Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18


VEROLIN, Laura Norma contra PORCELANAS VERBANO Reg.: A y S t 216 p 220-224.

Santa Fe, 18 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada del Fondo de Garantía dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- contra la resolución 5 del 3 de marzo de 2004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "VEROLIN, Laura Norma contra PORCELANAS VERBANO s/ Enfermedad Accidente de Trabajo (Expte. 369/00)" (Expte. C.S.J. nro. 93, año 2005); y, CONSIDERANDO: Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso extraordinario local, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario revocó la sentencia de primera instancia -que a su turno había rechazado el pedido de la actora con fundamento en el artículo 10 de la ley 9688- declarando la insolvencia de Porcelanas Verbano S.A.I.C.I., con costas.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la autoridad que administra el Fondo de Garantía recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 11/16).

En el escrito introductorio de su pretensión aduce arbitrariedad por contradicción con los fundamentos normativos aplicables.

A su entender, lo resuelto por la Sala entra en flagrante contradicción con lo que el legislador expresamente ha establecido en el artículo 14, ap. 2, inciso de la ley 24028; norma que establece dos plazos distintos de caducidad: a) para realizar la correspondiente ejecución de sentencia en el plazo de 90 días de haber quedado aprobada la liquidación y b) para peticionar la declaración de insolvencia dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo anterior, o sea dentro de los 120 días.

Asegura que lo resuelto por la Sala es contrario a la interpretación literal- histórica de dicha normativa que determina expresamente el punto de partida respecto del cual deben comenzar a correr los plazos para solicitar la declaración de insolvencia y que se aparta de doctrina y jurisprudencia que cita.

Sostiene que dicho Tribunal desconoció la circunstancia de que en autos la demandada fue declarada en quiebra, siendo pacífica la jurisprudencia y la doctrina en considerar que aquélla es la mejor prueba de la insolvencia del empleador.

En tal sentido, aduce que nada le impedía a la actora solicitar en tiempo oportuno la declaración de insolvencia de su empleadora; máxime cuando en el proceso falencial de la demandada se encontraba aprobado el proyecto de distribución incluyendo a la actora en fecha 5.10.1995 y el pedido de declaración de insolvencia es formulado el 14.06.1996, cuando se había agotado notoriamente el plazo de caducidad previsto por la norma aplicable.

Destaca que en el "sub lite" el A quo dictó sentencia con fecha 3.05.1995 condenando a la demandada a abonar a la actora el monto emergente de la planilla, la cual quedó firme y consentida en noviembre de 1997.

Agrega que la fecha en que ha quedado firme la planilla es -según la norma contenida en el artículo 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24028- el punto de arranque del término de 90 días a partir del cual comienzan a correr los 30 días para deducir el pedido de declaración de insolvencia, por lo que resulta obvio que entre dicha fecha y la del pedido formulado por la actora ha transcurrido mas de tres veces el referido plazo de 120 días.

Por otra parte, afirma que lo resuelto en el fallo atacado entra en contradicción con la regla de no condena en costas a los organismos de la seguridad social, lo que se sustenta en una larga tradición normativa y jurisprudencial.

Puntualiza que el mensaje de elevación de la ley 18477, que establece la exención de costas para el Consejo Nacional de Previsión Social en los recursos que de lugar el artículo 14 de la ley 14236, pone de manifiesto el criterio doctrinario y jurisprudencial reinante, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que cuando la Administración Pública es traída ante la Justicia no defiende derechos particulares sino que actúa en defensa de la legalidad de un acto de interés general, en procura de la unidad interpretativa del Derecho Previsional y de los intereses de los afiliados en su conjunto.

Añadió que el decreto 2312/86 al vetar los artículos 11 y 15 de la ley 23473 impone el respeto a la solución que dio al tema la ley 18477, eximiendo de costas a la ANSES.

También la ley 24463 en su artículo 21 establece que las costas serán por su orden.

Por ello, solicita se revoque la resolución impugnada, por violar el debido proceso, el derecho de defensa y el de propiedad.

Por último invoca la existencia de gravedad institucional por contradecir el decisorio cuestionado lo estatuido expresamente por las leyes de accidente de trabajo, vulnerando el más elemental principio de seguridad jurídica y derecho de defensa al no saber el Fondo de Garantía cuándo el actor va a ejercer su derecho, ignorándose los plazos expresamente establecidos por el legislador en la ley especial.

2. Por decisorio de fecha 3 de diciembre de 2004 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que no se encontraba adecuadamente cumplido el recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Además expresó que no se configuraba la causal de arbitrariedad articulada ni el supuesto de gravedad institucional invocado, luciendo la resolución adecuadamente motivada.

Asimismo, en lo tocante a la imposición causídica, afirmó que tampoco le asistía razón al planteo de la recurrente puesto que la materia de costas, por ser procesal, en principio no admite impugnación por la vía extraordinaria; y que el artículo 21 de la ley 24463 que la quejosa cita en apoyo de su postura refiere a la "Ley de Solidaridad Previsional", norma que regula el procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la A.N.S.E.S, no habiendo explicado la representante del fondo de garantía la conexión existente entre dicha ley y la cuestión ventilada en autos, ni tampoco por qué dicha norma sería aplicable al caso.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 21/23).

3. Reiteradamente este Cuerpo ha señalado que es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a esta instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055; A. y S., T. 58, pág. 304; T. 92, pág. 156 y 442; 138, pág. 424).

En el caso, dicha carga no ha sido asumida idóneamente por la compareciente.

Ello así, desde que en su presentación directa no se hace cargo ni tan siquiera mínimamente de lo manifestado por la Sala en lo relativo al no cumplimiento adecuado del recaudo de introducción oportuna de la cuestión constitucional, limitándose a expresar que "la cuestión constitucional fue oportunamente presentada, conforme a contrario sensu CPLSF 24.6.76 Gaido de Tarrio Victoria c/ Torres Bianco, Carlos ZEUS Tomo 10/J-91; Cfr. ZEUS Tomo 14/J-11; J25-119; 1/126; 5/284 Y 26/290" sin mencionar su aplicación al caso concreto, lo que resulta harto insuficiente para tener por cumplido el mentado recaudo; como así tampoco de la imputada falta de autosuficiencia de su agravio.

Tal incumplimiento de índole estrictamente formal resultaría suficiente para sellar la suerte adversa del planteo.

Sin embargo, a mayor abundamiento, puede afirmarse aún de no existir dicho obstáculo formal el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, a pesar de afirmar la impugnante que nos encontramos ante un supuesto de clara prescindencia del texto legal en cuanto a los plazos de caducidad que éste establece, su postulación sólo refleja su disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, a la hora de interpretar y aplicar la norma contenida en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la ley 24028.

Es que la quejosa, con lo argumentado al respecto, no logra persuadir acerca de que resulte descalificable constitucionalmente los sostenido por la Sala a la hora de fundar su decisión de hacer lugar a la apelación interpuesta por la accionante, en cuanto que "...la postura de la demandada, receptada por la jueza de grado, llevaría al despropósito -contrariándose el fin del legislador- de dejar sin cobertura a los trabajadores incapacitados que -diligentes en la ejecución de sentencia- se encuentren con posterioridad en imposibilidad de percibir -total o parcialmente- su crédito.

A su vez, fomentaría la formulación de meras diligencias formales para reclamar luego, derechamente, del fondo de garantía, a los fines de no perder la cobertura, con directo perjuicio para el mismo..."; que los plazos del artículo 14, ley 24028 (en el caso art.

10 de la 9688) no son de caducidad de derechos, no siendo razonable que en noventa días pueda determinarse si existe insolvencia patronal" y que "lo que repudia la ley es la inacción, pero mientras el actor realice gestiones normales y conducentes a los fines de obtener del deudor su acreencia -en definitiva beneficiando al Fondo de Garantía- no comienza a correr el plazo de treinta días.

Como así tampoco logra demostrar que exista irrazonabilidad al aplicar -luego de analizar las constancias de autos- dicho criterio al caso, afirmando que resultaba evidente que no existió inacción de la actora desde que de lo actuado se desprendía que ésta acudió al proceso concursal de la demandada aún antes del dictado de sentencia (de la que se notificara el 27.02.95), acompañándola luego a la sindicatura, el 14.08.95; que como consecuencia de la pertinente verificación percibió su crédito en forma parcial y que continuando con las gestiones aún después de iniciada la declaración de insolvencia, informó el síndico que los bienes que quedaban eran de difícil realización.

Circunstancias todas de las que concluyó que la declaración de insolvencia fue iniciada cuando todavía quedaban bienes para realizar, por lo que la actora pudo esperar la realización de los mismos encuadrada todavía dentro de las "gestiones razonablemente indispensables" que dispone la ley, con lo que mal podía considerarse que principiaba el plazo de treinta días a su respecto (vs. 7/7v.).

Y, si bien la quejosa no está conforme con dicha solución su sola insistencia en hacer prevalecer su propia interpretación de la norma legal en juego, asentada en una postura que no se hace debidamente cargo de las circunstancias particulares del caso puestas de manifiesto por los Juzgadores, deviene insuficiente para lograr persuadir que lo resuelto por la Sala implique verdaderamente incurrir en algún vicio que descalifique constitucionalmente lo decidido.

Resta agregar al respecto que la mera invocación de gravedad institucional no autoriza la apertura de la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055, debiendo la compareciente demostrar que concurren en el caso circunstancias excepcionales que trascienden el mero interés de las partes, afectando a la comunidad toda; lo que no ha acontecido en el caso (cfr. A. y S., T. 98, pág. 317, entre muchos otros).

Además, dicha invocación no ha sido sostenida en su presentación directa, lo que constituye razón suficiente para desestimarla.

Igual suerte adversa merece el agravio vinculado al tema costas.

Ello así, por cuanto, el planteo traído por la impugnante relativo a la contradicción de la sentencia con la regla de no condena en costas a los organismos de seguridad social, guarda sustancial analogía con lo resuelto por esta Corte in re "Albornoz" (A. y S., T. 205, pág. 331) en donde se juzgó decisivo para la suerte de la causa la consideración de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Rueda, Orlinda c. Administración Nac. de Seguridad Social" (abril 15, 2004, en La Ley, T. 2004-D, pág. 108), en el que el más Alto Tribunal nacional rechazó el recurso de hecho deducido por la A.N.S.E.S. contra un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social que se había expresado en el sentido de que el artículo 21 de la ley 24463 invocado por la recurrente sólo resultaba aplicable a las causas mencionadas en el artículo 14 de la citada ley.

Recordó entonces la Corte nacional que, conforme lo señalado en el precedente de Fallos:324:1139 (disidencia de los jueces Fayt, Belluscio, Petracchi y Boggiano), "la disposición invocada por la apelante ... constituía una excepción al régimen general del código de rito y se encontraba inserta en el marco de reformas al procedimiento de impugnación judicial de los actos de la Administración Nacional de la Seguridad Social", añadiendo que también entonces se había ponderado "que de la ley 24463 y de sus antecedentes parlamentarios no surgía que la intención de los legisladores haya sido extender a esa clase de procesos -en el caso, ejecución de sentencias- las prescripciones de aquélla en materia de costas, a la vez que se valoró que los principios hermenéuticos conducían a la interpretación restrictiva de las normas que crean privilegios a fin de evitar que las situaciones de excepción se conviertan en regla general (Fallos:304:422; 316:176; 322:464)".

A la luz de tales consideraciones, debe afirmarse que en el estadio de la jurisprudencia de la Corte se ha abandonado la reiterada doctrina según la cual el artículo 21 de la ley 24463 (que dispone que las costas serán por su orden en todos los casos) debía ser interpretado en sentido amplio, comprensivo de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que deba actuar la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Por ello, al no tratarse en el caso -como es elemental- de un proceso de impugnación judicial de resoluciones administrativas de la A.N.S.E.S. -hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley 24463 (vide artículo 14, ley citada)- y no pudiendo extenderse la regla consagrada en dicho precepto a otros supuestos diferentes y atendiendo -además- a que la ley 24028 nada dice al respecto, forzoso es concluir en que no asiste razón a la impugnante en el planteo de arbitrariedad que formula al no aportar argumentos que justifiquen un apartamiento de la regla básica que consagra la responsabilidad patrimonial derivada de la sustanciación de un proceso judicial, disponiendo que la vencida debe siempre soportar los gastos realizados por la vencedora para obtener el reconocimiento de sus derechos, regla recibida en nuestro código de rito que se asienta en el derecho de propiedad.

En suma, los reparos fundados en el tratamiento dado por la Sala a las cuestiones traídas a consideración de este Cuerpo carecen de sustancialidad para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)