Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 451 San Miguel de Tucumán, 19 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Estos actuados en los que la parte actora promueve queja por recurso de apelación denegada e inconstitucionalidad en los autos: "Lobo Aragón, Jorge Bernabé vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Junta Electoral Provincial) s/Amparo", y C O N S I D E R A N D O :

I.- El letrado Jorge Bernabé Lobo Aragón, a fs. 140/157 de autos, interpone queja por recurso de apelación denegado e inconstitucionalidad en contra de la sentencia Nº 181, del 3-6-2003, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, por la que se resuelve no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la misma parte en contra de la sentencia Nº 173, del 30-5-2003 (cfr. fs. 135/137 vta.).

II.- Manifiesta el quejoso que la resolución atacada no constituye una derivación razonada del derecho vigente, en cuanto la conclusión a la que arriba no se corresponde con la legislación vigente, importando un mero voluntarismo, y traduciéndose en una interpretación tergiversada y dogmática que priva al fallo de fundamento. Del mismo modo, alega que con lo resuelto se atropella el principio constitucional del debido proceso (doble instancia) y los pactos internacionales que establecen el derecho a la revisión de toda sentencia por una vía rápida, útil y expeditiva.

En esta perspectiva, luego de transcribir parte de los artículos 28 y 29 del CPC, resalta que la interpretación sui generis efectuada por la Excma. Cámara -de que, por una parte, es un tribunal de instancia única y ordinaria y, por la otra, que la apelación prevista en el primero de los dispositivos citados es procedente respecto de medidas cautelares y que la sentencia definitiva sólo es impugnable por medio del recurso de inconstitucionalidad-, vulnera y menosprecia los principios constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso y el derecho a la doble instancia, dando paso a una distinción que la ley no autoriza y que contraría los términos expresos de dicha norma, lo cual implica una transgresión a lo preceptuado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Añade que según la interpretación de la sentencia, la apelación ante este Tribunal Superior de Justicia solamente habría sido prevista por conducto del recurso de inconstitucionalidad, olvidando al recurso de casación y al texto claro y explícito del artículo 28 del CPC, el que da cuenta de tres situaciones que devienen apelables ante es ta Corte.

Aduce que si el fallo dictado en el proceso de amparo y en instancia única constituye una sentencia definitiva, como lo reconoce el tribunal a quo, no corresponde un recurso circunscrito a las vías extraordinarias. A su juicio, el acto jurisdiccional en crisis no tuvo presente el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se establece que el debido proceso comprende la doble instancia, el artículo 8, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y el artículo 14, inciso 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, a fs. 143 y siguientes de su escrito impugnativo, invocando lo dispuesto en el artículo 29 del CPC, expresa que viene en tiempo y forma a "...ampliar fundamentos e interponer inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Excma. Cámara de fecha 30/05/03 la que desestima el amparo por inadmisible en base a lo prescripto por el art. 68 del C.P.C." (cfr. fs. 143).

III.- Preliminarmente, debe dejarse debidamente aclarado que en el pronunciamiento recurrido en queja -que se aprecia debidamente motivado-, en manera alguna se hizo la distinción que el recurrente reputa ilegítima, esto es, que únicamente con relación a las medidas cautelares era procedente el recurso de apelación del artículo 28 del CPC, y sólo para las definitivas el recurso de inconstitucionalidad de los artículos 91 y 92. Ello así, por cuanto de los términos de la sentencia de marras se infiere lo contrario (en el sentido que la vía procesal del artículo 28 no fue ceñida por la Sala a quo únicamente a medidas cautelares), no bien se repara en que el fundamento de la desestimación del recurso de apelación incoado por la parte actora se fundó en la jurisprudencia sentada por esta Corte en sentencia Nº 185, del 29-3-2000, en la que el caso giraba en torno a la denegatoria de una medida de no innovar.

