Daños y perjuicios, ejecución de sentencia, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Dr. Romero, Oscar Eduardo s/ Autos Corte Nº 20/12: Dr. Romero, Oscar Eduardo en autos Expte. Nº 013/05: Dr. Guaitimalt, Jorge Esteban, en autos Expte. Nº 423/04: Leiva, Amelia Sesto de c/ Editorial Capayán s/ Daños y Perjuicios s/ Incidente de Nulidad de Remate - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-18

El apoderado de la parte ejecutante interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la Cámara de Apelación.

Comienza el relato de los hechos informando que en razón de haber ganado la demanda de daños y perjuicios inicia el trámite de ejecución de sentencia en el que solicita mandamiento de citación de venta del inmueble de titularidad del ejecutado -B.- el que fuera previamente embargado. Luego de designada la martillera, y de requeridos los informes pertinentes, se presenta el Sr. A. solicitando la correspondiente participación en los presentes autos.

Relata que una vez publicados los edictos y habiéndose cumplido con los demás trámites se remata el inmueble el día 23/11/2006. Posteriormente el día 15/12/2006 el apoderado del Sr. A. promueve incidente de nulidad del remate y tercería de dominio en subsidio, aduciendo que la nulidad de la subasta se debe a que el inmueble rematado no era del ejecutado sino del Sr. A. quien lo adquirió conforme boleto de compraventa en un anterior remate judicial, oportunidad en que depositó la suma $ 27.090 en concepto de saldo del precio y que en el año 2002 otorgó en comodato la casa adquirida al Sr. B. Adujo también que por razones de salud, no pudo inscribir el inmueble a su nombre.

Me siento obligado a relacionar este caso donde el recurrente también plantea la falta de legitimación del comprador para plantear la nulidad de la subasta, invocando para ello el art. 577 C.C conforme al cual antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real", con aquellos otros supuestos en los que siguiendo prestigiosa doctrina, este Tribunal con distinta integración, admitió por ejemplo el ejercicio de la acción reivindicatoria al comprador de un inmueble a quien no se le había hecho tradición de la cosa vendida.

Igual criterio aplicó este alto Cuerpo en los autos Corte Nº 56/07 "Lagoria, Ines del R. Tejeda de c/Lila Rosa del Valle Castro Vda. De Aibar y/o quienes resulten Poseedores- Reivindicación- Recurso de Casacion"; fallo que fue Publicado en la LLNOA 2009 -agosto-, 634. En dicha oportunidad este Tribunal con su actual integración, consideró que el comprador de un bien inmueble a quien no se le había hecho tradición de la cosa estaba legitimado para ejercer la acción de reivindicación ante el tercero poseedor, entendiendo así que al celebrarse la compraventa se produce una cesión de todos los derechos y acciones del vendedor, y entre ellas se encuentra la reivindicación.

De ese modo, concluye quien vota en primer orden que "la orientación doctrinaria y jurisprudencial actual se inclina a favor de la reivindicación por el comprador al que no se le hizo la tradición, sobre todo por razones de equidad y celeridad".

Sin duda, la equidad y la justicia coadyuvaron también a que en el caso se adopte la solución cuestionada, pues habiéndose probado que el inmueble había sido subastado y que A. había adquirido el dominio del mismo, no podían los jueces arribar a un razonamiento contrario, pues ello implicaría como bien lo dicen, aceptar la torpeza de la justicia.

Por lo que tampoco podían los jueces cerrar sus ojos ante la realidad irrefutable que les arrojaba el resultado de la medida para mejor proveer, que el recurrente cuestiona, aduciendo que ello importó agregar actuaciones que no fueron ofrecidas ni incorporadas por el incidentista, de la que derivaron la presunción de que la posesión pudo haber sido otorgada al comprador.

Al respecto, sostiene que toda la argumentación de la sentencia se apoya en constancias no válidas como probanzas, por haber sido ilegítimamente incluidas y en extremo violatorio al derecho de defensa.

No comparto las críticas esgrimidas ni el cuestionamiento del recurrente, que parece desconocer las amplias facultades que tiene el Tribunal para tomar este tipo de medidas, pues se sabe, los jueces deben utilizar todos los poderes asignados para llegar a la verdad jurídica objetiva.

De allí, que la potestad ejercida por los jueces haya encontrado como frontera los términos en los cuales quedó planteada la litis contestatio o relación procesal. Pues debe aceptarse como regla general, que no existe impedimento alguno para que, una vez que las partes han determinado el alcance del litigio, quede a cargo del juez hacer lo que estime necesario para el esclarecimiento del asunto.

Así lo entendió el aquo, cuando solicitó al Juez Civil de Primera Nominación, informe si se libró orden de pago por la suma de $27.090 depositada a la orden de ese Tribunal y como perteneciente a la causa Nº 247/00 "Leiva, Miguel A, c/Bustamante Juan Florencio.

De modo que, la iniciativa probatoria oficiosa lejos de vulnerar garantías constitucionales, le permitió al magistrado verificar con soltura los hechos alegados por las partes, determinando con un alto grado de certeza todo lo relativo al perfeccionamiento del primer remate.