Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23


En la ciudad de Trelew, a los 23 días de noviembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. D. V. c/ O. A. M. s/ cobro de pesos" (Expte. nº 639 - año: 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 115 .

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó: -- Que a fs. 97/100 la Sra. Juez de grado falló esta causa, haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. D. V. C., condenando a la Sra. A. M. O. a abonarle, la suma de pesos ciento diez mil ciento ochenta y uno ($ 110.181), más intereses, dentro del quinto día. Se impusieron las costas a la demandada vencida, regulándose los honorarios de los Dres. I. C. P. y N. S. -letrados apoderados del actor- en un 18% y para los Dres. A. S. y A. A. , letrados apoderados de la parte demandada en un 14%, todos con más el IVA si correspondiere.- Que a fs. 106 la demandada apela dicho decisorio, siendo concedido su recurso a fs. 107 y fundado a fs. 108/110 y vta.- Se agravia primeramente la demandada por cuanto entiende que la juez de grado ha actuado con flagrante incongruencia. Así manifiesta que ni del escrito de demanda ni de su contestación surge el año en que el actor ingresó a laborar con la hoy demandada, solo se hace mención al día y mes (2 de enero); agrega que de haber existido algún vinculo entre las partes, no era laboral y, a lo sumo, se habría iniciado en el año 2007 y por el lapso de 6 meses, debiendo adecuarse los reclamos del actor de dicho periodo, ello si se entiende que existió realmente relación laboral. Cita jurisprudencia. Como segundo agravio refiere a la falta de prueba de la supuesta relación laboral entre actor y demandada, que aquel no aporto las pruebas suficientes para acreditar la mentada relación. Continúa diciendo que de las pruebas testimoniales no surge que tipo de relación unía al Sr. C. y a la Sra. O.. La presencia del actor en el local C. se debía a la relación amorosa que mantenía el actor con la hermana de la demandada, según dicho de ésta. Dice que la jueza de grado tuvo por acreditada la relación laboral y la remuneración recibida por la misma sin prueba alguna. Por último se agravia por cuanto se ha valorado erróneamente la prueba. Ello así por cuanto no se estuvo al principio de la supremacía de la realidad por sobre las forma o apariencias que las partes hayan dado a la relación que los unía. Solicita se revoque la sentencia en todas sus partes con imposición de costas.- Ingresando al tratamiento del primer agravio, debo decir que yerra el recurrente en su planteo de flagrante incongruencia en el fallo de grado.- Las propias manifestaciones del actor en su responde de la demanda dan por tierra con su primer agravio, ya que ambas presentaciones se contraponen abiertamente.- Es cierto que ni del escrito de demanda ni de su contestación surge el año en que el actor ingresó a laborar con la hoy demandada, solo se hace mención al día y mes (2 de enero); pero de ello no cabe extraer que el fallo que reconozca una determinada fecha de ingreso implica un fallo extra petita.- Habiendo existido silencio en ambas partes sobre el año en que ha comenzado la relación, pero controvertido entre ellas que tal relación existiera, se torna motivo de prueba el hecho no sólo de la existencia de relación laboral sino de su fecha -y año- de inicio. De tal suerte, no solo el juez no ha fallado extra petita, sino que al tratarse de un hecho controvertido era su deber pronunciarse sobre el hito inicial de la relación laboral.

Sobre el tema, la CSJN ha decidido que la sentencia, en juicio civil, debe limitarse al juzgamiento de las cuestiones que han sido objeto de litigio entre las partes, pues la circunstancia de acordar derechos no pedidos ni debatidos en el transcurso del pleito vulnera las garantías de la CN. arts. 17 y 18 (Corte Sup., 27/8/85, "Ibarguren de Duarte, Juana v. Perón, Juan D. /suc.", en JA 1986-IV-705).- Toda vez que se discute si existió relación de trabajo y cuándo comenzó ésta, el pronunciamiento de la juez de grado sobre el particular, lejos de implicar un fallo extra petita, constituye el cumplimiento de su deber de fallar sobre las cuestiones propuestas y los hechos debatidos.- Bien se ha puntualizado que los jueces no pueden excederse en su decisión involucrando temas, circunstancias o cuestiones que no hayan sido objeto de controversia durante el curso del proceso. Es que la sentencia debe conformarse en un todo a lo que se haya solicitado en la demanda y contrademanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto de litigio y a la causa o al vínculo puesto en discusión, toda vez que la misión de los jueces no es otra que declarar el estado de las relaciones de derecho en el momento en que la acción es deducida en juicio. Todo ello es así en virtud del principio de congruencia que puede ser definido como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimiten ese objeto (C. Nac. Civ., sala K, 24/5/90, "Clemente Lococo S.A. v. Moris de Lococo, Ofelia", JA 1992-I-786).- El recurrente yerra el enfoque del tópico interpretando que el juez ha agregado pretensiones a las contenidas en la demanda, cuando en realidad se ha limitado a apreciar la prueba obrante en autos respecto de un hecho debatido: el inicio de la relación laboral discutida en autos y base de estas actuaciones. Nada hay de irregular en este aspecto del fallo, al limitar el iudex a saldar una disputa existente entre las partes y planteada específicamente por ambas en sus respectivas piezas presentadas en la faz postulatoria del proceso.- Que ninguna de ambas haya precisado el año en que dio comienzo la relación y el juez lo establezca, de acuerdo a la prueba colectada, no viola el principio de congruencia, por cuanto el demandado no fue privado de alegar y probar lo conducente a la defensa de sus derechos en este punto. Ergo, no se halla comprometido en este caso el principio de congruencia, simplemente porque no se ha fallado extra petita, ni se han agregado pretensiones a las contenidas en la demanda.- Además de ello, el apelante se contradice en sus afirmaciones, por cuanto en los agravios sostiene que de haber existido algún vinculo entre las partes, no era laboral y, a lo sumo, se habría iniciado en el año 2007 y por el lapso de 6 meses, mientras que en la contestación de demanda, a fs. 18vta. sostiene que en Noviembre de 2006 el actor dejó de concurrir al local de su propiedad, no volviendo a asistir a él por ningún motivo. Mal podría la relación laboral eventualmente reconocida haberse limitado al año dos mil siete, cuando a fsf. 18vta. se afirmó enfáticamente que a partir de Noviembre de 2006 el actor no concurrió más al local propiedad de la accionada.- Ergo, el agravio deviene no ya inacogible, sino objetivamente improponible, por imperio de la doctrina de los actos propios.- En diversos votos anteriores de mi autoría (cfr. Mi voto, en sentencia de esta Sala del 2/7/09, in re "P., P. E. c/ C., O. E. y otro s/ Demanda de Nulidad" (Expte. 102 - Año 2009 CANE) y esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008) sostuve que la inadmisibilidad de ir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de buena fe y particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente (CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97, "Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ Empresa B.H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL.-; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, J.", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233; en similar sentido, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Secc. 3ª, 16/9/92, ponente: Sra. Rigo Rosselló, La Llei (La Ley Catalunya), 1993-1, p. 659; LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss).- "La doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de "hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar". Lo obstativo se apoya en la ilicitud material -se infringe el principio de buena fe- de la conducta ulterior en contradicción con la que le precede. Y se trata de un supuesto de ilicitud material que reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico, considerado éste inescindiblemente..." (MORELLO, Augusto M. - STIGLITZ, Rubén S., "Inaplicabilidad de la doctrina del acto propio a la declaración viciada por falta de libertad y por violencia", en DJ 2004-II-1241).- Esencialmente la llamada doctrina de los actos propios, que en realidad constituye una inadmisibilidad o veda de ir contra los propios actos, constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad reconocida al sujeto que luego pretende variar de comportamiento (esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008); CNFed. Contadm., Sala V, Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ Empresa B.H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL.-; CNCom., Sala A, 23/4/97, "G. V. y otros c. Canteras Argentinas S.A.", LL 1997-D, 180 y DJ 1998-1-296; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, J.", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233).--La doctrina de los actos propios es, entonces, una limitación al ejercicio de un derecho, que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss.; esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008).- También se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se autocontradigan al efectuar un reclamo judicial (CNCiv., Sala J, 30/4/96, "Repetto, José M. D. c. Club Náutico Hacoaj", LL 1997-E, 1024 (39.833-S) y DJ 1998-2-1160, SJ. 1549; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ Empresa B.H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL; ídem, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008).

En un agudo voto bien se ha cuestionado la duplicidad en el actuar de quienes "instantes después de actuar vuelven sobre el pasado para destejer, como Penélope, lo que antes habían tejido, sembrando el camino de dificultades desleales, que no son de recibo para el Derecho, como tampoco lo es la filosofía del INSTANTANEISMO, que lleva a predicar que la persona no se obliga sino para el momento en que expresa su declaración de voluntad, pero que en el instante siguiente queda liberado de sus deberes. Quienes así proceden dejan la desagradable impresión de que con su conducta sólo han buscado sorprender a la contraparte" (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, que se identifica como Sentencia T-295/99).- Pero, desde el punto de visto procesal, ¿cuál es el efecto de la aplicación de la doctrina de los actos propios? Una buena respuesta al interrogante ha brindado el Dr. Carlos A. Velázquez en un voto suyo en sentencia de la Cámara que integro, en el que con cita del maestro MORELLO, dijo acertadamente que "una pretensión o una defensa formuladas dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe ... Ya no se tratará de las razones que adunen la pretensión o la oposición a ella, sino de la lisa y llana improponibilidad de las mismas, bloqueadas por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial" (Cám. Apels. Civ. y Com. de Trelew, Sala A, 10/10/06. "ASESORÍA CIVIL DE FAMILIA N° 1 c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ acción de amparo", causa 21.702, registrada al S.D.C. 48/06, con cita de MORELLO-STIGLITZ, "La doctrina del acto propio", L. L. 1984-A-865, cap. XVIII).- Y en un trabajo doctrinario de mi autoría sostuve que la aplicación a un caso de la doctrina de los actos propios torna subjetivamente improponible la pretensión de un sujeto que contraríe su conducta anterior (LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La doctrina de los actos propios en el derecho argentino y comparado. (Sus caracteres, sus requisitos de utilización y su correcta comprensión)", publicada en el-Dial).- Pero, posiblemente, quien mejor ha esclarecido cómo funciona esta doctrina en el proceso civil es el prestigioso jurista de la Corte Constitucional de Colombia, Dr. Alejandro Martínez Caballero, en un voto suyo como ponente, en el que manifestó que "El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el "venire contra factum proprium", según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada... La buena fe, se enseña, implica un deber de comportamiento, '. que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever' (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, que se identifica como Sentencia T-295/99).- Y agregó el ponente en su voto que "Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice "no se puede ir contra los actos propios". Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho" (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, sent. T-295/99).

En un voto de mi autoría, en sentencia reciente de esta Sala dejé sentado que en cuanto a los efectos de la doctrina la aplicación a un caso de esa doctrina torna subjetivamente improponible la pretensión de un sujeto que contraríe su conducta anterior. Desde el hontanar procesal, así funciona la doctrina del venire contra factum proprium (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B., L.O. c/ M., J. C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) . -- Agregué allí también que esta doctrina implica una restricción o imposibilidad de actuar, aunque de índole subjetiva; ontológicamente no es otra cosa que la veda o prohibición a un sujeto específico de invocar lo actuado por él en contradicción con actos o manifestaciones anteriores suyas. Traduciendo la formulación a nomenclatura civilista, los efectos de la doctrina de los actos propios consisten en una suerte de inoponibilidad al revés. En la inoponibilidad, un acto válido en general es, sin embargo, inoponible a determinada persona (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B., L.O. c/ M., J.C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) .- Y de todo ello concluí que se daba en ese caso la contratara de la inoponibilidad, la improponibilidad: un acto o conducta que cualquier otra persona podría ejercitar, que es lìcito y admisible en general, sin embargo, no puede serle admitida su invocación a determinada persona, porque ésta carga con una inidoneidad funcional especial para realizarlo, a consecuencia de su conducta anterior, que se contrapone frontalmente al acto o conducta que ahora intenta. No hay nada de malo o cuestionable en el acto en sí, porque éste es lícito -si no lo fuera, no haría falta acudir a la doctrina de los actos propios, pues bastaría con invocar normas expresas del ordenamiento, como el art. 953 C.C.- pero de la correlación del segundo acto o manifestación con la previa actuación surge una contradicción que el ordenamiento no desea favorecer y, entonces, pune. Si no lo hiciera y permitiera el ir y venir a su libre arbitrio de los sujetos por el proceso judicial y la vida de relación, debería desterrarse directamente del derecho toda idea de seguridad, buena fe, coherencia, previsibilidad del tráfico, etc. Y ello resulta inadmisible. La doctrina de los actos propios, entonces, es una concesión que la libertad de actuación de los sujetos debe hacer al interés general, colocado en la seguridad y honorabilidad del tráfico (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B., L.O. c/ M., J.C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) .

Transpolando estos principios a los hechos de esta causa, surge claro que la pretensión revisora introducida en el primer agravio del recurrente se contrapone frontalmente con sus propias alegaciones de fs. 18vta., en las efectuara aseveraciones objetivamente contradictorias -incompatibles y mutuamente excluyentes- con las que visten la pretensión revisora motorizada en este agravio. Esta contradicción, a la par que la falta de configuración de un fallo extra petita, sellan la suerte del agravio, el que debe lisa y llanamente rechazarse, lo que propongo al acuerdo.- El segundo agravio, cuestiona la falta de prueba de la supuesta relación laboral entre actor y demandada, que aquel no aporto las pruebas suficientes para acreditar la mentada relación. Continua diciendo que de las pruebas testimoniales no surge que tipo de relación unía al Sr. C. y a la Sra. O.. La presencia del actor en el local C. se debía a la relación amorosa que mantenía el actor con la hermana de la demandada, según dicho de ésta. Dice que la jueza de grado tuvo por acreditada la relación laboral y la remuneración recibida por la misma sin prueba alguna. Avocándome a su tratamiento debo decir que el mismo debe declararse desierto.- A fs. 98 la Sra. Juez de grado pasa prolija revista a las declaraciones de tres testigos (testigos Cobeaga, Alessio y González), reseñando sus dichos y arribando a la conclusión por sus declaraciones concordantes sobre la existencia de relación laboral entre el actor y la demandada, sobre que ésta le impartía órdenes a aquél y sobre que dicha relación perduró desde comienzos de 2004 hasta mediados de 2007.- El apelante no ha atacado idóneamente este punto sentencial, verdadera viga maestra de la sentencia de grado, al punto que ella ha quedado firme y consentida, por falta de rebatimiento idóneo.- El apelante no se ha hecho cargo de las premisas utilizadas por la a quo en su discurrir sentencial, limitándose a repetir alegaciones ya hechas en otra etapa del proceso, a sostener a ultranza su versión de los hechos, pero sin cuestionar frontalmente y con precisiones ni la apreciación de los dichos de cada testigo realizados en la instancia anterior, ni el resultado de tal mettier apreciativo a la luz de constancias concretas de la causa o hechos verificables y objetivos.- El apelante ha expresado su parecer, su versión subjetiva de lo ocurrido en la litis; pero, peor aún, lo ha efectuado a vuelo de pájaro y sin descender a la crítica o concreta del pronunciamiento.- Con ello, la recurrente no ha llenado su deber, al plasmar una crítica superficial, genérica, basada en subjetividades, y no tocar al discurrir del recurso los puntos centrales o dirimentes del decisorio que se cuestiona y de la apreciación probatoria que éste formula, lo que implicó quedarse a medio camino o errar el sendero, por parte del recurrente.

Y, en ambos casos, tal deambular por una instancia especial como la segunda instancia donde la precisión debe ser impar y las vaguedades colapsan, no lleva al apelante a destino, sino que lo expone a no obtener el resultado que buscaba (cfr. Mi voto, en sentencia de esta Sala del 13/10/09, in re "J., C.D. c/ P.P. S.A. s/ Cobro de pesos" (Expte. 325 - Año 2009 CANE).- La apelante no ha traído precisiones a su cuestionamiento, lo que ha resultado fatal para su suerte en la liza, como que no ha logrado -no ya prosperar con su embate- si no ni siquiera llenar las exigencias que el art. 265 CPCyC le ponía delante como umbral de admisibilidad, previo y condicionante de la procedencia de su pretensión revisora.- Es que el recurso de apelación no es una competencia artificiosa de saberes abstractos, pareceres subjetivos o sagacidades vanas, entre un juez recurrido y un apelante. El recurso de apelación tiene por objeto la revisión de legalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de suficiencia argumental de un pronunciamiento. No se trata de analizar por su conducto si había mejores argumentos a la mano en la temática abordada o si algunos de los utilizados eran deficientes -incluso equivocados- o si el juez cometió un deficit argumental en alguna de sus vigas maestras (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 13/10/09, in re "J., C.D. c/ P.P. S.A. s/ Cobro de pesos" (Expte. 325 - Año 2009 CANE).-- Recurrir no es expresar matices sino descubrir y patentizar desaciertos. Recurrir no es plantear opiniones divergentes a la del fallo atacado, sino demostrar que éste no se sustenta en derecho o contraviene las constancias de la causa.

Y, en verdad, cuando se analizan las afirmaciones de la recurrente de fs. 108/110vta., ellas carecen de detalle y convictividad, no logrando éste acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputa al acto sentencial impugnado. Concretamente, el apelante no se ha hecho cargo no solo de desacreditar las declaraciones de los tres testigos que menciona la sentencia de grado, sino que tampoco ha advertido que un testigo propuesto por su parte, el testigo Lucero, a fs. 81, también acredita los dichos del actor. Nada de esto ha sido desvirtuado por la accionada, que tampoco ha logrado conmover las constataciones sentenciales edificadas a partir de estas y otras probanzas. La alegación genérica obrante en el recurso sobre la carencia de prueba corroborante de los dichos del actor deviene, al no hacerse cargo de la existencia de cuatro testigos que validan el discurso del accionante, antojadiza e inatendible.- Lo propio ocurre con el tercer agravio, relativo a la valoración errónea de la prueba. La apelante afirma enfática pero subjetivamente y sin precisiones suficientes que la a quo no aplicó el principio de la supremacía de la realidad por sobre las forma o apariencias que las partes hayan dado a la relación que los unía.- Pero, apreciado con detenimiento el ataque, éste no ha logrado patentizar ningún yerro grave del a quo en esta faena valorativa.-- Para demostrar argumentalmente esta insuficiencia del ataque recursivo baste recordar en primer lugar que en multitud de fallos, a través de mi voto, esta Sala ha decidido que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (mi voto en sentencias de esta Sala, del 12/11/08, in re "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" (expte. 117, año 2008); ídem, 4/4/08, "P.V. c/ M.H.O. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.785 - Año 2008); Ídem, del 19/6/08, in re "F., R. D. c/ B.H. S.R.L. y otros s/ Indem. de ley" (registrada como SDL 38/08); ídem, 18/6/2008, "V., L.N. y otro c/ L. XX de J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL); ídem, 7/8/08, "G., N. F. c/ P., R. L. y/o q. rte. resp. laboral de E.T. s/ Indem. de ley", registrada al Nro. 50 de 2008 SDL; ídem, 8/9/06, "S., J.G. c/ S.I.A. S.R.L. s/ cobro de pesos - laboral", registrada bajo el Nro. 56 DE 2.008 - SDL; ídem, 20/9/08, "S.M. C. CH. R. S. Cobro de Haberes e Indemnización de ley" (Expte. N° 22.915 - Año 2008, registrada bajo el Nº 61 de 2.008 - SDL; ídem, 23/9/08, A., S.A. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008, registrada bajo el Nº 59 de 2.008 - SDL; ídem, 21/8/08, "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008, registrada bajo el Nº 54 de 2.008 - SDL; en igual sentido, Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "Aravena Bastias, F. c/ UCASA s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).--Es decir que no cualquier matiz o sutileza expresada en un recurso tiene la aptitud para conmover la faz apreciativa de la prueba de una sentencia. - La liviandad del ataque dirigido a la apreciación de la prueba de la existencia de una relación laboral y de la subordinación del actor a órdenes de la demandada, se estrella contra esta doctrina, debiendo entenderse que lo actuado por el apelante no resulta suficiente para conmover la faena apreciativa del juez de grado.-- Máxime cuando el art. 9 de la LCT modificado por Ley 26.428, sancionada en Noviembre 26 de 2008 y promulgada de hecho el 18 de Diciembre de 2008, edicta que "En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo- Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador".-- El último párrafo termina de demostrar la insuficiencia de este agravio, dado que el apelante no ha logrado aquí demostrar que la parte de prueba favorable a la actora -cuatro testigos contestes- sea menos valedera que la que no respalda sus dichos, con lo que al menos existe una duda razonable sobre la certidumbre de su derecho, lo que a tenor del último párrafo del art. 9 de la LCT modificada, salda la cuestión en favor del obrero.- Ello así, además de ser insuficiente técnicamente, carece de incidencia en autos este agravio y sus fundamentos, dado que no logra el mismo deshacer la duda que, al menos, surge de la lectura detenida de toda la prueba de autos y esa duda debe saldarse a favor del trabajador (art. 9, Ley 20744), lo que torna innecesario ingresar detenidamente al análisis de cada testimonio, ya que con el régimen vigente en la materia con la duda basta para acceder al reclamo del operario.-- En tales condiciones el recurso es inaudible, porque los dos últimos agravios no son tales. Es que, discutir los criterios sentenciales sin fundar sustancialmente la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios. Es que la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una mera discrepancia que manifieste el recurrente con el criterio sustentado por el juez de la causa" (ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 2001, Tomo I, p. 835).

Con la falta de crítica concreta y suficiente de la sentencia apelada, el recurrente vulnera uno de los principios rectores del derecho de los recursos, el llamado principio de sustentación. Se ha dicho que "la sustentación exige indicar razonada y explicadamente los cuestionamientos que respecto de la decisión, bien en sus fundamentaciones jurídicas o fácticas, hace el recurrente. La sustentación tiene por finalidad hacer un cuadro comparativo entre las razones aducidas por el fallador, y las del recurrente, para demostrar desde allí, el agravio, la lesión que esa decisión causa" (RICO PUERTA, Luis Alonso, "Teoría general del proceso", Edit. Comlibros, 1ª edición, Medellín-Bogotá, 2006, p. 841 y mi voto en sentencia de esta Sala A, del 18/6/08, in re "V., L.N. y otro c/ L. XX de J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley" (registrada bajo el Nº 36 de 2.008 - SDL).- No se satisfacen en la pieza recursiva de fs. 108/110vta. los requisitos del art. 265 CPCyC. La consecuencia jurídica de tal omisión es la deserción del recurso, al incumplirse con el imperativo legal y proceder la aplicación del art. 266 CPCyC.- Por lo anteriormente expuesto, adscribo a la opinión de que el decisorio impugnado debe ser confirmado en cuanto fuera materia de recurso y agravios.

Considero igualmente que las costas de alzada deben imponerse a la apelante vencida (art. 68 C.P .C.C.).- No corresponderá regular estipendios al letrado patrocinante del apelante en razón de la inoficiosidad de sus trabajos (art. 6, Ley 2200 y su doc. Y sentencia de esta Sala del 13/8/08, in re "M., R. G. y otro c/ S. s/ cobro de pesos laboral" (Expte. Nº 22.855 - año: 2008).-- Por las razones dadas supra, a la primera cuestión me expido por la AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --I. En el curso de su voto, el Dr. López Mesa ha reseñado los aspectos del fallo que fueron motivo de apelación y sintetizó asimismo los motivos de agravio expresados por la parte apelante, dando así cumplimiento a las exigencias formales (arts. 163, inc. 3 y 164, del CPCC) referidas a incorporar una relación sucinta de las cuestiones traídas a juzgamiento en esta Alzada, por lo que nada debo añadir al respecto. En consecuencia, me pronunciaré sin más sobre los puntos traídos a decisión del Cuerpo.--II. Una atenta lectura del fallo y de las argumentaciones expuestas por la apelante ponen de manifiesto en forma patente la insuficiencia técnica en la pieza recursiva, como lo ha señalado el apreciado colega de Sala con abundantes y sólidos fundamentos, de manera que poco es lo que podré agregar al respecto. No obstante, en cumplimiento de la manda instituida en el art. 169 de la Constitución Provincial, expresaré a continuación los fundamentos que me llevan a acompañar las conclusiones del magistrado que me ha precedido en el uso de la palabra.III. El reproche de incongruencia que se plantea resulta francamente insostenible. Es evidente que la recurrente no ha reparado en la regla establecida en el art. 71 del código procesal del fuero (ley N° 69) que contempla la factibilidad de que el trabajador pueda incurrir en eventuales errores u omisiones en su demanda, facultando en tales supuestos al juez a fallar "ultra petita" a fin de suplir dichas falencias. En este contexto, la defectuosa mención acerca de la fecha de ingreso, consistente en haber indicado el día y el mes con omisión del año, no sólo podía, sino que necesariamente debía ser suplida por la sentenciante a quo, en tanto la comprobada procedencia de su derecho a percibir las indemnizaciones por despido tornaba imprescindible determinar la antigüedad del actor en el empleo, para el correcto cómputo y liquidación de dichos créditos. En consecuencia, la juzgadora de primera instancia obró conforme a derecho al subsanar esta involuntaria omisión del demandante y decidir acerca de la pretensión entablada, tal como lo exigía el ordenamiento adjetivo (arts. 70, inc. 5° y 76, ley N° 69; art. 163, inc. 6°, C.P.C.C.).--IV. Tampoco son atendibles las lábiles argumentaciones referidas a la valoración del material probatorio. Apreciados conforme a la sana crítica (arts. 386, 456,C.P.C.C.), los convincentes testimonios rendidos en la causa (Cobeaga, fs. 68/vta.; Alessio, fs. 76/vta.; González, fs. 77) permiten esclarecer sin hesitación que el actor laboraba en el local de la demandada desde comienzos de 2004 y que lo hacía en forma subordinada, es decir, a órdenes de A. M. O., como bien lo ha señalado la a quo en el fallo. La apelante no ha aportado al proceso ninguna prueba en contrario, ni tampoco consigue desmerecer dicha conclusión con sus genéricas e imprecisas manifestaciones que tan sólo revelan su disconformidad con la decisión, sin aportar un razonamiento superador del juicio lógico expuesto en la sentencia, cual era su carga procesal (art. 265, C.P.C.C.). Ello conduce en forma inexorable a declarar la deserción del recurso impetrado (art. 266, C.P.C.C.; art. 76, ley N° 69), por lo que emito mi voto en tal sentido.V. Las consideraciones expuestas se suman a los amplios fundamentos ya vertidos por mi distinguido colega de sala, que además comparto plenamente, y me llevan a votar por la deserción del recurso impetrado, con costas al apelante (art. 59, ley N° 69), sin que corresponda regular honorarios al letrado actuante en esta sede, Dr. C. H. A. en vista de la inoficiosidad de sus tareas, tal como ya es doctrina de esta sala en numerosos precedentes análogos (doctr. art. 6º, Ley 2.200, CNCiv., Sala "D", E.D. t. 100 777, sum. 524; conf. S.D.L. 111/93 , S.D.L. 112/93 C.A.N.E.;entre muchos otros).Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -Al existir coincidencia de pareceres respecto de la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar ese el siguiente:- 1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios.- 2) IMPONER las costas de alzada a los actores vencidos (art. 68 C.P .C.C.).

3) NO REGULAR honorarios de alzada al letrado patrocinante de la recurrente, en vista de la inoficiosidad de sus tareas.

4) Regístrese y notifíquese.

ASÍ LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL Dr. Ferrari expresó: -Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por hallarse de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos A. Velázquez al efectuarse el sorteo para el estudio de la causa (art. 8 de la ley 1130, texto ley 4550). Trelew, de noviembre de 2.009. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: -- CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios.- IMPONER las costas de alzada a los actores vencidos (art. 68 C.P .C.C.).- NO REGULAR honorarios de alzada al letrado patrocinante de la recurrente, en vista de la inoficiosidad de sus tareas.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-- REGISTRADA BAJO EL Nº 83 DE 2.009 - SDL.- Conste.