marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revisión judicial de actos administrativos, resoluciones, AFIP DGA
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: HIRSCHEN, HENRY Y CIA.  S.A. c/ FISCO NACIONAL  A.N.A. s/ REVOCACION DE FALLO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La impugnación judicial de las resoluciones aduaneras que impongan multas se tramita por medio de demanda contenciosa (arts. 1 024. 1.175 y sigtes. del C. Ad.) trabada entre un actor -impugnante del acto- y una demandada -la Administración Nacional de Aduanas sosteniendo su validez-, pero en ella las partes no actúan, de modo alguno, en carácter de imputado y querellante en los términos del art. 2, inc. g), de la ley 21.859.
Apelación de honorarios, deserción del recurso, falta de expresión de agravios, indemnización, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: CANE, ALEJANDRO s/ RECURSOS - HONORARIOS E INDEMNIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Por aplicación supletoria de las disposiciones del Cód. Proc.

Civil y Comercial (arts. 69, ap. 4; 260, inc. 1; 265 y 266) debe declararse desierto el recurso si la parte omitió expresar los agravios que le ocasionaba la regulación de honorarios y el monto de la indemnización por el daño causado.
Poder Ejecutivo, gobernador, competencia, contratos administrativos, transacción, legitimación procesal, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

El Gobernador, es el funcionario competente para autorizar una transacción entre la Provincia y una empresa Contratista, en virtud de las atribuciones legales expresas que surgen del ordenamiento vigente, toda vez que la competencia es la esfera de atribuciones que el ordenamiento asigna a un determinado órgano que se concreta en la porción de la potestad del ente que el órgano puede ejercer en razón de que, en las personas jurídicas públicas, en el Estado especialmente, generalmente se advierte la presencia de diversos órganos a cada uno de los cuales se confía la persecución de distintos intereses. De allí deriva que todo órgano tenga un conjunto de atribuciones propias (o sea poderes o funciones que puede ejercer) tanto respecto de terceros con los que la persona jurídica se relaciona (relaciones externas) como con los órganos de su propia organización (relaciones interorgánicas).
Aplicación de la ley tributaria, derechos adquiridos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ARMAVIR S.A. s/ apelación -Tribunal Fiscal-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

No existe en principio, derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos (C.S. "De Milo" 3/4/67 "Fallos" 267:242) ni a la inalterabilidad de los gravámenes por ellas creadas (conf. esta Sala in re, 2/11/93 "Agro Aceitunera S.A.").
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, cheque, extravío del cheque
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coop. de Crédito, Consumo y Vivienda Invercal Limitada c/ Spinelli, Jorge Luis s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

La defensa de extravío y apoderamiento ilegítimo del cheque, incluso su potencial llenado abusivo o investigar la forma en que la ejecutante entró en la tenencia de dicho instrumento, conforman cuestiones cuya dilucidación excede el continente propio del juicio ejecutivo, pues de lo contrario se discutiría la causa de la obligación y su legitimidad, aspecto éste que excede el marco de la defensa prevista en el art. 542 inc. 4 del CPC. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonavia,  Pedro  Gustavo  y  otros c/ Administración General deObras Sanitarias de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Los agravios planteados suscitan cuestión federal, si no obstante referirse a cuestiones de hecho, derecho común y procesal, ajenas como regla a la instancia del art. 14 de la ley 48, reflejan que el tribunal ha efectuado una interpretación de las normas en juego, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, aplicación de la ley, caducidad de instancia, proceso penal, sentencia condenatoria, homicidio culposo, víctima del delito, víctima menor de edad, acción civil en el proceso penal, daños y perjuicios
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCAL c/ MARIO SEBASTIAN SOMIONATO s/ JUICIO  CRIMINAL- HOMICIO CULPOSO- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA- DAÑOS Y  PERJUICIOS- MENOR DE EDAD- PLAZO- COMPUTO- ACCION CIVIL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar al incidente promovido por los representantes del actor civil y declaró la caducidad de la instancia casatoria abierta por el letrado del imputado y el tercero civilmente responsable, respecto de la sentencia que los condenó a abonar los daños y perjuicios derivados del homicidio culposo de un menor. Ello es así pues los agravios que propone el apelante vinculados con la aplicación supletoria de normas del rito civil local al proceso penal provincial con el modo de computar los plazos y con la inteligencia que cabe asignar al art. 162 del Código Procesal local materia propia de los jueces de la causa y no revisables por la vía del remedio federal intentado, máxime como en el caso, la decisión está fundada en razonamientos que le otorgan sustento bastante y excluye la tacha de arbitrariedad.
Daños y perjuicios, contrato de hospedaje, hoteles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Industria Vidriera Argentina S.C.C.I.F.I. c/ Consorcio Lobos Country Club Hotel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-06

