marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, accidentes de trabajo, daño moral
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Arroyo, Alberto Agustín c/ Glass-Ser. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si resulta evidente la falta del más elemental examen de la causa o, al menos, de las piezas esenciales que se debieron considerar para decidir. Así ocurre en el caso en que se demandó por accidente de trabajo, con fundamento expreso en el derecho común y el fallo impugnado confirmó el rechazo de la pretensión del daño moral por entender que la acción se había intentado en base a la ley especial (9688).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: LOZINSKY CLAUDIA ELIZABETH c/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS Y CONSUMO LTDA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIÓN DE AMPARO-APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-23

La segunda instancia se abre con la concesión del recurso de apelación y no con la recepción del expediente por el tribunal de alzada. La caducidad de la 2da. instancia es privativa de la alzada, ya que incide sobre su propia competencia, no correspondiendo al a quo que se pronuncie sobre la perención con posterioridad a la concesión de la apelación.
Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C.O.T.A.P.  FORMOSA LTDA. c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-05-19

El art. 351 inc. 1 del C.P.C. y C. inspirado en evidentes razones de economía procesal al disponer la remisión del expte. al Tribunal considerado competente tiene la finalidad de posibilitar que el mismo -en determinadas circunstancias- aproveche actuaciones ya cumplidas, lo que supone necesariamente que la forma del procedimiento permita al nuevo juez seguir actuando en el proceso.

Ello es de imposible cumplimiento en el caso de remisión al Superior Tribunal de Justicia pués la acción procesal administrativa está sujeta a un específico condicionamiento ritual al que no se ha ajustado el actor al accionar en los términos del C.P.C. y C.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, aplicación de la ley penal, interpretación de la ley, excarcelación, condena condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Losasso, Nicolás s/ excarcelación - causa Nx 2763.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Los agravios relativos a la interpretación que el a quo hizo del art. 379, inc. 1x, del Código de Procedimientos en Materia Penal, estableciendo que correspondía formular un juicio hipotético sobre la eventual aplicación del art. 26 del Código Penal, a cuyas reglas recurrió, remiten al examen de cuestiones de derecho común y procesal ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48.
Escritos judiciales, cargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farias, Manuel Rodolfo y otra c/ Policlínico Ferroviario Diamante y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-21

En principio, carece de eficacia el escrito al que le falta cargo o adolece de la firma del actuario; imputando responsabilidad al agente presentante del escrito por no haber extremado las precauciones para evitar tales contingencias. Pero tal principio debe ser morigerado ya que ante tales omisiones, se le asigna efectos si el funcionario autorizado para extenderlo informa que el escrito fue dejado en la oficina el día y hora en que aquel consigna y no se aduce o demuestra falsedad o inexactitud y, en el supuesto de no haber sido puesto el cargo, puede tenerse por presentado el escrito con anterioridad a la fecha que lleva el informe del Secretario que pone en conocimiento de tal anomalía. (Minoría u opinión personal)
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: PROCESAL
Carátula: GARRIDO MARTA c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION s/ AMPARO POR MORA EN LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-28

Del análisis comparativo de las normas legales que contempla el instituto de la mora de la administración se advierte que en el orden provincial existen tres situaciones distintas: a) la prevista por el art. 10 de la Ley 1.260; b) la regulada por el art. 28 Ley 1.260 y c) el establecido por el art. 71 del Decreto 181/79. Es que remitiéndose a los antecedentes, tanto el proyecto de la Ley 1.260 como el Decreto Reglamentario 181/79 han sido elevados en forma conjunta por el Ministro de Gobierno al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, entonces con facultades legislativas, con texto normativo muy similar al vigente en el orden nacional, lo cual lleva a la convicción de que si se hubiera querido dar al art. 10 otro alcance distinto (por ej. el carácter no excluyente), nada obstaba a que se incluyera al final de la norma, un texto similar al contenido al final del art. 71 del Decreto Reglamentario, en cuanto dispone "sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 28 ...". De constar esta salvedad en aquel texto era evidente que el ejercicio del derecho de opción no hubiera sido excluyente sino alternativo o acumulativo (como lo sostiene la accionante) y sujeto a la voluntad del administrado; pero que ante la falta de texto expreso, impedido se está de atribuir a la norma un alcance extensivo. Así, habiendo la actora ejercido por sí misma el requerimiento de pronto despacho en dos oportunidades y ante el silencio de la administración, debe entenderse -una vez transcurridos los plazos previstos por el art.

10 Ley 1.260 que ha mediado negativa, con el alcance que el mismo prevé, quedando expedita la vía contenciosa, por lo que el requerimiento de pronto despacho en sede judicial deviene improcedente.
Derecho penal, Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), etapas del proceso, legitimación procesal, auto de procesamiento, estelionato, tipo penal, estafa, delitos contra la propiedad
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ STRIZICH, Oscar José JUAN, Juan Francisco ROLDAN, Sergio JUAN, Daniel DE LA FUENTE, Marcelo s/ RECURSOS PROCESALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-02

La conducta de UN imputado consistente en no entregar la documentación del automotor que ha vendido, y entre ésta el formulario 08 firmado, a los fines de efectivizar la transferencia del dominio, no encuadra en la figura penal que nos ocupa, puesto que tal documentación en ningún momento le ha sido entregada por la denunciante al denunciado, sino que siempre estuvo en poder de éste en calidad de propietario o poseedor del automotor que se obligó a transferir, y por tanto no había propiamente una obligación de "restituir".

Cabe destacar que la figura penal prevista en el inc. 2 del art. 173 C.P., se trata de una típica defraudación por abuso de confianza, encontrándose el bien que es objeto de delito en poder del sujeto activo por un negocio jurídico anterior.

La doctrina y jurisprudencia mayoritarias exigen que esa tenencia haya sido transferida con implicancias jurídicas -poder- o como mero poder de hecho -custodia- (Creus, Derecho Penal parte especial, Astrea, 1997, tomo 1, pág. 507).

En tal sentido la jurisprudencia ha sostenido que :" La retención indebida configura un título precario que no comprende a quien posee por un título de dominio, con señorío absoluto, exclusivo y perpetuo.

El dueño que se obliga a transferir el dominio de un bien y omite ese deber contractual sufrirá los efectos del derecho común pero no interesará a ningún tipo penal" (CNCCorr, Sala VII, 29/07/82, L.L., 1983- C- 593).

Asimismo se ha señalado que "El tipo de retención indebida acuñado en el art. 173 inc. 2 del Código Penal requiere que el agente omita devolver la misma cosa que se le dio" (CNCorr. Sala Vii, 12/02/90, L.L. 1990-C-122).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ARABBO, RAQUEL MIRIAN LUISA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-08

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que la recurrente insiste sobre cuestiones de hecho, prueba y aplicación de derecho administrativo que sólo reflejan su disconformidad con lo resuelto por la Sala, la cual lejos de declamar en abstracto los principios vinculados a la actividad discrecional de la Administración y el limitado alcance de la revisión judicial de dicha actividad, los aplicó al caso concreto extrayendo precisas conclusiones al interpretar la conjunción "o" en el artículo 61 inciso 3) del decreto-acuerdo 2695/83, aspectos de interpretación de normas del derecho público aplicable que no habilitan la instancia excepcional.

Asimismo, y respecto de la razonabilidad invocada por la recurrente como valladar a dicha discrecionalidad en la designación de personal interino suplente, el Tribunal consideró que ni siquiera se había invocado que la agente finalmente seleccionada no reuniera las condiciones funcionales y estatutarias, o que de alguna manera la asignación fuese arbitraria o manifiestamente irrazonable, por lo que sus críticas no ostentan entidad constitucional alguna.
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, competencia, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serrano, Luis Cipriano y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

No altera en nada la finalidad de la norma la decisión de prescindir de un servicio o de un profesional adherido al I.O.M.A. si no cubre las necesidades del usuario o resultare inconveniente; por el contrario, contribuye a que se satisfagan los intereses que ella protege.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato Municipalidad de Tordillo c/ García, José y otros s/ Declaración de vacancia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31|1998-09-30

Los litigantes no pueden ocurrir a los tribunales ordinarios con gestiones del resorte de la justicia de paz, o viceversa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, pago, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: V. DE B.G c/ B.C.L s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Si bien se ha discutido en la doctrina respecto a si es aplicable o no el pago al régimen del art. 1193 del Código Civil, ha terminado por prevalecer la doctrina que admite el criterio amplio, en el cual no juega la limitación de la mentada norma. Una cosa es la amplitud con que debe admitirse todo género de prueba sin sujeción a las limitaciones del art. 1193 del código citado y otra, muy distinta, el criterio con que tal prueba debe ser valorada por el Juez. Por tanto, el magistrado debe examinar la prueba del pago, que no conste en un recibo, con un criterio restrictivo (Conf. borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", ed. Perrot, Bs.As. 1976, ps. 563 y 564;

Boffi Boggero, "Tratado de las obligaciones", ed. Astrea, Bs. As.

1977, t.4, ps. 114 y 115).

Ese mismo criterio es el que ha llevado al legislador a exigir la prueba documentada para hacer posible la excepción de pago en el juicio ejecutivo (art. 544, inc. 6, Código Procesal; Conf. Borda, ob. cit., p. 564), por lo que si salvo la hermana del incidentista, ninguno de los testigos vio que se pagaran en su presencia los honorarios del letrado tampoco pueden aceptarse como recibos las tiras de máquina de calcular, no reconocidas por el contrario.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, concubinato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Figueroa Domingo Cipriano c/ Zabala Zapata Alberta s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

La calidad de concubina excluye la figura de la intrusión y de la mera tenencia, pues para ello es necesario que se haya hecho efectiva tradición de la cosa (art. 2460 del Código Civil) lo que es incompatible en la convivencia conjunta y el juicio de desalojo no es el marco adecuado para decidir el mejor derecho a la posesión que a cada uno de los concubinos compete.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, elecciones, Estado Provincial, interpretación de la ley, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ PROVINCIAS  -  AUTONOMIA  PROVINCIAL - CORTE SUPREMA - INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  JUECES  -  ELECCIONES   -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la decisión de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que interpretó la ley 5109 en el sentido que para la determinación del cociente electoral no era necesario tomar en cuenta las fracciones decimales, pues se trata de una cuestión de derecho público local, decidida por el cuerpo competente para ello, y no cabe admitir el supuesto excepcional de la arbitrariedad atento que la decisión recurrida decide una cuestión de detalle, cuyo carácter opinable no autoriza sin más el conocimiento del pleito por la Corte sin mengua del respeto debido a la autonomía de las provincias.
Tasa de justicia, ampliación de la demanda, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: BARALDO A. ANGEL Y CIA. c/ D.G.I. s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

Siendo las ampliaciones de demandas y las reconvenciones a los fines de la ley de tasas judiciales consideradas como juicios independientes del principal, corresponde que a su respecto se abone la tasa vigente al momento de producirse ese hecho imponible.
Simulación, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SPENGLER ERNESTO RICARDO y OTRO c/ HIMMELLAND S.R.L. y OTROS(CIVIL) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-28

En los pleitos por simulación no se exige prueba directa e incontrastable de las circunstancias alegadas, siendo menester que concurran un conjunto de indicios y presunciones lo suficientemente graves, precisas y concordantes que insuflen en el ánimo del juzgador la convicción de que se está ante un acuerdo simulatorio celebrado con el propósito de engañar o crear una falsa apariencia.

Ello es así puesto que, en general, en dichos negocios se toman las precauciones necesarias para ocultar el acto -que se realiza en el mayor sigilo y rodeado de las precauciones tendientes a impedir el acceso de terceros a la prueba directa de su concertación- e, incluso, se borran los rastros que el mismo pudiera dejar.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Finansur SA c/ Dislac Chubut SRL y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-05

En el juicio ejecutivo la condena en costas es extraña a toda valoración que no merite el grado de vencimiento merecido por las pretensiones de las partes. Por ende, el allanamiento del emplazado a la demanda ejecutiva formulado con posterioridad a la intimación de pago y citación de remate, lo obliga a responder por los gastos causídicos de la ejecución pues su mora dio lugar a la reclamación.
Nulidad procesal, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIERICO ADRIANA OLGA c/ O.S.P.M. Y RICARDO A. SABBAG PRODUCCIONES .S.R.L. s/ INC. EJEC. DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-07

Toda declaración de nulidad no debe acarrear un perjuicio mayor que el que se trata de subsanar, sobre todo si tal consecuencia nefasta recae sobre quienes no participaron en la conformación del supuesto acto viciado; como significaría a esta instancia volver atrás el trámite del proceso reiniciándolas nuevamente desde la supuesta actuación deficiente.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, sentencia interlocutoria, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MOSCARIELLO, ROBERTO c/ MOSCARIELLO, CARLOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-23

Este Cuerpo ha superado la falta de definitividad de la resolución acerca de la separación del juez de la causa, por considerar que cuando aquélla se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida; o cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de gravedad institucional que verifica en abstracto una hipótesis en donde, por un lado, se pone en juego a la Administración de Justicia en relación a las exigencias de imparcialidad de los jueces y por el otro, la posibilidad cierta de que, a través de un manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural.

Sin embargo, el recurrente no ha aportado -más allá de invocaciones genéricas a lesión de cláusulas constitucionales- ningún elemento de peso que permita hacer extensivas aquellas excepciones al caso para tener por sorteado el recaudo de definitividad, circunstancia que tampoco se encuentra conmovida por los argumentos del presentante en orden a sostener la existencia de gravamen irreparable basado en que la prosecución del juicio no podrá ser remediada ulteriormente, toda vez que el carácter definitivo de un auto interlocutorio no debe referírselo a la inexistencia de un ulterior recurso contra el mismo, sino a sus efectos sobre el pleito, en cuanto pone fin a éste o torna imposible su continuación, efecto que no produjo el auto objetado. (De los fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Despido, indemnización, intimación al empleador, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRERO SANDRA LORENA c/ GARCIA JORGE ALBERTO Y OTROS s/ DESPIDO, RUBROS ADEUDADOS y CERTIFICACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-25

Del texto del artículo 2 de la ley 25323 no surge en qué momento debe formularse la intimación, ya que sólo prescribe que sea fehaciente; en cambio, sí aparece como exigencia explícita que el trabajador, para percibir las indemnizaciones, se haya visto obligado a iniciar acciones judiciales o de otra instancia; en base a ello, puede sostenerse que en los presupuestos de procedencia del recargo del 50 por ciento sobre las indemnizaciones por despido, basta con que el trabajador haya puesto en conocimiento de su empleador que se considera con derecho a percibirlas y que le requiere su pago en un tiempo determinado el que la mayoría de los autores considera que ha de ser de dos días hábiles, por aplicación del artículo 57 de la Ley de Contrato Trabajo.

Así, con el reclamo formulado al mismo tiempo de comunicar su decisión rescisoria, ha quedado cumplimentado el requisito de "intimación fehaciente" previsto.
Acción de inconstitucionalidad, procurador general, supresión del cargo, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-29

Corresponde meritar y evaluar los criterios y forma conque el Poder Legislativo ejerció su competencia -que sin duda la tenía por mandato constitucional para reestructurar el Poder Judicial- y referidos a los derechos de quién ejercía la Procuración General. En forma evidente, tomando los antecedentes legislativos se advierte que el art. 9º de la Ley 2.404 no se compatibiliza con los antecedentes similares, y tampoco guarda congruencia con los arts. 3 y 129 de la Constitución Provincial. Como consecuencia, se separa al Procurador General de sus funciones sin el procedimiento legal establecido en la Constitución para apartarlo del cargo que desempeñaba, desconociendo la superior norma legal (art. 129 de la Constitución Provincial). Es sabido que en tal aspecto existe ordenamiento jerárquico y orden de prelación del cual no puede apartarse la norma legal pues cae en la nulidad. VOTO MAYORIA: DRA. SALAZAR
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARLAND REPARACIONES NAVALES S.A. c/ AREMAR C.I.F.S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

Cuando se trata de rechazo de la pretensión dirigida contra la aseguradora y los términos en que ha sido citada la colocan en una situación de accesoriedad con respecto a la procedencia de la demanda, corresponde tomar como base de la regulación de los profesionales de aquélla el monto por el que prospera la condena.

(Sala 1,2038,230983)
Queja por recurso denegado, recurso de queja (procesal), fundamentación insuficiente, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: De León, Enrique s/ Detención Domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-12

Corresponde desestimar el recurso de queja presentado, si de la simple lectura del contenido de la pieza procesal se advierte la existencia de deficiencias formales insalvables, ya que se ha prescindido en forma total de indicar las razones por las que el interesado considera que la denegatoria del acceso a esta instancia superior ha sido equivocada, limitándose a transcribir los motivos de agravio del recurso que le fue denegado.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flaherty Vizcay de Pais Edith c/ Betelu Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-21

El hecho físico de embestir, por sí solo, en principio carece de idoneidad suficiente para determinar responsabilidades definitivas, demostrando la experiencia diaria que son numerosas las oportunidades en que un conductor se pone en situación de "embestido" realizando debidas maniobras de adelantamiento - basta un golpe de acelerador-, lo que me lleva a concluir que las respectivas calidades de embistente y embestido, si bien son válidas en algunos casos, no dejan de ser una concurrente más, porque, en definitiva, de lo que se trata, especialmente en este caso, es de evaluar conductas.
Homicidio simple, recurso de casación, juicio abreviado, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO c/ RICARDO ARIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-04

La impugnabilidad de la sentencia recaída en el procedimiento especial del juicio abreviado (art. 415 del CPP) ha destacado que el consenso de las partes y el Tribunal -que dicho procedimiento tiene como presupuesto esencial- acarrea, de manera ineludible, la aceptación de la condición impuesta para su procedencia, esto es, la confesión lisa y llana de la culpabilidad por parte del imputado -obviamente con la observancia de las garantías constitucionales- y el consiguiente acuerdo que posibilita que se omita la recepción de la prueba, que la sentencia se fundamente en la prueba recogida en la investigación penal preparatoria y que no se imponga una pena más grave que la solicitada por el Fiscal. Consecuentemente y, en principio, no se puede objetar por esta vía impugnativa el fallo, alegando un reproche de carácter formal, si no se acusa una inobservancia de los requisitos ya mencionados que vulnere la base misma del consenso.
Caducidad de instancia, recurso extraordinario, Derecho laboral, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrade, Ricardo Mario c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Las normas del Código Procesal atinentes a la caducidad de la instancia son aplicables a los recursos de queja deducidos ante la Corte, aún cuando se originen en un pleito laboral.