marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: Bonnet, Albert Jesús s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-06

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación si se imputa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, doblemente agravado por haber participado en el hecho más de tres personas y haber recaído en más de tres víctimas (art. 145 bis, ap. 2 y 3 CP), en concurso ideal con facilitación de la explotación sexual ajena, e infracción al art. 17 ley 12.331, conjuntamente con la circunstancia de que en los sucesos intervinieron más de ocho personas, pues la situación del imputado no encuadra dentro de lo previsto en la primera parte del segundo párrafo del art. 316, en conexión con el 317 inc. 1 CPPN y tampoco resulta procedente la excarcelación en los términos de la segunda parte del segundo párrafo del art. 316 CPPN, máxime no habiéndose prolongado la prisión preventiva más allá de las necesidades que el caso requiere. El voto concurrente agregó que existe la posibilidad de que los involucrados puedan ejercer algún tipo de influencia sobre las víctimas dada la naturaleza de los ilícitos endilgados.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: ESTEVEZ GONZALO FEDERICO c/ FIAT AUTO ARGENTINA SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-09

Toda vez que el demandante optó por reclamar la indemnización por la desvalorización del rodado que llevó a reparar en el marco de la garantía otorgada por el fabricante, es de concluír que dicho rodado fue reparado satisfactoriamente. Ello así ya que la LDC 17 otorga la opción de resolver el contrato únicamente si la reparación no ha sido satisfactoria. Es decir que, una vez entregada la cosa aparentemente "reparada" al consumidor, la reparación del bien no será satisfactoria cuando éste no pueda emplearla para el fin para la cual la adquirió y de acuerdo a las instrucciones impartidas en el certificado de garantía (ley 24240: 14-c) (conf. Picasso, Sebastián - Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, T° I, Parte General, pág. 206). Que esa reparación no haya sido óptima no fue probado en el caso. Disidencia del Dr. Garibotto
Responsabilidad de los establecimientos educacionales, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: E. M. R. y otros c/ C. S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-05

El art. 1117 del Código Civil, reformado por la ley 24.830 (ver art. 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación), establece que los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños, causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa salvo que probaren el caso fortuito. Asimismo, expresamente prevé su aplicación en el ámbito educativo privado y público, sin perjuicio de que en este último caso se considere que se está ante un supuesto especial de falta de servicio.
Expediente, sustracción de expediente, retiro del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Sosa Padilla, Nestor Hugo p.s.a. s/ Supresión Instrumento Público - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-05-09

El delito de violación de documentos se encuentra ubicado en el capítulo V del Titulo XI del Código Penal, en el cual la ley se propone tutelar el interés del Estado en la preservación de ciertos objetos y documentos que se encuentra bajo su custodia.

El artículo 255 del C.P. preveé como una de las acciones típicas la de sustraer, es decir llevarse o sacar el registro o documento de la esfera de custodia. Este objeto puede tratarse tnto de aquellos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, como registros o documentos entregados a la custodia de un funcionario público u otra persona.

La "sustracción", no configura un modo regular de ejercicio del derecho toda vez que implic recurrir a las vías de hecho, fuera de las situaciones excepcionales en que el orden jurídico lo permite, en lugar de los remedios que el proceso admite para que el afectado haga valer sus desacuerdos.

El delito de marras no requiere un dolo especial, así pues los motivos y el designio por los que o para que delinque el autor resultan indiferentes frente a la ley. Por ello, en estos casos basta con el conocimiento de que su conducta quebranta la custodia oficial.

Según el artículo 34, inc. 4to. del Código penal, el hecho que formalmente se adecua a la definición legal de un delito, se justifica si el autor obra en ejercicio legítimo de su derecho.

Para estar inserto en el ámbito del ejercicio legítimo de un derecho -como causa de justificación (art. 34, inc. 4 del C. Penal)- la ley exige que el ejercicio del mismo se realice en forma legítima, es decir, que ese derecho sea ejercido por la vía que la ley autoriza.

Así no es legítimo el ejercicio de un derecho acudiendo a las vías de hecho ("justicia por propia mano"), salvo situaciones excepcionales que se encuentran contemplada por las leyes. En tales situaciones el derecho sufre un ataque por vías de hecho que se permite repeler también por esos medios.

Las normas que regulan el préstamo de expedientes -en trámite- en el fuero civil se encuentran establecidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba se trata de disposiciones que reglamentan las obligaciones del cargo de los Secretarios, y los casos y formas en que las partes y otros sujetos pueden retirarlos.

De los artículos 69, 70 y 72 C.P.C. surge claramente, por una parte, el principio de que los expedientes en trámite deben permanecer en las respectivas oficinas, y que sólo pueden ser retirados bajo alguna de las causales determinadas por la ley, o excepcionalmente, cuando el secretario del Tribunal lo autorice, siempre y cuando el estado de los mismos se lo permita. Y por la otra, que la entrega de todo expediente, cualquiera sea la razón de su préstamo, debe ser bajo recibo, el cual frente a la no devolución de aquéllos habilitará para accionar a favor de su recupero o reconstrucción.
Empleo no registrado, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Braile Carlos c/ Angel de Gobbi Propietario de El Buen Curtidor s/ Ordinario (LIBRO: S074 - 347)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-10-13

La accionada reconoce el contrato de trabajo, pero niega la extensión del mismo y categoría del empleado. No aporta prueba en contrario y de la pericial contable surge que no lleva registros laborales. Por ello y lo dispuesto por los arts. 55 de la L.C.T. y del C.P.L. se afirma que el actor trabajo en la categoría y por el lapso denunciados en la demanda.-
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sequeira, Graciela c/ Municipalidad de Hipólito Irigoyen s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

Cuando el acto administrativo ha sido dictado de oficio, la interposición del recurso -en el caso de revocatoria- no solo es procedente sino indispensable para dejar habilitada la posterior instancia contencioso administrativa.
Embargo preventivo, sustitución del bien
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. s/ EMBARGO PREVENTIVO - FINALIDAD - SUSTITUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El mantenimiento del embargo originalmente solicitado, habida cuenta del escaso monto por el que pudo ser tratado, no proporciona caso ninguna, garantía en punto al derecho que se intenta resguardar, y sí perjudica en cambio el normal desenvolmiento de la embargada, desde que le impide operar financieramente, contrariando así la finalidad perseguida por el decreto 420/85. En tales condiciones, se impone admitir la sustitución ofrecida, por cuanto al representar igual o mejor garantía y seguridad (a la vez que resulta menos gravosa para el deudor), con ello no se perjudica en modo alguno al beneficiario de la medida, a lo que cabe añadir que, por tratarse de un bien de capital, su valor fluctuará, en principio, de conformidad con la variable inflacionaria.
Daño, cosa riesgosa, indemnización, daño por vicio o riesgo de la cosa, factores atributivos de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Páez, Miguel Angel c/ Gobierno de la Provincia de La Pampa s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-03-17

La "identificación de la cosa que, con su riesgo o vicio, causa el daño que se busca indemnizar, es presupuesto indispensable para que prospere una demanda fundada en el art. 1113" (exp. 2718/03, r. C. A.); ya en casos anteriores se había dicho que "competía a la actora individualizar claramente cuál fue la "cosa" que utilizó y le produjo la incapacidad" (exp. 574/96, r. C. A.) y que "en los hechos provocados por el riesgo o vicio de la cosa, la actora debe acreditar, necesariamente, el factor de atribución de responsabilidad, sea que se entienda necesario probar que el daño ha sido `causado por el riesgo o vicio de la cosa o demostrar la relación de causalidad entre la cosa y el daño"(exp. 4049/09, r. C. A.).
Derechos humanos, violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

En el art. 29 de la Constitución Nacional la alusión a la vulneración de la vida, el honor y la fortuna de los argentinos se relaciona, sin lugar a dudas, con el perjurio que significa que, precisamente, quienes son llamados a proteger al pueblo en virtud del contrato social sean quienes los hayan colocado a merced de otro, gracias al poder que el mismo pueblo les otorgó. En cambio, el avasallamiento de los derechos fundamentales que no proviniera de la concesión mencionada, encuentra su debida protección en las normas penales respectivas (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Peritos, honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL
Carátula: SOUTH ATLANTIC SA c/ AGREPEZ SA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La ley 24.432 no ha previsto qué ocurre en las hipótesis de distribución de los gastos casuídicos por su orden o en distintas proporciones, como se plantea en el presente caso. Para tales supuestos no cabe declarar inaplicable la norma, sino adecuar su ratio a la situación concreta, brindando soluciones de especie. La reforma introducida por la citada ley "...intenta remediar la situación derivada del derecho que tienen los peritos de cobrar sus emolumentos de cualquiera de las partes, aun de la que no hubiera sido condenada en costas. Obviamente, siempre el perito, en tal caso, conservará un crédito por la mitad no percibida, y se reparte equitativamente el riesgo por la eventual insolvencia de la parte vencida en el pleito y condenada en costas, de manera de no hacer recaer la totalidad de la carga en quien ha demostrado su razón para pleitear" (conf. Sala III "Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina c. YPF s/ daños y perjuicios", causa 14.946/96 del 22.6.04).
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros, demanda contra Estado extranjero
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Coronel, Oscar Antonio y otros c/ Estado Nacional - Ministeriode Defensa s/ accidente en el ámbito militar y f. seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Con la sanción de la ley 24.488 sigue plenamente vigente el principio de la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros (art. 1º), aunque restringida sólo a los actos iure imperii, mientras que sus excepciones se encuentran expresamente previstas en el art. 2º de la norma.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ, Javier Fabián y otros c/ Provincia del Chubut - Superior Tribunal de Justicia s/ Juicio Ordinario Herrera, Julio Roberto y otros c/ Provincia del Chubut - Superior Tribunal de Justicia s/ Ordinario - Prohibición de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-29|1993-03-29

En cuanto al levantamiento de medida de no innovar solicitada por la demandada y a la resolución de este Superior Tribunal, cabe acotar que "los trámites vinculados a providencias cautelares ordenadas en la instancia no son interruptivos de la perención" ... "Las actuaciones tendientes a obtener medidas precautorias, no tienen virtualidad para interrumpir la perención, por ser cuestiones incidentales que sólo persiguen otorgar seguridad en las pretensiones de una de las partes, sin afectar el trámite específico de la causa"
Accidente de tránsito, prioridad de paso, semáforo, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: ANTE, José Alberto c/ Maurin, Lucas s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-19

El demandado conductor no respetó la prioridad de paso que tenía el actor. La simultaneidad en el arribo de ambos vehículos al cruce en donde se produjo el impacto dañoso impone que quien tenía la prioridad de paso correspondía al actor que apareció a la derecha del accionado, quien debió detener su vehículo al llegar a la encrucijada para permitirle el paso a quien tenía derecho a circular en virtud de la preferencia de paso que la ley le asigna.

Esta falta de diligencia, prudencia y respeto a quien circula por la vía de preferente paso implica que el demandado no está exento de responsabilidad sino que, por el contrario fue el principal culpable del acaecimiento del choque.

Sin embargo, entiendo que el actor también incumplió con el deber de circular con prudencia y precaución pues, pese a que tenía la prioridad de paso, debió arbitrar las medidas convenientes para evitarse daños a si mismo y respecto de terceros.

Si el semáforo existente en ese cruce, se encontraba con luz amarilla intermitente, pese a su derecho de paso preferente, debió arbitrar los medios necesarios para evitar cualquier circunstancia dañosa. Existiendo semáforo en el cruce, entiendo que la culpabilidad sería exclusiva del demandado, si el actor tenía el paso habilitado con la correspondiente "Luz verde"; pero no en el caso de autos en donde el semáforo se encontraba para ambos conductores con "luz amarilla intermitente".
Cámara de Apelaciones, integración del tribunal, excusación, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Wechsler, Ricardo Gustavo c/ Estado Nacional (CSJN.) s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La imposibilidad de resolver la integración de un tribunal por la insuficiencia de las normas que prevén el reemplazo de aquellos alcanzados por las causales de excusación de que se trate, no debe prevalecer sobre la necesidad de superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, gas natural
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, ALEJANDRO ANTONIO c/ GNC S.A. OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

La supervisión en la instalación de equipos de GNC resulta comprensible y razonable a los fines de asegurar que no se altere la calidad de los productos en el mercado, evitando los serios inconvenientes que una defectuosa instalación de dichos equipos podría ocasionar en la vía pública, con el consecuente daño comercial para la empresa automotriz, pero no significa que GNC S.A. cumpliera tareas propias de la actividad de Fiat Auto Argentina S.A. o que ésta hubiera tercerizado trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica.
Prueba confesional, confesión ficta, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Medina Juan Eduardo c/ Trajtemberg Carlos y otra s/ Cobro de pesos y entrega de certificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-24

La ficta confessio tiene un alcance distinto a la confesión judicial expresa, ya que la primera admite prueba en contrario que debe ser suministrada por el absolvente y la segunda constituye plena prueba.

Dicho en otros términos,la primera crea una situación desfavorable al absolvente, que puede ser destruida por los demás elementos obrantes en autos. Ello así porque el valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad y nada obsta a que el perjudicado por ella la enerve mediante otros elementos de convicción. Lo cierto es que carece de un valor absoluto y su eficacia debe ser apreciada de conformidad con todas las probanzas que obran en el proceso.
Tribunal de cuentas, rendición de cuentas, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARGARIA, FABIAN LUIS JUVENAL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Habiéndose desempeñado el recurrente como Gerente de Administración y Finanzas en la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición -PROMIN- Santa Fe, de acuerdo a lo previsto en los artículos 213, 215 y concordantes de la ley 12510, en correlación con las disposiciones de la resolución 49/02 y del decreto 1036/93, el ejercicio de esa función implicaba claramente el posicionamiento del recurrente como un agente responsable de rendir cuentas, en general; sin embargo, respecto de los cargos en definitiva enrostrados al actor mediante la resolución 104/09, debe destacarse que los mismos refieren en todos los casos a operaciones en su totalidad incluidas en un período anterior a su designación en el referido cargo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12510, artículos 213 y 215; Decreto 1036/93; Resolución 104/09.
Procesamiento, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEL VALLE PERALTA, HUGO s/ Fraudes al comercio y la industria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La ley establece que no puede ordenarse el procesamiento sin haberse recibido declaración indagatoria ni sin expresar los motivos de la decisión (conf. Art. 307 y 308 del CPP) y esa exigencia supone que el Juez debe atender, aún cuando basta que lo haga someramente, las explicaciones de descargo, estando dicha omisión sancionada con la nulidad, por lo que corresponde anular el auto de procesamiento que prescinde de atender esas explicaciones limitándose a señalar quienes firmaron los balances incompletos, o quien ayudo a confeccionarlos, sin hacerse cargo de las manifestaciones de cada uno de los imputados en el sentido de haber obrado sin intención dolosa, por desconocer principios de contabilidad unos, y por haberse asesorado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas otros.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Los ilícitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad calificada y aplicación de tormentos perpetrados durante el último gobierno de facto por el policía a cargo de la Dirección General de Investigaciones Provincial constituyen delitos de lesa humanidad y por ello resultan imprescriptibles, pues el art. 1 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, establece tal condición cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.(del voto de la Dra. Liliana Catucci)
Constitución Provincial, garantías procesales, defensa en juicio, oportunidad procesal, declaración del imputado
Materia: PROCESAL -PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, SERGIO DANIEL s/ GARANTIAS  PROCESALES - DEFENSA EN JUICIO - DECLARACION DEL IMPUTADO    PRUEBA ILEGAL - RECURSO DE CASACION - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-30

En virtud de lo dispuesto por el art. 40 de la Constitución provincial, en su segundo precepto, "todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del estado, desde el primer momento de la persecución penal".

La garantía individual de la defensa en juicio requiere para su satisfacción, según lo dispuesto por la norma citada, que desde el primer acto inicial del procedimiento dirigido en su contra (CPP, 70) el imputado cuente con asistencia técnica.

El art. 40, en su última disposición , avanza aún más e incluye los efectos procesales inherentes a la violación de las garantías que nos ocupa, al disponer que carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor.
Adopción plena, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. E. s/ Adopción Plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-08-12

Corresponde otorgar la adopción plena a quien ejerce la guarda preadoptiva del adolescente, pues si bien el peticionante es de estado civil casado se halla suficientemente acreditado que se encuentra separado de hecho de su cónyuge y esta situación no es obstáculo para la procedencia de la petición en la regulación legal vigente, ya que se prevé especialmente tal posibilidad para la adopción unilateral en el art. 603 inc. "C" del CCyC.
Protección del medio ambiente, cuestiones de competencia, policía ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: ASSUPA c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25

El ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio, máxime si no se advierte un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción.
Cuenta corriente bancaria, Derecho comercial, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. c/ Valdez, Roberto s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-07

La cuenta corriente bancaria constituye en el derecho positivo argentino, una especie próxima a la cuenta corriente mercantil. No existiendo en el Código de Comercio previsión concreta acerca del término de prescripción de las acciones emergentes de los saldos de cuenta corriente bancaria, resulta procedente la aplicación de las normas relativas a la cuenta corriente mercantil. El Código de Comercio en su art. 790 establece el término de cinco años.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc. Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23|1999-08-10|2000-04-12

Es el ladrón y no la víctima quien elige el medio y la forma de llevar a acabo su accionar. Puede hurtar aprovechando un descuido de la víctima, o quitarle por la fuerza de un empellón la cartera que lleva en su mano y echar a correr. Pero también puede elegir encañonarlo con un revólver. Nos parece que a tenor de lo discurrido no existe gran diferencia entre que tenga el tambor cargado de proyectiles o vacío de ellos, o su funcionamiento sea nulo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)