Quiebra, privilegios (comercial), reserva de gastos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUQUIA S.A.C.I.F. s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-21

En el sistema de la ley concursal el principio es el de que los acreedores con privilegio especial son preferidos frente a los acreedores del concurso. Tal como lo estatuye el primer párrafo del art. 264 L.C.. naturalmente que el principio de la máxima prelación que ostenta el acreedor con privilegio especial no tiene carácter absoluto: para no incurrir en una flagrante injusticia, la preferencia cede frente a los créditos o gastos que hicieron posible la realización del bien en el proceso concursal (art. 268 L.C.), pero solamente frente a éstos. Por ello importa desentrañar la recta inteligencia del art. 268 de la ley 19.551, intitulada reserva de gastos, ya que precisamente la directiva establece la medida de la excepción al principio general (Cfr.: Kelmemajer de Carlucci, Aída, "Los Privilegios en el Proceso Concursal", ed. Astrea, 1975, p. 207, nota al pie de página). A título de reserva de gastos -art. 268, L.C. -sólo cabe computar las erogaciones efectuadas en el concurso -general o especial-para la conservación, custodia, administración y realización de los bienes afectados, al privilegio especial, así como los gastos y honorarios de los funcionarios exclusivamente en relación a tales bienes. En otros términos: los acreedores hipotecarios o prendarios deben soportar los gastos originados en el concurso especial y contribuir a los gastos del concurso general sólo en la medida en que han sido necesarios para la seguridad y realización del bien asiento del privilegio (cfr.: Trigo Represas-Caseaux, "Derecho de las Obligaciones", t. III, p. 946; C.N.Com., Sala C, 28-8-74, E.D., 65-304). En cambio, el acreedor con privilegio especial no debe contribuir a los gastos generales del proceso colectivo que no hayan redundado derechamente en su beneficio, ni al pago de los honorarios correspondientes a la sustanciación de todo el proceso concursal La hermenéutica expuesta es la communis opinión en la doctrina nacional. Parafraseando a Borda: "Tratándose del concurso especial, los gastos de justicia allí devengados tienen prioridad respecto del acreedor hipotecario. En cuanto a los gastos realizados en el concurso general, el criterio es que sólo prevalecen sobre el acreedor hipotecario aquéllos que han sido útiles a la ejecución y venta del bien, tales como los gastos y honorarios de la tasación que sirvió de base al remate, los trabajos del Síndico en la medida en que fueron útiles para la venta del bien, los gastos del remate. etc.. En cambio no gozan del privilegio los gastos de apertura del concurso general, los honorarios del Síndico en la medida en que no hayan sido directamente conducentes a la ejecución del bien...". ("Tratado de Derecho Civil, Obligaciones I", págs. 310/311). Se expiden en el mismo sentido: Ferrer Patricia ("Derecho del Acreedor Hipotecario en el Proceso Concursal", Astrea, 1982, p. 136 y ss.), Cámara ("El Concurso Preventivo y La Quiebra", Depalma, 1978, vol. I, p. 614, nota), Adrogué ("La Prelación de Créditos en Materia Concursal", Ed. Abeledo Perrot, 1976, p. 163 y ss.), etc. La línea de pensamiento expuesta es añosa en la jurisprudencia argentina: "El acreedor que ha ejercido su derecho formando concurso especial, no está obligado a contribuir a los gastos de la quiebra; sólo debe cargar con el honorario del Síndico por los trabajos con que haya sido beneficiado en la ejecución para lo cual debe procederse a la calificación de los mismos, fijando a la vez el honorario correspondiente" (C.N.Com., Capital, junio 21-937, L.L., t. 7, pág. 362). Otro decisorio: "La circunstancia de que en el activo liquidado de la quiebra no se incluyan los bienes sujetos a prendas o hipotecas... no impide regular los honorarios al síndico y demás funcionarios de la quiebra que hubieran prestado servicios para la conservación seguridad y liquidación de dichos bienes" (C N. Bahía Blanca, octubre 18-956, L.L., t. 87, p. 416).