Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-04


San Miguel de Tucumán, 04 de febrero de 2005.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la defensa del imputado en autos: "Samaniego, Hugo Daniel y otra s/ Defraudación"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 36/44 la defensa del imputado Hugo Daniel Samaniego plantea queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Ia. del 29/6/2004, que rechazó por inadmisible el pedido de suspensión del proceso a prueba deducido por su parte.

Impugna el auto del 16/9/2004, fundado en la ausencia de definitividad de la cuestión resuelta. Alega que conforme a la doctrina de la Suprema Corte Nacional y de distintos Tribunales el pronunciamiento es equiparable a definitivo, porque produce consecuencias de insuficiente o imposible reparación ulterior; toda vez que el rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción, y evitar la imposición de una pena.

De otra parte, sostiene que el caso presenta caracteres de gravedad institucional que habilitan la vía extraordinaria de la casación, dada la existencia de precedentes contradictorios sobre un mismo tema. A su entender, ello excede el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia, pues se hace necesario un pronunciamiento de esta Corte sobre la cuestión. Agrega que según doctrina de este Tribunal, los agravios vinculados a la determinación del régimen jurídico procesal aplicable comprometen la correcta administración de justicia. En cuanto a la procedencia del recurso de casación intentado, se limita a expresar que su defendido cumplió con todos los recaudos legales necesarios para la suspensión del juicio a prueba; agraviándole la omisión del Tribunal en considerar que su asistido se encuentra sin trabajo; pese a lo cual ofreció realizar tareas comunitarias.

2.- A requerimiento de esta Corte Suprema fueron remitidos los autos principales. De sus constancias emerge que en fecha 04/7/2002 la entonces Fiscal de Instrucción en lo Penal de la VIIIa. Nominación pidió la elevación a juicio de la presente causa seguida contra Hugo Daniel Samaniego, por resultar presunto autor voluntario y responsable del delito de estafa (abuso de confianza), art. 172 del Cód. Penal, y giro de cheque con frustración maliciosa de pago, art. 302, inc. 3º del Cód. Penal, en perjuicio de Sixto Alejandro Masino (art. 55, Cód. Penal).

En consecuencia, la queja no puede ser admitida, por cuanto el caso no queda aprehendido en las previsiones del citado art. 76 bis del Cód. Penal.

Esta Sala Civil y Penal ha sostenido reiteradamente que de acuerdo al texto legal, la aplicación del instituto de la probation ha sido circunscripta a los delitos cuya escala penal en abstracto no exceda los tres años de prisión o reclusión (art. 76 bis, primer párrafo del Cód. Penal; cfr. CSJTuc., entre otras, sentencia N° 925 del 11/12/98, autos "Ricciuti Stenio y otro s/ Defraudación y participación criminal en el delito de defraudación"; Nro. 302 del 02/5/2003 y fallos allí citados). Dijo entonces que la normativa no admite otra interpretación que la que claramente surge de su texto; esto es, que sólo quedan contemplados en sus previsiones los ilícitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión. Lo que se desprende del cuarto párrafo de la citada norma es que no obstante concurrir este requisito fundamental (pena máxima no superior a tres años), el juez deberá valorar además, en el caso concreto, si el procesado puede ser beneficiado con la condicionalidad de la pena. La norma describe en primer lugar los tipos de situaciones que abarca el instituto, para luego indicar pormenorizadamente las condiciones de procedencia del mismo; entre ellas, el ofrecimiento de reparación del daño, en la medida de las posibilidades del acusado.

Sostuvo el Tribunal que adoptar la hermenéutica sobre la viabilidad de la aplicación del aludido instituto, aún en delitos con pena máxima superior a tres años de prisión y reclusión, en base al cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal por cumplirse los requisitos genéricos..., sería admitir por vía interpretativa que el Juzgador vaya más allá de los supuestos comprendidos en la ley de fondo. Que la determinación de los delitos comprendidos en la norma ha sido materia de debate parlamentario; y quedó plasmado en los párrafos primero y segundo del art. 76 bis CP la posición mayoritaria, en el sentido que solamente resulta viable la aplicación del instituto de la "probation" en los delitos con pena máxima de prisión o reclusión de hasta tres años. Vale decir, tanto del texto de la ley como de su espíritu, surge la aplicabilidad del instituto a los delitos cuya pena máxima no exceda de los tres años de prisión o reclusión (cc. sentencia Nro. 1023 del 13/11/ 2002, causa "Lazarte, Raúl O. s/estafa").

En suma, el único supuesto de suspensión del juicio a prueba descripto en la ley sustantiva está referido a los casos en que el instituto resulta aplicable en abstracto; y resulta claro que en el sublite, la pena máxima supera dicho límite (cf. arts. 172, 302 inc. 3, 55 y cc. del Cód. Penal). En consecuencia, deviene abstracto el tratamiento del agravio esgrimido por la recurrente por vía del recurso de casación, toda vez que la ausencia de aquel presupuesto sustancial impide el otorgamiento del beneficio solicitado por la defensa.

A mérito de lo considerado, procede desestimar el recurso en examen.

Por ello, y oído el Sr. Ministro Fiscal a fs. 46, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 36/44 por la defensa del imputado Hugo Daniel Samaniego, contra la resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala Ia. del 16/9/2004.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITOHÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA