Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


EMPRESA INGENIERO PATRICIO VILLEGAS ZINNY contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 183-195.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "EMPRESA INGENIERO PATRICIO VILLEGAS ZINNY contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 175, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día trece del corriente mes y año.

A la primera cuestión: -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. La empresa actora promueve -por derecho propio y con patrocinio letrado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se declare la ilegitimidad y consiguiente nulidad del decreto 5816/91 por la denegación tácita de la revocatoria contra él interpuesta, manteniéndose así en plenitud la vigencia del decreto 1929/90 y los pedidos de fondos pendientes de pago originados en los convenios de rescisión contractual celebrados entre las partes, a fin de que sea cancelado el crédito que de ellos surge contra la Provincia cuyos montos deberán ser calculados de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 y concordantes de la ley 5188 absteniéndose de aplicar la metodología establecida por la resolución n 551/90 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y n 115/90 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y el decreto 4026/90, con costas.

Relata que el 10.6.1983 suscribió con la Provincia el contrato n 5969, cuyo objeto era la construcción de la obra denominada "Reacondicionamiento Canal Secundario Curupaytí-Departamento San Cristóbal", adjudicada en su favor y con un plazo de ejecución de 14 meses. Del mismo modo, en fecha 8.11.1983 suscribió uno similar, de n 6052, cuyo objeto era la construcción de la obra denominada "Construcción Canal Secundario Marini del Principal Vila Ao Cululú-Departamento Castellanos", igualmente adjudicada en su favor y con el mismo plazo de ejecución mencionado.

Afirma que ambas obras consistían en la construcción de sendos canales y puentes en zonas anegadas de la Provincia de Santa Fe, pero que por causas ajenas a su voluntad y vinculadas en gran medida a incumplimientos por parte de la demandada, no pudieron cumplirse los plazos de ejecución, por lo que debió efectuar innumerables reclamaciones y paralizaciones de la obra.

Tal situación, explica, ocasionó demoras causantes de serios perjuicios económicos, los que la condujeron, incluso, a la obligación de presentarse en concurso, en el que la Justicia determinó que la causa de la cesación de pagos fueron las vicisitudes en tales contratos por causas no imputables a la empresa.

Puntualiza que, en el caso de la obra del Canal Secundario Marini, debió paralizarse en marzo de 1984 y hasta febrero de 1985, en razón de que, por causa imputable a la Provincia, no estaba liberada la traza, y que prosiguió con los trabajos hasta diciembre de 1985 a pesar de los graves inconvenientes que representaron las inundaciones y la falta de pago de los certificados.

Respecto de la obra de Reacondicionamiento del Canal Secundario Curupaytí, expone que los trabajos se vieron en diversas oportunidades interrumpidos por las mismas causas que la premencionada, encontrándose varias veces en condiciones de peticionar la recisión contractual por culpa de la contratante.

No obstante ello, dice que prosiguió en el camino de las renegociaciones, hasta que en 1988 aceptó la última propuesta a fin de concluir las obras arribándose a nuevos acuerdos de recomposición contractual, los que fueron aprobados por decreto 5240/88 (el relativo al Canal Secundario Marini) y por decreto 5244/88 (el relativo al Canal Secundario Curupaytí).

Pero la Provincia -sostiene- no cumplió con los pagos debidos, incurriendo en moras que imposibilitaron la continuidad de los trabajos y generando los consiguientes perjuicios y gastos improductivos, destrucción de materiales y equipos en obras, entre otros, por lo que debió efectuar nuevas reclamaciones.

Frente a ello, prosigue, los órganos competentes de la Administración manifestaron que la Provincia no tenía posibilidades de concluir las obras, proponiendo arribar a sendos convenios de rescisión de los contratos sin culpa de las partes, en los que ella renunciaba a cobrar indemnizaciones y créditos que a su entender le correspondían, a cambio de un importe transaccional que le abonaría la Provincia.

De esta forma, narra que en noviembre de 1989 aceptó dicha propuesta y los mencionados convenios de rescisión fueron aprobados por decreto 5610 del 29.12.1989, ratificado por sus posteriores 789/90 y 1929/90.

Manifiesta que por dichos convenios se fijaba una suma única y total a pagar por la Provincia en forma inmediata de cumplido el correspondiente trámite administrativo, actualizada a la fecha de su efectivo pago, monto que debía ser efectivizado a más tardar el 20.12.1989, y que tuvieron principio de ejecución por cuanto la contratante pagó -aunque con retraso- parte del monto convenido, quedando desactualizada la suma originariamente establecida. Ello motivó el dictado del decreto 789/90, que estableció la diferencia por reajuste, la que fue pagada igualmente con retraso.

Por el saldo impago resultante, prosigue, y cuyo importe al 15.6.1990 estableció el referido decreto 1929/90, se requirieron los fondos originándose un pedido numérico que, pese a los reclamos efectuados, nunca se pagó; y estando en esta situación, sorpresivamente el día 3.12.1991 se dictó el decreto 5816/91, cuya declaración de ilegitimidad y nulidad se persigue mediante esta demanda.

Critica la fundamentación de dicho acto por cuanto -a su entender- pretendió recalcular el importe de la deuda de la Provincia con base en la circunstancia de que, con posterioridad al decreto 1929/90, el Tribunal de Cuentas de la Provincia formuló la observación legal N 008/90 a la resolución conjunta 537/89 M.O.S.P. y V. y 488/89 M.H. y F. que aprobara el dictamen de la Comisión Especial aludida en el artículo 3 del decreto 2812/89, sobre cuyas bases se habrían calculado los importes adeudados.

De esa forma, continúa diciendo, el decreto expresaba que, al no haberse insistido en la referida resolución conjunta, se dictó la correspondiente 551/90 M.O.S.P. y V. y 115/90 M.H. y F. que modificó la metodología de cálculo anterior, lo que implicaba la aplicación de este nuevo método, de lo dispuesto por el decreto 4026/90 y consiguientemente, se dejaba sin efecto el decreto 1929/90 y todo otro pedido de liquidación, autorizando al M.O.S.P. y V. a liquidar a su favor el importe que pudiera resultar de tales convenios.

Frente a ello, dice, interpuso recurso de revocatoria para que se mantuviese en plenitud la vigencia del decreto 1929/90 y los pedidos de fondos pendientes de pago continuando con el sistema de cálculo ya aplicado a los pagos anteriores y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 y consecuentes de la ley 5188 y absteniéndose de aplicar el nuevo método dispuesto en las resoluciones conjuntas 551/90 y 115/90 y del decreto 4026/90.

Explica que, al fundamentar dicha impugnación, manifestó que la Provincia incurría en un error conceptual, por cuanto los créditos emergentes de los convenios de rescisión que se celebraron oportunamente y con relación a los contratos de obras públicas en cuestión, no están alcanzados en modo alguno por la referida normativa cuya aplicación se pretende. Ello así, sostuvo, porque los decretos 1617/89 modificado por su posterior 2812/89 referían a la reformulación de los contratos en curso de ejecución a fin de adaptarlos a las reales condiciones económico financieras existentes hacia la época de su dictado, en orden a preservar el equilibrio de las prestaciones.

Pero puso de resalto que, en su caso, las causas de rescisión de los contratos que la vinculaban con la Provincia radicaban en hechos y circunstancias anteriores a los comprendidos temporalmente en dicha normativa, como afirma que expresamente lo reconoció el decreto 5610/89, por lo que se incluía la situación dentro del artículo 90 de la ley 5188 más allá de las circunstancias específicas que previeron los decretos 1617/89 y 2812/89; y que, además, la suma única que asumió la contratante como deuda era un importe que revestía nítidamente naturaleza transaccional.

Aclara que esa suma única comprendía no sólo lo adeudado por intereses, sino también los rubros razonablemente estimados y que correspondían a título de resarcimiento como indemnización por la pérdida de utilidad que, de haberse concluido las obras, le hubiese reportado la incorporación de los materiales acopiados de los que tomó posesión la Administración, y por la falta de recupero económico. Para cobrarla, agrega, tuvo que renunciar al total de los gastos improductivos y a parte de los rubros indemnizatorios.

Dicha naturaleza transaccional surgiría, según explica, del artículo 832 y siguientes y concordantes del Código Civil, figura que supone la realización de concesiones recíprocas que en el caso se efectuaron, por lo que pretender -como a su entender hace la Administración mediante el decreto 5816/91- unilateralmente reducir el monto ajustado definitivamente en su momento como deuda única dejando sin efecto el decreto 1929/90, importaría perjudicar el conjunto de la voluntad intercambiada en la transacción contrariando el principio de indivisibilidad de la misma (art. 834, C.C.) que, de admitirse, llevaría a dejar sin efecto los convenios celebrados.

Igualmente resalta que, desde el momento en que los convenios de rescisión fueron aprobados por decreto 5610/89 (acto que define como enteramente regular y de plena vigencia, y al que atribuye principio de ejecución mediante los pagos parciales efectuados), los derechos al cobro del monto emergente de cada uno de ellos quedaron constituídos de modo irrevocable en cabeza suya y que ilegítimamente el decreto 5816/9 pretendió dejar sin efecto un simple ajuste que correspondía reconocerse al 15.10.1990 respecto del saldo que a dicha fecha se encontraba impago.

Manifiesta que concluyó dicha impugnación achacando al decreto 5816/91 vicio en la causa, por cuanto no se conformaba con los antecedentes de hecho objetivos verificados en la especie; y vicio en su objeto porque disponía la revocación del decreto 1929/90, vulnerando derechos adquiridos y consolidados, ingresados de modo definitivo a su patrimonio y que habían tenido principio de pago, y del derecho de propiedad constitucionalmente consagrado al incumplir el abono de sumas que no eran más que el debido ajuste de los montos previamente convenidos.

Al no haber obtenido respuesta en las actuaciones mencionadas -prosigue- solicitó pronto despacho, el cual tampoco fue respondido hasta la fecha, razón por la cual entiende configurada la denegación tácita de las pretensiones allí sustentadas y expedita la vía contencioso administrativa.

Agrega que, frente al dictado del decreto provincial 3199/93, señaló en aquella oportunidad, que los créditos emergentes de los convenios de rescisión celebrados con la Provincia no podían entenderse alcanzados por las previsiones de tal acto de alcance general, por cuanto aquéllos, así como la determinación de los montos que como única suma adeudada se convinieron revisten naturaleza transaccional.

Y para el caso de que se pretendiese ilegítimamente la aplicación del decreto referido, puntualiza, formuló impugnación contra el mismo por considerarlo ilegal y violatorio de derechos irrevocablemente adquiridos, del principio de legalidad, del debido proceso adjetivo, del principio de división de poderes y de razonabilidad, solicitando se revocase dejándose sin efecto.

Peticiona, en suma, se declare procedente el recurso interpuesto, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 34), comparece la demandada (f. 40) y contesta la demanda (fs. 62/71 vto.).

En su escrito de responde, y luego de realizar una negativa de todos los extremos afirmados en la demanda, alega que no puede prosperar la pretensión del actor de que se liquiden a su favor las sumas establecidas en los convenios de rescisión celebrados conforme los montos reajustados por decreto 1929/90 que reconoció a su favor la suma de A2.126.118.999 al 30.3.1990, por cuanto carece de fundamentación legal en orden a las normas aplicables al caso.

Afirma que la empresa actora resultó adjudicataria de las obras "Reacondicionamiento Canal Secundario Curupaytí-Departamento San Cristóbal" (contrato n 5969) y "Construcción Canal Secundario Marini del Principal Villa Ao Cululú-Departamento Castellanos" (contrato n 6052), y que ambas obras, por vicisitudes ajenas a la voluntad de la Administración, sufrieron retrasos, paralizaciones y desfasajes que motivaron que la Administración decidiera rescindir los contratos de mutuo acuerdo y sin responsabilidad para las partes.

Expone que dichos convenios de rescisión fueron celebrados "ad referendum" de su aprobación conjunta de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y Vivienda y de Hacienda y Finanzas de conformidad a lo previsto por el decreto 2812/89.

Ello así, sostiene, por cuanto estos acuerdos fueron aprobados por decreto 5610/89 cuyo considerando segundo establece el encuadre jurídico de la gestión dentro de lo normado por los decretos 1617/89 (su modificatorio 2812/89) y resoluciones 537/89 y 488/89 del M.O.S.P. y V. y M.H. y F., respectivamente.

En su cláusula 2 , continúa diciendo, específicamente se previó, en ambos casos, que de común acuerdo las partes convenían la rescisión de los contratos resolviéndose sin culpa de ninguna de ellas las obligaciones emergentes de los mismos, enmarcándolos en el artículo 9 del decreto 1617/89 (texto según decreto 2812/89).

Pone de resalto asimismo que la cláusula 4 establecía que los pagos efectuados por la Administración al contratista mediante pagarés librados oportunamente eran independientes y sin efecto alguno sobre el presente acuerdo.

Puntualiza que, el convenio referido a la obra en el Departamento San Cristóbal reconoció a favor del contratista como única deuda existente al 30.11.1989 la suma de A468.627.210,31; y por su parte, el referido a la obra en el Departamento Castellanos, la suma de A10.027.415,81. Ambos, agrega, que según el actor tuvieron principio de ejecución, fueron reajustados con posterioridad por el mencionado decreto 1929/90, conforme el cual se reconocía a favor del contratista la suma de A2.126.118.999 al 30.3.1990 en concepto de reajuste de deuda y calculada conforme la tasa aprobada de marzo de 1990.

Tiene por cierto que con posterioridad al decreto 1929/90 el Tribunal de Cuentas formuló la observación legal n 008/90 a la resolución conjunta 537/89 M.O.S.P. y V. y 448/90 M.H. y F. que aprobaba el Dictamen de la Comisión Especial a que hace mención el artículo 3 del decreto 2812/89. Como tales decisorios no fueron insistidos, explica, se dictó la resolución conjunta 551/90 M.O.S.P. y V. y 115/90 M.H. y F. que modificó la metodología de cálculo de acuerdo a lo observado por el Tribunal.

Lo dicho, asegura, motivó el dictado del decreto 5816/91 que dispuso dejar sin efecto el decreto 1929/90 y los pedidos de fondos pendientes de pago originados en los convenios suscriptos con el actor y autorizar al Ministerio respectivo a liquidar el importe que pudiera resultar a favor de la empresa realizando el cálculo de conformidad a lo dispuesto por las nuevas resoluciones (551/90 y 115/90).

Entiende que todos los convenios, incluídos los de rescisión suscriptos entre las partes y todos aquellos actos administrativos dictados como consecuencia de aquéllos, han sido anulados por las disposiciones del decreto 3199/93, puesto que su ámbito de aplicación alcanza al supuesto de autos en tanto se anularon los decretos 4784/84, 4091/86 y las resoluciones del M.O.S.P. y V. y M.H. y F. dictadas en consecuencia, como así también los actos administrativos individuales y contratos que reconocieron el pago de una suma de dinero determinada en base a las normas indicadas.

Sostiene que los decretos anulados por el 3199/93 son reglamentos de ejecución que adolecen de vicios graves que determinan su nulidad absoluta e insanable en los elementos sujeto (por incompetencia material), causa, objeto y finalidad.

Ello importa, a su entender, que los actos individuales y contratos que reconocieron una suma de dinero con fundamento en las normas generales mencionadas y al margen del artículo 71 de la ley 5188 y su espíritu, también están viciados, habiendo producido en el sistema un apartamiento notorio y evidente de la realidad económica subyacente a los contratos de obra pública, por lo que debieron ser anulados.

Menciona que, luego del dictado del decreto 3199/93, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.283 que fijó límites a toda actualización de precio de cosa bien o prestación en base a índices, estadísticas o mecanismo, estableciendo que no podían alcanzar un valor superior al real y actual de dicha cosa bien o prestación al momento del pago, importando ello establecer límites al decreto mencionado debiendo analizarse los cálculos efectuados por él en los términos de la nueva ley.

De este modo, relata que la Administración dio cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 3199/93 y la ley 24.283 por cuanto se tornaron insoslayables, y el caso se encontraba comprendido dentro de la órbita de dichas normas.

Luego de detallar el procedimiento seguido para la revisión de los contratos, consigna que para la obra del Departamento San Cristóbal se determinó un pequeño saldo a favor de la Provincia de $94,97, mientras que en la del Departamento Castellanos el saldo en favor de la empresa ascendía a $2.217,75.

Pero seguidamente aclara que aplicando también lo establecido por la ley 24.283, se verificó que la suma resultante en el último caso se apartaba del valor real y actual de la obra ejecutada. Añade que al superar el saldo a favor de la contratista los límites del realismo económico, debe concluirse que no se puede pagar más del valor real de la cosa por imperio de la precitada ley nacional.

Culmina reiterando la inexistencia de saldo de precio a favor del contratista en ninguna de las obras involucradas en el presente sino que, por el contrario, se abonó un precio superior al valor real y actual de la prestación cumplida, de lo que se desprende que el reclamo del actor es violatorio de la ley nacional 24.283, de los principios que condenan los desplazamientos patrimoniales sin justa causa, contrario a los principios y normas que informan el derecho público y lesivo del interés general, gravemente comprometido.

Solicita, en suma, se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 72) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 367/415 y 417/424). Dictada (f. 425) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. a. Del relato precedentemente efectuado surge que la empresa "Ingeniero Patricio Villegas Zinny" pretende se deje sin efecto el decreto 5816 del 3.12.1991 y, consecuentemente, "se declare y mantenga en plenitud el decreto 1929/90 y los pedidos de fondos pendientes de pago, continuando el curso de éstos" a fin de que sea cancelado el crédito que -a su juicio- titulariza, absteniéndose la Administración de liquidar el mismo mediante el sistema que surge de la resolución conjunta 551/90 (del M.O.S.P y V.) y 115/90 (del M. H. y F.) y del decreto 4026/90.

Tal pretensión se basa en los siguientes antecedentes de hecho: La empresa actora resultó adjudicataria de las obras "Reacondicionamiento Canal Secundario Curupayti-Departamento San Cristóbal" y "Construcción Canal Secundario Marini del Principal Villa Ao Cululú-Departamento Castellanos" (ver constancias de fojas 269/282).

Por diversas vicisitudes de que dan cuenta los expedientes administrativos N 00701- 0004626-2, 00701-0003671-5, 00701-0003670-4 y 00601-0004161-V-88, la relación contractual no tuvo el desarrollo originariamente previsto desembocando en el fracaso de las dos contrataciones.

En efecto, del expediente administrativo 01101-0002226-3 surge que en 20.6.1989 la empresa propuso la rescisión de los dos contratos oportunamente suscriptos con la Provincia. Entre los términos de la propuesta sostuvo que debía establecerse la suma adeudada por el Estado provincial incluyendo en dicho monto las indemnizaciones que emergen de la rescisión propuesta y que surgen de las previsiones de la ley 5188 (fs. 20/21).

Dicho pedido fue valorado en sentido favorable por el Departamento Construcciones de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas. En función de ello el Director Provincial de Obras Hidráulicas solicitó que por intermedio de la Dirección de Administración del M.O.S.P.V. se emitiera la deuda que la Provincia mantenía con la empresa por ambos contratos (f. 34).

La División Contabilidad del Ministerio informó que la deuda ascendía a A389.737.259 (canal Curupaytí) y A33.226.184 (canal Marini).

En 23.11.1989 dictamina la Dirección de Asuntos Jurídicos del M.O.S.P. y V., en sentido favorable a la rescisión planteada. En lo que resulta de interés, se sostuvo que "la redención de las multas aplicadas y otras cuestiones técnicas que se contemplan no merecen objeción legal, constituyendo pautas del acuerdo que el ente específico considera equitativas, en base a renuncias concretas del contratista".

A fojas 49/51 la División Contabilidad del M.O.S.P. y V. adjuntó liquidación de intereses por pago fuera de término de certificados efectuada en otro expediente donde la empresa había reclamado tales rubros.

Toda la gestión concluyó con el dictado del decreto 5610/89 que aprobó los convenios de rescisión, invocando los términos del decreto 2812/89 y resolución 488/89 del M.O.S.P.

y V..

De la lectura de los citados instrumentos surge que la partes, en mérito a razones que imposibilitaron la ejecución de los trabajos en las condiciones pactadas, convinieron dar por rescindidos los contratos de obra pública que los ligaban resolviéndose las obligaciones emergentes de los mismos (cláusula 2da.).

Entre otros aspectos, se determinaron distintos montos (correspondientes a cada obra) como única deuda existente al 30.11.1989 (cláusula 4ta.).

A foja 174 figura el decreto 789/90. Mediante tal acto se ratificó la vigencia del decreto 5610/89 para el ejercicio presupuestario 1989 en razón de que no había sido considerado en la ley de presupuesto sancionada para tal período. Por decreto 1929 del 2.7.1990 se efectuó un ajuste de la deuda resultante y se exceptuó dicha gestión de las disposiciones del decreto 877/90 reconociéndose a favor de la empresa la suma de A2.126.118.999 (f. 175).

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas observó las resoluciones conjuntas (537/89 M.O.S.P. y V. y 488/89 M.H. y F.) sobre cuyas bases se habían efectuado los cálculos que determinaban los importes adeudados, por lo que se dictaron nuevas resoluciones conjuntas que modificaban la metodología de cálculo (decreto 4026/90).

Ello originó que el 3.12.1991, mediante el decreto 5816 se dejaran sin efecto el anterior 1929/90 y los pedidos de pago de los convenios referidos, y se autorizó al Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a que liquide la suma que podría corresponder a favor del contratista, en virtud de estas nuevas modalidades de cálculo.

El actor planteó revocatoria contra el decreto 5816/90 por entender que la determinación del monto no estaba alcanzada por las resoluciones conjuntas 551/90 y 115/90 y el decreto 4026/90, porque las causas de rescisión de los contratos radicaron en hechos y circunstancias anteriores a los comprendidos temporalmente en los decretos 1617/89 y 2812/89.

Posteriormente, y ante la ausencia de pronunciamiento por parte de la Administración sobre el remedio intentado, la empresa ocurrió ante esta Corte mediante el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción en examen.

De lo expuesto en precedencia puede deducirse que la materia traída a revisión de este Tribunal está esencialmente constituida por el planteo de ilegitimidad efectuado por la empresa actora respecto del decreto 5816/9 y la consecuente pretensión de que se restablezca la legitimidad del decreto 1929/90 y de los pedidos de fondos pendientes de pago. Tal es la pretensión sometida a consideración del Ejecutivo provincial en sede administrativa y traída luego ante esta Corte y, atento al carácter esencialmente revisor de la jurisdicción contencioso administrativa -afirmado en la constante jurisprudencia de este Tribunal (A. y S., T. 54, pág. 268; T. 72, pág. 398; T. 97, pág. 49; T. 100, pág. 191; T. 125, pág. 123; T. 126, pág. 165, entre otros)- su análisis y resolución constituyen la tarea principal a encarar en orden a una debida culminación de la vía jurisdiccional intentada.

4.b. Corresponde abordar ahora los planteos de la actora enderezados a cuestionar la legitimidad del decreto 5816/9.

La empresa se agravió de la decisión adoptada en el citado acto acudiendo a un diverso orden de fundamentos. Así, sostuvo que la Administración revocó indebidamente en su propio ámbito un acto administrativo regular desconociendo principios de Derecho Público inveteradamente afirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que el decreto 5816/91 importaba perjudicar el conjunto de la voluntad intercambiada en los convenios de rescisión y llevaría a dejarlos sin efecto en su integridad, afectando los derechos subjetivos emergentes de aquél; y que la situación generada en el caso no caía dentro del ámbito de vigencia de los decretos 1617/89 y 2812/89 en tanto se referían a reformulación de contratos en curso de ejecución.

Como se expuso anteriormente, mediante el decreto 5816/91 (fs. 2/3 de autos) se dejó sin efecto el decreto 1929/90 por el cual se le reconocía a la recurrente la suma de A2.126.118.999 correspondiente al ajuste resultante de los convenios de rescisión contractual oportunamente suscriptos entre las partes. Por el mismo acto -ahora impugnado-, se autorizó al Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a liquidar el importe resultante de lo aprobado por el decreto 5610/89 aplicando para el cálculo lo dispuesto en la resolución conjunta 551/90 (M.O.S.P. y V.) y 115/90 (M.H. y F.).

Sobre el particular, y sin perjuicio de la consideración que más adelante se hará de los restantes fundamentos del recurso, cabe sostener que el Poder Ejecutivo provincial ha actuado en ejercicio de su potestad de autoanulación reconocida por la constante jurisprudencia de esta Corte.

En efecto, este Tribunal en autos "Dinolfo" (A. y S. T. 78, pág. 379), "Spinoza" (A.

y S. T. 80, pág. 237), "Spooner" (A. y S. T. 80, pág. 243), "Módica" (A. y S. T. 141, pág.

406), "Latino" (A. y S. T. 141, pág. 463), "Lagreca" (A. y S. T. 142, pág. 312), "Veraldi" (A. y S. T. 142, pág. 332), "Gómez" (A. y S. T. 142, pág. 371) y "Saccomano" (A. y S. T.

142, pág. 381), entre muchos otros, ha expresado que es posible a la Administración "revocar" actos afectados por vicios insalvables de ilegitimidad, en el entendimiento de que "en nuestra Provincia, la Administración está habilitada para eliminar de oficio, por sí y ante sí, actos como el del sub examine..., claro está, sin perjuicio del recurso contencioso administrativo que el afectado puede deducir ante esta Corte, ante la cual se dilucidará, en definitiva, la gravedad del vicio, si lo hubiere, y sus consecuencias".

Asimismo, en autos "Trujillo" (A. y S. T. 141, pág. 384) esta Corte agregó -a lo anteriormente transcripto- que "ello constituye el ejercicio de la potestad general de anulación que tiene todo órgano de la Administración en relación a los propios actos y en orden a asegurar la conformidad de la acción administrativa con la norma jurídica eliminando, en su caso, los actos viciados"; que "dicha potestad, denominada a veces potestad de autotutela (Zanobini, G., Curso de Derecho Administrativo, Volumen I, Parte General, Arayú, Bs. As., 1954, pág. 405) en cuanto tiene por fin sustraer a la Administración misma de las consecuencias de sus actos ilegítimos, corresponde, en primer lugar, a la autoridad que ha dictado la disposición que se considera viciada (ob. cit., pág. 409)". Con cita de destacada doctrina, sostuvo además que "la ausencia de norma que expresamente autorice a la autoridad administrativa a anular de oficio los actos ilegítimos, no puede ser válidamente interpretada, por ende, en un Estado de Derecho, como circunstancia argumental para demostrar su improcedencia, y debe afirmarse, por el contrario, que sólo ante la presencia de una norma específicamente prohibitiva de tal posibilidad podría justificarse una conclusión de tal índole". "Máxime si, como se ha indicado, el sistema no se constituye en un obstáculo a la revisión judicial suficiente; especialmente si dicha revisión judicial, como ocurre en nuestra Provincia en relación al recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, sólo es posible a partir de una reacción del particular ante las conductas carentes de validez de las Administraciones públicas...".

Desde la perspectiva recién analizada no se advierte que, en el caso, se hayan desconocido principios de derecho público, perdiendo sustancia, por tal razón, el genérico cuestionamiento vertido por la empresa al respecto. Efectuada la aclaración precedente, cabe ahora desestimar el agravio de la recurrente fundado en que la Administración mediante el acto atacado dejó sin efecto los convenios de rescisión, reduciendo unilateralmente el importe de una deuda que, a su juicio, revestía naturaleza transaccional.

Es que la simple lectura de los términos del decreto 5816 revela que únicamente se limitó a dejar sin efecto el cálculo de deuda pendiente de pago efectuado en el decreto 1929/90 -acto que, por cierto, no puede calificarse de "bilateral"- sin proyectar efecto alguno sobre lo oportunamente resuelto en el decreto 5610/89.

Por el contrario, el acto impugnado ordenó expresamente liquidar a favor de la empresa, mediante la aplicación de la resolución conjunta 551/90 (M.O.S.P. y V.) y 115/90 (M.H. y F.) y el decreto 4026/90, los importes adeudados que resulten del decreto 5610/89. En tales condiciones, no puede razonablemente sostenerse que se hubieran menoscabado los derechos que surgieron de las disposiciones del precitado acto administrativo, en tanto únicamente se dispuso la aplicación de un mecanismo de ajuste del saldo adeudado acorde con las disposiciones de la ley 5188 sin que pueda reconocérsele -en tanto no se ha demostrado efectivamente en autos- incidencia alguna sobre el capital inicial reconocido en el decreto 5610/89.

Consecuentemente, el planteo de la actora carece de sustento en las constancias de la causa y debe desestimarse.

No mejor suerte puede correr el agravio basado en que la situación generada en el caso no caía dentro del ámbito de vigencia de los decretos 1617/89, 2812/89, 4026/90 y resolución conjunta 551/90 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y 115/90 del Ministerio de Hacienda y Finanzas invocados en el decreto que se cuestiona.

En efecto, la recurrente pretende desvincular la situación analizada en autos de la normativa recién citada mas sin hacerse cargo de que en los considerandos del decreto 5610/89 -que, como ya se dijo, aprobó la rescisión de los contratos suscriptos entre las partes- se encuadró la gestión dentro de la normativa contenida en el decreto 2812/89 (f.

169). Dicho decreto, en su artículo 9 facultó a las Administraciones comitentes "a convenir con el contratista, para el caso que así se considere conveniente para ambos, la rescisión del contrato de común acuerdo, dando cumplimiento al procedimiento previsto en los artículos 4 y 5 ". Durante su vigencia se dictaron las resoluciones conjuntas 537/89 (M.O.S.P. y V.) y 488/89 (M.H. y F.) y 551/90 (M.O.S.P. y V.) y 115/90 (M.H. y F.).

Posteriormente fue sustituido por el decreto 4026/90 y su modificatorio 1846/91. No puede ignorarse que la decisión del Ejecutivo provincial adoptada en el decreto 5610/89 fue consentida a lo largo del procedimiento administrativo que siguió a su dictado. Por lo tanto, la posición sustentada por la actora luce contradictoria con la conducta por ella misma asumida durante el trámite posterior a la rescisión de los contratos e implica desconocer -o intentar sustituir- el marco normativo en el cual la Administración subsumió tal trámite. Ya descartados los reparos opuestos por la actora al decreto 5816/91 en los aspectos recién analizados, cabe ahora adentrarse en el análisis de los fundamentos de la anulación allí dispuesta.

Al respecto es dable destacar que estuvo motivada en que, con posterioridad al dictado del decreto 1929/90, el Tribunal de Cuentas de la Provincia formuló la observación legal 008/90 a la resolución conjunta sobre cuyas bases se efectuó el cálculo del importe reconocido a la empresa. Se señaló allí la falta de insistencia del Poder Ejecutivo al respecto y el posterior dictado de la resolución conjunta 551/90 (M.O.S.P. y V.) y 115/90 (M.H. y F.) que modificó la metodología de cálculo de acuerdo con lo que entendiera el órgano de control (fs. 2/3 de autos). Del examen de las constancias de autos surge que, efectivamente, en 4.9.1990, el Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió formular observación legal parcial a la resolución conjunta 537 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y 488 del Ministerio de Hacienda y Finanzas del 3.10.1989 en razón de que la adopción de las tasas de interés que integraban la tabla N 2 del Dictamen-anexo -mora en los pagos- vulneraba la legislación vigente al exceder el marco de la norma aplicable, esto es, el artículo 71 de la ley de obras públicas (Observación Legal N 008/90, fs. 82/84, expte. adm. 00101- 0042354-4).

Ahora bien, por imperio de lo establecido en el artículo 257 de la Ley de Contabilidad provincial, las observaciones legales formuladas por el Tribunal de Cuentas suspenden el cumplimiento del acto en todo o en la parte observada. Dicha norma prevé que el Poder Ejecutivo podrá, bajo su exclusiva responsabilidad, insistir en el cumplimiento de los actos observados, lo cual deberá ser comunicado por el Tribunal de Cuentas al Poder Legislativo. A su vez, el artículo 169 del citado instrumento legal dispone que los actos observados quedarán sin efecto cuando se desistan o modifiquen por las mismas autoridades que lo dictaron. En el caso, y tal como se destaca en los considerandos del decreto 5816/91 atacado, el Poder Ejecutivo no procedió a insistir en el cumplimiento de la resolución conjunta observada parcialmente. Por el contrario, se dictó la resolución conjunta 551/90 (M.O.S.P. y V.) y 115/90 (M.H. y F.) que modificó la metodología de cálculo de los intereses por mora disponiéndose que los mismos debían reconocerse de acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas 5188 y sus modificatorias.

Por tales motivos, el decreto 1929/90 aparecía inficionado de un vicio que lo descalificaba en tanto en el procedimiento de liquidación del saldo de deuda a favor de la empresa se utilizó una metodología que, de acuerdo a lo observado por el Tribunal de Cuentas, vulneraba lo dispuesto en la ley de Obras Públicas aplicable, metodología esta que, por lo demás, no podía surtir los efectos pretendidos por la recurrente habida cuenta de la incidencia que sobre aquélla tuvo la observación formulada por el organismo de control.

En consideración de todo lo expuesto, puede sostenerse que no se han traído ante este Tribunal argumentos con entidad suficiente que pongan en crisis las razones de estricta legalidad que fundaron la autoanulación cuestionada y no se ha demostrado, pues, que la decisión adoptada por la Administración mediante el decreto 5816/91 se encuentre afectada en su legitimidad. Consecuentemente, no puede tener amparo la invocación de la empresa actora de estabilidad y legitimidad del importe reconocido en el decreto 1929/90.

5. Por último, cabe señalar que no puede ser admitida la postulación introducida por la parte actora al informar sobre el mérito de la causa por la cual se solicita que el decreto 1265/97 sea tenido en cuenta al momento de dictar sentencia. Ello por cuanto a foja 260 se dispuso que volviera a su lugar de origen con las actuaciones administrativas atento a que no era impugnado en la presente causa. Tal providencia fue consentida por las partes y, en consecuencia, debe entenderse que el invocado decreto no está comprendido en la presente litis.

Así decidirlo torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones propuestas por las partes, como también vuelve inoportuno el tratamiento de las defensas esgrimidas por la Provincia con base en lo dispuesto en el decreto 3199/93 y en la ley nacional 24.283.

Lo expuesto basta a efectos de concluir en el rechazo del recurso en examen.

Voto pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas a la actora (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto, con costas a la actora.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)