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Quiebra, incidente de revisión, buena fe, boleto de compraventa, oponibilidad a terceros, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Construcciones Potosí 4013 SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por: bartocci, stella maris
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El derecho reconocido al comprador de buena fe por boleto en el caso de concurso o quiebra del deudor, no obsta a la oponibilidad a su respecto del crédito reconocido al acreedor hipotecario con el privilegio especial previsto en la LCQ 241-4°. Del mismo modo cabrá razonar frente a los supuestos en los que el boleto de compraventa se hubiera suscripto con anterioridad a la inscripción de la hipoteca, si la posesión de la o las unidades cuya escrituración se pretende ocurrió en fecha posterior a la inscripción de la garantía. Es que aun frente a la hipótesis de que los boletos de compraventa tuvieran fecha cierta (muchos de ellos, en el caso, no la tienen), la ausencia de inscripción registral y de publicidad posesoria obstan para reconocer en cabeza de sus titulares un mejor derecho que el que detenta el acreedor hipotecario que se vinculó con el titular dominial -salvo que acrediten que este último tenía efectivo conocimiento de las ventas-, derivándose de ello la oponibilidad del gravamen (CNCom, Sala A, Expte. N° 14631/2016/109 "Construcciones Potosí 4013 SA s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión de Crédito por La Grotta, Emilia Ofelia y Otro", 28/06/23). Ese será el razonamiento a seguir en este caso, tanto frente a las pretensiones de hacer valer la hipoteca como elemento que enerve la buena fe de los adquirentes por boleto, como para descartar la existencia de un mejor derecho de estos últimos, respecto de los acreedores con garantía real. Es por ello que, con independencia de la finalidad fraudulenta que se pueda atribuir al presidente de la fallida, al tiempo de constituir los gravámenes, estima el Tribunal que no puede predicarse lo mismo, sin más, respecto de los acreedores hipotecarios, ni cabe prescindir de la constitución de esos negocios jurídicos y de las consecuencias que se derivan de ellos, sin un debido juicio sobre el caso.
Admisibilidad del recurso, pedido de quiebra, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Costa, Sergio Alejandro le pide la quiebra HSBC Bank Argentina SA  c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Procede conceder el recurso de queja deducido contra la resolución que desestimó las defensas articulada por el presunto fallido -apelante- que con motivo de la citación prevista por la LCQ 84, había interpuesto el emplazado, puesto que la referida decisión es susceptible de generar un gravamen irreparable.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, personas privadas de la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Pagliero, Alberto José c/  s/ apelación defensa resolución de fecha 01.03.2023 (ejecución de pena)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Las alegaciones que efectúa la presentante en su memorial recursivo -concretamente, que el término máximo de pena que había sido señalado por el Juez de primera instancia era inferior al que surge del razonamiento de la Alzada- no logran poner en evidencia de qué manera se vería afectada la garantía de no reformatio in peius que invoca y, consecuentemente, dónde radicaría el exceso en la competencia funcional de la Alzada, pues, como ya se vio, la Cámara se limitó a desestimar los agravios de la Defensa -arbitrariedad por falta de debida fundamentación y errónea interpretación del A quo respecto del cómputo de los plazos legales para la incorporación del condenado a diversas etapas de progresividad y para denegar su petición de vencimiento de pena- y a confirmar el rechazo dispuesto, con fundamento en la normativa aplicable al caso y especial apoyo en las constancias de la causa, sin que se verifique con ello un agravamiento de la situación legal del condenado, a fin de tornar operativo el principio constitucional que entiende lesionado; y tales consideraciones podrán ser compartidas o no por la impugnante, pero lo cierto es que no logra demostrar que lo decidido sea una respuesta arbitraria dentro de los límites que impone el derecho aplicable -ni persuadir a esta Corte de la lesión a los principios constitucionales que invoca-, por lo que sus planteos no habilitan la apertura de esta instancia de excepción. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, recomendaciones de organismos internacionales, Comité de los Derechos del Niño, obligaciones internacionales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interdependencia de los derechos humanos, universalidad de los derechos humanos, indivisibilidad de los derechos humanos, control de convencionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Siempre que se encuentren involucrados menores la solución debe guiarse por el interés superior del niño -artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño-, siendo necesario resaltar lo dispuesto por el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño en su Observación General No 14 donde indicó que para que su superior interés sea una consideración primordial debe atenderse al carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de sus derechos, a las obligaciones estatales asumidas en el marco de lo que la Convención consagra y atender a los efectos que a corto, medio y largo plazo tienen las medidas adoptadas en relación a su desarrollo.
Despido, ley de contrato de trabajo, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Terrado, Julio Fernando  c/ Securitas Buenos Aires, S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Si bien el actor se desempeñó como gerente comercial y director comercial de dos sociedades anónimas que formaban un conjunto económico, y que por su posición de trabajo manejaba clientes, tenía un equipo de ventas, aportaba clientes nuevos, organizaba seminarios, congresos y reuniones de trabajo, beneficiaba a las empresas accionadas, ello no implica la existencia de una empresa propia o que refleje una posición de profesional independiente dentro de las empresas accionadas. Así entonces, a la relación laboral habida entre el accionante y el grupo empresario cabe aplicar la Ley de Contrato de Trabajo, y ante la ausencia de registración se verifica objetivamente la configuración del supuesto de evasión de normas laborales que torna aplicable lo dispuesto en el art. 31 de la LCT.
Prescripción, plazo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