De allí, entonces, que en el primer párrafo de dicho precedente jurisprudencial transcripto por la sentencia atacada, se exprese que "El artículo 28 del CPC ha instituido expresamente un recurso de apelación ordinario por ante el tribunal superior, para impugnar las decisiones que ordenan o rechazan medidas de no innovar, el que por naturaleza requiere doble instancia" (cfr. fs. 137), sin perjuicio de que de las consideraciones que a renglón seguido también se transcriben del referido fallo, surja incuestionablemente que el sentido de la decisión fue rechazar que el tribunal superior a que se alude en artículo 28 del CPC sea esta Corte Suprema de Justicia y, por ende, que tal carril recursivo constituyera un medio idóneo para llegar a ella.

Por lo tanto, lejos estuvo la Excma. Cámara de efectuar la distinción que se le atribuye en el escrito recursivo; así, dijo expresamente que si bien el CPC preveía al recurso de apelación en el artículo 28 del CPC, lo hacía por ante la Cámara de Apelaciones cuando la sentencia era dictada por un juez de primera instancia, sin reducir en ningún momento el alcance de este recurso a las medidas cautelares, afirmando en el último párrafo de los considerandos que se resolvía a la luz de los conceptos sentados por este Tribunal en el aludido fallo (cfr. 137).

En este orden de ideas cabe insistir nuevamente, en esta oportunidad, en la doctrina que el artículo 28 del CPC ha instituido expresamente un recurso de apelación ordinario por ante el tribunal superior para impugnar "la sentencia definitiva, la que rechaza la acción como manifiestamente improcedente, y la que ordena o rechaza medidas de no innovar", el que por naturaleza requiere doble instancia, siendo que por el artículo 57 del la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo debe juzgar en instancia ordinaria única las causas en que el acto o hecho jurídico constitutivo de la acción sea de naturaleza tributaria o administrativa; y que conforme al artículo 50, apartado III, inciso a) del mismo ordenamiento legal, la competencia de este Tribunal se encuentra circunscripta a la vías recursivas extraordinarias, característica ésta de la que no participa el recurso de apelación del artículo 28 del CPC. En mérito a ello, queda excluida toda posibilidad que esta Corte sea el "Tribunal Superior" a que aluden los artículos 28 y 30 del CPC.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad que se efectúa con respecto a la solución a que se arriba, conviene recordar que el sistema constitucional de la Justicia no reclama, como principio visceral, que se estructuren sus órganos contemplando la instancia de apelación; que el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley Nº 23.054, no establece la 'doble instancia' en sentido estricto, sino que como garantías mínimas en su artículo 8, apartado 2, inciso h), establece el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, haciendo lo propio el artículo 14.5, del PIDCP; y que este recaudo se ve satisfecho en el orden provincial en cuanto existen remedios de naturaleza extraordinaria contra las sentencias definitivas o equiparables a tal, dictadas en instancia ordinaria y única. Es que el derecho a recurrir por ante un tribunal superior que se menciona en la legislación internacional, no supone necesariamente el derecho a apelar, pues "recurso" puede serlo otro distinto, siempre que no se lo conciba, interprete o aplique con rigor formalista, siendo abundante en este sentido la jurisprudencia existente a este respecto.

Finalmente, también se ha dicho que la doble instancia no tiene raigambre o reconocimiento en la Constitución Nacional, sino que su origen responde a creación legislativa; que la jurisdicción apelada de la Corte Suprema de la Nación no está instituida como una doble instancia, sino como instancia extraordinaria a través de la vía del recurso extraordinario federal creado por la ley 48, para revisar exclusivamente cuestiones federales; que los procesos establecidos como de única instancia no transgreden disposiciones constitucionales, y que es atribución no delegada de las provincias darse sus propias instituciones y reglamentar las mismas (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 594, del 26-9-94).

Por lo expuesto, siendo la sentencia Nro. 173, de fecha 30 de mayo de 2003, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, no susceptible de ser revisada por el carril impugnativo del recurso de apelación del artículo 28 del CPC, cuya denegatoria motivara la queja incoada, tampoco resulta admisible esta última, por lo que debe ser desestimada. De igual forma, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido en autos.

Por ello, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 162 y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por apelación denegada y el planteo de inconstitucionalidad deducido por la parte actora en autos: "Lobo Aragón, Jorge Bernabé vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Junta Electoral Provincial) s/Amparo", conforme a lo considerado.

HAGASE SABER.- RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA