Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05


Reg.: A y S t 280 p 58/64. En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos "LÓPEZ, MELCHORA Y OTROS contra PREVENCION ART S.A. -APREMIO- (EXPTE. 21-00209483-2) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00209483-2). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Erbetta, Netri, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante auto del 13.03.2017 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora. En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, considero que se encuentran cumplidos los requisitos respectivos del remedio intentado, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuesión, el señor Presidente doctor Erbetta expresó idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General y con la respuesta brindada por la señora Ministra doctora Gastaldi en cuanto a la admisibilidad del presente recurso de inconstitucionalidad, teniendo especialmente en cuenta que si bien tanto esta Corte como el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación tienen reiteradamente resuelto que las decisiones en materia de recusación no son, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, también se ha sostenido que cabe apartarse de la regla según la cual las decisiones sobre recusación de los jueces no son susceptibles de recurso extraordinario cuando, como en el "sub examine", se entrevé la posibilidad cierta de que, a través de una manipulación indiscriminada del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. La presente litis, en lo que resulta de interés, puede reseñarse de la siguiente manera: 1.1. En el marco de una demanda de daños y perjuicios, el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 de la ciudad de Rosario admitió la pretensión indemnizatoria. Ante tal circunstancia, la actora dedujo demanda de apremio, solicitando la ejecución de aquella sentencia en la que resultara gananciosa y a la que calificó de "definitiva", ello a pesar de que la demandada condenada había interpuesto recurso de apelación extraordinaria contra el decisorio de fondo. Por su parte, el juez de grado tuvo "por iniciada la acción" (apremio) como incidente del juicio principal. Como consecuencia de ello, la accionada interpuso liminarmente excepción de inhabilidad de título con sustento en que la sentencia que se pretendía ejecutar no se encontraba firme, ello al haber sido recurrida por su parte, estando aún pendiente de resolución su recurso de apelación extraordinaria (arts. 108, 351 y 508, C.P.C.C.). En relación con ello, planteó recusación con causa de los magistrados actuantes, diciendo que habían "emitido opinión como juez" y "haber dictado sentencia" (art. 10, incisos 5 y 6, C.P.C.C.), ello pues -entendió- el haber dado curso a la ejecución de una sentencia que no se encontraba firme supuso adelantar opinión denegatoria respecto del recurso de apelación extraordinaria interpuesto. Tal petición fue denegada por el Tribunal colegiado. Lo que fue dejado sin efecto por la Cámara de Apelación, que, en consecuencia, admitió la recusación deducida. 1.2. Frente a lo decidido, la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando afectación de garantías constitucionales. En tal sentido afirma que existe un supuesto de gravedad institucional en tanto se produce un desplazamiento infundado de los jueces naturales de la causa. Puesto que, sostiene, en la presente litis no hubo adelanto de opinión ninguna. En la misma línea alega falta de fundamentación en lo decidido, siendo que la Sala fundó su decisorio únicamente en un antecedente de la misma Cámara, el que, por lo demás, tampoco sería trasladable por tratarse de supuestos fácticos diferentes. En particular, refiere que lo único que resolvió el juez fue decretar el inicio al trámite. Sin que de ello pueda considerarse, ni siquiera inferirse, que adelantaron postura de ninguna especie respecto del recurso de apelación extroardinaria. Finalmente, plantea que el decisorio, que admitió su pretensión resarcitoria, configura un supuesto de sentencia "definitiva" e "irrecurrible respecto de los hechos". 1.3. La Sala declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ello al entender que la postura de la recurrente "contiene basamentos científicos sólidos" y "fundados en normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso" que exceden de una mera disconformidad con lo resuelto, todo lo cual -concluyó- puede configurar un supuesto de arbitrariedad en lo decidido. 