marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pérdida del beneficio, principio de contradicción, prueba, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DOMINGUEZ, BALDOMERO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

En oportunidad de otorgarse un beneficio jubilatorio se le reconoce al peticionante un derecho que, indudablemente, tiene resguardo por la Constitución Nacional (art. 17), y para ser dejado sin efecto se deben observar los recaudos indispensables de oír a la persona a quien se le priva del mismo a fin de que ejercite el derecho constitucional de defensa (art. 18). Así lo sostuvo la C.S.J.N. (cfr. sent. del 15.10.96, "Castellanos, Jaime Enrique") al establecer que si bien es cierto que en los supuestos de nulidad absoluta la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resultaren "fehacientemente probados" y que los organismos previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo las necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndoseles alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (Fallos 305:307). Si ello no ocurre, se afecta el ejercicio de derechos amparados por la Carta Magna que, indudablemente, justifican la acción de amparo para concurrir a los estrados judiciales y hacer cesar ese accionar ilegal.
Devolución del expediente, notificación, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Freysselinard, Federico Julián y otro c/ Confederación General del Trabajo y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

No resulta una conducta exigible al recurrente el emplear otros medios para averiguar si el tribunal se había expedido en el recurso y si los autos habían retornado a la instancia de origen, si existen normas legales expresas que imponen la notificación en forma personal o por cédula.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, telefonía celular, derechos del consumidor, daño moral, daño punitivo
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MARCOLINO, JOSE ALFREDO c/ AMX ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

No se vislumbra en el sub lite la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte, desde que los extremos fácticos que se dicen soslayados fueron expresamente tenidos en consideración por la Alzada (aunque con un alcance distinto al postulado por el quejoso) y no se advierte arbitrariedad ni llega a ser puesta en disputa la razonabilidad de los fundamentos expuestos por la Sala para concluir que el reclamo de una deuda carente de causa (correspondiente a una línea telefónica y un equipo no solicitados) y el bloqueo de la línea preexistente y los informes de morosidad lucían suficientes para inferir la existencia de un daño moral ocasionado al actor; mas no procedía la aplicación de una multa civil, toda vez que ésta quedaba supeditada a la exigencia de una gravedad de conducta caracterizada por la presencia de dolo o de una grosera negligencia y el comportamiento de la demandada, si bien configuró un incumplimiento de la ley 24240, no permitía suponer sin más una particular intencionalidad susceptible de daño punitivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Falistocco)
Procedimiento contencioso administrativo, régimen tributario, caducidad de instancia, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Echenique, Lorenzo s/ ej. fisc. - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

El art. 260 del CCAyT no exige del acto procesal que sea efectivo en el impulso, sino tendente a él, pues, cuando la disposición habla de instar, está introduciendo la idea de que tiene que mediar una actuación que tenga por propósito hacer avanzar el proceso, aun cuando fracase en ello. Afirmar que solo tendrían carácter interruptivo aquellos actos que efectivamente logren el avance del proceso llevaría al absurdo de excluir del conjunto "actos interruptores" cualquier petición que se estimare inadmisible. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Plata S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

En un caso de actividad lícita de la Administración se torna indemnizable el daño provocado a los particulares, siempre que sea efectivo, individualizado, evaluado económicamente y se ajuste al concepto de "sacrificio especial" en el sentido que incida sobre ciertos individuos y supere los pequeños daños derivados de la convivencia. En tal caso, la indemnización de dicho daño debe ser integral.
Enjuiciamiento de magistrados, juicio político, remoción de jueces, fallos de la Corte Suprema, inmunidad de jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CORREGIDOR NESTOR ABEL c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Es previo a toda demanda por reparación del perjuicio causado en el irregular desempeño de la judicatura el desafuero del magistrado mediante el respectivo juicio político (cfr. CNCiv., Sala B, 3.8.82, in re "Fernández Alvariño, Próspero c/Sabatini, Eduardo N."). Y mientras el magistrado cuestionado se encuentre en el pleno goce de sus atribuciones, su eventual responsabilidad civil no es materia de ventilación judicial (cfr. Llambias, J. J., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T. IV-B, N° 2807, p. 117; Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T. II, N° 1652, p. 489).
Admisibilidad del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Uberti, Claudio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

La disidencia señaló que la vía deducida resulta admisible en atención a que se ha planteado una cuestión federal vinculada con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Dres. Slokar, Yacobucci y Ledesma -en disidencia-.

Fuente del sumario: OFICIAL
Derecho comercial, Derecho procesal, concursos, concurso preventivo, apertura del concurso, verificación de créditos, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ E. C. S. P.  s/ Incidente de Revisión expte. n° 438/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-28

"La apertura del concurso no impide la continuación de los procedimientos administrativos y la ulterior verificación de las multas, siempre que estén firmes". Es procedente la verificación del crédito derivado de una multa si la infracción es anterior al concurso, aunque el acto administrativo que la impone sea posterior.
Procedencia parcial, cuota alimentaria, alimentos atrasados, menores
Materia: CIVIL
Carátula: L. M. E. c/ E. A. J. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-03-18

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia, revocar la sentencia que rechazó la demanda de alimentos de uno de sus hijos y hacer lugar a la misma también respecto de él, pues es indudable que el a quo incurrió en un error material al verificar la edad, ya que de la partida de nacimiento del niño surge que nació en la fecha indicada por la apelante y efectivamente es menor de edad. En lo que respecta a la pretensión de la apelante de que se disponga la retroactividad de los alimentos atrasados desde el día que se cargó la mediación en el SIGE, vale decir que se adecua a lo dispuesto por el art. 669 del CCCN, entendiendo que el trámite de mediación sirve de interpelación fehaciente a pagar la cuota alimentaria reclamada. Sin embargo, no hay constancia alguna de que el demandado haya sido notificado de la audiencia de mediación; la referencia de que no se hizo presente a la audiencia estando debidamente notificado, no suple la debida notificación. A más, no hubo cuestionamientos sobre tal anormalidad, por lo que no cabe pronunciarse al respecto y el agravio debe ser rechazado.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA DE COLLADO LUCIA ETELVINA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ PAGO POR INDEMNIZACION DEL ART.22 LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-24

Las excepciones pretorianas por razones de arbitrariedad o absurdo no pueden ser cobijadas sino restrictivamente desde que dicha doctrina acarrea un claro riesgo de subjetivismo y comporta una extensión a todas luces desmesurada del contenido del art. 147 de la Ley 3603.
Expropiación irregular, mejoras, frutos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SARA YAMILE DEGUER VARELA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-08-14

La ley no prohibe que el propietario se siga sirviendo del inmueble afectado a expropiación, quien puede proseguir los cultivos existentes o recoger los frutos pendientes. Lo que la ley pretende, es que no se efectúen nuevas mejoras en el predio.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soto, Miguel Vicente c/ Otegui, Carlos A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Si no hay prueba de que las lesiones estéticas produzcan algún detrimento de tipo patrimonial, solo puede inferirse que las mismas han de ocasionar una mortificación de la víctima indemnizable a título de "daño moral", sin mengua de su legítimo derecho de reclamar asimismo el importe necesario para hacerlas desaparecer o, en su caso, disimularlas a través de una cirugía reparadora. Pero este reclamo importa un "daño futuro", por carecer de actual incidencia patrimonial.
Sentencia penal, voto en disidencia
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Sánchez, José A. (Representación Banco Provincia de Río Negro) s/ Denuncia fraude contra la administración Provincia (Imp. Ricardo A.  Arónica; Rubén D.  Mirando) s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-16

La fundamentación del fallo judicial es la garantía de la justicia, y los particulares interesados y la sociedad tienen derecho a conocer el porqué de una condena o de una absolución; y que saber y entender el porqué del fallo, es un derecho de todos los miembros de la colectividad en la cual ha de repercutir, pero más fundamentalmente de quien está sometido al proceso concluido con ese fallo. Trasladado tal concepto al voto que zanja una disidencia y ha de quedar como la última y decisiva palabra de la sentencia, el concepto es perfectamente aplicable. Por ello en el caso, el condenado tenía derecho a saber por qué motivos el tercer votante entendía que la razón estaba del lado del Juez que propiciaba la condena por los dos delitos que se le atribuían, y no del que sostenía que por uno de ellos debía ser absuelto. (En minoría: Dr. Leiva).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derivación razonada del derecho vigente, proceso penal, avenimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: L., J. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR VICTIMA MENOR DE EDAD Y HABER APROVECHADO LA SITUACION DE CONVIVENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26

La presente queja no ha de prosperar, desde que la impugnante no logra con sus alegaciones descalificar desde la óptica constitucional el razonamiento de la Alzada pues, más allá de la postura del Tribunal de considerar al avenimiento como un criterio de oportunidad y, por tanto, condicionada su aplicación a la voluntad del actor penal, en el caso la decisión de rechazo se basó en que el Judicante entendió que no se daba uno de los presupuestos legales exigidos para su aplicación por el anterior texto del artículo 132 del Código Penal, al no existir la relación efectiva preexistente que reclama el precepto legal citado. (Del voto de la mayoría).
Escala penal, régimen penal tributario, evasión fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ciancaglini, Leopoldo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-09

La remisión que hace el art. 133 de la ley 24.241 a la 23.771 y sus modificaciones (ley 24.769), lo es sólo a los efectos de la aplicación de la escala penal prevista en ésta última, excluyendo la condición objetiva de punibilidad, afirmando que ésta se aplica exclusivamente a los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario; ya que de ser así carecería de virtualidad dicha condición y todo agente de retención que cometa las infracciones antes mencionadas, merecería idéntico castigo penal sin importar el monto de dinero evadido o apropiado indebidamente. (Voto del Dr. Tragant).
Responsabilidad del banco, responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Eroles, Liliana Andrea c/ Banco de la Provincia de Córdoba y otros s/ abreviado - otros - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-02-20

El banco demandado debe responder por los daños que sufrió un cliente ante el faltante de dinero en su caja de ahorro días después de haber utilizado un cajero automático de su propiedad que funcionó deficientemente, toda vez que no adjuntó pruebas que demuestren que fue la actora quien efectuó los retiros, siendo que debía contar con un sistema de video grabación que permita identificar a las personas que realizan las operaciones en cada uno de los cajeros, según lo dispuesto por la Comunicación A 2985/99 del BCRA.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, infracciones aduaneras, multa aduanera, declaración inexacta de mercaderías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADUANERO
Carátula: Héctor Peres Pícaro  SA s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) deducido contra la sentencia que había confirmado parcialmente la multa aplicada a la actora en virtud de lo dispuesto por el art. 954, inc. a) del Código Aduanero
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: HOYOS FRANCISCO c/ NESTOR ARNALDO CAJAL y/o FEDRACION AGRARIA/Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-08-07

El art. 1113, párrafo segundo del Código Civil impone una responsabilidad de carácter objetiva por lo que la imputación es de órden legal, no teniendo sentido, para exonerarse de responsabilidad, que el empleador acredite que no hubo culpa de su parte. Si el daño no ha sido provocado por la acción dañosa (riesgo o vicio de la cosa), sino por el mismo trabajador que ha actuado con torpeza o, por lo menos, sin haber tomado las medidas de diligencia que las circunstancias de tiempo, lugar y persona exigía, este es el único responsable del daño que se provocó a sí mismo, quedando exonerado de responsabilidad el empleador.
Estado, régimen de consolidación de deudas, ley provincial, leyes, Municipalidad, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Camiña, Juan José c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 167-94) Amadío, Amalia Beatríz Zeballos de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 166-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-12|1995-04-12

Si antes de la expiración del período de vigencia de la ley provincial 10798 (que declaró consolidadas en el ámbito provincial las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1.4.1991 que consistieran en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero), el municipio santafesino reglamentó dicha consolidación mediante el decreto 404/93, actuando dentro del marco de sus facultades propias, debe concluirse que las deudas no excluidas legalmente del régimen de la ley nacional 23982 -al que adhiere la ley provincial-, están consolidadas en el ámbito municipal por existir un procedimiento destinado a hacerlas efectivas.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montenegro, Claudia Inés c/ Emulsiones Asfálticas del Chubut SA y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-14

No corresponde regular honorarios por la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta en aquellos supuestos en que la misma no fue tratada como excepción sino como defensa y cuya dilucidación quedó diferida para el momento de la sentencia definitiva, donde efectivamente fue considerada y resuelta. Ello, en virtud de no haber generado un incidente autónomo susceptible de producir costas propias y diferentes de las del proceso tramitado.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga Lavié, Humberto c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Si bien el recurso extraordinario deducido, sólo fue concedido en cuanto a la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal ley 22.140 y decretos 9530/58 y 5355/64 por ser la decisión contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48), y dado que, en el caso, resulta imposible separar ambas cuestiones, no corresponde descartar las apreciaciones que se formulan en orden a la arbitrariedad alegada
Prueba, resoluciones irrecurribles, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABAÑA JUAN LEANDRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-05

El art. 371 del C.P.C. y C.(Ley 3.534) instituye el carácter irrecurrible de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas siendo oportuno recordar que las medidas adoptadas por los jueces situadas en la órbita de las facultades ordenatorias e instructorias que el código procesal les otorga resultan, en principio, irrecurribles, por ser discrecionales y privativas del órgano jurisdiccional.