El primer efecto del procedimiento de impugnación sobre la prescripción es que su curso se interrumpe cuando quien alega ser titular de un interés jurídicamente tutelado inicia un reclamo o recurso -según corresponda- tendente a obtener la reparación de su situación jurídica subjetiva, pero a fin de dilucidar hasta cuándo se mantiene el efecto de dicha interrupción es necesario recordar que el procedimiento administrativo no es asimilable al juicio a que se aludía en el Código Civil, ni tampoco al proceso referido en el Código Civil y Comercial (v. art. 2547), de lo que se extrae que los efectos del procedimiento administrativo sobre la prescripción no pueden extenderse, al menos incondicionalmente, hasta el dictado del acto que le ponga término; por ende, para que sí se prolonguen los efectos interruptivos del procedimiento de que se trate resulta necesario que se mantenga activo el desarrollo del procedimiento administrativo, es decir que el trámite no se paralice por un lapso equivalente al del plazo de prescripción aplicable, atento a que la conclusión que más armoniza con la tutela administrativa efectiva es que las instancias, dictámenes y actos administrativos que se produzcan durante el procedimiento conserven la interrupción del curso de la prescripción, la cual, si esa tramitación se verifica, operará hasta que la Administración dicte un acto poniendo fin al procedimiento de que se trate, satisfaciendo así, además, el derecho a obtener una resolución expresa que titularizan los particulares. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJStaFe: Tolosa, AyS T 96, p 389.
Medidas cautelares, entidades deportivas, sociedad anónima, interés público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación del Fútbol Argentino c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-02

Cualquier persona humana que haya transitado la vida de un club deportivo y social, en cualquiera de sus dimensiones económicas -incluyendo la gratuidad-, no puede negar la importancia trascendental que ha significado para su formación física, moral y ética, lo que se traduce innegablemente en el fortalecimiento de una vida digna y saludable. Por ello, en cuanto a la conceptualización del colectivo a proteger, en el caso de la introducción de las sociedades anónimas deportivas no se halla comprometido interés público del Estado Nacional, sino que, por el contrario, en razón de decisiones que acompañan la política deportiva del Estado Nacional, existen indicios serios que el ingreso estas sociedades para competir con las asociaciones sin fines de lucro, persiguen la satisfacción de intereses comerciales privados propios del libre mercado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar c/ Richardson, Alfredo Julián s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En lo que hace a la falta de notificación por cédula del decreto que dispuso la reanudación de los términos, la compareciente se empeña en sostener que no había términos corriendo durante el período en cuestión, siendo necesario el envío de una cédula o la notificación personal de las partes para que se reanude la actividad jurisdiccional, mas sin conseguir desmerecer desde un plano constitucional la solución adoptada, desde que la inactividad por la que atravesó el expediente advertida por los judicantes es confirmada por los dichos de la presentante en su memorial recursivo, sin que alcance con lo alegado en punto a ello a otorgar un argumento razonable que justifique su pasividad procesal; y es sabido que son las partes las que cargan con el impulso del proceso y que quedan relevadas de dicha carga procesal únicamente cuando al Tribunal le concierne dictar una resolución o pronunciamiento específico, instado por las partes, lo que no acaece en la especie. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos 317:369; 324:160; CSJStaFe: AyS T 256, p 103.
Denegatoria del recurso, quiebra, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Arca Distribuciones SA  c/  s/ quiebra s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-02

Cabe rechazar la queja. Ello por cuanto, el levantamiento decidido lo fue en los términos de la LCQ 96. De ello se sigue que la resolución que hace lugar al levantamiento sin trámite de la quiebra resulta inapelable (conf. Rouillon Adolfo A. N., "Régimen de Concursos y Quiebras", pág. 211, Graziabile, Darío J. "Instituciones de Derecho Concursar, T. IV, pág. 449). En efecto, únicamente es apelable la sentencia denegatoria del levantamiento sin trámite, por lo tanto la sentencia favorable no es recurrible (Cámara, Héctor "El concurso preventivo y la quiebra", T. III, pág. 460). Disidencia del Dr. Kolliker Frers.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Muresco SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

El pago de la tasa de justicia en los procesos concursales debe efectuarse al notificarse el auto de homologación del acuerdo, pues así lo dispone expresamente la ley 23898: 9-b), (conf. CNCom, Sala D, in re "Plavinil Argentina SAIyC s/ concurso preventivo", del 18/09/14; entre otros), sin que exista base positiva que imponga aguardar a la conclusión del trámite concursal para requerir la integración de la gabela.
Descarte de embriones, criopreservación de embriones, aplicación analógica de la ley, interrupción del embarazo
Materia: CIVIL
Carátula: P. P., A. y otro c/ W. (C- D. I. B. A. S.A.) s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

Si bien en nuestro régimen legal no existe ninguna norma que establezca en forma clara cuál es el estatus jurídico del embrión crioconservado y cómo debe protegerse, a partir del dictado de la Ley 27.610, que permite la interrupción de un embarazo hasta la semana 14, la norma puede aplicarse por analogía al caso y, en consecuencia, no existe impedimento para hacer lugar la interrupción de la criopreservación del embrión solicitada por los actores, puesto que con una solución contraria se llegaría al absurdo de que un embrión crioconservado tendría mayor protección que uno implantado en forma espontánea o natural.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la Cámara omitió considerar que el trámite en sede administrativa se mantuvo activo con posterioridad al momento tomado como referencia en la sentencia impugnada para contabilizar nuevamente el plazo de prescripción, dado que -a partir del reclamo de la actora en la instancia administrativa- se sucedieron una serie de actos procedimentales con virtualidad suficiente para conservar los efectos interruptivos de la prescripción (pedido de pronto despacho y posteriores gestiones); mas en el caso, aun considerando que la demanda de pobreza fue interpuesta por la actora antes del fenecimiento del plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios, ésta se hallaría prescripta de todos modos, lo que resta gravamen al recurso. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, thema decidendum, sentencia firme, indemnización, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cardoso, Raúl Ernesto c/ Papelera San Juan S.R.L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

La interesada se conforma con plantear su mero disenso, aunque sin indicar cómo lo resuelto se apartaría de las constancias y de los términos de la litis, tal como ésta habría sido planteada por las partes mismas y resuelta por el Juez mediante decisión que adquirió el carácter de cosa juzgada, desde que la compareciente no niega haber consentido el decisorio de fondo, en donde se determinaron las pautas indemnizatorias a aplicar para calcular el crédito de condena y conforme a las cuales se ordenó ahora ajustarse la liquidación sino, por el contrario, la impugnante pretende dejar de lado aquellos parámetros de cálculo, los que quedaron firmes, y aplicar otros diferentes en su favor. No obstante ello, no resultan atendibles en esta instancia extraordinaria los planteos relacionados con los parámetros indemnizatorios que fueron consentidos por la propia accionante, toda vez que de las constancias acompañadas no surge que la cuestión haya sido objeto de anterior alegación ni, por ende, de debate por las partes y de estudio y decisión por los jueces ordinarios de la causa, la cuestión se trataría de una reflexión tardía que no puede tener acogida. - CSJN: Fallos 324:2268; 329:3235; 335:686; 339:1463; 342:744; CSJStaFe: AyS T 215, p 433; T 260, p 273; T 268, p 412; T 295, p 200; T 305, p 262.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PAMPA, procedencia parcial, derecho al recurso, jurisprudencia aplicable, fallos de la Corte Suprema, derechos y obligaciones de los padres, educación primaria, educación obligatoria, garantía de la doble instancia, revocación de sentencia, educación presencial, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: F., M. T.; C., G. H. c/  s/ MPF impugna absolución
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2024-08-22

Cabe admitir el recurso de impugnación deducido por la fiscalía en el marco de los artículos 387 y 390 del ordenamiento procesal pampeano, contra la absolución dispuesta por el a quo en favor de los padres a quienes se les imputó incumplimiento de obligaciones legales de asistencia y descuido en la educación de su hijo -sanciones previstas en el artículo 120 del código contravencional provincial-, por no llevarlo a la escuela primaria durante tres años consecutivos, pues atento lo establecido por la Corte Suprema nacional debe habilitarse siempre una revisión amplia y extensa de lo dispuesto en la instancia anterior.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, accidente de tránsito, relación de causalidad, falta de prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Guzmán, Mónica Andrea y otros c/ Ferreyra, Roberto Jorge y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Los impugnantes plantean arbitrariedad fáctica en lo resuelto por soslayar la eficacia probatoria de las conclusiones del dictamen pericial en orden a determinar la causa adecuada del siniestro, como así también, por violar el principio de congruencia y, consecuentemente, la garantía de defensa, al condenar en un expediente a indemnizar a una persona que no fue demandada, pero lo cierto es que sus postulaciones no logran desvirtuar la razonabilidad de los argumentos brindados por la Alzada en la valoración y apreciación de las pruebas de autos en el marco de la responsabilidad objetiva sobre la cual se encontraba trabada la litis, al entender, en definitiva, que estando acreditado el contacto entre los rodados involucrados, y no probada de manera concluyente la interrupción del nexo causal por los codemandados -siendo carga de su propio interés- correspondía atribuirles la total responsabilidad del evento dañoso. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, derivación no razonada del derecho vigente, cuestión constitucional, prueba, demandado, falta de prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

El Tribunal podría haber incurrido en arbitrariedad por haber cimentado sus conclusiones a partir de la hipótesis de que no se habría demostrado el siniestro, puesto que se evidenciaría que la interpretación del A quo parece limitarse a un análisis parcial y aislado de los indicios (ticket de peaje, testimoniales, denuncia-reclamo y su contestación, absolución de posiciones, documental reconocida por el taller mecánico y el peritaje), que no integraría ni armonizaría debidamente en su conjunto; y, frente a ese cúmulo de elementos de confirmación procesal, no debería soslayarse la circunstancia de que la accionada no realizó ningún aporte probatorio, máxime cuando pesaba sobre su parte el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. (De la disidencia del Dr. Falistocco, del Dr. Erbetta y de la Dra. Gastaldi). Ley 24240, artículo 53
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), incapacidad laboral, indemnización, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: López, Héctor Ventura c/ Prevención ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta, desde que la postulación del recurrente -invocando que el presente caso involucra el reclamo de una deuda de valor indemnizatoria de naturaleza civil y alegando que el criterio sostenido por la Cámara consolida un desajuste reparatorio y una afectación de garantías constitucionales- cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa, lo que, sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación, habilita el franqueamiento del remedio extraordinario. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Concurso preventivo, categorización de acreedores, celeridad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

En tales condiciones, debe interpretarse que, como regla, cualquier situación derivada de la categorización queda aprehendida dentro del principio de inapelabilidad (art. 273-3°, ley citada), cuya finalidad es impedir que la celeridad y agilidad del proceso universal puedan resultar perturbados por recursos que dilaten su desarrollo normal (conf. CNCom, Sala D, in re "Metrogas SA s/ concurso preventivo s/ queja", del 21/09/11).
Jurisprudencia aplicable, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, libre convicción, presunciones, lógica, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., H., G. c/  s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2024-08-21

Conforme ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia respecto del valor de la prueba indiciaria y al igual que cualquier otra, puede conducir a la plena convicción judicial basándose en las reglas de la lógica, de la experiencia común, psicológicas y técnicas y que le sirvan de apoyo sobre la verdad de lo investigado, pues debe tenerse presente que el valor probatorio del indicio se encuentra en su aptitud para que el juez induzca de él el hecho desconocido que investiga en un proceso intelectual que plasme su propia logicidad sobre la experiencia humana y las reglas generales que muestran la manera normal, constante o solo ordinaria como suceden los hechos sirviendo asimismo de regla segura para la valoración de toda clase de pruebas.