Tribunal: CAMARA DE TODOS LOS FUEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-02-15


ACUERDO: En la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a los quince (15) días del mes febrero de de dos mil doce, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Cámara en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial, las señoras juezas titulares del organismo, María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Mariel Lázaro, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en estos autos caratulados "Haedo Juan Manuel C/ Mantaras Lucas Oscar S/ Despido Indirecto por falta de pago haberes" Expte. CSMA. Nro. 498/11, del Registro de la Secretaría Civil de este Tribunal, originario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 2 de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese dijo:

I. A fojas 456/460 se dictó sentencia de primera instancia por medio de la cual el Magistrado de grado rechazó la demanda laboral impetrada por Juan Manuel Haedo contra Lucas Mantaras, imponiendo las costas al actor vencido.

II. Contra el fallo citado fueron interpuestos los siguientes recursos de apelación, a saber: a fojas 469/472 obra glosado el planteado por el accionante, en tanto que a fs. 473/474 y vta. han recurrido los letrados apoderados de la demandada, quienes cuestionaron por bajos los honorarios que les fueran regulados en el decisorio de grado.

Corrido que fuera el pertinente traslado del agravio actoral, la contraria lo contesta a fs. 476/477/ vta. solicitando su rechazo. III. De los agravios de la parte actora:

a) Luego de brindar su versión acerca de cómo se sucedieron los extremos fácticos que originaron el presente litigio, el actor cuestiona la decisión adoptada por el sentenciante de grado, quien, habiendo ponderado las constancias documentales aportadas por la demandada (recibos obrantes a fs. 211/212/213) y la pericia caligráfica de fs. 428/440, rechazó la pretensión indemnizatoria, por considerar que su parte ya había percibido los importes correspondientes a la liquidación final realizada en virtud de la extinción del vínculo laboral.

Afirma la recurrente, que el a quo violó el principio de primacía de la realidad, toda vez que, si bien existe un recibo de liquidación final, (posiblemente firmado en blanco por su parte, habiendo mediado error) el pago realizado de esta forma es nulo, ya que no cumple con los presupuestos de la LCT y de la resolución Nro. 360/01 del MTSSN. Aduna que durante el decurso de la relación laboral, el pago de sus salarios fue efectuado mediante depósito bancario, a excepción del correspondiente a la "supuesta" liquidación final, del que no hay registro en su cuenta de sueldo. Concluye que nunca percibió esa suma.

b) Se agravia por la improcedencia de su reclamo vinculado con la multa del art. 80 de la LCT, tildando de escuetos los argumentos del sentenciante para resolver como lo hizo.

c) Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su parte, argumentando que en los procesos laborales no rige en forma absoluta e invariable el principio de relativo a que los gastos del proceso deben ser soportados por el vencido.

IV. Tratamiento de los agravios actorales:

a) En cuanto al primer cuestionamiento, cabe señalar que la LCT determina cuáles son los medios de pago del salario. Consecuentemente, el empleador debe pagar las remuneraciones debidas a los trabajadores en cualquiera de las siguientes formas: dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias ( art. 105 LCT). Por su parte, el art. 124 LCT establece que las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador o acreditación en cuenta abierta a nombre de éste, en entidad bancaria o institución de ahorro oficial. No obstante, siempre podrá exigir que el pago le sea efectuado en efectivo, como reza el último párrafo del citado texto legal. Interpretando tal postulado, la jurisprudencia laboral nacional nos ilustra, en los siguientes términos: "El párrafo final del art. 124 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175), reconoce al trabajador la facultad de exigir el pago en efectivo, sin sujetar su ejercicio a requisito alguno, ni a expresar sus motivos y la actuación de ese derecho propio no puede ser considerado abusivo, ya que ningún perjuicio puede derivar de ello para el deudor, de quien sólo se exige aquello a lo que se ha obligado, con posterioridad a la recepción de la contraprestación, esto es, a la satisfacción de su propio interés contractual" (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI, autos Campi, Miguel A. y otro c. Gómez Ferran Interamericana, S. A. o 30/04/1987, Publicado en: DT 1987-A, 894, Cita online: AR/JUR/1175/1987).

No desconozco que por diversas razones, entre las que se destacan los episodios de inseguridad que al momento del pago de remuneraciones, perjudican de igual manera a trabajadores y empleadores, la autoridad administrativa del trabajo dispuso el pago de la masa salarial en cuentas especiales abiertas en entidades bancarias dotadas de cajeros automáticos en el radio cercano al establecimiento. Inicialmente la referida medida alcanzó sólo a empresas con más de cien dependientes (Res. 644/97 (MTySS)); pero luego se fue haciendo extensiva gradualmente a todos los establecimientos y/o empleadores próximos o cercanos a sucursales bancarias (Res. 360/01 (MTE y FRH)) (cfr. en este sentido, Carcavallo, Esteban, "Remuneraciones y Beneficios. Subtema: Pago en efectivo del salario" Publicado en: La Ley Online).

No obstante ello, entiendo que las mencionadas resoluciones emanadas de la autoridad administrativa del trabajo, conducentes a la bancarización del procedimiento de pago del salario, no pueden hallarse en pugna con la legislación de fondo. En efecto, conforme a lo que reza el art. 138 de la LCT, el recibo firmado por el trabajador es el principal medio de prueba del pago de la obligación salarial o indemnizatoria que instrumente (cfr. "Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Anotada y Concordada" Rodríguez Manzini Director, Tomo III, Ed. La Ley, año 2007, pág. 448). Por ello, tal como lo señaló el a quo, hallándose acreditado mediante los recibos de pago glosados a fs. 211, 212 y 213, cuyas firmas pertenecen al trabajador (cfr. pericia de fs. 428/440), que el demandado le ha abonado la liquidación final reclamada, no encuentro sustento alguno al agravio actoral en este aspecto, por lo que he de propiciar al Acuerdo su rechazo.

b) Igual suerte negativa habrá de correr la queja en lo que refiere a la improcedencia de la multa contemplada en el art. 80 LCT.

Es cierto que la norma citada prevé dos certificados distintos, resultando aplicable la sanción allí contemplada cuando no se satisface la entrega de uno o de los dos (cfr. esta Cámara, en Acuerdo 03/04/2009, "Ojeda Yasma Fernanda c/ Moya María Teresa s/ Despido", Expte. CSM Nro. 04/2009, SD-3/2009, con cita de Rodríguez Mancini, Jorge-Vázquez Vialard, Antonio y Virgili, Claudio S. - Poclava Lafuente, Juan C. y González, Ricardo (h), "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", La Ley, 2008, p.364, comentario de Rodríguez Manzini, entre otros).

Pero, también es verídico que la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la legislación laboral, o la consecuente procedencia de la sanción pecuniaria contemplada para el supuesto de incumplimiento del empleador, se encuentran condicionadas a determinados recaudos previos cuyo cumplimiento se halla en cabeza del trabajador. Ya esta Cámara ha resuelto con anterioridad que "si la demandada puso a disposición del trabajador los certificados que prevé el art. 80 de la L.C.T., estaba a su cargo demostrar la falta efectiva de entrega de aquellos al momento de concurrir a la empresa para su recepción, por lo que no corresponde hacer lugar al pago de la multa prevista en dicha norma" (cfr. voto de la suscripta al que adhiriera el Dr. Arla, en Acuerdo Nro. 7 de 2009, autos "Pereyra Carlos David C/ Casino Magic S.A. S/ Indemnización", con cita de la jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo, Sala VII, 28/02/2002, en autos "Colosetti, Marcelo F. c/ Rípoli y Cía. S.A.", RDLSS, 2003-230 citados en Ley de Contrato de Trabajo Comentada, anotada y concordada", Jorge Rodríguez Manzini, Director, T. II, arts. 21 a 89, Ed. L.L., Buenos Aires, 2007, p. 1036). Asimismo, se ha considerado en dicho pronunciamiento que: "si la demandada puso a disposición del actor el certificado de trabajo y este no se presentó a retirarlo, se configura la mora del acreedor y el incumplimiento le es imputable sólo a él (cfr. Ac. Nro 7/2009, con cita de la Cámara Nacional del Trabajo, sala VI, 15/08/2002, en autos "Ares, Hugo E. C/ ATC S.A." DT, 2002 B 1811).

Tal como lo señala el juez de grado, de las constancias de autos surge, de una parte, que la demandada puso a disposición del trabajador los certificados que contempla el art. 80 LCT (cfr. TC obrante a fs. 58). Por lo demás, no ha sido acreditado por quien tenía la carga de efectuarlo, esto es el actor, que su parte hubiera formulado requerimiento fehaciente de la documentación aludida, de la forma contemplada en la citada normativa y a la luz de las previsiones emergentes del decreto Nro. 146/01 (cfr. esta Cámara en Ac. Nro. 7/2009 ya citado).

Por tal razón, propicio que la queja sub análisis sea desestimada, también, en el aspecto que vengo desarrollando en este acápite.

c) Finalmente, en lo que refiere al cuestionamiento actoral, relacionado con la imposición de costas, el análisis de las constancias emergentes de autos, las particularidades de la causa y la improcedencia total de la demanda, me conducen a concluir en idéntico sentido que el juzgador de grado, en que no existe motivo alguno para dejar de aplicar el principio objetivo de la derrota emergente del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, igualmente vigente en el procedimiento laboral (arts. 17 y 54 ley 921).

d) Por lo hasta aquí expuesto, propicio al Acuerdo la desestimación total del recurso de apelación interpuesto por el accionante, con costas a su parte en esta instancia (art. 68 del C.P.C. y C., 17 y 54 de la ley 921).

V. Agravios de los Dres. Landini, Prado y Ataniya:

Se agravian los mencionados profesionales por el monto de los emolumentos fijados por el juez de grado a efectos de remunerar la respectiva labor profesional desarrollada en beneficio de su cliente. Consideran que sus estipendios han sido establecidos en una cifra a la que tildan de "vejatoria" e inadecuada con la labor que realizaron en autos. Sostienen que el Sr. Juez de grado no ha cumplido con la obligación legal de fundamentar la regulación efectuada.

Ya esta Cámara se ha expedido al respecto, siguiendo el criterio sustentado por el Tribunal Superior de justicia en autos "Albarracín, Mercedes Paulina y otro c/ Clínica Pasteur S.A. s/ Daños y Perjuicios" que "no puede considerarse constitucionalmente satisfecha la exigencia de una "retribución justa" con la estricta aplicación de las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias antes aludidas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "la justa retribución que reconoce la Carta Magna a favor de los acreedores debe ser, por un lado conciliada con la garantía -en igual grado- que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad ...En la tarea regulatoria, el juez no sólo debe basar su estimación en el monto del juicio -que deviene en el aspecto objetivo de la labor- sino que debe ponderar otras pautas generales como la naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, escalas arancelarias, etc. (art. 6 LA), todos ellos elementos que deben ser apreciados libremente por el juzgador y que constituyen una guía pertinente para llegar a una retribución justa y razonable". (Fallos 257:142, 296:126, 302:534, 320:495 entre otros, citados por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquen en autos "Gomez Saavedra Guillermo y Otro C/ Municipalidad De San Martín de los Andes S/ Acción Procesal Administrativa", del 22/12/2009, Base de datos: www.jusneuquen.gov.ar). En los autos anteriormente referidos, ha considerado nuestro máximo órgano judicial provincial que: "La validez constitucional de las regulaciones no depende en forma exclusiva de la aplicación estricta de la escala arancelaria sobre el monto del proceso, sino de todo un conjunto de pautas, previstas en el régimen arancelario citado, que pueden ser evaluadas por los jueces, en las situaciones extremas, con un razonable margen de discrecionalidad. Una estricta aplicación de la escala arancelaria, sin la ponderación de las circunstancias excepcionales del caso, puede acarrear la imposición de honorarios profesionales desmedidos que, en última instancia, desalentarán a los litigantes a buscar soluciones a sus conflictos en sede judicial y devendrían en un incumplimiento de lo pactado en el orden internacional, con la correlativa responsabilidad que ello implica. Como conclusión, resta decir que la clave está dada por la correcta ponderación de las circunstancias del caso y la actuación del profesional. Para ello, el juez cuenta con parámetros reales y eficaces de aplicación, permitiendo morigerar los casos extremos para adecuarlos a criterios de razonabilidad y justicia" (T.S.J. de Neuquén en autos citados precedentemente, con remisión a la R.I. Nº 4.989/05, base de datos: www.jusneuquen.gov.ar y R.I. Nro. 110/2010, Ac. 74/2010, todos de esta Cámara).

Tomando en consideración los parámetros antes expuestos, estimo que la regulación impugnada se ajusta a las pautas anteriormente desarrolladas, sin apartarse, por lo demás, de los parámetros establecidos en el art. 7, 10 y 11 de la LA, en lo que hace a los emolumentos mínimos allí previstos. Por ello, considero que el cuestionamiento "sub examine" debe ser desestimado, y sin costas por tratarse de una cuestión de honorarios; lo que así propongo al Acuerdo.

Mi voto.

A su turno, la Dra. Gladys Mabel Folone, dijo: por compartir los fundamentos y conclusiones vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo. Así lo voto.

Por todo ello, esta Cámara en Todos los Fueros, en virtud de lo normado en el artículo 45 de la ley 1436, RESUELVE:

1) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas a su cargo en esta instancia (art. 68 del C.P.C. y C. 17 y 54 de la ley 921).

2) RECHAZAR el recurso de apelación por honorarios, interpuesto por los Dres. ..., ... y ..., por derecho propio; sin costas.	3) REGULAR los honorarios de los Dres. ..., (Arts. 10 y 15 de la Ley 1594).

4) Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dra. Gladys Mabel Folone Dra. Mariel Lázaro - Secretaria Registro de Sentencias Definitivas Nro.: /2012.