marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel Miguel SAVINO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS s/ EMPLEADOS  PUBLICOS - POLICIA PROVINCIAL - PRESCINDIBILIDAD - RECURSO  EXTRAORDINARIO - ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

No puede prosperar la inconstitucionalidad de la prohibición de reingreso, contenida en la ley de prescindibilidad, pues al haber transcurrido en exceso el tiempo previsto en la norma, el agravio se torna abstracto.
Jueces, deberes y facultades del juez, temeridad o malicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arrua Varga, Claudia c/ González, Enrique D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

Las correcciones disciplinarias protegen el buen orden y decoro en el juicio y debe diferenciárselas de las multas que prevé el art. 45 del C.P.C.C.. pues éstas tienden a preservar de temeridad y malicia el curso normal del proceso; consisten en multas a beneficio de la parte adversaria y sólo se aplican en oportunidad de dictarse la sentencia de mérito. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

Es innegable que persiste un orden jerárquico familiar, donde el ingreso del diálogo fecundo no ha implicado la desaparición de la autoridad de los padres, y una particular destinación que trasciende lo meramente asociativo, en tanto la existencia de un interés familiar supone un vínculo mucho más profundo entre los miembros de la comunidad doméstica, extraño a una relación contractual y emparentado con lo biológico y lo afectivo. (Minoría u opinión personal)
Jueces, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Facciuto,  Omar  Alberto  y  otros c/ E.N. - M°  de Justicia s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Todos los jueces, cualquiera sea la instancia en la que desarrollen sus funciones, cumplen tareas similares, en tanto todos ejercen el poder jurisdiccional que es propio de la magistratura judicial, esto es, juzgar los casos que le son sometidos a su conocimiento y, en general, ejercer las atribuciones que correspondan a su cargo, pero de ello no deriva que todos los jueces deban percibir igual remuneración. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recursos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: S., O. G. c/ B., E. J. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-06

En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. También en alzada rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis. En suma, la expresión de agravios no es pieza que brinde ocasión para modificar la demanda o su responde con la proposición de nuevos capítulos.
Concurso preventivo, síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CAMPOS, DIGNA Z. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-14

Más allá de que las cuestiones debatidas en el proceso puedan resultar opinables, la sentencia impugnada se funda en razones suficientes que encuentran sustento en las normas y fuentes doctrinarias admitidas, que confieren facultades al síndico durante el proceso falencial para realizar el acto procesal de peticionar la perención de la instancia recursiva en atención al interés público que tutela como auxiliar de la justicia; a lo que se agrega que la quejosa tampoco aporta razones suficientes que demuestren en concreto por qué la incidencia en cuestión se encontraría exceptuada por su naturaleza del principio general que habilita la declaración de caducidad en orden a evitar la prolongación sine die de los procesos cuando las partes no manifiestan en tiempo útil su interés en que no derive hacia su natural conclusión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saloiña, Miguel A. c/ Facchini de Silvi, Eny M. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

El valor del litigio está representado en el caso por la diferencia entre la suma que condena pagar la sentencia y la pretendida por la actora, conforme al porcentaje de responsabilidad que reclama se atribuya a los demandados. (Minoría u opinión personal)
Excarcelación, delitos contra la humanidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Otero, Raúl Oscar s/ excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-11

Debe confirmarse la sentencia que revocó la excarcelación concedida al imputado en orden al delito de lesa humanidad, tomando en consideración la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues los argumentos vertidos por el máximo tribunal no cabe más que seguirlos cuando se reiteran de manera uniforme, y porque el cambio de criterio jurisprudencial adoptado reviste la entidad de"nuevas circunstancias que exijan su detención" en los términos del art. 333 del CPPN.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Calle Mitre 2190 c/ Olguin Gonzálo y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Una de las opciones de quien pretende acreditar la representación en juicio del consorcio es acompañando el testimonio del poder general que le fuera otorgado, siempre y cuando de allí surja que el notario interviniente tuvo a la vista el testimonio o copia certificada de la escritura donde consta la designación del administrador conferente como así también el plazo de designación de éste, con la copia simple del poder general otorgado por el Administrador, más la copia certificada o testimonio de la escritura donde fue protocolizada el acta de asamblea en la que estableció sobre quién recaía el nombramiento de administrador y el plazo de vigencia de esa función. (Minoría u opinión personal)
Verificación de créditos, demanda de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: López  Zaffaroni, Juan P. en autos:'Doghramadjian, Jorge O. s/Quiebra s/ Recurso de revisión s/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-16

Si el concordatario entregó a una sociedad en garantía de un mutuo unos cheques, que según tuvo por probado la Cámara, ésta cedió en procuración a su mandatario para que verificara el crédito, no puede el deudor agraviarse por el hecho de que el Tribunal le haya rechazado la excepción de falta de legitimación en el mandatario.

Ello, en tanto no se trata de proteger a la masa de ningún concierto fraudulento, y ni siquiera se alega la insinceridad del acto.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia aplicable, ley laboral, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLARDO, PAULINO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Ronald Dworkin afirma que a pesar de tratarse de dos órdenes normativos diferentes, la distinción entre el derecho y la moral no es en la práctica jurídica de los tribunales tan rígida ni tan clara, porque esta visión del positivismo clásico es unilateral, dado que junto a las normas existen principios y directrices políticas que no se pueden identificar por su origen, como sucede con las normas, sino por su contenido y su fuerza argumentativa. Así, mientras las normas se aplican o no se aplican, los principios dan razones para decidir en un sentido determinado, pero a diferencia de las normas, su enunciado no determina las condiciones de su aplicación, sino que es el contenido material del principio -su peso específico- el que determina cuándo se debe aplicar a una situación determinada. Y en tal sentido, lo decidido en "Espósito" y sus posteriores réplicas, no es justo ni equitativo para un trabajador siniestrado que ha quedado con una incapacidad que tendrá altas probabilidades de dejarlo fuera del mercado de trabajo, en momentos particularmente difíciles como los que estamos atravesando, por los altos índices de desempleo que actualmente existen y la desproporcionada oferta que esta situación naturalmente genera. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045591.
Remuneración, gratificaciones, indemnización por incapacidad, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIOS, JUAN MARTIN c/ ETERNIT ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-23

Si la empleadora quiso entregar al trabajador una suma de dinero gratuitamente y sin obligación alguna en concepto de gratificación extraordinaria, no puede imputar dicho pago a la indemnizacion reclamada posteriormente por el empleado con fundamento en el artículo 212 de la LCT. (To.).(Conforme sala 6, sentencia numero 13421, 17 de febrero de 1981, 'Ruiz, Aniceto c/ Morixe SA.').
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El consentimiento del fiscal para la concesión de la suspensión del juicio a prueba, sólo es necesario imprescindiblemente para conceder el beneficio en el supuesto contemplado en el artículo 76 bis, párrafo cuarto del Código Penal y la obligatoria intervención que la ley le acuerda al Ministerio Público, deber ser fundada tanto si se opone a la concesión del beneficio, como si presta su conformidad. En el primer supuesto, obsta decisivamente a la suspensión del juicio a prueba, pero no en el segundo pues no obstante la opinión favorable del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional puede denegarlo también fundadamente. En los casos previstos en los párrafos primero y segundo del artículo 76 bis del Código Penal, la intervención del fiscal es obligatoria, pero de ningún modo vinculante. (Del Voto del Dr. Fierro -En Minoría-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Honorarios, base regulatoria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Andreoli, José María y otros y sus acumulados c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Acción mere declarativa de inconstitucionalidad- Avocación -  Regulación de honorarios (Expte.: C.S.J. Nro. 640 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

La ley de Aranceles 6767 autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 - inciso a- y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria.
Contrabando, competencia
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, ALBA ISABEL s/ Averiguación de Contrabando Causa 33472
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-17

1- Corresponde que siga entendiendo el Juez en lo Penal Económico si los efectos secuestrados en la causa, moneda extranjera falsa, reviste carácter de mercadería en los términos de los art. 10 y art.

11 del Código Aduanero (Ley 22415), atento encontrarse su calificación en el Nomenclador Arancelario Aduanero.- 2- Entre las prohibiciones de importación que no admiten excepción a favor de ninguna persona, tal mercadería en cuestión es de importación prohibida, dada la aplicación de lo dispuesto en los art. 282 y art. 286 del Código Penal.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, procedimiento laboral, Ley de Concursos, aplicación temporal de la ley, competencia comercial, competencia laboral
Materia: LABORAL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: NOVOA, JESUS c/ COMPAÑIA DEPOSITOS FRIGORIFICOS DEL PUERTO DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Todo proceso laboral que se encuentre en trámite de conocimiento en la primera instancia donde sea parte una persona física o jurídica concursada o en quiebra debe ser remitido sin más, al juez del concurso, con independencia de que la presentación del concurso o la declaración de quiebra sea anterior o posterior a la vigencia de la ley 24522; pero si en el proceso se hubiese dictado sentencia de primera instancia antes del 1995 08 18, la causa debe continuar su trámite laboral hasta que la decisión pase en autoridad de cosa juzgada, momento en que deberá remitirse al juez del concurso para participar en la ejecución colectiva. (Del voto del Dr. Guibourg).
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: MONACO NICOLAS c/ COVIESA EACSA Y OTROS s/ COBRO  DE AUSTRALES (INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y SUELDOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-21

La reclamación administrativa también puede constituir un supuesto de suspensión de la prescripción y para que ello ocurra, debe consistir en una efectiva interpelación o requerimiento de pago efectuado por el acreedor al deudor en esos obrados y notificado a este último, en forma auténtica.
Caducidad de instancia, purga de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GATICA Dominga Orfelia y Otro s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-25

Si el acto impulsorio, ordenado cuando ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por el art.

274, inc. 1, del Cód. Proc. Civil, Comercial y Minería de San Juan, no fue consentido por la incidentista, el planteo de perención fue correctamente admitido.

En efecto, no existió purga o subsanación de la perención si la parte incidentista no consintió ningún acto de impulso de la instancia posterior al cumplimiento del plazo de perención, ya que no se ha alegado que la parte incidentista ha planteado el incidente de perención luego de haber transcurrido el plazo de tres (3) días de haber conocido el solicitante cualquier actuación del Tribunal o de parte que impulse el procedimiento después de los plazos del Artículo 274 (art. 279, segundo párrafo, C.P.C.C.M.).

Además, no era necesario plantear un recurso de reposición contra el decreto de fs. 48, tal como alega la parte recurrente, sino que resulta suficiente que en el plazo de tres días de conocido debía interponerse la perención.
Revisión judicial de actos administrativos, nulidad del acto administrativo, empleados públicos, salarios caídos, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANEPA LORENZO Y OTROS c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO - EMPLEADO PUBLICO - SUELDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-04

Una disminución que no sea grosera del monto del sueldo del empleado público no es causal de invalidez del acto que lo dispone, y tampoco lo es cuando, esa disminución obedece a una reestructuración y renovación de los cuadros directivos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia que, como regla, no son revisables en sede judicial, mediando estabilidad en el grupo o categoría de revista alcanzado pero no en el ejercicio de las funciones de conducción que se les asignaran (ordenanza 33.640).

El decreto que se dicta en tal sentido no adolece de una nulidad manifiesta y, menos, absoluta. En caso de plantearse la nulidad del decreto es aplicable la norma de caducidad prevista en el art. 100 de la ley 19.987.
Apreciación de la prueba, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: I. A. SA s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-29

No hay que perder de vista que una pericia es una actividad procesal desarrollada, en virtud de un encargo judicial, a quien encontrándose calificado por sus conocimiento técnicos o científicos, se le confía la indagación sobre hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y del juzgador, debiendo suministrar este consejero del Juez argumentos o razones que sean propios de sus incumbencias profesionales.
Prueba documental, documentos en poder de las partes, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CORIA, Sergio Roberto c/ E.M.G.E. s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

