Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-03-31


FORMOSA, treinta y uno de marzo de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "FARMACIA Y PERFUMERIA SAN LUIS S.C.S. S/ APELACION (Ley Pcial. 1480)" Expte. Nº 48 - Fº Nº 22 - Año 2009, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 69, y CONSIDERANDO:

Que se encuentran estos autos en estado de resolver la cuestión de competencia que promueve la parte al plantear incidente de nulidad a fs. 52/80. Sostiene que la nulidad pretendida es anterior al dictado del Fallo Nº 9367/10, en tanto este Superior Tribunal de Justicia se avoca erróneamente al tratamiento de las actuaciones, por remisión de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia, para entender en la apelación que se promoviera contra la sanción de multa impuesta a la incidentista por dicho organismo, por supuesta infracción al artículo 9 bis de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

Sigue diciendo que en este orden, cabe resaltar la incompetencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, ya que la Ley 22.802, expresamente establece en su artículo 22 la competencia de la Justicia Federal. Expresa que este Tribunal debió entonces declarar de oficio su incompetencia y remitir las actuaciones, sin sustanciación alguna, al Juez Federal competente.

Agrega que su parte entonces ha quedado indefensa en este proceso donde se ha decretado la caducidad de instancia de conformidad al artículo 308 y 314 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando en verdad no se había tomado conocimiento, hasta el dictado del fallo 9637/10 que la causa estaba radicada en la jurisdicción provincial, ya que de haber ocurrido lo contrario, hubiera planteado la incompetencia del Excmo. Superior Tribunal. Al quedar indefensa la incidentista por no haberse tratado el recurso de apelación interpuesto y por haberse dado un tratamiento incorrecto a la apelación, se ha causado un grave perjuicio económico en tanto queda firme la sanción pecuniaria aplicada mediante Resolución Nº 197/10 del órgano administrativo de aplicación. Posteriormente, ingresa en el relato de los antecedentes de la causa administrativa y expone los agravios que le causó la decisión de la Subsecretaría de Defensa del Usuario y Consumidor.

Que habiéndose requerido opinión al Sr. Procurador General sobre la cuestión de incompetencia planteada (fs. 67), el mismo emite dictamen a fs. 68/vta.

Sostiene el titular del Ministerio Público provincial, que la Ley 22.802, de Lealtad Comercial, establece claramente la competencia de las autoridades locales de provincias para la aplicación, control, juzgamiento y vigilancia de los preceptos de dicha normativa, en concurrencia con las autoridades nacionales (artículo 16).

Transcribe el artículo 13, cuanto señala que "Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones...".

Invoca también el mismo artículo 22 que cita el incidentista, cuando dispone que "toda resolución condenatoria podrá ser recurrida solamente por vía de apelación en lo Contencioso-Administrativo Federal o ante las Cámaras Federales de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la condena", pero interpreta el Procurador General que esa competencia está vinculada al marco jurisdiccional de aplicación de la sanción. Es decir, la competencia del Juzgado o Cámara Federal (en grado de apelación) estará dada por la intervención del organismo administrativo nacional en la jurisdicción provincial (o no) de que se trata, pues, interpretar la normativa en contra de las competencias locales para el juzgamiento en la materia, tal como lo señala el Procurador General de la Nación en el dictamen brindado en los autos "Cencosud S.A. s/Ley 22.802 c/ Sec. De Industria y Comercio", contraría el espíritu de la propia Ley.

Recuerda asimismo el titular de la Procuración General, que el derecho administrativo, como ejercicio de la función pública, es eminentemente local (artículo 31 de la Constitución Nacional), en razón del sistema federal adoptado por la Carta Nacional (artículo 1) por el cual las Provincias mantienen su autonomía, conservando todo el poder no delegado a la Nación (Artículo 121) pudiendo dictarse su propia Constitución, darse sus propias instituciones y regirse por ellas. Es en función de esas facultades no delegadas, que la Provincia de Formosa ha dictado la Ley 1480 (de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor), cuyo artículo 11 asigna competencia al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para entender en las apelaciones contra las sanciones aplicadas por la autoridad local de aplicación.

Que este Superior Tribunal de Justicia hace suyo y comparte íntegramente el impecable razonamiento del Sr. Procurador General, en tanto se ajusta además al criterio jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuesto en el fallo del 17 de abril de 2001 en los autos antes mencionado. En ese pronunciamiento se asigna validez, mediante la adopción del dictamen de la Procuración General, a los instrumentos locales que dicten los gobiernos de provincias, para asegurar los derechos del usuario y consumidor, "ya que estas cuestiones, como muchas otras vinculadas al comercio, se inscriben en el marco de los poderes de policía económica que con fines de promoción de la industria, la Constitución otorga, de manera concurrente al Estado Nacional y a las Provincias (Arts. 75 inciso 17 y 125 de la Constitución Nacional y Fallo 315:952)" .

Ahora bien, sentada la competencia local por mandato del artículo 11 de la Ley 1480 y los preceptos constitucionales ya citados, se advierte un error en el trámite administrativo que no debe ser soportado por el incidentista.	En efecto, luego de la Resolución sancionatoria Nº 197/07 (fs. 19/22vta.), se notifica de la misma al presunto infractor mediante cédula que se agrega a fs. 23 y en donde expresamente se le hace saber que puede recurrir de la medida en función del artículo 22 de la ley 22.802 (que asigna como sabemos competencia a la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital federal o ante el Juzgado Federal competente según el asiento de la autoridad que dictó la condena, indicándose además que el plazo de interposición del recurso es de diez (10) días) En atención a esa notificación, el recurso se presenta dentro de ese plazo y para ser derivado ante el Juez Federal (fs. 27/34vta.).

El Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, detecta el error y por ese motivo tiene por presentado en término el recurso, pese a que en el orden local el plazo para apelar es de cinco (5) días (Art. 11, Ley 1480) y aconseja elevarlo al Superior Tribunal de Justicia para su análisis y tratamiento definitivo (fs. 36).

Sin embargo, esta elevación al máximo órgano de justicia de la Provincia, nunca fue notificada a la parte, que creyó en todo momento que su recurso ante el fuero federal había sido correctamente planteado.

Siendo así, el dictado del Fallo 9367- Tomo 2010, carece de sustento fáctico, ya que presupone ausencia de impulso procesal a cargo del apelante, cuando en verdad el recurrente ignoraba que los autos estaban en el Superior Tribunal de Justicia y si esto es así, resulta indudable que el pronunciamiento dictado debe ser anulado, en tanto claramente carece de uno de los requisitos esenciales (art. 169, Código Procesal Civil y Comercial) para considerar operada la caducidad de instancia cual es la ausencia comprobada de impulso procesal (art. 309, Código Procesal Civil y Comercial), en tanto mal puede exigirse la acción de parte, cuando esta ignoraba que el recurso que promovió de acuerdo a la cédula por la que fuera notificada, se encontraba en la sede del Tribunal Superior de la Provincia.

Por todo lo expuesto, corresponde ratificar la competencia de éste Superior Tribunal de Justicia para entender en autos, declarar la nulidad del Fallo 9367 - Tomo 2010 de fs. 41, mandando continuar el trámite en el estado en que se encontraba a fs. 40.	Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Ratificar la competencia de este Superior Tribunal de Justicia para entender en autos (Cf. Art. 11 Ley 1480).

2º) Declarar la nulidad del Fallo 9367 - Tomo 2010 por vulneración del artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial en función del artículo 169 del mismo cuerpo legal.

3º) Prosígase con el trámite de la causa de acuerdo al estado en que se encontraba a fs.40, corriendo el plazo allí establecido a partir de que adquiera firmeza el presente fallo.

4º) Regístrese. Notifíquese.