marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reintegro de gastos de instalación, carácter no remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROMOVIAL S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

No tienen carácter remuneratorio los gastos de hospedaje o servicios contratados en concepto de alquileres. Ellos hacen a la política de la empresa que tiende a garantizar condiciones mínimas de desenvolvimiento al personal que debe cumplir ciertas tareas alejado de su medio habitual; máxime cuando del contrato de locación surge que el destino de la propiedad será exclusivamente para la vivienda del personal jerárquico de la locataria y sus familiares.
Acta de debate, nulidad procesal, nulidad absoluta, nulidad relativa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bilbao, Gustavo F. y San Martín, Pedro F. s/ Estafa en concurso real con Robo agravado por el uso de armas (Bilbao)  y estafa en concurso real con falsa denuncia concurriendo idealmente  con falso testimonio (San Martín)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-07

La falta de acta o la insuficiencia de alguna de las enunciaciones que debe contener según los siete incisos del art. 365 del CPP., como contenido mínimo y sin perjuicio de otras especificaciones que pueden agregarse en ella, puede ser causa de nulidad relativa o de nulidad absoluta. Será absoluta...toda vez que la falta o insuficiencia de enunciaciones conculque un derecho sustancial de las partes, de modo que la falta de acta o la existencia de un acta incompleta imposibilite a cualquiera de las partes el ejercicio de posteriores derechos derivados de la conclusión del juicio por sentencia definitiva, derechos que para ser ejercidos debidamente resulta menester con un acta que contenga determinadas enunciaciones.
Segunda instancia, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: Vargas Felipe y Pereira Dima Otacilio c/ Noroña Daniel Alberto s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-04-05

La apertura de la segunda instancia se produce con el acto que concede el recurso de apelación interpuesto. A partir de ese momento pesa sobre el apelante la carga de urgir el procedimiento, realizando los trámites pertinentes para que el órgano ad-quem esté en condiciones de cumplir la función revisora que le es propia. Es decir que a la parte que interpone el recurso le compete realizar todos los trámites procesales necesarios para que el remedio intentado se sustancie y concluya, exteriorizando de esta manera su intención de mantener vivo el litigio, requiriendo las medidas impulsorias idóneas a tal fin.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Corral de Solana, Mónica c/ Mauriz, José Manuel y otros s/ Demanda Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-15

Si bien el demandado era el dueño o guardián del coche N°24 causante del daño, no es responsable del riesgo creado con el mismo como aduce la actora, ya que medió intervención de un tercero o de varios terceros por los cuales no debe él responder. Así se lo ha resuelto al concluir en que "Si el hecho dañoso es consecuencia de la conducta de un tercero, el ejecutor y la víctima resultan sujetos meramente pasivos; son elementos de acción -autor material- y de recepción -damnificado- de un perjuicio en calidad de partícipes involuntarios, ya que el tercero es la causa del daño".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pena, graduación de la pena, proporcionalidad de la pena, jueces, facultades del juez, derivación razonada del derecho vigente, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., L. M. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

La impugnante invoca arbitrariedad por supuesta fundamentación aparente por parte de la Alzada, mas soslaya enderezar una crítica eficaz tendente a refutar las consideraciones con base en las cuales el A quo entendió que la medida de la pena determinada por el Tribunal de juicio lucía razonable en función de las circunstancias de carácter objetivo vinculadas con el hecho y las de índole subjetivas relacionadas con el autor, verificando un elevadísimo juicio de reproche al condenado, y por tanto una retribución acorde al principio de proporcionalidad entre el hecho cometido y su culpabilidad, y otorgando también motivada respuesta a los planteos con apoyo legal y jurisprudencial. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Delito culposo, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: Franco Adolfo Lucio s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-07

Si bien el hecho de estacionar un camión invadiendo una parte de las cinta asfáltica constituye de por sí una conducta imprudente, ello sólo no puede implicar la atribución de culpa en el accidente sino se advierte, en el caso, un nexo causal entre lo acontecido y la imprudencia del agente.
Estafa, boleto de compraventa
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: TROTTA, JORGE s/ ESTAFA    NULIDAD DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

"... Con fecha 28 de julio de 1967 este mismo Tribunal se produjo en el plenario "Barrero A. y otros" (C.C.C. T. I, pág. 496) fijando la siguiente doctrina: No configura, en principio, delito de estafa prometer en venta un inmueble, entregando la posesión a cambio del precio íntegro del mismo, sin enterar al adquirente de la existencia de un gravamen anterior que embarga el bien; sin perjuicio de que, en situaciones de excepción, como lo ha resuelto en el caso `Di Lonardi, Miguel (Sala IV, 19-10-56), el hecho pueda ser delictuoso'.

Entiendo entonces, siguiendo particularmente este último precedente, las ideas liminares en que se basa, la postura mayoritaria adoptada en tal fallo plenario, y los numerosos fallos uniformes que en él se citan, que la situación ventilada en esta causa no alcanza a configurar el delito tipificado en el art. 172 del Código Penal por ausencia de ardid idóneo que halla inducido en error a la parte querellante motivando el desplazamiento patrimonial perjudicial.
Locación, rescisión del contrato, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blefari Gerardo Julio c/ Perez Nilda Angela s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Si las construcciones efectuadas por la locataria, y en las cuales se basamenta la causal invocada para impetrar la resolución contractual, pueden ser destruidas sin mayores esfuerzos y costos, volviendo las cosas al estado en que otrora se hallaban al finalizar el contrato, la demanda de desalojo merecerá rechazo.
Daños y perjuicios, daño moral, calumnias, injurias, director técnico de fútbol
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, Angel Osvaldo c/ MARADONA, Diego Armando s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

Quien participa en una actividad profesional con repercusión pública -en el caso el director técnico de un equipo de fútbol-, cualquiera sea su rol, tiene distintas y mayores responsabilidades que un simple espectador, en orden a su correcto desenvolvimiento y observancia de las reglas de respeto, responsabilidad que se ve incrementada cuando los actos, juicios y actitudes del sujeto, en orden a su popularidad, adquieren repercusión periodística.-
Administración Pública, nulidad absoluta, reincorporación, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Demidovich, Andrés Pablo c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-10

En el caso, si bien el acto atacado -primer decreto- en virtud del art. 29 inc. "a" del C.P.A era absolutamente nulo por cuanto tuvo como existente un hecho falso, -la renuncia del actor- podía ser revocado o sustituido en sede administrativa por razones de ilegitimidad, contando la administración con atribuciones para ello, de conformidad con lo establecido por el art. 32 del CPA., puesto que no estaba firme, ni consentido, ni había generado derechos subjetivos; pero, además, el recurso de reconsideración que el actor interpuso contra dicho acto permitió a la demandada sanearlo mediante el dictado de un segundo decreto, por el cual rectificó lo atinente a la renuncia y ratificó la decisión del cese de funciones del actor.

En conclusión, no existen motivos que justifiquen modificación alguna de lo sometido a control judicial, a lo que se suma la circunstancia de que el actor revestía categoría de funcionario o personal fuera de nivel.

El hecho de haber concluido su prestación laboral de aquel modo no cambia en nada la naturaleza de sus funciones -cargo no permanente, sin estabilidad-.

En consecuencia, lo acontecido no crea a favor del actor ningún derecho a peticionar su reincorporación, ni reintegro de haberes -ya que no hubo prestación de servicios-, ni daños y perjuicios, pues en el caso no se configura dolo en la conducta de la administración que dé lugar a un resarcimiento, por todo lo cual la acción de ilegitimidad y plena jurisdicción debe ser rechazada.
Incongruencia, recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CADENAS, JUAN BAUTISTA c/ MONTEBELLO, SACI Y M s/ COBRO DE PESOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 64-86 REGUERA, MIGUEL c/ EMPRESA ETA SRL s/ COBRO DE PESOS LABORAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 651-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-14|1989-10-26

No es contradictorio el fallo de la Corte local que declara improcedente un recurso de inconstitucionalidad, si no padece de irremediable incongruencia interna de suerte que las proposiciones que lo integran sean incompatibles entre sí, de modo tal que para tornar inteligibles sus propias motivaciones sea menester hacer aportes argumentales extraños a su contenido. La falta de demostración de tal vicio, torna inadmisible el recurso federal intentado.
Contratos, compraventa, vicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, automotor usado, garantía de evicción, reparación integral, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guerrero, Gabriela Alejandra c/ Taraborelli Automobile SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-10

Corresponde admitir la demanda promovida por la adquirente de un vehículo usado contra la concesionaria vendedora, condenando a la accionada a restituir el automóvil debidamente reparado a la actora (cfr. LDC 11), toda vez que surge probado que a los pocos minutos de retirado de la concesionaria éste dejó de funcionar; sumado a que se presentaron reiteradamente fallas de diversa índole e importancia en las semanas y meses subsiguientes.

En ese marco, el formulario entregado por la vendedora y suscripto por la accionante, en donde constaba el aparente buen estado de sus componentes, no brindó la información que exige la LDC 9; sino que por el contrario, la vendedora fue falaz al presentar el rodado como que se encontraba en óptimas condiciones.

Esta presunción es corroborada por los hechos ocurridos casi inmediatamente a la venta y ulterior entrega de la unidad; y que también avala el informe pericial mecánico que verifica el estado deplorable del vehículo que de modo alguno puede adjudicarse a un mal uso de la actora en los kilómetros recorridos por la camioneta durante el tiempo que pudo hacerlo. La cantidad y gravedad de las falencias que se han constatado en la camioneta no son compatibles con el uso del vehículo que pudiera haberse concretado entre la entrega y el examen pericial.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, citación en garantía, costas
Materia: LABORAL
Carátula: MAMMANA, PLACIDO c/ THOMPSON RAMCO ARG. S.A. s/ INDEMNIZACION - RECURSO CASACION - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-26

Las costas devengadas por la intervención de la compañía aseguradora citada en garantía por la demandada, que fuera excluida de la condena (por no tener póliza vigente con esta ultima al momento de la desvinculación del actor) deben ser, en principio, soportadas por la accionada requirente, que resultó vencida (art.

356 C.P.C. y 45 Ley 4.163). Es el inter es de la demandada el que ha venido a defender en el pleito, sea ejerciendo las pertinentes defensas, sea por hacerse cargo de las resultas del mismo. Quien formula la citación a juicio debe medir las consecuencias de traer al proceso a una o varias aseguradoras, por lo que sería injusto cargar a las terceras intervinientes con las costas derivadas de una relación que bien pudo no existir o estar extinguida.
Sociedad accidental o en participación, administración de la sociedad, socio gestor
Materia: COMERCIAL
Carátula: J. VAZQUEZ IGLESIAS c/ BASTERRECHEA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

En la sociedad accidental o en participación, contrariamente a lo que ocurre con las restantes, la administración corresponde siempre al socio - gestor, quien permanece en sus funciones hasta la conclusión del objeto de la sociedad, no procediendo la remoción ad - nutum; ni tampoco la renuncia del gestor. Tales situaciones importarían en la práctica el incumplimiento del contrato y la imposibilidad de su continuación; en definitiva el fin de la participación.
Impuestos, plan de pagos, prescripción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ALLENDE, ANTONIO MARIO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Toda vez que el actor no se acogió al plan de facilidades de pago instaurado por la ley 22.681 el plazo de prescripción del art. 59 de la ley 11.683 t.o. 1978), computado en la forma que dispone el art. 60 d la misma norma legal, venció el 1 de enero de 183, por lo que, el 2-6-83 (fecha de las resoluciones recurridas) la acción del fisco se encontraba prescripta.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, falsificación de instrumento público, competencia por el territorio, defraudación, lugar del hecho, actuaciones notariales, escritura pública, escritura traslativa de dominio, inscripción registral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Busker, Raquel s/ denuncia -causa n 9- 52.135/4.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Toda vez que de la investigación practicada hasta el momento no ha sido posible determinar el lugar de creación de la escritura apócrifa ni otras circunstancias indicativas, como el origen de la firma o del sello estampado en la actuación notarial cuestionada, corresponde al juzgado en lo criminal de instrucción de la capital -lugar donde se efectuó la inscripción- conocer en la causa instruida para investigar la transmisión fraudulenta del inmueble y la defraudación cometida mediante el instrumento espúreo.
Banco central, facultades del banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. en autos Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) instrucción de sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

No puede desconocerse que como autoridad de aplicación en materia bancaria y financiera, el B.C.R.A. se encuentra facultado -entre otras cuestiones-, para dictar todos aquellos actos administrativos (vgr.

Circulares, Resoluciones, Comunicaciones), que estime conducentes y razonables para llevar a cabo la finalidad perseguida por el legislador. (Consid. 5º).
Sanciones conminatorias, Banco Hipotecario Nacional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARROYO LISANDRO R.. c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-26

Resultan improcedentes las sanciones conminatorias cuando la lentitud del trámite de la escrituración no puede atribuirse a un propósito dilatorio o de desmerecimiento del derecho del adquirente, sino a una complicación burocrática (en el caso se tuvo en cuenta que la escrituración reclamada se encontraba vinculada a otras operaciones, cuya tramitación administrativa -ajena al banco demandado- dificultó el otorgamiento del acto en tiempo propio).

(S1,1821,260783)
Extinción de la fianza, principal pagador liso y llano, obligaciones, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: Giannoncelli, Edmundo c/ Maccarino, Raúl Omar y Otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-09

Si bien, por hallarse equiparado al codeudor solidario, el principal pagador no podría alegar para liberarse de su obligación la falta de aviso a él de la mora en que hubiere incurrido el locatario -en las obligaciones solidarias la mora de un codeudor produce efectos respecto de todos los demás-, esa regla cede ante estipulación en contrario, de modo que si, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pactaron que el locador debía dar aviso al fiador principal pagador, dentro de un cierto plazo, de la falta de pago de los alquileres, la omisión de ese aviso extingue el derecho del primero contra el último.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, honorarios del abogado, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdova, Susana Teresa c/ Sanatorio y Maternidad Santa María s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-02

Desde que un honorario supuestamente exiguo no provoca gravamen a la parte -ella vendría a abonar una suma inferior a la correcta-, fuerza es concluir que la apelación por ella deducida carecería de uno de los esenciales requisitos de admisibilidad: el interés jurídico nacido de un gravamen, que debe ser personal, objetivo y directo del recurrente y no de un tercero.
Juicios en que la Nación es parte, contracautela
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia de Formosa s/ Queja en autos ...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-10-13

Cuando el Estado es parte en un juicio, si bien se encuentra en lo esencial en un pie de igualdad con la parte contraria, no se despoja por ello de prerrogativas que le son propias en razón de su carácter de persona pública,como la presunción de legitimidad de sus actos, la inembargabilidad de los bienes de su dominio público y la presunción de solvencia. Esta presunción de solvencia es la que justifica, justamente, la excepción para el Estado de prestar contracautela en caso de obtener una medida cautelar.
Facultades del Poder Legislativo, ejecución de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., O. L. s/ Situación de preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-07

Existe un deslinde de competencias en clave constitucional pues todo lo concerniente a la estructura de la ejecución penal es atribución del Congreso Federal y por consiguiente ajena a la capacidad de las Provincias, que no podrán dictar normas que alteren la esencia de aquellas.

Uniforme es la pena en todo el territorio de la República Argentina; uniforme es su ejecución.

Sin embargo, las provincias que conservan todo el poder no delegado (C.N. art. 121), se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (C.N. art. 122) y organizan su propia administración de justicia (C.N. art. 5) que no puede ser alterada por una Ley del Congreso (C.N. 75 inc. 12).

Estas poseen la capacidad de intervenir en todo lo que atiende al procedimiento destinado a actuar la ejecución de la pena, la ley penal, lo que envuelve el establecimiento de los órganos encargados a tal fin y el procedimiento relativo.
Sociedades comerciales, liquidación de sociedades, derechos del socio, aprobación del balance, prescripción bienal, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Covello de Dieta, Haydé María. c/ Lafitte Bazterrica  de Baya M. s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-26

Es procedente subordinar el plazo de prescripción de la acciones de los socios a la aprobación del balance final, porque será recién de dicho análisis contable de donde podrá apreciarse la existencia e importancia de los créditos que le asistan a cada uno de los ex- socios, pero estas cuentas resultan superfluas cuando ellos hicieron el balance y definieron con certeza su crédito, y ya no estarán supeditados a ningún otro balance final. El plazo de prescripción trienal de la acción que nace de la liquidación de una sociedad comercial, corre desde el día de vencimiento de la obligación o del día de la publicación del acto de disolución de la sociedad o de la declaración de liquidación (art. 848, inc. 1o., 2o párrafo, del Código de Comercio).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puppo, Juan Angel c/ Manrique Soto, Enrique S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Demostrada la intervención de la cosa y su conexión causal con el daño, dable es suponer que el detrimento se ha generado por el riesgo de aquella, existiendo al respecto una presunción de causalidad (doctr.art. 1113 segunda parte "in fine" C.C.).-
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guglialmelli, Luis Diego c/ Delgadillo, Celestino y otros s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Quien reivindica con título contra un poseedor que no lo tiene, no está en la necesidad de probar posesión alguna, pues le basta su título, que es en este caso su derecho a poseer. Ello es así, pues debe entenderse que el antecesor del reivindicante (o a su vez, su propio antecesor), al enajenar la cosa no se reserva ningún derecho sobre la misma, y que se desprende y transmite al comprador todas las acciones que tenía respecto de ella. Le transmite, en consecuencia, el poder jurídico de reclamarla.
Cuestiones prejudiciales, acción penal, paralización del expediente, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, Rosa Elvira c/ GONZALEZ, Juan José s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Si el proceso penal se encuentra virtualmente paralizado, sin que existan elementos que permitan presumir su próxima activación, corresponde dejar de lado la prejudicialidad penal instituida por el art. 1101 del Código Civil y proceder al dictado de la sentencia en sede civil.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., J. O. s/ COMPETENCIA (CONFLICTO ENTRE LA CAMARA DE APELACION EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE VERA Y LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO PENAL DE ESTA CIUDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-04-01

Atento a que la sustancia de la controversia planteada excede a una mera cuestión de turno, se impone la actuación de este Tribunal a tenor de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 93 de la Constitución provincial, máxime cuando los contendientes centran sus posturas en la interpretación que cabe asignar a disposiciones emanadas de este Alto Cuerpo en su función de gobierno. Aclarado ello, siendo que en estos actuados se configura un supuesto de hecho comprendido por el Acta nro. 32, cuestión sobre la que no hay discusión entre los magistrados intervinientes, para resolver la controversia hay que estarse a lo reglado por el Acta nro. 14 del 30.4.13 donde este Tribunal, en ejercicio de su competencia de superintendencia, retornó al sistema originario dispuesto por la mencionada acordada nro. 32.
Sentencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A.L. c/ G., E. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-27

"Corresponde asumir que al sentenciar, no parece necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastándole al judicante hacerse cargo de aquellas que resulten acreditadas y conducentes para la decisión de la litis."