marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maltz, Lázaro c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

El ejercicio contínuo y permanente de la profesión exigido por el art. 43 de la ley 5920 (B.O. 11-XI-58), debe surgir del monto de los aportes a la Caja que arrojen las constancias respectivas, y el Directorio está facultado para establecer el promedio de un mínimo de aporte anual indispensable para el otorgamiento del beneficio jubilatorio, conforme a los resultados del cálculo actual que se practique (arts. 43, 25, 26 y 27 ley 5920). A tal fin se fijan dos posiciones: a) Para el período 1959-1971 inclusive, se consideran "años computables" de ejercicio permanente de la profesión aquéllos en los cuales el afiliado haya obtenido una "razón anual de aportes" igual o mayor que la "razón mínima de aporte anual".

b) Para los años 1972 en adelante, en cambio, se consideran años computables, al mismo efecto, a aquéllos en los cuales el afiliado haya obtenido una "razón anual de aportes" igual o mayor que la unidad (cuota fija).
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANGLES MARCOS Y OT. c/ FALCONIER OSVALDO E.Y OT. s/ SUMARIO DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-19

Las sociedades irregulares no son un tipo de sociedad, sino una clase que la ley tolera, y resultan la frustración de un de tipo legal, a merito de los vicios de forma. Consecuentemente, cualquiera de los socios puede pedir su disolución, que se produce a partir de la comunicación fehaciente de tal decisión a los restantes socios y respecto del tercero cuando se inscriba la disolución en el registro respectivo. Por ello la sentencia de disolución tiene fecha retroactiva a la comunicación o inscripción, sin perjuicio de la obligación de rendir cuentas. En cuanto a la etapa de liquidación, si rige por las previsiones contractuales, o en su defecto por la disposiciones de la ley 19550.- El artículo 23 de la norma, consagra la inoponibilidad del contrato entre los socios, de manera tal que hasta la disolución social, no puede solicitar judicialmente la protección de sus derechos. Consecuentemente los socios carecen de derecho, entre otras cosas, a demandar por exclusión de un socio, por cuanto la resolución parcial no rige para estas sociedades, sino la disolución total por el mero arbitrio de uno de ellos.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, lesiones culposas, extinción de la acción penal
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Estarli, Victor Emilio  c/  s/ homicidio culposo agravado en accidente de tránsito, lesiones culposas graves o gravísimas en accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-09-25

Atento a que el precepto citado (Art. 87 Código Procesal Penal de Neuquén) establece la extinción de la acción penal como sanción para el vencimiento del plazo allí previsto, la cuestión gira en torno a qué órgano resulta competente para legislar sobre esa materia.
Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet
Materia: PENAL
Carátula: M. J. J. c/ Google Inc. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

Este Tribunal recordó los intereses involucrados en este tipo de casos: el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos- y los derechos de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (cfr. Sala III, doctrina de la causa 4560/10 del 15-3-2012 y sus citas y causas 270/12 del 5-6-12 y 6804/12 del 30-4-13; esta Sala, causa 4685/13 del 27-12-13).
Opinión consultiva, REPÚBLICA ARGENTINA, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, sistema interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-13/93 de 16 de julio de 1993. Serie A No. 13. Solicitante: República Argentina y República Oriental del Uruguay c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1993-07-16

En búsqueda de una adecuada aplicación de la Convención Americana y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se solicita a la Corte Interamericana otorgue alcance e interpretación respecto de ciertas atribuciones conferidas a la Comisión Interamericana, en los términos de los artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 del Pacto.
Procedimiento aduanero, honorarios, cobrador fiscal, regulación de honorarios, reducción de la regulación
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: "Gerardo Ramón y Cía. SAIC (T.F. 9116-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30

Conforme a los términos de la resolución general 1160/01 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las causas en los que se debate cuestiones aduaneras y en las que el particular se acoge a los beneficios del decreto 1005/01, los honorarios correspondientes a los profesionales que actúan en representación de la Dirección General de Aduanas no sufren reducción alguna al modo que se prevé en la resolución 1080/01 respecto de los profesionales de la D.G.I.
Derecho procesal, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Shell Capsa c/ Servicio Maui SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

Procede rechazar el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto contra el pronunciamiento que desestimó la defensa de prescripción opuesta por la demandada y que dejó expedita la instancia. Ello en tanto este supuesto no se subsume en el concepto de decisión definitiva en el sentido del CPR 288. Es sabido que este recurso es de otorgamiento restrictivo por ser de carácter extraordinario y, por ende, el cumplimiento de los recaudos formales y sustanciales para su admisibilidad debe ser examinado desde esa óptica.
Contratos, compraventa de automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO, GUSTAVO DAVID c/ LERGA, DANIEL PEDRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-08-17

Como el dominio de los automotores esta sometido al régimen del Decreto-Ley 6582/58, el vendedor, además de la tradición del vehículo, esta obligado a emplear los medios necesarios para proporcionar al comprador la documentación pertinente para que este gestione la transferencia del rodado. Es decir, que el dominio de los automotores se obtiene mediante tres requisitos: la tradición, el titulo y la inscripción registral.

La venta de automotores se perfecciona únicamente con la inscripción de la transferencia del vehículo.

El art. 1 del Decreto -Ley 6582/58 (Ley 14467), establece no solo el carácter constitutivo de la inscripción del vehículo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, sino que también tiene efecto atributivo de propiedad, lo que con toda nitidez se advierte en el texto del art. 2 de la misma ley.

Con la inscripción culmina el proceso negocial existente entre las partes contratantes. Los documentos habilitantes, para perfeccionar la venta de un automotor, constituyen, verdaderos accesorios de este, que por su naturaleza son fundamentales para que el adquirente pueda gozar del derecho trasmitido.

Es decir, que no se debe considerar cumplida la tradición del automóvil, si no se entrega con el mismo, la documentación valida y necesaria para hacer efectiva la transferencia, conforme lo establece el art. 1419 del C. C.. Asimismo, se ha dicho que la transferencia de un automotor debe efectuarse real y efectivamente, pues lo que interesa no es solo la entrega materia de la cosa, sino el hecho de poder disponer libremente de ella.

La venta de un automotor no se perfecciona con su mera tradición, requiere, además, la inscripción en el registro, requisito constitutivo del dominio, conforme lo establece el Decreto Ley 6582/58 y modificatorios.
Divorcio, separación personal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PALADEA, YOLANDA NOEMI c/ BRAVO, DANTE EDGARDO s/ ALIMENTOS ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-15

En la separación personal o el divorcio por causales objetivas, en la que no se dirimen culpas, el concepto de solidaridad que debe existir entre quienes fueron cónyuges resulta justificado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Araneda Guevara, Iris Lilia L y ots. c/ Biblioteca Municipal Pública del Partido de Gral Pueyrredón y Municipalidad Gral. Pueyrredón s/ Cobro diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

No infringe el art. 171 de la Constitución provincial  el pronunciamiento fundado en expresas disposiciones legales.
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, juez del concurso, inscripción registral, nulidad del acto administrativo, licitación pública
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CIA. SAN PABLO DE FABRICACION DE AZUCAR S/ QUIEBRA c/ PUENTE SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-17

Cabe el rechazo de la excepción de incompetencia impetrada por la accionada, respecto del magistrado de una quiebra, para que entienda en una causa donde se pretende ventilar la nulidad de las inscripciones registrales de predios o parcelas que excedieran lo dispuesto en el pliego licitatorio, toda vez que -en la especie- de los hechos descriptos en el escrito inaugural de demanda, surge que la acción interpuesta no es sino un diferendo directamente relacionado con el procedimiento liquidatorio llevado adelante en el proceso principal, por ello, la decisión de mérito buscada, esto es que los bienes escriturados a favor de la excepcionante -demandada- no se encontraban incluídos en el pliego licitatorio, es un pronunciamiento que claramente compete a la jurisdicción donde tal procedimiento liquidatorio se llevo adelante, y es precisamente, el juez que dispuso la liquidación, a quien claramente le corresponde entender en esta causa donde se ventilan consecuencias no queridas de la referida licitación. Resultando, asimismo, inidónea la argumentación referida a una venta concluida, cuando la pretensión de la peticionante es, precisamente, que esa venta no existió.
Competencia, automotores, prescripción adquisitiva, competencia federal, competencia especial en lo civil y comercial
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Rómulo s/ Compraventa en General (Prescripción Adquisitiva)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-27

En autos se demanda el dominio por prescripción adquisitiva de un automotor, para lo cual se invoca el art. 4016 bis del Código Civil y los "arts. pertinentes de la ley 22.977". No se plantean recursos instituidos en el decreto - ley 6.582/58; empero la competencia prevista en el mentado cuerpo normativo permite aplicar la doctrina según la cual en tales casos la intención del legislador se dirige a conferir una cierta especialización al fuero respectivo, de modo que no cuadra dividir el conocimiento de los asuntos relacionados con los que se debaten mediante aquellos recursos directos aunque no se intenten estos medios específicos de control judicial.

Consecuentemente, el juez en lo civil y comercial federal debe reasumir la jurisdicción que declinó.
Jueces, quiebra, crédito fiscal, modificación de la tasa de interés, igualdad entre acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) c/ PENSIL STORE S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACIoN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PEDIDO DE  QUIEBRA -INCIDENTE DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 443 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

No merece reproche constitucional la resolución A quo que -como se sostiene invariablemente en general, y en particular, en incidentes de revisión de los accesorios reconocidos en procesos concursales- reconoce la facultad judicial de reducir las tasas cuando las mismas exhorbitan parámetros de razonabilidad consagrados en nuestra legislación por el artículo 953 y concordantes del Código Civil, lo que específicamente en procesos concursales afecta, además, a la "par conditio creditorum", siendo por ello válida la solución igualitaria para quienes se encuentren en la misma situación otorgada -en el caso- en la anterior instancia para los accesorios solicitados por la entidad recaudadora incidentista, considerando procedente la facultad morigeradora mencionada no solamente para los intereses convenidos, sino -incluso- a los nacidos por determinació n de una dependencia administrativa facultada por ley para ello.
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naum, Hugo L. y ot. c/ Garcia, Mario J. s/ Cumplimiento de contrato. Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

La suscripción de la autorización de venta por parte del cónyuge que se encuentra en ejercicio de la administración del bien, trae aparejado el compromiso tácito o virtual de su parte de lograr el asentimiento que exige el art. 1277 del Código Civil. De no lograrlo la única alternativa es la judicial, donde los tribunales tienen amplias facultades para resolver al respecto apreciando la necesidad o conveniencia del acto.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba, pericia médica, dictamen pericial
Materia: LABORAL
Carátula: TORO, OSCAR R. c/ LIMPIOLUX  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

La relación de causalidad entre la afección y el trabajo no puede considerarse probada sobre la base de un dictamen pericial médico, en el que se señala que el trabajo ha incidido concausalmente en la enfermedad, sin que la mecánica en que se desarrollaron las tareas haya sido fehacientemente acreditada.
Servicio telefónico, derechos del usuario
Materia: PROCESAL
Carátula: Alcacer Mackinlay, Ismael c/ Telefónica de Arg. y otro s/ Juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

Hasta el momento en que se dicte la sentencia el actor posee el uso provisorio de la línea telefónica toda vez que no resulta razonable impedirle su utilización durante la tramitación de la causa cuando éste continúa abonando el servicio.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-03

La disidencia parcial sostuvo que el alongado derrotero por el que atravesó el trámite de la causa, a más de veintiún años de ocurridos los sucesos investigados, sin que la situación procesal de los incusos haya superado la etapa preliminar de las actuaciones, ha menoscabado notablemente la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, por lo que se debe estar, tal cual lo propone la defensa, al sobreseimiento dispuesto. Respecto de la impugnación del sobreseimiento del imputado Balza efectuada únicamente por la querella, corresponde su rechazo toda vez que el impulso de la acción penal tal cual se encuentra regulado en nuestro sistema corresponde al Ministerio Público Fiscal. (Dres.: Ledesma -en disidencia parcial- Slokar - Mahiques).
Acción meramente declarativa, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siphon SA  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (Art. 277 CCAyT)  s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Si bien la acción declarativa de certeza prevista en el artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad requiere para su admisibilidad, demostrar la inexistencia o ineficacia de "otros medios legales" para trabar la contienda que se pretende llevar a conocimiento del Poder Judicial, lo cierto es que la competencia que el recurso de queja acuerda a este Tribunal es la de revisar la sentencia definitiva, siempre que estén dados los demás requisitos para su procedencia. Ello así, el Tribunal carece de competencia para revisar la admisibilidad de la acción declarativa de certeza si no ha impactado en el resultado del pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Beneficio de litigar sin gastos, propietario de inmueble, apreciación de la prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: LUALDI  GUSTAVO DANIEL c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAY OTROS S/ s/ ENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Conforme a las pruebas producidas, se ha demostrado que no se encuentra el actor en condiciones de hacer frente a otras erogaciones que no sean las de subsistancia (conf. Corte Suprema, in re "Scarmacia, Mabel y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios, S.621.XXIII,del 27.9.94). Así, se advierte que el peticionario se encuentra desocupado no posee automóvil y solo es titular de un bien inmueble que constituye su vivienda única. En este aspecto, vale recordar que la Corte Suprema (conf. doctrina de Fallos 313:1015; 317:1020) ha sostenido que ser propietario de la casa-habitación no descartaría, sin más, la procedencia del beneficio, en atención a que no es necesario para ello demostrar una situación de indigencia, sino demostrar que el peticionante no se encuentra en condiciones de hacer frente a los gastos causídicos (conf. esta Sala, causa N° 7.391/01 del 1.9.05).
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mirella Taller Electromecánica c/ SEGBA s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Una pericia es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos y científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente ("S.A. Juan Istillart c/ B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento", del 16/2/95 y su cita; "Domínguez, Luis Raúl c/ E.N. s/ retiro militar", del 23/4/93). De allí que su impugnación debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen ("Dequino, Tomás c/ E.N. s/ cobro", del 24/11/94).
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Schwindt, Néstor Antonio c/ La Comercial del Sur y/u otro s/ Diferencias salariales y rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-17

Aún admitiendo como cierta la progresiva caída en las ventas, si no se advierte que la demandada haya dispuesto, como previo a formalizar el despido, otras medidas para tratar de atemperar, al menos, sus efectos, y de la lectura de otros medios aportados a la causa, tampoco surge ninguna conducta de la empleadora orientada a evitar que la situación se proyectara, sin más, sobre el trabajador, éste aparece utilizado como variable, debiendo confirmarse la sentencia que hizo lugar a la indemnización por antigüedad derivada del despido.La norma del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo debe aplicarse con criterio restrictivo en favor de los trabajadores, por lo que cabe exigir la demostración, por parte de la empleadora, de haber tomado medidas previas que reflejen concretamente la intención de evitar el despido con sus efectos de desamparo.
Proceso penal, cuestiones procesales, competencia, competencia penal, prescripción de la acción penal, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Cuestión de competencia planteada por la Cámara Criminal nº 1 en causa Querella por Calumnias e Injurias de Natalia C. Robledo c/ Víctor M. Herrera c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-02-14

Sin perjuicio de que la prescripción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente por lo que es susceptible de ser declarada de oficio, lo cierto es que el mero cálculo informal del plazo no basta para configurarla, siendo necesaria su declaración judicial, y éste criterio es coincidente con el sustentado recientemente por la Corte Suprema en el precedente "Romero Feris".
Procesos de conocimiento, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Crainich, Lucía Teresa y otro  c/ Cantarell Torres, Juan Carlos y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

Consecuentemente, resulta irrelevante lo manifestado en punto al objeto de este juicio de conocimiento, pues la sustitución procesal que prevé la LCQ 110 conlleva necesariamente que la contestación a la demanda, en un juicio continuado en los términos del art. 21 del ordenamiento concursal, deba ser efectuada por la sindicatura.
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYO COOP. LTDO. c/ PETROS, CARLOS A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-26

Asumida conciente y voluntariamente la obligación de pagar intereses, según la tasa convenida, no es suficiente invocar la usura para fundar su ilicitud, sino que debe ser acreditada.
Suspensión del juicio a prueba, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO c/ RICARDO ARIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-04

En el procedimiento especial del juicio a prueba, las condiciones sobre las cuáles se construye el consenso entre el Ministerio Público, defensores y Tribunal son las contempladas en el art. 415 CPP, esto es que el imputado confiese circunstanciada y llanamente su culpabilidad, que la sentencia se base en las pruebas reunidas en la investigación penal preparatoria y que no se imponga una pena mayor a la solicitada por el Fiscal.
Robo con llave o ganzúa, llave falsa, accesorios del automotor
Materia: PENAL
Carátula: DONOSO, RAUL HORACIO s/ ROBO.  LLAVE  FALSA  (ARTÍCULO 163 INCISO 3 Y 167 INCISO 4 DEL CÓDIGO  PENAL): PARA ABRIR UN  AUTOMOVIL.  FUERZA  UTILIZADA  PARA  SACAR  UN  PARLANTE Y LA TAPA DE UN EQUIPO "STÉREO".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

constituye el delito de robo calificado por utilización de llave falsa, en grado de tentativa, el accionar del procesado que pretendió sustraer diversos efectos de un automóvil estacionado, para lo cual utilizó una llave falsa para abrir una de sus puertas, ingresando con ello al automotor donde ejerció fuerza para quitar un parlante y la tapa de un equipo "stéreo"; acción que no pudo concretar por la intervención policial.
Accidente de tránsito, prueba pericial, valor probatorio, impugnación de la pericia
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTAMANTE, Jeremías c/ HAURIGOT, Manuel s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Quien pretende impugnar la conclusión a que arriba el perito, debe a su vez sustentar su posición sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación del experto, requiriéndose que la objeción contenga fundamentos válidos que formen convicción en el juzgador sobre la procedencia de las impugnaciones.