Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-12


SENTENCIA NUMERO: VEINTITRES En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de agosto de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 94/10, caratulados:

"RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Ávila, en causa Expte. 175/09, caratulada: "PONCE, Julio Alberto s.a. Homicidio Simple", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nulo el fallo por haber violentado el principio constitucional de defensa en juicio? 3º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 28, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva, y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº CUARENTA Y SEIS/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº CUARENTA y SEIS/2010, dictada el 12/08/2010, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió: "1) Declarar culpable a Julio Alberto Ponce, de condiciones personales ya obrantes en la causa, del delito de Homicidio Simple, por el que venía incriminado condenándolo a consecuencia a sufrir la pena de quince años de prisión (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C. Penal). Con costas y accesorias legales (arts. 536 y 537 y concordantes del C.P.P.).

II. Contra el decisorio aludido, comparecen los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Ávila, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Julio Alberto Ponce, e interponen recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incisos 2º, 1º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Inician su escrito recursivo denunciando inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.).

Cuestionan la validez de la confesión de su asistido aseverando, por un lado, que la misma no ha sido prestada libremente, que al momento de declarar Ponce no contaba con un estado de conciencia que le permita expresar libremente su declaración; por el otro, que no existe certeza de que el imputado haya tenido oportunidad cierta de conocer la prueba reunida en el proceso al momento de prestar declaración.

Como punto de partida, cabe adelantar que los referidos cuestionamientos se desmoronan frente a las constancias obrantes en la causa. Un análisis integral de la misma permite advertir que de ninguna manera se ha comprobado falta de libertad o conciencia del imputado para prestar declaración, ni dicha circunstancia ha sido fehacientemente demostrada por quien intenta esta vía recursiva.

En esa dirección se expidió el tribunal al considerar que: ".en afán de responder a determinados cuestionamientos de la defensa, entendemos que la declaración del imputado Ponce, al momento de ejercer su derecho de defensa en los primeros momentos de la pesquisa, fue perfeccionada respetándose las formalidades legales y la misma fue prestada en presencia de su defensor técnico, lo que nos permite colegir que aquella fue libre y voluntaria y puede ser valorada como tal (Arts. 268 y ss. del C.P.P.)".

En consonancia con lo expresado, no pueden tener acogida favorable las argumentaciones tendientes a poner en tela de juicio la declaración del imputado, obrante a fs. 134/136, alegando el desconocimiento por parte de Julio Alberto Ponce de las pruebas existentes al momento de perfeccionarse su declaración.

Al contrario, del acta respectiva (fs. 134/136) -la que fue suscrita por la defensa técnica, el imputado, el fiscal de instrucción interviniente y el secretario-, se advierte con claridad que el fiscal de instrucción a cargo de la investigación le hizo conocer al imputado los detalles del hecho que se le atribuía, la calificación legal, como así, le informó respecto de cada una de las pruebas obrantes al momento (fs. 134/135).

El mencionado acto se desarrolló con pleno respeto de las garantías procesales y constitucionales, y al que concurrió, como se dijo, su abogado defensor, que ninguna observación hizo en el acto.

Por ello, el planteo resulta a todas luces extemporáneo, puesto que no ha sido objetado por la defensa en ninguna etapa posterior del proceso, elevándose, incluso, la causa a juicio sin que mediara oposición (fs. 272). A continuación, los recurrentes aseveran que, independientemente de la confesión del imputado, no existe ningún elemento que apuntale la responsabilidad o autoría del delito por parte de su defendido. Fundan sus agravios criticando las modalidades de investigación y cuestionando la falta de citación de algunas personas para que depongan como testigos.

Al respecto, debo decir que, más allá de las disconformidades señaladas por la defensa, no se advierte -y tampoco lo han especificado-, qué incidencia tiene o hubiese tenido ello con relación a la prueba ponderada por el juzgador en el fallo que se ataca.

Dicen los recurrentes que el pie del imputado Ponce mide 28 cm descalzo y que las huellas encontradas eran de pisadas de zapatillas que miden 24 cm. Cabe aclarar, que este elemento de prueba no ha sido considerado por el tribunal a los fines de fundamentar la responsabilidad penal del acusado con relación al hecho, por lo que tampoco se advierte que pueda tener incidencia positiva para conmover las conclusiones arribadas por el a quo.

Refieren también, que los juzgadores aseguraron que Ponce golpeó con sus puños y con brutalidad a la menor, pero del examen médico y corporal realizado en la persona del imputado no surge que el mismo tenga ningún tipo de excoriación en sus dedos, sus manos o sus nudillos. Que de dicho informe surge que Ponce no tiene signos de violencia de ningún tipo en su cuerpo. En tal sentido, aseveran que debería tener, al menos, un entumecimiento.

Con relación a este cuestionamiento considero que, más allá de la posible existencia de lesiones en las extremidades superiores del imputado, en atención a las constancias obrantes en autos, a mi entender, no necesariamente dicha golpiza debió dejar rastros en las manos del acusado.

No obstante ello, advierto que el referido planteo no resulta dirimente, porque lo que el tribunal tuvo por acreditado, de conformidad a las pruebas debidamente incorporadas, es que la víctima, Antonia María Rosa Medina, recibió una relevante golpiza, principalmente en la cabeza, por parte del imputado, conducta que la desvaneció, lo que facilitó a su agresor que la arrastrara de espaldas al suelo por varios metros hasta arrojarla con vida al aljibe -de aproximadamente tres metros de profundidad-, impactando aquélla fuertemente con el fondo del pozo, movimiento que le ocasionó un traumatismo cervical severo y, consecuentemente, su deceso a los pocos minutos de la caída.

Refuerzan lo dicho las conclusiones vertidas en el Acta de Autopsia (fs. 121/123), puntualmente ponderadas por el a quo, en donde expresamente se constató que: ".la causa eficiente de muerte se debe a un traumatismo cervical severo con fractura de vértebras media.de Columna Cervical; evidenciadas por hematomas y coágulos en el canal medular más sangre coagulada que movió desde fosas nasales hacia la región frontal debido a la posición de hiperextensión del cuello. Lo que nos indica que la víctima dejó de existir en el pozo que fue encontrada exactamente en la posición que llegó al fondo del mismo. Data de la muerte: más de 24 hs. (entre 24 y 36 hs. aproximadamente)".

En definitiva, estimo que cuando se denuncia, a través del recurso de casación, la omisión de valorar prueba, no basta con la mera constatación de que la sentencia carece de examen de elementos de convicción ofrecidos e incorporados sino que, tratándose del contralor de una facultad, en principio privativa del tribunal de juicio, resulta menester que se trate de probanzas cuya inclusión hipotética pueda razonablemente variar la conclusión que se objeta, lo que no se advierte en el caso bajo examen.

Otro de los agravios esgrimidos radica en cuestionar la apreciación del tribunal respecto al testimonio de "Nano" Reyes. Aseveran que la versión que relata el testigo en debate es totalmente creíble, por cuanto reconoció sin ambages que su declaración fue influenciada por la policía (aclara que en ningún momento dijo que fue apretado por el Fiscal, ni por el Secretario ni por la Asesora de Menores).

Lo que sostiene Reyes -aseveran- es simplemente que miembros de la policía lo presionaron mediante amenazas para que declarase en el sentido en que lo hizo al incriminar a Ponce.

Ahora bien, con respecto a la cuestionada valoración del testimonio de Arnaldo José Reyes en su ampliación de declaración (fs. 74/75), estimo oportuno recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 40, 30/11/10; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en donde se dijo que, por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia y, por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos, a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. Así, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).

Asimismo, destáquese que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible, por la vía casatoria, invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Lo dicho sustenta lo meritado por el a quo, quien luego de haber visto y oído en audiencia de debate al testigo Arnaldo José Reyes, alias "Nano", desestimó, ante la carencia de elementos probatorios independientes, la pretensión defensista de que dicho testigo actuó coaccionado. El tribunal aseveró que ello quedó en una mera suposición, toda vez que en sus declaraciones no se observaron irregularidades fácticas ni formales.

En tal sentido, sostuvo que discurrir lo contrario llevaría a sospechar la existencia de un oscuro contubernio entre diferentes funcionarios judiciales, que complotados habrían obligado a Reyes a mencionar determinadas circunstancias fácticas que al día siguiente "casualmente" también relata en términos similares el acusado al momento de ejercer su descargo, quien lo hacía acompañado por su defensor.

En idéntica dirección, estimo relevante resaltar lo meritado por el tribunal al respecto, cuando refiere: "No contamos con siquiera un ápice de duda que nos permita mínimamente avizorar una pretensión tan desatinada como la presentada". En consecuencia, este agravio tampoco puede tener acogida favorable.

En idéntica dirección, los recurrentes critican que se haya introducido por su lectura el testimonio de Gustavo Alejandro Trejo, al considerar que dicho testimonio jamás pudo ser controlado por su asistido, puesto que el mismo fue receptado cuando el imputado aún no se encontraba individualizado; sin embargo, llama la atención, atento el planteo efectuado, que una vez individualizado el imputado, y habiendo tomado conocimiento de dicha prueba desde el momento en que se le recibió declaración (fs. 135/136), recién en el debate cuestione esta circunstancia..

Más allá de lo expuesto, cabe advertir que dicho planteo carece de incidencia porque, si bien se ha introducido por su lectura el testimonio de Gustavo Alejandro Trejo, el tribunal no lo ha ponderado al fundar sus conclusiones por lo que, en modo alguno, las objeciones formuladas pueden conmover la fundada decisión del sentenciante.

A continuación, señalan los defectos u omisiones en los que, a su entender, incurrieron el ministerio público fiscal y el tribunal. Puntualmente refieren a distintos elementos probatorios que -a criterio de los recurrentes- el titular de la acción penal debió considerar e investigar.

Consecuentemente, aseveran que no existe ninguna constancia ni posibilidad de conjeturar que sea Ponce quien dio muerte a la víctima, fuera de su confesión. Solicitan la absolución de su asistido por el beneficio de la duda.

En primer término, debo decir que los cuestionamientos efectuados no resultan de recibo. La defensa se agravia denunciando defectos en la investigación y, en razón de ello, cuestiona la falta de realización de distintos medios de prueba que, a su entender, descalificarían la participación de su asistido.

Frente a ello, cabe destacar que la defensa técnica del imputado, pese a considerar que existían diligencias probatorias de carácter dirimentes, omitió ofrecer oportunamente aquella prueba que consideraba en su descargo para orientar la investigación (art. 360 C.P.P.) dejando, además, vencer el término legalmente previsto para ello. A esto se suma que tampoco se opusieron al requerimiento de elevación a juicio que se apoyaba en esas pruebas para dar base a la acusación de Ponce, reclamando luego la defensa, en oportunidad de la discusión final, la alegada orfandad probatoria.

Sostienen los recurrentes que no existe ninguna constancia ni posibilidad de conjeturar que sea Ponce quien dio muerte a la víctima, fuera de su confesión.

En primer término, cabe aclarar que no surge de la declaración del acusado que éste haya confesado que mató a la víctima. Destáquese aquí, que su confesión ha sido de las denominadas calificadas, como bien lo puso de resalto el tribunal.

En consecuencia, resáltese que para que la versión proporcionada por el imputado pueda reputarse confesión calificada debe comprender, por un lado, una proporción propiamente confesoria; es decir, reconocer su vinculación con el hecho endilgado y, por el otro, que ella contenga circunstancias susceptibles de excluir o atenuar el reproche penal que aquella primera parte, por sí misma, determinará necesariamente.

De tal manera, la confesión calificada del imputado consta de dos porciones claramente discernibles: una específicamente constitutiva de la confesión y otra que podría llamarse "defensiva", en cuanto incluye circunstancias o antecedentes susceptibles de tenerse en cuenta en la elaboración del juicio de imputación penal con aptitud para excluirla o atenuarla.

Si bien la confesión no tiene actualmente la connotación definitoria que la caracterizó durante el predominio del proceso inquisitivo, esto no implica que su contenido pueda dejarse de lado cuando tiene una notoria relevancia para el esclarecimiento del hecho, asociada a otros elementos de convicción incorporados a la causa.

En este sentido, el tribunal unánimemente valoró que el indicio de presencia física en el lugar del hecho, sumado a las actas de procedimiento, las placas fotográficas y la prueba científica de la autopsia reforzada por el testimonio prestado en audiencia por uno de los profesionales intervinientes, permiten desechar de plano la postura defensista eximente del justiciable Ponce cuando pretende convencer que la víctima se cayó "accidentalmente" en el aljibe donde fue encontrada por la instrucción y da paso al indicio de participación delictual del referido Ponce en el supuesto fáctico juzgado, toda vez que tal cuadro probatorio permite inferir, sin lugar a ninguna otra alternativa interpretativa, que Antonia María Rosa Medina recibió una relevante golpiza en su integridad física, principalmente en la cabeza, por parte de la persona que se encontraba con ella en ese sitio -que no puede ser otro que aquél que reconoció haber estado con ella en dicho lugar, esto es "Ramiro" Ponce.

Como se advierte, el razonamiento del sentenciante resulta lógicamente ajustado, y su conclusión no ha sido eficazmente conmovida por el pretendido cuestionamiento de los impugnantes, quienes insisten en la ausencia de elementos probatorios, sin asumir la visión armónica señalada por el juzgador, la que le permitió derivar en la aserción puesta en crisis.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, los recurrentes propugnan la nulidad de la sentencia invocando violación al principio constitucional de defensa en juicio (art. 18 C.N.). Aseveran que ello ha causado un gravamen irreparable.

En este tópico, los impugnantes reiteran que el a quo ha ponderado el testimonio de Trejo y que éste es el único testigo que dijo que Ponce, la noche del hecho, fue en búsqueda de la víctima y fue utilizado por la Cámara como un elemento fundamental para llegar a la conclusión de que Ponce es, efectivamente, el autor del hecho en cuestión.

Afirman que el tribunal de juicio fundó la sentencia de condena en prueba de cargo decisiva que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, en desmedro de los derechos consagrados en los arts. 8.2.f de la C.A.D.H. y 14.3.e del P.I.D.C.P.

En lo atinente al presente agravio, por ser éste una exacta reiteración de lo ya cuestionado y tratado en el tópico precedente, allí me remito a fin de no pecar de reiterativo. No obstante ello, estimo pertinente aclarar que en el fallo, a diferencia de lo resuelto en el precedente de la CSJN (Benítez, Aníbal Leonel) citado por los recurrentes, el testimonio -cuya ponderación se cuestiona- no es el que ha dado sustento a la decisión condenatoria del tribunal.

Sumado a ello, como se dijo ut supra, tampoco se advierte que el a quo, al ingresar al análisis crítico de la prueba a los fines de dar respuesta al interrogante planteado como primera cuestión, haya ponderado lo expresado por Trejo; aunque sí aclaró, que al día siguiente de la declaración de Nano Reyes, el imputado declaró en términos -a lo expresado por éste último testigo- similares al momento de ejercer su descargo.

En definitiva, entiendo que no existe vulneración al derecho de defensa por el hecho de que se haya incorporado al debate un testimonio prestado con todas las formalidades prescriptas legalmente durante la etapa de investigación penal preparatoria, si el mismo no fue computado como prueba esencial en el fallo cuestionado, lo cual implica que haciendo un abstracción mental hipotética del elemento probatorio cuestionado, el tribual igualmente hubiese llegado a idéntica conclusión. Digo ello, porque el a quo para atribuir la responsabilidad penal al acusado Ponce, puntualmente destacó que ella ".proviene principalmente de tramos de su descargo efectuado ante el órgano acusador, acto procesal que fue perfeccionado respetándose las formalidades legales prescriptas y en presencia de su defensor técnico.

En efecto, Julio Alberto Ponce, "alias Ramiro", reconoce que en la fecha y escenario del suceso en juzgamiento encontró a la víctima, quien venía por el campo y se pusieron a discutir, adentrándose de a poco en el predio.

Allí el acusado continúa relatando que luego de un intento fallido de mantener relaciones sexuales consentidas, María Medina "al querer ponerse nuevamente el pantalón y por el estado de ebriedad que tenía metió el pie en una especie de aljibe y se cayó dentro de él".

A posteriori agrega que regresa junto con su amigo "Nano" Reyes, que lo había acompañado desde el principio pero que no observó nada de lo sucedido ya que éste, instantes previos al encuentro referido, se había apartado para hacer sus necesidades al costado del camino; que estaba enamorado de María y quería retomar la relación, como así también, el pasado año le mandaba mensajes de textos al celular de aquella.".

De este modo, el tribunal concluyó -reitero aquí lo expuesto en el tópico que antecede- que el indicio de presencia física en el lugar del hecho, sumado a otras pruebas ya mencionadas, permite desechar de plano la postura defensista eximente del justiciable Ponce cuando pretende convencernos que la víctima se cayó "accidentalmente" en el aljibe donde fue encontrada por la instrucción y da paso al indicio de participación delictual de Ponce en el presente hecho. En consonancia con lo analizado, como ya lo adelantara, el embate esgrimido no puede prosperar. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Por último, los recurrentes propugnan la nulidad de la sentencia invocando inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P).

Sostienen que, luego de enumerar las agravantes y atenuantes, el tribunal concluye en que la pena adecuada es la de 15 años de prisión efectiva. Aseveran que el número de cuestiones ponderadas a favor y en contra y su peso de convicción resulta sumamente desproporcionado.

Consideran que el tribunal omitió ponderar que el homicidio fue el resultado de un estado anímico turbado y motivado por la burla y los celos. Expresan que los homicidios causados por circunstancias pasionales claramente tienen un factor de reproche menor en cuanto a la culpabilidad que aquellos causados con fines de lucro o por simple placer.

Cuestionan que el tribunal haya soslayado que el imputado es una persona con baja tolerancia al rechazo, lo cual es una atenuante, ya que no tiene su personalidad una composición que le permita aplacar sus impulsos emocionales de manera normal. Resaltan que, si bien se ponderó su nivel educativo, no se lo hizo adecuadamente, aclarando que Ponce es un muchacho sin ningún tipo de capacidad para contener sus impulsos emocionales y que con esta carencia se enfrentó a un disparador sumamente influyente: los celos y la burla de sus amigos.

Enfatizan en lo elevado de la pena a pesar de la extrema juventud del acusado, lo cual implica condenarlo a ser absorbido indefectiblemente por los vicios de la vida carcelaria para siempre. Finalmente solicitan que se revoque la sentencia, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inciso b, del PIDCP.

IV. a. Aquí, la cuestión radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado Julio Alberto Ponce.

Los recurrentes entienden, por un lado, que el a quo, a pesar de haber valorado circunstancias agravantes y atenuantes, impuso a Ponce una pena desproporcionada; como así, que el a quo ha omitido ponderar positivamente que el homicidio ha sido el resultado de un estado anímico turbado y motivado por la burla y los celos, soslayando también, que el imputado es una persona con baja tolerancia la rechazo y sin capacidad para contener sus impulsos emocionales.

Considero que las críticas expuestas no resultan procedentes, por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

En consecuencia, adviértase que el sentenciante justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado -se dejó a un menor sin madre-las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del acusado.

No comparto la cuestionada omisión del tribunal de ponderar a favor del acusado que éste actuó en un estado anímico turbado y motivado por la burla y los celos. Digo ello, porque justamente otra es la interpretación que dio el tribunal de juicio, ya que al considerar la modalidad delictiva empleada (golpiza reiterada en una zona de vital relevancia y la precipitación de una persona desvanecida a un pozo de apreciable profundidad), puntualizó que la reacción del acusado resultó totalmente desproporcionada frente a un noviazgo ya terminado, y hasta demostrativa del desprecio por la vida humana ajena al pretender resolver un trance superficial y extemporáneo a través de enérgica violencia.

De igual modo, estimo que deben desestimarse los planteos efectuados por la defensa de Ponce, a los fines de que se consideren como atenuantes el estado anímico del imputado, turbado y motivado por la burla y los celos, así como también, que es una persona con baja tolerancia al rechazo y que carece de capacidad para contener sus impulsos emocionales -circunstancias que no se encuentra fehacientemente demostradas, siendo ello una mera apreciación de la defensa-; a más de que no han explicitado en el curso del debate oral, que las mencionadas circunstancias debían considerarse a tal fin, ni tampoco desarrollaron de qué manera o cómo habrían influido en el accionar delictivo de Ponce a los fines de disminuir la pena aplicable que, se supone, pretenden.

Ahora bien, en cuanto a la denunciada desproporción en la valoración de atenuantes y agravantes y al monto de pena impuesto a Julio Alberto Ponce, no advierto, en modo alguno, que el tribunal haya ejercido su potestad jurisdiccional de fijar la pena de manera arbitraria.

En tal sentido, recientemente esta Corte expresó que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal no implica violación legal alguna ( S. 21, del 13/07/11; S. 47, del 30/12/10), En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida, en principio, a otro órgano judicial.

En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala y, además, las expresiones utilizadas por el Tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar las penas, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P..

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo::

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde:

I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Ávila, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Julio Alberto Ponce.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el art.2 apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Ávila, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Julio Alberto Ponce.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el art. 2 apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.