No obstante, esta limitación recursiva no es absoluta, pues debe ceder en los casos en los cuales la decisión es susceptible de ocasionar un perjuicio grave o cuando media un exceso en las facultades privativas del juez y en supuestos cuando el proceso transcurre en jurisdicción única y exclusiva como lo es en el contencioso administrativo de plena jurisdicción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, juicio, thema decidendum, asegurador, incumplimiento del contrato, reparación integral, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, ANDRES FABIO Y OTROS c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

La argumentación del Vocal del tercer voto -que señaló que los rubros accesorios reclamados excedían lo convenido en la póliza- trasunta un desenfoque de los términos de la litis y de la normativa aplicable, al perder de vista que el resarcimiento de los rubros en cuestión no fue demandado a modo de cumplimiento contractual, sino en concepto de reparación integral en el marco de la responsabilidad por incumplimiento obligacional imputado a la aseguradora, a raíz de los daños que se invocaron como derivados del afirmado retardo en el pago de la cobertura pactada, de modo que el decisorio atacado presenta, también en este aspecto, defectos de fundamentación que lo tornan descalificable en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial; sin que lo dicho implique -valga la reiteración- pronunciamiento alguno de este Cuerpo sobre cómo debería resolverse definitivamente el punto. (Del voto del Dr. Netri. al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Recurso de casación, depósito, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Soler César en j: Soler César c/ Pedro Pancher s/ Desalojo - Casación (Libro: S064-301)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-04-24

El depósito que fija el art. 146 como requisito en los recursos extraordinarios, debe ser de $1.000 m/n si se trata de juicio de desalojo y la acción se ejercita fundándose en que el sub inquilino ha transferido el uso de la cosa locada a pesar que la prohibición legal (art. 32 ley 13581), pues se trata de juicio no susceptible de apreciación pecuniaria.
Transacción, homologación del acuerdo, homologación judicial, inoponibilidad a terceros, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizuela, Luis Antonio, Marín Yessica Andrea c/ Amador Paula Deolinda, Amador Juan Eduardo y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-01

Los efectos del convenio homologado judicialmente le son inoponibles a la letrada que intervino al inicio del litigio como abogada de los actores pero no intervino en el convenio transaccional que puso fin al litigio. En ninguna cláusula del acuerdo, se hace mención a esta labor, ni a sus honorarios profesionales que indefectiblemente deben ser considerados por la tarea efectivamente cumplida independientemente de que la misma haya sido diligente o no. En el caso, ante la omisión de inclusión de los honorarios de la letrada en el acuerdo conciliatorio, la Magistrada de grado procedió a su regulación y cuantificación en el incidente, en donde se reguló honorarios a la letrada por su intervención, los cuales deberán ser abonados por los actores mayores de edad.
Contratos, cesión de créditos, predio ferial, emergencia sanitaria, prevención, resolución del contrato, acción de restitución, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Invecq Consulting SA c/ La Rural SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

Corresponde rechazar la acción de restitución de las sumas abonadas por la actora en el marco de un contrato de cesión de derechos y provisión de servicios para el desarrollo de una exposición que la uniera con la propietaria del predio en el que se realizaría el evento, pues aún cuando éste fue reprogramado una vez por causa de las medidas sanitarias dictadas en el contexto de la pandemia, no cupo que la actora comunicara la resolución del mismo por causa de fuerza mayor y solicitara la devolución del precio. Ello así, pues si bien el acuerdo estableció la facultad de reprogramar la fecha en caso de cuestiones de índole sanitaria, también definió la imposibilidad de retractación por parte de la actora, aunque sí por la demandada en caso fortuito o de fuerza mayor.

En ese marco, se observa que la actora asumió el cumplimiento aunque ocurriera el caso fortuito, situación que encuadra en la previsión del CCCN 1733-a); así cabe considerarlo como derivación del ejercicio de la autonomía de la voluntad, en tanto obrando con discernimiento, intención y libertad (CCCN 260, 288 y 959) las partes decidieron formalizar la contratación de la forma en que lo hicieron (cfr. Bustamante Alsina, en "Teoría de la responsabilidad civil", Buenos Aires, 1997, pág. 270; entre otros autores).