En el depósito en los hoteles, el hotelero responde más allá de toda culpa, aunque pruebe que le ha sido imposible impedir el daño -o que se produjo sin culpa-; pues es la suya una responsabilidad contractual objetiva imputable al riesgo creado por su actividad, tal cual lo dice el art. 1118 del Código Civil, en tanto reza que el hotelero es responsable del daño causado por sus agentes o empleados en los efectos de los que habitan en ellas, o cuando tales efectos desaparecieron, aunque pruebe que le ha sido imposible evitar el daño. Sólo se exime demostrando "la culpa del viajero" o la falta de relación causal adecuada entre el "riesgo hotelero" y el daño, vale decir el caso fortuito (art. 2237 del C. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, valor vida
Materia: COMERCIAL
Carátula: COIRO, NORBERTO c/ MACIEL, HORACIO E INFOS  SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

El valor de la vida humana en sí misma no es mensurable en dinero, el llamado elípticamente "valor de la vida humana" no es otra cosa que el rédito que ella produce; en otros términos, se trata de la medición del daño que experimentaran los herederos del causante. Los daños a la integridad física implican un perjuicio patrimonial cuya resarcibilidad fluye en lo básico del contenido del cciv 1069, 1083 y concordantes. En consecuencia, ponderando la totalidad de los elementos y particularidades del caso, no obstante la capacidad de las víctimas para realizar trabajos y por consiguiente ganarse el sustento, toda vez que sus posibilidades de ubicación laboral se verán necesariamente menguadas, el monto de la condena por este rubro será de $ 20.000 Y $ 25.000.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ COLL, JAIME BERNARDO s/ EJECUCION FISCAL. TITULO. INTEGRACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La aceptación de las planillas de liquidación no importa integrar el título con ellas y, por ende, que su falta de firma lo torne inhábil.

Las certificaciones de deuda que contienen las actas, firmadas por el Director de Fiscalización de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, constituyen los títulos ejecutados expedidos en los términos de los arts. 6, 10 inc. g y 17 de la ley 18.820 y 24 de la ley 21.581. Las planillas adjuntas no integran el título, sino que lo corroboran, toda vez que los importes finales volcados en ellas figuran en el propio certificado.-
Honorarios, representación de la sociedad, liquidación de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO LATINOAMERICANO S.A. c/ BERCHEM S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Si, en la liquidación de entidades financieras, se admitiera, por vía de hipótesis, que se les regularan honorarios a los representantes del Banco Central, es decir, a los llamados "representantes procesales necesarios", ello importaría desvirtuar la normativa citada y asimismo, los principios que alientan a la representación, en tanto que el mandato se presume que es gratuito cuando no se ha convenido que el mandatario perciba una retribución (art. 1871 del Código Civil y que nadie pede transferir a otro un derecho mayor o mejor que el que gozaba su antecesor (art. 3270).-
Exenciones impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Distribuidora de Gas Pampeana S.A. y otro c/ Ministerio de Economía y OSP. - resol. 1680/93. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

En materia tributaria las exenciones deben ser interpretadas con criterio estricto, y en caso de duda resueltas en forma adversa a quien invoca el beneficio fiscal.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO DE CARFAGNA Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-12

Si bien en nuestro ordenamiento no hay una norma específica que consagre la responsabilidad estatal en forma explícita, el fundamento jurídico reposa en la ley fundamental (además de algunas leyes especiales), que garantiza la igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional), la inviolabilidad del derecho de propiedad (arts. 17 y 14) y el afianzamiento de la Justicia. Toda ofensa a tales derechos adquiridos y reconocidos, aun por la actividad del mismo Estado, origina la obligación de repararlos, sin que sea necesaria la existencia de una ley concreta que reconozca el derecho de la indemnización.

Por aplicación de estos principios se ha sostenido que el beneficio que obtiene la comunidad entera por la construcción de una obra pública, no puede lograrse a costa del patrimonio de uno o alguno de los administrados.

Incluso se aceptó la providencia de los perjuicios ocasionados a los vecinos linderos a las autopistas recientemente construidas.

reconoció la responsabilidad del Estado por
Fallos del Superior Tribunal, doctrina legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cisternas, Jorge Raul c/ Morales, María Anita Fernández de s/ Reivindicación-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-12-13

Cuando se interpone recurso de casación, invocando como fundamento la supuesta violación de la doctrina legal, es preciso que el recurrente distinga claramente la disimilitud existente entre la doctrina legal y la obligatoriedad jurisprudencial, conceptos éstos que en modo alguno pueden identificarse. Puesto que la definición de doctrina legal responde a aquel pronunciamiento que sobre un tema determinado hace el Superior Tribunal y que es consecuencia de la unificación de criterios de sus integrantes o salas y responde a la necesidad de dar seguridad jurídica a los litigantes ante la eventual posibilidad de enfrentar resoluciones contradictorias sobre un mismo tema, siendo requisito esencial que la misma sea necesariamente la expuesta anteriormente por el Tribunal que deba resolver la causa, con igual composición.
Contrato de trabajo, trabajadores marítimos, extinción por mutuo acuerdo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre  César  Federico c/ Pesquera  Santa Cruz S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

No debe interpretarse que ha mediado el supuesto previsto en el art. 241 de la L.C.T. ante el caso del trabajador que, luego de su desembarco, el buque donde prestaba tareas siguió zarpando durante cinco meses, y cumplido dicho plazo recibe de parte de su empleadora el telegrama de despido, lo que no cabe inferirse como tácita voluntad del trabajador de romper el vínculo. La espera de éste no puede traducirse como un desinterés en retomar su actividad. Durante esos cinco meses ha estado a disposición de ser convocado para embarcar. Por otra parte de acuerdo con el art. 64 del CCT 307/99 el armador o propietario no puede mantener a ningún tripulante en situación de "a órdenes" por más de noventa días corridos, salvo que medie conformidad del tripulante para prorrogar esta situación por sucesivos períodos adicionales de treinta días corridos. Vencidos dichos plazos el armador deberá reembarcar al tripulante o bien desvincularlo abonándole las indemnizaciones que le correspondan. De modo que al no configurarse el supuesto del art. 241 L.C.T., corresponde abonarle al actor las indemnizaciones por despido incausado.
Recurso de casación laboral, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ,JULIO CESAR Y OTROS c/ CAJA POPULAR Y AHORRO Y CREDITO s/ DIFERENCIA DE HABERES,ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-07

La vigencia de efectuar el deposito previo del capital,interes y costas provisorias prevista en el art. 142 de la ley de Procedimiento Laboral, para conceder el recurso de casación interpuesto por la patronal en el caso de sentencia condenatoria, dada la finalidad tuitiva y protectora de salvaguarda de los derechos del trabajador, constituye un presupuesto de admisibilidad para la concesión de tal recurso.-
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M. c/ G., M. A. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"La modificación introducida por la ley 24.432 al Art. 505, Código Civil no implica ninguna limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas. La condena en costas comprende, además de los honorarios regulados, todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito - art. 77, Código Procesal-".
Pago, prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: TABOADA RAÚL FERNANDO Y OTRO c/ OSCAR SPAINI Y CÍA. S.C. Y/U OTROS s/ 35 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2002, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-25

En cuanto a la amplitud de la prueba del pago no cabe confundir dos cosas que son bien distintas: una es la amplitud de prueba hábil para establecer el pago y otra se refiere al rigor de apreciación de los medios de comprobación allegados al pleito. Si bien con relación al primer aspecto no cabe limitar las fuentes de información de la convicción judicial, en el tratamiento y examen del material probatorio, el magistrado debe actuar con todo rigor en resguardo de la seguridad jurídica.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente Municipal de Carlos casares c/ Concejo Deliberante de Carlos Casares s/ Conf. poderes art. 196 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

El art. 263 bis del decreto ley 6769/58 (conf. art. 88, ley 11.024) es claro al expresar que la mera promoción del conflicto suspende la ejecución de la resolución impugnada "...la que no hará ejecutoria hasta la resolución definitiva del mismo" (art. 263 bis cit., segundo párrafo in fine). Como sólo la resolución que ordena la destitución es un acto que causa ejecutoria, ya que las providencias cautelares, en razón de su carácter instrumental, no son definitivas ni, por ende, causan instancia, no cabe sino concluir que no alcanza a la suspensión preventiva decretada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, robo calificado, incidente de excarcelación, procesado, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Durán, R. S c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-03

- Excarcelación rechazada. Pedido de sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas rechazado.

- Imputado procesado con prisión preventiva, como coautor del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda.

- Opinión favorable del Ministerio Público Fiscal que no es vinculante. Caso que, examinado en los términos de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, en concordancia con la Ley 23984, permite acceder a la solicitud de excarcelación ya que no posee antecedentes condenatorios, declaraciones de rebeldía, causas en trámite ni tampoco se han informado otras identidades ante el Registro Nacional de Reincidencia, posee domicilio constatado y un trabajo en relación de dependencia. Imputado que ha cumplido ampliamente en detención el mínimo de la escala penal prevista para los delitos imputados. Inexistencia de riesgo de entorpecimiento ya que se llevaron a cabo todas las medidas para esclarecer lo sucedido y no restan otras por producir. Propuesta de caución real que resulta atendible. Tratamiento del rechazo de la sustitución de la prisión preventiva que corresponde declarar abstracto.

- Revocación. Conceder la excarcelación bajo caución real más la obligación de comunicarse mensualmente con el tribunal, fijar domicilio, no concurrir ni acercarse al local bailable "B. N." ni tener cualquier tipo de contacto con los damnificados por 90 días pudiéndose renovar una vez vencido.

- Disidencia parcial: Inexistencia de controversia entre lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y lo solicitado por la defensa. Exceso por parte del magistrado. Vulneración del modelo de proceso acusatorio. Revocación. Concesión bajo caución juramentada, obligación de presentarse mensualmente ante el tribunal, fijar domicilio, prohibición de concurrir y acercarse al local bailable "B. N.", ni de tener cualquier tipo de contacto con los damnificados por 90 días corridos pudiéndose renovar una vez vencido.
Antigüedad, reconocimiento en sede judicial, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Julio César c/ Los M S.R.L. y/u otro s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-29

La supuesta falta de contemporaneidad entre la causa del despido indirecto y éste, configura una defensa que el empleador debe oponer ante su dependiente primero, como consecuencia del deber de buena fe que el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo impone a las partes aún al momento de extinguir el contrato de trabajo y luego en juicio, para lograr establecer la falta de validez del mismo en tanto que es su obligación "especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa", artículo 342 inciso 2 del Cód. Procesal Civil y Comercial, al que remite el artículo 64 del Cód. Procesal Laboral.Habiendo mediado un claro incumplimiento patronal configurado por consignar una fecha de ingreso distinta a la real y muy distante en el tiempo con la misma, 1995 y 1988, actitud con consecuencias gravosas para el trabajador tanto en los haberes percibidos como en otros beneficios sobre los cuales incide la antigüedad, como lo son las vacaciones, aguinaldo, etc. lo que ciertamente reviste gravedad suficiente como para configurar injuria en los términos del artículo 242 de la Ley 20.744 y determina la validez del despido indirecto, debe confirmarse el fallo en tal aspecto.
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos municipales, ordenanzas municipales, delegación legislativa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tejidos Argentinos Noreste  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La modificación de la ordenanza que estableció el impuesto a los ingresos brutos, dictada dentro del año calendario, no constituye ejercicio indebido de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la Nación ni tiene carácter retroactivo.
Concubinato, pensiones
Materia: CIVIL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MESA, ADELINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-17

En la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado en Puebla en 1979, expresaron nuestros obispos: "...no podemos desconocer que un gran número de familias de nuestro continente no ha recibido el sacramento del matrimonio, muchas de estas familias, no obstante, viven en cierta unidad, fidelidad y responsabilidad. Esta situación plantea interrogantes teológicos y exige un adecuado acompañamiento pastoral". Si tales situaciones suscitan a nuestros obispos "interrogantes", parece excesivo que los mismos se resuelvan en la sede de un tribunal civil por medio de rígidos criterios maniqueos que condenen fatalmente los derechos de la concubina.
Principios procesales, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: C., SRL c/ G., R.O. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-16

La reformatio in peius es un principio de jerarquía constitucional, que indica que el órgano de apelación no tiene más poderes que caben dentro de los límites de los recursos deducidos y que veda la posibilidad de agravar; perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente, impidiendo que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable.
Recurso de casación, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: RICHEZZE JORGE A. c/ NOGALO DE SERRANO ANA S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-12

No puede traerse a examen de la casación una cuestión que fue resuelta como excepción previa con anterioridad a la sentencia recurrida y que se encuentra firme. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, caducidad de instancia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: VERDUN PEDRO ANTONIO c/ LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y CASINOS Y OTRO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

Tal como también lo ha resuelto el Alto Tribunal, corresponde otorgar la exención al pago de la tasa de justicia si existió un pedido de beneficio de litigar sin gastos que concluyó por caducidad de la instancia, desde que no corresponde reconocer al pronunciamiento que declaró tal perención, la virtualidad de negar una situación de pobreza real invocada o comprobada en el incidente; siendo claro, en ese sentido, que un criterio distinto que lleváse en definitiva a exigir el pago de la tasa de justicia por las etapas cumplidas con anterioridad a la interposición del nuevo beneficio de litigar sin gastos, resultaría ajeno a la realidad, ya que, a pesar de haberse interpuesto un requerimiento similar anterior y encontrarse claramente comprobada en él la imposibilidad de hacer frente a los gastos causídicos, se partiría de una presunción de solvencia (señalada en el precedente de Fallos 314-145) que está desvirtuada por efectivas constancias judiciales generadas con idéntico propósito (cfr. C.S.J.N., In re "Pérez, María Elisa y otra c/San Luis, provincia de y otro s/Daños y Perjuicios" del 4.10.94).