Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18


SENTENCIA Nº 35154 JUZGADO Nº 39 AUTOS: "GUTIERREZ Cristian Jose Maria c/ CLADD INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. y Otro s/ Accidente - Acción Civil" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de	junio	de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de fs.580/592 declaró inconstitucional el artículo 39 de la Ley 24557, hizo lugar a la demanda indemnizatoria que el actor fundó en normas del Código Civil y condenó a satisfacer el daño patrimonial y extrapatrimonial a Cladd Industrial Textil Argentina S.A. (Cladd), empleadora de aquél, y a Boston Compañía Argentina de Seguros (Boston), aseguradora de riesgos del trabajo.

Para así decidir, la señora Jueza a quo tuvo por acreditado que el accidente cuyas secuelas incapacitan parcialmente al pretensor fue consecuencia de la actualización del riesgo de una cosa de la que Cladd es guardián jurídico: una escalera de "entre 2 y 3,5 metros de altura", de cuya plataforma cayó la víctima, de espaldas, en circunstancias en que tiraba de un rollo de tela de 25 kg. de peso, estibado en una estantería. Según el perito ingeniero, la plataforma tenía en tres de sus lados baranda de protección de 0,50 mts.; no la presentaba en la parte posterior, por donde se accede a ella por los escalones. Tal configuración constituye, a juicio de la sentenciante el riesgo propio de la cosa, que responsabiliza a la demandada principal en el marco del artículo 1113 del Código Civil. La omisión de entrega de elementos de seguridad personal la responsabiliza, por añadidura, en el del artículo 1109. Respecto de Boston, que brindó las prestaciones dinerarias y en especie que establece la Ley 24557 -pagó una indemnización de $ 43.925,86 por la incapacidad del 32% fijada por la comisión médica interviniente y confirmada en estas actuaciones- explicó, con cita del artículo 1074 del Código Civil, que no constituye una fuente de responsabilidad autónoma, que no probó haber realizado visitas al establecimiento, ni plan de mejoramiento, ni haber denunciado incumplimientos, lo que, más allá de la cita, implica imputarle negligencia, en los términos del artículo 1109.

Todas las interesadas y la constelación de peritos que intervinieron, vienen en apelación.

II.- Cladd (fs.634/637)se queja porque se admitió la demanda fundada en normas del Código Civil soslayando, dice, el régimen de la Ley 24557, sin hacerse cargo de que la sentenciante de grado, en la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino", que citó declaró inconstitucional el artìculo 39 de dicha ley, en cuanto limita el acceso al sistema de reparación de daños que organizan aquéllas, omisión que esteriliza el agravio. Sostiene que, según testimonios que cita, se probó que entregaba elementos de protección personal, sin explicar cuáles habrían sido los suministrados al actor, ni cómo hubieran evitado el siniestro o sus secuelas. Insiste en que la insuficiente altura de las barandas de protección no convertían a la escalera en riesgosa, pero no se ocupa de rebatir el argumento central por el que fue así calificada: la ausencia de baranda en la parte trasera, que es por donde cayó el pretensor. Sugiere que éste incurrió en culpa eximente de responsabilidad porque, dice, realizó un esfuerzo excesivo para manipular el rollo de tela, alegación que se vuelve por pasiva, ya que implica que el peso que debió mover desde su precaria base de sustentación requería un esfuerzo fuera de lo normal. Postula que se fije la incapacidad del actor en el 13%, conforme a la estimación del médico legista, sin someter a escrutinio crítico la admisión de la concurrencia de desórdenes psiquiátricos y psicológicos, ni ofrecer una adecuada demostración argumental que conduzca a la convicción de que algunos de los factores ponderados por la señora Jueza quo para la determinación del grado de minusvalía no existe, o carece de entidad incapacitante. Objeta, finalmente, la imposición de las costas, por mediar vencimientos parciales y mutuos, para lo que compara la suma demandada con la reconocida, comparación que, a los fines del artículo 71 C.P.C.C.N. no es adecuada, ya que el actor obtuvo plena satisfacción en cuanto a la admisibilidad de la acción y el monto de las indemnizaciones, en un régimen no tarifario, depende del razonable arbitrio judicial, fundado en la prueba producida.

