marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cohecho, sujeto activo, expedición de documentos, personal policial, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAPRIO, Mario. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Se considera a la venta de influencia como una especie de concusión impropia, cometida por un particular llamado asiduo, sicofante o vendedor de humo que, abusando de la familiaridad que tiene, o simulara tener, con un funcionario o con el soberano mismo, va dispensando protección y promesas, jactándose de su influencia, ejerciendo extorsión de dineros sobre los crédulos a quienes vende una influencia que realmente no tiene, y por esto se le llama vendedor de humo, expresión esta última que proviene del derecho romano (*).

El sujeto activo del delito en estudio puede ser cualquier persona, pero la influencia con la que se negocia debe referirse a un funcionario público. Por ello, para cometer este delito, no se requiere ser funcionario público sino sólo se requiere tener la influencia que se ofrece.

El art. 256 bis del C.P. no requiere que el acto sea propio de un funcionario sino tan sólo que sea relativo a tales funciones, capaz de afectar el bien jurídico tutelado por la ley penal al reprimir los delitos contra la administración pública.

Por ello, y dado que los imputados funcionaban como una empresa y en colusión, mediante la utilización de un contacto en la Policía Federal Argentina con el fin de conseguir documentos en un menor tiempo y por un procedimiento irregular, con el consecuente cobro de honorarios por su gestión, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito de tráfico de influencias.
Daños y perjuicios, responsabilidad del peatón, caída en la vía pública, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL
Carátula: WERMUTH,  Cleopatra c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

Es responsable el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. Por los daños y perjuicios derivados de la caída de una persona en la vía pública por la presencia en la calzada de un desnivel o pozo en tanto el accidente se debió al vicio que presentó la senda peatonal en su capa asfáltica. Es que la responsabilidad primaria por los daños causados por el vicio o mal estado de las aceras y calzadas compete a la municipalidad en su carácter de titular del dominio público de tales bienes (conf. arts. 2339 y 2340, inc 7° del Código Civil). No puede asignársele culpa a la víctima por no haber prestado la debida atención al ser vecina y conocedora de la zona, toda vez que no se puede pretender que los peatones extremen su atención sobre el suelo en el que transitan cuando se encuentran cruzando una arteria, máxime si esta pertenece a la ciudad y las riesgosas características que presentaba la calzada para un transeúnte de cualquier edad.

Corresponde aplicar el caso al art. 1113 última parte, 2 párrafo del citado Código, pues aunque a las condiciones de la cosa cuando ésta tiene una deficiente construcción o se encuentra en mal estado de conservación, se constituye el factor de riesgo o peligrosidad que prevé el mencionado artículo y, a la víctima sólo le incumbe la prueba del hecho, corriendo por cuenta de la emplazada desbaratar la responsabilidad presumida legalmente conforme a las únicas causales de eximición prevista en ese artículo.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, caución real, caución juratoria, cooperativa de crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: ASTRAL    COOPERATIVA    DE  CREDITO,  CONSUMO  Y  VIVIENDA  LIMITADA c/ ANGEL GONZALEZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

La condición de la accionante -cooperativa de crédito debidamente inscripta- y el hecho de llevar sus libros en legal forma, no son elementos suficientes como para justificar ser "persona reconocidamente abonada" en los términos del CPR 200. Debe en tal caso desestimarse el pedido de sustitución de la caución real por la juratoria.
Nulidad de la subasta, nulidad procesal, falta de perjuicio, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Oscar Amado s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-19

"Si no se demuestra la influencia que en el resultado del remate pudo tener la deficiencia de publicidad o el perjuicio causado al impugnante la nulidad de la subasta, resulta improcedente".
Jurisdicción y competencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Knapp, Alejandro B. y otros c/ Arinco  S.C.A. s/ nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

El desplazamiento de la competencia, implícitamente admitido por el segundo párrafo del art. 196 del Código Procesal se limita, en principio, a la primera instancia.
Apreciación de la prueba, error de hecho (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: Rian, Pedro Gustavo s/ Lesiones Culposas- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-04

Cuando se denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, se tiene que a partir del principio de que el Tribunal de mérito es soberano en la selección y valoración de los elementos probatorios y en la determinación de los hechos, el Código solo admite error de hecho cuando el mismo se funde en documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del Juzgador. Se exige error en el Juez, no meras diferencias de criterios entre el sentenciante y el quejoso o el Tribunal de casación. Por eso el Código habla de equivocación, lo que equivale a algo evidente, incontrastable,apreciable a simple vista, quedando excluidas las valoraciones que solo traduzcan diversidad de apreciación. Y por otra parte el error ha de recaer únicamente sobre documentos o actos auténticos, quedando excluidos los medios probatorios que no revistan este carácter.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, levantamiento del embargo, ley de consolidación de la deuda pública, ley de orden público
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTRERAS RAUL ALBERTO Y OTRO c/ C.M.V. s/ ESCRITURACION C.M.V.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

La pasividad evidenciada por la demandada a efectos de solicitar el levantamiento del embargo no descarta la aplicabilidad de lo dispuesto por el art. 4° de la ley 23.982, habida cuenta de que se está en presencia de una normativa de "orden público" que la conducta de las partes no puede alterar (art. 16, ley 23.982).
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: P. A. A. c/ Z.E.A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que procura que esta Corte ingrese al examen de aspectos netamente fácticos, como es la revisión de la cuantía de la cuota alimentaria, para cuya definición los tribunales de grado cuentan con una inmediatez en torno a las circunstancias sometidas a su juzgamiento, ausente en esta instancia extraordinaria. La admisión de tal posibilidad desvirtúa la función propia de esta Corte que no está llamada a convertirse en una instancia ordinaria (doctor SORIA, minoría).
Verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CLERISSI RAUL RICARDO c/ A.N.Se.S. s/ Incidente c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-01

La verdad jurídica objetiva debe primar sobre el exceso ritual manifiesto (Fallos 238:550), en virtud de los argumentos vertidos por esta Sala en el precedente "Estrada de Di Laudo, Josefa c/ CNPPTA s/ reajuste por movilidad", sentencia Nº 5614 del 19/2/90.
Actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ HORACIO JORGE c/ MARCON DELIA REGINA s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-21

No debe soslayarse que las obligaciones originariamente constituidas en pesos, como es la de figuración en autos, están sometidas al impedimento de aplicarles cualquier índice o mecanismo indexatorio.-
Excarcelación, caución juratoria, caución real, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AZAR, NATALIO s/ EXIM. DE PRISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

La eventual nulidad en que se pudo incurrir al conceder bajo caución real la excarcelación solicitada bajo la juratoria tiene formal reparación mediante la vía recursiva (apelación).
Suspensión por causas disciplinarias, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Albial, Héctor Abel c/ Materiales Sur S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-16

El requisito de que las suspensiones disciplinarias sean notificadas por escrito es impuesto por el art. 218 L.C.T. "ad solemnitatem" y tiene por finalidad colocar al trabajador en una situación de certeza respecto de la medida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Espíndola, Mario Marcelino c/ La Holando Sudamericana Cía. Argentina de Seguros s/ Indemnización enfermedad accidente Almada, Jorge Hugo c/ Expreso General sarmiento S.A. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21|2002-02-19

Establecer la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad constituye una cuestión de hecho cuya valoración compete, exclusivamente, a los jueces de grado, siendo sus conclusiones irrevisibles en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien pretenda la casación del fallo por tal motivo.
Concursos, efectos de la apertura, concursado, suspensión preventiva
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ Compañía Constructora de Embarcaciones SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

La LCQ 21 establece que la apertura del concurso preventivo produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. Asimismo, el citado artículo contempla tres excepciones: (i) los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; (ii) los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme a la ley 24522: 32 y ss; y (iii) los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario. En los casos precedentemente señalados, los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originario, el síndico será parte necesaria y la sentencia que se dicte valdrá como título verificatorio en el concurso.
Municipalidad, personal municipal, cesantía, sumario administrativo, empleados públicos, relación de dependencia, leyes, interpretación sistemática
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUÑIZ, ANGEL MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 590 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25

No puede acogerse lo aseverado por el actor, de que por tratarse de un "funcionario político", por lo dispuesto por el artículo 2, inc.

c de la ley 9286 no correspondía la sustanciación del sumario instruido en su contra, ya que -si bien era un agente de carrera- fue nombrado como Secretario de Intendencia. Ello así, por cuanto -frente a los claros términos del acto de designación en ese cargo-, es indudable que -al margen del régimen que deba considerarse aplicable a otros aspectos de la relación que vinculó al ente territorial con el designado "Secretario de Intendencia"-, el actor mantuvo con el Municipio su relación jurídica de empleo público regida por el Estatuto ley 9286, que es sustento de hecho suficiente para considerarlo sujeto pasivo de la potestad disciplinaria de aquél. Frente a esto, sostener la posición contraria implicaría admitir, para el empleado de carrera, una verdadera inmunidad frente al régimen disciplinario aplicable por el solo hecho de ser designado transitoriamente en una función de naturaleza política;

asimismo, una contradicción con el régimen de prohibiciones para el ingreso. Además, esta Interpretación es acorde con los criterios del Alto Tribunal nacional, en cuanto sostiene que es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Insurance Company of North American c/ Fortino, Antonio Carlos y otra s/ Cobro de pesos. Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

El art. 158 de la Ley de Seguros dispone que las previsiones del art. 114 sólo se podrán modificar a favor del asegurado, conformando un supuesto de imperatividad relativa, esto último por la posibilidad de mejorar la posición del sujeto individualizado. Si ello es así, la extensión a otro sujeto que no es el indicado en la norma resulta inválida. El conductor, en el caso, no es el asegurado, por más condición de centro de interés que revista.
Aclaratoria (procesal), colegio profesional, Colegio Público de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, derecho fijo, sanciones del Colegio Profesional
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Beveraggi de la Rúa y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ Amparo y medida precautoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Corresponde desestimar el pedido de aclaratoria, si el tema concerniente a "la aptitud de aplicar sanciones disciplinarias" por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, así como el que atañe al derecho fijo previsto en el art. 51, inc. d), de la 23.187, no han sido sometidos al conocimiento del Tribunal.
Ampliación de la declaración indagatoria, plazos procesales, citación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: F. Y.A. s/ PSA DE ABUSO SEXUAL CALIFICADO ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-05

Atento la particularidad que en la causa se presenta, como es la existencia de un decreto fiscal que, haciendo lugar a un pedido formulado por la defensa en oportunidad de solicitar ampliación de la declaración de su defendido, suspendió los plazos procesales que se encontraban corriendo para oponerse a la requisitoria de citación a juicio, corresponde examinar el planteo formulado por la apelante dirigido a cuestionar la resolución del juez de control, en cuanto sostuvo que la requisitoria se encontraba firme por haber vencido el plazo legalmente previsto para oponerse, pues la recurrente sostiene que el magistrado no tuvo en cuenta que los plazos no vencieron porque el fiscal los suspendió.
Competencia provincial, malversación de caudales públicos, legisladores nacionales, personal municipal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giustozzi, Rubén Dario s/ Usurpación de autoridad (art. 246 inc. 2), usurpación de autoridad (art. 246 inc. 3), abuso de autoridad y viol.  deb. func. públ. (art. 248), incumplim. de autor. y viol. deb. func. públ. (art. 249), malversación de caudales públicos (art. 260) y malversación de caudales públicos (art. 261).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Corresponde que intervenga la justicia provincial -y no la federal- si de los términos de la denuncia surge el cuestionamiento de la conducta de un legislador nacional fuera de su rol específico como tal en tanto dejan ver su posible intervención y la de funcionarios municipales en el presunto manejo irregular o uso indebido de fondos de procedencia local sin advertir un perjuicio para las rentas de la Nación sino para las rentas provinciales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, despido
Materia: COMERCIAL
Carátula: SELECTO SA s/ CONC. PREV. S/ VERIFICACION POR TINTAYA FLORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Si bien la ley 25323, sanciona al empleador que no registra una relación laboral, y además dispone el pago al trabajador de ciertas sumas fijas en caso de despido, sin embargo, no encuadra en la norma citada el supuesto de que -como en el caso- la presentación en concurso preventivo de la deudora fue anterior al despido y motivo la reclamación indemnizatoria del trabajador.

(En la especie, se confirmó la decisión que desestimó la sanción que prevé la ley 24013 arts. 9 y 15).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Izaguirre, Oscar y otros c/ Iberpapel Argentina S.A. s/ Indemnizaciones y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-28

La realización de un paro lleva ínsita la violación a uno de los deberes de la parte trabajadora, tal es la prestación de servicios, pero para que ese incumplimiento configure injuria, ha de evaluarse la gravedad de tal incumplimiento. La decisión patronal de poner fin al vínculo laboral ante la mera constatación de la no prestación de servicios por parte de los actores, resulta apresurada y desmedida, por lo que no se ha acreditado que se haya configurado una conducta injuriosa con gravedad suficiente para resolver el contrato de trabajo.
Sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., H.A. c/ C.T.T.P.S. LTDA. s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-28

"A la luz del art. 286 del C.Pr. y para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras esta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva".
Pensiones, concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIMBATTI, MARIA MERCEDES OFELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 354-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

La ley 6830 establece un tratamiento distinto, entre la concubina y la mujer legítima al consagrar causales extintivas de la pensión que tornan más gravosa la situación de aquélla y más benigna la de ésta.
Embargo, enajenación de bienes embargados, automotores, levantamiento del embargo, depósito judicial, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBERTO FORLENZA S.A. c/ CASSANI MIGUEL s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-09

Atento el carácter registrable del automotor, el tercero adquirente de un vehículo embargado podrá lograr el levantamiento de la medida cautelar mediante el depósito del importe del embargo reajustado según cálculo efectuado por el tribunal, por aplicación analógica del plenario "Bco. de Italia S.A. c/Corbeira Rey" (10.10 83).
Juicio ejecutivo, regulación de honorarios, declaración de quiebra, rehabilitación del fallido, conclusión de la quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Le Radial SRL c/Fama Oscar Felix s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-03

No corresponde habilitar la ejecución en este trámite individual de los honorarios regulados en este proceso ejecutivo, en tanto el crédito de marras resulta ser anterior al decreto de quiebra del ejecutado y que por ende, se encontraba alcanzado por las consecuencias de la existencia de dicho proceso. Tampoco hay controversia en punto a que operó la rehabilitación del fallido y la conclusión de la quiebra por falta de activo. Ello así, la rehabilitación como efecto patrimonial, marca el límite temporal del desapoderamiento de los bienes futuros, produciéndose la llamada "liberación patrimonial del fallido", en relación a los bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación en supuestos como el de autos (conclusión de la quiebra por falta de activo). En ese contexto, si bien, dicha liberación patrimonial es aplicable sólo en los supuestos de conclusión de la quiebra en forma liquidativa, no existe sustento legal para sostener que en la quiebra sin activo o de escasos bienes, se impida al fallido rehabilitado liberarse de sus obligaciones impagas (esta CNCom, Sala E. 28/12/18, "Banco Santander Río SA c/ Rodríguez Silvia Karina s/ ejecutivo"). En conclusión, la apelante, como acreedora concurrente, puede ejecutar su crédito en el marco de la quiebra y sólo sobre los bienes desapoderados. Es que no debe olvidarse que la ley sienta el principio de concursalidad al preceptuar que todos los acreedores quedan sometidos a sus disposiciones a partir de la declaración de quiebra (LCQ 32), de tal modo que sólo pueden ejercer los derechos sobre el patrimonio del fallido en la forma por ella prevista y, en este sentido, el ordenamiento concursal es claro en punto a que las obligaciones de causa anterior a la sentencia de quiebra solo pueden ser satisfechos con bienes existentes a la fecha de la rehabilitación.
Poder Judicial, jueces, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

La única forma de aplicar, en la práctica, la garantía del artículo 96 de la Constitución Nacional en coherencia con la voluntad del constituyente, será considerando prolongados períodos de tiempo, en los que la remuneración real (en valores constantes) podrá experimentar altibajos propios de las circunstancias, pero, deberá mantener, en su globalidad, la intangibilidad querida por el texto fundamental. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Obligaciones, embargo, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA DE CREDITO CUENCA COOP.LTDA. c/ SALANTERNIK, JOSE s/ EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

No puede presumirse que el adquirente del inmueble embargado haya asumido sin limitaciones tal gravámen por el silencio guardado frente a la notificación -posterior a la enajenación- de la liquidación que incluye la actualización monetaria de la deuda, por consiguiente, en tanto el actual titular del inmueble no es deudor por asunción de la deuda original derivada de tal silencio, no procede la ampliación del embargo.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, quiebra, bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pirillo, Víctor s/ quiebra  s/  incidente  de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear  1934/6.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar al pedido de desafectación de un inmueble como bien de familia, formulado por la síndico de una quiebra: art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, bien jurídico protegido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Frigorífico Rioplatense  SA s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El bien jurídico tutelado por el art. 954, inc. c) del Código Aduanero resulta ser el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana.