Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19


M. 1172. XXXIX.

RECURSO DE HECHO Martínez Vergara, Jorge Edgardo y otro s/ querella por injurias -causa N° 8627-.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2008 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Edgardo Martínez Vergara en la causa Martínez Vergara, Jorge Edgardo y otro s/ querella por injurias -causa N° 8627-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala A del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja que, al rechazar el recurso de casación deducido por el querellado, dejó firme el fallo de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, que había condenado a Jorge Edgardo Martínez Vergara a la pena de tres meses de prisión en suspenso y al pago, junto con "Radio Difusora La Rioja S.R.L.", de la suma de veinte mil pesos en concepto de daño moral, por considerarlo autor del delito de reproducción y publicación de injurias inferidas por otro (arts. 113, en función del 110, ambos del Código Penal), el vencido interpuso el recurso extraordinario cuya denegación originó la presente queja.

2°) Que esta causa se inició con motivo de la querella instaurada por Daniel Pedro López contra Jorge Edgardo Martínez Vergara y Radiodifusora La Rioja S.R.L. sobre la base de que en la emisión de FM "Libertad", de fecha 7 de septiembre de 2001, el querellado había leído con tono emotivo una carta que estaba firmada por "un viejo loco", en la cual, después de denunciar a los interventores del canal 9 imputándoles la utilización del canal estatal como un trampolín político, se refería al querellante en los siguientes términos "Volvieron los ñoquis. Aquellos que les pagó el sueldo el canal para estar en sus casas o en sus curritos durante años. El mal llamado profesor Daniel López, que todavía tiene la caradurez de volver y de pretender aplausos y condecoraciones...mientras otros permanecían en el anonimato...

Herrera que tuvo que dejar su lugar a estos "cuervos inútiles". En el escrito de querella se aludió a una carta que había difundido Martínez Vergara dos días después, y a otras expresiones que el querellante calificó como una tarea de desprestigio hacia su persona; hechos éstos que a su juicio constituían el delito previsto en el art. 113 del Código Penal (fs. 22/26).

3°) Que al contestar la acusación el querellado negó las expresiones que se le atribuían y sostuvo que en su carácter de periodista y conductor del programa denominado "Nueva Época", que se difundía todas las mañanas por Radio Libertad, había leído una serie de misivas que llegaban a la emisora suscriptas por una persona que se hacía llamar "Viejo Loco" y en las cuales se formulaban críticas en contra de la conducción del canal 9 y de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, donde también se mencionaba al señor Daniel López, entre tantos otros empleados del canal (fs. 51/54).

4°) Que, en cuanto aquí interesa, el tribunal de juicio fijó el hecho de la sentencia del siguiente modo: "que el día 7 de septiembre de 2001 el señor Edgardo Vergara, en su calidad de periodista conductor del programa 'Nueva Época' que transmite radio Libertad desde esta ciudad de La Rioja, procedió a dar lectura a una correspondencia anónima en la cual se le imputaba al Sr. Daniel López ser: mal llamado profesor, un ñoqui, un caradura, y otras expresiones desacreditantes de su persona" (fs. 79/100).

5°) Que, a su turno, la Sala A del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja rechazó, por mayoría, el recurso de casación deducido por el querellado contra ese pronunciamiento, desestimando los planteos que la defensa había sustentado en la errónea apreciación de las pruebas reunidas en la causa vinculadas con las fechas en que se leyeron las cartas con contenido lesivo y el contexto en el que se emplearon los términos reputados injuriosos, como así también con la omisión de considerar los demás datos del autor de las misivas -número de documento y lugar de trabajo- que impedía sostener su carácter de anónimas (fs. 141/154).

Por otro lado, el tribunal a quo sostuvo que los agravios vinculados con la errónea aplicación de la ley sustantiva no respetaban la plataforma fáctica establecida en la sentencia de condena, requisito que era indispensable para habilitar la revisión en la instancia casatoria.

6°) Que en el recurso extraordinario, con invocación de la doctrina de la arbitrariedad, la defensa sostuvo que la sentencia apelada había prescindido de pruebas esenciales con un evidente apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, en detrimento de las garantías de la defensa en juicio, del debido proceso y del derecho a la libre expresión, amparados en los arts. 14, 18, 32 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Al desarrollar los agravios, en cuanto aquí interesa, el apelante sostuvo que el tribunal a quo había partido de la falsa hipótesis de que las misivas eran anónimas para prescindir de la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente "Campillay"; adujo además que en el caso no se había llegado a probar que el querellado hubiese compartido lo expuesto en las cartas agregándole fuerza de convicción como si fuese su propia opinión, o efectuado comentarios adicionales o cualquier otro modo de exteriorización, que permitiese demostrar una directa intención de menoscabar o desacreditar al querellante.

También agregó que la interpretación asignada en el fallo al art. 113 del Código Penal difería con la atribuida por este Tribunal en punto a la aplicación de la doctrina de la "real malicia", habida cuenta de la personalidad pública del ofendido y del interés general que involucraba la cuestión denunciada en las misivas.

7°) Que en autos existe cuestión federal en los términos del inc. 3° del art. 14 de la ley 48, ya que si bien es cierto que se trata de un supuesto de responsabilidad civil y penal, la corte local decidió en forma contraria a las pretensiones del recurrente el planteo constitucional que ha sido materia de litigio, a saber, el alcance inadecuado que se le asignó a la doctrina sentada por este Tribunal en la causa "Campillay" (Fallos: 308:789) y la consecuente afectación a la libertad de expresión y de prensa (Fallos: 324:4433 y 327:3560).

8°) Que, antes de ingresar al examen pormenorizado del planteo realizado por el recurrente, cabe recordar que tradicionalmente esta Corte ha fijado de modo enfático el valor especial que reviste la libertad de expresión en el sistema institucional diseñado por la Constitución Nacional: "entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (Fallos: 248:291).

En virtud de tal principio, el Tribunal ha formulado la regla según la cual "...si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta delictuosa de los diarios, ella sí debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Fallos: 257:308).

9°) Que, sobre la base de los principios expuestos, esta Corte ha establecido que cuando un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no ha de responder por ella en los supuestos en que omita revelar la identidad de los presuntamente implicados, o utilice un tiempo de verbo potencial o, por fin, propale la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente (Fallos: 308:789).

10) Que en cuanto concierne a esta última modalidad de indicar la fuente, este Tribunal ha elaborado mediante distintos precedentes un estándar de protección a los medios de difusión que ha alcanzado, incluso, al supuesto de la fuente anónima.

En este sentido ha señalado que uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente, contenida en la jurisprudencia de la Corte, consiste en que el informador, al precisar aquélla, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del cual las han recibido, sino a la causa específica que las ha generado (Fallos: 316:2416); y ha precisado que la exigencia de que la información debe atribuirse a una fuente identificable no sufre una real excepción por la circunstancia de que se haya admitido -bajo el amparo de esta doctrina- a la reproducción de una manifestación anónima, desde que la aclaración de tal carácter permite a los lectores formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecían las imputaciones publicadas por el medio (Fallos: 319:2965).

11) Que con esta comprensión, del examen del fallo apelado se desprende que el tribunal a quo ha efectuado una exégesis inadecuada de la doctrina constitucional elaborada por esta Corte en el precedente "Acuña" de Fallos: 319:2965, incurriendo en un grave defecto de fundamentación que lo ha llevado a la insostenible conclusión de que no era aplicable en el sub lite la doctrina fijada en el caso "Campillay".

Ello es así puesto que, contrariamente a lo que predica el a quo, en el considerando 9° del fallo citado, esta Corte señaló que el órgano periodístico satisfacía la exigencia de indicar la fuente de la información -como presupuesto de la exoneración de la responsabilidad- aun cuando la reproducción se hubiese referido a una manifestación anónima.

12) Que si bien en aquel caso se trataba de la publicación de una carta anónima incorporada a un expediente judicial, circunstancia que podría dar lugar a una interpretación restrictiva que limite la protección a los supuestos en que la manifestación anónima provenga de una fuente gubernamental como es una actuación judicial, una posición rigurosa como la señalada fue expresamente descartada a partir del precedente de Fallos: 324:2419, oportunidad en la cual esta Corte reafirmó que el medio periodístico se exime de responsabilidad cuando atribuye sinceramente la noticia a la fuente, y que la identificación de ésta no sufría menoscabo cuando se trataba de la reproducción de una manifestación anónima, ya que los objetivos de tal exigencia se encontraban plenamente satisfechos desde que la aclaración del carácter anónimo permitía a los lectores (u oyentes) formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecían las imputaciones difundidas por el medio (considerando 10).

