Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-09-11


Salta, 11 de Setiembre de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "DEL BARCO, MARIO ARIEL; GOMEZ PAZ, JUAN CARLOS; GUITIAN, SEBASTIAN MARIO POR HOMICIDIO SIMPLE EN PERJUICIO DE TROGLIERO ALVAREZ, JAVIER- APELACIONES INSTR. FORMAL CON PRESO", Expte. Nº 95.937/13 del Juzgado de Instrucción Formal 2da. Nominación, del Distrito Judicial del Centro, Causa Nº F01- 95.937/13 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. ENRIQUE GRANATA dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud de los recursos apelativos interpuestos a fs. 745/752 por la defensa técnica del imputado Sebastián Matías Guitián, a fs. 753/768 vta. por la defensa técnica del imputado Mario Ariel Del Barco y a fs. 900/908 por el representante legal de la parte querellante contra el resolutivo de fs. 663/679 y vta. punto III) y IV) por los que se dicta auto de procesamiento contra los nombrados imputados por considerarlos presuntos autores responsables del delito de Encubrimiento Agravado, previsto y reprimido por el Art. 277 apartado 1º) b) en función del apartado 3ro) a) del CP y por los recursos de apelaciones interpuestos a fs. 775/819 y 828/840 por la defensa técnica del imputado Juan Carlos Gómez Paz contra el punto I) y II) del auto resolutivo de fs. 663/679 y vta. por el que se dicta auto de procesamiento del nombrado por considerarlo probable autor responsable del delito de Homicidio- Art. 79 del CP y se dispone su prisión preventiva- Art. 300 del CPP .

Que sustanciado el trámite de la apelación en legal tiempo y forma, corresponde proceder al análisis de la cuestión de fondo objeto de revisión, solo en cuanto a los agravios de las partes introducidas en legal término.

A fs. 663/679 y vta. el A-quo dicta el procesamiento de los imputados Juan Carlos Gómez Paz por resultar probable autor del delito de Homicidio y de Mario Ariel Del Barco y Sebastián Matías Guitián por el delito de Encubrimiento Agravado. Sustenta su decisorio en la valoración de las pruebas colectadas en el curso de la investigación, entre las que destaca como de relevancia los testimonios de Maria Elvira Gladys Cajal, Natalia Beatriz Gallardo y María Laura Alberto. Meritúa que la conducta que se le atribuye al imputado Gómez Paz queda aprehendida en el tipo penal del Art. 79 del CP, toda vez que a lo largo de los actos procesales el incoado admite haber sido el autor de las puñaladas inferidas a la persona de Javier Trogliero, justificando su accionar en que habría obrado en defensa propia. Señala el resolvente que el pretendido acto defensivo que alega el imputado Gómez Paz debe ser descartado, por cuanto más allá de las posiciones corporales en la que pudieron haberse inferido las heridas, esto es de pie, o el agresor abajo y la víctima arriba, entiende que las mismas también podrían haberse producido mientras que los contendientes se habrían revolcado en el piso, de tal modo que pudieron haber cambiado de posición a tal punto que la víctima terminara abajo, postura que se acredita con la mancha de sangre del piso que fuera constatada a fs. 297, con las testimoniales citadas y con los restos de tierra y vegetal seco que presentaba la ropa del occiso según el informe técnico de fs. 516/525. Puntualiza que en orden a la belicosidad que habría observado Javier Trogliero, los argumentos defensivos no lograron tener corroboración acreditatoria, toda vez que de las revisaciones médicas practicadas, se determinó que Gómez Paz no presentaba lesiones de defensa, a diferencia de la víctima quien - conforme surge de la testimonial prestada por el Dr. Eveling a fs. 545/550- detentaba lesiones de defensa . Valora los testimonios del Dr. Mario Alberto Ulivarri y de Marcela Violeta Giordano, los que dan cuenta de la consulta y del tratamiento fisoterapéutico realizado por la víctima en relación a su brazo derecho que estuviera enyesado. Concluye el resolvente que el imputado Gómez Paz en ningún momento sufrió un ataque que haya importado un peligro real, actual o inminente que justificase racionalmente la reacción por parte del imputado, resultando claro el propósito y representación del resultado muerte por parte del imputado Gómez Paz dada la idoneidad y desproporcionalidad del medio que fuera empleado, la zona, la intensidad y las repetidas puñaladas asestadas al occiso, siendo que luego del hecho no colaboró ni prestó ninguna ayuda ante la grave situación en la que se encontraba Trogliero, conducta que resulta demostrativa de su frío accionar. Meritúa que en relación a la situación procesal de los coimputados Del Barco y Guitián, si bien la actuación de los nombrados fue evasiva y entorpecedora, esa circunstancia no puede llevar a la falsa conclusión de que hubo de su parte una intención homicida participativa. Pondera que la conducta de los imputados Del Barco y Guitián queda en-cuadrada en las previsiones del Encubrimiento Agravado- Art. 277 apartado 1º b) en función del apartado 3º a) del CP, al surgir que ambos indagados tenían conocimiento de la existencia de un arma, la que fuera ocultada por Del Barco, actitud que claramente demuestra la convergencia intencional encubridora de los nombrados, ya que al efectuar la llamada al Servicio de Emergencia 911, Del Barco refiere que Trogliero había sufrido un accidente, señalando a la operadora que éste se había caído lastimándose con un vidrio que había en la calle, en tanto que Guitián, en el mismo momento daba cuenta que había un herido con arma blanca, para en forma inmediata posterior cambiar la versión anoticiada manifestando que la persona se había caído sobre un vidrio, relato que también fuera brindado en un primer momento al personal policial, conforme constancias de fs. 508/510, 555/556, 559/562, secuestro de fs. 42 y testimoniales de fs. 126, 460/462, elementos de juicio que desvirtúan lo manifestado por los imputados a lo largo de la instrucción. El A-quo dispone la prisión preventiva del imputado Gómez Paz teniendo en cuenta la pena con la que se encuentra conminado el delito de Homicidio Simple, según lo normado por el Art. 300 del CPP. En relación a los coimputados Del Barco y Guitián dispone la libertad provisoria de los nombrados atendiendo a la calificación jurídica recaía y la penalidad del delito atribuido.

A fs. 745/752 se agravia la defensa técnica del imputado Sebastián Matías Guitián, por cuanto afirma que el A-quo al disponer el auto de procesamiento contra su asistido no efectuó una correcta valoración de las pruebas, toda vez que el imputado al ejercer su defensa material, fue contundente en señalar que jamás vio un arma blanca al momento de separar a la víctima y al procesado. Argumenta que el accionar de Guitián -al desencadenarse los acontecimientos -consistió en correr hacia donde se encontraban Gómez Paz y Trogliero a fin de separarlos. Refiere que Guitián no pudo visualizar a Del Barco en el momento en que éste se llevara el arma y la ocultara, puesto que Guitián levantó a Trogliero, abrazándolo y lo trasladó aproximadamente 20 metros hasta llegar al baúl del auto lugar en la que lo apoyó, recién entonces Guitían se percata de la existencia de sangre y de la herida que presentaba Trogliero en el tórax, teniendo la percepción que se trata de una herida con arma blanca, por lo que llama al Servicio de Emergencia 911. Puntualiza el recurrente que el único llamado al Servicio 911 indicando la existencia de un herido con arma blanca es realizado por su asistido desde su teléfono particular. Argumenta que la circunstancia que en la comunicación al 911 Guitián haya dicho que el herido lo había sido con un vidrio, tras escucharlo a Del Barco y en el convencimiento que primeramente había cometido un error , tal extremo no guarda trascendencia, puesto que si la víctima estaba herida con arma blanca o vidrio no resultaba un dato de relevancia, puesto que la razón del llamado era la presencia urgente del Samec en el lugar ya que había una persona muy mal herida y otra cortada en la cara. Señala que ambos elementos - arma blanca o vidrio- son punzo cortantes, capaces de producir hemorragias y el óbito de la víctima. Apunta que de las pruebas mencionadas no surge que Guitián haya tenido la intención de encubrir algún delito, puesto que en forma inmediata llamó al servicio 911 para que se hicieran presente la policía y la ambulancia. Reitera que su asistido jamás vio un arma blanca o un vidrio. Alega que es absolutamente imposible que éste haya concertado un plan o confabulación con los otros coimputados, razones por las que peticiona el dictado de auto de sobreseimiento a su favor. Sostiene asimismo la nulidad de orden absoluto del auto de procesamiento ordenado por el A-quo, toda vez que señala que Guitián fue indagado por el delito de Homicidio Simple, habiendo el A-quo dictado al respecto Auto de Falta de Mérito a su favor por considerar en el mismo que no habían elementos de convicción suficientes para sobreseer o procesar, que a posteriori se produjeron varias audiencias de las cuales no surge ningún tipo de responsabilidad hacia Guitián, no obstante el A-quo le atribuye el delito de Encubrimiento, por el que jamás fue traído a juicio, ilícito por el que no tuvo oportunidad de declarar o defenderse, ellos entre argumentos a los que por razones de brevedad tenemos por reproducidos. A fs. 753/768 y vta. se agravia la defensa técnica del imputado Mario Ariel Del Barco respecto al delito por el que resulta procesado su asistido. Deduce nulidades en orden a la resolución puesta en crisis por carecer de fundamentación. Alega que la mera referencia que Guitián y Del Barco conocían la existencia del arma y que éste último la ocultó, resultan merituaciones valorativas y jurídicas insuficientes para concluir o justificar la pretendida " convergencia intencional encubridora". Argumenta que el resolvente se ha basado en una apreciación discrecional y arbitraria de la prueba, puesto que no analizó de manera individual las conductas de cada una de las partes intervinientes, lo que importa caer en el subjetivismo puro. Sostiene que la resolución vulnera el principio de congruencia procesal y con ello el de legalidad y defensa en juicio, ya que su asistido fue detenido e indagado por el delito de Homicidio Simple, respecto al cual el A-quo dictara auto de Falta de Mérito y que al habérsele atribuido ahora el delito de Encubrimiento Agravado, éste no debería de haber permanecido detenido ni un solo día en el presente proceso y si el juez entendía que le correspondía la calificación por Encubrimiento, debió de indagarlo y luego procesarlo por este delito, a fin de que éste pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Sostiene la irregular participación de la parte querellante en los actos procesales de la causa, por cuanto se encuentra pendiente de resolución el recurso de queja por errónea denegación de la apelación como la correspondiente apelación de la defensa, por lo que sostiene que al no mediar una decisión judicial al respecto, debe desestimarse toda futura presentación en autos que esa parte plantee invocando tal carácter. En forma subsidiaria el recurrente apela el auto resolutivo puesto en crisis. Afirma que tanto su asistido como el imputado Guitián tuvieron actitudes y actividades diferentes y percepciones diferentes sobre el hecho que se investiga, por lo que no resulta posible asimilar sus conductas y su supuesta adecuación a una norma penal en forma conjunta como si se tratara de una misma persona. Refiere que no basta la mera referencia genérica de la norma penal a la que se adecuaría la conducta de su asistido, sino que el A-quo debió de describir el tipo penal endilgado y explicar de qué manera encuadra la conducta de Mario Del Barco en el citado tipo legal, analizándolo tanto en la faz objetiva como en la subjetiva. Argumenta que el Juzgador no ha tratado la estructura del tipo penal atribuido, la que incluye varias acciones " ocultar, alterar, hacer desaparecer o ayudar al autor del delito a realizarlas", por lo que la nula claridad del fallo en crisis, apareja el tener que adivinar si a criterio del Juez Instructor, la conducta de Del Barco de haber apartado el arma en el convencimiento de que no había sido utilizada, encuadraría en la acción de un ocultamiento. Sostiene que tomando el ocultamiento en el correcto sentido del tipo legal, es ilógico atribuir un entorpecimiento a la justicia por parte de Del Barco, puesto que fue él quien indicó a pocas horas después al personal policial y sin asesoramiento legal, donde estaba el arma, siendo que en su indagatoria - que resulta medio de defensa- explicó en forma clara porque apartó el arma y contribuyó para que la policía la encontrara, de suerte que nadie que tenga el ánimo de encubrir oculta el arma homicida en la puerta de su casa, por lo que resulta incongruente que el A-quo entienda la conducta se su asistido como entorpecedora de la administración de justicia, cuando el propio personal policial lo describe como un acto de colaboración. Refiere el recurrente que Del Barco no advirtió ni dimensionó la gravedad del hecho y por ello informó mal al personal del Servicio de Emergencia 911, circunstancia en la que también debió haber merituado el resolvente que Del Barco se encontraba en la oscuridad, en estado de ebriedad y de shock y que no tenía los conocimientos técnicos necesarios para informar en detalle qué tipo de herida tenía Trogliero y como se había producido ésta, no habiéndose valorado que su defendido llamó y dio aviso a la autoridad y pidió asistencia para el herido. Afirma que el delito de encubrimiento tiene como elemento esencial el dolo, compuesto por el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo, siendo que la culpa se encuentra excluida, de suerte que los actos cometidos con imprudencia o negligencia resultan impunes. Sostiene que si bien Del Barco tenía conocimiento de la existencia de un arma en el lugar, estaba no obstante convencido de que ésta no había sido utilizada, puesto que como lo señala en su declaración indagacional "al intentar cerrarla no pudo percibir ningún rastro de sangre... que sus manos no se mancharon", datos que se corroboran con el resultado negativo que surge de la pericia de hisopados de las manos de Del Barco obrantes a fs. 211/212. Argumenta que de la declaración de Del Barco surge que el mismo apartó el arma y la colocó sobre el cordón cuneta, cubriéndola con arena, con la sola finalidad de que no fuera usada por los contendientes Trogliero y Gómez Paz, puesto que éste no sabía que la navaja había sido usada y tampoco que ya se había cometido el delito, por lo que mal puede suponerse o concluirse que la ocultara con el fin de encubrir a Gómez Paz. Puntualiza que entre el llamado del testigo Gallardo (cuando peleaban Trogliero y Gómez Paz) y el llamado al servicio 911 que fuera efectuado por Del Barco y Guitián -momento en el que llega la policía- contaron solo con 4 minutos con 35 segundos para realizar las tareas que cada uno hizo en ese momento de tensión ( separar, atender a Trogliero, traer trapos, marcar y llamar al 911) y para - al decir del A-quo- converger intencionalmente para ocultar el arma y pensar toda una estrategia a fin de encubrir a Gómez Paz para que éste se declarara desde el inicio de la investigación culpable, lo que carece de lógica y resulta temporalmente imposible en solo cuatro minutos y más aun teniendo en cuenta el estado de shock, nerviosismo y ebriedad en que los mismos se encontraban. Concluye señalando que Del Barco al llamar al 911 y decir que Trogliero se había cortado con un vidrio, solo se limitaba a repetir la explicación que daba Gómez Paz, en un primer momento, lo que resulta corroborado con lo declarado por el oficial Jorge Omar Ríos. Afirma que las contradicciones de los imputados Del Barco y Guitián que resultan marcadas por el A-quo, solo importan percepciones distintas de una misma realidad, lo que se vio empañada por el alcohol ingerido, el shock emocional y la oscuridad. Expresa que no existió ninguna tergiversación de los hechos, tal como lo sostiene el Juez Instructor, toda vez que los dichos de los imputados en orden a lo sucedido dentro del inmueble y previo a la pelea son concordantes- concordancia que no significa identidad- no siendo sus declaraciones medios de prueba sino defensa y como tal merecen ser valorados.

A fs. 775/819 se agravia la defensa técnica del imputado Juan Carlos Gómez Paz contra el procesamiento y prisión preventiva que fuera ordenado en contra de su asistido, por cuanto sostiene que dicha resolución se sustenta en la incorrecta valoración de las pruebas y en la calificación jurídica de los hechos investigados. Afirma que en la reconstrucción de los hechos que constituyen la base del auto de procesamiento, el A-quo se apartó injustificadamente de las conclusiones vertidas por el Perito Médico del Poder Judicial en audiencia de fecha 03 de Julio del 2.013, el que refiere a que existen dos posiciones posibles para el cuadro de lesiones presentado por la víctima, esto es que hayan sido ocasionadas estando víctima y victimario de pie, o que hayan sido inferidas encontrándose ambos sobre el suelo esto es el victimario debajo de la víctima, siendo que contrariamente el A-quo sostiene que las lesiones habrían sido inferidas en el marco de una riña en la que ambos contendientes cambiaron de posición, llegando a encontrarse la víctima abajo y encima el imputado Gómez Paz. Expresa que pese a que el A-quo reconoce la existencia de una riña, y que implícitamente se admite que la misma fue iniciada por Javier Trogliero, en la reconstrucción de los hechos se produce un salto lógico y se afirma dogmáticamente que la vida de Gómez Paz nunca estuvo en riesgo, partiendo del análisis de que el occiso no tuvo capacidad ofensiva para producir la presión descripta por el imputado como asfixiante, bajo la cual debió acudir a la defensa aludida. Señala el recurrente que el A-quo no tuvo en cuenta que el testimonio de Marcela Violeta Giordano no concuerda con el testimonio de García Saravia, quien sostuvo que la noche del hecho Trogliero llegó a efectuar ocho pulseadas, dejando de lado las declaraciones del Dr. Eveling quien sostuviera que " con una fuerza de tan solo 15 kg es suficiente para producir la compresión de la tráquea", fuerza que tranquilamente pudo haber sido desarrollada por una persona con las características físicas de robustez que presentaba Javier Trogliero, no habiéndose valorado que el médico forense sostuvo con firmeza que el ahorcamiento o aplastamiento con el antebrazo no deja marca alguna, pese a lo cual el A-quo descarta la versión de Gómez Paz por cuanto éste no presentaba lesiones de defensa. Alega que el A-quo afirma equivocadamente que la vida de Gómez Paz nunca corrió peligro alguno, pese a que resultan coincidentes la versión de los testigos presenciales en haber escuchado que alguien gritaba desesperadamente "... no me mates, tengo familia" y la testigo Cajal agrega que la respuesta dada fue "... que me importa que tengas familia...", resultando claro que quien rogaba por su vida era Juan Carlos Gómez Paz, puesto que de ambos contendientes era el único que tenía familia a cargo, siendo evidente que quien avanza sobre la humanidad de Gómez Paz era en todo momento Trogliero, lo que se corrobora con el testimonio de Natalia Gallardo quien en la reconstrucción de los hechos señala " haber visto a Gómez Paz retrocediendo mientras era perseguido por otra persona que intervino en la pelea" . En razón de la valoración de estos elementos, el recurrente peticiona el cambio de calificación jurídica por el delito de Homicidio Atenuado por el exceso en la legítima defensa, al encontrarse reunidos los presupuestos típicos de una agresión ilegítima por parte de Javier Trogliero, falta de provocación suficiente por parte del imputado, quedando como único elemento de susceptible discusión la racionalidad del medio empleado. En relación a la prisión preventiva ordenada, el recurrente plantea la inconstitucionalidad de la interpretación efectuada por el A-quo respecto al Art. 300 y cc del CPP, por restringir irrazonablemente la libertad ambulatoria de quienes se encuentran sometidos a proceso penal imputados por delitos cuya pena mínima no permite la aplicación de una condena de ejecución condicional, restringiendo en forma irrazonable las facultades de los jueces para apreciar las circunstancias que rodearon al caso en concreto, siendo que dicha interpretación vulnera el principio del Juez Natural, de inocencia, lesiona el derecho de los imputados en el proceso penal a la libertad ambulatoria. Puntualiza que el Art. 300 del CPP solamente puede interpretarse como una norma ritual que obliga al Tribunal a tomar como un parámetro más a tener en cuenta la pena conminada en abstracto para el delito investigado a la hora de resolver la situación de libertad o privación de ella, pero siempre en conjunto con las restantes circunstancias personales que permitan afirmar la existencia o no de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones. Pondera sobre la afectación al principio de igualdad ante la ley frente a las normas previstas en el nuevo código procesal penal de Salta- Ley Nº 7.690 y sobre la ausencia de peligrosidad procesal, entre otros agravios a los que por razones de brevedad tenemos por reproducidos .

