los requerimiento de elevación a juicio de la querella y del fiscal (fs. 357/359 y 405/409 respectivamente) concretado en la causa n° 2738 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 de esta ciudad, adelanto que existe identidad entre el suceso investigado y sobreseído en sede provincial y el ventilado en la presentes actuaciones.

No puede desatenderse -al igual que lo hiciera votar en la causa n° 9502 del registro de esta Sala- que se está frente a un delito complejo, formado por una concatenación de maniobras ,pero presididos por una misma finalidad.

Sobre esa guía ha de analizarse si se trata pues de un mismo acontecimiento histórico, que, si como tal, mantiene las tres identidades: eadem personam, aedem re y aedem causa petendi (cfr. Núñez, Ricardo C. "La garantía del non bis in idem en el Código de Procedimientos Penal de Córdoba", Revista de derecho Procesal, 4° trimestre (1946), n° IV, pág. 311), con los alcances que se explicarán.

En primer término, se presenta en autos la identidad de persona (eadem personam), pues es el mismo enjuiciado -Pablo Trusso- el que tiene ese rol en ambos procesos.

Puede verificarse asimismo la identidad del objeto material (aedem re) ya que se trata en esencia de un suceso, que al ser fallado en parte desapoderó de autonomía a los restantes, precisamente por estar bajo una misma intención. No puede pasar desapercibido que las distintas etapas por las que transitara la causa, parcialmente examinada en ellas es lo que dio a las actuaciones el marco confuso en el que quedaron envueltas. Es así que se advierte que el objeto de la causa en sede provincial se corresponde, al menos en parte, con las descripciones contenidas en el requerimiento de elevación a juicio de estos actuados.

En tal sentido debe tenerse presente que la identidad del objeto de la persecución penal se configura si la finalidad se mantiene aunque se trate de obtener mediante operaciones parciales diferentes. Es decir que el núcleo conserva su identidad aunque en el segundo proceso aparezcan menos elementos o circunstancias que rodeen ese comportamiento esencial (CSJN Fallos V.34 XXXVI "Videla, Jorge Rafael s/incidente de excepción de cosa juzgada y falta de jurisdicción" rta.21/08/03).

Esa percepción se obtiene de la confrontación de las piezas procesales calificadas por el impugnante como sustanciales, son concluyentes para determinar la identidad de objeto entre ambas causas. De su lectura se extrae que las descripciones allí contenidas tocan -aunque sea tangencialmente- los hechos aquí ventilados. Es que como bien se señala al momento de declararse la incompetencia en aquella operatoria luego sobreseída por prescripción (Operatoria 500) si bien el activo del B.C.P. era el que se encontraba afectado, no puede olvidarse que a través de su afectación se perjudicó el patrimonio del Grupo Fioroni.

No obstante que la conducta investigada en sede provincial al principio pareciera no identificarse con la de esta causa, no es menos cierto que como consecuencia del frustrado "salvatage" de la entidad bancaria, el B.C.R.A.

reestructuró la deuda del ex BCP por un monto que coincide -$ 64.000.000- con el utilizado para la operatoria que involucra a la transferencia fraudulenta de Fioroni a la empresa Inversora Recoleta S.A. (IRSA) al Banco de Crédito Comercial.

De ello se colige, la permanencia de misma "idea básica" tras la múltiple imputación realizada.

Enseña Maier que "ella hace referencia a un único comportamiento básico como objeto de cognición y decisión en varios procesos, aunque en alguno de ellos se prediquen más elementos o circunstancias de ese comportamiento central, que en el otro (Maier, Julio B.J. "Inadmisibilidad de la persecusión penal múltiple (ne bis in idem)" Doctrina Penal, año 1986, pág. 429).

No resulta ocioso resaltar aquí que lo que interesa a estos efectos no son los títulos delictivos en los cuales se puede subsumir el hecho imputado sino que se trate del mismo suceso, más allá de cualquier adecuación típica. La materialidad imputada puede o no ser un delito en su concepto dogmático o encuadrar en una figura penal determinada; esto es indiferente para resolver sobre su identidad o falta de identidad con el objeto de comparación. Es por ello que lo que la ley argentina pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecusión penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuída, toda vez que la garantía -en este caso la del non bis in idem- sólo juega en favor y no en disfavor de quien sufre el poder penal del Estado (cfr. Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal Argentino", Tomo 1b, pág. 251 y 375). Es por ello que el substractum de la garantía es fáctico y tiene carácter objetivo.

Por último, resta comprobar la presencia de la tercera de las identidades, esto es la que recae sobre la causa petendi, ésta existe en la medida en que el juez de la nueva persecución posea una jurisdicción de la misma índole o naturaleza que la del primer juez, y que la competencia material de ambos sea la misma. Dicho extremo también se verifica en el caso.

En tal sentido existe identidad de litis entre los hechos sobreseídos por prescripción por la Sala 3° de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, con los ahora ventilados en el fuero criminal de la capital.

