marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de reposición (procesal), resoluciones de la alzada, improcedencia del recurso, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: EMILIO ABDALA c/ JORGE CICARELLI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Es improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión de cámara que resuelve la apelación deducida contra una sanción dispuesta por el juez de primera instancia, en tanto el dec.

Ley 1.285/58: 19 sólo prevé la reconsideración de las sanciones aplicadas por la Corte Suprema de Justicia, y por las cámaras, y no es esto último lo que acontece en tal supuesto.
Tratados internacionales, derechos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

La constitucionalización de los tratados de derechos humanos no sólo ha implicado aumentar la cantidad o reafirmar el valor de dichos derechos sino que ha implicado sumergir al derecho nacional en la práctica internacional, al ser relevantes no sólo dichos tratados, sino el conjunto de las interpretaciones producidas por los diferentes tipos de órganos internacionales de aplicación, sean cortes, comités o comisiones, de modo que ya no sólo hay una unidad normativa en el sistema jurídico, sino una continuidad en las prácticas interpretativas internacionales y nacionales. (Voto del Dr. Horacio G. Corti).
Derecho de propiedad, ley de emergencia, arrendamiento rural, sociedad anónima, interpretación de la ley, explotaciones agropecuarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Fernández Orquin, José María c/ Ripoll, Francisco s/ fijación precio arrendamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1966-05-31

No son violatorias de la garantía constitucional de la propiedad las leyes de emergencia que congelan las rentas de los fundos agrícolas arrendados, cuando constituyen colonias de renta o son de propiedad de sociedades anónimas. Tales leyes tienden a proscribir las formas de explotación rural estimadas contrarias a la expansión económica y social porque dificultan la radicación de los arrendatarios y obstan a una mayor eficiencia y rendimiento en la producción rural.
Verificación de créditos, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M.G.L. Y CIA. S.R.L. s/ Concurso preventivo -incidente de informes sobre créditos de Sigra  Transporte S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

La insinuación efectuada conforme el art. 32 de la ley 24522, debe seguir inexorablemente la vía de los preceptos sucesivos, concluyendo con el pronunciamiento prescripto por el art. 36, ocasión en que se debe juzgar el crédito, no siendo otro el futuro que el contemplado por el art. 37 de dicha normativa. Ello así, es improcedente notorizar un trámite -que según la insinuante, no es de revisión- persiguiendo un pronunciamiento del juez fuera del marco de las citadas normas, con lo cual se alteraría la básica e inmarginable tramitación verificatoria de la ley.-
Transporte de pasajeros, transporte interno, inconstitucionalidad, facultades del gobierno nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: El Práctico S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2° de la ley 8669 de la Provincia de Córdoba, 2° de su decreto reglamentario 254/03 y 6° y 9° de anexo C de este último si vulneran el principio de la unidad de jurisdicción -asegurado por la Constitución Nacional- al prohibir en forma expresa que las empresas de transporte interjurisdiccional que tienen autorización otorgada por el Estado Nacional realicen paradas intermedias locales, impidiendo así el ejercicio de la autoridad nacional competente al permitir el tráfico interprovincial sólo con permiso de la provincia y bajo su respectiva reglamentación y afectando el transporte interjurisdiccional que es de exclusiva regulación nacional (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay).
Remuneración, moneda extranjera, pago, mora del deudor, pesificación, cancelación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Romano    René    y    otros c/ YPF   SA. s/ Pat   Acc.Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

La CSJN en el caso "Rinaldi Francisco c/ Guzmán Toledo Ronal y otra" del 15/03/07, contempló expresamente la situación de quienes se hallaban en mora en enero de 2002 y señaló que las disposiciones que delinearon el régimen de emergencia son aplicables también a los deudores que hubiesen incurrido en mora antes de la fecha mencionada, pues dada la grave situación por la que atravesaba el país no es posible pensar que el legislador hubiese pretendido excluir de ese sistema a los deudores morosos y esta interpretación fue ratificada por la ley 25820 al modificar el texto del art 11 de la ley 25561. Además quienes se obligaron durante la vigencia de la ley de convertibilidad no lo hicieron respecto de una moneda extranjera que fluctuaba libremente en el mercado cambiario y podia tener altibajos, sino que su voluntad tuvo el marco de referencia normativo dado por el Estado que les aseguraba la paridad fijada por la ley 23928, reafirmada por disposiciones de variada indole durante el lapso anterior a la sanción de a ley 25561. No existe pues afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva norma sólo comprende los efectos en curso de una relación jurídica, aún cuando haya nacido bajo imperio de la ley antigua.Por ello, los créditos deberán convertirse en razón de un dólar estadounidense= un peso con aplicación del coeficiente CER (art 11 de la ley 25561, texto ley 25820).
Daños y perjuicios, responsabilidad del editor, director editorial, publicación o reproducción de ofensas
Materia: CIVIL
Carátula: RONDAN, Teresa Elvira c/ MITRE, Bartolomé s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

No cabe afirmar que un medio de comunicación de masas es un mero instrumento de transmisión de las opiniones o informaciones de sus redactores o colaboradores, sino que el editor elige al director que le consta que asume determinados valores, que al primero le interesa hacer patente o defender, y ambos escogen el personal a su servicio como sus colaboradores. En definitiva, que las empresas periodísticas no son una tribuna pública donde cualquiera expone cualquier idea, sino que se selecciona lo que se quiere decir y quien se quiere que lo diga. Esta situación, inevitablemente, crea una comunidad de intereses que ha de tener como contrapartida una comunidad de responsabilidades, entre ellas las de asumir los posibles atentados al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de terceros.-
Asociaciones sindicales, personería gremial, libertad sindical, Constitución Nacional, delegado gremial, elecciones, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

El art. 41, inc. a de la ley 23.551 -al exigir que los "delegados del personal" y los integrantes de "las comisiones internas y organismos similares" previstos en su art. 40, deban estar afiliados "a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta"- viola el derecho a la libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional como numerosas normas de raigambre internacional, afectando injustificadamente la libertad de los trabajadores individualmente considerados que deseen postularse como candidatos, no obstante la existencia, en el ámbito, de otra simplemente inscripta, como así también la libertad de éstas al impedirles desplegar la actividad para la que fueron creadas.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Blumberg, Axel Damián s/ secuestro extorsivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La separación o desdoblamiento efectuado por el tribunal federal de un proceso que debe ser analizado conjuntamente debido a la existencia de una apelación parcial ha generado que por distintas vías -recursiva y de contienda de competencia- la cuestión sea sometida al análisis de la Cámara de Casación, circunstancia que obra en desmedro del principio de celeridad, ante la eventualidad de decisiones contradictorias que necesariamente implicarían una mayor dilación en el trámite del expediente, y que sólo puede ser aventada con una rápida solución del conflicto. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Indemnización por accidente de tránsito, tasas de interés, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Agustin Anibal y Otro c/ Rodríguez, Daniel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-25

Los intereses relativos al monto admitido por gastos de tratamiento psicológico, por tratarse de un gasto futuro, se calcularán a la tasa activa desde que quede firme el pronunciamiento.
Prescripción, plazo, accidente ferroviario, caída de pasajero
Materia: PROCESAL
Carátula: CORNACCHIOLI,  Lidya  Esther c/ TRENES  DE  BUENOS  AIRES  S.A.(TBA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-15

Si la caída de la víctima se produjo en el trayecto existente entre las boleterías y los "molinetes" de la estación ferroviaria, es claro que el vínculo contractual entre la pasajera y la empresa de transporte ya se encontraba vigente, pues su presencia en las instalaciones obedecía indudablemente a su intención de utilizar el ferrocarril. De este modo si la acción la inicia la pasajera, resulta de aplicación al caso el plazo de prescripción anual que prevé el inc. 1° del art. 855 del Código de Comercio y no los plazos de prescripción de la responsabilidad extracontractual.

Es que, para dar comienzo al contrato de transporte, en el caso de los ferrocarriles el pasajero debe trasponer los denominados "controles de acceso" de la estación, pero en modo alguno cabe limitar este concepto a los "molinetes" sino que se refiere al ámbito de la estación y a las cosas de las que se sirve la empresa ferroviaria y que están a su cuidado en las instalaciones cuyas características varían según el caso. (
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, servicio militar, daños y perjuicios, indemnización, actos de servicio, Derecho civil
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Bertinotti, Carlos Alberto c/ Estado Nacional (Ejército Argentino) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La intención del constituyente, al establecer el texto del artículo 21 de la Constitución Nacional fue anteponer la defensa de la patria a requerimientos de índole económica, por lo que cabe concluir que la decisión del legislador - que en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 21 y 67, inciso 23) de la Constitución Nacional hasta el presente no fijó otras pautas que las de la Ley 19.101 - fue la de excluir exigencias materiales como las derivadas de reclamaciones indemnizatorias de daños sufridos en acto de servicio por la vía del derecho civil.
Inamovilidad de los jueces, interpretación de la constitución, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La limitación del art. 99, inc. 4°, alcanza tanto a los jueces designados con posterioridad a la reforma constitucional como a quienes han sido designados con anterioridad a dicha reforma, pero impone como condición un hecho incierto y futuro limitando su aplicación a quienes con posterioridad a la reforma cumplan 75 años (Disidencia parcial del Dr. Gustavo A. Bossert).
Concurso preventivo, quiebra, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRERE ALEJANDRO LUIS s/ QUIEBRA- QUEJA INTERPUESTA POR DR. CARLOS MORO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-27

En el proceso concursal rige un principio en materia de apelación cual es el de la irrecurribilidad atento lo dispuesto por el artículo 296 inciso 3 de la Ley 19551, habiéndose dicho que su interpretación debe quedar limitada a las resoluciones dictada durante el trámite normal y ordinario de la litis, cediendo dicho principio cuando está en juego el propio régimen instaurado por la ley de concursos o cuando corresponda dar una interpretación definitiva sobre los alcances de los textos legales de la materia.

Pero esa interpretación restrictiva no puede extenderse más allá de modo que relegue al olvido la norma en cuestión.
Lucha contra la corrupción, tratados internacionales, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Núñez Carmona, José María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

El estándar internacional relativo a los instrumentos vinculados con la prevención de la corrupción, debe ser considerado a los fines de evaluar el riesgo de frustración de la aplicación de la ley penal.

Dres. Hornos, Carbajo, Borinsky.
Accidentes de trabajo, daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: González, Ramón Rufino c/ Cooperativa Agrícola Gral. San Martín Ltda. s/ Cobro de Pesos (Daños y Perjuicios Materiales y Morales)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-30

Carece de toda razonabilidad la defensa de la demandada con fundamento en la actitud del actor de soslayar el control médico de la patronal, ya que contaba en ese entonces con un dictamen médico oficial que pudo controlar con el asesoramiento del médico de la empresa e inclusive con un examen de su parte en el domicilio del trabajador, aun cuando éste no se haya avenido a concurrir al domicilio del facultativo de la demandada, para aventar toda duda respecto de su salud práctica.
Partidos políticos, estados contables, balance
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de control patrimonial del partido Acción Ciudadana - Capital Federal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-18

La presentación del balance anual debe ser "precisa" puesto que lo que se encuentra en juego es nada menos que el control efectivo sobre la utilización de los recursos pertenecientes al erario público (cf. Fallos CNE 3010/02; 3242/03; 3354/04; 3360/04; 3383/04 y 3761/06, entre otros).
Contrato de caja de seguridad, responsabilidad del banco
Materia: BANCARIO
Carátula: N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Las cajas de seguridad son utilizadas a fin de prevenir que las pertenencias de sus usuarios se encuentren en situación de ser robadas o hurtadas, razón por la cual debe entenderse que la obligación que tiene fuente en este contrato es de resultado. Ante el incumplimiento en este tipo de obligaciones -no obtención del resultado esperado- se crea una presunción "juris tantum" respecto de la culpabilidad del incumplidor, por lo que éste, para liberarse, deberá demostrar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. Por las características apuntadas, el robo del Banco como consecuencia del cual se violentaron las cajas de seguridad, no constituye el eximente genérico de responsabilidad mencionado.-
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Es deber de los otros poderes del Estado y no del judicial asumir cómo y bajo qué sistema de organización y control habrá de autorizar la presencia de UBER o prohibirla, pero no se puede cubrir la carencia de regulación con interpretaciones que afecten garantías constitucionales. UBER tiene personería, muchas personas que trabajan en ese espacio y muchas otras que requieren su servicio como usuarias. La falta de un régimen legal y reglamentario que defina los marcos en que debe actuar viene generando problemas muy distintos, afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte, todo lo cual debe tratarse en conjunto. La prolongación en el tiempo de tales condiciones sólo provoca nuevos problemas y agrava los existentes. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en "Uber y otros s/ art. 83, usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art. 86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'" (expte n° 17480/19), resolución del 23/09/2020).
Régimen de consolidación de deudas, proceso expropiatorio, indemnización expropiatoria, indemnización previa, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUTLER Lorenzo J. c/ Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

La C.S.J.N. in re "Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, C. y sus herederos o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación", ha sostenido la inaplicabilidad del régimen de la ley 23.982 al pago de la indemnización por expropiación. Ello es así porque un sistema que comparte una demora en el cobro de la indemnización es inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al expropiado y, por lo tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 C.N., siendo imposible desvincular la indemnización de su fundamento, es decir, de ser condición de legitimidad del poder expropiatorio del Estado.
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, Superior Tribunal de Justicia, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  286-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-04

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en sus precedentes "Camiña" y "Amadio" consideró que -al margen de que la Municipalidad de Santa Fe (demandada en ambos casos) hubiera "ratificado" por sí, mediante ordenanza, el régimen de la ley 23982- la consolidación de las deudas estaba dispuesta por expresa disposición de la ley provincial. De tal forma, lo que tuvo decisiva importancia para tener por operada la consolidación de las deudas que allí se reclamaban fue la circunstancia de que antes de la expiración del período de vigencia de la ley 10798 (prorrogada por decreto 4449/92) el municipio santafesino había reglamentado el régimen de consolidación dispuesto por la ley provincial por medio de un decreto municipal que se declaró aplicable en la medida de su adecuación estricta a las disposiciones de la ley 23982. En el caso en estudio no se da dicha circunstancia, constatándose, en cambio, que no existe normativa alguna de la Municipalidad demandada que haya regulado durante el tiempo de vigencia y dentro del marco del régimen de la consolidación, el modo y la forma en que la deuda sería concretamente consolidada.
Sociedad anónima, directorio
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ FRANCISCO Y OTROS c/ RAMON DIEGUEZ Y/O RESPONSABLE s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-20

El Directorio es el órgano de la administración necesario en la Sociedad Anónima, y por lo tanto debe organizarse imperativamente de conformidad a la tipología societaria impuesta por la Ley de Sociedades, ejerce la representación de la sociedad y por ello la obligará en las condiciones del Art.58 de la Ley 19550, esto sin perjuicio de la responsabilidad frente a la misma por los daños que ocasione su indebida actuación.Y esto, porque la norma tiende a prservar la seguridad y rapidez de las transacciones mercantiles, evitando que los terceros tengan que consultar en todos los casos el Estatuto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decreto de necesidad y urgencia, reducción salarial, empleados públicos, medidas cautelares, medida de no innovar, facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CARES, Osvaldo Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-14

Se hallan acreditados los requisitos exigidos por el art. 230 del CPCCN y corresponde la prohibición de innovar solicitada respecto de la aplicación del decreto 430/00 toda vez que dicha norma importa una quita en la remuneraciones de los actores que vulnera el carácter alimentario del crédito salarial conduciendo a una significativa merma en su nivel de vida y el de sus familias.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la norma cuestionada no fue dictada por el Congreso Nacional, sino por el Poder Ejecutivo a quien, en principio, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, le está vedado el ejercicio de la facultad legislativa (art 99 inc. 3 de la C. N.), que aún con la reforma del año 1994, relativa a los decretos de "necesidad y urgencia", no deja de lado el criterio restrictivo que debe imponerse y que tiende a no desvirtuar la división de poderes. (Del voto de la Dra Porta, en mayoría. El Dr.

Guibourg dejó a salvo su opinión por motivo procesales).
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERA Luisa Victoria c/ Polizotto Andrea del Valle s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-16

La teoría del riesgo creado (arts.

1113, párr. 2°, Cod. Civil), regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de la materia; por ende, no rige el criterio de imputación subjetiva de responsabilidad en los siniestros en los que intervienen vehículos automotores.

En consecuencia, es el dueño o guardián de la cosa riesgosa quien debe afrontar las consecuencias de los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes.

La víctima sólo debe acreditar el daño causado, que ese daño fue consecuencia del siniestro en el que intervino una cosa riesgosa (vehículo automotor, en este caso), y el carácter de dueño o guardián de los demandados.

Reitero, a la parte actora incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la parte demandada debía acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.