marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho de enseñar y aprender, educación obligatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION-CULTURA
Carátula: C., A. R. c/ P., N. B. s/ piezas pertenecientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-14

Resulta acertada la sentencia que ordena la escolarización del hijo menor de edad de conformidad con las normas que estructuran el sistema educativo a nivel nacional y provincial que disponen la obligatoriedad escolar desde la edad de cinco hasta la finalización del nivel de la educación secundaria.
Declaración indagatoria, detención, defensa en juicio, insuficiencia del agravio, cultivo de estupefacientes, allanamiento, comercialización ilegal de estupefacientes, decomiso
Materia: PENAL
Carátula: Fidalgo, Fernando Julián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

Debe rechazarse el agravio relativo a que en la declaración indagatoria no se había descripto el hecho en forma precisa si el a quo le hizo saber las causas de su detención en los términos establecidos por los arts. 8º, párrafo segundo, b) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14, párrafo 3º, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se vio conculcado el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.) en razón de un cambio sorpresivo de la conducta imputada, sino que, por el contrario, el sustrato fáctico del reproche penal se mantuvo inalterada desde la declaración indagatoria hasta el pronunciamiento definitivo, lo que posibilitó que tanto el propio encausado como su asistencia letrada ejercieran en forma efectiva el referido derecho. Está debidamente fundada la condena por el delito de cultivo de plantas destinadas a la obtención de estupefacientes, guarda de semillas utilizadas para el mismo fin, producción de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso aparente si, después de realizarse tareas de inteligencia, se dispuso el allanamiento de la finca en la que se incautaron 146 plantas de cannabis sativa, además de otras sustancias estupefacientes y se desmanteló un laboratorio destinado al disecado y producción de las mencionadas sustancias prohibidas que funcionaba en el garaje de la vivienda. El decomiso no constituye una facultad discrecional del juez, sino que constituye una consecuencia legal accesoria de la pena principal impuesta en la sentencia condenatoria, que el juez se encuentra obligado a resolver si, en el caso particular, se encuentran acreditados los presupuestos para su imposición. Resulta lógico que el rodado decomisado se hubiera utilizado, entre otros fines, para transportar los elementos que necesitó el imputado para lleva a cabo el cultivo de los estupefacientes, bienes que también fueron secuestrados (sistemas de iluminación, bolsas de tierra fertilizante, macetas, rollos de cable, estufas de cuarzo, mangueras, etc.), igual suerte ha de correr el agravio de la defensa particular en lo que respecta la suma y al teléfono celular incautados.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Hipotecario S.A. c/ Maygua Castro, Germán Andrés; Cortez, Analía Esther s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-02-23

Procede el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la codemandada y en su mérito, confirmar la sentencia que rechazó la excepción de inhabilidad de título interpuesta por su parte y mandó a llevar adelante la ejecución deducida en su contra, pues para la adecuada solución del caso debe tenerse en cuenta que la letra hipotecaria creada por los arts. 35, 36, 39 y concs. de la Ley 24441 fue en su momento una forma de intentar armar un mercado financiero de obligaciones con garantía hipotecaria. El instituto en examen se trata de un título valor completo con garantía hipotecaria, que no tiene vinculación pese a su denominación, con la letra de cambio y se asemeja más bien a la estructura bilateral del pagaré. Así, puede decirse que el banco procedió perfectamente bien al emitir un certificado que no habría podido ejecutar directamente la escritura hipotecaria y hasta hubiera constituido un fuerte riesgo procesal el pretender ejecutarla; entonces, el certificado emitido es un título ejecutivo previsto legalmente en virtud de la remisión que efectúa la última parte del art. 39 de la Ley 24441 a la posibilidad de emisión de letras escriturales, no siendo en consecuencia el régimen establecido en los Decretos 780/95, T.O., 1389/98 un exceso reglamentario, sino por el contrario la forma de tornar operativo este tipo de títulos ejecutivos.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, reserva de la cuestión federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MANASSERO, DANTE Y OTROS c/ BANCO NORDECOOP LTDO Y OTRO s/ TERCERIA DE DOMINIO      EXPTE NRO 15-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-26

El Tribunal al resolver no tiene que admitir que ha dictado una sentencia con vicio de arbitrariedad, sino analizar si las hipótesis de arbitrariedad articuladas en abstracto guardan conexión con la realidad del caso, estimada allí a través de una apreciación puramente mínima y provisional, no plena ni definitiva.

La argumentación del recurrente versa sobre su disconformidad con el fallo, pero no se da una mínima aproximación a la "realidad del caso".
Medidas cautelares, derecho a la salud, obesidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CASAS  MARTA  DORA c/ MEDICUS  SA s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

De las conclusiones del médico tratante y del Cuerpo Médico Forense surge que la actora debería continuar con una dieta hipocalórica de 1200 calorías, pero en ninguna de las prescripciones médicas se hace referencia -al menos- que la dieta sólo puede ser aportada por las viandas Cormillot-Dietas Delivery u otras similares. Se infiere claramente, que la dieta hipocalórica puede ser suministrada, aportada y hasta elaborada por la propia actora siguiendo las pautas y los ingredientes apropiados que no sean calóricos, quizás con el control y cuidado que un profesional nutricionista -que seguramente encontrará en la cartilla de su empresa de medicina prepaga, Medicus S.A.- le pueda indicar. Por lo demás, la amparista no se hizo cargo ni aportó prueba alguna que haga referencia a que "sólo" debería consumir las viandas hipocalóricas para la atención de su afección -obesidad-. En ese contexto, debe hacerse lugar a la queja de la demandada y rechazar la medida cautelar dispuesta por el señor juez de primera instancia.
Robo con armas, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: "VELIZ, Ricardo s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-11

La utilización de una barra de metal (la pata de una silla)como amenaza para lograr la entrega de un bien, no permitiría adecuar tal conducta en la figura prevista por el art. 166, inc. 2do. -robo con armas- porque ese objeto no es un arma, aún cuando le otorgue a quien la exhibe un mayor poder ofensivo. (Del voto del Dr. Freiler). El simple hecho de mostrar una barra de metal contenida en un bolso, es incompatible con la figura de robo con armas. (Del voto del Dr. Cavallo).
Impuesto sobre los ingresos brutos, retroactividad de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GOMAR  S.A.C.I. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

Si a través de un estudio contable se logra demostrar que la incidencia porcentual del impuesto sobre los ingresos brutos con relación a las utilidades obtenidas por una droguería por la comercialización de medicamentos, llega a porcentuales que superan en gran medida las pautas de razonabilidad trazadas jurisprudencialmente, descalificado de confiscatorio al impuesto calculado sobre una base general que compute la totalidad de los ingresos. A pesar de que no parece factible que el dictado de la ordenanza 44378 autorice a plasmar una inteligencia interpretativa que amplía las hipótesis de excepción del art. 115 de la Ordenanza Fiscal a períodos anteriores a los de su vigencia, desde que ello importaría una ilegítima aplicación retroactiva de la ley, art. 3 C Civil, por el conducto del principio de la igualdad ante la ley y el que impide el carácter confiscatorio de los impuestos es procedente la repetición de las partidas erogadas por el contribuyente, dado que el gravamen pertinente era violatorio de las garantías constitucionales.
Cuestiones de competencia, competencia en lo penal económico, competencia criminal y correccional, competencia del Superior Tribunal de Justicia, estafa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rouco, Santiago Jaime y otra c/  s/ Estafa - defraudación por abuso de firma en blanco s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Si bien in re "Corrales" (Fallos 338:1517), la Corte no identificó el universo atribuido a la jurisdicción local como conjunto de contiendas entre dos órganos jurisdiccionales que tuvieran competencia exclusivamente no federal, no es concebible que no haya tenido presente que casi todos los fueros nacionales con competencias locales tienen algunas pocas federales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, compartido por los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Obligaciones de medio, obligaciones del Estado miembro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pantoja, Elisa Mariana. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-14

Las obligaciones de los estados son en buena medida de medios, no de resultados (Observación General 3 punto 1 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; cf. el 1º párrafo del art. 2 del PIDESC) y las de medios llegan a la máxima medida de los recursos disponibles.
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: CIVIL
Carátula: TORRES, JOSE DOLORES c/ ESTADO  NACIONAL  -  MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-13

Por tratarse de una obligación de carácter alimentario, se hará constar esta circunstancia a los efectos del artículo 10 del decreto 679/88.
Indemnización por accidente de trabajo, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AMARILLA, CLAUDIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

A la hora de interpretar y aplicar el artículo 44 de Ley de Riesgos de Trabajo a los efectos de encontrar una solución acorde a las circunstancia de cada supuesto en particular, es la inacción del acreedor la que resulta esencial para que la prescripción opere, lo que presupone que éste se encuentre en condiciones de reclamar; y es precisamente este punto crucial -más allá de las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales que pudieran existir en torno a la interpretación de las normas aplicables en esta materia- el que correspondía analizar de manera particularizada en el sub judice, sin desconocer las especiales circunstancias propias del mismo, ni la existencia de otros artículos del mismo cuerpo legal que -según cómo se los interprete- también pudieran tener incidencia en la solución final de la controversia (así por ejemplo, lo prescripto por el artículo 43 de LRT en cuanto prescribe "que el derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo").
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santoro, Atilio c/ Aiuto, Lorenzo y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Se perfila diluida la exigibilidad del monto previsto en el instrumento y con ello la falta de uno de los recaudos básicos para su ejecución, toda vez que tal ausencia importaría violentar el delimitado y restrictivo continente cognoscitivo de los juicios ejecutivos y justificar, incluso, una completividad documental, contrario a la esencia singular y autosuficiente del pretenso título en ejecutivo, al resultar improcedente la integración con elemento alguno. De tal modo, no queda otro camino jurídico que admitir la excepción de inhabilidad de título articulada por los accionados, ante la señalada falta de exigibilidad de la acción promovida (art.

518, 521 inc. 6, 529 y concds. del Cód. Procesal).
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia, ejercicio de la patria potestad, menor impúber
Materia: CIVIL
Carátula: VUIDEPOT, Oscar c/ GATTI, Jorge Daniel y otro s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

La aptitud potencial para provocar daños a terceros ínsita en la conducción de un automotor y la consiguiente asunción del riesgo y responsabilidad que ello trae aparejado, no obsta a la valoración de la conducta de la víctima del accidente, máxime en el caso en que se trata de un menor impúber que deambulaba en compañía de otra menor, únicamente. Ello es así, por cuanto el ejercicio de la patria potestad pone en cabeza de los progenitores el deber de vigilancia y cuidado de los hijos menores (art. 265, Código Civil, t.o. ley 23.264). Es que, tratándose de un sujeto carente de toda capacidad para discernir acerca de los actos en general, e ignorante total de la noción del riesgo, la falta de previsión en concreto y de vigilancia por parte de aquellos que tenían a su cargo a la menor, ha sido la causa coadyuvante que en mayor medida concurrió para que se produjera el hecho.-
Procedimiento laboral, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias, Nadia Sabrina  c/ Alliance One Tobacco Argentina S.A.  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-07-26

Siguiendo el criterio esgrimido por nuestra Corte de Justicia Local, este Tribunal entiende que "los registros constituyen manifestaciones unilaterales del empleador y la circunstancia de que durante la vigencia del contrato el trabajador no haya formulado objeción alguna no es posible inferir, sin más, la existencia de un trabajo de media jornada, por cuanto, en principio, en materia laboral no resulta de aplicación la doctrina de los propios actos al encontrarse en juego derechos irrenunciables (Tomo 204:73; 219:21)"(Tomo 234:171/178 Expte. CJS 40.175/19 Aramayo vs. Maguiana /s Rec. Inconstitucionalidad). Tal doctrina resulta aplicable en autos donde la cuestión controvertida versa -además- sobre la categoría en la cual fue registrado el trabajador.
Beneficio de litigar sin gastos, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: MELICOVSKY, ELSA FELICITAS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-27

El art. 80 del Código Procesal pone de resalto la sumariedad del trámite del beneficio, sin perjuicio de respetar el contradictorio, al exigir la citación del litigante contrario, para que pueda fiscalizar la prueba que se produzca. La facultad que la ley concede a la parte contraria para intervenir en el procedimiento obedece al indudable interés que le asiste en el resultado de la petición, dicha parte queda colocada en una situación de desventaja procesal con respecto al beneficiario, al quedar éste exento del pago de las costas que se le pudieran imponer (art. 84 del ritual).

Esta intervención no debe considerarse limitada al mero contralor de la prueba producida por el peticionario, sino que comprende además la facultad de producir pruebas tendientes a desvirtuar la producida por aquél, siempre que ello resulte compatible con la sumariedad del procedimiento. Es preferible pronunciarse por la amplitud de las probanzas, sin perjuicio de que quede sujeto al arbitrio judicial la apreciación de la necesidad de producción de las ofrecidas. Esto así, porque dichos medios probatorios posibilitarán desvirtuar los hechos invocados por el solicitante del beneficio por quien mejor los conoce.
Acto administrativo, acto administrativo definitivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ LETICIA EDIT c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-05-23

Como sostiene el Dr. Julio Rodolfo Comadira "El acto definitivo es aquel que resuelve directa o indirectamente la cuestión planteada en un procedimiento reflejando la "voluntad" concreta de la Administración y produciendo los efectos jurídicos queridos por ella acerca de dicha cuestión, y se opone conceptualmente, al acto preparatorio o de mero trámite, que ni contiene, ni expresa la voluntad de la Administración, ya que concurre meramente a formularla." (Procedimientos Administrativos, Tomo I pág. 444).-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, arma impropia, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Existen las armas impropias, que llevan consigo el riesgo cierto de ser utilizadas en perjuicio de la víctima. Se trata de una posibilidad, de una capacidad similar a la que le es inherente a las armas de fuego idóneas para el disparo, ya que nunca nadie ha sostenido que dichas armas tengan que ser disparadas para recién entonces considerarlas armas. Del mismo modo que un cuchillo de grandes dimensiones tiene aptitud lesiva y genera un riesgo cierto para el sujeto pasivo, también la tienen las armas de fuego aptas para el disparo o no. (Del Voto Del Dr. Fierro)
Licencia de taxi, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Mario y Otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-22

Cuando se encuentran en juego un posible daño privado de los conductores de taxi por la aplicación de la ordenanza administrativa que dispone la adecuación de los vehículos incorporando el servicio de monitoreo y el potencial daño al interés público en la seguridad y eficiencia en la prestación del servicio público de taxi debe priorizarse, al menos en la instancia incidental, el interés público comprometido.
Contrato de trabajo, ejecución de sentencia, herederos, responsabilidad patrimonial
Materia: LABORAL
Carátula: PALLADINO  CARLOS  IGNACIO c/ ROSENBERG  REBECA s/ ACCIDENTEACCION                     CIVIL                      (INCIDENTE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-29

Si bien la aceptación de la herencia se presume realizada con beneficio de inventario (art. 3363 C.C.) y en principio se limita hasta la concurrencia del valor de los bienes recibidos (art. 3371 C.C.), si el o los herederos beneficiarios enajenan el o los bienes heredados deberán responder en la proporción que les toca hasta su porción hereditaria, es decir, agrediendo sus propios bienes hasta el valor de los que heredaron. La determinación del monto resultará del incidente que se sustancie al efecto.
Control de constitucionalidad, división de poderes, facultades del Poder Judicial, cuestión justiciable, reglamentación de la ley, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

La garantía prevista en los artículos 68 de la Constitución Nacional y 78 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que los representantes del pueblo puedan desarrollar libremente sus funciones sin temor a futuras represalias, no opera frente a los propios mecanismos institucionales de frenos y contrapesos que la propia Constitución ha establecido para preservar el equilibrio y adecuado funcionamiento de todo el sistema de gobierno.

Va de suyo que, el control judicial sobre el ejercicio de las facultades inherentes a otro poder del estado que consagra la moderna república democrática, debe ejercerse en un marco de suma prudencia y equilibrio a efectos de no alterar la distribución de tareas que impone la Constitución.

En este sentido, en el caso, la acción deducida por el amparista con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la omisión en que incurriría el Poder Legislativo en no reglamentar legalmente el Consejo Económico y Social previsto en el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad, no pretende sustituir la voluntad del legislador, ni indicarle, sugerirle u ordenarle que reglamente el Consejo Económico y Social en una u otra dirección.

Simplemente, ante una demora de casi diez años en dictar la ley respectiva, se acude a otro órgano constitucional a efectos de subsanar tal omisión, instando al Legislativo a hacerlo en el marco de sus competencias específicas y del modo que considere más conveniente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, condena condicional, unificación de penas, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DENIS, LEONARDO JAVIER c/  s/ ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Si bien la recurrente invoca arbitrariedad al confirmar el A quo la revocación de la condena condicional y la unificación de la misma con la posteriormente impuesta por la comisión de un nuevo delito, de la liminar confrontación de los fundamentos del memorial recursivo con la decisión atacada, surge que la pretensión de la defensa -en sustancia- se focaliza en cuestionar la interpretación que el Tribunal efectuara del derecho común aplicable en ejercicio de funciones propias, cuestión ajena al recurso de inconstitucionalidad intentado, toda vez que los Magistrados fundamentaron adecuadamente su postura a fin de confirmar la decisión de baja instancia y dieron las razones por las cuales entendieron que el caso analizado no se asemeja al supuesto presentado en el precedente "Ayala" de esta Corte, en tanto allí la interpretación realizada versó sobre el instituto de la libertad condicional y los hechos aquí presentados refieren a la condena condicional, y en tal sentido, luego de diferenciar los conceptos e implicancias que revisten los institutos de la libertad condicional y de la condena de ejecución condicional, entendieron que no lucía correcto equiparar el plazo de extinción de la pena con el plazo de la condicionalidad de una condena que se encuentra en suspenso para tener a la misma como no pronunciada en los términos del artículo 27 del Código Penal; de ese modo, indicaron que la misma norma hace alusión a sentencia firme para contar el plazo de la condicionalidad, mas no hace lo mismo cuando identifica el momento de la comisión del nuevo delito, lo que será declarado después. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia parcial: Dra. Gastaldi y Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Ayala, AyS T 291, p 179. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 16 y 27
Honorarios, carácter alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: Sylvester, Fernando. c/ Banco Provincial de Salta y/o Provincia de Salta. s/ Ejecución de honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-02-06

Los honorarios tienen carácter alimentario, pues esos frutos civiles de la profesión constituyen el medio con el cual satisfacen los profesionales las necesidades vitales propias y de su familia, incluyéndose en este concepto lo necesario para preservar una mínima subsistencia, o sea, los alimentos naturales, habitación, vestuario, atención de las enfermedades, esparcimiento, educación, instrucción, etc.