Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27


Reg.: A y S t 281 p 63/68. Santa Fe, 27 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. R. E. P., contra la resolución 270, del 9 de agosto de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en autos caratulados "P., J. R. E. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'S., N. E. C.; C., J. M.; C., M. A.; V., M. M.; C., J. J.; B., C. D.; S., D. H.; P., J. R. E.; S., M. D. S/ PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCIÓN DE MENORES, ETC.- APELACIÓN- SENTENCIA CONDENA PRISIÓN PREVENTIVA'- (CUIJ 21-07007060-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511584-9); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión 270, del 9 de agosto de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en lo que aquí es de interés, rechazaron los planteos de invalidez efectuados por la defensa y confirmaron la sentencia recurrida, por medio de la cual, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó, habían condenado a J. R. E. P. a la pena de 6 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores de dieciocho años de edad y de menores de trece años de edad (art. 125, párrafos 1 y 2, C.P.) (fs. 71/92). 2. Contra dicho pronunciamiento, el imputado "in pauperis" (f. 95) interpone recurso de inconstitucionalidad, el que es adecuado técnicamente por su defensa (fs. 96/125).	En primer lugar, alega lesión del debido proceso y de la defensa en juicio, con base en que los Judicantes le limitaron el tiempo para exponer en la audiencia de apelación y en la imposibilidad de acceder al expediente durante la tramitación de la causa. Asimismo, refiere que tales garantías se vieron afectadas por la decisión de realizar las declaraciones de las menores sin control de su parte y sin la posibilidad de llevar adelante contra-interrogatorios. Cuestiona que no se hiciera "Cámara Gesell" de las niñas y que, en su lugar, se recurriera a la "entrevista semidirigida", lo cual -entiende- viola el deber de veracidad del testimonio, además de inducir los relatos. Se agravia de que los reconocimientos de personas a través de fotografías se hubieran efectuado sin control de la defensa, en clara contradicción con lo prescripto por el artículo 205 del Código Procesal Penal. En otro orden de consideraciones, postula violación de la garantía de imparcialidad, por cuanto los Magistrados que integraron el Tribunal habían resuelto previamente cuestiones probatorias en autos. Critica la aplicación por la Alzada de la doctrina emanada del precedente "Scalcione" de esta Corte, en el entendimiento de que al tratarse de un proceso tramitado según la ley 12912 correspondía optar por la solución consagrada en el fallo "Alí" y no en "Scalcione", por lo que tal decisión generó sorpresa e indefensión a su parte. Por otro lado, postula arbitrariedad y falta de fundamentación del pronunciamiento impugnado, considerando que la Alzada se basó, para confirmar la condena, únicamente en declaraciones de las supuestas víctimas, quienes no sólo resultaron contradictorias en sus dichos, sino que tampoco sindicaron a P. como coautor de los delitos investigados. Expresa que la resolución atacada sólo transcribe la acusación fiscal y efectúa una selectiva enunciación de los medios probatorios sin realizar valoración alguna, incumpliendo así el deber de motivación de los fallos judiciales impuesto constitucionalmente. Señala que P. nunca participó en "manoseos y tocamientos inverecundos" sobre el cuerpo de las menores, ni indujo a que éstas los realicen sobre otras personas. Se agravia de que no se asignara credibilidad a la versión brindada por el justiciable al momento de declarar, la cual -dice- resultaba verosímil, toda vez que el resto de los imputados coincidieron en que no lo habían visto esa noche en la "casa de Bibi". Añade que en idéntico sentido depusieron las menores y otros testigos que corroboraron sus dichos respecto de que estuvo en la "Shell" hasta las cinco de la madrugada y sólo bajó un rato a la "casa de Bibi". Refiere las contradicciones en las manifestaciones de algunas de las niñas para resaltar que no se encuentra probado que hubiera efectuado propuesta a alguien para tener sexo. Concluye que no existen pruebas para sostener la responsabilidad penal de P. en los hechos investigados; que no se ha demostrado la configuración del elemento subjetivo exigido por el tipo penal enrostrado; y que el error radica "...en pretender dar entidad corruptora a una reunión, sin actos de contenido corruptor o depravador, que a la postre no fueron probados..." (f. 117v.). Por otra parte, cuestiona que los Sentenciantes obviaran el tratamiento de la autoría y participación en los hechos investigados de cada uno de los encartados, sin que se hubiera determinado la conducta precisa asumida por P. que motivara su condena. Sostiene que, en todo caso, los sucesos que se le endilgan no poseen entidad suficiente para corromper a las supuestas víctimas, más aún teniendo en cuenta la personalidad de éstas. Agrega que no existe una descripción específica del "obrar corruptivo" que habría asumido cada imputado, ni se probó que el comportamiento atribuido efectivamente hubiera corrompido a las menores. 3. El A quo, por auto 365, del 5 de octubre de 2017, deniega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 126/129v.); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Corte (fs. 132/145v.). 4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues de los fundamentos del memorial recursivo y su liminar confrontación con la sentencia atacada surge que, pese a invocarse afectación a mandas constitucionales y la presencia de arbitrariedad en el fallo de Alzada, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, prueba y derecho aplicable efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, cuestión -por regla- ajena al recurso extraordinario intentado, salvo hipótesis de arbitrariedad, de cuya concurrencia en la especie no logra la compareciente persuadir a esta Corte. 4.1. En efecto, en relación a las lesiones a mandas constitucionales invocadas -debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad-, en primer lugar, debe señalarse que la presentante se limita a alegar su afectación, mas no relata qué fue lo que oportunamente argumentara sobre la cuestión durante el trámite del proceso, ni cuál fue el tenor de los agravios que expresara sobre el punto al fundar la apelación, ni la decisión que sobre él tomaran los Jueces de la causa, de modo que este Tribunal esté en condiciones de analizar la entidad del planteo para habilitar la vía extraordinaria pretendida. No obstante tales deficiencias, el análisis de las postulaciones a la luz de las constancias de autos revela que aquéllas no son más que la reiteración de las efectuadas en las instancias anteriores y que han sido analizadas y rechazadas por la Alzada con fundamentos que, se compartan o no, no logran ser descalificados desde la óptica constitucional por la compareciente, quien no intenta siquiera desbaratarlos. Así, respecto de la vulneración del derecho de defensa en juicio y del debido proceso por las supuestas restricciones que la representación técnica habría padecido, lo cierto es que no alcanza la quejosa a demostrar la decisividad de sus planteos, ni se hace cargo de refutar lo dicho por la Cámara en cuanto a que pudo desplegar acabadamente su tarea. Del mismo modo, la presentante nada dice de las razones brindadas por los Judicantes para rechazar los cuestionamientos vinculados con las declaraciones de las víctimas, omitiendo criticar la argumentación referida a su innecesariedad, teniendo en cuenta que ya habían declarado varias veces en la causa y que se quería evitar su "revictimización" y no acredita la decisividad que la "Cámara Gesell" hubiera revestido en la especie. La misma suerte han de correr los agravios vinculados con el reconocimiento por fotografías de los imputados, toda vez que la interesada no se hace cargo de refutar los motivos expuestos por los Judicantes respecto de que, pese a que se había inobservado en el caso la normativa procesal correspondiente, ello no imponía su declaración de nulidad, en tanto tal medida no había resultado relevante en el caso para la individualización de los imputados, a quienes se había identificado a partir de otras pruebas independientes. Tampoco resulta idóneo para habilitar la presente vía, el planteo de afectación de la garantía de imparcialidad del Tribunal. Es que, éste se desvanece a poco que se confronte con la motivación ensayada por la Cámara para descartarlo, oportunidad en la que se expresó que la intervención se había limitado a declarar desierto un recurso de apelación y, en consecuencia, al no haber implicado valoración alguna de las pruebas, no habilitaba su apartamiento. En definitiva, se advierte que el A quo evaluó pormenorizadamente las postulaciones vinculadas con presuntas violaciones de garantías constitucionales y las desechó, brindando motivación suficiente, sin que la impugnante alcance a demostrar su irrazonabilidad. Por lo demás, tampoco puede ser atendido el pedido de nulidad referido a la aplicación en el caso de la doctrina sentada por esta Corte en el fallo "Scalcione", toda vez que no demuestra la interesada que la coyuntura procesal configurada en autos difiera de la analizada por esta Corte en aquél. Mas tampoco la quejosa invoca cuál sería el perjuicio que le habría irrogado a su parte, siendo que -como bien señalan los Judicantes- la solución que la Corte tuvo en miras en el precedente citado fue la de asegurar las garantías del imputado y, en particular, el derecho a una revisión amplia. 4.2. Por otro lado, en tren de analizar los cuestionamientos vinculados con la invocada arbitrariedad en la ponderación del material probatorio y en la interpretación de las normas de derecho común que realizaron los Sentenciantes, cabe anticipar que no se advierte la presencia de tales vicios. Ello es así, por cuanto de la lectura del fallo atacado surge que los Magistrados evaluaron acabadamente la prueba reunida en la causa y los fundamentos brindados -por los otros Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal al revocar la absolución que había tenido lugar en primera instancia- para concluir que los elementos de convicción resultaban claros, precisos y contundentes y, por tanto, debía confirmarse la condena de P. Al respecto, se expusieron los motivos a partir de los cuales se juzgaba que las objeciones defensivas en relación a las declaraciones de las víctimas menores de edad debían ser rechazadas, toda vez que, por un lado, en su producción se habían tomado los recaudos legales y, por el otro, resultaban veraces sus relatos en torno a lo ocurrido y a las acciones desplegadas por cada uno de los imputados en el lugar de los hechos -haciendo una reconstrucción detallada, a partir de tales pruebas, del comportamiento asumido individualmente por los justiciables-. Sentado ello, se analizaron los reproches vinculados con la tipicidad como "actos corruptores" de las conductas endilgadas y se descartaron, en la consideración de que de los testimonios de las menores surgía con claridad que en la reunión se habían desarrollado en forma permanente conductas que reunían las exigencias típicas de la figura penal en cuestión. Frente a este fundado razonamiento elaborado por la Cámara, la defensa intenta oponer la solución que a su juicio correspondería dar al presente -que P. estuvo sólo un rato en el lugar y no participó de ningún acto reprochable desde la óptica penal-, mas sin lograr refutar las pruebas con base en las cuales se arribó a la conclusión contraria, ni descalificar al pronunciamiento atacado desde la órbita constitucional. Es que -como se anticipó- la impugnante no alcanza a acreditar que la cuestiones planteadas excedan el marco de la mera discrepancia con la ponderación que del material probatorio reunido y con la exégesis de las normas de derecho común en juego efectuaran los Jueces de la causa en el ejercicio de funciones propias, que no le corresponde a esta Corte revisar, salvo supuestos de arbitrariedad que no se avizoran en la especie. 5. En conclusión, desde que la quejosa no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.	Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik. Tribunal que intervino con anterioridad: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó.