marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, seguro de desempleo, resolución administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE JESU, MARIA TERESA Y OTROS c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Las disposiciones de la ley 24.463, y por ende de su art. 21, no son aplicables a los casos en que no se impugna una resolución administrativa en los términos del art. 15 de la ley de marras, sino que se pretende que la A.N.Se.S. dé cumplimiento a lo ordenado en una sentencia judicial (en el caso, concesión de la prestación por desempleo). En consecuencia, corresponde imponer las costas a la vencida (cfr. art. 68 del C.P.C.C.)
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Bobadilla, Desiderio c/ Hijos  de  Alejandro  Fridman  S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-26

En los casos de enfermedad-accidente debe considerarse como fecha del siniestro la exteriorización del mismo, por lo que corresponde que responda la aseguradora cuya póliza tenía vigencia en ese momento.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FACINO, DE SADONIO, MARIA ANTONIA c/ DIRECCION GENERAL DE BIOQUIMICA Y FARMACIA -INSPECCION DE FARMACIA 1  CIRCUNSC.-SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 401 AÑO  2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

La Constitución Nacional, al reconocer a toda persona el derecho a "interponer acción expedita y rápida de amparo", lo hace con relación a actos u omisiones que "en forma actual o inminente" lesionen, restrinjan, alteren o amenacen "con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta", derechos y garantías consagrados por ella, por un tratado o por una ley, reproduciendo un requisito -el destacado en cursiva- cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla. La calificación de 'manifiesta' implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria.
Prueba testimonial, ratificación de testigos, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: Lazagabaster, Juan Pedro; Lazagabaster,Lázaro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

La mera circunstancia de que usualmente sea con motivo del llamado del testigo en plenario que se descubre su muerte o ausencia no debe inducir a incorporar al régimen del art. 243 (núm. ant.) del C.P.P., como si allí estuviera implícita, la exigencia de solicitar y gestionar -por la parte disconforme para unos o por la conforme para otros- la ratificación. La norma no pudo guardar silencio sobre el que así sería uno de sus elementos esenciales.
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: LLANOS HORACIO OSCAR s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. CORONEL CARLOS ALBERTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-07-31

La violencia moral como circunstancia subjetiva que autoriza la separación de los magistrados que estimen encontrarse afectados por tal vicio respecto de alguna de las partes por existir motivos graves de decoro y delicadeza que imponen la obligación de apartarse del entendimiento en el conflicto, encuentra fundamento en el escrúpulo siempre respetable de los magistrados y funcionarios frente a circunstancias que puedan dar paso a dudas sobre la sinceridad o imparcialidad de sus actuaciones.
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

El desplazamiento de competencia que establece el art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuestiones vinculadas con accidentes y enfermedades derivadas del trabajo, a favor de organismos administrativos no locales, a la Justicia Federal y su posterior conocimiento -en grado de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, es un avance indebido del gobierno federal en la autonomía local. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, cuestión de derecho público local, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Tosco, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo (admisibilidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-03-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo deducido pues, conforme surge del marco normativo vigente a la fecha de esta resolución, el régimen disciplinario de los Fiscales en el supuesto de faltas graves (artículo 20, Ley 13807) atribuye facultades a la Asamblea Legislativa y esas decisiones son susceptibles de ser revisadas por la Ley 7055 (argumento analógico, a simili ad simile al previsto a las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ley 7050); y habiéndose declarado, por mayoría, la constitucionalidad del sistema de responsabilidad disciplinaria del Ministerio Público de la Acusación, la pretensión del recurrente ya ha merecido respuesta jurisdiccional suficiente y se erige, por ende, como un intento de reeditar en esta sede una materia que ostenta autoridad de cosa juzgada en el ámbito del derecho público provincial. - CITAS: CSJStaFe: Spelta, AyS T 308, p 193/268. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 7050, 7055 y 13807, artículo 20. - Jurisprudencia concordante con Ledesma, AyS T 324, p 332/333, sumario J0051074 y Spelta, T 324, p 334/335, sumario J0051073.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, presupuesto nacional, facultades discrecionales, decretos, declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

El régimen del decreto 679/88 prescinde de la facultad de los jueces de fijar un plazo razonable para el cumplimiento de las sentencias y de la obligación consagrada en la Ley de Contabilidad y otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad absolutamente discrecional de decidir cuando un crédito -reconocido por sentencia firme- será incluido en el presupuesto, sea el próximo o ya fueren los "próximos", e, inclusive, la de determinar si el pago se efectuará en entregas parciales anuales. Esto significa institucionalizar la mora del Estado en su deuda interna dejando de ser un moroso ocasional para convertirse en un moroso sistemático, nada tiene que ver con los plazos razonables establecidos por los jueces, a quienes compete como función propia precisar los términos de cumplimiento de sus decisiones.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, Impuesto de sellos, coparticipación federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Verónica SACIAFEI c/ Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos AGIP s/ otras demandas contra autoridad administrativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

El principio de instrumentación o instrumentalidad rige el aspecto material u objetivo del hecho imponible del impuesto de sellos por expresa indicación de la ley de coparticipación, circunstancia que determina que se trate de un impuesto formal, jurídico y objetivo. Sin instrumento conforme la definición precedente, no nace la obligación de pago. Como consecuencia de ello, el CF de la Ciudad, en sus distintos textos ordenados incorporó el concepto de instrumento en los mismos términos que la ley n° 23.548. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, frutos
Materia: CIVIL
Carátula: Aburto, Teresa c/ Estelrrig de Urrutibehety, Augusta y otra. s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-05

No siendo los frutos los que generaron el daño, esto es que los frutos no son la cosa generadora de la responsabilidad, mal puede extenderse la pretensión resarcitoria sobre quien no tiene la propiedad ni la guarda jurídica (tampoco la material) sobre la cosa.

Ello, dado que resulta indispensable que el sujeto tenga una relación jurídica con la cosa.
Instrucción, prevención, apertura de la instrucción, facultades de la DGA, requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALONSO MARTINEZ, JUAN CARLOS; SANTANGELO, MABEL s/ Av. de Contrabando, incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

Mediando actividad de prevención no resulta necesario el requerimiento fiscal para dar origen a la instrucción. En consecuencia, en el caso, se ajusta a derecho el inicio de la instrucción que tuvo lugar con las diligencias que realizara la División Sumarios de Prevención de la Dirección de Control Aduanero, y que se encuentran incorporadas a las actuaciones principales.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Altamirano, Mirta Margarita Agüero de c/ Dirección de Educación General y Ministerio de Educación s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-14

La aparición de dos leyes que atribuyen competencia a la Corte de Justicia en materia de amparo resulta un despropósito legislativo.

En efecto, la llamada ley de emergencia económica establece que toda acción judicial emergente de ella debe considerarse contencioso administrativa -se sobrentiende que amparos también- dando competencia originaria a la Corte únicamente para la aplicación de una ley, y presuponiendo que siempre que se plantee un cuestionamiento a la aplicación de dicha ley debe necesariamente ser materia contencioso administrativa- lo que no es así-, sin advertirse que de esta forma se amplía la competencia originaria de esta Corte, toda vez que no puede extendérsela más allá de lo que la propia Constitución establece.

La segunda ley -modificatoria de la ley de amparo- también yerra, porque atribuye competencia originaria a esta Corte, para todos los casos en que se cuestione un decreto del PEP o una ley, sin advertir que la materia contencioso administrativa tratable por vía de amparo puede surgir no tan sólo de leyes o decretos, sino de resoluciones administrativas en el desarrollo de la gestión, tanto del Poder Legislativo cuando administra, cuanto de los municipios etc.

De este modo se restringe la amplitud de la competencia contencioso administrativa de la Corte, fijada constitucionalmente, cuando el amparo resulte de dicha materia.

En conclusión, estas dos leyes nada aportan en materia de amparo respecto de la competencia originaria de esta Corte cuando el contenido es materia contencioso administrativa, va de suyo entonces que en este tipo de acciones la Corte será competente no porque la ley lo diga, sino porque así lo determina la Constitución provincial -art. 204-, toda vez que la competencia de los Altos tribunales surge de las constituciones y no se puede por vía legislativa modificarla, aumentándola o restringiéndola por tener, precisamente, raigambre constitucional.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, precio, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUIS DILLER c/ ASORTE  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-21

El fabricante podría incurrir en exceso y abuso, fijando un precio de lista elevado y así, perjudicar a los adherentes "atados" a tal ajuste, empero, tal conducta si bien podría generar un abuso o una iniquidad, para llegar a declarar su existencia, debe encontrarse debidamente demostrado. A tal fin, el único modo de lograr la convicción necesaria será mediante el cuestionamiento intrínseco del sistema elegido para la determinación del precio, con ponderación de los distintos factores que coadyuvan a su fijación.

Debió demostrarse que existió un despojo inadmisible en favor del fabricante y en desmedro del adherente, pero para ello era menester acreditar que el precio de lista no se correspondía con el valor de la unidad. La existencia o no de desfasajes entre el precio de la unidad y los índices de precios al consumidor, constituirán tan sólo un mero marco o punto de referencia, mas nunca se convertirá en parámetro adecuado para la medición que se intenta, ya que ellos sólo logran la adecuación numérica de los valores cuando de deudas dinerarias se trata.
Demanda contra Estado extranjero, Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, inmunidad de jurisdicción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HEINZE, Juan Carlos c/ REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE s/ DEMANDA    CONTRA   ESTADO  EXTRANJERO.  REPRESENTACION  DIPLOMATICA.  COMPETENCIA DEL PODER  EJECUTIVO  Y  DEL  PODER  JUDICIAL. DERECHO DE PETICIONAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Aún aceptando como hipótesis que el principio general de la inmunidad que regula el art. 24 del decreto ley 1285/58 está pensado para una situación de buenas relaciones diplomáticas, entiende el Tribunal que la exégesis de la norma citada no se debe agotar en el solo análisis de dicha valoración pues el párrafo tercero, incorporado por el decreto ley 9015/63, dispone: "Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición, por decreto debidamente fundado. En este caso, el estado extranjero, con respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda sometido a la jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará también a los mismos aspectos, El Poder Ejecutivo declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando el país extranjero modificase sus normas al efecto".-
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Plinio, Cristante c/ Asat, Jaian s/ Posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

Para la procedencia de la usucapión resulta imprescindible que mediante concreción de idónea y convincente prueba compuesta (art. 24 ley 14.159) llegue el órgano jurisdiccional a la convicción de que en el caso ha mediado posesión, por lo que la prueba acreditativa no puede sustentarse sólo en la testimonial (art. 24 ley 14.159) y su análisis ha de ser equilibrante criterioso. Y si bien es cierto que la prueba no testimonial no tiene que cubrir necesariamente los 20 años, debe ser acreditativa de los actos posesorios al menos por un lapso que librado al prudente arbitrio de los jueces lleve al magistrado a esa reiterada íntima convicción de que se ha exteriorizado a través de la adecuada prueba compuesta la existencia de una posesión con las características legales durante buena parte del período, adunando fuerza de convicción a los dichos de los testigos.-
Pensiones, separación de hecho, apreciación de la prueba, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALBERTI IRMA ELBA c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-14

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994, vigente a partir del 1° de agosto de 2015 contempla valores consustanciados con una sociedad más tolerante y pluralista. Amplía derechos desde la perspectiva de los derechos humanos y prevalece la autonomía personal. Tiene en cuenta la libertad como eje central del sistema de derechos en el proyecto de vida autorreferencial en las relaciones familiares. En este contexto es importante señalar que, en la separación de hecho de los cónyuges, el derecho a alimentos surge del vínculo matrimonial que no se ha disuelto; precisamente, esta subsistencia del nexo entre ambos, juega a favor del cónyuge supérstite tanto en el ámbito previsional como en el civil. (Disidencia de la Dra. Piñiero).
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ VARELA, FELISA PENDICA DE Y VARELA Y PENDICA, RUBEN ALEJANDRO s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. Nº. 739 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

En la ley expropiatoria santafesina la actividad que se desarrolla ante el Poder Judicial está prevista como un procedimiento contradictorio de fijación del monto indemnizatorio en los casos en que haya divergencia, procedimiento en el cual la determinación de una indemnización constitucional y legalmente justa está a cargo del juez o tribunal luego de producida la prueba pertinente.
Acción de amparo, medicina prepaga, tratamiento médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Consolazione Veiga Ana María c/ CEMIC s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Por falta de mejoría de la actora con el tratamiento habitual se le indicó la medicación que motiva el litigio con muy buen resultado, ya que se logró una remisión casi total de su enfermedad. Por ello -continuó la experta- resulta aconsejable no introducir cambios, ya que al discontinuarlo suele rebrotar la enfermedad autoimnume. En consonancia con ello, el informe de la Sociedad Argentina de Reumatología señaló que la falta de suministro de la medicación provoca "un progresivo deterioro de su calidad de vida a través de los diferentes grados de discapacidad que pudiera ocasionar". Sobre estas bases, juzgo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado, con costas a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota.
Remuneración, remuneraciones accesorias, horas extra, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ BARBARITA ELENA c/ SUCESION SIXTO PAPOTTI s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-12-30

El reclamo en horas extras obliga a quien lo alega a rendir una prueba exhaustiva y fehacientemente acreditada del hecho y capaz de llevar al ánimo del juzgador absoluta convicción del derecho que le asiste al accionante.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, obligación de seguridad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Fernando c/ Roll S.R.L. y/o Soul Train s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

En una confitería bailable el local, el mobiliario, recepcionistas, personal de atención, mozos, barman, "disc jockey", personal de seguridad, bebidas, comestibles y demás elementos materiales, no son mas que el perfil estático de la empresa, en tanto organización de capital, bienes y trabajo destinada a brindar el servicio de confitería bailable, discoteca o sala de baile. Pero la actividad dinámica de la empresa, el servicio pleno y total que ella misma presta y "vende", necesita e incorpora como coprotagonistas inconscientes de ese mismo servicio a quienes lo reciben: los centenares de jóvenes que masiva y tumultuosamente por los noches (generalmente de los fines de semanas o previas a un día feriado) compran su entrada para ingresar al local y disfrutar en él de la "movida" que ellos mismos, masivamente, contribuyen a generar, conjuntamente con los riesgos que se desprenden de ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos de los pueblos indígenas, consulta popular, Constitución Nacional, acción declarativa de inconstitucionalidad, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-27

Las acciones declarativas de inconstitucionalidad deben responder a un caso o controversia en los términos de los arts. 116 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27, y tal carácter se encuentra ausente cuando sólo se persigue la declaración de inconstitucionalidad de la convocatoria al electorado a expresar su voluntad en comicios, de cuyo resultado eventualmente podría surgir una vulneración de los derechos constitucionales de un sector -pueblos aborígenes- de por sí vulnerable (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Cuenta corriente bancaria, pago por error
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Pedri, Mirta Irene s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

La función que cumplió el Banco fue la de mero intermediario respecto de la operación cambiaria, prestándole un servicio a su cliente, pero no por ello debe asumir las obligaciones del Banco girado. La agilidad propia de los títulos de crédito y de las operaciones bancarias implican necesariamente la obligación por parte de las instituciones que intervienen en ellas de facilitar y contribuir a esa agilización en las negociaciones. El desarrollo de esta actividad puede acarrear consecuencias indeseables - como puede ser la incurrencia de un error en la acreditación de fondos - que no pueden ser consideradas el resultado de un obrar negligente e irresponsable del Banco interviniente, sino una consecuencia justificable de la función que le es propia. Por lo cual no debe responder por ellas.-