marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, legitimación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: MANCILLA, CARLOS TOMAS c/ GASTRONOMIA DEL SUR S.A. s/ EXCLUSION DE ESTABILIDAD GREMIAL S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-07-06

El análisis de la cuestión de la percepción de indemnización por parte de quien pretende su reinstalación en su puesto de trabajo, en virtud de la opción prevista por el art. 52 de la ley 23551-ley de asociaciones sindicales-, es prioritaria, por sobre el análisis de la calidad sindical, que pudiera revestir el actor. Ello es así, porque dicho tópico podría alcanzar a constituirse en un ingrediente relevante para determinar la existencia-o no-del ejercicio previo de la opción indemnizatoria, que la ley 23551 (art. 52) pone en cabeza del afectado.
Acto administrativo, silencio de la administración
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑARES ANDRES AVELINO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO - APELACION EN AMPAROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-31

La doctrina del silencio administrativo pierde su valor cuando, lo que debe obtenerse es un pronunciamiento expreso de la administración que defina acerca del derecho del administrado, en cuyo caso el proceso de formación de la voluntad no puede suplirse por una mera presunción legal. En estos casos la denegación ficta implicaría convalidar situaciones que pueden eventualmente afectar no sólo derechos legítimos del administrado, sino también la propia regularidad de la actividad administrativa y la seguridad del orden jurídico, que exigen, en general, que las peticiones formuladas por los particulares deban tramitarse y resolverse con el efectivo cumplimiento de las etapas previstas para los procedimientos iniciados por los mismos.
Acto administrativo, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

El control judicial de la Administración Pública exige la existencia de un caso contencioso, que la controversia no sea abstracta y que el agravio recaiga sobre el peticionante y no sobre terceros.
Contrato de trabajo, acuerdo de partes, autonomía de la voluntad, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez, Virgilio c/ Coop. de Productores Ganaderos de Comercialización e Industrial del Chaco Ltda. s/ Sueldo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-25

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador a través del cual se regulan los derechos y deberes recíprocos dentro de lo que les está permitido por la normativa legal, siendo la voluntad contractual fuente del Derecho del Trabajo, cuando sus disposiciones son más favorables para el trabajador, por ser la parte más débil de la relación. Encontrando por ello la autonomía de la voluntad su límite en el orden público, por lo que las partes solo pueden pactar las remuneraciones por encima de los límites mínimos que impone la ley. Y si las partes han acordado un salario superior al mínimo vital y convencional, no podrán disminuir su monto. Es decir que en los acuerdos que fijan condiciones superiores los derechos se incorporan a las partes y no pueden ser derogados, sino por acuerdo expreso entre ellas, quedando la autonomía de la voluntad restringida al máximo merced del principio de irrenunciabilidad (art. 12 ley 20744).
Declaración testimonial, instrucción, lectura del acta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., D.H. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-11

Las declaraciones testimoniales no pueden ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucción, salvo cuando el ministerio fiscal y las partes hubieren prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citación se ordenó.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daño punitivo, procedencia del recurso, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Giagante, Betina Carla y otros c/ Metropolitan Life Seguros de Vida SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Procede conceder al actor la indemnización prevista en la LDC 52 bis. Ello por cuanto, en el caso, si la aseguradora demandada incurrió en incumplimiento, ejecutó deficientemente las prestaciones que tenía a su cargo, no adecuó su obrar al estándar de profesionalidad que le era requerido, quebrando con tal proceder las legítimas expectativas del usuario de sus servicios, debe responder por los perjuicios a éste irrogados. En efecto, en el caso, la penosa situación que debieron atravesar los damnificados tras la muerte de su esposo y padre sin disponibilidad del dinero del seguro, ha debido originar un cambio disvalioso en su bienestar al afectar su equilibrio anímico o estabilidad emocional, y ha debido ocasionar por el mero hecho de su acaecimiento un estado y un considerable sufrimiento que justifica su reparación (en este sentido, Com. A. "Miragaya, Jorge c/ Banco Francés s/ ordinario", 11/05/04; Com. D. "Mercobank SA s/ liquidación judicial s/ inc. de revisión por Tomada, jorge", del 19/10/05).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Liscovsky, Israel s/ Infracción al art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Concurren los recaudos de suficiencia recursiva si se sostiene que a los hechos establecidos en la sentencia les ha sido aplicada erróneamente la ley, en cuanto se entiende que no concurre uno de los elementos objetivos del tipo determinado por el precepto legal.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Línea Barbizón SA c/ Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

La cláusula penal se trata de un medio compulsivo para obligar al fiel cumplimiento de lo pactado, consistente en una evaluación anticipada de los daños y perjuicios que irrogaría la inejecución o el retardo de la obligación asumida por una de las partes. Es decir, se trata de una estipulación accesoria a la obligación principal, por la cual el deudor deberá satisfacer una cierta prestación si no cumpliese con lo debido, importando no sólo una liquidación por anticipado de los aludidos daños y perjuicios que el incumplimiento causa al acreedor, sino reflejando también, una función compulsiva en cuanto agrega un estímulo que impulse psicológicamente al deudor a cumplir la prestación principal para eludir la pena (CNCom, Sala B in re "Li Rosi Patricia y otro c/ Arcaval SA y otro s/ sumario", del 07/11/03).
Jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Donate, Fermín José s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-01

No puede pretenderse privilegios injustificados so pretexto de invocar una supuesta afectación a la intangibilidad del salario, porque en un mes determinado el mismo no se condijo exactamente con el índice de inflación existente. De ser así se transformaría a una cláusula de rango constitucional -art. 199 inc. 4 de la Constitución Provincial- en un mero mecanismo de ajuste de índices puramente matemáticos, que no es el espíritu ni la letra de la misma. (En disidencia: Dr. Tomás Rodríguez)
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación suficiente, interpretación y aplicación de la ley, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ, José Antonio c/ MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. s/ Apelación de Sentencia s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-23

Corresponde desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad si el pronunciamiento se encuentra suficiente y razonablemente fundado, lo que excluye cualquier agravio vinculado al derecho de defensa. Todo cuanto se refiera a la interpretación y/o aplicación de las normas de fondo que definen la relación sustantiva del juicio es materia atinente al recurso de casación, y ajena, por ende, al de inconstitucionalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba, declaración testimonial, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ASE, ELVIA B. c/ EMPRESA MIXTA DE TRANSPORTE ROSARIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-26

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que los argumentos vertidos por la quejosa respecto de una irrazonable valoración de la prueba realizada por los sentenciantes, no son suficientes ni idóneos a fin de desmerecer los fundamentos esgrimidos por la Sala a través de los cuales llegó a la conclusión de que no se había logrado acreditar con el suficiente grado de certeza la existencia del hecho lesivo, toda vez que el Tribunal consideró razonable la duda acerca de la credibilidad de las declaraciones testimoniales mencionadas y sostuvo que las afecciones concretamente constatadas en la pericial médica no eran pertinentes para la demostración de la existencia del hecho imputado a la demandada, ni de un adecuado nexo de causalidad, máxime cuando al momento del examen clínico practicado a la denunciante en el Consultorio Médico Forense del Poder Judicial -única diligencia producida en sede penal- se dictaminó la ausencia de lesiones clínicamente objetivables.
Medianería, obligaciones propter rem
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EMILIO MITRE 1252/58/66 c/ CONSTRUCCIONES ARQUIGRAMA S.R.L. y otros s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-13

Del art. 2828 del Código Civil, en armonía con lo dispuesto por sus arts. 2722, 2723 y 2724, surge que la deuda por medianería constituye una obligación ambulatoria o "propter rem", pues el vínculo no se establece entre personas determinadas, sino entre quienes revisten la calidad de titulares de una relación de derecho real o posesoria respecto de alguna cosa, tanto en el aspecto activo como pasivo. Al ser así, la primitiva obligación de pagar el correspondiente valor, que pesa sobre la empresa constructora, una vez enajenado el inmueble, debe ser soportada por los titulares del derecho real.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, Ramón s/ infr. ley 23.737 Causa nro. 27.294
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

...."Si bien la Corte Suprema sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones arribadas en aquéllos, a menos que sustenten su discrepancia en razones no examinadas o resueltas por el Tribunal".
Robo, tentativa inidónea, daño simple
Materia: PENAL
Carátula: POGGI, ALEJANDRO M. s/ TENTATIVA - ROBO - DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

La acción del procesado consistente en ingresar a un vehículo mediante fuerza y retirarse del lugar al no encontrar en él cosa alguna, constituye una tentativa inidónea de robo por ausencia del objeto de la acción previsto por el autor; quedando como remanente el daño al vehículo por el que resulta responsable.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, enfermedad profesional, relación de causalidad, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRISSIO, IGNACIO ADEMAR c/ INTERACCION ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

Los agravios del interesado mediante la invocación de violación de principios y garantías constitucionales, redundan en insistir que las tareas de chofer -a su criterio- implicaban necesariamente el padecimiento de la acción deletérea de microtraumas, que el caso se encuentra contenido en el Decreto 658/96, invocando a tal fin la omisión de la accionada de efectuar los controles periódicos, pero no obstante, omite considerar el recurrente que la normativa referida, en cuanto al agente vibraciones de cuerpo entero, al que se encuentran expuestos los conductores de vehículos pesados, alude a Espondiloartrosis de la columna lumbar y calcificación de los discos intervertebrales, y en el caso el perito determinó lumbociatalgia postquirúrgica, sin precisar la eficacia del agente vibratorio en ese caso concreto ante la ausencia de otros estudios para poder explayarse, y es ante dicha situación que el impugnante tampoco aportó otros elementos que permitieran relacionar la patología columnar mencionada por el galeno con las labores. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 658/96.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Playamar S.R.L. c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Inconstitucionalidad ordenanza nº 796/79
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

A los efectos del cómputo del plazo de interposición de la demanda de inconstitucionalidad previsto por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial -que rige en el caso dado el carácter patrimonial de la acción que no se discute- ha de estarse a la fecha de aplicación de la norma general pues en ese momento se produjo la afectación concreta de los derechos que se invocan.
Competencia, determinación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Gualtieri Hermanos S.H. c/ Orono Cesar Horacio y otro s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-10-11

Para la determinación de la competencia debe estarse a los términos de la demanda (contenido y naturaleza de la pretensión, la cual debe ser examinada con criterio objetivo) y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la acción, sin que los hechos o argumentos jurídicos con los cuales el accionado se oponga al progreso de la acción, sean susceptibles de desplazarla.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Comercial de Rosario S.A. c/ Empresa Guidi S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

No procede la caducidad de la segunda instancia si mediando un recurso de apelación concedido, el expediente no ha sido remitido a la Cámara, ya que "si el expediente se paraliza porque el Secretario o el Oficial primero no cumple con la actividad que le impone la ley, decretar la caducidad sería una declinación y transferencia inadmisible de responsabilidad".
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, instrumentos públicos, acta judicial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Galliverti, Mario Alberto c/ Ford Motors Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Al encuadrar el informe de la actuaria en el inc. 2 del art. 979 del Código Civil, el a quo prescindió de la norma que específicamente rige el caso (art. 979, inc. 4), máxime cuando no dio fundamentos suficientes a tales fines, lo que pone en evidencia que lo decidido no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias del caso.
Homicidio calificado por el vínculo, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: G.Y. L c/ G.A. E. s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-04-19

Por imperio del art. 529 del Código de rito le está permitido al Tribunal de Alzada introducir cuestiones no incorporadas en los agravios, cuando ello permita mejorar la situación del imputado.

Es el caso en que, al grave suceso aquí analizado, concurren circunstancias extraordinarias de atenuación que permiten remitir la pena a la escala penal del art. 79 del Código de fondo, vale decir de ocho a veinticinco años de prisión.

La pena debe graduarse conforme a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad remitiendo a la concreta capacidad de autodeterminación disponible por la condenada al momento del hecho. De este modo, lo que aquí se debe analizar no ha sido suficientemente ponderado por el Tribunal de Juicio para justificar la muy grave sanción aplicada de un modo automático, cuando verifica la concurrencia de la calificante por el vínculo del art. 80 inc. 1º del C.P.

En el obligado contexto legal del art. 41 del C.P., urge tener en cuenta que la cuantificación de la pena consulta la naturaleza de la acción, así como otros parámetros como la educación, las conductas precedentes, las condiciones y vínculos personales del penado, que debemos determinar a la luz de la necesaria proporcionalidad entre la entidad de la culpabilidad y la dimensión del castigo que, en el caso, se considera que también consultan el principio de humanidad de la pena, y procuran a evitar la sanción a perpetuidad, pues la medida de la consecuencia debe adecuarse a la medida de la culpabilidad concretamente plasmada en el hecho, que luego autoriza establecer una pena mayor o menor.

Como reiteradamente ha dicho la doctrina, al momento de individualizar la pena no se trata de establecer la más severa o benévola, sino que lo relevante es fijar la "pena justa" aspecto este que se halla intrínsecamente vinculado al criterio de proporcionalidad y al principio esencial constitucional de respeto a la dignidad de la persona humana. Siendo ello así, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido y en su mérito modificar la condena de prisión perpetua impuesta a la autora y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación, imponiéndole la pena de veintitrés años de prisión.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagella, Juan Carlos c/ Grilli, Oscar E. y otro s/ Daños y perjuicios Vicente, David c/ Martín, Jorge Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|1987-07-28

La compañía aseguradora, asume, en el juicio, la obligación de mantener indemne al asegurado (demandado), obligación que se origina, de modo simultáneo, cuando se produce el hecho que genera la obligación de indemnizar por parte de aquél al tercero damnificado (actor en el pleito).-
Estafa, estafa procesal, tentativa, dolo, prueba, falso testimonio de testigo, comienzo de ejecución del delito
Materia: PENAL
Carátula: FUMEGA, Andrés y otros. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-30

Debe confirmarse el procesamiento si los imputados tenían conocimiento de lo falaz que serían los dichos del testigo por ellos propuestos en el marco de las actuaciones civiles que como actores promovieron a raíz de un accidente de tránsito, puesto que en la audiencia oral y pública del juzgado correccional, el testigo admitió conocer a uno de los imputados y la solicitud por parte de éste que fuera a declarar en dichos obrados, cuando en realidad no había estado presente en el lugar de los hechos. La conducta desplegada por los incusos configura la estafa procesal en sede civil, pues el fraude existe cuando la parte se vale de elementos de prueba fraudulentos, por ejemplo, usa falsos testigos o peritos, o los ha instigado a la falsedad (*). Así, "en el delito de estafa procesal la tentativa se configura con la sola presentación que tiende a engañar al juez" (**). La conducta de quien instiga a una persona para que deponga testimonialmente en forma falaz en un proceso judicial u administrativo, constituye un principio de ejecución del delito de estafa procesal cuya imputación en grado de conato cabe realizar a partir de que el instigado aporta su falso testimonio en sede jurisdiccional o administrativa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Perón, Carlos Eduardo; Squillart, Ricardo Alberto; González, Ricardo Augusto s/ Infracción art. 293 del Código Penal. Hornos, Luis Omar s/ Lesiones leves - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06|1987-07-28

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra la transgresión legal que denuncia.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sarobe, Adolfo Angel y otra c/ Deninson S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Las expresiones "instar el curso de la instancia" e "impulsar el procedimiento" insertas en los arts. 310 y 316 del Código Procesal, conllevan un propósito y finalidad común y exclusivos, que hacen a la esencia misma del instituto de la caducidad: imponer a las partes el deber y carga de mantener vivo el proceso -por motivo de interés público-, mediante peticiones idóneas, prácticas, congruentes y eficaces, que impliquen la realización de una actividad apta para desarrollarlo hacia su meta normal y lógica.
Legitimación procesal, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: "Acosta,  Aída  y  otros c/ M° T Y SS-PPP- Dto 395/92 y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27

La defensa de falta de legitimación pasiva de conformidad a lo que establece el art. 347 del C.P.C.C.N. requiere que aparezca en forma manifiesta. Dicha situación -a diferencia de lo que se observa en estos autos- se configura cuando se pueda declarar sobre la base de los elementos de juicio inicialmente incorporados a la causa y sea indudable que el proceso tramitará inútilmente en caso de no se admitida; debiendo en este sentido aplicarse un criterio restrictivo (Del voto del juez Licht, cons. 4°).
Estafa procesal, acción de amparo, medida de no innovar, vendedor ambulante, habilitación municipal, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: CRUZ, Ana M. y otros s/ ESTAFA PROCESAL:PROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

El documento público propio de la tipicidad del art. 292, C.P.

ha de revestir las condiciones que el Cód. Civil exige para este tipo de instrumentos en su art. 979, sin que corresponda extender la protección a aquéllos cuyos requisitos se derivan de una ley en sentido material y no de una de orden formal, es decir, emanada del Congreso Nacional o Provincial.

El permiso de venta ambulante, por tratarse de un documento emanado de un funcionario municipal, es de naturaleza ajena a la de los instrumentos que las partes de una determinada relación jurídica particular extienden, con los alcances previstos en el Título V del Libro II, Sección II, Cód. Civil.

No debe entenderse que la clase de documentos privados tiene un sentido residual, complementario de la de los públicos, que permitiera incluir entre aquéllos todos los que no pertenezcan a éstos.

Configura el delito de estafa procesal, la presentación de permisos falsos de venta ambulante junto al recurso de amparo con la solicitud de no innovar ante el Juzgado en lo contencioso administrativo, como parte integrante y fundamental del ardid desplegado para llevar a error al juez actuante.
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Martín Américo s/ Violación calificada/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-10-29

La falta de fundamentación en la valoración racional de la prueba deviene una resolución incongruente e infundada, que no tomó operaciones lógicas consistentes en el análisis circunstanciado de todo el plexo probatorio arrimado a la causa.