Tribunal: JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO Nro 3
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-13


1º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 13 de 2010.

Y Vistos:

Acude la actora solicitando la reinstalación en sus tareas en virtud de lo normado por la ley 23551 y la reparación por daños, atento no respetarse su calidad de representante sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Las demandadas a fs.84/113 y fs. 144/147 niegan derecho a la actora.

Considerando:

Manifiesta la accionante que, en fraude a la ley, fue contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la figura de locación de servicios, para prestar tareas de manera habitual y permanente en el INDEC desde el año 2003, realizando tareas de Coordinadora del Indice de Precios al Consumidor (IPC), dependiendo de las órdenes de la Subdirección y de la Dirección del área del IPC y abonándole el sueldo la Institución mencionada. Dice que, como consecuencia de la arbitraria modificación del Indice de Precios al Consumidor que se comienza a registrar a principios del 2007, fue citada a declarar en la causa iniciada en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en la Fiscalía Penal y Correccional, quitándosele su clave personal de acceso a la computadora y suspendiéndosele un viaje a un Congreso en Bolivia, aplicándosele también descuentos en sus haberes por haberse plegado a una serie de medidas de acción directa (huelgas), efectuadas como consecuencia del conflicto. Ante esta situación intima en los términos que detalla a fs. 10 vta. obteniendo como respuesta el silencio de la demandada. Agrega que fue elegida delegada gremial poniendo en conocimiento a la contraria de su designación con fechas 3 de octubre de 2007 y 11 de abril de 2008 y, aún así se le niegan tareas y se le retira el escritorio de su oficina en una clara conducta que califica como discriminatoria y persecutoria por ser testigo de las irregularidades cometidas en el IPC, acudiendo a estos estrados en procura del restablecimiento de sus derechos y del cobro de la reparación por daño moral que, con sustento en la normativa que cita a fs. 15 vta., estima se le adeuda.

El demandado Estado Nacional a fs. 84/113 niega los hechos y el derecho expuestos en la demanda. Opone excepción de falta de legitimación pasiva pues la actora no trabajó en relación de dependencia para su mandante sino que fue contratada como consecuencia de un Convenio de Colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Opone excepción de incompetencia en los términos que lucen a fs. 91 punto C. Cita como tercero al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Reconoce a fs. 101 la inclusión de la actora como delegada gremial (8 de abril de 2008) luego de la impugnación de la lista de delegados que se llevara a cabo ante el Ministerio de Trabajo. Señala que el Gobierno de la Ciudad contrata a la actora sin relación de dependencia para prestar servicios en el marco de un Acuerdo de Cooperación entre la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y el INDEC, por lo que no existe relación laboral con la Sra. Almeida y tampoco derecho a estabilidad gremial pues su contrato es de locación de servicios, reconviniendo a la actora en los términos que lucen a fs. 110.

El tercero Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 144/147 niega los hechos y el derecho expuestos en la demanda. Manifiesta que la actora suscribió un contrato de locación de servicios para desempeñarse en el INDEC y, dicho organismo remitió una lista de personas sugeridas para efectuar dicha tarea, por lo que se trató de personal transitorio que realizó tareas diferentes a las efectuadas por el personal de planta permanente. Niega la aplicación al caso de la Ley de Contrato de Trabajo y solicita el rechazo de la acción. Veamos qué resultado arrojan las probanzas de autos.

