marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Depósito previo, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Antunez Arnoldo Rodolfo c/ Ernesto Hornus S.A. y otra s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-03-20

La exigencia del artículo 125 inciso c) del Código Procesal Laboral, lo es en relación a cada apelante, sin distinguir que la condena haya sido impuesta en forma solidaria, ya que ese es el carácter de la obligación que surge de la sentencia, pero que en modo alguno modifica la titularidad de los bienes de cada una o la del seguro de caución contratado, y obvio resulta que si la sentencia es sometida a revisión, existe la posibilidad de que la condena de Primera Instancia a una de las partes sea revocada, por lo que la necesidad de garantía surge respecto de todos los condenados en forma independiente.
Procesos especiales, interdictos posesorios, interdicto de obra nueva, demolición de obra
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R. D. c/ P., C. H. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

En los interdictos la antijuridicidad de la actuación de quien ejecuta una obra no es por sí sola una condición de procedencia del interdicto. En esta línea se ha dicho que no obstante la antijuricidad de los actos del innovador y el interés personal que le haya impulsado a ejecutarlos, la solución extrema de la demolición de lo construido sin autorización de los demás copropietarios no es razonable cuando los intereses lesionados son mínimos frente al perjuicio que ocasionaría al infractor la remoción de la obra y, sobre todo, por la inútil destrucción de valores económicos que esa medida traería aparejada. Ello es todavía más así en materia de una demolición, donde ordenar la reconstrucción de la destruido podría producir un daño económico severo al accionado, máxime cuando los daños invocados por el actor no han sido debidamente acreditados en la litis.
Intervención judicial, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, Daniela y otro c/ Agrogue Imagenes SRL y otro s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-15

De tal manera, se rige por un criterio restrictivo, pues la intervención judicial no puede significar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios societarios, a fin de no provocar un daño mayor que el que se pretende evitar (CNCom, Sala B, in re "Safety SA y otro c/ Carboquímica Argentina Sociedad Mixta y otro", del 31/05/94).
Personal policial, aplicación de la ley, calificación legal, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: R., E. A. s/procesamiento-homicidio preterintencional c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-26

Scotto y Divito, en su voto conjunto, resaltaron, entre otros aspectos, que si bien la víctima que se encontraba en evidente estado de intoxicación, había estado instantes antes alterando el orden público y el tránsito vehicular y el uniformado le ordenó que arrojara el cuchillo y levantara las manos, nunca hizo ningún movimiento brusco como para agredir al oficial. Destacaron que la normativa citada por el magistrado no se aplicaba al caso ("Pautas para la intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros" (aprobadas por Resolución 506/2013 del Ministerio de Seguridad de la Nación), pues están dirigidas a la actuación del personal de las fuerzas de seguridad federales y no a los miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Precisaron que, de acuerdo a normativa que enumeraron del ámbito local, el uniformado debió haber evaluado con mayor reflexión la situación antes de actuar como lo hizo y que su proceder no se adecuó con los principios de oportunidad, proporcionalidad y gradualidad, no ajustándose, en definitiva, su conducta con los lineamientos impuestos por la ley. Finalmente, señalaron que, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva pudiere corresponder en función de la consideración como previsible -o no- del desenlace fatal y la eventual aplicación del artículo 35 del Código Penal -aspectos a ventilar en la etapa de debate-, votaron por confirmar la resolución recurrida.
Contrato de trabajo, despido, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, terceros
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Juan Ramón c/ Buenos Aires Magic S.R.L. y otros. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por despido y extendió la condena en forma solidaria pues la amplitud de las pautas suministradas por el a quo soslaya la apreciación rigurosa de los presupuestos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y el escrutinio de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero.
Régimen penal tributario, excarcelación, caución real, monto de la caución
Materia: PENAL
Carátula: HABER, HECTORYEMAL E HIJOS S.A. s/ Regimen Penal  Tributario, Incidente de eximición de prision Causa 31299 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-15

Si la Dirección General Impositiva no ha presentado hasta el momento el informe a que se refiere el art. 16 de la Ley 23771 de modo que aún no hay una estimación del perjuicio fiscal ocasionado por las presuntas maniobras que se investigan, el monto de la caución debe ser apreciado a la luz de las pautas de los art. 382 y Art. 383 del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372), ello sin perjuicio de la modificación que pudiera corresponder cuando aquel organismo produzca el informe técnico mencionado.
Competencia provincial, competencia penal, ANSSAL, malversación de caudales públicos, empleados públicos, bancos provinciales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco de Catamarca s/ investigan depósitos de fondos en bancos Extrader S.A. y Feigin S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El presunto destino irregular de los fondos depositados en el Banco de la Provincia de Catamarca por parte de funcionarios de la ANSSAL es materia que corresponde al conocimiento de la justicia provincial, toda vez que no sólo se trata de investigar la conducta de funcionarios públicos provinciales sino también de tutelar a la mencionada provincia, quien sería directamente perjudicada por ese presunto delito.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ La Tropa S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Por ser la caducidad de instancia un modo anormal de terminación del proceso - cuyo fundamento reside en la presunción de abandono del mismo - debe interpretarse con carácter restrictivo, de ahí que la aplicación que de ella se realice, debe adecuarse a esas características sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside, más allá de su ámbito propio.
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Smolej, Miguel Angel c/ Bermudez, Manuel Ceferino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Si nos referimos a la acusación calumniosa, ella se limita a la mera imputación de un delito de acción pública, en la falsedad del acto denunciado y conocimiento de tal falsedad por el acusador, que en el caso debería haber actuado con dolo, ya que de otra forma sería culposa que por circunstancias propias del proceso penal, queda limitada a la sola falsedad sin decisión sobre el fondo de la cuestión.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Ponce de León Caludio Gabriel y Otros c/ I.A.P.V. y/ o Mundo Construcciones S.A. y/o C.G.T. y/o quien resulta responsable s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-13

Siendo la sentencia confirmatoria del decisorio del inferior y no habiéndose efectuado el depósito o acreditado estar autorizados para litigar sin gastos,los recaudos han sido erróneamente concedidos por la Cámara.
Facultades reglamentarias, acción de amparo, decisiones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, María Azucena c/ Municipalidad de la Capital s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-26

El Art.1 de la Ley de Amparo exige como condición de admisibilidad de la acción que el acto de autoridad pública lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas los derechos constitucionales alegados por el amparista. Conforme a tales directivas, quedan excluidas aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que los temas opinables o aquéllos requeridos de mayor debate y pruebas son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes.

En el caso de autos, sin dudas la Administración se encuentra facultada para fijar las pautas y condiciones para el otorgamiento de permisos o autorizaciones para la ocupación de la vía pública, dentro del marco legal que le es propio, ejerciendo atribuciones y deberes inherentes al poder de policía tendiente a la prosecución del bien común y el interés general de la comunidad que conforma el municipio.

En efecto, no surge del acto atacado -Decreto- la ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuye, en tanto se desprende de los fundamentos del mismo y de la documental presentada que, al reglamentar la actividad de que se trata, la Administración Municipal autorizó en un primer momento de manera transitoria la colocación del puesto de venta de flores y plantas.

Posteriormente, por Resolución, se autorizó a variar el rubro a venta de golosinas y revistas, de manera provisoria, quedando sujeta a la decisión final que tome el Departamento Ejecutivo Municipal, una vez concluido el proyecto total de Peatonal de calle Rivadavia, dejando expresamente establecido que la beneficiaria deberá proceder a la desocupación del mismo cuando el municipio lo considere necesario.

Por lo tanto, las decisiones de la Administración, emitidas en ejercicio de atribuciones legales propias, cuentan con el debido respaldo legal o normativo y gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Entrar a indagar, dentro del marco limitado de la acción de amparo, el control de legalidad de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para la toma de decisiones, encierra un complejo conflicto de intereses que, como cuestión jurídica opinable, excede el marco cognoscitivo de la acción, requiriendo mayor amplitud de debate dada la característica breve del trámite que tiene asignado esta acción urgente.

Por ello, corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta, por ser manifiestamente inadmisible.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, seguro con franquicia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

Si bien uno de los argumentos utilizados por el Máximo Tribunal es que es justamente la Ley de Seguros en su artículo 118 la que determina en su apartado tercero que la sentencia que se dicte será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro" y, consecuentemente existiendo una franquicia pactada contractualmente entre la compañía y el asegurador que pone un límite al riesgo cubierto de acuerdo a la normativa legal mencionada es oponible al damnificado, no puede hacerse caso omiso a la trascendencia fundamental que asume hoy el instituto del seguro en miras a lo que se denomina "función social del seguro", siendo su eje o epicentro la victima del daño; máxime en casos como el que nos atañe en el que el seguro está previsto en forma obligatoria. La problemática actual asume un carácter social.

Es por ello, que más allá de que la Ley de Seguros exprese que la aseguradora no podrá ser ejecutada más allá del riesgo asegurado, ello no habilita a validar constitucionalmente una cláusula excesivamente elevada de descubierto obligatorio o franquicia que -reitero- opere en el caso como un "no seguro", en franca contradicción con los lineamientos trazados por la ley 24449 y donde resulta plenamente operativo el artículo 1195 del Código Civil conforme el cual los contratos no pueden perjudicar a terceros.(De la disidencia del Dr. Erbetta).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Leonardi, Miguel A. s/ Infr. art. 96 inc. f), dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-12

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad "rectius nulidad" interpuesto no reúne los requisitos previstos en el art. 349 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y modif.), ya que si bien denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial no se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que intenta traer a examen de este Tribunal supuestos errores de juzgamiento como la infracción de expresas normas procesales y la violación a los derechos de defensa en juicio y del debido proceso, temas estos ajenos al restringido ámbito de conocimiento del recurso intentado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, economía procesal, audiencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Monzón, Juan José s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-25

Si el pedido de suspensión de juicio a prueba resulta manifiestamente improcedente, por razones de economía procesal y de una buena administración de justicia, el tribunal interviniente se encuentra habilitado para resolver la denegación de la solicitud con prescindencia de la realización de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN, como ocurre en el caso en que se verifica la existencia de un requisito negativo que obsta a la suspensión del juicio a prueba, esto es, la imposibilidad de que la eventual condena pudiese ser dejada en suspenso ante la existencia de un antecedente condenatorio firme y computable.
Presunción de inocencia, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Cirilo Ramón; Zárate, Cirilo; Giménez, Juan José s/ Hurto de Ganado Mayor José s/ Hurto de Ganado Mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-25

La inocencia, como en el caso tratado, se destruye, prima facie, con los elementos probatorios que incriminan al imputado y con el grado de probabilidad suficiente que requiere el procesamiento. Efectivamente, la declaración indagatoria es un medio de defensa y no de prueba, y es el encartado el que, a través de la coherencia de sus dichos quien tiene que destruir, defendiendo, aquéllos elementos cargosos, haciéndolos perder virtualidad. De lo contrario, sería otorgar a los dichos de los acusados la relevancia de la prueba suprema; sin dejar posibilidad al Juez para que, mediante las reglas de la sana crítica, puede valorar lo colectado en la causa y discernir el grado de probabilidad referida. En esta inteligencia, es lógico deducir que la coincidencia entre los dichos de los imputados, luego de conocer las pruebas que resultan cargosas y con la posibilidad de acordar sus dichos, no pueden llevar la certeza de veracidad como para destruir las posibilidades que emanan de los otros medios de pruebas colectadas.
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bardelas, Clarencio y otros c/ Salmena de Ianelli, Lucrecia s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

Cuando el tribunal vuelve a decidir sobre lo que ha sido materia de las pretensiones de las partes, debe observarse la forma de acuerdo y voto individual bajo sanción de nulidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, recurso de revisión (procesal), ejecución de sentencia, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAMANTE S.A.C.I.F.I.A. c/ BUSTOS, GUILLERMO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA - EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-04

Según interpretación pacíficamente imperante, y acorde con lo previsto en el art. 1324 C.P.C., el resorte de ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia contra la cual se ha interpuesto el recurso extraordinario de revisión, sea de competencia del órgano jurisdiccional que entiende en éste, es decir, del tribunal superior que debe conocer sobre el recurso.

Lo expuesto, es así aunque se invoque el precepto especial contenido en el art. 119 Ley 8226, desde que éste no descarta la aplicación de la normativa procesal común en materia de tramitación de recursos (arts. 115 y 105 Ley 8226), como es la competencia por conexión del tribunal ante quien se sustancia un recurso para decidir sobre cuestiones a él vinculadas, como es la ejecutabilidad o no de la decisión sometida a su consideración.
Empleados públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, reescalafonamiento, movilidad del haber jubilatorio, reducción del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: D'MARTINEZ, ANGEL OSCAR c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Si con posterioridad al acto administrativo que otorgó el beneficio e incorporó al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada categoría, no puede aceptarse que, so color de efectuar reestructuraciones internas, se alteren los elementos integrantes del estado del jubilado, pues ello importaría una retrogradación incompatible con las garantías de los arts. 14 bis , 16 y 17 de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 04.10.94, "Leverone, Atilio Francisco").
Terceros interesados, simulación, mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

Aun cuando la finalidad del acto simulado, es el deseo de engañar a quienes no son partes del mismo, de modo que encierra una deslealtad de parte de los contratantes hacia los terceros, sobre todo respecto a los terceros interesados y la sociedad misma, al presentar como verdadero lo que en el fondo es falso, en el todo o en alguno de sus elementos y por eso el vicio de la simulación consiste en la ausencia de la buena fe en las partes del negocio jurídico, también lo es, que no reviste ilicitud la simulación si no perjudica a terceros ni viola la ley, situación en que se podría haber engaño sin perjuicio, que no es reprobada por la ley arts.957 y 959 CCiv.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, liquidación, impugnación de la liquidación, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PAVIA, LUIS c/ PEREZ, VICTOR HUGO Y OTROS s/ ORDINARIO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 33-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-09

Equivale a sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad, el auto posterior a la sentencia, dictado por la Sala a quo, que prima facie aparecería decidiendo en contra de aquélla -en orden a la condena al pago de intereses- y se apartaría de su decisión.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, obligaciones del Estado miembro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MURUJOSA, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

La obligación de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a toda persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Partes, implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esa obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos. (Del voto del Dr. Fernández).
Ministerio de Salud, autoridad de aplicación, Seguro Nacional de Salud, obras sociales, responsabilidad de la obra social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles está comprendida entre los agentes sindicales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y, en tal carácter, su actividad se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud de la nación, bajo la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social, que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en especial, el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (arts. 1, inc. a, 3, 15, 27 y 28, ley 23.660; 2, 9, 15, 19, 21, 28 y 40, in fine, ley 23.661; decretos 492/95 -arts. 1, 2 y 4- y 1615/96 -arts. 1, 2 y 5-; resolución 247/96 MS y AS).
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, responsabilidad del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA NACION c/ PARRILLI, MARCELO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

La resolución del tribunal íntima el depósito, en los términos del art. 286 C. Pr., a "la parte recurrente" y no al abogado defensor.

A tenor de la obligación asumida por el letrado en su escrito - en tanto consignó sus datos personales - no puede discutirse validamente su carácter de responsable del pago que por la presente ejecución se reclama.
Concurso preventivo, quiebra, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ing. Tulio T.Martínez-Empresa Constructora S.A. s/ Concurso preventivo-Hoy quiebra - incidente de revisión promovido  por bco. Municipal de Paraná S.E.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-11

El remedio impugnatorio deducido se centra en el carácter de las notificaciones en relación a los peritos, conforme lo dispuesto por el artículo 273 inciso 5) de la Ley 24.522. Desde ya cabe anticipar que la interpretación de la norma propuesta por el recurrente cae por su base. De un estudio detenido del plexo normativo se destacan los siguientes principios procesales en materia concursal: conforme al artículo 278, las normas procesales locales se aplican únicamente cuando la ley concursal nada diga al respecto y siempre y cuando ello sea compatible con la rapidez y economía del proceso.
Pensiones militares, conviviente, aplicación analógica de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IACHAMET, MARIA LUISA c/ ARMADA ARGENTINA s/ PENSION (LEY 23.226)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

El derecho de la conviviente reconocido en la ley 23.226 para obtener el beneficio pensionario no era directamente aplicable al personal militar, pero cabe su aplicación analógica, atento a que, al respecto, la doctrina de la Corte es amplia, desde que ha reconocido el derecho a la pensión militar por parte de una hijastra.
Juicio de alimentos, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., G.M. c/ A.L., A.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-27

La jurisprudencia entiende que las costas deben ser soportadas por la parte alimentante, con prescindencia del resultado del litigio ya que trasciende, en sus efectos, a la circunstancia objetiva de la derrota, que, en otras hipótesis adquiere rango cardinal en la dilucidación del asunto.