2. Se adelanta que el recurso de inconstitucionalidad debe ser declarado procedente. En efecto, de la reseña antes desarrollada se desprende que la cuestión a decidir versa sustancialmente sobre la recusación de los magistrados del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual. Lo que así fuera dispuesto por la Sala con sustento en que -expresó- la "viabilización del juicio de apremio" había importado prejuzgamiento respecto "del efecto devolutivo de la concesión del recurso de apelación extraordinaria". En punto a ello, no puede pasar desapercibido que la propia Sala admitió la viabilidad de los reproches planteados por la recurrente, en oportunidad de admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Y es que, en efecto, lucen suficientemente demostrados los cuestionamientos de dogmatismo y apartamiento normativo invocados. En particular, se advierte falta de fundamentación en lo resuelto por la Alzada al entender que había existido un supuesto de adelanto de pronunciamiento (art. 10, inc. 5, C.P.C.C.). Es que el prejuzgamiento consiste en "haber dado opinión como juez o haber dado recomendaciones acerca del pleito u opinión extrajudicial sobre el mismo con conocimiento de los autos". Y siendo de interpretación restrictiva la causal bajo análisis, sólo es procedente cuando recae de modo directo sobre la cuestión de fondo a resolver en la litis, refiera concretamente al asunto justiciable, que éste exista al tiempo en que se opina y se haya efectuado con conocimiento de autos (A. y S., T. 218, pág. 165; T. 207, pág. 33; entre otros). Sin embargo, de las premisas expuestas, en su confrontación con las circunstancias fácticas del caso, no se advierte cómo puede entenderse configurado un supuesto de prejuzgamiento en el acto de proveer el apremio interpuesto por la actora que, a la sazón, invocaba la firmeza del decisorio. Y aun si por vía de hipótesis se entendiera configurada la causal de prejuzgamiento, su conexión con la realidad del caso se desvanece. En efecto, si partimos del yerro del Juez de trámite de dar curso a la demanda de apremio estando pendiente de recurso la resolución de fondo del Tribunal Colegiado, es evidente que no se trata de un adelanto de opinión sobre los presupuestos de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria; ningún temor de parcialidad se configura en la especie ante el error de trámite; y sin que por otra parte se advierta lesión a la garantía de defensa en juicio de la demandada en orden al acceso a la segunda instancia, por cuanto ante una eventual denegatoria del recurso de apelación extraordinaria siempre quedará abierta la posibilidad de interponer recurso directo en procura de abrir la instancia de revisión de Alzada. Proponer lo contrario, conspiraría no solo contra las reglas de economía y celeridad procesal sino también contra la tutela constitucional de la pronta resolución de los procesos, pues habría que integrar nuevamente el Tribunal Colegiado al solo efecto de admitir o denegar la apelación. Sin que tampoco pueda pasar desapercibido el dilema, que hipotéticamente plantea la impugnante en su recurso de inconstitucionalidad, en torno a las consecuencias que se sucederían de seguirse el criterio sentencial en supuestos como el del "sub lite" (cfr. f. 103v.). En consecuencia, resulta de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que se apartan de la normativa aplicable y de las circunstancias de autos que pudieren resultar conducentes para la solución del litigio, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas como necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta expresó idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Coincido con el relato de los antecedentes de la causa y con la respuesta brindada por la señor Ministra doctora Gastaldi al propiciar la procedencia del presente recurso de inconstitucionalidad con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad. Primeramente cabe poner de relieve que, ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6 de la ciudad de Rosario, la parte actora promovió apremio (art. 507, C.P.C.C.) contra Prevención ART S.A., persiguiendo la ejecución de la sentencia dictada por el mismo Tribunal en la causa principal caratulada "LÓPEZ MELCHORA Y OTROS C/ SANATORIO DE LOS NUEVOS AYRES Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (CUIJ N° 21-00180417-8), donde había resultado condenada la accionada junto con otros codemandados. El Juez de trámite tuvo por iniciado el apremio disponiendo que se sustanciara como incidente del juicio principal y, en ese trance, citó de remate a la demandada bajo los apercibimientos de ley. Frente a ello la ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título aduciendo que la sentencia dictada por el Colegiado en los principales no se hallaba firme ni ejecutoriada con arreglo al artículo 108 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que el Tribunal no se había pronunciado aún sobre la admisibilidad de los recursos de apelación extraordinaria deducidos contra aquélla; y, en la misma línea, recusó a los Jueces integrantes del Colegio, en el entendimiento de que el dar curso a la demanda ejecutiva había implicado juzgar que el título en que se fundaba el apremio traía aparejada ejecución -en los términos del artículo 452 de la ley ritual, al que remite el artículo 507 del mismo cuerpo legal- y, con ello, adelantar opinión sobre la futura denegación de los recursos de apelación extraordinaria pendientes en los principales o, al menos, sobre el efecto devolutivo -no suspensivo- de su eventual concesión (art. 350, C.P.C.C.). De manera que lucen demostrados en forma suficiente los achaques de la recurrente al postular que el decisorio de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, que entendió en el incidente elevado a partir de la denegación por el Colegiado de las causales invocadas (art. 15, C.P.C.C.) e hizo lugar a la recusación de todos los integrantes del Tribunal por prejuzgamiento, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (art. 95). En efecto, no satisface adecuadamente la exigencia constitucional de motivación suficiente la argumentación brindada por la Alzada en orden a admitir la recusación respecto de todos los integrantes del Tribunal con base en el juicio liminar y provisorio vertido únicamente por el Juez de trámite en los términos del artículo 452 del Código Procesal y en ejercicio de su competencia exclusiva para la ejecución de la sentencia de mérito dictada por el Colegio (art. 67, L.O.P.J.). Al respecto conviene recordar que no constituye prejuzgamiento el criterio vertido por los magistrados en la debida oportunidad procesal sobre puntos sometidos a su consideración, toda vez que no se trata de una opinión anticipada sino directa y claramente el cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes (cfr. A. y S. T. 92, pág. 90; T. 150, pág. 301; entre muchos otros). Asimismo corresponde destacar que, en los juicios ejecutivos, la ley procesal brinda al órgano jurisdiccional varias oportunidades para examinar la habilidad del título en el que se funda la ejecución: la primera de ellas al despachar el auto de solvendo (art. 452, C.P.C.C.), en la que el juez realiza un examen encaminado a establecer si el título tiene aptitud para fundar la acción ejecutiva y si se reúnen los presupuestos procesales (competencia, legitimación procesal, etc.), que corresponde a una determinación liminar o "prima facie" del presupuesto de ejecutividad, lo que no importa prejuzgamiento y tampoco hace cosa juzgada; y, en una segunda oportunidad, deberá expedirse definitivamente acerca de la habilidad del título en cuestión -a pedido de parte o de oficio, pues constituye un deber funcional- al momento de dictar la sentencia, aunque el ejecutado no haya opuesto excepción alguna y no obstante que al comienzo del juicio se haya despachado favorablemente la demanda ejecutiva, pues no deben confundirse los actos procesales de conocimiento, necesarios para la formación del proceso, con el pronunciamiento judicial de admisibilidad y valoración final que manda llevar adelante la ejecución (cfr. Peyrano, Jorge W., "Plurales oportunidades para examinar judicialmente la habilidad de un título ejecutivo", J.A. 2005-III-1003; v. tb. Couture, Eduardo, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Depalma, 1974, pág. 454). Siendo entonces que el Juez de trámite se había pronunciado -de manera liminar y provisoria- sobre la aptitud ejecutiva del título propuesto en el momento procesal correspondiente y conforme una imposición legal, y sin que ello permita -más allá de su acierto o error- inferir adelantamiento alguno de opinión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de apelación extraordinaria interpuestos contra la sentencia definitiva dictada en los principales ni sobre el efecto de su eventual concesión, no puede predicarse la existencia de prejuzgamiento sino mediante una irrazonable interpretación de los extremos fácticos y jurídicos del caso. Por extensión, también resulta dogmática y apartada de las constancias de la causa la conclusión de la Alzada en cuanto extendió la imputación de prejuzgamiento al Tribunal en pleno sin más basamento que el sentido de su decisión denegatoria del planteo recusatorio (al respecto expuso el A quo que "...aunque es cierto que, como lo dice el Colegiado, la recusación debió circunscribirse al Juez del Trámite del apremio, la posterior resolución de aquél sobre la recusación sin que se haya adoptado decisión alguna por parte del tribunal que varíe la situación procesal alegada por la recusante, lleva a considerar que existió una convalidación implícita de la actuación del Juez del Trámite, razón por la cual corresponde hacer lugar a la recusación por la causal del inc. 5 del art. 10..."). Es que, amén de haber quedado descartado el adelantamiento de opinión atribuido al Juez de trámite al despachar el auto de solvendo, lo cierto es que los restantes integrantes del Tribunal resultaron completamente ajenos a dicho acto procesal sedicentemente prejuicioso, con arreglo a la distribución legal de competencias (arts. 66 y 67, L.O.P.J.); y a su turno -cabe remarcarlo- el Colegio se limitó a resolver el planteo recusatorio sometido a su consideración, dictando un pronunciamiento en el marco de sus facultades y en cumplimiento de resolver lo pertinente, sin preanunciar en modo alguno el devenir de los recursos de apelación extraordinaria pendientes. Corolario de lo expuesto es que la argumentación brindada por la Alzada para dirimir el incidente generado a partir de la recusación del Tribunal de baja instancia resulta descalificable con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada conforme surge de los considerandos precedentes. Costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Gutiérrez dijeron que la resolución que corresponde adoptar es la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada conforme surge de los considerandos precedentes. Costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO: ERBETTA-GASTALDI-GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6 de Rosario.