marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento aduanero, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ajec  Autoadhesivos  S.A. c/ EN  -AFIP DGA- Expte 604222/94 s/ Administración Nacional de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Si el administrado actor (sumariado en el expediente administrativo) no fue debidamente notificado de la promoción de las actuaciones, de la convocatoria a la presentación del descargo ni de la Resolución allí recaída dado que las diligencias fueron dirigidas a un domicilio que no le pertenecía en tanto nunca había sido denunciado por aquél no cumplieron con su finalidad, impidiendo el debido ejercicio del derecho de defensa. El vicio señalado no queda en modo alguno purgado o subsanado con la notificación de la resolución por cuanto su dictado tuvo como antecedente una actuación también afectada de nulidad. Ello es determinante de la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa a partir del acto de instrucción sumarial (Del voto del juez Fernández, cons. IV).
Derecho de retención, comodato, extinción del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Invernizzi Isabel c/ Esteban Alejandro y Otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

No pueden los comodatarios demandados, resistir la entrega del inmueble alegando ser acreedores del comodante por los gastos y mejoras necesarias y útiles supuestamente realizadas, pues de acuerdo con el art.2278 del Código Civil carecen del derecho de retención y, además, porque el retentor no puede, salvo pacto en contrario, utilizar la cosa que retiene.
Denegatoria del recurso, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: C., M. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-17

Debe rechazarse el recurso de casación dirigido a cuestionar la imputación del delito de amenazas, puesto que resulta errado concebir el comportamiento del imputado como un simple proceder derivado de un momento de ofuscación, sin connotación penal, frente a un escenario sumamente violento en el que un desconocido fue a buscar a los sujetos pasivos y, al tiempo que se conducía con violencia, profirió amenazas, que dirigió directamente a ellos y que fueron susceptibles de alarmarlos.
Revocación de sentencia, defectos en la fundamentación normativa, régimen de consolidación de deudas, ley nacional, ley provincial, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Estudio A - 1 SCC. e I. c/ Provincia de Formosa. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Es descalificable el pronunciamiento que declaró inaplicable el régimen de la ley 986 de Formosa - por la cual dicho estado adhirió a la ley nacional 23.982 de consolidación de la deuda pública - a los honorarios regulados en favor de los letrados de la actora, ya que al resolver la cuestión a la luz de lo dispuesto en el art. 62 de la ley provincial 512, prescindió lisa y llanamente de la consideración del art. 2, inc. d), del decreto reglamentario 792, sin dar razón plausible para ello.
Medidas cautelares, daño
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ DE IÑIGUEZ, MARIA BEATRIZ c/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO y/o SUP.GOBIERNO DE LA PROVINCIA y/o Resp. s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-11

El cumplimiento efectivo de la resolución policial que ordena el traslado del amparista a otra ciudad traería un perjuicio patrimonial irreparable y la afectación al principio de preservación de la integración familiar del personal policial consagrado por ley, lo que permite evidenciar la irreparabilidad del daño invocado, deviniendo admisible la cautelar de no innovar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, habeas data, producción de la prueba, insuficiencia del agravio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rabadan Paz, Ricardo contra GCBA sobre habeas data c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

Las críticas que formula el GCBA contra la decisión de la Cámara que le ordenó asentar en todos sus registros y bases de datos que el actor no era titular de la deuda que se había generado con anterioridad a la fecha en que el inmueble había sido adquirido por subasta judicial y que este no podía ser ejecutado ni embargado con motivo de aquella, no demuestran seria y fundadamente que los razonamientos que realizó la alzada -relativos a que la legitimación del actor surgía de su carácter de titular del inmueble en cuestión, a la innecesaridad de demostrar un perjuicio patrimonial para acceder a la tutela de los datos personales y al análisis de la prueba producida en la causa- constituyan un desacierto extremo que impida a la sentencia objetada adquirir validez jurisdiccional. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Contravenciones de tránsito, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D. 352 s/ Artículo 46
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-01

La Ley Nro. 42 (sancionada el 2/7/98, promulgada el 16/7/98 y publicada en el B.O. el 17/7/98) incorporó al Código Contravencional el Capítulo IX "Contravenciones de Tránsito", asignando al Fuero Contravencional competencia para entender en las conductas tipificadas como tales, contenidas en los artículos 74 a 79 de la Ley Nro. 10.

La Disposición Transitoria incluida en la referida norma suspendió la vigencia de los artículos 76 y 77, relativos a la violación de semáforos con y sin vehículo motorizado, por un plazo de noventa (90) días. Asimismo, la Ley Nro. 43, modificatoria de dicha disposición, ha sido a su vez modificada en reiteradas ocasiones por las Leyes Nro. 82, 142 y 318, respectivamente, estableciendo ésta última: "... Los artículos 76 y 77 del Código Contravencional entran en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos posteriores a la fecha de publicación de esta ley"; publicación ésta que tuvo lugar el 20 de enero de 2000.

Recién el 3 de agosto de 2000, y ya vencido el plazo ut supra mencionado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nro. 463, estatuyendo en su artículo 1: "... Los artículos 76 y 77 del Código Contravencional entran en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha de publicación de esta ley".

La propia Ley Nro. 463 dispone su entrada en vigencia a partir de la fecha de su publicación, esto es el día 18 de septiembre de 2000 (Boletín Oficial Nro. 1.029). Ningún otro alcance cabe atribuir al mentado artículo, más que el que claramente se desprende de su texto. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira).
Medida de no innovar, acción meramente declarativa, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: INVERSORA DARSENA NORTE S.A. INDARSA c/ ESTADO NACIONAL. MINISTERIO DE DEFENSA s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

La actora ha allegado elementos de juicio suficientes para justificar la verosimilitud del derecho alegado; conclusión, de naturaleza eminentemente provisional, que no significa reconocer que el alegado derecho del consorcio equivale a una incontestable realidad. Satisfecho el primer requisito, hasta tanto no se aclare con precisión el estado de las cuentas -que es, en definitiva, el presupuesto de la acción meramente declarativa de fondo- la posibilidad de que el Estado Nacional, prescindiendo de los extremos anotados, promueva acción ejecutiva por cobro de la primera cuota contra el consorcio puede significar un perjuicio de magnitud para la empresa en marcha en tanto la privaría doblemente de sus recursos. Y si se pondera, en términos realistas, la proyección económica y social que podría tener un incremento significativo de las obligaciones asumidas por el consorcio -aspecto que no es dable descartar en el estado larval en que se halla la causa-, en un contexto de elevado nivel de desocupación según es público y notorio, el dictado de la medida de no innovar -que no apareja suspensión de ningún servicio público- impresiona como adecuada a la situación en examen. Por ello, hasta tanto no se aclaren las cuentas entre las partes, el Estado Nacional deberá abstenerse de ejecutar el o los pagarés vinculados con la primera cuota y de hacer efectivo el seguro de caución (art. 230 del Código Procesal).
Responsabilidad civil, adulteración de vinos
Materia: CIVIL
Carátula: GÜEMIL, Delfina M. y otros c/ Nietos de Gonzalo Torraga S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-01

Es responsable el Instituto Nacional de Vitivinicultura por no haber tomado las debidas medidas de atención, control, vigilancia y prevención a la que estaba obligado(arts. 43 y 1112 del C.C.), en cuanto al vino adulterado.
Libertad de prensa, noticia inexacta, doctrina de la real malicia, funcionarios públicos, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, JORGE SANTIAGO (EXPTE. N° 38397) c/ MENDOZA 21 S.A. DIARIO UNO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-10

Debe distinguirse si la noticia falsa ha aludido o afectado a funcionarios o servidores públicos en ejercicio de su función o si el aludido es un simple particular. Quien demande por difamación atribuyendo al medio la difusión de una noticia falsa, en el primer caso, sólo podrá obtener una reparación si prueba que dicho medio obró con dolo o negligencia o culpa grave, aludiéndose a lo que se conoce como real malicia. En cambio, si el demandante es una persona privada, aludida en noticias falsas que no tienen relevancia pública o interés general, a él le basta probar el daño sufrido en razón de esas noticias y pesa sobre el demandado, es decir, el medio informado que publicó o difundió la falsa noticia, probar que no actuó con negligencia.
Estupefacientes, decomiso, pena accesoria, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NACUCCHIO, OLGA B. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO Causa 656
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

El art. 30 ley 23737 prevé que se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito, y siendo el decomiso una pena accesoria de carácter retributivo no requiere de imposición expresa, sino que es un efecto de la sentencia que opera "ministerio legis" desde que aquella queda firme.
Juicio ejecutivo, pagaré, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ Correa, Ruben Darío s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

Aun cuando el pagaré emitido como consecuencia de un prestamo para consumo personal cumpla con los recaudos previstos en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, no es viable la vía ejecutiva para su cobro pues en el juicio ejecutivo sólo se encuentran contempladas las excepciones previstas por el art. 542 del C.P.C., faltando las propias defensas que se pueden plantear en el marco de una relación de consumo.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguayo, Lorena c/ Mate, Julia s/ Diferencias Salariales Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-11

Los agravios no pueden limitarse a señalar una mera discrepancia de criterios, o a manifestar simplemente una disconformidad con lo decidido por el a quo, sino que deben alcanzar suficiencia técnica.

La meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea, de modo de producir convicción en el tribunal de alzada sobre la sinceridad y autenticidad de los agravios vertidos.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: PEQUEÑO CARBALLO c/ RAFAIDI s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

No toda reparación deja necesariamente rastros apreciables por cualquier potencial comprador; cuando es menester la valoración de un experto para detectarlos y en supuestos en que al realizarse un esmerado arreglo en el que, además, se cambian las partes afectadas, hacer recaer sobre el agente del daño el deber de soportar un desmedro a la postre inexistente, implicaría enriquecer indebidamente al damnificado.-
Seguro de responsabilidad civil, cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Baia Alejandro c/ La Uruguaya Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

Negada por la accionante la limitación de la cobertura invocada por la aseguradora, incumbe a ésta la demostración de tal extremo.
Deuda previsional, actualización monetaria, interpretación de la ley, voluntad del legislador, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D'ANGELO, CECILIA ROSA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-30

En la normativa de los arts. 7 y 8 de la ley 21.864 no están incluidos los créditos contra las cajas de jubilaciones, sino los de los deudores al sistema. Ello no implica un agravio al principio de igualdad ante la ley consagrada por el art. 16 de la C.N., en cuanto "... nada impide al legislador contemplar de manera distinta situaciones diferentes, en tanto la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas ...".
Competencia, competencia civil
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ, Francisco Javier s/ INFORMACIÓN SUMARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-29

Es competente la Justicia Civil para intervenir en una información sumaria promovida con el objeto de obtener del vendedor de un motor la documentación necesaria para su venta. Ello, en razón que el objeto de la causa y la acción incoada involucran únicamente intereses particulares y el tema se ubica dentro del ámbito comprendido por el art. 43 del decreto ley 1285/58. (Sumario N°20181 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Simonetti, Mario Angel s/ Infracción art. 3º inc. 7º ley 14.346
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

No se ha producido la denunciada omisión de la cuestión esencial relativa al cuerpo del delito porque no se habría especificado en la sentencia en cuál de las acciones típicas previstas en el art. 183 del Código Penal estaría incluida la conducta imputada, si el pronunciamiento describió el hecho de manera tal que se compadece -implícitamente- con una de las conductas típicas que se enuncian en esa norma penal.
Tercerías, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olano, Rubén O. c/ Pergamino Cooperativa de Seguros Ltda. y otro s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El tercer párrafo del art. 97 del CPC refiere a las costas por las actuaciones producidas en los autos principales y no a las devengadas en el juicio de tercería, las que deberán ser abonadas de acuerdo al resultado a que se haya arribado en el mismo y a lo decidido al respecto.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

La libertad constitucional de prensa tiene sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa en los términos del art. 14. Basta para ello referirse a lo establecido con amplitud en los arts. 32 y 33 de la Constitución Nacional y a una razonable interpretación del propio art. 14 (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Seguros, póliza
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Antonio Calendario c/ Sidertek S.A. s/ Accidente Ley 24.028
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-09-02

La hipótesis por la cual la compañía de seguros se exonera de cubrir el siniestro fundada en el art. 75 de la Ley de contrato de trabajo...Se refiere a los casos en que la acción prospera en virtud de tal norma legal, no bastando que el demandante la invoque, directa o subsidiariamente, como sustento de su pretensión.
Contrato de obra pública, gastos improductivos, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

Resulta inadmisible el planteo que se pone en contradicción con actos propios anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, circunstancia que se observa al pretender el reconocimiento de gastos improductivos, cuando había renunciado expresamente a ellos.
Administración Pública, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31

La facultad de sustitución de la sentencia constituye una prerrogativa de la Administración Pública -condenada en juicio- que sólo resulta procedente por fundadas razones de interés público, y no constituye una facultad de la actora vencedora en juicio de optar por una resolución que le sea más conveniente. Esta última tiene a su disposición las herramientas procesales adecuadas para ejecutar lo decidido en la sentencia de fondo, más no posee facultad alguna para optar por sustituir el contenido de una resolución judicial que ordena su reincorporación al cargo que detentaba por una indemnización que la reemplace. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales, extradición, competencia de la Corte Suprema
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La Corte debe velar porque la buena fe que rige la actuación del Estado Nacional en el orden internacional para el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional no se vea afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de la Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla (Disidencia de los Dres. Julio S.

