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Modificación de la cosa juzgada, juicio de desalojo, canon locativo, privación del uso del inmueble
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Santa Fe 3553 c/ Zerda, Irma Beatriz s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-09

La ex encargada del edificio cuestiona que se la condenara al pago de un "canon locativo" cuando éste no fue pactado y el consorcio no le habría abonado en tiempo lo que le adeudara. La retención indebida que ejercía la trabajadora constituye usurpación y ha causado perjuicios al consorcio titular del dominio, en tanto éste se ha visto privado del inmueble destinado a vivienda del encargado durante más de cinco (5) años, circunstancia que habría obligado a los copropietarios a abonar al nuevo encargado (sin goce de vivienda) una remuneración mayor. Aun cuando no correspondiera reconocer en favor del consorcio un "canon" o valor locativo, corresponde admitir la reparación pretendida en función de la usurpación de la vivienda por parte de los derechohabientes de la ex dependiente. Para la fijación de la reparación el juez de grado estuvo al valor del alquiler de un inmueble de similares características según valuaciones vigentes en el mercado a lo largo de todo el período comprendido en la retención indebida. El monto nominal que se difiere a condena si bien es razonablemente representativo de la diferencia entre los salarios de un encargado con vivienda y uno sin ella por los 62 meses transcurridos, sin embargo resulta elevado si se le adicionan los accesorios en la forma dispuesta en grado. Cabe modificar la sentencia de la instancia anterior y fijar el monto total de condena en una suma representativa del valor convencional otorgado a la vivienda en un edificio de primera categoría por los 62 meses comprendidos en la retención. (Del voto de la Dra. Garcia Vior, en minoría)
Quiebra, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Ken SRL  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-15

En efecto, las tareas realizadas por el letrado de la fallida en la referida acción de ineficacia no fueron las que posibilitaron el incremento del activo falencial en beneficio de la masa. De este modo, la quiebra no es la beneficiaria directa de su actuación profesional.
Modificación de la cosa juzgada, despido, prueba, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval, Daiana Belén c/ KVN Park S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-17

La actora fue despedida por su empleadora quien adujo cierre del establecimiento por causas ajenas a la empresa (art. 247 LCT). La juez de primera instancia desestimó su reclamo contra la codemandada KVN SRL y por ello se agravia. Resultó probado que KVN PARK SA era la empleadora de la actora y tenía la franquicia de una marca de prendas de vestir (Kevingston) y era proveedor de la mercadería que se comercializaba en el local donde trabajaba la actora. Así, la accionada coadyuvó a la concreción de la comercialización de los productos que fabricaba la empresa franquiciante KVN SRL y la prueba ofrecida y producida da cuenta que el local donde laboraba la actora era uno más de la misma cadena, todo lo cual configura indicios precisos que otorgan convicción en punto a que la codemandada KVN SRL otorgaba franquicias de su marca y en particular que vendía los productos que fabricaba a la empleadora de la actora y a todos los locales que giraban en plaza bajo el nombre Kevingston, lo cual no fue negado aun cuando se encontraba en óptimas condiciones para acreditarlo. El servicio que ofrecía la empleadora de la reclamante era imprescindible para que por su intermedio se lograra el objetivo final de KVN SRL, es decir, comercializar los productos que fabricaba. En esta línea el caso encuadra en lo normado por el art. 30 de la LCT pues está demostrado que la actividad de KVN Park SRL integra de manera inescindible a la actividad normal y específica propia de KVN SRL determinada según el criterio de unidad técnica o de ejecución (conf. art. 6 de la LCT). Cabe modificar lo decidido en la anterior instancia y extender la responsabilidad a la codemandada en los términos del art. 30 de la LCT.
Despido, asegurador por riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Ramón c/ Derudder Hnos. Rotamund U.T.E. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El sistema de la ley 24.557 está reglamentado por el decreto 717/96, entre otros, a partir del cual el empleador se encuentra obligado a denunciar a la aseguradora de riesgos del trabajo, inmediatamente de conocido todo accidente y enfermedad profesional que sufran sus dependientes (conf. art. 31. 2 c), ley 24.557 y 1° Decreto 717/96). Si el empleador se negare a realizar la denuncia correspondiente ante la ART es el trabajador quien deberá reemplazarlo en forma fehaciente o realizarla por sí con el fin de obtener las prestaciones de ley. Si bien el actor tenía la posibilidad de realizar la denuncia de la enfermedad profesional ante la ART, en caso de que la empleadora no lo hiciera, lo cierto es que el decreto 717/96 pone en cabeza de esta última la obligación de realizar la denuncia inmediatamente después de conocida la misma, por lo que la negativa de la empleadora a actuar en consecuencia frente a la intimación practicada por el actor, se revela contraria de la manda normativa, así como lo dispuesto por el art. 62 de la LCT. Por tanto dado que el actor emplazó fehacientemente a la empleadora a realizar la denuncia ante la ART, la falta de cumplimiento de dicha obligación por parte de esta, torna inatendible el planteo de la aseguradora en torno a la falta de acción por falta de denuncia. (Del voto de la Dra. Craig)
Concurso preventivo, cramdown power
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Maria Silvina  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-21

Toda vez que fue decidida la aplicación del cramdown power sin habilitar el periodo de impugnación previsto por la LCQ 50, procede adoptar un mecanismo orientado a permitir a los acreedores con derecho a voto y a quienes hubieren deducido incidente por no haberse presentado en término o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios (LCQ 50) que invoquen, de existir, alguna de las causales legales previstas en el art. 51 de la mencionada ley concursal, en el término de cinco (5) días (CNCom, Sala D, in re "Iconsur SA s/ concurso preventivo", del 20/09/16).
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, acumulación de procesos, identidad de objeto procesal, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, funcionarios judiciales, acción de amparo, control de constitucionalidad, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, medida de no innovar, LEY DE REFORMA TRIBUTARIA, igual remuneración por igual tarea
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicatos representantes de las trabajadoras y trabajadores del PJCABA (AEJBA, SITRAJU y UEJN) c/ Consejo de la Magistratura de CABA y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-18

En tanto existe identidad de objeto y causa en las demandas promovidas por entidades representantes de empleados judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atendiendo lo dispuesto en los artículos 172 y 173 del código contencioso administrativo tributario y a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias, corresponde la acumulación de las pretensiones amparistas vinculadas a la cautelar no innovativa en la liquidación de ganancias sobre sus remuneraciones y al pedido de inconstitucionalidad del artículo 81 de la ley 27.743 que reforma el sistema tributario.
Juicio ejecutivo, intereses moratorios, dólares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acheron SA c/ Ledesma, Leandro Javier  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Si bien se ha expresado en diversos antecedentes de esta Sala, estimando prudente fijar el interés anual máximo derivado de la mora del deudor, por todo concepto, en dos puntos más que el que pagan los bancos por las inversiones que toman a plazo fijo en moneda extranjera, estimando así el "spread" correspondiente a la diferencia de las operaciones activas y pasivas (CNCom, Sala C, "CNH Industrial Capital Argentina SA c/ Delfabro Darío Amildo s/ ejecución prendaria", del 22/12/20; "Balogh Kovacs, Nicolás Francisco c/ Telemultitec SA y otro s/ ejecutivo", del 10/04/18; "Bicondoa Mendiboure, Mabel Noemí c/ Zalcwas, Marcelo Manuel s/ ejecutivo", del 22/12/15, entre otros), a efectos de arribar a una solución que ponga fin a la cuestión, se adhiere a la tasa propuesta. Voto del Dr. Machin
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, acción declarativa de inconstitucionalidad, Constitución Provincial, cuestión no federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-08-27

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión que acogió parcialmente la acción declarativa de inconstitucionalidad por la cual se cuestionaban varios artículos de la Constitución de Tucumán, pues los agravios relativos a los artículos 48, 49, 67, inciso 26; 68 y 101, inciso 2, de la Constitución provincial, no involucran cuestiones federales aptas para habilitar la vía del artículo 14 de la ley 48 (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda y del juez Lorenzetti).
Ley de defensa del consumidor, mutuo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Gallardon, Leonardo  c/ Alg Sports SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Los elementos del caso muestran que el actor actuó como consumidor al realizar la inversión. Por su parte, el gestor reviste el carácter de proveedor, en los términos de la LDC 2 y del CCCN 1093, puesto que presta servicios financieros de manera profesional. En consecuencia, esa relación se rige por las normas del derecho consumeril (CNCom, esta Sala, expte. nro. 19598/2014, "Grippo, Aldo Elio c/ Francisco Osvaldo Diaz SA y otro s/ ordinario", 24/11/16). Sin perjuicio de ello, la productora no es responsable en forma objetiva y solidaria por los daños reclamados en los términos de la LDC 40. No hay entre el actor y la demandada vínculo comercial. Tal como fue instrumentada la inversión, el gestor otorgó el mutuo a la productora a nombre propio, en vez de a nombre y representación del inversor -accionante-. Voto de la Dra. Vásquez
Concesión errónea del recurso, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: Sanabria, Arguello Claudelina Antonia c/ Montero Elena Amada s/ Tribunal de Trabajo Doméstico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

La sentenciante "a quo" hizo lugar al planteo de apelación formulado por las demandadas y revocó la resolución del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares que tuvo a las mismas por no presentadas y no contestada la demanda continuando el trámite del proceso sin su intervención, lo que motivó la apelación deducida por la demandante. El art. 56 de la ley 26.844 establece que las resoluciones definitivas que dicte el organismo aludido "serán apelables dentro del plazo de 6 días mediante recurso fundado, que deberá ser presentado ante el mismo Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, quedando a su cargo remitir las actuaciones dentro de los tres días subsiguientes a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal para que disponga su radicación ante el Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo que corresponda" dependencia que una vez recibidas las actuaciones "dictará sentencia en un plazo no mayor de 20 días". Es evidente que la Justicia Nacional del Trabajo ya no es competente para entender en las actuaciones al haberse agotado, con la sentencia dictada por el Juzgado, la jurisdicción que la alzada ejerce sobre las resoluciones del Tribunal del Trabajo para el Personal de Casas Particulares por vía del art. 56 de la ley 26.844, lo que lleva a la conclusión de que la apelación incoada contra el fallo de primera instancia ha sido mal concedida. Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
Confirmación de sentencia, juicio ejecutivo, desafectación del inmueble (civil)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cuervo, Gustavo Fabian  c/ Gorosito, Leila Grisel  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Cabe confirmar la resolución que rechazó la desafectación al régimen de bien de familia del inmueble del demandado. Ello toda vez que el argumento presentado por el accionante en cuanto que se trataría de un bien suntuoso no destinado a vivienda requiere de un sustento probatorio que justifique acabada y razonablemente que el bien involucrado no podría encontrarse alcanzado por ese régimen.
Desechos peligrosos, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

La prohibición de ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos, de los radiactivos al territorio nacional -art. 41 de la Constitución Nacional- no admite excepciones ni morigeraciones infra constitucionales
Tasa de justicia, intereses, fianza, sustitución de garantía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Schulz, Carlos Werner Eduardo  c/ Galanzino, Carlos Fabian  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Cabe abonar la tasa de justicia liquidada sobre el monto de la fianza objeto de la demanda, más sus intereses. Es que el monto no resulta indeterminable, pues puede efectuarse el cálculo sobre el monto de la fianza cuya sustitución fue demandada. (En el caso, la parte actora demandó el cumplimiento de la obligación de sustituir la garantía personal otorgada por el vendedor en el marco del contrato de compraventa de acciones).
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, Constitución Provincial, daño ambiental, Derecho ambiental, Suprema Corte de Buenos Aires, código procesal civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Foro Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-07-11

El examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto. Por excepción, y en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, la Suprema Corte ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho. (En el caso, se ponderó que resultaba verosímil la alegación efectuada en punto a la concreta probabilidad de vulneración del art. 28 de la Const. provincial, pues existían elementos con capacidad para hacer suponer que hubo una reserva de competencia provincial a los fines de autorizar el proyecto urbanístico en cuestión).
Intervención de terceros, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Automóviles Lamborghini Latinoamérica Sociedad Anonima de Capital Variable y otro  c/ Automobili Lamborghini Spa  s/ ordinario s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Se ha dicho que cuando en una providencia judicial el último vocablo empleado es "notifíquese", se entiende que la notificación ordenada ha de ser personal o por cédula (Colombo - Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, pág. 27). Sin embargo, la expresión "notifíquese" no aplica en todos los supuestos a ambas partes. Se trata, en el caso, de una manda para ser cumplida por quien solicitó la citación, haciéndole saber que no corresponderá tener por notificada a la destinataria del traslado que se está corriendo, mediante el régimen general de notificación, es decir, por ministerio de la ley, sino que, para que la notificación se produzca, deberá hacerlo de un modo fehaciente (personalmente o por cédula) y ello debido a la trascendencia del pedido. Es decir, es en este caso el traslado que se ordenó, el que debía notificarse a la contraparte por cédula o personalmente -en este caso la demandada-, y no el auto que lo ordena, pues pesa sobre el que pide, la cara de anoticiarse de lo que ha sido provisto.
Juicio sumarísimo, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mitre, María del Rosario  c/ Sociedad Anónima La Nación  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Ello por cuanto esa cuestión deberá ser eventualmente decidida en la hipótesis de que la futura demandada interponga alguna defensa relativa a la prescripción o caducidad de la pretensión instaurada.
Decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, declaración de inconstitucionalidad, medidas de fuerza, ocupación del establecimiento, facultades legislativas, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina (C.E.T.E.R.A.) c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

Cabe declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/23, en relación a la operatividad de los arts. 86, 87, 88 y 97, que establecen, entre otras disposiciones, la prohibición de realizar bloqueos o tomas de establecimientos, u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas a establecimientos, en ocasión de reclamos gremiales, habida cuenta que, para que el Presidente de la Nación pueda ejercer las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesario que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, porque las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes, y tales circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso del DNU 70/23, dado que no existía ningún impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso.
Facultades del fiscal, legitimación procesal, fertilización asistida, criopreservación de embriones, descarte de embriones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa P., A. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

El Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir la sentencia que autorizó a los actores la destrucción de embriones criopreservados, pues éste invocó como interés la defensa de los embriones criopreservados, apoyándose para ello en que ostentan la condición de humanidad y en que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce la existencia de persona desde su concepción, pero la defensa de ese particular interés fue atribuida por el legislador específicamente a la otra rama del Ministerio Público -Ministerio Público de la Defensa- (art. 43 y concordantes de la ley 27.149) por lo cual aquél no podía pretender asumir una tutela asignada legalmente y de modo específico al Ministerio Público de la Defensa (Voto del juez Rosatti).
Revocación de sentencia, prácticas desleales, daño moral, principio de legalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vidal, Rodolfo c/ La Delicia Felipe Fort S.A  s/ práctica desleal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

La demandada se agravia de que el Sr. Juez de grado haya considerado acreditado que la empleadora incurrió en conductas discriminatorias subsumibles en la ley N° 23.592 y por derivación que ello justifica admitir la querella por práctica desleal, en los términos del artículo 52 de la ley N° 23.551. Sostuvo el actor, además, que fue víctima de diversos actos de represalia por el despliegue de su actividad sindical lo que, a su entender, justifica una reparación en concepto de "daño moral", con fundamento en la ley 23.592, dado que consideró configurado un supuesto de práctica antisindical (arts. 53 ley 23.551). La demandada intentó en varias oportunidades lograr la exclusión de tutela del actor, a fin de aplicarle sanciones disciplinarias. Ello no configura un supuesto de discriminación peyorativa en los términos de la ley N° 23.592. La conducta desplegada por la empleadora constituyó un adecuado ejercicio de los instrumentos legales de que los que se consideró legitimado, sin que quepa calificar tal ejercicio como una práctica antisindical como la alegada, sin que se configure por ello el presupuesto de hecho contemplado en el artículo 1° de la citada ley N° 23.592 y, consecuentemente, tampoco los supuestos contemplados por el art. 53 de la ley 23.551, las prácticas a las que alude dicho artículo exigen un proceder "típicamente antijurídico y culpable" que, para configurarse, requiere la presencia de un comportamiento subjetivo e intencional subsumible dentro de alguna de las hipótesis allí previstas, interpretándose de acuerdo al principio de legalidad de la hermenéutica penal. En el presente caso, no se verifica lo dispuesto por el art. 1 de la ley 23.592 ni tampoco los supuestos contemplados por el art. 53 de la ley 23.551dado que, sin perjuicio de la controversia descripta, dicha circunstancia no permite inferir por sí misma, de una manera clara, la conducta antijurídica que se le atribuye a la empleadora. Por lo expuesto, cabe revocar el fallo de grado.
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, fertilización asistida, fertilización post mortem, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L., J. L. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

Corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto contra la sentencia que rechazó la autorización solicitada por la actora para utilizar, en un tratamiento de fertilización asistida post mortem, el material genético crioconservado de quien en vida fuera su cónyuge, pues los planteos de naturaleza federal invocados resultan inatendibles, en tanto carecen de una argumentación suficiente que lo sustenten y se presentan como una manifestación genérica sin entidad para modificar la decisión cuestionada y que no logran demostrar -con la exigencia que es debida- su relación directa e inmediata con la materia litigiosa (Voto del juez Rosatti). -Los jueces Rosenkrantz y Maqueda, en su voto, consideraron mal concedido el recurso extraordinario por no cumplir con el requisito de fundamentación autónoma-