Prueba documental, rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: SUC. DE QUIRINO CASTALDO c/ SALAZAR OSCAR DANTE s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15

Cabe hacer notar que el accionado debe incorporar toda la prueba instrumental que se proponga producir en la contestación de demanda. Es ésta y no otra la etapa procesal en que, impostergable e inexcusablemente, salvo situaciones excepcionalísimas, debe agregar la documentación que estuviere en su poder (art. 299 inc., 4 CPCC).

Ahora bien, en autos no hubo responde y el demandado fue declarado en rebeldía. Con ello, el rebelde perdía la oportunidad procesal para la alegación e incorporación de este tipo de pruebas por aplicación del principio de preclusión procesal. Pese a ello, la actora no se opone a su agregación en autos y la misma queda incorporada en la etapa probatoria, como emerge de la prueba ofrecida, aceptada por el Juzgado en cuanto por derecho hubiere lugar, decreto que es atacado por la actora por razones ajenas a la oportunidad procesal de agregación de prueba documental.

Sin embargo, esta incorporación por sí misma no puede provocar todos los efectos que le quiere asignar la accionada y que le asigna el fallo de primera instancia. Incorporar una prueba al proceso supone que ella se vuelve susceptible de valoración por parte del juzgador; pero ninguna otra consecuencia puede deducirse de este hecho, en las concretas circunstancias de esta causa.

Téngase en cuenta que, al considerar el juez un documento como medio de prueba, no puede tener dudas sobre su autenticidad. En el caso de escritos, ello significa la certeza respecto de quien lo suscribe.

De lo expuesto se deduce que la parte que incorpora un documento privado que atribuye a la contraria, tiene la carga de acreditar su autenticidad y, a la vez, si el reconocimiento de ese instrumento no es espontáneo, debe provocárselo (a través de la citación o el traslado correspondiente). El documento adquiere así, autenticidad en base a una determinada diligencia previa. En definitiva, no habiendo habido traslado de la documentación a los efectos del reconocimiento, el silencio u omisión de la actora (no haber impugnado ni negado la firma) no puede ser tenido como prueba de la autenticidad o reconocimiento tácito de la documental pues no están dado sus supuestos.

Es que, como se mencionara anteriormente, la carga del traslado de la documental con fines específicos recaía en cabeza del demandado.

Por ello, esta omisión -que no puede ser suplida por el decreto que pone en conocimiento de las partes la documental adjuntada, pues las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio precisan de un trámite semejante al que regula, en la etapa procesal pertinente, el art. 299 del CPCCT- no permite al recurrente hacer valer los efectos de una citación o traslado inexistentes, la aplicación de presunciones derivadas del silencio u omisión de la contraria, la efectiva existencia de la autenticidad de la documental, o los agravios derivados de no haber podido probar tal autenticidad por otros medios (ex art. 340 y 346 procesal) pues, en la especie, no han sido generados sus causas y presupuestos. (DISIDENCIA DRES. GANDUR Y DATO).