Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10


En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que a fs. 12/14 el Jorge Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto interinamente en funciones en la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 6, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fojas 9vta./10vta., por la que no se convalidó el secuestro efectuado en autos a fs. 3, en razón de considerar la Magistrada a quo que el comportamiento endilgado al Sr. Héctor BLANCO no constituye una contravención.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso 2. En el caso sub examine la resolución recurrida (fs. 9vta./10vta.) fue notificada al Sr. Fiscal el día 31 de mayo del corriente, según se desprende de fojas 11. El recurso de reposición con apelación en subsidio fue interpuesto el día 5 de junio del corriente, es decir dentro del tercer día de notificado, por lo tanto el recurso de apelación fue interpuesto por quien está legitimado subjetivamente y en forma temporánea.

En efecto, "in re" "Corjuera, María s/ Infr. art. 83 CC- s/apelación, causa Nº 5428-00-CC/2006", este Tribunal sentó su criterio respecto a los plazos para interponer el recurso de apelación, considerando que la temporaneidad de este recurso, en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. -tres días- (art. 6º y 55 de la ley 12), que expresamente estipula que la apelación se interpondrá "...salvo disposición en contrario, dentro del término de tres (3) días...". Esta norma general es perfectamente armonizable con el art. 50 de la L.P.C., que en la especie sería la excepción.

No resulta ocioso mencionar que interpuesta la reposición con apelación en subsidio, ambos recursos gozan de autonomía conceptual y normativa, y aún cuando no sea procedente la revocatoria, nada obsta a la concesión del recurso de apelación.

Así lo ha entendido la jurisprudencia "Cuando la resolución objeto del recurso de reposición, reúne las condiciones establecidas por los arts. 242 y sgts. del C.P.C.C., el juez debe conceder el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. El hecho de no resultar procedente el recurso de revocatoria no obsta a tal conclusión, porque se trata de dos recursos independientes y la suerte de uno no afecta la del interpuesto subsidiariamente" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, Peón, Armando y otro c/Peón, Manuel y otro, rta. 05/11/1986, LA LEY, 1987-C,424, (37,630-S).

Segunda cuestión: De los agravios 3. El Ministerio Público Fiscal, se agravia de que la Sra. Juez de grado no convalidó la medida cautelar de secuestro, "fundándose en el argumento central que se trataría de elementos subsumibles en los conceptos de bagatela, propios de la actividad de mera subsistencia, de manera que el hecho no configuraría una contravención".

El Sr. Fiscal de grado sostiene que estaríamos ante un caso de prejuzgamiento atento la carencia de elementos probatorios para sustentar la decisión adoptada y que la restitución de las cosas imposibilita el asegurar la posibilidad de comiso de los instrumentos que han servido para cometer el hecho (art. 35 C.C.).

4. De los fundamentos de la resolución en crisis se desprende que la a quo ha adelantado opinión provisoria sobre la cuestión de fondo lo que compromete su imparcialidad para seguir entendiendo en la presente, al afirmar que "...de un examen cuidadoso y prudencial del hecho y desde un punto de vista estrictamente jurídico, puede sostenerse que la conducta endilgada al encausado no configura una contravención...no se puede visualizar que la conducta endilgada a Blanco pueda subsumirse en el tipo contravencional previsto por el art. 83 de la ley 1472 y en principio, en ninguna otra figura".

5. El juez de garantías al convalidar o no una medida cautelar, debe hacerlo desde el punto de vista jurídico y no probatorio, ya que resulta prematuro en esta etapa del proceso efectuar una declaración de atipicidad toda vez que no puede descartarse que la conducta endilgada sea relevante desde un punto de vista jurídico penal, y esto en última instancia dependerá del accionar del Ministerio Público Fiscal, titular de la acusación.

En igual sentido, el Casás en la causa "Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo: "Es que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancia que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviesen obligados a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión anticipada - a favor de cualquiera de las partes - sobre la cuestión sometida a su jurisdicción" (causa E.193 XXII, "Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos v. Provincia de Río Negro s/solicitud de medidas cautelares, sentencia del 24/07/1991, pronunciamiento que no se encuentra publicado en la colección oficial de fallos).

6. En el sub examine se ha efectuado una prematura desincriminación de la conducta endilgada al Sr. BLANCO. Nótese que la definición de la mercancía incautada como "de bagatela" que efectúa la Sra. Juez a quo no ha estado precedida mínimamente de un informe respecto de su valor. El diccionario de la Real Academia Española define al término bagatela como "cosa de poca sustancia y valor", de allí la necesidad de la previa determinación de esta cualidad respecto de los efectos incautados.

Tampoco es posible aseverar sin hesitación que se trata de una venta de mera subsistencia, ante la ausencia de v.g. un informe socioambiental del imputado, o de cualquier otro elemento probatorio contundente que permita sostener tal extremo desincriminatorio del tipo contravencional en análisis.

7. Finalmente, respecto del apartamiento de la jueza de la causa por haber sentado opinión, solicitado por el Ministerio Público Fiscal en ambas instancias, asiste razón al planteo ya que la Magistrada se expidió categóricamente sobre la inexistencia de contravención en términos del art. 83 párrafo 3º del Código Contravencional.

Si bien el órgano jurisdiccional debe mantener siempre su principal función garantizadora de los derechos fundamentales y del orden constitucional, ello no significa que le esté vedado realizar un control negativo de los requisitos de razonabilidad y legalidad propios del acto, en tanto los razonamientos del órgano requirente constituyan una derivación lógica del derecho vigente, no alcanzando dicho control negativo la mera discrepancia de criterios, caso en el que la opinión del Ministerio Público Fiscal debe resultar vinculante (C. N. Crim. y Correc. de la Capital Federal - Sala I - C. 22230 - "Carro, Gastón Ezequiel s/ consulta analógica" -rta. 18/11/2003).

Sin embargo, si el juicio emitido no ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado -v.g. medida cautelar-, habiéndose adelantado opinión prematuramente, ello permite concluir respecto del concreto destino de la causa, es evidente que se ha afectado la necesaria equidistancia del juzgador respecto de las partes.

La causa de prejuzgamiento se refiere al aporte subjetivo del magistrado, que ha de consistir en emitir opinión o juicio que haga entrever la decisión final que ha de tener la causa, formulado intempestivamente (Cfr. Morello -Passi Lanza- Sosa- Berizonce, Códigos Procesales V.II, pág. 129). (confr. Expte. Nº 64 - "Roda Felipe Abel c/ Superior Tribunal de Justicia y Pcia. de Fsa .(Inc. rec. con causa Ariel Gustavo Coll)) y su acumulado Inc. Rec. con causa Carlos Gerardo González)" - STJ de Formosa - 07/03/2002 publicado en http://www.eldial.com AAED7). De allí entonces que corresponde ordenar el apartamiento del Magistrado interviniente.

8. Por lo precedentemente expuesto y en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I. REVOCAR el decisorio recurrido obrante a fs. 9vta./10vta., en cuanto fuera materia de recurso.

II. APARTAR a la Sra. Jueza de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 3, Carla Cavaliere, debiendo remitirse la presente a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y Faltas que deberá continuar interviniendo en la presente causa.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 3, a fin de que efectúe las notificaciones restantes.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 3.