Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-30


2º Instancia. - Bahía Blanca, abril 30 de 2001.

1º ¿Es justa en su caso la sentencia de fs. 665? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Cervini dijo:

El mediodía del 21 de julio de 1995, hace ya casi un lustro, la crónica de nuestra ciudad se tiñó de rojo. En un barrio de gente modesta, Villa Moresino, los juegos de tres pequeños se trocaron en tragedia cuando uno de ellos, A. M. A., quedó fulminado al tocar la precaria alambrada de tejido de obra que cerraba la propiedad de Harris 940, electrificada como consecuencia de una conexión que el sumario policial iniciado de inmediato no trepidó en calificar de "clandestina". Milagrosamente salvaron sus vidas el pequeño A. -hermano de la víctima- y otro amigo que compartían sus juegos con el infortunado menor.

En medio de una convulsión pública de la que se hicieron eco los medios de la ciudad, se labraron de inmediato las actuaciones de rigor que dieron pie al sumario penal pertinente, causa que obra agregada por cuerda (exp. 27.390) donde se imputara al titular de la conexión eléctrica de obra, J. M. G. , la comisión de los delitos de hurto, homicidio culposo y lesiones culposas.

Los desgraciados padres del menor, por su parte, iniciaron luego la acción civil resarcitoria que nos ocupa, demandando tanto al nombrado G., como a la empresa que titularizaba (Bolsón S. A.) constructora del plan de viviendas que se encontraba en obra, y a la empresa prestataria del servicio eléctrico ESEBA, imputándoles promiscuamente responsabilidad en el plano extracontractual por la muerte del menor.

G. resiste la acción dejando interpuesta la excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en su falta de responsabilidad en el hecho doloso que se le atribuye y por entender que en la acción se confunden las personalidades de la empresa de la que sólo es socio y presidente, y la suya propia.

La constructora, a su turno, reniega de la culpabilidad en el hecho, insistiendo que la verdadera causa del accidente no fue una conexión clandestina como se pretende, sino un accidente provocado por las fallidas maniobras de desconexión del fluido practicadas por empleados de ESEBA. En tal sentido, sostienen que en el momento del accidente no había electricidad en la obra y que el cortocircuito se debió a que el alambrado hizo contacto con cables dejados por ESEBA dentro de la caja vacía del medidor, lo que supone que el origen del flujo debe buscarse en la acometida de bajada, propiedad de la empresa eléctrica y no en corriente proveniente del interior de la obra.

Insiste en que en el interior del bloque (nido del medidor) existía una llave térmica que impedía en caso de recalentamiento que el fluido eléctrico llegase a la malla, y que ese elemento fue retirado por el personal de ESEBA cuando efectuó las maniobras de desactivación posteriores al accidente.

En suma, atribuye la totalidad de responsabilidad a la empresa eléctrica por omisión (art. 27 del Reglamento), vale decir por falta de las inspecciones pertinentes, y por negligencia de sus dependientes, que realizaron en su momento las operaciones de desactivación de la línea de bajada, dejando cables dentro de la caja del medidor en condiciones de provocar cortocircuitos como el que a la postre determinara la muerte por electrocución del chico.

ESEBA revierte a su vez el planteo, y descarga su responsabilidad en el particular. Sostiene que es víctima y no responsable como lo pretende en su descargo G. y su empresa, deteniéndose en las particularidades técnicas y en la referencia a los hechos que dan cuenta de la existencia de un enganche clandestino donde se origina claramente la electrificación del alambrado perimetral que da origen al accidente.

Producida la prueba, que insumió a la par que las actuaciones penales los tres gruesos cuerpos que forman el expediente, el a quo dictó sentencia haciendo lugar a la acción y condenando a los tres demandados.

Difícil de inteligir de sus términos mechados de transcripciones, la verdadera telesis de la solución que propicia. Se echa de ver, sin embargo, que aunque menta correctamente el art. 1113, 2º del Cód. Civil, y admite que dentro de su entramado las responsabilidades atribuidas admiten descargo (culpa de la víctima o de un tercero), no atina luego a desentrañar el verdadero alcance de los cargos y contracargos que efectúan los protagonistas con el aval de las pruebas testimoniales y técnicas que persiguen echar luz sobre la verdadera causa de la electrificación del vallado. El corolario no podría ser más radical y simple: todos son culpables.

Ninguno naturalmente se conforma, sosteniendo sus respectivas apelaciones donde se reiteran los argumentos ya ensayados a lo largo de la causa. No voy a repetirme. Adelanto que creo que la empresa eléctrica lleva razón.

Principio por dejar sentado que el encuadre jurídico pasa efectivamente por el art. 1113, 2º del Cód. Civil. Estamos frente a un supuesto de daños provocados por el riesgo o vicio de la cosa en una variante en la que la responsabilidad eventual de la prestadora del fluido eléctrico, se ve interrumpida por un hecho del tercero, lo que torna responsable al titular del servicio (si no acredita que la alteración de las condiciones de conexión se deben a un hecho ajeno), y a quien se beneficia con el mismo en forma clandestina.

De este modo, queda de lado la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por G., desde que aún no probándose la autoría efectiva (material) de la bajada clandestina, la titularidad del servicio permite presumir que, salvo la prueba terminante del hecho de un tercero, hecho ajeno insisto, la responsabilidad de la conexión recae naturalmente en quienes se benefician con ella. Hay una clara inversión de la prueba. De este modo, si bien en materia penal no puede darse crédito a la presunción como base para una sentencia condenatoria, lo que explica el sobreseimiento en su sede por falta de prueba de la autoría (v. causa 27.390 agregada), en materia civil rige el principio contrario: el titular (propietario) es responsable de los daños que se produzcan con las cosas riesgosas o viciosas que se encuentran bajo su dominio, salvo que acredite que la causa (vicio) que sirve a la producción del perjuicio, se debe al hecho de un tercero que provoque la interferencia causal capaz de desplazar el principio de imputación objetivo.

Desde este punto de mira, es a mi modo de ver manifiestamente evidente que la prueba colectada acredita la existencia de una conexión clandestina.

Está acreditado la interrupción del servicio por falta de pago (v. fs. 97 y sigtes.), está acreditado igualmente mediante diversos testimonios la existencia de iluminación o utilización eléctrica dentro del predio en la época próxima al accidente (testimonios de fs. 306 -Haag-; fs. 350 -Carreño-, fs. 98 causa penal -Codoni- fs. 99 ídem -Arrieta-); está acreditado, también de manera terminante, que la electrificación de la malla precaria que rodeaba al predio, se debió al cable pelado color azul que en secuencia puede observarse en las fotografías de fs. 33/34/34 vta./35/35 vta./36/36 vta. sumario penal. De igual modo, tanto del sumario policial labrado en forma casi inmediata al accidente, como de las posteriores manifestaciones de quien intervinieron en la desactivación del fluido (testimonios de Cesari -fs. 380-; Muñoz -fs. 385-; y Zanetti -fs. 491-) se desprende coincidentemente que la conexión existente era clandestina; que la bajada del cable activo no pasaba por llave térmica alguna, ni que se observara o hubiese existido fusible de defensa en la acometida interna como lo pretenden los particulares en contra de la gráfica evidencia que presentan las fotografías de fs. 113, 116 y 117.

La descalificación que se intenta de los precitados testimonios fundada en el hecho de ser dependientes de ESEBA, no parece ser relevante en el caso. En primer lugar porque existe el respaldo de las evidencias fotográficas; en segundo término porque pesa el aval de la intervención concomitante de la autoridad policial fiscalizando las maniobras de desactivación lo que objetiviza claramente el operativo; incluso puede observarse al propio comisario M. señalando la causa directa principal de la electrificación de la malla de cerco (fotografía de fs. 34, causa 27.390) lo que supone que salvo la hipótesis conspirativa, vale decir una poco conjeturable posibilidad de confabulación entre la policía y la empresa eléctrica, la existencia de la conexión clandestina y la causa directa de la electrificación del cerco, está certificada en autos (v. fs. 1 / 2 sumario policial, donde C., M. y Z. proceden a desactivar el fluido).

En sentido coincidente, en punto a las conclusiones resaltadas, no se ha acreditado, por el contrario, la existencia de la llave térmica en la bajada interna del cableado. La pretensión de los demandados, G. y su empresa, de que tal defensa existía al tiempo de producirse el accidente, lo que en último grado determinaría la imposibilidad técnica de que el fluido proviniese del interior de la obra, no se ha acreditado: no se probó que la manipulación de los dependientes de ESEBA se tiñese de dolo, haciendo desaparecer dicho elemento que claramente no aparece en las fotografías respaldatorias del acta de constatación de fs. 1 / 2 del sumario arriba citado; no se probó -luego- que dichos fusibles protegiesen los tres cables de bajada, siendo notoriamente de favor y mendaces las declaraciones de H. V. M. (fs. 606) quien afirmó su existencia a pesar de manifestar que su constatación fue efectuada a las dos o tres de la tarde, vale decir, luego del accidente y cuando ya se habían efectuado las maniobras de desactivación y el eventual retiro de elementos, entre los que no consta llave térmica alguna (v. sumario causa agregada 27.390). Lo mismo vale para C. C. M. (fs. 609) con el agravante que cuando se le pregunta si la llave térmica a la que alude es la que puede observarse en las fotografías de fs. 216 y 217, contesta afirmativamente a pesar de no advertirse en dichas fotos elementos de dicha especie. Y es claramente especulativa la posición sostenida por el testigo F. que se pronuncia no sobre hechos constatados sino en relación a posibilidades o eventualidades técnicas al modo de un perito impedido no obstante de dictaminar (v. fs. 601).

Y no se probó, por último, lo que es determinante para la suerte de la defensa de dichas partes, que la electrificación del cerco reconociese como fuente un cortocircuito en el interior de la caja del medidor imputable al cableado de la acometida de propiedad de ESEBA. En ese sentido, son evidencias poco fiables las huellas que muestra la caja metálica en las fotografías de fs. 218 y 219 y no resulta ilustrativa la manifestación del testigo F. volcada escuetamente a fs. 603, ni aporta certeza la opinión del perito volcada a fs. 535, ps. i) a m).

Podría especularse con la posibilidad de que la bajada de ESEBA, luego de desactivar el servicio, debía de procurar la desconexión aérea en vez de anular los cables en el nido del medidor. Sin duda que esa maniobra dota de mayor seguridad al sistema a la vez que impide o dificulta al menos los enganches a la línea y las operaciones de conexión o reconexión clandestinas. Así lo asegura el perito a fs. 354 (p. d) ). Si embargo, esa operación que contradictoriamente Z. (fs. 491) afirma haber practicado ("se retiraron los cables de acometida"), carece de relevancia en la medida en que no sirvió de elemento de electrificación y por ende no integró en secuencia la relación causal adecuada, amén de no constar un reglamento de acometidas que disponga imperativamente el retiro de las mismas frente a la suspensión o cancelación eventual del servicio (v. fs. 131 y sigtes.), limitándose la reglamentación general a especificar que frente a dicha situación debe ser retirado el medidor (art. 13, fs. 139), aunque luego se determine que tal cancelación implicará el retiro de la conexión y del medidor (art. 35, fs. 145) locución que debe ser interpretada como anulatoria del flujo eléctrico sin connotación al menos precisa o categórica sobre las maniobras técnicas comprometidas.

En conclusión, dentro de la mecánica que disciplina el art. 1113, 2do. del Cód. Civil, el empresario particular y "responsable" de la empresa familiar, y esta última en cuyo provecho actuó, son responsables del daño causado en función del vicio de las cosas puestas bajo su poder (conexión clandestina y precariedad de la malla perimetral no aislada) y en mérito a la imputación objetiva de las consecuencias resultantes de actos por cuya autoría presunta responden, no habiendo logrado acreditar la interrupción del nexo causal adecuado probando la causa ajena. ESEBA, por el contrario, dentro del mismo esquema, aportó la evidencia de la interrupción del nexo causal, al probar una provisión del flujo eléctrico contra su voluntad.

Sentado ello, las quejas restantes relativas a la latitud del perjuicio -que los actores consintieron- no abastecen los requerimientos técnico-procesales mínimos, limitándose las partes a disconformarse con los mismos pero sin aportar elementos o siquiera argumentos críticos que conmuevan la decisión (art. 260, Cód. Procesal).

Con tales alcances, mi voto es por la negativa. Los doctores Salvatori Reviriego y Diez, por los mismos fundamentos votaron en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Cervini dijo:

De conformidad con la precedente votación debe revocarse parcialmente la sentencia recurrida, rechazándose la demanda instaurada contra ESEBA. Las costas a este respecto a los actores perdidosos (art. 68, Cód. Procesal), las de alzada, a mérito de la suerte final del recurso, deben ser impuestas a los perdidosos en su carácter de tales (art. 69, Cód. Procesal), vale decir, a los actores por el recurso de ESEBA y a los demandados perdidosos por el restante recurso. Así lo voto.

Los doctores Salvatori Reviriego y Diez, por los mismos motivos votaron en idéntico sentido.

Considerando: Que en la precedente votación se ha concluido que es parcialmente injusta la sentencia recurrida. Por ello, se la revoca en punto a la condena de ESEBA, cuya demanda se rechaza, con costas en ambas instancias a los actores perdidosos (arts. 68 y 69, Cód. Procesal); respecto del restante recurso, costas a los demandados perdidosos (art. 69, Cód. Procesal). - Gustavo J. Salvatori Reviriego. - Francisco J. Cervini. - Miguel A. Diez.