Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-06


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de junio del año dos mil doce, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F. S. N. c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Expte. Nº 299 - año 2011) venidos del Juzgado Civil y Comercial (Expte. Nº 150/08) de esta ciudad, en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTION: ¿Es justa la sentencia de fs. 330/334? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 367.

A LA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

1.

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn dictó sentencia en estos autos a fs. 330/334, rechazando la demanda incoada por S. N. F. en contra de la Municipalidad de Puerto Madryn y de la Provincia del Chubut.

Para arribar a ello, consideró que, con la declaración testimonial de R. ( fs. 248), V. ( fs. 249), B. ( fs. 261) y P. ( fs. 262), se había acreditado que la actora cayó en un pozo el día 14 de marzo de 2007, sobre la vereda donde se encuentran los Tribunales de Puerto Madryn, sobre la calle G.

Consideró también las constancias emitidas por el Consultorio Médico Laboral de la empleadora, Medisur, en la que se indica la evolución de la fractura, obrante a fs. 214/219.

También merituó el informe de fs. 259 emanado de la Mutual Medisur, en el que se informa que, si bien no le consta a la entidad que la actora hubiera sufrido un accidente, se le concedió licencia médica a partir del 16 de marzo de 2007 hasta fines de mayo de ese año, acompañando tres certificados médicos suscriptos por el Dr. P.

También estimó que del informe pericial de fs. 285/293 surge que la actora refirió lesión por caída en un pozo, generando una fractura con una incapacidad del 13%.

Sostuvo el pronunciamiento que el daño a que refiere la actora no puede vincularse con la caída en la vereda, a tal punto que los testigos no han podido identificar si la actora al caer, introdujo en el pozo el pie izquierdo o el derecho.

Sostuvo el decisorio que si bien acreditó la existencia de la lesión al 16 de marzo de 2007, considera que no puede inferirse que la misma obedezca a un hecho acaecido dos días antes, por lo que, si la actora apunta que fue inmediatamente asistida en la Clínica S. M., debió producir prueba a los fines de acreditar el nexo causal ( arg. art. 381, del CPCC).

Impuso costas a la parte actora y reguló los honorarios profesionales.

2.1.

La actora interpuso recurso de apelación a fs. 340 y lo fundó a fs. 355/358. Se confirió traslado del mismo a fs. 359, el que no fue contestado.

A fs. 366 se dictó autos para sentencia, pasando al Acuerdo a fs. 367.

2.2.

Se agravia la parte actora por cuanto entiende que el decisorio de autos efectuó una errónea apreciación de la prueba al suponer hechos no existentes, al no apreciar armónicamente las pruebas producidas, esto es, la documental conjuntamente con la testimonial rendida, la informativa y la pericial. En el mismo sentido, consideró que el pronunciamiento exige la prueba de una certeza absoluta en la concatenación de los hechos para tener por acreditada la relación causal.

Tales aspectos, me obligan a realizar un nuevo análisis de las pruebas rendidas y, en función de ello determinar si las mismas acreditan la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil.

Ha llegado firme a esta Alzada que el día 14 de marzo de 2007, sobre la vereda del edificio donde se encuentra la sede del Poder Judicial, sobre la calle G. de esta Ciudad, se encontraba ubicado un andamio, próximo a la pared y entre éste y la acera, un pozo. Que ese día, la actora sufrió una caída en el mencionado pozo, introduciendo uno de sus pies.

No obstante, el mencionado pronunciamiento desestimó la demanda por cuanto a su entender, no ha quedado acreditada la conexión causal entre la caída y el daño que refiere la actora en estos. Ello fue considerado así, pues los testimonios no han podido identificar cuál de los pies de la accionante fue el que efectivamente resultó lesionado. Además, tal como quedó extractado precedentemente, la sentencia en análisis tuvo por cierta una lesión padecida por la actora, a partir del 16 de marzo de 2007, es decir, dos días después de la fecha del accidente y considerando que, si la actora sostiene que su atención médica fue inmediata, debió en tal sentido producir prueba que corroborara ese hecho. Dicho en otras palabras, a juicio de la Sra. Jueza de grado, faltó la prueba de la "simultaneidad".

