Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25


/// la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil trece, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara doctor Walter Daniel Magnone, para resolver en la causa n° 16.454 caratulada "Romero, Juan Carlos s/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo Wechsler, de la defensa de Romero a cargo de la doctora Brenda Palmucci y de la querella representada por los doctores Hernán Zavalía Lagos y Augusto Garrido.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Catucci, Borinsky, Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci, dijo:

PRIMERO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por el Fiscal contra la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que resolvió confirmar la resolución del magistrado de primera instancia que dispuso suspender el proceso a prueba a Juan Carlos Romero.

Concedido el remedio intentado, el recurrente mantuvo la impugnación, y en la oportunidad prevista en el artículo 466 del C.P.P.N. insistió en el recurso, mientras que la defensa propugnó su rechazo.

Finalmente, habiéndose superado la etapa prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

El recurrente introduce su agravio a partir de la primera hipótesis prevista en el artículo 456 del Código Procesal Penal.

Entiende que ha existido una desacertada o errónea aplicación de la ley sustantiva, puntualmente del artículo 76 bis del Código Penal.

Ello así dado que el delito que se le endilga a Romero es el de lesiones culposas que prevé la pena de inhabilitación en forma conjunta a la de prisión o multa.

Sostuvo que en su oportunidad, consideró aplicable el instituto en tanto la defensa "ofreciera su autoinhabilitación". No habiendo ocurrido tal cosa, se opuso a la concesión del instituto, sin perjuicio de lo cual, fue otorgado por el magistrado actuante, lo que en definitiva lo agravia.	Hizo reserva del caso federal.

TERCERO:

Juan Carlos Romero fue procesado y requerido de juicio por el delito de lesiones culposas leves (art. 94 del Código Penal que prevé una pena de un mes a tres años de prisión o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años).

En el precedente "Ortíz, Diego Maximiliano s/ recurso de casación", c. n? 12.712, reg. n? 280/11, rta. el 29 de marzo de 2011 traté en profundidad la cuestión de fondo traída a estudio, esto es, si procede el beneficio analizado cuando el hecho imputado prevé la pena de inhabilitación.

En esa oportunidad sostuve que el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Norverto" -N. 326. X-LI, del 23 de abril de 2008-, citado en la resolución del Juez de instancia a la hora de conceder el beneficio ha sido objeto de distintas interpretaciones.

En el fallo del Alto Tribunal, como se sabe, tratábase de un delito que prevé pena de inhabilitación en forma conjunta con la de prisión, no obstante lo cual se había remitido al caso "Acosta" (A. 2186. XLI), con lo que se vino a interpretar que tácitamente se había querido decir que la previsión de una pena de inhabilitación no era más un obstáculo para acceder a la probation.

Ahora bien, la Corte señaló que esa remisión era "en lo pertinente".

Un nuevo examen de la cuestión a la luz de posteriores fallos del Máximo Tribunal me permite desentrañar la única conclusión posible, cual es la plena vigencia del plenario "Kosuta" en este punto.

En efecto, en los precedentes "Delillo, Karina Claudia s/ causa 8260", D. 411, XLIV, y "Magisano, Carlos Alberto s/ causa n? 8175" M. 281, XLIV, ambos resueltos el 3 de agosto de 2010, la Corte Suprema declaró la inadmisibilidad de sendos recursos de hecho deducidos por las respectivas defensas oficiales, el primero de ellos contra un rechazo de probation (en el que había intervenido la Sala IV de esta Cámara), y el segundo contra la revocación, por esta Sala III, de una probation concedida.

Huelga anotar que en ambos casos el fundamento de la imposibilidad del beneficio radicaba en que el delito en cuestión preveía en forma conjunta una pena de inhabilitación.

Pues bien, la Corte, con la única disidencia del doctor Zaffaroni, aplicó el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Ello fue así, no obstante la opinión del Procurador Fiscal en el sentido de que ambos recursos debían declararse procedentes, y dejarse sin efecto las sentencias apeladas.

Es decir, que como ya anticipé y porque no advierto pronunciamiento que lo afecte, sigue vigente el punto 2? del plenario "Kosuta" de esta Cámara, en el que se asentó que "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa".

Sólo por vía de hipótesis he de agregar que aun cuando en "Norverto" el Alto Tribunal hubiera querido extender la llamada "tesis amplia" a este supuesto, esa decisión no podría entenderse como "doctrina" de la Corte, como aquí postula la defensa.

Bien entendida ésta como una "reiterada aplicación [...] durante un dilatado espacio de tiempo" de determinada posición, que le confiere generalidad, requisito sin el cual "los fallos están referidos tan sólo a la causa en que fueron dictados" (Julio Oyhanarte, "Recopilación de sus obras", L.L., Buenos Aires, 2001, pág. 743).

Por lo antes visto, esa hipotética aplicación no habría sido "reiterada".	Aclarado ello, frente al delito enrostrado el beneficio otorgado aparece a todas luces improcedente, circunstancia que exhibe la errónea interpretación de la norma efectuada por el Juez de primera instancia y por el a quo.

Es que la posible aplicación de una pena de inhabilitación prevista legalmente, resulta un obstáculo ineludible para la concesión del instituto; por ende, la autoinhabilitación debatida, a más de innecesaria es manifiestamente improcedente, tal como sostuve in re "Ayala" (c. nº 13186, del 8/8/11, reg. 1085).

En mérito de lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal, sin costas, casar el resolutorio en crisis y su antecedente necesario, y remitir el legajo a la sede de origen a fin de que continúe su trámite según la doctrina aquí reseñada.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

La cuestión a resolver radica en dilucidar si la concesión del pedido de suspensión del juicio a prueba obrante a fs. 101/105vta. y luego confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a fs. 120/121vta. luce, o no, ajustada a derecho.

En esta tarea, corresponde señalar que la redacción del art. 76 bis del C.P. y del art. 5 del C.P.P.N. establece que el pronunciamiento del agente fiscal resulta, en principio, vinculante, sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.), en base a las facultades que posee el mismo en su carácter de titular del ejercicio de la acción pública.

La señora Fiscal en lo Correccional se opuso a la concesión de la suspensión del juicio a prueba por la falta de ofrecimiento de auto inhabilitación del imputado (cfr.fs.97).

Al amparo de dicha inteligencia, analizaré en lo sucesivo si el dictamen fiscal emitido en la encuesta cumple con los requisitos de logicidad y fundamentación exigidos por el art. 69 del C.P.P.N.

En este sentido, en ocasión de emitir mi voto en la causa "Fonseca" de la Sala IV, sostuve que en los casos "Acosta" y "Norverto", la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se pronunció sobre el requisito negativo previsto en el último párrafo del art. 76 bis del C.P. (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa Nro. 14.682, caratulada "FONSECA, Marcela Marta s/recurso de casación, rta. el 30/12/10, Reg. Nro. 16.172).

En lo medular, afirmé que, en el caso "Acosta", el Máximo Tribunal de la Nación fijó un criterio más amplio de interpretación de los párrafos 1°, 2° y 4° del artículo 76 bis del Código Penal, con el propósito de evitar que la norma se convirtiera en inoperante. La causa llegó a su conocimiento, por resorte de la defensa, debido a que las instancias jurisdiccionales anteriores habían rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba, con fundamento en que el máximo de la pena en abstracto previsto para el delito imputado (6 años, cfr. ley 23.737, art. 14 -primera parte-) resultaba un impedimento en los términos de lo normado por los aludidos párrafos del art. 76 bis del C.P.

Asimismo, destaqué que en el caso "Norverto", la Corte tampoco se pronunció sobre el requisito legal en cuestión -pena de inhabilitación- (Causa N. 326. XLI, rta. el 23/04/08). La causa llegó a su conocimiento por recurso de la defensa, en virtud de que esta Cámara había declarado mal concedido el recurso de casación, con fundamento en que el art. 76 bis del Código Penal no resultaba aplicable al caso, en atención a la escala penal prevista en abstracto para el delito por el que el imputado había sido acusado (prisión de 6 meses a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años).

La Corte decidió el caso por remisión, en lo pertinente, a lo resuelto en la misma fecha in re "Acosta". Por tanto, en atención al limitado alcance de la doctrina de "Acosta" (C.P., art. 76 bis, párrafos 1°, 2° y 4°), la remisión efectuada en "Norverto" sólo puede ser interpretada en relación al argumento vinculado al máximo de la escala prevista en abstracto para la pena de prisión.

Sin embargo, entendí que, en casos como el de autos, el ofrecimiento de auto-inhabilitación exigible al imputado aparece como un medio apto para conciliar el texto del último párrafo del art. 76 bis del C.P. con los principios hermenéuticos establecidos por la Corte in re "Acosta", pues la finalidad de la pena de inhabilitación que se impondría al enjuiciado, en caso de recaer condena, se ve satisfecha con dicho ofrecimiento de auto-inhabilitación por parte del peticionante.

Este es el principio general que, a mi entender, debe aplicarse al momento de evaluar -en casos como el presente- la procedencia del instituto bajo examen a la luz de lo normado en el art. 76 bis -último párrafo- del Código Penal.

Sin embargo, también consideré que en cada caso particular, corresponde examinar si resulta razonable la aplicación de dicho principio general ante la demostración por parte del imputado del perjuicio concreto que podría acarrearle la imposición de la auto-inhabilitación.

En el sub examine, la defensa no invocó la existencia de un perjuicio concreto que pudiera irrogar a su asistido el cumplimiento de la auto inhabilitación solicitada por la fiscal ante la anterior instancia.

Frente a este escenario, entiendo que, en autos, la exigencia de auto-inhabilitación para conducir automotores no resulta irrazonable.

La forma de resolver la presente resulta sustancialmente análoga a la que tuve oportunidad de fallar en lo pertinente y aplicable en la causa Nro. 15.038, "Capellino, Carlos Alejandro s/recurso de casación", reg. nro. 752/12, rta. el 17/05/2012 -de la Sala IV de esta Cámara-, a la cual me remito en honor a la brevedad.

En función de lo expuesto, concluyo que el Fiscal de la instancia anterior efectuó una adecuada evaluación en orden al requisito de auto-inhabilitación exigible a efectos de superar la limitación prevista en el art. 76 bis -último párrafo- del C.P.

En consecuencia, por las consideraciones formuladas precedentemente, entiendo que la resolución dictada por el colegiado anterior no cumple con la debida fundamentación exigida por la ley adjetiva (arts. 69 y 123 -ambos a contrario sensu- del C.P.P.N.).

En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal General, sin costas, casar la resolución obrante a fs.120/121vta., dejar sin efecto la suspensión de juicio a prueba concedida a Juan Carlos Romero y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso (artículo 76 bis -cuarto párrafo- a contrario sensu del Código Penal y artículos 470, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	El delito por el que se requirió la elevación de la causa a juicio, esto es, lesiones culposas (artículo 94 del Código Penal), prevé, entre otras, la pena de inhabilitación.

De manera que -más allá de los agravios planteados por el recurrente- resulta aplicable al presente la doctrina fijada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario n 5 in re "Kosuta, Teresa Ramona s/rec. de casación", en cuanto estableció que "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.", criterio que ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos M.281.MLIV., "Magisano, Carlos Alberto s/causa n 8175"; y D.411.XLID., "Delillo, Karina Claudia s/causa n 8260" resueltas ambas el 3 de agosto de 2010.

Por ello, postulamos nuestra adhesión a la solución propuesta por la distinguida colega que encabeza el presente Acuerdo.

Tal es nuestro voto.

En mérito a la votación precedente el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, CASAR el resolutorio en crisis y su antecedente necesario y remitir el legajo a la sede de origen a fin de que continúe su trámite según la doctrina aquí reseñada -arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.-.	Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.