marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociación ilícita, Estado, actos preparatorios
Materia: PENAL
Carátula: "CALLEJAS HONORES, Mariana I. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-12

El principio según el cual los actos preparatorios no son punibles no es absoluto. Él tiene su limite en aquellos casos en los que tales actos tienen una cualidad tal que exigen una intervención especialmente anticipada, pues de otro modo, la pena carecería de toda eficacia, o bien, por tratarse de actos de una alta peligrosidad, con independencia de que el autor tenga proyectado la comisión de un delito determinado (Ziffer, Patricia; "El delito de asociación ilícita", Ed. Ad-Hoc, 2005, pág 216). En esa línea argumental se ha sostenido que la asociación ilícita afecta la tranquilidad pública por la inquietud que produce la existencia de asociaciones cuyo objetivo es la comisión de delitos. La unión de individuos para llevar a cabo semejante fin, es ya suficiente, por la potencialidad criminal que le es inherente, efecto que Nuñez ilustra con la expresión "la unión hace la fuerza" (Nuñez, Ricardo; "Derecho Penal Argentino"; Ed. Lerner; Córdoba, 1971, Tomo IV, pág. 174).Más allá de la nocividad genérica de cualquier organización para delinquir, que ya per se fundamenta su punibilidad para gran parte de la doctrina -entre ellos Soler, Sebastián; "Derecho Penal Argentino", Ed. TEA, Buenos Aires, 1978, Tomo IV, pág 591-, corresponde poner de resalto que las asociaciones criminales como la que se analiza en esta causa presentan, como característica, una peligrosidad más intensa y que va más allá de mera preparación de delitos en un grupo de personas, donde el disvalor de la conducta justifica más claramente, conforme al criterio expuesto, una intervención especialmente temprana.

Tal es el caso de una "organización criminosa que integraba una estructura de poder y que no era un poder cualquiera sino que se trataba de una parte importante del aparato represivo de quienes se habían apoderado, mediante el derrocamiento por la violencia de las autoridades legítimas, del gobierno de un Estado extranjero" (causa n° 529, "Arancibia Clavel", rta el 27/11/2000, Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6), con procedimientos capaces de potenciar la peligrosidad del grupo (falsas identidades, falsificación de documentos, uso y tráfico de armas), generando, por tanto, una situación de menoscabo del orden y la tranquilidad pública para que el tipo penal del artículo 210 del Código Penal pretende evitar. De este modo, a partir de los criterios sentados respecto del enjuiciamiento de peligro propio de la figura en cuestión y en virtud de los hechos analizados, debe concluirse a priori que han creado un riesgo de menoscabo para el bien jurídico tutelado toda vez que se puso a un número de particulares imposible de determinar ex ante en una situación de peligro respecto a la posibilidad de ser víctimas de ilícitos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, prueba crítica, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L, M. y otro s/ Retención indebida. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   450-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la sentencia impugnada, por haber omitido considerar pruebas que no pueden desecharse como inidóneas por su simple inspección, sin que ello importe emitir opinión sobre el mérito que en definitiva deba atribuírseles, extremo éste cuyo análisis resulta impropio de la jurisdicción extraordinaria que ejerce la Corte, y que incumbe exclusivamente al tribunal a quien corresponda dictar nuevo pronunciamiento con arreglo al artículo 12 de la ley 7055.
Seguros, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., R. M. c/ González, Alexis Maximiliano y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

La "revisión equitativa del contrato" implica incluir en "la medida del seguro" el valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva. Tiene por finalidad readecuar los guarismos de manera tal que la suma asegurada mantenga la capacidad de cobertura que el asegurado había contratado originalmente, sin soslayar ni menos aun desconocer el singular marco del contrato de seguro y sus cláusulas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Hermes CIA. Argentina de Seguros S.A. y Sres. Sócrates Raúl Moglia y Hugo Walter Subizar. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-05-13

Si aún no fue aprobada la planilla de liquidación, el cuestionamiento a la eventual o hipotética aprobación es una ulteridad imprevisible: de tal suerte, que el supuesto agravio aún no se ha configurado. ¿Cual es la suma líquida que se convertirá?. ¿Cual la que el incidentista pretende aplicar por aplicación de la ley de desindexación?. Sobre ese valor pagará intereses?. De que tipo?. Como se aprecia la serie de interrogantes insatisfechos y de imposible determinación en estas circunstancias impiden al tribunal una adecuada valoración sobre el monto que deba establecerse: lo que también hace a la habilitación del monto del proceso.(Dr. Bertolini: en disidencia).
Competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTEROS  DE  CARNICELLI EUDOSIA MARCELINA Y SANABRIA LUCIANO Y OTRA c/ ESTANCIA O CABAÑA "LAS RAICES" s/ LABORAL - INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-04-28

Si en autos se trata de una acción civil, desvinculada de las relaciones laborales, contra terceros causantes supuestos del daño, y no de la opción a que se refiere el artículo 17 de la ley 9688 es indudable que, no tratándose de ninguna de las situaciones de competencia material a que se refiere el artículo primero del Código Procesal Laboral (Ley 5315), tampoco se abre la instancia para este Tribunal (artículo segundo del Código Procesal Laboral), estimando que resulta competente para entender en autos la Sala en lo Civil y Comercial de esta Excma. Cámara, a la cual deberán remitirse los actuados, atento a la improrrogabilidad de la competencia de la Justicia del Trabajo (artículo cuarto del Código Procesal Laboral)
Extinción del contrato de trabajo, renuncia al empleo, autoridad administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Osorio, Victoriano y otros c/ Empresa El Tigre-Sucesores de Ramón Cano y otros s/ Reclamo laboral Tigre-Sucesores de Ramón Cano y otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

La renuncia concretada por los actores ante la autoridad administrativa tiene toda la virtualidad del acto con poder derogatorio de la norma constitutiva del vínculo laboral por haberse realizado en la forma y por la vía legalmente exigida, esto es, repito, expresando la voluntad en tal sentido ante la autoridad competente.
Código Electoral Nacional, partidos políticos, candidatos, elecciones, diputados nacionales
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: U.C.R.  -  C.F.I.  Partido Federal y  FREJUPO s/ presentaciones    sobre  la  forma  de  computar  los  votos  de  las  elecciones del 14-5-89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

No existe en el Código Electoral disposición alguna que admita la prevalencia de los partidos sobre los candidatos, en relación con la elección de diputados nacionales.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: B., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Revocación - Reincorporación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

He de efectuar una aclaración sobre el recurso de apelación ordinario concedido por la Cámara de Apelaciones. Advierto que si se afirma, que la causa se enmarca en el procedimiento regulado por la Ley XVI N° 46, esta norma legal expresamente prevé el carril procesal por el que debe darse curso a las impugnaciones deducidas contra la sentencia de ese Tribunal.

Así, el art. 138 establece que proceden los recursos de apelación y nulidad ante este Superior Tribunal de Justicia, el plazo para la interposición y la substanciación de éstos.

Y si bien puede sostenerse que la diferencia entre un remedio y otro radica en que en el recurso de apelación previsto en la Ley XVI N° 46 el Superior Tribunal interviene como revisor de la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones, que a su vez actúa como juez de instancia originaria, existen otros contrastes que impiden considerar como inocua la concesión de una u otra vía.

Ejemplo de lo dicho son los recaudos exigidos en el recurso de apelación ordinaria del art. 32 inciso 6 de la Ley V N° 3, atinentes a la definitividad de la sentencia o la exigencia de un contenido económico en juego.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, control de cambio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Arpemar  SAPC. e I.  y otros s/ infr. a la ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El art. 1x, inc. f), de la ley 19.359 (t.o. decreto 1265/82) satisface el requisito del art. 18 de la Constitución Nacional en la medida en que, por su formulación, brinda inequívocas pautas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles permitidas.
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, auto de procesamiento, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CZERNIKOWSKI, Pedro. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-19

Es nulo el auto de procesamiento donde se valora prueba incorporada con posterioridad a la declaración indagatoria pues es necesario hacerle conocer al sospechoso la prueba anexada al expediente, sustento de la imputación que se le dirige. De no ser así, se privaría de un descargo efectivo obligando a realizarlo en la segunda instancia, al momento de apelar el pronunciamiento por el cual se procesa, lo que afectaría tanto el derecho de defensa como la garantía de la doble instancia.
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, daño moral, daño emergente, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dreyer Analia Beatriz  c/ EN M Justicia DDHH y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-29

La sala, por mayoría, admite los agravios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y revoca la sentencia apelada que había reconocido los ítems "daño moral" y "daño emergente". En cuanto al ítem "daño emergente", considera que la actora no probó el nexo de causalidad adecuado entre la suscripción de los acuerdos de desvinculación y la conducta estatal que reputó como ilegítima. Relativamente al ítem "daño moral", el tribunal indica que los disgustos y las mortificaciones alegadas por la actora no alcanzan para configurar el padecimiento anímico y espiritual exigido por la jurisprudencia para conferir una indemnización. Asimismo, desestimó los agravios ofrecidos por la actora respecto del ítem "lucro cesante" que había sido rechazado por la sentencia de primera instancia.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.G.S. Asociados S.R.L. c/ Municipalidad de Alberti. Coadyuvante: Fiscal de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

No resulta aplicable la ley 6021 en materia de variaciones de costos cuando el contrato de la obra pública municipal contiene la previsión de aplicar como método de ajuste la fórmula INDEC incorporada en el Pliego de Bases y Condiciones.
Empleados públicos, Administración Pública, delegación de funciones, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-06

El hecho de que el actor cumplió funciones de inspección por órdenes de sus superiores inmediatos, sin que en ningún momento existiera designación de tareas por parte del Poder Ejecutivo, obstaculiza su pretensión de que se le reconozca y pague el suplemento por inspección; no siendo aceptable su argumentación de que se trata de una exigencia que figuraba en el decreto reglamentario 2143-80, pero que no estaba prevista en el decreto 791 80, que estableció el beneficio.
Ley penal más benigna, secuestro extorsivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cansinos, Mariano Orlando; Perez Ramírez, Sonia Brenda; Martin,Jorge Victorio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-30

Se advierte que la aplicación de la ley 20.642 resulta más beneficiosa para al encausado, siendo que la escala penal a tener en cuenta a la hora de fijar la pena -de conformidad con lo dispuesto en los arts. 170 y 41 bis del Código Penal- va desde los 6 años y 8 meses hasta un máximo de 20 años de prisión, de aplicarse la modificación que introdujo la reforma de la ley 25.742, puntualmente al art. 170 del C.P., la situación procesal del imputado se vería sensiblemente agravada, desde que tal como lo ha admitido la defensa y lo ha señalado el tribunal contempla una agravante cuando en el hecho participaren tres o más personas, disponiendo una escala penal de 10 a 25 años de prisión.(Voto Dra. Ledesma, adhieren Dres.

Riggi y Capolupo de Durañona y Vedia).
Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, cobertura médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le corresponde financiar un porcentaje tal que permita el acceso efectivo de todos los afiliados a las mismas prestaciones incluidas en la cobertura y, en caso de que, por razones presupuestarias, esa cobertura no pueda ser igual para todos, es decir el mismo porcentaje del costo final, entonces deberá ser diferencial hasta alcanzar las posibilidades económicas del afiliado y si, finalmente éstas son nulas, entonces deberá financiar el cien por ciento del medicamento, pese a que otros afiliados tengan sólo una cobertura parcial (Disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Haded, Chaim c/ Aeroclub de Adolfo Gonzalez Chaves y otro s/ Indemnización por despido sin justa causa y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Es definitiva la decisión que, más allá de resolver una cuestión de competencia toca a la demarcación misma con que la Constitución Nacional distribuye las responsabilidades jurisdiccionales de la Nación y de la Provincia.
Silencio, contratos, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: SAMAT David Eduardo c/ U-BER S.R.L. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-04-09

Al guardar silencio cuando se le exigió por medios fehacientes el cumplimiento del contrato, la demandada, se puso en situación desfavorable por propia voluntad. Prescribe el Art. 919 del Código Civil:

"El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes". U-BER S.R.L. debió contestar y no lo hizo, faltando a la regla básica del derecho de los contratos que es la buena fe, al burlar la intención común que tuvieron las partes cuando fue celebrada la locación de servicios (conf. art. 1198, C.C.).
Fundamentación insuficiente, fe pública
Materia: PENAL
Carátula: O'Brien, Natalia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-21

El voto concurrente agregó que en el caso no existen elementos suficientes como para tener por debidamente acreditada la inidoneidad de la conducta investigada para afectar la fe pública sobre la cual el a quo dictó el pronunciamiento impugnado. (Dres. Gemignani, Borinsky -voto concurrente-, Hornos).
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPO LUJAN S.A. c/ SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS- DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-14

No corresponde la remisión efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Superior Tribunal, por no ser la causa de su competencia originaria y exclusiva, correspondiendo declarar la incompetencia del mismo, siendo por la naturaleza de la acción(el reclamo no encuadra en las previsiones de la ley 2297 de trámite contencioso administrativo, que habilita al tribunal en pleno, por expresa disposición de la Constitución Provincial, ni tampoco encuadra en los demás supuestos contemplados por el art. 193 inc. 1 del plexo constitucional ya que se trata de una demanda de daños y perjuicios contra el estado provincial que habrían nacido en hechos ilícitos que no son delitos) competencia material del fuero de primera instancia en lo civil y comercial por lo que deben remitirse las actuaciones a la Mesa General de Entradas a los efectos de su envió al juzgado de dicho fuero que por turno corresponda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, derecho a la salud, expresión de agravios, facultades jurisdiccionales, accidentes de trabajo, riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., C. C. c/ Compañía Argentina de Seguros Latitud Sur S.A. s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-28

La jurisdicción no se justifica por el orden sino por la justicia, y es al Poder Judicial a quien le atañe garantizar su libre acceso a fin de que resulten eficazmente protegidos los derechos fundamentales.

Por este medio pueden obviarse las debidas instancias ordinarias administrativas o judiciales, siempre que aparezca de modo claro o manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos comunes; en tales casos, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido.

Si bien en algunos supuestos se ha entendido que en materia de accidentes de trabajo corresponde acudir a los procedimientos ordinarios ante el fuero laboral, en tales casos el juez de grado había denegado "in límine" la vía de excepción intentada, a diferencia de lo que ocurre en la especie donde el "a quo" admitió la acción interpuesta por el amparista y se encuentra en trámite de ejecución de la sentencia; esta circunstancia desaconseja el reenvío de la cuestión a consideración de los organismos administrativos, como es la Comisión Médica 23, o reiniciar la reclamación ante un tribunal ordinario, pues se generaría un retardo injustificado en el trámite de las actuaciones, configurándose así una privación de tutela judicial efectiva, con desprotección del derecho a la salud del amparista.
Municipalidad, personal municipal, reescalafonamiento, prueba, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DORATTO, LIDIO CAYETANO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 341-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Decisivamente impide el acogimiento de la pretensión del actor, que solicita en la demanda se le reconozca la categoría 19, con las consiguientes diferencias salariales a partir del año 1983, más actualización monetaria, con intereses y costas; la circunstancia de que la prueba producida no demuestra el cumplimiento de la función por la que se reclama. En el caso, las pruebas que hace valer el recurrente nada aportan en orden a avalar la tesitura del actor de haber desempeñado, efectivamente y por todo el período por el que reclama las diferencias salariales, funciones propias de una categoría superior, advirtiéndose en el sublite la existencia de un verdadero contexto de orfandad probatoria respecto de la concurrencia de los extremos que pudieran justificar la excepcional viabilidad de la "actio in rem verso" o acción de enriquecimiento sin causa.
Circulación de moneda falsa, buena fe, dolo, falta de dolo
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUIS s/ FALSIFICACION DE MONEDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-12

Debe absolverse al procesado del delito de circulación de moneda falsa recibida de buena fe, toda vez que de los elementos probatorios de la causa no surge que el encartado, luego de haber recibido el billete, haya sabido fehacientemente sobre su falsedad.
Marcas, dolo, falta de dolo
Materia: PENAL
Carátula: PEZZI, SADI, ANTONIO s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-01-30

El sometimiento voluntario de una actividad al control público descalifica, liminarmente, toda sospecha de un actuar negligente en tanto demuestra el conocimiento de que la materia exigía ciertos trámites previos para la inscripción motivo por el cual encomendaron a un estudio especializado dicha tarea. En tales condiciones, tratándose la conducta de una maquinación destinada a usufructuar los derechos emergentes de la titularidad de un registro, la inexistencia de dolo conlleva la inexistencia de tal maquinación, esto es, la del elemento objetivo del tipo que hace a su materialidad.
Divorcio por presentación conjunta, audiencia de divorcio, acción de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: R., F.G. c/ L.D., I.F. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

El artículo 236 del Código Civil en cuanto establece un procedimiento de audiencias previas a dictar la sentencia de divorcio no es inconstitucional, puesto que resulta una atribución exclusiva del Poder Legislativo, como ejercicio propio de su función específica. Para que una norma sea inconstitucional debe afectar la legalidad y la razonabilidad, supuestos que no se dan en la especie. En cuanto al primero, no cabe duda de que se encuentra cumplido desde que se trata de una norma integrante del cuerpo normativo del Código Civil. Y en lo relativo a la razonabilidad la norma respeta dicho principio ya que el medio escogido para alcanzar el fin guarda relación, proporción y aptitudes suficientes con el fin perseguido.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: VARELA, ALBERTO c/ MARTIN,    LUIS    FERNANDO  Y  OTROS  (MUNICIPALIDAD  DE  ESPERANZA) s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 60-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-29

Estando trabada la litis, ya vigente la ley 23643, no puede argumentarse en el caso la existencia de un derecho adquirido por parte de la demandada de aplicarse la ley 9688 en su anterior redacción ante el incumplimiento de su obligación indemnizatoria, no encontrándose tampoco violentado su derecho de defensa en juicio, no obstando a ello la existencia de reclamo anterior del actor por un monto muy superior a lo que entiende la demandada pues se hubiera salvado tal situación con la consignación oportuna del monto correspondiente. Debe aplicarse la ley vigente al momento de traba de la litis, pues es ella la que marca los límites actuales de un derecho patrimonial, adquiriéndose entonces el derecho a ser juzgado por sus normas, del que no puede ser privado el litigante sin mengua del artículo 17 de la Constitución Nacional.