En este orden de ideas, es conveniente recordar que la decisión dictada en autos en sede provincial, esto es el sobreseimiento, al adquirir firmeza, cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado. De manera tal que en lo que respecta a su efecto sustancial propio con relación al futuro, el sobreseimiento es definitivo. Tal conclusión permite vincular este aspecto de la resolución que cierra el proceso, con el principio ya mencionado, lo que traduce el valor exacto del sobreseimiento en cuanto a la acción penal y no permite en adelante someter a proceso a una misma persona por el mismo hecho en que ya recayó aquélla resolución en su beneficio.

Con acierto, afirma en forma categórica Torres Bas al referirse a la extensión de dicha medida procesal que "lo que interesa respecto del sobreseimiento es la base fáctica en su estricta materialidad, y no su encuadra*miento legal o denominación jurídica" (Torres Bas, Raúl Eduardo "El procedimiento penal argentino", Tomo I, pág. 346 y 348, Córdoba 1986).

Por ello, habiendo existido en autos una decisión de juez habilitado que expidió una resolución de contenido material, no puede el mismo magistrado, ni tampoco otros jueces, por el resguardo constitucional que el principio establece, proseguir con la investigación por el mismo asunto, al estar comprobadas las identidades requeridas desde el punto de vista fáctico en sus aspectos objetivo y subjetivo.

Es mi opinión, pues, que el sobreseimiento dictado por la magistrada platense alcanzó el hecho aquí ventilado.Es decir que en este punto queda claro que el hecho está juzgado.

Es que tal como lo señalara el recurrente, aquel sobreseimiento dictado por la Cámara de La Plata respecto del suceso identificado como "HECHO I OPERATORIA 500" impide el juzgamiento por parte de los miembros del Tribunal Oral n° 17 de esta ciudad, de aquellos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio de la causa n° 2738.

Bajo este panorama claro surge que existe la alegada afectación al principio constitucional invocado.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación, sin costas, casar la resolución recurrida y en consecuencia sobreseer a Pablo Alfredo Trusso.

La señora juez doctora Angela Ester Ledesma dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la Dra. Catucci en su exposición, en cuanto propugna hacer lugar al recurso de casación incoado por la defensa y anular la resolución objetada, en atención a los siguientes motivos.

Tal como lo destaca la colega preopinante, los sucesos fraudulentos investigados en el marco de la presente causa acontecieron en el año 1997; por ello es que, con especial remisión a las consideraciones vertidas el emitir mi voto en la causa n/ 9502, "Trusso, Francisco Javier s/rec. de casación", reg. n/ 551/10 de esta Sala, de fecha 16 de abril de 2010, debo advertir que la acción penal se encuentra extinguida por prescripción (arts. 75 inciso 22 de la C.N.; 8.1 de la C.A.D.H.; 14.3.c del P.I.D.C. y P.).

Sin perjuicio de ello, comparto la conclusión a la que arriba la aludida magistrada, al aseverar que se verifica - en las particulares circunstancias constatadas en el caso, reseñadas en la ponencia que antecede- una afectación al principio ne bis in idem, invocado por los impugnantes. En orden a los postulados que rigen esta materia, me remito mutatis mutandi a las reflexiones precisadas en las causas n/ 5139, "Torres, Fernando Jorge y otros s/rec. de casación", reg.

n/ 410/05, de fecha 19 de mayo de 2005 y n/ 10.919, "Peña, Emilio s/rec. de casación", reg. n/ 1441/09, de fecha 13 de octubre de 2009, entre otras también de la Sala III.

En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la asistencia técnica del encartado Pablo Alfredo Trusso -sin costas-, anular la resolución cuestionada, y sobreseer al nombrado Trusso, en los términos dispuestos en el art. 334 y concordantes del código adjetivo.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Sellada como se encuentra la suerte del recurso bajo examen por el voto concurrente de las distinguidas colegas que nos preceden en el orden de votación, hemos tan sólo de limitarnos a dejar constancia de nuestro criterio divergente, ello así pues apreciamos que la conducta que se imputa en autos resulta sustancialmente diferente a aquella por la que la justicia de la provincia de Buenos Aires dictara el sobreseimiento del acusado.

Como bien lo señalan el a quo y el representante del Ministerio Público Fiscal en esta sede, los hechos que constituyen el objeto procesal de la presente causa no sólo fueron materializados en distintas circunstancias de tiempo, modo y lugar de aquellos otros que fueran ya objeto de sentencia definitiva, sino que también aparecen cometidos contra patrimonios de diferentes personas jurídicas, extremo que en nuestro juicio abona la solución que en definitiva entendemos corresponde acordar al recurso de la defensa.

Tal es nuestro voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, SIN COSTAS, CASAR la resolución de fs. 15/17 del Tribunal Oral en lo Criminal n/ 17 de esta ciudad y en consecuencia SOBRESEER a PABLO ALFREDO TRUSSO (arts. 1, 456 inc, 1, 334, 339 inc. 2, 343, 456 inc. 1, 470, 530 y concordantes del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Angela Ledesma.

Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.