Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-15


Salta, 15 de junio de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "CARRIZO, César Eduardo por Amenazas, art. 149 bis en perjuicio de CARRIZO, Adriana Inés", Expte. Nº 62340/08 del Juzgado Correccional y de Garantías Octava Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 28977/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

Que estos obrados vienen a decisión de la Cámara de Acusación, en virtud de haber interpuesto recurso de apelación la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 8 Dra. Mercedes Molina, a cargo de la defensa de César Eduardo Carrizo, contra el Auto de fs. 105 y vta. por el cual la Sra. Juez Correccional y de Garantías de 8º Nominación resuelve no hacer lugar al planteo de sobreseimiento formulado por el delito de Amenazas.

Como fundamento de dicha resolución, expresa la A-quo que el análisis realizado por la defensa con respecto al delito de amenazas tiende más bien a desincriminar a su defendido en los términos del inc. 2º del art. 326 del C.P.P. que a determinar la falta de tipicidad del hecho. Señala también la Sra. Juez Correccional que resulta indispensable arribar al juicio en el cual a la vista de la prueba colectada, se determinará la inocencia o responsabilidad del acusado sobre las expresiones proferidas en tono intimidante, mientras tomaba del cuello a la denunciante, empujándola y amenazándola con golpearla tanto a ella como a su esposo. Sintiendo Adriana Carrizo mucho temor del incoado.

En el memorial de fs. 107/109 que doy por reproducido en un todo en honor a la brevedad, se agravia la apelante en síntesis por cuanto sostiene que la resolución recurrida efectúa una valoración errónea de los motivos expresados por la defensa a fs. 98/100 vta., toda vez que confunde valoración de la prueba con tipicidad del hecho, postergando dicho planteo para la oportunidad del debate. Expresa que los términos supuestamente enunciados por el imputado habrían sido proferidos sin la seriedad que el tipo penal requiere y no pasaron de ser más que meros excesos del lenguaje, deviniendo la atipicidad de los hechos. Cita jurisprudencia de las Salas I y II de esta Cámara de Acusación en apoyo de la postura desincriminante solicitada.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Volcado al análisis de lo resuelto por la A-quo, al hecho descripto en la Requisitoria de Juicio formulada a fs. 06/07 por el Ministerio Fiscal, y a los agravios de la recurrente, puedo anticipar que comparto los fundamentos dados por la Sra. Juez para denegar el auto de sobreseimiento solicitado.

Ello por cuanto resulta evidente que el evento por el cual se requirió juicio tiene las características propias de la tipicidad de un hecho catalogado como delito, esto es Amenazas, previsto por el art. 149 bis primer párrafo del C.P.. Si bien la defensa invoca la atipicidad del hecho porque los dichos de Carrizo carecen de la seriedad que el tipo penal exige y no son más que excesos del lenguaje desprovistos de un previo proceso racional. Pretendiendo que a través de dicho planteo se trate en esta etapa del proceso de demostrar que no hay delito, lo cual no corresponde por cuanto implicaría que este Tribunal tuviera que entrar al análisis de las controvertidas cuestiones de hecho, pruebas y su valoración, lo que únicamente puede ocurrir luego de culminado el procedimiento sumario, en toda su magnitud en el plenario.

Por ende resultan inconsistentes los argumentos de la apelante, ya que invoca el inciso 3º del art. 326 del C.P.P., pero no hace otra cosa que referir a aspectos de la conducta del acusado y de la víctima que inexorablemente reflejan la necesidad de contar con pruebas que avalen o descalifiquen la hipótesis acusatoria que emerge del requerimiento de juicio en el que se reprocha al acusado haber amenazado a su hermana con asestarle una golpiza tanto a ésta como a su esposo.

Si bien es cierto que se habla de la falta de idoneidad de las amenazas cuando son vertidas en momentos de ofuscación, de peleas o discusiones (lo que ha sido afirmado por esta Sala en varias oportunidades), no deben confundirse las circunstancias fácticas, pues aquél pensamiento está basado en la idea de que la reyerta que protagonizan ambas partes hace perder la seriedad de las expresiones arraigadas en ella; en cambio, en el caso que nos convoca no se advierte que haya existido una pelea entre la denunciante y el denunciado, ni tampoco que la primera pueda haber provocado una reacción en el segundo.

Tal como lo sostiene la Fiscal, se observa "prima facie" una conducta del encausado tendiente a amedrentar a la denunciante, anunciándole un mal futuro e injusto, que responde a las exigencias del tipo penal que abordamos._ Carrara define al delito en cuestión como cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima, deliberadamente afirma que quiere ocasionar a otro algún mal futuro (citado por Carlos Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Parte Especial, Tomo V, pág. 289). Cuando se dice que no se tipifica el delito de amenazas por tener como contexto una discusión "acalorada", se está aludiendo a que lo expresado tiene una causa fuente, que aunque no lo justifica, sí le quita seriedad en cuanto a la posibilidad de que se la lleve a cabo efectivamente. Es decir, en el marco en que fue vertida pasa a formar parte de la misma pelea y no tiene materialidad propia.

