Empleo público, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Matienzo, María Martha c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-14

La actora, por intermedio de apoderado interpone demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y de nulidad en contra del Estado Provincial, solicitando la devolución de las diferencias retenidas indebidamente a sus salarios desde el mes de junio de 2007 que se estiman en la suma de $24.035,72, con más los intereses que pudieran corresponder.

El Estado Provincial deduce la excepción de incompetencia aduciendo que el reclamo presentado por el actor el día 29/12/2008 debió ser ante la Administración General de Juegos y Seguros y no como en el caso sucedió ante el Gobernador de la Provincia, pues es con aquel Organismo que mantiene la actora relación de empleo y el que aplica las normas inconstitucionales que instituyen el tope.

De otro modo, también señala que las normas hoy cuestionadas han sido consentidas por el administrado, porque el reclamo debió ser deducido al tiempo de aplicarse por primera vez el descuento-tope, es decir en Junio/07, que no puede rehabilitarse una instancia fenecida, pues debió tener en cuenta el plazo de 5 días a contar desde la publicación de los decretos y de las leyes en el Boletín Oficial, ello conforme al Art. 15 del Decreto Nº 1578 y/o Art. 120 del CPA.

Los fundamentos que se tienen para deducir la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado Provincial, se apoyan en el carácter de Organismo Descentralizado y Autárquico que reviste la A.G.J.yS. -con quien la actora mantiene relación de empleo-, con autonomía financiera y capacidad para estar en juicio, por lo que la demanda debió ser dirigida directamente contra ésta, resultando inadmisible la acción contra el Estado Provincial el que solo responderá en forma subsidiaria.

Respecto a las cuestiones planteadas, he de adherir al meduloso dictamen de la Srta. Procuradora General Subrogante, quien conforme fuera su acostumbrado estilo, desbroza íntegramente cada uno de los temas propuestos, ilustrando al Tribunal de la manera más acabada posible la cuestión debatida en autos.

Es así que exponiendo las distintas opciones que tiene el administrado cuando de la impugnación de actos administrativos se trata, y aclarando que en el caso nos encontramos ante la impugnación directa de un acto de alcance general, señala que a los fines de traer a revisión judicial la facultad reglamentaria ejercida por la Administración, lo necesario es la reclamación administrativa previa, que en el caso se encuentra plenamente cumplida con la presentación que obra en autos en la que el recurrente expone ante el Órgano emisor de los actos de alcance general, las quejas que creyó conveniente formular.- Por la misma razón, entiende -posición que comparto- que la demanda esta bien dirigida en contra del Estado Provincial, al impugnarse directamente actos emitidos por aquél y no del Ente Descentralizado -A.G.J.yS.- que aplica en todo caso lo dispuesto por la Administración Central.- Por estas razones, propicio el rechazo de las excepciones planteadas, debiendo decir respecto a la cuestión de fondo que en principio y tal como se afirma en el dictamen, los actos impugnados no exhiben los vicios que el recurrente le endilga.