marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, asegurador, préstamo bancario
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  GENERAL  DE  SEGUROS  DE LA NACION SOBRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO c/ GALICIA Y RIO DE LA PLATA CIA. DE SEGUROS  S.A. s/ APELACION  POR  GALICIA  Y  RIO  DE  LA  PLATA CIA. DE SEGUROS  S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-15

La violación a la ley 20.091: 29-G -norma cuyo objetivo es el resguardo de la actividad aseguradora de desequilibrios financieros causados por la recurrencia al crédito bancario- constituye, por sí, un ejercicio anormal de la actividad (ley 20.091: 58), aun cuando en la práctica esa financiación haya posibilitado el normal cumplimiento de aquélla. La prohibición no admite excepciones, pues la ley presume que dicha operatoria no se compadece con las condiciones de solvencia, confiabilidad y estabilidad exigibles a las empresas aseguradoras.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, reenvío, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BULACIO, ALCIDES HECTOR c/ PREVENCION ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA Y QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

En lo que hace a los accesorios aplicados por la sala de reenvío, en el nuevo examen de admisibilidad efectuado con los principales a la vista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055 y luego de oído el señor Procurador General, no se encuentran razones para apartarse de lo resuelto por la Sala a quo al conceder parcialmente el recurso de la demandada, y por esta Corte en oportunidad de admitir el recurso directo interpuesto por la actora. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11
Caducidad, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MORENO, Francisco Severiano y Otros c/ Montero, Eduardo Roberto y Otros s/ Ejecutivo - Actuaciones para Tramitar en el Juzgado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-14

Habiendo el abogado iniciado la ejecución de sus honorarios regulados en la causa, según lo reglado en Libro IV - Procesos de Ejecución - Título I - Ejecución de Sentencias - Capítulo I - Sentencias dictadas en la Provincia- arts. 460 y 461 del C.P.C., el cobro de los honorarios regulados en concepto de costas es un título ejecutable, por lo que las normas de la ejecución de sentencias es aplicable a la ejecución de honorarios.
Plan austral, escala de conversión, desagio, inflación, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Cía. Azucarera Tucumana s/ quiebra - inc. cobro de crédito promovido por la sindicatura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

No corresponde aplicar la escala de conversión prevista en el art. 4° del decreto 1096/85 al capital depositado, ya que tratándose de devolver una suma de dinero que había permanecido invariable en su expresión nominal hasta el término de la imposición, ese reembolso no contenía espectativa inflacionaria alguna.
Despido, salarios adeudados, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BASTARRICA DIEGO MARTIN c/ MAJLUF HEBE BEATRIZ E IRMA URSULA KEMEL - TITULARES DEL COMERCIO QUE GIRA BAJO LA DENOMINACIÓN DE "CASA A. MAJLUF" s/ DESPIDO INDIRECTO POR FALTA PAGO HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-27

Acreditada por la actora la prestación de servicios para la demandada, hace procedente la presunción del artículo 23 de la LCT
Ahorro obligatorio, ahorro en función de la renta, ahorro en función del patrimonio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Industrias Maraco S.A. (T.F. 11.744-I) s/ res. apel. del D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

La ley 23.549 prevé dos categorías de obligaciones de ahorro, una en función de la renta -que no es la que se debate aquí- y otra en función del patrimonio, cuya posesión es lo que ha de tenerse en cuenta en el caso de autos para medir la aptitud o capacidad económica frente a este tributo. No resulta válido entonces pretender que no hubo capacidad de ahorro en función del patrimonio por inexistencia o disminución de la renta, pues se trata de una opción legislativa y no corresponde a los jueces juzgar respecto de la bondad de las normas jurídicas sino dictar sentencia conforme a ellas, en tanto éstas se ajusten a las normas superiores de la C.N.
Recursos, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, clasificación de delitos, robo con armas, código penal, tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ NUÑEZ, Miguel Ángel NUÑEZ, Raúl Matías s/ RECURSOS PROCESALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-13

Cuando de la conducta y declaración realizada por el imputado, se advierte que la rectificación posterior de sus declaraciones sólo responde a una estrategia defensiva carente de toda credibilidad y por otros elementos arrimados al proceso, como pericias psicológicas, de ninguna manera su conducta podría estar encuadrada en las previsiones del inc. 2 del art. 34 del Código Penal, como lo pide su defensa.

