marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, dictamen pericial, improcedencia del recurso, asegurador por riesgos del trabajo, libre convicción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Almeida Valeriano Baltazar c/ Prevención Art S.A.  s/ Enfermedad Profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-17

Corresponde avalar lo decidido por la Sra. Juez de grado y el auxiliar médico interviniente, no resultando ajustado a Derecho apartarse del dictamen pericial que sustenta el fallo apelado. Si bien en anteriores pronunciamientos he defendido con énfasis la autonomía que ostenta todo magistrado judicial para no aceptar las conclusiones de una experticia cuando existen razones fundadas para hacerlo (porque las normas procesales no otorgan al dictamen carácter de prueba legal y los jueces son soberanos para formar su propia convicción al respecto conforme criterio de la CSJN en "Trafilam SAIC c/ Galvalisi"), en el presente no están dadas las condiciones para obrar en tal sentido. Es que, en el caso particular, no ignora -no puede ignorar- la ART que existen criterios generales que desaconsejarían una cirugía (lesiones cardiovasculares, pulmonares, sistémicas) y criterios específicos que indicarían, mensurando costos y beneficios, no "operable" una hernia discal en particular. Sin embargo, la apelante no vuelca un solo argumento relacionado con ninguna de las señaladas pautas para objetar la opinión del forense (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Acceso a la justicia, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: F., N. c/  s/ violación de menor de 12 años
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

La característica fundamental que distingue a la categoría de "graves violaciones de derechos humanos" es que "todos los casos invocados, en los cuales, efectivamente, se sostuvo que la inacción estatal ante el reclamo de justicia de la víctima implicaba una violación a las reglas contenidas en los artículos 8 inc. 1° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a tutela judicial efectiva), son casos en los que se trataba de reclamos de víctimas de delitos de lesa humanidad o, cuanto menos, de graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, cometidos desde el poder del estado o al amparo de éste". En ninguno de esos casos nos enfrentamos a víctimas de delitos comunes, sino a personas que fueron afectadas por graves violaciones de derechos humanos fundamentales, imputables al estado, que habían sido privadas de la protección efectiva para evitar o prevenir aquellas violaciones, al momento de los hechos, o de la posibilidad de que, una vez consumados, una investigación estatal seria los esclareciera, identificara a sus responsables y los sancionara (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Huarte Petite).
Robo con armas, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: NORIEGA CLAUDIO FERNANDO s/ ROBO CALIFICADO e.p. de PEREYRA DIEGO GERMAN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-04

Si se encuentra acreditado que el arma de fuego que se le secuestrara al imputado no poseía proyectiles susceptibles de ser disparados, y fue secuestrada casi en la inmediatez del hecho ilícito perpetrado, hace presumir que el arma se encontraba en idéntica situación a cuando se perfeccionara el robo, consecuentemente cabe concluir que el hecho fue perpetrado con un arma descargada, por lo que no debe encuadrarse el accionar delictivo en los términos del art.166 inc.2, y si por el contrario dentro del art.164 del Código Penal (robo simple). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: BENITEZ, BLAS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 541-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-07-28

Si bien la jurisprudencia ha admitido la causal de excusación por violencia moral, ha puntualizado, al mismo tiempo, sobre la necesidad de aplicarla con criterio restrictivo y, en particular, ha subrayado la necesidad de que el excusado informe al Tribunal, aunque más no sea mínimamente, los motivos que permiten sostener la razonabilidad de la decisión de apartarse y que, por ende, no se está ante una actitud infundada (Ay S T 72 p 76). Esta última precisión encuentra como respaldo la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, al juez que le corresponde actuar conforme a los criterios de distribución y asignación de competencia. Cabe advertir que aquella orientación restrictiva resulta particularmente fuerte cuando se trata de integrantes del máximo Tribunal de la Provincia, según lo contempla el artículo 12 de la ley 10160.
Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, libertad sindical, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Sindicato de Policías y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

El derecho del personal del servicio penitenciario provincial a constituir una asociación sindical resulta de la aplicación directa del art. 14 bis, primer párrafo, in fine, de la Constitución Nacional, sin que sea necesaria intermediación normativa alguna sino la mera inscripción en un registro especial; por lo que toda norma infraconstitucional que prohíba el ejercicio de tal derecho deviene manifiestamente inconstitucional (Disidencia del juez Rosatti que remite a su disidencia en el precedente "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" (Fallos: 343:1841)).
Incongruencia, obligación de no dañar, responsabilidad civil, revocación de sentencia, indemnización reducida, sentencia arbitraria, reparación integral, relación de causalidad, falta de fundamentación, daños y perjuicios, accidente de tránsito, cinturón de seguridad, daño material, daño moral
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La sentencia incurre en autocontradicción en los fundamentos, que la descalifican como acto jurisdiccional por no guardar una relación jurídica lógica, si por un lado, el pronunciamiento en base a la prueba aportada tiene por acreditada la responsabilidad civil exclusiva de los demandados en el evento ilícito y, por el otro, para reducir la indemnización por muerte de la menor, considera que hubo un imprudente obrar de sus padres, quienes habían permitido la peligrosa ubicación de la niña - menor que viajaba en los brazos de su madre sin cinturón de seguridad al momento del accidente de tránsito-, lo que traduce un apartamiento de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios del debido proceso adjetivo (Voto del juez Lorenzetti).
Enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, recurso extraordinario, cuestión justiciable, Constitución Nacional, debido proceso, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lona, Ricardo s/ pedido de enjuiciamiento -causa nº 9-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Por mandato constitucional, las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles, y solo excepcionalmente pueden ser objeto de revisión en la instancia extraordinaria federal, siempre que el recurrente acredite en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso legal, que tal violación sea flagrante y de relevancia suficiente para variar la suerte de la causa (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, fallo plenario, contrato de obra, certificados de obra, control de instalaciones, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fideicomiso Estrella del Sur c/  s/ liquidación judicial s/ incidente de revisión de crédito promovido por ascensores servas sa y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Corresponde modificar la resolución de grado en cuanto admitió tan sólo parcialmente la revisión promovida en los términos de la LCQ 37, considerando la admisión de un crédito por certificados de obra emitidos en función del contrato de construcción, provisión e instalación de 21 ascensores para el emprendimiento del fideicomiso, pero rechazando el crédito correspondiente a una multa contractual. Ello así, en tanto fue pactado que en caso de rescindirse el convenio por incumplimiento del comitente éste "deberá también abonar a "el contratista directo" una multa equivalente al quince por ciento (15%) del precio de la obra faltante de ejecución", de modo que esta pretensión de la incidentista también será admitida.
Concursos, reglas procesales, principios procesales, resoluciones inapelables, resoluciones judiciales, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Teves, Ricardo Ramón c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

Resulta inapelable la decisión de grado que desestimó la oferta de compra directa en los términos de la LCQ 213, del 50% de un inmueble del fallido. Ello por cuanto, el procedimiento de enajenación de bienes constituye un trámite típico dentro del proceso de quiebra y que por tal razón, las modalidades para darle cumplimiento, son definidas por el juez como director del proceso, y en principio no impugnables por vía de apelación (v. esta Sala; "Churin Jorge s/ quiebra s/ incidente de subasta" del 6/06/03; íd., "Consultora de Salud SA s/ quiebra s/ recurso de queja", del 19/05/06; íd., "Proyectos y Planificaciones SA s/ quiebra s/ recurso de queja", del 30/09/15).
Contratos, tarjeta de crédito, intereses, aplicación de la ley, apartamiento de las constancias de la causa, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/SILVA, MONICA SAMANTA S/EJECUTIVO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/SILVA, MONICA SAMANTA S/EJECUTIVO s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Cuando, como en el caso, el Banco promovió la acción prevista en la ley 25065: 39 -preparación de la vía ejecutiva- para el cobro de una deuda generada por gastos de tarjeta de crédito; y en la sentencia apelada se omitió aplicar la mencionada ley, que contiene dos normas específicas respecto de los intereses que las entidades emisoras pueden cobrar a sus clientes (art. 16 y 18); en virtud de ello, y toda vez que los intereses compensatorios y punitorios pactados en el contrato de tarjeta de crédito -v. cláusula sexta-, se ajustan a los límites establecidos por la citada normativa, corresponde modificar la sentencia apelada, aplicando la tasa de interés convenida por las partes.
Títulos de crédito, presunción de legitimidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SIERRAS AUTOMOTORES c/ ALEM D. s/ EJECUTIVO  -  RECURSO DE REVISION - EXCEPCION DE FALSEDAD DE FIRMA -  QUIEBRA - TITULO DE CREDITO - CARGA PROBATORIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-07