Cuando la ausencia del expediente administrativo se debe al incumplimiento por parte de la demandada de la carga impuesta por el art. 388 del C.P.C.C.N., esta situación trae aparejada la constitución de una presunción en su contra.
Medidas cautelares, caución real, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio Barilari  S.A.C.I.F.I.A. c/ Empresa    Provincial    Servicios   Públicos  Sociedad  del  Estado. s/ Medida Cautelar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-21

Es sabido, que si la demandada encontrase insuficiente el monto señalado por esta cámara para caucionar la suma reclamada en su demanda reconvencional, siempre estaría en condiciones de atacar esta medida dando argumento valederos y pretendiendo que se garantice con otro tipo de bienes, cuestión que debería analizarse nuevamente, ya que las medidas cautelares como las cauciones prestadas, pueden modificarse en el curso del proceso, si se presentan condiciones que así lo justifiquen.
Defensa de fondo, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: BRAVO LUIS ALBERTO c/ NOR-CEN S.R.L. Y/U OTROS. s/ COBRO DE PESOS- CASACION CORONEL HÉCTOR H. c/ CARATE NICOLÁS Y OTRO s/ REIVINDICACIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-12|2009-10-28

En el caso de no haber sido articulada, la excepcion de falta de legitimación como defensa, igualmente constituye una 'quaestio iuris' que debe resolverse por aplicación del principio 'iura novit curia'. Así dentro del régimen procesal, la falta de legitimación procesal puede ser opuesta como defensa o bien declarada de oficio por los jueces, pues éstos no pueden dejar de aplicar el derecho.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, deuda pública, Administración Pública, acto administrativo, control de legalidad, pagaré, acción cambiaria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Si mucho de los actos administrativos que finalmente sirvieron de causa a la emisión de los pagarés ejecutados han sido objeto de anulación por ulteriores decretos, es forzoso tener presente la incidencia de éstos a la hora de fallar. Es precisamente por la virtualidad e importancia que cabe reconocer a tales actos como expresión del sistema administrativo de control de legalidad (art. 1 Constitución Provincial), y por el notorio interés público comprometido (existencia de numerosas causas que guardan similitud), que la Corte debe sopesar cuidadosamente las consecuencias de su respuesta jurisdiccional, no pudiéndose examinar los pagarés ejecutados sólo a la luz de los principios cambiarios de literalidad, autonomía y abstracción, cuyo rigor tiene por objeto facilitar la circulación de los papeles de comercio, asegurando el crédito y la confianza de los terceros. Este extremo determina la irreprochabilidad del razonamiento de la Alzada en el tramo en que incorpora el dictado de tales acto a sus discurso, ya que al así hacerlo atendió razonablemente a la referida virtualidad e importancia de los decretos anulatorios, cuya ponderación nunca podía desvirtuar la naturaleza del procedimiento. (Del Voto en Minoría del Dr. Vigo).
Sociedad conyugal, cargas de la sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL
Carátula: BELLIO OSCAR c/ SANTAMARIA, EDUARDO s/ EJECUCIONES ESPECIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-19

La totalidad de los bienes que la mujer adquiere y que se encuentran a su nombre, sean gananciales o propios, responde únicamente por sus deudas personales y no así por las del marido salvo el caso del art. 6 de la ley 11357.
Despido sin causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: VILLA FRANCO RICARDO c/ DEL PINO JOSE RENE S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC s/ CASACION LABORAL INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-07-11

Configurado el despido sin causa, procede también el incremento indemnizatorio fijado en el art. 16 de la Ley 25.561. De igual modo procede la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323 por cuanto la ausencia total de pruebas que acredite los hechos atribuidos al actor como motivo del despido, y ante el reconocimiento del propio demandado de la falta de constancias de las irregularidades imputadas a aquel, la negativa del empleador a abonar las indemnizaciones de ley obligando al trabajador a iniciar acciones judiciales, deviene injustificada.
Marcas, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lacoste, Jean René c/ Modart SACIF e I. s/ nulidad de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

La publicación a la que hace referencia el art. 34 de la ley 22 362 se encuentra prevista para el caso en que, mediante acción civil o penal, se haya denunciado y reconocido la comisión de alguno de los ilícitos prescriptos en el art. 31.