marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Masiriz, Jorge Raúl c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

En el Estado de Derecho Constitucional: a) La Constitución deja de ser un programa político dirigido al Poder Legislativo para convertirse en una fuente directa; b) La Constitución se carga de moral a través de derechos humanos, principios, valores, fines o bienes; c) Toda la Constitución se convierte en operativa, de manera que no hay màs normas programàticas que no tengan vigencia si no lo dispone el legislador; d) Los jueces pueden invalidar la ley y las restantes normas jurídicas en función de que contradicen a la Constitución y los Tratados; e) El derecho no està constituído solo por normas (supuestos fàcticos a los que se les atribuye consecuencias jurídicas), sino que también es derecho el contenido de los derechos humanos, los principios y los valores, reflejados en normas superiores. De ese modo es posible para los juristas extraer o derivar desde ellos ciertas respuestas jurídicas que estàn implícitas u ocultas e incluso hacerlas prevalecer sobre las respuestas explícitas autoritativamente dispuestas por medio de normas. La injusticia extrema no es derecho; f) Se reinvidica la razón pràctica en tanto se confía en que es posible valorar racionalmente las soluciones jurídicas autoritativas e identificar las mejores respuestas para los casos jurídicos.(del voto del doctor de Làzzari)
Competencia contencioso administrativa y tributaria, impuestos, hecho imponible, Estado Provincial, procedimiento tributario, jurisprudencia aplicable
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Administración Provincial de Impuestos (API) c/ Frigorífico Litoral Argentino S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

La creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción es del resorte propio de las provincias, porque entre los derechos que constituyen la autonomía de ellas; así, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas, sin intervención alguna de autoridad extraña, resultando indudablemente de competencia provincial la regulación del procedimiento mediante el cual se conforman los títulos ejecutivos de deuda, lo que se enlaza con otras cuestiones también locales como la exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa, el ejercicio de la autotutela ejecutiva de las Administraciones locales, y la reglamentación de cómo se materializa el derecho de defensa de los particulares frente a tal actuación; asimismo, es el ordenamiento público local el que necesariamente establece cuándo una deuda tributaria es exigible, lo que determina el comienzo del cómputo del plazo de prescripción, puesto que no sería posible que el Código Civil y Comercial, estructurado para regir relaciones esencialmente privadas, captase la realidad de los distintos procedimientos administrativos que resultan indispensables para cualquier actuación del Estado, en general, y para el ejercicio de la potestad tributaria, en particular, la cual naturalmente incluye la configuración de los títulos de deuda. - CITAS: CSJN: Fallos 343:547; CSJStaFe: Comuna de Recreo c. Santirocco, AyS T 190, p 421. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 3956; Código Civil y Comercial, artículo 2554
Seguridad social, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, haber mínimo jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GONZALEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-16

A partir de la sanción de la ley 24.463 -excepción hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos-, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años, el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer por la ley de Presupuesto, la movilidad de las prestaciones del sistema público nacional. Por el contrario, esa misma ley y la ley 25.239 (art. 25), establecieron escalas progresivas de reducción de haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Competencia federal, reajuste jubilatorio, impuesto a las ganancias
Materia: PENAL
Carátula: BERROS, CARLOS URBANO c/ ANSES s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-09

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social en torno al planteo por el que se cuestiona la legalidad de la aplicación del art. 79 inc. "c" de la Ley 20.628, con la finalidad de que dicho tributo denominado impuesto a la ganancia cuarta categoría, no le sea aplicado sobre su haber de pasividad, ya que este fuero ha tomado posición en torno de la inaplicabilidad del tributo en cuestión, en materia de liquidación y reajuste de haberes.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Jorge Alberto y otra c/ Mottin, Angel y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

La cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme alcanza no sólo a la producción del accidente, origen de los daños reclamados, sino también a las circunstancias en que el ilícito se ha consumado y, consecuentemente, la responsabilidad civil del demandado debe ser analizada partiendo del esquema fáctico -mecánica del hecho- que la justicia penal admitió como sustento lógico jurídico del pronunciamiento allí emitido.
Empleador, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PARADA, Juan Ramón y otros c/ CANAL 2 UNIVERSAL y/o Oscar Mauriño, y/o Lucia Carolina Adamo. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-28

No probada la existencia de una sociedad como parte empleadora, no es antojadiza la actitud de demandar a quien se conducía como patronal, a quien asumía la condición de patrón aparente, que es el que se conduce de tal modo delante del empleado, que no está obligado a conocer los pormenores contractuales o societarios que pueda haber entre quién se conduce como tal y el oculto beneficiario del trabajo prestado. Este patrón aparente es quien dirige el trabajo, quien otorga permiso, quien vigila el horario, quien paga el sueldo, etc.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Fernando A. c/ Fernandez, Luis A. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-28

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones, que resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar en consecuencia la sentencia del juez de grado, que hace lugar a la demanda promovida ordenando la entrega del certificado de trabajo y condenando al pago de las sumas establecidas en la liquidación efectuada en dicha sentencia.

Corresponde en primer término analizar las actuaciones conforme las disposiciones de la Acordada 4070/08 dictada por este Tribunal en la que expresamente dispone los recaudos formales que debe contener la presentación del recurso a los fines de su viabilidad.

Dicha acordada fue dictada con el objeto de homogeneizar las presentaciones para agilizar la tarea del Tribunal en la observación del cumplimiento de tales requisitos.

En ese orden, se observa que el quejoso no dio cumplimiento con el Art. 3), inc. b) apart. c) toda vez que no expone con claridad la arbitrariedad endilgada ni la falta de logicidad en relación a la valoración de la prueba producida en autos, especialmente de la prueba confesional que aduce no haber sido tenida en cuenta por el tribunal; inc. c) carece del relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos relevantes de la causa, habiendo incurrido en copia textual de párrafos de la sentencia, lo cual está expresamente denegado por la Acordada, y ha excedido de modo exorbitante las cinco páginas establecidas como límite en dicho capítulo, llegando a contener once páginas; inc. d) no ha desarrollado el capítulo correspondiente a la crítica del fallo; e) ausencia del desarrollo de la causal invocada -arbitrariedad- refutando todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la decisión recurrida.

Conforme lo puntualizado precedentemente, corresponde rechazar el recurso de casación intentado y declarar inoficiosa la presentación efectuada por la parte demandada.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: ARRUA, JUAN RAMON c/ SEIDMAN Y BONDER SCA. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

El carácter indemnizatorio del fondo de desempleo, sustitutivo del sistema del preaviso y despido de la LCT., condiciona su disposición al distracto (conforme artículos 15, último párrafo y 17 de la ley 22250), por lo que el incumplimiento de la intimación cursada en base a lo dispuesto por el artículo 18 durante la vigencia de la relación laboral, no otorga el derecho a la indemnización contemplada en esa norma.
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, exceso de velocidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROJAS OSCAR ALEJANDRO c/ GOLDCHMIDH GAZTKE CARMEN s/ COBRO DE PESOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-03

Si el actor vio el rodado detenido al lado derecho de la calle y no pudo evitar la colisión, debido al exceso de velocidad con que se desplazaba, esto por sí solo no basta para atribuir responsabilidad civil a quien comete la infracción, cuando no agravó los riesgos que son propios del tránsito urbano desde que el estacionamiento en violación a normas municipales que en este caso lo fue por fuerza mayor- no es un acontecimiento imprevisible.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, parto, daño moral, indemnización, medicina prepaga, planes de cobertura médica, responsabilidad contractual, deber de asistencia médica, internación, operación cesárea
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAIGORODSKY, NICOLAS c/ PRORA SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-03

Procede otorgar indemnizacion en concepto de daño moral al matrimonio accionante cuando -como en el caso- se verifica que con posterioridad a la solicitud de ingreso a una empresa de medicina privada (accionada) y ante la proximidad del parto de la cónyuge, fue denegada por varias instituciones médicas (que figuraban en la pertinente cartilla) la solicitud de una plaza, situación la descripta, que provoco el nacimiento prematuro de sus hijas mellizas por medio de una intervención quirúrgica (cesarea), debiendo quedar internadas las descendientes en terapia intensiva. De modo, que las circunstancias descriptas evidencian que los accionantes sufrieron un daño originado en la conducta maliciosa de la reclamada, soportando la desazón y el desconcierto de no obtener un lugar para dar a luz a sus hijas. Es decir, que el proceder antijurídico de la prestataria, ocasiono un agravio moral con el alcance de una modificación disvaliosa del espíritu, pues se afecto desfavorablemente la estabilidad emocional, el interés espiritual objetivamente reconocible y jurídicamente valioso, con la alteración del modus vivendi generando preocupaciones y sinsabores con repercusiones espirituales negativas.
Contratos administrativos, ejecución de alquileres, vacío legal, interpretación de la ley, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fundación Navarro Viola c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Demanda contra autoridad Administrativa As. s/ Demanda contra autoridad Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

En el caso, se agravia la actora de que la sentencia en crisis implica una declaración de inconstitucionalidad de oficio del artículo 1578 del Código Civil y que el Juez de grado debería haberse remitido, ante la laguna en la ley ritual local relativa a la ejecución de alquileres, a lo previsto en la norma mencionada.

Con relación a la interpretación que debe darse al artículo mencionado ut supra, la mayor parte de la doctrina civilista sostiene que es una norma procesal dentro de una de fondo, afirmándose en su consecuencia que en caso de conflicto entre la legislación local y la nacional prevalecería en este punto la procesal, lo que obviamente no implica sostener su inconstitucionalidad.

El legislador puede válidamente omitir una norma que establezca la acción ejecutiva dispuesta para el cobro de alquileres en el Código Civil, lo que no sería una laguna normativa, sino una exclusión de tal procedimiento. Ello es así por el ejercicio de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires reconocido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, norma que le reconoce facultades exclusivas y excluyentes de autodeterminación, autoadministración y autoorganización; situación jurídica ésta que la faculta a regular todo lo relativo al derecho procesal atento a no ser materia delegada a la Nación. El mencionado reconocimiento torna, por lo demás, aplicable las reflexiones vertidas con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional a lo relativo al derecho procesal provincial.

Todas las normas del Código Civil son generales, pero unas más que otras. De allí que tanto podría decirse que el artículo 1193 es general por referirse a todos los contratos, como también particular por abarcar a una especie de los actos jurídicos. Así ocurriría en el supuesto del artículo 1578 del Código Civil donde concediéndose al locador acción ejecutiva, la misma no fue contemplada por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Marcas, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIFOR INTERNATIONAL AG c/ PL RIVERO & CIA. SA s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

La Academia Nacional de Medicina informó que "Existen diferencias sustanciales entre un medicamento indicado para la anemia ferropénica (distintas sales de hierro) (es decir "REVITAN") y un antibiótico con actividad para infecciones por estafilococos meticilino-resistentes- Clorhidrato de Vancomicina (esto es "RIVERVAN"). En igual sentido, aunque más extensamente, se expide la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, la informativa da cuenta de la específica acción terapéutica de los medicamentos incluidos en el vademécum, lo que supone que quien padece una determinada dolencia sabe qué necesita en virtud de lo que le indicó el médico. En consecuencia, y más allá de la falta de similitud entre "REVITAN" y "RIVERVAN", no puedo representarme la situación en la cual un paciente séptico sometido a hemodiálisis pueda confundirse ingiriendo un nutriente para combatir la anemia, en lugar del antibiótico que se le prescribe, máxime teniendo en cuenta el control que los profesionales ejercen en los centros especializados en los que se lleva a cabo ese tratamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOMINGUEZ, SILVIA SUSANA c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ PROVINCIA ART S.A. -LEY 24557-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

La impugnante se empeña en imputar a los juzgadores diversas causales de arbitrariedad, mas sin lograr desmerecer los fundamentos dados por los magistrados al denegar el recurso de inconstitucionalidad con sustento en que ni siquiera sus cuestionamientos fueron suficientes como para satisfacer las exigencias del artículo 118 del Código Procesal Laboral para constituirse en verdadero agravio, ya que se refiere de modo ciertamente inconexo y parcializado a distintos elementos de la causa pero sin abordar críticamente los argumentos brindados por la sentenciante para concluir en el reconocimiento de la pretensión de autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 118
Contrato de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Pacetti Inés Cármen c/ Bajuk Jorge y Otros s/ Ordinario (LIBRO: S078 - 080)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-10-01

La medida de despido no se considera abrupta cuando previo a adoptarla, la empleadora efectúa todas las averiguaciones que confirman su sospecha y la gravedad de las faltas, y tampoco resulta extemporánea cuando los hechos en que se funda necesitan de un tiempo prudencial para su comprobación y la sanción se aplica inmediatamente después de investigados y comprobados.-
Contrato de trabajo, beneficios sociales, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Galván,   Cándido   Alfonso  y  otros c/ Telecom  Argentina  SA s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c) L.C.T., toda vez que la CSJN así lo dispuso al decidir la causa "Pérez, Anibal c/ Disco S.A." en cuanto niega a los vales alimentarios naturaleza salarial, y posteriormente concluyó que los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen naturaleza salarial a las prestaciones que establecen (in re "González, Martín Nicolás c/ Polimat SA y otro").
Competencia de la Corte Suprema, competencia federal, juicios en que es parte una provincia, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

El caso de los pleitos entre la Ciudad de Buenos Aires y otra provincia debe ser tratado como un caso no previsto en las normas constitucionales y legales sobre jurisdicción federal. (Disidencias del Dr. E. Raúl Zaffaroni y de la Dra. Carmen M. Argibay)
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, sana crítica racional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Jorge H. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la sana crítica, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juzgador para formar su convicción al ponderar la variedad de la prueba.

Regula la actividad intelectual del juez frente a la prueba, al impedir resoluciones fundadas en el capricho de éste, por ello no actúa completamente libre en sus apreciaciones, pues se encuentra sometido a determinadas reglas legales. En tal sentido, la libre valoración no puede degenerar en arbitrio ilimitado, en criterio personal que equivalga a autorizar juicios caprichosos, en una anarquía en la estimación de las pruebas. Al tratar el contenido de la motivación se refiere en primer término al deber de ser expresa, no pudiendo el juez suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarla por una alusión global a la prueba rendida. Así entiende que al imponer la necesidad de motivar el pronunciamiento, la ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él para arribar a la conclusión. Agrega más adelante en cuanto a la apreciación de los hechos, que la necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar la prueba razonadamente. No se puede reemplazar su análisis crítico por una remisión genérica a las constancias del proceso, o a las pruebas de la causa, o con un resumen meramente descriptivo de los elementos que lo conducen a la solución, pues si esto fuera posible el pronunciamiento viviría sólo en su conciencia".

Asimismo, consigna que la motivación debe ser completa, comprendiendo dicha exigencia a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. La apreciación conlleva implícita la función específica de valorar. La sentencia impugnada omite valorar constancias de autos, contradiciendo de éste modo lo que surge tanto de la prueba documental glosada, como de la propia acta de debate, lo que resulta suficiente para descalificar el decisorio. El Máximo Tribunal de la Nación reiteradamente consideró arbitrarias las sentencias que prescindan de valorar pruebas incorporadas a la causa. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Incapacidad laboral, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Hussen, Héctor F. c/ Empresa Libertador San Martín S.A.T. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

La disminución laborativa del trabajador derivada de un infortunio del trabajo debe establecerse con relación a la incapacidad para su profesión habitual.
Portación de armas, arma propia, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: O, C.D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 39 Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Yerra el Sr. Fiscal de Primera Instancia al considerar que el arma - un revólver descargado con dos balas portadas en un bolsillo del pantalón del imputado y éste llevado en su cintura- constituye arma propia. Lo contrario supondría sostener que es arma entonces un revólver de juguete, puesto que como bien lo señala el Sr. Juez en la sentencia en crisis, resulta ineficaz para ser accionada de inmediato. Es precisamente esta aptitud -la de estar disponible para ser accionada en forma inmediata- la que la torna arma propia.

(Del voto en disidencia de la Dra. Robledo)
Notificación de la sentencia, personas privadas de la libertad, traslado de detenidos, interposición del recurso, plazos procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Molina, Aldo Andrés  c/  s/ recurso de queja - causa n° 84547
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Si no obra constancia alguna de que el condenado privado de su libertad haya sido trasladado a la sede del tribunal a fin de notificarse de la sentencia al procederse a su lectura, ya que el acta correspondiente carece de su firma y la de su asesor letrado, entonces no puede computarse la fecha de realización de tal acto como dies a quo del plazo para impugnar. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nicolino, Felipe A. c/ Domínguez, Francisco s/ Consignacion y cancelacion de deuda. Nulidad (Inexistencia de acto  procesal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Los actos jurídicos inexistentes no son confirmables, ni prescriptibles, ni producen efecto alguno, y a los actos jurídicos posteriores a aquél y que se encuentran directamente relacionados o derivan de él, no se les puede otorgar ningún grado de validez, eficacia u oponibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Servicios Públicos Villaguay Ltda. c/ Bahler, Carlos Alejandro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-24

Se sostiene doctrinariamente que, para que exista simulación en la celebración de un acto jurídico, es necesario el acuerdo o al menos el conocimiento de ambas partes de que se está realizando un acto que no es verdadero. Cuando una de las partes ha entendido realizar un acto dentro del marco de la lay, aunque con posterioridad descubra que ha sido víctima de error o dolo podrá anularse dicho acto en virtud de estos vicios de la voluntad si se prueba su existencia, pero no por simulación.