Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-12


Trelew, 12 de diciembre de 2.005.- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el actor a fojas 59, contra la resolución de fojas 57/58 y memorial de agravios de fs. 64/67, y- CONSIDERANDO:

I.- Se agravió el apelante sosteniendo, en lo fundamental, que más allá de que resulta cuestionable enmarcar la presente acción dentro del principio general del art. 138 de la ley 920, no resulta exigible el reclamo administrativo previo por encuadrar el caso en las excepciones del art. 138 de dicha ley.

Señaló que la propia Municipalidad de Trelew estaba en conocimiento del estado en que se encontraba el proceso principal y del embargo ordenado. Expuso que, en contra de su propia conducta, el Municipio pretende valerse de una defensa legal que sólo está contemplada para supuestos especiales y específicos regidos por el derecho común.- Alegó que no se está ante un proceso de conocimiento en el que se reclame por daños y perjuicios causados por el Municipio a un particular.

Adujo asimismo que la exigencia del reclamo administrativo previo atenta contra las garantías del debido proceso y, fundamentalmente, del acceso a la justicia consagrados en tratados de jerarquía constitucional.

En tal sentido, manifestó que dicho reclamo es actualmente un ritualismo inútil, que se torna incompatible con las reglas del debido proceso y el adecuado servicio de justicia.

II.- El actor reclamó en su demanda que se declare la inoponiblidad del pago que realizó el Municipio al Sr. E. E. N., cuando, según sostiene, la demandada tenía conocimiento del embargo de dicho crédito, fundando la solicitud en los arts. 736 y concs. del Código Civil (ver "Capítulo III.Derecho de la demanda" a fs. 15 vta. y sumario del escrito a fs. 14 supra). - De lo expuesto se concluye que el vínculo invocado por el demandante se encuentra regulado por normas propias del derecho civil, que, a la vez, por ser del tipo de leyes cuya sanción le corresponde al Congreso Nacional y conformar la legislación de fondo que rige para todo el país, es parte del denominado "derecho común" (art. 75, inc. 12 Constitución Nacional; confr.: S.T.J.Ch., Nº 04/S.R.E./99; Edmekdjian, "Análisis Pedagógico de la Constitución Nacional", ed. 1996, pág. 142; Segovia, "Atribuciones del Congreso Argentino", ed. 1986, pág. 179 y sigtes.).

La demandada es la Municipalidad de la Ciudad de Trelew y en virtud de lo normado por el artículo 150 de la Carta Orgánica de ese Municipio, le es aplicable al presente caso la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Provincia del Chubut, esto es la ley Nº 920 y siendo que el artículo 138 de la ley Nº 920 establece que:

"La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el derecho común contra la Provincia y los entes autárquicos de los cuales ella sea responsable", se habrá de confirmar la resolución apelada.- Es que la referida norma en forma alguna restringe su aplicación a los daños y perjuicios, sino que es aplicación a todas las demandas basadas en el derecho común, ni tampoco provoca que no se la aplique, el supuesto -que será eventualmente motivo de prueba en el presente- de que la Administración conocía la medida cautelar y sin embargo pagó.

Tampoco se puede encuadrar el presente en la excepción invocada por el apelante establecida en el inc. b) del art. 139 de la ley 920.

Dicha norma dispone que se excluyen del requisito del reclamo administrativo previo los cobros fundados en la ejecución de sentencias y en el caso no existe sentencia contra el Municipio que disponga que el mismo debe pagar nuevamente lo abonado al Sr. N.. Ese es justamente el objeto del presente incidente.

No se trata, en el caso, del juicio contencioso-administrativo que requiere para que proceda, en principio, que se impugne una resolución definitiva de la Corporación Municipal o del Ente Autárquico, en cuyo caso, efectivamente sería necesario una resolución que se atacaría por vulnerar un derecho de carácter administrativo (arts. 127, 128, 130 y concs. de la Ley de Corporaciones Municipales Nº 3.098).

Por el contrario, se está ante una acción que es de carácter civil y, por lo tanto, como ya se expusiera, de derecho común.

III.- Sobre el restante agravio cabe decir que la reclamación previa en sede administrativa no constituye un ritualismo inútil, innecesario y no vinculante. Ella, enseñaba Bartolomé Fiorini, "tiene contenido si sustenta el objeto práctico de evitar un litigio.

En este supuesto la reclamación previa cumple una función jurídica, presentándose como una instancia procesal previa administrativa. Esta razón de la reclamación será justa y eficaz sin que pueda calificársela de prerrogativa de la administración pública.

Todo sujeto correcto evita el litigio cuando adquiere conocimiento de su responsabilidad. El honesto deudor reconoce la deuda y evita el pleito. Esta conducta, en el buen quehacer individual, adquiere mayor jerarquía en las actividades de la administración pública.

No puede concebirse una administración chicanera y reacia a reconocer justicia a los reclamos de los particulares", para concluir luego el recordado maestro que "hay razón y ética para la institución del reclamo administrativo previo.

No es privilegio, es razón; no es trato desigual, hay justicia" (confr.: Fiorini, "Manual de derecho administrativo", La Ley 1.968, II-1.076/1.077).- Todo ordenamiento ritual prescribe recaudos que deben cumplirse para el acceso a la jurisdicción, desde el pago de las tasas de justicia -de las que dicho sea de paso las leyes también eximen al Estado- como de ciertas condiciones de capacidad, legitimación, y hasta actuaciones previas, algunas de las cuales no sólo hacen a la admisibilidad, sino a la propia fundabilidad de las pretensiones.- La mera circunstancia de exigir un procedimiento administrativo previo a la demanda judicial no es per se inconstitucional; en tanto y en cuando no sea irrazonable y no importe una privación de la justicia, parece y resulta coherente con la finalidad de evitar el conflicto.

Consagrar este reclamo no implica cercenar un derecho, sino abrir una nueva alternativa, ampliar el "menú de oportunidades" frente a la única variable de la contienda judicial.

Pero en esta hipótesis la Corte Federal exige, para la validez constitucional del procedimiento, que el ejercicio de función jurisdiccional por organismos no judiciales quede sujeto a control judicial suficiente; más concretamente, que por lo menos una vez sea posible recurrir de sus decisiones ante un tribunal judicial (conf.: Germán J. Bidart Campos, "El derecho a la Jurisdicción en Argentina", ED 11, pág 956).

Consecuentemente, si la norma en análisis no impide la vía judicial sino que la condiciona, ella luce ajustada a la tendencia doctrinaria y legislativa señaladas y desde este aspecto entonces no puede entenderse que vulnere el derecho a la jurisdicción.

Este Cuerpo ya se pronunció sobre la cuestión cuando, con invocación de un pronunciamiento de la Corte Nacional (C.S.J.N., 22/11/79, Consid. 7mo., L.L., 1980-A-143), se dijo: "que la reclamación administrativa previa establecida por el legislador es como requisito de la exigibilidad judicial del derecho pero no constituye la génesis del mismo, por lo que no debe confundirse el nacimiento del derecho con los requisitos a que se supedite en caso específico su planteamiento jurisdiccional" (S.D.C. 08/00, C.15.394/99) y en la misma sentencia: "la manda constitucional (del art. 98 de la Constitución Provincial) se refiere a la "autorización previa" del estado y sin "privilegio alguno" para poder ser demandado y el trámite previo de la Ley 920 no está dispuesto para que se conceda autorización para demandar al estado provincial o le concede privilegio alguno, sino, como se lo ha entendido por la Corte Nacional...es una tramitación atinente a la exigibilidad judicial del derecho que se tiene y reclama".

Así, una mediación, conciliación o reclamación previa, que puede conducir a evitar el pleito en beneficio del particular que podría ver satisfechos sus intereses o pretensiones en menor tiempo y con menor costo, y del mismo Estado, que podría reconocerlas sin carga de gastos para los contribuyentes en beneficio del interés general (el mismo costo del servicio de justicia recae sobre el contribuyente, al margen de la tasa de justicia), no pueden estimarse llanamente prohibidas por violencia aparente con el artículo de marras.- III.- Atento el resultado de la apelación incoada las costas se impondrán al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.).- Teniendo en cuenta el resultado, importancia, eficacia de los trabajos y demás pautas legales, se regularán los honorarios por la labor ante esta Instancia al Dr. A. F. L. en la suma equivalente al 0,30 % del monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 14, 33 y concs. del dec.-ley 2.200).

Por ello, la Sala "A", de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- Confirmar la resolución apelada de fs. 57/58.

Imponer las costas de Alzada al actor.- Regular los honorarios por los trabajos de Segunda Instancia al Dr. A. F. L. en la suma equivalente al 0,30 % del monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.

La presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8º, de la ley 1.130, to. ley 4.550).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - JUAN HUMBERTO MANINO REGISTRADA BAJO EL Nº 229DE 2005 - SIC.- CONSTE.- c.

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