marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, carácter alimentario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I.C.E.S. S.A.C.I.I.F. c/ Dirección Provincial de Vialidad de Formosa s/ Demanda  contencioso administrativa - Incidente Ejecución Sentencia   regulatoria  de honorarios. Vialidad de Formosa s/ Demanda  contencioso administrativa - Incidente Ejecución Sentencia   regulatoria  de honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-08-11

El carácter de alimentarios, de los honorarios regulados en autos, no resulta obstáculo a efectos de la aplicación de deudas del Estado Provincial.
Contrato de trabajo, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: "Ledesma,  Alberto Antonio c/ Adecco Recursos Humanos Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

En el caso, el actor pretende un resarcimiento por "acoso moral", arguyendo haber sido objeto de "burlas" por parte de personal jerárquico de la accionada. En este sentido la "jefa" del actor le manifestaba que se encontraba realizando gestiones para su reincorporación, y cuando éste se retiraba, se burlaba delante de otros trabajadores asegurando que jamás volvería a trabajar. Estos hechos en modo alguno tipifican una figura de "acoso laboral", ni implican la comisión de un acto ilícito, de allí que deba desestimarse el reclamo.
Procesos de ejecución, subasta de inmuebles, dominio libre de gravámenes, transmisión del dominio, depósito judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ RODRIGUEZ CANEDO, EDUARDO ALBERTO. s/ JUICIO EJECUTIVO-SUBASTA DE INMUEBLES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-31

Si bien el adquiriste en subasta debe recibir el bien libre de gravámenes, corresponde precisar que ello no lo faculta a retirar fondos por sumas superiores a las deudas informadas en el expediente, ni lo legitima para reclamar el pago de aquellas no informadas por los organismos oficiados, pues su interés en la cancelación de las deudas que registra el bien adquirido, solo lo autoriza a solicitar su liberación respecto de las obligaciones que gravaban la cosa antes de que entrase en posesión y se disponga la inscripción del bien a su nombre como libre de toda deuda (ley 22427: 2 y 3 y cpr: 398 in fine y 576-3°), máxime, cuando -como en el caso - al suministrar el estado de deuda la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires consignó expresamente, que cualquier diferencia, reajuste o deuda pendiente seria a cargo de quien haya estado en posesión del bien en esa fecha, con la salvedad de lo dispuesto por la ley 22427, art. 5.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, vista al fiscal, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PEREZ CAMINO, OVIDIO RAUL s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

El acto de declaración indagatoria es una garantía de raigambre constitucional, instituida básicamente para que el procesado ejerza su derecho de oposición formal y sustancial, a las imputaciones que se le dirigen.

La declaración indagatoria vertida por el encausado a su solicitud, constituye el legítimo ejercicio del derecho a la defensa en juicio, en tanto que en dicho acto se limitó a efectuar descargos tendientes a aclarar los hechos ilícitos que le reprocha la querella. Valorarlo como un hecho interruptivo del curso de la prescripción implicaría conculcar en forma ostensible aquellos principios constitucionales.

Tampoco constituyen actos interruptivos las diversas vistas otorgadas al Fiscal y pericias ordenadas, dado que no alteran la situación procesal del encausado.
Plan de parentalidad, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Cangelosi Daniel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

En la aplicación de lo dispuesto por la ley 24270, tal como lo disponen las leyes provinciales 12061 y 11922, sólo el fiscal debe intervenir en la instrucción, incluso en su faz cautelar, incumbiendo privativamente al juez de garantías resolver en forma provisoria o definitiva acerca del régimen de visitas que deba adoptarse.
Prescripción decenal, crédito por honorarios, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Olga del Valle Pérez de Rivera c/ Juan Adán Barreiro s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 40747/99 Ordinario por Cobro de Pesos Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 40747/99 Ordinario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-02-07

Los trabajos extrajudiciales son equivalentes a la locación de obra intelectual, no habiendo razón para someterlos a un tratamiento distinto, y porque si se considera que la solución es objetivamente dudosa, el carácter restrictivo de la prescripción lleva a preferir el plazo más extenso, lo que significa que la prescripción aplicable es la ordinaria del artículo 4023 del Código Civil.
Procesos de ejecución, sentencia de trance y remate, fiador, avalista
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAYSER SA c/ CHAVANNE, JUAN Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Resulta improcedente que uno de los ejecutados apele la sentencia de trance y remate con base, -como en el caso-, en que la inexigibilidad de la deuda en el concurso del afianzado implica el rechazo de la ejecución contra los fiadores. Ello pues, el aval, no obstante que su fundamento es la garantía, constituye un acto jurídico unilateral, abstracto y completo de naturaleza cambiaria, que obliga en forma autónoma, distinta y personal al avalista para el pago de la obligación caratular. En otros términos, el aval a pesar de constituir una garantía no es esencialmente accesoria de la obligación de otra persona sino que asume la deuda como propia con carácter impersonal absolutamente objetivo y autónomo, no requiriendo la validez de la firma avalada; por ello es obligación de garantía pero de garantía cambiaria, nada tiene que ver con la fianza donde priva la dependencia con la relación jurídica principal por cuanto la obligación del avalista es autónoma en sustancia y accesoria formalmente (Cámara, Héctor, "Letra de Cambio y Vale o Pagare", Pág. 121/123, Ed. Ediar, 1972, Bs. As.).
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ, JUAN ESTEVAN c/ JOSE LUIS ATIA Y/O TODO OTRO OCUPANTE. s/ DESALOJO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-07

Si al contestar la demanda el accionado no desconoce la calidad de propietario del actor para formular la demanda de desalojo, se torna formalmente improcedente por ser extemporáneo, agraviarse en la apelación por falta de legitimación activa, aduciendo la no acreditación de la calidad de dueño del inmueble litigioso.
Empleo público, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lupa, Susana Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

La buena fe-lealtad es un principio rector en las relaciones profesionales que se dan entre autoridades y empleados de una institución. Casi intangible a la valoración de quienes no pertenecen a la misma, hace a su esencia, por lo que, apreciar la buena o mala fe que hubiese existido en la comisión de una falta, es propio y exclusivo del órgano administrativo competente y sus conclusiones escapan a la censura judicial mientras no quebranten los límites impuestos por la reglamentación respectiva o se incurran en patentes desvíos lógicos.
Trabajadores de la salud, kinesiólogos, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: GATICA, EDGAR ISAIAS. c/ TRAUMATOLOGIA DEL COMAHUE S.R.L. s/ DESPIDO POR FALTA PAGO HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-18

La demandada debía probar que el actor era un empresario, es decir que tenía una organización propia productiva o de prestación de servicios, con los elementos económicos, técnicos y personales indispensables para diferenciarse y actuar con independencia de su organización (conf. López, Justo, Centeno, Norberto, Fernández Madrid, Juan C., "Ley de Contrato de Trabajo, comentada", t. I, p. 271; CNAT Sala X, causa "Mayer, Eliane c/ Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva y otro"), lo que de ningún modo ha logrado.
Condómino, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Pacheco, Miguel Angel y Laura Jova Aldana s/ Divorcio-Art. 67 bis Ley 2393-Hoy conversión Divorcio Vincular II  Cuerpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-27

La promesa de venta de cosa ajena es válida, sin que se opongan a ella los arts. 1329 y 1331, Cód. Civil; al contrario, el caso está reglado por los Arts. 1162 y 1177 del mismo código; y con respecto a la condición del condómino que promete la venta, el hecho de que uno de los condóminos prometa en venta la totalidad de la cosa común, debe interpretarse como que se ha obligado a obtener la ratificación de los otros copropietarios (Arts. 1177 C.C.), por lo cual procede condenarlo a escriturar, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños sufridos por la contraparte si ello fuera imposible.
Contrato de caja de seguridad, carga de la prueba, presunciones, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL
Carátula: Besse Carlos Enrique Y Otro c/ Standard Bank Argentina S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

En caso de robo o sustracción del contenido de una caja de seguridad, para probar su contenido resultan admisibles las llamadas pruebas compuestas, que consisten en la combinación de pruebas simples (indicios) que, consideradas aisladamente, no hacen prueba por sí solas, pero consideradas en conjunto llevan a un grado de convencimiento mínimo pero suficiente para tener por acreditado el contenido de la caja.
Deudas impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, Obras Sanitarias de la Nación, intereses, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: O.S.N. c/ EMILIA IRMA FRIEBOES DE BENCICH Y OTRO. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO-  PROCEDENCIA-  EJECUCION  FISCAL- INTERESES-  MORA- DEPRECIACION- MONETARIO- INTERPRETACION DE LA LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-24

Teniendo en cuenta la magnitud que alcanzan los accesorios calculados por la aplicación simultánea de las leyes 20.324 y 21281, corresponde adecuar la tasa de los que prevé el primer ordenamiento, ante la circunstancia de que el capital al que acceden se encuentra sujeto al régimen de actualización monetaria establecido en el segundo.

Ello así, pues admitir lo contrario conduciría sin más a que se configure una lesión constitucional al derecho de propiedad al derecho de propiedad, máxime si se considera que la tasa de los intereses y recargos de la ley 20.324 fueron derogados por la ley 21.281.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia laboral, competencia civil
Materia: LABORAL
Carátula: Echenique, Enrique Salomon c/ Vitivinícola Venado S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-06-30

De acuerdo al art. 16 de le Ley 24.028 el damnificado en un accidente laboral goza de dos posibilidades excluyentes: ampararse en el régimen especial de la Ley de Accidentes de trabajo, cuyo factor de responsabilidad se basa en el riesgo profesional y no es menester probar la culpa del patrón para recibir solo una indemnización tarifada; o bien, ejercitar la acción civil que puede fundarse en un factor subjetivo de responsabilidad civil, donde deberá probar la culpa o dolo del empleador. Si se dan los presupuestos establecidos en el art. 1113 c.c. podrá fundarse en la responsabilidad objetiva.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, competencia, excepción de incompetencia, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan Carlos Portel c/ Banco Finansur S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B - 91452/02 Ordinario por daños y perjuicios. L.A.N 46, F 1168/1169, N 467. Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B - 91452/02 Ordinario por daños y perjuicios. L.A.N 46, F 1168/1169, N 467.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-10-22

El Superior Tribunal de Justicia ha dicho que, las decisiones que rechazan una defensa de incompetencia, no constituyen sentencias definitivas, ni pueden causar a priori un gravamen de imposible reparación ulterior (L. A. Nº 44, Fº 873/875, Nº 397; L.A. Nº 45, Fº 921/922, Nº 404;); y que, no basta con invocar meras conjeturas sobre la posibilidad de sufrir un perjuicio, sino que debe demostrarse acabadamente que el agravio resulta irreparable (L.A. Nº 40, Fº 810/829, Nº 290).
Acción civil por accidente de trabajo, prescripción, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Cabrera, Teresa del Cármen c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-10-02

La resolución judicial que resuelve la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada sin analizar, a los fines de establecer el inicio del cómputo del plazo de prescripción previsto por el Código Civil -artículo 4.037-, el momento en el cual la actora conoció la magnitud del daño sufrido como consecuencia del accidente de trabajo no resulta un acto jurisdiccional válido pues tal daño fue invocado como fundamento de su reclamo indemnizatorio en concepto de daños y perjuicios con sustento en normas de derecho común, dirigido en contra de la Asegurada de Riesgos del Trabajo contratada por su empleador.
Incapacidad permanente, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrios Claudio Nelson c/ Galeno Art SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-22

El monto de la prestación mensual a la que resulta acreedor el actor en virtud de la magnitud de su incapacidad y su significativo grado invalidez, deberá ajustarse en los distintos períodos de acuerdo a lo normado en el decreto 1694/09, en tanto establece que "...la prestación adicional de pago mensual prevista en el artículo 17, inciso 2, de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, se ajustará en la misma proporción en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, modificado por su similar N° 26.417.". De este modo, los valores mensuales deberán ajustarse -desde la fecha del infortunio y hasta el eventual deceso del actor- a lo que establezca la normativa que rige en la materia. Y el cómputo de intereses deberá efectuarse desde el momento que se produjo el evento dañoso, máxime cuando, en accidentes traumáticos como los de autos, la mora se produce automáticamente, esto es, ni bien sucede el hecho generador del daño.
Daños y perjuicios, accidente de aviación, muerte de un pasajero, aeropuertos provinciales, seguros, citación en garantía
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Fabro, Víctor y otra c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

En los términos del art. 118 del decreto 17.418/67, la condena por los daños y perjuicios resultantes de la muerte de una pasajera al descender de una aeronave en un aeropuerto provincial "no controlado" debe hacerse extensiva a la citada en garantía.
Levantamiento de medidas cautelares, procesos de familia, vínculo filial
Materia: PROCESAL
Carátula: S. L. M. c/ P. O. V. s/ Inc. apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-06

Mal podríamos en esta instancia, proceder a ordenar el levantamiento de la cautelar en este expediente, cuando el objeto de dicho levantamiento es la revinculación con su hijo, la que, en este estado y conforme las constancias de autos, no estaría en condiciones de producirse. Por otra parte, se encuentra en trámite el régimen comunicacional en el que, específicamente, se va a decidir la revinculación entre ambos, y, consecuentemente, el oportuno levantamiento de la cautelar.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diez de Chicar L.A. c/ Duarte Arroyo y otr. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Si el semáforo existente en la bocacalle funcionaba, no probado el estado de su secuencia en el instante de choque ni, por ende, cuál de los protagonistas violó la prohibición indicada con luz roja, es superfluo analizar las velocidades de los choques, la localización de los estropicios, o la procedencia desde la derecha. La prioridad de paso tiene eficacia en las bocacalles solamente faltando "las indicaciones del agente que dirige el tránsito o las que sean dadas por aparatos mecánicos de señales o señales fijas" (art.71, párr.1º, ley 5800), por lo que, habiendo un agente que dirige el tránsito o un semáforo al mismo efecto, debe ser obedecido con abstracción de la ubicación relativa de los rodados. Las velocidades y estigmas del choque, tienen un valor indiciario en algunos casos, pero son por completo inútiles mediando ordenadores luminosos, porque de nada vale estar más adelantado en el cruce, o avanzando a escasa velocidad, para quien el semáforo prohíbe todo movimiento. Si no se probó, pues, quién avanzó con luz roja y quién con luz verde, nadie probó la culpa ajena eximente de la propia responsabilidad, por lo que ésta, basada en el riesgo creado, emerge en plenitud.
Juicio ejecutivo, suspensión del proceso judicial, vivienda, vivienda económica
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TECNOFORMA  S.A. c/ URIONA DE BARRAGAN, T. s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

La suspensión del trámite de un juicio ejecutivo solicitada por el co-ejecutado garante del adquirente de la vivienda económica, con base en las disposiciones de la ley 23073, es procedente por los amplios términos con que la ley mencionada y su reglamentación (dec 3423/84) y modificación por la ley 23265, han procurado tutelar las relaciones negociales que tengan por objeto la compra de lotes destinados exclusivamente a la edificación económica para la habitación única y permanente, toda vez que el propósito perseguido por el legislador, tendiente a salvaguardar el interés social comprometido en el ámbito de la determinación de los precios de unidades habitacionales de modesta condición, ha creído necesario extender la protección más allá del vínculo contractual originario (dec.3423/84:1 y Ley 2373:31-b, después de la modificación por la ley 23625).
Honorarios, regulación de honorarios, mediador, conciliación, aplicación de la ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Burgos, Angie Stephanie c/ Banco Santander Rio SA y Otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

A través de la resolución conjunta de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Justicia (nros. 47/2015 y 41 /2015), se estableció la unidad de referencia (UDR) como unidad de medida para la determinación de los márgenes de aplicación y las sumas a ser abonados a los conciliadores (art. 1), fijándose su equivalencia en el uno por ciento del salario mínimo vital y móvil (art. 2). Se determinó también allí el honorario básico a cargo del Fondo de Financiamiento -para el caso de conciliadores designados por sorteo y cuando la conciliación finalizare en un modo que no implique acuerdo-, en 7 UDR (art. 4-b). Y ratificó el derecho del conciliador a cobrar el honorario total en el supuesto previsto por el Decreto 202/15: 7 (Res. Conjunta. Anexo II, pto. I b). En ese contexto y establecido entonces por la Autoridad de Aplicación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a través de la referida resolución conjunta- la forma según la cual deberán calcularse los honorarios del conciliador, no existe óbice para que tales estipendios sean establecidos en esta sede judicial, máxime si, con excepción del cobro del honorario básico, el plexo normativo bajo análisis no habilita ninguna vía para canalizar la percepción del honorario total -tasado-.
Servicio público, actividad comercial, recurso de inaplicabilidad de ley, comerciante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

Es reprobable que la empresa de telefonía no pruebe las razones que imposibilitaron el servicio oportuno (en el caso se dijo era relativo a la existencia de cupos y plantel disponible en la zona), y que se limite a negar que pese sobre ella una obligación temporal de llevar a cabo un servicio de este tipo pedido por un cliente suyo, pasando por alto la normativa sobre las condiciones en la que debe prestar el servicio, entre otras el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, o el sistema de medición de calidad documentado, de donde surge que el cumplimiento tempestivo de sus obligaciones, no es una potestad discrecional de las prestatarias.
Regulación de honorarios, división de condominio, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Víctor c/ Rosa Perez s/ Divorcio Condominio (LIBRO: A079 - 162)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-14

Resulta inadmisible la pretensión del recurrente de que se regulen honorarios de conformidad al art. 10 de la L.A., como si se tratara de un juicio cuyo objeto no puede ser valuado, pues nos encontramos ante una acción por división de un bien común, caso específicamente contemplado por la ley arancelaria en su art. 9 inc. b), que establece que la base regulatoria está constituida por el valor del bien, conforme el art. 5 del mismo cuerpo legal o la cuota o parte defendida, según los supuestos contemplados.-
Declaración indagatoria, autos, resoluciones irrecurribles, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: MANCINI, LUIS A. s/ RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

El auto que provee sobre la pertinencia de la recepción de la declaración indagatoria es irrecurrible, pues el procesamiento es cuestión que depende de la discrecionalidad del órgano jurisdiccional.
Designación de jueces, subrogancia del juez, vacío legal, facultades del Poder Legislativo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

La ley 26.080 ha generado un vacío legislativo quitándole sustento legal a la competencia otorgada al Consejo en cuyo ejercicio éste aprobó el régimen de subrogancias por lo que resulta impostergable y de suma urgencia que el Honorable Congreso de la Nación establezca el marco legal bajo el cual habrá de funcionar en lo sucesivo el sistema de subrogancias (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Concurso preventivo, efectos de la apertura, fuero de atracción, laudo arbitral, acción de nulidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS MIRON SA c/ SA EMERGOMACHEXPORT s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Si bien el carácter de actor del concursado, en la acción que interpuso por nulidad de un laudo arbitral -emitido por el tribunal de arbitraje general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires-, en el que fue condenado al pago de una suma de dinero, enerva la aplicación del fuero de atracción a dicha causa, es aconsejable que sea el juez del concurso el que intervenga en la referida acción de nulidad, ante la posibilidad de que el crédito en cuestión sea insinuado en el pasivo.