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Recurso de casación penal, tenencia de estupefacientes para consumo personal, inconstitucionalidad, facultades del gobierno provincial, facultades legislativas
Materia: PENAL
Carátula: Cabezas, Daniel Marcelo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-21

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal contra la resolución que declaró la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, toda vez que no contiene una crítica concreta y razonada del argumento novedoso dado por la Cámara de Apelaciones al considerar que a partir de la sanción de la ley 26.052 que permite a las provincias asumir la competencia en los supuestos de tenencia simple de estupefacientes y tenencia de estupefacientes para uso personal el argumento que se utiliza sobre la pluriofensividad de bienes jurídicos de la tenencia para consumo personal cae pues no puede entenderse que este delito afecte la subsistencia de la Nación y, sin embargo, sea reservado, opcionalmente, su juzgamiento a las autoridades locales. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).
Interdicto de retener, interdicto de recobrar, poseedor, despojo
Materia: PROCESAL
Carátula: VALERO, Francisco Ceferino c/ Milan Carlos y Otro s/ Interdicto de Retener la Posesión - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-12-09

El objeto del interdicto de retener, es el amparo de los derechos del poseedor o tenedor contra los actos materiales que lo inquieten, perturben o simplemente amenacen.

Tanto el interdicto de retener como el de recobrar se acuerdan para obtener la restitución de la posesión. En el primero el actor conserva la posesión y su objeto es hacer cesar los actos de turbación; quien intente el segundo debe haber sido despojado con violencia y clandestinidad de la posesión.

El art. 610 del C.P.C., autoriza que, si durante el curso del proceso del interdicto de retener, de la simple perturbación se pasa al despojo efectivo, la acción podrá proseguir como interdicto de recobrar. Dicha norma tiene su fundamento en razones de economía procesal, por lo que admite el empalme de dos acciones que por definiciones son excluyentes, con el fin de efectivizar la tutela y aventar la mala fe.

La denuncia de despojo producida durante el curso del interdicto de retener importa la afirmación de un hecho nuevo, y como tal requiere hacer efectivo el principio de contradicción, es decir, que deberá proporcionarse al accionado la oportunidad de admitirlo o negarlo y de ofrecer y producir prueba al respecto; a fin de no lesionar la garantía constitucional del derecho de defensa (art. 18 C.N.).
Contratos bancarios, apertura de crédito, autorización para girar en descubierto, facultades del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION LAUHTEC SA c/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

El "contrato de apertura de crédito en cuenta" por tiempo indeterminado, es susceptible de rescisión unilateral, por sola voluntad del rescindente, pues ningún sujeto puede estar indefinidamente obligado respecto de otro, sino que cabe reconocerle derecho a concluir la relación obligacional en algún momento y por causa de su sola voluntad. De modo, que quien rescinde puede decidir unilateralmente la conclusión del citado contrato, pero debe preavisar de ello a su cliente. En cambio, en el supuesto de existir autorización para girar en descubierto, sin contrato de apertura de crédito en cuenta, es de advertir que, en tanto la citada autorización es una "facultad discrecional" del banco, parece indudable que conceder o denegar esa autorización depende "en todo momento" de la exclusiva voluntad del banco. De ello, surge que si el cliente solicita "puntualmente" el pago de algunos cheques para cuya atención no había fondos en la cuenta, es indiscutible que el banco puede resolver según su exclusiva voluntad y criterio cada una de esas "puntuales" solicitudes, pues es obvio que "nada" lo obliga a aceptarlas, por lo que, al "no existir contrato", el banco no tiene la obligación de aceptar los sobregiros de su cliente.
Empleo público, remuneración, enfermeros, adicional por actividad crítica, procedencia del recurso, adicional por terapia intensiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Idalgo, Sergio Fernando y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar el recurso de queja articulado por el GCBA pues no logra configurar de manera clara y precisa un caso constitucional, ni demuestra la arbitrariedad de la sentencia en crisis. En este sentido, el decisorio que el GCBA cuestiona -en cuanto dispuso abonar el adicional por área crítica a los enfermeros de las áreas de terapia intensiva- se basó en aspectos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional que, por regla, no corresponde revisar a este Tribunal por vía del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal contratado, personal transitorio, personal de planta permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Suárez, Hector Omar; Cabral, Manuel Ruben; Gutiérrez, Viviano Rafael y Segarra, Reynaldo c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 467-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

