Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 723 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Aráoz, Víctor Hugo vs. Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafí Viejo s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 30/7/2002 (fs. 251/252 vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, el que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 25/3/2003 (fs. 295 y vta.). Unicamente la parte demandada ha presentado el memorial previsto por el art. 137 CPTT, según consta en informe actuarial obrante a fs. 304 de autos.

2.- La Cámara tuvo por acreditado que el actor cumplió tareas de promotor de la demandada, percibiendo como retribución un importe en concepto de comisión. Sobre dicha base, consideró aplicable la presunción consagrada por el art. 23 LCT, y tuvo por configurada la relación laboral invocada por el accionante.

Seguidamente, denegó la aplicación de la Ley Nº 14.546 argumentando que dicha norma establece un régimen para los viajantes que actúan en representación de comerciantes y/o industriales, mientras que en autos se trata de una asociación cuya actividad es puramente civil, por lo que encuadró la relación en el régimen de la LCT.

Luego de tales consideraciones, la Cámara abordó el análisis de la excepción de prescripción opuesta por la demandada. En este marco examinó la carta documento de fecha 18/10/97 cursada a la asamblea de asociados, estimando innecesaria toda consideración respecto a la eficacia de la misiva dirigida a un ente distinto de la persona demandada, y determinó que al no constar intimación alguna al pago de los créditos reclamados en autos, no se habría suspendido el término de dos años establecido por el art. 256 LCT, razón por la cual admitió la excepción planteada.

3.- Denuncia el recurrente que la conclusión arribada de que en autos se trata de una asociación cuya actividad es puramente civil, resulta errada y dogmática. Asevera que las actividades laborales de Aráoz encuentran amplio encuadramiento en el art. 2 de la ley 14.546, y que la propia descripción de sus actividades y los objetivos perseguidos por la demandada como entidad mutual, advierten que es inadmisible la afirmación del fallo acerca de que la actividad desarrollada es puramente civil.

Sostiene que constituye un juicio dogmático la equiparación lisa y llana de una asociación civil, descripta como tal por el Código Civil, y una asociación mutual, sujeto de una regulación legal específica, en donde se persigue la obtención de una rentabilidad para la distribución de diversos beneficios entre los asociados.

Destaca que las cuestiones señaladas no resultan menores, toda vez que se admite una defensa de prescripción a la luz de lo normado por el art. 256 LCT, cuando la discusión debió darse en el marco de la ley 14.546, cuyos plazos son distintos y específicos a la actividad del viajante.

Por otro lado, manifiesta que lo agravia la decisión en cuanto niega virtualidad suspensiva de la prescripción a la carta documento remitida por su parte, con el argumento de que ha sido dirigida a un organismo distinto de la persona demandada. Entiende que ello no es así, pues ha sido cursada al órgano máximo de la demandada, cual es la Asamblea de Socios, y concluye que en dicho marco es incontrovertible el carácter suspensivo de la intimación cursada por su mandante.

4.- El recurso ha sido introducido tempestivamente (art. 132 CPCC), teniendo en cuenta que la sentencia que decidió el rechazo de la aclaratoria no fue notificada al domicilio real del recurrente hasta el momento de interponerse la casación, no habiéndose en consecuencia reanudado los plazos que se encontraban suspendidos con motivo de la deducción de aquél recurso; la sentencia atacada es definitiva en los términos del art. 130 CPTT; y siendo el actor quien recurre no es exigible el afianzamiento previsto por el art. 133 CPTT.

En orden al motivo y suficiencia de la casación intentada, el recurrente discrepa con la fijación de los hechos que condujeron al Tribunal a sostener que la demandada es una asociación cuya actividad es puramente civil y sobre esta base fáctica declarar aplicable el régimen de la LCT, lo que no resulta atacable en principio por la vía casatoria intentada, a menos que se demuestre con fundamentos bastantes el vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento.

El recurrente intenta desvirtuar la solución adoptada por el fallo, argumentando que las actividades laborales de Aráoz encuadrarían plenamente en el art. 2 de la ley 14.546 y que la descripción de las actividades del actor y los objetivos perseguidos por la entidad mutual, demuestran el yerro de la sentencia en cuanto postula que la actividad desarrollada es puramente civil.

