marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reincidencia, rechazo del juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: M.M.G. c/  s/ ROBO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2016-10-04

El imputado registra dos Condenas anteriores a pena privativa de libertad dictada por este Tribunal y por el Juzgado Penales de menores del C.J. Concepción; resultando que por la edad al momento de la comisión delictiva (menos de 18 años de edad) solo una condena resulta procedente la declaración de reincidencia por primera vez, de conformidad a las previsiones del art. 50 del Código Penal, mas accesorias legales; sin que ello importe la imposición de "una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal", ya que el solo hecho de que las partes no lo hayan estipulado al acordar el juicio abreviado, ello no los legitima para eludir una norma penal sustantiva imperativa; deviniendo la competencia del Tribunal imponerla, conforme se sostuviera por este Tribunal en los autos "RODRIGUEZ JUAN JOSE -S/ LESIONES CON ARMA DE FUEGO. EXPTE. N° 5956/08", por sentencia del 20/11/2009.- DRES.: GRELLET DE BARRIONUEVO - ASIS - PELLEGRI (P/T).
Recurso de apelación (procesal), competencia federal, nulidad procesal, Servicio Nacional de Sanidad Animal, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: FRECA. S.A c/ SE. NA. S.A. (Estado Nacional) s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

El supuesto vicio en el procedimiento que condujo a la imposición de una sanción es remediable por vía de apelación ordinaria ante la cámara federal con competencia en el lugar donde se hubiese cometido el hecho (art. 26 de la ley 23.899).
Inadmisibilidad del recurso, procesamiento, prisión preventiva, transporte de estupefacientes, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Jure , Walter Dañiel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-15

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución que confirmó el procesamiento con prisión preventiva respecto de los imputados que se encuentran procesados en orden al delito de transporte y tenencia de estupefacientes para su comercialización, todo ello, agravado por la intervención de tres o más personas (arts. 5 inc. c y 11 inc. c ley 23.737) formarían parte de una presunta actividad de comercio de estupefacientes en la que habrían intervenido varias personas más, de forma organizada, cuyo alcance y funcionamiento, así como la cantidad de posibles integrantes, sus conexiones, proveedores, clientes y los roles que cada uno de ellos cumpliría en la banda aún no han sido completamente esclarecidos, sino se observa la existencia de cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad.
Procedencia del recurso, recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Angel Abel c/ Dusso, Edgardo Daniel s/ Daños y perjuicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

El recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales o en que el pronunciamiento carece de la debida fundamentación legal (arts. 168 y 171 de la Constitución provincial), o cuando falta el voto individual de los jueces, o no existe acuerdo; siendo ajena a su ámbito las cuestiones relativas a la presunta existencia de demasía decisoria o de decisión "extra petita" toda vez que en su hipótesis, configuraría una eventual infracción a normas procesales, subsanable por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Secretario judicial, deberes del secretario, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes Rubén Patricio y Otros c/ Empresa Contreras Hnos. S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2003-06-18

Corresponde al Secretario del Juzgado la obligación de practicar la liquidación conforme el Art. 99 de la Ley Nro. 1444 de Procedimiento Laboral, no autorizándose la delegación dentro del expediente de tal función en terceros, que si bien pueden revestir la calidad de auxiliares de justicia, les está vedado -en atención del principio de eficacia de la jurisdicción- asumir una titularidad no impuesta por el cuerpo normativo existente, debiéndose recomendar en adelante el cumplimiento estricto de la norma citada.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, revisión judicial, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que existe una revisión judicial suficiente cuando el órgano judicial examina todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento sobre la decisión del órgano administrativo, sin declinar su competencia al resolverlos o al determinar los hechos; por el contrario, no hay tal revisión si el órgano judicial está impedido de determinar el objeto principal de la controversia, como por ejemplo sucede en casos en que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por el órgano administrativo que hubieran sido decisivas en la resolución del caso.
Enfermedad accidente, várices, toma de conocimiento de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: RENDON, ARTENIO c/ SERVAS  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Tratándose de una enfermedad accidente, la fecha en que el obrero adquiere conocimiento de su minusvalía laboral marca la exigibilidad del crédito, mas no la responsabilidad indemnizatoria, que nace por y en el momento de la producción del daño. Por ello, carece de importancia que la fecha en que el actor tuvo conocimiento, lo fuera con posterioridad al cese de la relación laboral, toda vez que en la génesis de los procesos varicosos pueden intervenir condiciones laborales, escasa deambulación, posición de pié, como desencadenantes y agravantes de aquéllos.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso, memorial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO HISPANO CORFIN S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ REVOCACION DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

Resulta extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad de las leyes 21.526, 22.267 y 22.259, efectuado con posterioridad a la presentación del memorial y cuando ya se encontraba vencido el término respectivo.
Accidentes de trabajo, intereses
Materia: Laboral
Carátula: Bezunartea, Luis Alberto c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

El interés del 6 por ciento anual es independiente del que pudiera proceder por mora, si el pago fuere posterior al vencimiento del plazo estipulado, e integra la reparación integral del accidentado con sustento en los arts. 1068, 1113 y conc. del Código Civil.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: MANSILLA, SUSANA MAGDALENA MORELLI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION LOPEZ, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CIPITI, CARMEN HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-06|1992-05-06|1992-05-14

El decreto que establece expresamente que el suplemento por inspección "corresponde exclusivamente al personal designado y encasillado en funciones de inspección...", refleja por vía reglamentaria la atribución del Poder Ejecutivo, conferida constitucionalmente por el artículo 72 inciso 6 de la Constitución Provincial, de designar y remover empleados la cual incluye obviamente, la de asignar funciones, único modo de garantizar la mejor prestación del servicio y su funcionamiento organizado. Lo contrario permitiría a cualquier funcionario arrogarse facultades que no le son propias e imponerle luego a la Provincia las consecuencias de su acto, desplazando esa atribución constitucional del Poder Ejecutivo.
Mandato, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB SPORTIVO LA CALERA s/ MANDATO-REPRESENTACION    DEL   ABOGADO-RECURSO  REVISION  -SENTENCIA  DEFINITIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-15

Es un error del recurrente afirmar la nulidad absoluta, esto es inconfirmable e insanable, del proceso en el que no estuvo representado.-La actuación del "falsus procuratur" es inoponible al aparente representado, pero nada impide a este aceptarla o ratificarla aun con el silencio, en el cual los actos de aquel se deben reputar hechos por el verdadero mandatario.(C.C. art. 1874, 1935, 2304).-
Daños y perjuicios, indemnización, procedencia del recurso, prenda con registro, mora, deber de información, secuestro de bienes, ejecución comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Aliendro, Mauro Daniel  c/ Rombo Compañía Financiera SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Corresponde condenar a una compañía financiera a pagar los daños y perjuicios con motivo del ilegítimo secuestro y ejecución prendarios del vehículo del actor, toda vez que el accionante pagó en tiempo y forma la primera cuota del crédito, y realizó consistentemente pagos hasta el momento del secuestro del vehículo. Depósitos que aunque resultaron menores al monto de las cuotas y acarrearon incumplimientos parciales, reflejaron su voluntad de pago.

Ello así, pues en forma sorpresiva la demandada inició el procedimiento de secuestro, vulnerando su deber de informar al consumidor el monto total de las cuotas, y su situación de morosidad (LDC 4 y 36-g) y apartado 4.3.3, inc. a, Comunicación A-3055), así como su obligación de promover la posibilidad de que el deudor regularice la deuda (apartado 4.3.3, inc. j, y apartado 4.3.5, Comunicación A-3055). Todo ello conlleva una desprotección del consumidor financiero.

Además, subastó el vehículo cuando el deudor había cumplido una parte sustancial de la acreencia, lo que resultó abusivo y contrario a la buena fe, máxime teniendo en cuenta la responsabilidad agravada que pesa sobre las entidades financieras que acceden al procedimiento previsto en el art. 39 de la Ley de Prenda con Registro.
Homologación judicial, prórroga de la prisión preventiva, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Miguel Angel y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

Corresponde homologar lo resuelto e informado por el Tribunal Oral, en cuanto resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados, por el término de seis (6) meses, a contar de su vencimiento, pues se encuentra debidamente fundada en la complejidad de la causa, la pluralidad de sujetos implicados y la multiplicidad de medidas solicitadas por las partes. Dres. Borinsky y Hornos.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo. Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-23

Tratándose de un juicio oral, basta para mantener el pronunciamiento que un testimonio permanezca firme por falta de impugnación adecuada si en el veredicto se establece que este testimonio, por sí solo es suficiente para formar la convicción de la autoría del procesado.
Confirmación de sentencia, Tucumán, coautoría, responsabilidad penal, código penal, picana eléctrica, prueba testimonial, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

Los argumentos de la defensa de quienes fueron considerados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán coautores mediatos penalmente responsables de los delitos de aplicación de tormentos reiterados -artículo 144 ter del Código Penal-, carecen de toda relación cierta conforme lo debidamente acreditado en la causa, pues no sólo ha quedado probado por los relatos de quienes presenciaron la aplicación de picana eléctrica a las víctimas, sino que los mismos imputados reconocieron que se trataba de sujetos considerados peligrosos debido a su militancia política, lo que justifica el agravante de la figura en cuanto a que se trataba de perseguidos políticos.
Accidentes de trabajo, acción civil, prescripción
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Leguizamón, Marcelo Alfredo c/ Andrés Lagomarsino e Hijos S.A. y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-28

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 258 LCT las acciones originadas en responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescriben a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o fallecimiento de la víctima, entendiéndose por tal la de fijación de la minusvalía (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 10/06/92, en los autos "Franco, Cantalicio c/Provincia del Chaco"). En el caso de enfermedades de evolución progresiva se entiende que dicho plazo debe computarse desde el momento en que el trabajador tuvo pleno conocimiento de hallarse incapacitado y que su minusvalía guardaba vinculación con las tareas o el ambiente laborativo. Tal principio se aplica tanto a las acciones que se inician con fundamento en la ley especial, como en cuanto a aquellas que se fundan en el derecho común. La mera existencia de la sintomatología o de episodios aislados impeditivos de la aptitud laboral no basta de ordinario para inferir que el daño resultaba definitivo. Para ello es además menester que medie una determinación de carácter objetivo que aleje toda duda en el afectado. En otras palabras, no basta que el actor haya podido conocer la existencia de la enfermedad, sino además que ésta alcanzó su mayor grado invalidante y guarda vinculación con el factor laboral.
Procedencia del recurso, reposición in extremis, revocación de sentencia, error esencial (civil)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramírez, Gustavo c/ Policía  y/o  Estado  y/o  Gobierno de la Prov. de San Luis s/ Accidente  de  Trabajo  - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-10

Corresponde hacer lugar a la revocatoria "in extremis" en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, atento que el yerro o error esencial que hace procedente el recurso y que genera una grave injusticia para la parte, consiste en declarar la caducidad de la instancia recursiva considerando que el plazo de caducidad del art. 310 inc. 2 del C.P.C. y C. de San Luis no se encontraba suspendido por la remisión del expediente a la Procuración General, pero sin embargo, existió un acto suspensivo de la caducidad por el impulso que imprime al procedimiento, sumado a que dicho instituto debe interpretarse con carácter restrictivo y a que no existió inactividad procesal total o abandono de la instancia por parte demandada -aquí la recurrente-, por lo que la demora en dicho trámite procesal no es imputable a ésta, y entendiendo además, que es el último remedio contra eventuales injusticias no susceptibles de ser subsanadas por otras vías y la misma está autorizada para generar un cambio sustancial que permita modificar un acto decisorio erróneo.
Personal municipal, potestad disciplinaria, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Morelli, Jorge Luis c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

La consagración de impedimentos para adquirir o mantener la condición de empleado público prevista de modo expreso en cláusulas de la CCBA genera que el legislador los contemple cuando establece el régimen de empleo público, pero no es una consecuencia propia de tales previsiones impedir que la ley incluya otras prohibiciones de acceso o permanencia. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Desobediencia a un funcionario público, jueces, incumplimiento de resolución judicial
Materia: PENAL
Carátula: "CAMPOS, Miguel y otros". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-10

Conforme ha expresado reiteradamente el Tribunal en el caso en que"... el funcionario público que realiza acciones diversas, u omite dar cumplimiento a las requeridas en una orden judicial, no encuadra su conducta en el artículo 239 del Código Penal (desobediencia) si el objeto del requerimiento implica colisionar con intereses del organismo...cuya calidad de representante lo llevaba a cuidar", y que "...Aún mediando orden concreta y directa, no da lugar a este delito cuestiones que se vinculan con los intereses personales, de cualquier índole, afectiva, patrimonial, familiar o con garantías constitucionales. De lo contrario, el incumplimiento de toda sentencia judicial sería punible..." (conforme cita de Alberto S. Millán efectuada por Carlos Fontán Balestra, en su Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1971, p.172, invocada por el Tribunal en causa n° 14.647 "CAMILIÓN, O. S/SOBRESEIMIENTO", rta. el 13/8/98, reg. n° 15.678 y causa n° 19.779, "PARTAMIAN, CINTHIA S/SOBRESEIMIENTO", rta. el 18/3/03, reg. n° 20.914, entre otras. Ello ocurre en el caso de una medida de no innovar dictada en el marco de un proceso concursal cuyo contenido versa sobre decisiones administrativas ya adoptadas sobre la caducidad de los derechos reclamados.
Sentencia, voto de adhesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dutto, Berta s/ Incidente de ejecución de honorarios en autos 'Prado c. Eguren.  Cobro'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03

La amplitud de la adhesión no se ve menguada por la circunstancia de que un vocal deje a salvo opinión si no existe desarrollo argumental que la sustente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, instrucción, auto de procesamiento, prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., J. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº 183-97, Resolución Nº  40, Tomo 4,  Folio 84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-06

Si bien los derechos a obtener un pronunciamiento rápido sobre la imputación y a defenderse en juicio -que podrían invocarse para postular a ultranza aperturas a prueba en segunda instancia- tienen también jerarquía constitucional, en el marco antes fijado ellos no sufren afectación alguna, toda vez que por resultar los procesamientos esencialmente revocables o reformables durante toda la instrucción, por ser deber del magistrado instructor recoger toda la prueba relevante, y derecho del imputado propiciar las que así estime (arts. 328, 173 y 202 C.P.P.), puede perfectamente salvárselos.
Competencia, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Juzgado Criminal y Correccional 8 y Juzgado Criminal y Correccional 1, Dpto. Judicial Morón s/ Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Si el sobreseimiento provisorio no se ha transformado expresamente en definitivo, la causa no se encuentra formalmente cerrada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, distribución de competencias, improrrogabilidad de la competencia, orden público, competencia por la materia, principio de legalidad, aplicación de la ley, medidas cautelares, deberes del juez, jueces, jueces naturales, Constitución Nacional, violación al debido proceso, sentencias contradictorias
Materia: PENAL
Carátula: G. S. , I. S. c/ B. ,Á.O. s/ Protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-07

La potestad jurisdiccional de los magistrados se encuentra circunscripta a la competencia otorgada por la Constitución y las leyes siendo, la relativa a la materia, de orden público e improrrogable, principio asimismo aplicable al ámbito de las medidas cautelares -salvo excepcionalísimas circunstancias- pues, es deber de los jueces el abstenerse de actuar en causas ajenas a su competencia a fin de evitar decisiones plurales respecto de un caso, lo que se agrava si resultan contradictorias, incurriendo en un dispendio de actividad jurisdiccional que impide el adecuado encauzamiento de las pretensiones.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, leyes, interpretación de la ley, LEY DE CONCURSOS, notificación por cédula, validez de los actos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MONTENEGRO HNOS. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO- VERIFICACION TARDIA PROMOVIDA POR LA D.G.I. (EXPTE.: C.S.J. 187 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-25

Merece favorable acogida el recurso incoado por la A.F.I.P. contra la resolución que declaró la caducidad procesal respecto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por esa entidad, pues si bien es cierto que los agravios planteados remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal -ajenas por vía de principio a la instancia extraordinaria-, ello no resulta óbice para el acogimiento de la impugnación cuando lo resuelto satisface de manera solo aparente la exigencia de constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos del caso y se proyecto en un menoscabo de las garantías que tutelan los artículo 17 y 18 de la Constitución Nacional. Ello es así toda vez que, al acoger el planteo de caducidad formulada por la concursada, el Tribunal a quo, tras sentar que el plazo respectivo era el de tres meses previsto por la ley concursal, se limitó a postular lacónicamente que "de ninguna manera" el despacho de la cédula glosada podía ser considerado como un acto interruptivo del plazo de pretensión ya que no resulta acto idóneo para hacer avanzar la causa al estadio procesal siguiente (más aún atento el tipo de proceso que requiere especial celeridad), aserto este que no puede reputarse fundamento válido para resolver la quaestio respectiva, atendiendo en particular a que tal respuesta supone una irrazonable y dogmática ponderación de las implicancias y significación que cabe concederle a la referida cédula.
Personal municipal, deberes de los agentes de la administración pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Issel de Falco, Ana Dorila c/ Municipalidad de Dolores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El estricto cumplimiento del deber de dedicación de los agentes públicos comprende el desempeño del cargo en el tiempo, forma y lugar establecidos. Este deber fundamental constituye el objeto de la función y el abandono del cargo significa el no cumplimiento de la obligación básica de la relación de empleo.
Lesiones culposas, culpa penal, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: SCHINEA, José A. y otro s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-29

Quien voluntariamente se obligó a poner el máximo de atención a fin de evitar daños a la salud de terceros, al no hacerlo incurre en culpa, pues estaba en posibilidad de prever y tenía conciencia del peligro que acarrearía su descuido.