Surge del contexto de las declaraciones testimoniales producidas en la causa, que el elemento subjetivo en el accionar del encartado está plenamente acreditado y como consecuencia de ello debe responder como coautor en el hecho imputado.
Ejecución fiscal, legitimación procesal, Estado Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "GCBA c/ Francia  Argentina S.A. y/o Propietario Monteagudo 345 s/ ejecución fiscal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la viabilidad del proceso ejecutivo contra el Estado Nacional (in re: "Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional -Armada Argentina, Comando de Transportes Navales s/ ejecución fiscal", del 17/3/98 (Fallos: 321:525) (Cons. III).
Amparo por mora, plazo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: VERA JORGE c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-05-03

Ni la ley de procedimiento administrativo nº 3784, ni su decreto reglamentario, regulan específicamente sobre la apelabilidad de la decisión de primera instancia, por lo que la doctrina y la jurisprudencia se han expedido sosteniendo que resultan de aplicación las normas referentes a la acción de amparo. Esta es la doctrina que más concuerda con lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Provincial que impone la sumariedad al trámite del amparo por mora,por lo que el recurso de apelación,debe interponerse y fundarse dentro del segundo día de notificada la sentencia.
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerreiro, Julio y Otro s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-23

La motivación es elemento esencial de todo fallo, y su ausencia, por imperio legal, causal de nulidad -quebrantamiento de forma-. No es obstáculo para declararlo así, que el recurrente se haya fundado en otra causal casatoria, pues es esta una excepción al principio de que los defectos de interposición no pueden ser remediados por el Tribunal, impedimento que surge de su competencia extraordinaria.
Recursos, facultades de la alzada, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: T., R. G. y otros c/ S. P. C. s/ Demanda Laboral (Indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-25

La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria. La prescindencia de tal limitación causa agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez Olivera de Santini, Lidia Leoni c/ Cooperativa agraria de Bolívar ltda. s/ Daños y perjuicios Zanetta, Ana c/ Beamonte, Raúl s/ Nulidad de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03|1995-05-03

No basta oponer a las conclusiones del a quo la propia opinión del recurrente, por mas respetable que sea, ni puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de las instancias de mérito respecto de las denominadas cuestiones de hecho pues, al resolverlas ejercen facultades propias.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, incompatibilidad de cargos, ley provincial, docentes, psicólogos, ESTATUTO PARA LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA SANIDAD
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SHATSKI, RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 724 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27

Es improcedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por el recurrente desde que la Administración brindó las razones impeditivas de la designación, del ejercicio y de la remuneración de las funciones de Director que pretende, a tenor de la incompatibilidad establecida por la ley para el ejercicio simultáneo de dos cargos en la Administración pública provincial, sin que conste el cuestionamiento oportuno por parte del recurrente de la resolución 633/88 dictada por la Secretaria de Estado de Promoción Comunitaria, por lo que el decreto impugnado resulta confirmatorio de una decisión anterior ya consentida (art. 12, inc. d), ley 4106). La mentada resolución 633/88 no hizo lugar a su designación como Director del Hogar para Menores Varones, habida cuenta de que el mismo se encontraba encuadrado en la incompatibilidad prevista en el art. 2 de la Ley 4973/74, consignando que ya revistaba con un cargo de planta permanente del escalafón aprobado por Decreto Acuerdo N 2695/83 en la Dirección General del Menor Transgresor", agregando que la actual ley n 9282, en su artículo 15 determina expresamente que 'La carrera profesional es incompatible con cualquier otro empleo en la Administración Pública Provincial, con excepción de la docencia, siempre que no haya superposición horaria'".
Contratos administrativos, contrato de obra pública, seguro de caución, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros c/ RDS SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

1 Sabido es que el contrato de obra pública tiene por objeto la entrega por parte del contratista de un opus a la Administración y el pago por parte de esta última de un precio oportunamente cotizado al primero (conf. Bonina, Nicolás, "Apuntes sobre la administración del contrato de obra pública", publicado en: Sup. Adm. 2008 - julio, 10-LA LEY 2008-D, 1105; en el mismo sentido, esta CNCom, esta Sala A, 08/06/10, in re: "Alba Cía. Arg. de Seg. SA c/ Giumac..."). En ese marco, el contrato de obra pública, integrado en todos sus elementos, es un contrato administrativo dentro del cual se encuentra el seguro de caución, conformando un todo inseparable que participa de la naturaleza jurídica de aquel contrato principal. De allí que se afirme que el contrato de obra pública es -en este tipo de contratación- el presupuesto necesario para el funcionamiento del seguro de caución en tanto origina el riesgo sobre el que recae el interés asegurable (conf. C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala II, 21/12/93, in re: "Dirección Gral. de Fabricaciones Militares c/ Construcciones Grasso s/ Contrato de Obra Pública").
Tutela, tutor especial, competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., C. A. s/ tutela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

La tutela legal a confirmar u otorgar por el juez a un medio hermano, a los efectos de gobernar la persona y bienes de un menor de edad que no esté sujeto a patria potestad, bajo inspección y vigilancia del Ministerio Minoril ( arts. 126, 377, 381, 391, 399 y cdts. Cód. Civ.; arts. 814, 815 Cód. Proc.; art. 80 ley 5827 ), no está incluida en el restrictivo marco del conocimiento de la Justicia de Paz Letrada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mandato, mandato tácito, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: HOSPITAL PRIVADO DEL COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN c/ DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA DE SAN JUAN s/ MEDIDAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-10-31

La decisión sobre la existencia o no de un mandato tácito constituye una cuestión de hecho que depende de las circunstancias y antecedentes de cada caso. Solo hay que determinar que el consentimiento existía y sea cierto, positivo e indubitable.
Interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: ENRIQUE CODEN Y COMPAÑIA c/ ASOCIACION OBRERA TEXTIL s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

La interrupción del curso de la prescripción causada por la demanda basta por sí sola para hacer desaparecer el curso de la prescripción operada hasta la fecha de su interposición (art. 3998 del Código Civil).
Recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos: Quintana Oscar y otro c/ Decavial S.A.I.C.A. y/o Vial del Sur S.A. y/o quien resulte responsable s/ Violación Estabilidad Gremial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-10-02

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada que desestima el incidente de nulidad, alegando no haberse dado cumplimiento al artículo 318, segunda parte del Código Procesal Civil. Ello así, ya que, se cumplimentó el aviso del artículo mencionado, habiendo comparecido el Oficial notificador al día siguiente, dentro del horario previsto en el aviso, se constituye en el domicilio indicado en la diligencia y requerida la presencia del interesado responde una persona que dijo ser encargado de recepción, con quién se cumplimenta la notificación, y sabido es que las manifestaciones del Oficial de Justicia, equivalen a las mencionadas en el artículo 993 del Código Civil con relación a los instrumentos públicos, y hacen plena fe de la existencia material de los hechos que el notificador afirma haber cumplido personalmente, hasta tanto no se redarguya tal acto y sea declarada su falsedad.
Actuaciones administrativas, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra María Inés c/ Segovia Juan José s/ Cobro de Pesos y otros rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-21

Esta Sala tiene dicho respecto a las actas levantadas por la Delegación del Trabajo que, aún cuando se trata de instrumentos públicos, las aseveraciones de cada una de las partes que el acta recoge, corren por exclusiva cuenta de quien las formula y carecen de toda trascendencia en tanto no la confirme con su expreso asentimiento la otra.
Querella, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SAETA, MANUEL. s/ ACUSACION. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-12

Es NULO el escrito de querella que omite la descripción del hecho subsumido en el art. 153 del C.P. -que atribuye al querellado- y por el que solicita la imposición de una pena. La falta de individualización del objeto sobre el que debe recaer la sentencia impide el ejercicio del derecho de defensa, por lo que tener por válida la pieza procesal impugnada importaría violación de una garantía de la ley suprema o implicaría la nulidad del procedimiento que a la postre se dictara, por la necesaria correlación entre éste y la acusación. Dado que el delito por el que se querella es de acción privada, corresponde declarar la nulidad de la acusación y de las actuaciones posteriores que son su consecuencia.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, declaración de incompetencia, despido, empleados públicos, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: Unión del Personal Civil de la Nación -UPCN- c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-19

Corresponde declarar la incompetencia de la justicia del trabajo en la acción de amparo deducida por un sindicato contra los despidos en la Administración Pública Nacional y, en consecuencia, remitir las actuaciones al fuero Contencioso Administrativo Federal, dado que, sin perjuicio de lo normado por el art. 20 de la Ley 18.345, en las relaciones jurídicas de los trabajadores estatales que representa el gremio accionante, aparece inequívocamente configurada una relación de empleo público y, en consecuencia, se trata de contrataciones que, tanto por la materia como por los sujetos que la integran y en virtud de la naturaleza jurídica de la demandada, desplazan la aplicación del derecho del trabajo privado y la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las actuaciones.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carboquímica del Paraná S.A. c/ Subsecretaría de Trabajo -Del. San Nicolás- Ramallo s/ Acción de amparo -cuestión de competencia art. 2 C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Resulta ajeno a la competencia originaria que esta Corte ejerce transitoriamente, el cuestionamiento de una decisión emanada del Delegado Regional a cargo de la Delegación de San Nicolás, organismo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin alegar la vulneración de una situación jurídica de carácter administrativo. (Minoría u opinión personal)
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, adjudicación de automotor, ley de seguros, acción de responsabilidad, asegurador, extensión de la responsabilidad, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hansen, Isabel Nora  c/ Provincia Seguros SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde admitir la demanda promovida por un consumidor contra una aseguradora y contra la administradora del plan de ahorros suscripto, con motivo del rechazo de cobertura del seguro automotor contratado ante la adjudicación del rodado, toda vez que no se encuentra controvertido el robo ni su tempestiva denuncia; ni tampoco que la prima asegurativa era pagada por la administradora del autoplan contra el pago de su cuota mensual, y que la aseguradora recibió el pago de la prima dos días antes del siniestro.

Ello así, pues ambas codemandadas omitieron su deber de comunicar fehacientemente que con el pago de la última cuota del autoplan quedaba cancelada la cobertura del vehículo adjudicado, infringiendo el deber de información que tenían como proveedores de bienes y servicios -LDC 4 y CN 42-. Asimismo, la responsabilidad de la administradora se fundamenta también en la disposición de la LDC 40.

Consecuentemente, al haber mediado un supuesto de culpa concurrente de las demandadas deben responder por el evento como si la cobertura se hallara efectivamente vigente a la fecha del robo, más sólo hasta el monto del capital total asegurado (cfr. LS 1). Asimismo, corresponde admitir una compensación por la privación de uso del rodado durante el período que la accionante estuvo privada de usar la unidad (9 años), de conformidad con el principio de la reparación integral que consagra la Ley de Defensa del Consumidor y las facultades que acuerda el CPR 165.

Por último, corresponde otorgar la indemnización moral reclamada, teniendo en cuenta la circunstancia de haber tenido que recurrir a los estrados judiciales, como consecuencia de incesantes e infructuosos reclamos administrativos, para lograr que las demandadas respondan por los daños que le ocasionó su imprudente desempeño (concretamente la frustración de la expectativa de contar con el valor del bien asegurado a los fines de adquirir una nueva unidad en el mercado), lo que constituye ineludiblemente un hecho capaz de generar por sí mismo una alteración emocional y afectar la esfera anímica de la accionante (LDC 37, CCIV 522 y CCCN 1744).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, fallos de la Corte, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Moreno c/ AMX Argentina S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-03-15

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad establecido en los arts. 161 inc. 1° de la Constitución de la Provincia y 299 del Código de Procedimiento Civil y Comercial se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local. Ello no implica controvertir lo expuesto por la Corte de Justicia de la Nación en los conocidos precedentes "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), entre otros, en cuanto a la función de guardianes de la Constitución que se les reconoce a los superiores tribunales, como es esta Suprema Corte, acorde el art. 31 de la Constitución nacional, en tanto no hay un obstáculo formal o ritualista que le cierre la vía a las impugnantes, las que contaban con un acceso adecuado -el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley preestablecido por la letra de la Constitución local, de las disposiciones formales y la jurisprudencia de este propio tribunal- que en el caso ha sido utilizado.
Defensa del consumidor, suspensión del acto administrativo, medidas cautelares, lealtad comercial, información al consumidor, oferta al consumidor, publicidad engañosa, facultades de la administración, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: COTO CICSA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-07

En el caso, debe confirmarse la medida preventiva ordenada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto ordenó a la recurrente dar a conocer públicamente determinadas modalidades y/o limitaciones respecto de su oferta publicitaria de descuentos porcentuales.

En ese sentido, se le requirió información (inserta en el cuerpo principal de la publicidad, en forma destacada y con caracteres tipográficos de igual realce al de la mención de los descuentos porcentuales) de las características de los productos comprendidos o exceptuados.

Asimismo, se dispuso que ella debía hacerse pública mediante carteles colocados en lugares visibles para los consumidores en las instalaciones de sus sucursales ubicadas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días de vigencia de las promociones.

En efecto, y con la provisionalidad típica de estos procesos cautelares, la Sala cree que, interpretando la disposición desde la buena fe, puede válidamente sostenerse que lo que se quiere significar cuando se requiere el informe de las características de los productos comprendidos o exceptuados, es que se le brinde al consumidor la real posibilidad de conocer cuáles de todos los productos que se engloban bajo una denominación genérica (ej. "electrodomésticos") están alcanzados por la promoción.

Es decir, no parecería ser la intención de la medida que se decriban todas y cada una de las características de los productos promocionales, sino más bien la de poder identificar, a través de las características substanciales, a qué productos se refiere la publicidad.

Es por ello que, en tanto -a criterio de la Sala- la medida preventiva dictada por la autoridad administrativa tendería a buscar un justo equilibrio entre los potenciales consumidores y los comercializadores, cumpliendo de ese modo con el fin tuitivo consagrado en las Leyes 24.240 y 22.802, y dado que no parece resultar manifiestamente arbitraria, no procede acceder a la tutela cautelar solicitada por la actora, que pidió la suspensión de los efectos de la medida adoptada por la Administración.