Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29


Expte. N° 7022 "LLOVERAS, Rubén Eduardo c/ Ovalles, Laura Cristina -ordinario S/ Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, el día veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Primera de la Corte de Justicia, doctores Guillermo Horacio De Sanctis, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Lo hacen para examinar el recurso de inconstitucionalidad planteado por el apoderado de la Sra. Laura Cristina Ovalles contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº 22.430 (N°145655), caratulados "Lloveras, Rubén Eduardo c/ Ovalles, Laura Cristina -ordinario-". ------------- EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUIULLERMO HORACIO DE SANCTIS DIJO: --------------------------------------------- Mediante la sentencia impugnada, el tribunal a quo rechaza la apelación de la demandada. De esta manera, confirma la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda de cumplimiento del convenio de honorarios. -------- Al fundar su decisión el tribunal juzga, en primer lugar, que es correcta la ley aplicable al conflicto de autos y el encuadre de la convención base de la acción instaurada en un contrato de obra, naturaleza jurídica a la que no se opuso el apelante. ---------------------------------- En segundo lugar, sostiene que no hubo abandono de obra por parte del actor, como pretende hacer valer la demandada, sino que del análisis de la intimación cursada por el abogado a su clienta, surge que ante la falta de comunicación con la misma para que suscribiera los acuerdos, la intimó a que los firmara o lo instruyera para iniciar el proceso ordinario de divorcio, lo que importaba continuar con el convenio de partes o deducir la acción judicial ordinaria. ---------------------------------------------------- Asimismo juzga que la convención tenía por objeto obtener el divorcio vincular y disolución de la sociedad conyugal de la mandante y su esposo, sea mediante acuerdo de partes o mediante el proceso ordinario judicial, que las cláusulas contractuales del acuerdo son claras y precisas, y que la extinción del vínculo contractual surge de la carta remitida por la demandada. Afirma que la recurrente no ha logrado conmover las motivaciones dadas por el juez de primera instancia para revertir su decisión y surge de la misiva remitida por la cliente el reconocimiento de los trabajos realizados por el actor cuando manifiesta ". me haga saber sus honorarios extrajudiciales a fin de cancelar los mismos", como así también su voluntad de extinguir el convenio -revoca mandato y exige devolución de la documentación-. ----------------------------------------------- Juzga que si bien se pactó la realización de trabajos judiciales, los términos convencionales señalan que el abogado pacta también el emolumento por trabajos extrajudiciales y administrativos los que se encuentran acreditados en autos. ----------------------------------------- En tercer lugar, descarta el tribunal el argumento de la inexistencia de acuerdo definitivo en el divorcio y por tanto la imposibilidad de reclamar honorarios pactados, porque juzga que según los términos contractuales, ello no lo privaba al letrado del derecho a percibir los correspondientes a su trabajo. Que es la demandada la que extingue el vínculo contractual conforme surge de la carta documento remitida por esta en fecha 14 de marzo de 2013, en la que no imputa causal fundante de extinción del vínculo, sino que se limita a negar la actuación judicial del letrado. Que, por otro lado se pactó el importe de los honorarios y el pago de los mismos aún en el caso de extinción del contrato por parte de la mandante, por lo que no resulta determinante a los fines de resolver, acreditar la conclusión o no de los trabajos encomendados. -------------- Concluye, que la apelación planteada no reviste entidad suficiente para arribar a una conclusión distinta a la adoptada. ----------------------------------------------------- La recurrente encuadra el recurso de inconstitucionalidad en el inciso 3° del artículo 11 de la ley 59-O. Dice que la sentencia ha incurrido en arbitrariedad, viola el derecho de defensa en juicio, el principio de seguridad jurídica y el derecho de propiedad de su mandante al apartarse de los hechos comprobados en la causa, omitir o prescindir de la aplicación del texto legal que corresponde en el caso concreto -incumplimiento contractual del locatario- y juzgar sobre la base de fundamentos aparentes. ----------------------- Se agravia expresando que la sentencia no ingresó al tratamiento y resolución de los argumentos y defensas alegadas por su parte, tendientes a demostrar el incumplimiento contractual del actor. ------------------------- Agrega que se ha incurrido en arbitrariedad por cuanto la sentencia reconoce como realidad cierta y probada la afirmación del actor de que se arribó a un acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal y divorcio por presentación conjunta, como que se tenía impresa la demanda de divorcio y convenio de liquidación, por lo que se debían encontrar en la escribanía para suscribir los documentos, lo que es falso puesto que, de la prueba obrante en autos, surge lo contrario. Cita al respecto el testimonio del letrado, del cónyuge de la demandada y de la escribana, que expresan que a la fecha de la intimación no existía acuerdo entre los esposos con relación a los bienes, defensa de su parte y prueba invocada que no fue considerada por el tribunal. ----------------------------------------------------- Le agravia que el a quo omita tratar el agravio que oportunamente fundó para rebatir el argumento del juez de primera instancia que consideró que existió una aceptación tácita de los hechos contenidos en la carta documento del actor, cuando la demandada respondió a la misma, al expresar "Ese silencio de la clienta, teniendo en cuenta las declaraciones precedentes, es demostrativo de que tales convenios estaban efectivamente terminados y solo faltaba su firma". En su defensa señaló que ello podía suceder si en el caso su mandante hubiera adoptado una actitud negativa, como no contestar la misiva o reconocer lo expuesto, pero la conducta de esta demostró lo contrario por cuanto negó todas las afirmaciones contenidas en la carta documento que respondía y a continuación, resolvía el contrato. Lo expuesto tampoco fue objeto de tratamiento en la sentencia impugnada, no se avocó el tribunal al análisis de la defensa y de la prueba que lo avala, lo que resulta trascendental toda vez que es el argumento invocado por el actor para plantear la intimación. Tampoco determinó el sentido y el alcance del artículo 919 del Código Civil. -------------------- Sostiene, que el a quo tampoco analiza el pliego de posiciones de la demandada y que oportunamente se pusiera en consideración y por el cual se descarta el argumento de la existencia de un acuerdo de división de la sociedad conyugal. Por otro lado también expresa que se omitió por la alzada analizar y resolver la defensa de incumplimiento de contrato invocada por la demandada e imputable al actor, y que quedó expuesta en la falta de acuerdo definitivo, en ausencia de aviso o comunicación previa a la intimación cursada a la demandada, falta de conocimiento y aviso a la otra parte (cónyuge de la demandada y su letrado) para su suscripción. -------------------------------------------------- Critica que las sentencias de ambos tribunales expresaran que cumpliera o no el profesional con su obligación lo mismo le corresponde retribución. Insiste el recurrente en la falta de cumplimiento de la labor encomendada por el actor y la carencia de justificación en el reclamo que efectúa por lo que considera a su vez desacertado aplicar al caso el artículo 919 del Código Civil y seguidamente omitir el tratamiento de la defensa de "incumplimiento contractual del actor", como causa inicial que autoriza y fundamenta la resolución del contrato con causa, que articuló, su parte. ---- Tras exponer los antecedentes del recurso planteado, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho análisis conducirá a desestimarlo, por las siguientes razones: ------------------------------------------------------ En primer lugar, considero que el contenido de los agravios esgrimidos en el marco del recurso de inconstitucionalidad conduce a la evaluación de cuestiones eminentemente fácticas y probatorias, ajenas -por principio- al conocimiento de este Tribunal. Ello se verifica cuando los recurrentes pretenden la revisión de la "interpretación de las cláusulas contractuales", la evaluación de la "conducta de la demandada en su verdadera dimensión", si la misiva de contestación importa una aceptación tácita de la labor encomendada al profesional o en cuanto sostienen que el tribunal de alzada debió "revisar o determinar el incumplimiento contractual del actor" para otorgarle, a la obligación de llegar a un acuerdo definitivo entre los esposos, el carácter de "prestación principal", así como también si el a quo efectuó un correcto análisis de las testimoniales rendidas en la causa. --------------------------- En ese esquema, juzgo que bajo la alegación de la arbitrariedad, los recurrentes procuran obtener un nuevo juicio de mérito sobre las disposiciones contenidas en el convenio de pago de honorarios, calificado como contrato de obra, por las resoluciones cuestionadas, sustentando en una mera discrepancia con la decisión adoptada; sin embargo, no apuntan al control de legalidad del fallo que es, en rigor, el que habilita el artículo 11, inciso 3°, ley 59-O. Por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (PRE S 2 1989-I-86; PRE S 1 1999-I-176 etc.). ------------------------------------- A todo evento, cabe resaltar que la apreciación del a quo, en el sentido de que el contrato cumplió con su finalidad, al tener por reconocido que el letrado efectuó su labor realizando gestiones extrajudiciales, y que en función de ello la demandada está obligada a abonar los honorarios pactados, no resulta absurda. Ello así, desde que se compadece con los hechos probados en el expediente, a saber: a) que las partes estuvieron unidas por un convenio de honorarios; b) de las cláusulas del convenio se desprende que los servicios del abogado comprendían la realización de gestiones administrativas y extrajudiciales (cláusula 2°); c) que el convenio no se anulaba por revocación del poder o rescisión unilateral del mandante; d) el mandante reconoce la realización de gestiones extrajudiciales conforme carta documento de fecha 14 de marzo de 2013 (fs. 04) y revoca mandato; e) los honorarios no fueron saldados al letrado. ----- Asimismo, no se advierte omisión de pronunciamiento en torno al incumplimiento del actor, propuesto como temática por la recurrente, el tribunal entra en el análisis del agravio y expresa que dicho argumento decae con el requerimiento efectuado por el abogado a su clienta para que lo instruya a continuar con el convenio de división de bienes o a deducir la acción judicial ordinaria de divorcio, asimismo señala que la demandada no contesta a dicho requerimiento de manera concreta, sino que se limita a negar en forma genérica la actuación del letrado, no imputa una causa fundante de extinción del vínculo pero da por revocado el mandato. Este requerimiento de instrucciones del letrado constituye el pilar fundamental por el cual el a quo hace decaer el argumento de la demandada de la falta de cumplimiento del actor en su mandato, ya que denota -por el contrario- interés en la prosecución de la labor encomendada y falta de colaboración de la mandante. Las instrucciones de la clienta en el caso de proseguir con una acción ordinaria de divorcio, resultaba de vital importancia en aquella oportunidad atento la legislación imperante a la época del mandato que solo habilitaba el divorcio causado. -------------- En ese contexto fáctico y contractual, la solución dada al caso se encuentra amparada en la legislación vigente. A su vez no se advierte de la sentencia cuestionada omisión de pronunciamiento respecto de la temática propuesta por el recurrente, sino que analizó los hechos que consideró conducentes a la solución del litigio, ponderando por sobre otras pruebas, los términos contractuales habidos entre las partes y el intercambio epistolar para decidir como lo hizo. La valoración eventualmente errada de la prueba no resta legalidad a un fallo, la que solo se ve afectada cuando aquella es irrazonable, es decir absurda. Ya dijo esta Corte que la valoración que de las pruebas hacen los jueces de grado "está sometida al contralor subjetivo de la sana crítica del propio tribunal que dicta la sentencia, y no procede imponerle un criterio que violente esa conciencia, ni es posible siquiera (a menos que se trate de casos de absurdo evidente) rever esa decisión, porque la valoración equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no basta para abrir la instancia extraordinaria", por lo cual, no puede esta Corte invadir el campo vedado de la valoración probatoria (PRE S 1 2011-II-382). ------------------ Por todo lo dicho, voto por desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad planteado. -------------------- LOS DOCTORES JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJERON: --------------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. ------------------------------------------- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad planteado. II) Devolver al recurrente las copias para traslado acompañadas. III) Ordenar que se protocolice la presente, se agregue copia al expediente y se oficie al tribunal a quo a fin de remitir otra copia. ------ --- Notifíquese y, oportunamente, archívese el expediente.

Fdo. Dres. Guillermo De Sanctis, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante Mí; Carlos Daniel Pastor, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.----------------- Df-7022 AL PRE S1° 2018-I-178