marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inspección General de Justicia, régimen de contralor, sanciones administrativas, multa administrativa, sociedad de ahorro para fines determinados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES SA c/ LOPEZ DIGON, LUIS. s/ DENUNCIA:
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-12

Cabe la sanción de multa impuesta por la IGJ a una sociedad anónima de ahorro para fines determinados, en virtud de no haber reintegrado al suscriptor denunciante la totalidad de su haber de ahorro dentro de los treinta días de finalizado el grupo respectivo y no haber podido demostrar la diligencia necesaria para recuperar las cuotas adeudadas por los suscriptores morosos, toda vez que -en la especie- no existen motivos para modificar la multa en cuestión, ya que conforme con los antecedentes de la misma (que obran en el registro del tribunal), acumula sanción tras sanción por transgresiones a los deberes a su cargo como administradora de planes de ahorro.

(En la especie, cabe acotar que la multa impuesta asciende a $8.000).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Catino, Aníbal Alfredo y otros c/ Armale, Ricardo Abraham y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

La importancia de la referida regla de tránsito -derecha antes que izquierda- se evidencia con toda claridad y en toda su magnitud si se repara que, en definitiva, la misma viene a cumplir la función de los agentes que dirigen el tránsito o de las señalizaciones de los aparatos mecánicos o señales fijas, en todos aquellos lugares que los mismos no existen y, por ende, esa regla objetiva de ordenación del tránsito debe ser escrupulosamente cumplida por los conductores, tanto más aún cuando es la propia ley de tránsito la que prescribe que su violación constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor en caso de accidente la responsabilidad inherente a los daños que ocasione (art. 71 inc. 2 ley 5800), lo que indica la importancia que la misma tiene para la seguridad de las personas y las cosas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, competencia contencioso administrativa, competencia laboral
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Mercedes del Carmen c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

El hecho de que la relación causal sea el empleo público no implica que todas sus derivaciones deban ser sometidos necesariamente a la competencia contencioso administrativa. En efecto, del análisis de la causa pareciera derivar que la traba de la litis se limita a la liquidación de montos de prestaciones salariales, S.A.C. y adicional extraordinario de emergencia, radicando la divergencia entre las partes en cálculos eminentemente cuantitativos que no ponen en duda la relación de empleo público ni la causa o fuente específica en la que se sustentarían las obligaciones dinerarias cuya correcta o incorrecta liquidación se discute. Ante ello cuando tales obligaciones o consecuencias presentan características similares o idénticas a las que se juzgan en las otras jurisdicciones y competencias, deben ser sometidas a las mismas y, que en el caso, le correspondería por principio al fuero laboral y no al contencioso administrativo, ello sin perjuicio de que en esta sede haya encontrado desarrollo prima facie y por anuencia o acción de las partes. Convalidar una prórroga de jurisdicción por razones de economía procesal significaría cohonestar un trámite irregular, toda vez que la prórroga por razón de materia se encuentra vedada legalmente y además resultaría violatoria del art. 18 de la C.N., pues se privaría a las partes de su juez natural, debiendo por ello declararse la incompetencia de esta Corte para entender en la causa, que deberá bajar a los fines de su sorteo para su tramitación entre los juzgados del fuero.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ECHEVERRIA DE ANZORENA, ROSA. c/ MARCOMINI, ROBERTO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

Para que exista un correcto planteo de cuestiones negativas de competencia es preciso que los magistrados se la atribuyan recíprocamente, razón por la cual corresponde remitir las actuaciones al fuero civil y comercial federal, que no tuvo ocasión de pronunciarse en una causa en la que se declaró incompetente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Accidente de tránsito, seguros, cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Villalon Escudero, Héctor R. c/ Hernández, Bernardo y otro s/ D. y P. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

Corresponde que sea favorablemente receptada la declinatoria de la cobertura esgrimida por la aseguradora citada en garantía, pues, [.] la introducción -por la A quo- del tema de la extemporaneidad de la respuesta por parte de la aseguradora constituye una violación del principio de congruencia y defensa en juicio, toda vez que las partes en momento alguno introdujeron dicho tema no obstante que la existencia de las comunicaciones remitidas por la aseguradora fueron puestas de manifiesto al responder la citación en garantía. Por ello entiendo que se da en el caso una violación al principio señalado en el párrafo que antecede y que justifica la revocación de la sentencia en el punto en cuestión. (Del voto del Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, en minoría).
Competencia, lesiones, dolo eventual, juez de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Carlos. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

Si, con respecto a las lesiones investigadas, la hipótesis de existencia de dolo eventual no resulta incoherente, corresponde que continúe interviniendo la justicia de instrucción por su mayor competencia.

Nota del Secretario: De la resolución se extrae que, en el caso, las lesiones investigadas guardaban conexión con una tapa de Aguas Argentinas que se encontraba en desnivel con la vereda. El tribunal estimó que el hecho en estudio no pudo no representarse al personal de dicha empresa que había colocado la tapa, la había dejado en esas condiciones o que no la había reparado, habiéndola dejado sin ningún elemento de protección o señalización.
Recurso de casación, aplicación de la ley, impugnación errónea, exceso ritual manifiesto, facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: UMBIDEZ CARLOS ALBERTO Y OTROS S.D HOMICIDIO CALIFICADO; PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y APREMIOS ILEGALES EN CONCURSO IDEAL c/ BAÑAGASTA DANIEL ALFONSO s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-12

Habiéndose cumplido con la exigencia legal contenida en el art. 486 del C.P.P., indicando los motivos de casación que originan impugnación, las disposiciones legales que entiende inobservadas o erróneamente aplicadas y la solución que espera del caso, la denegación del acceso a la instancia extraordinaria de casación efectuada por un Tribunal de Alzada, se presenta como una desacertada decisión, en tanto no sólo coarta el derecho al recurso de la parte involucrada, sino que además excede el marco de análisis de la admisibilidad formal del recurso al que debió ajustarse al emitir el pronunciamiento objeto de queja, pues la evaluación acerca de la razón o sinrazón de sus pretensiones, ha de ser realizada oportunamente por el Organo Superior.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Pino, Eliana Mercedes s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-16

Si se imputa a la procesada infracción al art. 5, inc. c, ley 23.737 y se dispuso su prisión domiciliaria, no es arbitraria la denegatoria de excarcelación que atiende la magnitud de la pena en expectativa y la gravedad del ilícito investigado, máxime cuando el Estado asumió compromisos internacionales en la materia. La disidencia sostuvo que resulta insuficiente para el mantenimiento de la medida cautelar la referencia al quantum de la pena en expectativa, a la gravedad del hecho, a la existencia de condenas anteriores o causas en trámite, ya que todo ello no indica que, de ser puesta en libertad, la imputada intentará eludir la acción de la justicia. (Dres. Madueño, Fégoli y Ledesma -en disidencia-).
Mutuo hipotecario, intereses punitorios, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DRI DE DURBAN, CELIA s/ INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO EN CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-22

El crédito de la especie recae sobre el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, habiendo pactado las partes una suma (U$S 70) diaria para el caso de mora en concepto de indemnización (artículo 652 Código Civil). Tal pena ocupa el lugar de la indemnización de perjuicios e intereses (artículo 655 Código Civil), que el juez puede reducir siempre y cuando se den los recaudos del artículo 656.

La cláusula penal, por tanto, carece de rasgos absolutos.Aunque su inmutabilidad sea la regla puede mutársela por vía de excepción haciendo gala de un prudente y razonado arbitrio jurisdiccional.

Dada las particulares circunstancias que evidencia el sub-lite, la Sala estima ajustado a derecho y conformado a equidad establecer en concepto de interés moratorio una tasa máxima del 15. anual, el que se adecua a las pautas de los artículos 953, 1071,502,954 y 656 del Código Civil, a la estabilidad de los precios y las condiciones en que debe funcionar un sano mercado de créditos y máxime tratándose de un mutuo pactado en dólares estadounidenses.-
Proceso judicial, excepciones procesales, defecto legal, diferencias salariales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: "Sánchez Alarcón José y otros c/ D.G.F.M. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-15

En el supuesto de reclamo de diferencias salariales si a la actora le puede resultar relativamente fácil efectuar los cálculos para fijar la cuantía de su pretensión, mayor facilidad tiene la demandada -organismo estatal- para ello, pues cuenta con los elementos humanos y técnicos para realizar la operación numérica que se requiere, siempre y cuando se le indiquen por lo menos los conceptos respecto de los cuales debe hacerse el referido cálculo. Ello así aún cuando en tal caso no existe impedimento invencible para que el actor formule cálculos aproximados para determinar el monto de su reclamo, la deducción de la excepción por parte de la demandada -sólo con fundamento en este aspecto- podría constituir un exceso de defensa por parte de ella (Sala IV: "Arderiu, Carlos José", del 3/4/01).
Declaración de quiebra, síndico del concurso, inhibición general de bienes, inscripción tardía, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: FRUGLACE s/ QUIEBRA  S/ INCIDENTE DE INVESTIGACION S/ INCIDENTEDE APELACION ART. 250 CPROC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

Corresponde aplicar una sanción de multa de $ 6500 a un síndico por haber omitido inscribir en tiempo y forma oportunos la inhibición general de bienes dispuesta en el decreto de quiebra. Ello así, toda vez que en la actualidad, y a raíz del incumplimiento observado, la quiebra debe enfrentar una situación de incertidumbre respecto a la definitiva composición de su activo. Por lo tanto, si bien no se desconoce la regla de proporcionalidad y gradualidad que debe imperar en la materia, y tampoco que el recurrente no ha sido objeto de anteriores sanciones en virtud de su actuación profesional; sin embargo, teniendo en cuenta la entidad del incumplimiento, y la ausencia total de justificación valedera por parte de la sindicatura sobre el punto sometido a análisis, resulta procedente reducir el importe inicial de la multa de $ 10000, a la suma de $ 6500.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios, sentencia, parte dispositiva
Materia: PROCESAL
Carátula: V., H. R. c/ A. M. del P. J. de la Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-31

"El agravio, finalmente, debe encontrarse localizado en la parte dispositiva de la resolución, siendo inapelables por lo tanto los considerandos de aquella".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Frechero, Pedro O. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 255 del Código de Procedimiento Penal, afirmando que los peritos excedieron el ámbito de su competencia, si no media demostración alguna de tal exceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Yones, Elida N. c/ Municipalidad de Necochea s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el fallo objetado se adecua a la doctrina legal establecida en la materia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Palavecino, Antonio s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Es insuficiente el agravio a la acreditación de autoría y responsabilidad del procesado por haber otorgado la Cámara validez al acta cuya nulidad se pretendía, si la impugnación no va acompañada de cita legal alguna (art. 355, C.P.P.)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

No existiendo controversia en torno a la liquidación presentada por el letrado, corresponde aplicar, a la suma allí indicada, la escala del art. 23 de la ley n° 5.134. Ello, en tanto, no hay regulación por los trabajos realizados ante la primera instancia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), derecho de habitación del cónyuge supérstite, matrimonio del cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: SOLUCCI SANTIAGO s/ SUCESION - BIEN DE FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La indivisión basada en el art. 53, "in fine", de la Ley 14.394, trata del derecho del cónyuge supérstite de obtener la indivisión en relación a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada con el causante, si fuere la residencia habitual de los esposos. Se pretende amparar al cónyuge viudo, particularmente a la mujer que puede encontrarse en situación dificultosa para asegurarse la vivienda.

El derecho que consagra la norma no es sustancialmente distinto, salvo en la duración, al derecho que le reconoce al cónyuge supérstite el artículo 3573 bis del Código Civil (conf. Borda, "Acerca de la naturaleza jurídica del derecho de habitación del cónyuge supérstite", E.D. 60-885) y tiene por objeto la misma finalidad, cual es el loable propósito de evitar el desamparo del cónyuge supérstite.

Siendo ello así, la posibilidad de acceder a la indivisión por un plazo que puede llegar a diez años cuando quien la solicita ha contraído nuevas nupcias y no ha probado una indigente situación, no puede concretarse, desde que importaría el ejercicio abusivo de un derecho por parte de quien tiene una facultad legal y la usa con un propósito distinto al que la ley tiene previsto. No puede exigirse a los restantes sucesores la postergación de sus legítimos derechos cuando la situación de desamparo que justificaría tan grave y excepcional medida ha sido superada con las nuevas nupcias contraídas por el cónyuge sobreviviente, por lo que corresponde acceder a la desafectación del inmueble.
Ejecución fiscal, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL (D.G.I.) c/ ALCANTARA  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Al resultar aplicable la resolución 10/88, no corresponde el desagio de la deuda puesto que así está previsto en el art. 8 de aquélla que fue dictada luego de entrar en vigor la ley 23.549 (B.O.

26/1/88) y cuya constitucionalidad sobre este punto no se plantea.

Dicha Ley facultó a la Secretaría de Hacienda a disponer en las materias no especificadas en la ley y en particular sobre cómputos e índices aplicables (art. 115). Al respecto es de advertir que de conformidad con el procedimiento indicado en el art. 5to., ap. 2do., la norma del art. 8vo. de dicha resolución no resulta incongruente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Zaragoza, Carlos Alberto s/ Homicidio ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Es insuficiente el agravio en el que se cuestiona el monto de la pena impuesta al procesado, por considerarla no coincidente con las características del caso, y excesiva atento a la no utilización de armas en el hecho, la personalidad del acusado y sus escasos antecedentes, si omite relacionar sus planteos con la transgresión de las normas legales de las que depende la determinación que cuestiona (art. 355, C.P.P.).
Daño moral, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villegas Roberto c/ Nicolás Zárate y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-07-03

De todos modos, sólo cabe afirmar, si por daño moral se entiende la modificación disvaliosa del espíritu, que no debe haber dolor espiritual más profundo que aquel producido por la muerte de un hijo. Estimo que quien no ha padecido tan terrible dolor, puede no comprenderlo en su verdadera magnitud, aún cuando, bien se dice que, se tiene por acreditado, por la sola comisión del acto antijurídico: es una prueba "in re ipsa"
Recurso de casación penal, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de apelación en autos: Perancho, Mauricio Ariel y otros s/ usurpación en concurso ideal con impedimento de funciones públicas y concursadas materialmente con privación ilegítima de la libertad, usurpación y entorpecimiento de la actividad económica, éstas dos últimas en concurso ideal. s/ Incidente de apelación. Usurpación en concurso ideal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2005-04-26

La prisión preventiva sólo puede tener como objetivos: A) Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal; B) Garantizar una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la investigación penal; C) Asegurar la ejecución penal.
Locación de cosas, sublocación
Materia: CIVIL
Carátula: PAPAYANNIS, Juan c/ BELLIZI, Angel s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

La prohibición de ceder la locación impuesta al locatario por una cláusula del contrato no puede ser invocado en su beneficio por quien la transgrede, pues el derecho eventualmente resultante, en caso de no haber mediado expresa o tácita conformidad posterior del locador, debe hacerlo valer éste en función de su interés, como expresamente lo dispone el art. 1602 del Código Civil.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestión de derecho público local, recurso contencioso administrativo, caducidad, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Carbajal, Alberto Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario - Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción- Declaración de caducidad de instancia (Expte.: C.S.J.  Nro. 644 Año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

No puede concederse el recurso extraordinario planteado desde que carece de debido sustento el reproche de apartamiento de las constancias de la causa formulado por el actor -ahora recurrente-, con el que reitera las alegaciones vertidas acerca del abuso del proceso por parte de la accionada, cuestión valorada en la resolución recurrida, y que no impedía a la parte -si actuaba diligentemente- instar para que las diligencias se practiquen. Ello así, por cuanto el recurrente no ha demostrado, entonces, que el fallo recurrido incurrió en exceso ritual toda vez que no se advierte que la interpretación de las circunstancias de la causa y de normas locales que efectuó el Tribunal afecte la garantía del debido proceso evidenciando un ritualismo que obstruya la correcta defensa del justiciable e incida de algún modo en el principio de imparcialidad, y la circunstancia de que esa interpretación resulte desfavorable al interés de la recurrente, no implica por sí solo, un excesivo rigor formal. En el caso, la lectura del pronunciamiento permite colegir que el decisorio que declara la caducidad de la instancia ostenta fundamentos suficientes para sustentarse como acto jurisdiccional válido, sin que el impugnante logre ahora demostrar que en los considerandos del mismo se hubiesen efectuado enunciados como verdades indiscutibles sin el respaldo del debido fundamento.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Massaccesi, Osvaldo s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser oportuno (art. 70 del Código Procesal).
Obligaciones, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, María C. c/ Consorcio Las Heras s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-23

Omitiéndose mencionar la causa, el reconocimiento acredita la existencia de la obligación en base al principio de presunción de la causa que el deudor puede impugnar demostrando lo contrario. Hablar de la causa de la obligación importa referirse al hecho dotado por el ordenamiento legal de virtualidad suficiente para establecer una relación adecuada entre acreedor y deudor. Se presume, en principio, que no hay obligación sin causa. Quien alegue lo contrario debe probarlo. La armonía de los artículos 499 y 500 del Cód. Civil, así resuelve la cuestión. Por tanto, no es posible pensar en una obligación que existe por sí y sin estar o encontrarse dependiente o con dependencia de un antecedente que la haya producido u originado.

Es inverosímil que el co-demandado se haya obligado a transferir dominialmente la porción indivisa de marras sin mediar un acto previo puesto que, de no ser así, hubiera efectuado las aclaraciones y reservas propias del caso. Igualmente lo es su inatendible alegación del responde habida cuenta que él -ni su condómina co -demandada, que también se allanó a la fundabilidad de la demanda- reconoció tal obligación bajo la forma de ninguna clase de condicionalidad que seriamente amerite ponderar el posible quebrantamiento del precepto material contenido en el artículo 499.

Dentro de este contexto, el acreedor -presuncionalmente amparado- no está llamado a probar la existencia de la causa de la obligación reclamada sino que es, precisamente, el deudor quien está precisado de acreditar que no existe. Y, como tal onus probandi está insatisfecho queda, sin remedio, agotada la jurisdicción de Alzada.