Cabe señalar que el fundamento principal del pronunciamiento que conduce a sostener la inaplicabilidad de la ley 14.546, encuentra sustento jurídico en su artículo 1, en cuanto circunscribe la aplicabilidad del estatuto del viajante de comercio a quien actúa en representación de por lo menos un comerciante o industrial, lo que en principio no se vislumbra que ocurra en el presente caso, toda vez que la entidad empleadora es una asociación mutualista, y como tal constituida sin fines de lucro, inspirada en la solidaridad y con el objeto de brindarse ayuda recíproca entre sus integrantes frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual (cfrme. art. 2 ley 20.321).

Lo sostenido por el recurrente acerca de que las actividades laborales desarrolladas por el actor encuadrarían en el artículo 2 de la ley 14.546, no basta para desvirtuar la inaplicabilidad del estatuto del viajante de comercio declarada por el fallo, pues la norma invocada regula las situaciones en las que debe entenderse que existe relación de dependencia, pero no suple la carencia del requisito previsto por el artículo 1 del estatuto en cuanto exige que el pretenso viajante actúe en representación de uno o más comerciantes y/o industriales.

Tampoco alcanza para descalificar el pronunciamiento lo aseverado en torno a las actividades desarrolladas por el Sr. Aráoz y a los objetivos perseguidos por la demandada como entidad mutual, toda vez que no se ha demostrado que las labores que habría realizado para la demandada según testimonios analizados por la sentencia, resulten ajenas a las prestaciones mutuales previstas por los arts. 4 y 5 de la ley 20.321, teniendo en cuenta también que la ausencia de fines de lucro de las asociaciones mutuales conforme al art. 2 de dicha ley, impiden que dicho sujeto sea considerado en principio como comerciante o industrial. Ello con mayor razón, si se advierte que la crítica formulada en el escrito recursivo no demuestra concreta y circunstanciadamente que la índole de las actividades desempeñadas por el actor para la empleadora habiliten a calificar a la misma de comerciante o industrial.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "la afirmación de un determinado hecho, alegado como fundamento de su pretensión, no releva a la impugnante de intentar demostrar que los elementos apreciados por el Tribunal de mérito carecen de idoneidad para arribar a la solución contraria. Si la sentencia encuentra sustento suficiente en aquellos, y el litigante no logra poner en evidencia el absurdo o la arbitrariedad de este razonamiento lógico, no procede la apertura de esta instancia excepcional" (CSJTuc., in re "Industrial Maderera Lules S.A. vs. Esmerio Cefir Beddur Rodríguez y otros s/ cumplimiento de contrato", sent. del 15/8/2001).

Determinado, pues, el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 131 inc. a) del CPTT en los planteos tendientes a cuestionar la base fáctica sobre cuya base se decidió la aplicación de la LCT, corresponde abordar el análisis del restante agravio, en cuanto pretende negarle virtualidad suspensiva de la prescripción a la carta documento cursada por el actor en fecha 18/10/97. En este punto se argumenta que como la carta documento fue dirigida al órgano máximo de la demandada, la misma sí tiene carácter suspensivo de la prescripción.

Confrontado el agravio con los términos de la sentencia, permanece irrebatido un argumento esencial expresado en ésta para negarle a la misiva efecto suspensivo de la prescripción, y que refiere a que en la misma no consta intimación alguna al pago de los créditos reclamados en autos. De allí que la subsistencia de este fundamento, que basta por sí mismo para sostener el criterio del fallo de que el curso de la prescripción no se habría suspendido, determina en el presente caso la insuficiencia del agravio planteado.

Las razones expuestas determinan la inadmisibilidad del recurso de casación deducido por el actor.

5.- Atento al resultado arribado, las costas generadas por el recurso deberán ser soportadas por la parte actora vencida (arts. 49 CPTT y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo 30/7/2002 (fs. 251/252 vta.).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO