marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aduanas, impuestos, pago
Materia: ADUANERO
Carátula: "Bolland y Cia S.A. (TF 12.764-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

El error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjdica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave por parte de éste (Fallos:

284:232). El pago de un gravamen con arreglo al monto y forma exigidos por la oficina encargada de su percepción produce la liberación del contribuyente, que se incorpora a su patrimonio como un derecho adquirido por la garantía constitucional de la propiedad, aunque las autoridades fiscales hayan incurrido en error al efectuar las operaciones tendientes a determinar el monto de aquél (CNCiv, Sala H, "Pagano de Sánchez, Martha B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 12/7/00, L.L.16/02/01).
Balance o informes falsos, honorarios del perito
Materia: PENAL
Carátula: DROGUERIA TARAZI s/ Balance Falso
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Tratándose de un sumario de naturaleza penal, los montos que conforman los distintos rubros del balance investigado carecen de validez a los fines de la apreciación de los honorarios del perito, ya que el objeto del juicio está constituido por una pretensión punitiva y no por una de contenido patrimonial.
Competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BARRA RUBEN ETHEL Y OTROS s/ CUESTIONES DE COMPETENCIA - MINISTERIO FISCAL DENUNCIA  FORMULADA  POR  RAUL  FAURE,  SECRETARIO  DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD s/ CUESTION DE COMPETENCIA - MINISTERIO FISCAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-09|1987-03-25

Reglamentando la cláusula constitucional que atribuye competencia al tribunal superior de justicia para el conocimiento y resolución de las cuestiones de competencia 'que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva" (art. 132, Inc. 2°), el Código Procesal penal, prescribe que "si dos tribunales se declarasen simultáneamente y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el tribunal superior' (art. 41 CPP).
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio sumarísimo, bien jurídico protegido
Materia: COMERCIAL
Carátula: TERZIAN EDUARDO c/ SAN JUAN TENNIS CLUB SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Resulta procedente revocar el rechazo in limine de la demanda toda vez que, según ha sido sostenido por la doctrina, ante situaciones de incertidumbre en cuanto a si en una demanda de amparo se exterioriza o no una violación manifiesta a un derecho, es menester adoptar un criterio amplio compatible con la evolución que ha exhibido dicha garantía en el plano normativo, correspondiendo en casos de duda interpretar con criterio restrictivo la facultad de rechazar in limine la demanda (conf. artículo 43, Const. Nacional; v. Sagüés, Néstor P.: "Derecho procesal constitucional. Acción de amparo", Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 307; Salgado, Alí Joaquín - Verdaguer, Alejandro César: "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad", Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 149/51).

Disidencia de la Dra. Villanueva:.

Resulta improcedente un recurso de amparo si se atiende a que la acción de amparo reviste carácter excepcional y subsidiario, esto es, procede sólo frente a la inexistencia de otra acción derivada del derecho común al alcance del justiciable. Así lo ha entendido desde tiempo inmemorial nuestro más Alto Tribunal, en la inteligencia de que esta acción configura un proceso reservado para aquellas situaciones extremas en las que la carencia de otras vías legales aptas para zanjarlas, pueda afectar derechos constitucionales, exigiendo su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (CSJN, "Asociación de Trabajadores del Estado c/Estado Nacional (PEN) s/amparo", Tomo 310, Folio, 2740, del 17.12.87). (En el caso, del desarrollo argumental realizado por el recurrente se advierte que la cuestión que pretende someter a juzgamiento es una cuestión societaria que debe ser ventilada por vía de las acciones previstas en la Ley 19550, integradas, en caso de juzgarlo procedente en razón de la urgencia que se denuncia, con las medidas cautelares que pudieren corresponder).
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, categoría laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DÍAZ, CLAUDIO OMAR c/ CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-21

El objeto de la cooperativa de trabajo es la eliminación de la ganancia ya que el trabajador se apropia, mediante este tipo de relación, del producto íntegro de su trabajo. Por este motivo, para que ella excluya la aplicación de las normas laborales debe ser genuina, lo que implica la democratización de la estructura empresaria cuya organización y jerarquía es el resultado de la voluntad colectiva de los asociados y el cumplimiento del art. 2.6 de la regla estatal Nº 20.337 en cuanto a la distribución de excedentes. Si no hay excedentes repartidos igualitariamente en relación al esfuerzo y existen quienes se quedan con un porcentaje superior no se puede hablar de una relación cooperativa sino de uno de los modos de apropiación de la fuerza de trabajo con su correlativo desequilibrio trabajo producto. En el caso no se ha demostrado ninguno de estos supuestos, por lo que no es posible descartar sin razón suficiente que la prestación de servicios obedeció a causas no laborales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, aparcería rural, locación, contratos
Materia: CIVIL-AGRARIO
Carátula: Daperno, Lorenzo c/ Astengo, Enrique s/ Cumplimiento de contrato - Arrendamiento y daños y perjuicios  (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-08

El contrato de aparcería es de colaboración y estructura asociativa.

De colaboración en cuanto esta clase de convenios vincula varios individuos en una empresa común, en la que cada uno contribuye con parte de sus bienes y con sus especiales aptitudes y habilidad, porque los contratos de esta clase representan un tipo intermedio entre los de estructura conmutativa o de cambio y la sociedad.

Diferente es la situación en el arrendamiento, ya que como principio general, el arrendador aparece totalmente desvinculado y desinteresado del resultado de la cosecha, puesto que si ella es abundante no puede pretender una suma mayor, y si por el contrario es escasa no percibirá un precio inferior por ello. (Del Voto del Dr. Almiron). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿resultan competentes los Juzgados de Circuito en los juicios de cumplimiento de contratos de aparcerías rurales?
Competencia, cuestiones de competencia, competencia de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO DE FANTIN, ELVIRA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

Debe continuar la investigación el Juez de Instrucción de la Capital que previno, dado que en los casos en que no se presentaron los bienes prendados a requerimiento del Tribunal en lo Comercial, corresponde conocer al Sr. Juez con jurisdicción en el lugar donde tiene su asiento el patrimonio del acreedor.
Recurso de casación, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: BELTRAN ALFARO DORA MARGARITA c/ TREJO JOSE FRANCISCO s/ ALIMENTOS-CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA-RECURSO DE QUEJA POR  CASACION DENEGADA INTERPUESTA POR LA DRA. VITTAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-17

Las resoluciones sobre medidas cautelares, sean que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen los Arts.281 y 282 del CPCC para la procedencia del recurso de casación.
Hecho imponible, impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, resoluciones, reembolso de gastos, hoteles, recursos
Materia: TRIBUTARIO-COMERCIAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALVEAR PALACE HOTEL SA EI  c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde rechazar la queja que se dirige, en última instancia, a cuestionar la resolución de Cámara que declaró la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial el impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB) de la sociedad hotelera contribuyente, debido a que entendió que los reembolsos de los adelantos de efectivo realizados por esta a sus huéspedes, no integran la base imponible del impuesto. El recurrente disputa el carácter financiero de las operaciones consistentes en adelantos de efectivo, y el de comisionista de la sociedad contribuyente respecto de la adquisición de bienes y servicios para sus huéspedes. De este modo, el GCBA no se hace cargo de que la Cámara estableció que las operaciones que suscitaron los reembolsos fueron efectuadas por la actora por cuenta y orden de sus clientes. Tampoco pone en debate que aquella hubiera aplicado la alícuota del 4,9% sobre las comisiones que percibió en consecuencia, por las que efectivamente ingresó el impuesto. Resulta dirimente, por fin, que el demandado no muestra que los ingresos que la contribuyente excluyó de su base imponible provengan de las actividades de: "Servicios de alojamiento en hoteles, salones y restaurante", "Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados" o "servicios de expendio de comidas y bebidas en bar", que -conforme lo relata en la queja- son las que declaró ante el fisco y las que este detectó en el marco de una inspección. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: O., A.O. c/ C., O.R. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-24

Las normas de tránsito fijan reglas generales en procura de ordenar la circulación de los vehículos por la vía pública, pero cuando se trata de determinar responsabilidades en accidentes se hace necesario adaptarlas a las circunstancias; en tanto son los hechos y las conductas de los agentes valoradas en función de la previsibilidad de sus efectos, y no los reglamentos, los que determinan la causalidad jurídica y las responsabilidades que de ella se derivan.
Contrato de obra pública, recepción provisional de la obra, plazo de garantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Klamp    SACICIF c/ Encotel    (Resol.   1241/77) s/ contratoadministrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

El plazo de garantía no opera con carácter fatal y se requiere, para tener efectos, que durante ese lapso no surjan defectos o problemas de funcionamiento que exijan los consiguientes trabajos de enmienda por parte del contratista. No cabe duda que al verificarse la recepción provisoria la obra se encuentra materialmente terminada, pues no resulta razonable pesar que pueda ella ser ocupada y utilizada si no se encuentra concluida.

Pero con ello no quedan las partes desligadas de sus respectivas obligaciones. Es durante ese período de ocupación y uso en el cual el comitente podrá constatar la efectiva y correcta realización de la obra encomendada.
Declaración autoincriminante, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Battisti Miguel Ángel c/ Nn s/ usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-03

Para asegurarle al imputado las garantías necesarias para su defensa, el legislador local ha establecido que la policía debe informarle de manera inmediata y comprensible determinados derechos, enumerados en el art. 40 C.P. Empero, el código adjetivo prevé seguidamente que, en el primer acto en que intervenga, aquel debe ser identificado por sus datos personales y, si se abstiene de brindar esa información, se lo identificará por otros medios (art. 41). Luego, el art. 45 distingue entre el interrogatorio policial y el requerimiento de datos de identificación, prohibiendo uno y permitiendo el otro. (Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Barotto sin disidencia)
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.W. c/ A., V.A. s/ REINTEGRO DE HIJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-01

La iniciación de un procedimiento convencional ante esta jurisdicción tendiente a conseguir la restitución de un menor y promovida por un gestor procesal, luego investido de facultades suficientes para representar al progenitor del niño, resulta idónea Pues no existe ningún condicionamiento en la Convención Internacional de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores que disponga la intervención personal, exclusiva y excluyente del padre reclamante.

(Sumario N°19384 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Viñas, Horacio Rafael c/ Ardan S.A. s/ Cobro por diferencia, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-08

En razón del carácter receptivo de la comunicación de la decisión de extinguir la relación de trabajo, aún sin expresión de causa, el acto rescisorio del empleador se consuma una vez que llega a la esfera jurídica del empleado la voluntad en ese sentido de la otra parte, incumbiendo al principal la responsabilidad por la elección del medio utilizado para lograr la notificación de su decisión rescisoria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Casas, Adalberto O. c/ Restaurant Casa Nostra y/u otros s/ Diferencia de sueldos, etc. Gonza, Cándido Rosa y ots. c/ Municipalidad de la Matanza s/ Despido Acosta, Domingo c/ Cooperativa de Trabajos Lácteos Punta Alta Limitada y otro s/ Indemnización art. 52, ley 23551
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23|2002-03-13|2003-05-28

Establecer si en un caso determinado existe cesión o transferencia de establecimiento y la consecuente solidaridad que para tal supuesto la legislación impone, constituye una típica cuestión de hecho propia de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisible en casación, salvo que se demuestre que la decisión es absurda.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, expropiación, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quinto Cuartel S.R.L. c/ Dpto. Hidráulica s/ Expropiación inversa-Incidente de ejecución de sentencia-  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-17

La Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que la ley 23.982 de deuda pública no es aplicable a las indemnizaciones por expropiación.

Por razones de economía procesal, corresponde declarar inaplicables "las leyes de emergencia provinciales" cuando se trate de una acción de expropiación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, excepción de pago
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SBARRA MITRE, CARLOS c/ CUCURULLO, RODOLFO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ORDINARIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 601 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-03

Es inadmisible la queja desde que el razonamiento del A quo- al entender que, si bien el ejecutado alega el pago de la obligación causa del título ejecutado, no había opuesto la defensa de extinción de la obligación por pago- se enrola en una de las principales corrientes jurisprudenciales y doctrinaras referidas al artículo 483 resaltando que "Aún cuando para algunos la no promoción de defensas admisibles en el ejecutivo veda sin más esta acción ulterior... pudiera darse una deliberada omisión de defensas, reservándose la accionada la oportunidad de esta acción ulterior...

Esto último encontraría probable justificación únicamente en la ineficacia formal evidente de la defensa omitida por ser de índole causal..."; para concluir en que "...si no se han opuesto defensas 'admisibles' no será procedente la acción ordinaria ulterior, salvo expresa alegación y acreditación de su no admisión como defensa. De modo que si tales excepciones no fueron opuestas oportunamente y como tal aparecen opuestas en este juicio no corresponde admitir la pretensión.-
Horas extra, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Hermida, Marcelino c/ Droguería del Sud S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

No corresponde el pago de haberes por horas extra si no se acredita exceso en la jornada laboral.
Despido, despido con causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Marizza Gustavo Daniel c/ Heladería Portobello s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-24

Es correcto que no medió una comunicación de la actora dándose por despedida, haciendo efectivo el apercibimiento aludido en el telegrama. No obstante, se ha resuelto en repetidas oportunidades que acreditado el contrato negado por el demandado, son viables las indemnizaciones por despido sin justa causa porque ese desconocimiento se asimila a una negativa de trabajo.
Ley de defensa del consumidor, litisconsorcio
Materia: COMERCIAL
Carátula: U., A. A.  c/ M., M.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-31

La Ley de Defensa del Consumidor permite la participación de las Asociaciones de Consumidores, pero no le otorga la representación directa y sin trámite de los consumidores que desee. De hecho, el art. 52 de la mencionada normativa no brinda una autorización para la libre promoción de acciones sino que se las convoca como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por ese artículo, "previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas".
Costas, honorarios del perito, pérdida de la chance
Materia: PROCESAL
Carátula: Derman, Alberto Osvaldo c/ Poder Ejecutivo Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Las objeciones a la forma en que se impusieron las costas por los gastos y honorarios del perito no tienen entidad suficiente para desvirtuar las circunstancias fácticas que llevaron al juzgado a decidir la cuestión de tal manera, particularmente si se tiene en cuenta que el peritaje producido a pedido de la recurrente no tuvo relevancia alguna para determinar el quantum de la pérdida de la chance.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, aclaratoria (procesal), personal militar, acumulación de beneficios
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cebral, Fernando Carlos A. s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la aclaratoria solicitada respecto de la invalidez del art. 80 bis de la ley 19.101 pues la aplicación irrestricta de dicha norma importa desconocer prácticamente la jubilación civil, lo que pone en evidencia que al tornar ilusoria la mejor prestación a que se tendría derecho en virtud del mayor tiempo trabajado con los respectivos aportes efectuados al sistema, la decisión se encuentra en pugna con enunciados de jerarquía constitucional que resguardan la integridad del haber.
Prescripción, prescripción trimestral, compraventa, tradición, vicios redhibitorios, conocimiento del vicio, carga de la prueba, acción quanti minoris, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: BERDAXAGAR, HUGO J. c/ ECOM  S.A.  Y OTROS s/ VICIOS REDHIBITORIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

La doctrina ha entendido en general, que el término de tres meses que el art. 4041 del Código Civil establece como plazo de prescripción de la acción estimatoria o "quanti minoris", comienza desde que el comprador tuvo o pudo tener conocimiento de los vicios redhibitorios de la cosa enajenada.

Sin embargo es más preciso decir que la prescripción nace con el contrato de compraventa y tradición de la cosa, dado que desde ese momento el adquirente es titular de la acción (arg. art. 3956 del Código Civil). Toda acción prescriptible está en curso de prescripción desde que existe ("actio nata prescribitur") por lo cual es dable aceptar que en las acciones redhibitorias y estimatorias el plazo corresponde desde la entrega de la cosa al comprador. Empero bajo este enfoque la solución no difiere, por cuanto en la medida en que no se manifieste el vicio oculto -latente en la cosa- existe para el comprador imposibilidad de ejercer las acciones, lo cual lo coloca bajo el amparo del art. 3980 del Código Civil, que autoriza a los jueces a liberar al acreedor (en el caso, el comprador) de la prescripción cumplida, si después de haber tenido conocimiento del vicio hubiese hecho valer sus derechos en el lapso de tres meses.

El comienzo del plazo de prescripción en el momento en que se opera la tradición de la cosa constituye, con arreglo a la opinión expuesta en el párrafo precedente, más que una presunción, es la regla. Y dentro de ese esquema, no resulta forzado concluir que la carga de probar las dificultades o imposibilidades de hecho que autorizan a los jueces a liberar de la prescripción cumplida, recae sobre quien invoca el eximente (conf. art. 377 del Código Procesal) -
Enfermedad accidente, enfermedades cardiovasculares, inspector de colectivos
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, MARTIN c/ MICROOMNIBUS SEIS SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

La actividad desempeñada por un inspector de primera en una línea de microómnibus genera una serie de riesgos (estados emocionales derivados de la propia labor) capaces de actuar como factor concausal en una patología cardiovascular de isquemia miocárdica.
Recurso de inconstitucionalidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO UNICOR COOPERATIVO LTDO. c/ UNIGRAN S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Los achaques sobre una supuesta vulneración del principio de proporcionalidad consagrado en la ley 24432 lucen privados de la adecuada fundamentación exigible para la admisibilidad de un cuestionamiento en el plano fundamental; cabiendo puntualizar que a tal efecto era necesario que en esta instancia los interesados detallaran cuál había sido concretamente el trabajo realizado por los profesionales y demostraran, al menos argumentalmente, por qué la retribución fijada por la Alzada no guarda proporción con su calidad, extensión y eficacia; de manera que los impugnantes, a tenor de sus respectivas postulaciones, no consiguen desmerecer mínimamente y desde la perspectiva constitucional los fundamentos brindados por el A quo para decidir la reducción de los honorarios regulados a los abogados de la demandada en la medida allí dispuesta. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren la Dra. Gastaldi y el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Fallos 330:1336. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24432.
Leyes, control de razonabilidad, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CORREA, CARLOS CYRUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 61-81 S, J C s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 579-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16|1989-12-28

A los efectos de demostrar la irrazonabilidad de una normativa a la que se impugna, debe tenerse en cuenta que la "razonabilidad", por ser un patrón o "standard" jurídico, constituye un ámbito que no ostenta nítidos perfiles, resulta siempre útil relacionarla con la "finalidad", ya que el "fin" es precisamente lo que demarca los límites del poder político y, en consecuencia, el exceso, el abuso y la desviación de poder se da cuando se tuerce o frustra el fin para cuya consecución se lo confiere.