marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ministerio Público Fiscal, sentencia condenatoria, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Camarelli, Antonio Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-05

El voto concurrente agregó que el a quo realizó un análisis parcial de las constancias de autos al haber omitido valorar que -conforme lo sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior- el encausado no sólo se encuentra condenado en el marco de las presentes actuaciones, sino que también registra otras sentencias condenatorias por hechos calificados como de lesa humanidad, que deben ser ponderadas debidamente a la luz de los estándares de especial prudencia y cuidado sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dres. Hornos, Borinsky -según su voto-.
Segunda instancia, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DANA, JORGE SALVADOR c/ CAJA  DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SANTA FE s/ JUICIO ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 71-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-26

Al privar a una de las partes con un fundamento ilógico o irrazonable a una segunda instancia establecida por la ley, se configura una flagrante violación al debido proceso, y la resolución aparece como carente de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Louro, Juan Antonio y otra c/ Sucesores de Alberto Lecona y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-02

Para que prospere la solicitud de tratamiento autónomo del daño estético en la Alzada -que quedó ampliamente contemplado en el pronunciamiento primero dentro del daño material y del moral, según se expresa en el fallo-, es menester que en el ejercicio de la profesión del damnificado tenga incidencia realmente gravitante su aspecto físico, como en los casos clásicos evocados en doctrina, vgr. modelo, artista del espectáculo, azafata, e inclusive profesional liberal, según las circunstancias. No tratándose de tales supuestos, proceder del modo pretendido, en el que se ha reconocido con justeza tal daño dentro de los restantes rubros, significaría otorgar doble indemnización, con grave desmedro de los principios que rigen la materia.
Culpa penal, responsabilidad objetiva
Materia: PENAL
Carátula: De All, José s/ Culpa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

a) La cuestión que separa la culpa penal de la mera responsabilidad objetiva finca en saber si le era posible al sujeto activo -y le era exigible- que previese la posibilidad de producción del resultado y, en su caso, de que resultado, sin que siquiera sea requisito que haya habido un previsión efectiva de este, pues para la existencia de culpa, como lo afirma unánimemente toda la doctrina y la jurisprudencia, es suficiente la culpa inconciente o sin representación.

b) Lo trascendente en el tipo culposo es la relación determinante de la negligencia en la causación del resultado y no el mero proceso causal, pues en estos supuestos, la cadena causal es ajena al autor.
Concurso preventivo, quiebra, acuerdo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ERCOMI S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

No cuestionada la extemporaneidad de la agregación del acuerdo, la sentencia de quiebra dictada en las condiciones del artículo 43 Ley de Concursos deviene inapelable pues la propuesta tardía no puede ser presentada a la Junta.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Héctor s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Es erróneo sostener que el haber cesado la agresión ilegítima no obsta la concurrencia de exceso en la defensa (art. 35, C.P.).
Acción de amparo, cuestiones sometidas al Poder Judicial, caso concreto, partes del proceso, agravio concreto, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spisso, Rodolfo S. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

La existencia de un caso contencioso, esto es, de una controversia entre partes que afirmen y contradigan sus derechos, ha de ser provocada por parte legítima en la forma que prescriben las normas procesales respectivas, quedando excluidas las consultas y las peticiones de declaraciones generales.

La controversia así definida, no debe ser abstracta por carecer quien la promueve de un interés económico o jurídico que pueda ser eficazmente tutelado por el pronunciamiento a dictarse.

Se trata, además, de que la impugnación sea introducida por parte de quien demuestre la presencia de un perjuicio directo, real y concreto, actual o en ciernes. Por el contrario, un daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, sin que pueda fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la constitución y las leyes.
Jueces, nombramiento, procedimiento administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nazar, María Cristina y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

Aun cuando las amparistas sean juezas designadas, la ley 1086 pudo establecer válidamente una conformación de la primera instancia que no las incorporase de manera inmediata al fuero, cuya integración siempre se previó como gradual o paulatina.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ ROBERTO A. c/ MASSALINN PARTICULARES S.A. Y/O RESPONSABLE S/HORAS EXTRAS IMPAGAS, ETC. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-19

La aplicación del art. 122 del Código de rito, Ley 3.603 y modif., en tanto uso de una facultad jurisdiccional, no puede constituir -en principio- arbitrariedad alguna. A esos fines es que la ley procesal contempla -como válvula de escape del sistema- una excepción genérica al principio objetivo de la derrota dejando en manos del juez la evaluación de las circunstancias de cada caso concreto y la eximición en todo o en parte al trabajador vencido de cargar con las costas, cuando tenga la convicción de que se encontraba legitimado para accionar con derecho presunto y buena fe. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Injuria laboral, cambio de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANDA, MARIO c/ LA VELOZ DEL NORTE S.A s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-22

La conducta empresarial tiene encuadre en un típico caso de acoso laboral, figura que si bien no tiene acogida expresa en el texto de la ley, representa una incontestable violación a derechos fundamentales como la dignidad, el honor y el deber de no dañar, tutelados por los artículos 63, 68 y cctes. L.C.T., 1ro. ley 23592, 14, 14 bis, 16, 19, y 75 inc. 22 C.N.	En autos no se advierte un ejercicio razonable del poder de dirección y organización, que pudo manifestarse en el cambio de funciones del actor; sino más bien un proceder antijurídico que merece reproche, ya que aislarlo en una casilla (que por otra parte se encontraba localizada en el mismo ámbito en el cual desarrollaba su labor de jefe de más de cien personas), constituye una injuria de una gravedad que de ninguna manera puede consentir la prosecución del vínculo.	Siendo ello así corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su mérito hacer lugar a la indemnización de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T.; art. 2 ley 25323.
Autonomía municipal, facultades de la Municipalidad, Derecho administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cisterna, Oscar Anselmo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Cobro de pesos laboral -Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nro. 753 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

La ley 9286 debe aplicarse en el ámbito municipal sin necesidad de ninguna otra disposición, salvo, claro está, que la propia ley disponga lo contrario; y reconocer a las Municipalidades y Comunas la facultad de incorporar o no, mediante actos propios, normas provinciales, por sí mismas aplicables en ese ámbito a su ordenamiento constituiría una verdadera subversión institucional porque se desconocería, por una parte, el sistema de graduación jerárquica de las fuentes del Derecho Administrativo Provincial, y por otra, toda vez que algunos entes podrían asumir dichas normas y otros no, se produciría una anarquía normativa inaceptable.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, recurso in forma pauperis
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Balbi, Angel Antonio y otros s/ robo calificado -causa Nx 18.588-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Es de práctica considerar bien establecidas las peticiones informales presentadas por personas detenidas, como recursos extraordinarios in forma pauperis.
Allanamiento, excepciones procesales, legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Santa Fe, Provincia de s/ cobro de australes (cuota sindical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Frente al allanamiento formulado por la actora corresponde admitir la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada (art. 307 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Issler, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

El suceso que constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado-, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no hubiera ocurrido por su culpa.
Acto administrativo, irretroactividad, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S. A. de la C. E. de T. c/ C. E. de C. y V. L.. de T. s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-11

El principio de no retroactividad del acto administrativo constituye una consecuencia de la garantía genérica de no afectación de los derechos constitucionales que se han incorporado al patrimonio del administrado.
Medidas cautelares, embargo, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, presupuesto nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANELLS DE HERRERA MARIA ESTHER c/ CNAS s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

No es apropiado interpretar que el embargo materializado sobre algún crédito de la CNAS (en liquidación) implique una afectación de recursos del Estado Nacional (cfr. Sala I, Causa 6430 del 4.7.96).
Jubilaciones, funcionarios públicos, secretario de Estado, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, adicional por antigüedad, adicional por título
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fargosi, Horacio Pedro c/ ANSES s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-09

Resultan procedentes los agravios del jubilado -que se desempeñó como Secretario de Justicia- referidos a que la alzada omitió incorporar al haber un adicional y fijar intereses ya que aun cuando la bonificación por antigüedad y título fue creada con posterioridad a la fecha de otorgamiento del beneficio, el art. 4° de la ley 18.464, a la que remiten las leyes 20.572 y 21.121, disponía que el haber de la jubilación ordinaria sería equivalente al 85% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al cargo desempeñado al momento de la cesación definitiva en el servicio y no cabe duda alguna acerca del carácter salarial del adicional pretendido, teniendo en cuenta la definición de remuneración contenida en el art. 10 de la ley 18.037, aplicable según el art. 2° de la ley 18.464
Contratos, locación, contrato de servicios, precio, IVA, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Insmetan SRL c/ GNC Tortugas SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-15

En el marco de un contrato de locación de servicios, procede rechazar el reclamo concerniente al cobro de IVA sobre el monto adeudado. Ello por cuanto, si bien del presupuesto aprobado surgen menciones pre-impresas que dan cuenta de que los precios no contenían ese impuesto, ello no puede ser priorizado por sobre la inequívoca previsión contractual en la que se estableció que la demandada habría de abonar a la actora la "...suma total, única y definitiva...". Se incorporó de ese modo una previsión "particular" en los términos del CCCN 986, que debe desplazar la vigencia de aquella otra previsión destinada a regular la generalidad de las operaciones que la actora realizaba, dada la incompatibilidad que entre ambas existe y la necesidad de hacer prevalecer, en tal supuesto, la vigencia de la aludida cláusula particular.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dain, Laura Viviana c/ Kia Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-16

Procede rechazar el planteo de inconstitucionalidad del CCCN 730 -de redacción prácticamente idéntica al CCIV 505, con la modificación de la ley 24432-. Ello por cuanto, en el caso, lo expresado por el interesado en su memorial no constituye una correcta tacha de invalidez de la norma, ya que si bien esbozó la afectación de garantías constitucionales, no se ha demostrado al menos, planteo de entidad que justifique la declaración del Tribunal en el sentido solicitado. Véase que la norma atacada no importa una limitación a la fijación de los estipendios, sino a su cobro contra el condenado en costas (conf. López Mesa, M, "Sistema de Jurisprudencia Civil", T° I, pág. 673; Di Chiazza, "La regulación de honorarios. El artículo 505 del Código Civil y el rol de las normas locales"; LLLitoral, 2011 (abril), 247), es decir, al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios (del voto disidente del Dr. Fayt, considerando 4to, in re: "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires", del 12/9/96 Fallos: 319:1915), de modo que, de ninguna manera la limitación de las costas judiciales contemplada en la norma atacada, afecta la aplicación e interpretación de las normas que rigen el acto regulatorio, ni provoca reducción alguna en las regulaciones que se practiquen (conf. esta CNCom, Sala D, 29/09/09, "Ataliva Néstor c/ Budini Eduardo s/ ejecutivo").
Privación ilegal de la libertad, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Vergez, Héctor Pedro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-11

Corresponde desestimar los argumentos de la defensa que entendió que la posibilidad de incinerar archivos o comunicarse con compañeros de militancia daban por tierra con la privación ilegítima de la libertad de la víctima, toda vez que de los diversos testimonios se desprende que tanto ella como sus padres trataban de evitar la comunicación telefónica con los militantes por el temor fundado de entregarlos, y ello es más que claro, puesto que se ejercía una fuerte vigilancia sobre su domicilio y se recibía la visita del imputado con frecuencia.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUGHES TOOL COMPANY S.A.C.I.F.I. c/ ESTADO NACIONAL.  MINISTERIO DE ECONOMIA.  SECRETARIA DE INDUSTRIA. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al revocar lo resuelto en la instancia anterior, hizo lugar a la demanda de amparo, deducida con el objeto de obtener la suspensión de los efectos de una resolución de la Secretaría de Industria de la Nación. Ello así, pues sorteando las vías legales y mediante un procedimiento que aparece como insuficiente para tener una visión cabal del asunto, se ha tomado una decisión que incide en aspectos que hacen al poder administrador y que podría repercutir en posible menoscabo de la comunidad, máxime cuando todo daño que pudiera resultar de la actuación ilegítima de los órganos estatales quedaría cubierto con la solvencia del Estado.
Comisión Nacional de Valores, mercado de valores, caución bursátil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOWODORSKI MOISES c/ INTERCAPITAL SOC  DE BOLSA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

La caución bursátil constituye una operación que cabe dentro de la categoría de las operaciones de "pase" -también denominadas "de doble" o "reporto"-, que son operaciones a corto plazo por las cuales una persona -tomador o reportado- entrega en venta al contado a otra -colocador, inversor o reportante- valores negociables -generalmente, bonos del Tesoro, obligaciones negociables o acciones con cotización bursátil-, de contado, por el precio de mercado y simultáneamente y entre las mismas partes, se celebra una operación inversa de compra a plazo, de la misma especie de valores negociables e igual cantidad a un precio convenido. Al vencer el plazo de la operación -del negocio a plazo- la operación debe ser liquidada y en ese momento el reportado debe pagar el precio de venta de los títulos convenido en el contrato. En ese momento también se acreditan a cuenta de ese precio los créditos que durante el plazo hubieran surgido a favor del reportado, como consecuencia de haberse pagado dividendos o rentas. Al vencimiento de la operación, se debe restablecer la situación original, es decir, el reportante transferirá los títulos que había recibido -o similares- y el reportado entregará el precio convenido -más un plus que equivale a la tasa de interés vigente por el tiempo de la operación-, de manera que cada parte quedará como estaba al principio: el reportado con los títulos y el reportante con el dinero (conf. Villegas, Carlos Gilberto, "Contratos Mercantiles y Bancarios", edición del autor, Buenos Aires, 2005, T° II, páginas 939/940). Esta operación de crédito suele darse cuando el reportado está interesado en conseguir un préstamo de dinero y no desea desprenderse definitivamente de los títulos, quedando el premio en beneficio del reportador. Puede suceder también que este contrato sea en beneficio del reportador, quien pagará dinero para obtener provisionalmente acciones de una sociedad anónima que necesita para votar en una asamblea y, en tal caso, será él quien pagará para poder obtener los títulos (conf.

Bollini Shaw, Carlos - Goffan, Mario, "Operaciones Bursátiles y Extrabursátiles", Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1995, página 134).
Costas, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS c/ Perez Hugo Roberto y Otra s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-03

En el nuevo Código procesal, la perención de instancia admitida las actuaciones cumplidas en el proceso principal, genera costas por el orden causado (art. 72), mientras que en el incidente, es de aplicación el principio general: "las partes vencidas deben pagar todos los gastos de la contraria" (arts.72, 67 y 66).

En el Código anterior, la imposición de costas, tanto del principal como del incidente, se rige por el principio general (arts. 74 y 75).
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

En el caso, según surge de las pruebas fotográficas, el imputado ha colocado en la vereda varios objetos en ocasión del ejercicio de la venta ambulante, que se constituyen en obstáculos, circunstancia que dificulta el tránsito normal de los peatones. En consecuencia, no cabe más que desechar la aplicación de la legislación de faltas y declarar la competencia de esta Justicia Contravencional para entender en la presente.
Intereses, tasas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ORTEGA JOSE FELICITO EN J° 38.274/ 64.156 ORTEGA, JOSÉ FELICITO EN J° 61.390 TUPUNGATO S.A.C.I.F.I.A. (EXPTE. N° 88.165 ) s/ QUIEBRA S/ INC. DE REV. S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-29

La circunstancia que la Cámara Laboral declare inaplicable la tasa de interés de la ley 7198 no hace "resucitar" la derogada ley 3939
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, apreciación de la prueba, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: SILCA  S.R.L. c/ SEGBA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO    DE   CONTRATO  -  BENEFICIO  DE  LITIGAR  SIN  GASTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

del examen de las pruebas colectadas resulta la escasa rentabilidad de las actividades comerciales desempeñadas por la actora, y que ella fue la causa determinante de las pérdidas que arrojaron algunos períodos, con lo que queda configurada una situación económica que, si bien no resulta asimilable a la cesación de pagos, al menos acredita la concurrencia de extremos que tornan procedente concederle el beneficio en lo relativo a las sumas que deba abonar en concepto de tasa de justicia, no cabiendo predicar lo propio respecto de los honorarios judiciales, desde que no se halla en juego la posibilidad de acceder a la justicia y la solución negativa solo conduciría a que el litigante quede sometido, como cualquier otro, a las contingencias del resultado del pleito.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, facultades del fiscal, legitimación procesal, ofrecimiento de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

De modo genérico, a través del artículo 30.5 de su Reglamento se establece que es una facultad de la FIA la de "intervenir en causas judiciales, cualquiera hubiera sido la vía de inicio de éstas, proponiendo medidas de prueba y sugiriendo cursos de acción". De un modo más específico, y en ocasión de definir la participación de la FIA en causas penales, el artículo 45.1. establece que ésta "...podrá tener en el marco de las causas judiciales contra funcionarios públicos -cualquiera hubiere sido la vía de inicio de las actuaciones- los tipos de participación que a continuación se listan: 45.1.1. Intervención en proceso penal: en cuyo caso, contará con funciones concurrentes con las del fiscal de la causa, pudiendo solicitar medidas de prueba y sugerir cursos de acción. 45.1.2. Coadyuvante en proceso penal: en cuyo caso actuará junto con el fiscal de la causa, definiendo de consuno la estrategia de intervención". De modo consecuente con estas disposiciones, el Reglamento faculta a la FIA a realizar tareas de seguimiento de las causas, con el objeto de evaluar -entre otras cosas- la conveniencia o necesidad de sugerir medidas de prueba o cursos de acción (ver artículo 45.1.3.).Por otro lado, con relación a la participación de la FIA como parte acusadora (punto c. ii), entiende este Tribunal que tal prerrogativa puede extenderse, en la medida en que se den las condiciones legalmente requeridas para ello, a toda causa penal -prescindiendo de su forma de inicio-.En efecto, el hecho de que esta facultad se encuentre contemplada en la misma norma que establece el deber de la FIA de efectuar las denuncias señaladas en el punto a. (artículo 45 inc. "c" de la LOMP) no es un motivo válido para suponer que el ejercicio de esta potestad se encuentra limitado sólo a aquellas causas que se hayan iniciado como producto de una denuncia efectuada por la misma FIA.