marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de instrumento privado, documentos de identidad, documento de identidad extranjero
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PARRAGUES RUIZ, Juan Carlos s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Tratándose de documentos extranjeros -pasaporte y cédula de identidad chilenos- y no existiendo constancias en la causa de que hayan sido extendidos en la forma que las leyes de esa nación determinan para revestir el carácter de instrumento público, deben ser tenidos como instrumentos privados al efecto de su encuadramiento típico pues, si bien no puede sostenerse que tales documentos gocen de alguna garantía de autenticidad oficial, en el fondo de éstos subyace una declaración jurídicamente eficaz y cuya alteración puede ocasionar perjuicio.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa, cuchillo
Materia: LABORAL
Carátula: CASTELLANOS, ATILIO ANTONIO c/ FRIGORIFICO YAGUANE  S.A. s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-07

El cuchillo no es una cosa riesgosa en sí misma para quien la utiliza, sino una cosa inerte, por lo que hay que tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto, que la podrían tornar o no peligrosa.
Comuna, personal municipal, nombramiento, personal de planta permanente, personal no permanente, personal de gabinete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barone, Adolfo Osvaldo c/ Comuna de Murphy s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 259-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

El examen del acto de nombramiento de un agente debe ser apreciado en consonancia con otros elementos de la relación para esclarecer su carácter de permanente o no permanente, y ello es así aun cuando sea cierto que conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ley 9286 Anexo I, la designación de agentes no permanentes aparece como excepcional, ya que los cargos, en principio, habrán de estar cubiertos por funcionarios de carrera. En definitiva, dicha excepcionalidad no supone dejar de considerar otros elementos igualmente relevantes, tales como las alternativas registradas con relación a la constitución, desarrollo y extinción de la relación de empleo, cuando de ellas surja que la misma se adecuó a la condición de personal de gabinete.
Violación calificada, apreciación de la prueba, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Almaraz, Concepción s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-03

En los delitos de connotación sexual, en los cuales resulta víctima una menor (de nueve años), la abundancia de la prueba no es habitual debido al marco de clandestinidad que el evento requiere; lo que autoriza al juzgador a no ser demasiado exigente en cuanto a la existencia de aquellas, sin que esto implique un juicio arbitrario o meras conjeturas.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c/ Graiver, Juan y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

No se podría argüir que el art. 64 de la ley 23.187 excluye a la tasa de justicia por el hecho de no mencionarla expresamente, ya que sería gratuito y especioso pretender que el Congreso sólo hubiera podido concretar las exenciones a través de un farragoso y casuístico listado de tributos y no como lo hizo por medio de una fórmula comprensiva de todos ellos.
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cavuoto, Ines M. c/ Toledo, Juan s/ Reconocimiento de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La negativa a someterse a la prueba genética consistente en la extracción de sangre por razones religiosas -Testigos de Jehová-, que hubiera traído al expediente datos científicos sobre la paternidad, lleva a considerar legítima la presunción en contra de aquél que pretende hacerse fuerte en su silencio, en su conducta omisiva, frente a un cúmulo de evidencias que lo muestran seriamente comprometido con los lineamientos de la causa, al punto de permitir configurar el supuesto de hecho que niega: la paternidad de la menor que exige el reconocimiento de su filiación. Si bien la convicción religiosa puede entrar en el ámbito de la fe, que es puramente subjetiva, su credo y su liturgia trasuntan los aspectos íntimos de la persona hasta hacerse visibles por signos evidentes y ante la falta de prueba de esa práctica se torna frágil la objeción fundada en razones religiosas.
Competencia federal, concesión de servicio público, obras sanitarias, delito penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ DE AST, Marta s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

A partir del 20 de agosto de 1980, fecha en que se firmó el último convenio de cesión de los servicios, organismos y funciones correspondientes al sector de Obras Sanitarias, concretándose la transferencia sin cargo a las provincias, los hechos ilícitos que se cometieren dentro del ámbito de la Capital y contra un patrimonio afectado a prestación de servicios locales y del Gran Buenos Aires, escapan al conocimiento de este fuero de excepción.
Indemnización, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, FELIPE CELESTINO c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA ACCION ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-06-02

La obligación de indemnizar de la Administración procede aún cuando el daño resulte de un acto lícito de la misma.
Transporte aéreo, Convención de Varsovia, prueba, jueces, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez, Hilda Noemí c/ British Airways s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El art. 22 de la Convención de Varsovia establece una limitación cuantitativa, lo cual no implica que deba ser abonada en todos los casos, sino que no puede ser excedida, pero en cada ocasión, los jueces pueden, a partir de las pruebas obrantes en los juicios, graduar razonablemente en menos la indemnización, si juzgan que los perjuicios no alcanzan a las cantidades máximas fijadas por la ley.
Deudas del Estado, deuda pública, canje de títulos públicos, amortización de bonos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MINI  FRANCISCO ENRIQUE c/ ESTADO NACIONAL OF. DE CRÉDITO PÚBLICODEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02

Atendiendo especialmente a la doctrina emergente de Fallos 253:312 y 265:291 en cuanto a la interpretación del art. 7° de la ley 3952 y que el Estado no puede quedar fuera del orden jurídico en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, encontrándose reunidas las condiciones para que el Poder Legislativo Nacional determine el modo y las condiciones de pago de los intereses y de la amortización del capital a los acreedores comprendidos en el art. 4° de la ley 26.017, deberá ponerse en conocimiento de éste a fin de que instrumente lo necesario para dar cumplimiento a la obligación de pago en los términos legales señalados, lo cual deberá llevarse a cabo en un plazo razonable a fin de impedir la afectación de los derechos garantizados por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Nulidad del acto jurídico, acta de secuestro
Materia: PENAL
Carátula: G., M.L. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-24

La posible irregularidad que surgiría de la confección en el acta de secuestro en sede policial, ya que en el momento de la detención llovía copiosamente, se trata de una nulidad relativa que ha quedado subsanada en virtud de lo establecido por el artículo 174 inciso 3 del Código Procesal Penal ya que, no obstante la referida falencia, la misma cumplimentó sus fines, es decir, acreditó la tenencia de los elementos sustraídos en poder de los encartados.
Simulación, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Iribarren, Ignacio Alejandro c/ Cruz, María Inés s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-01

En las acciones de simulación articuladas por herederos (terceros), se debe mostrar la ilicitud de los actos impugnados a partir del perjuicio a su interés sustancial, exponiendo para ello la afectación de su legítima con el ejercicio acumulado de la acción pertinente, ya que la de simulación era instrumental a ésta. No basta con probar la simulación en sí misma, esto es, que se encubrió el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro con la consecuente interposición de persona, sino además debe acreditarse la ilicitud y el perjuicio o daño de los actos simulados que traducen su interés legítimo, los cuales se darían de verificarse donaciones inoficiosas. Por ello, el accionante debe acumular como pretensión sustancial la reducción, dado que la simulación opera como un simple medio para instrumentarla.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Silverio F. c/ Villordo, Elsa N. y/o ocup. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Por disposición activa del art. 2505 del CC, las adquisiciones o transmisiones de derechos reales sobre inmuebles sólo se juzgan perfeccionadas mediante la inscripción registral de los respectivos títulos, sin ser aquéllas oponibles a terceros mientras no estén registradas, y sí no se ostenta la calidad de titulares de dominio, quien la invoca, carece de la correlativa legitimación sustancial activa para exigir judicialmente en tal condición, el desalojo del bien, aún cuando cuente con el instrumento público de cesión, sí esta no fue inscripta.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: N., J.V. c/ M., J.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-25

"Que los testigos sean conocidos, amigos o hermanos de uno de los litigantes, tal hecho, por sí sólo, no sirve como elemento que los descalifique, sobre todo cuando todos ellos son contestes en sus declaraciones, encontrándose ubicados en espacio y tiempo, sin que existan elementos probatorios que permitan, por comparación, desestimarlos".
Riberas, camino de sirga
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: El Potrerillo de Larreta S.A. c/ Provincia de Córdoba s/ Ordinario (Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción - Cautelar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-11-22

Resulta improcedente la demanda intentada por un country club en contra de la Provincia de Córdoba con el fin de que se revocaran una serie de decisiones administrativas, adoptadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que habían dispuesto el retiro de los alambrados que atravesaban transversalmente el cauce del arroyo Los Paredones, y fija un plazo de 90 días para que la Provincia y la Municipalidad determinen el uso del espacio público, sin invadir terrenos privados. Considera que el dominio privado de la demandante encuentra límite en la línea de ribera provisoria establecida conforme a la normativa y a las aprobaciones analizadas y que la parte actora ha invadido el dominio público al encerrar con los alambrados el arroyo dentro de su dominio privado en el curso que atraviesa su propiedad. Resalta, sin embargo, que la desestimación de la pretensión no importa autorizar sin más el ingreso irrestricto del público al curso de agua.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Davila, Luis Oscar s/ Tentativa de robo calificado. Tentativa de hurto calificado y robo  calificado en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-06

No constituye fractura de ventana (art. 167 inc. 3) la rotura del pestillo de la misma, que es en realidad la fuerza propia del robo.-
Incidentes, costas, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barbosa, Dora s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-25

Habiendo sido receptado sólo en forma parcial el pronto pago del crédito laboral reclamado, debió la parte solicitar la verificación de su crédito en los términos del art. 32 de la LC. En el caso que nos ocupa, habiendo el acreedor recurrido a la verificación, luego del rechazo parcial del pronto pago de su crédito; no se advierte desidia o despreocupación de su parte, por el contrario ejerció el derecho que le acuerda la LC, para los créditos laborales (art. 16), y ante la negativa procedió al pedido de verificación. Por ello tratándose de un supuesto de excepción, resulta justo imponer las costas en el orden causado.
Excarcelación, solicitud de excarcelación, autorización de residencia precaria, migraciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alonso García, Juan Carlos s/ Inf. 282 y 286 C.P. Causa 25799
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-15

El Tribunal reitera la doctrina sostenida en los casos "Grandiroli, J.", del 17-3-92 y "Barcelo Cestau, Aníbal", del 4-11-93, en cuanto a que la precariedad de la situación migratoria del solicitante, halla expresa previsión en el art. 22 de la "Ley General de Migraciones y de fomento de la Inmigración", a través de la autorización de residencia precaria, no obstando a su excarcelación.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Napoleone, Guillermo c/ Marquez, Ruben Jesus s/ Reivindicación y daños y perjuicios La Inversora Bahiense S.A.C.F. c/ Musali, Alberto Jose s/ Cobro ejecutivo Barroca, Jorge O. c/ De Cortázar, Mario y ot. s/ Daños y perjuicios M. D. de G., M. s/ Inhabilitación Juan Xifra e Hijos S.A. c/ Piedrasecha S.R.L., Alfredo Alvarez y Adonino Alvarez Fernández s/ Cobro de australes Cengarle, Roberto R. c/ Unión Gráfica Marplatense s/ Cobro de servicios prestados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01|1986-06-12|1992-03-17|1993-08-17|1994-04-05|1996-12-17

Sabido es que las alegaciones relativas a la omisión o deficiente examen de la prueba son ajenas al recurso extraordinario de nulidad porque no constituyen cuestión esencial en los términos del art.156 de la Constitución de la Provincia.
Sanciones procesales, temeridad o malicia, declaración de insania
Materia: PROCESAL
Carátula: Pichel Cons, Alicia c/ Franco, Alejandro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-08

Corresponde imponer sanciones al letrado que obró temeridad y malicia, máxime si se repara en la circunstancia de que, mediante el abuso de la jurisdicción ha afectado los derechos de un incapaz, ya que la contraria es interdicta.
Cuestiones de competencia, defensa de la competencia, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sanciones administrativas, recursos, tribunal de alzada, competencia del tribunal de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Televisión Satelital Codificada s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-16

Las denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por infracción a la ley 22.262, que configuran infracciones de carácter contravencional sólo pueden recurrirse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico , en tanto son sancionadas por violación a normas de estricta índole administrativa. El art. 456 del código de rito no acuerda jurisdicción a esta Cámara Nacional de Casación Penal para conocer en todos los planteos que tengan por objeto cuestionar la aplicación o inobservancia de una norma jurídica sustantiva o la inobservancia de las normas procesales, sino sólo respecto de aquellos casos en los que la materia cuestionada sea la aplicación o inobservancia de las normas del Código Penal de la Nación o de leyes federales que tipifican delitos penales y no respecto de las infracciones a las disposiciones de la ley de Defensa del de la Competencia, de naturaleza contravencional y por ello irrecurribles por esta vía extraordinaria. (Voto de los Dres. David, Fégoli, Madueño).
Sentencia, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ballester, Laura Lucila c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -   Liquidación judicial - Impugnación (Expte. C.S.J. Nro. 580 Año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

La liquidación se practica como expresión matemática del contenido de la condena sin que tenga otra función más que justipreciar el alcance económico de aquélla.
Recurso de reposición (procesal), acción revocatoria concursal
Materia: PROCESAL
Carátula: CRUZ ALTA CEREALES SRL c/ AGROITAL SA s/ REVOCATORIA DE ACTOS JURIDICOS     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 86-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