El artículo 134 de la ley 9286 establece que aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal como personal contratado o transitorio, al cumplir los tres meses de antigüedad y desempeñar funciones de las determinadas en la ley, automáticamente pasarán a revistar en la planta de personal permanente. En su parte final, la norma exceptúa -por remisión al artículo 133- los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental. Por lo tanto, atento el tipo de tareas que surge del contrato celebrado entre los actores y la accionada -construcción de una Plazoleta hasta su terminación-, la oportuna comunicación de finalización de la obra -notificación que no se puso en entredicho por lo que la obra ha de tenerse por concluida- no resulta susceptible de encuadrarse el reclamo en la disposición del artículo 134 del Anexo I del Estatuto, debiendo declararse improcedente el recurso interpuesto.
Sentencia, fundamentación de sentencias, voto de adhesión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORENO, SEGUNDO Y OTRO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1962-04-10

El art. 136 del C.P.P., exige la individualización de los votos para que cada juez tome la responsabilidad del suyo y realice su estudio personal, pero no impone repeticiones inútiles de las mismas consideraciones cuando las opiniones coinciden. Basta adherirse, bajo su firma, a la del vocal preopinante, lo que vale tanto como la formulación de un voto análogo.-
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, culpa, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Gaona, Angel c/ Sistema Provincial de Salud s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

Como regla general los médicos asumen obligaciones de medios, en éstas la responsabilidad que surge de su incumplimiento es subjetiva pues debe quedar evidenciada la culpa del solvens. Lo relativo a quien debe probar la culpa del deudor en las obligaciones de medios, es un problema relacionado con la teoría de la carga probatoria.

...El problema nos enfrenta a la disyuntiva de quien tiene la carga de probar el factor de atribución en la responsabilidad médica, si el paciente debe probar la culpa del galeno o si éste es quien debe probar que actuó diligentemente y la respuesta a ese interrogante es que ambas partes deben brindar o desplegar en uno u otro sentido su esfuerzo probatorio para que en definitiva el juez decida si hay culpa, no culpa o caso fortuito.
Accidentes de trabajo, intervención de terceros, intervención voluntaria
Materia: LABORAL
Carátula: MAMANI, ALEJO JOSE c/ MARGANI, EUSEBIO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

El hecho de que no coincida el domicilio indicado por el accionante como lugar de acaecimiento del accidente, con el que reseña el incidentista que pretende su intervención voluntaria en los términos del artículo 90 del Código Procedimiento Civil y Comercial, torna inadmisible la pretensión de éste, ya que no encuadrando con los datos de la demanda ni con la imputación de responsabilidad, podrá dar lugar a la articulación de las defensas que considere procedente el accionado, pero no autoriza la admisión en el litigio de aquél que no ha sido responsabilizado por las consecuencias derivadas del infortunio.
Despido indirecto, injuria laboral, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Fleitas, María Teresita c/ Gastaldi, Gregorio Francisco s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-11-02

La falta de pago de haberes solo fue, en el caso, una excusa para intentar la trabajadora, "hacerse" con el pago de las indemnizaciones derivadas del distracto; ello lo demuestra el hecho de que al iniciar el juicio ni siquiera reclama el pago de esos haberes (Voto Ronconi en minoría)
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito laboral, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: ANILIMPORT  S.A.C.I s/ QUIEBRA S/INC. DE VERIFICACION POR ALONSO, SANTIAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

Si un incidentista solicitó verificación de su crédito en base a una sentencia dictada en sede laboral según la cual la actualización monetaria procedería hasta la fecha del auto declarativo de quiebra y a partir de allí debían seguirse las pautas de la ley 21488,y luego de haber percibido cuatro cuotas por dividendos concursales en esas condiciones, solicita que se le reconozca el derecho a percibir actualización hasta su efectivo pago por aplicación de doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Complejo Textil Bernalesa S.R.L. " del 2-3-85, corresponde acoger tal petición, atento la irrenunciabilidad de los privilegios laborales que contempla la LCT:264 y la doctrina emanada del citado fallo, no obstante la percepción de varias cuotas. Máxime cuando el pedido de actualización no viola ni aún los principios de preclusión y cosa juzgada pues no es un pedido sustancialmente diverso, sino el mismo traducido en valores vigentes en tiempos posteriores.
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota, principio de legalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

La independencia judicial, como libertad de criterio de los jueces que deciden un caso, sólo tiene sentido con sujeción a la ley, único parámetro o criterio de solución del que no pueden prescindir, pues, de otra manera, por beneficioso que fuere el criterio que emplean, lesionan la división de poderes, uno de los cuales, el Legislativo, es el competente y responsable para fijar los criterios políticos de la solución de los conflictos -en este caso entre el contribuyente y el Estado-, a su vez con sujeción a las reglas constitucionales. (Del voto del Dr. Maier).
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, abuelos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: C., A. y otros c/ T. de S., E. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

El orden legal de los parientes obligados a la prestación alimentaria, es sucesivo o subsidiario y no simultáneo. Luego, el progenitor que los reclama a los abuelos, debe justificar la insuficiencia de sus recursos y los del otro padre, o bien la imposibilidad de suministrar los alimentos, aunque no es dable exigirle que agote una serie de pasos formales, si las circunstancias demuestran que serán inútiles, aunque, al menos, debe alegar la convicción de que no existe otro remedio que condenar a los abuelos.
Incidente de nulidad, personería, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COSTA MARINO SANTOS c/ ALEJANDRO E. ROMANO Y OT s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A155 - 166)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-11

En el sub-lite la quejosa disiente con el criterio de la sentenciante en cuanto al límite temporal del mecanismo convalidatorio, y solicita la resolución del conflicto de acuerdo a la tesis restringida, a la que adhiere, y por la que arribaríamos a una decisión contraria a la sostenida en el auto apelado.

Significa que se está haciendo valer un error in-judicando, pués se apunta a la justicia o mérito de la decisión judicial sólo revisable a través del recurso de reposición, se desprende la inviabilidad de la vía elegida para atacar el acto impugnado.

En definitiva, la doble instancia reglamentada en el art. 94 C.P.C., existe siempre que se haya promovido y resuelto un incidente de nulidad, pero, las partes bajo el rótulo de incidente de nulidad, no pueden plantear cuestiones de fondo con el único objeto de asegurarse su revisión por el tribunal de alzada.-
Daño por vicio o riesgo de la cosa, vehículo en movimiento
Materia: CIVIL
Carátula: G., S.M.S. c/ D., E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

En los accidentes de autos producidos por la intervención de rodados en los que fueron víctimas los peatones es sabido que se aplica el régimen legal previsto por el artículo 1113, párrafo segundo, segunda parte del Código Civil. Dicha norma prevé una presunción de responsabilidad.

En consecuencia, el dueño o guardián de la cosa productora de riesgos, para eximirse de responder deberá probar la interrupción del nexo causal, acreditando el hecho de un tercero por quien no debe responder, la culpa de la víctima o la producción del caso fortuito o fuerza mayor.
Daños y perjuicios, indemnización, jueces, equidad
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 431-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

La extensión del resarcimiento ha de ser establecida por el Tribunal frente a cada caso concreto, apreciándose prudencialmente circunstancias variables útiles para cuantificar el daño, traduciéndolo a dinero a efectos de la reparación. Se hace necesario contar con pautas orientadoras para que el monto de la condena sea la expresión razonable de una indemnización integral, sin pretender una precisión matemática, pues no hay que olvidar que no estamos en el terreno de las ciencias exactas, sino en el jurídico, cumpliendo para el caso la disciplina de los números, un rol auxiliar.
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pedragose Pedro Luis s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

No procede activar el trámite del beneficio de pobreza, cuando se halla firme la sentencia dictada en el juicio principal, por quien resulta perdedor en su resultado, aún cuando el art. 78 del CPCC., dispone que pueda solicitarse en cualquier estado del proceso.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Jasso, Ramón Enrique y otro. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Es procedente la apelación federal al hallarse en juego la inteligencia de normas de tal carácter -ley 22140- y ser la decisión definitiva del superior tribunal de la causa adversa al derecho que el recurrente fundó en ellas.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

La acción de amparo interpuesta por un titular de cuotapartes un fondo común de inversión no sería susceptible de ser subsumida en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa B. 139 XXXIX "Bustos Alberto Roque y otros c/ Estado nacional y otros s/ Amparo", del 26 de octubre de 2004, pues respecto a los depósitos cuyo monto de imposición original resultó inferior a U$S 140.000 y/o en los casos de excepción previstos en el art. 1 de la ley 25.587 -extremos que se verifican en autos-, no se ha formado mayoría absoluta en los términos del art. 23 del decreto-ley 1.285/58 (Cons.V).
Despido, despido indirecto, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: SATE, SOFIA c/ JOSE FRAZZI Y OTRO s/ INDEMNIZACION - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-13

No habiendo realizado el emplazamiento por los rubros reclamados bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido ni el patrón probado 1 abandono de tareas por el alegado, no corresponde indemnización debiendo considerarse extinguida la relación laboral por voluntad concurrente de las partes, en los término del art. 241 LCT.
Costas, procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado, patrocinio letrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zifar  S.R.L. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Como principio no resulta procedente impetrar la condena en costas de la Administración, aún cuando las pretensiones del administrado en cuanto al fondo del asunto hayan recibido resolución favorable al culminar las actuaciones administrativas, al menos en las hipótesis en las que no existe norma legal expresa que imponga el patrocinio letrado (el artículo 1, inciso f), ap. 1), Ley 19.549, que adopta el principio del "informalismo", sólo lo requiere para las hipótesis en que se actúe a través de representante que "no sea profesional del derecho"); situaciones que concurren en el sub lite.

El artículo 1034 de la Ley 22.415 - Código Aduanero -, a partir del cual es obligatorio el patrocinio letrado "en todas las presentaciones en que se plantea o debata cuestiones jurídicas", entró a regir con posterioridad a los hechos de autos.
Abogados, maniobras dilatorias, sanciones procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Oscar G. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-03

Si no se verifica ninguna modificación sustancial de la situación procesal del encausado, en lo atingente a la libertad anticipada nuevamente requerida por su defensa, procede remitir a los múltiples pronunciamientos efectuados por la sala y concluir en la improcedencia de la excarcelación solicitada.

Los reiterados pedidos de excarcelación efectuado por la defensa, acompañados de la interposición de recursos de casación y posteriores quejas, resultan presentaciones efectuadas con evidente propósito dilatorio y obstruccionista en vísperas de que el sumario ingrese a la etapa del juicio, lo cual no sólo conspira contra la correcta administración de justicia, sino también contra el interés del encausado privado de libertad, ignorante quizás de la dilatoria actividad de su asistencia técnica que, lejos de efectuar planteos que potencialmente puedan beneficiar su situación, se ha empecinado en reincidir sin sustento jurídico alguno sobre cuestiones debidamente resueltas en tiempo y forma, las cuales, objetivamente, no son pasibles de modificación.

Por ello y en tanto la inconducente actividad de la defensa ha coadyuvado a la prórroga del encarcelamiento preventivo del incusado y no puede soslayarse que el referido proceder del defensor, priva a su asistido y a otros encausados, de obtener en tiempo razonable un pronunciamiento definitivo, proceder que contraría expresas mandas constitucionales y pacífica jurisprudencia que reafirma el principio de celeridad procesal (*), debe aplicarse al abogado la sanción de prevención prevista en el artículo 18 del decreto-ley 1.285/1958, ratificado por la ley 14.467.
Verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Senfet Jorge Luis c/ D┤Agostino Carlos Justo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-07

La sentencia verificatoria del crédito recaída en el ámbito del proceso concursal, produce los efectos de la cosa juzgada material y formal, con la consiguiente proyección sobre el juicio ejecutivo e impide que, mediante la vía del recurso de apelación, se vuelva sobre los pasos reseñados que decidieron la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad del mismo.-
Empleo público, funcionarios judiciales, vacaciones no gozadas, licencia por enfermedad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: M. A, M. L. T.  c/ En -Pjn- Consejo de la Magistratura  s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

La sala confirma la sentencia de grado por la que se validaron las resoluciones del CMN y del Administrador General del Poder Judicial de la Nación denegatorias de la liquidación y pago de los importes referentes a las vacaciones no gozadas, correspondientes a los períodos comprendidos dentro del lapso de una licencia concedida en los términos del artículo 23 del Reglamento de Licencias para la Justicia Nacional. Para así decidir, sostiene que las resoluciones CSJN 1605/1995 y 1112/2001 -sustento de la denegación de la liquidación- respetan el principio de igualdad pues en supuestos de situaciones de enfermedad inculpable, las normas diseñan un régimen tuitivo estructurado -que responde a las particularidades propias de cada situación- por lo que no se advierte lesión alguna a los derechos reconocidos a quienes se hallan en la misma. Indica que no debe soslayarse que la protección constitucional y convencional que el Estado Argentino reconoce concretamente para el empleo público judicial, también requiere las notas de prudencia y proporcionalidad sobre las cuales reposa la globalidad del orden jurídico. Señala asimismo que la particular modalidad en que se da cobertura a dicho derecho a las licencias y al descanso pago - en tanto no se lo hace depender de una proporcionalidad con el tiempo de servicio y se le asigna una duración del tipo de la prevista en la reglamentación- revela el modo amplio con el que se lo otorga en el sistema analizado, de modo que la respectiva reglamentación queda al abrigo de las tachas que se le dirigen.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prieto, Jorge Omar c/ Lazo, Julián Martín y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

El exceso de velocidad es uno de los motivos que con más frecuencia acarrea accidentes de tránsito porque implica la pérdida de control del automóvil el cual no puede ser detenido a tiempo o desviado sin ulterioridades. Por eso se ha definido a la velocidad inapropiada no sólo a la determinada por kilómetros sino también cuando importa "la pérdida del dominio de la máquina que impide al conductor sortear obstáculos y peligros".-