Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 25 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1026/1035? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I.- Viene apelada la sentencia de fs. 1026/1035 por la cual el primer sentenciante hizo lugar a la demanda entablada por Ricale Viajes S.R.L. contra Diners Club Argentina S.A.C., por cobro de la suma de U$S 7.586,83, más intereses y resarcimiento por daño moral.

II.- La actora sostuvo al demandar que, como agencia de viajes integrante del IATA (International Air Transport Association), se dedica -entre otras actividades- a la venta de pasajes aéreos. Describió el procedimiento que se utiliza para venta con tarjeta de crédito y expresó que, en estos casos, no participa del sistema de pago sino que realiza las operaciones a través del número de comercio de la aerolínea, la cual sí se encuentra adherida al sistema, en tanto la actora sólo coloca su nombre en el formulario (UATP) para ser identificado a su número IATA. Ese formulario se entrega en pago a la línea aérea para que, por su lado, inicie el procedimiento contractualmente pactado. Sostuvo que existiría una relación de mandato con la aerolínea y una vinculación extracontractual con el resto del sistema.

Relató que, en ese contexto, habían sido rechazados seis cupones por tratarse de tarjetas falsificadas, pese a haber obtenido la autorización telefónica. Imputó exclusiva responsabilidad a Diners, en su calidad de administradora del sistema y única otorgante de las autorizaciones, atribuyéndole negligencia, por no haber cumplido con las obligaciones a su cargo a fin de detectar que se trataba de tarjetas adulteradas. Planteó, además, la inconstitucionalidad de la ley 25.561, art. 11 y decr. 214/02, arts. 1 y 8.

III.- Diners Club Argentina S.A.C. y de T. contestó demanda y opuso excepción de falta de legitimación activa. En cuanto al sistema de tarjeta de crédito aclaró que no tenía relación contractual alguna con la actora, por lo que ésta no se encontraba legitimada para efectuarle reclamo alguno, lo que sólo correspondería a la aerolínea. En cuanto al fondo del reclamo dijo que había rechazado los cupones por no haber tomado la actora los recaudos necesarios para comprobar la identidad del usuario, antes que la autorización. Aclaró que la autorización se otorga cuando la operación no supera los límites de compra, no se denuncia robo o extravío, o el establecimiento no requiere la intervención de Diners por el llamado "código 10", que supone dudas acerca de quien presenta la tarjeta. Pero explicó que ella no implica convalidar la autenticidad de la tarjeta ni la identidad del usuario.

Solicitó la citación como terceros de Aerolíneas Argentinas S.A. y de Air Canadá suc. Argentina. Se presentaron ambas y opusieron falta de legitimación pasiva porque nada les había sido reclamado. Aerolíneas Argentinas añadió que siempre que se hubieran adoptado las medidas necesarias y se hubiera obtenido la autorización, le cabía a Diners asumir el riego del negocio y responder por los perjuicios causados.

IV.- El juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda contra Diners Club y la rechazó con respecto a los terceros citados. Para así decidir tuvo por acreditada la venta de los seis pasajes aéreos abonados con la utilización de tarjetas de crédito falsas atribuidas a Diners Club SAC y T, así como que tal operación había sido autorizada por aquélla. Consideró, asimismo, que el importe de las ventas había sido primeramente acreditado a las aerolíneas por la demandada, pero ante el reclamo de los titulares reales de las tarjetas, fue debitado en la cuenta de la actora a través del sistema BSP. Sobre esa base, aunque admitió la ausencia de relación contractual entre la agencia y Diners, afirmó que la práctica descripta por el actor era la habitual y fue consentida por la demandada. Por lo tanto, al no haberse probado que la actora hubiera procedido con culpa o negligencia y dado que no le era exigible un control mayor al recibir las tarjetas, más que pedir autorización y confeccionar el cupón, consideró el a quo que no debía cargar con las consecuencias de la utilización de tarjetas falsas. Concluyó así que, en virtud del art. 902 del Cód. Civ., es la emisora la que debe asumir el riesgo de circulación de dichas tarjetas. En suma, condenó a Diners a restituir la suma reclamada en dólares, declarando la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia. Al mismo tiempo, absolvió a las terceras citadas por entender que no habían intervenido en la operatoria, más que abasteciendo a la agencia de los cupones provistos por la demandada. Impuso las costas a esta última.

V.- Apeló la demandada. Se queja por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. Reitera que no existía vínculo contractual con la actora y que no le serían oponibles los acuerdos existentes con las aerolíneas, siendo éstas quienes deberían soportar las eventuales pérdidas. Explica que no "toleró" la operatoria, tal como afirma el juez, sino que se limitó a dar la autorización a quienes utilizaron el código de los establecimientos adheridos. Manifiesta que es insostenible el fundamento del a quo cuando excluye la aplicación del art. 37 de la ley 25.065 ante la ausencia de vínculo contractual. Critica el fallo en cuanto dispuso que dada la autorización, debía asumir las consecuencias del riesgo de falsificación de las tarjetas. Por último, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia.

VI.- El examen de los agravios de la demandada conduce a una cuestión sustancial en el sub lite, consistente en determinar a quién corresponde atribuir responsabilidad en el caso por la existencia de tarjetas de crédito "adulteradas", "falsas" o "gemelas", cuyo uso motivara el rechazo del pago de ciertas ventas de pasajes aéreos realizadas con intervención de la actora, a la que se intentó cargar esos consumos.

En ese orden, no resulta atendible el argumento basado en la ausencia de vinculación contractual directa que esgrime la demandada a fin de eximirse de responsabilidad. En realidad, las relaciones entre los diversos sujetos que intervinieron en las operaciones objeto de autos no han excedido la órbita contractual, pues es allí donde cabe situar el conjunto complejo y sistematizado de contratos, conexos entre sí, que caracterizan tales relaciones, hoy regidas por la ley 25.065 (ver arts. 1 y 2).

La relación de la demandada, como emisora de tarjetas de crédito, con las compañías aéreas, se ubica en el marco del Título II de la ley 25.065, concerniente a las relaciones entre el emisor y el proveedor de los bienes o servicios (ver arts. 32 y ss., instrumento de fs. 74/45, reconocido por Air Canadá en fs. 718, pto. c, y por Aerolíneas Argentinas S.A. en fs. 741/2, pto. III). De acuerdo con la modalidad utilizada habitualmente (v. contestación de oficio de: Aerolíneas Argentinas en fs. 932, resp. 7, de la IATA en fs. 816, resp. 6 a 8, y de la Asociación Argentina de Turismo y Viajes en fs. 811), la agencia de viajes actuaba como una especie de delegado de la aerolínea (proveedor), encargándose, en la práctica, de verificar los requisitos exigidos por la emisora de la tarjeta de crédito (conf. fs. 170, pto. 5 y art. 37, ley 25.065). Así se infiere del análisis de la operatoria descripta, según la cual, la agencia realizaba la venta de pasajes utilizando los cupones (formularios UATP) emitidos por Diners para la aerolínea, los completaba con el número de comercio de ésta y, luego, se los remitía. La compañía aérea los presentaba a la emisora de las tarjetas para que ésta le acreditara sus importes (fs. 932/933, resp. 8, 9 y 11). Como puede verse, la agencia sólo intervenía en la venta directa de los billetes aéreos, instrumentándola con todos los datos de la aerolínea cuyo boleto se expedía.

En consecuencia, sea que se describa la actividad de la actora como la de un mandatario (arts. 223 y ss. Cód. Comercio) o, incluso, de un factor o encargado (arts. 132 y ss. Cód. citado), lo cierto es que no puede considerársela como un sujeto ajeno a la operatoria descripta, ni podría la demandada aducir ignorancia acerca de su intervención, de la cual -dicho sea de paso- se beneficiaba igualmente al ampliarse el ámbito de utilización de su tarjeta de crédito.

En todo caso, se ha demostrado que la agencia de viajes aquí actora abonó a las aerolíneas los saldos rechazados por la demandada (fs. 932/933), circunstancia ésta que la habilita como tercero que pagó, para subrogarse en los derechos del acreedor en los términos del art. 727 del Cód. Civil, a fin de peticionar la repetición de lo abonado.

VI.- Determinada la legitimación de la actora, corresponde considerar la procedencia de la acción. En este aspecto, no advierto razón para dejar de lado el criterio sustentado por el juez de la anterior instancia, en cuanto adjudicó responsabilidad a la emisora de la tarjeta de crédito por la utilización de las denominadas "tarjetas gemelas". En la especie, la venta se instrumentó a través de la emisión de cuatro cupones: uno emitido el día 22.3.01 (pago de dos billetes aéreos, ver fs. 17); otro el día 28 (fs. 22), un tercero el día 5 de abril (dos pasajes aéreos, fs. 27), y el último, el día 18 (fs. 14). Cada uno de ellos fue autorizado telefónicamente por Diners Club según las reglas de seguridad previstas en una reglamentación emitida y difundida por Diners, y de conformidad con la directiva contenida en el art. 38 inc. "g" de la ley 25.065. Los cargos fueron acreditados en la cuenta de las aerolíneas y luego debitados en concepto de "contracargos", pero esos importes resultaron finalmente debitados por las aerolíneas de la cuenta corriente de la actora.

A tenor de lo expuesto por Ricale Viajes, hecho que fuera reconocido por la demandada, se trató en el caso de tarjetas activas pero cuya titularidad se hallaba en cabeza de personas distintas de quienes las utilizaron con auxilio de documentos falsos.

Esa circunstancia demuestra, por sí misma, la imposibilidad de advertir a simple vista la maniobra, pues aun cumpliendo los recaudos exigidos por la administradora del sistema (ver fs. 344 vta.) no se hubiera revelado una "falsedad" del plástico. En tal supuesto, de haber existido la omisión de cotejo del documento de identidad del usuario -deficiencia que alega el demandado, pero que no fue probada- hubiera sido en todo caso indiferente, pues el documento también era falso.

En síntesis, no cabe atribuir negligencia en el proceder de la actora, toda vez que incluso solicitó la autorización a través del sistema previsto por la demandada y ella le fue concedida mediante el número correspondiente. La buena fe negocial (art. 1198, Cód. Civil) impone que cuando se adoptan todos los recaudos exigidos por la ley y el contrato, el comerciante no debe asumir el costo de las transacciones llevadas a cabo con tarjetas falsas, siendo este un riesgo que asumen quienes organizan el sistema, pues son los únicos que pueden ejercer el control necesario para evitarlo (ver mi voto, in re, "Zaccari, Rubén Emilio c/Argencard S.A.", Sala D, del 26.04.05; in re, "Katefa S.A. s/conc. prev. s/inc. rev. por HSBC Bank Argentina S.A. y Katefa S.A. s/conc. prev. s/inc. por la concursada al crédito de HSBC Bank Argentina S.A.", Sala E, del 14.8.06; in re, "Otegui Rodolfo c/Diners Club Argentina SAC y de T", Sala B, del 21.8.02).

Además, teniendo en cuenta que se trata de maniobras que se han reiterado en los últimos años, pudo y debió prever contingencias como las acontecidas a la actora y adoptar las prevenciones pertinentes, obrando con la lealtad y con la diligencia que le exige en la especie el art. 902 del Cód. Civil, puesto que se trata de la prestación de un servicio en forma profesional (conc. art. 2, ley 24.240).

En estas condiciones, corresponderá confirmar la sentencia en cuanto hace lugar al reclamo de la actora a fin de que la entidad emisora soporte el costo y pague las ventas realizadas.

VII.- En cuanto a la inconstitucionalidad de la normativa que dispuso la "pesificación", cabe recordar que esta Sala se hubo expedido sobre este asunto en la causa "López, Walter Daniel c/Cejas, Rosa Elsa y otros s/ejecutivo" de fecha 11.5.04, y en otras numerosas que le siguieron. A fin de evitar una reiteración innecesaria me remito a lo expuesto en dicho precedente.

En consecuencia, la condena se determinará: a) convirtiendo a pesos la deuda a la paridad vigente al momento de la constitución de la obligación ($ 1 = U$S 1), b) a ello se añade el 50% de la diferencia existente entre esa paridad y el valor actual del dólar estadounidense -tipo vendedor- en el mercado libre de cambios; c) sobre la suma resultante de a y b se calcularán intereses compensatorios de este modo: i) desde que cada cuota fue debida hasta la fecha de este pronunciamiento, según la tasa del 7% anual, por ser la adecuada a criterio del tribunal frente a la inexistencia -desde el 6.1.02- de tasa para obligaciones en dólares; y ii) desde la sentencia de Cámara hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa que cobra el Banco Nación en sus operaciones de descuento en pesos a treinta días, sin capitalizar; d) si el monto de la liquidación resultante de las operaciones antedichas superara al de la liquidación que correspondería por aplicación de las pautas pactadas originalmente -o sea el capital adeudado según la moneda convenida más sus intereses calculados conforme la tasa activa para operaciones en dólares percibida por el Banco Nación, fijándose la del 7% anual durante el período en que no la hubiere-, podrá el deudor cancelar la obligación mediante el pago del importe que arrojen las cuentas mencionadas en último término.

En consecuencia, cabe modificar la sentencia en lo que a este punto respecta.

VIII.- Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, corresponderá confirmar la sentencia apelada, con las modificaciones expuestas en el considerando VII. Las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada, sustancialmente vencida (art. 68, Cód. Procesal). Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan Manuel Ojea Quintana y Bindo B. Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con las modificaciones expuestas en el considerando VII. Las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada, sustancialmente vencida.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15.11.06 de esta Cámara de Apelaciones. -José Luis Monti. -Juan Manuel Ojea Quintana. -Bindo B. Caviglione Fraga.