Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-10


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 10 de 2008.

Y Vistos:

1. Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. apeló la decisión de fs. 178/184 que le impuso una multa de 330 MOPRES por haber infringido lo dispuesto en 3er. párrafo del punto 1, del art. 13 de la Ley 24.557 y en el art. 2 de la Res. SRT Nro. 104/98, toda vez que con relación al siniestro laboral acaecido el día 16 de septiembre de 2002 a la trabajadora Analía Gabriela Martinez, la aseguradora incurrió en los siguientes incumplimientos: 1) demoró en efectuar el pago de la prestación dineraria en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.), de pago mensual, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2002 y septiembre de 2003, dado que, habiéndose notificado con fecha 6 de enero de 2004 del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.), el plazo para abonar la prestación en término venció en febrero de 2004 y la puesta a disposición de los fondos operó recién el día 22/7/2004; y 2) no efectuó el pago de la prestación dineraria en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva (ILPPD) de pago único, en tiempo propio, toda vez que el vencimiento acaeció el día 27.1.2004 y la puesta a disposición de los fondos tuvo lugar recién el 18.05.2004.

El pronunciamiento se basó en el dictamen acusatorio circunstanciado de la Subgerencia de Asuntos Legales de la S.R.T. Nro. 0588/05 que luce a fs. 129.

2. En el memorial obrante en fs. 188/197 la recurrente se quejó de la decisión adoptada por la autoridad de control sosteniendo que: la S.R.T. es incompetente para aplicar sanciones que exorbiten las previstas por la ley, careciendo, por lo tanto, de facultades para imponer sanciones con sustento en incumplimientos previstos en otras disposiciones. Fundamentó su postura en el tema, indicando que no existiría en la L.R.T., ni en su reglamentación, una norma que delegue en dicho organismo competencia para prescribir nuevas obligaciones pasibles de sanciones. Sostuvo también que la decisión carecería de motivación suficiente, por lo que resultaría nula. Se agravió, asimismo, porque se rechazó la excepción de prescripción deducida oportunamente. Por último, y en forma subsidiaria, objetó el monto de la multa por excesivo y desproporcionado.

3. Por razones de orden metodológico, corresponde tratar, en primer lugar, el planteo de nulidad deducido respecto de la Resolución dictada en autos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Señálase, en primer lugar, que atento a que la declaración de nulidad acarrea la privación de los efectos propios del acto atacado, la aplicación de este instituto debe ser efectuada necesariamente con criterio restrictivo. Y si bien como principio general la gravedad del vicio alegado debe estar en relación directa con la entidad de la sanción perseguida, también importan los intereses que se ventilan y las circunstancias del caso.

En efecto, no basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias del trámite impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aun subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular (cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala II, 20.10.94, "in re" "Silva San Martín Graciela c. Ministerio de Salud y ACC. Soc., s/Juicio de Conocimiento").

En la especie, la nulidicente argumentó que la resolución en crisis carecía de motivación suficiente y adecuada, mas dicha afirmación aparece desvirtuada por la simple lectura de aquella, y del dictamen extendido por el Departamento de Sumarios de la Subgerencia de Asuntos Legales de la S.R.T. que la integra por remisión.

Repárese que en tales piezas aquella trató minuciosamente todos y cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente en su descargo, identificando cada uno de los incumplimientos atribuidos y señalando en forma detallada los hechos y normas legales en que sustentaron las conclusiones alcanzadas.

Ante este marco, no cabe otra solución más que rechazar este planteo.

4. Sentado ello, se procederá a resolver sobre la defensa de prescripción también opuesta, habida cuenta que el recurrente señaló que se encontraban prescriptos los períodos anteriores al mes de Julio de 2003, por no encontrarse acreditada en autos la fecha en que efectivamente tomó conocimiento del dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional, negando que la notificación respectiva haya acaecido el 6.01.2004.

Señálase, en primer lugar que la infracción sancionada en autos es el incumplimiento por parte de la administradora del punto 1, art. 13, de la Ley 24.557 y el art. 2, de la Resolución SRT 104/98.

Es sabido que las sanciones administrativas integran el derecho penal especial (Fallos: 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202), lo que motiva la supletoria aplicación de los principios generales y normas del derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202).

