Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30


En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci como Presidente y los doctores W. Gustavo Mitchell y Eduardo R. Riggi, asistidos por la Secretaria de Cámara María de las Mercedes López Alducin, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión obrante a fojas 32/33 de la presente causa n_ 14.359 del registro de esta Sala, caratulada: "FIORENTINO, Roberto Ciro s/recurso de casación", representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la defensa particular de Fiorentino por el doctor Patricio Bochatay.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: W. Gustavo Mitchell, Eduardo R. Riggi y Liliana E. Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

PRIMERO:

I.- Con fecha 22 de junio de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de Capital Federal resolvió rechazar la excarcelación solicitada en favor de Roberto Ciro Fiorentino, bajo ningún tipo de caución (art. 316, 317 -ambos a contrario sensu- y 319 del C.P.P.N.).

II.- Contra dicha resolución, el defensor particular de Fiorentino, doctor Patricio Bochatay, dedujo recurso de casación a fs. 39/43, el que fue concedido a fs. 46.

Que a fs. 58 se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.3749), quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

III.- Sostuvo el recurrente que la resolución del tribunal adolece de vicios invalidantes, verificándose los recaudos contenidos en el art. 456 inc. 2º del Código Procesal Penal de la Nación.

A su entender no se ha demostrado que exista evidencia suficiente de una eventual intención de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte Fiorentino, por lo que la resolución es contraria a lo dispuesto por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario nº 13 "Díaz Bessone, Ramón Genaro".

Consideró arbitrario denegar el beneficio en base a que no han variado las condiciones por las que anteriormente fue rechazado, y que el tiempo de detención "no ha aumentado de una forma importante" (cfr. fs. 40).

También arguyó que es insuficiente denegar la excarcelación en base al elevado monto de la escala penal prevista para los delitos imputados (cfr. fs. 40 vta.).

Recordó que Fiorentino nunca estuvo en rebeldía ni registra antecedentes condenatorios; que trabajaba antes de su detención como mecánico de automóviles; que tiene un domicilio fijo y una familia a la cual sustentar económicamente (cfr. fs.

41 vta. y 42 vta.).

A su vez, adujo que no puede denegarse el beneficio en base a que exista "riesgo de incidencia sobre los testigos", pues "en todas las causas penales hay producción o reproducción de la prueba en un debate oral y público, y ello no implica que sine qua non tenga que haber incidencia sobre testigos o dicha incidencia se mantenga vigente" (cfr. fs. 41 vta.).

Finalmente formuló expresa reserva del caso federal (cfr. fs. 42 vta.).

SEGUNDO:

Quien solicita la excarcelación, Roberto Ciro Fiorentino, se encuentra procesado por ser considerado prima facie coautor penalmente responsable de los delitos de sustracción de menores en concurso real con supresión de identidad en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público agravada (arts. 139 inc. 2º, 146 y 293 del C.P.).

El fallo plenario Nº 13 "Díaz Bessone, Ramón Genaro" (Acuerdo Plenario Nº 1/2008, del 30 de octubre de 2008), establece en el punto dispositivo I de su resolutivo: "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal", mientras que en el II confirma el decisorio de esta Sala II que denegó la excarcelación de Ramón Genaro Díaz Bessone.

Ambos puntos deben necesariamente armonizarse, pues de resultar incompatibles, lo decidido en dicho recurso de inaplicabilidad de ley sería insalvablemente nulo.

Y en vías de tal armonización debo atender a las razones que se tuvieron en cuenta para la referida denegatoria;

en ellas se invocó el peligro de fuga el que a su vez se fundó en la gravedad de los hechos atribuidos y la severidad de las penas que pudiesen corresponder. En este sentido me he expresado in re "Guil, Joaquín s/recurso de casación" (Registro N_ 14.183, resuelta el 1/04/09), "Gómez, Leonardo David s/ recurso de casación" (Registro N_ 14.193, resuelta el 1/04/09), "Sánchez, Diego Martín s/ recurso de casación" (Registro N_ 13.626, resuelta el 4/12/08), "Ayala, Carlos Sebastián s/ recurso de casación" (causa N_ 11.108, registro N_ 14.813, resuelta el 2/07/09), "Gómez, Leonardo David s/ recurso de casación" (causa N_ 10.515, Registro n_ 14.249, resuelta el 14/4/09) y "Paredes, Gabriel Mariano s/ recurso de casación" (causa N_ 10.687, Registro n_ 14.343, resuelta el 24/4/09), entre muchas otras.

Al respecto, tengo dicho que la extrema gravedad del hecho -para que por sí sola haga inviable la excarcelación- no podrá basarse únicamente en los montos punitivos previstos en la especie acriminada, sino en un conjunto de circunstancias objetivas -por ejemplo, violencia extrema, alarma social causada, etc.- que deben ser valoradas en cada caso concreto.

Para denegar el beneficio al encausado, el a quo se refirió en primer término a la severidad de la pena en expectativa y la gravedad del delito imputado, en las condiciones en que fue descripto en el requerimiento de elevación a juicio; esto es, sustracción de menores en concurso real con supresión de identidad en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público agravada, con un máximo de veintiún años de prisión. En efecto, Fiorentino habría ejecutado una serie de acciones tendientes a sustraer a la menor Liz Sebastiana Portillo del poder de su madre Sandra Portillo Bogado, y a fin de suprimir su identidad habría obtenido un documento nacional de identidad falso para la menor, a nombre de Milagros Giselle Fiorentino.

Siendo así, lo decidido por el a quo cumple acabadamente con las exigencias de la mencionada jurisprudencia obligatoria dada la extrema gravedad de los hechos atribuidos, situación ésta que debe contemplarse en el caso concreto.

En consecuencia, propicio al Acuerdo se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 39/43. Sin costas, atento la naturaleza de la cuestión (arts. 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor Juez, Dr. Eduardo Rafael Riggi, dijo:

1. Analizada la cuestión sometida a juzgamiento, en cuanto al pedido excarcelatorio de Roberto Ciro Fiorentino, resulta de aplicación al caso cuanto resolviera esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Acuerdo 1/08 -Plenario N_ 13- "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de inaplicabilidad de ley", del 30 de octubre de 2008, ocasión en la que se estableció como doctrina plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal".

Sintéticamente, sostuvimos en aquella oportunidad, que la regla contenida en el artículo 316 del ritual debe ser tenida como una presunción iuris tantum de fuga, es decir, que debe aplicarse, con excepción en aquellos supuestos en que dicha presunción legal resulte conmovida por los constatables elementos de juicio obrantes en el sumario y que demuestren su manifiesto desacierto.

De esta manera, la presunción legal que indica que en aquellos casos en que los imputados se enfrenten a la posibilidad de una severa pena privativa de la libertad habrán de intentar profugarse debe ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre su excarcelación; y sólo corresponderá apartarse de la referida disposición legal cuando concurran elementos de juicio objetivos y comprobables que demuestren un error en la coyuntura justiciable bajo análisis de lo que la ley presume.

2. Sentado ello, advertimos que en el caso de autos y conforme se desprende del auto recurrido mediante el cual se denegó la excarcelación de Fiorentino, se dejó asentado que del requerimiento de elevación a juicio, Roberto Ciro Fiorentino se encuentra imputado como coautor del delito de sustracción de menores en concurso real con supresión de identidad en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público agravada.

El delito atribuido al procesado supera las previsiones del art. 316 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual resulta en principio legítimo presumir que intentará eludir la acción de la justicia en caso de que recupere la libertad.

Se trata de la presunción iuris tantum de fuga, ya explicada, y que, en el caso de autos, no ha sido conmovida por los elementos de juicio traídos a colación por la defensa como para llegar razonablemente a la conclusión contraria.

Así, conceptuamos que el análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede -según el casoser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar y su actitud frente al daño causado; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías o violaciones a la libertad condicional anteriores, procesos paralelos en trámite, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; el riesgo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la necesidad de proceder a la extradición del justiciable; la conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin, como los que antes desarrolláramos.

Por otra parte, tenemos particularmente en cuenta lo señalado por el señor Fiscal en cuanto a que, en el marco de la presente investigación, hay otras personas involucradas que se encuentran prófugas, como así también se intenta desentrañar la pertenencia de Fiorentino a una organización dedicada a la venta de menores, frente a lo cual cobra mayor seriedad la sospecha de que, en estas condiciones, y en el caso de concederse la excarcelación solicitada, éste intentará desviar o entorpecer el curso de la investigación.

Por todo lo expuesto, no cabe sino concluir que los motivos tenidos en cuenta por el a quo para arribar a la denegatoria de la excarcelación no se presentan como arbitrarios o ajenos a los recaudos legales que rigen la materia, razón por la cual, en definitiva, adherimos a la propuesta del doctor W. Gustavo Mitchell y votamos por rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Roberto Ciro Fiorentino, con costas.

La Sra. Juez Dra. Liliana Elena Catucci dijo:

Que adhiere al voto del doctor W. Gustavo Mitchell.

Con costas.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 39/43. Con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci y W. Gustavo Mitchell. Ante mi:

María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara ///ta: Se deja constancia que el doctor Eduardo Rafael Riggi participó de la deliberación y votó, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (cfr. art. 399 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación). Conste.