Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-10-31


Entre Ríos, a los treinta y un días del mes de octubre Efectuado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden Doctores: CARLOMAGNO, MEDINA DE RIZZO, SALDUNA.

Estudiados los autos la Excma. Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Qué corresponde decidir con respecto al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el co-demandado, Sr. Avelino Pedro Bonino, a fs. 236/241? A la cuestión propuesta el doctor Carlomagno dijo:

I.- Que, el apoderado del co-demandado Avelino Pedro Bonino, interpone recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara Tercera de esta Capital -fs. 228/231- que ratifica el fallo del "a quo" -fs. 177/181-; el que es concedido a fs. 242 y vta.

II.- Que, el "ad quem" decide confirmar la resolución del entonces Sr. Juez del Trabajo que hizo lugar parcialmente a la demanda.

Para así decidir, y en lo que hace específicamente al recurso en examen, valoró las actuaciones administrativas -en las cuales consta a fs. 2 un acta de inspección, suscripta también por el empleador sin efectuar ninguna objeción, de fecha 6/10/00 en la cual el trabajador denuncia como fecha de ingreso el año 1990 y a fs. 3 "un acuerdo de partes" en el que se conviene que a los fines de "preservar la relación laboral" acuerdan los trabajadores que ingresaron a trabajar a partir del mes de octubre del año 2000, mes de la inspección- y concluye que en las mismas no hay un acuerdo homologado con fuerza de cosa juzgada por la autoridad administrativa (art. 15 de la LCT), no poseyendo tal entidad el firmado por las partes en el cual el trabajador renuncia a diez años de antigüedad, alegando que la fecha de ingreso denunciada fue errónea en virtud "de la sorpresiva inspección realizada ...", siendo nula y sin valor la renuncia de los derechos del trabajador (art. 12 de la LCT).

Señala que el apelante no rebate adecuadamente los testimonios tenidos en cuenta por el "a quo" para concluir en la admisión de la fecha de ingreso, malogrando la suerte del recurso respecto de ésta al quedar firmes por falta de agravio suficiente las conclusiones de la instancia "a qua" en la que se analizaron aquéllos.

III.- Que, el impugnante -luego de realizar un raconto de los antecedentes de la causa- denuncia que la sentencia del "ad quem" violenta el art. 139 de la ley 22.248 y el art. 15 de la LCT; el art. 12 de la LCT y el art. 3270 del CC, denuncia asimismo absurdidad en la apreciación de la prueba.

a) En relación al art. 139 de la ley 22.248 comienza el recurrente destacando que el art. 138 del mismo establece que las acciones derivadas de la relación de trabajo agrario son susceptibles de una instancia conciliatoria previa ante cualquier dependencia de la autoridad de aplicación y que el primero de los artículos establece que los acuerdos liberatorios realizados en esa instancia tendrán efecto liberatorio y que la suscripción del acta por el titular de la dependencia del Ministerio del Trabajo de la Nación o por el funcionario en quien este delegue tal facultad implicará la homologación del acuerdo.

Recuerda que en nuestra provincia es autoridad de aplicación de la ley 22.248, la Dirección Provincial del Trabajo y los Juzgados de Paz en aquellas localidades donde no exista una delegación de dicho organismo.

Afirma que el art. 139 de la ley 22.248, a diferencia del art. 15 de la LCT, no requiere homologación para su validez, sólo exige la firma del trabajador y del empleador y la intervención del funcionario habilitado y que según la mentada norma ello "implicará la homologación del acuerdo". Reitera que la ley no exige resolución fundada y que el acuerdo tiene efecto liberatorio.

Manifiesta que la nota suscripta por el empleador y los trabajadores en la inspección realizada, según el acta obrante a fs. 2 del expediente administrativo, es producto de un acuerdo en el cual intervino el Juez de Paz de Hasenkamp, quien certificó las firmas e incluso ello se presentó en el organismo administrativo, y fue aceptado por éste a tal punto, que cumplido con lo que las partes se comprometieron se dispuso el archivo de las actuaciones en el marco de lo dispuesto por el art. 139 del RNTA que -reitera- no requiere homologación para dar por concluida la cuestión.

Aduce que el error del sentenciante radica en considerar de aplicación el art. 15 de la LCT, entre cuyos requisitos para dar valor a los acuerdos exige la homologación, cuando aquí la norma aplicable es el art. 139 del mentado cuerpo legal y que tampoco correspondía utilizar aquel artículo en virtud de lo dispuesto en el art. 2 inc. c) de la LCT y 3 de la ley 22.248.

b) Entiende vulnerado el art. 12 de la LCT, por cuanto el mismo, en cuanto consagra la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, tiene vigencia sólo para quienes están amparados por dicho régimen legal y porque, si bien la ley 22.248, posee similar disposición -art. 7-, el principio de irrenunciabilidad en este último cuerpo legal se refiere a la prohibición de pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las de la ley, pero nada más que ello, siendo su contenido muy distinto al del art. 12 de la LCT.

c) Estima vulnerado el art. 3270 del CC, ya que se le pretende asignar a la actora, en su condición de heredera del trabajador, un derecho que al mismo no le hubiera correspondido, atento a la documentación que voluntariamente suscribió ante la DPT, como ante el Juez de Paz de Hasenkamp.

d) Finalmente endilga al acto sentencial absurdidad en la apreciación de la prueba y de las circunstancias fácticas que rodearon la causa.

Expresa que van en contra del sentido común y lesiona la seguridad jurídica el desconocer acuerdos celebrados tanto ante la DPT, como ante el Juzgado de Paz, por el simple hecho de que no habrían sido homologados, cuando este recaudo no está entre los establecidos en el art. 139 de la ley 22.248.

IV.- Que, sintetizados de esta forma los fundamentos expuestos en la sentencia combatida y en la pieza recursiva, corresponde dar debida respuesta a ésta.

Resuelve la cámara, con cita de los arts. 15 y 12 de la LCT, que en el marco de la inspección realizada por la Dirección Provincial de Trabajo al accionado, donde el dependiente, manifestó espontáneamente que ingresó a laborar en el año 1990, el acuerdo presentado posteriormente y en el cual rectifica que esa fecha denunciada primigeniamente fue producto de la sorpresiva inspección realizada por ese organismo, es nulo y carece de valor, por no estar homologado y por efectuarse en el mismo, renunciamiento de derechos por el trabajador.

El recurrente considera que en el fallo atacado se aplicó el régimen de la LCT, siendo que la relación laboral se regía por la ley 22.248, resultando ajenas las consideraciones respecto a los requisitos de homologación y aplicación del principio de irrenunciabilidad.

En primer lugar, la jurisprudencia de esta Sala, con sus distintas integraciones, es pacífica resolviendo que los litigios que versan sobre el contrato de trabajo agrario, deben resolverse por los preceptos de la ley 22.248 y con exclusión del régimen común de la LCT, según lo dispuesto en los arts. 2 inc. c) de la LCT y 3 del RNTA (cfr. "GAVET, Aníbal D. c/Saenz Valiente, R. s/Indemnización y otros -recurso de inaplicabilidad de ley-", L.A.S. 08/11/91; "Paez, Dalmiro Adolfo c/Cano, Jorge Oscar s/Diferencias salariales, vacac. no gozadas, Indemnización por despido sin causa-Laboral-recurso de inaplicabilidad de ley-", L.A.S. 21/04/99; "WAGNER, Fernando Felipe y WAGNER, Luis Enrique c/Elorza de Dentesano, Teodolinda, Elorza, Francisco S. y Elorza, Jorge A. s/Cobro de Pesos -Recurso de inaplicabilidad de ley", L.A.S. 04/05/99; "Benedetti, Alfredo Ricardo c/Eduardo Daneri S.R.L. s/Despido, Diferencias, Certificaciones -Recurso de inaplicabilidad de ley", L.A.S. 03/07/04, entre otros).

Sin embargo y aplicando en el veredicto en crisis disposiciones de la LCT que se hallan receptadas expresamente por la legislación específica (arts. 7, 138, 139 y 141 del RNTA), el recurso no puede prosperar. Así, en el "sub-case" no se verifican los supuestos exigidos para considerar que el acuerdo suscripto tenga efecto liberatorio.

Nótese que el art. 138 estipula que "Las acciones derivadas de la relación de trabajo agrario serán susceptibles de una instancia conciliatoria previa ante cualquier dependencia de la autoridad de aplicación, con audiencia personal de las partes o de sus mandatarios." -el resaltado me pertenece- y emana del expediente administrativo nº 08402089-2000, agregado por cordón flojo a autos, que luego de realizarse una inspección de oficio al demandado (cfse. fs. 01/02), éste y el extinto Sr. Carosso, junto a otros dependientes, presentaron un escrito ante la Dirección Provincial del Trabajo en el cual "y a los efectos de preservar la relación laboral, acuerdan que todos los dependientes serán inscriptos por el Sr. Bonino a partir del mes de Octubre del corriente año ... 2) Que expresamente Carosso y López dejan aclarado que la fecha de ingreso consignada es errónea, y es producto de la sorpresiva inspección realizada por esa Dirección del Trabajo. El inicio de la relación laboral es muy reciente." (cfse. fs. 03/vta.). Destaco nuevamente que el actor había denunciado como fecha de ingreso el año 1990 y la inspección se realizó el 6/10/2000.

Presentado el escrito, continuó el procedimiento administrativo, y en ningún momento se concretó la audiencia a la que hace referencia el art. 138 del RNTA, es más, a fs. 26 del expediente administrativo el Jefe de Departamento de Policía del Trabajo destaca que se observaron diferencias en la fecha de ingreso de los trabajadores, entre ellos Carosso, y que a ello respondió el demandado haber arribado a un acuerdo con sus dependientes, el cual obraba en el expediente, ordenándose -a pedido del empleador- el archivo de las actuaciones (cfse. fs. 27 y 28).

Repito, no se celebró la audiencia conciliatoria que prevé la ley 22.248, el acuerdo presentado no fue concretado en el marco del procedimiento de conciliación que establece la normativa, en virtud de ello no puede otorgársele efecto liberatorio, con los alcances previstos en el art. 139 de la ley 22.248. Tampoco se cumplieron los demás requisitos previstos en este último artículo, referidos, entre otros, a la suscripción del acta por el titular de la dependencia administrativa pertinente.

Y ningún efecto validante posee el acuerdo presentado a fs. 3 por haber sido suscripto ante el Sr. Juez de Paz de Villa Hasenkamp, dado que el mismo actuó dentro de la competencia material que le asigna el art. 79 de la ley 6902, certificando que las firmas estampadas en el escrito fueron puestas en su presencia. Más ello en modo alguno implica que hubiera actuado en el marco del procedimiento establecido en los arts. 80 a 82 de dicho cuerpo legal.

Asimismo el art. 141 del RNTA establece que: "Los acuerdos privados sobre derechos litigiosos celebrados entre el trabajador y el empleador tendrán los mismos efectos previstos por el artículo 139, cuando fueren homologados por la autoridad de aplicación, previa ratificación de las partes." -el destacado es propio- presupuesto que tampoco se efectuó.

En definitiva, tal presentación es una simple acta acuerdo, que incumplió con el requisito de homologación a fin de adquirir validez y que es nula -además- por cuanto en ella el trabajador renunció a derechos laborales adquiridos -tal el caso de la antigüedad en la prestación del servicio-, como certeramente decidiera el tribunal colegiado.

El principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador es uno de los postulados fundamentales del derecho del trabajo, y es una derivación necesaria e ineludible del principio protectorio consagrado constitucionalmente en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, resultando plenamente aplicable en toda su extensión al dependiente rural (art. 7 del RNTA).

Las demás impugnaciones vertidas, si bien enfocadas desde la perspectiva de la violación al art. 3270 del Código Civil y a la absurda apreciación de la prueba y de las circunstancias fácticas refieren a la queja antes analizada: el valor que cabe otorgarle al acuerdo presentado a fs. 03 del expediente administrativo dentro del marco de los acuerdos conciliatorios regulados en el Capítulo X de la ley 22.248, por tanto su tratamiento deviene innecesario.

Por lo expuesto, el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada debe ser rechazado, por infundado; sin costas, por no mediar contención. Así voto.

A la misma cuestión propuesta, la Sra. Vocal Dra. MEDINA DE RIZZO manifiesta que se adhiere al precedente voto, por iguales fundamentos.

A su turno, el Sr. Vocal Dr. SALDUNA expresa que, en razón de existir coincidencia en los votos precedentes, hace uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 33 in fine de la L.O.P.J. 6902.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia. - German R. F. Carlomagno. - Susana E. Medina de Rizzo. - Bernardo I. R. Salduna SENTENCIA:

Paraná, 31 de octubre de 2008.

Y vistos:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede; se RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley "Carosso, Luisa ... c/Bonino, Avelino ... -Recurso de inaplicabilidad de ley" interpuesto por el co-demandado, Sr. Avelino Pedro Bonino, contra la sentencia de fs. 228/231, sin costas por no haber mediado contención.

2.- Dar por perdido en favor de la contraria el depósito del que da cuenta la boleta obrante a fs. 235, de conformidad a lo dispuesto en el art. 280 del C.P.C. y C. modificado por ley 8126. -Susana E. Medina de Rizzo. - German R. F. Carlomagno. - Bernardo I. R. Salduna