Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16


Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Suprema Corte La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado de Garantías Nº 3 y el Juzgado Federal, ambos de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa instruida a raíz de la prevención realizada por personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en virtud de un anónimo recibido en una delegación que tiene ese organismo en la ciudad de Chacabuco.

La investigación dio cuenta de que en el interior de una vivienda de esa ciudad, se encontraban varias personas de nacionalidad paraguaya -indocumentadas- que habían sido contratadas por Aldo C, para emplearlas en la producción irregular de productos medicinales -sondas para suero, guías naso-gástricas, etcétera-.

La justicia provincial, encuadró los hechos dentro de los artículos 200, 201 Y 145 del Código Penal, en concurso real con las disposiciones de la ley Nº 26.364 -trata de personas- y sobre la base de la" competencia federal prevista en esta última figura legal, se inhibió para conocer en la causa (fs. 296) La justicia de excepción, por su parte, rechazó tal atribución por considerarla prematura. En ese sentido, argumentó que la sola circunstancia de que las personas extranjeras no hubiesen sido declaradas por el empleador (imputado) ante los órganos de control -A.F.I.P.- no significa la acreditación del delito de trata de personas (fs. 300).

Vueltas las actuaciones al juez de origen, dio por trabada la contienda y la elevó para su conocimiento a V. E. (fs. sin numerar).

De las probanzas de la causa, y a pesar de que la instrucción se encuentra en los albores, surge que no sería posible descartar, hasta el momento; que las personas empleadas por C, debido a su contexto de vulnerabilidad, puedan encontrarse en situación de explotación, en los términos de la ley 26.364.

También se pudo determinar la existencia de hechos que atentarían contra la salud pública: la elaboración ilegal de insumos de uso medicinal, que luego son distribuidos en nosocomios de esta Capital Federal (ver fs. 6; 16; 26/28; 47; 51; 52/53; 79), por lo que tampoco se puede descartar una posible infracción a la ley 16.463, que en su artículo primero establece que quedan sometidos a esta norma todos aquellos productos destinados al "uso y aplicación en la medicina humana".

Así, toda vez que la ley 26.364 tiene carácter federal (Competencia Nº 538, L. XLV in re "Averiguación delitos de acción pública", resuelta el 23 de febrero del 2010), al igual que la número 16.463 (Fallos: 321:1434; 324:3940; 327:719 y 5173), opino que, en tanto no se excluya la aplicación de estas normas, ambos hechos deben ser investigados por la justicia federal. - Buenos Aires, 18 de octubre del año 2010. - Luis Santiago González Warcalde.

Buenos Aires, noviembre 16 de 2010.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal de Junín, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías nº 3 del Departamento Judicial de Junín, provincia de Buenos Aires. -Elena I. Highton de Nolasco . -Enrique Santiago Petracchi. -E. Raúl Zaffaroni. -Carmen M. Argibay.