Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-24


SENTENCIA N° 92648 CAUSA Nº 8.438/05 SALA IV."RUIZ, MAXIMILIANO RUBÉN Y OTROS C/ ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 23.

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 24.10.2007, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes demandada y actora en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 474/479 y 487/489.

II) Trataré en primer lugar la crítica de la accionada, que se centra en la circunstancia de que se consideran injustificados los despidos de los accionantes a pesar de que - según sostiene - se ha acreditado que ellos incurrieron en serios incumplimientos (esencialmente haber tomado el establecimiento durante la vigencia de la conciliación obligatoria y haber impedido el cumplimiento de la actividad industrial de la empresa) que determinan la solución contraria. Subsidiariamente, se queja porque no se considera el tope previsto en el segundo párrafo del artículo 245 LCT para el cálculo de la indemnización por antigüedad, porque se establecen intereses desde el 2/09/04 (afirma que correspondería su devengamiento desde el 15/11/04, en que concluyó la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad administrativa del trabajo) y porque considera que los honorarios regulados a la representación letrada de los actores y a la perito contadora interviniente son elevados.

En septiembre de 2004 la demandada despidió a los actores en virtud de las siguientes causas: a) ingresar o permitir el ingreso furtivo de personas a la planta en horas de la madrugada del 30/08/04 a efectos del "copamiento" del galpón lindero a la calle Tilcara; b) paralizar la planta por la fuerza y amenazar al personal que se resistía a plegarse "a sus acciones"; c) retirar los bancales con trabajos terminados (folletos de ofertas del supermercado Coto) que se encontraban en el sector expedición y que iban a ser retirados por el cliente el día 30/08/04, "ocasionando así gravísimos perjuicios para esta empresa y asimismo exponiéndola a graves consecuencias contractuales"; d) apoderarse de los autoelevadores de la plante para impedir el uso de parte del personal que intentaba trabajar; e) negarse a entregar los ejemplares de la revista "Viva" que acompañaría la edición del diario "Clarín" del domingo siguiente y f) continuar impidiendo el normal desarrollo de las tareas sin acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo (ver telegramas de fs. 71/73, 81, 89/91, 100, 108/110, 118/120, 128/130).

Si bien en la demandada se indica (sin precisar fechas) que, a instancias del sindicato de trabajadores gráficos y de la Federación Gráfica Bonaerense, se dispuso el cese de actividades del personal de la accionada, medida que - según se invoca - consistió en la permanencia de los trabajadores en el establecimiento de la empresa, sin prestar servicios y sólo durante sus respectivos turnos (ver fs. 15 vta., in fine), los actores niegan haber incurrido en los incumplimientos que les fueron imputados como causa de sus despidos (ver fs. 18, segundo párrafo). En consecuencia, correspondía a la accionada la prueba de tales extremos (art. 377, CPCCN), carga que - como concluye la Juez de grado - no ha sido cumplida.

En efecto, si bien los testigos Povilaitis (fs. 285/286), Merli (fs. 290/294), Ingegniere (fs. 297/2989) y Carreño (fs. 358/359) describen con bastante precisión el origen, las características, la duración y otros pormenores del conflicto colectivo que se inició durante la madrugada el 30 de agosto de 2004, ninguno de ellos refiere haber visto a los accionantes (o a alguno o algunos de ellos) cometer siquiera alguno de los actos enumerados en los puntos a) a e) precedentemente indicados. Las declaraciones de Russo (fs. 283/284), Altamiranda (fs. 287/288), Ruiz (fs. 295/296) y Varela (fs. 303/304) tampoco comprometen a los actores.

En consecuencia, sólo cabe analizar si el hecho de que, durante los días del conflicto, y sólo durante sus respectivos horarios de trabajo, los actores hayan permanecido en el establecimiento de la empresa sin prestar servicios configura el incumplimiento mencionado en el punto f) y, en su caso, si ello tiene suficiente gravedad para justificar sus despidos.

Respecto de esta cuestión es preciso destacar que seguramente los actores, y el resto de los huelguistas, impidieron con su omisión de prestar servicios "el normal desarrollo de las tareas". Ese es precisamente el efecto que toda huelga está dirigida a producir como medio de presión (permitido por la ley) para vencer - aunque sea de modo parcial - la resistencia del empleador a satisfacer determinados reclamos de los trabajadores. Pero es claro que un trabajador no puede ser justamente despedido por ejercer un derecho de raigambre constitucional, como el de huelga.

Podría, sin embargo, ponerse en tela de juicio si la ocupación pacífica del establecimiento durante el horario de la jornada de trabajo (supuesto en el que, en las condiciones de la causa, es de suponer que se hallaban los actores) excede los límites del legítimo ejercicio del derecho de huelga, tal como ocurre cuando ésta se lleva a cabo a pesar de estar vigente una conciliación obligatoria dictada por la autoridad competente en el marco de la ley 14786 (supuesto éste que habría acaecido en relación con el conflicto colectivo en análisis a partir del 1/09/04; ver fs. 160 y sigtes., no desconocidas por la accionada).

No obstante, la suerte de la recurrente no variaría si se considerase que aquella ocupación pacífica fue ilegítima, pues tanto en este supuesto como en el de no acatamiento de la conciliación obligatoria los trabajadores no podrían ser despedidos con justa causa si antes no fueron intimados a reintegrarse efectivamente a trabajar, recaudo éste cuya exigencia resulta de la aplicación de los principios de buena fe y de conservación del contrato de trabajo, recibidos por los artículos 62 y 10 de la LCT.

En consecuencia, dado que no está discutido que tal requisito no ha sido cumplido por la accionada, corresponde confirmar el fallo de grado en lo principal que decide.

Aclaro que si bien en otra causa el Tribunal consideró justificado el despido de un trabajador que había participado en la "toma" de algunos sectores del establecimiento, en esa ocasión se ponderó -entre otras circunstancias- que el empleado había sido intimado fehacientemente a desalojar el establecimiento, conforme surgía de un acta notarial (esta Sala, 5/7/07, S.D. 92.412, "Rodríguez, Juan José c/ Casa Rubio S.A. s/ despido"), extremo que no se verifica en el sub lite, ya que -reitero- la demandada no practicó esa intimación.

III) En cambio, asiste razón a la demandada en cuanto a que cabe tener en cuenta el tope previsto en el segundo párrafo del artículo 245 de la LCT para el cálculo de la indemnización por antigüedad, lo que exige, a su vez, controlar la adecuación de ese tope a las pautas de la Ley Fundamental.

No es óbice para esto último el hecho de que los actores no hayan planteado la inconstitucionalidad del tope, pues, como lo he sostenido en otras oportunidades (cfr. mis votos en las causas "Fernández, Claudia Noemí c/ Pecom Agra SA s/ despido" -SD 90.951 del 24/11/05- y "Río, Javier Gustavo c/ Movimiento de la Palabra de Dios Asoc. Civil y otro s/ despido" -S.D. 90.866 del 25/10/05-), el principio de supremacía de la Constitución establecido por el art. 31 de la Ley Fundamental habilita la declaración oficiosa de inconstitucionalidad (cfr., de mi autoría: "Algunas consideraciones sobre el control de constitucionalidad en el amparo", E.D., diario del 12 de mayo de 1997), criterio que cuenta con el aval de la jurisprudencia del más alto Tribunal (CSJN, causa M.102.XXXII / M.1389.XXXI "Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contencioso administrativa", sent. del 27/09/01, LL. 30-11-01, nro. 102.973 [suplemento], J.A. 27-02-02; íd., causa B. 1160. XXXVI "Banco Comercial de Finanzas S.A. [en liquidación Banco Central de la República Argentina] s/ quiebra", sent. del 19/8/04, L.L. 30-08-04, nro. 107.989, y E.D. 02-09-04, nro. 52.911).

Pues bien, en el conocido precedente "Vizzoti", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar las disposiciones del citado art. 245 LCT a la luz de las reglas de los arts. 14 bis y 28 de la CN, de la jurisprudencia del propio Tribunal y de normas de los convenios internacionales incorporados a la Ley Fundamental, consideró que "no resulta razonable, justo ni equitativo que la base salarial prevista en el párr. 1º del citado art. 245 LCT, vale decir 'la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor', pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su párrs. 2º y 3º... Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje..." (CSJN, 14/9/04, "Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/ despido").

El Tribunal estableció entonces que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrs. 2º y 3º del citado art. 245 LCT sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, criterio que ha sido adoptado por las diez Salas que integran esta Cámara (cfr., entre muchos otros: Sala I, 26/10/04, SD 82.077, "Severino, Nilda C., Smurfit S.A. s/ despido"; Sala I, 26/12/05, SD 83.323, "Romero, Nora L. c/ Siembra AFJP S.A."; Sala II, 9/3/06, "Lo Presti, Vanesa A. c/ Semarcar Servicios de Mantenimiento de Carreteras S.A"; Sala II, 31/5/06, "Gómez Crespo, Daniel J. c/ San Sebastián S.A. y otros"; Sala III, 23/3/06, SD 87.602, "Peña, Daniel E. c/ Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.; Sala IV, 11/11/04, "Berdina, Hugo R. c/ Peugeot Citroën Argentina S.A."; Sala VII, 27/3/06, "Filippo, Andrés c/ Siembra AFJP S.A.", RDLSS 2006-11-1006).

Con arreglo a esa doctrina, el tope aplicable (que ascendía al tiempo de los despidos a $ 1.700,10 -$ 1.028 según resolución MTySS 1050/96, más $ 672 conforme resolución MTySS 384/04, ver fs. 384) sólo resulta descalificable respecto de los actores Romero y Trujillo, dado que su aplicación importaría reducir las remuneraciones computables de éstos ($2.803,30 en el caso de Romero y $2.568,95 en el de Trujillo, conforme surge del fallo de grado, no cuestionado en este punto; ver fs. 468 vta., quinto párrafo) en 39% y en 34%, respectivamente.

Por lo tanto, para establecer las indemnizaciones por antigüedad de los referidos actores cabe considerar el 67% de sus remuneraciones, es decir $1.878,21 respecto de Romero y $1.721,20 en relación con Trujillo.

En consecuencia, considerando que las fechas de ingresos que los actores invocan en la demanda han sido reconocidas en el responde (fs. 56 vta.), las indemnizaciones por antigüedad de los coactores Ruiz, Romero, Mareque, Scayola Laumann, Haylan, Ortiz y Trujillo deben reducirse a las respectivas sumas de $11.900,70, de $13.147,47, de $13.600,80, de $11.900,70, de $13.600,80, de $11.900,70 y de $12.048,40.

IV) Consideraré a continuación el agravio de la parte actora, referente al rechazo del reclamo por daño moral.

La decisión de grado debe ser confirmada en este punto, pues - contrariamente a lo pretendido por los recurrentes - no cabe interpretar que las imputaciones que resultan de las comunicaciones de despido, formuladas de modo por demás genérico (prueba de ello es que todas ellas tienen el mismo texto) y aparentemente cursadas a aproximadamente 120 trabajadores (así surge de las declaraciones testimoniales), constituyan actos ilícitos cuya reparación no se encuentre comprendida en la indemnización tarifada del artículo 245 LCT. La indemnización civil por daño moral procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado de una conducta que resulte civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual (en igual sentido, SD 42535 del 29/12/81 en autos "Cuello c/ Laboratorios Prometo", del registro de la Sala III de esta Cámara), circunstancia que no cabe considerar verificada en el caso en virtud de las razones mencionadas precedentemente.

Las circunstancias expuestas, y el hecho de que todos (o, al menos, la gran mayoría) de los trabajadores que participaron de la ocupación del establecimiento fueron despedidos por las mismas causas también excluyen el pretendido carácter discriminatorio de los despidos, a lo que cabe agregar que - contrariamente a lo que parece sugerir la quejosa - éstos no pudieron transformarse en discriminatorios por la circunstancia de que, con posterioridad y en el marco de las negociaciones llevadas a cabo por la empresa y la entidad sindical correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, aquélla haya reincorporado sólo a algunos de los trabajadores despedidos.

V) Ahora bien, teniendo en cuenta el impacto que la modificación propuesta en relación con los montos de las indemnizaciones por antigüedad tiene sobre las indemnizaciones de los artículos 16 de la ley 25561 y 2º de la ley 25323, corresponde establecer las condenas en los siguientes montos:

a)	a) Maximiliano Rubén Ruiz Indemnización por antigüedad	11.900,70 Indemnización sustitutiva de preaviso	4.185,82 Indemnización por integración del mes de despido	1.953,38 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	511,60 Indemnización art. 16 ley 25561	14.841,20 Diferencia art. 29 CCT 60/89 + inc. s.a.c.	4.073,77 Diferencia 12% octubre 2004	149,26 Diferencia categoría	7.195,52 Incidencia del s.a.c. s/ dos rubros anteriores	612,06 Indemnización art. 2º ley 25323	9.275,75 Indemnización art. 80 LCT	6.278,73 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	692,00 TOTAL	61.669,79 b)	b) Gabriel Ricardo Romero Indemnización por antigüedad	13.147,47 Indemnización sustitutiva de preaviso	5.606,60 Indemnización por integración del mes de despido	2.616,41 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	685,25 Indemnización art. 16 ley 25561	17.644,58 Diferencia 12% octubre 2004	179,20 Diferencia categoría	2.076,37 Incidencia del s.a.c. s/ dos rubros anteriores	187,96 Indemnización art. 2º ley 25323	11.027,87 Indemnización art. 80 LCT	8.409,90 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	908,61 TOTAL	62.490,22 c)	c) Santiago Alberto Mareque Indemnización por antigüedad	13.600,80 Indemnización sustitutiva de preaviso	4.520,78 Indemnización por integración del mes de despido	2.109,69 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	552,53 Indemnización art. 16 ley 25561	16.627,04 Diferencia art. 29 CCT 60/89 + inc. s.a.c.	4.368,00 Diferencia 12% octubre 2004	179,18 Diferencia categoría	3.634,87 Incidencia del s.a.c. s/ dos rubros anteriores	317,83 Indemnización art. 2º ley 25323	10.391,90 Indemnización art. 80 LCT	6.781,17 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	753,46 TOTAL	63.837,25 d)	d) Pablo Javier Scayola Laumann Indemnización por antigüedad	11.900,70 Indemnización sustitutiva de preaviso	4.305,94 Indemnización por integración del mes de despido	2.009,43 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	526,28 Indemnización art. 16 ley 25561	14.993,88 Diferencia 12% octubre 2004	164,91 Diferencia categoría	2.413,46 Incidencia del s.a.c. s/ dos rubros anteriores	214,86 Indemnización art. 2º ley 25323	9.371,18 Indemnización art. 80 LCT	6.458,91 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	717,66 TOTAL	53.077,21 e)	e) Daniel Haylan Indemnización por antigüedad	13.600,80 Indemnización sustitutiva de preaviso	4.684,44 Indemnización por integración del mes de despido	2.186,07 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	572,54 Indemnización art. 16 ley 25561	16.835,08 Diferencia art. 29 CCT 60/89 + inc. s.a.c.	4.073,77 Diferencia 12% octubre 2004	164,89 Incidencia del s.a.c. s/ el rubro anterior	13,74 Indemnización art. 2º ley 25323	10.521,93 Indemnización art. 80 LCT	7.026,66 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	458,04 TOTAL	60.137,96 a)	f) Fabián Gabriel Ortiz Indemnización por antigüedad	11.900,70 Indemnización sustitutiva de preaviso	3.321,58 Indemnización por integración del mes de despido	1.550,07 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	405,97 Indemnización art. 16 ley 25561	13.742,66 Diferencia art. 29 CCT 60/89 + inc. s.a.c.	4.073,77 Diferencia 12% octubre 2004	141,33 Incidencia del s.a.c. s/ el rubro anterior	11,77 Indemnización art. 2º ley 25323	8.589,16 Indemnización art. 80 LCT	4.982,37 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	553,60 TOTAL	49.272,98 b)	g) Marcelo Adrián Trujillo Indemnización por antigüedad	12.048,40 Indemnización sustitutiva de preaviso	5.137,90 Indemnización por integración del mes de despido	2.397,68 Incidencia del s.a.c. s/ preav. e integración	627,96 Indemnización art. 16 ley 25561	16.169,55 Diferencia 12% octubre 2004	141,33 Diferencia categoría	6.167,41 Incidencia del s.a.c. s/ dos rubros anteriores	525,72 Diferencia s.a.c. prop. 2º semestre 2004	700,34 TOTAL	43.916,29 Dichas sumas devengarán los intereses establecidos en el fallo de grado, no cuestionados ante esta instancia, aunque su cómputo - como sostiene la demandada - debe iniciarse a partir del cese de la vigencia de la conciliación obligatoria dispuesta el 1/09/04 por el Ministerio de Trabajo, es decir el 1/11/04 (ver acta de fs. 176/177, acompañada por la actora y no desconocida por la demandada), día en el que cabe considerar efectivos los despidos dispuestos por la accionada durante la vigencia de aquella medida.

VI) Finalmente, dado que, aun con la modificación propuesta, las regulaciones de honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la perito contadora no resultan elevadas en relación con la importancia y la extensión de las tareas por ellos realizadas, así como respecto de las normas arancelarias vigentes, corresponde desestimar el agravio de la parte demandada sobre esta cuestión.

VII) Voto, en consecuencia, para que se modifique la sentencia de primera instancia y se reduzcan los montos de condena correspondientes a los coactores Ruiz, Romero, Mareque, Scayola Laumann, Haylan, Ortiz y Trujillo a las respectivas sumas de $61.669,79, $62.490,22, $63.837,25, $53.077,21, $60.137,96, $49.272,98 y $43.916,29, con más los intereses establecidos en el fallo de grado, cuyo cómputo corresponde desde el 1/11/04. Propongo, además, confirmar el pronunciamiento de la instancia previa en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. Propongo, también, imponer las costas de la alzada en 80% a la parte demandada y en 20% a la parte actora (arg. art. 71, CPCCN) y regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 474/479 y 487/489 en 25% de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. Finalmente, cabe hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

La doctora Guthmann dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia de primera instancia y reducir los montos de condena correspondientes a los coactores Ruiz, Romero, Mareque, Scayola Laumann, Haylan, Ortiz y Trujillo a las respectivas sumas de $61.669,79, $62.490,22, $63.837,25, $53.077,21, $60.137,96, $49.272,98 y $43.916,29, con más los intereses establecidos en el fallo de grado, cuyo cómputo corresponde desde el 1/11/04. II) Confirmar el pronunciamiento de la instancia previa en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. III) Imponer las costas de la alzada en el 80% a la parte demandada y en el 20% a la parte actora (arg. art. 71, CPCCN) . IV) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 474/479 y 487/489 en 25% de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior. V) Cabe hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.