Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-23


Salta, 23 de febrero de 2.016.- Y VISTOS:

Estos autos caratulados "MONTIAL, Andrea - HOMOLOGACION", Expte. N° 345.628/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ª Nominación; Expte. N° 345.628/11 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I. Se encuentran los autos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 19 por la señora Andrea Montial, con el patrocinio letrado de la señora Defensora Oficial Civil Nº 5, Dra. Sylvina María Carrer, contra la resolución de fs. 17 y vta., que declaró la caducidad de instancia del presente proceso, con costas.

Al fundar el recurso (fs. 21/22), la señora Defensora Oficial Civil -invocando personería de urgencia, ratificada a fs. 23 (fs. 24)-, manifiesta que el juez de grado, sin solicitar previamente que mesa de entradas informe si existe el resultado de la cédula ley remitida a la Provincia de Santa Cruz, a los fines del reconocimiento de las firmas, dictó sin más trámite la caducidad de la instancia causándole a su parte un perjuicio serio, desde que se concluyó el proceso de modo anormal, siendo que el mismo, al ser voluntario, no es susceptible de que se declare la caducidad de la instancia (art. 313, inc. 2º del CPCC).

Señala que la resolución apelada deviene injusta y contraria a derecho, ya que al ser una petición extracontenciosa, que tanto su parte como el padre de sus hijos estuvieron de acuerdo al realizar el convenio objeto de homologación del presente, por lo que se encuentra sometida a reglas distintas a las que el legislador prevé para los procesos contenciosos.

Expresa que también se agravia, desde que al aplicarse el derecho procesal de familia, es necesario una interpretación humanizada de sus reglas y prescripciones, considerando que las formas sólo deben servir para vehiculizar u operativizar los derechos humanos, y nunca para suprimirlo.

Por otro lado, a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, rige el principio de oficiosidad, por lo que resulta como obligación del Juzgado el impulso de todos los trámites del fuero de familia. Cita doctrina y jurisprudencia, solicita se haga lugar al recurso y se dicte sentencia homologando el acuerdo celebrado por las partes.

A fs. 29 y vta., contesta la vista la señora Asesora de Incapaces Nº 1, pronunciándose por el acogimiento del recurso.

II. De la compulsa de autos surge que a fs. 6 la señora Andrea Montial, con el patrocinio letrado de la señora Defensora Oficial Nº 5, solicitó la homologación del convenio celebrado en la ciudad de Río Gallegos, Prov. de Santa Cruz, con el señor Fernando Flores, en fecha 27/12/10, sobre la tenencia -a favor de la misma-, de los hijos menores de ambos, Danesa Nicol Flores y Fernando Manuel Flores; como así también sobre los alimentos a su favor. A fs. 14 y vta. obra copia de la reiteración de la cédula ley dirigida al señor Flores, en el domicilio real denunciado, en la Prov. de Santa Cruz. A fs. 15 obra acta de ratificación del convenio de fs. 5, de fecha 2/6/11, suscripta solo por la señora Montial, no constando en autos el resultado de la diligencia de la referida cédula ley. A fs. 16, en fecha 29/7/15, los autos pasaron a despacho, y a fs. 17 y vta., en fecha 31/7/15, el juez de grado declaró la caducidad de la instancia de oficio.

De la reseña efectuada surge, que si bien es cierto que desde la ratificación del convenio por la peticionaria, en fecha 2/6/11 (fs. 16), hasta la resolución de fs. 17 y vta. ha transcurrido el plazo legal para que opere la caducidad de la instancia (arts. 310, inc. 1º y 316 del CPCC), el presente caso encuadraría dentro del art. 313, inc. 2º del CPCC, por tratarse de un proceso voluntario, desde que no existe controversia alguna entre partes sino que lo que se persigue es la homologación judicial de un acuerdo celebrado entre dos personas en relación a la tenencia y alimentos de sus hijos menores, por lo que, en consecuencia, no corresponde declarar la caducidad de oficio.

En tal sentido, se dijo que debido a la observancia del principio dispositivo, y aquellas actuaciones que resultan de jurisdicción denominada "voluntaria" -en el caso, la homologación judicial de un convenio-, en donde todos los intervinientes persiguen la misma finalidad, no podría producirse la caducidad de la instancia (Arazi, Roland - Rojas Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 3ª edición ampliada y actualizada, Editorial Rubinzal-Culzoni, Bs. As., año 2014, p. 302).

También se dijo que, sobre el proceso mal denominado "voluntario", su objeto está constituido por una petición procesal extracontenciosa en cuya virtud se reclama, ante un órgano judicial y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada.

También se ha dicho que resulta conveniente fijar previamente los alcances, naturaleza y efectos de la denominada "jurisdicción voluntaria", es decir aquellos procedimientos judiciales seguidos sin oposición de parte y en los que la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida, según una conceptualización recogida por Eduardo Couture, para quien, en la llamada informatio ad perpetuam, un particular acude a un juez pidiéndole que, en virtud de una justificación que suministrará, declare la existencia de un hecho y le otorgue la documentación que acredite el procedimiento cumplido (cf. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ra. Edición, pág. 45 y ss.; CApelCCSalta, Sala II, t. 2013, fº 847).

III. Por otro lado, y como bien lo manifestaron la señora Defensora Oficial recurrente y la señora Asesora de Incapaces (fs. 21/22 y 29 vta.), en el presente caso cabe tener en cuenta el principio de oficiosidad del proceso de familia, previsto en el art. 709 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En tal sentido, se tiene dicho que, en estos casos, la puesta en marcha del proceso jurisdiccional corresponde a las partes (impulso inicial) ya que éste se activa ante el requerimiento efectuado por el actor que interpone la demanda.

Admitida formalmente la pretensión, el impulso será de oficio y por tanto el trámite continuará a instancias del órgano jurisdiccional, en búsqueda de la finalización del proceso.

Esto significa que no es necesario que las partes deban volver a impulsarlo, salvo en situaciones especiales (Lorenzetti, Ricardo Luis; " Código Civil y Comercial de la Nación", comentado, tomo IV, editorial Rubinzal-Culzoni; Buenos Aires, año 2015, p. 588; y doctrina allí citada).

El mencionado principio, si bien contempla los procesos contenciosos o litigiosos propiamente dichos, también debe tenerse en cuenta para el presente proceso voluntario de homologación de convenio, desde que el mismo versa, como ya se dijo, sobre cuestiones que atañen directamente al derecho de familia, a saber, alimentos y tenencia de dos menores, en donde se encuentra en juego un evidente interés superior.

Declarar la caducidad del mismo implicaría que la peticionaria iniciara un nuevo trámite, idéntico al presente, con el consecuente perjuicio y dispendio jurisdiccional que ello ocasionaría.

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido a fs. 19, y en su mérito revocar la resolución de fs. 17 y vta. que declaró la caducidad de instancia de oficio, sin costas, al no haber mérito para ello, por no haber mediado sustanciación (art. 67, apartado segundo del CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I. HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la señora Andrea Montial a fs. 19, y en su mérito REVOCA la resolución de fs. 17. Sin costas.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.