Nazareno y Antonio Boggiano).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, interpretación literal
Materia: CIVIL
Carátula: Catedral Turismo SA. c/ Emprendimientos Bariloche SA. s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-21

Tienen eficacia cambiaria y, por ende, fuerza ejecutiva, los pagarés entregados en garantía...; sin que quepa en el juicio ejecutivo cuestionar el alcance de esa garantía, porque ello implicaría discutir la causa de su emisión, vedada por el art. 544 inc. 4 del Código Procesal...; no siendo dable, tampoco, supeditar su exigibilidad a la demostración previa de que se dan las condiciones establecidas en la relación causal fundamental pues tal exigencia estaría en contra de la literalidad y autonomía del pagaré.
Excepción de incompetencia, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de alzada, entes autárquicos, resolución administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BARRIONUEVO DE ACOSTA, MARTA OFELIA c/ ADMINISTRACIÓN DE JUEGOS Y SEGUROS Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCIÓN DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-27

Resulta improcedente la excepción de incompetencia por falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la Administración General de Juegos y Seguros, ya que contra la resolución de un ente autárquico el ordenamiento adjetivo solo le impone al administrado, para el agotamiento de la vía administrativa previa y la habilitación de la instancia judicial, la interposición, en el plazo de cinco días, del recurso de alzada.

En el caso, habiéndose interpuesto recurso de alzada en forma subsidiaria al recurso de reconsideración el día 19/2/04 y tomando en cuenta que el acto impugnado se notificó al interesado el día 13/2/04, se infiere que su promoción ha sido en tiempo hábil a fin de obtener la completividad que el acto del ente descentralizado necesita para permitir su revisión en sede judicial.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Corbalán, Manuela Nelly. c/ Valdez, Susana Alicia. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07

Asiste razón a la recurrrente al sostener que la invocación de pretensos derechos posesorios por su parte exige la comprobación de la exigencia mínima de seriedad a fin de que adquiera virtualidad para paralizar el desalojo intentado; sin que corresponda imponer en el marco de este proceso, prueba acabada de la posesión alegada.

La comprobación del extremo mencionado, impone la valoración integral de las pruebas tendientes a constatar la verosimilitud de la posesión esgrimida por la parte demandada.

El juzgamiento de este aspecto fáctico de la controversia debe ineludiblemente fundamentarse con arreglo al conjunto de las pruebas existentes (la totalidad de las constancias de la causa, la posición asumida por las partes y especialmente, si la prueba rendida por el demandado, prima facie, es susceptible de visualizar la existencia de actos posesorios) expresando el tribunal las razones por las que arriba a una conclusión positiva o negativa.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, personas con discapacidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gentile, Marcelo José s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Gentile, Marcelo José c/ GCBA y otros s/ impugnación de actos administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde rechazar la queja porque el recurrente invoca el carácter "no preferencial" de las ubicaciones que se le otorgan en el Teatro Colón, a diferencia de aquellas que suelen concederse a las personas con discapacidad que se desplazan en silla de ruedas. Ello obliga a interpretar el sentido y alcance de normativa infraconstitucional, en particular la ley n° 3546, y su art. 7 específicamente, así como también analizar cuestiones de hecho y prueba relativas a la infraestructura del Teatro Colón, la visibilidad y accesibilidad de sus ubicaciones, y las necesidades de las personas de acuerdo al tipo de discapacidad que presentan. Tal debate resulta ajeno al ámbito cognoscitivo del recurso de inconstitucionalidad y el recurrente no demuestra que el razonamiento realizado por la Cámara en su sentencia denegatoria resulte insostenible, ni que se encuentre en las mismas condiciones y circunstancias respecto a la accesibilidad que aquellas personas que se movilizan en silla de ruedas y que, por tal motivo han tenido entradas en la ubicación pretendida por el actor. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).