Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-03


SALA SEGUNDA Expte. N° 5476 caratulado: "ABALLAY, Camilo del C. y otros c/ Automóvil Club Argentino - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a tres (03) días del mes de junio del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha veinticinco de febrero de dos mil once en autos Nº 8543 caratulados: "Aballay Camilo de C. y otros c/ Automóvil Club Argentino (A.C.A.) s/ Apelación de Sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJO:

La parte demandada plantea recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia obra a fojas 109/113 de estos autos, por la que se rechazó su apelación. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, tras rechazar las excepciones de prescripción y falta de legitimación, acogió la demanda.

El a quo llegó a tales conclusiones tras considerar, en relación al agravio vinculado con la prescripción planteada, que las medidas preliminares iniciadas antes del juicio, tenían clara aptitud interruptiva de la prescripción, en tanto cumplían con tres requisitos: ponían de manifiesto el derecho que pretendían hacer valer; indicaban la persona del deudor y demostraban la intención de mantener vivo el derecho ejercido.

En cuanto al agravio vinculado con la falta de legitimación, el a quo señaló que, en lo pertinente, del escrito recursivo no surgía crítica concreta y razonada del fallo.

Añadió que la sentencia de primera instancia había descalificado correctamente la prueba documental, mediante la cual la demandada pretendía acreditar la autonomía e independencia de los actores.

Ello, en tanto los términos del contrato celebrado, no podían entenderse ni admitirse como modificatorios de la naturaleza jurídica del contrato laboral, de acuerdo con el principio de primacía de la realidad (LCT, art. 21).- También señaló que el apelante no se había hecho cargo de fundamentales argumentos expuestos por el Juez, como la aplicación del artículo 23 LCT; irrenunciabilidad de los derechos; nulidad del contrato de concesión, principio de la realidad, con lo que dichos fundamentos habían quedado firmes.

Respecto del argumento de que la decisión violaba el principio de cosa juzgada, el Tribunal expresó que los hechos en que se fundaba dicha defensa, no habían sido alegados en su momento, con lo que no integraban la litis y además, no se daban los requisitos de sujeto, objeto y causa.

La demandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en las causales de los incisos 1º y 3º del artículo 11 de la ley 2275, diciendo que la sentencia es arbitraria y viola su derecho de defensa.-- A lo largo de su fundamentación, plantea una serie de objeciones a lo resuelto, que luego concreta en: 1) el a quo omite cuestiones, defensas y aspectos sustanciales para la correcta dilucidación del litigio; 2) calificó e interpretó la situación jurídica controvertida, en forma abiertamente irrazonable;

3) consagró un grave desequilibrio entre las prestaciones recíprocas; 4) omitió el tratamiento de defensas, argumentos y concretos cuestionamientos; 5) desconoció instituciones jurídicas consagradas en el Código Civil y no interpretó la forma en que su parte las planteó; 6) se apartó de la realidad económica; 7) violó el derecho de defensa y el debido proceso.-- La impugnante encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275, en cuanto se han aplicado normas que no corresponden y se ha interpretado erróneamente la norma legal aplicable.

Expuestos sucintamente los antecedentes del planteo, me aboco a examinar su admisibilidad formal, adelantando que dicho examen conducirá a desestimar formalmente los recursos.-- En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, se advierte, en primer lugar, que está deficientemente planteado, por dos razones: en primer lugar, hay un defecto de encuadre.

La demandada ha encuadrado el recurso de manera conjunta y no subsidiaria, en las causales de los incisos 1º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Como digo, ello es defectuoso, ya que la vía del inciso 3º tiende a la nulidad de la sentencia; en tanto que las de los restantes incisos, al propiciar la revocación de aquélla, la asumen como válida.-- Por ende, resulta contradictorio plantear la nulidad de la sentencia y, a la vez, considerarla válida. Tiene dicho, al respecto, el Tribunal: "La alternativa resulta excluyente, y la Corte no puede inferir por sí misma cual es realmente el fundamento de derecho que sostiene al recurso" (P.R.E. 1977-451; 1980-I-73; 1985-II-276).-- La segunda razón tiene que ver con una deficiente exposición de los agravios en el escrito recursivo.

En lo que estrictamente concierne al recurso de inconstitucionalidad, la presentación cuenta con dos capítulos: número V ("Expresión de agravios y reseña del caso") y Nº VI ("Inconstitucionalidad - Objeto - Motivos y fundamentos"). En este segundo capítulo, la recurrente dice concretar los agravios planteados, pero simplemente los enuncia, de lo cual parece inferirse una remisión a lo expuesto en el capítulo anterior.

En este capítulo, a lo largo de sus veinte carillas, la demandada presenta un desordenado muestreo de distintos temas: de su memorial apelatorio; de lo que resolvió el a quo y de jurisprudencia que considera aplicable, todo ello, en un extenso y complicado desarrollo, que carece de subtítulos y no se encuentra dividido temáticamente, lo que dificulta individualizar claramente los agravios.

Esta Sala se ha expedido sobre este defecto diciendo: "En primer lugar, y respecto del recurso de inconstitucionalidad, se advierte incumplida la exigencia genérica que impone el art. 13 de la ley 2275, de fundar el recurso, "clara y concretamente". La recurrente no enumera ni identifica debidamente los agravios, actitud que obliga al Tribunal a la tarea de extraerlos de su extensa y farragosa presentación.

Se agrega luego en el precedente, aludiendo a la exigencia de fundamentación "clara y concreta": "No se debe dejar de aplicar la exigencia legal, en forma estricta, en casos extremos como el de autos, en que el recurrente presenta una maraña desordenada de argumentos, que exigen del Tribunal, la trabajosa tarea de tratar de identificar cuáles son sus agravios" (P.R.E. 2005 S.1ª-I-54).

Dichos defectos son suficientes como para desestimar el recurso, pero de todos modos, el resultado no variaría incluso si ellos no existieran.

En primer lugar, no se advierte configurada la denunciada omisión de pronunciamiento, dado que el a quo otorgó aptitud interruptiva de la prescripción a las medidas preliminares iniciadas antes del juicio, en tanto cumplían con los requisitos de enunciar el derecho que pretendían hacer valer, indicar la persona del deudor y demostrar la intención de mantener vivo el derecho ejercido.

Ello responde suficientemente al agravio apelatorio de la demandada, con lo que, más que denunciar omisión de pronunciamiento, la recurrente en realidad cuestiona lo resuelto.-- En cuanto al tema de la cosa juzgada, el recurso de inconstitucionalidad no se autoabastece, porque el a quo desechó la defensa, señalando que los hechos en que se fundaba (fallos dictados en tres expedientes), no habían sido alegados en su momento, con lo que no integraban la litis.

La demandada impugna dicha decisión, expresando que los fallos son posteriores a la fecha en que su parte se presentó a juicio, sin embargo, no acompaña copia de los fallos, lo que impide al Tribunal discernir el punto.-- Esta Corte tiene dicho que los recursos extraordinarios deben bastarse a sí mismos, ser autosuficientes, por lo que deben acompañarse todas las constancias necesarias que hagan al recurso, de tal modo que el Tribunal pueda resolver sin necesidad de requerir los autos principales. (P.R.E. S.1ª 1989-II-226; I-96; I-132; 1991-I-86; P.R.E. S.2ª 1995-I-88; 1995-I-109; 1988-I-43; I-46; I-58; etc.).

En la especie, la ausencia de los fallos referidos impide comprobar el aserto en que la demandada basa su impugnación, lo cual obsta a la admisión formal del recurso.

A lo anterior cabe agregar que el agravio sería en todo caso inviable, ya que sólo objeta el mérito de lo resuelto. Tiene dicho esta Corte sobre el particular que el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275, no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión.

Que mediante él se controla la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional y que un fallo es inválido en términos de esta causal, solo en casos extremos de arbitrariedad.

La arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable. (P.R.E. S.2ª 1990-I-97; S.1ª 1990-II-1; etc.).- La demandada pretende hacer valer lo resuelto en tres causas ("Munizaga", "Romero" y "Luna"), en que el actor no ha intervenido y, por su parte, el a quo rechaza el planteo adoptando una posición clásica sobre el tema, según la cual se requiere la denominada "triple identidad".

Como digo, se trata de una posición doctrinaria sobre el punto, la que -se comparta o no la solución- de ninguna manera puede resultar irrazonable, lo que excluye la arbitrariedad.- Por último, tampoco resulta viable el recurso de casación, teniendo en cuenta que su formulación y fundamentación es deficiente. La recurrente invoca, genéricamente, que se han aplicado "normas que no corresponden" e interpretado erróneamente "la norma legal aplicable". Sin embargo, ni siquiera especifica de qué normas se trataría, con lo que incumple con el requisito del inciso 3º del artículo 16 de la ley 2275, que establece la forma de interposición de este recurso.-- Por todo ello, voto por desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos.-- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero. Ante mí: Dr. Hugo Alberto Fornés - Secretario Letrado.- Df-5476 S.E.

P.R.E. S.2a 2011-II-297.