Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-01


Esquel, 1º de agosto de 2007.- VISTO:

El recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. H. B. contra las Ordenanzas N° 09/07 y N° 16/07 sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo; y- CONSIDERANDO:

1. Que, con motivo haberse llamado "autos para resolver" la medida de no innovar que tramita por cuerda separada como Expte. N° 115/07 CANO (ver fs. 34 del referido incidente), el pleno de este Cuerpo toma conocimiento del trámite impreso por Presidencia a la demanda principal.----- 2. Que este Tribunal en pleno advierte que correspondía analizar la admisibilidad de aquélla en virtud de la normativa prevista por los arts. 127 a 133 de la Ley N° 3.098.

3. Gobierno Municipal Autónomo y Republicano. Que puesto este Tribunal en tal tarea, resulta indispensable recordar que el art. 224 de la Constitución Provincial de 1994 -posterior a la Ley N° 3.098 de Corporaciones Municipales, B.O. 27/7/88- dispone que: "Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma"; y que, en lo pertinente, el art. 229 expresa: "La ley orgánica de municipios y las cartas que se dicten las municipalidades deben asegurar los principios del régimen democrático, representativo y republicano... En toda municipalidad hay un cuerpo deliberativo y un departamento ejecutivo..." (la cursiva corresponde a esta Alzada).--- Es decir que el Título II -"Gobierno Municipal"- de la Parte Segunda -"Autoridades de la Provincia"- de la Constitución del Chubut, al que pertenecen las normas trascriptas, reconoce al Gobierno Municipal como autónomo y no sólo como un mero ente administrador (cfr. HEREDIA, José Raúl, La reforma en la Provincia del Chubut, p. 346, Centro de Estudio e Investigaciones Patagónico, Chubut, 1995).--- De manera tal que, por vía constitucional y de un mejor modo que la reforma nacional de 1994, la Provincia del Chubut viene a superar la doctrina de la "autarquía municipal", sostenida férreamente por Miguel S. MARIENHOFF, y el viejo criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entendía que: "Las municipalidades no son las entidades autonómicas base del gobierno representativo republicano federal"; y que: "Las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos que la Constitución ha previsto como entidades del régimen provincial y sujetas a su propia legislación" (MARIENHOFF, Miguel S., La supuesta autonomía municipal, LA LEY, 22/5/90. Para el autor "las municipalidades no son autónomas, sino simplemente autárquicas". En igual sentido, CSJN: Gilda Labella de Corso y otros c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sentencia del 23/10/42; Ambros-Palmegiani S.A. y Gennaro y Fernández S.A., sentencia del 1/4/86, JA, 1987-I, 669). Cabe hacer notar que hacia fines de los años ochenta, esto es, antes de los procesos de reforma constitucional nacional y provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el resonado caso "Martínez Galván de Rivademar c. Municipalidad de Rosario", ya había revisado su anacrónica doctrina y reconocido la autonomía de los municipios, expresando: "mal se avienen con el concepto de autarquía diversos caracteres de los municipios... el origen constitucional..., la existencia de una base sociológica constituida por la población de la Comuna..., la imposibilidad de sus supresión o desaparición..., el carácter de legislación local de las ordenanzas municipales..." (CSJN: Fallos, 114:282; JA, 1989-II, 616; LL, 1989-C, 49, en especial ver el considerando n° 8 del fallo citado).-- 4. Órganos y funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Que en este contexto, la organización del gobierno municipal sobre la base de un régimen republicano importa el reparto de órganos y funciones dentro de la tríada que las constituciones formales integran con las denominaciones de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial (cfr. BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. II, p. 17, EDIAR, Buenos Aires, 1993).--- Ahora bien, esta "división de poderes" obviamente implica una zona de reserva con competencias propias y exclusivas de cada uno de los órganos que la componen. Hay así: a) una zona de reserva del órgano legislador: la legislación; b) una zona de reserva del órgano administrador: la administración; y c) una zona de reserva del órgano juzgador: la jurisdicción (cfr. BIDART CAMPOS, op. et loc. cit., p. 24).--- Es pertinente aclarar, sin embargo, que la doctrina de la división de poderes no implica que cada uno de los órganos sólo pueda cumplir las funciones que le son específicas, sino que, excepcionalmente, pueden cumplir las de otros órganos dentro de su propio ámbito organizativo interno (cfr. BIDART CAMPOS, op. et loc. cit., p. 27).---- 5. Naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales. Que sentado lo precedente, siguiendo a LAMOGLIA, esta Alzada entiende que: "La potestad normativa en el ámbito municipal encuentra su mayor expresión en las ordenanzas que de acuerdo a un procedimiento legal para su nacimiento, reglan distintas actividades de la vida comunal" (LAMOGLIA, Carlos M., Las ordenanzas municipales. Su naturaleza jurídica en la Provincia de Buenos Aires, LLBA 2001, 997).--- Es que, como bien lo señala BIDART CAMPOS: "el poder municipal no es ni el poder de la provincia ni el poder del estado federal; es el poder político de una entidad pública distinta de ambos; por eso, en su ámbito propio puede investir potestad legisferante sin invadir áreas ajenas" (BIDART CAMPOS, Germán J., Derecho Constitucional del Poder, p. 544 y s., EDIAR, Buenos Aires, 1967. En igual sentido: H.., Antonio (h), Derecho Municipal, v. I, p. 26, Depalma, Buenos Aires; y Z., Ri. M., Teoría y Práctica del Derecho Municipal, p. 46, Depalma, Buenos Aires, 1986). La naturaleza legislativa de las ordenanzas municipales ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "P. S.R.L. c. Municipalidad de San Isidro", en el que al hacer suyo el dictamen de la Procuradora de la Corte, Graciela REIRIZ, ha caracterizado a las ordenanzas como actos normativos de sustancia legislativa: "la ordenanza es como la ley, una 'expresión soberana' de la voluntad popular" (CSJN, JA, 1989-IV, 120).-- En suma, como lo expresa LAMOGLIA con cita de Alejandro USLENGHI: "Las ordenanzas serán leyes de segundo de grado, pero prevalecen a los demás actos emanados del municipio, a saber los reglamentos y los actos administrativos" (LAMOGLIA, op. et loc. cit.).----- Ergo, de tal circunstancia resultan las siguientes conclusiones: 1°) las ordenanzas municipales tienen un régimen distinto al de los reglamentos y similar al de las leyes; 2°) el reglamento se subordina a las ordenanzas; 3°) es inadmisible recurrir a la derogación particular de una ordenanza por otro acto particular; 4°) la legitimidad se rige por los principios propios de las leyes; y 5°) lo más importante para este caso, el régimen de impugnación no podrá ser otro que el correspondiente a las leyes, excluyéndose las reglas que regulan el procedimiento administrativo propio de los actos administrativos o de los reglamentos (cfr. LAMOGLIA, op. et loc. cit.).--- 6. Sentada la premisa mayor del silogismo sentencial, las Ordenanzas N° 09/07 y N° 16/07 sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo, en su condición de actos formalmente legislativos -no administrativos- emanados del órgano deliberativo municipal, no son impugnables (arts. 128, inc. "a", y 129, inc. "b", Ley N° 3.098) por la vía del recurso contencioso administrativo regulado en los arts. 127 a 133 de la Ley N° 3.098.---- Adviértase, por lo demás y a los fines de disipar cualquier duda, que el art. 130 de la Ley de Corporaciones Municipales, al prever el reclamo administrativo ante el Concejo Deliberante, no se refiere a una "ordenanza" sino a una "resolución", naturalmente de carácter administrativo, que el Concejo Deliberante puede dictar en su ámbito organizativo interno (v. gr., nombramiento, ascenso, traslado o exoneración de un empleado), según ya se aclarara en el último párrafo del considerando n° 4.---- Una interpretación distinta, indudablemente implicaría violentar el régimen republicano sobre el cual el Gobierno Municipal ha sido organizado por la Constitución del Chubut.-- 7. Que, por lo tanto, resultando manifiestamente inadmisible el recurso contencioso administrativo intentado (arts. 128, inc. "a", y 129, inc. "b", Ley N° 3.098), corresponde revocar por contrario imperio el curso procesal otorgado por Presidencia a la acción y rechazar in limine litis la demanda (arts. 34, inc 5°; 238; 273; y 337 del CPCC, aplicables por remisión del art. 132 de la Ley N° 3.098). En este sentido, FENOCHIETTO expresa: "En el umbral del proceso (in limine litis), los jueces podrán rechazar la demanda, sin necesidad de excepción del accionado. La resolución debe ser fundada, explicitando el defecto que contenga" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 346, Astrea, Buenos Aires, 1999).-- 8. Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, la actuación profesional del letrado J. J. R. M. es evidentemente inoficiosa y por lo tanto no genera honorarios a favor del referido abogado (art. 3 del Dcto. Ley N° 2.200).- -Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,- R E S U E L V E 1º) REVOCAR, por contrario imperio, los párrafos segundo y tercero de la providencia de fecha 8 de junio de 2007, en cuanto da trámite procesal al recurso contencioso administrativo intentado (fs. 33).-- 2°) ACUMULAR a la presente causa el incidente que tramita por separado identificado como Expte. N° 115/07 CANO.-- 3°) RECHAZAR, por manifiestamente inadmisible, el recurso contencioso administrativo interpuesto a fs. 29/32 contra las Ordenanzas N° 09/07 y N° 16/07 sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo; y, consecuentemente, no hacer lugar a la medida de no innovar solicitada en el acápite IV del referido recurso.-- 4º) REGÍSTRESE, notifíquese y archívese.-- JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 138 DEL AÑO 2007. CONSTE.-Norma Marrero Secretaria.