Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09


En la ciudad de Trelew, a los 09 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Juan Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "V., M. M. c/ S. S. S.A. y otro s/ COBRO DE PESOS LABORAL" (Expte. nº 20993 - año: 2005). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 316.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó:

Iº .- La sentencia de origen de fs. 290/293, que hiciera lugar parcialmente a la demanda de la actora Sra. V. contra las empresas demandadas por diferencias entre las sumas abonadas y las que corresponden por las indemnizaciones de los Arts. 231, 245 y 16 Ley 25.561; Art. 45 de la Ley 25.345 y Asignaciones Familiares, viene apelada por las tres litigantes.

Cabe acotar aquí que se ha deslizado un error de pluma en las normas citadas en el decisorio (Arts. 231 y 245 LCT), toda vez que el contrato de la actora con la demandada S. S. S.A. estuvo regido en su inicio y terminación por la Ley 25.013 con obvia aplicación de la misma.- La demandada principal SI S. S.A. en su memorial de fs. 303/304 ataca como único agravio, que se le haya concedido a la actora la indemnización del Art. 45 de la Ley 25.345 en su reforma al Art. 80 de la LCT sobre el tema del certificado de trabajo.

Lo sustenta en que la Sra. Jueza a-quo ha cambiado su postura sobre el punto, con mención de antecedentes donde aceptó el cumplimiento del Art. 80 con el Form. P.S. 6.2 de ANSES -que acompañara su parte cuando le fuera requerido-, que ahora no es aceptado por incompleto por la a-quo; explayándose asimismo sobre la conducta de las partes, para su caso el haber cumplido con lo exigido que entiende debió ser merituada por la juzgadora y que por ello sostiene su queja.- La codemandada S. D. L. C. S.A. a fs. 312/313, se agravia también como única queja, en el sentido de que si bien fuera condenada en forma solidaria con la demandada principal a los montos de la condena, lo que consiente, en tal cifra se encontraba incluida la indemnización del Art. 45 de la Ley 25.345 por el certificado del Art. 80 LCT; cuando previamente la Sra. Jueza a-quo la excluyó a ella del deber de entregar dicha certificación.

Aduce que si su parte no estuvo obligada a la entrega del certificado, mal puede por tanto condenársela en forma solidaria con la demandada principal al pago de una indemnización por un certificado del cual, en su entrega y detalles, fuera declarada eximida de hacerlo.- Finalmente la actora, a fs. 305/311, embate contra el decisorio de origen en dos puntos. El primero referido al tema de la mejor remuneración del -en este caso- Art. 7 de la Ley 25.013 (ó del 245 de la LCT), donde sostiene que el Perito Contador cometió un error al mensurar cual era la "mejor" remuneración tomando como base la remuneración de un mes (Marzo/03) en lugar de la de Febrero/03 que el experto descartara por concluir en que en dicho mes y pago se incluyeron vacaciones, lo cual no es correcto a poco que se analicen los recibos de pagos.

De tal argumentación desprende que la mejor remuneración está mal establecida, lo cual acarrea el error de liquidación de los montos de condena en su casi totalidad, para lo cual formula una nueva liquidación. Y el segundo agravio lo refiere al rechazo de la pretensión de la indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323, por haber entendido la Sra. Jueza a-quo en que como hubo pagos, insuficientes y menores, no era de aplicación la norma. Sostiene que el pago insuficiente que llevó a su parte a litigar es razón suficiente para que se le conceda la indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323.

Me ha parecido de mejor factura para mi voto, exponer los agravios vertidos como lo he hecho, para que de su tratamiento pueda ir arribando a lo que entiendo y opino debe ser la dirimición del pleito en la vía recursiva. Y por ende, me aboco al tratamiento de las quejas en el antedicho orden de exposición.- IIº.- El certificado del Art. 80 y la indemnización del Art. 45, Ley 25.345.- IIº .- 1º .- La demandada principal está equivocada en sus planteo recursivo respecto de esta cuestión y cita mal lo decidido por esta Sala "A" en la S.D.L. 32/05, exp. 20401. Allí precisamos como en varios otros precedentes el alcance del formulario que ella glosara en esta causa.

Para mejor aclaración de mi posición, cabe reiterar -de nuevo- argumentos allí vertidos.

La "Certificación de Servicios y Remuneraciones" extendido en el formulario PS.6.2 de Anses, dispuesto en el Art. 12. inc. g) de la Ley 24.241, es el formulario que el trabajador debe tener y preservar de cada trabajo para su futuro trámite jubilatorio - ese es su efecto y el sentido de la obligación de suministrarlo -; y como surge de los respectivos "campos" (lugar) del aludido formulario, no contiene "campos" donde pueda colocarse la información de los aportes realizados a la seguridad social por el emitente del formulario, o a veces se omite la categoría profesional del trabajador según la ley 24.576, en lo cual sí contiene un "campo" que puede llenar este recaudo.

Al contener, o deber contener esta "certificación", todos los datos del empleador y del empleado, registros, inscripción en los entes previsionales, duración del trabajo, remuneraciones, puestos y demás datos, es evidente que llegado el caso puede considerarse equiparada - en principio- esta "certificación" al certificado de trabajo del Art. 80, párr. 2do., ya que contiene la "información" que el empleador debe suministrar al ex subordinado.

Pero resulta sin duda incompleto por la falta de posibilidad de insertar los aportes realizados al sistema de seguridad social o si se omite lo de la categoría profesional.

Pero con el auge de los sistemas de información al ente AFIP, encargado de la recepción de los aportes, esta circunstancia tiene solución sencilla y relevante.- El ente AFIP, como recaudador, ha ido perfeccionando los sistemas de realización de los aportes y su documentación. Para estos tiempos es de utilización el Form. Anses 931 en el cual el empleador hace constar el personal a sus órdenes y los aportes que debe realizar, utilizando también el sistema de llenado del formulario en diskettes informáticos, además de la posibilidad de utilización de Internet para estas operaciones incluida su pago.

Con dicho formulario y/o el sistema de diskettes se concurre al Banco donde se realizan los aportes, se abona lo que corresponda y el banco entrega la constancia del pago del aporte en forma global.

Pero además el empleador puede emitir la denominada "Declaración nominativa del mes", como complementaria del citado Form. 931, en ambos casos con el que pueda reemplazarlos, donde consta empleado por empleado y sus datos y CUIL con la constancia de las contribuciones efectuadas, de la cual puede entregar una copia al dependiente como integradora en este supuesto del Form. PS.6.2, así como copia de la constancia bancaria de la presentación y pago.- Cabe hacer notar que asimismo, el propio dependiente con su CUIL, puede acudir por vía informática, de amplia difusión en estos tiempos con la dirección (página) de Internet, para averiguar con exactitud no solamente sus aportes a la seguridad social, sino las demás contribuciones p. ej. a la Obra Social o al sindicato al cual esté afiliado.

Por razones obvias de conocimiento por el dependiente de estos trámites que debe tenerse en cuenta, ya que también por obvio no todos los empleados cuentan o conocen las nuevas vías informáticas, a partir de la obligación del empleador derivada del Art. 80 de la LCT de entregar el "Certificado de Trabajo" como deber de su parte, es evidente que complementar el Form. PS. 6.2 que no tiene el detalle de los aportes, con copia de la "Declaración nominativa del mes" o el que eventualmente la sustituya y copia del pago realizado, tiene por tanto cabida y camino de fácil solución como lo comentara Livellara en "Las certificaciones del Art.80..." (D.T. 2004-A-371), en el sentido que no resulta por tanto necesario que la empresa deba entregar documentación expresa o ya no usada como era -anteriormente- copia de las boletas de depósito.- Pero el formulario en sí, único, es incompleto a los fines del Art. 80 por cuanto y lo reitero, deviene así al no poder hacerse constar en él la cuestión de los aportes previsionales efectuados.- Esto es lo que hemos venido decidiendo no solamente en el precedente que cita la quejosa, sino en varios otros. Con lo que concluyo en que como consta en el presente litigio la agregación del formulario P.S. 6.2 solamente, no cumple con lo ordenado por el Art. 80 de la LCT.

Acotando que en el precedente de la S.D.L. 32/05, exp. 20401, empero, no se hizo lugar a la aplicación de la indemnización, derivado ello de la falta de intimación previa y válida a la demanda, en nueva doctrina sobre el tema de esta Sala "A" que fijáramos en ese pronunciamiento y reiteráramos a partir de entonces (confr. S.D.L. 33/05, exp. 20422; 34/05, exp. 20270; 66/05, exp. 20874).- Acepto y acude a lo antedicho que en épocas anteriores, como en el lejano precedente de 1997 que comenta la quejosa, el intrincado tema del certificado ha venido teniendo otros cauces de dirimición. Pero ello hace, luego en el futuro, a la doctrina jurisprudencial que se va estructurando a la lumbre de las causas sujetas a decisión y -no puedo menos que agregarlo-, a lo que los entes administrativos van mutando en sus sistemas que incide por cierto en la interpretación de la normativa legal.

Lo cual acude o arriba a la queja sobre cambio de postura de la a-quo.- En este punto, dado la mención del precedente S.D.L. 32/05, exp. 20401 que se lleva a cabo, remito a la hoy quejosa a mis apreciaciones sobre la posibilidad de cambio de doctrina del órgano jurisdiccional en un tema, que explayara tal vez largamente en ese precedente, con citas del sabio Florentino Ameghino (ver mi voto allí).- Y que reitero repitiendo también -ahora- algunas consideraciones sobre el punto.- La apelante tiene un enfoque erróneo de antecedentes que puedan existir sobre un tema o sobre los alcances de lo que denominamos generalmente "jurisprudencia", sea de un mismo tribunal, sea de otros órganos jurisdiccionales, que cabe aclarar.

La decisión que decide un juicio posee fuerza obligatoria para el caso en que se dicta; pero no de manera general e irreversible, para el juzgador, para sentenciar de manera idéntica otros casos de la misma temática que se le sometan a su imperium, toda vez que como es obvio casi nunca tenemos un mismo, idéntico y similar casus.- Por lo cual bien puede, sin desmedro de lo que haya podido concluir en una contienda con cierto parecido a la que está juzgando, sentenciar la causa sometida a su imperium aplicando la norma que evalúa más ajustada a derecho, función personalísima y privativa esta sí por cierto irrenunciable.

Y esto vale tanto para sus propios pronunciamientos anteriores, con la salvedad ya expresada, como considerando el criterio de otros órganos jurisdiccionales de naturaleza o jerarquía equivalente o aún superior. Es que en estos casos, los pronunciamientos anteriores que -seguiré repitiendo, son personales y privativos del caso que fuere-, o los de otros órganos, no quedan por ello asignados como pautas inmutables y rígidas, si bien pueden valer por la fuerza persuasiva que emane, p. ej., de órganos superiores o eventualmente de casos ya dirimidos.- Aclarado -espero- este detalle, encuentro empero que la demandada principal lleva la razón en su queja, pero por otros motivos que la Alzada puede utilizar en uso de su facultad de revocar el fallo apelado por argumentos o fundamentos distintos de los esgrimidos por el recurrente, en ejercicio de las potestades que le confiere el recurso interpuesto tal y como lo venimos decidiendo en innumerables pronunciamientos (confr., entre otros, esta Alzada y hoy Sala "A", S.D.L. 56/96; 102/96; 106/96; 119/96, 15/97; esta Sala "A", S.D.C. 44/99, exp. 14812; S.D.L. 63/00, exp. 16486; S.D.C. 35/01, exp. 17335; S.D.C. 15/04, exp. 19158).- Cual en el presente es la circunstancia de que la actora intimó la emisión y entrega del certificado del Art. 80 de la LCT al día siguiente de ser despedida, conforme despachos de fs. 4, 6 y 39, data en que recién comenzaba a transcurrir el plazo de los 30 días establecidos por el Art. 3 del Dec. 146/01, reglamentario del Art. 45 de la Ley 25.345, para entregar el certificado.

Con lo que la intimación fue inválida por prematura por incumplimiento de lo normado y en consecuencia no da lugar a la aplicación de la indemnización en tratamiento, tal y como por otra parte, así lo hemos establecido a partir de los citados precedentes sobre el tema (confr. S.D.L. 32/05, exp. 20401, 33/05, exp. 20422; 34/05, exp. 20270; 66/05, exp. 20874).- Podrá atenderse a una petición en tal sentido, pues persiste la obligación del empleador de entregar ( completo) el certificado de trabajo del Art. 80 de la LCT, pero no da, ni se ingresa, en la aplicación de la indemnización establecida por la Ley de Evasión Fiscal.- Sin perjuicio de tener en cuenta, para llegar a la completitud del certificado del Art. 80 de la LCT, la utilización de la documental glosada por la empleadora a fs. 41/122, proveniente del ente AFIP, que si bien fuera desconocida por la demandante a fs. 160, puede completarse, autenticarse y certificarse mediante - en su caso- el respectivo informe de AFIP, tal y como surge de sus informes de fs. 244 y fs. 264 y los anexos allí acompañados, que no fueran observados por la actora en su agregación a la causa en los términos del Art. 403 del CPCC. aplicable por el Art. 76 de la Ley 69.- Tal y como se lo resuelve en autos en el decisorio de origen (Pto. IIº del resolutorio), con sus eventuales derivaciones allí contenidas. Pero y lo reitero, sin ingresar en el tema de la aplicación de esta indemnización del Art. 45 de la Ley 25.345.

Acepto pues la queja de la demandada principal, pero por estas razones y propongo al Acuerdo detraer del monto de la condena la indemnización de marras porque no corresponde su aplicación.- IIº .- 2º .- De lo cual se desprende, por obvio, que el recurso interpuesto por la codemandada S. D. L. C. S.A. sobre aplicársele a ella la indemnización del Art. 80 y su reforma, ha devenido en una cuestión abstracta que no atañe decidir, toda vez que de concordarse con mi voto la indemnización del Art. 80 queda fuera de debate y aplicación por no corresponder.

Carece de sentido escudriñar la posible existencia o no de la solidaridad del Art. 30 de la LCT cuando estamos en presencia de una obligación declarada inexistente; lo que por supuesto conlleva a la cuestión abstracta mencionada.

IIIº.- Mejor remuneración (Art. 7, Ley 25.013) y Art. 2, Ley 25.323.- Estos dos agravios de la actora resultan procedentes. Por lo siguiente.- IIIº .- 1º .- La mejor remuneración mensual y habitual.

En texto similar a la del Art. 245 de la LCT, el Art. 7 de la Ley 25.013 en que está encuadrada la indemnización por despido de autos, menciona aquello de la mejor remuneración mensual y habitual del trabajador para el cálculo de la indemnización por antigüedad por extinción por despido.- Cuando el experto contable a fs. 201/202 (ptos. 5 y 6), informa sobre la "mejor" remuneración, indica en el pto. 5 la del mes de Febrero/2003 por la suma de $ 1.239,59, más con la acotación (1) de que dicho mes incluye las vacaciones. Por lo que en el pto.6 da como mejor remuneración la de Marzo/2003 con $ 867,53. Pero del mero examen del recibo de fs. 15 de Febrero/03 surge que en dicho mes no se abonó el rubro vacaciones.

Ni existe en la pericia elemento alguno que lleve a poder examinar el incluir las vacaciones en Febrero/03, por lo que cabe apartarse de lo dictaminado en mérito a lo dispuesto por el Art. 477 del CPCC.

En la retribución de la actora existían rubros normales y habituales tales como horas extras de ambos tipos (al 50 % y al 100 %), horas nocturnas y otros rubros que percibía de manera habitual y normal, cual surge de los recibos glosados con la demanda que no fueran desconocidos por la empleadora principal (ver fs. 135 vta y términos de su responde).

Concuerdo por tanto con la queja de la actora que si debemos considerar aquello de la "mejor" remuneración, como monto monetario de la misma, evaluando aquellas retribuciones que son "normales" y "habituales", esto es provenientes del tipo de remuneración y sus rubros, en el sentido que sean las que se perciben normalmente y habitualmente, detrayendo rubros excepcionales, como p. ej. podría ser una gratificación especial o un premio único y determinado, la "mejor" remuneración mensual, normal y habitual de aquélla fue la del mes de Febrero/03 por la suma de $ 1.239,59, al deber detraer los $ 130 del ítem "decreto" por no ser remunerativo.- Con tal mejor remuneración debe pues calcularse la indemnización por despido en los términos del Art. 7 de la Ley 25.013, que en atención a los períodos a considerar (25) por la antigüedad de la actora y la doceava parte a tener en cuenta, asciende a la suma de $ 2.582,50 .

Esta nueva cifra debe ser considerada en el monto de la indemnización del Art. 16 de la Ley 25.561, tal como haré en la liquidación del monto de condena que propondré, incorporando al rubro preaviso por la suma de $ 737,80 que ha llegado a esta instancia con firmeza ganada, el correcto monto de la indemnización por despido antes citada, arribando así en este ítem a la suma de $ 3.320,30 .

IIIº .- 2º .- La indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323.

Como dijera, concedo andamiento a esta queja de la actora. La indemnización citada, se aplica cuando la falta de pago de las indemnizaciones debidas lleva al empleado a la necesidad de plantear su reclamo por vía judicial.

Si el pago realizado es menor al que corresponde, como sucediera en la causa, no es que la indemnización procede cuando ha mediado falta de pago total de las indemnizaciones, cual lo menciona la Sra. Jueza a-quo, sino también cuando el pago es insuficiente, toda vez que el pago insuficiente es incumplimiento de la obligación. El pago debe ser completo por el principio de integridad al cual se refiere el Art. 742 del C.C. (confr., Bueres-Highton, "Cód. Civ....", Ed. Hammurabi, Tomo 2 B, págs. 85 y 90).

En consecuencia procede la condena al importe del ítem sin que resulte viable eximir de la misma a la demandada, o su disminución, en atención a que cuando fuera intimada al pago completo (fs. 7) no contestó tal intimación, además de lo que surge de su allanamiento parcial a la demanda formulado a fs. 135 en su responde, acreditando de esta manera efectiva su conocimiento de haber realizado un pago insuficiente.

Acompaño pues a la demandante en sus dos agravios que concluyo son procedentes, por lo que dado lo hasta aquí expuesto, cabe formular la liquidación del monto de la condena, teniendo en cuenta lo ya tratado al igual que el pago parcial realizado.

IVº .- La liquidación del monto de la condena.

Como dijera, en atención a lo ya expuesto, opino que el monto de la condena a las codemandadas, debe reformularse con la siguiente liquidación.- Diferencias indemnizatorias.

A) .- Preaviso (Art. 6, Ley 25.013) ............................. $ 737,80 B) .- Antigüedad (Art. 7, Ley 25.013) ......................... $ 2.582,50 C) .- Art. 16, Ley 25.561 (A + B) ................................ $ 3.320,30 Subtotal ...................................$ 6.640,60 Ya abonado (recibo fs. 23) .........................................$ 3.750,39 Diferencia impaga ...........................$ 2.890,21 Art. 2 Ley 25.323.- 50 % de A + B ............................................................$ 1.660,15 Asignaciones Familiares ............................................$ 688,00 Total de la condena ...........................$ 5.238,36 .- Suma esta de $ 5.238, 36 que las demandadas deberán abonar a la actora en el plazo, forma y con los intereses establecidos en el resolutorio de origen.

Propongo al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia apelada para aumentar el monto de condena a la precitada suma de $ 5.238,36 con sus intereses.

Vº .- Costas y honorarios de ambas instancias.

La modificación que propugno no involucra adecuar por imperio del Art. 279 del CPCC. la imposición en costas de la primera instancia y honorarios allí regulados, pero sí lleva a imponer las costas de Alzada y los honorarios respectivos.

Costas y Honorarios de la primera instancia.- Entiendo que no corresponde adecuar la imposición en costas realizada en la sede de origen, dado que el balance y evaluación a realizar entre derrota y triunfo de las partes en el pleito, no se observa como modificado en lo esencial con la nueva decisión que, acuerdo mediante, tome esta Alzada.- Igualmente no corresponde adecuar honorarios de la sede original, toda vez que al haber sido fijados en porcentuales del monto del proceso a establecerse, la adecuación al nuevo monto de la condena se producirá en forma automática.- Costas y honorarios de la segunda instancia.- Visto el resultado de la vía recursiva con triunfos parciales o derrotas mutuas de la actora y la demandada principal S. S. S.A., ha mediado pues un caso típico de la necesidad de distribuir las costas de la Alzada en el orden causado, tal y como lo establece para estos casos el Art. 71 del CPCC.. Así lo propongo.- Con la salvedad o excepción de los honorarios en esta sede del Dr. L. A. N., letrado apoderado de la codemandada S. D. L. C. S.A., que opino deben ser a cargo de la parte actora que resulta vencida a ese respecto, al suprimirse de la condena a pagar la indemnización derivada del Art. 80 de la LCT que la demandante reclamara también a la citada codemandada.- En cuanto a los emolumentos profesionales, atendiendo a la tarea cumplida, importancia y resultado (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. de la L.H.), estimo deben fijarse en cada caso como porcentuales del monto del proceso a establecerse en la etapa procesal respectiva, para el Dr. F. A. A. en el 6 %, para la Dra. V. P. en el 5,60 % y para el Dr. L. A. N. en el 5,40 %.

En todos los casos a estos honorarios deberá adicionarse el respectivo IVA (Leyes 23.349/23.871).- Voto la cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

I.- En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.

Poco puedo añadir a la argumentación que el preopinante desarrollara en sustento de su sufragio. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los dos últimos de la ley 4.550), sólo formularé las consideraciones siguientes.

II.- Para determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual de la actora, base del cálculo de la indemnización reglada en el art. 7 de la ley 25.013, es menester apartarse del dictamen que el perito contador produjera sobre tal dato a fs. 202, pto. 6. Es que, contra lo allí señalado, ese superior salario no estuvo constituido por los $867,53 correspondientes al mes de marzo de 2003, sino por los $1.239,59 percibidos en el mes de febrero del mismo año.

Cierto es que el experto, al expedirse a fs. 201/202 sobre el punto pericial n° 5, indicó que el último de los importes incluyó "vacaciones", pero no lo es menos que, incumpliendo allí con la norma del art. 472 C.P.C.C., no brindó explicación detallada acerca de la operación técnica ni del principio científico en que fundaba dicha conclusión.

Como la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada teniendo en cuenta, entre otras pautas, esa fundamentación y a los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477 cód. cit.), no cabe atribuirsela al de autos en esta cuestión, pues los fundamentos, lo llevo dicho, están ausentes, mientras que el recibo de haberes del mes de febrero de 2003, glosado a fs. 15, demuestra que esa retribución no incluyó importe alguno en concepto de vacaciones, sino únicamente sueldo básico, horas extraordinarias y nocturnas, dos adicionales, feriados y "zona desfavorable", al margen de una suma no remunerativa.

Por tanto, la indemnización por antigüedad del art. 7 de la ley 25.013, atendiendo a dicha mejor remuneración mensual, normal y habitual y a los veinticinco períodos mensuales computables, debe ascender a la suma de $2.582,50.

Tal monto influye también en la fijación del resarcimiento especial consagrado por el art. 16 de la ley 25.561, duplicación que comprende tanto a la mentada indemnización por antigüedad como a la sustitutiva del preaviso omitido. Desde que la determinación de esta última en la instancia de origen en $737,80 ha ganado firmeza ante la ausencia de agravios de las partes a ese respecto, el rubro establecido por el citado art. 16 de la ley 25.516 alcanzará a $3.320,30.- El total de las tres reparaciones mentadas llegó entonces a $6.640,60 y descontada la suma de $3.750,39 ya abonada por la empleadora (fs. 23), arribamos a que la diferencia insoluta de estos ítemes es de $2.890,21.

III.- El supuesto fáctico que para su aplicación el art. 2 de la ley 25.323 describe es el del empleador que, fehacientemente intimado, no abona al trabajador las indemnizaciones allí previstas. Tal previsión, por su latitud, comprende tanto el caso de total falta de pago, cuanto el de pago incompleto, toda vez que la inejecución relativa, parcial, de la obligación no por ello deja de ser inejecución (confr.: Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-198).- Tal interpretación de la ley halla sustento no sólo en su clara letra, que no hace distingos entre incumplimiento total y parcial, sino asimismo en su espíritu, en la razón que condujo a su sanción, segundo de los elementos a los que alude el art. 16 Cód. Civ. al fijar pautas para la hermenéutica legal.

En efecto, lo que llevó al legislador a sancionar el art. 2 de la ley 25.323 fue el frecuente caso de empleadores que omiten el pago temporáneo de las indemnizaciones debidas al trabajador despedido, conducta que fuerza a éste, para lograr la percepción de su acreencia, a recurrir a la justicia con el consiguiente desmedro para él, ya que afrontar esos trámites importa para el ex dependiente el sufrir pérdidas de tiempo y trastornos no compensados suficientemente con el cobro posterior de intereses moratorios (confr.: Posse, "Presupuestos para la aplicación del artículo 2° de la ley 25.323", D. T. 2004-A-645). Pues bien, esos perjuicios los padecerá el trabajador por igual si se ve en la necesidad de litigar por el total de las indemnizaciones o por porciones insolutas de ellas, de modo que el resarcimiento consagrado en el precepto de marras le debe ser reconocido en ambos supuestos.

No columbro causas que, justificando la conducta de la empleadora, autoricen a eximirla del agravamiento indemnizatorio o a reducir su importe. Por lo contrario, resalta en el caso la conducta displicente ante la deuda guardada por la demandada, que intimada telegráficamente por la actora a abonar las diferencias debidas (fs. 7) guardó silencio frente a esa comunicación, aun teniendo conciencia de lo insuficiente del pago realizado, al punto que luego se allanó a la demanda así haya sido parcialmente (fs. 135).

Desde que el monto de este rubro debe ascender al 50% de las indemnizaciones regladas en los arts. 6 y 7 de la ley 25.013, en la especie corresponde fijarlo en $1.660,15.

