Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64301 SALA VI Expediente Nro.:22.732/10 (Juzg. N° 72) AUTOS: "SANTA CRUZ SANTIAGO C/ UNIPLUS TELEFONIA S.A. Y OTRO S/DESPIDO" Buenos Aires, 18 de SETIEMBRE de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar en lo principal a las pretensiones deducidas en el inicio, se agravian ambas partes a tenor de sus memoriales de fs. 397/399 y fs. 405/417 que recibieron réplica de sus contrarias a fs. 421/422 y fs. 423/430.

A su vez, la perito contadora y la representación letrada de la parte actora apelan los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos reducidos (conf. fs. 397 y fs. 400).

Por razones de método en primer lugar trataré la apelación de la co demandada Telefónica Móviles Argentina S.A., quien se agravia porque se la condenó con fundamento en el art. 30 de la L.C.T.

Cabe señalar que el argumento de la recurrente relativo a que el trabajador guardó silencio durante la relación laboral, por lo que no podría ahora cuestionar válidamente el carácter dependiente de la relación, no puede tener recepción, ya que el silencio del trabajador en ningún modo hace presumir renuncia a sus derechos, ya que se trata precisamente de la parte más débil de la relación negocial, conforme doctrina de la Corte Federal (Padín Capella, Jorge D. c/ Litho Formas S.A.- CSJN del 12.3.87- Fallos 310.558).

En cuanto a la condena solidaria en virtud de lo dispuesto en el art. 30 de la L.C.T., considero que no le asiste razón.

La parte actora en la demanda denuncia que Uniplus (su empleadora) funcionaba con una relación de exclusividad contractual con el grupo Telefónica (conf. fs. 7).

A la vez, en su contestación de demanda, Telefónica reconoce que Uniplus es "agente" de su representada (conf. fs. 40/vta.) y que comercializa los productos de Movistar.

Por otra parte, en la pericia contable, la experta informa que en virtud del contrato celebrado entre Uniplus y Telefónica, el primero podía proponerle la comercialización de otros productos o servicios que resulten complementarios y/o de otras empresas del grupo Telefónica o de otras empresas que se comercialicen a través de Telefónica.

Asimismo, también detalla los controles efectuados de manera mensual por parte de Telefónica a sus agentes (ver fs. 238/vta, punto h) de lo que surge que los mismos evidentemente se asemejan a los controles previstos en el art. 30 de la L.C.T.

En efecto, es mi opinión concluir que las tareas realizadas por el actor como gerente general forman parte de la total organización de Telefónica Móviles Argentina S.A. y contribuyen al logro del resultado final de ésta. Es evidente que esta empresa de radiocomunicación persigue un fin comercial, la obtención de un lucro que proviene de la actividad llevada a cabo por el actor en "UNIPLUS TELEFONIA S.A.", quien funcionó como agente de la primera y es evidente que tal actividad es parte de un proceso que necesariamente debe incluirse como actividad normal y especifica de aquélla. Por lo cual, corresponde confirmar el decisorio de grado en el punto.

La recurrente en subsidio, actualiza el recurso de apelación deducido en los términos previstos en el art. 110 de la L.O., concedido a fs. 192. La parte pidió oficios a tres empresas que ninguna vinculación tienen con las partes de autos para que informen el salario de mercado abonado a un gerente general y gerente de operaciones durante el tiempo en que el actor se desempeñaba, para un cargo similar al suyo.

Entiendo que esta prueba resulta totalmente inconducente y en modo alguno resulta definitoria para aclarar la cuestión, ya que la recurrente, quien evidentemente no controló que el actor estuviera correctamente registrado en los libros laborales de Uniplus Argentina S.A. ahora pretende la producción de dicha prueba informativa para que se fije la remuneración del actor según el salario de mercado abonado por otras empresas para un cargo similar al suyo, cuando en realidad, ésta debió haber estado registrada en los libros laborales de su empleadora.

También entiende que el capital de condena debió expresarse en un número único ya que sostiene que los rubros en cuestión tienen diferentes fechas de devengamiento y durante dichos lapsos rigieron diferentes tipos de cambio de la moneda extranjera y acompaña un cuadro.

Sin embargo, la aquí recurrente recién esgrime este planteo al momento de alegar, por lo que siendo que este planteo no fue esgrimido al momento de trabar la litis, entiendo que no puede ser sometido a consideración de esta Alzada (conf. art. 277, C.P.C.C.).

Por último, cuestiona la procedencia de la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. y la condena a la entrega de las mismas.

No corresponde hacer lugar al agravio, ya que de las constancias de la causa se desprende que el actor solicitó que se le haga entrega de las certificaciones previstas en dicho artículo (conf. misiva de fecha 8.07.09, obrante en sobre reservado) y que de las constancias de la causa no surge su entrega.

En cuanto a la entrega de las mismas, considero que, en tanto obligación de hacer que debe atenerse a los términos reconocidos en la sentencia recaída, la extensión de dichas certificaciones puede recaer sobre el co demandado solidario, dado que ello no implica adjudicarle carácter de empleador y en tanto deberá limitarse a certificar las condiciones contractuales que emanan de la sentencia que lo obliga.

La parte actora se agravia por el monto del salario fijado por la sentenciante de grado. Al respecto, sostiene que se valoró erróneamente la prueba producida, ya que ante la declaración de rebeldía de Uniplus Telefonía S.A. se debió haber tenido por ciertos los hechos por ella denunciados.

Entiendo que la presunción contenida en el art. 71 de la L.O. opera salvo prueba en contrario y fue el propio actor quien acompañó en la causa facturas de las que surge que se le abonó en concepto de honorarios mensuales la suma de $7.000, sin que, tal como sostuvo la sentenciante, el actor haya invocado en el inicio que realizara mensualmente varias facturaciones, por lo que estimo corresponde desestimar este agravio.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados en autos, considero que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y perito contador resultan adecuados, por lo que propongo su confirmatoria (conf. ley 21.839 y dec- ley 16.638/57).

Las costas de Alzada serán a cargo de las demandadas, quienes resultaron vencidas en lo sustancial (conf. art. 68, C.P.C.C.) a cuyo efecto se regulan los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa (conf. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA