Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-09


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 9 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el doctor Diego C. Sánchez, dijo:

Viene el expediente al Acuerdo para resolver el recurso de apelación interpuesto a fojas 169, contra la sentencia de fojas 155/166.

I. Antecedentes I - 1) Demanda A fojas 5/8 se presenta Carlos Alberto O'Higgins, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la doctora ...; promueve demanda por daños y perjuicios contra Microómnibus Quilmes S.A. (línea 159), y/o contra quien resulte civilmente responsable del siniestro por el que se reclama la suma de ochenta mil setecientos pesos ($ 80.700), con más sus intereses y costas; solicita se cite en garantía a Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada de Seguros.

Refiere que el día 2 de junio de 2000, siendo las 16:20 horas aproximadamente, ascendía al colectivo de la línea 159 -frente a la altura del 120 de Paseo Colón- y que, en ese momento, el conductor del microómnibus arrancó violentamente provocando su caída; como consecuencia sufrió lesiones en su pierna; solicitó al chofer del colectivo ser trasladado al Hospital Argerich, pero éste se negó y -finalmente y debido a su insistencia- lo dejó a una cuadra del nosocomio.

Imputa la responsabilidad de lo ocurrido a la demandada y en definitiva reclama: incapacidad psicofísica cincuenta mil pesos ($ 50.000); tratamiento psicológico diez mil pesos ($ 10.000); gastos médicos trescientos pesos ($ 300); gastos de traslado cuatrocientos pesos ($ 400) y daño moral veinte mil pesos ($ 20.000).

Ofrece prueba.

I - 2) Los respondes A fojas 18/23 se presenta el doctor ...; en nombre y representación de Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros contesta la citación en garantía y reconoce el contrato de seguro, denunciando su franquicia obligatoria. Opone excepción de falta de legitimación pasiva por Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada de Seguros. Niega la ocurrencia del hecho denunciado en la demanda y la calidad de pasajero del actor, como también que el chofer del colectivo lo dejara a una cuadra del Hospital Argerich.

A fojas 30/34 se presenta el mismo letrado, ahora en su carácter de apoderado de la empresa demandada, y contesta demanda. Niega la autenticidad y legitimidad del boleto de transporte acompañado y la calidad de pasajero del actor. En síntesis desconoce totalmente el hecho que la actora denuncia, coincidiendo con su aseguradora en la franquicia del contrato.

Ofrece prueba.

Contesta el actor a fojas 50 el traslado de las cuestiones articuladas, sin pronunciarse sobre la franquicia alegada.

A fojas 64 se celebra la audiencia en los términos del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCC) en la que, entre otras cuestiones, la actora reconoce la existencia de la franquicia mencionada en el responde por la citada en garantía y ésta desiste de la pericial contable; a fojas 65 se proveen las pruebas ofrecidas, sobre cuya producción certifica el Actuario a fojas 109/110.

A fojas 112 se decretó la clausura del período probatorio, no habiendo las partes presentado sus alegatos; a fojas 143 se designa audiencia, que se celebra a fojas 153, y luego (fs. 154) se llamó autos para sentencia.

I - 3) Sentencia A fojas 155/166 se dicta sentencia admitiendo la demanda y condenando a Microómnibus Quilmes S.A.C.I.F a abonar al actor la suma de tres mil trescientos pesos ($ 3.300), con más sus intereses y costas; se hizo extensiva la condena a la citada en garantía, declarando la inconstitucionalidad de la resolución 25.429/1997 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y aplicando la doctrina del plenario "Obarrio"; se difirió la regulación de honorarios hasta el momento en que sea aprobada la liquidación respectiva. Sostuvo el A Quo, con fundamento en el artículo 184 del Código de Comercio, que el actor, a quien incumbía la acreditación del hecho, lo demostró con las pruebas producidas, no haciéndolo la demandada con las eximentes de la mencionada disposición.

II. Apelación y agravios La sentencia es apelada por las partes demandada y citada en garantía a fojas 169, con recurso de apelación concedido libremente a fojas 174 y fundado a fojas 181/187.

II - 1) Agravios Cuestionan las apelantes que el sentenciante hiciere lugar a la demanda, cuando en estas actuaciones no ha quedado acreditada la calidad de pasajero del actor, como tampoco la relación causal de las lesiones sufridas por éste en el presunto hecho que refiere; también se agravian por la decisión sobre la franquicia.

A fojas 190vta. se corrió traslado de la expresión agravios, que no fue respondido.

A fojas 190vta. se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida.

III. Solución Los temas que debemos decidir, la medida en que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Cámara para conocer del caso, son los antes resumidos (arts. 244, 265, 271, 277 y concs. del CPCC; CSJN Fallos: 313:912; 315:562 y 839).

Integra el thema decidendum la responsabilidad y, en su caso, la constitucionalidad y oponibilidad de la franquicia del contrato de seguro.

III - 1) Presupuestos de la responsabilidad Con motivo del hecho por el que se demanda se instruyó la causa penal 21.094 por el delito de lesiones, que ha sido agregada por cuerda a este expediente y tengo a la vista, en la que se dictó la resolución de fojas 26 que dispuso el archivo de las actuaciones, toda vez que resultaron insuficientes las probanzas colectadas para seguir adelante con la instrucción. Puede el juez civil dictar sentencia lo que, por otra parte, no es cuestionado en esta instancia.

En atención a los agravios de la demandada y de la citada en garantía, y en virtud de la decisión arribada en primera instancia, cabe -en primer lugar- hacer algunas precisiones acerca del hecho y, en su caso, del nexo de causalidad entre el daño denunciado por la actora y tal hecho por el que reclama.

En materia de atribución de responsabilidad, partiendo de los presupuestos que -en general- se mencionan para que se configure el deber de resarcir, el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese daño -cuya reparación se pretende- se encuentra en relación causal adecuada con el hecho de la persona, o de la cosa, a las cuales se atribuye su producción, ya que de otra forma se estaría imputando a una persona el daño causado por otro, o por la cosa de otro.

Es decir que ante la negativa expresa por la demandada en el sub lite recae sobre la actora la carga de probar el contrato, el daño y su relación causal, prueba que resulta esencial para la procedencia de la indemnización resarcitoria de daños y perjuicios. Es una simple aplicación del principio que fluye del artículo 377 del CPCC (Brebbia, Roberto H., "Hechos y actos jurídicos", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 141; Vázquez Ferreira, Roberto A., "Responsabilidad por daños - elementos" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, págs. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", Ed. Abeledo-Perrot Buenos Aires, 1993, Nº 606 y 607, pág. 269).

En estos conceptos insiste la apelante y preciso es ahora decidir, conforme la prueba producida y los agravios expresados por la demandada y la citada en garantía, si la actora ha cumplido con aquella carga.

III - 2) Las pruebas De la causa penal resulta la denuncia efectuada por el actor al día siguiente del hecho por el que demanda; refiere allí que el 2 de junio de 2000, siendo aproximadamente las 16:15 horas, se encontraba en la parada del colectivo de la línea 159 ubicada en Paseo Colón al 100; al arribar e intentar ascender al interno 111, el chofer del microómnibus reanudó su marcha, lo que ocasionó su caída, pues no logró pisar en forma correcta. Previo a la caída golpeó su pierna contra el peldaño de la escalinata del ómnibus. Que tras incorporarse, ingresó al colectivo, abonando su boleto, observando que su pierna derecha sangraba, por lo que hizo saber dicha circunstancia al conductor, quién omitió llevarlo a un centro asistencial. Aporta el actor el boleto del colectivo de la línea 159, interno 111, correspondiente al día 2 de junio de 2000, a las 16:18 horas (fs. 4 de la causa penal).

A fojas 19 de la misma causa obra el informe médico legal, del que resulta que el actor presenta herida contuso cortante suturada en la pierna izquierda, hematoma en muslo derecho. Señala la perito que las lesiones son producto de golpe o choque contra superficie dura y que, salvo complicaciones, curarán en menos de un mes con igual incapacidad.

A fojas 102/103 de estas actuaciones se informa la atención médica recibida por el actor en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich -departamento de urgencia-. Se diagnosticó que el actor presentó una herida cortante en la región tibial anterior, la que fue suturada.

En la experticia médica de fojas 81/82 se informa que el actor protagonizó un accidente compatible con el denunciado en la demanda, sufriendo politraumatismos y traumatismo en la cara anterior de la pierna izquierda, que determinaron las heridas anfractuosas, las que fueron suturadas en el Hospital Argerich.

A fojas 83/84 presta declaración testimonial Luis Alberto Avalos -chofer de la empresa demandada-; dice no recordar haber tenido ningún percance durante el mes de junio del año 2000; agrega que en el caso de ocurrir un accidente, se asiste a la persona y si intervino otro vehículo se le toman los datos y se realiza la exposición en la empresa o donde corresponda. Preguntado el testigo si conoce al actor -para lo cual se lo señala- responde no conocerlo, ni recordarlo.

Coincido, en virtud de estos elementos de juicio y por lo que diré, con la sentencia recurrida que, a fojas 158, tuvo por acreditado el contrato y hecho por el que se reclama y las lesiones causadas.

Disiento, por consiguiente, con la quejosa; gran parte de su crítica está destinada a la prueba de autenticidad del boleto que fue acompañado por el actor en su primera declaración.

La negativa, no muy terminante por la parte apelante del boleto, al absolver la primera posición del pliego de fojas 86, a fojas 87 (No lo veo está ilegible para mi totalmente) es "coincidente" con la expresada en la audiencia convocada al efecto a fojas 153 en la que, siendo ahora "mejor" la visión del nuevo representante de la demandada, éste dice que el boleto guarda similitud con el original y la fotocopia del boleto obrante a fs. 3/4 de las presentes actuaciones, pero que le resulta difícil establecer que sean coincidentes.

No creo en la "negativa" y estimo aplicable la norma del artículo 417 del CPCC; de todos modos, aunque coincidamos en que no está probada la autenticidad del boleto, sí considero probado el ascenso al colectivo y la producción de las lesiones con los demás elementos de juicio antes destacados. Recientemente la Sala "M" de esta Cámara, por voto de la doctora Mabel De los Santos, al dictar sentencia en los autos "Cortazzo María Elena c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES) y otros" dijo: "De tal manera, queda acreditado el contrato de transporte, pues para ello no es imprescindible acompañar el boleto (como exige la recurrente), desde que la jurisprudencia mayoritaria ha entendido que en el ámbito de este contrato la responsabilidad comienza con la iniciación del viaje, a partir del ingreso del viajero en el medio correspondiente y con prescindencia de que se haya materializado el pago del boleto correspondiente con anterioridad al acceso al móvil o de que se lo abone durante el viaje. La oferta de transporte por la vía pública que constituye la marcha de las unidades de una línea de colectivos resulta aceptada por quien desea emplear ese medio mediante la seña para lograr su detención o con el acceso al vehículo, concertándose entonces el lazo contractual, con la responsabilidad dispuesta por el art. 184 mencionado" (C.N.Civ., Sala G, "Naumczuk Ricardo P. c/ Rivera Mario E. s/ daños y perjuicios", expte. nº 136.748, del 11-11-93, sumario 2714 del sistema de jurisprudencia de esta Cámara).

Acerca del momento en el cual se perfecciona este contrato, ha sostenido la jurisprudencia que "el contrato de transporte queda configurado, aunque el pasajero no haya abonado el boleto o carezca de él, por el mero ascenso al medio de transporte o por viajar en él, en la medida en que el conductor haya permitido el ascenso o subida al transporte, lo que se materializa con la toma de la manija y el comienzo de la entrada en el vehículo" (C.N.Civ., Sala C, "Luza Daniel c/ Calle Néstor s/ daños y perjuicios", expte. nº 183.941, del 09-05-96, sumario 8124; en igual sentido, C.N.Civ., Sala H, expte. nº 132.312 del 30-12-93, sumario 3309; C.N.Civ., Sala F, expte. nº 149.908 del 28-10-94, sumario 4412, y otros).

"En virtud de ello, habiéndose acreditado con los testimonios ofrecidos en autos que la actora logró acceder al colectivo -reitero, aunque sea parcialmente- ha quedado demostrado el contrato de transporte, resultando entonces de aplicación lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio.

"Dicha norma responsabiliza a la empresa de transportes por los daños sufridos por los pasajeros en ocasión del transporte, eximiéndolos sólo cuando demuestren la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deban responder o un supuesto de fuerza mayor.

"Ninguna de estas eximentes ha logrado demostrar la demandada; por el contrario, la prueba reunida le resulta adversa al demostrarse que el chofer cerró las puertas sin advertir que la actora había quedado atrapada con una parte de su cuerpo dentro del vehículo y que, en tales circunstancias, inició su marcha, lo cual revela claramente la culpa del conductor del transporte.

"Por lo expuesto, corresponde confirmar la atribución de responsabilidad tal como fuera declarada en la anterior instancia".

Voto entonces por el rechazo del agravio y también aquí, como en el precedente trascripto, por la confirmación de la sentencia en cuanto ha decidido la responsabilidad de la demandada.

III - 3) Franquicia III - 3 - 1) Plenario "Obarrio (LA LEY, 2007-A, 168) y Gauna" y principio de congruencia Como antes dije la aseguradora citada en garantía reconoció el contrato de seguro, oponiendo la franquicia obligatoria (fs. 22), con lo que coincidió la demandada (fs. 33v.); la actora al contestar el traslado de fojas 24 (fs. 50) no se pronunció sobre la franquicia.

Pero en la audiencia de fojas 64, con patrocinio letrado, sí lo hizo y expresamente: la actora reconoce la existencia de la franquicia establecida en el responde de la citada en garantía y ésta desiste de la pericia contable; el mismo juez sentenciante, que presidió la audiencia, en el acto tuvo presente el desistimiento. El señor Fiscal de Cámara al dictaminar en esta instancia destaca, con acierto, este reconocimiento, agregando que no siendo una cuestión oportunamente propuesta al Sr. Juez "a quo", su estudio por V.E. en la presente instancia se halla vedado en virtud de lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal.

A fojas 108 el mismo actor solicita la clausura del periodo de prueba sin ejercer luego el derecho conferido por el artículo 482 del CPCC; requiere se dicte sentencia a fojas 117 y a 142 sin, lo reitero, formular petición alguna respecto de la aseguradora, llamándose autos para sentencia a fojas 154 (tampoco en esta segunda instancia, agrego, ha efectuado petición pues no se presentó aquí, ni contestó el traslado de los agravios).

Asiste razón entonces a la demandada y citada en sus agravios (fs. 182: "LA SENTENCIA SE METE DONDE NO LE HA SIDO LLAMADO A RESOLVER, y por el principio de CONGRUENCIA la sentencia no debe resolver cuestiones que no le son puestas para tal circunstancia" -sic-) pues el primer juzgador no ha respetado el principio de congruencia (CPCC: 34, inc. 4 y 163, inc. 6), excediendo notoriamente sus facultades al resolver como lo hizo y afectando con ello la garantía superior de defensa en juicio de las partes.

Adelanto así mi voto por el acogimiento del agravio, como esta Sala lo ha decidido reiteradamente en casos análogos.

El día 27 de mayo de 2008 dictamos sentencia en los autos caratulados "Sylveyra Jorge Omar c/ Transporte Automotor Plaza S.A. y otro" y su acumulado "Giménez Olga y otro c/ Transporte Automotor Plaza SACI y otro". Me remito tanto a sus consideraciones, como a las de los otros expedientes allí citados (25-03-08 in re "Moran, Savina Rosa c/Gutierrez, Daniel Orlando y otros"; 02-03-07 in re "Gaillard, Norberto c/Colazo, Amílcar"; 26-07-07 in re "Andreacchio, Alicia c/Transporte Automotor Plaza SACI Línea 114", 06-11-07 in re "González, Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo" y 20-03-07 in re "Fara, Teresa Catalina c/Línea 17 S.A.").

Concluimos, como en dichos expedientes, que el sentenciante no respetó el principio de congruencia al fallar más allá de lo peticionado por las partes y voto por admitir el agravio de demandada y aseguradora de fojas 181/187, revocando la sentencia en cuanto condena a la aseguradora pues su monto, consentido por el actor, es inferior al de la franquicia (conf. arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; 499, 503, 504, 851, 853, 944, 1137, 1197, 1198 y 1199 del Código Civil; título preliminar, 8, 217 y 218 del Código de Comercio; 1, 5, 7, 15, 61, 109, 111, 116, 118 y 158 de la ley de seguros; 23, 25, 26, 33, 34, 58, 64, 67 y 85 de la ley 20.091; 34-4, 163-6, 271 y 277 del CPCC; Resolución Nº 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y concs.).

En razón de los argumentos que fundan la condena, que he votado por revocar, en especial la aplicación del plenario "Obarrio" y la declaración de inconstitucionalidad, y los planteos de la expresión de agravios de fojas 181/187, me extenderé a continuación en darles respuesta (los primeros, en buena medida, la tienen en el voto de la minoría en "Obarrio y Gauna", que reitero y allí remito), agregando aquí otros fundamentos que conducen a igual conclusión.

III - 3 - 2) La revocatoria de la sentencia plenaria "Obarrio y Gauna" y la pérdida de vigencia, o insubsistencia, de su doctrina La doctrina legal, establecida por la mayoría de este Tribunal -con la que no coincidí-, se encontraba vigente a la fecha en que se dictó la sentencia aquí recurrida.

La sentencia plenaria en autos caratulados "Gauna Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial SA de Seguros Generales y otro" fue recurrida; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 4 de septiembre de 2007, declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la misma, repito contra la sentencia plenaria, y dispuso la suspensión del procedimiento.

Por esta razón he sostenido (v.gr. 06-11-07 al votar in re "González, Mirta Gladys c/ Salvatierra, Víctor Hugo y otros") que la doctrina plenaria quedó también entonces suspendida (lo que fue compartido por Dante Cracogna, De nuevo sobre la franquicia en el seguro de responsabilidad civil del transporte automotor de pasajeros, en ED del 15-02-08, nota al fallo 55137 in re "González c Salvatierra", y criticado por Héctor Eduardo Leguisamón, Improcedencia del recurso extraordinario federal contra fallos plenarios (a propósito del plenario sobre inoponibilidad de la franquicia en el seguro del transporte público de pasajeros, en eldial.com del 25-02-08).

Pero el pasado día 4 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres sentencias definitivas y, en los términos del artículo 16 de la ley 48, revocó la decisión apelada, admitiendo que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y decidió que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación.

Las tres sentencias entonces revocadas fueron: 1) la misma sentencia plenaria cuyo recurso contra ella antes había sido concedido, como dije, in re "Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa Gauna Agustin y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro"; 2) la sentencia dictada por la Sala F de esta Cámara en el expediente en que se dictó el plenario y aplicando su doctrina: in re "Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y 3) la sentencia dictada por la Sala C de este Tribunal en el expediente, tantas veces citado por sus anteriores decisiones del Alto Tribunal, "Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa "Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro"; aquí se expresó por el Alto Tribunal que la circunstancia de que la doctrina aplicada en el pronunciamiento recurrido sea el resultado de una reunión plenaria del fuero, no permite apartarse de lo decidido por el Alto Tribunal en la misma causa (ver sup. LA LEY del 27-03-08 con nota de Domingo M. López Saavedra, La franquicia deducible en el contrato de seguros y su oponibilidad a los terceros: ¿El final de una historia?).

El Alto Tribunal reiteró esta jurisprudencia (v.gr.: 01-04-08 in re "Villasboa Gómez Julio César c/ Nuevo Ideal SA y otro"; 08-04-08 in re "Ordoñez Matilde Clara c/ Ruiz Jorge y otros"; 22-04-08 in re "Bustamante, Beatriz Yolanda y otros c/ Ruiz Héctor Fabián y otro"; 29-04-08 in re "Monzón Delia Paulina c/ Expreso Caraza SA", "Kraizman Silvia Mónica c/ Transportes Automotores Luján SA" y "Alvarez Marcela Lorena c/ La Independencia SA de Transporte Línea 203" y 13-05-08, in re "Galligani Narciso Ascanio c/ Jadra Eduardo").

En votos anteriores, por ejemplo in re "Durante, Carlos Osvaldo c/ Transporte del Tejar S. A." (07-03-08, eldial.com, sup. Derecho Procesal, del 31-03-07), "González Osuna Gerbacia Nimia c/ Empresa de Transportes Sargento Cabral SCA" (25-03-08) y "Sylveyra Jorge Omar c/ Transporte Automotor Plaza S.A." (27-05-08) he afirmado -y lo reitero- que no se encuentra vigente la doctrina legal del plenario "Obarrio y Gauna".

Ha afirmado su insubsistencia (falta de fundamento o razón) la Sala E de esta Cámara (29-05-08, in re "Lloveras Juan Benjamin c/ Bustamante Daniel Arturo" en estos términos y con remisión a "Del Aguila Sonia Karen y otro c/ Expreso Gral. Sarmiento S.A.T": "Cabe señalar que esta Sala ha decidido recientemente en la causa 498.853 del 26-5-08 que la revocación de la doctrina establecida en la reunión plenaria por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas. O. 166 XLIII. "Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros" y G. 327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro" ha hecho caer -en este particular tipo de casos- la obligatoriedad de dicha decisión de esta Cámara que impone el art. 303 del Código Procesal al considerarla que no es una razonable derivación del derecho vigente e impuesto como doctrina que la franquicia del contrato de seguro es oponible a la víctima. Por consiguiente y toda vez que tal es el criterio que comparto en este tipo de causas -al haberme adherido al criterio de los Dres. Calatayud y Dupuis en ese sentido en la causa 458.516 del 27-2-07- corresponde hacer lugar a la pretensión de la aseguradora y revocar la decisión apelada en este punto imponiendo la obligación de responder por la apelante con el alcance del art. 118 de la ley 17.418".

El constitucionalista doctor Alberto B. Bianchi ha sostenido recientemente (14-04-08, su conferencia sobre el tema en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires) que -luego que el Alto Tribunal revocó la sentencia plenaria en Gauna, y dictó Villarreal y Obarrio el 04-03-08- lo que rige para todos los jueces, los de la Cámara Civil y de cualquier otro fuero, es la doctrina de la Corte. Y precisó que los jueces civiles de primera instancia, y aun los jueces de la Cámara Civil, no deberían seguir el plenario Obarrio, sino que deberían seguir lo que ha decidido la Corte Suprema, por la jurisprudencia tradicional de la Corte que arranca un poco más atrás de 1980, pero que en esos años resuelve "Cerámica San Lorenzo" (LA LEY, 1986-A, 179) sosteniendo que, cuando ella se pronuncia sobre un tema que es doctrina constitucional o federal, ese fallo es obligatorio no solamente en ese caso sino que es obligatorio para todos los tribunales. Y, ante una pregunta, respondió textualmente respecto de la sentencia en "Gauna": "Lo que la Corte deroga y revoca es la doctrina, no un plenario. Lo que se revoca es el plenario en sí mismo, ése es el punto. Y en este sentido creo que este fallo tiene razón, es decir, el plenario ya está revocado, si la Cámara lo quiere derogar bueno, será redundante, pero el plenario queda revocado".

Poco tiempo antes otro constitucionalista, el colega doctor Emilio Ibarlucía (Efectos de la descalificación por arbitrariedad de la doctrina de un fallo plenario por la Corte Suprema, LA LEY, 2007-E, 1164) nos ilustraba diciendo que si no puede abordarse en un fallo plenario una cuestión de constitucionalidad, es evidente que cuando la Corte descalifica por arbitraria determinada interpretación de las normas aplicables, y avala la validez constitucional de éstas, el efecto que se genera es el mismo. Por lo tanto, un fallo plenario que ha sostenido aquello queda igualmente descalificado.

Y aun antes de Obarrio otro constitucionalista como el doctor Germán J. Bidart Campos, nos enseñaba Realmente para el sentido común siempre hay escándalo jurídico en la jurisprudencia contradictoria; y lo hay con más gravedad e intensidad cuando tribunales inferiores se apartan de la jurisprudencia de la Corte; y lo hay todavía mayor cuando el apartamiento se produce en un fallo plenario; y lo hay de ribetes descomunales cuando el plenario es reiteración de otro anterior cuya doctrina ya ha sido rechazada por la jurisprudencia de la Corte. A estos niveles crecientes de escándalo jurídico se agrega el desconcierto y la inseguridad de los justiciables que no saben a qué atenerse, y el problema se multiplica por el dispendio procesal que se causa al que pretende obtener sentencia de Corte (Jurisprudencia de la Corte "versus" jurisprudencia plenaria de la Cámara Civil, ED 125-648); tuvo ocasión de agregar poco tiempo después, aunque refiriéndose a otro fuero: 2. Hay algo elemental que no podía ser sino como fue, y que está muy bien: dar acatamiento a lo resuelto por la Corte en instancia extraordinaria (Un caso de acatamiento a un fallo de la Corte discrepante con un plenario: sus consecuencias, ED 139-412); íojalá podamos repetir pronto lo último para nuestro fuero! Héctor Eduardo Leguisamón que no había coincidido en que la doctrina plenaria estuviere suspendida, sí coincide ahora en la pérdida de su vigencia (La pulseada entre la Corte Suprema y la Cámara Civil con relación a la franquicia en el seguro del transporte público de pasajeros. La forma de desunificar la jurisprudencia uniformada en un fallo plenario ¿está vigente el plenario "Obarrio" y "Gauna"?, eldial.com, Suplemento Derecho Procesal, 31-03-08).

Detalla allí y me remito (las he trascripto en mi voto in re "Sylveyra Jorge Omar c/ Transporte Automotor Plaza S.A." del 27-05-08), las contingencias procesales acontecidas en la causa "Gauna" que finalmente dieron lugar al fallo de la Corte Suprema revocatorio de la misma sentencia plenaria y concluye "para dar una explicación lo más coherente posible del escenario provocado por el fallo de la Corte Suprema, necesariamente, tenemos que partir de la premisa que, por haber sido revocado, no está vigente el fallo plenario "Obarrio" y "Gauna".

Nos enseña el colega Ibarlucía (op. supra cit.) que si bien el artículo 303 del CPCC establece que la doctrina de un plenario queda sin efecto mediante una nueva sentencia plenaria, y es conveniente que esto último ocurra por razones de seguridad jurídica, las salas de la Cámara y los tribunales del fuero quedan liberadas de su acatamiento cuando la Corte Suprema, como en el caso, ha considerado a tal interpretación arbitraria y por ende inconstitucional.

III - 3 - 2 - 1) La revocatoria de la sentencia plenaria "Obarrio y Gauna", la seguridad jurídica y la economía y celeridad procesales Reitero, como afirmé en "Durante", que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 302 y 303 del CPCC correspondería que esta Cámara reunida en tribunal plenario hubiere modificado, o lo haga en futuro próximo, la doctrina plenaria recaída en "Obarrio y Gauna", decidiendo lo contrario. El uso del potencial es porque, en realidad, sería innecesario ante la expresa revocatoria por el Alto Tribunal y lo expuesto precedentemente; pero estimo que la decisión en pleno hubiere contribuido, contribuirá aun, a la seguridad jurídica y a la economía y celeridad procesales, además de afianzar la justicia.

Tengamos presente que la tutela de la seguridad jurídica incumbe a los jueces (Fallos 96:280; 109:666; 242:501; 252:134; JA, 1959-III-132; JA, 1962-VI-532, entre muchos otros), que el principio de seguridad jurídica tiene jerarquía constitucional (Fallos 220:5; 243:465; 251:78; 316:3231; 317:218, entre otros) y que la seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del Estado Constitucional de Derecho.

Sabemos que es deber específicamente asignado a los jueces por el artículo 34, inciso 5º, apartado e- del CPCC, vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal (Fallos 212:160; 212:253; 256:28; 259:159, 261:173; 270:176, entre otros).

Si hubiere colisión -que no la hay- entre esta norma y la del artículo 303 del mismo Código, debemos aplicar la del artículo 34 para cumplir nuestro deber y no obligar a los justiciables a recurrir a una tercera instancia de resultado previsible; además la norma del artículo 303 es inferior (CN: 31) a las disposiciones constitucionales y las legales supra citadas, como los principios aplicables -art. 16, Cód. Civil- (ver también -por ejemplo- las disposiciones y principios citados por la Corte Suprema, en todos sus votos, el 07-08-07 in re "Recurso de hecho deducido por Trainmet Seguros S.A. -la citada en garantía- en la causa Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio", en LA LEY, 2007-E, 398 con nota de Domingo M. López Saavedra Franquicias deducibles: Su oponibilidad a los terceros en los seguros de responsabilidad civil, como igualmente en el voto de la minoría en "Obarrio y Gauna").

Debo reiterar que si hubiere colisión -y que no la hay- entre las normas de los artículos 34-5-e y 303 del CPCC, debe preferirse aquélla por, precisamente y en palabras de la Corte Suprema, razones de economía procesal y buena administración de justicia (Fallos 323:3002, causa resuelta el 10-10-2000 in re "Albernaz").

Insisto en mi convicción que contraría el orden jurídico, hasta el lógico, sostener que de una sentencia plenaria revocada, y decidido el fondo del asunto en sentido opuesto por el Alto Tribunal, continúe emanando doctrina legal obligatoria (aunque los sistemas sean distintos en ambas jurisdicciones, ver considerandos 8 y 9 del voto del Dr. Roncoroni en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 08-03-07, in re Fisco de la Provincia de Buenos Aires c Waltz de Luque, en LLBA, 2007-529, especialmente Más allá del peculiar carácter que tienen los fallos plenarios como fuente normativa, es claro que toda fuente se modifica cuando una de orden superior establece reglas incompatibles. Sería inadmisible pretender que un decreto no cambia aunque cambien las leyes y sostener su vigencia hasta que un nuevo decreto lo modifique. Ni siquiera una ley puede pretender permanencia ante una modificación de la Constitución que la coloque en clara contradicción con la nueva regla de orden superior; reitero aunque las normas legales aplicables en una y otra jurisdicción no sean iguales, los claros conceptos transcriptos sí son aplicables al tema que nos ocupa y preocupa).

No se puede mantener la incertidumbre -por quienes así, sin fundamento en mi opinión, lo sostienen- ni obligar -reitero- a los justiciables a recurrir a una tercera instancia, de resultado previsible (la doctrina consolidada por la reciente, reiterada y unánime -una sola disidencia formal- jurisprudencia de la Corte Suprema lo hace prever); se afecta a la Justicia toda, principalmente a las víctimas -a quienes se dice proteger- al dilatar considerablemente sus procesos, contribuyendo también a la saturación del sistema pues, no hay duda, aumenta la litigiosidad.

Han sido descalificadas sentencias contrarias a su doctrina por la "autoridad institucional" que las sentencias de la Corte Suprema llevan generalmente consigo (Fallos; 25-364; 160:325; 183:409; 212:51 y 307:1094, 04-07-85 in re "Cerámica San Lorenzo S.A.", ED 115-323, con nota de Germán J. Bidart Campos; LA LEY, 1990-B, 421; 311:2023; 312:2187; causa "Di Mascio, Juan Roque", 01-12-88, LA LEY, 1989-B, 417, con nota de Néstor Pedro Sagües).

III - 3 - 3) Las reiteradas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la aplicación de su doctrina Sabemos que los tribunales deben conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte Suprema, especialmente si son recientes y unánimes en casos similares -o con un voto formalmente disidente, como en estos supuestos- en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia (Fallos: 307:1094; 311:1644; 312:2007; 319:2061; 320:1660; 321:2294, 3201; 323:2322; 325:1515; 326:1138, entre muchos otros); de dichos fallos me permito la parcial trascripción de uno de ellos (312:2007, 26-10-89 in re "Pulcini"): "2) Que si bien las sentencias del Tribunal solo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos 307:1094). Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la Justicia de la República (art. 100 de la Constitución Nacional y 14 de la ley 48, Fallos 212:51). 3) Que este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento".

Desde su Proemio (en El efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fuerza imperativa de sus pronunciamientos, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2007) el doctor Carlos S. Fayt nos expresa que:

"Ningún tribunal, nacional o provincial, puede desconocer la legitimidad y validez de sus sentencias y no respetarlas. La potestad que la Corte tiene para conocer en un pleito, considerándolo propio de su jurisdicción, confiere al tribunal el deber de hacer cumplir las decisiones que en él recaigan.

"Estos principios fundamentales han sido reconocidos por la propia Corte e incorporados a su jurisprudencia, constituyendo una suerte de escudo tutelar en defensa de su supremacía. En consecuencia las sentencias de la Corte deben ser lealmente acatadas tanto por los particulares como por los organismos jurisdiccionales que intervinieron en las causas".

Esta Sala, por mi voto, así lo decidió en "Fara c Línea 71 S.A." (20-03-07, publicada en LA LEY, 2007-B, 676, anotada por Castro Sanmartino M. y Schiavo, C., "Nuevamente sobre la oponibilidad de la franquicia. La doctrina de la Corte y el plenario "Obarrio"; en LA LEY, 2007-A, 168; RCyS, 2007-I, 47, y en JA, 2007-III-787, anotada por Dante Cracogna "Acerca de la franquicia en el seguro de responsabilidad civil del transporte público automotor de pasajeros"; en sup. Derecho de Seguros de El Derecho del 24-10-07, anotada por Enrique José Quintana "Plenario "Obarrio y Gauna", fallos de la Corte Suprema de Justicia y su doctrina, sentencia de la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en "Fara, Teresa C." y algunas consideraciones de interés").

Los conceptos expuestos en "Fara" fueron ampliados en mi voto (25-04-08) en "González Osuna Gerbacia Nimia c/ Empresa de Transportes Sargento Cabral SCA y otros", en estos términos:

"A su vez Daniel Guffanti, anotando el fallo plenario "Obarrio y Gauna" ("Oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado que invoca un seguro de responsabilidad civil por transporte público automotor", Revista del Derecho Comercial 2007-A-552) concluye que la forma dispar en que se han expedido sobre el mismo tema el plenario de esta Cámara y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace prever un evidente conflicto entre ambos órganos jurisdiccionales, como el que llevó tantos años saldar (...) Como en aquel momento, agrega, el tribunal inferior deberá aceptar la doctrina de la Corte Nacional para evitar un dispendio inútil de esfuerzo jurisdiccional, especialmente cuando ése es un objetivo claro del más alto tribunal de la Nación.

"Es lo que hizo, por ejemplo, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al dictar sentencia del 25 de junio de 2007 en "Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros en Jº 108.704/37.762 Pacheco Devia, Teresa c/ Fernández, Walter y ot. p/ d. y p. s/ inc. cas.", aun discrepando con lo decidido por el Alto Tribunal: "b) El tema de la oponibilidad de la franquicia al damnificado de un accidente provocado por un vehículo dedicado al transporte público de pasajeros ha dado motivo a posiciones encontradas en la doctrina y jurisprudencia nacional (...) IX. LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE FEDERAL. Tengo dicho en reiteradas decisiones que aunque el sistema argentino no se rige por la regla del stare decisis vertical, razones de buen orden y de seguridad jurídica aconsejan que los tribunales inferiores acomoden su jurisprudencia a la de la Corte Federal (ver, LS 366-181 publicado en LA LEY, 2006-E, 557; 25/2/2004, LLGran Cuyo, 2004-328, 26/4/1988, JA 1989-IV-212 entre otros) (...) Sin embargo, sigo pensando que razones de orden, seguridad, paz y justicia, aconsejan no apartarse de una jurisprudencia que se estima estable. Lamentablemente, creo que no cabe otra solución que adherirse al criterio de la oponibilidad de la franquicia".

"También otros tribunales han aplicado, en casos similares, las decisiones de la Corte Suprema (v.gr.: CNCom. Sala E, 04-12-07 in re "Rivero Castiñeiras María Dolores c Transporte Nueve de Julio SA" y 15-02-08 in re "Torelli de Francisco Ana Clara y otros c Bertolotti Luis Alberto y otro")".

Y además de nuestra Sala D (v.gr.: "Fara", "Coulon") esta Cámara Civil así lo ha decidido en casos similares de oponibilidad de la franquicia (v.gr.: Sala J, 05-07-07 in re "Weingarten c Empresa de Transporte Pedro de Mendoza").

Por otra parte esta misma Cámara Civil, desde la Sala A hasta la M, ha resuelto reiteradamente: "En atención a los lineamientos brindados, y a fin de no generar un mayor dispendio jurisdiccional, disfuncional tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, en aras de la economía que debe ponderarse en cada uno de los procesos que corresponda conocer al órgano jurisdiccional, por la que debe éste velar con el propósito de evitar perjuicios derivados de dilaciones innecesarias a los justiciables, consideramos oportuno remitirnos a aquellos fundamentos y adoptar, en lo sucesivo, el temperamento del Supremo tribunal de la Nación como último intérprete de la Constitución Nacional. En esta inteligencia, por ser éste el criterio seguido por nuestro más Alto Tribunal, en aras de un elemental principio de economía que evite un inútil como innecesario dispendio de actividad jurisdiccional para los litigantes..." (Sala A, 25-03-08 in re "Pasquinelli de Barberis c/Fuentes"); "En este orden de ideas, con el fin de evitar un innecesario dispendio de actividad jurisdiccional, con fundamento en los principios de economía y celeridad procesal, resulta oportuno modificar en algunos aspectos el temperamento antes adoptado, siguiendo los lineamientos establecidos por el máximo Tribunal en materia de legislación de emergencia" (Sala M, 12-07 in re "Rodríguez Raúl Omar c/Giusti"), entre muchos otros.

Tales soluciones y conceptos no son diferentes a los de otros jueces de esta Cámara en anteriores decisiones plenarias: "Aclaración de los doctores Mirás, Dupuis y Calatayud. Si bien los suscriptos con anterioridad, nos hemos pronunciado por la aplicación del art. 1109 del Cód. Civil en los casos de daños y perjuicios causados por la colisión plural de automotores en movimiento, un nuevo análisis de la cuestión a raíz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re": "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro" (diciembre 22/87, Fallos: E: 78-XX), nos lleva a votar en el sentido mayoritario. (...) Ampliación de fundamentos del doctor Gárgano: Admitir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re": "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro" (diciembre 22/987, Fallos: E: 78-XX), evita los fallos contradictorios de los distintos tribunales del país y los trámites recursivos, con el consiguiente desgaste de tiempo y dinero, que atenta contra la economía procesal. De lo contrario se mantiene la inseguridad y se fomenta el escándalo jurídico porque cuestiones análogas quedarían resueltas en sentidos diferentes según proceda o no el recurso extraordinario (Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Néstor Pedro Sagüés, publicado en ED, 93- 891/900). Por ello, he decidido compartir el voto de la mayoría" (in re Valdez c El Puente S.A.T., LA LEY, 1995-A, 136, DJ, 1995-1-226; ED 161-402).

"Ampliación de fundamentos del doctor Cifuentes: Por lo tanto, y pese a insistir en esa idea, vota como lo hace la mayoría pero por respeto moral y práctico al criterio sostenido por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ya mencionada. Y, no obstante que considera que ese fallo no es obligatorio, porque la Cámara Civil es tribunal local para tratar el transporte interjurisdiccional en el orden local; es evidente que el alto tribunal es el intérprete final de la Constitución Nacional, de manera que resolver lo contrario podría tener como destino final su revocatoria. (...) Aclaración de los doctores Burnichón y Montes de Oca. Tal como lo expresaran en la ampliación formulada en el fallo plenario dictado en los autos "Holditur S.R.L. c. M.C.B.A." del 29/8/83, su adhesión al criterio de la mayoría en el presente caso refiere también la obtención de la uniformidad jurisprudencial que se encuentra íntimamente vinculada con la naturaleza y jerarquía de las normas que es preciso interpretar, circunstancia que impone la necesidad de acatamiento a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Constitución Nacional. Esta adecuación se produce conforme lo establecido por este tribunal en autos: "Transporte Vidal S.A. c. Provincia de Mendoza", del 31 de mayo de 1984 (en Rev. LA LEY, 1984-C, 225), criterio al que se adapta la interpretación mayoritaria en la presente convocatoria. Consideran que esta adhesión contribuye al contralor judicial de constitucionalidad pues asegura la primacía del derecho superior sobre el inferior y ayuda a mantener la imagen de un orden jurídico graduado en estratos escalonados (Bidart Campos, Germán J., "La Corte Suprema", p. 45 y su cita, Buenos Aires, 1982), (in re Expreso Singer c Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ED 114-504, LA LEY, 1985-C, 18).

Y la doctrina especializada más reciente ha expresado: "Los jueces inferiores deben sentirse obligados por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto contribuye a que el sistema sea previsible y coherente, consolida la tan mentada seguridad jurídica, permite tratar de igual modo los casos juzgados como semejantes, economiza esfuerzo y puede persuadir a la parte perjudicada de evitar la continuación de un litigio cuyo final, en principio, es opuesto a sus intereses" (Alberto F. Garay, Controversia sobre el control de constitucionalidad de oficio, en J.A. 2008-II sup. de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación); "En conclusión puede advertirse la existencia de una clara tendencia en la legislación de diversos países iberoamericanos que están regidos por sistemas mixtos, con raíces dentro de la familia del civil law continental europeo en el sentido de acentuar el rol político institucional de los Tribunales Superiores, entre otros mecanismos a través del reconocimiento de efectos vinculatorios a sus decisiones (Roberto O. Berizonce, Los efectos vinculantes de las sentencias emanadas de los Superiores Tribunales. Tendencias en el Derecho Iberoamericano, LA LEY, 2006-D, 1077).

III - 3 - 4) La sentencia plenaria "Obarrio y Gauna" y su revisión Reitero, como dije al votar en "Sylveyra", que sigo lamentando la doctrina plenaria del 13 de diciembre de 2006, con todas sus consecuencias, como que el día 15 de abril de 2008 la mayoría de este Tribunal, en Acuerdo Plenario, no haya coincidido en dejar sin efecto la revocada sentencia que la estableció.

Ha sostenido la doctrina que la reunión oficiosa en tribunal plenario constituye un verdadero deber de las Cámaras y no una mera facultad (Clemente A. Díaz, Leonardo J. Areal y Fenochietto-Arazi que los citan, compartiendo la opinión, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", edit. Astrea, Buenos Aires, 1993, tomo 1, pág. 999).

Revisar la doctrina plenaria, aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema a favor de la seguridad jurídica y la economía y celeridad procesales, ha sido requerido desde la mayoría de la doctrina, aun antes del pasado 4 de marzo (v.gr.: Felipe F. Aguirre, Seguro de responsabilidad civil: los límites de la prestación a cargo del asegurador y el plenario Obarrio, en RDCO año 40, 2007; Alberto B. Bianchi, De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema -una reflexión sobre la aplicación del stare decisio- en El Derecho Constitucional, 2001; Osvaldo R. Burgos, Oponibilidad de las franquicias al asegurado. El voto de la mayoría en el plenario Obarrio y un reciente fallo de Corte: preeminencia de la equidad o sujeción a las leyes, en Microiuris.com; Dante Cracogna, anotando la sentencia de esta Sala D en "Fara c Línea 71", Acerca de la franquicia en el seguro de responsabilidad civil del transporte público automotor de pasajeros, en RCyS, 2007-44 y en JA, 2007-III, y en el estudio antes citado; Daniel Guffanti, anotando el mismo fallo plenario dictado en "Obarrio y Gauna", Oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado que invoca un seguro de responsabilidad civil por transporte público automotor, Revista del Derecho Comercial 2007-A-552; Emilio Ibarlucía, Efectos de la descalificación por arbitrariedad de la doctrina de un fallo plenario por la Corte Suprema, en LA LEY, 2007-E, 1164, ver también sus estudios Control de oficio de constitucionalidad. Algunas precisiones sobre su procedencia, ED 197-250, El control de oficio de constitucionalidad A propósito de los fallos "Banco Comercial de Finanzas S.A." y "Cabrera", ED 209-1016, Sobre el seguimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en El Derecho Constitucional, 2006; Domingo M. López Saavedra anotando "Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio", en LA LEY, 2007-E, 398, Franquicias deducibles: Su oponibilidad a los terceros en los seguros de responsabilidad civil; Roberto M. Pagés Lloveras, Crítica a la doctrina legal del Acuerdo Plenario "Obarrio" y "Gauna", en eldial.com; Enrique José Quintana La mayoría de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Fallo. Rebelión judicial o plenario. Controversia con la Corte Suprema con final abierto, en Rev. Derecho Com. y de las Obligaciones, 2007-A-789, y Plenario "Obarrio y Gauna", fallos de la Corte Suprema de Justicia y su doctrina, sentencia de la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en "Fara, Teresa C." y algunas consideraciones de interés, en sup. Derecho de Seguros de El Derecho del 24-10-07; Néstor Pedro Sagüés, Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ED 93-891; Schiavo y Castro Sammartino, Nuevamente sobre la oponibilidad de las franquicias. La doctrina de la Corte y el Plenario "Obarrio", LA LEY, 2007-B, 676; Carlos Schwarzberg ¿La aseguradora de responsabilidad civil puede oponer al tercero reclamante la franquicia pactada?, en sup. ED citado, ver también Las franquicias en los seguros, la libertad de contratar y las nulidades, sup. LA LEY del 15-04-08; Héctor M. Soto Las limitaciones del seguro de responsabilidad civil y su oponibilidad a los terceros damnificados, JA, Lexis Nexis 2007-III-Fascículo 9, pág. 29); Gonzalo E. Villar, El valor de los fallos plenarios frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema, J.A. 1993-IV-912, entre otros destacados especialistas).

Conocemos algunas opiniones contrarias que, en general, han prescindido de las recientes, unánimes, reiteradas y concordantes decisiones del Alto Tribunal.

Los jueces no podemos desentendernos de las consecuencias que nuestras decisiones producen (Fallos: 234:482, 302:1293, 303:917, 310:267, 315:158 -verlo también en LA LEY, 1992-B, 216 y ED 146-337-, entre otros). Ricardo Luis Lorenzetti se refiere al análisis "consecuencialista" de la decisión judicial ("Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho", Rubinzal-Culzoni Editores, 2006; ver también del autor "El paradigma del Estado de Derecho", en LA LEY, suplemento especial 70 Aniversario, destacando, entre sus reglas, la autolimitación de los jueces al tomar decisiones para no afectar a los otros poderes del Estado).

Dije al comienzo de este apartado que sigo lamentando la doctrina plenaria del 13 de diciembre de 2006, con todas sus consecuencias.

Entre sus "consecuencias" podemos recordar que ha dado "fundamento" a la sentencia de la Sala H de esta Cámara (06-09-07 in re "Petroni, Carlos Daniel c/ Padilla, Daniel Gustavo s/ Daños y Perjuicios" y "Padilla, Gustavo Daniel c/ Petroni, Carlos Daniel s/ Daños y Perjuicios", "Doctrina Judicial" nº 12 del 19-03-08) en la que se decidió que la doctrina obligatoria establecida en "Obarrio", era aplicable a dicho caso (choque de dos motocicletas y cláusula por la que se contrató que la aseguradora contribuiría en las costas, gastos e intereses, hasta el 30 % del capital de la condena, estando el excedente a cargo del asegurado; la sentencia, con la que no coincido, declaró inoponible la limitación respecto del asegurado; parecería, en realidad, una "consecuencia no querida" por la propia mayoría del plenario, si recordamos el último párrafo de su voto, y aunque ni siquiera estemos -en este caso- ante una "franquicia").

Otras de las consecuencias, ya lo dije, es la afectación de la seguridad jurídica, de la economía y celeridad procesales, como de la garantía constitucional de la igualdad establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Se afectan dichas garantías superiores por las consecuencias del dictado de la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (23-04-08, en causas C. 94.988, "Romeggio Belkis, Amanda c/ Alí, Claudio y otro. Daños y perjuicios; Acum. 1: Gaona, Isolina c/ Alí, Claudio M. y otro. Daños y perjuicios; Acum. 2: Alfonso, Orlando Ramón c/Alí, Claudio Marcelo y otro. Daños y perjuicios; Acum. 3: Galarza, Stella Maris c/ Alí, Claudio M. y otro. Daños y perjuicios; Acum. 4: Valdez, Francisco Fabián y otro c/ Alí, Claudio y otro. Daños y perjuicios") en la que, por unanimidad, se hizo lugar a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley disponiendo que la condena a la aseguradora lo es dentro de los límites de la franquicia fijada en las cláusulas del contrato de seguro.

Esta doctrina, obligatoria en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, nos lleva a la paradoja que allí, en la Provincia de Buenos Aires -donde ocurrieron los hechos que originaron "Obarrio" y "Gauna"-, la solución es la contraria que aquí, en la ciudad de Buenos Aires, donde fueron las normas "interpretadas" por los colegas de la mayoría, "interpretación" contraria a las decisiones en otras jurisdicciones de la República que aplican la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v.gr. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 25-06-07 in re "Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros en Pacheco Devia, Teresa c/ Fernández, Walter", antes citada).

La extrema diferencia interpretativa entra la provincia y la ciudad de Buenos Aires ¿será el texto del artículo 171 de la Constitución de la primera? No lo creo pues si allí la manda constitucional es que las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados sean fundadas en el texto expreso de la ley, en toda la República rigen los artículos 31 de la Constitución Nacional y 15 y 16 del Código Civil. Y, especialmente en esta ciudad, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 122 como causa de remoción el desconocimiento inexcusable del derecho, coincidente así con el artículo 17 de la ley 26080, en párrafo agregado al artículo 25 de la ley 24937. El Alto Tribunal repite desde hace más de cien años que los jueces están obligados a aplicar la ley (Fallos 33:162), descalificando por arbitrarias a las sentencias que no lo hacen como corresponde (Fallos: 314:1358, 315:928, 316:2138, 317:1271, 318:904, entre otros).

III - 3 - 5) La sentencia plenaria "Obarrio y Gauna" y la constitucionalidad de las normas cuestionadas En la sentencia recurrida, como supra destacamos, se decidió sin respetar el principio de congruencia; y se agregó la declaración de oficio, a la que se llamó otrora espinoso campo (fs. 163v.), de la inconstitucionalidad de una norma.

Desconocemos la razón por la cual se refiere el juzgador al tema de ese modo pues, en publicación especializada muy reciente (30-04-08, Alberto F. Garay, Controversia sobre el control de constitucionalidad de oficio, en J.A. 2008-II sup. de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), y con cita del colega Luis F. Lozano (La declaración de inconstitucionalidad de oficio, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004), se afirma: "Como bien recuerda el juez del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis F. Lozano, durante más de un siglo la Corte Suprema entendió que la declaración de inconstitucionalidad de una norma exigía el pedido de parte, 'con la sola excepción de las de aquellas que, como las que fijan su competencia, reglamentan cláusulas constitucionales que estructuran sus propias atribuciones y, por tanto, deben aplicar y, consecuentemente, interpretar de modo directo. A ese respecto, rige el mismo principio que para cualquier órgano creado por la Constitución: interpreta la cláusula de la ley fundamental que le toca poner en acto'. Pero, al margen de esta excepción, una de las reglas que rigen esta materia (vgr. la declaración de inconstitucionalidad de una norma) ha sido la ineludible petición de la parte interesada en esa declaración. Creo que esta más que centenaria doctrina es la que ha caracterizado el modo en que en la Argentina se ejerció ese poder desde los inicios de la organización nacional".

Aquí el autor, en nota al pie, agrega o, al menos, hasta el día de hoy nadie ha podido encontrar precedentes de la Corte en los que ella se hubiera pronunciado consistentemente en sentido contrario. Creo que este silencio jurisprudencial ya nos dice algo importante. Sea entusiasmarnos para buscar más y mejor, sea invitarnos a dejar el pasado en paz y admitir que ésa fue históricamente la regla general que marcó y marca la ortodoxia (como la llama Lozano) de este asunto (recuerdo que esta publicación es del 30-04-08).

Para, volviendo al texto principal, sostener: "Y creo también que en términos generales, y sin perjuicio de alguna otra excepción que podría construirse, ésta es la doctrina que mejor se adecua a nuestro sistema y a la gravedad de la misión que la Constitución (LA LEY, 1995-A, 26) autoriza".

Y en la última publicación que conocemos, cuyo autor se inclina por la tesis permisiva y amplia con algunos aditamentos al respecto, se concluye que los jueces pueden hacer la declaración de inconstitucionalidad sin petición de parte cuando la inconstitucionalidad es palmaria, de una gravedad significativa y no vulnera el principio de congruencia (Patricio A. Maraniello, Declaración de inconstitucionalidad de oficio, Ed. Librería del Jurista, Buenos Aires, marzo de 2008, pág. 56).

Se recuerda en la sentencia recurrida al extinto maestro (fs. 163v., Germán J. Bidart Campos, Control de constitucionalidad de oficio, LA LEY, 147-294). Creemos que si hubiere tenido presente el juzgador su otro trabajo supra mencionado (Jurisprudencia de la Corte "versus" jurisprudencia plenaria de la Cámara Civil, ED 125-648) no hubiere citado los antecedentes de "Obras Sanitarias" (fs. 166) ni "fundado" su sentencia, como lo hace a fojas 164, en decisiones de esta Cámara ya revocadas por el Alto Tribunal por arbitrarias y dictadas, consecuentemente, nuevas sentencias en sentido contrario (v.gr. en "Weingarten" la sentencia de la Corte es muy anterior a la recurrida -31-10-06 y 04-06-07, respectivamente- y la de la Sala J del 05-07-07).

En especial habiendo tenido, efectivamente, presente otras sentencias como "Fara" (fs. 165v.) aunque para concluir, mal en mi opinión, que la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 25.429/97 que autoriza el pacto de la franquicia es la alternativa que provee una solución equitativa y justa para la controversia planteada.

Para justificar mi calificativo es suficiente considerar que la resolución no autorizó la franquicia sino que la impuso. Y que mal se puede condenar a la aseguradora que cumplió con la norma como debía hacerlo, que limitó lícita y razonablemente el riesgo, no percibiendo prima por ello (prima que si no hubiere franquicia sería casi del doble de la percibida -ver voto minoritario en "Obarrio y Gauna"-).

Sostuvo el señor presidente de la Corte Suprema Nacional doctor Ricardo Luis Lorenzetti, con acierto, al ampliar fundamentos en su voto en "Cuello c Lucena" que: "De tal modo, no puede afirmarse que la franquicia es un instrumento que perjudica a terceros, ya que es el ejercicio razonable de una limitación del riesgo de la actividad. Si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, no sólo se viola la ley de seguros, sino que se consagra una obligación sin causa (art. 499 Código Civil). Si bien, el tercero damnificado puede llegar a ser acreedor de la aseguradora del causante del daño, siempre deben respetarse las limitaciones de las cláusulas contractuales pactadas en dicha convención, que a su vez están subordinadas a la normativa vigente".

Por estas razones, y las antes dadas, estimo desacertada la sentencia recurrida, como la dictada por Sala L de esta Cámara (13-11-07, in re "Fernández c/ Transportes América", JA 2008-II, fascículo 5) en la que, por unanimidad, se declaró la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (en minoría se propuso declarar la inconstitucionalidad del art. 118 de la ley 17.418; según expresión de este primer voto coincidente con el juez que aquí dictó la sentencia recurrida -los jueces estamos en el deber -aun sin petición de parte- de señalar la inadecuación de leyes y normas inferiores a la constitución cuando su aplicación al caso repugna los preceptos de la norma superior-).

Se ha declarado la inconstitucionalidad de oficio y, como afirmé en mi voto en "Sylveyra", supra recordado, en una cuestión exclusivamente patrimonial, por tanto renunciable, y sin oír previamente a las partes interesadas, ni al Fiscal (como resulta de las sentencias recurrida y de la Sala L; en el expediente que hoy resolvemos lo hicimos al dictar la resolución de fs. 191 con fundamento en la norma de los arts. 25 y concs. de la ley 24.946). Y, además, en el sub lite sin respetar el primer sentenciante el principio de congruencia, ante un expreso reconocimiento del actor, quien tampoco contestó el traslado de la expresión de agravios de la contraria que requería pronunciamiento sobre el tema.

Si admitiéramos, como parece entenderlo la Sala L en "Fernández c/ Transportes América", que el Alto Tribunal, en su actual composición, está a favor de la declaración de la inconstitucionalidad de oficio (y recuerdo precedentes desde "Ganadera Los Lagos" hasta "Banco Comercial de Finanzas", pasando por "Mill de Pereyra" (LA LEY, 2001-F, 891 y otros, que no permiten -en casos como éste y en mi opinión- afirmarlo así y resolver como se lo hace), habría que admitir, consecuentemente y ante las sentencias dictadas -causas "Villarreal", "Obarrio" y "Gauna", entre otras-, la constitucionalidad de las normas cuestionadas, incluida la Resolución Nº 25.429/97; según hipótesis de Bianchi (conf. supra cit.): Podríamos decir que la Corte puede intervenir de oficio, y no lo ha hecho, al no haberlo hecho, implícitamente, y sólo implícitamente, está convalidando la resolución 25.429. Pero esto, insisto, es una hipótesis.

Desde el voto de la minoría en "Obarrio" venimos sosteniendo que la mayoría prescindió de aplicar normas vigentes como la Resolución Nº 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y el artículo 118 de la ley 17.418, entre muchas otras; es que los jueces no pueden ignorar las leyes, sin declararlas inconstitucionales (Fallos: 277:313; 281:170); como si fuere poco, que no lo es, sí aplicó la ley 24.449 no vigente en la provincia de Buenos Aires, y sí aplicó la ley 24.240 a pesar que las víctimas no son consumidores del contrato de seguros y, en muchos casos, ni siquiera del de transporte (ver Domingo López Saavedra, su ponencia en el Coloquio sobre Justicia y Seguros, organizado por la Academia Judicial Internacional; Carlos Alberto Schiavo, "El Derecho del Consumidor, los Contratos Aleatorios y el Contrato de Seguro", su ponencia en 2006 para el Instituto de Derecho de Seguros Isaac Halperin del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Carlos Schwarzberg, "Los seguros y la defensa del consumidor", en Sup. Actualidad de LA LEY del 14-02-06, entre otros).

En la sentencia recurrida cuyos agravios consideramos, y en la de la Sala L que refiero, encontramos parcial respuesta a alguno de estos cuestionamientos, con la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de la Resolución y el voto minoritario de hacer lo propio con el artículo 118 de la ley 17.418 (el criterio mayoritario parece haberlo considerado "modificado" por el art. 68 de la ley 24.449, inaplicable -agrego- en la provincia de Buenos Aires como dijimos en "Obarrio", con lo que al art. 118 de una ley incorporada al Código de Comercio -art. 163- estaría modificado en algunas jurisdicciones, pero no en otras!).

Seguimos, además, sin respuesta sobre la prescindencia -por ejemplo- del artículo 61 de la misma ley 17.418 según el cual el asegurador se obliga a resarcir, conforme al contrato, el daño patrimonial causado por el siniestro, o del 109 que dispone que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido; tampoco tenemos respuesta de la causa (art. 499 del Cód. Civil, votos del Dr. Lorenzetti en "Cuello" y de la minoría en "Obarrio") por la que se condena al asegurador (que puede ser una mutual, también una sociedad anónima) que se limitó a aplicar una norma obligatoria y no percibió prima, ni efectuó reservas naturalmente, ni cubrió el riesgo que resulta condenado a pagar, lo que no es posible de modo alguno, menos en un contrato de empresa, mercantil, aleatorio (conf. Carlos Schwarzberg Las franquicias en los seguros, la libertad de contratar y las nulidades, sup. LA LEY del 15-04-08).

