Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 14 de 2007.

¿La sentencia apelada es arreglada a derecho? El doctor Racimo dijo:

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Gabriel Horacio López y Adriana Patricia Sigón en representación de su hijo menor de edad J. F. L. S. quien sufrió una descarga eléctrica al apoyarse sobre un pilar del barrio Haras del Pilar, Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. La condena recayó sobre la firma Edenor al entender el magistrado que el caso caía dentro de la órbita del art. 1113, segundo enunciado, segundo párrafo, del Código Civil y estableció el resarcimiento en el monto de $ 50.750 para el menor que se desglosa en las sumas de $ 25.000 (incapacidad sobreviniente), $ 11.750 (psicoterapia) y $ 14.000 (daño moral) y en la suma de $ 735 para sus padres por gastos de atención en el Hospital Austral ($ 485) y por traslados y propinas ($ 250).

En el estado actual de la causa se agravia sólo la demandada quien sostiene que el hecho se produjo exclusivamente por la culpa de la víctima al haber ingresado en una propiedad ajena realizando una acción antijurídica a lo que añade la presencia de una concausa que habría consistido en la omisión de los vecinos -propietarios del inmueble- de cumplir con la resolución ENRE 82/02 que les imponía comunicar que las instalaciones no se encontraban en el estado habitual. Con estas dos afirmaciones sostiene que quedó interrumpido el nexo causal y que la responsabilidad se proyecta fuera de la cosa riesgosa de su pertenencia.

Este Tribunal ha decidido reiteradamente, al interpretar lo dispuesto por el art. 265 del Cód. Procesal, que la crítica razonada y concreta que debe contener la expresión o el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento; que, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios que atender en la Alzada, y que las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o el desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos, las impugnaciones de orden general, así como también la remisión al alegato de bien probado, no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. esta Sala, c. 261.753 del 7-10-80 y sus citas: Sala C en ED, 43-172; Sala D en ED, 44-560; cc. 90.229 del 22-5-91, 128.030 del 24-6-93, 131.054 del 21-10-93, 176.257 del 19-9-95, entre muchos otros precedentes). Por consiguiente, debe considerarse insuficiente si en la presentación respectiva no se ataca concreta y frontalmente los verdaderos y determinantes fundamentos del fallo (conf. Fassi y Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", 3a. ed., t. 2, pág. 484, Nº 18 y jurisprudencia citada en nota 21; esta Sala, voto del Dr. Calatayud en c. 97.964 del 9-10-91 y mi voto en la causa 473.523 del... -3-07).

La demandada -en una actitud que se repite a lo largo de toda la expresión de agravios- soslaya totalmente el cuestionamiento de los considerandos del juez -a pesar de trascribirlos a fs. 380 vta./381- y fundamenta su posición en un argumento -la supuesta acción antijurídica del menor- que había sido rebatido, en sus consecuencias para el caso, en el fallo apelado. En otros términos, replantea la cuestión como si nada hubiera dicho el magistrado al respecto con el agravante de que la consideración de las circunstancias de hecho eran particularmente necesarias para determinar si había existido o no culpa de la víctima y sin hacerse cargo de las consecuencias que suponía en el caso la aplicación del art. 1113 del Código Civil respecto del mencionado pilar (me remito en este sentido a las fundadas consideraciones del voto del Dr. Dupuis en la causa 405.047 del 21-9-04 pub. en LA LEY del 21-3-05 respecto de las obligaciones que surgen de la aplicación del art. 1113, segundo párrafo, en este tipo de casos).

Del mismo modo resulta ausente de debida fundamentación la alusión a la supuesta concausa de los propietarios del inmueble lindero toda vez que el magistrado hizo alusión a los fundamentos de la sanción administrativa dispuesta con fecha 15 de enero de 2004 del expediente 11.768 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad respecto a la falta de control de la demandada de las instalaciones que produjeron el accidente.

Añado, asimismo, que el punto relativo a la conexión causal entre dicha conducta y los daños sufridos por el menor fue expresamente considerado en la sentencia (ver fs. 344) sin que el apelante haya hecho referencia a la distinción allí efectuada entre la conducta antijurídica del menor al trepar el pilar para franquear un cerco con el fin de ir a buscar una pelota como condición del perjuicio y la falta de influencia causal de aquel acto en el caso.

Pide asimismo que se reduzcan los montos de la indemnización. Sostiene que el monto correspondiente a incapacidad sobreviniente es desmedido y que la suma fijada por psicoterapia es excesiva ya que solamente se justificaron erogaciones por $ 770, que la indemnización por daño moral resulta extraordinaria. Por otro lado aduce que los montos establecidos en favor de los padres por gastos de atención, traslado y propinas carecen de sustento probatorio.

Considero que similares defectos en la fundamentación de la expresión de agravios se evidencian en el cuestionamiento al monto establecido por incapacidad sobreviniente. Es que la apelante ni siquiera ha mencionado el porcentaje de incapacidad permanente establecido en el caso por el perito en un 35 % que no fue materia de impugnación y que fue aceptado por el a quo a fs. 344 vta., punto II. 1.

Me detendré en los agravios relativos al agravio moral puesto que son los únicos cuestionamientos de la demandada que tienen algún fundamento. En efecto, señala la demandada que en la audiencia dispuesta para visualizar el daño estético celebrada a fs. 311, el juez sólo pudo observar que lesión en el torso del menor es imperceptible -sin haberse podido acreditar que se vinculara con el accidente- y que existía una cicatriz en el dedo anular derecho. Afirma que la lesión en este dedo probablemente se produjo por el alambrado perimetral al que intentó subirse al menor sin relación alguna con la energía eléctrica. Considera entonces que resulta inconsistente retribuir esa sola lesión estética con la suma de $ 14.000.

Es verdad que hubo una audiencia en la que el juez verificó las consecuencias estéticas de la lesión y es verdad que el mismo magistrado señaló en la sentencia (ver fs. 345, punto II, 5 segundo párrafo) que la lesión del torso es imperceptible y que existe una larga cicatriz a lo largo del dedo anular derecho. Pero lo que también es verdad -y no dice la apelante- es que el juez señaló expresamente en el párrafo anterior del fallo que la parte demandada deberá resarcir el daño moral infligido a la víctima a consecuencia de la electrocución padecida, de las heridas sufridas en la caída, de su sutura, de la incapacidad sobreviniente y de los síntomas médico psíquico padecidos. Advierto nuevamente así que el planteo de la demandada resulta desierto también en este rubro a pesar del aparente cuestionamiento efectuado a fs. 384/385 vta.

En cuanto al tratamiento psicológico, el perito médico aconsejó que el actor realice una psicoterapia de una sesión semanal durante dos años a un costo unitario de $ 70 con controles psiquiátricos con los medicamentos respectivos cuyo gasto estimó en $ 4700. Teniendo en cuenta ambos rubros, el juez estableció el reclamo correspondiente a psicoterapia en el guarismo de $ 11.750.

El único agravio real al respecto consiste en una mención a los gastos justificados en la causa por concurrencia a sesiones y administración de psicodiagnóstico que ascienden a $ 770 según lo que resulta del reconocimiento por el psicólogo que atención al menor en relación a las facturas acompañadas. La demandada apunta que ello fue afirmado en su alegato -lo cual no es cierto porque este no ha sido presentado en la causa- y nuevamente nada dice el apelante respecto de otras constancias de autos -en el caso, el peritaje de fs. 234/247- del que resulta que el médico legista especialista en psiquiatría estableció que la víctima tiene la sintomatología descripta en la demanda, que presenta una incapacidad parcial y permanente del 35 % y que el tratamiento psicoterapéutico se impone en este caso con una sesión semanal durante dos años a un costo de $ 6720 con un control psiquiátrico que estima en un valor de $ 4800.

Este dictamen no fue cuestionado por la demandada y ni siquiera ha sido aludido en sus aspectos esenciales en la expresión de agravios de modo que tampoco se cumplieron en este aspecto con los recaudos del art. 265 del Código Procesal. Lo mismo puede señalarse respecto del agravio de la demandada referente a que no deben ser montos autónomos los resarcimientos por daño moral y daño psicológico, porque resulta claro de la lectura de la sentencia apelada que el a quo ha establecido aquí un monto correspondiente al tratamiento por psicoterapia considerando el daño psicológico dentro del rubro incapacidad sobreviniente, criterio que no ha sido cuestionado en la presentación de la demandada.

En las críticas al rubro traslado y propinas establecido a favor de los padres se advierten las mismas deficiencias. El apelante critica que se haya concedido la suma de $ 250 por propinas aunque admite que el gasto de $ 485 está acreditado por una respuesta del Hospital Austral. Ahora bien, la suma de $ 250 no se refiere sólo a las propinas dadas por los padres del menor sino que también se vincula a la contratación de una ambulancia para trasladar al accidentado desde el mencionado nosocomio al Policlínico del Docente (ver fs. 345 vta. punto 9). Por ello, no consideraré estas críticas ante la orfandad del argumento de la vencida.

La demandada cuestiona que se hayan impuesto intereses desde la fecha del hecho respecto al daño moral ya que afirma que sólo corresponden desde el momento de la sentencia al haberse fijado en términos actuales.

Esta Cámara, en sendos fallos plenarios, dejó establecido que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos y los que acceden a la corrección del monto indemnizatorio por depreciación monetaria, se liquidarán desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. c. "Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transportes" del 16-12-58, publ. en LA LEY 93-667 ó JA, 1959-I-540, y c. "Consorcio de Propietarios Talcahuano 1278 c. Houbey, Alicia E. s/cobro de pesos" del 20-7-76, publ. en ED, 67-539 ó LA LEY, 1976-C, 175 ó JA, 1976-IV-379).

Ahora bien, en los casos como el de autos, en los que se trata de indemnizar la el daño moral consecuente, la producción del perjuicio y el acaecimiento del hecho dañoso son contemporáneos, razón por la cual el agravio debe ser desestimado en lo principal y mandarse computar como rubro integrante del resarcimiento de aquel menoscabo causado a la víctima.

Sin embargo, es doctrina de la Sala que si, como en el caso, la determinación de los daños se efectúa en uso de las facultades conferidas por el art. 165, última parte, del Código Procesal al momento de la sentencia, parece claro que se trata de valores actuales, por lo que la tasa a aplicarse es la del 6% anual, tal como reiteradamente viene haciendo el Tribunal sobre sumas actualizadas, y que es a partir de la sentencia que habrá de liquidarse según la tasa pasiva promedio (conf. votos del Dr. Dupuis en las cc. 138.118 del 28-12-93 y 174.110 del 16-8-95, entre otros precedentes).

En este caso la demanda no ha consentido el cómputo de intereses desde el momento del hecho, de modo que es posible admitir también que cuestiona la tasa pasiva impuesta en la sentencia. Siendo así y dado que, como señalara también la Sala, esta última tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda, con lo que liquidarla desde la fecha del evento importaría computar dos veces la depreciación monetaria (conf. votos del Dr. Calatayud en cc. 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94, 148.184 del 2-8-94 y 183.292 del 9-2-96, entre muchos otros), cabe en el sub examine aplicar esta doctrina en el lapso que corre entre el acaecimiento del hecho ilícito hasta la fecha de las sentencia.

Por estas consideraciones, voto porque se computen los intereses a razón del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la pronunciamiento de primera instancia y, para el resto, del modo como lo determinó el a quo.

Las costas de la alzada recaerán sobre la demandada, vencida en esta instancia en lo principal que se decide (art. 68, párrafo primero, Código Procesal).

Los doctores Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el doctor Racimo, votaron en el mismo sentido.

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede se declara desierto el recurso de apelación en lo que se refiere a la crítica de la responsabilidad endilgada en la sentencia y al quantum de los rubros fijados y se la modifica en cuanto al cómputo de los intereses, debiendo añadirse el lapso resultante desde la fecha de producción del hecho hasta la sentencia, a razón del 6 % anual. Impónense las costas de la Alzada a la demandada. - Fernando M. Racimo. - Juan C. G. Dupuis. - Mario Pedro Calatayud.