Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-31


En la ciudad de Trelew, a los 31días de julio del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Sergio Rubén Lucero para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., C. H. c/ F. S., D. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 19.981 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 248. - A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 231), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 222/227), por la cual se rechaza la demanda por daños y perjuicios entablada por el Sr. C. H. A. contra la Sra. D. F. S., con costas. A fs.238/242, luce agregado el escrito de expresión de agravios. Corrido traslado de la expresión de agravios a la contraria (fs. 243), el mismo fue evacuado por la parte demandada (fs. 244/245 vta.). I.- Formula los siguientes agravios, a saber: 1) Deficiente apreciación de la prueba: Expresa que en los argumentos en que se sustenta el fallo no se consigna en las constancias de la causa, además -dice- de contradecir importantes elementos de juicio traídos al proceso sin apreciación crítica que lo justifique que lo justifique, con prescindencia de toda consideración concreta sobre la prueba conducente para la adecuada decisión de la causa, razón ésta que descalifica el pronunciamiento por arbitrariedad.

Refiere que el fallo sostiene que se apartará de la conclusión tajante del perito que establece como causa primaria del accidente la conducta del conductor del vehículo Renault Clio RL quien circulaba a una velocidad aproximada de 56,60 Km/h en calle cuando el máximo permitido era de 40 Km/h siendo de 30 Km/h en la encrucijada, porque entendió la Sra. Juez a quo que el conductor del mercedes no disminuyó la velocidad a la que circulaba por la calle Mitre. Es decir, postula, no formula un argumento serio y concreto para apartarse del dictamen que ponderara también la velocidad del Mercedes al momento del siniestro.

Sostiene que la propia experticia trunca el razonamiento de la Sra. Juez ya que al analizar la evitabilidad física del accidente señaló que más allá de que el Mercedes resulta ser el vehículo embistente por la posición en que quedara como inmovilidad al final, era muy difícil que evite el accidente; mientras que el Renault Clío RL, en la posición en que se encontraba un segundo antes (15,72 mts.) pudo haberse detenido completamente, restándole 2,40 mts. de espacio antes del lugar de impacto, añadiendo que se suma mayor cantidad de espacio si el tiempo de reacción fuera de 1,5 segundo.

Añade que la Sra. Juez a quo obvia considerar la negligencia de parte de la conductora del Renault Clío al ejecutar maniobras evasivas desacertadas, las cuales surgen de la declaración testimonial del licenciado A. y de las planimetrías efectuadas por éste y por el perito oficial que son contestes en el lugar en que terminó el vehículo conducido por F., de lo que se desprende que intentó eludir erróneamente al Mercedes tratando de pasar por la línea de avance del Mercedes Benz, a que de haber realizado una maniobra correcta no se hubiera producido la colisión.

Agrega que ni siquiera se tiene en cuenta el propio reconocimiento de la demandada de su culpa ya que en el escrito de responde esta cita un fallo en el que se sostiene que si el automóvil de la demandada quedó detenido en el sitio en que ocurrió la colisión, cabe admitir que circulaba a una velocidad reducida, afirmando que de las probanzas arrimadas surge categóricamente que después del impacto el vehículo que prácticamente gira sobre su eje en sentido antihorario es el Mercedes Benz, aún teniendo mayor peso que el Renault Clío, el cual se desplaza a lo largo de la bocacalle hasta dar contra la ochava Nor-Oeste.

Tampoco se pondera las muestras fotográficas en las que se observa -señala- que los daños que se aprecian en el Mercedes Benz sobre la óptica-capó y con el paragolpes plástico hacia fuera "llevado" por el paso del lateral del Renault implican un desplazamiento semi-tangencial por rotación, es decir -concluye- que además de llegar primero a la bocacalle y de encontrarse trasponiendo ya más de la mitad del cruce de las arterias el Renault Clío, que venía a mayor velocidad, se direcciona por delante del Mercedes Benz, demostrándose con ello el errónea análisis de la sentencia y la realidad que el Mercedes llegó primero a la bocacalle pero debida a la velocidad con que se conducía el Renault produce el choque tangencial.

Resume que la sentencia no solo descarta la conclusión del perito que indicó que la causa del accidente fue la conducta de la Sra. F., sino que pretende obviar la misma por que el conductor del Mercedes Benz no disminuyó su marcha, pese a que los cálculos científicos establecen que era imposible para éste evitar el accidente y por ende, la incidencia causal con el resultado dañoso que la resolución le atribuye a la falta de disminución de la velocidad del Mercedes pierde cualquier sustento.

Evalúa que de la prueba colectada se arriba a la conclusión que al momento de encarar la encrucijada por parte del vehículo Mercedes Benz, el Renault Clío se encontraba fuera de su campo visual y debido a la excesiva velocidad con que se conducía llegó a interponerse en la marcha del primero luego de intentar erróneas maniobras evasivas, surgiendo palmariamente la arbitrariedad de la sentencia al no determinar la responsabilidad absoluta en la producción de los daños en cabeza de la Sra. F..

2) Contradicción entre el análisis y la conclusión: Expresa que se entiende en el fallo que se ha acreditado el daño de su parte, se tiene por cierto también que los mismos fueron causados por el accidente que ocurrió en día, hora y lugar señalados; que frente al daño ocasionado con la cosa al damnificado solo le bastaba con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual el mismo provino; que el dueño o guardián de la cosa solo se eximiría de responsabilidad total o parcialmente acreditando la culpa, también total o parcial de la víctima o un tercero por quien no deba responder.

Indica que aún del análisis efectuado por el magistrado de primera instancia surge que ha existido culpa del conductor del vehículo Renault Clío aunque más no sea, en el análisis del juez de grado, parcial y pese a ello endilga la responsabilidad absoluta en la producción del accidente al conductor del Mercedes Benz. Cuestiona las manifestaciones relativas a que al prioridad de paso no es absoluta para luego no dar ningún tipo de responsabilidad del evento al conductor que se condujo con excesiva velocidad y arrasó con el Mercedes Benz que se encontraba a su izquierda.

Efectúa cita jurisprudencial a la cual remito y alude omisión de ponderar la que denomina "teoría general de la reparación del daño causado" que planteara con apoyo en cita doctrinal, a la cual también remito. 3) Regulación de honorarios: Dejando planteado el caso federal, postula que es contrario a la doctrina de la Corte Federal establecer que la base económica de regulación comprende los intereses reclamados en demanda, citando fallos a cuya lectura remito.

Al responder al traslado que de la expresión de agravios se le formulara, la parte demandada expresa que considera que el escrito que contesta no reúne los requisitos establecidos en la norma del art. 265 del Código del rito, por lo que se impone declarar desierto el mismo conforme lo establecido en el art. 266 del mismo cuerpo legal. Indica que el mismo carece de una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante estima perjudiciales para su postura en la litis, limitándose a enunciar generalidades que no van más allá de una disidencia con el juzgador con la apreciación de la prueba.

No obstante pasa contestar las quejas aludiendo respecto a la deficiente apreciación de la prueba que, según la contraparte efectuara el juez, que no solo no fue así sino que tuvo en cuenta la misma pero dentro del contexto normativo y jurisprudencial haciendo hincapié en los arts. 41 y 64 de la ordenanza municipal de tránsito, estableciendo que la prioridad de paso a los vehículos que circulan por la derecha es absoluta y que le cabe también la presunción de culpa al conductor del vehículo embistente, situación que no fue analizada por el apelante descalificando la expresión de agravios.

Indica que la prueba pericial no es una prueba legal debiendo el juzgador apreciarla según la sana crítica. En relación a los dichos del testigo A. puntualiza que se trata de un testigo que no presenció el hecho, de tal suerte que sus conclusiones como testimonio son absolutamente desechables. Puntualiza que las supuestas críticas contenidas en los títulos "contradicción y otras omisiones" no enervan el eje argumental del sentenciante que fundó el decisorio en que la prioridad de paso es absoluta.

En relación a la queja referida a la regulación de honorarios además de ser de aplicación el art. 49 de la ley 2.200, pone de relieve que en nuestra jurisdicción más allá del criterio al que hace referencia el sentenciante, la ley es la que establece la base regulatoria, pues la norma del art. 2 de la ley 4335, establece en el inc. A) del art. 6 de la ley 2.200, que el monto del asunto o proceso estará comprendido por el capital e intereses y demás accesorios.

II.- En los límites demarcados por los agravios formulados por la parte actora apelante ingresaré al tratamiento de los mismos de manera particularizada, excepto que por la conexidad o continencia eventualmente puedan ser tratados en conjunto. Asimismo, a fin de facilitar su ubicuidad y para propiciar un mejor orden expositivo se seguirá la misma numeración y nominación que se siguiera en la reseña que se realizara de los mismos precedentemente. 1) Deficiente apreciación de la prueba: Bajo este titulado la parte actora recurrente pretende alterar el sentido del veredicto contenido en el fallo esgrimiendo valoraciones probatorias distintas de aquellas que a su turno efectuara la juzgadora del anterior grado, empero sin que tales alegaciones contengan la necesaria crítica que permita siquiera ingresar a revisar el mérito que se efectuara. Y ello por carecer del material requerido indispensablemente para tal tarea, que es la propia del tribunal de Alzada. - Efectúo liminarmente tal señalamiento toda vez que de la lectura del escrito impugnaticio surge de modo evidente tal déficit. Así, por caso, en relación a la prueba pericial producida en autos (fs. 182/189), la sentenciante expuso fundadamente el motivo por el cual se apartaba de las conclusiones del perito accidentólogo Sr. C. F. F..

Ello sin omitir considerar, ya de mi cuño, lo impropio que resulta que se atribuya el experto la potencialidad de evaluar responsabilidades de los sujetos involucrados en el evento dañoso. Es que basta con advertir que tal tarea, allende de constituir aquello sobre lo cual ha de expedirse el titular de la función jurisdiccional, que también es obvio, no se trata del perito sino de la magistrado sentenciante, tampoco forma parte de la materia objeto de la pericia que se le encomendara. - Esto es, la calificación o estimación jurídica de aquello que fuera materia del peritaje pertenece y es propio de la función que cumple el juzgador. El perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren de sus conocimientos especiales, pero nunca puede constituirse en autoridad decisoria dentro del proceso.

Es más, la opinión del perito no vincula en ningún caso al juzgador, ni siquiera en la órbita de sus conocimientos específicos, pues no se trata, en la especie al menos, de una prueba legal. El único requisito para apartarse de las conclusiones periciales emitidas en el marco del objeto de pericia consiste en que el juzgador debe dar las razones de su apartamiento puesto que la fuerza probatoria de la pericia debe estimarse en concordancia con las leyes de la sana crítica y los restantes elementos que existan en la causa (Conf. art. 477 del C.P.C.C.). - Y la Sra. Juez a quo, bien o mal pero sin que mereciera crítica alguna a tenor de la manera en que se formulara la impugnación, indicó que el conductor del Mercedes Benz ".no disminuyó la velocidad a la que circulaba por la calle Mitre, que según el perito era de 37,87 Km/h. Si bien este exceso de velocidad es comparativamente menor con la velocidad a la que circulaba la conductora del Renault de 56,60 Km/h aproximadamente (fs. 187, punto "C"), tuvo incidencia causal con el resultado dañoso.

Del juego armónico de los arts. 41 párrafo 1º, 50 y 51 inc. "e", apartado 1 de la Ordenanza municipal de tránsito, surge que si el Sr. A. hubiese cumplido con su deber de disminuir sensiblemente la velocidad, es decir, casi detener su marcha y con el de ceder el paso a la demandada quien se presentaba por su derecha, que no está condicionado al arribo estrictamente simultáneo de los vehículos al cruce, el siniestro no se hubiera producido" (sic) (fs.225 vta.).

Esto es, no fue motivo de cuestionamiento puntual y concreto en la impugnación vertida por el quejoso tal modo de interpretar la norma relativa a la prioridad de paso y el modo en que la hizo jugar en el supuesto planteado en autos el que se remite a postular meras generalizaciones del estilo de ".no formula un argumento serio y concreto para apartarse del dictamen.", o bien, como lo hace a continuación efectúa una valoración distinta o paralela a la que realizara la juzgadora de grado de dicha prueba con trascripción de porciones del dictamen que estima en su mérito como relevantes.

Pues ello no es la crítica que permita ejercer la facultad revisora de esta Alzada sino un mero disentir que inhabilita a ingresar al examen de la sentencia que, de tal manera, deviene firme por consentida toda vez que, reitero, se omitió aportar el material de análisis indispensable a tal fin (Conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

Por lo demás estimo útil destacar sólo a mayor abundamiento que esta Sala B de la Cámara de Apelaciones cuenta con antecedentes en los cuales fijó su posición interpretativa de la norma de tránsito relativa a la prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha desechándose cualquier posible evaluación relativa a quién arriba primero a la encrucijada. Así se dijo con criterio que reivindico y reitero para el caso que la prioridad de paso no opera según sea cómo arribaron a la encrucijada los rodados. En tal sentido, en mi opinión, la ley de tránsito vigente (ley 24.449 -a la cual adhiriera la ciudad de Trelew por Ord. Nro. 5.490/96), al igual a como ya lo estableciera antes el Dcto. 692/92, vino a establecer explícitamente que la prioridad de paso que la anterior Ley 13.893 ya previera en su Art. 49 inc. b, detenta ahora la calidad de absoluta. Esto es, corresponde que dicha prioridad sea entendida como incuestionable resignándose exclusivamente en aquellos supuestos que son enumerados taxativamente por el Art. 41 de la citada Ley Nacional de Tránsito (Conf. S.D.C., sala B, Nro. 27/00; Nro. 13/01; Nro. 23/01; y Sala A, S.D.C. Nro. 19/00; Nro. 15/03, CANE, entre otras).- Esto es, no es dable ingresar al análisis referido a una eventual convergencia simultánea o bien si alguno de los rodado llegó primero o después al punto medio de una encrucijada. Y no se trata que la prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha se transforme en un "bill" de indemnidad como lo advirtiera la Sra. Juez a quo, sino que el precepto regulador del tránsito funcione con un sentido preventivo en su formulación genérica y abstracta, y ejemplificador en su aplicación práctica, para propiciar que sea factible que las normas de tránsito se proyecten efectivamente a la conducta vial de los conductores de automóviles, quienes deben respetar sin más, sin hesitación alguna y sin ningún tipo de posible especulación (del estilo "he llegado antes a la encrucijada"), que quien circula por la derecha tiene una prioridad de paso absoluta que solo se ve excepcionada en aquellos supuestos que taxativamente prevé el art. 41 de la ley 24.449 (Conf. Sala B., S.D.C., Nro.32/05; id., Nro. 07/06; CANE).

En relación a la atribución de la calidad de embistente al rodado del actor, la juzgadora evaluó que ".conforme se desprende de la pericia accidentológica ya mencionada, éste fue el que resultó embistente con su frente, lo que no mereció reparo alguno de ambos litigantes. Si hubiese cruzado antes la bocacalle como aduce, el embistente debió haber sido el Renault, que en tal caso habría perdido la prioridad de paso, y los perjuicios del Mercedes se hubiesen ubicado en su parte lateral derecha y no en su parte frontal." (sic) (fs. 226).

Y ante tal razonamiento estrictamente lógico se insiste en argüir aquello que ya había sido motivo de hipótesis postulada al tiempo de interponer la demanda (vide: escrito de inicio punto II, tercer y cuarto apartado -fs. 27 y vta.-; y expresión de agravios -fs. 239-), postulando que los daños habidos en el Mercedes Benz en la óptica, capot y paragolpes del lateral derecho son resultado de un ".un desplazamiento semi tangencial por rotación, es decir que además de llegar primero a la bocacalle y de encontrarse trasponiendo ya más de la mitad del cruce de las arterias el Renault Clío, que venía(a) mayor velocidad direcciona su vehículo por delante del Mercedes." (sic).

Tales afirmaciones, las que insisto habían sido ya expuestas en escritos anteriores, y que como es de verse de la porción del fallo antes reproducido textualmente fue motivo de explicito tratamiento por la juzgadora quien desestimó tal hipótesis a partir básicamente de la simple pero concluyente lógica derivada de la ubicación de los daños producido en cada uno de los vehículos partícipes del choque que se observan de las fotografías que toma en cuenta a pesar de los desconocimientos mutuos que formularan las partes respecto a la documental que adjuntaran en sus respectivas presentaciones. Reiterar argumentos ya expuestos al tiempo de promover la demanda no configura una crítica a las argumentaciones expuestas por la sentenciante. Es que la Alzada es instancia revisora del pronunciamiento, por lo que la expresión de agravios debe contener necesariamente la impugnación concreta de su pensamiento ya que es el acto por el cual el apelante refuta las conclusiones establecidas por la sentencia.

Si faltan esas argumentaciones, carece el tribunal de la materia indispensable para confrontar argumentos del a quo con los que, de contrario, debe aducir la parte que se considera afectada y ello, precisamente, es lo que constituye la función propia del segundo grado de la jurisdicción.

Partiendo de tal directriz, surge como evidente que la Segunda Instancia no es una vía que proporciones un nuevo examen integral de la cuestión, sino que persigue el control de justicia del pronunciamiento apelado en cuanto a los hechos y el aspecto jurídico del asunto en él decididos, por lo que la remisión o reiteración a lo dicho en escritos anteriores no constituye la forma adecuada de realizar la impugnación de la sentencia.

Es decir, para concluir, la meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea, de modo de producir convicción en el Tribunal de Alzada.

Y cuando el litigante no formula de tal manera su expresión de agravios, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la posible solidez de la sentencia que no puede ser ni siquiera examinada (Conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos procesales...", Ed. Platense, ed. año 1988, T. III, pág. 351 y sgtes.; id. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, año 1975, T. V, pág. 599). - Por último, en cuanto a la supuesta omisión de la juzgadora de hacer mérito de la testimonial prestada por el Licenciado A. (fs. 178/179), y aún haciendo caso omiso a que el eje dirimente del veredicto centró en ponderar que la conductora del rodado Renault Clío Sra. F. era quien contaba con la prioridad de paso por circular por la arteria de la derecha (calle Remedios de Escalada) respecto de aquella por la que circulaba el automotor de propiedad del actor (Mitre), corresponde advertir "ab initio" que la juzgadora no hizo más que ejercer su facultad privativa de inclinarse a valorar la prueba que le pareció más conducente a la solución del caso en los términos previstos por el Art. 386 del C.P.C.C..

Asimismo, cabe destacar igualmente que tal testimonial fue producida por quien no presenció el accidente. No soslayo que puede dar lugar a que se confunda la prueba pericial con la prueba testimonial en situaciones como la que se presenta con este testigo, toda vez que el mismo se trata de un testigo técnico que inclusive produjo un informe, el que se encuentra agregado como prueba documental en autos (fs. 10/23).

Empero es pertinente establecer precisamente en relación a los testigos, que éstos son fruto de circunstancias fortuitas, tales como la coincidencia de haber presenciado un hecho determinado, en cambio los peritos son fruto del resultado de una elección. Y ello lleva nuevamente la cuestión a recordar la forma como el registro del hecho se produce en la fuente, para luego ser extraído por el medio.

El testigo extrae el conocimiento del recuerdo de lo percibido por sus sentidos, mientras que el perito, que puede ser cualquier persona de la especialidad, tiene que aplicar sus conocimientos objetivamente para extraer de la fuente material el conocimiento del hecho en virtud de su cultura especial, para poner sus conclusiones objetivas a disposición del tribunal (Conf. Falcón, Enrique, en "Tratado de la prueba", Ed. Astrea, ed. año 2003, T. 2, págs. 17/18, & 369).

En resumen, pues, tengo para mi que en este primer aspecto el recurso carece en absoluto de suficiencia técnica, desde que no alcanza a consistir en más que un mero desacuerdo o disconformidad con lo decidido que no expresa en concreto cuál habría sido el yerro, equivocación u omisión en la consideración de la prueba que pudiera dar pié siquiera a considerar que concurre una crítica sobre la cual pudiera ejercer este tribunal su facultad revisora. Ante ello, entonces, propiciaré al acuerdo se declare la deserción parcial del recurso a su respecto. Así lo dejo propuesto. 2) Contradicción entre el análisis y la conclusión: Se sostiene que existiría una contradicción entre los fundamentos y el veredicto final al que se arriba de los mismos aludiendo para ello que no se computó el exceso de velocidad que desarrollaba el vehículo de la demandada. Pues, adelanto opinión que tampoco acompañaré en mi voto tal postulación impugnaticia. - Ello, toda vez que aún cuando el exceso de velocidad en muchos supuestos puede contar con incidencia causal adecuada para el acaecimiento del choque que permite atribuir las consecuencias -total o parcialmente- de los daños derivados del mismo, en la especie la juzgadora por las consideraciones que efectuara estimó que la misma no concurrió mínimamente a la ocurrencia del accidente bajo análisis, sino que se atribuyó prioritariamente a la violación de la prioridad de paso en la que incurriera el conductor del automóvil de propiedad del actor en autos, el carácter de causa única y adecuada del evento dañoso, añadido a ello su calidad de embistente (vide: cuarto apartado de los considerando obrantes a fs. 226).

Esto es, básicamente encuentro que el planteo no se distingue de aquello que se señalara en el tratamiento del agravio precedente, en cuanto se omite atender que la juzgadora estimó que si hubiera disminuido la velocidad por la que circulaba el Sr. A., hasta casi detener su marcha, cediendo el paso del rodado que se presentaba por su derecha el siniestro no hubiera ocurrido.

Y tal como lo he reseñado precedentemente, esta postura hermenéutica la comparto desde una perspectiva o marco teórico estructuralista, toda vez que anida en la misma una intención de que se proyecte de los fallos judiciales líneas de conductas viales ciertas y confiables que impidan la repetición de daños sin solución de continuidad por la sola circunstancia de habilitar la discusión por ejemplo, de quien llegó primero a la encrucijada. Esta insistencia en postular aquello que ya había sido expuesto en el líbelo de inicio, no satisface la suficiencia técnica exigida por el rito, lo cual impone se propicie igualmente tener por desierto en esta porción el recurso. De tal manera lo dejo planteado al acuerdo. - 3) Regulación de honorarios:	En tanto que se postula en el mismo escrito donde se expresa agravios en sustento del recurso de apelación deducido en contra del fallo del anterior grado que la base económica adoptada por la Sra. Juez a quo para proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes es incorrecta, ello comporta un ataque directo a dicha regulación lo cual impone puntualizar primariamente que se omitió abrir la vía que habilite la posibilidad de ejercer la facultad revisora de este tribunal de Alzada por intermedio del recurso autónomo que a tal efecto prevé específicamente el art. 49 de la Ley 2.200. - No obstante ello, cabe también destacar que tal como lo expresa la juzgadora del anterior instancia, esta sala B de la Cámara de Apelaciones, en sintonía con doctrina de nuestro Superior Tribunal de Justicia, ha entendido que en supuesto de rechazos de demandada la base económica de regulación comprende el monto pretendido incluyendo, por ende, el capital y los intereses que conforma el objeto de lo demandado (Conf. inc. "a" del art. 6° de la Ley 2.200).

Sabido es que el supuesto planteado -rechazo de la demanda- no se encuentra contemplado en la Ley arancelaria, ni antes, en su anterior texto de la Ley 2.200, ni después de su reforma por la Ley 4.335 (Texto Ord. por Dcto. 138/99).

No puedo dejar de señalar lo extraño que resulta tal omisión del legislador, máxime cuando tal cuestión derivó en la necesidad de extremar la interpretación tendiente a determinar cuál era el monto que correspondía adoptar en tal circunstancia, lo cual fue y es en el día de hoy, materia de encontradas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales.

Empero, también destaco a guisa de adelanto, que la Ley 4.335, -a diferencia de la Ley 24.432, modificatoria de la Ley Nacional Nro. 21.839, normativa nacional a la que sigue en términos generales-(Adla, LV-A, 291 y XXXVIII-C, 2412, respectivamente), incorporó un párrafo al inc. "a" del Art. 6to. de la Ley 2.200, que a mi ver imponen un replanteo de la doctrina que había seguido de manera monocorde ésta Cámara de Apelaciones en su antigua composición de sala única (conf. SDC Nros. 62/92, 50/94; id., SIC 10/95, entre otras, CANE, Sala "A"); y ahora también la sala "B", la que tengo el honor de integrar en la actualidad (Conf. SDL Nro. 32/00; id. SIC Nro. 34/00, idem SIL Nro. 29/99 CANE, Sala "B").- Me explicaré retomando "ab initio" el análisis de las opiniones que se registran, las mismas van desde señalar que "...ya que lo que el trabajo del profesional contribuye a resguardar de la pretensión ajena no es el monto reclamado en la demanda, sino su significación al tiempo de ser rechazada la acción..."(L.L., 1976-D-348); o lo contrario indicando que "...en los casos de rechazo total de la demanda, los honorarios de los abogados y procuradores intervinientes deben regularse tomando en cuenta el monto reclamado en ella"(L.L., 1976-D-164). Advierto que no omito considerar al citar dicha opinión jurisprudencial que la misma estaba dirigida a contemplar la depreciación monetaria que existía en aquella época más que a determinar si el monto del proceso a los fines arancelarios, en supuestos de rechazo de demanda, comprendía los intereses.- Inclusive, tal fue la falta de uniformidad que se llegó a afirmar que en caso de rechazo total de la demandas que versen sobre sumas de dinero, a los fines de la regulación, debía tomarse como monto del juicio la mitad del valor económico reclamado aplicando de tal manera la misma solución dada por el Art. 20 de la Ley de aranceles a los supuestos de procesos sin sentencia ni transacción (L.L., 1975-C-508 y 1975-A-841).

La Corte Suprema de Justicia Nacional en el año 1975 (me remonto a dicho año por considerar inconducente ir mas allá), en autos "Dodero c/Provincia de Bs.As.", dejó puntualmente sentado que, ante el rechazo de la demanda: 1) no correspondía el 50% de lo demandado y 2) que correspondía computar el total del monto reclamado (CSJN, LL, 1976-B-317; id., CNCiv. en pleno "M. c/Consorcio", LL, 1975-D-297).- Ahora bien, la Corte, refiriéndose específicamente a si corresponde o no computar los intereses como integrantes del monto del proceso, pese a señalar que la determinación de dicho monto, y en general la interpretación de lo relativo a aranceles, constituían cuestiones de derecho común reservadas a los jueces ordinarios, en algún momento se inclinó decididamente por no incluirlos (conf. CSJN, 2/12/80, in re "Revuelto c/Adm. Gral. O.S.N."; id. 25/11/86, in re: "Acebo c/Prov. De Neuquén"; id., 28/5/87, "De coyuntura S.A. C/Prov. de Formosa", LL, 1987-E-466).

Sin embargo, más recientemente se observó una tendencia del máximo Tribunal en el sentido contrario, en tanto que señaló que "...el monto del juicio está constituido por el total de la pretensión indemnizatoria, involucrando tanto el monto por el que prospera como aquél que se rechaza"(CSJN, 9/3/89, in re: "Cía Introductora de Buenos Aires S.A. v. YPF y otro", JA, 1989-II-656; id. 6/10/92 "Cañete, Leopoldo C. y otro v. Dirección Nacional de Vialidad"; idem, 6/4/93 "Ramírez, Jorge y otros v. Gas del Estado"; idem 8/2/94 "Yánez Riveros, Graciela del Carmen v. Empresa de Transportes Microómnibus Sáenz Peña S.R.L. idem, Cnciv., Sala A, 12/8/92, JA, 1993-II-301).

Y esta solución, se dijo, apuntaba a corregir una verdadera inequidad, presente en el resultado de más de un litigio judicial cuando la demanda es aceptada en una proporción decididamente pequeña, los honorarios de la totalidad de los letrados que intervienen se regulan sobre la base del segmento admitido de la pretensión sin observar que los emolumentos debieran ajustarse congruentemente y como un correlato con el éxito obtenido por cada una de las partes.

Tal postura hermenéutica y si se quiere axiológica es básicamente adoptada por nuestro Superior Tribunal de Justicia en el precedente de "C. c/O." (SDL Nro. 66/85 STJCh). De otro lado, y en la misma dirección argumental, para el supuesto en que todos los planteos del responde resultaran desestimados, la acción en consecuencia se admitiría en su totalidad fijándose por ende, los emolumentos con base al monto admitido.

Esto, importaría que los abogados de la parte demandada vencida obtendrían una asignación muy superior a la que obtendrían de obtener el resultado inverso esto es, si lograran el éxito total de su planteo defensivo consiguiendo en definitiva el rechazo total de la pretensión incoada contra la parte por la que abogan. Este resultado -reitero- me parece sumamente disvalioso y contrario al sentido común.

En la práctica implica que a los letrados que intervienen por la parte que es demandada les convendría, a los fines del cómputo de sus emolumentos, perder el juicio. Y ello así, puesto que de ganar se tomará el monto demandado con más su accesorios reclamados por el actor, y no es así del otro modo, en que solo se acotará la base económica de regulación al monto de demanda. En esta época en que el capital no se mantiene cristalizado tal como sucedía al dictarse la S.D.C. Nro. 01/01 CANE, el rubro intereses no deja de llegar a alcanzar un gran significado en la cuenta global de las sumas debidas, y ello adquiere obviamente mayor incidencia en los procesos más dilatados. Excluir su cómputo de la base regulatoria puede llevar a privar al profesional de una parte muy importante de la retribución que le pertenece. - Sin embargo el más alto Tribunal de la República volvió sobre sus pasos en fallo del 27/10/94, en el que volvió a establecer que "A los fines de la regulación de honorarios no deben computarse los intereses al capital, sino practicarse la regulación exclusivamente sobre el "quantum" de éste último, habida cuenta de que la condena por intereses reviste el carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional"(CS, in re: "H.E.M.A.R.S.A. c. Dirección Nac. De Vialidad", L.L., 1995-E-94). Por otra parte, resulta difícil elucidar la problemática atinente a la obligatoriedad que exhibe la doctrina jurisprudencial que emanaría de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el fallo que cita la Sra. Juez del anterior grado, es decir la fuerza vinculatoria que proyectan las decisiones de dicho Alto Tribunal respecto a las sentencias dictadas por los demás jueces.

A propósito de ello, la doctrina señala que en nuestro país la propia Corte Nacional sembró las dudas, pues en algunos fallos de antigua data estableció que los jueces debían conformar sus resoluciones a las decisiones de dicho cuerpo; en tanto que, en otros pronunciamientos de fecha posterior, sentó el criterio que los inferiores no tenían por qué seguir su jurisprudencia (Conf. Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Ed. Platensi, 2da. ed., Pág. 303).-- Aun cuando se adopte la tesitura que propugna y prioriza, desde el punto de vista axiológico, el valor institucional y moral insito en los pronunciamiento del más Alto Tribunal de la República, el que se compagina además, con una razón práctica de economía procesal y celeridad que exigen el expresado temperamento, pues alzarse contra una jurisprudencia de la Corte implica un dispendio de actividad jurisdiccional que deviene inútil ante la eventualidad de revocación que potencialmente existe en cada caso (aut. cit., loc. cit., pág. 302).

A pesar de ello es de destacar igualmente que no puede predicarse en absoluto sobre la existencia en el supuesto en examen de una doctrina con efecto vinculante de la corte dada la diversa postura seguida sobre el tema por el mismo Tribunal (Hitters, loc. cit. págs. 304/305). - No puedo dejar de recordar que coexiste una afianzada postura en la Corte Suprema de Justicia bonaerense en cuanto afirma que es inaplicable la doctrina de la obligatoriedad general de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que la simple expresión de la regla constitucional por la que los tribunales judiciales sólo resuelven dentro del marco de las causas concretas en que conocen, así lo indica (arg. Arts. 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Dicho ello, claro está, sin perjuicio de que las partes lleven a la Corte Suprema de la Nación toda interpretación de otros tribunales que no coincida con sus doctrinas y así puedan obtener, en el caso concreto la reiteración de sus criterios y la eventual rectificación de la sentencia recurrida. Es que precisamente para eso -se dice- el régimen jurídico argentino prevé el correspondiente remedio federal (ver Néstor Sagües, "Dos clásicos problemas del control de constitucionalidad en la Argentina", E.D., 151-460).

En el fallo "Olivera", anotado por el constitucionalista de cita, la mayoría añadió que "contra la afirmación del carácter no vinculante de las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueden invocarse razones de seguridad jurídica, tranquilidad pública y paz social, ni de buen orden, necesidad y estabilidad institucional puesto que, precisamente a la inversa, en el sistema jurídico argentino la satisfacción de tales objetivos se busca mediante la organización de división de poderes que obsta el ejercicio de la jurisdicción más allá de los casos a que se refieren las sentencias judiciales.

Tampoco son atendibles supuestos motivos de economía procesal en tanto ellos no estuviesen receptados por la Constitución y la Ley, y por otra parte, en nuestro régimen procesal no media la certeza de que los tribunales mantengan indefinidamente sus doctrinas"(ver el mismo fallo en L.L. 1993-A-397 o J.A., 1993-II-208).

Inclusive, es de resaltar también que con posterioridad al este fallo de Corte precitado, se registra un plenario dictado por la Cámara Nacional de Comercio el 20 de diciembre de 1994, en el cual se declaró que en juicios donde el reclamo por sumas de dinero con más intereses, corresponde computar el monto de tales intereses como integrantes de la base regulatoria (CNCom., en pleno, in re "Banco del B. A. S.A. c. J. T. M. S.A.", ED, 161-183). - En el ámbito de nuestra Provincia es sumamente relevante advertir que nuestro Superior Tribunal de Justicia ha adoptado la postura contraria a la Corte Nacional en el tema señalando en diversos pronunciamiento que "...la cuantía del juicio, a los fines regulatorios, es la misma tanto si la demanda prospera como si es rechazada, pues los efectos del resultado del litigio, son idénticos para ambas partes desde el punto de vista económico, ya que el desplazamiento patrimonial que se controvierte es igual numéricamente para las dos partes, aún cuando se presente en uno y otro caso, bajo diverso signo.

La acción de condena y la de rechazo tienen la misma significación pecuniaria y la determinación de aquella cuantía como base para la regulación de honorarios, en el caso de resultar triunfante la acción negativa, no se verá impedida por ese resultado, no podrá de calificársela de hipotética pues coincidirá, necesariamente con lo reclamado o con lo que se le hubiera atribuido en caso de prosperar la demanda, con base en los mismos elementos calificantes extraídos de un proceso tramitado con las garantías de la defensa"(SI, 70/SAC/94; idem Nros.52/SAC/97; 102/SAC/97; 33/SAC/98; 35/SAC/98; 50/SAC/98; 105/SAC/98; 112/SAC/98, entre otros, S.T.J.Ch.). En resumen, no me parece valiosa la solución contraria a la exclusión de los intereses a los efectos de determinar la base económica de regulación, no solo porque importaría negar el beneficio económico que la labor del profesional abogado le proporcionó a su patrocinado, sino que también implicaría negar la plena operatividad del principio de onerosidad de los servicios preceptuados por el Art. 3ro. de la Ley 2.200 (según texto anterior no modificado por la Ley 4.335).