Con el agravante que ha sido la inobservancia de dichas normas, precisamente, las que han fundado las sentencias del Alto Tribunal como, por ejemplo, sostuvo el 4 de marzo de 2008 al resolver Villarreal (también Gauna y Obarrio), precisando que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado (con cita de Fallos: 313:988; 321:394), y descalificando las sentencias recurridas por apartarse de la normativa vigente sin fundamento idóneo y suficiente.

Sí encontramos adecuada respuesta en una de las sentencias supra citadas (CNCom., Sala E, 15-02-08, in re "Torelli de Francisco Ana Clara y Otros c/ Bertolotti Luis Alberto", en los siguientes términos: "5.d) La parte actora plantea la inoponibilidad de la franquicia del seguro, también alega su inconstitucionalidad (fs. 953v/956v).

"Lo referido a la inoponibilidad se relaciona con la Res. Gral. 24.833/96 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, vigente a la época de los hechos, la que determinó en su anexo III, "Cláusulas Adicionales" Nº 2, la franquicia a cargo del asegurado disponiendo "... El asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de pesos cuarenta mil ($ 40.000)...". Tal redacción es idéntica a la actual cláusula 4º del anexo II de la Res. 25.429/97.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación en decisión del 20.8.06 en autos "Villareal, Daniel A c/ Fernández, Andrés", decidió dejar sin efecto una sentencia dictada por la Sala M de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con base en haber incluido en una condena a la aseguradora dejando de lado la franquicia pactada. Sostuvo, el Superior Tribunal en ese sentido y entre otros argumentos que, al "...incluirla en la condena y desestimar lo acordado entre el tomador y la aseguradora en cuanto a la franquicia, prescindió de lo dispuesto en la 17.418 que específicamente establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro (art. 118, parte 3º) y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de $ 40.000... el apartamiento a la normativa citada y vigente sin fundamento idóneo y suficiente, descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido..)" criterio además seguido por la misma Corte Suprema en la causa N.312XXXIX, "Nieto, Nicolasa del Valle c/La Cabana SA y otros" [Fallo en extenso: elDial - AA3900].

"Si bien los fallos del Superior Tribunal Federal no resultan obligatorios para los tribunales inferiores salvo en el caso en el cual han sido pronunciados, en consideración al valor intrínseco de esas sentencia -por emanar del intérprete supremo de la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia- y además por razones que hacen a la seguridad y certeza jurídica, como a la economía procesal, corresponde resolver la cuestión en el sentido que lo ha decidido la Corte Suprema, en tanto se trata, en el caso de cuestión que guarda similitud con la decidida en los precedentes citados. Cabe agregar que ese ha sido además el criterio seguido por la Sala, en los autos "Rivero Castiñeiras, María Dolores c/ Transportes Nueve de Julio S.A. s/ sumario" (Expte. 65.557/2001) del 4.12.2007.

"También los recurrentes plantean la inconstitucionalidad de la norma que confiere valor a la franquicia del seguro, dándose oponibilidad respecto de la víctima de un siniestro, empero los argumentos expuestos por la Corte Suprema a los que se ha hecho referencia, descartan el reproche y de todos modos se ha invocado tal inconstitucionalidad en oportunidad de expresar agravios, por lo que, además, su introducción resulta extemporánea e impide su consideración en ésta instancia.

"Por ello, no procede admitir la invocada inoponibilidad ni la inconstitucionalidad de la franquicia del seguro dado por la citada en garantía".

Concluyo entonces en que ha sido notable el desacierto del primer juzgador y voto por revocar tanto la declaración de inconstitucionalidad de oficio por él decidida, como la inoponibilidad de la franquicia del contrato de seguro.

IV. Resumen, costas Por lo expuesto voto por admitir parcialmente el agravio de la apelante, confirmando la sentencia en cuanto decide la responsabilidad y revocándola en cuanto declara la inconstitucionalidad de la Resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la inoponibilidad de la franquicia del contrato de seguro por aplicación de "Obarrio y Gauna" y condena a la aseguradora contra la que, consecuentemente, se rechaza la demanda; sin costas en esta instancia por la cuestión introducida en la sentencia recurrida, el modo en que se resuelve y la falta de oposición (arts. 68, 71, 84 y concs. del CPCC). Los honorarios de los profesionales, serán considerados luego que se lo haga en primera instancia según lo decidido a fojas 166 y no cuestionado.Así lo voto.

La doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

Adhiero al voto del distinguido colega preopinante, en todo lo que se propone respecto de los agravios en análisis, y asimismo en lo que a la oponibilidad de la franquicia se decide, en virtud del principio de congruencia, reiteradamente respetado por este Tribunal.

En relación a los considerandos III - 3 -2, III - 3 - 3 y III - 3 - 4 del voto entiendo que, en principio, tal como señalara el Dr. Vilar en autos "SYLVEYRA Jorge Omar c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A. y otro s/ daños y perjuicios" del 27 de mayo del corriente año, la doctrina plenaria solo puede modificarse por medio de un nuevo plenario. Realmente hubiera dado origen a un debate muy ilustrativo la cuestión acerca de la derogación o pérdida de vigencia del plenario, si hubiera habido la posibilidad de una autoconvocatoria de este cuerpo, en los términos del art. 302 del ritual, a efectos de ponderar la conveniencia de proceder a la revisión del fallo plenario dictado el 13/12/2006, la que fuera desestimada por mayoría de esta Cámara. De todos modos, resulta inoficioso tratar la cuestión en estos autos, dada la forma en que se ha decidido.

Tal mi voto.

El doctor Miguel A. Vilar, dijo:

Coincido con la solución de fondo a la que arribó mi distinguido colega preopinante, como asimismo la aplicación al caso del principio de congruencia, conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Sala (Considerando III-3-1).

Empero, no comparto el criterio que expone en el Considerando III-3-2 y siguientes con respecto al tema sobre la inoponibilidad de la franquicia en relación a los fallos de la Corte Suprema y el Plenario de esta Cámara del 13 de diciembre de 2006.

1) Entiendo que el pronunciamiento de la Corte en los autos referidos en el voto precedente, de ninguna manera revocó lo establecido en el Plenario citado.

La Corte reiteradamente ha declarado que lo decidido en sus sentencias, como los efectos que resultan de ellas, se limitan a la causa en que se dictan y, por consiguiente, dicho Tribunal juzgó y se pronunció en el caso dado.

En cambio, la Cámara Civil en pleno, no juzgó ni se pronunció sobre la causa en particular, sino que mediante ella -como instrumento-, unificó los criterios contradictorios de las distintas Salas, expresados en diversos juicios.

Por eso, la Corte al revocar la sentencia de Cámara lo estableció con respecto a esos damnificados específicamente. Y aunque haya desechado la doctrina sentada por el Tribunal en pleno, lo hizo, repito, para ese trance vale decir que, a tales accionantes únicamente les es oponible la franquicia.

2) Es bien claro y está legislado que la aplicación de un plenario es obligatoria para la misma Cámara, como para los jueces de primera instancia. Solo puede modificarse dicha doctrina plenaria por medio de un nuevo plenario (art. 303, Código Procesal).

En cambio, la sentencia de Corte no es obligatoria para casos análogos.

Por ello, mientras no se dicte un nuevo plenario que modifique lo establecido, el mismo sigue vigente y es de aplicación obligatoria para todo el fuero.

3) Quiero aclarar por último que, si bien es cierto que he seguido en cuestiones distintas a la presente los lineamientos de la Corte Suprema, ello lo ha sido porque, además de ser atinados, se han referido principalmente a la legislación de emergencia económica en conflictos que han afectado -y aun afectan- prácticamente a toda la población y no a controversias limitadas como lo es la de la especie. Así voto.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se admiten parcialmente los agravios de las apelantes, confirmando la sentencia en cuanto decide la responsabilidad y revocándola en cuanto declara la inconstitucionalidad de la Resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la inoponibilidad de la franquicia del contrato de seguro por aplicación de "Obarrio y Gauna", y condena a la aseguradora contra la que, consecuentemente, se rechaza la demanda; sin costas en esta instancia, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente al integro de la tasa judicial (arts. 14 y concs. de la ley 21.898). Notifíquese al señor Fiscal de Cámara en su despacho y a las partes por cédula y por Secretaría y devuélvase. -Diego C. Sánchez. -Miguel A. Vilar. -Ana María Brilla de Serrat.