Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20


SENTENCIA DEFINITIVA Nª 101.326 SALA II EXPEDIENTE NRO: 33.077/2010 (Juzg. Nº 24) AUTOS: "DUMERAUF GUSTAVO MARCELO C/SPICER EJES PESADOS S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2012 reunidos los integrantes de la Sala II a los efectos de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

LA DRA. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Contra la sentencia dictada en la instancia previa se alzan la parte actora y la empleadora, a tenor de los memoriales que lucen anejados a fs. 709/717 y a fs. 721/722.

El demandante finca su disenso con el decisorio de grado, cuestionando el rechazo de la demanda incoada por despido. Objeta, la valoración de los elementos probatorios incorporados al litigio los que -a su criterio- corroborarían las injurias que se le imputaron a la empleadora y que las mismas justificaban la situación de despido indirecto, en que éste se colocó. También se agravia del rechazo del reclamo impetrado con fundamento en las normas del Código Civil, pese a lo informado por el perito médico psiquiatra. Finalmente critica el modo de imposición de las costas del proceso.	Por su parte, Spicer Ejes Pesados S.A. se queja del modo en que se propuso diferir los gastos causídicos.	Liminarmente, forzoso resulta puntualizar que el actor alegó en el escrito inicial que, "se desempeñaba de lunes a viernes de 8.00 a 16.45 hs. como Gerente de Mantenimiento en el departamento de Ingeniería de Planta y Servicios.que tenía la difícil tarea de encargarse no solo de su área sino que además evacuaba aquellas en las cuales se le solicitó su colaboración. que esto le provocó una sobrecarga de trabajo. que a partir del mes de septiembre de 2009 comenzó a manifestar a sus superiores que se encontraba desbordado en sus funciones, solicitando que se le adicionaran recursos humanos, es decir, personal para cumplir con sus labores.que este pedido nunca fue atendido por la demandada.que el 6 de octubre de 2009 el Dr. Felloni extendió un certificado para que se lo oriente a una consulta con un neuropsiquiatra.que el 16 de octubre de 2009 la Dra. Bravo dictaminó que él presenta un cuadro de stress agudo de pronóstico reservado y que no se hallaba en condiciones de desempeñarse en el ámbito laboral hasta nueva evaluación.que ante la presencia de nuevos síntomas concurrió el 6 de noviembre de 2009 ante la Dra. Bravo quien extendió un certificado que indica que él presenta un cuadro de stress. y se encuentra afectado por circunstancias laborales y personales.que no se halla en condiciones de reincorporarse al ámbito laboral y se indica reposo psicofísico por siete días.que concurrió a una nueva consulta médica el día 16 de noviembre de 2009 y que se le indicó que debía continuar con tratamiento psicoterapeútico y psiquiátrico.que presentó nuevos síntomas de malestar físico, producto del cuadro de stress y la empresa comenzó a acecharlo mediante constantes llamados telefónicos y visitas médicas, instándolo a su recuperación".

Asimismo, el trabajador transcribió en su demanda el extenso intercambio telegráfico habido entre las partes del que, surge que éste intimó a la empleadora en los siguientes términos: ".proceda a la denuncia de mi situación a la ART bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriado y en consecuencia despedido por su exclusiva culpa".

Que el 16/12/2009 la empresa demandada respondió: "...ratificamos todos los términos de nuestras anteriores comunicaciones. Reiteremos una vez más que su denuncia ha sido puesta en conocimiento de Mapfre Argentina ART, quien en fecha 20/11/09 respondió sin indicar el número de siniestro que la patología notificada (stress laboral) se encuentra fuera del alcance de la LRT y que de acuerdo a lo expresado carecería de responsabilidad sobre la contingencia denunciada, debiéndose resolver la misma a través de la obra social y que podrá en caso de divergencia concurrir a la Comisión Médica Competente".

En tal contexto, la empleadora consignó en la respectiva misiva que: "hemos cumplido con todas las obligaciones legales a nuestro cargo y continuaremos velando por el mantenimiento de la relación laboral que nos une. sin embargo advertimos de parte suya un accionar reñido con la buena fe contractual y una evidente maniobra tendiente a generar una controversia, sin que le asista ningún derecho de reclamo contra esta empresa. Cerramos el intercambio epistolar".

Ante ello el actor remitió el despacho telegráfico del 11 de enero de 2010 el cual reza: "Rechazo su CD fechada el 16/12/2009 por falsa, maliciosa, improcedente, extemporánea e inexacta. En atención a la falta de cumplimiento frente a mis intimaciones efectuadas me considero gravemente injuriado y en consecuencia despedido por su única y exclusiva culpa."	Finalmente expuso el trabajador en el escrito inicial que, "la demandada incurrió en numerosos y graves incumplimientos legales.que constituyen injurias graves, a saber: 1) Falta de denuncia ante la ART; 2) Violación al principio de buena fe; 3) Abuso de Aplicación art. 210 LCT; 4) Falta de entrega de certificados art. 80 y 132 bis LCT".

Razones de orden lógico imponen dar tratamiento en primer término a la queja de la parte actora.

En lo que concierne al agravio del demandante, referido al rechazo de la acción incoada, con fundamento en las normas del Código Civil resulta esencial examinar la prueba pericial psiquiátrica obrante a fs.627/649.

En tal sentido, se advierte que la profesional médica informó que, "el actor se presenta adecuadamente vestido y aseado.con actitud amable, gentil y muy bien predispuesto.orientado globalmente.tiene conciencia de situación.su atención es normal. no se detectan ni objetivan alteraciones sensoperceptivas.no presenta alteraciones de memoria a corto y a largo plazo. su pensamiento es normal, no pierde la idea directriz.no se detecta ideación patológica en relación a los episodios de la causa.su asociación de ideas es coherente.el razonamiento es lógico.el juicio de realidad está conservado..inteligencia, afectividad y actividad normales. el lenguaje es fluido, con palabras bien articuladas, conserva reglas semánticas y gramaticales.no presenta trastornos de sueño. ni dificultades en su alimentación.no posee sintomatología psicótica ni depresiva.se encuentra estable emocional y afectivamente, con proyectos a futuros y una tranquila vida familiar.presenta en general una vida familiar afectiva, con actividades grupales de las cuales disfruta mucho.sus vínculos tienden a ser cariñosos, en especial con sus hijos.encuentra en su esposa un soporte emocional importante".

Asimismo, indicó la perito que, "a través de la batería de tests administrados al demandante y del relato efectuado por éste no se puede determinar la existencia de una patología psicológica en la actualidad.que si bien afirma el actor que sus relaciones vinculares se vieron afectadas al momento de trabajar con la empresa demandada no se puede atribuir este aspecto a la relación laboral en sí, sino al exceso de responsabilidad del demandante, a fin de cumplimentar con todo lo que se ha exigido.que el demandante es extremadamente responsable. tiende a acaparar el trabajo y gusta de responder a las pautas que se le exijan.es algo meticuloso, muy estructurado, sistemático en su actuar, con tendencia a pensar demasiado antes de actuar, planificando mucho sus acciones.es eficiente, de resultados efectivos. es prolijo, ordenado y respeta los límites que se le imponen".

En tal sentido, informó la experta que, "la relación laboral no ha ocasionado consecuencias psicológicas de relevancia ya que el actor actualmente se encuentra trabajando, manteniendo una vida normal, con vínculos afectuosos con su familia".

También la perito adujo "que el actor actualmente se encuentra psiquiátricamente compensado.que la relación laboral no le produjo consecuencias psiquiátricas al demandante.que no posee dificultades en su entorno social.que no se ha detectado disminución respecto de sus aptitudes mentales previas".

En tal contexto, agregó que, "no es daño psíquico aquello que no está jurídicamente consolidado.que los trastornos mentales transitorios son susceptibles de tratamientos y licencias, no de indemnización.que el actor padeció en el momento de los hechos trastornos emocionales reactivos provocados por factores estresantes.que la patología se resolvió con licencia y tratamiento psiquiátrico y psicológico brindado por los profesionales de la obra social.que se trató de un trastorno mental transitorio.que actualmente el demandante se encuentra trabajando y se desempeña normalmente en su vida".	Finalmente, la perito concluyó que, "Dumerauf Gustavo Marcelo no presenta en la actualidad afección o trastorno de naturaleza psicológico o psiquiátrico.que no presenta personalidad patológica.que actualmente se encuentra trabajando y se desempeña normalmente en su vida.que no se ha detectado disminución respecto de las aptitudes mentales previas. que no hay secuela incapacitante.que no hay daño psíquico".	Si bien, la parte actora en su presentación de fs. 651/vta. solicitó a la perito médica las explicaciones allí expuestas, lo cierto y concreto es que, se advierte que ésta reiteró que, el trastorno del demandante fue transitorio (fs. 661/662).

Es más se advierte que, la propia quejosa consignó en su presentación recursiva que, "se encuentra demostrado que el daño existió de forma temporal al momento de los hechos"."que lo único que no tuvo ese daño fue un carácter permanente que, se sostuviera en el tiempo o hasta la actualidad" (ver fs. 714vta./715), es decir que, reconoció que no se encuentra actualmente incapacitado.	En consecuencia habida cuenta que, el accionante no padece incapacidad corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto rechaza el reclamo fundado en las normas del Código Civil.

Ahora bien, en el marco de la acción deducida con fundamento en el despido del trabajador debe ponerse de resalto que el concepto de injuria refiere a un criterio objetivo que se refleja en el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo (C.S.J.N. Fallos 316:1445, V.107 XXXV "Vera, Daniel c/ Droguería Saporiti SACIFI y A" del 9/8/01).

En tal sentido, forzoso resulta puntualizar, que el actor le atribuyó a la empleadora la existencia de diversas injurias para justificar su decisión rupturista, y al respecto, cabe memorar que esta Sala ha sostenido reiteradamente que "cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir la pertinencia de la decisión adoptada.

En tal sentido, en lo que concierne a las dos primeras injurias alegadas cabe señalar que aún cuando en el mejor de los supuestos para el demandante pudiera interpretarse que la empleadora no habría efectuado la denuncia de su dolencia ante la ART, lo cierto y concreto es que, ello -a mi criterio- no reviste suficiente gravedad para impedir la continuidad del vínculo laboral en la medida que, el actor no invocó como así tampoco probó en la causa la existencia de alguna circunstancia que, le hubiera impedido a él efectuar la respectiva denuncia ante la ART, frente a la respuesta brindada por su empleadora. A ello debe sumarse que, llega firme a la Alzada que, la empresa demandada abonó íntegramente al demandante en tiempo y forma sus remuneraciones hasta el mes de diciembre de 2009, por lo que no cabe sino calificar de injustificada la decisión rescisoria adoptada en enero de 2010 por el trabajador en tal marco, máxime cuando la empleadora le había comunicado durante el trascurso del mes de diciembre de 2009 que, "velaba por la continuidad de la relación laboral habida entre las partes".

En relación a la causal de despido referida al art. 210 de la LCT, se ha sostenido que, "el derecho de control está justificado no solo porque resulta razonable otorgar al empleador la facultad de verificar la existencia de la dolencia del trabajador, su carácter incapacitante y su presumible duración, en tanto la ley le impone la obligación de continuar abonando los salarios no obstante la ausencia del trabajador, sino también porque, de acuerdo a las facultades de organización que le corresponden (art. 64 LCT), debe estar de inmediato en condiciones de planificar lo necesario para que la ausencia del trabajador no redunde en perjuicio de la continuidad y eficacia de la producción o del servicio, a fin de contratar reemplazos, disponer traslados, reorganizar equipos de trabajo, etcétera" (cfre. Carlos Alberto Etala en Contrato de Trabajo. Ley 20.744. Tercera Edición Actualizada y Ampliada. Págs.496/497).	Ahora bien, del relato de los hechos expuestos al demandar surge que, el actor se limitó a fundar el supuesto "abuso de aplicación del art. 210 de la LCT en las siguientes circunstancias: "numerosas visitas médicas a su domicilio" y "en la suerte de un monitoreo telefónico" (ver fs. 15 vta. /16), manifestaciones que, no solo resultan vagas e imprecisas, sino que tampoco lograron ser demostradas en la causa. Repárese que, los testigos que declararon a propuesta del demandante: González (fs. 494), Maidana (fs, 496), Sotelo (fs. 499/500), Mitre (fs. 502) y Casal (fs. 504) no aportaron ningún dato en relación al tópico, en cuestión.

Finalmente, cabe señalar que no advierto que, entre las causales del despido se atribuyera a la empleadora la ausencia de entrega del certificado de trabajo, pese a lo consignado por el demandante en el escrito inicial (ver fs. 16/vta.). No obstante ello debe ponderarse que, el art. 80 de la LCT dispone que, el empleador deberá entregar al trabajador el certificado de trabajo durante el transcurso de la relación laboral cuando existieran causas razonables, las que, -en el caso de marras- no fueron denunciadas y menos aún probadas.	En consecuencia, por todo lo expuesto se propicia también la confirmación del pronunciamiento de grado, en lo concerniente al reclamo impetrado con fundamento en el despido.

No enerva lo precedentemente expuesto los argumentos esgrimidos por el accionante en la presentación recursiva, en relación al trabajo que habría cumplimentado en horas suplementarias. Repárese, que éste no reclamó en la liquidación practicada a fs. 28 el rubro horas extras, y tampoco invocó la existencia de una deuda salarial para justificar su despido indirecto.	Corresponde ahora dar tratamiento a la queja de la parte demandada y de la actora, referida al modo de imposición de las costas del proceso.

En tal contexto, tomando en cuenta que surge de la pericial médica que el trabajador padeció un trastorno transitorio psicológico durante la relación laboral, por lo que pudo considerarse asistido por mejor derecho para litigar y que por otra parte, llega firme a la Alzada que, la empleadora resulta condenada en las presentes actuaciones por los rubros e importes detallados a fs. 707, se propone mantener el modo de imposición de los gastos causídicos del proceso dispuesto en el decisorio anterior.

Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinentes para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa Juan c/ Cía. Argentina de Televisión S.A.", pub. en La Ley, Tomo 155, pág. 750 número 385).	En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios.

En tal contexto, se propicia imponer las costas de Alzada, a cargo de la parte actora vencida en lo sustancial (arts. 68 y 71 del CPCCN).

A bien a fs. 717 el Dr. Fontanella apela por derecho propio sus emolumentos, por estimarlos reducidos.

En tal sentido, tomando en cuenta el resultado del litigio, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por el art. 38 de la L.O., arts. 6 a 9, 19 y 39 de la ley 21.839 los honorarios cuestionados, resultan adecuados y por ello, se propiciará confirmarlos.

Asimismo, se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora y des codemandadas por la actuación en la Alzada en un 25%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en origen.

El Dr. MIGUEL ÁNGEL MAZA dijo: Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada, a cargo de la parte actora; 3) Confirmar los honorarios cuestionados; 4) Regular los honorarios de Alzada, en la forma dispuesta en el considerando respectivo.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE Miguel Ángel Maza Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara