Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-14


Dictamen de la Fiscal General Subrogante de Cámara:

1. Apeló la actora la sentencia de fs. 172/7, en la cual se rechazó la acción de hábeas data.

Expresó agravios a fs. 183/4.

2. En el caso, se ha demandado al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a fin de que se rectifique la información brindada al Banco Central de la República Argentina desde marzo de 2000 por una deuda de $ 3400. Expresó el actor que, si bien su parte tuvo una cuenta en ese Banco y una tarjeta de crédito Visa, nunca tuvo el endeudamiento informado. Que el 20 de marzo de 2000 trató de efectuar una compra con su tarjeta Visa y que entonces se anotició de que estaba bloqueada. Que luego de eso, efectuó reclamos y decidió cerrar su cuenta corriente y no tener más tarjeta de esa entidad bancaria. Concluyó en que nunca existió la deuda informada al B.C.R.A.

3. El juez de primera instancia rechazó la demanda y expresó en la sentencia que no se ha demostrado que la información brindada por el Banco de Galicia sea inexacta y que tampoco se ha probado que la información que intentó rectificar le impedía obtener créditos bancarios.

4. El hábeas data es una acción constitucional específica cuyo objeto es a) tomar conocimiento de los datos b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido por la ley, para exigir su rectificación, supresión confidencialidad o actualización..." (art. 33 ley 25.326).

La actora inició la demanda agraviándose de que el banco informó una deuda existente al mes de marzo de 2000, que según el afectado no existía. Al contestar el emplazamiento, el Banco no negó ese extremo, pues se limitó a invocar y acreditar la existencia de una deuda a partir de junio de 2000.

La peritación contable también versa sobre ese hecho, pues informa que la actora tomó un crédito que no se encuentra íntegramente cancelado en el mes de junio de 2000 (fs. 104/5) y que se ha efectuado un débito por ese concepto en el mes de agosto de ese año, sin que existan pagos posteriores.

No demostró el Banco que ese crédito haya sido otorgado para cancelar una deuda preexistente que justifique el informe impugnado. Concluyo pues que, a tenor de las constancias de la causa, el dato informado no era veraz.

En mi opinión, esas circunstancias configuran razón suficiente para que deba suprimirse el dato, tal como lo ha requerido el actor, ya que la entidad financiera demandada no aportó, como le incumbía, pruebas sobre la exigibilidad de la deuda a marzo de 2000. La ley 25.326 establece específicamente (art. 4) el principio de "calidad de los datos", que exige que el responsable del archivo se comprometa activamente para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, esté al día, sea exacta, verdadera y, en lo posible, completa, de acuerdo a la finalidad de su registración. Estos aspectos adquieren suma importancia toda vez que se trata de archivos relativos a la solvencia y al riesgo crediticio.

Debe hacerse hincapié en la responsabilidad que asumen las entidades crediticias y acreedores que proporcionan la información a los bancos de datos que prestan servicios de información comercial, en denunciar datos exactos y veraces (la inclusión de datos falsos a sabiendas es ahora un delito penal, art. 117 bis Cód. Penal) y, por otro lado su obligación de inextinción de las deudas de manera inmediata, ya que si se valen de los beneficios de este sistema mayor será su deber de actuar con prudencia, buena fe y diligencia debida (art. 902 Cód. Civil).

5. Por otro lado, y con relación al argumento esgrimido en la sentencia recurrida referido a la falta de demostración de que la información que se intentó rectificar le impedía obtener créditos bancarios, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

No resulta necesario acreditar que el afectado padece un perjuicio para el éxito del pedido rectificatorio en el hábeas data, ya que la exigencia de veracidad y actualización de los datos viene impuesta por la ley (art. 4 LPDP).

Tratándose de datos relativos a la historia crediticia resulta de particular interés para su titular, no ya por motivos que hacen a la protección de bienes jurídicos inmateriales como el honor o la intimidad, sino porque estos datos tienen la finalidad específica de servir para la adopción de decisiones en el mercado del crédito, en el cual una historia negativa cierra las puertas de acceso al sistema (Cfr. Gils Carbó, Alejandra "Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data" Buenos Aires, Ed. La Ley, 2001, p. 150 y sigtes.).

Sobre todo cuando el afectado es comerciante, por cuanto en la actividad comercial el crédito, constituye un bien intangible de la hacienda mercantil que tiene proyección económica. Raimundo Fernández nos dice que el crédito es un elemento esencial en la economía moderna, sobre todo en el comercio porque permite mediante el uso de capitales ajenos, la realización de operaciones en mayor escala que si sólo se efectuaran al contado, lo que trae un aumento en el volumen de los negocios, con el consiguiente beneficio individual y colectivo ("Fundamentos de la Quiebra", p. 23/4, C.I.A., Buenos Aires).

La misma etimología del vocablo lo demuestra, del latín credere, confiar, pero esta confianza no se basa en suposiciones sino en algo concreto y efectivo: en el crédito llamado real el acreedor busca la seguridad en la afectación especial de bienes determinados (hipoteca, prenda); en el crédito personal no existe tal afectación, pero el acreedor tiene en cuenta dos factores: a) la capacidad objetiva del patrimonio o sea la disponibilidad de bienes suficientes que realizados en condiciones normales permitirán al deudor el pago oportuno; b) la capacidad subjetiva del deudor, sus condiciones de honorabilidad, competencia y actividad que aseguren la conservación y empleo útil de su patrimonio y la realización de ganancias futuras.

Concluye el autor antes citado señalando que "el crédito constituye, pues, económicamente un bien ya que permite al deudor conseguir bienes determinados (mercaderías, dinero, etc.) para las necesidades de su negocio. Los dos elementos mencionados (capacidad objetiva y subjetiva) varían de importancia uno con relación al otro, según la clase de actividades de que se trate y según cada caso particular; empero, en general, puede afirmarse que en el comercio se tiene más en cuenta el factor subjetivo que el objetivo".

En ese orden de ideas, también dice Anaya ("Nuevas proyecciones de la teoría general de los contratos" en la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional" nº 16/17, p. 88 y ss.) que "la peculiaridad del patrimonio empresarial como unidad de la vida económica provoca consecuencias relevantes para el derecho, ya que los bienes en la empresa pierden esa visión molecular, analítica que es propia de la vida civil, en la que cada uno de ellos se sujeta al derecho singular que le atañe según su naturaleza y es valorado por el uso o goce para el que está dispuesto, incluso por la estima que puede derivar de motivos sentimentales o afectivos".

"En cambio, en la organización productiva del patrimonio empresarial las cosas y los bienes se valoran por criterios monetarios relacionados con la proyección económica que tienen colectivamente en mérito exclusivo a su aptitud para generar ganancias. De esos caracteres se sigue una estimativa especial que conduce a sostener la inexistencia de bienes improductivos en una empresa".

A todo evento señalo que lo concluido por sí no implica juzgar sobre la exigibilidad o no de la deuda, porque ello concierne a la relación jurídica sustancial entre las partes, que excede el objeto de debate de este amparo informativo.

6. Por tales consideraciones, opino que debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto.- Junio 15 de 2003. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 14 de 2005.

1. (a) Apeló la actora la resolución de fs. 172-177; sus agravios corren a fs. 183-185 y reciben respuesta de la entidad financiera a fs. 189.

(b) Rechazó el a quo la acción de hábeas data intentada, resaltando que la información suministrada se correspondía con la situación financiera de la pretensora.

(c) Critica la recurrente la interpretación de la prueba producida; solicitando se revoque lo decidido y se acoja la acción.

2. El dictamen fiscal, al que cabe remitirse por motivos de economía expositiva, fundamenta la estimación del recurso.

3. Corre a fs. 33 un informe que sindica a la actora como deudora por $ 2100 a abril de 2000, otro a junio de 2000 como deudora de $ 2600 (fs. 36) y otro a fs. 78 en el que en el año 2000 (meses de septiembre, octubre y noviembre) aparece como deudora categoría "4".

Según la Comunicación "A" 2216 del Banco Central de la República Argentina los deudores categoría "4" son de difícil recuperación y comprenden a clientes que se encuentran en gestión judicial o con atrasos de más de 180 días hasta un año.

Es cierto que con el informe pericial contable (fs. 104-105) quedó acreditado que el 29-6-2000 la accionante tomó un préstamo que no se encuentra íntegramente cancelado (fs. 64 y 148) y que al día siguiente canceló el saldo deudor de la cuenta corriente 199885/2 (fs. 156) tal saldo deudor (a junio de 2000) no justifica el impugnado informe (de abril de 2000).

Es que si como surge de fs. 78 el defendido informaba a la actora como deudora categoría "4" al mes de septiembre de 2000, debió al menos acompañar elementos que acreditasen que la actora era deudora desde abril de 2000, extremo que no puede suplir con la demostración de que requirió un crédito en junio de dicho año.

A efectos de resolver debe tenerse presente que: (i) para establecer la responsabilidad del banco es determinante su carácter profesional, toda vez que tal condición lo responsabiliza de manera peculiar, y la superioridad técnica que detenta le impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del negocio, exigiéndole una diligencia acorde con su objeto haciendal, con organización adecuada para el desarrollo de su giro (art. 902 Cód. Civ., cfr. CNCom., esta sala, 26-4-2001 in re "Rodríguez Luis María y otros c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otro"); y (ii) que la carga de la prueba recae en el litigante que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y producir elementos de juicio que permitan elucidar las cuestiones controvertidas, lo que constituye una exigencia elemental de coherencia y buena fe-lealtad en el marco del proceso, que se expresa hoy en la doctrina de la "carga dinámica de las pruebas" (cfr. CNCom., sala C, 20-6-2000, in re "Suministra S.R.L. c. Pulmic S.A. s/ordinario").

4 Admítase el recurso de fs. 178, con costas a la demandada vencida. Devuélvase. Se encomienda al a quo las ulteriores diligencias y las notificaciones. - Ana I. Piaggi. - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Enrique M. Butty.