13) Que con arreglo a este estándar de protección cabe afirmar que en la especie se ha dado cumplimiento con la exigencia de indicar sinceramente la fuente a los fines de liberar de responsabilidad al periodista, ya que en el sub lite no se han realizado cuestionamientos en punto a la veracidad del carácter anónimo de la misiva reproducida ni tampoco en torno a una posible complicidad del querellado con el injuriante.

La conclusión alcanzada hace pie en que el hecho sobre el que reposa el fallo de condena circunscribe el comportamiento del querellado a la propagación de una correspondencia anónima que contenía expresiones desacreditantes para el querellante, base fáctica que revela también que el imputado ha sujetado la difusión al contenido emitido por la fuente.

14) Que lo expuesto demuestra que se ha configurado un desconocimiento extremo, en realidad una tergiversación, de la doctrina establecida por esta Corte en los fallos aludidos que basta para descalificar el pronunciamiento apelado en la medida de que se opone al deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de este Tribunal dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227, entre muchos otros).

En las condiciones expresadas, la recta aplicación de los precedentes del Tribunal en cuanto al alcance de las cláusulas constitucionales comprometidas en este asunto basta para revocar el pronunciamiento recurrido, de modo que las objeciones fundadas en las doctrinas de la arbitrariedad y de la "real malicia" (Fallos: 310:508) no guardan relación directa e inmediata con la cuestión federal examinada y resuelta en este pronunciamiento.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión recurrida con el alcance que resulta de la presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese al principal y reintégrese el depósito de fs. 42. Notifíquese.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

1°) Que la Sala A del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Rioja, al rechazar el recurso de casación deducido por el querellado, dejó firme el fallo de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja que, por considerar a Edgardo Martínez Vergara autor del delito de reproducción y publicación de injurias inferidas por otro (arts. 113, en función del 100, ambos del Código Penal), lo había condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso y al pago, junto con "Radio Difusora La Rioja", de la suma de veinte mil pesos en concepto de daño moral. Contra esta decisión, el señor Martínez Vergara dedujo la apelación federal que, denegada, dio lugar a la queja en examen.

2°) Que esta causa se inició con motivo de la querella instaurada por Daniel Pedro López contra Jorge Edgardo Martínez Vergara y Radiodifusora La Rioja SRL en razón de que en la emisión de FM "Libertad", de fecha 7 de septiembre de 2001, el querellado había leído con tono emotivo una carta que estaba firmada por "un viejo loco", en la cual, después de denunciar a los interventores del canal 9 imputándoles la utilización del canal estatal como un trampolín político, se refería al querellante en los siguientes términos: "[volvieron los ñoquis. Aquellos que les pagó el sueldo el canal para estar en sus casas o en sus curritos durante años. El mal llamado profesor Daniel López, que todavía tiene la caradurez de volver y de pretender aplausos y condecoraciones... mientras otros permanecían en el anonimato...Herrera que tuvo que dejar su lugar a estos 'cuervos inútiles'". En el escrito de querella se aludió a una carta que había difundido Martínez Vergara dos días después y a otras expresiones que el querellante calificó como una tarea de desprestigio hacia su persona; hechos éstos que a su juicio constituían el delito previsto en el art. 113 del Código Penal (fs. 22/26).

3°) Que al contestar la acusación, el querellado Martínez Vergara negó las expresiones que se le atribuían y sostuvo que en su carácter de periodista y conductor del programa denominado "Nueva Época", que se difundía todas las mañanas por Radio Libertad, había leído una serie de misivas que llegaban a la emisora suscriptas por una persona que se hacía llamar "viejo loco" y en las cuales se formulaban críticas en contra de la conducción del canal 9 y de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, donde también se mencionaba al señor Daniel López, entre tantos otros empleados del canal (fs. 51/54).

4°) Que, en cuanto aquí interesa, el tribunal de juicio fijó el hecho de la sentencia del siguiente modo: "que el día 7 de septiembre de 2001 el Sr. Edgardo Vergara, en su calidad de periodista conductor del programa 'Nueva Época' que transmite radio Libertad desde esta ciudad de La Rioja, procedió a dar lectura a una correspondencia anónima en la cual se le imputaba al Sr. Daniel López ser: mal llamado profesor, un ñoqui, un caradura, y otras expresiones desacreditadoras de su persona" (fs. 79/100).

5°) Que, a su turno, la Sala A del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja rechazó, por mayoría, el recurso de casación deducido por el querellado contra ese pronunciamiento, desestimando los planteos que la defensa de este último había sustentado en la errónea apreciación de las pruebas reunidas en la causa vinculadas con las fechas en que se leyeron las cartas con contenido lesivo y el contexto en el que se emplearon los términos reputados injuriosos, como así también en la omisión de considerar los demás datos del autor de las misivas -número de documento y lugar de trabajo- que impedía sostener su carácter de anónimas (fs. 141/154).

Por otro lado, el tribunal a quo sostuvo que los agravios vinculados con la errónea aplicación de la ley sustantiva no respetaban la plataforma fáctica establecida en la sentencia de condena, requisito que era indispensable para habilitar la revisión en la instancia casatoria.

6°) Que en el recurso extraordinario, con invocación de la doctrina de la arbitrariedad, la defensa del nombrado Martínez Vergara sostuvo que la sentencia apelada había prescindido de pruebas esenciales con un evidente apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, en detrimento de las garantías de la defensa en juicio, del debido proceso y del derecho a la libre expresión, amparados en los arts. 14, 18, 32 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Al desarrollar los agravios, en cuanto aquí interesa, el recurrente sostuvo que el a quo había partido de la falsa hipótesis de que las misivas eran anónimas para prescindir de la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente "Campillay"; adujo además que en el caso no se había llegado a probar que el querellado hubiese compartido lo expuesto en las cartas agregándole fuerza de convicción como si fuese su propia opinión, o efectuado comentarios adicionales o cualquier otro modo de exteriorización, que permitiese demostrar una directa intención de menoscabar o desacreditar al querellante.

También agregó que la interpretación asignada en el fallo al art. 113 del Código Penal difería con la atribuida por este Tribunal en punto a la aplicación de la doctrina de la "real malicia", habida cuenta de la personalidad pública del ofendido y del interés general que involucraba la cuestión denunciada en las misivas.

7°) Que los agravios del apelante resultan idóneos para habilitar la instancia extraordinaria, pues involucran la inteligencia de los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, que tutelan el ejercicio de la libertad de expresión (art. 14, inc. 3° de la ley 48). En efecto, corresponde que la Corte efectúe una hermenéutica de los textos constitucionales en juego conforme a su doctrina, toda vez que la interpretación auténtica de aquélla no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad, siga siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la Nación.

8°) Que, en este orden de ideas, es cierto cuanto aduce el apelante en punto a que fue preterida la doctrina de esta Corte en materia de libertad de prensa, como así también los derechos consagrados en diversos pactos que gozan de jerarquía constitucional. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal cuenta con numerosos antecedentes en lo que se ha establecido, con especial énfasis, que entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal, incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica.

Así, en el precedente "Campillay" (Fallos: 308:789), esta Corte estableció que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- impone propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho.

9°) Que, con relación a esta última hipótesis (identificación de la fuente) en la causa "Triacca" (Fallos: 316:2416) el Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que el informador, al precisar aquélla, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del cual las han recibido, sino a la específica causa que las ha generado (considerandos 10 del voto de la mayoría y del de los jueces Belluscio, Petracchi y Fayt).

Asimismo, en la causa "Bruno" (Fallos: 324:2419), la Corte reiteró este principio general. En tal oportunidad, se estableció que el medio periodístico se exime de responsabilidad cuando atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejaría de serle propia, pues cuando se adopta esta modalidad se transparenta el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado, resultando beneficiados los afectados por la información, en la medida que sus eventuales reclamos -si ellos se creyeran con derecho-, podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión.

La información, pues, debe atribuirse a una fuente identificable, lo que supone una alusión precisa que permita individualizar en forma inequívoca el origen de la noticia propalada, principio que no sufre una real excepción por la circunstancia de que se haya admitido -bajo el amparo de esta doctrina- la reproducción de una manifestación anónima. En efecto, bien destacó el Tribunal en la causa "Acuña" (Fallos: 319:2965 -considerando 9°-), sobre la que se volverá infra, que la aclaración del carácter anónimo de la fuente permitía a los lectores formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecían las imputaciones publicadas por el medio.

10) Que, puesto el debate en el quicio adecuado, corresponde agregar que, como lo expresa la apelante, no surgen de la causa cuestionamientos de ninguna índole en punto al carácter anónimo de la misiva reproducida ni tampoco en torno a una posible complicidad del querellado con el autor de la carta.

De tal modo, la sentencia que dejó firme la conclusión del tribunal de grado relativa al aspecto subjetivo de la conducta del imputado según la cual la transmisión radial se encontraba "inequívocamente dirigida] a querer desprestigiar al Sr. Daniel López" y que "[de la simple lectura del anónimo o autor no determinado; el difusor, por el contenido del mismo comprendió que era injuriante; y no obstante dirigió sus acciones divulgadoras voluntariamente" (fs. 98 vta./99 y 154 vta./155), se apoya en un claro dogmatismo que reniega de las constancias de la causa.

Asimismo, contradice el sentido inequívoco de la jurisprudencia de la Corte, al otorgarle a la doctrina establecida en la mencionada causa "Acuña" un alcance contrario a su verdadero sentido, violentando así su contenido específico.

En efecto, esta Corte, tras advertir que lo resuelto en "Triacca" no resultaba enervado por la circunstancia de que se tratara de la reproducción de una carta anónima, expresó con meridiana claridad - esto es, con el sentido corriente en el entendimiento común- que "uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente, contenida en la jurisprudencia de la Corte, consiste en que el informador, al precisar aquélla, deje en claro el origen de las noticias y permita a los lectores atribuírlas no al medio a través del cual la han recibido, sino a la causa específica que las ha generado" (considerando 9° y sus citas; el énfasis no se encuentra en el original).

En desmedro de las pautas señaladas, el a quo desinterpretó esa doctrina, señalando que "la referencia a un anónimo como una remisión a una 'fuente', imposibilita al lector (u oyente) formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad que merecen las imputaciones que se propagan" (fs. 151). Esa conclusión, evidentemente, desatendió la sustancia de la doctrina referenciada, desnaturalizándola y arribando así a una conclusión incompatible con aquélla.

11) Que, desde antiguo, el Tribunal ha expresado que el desconocimiento de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema, como quiera que tenga lugar, importa un agravio al orden constitucional y cuando aquel se produce por medio de la sentencia del tribunal superior a que se refiere el art. 14 de la ley 48, el recurso extraordinario se ha presentado como la vía indicada para restablecer el imperio de la decisión desconocida (Fallos: 189:292). Más específicamente estableció que aun cuando las sentencias de la Corte sólo deciden los casos concretos que les son sometidos y ellas no resultan obligatorias para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a esa jurisprudencia. Por lo tanto, carecen del debido fundamento los fallos que se apartan de los precedentes jurisprudenciales del alto Tribunal, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada (Fallos: 312:2007; 318:2103; 323:555; 324:3764; 325:1227 y 326:1138).

12) Que, del modo en que se resuelve, resulta inoficioso el tratamiento de los demás agravios desarrollados por la recurrente.

Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.

CARLOS S. FAYT.

ES COPIA VOTO LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

Que el fallo apelado se ha fundado en una interpretación equivocada de los precedentes de esta Corte, en particular el fallo dictado en el caso "Acuña" (Fallos: 319:2965).

En esa ocasión, se ratificó la regla según la cual el medio periodístico se encuentra exento de responsabilidad si se limita a reproducir expresiones que, aunque potencialmente injuriantes, no son asumidas como propias sino atribuidas a una "fuente", incluso si se trata de una misiva anónima.

La razón que se dio para justificar esta conclusión, tal como se recuerda en los dos votos a los que me sumo, fue que la expresa mención de dicho carácter anónimo había permitido a los lectores formarse un juicio certero acerca de la credibilidad que merecían las imputaciones contra el querellante (Fallos: 319:2965, 2969).

De ello se desprende que la Corte admitió que, en casos de fuentes anónimas, la formación de un juicio certero por el público era de todas maneras posible, y no imposible como lo afirmó el tribunal a quo. En tal entendimiento, es correcto que esta Corte revoque el pronunciamiento, puesto que el carácter anónimo de la fuente invocada no justifica por sí sólo la condena del medio o comunicador que reprodujo las expresiones ofensivas. Tal como puede inferirse del precedente "Acuña", dicha condena sólo sería viable si no se hubiese aclarado suficientemente el carácter anónimo de la fuente de modo tal que el público pudiera formarse un juicio sobre la credibilidad de la información. Sobre estos puntos es que, a mi entender, deberá expedirse el nuevo pronunciamiento a dictarse.

En estos términos, mi adhiero a la solución propuesta en los dos votos mencionados al inicio favorable a la procedencia del recurso extraordinario y a la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja.

CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por Jorge Edgardo Martínez Vergara, representado por el Dr. Jorge Edgardo Barría.

Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Provincia de La Rioja