marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de información, información sanitaria
Materia: CIVIL
Carátula: KASPAR c/ SANATORIO MITRE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-25

El deber de información al paciente, aún cuando no está expresamente mencionado entre los que establece la ley 17.132, aparece en cambio contemplado por la ley 21.541 sobre trasplante de órganos, cuyo artículo 11 impone a los facultativos "informar de manera suficiente y clara, adaptada al nivel cultural del paciente, acerca de los riesgos de la operación de ablación o implante, según sea el caso, sus secuelas, evolución previsible y limitaciones resultantes. Esta norma legal es aplicable por vía de analogía a otros tipos de intervención quirúrgica (art. 16 del C.C.).

Tratándose de responsabilidad médica y excepción hecha de casos especiales, no resulta aplicable al caso el principio de la responsabilidad por riesgo del Art. 1113 parte 2° del C.C. y resulta fundamental la prueba concreta de la culpa o negligencia del profesional, quien a su vez podrá excusar su responsabilidad no sólo demostrando la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, o el caso fortuito o fuerza mayor, sino la mera inexistencia de negligencia de su parte, o prueba de su no culpa.

El médico, en el desempeño de su profesión, no puede garantizar el éxito del tratamiento y/u operación realizada al paciente.

Incluso en caso de total fracaso de la operación intentada, o de que el paciente quede total o parcialmente incapacitado, o con secuelas permanentes de dolores y malestares, el médico no responderá civilmente por estas secuelas si no se prueba de manera inequívoca la existencia de dolo, culpa grave, negligencia o impericia profesional en el cumplimiento de la prestación, en los términos de los arts. 512, 902 y conc. del C.C.

La obligación del médico es una obligación de medios y no de resultados, en la que aquél se compromete a poner de su parte la experiencia y pericia inherente a su profesión pero de ninguna manera a garantizar el pleno éxito del tratamiento u operación practicada. En consecuencia, y cualquiera sea la naturaleza (contractual o cuasidelictual) de la responsabilidad civil de los médicos, es carga ineludible del paciente o acreedor de la prestación probar la culpa del galeno, o su impericia, o su grave negligencia, como condición "sine qua non" para la viabilidad del resarcimiento reclamado.
Delito de acción privada, abandono de la querella, renuncia del agraviado
Materia: PENAL
Carátula: ARSLANIAN, MANUEL Y OTRO. s/ CALUMNIAS    E  INJURIAS.  ABANDONO  QUERELLA.  CADUCIDAD  INSTANCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-03

El abandono de la querella en los delitos de acción privada importa la renuncia del agraviado en los términos del inciso 4to del artículo 59 del Código Penal (ver entre otros esta Sala, causa 11 764 "Zabala de Díaz" del 3-8-79).

De admitirse lo contrario se vería afectada la garantía del "non bis in idem" (artículo 7 del Código de Procedimientos en materia Penal) y se estaría acogiendo dentro del enjuiciamiento penal, la absolución de la instancia, proscripta de manera categórica en el artículo 497 del citado cuerpo legal (conf. dictamen del entonces Procurador General Dr. Sebastián Soler en Fallos: 244.568).-
Emergencia económica, obligaciones, obligaciones en moneda extranjera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS AIRES c/ LAGEOS SRL s/ EJEC.PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Corresponde adicionar el coeficiente de variación de salarios (cvs) a una obligación ejecutada, expresada en dólares y transformada a pesos a partir de la sanción de la ley 25561, pues encuadra en el supuesto que prevé la ley 25713 art. 2-c y 4; no pudiendo interpretarse que con ello la ejecutante resulte beneficiada, pues la acreedora era titular de un crédito en dólares estadounidenses, que en virtud de la pesificación forzada impuesta por la ley 25561 dicha acreencia fue convertida en pesos a una relación equivalente a $1 = u$s1, de modo que el calculo del cvs constituye una compensación parcial de la perdida del valor intrínseco del capital derivado de la pesificación y devaluación de nuestra moneda; devengándose los intereses desde la fecha de mora, a la tasa pactada en los términos previstos por la normativa citada.
Docentes, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Etcheler, Silvia c/ Colegio San Agustin y otros s/ Horas extras, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

No estando prevista en las normas aplicables a la fecha del reclamo (arts. 65, dec. 60/III/58; 53 inc. "a", dec. ley 19.884/57; 7, ley 8727 modificada por ley 10.427, Prov. de Buenos Aires) la extensión de la jornada de los docentes primarios, corresponde al establecimiento privado empleador el pago de los servicios prestados por las maestras de grado durante una hora diaria más sobre la jornada habitual de cuatro horas en la que tenía a su cargo el dictado de materias extraprogramáticas aunque tal prestación adicional no esté contemplada ni reconocida por la Dirección de Establecimientos No Oficiales (D.E.N.O. art. 12, ley 8727).
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, remoción de funcionarios públicos, sumario administrativo, decretos, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Al no haberse invocado ni probado el hecho al que estaba condicionada la remoción de los fiscales adjuntos (mala conducta), el decreto 260/91 - que igualmente la ordenó - es insanablemente nulo e ilegítimo (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medina Olaechea Pedro G. c/ Medina Olaechea Pedro I. s/ Sucesión - Incidente determinación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La falta de una negativa detallada y categórica, queda conjurada con la negativa implícita emergente de la afirmación de hechos incompatibles con los que no se han negado circunstanciadamente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impugnación de decisión asamblearia, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: P. SA s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-20

"La nulidad de la decisión asamblearia que ratificó el pedido de concursamiento no impone la declaración mecanicista de nulidad del procedimiento concursal con abstracción de las consecuencias siguientes".
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor real, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. c/ HECTOR JOSE BOO s/ EXPROPIACION.    INDEMNIZACION.    DERECHO A LA PROPIEDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

Siempre que la explotación sea posible, aún cuando se trate de yacimientos no explotados efectivamente al tiempo de la expropiación cabe ponderar su existencia como valor "mineralógico" adicionable a las cualidades objetivas reconocidas al inmueble a fin de valuarlo.

En consecuencia tal interpretación, formulada por el tribunal de la causa a la luz del artículo 12 de la ley 1487 de la Provincia de Corrientes que consagra principios idénticos a los establecidos por el artículo 11 de la ley 13.264 -reproducido en la actualidad por el artículo 10 de la ley 21.499- no resulta violatoria de la garantía constitucional de la propiedad.
Proceso contravencional, abogados, sustitución del defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, defensor particular
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires s/ inf. art. 73- Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

La resolución que separa al letrado de confianza del imputado y le designa defensor oficial debe ser notificada personalmente. Sin embargo, si ello no ocurre, ello no afecta el derecho de defensa en juicio si esa designación lo fue hasta tanto se designe otro de confianza y a fin de evitar que permanezca sin asistencia letrada hasta dicha oportunidad.
Cheque en blanco, portador del título, tercero de buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NEME ALBERTO c/ ARENAS MARIO s/ Ejecución Cambiaia (LIBRO: S154 - 307)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-12-23

El tercero portador de buena fe, como consecuencia de las previsiones de la ley (art. 19 ley 24452/95), no puede verse perjudicado aún en el supuesto, de que el cheque se hubiera completado después de su libramiento. En esencia se preservanlos derechos del portador.-
Lealtad comercial, contrato de publicidad, liquidación
Materia: PENAL
Carátula: ALEFA S.A. s/ Lealtad Comercial Causa 34079
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

La circunstancia de que la mercadería ofertada por medio de un aviso publicitario en el no se consignaba el precio de contado, el precio total financiado y la tasa de interés aplicable, haciéndose referencia solamente a un plan de cuotas, se encontrara en liquidación, no justifica la omisión de consignar la tasa de interés aún cuando se argumentase como defensa que la misma no se aplicaría.

Asimismo, resulta irrelevante que el precio de contado fuera igual que la suma de las cuotas ofertadas, dado que la legislación aplicable exige que aquel se consigne para facilitar la libre elección del consumidor (Del voto del Dr. Repetto).
Actos voluntarios, relación de causalidad, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

La procedencia de todo reclamo indemnizatorio requiere inexcusablemente la acreditación de la existencia de una vinculación material, externa o física de naturaleza causal entre el daño causado y el evento o la intervención del pretenso responsable. Ello así, debe quedar claro también que si dicha vinculación o relación causal no queda debidamente acreditada en una litis, no cabe acoger la pretensión resarcitoria, dado que la prueba del nexo causal es uno de los requisitos inexorables o indeclinables de la responsabilidad civil.
Contratos comerciales, cláusula penal, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDEO RANCH  S.R.L. c/ DE TOMASO, MARCELA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-08

La cláusula penal importa una determinación por anticipado de los daños que el incumplimiento ocasiona al acreedor. Lógico es que la pena no se cancele hasta que la obligación se haga efectiva. Ello porque además de su finalidad resarcitoria, tiene una función compulsiva, como medio de constreñir el exacto cumplimiento de las obligaciones, y no se de aniquilada so pretexto de procurar una estricta correspondencia entre el daño y su reparación.

La función morigeradora del juez respecto a este tipo de cláusulas, debe limitarse estrictamente a corregir los abusos y no irrumpir en lo pactado libremente entre las partes, por puro espíritu de equidad. Ejercitarla más allá de estos límites, importa poner en peligro la eficacia misma de su institución que tiene, entre otras finalidades, la muy útil y conveniente de reforzar los vínculos contractuales.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, fundaciones
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fundación Nuestra Señora de la Merced s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la resolución de la Inspección General de Justicia mediante la cual se declararon irregulares o ineficaces dos reuniones del congreso de regencia de una fundación (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa inmobiliaria, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO SERAFIN c/ ESCUDERO ROBERTO FRANKLIN Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

Cabe hacer lugar a una demanda incoada contra los titulares de cierto inmueble, con motivo de los daños y perjuicios sufridos por el actor con ocasión de la celebración de un contrato de compraventa sobre dicho bien, toda vez que los accionados actuaron representando a un falso titular a fin de evadir cualquier oposición a la venta del mismo, ya que el bien se encontraba embargado en un proceso judicial laboral. Mediante el boleto de compraventa y acta de posesión establecieron expresamente que el propietario vendía los bienes libres de prendas, embargos y gravamen alguno; sin embargo, una vez instalado, el actor tomó conocimiento de que la mayor parte de los bienes se encontraban embargados y con subasta decretada en una causa laboral. En el marco descripto, los accionados son responsables en la producción de los daños alegados por el demandante, puesto que su accionar, además de incumplir abiertamente con las cláusulas contractuales, perjudicó los intereses del comprador.
Aportes de empleados, régimen de capitalización, aportes previsionales, cuenta de capitalización individual, sistema integrado previsional argentino, derecho de propiedad, depósito voluntario, acción de amparo, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Goñi, Cristino Javier c/ Estado Nacional y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

El traspaso operado en relación al saldo voluntario de la cuenta de capitalización individual (C.C.I.) resultó lesivo a los derechos amparados por los arts. 14 bis, tercera parte, y 17 de la C.N., aún dentro del reducido alcance reconocido por la ley 24.241 al derecho de propiedad de la parte actora sobre aquel, porque a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley 26.425 y siendo de público y notorio la aplicación de importantes sumas de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (F.G.S), conformado -entre otros- por los recursos provenientes de los aportes de quien demanda, a diversos fines, lo cierto es que el actor se vio impedido en tiempo oportuno de ejercer la elección prevista en el art. 6 de la ley 26.425, porque hasta entonces no había sido dictada la reglamentación correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 24.09.09, "Fernández, Edgardo Ramiro"). Y a casi tres años de vigencia de la mentada ley, y sin perjuicio del dictado de algunas disposiciones reglamentarias, es válido afirmar que perdura el impedimento apuntado, dado que la mentada "nómina" persiste en el anonimato, privando de operatividad al procedimiento. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Accidente de tránsito, declaración testimonial, culpa civil, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: BUENO, MARIA A c/ DIGIOVANI, JULIO C s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

La Corte Suprema de Justicia ha destacado la improcedencia de atribuir valor absoluto a declaraciones próximas al accidente que, por parte del damnificado, señalaran que lo ocurrido se debía a algo casual, obra de la fatalidad y sin imputación para terceras personas. Tales dichos no deben ser interpretados ni como reconocimiento de la propia culpa ni como exculpación de la parte demandada, sino más bien, y como se observa con frecuencia, como manifestación de la ausencia de voluntad de formular reproche de un ilícito penal, cuestión bien distinta de reclamo por responsabilidad civil.
Instrucción, delegación de la investigación, remisión del expediente, investigación a cargo del juez, deberes del juez, declaración indagatoria, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: FELNER, José. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

"Si el fiscal de grado remitió las actuaciones al juez instructor considerando que concurre el estado de sospecha para convocar al imputado ante la pretensión por parte del tribunal, corresponde que se reasuma la investigación en el ámbito jurisdiccional ya que de lo contrario significaría provocar un dispendio que solo generaría una controversia sin razón y que afectaría directamente la elucidación del hecho" (*). Es así que el juez de grado o bien debe continuar con el proceso con el llamado a indagatoria solicitado por el agente fiscal o dictar el sobreseimiento del imputado en base a sus argumentaciones.
Cuestión abstracta, segunda instancia, hechos nuevos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ, MANUEL H. c/ PASTOR SUAREZ s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-06

No tiene andamiento en la alzada pretender hacer valer documentos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia en primera instancia, pues admitir lo contrario afecta seriamente el derecho de defensa.
Notificación, cédula de notificación, notificación al empleador, domicilio constituido, falta de chapa municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: JURADO, Héctor c/ PAMI INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Si la cédula fue correctamente dirigida al domicilio legal oportunamente constituido por la demandada, aunque no se haya procedido a la entrega del instrumento por ausencia de chapa municipal en este caso concreto, el acto notificatorio es plenamente válido en virtud de lo dispuesto por el art. 29 segundo párrafo de la L.O.
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR HUGO S.D.HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE CHAVEZ JORGE DANIEL s/ CASACION-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.VERGOTINI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-25

La interpretación y aplicación del derecho común y del derecho procesal local, resultan de estricta competencia reservada por regla a las provincias, en pos de preservar sus autonomías.
Ley de desindexación, depreciación monetaria, deuda no consolidada
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Silvina Mónica y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-16

La norma provincial -Ley 4154- introduce por el art. 31 la novedad -al orden jurídico general- de traer a las deudas de la Provincia, la reglamentación dada por el Dto. 794/94 para el sector público nacional. En su art. 1, reitera lo que ya estipula la Ley 24283, esto es, su aplicación a "toda situación jurídica que no se encuentre consolidada", habiéndose interpretado por tales aquéllas en las que no se ha registrado pago total ni parcial de la prestación en cuestión.
Concursos, efectos entre partes, boleto de compraventa, bienes inmuebles, escrituración, apreciación de la prueba, acuerdo de partes, transacción
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHARCAS 4940 SA c/  s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION RESPECTO DEL CREDITO DE MIGA LUCIANO PROMOVIDO POR PIEKAR, ALEJANDRO DANIEL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-21

La inexistencia de un boleto de compraventa no impide que pueda establecerse la existencia del contrato por otros medios idóneos, dado que el boleto de compraventa no es el contrato en sí, sino el instrumento que patentiza la voluntad de las partes, de modo que esta puede ser demostrada por otros medios de prueba (CNCom, Sala E in re "Infico SA S/ Quiebra S/ Incidente De Escrituración Por Demirdjian, Oscar Andrés" del 27/02/15 y sus citas, ídem Sala E in re "Sucesión Stefani Juan Alfredo S/ Incidente de Escrituración", del 27/04/21 y sus citas) y ello en el caso, se encuentra debidamente acreditado.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Casado, Nidia. c/ Pallase y Cía. S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Debe anularse de oficio la sentencia del tribunal del trabajo en tanto la Suprema Corte se ve impedida de conocer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto porque la mayoría del tribunal de la instancia ordinaria omitió tratar aspectos esenciales que integran la cuestión litigiosa.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, escrito recursorio, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sancor Coop. Unidas Ltda. c/ Cortada Hnos. S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- -Ejecución  hipotecaria - Recurso directo (Expte.: C.S.J. Nro. 484 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

La ausencia de intervención de contraparte en el recurso directo regulado por los artículos 356 a 358 del Código Procesal Civil y Comercial, refiere a ese remedio ordinario en sí mismo, mas no a una vía extraordinaria como es la de inconstitucionalidad provincial, en la que, por virtud de su específico régimen normativo, siempre corresponde trasladar por diez días el escrito de interposición "a la contraparte en juicio", para que ella se expida sobre la admisibilidad y procedencia. En el caso, el trámite no se ha completado en legal forma al no imprimirle el Tribunal a quo la substanciación del art. 4 de la ley 7055. Dicho defecto procesal vulnera normas legales y podría ser atacado por violar "prima facie" garantías constitucionales, lo que tornaría impugnable la resolución a dictarse por haberse impedido a la parte actora expedirse sobre la admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto, razón por la que corresponde disponer la anulación del auto denegatorio.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Parraguez Araño s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

Procede declarar la nulidad de la sentencia, dejando firme el veredicto, si el vicio proviene de haber sido defectuosamente votada la cuestión concerniente a la calificación de los hechos.
Leyes, emergencia económica, reducción del beneficio, haber jubilatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Schanton, Héctor H. c/ I.P.S. y/u otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-12-02

Declarada la emergencia previsional y persistiendo ello que, bajo ciertas condiciones de transitoriedad, responsabilidad y legalidad, se reglamentan los derechos constitucionales amparados, con mayor restricciones que las previstas en situaciones de normalidad, cabe concluir que resultan acertadas las precisiones de la Sra. Juez de la Primera Instancia, en tanto considera razonable y atendible la resolución del 15% practicada sobre el haber previsional del accionante mientras dure la emergencia, las que deben ser confirmadas.