En cuanto a la jurisprudencia citada por la recurrente de las Salas I y II de este mismo Tribunal se desconoce si las circunstancias de cada caso eran idénticas a las analizadas en la presente causa y aún, en tal supuesto, respetamos las decisiones allí decididas pero, en principio, no las compartimos puesto que otra es nuestra postura al respecto, tal como reiteradamente lo venimos expresando. Así por ejemplo en los autos: "RETAMOZO JAIME, Juan Andrés por Amenazas a LARA, Natalia Nair", Expte. Nº 79.913/09 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías 6ta. Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº 27.786/10 de esta misma Sala, se dijo, entre otros conceptos, que; "Respecto al estado de ebriedad, circunstancia tenida como desincriminante por la Juez A quo, entiende que ello tendrá que valorarse en ocasión de sustanciarse el plenario y en base a la prueba que pudiera producirse. Además, dice que dicha circunstancia podrá tenerse en cuenta a la hora de reprimir de modo específico la conducta desplegada por el causante, al momento de la individualización de la pena, de acuerdo a lo establecido por los arts. 40 y 41 del Código Penal, pero que el hecho resulta naturalmente típico. Si el Fiscal consideró fundadamente que existen elementos suficientes como para requerir el Juicio del imputado (art. 357, C.P.P.), no puede cuestionarse su dictamen por ausencia de material probatorio (en este caso se dice que sólo se cuenta con la denuncia y que no hay testigos de las amenazas), pues lo constatado en el Acta Única nada prueba, por esas razones -reitero- es que las únicas causales de sobreseimiento posibles en esta etapa son la extinción de la acción (art. 326, inc. 1, C.P.P.) y la atipicidad (art. 326, inc. 3, C.P.P.), conforme lo establece el art. 359 del Código de ritos".

El mismo criterio, pero en caso inverso, sostuvimos en los autos caratulados: "TAPIA, Eduardo Alfredo por Lesiones Leves a SANCHEZ, Gisela Carolina", Expte. Nº 84.943/10 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 1ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 27954/10 de la Sala III en la que expresamos: "...Se evidencia entonces que el planteo de la defensa antes que a una atipicidad, más bien corresponde con la situación prevista en el inc. 2º del art. 236 del C.P.P., pretendiendo que a través del análisis de las pruebas se trate en esta etapa del proceso de demostrar que no hay delito, lo cual no corresponde por cuanto implicaría que este Tribunal tuviera que entrar al análisis de las controvertidas cuestiones de hecho, pruebas y su valoración, lo que únicamente puede ocurrir en el procedimiento sumario en toda su magnitud en el plenario".

Ante diversos recursos contra autos de sobreseimientos (o denegatorias de ellos) en el Procedimiento Sumario, en función de lo dispuesto por el art. 359 del C.P.P., la Corte de Justicia local tuvo oportunidad de decir que "en el presente caso los fundamentos del auto de sobreseimiento resultan de una notoria incongruencia, pues indicándose como motivo del pronunciamiento liberatorio la causal prevista en el art. 326, inc. 3º -que solo habilita este tipo de decisión por falta de adecuación a una figura penal- no se hace otra cosa que referir aspectos de la prueba que permitirían descartar la existencia de la conducta típica denunciada. Una decisión de tal naturaleza, además de tergiversar el alcance de la disposición legal que aplica, haciéndola jugar en un supuesto completamente ajeno a su objetivo, incurre en un serio desconocimiento de los aspectos estructurales que hacen a la distribución de la actividad probatoria en los procesos por delitos leves, actividad que por razones de celeridad y simplicidad ha quedado concentrada en la etapa plenaria... [...] La prueba destinada a establecer con precisión ese cuadro de hecho (carencia de seriedad en una amenaza) no fue producida, consiguientemente, debe ser producida en juicio, sin que quepan conclusiones anticipadas que en base a los insuficientes elementos colectados en la etapa preliminar confronten la hipótesis fáctica en que se basa el requerimiento del Fiscal Correccional, máxime cuando esa controversia pretende usarse para dar sustento a una resolución de carácter definitivo como el sobreseimiento" (CJS, Expte. Nº 29.185/06, fallo del 22/02/07, registrado en Tomo 112: 1015/1020; se reitera la doctrina del fallo del 22/08/06 en el Expte. Nº 28.481, Tomo 108:37/42).

En consecuencia, no obstante todo lo aducido por la apelante no resulta adecuado al caso de marras el supuesto de atipicidad previsto en el inciso 3º del art. 326 del C.P.P. en concordancia con el art. 359 del mismo cuerpo legal.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado César Eduardo Carrizo. Así voto.

El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

_____En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _____________________ _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACION________ ________________________RESUELVE:________________________ _____I ) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 8 a fs. 107/109 y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo dictado a fs. 105 y vta..________________ II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al juzgado de origen.