Las declaraciones testimoniales de R. ( fs. 248), V. ( fs. 249) y B. (fs. 261) son contestes en afirmar que la actora, en circunstancias de tiempo (14 de marzo de 2007) y lugar descriptas en el pronunciamiento de autos, cayó en el pozo ubicado sobre la vereda del edificio donde se encuentran los Tribunales de la Ciudad de Puerto Madryn, sobre la calle G., siendo coincidentes sus dichos en no recordar cuál de sus miembros inferiores se vio afectado.

La autenticidad de la documental acompañada por la parte actora a fs. 36/51 fue negada por la co-demandada Provincia del Chubut a fs. 148/148 vta, circunstancia que obligaba a la actora a acreditar su veracidad.

Sin embargo, no surge de autos que la misma, entre la que se encuentra copia de los precarios médicos a que refiere la apelante (en particular, ver fs. 41/42) fuera sometida a la correspondiente corroboración de certeza.

La declaración del testigo P. ( fs. 262) da cuenta de haber asistido a la actora, quien le refirió haber sufrido un tropezón o "haber metido el pie" con "una tapa de una vereda". Es dable señalar además, que en la oportunidad de su declaración testimonial, no se lo interrogó acerca de la autenticidad de los certificados cuyas copias cuestionadas lucen a fs. 40/44 y que la actora le atribuía.

Con relación a la prueba informativa que luce agregada a fs. 214/218, ninguna de ella data de registros anteriores al 02.06.07, es decir, una vez transcurridos aproximadamente dos meses y medio del accidente que se denuncia.

Respecto de la prueba informativa agregada a fs. 256/259, es dable destacar que el representante de la entonces empleadora de la actora, corrobora que se otorgó licencia a la accionante entre el 16 de marzo y fines de mayo de 2007, dejando a salvo que no le consta en forma directa que la actora hubiera sufrido un accidente. En orden a los certificados suscriptos por el Dr. P., agregados con dicho informe, y como ya dejara expresado más arriba, vale señalar que su autenticidad fue desconocida por la co-demandada Provincia del Chubut, y que su reconocimiento, en modo alguno puede ser suplido por quien no fue su autor, es decir, la empleadora de la accionante. Ello así, sin perjuicio que, valiéndose de esa documentación, la empresa hubiese concedido licencia a su empleada basándose en ellos, ya que se trata de una cuestión que no ha sido puesta en análisis.

Finalmente, a fs. 313 luce agregado un informe de la Clínica S. M. en la que se hace saber que no existen antecedentes sobre lo requerido (existencia de historia clínica), en ese nosocomio.

Por su parte, si bien el perito médico relata a fs. 285 los antecedentes de los hechos, sabido es que los mismos fueron tomados por expresiones de terceros ya que no consta en autos que hubiese presenciado el hecho. Ello, sin dejar de resaltar que la actora no lo interrogó en el cuestionario respectivo acerca de la verosimilitud de las lesiones que constató con relación al accidente sufrido.

Frente a la falta de reconocimiento de los certificados médicos agregados en ejemplares originales a fs. 256/258, y particularmente el primero de los mencionados, la sola referencia al otorgamiento de una licencia médica por parte de su empleadora no me permite justificar que lo fuera por una lesión padecida en el accidente que se ventila en autos.

De ello se deriva que la actividad probatoria de la parte actora sólo permitió corroborar la existencia de una lesión, no ya desde el 16 de marzo de 2007 como lo asevera el pronunciamiento de grado, sino desde el 2 de junio de 2007, fecha a partir de la cual se encuentran elementos de convicción ciertos que otorgan fuerza probatoria a la existencia de la lesión ( ver fs. 214/218), existiendo un vacío en ese sentido en la concatenación de hechos acaecidos entre el 14 de marzo de 2007 (fecha que sindica como de ocurrencia del siniestro) y los instrumentos a que hago referencia.

La escasa prueba colectada en este sentido, consistente en las afirmaciones del Dr. P., no puede tenerse por acreditante de dicha relación, pues sólo refiere que la actora le refirió haber sufrido un accidente.

Nada aporta al respecto la prueba documental acompañada reservada. Las copias certificadas por notario obrante a fs. 6 a 21, acreditan en todo caso que son fieles a sus originales. Pero éstos, a su vez, no son instrumentos que hagan plena fe en los términos de los arts. 980, 994 y cc. del Cód. Civil, por lo que, frente a su negativa, se encontraban sujetos a corroboración ( arg. art. 381, del CPCC).

Es decir, pretender tener por acreditada la relación causal entre el hecho y el daño por la sola manifestación unilateral del interesado, es equivalente a convertir a un proceso judicial en un juego de ficciones, y echar por tierra los más elementales conceptos del derecho en materia probatoria, que en nuestro caso particular principian con el dispuesto por el art. 381, del CPCC (cfr. CAPM, 37/12 SDC).

Asimismo, soy de la opinión que la relación de causalidad jamás puede ser presumida. Puede simplificarse, en todo caso, determinados aspectos de la prueba de la causalidad, pero en modo alguno se puede presumir su existencia misma (cfr. PIZARRO, Ramón D, op. cit., p. 107).

Cualquiera que sea el fundamento de la responsabilidad civil -dolo, culpa, riesgo o vicio de la cosa-, es doctrina uniforme que para que ella tenga lugar, esto es para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño sufrido por otra, resulta imprescindible la existencia de un lazo causal que una dicho daño a hechos imputables al tenido por responsable. (cfr. CAPM SDL N° 069/11; ACUÑA ANZORENA, Arturo, "La previsibilidad como límite de la obligación de resarcimiento...", en "Estudios sobre la responsabilidad civil", Ed. Platense 1963, pág. 41; cfr. CAPM SDL 26/10).

Así pues, para el acogimiento de toda pretensión indemnizatoria es ineludible acreditar una vinculación entre la situación dañosa invocada y el sindicado como responsable, convirtiéndose en uno de los cometidos básicos del pretensor el comprobar que el demandado se halla involucrado causalmente con los daños, que el hecho generador de los perjuicios no le es ajeno; en el perímetro de la responsabilidad objetiva, la víctima ha de demostrar que la fuente de los menoscabos está emplazada dentro de una órbita vinculada al responsable, prevista en cada caso por la ley (cfr.: González Zavala, "Prueba del nexo causal", en Revista de Derecho de Daños, n° 2003-2, ed. Rubinzal - Culzoni, agosto de 2003, pág. 92).

Es decir, de la prueba colectada en autos, no puede determinarse a ciencia cierta el grado de simultaneidad y la sucesión de hechos consecuentes que permitan tener por probado que de la caída en el pozo se siguieron las lesiones que refiere la actora. Máxime, cuando la prueba de dicha secuencia no ofrecía mayores dificultades de producir, y sólo la inactividad de la actora impidió que aquélla se verificara.

Comparto el criterio de aquellos que sostienen que una cosa es que se aligere la carga probatoria de la relación causal a favor de la víctima, en aquellos casos donde su prueba acabada podría ser diabólica, y otra -muy distinta- es que se admita, sin ambages ni limitaciones, presunciones de causalidad, liberando al actor de toda prueba al respecto ( crr. Trigo Represas, Félix - López Mesa, Marcelo J, " Tratado de la Responsabilidad Civil", T° II, p. 483).

Consecuentemente, y por las consideraciones expuestas, soy partidario de desestimar las quejas vertidas.

3.

En orden a las costas de la presente instancia y de conformidad con lo normado por el art. 69, del CPCC, deberán ser soportadas por la actora.

En cuanto a los honorarios de esta sede, corresponde regular los de la Sra. letrada de la parte actora, K. G., en el 25% de los regulados en la Instancia anterior (arts. 5,6,,13 y cc. de la ley arancelaria).

En orden a todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

En el voto precedente el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas ha hecho una reseña completa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por la parte actora, por lo que no resultará necesario abundar acerca de dichos aspectos ya que se encuentran cumplidos los requisitos de ley exigidos al respecto. En consecuencia, abordaré directamente las cuestiones planteadas como fundamentación del recurso concedido a la agraviada.

1) Tratamiento de los agravios de la parte actora.

El Sr. Juez preopinante ya ha puntualizado los agravios vertidos por la parte actora por lo que no es necesario reiterarlos aquí. Sólo diré que la quejosa afirma que el nexo causal está más que probado y nos lleva a entender que la caída del día 14 de marzo provocó la fractura en el pie izquierdo de la actora, la cual recién diagnosticada el día 16 de marzo.

Con lo cual queda en claro que lo que esta Alzada debe decidir es si ha acertado la sentenciante o no cuando dijo en su sentencia ".que quien ejercita una pretensión resarcitoria debe acreditar necesariamente la conexión entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido, de modo que aparezcan vinculados por una relación de causa a efecto".

"Encontrándose ausente en autos, este requisito y por aplicación de lo establecido por el art. 381 del C.P.C.C. que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que invoca, corresponde el rechazo de la demanda incoada.".

Para responder al interrogante planteado es menester realizar un estudio de las probanzas producidas en autos.

La ocurrencia de la caída de la actora en un pozo existente en la vereda donde está la sede del Poder Judicial, sobre la calle G. en esta ciudad y ocurrido el día 14 de marzo de 2007, no merece mayor tratamiento dado que el hecho está acreditado. Lo que está en discusión es qué consecuencias generó esa caída en la parte actora, si los daños que reclama tienen relación con este hecho y si todo ello tuvo en el proceso el debido sustento probatorio por parte de la reclamante (arg. art. 381 CPCC).

Me remito, en primer lugar, a las declaraciones testimoniales producidas durante el proceso (fs. 248; 249 y 261). Mediante ellas se acreditó que la actora sufrió una caída en un pozo que estaba en la vereda donde están los Tribunales de esta ciudad. Pero ninguno de los declarantes hizo referencia concreta a cuál fue la lesión precisa y concreta que la víctima padeciera en ese hecho, o sea, ninguno declaró qué miembro se lesionó la actora en esa caída.

Veamos ahora qué ha ocurrido con la prueba instrumental aportada por la reclamante. Es primordial tener presente que atento lo expuesto a fs. 148 y 182, las demandadas desconocieron la autenticidad de toda la documentación aportada por la parte actora. Esta negativa generó como consecuencia que la actora debía acreditar durante el curso del proceso que la documental aportada por ella (fs. 36/51) era auténtica y que había emanado en cada caso de quien aparece emitiéndola. O sea, estamos frente a los principios elementales de la carga de la prueba (arg. art. 381 y concs. CPCC). Del análisis de la producción probatoria no surge que la parte actora haya acreditado la autenticidad de dichos instrumentos. Fundamentalmente afecta a la reclamante tal ausencia probatoria con respecto al documento varias veces referido por ella en sus agravios; me refiero al certificado médico de fs. 40 expedido por el Dr. M. P. Si bien este profesional prestó declaración testimonial (fs. 262) ninguna de las preguntas estuvo dirigida a que reconociera todos los certificados que fueron incorporados al expediente y que habrían sido confeccionados y firmados por él. Por lo tanto, esa documentación no puede tenerse en cuenta como prueba de la actora ante la negativa de su autenticidad por parte de los demandados.

Con respecto a los hechos, este testigo se limitó a decir que la actora ".me dijo que se había tropezado con una tapa de una vereda o había metido el pie, porque faltaba una tapa de una vereda.". Con lo cual es más que claro que este profesional constató una lesión pero en modo alguno pudo acreditar cómo se produjo la misma o en qué circunstancias.

Analizando los documentos incorporados a fs. 214/218, los mismos están referidos a las constancias médico-laborales de la actora pero de ellos no surge ningún elemento de prueba de los que debió aportar aquí la reclamante e inclusive todos tienen fechas posteriores al hecho que motivara la iniciación de este proceso.

Corresponde ahora analizar los documentos obrantes a fs. 256/259. Los tres primeros son certificados médicos acompañados por Medisur Mutual que era la empleadora de la actora y el cuarto es el informe de esta empresa en el cual el apoderado de la misma deja constancia de lo siguiente: ".En cuanto a que hubiera sufrido un accidente no le consta en forma directa a mi representada.". Sin perjuicio de lo expuesto, estos instrumentos acreditan que la actora tuvo una licencia laboral que le fue concedida por su empleadora mediante la presentación de los certificados médicos que acompaña quien concedió la licencia, pero ello en modo alguno prueba aquí la autenticidad de los mismos. El hecho que el empleador los haya considerado necesarios para otorgar a la actora una licencia médica no tiene ningún valor probatorio en este proceso sobre su legitimidad. Es sabido que el mecanismo de prueba para tal acreditación en autos es otro, sin dejar de evaluar que lo relacionado con la licencia médica otorgada a la actora no ha sido cuestión debatida en autos.

Y siguiendo con el análisis de los informes, encuentro que a fs. 313 la Clínica S. M. hizo saber a la a quo que ".no existen antecedentes sobre lo requerido.". A esta clínica se le había requerido mediante oficio librado en autos (fs. 308) "que remita fotocopia de la historia clínica de la Sra. S. N. F., quien fue atendida en dicha clínica con fecha 14 de marzo de 2007, por el Dr. M. P., a raíz de la fractura de pie izquierdo". El informe es tan claro que me exime de mayores comentarios al respecto.

En lo que hace a la Pericial Médica (fs. 285) y en relación concreta a los hechos, el experto vuelca en su informe lo que la actora le "refiere", o sea, el profesional no presenció el accidente, por lo tanto, no es factible acreditar con este dictamen pericial la ocurrencia del accidente de la forma narrada y que el mismo haya tenido como consecuencia la lesión que denuncia la actora haber sufrido.

De todo el análisis que he realizado sobre las probanzas incorporadas al proceso, surge la existencia de instrumentos auténticos y que obran a fs. 214/218 los cuales están fechados a partir del día 02 de Junio de 2007, nada hay en ellos con referencia a lo ocurrido a partir del día 14 de Marzo de 2007 (fecha del accidente).

Y con relación a las fotografías certificadas notarialmente (fs. 30/32) las mismas muestran el lugar donde habría ocurrido la caída de la actora, pero nada trascendente cumplimenta sobre la carga de la prueba que estaba a cargo de la reclamante (arg. art. 381 CPCC).

Cuando existen abundantes medios de prueba que sirven para formar la convicción judicial, pierde trascendencia entrar a elucidar sobre cuál de las partes recae la carga probatoria reglada en el artículo 375 del ordenamiento (en nuestro caso, art. 381 CPCC). En cambio, cuando la prueba es magra o han quedado hechos o afirmaciones sin acreditar, reviste importancia determinar cuál de los sujetos que actúan en el proceso tuvo que asumir (tenía la necesidad de) la tarea de demostrar la existencia de los hechos controvertidos o la verdad de las proposiciones afirmadas que fueren desconocidas (conf. ALSINA, Tratado, 2ª. ed., T. III, pág. 254 "b"; PALACIO, Derecho Procesal Civil, T. IV, pág. 365; MORELLO., "Cód. Proc.Civ.Com.", 1ª. ed., T. V, pág. 100 y jurisprudencia allí cit.).

Por consiguiente, el litigante que pretende que el juez aplique una norma jurídica debe afirmar en su demanda, y probar en el proceso, los hechos que constituyen los presupuestos del precepto. Cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los recaudos -aun los negativos- de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito en su pretensión procesal (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1960, III, pág. 23; 1963, II, pág. 1283; 1965, I, pág. 56; 1965, II, pág. 683; 1968, I, pág. 1012; DJBA, 76, pág.233).

Ahora bien, el incumplimiento de dicha carga -tal como aquí ha ocurrido-supone, entonces, soportar el riesgo de dejar indemostrado el hecho que convenga al interés de la parte remisa. La carga de la prueba -enseña CARNELUTTI- no es más que una distribución del poder de probar, la repartición del riesgo de la falta de prueba. Es que ante el incumplimiento de la carga procesal probatoria, la duda se resuelve en contra de la parte que no la satisfizo (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1964, III, pág. 863).

He anticipado ya que tengo para mí que ha existido en este caso una total orfandad probatoria por parte de la actora y de allí que he de acompañar a la Magistrada sentenciante en su conclusión de la sentencia que ha rechazado la demanda.

Es que constituye un principio de larga tradición jurídica en este tipo de procesos el que toda indemnización de daños supone forzosamente la realidad de éstos. La existencia del daño debe ser probada, y la carencia de esa prueba impide enrostrar la responsabilidad consiguiente de los responsables del mismo.

Y lo que debe tenerse como elemento primordial en la solución de este caso es que sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuye a un responsable (según los casos, un hecho propio, de dependientes, de cosa bajo su propiedad o guarda, etc.). La prueba de la relación causal asume máxima importancia, ya que determina quién responde (autoría del daño) y por cuáles consecuencias responde (conf. ALTERINI - LOPEZ CABANA, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", LL, 1986-E-984).

"En el campo de la responsabilidad civil, la relación de causalidad cumple una doble función: por un lado, permite determinar con rigor científico a quién debe atribuirse un resultado dañoso; por el otro, brinda los parámetros objetivos indispensables para calibrar la extensión del resarcimiento, mediante un sistema predeterminado de imputación de consecuencias" (SCMendoza, Sala 1ª., 26/03/92, LL, 1992-C-992).

Nuestro Código Civil adopta el sistema de causalidad adecuada (arts. 901 a 906), que supone la confrontación entre un hecho y determinadas consecuencias, con el objeto de indagar si aquél ha sido eficiente o idóneo para producirlas. Ante aquel suceso, debe ser previsible, verosímil, normal, que las consecuencias acostumbren a suceder.

En principio, el actor soporta el onus probandi de la relación causal adecuada.

Como lo expresa Brebbia: "Se está aquí ante la aplicación lisa y llana del principio de que el cargo de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado, corresponde a quien lo hace valer. Con relación al tópico en estudio, el accionante deberá demostrar, pues, que el hecho fue una condición sine qua non del perjuicio y que normalmente debía producirlo (art. 901 y ss., Cód. Civil), o sea, que existió una relación causal adecuada entre el acto positivo o negativo y el perjuicio" (BREBBIA, "La relación de causalidad en derecho civil", pág. 117).

Concluyo remarcando que el damnificado por el daño tiene a su cargo demostrar el nexo causal, pues si no llega a acreditarlo -conforme ha ocurrido en este caso- no obstante que puede jugar a su favor alguna presunción de culpabilidad, como en los casos de daños causados con la cosa, su reclamación resarcitoria no podrá prosperar (conf. CNCiv., Sala C, 23/12/83, JA, 1985-I-56).

En atención al análisis hasta aquí realizado y compartiendo los fundamentos vertidos en su voto por el Sr. Juez Dr. Vivas, considero que los agravios de la recurrente no pueden ser admitidos, correspondiendo confirmar la sentencia en crisis. Así lo voto.

2) Las costas de la Alzada.

Atento a que la recurrente (actora) ha resultado vencida en el recurso interpuesto, corresponde imponerle las costas de esta instancia (conf. art. 69 CPCC). Con respecto a los honorarios de la letrada de la parte actora y por encontrarse los mismos ajustados a las pautas de la ley arancelaria, considero que deben ser regulados en el porcentual que lo ha hecho el Sr. Juez Dr. Vivas en su voto precedente.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, vota por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Por tales fundamentos, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1. CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 330/334 en todo cuanto ha sido materia de agravio.

2. IMPONER las costas de esta Instancia a la actora apelante (art. 69, del CPCC ). 3. REGULAR los honorariosde la Sra. letrada de la parte actora, K. G., en el 25% de los regulados en la Instancia anterior (arts. 5,6,,13 y cc. de la ley arancelaria).

4. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Atento compartir los fundamentos vertidos en su voto, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría, pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de junio de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1. CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 330/334 en todo cuanto ha sido materia de agravio.

2. IMPONER las costas de esta Instancia a la actora apelante (art. 69, del CPCC ). 3. REGULAR los honorariosde la Sra. letrada de la parte actora, K. G., en el 25% de los regulados en la Instancia anterior (arts. 5,6,,13 y cc. de la ley arancelaria).

4. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC. CONSTE.