En razón del vacío legal que existe en lo atinente a la prescripción en materia disciplinaria -carácter que ostenta la sanción aplicada por el organismo de contralor- debe ser suplido por la remisión a disposiciones análogas. De ahí que resulta aplicable al caso el plazo que establece el art. 62 del Cód. Penal y el sistema de interrupción que contiene el art. 67 de dicho plexo legal (C.S.J.N., "Vázquez del Valle, Evaristo y otros", 1-1-71, Fallos 281:211).

Recuérdase que la acción penal, supuesto de autos, prescribe cuando, con arreglo a los términos y condiciones establecidos por la ley, aquella se ha extinguido por efecto del tiempo transcurrido a partir de la comisión del delito, y se funda en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad, que extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima (conf. Nuñez Ricardo C. "Derecho Penal Argentino" T. II, pág. 167 y ss., Ed. Bibliográfica Omeba).

Así, el art. 62 del Cód. Penal, en su quinto inciso establece un plazo de prescripción de dos (2) años, cuando se trata de hechos reprimidos con multa, plazo que comienza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o si fuera continuo desde la fecha en que cesó de cometerse (art. 63 cód. cit.). De otra parte, prevé como supuesto de interrupción del plazo, la comisión de otro delito (art. 67 ap. a) cód. cit.).

En la especie, se advierte que con fecha 16.09.2002 la trabajadora Analía G. Martinez sufrió un accidente in itinere. Reclamó diferencias en los pagos de las prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) de pago mensual por el período Diciembre 2002 a Septiembre 2003, y el pago único de la ILPPD que debió ser efectivizado el 27 de enero de 2004; todo ello de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión Médica Jurisdiccional el 22/12/2003, que determinó una incapacidad laboral Permanente Parcial Definitiva del 12%, constando como fecha de cese de ILT el 16.9.2003, que fuera notificado a la ART el 6.1.2004 (ver informe efectuado por la propia aseguradora en fs. 13).

Ahora bien, la recurrente negó haberse notificado del dictamen de la Comisión Médica con fecha 6.1.2004; sin embargo, fue la propia aseguradora quien informó en fs. 13 haberse notificado en dicha fecha, por lo que no puede ahora intentar volver sobre sus propios actos y negar tal extremo. A mayor abundamiento, la imputada en ningún momento señaló cuál fue la fecha real en que se notificó del dictamen médico, ni acompañó otros elementos que sustenten su posición sobre esta materia.

En consecuencia, y a los fines del cómputo del plazo de prescripción, la Subgerencia de Asuntos Legales del Departamento de Sumarios de la Superintendencia, en su informe de fs. 159/167 indicó que la fecha de inicio de aquél data del día 6/01/2004, oportunidad en que la aseguradora se notificó del dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional, el que venció en febrero del 2004 y en 27/01/2004, respecto del ajuste de ILT 12/2002 a 9/2003, y el pago único de ILPD, respectivamente, los que fueron abonados fuera de término.

Por lo que es claro que, en el caso, a la fecha de inicio de este sumario (14.4.05) el plazo antes referido no había expirado. Tal circunstancia sella la suerte adversa del agravio examinado.

5. Seguidamente, y en lo tocante al agravio relativo a que la Superintendencia se ha excedido en sus facultades sancionatorias, cabe señalar que su planteo se ha centrado en cuestionar las atribuciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para aplicar sanciones por supuestos incumplimientos a obligaciones no establecidas en la Ley de Riesgo de Trabajo, sino en resoluciones administrativas.

Sobre el particular, es del caso señalar que ha sostenido esta Sala que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se encuentra suficientemente habilitada para reglar y juzgar sobre la materia (arg. ley 24.557: 36, inc. 1º, incs. a, b y c; "in re" "Superintendencia de Riesgos de Trabajo c. Mapfre ART s/multa" del 4.05.06).

En efecto, las atribuciones de la S.R.T. para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las administradoras de riesgo del trabajo e imponer sanciones se desprende de las facultades conferidas en la normativa supra citada, y en consonancia con ello, su competencia será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia (Conf. arg. esta CNCom., Sala B., "in re" "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c. Consolidar s/Denuncia" del 26.10.2005).

Desde tal línea argumental, entonces, la relevante función social que cumple una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la aseguradora.

Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.

Ante este panorama, júzgase que las normas que han conferido al organismo de contralor distintas facultades, como ser las de dictar disposiciones complementarias y aplicar sanciones administrativas no controvierten el contenido de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni preceptos constitucionales.

Es así que la Ley 24.557, en su art. 35, dio origen a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, absorbiendo las funciones y atribuciones desempeñadas por la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Social en el Trabajo. Asimismo, el art. 36 de la citada ley establece -en la parte pertinente- que sus funciones son: a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resultan de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; b) supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; e c) imponer las sanciones previstas en esta ley.

Por lo cual las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dentro del marco de reglamentación de la ley y conforme los requisitos de procedimiento, son legítimas y por tanto, obligatorias. La posibilidad de sancionar su incumplimiento también es legítima en cuanto opera dentro de un marco de complementariedad respecto de la ley sustantiva, que es la que determina la sanción.

Atento lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar el presente agravio.

6. En cuanto a la pertinencia de la sanción recurrida, cabe poner de resalto que la aseguradora no ha esgrimido en esta instancia fundamentos distintos de aquellos que fueron expresados en el descargo de fs. 139/145, ya que, sin desconocer las demoras denunciadas, se limitó a sostener la improcedencia de la sanción y la desproporción de la multa impuesta.

En efecto, sus argumentos no han logrado enervar las conclusiones esgrimidas por la autoridad para sustentar fáctica y jurídicamente las infracciones que se le han imputado.

Es que la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada las supuestas injusticias que la decisión apelada pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia qué elementos de hecho y de derecho le dan la razón a quien protesta. No debe olvidarse que en el memorial, como acto procesal, no alcanza con el quantum discursivo sino que la qualitae es lo que hace a la esencia de la crítica razonada.

Y si bien la recurrente pretende que la sanción sea revocada, lo cierto es que no ha enjuiciado de modo crítico y razonado los argumentos tenidos en cuenta al decidir la cuestión.

No obstante lo expuesto, es relevante aquí el hecho de que la aseguradora no ha controvertido en esta instancia judicial la falta imputada, reconociendo que los reajustes debidos al trabajador se han efectivizado fuera del plazo correspondiente, limitándose a señalar que los períodos anteriores al mes de Julio de 2003 estaban prescriptos. Sólo ha invocado como único elemento eximente de sanción, que la demora en el pago se debió a que el empleador remitió los recibos de haberes con demora, atacando así el decisorio con base en un excesivo rigorismo formal.

Es pues, dirimente, que la recurrente no se ha hecho cargo de lo ya observado por el organismo de control en punto a que, una vez notificada de lo dictaminado por la Comisión Médica Jurisdiccional Nº 11 de La Plata, debió haber consultado en forma oportuna al empleador acerca de los pagos realizados al siniestrado en concepto de prestación por I.L.T., de manera tal que fueran efectuados en tiempo propio los ajustes debidos desde la primera manifestación invalidante.

En suma, el argumento ensayado en torno a la falta de motivación de la decisión adoptada por el organismo de control queda así desvirtuado, pues no aparecen elementos que permitan exonerar la responsabilidad administrativa a la apelante.

7. Ahora bien, en el punto al quantum de la sanción impuesta, debe valorarse que el art. 32, inc. 1 de la Ley 24.557 dispone que el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo será sancionado con multas de 20 a 2.000 MOPRES. Esa disposición a su vez fue reglamentada por el Decreto 135/96 (BO 8.7.96), que en su artículo 1 dispone considerar a las faltas cometidas por las aseguradoras como leves, graves, o muy graves, según la entidad del incumplimiento. La Resolución SRT Nro. 10/97 (B.O. 18.2.97) dispone el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos de las aseguradoras tanto a la Ley 24.557 como a sus reglamentaciones y medidas dispuestas por la Superintendencia.

En consecuencia, valorando la entidad del incumplimiento obligacional, estima la Sala que una Multa de 330 MOPRES en una escala de 20 a 2.000 aparece como excesiva en razón de la gravedad de la falta y demás antecedentes del caso, por lo que una multa de 100 MOPRES pareciera guardar una mejor relación con la naturaleza e importancia del incumplimiento.

8. Por los fundamentos precedentes, esta Sala RESUELVE:

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, modificar la resolución en lo que respecta al monto de la sanción impuesta que se reduce a 100 MOPRES, confirmándosela en todo lo demás que decide y fue materia de agravio. Notifíquese y devuélvase al organismo de origen. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.