Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-04-22


La Plata, abril 22 de 2009.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? La doctora Kogan dijo:

1. La Cámara de Apelación confirmó, en lo principal, la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por Nanci Ethel Bissio de Vigil y Pablo Alberto Vigil contra Concesionaria Vial del Sur S.A. y la citada en garantía "Sud América Seguros de Vida y Patrimoniales S.A." -hoy I.A.B. Cía. de Seguros S.A.-, modificando el monto de condena (fs. 855/865 vta.).

Para así decidir, en lo que interesa destacar, consideró que el vínculo entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es contractual de derecho privado, que hace nacer una obligación objetiva de seguridad de resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al usuario con el concesionario vial en una típica relación de consumo.

A partir de dicha premisa, entendió que si bien Covisur S.A. había enviado un escrito a la delegación de la Dirección de Vialidad de la Provincia, solicitando que se adoptaran las medidas para evitar o disminuir la presencia de animales sueltos en la ruta, ello ocurrió el 19 de enero de 1993, es decir, un año antes del hecho, plazo durante el cual se despreocupó de controlar si efectivamente las medidas de seguridad se habían implementado.

Por último, señaló que de la pericia contable efectuada en los libros de la citada en garantía, se evidencia la cobertura de siniestros por embestida de animales ocurridas con posterioridad a las notas efectuadas al organismo mencionado.

2. Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, 12 y 171 de la Constitución provincial, 1068, 1113 segundo párrafo y 1124 del Código Civil, 163 inc. 5, 164, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, y la consecuente doctrina legal de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia nacional, con configuración del supuesto de absurdo (fs. 874/886).

En síntesis, aduce que es inadecuado encuadrar la relación entre el concesionario y el usuario del corredor vial en el ámbito contractual, y como de consumo; y que la responsabilidad derivada de dicho vínculo nazca del incumplimiento de la obligación de seguridad.

En este sentido sostiene que la responsabilidad del concesionario es extracontractual en función de la naturaleza jurídica del contrato de concesión de obra pública por peaje.

También alega que la ley 24.240 no es aplicable pues el art. 1 de tal ordenamiento circunscribe su objeto a las personas físicas o jurídicas que hubieran formalizado un contrato. A su criterio Covisur no está vinculada convencionalmente con quien circula por la autovía Buenos Aires-Mar del Plata. También controvierte la aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional por no existir una relación de consumo ya que el peaje no genera más derechos al usuario que los que podría otorgar un tributo.

Desde otro ángulo, arguye la absurda y arbitraria valoración de las obligaciones cumplidas por Covisur.

Asevera que la aparición intempestiva de animales en la zona de camino es un hecho imprevisible para su mandante, y que por sus características debe ser encuadrado en el supuesto de caso fortuito, previsto en el art. 514 del Código Civil.

En todo caso el responsable de los daños causados por el equino es exclusivamente su dueño o guardián: en la presente causa el codemandado Moreira, contra quién se desistió del proceso.

Al respecto trae a colación el art. 15 del Código Rural provincial, que establece la obligación de cercar todo el establecimiento; y el art. 19 que dispone el deber del propietario del fundo frentista de mantener los cercos divisorios en buen estado y repararlos en caso de deterioro o destrucción, siendo las autoridades sobre quienes recae el contralor de tales obligaciones -indelegables por el Estado- la Policía y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de ello infiere que las obligaciones endilgadas por la Cámara no fueron asumidas por Covisur S.A.

3. El recurso no puede prosperar.

a. En principio es dable señalar que la doctrina legal, para los efectos del recurso de inaplicabilidad, no es otra que la emanada de los fallos de esta Corte (cfr. Ac. 75.633, sent. del 12-VII-2000; Ac. 76.128, sent. del 15-V-2002; Ac. 92.951, sent. del 9-XI-2005; Ac. 90.063, sent. del 23-XI-2005).

En efecto, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.

De allí que la denuncia efectuada por el recurrente en los puntos III.b) y V sea incorrecta, sin perjuicio de las consideraciones que a continuación expondré (v. fs. 874 vta., 876 vta. y 884).

b. Sentado ello, corresponde abocarse a los agravios traídos por el recurrente.

Hasta no hace mucho tiempo, la Corte nacional entendía, sin variaciones de relevancia, que el Estado y las concesionarias viales no eran responsables por los daños derivados de accidentes de tránsito ocurridos por animales sueltos en la ruta (conf. C.S.J.N., Fallos 312:2138, in re "Ruiz, Mirtha E. y otros c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", sent. del 7-XI-1989; Fallos, 317:1104, in re "Bertinat, Pablo J. y otros c/Provincia de Buenos Aires y otro s/daños y perjuicios", sent. del 20-III-2000; Fallos, 323:318, in re "Colavita, S. y otro c/Provincia de Buenos Aires y otros", sent. del 7-V-2000; entre otras).

El fundamento estaba dado en que el ejercicio del poder de policía de seguridad, que corresponde al Estado, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos puede llegar a involucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.

La omisión de custodia de las rutas provinciales, se decía, no lo hace responsable de los daños y perjuicios causados por un animal suelto en el camino, del que no es propietaria ni guardadora (art. 1124, Cód. Civil).

En cuanto a la responsabilidad de los concesionarios, quienes en términos genéricos se encuentran obligados a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidades a los usuarios, debía interpretarse en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario en orden a la remodelación, conservación y explotación del corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario.

A partir de ello entendía, una vez descartada la responsabilidad del Estado, que tampoco se podía atribuir esa obligación a la concesionaria vial, puesto que ésta no puede asumir frente al usuario -por la delegación de funciones propias de la concesión- derechos o deberes mayores a los que correspondían al ente concedente, conclusión válida -decía la Corte Federal- si se advierte que las funciones de policía de seguridad y policía de tránsito deben ser ejercidas por la autoridad pública.

De este modo, concluía, que no era admisible extender la responsabilidad del concesionario más allá de las obligaciones inherentes al estado mismo de la ruta, ni exigirle el control de los alambrados linderos a la traza, ya que el reglamento de explotación impone a los propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar las medidas tendientes a impedir la presencia de animales sueltos en la zona del camino, y los erige en responsables de todos los gastos que ocasione su retiro y de los daños que pudieran causar.

Empero, en un posterior pronunciamiento (in re "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra c/Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios", causa B.606.XXVI, sent. del 7-XI-2006), el máximo Tribunal -en su actual composición- modificó su postura.

En efecto, la Corte federal estableció que la relación jurídica entre el concesionario y el usuario debe ser encuadrada como de "consumo", con apoyo en el art. 33 de la Constitución nacional, más allá que a la fecha del accidente de tránsito (11-II-1991) la ley 24.240 y sus modificatorias no habían sido sancionadas (v. resultando I y considerando 3, fallo cit.).

En este sentido indicó que en el derecho vigente, a la época de acaecer el evento dañoso, el vínculo era de índole contractual, regulado por el Código Civil, porque la relación entre el concesionario y el usuario es diferente a la que tiene el primero con el Estado. La obligación que asume aquél consiste en dar un servicio, cuya prestación principal consiste en el mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, como deber colateral, con fundamento en la buena fe, el de seguridad, de origen legal e integrado en la relación convencional, que obliga a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta, en tanto sean previsibles según las circunstancias de cada caso (art. 902, Cód. Civil; consid. 4, fallo cit.).

Dijo también que en el supuesto particular de accidentes acaecidos en ocasión del paso de animales por rutas concesionadas es un hecho previsible. Además, resulta verificable con facilidad que el prestador del servicio es quien se halla en mejor posición para recolectar información de los animales y sus riesgos, con relación al usuario, quien se encuentra en una posición desventajosa para obtener esa clase de datos. Por eso es claro que la carga de transmitir la información de un modo oportuno y eficaz pesa sobre el prestador. Por otro lado, en la generalidad de los casos, el deber específico de adoptar las medidas de prevención se encuentra contemplado en el reglamento de explotación (consid. 5).

Finalmente, determinó que la responsabilidad de la concesionaria tiene fundamento en la "previsibilidad", de acuerdo con las disposiciones contenidas en los arts. 512 y 902 del Código Civil (considerandos 4 a 7, fallo cit.).

c. Este criterio, que comparto y considero aplicable en la especie ya ha sido sustentado por el Tribunal que integro (conf. C. 79.549, sent. del 22-XII-2008) y permite tener por no acreditadas las infracciones alegadas por la demandada (art. 279, C.P.C.C.), con el argumento adicional que, a diferencia del caso fallado por el alto Tribunal, en el presente resultan aplicables la Ley de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, puesto que el hecho ocurrió el 11 de abril de 1994 (arts. 2 y 3, Cód. Civil).

d. Así resuelta la cuestión referida a la naturaleza y procedencia de la responsabilidad de la concesionaria, resta examinar si el recurrente ha demostrado el supuesto excepcional de absurdo, tal como fuera denunciado ab initio del escrito (v. fs. 874 vta.; art. 279, C.P.C.C.; conf. consid. 5 in fine, 6 y 7, fallo "Bianchi" cit.).

De la lectura detenida de los fundamentos del recurso no se advierte que el impugnante haya desarrollado el agravio mencionado, sino -únicamente- los referidos a la naturaleza de la relación entre la concesionaria y el usuario; la inaplicabilidad del estatuto de defensa del consumidor; la valoración de las obligaciones asumidas por Covisur S.A.; y la responsabilidad del dueño del animal suelto, del fundo rural vecino y del Estado (fs. 875 vta./885), mas no las circunstancias particulares tenidas en cuenta por la alzada, lo que sella la suerte adversa del recurso (art. 279, C.P.C.C.).

Al respecto, tiene resuelto este Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la existencia de absurdo, sin demostrarlo acabadamente (conf. Ac. 33.463, sent. del 21-XII-1984; Ac. 34.527, sent. del 2-VII-1985 en "Acuerdos y Sentencias", 1985-II-176; Ac. 52.781, sent. del 28-III-1995; Ac. 78.602, sent. del 3-III-2004; Ac. 91.609, sent. del 13-XII-2006).

Por consiguiente, no habiendo dado las razones en que sustenta el error incurrido por la sentencia impugnada (fs. 874 vta.), como así tampoco no ha controvertido los fundamentos fácticos en que motiva la decisión el juzgador (v. fs. 859/860), este agravio también debe ser desestimado.

4. Por ello, no demostradas las infracciones legales y el absurdo argüido, propongo rechazar el recurso, con costas (arts. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). El depósito previo de $ 25.000, efectuado a fs. 888, queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).- Hilda Kogan.- Luis Esteban Genoud.- Eduardo Julio Pettigiani.- Eduardo Néstor de Lázzari