Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-05


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 5 días del mes de mayo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "B, J A c/ W I. DE A. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones)", Expte. No. 15.584/06, venidos del Juzgado de Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 2970/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 708), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 664/671 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que llegan los presentes autos en revisión en razón de haber sido desestimada la demanda con expresa imposición de costas (fs. 664/671 vta.), por impulso de la accionante a fs. 672, incluyendo la regulación de honorarios, siendo concedido el recurso a fs. 673 a tenor de la presentación de fs. 674/683 vta., siendo contestado a fs. 684/703 vta.

Considera, la apelante, que el razonamiento efectuado por la sentenciante viola el principio de congruencia por apartamiento de las circunstancias comprobadas de la causa.

Que si bien parte de datos fehacientemente corroborados, en cuanto a las sucesivas prestaciones de tareas, su extinción y extensión, equivoca el sometimiento de la relación al régimen legal correcto.

Que si bien no ha sido materia de controversia que la relación se reinició al amparo de la ley 25.013, de los escritos iniciales surge de manera evidente que las partes se sometieron voluntariamente al régimen de la ley 20744 con las modificaciones introducidas por la ley 24.013, que resultaba más beneficiosa al trabajador, en especial en cuanto al cálculo de la base indemnizatoria por antigüedad.

Y en consecuencia debió estarse, ante el planteo de inconstitucionalidad inicial, a las pautas dadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso "Vizzoti..." y sus precedentes. Funda lo dicho y reformula su liquidación.

Por su parte la demandada sostiene la inteligencia del fallo y su conclusión denegatoria.

Que la a quo, luego de analizar las presentaciones iniciales, ha calificado la relación sustancial de la litis, de conformidad con las facultades que le otorga el principio iura novit curia, más allá de lo invocado por los interesados. Y la subsunción legal efectuada no merece reproche alguno.

Subsidiariamente recuerda, a partir de fs. 687vta., p. B), nº 21 y ss. las limitaciones que se señalan en el fallo en cuanto al deber moral de acata-miento de los fallos de la CSJN.

Además, que no puede perderse de vista que de autos surge que el reclamo pretendido se formula respecto de una deuda liquidada sin reservas, por lo que mal puede incidir cualquier interpretación normativa posterior. Funda extensamente su postura defensiva, subsidiariamente formula reserva del caso federal y sostiene a fs. 701/703 vta. la regulación de honorarios practicados en el fallo impugnado formulando igualmente la reserva del caso.

El mínimo resquicio de incongruencia se advierte respecto de la primera cuestión que debió afrontar la a quo, esto es la temporalidad, extinción y extensión de las sucesivas relaciones laborales para con la demandada -original u continuadora- y correcta interpretación en cuanto a la extensión del beneficio que en tales casos corresponde por aplicación del art. 18 LCT (ver citas en Digesto Práctico La ley dirigido por Vázquez Vialard, Ed. LL 2003, t. I, nos. 1681 y ss.).

No ha pasado desapercibida para la sentenciante la circunstancia de haberse formulado la liquidación final que consta a fs. 595 sin reserva alguna por parte del actor y con motivo de su despido por voluntad patronal a partir del 01/07/2003 -depósito bancario del 08/06/2003, tal como obra a fs. 98- y que recién se intime con fecha 29/10/2004, por las supuestas diferencias adeudadas aprovechando la interpretación dada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzoti..." de fecha -omitida por la accionante- 14/09/2004 (texto completo en elDial AA2400) al declararse la inconstitucionalidad parcial de la ley 24013 que regía en el caso.

Esto es, de resultar acer-tado que el régimen legal es el invocado, se debe aplicar retroactivamente el criterio jurisprudencial seña-lado, lo cual resulta absolutamente inadmisible.

Cuando se habla de la coincidencia de la voluntad de las partes en cuanto al régimen laboral que debía respetarse, la accionante olvida la coincidencia de voluntad libremente expresada a la hora de la liquidación final al terminar la relación, lo que torna tam-bién procedente y en contra de las aspiraciones actua-les del actor las directivas éticas emanadas de la doctrina de los actos propios.

Pero al margen de la falta de legitimación activa por lo expuesto precedentemente, si el período de duración por reingreso se produjo entre el 01/02/2000 al 01/07/2003 y la reforma por imperio de la ley 25.013 rigió desde el 03/10/98 al 28/03/2004, no existe razón alguna y menos presunción implícita que pueda emanar de los dichos de la demandada que autoricen a prescindir de tal normativa y de tal modo resulte admisible el planteo de inconstitucionalidad de una norma inexistente al momento de la relación, intentado en la demanda. Tampoco, en tal oportunidad se informó al tribunal respecto el acuerdo que se sostiene con especial énfasis en el informe actual. Tampoco ha prosperado el reclamo por integración en base a un dato no probado, pero ha sido consentido en esta instancia.

La mera alegación sin fundamento alguno respecto de la violación a las pautas dadas por la ley 2200 y 4335 respecto de la regulación de honorarios practicados en la causa, pese a la meritación adecuada y ajustada a tales directivas conforme los valores en juego, autorizan también a convalidar la conclusión decisoria en tal sentido y así lo propongo al acuerdo.

Las costas en la alzada pesan sobre la apelante y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo, momento en el que se tendrán en cuenta las pautas que emergen de la normativa arancelaria antes indicada. Se tiene en cuenta la reserva del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1. Rechazar la apelación articulada por la accionante y, en consecuencia, se mantiene firme la sentencia de fs. 664/671 vta. en cuanto fue motivo de agravios.

2. Costas de la alzada a cargo de la apelante, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo de conformidad con los consideran-dos pertinentes.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 664/671 vta., por la que se rechaza la demanda interpuesta por la parte actora J A B contra la parte demandada W I de A S.A., impone las costas al actor vencido y regula los honorarios profesionales.

Se notifican las partes a fs. 671 vta. y apela la parte actora a fs. 672. El recurso se concede a fs. 673.

El memorial de esta parte, J A B, señala los antecedentes de la causa, en la que peticionaba se declare la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art.245 LCT. y se condene a la parte demandada a abonar la suma de $67.320, confrontando la indemnización recibida de $11.022, con una antigüedad de 69 meses, cuando recibía un salario mensual de $10.02l. Cita la jurisprudencia de la CSJN que opusiera.

En los agravios, critica al fallo y la tesis que aplica, en cuanto entiende que no le resulta aplicable la Ley 24.013, con la reforma introducida al art.245 LCT.

Admite entonces que si bien la relación laboral se inició con la vigencia de la ley 25.013, las partes se sometieron a la ley 20.744, con las modificaciones introducidas por ley 24.013, más beneficiosa para el trabajador y ambas leyes, la 24.013 resulta más favorable al trabajador, igualmente resultan pasibles de la misma impugnación en cuanto a su inconstitucionalidad.

Señala derechos interpretativos favorables al trabajador respecto a la legislación más beneficiosa y cita jurisprudencia; que la demandada reconoce expresamente al actor le resultaba aplicable el régimen indemnizatorio previsto en la norma citada pero sostiene a su respecto la jurisprudencia que se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del tope indemnizatorio.

Que la primera defensa de esta parte fue sostener que la extinción se había producido el último día de junio de 2003 y no el 3 de julio como sostiene la demanda, pero con lo que una vez más vuelve a reconocer el régimen jurídico aplicable. Argumenta sobre el impedimento de la demandada de alzarse contra el régimen jurídico que reconoció, en el que asimismo juega el principio de la doctrina de los actos propios.

Opone que se viola el principio interpretativo del art.9 LCT., analiza el punto y cita fallos de jurisprudencia conexos. Estima que se dan las pautas para tratar la inconstitucionalidad a partir de la controversia judicial planteada y destaca la desproporción de la indemnización, frente a la retribución mensual y habitual que recibía.

Argumenta la actora que hasta el precedente "Vizzotti", la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado los planteos de inconstitucionalidad, caso de los autos "Villareal c/ Roemmers", pero ya anticipaba que la descalificación no procedía en tanto no se demuestre que la remuneración fijada configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, pero con el caso "Vizzotti", la corte señaló los términos y proporciones ello es, que una reducción superior a un 33% de la mejor remuneración normal y habitual resulte equitativa.

Rechaza por otra parte la apelante que resulte impedimento el caso de jurisprudencia posterior y afirma que frente a la remuneración normal y habitual de $10.021 y una indemnización de $11.022, se verifica la hipótesis del fallo del Alto Tribunal.

Reitera en consecuencia la agraviada los extremos de la liquidación practicada al demandar, que arroja la suma de $67.320,82, agraviándose en cuanto a la indemnización otorgada por la empleadora, que la redujo en un 71,54%, de acuerdo a la doctrina y pautas de la Corte. Peticiona en definitiva la revocatoria del fallo y reserva el caso federal.

La parte demandada W I de A S.A., presenta memorial de sostén de la sentencia a fs. 684/700 vta.

Destaca las fundamentaciones de la sentencia y la aplicación del principio iuria novit curia en su máxima expresión. Entiende que la sentencia efectúa un prolijo repaso y análisis de los elementos probatorios, que hubo una primera vinculación contractual entre el 1/2/96 hasta el 1/6/98, que tiene en cuenta para la antigüedad.

Destaca asimismo del fallo que éste considera aplicable la Ley 25.013 y con respecto al pago de la integración del mes de despido, por el art.6, que no corresponde viabilizar su procedencia; que siendo de aplicación la indemnización por antigüedad el art.7 Ley 25.013, no es aplicable la jurisprudencia de CSJN. en el caso "Vizzotti" y tampoco la sanción prevista en el art.2 Ley 25.323; que la Sra. Juez ha establecido el régimen legal aplicable y a ello manda el principio "iure novit curia", prescindiendo incluso de las posturas de las partes; que debe comprenderse que si la acción se fundamentó en la pretendida inconstitucionalidad del art.245 LCT. según Ley 24.013 y esta ley no rige la cuestión, se concluye que lo resuelto en autos resulta ajustado a derecho.

En planteo subsidiario destaca con su transcripción, la parte del fallo que establece el deber moral de acatar los pronunciamientos de la CSJN., pero asimismo se debe analizar la inconstitucionalidad en cada caso concreto y que debe juzgarse conforme a la legislación y jurisprudencia existente a la época del hecho cuestionado, dada la finalidad de consagrar la seguridad jurídica.

Argumenta en torno al efecto cancelatorio del pago de la indemnización, el derecho adquirido y la irretroactividad con que debe observarse el caso "Vizzotti". Esclarece en numerales lo que pagó, considerando la antigüedad y jurisprudencia local y provincial que aplicó en forma pertinente el art.245 LCT, descartando la inconstitucionalidad de la norma.

Alude a los fallos que establecen el principio de defensa en juicio, manteniendo el sistema jurídico vigente al finiquito de la relación laboral y que el deber moral de acatar los fallos del Máximo Tribunal de la Nación no es deber legal y que el caso "Vizzotti" no es inmediatamente trasladable para un caso que quedó dirimido a más de un año antes de dicha jurisprudencia. Desarrolla la temática en torno a lo que constituye la mejor remuneración normal y habitual, expone sobre todas las retribuciones del último año recibidas por la parte actora y con lo que sostiene que la elección del monto salarial de $10.021, desnaturaliza la aplicación del art.245 LCT.

Sostiene la desestimación de la multa del art.2 de la Ley 25.323, desarrollando la cuestión a fs. 698/699, para afirmar después que una eventual condena solo puede aplicar los intereses desde la interposición de la demanda. Ratifica la reserva del caso federal.

A fs. 701/703 vta., la parte demandada contesta los agravios de la contraparte.

El primer tramo de los agravios de la parte actora J A B, se refiere al régimen legal laboral con que se conduce el fallo para resolver, la aplicación de la ley 25.013, en vez de la Ley 20744 con las reformas introducidas por la Ley 24.013.

La revisión del escrito de interposición de la demanda a fs. 190/195, revela que toda la fundamentación en ley de esta parte, sobre el cuestionamiento del art. 245 LCT, tuvo como referente la Ley de Empleo Nº 24.013. Por su parte, W I A S.A., contesta, sin perjuicio de la postura contraria a la reclamación, con cita de la misma normativa.

