Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28


En la ciudad de Trelew, a los 28 días de abril del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., M. c/ A. S.A. s/ cancelación de prenda - Daños y perjuicios" (Expte. Nº 20.940 - año: 2005) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios de fs. 275/277 vta.?, SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior, ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, TERCERA: ¿Son justos los honorarios regulados en la sentencia de fs. 257/264? Y CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 280.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 268, que fuera concedido libremente a fs. 270, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 257/264 que rechazó la demanda de cancelación de prenda instaurada por M. A. contra A. S.A., y asimismo acogió la reconvención por reajuste equitativo del precio promovida por la sociedad antes citada y condenó al actor al pago de la suma de $3.032,64.- dentro del plazo de diez días de consentida, con costas de la demanda en un 50% a cada una de las partes y las de la reconvención a la actora vencida. - A su vez, la misma parte interpuso a fs. 269 recurso de apelación respecto de la regulación de honorarios por considerarlos altos al entender que la demanda carece de contenido patrimonial. Los agravios lucen a fs. 275/277 vta., el traslado conferido a fs. 278 no fue evacuado por su contraria, y el quejoso señala básicamente que: a) la operación se pactó en pesos y así resulta de la factura con los valores expresados en esa moneda y también de los treinta y seis recibos;

b) el inferior no repara que se trata de un accesorio que garantiza el pago de la obligación contraída, financiación del saldo del precio de la operación principal compraventa cuya moneda se pactó en pesos, y que por ello resulta inaplicable al caso los procedimientos de ajuste previstos en la normativa de emergencia para los contratos pactados en dólares estadounidenses con anterioridad al 6 de enero de 2002;

c) la prenda con registro fue constituida al sólo efecto de garantizar la obligación asumida, por lo que encuentra su causa eficiente en el contrato de compraventa en pesos; d) el pacto en dólares contenido en el contrato de prenda carece de la causa fuente que le otorgue fuerza vinculante y así validez, por lo que el mismo se hace plenamente anulable o al menos inoponible al deudor; e) el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor, cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que sea menos gravosa; y f) por apartarse de tales elementales normas de interpretación peticiona se revoque la sentencia acogiendo el pedido de cancelación de prenda. - 2. La lectura del escrito de demanda permite señalar que el actor sostuvo que la moneda pactada fue pesos "argentinos" y que así surge de la factura y recibos acompañados, por lo que no le alcanza a la operación realizada la normativa de emergencia (acápite II, fs. 148 vta. y fs. 149 y vta., último y primer párrafo, respectivamente). De tal modo, las manifestaciones vertidas por el apelante importan una reiteración de la postura asumida en su escrito de inicio y ello incumple con la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. por lo que no hay agravio que atender.

Y desde ya que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos).

Es que, con tal reiteración el apelante elude hacerse cargo de los fundamentos brindados por el juzgador (autonomía de la voluntad y teoría de los actos propios) para desechar el planteo formulado por esa parte, y al no rebatir el razonamiento seguido por el "a-quo", que resultó determinante para la dilucidación de la cuestión, la queja se presenta ausente de crítica concreta y razonada. - Al respecto, el Sr. Juez de la anterior instancia precisó que: El argumento de la actora de que la obligación prendaria es accesoria (conf. art. 523 del C. Civil), lo cual es cierto dado que es contraída para asegurar el cumplimiento de la compraventa (conf. art. 524 del C. Civil), no es óbice para que se pacte la financiación del saldo de precio en dólares estadounidenses en virtud del principio de autonomía de voluntad (conf. art. 1197 del C. Civil), por lo que debería aplicarse al actor la teoría de los actos propios. El principio de autonomía de la voluntad gobierna la vida contractual y faculta para obligarse o dejar de hacerlo, acepta que los efectos sean los requeridos por las partes, postula el respeto a la palabra empeñada como si se tratara de la ley (conf. Santos Cifuentes, Director, "Código Civil .", La Ley, 2003, T. II, pág. 61). - Y no hay duda alguna que la financiación del saldo de precio garantizado por el contrato de prenda con registro se pactó en moneda extranjera (copia de fs. 6), y esa forma de contraer la obligación está autorizada por ley (arts. 617 y 619 del Código Civil). A su vez, la conducta del deudor al aceptar voluntariamente contraer una obligación en dólares estadounidenses al celebrar el contrato prendario, y posteriormente sostener que la moneda de pago pactada fue en pesos importa una dualidad de criterios que merece su repulsa.

Por ello bien señaló el juzgador que debía aplicarse al actor la teoría de los actos propios. Es que, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum proprium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho.

Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos). Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).

Se patentiza así la insuficiencia técnica en que incurriera el apelante ya que al no intentar rebatir el razonamiento dirimente seguido por el juzgador ello importa consentimiento tácito e inexistencia de agravio. La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). - Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).

Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando reitera argumentos expuestos en la anterior instancia sin desplegar una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309). Y la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99). 3. En consecuencia, propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 268 que fuera concedido a fs. 270, con costas de esta instancia al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), sin regular honorarios a la letrada patrocinante Dra. M. N. E., en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, en los términos del art. 6 de la ley arancelaria y criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. N° 80/93, S.D.C. N° 07/97; sala "A", S.D.L. Nos. 41/98 y 02/99; sala "B", S.D.L. N° 149/99, entre otros pronunciamientos.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA. - A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - I.- Vienen a esta Alzada las presentes actuaciones con motivo del recurso de apelación que a fs. 268 interpone el actor, que fuera concedido a fs. 270, contra la sentencia de grado anterior obrante a fs. 257/264, por la cual rechazó la demanda promovida por cancelación de prenda, que incoara el Sr. M. A., contra A. S.A., e hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo de precio que instaurara la demandada, condenando al accionante a pagar, dentro del plazo de diez días, la suma de $3.032,64, con imposición de costas de la demanda en un 50% a cada una de las partes y las de la reconvención al demandante perdidoso.

A fs. 269, la parte actora apela por altos los honorarios regulados a los profesionales en la instancia precedente.

A fs. 275/277 luce el escrito de expresión de agravios, dándosele a fs. 278 el traslado pertinente que preven las normas del rito, sin que el mismo haya sido contestado por la contraria.

La descripción de los agravios vertidos por el recurrente, ya han sido adecuadamente desarrollados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y a fin de evitar inútiles repeticiones, omitiré su reiteración. II.- Con la finalidad de mantener una mejor claridad expositiva en la consideración de los temas traídos a debate, para el tratamiento de los mismos seguiré el orden secuencial con que fueran abordados en el voto anterior.

II.a) Así, pues, ingresando al análisis de los agravios introducidos por el quejoso, en su libelo impugnaticio el apelante manifiesta que la operación fue celebrada en pesos "argentinos", y que tal afirmación se desprende de la factura y los recibos que oportunamente acompañara, entendiendo que por tal razón la relación contractual interpartes no se halla alcanzada por la normativa de emergencia. - Desde este posicionamiento, he de compartir el criterio sustentado por mi colega preopinante, en el sentido que los argumentos esgrimidos en su queja por el recurrente configuran una repitición de los ya sostenidos en su escrito promocional (Punto II, fs. 149/149 vta.).

Y también resulta cierto, por consistir en una postura uniforme de esta Alzada expresada en numerosos pronunciamientos judiciales, que en tales circunstancias el recurso intentado no reúne los recaudos de admisiblidad suficiente que ameriten su andamiento, en virtud de contravenir las exigencias contempladas por el artículo 265 del código adjetivo. Debe advertirse que el razonamiento dirimente del Sr. Juez a-quo sobre este tema puntual se halla en el Considerando Primero del fallo en crisis ( v. fs. 258 vta.), en el sentido que si bien la obligación prendaria es accesoria de la principal, ello no significa un impedimento para que la financiación del saldo se pacte en dólares estadounidenses, y ello con fundamento en el artículo 1.197 del Código Civil.- Y el juzgador concluye este pensamiento, opinando que debería aplicarse al actor la teoría de los actos propios. - Partiendo de este enfoque, cabe recordar que la citada teoría apunta a que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejercitando una conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.- Así, constituye, en los términos del artículo 16 del Código Civil, un principio general del derecho que los jueces deben aplicar cuando en el caso que se les presenta, se reúnen los elementos estructurales que posibilitan su aplicación.- Su fundamento está centrado en la regla de la buena fe, receptada por el artículo 1.198 del código sustancial, y el impedimento de obrar mediante actos abusivos (art. 1.071 del Código Civil), y tiene por finalidad evitar, no la inconsecuencia o la mera incoherencia en la conducta, sino proteger la seguridad y los derechos de otras personas que hayan depositado su confianza en una determinada situación jurídica ( conf. DJLL, t. XII, p. 1598 y sgts. - Del detenido análisis de las constancias de la causa, se infiere sin lugar a dudas, un comportamiento precisamente contradictorio desplegado por el actor, ya que surge de las mismas que para financiar el saldo de precio de la operación concertada entre las partes, se acordó celebrar un contrato de prenda en dólares estadounidenses. Por ende, resulta del todo incompatible la posición asumida por el apelante sobre esta cuestión, a lo largo del proceso, y que insiste en reiterar en su expresión de agravios, cuando afirma que la operación fue efectuada en pesos, configurando con ello una duplicidad de conductas contrapuestas que no merecen acogimiento jurídico que les confiera eficacia. - Por otro lado, ya sido criterio del suscripto sostenido en otros pronunciamientos de esta misma sala, que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso (idem, De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, t.1, p. 335 y sgts.).

En igual sentido también se ha dicho, que no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones personales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, que autoriza a decretar la deserción del recurso sin otras consideraciones ( conf. CNCiv., Sala F, ED, t. 91, p. 453).

II.b) Por tales razones he de proponer al Acuerdo se declare desierto el recurso de apelación contra el fallo recurrido, por insuficiencia técnica en su expresión de agravios, según las pautas de los artículos 265 y 266 del código ritual.- Asimismo, por el criterio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro motivo para apartarme, las costas de Alzada se han de imponer al apelante vencido, no procediéndose a la regulación de los honorarios de esta instancia de la Dra. M. N. E., ante la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, y conforme los parámetros fijados por la ley arancelaria (art. 6), y jurisprudencia de esta Cámara sobre el particular ( S.D.C. Nro. 07/97, sala A; S.D.L. Nro. 149/99, sala B; y otros).- Concluyo mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: En atención a los términos vertidos al desarrollar la segunda cuestión, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente por devenir cuestión abstracta.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: Conforme el resultado alcanzado en el desarrollo de los agravios precedentes, me eximo de abordar el tratamiento de esta cuestión por haberse tornado abstracta.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: Sostiene la parte actora que los honorarios resultan altos y fundamenta su petición al considerar que la demanda de cancelación de la inscripción de la prenda carece de contenido patrimonial.-- La acción promovida tuvo como fundamento haber cancelado el saldo de precio financiado mediante el contrato de prenda con registro ("Como se acredita con los recibos que se acompañan se abonaron la totalidad de las cuotas pactadas en su debido tiempo.-", fs. 148, párrafo final).

Así, la demanda tiene contenido patrimonial que se asienta en el monto pesificado con más el ajuste del citado convenio que se pretendiera dar por cancelado, pues la obligación de hacer (cancelar la inscripción) tiene como presupuesto el previo cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho contrato prendario. Con tal alcance, se desestima el agravio vertido en ese aspecto. Sin perjuicio de ello, desde que la apelación considera altos los honorarios regulados, atendiendo a la naturaleza del asunto, mérito de la labor profesional cumplida, extensión y calidad de las tareas desplegadas, y resultado obtenido, estimo prudente en función a tales parámetros los emolumentos establecidos en la anterior instancia a favor de los profesionales intervinientes (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 y 61 de la ley 2200), por lo que se confirman los mismos.

Por lo expuesto, a esta cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - Se agravia el apelante por considerar altos los honorarios regulados en la anterior instancia, respaldando su pretensión en que la demanda incoada solicitando la cancelación de la inscripción prendaria carece de contenido patrimonial. En este aspecto, en primer lugar, también he de compartir el criterio sostenido por el Sr. Vocal en el voto que antecede, quien expresa que la demanda sí está dotada de contenido patrimonial, sustentando su argumento en la circunstancia que la acción promovida se basa en el monto pesificado con el aditamento del ajuste convencional pactado, y que se intentara cancelar.

Por tal motivo corresponde desestimar el agravio sobre este tema. - Y en segundo lugar, el quejoso ha considero altos los honorarios regulados a los profesionales por el juzgador de grado anterior.

En el límite del agravio, y tomando como parámetros de valoración las pautas de mérito, calidad y eficacia de las tareas desarrolladas en la instancia precedente, de acuerdo a la directrices de los artículos 6, 7, 8, 9, 39, 47, y 61 de la ley arancelaria, estimo convenientemente regulados los honorarios allí establecidos por la sentencia apelada, por lo que corresponde proceder a su confirmación.

Por tales fundamentos, a esta tercera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA CUARTA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 268 que fuera concedido a fs. 270; b) imponer las costas de Alzada al apelante vencido, sin regular honorarios a la Dra. M. N. E. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas; y c) confirmar los honorarios regulados en la sentencia de la anterior instancia a favor de los profesionales intervinientes. Así lo voto.

A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., To. de la ley 4550), pasándose a dictar:

- S E N T E N C I A: Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; RESUELVE: - DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto a fs. 268 que fuera concedido a fs. 270; - IMPONER las costas de Alzada al apelante vencido, sin regular honorarios a la Dra. M. N. E. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas; CONFIRMAR los honorarios regulados en la sentencia de la anterior instancia a favor de los profesionales intervinientes. - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N º 20 DE 2006 - SDC.- CONSTE.-