III. Boston se queja porque se extendió su responsabilidad más allá de los límites de la cobertura comprometida al celebrar el contrato de seguro. No es dudoso que una aseguradora de riesgos del trabajo puede ser responsable civilmente de daños no cubiertos por el acto de aseguramiento. Para ello, debe serle imputable un comportamiento, positivo u omisivo, susceptible de ser calificado como causa adecuada del daño Esto es: que se trata de un hecho o acto idóneo por sí mismo para producir ese efecto y, por ello, previsible para el agente (artículos 901/906 del Código Civil). En el caso, ni aún la omisión total de cumplimiento de deberes relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo podría ser calificada como tal, ya que su estricto cumplimiento no hubiera evitado que el trabajador ascendiera por la escalera, ni que, al tirar del rollo de tela, desequilibrado por su peso, cayera a tierra. No se debe confundir la responsabilidad administrativa por omisión de un comportamiento debido, sancionable en el marco de la ley especial, con la responsabilidad civil genérica, que requiere, para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo para el sujeto pasivo. Es oportuno remitir a los irrebatibles argumentos expuestos por los doctores Lorenzetti y Fayt en el precedente citado por la sentenciante (en ese caso, la Corte no fijó doctrina interpretativa de la Constitución Nacional: en un caso regido por el derecho común, anuló una sentencia de segunda instancia por arbitrariedad y las consideraciones doctrinarias del dictamen al que adhirió son obiter dicta). También a mi voto en la causa "Rivero v. Techotécnica S.A" (sentencia nº 28.330, del 18/10/99, confirmada con argumentos prácticamente idénticos por la Corte: "Galvan Revel c/ Electroquímica Argentina S.A. y Otro".

En síntesis, la responsabilidad de la aseguradora no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, salvo que incurra en un comportamiento dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el Código Civil, con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad: ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal. Se debe hacer lugar al recurso de Boston, eximirla de responsabilidad e imponer las costas de esta acción por el orden causado, habida cuenta de que pudo asignar al precedente ·"Llosco", citado por la a quo.

IV.- El actor (fs. 611/625), objeta el método empleado para determinar la indemnización del daño patrimonial, sostiene que, sin decirlo, se trata de la fórmula actuarial para la obtención de un capital que compense la pérdida eventual de la capacidad de ganancia y se agote durante la vida útil del sujeto, normalmente mencionada como "fórmula Vuotto", por el caso que la popularizó. En una extensa pero interesante exposición se explaya sobre la tasa de interés, describe métodos alternativos y postula la elevación del capital de condena. En homenaje a los fines prácticos del proceso no analizaré en detalle los argumentos, que he leído con atención e interés. Me concentraré en dos puntos: es cierto que la Corte ha criticado el uso de esa fórmula como una suerte de tarifación pretoriana, con vistas a mantener hasta donde sea posible la adecuación del resarcimiento a las circunstancias individuales de cada sujeto. Ello no significa que se trate de un método proscripto, ya que su idoneidad debe ser juzgada en cada caso concreto (por tratarse de un sistema emanado de compañías de seguros de responsabilidad civil por daños a las personas, no es desechable a priori). En segundo lugar, lo que el apelante encuentra inconveniente es que la tasa de interés "pasiva" que integra la ecuación (6% anual) no se correspondería con las vigentes en el mercado financiero, que serían inferiores. De ser así, evidentemente se verificaría una distorsión perjudicial para el acreedor, ya que, para obtener el mismo rendimiento, necesitaría un capital superior. Sin embargo, según información del Banco Central, en el curso de mayo del año corriente, esas tasas oscilan entre el 8% y el 10% anual, lo que significa que el actor podía retirar, con el capital asignado, un rendimiento superior entre el 33% y el 66% al que resultaría, estrictamente, de los fundamentos de la fórmula. Ésta, en el caso, satisface su aspiración de obtener una mejor indemnización.

V.- Por las razones expuestas y, en lo pertinente, argumentos propios de la sentencia de fs. 582, propongo se la confirme en lo principal que decide y ha sido materia de agravios; se la deje sin efecto en cuanto condena a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., a quien se absolverá de la demanda; se confirmen los pronunciamientos sobre costas y honorarios, con la salvedad de que las costas de la demanda contra Boston correrán, en ambas instancias, por el orden causado. Las costas de alzada serán soportadas por el orden causado. Las regulaciones de los honorarios de los profesionales actuantes serán confirmadas, ya que se adecuan a la entidad de los trabajos y a las reglas arancelarias. Los de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara serán regulados en el 25% de los que, respectivamnte, les fueron asignados en la anterior instancia (artículos 68 y 279 C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839; 3º del D.L. 16638/57).

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I. Coincido con el doctor Morando en cuanto propone desestimar los agravios vertidos por la codemandada Cladd Industria Textil Argentina SA.

Discrepo, en cambio, con la propuesta de rechazo de los agravios introducidos por el actor, relativos a la cuantificación de la indemnización orientada a reparar la incapacidad del señor Gutiérrez y con la postulación de liberar de responsabilidad a la codemandada Boston Compañía Argentina de Seguros SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

II. Agravios del actor. Luce claro de los términos empleados por la señora juez "a quo" a fojas 587, tercer párrafo, que para cuantificar el daño material derivado del accidente sufrido por el señor Gutiérrez, utilizó las pautas suministradas por el ya treintañal precedente "Vuoto, Dalmero, Santiago y otros c. A. E. G. Telefunken Argentina, S. A.", del 16-6-2008, del registro de la sala III de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (LL, 1979-C, Pág.620).

Al respecto, considero que el apego matemático a la fórmula "Vuoto" entraña, en los hechos, la aplicación de una tarifa sin aval normativo, que se contrapone a los postulados de la indemnización integral propia del derecho común y que pone en serio compromiso el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido el que, como ha venido diciendo reiteradamente la Corte Federal, constituye un derecho de rango constitucional emplazado en el artículo 19 de la Carta Magna (308: 1109; 308:1118; 308:1160, 327:3753, entre muchos otros).

El Máximo Tribunal, ha descalificado recientemente la validez intrínseca de la fórmula "Vuoto", reiterando su doctrina de que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008). Allí también puntualizó que: "La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable".

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del trabajador a la fecha del accidente (23 años), la incapacidad aceptada (32%), sus ingresos a la fecha del evento dañoso ($ 916,45); la pérdida de posibilidades de progreso en el marco de un mercado de trabajo con los perfiles actuales; sus aptitudes específicas como trabajador manual; el hecho de que es padre de una hija de escasa edad; que la patología auditiva de origen traumático le acarrea cefaleas y mareos que entorpecen su vida de relación, sumados a los trastornos psíquicos que hacen lo propio y demás elementos particulares, estimo que la suma de $ 58.050 de la que partió la señora magistrado "a quo" para concluir en la determinación del quantum indemnizatorio luce insuficiente. Considero que debió partirse de una suma superior que considero ajustada en $ 80.000. Luego, si a tal monto se suma lo justipreciado en concepto de daño moral y tratamiento psiquiátrico ($ 15.000 y $ 20.000, respectivamente), se arribaría a la suma de $ 115. 000. Restada la suma abonada por la codemandada Boston, se arriba a la suma de $ 71.074,34 que propicio diferir a condena en concepto de indemnización reclamada por todo concepto, con más los intereses establecidos en origen, es decir, a la tasa allí fijada desde la exigibilidad del crédito, que en el caso coincide con la fecha del evento dañoso (23-10-04).

Añado que los agravios expresados por el demandante en torno de la cuantificación de la indemnización por agravio moral (fojas 623/625 de la memoria recursiva) no satisfacen las exigencias del artículo 116 de la ley 18.345 pues no hay alusión a las alternativas particulares del caso de las que pueda exhibirse que lo fijado por la doctora Solves ($ 15.000) luzca insuficiente. III. Los agravios de la codemandada Boston Compañía Argentina de Seguros SA aseguradora de riesgos del trabajo no deben ser atendidos. En efecto, se queja porque se la declara responsable según lo previsto por el artículo 1074 del Código Civil. Repele que se configuren a su respecto los presupuestos de la responsabilidad civil, concretamente la antijuridicidad que se le imputa. También objeta que se concrete la relación causal adecuada con el daño sufrido por el actor. También afirma que con el pago de las prestaciones dinerarias que otorgó según la ley 24.557 satisfizo íntegramente las obligaciones a su cargo.

El debate de autos se relaciona con las obligaciones que la ley 24.557 pone a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) y con la responsabilidad civil integral que es dable atribuirles por las consecuencias dañosas de un infortunio laboral (accidente o enfermedad).

Para abordar el tema es importante resaltar de manera inicial que existe un antes y un después a un siniestro laboral. En ambos tramos temporales las aseguradoras de riesgos del trabajo tienen adjudicadas por ley obligaciones específicas.

En el antes, las obligaciones conciernen a su prevención; en el después, atienden al resarcimiento, esto es al otorgamiento y gestión de cobertura médica adecuada y de prestaciones dinerarias y/o en especie.

Las primeras, que apuntan a la prevención de los daños, son en esencia las que justifican que la ley 24.557 haya introducido una nueva tipología de personas jurídicas cuya especialidad (artículo 35 del Código Civil) no se agota en la que es propia de una compañía aseguradora, llamada exclusivamente a resarcir los perjuicios que han sido consecuencia de un siniestro contemplado como cubierto en un contrato de seguro y no a evitar que éste se produzca.	En coherencia con las directrices modernas del derecho de daños, orientado a apuntalar la prevención, la ley 24.557 se afilia a estos postulados. En su artículo 1 º, inciso 2), apartado a, el legislador confiesa como objetivo el de: "Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo".

En este sector del universo laboral es en el que el legislador argentino ubica a las aseguradoras de riesgos del trabajo, atribuyéndoles un rol activo e imponiéndoles un compacto compendio de obligaciones de hacer con el propósito obvio de suprimir las causas de los infortunios; entre ellas la de controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad e higiene, denunciando los incumplimientos y la de promover acciones positivas que neutralicen o excluyan a la postre los daños derivados del trabajo. Está claro que el legislador presupone, en una suerte de pronóstico de previsión ante facto, que el cumplimiento específico de estas obligaciones de precaución resultará apto para evitar la concreción de esta especie de hechos dañosos a través de la detención de los nexos causales físicos propios de la actividad de que se trate en cada caso concreto.	En ese sentido, la ley emplaza a las ART de manera general a "adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo" (artículo 4 º inciso 1 º LRT) y luego, en concreto, enumera con detalle cuáles son las conductas positivas que deben desplegar para satisfacer la manda legal (artículos 4 º y 31 inciso 1 º LRT). Por lo demás, como lo ha puntualizado la Corte Federal, el decreto reglamentario de la ley, el N º 170/96 es a su turno más que elocuente en este terreno (Vg. artículos 18, 19, 20 y 21; asimismo: arts. 28 y 29) (Autos: "Soria, Jorge Luis c/RA y CES S.A. y otro", 10-4-2007, S. 1478, XXXIX-RHE).

Es decir, las normas legales en vigor no ofrecen dudas en cuanto a que pesa sobre estos entes de derecho privado obligaciones concretas atinentes a la prevención de los infortunios laborales que se suman a las que la ley también fija para ser cumplidas con posterioridad al siniestro y que se relacionan con la provisión de asistencia médica acorde a la dolencia padecida por el trabajador como al otorgamiento de las prestaciones dinerarias o en especie.	Luego, si la aseguradora de riesgos del trabajo no cumple las obligaciones que legalmente le están impuestas en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común, los daños que tienen relación causal adecuada con su antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea imputable al menos a título de culpa (artículos 512, 902, 1109 y 1074 del Código Civil). En contraposición, su responsabilidad patrimonial se ceñirá a las prestaciones tarifadas por la ley 24.557 si su obrar no merece reproche en la antesala del infortunio, ya sea porque no incurrió en ilicitud, o bien porque el daño no tiene relación causal con la omisión culposa; en síntesis, si no se configuran los presupuestos básicos de la responsabilidad civil.

Así lo ha venido diciendo la doctrina, con miradas más amplias o más estrictas (Ver: Álvarez, Eduardo Oscar, "La responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo por los infortunios laborales y la aplicación del artículo 1074 del Código Civil", Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, 2002-1, Pág.76 a 85; Pérez, Marcelo Claudio, "La responsabilidad extracontractual de las ART", Ed. La Ley, Bs. As., 2000) y lo ha reafirmado recientemente la jurisprudencia de la Corte Federal (CS, 30-10-2007, "Galván, Renée c. Electroquímica Argentina S.A. y otro", LL, 12-11-2007, Pág. 7; DJ, 28-11-2007, Pág. 900; DT, 2007 - noviembre, Pág. 1279; IMP, 2007-23, 2211; LL, 14-12-2007, Pág. 7), con criterio que ya había sido postulado por la jurisprudencia y por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara y ante la CSJN (Conf. dictamen n ° 27.107 del 19-5-1999, en autos "Rivero, Mónica E. c / Techo Técnica SRL s/ accidente acción civil", Expediente 22137/1997, de la Fiscalía General ante CNAT, emitido por el doctor Eduardo O. Álvarez, que hiciera suyo el doctor Horacio Billoch en su voto en minoría en la sentencia de esta sala VIII del 18-10-1999; y dictámenes PGN: del 5-10-2001, emitido en autos "Rivero, Mónica E. por sí y en representación de sus hijos menores E., S. y E. N. P. c/ Techo Técnica SRL", y del 10 de marzo de 2004 - S. C. P-673, LXXXVIII-, los que llevan la firma del entonces señor Procurador Fiscal ante el Máximo Tribunal, doctor Felipe D. Obarrio).

También la jurisprudencia de esta Cámara refleja consenso acerca de estas ideas, a juzgar por un nutrido número de pronunciamientos que abordaron el tema (Ver, entre muchos otros: CNAT, Sala I, S. D. N º 83736, del 18-7-2006, Exp.7247/00, "Casiva, María Antonio por/sí y en representación de sus hijos menores Gisela Guadalupe y María del Carmen Mansilla y otro c/ Dagward S.A. y otros s/accidente - acción civil", elDial - AL1D5B; Sala II, 5-2-2004, "Otero de Cufre, Sara B. c. Avícola Capitán Sarmiento S.A. y otro", DT 2004, julio, Pág. 979 y 6-3-2002, en autos "Duarte Rodríguez, Lorenzo c. Magire S.R.L. y otro", LL, Online; Sala V, 8-2-2007, "Ferreyra, Juan E. c. Ingeniería y Construcciones SRL y otro", IMP, 2007-11, DT, junio, 1158 y "Nieto José c/ Transportadora de Caudales Juncadella S.A. y otro", sentencia del 8-5-2006; Sala VI, 31-10-2006, "L., R. c. Frinca SRL y otros", LL, 2007-B, 810; Sala VII, 16-11-2006, "Gionardella, Jorge A. c. Frigomex S.A. y otros", LL Online; Sala IX, Expediente n ° 6260/01, sent. 11000, del 30-10-2003, "Domato, Mario c/ Witcel SA y otro s/ accidente acción civil" elDial - AL2214; Sala X, 29-2-2008, en autos "Andretiche, Rubén Oscar c. Banegas, Miguel Ángel y otros", LL online y numerosos precedentes de esta sala VIII, 28/12/07: sentencia nº 34.733, "López Ceferino c/ Pcia. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ Accidente-Acción Civil; 14/03/08; sentencia nº 34.842 "Roa Mira Felipe Neri c/ Basigalup Oscar y Otros s/ Ley 22.250"; 28/03/08: sentencia nº 34.889, "Pared Dionicio c/ La Rueca Porteña S.A. s/ Accidente-Acción Civil", entre otros.

Valen no obstante dos aclaraciones previas que ilustran acerca de la comprensión del juzgamiento que propongo en este voto. La primera, tiene que ver con el estándar valorativo de la actuación de la aseguradora de riesgos del trabajo a los fines del artículo 902 del Código Civil. Así, de conformidad con el plexo normativo sobre accidentes y enfermedades del trabajo, las ART deben ser consideradas expertas - no profanas - en higiene, seguridad y medicina laboral, esto es, como especialistas en la materia de prevención de daños laborales. De allí que, según el artículo 20 del decreto reglamentario 170/96, deben contar con suficiente "personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo de modo que asegure la atención en materia de prevención de riesgos de sus afiliados".

La segunda, relativa a la cuestión del nexo causal. Si el tema de la causalidad suele ser complejo en general, parece más dificultoso cuando se trata de ilicitudes por omisión. Señala Bueres que "en las omisiones puras, el omitente se abstiene de realizar una conducta que le es exigible con arreglo a los principios del ordenamiento. En tal hipótesis, existe un proceso causal preexistente y extraño al agente que permanece inerte, quien, no obstante, no se interpone y lo frustra" y añade: "sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal" (Bueres, Alberto Jesús, en "Código Civil y normas complementarias", Ed. Hammurabi, Bs. As., 2005, tomo 3 °, Págs. 60 a 62). En la misma línea de pensamiento, expresa Isidoro Goldemberg: "Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca.de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso" (Goldemberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Editorial La Ley, 2 ° edición, Bs. As., 2000, Pág.163). En este sentido, la omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos expressi verbis por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.

Por cierto, como afirmaba Llambías, al abordar la cuestión del nexo causal: "el derecho no se satisface con una pura relación de causalidad material, puesto que no es una física de las relaciones humanas.el derecho se preguntará si es justo que así sea, pues todas las conclusiones a que él llega están contempladas bajo el prisma de la justicia" (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de derecho civil", Obligaciones, Ed. Perrot, 3 ° edición, Bs. As., 1978, tomo I, Pág.366, § 282).

Efectuadas estas apreciaciones jurídicas, estimo que en el sub judice corresponde confirmar lo resuelto sobre este aspecto de la controversia en el meduloso e impecable fallo de la doctora Solves.

En efecto, la señora magistrado dijo, con remisión al dictamen del señor perito ingeniero, y utilizando para destacarlo con mayor énfasis la letra versalita, que las barandas de la escalera no responden a las medidas de seguridad para prevenir las caídas de personas debido a que no superan los 0,50 m y carece de barandas en su parte posterior. Aseveró en el discurrir de su sentencia, particularmente a fs.585 segundo párrafo, y en alusión a la escalera, que se omitió una medida de seguridad básica.

Luego, al evaluar la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, expresó que dicha circunstancia bien pudo ser detectada a tiempo por la ART, para prevenir y conjurar el riesgo y las falencias de la escalera.

Ninguno de estos aspectos medulares del fallo ha sido materia de agravio específico y concreto. Luego, no es posible predicar que en este caso se encuentren ausentes los presupuestos de la responsabilidad civil que se pusieron en tela de juicio. La antijuridicidad se emplazó en la omisión de asesorar, como experta en seguridad laboral, en torno de la utilización de herramientas que no merecieran los reproches que constató en autos el experto designado. En haber omitido visitas al establecimiento, durante las cuales la aseguradora habría podido advertir las deficiencias en la seguridad laboral específica y en su caso, habría podido recomendar y eventualmente denunciar oportunamente a la autoridad de aplicación los incumplimientos. La Magistrada afirmó, sin que haya sido controvertido al apelar, que "no se han probado visitas a la empresa asegurada, ni plan de mejoramiento ni denuncia por incumplimientos".

Con respecto a la relación causal, ya me he expresado en los párrafos anteriores, siguiendo las enseñanzas de la más autorizada doctrina, que no es posible desconocerla. No obstante lo ya dicho, vuelvo a expresar, con riesgo de ser reiterativa, que como afirma el Maestro Isidoro Goldemberg "de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso" (op. y loc, cit.)	En tal marco conceptual, el argumento del pago total al amparo de las previsiones de la ley 24.557 no tiene fundamento. Es que la condena se emplaza en las preceptivas del derecho común y en el deber genérico del responder civil; no tiene basamento en los compromisos derivados del contrato de afiliación que impone la ley de Riesgos del Trabajo.	IV. A influjo de lo normado por el artículo 279 CPCCN corresponde una nueva decisión sobre costas y honorarios. Propongo que se confirme lo decidido en grado en materia de costas, inclusive las regulaciones de honorarios practicadas, que se adecuan a la extensión e importancia de los trabajos realizados, bien que aplicados los respectivos porcentajes al nuevo monto de condena, incluidos capital e intereses (ley 21.839, artículos 6 °, 7 °, 9° y concordantes; artículo 38 ley 18.345; artículo 3 ° del decreto ley 16.638/57).	Por lo expuesto, propongo en este voto: a) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y modificar el capital de condena que se fija en $ $ 71.074,34 (pesos setenta y un mil setenta y cuatro con treinta y cuatro centavos) suma a la que deberán adicionarse los intereses fijados en origen; b) se confirme lo resuelto en materia de costas y honorarios; c) se impongan las costas de alzada a las demandadas, que resultan vencidas en lo principal de las alegaciones recursivas (artículo 68 CPCCN); d) se regulen los honorarios de los profesionales actuantes ante esta alzada, en el 25% de los fijado por los trabajos de grado.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO:

Adhiere al voto de la Dra. Vázquez.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en lo principal y modificar el capital de condena que se fija en $ $71.074,34; suma a la que deberán adicionarse los intereses fijados en origen;

2)	Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios;

3)	Imponer las costas de alzada a las demandadas, que resultan vencidas en lo principal de las alegaciones recursivas;

4)	Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante esta alzada, en el 25% de los fijado por los trabajos de grado;

5)	Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- mgi JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VÁZQUEZ LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CAMARA	JUEZ DE CAMARA	JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA