marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: BALBUENA SILVINA TERESA c/ LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL Y OTROS s/ DESPIDO, RUBROS ADEUDADOS y CERTIFICACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-09

Carece de trascendencia, a los fines del presente juicio, la participación de los clubes en la integración, servicios y aportes que efectúan con relación a la Liga de Fútbol ya que lo determinante es la existencia de personería jurídica de la entidad nucleadora de los clubes y la falta de obligación de los mismos como fiadores o mancomunados con ella, tal como claramente lo prescribe el artículo 39, párrafo final, del Código Civil.
Cuestión de derecho público local, vacío legal, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ARGENTORES c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Ante la inexistencia de disposiciones de derecho público local que pudieran llegar a resolver el punto propuesto en forma directa, se podría acudir en forma supletoria a otras normas de derecho público y sólo en su defecto, a las normas de derecho privado siempre en forma analógica (in re "R., N. B. y Otros c/ GCBA", de fecha 07.10.04)" (esta Sala, exp. 12978, "Emepa S.A. c/ Subterráneos de Buenos Aires s/ cobro de pesos", del 20 de julio de 2006, cons. 7.3 del voto de la mayoría).

La respuesta no necesita buscarse en el derecho común, pues como se dijo, debe preferirse la aplicación supletoria de normas de derecho público local.
Cuestiones de competencia, competencia penal, tipo penal, desnaturalización del cheque, cheque de pago diferido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Montovi, Alberto H. y/o Perrotta, Alicia E. s/ Infracción art. 302 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si la escueta mención que surge de las constancias de la causa es claramente insuficiente a los fines de individualizar la figura penal prima facie aplicable, corresponde remitir las actuaciones al juez que previno a fin de que éste, en primer lugar, determine si el cheque entregado por la denunciada era o no postdatado.
Declaración de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad, acción de amparo, acción meramente declarativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: J. SRL y Otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-08

En el orden nacional, tanto la acción de amparo (art.43, const.nacional) como la acción meramente declarativa (art.322, cód. Proc. civ.y com. De la Nación) constituyen vías idóneas para plantear la inconstitucionalidad de una ley. Pero ambas tienen una regulación distinta y características que es conveniente tener en cuenta al momento de decidir por cuál de ellas habrá de formulares el planteo de inconstitucionalidad.
Exenciones impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Peñaflor S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ demanda contenciosa - repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que la establezcan y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas.
Sentencia ultra petita, indemnización, personal militar retirado
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sifredi, Carlos Alberto Ramón Bautista c/ Estado Nacional (M. de Defensa  -  Ejército  Argentino) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, con evidente exceso de jurisdicción, condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización no reclamada por la actora en el escrito de demanda y con fundamento en lo dispuesto en una norma claramente no aplicable al sub examine, como es el art. 76, inc. 3, ap. c, de la ley 19.101, modificada por la ley 22.511, ya que a la época del accidente del actor (año 1944) regía la ley 4707 -ley orgánica del ejército- (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mourenza, Juan Pablo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-04

La disidencia postuló el rechazo del recurso por considerar que la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido. Dres. Mahiques -disidencia-, Riggi, Catucci.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recusación con causa, interpretación de la ley, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de Segunda Nominación, Mario Cisternas en autos Lindow, Walter c/ Sochi, Oscar s/ Daños y perjuicios - OPOSICION A RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-11

Es unánime la opinión jurisprudencial en cuanto a que las causales de recusación deben ser analizadas con carácter restrictivo. En el caso que nos ocupa, la recusación nace con posterioridad al proceso, invocando la existencia de una causal sobreviniente que se resume en una conducta de parcialidad por parte del Inferior recusado a favor de la actora. Ello así, teniendo presente lo antedicho, la causal invocada no puede tener andamiento. Además, cabe resaltar que tanto las causales recusatorias por amistad como por enemistad quedan limitadas a las partes y no con los letrados o apoderados, manifestándose claramente por actos directos y externos que le dan estado público.

En autos, de existir un interés por parte del Inferior, el recurrente debió decirlo y demostrarlo. En consecuencia, la causal invocada debe ser desestimada por no encuadrar en las previstas por la norma legal.
Prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUCIO c/ MAS DE PLANA, MARINA Y OTROS s/ ACCIÓN REIVINDICATORIA - II CPO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-04-14

El accionado, al alegar la posesión adquisitiva del inmueble debe acreditar el momento en que inició la posesión, a fin de establecer el punto de partida y su extensión.-
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Ricardo Oscar c/ Villalba, Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-05

En los ilícitos que afectan el honor, el factor de atribución de responsabilidad debe ser necesariamente subjetivo, puesto que no existe base normativa - al modo de la prevista, por ejemplo, en los arts. 1113, 1124 y 1129 del Código Civil- para una imputación al acusador por actividad riesgosa. Y en concreta referencia a la acusación calumniosa, una responsabilidad que se abstezca con la mera absolución o sobreseimiento del acusado, resultaría incompatible con la normativa superlegal, puesto que cuando la situación se resuelve por el beneficio de la duda, quedará de manifiesto un estado de incertidumbre que por imperativo constitucional, esto es, por aplicación del principio "in dubio por reo" (art. 18, C.N.), deberá decidirse en favor de la libertad.
Prueba, testigo único, parentesco
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BALSA ELISEO E. c/ MARIO B. ALASSIA s/ DEMANDA - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-21

Si bien el testigo ofrecido, ha sido presencial del evento por estar acompañando al siniestrado, el conductor y dueño es hijo del testigo, lo que hace que esa declaración deba ser apreciada muy severamente.

La eliminación del C.P.C. del sistema de tachas, no implica que el dicho de un pariente, en los grados que preveía la ley anterior, no deba ser considerado, pero de todos modos, no puede dejarse de ponderar que por la misma naturaleza humana un padre no va a declarar en contra de su hijo.-
Derechos y garantías constitucionales, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, decretos, inconstitucionalidad, acceso a la justicia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALBISTUR DE BAGNAT, MARTA BEATRIZ c/ DECRETO 2196/86 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

El decreto 2196/86 del Poder Ejecutivo Nacional es violatorio a las claras del principio constitucional de la división de poderes, por carecer aquél de facultades para impartir órdenes a los jueces acerca de las modalidades de ejecución de la función de administrar justicia, reservadas al Poder Judicial (artículo 95 Constitución Nacional).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Melgarejo, Raúl A. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

No cabe resolver la anulación de oficio de la sentencia si la omisión de ésta de señalar la naturaleza probatoria atribuida al secuestro de un arma no obstó la formulación ni la procedencia de la impugnación realizada al respecto por el recurrente.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, cadete, laboratorios
Materia: LABORAL
Carátula: TEVES, IVAN ALBERTO c/ BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Le asiste razón a la parte actora en cuanto consideró acreditada la relación laboral invocada respecto de la codemandada Boehringer Ingelheim S.A., por lo que su responsabilidad como titular del contrato deviene indiscutible, careciendo de total relevancia que The Saint S.R.L. u otras firmas hubieran asumido en las formas o en aspecto meramente instrumentales (como ser el suministro de ropa de trabajo) la titularidad de la relación porque, en definitiva, no se trató de una tercerización real de actividades, sino de la interposición fraudulenta de personas en la contratación, lo que impone revocar la sentencia de grado en cuanto libera de toda responsabilidad al laboratorio demandado.
Recurso contencioso administrativo, arraigo, beneficio de litigar sin gastos, remuneración, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CASTILLO, CARLOS CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXCEPCION DE ARRAIGO      EXPTE NRO 228-88 CASTILLO, CARLOS CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXCEPCION DE ARRAIGO      EXPTE NRO 694-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-30|1990-05-30

Debe rechazarse la excepción de arraigo opuesta contra el reclamo efectuado por un empleado público, que goza del beneficio de litigar sin gastos (Código Contencioso Administrativo, artículo 22 y Constitución Provincial, artículo 20), por resultar aplicable al caso la previsión del artículo 330 inciso 3) del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a los pobres declarados -entiéndase que están equiparados aquéllos que como el actor, gozan del beneficio de gratuidad por imperio de la ley- litigar sin constituir arraigo.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Magariños José c/ Galán Sergio s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Si por vía de la propia explicación del martillero actuante, quien realizara la mejor oferta no fué tenido por adjudicatario, sino que tal calidad se le adjudicó a un tercero, quien fué el firmante del boleto, puede concluirse que la subasta no puede ser mantenida como acto jurídico válido ya que falta el requisito de que la adjudicación debe efectuarse en favor del que formula la oferta mayor. Tal proceder resulta contrario a la naturaleza misma de la subasta pública
Derecho civil, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., R.A. c/ Sucesores de J.D. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-04

La responsabilidad probatoria no supone -pues- ningún derecho del litigante adversario, sino antes bien, un imperativo del propio interés de cada parte y una derivación de la bilateralidad; constituye una circunstancia de riesgo que supone que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito.

Puede entonces quitarse esa carga probando y esto no es más que una situación atinente a cada parte. Por todo ello, los dos aspectos que integran la noción de onus probandi están íntimamente relacionados, pues una vez decidido qué debe constar para que venza el demandante o el demandado, se ha resuelto al mismo tiempo a quien perjudica la ausencia de prueba.
Daños y perjuicios, delitos contra el honor, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orruma, Francisco José c/ Duhalde, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

No puede negarse el derecho de emitir opinión, de raigambre constitucional, pero el mismo no es absoluto ya que es doctrina judicial del más alto Tribunal de la Nación que el ejercicio de ese derecho no puede entenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral, la dignidad, el honor y reputación de las personas.
Nulidad procesal, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Fares, Sergio Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-23

Las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, y no son un fin en sí mismas pues requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia; de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la ley.
Juicio de desalojo, sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Severino, Juan Carlos y otra s/ Homologación de convenio de desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Si bien es cierto que -por regla- ninguna resolución judicial pueda efectivizarse contra quienes no fueron parte del proceso o no quedaron incluidos en la relación procesal, no lo es menos que tal principio no exhibe un rigor extremo, toda vez que existen situaciones, en las cuales la cosa juzgada proyecta efectos reflejos respecto de ciertos terceros, como ocurre, por ejemplo, cuando dichos efectos alcanzan, además de la persona del accionado, a quiénes constituyen su núcleo familiar.
Derecho procesal, resoluciones judiciales, sentencia definitiva, actos y diligencias procesales, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTRONARDI  GUILLERMO  MARTIN c/ LIDERAR  COMPAÑIA  GENERAL DESEGUROS SA Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Uno de los fundamentos del principio de congruencia está en la indefensión de las partes en una materia resuelta en la sentencia que no fue objeto de litis. Es que la decisión debe comprender todas las pretensiones, ha de ser plena; debe hacerlo contemplando las que se hayan formulado en el juicio, esto es, ha de ser congruente con la forma como ha quedado trabada la relación jurídica procesal (artículo 34, inciso 4 del Código Procesal). No cabe olvidar el poder de disposición de las partes, que sólo cede en aquellos supuestos en que el interés social esté comprometido por lo que se admite la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades dispositivas de las partes. Es recién en tales hipótesis en que el proceso civil adquiere carácter inquisitivo pues las partes carecen de la disponibilidad del derecho o de la relación que les sirve de fundamento y la autonomía privada debe ceder paso a una mayor injerencia del órgano judicial (Palacio, Derecho Procesal Civil, Tº I, p. 370, número 50).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, delito penal, usurpación
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., J.G. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - usurpacion (Expte.: C.S.J. Nº. 502 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que, si bien el recurrente acusa la invalidez del pronunciamiento atacado por presunta arbitrariedad y lesión de derechos constitucionales -de propiedad, de igualdad, debido proceso, justicia distributiva, defensa en juicio y derecho a la jurisdicción-, de los argumentos vertidos en el memorial introductorio en confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo su mera disconformidad con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias en cuanto entendieron que cabía confirmar la sentencia apelada -por la que se condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de usurpación a la pena de seis meses de prisión de ejecución efectivas y costas procesales- por cuanto "se dan los requisitos fácticos que el delito de usurpación requiere para su configuración, es decir: la violencia, considerando como tal el cambio de cerradura y el despojo del bien a sus legítimos propietarios, sin tener derecho alguno para ello, al privarlos del ingreso al inmueble", pero sin lograr articular algún agravio que, superando el ámbito de lo meramente opinable, autorice a descalificar constitucionalmente lo decidido por los jueces ordinarios.
Municipalidad, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Trelew c/ B.C. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-22

En nuestra provincia, amén de lo dispuesto por el art. 224 de la Const. Provincial, la autonomía municipal se ve expresada en su máxima expresión -en cuanto autonomía implica "autocefalía", esto es, la capacidad de una comunidad de darse sus propias autoridades sin intervención de una instancia ajena a su propia comunidad.
Daños y perjuicios, legitimación pasiva, responsabilidad objetiva, accidente de tránsito, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGUERO HERMINIO c/ EMBOTELLADORA LOS ANDES S.A. Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S067 - 064)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-09-27

Si el dependiente produjo el accidente cuando pretendía ingresar al establecimiento de la empleadora para la cual prestaba servicios, ésta última resulta responsable, ya que existe una razonable relación entre la función y el daño.No se trata de un común accidente "in itinere", sino de un hecho que sólo podía ocurrirle cuando iba a cumplir sus tareas, es decir un riesgo específico atinente solo a los empleados que todos los días efectuán la misma maniobra para ingresar en el establecimiento.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transportes el Progreso S.A. c/ Municipalidad de la Matanza s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-04

La solicitud de medida cautelar debió contener argumentos que, prima facie valorados demostraran suficiente consistencia jurídica, configurando el llamado "fumus bonis iuris". De otro modo, el particular tendrá que demostrar sumariamente la apariencia de ilegitimidad o arbitrariedad del acto cuestionado, vale decir, la falta de correspondencia entre la norma superior y general que lo sustenta y el acto individual que impugna, no probado en la especie, impidiendo al señor Juez de Primera Instancia evaluar en forma provisional, la procedencia o improcedencia de la demanda o, al menos, su probable éxito para con ello acceder a la medida solicitada. (Minoría u opinión personal)
Derecho laboral, certificado de trabajo, multa, sujetos obligados, despido
Materia: LABORAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Solorzano, Juan Francisco c/ Santa Fe 1857 SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

En el caso se discute la procedencia de la multa del art. 80 LCT y no se observa que la actora hubiera efectuado la intimación correspondiente en los términos previstos en el art. 3ro del decreto 146/01, por lo que corresponde revocar el decisorio de grado en este punto.
Seguros, asegurador, citación en garantía, cómputo del plazo, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: MACCHI, Horacio Martín y otro c/ GOMEZ, Pablo Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-22

Una vez recibida la denuncia del siniestro la aseguradora puede hacer uso de las facultades acordadas por el párrafo 2 del citado cuerpo normativo. Si el asegurador, luego de recibida la denuncia del siniestro no reclama al asegurado informaciones complementarias ni prueba instrumental, el plazo de treinta días para pronunciarse corre desde la fecha de la denuncia del siniestro (conf. CNCivil, Sala H, in re "F., M.E. c/ Suárez, Héctor y otro", del 18/3/97).
Prescripción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Gadaleta, Leonardo Horacio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-07

Corresponde declarar la prescripción de la acción penal al haber sido abiertamente violado el derecho de los acusados a ser juzgados sin dilaciones indebidas, ya que han transcurrido trece años desde la fecha de los hechos, sin que se haya llevado adelante el juicio oral y público, no se trata de un caso complejo -cuatro hechos de contrabando documentados, radicando la maniobra delictual en la presentación ante el servicio aduanero de documentación apócrifa para simular un valor menor de los vehículos, para reducir la base fiscal-, y el imputado no ha realizado presentaciones dirigidas a entorpecer el avance del sumario. No cabe justificar el largo tiempo de trámite si no ha mediado por parte de las autoridades la exigible diligencia para la tramitación de la causa como así tampoco se constata que las notorias demoras pudieran haber sido ocasionadas por el afán de favorecer el más amplio ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL
Carátula: S.J.A. y F.D.A. s/ Divorcio  vincular  por presentación conjunta (Incidente de nulidad) conjunta (Incidente de nulidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-02-20

Es harto conocido que la equidad debe funcionar en materia de imposición de costas como medio de asegurar a los justiciables no sólo la verdad de sus pretensiones, sino la comprensión de sus respectivas posturas. A lo que se suma que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que sólo es procedente apartarse del principio, si median razones fundadas, pues la excepción debe aplicarse con criterio restrictivo. Empero -tratándose de alimentos este principio cede- y rige la condena en costas al alimentante, impuesta por la índole especial de la reclamación. Dicho de otro modo admitir lo contrario equivaldría a hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas alimentarias con lo que desvirtuaría la finalidad de esta obligación. (Fundamento de la Dra. Stella M. Zabala de Copes)
Presupuestos de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: N., E. c/ Municipalidad de la Ciudad de Rawson s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-22

La "previsibilidad" del daño no se mueve en el vacío normativo, con límites sólo determinados por las condiciones personales del sujeto, su experiencia de vida, responsabilidad, bonomía, cultura o sociabilidad. Lo previsible, determinante de responsabilidad civil se mueve en el marco normativo de los artículos 901 al 906 del Código Civil, señalando el primero de ellos, en su primera parte:

"Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código consecuencias inmediatas".