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Recurso de inconstitucionalidad, tenencia de armas, interpretación de la ley, idoneidad del arma, portación de armas, tipo penal, elementos de protección personal
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Jorge Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionallidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

Es admisible el recurso de queja por inconstitucionalidad denegado interpuesto contra la sentencia que sobreseyó al imputado en orden al delito de tenencia de arma de uso civil sin autorización legal, en virtud de que el revólver secuestrado no contenía munición alguna, puesto que el recurrente denunció los motivos por los cuales entiende que el aquo realizó una interpretación del texto legal arbitraria y reconstructiva que no sólo crea una nueva norma de derecho , sino que además, la nueva norma se contrapone con las dictadas por el Poder Legislativo nacional, ya que el efecto obtenido es la exclusión del ordenamiento jurídico del art. 189 bis 2 1º párrafo del CP, es decir, su derogación tácita, sin que siquiera se haya abordado en la sentencia la cuestión constitucional, y asimismo explicó los fundamentos por los cuales esta exclusión debe ser revisada por este estrado. (Del voto de la Dra. Conde)
Nulidad procesal, Ministerio Público Fiscal, sentencia condenatoria, expulsión de extranjeros
Materia: PENAL
Carátula: JORGE CARACARA, Ramiro c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-02

Ante la falta de interés de la parte recurrente en que se declare la nulidad de lo actuado conforme lo solicitado por el MPF, corresponde rechazar el planteo de nulidad.Previo a la expulsión del país -independientemente de la cancelación de la residencia-, el extranjero condenado debe cumplir la mitad de la condena impuesta (ver art. 64 inc. a) ley 25.871 que remite a los arts. 17 -y este a su vez al 15- ley 24.660) y, además, que no interese su captura en otra causa.
Terminación del proceso, desistimiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Ferreyra Ramon Agustin s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-06

En el derecho argentino existen dos clases de desistimiento: de la pretensión (acción) y del derecho. El primero es el acto mediante el cual el actor declara su voluntad de poner fin al proceso pendiente, sin que éste avance hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Este tipo de desistimiento sólo entraña, por lo tanto, el expreso abandono del proceso y la consecuente desaparición de su objeto (pretensión), pero no afecta al derecho material que pudiere corresponder al actor. 2. De allí que ese acto no obsta a la ulterior interposición de la misma pretensión en otro proceso, salvo que en el ínterin haya operado la prescripción, pues el actual CCCN 2547 (siguiendo lo antes regulado en el CCIV 3987) dispone que la interrupción de ésta causada por la demanda, se tendrá por no acaecida si el demandante desiste de ella. 3. Por otro lado, el desistimiento del derecho constituye el acto por el cual el actor declara su voluntad de abdicar el ejercicio del derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Comporta el reverso o contrapartida del allanamiento, pues en definitiva se traduce en el virtual reconocimiento formulado por el actor de que su pretensión es infundada. Este último trae aparejado también, el desistimiento de la pretensión, por cuanto no cabe concebir la subsistencia de una pretensión despojada de su fundamento sustantivo. 4. A diferencia de lo que ocurre con el desistimiento de la pretensión o del proceso, el desistimiento del derecho impide la ulterior interposición de otra pretensión por el mismo objeto y causa, pues adquiere eficacia equivalente a la de cosa juzgada (cfr. Palacio, Lino: "Derecho Procesal Civil", T. V, página 535 y siguientes, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975).
Banco central, circulares del Banco Central, tipo de cambio, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL ADMINISTRATIVO
Carátula: CRESPO JULIO CESAR c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

La circular A 16 del Banco Central del 2 de abril de 1981, dejando sin efecto a partir de esa fecha las cotizaciones ya previstas en la circular 929 para los días 23 de abril y 26 de mayo de 1981 correspondientes a los vencimientos de letras libradas en favor de un particular es inconstitucional en su aplicación al caso, por conculcar con sus alcances retroactivos el derecho de propiedad del actor, pues dicha norma no actuó sobre las consecuencias de una situación jurídica existente, sino sobre el propio negocio jurídico ya consolidado, al modificar en forma sustancial una de las prestaciones, tal el precio a pagar por la moneda extranjera en un crédito documentario cuya cotización ya había sido adelantada por el Estado.
Preaviso, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: BEVILACQUA MARIA OFELIA c/ MUTUALIDAD HOSPITAL ITALIANO Y COLONIAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-27

Si bien es cierto que el contrato de plazo fijo no tiene validez, no puede soslayarse que la comunicación cursada a la actora notificándole que el mismo cesaría, ha actuado como expresión de la voluntad de la patronal de poner en conocimiento de la reclamante que se pondría fin a la relación laboral, no es óbice a ello las cartas documento cursadas entre las partes en lo que se refiere a la fecha del distracto; y en lo concerniente a la causa del despido, el Juez lo ha considerado incausado y por ende injustificado, motivo por el cual condenó a abonar la indemnización por antiguedad.
Recurso de queja (procesal), acuerdo de juicio abreviado, política criminal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CANTERO, ARIEL MAXIMO, CHAMORRO, JOSE MANUEL Y VILCHES, LEANDRO ALBERTO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

Corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad, desde que la postulación del recurrente de que en el caso -al rechazarse un acuerdo de procedimiento abreviado arribado entre partes inicialmente admitido por el Juez de Instrucción- los Magistrados se habrían extralimitado en sus facultades, efectuando un doble juicio de admisibilidad con sustento en una irrazonable interpretación y aplicación de las normas procesales y constitucionales en perjuicio de los imputados, cuentan con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponen articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si lo decidido reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción acordado por la Constitución provincial. Más aun considerando que la fiscalía manifestó su coincidencia con la defensa al sostener que en el caso mediaría una intromisión en la decisión de oportunidad contenida en el acuerdo de procedimiento abreviado, entendiendo que con ello se habrían afectado las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y su propia política de persecución penal. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Victorero, Juan Manuel c/ Formigo, Mabel Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que siguiendo las propias reflexiones del interesado no se hizo cargo de la conclusión esencial del fallo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso extraordinario, honorarios, base regulatoria, ley arancelaria, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Edificio Corrientes y Córdoba c/ Halmen SA s/ Demanda ordinaria. Regulación honorarios por planteos y contestación  de Recursos de Inconstitucionalidad y/o Extraordinarios. Cuestión a  resolver: ¿Qué disposición de la ley arancelaria corresponde aplicar  para regular honorarios por el planteo y contestación de Recursos de  Inconstitucionalidad y/o Extraordinario ante la Cámara?   (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 147-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-08

El artículo 20 de la ley 6767 prescribe que en los recursos extraordinarios el honorario no será inferior a la mitad del que se reguló en la sentencia. Este, y según criterio de la Caja Forense, es el que corresponde a los regulados en segunda instancia, que es en definitiva, contra la cual se deducen los recursos extraordinarios. No es justo regular en igual proporción el trabajo cumplido por el profesional en ocasión del trámite realizado en esta instancia al del planteamiento de los recursos extraordinarios.

(Del Voto del Dr. Blank).
Acto administrativo, facultades discrecionales, empleo público, supresión del cargo, recurso de apelación (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Gustavo c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-11

La organización de la estructura administrativa es materia reservada al poder administrador, sujeta a criterios de eficacia y razonabilidad y que, en principio, resulta ajena al control judicial, el que solamente podría ejercerse en casos de arbitrariedad, esto es, frente a la lesión de un derecho preexistente. A tal fin, bastaría demostrar la ilegalidad de la actuación de los órganos administrativos y la consiguiente lesión de los derechos fundamentales del agente. El ejercicio de facultades discrecionales por parte de la administración pública no configura una potestad reconocida a su favor de manera irrestricta; el Estado de derecho no consiente atribuciones de tal naturaleza, sino que se hallan circunscriptas a la órbita más amplia de la juricidad, límite este que, si se excede, habilita la intervención del órgano jurisdiccional. En el marco de la Ley 6402 -Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial-, dentro de los derechos reconocidos como consecuencia del status definido para la relación funcional pública, surge como primigenio el de la "estabilidad". Este derecho es reconocido a favor de los agentes incorporados definitivamente a la administración, con los alcances atribuidos por la propia ley (art. 17), en el sentido de "...conservar el empleo, la jerarquía y el nivel alcanzados, entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario, los atributos inherentes a los mismos y la inamovilidad en la residencia siempre que las necesidades del servicio lo permitan...". conduciría al análisis del mérito con que el poder administrador instrumentó la estructura organizativa atribuida al nuevo órgano creado, que reemplazó al anterior en el que revistaba el actor. Para alcanzar un pronunciamiento positivo acerca de la pretensión impugnativa intentada, es menester que el recurrente ponga de manifiesto el agravio "cierto y efectivo" que le haya producido el fallo. La audiencia de este presupuesto frustra la viabilidad del remedio articulado, al no puntualizarse el interés jurídico concreto por obtener la revisión del pronunciamiento. Ello es así, toda vez que la resolución recurrida debe ocasionar al quejoso un gravamen, es decir un perjuicio o una restricción a su derecho o libertad, siendo al respecto de plena pertinencia el principio de "no hay nulidad sin daño". (Del voto de la Dra. Aída Tarditti).
Trabajadores de la construcción, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: VIVAS, RAUL O. c/ PASOS, JULIO C. Y SORIANO, OSVALDO s/ INDEMNIZACION    Y   SALARIOS  LEY  22250  S/INAPLICABILIDAD  DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-06

La solidaridad que impone el art.32 de la Ley 22250 -ley personal de la industria de la construcción- sólo se genera por la inexistencia de inscripción del contratista, no por la falta de comunicación al Registro de la iniciación de la obra y su ubicación primer párrafo del art.32-. De tal modo el problema cae mucho más en el postulante a contratista que en el propietario, que previo a contratar debe requerir la constancia de inscripción.
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, índices de actualización, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BASTERO, Benjamín c/ Caja Nacional de Previsión para Personal de Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 18037 (t.o.1976) en el supuesto que se torne aplicable una vez recalculado el haber por aplicación del índice promedio obtenido entre los salarios del peón industrial y de costo de vida, en la medida en que la diferencia entre el importe que corresponda recibir al interesado y el máximo previsto en la norma supere el 15% del primero, porcentaje máximo que debe admitirse en las actuales circunstancias de crisis del sistema como un aporte razonablemente exigible a quienes cuentan con mayor capacidad económica. (del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Sentencia, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina s/ incidente  de  revisión de  los autos caratulados "Martínez Saravia,  Miguel Angel - Concurso civil preventivo"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Las defensas invocadas originariamente por la parte apelada y mantenidas en la litis, deben ser tratadas por el tribunal que revisa la sentencia, pues de lo contrario se perjudicaría a quien triunfe en la instancia de mérito, que no puede recurrir una sentencia que lo favorece.
Excepción de incompetencia, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WILLIAMS, ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL- MINISTERIO DEL INTERIOR s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS- DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21

Las costas se imponen en el orden causado cuando el actor al contestar el traslado de la excepción de incompetencia no se opuso a la pretensión de la demandada; por lo que no es con su actitud que obligó a la otra parte a oponer la excepción resuelta.- Además por el art. 68 C.P.C.C. se puede apartar del criterio objetivo de que las costas las soporta la vencida, ya que el Juez puede eximir parcial o totalmente al litigante vencido siempre o que se encontrare mérito para ello.-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, deber de imparcialidad, jueces naturales, sentencia absolutoria, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLALBA, MAXIMILIANO RAUL Y OTRO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CON EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA-PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA-ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

Teniendo en cuenta que los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal no se expidieron en forma completa sobre la admisibilidad de la apelación deducida por el Ministerio Público de la Acusación contra la sentencia absolutoria, limitándose a afirmar de manera genérica que la impugnación de una absolución por el actor penal resulta violatoria del non bis in ídem-, corresponde -a fin de resguardar la garantía de juez natural en los casos en que no se vislumbre necesaria la integración de un nuevo tribunal conforme los parámetros elaborados por esta Corte y el Máximo Tribunal nacional en relación a la garantía de imparcialidad- declarar procedente el remedio interpuesto, anular la resolución cuestionada y remitir la causa a los mismos Magistrados para que efectúen un análisis completo de la admisibilidad del recurso incoado por el Fiscal contra la absolución de los imputados. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 12
Prueba documental, valor probatorio, reconocimiento de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: A.N.C. c/ A.E.J. s/ cobro de pesos y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2022-05-12

La circunstancia de que la documental presentada por la actora no fuera corroborada por el organismo emisor, no es óbice para vedarle valor probatorio, en tanto no se observan indicios que autoricen a presumir que el contenido y la fecha de emisión fueran falsos o estuviesen adulterados. El mero desconocimiento por parte del demandado de esa documentación acompañada por la actora, no puede ser considerado suficiente para restarle valor a dichas factura y presupuesto, que aparece emitida por los comercios respectivos.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, competencia de instrucción, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, JAIME s/ Cheque de fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-07