Así, niega que en el caso concreto de autos el art. 245 LCT sea inconstitucional y que el tope indemnizatorio previsto por la Ley 24.013, importe un perjuicio real, cierto y confiscatorio (Nos. 5 y 6 de fs. 451 vta.), ello es, no se opuso ni controvirtió la aplicación del art. 245 LCT, en ver-sión de la Ley 24.013 citada.

Inexplicablemente entonces, el fallo co-honesta una liquidación practicada por la empleadora con los parámetros del art. 245 LCT, según texto de la Ley 24.013, pero luego, para denegar el rubro integra-ción del mes de despido, aplica la Ley 25.013 - interpretación errónea como también se verá - desestimando la condición más beneficiosa de aquél régimen, consentido por la empleadora.

Es que incluso la defensa de la demandada, para rechazar este rubro, en modo alguno tuvo en mira la Ley 25.013, sino la argumentación que la remisión de la comunicación el día 1 de julio de 2003, importaba la cesación del contrato de trabajo el día 30 de junio de 2003.

Con todo, ahora en la Alzada la parte demandada estima el concepto jurisdiccional de la Sra. Juez como comprensivo del principio iuria novit curia en su máxima expresión, cuando en realidad con tal criterio cercena la sentenciante el principio de "mayor beneficio" propio del derecho del trabajo. La inderogabilidad de las normas laborales admiten precisamente la excepción, cuando se compatibilizan condiciones más favorables por las partes, "...el orden público laboral es una barrera que impide la derogación en perjuicio, pero no en beneficio del trabajador" (Conf. "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", de Ernesto Krotoschin, Vol. I, pág. 17, Ed. Depalma año 1978).

Llama la atención en todo caso, como pudo suponer la Sra. Juez sentenciante que con la Ley 25.013 en su art.6, se hubiera suprimido un concepto tan notorio como el de "integración de la indemnización con los salarios del mes de despido".

Es claro, no era así, en el artículo anterior (art. 5 Ley 25.013), explicitaba la normativa sus alcances: "Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que no sean modificadas por este capítulo". La reserva legal de los institutos laborales -aplicación de todas las previsiones legales dice el art. 5- no pudo pasar desapercibida.

Es claro en consecuencia que la integración de los salarios del mes de despido no pudo quedar excluida, aún con la ley 25.013 y por su propia técnica, remitiendo a la Ley 20.744, art. 233 y mandando que cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes, hasta el último día del mes en que se produjera el despido.

El fallo rechaza entre fs. 667 vta./669, la cesación de la relación laboral en fecha 30/6/2003, a propósito que la comunicación de despido no se produce en dicha fecha, sino el 1 de julio de 2003 y que la impone a partir de esta fecha, agregando que no surge fecha posterior de recepción del distracto sin justa causa, destacando que la propia demandada así lo reconoció, como resulta de sus constancias laborales, al abonar un día de trabajo a $334.

La parte demandada remarca las conclusiones del fallo en torno a la primera relación laboral vinculante entre las partes, puntos 5. y 6. (fs. 684 vta./685), pero no se refiere específicamente al concepto de la sentencia sobre la fecha del despido. Solo se refiere a la segunda relación de trabajo en el punto 7. (fs.685), sin mención de fechas y cita en cursiva la parte del art.5º de la Ley 25.013 -de los alcances se-ñalados- pero solo para confirmar en lo que innova el fallo, que es aplicable dicha Ley 25.013. Prospera en consecuencia la reclamación de la actora y debe revocarse el fallo cuando deniega el rubro del art.233 LCT. que importa la suma de $9.686 ($334 x 29 días = $9.686) y condenarse el pago respectivo.

El fallo, que en extensa consideración cree aplicable la teoría de los actos propios a fs. 668/668 vta., fortaleciendo la fundamentación -aunque erróneamente- para considerar cesada la relación laboral el 1/7/2003, al tratar la segunda parte de la demanda, la inconstitucionalidad alegada, no conjuga el mismo criterio en función de la aplicación de la Ley 24.013, que consentía la empleadora.

La incorporación de la Ley 25.013, fue nuevamente con el concepto erróneo de considerar, que con esta normativa no resultaba factible el examen constitucional. Si el principio "iuria cura novit" faculta a los jueces a decir el derecho con independencia de lo enunciado por las partes, no puede serlo en perjuicio del derecho de defensa de la actora dependiente en la relación de trabajo (art.18 C.N.). Resuelve así en cuanto a las diferencias del rubro indemnización por antigüedad, con el sencillo expediente que por alegar la actora en función del art. 245 LCT. en la versión de la Ley 24.013 y con fundamento en la aplicación del caso "Vizzotti", que por apli-cación de la Ley 25.013, "...carece de relevancia entrar a considerar el planteo efectuado a sus efectos, debiendo en consecuencia desestimarse las diferencias reclamadas..." (fs. 670 últ. párr./fs. 671), con aplicación del art. 7 de la Ley 25.013.

En función del principio latino, la par-te pone los hechos y el juez el derecho, debía entonces considerar si el facto planteado por la actora con los contrastes alegados y con protesta por lesión al dere-cho de propiedad, podían verificarse los agravios cons-titucionales.

El art. 7 cit., preveía un módulo indem-nizatorio por antigüedad equivalente a "una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, aún más desfavorable, con lo que asimismo llamaba a la evaluación comparativa.

Es que, asimismo, sobre esta normativa se pronunciaron los Tribunales: "Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 7º de la Ley 25.013 (DT, 1998-B-1888), en cuanto establece el tope de base a fin de calcular la indemnización reclamada, pues al aplicarse el referido tope el trabajador vería reducida su indemnización, prácticamente, un 70,22% en atención a la diferencia existente entre la mejor remuneración mensual, normal y habitual y el tope máximo por año aplicada por la demandada para abonar la indemnización por antigüedad, en detrimento del derecho de propiedad y de la protección contra el despido arbitrario, debiendo aplicarse la base salarial que surge del fallo de la CSJN" (C.Nac.Trab., Sala X, 2005/02/16 - A M, A c. S S.A., en DT.2005-B-1105).

Lo que surge del fallo de la CSJN referente de la sentencia de dicha Cámara del Trabajo, Sala X, hace alusión al dictado por el Alto Tribunal de la Nación en los autos "Vizzotti, Carlos A c.Amsa S.A. s/ despido", de fecha 14/9/04. Ello es, la doctrina del caso "Vizzotti" en función del art. 245 LCT. (Ley 24.013), para resolver con su doctrina respecto al art.7º de la Ley 25.013.

El sostenimiento de la sentencia por la parte demandada con la base conclusiva del fallo -como cuando transcribe los fundamentos de la sentenciante a fs. 685 vta, punto 9, o punto punto 12 de fs. 686- carece entonces de virtualidad, porque aún la defensa interpuesta por la actora en la concepción del fallo con la ley 25.013, admitía el debido examen de la cuestión constitucional, desde que si el Juez dice el derecho, en los hechos la accionante planteaba la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios.

Pero la demandada, como se ha establecido, no introdujo controversia alguna respecto al régimen de la Ley 24.013 invocado por la actora, sosteniendo en cambio el debido ajuste a las indemnizaciones para resolver el despido del actor.

El examen de la cuestión, tiene los parámetros retributivos sin discordancias, la actora J A B recibía un salario mensual en los meses de abril y mayo de 2003, de $10.021. Aporta por otra parte la demandada en la tabla de fs. 462, que entre los meses de setiembre 2002 a marzo de 2003, la actora recibía una retribución de $8.019.

El punto trae en principio, la controversia sobre qué debe entenderse como la mejor retribución mensual, normal y habitual, ya que la parte actora adopta dentro de estos conceptos la suma de $10.021, en tanto la parte demandada W I de A S.A., sostiene que es la retribución repetida durante nueve de los diez meses anteriores ($8.019), en tanto existe una marcada diferencia con la de $10.021, la que no puede considerarse habitual. Opone que además, es la propia actora la que no tiene en claro el salario, ya que en las cartas documentos intimatorias consignaba un monto de salarial de $9.686.

Sobre el particular esta Sala se ha pronunciado en los autos: "E, J A c/ M R S.R.L. s/ demanda laboral (diferencias salariales)", Expte.Nº 12.880 año 2002, explicando el devenir de la jurisprudencia a partir de fallo de la Sala B, a partir del plenario "B, R c/ Lotería Nacional S.E." y en sentencia del Excmo. S.T.J., autos: "C, A c/ C SA. s/ laboral", Expte. Nº 15890-C-1997".

Que en consecuencia, debía estarse a la remuneración de mayor cuantía y que la mejor remuneración normal y habitual del art. 245 LCT, hace referencia a un salario calificado por su normalidad y habitualidad, que no corresponde a circunstancias especiales y se repite regularmente, independiente de su monto.

Con tales elementos, corresponde confirmar como referente el monto salarial de $10.021, de mayor monto, cuya diferencia con la preconizada por la parte demandada, no estriba en conceptos extraordinarios o aislados, sino por un aumento del salario básico mensual.

Con seguimiento en la demanda del fallo "Vizzotti" e interpretación que la indemnización no puede importar la referencia a un módulo en suma inferior al 67% del monto salarial, las determinaciones porcentuales efectuadas por la actora de fs. 193 vta. -en sí mismas no controvertidas- demuestran que el monto salarial considerado por la demandada fue en un 71,54% menos al monto salarial y solo representó el 28,46% del porcentual preservado con la doctrina de la CSJN Con ella, la base salarial a considerar debía ser de $6.714, este monto multiplicado por 6, los años de antigüedad, resulta un monto de $40.284,42 y más el art.16 de la Ley 25.561, el total de $80.568,84.

La demandada señala a fs. 453, que el cálculo para la indemnización por antigüedad resultó de $1.837 x 6, que arrojó un monto de $11.022 y su dupli-cación, $22.044.

La base salarial que debió considerarse, $6.714 y la utilizada de $1.837, conforme con el segundo párrafo del art.245 Ley 24.013, revela la enorme distorsión y disminución de la retribución mensual que recibía la parte actora de $ 10.021.

En principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, venía de establecer en el caso: "Villarreal, Adolfo c. Roemmers s/ cobro de pesos", por sentencia del 10/12/97, que no resultaba irrazonable el módulo indemnizatorio del art. 245 LCT, si bien con referencia a la originaria redacción de la norma, que correspondía al legislador asegurar la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.), en la que no se inmiscuía el Poder Judicial.

Dejó no obstante un juicio indicativo de valor como caso inconstitucional, que el carácter de absurdo o arbitrario del monto salarial utilizado pudiera traducirse en la "pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio".

Los fallos en general, con base en la expresión precedente, resolvieron los casos de inconstitucionalidad por su negativa, en tanto la Corte no había fijado pautas más concretas. Pero en los autos caratulados: "Vizzotti, Carlos A c/ Amsa S.A. s/ despido", fecha 14/9/2004, definió que "...no resulta justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir `la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año`...pueda verse reducida en un más de un 33% por imperio del segundo y tercer párrafos".

Agrega que en cuanto a la remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable, recuerda a la jurisprudencia del Con tal directiva evaluatoria del Máximo Tribunal, es manifiesto que la reducción salarial del dependiente J A B, que de $10.021 se reduce como módulo salarial a la suma de $1.837, es rayano en las pautas descalificantes del mismo Tribunal, cuyos porcentuales de disminución exceden con creces los límites señalados, con lo que la limitación del monto total retributivo, no puede resultar inferior a la suma de $6.714, como lo ha sostenido la nombrada.

Por la defensa de su parte, la demandada sostiene que se ajustó a la normativa legal vigente, sus actos cumplieron efecto cancelatorio y por la existencia de derecho adquirido a la liberación.

La defensa precedente y afirmaciones de la demandada W I A S.A., tiene de inicio un concepto disvalioso, pese a sostener que se ajustó al derecho vigente, por cuanto la conducta patronal por despido lo fue sin justa causa. Es decir, no argumentó ninguna razón que configurara injuria y que por su gravedad, no consintiera la prosecución de la relación laboral (art. 242 LCT).

Precisamente el despido incausado se lo califica como "arbitrario", entendido como acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal" (Conf. Ley General del Contrato de Trabajo de la Repú-blica Argentina - Nº 20.744 con las modif. introducidas por la Ley 21.297, según Dec.390/76, de Pedro F. Prado, pág. 357, Ed. Abeledo Perrot, año 1976). Tampoco puede en consecuencia sostenerse conformidad alguna del dependiente, ajena a las exigencias de la materia para tenerla por conformidad válidamente expresada (arts. 12, 15 y concords. Ley 20.744 y ref.).

Invoca por otra parte la demandada el tiempo transcurrido, un año, dos meses y días pasados de la liquidación final, pero el punto no empece el ejercicio de los derechos laborales, precisamente porque declara la irrenunciabilidad de tales derechos aún de la extinción de la convención (art.12 cit.). Existen en consecuencia posibles derechos pendientes hasta que se cumpla el plazo prescriptorio.

Aboga la demandada por la estabilidad de la relación creada a partir del despido arbitrario, invocando derechos de raigambre constitucional, pero sin advertir que lo justo y esperable por el dependiente B, era el mantenimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado en ausencia de justa causa de rescisión (art.91 LCT.).

Se acuerda el respeto que merecen las relaciones jurídicas creadas por las partes en tiempo anterior, la propia CSJN proclama la seguridad como uno de los más altos valores de nuestro ordenamiento, pero es la misma la que declara la inconstitucionalidad de una norma antecedente, con lo que es claro que la estabilidad de las relaciones jurídicas precedentes deben ir acompañadas del valor justicia. La "...seguridad es un bien cuando es puesta al servicio de la individualidad... de donde sería errado calificar como seguridad la mera estabilidad resultante de la ilegitimidad" (Conf. "La inseguridad jurídica", Atilio Aníbal Alterini, págs.46/49, Ed. Abeledo Perrot, año 1993).

La otra arista de la defensa de la parte demandada, en cuanto se ajustó al derecho vigente y a la jurisprudencia anterior de la propia Corte, tiene la respuesta del propio Alto Tribunal.

El derecho vigente es el existente al momento de resolver y así lo declaró la Corte en los autos "Di Tullio, Nilda", con fecha 17/12/96, cuando debió considerar un decreto dictado con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, "pues sus sentencias deben atender a la si-tuación existente al momento de decidir" (Causa cit. en J.A. 1997-II-333).

El punto responde paralelamente a la alegación de la parte demandada cuando distingue respecto al acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el deber moral del deber legal y no siendo este último, no es trasladable el caso "Vizzotti" al orden local, que así se ha expedido por otra parte el Excmo. Superior Tribunal de Justicia.

Es claro que el acatamiento a la jurisprudencia del Máximo Tribunal local, con vista en las mismas circunstancias jurídicas y jurisprudencia citada, importaría la preeminencia pretendida en caso de resultar contraria al caso "Vizzotti", entendido asimismo el solo deber moral de su seguimiento. Pero la oponente no cita ningún caso particularizado de igual continente de lo debatido en el presente, que importara una contradicción a su jurisprudencia.

Es suficiente en consecuencia el deber moral, que no es traslación automática desde que el fallo de la Corte es para ese caso particular, pero que ajustados los jueces inferiores a otro juicio de términos iguales, no puede negarse el deber de conformar las decisiones a sus postulados, "por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte tiene autoridad definitiva para la justicia de la Repú-blica (Fallos 312:2007)" (Conf. Cám. Nac. del Trabajo, Sala I, 2003/04/16 - M, R y otros c/ Banco B - D.T.2003-B-1221).

No se desconoce que han de privar los conceptos de prudencia, "última ratio" y las prevenciones de la propia Corte: "La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional" (C.Sup.8/2/94 - L Spaciuk v. Dirección Provincial de Vialidad - Rep. J.A. 1998, pág. 332, nº 168) y la declaración opera cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta (Cort.Sup., caso "L Spaciuk v. Dirección Provincial de Vialidad", fecha 8/2/84 y caso "Saldaña, Juan R. y otros", fecha 5/3/96, en Rep. J.A. 1998, pág. 332 nº 168 y pág. 333 nº 171).

Pero considerados los reparos, frente al inequitativo monto de la base salarial para determinar la indemnización por despido sin causa del actor J A B, quedó violentada la sustancia del cálculo. Si bien no se descarta el carácter tarifado, debía reconocer la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución contractual, en función del salario real.

Ello, por la premisa del primer párrafo del art. 145 LCT. y la supremacía constitucional de los arts. 14, 14 bis. y 17, "sobre pautas reales", como lo adoctrina la CSJN en el caso "Vizzotti".

La CSJN. sienta jurisprudencia en cuanto a un máximo de limitación posible, no más de un 33%, para no caer la reducción de la base salarial y su resultado indemnizatorio en la confiscatoriedad, en el presente juicio verificada con creces.

Se alega asimismo en cuanto se sostiene la sentencia, en función de los derechos adquiridos y citan principios de jurisprudencia; reglas claras de juego; las relaciones jurídicas concluidas bajo el imperio de una determinada jurisprudencia se rigen por ella aunque esta cambie e irretroactividad de la jurisprudencia plenaria.

La alegación sobre las reglas de juego resulta improcedente, ya se ha señalado la ausencia de soporte cuando se pretende la estabilidad de las relaciones creadas a partir de un acto injusto. Subyacían los extremos aún previstos en la jurisprudencia anterior de la CSJN., "la pulverización del real contenido del crédito indemnizatorio", aunque aún no se encontraban establecidos parámetros jurisprudenciales por la más alta autoridad jurídica del país.

Conforme con el art.12 LCT., no puede en consecuencia sostenerse que se habían finiquitado todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, porque los derechos indemnizatorios no se encontraban correctamente liquidados, adviértase incluso, la indemnización correspondiente por integración de los salarios del mes de despido.

Se aplica en consecuencia la jurisprudencia a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, siguiendo la jurisprudencia del Alto Tribunal ya señalada (caso "Di Tullio), lo que excluye la hipótesis de retroactividad, es aplicación de derecho vigente a la hora de resolver.

A propósito de oposiciones y similares defensas esgrimidas en materia laboral, la jurisprudencia especializada como la de la Cám. Nac. del Trabajo de la Capital expresó: "No existe derecho adquirido a un determinado sistema legal de cálculo de indemnizaciones o retribuciones, en tanto las modificaciones que se producen no importen alteraciones irrazonables de los derechos, siendo solo posible su descalificación con base constitucional cuando la aplicación de la norma -en el caso, art.39 de la Ley 24.557 de riesgos del trabajo- configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar (C.Nac.Trabajo, Sala III, 2003/11/12 - D, A E. c. N P S.A., en D.T.2004-A-864).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta y revocar la sentencia venida en la medida del recurso.

Demandó la parte actora por aplicación del art. 245 LCT., con los alcances del caso "Vizzotti", el art. 16 Ley 25.561 e integración mes de despido, la suma $67.320,82 y las determinaciones se ajustan a derecho conforme las cuestiones debatidas.

Asimismo peticionó la aplicación del art. 2 de la Ley 25.323, cuya aplicación negó la demandada (fs.452, punto 13) y que explicita a fs. 463 vta., en parte fundada en cuestiones que en concepto del presente voto no prosperan, pero relevando en todo caso la previsión normativa de causas que justifiquen la conducta del empleador, facultando a los jueces a la reducción y hasta la exención de su pago.

De suyo, por su implicancia, la sentencia de primera instancia rechazó asimismo la aplicación del art. 16 citado.

Advertido que la medida del recurso de la actora y petición del memorial de fs. 674/683 vta., no mantiene la pretensión respecto al art. 16 de la Ley 25.323, queda firme la negativa de primera instancia y en tanto se reclama la condena por la suma total de $67.320,82 (fs. 682), que no incluye el rubro.

La accionante peticionó los intereses a la tasa activa de las operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina, conforme al derecho vigente, sin otros aditamentos, en tanto la parte demandada se opuso subsidiariamente, sosteniendo que en su caso solo correspondían a partir de la demanda.

Las circunstancias del caso le otorgan parcial razón a la oposición, respecto a la intimación cartular del débito laboral resultante de la inconstitucionalidad invocada, surge que la fecha del apoderamiento de fs.4/5, resultó posterior a la intimación practicada por C.D. en 29/10/2004 (fs.93, doc. reserv. de origen Nº 2636/2004).

En consecuencia, los intereses deben correr a partir de la interposición de la demanda, 22/11/2004 (fs. 195 vta.). No opera el mismo criterio respecto al monto de $9.686, indemnización correspondiente a días faltantes del mes de despido. Los intereses en la materia derivada de la vinculación contractual corren desde que son debidos, en el caso, fecha de la rescisión en 1 de julio 2003.

Por todo lo expuesto, corresponde revocar la sentencia en todas sus partes, con salvedad del rubro art.16 Ley 25.323, cuya negativa ha quedado firme en la sentencia apelada.

En consecuencia, si bien la demanda no prospera en su totalidad, no corresponde el fraccionamiento de las costas, tanto por la naturaleza laboral del juicio, por su naturaleza indemnizatoria y no constituir la pretensión de inconstitucionalidad, dado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - cuestión novedosa (art.68 CPCCCh).

Conforme con el art.279 CPCCCh, deben readecuarse las costas y regular los honorarios de los profesionales actuantes. Rige la Ley de Aranceles 2200 y ref.Ley 4335, arts. 6, 7, 9, y concords. y se considera el mérito de los trabajos profesionales, la calidad y eficacia de los trabajos, la celeridad del juicio, la trascendencia jurídica, moral y económica para las partes, el resultado obtenido y la probabilidad de la efectiva satisfacción de pretensión reclamada en el juicio por el vencido.

Propongo para los apoderados de la parte actora, Dres. N B. L de E, J.F L G y G A. B, honorarios conjuntos en la suma de $15.000; asimismo los honorarios conjuntos de los Dres. I F A, F F A, y M A F A, en la suma de $12.000.

En la Alzada, por la razones señaladas para la primera instancia, las costas corresponden por igual a la parte demandada. Asimismo, considerando las valoraciones precedentes y lo previsto en el art.14 de la normativa de Aranceles, propongo los honorarios conjuntos de los Dres. N B. L de E, J. F L G y G A. B, en la suma de $5.000 y los correspondientes al Dr. I F A, en la suma de $4.000.

Se tendrá presente la reserva del caso federal interpuesta por las partes.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora J A B, fundado a fs. 674/683 vta., contra la sentencia de fs. 664/671 vta. y revocar la sentencia de fs. 664/671 vta., con los alcances de los puntos siguientes.

2) Conforme al punto anterior, hacer lugar a la demanda interpuesta por la parte actora J A B, contra la parte demandada W I AS.A., de acuerdo con los siguientes incisos:

Declarar la inconstitucionalidad del primero y segundo párrafo del art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo - Reforma Ley 24.013. b) Condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora en el plazo de diez días, la suma de sesenta y siete mil trescientos veinte pesos con 82 centavos ($ 67.320,82), con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos de documentos a treinta días, sin capitalizar, sobre la suma de pesos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro con 12 centavos ($57.634,12), a partir del 22/11/2004 y sobre la suma de pesos nueve mil seiscientos ochenta y seis ($9.686), a partir del 1/7/2003.

3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, proponiendo los honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

4) Tener presente las reservas del caso federal interpuestas por la parte actora a fs. 674/683 vta. y por la parte demandada a fs. 684/700 vta.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. Los antecedentes de la causa, la reseña del fallo dictado, de los agravios de la actora y del memorial de sostén presentado por la demandada, ya han sido puntualmente referenciados por mi colega preopinante y a tal exposición me remito. 2. Las cuestiones sometidas a revisión, pueden ser agrupadas del modo siguiente: determinación del régimen jurídico aplicable a la extinción de la relación contractual, procedencia de la integración del mes de despido e inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tal orden, abordaré su tratamiento, adelantando que he de coincidir con la solución propuesta por el segundo votante y señalando que poco es lo que puedo agregar a la exposición del Dr. Nahuelanca. En definitiva, mis apreciaciones acuden al cumplimiento de la manda contenida en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut sobre el voto individual y fundado. 2.a. La ley 24.013 y su aplicación al caso concreto.

Los alcances de la pretensión de la parte actora y la defensa de la demandada determinan la aplicación de las previsiones de la ley 24.013 al caso de autos.

Ello así desde, que en el escrito de inicio, la parte expresamente encuadró normativamente su pretensión en la norma citada. Luego, al contestar la demanda, la contraparte no sólo no se opuso a la regulación del contrato de trabajo en tal marco jurídico sino que lo consintió en forma expresa, tal como puntualmente ya se ha señalado, esto es en el punto 6 de la negativa de los hechos -fs. 451 vta.-.

En este contexto fácil es colegir que se ha vulnerado el principio de congruencia.

Se ha señalado que éste se dirige "a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico" (Aragoneses citado por Sagües en Recurso extraordinario, T2, 4º edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As. 2002, p. 219).

De lo expuesto resulta que los escritos de demanda y su contestación fijan el objeto litigioso ya que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el "thema decidendum".

El órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que es pedido por aquéllas no debiendo, al fallar, apartarse de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición de la demandada que constituyen límites infranqueables a los cuales deberá atenerse so pena de incurrir en violación del principio de congruencia y con ello afectar la garantía constitucional de defensa en juicio (cf. Cámara 2ª en lo Civil y Comercial de Córdoba - 12/12/2002 elDial - AA189B, entre otros). No empece lo expuesto, la invocación por parte del apelante de la aplicación por parte de la juez de grado del principio iura curia novit en su máxima expresión. Ello así porque en materia laboral, la voluntad de las partes es fuente de regulación del contrato.

Y, evidentemente en el caso que nos ocupa, las partes entendieron que el contrato se encontraba regulado por la ley 24.013. Tal conclusión encuentra sustento no solo en la conducta asumida por éstas en el proceso y que ya ha sido analizada, sino también en la conducta inmediatamente posterior a la extinción del contrato.

En efecto, la liquidación final efectuada por la empresa tiene sustento en la normativa de la ley citada. Se trata sin dudas de un extremo relevante demostrativo de la realidad del contrato que goza de primacía ya que impide soslayar la verdadera naturaleza de la relación habida entre las partes. Por lo demás si alguna duda pudiere quedar respecto de la aplicación de las previsiones de la ley referenciada, la solución que se propone es la que debe ser adoptada por aplicación del principio de la regla de la norma más favorable que tiene consagración positiva expresa (art. 9 de la LCT).

2.b. La integración del mes de despido.

La extinción del vínculo laboral se produjo el día 1º de julio de 2003, tal como resulta de la comunicación cursada al trabajador -fs. 189-, de la liquidación final abonada a éste, primer rubro "sueldo proporcional" -fs.98- y lo ha fijado la juez de grado en su sentencia.

En función de ello y teniendo presente que para todos aquellos trabajadores no comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 25.013, la omisión del preaviso acarrea como consecuencia el pago de la indemnización sustitutiva más la integración del mes del despido cuando este no coincidiera con el último día del mes, debe hacerse lugar al reclamo por este rubro.

El monto debido ha de fijarse en una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el ultimo día del mes en que el despido se produjera (art. 233 LCT). En el caso tal suma asciende pesos nueve mil seiscientos ochenta y seis ($334 x 29 días). 2.c. La inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios del artículo 245 de la LCT.

El notable déficit de la sentencia respecto al debido control de constitucionalidad de los topes indemnizatorios -aun pregonando la indebida aplicación de la ley 25.013-, sin dudas genera gravamen irreparable que debe ser subsanado en esta instancia.

La parte actora introdujo expresamente al debate la irrazonabilidad de la reglamentación legal de derecho a la llamada inestabilidad impropia, constitucionalmente reconocida. Argumentó que del simple cotejo del salario mensual del trabajador con el monto de la liquidación final se concluye que ha existido vulneración a la protección contra el despido arbitrario consagrada como garantía por la Constitución Nacional.

Omitir el tratamiento de esta cuestión constitucional y esencial de la litis bajo el argumento de la carencia de relevancia jurídica porque la actora invocó la aplicación de la ley 24.013 y en realidad correspondía el encuadre jurídico de la relación en el marco de la ley 25.013, constituye una omisión intolerable por arbitrariedad.

La cuestión constitucional introducida por la parte -protección contra el despido arbitrario- no sólo no perdía vigencia por la aplicación del régimen normativo en el cual se pretendía encuadrar el contrato; por el contrario se potenciaba porque la base de cálculo que tal régimen presupone -no utilizada en el caso- conducía a una indemnización aun menor.

Por lo demás, el análisis constitucional de las normas es ineludible porque la Constitución es su fundamento y no su vértice. Los motivos reseñados imponen el análisis, en el caso concreto, de la inconstitucionalidad planteada.

En este orden de ideas, señalo que en el caso concreto, la indemnización por antigüedad abonada al trabajador al momento de extinción de la relación laboral, tomando como base para su cálculo un salario reducido en aproximadamente un 80% respecto al realmente percibido arroja un resultado que torna irrisoria la cobertura indemnizatoria para el trabajador despedido sin causa y por lo tanto desnaturaliza la protección contra el despido arbitrario consagrada por normas preeminentes de nuestro ordenamiento.

Por lo tanto corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La solución que se propone encuentra sustento en las claras directivas emanadas de nuestro máximo tribunal en el caso "Vizzotti" que declaró la inconstitucionalidad del límite normativo de tres salarios impuesto a la tarifa indemnizatoria cuando el resultado es irrazonable respecto al salario devengado. Repárese que estamos ante un trabajador con seis años de antigüedad y con una remuneración mensual, normal y habitual -aspecto sobre el cual he de detenerme más adelante- de $10.021. En consecuencia, la indemnización por antigüedad abonada por aplicación del "tope" -$11.022-, es groseramente insuficiente y violatoria del principio de protección contra el despido arbitrario. Es que, el valor promedio de las remuneraciones concertadas -$1.837- no guarda una razonable proporción con la remuneración percibida por el trabajador demandante ya referenciada y torna, tal como ya he dicho inoperante la garantía mencionada.

Por lo tanto, debe acogerse el agravio y calcular el monto indemnizatorio procedente.

A tal efecto, corresponde precisar como premisa previa cuál ha sido la mejor remuneración, mensual y habitual.

Respecto de este concepto, señalo que el Superior Tribunal de nuestra provincia, en autos "G, A c/ C SA s/ laboral", Expte Nº15890-C-1997), desentrañando la real significación de tal expresión sostuvo que: "el art.245 del citado plexo normativo, hace referencia a un salario calificado por su normalidad y habitualidad y respecto de ello puede afirmarse que una remuneración es normal si se percibe mensualmente y es habitual cuando no corresponde a circunstancias especiales y se repite regularmente (Conf. López, Centeno - Fernández Madrid, "Ley de Trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna Tº II, pág. 999); y en este mismo orden de ideas se ha decidido que "lo que fundamentalmente interesa para la definición legal es la persistencia de conceptos remuneratorios en la retribución mensualmente considerada y no en su monto" (C.A.T., Sala V, 31-5-77, TSS, 1977-513, cit. Gustavo Raúl Meilij, "Contrato de Trabajo", Ed. Depalma, año 1981, pág. 500).

De conformidad a tales lineamientos corresponde fijar la mejor remuneración normal y habitual en la suma de $10.021.

Sentado ello, el cálculo deberá efectuarse en la forma propuesta por la actora. Esto es tomando como base salarial la suma de $6.714, conforme la autolimitación de la actora en base a las pautas sentadas en Vizzoti, arrojando por lo tanto este rubro un resultado de $40.284,42.

2.c. La soluciones dadas a la cuestiones ya dilucidadas determinan la procedencia de la diferencia reclamada en función de la indemnización prevista por el artículo 16 de la ley 25.661.

En consecuencia, la sumatoria de los rubros reseñados y el descuento de las sumas ya percibidas en la liquidación final determinan la procedencia del reclamo por la suma de pesos sesenta y siete mil trescientos veinte con ochenta y dos centavos.

2. d. En orden al argumento del demandado respecto al efecto cancelatorio del pago, corresponde señalar que la clara previsión del artículo 260 de la ley de contrato demuestra su improcedencia.

Lo absolutamente relevante en la cuestión es que la demanda fue promovida antes del vencimiento del plazo de la prescripción, tal como lo ha señalado el Dr. Nahuelanca.

El nuevo precedente de la Corte Suprema ya citado ("Vizzoti") no es determinante a los fines de juzgar este aspecto de la cuestión -efecto cancelatorio del pago-, la pauta legal que emana del artículo citado es la que rige el caso ante la ausencia de otros supuesto que obligarían a extremar el análisis, verbigracia la hipótesis de un acuerdo homologatorio.

La pretensión de truncar el debate de la cuestión bajo el argumento de la aplicación retroactiva de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es improcedente desde todos los puntos de vista. A todo evento, repárese que el análisis acerca de "la pulverización del real contenido del crédito indemnizatorio" siempre tuvo recepción jurisprudencial, aun antes del caso "Vizzoti" (conf. CSJN, 10/12/1997, en autos "Villarreal, Adolfo c. Roemmers S.A. s/ cobro de pesos"). Y, huelga destacarlo tal es el quid de la cuestión debatida en los presentes.

2.e. Intereses.

Al monto de la condena corresponde adicionar los intereses que deben ser calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. En relación a la fecha a partir de la cual corresponde su cómputo, entiendo que la solución propuesta por el Dr. Nahuelanca (desde el distracto en el caso de la suma debida en concepto de integración del mes de despido y desde la promoción de la demanda para los rubros restantes) si bien excepcional, resulta procedente en función de las circunstancias del caso ya puestas de relieve en el voto que antecede.

2.f. Costas y honorarios.

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Los honorarios de ambas instancias han de ser fijados en base a las pautas generales fijadas por el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de las escalas específicas de dicho régimen arancelario.

Tal base normativa en función del monto por el cual prospera la demanda, determinan mi adhesión a la cuantificación propuesta por mi colega preopinante.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por lo expuesto, adhiero a la fórmula decisoria propuesta por el Dr. Nahuelanca.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia del Dr. Julio Antonio Alexandre, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora J A B, fundado a fs. 674/683 vta., contra la sentencia de fs. 664/671 vta. y revocar la sentencia de fs. 664/671 vta., con los alcances de los puntos siguientes.

2) Conforme al punto anterior, hacer lugar a la demanda interpuesta por la parte actora J A B, contra la parte demandada W I A S.A., de acuerdo con los siguientes incisos: a) Declarar la inconstitucionalidad del primero y segundo párrafo del art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo - Reforma Ley 24.013. b) Condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora en el plazo de diez días, la suma de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($67.320,82), con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos de documentos a treinta días, sin capitalizar, sobre la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO con DOCE CENTAVOS ($57.634,12) a partir del 22/11/2004, y sobre la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($9.686), a partir del 1/7/2003.

3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia para los apoderados de la parte actora, Dres. N B. L de E, J.F L G y G A. B, honorarios conjuntos, en la suma de QUINCE MIL PESOS ($15.000) y los conjuntos de los Dres. I F A, F F A, y M A F A, en la suma de DOCE MIL PESOS ($12.000).

En la Alzada se regulan los honorarios conjuntos de los Dres. N B. L de E, J. F L G y G A. B, en la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000) y los correspondientes al Dr. I F A, en la suma de CUATRO MIL PESOS ($4.000).

4) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte actora a fs. 674/683 vta. y por la parte demandada a fs. 684/700 vta.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 23 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS