marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rori de D'Amico, Edith c/ Rosales, Ofelia Petrona s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

No puede tomarse como parámetro del daño el precio que, en la actualidad, posee en el mercado de usados un vehículo similar al que le fuera privado a la actora evicta. Ello implicaría hacer cargar sobre ésta -y en claro beneficio del autor del daño- con la depreciación sufrida por el automotor entre el momento del daño y el presente. Para evitar esto, es más prudente tomar en consideración como indicador del valor de cambio o compra buscado- el precio de mercado que el presente posee un vehículo de similares características al evicto y con idéntica antigüedad a la que éste tenía al día de la evicción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: López, Daniel Héctor; Niz, José Douglas y ot. s/ Privación ilegal de la libertad - Robo - Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si su eventual éxito depende de la demostración de que los hechos que el sentenciante declaró probados debían ser reemplazados por los que aparecen sustentando el reclamo, pero sobre ello sólo se formula una serie de consideraciones referentes a supuestos elementos probatorios sin denunciar transgresión legal alguna ni mencionar normas sobre prueba.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de La Matanza c/ Cascales, Francisco s/ Incidente ejecución honorarios (<Perito abad>)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

No se opone a la declaración de ineficacia del escrito de agravios la circunstancia de que se reclame la aplicación de una ley de orden público lo que obligaría a la Cámara a expedirse sobre ella, ya que de conformidad a tal criterio los tribunales de alzada deberían oficiosamente y soslayando los plazos y recaudos procesales que reglan su competencia, conocer de todas las cuestiones en las que estén en juego normas de orden público.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, contenido de la demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Gerardo Luis c/ Banco  de  la  Provincia de Buenos Aires yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

A fin de determinar la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.
Contratos, interpretación de la ley, resoluciones judiciales, apreciación de la prueba, buena fe
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Marra, Walter Osvaldo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

1 - El principio de la buena fe concurre en los casos de desigualdad de fuerza económica entre las partes para alumbrar la conclusión de las obligaciones contractuales y el ejercicio de las pretensiones dentro de la pauta de razonabilidad admisible sin menoscabar los dictados que impone el espíritu de justicia y equidad, porque de lo contrario entraríamos en el campo del abuso del derecho.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores Marcos Antonio c/ Celosor S.A. S/ Quiebra s/ Incidente de pronto pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Los privilegios son de origen exclusivamente legal ya que no pueden resultar sino de una disposición de la ley. No se puede crear privilegio a favor de ninguno de los acreedores. (art. 3876 Cód.

Civil )
Procedimiento administrativo, recursos, silencio de la administración, agotamiento de la instancia administrativa, habilitación de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCIARILLO, OSVALDO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

No resulta acertado admitir la procedencia formal de un recurso de apelación por una presunta denegatoria tácita por silencio de la administración. Ello es así por cuanto de ese modo el juez se subrogaría en las funciones del legislador, creando una vía recursiva no establecida por él. Por otra parte, la circunstancia de que el legislador contemple un supuesto de silencio de la administración como denegatoria tácita en lo que respecta a otro instituto de la seguridad social (cobertura del desempleo -art. 125 de la ley 24.013- ) no permite concluir fundadamente que haya sido su intención habilitar la misma vía para otras hipótesis. Además, desde el punto de vista práctico, la aplicación del art. 10 de la ley 19.549 sería igualmente perjudicial y redundaría en un peor servicio de justicia para la comunidad. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Interpretación de la ley, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido.
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: D'AMICO, Juan s/ extorsión  Causa nro. 26.851
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-13

El "cuidado" a que hace referencia el artículo 173, inc. 7º del C.P., es la situación jurídica de quien tiene a su cargo inmediata o mediatamente la conservación y /o protección del capital económico ajeno, o bien cuando el que actúa por otro, en una o más gestiones, queda sujeto a proceder con lealtad a fin de evitar situaciones desfavorables al patrimonio de aquel, "...el manejo implica la posibilidad de uso; la administración, la facultad de ejercer actos de disposición y, por fin, el cuidado, la necesidad de vigilancia y control sobre los valores confiados".
Ejecución fiscal, ejecución previsional, omisión de retener o percibir aportes, moratoria previsional, pago en cuotas, costas al demandado, costas en el orden causado, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL - DGI c/ ASOCIACION PRO HOGAR DEL DISCAPACITADO ASOC. CIVIL s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

El acogimiento por la demandada, después de iniciada la demanda, al plan de facilidades de pago de que dan cuenta las constancias de autos, así como el pago de las cuotas pertinentes (cfr. recibos), no enervan la eficacia de la ejecución promovida, puesto que la mora antecedente de la deudora en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales, dio lugar a la promoción de la acción y puso a la actora en la necesidad de litigar en procura de su derecho (cfr.

esta Sala, Causa 4705 del 9.10.87). Empero, no corresponde imponer las costas a la ejecutada, pues al tiempo de ser practicada la intimación de pago, ya hacía más de dos meses que aquélla había presentado su acogimiento al plan de facilidades de pago, lapso más que suficiente para que la D.G.I., que cuenta con modernos medios informáticos, contabilizara la nueva situación de la deudora frente al fisco y, en función de ello, se abstuviera de provocar su comparendo en juicio, obligándola a la deducción de las excepciones de espera y pago apoyadas, precisamente, en la existencia de dicho acogimiento y de los abonos concretados en su mérito.
Contratos, nulidad del acto jurídico, lesión subjetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ c/ GRANADA s/ Cons (LIBRO: S065 - 459)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-01

Si hay un precio obtenido en la venta corriente en plaza, y un saldo, a pagar en tres meses de la venta, que es del 20 porciento, ésto es demostrativo de que no existe una desproporción evidente que satisfaga los recaudos exigidos por el art. 954 CCI. Si la desproporción se produjo después de celebrado el contrato, la mención debió hacerse en la REVISION y no en la LESION
Recursos energéticos, energía eléctrica, mercado eléctrico, mercado eléctrico mayorista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EDEA S.A. c/ resolución 283/03-ENRE".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Sólo los aspectos que no revisten carácter federal de la ley 24.065 son susceptibles de adhesión por parte de las provincias, mas no aquellos que por investir precisamente aquel carácter son de aplicación directa con independencia de la adhesión provincial o no. Ello es así, en función a las características propias del Mercado Eléctrico Mayorista que supone, en casos como el sub lite el comercio interprovincial de energía eléctrica, la tarifa por la prestación de la Función Técnica de Transporte (FTT), se encuentra sometida a las previsiones de la normativa federal.
Empleados de banco, fondo compensador
Materia: LABORAL
Carátula: BONA, MARIA E. c/ PIRES, DANIEL s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

Como el Fondo Compensatorio surge de la mera voluntad y decisión del demandado, sin que exista constancia alguna de negociación con los trabajadores activos del Banco y con los jubilados, ni al momento de su creación ni durante su desarrollo denominarlo "contractual" es un eufemismo que disminuye o simula su fuente unilateral. Para más, la administración del Fondo queda en manos del Banco demandado, sin que los trabajadores activos y los jubilados hayan expresado formalmente su consentimiento para ello.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Javier Gustavo c/ Lizarraga, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

El art. 1083 del Código Civil, en concordancia con la doctrina que emana del art. 1086 del mismo cuerpo legal, de consumo con la potestad que confiere el art. 165 del ordenamiento procesal, sienta principios generales en torno a la reparación del daño en forma plena e integral, que queda sujeta a la prudente o razonable discreción del juzgador de conformidad con las circunstancias del caso. Y he aquí que no cabe olvidar que tratándose de la integridad física la misma tiene linaje constitucional a nivel transnacional, según lo consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054, art. 5, 1), incorporada a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22, 2 apart.). De ello se deriva que toda lesión física de carácter permanente, ocasione o no un daño económico debe ser indemnizado como valor de que la víctima se vio privada, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas consecuencias que afectan la personalidad integralmente considerada, o sea, tanto desde el punto de vista individual como del social. Y la reparación que debe ser integral ha de comprender todos los aspectos de un individuo, o dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impiden desarrollar normalmente las actividades que el sujeto realizaba. Cabe puntualizar concordantemente, que la disminución física incide, sobre toda la vida de relación del damnificado, lo que constituye un daño indemnizable, independientemente del deterioro de su capacidad de ganancia consecutiva a la incapacidad física derivada del hecho ilícito.
Municipalidad, intendente, ordenanzas municipales, acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Schito, Dante y otros c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº   1972-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

Si bien es cierto que la ordenanza de la Municipalidad de San Lorenzo que autoriza a la Refinería San Lorenzo S.A. a la construcción del poliducto discutido, ha introducido novedades en el panorama existente antes de interponerse el recurso de inconstitucionalidad contra la decisión a quo que había hecho lugar al pedido de amparo de los frentistas afectados por el dictado del anterior decreto del Poder Ejecutivo municipal (que también lo autorizaba), al punto de despojar de toda utilidad a un eventual pronunciamiento de la Corte, tal ordenanza no tiene -ni puede tener- incidencia alguna sobre la validez o invalidez del decreto cuestionado, siendo evidente que tal acto -proveniente de la voluntad concurrente de los órganos ejecutivo y deliberativo de la propia Municipalidad- ha restado toda actualidad e interés al planteo constitucional esbozado por la demandada. Es que, cerrado el debate en torno a la ejecución del poliducto sólo restaría dilucidar la suficiencia (artículo 95, Constitución provincial) de las razones sustentadas por la Alzada cuando confirmó la sentencia apelada ante ella (compartiendo así el juicio adverso de validez del decreto 006/96), mas resulta evidente que una eventual respuesta a esa cuestión importaría que la Corte se pronuncie en definitiva sobre la validez o invalidez de una normativa que carece ya de todo efecto -por referirse a una situación abarcada actualmente por la ordenanza nº 1949- hipótesis que resulta inadmisible en nuestro sistema judicial. Debiendo tener presente al respecto que uno de los supuestos paradigmáticos donde el Alto Tribunal se abstiene de emitir pronunciamiento por resultar éste inoficioso es, precisamente, la hipótesis de sucesión normativa, sobre todo como en el caso, donde las normas posteriores han sido dictadas por la propia interesada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, partidos políticos, nombre
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PARTIDO SOCIALISTA POPULAR s/ OPOSICION AL USO Y/O EMPLEO DEL VOCABLO "SOCIALISTA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la oposición a la utilización del nombre "Partido Socialista Unificado" limitándose a valorar los alcances del vocablo "socialismo", sin tomar en cuenta la incidencia del vocablo "unificado",acerca del cual los accionantes expusieron un serie de razones con apoyo en normas de las leyes local y nacional.
Retiro militar, haber de retiro, confiscatoriedad, beneficios previsionales, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Grassi, Osmar Tomás c/ Instituto  de  Ayuda  Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Mililitares. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Debe aceptarse, siempre que no sea confiscatoria, la disminución del monto del retiro militar si circunstancias excepcionales así lo hubieran aconsejado, ya que no existen derechos adquiridos con relación a los montos de las prestaciones de la seguridad social.
Recurso de inconstitucionalidad, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dalmau, Martín y Montivero Torres, Victorio R. c/ Margarita Mosso de Cassale s/ Acción ordinaria - Inconstitucionalidad (Libro: S054-135)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-08-04

El hecho de que la resolución aclaratoria de la sentencia dictada en término, se haya expedido cuando había expirado el plazo fijado por la ley 1547, no autoriza a sostener que aquella se haya pronunciado fuera del plazo acordado por dicha ley.
Depósito judicial, consignación judicial, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., B.A. y Otro c/ M., S.E. s/ Demanda por Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-11

Si la sentencia aprueba la conducta procesal del deudor al consignar, no tiene sentido que postergue la eficacia del pago hasta el momento ulterior en que se la dicte, con toda la agravación de la responsabilidad del deudor que de ello derivaría en el lapso que vaya desde el depósito al pronunciamiento judicial, agravación esta donde mucho cuenta el devengamiento de nuevos intereses.
Modelos y diseños industriales, acción reivindicatoria, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MAZZARELLA, VICTOR LUIS c/ LOTERIA NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Dada la disparidad de criterios con respecto a la imposición de costas, atento a las particularidades que la causa, resuelvo rever mi posición respecto a este tema y propongo, en la misma forma que el Dr. Amadeo, que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado.
Robo con armas, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

En el robo con armas se requiere que el medio utilizado como arma sea tal por aumentar efectivamente el poder agresivo del atacante, no siéndolo por consiguiente, un elemento que -aún habiendo sido fabricado originalmente como arma, no lo es por carecer de municiones o presentar defectos esenciales que hacen a su funcionalidad. (DEL VOTO DEL DR. FRANCHINI)
Recurso de casación, depósito previo, litisconsorcio activo
Materia: PROCESAL
Carátula: CECILIA HUGO ROBERTO Y OTROS c/ DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE TUCUMAN s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-14

El depósito previsto en el artículo 817 del CPCC, como uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, tratándose del caso de los litisconsortes activos recurrentes, la sentencia lo reputó debidamente cumplido, en la manera en que fue realizado en la especie, esto es, uno por cada uno de los coactores integrantes del litisconsorcio activo facultativo y, en consecuencia, atento al resultado que se arribara, se dispuso la pérdida de cada uno de ellos en la proporción de ley.

Resulta oportuno destacar que lo normado por el aludido artículo 817 que, en el supuesto que el recurso de casación intentado no fuere favorable, la parte recurrente "...lo perderá en la proporción del cincuenta por ciento a favor de la otra parte y del cincuenta por ciento con destino a las bibliotecas del Poder Judicial...". En consecuencia, siendo contenido expreso de la sentencia de fs. 764/773, tanto en su motivación como en su parte resolutiva (punto I), todo lo atinente al depósito exigido por el artículo 817 en lo referente a la suficiencia de su constitución en la especie y al destino final del mismo, es improcedente "la devolución de depósitos" que se peticiona en la aludida presentación.
Incidente de caducidad, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: A. M. V. c/  s/ autorización para radicar a la menor C. B. A. en otra provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-08-23

Corresponde hacer lugar al planteo de caducidad de instancia incoado por la actora, dado que los presupuestos exigidos para que opere la caducidad en el caso se encuentran debidamente cumplidos.
Tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Credil SRL  c/ Peppi Carolina  s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-29

La SCBA ha tenido oportunidad de señalar que el art. 25 de la ley 13.133 exime al peticionante de toda "imposición económica" razón por la cuál el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que cabe concederlo con alcance análogo al del beneficio de litigar sin gastos, respecto a que exime de todos los gastos y honorarios (S.C.B.A., Ac. 106.568 del 26-10-2010)
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, José D. c/ Municip. de San Isidro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

A la luz de las disposiciones del Código Civil sobre derecho sucesorio (arts. 3279, 3417 y 3420), todas las obligaciones de fuente no contractual se transmiten por causa de muerte, incluido el derecho a reclamar los daños sufridos en su patrimonio por hechos ilícitos entre los que se encuentra, obviamente, la cesantía ilegítima (art. 1056 C.C.). Sobre todo, porque continuando la persona del difunto el heredero puesto en posesión de la herencia art. 3417 C.C.), rige en el caso el principio consagrado en el art.

92 de C.P.C.A. de conformidad al cual "los actos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo..." (conf. art. 511 C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Seg. Social para Odontólogos c/ Asoc. Mutualista de Empleados del Banco Pcia. de Bs. As. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-20

La excepción de inhabilidad de título, sólo puede fundarse en las formas extrínsecas del título base de la ejecución, pudiendo únicamente referirse a que el mismo no encuadra en la enumeración legal; que no contenga una obligación de dar una suma de dinero líquida y exigible, que quién pretende ejecutarlo no es titular del mismo y, finalmente, que la acción se dirija contra quién no resulta deudor de la obligación.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fragnul c/ Arazi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

El llamado "derecho" de los jueces a la inmunidad mientras dure su buena conducta -(la que ha de presumirse en tanto el Jurado respectivo no establezca que dejó de haberla)-, en realidad, no es disponible por ellos: se trata de una necesidad funcional en cuyo respeto se encuentra sensiblemente interesado el orden público.

Y aunque la atribución del art. 336 CPCC debe ejercerse con máxima restricción (porque el rechazo liminar de una demanda puede poner en riesgo la garantía constitucional de acceso a la justicia), ha declarado la Suprema Corte que dicha norma significa que el juez puede asumir un concreto contralor de los presupuestos procesales, es decir, requisitos de procedibilidad de la pretensión.
Recurso extraordinario, admisibilidad formal, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: CÁCERES ROJAS CARLOS c/ EMPRESA LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD INCULPABLE Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL -  RECURSO EXTRAORDINARIO GODOY ERMINIO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD, ETC. - RECURSO EXTRAORDINARIO RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-30|2009-05-20

Es condición de procedencia formal del recurso extraordinario que la sentencia apelada revista el carácter de definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48. Son consideradas sentencias definitivas, las que ponen fin al pleito o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

El fundamento de tal exigencia se basa en la naturaleza excepcional del recurso extraordinario que sólo debe dirigirse en contra de una decisión final del pleito en el cual se encuentre oportunamente planteada la cuestión federal, para que el Máximo Tribunal pueda dirimir en él, en última instancia, manteniendo así la supremacía constitucional.