marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Representación procesal, mandato, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Jorge Nicasio s/ Quiebra pequeña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

El pedido de quiebra, al no ser un reclamo individual del crédito del trabajador no está comprendido en los alcances del acta poder otorgado a los efectos de éste último. Surge del Juego armónico de los artículos 9 y 99 de la ley 24.522, con los artículos 1184 inciso 7 y 1881 del código civil, la necesidad de un mandato con facultades especiales dirigidas al pedido de quiebra. Si bien es cierto que la normativa concursal (artículo 9) autoriza al deudor a solicitar la apertura del concurso preventivo por medio de apoderado, atento a la trascendencia del acto es que se requiere que quien pretende actuar a nombre de otro esté revestido de facultad especial, en los términos del art. 1881 del código civil (Minoría u opinión personal)
Concursos, pesificación, esfuerzo compartido, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS  MAWI  SRL s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE DEREVISION -PROMOVIDO POR AVERY DENNISON DOVER SA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Procede dejar sin efecto la sentencia que declaró admisible un crédito por determinada suma, con más la mitad de la diferencia entre ese valor nominal y su equivalente en dólares estadounidenses según su valor real a la fecha del efectivo pago con privilegio especial prendario por cuanto tal reajuste no fue pedido por el incidentista. Es de señalar que a los fines de la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido, como del reajuste equitativo, resulta necesario no sólo la previa petición de la parte afectada, sino que es exigible, cuanto menos probar el perjuicio efectivamente sufrido. Así, siendo que conforme se desprende del legajo individual de la acreedora, en la instancia prevista en la ley 24522: 32, aquella requirio el reconocimiento de la obligación insinuada en dólares estadounidenses, dejando planteada la inconstitucionalidad del decreto  214/02, y teniendo en cuenta el origen de las mercaderías vendidas, el pedido de reajuste no formó parte de la demanda verificatoria y la incidentista no ha probado, como resulta de menester, el acaecimiento de perjuicio concreto que autorice la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido como del reajuste equitativo. (en el caso, corresponde aplicar al capital "pesificado" a partir del 3.2.02, el coeficiente de estabilización de referencia -cer-, el que deberá ser aplicado hasta el efectivo pago del crédito).
Principio de congruencia, jerarquía de las leyes, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Kneeteman, Juan Eduardo c/ Bustamante, Jorge Eduardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-23

La previsión contenida en el art. 342 inc.1º del CPCC de la Provincia de Entre Ríos no puede ser estudiada de modo inconexo con el resto del articulado del código adjetivo, conforme al cual, la decisión sentencial debe fundarse respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, dictada de conformidad a las pretensiones deducidas en el juicio, y por ende fijar el importe del crédito o perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada.
Disolución de la sociedad conyugal, medidas cautelares, bienes inventariados, embargo preventivo
Materia: CIVIL
Carátula: R.A. c/ S.A.F. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Las medidas precautorias que autoriza el art. 1295 del Código Civil tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal y a garantizar los derechos que pudieran corresponder al cónyuge que las obtuvo hasta la liquidación de aquélla.

Dentro de ellas se admite la realización del inventario de los bienes que componen el haber conyugal, medida que puede ser requerida de manera independiente y al margen del cumplimiento de los recaudos que impone el art. 74 de la ley 2393, dado que no causa perjuicio alguno, pues su único fin es la individualización de los bienes.

Corresponde admitir la medida sin que constituya obstáculo el solo hecho de que los bienes muebles que se pretendan inventariar se encuentren fuera del hogar conyugal y en el nuevo domicilio del accionado si la cónyuge expresó que su esposo los llevó consigo al dejar el hogar y conforme a lo dispuesto por el citado art. 1295 del Código Civil, cabe disponer el embargo preventivo del 50% de los bienes muebles que sean inventariados.
Comisión Nacional de Valores, sanciones administrativas, operaciones bursátiles, secreto bursátil, insider trading
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMISION NACIONAL DE VALORES s/ ASUNTO: ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S/ TRANSFERENCIA PAQUETE  ACCIONARIO A NABISCO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-05

Es aplicable la figura del "insider trading" -recientemente incorporada a nuestra legislación por resolución general 190/91 de la comisión nacional de valores, y su modificatoria 227/93, y, extensamente tratada en el derecho comparado, especialmente en aquellos países con mercados de capitales fuertemente desarrollados , a los directivos de una sociedad que cotiza en bolsa, en razón de ciertos negocios realizados por estos -en el caso, compra y venta de acciones de la sociedad- encontrándose en conocimiento de cierta información relacionada con los negocios de aquella, que aun no había sido divulgada públicamente, aun cuando no quede afectada la colocación de tales títulos o el curso de su negociación; ello así, en virtud de que la infracción a la referida norma no requiere la efectiva alteración del mercado mobiliario, bastando con que "pueda" afectarlo (r.G. 227/93: 11), Ya que es una infracción de peligro y no requiere que la conducta descripta tenga efecto negativo sobre la cotización, pues el termino empleado en la norma refiere solo a la posibilidad de que ello ocurra.
Robo con fuerza en las cosas, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: M., M. s/ PARTICIPACION SECUNDARIA. ROBO. Fuerza en las cosas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

Si una persona, acompañada por otra, comete una sustracción y sin solución de continuidad e inclusive portando entre ambas los efectos obtenidos, llegadas prontamente a otro lugar acontece que la primera, la que fue autora, permanece junto a la segunda mientras ahora ésta sustrae otra cosa y continúan juntas, en este segundo suceso la compaÑía ininterrumpida de la primera autora es significativa de ayuda material y psíquica, para que la segunda cometa este apoderamiento último, porque se dan todas las notas de una incursión delictiva concertada. En el caso de autos la actuación de la menor imputada en la sustracción de una campera por parte de otra prevenida, se traduce en una participación secundaria en el delito de robo con fuerza en las cosas, al no haberse probado que fue idea de la justiciable la sustracción de la campera que consumó la otra imputada.
Derecho al beneficio, conviviente, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Borgognoni , Rosa Lucía c/ ANSES s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

No cabe atribuir a la verificación vecinal entidad suficiente como para privar a la actora del beneficio de pensión que persigue, frente al hecho de hallarse sobradamente probada la convivencia en aparente matrimonio en forma ininterrumpida durante más de treinta años. Máxime, considerando la identidad de domicilios insertos en los documentos acompañados para acreditar la convivencia invocada durante el último tramo de vida del causante, particularmente el D.N.I. de la actora, como así también el certificado de defunción del causante, sumado a los dichos de los testigos que depusieron en autos, por lo tanto, toda esa prueba no puede ser descalificada por la eventual verificación vecinal llevada a cabo por la demandada.
Prueba documental, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramis, Eduardo Horacio c/ Di Renzo, Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Al haberse admitido en la audiencia de absolución de posiciones del actor, que éste reconociera la firma por él estampada en un instrumento privado, dicho instrumento no puede dejar de ser ponderado en virtud de los principios de "unidad de la prueba" y de "comunidad de la prueba", también llamado de "adquisición".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, acción de amparo, docentes, antigüedad, reglamentación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPRIOLO, IRMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73; y Saez, AyS T 284, p 281/294.
Homicidio, inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: Freydoz, Susana Graciela s/ homicidio calificado por el vinculo, agravado por la utilización de un arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-11-20

Resulta procedente la condena por el delito de homicidio agravado, calificado por el vínculo, a quien disparó con un arma de fuego a su cónyuge, dándole muerte, pues al momento del hecho, la imputada podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones -art. 34, inc. 1º, del CPENAL-, teniendo en cuenta que no surge acreditado que la enjuiciada hubiera padecido una ebriedad patológica ó complicada, una intoxicación por psico-fármacos patológica ó complicada, un trastorno mental transitorio completo ó incompleto, o una emoción-inconsciencia.
Desistimiento de la acción, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ Gomez Rodriguez Alberto y/o Gomez Roberto y/o Responsable del Cielo Pub s/ Cobro de Pesos - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-11

El litisconsorcio voluntario también puede extinguirse mediante desistimiento, por cuanto el proceso es factible que concluya para unos y continúe para otros cuando ello ocurre. De allí que el actor puede desistir de su pretensión respecto de cualquiera de sus integrante, sin necesidad del consentimiento de los demás, justamente por esa naturaleza, aún cuando la deuda sea solidaria.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cobro de sumas de dinero, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Kelly Enrique Carlos contra GCBA sobre cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-21

Corresponde rechazar la queja porque no logra conmover la sentencia de la Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad, ni trae una cuestión constitucional que corresponda a este Tribunal resolver (conf. art. 113, inc. 3 de la CCABA). Los agravios expuestos por el recurrente constituyen una mera discrepancia con la valoración que realizara la Cámara al declarar desierto su recurso de apelación -por considerar que este no contenía una crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la actora-. Los agravios del recurrente, no logran demostrar que el tribunal a quo haya incurrido en arbitrariedad o en un injustificado rigor formal incompatible con su derecho de defensa. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, por remisión a su voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Pascuzzi Stella Maris y otros contra GCBA sobre cobro de pesos", expte. SACATyRC n° 3688/16-1, sentencia del 23-03-2022).
Daños y perjuicios, facultades jurisdiccionales, responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, bien común, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

La responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica, significa una distribución entre los miembros de la sociedad política, mediante la reparación que materializan sus órganos conductores, de los daños que los actos de gobierno legítimos pueden inferir a los particulares (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Medidas cautelares, efecto suspensivo, medida de no innovar, gravamen irreparable, peligro en la demora, Poder Legislativo, leyes, universidades
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Universidad Nacional de Mar del Plata c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 250 C.P.C.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Aún cuando mediare la posibilidad de un perjuicio irreparable, la presunción de legitimidad de las leyes impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso en relación al peligro en la demora, y esto es especialmente así cuando la medida de no innovar enerva las consecuencias de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de sus poderes de regulación de las universidades (art. 75, incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional).
Falsificación de instrumento público, responsabilidad del escribano
Materia: PENAL
Carátula: CORTINEZ, Hugo Elías c/ LARRUMBIDE, Filomena Ana s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

La tarea del escribano público es dar fe de los actos que se realizan ante sí. Ello importa la concesión del Estado a un particular de la grave facultad de tornar verdadero -hasta que un engorroso trámite judicial demuestre lo contrario- todo aquello que él afirme como cierto.

Es parte esencial de tal capacidad su personal intervención en el acto y en el conocimiento de las partes que no se suple por la exhibición de un documento de identidad. En esta situación se hace inexcusable que el profesional lleve adelante su cometido con prudencia e idoneidad, tomando en cuenta todos los elementos con los cuales pueda formar un acabado juicio de certeza.
Despido, traslado de la demanda, domicilio constituido, carga de la prueba, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bustamante, Daniel Alejandro c/ Valmat y Asociados S.A. s/ despido por otras causales
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-02

La Defensora Pública deberá anoticiar a la empresa codemandada sobre la existencia del juicio por despido seguido en su contra, por cuanto el domicilio social reviste el carácter de constituido y la citación es para comparecer a juicio. Ello es asi, por cuanto, "se incorpora una norma para dar validez a las notificaciones efectuadas en la sede social inscripta de las personas jurídicas, lo cual otorga seguridad jurídica frente a la necesidad de intimarlas o notificarlas." (LORENZETTI, Ricardo Luis (2015). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Art. 153, pag. 607, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores). Y así, el domicilio social inscripto pasa a poseer carácter vinculante para la sociedad y libera a los terceros de la carga de la prueba sobre el mismo, ya que se trata de una prerrogativa a favor de éstos. (MEDINA, Graciela - RIVERA, Julio, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Art. 153, Editorial La Ley, 2014). A partir de la acreditación del diligenciamiento de la cédula, podrá la Defensora Oficial de Ausentes, reeditar la cuestión relativa a su cese. Si bien entiendo que la solución propuesta escapa de los moldes tradicionales, entiendo que las también poco ortodoxas circunstancias por las que atravesara la causa, justifica esta solución.
Intereses, intereses usurarios, sentencia de trance y remate
Materia: CIVIL
Carátula: Credil S.R.L. c/ García, María Viviana s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-07-14

Si bien este tribunal en anteriores oportunidades ha establecido que no es la sentencia de trance y remate la oportunidad pertinente para resolver el tope de los intereses a aplicar, lo que debe ser diferido para la oportunidad de la liquidación y pago, ello lo es en la medida en que no surja ya, desde el comienzo, la exhorbitancia de la cláusula pactada. Teniendo en cuenta que la cuestión traída a consideración de este Tribunal refiere a los intereses de la obligación que se ejecuta y la tasa que corresponde aplicar, el monto de dicha cuestión estará dado por el que surja de la liquidación de dichos accesorios.
Personal de vuelo, trámite jubilatorio, delegado gremial, discriminación
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez Raúl Emilio c/ Aerolineas Argentinas SA s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Toda vez que la empleadora negara al actor, técnico de vuelo, el entrenamiento en el simulador de vuelo ante el vencimiento de su licencia alegando que contaba con cincuenta y nueve años y que por encontrarse pronto a su jubilación los costos de dicho entrenamiento serían estériles, y dejando de lado su carácter de delegado gremial lo intimó a que iniciara los trámites jubilatorios en los términos del art. 252 de la LCT, estamos en presencia de actos discriminatorios, ilícitos, hostiles e injuriantes (ley 23.592 y art. 1072 del Código Civil). En el caso, tenemos una doble discriminación: por edad y por ejercicio de la actividad gremial, ya que el último supuesto el art. 252 no le puede ser aplicado. Toq. 1233.
Proceso judicial, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbacia, María G. c/ Gaspar, María E. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Si bien existen algunos hechos controvertidos por la partes, las probanzas ofrecidas a los fines de probar la existencia de un contrato verbal y distinto al expresamente reconocido por la accionante, no resultan conducentes a los fines de su acreditación, bastando por ello con la documentación adjuntada por ambas para dirimir el conflicto.
Recurso de apelación (procesal), deserción, expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Minaverry, Antonio Enrique c/ Granton, Sergio Federico s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-27

Cabe señalar que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas -artículo 257 del Código ritual-, señalando y demostrando, punto por punto, los errores fácticos o jurídicos en que ha incurrido el A-Quo. Sentado lo anterior, es de advertir que el memorial presentado constituye una mera discrepancia con el fallo, reiterando argumentos esgrimidos en ocasión de contestar la demanda, lo que resulta insuficiente para fundar una apelación, por lo que corresponde declarar desierto el recurso interpuesto concedido al demandado -artículo 258 del texto citado-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entidades financieras, estados contables, falta de registro de las operaciones, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Posse, Nelly c/ B.C.R.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Ante la falta de registraciones contables de las operaciones y la situación irregular de la entidad financiera depositaria, aparece razonable el reconocimiento al Banco Central del derecho a requerir a quien invoca un crédito la prueba de verosimilitud de su derecho, a través de la acreditación del efectivo ingreso del dinero a la entidad, o la posibilidad de tener la disponibilidad monetaria de hacerlo o, en todo caso, destruir la presunción que pudiera haber nacido de que los documentos con que pretende prevalecerse se está escondiendo una operación no permitida o no alcanzada por la garantía legal.
Homicidio, instigación, in dubio pro reo, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mesa Rivera, Reynaldo c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-24

Para que exista instigación se deben dar los siguientes requisitos: 1) La decisión: decidir al ejecutor que concrete el hecho. Es decir a realizar la acción, lo que implica que si el autor ya tomó la decisión de cometer un hecho concreto los actos del inductor nunca pueden ser de instigación, y 2) los medios para instigar: ello a través de un medio psíquico, intelectual o espiritual, pues debe influir en la psiquis del autor para que tome la decisión. En el presente caso las pruebas producidas durante el debate no resultan suficientes para concluir que el imputado instigó a su hijo a ser autor del delito de homicidio. El problema que se advierte en el razonamiento del Tribunal es que construyó la responsabilidad sin indicios suficientes, pues si bien éstos pueden resultar válidos para decisiones jurisdiccionales de instancias anteriores (vgr. procesamiento) no alcanzan para determinar la culpabilidad del imputado en una sentencia condenatoria. En consecuencia, el Tribunal debió determinar a través de qué pruebas se acreditó la presencia de los requisitos de la instigación, esto es: la determinación y los medios empleados. Así, aún cuando los testimonios valorados durante el debate acreditaron una circunstancia previa de conflicto, ellos no logran el grado de certeza necesario para determinar de qué manera el imputado influyó sobre el autor del hecho. De esta manera, el Tribunal debió optar por la aplicación del in dubio pro reo, art. 3 del C.P.P.N.. (Dra. Ledesma según su voto).
Derecho procesal, reconocimiento en rueda de personas, falta de defensor, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de nulidad interpuesto por el Dr. Javier Salvatierra a favor de R. E. O. en expte. Ppal. Nº 125/11 Salvatierra a favor de R. E. O. en expte. Ppal. Nº 125/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-09-23

Siendo que el acto de reconocimiento en rueda de personas, fue llevado a cabo sin la debida notificación al letrado defensor del imputado, corresponde declarar su nulidad, desde que la señalada deficiencia redunda en desmedro del derecho de defensa del imputado.(Sumario confeccionado por el SAIJ).