marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, demora en la elevación de los autos, segunda instancia, falta de notificación, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUILAR VDA. DE QUINTERO c/ ACUÑA, JUAN Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Resulta improcedente acusar la caducidad de un recurso cuando, -como en el caso-, surge que el expediente no estaba en condiciones de elevarse a causa de la falta de notificación al síndico liquidador; toda vez que tal situación pudo suscitar duda razonable sobre la confección de oficio de la cédula por parte del juzgado y corresponde encuadrarla en la hipótesis de excepción del cpr: 313-3°.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Miguel Angel c/ Frigorífico Avícola Basavilbaso S.A.e Higiene Alimenticia S.R.L. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-28

Si bien esta Sala reiteradamente ha considerado que la condición de dependencia de quien demuestra la prestación de servicios en la organización empresaria de otro, es justamente la presunción que deriva del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que no ha de requerirse -a quien invoca un vínculo laboral- la demostración de la subordinación que caracteriza al contrato de trabajo; tal disposición legal es clara en cuanto establece que dicha presunción admite prueba en contrario y resulta que -al evaluarse la prueba obrante- aparece demostrado que las tareas de limpieza que el actor realizara en la planta de la demandada con posterioridad a su renuncia como empleado de la misma, lo fueron en beneficio de la empresa contratada por aquélla para la realización de tales trabajos.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, apreciación de la prueba, condición resolutoria, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Axel Group SA c/ Nextel Comunications Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Voto del Dr. Vassallo:.

1 - El pretender ejercer el derecho de resolver el contrato cuando el incumplimiento carezca de importancia, implicaría el ejercicio abusivo de ese derecho, por contrariar los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlo -el de preservar el sinalagma contractual- por exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, como dice el CCIV 1071 (Ramella A., "Ineficacia y frustración del contrato", La Plata-Buenos Aires, 1975, página 55). Aunque la importancia del incumplimiento no necesariamente está ligada al carácter principal o accesorio de la obligación, sino que deberá analizarse "...si el incumplimiento en cualquiera de sus formas, deja o es capaz de dejar insatisfecho el interés del acreedor... " (Ramella A., ob cit, p. 57).

2 - El incumplimiento será juzgado grave cuando perjudica la finalidad económica perseguida por las partes, o impide el normal desenvolvimiento de la relación, según la intención de las partes y la función del contrato. Existirá motivo suficiente para habilitar la resolución en caso que la parte afectada, de haber previsto tal incumplimiento, no hubiera celebrado el contrato. No existen fórmulas establecidas para determinar cuando un incumplimiento tiene la suficiente trascendencia para justificar la resolución contractual, sino que tal aspecto queda librado a la apreciación judicial (cfr. Ramella, ob. cit. y López de Zavalía, F, "Teoría de los Contratos - Parte General", página 386).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

El Estado es responsable por su actividad ilícita siempre que estén presentes al menos los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio (art. 1112, CC); b) la parte actora debe haber sufrido un daño cierto; y, por último, c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal y el daño cuya reparación se persigue" (CSJN, 28/6/2005, "Ramos, Graciela Petrona c/ Córdoba Provincia de s/ daños y perjuicios", ED, ejemplar del 30/6/2006).

Por su parte, Cassagne, entre otros autores, ha señalado la necesidad de ocurrencia de ciertos presupuestos para responsabilizar al Estado por su actividad ilícita, a saber: a) la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) la falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento, o por el funcionamiento defectuoso del servicio (ilegitimidad objetiva); c) la existencia de un daño cierto en los derechos del administrado; y d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 7° ed., 2004, p. 503). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Revisión judicial de actos administrativos, vencimiento del plazo, denuncia de ilegitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRAGAN, ISIDRO JULIO c/ ESTADO    NACIONAL    (MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

Vencido el plazo de 90 días previsto en el art. 25 de la ley 19.549 sin articular los recursos legales, la cuestión no puede ser discutida ante los Tribunales, restándole al particular sólo la posibilidad de renovar el debate en sede administrativa a través de la denuncia de ilegitimidad cuya resolución definitiva no puede abrir nuevamente la instancia jurisdiccional en razón de aquella caducidad alcanzada, ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 17 de la mencionada ley, en cuyo caso tampoco queda abierto el recurso judicial.
Contrato de garaje, robo de automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia de Seguros del Interior c/ Crespo Martinez, Manuel y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La explotación comercial de un garage descarta la eximente de fuerza mayor que pueda devenir del robo a mano armada, dado que tal circunstancia debe considerarse un riesgo propio de esa actividad comercial.
Ministerio Público Fiscal, cuestiones de hecho y prueba, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Heredia Fernández Prada, Raú y Pérez, Gastón Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-01

Además de no encontrarse comprendido en los supuestos del art. 458, inc. 1, CPPN, no se corresponde con las características del remedio casatorio, la revisión pretendida por el representante del Ministerio Público Fiscal, si mediante la invocación del art. 456 inc. 2, CPPN se intenta la revisión de cuestiones de hecho y prueba, disconforme con el alcance o rendimiento que a la misma evidencia que invoca se acordó en el fallo, sin demostrar tampoco un vicio grave en la decisión, cuestión no contemplada en la norma y que no puede ser superada con la mera invocación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias del Máximo Tribunal (voto del juez Jantus).
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piselli Ferruccio c/ Calero, Daniel y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Las normas adjetivas sobre determinación de la base de venta de los inmuebles en las ejecuciones forzadas(art. 566 del C.P.C.C.) no son de observancia fatal, pues la materia que tratan, de suyo afecta intereses particulares.
Títulos públicos, títulos de deuda pública, bonos externos
Materia: PROCESAL
Carátula: LEASING  SA c/ BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPUBLICA  ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRA EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-03

Es el propio actor quien resume su reclamo en la "devolución del importe abonado...con más los intereses compensatorios, incrementado con los daños y perjuicios que ocasionó el incumplimiento..." precisando que estos últimos "...eran detectables en la ganancia de que se vio privada de haber accedido a los créditos...". Explicando luego que ese plus se daría porque Argenpez S.A. "...adeudaba un importe sumamente mayor al abonado por mi parte, ahí el negocio de la operación...". En síntesis, su posición finca en que con la frustración de la formalización del contrato perdió los bonex dados en pago y se le impidió percibir el crédito, lo que en lo menos, redundaría en un enriquecimiento sin causa de la demandada, quien se benefició con la entrega de los títulos sin cumplir con la "...única obligación..." que se encontraba a su cargo. El "negocio" del actor consistió en adquirir una deuda sub-valuada, con la realización de un pago también barato (Bonex tomados al valor nominal, y no de mercado), y la expectativa de beneficiarse, también, con el recupero mayor en la ejecución del deudor cedido.
Aclaratoria (procesal), costas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SMITH, ENRIQUE A.. c/ NACION ARGENTINA. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-05

Habiéndose acogido el recurso directo deducido por la apelante, corresponde hacer lugar a la aclaratoria solicitada e imponer las costas de la instancia a la parte vencida (art. 68, Código Procesal).
Revisión judicial, presunciones, carrera docente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-25

Desde el punto de vista del control judicial de constitucionalidad, la presunción de ilegitimidad de ciertas clasificaciones sospechosas se traduce en la inversión de la carga justificatoria en cabeza del Estado, quien debe fundamentar la medida una vez acreditado, por quien impugna la norma, el empleo de una distinción sustentada en una clasificación 'sospechosa', y el Estado debe explicitar las razones concretas por las cuales acudió a la clasificación cuestionada para establecer la distinción que se objeta, de modo que a falta de demostración suficiente por parte del Estado, la presunción de ilegitimidad queda confirmada y la norma no supera el examen de constitucionalidad. (Voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Actos y diligencias procesales, competencia provincial, validez de los actos procesales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosales, Jorge Fabián y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

En atención a lo dispuesto por el art. 7 de la Constitución Nacional, los actos públicos y procedimientos judiciales realizados en sede provincial gozan de entera fe en las demás, debiendo aplicarse las normas de rito de aquel territorio provincial a los fines de analizar la validez o invalidez de una diligencia sumarial. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Superior Gobierno de la Provincia c/ Golden Saul y otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-31

Conforme lo dispuesto por el artículo 1962 del Código Civil el mandato dado al substituido cesa por la cesación de los poderes del mandatario que hizo la substitución realizada en virtud de la función pública que ejercía y de las facultades que ello le otorgaba para representar al Estado provincial. Dicha cesación de poderes, se produce al cesar en sus funciones como Fiscal de Estado, lo cual surge del poder obrante en autos, cesando por tanto su personería y habilidad para estar en juicio -artículo 50 inciso 6 del Procesal Civil y Comercial-, y en consecuencia, las del sustituido.
Acción contencioso administrativa, interposición del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAVÓN, OSVALDO MÁXIMO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  ILEGITIMIDAD  CSJ EXPTE NRO  263-81 PUTERO, RAUL DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 90-84 SUAREZ, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-83 GALOTTO, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 270-83 ROMAN, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 243-83 CRIVELERO, ALEJANDRO SALVADOR DIONISIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 16-83 ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-02-15|1985-10-16|1987-10-21|1987-12-10|1987-12-10|1988-09-21|1990-12-27

Si el titular de un interés legítimo, interpone el recurso de plena jurisdicción y no el de ilegitimidad, equivoca la vía recursoria sin que pueda luego, pretender interponer el recurso correcto, puesto que estos recursos no se pueden interponer conjuntamente, y la procedencia de uno excluye la procedencia del otro.

Citas jurisprudenciales: A y S T. 30, P. 204-208
Juicio político, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Frois, Mauricio s/ recurso de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-07

La mera circunstancia de que una persona haya intervenido previamente en el procedimiento de juicio político no implica, automáticamente, un prejuzgamiento que exija apartarse en todos los casos del conocimiento ulterior del asunto. Eventualmente, será la naturaleza y amplitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al dictar la resolución preliminar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal ha comprometido irremediablemente su imparcialidad para juzgar el caso.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término, Tribunal Fiscal de la Nación, AFIP DGI, resoluciones, IVA, declaración jurada impositiva
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Autolatina Argentina S.A. (T.F.12463-I) c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación deducido contra el pronunciamiento que, al revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejó sin efecto la resolución de la DGI. por la que se determinó el saldo a favor respecto del impuesto al valor agregado en un importe menor al resultante de la declaración jurada, puesto que la Nación es parte en el juicio y el monto discutido, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6.), ap. a, del decreto - ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, extinción de la acción penal, funcionarios públicos, investigación del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Cossio, Ricardo Juan Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

El voto concurrente agregó que las razones que fundamentan la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos en los que el Estado no ha podido investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales responsables en un tiempo prudencial, resultan incompatibles -al menos- con aquellos casos en que los delitos fueron cometidos por quienes justamente pertenecen a ese sistema que fracasó en su persecución, esto es, a los funcionarios públicos.
Prescripción, empleados públicos, remuneración, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sadir, Carlos Alberto c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº 40571/99 Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº 40571/99 Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-10-31

La acción del agente público para reclamar el pago de sueldos prescribe a los cinco años, por aplicación del artículo 4027 inciso 3º del Código Civil, salvo que la ley administrativa provincial, fije otro distinto.
Resolución administrativa, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Curbello, Miguel Angel c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

El consentimiento tácito o expreso de la resolución administrativa tenido con posterioridad a su dictado quita al interesado todo derecho para deducir la acción contencioso administrativa (art 14 C.C.A.).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Monje, Roberto Isidoro c/ N.A.M. SRL s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 8-99, Resol. Nro. 158, Tomo 24, Folio  233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-15

"Las nulidades de procedimiento son relativas y quedan cubiertas por voluntad expresa o tácita de las partes. Es tácita la conformidad cuando el perjudicado por la nulidad prosigue las actuaciones sin formular observación en tiempo oportuno".
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, facultades jurisdiccionales
Materia: LABORAL
Carátula: Churruarín Pedro Oscar c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-06

Disiento con mi colega en que resulte inconstitucional que la provincia adhiera a ley nacional 27348, tal como lo efectuare a traves de la ley 10532. En el marco de la distribución de competencias entre la Nación y las provincias, estas últimas conservan todo el poder no delegado (art. 121, Const. nac.), en cuyo contexto se encuentra la facultad de organización y aseguramiento de su administración de justicia (arts. 5 y 123). Con la expresión "administración de justicia" se designan diferentes realidades, que van desde el resultado del ejercicio de la función jurisdiccional, hasta la consideración del complejo orgánico al que se atribuye en forma exclusiva el ejercicio de esa función, o bien a todo aquello que coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados, pasando por los procedimientos (Voto Romero)
Pagaré, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez Quintana, Hugo c/ Stark, Olga y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

En el caso de un pagaré librado de modo incompleto -sólo con la indicación de la cantidad de números-, en las relaciones entre el librador y el portador legítimo, no es posible oponer a éste la inobservancia de los acuerdos que hubieren determinado la creación del papel, a menos que hubiera sido adquirido de mala fe o que al adquirirlo hubiera incurrido en culpa grave.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Mazzuz y Ulrich, Patricia María s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en cuanto no cita norma legal alguna que el "a quo" hubiera transgredido cuando se pronunció respecto del lugar en que habría ocurrido el hecho, al tener por acreditada su materialidad.
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es arbitraria la sentencia que soslayó las normas aplicables del arancel pertinente en lo que concierne al monto del proceso y fijó la retribución del recurrente en una suma discrecional que se aparta del valor económico comprometido en la litis.
Litisconsorcio, recurso de apelación (procesal), monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: PUPPO, RICARDO Y OTROS c/ DEUTZ ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

En los casos de litisconsorcio, sea necesario o facultativo, para juzgar el monto cuestionado y determinar si la causa es apelable, se debe estar a la suma del valor pretendido por o contra todos los litisconsortes, puesto que el artículo 106 LO. no permite diferenciar el criterio en función a la tipología de la acumulación subjetiva de acciones.
Accidentes de trabajo, viajantes de comercio, cuestión de derecho común, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: Silvestre,  Ariel  Héctor c/ Liberty ART SA y otro s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Resulta responsable la empleadora -incluído el menoscabo por el daño moral- frente a un trabajador (viajante de comercio) que planteó la tacha de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. y demandó por cobro de indemnización fundado en las normas del derecho común, a raíz de un accidente sufrido al se embestido por un camión cuando se dirigía en su auto, hacia la empresa con el fín de retirar una mercadería para entregar a un cliente. El empleador responde objetivamente por los hechos vinculados a su accionar y a los previsibles al momento de organizar su empresa, que incluye situaciones de riesgo creadas por la misma actividad que explota el empresario, y que impacta también sobre los trabajadores por el ejercicio de la misma. Y en la medida que no ahya existido por parte de la A.R.T. un corportamiento antijurídico, no cabe condenarla en los términos de la acción civil planteada por la Ley de Riesgos del Trabajo.

(Del voto del Dr. Catardo, en mayoría).
Admisibilidad del recurso, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Masalle, Juan José c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

El art. 166 de la Constitución provincial debe actuar como ineludible principio rector para la interpretación de las normas contenidas en el Código Procesal Administrativo que, de consuno con la garantía prevista en el art. 15 de la Constitución provincial, franqueen el acceso a la jurisdicción de todos aquellos supuestos en que exista una opción válida.(doctor Soria, sin disidencia)
Tutela sindical, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Industrias Plásticas Catamarca S.A. c/ Rivarola, Mirtha Alcira s/ Exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-07-08

No resulta de recibo el argumento sostenido por el apelante, consistente el mismo en que la opción que concede la ley sindical, otorga al trabajador la posibilidad de considerar extinguido el vínculo laboral, pero condicionado ello a que el trabajador solicite la reinstalación o la vuelta a las condiciones de trabajo y exista una negativa por parte del empleador. A dicho resultado se arriba teniendo en cuenta lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia en el sentido de considerar la situación de despido y la de ejercer la acción de reinstalación, como complementarios y no excluyentes, por lo que el trabajador puede encontrarse en la alternativa de ejercer una u otra.