marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, juicio de desalojo, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Pomán c/ Romero, Armando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-07

A los fines de determinar la competencia debe estarse a lo expuesto en la demanda, a la naturaleza de la pretensión que resulta de los hechos y después, en la medida que se adecuen a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (CS 306: 1.056; 307: 505; 1.242: 1.523; 1.594-LL 1.986-A-42).

En el caso, tratándose de un bien inmueble de dominio público del Estado, cuya devolución se pretende y no existiendo una resolución administrativa emanada de autoridad de última instancia, la acción intentada encuadra dentro de las acciones de desalojo del derecho común, por lo que la pretensión no puede ser considerada como una cuestión de derecho administrativo en tanto se encuentra regida por el derecho civil y así lo fundamenta el actor en la demanda.

En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, debiéndose tramitar por ante el fuero civil de acuerdo con la pretensión deducida.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, sanciones disciplinarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASAMIQUELA,  VERONICA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INCIDENTE DE APELACION (ART. 250 CPCC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

El deber de responsabilidad del síndico es correlativo a la función que se le asigna, la que debe ser cumplida con eficiencia y conforme a los fines para los que fue creada. Su incumplimiento, entonces, apareja la aplicación de sanciones que deberán ajustarse a diversos factores, tales como los antecedentes del caso, la actuación del funcionario, su conducta, la gravedad del hecho imputado, la razonabilidad en la aplicación de la sanción, en la que debe encontrarse subsumida la regla de gradualidad y proporcionalidad (conf. CNCom, Sala B, 6.3.95, "Zadicoff s/ Quiebra" LL 1995-D, 566; íd., 23.3.94, "Canale, Rodolfo s/ Quiebra" -dict. Fiscal 60884-; Sala C, 30.11.95, "Tex-tail SRL s/ inc." -dict. Fiscal 74055-; íd., 31.8.99, "Crawford Keen y Cia. s/ Quiebra" del 20/02/1992; esta Sala, 04.06.2010, "Egamedi SA (ex Biz Makers SA) s/ Quiebra s/ Incidente de Apelación (art. 250 CPCC)"; íd., 22.06.2010, "Perez, José Luis s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Remoción"; entre otros).
Despido del delegado gremial, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: CABALLERO, JOSE OSCAR c/ ORMAS  S.A. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-25

Las graves razones invocadas por el empleador para justificar el despido de un representante gremial solo pueden acreditarse en el proceso de exención de tutela y no en la acción promovida por el trabajador en los términos de los artículos 47 y 52, párrafo 1 de la ley 23551 a fin de obtener 'el cese inmediato del comportamiento antisindical'.
Inspección General de Justicia, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club  Y.P.F. s/ Recurso Ley 22.315
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

A tenor de lo que surge de la Ley 22.315, art. 6, inciso f, y 10, la Inspección General de Justicia tiene facultad de declarar irregulares e ineficientes a los efectos administrativos los actos bajo su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos. Aún cuando la Asamblea sea la autoridad máxima de una asociación, de acuerdo al respectivo estatuto, ésta se debe someter a las normas que reglamentan su obrar. Su actuación debe ser observada por el ente fiscalizador - como es la Inspección General de Justicia - declarando irregular o ineficaz aquellos actos contrarios a la ley, estatuto o reglamento.

Aún cuando el orden del día taxativamente fijare "Cubrimiento de Vacantes de Comisión Directiva", ésta debe únicamente comprender a aquéllas acaecidas con anterioridad a la convocatoria de la Asamblea y no con posterioridad y/o durante su realización (art. 127, inciso "d" normas I.G.J. Res. 6/80). El cubrimiento de vacantes en este último supuesto torna irremediablemente irregular el mencionado acto.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, impulso procesal, multa procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUREDA, MARTA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-29

Resulta procedente sancionar a un síndico con una multa (en el caso, $400) cuando el mismo no instó el procedimiento durante un largo lapso de tiempo, más aún si el funcionario concursal registraba sanciones anteriores en otros expedientes en los que se desempeñaba, y también mediaban numerosas intimaciones anteriores no cumplidas. Ello, por cuanto la existencia de sanciones previas, firmes, autoriza a la imposición de nuevas que pueden revestir mayor severidad, pues constituye un elemento de juicio que no puede ser soslayado al momento de evaluar la conducta del funcionario.
Impuesto sobre los ingresos brutos, hecho imponible de ejercicio, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: PAPELERA SARANDI  S.A. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-06

La Ordenanza N° 40.208 que dispone un adicional al impuesto a los ingresos brutos, promulgada dentro del período fiscal del año 1984, no vulnera el principio de la irretroactividad de la ley que consagra el art. 3 del Código Civil, ni la garantía de la inviolabilidad de la propiedad establecida en el art. 17 de la Constitución Nacional, toda vez que dicho tributo es de los denominados "de ejercicio".
Hábeas corpus, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cáceres, Florencia Natalia c/  s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

La disidencia sostuvo que todo lo concerniente al derecho al trabajo, sus regulaciones, el pago del peculio -forma y modalidad-, dentro del cual cabe incluir al sistema de la seguridad social, con eventual afectación de los familiares de los internos trabajadores constituye por la naturaleza de los derechos involucrados una situación susceptible de encuadrar en los supuestos previstos por el art. 43 CN y el art. 3 inc. 2º de la ley de habeas corpus. (Dres. Gemignani, Borinsky -voto concurrente-, Hornos -disidencia-).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Cacciatore, Osvaldo Andrés s/ administración  fraudulenta  -incidente sobre nulidad de la acusación  fiscal - causa No. 20.511
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Las restricciones normales que derivan del sometimiento a juicio no configuran un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONTRERAS, LUCAS FABIAN c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA Y CON ARMA DE FUEGO Y ROBO CON ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

En orden a las postulaciones referidas a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, la compareciente no logra demostrar que la sanción impuesta colisione con los principios y derechos fundamentales aludidos, toda vez que se está ante expectativas futuras que no son inmutables y por ende, tales afectaciones podrían ser traídas a consideración de esta Corte por vía del recurso extraordinario cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del período de prueba o de acceder a la libertad condicional y, oportuna y eventualmente, le fueran denegados, lo que torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento.
Proceso de verificación, defensa en juicio, recurso de revisión (procesal), cosa juzgada material
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BAISTROCCHI DE VELERT Ana María c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Tercería de Dominio deducida en autos nº 54278 - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-13

Si bien el esquema verificatorio tempestivo es muy acotado en lo relativo a la discusión sobre la existencia y legitimidad del crédito, los interesados cuentan con un recurso amplio, con forma de juicio contradictorio y de vía incidental como es el incidente de revisión (art. 37 ibídem), que salva cualquier planteo constitucional, tal como lo reconociera la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar definitiva la decisión recaída a los efectos del recurso extraordinario.
Proceso judicial, economía procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CASTAÑARES, ANDRES ORLANDO c/ CAMILETTI, SANDRA TERESITA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-29

El proceso acude a reglas o principios que entroncan con antiguas comprobaciones de dependencia, alcanzadas por el aforismo "accesio cedit principalis", que supedita lo accesorio al principal, que sólo debe dejar de aplicarse cuando serias y motivadas razones fueren la excepción. La economía procesal no es razón bastante suficiente para lograr el apartamiento que lleva a una solución atípica que significa poner los bueyes detrás del carro, haciendo que lo accesorio, en los hechos, devenga principal.
Empleo público, carrera docente, incompatibilidad de cargos, Estatuto del Docente, jurisprudencia no aplicable, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LANDINI ARISTIDES LUIS Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-25

En los autos " Sinatra Maria del Carmen c/ GCBA - secretaria de Educación s/ Amparo" sentencia del 16/04/2002, se consideró que la normativa del Estatuto Docente no era trasladable sin más a la posibilidad de participar en un proceso electoral. Pero ello no se refiere a la aplicación de las normas generales del Estatuto y su reglamentación una vez efectuada la elección, como sucede en el sub examine.

El artículo 27 de la Ordenanza Nro. 40.593 (Decreto Nro. 2299- GCBA-98) refiere a la posesión de un cargo de mayor jerarquía que genera las incompatibilidades nombradas en la norma. Estas limitaciones encuentran asiento en las particularidades de administración y gestión propias del ejercicio del rectorado y vicerrectorado que, al exigir tareas de mayor responsabilidad que el simple ejercicio de la docencia, razonablemente requieren limitar la actividad docente del titular del cardo de conducción, a los fines de una dedicación exclusiva a tareas jerárquicas de relevancia.

Si, como se dijo, no se considera irrazonable la limitación en el ejercicio de horas cátedra cuando se accede a un cargo jerárquico de conducción, tampoco lo es la equiparación efectuada por la administración de los titulares a término a los efectos de garantizar que, una vez finalizado el ejercicio temporario de la función de mayor jerarquía, el docente pueda adquirir nuevamente el status laboral que poseía antes de su designación.
Médicos, ejercicio profesional, derecho a la vida, derecho a la dignidad
Materia: CIVIL
Carátula: Amante, Leonor y otros c/ Asociación Mutual Transporte Automotor (AMTA) y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Encontrándose comprometidos los derechos esenciales a la vida y a la dignidad de la persona -preexistentes a todo ordenamiento positivo- no cabe tolerar ni legitimar comportamientos indiferentes o superficiales que resultan incompatibles con el recto ejercicio de la medicina.
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, protección del menor y la familia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCBA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

El recurso de inconstitucionalidad articulado por la amparista contra la sentencia que rechazó su pretensión, no satisface el requisito de adecuada fundamentación, siendo por tanto inhábil para habilitar la intervención de este estrado, ello así, ya que no se advierte un adecuado planteo constitucional en los agravios que se agitan, las quejas importan invocaciones genéricas al "derecho a la salud", a la "protección de la familia en su conjunto", sobre la "rigurosidad en el examen de las pruebas aportadas" en que habría incurrido la Cámara, o a la "arbitrariedad axiológica" que se adjudica al "a quo", sin que exista relación directa e inmediata de tales articulaciones con lo debatido y resuelto en el "sub examine". (del voto en disidencia del Dr. Casás)
Juicios contra el Estado, responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, faltas del servicio
Materia: CIVIL
Carátula: MANJON VICTOR HUGO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

He venido sosteniendo en ámbitos jurisprudenciales y doctrinarios la conveniencia de integrar en todas las demandas contra el Estado (representado por la administración publica), a los agentes o funcionarios presuntamente responsables, como una forma de coadyuvar a la defensa por igual del propio agente o funcionario, cuanto del mismo Estado; pero ello no implica necesariamente que deba condenarse (sin analizar la distinción entre falta o culpa de servicio y la falta o culpa personal), en forma solidaria a la administración y a tales agentes cuando no media falta o culpa personal, es decir, imputable al agente en forma primordial. La distinción entre una y otra falta esta dada en la definición que da Berthelemy ("Tratado Elemental de Derecho Administrativo", París, 1923, pág. 77), al señalar que las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, pueden ser de dos clases: a) falta de servicio o administrativas y b) faltas personales. De las primeras es responsable la administración, criterio este seguido, entre nosotros, por Bielsa ("Derecho Administrativo", T° I, pág. 129) y al que personalmente nosotros adherimos; las segundas, en cambio, son imputables, únicamente, a las personas que las cometen, y son ellas, en consecuencia, las que deben cargar con las responsabilidades inherentes (cfr. nuestro trabajo: "Responsabilidad Aquiliana del Estado y sus funcionarios". Págs. 75/76, Ed. Abaco, 1990).
Elevación en consulta, homicidio calificado, homicidio con alevosía
Materia: Penal
Carátula: F., J. H. y M., H. O. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-26

La víctima no era conocida por los homicidas antes de ese día, y no surge que ellos supieran de su debilidad e indefensión por su alcoholismo crónico. El ataque no fue realizado valiéndose de medios traicioneros. Ambos se acercaron sin ningún cuidado ni precaución, y no podían saber -aún cuando estuviera sentado el agredido- el grado de deterioro de sus instintos defensivos. No está acreditado suficientemente que se tratase de un alcohólico terminal, sobre todo si existe en autos un certificado de trabajo, a su nombre, fechado exactamente un mes antes del hecho, que lo califica como "oficial" en el ramo de la construcción, y trabajando en Trelew hasta el 15 de diciembre anterior.

Se adhiere en tal sentido, a la tésis de que la alevosía exige insidia, traición, engaño, artificio, ocultamiento, astucia, felonía, perfidia, sagacidad, emboscada, agazapamiento, celada, acecho, cautela, doblez de conducta, ánimo de acometer sobre seguro y sin riesgo, con ocultamiento físico de la persona o moral de las intenciones.
Prueba documental, instrumentos públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Arapa, Nicolás c/ Consorcio San Vicente Torre "B", Díaz, Julio Antonio y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-08-26

Las cartas documentos en las condiciones presentadas, tiene el carácter de instrumento público, de acuerdo al artículo 979 inciso 2º del código civil, están acompañada del aviso de recibo, con fecha de entrega y sello de la repartición, con firma y aclaración de la persona que la recibe.-
Prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Renzetti, Patricia Eva c/ Merlo, Gustavo Adolfo y otro s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

De acuerdo a la jurisprudencia sentada por la SCBA, el término "demanda" del art. 3986 del Cód. Civil, ha sido interpretado extensivamente, como comprensivo de toda petición judicial, que evidencia, auténtica e inequívocamente, el ánimo del acreedor de exigir compulsivamente su crédito. Entre dichas peticiones, se ha considerado comprendida la gestión de carta de pobreza. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Bernardino Bento c/ Municipalidad de Oberá y otro s/ Laboral- Accidente de trabajo- Apelación de regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-07

No es susceptible de ser satisfecho el pedido de regulación de honorarios en esta instancia por cuanto la Ley 607 en su art. 14, dispone que la Regulación que deba corresponderle al Profesional por la labor desplegada en Segunda Instancia, no podrá ser inferior al 30 % de la determinada en Primera Instancia. Con ello exige como presupuesto Sine - Cuanon, la existencia previa de un monto o base establecido como Honorarios al ser elevada a la Alzada a esos efectos y según surge de las constancias de autos, el Letrado que solicita Regulación de Honorarios ante esta Cámara, no lo hizo ante el Organo Inferior.
Enjuiciamiento de magistrados, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

Corresponde rechazar el argumento de la defensa referido a que el imputado ya había sido sometido a proceso con anterioridad por los mismos hechos que son objeto del actual y que en el mismo se había arribado a un "pronunciamiento absolutorio" ya que para poder dar fundamento a un derecho basado en la prohibición de persecución penal múltiple es necesario -aunque no suficiente- que dicho proceso pueda ser apreciado él mismo, en sustancia, como un proceso penal y, sin embargo, aquél fue un procedimiento de enjuiciamiento de magistrados, es decir, la clase de procedimientos que las constituciones locales establecen para ventilar la pretensión de separar a un magistrado de su cargo pero que no establecen fueros especiales destinados a ejercer la acción penal común contra personas que ocupan posiciones privilegiadas. -Del voto de la mayoría, no adhirió a estos argumentos el voto del juez Petracchi-. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Toth, Teresa María y otro. c/ Frigorífico Friguincia S.A.I.C.I. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Si bien es cierto que en el procedimiento laboral rige la apreciación en conciencia de la prueba consistente en la valoración efectuada por el juez sin sujeción a ningún sistema tabulado, cuando se configura el absurdo corresponde a la Suprema Corte reexaminar el material probatorio y las cuestiones de hecho que del mismo se derivan como conclusiones fácticas.
Proceso penal, recursos, recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabral Rubén Rogelio s/ Homicidio Agravado por el Vínculo de Parentesco, Homicidio Agravado por el Vínculo de Parentesco en Grado de Tentativa y Amenazas, todos ellos en Concurso real entre sí
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-04-18

Al dictarse nuevo Código de Procedimientos Procesal Penal (Ley 2424), no se previeron normas de procedimientos que regulen el trámite de los recursos de apelación que tramiten ante este Alto Cuerpo, ello no obstante puede apreciarse que el criterio seguido en el nuevo ordenamiento procesal provincial, ha sido el de centrar como procedimiento ante este Tribunal, el casatorio previsto en el Capítulo IV, del Libro IV del Código Procesal Penal.- En este sentido, al tratar los Recursos de Inconstitucionalidad y de Revisión se remite al procedimiento de casación en lo relativo a las normas de procedimiento (Art. 458 primera parte y Art. 466 primera parte del Código Procesal Penal igual criterio consecuentemente debe adoptarse para las apelaciones interpuestas con los alcances y causales del Art. 30 inc. 3 de la Ley 1 (t.o.1600) ("El Tribunal Superior es competente ... en las causas en que la condena de segunda instancia aplicara prisión o reclusión perpetua o reclusión por tiempo indeterminado...").- Así lo ha resuelto este Alto Cuerpo diciendo" que, habiéndose impreso a las presentes actuaciones el trámite previsto por el artículo 30 inciso 3 de la Ley Nro. 1, (según texto de la versión de la Ley Nro. 1600), en razón del "quantum" o monto de la pena impuesta, ello permite entrar en el análisis de hechos y pruebas a los fines de meritar los recursos intentados y la subsunción del fallo con los hechos incriminados y condenados, siempre dentro del marco de conocimiento del Proceso oral y recursos articulados..." .
Sistema acusatorio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Cunningham, Pablo Cristian. c/  s/ Recurso de inconstitucionalidad, infr. art. 189 bis, CP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

En el ámbito local rige el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio -principios también derivados del art. 18, CN-, y la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público dentro del Poder Judicial, cuya función es la de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la prestación del servicio de justicia, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social; y ejercer la acción penal pública como una función que le impone específicamente el artículo 4 del CPPCABA (Voto del Sr. Juez José Osvaldo Casás).
Sucesiones, concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ratti, Angel s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Carece de vocación hereditaria para gestionar "per se" la apertura del sucesorio la concubina, que si bien ha dado cumplimiento a la preceptiva de los arts. 729 del CPC y 3314 del C.C., no ha demostrado ser acreedora del causante. El concubinato no hace surgir de por sí una sociedad de hecho que permita reclamar bienes ingresados en el patrimonio del concubino, ni importa una presunción en este sentido; debe, en todo caso, acreditarse la efectividad de los aportes por la vía correspondiente.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de arresto, Parlamento del Mercosur
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

La inmunidad de arresto fue regulada, en los instrumentos internacionales que diseñaron el Parlamento del Mercosur, exclusivamente respecto de los legisladores comunitarios en su relación con el Estado sede del Parlamento, es decir, en el territorio de la República Oriental del Uruguay.