La especialidad o autonomía del derecho cambiario frente al civil se pone de manifiesto, entre otras cosas, por la diversa manera de verificar la autenticidad de los papeles privados. Para la ley común el instrumento no adquiere fuerza probatoria mientras no haya sido reconocido por la parte a quien se opone o no haya sido declarado reconocido por resolución judicial (C.Civil art. 1026). La legislación cambiaria establece para los títulos ejecutivos el principio opuesto porque presume, a reserva de la prueba contraria, que la firma es autentica y que el contenido del documento es verdadero. Esta presunción se pone de manifiesto en toda su autenticidad en la acción ejecutiva que la ley acuerda al portador de un pagare a quien el librador o un endosante hubiesen dispensado de formalizar el protesto por falta de pago (Dec. Ley 5965/63 art.

50). A pesar de ser un instrumento privado, la ley asigna al pagare con cláusula sin protesto, al menos en forma provisional, una eficacia semejante a la que tienen los instrumentos públicos (CPC,.

Art. 819 Inc. 1° Y 3°). El hecho de que ambas clases de documentos sean idóneos por si mismos para despachar la vía ejecutiva en condiciones similares, significa, incuestionablemente, que gozan de una presunción de legitimidad o de una fuerza probatoria de la que no estan dotados los demás instrumentos privados. Consecuencia de esa presunción es la intimación ajena a la citación de remate que, es despachada sin contradictorio previo no para que el ejecutado reconozca la firma sino directamente para que pague, esto es, para que cumpla la obligación expresada en el título.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, cargo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILLAMEA, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 203-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

Es criterio de la Corte Suprema Provincial reconocer los cambios de cargos cuando ellos hayan correspondido a funciones realmente desempeñadas en cargos para los cuales el agente fue formalmente designado, y no cuando el nivel jubilatorio alcanzado lo es en base a un promedio de remuneraciones y no a función efectivamente desempeñada.
Trabajadores ferroviarios, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROMAN, JOSE RAMON Y OTROS c/ EFA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

Es procedente la actualización monetaria de las cuotas mensuales abonadas por el sistema de la ley 21580; se trata de una solución de equidad que no importa actualización de actualización, ni apartamiento de las normas que rigen el caso, las que han de analizarse dentro del marco de la realidad económica, en el cual la retribución a considerar será la vigente para la categoría del trabajador al momento de la efectiva extinción del vínculo (Conforme Sala 8, sentencia número 3825, 'Campos, Rosario c/ EFA. s/ cobro de pesos').
Policía, personal policial, destitución, reincorporación, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Cristina Graciela Adrover de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 424-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

El supuesto establecido por el artículo 129 de la ley 6769 prevé la reincorporación del personal policial que dado de baja por destitución, solicita la revisión de la causa aportando pruebas tendientes a demostrar que la pena impuesta fue producto de un error o injusticia, y -consecuentemente- obtuviere resolución favorable.

En dicho supuesto, la ley establece que la reincorporación se dispondrá con anterioridad a la fecha de su baja y con el grado y antigüedad que tenía al momento de la misma, computándose para el ascenso y retiro, el tiempo transcurrido desde la fecha de la baja y, abonándosele los haberes correspondientes a su jerarquía, antigüedad y situación de revista. Pero la ley 9528 -que facultó al Poder Ejecutivo a disponer el reingreso en el término y bajo las condiciones establecidas- previó la producción de consecuencias distintas a las dispuestas por la norma citada en primer lugar. Por ello aunque el reingreso de la recurrente se autorizó en directa vinculación a las cesantías decretadas por aplicación de las leyes 7854 y 7859 y el decreto respectivo haya afirmado que era de "estricta justicia" disponerlo, es claro que el legislador, y consecuentemente, el Poder Ejecutivo no encuadraron esas situaciones entre los supuestos aprehendidos por la ley 6769, sino que establecieron un régimen jurídico especial.
Garantía de evicción, reparación integral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Antonio Nieves c/ Ranulfo, Pedro Vega s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-10-08

La buena o mala fe del vendedor es indiferente en lo que atañe a la obligación de indemnizar, porque la obligación de garantía no nace de la mala fe, sino del deber de asegurar al comprador la bondad de los derechos que se le han trasmitido. En cambio, la buena fe del comprador tiene importancia decisiva, porque sólo el que ha actuado en ignorancia de que el derecho adquirido podía frustrarse, puede exigir una reparación integral, que comprende la restitución del precio y los restantes daños y perjuicios. Por el contrario, quien adquiere una cosa o un derecho sabiendo que era de otro o que sobre ella existía un derecho mejor, sólo puede pedir la restitución del precio pero no los daños y perjuicios, porque la celebración del contrato no obstante el conocimiento del peligro que se cierne sobre su derecho importa aceptación del riesgo; es necesario el conocimiento del derecho actual de un tercero sobre la cosa: no bastaría con el conocimiento de un eventual peligro de evicción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ISIDORO, JUAN CRUZ c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA EL DISPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-20

Los cuestionamientos por omisión de considerar elementos que desvincularían al imputado del hecho juzgado carecen de andamiaje, puesto que los magistrados no están obligados a ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones; máxime cuando, en el caso, se advierte un déficit argumentativo por parte de la recurrente a la hora de explicar de manera adecuada cuál era la eventual decisividad, para la solución del caso concreto, de los elementos que se dicen obviados.
Recurso de queja (procesal), juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL
Carátula: BENEVOLE DE GAUNA TERESA s/ RECURSO DE QUEJA EN AUTOS:"KHAN MAURO C/ MANZUR RAMON ANDRES S/  COBRO DE PESOS - CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-15

Corresponde rechazar la queja por casación denegada si el propio recurrente reconoce la validez del rechazo de la casación interpuesta, al admitir expresamente la posibilidad de un juicio ordinario posterior.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Matrángulo, Esteban c/ AFIP s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Toda sentencia constituye una unidad lógico jurídica en que la parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación.
Excusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Peccinetti, Domingo en j: Deniel R. A. c/ D. Peccinetti s/ Cobro ordinario - Queja por apelación denegada (Libro: A019-027)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-10-09

El hecho de que un vocal de la Cámara haya intervenido en la sentenciación de la causa como juez de primera instancia, no le impide entender en segundo grado, desde que no dictó la sentencia apelada ni ha prejuzgado.
Entidades financieras, depósito, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Arévalo, Roberto Rubén c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, convertibilidad, emergencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ nueva reglamentación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-16

Si bien es cierto que la derogación genérica dispuesta en el art. 10 de la ley 23.928 abrió un considerable margen de incertidumbre sobre la subsistencia de las facultades conferidas a la Corte por el art. 4° de la ley 21.708, circunstancia que determinó -entre otras razones- una prolongada abstención en su ejercicio, el tiempo transcurrido desde que fue sancionada la ley 23.928 -marzo de 1991-, e inclusive desde que dicha derogación fue mantenida por la ley 25.561 -enero de 2002- ha puesto en evidencia el riesgo asociado a una progresiva extensión en la competencia apelada del Tribunal como resultado del creciente número de causas que alcanzan el piso económico para acceder al recurso ordinario de apelación, frustrando el genuino propósito institucional perseguido por el Congreso de la Nación al instaurar -desde 1902- dicho remedio ante el estrado más alto de la República.
Beneficio de litigar sin gastos, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Nevada S.A.C.I.F.I.A. c/ Moracho, Pablo Agustín s/ Sumarísimo s/Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-15

El beneficio de litigar sin gastos -normado en el cap. VI, art. 78 y ss. del C.P.C.C.- es un franquicia que debe ser solicitada por quienes -por insuficiencia de medios económicos- no se hallan en condiciones de afrontar el pago de los gastos que implica la sustanciación de un proceso, esto es, inexcusablemente invocado por quien pretende el beneficio, implicando entonces, que aquella franquicia nunca podrá ser ordenada de oficio en tanto conculcaría -flagrantemente- el principio de igualdad de las partes y la garantía constitucional de la defensa en juicio, al suponer que por una dispendia oficiosa determinados justiciables tendrían un acceso dirimido (provisional o definitivo) de gastos controversiales, frente a otros a los cuales, tal beneficio no les fue otorgado.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ DE HERRERA c/ COOP. LA UNION Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE Y EMPRESA ANELLI TURISMO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Roldan, Lucio c/ Abrate, Miguel Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02|1998-06-03

Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez debe apreciar las circunstancias de hecho y las calidades morales de la víctima, para establecer objetivamente y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada del sujeto pasivo. El daño moral es una alteración emocional profundamente subjetiva y la apreciación por el juez de su existencia y cuantía debe ser necesariamente objetiva y abstracta, considerando cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en las condiciones concretas en que se halló la víctima del acto lesivo. (Minoría u opinión personal)