El testigo propuesto por la actora: Marcelo Rosenzveig (fs. 360/362) dice conocer a las partes. Conoce a la actora a la fecha que ella entró en el Indec, dice que la actora trabajaba en la oficina 307 y el testigo en el mismo piso en la oficina 316... Que la actora era coordinadora del sector Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, que la conoce a partir del año 2003... que tipo en agosto de 2007 le sacan el password y la dejan sin tarea que lo sabe porque la gente que el coordinaba las echan en agosto y cree que a ella no porque es delegada, cree que es la única empleada que no despidieron... Sabe que le quitaron el password porque es amigo de dos personas que estaban a su cargo... Que en noviembre de 2007 la dejan a la actora sin tarea alguna y pasa a estar en el horario de 9 a 17.30 hs en el loca de ATE sin tareas, que lo sabe porque es delegado gremial y cuando va al local gremial la ve todos los días a la actora en una computadora. Que la actora coordinaba con las demás provincias que estaban dentro del programa del IPC, que son las muestras, enlistar los comercios, hacer las capacitaciones a las provincias para que sepan realizar las encuestas, controlar los datos que se van ingresando en las diferentes provincias, todas las tareas de un índice nacional y que partir de que echan a todos los compañeros se levanta, que lo sabe porque a esa altura se comentaba en asambleas, en el local gremial ya que cuando echan a trece personas se sabe y teniendo relación con personal de allí le contaban lo que iba pasando en el sector y que fueron a solidarizarse al tercer piso con los compañeros y no pudieron frenar.

El testigo Achigar Carlos (fs. 363/365) propuesto por la actora, dice conocerla porque trabajaron en el mismo organismo en el INDEC y porque ella es delegada de la junta interna de ATE. Que el dicente trabaja en el tercer piso, en el mismo lugar donde funciona el IPC y donde trabajaba la actora . Que la actora coordinaba un grupo de siete a ocho personas en el Indec y que respondía a Bevaqcua y que tienen una relación con ella y eventualmente se cruzaban en el tercer piso, que luego la actora respondió a Beatriz Paglieri, que reemplazo a Bevaqcua, que este reemplazo lo sabe porque es público incluso hubo una notificación oficial ante datada...Que sabe que la actora se encargaba del contacto con las provincias, con los índices provinciales, la elaboración de las canastas provinciales, las ponderaciones de los productos de lo que eran partes de la canasta... Que la actora es delegada de la junta interna de ATE en el Indec, que fue electa para la Asociación de Trabajadores del Estado del INDEC, que en la actualidad no realiza tareas, que unos meses después que se produjera el desplazamiento de Graciela Bevaqua, se produjeron otros desplazamientos de otras personas por la nueva situación el IPC, que los trabajadores del INDEC organizados en la asamblea de ATE rechazaron la manipulación del manejo de los datos a partir de la nueva dirección, que en esos momentos se produjeron desplazamientos de personas que habían cuestionado esos movimientos. Que a mediados de 2007 comienza a haber desplazamiento de personal, que le retiran a la actora el escritorio, que en noviembre está claro que ya no le dejan hacer ninguna de las tareas que realizaba y que se tuvo que retirar al local gremial ya que no tenía espacio físico junto con otras personas...que lo sabe porque habían participado del conflicto y cuando se produce el despido de Soroka como los despidos posteriores formó parte de los trabajadores del INDEC que se oponían a la gestión del INDEC y en ese marco también estuvieron presentes donde se realizaron esas actividades o asambleas del sector y luego se hicieron públicas las nuevas disposiciones que imperaban en el IPC y el reemplazo de la actora.

El testigo propuesto por la actora, Salgado Quintans (fs. 384/387 y fs. 390), dice trabajar en el INDEC desde hace 16 años y que conoce a la actora desde hace tiempo... Sabe que la actora estaba a cargo del sector IPC (Indice de Precios de Consumo Nacional), que coordinaba encuestas de las provincias y le consta porque la conoce y tiene compañeros en común que estaban a cargo de la actora, por ejemplo Gabriela Soroka, Barbara Weich, Laura Lombardia, además el dicente realizaba muchas reuniones de trabajo en el Piso 3º donde estaba la oficina de la actora. Que la dirección del IPC estaba a cargo de Graciela Bevacqua y luego fue reemplazada por Paglieri y le consta por lo explicado anteriormente y su antigüedad en INDEC y por conocer mucha gente del sector IPC. Las tareas de la actora consistían en cálculo de la muestra, capacitación a las provincias y el relevamientos mes a mes del mismo índice... Que la actora es delegada de ATE y que desde fines de 2007 está sin tareas... primero se le quitó el password o clave de ingreso a la PC que es su herramienta de trabajo y luego se le sacó el escritorio y la propia PC y finalmente se le sacó la oficina, que le consta porque el dicente está afiliado a ATE y se encontraban en conflicto el dicente junto con los trabajadores del INDEC con las autoridades por la intervención en el área del IPC y la manipulación de la estadística, que es conocido inclusive en los medios públicos. Es del conocimiento del testigo que la actora se negó a aceptar las nuevas directivas porque entendían que estaban haciendo una manipulación de los índices de estadística, esto le consta porque es trabajador del INDEC y porque también está en el mismo conflicto, porque trabaja en una Dirección y debe ir recurrentemente al mismo piso donde está el IPC y porque conoce a gente del área. Que la dirección de su trabajo es Dirección Nacional de Población (son Jefaturas)... Que el Piso 3 donde trabajaba la actora ha sido remodelado físicamente; la oficina donde estaba la actora ha sido desplazada, quitando los escritorios al igual que otras oficinas del área, a una oficina de IPC la convirtieron en un local gremial de UPCN y por eso le quitaron todo...

La testigo propuesta por la actora, Morales Nora (fs. 388/389), dice conocer a la actora por ser compañeras del INDEC, que la actora es delegada de ATE, que sabe que a fines del 2007 la desplazaron del sector de IPC, que fue a comprar cosas para sus hijos y cuando llega se entera que la oficina ya no era más de Marcela y que las cosas ya no estaban allí. Que cuando conoció a la actora la directora del IPC era Bevacqua y cuando la desplazan asume Paglieri...Que las denuncias que hubo fue por manipulación de datos referidas al IPC. Que Marcela fue unas de las personas que hizo público por éste motivo, que lo sabe porque trabaja en el INDDEC y su nombre ha salido en los medios de comunicación. Que en el tercer piso cambiaron varias oficinas de lugar, que la dicente en ese momento estuvo en el tercero y en el cuarto piso, que las modificaciones fueron posteriores a la intervención y la mayoría de las remodelaciones estuvieron vinculadas al espacio del INDEC... Que sacaron mobiliario, de hecho hay una oficina de la UPCN en ese lugar...Que la dicente no trabajó ni trabaja en IPC.

La testigo propuesta por la demandada, Graciela Sacks dice conocer a la actora del sector IPC y a la demandada porque trabaja allí. Que no trabaja más la actora para IPC en este momento que ella sepa, que la dicente trabaja en el IPC, que la actora más o menos comenzó en septiembre de 2003, no sabe exactamente... que tiene entendido que la actora hacía tareas de cálculo, que era contratada por el Gobierno de la Ciudad y cree que le correspondía esa tarea... Que la actora no tenía días fijos y la veía de 11 a 13 h y que a veces no porque el horario de la dicente era de 7 a 13 hs... Que no sabe si la actora cambió de tareas que no sabe todas las tareas que ella hacía... Que la dicente estuvo contratada por el Gobierno de Buenos Aires desde octubre de 2002 a octubre de 2006... que a partir del 2006 la dicente comenzó a formar parte del INDEC que firmaba planillas de asistencia, con un horario y goza de todos los beneficios jubilatorios, obra social, vacaciones etc. Que la dicente trabajaba con la actora en el IPC en la parte del Nacional, donde son los cálculos de las provincias y en la parte de Buenos Aries también. Que compartía algunas tareas con la actora. Que nunca le informaron oficialmente que la actora fuera coordinadora. Que el cargo del IPC Nacional no tiene idea que supone que la directora a cargo del IPC era Bevacqua... que hubo reestructuración de tareas y en la parte física del IPC. Que la dicente trabaja en la actualidad en el IPC, que realiza el análisis del control de los precios relevados de las provincias: Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Catamarca. Que las tareas que hacía la actora las realizaba en el tercer piso en el IPC. Que no sabe si la actora sigue trabajando en el INDEC. Que la ve a veces cuando va al gremio ATE, porque es delegada gremial. Que las tareas que la dicente compartía con la actora se las entregaban a Graciela Bevacqua, que eran todo un equipo de trabajo, que cree que había intermediarios, que la dicente le entregaba las tareas a Marcela o Miriam Poch que era de la parte del GBA. Que no sabe si la actora recibía órdenes de Bevaqcua. Que calcula que si. Que trabajaba la dicente a una distancia de treinta metros aproximadamente de la actora, que no sabe, no puede decir. Que prácticamente no compartió oficina con la actora. Que los cálculos que realizaban en el IPC Nacional desde su conocimiento, no sabe, que la dicente hacía el análisis, el relevamiento de precios, que para quién se hacía no sabe. Que sabe que había gente que podía pasar a la resolución 48 y ella decidió pasarse, quien tomaba la decisión de que se pasen o no lo sabe. Que en el IPC eran un equipo, que no estaba la distribución de cargos que si la actora cumplía un rol no sabría decir. Que eran contratados y no firmaban planilla pero avisaban si faltaban, que si no iban a trabajar no se les descontaba el día e incluso tenían vacaciones. Que todos tenían clave para entrar al sistema, que no podían entrar a cualquier parte del programa, que la dicente no tenía acceso al cálculo final, que si lo tenía Analía Calero, Octavio, Cecilia paso, Emilio Platese... Que la actora también tenía acceso al cálculo final y cree que Bevacqua también. Que la dicente aclara que trabajaba más o menos ocho metros de la actora.

La testigo propuesta por la demandada, Patricia Davenia (fs. 456/458) dice conocer a la actora porque trabajaron en la misma dirección del INDEC. Que conoce a INDEC porque trabaja allí... Que la dicente ingresó en el año 2002/2003... Que la actora trabajaba en el IPC Nacional que la dicente trabaja en el IPC GBA. Que no veía todos los días a la actora pero que sabe que iba a trabajar. Que la actora no cumplía el mismo horario que la dicente. Que la actora estaba contratada por el Gobierno de la Ciudad... que la dicente trabajaba en una oficina grande y la actora en una oficina que estaba al costado, que podía o no estar trabajando, que como no firman planilla los contratados no puede decir si estaba o no trabajando, que no estaban en el mismo lugar físico.

Que no sabe quién le daba las órdenes a la actora. Que al frente del IPC cuando estaba la actora estaba primero Bevacqua y en febrero de 2007 Paglieri. Que entre el IPC Nacional Y el IPC GBA hay una relación, que el IPC nacional se nutre de una parte importante del IPC GBA... Que hubo reestructuración en la dirección del índice al consumidor, que de hecho se discontinuó la publicación del Nacional, que se readecuó la organización del IPC, GBA también se reestructuró. Que también hubo reestructuración física y la parte de cálculos. Que la dicente trabaja en campo y está a cargo de una reestructuración metodológica. Que en este momento el jefe de la dicente es Feiman. Que el IPC Nacional y el GBA reportaban sus datos que corroboraban se ingresan en el sistema, que cada sector se organizaba por su parte y los publicaba el INDEC. Que no sabe si se siguen elaborando los índices provinciales que componen el IPC Nacional.

El testigo propuesto por la demandada, Roberto Martínez (fs. 459/460) dice que conoce a la actora de verla en INDEC, que conoce a la demandada porque trabaja allí. Que no sabe qué tareas hacía la actora específicamente que la dicente es director de recursos humanos. Supone que la actora trabajó en ese sector hasta ahora. Que la actora no es personal de INDEC. Que está relacionada con el marco de cooperación entre el gobierno de la ciudad y el INDEC. Contratada por el Gobierno de la Ciudad. Que la dirección a cargo del testigo lleva control de asistencia, licencias etc, y que la actora ante dicha oficina firma vacaciones , inasistencias y licencias. Que actualmente la actora es delegada gremial, que lo sabe porque tiene conocimiento oficial de la lista oportunamente presentada por ATE y tiene entendido que es desde el segundo trimestre del 2007 que es cuando se renovó la junta interna gremial. Que el Indec impugnó la lista por dos motivos: primero por la cantidad de delegados en proporción a la cantidad de personal del instituto y segundo por la inclusión como postulantes a delegados de personal que no mantienen ninguna relación laboral con el INDEC, como el caso de Almeida y eso se resolvió en abril de 2008.

Que la actora no está registrada en el Indec porque es contratada por el Gobierno de la Ciudad...que son habituales los cambios de personal a efectos de ajustarse a las necesidades del servicio y en ese sentido es el director del área o quién esté a cargo en el momento quien realiza las modificaciones teniendo en cuenta los perfiles del personal y las categorías o niveles escalafonarios.

Pues bien, hago propio el detalle de los hechos controvertidos que se esgrimen a fs. 591 punto c), el que utilizaré como guía metodológica a los fines de una mayor claridad expositiva:

a) Relación laboral:

Las partes coinciden en señalar que se vincularon entre si a través de un convenio de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el INDEC, suscribiendo la Sra. Almeida contratos de locación de servicios desde el año 2003 (ver pericial contable de fs. 545/550 y fs. 565/571, no impugnada en este aspecto, art. 477 CPCCN), calificando la actora a esta contratación de fraudulenta por las razones que esgrime a fs. 6 punto V y siguientes. Coincido con la actora en este aspecto.

En efecto, lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la LCT no es de aplicación automática. Se impone integrar la norma con el principio de primacía de la realidad y, la realidad que surge de autos a través de las declaraciones testimoniales reseñadas (art. 90 LO) y el reconocimiento de la contraria, es que la Sra. Almeida se desempeña desde el año 2003 en el INDEC, recibiendo órdenes del personal permanente de la planta (Bevaqua y Pagliero), a cambio de una remuneración, inserta en una organización ajena, cumpliendo un horario y realizando tareas que son de carácter permanente (análisis de los Indices de Precio al Consumidor), imponiéndose en consecuencia subsumir esta relación bajo lo normado por el art. 23 de la LCT.

Coincido plenamente con la doctrina sentada por la Sala III de la Excma. Cámara en una causa análoga a la presente, en la cual ha dicho: "Toda vez que la actora celebró sucesivos contratos de locación de servicios (en el caso tareas de apoyo administrativo en el Hospital Bernardino Rivadavia) con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los que por el simple arbitrio de la demandada no fue su voluntad incluirla en el ámbito propio de las normas del derecho público, corresponde que la relación sea regida por la LCT. Ello así pues la prestación de servicios en forma personal, a favor de quien tiene facultad de dirección, a cambio de una remuneración, constituye el objeto del contrato de trabajo.

Máxime si se tiene en cuenta que la LCT, al determinar su inaplicabilidad a dependientes de la administración pública (art. 2, inc. a) parte de la premisa que tales trabajadores tienen una regulación específica (ya sea la ley 25.164 en el ámbito nacional o la ley 471 en el ámbito de la ciudad de Bs. As.) pero, en el caso concreto, la propia demandada reconoció que no existió nombramiento administrativo por lo que si tampoco se le aplicaran las normas laborales privadas, quedaría la trabajadora al margen de toda protección lo cual vulnera garantías constitucionales" CNAT, sala III, Expte. nº 15591/03, sent. 86891, 26/7/05, "Tedín de Lanusse, Angélica c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/despido" (P.- E.- G.-), doctrina que aplico al sub lite.

Asimismo la sala VII de la Exma. Cámara ha dicho: "En el caso, el actor se desempeño para la Secretaría de Energía-Subscretaría Combustibles, realizando actividades relacionadas con la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, siempre bajo las directivas de los funcionarios impuestos por las distintas estructuras orgánicas en que se organizó políticamente la demandada. Pese a esa clara subordinación, se le obligó a suscribir sucesivos contratos de "locación de servicios" hasta que le comunicaron que no se renovaría la contratación. Si bien en casos como estos se suele hacer referencia al "personal contratado" de la administración pública en referencia a los agentes que trabajan en cargos o funciones no permanentes, sino a través de convenios de plazo limitado, que según consenso general, no los incorpora a la carrera administrativa ni les otorga estabilidad en el empleo, en el caso debe prevalecer el principio de primacía de la realidad que muestra que el actor es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo. La suscripción de esos contratos constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son firmados tratando de burlar el orden público laboral. Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador y deben ser desplazados por la legislación laboral que es la que verdaderamente corresponde." (CNAT, Sala VII 26.983-07 Migliore, Carlos Alberto c/ Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública Secretaria de EN 16/03/09 SD. 41.600) A mayor abundamiento señalo que "como dijo Américo Plá Rodríguez en ("Curso de Derecho Laboral", Idea, Montevideo 2000) citado en el "Tratado de Derecho del Trabajo", Mario Ackerman, Diego Tosca, Rubinzal Culzoni, Tomo I, págs. 422 y ss): "el principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos. Esta afirmación es altamente relevante si consideramos que el contrato de trabajo encuadra en lo que De la Cueva identificó como un "contrato realidad". (Ver Tratado de Derecho del Trabajo, Mario Ackerman, Diego Tosca, Rubinzal Culzoni, Tomo I, págs. 422 y ss).

b) Actividad Gremial de la accionante:

Definida la relación entre las partes como un típico contrato laboral, cae el argumento de la demandada de no reconocer a la Sra. Almeida como delegada gremial por no prestar servicios en la Institución según lo dispuesto por el art. 41 b) ley 23.551) (ver fs. 110 y siguientes).

Del informe de fs. 394 (consentido por las partes, art. 386 CPCCN), surge que el 3 de octubre de 2007 se comunicó al INDEC la lista y los candidatos oficializados para las elecciones que se realizarían el 9 de octubre de 2007, resultando electa la Sra. Almeida.

Luego de las impugnaciones de la contraria por exceder la lista la cantidad de candidatos, permaneció la Sra. Almeida como vocal, siendo esta resolución también comunicada al INDEC con fecha 11 de abril de 2008.

En la respuesta al oficio que luce a fs. 577, se acompaña copia certificada por escribano de la notificación al INDEC de las elecciones llevadas a cabo el 27 de octubre de 2009, en las que volvió a ser elegida delegada la Sra. Almeida.

La propia Directora del INDEC, al absolver posiciones reconoce que la actora es Delegada (ver posición 6º).

Ello así, se encuentran acreditados los requisitos que exige el art. 49 de la ley 23.551 para poder gozar de la Tutela Sindical correspondiente, así como que la actora a partir de su postulación, se encontraba amparada por lo dispuesto por el art. 50 de la mencionada ley.

c) La modificación de las condiciones de trabajo y la discriminación:

Los testigos son contestes en señalar que el lugar de trabajo donde se desempeñaba la Sra. Almeida fue reestructurado, que le sacaron su computadora y su password y que la oficina de la actora ahora es una delegación de UPCN.

Descarto las impugnaciones efectuadas por la demandada a fs. 399 y fs. 403/404, respecto de los testigos Morales y Salgado, pues si bien es cierto que alguno de los datos que suministran no cayeron estrictamente bajo sus sentidos, como trabajadores del INDEC, vieron que la oficina de la actora no funciona más como tal, que no existen computadoras allí y que la accionante fue desplazada físicamente de ese lugar, al igual que los testigos Marcelo Rosenzveig y Achigar, cuyos testimonios no merecieron objeción alguna por la contraria (art. 90 LO).

Los propios testigos de la demandada, hacen referencia a los cambios de estructura y modificaciones que se efectuaron a partir de septiembre de 2007 en el sector de IPC, donde se desempeñaban junto con la accionante.

Pero a lo dicho agrego un dato fundamental: La directora del INDEC afirma en la posición 7ma, luego de reconocer el carácter de Delegada Gremial de la actora, que no era su deber darle ocupación a la accionante (ver fs. 400 vta.), lo que confirma la modificación de las condiciones laborales de la Sra. Almeida sin justificación alguna, infringiéndose así no solo las disposiciones contenidas en el Capítulo XII de la ley 23551 reiteradamente citada, sino también lo dispuesto por el art. 78 LCT.

En síntesis, la demandada ninguna prueba aportó en autos (art. 377 CPCCN) que permita justificar los mentados cambios de las condiciones laborales de la actora, por lo que corresponde declarar inválida toda modificación operada en su puesto de trabajo y ordenar que sea repuesta en la misma función que desempeñaba y con las mismas condiciones remuneratorias que antes del mes de febrero de 2007, bajo apercibimiento de imponer astreintes (art. 666 bis C.Civil).

Asimismo corresponde condenar , al pago de la suma de $ 40.000 como consecuencia de la indudable afectación espiritual (daño material e inmaterial) sufrida por la trabajadora quien fue desplazada de su cargo, con indicios suficientes que dan cuenta de una discriminación por su carácter de Delegada Gremial y ante el conflicto habido durante el año 2007 en el sector IPC, conforme declaraciones testimoniales precedentemente valoradas y lo dispuesto por la ley 23592, suma a la que deberán adicionársele intereses a la tasa activa (Acta 2357/2002 y Resol. Nº 8/2002 CNAT) desde el mes de febrero de 2007.

Atento el fraude que importó la contratación sucesiva de la actora desde el año 2003 (art. 14 LCT), bajo el régimen de supuestos contratos de locación de servicios, cumpliendo las mismas tareas que el personal permanente, corresponde -por el daño material y moral- la condena solidaria del INDEC y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (art. 30 LCT), lo que así decido.

Por todo lo expuesto, constancias de autos y normas legales invocadas fallo:

1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por Marcela Silvia Almeida y condenar al Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos para que, dentro del quinto día de notificada la presente, reponga a la actora en la misma función que desempeñaba antes del mes de febrero de 2007 y con las mismas condiciones remuneratorias, bajo apercibimiento de imponerle astreintes (art. 666 bis C.Civil) 2) Condenar solidariamente al Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos y Gobierno de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires a pagar, dentro del quinto día de notificados a la actora Marcela Silvia Almeida, la suma de $40.000 con más los intereses en la forma dispuesta;

3) Con costas a las demandadas (art. 68 CPCCN), a cuyos efectos regulo los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora en el 17%, los de cada una de las accionadas en el 14%, y los del perito contador en el 8% (art. 6, 7, 18, 19, 39 y 47 ley 21.839, dec.-ley 16.638/57); tomando como base en todos los casos el capital condenado con mas su intereses. Asimismo, de corresponder, deberá adicionárseles la incidencia del Impuesto al valor agregado (ley 23.349. Conf. CSJN sent.16.6.93 "Cía. General de Combustibles SA"). A partir del vencimiento de la intimación de pago a realizar en cumplimiento del art. 132 ley 18.345 se seguirán devengando intereses en la forma señalada y hasta su efectivo pago. Cópiese, regístrese, notifíquese, y oportunamente con previa citación fiscal, archívese. -Osvaldo A. Rappa