A fs. 900/908 se agravia la parte querellante conjunto contra los puntos III) y IV) del resolutivo puesto en crisis, toda vez que afirma que el A-quo encuadra la conducta imputada a Del Barco y Guitián dentro del tipo previsto por el Art. 277 del CP, desconociendo las razones de índole temporal, causal e intencional que impiden calificar de esa manera la actuación de los encartados y que constriñen a desplazarla hacia la participación- esto es en la complicidad en el resultado lesivo. Argumenta que la primera acción de cooperación se concreta momentos antes de la ejecución de la conducta homicida- las estocadas que Gómez Paz propina sobre el cuerpo de Trogliero- básicamente al librar el lugar de los hechos y permitir la gresca que culminó con la vida del occiso, aun sabiendo que éste se encontraba en evidente inferioridad de condiciones. La segunda acción de colaboración estuvo dirigida al resultado típico al no haber impedido o separado a los contendientes evitando la pelea. La tercera se consolida por el ocultamiento del arma homicida, falseando los datos, la alerta fabulada y la obstaculización de la ayuda médica y policial. Señala que si bien la acción típica, antijurídica, culpable y punible ejecutada por Juan Carlos Gómez se concretó aproximadamente a hs. 5:40 en los albores de las residencias de las testigos Alberto y Gallardo, su resultado muerte no se produjo hasta pasadas las hs. 8:40 , de suerte que la acción desplegada por Guitián y Del Barco se verifica concomitante a la ejecución de la acción típica principal y anterior al agotamiento del delito. Repara el apelante en las referencias brindadas por la testigo Gallardo quien señala que " al escuchar que Del Barco los corría pensó que iba a ser algo pasajero, se lo sentía como molesto a Del Barco, no escuchaba claro lo que decía , que por la ventana ve dos personas que salen peleanado..." siendo que el propio imputado Gómez Paz refiere que " escuchó que Guitian decía váyase a la mierda a pelear...". Ex-presa el recurrente que la influencia de este comportamiento en el resultado muerte es incuestionable, ya que de no haberse materializado la acción de in-vitar a los futuros contendientes a trenzarse, el desenlace fastuoso efectivamente no se habría producido. Recalca que si bien dicha actitud no se verifica como un aporte necesario (participación primaria), si lo hace como una colaboración no esencial que dirige el comportamiento del autor material hacia la consecución del desenlace jurídicamente reprimido. La segunda maniobra de los imputados está determinada por la omisión de no intervenir separando a los combatientes hasta que las lesiones fueron producidas. La tercera surge de la acción de enterrar el arma para que ésta no fuera habida por el personal policial. La cuarta aparece como una serie concatenada de actos a saber: alterar erróneamente y confundir a la fuerza policial para finalmente aletargar el auxilio médico. Afirma el apelante que si los imputados Guitián y Del Barco hubieran advertido de manera correcta al servicio de emergencias, no comunicando una versión fabulada de los acontecimientos, sino la realidad de lo sucedido, el fallecido habría recibido un auxilio temporáneo que a la fecha le permitiría, si bien con lesiones graves, mantenerse con vida. Puntualiza que la conducta de los inculpados no solo fue temporánea al delito y ejerció clara influencia en el resultado, sino que además se efectuó bajo una intención colaborativa desarrollada en forma de dolo eventual, puesto que Del Barco y Guitian sabían perfectamente que Javier Trogliero se encontraba en estado de ebriedad y vulnerable a cualquier ataque, aun así y sin ningún tipo de resquemor por el futuro desenlace, sacaron a Gómez Paz y al occiso hacia la calle , esperando pacientemente a que se produzca el daño y recién una vez encesta-das las estocadas, deciden intervenir nuevamente para separar al agresor de quien ya estaba herido de muerte. Sostiene que los imputados conocían que las heridas habían sido generadas mediante el uso de un arma blanca, no obstante prefirieron coadyuvar con la consumación del ilícito, escondiendo el arma homicida y confundiendo a los oficiales de la policía y a los sistemas de emergencia al aletargar el auxilio médico, que a la postre habría salvado la vida del difunto. En otras palabras se representaron la muerte del occiso y aun así actuaron de manera entorpecedora. Sostiene el apelante que en el intento doloso de desacreditar la personalidad de Trogliero, los partícipes señalan que éste se hallaba sumamente violento, cualidad que no pudo ser demostrada. Analiza el apelante el testimonio de Gallardo, del que emerge que el occiso y el victimario salieron juntos del inmueble trenzados en lucha, ello desbarata la raíz del relato de Gómez Paz respecto del suceso ocurrido en el baúl del auto. Expresa que Gómez Paz fue a guardar envases de cerveza en el habitáculo del vehículo, tomó la navaja y volvió a ingresar en el inmueble para arremeter contra Trogliero, empezaron la contienda - con el fallecido en inferioridad de condiciones- y luego de que los otros dos amigo advirtieron la gravedad del hecho, sacaron a los beligerantes del hogar, librando al futuro difunto a su suerte. Por las razones expuestas solicita la prisión preventiva de los imputados Del Barco y Guitián, por cuanto señala que la conducta procesal de los nombrados pone en evidencia una actitud siempre dirigida a obstaculizar la acción de la justicia y a procurar la impunidad, aún frente a un gravísimo hecho de sangre, ello entre otros agravios a los que en aras de brevedad me remito.

Pasando al tratamiento de la materia objeto de apelación, siguiendo un criterio de mayor pragmatismo jurídico y no un orden cronológico, abordaré, en primer término, los supuestos vicios formales invocados por los recurrentes que contengan cierta relevancia jurídica, para seguidamente analizar los agravios sustanciales esgrimidos por cada uno de ellos, los que involucran esencialmente supuestos errores in procedendo de facto en orden a la valoración de las pruebas producidas por el Juez Instructor las que aparejarían, según sus alegaciones, errores in iudicando en relación a la selección de la calificación jurídica en las que se subsume las conductas imputadas a Juan Carlos Gómez Paz, Mario Del Barco y Sebastián Matías Guitián.

De las nulidades: Numerosos son los planteos impetrados por los recurrentes sobre esta materia, lo que me obliga necesariamente recordar y a fijar como estricto parámetro de interpretación que el régimen de las nulidades se rige por los principios de taxatividad, de interpretación restrictiva y de trascendencia, lo que quiere significar que no hay más nulidades que aquellas previstas por inobservancia de las formas establecidas por ley ( Art. 161 del CPP), que en razón del principio de seguridad jurídica debe estarse - prima facie- por la validez de los actos procesales ( Art. 163 del CPP) y que para la procedencia de la sanción nulidificatoria debe concurrir expresamente un interés de la parte en su declaración, en otras palabras no procede la nulidad por la nulidad misma, toda vez que la invalidación procesal tiene sus límites en su propio destino, esto es, no constituye un fin en sí misma, sino un instrumento enderezado a la preservación de las formalidades inherentes a la actividad procesal.

De la lectura de los agravios de la defensa del imputado Del Barco, encuentro que la misma esgrime, en primer término, como vicio nulidificatorio del auto resolutivo puesto en crisis, su falta de fundamentación en orden a las razones de hecho y derecho por las cuales el A-quo engloba las conductas imputadas a su asistido en forma conjunta con el accionar desplegado por el imputado Guitián, para concluir de este modo en la mentada convergencia intencional de la conducta encubridora enrostrada a ambos incoados.

En reiterados precedentes he sostenido que fundar una resolución importa la exposición por parte del resolvente del juicio lógico y jurídico seguido en la valoración de las pruebas por medio de las cuales se procura la reconstrucción histórica de los hechos investigados. Basta para sustentar una resolución fundada, conforme la exigencia normada en los Arts. 115 y 297 del CPP, con que se explicite "sucintamente" los motivos fundantes de la decisión incriminatoria ordenada.

En la resolución puesta en crisis, estos recaudos formales fueron debidamente observados por el A-quo, así las cosas, las circunstancias de que se comparta o no el razonamiento esgrimido y la consecuente apreciación y valoración probatoria que lo sustenta como también lo atinado o no de valorar en forma conjunta las conductas desarrolladas por Guitián y Del Barco, resultan argumentaciones que no deben ser analizadas en el campo de los vicios formales sino que estrictamente resultan materia de agravios impugnativos, y como tal serán oportunamente tratados.

En relación a los vicios de nulidad que se peticiona en cuanto a las actuaciones e intervenciones desarrolladas por la parte querellante conjunto en el proceso, a partir que la defensa ejercida por el Dr. La Torre cuestiona la legitimidad activa de Sonia Álvarez -madre de la víctima- para ser parte eventual en estos obrados, dichos planteos no pueden ser nuevamente reeditados por vía de nulidad cuando fueron suficientemente tratados en ocasión de resolverse el Recurso de Queja en fecha 18/07/13, tal como consta a fs. 25/27 del incidente que se encuentra acumulado por cuerda floja a estas actuaciones principales.

En cuanto al pretendido vicio de nulidad que mencionan como denominador común las defensas técnicas de los imputados Guitián y Del Barco por resultar conculcatorias del derecho de defensa en juicio, a partir de la circunstancia que los nombrados fueron en su momento detenidos e indagados en estas actuaciones procesales por la imputación del delito de Homicidio Simple, ilícito respecto del cual el A-quo dictara en fecha 25/06/13 Auto de Falta de Mérito a su favor, siendo que posteriormente y sin que se produzcan pruebas de decisiva relevancia, son procesados por el delito de Encubrimiento Agravado, aprecio que la situación procesal planteada tampoco amerita la sanción de nulidad pretendida, puesto que más allá que metodológicamente no resulta correcto hacer uso del instituto del Art. 298 del CPP "exclusivamente" para definir en lo inmediato y en la urgencia la situación de libertad de los detenidos Guitián y Del Barco, toda vez que la procedencia del auto de falta de mérito solo se justifica frente a una valoración probatoria convergente y divergente de la culpabilidad de los imputados en relación a la posible adecuación de las conductas atribuidas en orden a la integridad de los tipos normativos contenidos en el catálogo de ley sustantiva, ya que solo así se puede sustentar un grado cognitivo de duda en sentido estricto, no advierto que en este extremo concurra una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio.

Sobre éste tópico debo señalar que el derecho de los imputados de conocer plenamente la imputación a los fines de estructurar adecuadamente el ejercicio de su defensa material y técnica ha sido respetada en los trámites de actuaciones procedimentales desarrolladas. Digo ello por cuanto al momento de prestar sus declaraciones, los imputados Sebastián Matías Guitián ( ver fs. 70/72) y Mario Ariel Del Barco ( ver fs. 85/88 y vta), ambos con la presencia de sus respectivas defensas técnicas, fueron debida y detalladamente informados desde la jurisdicción sobre los hechos que se les endilgaban y sobre cuáles eran las pruebas obrantes en su contra, información que les posibilitara el pleno conocimiento fáctico de la intimación y la consecuente estructuración de sus respectivas estrategias defensivas.

Conforme a ello no emerge que en autos haya mediado una afectación al principio de congruencia que necesariamente debe ser respetado entre el hecho intimado en el acto indagacional y el valorado en el auto de procesamiento, puesto que más allá de la diferente calificación jurídica barajada en un primer momento de la investigación (Homicidio Simple) y ulteriormente al momento de definir provisoriamente la imputación en el auto de procesamiento (Encubrimiento Agravado), la plataforma fáctica en uno y en otro estadio ha permanecido invariable.

Como bien se ha sostenido doctrinariamente, la actividad instructoria aparece en su ejercicio limitada a la órbita fáctica que plantea el acto promotor de acción penal ( ver fs. 24/25), limitación que no atañe a la valoración jurídica (calificación legal o subsunción) de la especie fáctica sometida a la jurisdicción. En otras palabras, si bien el Juez de Instrucción tiene libertad para elegir la norma jurídica aplicable a los hechos (iura novit curia), lo que significa que puede dar al hecho procesal sometido a su conocimiento una definición jurídica distinta a la contenida en los actos iniciales del proceso, en el caso, tal actividad tampoco resulta lesiva del derecho de defensa en juicio, toda vez que los imputados Guitián y Del Barco, al momento de ejercer sus defensas materiales y a lo largo de la actividad probatoria desarrollada en el proceso, se encontraron en condiciones de ponderar adecuadamente los posibles elementos normativos descriptivos de subsunción de sus conductas también en relación a la probable calificación jurídica de Encubrimiento, de suerte que la actividad y estrategia defensiva, conforme un análisis objetivo de los obrados, no tuvo posibilidad cierta de indefensión por no haber sido sorprendida frente a la tipicidad jurídica finalmente asignada a las conductas de los encartados en la resolución incriminatoria ordenada, la que por otra parte, dable es resaltar, favorece notablemente las situaciones procesales de estos indagados, al punto que ello posibilitara su libertad. Finalmente en relación a las nulidades articuladas en los agravios complementarios esgrimidos por la co-defensa técnica del imputado Juan Carlos Gómez Paz a fs. 828/840 y teniendo en cuenta el expreso pedido formulado en el "Otro si digo" de la presentación de fs. 821 y la colocación del cargo con fecha y hora sin suscribir por el Actuario del Juzgado de elevación que rola a fs. 840, entiendo que los mismos resultan de inadmisible tratamiento por resultar extemporáneamente formulados, ello si se tiene en cuenta que la prórroga especial que prevé expresamente el Art. 159 del CPP aplicable al trámite procesal regulado por la ley Nº 6.345, por el que se rigen estas actuaciones, vencía en la primera el día 19/07/13 a hs. 9:00, reparando para su cómputo en la notificación cursada mediante cédula de fs. 772 y vta. al Dr. José Fernando Teseyra, quien para entonces ejerciera, en forma única, la defensa del imputa-do Gómez Paz, razones éstas que me eximen de tratamiento.

De los agravios sustanciales: Como lo expusiera al inicio de estos considerandos, el orden con el que abordaré el tratamiento de los recursos apelativos impetrados será pragmático y no cronológico, por estas razones en primer término avanzaré respecto a la situación procesal del imputado Juan Carlos Gómez Paz, para seguidamente tratar la situación de los incoados Guitián y Del Barco los que se relacionan conjuntamente con los agravios formulados por el representante de la parte querellante conjunto.

En los argumentos apelativos formulados a fs. 775/819 la defensa técnica del imputado Juan Carlos Gómez Paz invoca la errónea valoración de las pruebas producidas, las que a su entender aparejarían el incorrecto encuadramiento jurídico de la conducta imputada a su asistido, toda vez que afirma que se acreditó que la vida de Gómez Paz si estuvo en riesgo, que medió una agresión ilegítima por parte de Javier Trogliero, quedando como único elmento susceptible de discusión la racionalidad del medio empleado por Gómez Paz, por lo que propicia que el hecho imputado resulte calificado como Homicidio con Exceso en Legítima Defensa ( Art. 35 del CP).

Al respecto, y sobre la calificación jurídica que propugna el apelante, dable es tener en cuenta que únicamente puede concebirse un exceso en la defensa cuando media como base fáctica precedente una situación de legítima defensa cuyos límites, por un error en la autorización o en la necesidad, es sobrepasada por el agente.

En el caso de autos, precisamente, los elementos configurativos de un estado de legítima defensa habilitante de la conducta de Gómez Paz es lo que aparece controvertida, ello si se tiene en cuenta que no emergen pruebas directas y objetivas que permitan establecer que el encartado haya sufrido en su persona una agresión ilegítima que le haya significado un peligro real, directo e inminente para su integridad física.

Si bien en forma previa a que tuviera lugar el acontecimiento luctuoso que sesgara la vida de Javier Trogliero, éste habría protagonizado una reyerta con el imputado Gómez Paz en el interior del domicilio, tal como lo dan cuenta los relatos de los coimputados Sebastián Matías Guitián ( ver fs. 70/72) y Mario Ariel Del Barco ( ver fs. 85/88 vta), los que señalan que por el estado de alcoholización que presentaba la víctima, la misma se encontraba violenta y que quería acometer físicamente contra Gómez Paz, sin poder justificar específicamente la razón de la gresca, ésta sola circunstancia se muestra objetivamente insuficiente para fundar un estado de legítima defensa en el escenario posterior de los hechos que se desarrollaran luego en ocasión que Gómez Paz saliera del domicilio.

Centrándonos ya en este último momento, la versión unilateralmente sostenida por el incoado Gómez Paz sobre cómo se habría iniciado la nueva pelea, en cuanto señala que "... se va para atrás a abrir el baúl, mete las botellas, donde se encontraba la navaja con el estuche, ve que Sebastián entra a la casa y lo deja a Javier solo y lo ve aparecer, Javier se arremanga y le dice que se hagan sonar, mira dentro del baúl dándole la impresión al dicente de que iba a agarrar una botella, por lo que Javier mira en el baúl, diciendo esto que es, " ahora te haces el milico", sacando Javier la navaja pero no la pudo abrir, ahí el dicente pensó que si no le sacaba la navaja lo mataba, por lo que agarró con las dos manos la mano derecha y se la sacó...", como también la referencia a las circunstancias en la que hiciera uso de la navaja, cuando señala " ...que Javier lo voltea, forcejean y Javier cae encima del dicente y lo comienza a ahorcar con el antebrazo, quedando el dicente debajo de él... el dicente sintió que se desmayaba por la presión que sentía en el cuello, en ese momento comenzó a decir " tengo familia, no me matés, no me matés que tengo un hijo", por lo que el dicente mueve su brazo para pegarle un puntazo con la navaja en el hombro...que Javier tenía una fuerza descomunal, fue entonces que lo hirió en el tórax...," se contradice clara y evidentemente con las circunstancias de lugar y de modo que son reseñadas por Natalia Beatriz Gallardo ( ver fs. 346/348), quien se sitúa como testigo presencial de los hechos, la que afirma que "las dos personas salieron peleando de la casa, se manoteaban e insultaban, que estaban ellos dos... todo sucedió en medio de la calle... que escuchó gritos desgarradores " ...matame, si querés matame, matame", que no pudo ver quién era el que gritaba, pero iban y venían los dos..." siendo estos datos los que guardan correspondencia con las constancias recogidas en el informe policial de fs. 35 efectuado por el Oficial Sub- Ayte. Diego Tolaba y con el Plano de Finca de fs. 297, en los que se deja constancia fotográfica de manchas sanguinolentas sobre la calzada de tierra, los que resultan elementos de convicción que permiten avizorar con grado de probabilidad que la pelea protagonizada por Gómez Paz y Trogliero tenía todo el viso inicial de un desafío, de un acometimiento mutuamente aceptado y protagonizado entre víctima y victimario.

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que no se puede afirmar en este estadio del proceso que Gómez Paz haya sufrido en su persona una previa agresión ilegítima seria y de trascendencia, puesto que de su propia declaración indagacional surge que, con solución de continuidad, la "tirada de bronca" en la calle prosigue la pendencia iniciada en el interior del domicilio, de suerte que la circunstancia de que en el desarrollo de la misma víctima e imputado protagonizaran agresiones físicas y verbales mutuas, que llevaran a Trogliero a efectuar la pretendida maniobra ofensiva y de presión con su antebrazo en la zona del cuello de su contrincante, a grado tal de sentirse Gómez Paz asfixiado y que esta acción fuera la que desencadenara el acometimiento armado contra Trogliero, no involucra típica y objetivamente una situación justificante de legítima defensa en el sentido que lo regula la norma del Art. 34 inc. 6to del CP, toda vez que para viabilizar la misma se requiere que la agresión sufrida por el sujeto activo sea injusta, actual y no provocada. Así las cosas, entiendo que no puede ampararse en un estado de legítima defensa quien se expone voluntariamente a una situación de agresión física, habiendo tenido en forma previa amplias posibilidades de eludir el enfrentamiento buscado y propuesto por la víctima, descartándose de las pruebas analizadas un posible ataque sorpresivo por parte de Trogliero.

En idéntico sentido puedo afirmar que de las pruebas colectadas no emerge que Trogliero haya estado armado al momento del enfrentamiento físico, resultando la versión del imputado Gómez Paz contradictoria y sustancialmente subjetiva, toda vez que pretende justificar que Trogliero fue quien primero tomó la navaja del baúl del automóvil, para posteriormente, mediante un forcejeo recuperarla, dato este que en la mecánica que se pretende de los hechos no surgen como una maniobra posible, si se repara que el propio incoado Gómez Paz marca enfáticamente que la víctima tenía una "fuerza descomunal", de allí que conforme a la versión defensiva esgrimida por éste imputado, aparezca como poco factible que con un forcejeo Gómez Paz haya podido recuperar la navaja y que luego al momento en que supuestamente acometiera Trogliero asfixiándolo en el cuello, la fuerza descomunal de la víctima no fuera direccionada en neutralizar la posible acción armada de su contrincante, siendo que conforme lo señala Gómez Paz, Trogliero sabía que éste portaba una navaja. Sostengo que la versión del imputado Gómez Paz se muestra sustancialmente subjetiva, puesto que el mismo señala que " al dicente le dio la impresión que Trogliero iba a agarrar una botella , sin embargo en el proceso instructorio no se acreditó objetivamente que éste haya querido efectivamente munirse de tal elemento, en igual sentido el incoado afirma " ...que pensó que si no le sacaba la navaja lo mataba..." , no obstante la gresca protagonizada, no se probó que Trogliero haya querido la muerte de Gómez Paz, datos que permiten arribar a la probable conclusión, válida y suficiente para este estadio procesal, que el imputado Gómez Paz al momento del desarrollo de los hechos se habría posicionado internamente desde una actitud extremadamente defensiva y ofensiva alimentada por su propio convencimiento de que la víctima quería atentar contra su vida, creencia que se muestra desorbitada frente a una situación de altercado y belicosidad alcohólica que involucraba a Trogliero, la que real y objetivamente no guardaba demasiada trascendencia.

Por las razones expuestas, aprecio que la calificación jurídica de Homicidio Simple - Art. 79 del CP asignada por el A-quo a la conducta del imputado Juan Carlos Gómez Paz en este estadio procesal debe confirmarse, a los fines de habilitar oportunamente la instancia del Plenario, etapa en el que las partes, en igualdad de armas, sustentado en los principios del contradictorio, de la oralidad, inmediación, el examen directo y contra examen de las pruebas, permitirán el acabado y preciso conocimiento de los hechos y una mejor determinación de la calificación jurídica, la que no es dable de exigir en una resolución jurisdiccional de carácter meramente interlocutoria como es el auto de procesamiento, decisorio que esencialmente se sustenta en un grado de conocimiento probable y provisorio de los hechos y de su calificación jurídica.

En cuanto a la procedencia de la prisión preventiva que fuera ordenada contra el imputado Gómez Paz, respecto a la cual la defensa plantea la inconstitucionalidad de la interpretación efectuada por el A-quo al Art. 300 del CPP, me limitaré en señalar que la propia Constitución de la Provincia de Salta en su Art. 19 expresamente reza: "... Toda restricción de la libertad física se dispone dentro de los límites absolutamente indispensables para investigar el ilícito o para evitar que el imputado pueda eludir la acción de la justicia o en relación con la gravedad de los hechos...".

