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Acto administrativo, revocación del acto administrativo, estabilidad del acto administrativo, cosa juzgada administrativa, derechos subjetivos, facultades de la administración, fallos de la Corte Suprema, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALTMAN CONSTRUCCIONES S.A. c/ GCBA s/ MPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-04

La estabilidad o irrevocabilidad en sede administrativa es la regla principal que se aplica para el acto administrativo que ha generado derechos subjetivos. Dicha regla surgió como una suerte de protección contra la posibilidad de extinguir ciertos actos en la Administración Pública, dando origen a la institución denominada "cosa juzgada administrativa", que se impuso a pesar de que su régimen no era enteramente similar al de la cosa juzgada judicial. Es que, la cosa juzgada administrativa se distingue de la cosa juzgada judicial por dos aspectos esenciales: a) se trata de una inmutabilidad estrictamente formal -no material- en el sentido de que nada impide que el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y b) porque siempre se admite la revocación favorable al administrado (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, 6ª ed., p. 273 y ss.).

Dentro de este planteo tradicional de la "cosa juzgada administrativa", la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido un conjunto de condiciones necesarias para su configuración a partir del caso Carman de Cantón, Elena c/ Gobierno Nacional (CSJN, Fallos, 175: 367). Con tal concepto, por tanto, se ha caracterizado una situación jurídica que torna irrevocables los respectivos actos, que entonces resultan inmutables o inextinguibles en sede administrativa y sólo impugnables por vía de anulación ante el órgano jurisdiccional.

En síntesis, la expresión "cosa juzgada administrativa" constituye una nueva fórmula que condensa la idea de acto administrativo inextinguible o inmutable en sede administrativa (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, t. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1988, 3ª ed., pp. 610/1).

Y esta interpretación se ve robustecida por la circunstancia de que, como resultado de las concepciones que aporta el estado de derecho, la regla en el acto administrativo unilateral es la de la inmutabilidad, irrevocabilidad o estabilidad. La revocación constituye un instituto que sólo procede en circunstancias de excepción; lo normal es la irrevocabilidad del acto.
Encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: BARO, M. L s/ SOBRE ENCUBRIMIENTO - DOLO EVENTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Encuadra en la figura de encubrimiento por receptación de cosas de procedencia sospechosa, la conducta del procesado que fue aprehendido teniendo en su poder diversos objetos que habían sido sustraídos del automóvil que el mismo día del hecho había comprado a un desconocido; eventos que crean la situación de dolo eventual requerido por la norma mencionada.
Cobro de sumas de dinero, pago indebido, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Godoy Garay Mario Gustavo  c/ Cangeri Rosario María Noemí s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-10

La situación del pago indebido está prevista en el art. 1796 del CCC, y con más precisión para el caso particular de autos, en lo que indica el inc. a. de dicho precepto. Siendo así, pretender validez para un pago efectuado sin causa infringe el principio de buena fe que el ordenamiento civil contempla en los arts. 729 CCC y más genéricamente en los arts. 9 y 10 porque implica apropiarse de lo ajeno. E intentar hacerlo al cobijo de una doctrina de indudable raíz moral como es la del venire contra factum resulta una verdadera enormidad. La doctrina de los actos propios no puede ser invocada en situaciones como la sub examine porque la existencia de un vicio de la voluntad de significación en el primer actuar impide la aplicación de esta doctrina. Un acto viciado no puede ser el primer escalón de la escalera que lleva a la doctrina de los actos propios, y ésta no establece una obligación de mantenerse en el error. No parece que la conducta "jurídicamente relevante y plenamente eficaz" a la que, como fórmula estereotipada, aluden infinidad de fallos, pueda ser aquella que estuvo afectada por un error de hecho esencial y excusable, como ocurre en autos (Voto Ronconi. Adhesión Barbiero)
Responsabilidad del Estado, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

Los órganos internacionales jamás han declarado que pueda inferirse de la Convención Americana de Derechos Humanos un derecho de toda persona a promover por sí la acusación y obtener una condena por delitos de los que son víctimas. Toda la doctrina que se ha elaborado paulatina y evolutivamente que ha culminado en la definición del deber del Estado de investigar, perseguir y castigar las violaciones a los derechos humanos, tiene su anclaje en la responsabilidad del Estado por no haber cumplido sus deberes de garantía derivados de los arts. 1 y 2 C.A.D.H., y más tarde en el derecho a la protección judicial del art. 25 C.A.D.H.. Existe una distancia muy grande entre sostener que el Estado tiene ese deber como fruto de una obligación propia, y no como mera gestión de intereses particulares, y sostener que el Estado tiene el deber de proveer a los particulares de una acción para promover por sí la persecución y la condena de una persona por cualquier delito del que se consideran víctimas (voto del juez García).
Concursos, incidente de revisión, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Marcolli, Sebastián A.C. s/ Pequeño Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de Sentencia Interlocutoria Nº 09/10 (AFIP) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-13

Vienen estos autos a despacho en virtud de un recurso de casación deducido por el concursado en contra de la Sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar, consecuentemente, la Sentencia Interlocutoria dictada por el juez de grado que no hace lugar al incidente de revisión respecto a la acreencia insinuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva- (AFIP-DGI).

Alega el recurrente que el pronunciamiento ha incurrido en las causales de errónea aplicación e interpretación de la ley y arbitrariedad.

Elevados los autos a este Tribunal corresponde en este estado dictar resolución acerca si el recurso cumple con los requisitos exigidos por la ley para su viabilidad, siendo por tanto necesario su análisis para tales fines (Art. 292 del CPC).

En ese orden examinados los agravios contenidos en el escrito de impugnación, se advierte que el recurrente reitera fundamentos vertidos en instancias anteriores, desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculados a cuestiones de hecho y prueba, a la vez que las conclusiones arribadas por el Ad quem no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva errónea aplicación del derecho o arbitrariedad, que el recurrente pretende endilgarle al fallo. En virtud de ello, tratándose de cuestiones privativas de los jueces de la causa, para su admisibilidad se debió demostrar un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación, o bien una palmaria arbitrariedad. Tales extremos no fueron señalados con precisión en la causa, como tampoco se advierte de la lectura del fallo impugnado que el tribunal de alzada haya incurrido en ellos, por el contrario el decisorio aparece razonablemente fundado desde el punto de vista de los hechos como del derecho que los subsume, por lo que no es posible apartarse de la regla que las cuestiones de carácter fáctico o probatorias se encuentran reservadas con exclusividad a los tribunales de mérito.

Por todo lo expuesto debe rechazarse por inadmisibilidad formal el presente recurso de casación.

(Del voto de los Dres. Cáceres y Cippitelli, por la mayoría)
Habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: CAMACHO, Angel s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-13

Como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Suprema Corte de Justicia 'las resoluciones de las Cámaras de Apelación dictadas en materia de HABEAS CORPUS no son susceptibles de recursos extraordinarios (art. 414 in fine y art. 357 C.P.P.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba confesional, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: C., L.M. c/ R., P. s/ Diferencia de haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-08

La mera negativa del absolvente nada prueba por sí y sólo impide tener por plenamente acreditado el hecho afirmado en la posición. Precisamente, las negativas en cuestión son inoperantes a la luz de las reglas de evaluación que sienta el artículo (386) del ordenamiento procesal.
Concursos, quiebra, síndico del concurso, incompatibilidades del síndico del concurso, deberes del síndico del concurso, designación del síndico del concurso, concurso preventivo, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El síndico representa, en la quiebra, los intereses de los acreedores en su conjunto y el interés general que deriva del carácter publicístico del proceso universal de liquidación de bienes, cuya actuación debe estar revestida de caracteres de imparcialidad, objetividad e independencia, a cuyo cumplimiento se hallan dirigidas las normas sobre incompatibilidades establecidas en el art. 280 de la ley 19.551 y en el art. 256 de la ley 24.522 (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Daños y perjuicios, falsa denuncia, costas, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SPALLUTO, Eduardo Néstor c/ TELECOM ARG. STET FRANCE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

El hecho de que en la sentencia penal el denunciante haya sido considerado vencido y por ello se le impusieran las costas, de ninguna manera tiene entidad para endilgarle culpa grave o grosera por la iniciación de la querella, si la imposición de costas obedeció al criterio del Tribunal Oral frente al vencimiento del querellante.
Situación del imputado, estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: ARIAS CISNEROS, Yovanna Rosa s/ Inc. de apel. de-Causa 16.141
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

El secuestro de 19 envoltorios conteniendo clorhidrato de cocaína, el ámbito en el que fueron incautados -entrada de un lugar bailable- a las 3 de la mañana y la cantidad de dinero de baja nominación halladas en poder del procesado son suficientes para justificar el auto de procesamiento por el delito contemplado en el art. 5, inc.

"C" de la Ley 23.737.
Inconstitucionalidad, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Velasco, Ariel Aldo c/ Municipalidad de General Pico s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-10-22

Debe declararse la inconstitucionalidad del art.34, inc. b, ap. 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referido a la exclusión de la competencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de "las reclamaciones o demandas de los Agentes Públicos, respecto a la estabilidad o cesación en el empleo, pago de haberes y en todo lo demás relacionado con el contrato de función o empleos públicos.
Competencia, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTEROS JOSE HUMBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-10

La declaración de incompetencia "ratione materia" proferida por el Juez Civil, en cuanto importa negar la presencia de un presupuesto procesal, es decir, uno de los antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, lleva consigo una declaración de nulidad del proceso mismo; el cual no puede así, por lógica consecuencia y mientras no exista norma especial en contrario, ser remitido para su prosecución ante otra sede judicial; antes bien, deberá ser reproducido "ex novo" por el interesado ante el Tribunal que estime competente.-
Contratos, domicilio especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solino, Jorge c/ Carbone, Blanca Gladys s/ Consignación de llaves rescisión red de precio. etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

De nada vale que la demandada escude su falta de acción en una alegada falta de notificación de la intimación que le cursara la actora bajo apercibimiento de ejercer su facultad resolutoria, si aquella notificación se cursó al domicilio contractual constituido y en el mismo nada menos que el del administrador de la accionada- se rehusaron a recibirla y, lo que es más, pese a dejarse el respectivo aviso para su retiro de las oficinas del correo nadie lo hizo. A partir de ello argüir que la notificación no cumplió su finalidad es francamente inaudible. Solo la mala fe y la conducta obstruccionista o cuanto más no sea renuente y negligente de la demandada y su administrador, habrían sido la causa frustratoria de aquella finalidad que ahora alega a su favor (arts. 1198 1a. parte del CC).
Facultades del querellante, actor civil, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SANTESTEBAN, Víctor s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

No obsta a que el querellante no se haya constituido en calidad de actor civil para la procedencia de las medidas cautelares decretadas, toda vez que el ordenamiento adjetivo no supedita su dictado a la asunción previa de dicho rol por esa parte.
Daños y perjuicios, fondo de comercio, valor llave
Materia: COMERCIAL
Carátula: ETRES S.A. c/ O.S.N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La determinación del denominado "prestigio comercial", relativo al concepto favorable que alcanza una determinada explotación, no resulta fácil de certificar, siendo viable acudir al término medio de las ganancias habidas en un término prudencial de años, sin que quepa desagregarlo -al prestigio- del resto de los componentes de la universidad que integra el "valor llave", tales como la clientela y otros elementos inmateriales que, global y comprensivamente, la constituyen, sin alcanzar autonomía a su respecto.-
Revocación de sentencia, falta de firma
Materia: PENAL
Carátula: P., D. A. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

Indicaron que si bien era cierto que no estaba la firma del Defensor Oficial en el acta y que éste no precisó si había estado presente, la Actuaria dio fe de que intervino y, la actual defensa del imputado, no señaló que dicha circunstancia le haya generado un perjuicio. Explicaron que la normativa procesal no sanciona con pena de nulidad la ausencia de rúbrica de las partes que participan del acto sino que, en el artículo 270 y cctes del CPPN, únicamente se exige que el acta reúna los requisitos del artículo 139 en cuanto a su contenido y formalidades, por lo que revocaron la resolución aclarando que, eventualmente, la falta de firma tendría incidencia en la eficacia probatoria de la diligencia.
Remuneración, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Marchesi, Rolando c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-04

El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según artículo 153 de la ley 24.013), establece a los efectos del cálculo de las indemnizaciones por antigüedad, en lo pertinente, que el empleador deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicios. Lo precedente conlleva descartar que el premio por productividad y presentismo deba computarse, a efectos de conformar la remuneración base, para determinar la cuantía de la aludida indemnización, puesto que aquél no se percibe en forma mensual, sino por semestre.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Barzetti, Vda. de González, Mirta Graciela c/ Juan Carlos Quaglia y/o El Cabildo Compañía de Seguros Generales S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Firme la disposición del Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que fija la indemnización por accidente del trabajo media cosa juzgada tanto respecto a las circunstancias propias del accidente como al salario que se debe tener en cuenta para la liquidación y legislación aplicable.
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCIEPPAQUERCIA JOSE c/ MARIA DEL CARMEN RICCI Y OTRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-10

Exigirle al accionante la prueba de que acredite fehacientemente que la demandada ha sido puesta en la locación por la locataria principal es exigirle una prueba imposible de lograrla, más si la locataria ha hecho abandono del inmueble.

Probada la locación entre la actora y la locataria principal debe presumirse, salvo prueba en contrario, que toda persona ocupante del inmueble cuya tenencia corresponde a aquélla, por el propio instituto de la locación, ha sido puesta por la locataria.

Si la ocupante pretende haber sido puesta por la actora, es quien debe probar el extremo que invoca pues no sólo está probando un hecho por ella afirmado,sino que está destruyendo una presunción lógica como la antes dicha.

Si el locador tuviese a su cargo probar, con prueba independiente de la locación misma, que cada uno de los ocupantes de un inmueble cuya tenencia tiene el locatario, han sido efectivamente puestos por éste , se le impondría una prueba diabólica y se convalidaría una situación de iniquidad.-
Contrato de trabajo, cuota sindical, acción de amparo, remuneración, naturaleza alimentaria
Materia: LABORAL
Carátula: Hormazabal   Rene   Ignacio c/ UTEDYC  Unión  de  TrabajadoresEntidades Deportivas y Civiles s/ Juicio sumarísmo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-27

En el caso, el actor inició un amparo contra UTEDYC en procura del cese de la retención por cuota sindical que se le practica con destino a esa entidad. Así la vía del amparo que no requiere una mayor sustanciación de la controversia o una producción de prueba que exceda el ámbito de la acción sumarísima resulta idónea para procurar el cese de la retención de la cuota sindical. Teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los créditos sobre los que dicha controversia se proyecta, así como la entidad de esa supuesta afectación, la vía urgente y expedita del amparo se erige como el remedio procesal más idóneo para la tutela inmediata que se pretende.
Derecho procesal, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: LEON CANO JUAN c/ VILLAFARE PAULINO N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-13

La estimación de los daños esta librada al prudente arbitrio judicial no siendo indispensable pruebas directas y concluyentes, bastando al efecto que la parte interesada aporte simple indicios o pautas que faciliten la labor judicial.
Recurso extraordinario, Municipalidad, intendente, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rousselot, Juan Carlos c/ Concejo Deliberante de Morón s/ conflicto art. 187 de la Constitución Provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Es admisible el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Suprema Corte de Buenos Aires que desestimó el conflicto municipal que en virtud de su destitución habría promovido un intendente, en atención a que las cuestiones debatidas versaron sobre la inteligencia y los requerimientos de preceptos de la Constitución Nacional y la decisión ha sido contraria a las pretensiones del apelante.
Proceso contravencional, sentencia, ejecución de sentencia penal, suspensión de la ejecución, recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio s/ Incidente de ejecución de sentencia en autos  y otro s/ ley 255 (Junín 1787)" (copias certificadas) Incidente de ejecución de sentencia en autos  y otro s/ ley 255 (Junín 1787)" (copias certificadas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-19

En el caso, no puede utilizarse como pretexto para suspender la ejecución de sentencia, los extremos debatidos en el marco del incidente de prescripción en base al Recurso de inconstitucionalidad, pues, el recurso de inconstitucionalidad en cuestión fue considerado mal concedido por la máxima autoridad judicial local.

Mucho menos la pretendida aclaratoria interpuesta contra esta última decisión puede poseer efecto suspensivo de lo decidido.
Fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.F. c/ S.M.O. s/ Acción de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

En toda actuación con la que se procure acreditar el estado civil de las personas tienen intervención los ministerios públicos (arts.2 y 3 ley 7309 que adopta para la Provincia las normas procesales del decreto ley nacional 8204/63, entre ellas su art.71). Siendo que el estado civil de las personas por afectar fundamentalmente la organización de la familia y de la sociedad, interesa en forma primordial y hace al orden público, (consideraciones previas del referido decreto), sin forzamiento se llega a la conclusión de que debe intervenir el Agente Fiscal en toda actuación atinente al estado civil de las personas atenta la índole de la cuestión y por así requerirlo en forma expresa la ley (art.78 ley 5827, texto conforme decreto ley 9354/79). (MINORIA U OPINION PERSONAL)