Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-20


Buenos Aires 20 de agosto de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe resulta:

1. Beatriz Emilia Cipullo interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se incluyera en su remuneración y dentro del rubro sueldo básico, los complementos que se liquidan como no remunerativos (códigos 094, 095, 096 y 097), asimismo, solicitó que se efectuará el correspondiente reajuste y liquidación de los rubros que se toman como referencia al rubro sueldo, requiriendo que, a partir de tal importe, se calcularan las retroactividades que por ley le corresponden, por las cantidades de todos los haberes desde la incorporación de cada una de las asignaciones mencionadas, con más sus intereses y costas. También solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los decretos nros. 4937/91 y 5261/91.

2. El juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del carácter no remunerativo establecido en los decretos n° 4937/91 y nº 5787/91 respecto de la actora e hizo lugar al reclamo por diferencia salariales imponiendo las costas a la demandada. También el magistrado dispuso que "[l]as diferencias que puedan resultar a favor de la actora, en concepto de aportes y contribuciones de la ley, serán determinadas en la etapa de ejecución de sentencia y calculadas desde los cinco años anteriores, contados desde la fecha de presentación del respectivo reclamo administrativo (art. 4027 Cód. Civil)".

La demandada interpuso contra tal decisión recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la totalidad del recurso de apelación interpuesto y impuso las costas en ambas instancias en el orden causado.

En lo que aquí interesa, por ser la materia concreta de los agravios traidos por el recurrente, la Cámara al decidir la apelación concluyó que el Gobierno debía presentarse ante el órgano previsional competente y regularizar la deuda en concepto de contribuciones; y, del mismo modo, entendió que dado que la irregular situación previsional se debió exclusivamente a la conducta del Estado, la solución más justa era que el demandado se hiciera cargo de la regularización de la deuda previsional en concepto de aportes.

Contra tal decisión el demandado interpuso recurso de inconstitucionalidad. Entendió que la decisión de la Cámara era arbitraria porque: 1) se lo condenaba a realizar aportes previsionales que no integraron la litis; 2) omitió expedirse sobre cuestiones planteadas oportunamente -en la apelación- referida a la falta de legitimación de su parte para cumplir con la condena a regularizar la situación previsional de la actora y; 3) la ausencia de fundamentación suficiente de la sentencia en imponerle el cumplimiento de las obligaciones previsionales. En ese orden de ideas, el recurrente consideró violados el derecho de defensa en juicio, garantía consagra en los arts. 18 de la CN y 10 y 13 de la CCBA.

El recurso de inconstitucionalidad, previa sustanciación, fue concedido por el tribunal superior de la causa.

A fs. 272/274 expidió su dictamen el Fiscal General Adjunto que consideró que se debía admitir el recurso de inconstitucionalidad y revocar la decisión impugnada en cuanto se condena al Gobierno a regularizar la situación previsional de la actora.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

El recurso se interpuso en tiempo y forma y logra plantear un caso constitucional.

La cuestión guarda estrecha relación con la decidida en el expediente n° 3928/05 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Amstutz, María Laura c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", sentencia del 14/09/2005, decisión a la que, por razones de brevedad, me remito.

Por lo expuesto voto por: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto; 2) Revocar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto impone al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligación de regularizar la situación previsional de la actora; 3) Imponer las costas en el orden causado en atención a que la cuestión objeto de los agravios fue introducida oficiosa e inopinadamente por los jueces de primera y segunda instancia.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Adhiero al voto de la Sra. jueza de trámite, en tanto resalta que el asunto traído a decisión del Tribunal, con más o menos argumentaciones, resulta sustancialmente similar al decidido en las causas "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Amstutz, María Laura c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 3928/05, resolución del 14/09/05; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ruiz, María Antonieta c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. nº 3879/05, decisorio del 14/09/05; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fernández, María Elena Juana y otros c/ GCBA (Secretaría de Educación) s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 4075/05, sentencia del 14/12/05; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alasia, Virginia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 4304/05, resolución del 31/05/06; más recientemente: "Michelet, Aída Esther c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4748/06 y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Michelet, Aída Esther c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 4739/06, resolución del 8/11/06; "García, Mabel Antonia y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4763/06, resolución del 29/11/06 y "Valente Maria del Carmen y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4872/06, resolución del 14/02/07.

La insistencia del Gobierno demandado sólo puede justificarse ante la modificación parcial de la sentencia lograda en las causas citadas. Esa modificación tiene por centro la condena a integrar aportes y contribuciones previsionales a la Caja del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dispuesta aquí por el fallo de primera instancia, punto II in fine (fs. 208 vta.), confirmada por la sentencia de la Cámara (fs. 247), único agravio que ante el Tribunal ofrece este recurso (punto III, 3 - fs. 250 vuelta).

2. Respecto de ese deber impuesto por las sentencias judiciales de la Ciudad, si coincidimos en dejar de lado problemas semánticos como la denominación del motivo de impugnación -la arbitrariedad, especie genérica de cualquier tacha contra una decisión judicial que se produce en esta Ciudad, o, incluso, el acudir a la división de los poderes de una República?. Las sentencias citadas revocan esta parte de las condenas, sobre la base de los siguientes fundamentos materiales: a) La parte actora en este proceso no resulta legitimada para pedir que otra persona cumpla con obligaciones que a ella presuntamente le competen respecto de un tercero. Adicionalmente, cabe indicar que, frente a un salario mayor, también le correspondería al actor demandante un deber similar, para cuyo cumplimiento nada dice el hecho de que suceda mediante un agente de retención, su empleador. b) Por lo demás, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires carece de competencia para decidir acerca de obligaciones frente a un órgano nacional de carácter previsional. Estos dos fundamentos avalaban la tesis que revocaba la condena al GCBA relativa a este punto. c) Desde el punto de vista formal, aquellas sentencias también aclaraban que la condena a esta obligación era poco menos que introducida de oficio por los tribunales, en tanto no formaba, ni podía formar parte, de la demanda.

3. He de disponer que las costas del recurso de inconstitucionalidad sean soportadas por ambas partes y por su orden, dado que la cuestión fue prácticamente introducida por la sentencia del tribunal de mérito y que, aun cuando fue sostenida por el actor en la contestación del recurso, ello puede justificar que el actor, racionalmente, haya estimado tener derecho a contestar el recurso (art. 65, CCAyT). Por lo demás, en el fondo se trata de una cuestión de salarios laborales.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Coincido con la solución propuesta en el voto de mi colega, jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz. En tal sentido, considero que son admisibles y deben ser acogidos los agravios invocados por la recurrente en relación con la afectación del principio de congruencia. Ello así, porque la sentencia impugnada -que en el punto confirmó la de primera instancia- ordenó al GCBA regularizar la situación previsional de la actora, condenándolo a integrar las diferencias en concepto de aportes y contribuciones de ley ante la Caja del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sin que esa pretensión hubiera sido requerida en la demanda.

2. Para la Alzada el pronunciamiento cuestionado no resolvió extra petita debido a que la cuestión habría sido planteada oportunamente por la actora. Sin embargo, la demanda bajo el título "Hechos", se limitó a consignar que "(...) los rubros calificados como 'no remunerativos' y establecidos en virtud de la política salarial oportunamente propuesta por la Secretaría de Cultura y Educación (...) no pueden legalmente existir como tales debiendo integrar el sueldo y efectuarse los aportes jubilatorios correspondientes sobre los mismos a fin de evitar futuros perjuicios derivados de la consiguiente merma en el haber jubilatorio" (v. fs. 2/3).

Por su parte, esa presentación al describir el objeto de la acción, había señalado que se accionaba contra el GCBA para obtener una sentencia que "(...) lo condene a integrar el rubro 001 de mi sueldo básico con los rubros 094, 095, 096 y 097 calificados como 'no remunerativos', efectuando en consecuencia también el reajuste y reliquidación de los rubros que se toman con referencia al rubro sueldo, y a partir del nuevo importe obtenido en legal forma, calcular las retroactividades que por ley me corresponden, por las cantidades de todos los haberes desde su incorporación de cada una de las asignaciones referidas, con más sus intereses y costas" (sic fs. 2).

3. En tal contexto, aunque es facultad privativa de los jueces de la causa establecer el sentido y alcance de las pretensiones acerca de cuya procedencia les incumbe expedirse (cfr. Fallos: 270:162; 284:109: 291:268; 295:548; 300:468, 689; 301:449, 712; 302:175, 1044; 303:774; 304:635; 315:1645, entre muchos otros, y este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "La Royal Sociedad Anónima de Servicios c/ GCBA s/ cobro de pesos", expte. n° 5353/07, sentencia del 21 de diciembre de 2007, entre otros), corresponde señalar que las manifestaciones aludidas por el a quo, en modo alguno, hacen posible considerar que la actora haya introducido en términos claros y positivos una pretensión orientada a obtener la regularización previsional dispuesta en la sentencia atacada. Las referencias en cuestión, formuladas en términos genéricos y abstractos, no pueden invocarse, como lo hace la Cámara (fs. 245 vuelta y 246 vuelta) para fundar la sentencia en lo que resulta materia de agravio (cf. mi voto in re "Tortosa, Marta Margarita y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 4714/06 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Tortosa, Marta Margarita y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. nº 4715/06, sentencia del 1/11/06).

Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el GCBA y revocar la sentencia impugnada en cuanto ordena al GCBA regularizar la situación previsional de la actora. En cuanto a las costas adhiero a la solución propuesta por el juez Maier, por los fundamentos que expone en su voto a los que remito en honor a la brevedad.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La cuestión planteada en el sub examine resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. nº 3565/04, sentencia del 26 de mayo de 2005; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bayugar, Alicia Dolores y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. nº 3898/05, pronunciamiento del 31 de agosto de 2005; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Abuin, Alicia Inés y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. nº 3899/05, resolución del 31 de agosto de 2005; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Amstutz, María Laura c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 3928/05, decisorio del 14 de septiembre de 2005; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ruiz, María Antonieta c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. nº 3879/05, resolución del 14 de septiembre de 2005; y "García, Mabel Antonia y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4763/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006, entre otros.

2. Sobre la base de lo expresado por el suscripto en los precedentes mencionados y la doctrina expuesta en sus fundamentos -a los que me remito por razones de brevedad-, considero que el agravio relativo a la alegada violación al principio de congruencia, por haberse pronunciado los jueces de grado sobre una cuestión no planteada en la demanda, no puede prosperar.

En mi concepto, no se ha resuelto el proceso con alcance "extra petita", pues, como lo sostuve en el precedente "Farías" (citado anteriormente), la regularización de la situación previsional de la actora es una de las consecuencias naturales, lógicas, accesorias y necesarias que se derivan de la pretensión de reconocimiento del carácter remunerativo de los suplementos que motivó el juicio. Por ello, es mi parecer que todo lo que hace al esclarecimiento de la posición de las partes con relación a su situación previsional, se encontraba dentro de los términos en los que fue trabada la litis, por más que el GCBA, a lo largo del proceso, manifieste lo contrario; lo cual importa en la presente causa desatender las manifestaciones explícitas vertidas en ella (ver, en especial, fs. 1 vuelta del escrito de demanda y fs. 45/vuelta y 168 del alegato de la parte actora; fs. 65/vuelta del escrito de contestación de demanda y resolución de fs. 52/vuelta en la que se puntualizó el objeto de la acción incoada por la actora).

Entonces, decidido que los suplementos son remunerativos y se deben tomar como base a todos los efectos previsionales, las acciones, operaciones y parámetros que deberán seguirse para cumplir aquella directiva (y los eventuales problemas que se pueden llegar a generar) deberán ventilarse en el proceso de ejecución de sentencia.

Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, con costas a la vencida (art. 62, CCAyT).

Así lo voto. Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 249/256 vuelta y revocar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto impone al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligación de regularizar la situación previsional de la actora. Costas por su orden.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

La jueza Ana María Conde no participa del acuerdo por estar con licencia.