Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 130/134.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.	VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada Mengoni Hermanos Sociedad Colectiva contra la resolución 221 del 06 de Julio de 2016 -y sus aclaratorias por autos 356 y 391 del 18.10.2016 y 10.11.2016, respectivamente-, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "VARGAS, ROBERTO ORLANDO contra MENGONI HERMANOS SOCIEDAD COL. Y OTROS -DEMANDA LABORAL- (EXPTE. 154/15 - CUIJ 21-05093703-5)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511453-2); y,	CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de las presentes actuaciones que la Cámara -en lo que aquí resulta de interés-, revocó parcialmente lo decidido por el Juez de grado. En consecuencia, redujo el porcentaje de incapacidad laboral (de 50%) a 32,5% de la total obrera que se le determinara al trabajador como consecuencia del accidente de trabajo denunciado en la demanda (consistente en el quemado de parte de su cuerpo al intentar poner en marcha y prenderse fuego la motosierra que utilizara en aquel entonces para realizar las tareas encomendadas); como así también morigeró el monto de la reparación por el daño material (de $411.000) a la suma de pesos trescientos cinco mil ($305.000), confirmando la suma estimada para resarcir el daño moral (en $165.000).

Es contra el referido pronunciamiento que la compareciente interpuso recurso de inconstitucionalidad (cfr. fs. 30/55).

En su memorial recursivo expresó que el acuerdo de Cámara resulta violatorio de los principios de congruencia, motivación y fundamentación suficientes por incurrir en: a) falta de consideración de los cuestionamientos esgrimidos por su parte en el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de grado; b) omisión de tratamiento de material probatorio relevante para determinar el daño sufrido por el trabajador, en el que se incluyó el daño al proyecto de vida, cuando -según el quejoso- no habría sido objeto de pretensión ni probado en autos; y c) ausencia de razonabilidad y fundamentación en la estimación del monto indemnizatorio del daño, al no hacer mención -aludió- a los parámetros ponderados a sus efectos.

En ese orden de reflexión, explicó que la Sala, receptando la doctrina que avala el carácter excepcional del recurso de nulidad y su interpretación restrictiva -que limita su admisión a los supuestos determinados por la ley-, determinó que las argumentaciones vertidas por el nulidicente, resultaban subsanables por el recurso de apelación que produce la absorción de la invalidación pretendida. Mas luego, indicó, tales cuestionamientos no tuvieron la debida respuesta en el recurso de apelación, afectando así las garantías constitucionales vinculadas al debido proceso, doble instancia y sus derechos a la jurisdicción y de propiedad.

Frente a ello, hizo un detalle exhaustivo de los argumentos que expuso en oportunidad de fundar el recurso de nulidad contra la sentencia de primera instancia, consistentes en que:

a) No sólo no se trató en primera instancia la impugnación de pericia médica efectuada en el escrito alegatorio -único cuestionamiento, señaló, abordado por la Sala- sino "toda la prueba compleja producida en el proceso, en relación a los términos en que quedó trabada la litis". En tal sentido, hizo su propia valoración sobre el informe efectuado en la pericia mecánica, en dirección a corroborar la culpa de la propia víctima como eximente de la responsabilidad que se le imputara en el pronunciamiento impugnado.

b) Tampoco se efectuó -en primera ni en segunda instancia, dijo- consideración alguna sobre el hecho nuevo denunciado, referido a que el actor, luego del accidente, trabajó para otra empresa, donde lo calificaron "APTO 'A'", según informe pre-ocupacional, sumado a testigos que declararon que el actor hacía trabajos pesados.

c) Por último, criticó que se haya hecho lugar al reclamo "injustificado" de reparación integral, considerando incluso -agregó- el daño al proyecto de vida cuando el mismo no había sido objeto de pretensión en la demanda ni resultó probado en autos, "sin considerar la no prueba por parte de la actora del daño material, moral, psíquico y estético demandados, más allá de las lesiones sufridas...", supliendo "...tal omisión de la actora con argumento en el art. 245 del C.P.C.C.S.F...", cuantificando "...arbitrariamente el daño por incapacidad sobreviniente".

En ese contexto, le endilgó a la Alzada falta de fundamentación en la sentencia impugnada en relación a la cuantificación indemnizatoria que efectuara sobre los daños receptados, al preterir la prueba rendida en tal dirección, siendo insuficiente la mera enunciación de pautas atinentes al caso, sin que pueda apreciarse y controlarse cómo dichas variables conducen al resultado arribado, vulnerando de tal modo el derecho a la jurisdicción que le asiste.

2. El Tribunal A quo, mediante resolución 233 del 03 de julio de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 64/66v.), por considerar que los argumentos invocados por la demandada tienden -en definitiva- a lograr una modificación de lo resuelto por el Tribunal de Alzada pretendiendo imponer su particular enfoque de la cuestión litigiosa, empeñándose en reabrir el debate sobre temas que ya han sido materia de análisis y pronunciamiento fundado, lo cual resulta procesalmente inadmisible y contraria a la naturaleza del recurso pretendido.

3. Se adelanta que el presente recurso de queja no puede prosperar, pues, de la confrontación de los argumentos que sustentan lo decidido por la Cámara con los agravios esgrimidos por la recurrente, no se evidencian demostrados los supuestos de falta de fundamentación e incongruencia que le endilgó al pronunciamiento impugnado.

