Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-22


Salta, 22 de septiembre de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL c. ROWAL S.R.L. y/o VELARDE, FANNY y/o RESPONSABLES ORDINARIO", expte. de Cámara nº 14695/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 1, para resolver la apelación planteada a fs.312/16, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: son cinco, los agravios que la demandada señala en contra del punto I, de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. El primero de ellos, vinculado a la conclusión de la señora juez a quo de que el actor mantuvo un vínculo de subordinación y dependencia con la empresa Rowal SRL, reconociéndole eficacia probatoria a la testimonial, sin efectuar el menor análisis, crítica ni valoración, en orden a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin efectuar un análisis detallado para establecer las concordancias y las discordancias entre las diversas narraciones, sin realizar un juicio de valor ni determinar el grado de eficacia de dicha prueba. Agrega, que nuestro sistema no autoriza al juez a valorar arbitrariamente, sino que le exige determinar el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado, siguiendo las reglas de la lógica y los dictados de la experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano; que como consecuencia, el juez debe fundar sus sentencias y expresar las razones por las que concede o no eficacia a una prueba, lo que no fue cumplido en un fallo desmerecido por la falta de fundamentos y la arbitrariedad consiguiente; que no se mencionan los nombres de los testigos, no se indica dónde se encuentran sus testimonios ni se indica cuál o cuáles son los dichos que avalan la postura del actor y de la señora juez para llegar a la condena; que no hubo una sana crítica, que contemple tanto la persona de los testigos como el contenido de sus declaraciones, debiendo tenerse presente que los testimonios se pesan y no se cuentan; que los de Martínez, Gonza, Ojeda y Ontiveros, están lejos de ser claros, espontáneos, coincidentes o categóricos, todos tienen interés en las consecuencias jurídicas de los hechos narrados y denotan parcialidad y consiguientemente se omitió hacer un juicio de veracidad, sinceridad, credibilidad y pertinencia.

El segundo agravio, tiene que ver con el acta de fs. 161 y los informes periciales de 196/202 y 251/268. Dice que asume que la señora juez se refiere a la documental de la contraria, específicamente a los certificados de trabajo de fecha 24/2/00 y 28/8/01; que su parte en el escrito de responde de fs. 101/05, negó y desconoció virtualidad jurídica, autenticidad y eficacia probatoria a la totalidad de los instrumentos y documentos de los que la contraria intentaba valerse, lo que fue señalado en el fallo cuestionado, a fs. 304 vta.; que los supuestos certificados, negados, son instrumentos privados carentes de valor probatorio por sí mismos; que el de fecha 28/8/01 fue expresamente negado y consiste en una fotocopia simple, insusceptible de pericia caligráfica y que en tales condiciones, esa prueba pericial es insuficiente para dar por acreditada la veracidad de los datos consignados y debió como mínimo ser corroborada por otro medio.

El tercer agravio, plantea (al sólo efecto de poder mantener la discusión y sin que implique contradicción con la argumentación mantenida en el memorial ni aceptación de la postura del actor ni de las conclusiones del fallo) varios reparos en punto a tener por verificada injuria que justificara el autodespido en razón de la negación laboral y de la falta de respuesta en tiempo y forma a las intimaciones cursadas. Añade, que en la misiva de autodespido se invocan supuestas causas que según el actor justificaban el quiebre del contrato, pero en el fallo se analizan dos, negación laboral y respuestas a destiempo; que no existe ninguna prueba, que corrobore que al 29/9/05, se hubiese verificado el supuesto de negación laboral contemplado por la juez a quo para tener por configurada la injuria; que en la sentencia se destaca presunta documental tenida a la vista, pero sin dedicar una sola línea al análisis del contenido de la intimación del actor fechada 6/9/05; que a simple vista, se evidencia que la misma carecía de virtualidad jurídica, al establecer un plazo de 24 hs. para aclarar una supuesta negativa de trabajo; que siendo el plazo mínimo razonable para las intimaciones al empleador, de dos días hábiles, el otorgado por Acuña nunca pudo ser inferior a lo que manda el art. 55 LCT; que para que proceda la aplicación de la presunción del art. 57 LCT, debe haber una relación de trabajo; que la incontestación de los telegramas cursados no constituye por sí sola circunstancia definitoria de la existencia de relación laboral, si no se acredita la concreta prestación de las labores invocadas, expresión objetiva de la relación laboral subordinada; que de las constancias de autos surge la prueba que torna inaplicable la presunción a que alude la sentenciante; que con la documental de la codemandada y la informativa de fs. 239/44, se acredita que el actor entre el 2/1/01 y el 14/10/05, período que hace a la causa, fue empleado de aquélla (según expte. adm. 80.264/05), por lo que al no existir contrato de trabajo entre Acuña y Rowal, no se verificaban los presupuestos fácticos condicionantes para la aplicación de las normas de la LCT y las presunciones invocadas por la a quo y mucho menos para la contestación del injustificado requerimiento del actor.

El cuarto agravio, proviene de que el fallo funda la condena invocando las presunciones del art. 55 LCT, norma que considera inaplicable en vista de que la accionada no estaba obligada a llevar el libro del art. 52 ni consiguientemente puede aplicársele la presunción derivada de dicho art. 55. Sostiene, que el razonamiento se inició sobre una premisa falsa y las conclusiones también devienen equivocadas; que la presunción del art. 55 a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en los asientos del libro especial del art. 52, rige a partir de la prueba de la existencia de contrato de trabajo, lo que en autos no se da; que no resulta de aplicación el citado art. de la LCT, por no darse los presupuestos fácticos insoslayables para que la presunción cobre virtualidad; que queda así demostrado el yerro del fallo, por cuanto el legislador exige para que se configure esta prueba el requerimiento judicial que en autos nunca se cumplió; que en cuanto a lo prescripto por el art. 55 LCT, las presunciones legales se tornan inoperantes a través de la razonable reconstrucción del cuadro fáctico del caso y de una valoración suficiente del mismo, operación no efectuada por la señora juez a quo; que cuando la demanda es confusa y los hechos son relatados en forma imprecisa, contradictoria y dubitativa, como en autos, el valor de la presunción del art. 55 es menguado y dudoso, ya que de la certeza y precisión de los hechos expuestos en el escrito inicial depende el alcance probatorio de la referida presunción legal y que, de allí, el valor de tal presunción no es absoluto, ya que si bien se produce la inversión de la carga de la prueba, debe ser justipreciada en función de todos los elementos obrantes en la causa, a fin de no hacer prevalecer la ficción procesal sobre la realidad objetiva.

Finaliza el recurso, con un agravio relacionado a la planilla de liquidación de fs. 301/02. Dice que oportunamente la cuestionó in extenso, sin que ninguno de los reparos fuera mínimamente analizado ni tratado; que en primer lugar, incumple con el art. 32 CPL, en tanto no contiene explicación adecuada del método utilizado para la estimación del crédito; que no tuvo en cuenta que de asistirle derecho al actor al cobro de la indemnización del art. 245 LCT, el monto a que podía aspirar era de pesos 2.360 y nunca el de 3.010,38 que se tomó como base en el fallo; que se incluyen montos por arts. 1 y 2 ley 25323, art. 16 25345 y 80 LCT, sin justificar su procedencia ni haber tenido en cuenta que en autos no se comprobó el cumplimiento de los presupuestos para su procedencia; que el punto litigioso, gira en torno de la existencia o no de relación laboral y del régimen de aplicación; que la planilla receptada en el fallo, tomó las escalas del CCT 130/75, pese a que el actor reconoce en su demanda que la accionada es una empresa constructora, a la que se aplica la ley 22250 y, además, el testigo Gonza sindica al actor como obrero de la construcción; que pese a las contradicciones del actor y las constancias de autos el fallo, sin un análisis ni una justificación jurídica, receptó la planilla sin determinar cuál es el convenio de aplicación en la especie; que corresponde dejar sin efecto, la sentencia que al hacer propias las cifras insertas en la liquidación practicada en la demanda, arribó a una determinación discrecional que impide desentrañar el criterio con el cuál estas fueron adoptadas, no pudiendo dicha falta de fundamentación ser suplida mediante la invocación de los arts. 55 y 56 LCT; que lo resuelto, causa gravámen irreparable a su parte, en tanto la condena se basa única y exclusivamente en las presunciones legales, art. 55 LCT, no habiendo la actora realizado un mínimo desgaste probatorio, pese a que tenía a su exclusivo cargo la prueba de su desempeño laboral. Por lo que corresponde, según dice, se deje sin efecto la condena recaída, en un fallo que no analizó correctamente la prueba rendida, prescindió de medios probatorios, aplicó equivocadamente normativa vigente, donde las conclusiones arribadas son dogmáticas y arbitrarias, vulneran el debido proceso y la defensa en juicio, se incurre en vicios de razonamiento, con una desinterpretación material de los hechos y prueba, vicio que se configuró cuando la decisión se apartó de las circunstancias objetivas de la causa. Pide se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia en lo que es materia de agravios, con costas, efectuando reserva del caso federal por si la instancia le fuera desfavorable. El recurso, es contestado a fs. 319/21, ocasión en que se pide sea declarado desierto o en su caso rechazado, igualmente con costas.

La primera incógnita a desentrañar, es la relativa a la presunta existencia de relación laboral entre Miguel Ángel Acuña y Rowal SRL. La sentencia, hace mérito a fs. 305 cuarto párrafo, de la prueba testimonial obrante en autos, formulando la señora juez una referencia genérica, sin explicar en detalle sobre qué frases, de qué testigos, construye su criterio favorable a la postura del actor. De haber hecho ese análisis detallado, nos habríamos enterado de cuán frágiles resultan, para fundamentar una relación laboral discutida. "La demostración de una relación laboral negada, corre a cargo de quien la invoca, porque los contratos de trabajo no se presumen, no se puede imponer una prueba negativa y los demandados (protegidos por el art. 19 C.N.) no están obligados a acreditar que determinada persona no es su empleado. Hasta aquélla demostración, no rige inversión de carga probatoria, siendo los actores meros litigantes, sometidos a los dictados del art. 377 CPCC".

Al analizar la testimonial obrante, lo primero que se advierte es confusión entre la telefonía, la construcción y la política. Dentro de ese contexto, Acuña era visto a veces en el telecentro de Fanny Velarde (relación jurídicamente finalizada, pero subsistente a los ojos de los testigos), en otras ocasiones en obras (como el cordón cuneta de Barrio Jardín, fs. 233 y vta.) y también cercano a las actividades que describe la testigo María Luisa Martínez, (fs. 230 vta./232 vta.) que más es lo que supone y "tiene entendido", que lo que afirma, como para dar crédito a la existencia de relación laboral. Del mismo modo, son en mi criterio insuficientes los dichos de Marcos Gonza ("...el Sr. Acuña llevaba unos papeles que nos comentaba que él trabajaba para las oficinas de la empresa, algo así"; "Trabajaba con nosotros haciendo el cordón cuneta". "Tarea de albañil ?". "Sí". "qué más lo vio haciendo ?". "A veces iba y le decía a Blasco que no podía quedarse a trabajar porque tenía que limpiar el telecentro y las oficinas") y de Salustiano Ojeda, que se siente acreedor de la demandada, con juicio pendiente, proporciona datos muy anteriores a la época reclamada, tiene entendido que hacía limpieza "por palabras de él", sabe "por comentarios de él, no dije que yo lo vi trabajando" (fs. 235) y "Sé que el trabajaba en la tarea de hacer los mandados de la empresa, no puedo asegurarle" (235 vta., el subrayado es mío). También hace referencia a comentarios del actor, la testigo Ontiveros, a comienzos de fs. 246.

Tampoco es suficiente, la prueba documental, en tanto los discutidos certificados datarían de febrero de 2000 y agosto de 2001, por lo que valuados en conjunto con la débil testimonial, me llevan en sentido contrario al de la señora juez a quo. A lo que agrego, que el primero de ellos (declarado legítimo en el informe pericial, a fs. 268) alude a un desempeño en calidad de "ayudante", que no es el que figura en la planilla de fs. 4 ni en la descripción de los "hechos", a fs. 5.

Lo dicho, conduce a tener como incumplida la obligación del actor de demostrar los elementos típicos de una relación laboral dependiente, ya sea el cumplimiento de horarios y de órdenes, la percepción de remuneración, el poder disciplinario de la patronal, etc. Mientras no se pruebe lo anterior, ni la incorporación del actor a la organización de la empresa, con la consiguiente pérdida de su independencia, ni siquiera el hecho de una concurrencia esporádica le beneficiaría, toda vez que la Sala tiene dicho (autos Cornejo c. Agroavance S.A., 12/2/04) que la mera permanencia en dependencias de la empresa, es insuficiente por sí para probar la existencia de relación laboral. Tampoco, el tema de los telegramas o los libros, atendiendo a que se dijo que la prueba presuncional sólo beneficia a quienes prueben por otros medios la existencia de relación de dependencia (Sala, autos Sánchez c. Garzón, 4/7/03). Se sostuvo, además, que "No probada la relación laboral, resulta irrelevante la falta de contestación a telegramas o de presentación del libro especial. El silencio ante intimaciones, sólo cobra valor, demostrada por otro medio la vinculación, no pudiendo "nacer" un contrato inexistente con el simple envío de un telegrama ni tampoco imponerse la exhibición de libros a quien no es un empleador" (Sala, autos Cano c. Aguado, 29/4/96).

Por lo expuesto, soy de opinión de que debe hacerse lugar al recurso interpuesto, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y dejar sin efecto la condena recaída al punto I del fallo de fs. 307 vta./308. Con costas de ambas instancias al actor perdidoso (art. 67 CPCC), dejando constancia que no se trata, por resultar cuestión abstracta, lo relacionado al modo de practicar planilla de liquidación. Así voto.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Haciendo lugar al recurso interpuesto, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia y dejando sin efecto la condena recaída al punto I del fallo de fs. 307 vta./308. Costas de ambas instancias, a la parte actora.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar y bajar los autos al Juzgado de orígen.