Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-03


para mayor claridad se transcribe parcialmente. "...Sin embargo, el Tribunal advierte que se ha ignorado el marco normativo que regula al presente trámite. Ello así, puesto que no se formulan referencias a las leyes aplicables que son el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 y en todo lo que no disponga en especial esta regulación, la ley nro. 24.767 de cooperación internacional en materia penal." "Ahora bien, dicho tratado de extradición no posee disposiciones que instrumentalicen el instituto de la excarcelación, por lo que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2, último párrafo, de la ley mencionada, y la remisión al derecho interno del país requerido para la solución de cuestiones incidentales reglada en el convenio internacional, la regulación normativa del caso sería la prevista en el artículo 26 de la ley 24.767 que establece que, en el trámite de extradición no son aplicables las normas referentes a la eximición de prisión o excarcelación, con excepción de los casos expresamente previsto en esta ley". "Empero, a criterio del Tribunal la norma de modo ostensible contraría claras disposiciones de índole constitucional, como así también viola compromisos asumidos en tratados internacionales". "El control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho. Así la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erróneamente -trasuntado en el principio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución mediante el adecuado e ineludible control de constitucionalidad y de aquellos tratados internacionales que revisten igual jerarquía (artículos 31 y 75, inc. 22, de la Carta Magna), aplicando en el caso de colisión de normas, la de mayor rango y desechando la de inferior". "De las aludidas disposiciones constitucionales se deriva la facultad de los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de examinar las leyes en los casos concretos que se presentan a su decisión comparándolas con el texto y la significación de la constitución para averiguar si guardan conformidad con ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad que por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede estar supeditada al requerimiento de las partes (Conf. C.S.J.N., Fallos: T. 306, p. 303"). "El texto legal referido, se observa a todas luces en oposición con el principio de razonabilidad que exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna y por otra parte establece que la razonabilidad de las leyes depende de su arreglo a los fines que requiere su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta (conf. C. S. J. N. Fallos: p.196. XXIX, rta. El 6.10.94 y C. 278. XXVIII., rta. El 27.12.96 y T.300, p. 642, entre otras)". "No se advierte la razonabilidad de establecer sin sustento alguno, una restricción genérica de garantías sustanciales, máxime si se tiene en cuenta que para la adopción de medidas de extrema gravedad como la que aquí se cuestiona, el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), establece situaciones sumamente restrictivas de autorización para suspender garantías, más aún si se tienen en cuenta las pautas de hemenéutica sentadas en el art. 29 del mismo pacto internacional." "Es que aún si se adhiriese al criterio que considera a los tratados de extradición y a la ley como normas reglamentarias que establecen una excepción a la libertad de entrar en el territorio (conf. C. S. J. N. Fallos: C. 801. XXIV. "Canda, Alejandro Guido s/extradición", rta. El 23.02.95), la norma cuestionada sería de difícil conjugación con lo dispuesto en el art.20 de la Constitución Nacional, y más todavía si se repara en que el sujeto requerido es ciudadano argentino". "Manuel Gómez se encuentra actualmente detenido por delitos que permiten su excarcelación en la República Argentina, por lo que en las circunstancias de este caso mantenerlo en detención durante el trámite extraditorio para asegurar su comparencia resulta palmariamente desproporcionado e innecesario, desde que existen otros mecanismos para garantizar tal objetivo". "No debe pasarse al olvido que todo lo relacionado con la libertad de las personas merece una consideración y un resguardo especial, cuando su privación, así sea en principio provisional, puede significar un claro quebrantamiento de garantías enfáticamente proclamadas por la Constitución, tal como ha sido reconocido por la Corte en numerosos precedentes la raigambre constitucional del instituto de la excarcelación (C. S. J. N. Fallos: T. 301, p. 664; T. 303, p. 321; T. 306, p. 282; T. 306, p.1462; T .307, p. 1132; T. 308, p. 1631; T. 310, p. 1835; entre muchos otros)". "De otra parte, la jurisprudencia de los órganos instituídos en el ámbito internacional con competencia para la aplicación e interpretación de los instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos, debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales. Ese fue el criterio sostenido por la C. S. J. N. En fallos: N. 1 XXXI. "Nardelli", rta. el 5/11/96." "En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Gangaram Panday (1994), que el criterio de que nadie puede ser sometido a una detención preventiva arbitraria (Convención americana sobre Derechos Humanos, art. 7, incisos 2 y 3, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, apartado 1), no se satisface con que la detención cumpla con las leyes nacionales, sino que también tiene que cumplir con el criterio internacional en punto a que no sea arbitraria. Agregando que "este criterio prohíbe detenciones por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales por ser, entre otras cosas, irrazonable, imprevisibles, o faltas de proporcionalidad." (Citados por Cassel, Douglas, "El Derecho internacional de los derechos humanos y la detención preventiva", en Revista I. I. D. H., ps. 41 y ss., vol. 21 año 1995)". "El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su parte ha resuelto que la detención preventiva tiene que ser no solamente razonable, sino también necesaria en todas sus circunstancias (ver casos Van Alphen (1990), párrafo 5.8 y Mukong (1994), párrafo 9.8)". "Argumentos basados en la necesidad de la cooperación internacional no logran dar un marco de razonabilidad a la señalada norma en cuestión, ya que como se señaló, existen numerosas opciones y vías para garantizar el objetivo que se pretende distintas del arresto". "El art. 9, inc.3ro, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina que la detención no debe ser la regla general, sino la excepción, disposición claramente contraria y de superior jerarquía normativa al cuestionado art. 26 de la ley 24.767". "Por otra parte, no puede soslayarse que la disposición señalada vulnera elementales normas de igualdad ante la ley consagrada en el art. 16 de la Constitución Nacional". "Al respecto Fierro, luego se sostener que el art. 26, in fine, de la ley 24.737, establece un criterio extremado e innecesariamente restringido en materia de libertad provisoria, señala con claridad que "...ocurre que en virtud de un hecho totalmente ajeno al perjudicado, si se tratara de una extradición pedida por una nación con la cual no existe tratado de extradición vigente, se aplicaría la ley 24.767 con los resultados negativos cuestionados, y si se tratare de un pedido de extradición fundado en los tratados celebrados por la Argentina con Australia o con España que admiten la concesión de la libertad provisional, la situación podría ser diferente. También el estraditurus se encontraría en desventaja con cualquier individuo al cual se le atribuyera la comisión en nuestro país de un hecho similar excarcelable al que se le imputa al requerido." (Conf. Fierro, Guillermo, La ley penal y el derecho internacional, ps. 839/840, Ed. TEA, Buenos Aires, 1997)".