marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal de casas particulares, aplicación de la ley, jornada de trabajo, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VELARDEZ JOVITA DELFINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-04-16

El estatuto del servicio doméstico, contenido en el decreto 326/56, establece que no será de aplicación para quienes trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador. No habiendo probanzas concretas del horario cumplido, ni de la concurrencia habitual de cuatro días semanales, no se llena la carga de la prueba de que trabajaba cuatro días a la semana y más de cuatro horas por día.

No estamos en presencia de un contrato de trabajo en el marco del estatuto del servicio doméstico. Si bien es verdad que existe una nota que alude a sueldo mensual, ella debe analizarse dentro del contexto y, si no existía contrato de trabajo doméstico por no llenar los requisitos legales, tomarse dicha expresión como equivalente de retribucióno pago de contraprestación dentro de una locación de servicios que incluía concurrencia en días no hábiles, o en horario nocturno, como allí mismo se lee.

La importancia que tiene determinar qué clase de vínculo unía a las partes, se relaciona con el hecho de que, en ausencia de un contrato de trabajo, se vuelven improcedentes, y corresponde por ende el rechazo del preaviso, la antigüedad, las vacaciones y el aguinaldo, que se hallan previstos en una norma inaplicable.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEJANDRO DANIEL FERNANDEZ VECINO Y OTROS s/ ACCION  DE AMPARO. LEGISLADORES PROVINCIALES. RECURSO EXTRAORDINARIO  - TRAMITE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Si con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia del Chubut dispuso conceder espacios dentro de la programación del Canal 7 T.V.L.U. 90 de la Ciudad de Rawson, para que los integrantes de los distintos bloques de diputados que componen la legislatura local se expresaran acerca de la labor parlamentaria, el alcance que cabe asignar a esas constancias constituye materia ajena a la jurisdicción apelada del Tribunal, pues la intervención de la Corte Suprema, fuera de los demás supuestos previstos en el art. 24 del decreto-ley 1285-58, se encuentra limitada al recurso extraordinario concedido, de conformidad con lo prescripto por el art. 14 de la ley 48.
Interdictos posesorios, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Juan Isidro c/ Dalesandri, María Teresa s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-13

Las ordenes de autoridaes judiciales no importan, como norma de principio, actos de turbación de la posesión que autoricen la medida prevista por el art. 607 del C.P.C.. En consecuencia la promoción de un interdicto de retener no puede impedir el cumplimiento de una sentencia de desalojo regularmente dictada y que causa ejecutoria.

Minoría u opinión personal)
Defensa en juicio, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Transportadora  de  Gas  del  Norte  S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas -Resol. Enargas 19/93
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20

No se vulnera el derecho de defensa del art. 18 de la C.N. cuando el interesado no indica las defensas de que se habría visto privado a consecuencia del trámite administrativo que objeta; máxime que cualquiera sean las omisiones observables en sede administrativa, en el caso las mismas no obstaron para que la parte afectada alegara y probara lo pertinente en la instancia judicial (Fallos: 305: 831).
Transporte de carga por agua, Ley de Navegación, responsabilidad del transportador, dispensa de la culpa, obligaciones del transportador, verificación de la carga
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

En la sección 5a. No hay ninguna disposición que releve al buque de la obligación esencial de "cuidar que sus bodegas...Estén en condiciones apropiadas" para recibir, conservar y transportar las mercaderías (art. 270, Inc. C), forzoso resulta concluir que esa obligación -de rango esencial en el contrato-no podía ser delegada en el cargador, ya sea por convenio (sancionado con la nulidad absoluta por el art. 280) ya fuere por aplicación de un supuesto uso portuario cuyo carácter contra legem habría sido en todo caso indiscutible (art.

17, C.C.). No parece ocioso añadir que el pretendido traslado de responsabilidad del buque al cargador vendría a obrar como una suerte de dispensa de la culpa que desnaturaliza por completo el contrato en un aspecto esencial el cuidado y conservación de las mercaderías. Y, en tales condiciones, es doctrina uniforme en el derecho privado que una cláusula de esa especie -que en el caso surgiría tácitamente, según el a quo, de la participación de la sociedad de control-carece de validez por ser contraria al principio rector del art. 953 del Código Civil. Como señala Borda, no puede quedar librado al arbitrio del deudor el cumplimiento de la obligación, lo que no está en el espíritu de la cláusula de dispensa de la culpa.
Empleados públicos, salarios caídos, leyes, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cejas, José Gerardo Cirilo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 210-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

El criterio de interpretar que el reconocimiento legal se integra con un límite temporal relativamente breve derivable del propio régimen jurídico, es el que mejor contempla el título jurídico que lo justifica -en el caso, el resarcimiento por daño a raíz de actuación ilegítima de la Administración-. En consecuencia, corresponde el rechazo de la pretensión de pago de los haberes caídos que ejerce el recurrente, puesto que, como también lo dijo la Corte Suprema nacional ("lo común es que las personas capaces logren emplear su tiempo en otra labor retributiva -Figueroa c. Loma Negra", 4.9.1984-) y, en igual sentido, la Corte provincial (al recordar el carácter profesional de la relación, o sea, constituyendo el modo habitual de lograr medios de vida), no puede presumirse que haya estado sin actividad o desenvolviendo actividades no productivas.
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso, agravio concreto, grupos de riesgo, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: La Paz Calderón, Julio Héctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

Corresponde declarar inadmisible la vía intentada, pues en el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a aducir defectos de fundamentación solo a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso, en particular de aquellas que el a quo considero relevantes y determinantes para rechazar la morigeración de la detención. Los magistrados meritaron que, si bien el encausado forma parte del grupo de personas consideradas vulnerables frente al COVID-19, se dispusieron puntuales medidas de prevención y protección destinadas al cuidado de su integridad personal dentro del ámbito penitenciario. Ponderaron, que en el CPF VI "Luján de Cuyo", "el pabellón destinado a ex funcionarios y a imputados y condenados por delitos de Lesa Humanidad cuenta con veinticuatro (24) cupos, hallándose cubiertos hasta la fecha sólo dos (2)". Así "una unidad carcelaria cuya ocupación actual asciende al 8,3% de la reglamentaria, aparece como un contexto que permite extremar las medidas tendentes a evitar contagios". El voto concurrente sostuvo que el otorgamiento del arresto o la prisión domiciliaria constituye una decisión que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión. El a quo rechazó el pedido de manera fundada y coherente con la grave situación actual. Es del caso recordar que en la reciente recomendación efectuada por esta Cámara (punto 3 de la Acordada 9/2020), se aconsejó: "Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso", situación que resulta aplicable al caso aquí analizado, pues La Paz Calderón fue condenado a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por delitos calificados como crímenes contra la humanidad por haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil durante la última dictadura. Además, el a quo, evaluó que las patologías de La Paz Calderón son adecuadamente tratadas en la unidad en la que se encuentra y que la medicación que requiere le es provista periódicamente. Dres. Carbajo y Hornos -por su voto-.
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Y., J. de la C. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-16

La Corte declara irrevocables los actos administrativos que reúnan las siguientes condiciones: 1) que no sean actos discrecionales, sino cumplidos en ejercicio de facultades regladas; 2) que no se trate de actos que contemplen intereses públicos, sino declarados derechos subjetivos, es decir con referencia a intereses privados y 3)que sean actos regulares, en cuanto a la competencia y forma de ellos, incorporando a éstos aún los vicios por error. El fundamento de esta declaración de irrevocabilidad finca en que constituyen actos administrativos jurisdiccionales, que tienen en su favor la estabilidad propia de todo acto con fuerza de cosa juzgada.
Prisión, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Tortora, Daniel Eduardo y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, pago, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Unisys Sudamericana S.A. c/ E.N. y Otros s/ contrato administratvo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Efectuada que sea por la parte actora la elección de la forma de pago prevista en la ley 23.982 y el decreto 2140/91, quedará de pleno derecho determinada la tasa de interés aplicable desde la fecha de corte.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ, FERNANDO ARIEL. c/ BIDEVICH, MAURICIO ALBERTO Y OTRO. s/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18

Corresponde modificar la sentencia de la instancia de grado que eximió de responsabilidad al conductor de automóvil que giró su vehículo a la izquierda cuando pretendió estacionar e impactó en la parte trasera de una motocicleta que realizó una maniobra de esquive para sobrepasarlo, ya que el artículo 1113 del Código Civil, pues no se ha acreditado que el accionar del actor -conductor de la moto- haya incidido causalmente en la provocación del daño: y afirmo esto porque la causa ignorada o desconocida en punto a la mecánica del hecho no es un eximente de responsabilidad; al responsable no le es suficiente con hacer suponer o presumir que la víctima tuvo la culpa de lo ocurrido: de ahí la verdadera trascendencia de la concepción objetiva de responsabilidad, que sólo desaparece cuando la eximente ha sido acreditada certera y claramente.
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Vidal, Néstor Edgardo c/ Telecom Argentina Stet-France s/ Indemnización por Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-09

El daño moral en principio, se encuentra comprendido en la indemnizacion tarifada, y sólo excepcionalmente, cuando se injuria o se agravia gratuita e innecesariamente al trabajador, debe responderse y repararse el daño. El cambio de la cerradura, el mismo día del despido, en modo alguno puede considerarse como un daño resarcible jurídicamente. Si bien podrá cuestionarse dicha actitud, al ser anticipada al despido -aunque el mismo día-, no alcanza la entidad necesaria como para invocar daño moral indemnizable. Si el cambio de cerradura hubiera sido divulgado, como una forma de desacreditar al actor, públicamente podría haberse considerado tal circunstancia.
Notificación de la sentencia, recurso in forma pauperis
Materia: PENAL
Carátula: Conforti, Christian Pablo s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-25

Si bien consta que el imputado manifestó su deseo de no estar presente al momento de la lectura de los fundamentos de la sentencia, ello no puede entenderse como una renuncia a conocer los motivos que dan basamento a lo resuelto, y debe anularse el pronunciamiento que denegó el recurso in forma pauperis por haberse computado, erróneamente, el plazo para articular recursos procesales a partir de la notificación al defensor y no desde el momento en que la sentencia fue comunicada personalmente al imputado. (Dres. Diez Ojeda, Hornos, González Palazzo).
Contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laguagua S.R.L. c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

Dimana del art.1198 del Cód.Civil que el principio de buena fe ha de regir a los contratantes, no solamente a la hora de celebrar o a la de ejecutar el contrato, sino también a la de interpretarlo; eso es buscar e indagar la voluntad común de las partes expresada en esa "ley de partes" (art.1197 Cód.Civil) a la luz de la "buena fe -probidad".
Libertad sindical, fuerzas de seguridad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

El derecho de sindicalización del personal de las fuerzas de seguridad no confronta con valores constitucionales tales como la paz interior, la seguridad de las personas o el orden público (Disidencia del juez Rosatti).
Pagaré no protestado, vencimiento del plazo, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: GENTA MACCHI, J.U. c/ KRAFT, Guillermo s/ Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

El protesto tiene por finalidad intimar de pago y acreditar el resultado negativo de ese pago, colocando en mora al deudor (conf., L.L., 1975-614, N:71.585). En el mismo sentido tratándose de un pagaré con vencimiento a fecha determinada, no protestado, no basta el mero vencimiento del plazo para constituir en mora al deudor sino que debe, además, presentarse el documento (conf.C.N.Com., Sala C, abril 29-1985, E.D. 116-547).
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna, obligaciones de dar sumas de dinero, división de poderes, control de constitucionalidad, reformatio in pejus, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rosillo Sacramento, Nelba Guillermina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

La referencia expresa que hace el art. 31 de la CCBA a la resolución progresiva de la problemática habitacional consolida el compromiso constitucional del Estado de generar, sin solución de continuidad, políticas públicas orientadas a la satisfacción plena del derecho a la vivienda adecuada (voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, crédito laboral, quiebra, concursos, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Una sentencia que consagra una interpretación que torna inoperante el privilegio reconocido por la ley de crédito laboral, es descalificable por no constituir derivación razonada del derecho vigente. De esta manera se afecta el derecho de propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional) pues los créditos contra la empleadora constituyen derechos incorporados al patrimonio del trabajador.
Intereses, actualización monetaria, tasas de interés, intereses convencionales, intereses usurarios
Materia: CIVIL
Carátula: INTEDIL. S.A. c/ CABELLO OSVALDO R. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

Es considerada ilegítima una tasa de intereses que exceda del 15% anual sobre sumas reajustadas ( conf. C.N.Civ. Sala E, E.D. 72-442;

Sala C, E.D. 76-374). Es francamente usurario y por ende, susceptible de ser invalidado parcialmente el pacto de intereses punitorios establecido contractualmente, toda vez que el daño proveniente del retardo en la satisfacción del crédito ya se encuentra en jugada con la implementación del reajuste también previsto en el acuerdo, por lo que la tasa convenida no cumple sino una función meramente conminatoria y debe, por consiguiente, ser reducida a términos equitativos (conf. Llambías "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. II-A-pág. 232, Nro. 928).
Escritos judiciales, firma del letrado, falta de aclaración de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: SABBIONE ELSA IRIS c/ DI MUNZIO NICOLAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-25

Se tendrá por no presentado y se devolverá sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese (art. 57 del Cód. Procesal). La aplicación de esta norma debe hacerse con sumo cuidado dadas las consecuencias que trae aparejadas. No debe ser aplicada cuando si bien el letrado no está indicado en el encabezamiento su presentación surge al pie del escrito; como tampoco debe ser aplicada cuando a la firma le falta el sello y aclaración previsto en el art. 46 del R.J.N. La falta de aclaración de la firma -una vez que se hacía saber al juzgador que le pertenecía- no podría traer aparejada la falta de presentación, pues importa aplicar una severísima sanción a un incumplimiento reglamentario.
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morales, Bella S. c/ Pineda, F. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

De acuerdo a lo normado en el artº 40 de la ley 8904 para que se actualice el valor locativo del inmueble objeto de desalojo, el letrado debe ejercer su facultad legal antes de que el juez proceda a la regulación de honorarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.E. c/ Libertador S.A. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El art. 4032 del C.Civ. se refiere en forma genérica a honorarios y en sus apartados segundo y tercero, con relación específicamente a los honorarios judiciales, tampoco hace distingos acerca de quién sea la parte obligada a su pago.
Intervención de terceros, intervención obligada, jurisprudencia, partes del proceso, litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el fallo plenario "Balabona, Manuel c/Storzi, Daniel s/daños y perjuicios", del 4-3-92, al dejar sin efecto la doctrina plenaria "Carenzo, Julio Alberto c/Ortíz de Zárate, Isabel y/o propietario s/sumario" del 17-11-88, resolvió -por una escasa mayoría-, que no era factible dictar condena contra el tercero obligado que fuera citado al proceso a propuesta del demandado y que constituye con este un litisconsorcio pasivo facultativo.Es de destacar el voto de la minoría, que también es mi criterio, y que en síntesis establece que cabe condenar al tercero interviniente obligado, aunque fuere citado por el demandado, a fin de evitar un dispendio de actividad procesal, siempre que se encuentre salvaguardado el derecho de defensa. Asimismo en el cit. plenario el Dr. Roberto E. Grecco, por sus fundamentos, si bien adhiere al voto de la mayoría, sostiene que no le parece coherente que se deje sin efecto un plenario, para, en el mismo acto, volver a establecer una doctrina similar. La síntesis de la posición más afín a mi criterio,(por ser la más amplia) sería la manifestada por el Dr. Degiorgis, quien dice que, el legislador ha querido evitar la actividad jurisdiccional múltiple y el art. 96 del CPCC no distingue entre el tercero y los litigantes principales, el contrario de lo que sostiene la doctrina restrictiva, que modifica el alcance de la norma al excluir de los efectos de la sentencia al tercero que tuvo intervención plena en el proceso, habiéndose demostrado la responsabilidad total o parcial que le cupo; que el reparo que se formula referente a que no puede ser condenado quien no fue demandado, queda enervada, dado que la citación incorporó al tercero a la litis con la consiguiente extensión de la relación procesal originaria. Entonces, frente a dos interpretaciones posibles de un texto legal debe estarse a la que satisfaga en mayor grado los valores que se refieren a una buena administración de justicia, entre ellos el de agilidad y economía procesal.
Instrumentos públicos, redargución de falsedad, prueba documental
Materia: CIVIL
Carátula: DI PIETRO, Roberto c/ DAMONI, Angel y Otra s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-25

El art. 395 del Código Procesal se refiere a la redargución de falsedad de los instrumentos públicos acompañados en calidad de prueba documental, tal como surge de la ubicación de esa norma en la sección 2 del capítulo de "Prueba" (Sala C, 4/12/69, E.D.

37-129). También se ha declarado que con respecto a los instrumentos públicos que nacen a consecuencia del expediente (las notificaciones o actuaciones de los oficiales de justicia dentro del marco de sus funciones) la redargución de falsedad debe tramitar en la forma que establece el art. 395 del Código Procesal (Sala B 3/8/77, E.D.75-278).

Por su ubicación en el Código Procesal como por su sentido literal y su espíritu, es evidente que el art. 395 se aplica exclusivamente al juicio ordinario o sumario, es decir procesos de conocimiento contradictorios, con mayor posibilidad de debate y prueba y no a ejecuciones, en las que el ámbito cognoscitivo se encuentra restringido.
Recurso extraordinario de nulidad, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Eduardo José Delfín s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto resulta inadmisible al no reunir los requisitos propios de esta vía recursiva, ya que no se denuncia violación de los artículos 156 y 159 de la Constitución provincial ni se funda en el contenido normativo de dichos preceptos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)