Es que, no obstante los planteos reseñados, tendentes a imputar arbitrariedad al fallo y violación de normas de raigambre constitucional, en realidad, sus cuestionamientos sólo traslucen disconformidad con el criterio con que la Sala -en ejercicio de funciones propias-, analizó las circunstancias fácticas de la litis, valoró las pruebas, y en virtud de ello resolvió la causa, ámbito que -por regla- resulta ajeno a esta instancia extraordinaria, sin que la recurrente logre evidenciar con sus alegaciones que corresponda hacer excepción a la misma, en tanto la línea argumentativa esbozada por el A quo en orden a fundar su decisión satisface las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial.

Así, los reproches expuestos por la impugnante respecto de la falta de tratamiento de los argumentos alegados en el recurso de nulidad -en virtud de los cuales el A quo consideró resultaban subsanables por el recurso de apelación- y de la decisión de receptar y cuantificar los daños mencionados -incluyendo el referido al proyecto de vida-, sólo revelan su desacuerdo con la tesis de los Juzgadores y la conclusión a la que arribaran en cuestiones de derecho común, al entender que conforme a los elementos de convicción que pormenorizadamente analizaron, correspondía confirmar la responsabilidad de la demandada y los daños padecidos por el trabajador como consecuencia del siniestro sufrido -no controvertido-, y revocar parcialmente el fallo alzado, sólo en cuanto a la incapacidad del actor y la cuantificación de su reparación, morigerándolos.

Recuérdese que el mayor o menor grado de acierto o error con que el Tribunal interpretó los hechos Y el derecho, y ponderó la prueba, no es del caso analizar en esta instancia por tratarse de cuestiones ajenas al ámbito del recurso extraordinario. Por otra parte, la sentencia en modo alguno ostenta fundamentos que la configuren como grosera, absurda o irracional a punto tal de merecer excepcionar la aludida regla. De ahí que, pretender invadir ese ámbito de hermenéutica, significaría que esta Corte sustituyera a los jueces ordinarios de la causa, distorsionando de tal suerte el restringido ámbito previsto normativamente para el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales.

Concretamente, la Sala -en respuesta a los reproches esgrimidos por la recurrente que enumera- entendió que "la pericia mecánica fue contundente al resumir las causas del siniestro", remarcando el derrame de combustible al momento del llenado del tanque de la motosierra y el mal estado de uso y mantenimiento de la misma, haciendo hincapié en "que una de las causas lo fue el cable de encendido en mal estado".

En ese mismo orden de ponderación, consideró que de la pericial técnica en higiene y seguridad surgía que el "incumplimiento palmario a la ley 19587 y su decreto reglamentario, hace nacer la responsabilidad civil subjetiva por parte de la patronal, y demuestra que Vargas no había recibido las instrucciones pertinentes para el manejo de la motosierra"; remarcó lo informado por el experto, en cuanto a que la demandada no acreditó la existencia de un servicio de higiene y seguridad ni haber efectuado al actor capacitación sobre los riesgos a que se halla expuesto en el desarrollo de sus tareas ni la entrega de "EPP", de acuerdo a riesgos expuestos; y rememoró los deberes de los empleadores en materia de higiene y seguridad establecidos en los artículos 8 y 9 de la referida normativa. Omisiones todas ellas que el Sentenciante, además de corroboradas, advirtió alegadas en la demanda como sustento de la reparación reclamada.

En cuanto al cuestionamiento esbozado por la quejosa en relación a la admisión del "daño al proyecto de vida" -aludiendo que el mismo no había sido reclamado específicamente en la demanda-, la Cámara brindó una respuesta con argumentos que no lucen irrazonables, toda vez que partiendo de la conceptualización del mismo otorgado por la Corte nacional y de la tesis doctrinaria que reconoce el derecho de todos los ciudadanos de poder desarrollar sus capacidades humanas "hasta el nivel que permita su condición", otorgó particular preponderancia "al tiempo durante el cual el actor padeció de las consecuencias del accidente de trabajo siendo el único sostén de una familia cuya hija a cargo es discapacitada".

Por otra parte, los reparos enderezados a cuestionar de irrazonable y desproporcional el monto de la reparación en confrontación con los argumentos del fallo, surge que la Sala partió de la premisa -con citas de doctrina que avalan su postura- referida a que el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de condena de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, señalando que el daño moral no ha de probarse sino que se estima teniendo en consideración las circunstancias de la causa, que procedió a detallar (cfr. fs. 16/17).

Del mismo modo, a los fines de cuantificar el daño patrimonial, tuvo en cuenta las particularidades del caso, consistentes en el grado de incapacidad determinado en esa instancia, la edad del trabajador al momento del siniestro, el salario denunciado, las posibilidades de progreso en el oficio atendiendo al tipo de dolencia incapacitante de acuerdo a lo establecido por las pericias valoradas y la expectativa de vida analizada.

Frente a lo expuesto, pierden andamiaje los reparos de la quejosa referidos a la evaluación parcializada de las probanzas de la que acusa al Tribunal. Y al respecto, no resulta ocioso recordar que la tacha de arbitrariedad no incluye la mera discrepancia de la recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr. A. y S., T. 99, pág. 179; T. 100, pág. 201; Fallos:297:29; 306:282; 307:234, etc.); ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituirlos en cuestiones que les son privativas (A. y S. T. 100, pág. 251), quienes no están obligados a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas aportadas a la causa, sino que basta que analicen aquellas que reputen conducentes para fundar sus conclusiones (cfr., entre otros, A. y S. T. 99, pág. 179), tal como surge de la sentencia impugnada.

De tal manera, no cabe sino concluir que las cuestiones juzgadas han sido resueltas con fundamentos suficientes y resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa, y como tales ajenas a la órbita del recurso de inconstitucionalidad intentado, conformando un decisorio que no aparece "prima facie" disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. Y más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribó el Sentenciante podrá o no ser compartida por la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.. GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Sala Segunda.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Cañada de Gómez.