Este principio de onerosidad al cual he referido, es congruente ahora en nuestra legislación arancelaria local con el agregado específico efectuado en el ya citado apartado "a" del Art. 6to. de la Ley 2.200 vigente en la provincia. Ello es de tal modo puesto que no cabe duda, a mi juicio, -reitero que con el nuevo texto normativo de cita- que al fijar el monto del honorario el juzgador actualmente debe tomar en cuenta entre otras pautas "El monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria, el que estará comprendido por el capital e intereses y demás accesorios"(sic)(los destacado en negrita me pertenece)(texto agregado por Ley 4.335).

En tal dirección entonces, resultaría que en la Provincia del Chubut por imperio de la normativa arancelaria vigente ya no es materia de interpretación doctrinaria ni jurisprudencial el establecer si los intereses comprenden el monto del proceso puesto que la misma ley lo establece. Y tal contenido normativo es por lo demás, el que propiciara por vía interpretativa de la Ley, la misma Corte Nacional en algún período no muy lejano y la Cámara Nacional Comercial en pleno en la actualidad. Concluyo pues proponiendo la desestimación del presente agravio. Así lo voto.- Conclusión: - Por lo expuesto, corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la parte actora apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.). Los honorarios del Dr. C. H. A., letrado interviniente en causa propia no será menester regularlos, toda vez que el mismo resulta condenado en costas. Sí, en cambio, procede regular los honorarios de los Dres. A. A. F. y R. L., letrado apoderado y patrocinante de la parte demandada, por sus tareas de Alzada; a cuyo fin ponderando su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en la suma equivalente al 5,86% del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA. - A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 231, que fuera concedido libremente a fs. 232, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 222/227 que rechazó la demanda por daños y perjuicios deducida por C. H. A. contra D. F. S., con imposición de costas al vencido. - Los agravios del actor lucen a fs. 238/242, el traslado conferido a fs. 243 fue evacuado por su contraria a fs. 244/245 y vta, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.

2. Las manifestaciones vertidas por el quejoso respecto a la valoración probatoria efectuada por la Sra. Juez de primera instancia no atacan los fundamentos del decisorio, por lo que incumplen la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C.. - La expresión de agravios es el acto por el cual el apelante refuta las conclusiones establecidas por la sentencia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1975, T. V, par. 599, a), pág. 266; en igual sentido Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 351, y cita de fallos).

En este orden la expresión de agravios carece de contenido si: .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamento a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concretamente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839).

Por lo demás, ante las manifestaciones realizadas respecto a la omisión de pruebas, cabe poner de relieve que la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes.

Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos). En cuanto a que se apartó del dictamen pericial, lo cierto es que la mecánica del accidente y responsabilidad emergente del evento dañoso era cuestión debatida entre las partes y cuya decisión es resorte exclusivo del órgano jurisdiccional y no de un dictamen pericial cumplido por un auxiliar de la justicia.

De lo contrario, y con apartamiento de la norma impuesta por el art. 477 del C.P.C.C., ese dictamen resultaría imperativo para el juzgador. - De aceptarse ello, la sentencia sería adelantada por quien no es más que un auxiliar judicial (conf. S.C.B.A., L.L. 90-535). - El perito no juzga, sino que suministra elementos de hecho y conceptos de valor que le sirven al juez para pronunciar su decisión, mas sin obligarlo (conf. Carnelutti, "La prueba civil", Arayú, 1955, N° 11, nota 138). La sujeción servil al dictamen haría del magistrado un autómata privado de su función de fallador y convertiría inaceptablemente al experto auxiliar en juez de la causa (conf. Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5a. ed., II-348, N° 260). - El perito en ningún caso sustituye al juez ni puede éste hacerle abandono de su tarea propia (conf. Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", E.J.E.A., 1955, págs. 42/43, 75, 260/261).- Su juicio técnico no puede obligar al magistrado, cuya función aparece así robustecida por su propia e indelegable autoridad (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 2, par. 2, pág. 485). - Desde otra perspectiva, las expresiones del recurrente sólo denotan su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el juzgador.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto.

Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 371 y 373, y cita de fallos).

Respecto a que no se ponderó las muestras fotográficas en las que se observa los daños en el Mercedes Benz con el paragolpes plástico hacia fuera, cabe precisar que tal estimación dio lugar al pedido de aclaraciones de esa parte (p. 3, fs. 199) que fuera desestimado a fs. 200 al importar una ampliación de los puntos de pericia, por lo que precluyó la oportunidad procesal.

Así, tal expresión es una apreciación subjetiva que elude los fundamentos expuestos por el sentenciante y ello no es agravio.

Y las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada no constituye expresión de agravios idónea (conf. Palacio, obra y tomo citado, pág. 267). - A su vez, las consideraciones efectuadas por el apelante a fs. 239 vta. respecto a que de la prueba colectada se arriba a la conclusión que al momento de encarar la encrucijada por parte del vehículo Mercedes Benz el Renault Clio se encontraba fuera de su campo visual, y que debido a la excesiva velocidad con que se conducía llegó a interponerse en la marcha del primero, es una reiteración de la postura asumida al interponer la demanda (acápite II, fs. 27 y vta., último y primer párrafo, respectivamente), y ello no es agravio.

Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal.

Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 357/358 y cita de fallos). - Además, las expresiones de fs. 239 y vta. evitan hacerse cargo de los fundamentos brindados por la Sra. Juez de la anterior instancia en los dos primeros párrafos de fs. 225 vta. que resultaron dirimentes para eximir de responsabilidad a la parte demandada al acreditar la ruptura del nexo causal, y ello en virtud de la prioridad de paso que tenía el conductor del vehículo Renault Clio.

