Juicio por jurados, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: DE MARCO, PATRICIA s/ IncidenteExcepción de falta de jurisdicción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

1- El juicio por jurados, tanto históricamente como en su manifestación actual en los distintos países en donde tiene vigencia, está establecido para el juzgamiento de los casos criminales de mayor gravedad.- 2- La cláusula del art. 102 de la Constitución Nacional alude a todos los juicios criminales, pero esta última expresión tiene un claro sentido evocativo de la división tripartita de las infracciones penales en la que la distinción se basa en su mayor o menor gravedad y en la que la voz "criminales" se reserva para los delitos más graves.- 3- Establecer el distingo y determinar cuáles casos dan lugar, por su gravedad, al derecho a ser juzgado por jurados, puede suscitar cuestiones sumamente debatibles al no haber un criterio único, pero el caso del art. 302 del Código Penal es uno de los que ofrece menor dificultad. Este delito, por la frecuencia de su comisión, por lo excepcional de la imposición de penas privativas de libertad de efectivo cumplimiento y por estar previsto como meramente subsidiario de otro hecho considerado más grave, se encuentra excluido de esta categoría. Por lo cual no se transgrede el art. 102 de la Constitución Nacional, que una acusación por ese delito pueda ser juzgada sin la participación de jurados.- 4- COMENTARIO DEL DR. GERMAN J. BIDART CAMPOS:" ¿El juicio penal por jurados está constitucionalmente limitado al enjuiciamiento de "crímenes" y no de "delitos"?.- a)- Otra vez anda en danza el juicio por jurados. Parece moda. Tal vez la oralidad del proceso penal la promueve. Pero no es ése el tema nuestro, sino otro, que sagazmente desbroza esta sentencia. b)- No son raras la oportunidades-pese a su número no demasiado elevado, por lo que podemos conocer- en que se plantea en una causa penal la necesidad del jurado y la inconstitucionalidad de un procedimiento penal que no contempla su intervención. En el sub examen el tribunal ha salido del paso airosamente. Su original interpretación ( ver y comparar con el fallo 41204 en ED, t. 130 p. 602 ) lleva a lo siguiente:cuando el art. 102 exige el jurado para "todos los juicios criminales" el adjetivo "criminales" vendría referido únicamente al juicio en que se juzgan "crímenes", y crímenes sería una categoría difícilmente más grave que la de "delitos" en la trinidad de crímenes- delitos - contravenciones (o faltas). c)- El constituyente conocía esas denominaciones, pero no nos da seguridad ese conocimiento de que el uso de la palabra "crimen" (por ej., art.45) o del adjetivo "criminal" reduzca el reproche penal con el alcance que le otorga el fallo, dejando fuera, en una categoría distinta y de menor gravedad, a los delitos.- Parece ser así como decimos porque inmediatamente después de establecerse en el citado art. 102 que "todos los juicios criminales" se terminarán por jurados, añade sin solución de continuidad que estos juicios se harán en la misma provincia donde se hubiere cometido el "delito", lo que toma equiparable la criminalidad con la delictuosidad, y el crimen con delito. Por otra parte, cuando sigue agregando que en caso de que el "delito" se cometa contra el derecho de gentes ( y sigue la previsión sobre competencia), deja la impresión de que los delitos contra el derecho de gentes, como de lesa humanidad, son gravísimos, tanto que se puedan juzgar fuera del territorio donde se consumó la conducta, no obstante lo cual los llama delitos y no crímenes. d)- Nuestra discrepancia con el ingenioso argumento de la sentencia nos lleva a reiterar que las normas constitucionales sobre jurados dejan en claro a través de art. 102 que la institución sólo y recién funcionará-y permitirá alegar el derecho personal al enjuiciamiento penal con su participación-una vez que el Congreso establezca la institución por ley. O sea, le depara al legislador un futuro temporal sin apremio, ni urgencia, ni cronograma, por lo que la omisión legal del jurado, pese a los más de ciento y tantos años de existente, no es de las que con ahínco llamamos y condenamos como omisiones inconstitucionales. (Para esto, ver nuestro "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Ediar, t.I, p. 440;

t. II, p. 168; y "Las Obligaciones en el Derecho Constitucional", Ediar, 1987, p. 52).