marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, AFIP DGI, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, efecto devolutivo, efecto suspensivo, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: ENVASES PROGRESO SA c/ DGI s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-15

No debió concederse el recurso de apelación de la D.G.I. con efecto devolutivo, pues tal medio de impugnación no está regido en el caso por el art. 498, inc. 5, Código Procesal, sino por el art. 15, Ley 16.986, que lo acuerda "en ambos efectos", o sea, suspendiendo la aplicación de lo resuelto en primera instancia hasta tanto se expida la Alzada (cfr. Sagués, P. N., "Derecho Procesal Constitucional - Acción de Amparo", N° 230, pág. 469; Rivas, A. A. "El Amparo", pág. 313; Gozaini, O. A., "Características de los Recursos Previstos en el Juicio de Amparo", rev. La Ley, sup. Diario del 8.9.94; etc.). Ese error de procedimiento condujo indebidamente al libramiento de los oficios. (Del voto de los Dres. Amadeo y Bulygin).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ RODIÑO c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

1- El progreso de la vía excepcional del amparo requiere de modo insoslayable que el acto de autoridad pública impugnado esté viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, individualizándose la restricción invocada e indicándose con precisión el o los derechos lesionados, que resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez, en el curso de un breve debate, que no existen recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía constitucional de que se trate.

2- No es viable la vía del amparo cuando de los términos de la demanda y del informe producido por la demanda, surgen hechos controvertidos, que hacen necesaria una mayor amplitud de debate y la apertura a prueba del proceso.
Derecho a la salud, OSEP
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero Luque, Oscar Arturo c/ Director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Sr. Prieto. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-22

La decisión de la obra social de negar la provisión de un infusor continuo de insulina subcutáneo Paradigma 754 VEO, al amparista-afiliado- que padece una enfermedad reconocida por los especialistas auditores del ente, sin motivación según da cuenta el acto administrativo denegatorio Resolución Nº11986 , prima facie valorada, incurre en el supuesto contemplado en el Art. 1 de la Ley 4642, que veladamente excede los limites de razonabilidad que debe mediar en las decisiones administrativas, en perjuicio directo del administrado conculcando derechos de superior jerarquía, lo que determina la procedencia formal de la acción.

Ello, sin perjuicio de que la procedencia sustancial sea merituada en el momento procesal oportuno, cuando el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.
Relaciones de familia, costas
Materia: CIVIL
Carátula: T. M.S. c/ M.G.F. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-11

(...) si bien es cierto que el alimentante ofrece voluntariamente un aumento de la cuota, dicho ofrecimiento se efectúa una vez iniciado el presente, por lo que resulta evidente que la judicialización del reclamo es el resultado de la imposibilidad material de las partes de llegar a un acuerdo. Por ello entendemos que se impone la aplicación del principio rector de "costas al alimentante" que impera en esta materia y que venimos sosteniendo en nuestras anteriores intervenciones en causas similares, no configurándose en el presente las excepcionalísimas circunstancias que habilitarían a dejar de lado dicho principio general (conf. ICF Nº 54382/2012) (...)
Costas, realidad económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Angelo Paolo Entrerriana S.A. s/ Quiebra pedida por Acreedores Dra. Gladis Colli s/Inc. Revisión  prom. por D.G.I._
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-28

Al haber la quejosa demostrado el error invocado y el perjuicio que le causa, el fallo impugnado resulta arbitrario porque no respeta la realidad económica del juicio y, por ende, lo descalifica como acto jurídico válido y torna procedente la impugnación deducida.
Municipalidad, personal contratado, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ANDINO, RAUL ORLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

La circunstancia que en la demanda se pretendan indemnizaciones fundadas en la Ley de Contrato de Trabajo, no obsta a que la materia sea contencioso administrativa, ya que la eventual aplicación a relaciones de esas características de normas de derecho privado no le resta, en principio, su condición de pública, ligada a la realización de cometidos de interés general. Y tampoco impide esta solución, la particularidad que el Juez en lo Laboral no se haya expedido sobre su competencia material ya que la avocación para resolver las cuestiones de competencias -a que refiere el artículo 2 de la Ley 11.330- constituye una potestad del Tribunal que participa de la reconocida importancia de la materia contencioso administrativa, impregnada -tal como se señala en la exposición de motivos de la ley citada- de "interés público" y así también la circunstancia que una de las partes -invocando que la materia en debate corresponde a la competencia contencioso administrativa- haya solicitado, en el caso con fundamento en el artículo 2 de la Ley 11.330, la intervención de este Tribunal para resolver una cuestión de competencia, y de que su contraparte tuviera suficiente oportunidad de expedirse en esta sede sobre el punto, basta para que la Corte se pronuncie al respecto, y para que disponga, en su caso, lo conducente en orden a la tutela de competencia contencioso administrativa si ésta pudiera estar afectada.
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: GUSTIN, DIANA c/ CIRCULO ODONTOLOGICO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-22

El hecho de existir una disposición legal que imponga un mínimo en la regulación de honorarios, significa que menos de ello no se puede regular, y a partir de ese monto deben establecerse los emolumentos de los profesionales actuantes.
COMFER, sanciones administrativas, resoluciones irrecurribles, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELEFE c/ COMFER" s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

No cabe atender la tacha de inconstitucionalidad del art. 81 de la ley 22.285, en cuanto establece que las sanciones de apercibimiento y llamado de atención son irrecurribles, pues el párrafo impugnado se halla referido a los recursos que pudieran plantearse en sede administrativa y no a la impugnación en sede judicial, de modo que no aparece la vía directa que aquí se indica.
Expresión de agravios, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cañas, Mario Roberto c/ Calvo, Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

La falta de firma (art.118 inc.3 del CPC) del escrito de expresión de agravios, no es subsanable una vez vencido el plazo que concede el art.254 del CPC, el cual es perentorio (art.155 del CPC) y el incumplimiento de la carga procesal de fundamentar la impugnación acarrea inexorablemente la deserción del recurso, según lo establece expresamente el art.260 del citado ordenamiento. Ello es así porque el escrito no firmado por el representante o apoderado del apelante no produce sus efectos propios (art.1012 del Cód.Civil), razón por la cual ni siquiera es posible ejercer la atribución que el art.34 inc.5 ap."b" del CPC confiere al Tribunal, porque es inaplicable a esta situación.
Competencia ordinaria, fertilización asistida
Materia: CIVIL
Carátula: G., G. A. y C. A., L. c/ Swiss Medical S.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-14

Es competente la Justicia ordinaria para entender en la acción de Amparo que persigue la cobertura del tratamiento de fecundación asistida, pues si bien la Ley Nacional 23661 -art. 38- estipula la competencia de la justicia federal la presente causa ya se encuentra radicada y en trámite en la Justicia Ordinaria por lo que corresponde la resolución en dicha órbita.
Providencia simple, gravamen irreparable
Materia: LABORAL
Carátula: Barcos, Orlando c/ Los Tajamares S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-30

Una providencia simple causa gravamen irreparable cuando, una vez consentida, sus efectos son insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso ulterior de los procedimientos; cuando impide o tiene por extinguido el ejercicio de una facultad, un derecho procesal, impone el cumplimiento de un deber o aplica una sanción.

El proveído "téngase presente" no importa un gravamen irreparable porque no constituye un pronunciamiento definitivo, sino que difiere la postura a adoptar, sin adelantar cual será la misma, aún cuando finalmente no se disponga la medida.
Cheque sin fondos, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ROLON, RAMON ABEL s/ Cheque sin fondos Causa 30901
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

1- La interpelación dirigida en tiempo y forma al domicilio especial denunciado en el banco por el librador del cheque sin fondos para la atención de su giro, resulta suficiente para tener por satisfecha la exigencia de la ley, no obstante que aquélla no hubiera sido entregada en destino por la desvinculación posterior con ese domicilio. (Del voto del Dr. Repetto).- 2- Al momento de lanzar cheques a la circulación mercantil, todo librador debe realizarlo con respaldo suficiente de fondos en el banco, de modo que el solo rechazo de los cheques por no tener dinero depositado o autorización expresa para girar en descubierto, ya adelanta sobre su conducta antijurídica y si quiere enervar las consecuencias penales debe probar que pagó el importe dentro del plazo legal. La carga de la prueba está en cabeza del acusado, por cuanto no se advierte razonablemente cómo el acusador ha de probar un hecho negativo como es la omisión de pagar (Del voto del Dr.

Repetto).
Daño moral, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Benjamina, Zulema Manuela, Jacinto Rodríguez, De Caparra Nélida c/ Ordiz, Adolfo, S.A.M.E.E.P. y Juan Manuel Ordiz s/ Daños y Perjuicios. Rodríguez Benjamina, Zulema Manuela, Jacinto Rodríguez, De Caparra Nélida c/ Ordiz, Adolfo, S.A.M.E.E.P. y Juan Manuel Ordiz s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1989-09-28|1989-09-28

Sólo los herederos forzosos de la víctima del homicidio tienen acción para demandar la reparación del agravio moral que ellos han sufrido, derecho del que carecen otras personas, por intenso que haya sido el dolor experimentado a causa del hecho (art.1078, 2da.

parte, in fine).
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, cuestión de derecho común
Materia: Procesal
Carátula: Vergara, José Bernardo c/ Compañía Naviera Perez Companc s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-05-28

Para que el recurso proceda, la cuestión federal debe tener relación directa e inmediata con la materia del proceso. No bastando la mera invocación de cláusulas contenidas en la Constitución Nacional. No existe en el sub-exámine relación directa e inmediata si las cuestiones se hallan directamente regidas por normas de derecho común o local y éstas no han sido impugnadas de inconstitucionales.
Acción de inconstitucionalidad, código tributario municipal, plazo, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa de Distribución  de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-08

El art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta establece que la demanda de inconstitucionalidad se debe interponer ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte de hecho los intereses del actor, y que vencido dicho termino se considera caduca la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos que estime afectados. La norma aludida determina, además, que cuando los preceptos impugnados no han sido aplicados aún al demandante y la acción deba ejercitarse con finalidad preventiva, puede deducirse desde la publicación de la ley, decreto, reglamento u ordenanza.

En el caso, el plazo debe computarse a partir de la notificación recibida por el actor, mediante la cual la municipalidad puso en su conocimiento las liquidaciones efectuadas, de conformidad a las normas cuestionadas, en concepto de tendido de línea de media tensión y colocación de postes. Siendo ello así, la demanda de autos, resulta temporánea.(Del voto del Dr. Samsón, Dra. Bonari, Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Posadas)
Defraudación, abuso de confianza
Materia: PROCESAL
Carátula: A., H.D. y G., P.A. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-17

En el aspecto objetivo se requiere, para el delito de defraudación por abuso de confianza, que el autor viole sus deberes perjudicando los intereses que le fueron confiados. La causación de un daño efectivo es el elemento de un delito, daño que implica perjuicio patrimonial que debe ocasionarse en los bienes que se administran, manejan o cuidan sea por actos dispositivos, sea obligando patrimonialmente.
Expediente, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Pedido de  acumulación de expedientes (Expte.: C.S.J. nro. 534 año 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

La acumulación de expedientes implica adoptar una decisión que requiere, previamente, constatar la concurrencia de los presupuestos legales, lo que supone la determinación precisa de cual o cuales procesos se trata y, en su caso, sobre cual corresponde acumular.
Escritos judiciales, cargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corral, J. c/ Algañaraz, Ulises s/ Desalojo Menna, Alcides c/ Consorcio de copropietarios Galeria Eves s/ Cobro de australes - Cuaderno prueba demanda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1976-07-29|1991-06-18

El cargo impuesto en los escritos judiciales posee calidad de instrumento público, por lo cual sus manifestaciones erróneas deben atacarse por vía idónea a tal fin, salvo supuestos especialísimos de excepción (arts. 979, 993 y afines CCI y 393 CPC). (En el caso, ante la manifestación del señor juez interviniente en la causa, avalada por prueba documental, para evitar rendir tributo a un excesivo rigorismo formal y en virtud del principio de economía procesal, se procedió a la modificación del cargo). Criterio de los doctores Libonati y De Carli.
Cuestiones de competencia, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal Federal s/ denuncia s/presunta infr. art. 189 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Las declaraciones de competencia deben hallarse precedidas de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los que versa y encuadrarlos, prima facie, en alguna figura determinada, pues sólo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del juez a quien compete investigarlo.
Control de constitucionalidad, decretos, desagio, daño material, falta de prueba, declaración de inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

La mera "disminución" del precio -sin ninguna otra probanza- no basta para demostrar la concreción de un daño. Sin la prueba que debió ofrecer y producir el actor (que no incorporó sobreprecios;

que no existía plazo de pago no cubierto por cláusula de ajuste; que no se produjo la caída de la inflación o que la reducción no guardó proporción con la escala del art. 4 del decreto 1.096/85), conserva vigencia la apreciación teórica de que la tabla de conversión sólo resta la inflación esperada -que no llegó a producirse- según una estimación promedio de las expectativas generales. Esa posibilidad de probar significa que el aludido decreto no comportó un sistema que dejó al acreedor inerte frente al deudor frustrando sus derechos constitucionales. Conclusión que autoriza a afirmar que el sistema establecido -en tanto presumió el hecho imprevisto y en tanto mensuró por anticipado su medida- no es descalificable por irrazonabilidad y que, sin dicha prueba, se halla desprovista de sustento la tacha de inconstitucionalidad que se formula con base en una presunta alteración de la relación convencional, de la ecuación económico-financiera del contrato.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, falta de fundamentación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caffaro, Roberto Antonio y otros c/ SEGBA  S. A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Deben dejarse sin efecto las decisiones que no satisfacen sino en forma aparente la necesidad, de raíz constitucional, de ser fundadas y constituir derivación razonada del derecho aplicable con adecuada referencia a los hechos de la causa.
Ejecución de sentencia, buques, embargo de buque, interdicción de salida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Talleres Navales D. Norte  S.A.C.I. y N. c/ Huemul  S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

En el proceso de ejecución de sentencia el embargo constituye un trámite imprescindible, enderezado a individualizar el bien (o bienes) del deudor, para proceder a su posterior realización mediante subasta a fin de posibilitar que el acreedor se cobre con su producido, propósitos que son los que persigue la ejecución de sentencia. En virtud de aquella finalidad, el bien sobre el que ha sido concretado el embargo no puede ser sustituido. Lo mismo cabe predicar respecto de la interdicción de salida, ya que ella tiende a posibilitar la realización del buque embargado.
Cambio de calificación legal, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: PROVINCIA del  CHUBUT c/ P., M.E. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-01

La calificación jurídica de los hechos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello afecte el derecho de defensa, cuando el accionar insimulado se mantenga sin variación y, además, se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir, si bien se encuentra reconocida la facultad judicial de adecuar o precisar la figura jurídica, independientemente de la calificación indicada en la acusación, lo cierto es que esa atribución encuentra su límite en la correspondencia del pronunciamiento con los hechos que constituyeron la materia del juicio.
Cuestiones de competencia, economía procesal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Azorín, Pablo Sebastián y otros c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

La estabilidad relativa de las decisiones en materia de competencia no deriva del instituto de la cosa juzgada, sino del principio de economía procesal, fundamento de la conocida doctrina de la Corte que desautoriza la profusión de actos jurisdiccionales superfluos en torno al tema de la· competencia y la promoción de planteos de esa naturaleza cuando no existen motivos sustanciales que lo justifiquen. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Locación de servicios, honorarios, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Vignera, Víctor c/ Franco, Florencio A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Ningún trabajo se presume gratuito:

si las partes no convinieron el honorario, el locador del servicio tiene pleno derecho al honorario que marca el arancel de la materia (en el caso, el Decreto Ley 7887/55 y la ley 21.165). Si dicho honorario del arancel excede el monto de los pagos a cuenta hechos por el locatario, es evidente que sigue debiendo el saldo insoluto. En tales condiciones, no habiendo existido requerimiento escrito alguno por parte del locador intimando a la accionada el pago de su obligación, la mora empieza a correr desde el momento del traslado de la demanda (art. 508 y 509, párrafos 1 y 2 del Código Civil).
Confirmación de sentencia, prórroga de la medida cautelar, importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NMT SA c/ EN-AFIP-DGA -215513G s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-08

Se confirma la resolución de primera instancia que ordenó la liberación de la mercadería retenida, sin perjuicio de la prosecución de la investigación que el servicio aduanero se encuentra facultado de realizar. Procedimiento aduanero contrario al art. 1087 del Código Aduanero por exceder el plazo otorgado por la norma de 25 días para iniciar la apertura del sumario que hubiera permitido prorrogar la medida cautelar que importó la paralización del despacho de importación. Solicitud de la actora del levantamiento de la medida precautoria. Vencimiento del plazo desde tal solicitud. Liberación automática al vencimiento del plazo establecido por el art. 1088 del Código Aduanero. Limitación a las facultades de la Aduana para aplicar medidas precautorias excepcionales. Operatividad de los plazos, no reconoce excepción o limitación alguna.
Pensiones, hija divorciada, divorcio del 67 bis
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARL DE DONTERBERG, CARLOTA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

El artículo 38, inciso c de la ley 18037 solo autoriza el cobro del beneficio pensionario a las hijas divorciadas por culpa exclusiva del marido por lo que, a contrario sensu, debe entenderse que no pueden acceder a dicho beneficio quienes sean responsables, aunque concurrentemente, del divorcio acaecido, situación que no cambia aún cuando el carácter de culpa emane del artículo 67 bis de la derogada Ley de Matrimonio Civil, ya que tal disposición es aplicable a todos los supuestos, incluso los previsionales, y admitir lo contrario implicaría violentar el espíritu de la ley jubilatoria, puesto que el régimen de la ley 18037 sigue, en líneas generales, las reglas del matrimonio, parentesco y filiación, según la terminología del derecho común.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Trepicchio, Enrique Antonio c/ Nani, Horacio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Aún cuando el vehículo embestido estuviera detenido en lugar no permitido, ello no resulta suficiente para eximir de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa generadora de riesgo (art. 1113 Cód.

Civil) pues la eventual infracción a las reglas de tránsito no constituye -de por sí- la prueba cabal de la eximición de la responsabilidad por riesgo (Ac. 38302 del 29-III-1988).