Es ajeno al ámbito del recurso de inconstitucionalidad lo relativo a la sustitución y acumulación de las acciones revocatoria o pauliana y revocatoria concursal, (que reconoce criterios doctrinales dispares), por ser una cuestión opinable y de derecho concursal.
Adopción, adopción simple
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E, C. G. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple (art. 313, Cód. Civ., texto ley 24.779).
División de condominio, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL
Carátula: Bernasconi, Margarita Betti. s/ División de condominio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-11-11

En la división de un condominio por estar en presencia de un litisconsorcio necesario la sentencia debe ser necesariamente pronunciada respecto de todos los legitimados.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, daños y perjuicios, mala praxis, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: MEDINA, NORMA B. c/ HOSPITAL DE LA CIUDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la exoneración de la responsabilidad de la demandada se sustentó en la afirmación de no haberse demostrado la causa efectiva de la muerte de la menor, conclusión a la que se arribó desde una visión parcializada y desmarcada del cúmulo de evidencias acreditadas en la causa, sin que pueda pasar desapercibido el cuadro de negligencias y omisiones (la demora en la derivación, el traslado dispuesto sin los debidos recursos y la falta de toda asistencia médica para prevenir posibles complicaciones) que el propio Tribunal a quo tuvo por acreditados ; por el contrario, la Cámara se desentendió de todo ello y cargó a la actora con la prueba de un nexo riguroso de causalidad con el fallecimiento, sin que se deslizara reflexión alguna respecto de las conexiones que, según el curso normal y ordinario, podían tener las reconocidas negligencias respecto del resultado y su posible conducencia con el acaecimiento del deceso, máxime cuando la parte demandada, en su condición de profesional que asistió a la paciente y brindó el cuestionado servicio médico, no desplegó actividad probatoria suficiente para desacreditar, siquiera elementalmente, una desvinculación de las insuficiencias comprobadas con el resultado causal.
Declaración indagatoria, libertad corporal, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: FREYTES, Daniel E. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-02

En el régimen procesal vigente, el llamado a prestar declaración indagatoria no constituye una medida de cautela personal restrictiva de la libertad (*). La convocatoria a rendir indagatoria no supone ya el procesamiento del imputado -a diferencia de lo que acontecía con el régimen de la ley 2372 y sus modificadoras-, sino que constituye el anuncio de la imputación apto para el pleno ejercicio del derecho de defensa. Insoslayable aparece que en el orden jurídico nacional las llamadas inmunidades funcionales están previstas en razón del cargo y no como privilegio personal para los magistrados por su mera condición de tales; se trata de tutelas funcionales en aras del correcto e independiente funcionamiento de un órgano de gobierno. El llamado a indagatoria es un acto discrecional del juez, cuya fundamentación está constituida por un presupuesto subjetivo del juzgador, propio de su fuero interno, con posterioridad al estudio de la causa y presupone una meditada definición que debe encontrarse relacionada con otros elementos de carácter objetivo (**). En el caso, la orden, en tal sentido se exhibe respetuosa de los recaudos formales legales y en modo alguno puede considerársela inválida.
Apertura de la instrucción, denuncia policial, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OSCO HILACHOQUE, JOSE MARCOS s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 526
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Esta cámara nacional de casación penal ha sostenido contestemente que comenzadas las actuaciones por conducto de actividad policial, atendiendo al juego armónico de los artículos 186 y 188 del c.P.P.N., Se está en presencia de una de las alternativas de iniciación del proceso previstas por el artículo 195 del citado ordenamiento, las que desplazan al requerimiento formal de instrucción por parte del ministerio público fiscal;

ello así porque dicho precepto regula, como actos promotores de la instrucción, la prevención o la información policial, lo que hace innecesaria la exigente intervención del fiscal para el impulso de la persecución penal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal en mayoría).
Régimen penal cambiario, fiscal de Cámara, recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PENAL
Carátula: BIANCO S.A.I.C.I., GERMAN s/ Control de Cambios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-09-04

FALLO PLENARIO N° 93.- El Art. 9 de la Ley 19359, en los procesos tramitados por el Banco Central de la República Argentina con motivo de infracciones al régimen cambiario, venidos en apelación al Tribunal, debe interpretarse en el sentido de que sólo debe serle notificada al Fiscal de Cámara la decisión que recaiga en la causa, a los efectos de que interponga los recursos que creyera pertinentes.