Así, la reglamentación legal de dicha garantía, queda receptada en el Código Procesal Penal cuando el Art. 270 prescribe: "la libertad personal podrá ser restringida sólo de acuerdo con las disposiciones de este código y en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley sustantiva". Tal esquema de legalidad no puede ser soslayado y autoriza enfatizar que el ordenamiento jurídico local sustenta la posición que el encarcelamiento anticipado a cualquier condena ulterior, sólo guarda sentido procesalista a título de cautela para lograr la comparecencia del acusado a juicio y posibilitar en su caso, la aplicación de la ley sustantiva.

Debo señalar que a fin de evitar el riesgo procesal que implica la sospecha de rebeldía o fuga del imputado, la ley recurre a presunciones juris tantum. En este orden el Art. 272 de la ley de ritos establece, cuando el delito que se investigue no esté reprimido con pena privativa de libertad, o cuando estándolo parezca procedente una condena de ejecución condicional, el Juez, salvo los casos de flagrancia, podrá ordenar la comparencia del imputado por simple citación. Congruentemente, el Art. 300 indica, el Juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento cuando el delito o al concurso de delitos que se le atribuya, le corresponda pena privativa de libertad y además estime que no procederá condena de ejecución condicional. Finalmente el Art. 305 del C.P.P. reitera: "el Juez calificará el o los hechos de que se trate y si estimare- prima facie- que procederá condena de ejecución condicional, podrá eximir de detención al imputado". Esta preceptiva, huelga explicar, presume que si el acusado condenado habrá de cumplir su pena en libertad, con mayor razón no puede ser privado de ese estado mientras se sustancia el proceso, porque lógicamente preferirá comparecer ante los estrados judiciales que evadir esa responsabilidad fugándose, dado que esta última actitud habrá de acarrearle más graves consecuencias.

En el sub- judice el A-quo ha calificado la conducta del encartado como comprensiva del delito de Homicidio Simple (Art. 79 del C.P.), que contempla una escala en abstracto a pena de reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, de lo que se deriva que no sería pasible en caso de condena futura, que la pena imponible sea de ejecución condicional.

La probabilidad de una eventual condena efectiva de más de ocho años de prisión por la comisión del delito de homicidio simple, implica de por sí una grave presunción en contra del imputado a lo que se adiciona el escaso tiempo que el mismo lleva detenido, la perspectiva de una futura condena efectiva prolongada, las que sustentan la presunción de peligro de fuga que de quedar libre Gómez Paz podría asumir una actitud de incomparecencia frente a los estrados de justicia que truncaría la efectiva realización del juicio.

Al respecto dable es recordar que la Excma. Corte de Justicia local en el precedente jurisprudencial registrado en Tomo:134 327/340 en Expte. CJS 32.156/09 de fecha 16/06/09 sostuvo " ... la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia es guía para la interpretación del pacto de San José de Costa Rica (CSJN, Fallos, 318:514)- consagró a la prisión preventiva como medida cautelar no punitiva (c. Suárez Rosero, 12/11/97) y admitió como legítima causal para dictarla a la gravedad penal de la imputación, siempre y cuando la amenaza de cumplimiento efectivo subsista mientras dure la medida (informe 2/97). En ese informe, además, aceptó como justificativo para su dictado al peligro real de reiteración o reincidencia delictiva y, en la Resolución Nº17/89, a la reacción pública ante la gravedad especial del hecho." ... "la privación provisoria de la libertad ambulatoria del imputado, ... para ser válidamente dictada, además de la gravedad del delito, debe encontrar su causa en el posible daño al proceso, sea a la averiguación de la verdad o a la concreta actuación de la ley penal, valorado en cada caso y en atención a sus particularidades objetivas y subjetivas; asimismo, tratándose de una medida cautelar, únicamente procede ante la verosimilitud del derecho que se quiere proteger y el peligro en la demora y, principalmente, debe ser útil, razonable y proporcional al peligro que se quiere evitar." ... "la cautelar sólo se concibe cuando en el caso concreto al hecho investigado corresponda pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo ... la magnitud de la amenaza penal indica en alto grado de probabilidad el peligro de daño al proceso, ya por evasión del imputado o por deliberado ocultamiento de pruebas. ... resulta razonable .. y es ajustado al derecho vigente que para dictar la cautelar restrictiva de libertad o hacerla cesar, se atienda, como punto de partida a la gravedad de la sanción y a la amenaza de cumplimiento efectivo, para valorar el peligro de daño al proceso. Ello, siempre que a la par se verifique la verosimilitud y el peligro en la demora; extremos que surgirán de la merituación de los elementos atinentes al trámite de la causa y de las circunstancias personales del imputado. ... en cuanto a los elementos atinentes a la causa, superado lo referente a la pena conminada y a la naturaleza del hecho, a modo enunciativo, deben valorarse: el estado de la investigación al momento de resolver, los elementos de convicción recolectados, su dificultad o complejidad, el estado procesal del imputado, la necesidad de producir pruebas o practicar actos en su presencia, el riesgo de que se ejerza presión sobre testigos, y, si ya se encuentra privado de libertad, la razonabilidad de la duración de la medida...en lo que hace a las circunstancias personales del imputado, corresponde que entre otras cosas se amerite: su situación familiar patrimonial, si tiene arraigo, domicilio conocido, personas a cargo, medios de vida lícitos, vicios y, además -fundamentalmente para evitar que el delito sea llevado a consecuencias ulteriores- la peligrosidad evidenciada, delincuencia, la conducta, los antecedentes demostrados, la predisposición posterior al hecho y la posibilidad de reacción social o de disturbios de orden público...". Refiriéndose específicamente a la prisión preventiva señala "en cuanto a los requisitos de su dictado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora aparecen como condicionantes intrínsecos, ya que sólo procede contra imputado procesado, es decir, en contra de quien existen elementos de convicción suficientes para juzgar que es culpable como partícipe de un hecho delictivo específico (arts. 295 y 300) o, en términos de la doctrina, contra quien pesa presunción de culpabilidad. Por ello es que los Arts. 300 y 306- que deben conjugarse- imponen al juez, sea para dictarla o para conceder la excarcelación y en aras a verificar el peligro de daño -especialmente ante la posibilidad de fuga- estrictamente considerar la magnitud de la pena y la eventual imposición de condena efectiva." En lo que respecta a la situación procesal de los imputados Sebastián Guitián y Mario Del Barco, se analizará la valoración de las pruebas colectadas y la consecuente calificación jurídica asignada, puesto que ésta última es la que aparece mancomunadamente cuestionada por las defensas técnicas y por el querellante conjunto.

En efecto la parte querellante argumenta que la conducta de los incoados Guitián y Del Barco se encontraría aprehendida dentro de la figura de participación (Art. 46 del CP) y no en el Encubrimiento Agravado (Art. 277 del CP), para lo cual traslada témporo- espacialmente el momento consumativo de la acción delictiva endilgada a Juan Carlos Gómez Paz al instante en que sucede el resultado final: muerte de Javier Trogliero.

Esta posibilidad argumentativa ensayada por el querellante debe ser descartada, puesto que la consumación del hecho a partir del acometimiento armado del imputado Gómez Paz contra la integridad física de Trogliero resultó instantánea al momento mismo del despliegue de la acción típica, antijurídica y culpable del sujeto activo, más allá que el ulterior resultado muerte de la víctima que tiene lugar horas después de sucedido el hecho delictual y a consecuencia directa e inmediata de la gravedad de las lesiones inflingidas, guarden trascendencia y relevancia en su resultado para la asignación de la calificación jurídica de la conducta desplegada por Gómez Paz en el tipo penal previsto y reprimido por el Art. 79 del CP.

El alambicado razonamiento que propone en sus agravios el querellante, se sustenta en confundir y equiparar témporo- espacialmente la materialidad fáctica del suceso con la calificación jurídica de los hechos, como si ellos pudieran darse siempre y concordantemente en una necesaria simultaneidad siendo que, como lo sostuviera ut-supra, la calificación jurídica presenta la posibilidad de ser ajustada y precisada conforme al resultado final que apareja la acción consumada y al dolo con que inicialmente haya actuado el sujeto activo.

Desde esta perspectiva diré que "participar es colaborar arbitraria y dolosamente en el delito doloso ajeno". En el caso bajo examen, no se avizora con grado de probabilidad que los imputados Trogliero y Guitián hayan tenido siquiera la posibilidad de representarse que el imputado Gómez Paz acometería armadamente contra la integridad física de la víctima y que a tales fines se haya propiciado dolosamente una suerte de "zona liberada" para que víctima y victimario ajusten sus cuentas.

Si bien no se puede soslayar que Guitián y Del Barco conocían que Gómez Paz y Trogliero habían protagonizado una rencilla dentro de la vivienda, razones por las que fueron sacados afuera, ésta sola circunstancia no importa una cooperación en la ejecución del hecho homicida, toda vez que esta derivación no fue siquiera representada mentalmente por estos encartados, puesto que en la pelea anterior no había mediado una situación de gravedad o de riesgo para la integridad física de sus protagonistas.

Sobre éste extremo se muestra ilustrativa las referencias de la testigo Gallardo cuando en su testimonio de fs. 346/348 señala que "... al escuchar que Del Barco los corría pensó que iba a ser algo pasajero, se lo sentía como molesto a Del Barco...", datos de los cuales se infiere que la gresca entre Gómez Paz y Trogliero- objetiva y entitativamente- no aparentaba un enfrentamiento serio y una acometida física "de vida o muerte".

Podría caberle una imprudencia o un obrar negligente de parte de los encartados Del Barco y Guitián en orden a haber dejado a solas a la víctima y al victimario, sin embargo se descarta una cooperación participativa dolosa en el hecho fatídico o una ayuda previamente acordada, toda vez que éstos ignoraban que uno de los contrincantes se encontraba armado, como así también por el nivel de conocimiento de grupo amistoso que unía a Gómez Paz y Trogliero y la ausencia de un motivo o razón atendible que justificara el desencadenamiento de un nuevo enfrentamiento esta vez de mayor agresividad, resultaban circunstancias que determinaban como atendible que Guitián y Del Barco no tomaran las previsiones para evitar nuevamente un altercado. Con lo expuesto quiero significar que la calificación jurídica asignada a éstos imputados como Encubrimiento Agravado deviene adecuada a este estadio procesal si se repara exclusivamente en las conductas desarrolladas por los indagados con posterioridad a que se impusieran fácticamente que Trogliero se encontraba herido.

Si bien es cierto que la acción observada por Guitián difiere de la que fuera desplegada por Del Barco, la que al respecto aparece como más comprometida por haber procedido a ocultar directa e intencionadamente la navaja, arma con la cual se propinara las numerosas puntadas en la integridad física de la víctima, resultando este último imputado consecuente con su accionar encubritivo al tergiversar los hechos y sostener una versión diametralmente distinta en oportunidad de anoticiar al servicio de emergencia 911 sobre la existencia de una persona herida, siendo que expresamente procura situar que las heridas de Trogliero fueron ocasionadas accidentalmente con un vidrio, tales actitudes se muestran consumativas para desviar el curso inicial de la investigación, más allá que luego que se produjera el deceso de la víctima, Del Barco haya indicado al personal policial cual era el lugar en la que se encontraba oculta el arma.

El dolo del delito de encubrimiento se muestra abastecido, ya que Del Barco sabía que Trogliero presentaba heridas, de suerte que la circunstancia de encontrar una navaja en el escenario de los hechos, le permitían lógicamente y desde el sentido común, suponer que ese instrumento era el arma que se había utilizado en el evento, no interesando si desde su estricta percepción la navaja presentaba o no huellas de sangre.

En cuanto al imputado Guitián si bien su conducta se muestra menos comprometida, no obstante logra traspasar el umbral de la probabilidad, puesto que su conducta hacia el encubrimiento emerge al avalar y dar crédito a la versión tergiversada de los hechos sostenida por Del Barco al momento de efectuar el anoticiamiento del suceso criminoso al servicio 911 y a las primeras autoridades policiales que se constituyeron en el lugar .

Entiendo que los argumentos desplegados por la defensa técnica de este imputado que resalta la intrascendencia de la circunstancia de que las heridas fueran producidas con arma blanca o con vidrio atento a su idéntico nivel de idoneidad lesiva, como así también si Guitián tuvo una actitud auxiliadora inmediata, adecuada, colaborativa y de asistencia hacia Trogliero, resultan aspectos que necesariamente deberán ser evaluados y ponderados íntegramente en la instancia plenaria, momento en el que se dilucidará acabadamente si hubo de su parte una estricta conducta típica dolosa consumada o meramente tentada.

Insisto, las pruebas producidas y las calificaciones jurídicas asignadas hasta este estadio procesal intermedio, devienen ajustadas a derecho por sustentarse en una provisoria reconstrucción histórica de los sucesos criminosos, recaudo que es exigible para el dictado de una resolución incriminatoria que habilite la ulterior etapa del Juicio. Conforme a ello no procede el dictado de las resoluciones sobreseedoras que propugnan las defensas técnicas de estos imputados puesto que no media el necesario grado de certeza negativo.

Aprecio que por la gravedad de los hechos y por la afectación al bien jurídico vida involucrado, el acabado y pleno conocimiento en orden a la verdad de lo sucedido se impone, siendo éste precisamente el objetivo que debe perseguir el proceso penal: el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva. El Dr. EDGARDO FRANCISCO ALBARRACIN dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a los recursos apelativos interpuestos a fs. 745/752, 753/768 y vta, 775/819, 900/908 y en su mérito CONFIRMAR en su integridad el auto resolutivo de fs. 663/679 puntos: I) y II) por el que se dicta Auto de Procesamiento contra Juan Carlos Gómez Paz por considerarlo probable autor responsable del delito de Homicidio- Art. 79 del CP y se dispone su prisión preventiva ( Art. 300 del CPP), III) y IV) por el que se dicta Auto de Procesamiento contra Mario Ariel Del Barco y Sebastián Matías Guitián por considerarlos presuntos autores responsables del delito de Encubrimiento Agravado- Art. 277 apartado 1º) b en función del apartado 3º) a del CP y se mantienen su libertades provisorias.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.