Lo mismo ocurre con las manifestaciones contenidas a los puntos IV y V de fs. 239 vta./240 desde que la prioridad de paso es absoluta. En tal sentido señaló con acierto el juzgador que: Del juego armónico de los arts. 41 párrafo 1°, 50 y 51 inc. "e", apartado 1 de la Ordenanza municipal de tránsito, surge que si el Sr. A. hubiese cumplido con su deber de disminuir sensiblemente la velocidad, es decir, casi detener su marcha y con el de ceder el paso a la demandada quien se presentaba por su derecha, que no está condicionado al arribo estrictamente simultáneo de los vehículos al cruce, el siniestro no hubiese sucedido.

Que ambas normas son lo suficientemente claras: quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha, si luego de reducir su ritmo hasta el nivel precautorio establecido -casi detenerlo-, advierte que no circulan vehículos con prioridad de paso (SCBA L.L.B.A. 1998-823, causa "M. S. .", ya mencionada)(el subrayado me pertenece).- Y el art. 41 de la O.M. N° 5490/96 de la ciudad de Trelew, al igual que el art. 41 de la ley 24.449, establece que: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y solo se pierde ." en los supuestos taxativamente allí enumerados. - Prioridad de paso ya contemplada por el art. 49 inciso b) de la ley 13.893 y que rige cuando ambos rodados aparecen más o menos simultáneamente en el cruce.- Es por lo demás, criterio de esta Cámara, entre otros pronunciamientos, por su sala "A", c. 15.870, S.D.C. N° 19/2000, y por esta sala "B", c. 12.696, S.D.C. 27/2000.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

Asimismo, el sentenciante señaló a fs. 226: Que para reforzar la conclusión a la que arribé en cuanto a los deberes infringidos por el conductor del Mercedes, conforme se desprende de la pericia accidentológica ya mencionada, éste fue el que resultó embistiente con su frente, lo que no mereció reparo alguno de ambos litigantes.

Si hubiese cruzado antes la bocacalle como aduce, el embistiente debió haber sido el Renault, que en tal caso habría perdido la prioridad de paso, y los perjuicios del Mercedes se hubiesen ubicado en su parte lateral derecha y no en su parte frontal. - En tal sentido, la condición de embistente y embestido deriva exclusivamente de la localización objetiva de los daños, necesariamente reveladora de ese carácter, con prescindencia de toda valoración subjetiva o referencia a la culpabilidad (Cám. Apel. Civ. y Com. de Paraná, sala 2a., "D. M., S. c/S., A.", 31/05/94, citado en "Revista de Derecho de Daños. Accidentes de Tránsito - II", Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, pág. 335).

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). - Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).-- Y la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99).

Por tales fundamentos, el recurrente incurrió en este tramo de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

3. Se agravia el apelante al entender que la incorporación de intereses a la base regulatoria resulta procedente únicamente en la hipótesis de admisión de la demanda, y cita fallos. - Al respecto, tal postulación importa un embate a la regulación practicada en la anterior instancia y en ese direccionamiento no observo que se planteara en forma autónoma el recurso de apelación previsto por el art. 49 de la ley del arancel, lo que impide a este Tribunal ejercer su potestad revisora. Y aun cuando se entendiera que con el escrito de fs. 231 se interpuso tal recurso de apelación, el mismo puede ser fundado pero "dentro del quinto (5) día de su notificación" (art. 49, 2do. pár., ley 2200).

Sin perjuicio de ello e ingresando a la queja corresponde precisar que en la actualidad para la C.S.J.N. la cuestión vinculada a la regulación de honorarios no es materia federal, y por tratarse entonces de cuestión local, debo seguir el criterio seguido por el S.T.J. ya afianzado en diversos pronunciamientos en los cuales estableció la necesidad de incluir los intereses dentro de la base regulatoria en caso de rechazo de demanda (c. 16.937, S.D. 4/S.C.A. 02; c. 15.955, S.D. 8/S.C.A./02, entre otros pronunciamientos).

A ello se agrega una razón más cual que esta sala, a partir de la S.D.C. 01/2001 dictada en c. 16.600 adoptó el mencionado criterio, lo que llevó al suscripto a pronunciarse en igual sentido ya en c. 19.511, S.I.L. 18/2004, c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/2004, entre otros pronunciamientos. - También debe puntualizarse que si bien la ley arancelaria omite el supuesto de rechazo de la demanda en el art. 19 pues alude a la suma que resultare de la sentencia o transacción, no es menos cierto que el art. 6, inc. a) establece como pauta para fijar el monto del honorario, si el asunto fuere susceptible de apreciación pecuniaria, "el capital e intereses y demás accesorios". - Y obvio resulta que la pretensión en demanda incluyó intereses (p. I, fs. 27), por lo que deben quedar comprendidos en la base regulatoria. - Con tales alcances se desestima el agravio. 4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo que resultan prudentes los emolumentos que se propician regular a favor de los Dres. A. A. F. y R. L., letrados apoderado y patrocinante de la parte demandada, en forma conjunta, en el 5,86% del monto del pleito que se establezca (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente, y sin regular honorarios al Dr. C. H. A. como consecuencia de actuar como letrado en causa propia y modo de imposición de las costas. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravio. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida.

3) REGULAR los honorarios de los Dres. A. A. F. y R. L., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma equivalente al 5,86% del monto total del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente. Sin regular honorarios al Dr. C. H. A., abogado interviniente en causa propia, por haber resultado éste condenado en costas. ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto. Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse ausente el Dr. Edgar María de la Fuente (art. 8 ley 1130, texto de la ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravio;

IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida; - REGULAR los honorarios de los Dres. A. A. F. y R. L., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma equivalente al 5,86% del monto total del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente;- SIN REGULAR honorarios al Dr. C. H. A., abogado interviniente en causa propia, por haber resultado éste condenado en costas. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 37 DE 2006 - SDC.- Conste.-