Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-22


CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 212 p 18-26.

En la ciudad de Rosario, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 90 del año 1988), de conformidad con el acuerdo celebrado el día quince del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: I.1. La empresa "Construcciones Industriales y Civiles S.R.L.", en su carácter de contratista de la obra "Renovación cañería pluvio-cloacal de calle Santiago entre Córdoba y San Luis de la ciudad de Rosario", deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe a los fines de que se declaren ilegítimos las resoluciones 1359/84 y 02/84 del Administrador General de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y el decreto 0340/87 del Poder Ejecutivo Provincial denegatorios de su reclamo referido al reconocimiento y pago de la actualización monetaria e intereses generados por restitución con mora de los fondos de reparos correspondientes a los certificados extraordinarios de variaciones de costos nro. 1, 2, 3, 4 y 5.

Afirma que una vez confeccionados los certificados extraordinarios de variaciones de costos 1, 2, 3, 4 y 5 (de la obra en cuestión) presentó una póliza de seguro de caución a fin de sustituir los fondos de reparos -constituidos por el 5% de cada certificado- retenidos por la comitente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la ley 5188.

Dice que las citadas pólizas reunían las exigencias establecidas por la reglamentación de la ley 5188 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la DIPOS; y que, de acuerdo a la finalidad perseguida por la ley mencionada, al no merecer objeción alguna, debieron ser aprobadas por la comitente y abonarse los certificados, en cada oportunidad, en su totalidad.

Recuerda que no obstante el tiempo trascurrido desde la presentación en forma de la póliza de caución -30.8.83- los certificados fueron abonados el 27 de enero de 1984 en un 95%, reteniendose el 5% restante para el fondo de reparos, los que se devolvieron recién el 18 de abril de 1984 y en su exacto valor nominal.

Comenta que la DIPOS, mediante resolución 1359/84, rechazó el reclamo alegando que si bien la sustitución del fondo de reparo puede ser pedida, la Administración carece de plazo que la obligue a expedirse respecto de su aprobación, por lo tanto, al no existir plazo, no existe mora o incumplimiento culpable que autorice al pago de intereses por tal concepto.

Relata que, interpuestos recursos de revocatoria y apelación en subsidio, el primero fue denegado mediante resolución 02/85 del Administrador General de la DIPOS.

Añade que, luego de expresados agravios en el recurso de apelación, el Gobernador de la Provincia mediante decreto 340/87 resolvió reconocer el costo proporcional de la póliza desde el vencimiento del plazo que corresponda en su caso considerar hasta la fecha en que se restituyó el porcentaje legal retenido, considerando que frente a la omisión de la ley respecto al plazo debe aplicarse, integrativamente, el de 30 días previsto en los artículos 45 y 57 del decreto 10.204/58 a partir de la presentación de la solicitud de sustitución. Pero no formula consideración alguna sobre el objeto principal del reclamo que es el reconocimiento y pago de las diferencias por actualización e intereses de igual forma que se reconoció respecto del 95% restante del importe de los mismos certificados extraordinarios.

Entiende que, probablemente el error o mala interpretación, se suscitó al analizar la cuestión a la luz de la argumentación de la repartición o de la expresión de agravios, vinculada a la existencia o inexistencia de plazo legal, para concluir que no existió mora o culpa de la administración en la restitución y/o retención de los fondos y, consecuentemente, la obligación de pagar actualización e intereses.

Explica que las resoluciones de la DIPOS están viciadas en tanto han omitido la consideración de los antecedentes de hecho del caso y los argumentos jurídicos invocados por su parte al no tomar en consideración el tratamiento acordado al 95% de los certificados extraordinarios en cuestión y recurrió a las normas reglamentarias aplicándolas dogmáticamente aún cuando no se referían al supuesto de autos.

Alega que la invocación del artículo 81 de la Ley de Obras Públicas es errónea por cuanto dicha norma no prevé el supuesto de autos en que hay una retención simultánea de dos garantías, una de las cuales debió reintegrarse debidamente indexada.

Invocando el principio de intangibilidad de la remuneración del contratista sostiene que le asiste el derecho al reconocimiento de la diferencia por desvalorización monetaria entre la fecha de ejecución de los trabajos y la efectiva de pago.

Agrega que ese principio jurídico es de reconocimiento unánime de la doctrina, jurisprudencia y legislación. Menciona el criterio jurisprudencial sentado en la causa "Gardebled" de este Tribunal.

Termina diciendo que el Poder Ejecutivo mediante el decreto 340/87 admite expresamente la existencia de mora o incumplimiento culpable en la aprobación de la sustitución de la garantía, por lo que la comitente debió atenerse al mismo criterio utilizado respecto del 95% restante de los certificados extraordinarios nros. 1 al 5, de los que nunca debió desdoblarse el 5% ahora reclamado, no sólo por una cuestión de coherencia sino porque era la única forma de cumplir con las exigencias de la justicia distributiva y respetar las garantías patrimoniales de la actora.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso; con costas a la demandada.

A foja 135 se ordena la acumulación a la presente causa del expediente "Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción" (Expte. C.S.J. 92/1988), donde la actora en su carácter de contratista de la obra "Renovación cañería pluvio cloacal de calle Santiago, entre Córdoba y San Luis de la ciudad de Rosario" deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe a los fines de que se declaren ilegítimas las resoluciones 1358/84 y 2176/84 del Administrador General de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y el decreto 339/87 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial denegatorios de su reclamo referido al reconocimiento y pago de la actualización monetaria e intereses correspondientes a los certificados nro. 9 (ajuste) y 10.

Funda el recurso en las argumentaciones ya reseñadas por ser similares a las expresadas para el expediente al cual éste se acumula.

2. Declarada por presidencia la admisibilidad formal de los recursos, comparece la Provincia a estar a derecho y contesta las demandas.

Ante todo, efectúa una detallada negativa, que refiere sustancialmente a todas las postulaciones de la actora.

Sostiene que tanto la normativa aplicable como las cláusulas contractuales no fijan el plazo en el cual la Administración debiera decidir la aceptación del cambio de garantía y efectuar el reintegro del importe.

Entiende que la pretensión de la actora no es procedente ya que el artículo 79 del Pliego Único de Bases y Condiciones establece que las garantías constituidas o las sumas retenidas en concepto de fondo de reparos no devengan intereses por ningún concepto. Por lo que el único perjuicio resarcible que correspondía reconocer a la actora, era el costo proporcional de la póliza.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso; con costas.

3. Abierta la causa a prueba, producida la que consta en autos, las partes informan sobre el mérito de la causa a fojas 525/533 vto. y 539/550.

Dictada y consentida la providencia de autos, se encuentra la causa en condiciones de ser resuelta.

II.1. Tal como surge de lo expuesto, la actora solicita el reconocimiento y pago de los importes en concepto de actualización e intereses por pago fuera de término de los fondos de reparos sustituidos, correspondientes a los certificados extraordinarios 1, 2, 3, 4 y 5, como así también de los certificados 9 (ajuste) y 10.

Tales aspectos guardan sustancial similitud con lo considerado y resuelto por este Tribunal in re "Construcciones Industriales y Civiles" del 2.7.2003, registrado en A. y S. T. 190, página 59. Así también lo reconoce la propia demandante en su informe sobre el mérito de la causa (fs. 528 vto./529).

Se sostuvo en dicha oportunidad que ninguna duda cabe que la posibilidad de sustituir por pólizas de caución los importes que se retienen en concepto de fondo de reparos constituye un derecho del contratista. Ello puede extraerse de la clara redacción del artículo 51 del Pliego Único de Bases y Condiciones, según el cual "este fondo podrá ser sustituido a pedido del contratista según se establece en la reglamentación de la ley".

En sentido similar regula la cuestión la ley 5188, estableciendo que el importe del fondo de reparos "podrá ser reemplazado por otros valores o garantías, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo" (art. 68).

Respecto del plazo dentro del cual la Administración debe expedirse sobre la pertinencia de las pólizas presentadas se dijo que no sería justo interpretar que la sustitución debe operar de modo automático, a partir del mismo día de la presentación de la póliza. Ello implicaría perder de vista que la Administración debe necesariamente realizar una serie de operaciones técnicas vinculadas a la formación de la voluntad de sus entes; procedimiento que hasta podría culminar, en su caso, con el rechazo de las pólizas.

La consideración de este aspecto, que conlleva, lógicamente, un necesario desarrollo temporal, no puede ser soslayada por el Tribunal (criterio de A. y S. T. 149, pág. 94; reiterado en A. y S. T. 164, pág. 77).

Se agregó que tampoco sería sostenible que el mencionado vacío legal justifique que el trámite de aceptación de las pólizas se extienda excesivamente en el tiempo. Así afirmarlo implicaría soslayar que la Administración debe adecuar su comportamiento a elementales pautas de razonabilidad que permitan al contratista, en definitiva, ejercer útilmente el derecho de sustituir los fondos de reparos por otro tipo de garantía.

De tal modo se concluyó que la Administración debe expedirse acerca de la aceptación de las pólizas de caución -y, en su caso, restituir los importes retenidos- dentro del término de 30 días hábiles administrativos contados desde la presentación de aquéllas.

Es -conforme al criterio sentado en el referido precedente- recién a partir del vencimiento del término mencionado que los importes retenidos en concepto de fondos de reparos deben ser actualizados y comienzan a devengar intereses.

2. A la luz de los criterios recién reseñados deben examinarse las constancias del presente caso.

En cuanto a los certificados extraordinarios de variaciones de costos nros.1, 2, 3, 4 y 5 la empresa por nota de pedido nro. 219 recibida el 17.11.1983 solicita la sustitución de los Fondos de Garantía de los certificados mencionados (f. 506 expte principal), afectando a esos efectos el saldo de la póliza de caución presentada por nota de pedido nro. 180 el 31.8.1983 (f.38 expte. 16301-0011367-V reservado para la causa "Mussin Hnos").

A f.41 del expte. 16301-0011367-V figura constancia del recibo extendido por la empresa en concepto de pago de certificados extraordinarios de costos nros. 1 al 5 de fecha 27.1.1984, circunstancia también sostenida por la actora en la demanda.

En cuanto a la fecha de restitución a la actora de los fondos de reparo retenidos, a f.44 del expte. 16301-0011367-V se encuentra comprobante de orden de pago a favor de la empresa de fecha 11.4.1984 en concepto de sustitución de fondo de reparos por la cantidad de $a 2.371,79 monto igual al reclamado por los certificados nros. 1 al 5 por nota de pedido nro.311 (f.43 expte.adm.cit.).

En tales condiciones, debe concluirse que la Administración, en el trámite de reintegro de los fondos de reparos, incurrió en una demora que se juzga como irrazonable, y que no ha siquiera intentado justificar en autos. Es importante destacar este último punto: la Provincia no planteó ni en sede administrativa ni en esta judicial ningún argumento vinculado a la concurrencia de razones que, en su caso, podrían haber incidido en la demora del procedimiento de análisis de esta póliza.

La Administración, pues, tuvo plazo para expedirse acerca de la viabilidad del pedido de sustitución hasta el 30.12.1983, es decir dentro de los treinta días hábiles administrativosde haber la empresa solicitado la sustitución.

Ahora bien, no resulta válido afirmar que desde esa fecha la Provincia mantuvo ilegítimamente una doble garantía por un mismo concepto -"garantía de obra", en los términos del artículo 68 de la ley 5188-; y que debe responder por tal comportamiento. En efecto, es recién a partir del 27.1.1984, fecha en que la empresa percibe los certificados y la demandada le retiene el 5% en concepto de fondos de reparos cuando ésta actúa ilegítimamente, como bien lo afirma la actora en la demanda "habiendose pagado los certificados en el mes de enero de 1984, debieron ser pagados en su totalidad, sin el descuento del 5% de cada uno de ellos", por lo tanto desde esa fecha hasta la devolución de dichos fondos la demandada ilegítimamente mantuvo una doble garantía por un mismo concepto.

En cuanto a los certificados nros. 9 (ajuste) y 10 conforme surge de las actuaciones administrativas la empresa presentó en 15.3.1984 las pólizas de seguro 1265 y 1264, con el objeto de sustituir el 5% en concepto de fondo de reparos de los certificados antes mencionados (fs. 37 del expte.10918-R-Año 1984 y 462 de estos autos).

La DIPOS, a su turno, resolvió aprobar las pólizas acompañadas mediante resolución 942 del 11.6.1984 y procedió a pagar el 5% retenido en concepto de sustitución de fondo en garantía en fecha 15.6.1984 (fs.151 y 154 del expte.10918-R-Año 1984).

Consta también, según informe de f.168 del expte 10918-R-Año 1984, que las retenciones estipuladas por el artículo 68 de la ley 5188 correspondientes a los certificados nros. 10 y 9 (ajuste) se efectuaron el 30.4.1984 y el 9.5.1984 respectivamente. Asimismo, figura a f. 154 del expte. adm. cit. copia del recibo extendido por la empresa en concepto de sustitución del fondo de reparos certificados nros. 9 (ajuste) y 10 de fecha 15.6.1984 formulándose en ese mismo acto reserva por actualizaciones e intereses.

Las mismas consideraciones que la efectuada para los certificados 1 al 5 debe hacerse para los certificados 9 (ajuste) y 10. En efecto, la Administración incurrió en una demora irrazonable en el trámite que generó la presentación de las pólizas 1265 y 1264. Ello es así, ya que por aplicación de los criterios antes reseñados, tuvo plazo para expedirse acerca de la viabilidad del pedido de sustitución hasta el 3.5.1984.

De esa fecha en adelante resulta válido afirmar, para el certificado 10 -cobrado el 30.4.1984- y desde el 9.5.1984 -fecha de pago del certificado- para el 9 (ajuste) que la Provincia mantuvo ilegítimamente una doble garantía por un mismo concepto -"garantía de obra", en los términos del artículo 68 de la ley 5188-; y que debe responder por tal comportamiento. Dicha situación, en el caso, se mantuvo hasta el día 15.6.1984.

No es atendible, en cambio, el planteo de la empresa en cuanto a que le asistiría el derecho a percibir la actualización de los valores calculados a la fecha de ejecución de los trabajos. Ello por cuanto la sustitución del fondo de reparos constituye un extremo claramente diferenciado de la emisión de los certificados extraordinarios. Estos últimos, tal como lo expresa la misma actora en su demanda, respondieron a la especial situación creada por la necesidad de adecuar las certificaciones a la sustitución que se dispuso del mecanismo de reconocimiento de mayores costos.

3. Efectuadas las precedentes precisiones, corresponde ahora definir el alcance del reconocimiento que debe declararse, tarea que justifica las siguientes consideraciones.

Al demandar, la actora afirma que percibió -a valor nominal- los importes correspondientes a los reintegros de los fondos de reparos como "pagos a cuenta, y formulando reserva de derechos" en fecha 18.4.1984 para los certificados 1 al 5 (fs,23) y el 15.6.1984 para los certificados 9 (ajuste) y 10 (f.79).

Tal afirmación ha sido debidamente demostrada para los certificados 10 y 9 (ajuste) con las constancias agregadas a foja 154 del expediente administrativo 10.918-R-Año 1984 reservado en Secretaría.

Dicho extremo torna procedente la pretensión de reconocimiento de intereses correspondientes al lapso más arriba mencionado (criterio de "Construcciones Industriales y Civiles" supra citado). Aclaro que este aspecto del reconocimiento en nada se contradice con lo dispuesto por el artículo 79 del Pliego Único de Bases y Condiciones (el cual dispone que "las garantías constituidas en dinero en efectivo o fianza bancaria, ya sean ellas por la propuesta o para el contrato, o las sumas retenidas en concepto de fondos de reparos, no devengarán intereses por ningún concepto"), por cuanto encuentra fundamento exclusivo en la mora de la Administración respecto de sus deberes legales y contractuales.

Así, y atento a la falta de disposiciones expresas en la normativa contractual acerca de la tasa de interés a aplicar para este supuesto, las sumas adeudadas devengarán un interés del 6% anual sobre valores actualizados (criterio de "Martín y Martín", A. y S. T. 153, pág. 32, entre otros).

A distinta solución debe arribarse en relación a los certificados extraordinarios 1 al 5. Como quedo dicho, la actora sostiene al recurrir que recibió dichos importes bajo reserva y a cuenta el 18.4.1984, elevando la nota de pedido nro. 348 del 11.6.1984 donde reclama la actualización y los intereses, así como la incidencia de los impuestos pertinentes (f.23 y 23vto.). Por su parte la Provincia al contestar la demanda niega que sea esa la fecha de devolución de las retenciones efectuadas en concepto de garantía de reparos, como así también que la contratista recibió los importes bajo reserva (f.47 y 47vto.). Así las posiciones de las partes debe resolverse según la prueba rendida en autos.

En ese aspecto, no escapa a este Tribunal la circunstancia de que, no obstante los reiterados requerimientos efectuados a la Administración para que informe, en lo que ahora es de interés, las fechas que se restituyeron los montos correspondientes al 5% retenido y si la empresa formuló reserva, reclamo o intimación a Dipos por reajuste, actualización o, en general, disconformidad con el pago de dichos certificados, nunca respondió.

Mas ello por sí solo no resulta suficiente a efectos de relevar a la recurrente de la carga de acreditar los extremos que invoca, máxime si se considera que la fecha de devolución de los fondos retenidos como la reserva alegada podría haber sido simplemente comprobada mediante la presentación de una copia del recibo por ella emitido (crit. A. y S T.190, pág. 1).

Por lo tanto, en cuanto a la fecha de devolución de los fondos de reparos la empresa no puedo demostrar en este proceso la fecha afirmada en la demanda -18.4.84-. Ahora bien, a f.44 del expte. 16301-0011367-V se encuentra agregado comprobante de orden de pago a favor de la empresa de fecha 11.4.1984 en concepto de sustitución de fondo de reparo por la cantidad de $a 2.371,79 monto igual al reclamado por los certificados nros. 1 al 5 por nota de pedido nro.311 (f.43 expte. adm. cit.), por lo que con fundamento en esa constancia es razonable tomar como fecha de devolución de los fondos de reparos retenidos la que figura en dicha orden de pago. Por ello, se concluye que hasta el 11.4.1984 la Administración retuvo ilegítimamente el fondo de reparo.

En cuanto al cobro con reserva, por las mismas razones expuestas -falta constancia de recibo de percepción de los fondos de reparo-, no puede tenerse por acreditado.

Tal circunstancia sella la suerte adversa del pedido de reconocimiento de intereses por restitución con mora de los fondos de reparos correspondientes a los certificados extraordinarios nros. 1, 2, 3, 4 y 5 (criterio de "Martín y Martín", A. y S. T.153, pág.

32); conclusión que no se ve conmovida por la circunstancia de que la contratista, el 11.6.1984 hubiera elevado la nota de pedido nro. 348 por la que solicitaba "la liquidación de las actualizaciones e intereses correspondiente, por pago fuera de término, de los certificados extraordinarios de variaciones de costos N 1 al 5 (Fondo de Garantía)" (v.

foja 5), ya que las reservas que permiten la ulterior reclamación son las efectuadas en el acto mismo de cobro.

Ahora bien, la omisión de reserva no constituye obstáculo para que prospere la pretensión de actualización, desde que el artículo 624 del Código Civil, como reiteradamente lo ha expresado el Alto Tribunal nacional (Fallos 306:1993; 307:1302; entre otros) y esta Corte local ("Fiorenza", A. y S. T.108, pág. 182; "Nesci", A y S. T. 113, pág. 56; "Martín y Martín" citado; "Lía", A. y S. T. 153, pág. 50; "Yba-Ruc", A. y S. T.

153, pág. 58; entre otros), no contempla el supuesto de depreciación monetaria.

Conclusión de lo hasta ahora expuesto es que la contratista tiene derecho al reconocimiento y pago de la actualización monetaria por el lapso que medió entre el 27.1.1984 y el 12.4.1984 respecto del fondo de reparo correspondiente a los certificados nros. 1 al 5; entre el 3.5.1984 y el 15.6.1984 respecto del certificado nro. 10; y entre el 9.5.1984 y el 15.6.1984 respecto del certificado nro. 9 (ajuste).

En cuanto a los intereses deben reconocerse respecto a los certificados nros. 10 y 9 (ajuste) por el mismo período que la actualización; desestimándose los intereses solicitados en relación a los certificados nro. 1 al 5.

De verificarse, en la oportunidad que corresponda, que la Provincia le abonó a la empresa el costo proporcional de las pólizas -tal como aquélla lo dispuso en los decretos 339 y340 del año 1987 (v. fojas 25 y 71)-, esos importes deberán ser deducidos de las liquidaciones respectivas (criterio de "Construcciones Industriales y Civiles", supra citado).

Con relación a los intereses, y conforme también reiterada jurisprudencia de la Corte ("Depetris", A y S. T. 129, pág. 272; por todos) proceden desde la fecha en que la contratista exteriorizó de modo expreso y específico su reclamo, lo que ocurrió de acuerdo con las constancias de autos el 11.6.1984 (fecha de nota de pedido N 348 -f.5-) para los certificados nros. 1 al 5, y el 2.7.1984 (fecha de nota de pedido N 358 -f.64-) para los certificados 10 y 9 (ajuste). Aclaro que este aspecto del reconocimiento en nada se contradice con el pliego único de Bases y Condiciones, por cuanto encuentra fundamento exclusivo en la mora de la Administración respecto de sus deberes legales y contractuales.

Con el alcance señalado, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores ministros doctores Vigo, Falistocco, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron -con el mismo alcance- en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado de la votación anterior, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la Provincia a abonar a la actora en legal forma -según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor de treinta días- las sumas que en concepto de desvalorización monetaria correspondan al lapso que medió entre el 27.1.1984 y el 12.4.1984 respecto del fondo de reparos de los certificados extraordinarios 1, 2, 3, 4 y 5; entre el 3.5.1984 y el 15.6.1984 y entre el 9.5.1984 y el 15.6.1984 respecto de los certificados nros. 10 y 9 (ajuste) respectivamente.

Asimismo, y por el mismo lapso de estos últimos certificados, deberá abonar a la accionante las sumas correspondientes a intereses a la tasa del 6% anual sobre montos actualizados, rechazándose los intereses solicitados por los certificados 1 al 5. Dichas sumas serán debidamente actualizadas hasta el 31 de marzo de 1991 (arts. 1, 7 y 13, ley 23.928), con más un interés del 6% anual (sobre valores actualizados) desde la fecha de cada uno de los reclamos; de allí en más deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91 o la que en su caso se demuestre pueda corresponder. Rechazarlo en todo lo demás.

En cuanto a las costas, entiendo justo imponerlas en un 20% a cargo de la actora y en el 80% restante a cargo de la demandada (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores ministros doctores Vigo, Falistocco, Netri y Gastaldi dijeron que la decisión que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la Provincia a abonar a la actora en legal forma - Costas en un 20% a cargo de la actora y el 80% a cargo de la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).