El juez de Instrucción (que tiene competencia más amplia que el juez en lo Penal Económico) debe conocer el proceso habida cuenta que nos encontramos ante hechos (hurto respecto del cheque investigado) que, aunque divisibles, se encuentran unidos por una relación que excede la simple conexidad, toda vez que la existencia de uno excluiría al restante, extremo que evidencia la manifiesta conveniencia de que sean juzgados por un mismo magistrado.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, directorio, plazo, caducidad, accionistas
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - Habida cuenta de la ausencia de normas específicas en la ley 19550 sobre la acción de impugnación de reuniones de directorio, corresponde la utilización por analogía de las reglas que gobiernan la acción de impugnación de asambleas (CCIV 16 y CCCN 2).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, delitos, homicidio, legítima defensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MASAT, CELSO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Corresponde rechazar la queja pues si bien el compareciente estima arbitraria la valoración probatoria y la hermenéutica de la normativa aplicable que efectuara el Tribunal, en sustancia, discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común efectuó la Cámara en ejercicio de funciones propias, sin que se avizore la presencia de un supuesto de arbitrariedad probatoria o normativa que justifique la intervención de esta Corte. Es que, más allá de la terminología empleada por la defensa, sus agravios refieren, en síntesis, por un lado a su discrepancia con la valoración de las pruebas efectuada por el A quo para descartar en el caso la justificación por legítima defensa de las conductas del imputado con fundamento en que del material probatorio surgía que no existió agresión ilegítima, ni racional necesidad de defenderse con un arma de fuego por parte del condenado. Y por el otro, se vinculan con la calificación de los hechos escogida por el Tribunal (puntualmente en cuanto encuadrara las acciones descriptas en las figuras penales de abuso de armas y homicidio doloso.
Personal municipal, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, actualización monetaria, reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REA, GLORIA SUAREZ c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-27

Partiendo del haber recompuesto -conforme el caso Rúa, Angel Héctor (sent. del 06.12.93)- que le hubiera correspondido percibir al beneficiario al 31.03.91 (por aplicación estricta de los coeficientes establecidos por el ex Departamento Ejecutivo de la M.C.B.A., en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones operadas en dicho ámbito -cfr. arts. 42 y 46 del Dec.

1645/78, modif. por Dec. 434/81-), el reajuste del mismo, por el período que va hasta el 31.03.95, se determinará en función de los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Chocobar, Sixto Celestino (sent. del 27.12.96)
Inconstitucionalidad, arraigo, contrabando, accesorias legales
Materia: PENAL
Carátula: Delgado, Gustavo Adrián c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 872 del CA toda vez que la equiparación de penas entre el delito de contrabando y su tentativa constituye un principio de antiguo arraigo legislativo en el país y en el extranjero, en razón de que la modalidad del delit o de contrabando, en los casos más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los delitos comunes, lo que justifica el apartamiento de las reglas del derecho penal común, criterio sostenido por la CSJN.Tampoco tendrá favorable acogida el planteo de inconstitucionalidad de las accesorias legales dispuestas en el artículo 12 del C.P., pues no revisten penalidad punitiva pues sólo tienen como objetivo proteger al condenado de los perjuicios y dificultades que pueden provenir de su incapacidad de hecho derivada del encierro.
Ejecución de sentencia, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ REAL Juan C. c/ M.C.B.A. s/ INC. COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-26

Tratándose de la ejecución de la sentencia, la intimación de pago no es necesaria, pues la misma se entiende incluida en la notificación de aquélla (conf. Falcón, "Código Procesal...", t. III, p. 484).- Por ello, la intimación prevista en el art. 504 del Código Procesal - luego de la reforma introducida por la ley 22.434 - sólo es facultativa para el acreedor y por lo tanto éste puede pedirla o no, ya que resulta innecesaria como trámite de la ejecución. Con la reforma se ha querido obviar -si así lo quiere el acreedor- el procedimiento que lleva a la sentencia de venta dando una oportunidad más al deudor a que pague lo indicado en la sentencia.-
Ombudsman, facultades del ombudsman, legitimación activa, derechos de incidencia colectiva, acción popular, reducción de aporte previsional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

No resulta procedente desconocer la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación para proteger los derechos de incidencia colectiva de todos aquellos afectados por la reducción de las asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones dispuesta por la ley 25.453, en la medida en el mismo derecho judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha legitimado colectivamente a diversas organizaciones no gubernamentales (vg. ""Asociación Benghalenis ", sentencia del 1º de junio de 2000; "Mignone, Emilio Fermín", sentencia del 9 de abril de 2002, etc.).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Segura, Fermín Miguel s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

No obsta a la validez de los reconocimientos fotográficos el hecho de que no estén expresamente previstos en el Código procesal puesto que la valoración de las diligencias identificatorias, como complemento que es de dicho medio, se rige por las normas de la prueba testimonial.