IV.- Reiteradamente ha declarado esta sala (c. 20.144 S.D.L. 8/05, c. 20.175 S.D.L. 21/05, entre otras) que el formulario del ANSES denominado P.S.6.2 no satisface los requisitos establecidos en el art. 80 párr. 2° L.C.T. y en el sexto artículo del Cap. VIII del Tít. II del mismo ordenamiento (texto incorporado por la ley 24.576), pues se trata de un certificado de servicios y remuneraciones que no consigna nada acerca de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social, ni sobre la calificación profesional obtenida.- No es exacto que el cuerpo variara esa postura al respecto al expedirse autos "M. vs. P.", pues lo que en tal ocasión se añadió fue sólo que sí podía resultar hábil a dicho fin el formulario de marras si en en el "campo" correspondiente al carácter de los servicios prestados se dejaba constancia de la calificación profesional obtenida y, en relación a los aportes y contribuciones, se lo complementaba con la "declaración nominativa del mes" anexa al nuevo formulario n° 931, lo que en la especie no aconteció (v. fs. 131/132).

En verdad, si en ese pronunciamiento habido en el antedicho pleito se declaró improcedente la indemnización del art. 80 últ. párr. L.C.T. (agregado por el art. 45 de la ley 25.345) no fue porque se declarara satisfecha la obligación de la empleadora con la entrega de el formulario P.S.6.2, sino en razón de la falta en aquella especie de una intimación fehaciente extrajudicial y previa a la promoción de la demanda (c. 20.401 S.D.L. 32/05).

Por lo demás, la supuesta variación en la doctrina jurisprudencial argumentada por la recurrente "S. S. S. A." no es dirimente en la cuestión. Excepción hecha del particular caso de los fallos plenarios -que obviamente no es el de la especie-, los criterios jurisprudenciales carecen de una eficacia temporal, acotada por una entrada en vigencia y una derogación, que vede a los magistrados modificar su anterior posición en algún momento abarcado en tal lapso.

Sólo la jurisprudencia plenaria en el orden nacional y provincias donde ella existe -no en la del Chubut- ha sido dotada legalmente de obligatoriedad (v. gr., el art. 27 del Dec.-Ley Nacional 1.285/58), elevándola así a la calidad de norma jurídica general, de regla emanada de autoridad externa al intérprete con virtualidad bastante para regir su juicio, lo que conduce a reconocerle un ámbito temporal preciso de aplicación.

Los restantes pronunciamientos judiciales no poseen esa naturaleza ni esa fuerza; la doctrina que ellos trasuntan no está impuesta como regla por el ordenamiento legal, sino que vale por la fuerza persuasiva que de ella emana (confr.: Llambías, "Parte general", 2da. ed., I-79, n° 72).

La doctrina jurisprudencial, tengámoslo siempre presente, concurre a objetivar, en términos de intersubjetividad trascendental, el punto de vista del juzgador en su libre elección e inteligencia de la norma aplicable, de manera que su reconocida eficacia persuasiva no se halla ceñida a un período de tiempo ni levanta valla insalvable al cambio de criterio en ese lapso (este cuerpo, c. 10.888 S.D.L. 54/94).

Nada entonces impedía a la Señora Juez "a quo", al momento de sentenciar esta causa, alterar la opinión que había sustentado en precedentes anteriores, alentada a ello por la persuasión generada en su ánimo por nuevas decisiones de otros órganos -incluso de esta alzada- que citara en el fallo.

Si, por el contrario, exigiéramos de los jueces absoluta e inamovible fidelidad a los criterios que alguna vez sostuviera en el pasado, el resultado sería cristalizar en un punto del tiempo la evolución del derecho; estableceríamos una inaceptable pauta de comodidad, basada en el servil sometimiento al precedente, que "es el camino de la inercia que va petrificando más que la conciencia jurídica, la conciencia moral", en palabras del recordado Sebastián Soler ("La llamada norma individual", L. L. 66-849, nota 7).- Aunque los argumentos esgrimidos por la apelante "S. S. S. A.", de los que hasta aquí me he ocupado, no logran hacer mella en la decisión de la sentenciante de origen de imponerle el pago de la indemnización del art. 80 "in fine" L.C.T., promedia sin embargo una circunstancia a cuya luz tal condena debe ser revocada.

En efecto, entra en los poderes del tribunal "ad quem" el modificar un fallo de la previa instancia por razones distintas a las apuntadas por el recurrente, pues si bien aquél debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos diferentes a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia (confr.: C.S.N., L.L. 149-411; este cuerpo, c. 12.015 S.D.L. 107/96, c. 12.037 S.D.L. 92/96 c. 16.089 S.D.L. 41/00, c. 16.462 S.D.L. 62/00, entre otras y sus citas).

Se trata de que la trabajadora formuló la intimación a la entrega del certificado de trabajo de modo extemporáneo por anticipada, ya que la cursó al día siguiente del despido directo (fs. 4 y 6), esto es, sin aguardar el agotamiento del plazo de treinta días fijado en el art. 3 del dec. 146/01 a cuya finalización recién quedaba habilitada para realizar el requerimiento.

Inhábil éste, que es presupuesto para la aplicación del art. 80 últ. párr. L.C.T., la indemnización resulta improcedente y su importe debe desagregarse del monto del capital de condena.- V.- Al revocarse la condena a la empleadora a pagar la indemnización del art. 80 "in fine" L.C.T., la cuestión planteada por el agravio de su litisconsorte "S. D. L. C. S. R. L." se ha tornado abstracta, de aquellas que los jueces no deben resolver por falta de actualidad (art. 242 C.P.C.C., su doc.).

Es que no tiene caso analizar la existencia o no de solidaridad para la empresa contratante, en los términos del art. 30 L.C.T., en relación a una obligación no nacida al mundo jurídico.

VI.- Las razones vertidas, coincidentes con las dadas por el prevotante, me conducen a concluir como él en que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada, a fin de elevar el capital de la condena a la suma de $5.238,36.- No será necesario, por aplicación del art. 279 C.P.C.C., practicar adecuación a esta decisión de la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el previo grado. De las primeras, porque el reemplazo de un rubro por otro -la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, en lugar de la del art. 80 últ. párr. L.C.T.- no altera sustancialmente las proporciones de éxito y derrota obtenidas por las partes a cuya luz la "a quo" distribuyó la suportación de las costas causídicas de acuerdo al art. 71 cód. cit.

De los segundos, porque, como fueron regulados en alícuotas porcentuales, su ajuste al nuevo importe de la condena operará de manera mecánica.- Triunfantes los agravios de la actora y de la codemandada "S. S. S. A.", delínease en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a imponer las costas de ella en el orden causado, excepto las generadas por la apelación de la codemandada "S. D. L. C. S. R. L." que habrán de imponerse a la demandante, toda vez que si bien el agravio de aquélla es declarado abstracto, la desagregación de la indemnización del art. 80 L.C.T. de la condena -bien que por otras razones- constituye una derrota para la actora, quien en su demanda reclamó dicho rubro también al citado "S. D. L. C. S. R. L.".

Coincido igualmente con el señor magistrado antes sufragante en cuanto a los honorarios que propiciara regular por los trabajos profesionales desplegados en la alzada, pues se ajustan a la extensión, calidad y eficacia de esas labores cumplidas (arts. 4, 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200; fs. 3 y 74).- Me expido en esta cuestión pues PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Visto el acuerdo arribado, corresponde:- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, fijando el monto de la condena que las demandadas deberán abonar a la actora en la forma, plazo y con los intereses ya establecidos, en la suma de $ 5.238,36;

MANTENER la imposición de las costas y los honorarios profesionales regulados en la instancia de origen;- IMPONER las costas de Alzada entre la actora y la demandada S. S. S.A. en el orden causado;

DISPONIENDO que los honorarios del Dr. L. A. N. por sus tareas de Alzada deberán ser soportados por la parte actora;- REGULAR por sus trabajos en esta sede, del monto del proceso a establecerse, la suma equivalente del 6 % para el Dr. F. A. A., del 5,60 % para la Dra. V. P. y del 5,40 % para el Dr. L. A. N.; - DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA..- ASI LO VOTO .

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Manino, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).- Trelew, 09 de febrero de 2006.- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, fijando el monto de la condena que las demandadas deberán abonar a la actora en la forma, plazo y con los intereses ya establecidos, en la suma de $ 5.238,36;

MANTENER la imposición de las costas y los honorarios profesionales regulados en la instancia de origen;- IMPONER las costas de Alzada entre la actora y la demandada S. S. S.A. en el orden causado;

DISPONIENDO que los honorarios del Dr. L. A. N. por sus tareas de Alzada deberán ser soportados por la parte actora;- REGULAR por sus trabajos en esta sede, del monto del proceso a establecerse, la suma equivalente del 6 % para el Dr. F. A. A., del 5,60 % para la Dra. V. P. y del 5,40 % para el Dr. L. A. N.; - DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA..- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 06 DE 2006 - SDL.- CONSTE.-