marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Vialidad de la Pcia. de Bs. As. c/ Cabral, Nélida s/ Expropiación Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ González Gowland de Gaviña, María E. I. y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29|2000-08-02

El art. 37 de la ley 5.708 establece un régimen específico sobre costas que no autoriza distinción alguna al respecto de las diferentes instancias, puesto que en él no tiene cabida la noción de "vencido" que preside las disposiciones del C.P.C., por lo que dicha norma rige también para la imposición de las costas tanto en segunda instancia como en instancia extraordinaria.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO DEL GRUPO 5 DEL COMPLEJO HABITACIONAL BARRIO MISKY MAYU c/ VIRGINIA DE JESUS ORIETA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-21

No corresponde cuestionar las cláusulas del reglamento de copropiedad en el cobro ejecutivo de expensas comunes.
Marcas, oposición al registro de marca, doctrina de los actos propios, defensa del consumidor, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ LA ARROCERA ARGENTINA SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

La "teoría de los propios actos" presenta un matiz específico en esta materia, pues cabe atender aquí -de modo preferente- al interés del público consumidor de que no concurran en el mercado productos que lleven marcas confundibles. Por eso, la actitud autocontradictoria de una de las partes o su comportamiento dual puede servir como antecedente para vedar la coexistencia de marcas semejantes, pero nunca para permitirla, porque ello implicaría desconocer uno de los fines esenciales de la ley de la materia: la tutela del consumidor (cfr. Causas: 7197 del 16.11.79; 2181 del 10.8.83; 6877 del 20.10.89; 6876 del 3.11.89, Etc.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'ambrogio, Luis y otra c/ Cottini, Carlos Ramón s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

El valor económico del litigio, a los efectos de los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, está configurado por el valor establecido en el acto cuya nulificación se pretende, actualizado a la fecha de interposición del recurso extraordinario.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roa Bogado, Bonifacio c/ Robledo, Antonio R. y/o quien resulte civilm. resp. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

El recurso procede si la resolución impugnada causa gravamen al apelante, lo que no se da si recurre la parte no obligada al pago de la tasa de justicia (art. 242 y su doct. del CPCC.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Soc. del Estado - s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Al no mediar pago total cancelatorio por parte de la deudora, ni aceptación sin reservas por parte del acreedor, mal puede sostenerse que el accionar vinculado con un pago parcial haya importado un desistimiento tácito de toda acción de cobro por el resto, o un sometimiento indiscutible a un régimen no aplicable, que resulte en definitiva incompatible con la gestión procesal intentada.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, gobernador, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLLADO, JULIO CESAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA DE AUTO DE PRESIDENCIA      CSJ EXPTE NRO 115-88 CARLACCHIANI, ENIO PRIMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 31-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31|1990-06-05

El trámite cumplido en sede administrativa debe ajustarse necesariamente a lo dispuesto por el artículo 72 inciso 18 de la Constitución Provincial, que entre las atribuciones del Poder Ejecutivo incluye la de resolver los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración Provincial.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a contraer matrimonio, reforma de la constitución, tratados internacionales, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La reforma constitucional de 1994 ha incorporado con jerarquía constitucional, como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de nuestra Carta Magna, los derechos consagrados en ciertos tratados internacionales, entre ellos, los que reconocen el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, con sujeción a las condiciones requeridas en las leyes internas.
Concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, legitimación procesal, terceros, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Es de advertir, sin embargo, que en este último caso, la inejecución o la deficiente ejecución del contrato no es relevante como tal sino cual elemento material de responsabilidad hacia el tercero. Es que el tercero no demanda ni puede demandar la ejecución de una obligación resultante del contrato sino la reparación del daño que le ha causado el hecho del incumplimiento. Podría decirse que el contrato se despoja de su coloración jurídica para ser considerado, de cara al tercero, como un hecho generador de responsabilidad extracontractual. En consecuencia, el tercero siempre debe acreditar un ilícito exterior al contrato que no puede identificarse "sic et simpliciter" con el incumplimiento (conf. De Lorenzo, F., ob. cit., loc. cit.). Esta última consideración sigue estando plenamente vigente a partir de los textos del Código Unificado de 2015 (cfr. CCCN 1021 y 1022).
Recurso directo, revocación de sentencia
Materia: ADUANERO-TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Maltería Pampa S.A (TF 35390-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-23

El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución n° 107/2014, mediante la cual el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca había condenado a la firma exportadora al pago de $ 1.588.426,90 (pesos un millón quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis con noventa centavos) en concepto de multa, en los términos del artículo 954, apartado 1°, inciso c) del Código Aduanero. La sala, por mayoría, hizo lugar al recurso del Fisco nacional, dejó sin efecto la resolución apelada y confirmó la resolución n° 107/2014.
Daños y perjuicios, asistencia médica a bordo, transporte aéreo, falta de prueba, derecho a la dignidad
Materia: PENAL
Carátula: Díaz , Jorge Horacio c/ Línea aérea Nacional Chile SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-02

La falta de prueba sobre el patrón de conducta a seguir en hipótesis como la de autos conduce a una conclusión abonada por el rango constitucional de los derechos del pasajero (art. 42 de la Constitución nacional) y de la dignidad de la persona. No estoy diciendo que la aeronave debió haber descendido de inmediato en el aeropuerto más cercano; estoy concluyendo que no se condice con el trato digno de una persona que acaba de sufrir un infarto, dejarla sola en un asiento al final de un pasillo con un tubo de oxígeno en sus manos. El Convenio no contiene ninguna disposición al respecto porque la condición de humanidad se presume en quienes habrán de cumplirlo y hacerlo cumplir.
Recurso de inconstitucionalidad, mantenimiento del recurso, cuestión constitucional, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Fonzalida, Ernesto Daniel c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Fonzalida, Ernesto Daniel c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones de empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Los agravios introducidos recién en el recurso de queja no habilitan la apertura de esta instancia, en tanto no fueron considerados por la Cámara, y la parte recurrente no muestra haberla puesto en la obligación de hacerlo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Procesos especiales, juicio de desalojo, abogado del niño, Convención sobre los derechos del niño, código civil y comercial, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: C. C. A. c/ S. L. M. s/ desalojo sin existencia de contrato de locación (comodato, ocupación, etc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-16

Debe ser confirmada la decisión de la instancia de grado de desestimar la solicitud formulada en el marco de un proceso de desalojo por la parte demandada, quien peticionó la designación de un abogado del niño, en la persona de una de las Señoras Defensoras de los Derechos del Niño y del Adolescente, como abogado defensor de su hija, por ser quien defenderá en lo particular los derechos que le asisten a su hija, por cuanto no se encuentran dadas las condiciones para proceder a la designación de la representación letrada que pretende la demandada respecto de su hija, en tanto la niña tiene apenas 6 años de edad con lo cual puede inferirse que la misma no ha alcanzado el grado de madurez suficiente para participar de manera activa en este proceso.
Obligaciones de dar sumas de dinero, convertibilidad, conversión de la deuda, actualización monetaria, índices de actualización, coeficiente de estabilización de referencia, coeficiente de variación de salarios, emergencia económica, orden público, actuación de oficio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ CARRIZO HECTOR OMAR s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-21

Si bien las normas de emergencia económica que establecieron los coeficientes C.E.R o C.V.S son de orden público y deben se aplicadas aún de oficio por los Jueces, ello requiere que se encuentren reunidos los presupuestos fácticos que permitan su implementación, circunstancias que no ocurre en el caso de autos, en el cual el reclamo corresponde a pesos, sobre la base de la conversión de la deuda realizada por el propio reclamante conforme ley 25.561, Decreto 214/02 y cuya formulación de la misma en dicha moneda fuera aceptada de conformidad por la demandada. No habiéndose solicitado además el equivalente a los dólares que constituían la deuda originaria. Por lo cual no corresponde la aplicación de los mencionados coeficientes.
Terminación del proceso, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Russomando, Fernando c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-12

Son contestes tanto la doctrina como la jurisprudencia en que el allanamiento constituye un acto procesal unilateral por medio del cual el demandado se somete a la demanda aceptando que el juicio se falle según las pretensiones allí expuestas, es decir, que se admite fundamentalmente la legitimidad de las pretensiones del accionante.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, espectáculos deportivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Padovani de Marchan, Graciela Patricia y otro c/ Municipalidad de La Plata y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El poder de policía de la Municipalidad en una competencia de ciclismo resulta intransferibles e indenegable y, por lo tanto, solamente podría haberse eximido de responsabilidad en el supuesto que se hubiera probado que de su parte se agotaron las medidas tendientes a preservar aquellos bienes que como la paz, la tranquilidad, la salud, etc., indiscutiblemente entran en la esfera de su accionar (conf. doct. arts. 1074 y 1112 del Código Civil).
Competencia por el territorio, sucesiones, domicilio del causante, acervo sucesorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FULLE, Roberto s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-26

Aún cuando el causante haya tenido su último domicilio en el extranjero, ante la existencia de un inmueble integrante del acervo en esta ciudad, resulta indubitable la competencia de los tribunales de esta jurisdicción para intervenir en el sucesorio. Pues el principio que emana de los arts. 3283 y 3284 del Código Civil cede ante el supuesto previsto en el art. 10 de aquella normativa.
Marcas, competencia desleal, daños y perjuicios, objeto del proceso, falta de prueba, indemnización, enriquecimiento sin causa
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: DEMIBELL SACIFI c/ DEVILLE SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

No se desprende acreditado en autos daño alguno resarcible.

Sin perder de vista lo dificultoso de probar tales contingencias en supuestos en que se ha tenido por verificada la competencia desleal (sala 2, sentencia, causa n? 4970 del 10.3.87). La accionante se autolimitó intentando demostrar la ganancia obtenida por su contraria dejando de lado la determinación del perjuicio por ella misma sufrido (sala 2, causa 5221 del 9.10.87). La actora no probó la existencia de los "...frutos..." que dice "...indebidamente obtenidos por captación de clientela...". cuestión incidental no despejada es también la confusión que se produce en el objeto indemnizatorio de ambos procesos, toda vez que siendo uno solo el daño (pérdida de ganancia por pérdida de clientela), y este se debe atribuir a la conducta de la modelo y de sus contratantes, no se encuentra esclarecida la proporción remanente que debe interpretarse se persigue en este juicio, subsistiendo el interrogante de si debe o no considerarse satisfecho con la suma de u$s 6.000. -habida en el otro pleito, pudiendo resultar, por ende, abstracta la pretensión en autos, por cuanto su reconocimiento podría sostenerse encontrarse parcialmente o totalmente incluido dentro de aquella, generando eventualmente, un enriquecimiento sin causa.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, sentencia, cosa juzgada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VERA, GUILLERMO ROBERTO c/ A.N.Se.S.". s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

Surgiendo de las constancias de autos que el titular obtuvo el reajuste de su haber jubilatorio con sustento en las directivas de la ley 18.037  mediante sentencia favorable dictada en un expediente anteriormente tramitado, y posteriormente reclamó al organismo un nuevo reajuste por el mismo lapso, pero en esta oportunidad con base en las pautas previstas en el régimen especial de la ley 22.955, debe concluirse que, más allá del nomen iuris utilizado por la excepcionante, se ha configurado cosa juzgada judicial, pues la presente causa ha sido tramitada entre las mismas partes y por idéntico objeto procesal, como es la obtención de reconocimiento del derecho a la movilidad de los haberes del peticionante, sin que tenga relevancia alguna que el interesado haya basado para su reclamo diferentes normas legales en cada una de esas acciones.(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monterisi, Ricardo c/ B.C.R.A. s/ Inc. ejec. de sent. cobro de astreintes. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El pronunciamiento de la Cámara que en un incidente de ejecución de sentencia por cobro de astreintes, rechaza la excepción de inhabilidad de título y manda llevar adelante la ejecución no reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, pluspetición inexcusable, inflación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARAHONA DE MAURY Nelly c/ GONZALEZ Manuel s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S070 - 460)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-07

No puede predicarse del reclamo que haya sido negligente o temerario o irrazonable cuando ha existido una tremenda distorsión operada en el sistema monetario.-
Alternativas a la prisión preventiva, prisión domiciliaria, edad avanzada, enfermo terminal
Materia: PENAL
Carátula: GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

El artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación prevé expresamente la posibilidad de que el cumplimiento de la prisión preventiva sea en detención domiciliaria. Así, establece que "el juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de pena de prisión en el domicilio".

El siguiente interrogante a responder es, entonces, cuándo corresponde el cumplimiento de la prisión preventiva en el domicilio de acuerdo a esa norma adjetiva, al Código Penal y las normas complementarias. El artículo 10 del citado cuerpo legal prevé que:"Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;d) El interno mayor de setenta (70) años;e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo" (el resaltado me pertenece).
Falsificación de documentos, delito de peligro abstracto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROCA, Carlos Alberto s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-14

En la falsificación de documento no se requiere la efectiva producción de un daño sino que tan solo reclame peligro presunto de que algún perjuicio pueda resultar de ella, o sea, que el daño exista en potencia y derive por sí del propio documento falso, no exigiéndose tampoco que ese perjuicio deba ser sufrido en el patrimonio, bastando que lo sea en otro bien o interés jurídicamente tutelado.
Acción de repetición, repetición de impuestos, IVA, servicio de agua corriente, tasa municipal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de Monte Cristo (TF 18706-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la repetición solicitada por la Municipalidad actora con relación a sumas indebidamente ingresadas en concepto de IVA en razón del servicio de agua corriente que había prestado a sus habitantes y que éstos habían abonado mediante el pago de una tasa, pues la modificación introducida en el art. 81 de la ley 11.683 por la ley 25.795 -en cuanto a que los impuestos indirectos sólo pueden ser repetidos por los contribuyentes de derecho cuando éstos acrediten que no trasladaron el impuesto al precio, o bien cuando lo trasladaron, acrediten su devolución en la forma y condiciones establecidas por la AFIP- no resulta aplicable al caso de autos pues la citada ley 25.795 es posterior tanto a los pagos cuya repetición pretende la accionante, com a la resolución administrativa que rechazó el reclamo formualdo por el municipio y al recurso planteado ante el Tribunal Fiscal.
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAUZZO CARMELO Y OTRAS c/ SUAREZ ADELA Y OTROS s/ COBRO ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Si el fiador se obliga como principal pagador hasta el momento en que se devuelva el bien locado, debe entenderse que la garantía cubre más allá del término pactado, por todo el plazo que necesita el locador para lograr por la vía judicial la desocupación del inmueble.-
Derecho a la salud, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Medina, María Magdalena c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-03

Es oportuno señalar que, si bien existe una tendencia en la jurisprudencia en orden a receptar acciones tendientes a cubrir los costos de tratamientos de fertilización asistida dirigidas contra las obras sociales, en tales supuestos, la condena fue el resultado de determinados casos y circunstancias, como ser la gravedad de las patologías obrantes en las historias clínicas presentadas y la avanzada edad de la actora. Así se ha resuelto:"La acción de amparo es la vía idónea para obtener la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida .y la urgencia deriva de la avanzada edad de aquélla quien se encuentra en los umbrales de la menopausia desde que tal circunstancia permite afirmar que en caso de ser encausado el reclamo por el cauce ordinario, los tiempos procesales propios de un contradictorio colisionarían con la última posibilidad que tiene la amparista de ser madre biológica."(La Ley Patagonia, Año 6/Número 1/Febrero 2009, pág. 703). "Por otro lado, .la urgencia está acreditada con los informes médicos obrantes a fs. 63 y 111 sumado a la historia clínica adjuntada, de los cuales surge que la amparista se encuentra en los umbrales de la menopausia, circunstancia que por sí sola atenta con la posibilidad de concebir. Además, se trata de una paciente que tiene una trompa amputada y la otra afectada, junto a una trombofilia, lo que habría generado las pérdidas de embarazos reiterados."(Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Sent. 18/12/08, LLPatagonia, abril 2009, pág. 781). En el caso, si bien hay pruebas acerca de la existencia de un trastorno de esterilidad secundaria, faltan elementos para determinar cual sería el tratamiento médico indicado al supuesto clínico de la actora de acuerdo a evidencia científica neutral o que, a todo evento, se generan dudas en punto a la idoneidad del procedimiento establecido para supuestos de infertilidad.

Asimismo, de la historia clínica y demás documental acompañada no surge la urgencia invocada para la cobertura de la prestación, sumado a ello la falta de acreditación de los presupuestos del tratamiento que se pretende, la imposibilidad de cubrirlo con sus ingresos y los de su cónyuge, y la edad de la paciente. Por lo tanto, no se evidencia el daño inminente e irreparable que justifique el uso de la vía intentada, la que por ello resulta formalmente inadmisible.