marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOTTAN, ENZO ALEJANDRO Y OTRO c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-04

Una interpretación literal de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 16.986 llevaría a la conclusión de que la impugnación debe concederse en ambos efectos, vale decir, la interposición suspende la ejecución. Sin embargo, cabe al intérprete hacer los distin-gos que la naturaleza misma de las cosas impone, porque la diversidad de lo cautelar no tolera una suspensión de la efectivización del aseguramiento. De allí que se entienda que el referido art. 15, cuando menciona la concesión en ambos efectos, ha podido referirse a la apelación deducida contra la sentencia definitiva o las providen-cias denegatorias mentadas en el art. 3, más no las cautelares, pues estas últimas poseen una regulación especial, particular y propia que excluye aquél tratamiento. Ello así, porque sería un contrasentido que si el régimen sumario y urgente del amparo procurara una tutela eficiente, la medida cautelar previa que se disponga durante su trámite -autorizada por la misma normativa y de la que forma parte, integrándola- no tuviera consecuencias útiles acordes con los propósitos que identifican a la institución, de suerte tal que introduciría excepciones a un texto que es extrínsecamente claro y que conduciría a una interpretación errada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 03.09.01, "Asociación Mutual Trabajadores Argentinos"; íd. sent. del 27.02.01, "Álvarez, Jorge Anselmo"). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Delitos contra la integridad sexual, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. c/  s/ delito contra la integridad sexual e/p N. N. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-22

La Corte dice que es deber del Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, en este tipo de casos -delitos contra la integridad sexual-, cumplir con su obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en la ley 26.485, que contempla el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. El país debe cumplir con los compromisos que, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad internacional, asumió con la ratificación de la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" y la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" -Convención de Belem Do Pará- a partir de las cuales se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que las mujeres y los niños estén involucrados; estableciéndose para ello el derecho a un sencillo y rápido acceso a la justicia.
Derechos de importación, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CAFE LA VIRGINIA s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Las facultades ejercidas por el ministerio de economía, dictando las resoluciones 476 y posteriormente la resolución 174, en las cuales se fijó un derecho adicional de importación del 10% para los casos de importaciones de mercadería amparada por instrumentos de negociación en los que no se previeron preferencias porcentuales, no pudieron tener una extensión mayor que las del órgano que las delegó, esto es el Poder Ejecutivo de la Nación que, en el caso, ejercía la facultad conferida por el art. 664 del Cód. aduanero con la limitación que establece el art. 665 de dicho código. El Ministerio de economía no tenía facultades para dictarla resolución 174/86, en cuanto esta contradijera un tratado internacional vigente, no se trata de una contradicción entre dos normas de igual jerarquía sino de la preeminencia de una norma de rango superior, respecto de otra inferior.
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, JUAN CARLOS c/ SANCHEZ, ADOLFO JUAN Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-14

Aún cuando la empleadora no haya llevado el libro de registro de horas extras, la prueba de las mismas a cargo del trabajador debe ser terminante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del contrato individual de trabajo (Conforme Cámara del Trabajo de Rosario, Sala I, 'Rodriguez, Rodolfo c/ Const. Monoblok Mendoza').
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, haber mínimo jubilatorio, compensación especial por jubilación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DÍAZ, GENARA BENEDICTA c/ A.N.Se.S.". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-21

Para determinar la procedencia del cobro del subsidio establecido por el Dec. 1275/02 y modificatorios, deben ser tomados en forma autónoma cada uno de los beneficios percibidos por la titular (en el caso, el organismo consideraba no configurado el requisito dispuesto por la norma, al gozar la actora de dos beneficios previsionales por un total de $ 295,17.-).
Cuestiones de competencia, competencia en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: BARATTI, MIRIAM SILVINA c/ TREJO, BEATRIZ s/ COMPETENCIA COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-15

Corresponde ordenar que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, desde que la competencia cuantitativa es prorrogable, expresa o implícitamente, cuando la demanda se promueva ante juez con mayor competencia por cuantía de la que corresponde al que es competente y en autos al no existir aún contestación de la demanda, se infiere con toda claridad que ha mediado una propuesta tácita de prórroga, que no puede ser repelida de oficio por el magistrado interviniente;

debiendo tener presente además que la operatividad del artículo 2 de la ley 10160 requiere que la competencia sea consentida por la contraparte, sin que pueda entenderse ocurrido ese evento por el hecho de que el Tribunal de la primigenia radicación provea la demanda u otras medidas de tipo ordenatorio.
Acción de amparo, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, competencia provincial, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Roberto y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo - amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

Con la finalidad de evitar la profusión de trámites, situación que va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, y de impedir que se susciten cuestiones de competencia que, de plantearse, podrían llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional, e incluso, comprometer el derecho a la salud, habrá de disponerse la remisión de las actuaciones - acción de amparo por la cual se reclama la tutela de los derechos a la vivienda y a la salud de quienes se encuentran alojados en una residencia geriátrica ubicada en la Provincia de Buenos Aires - a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que decida lo concerniente al tribunal provincial que resulte competente con arreglo a las disposiciones locales de aplicación.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, energía eléctrica, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que, debiéndose examinar la controversia a la luz de la jurisprudencia de la Corte nacional en tanto se circunscribe a determinar el órgano jurisdiccional competente para la aplicación de normas federales que regulan el régimen de energía eléctrica, cabe concluir que la aplicación de la ley 15.336-de neto corte federal-para juzgar la pretensión de la recurrente determina la detracción de la competencia ordinaria y la habilitación de la competencia federal.

Esto impone la descalificación de la sentencia impugnada en tanto, bajo la pretendida fundamentación de que las pretensiones deducidas en litigio no encontraban apoyatura directa e inmediata en el plexo federal pues no se hallaba cuestionada en principio y con carácter general la constitucionalidad o ilegitimidad del Derecho de Registro e Inspección sino su "aplicación al caso" y la calidad o no de "exento" de sujeto pasivo de la obligación fiscal local, la Cámara de lo Contencioso Administrativo se apartó de la interpretación de las normas en juego (leyes 15336 y 24065) conforme al alcance asignado a ellas por el Máximo Tribunal de la Nación y que en el caso asume el carácter de "intérprete final de la Constitución" (Fallos:1:340).

La postura de la Corte sostenida en el reciente fallo no es aislada, sino que es reiteración de precedentes análogos en la materia, por lo que puede decirse que se trata de doctrina consolidada de la Corte.
Instrumentos privados, firma
Materia: CIVIL
Carátula: OSCAR ANTONIO PIZARRO c/ HEREDEROS DE JOSE NEMESIO ARGAÑARAZ s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-09

En nuestro ordenamiento procesal no existe disposición alguna referida específicamente a la firma, salvo el caso de la firma a ruego contemplada en el artículo 127 de la Ley adjetiva, por lo cual son las normas de fondo establecidas en el Código Civil las que regulan el tema. Así el artículo 1012 del citado digesto se/ala que las firmas de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo firma privada y a su vez el artículo 1020 dispone que para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial (principio de la libertad de formas).
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, honorarios, defensa en juicio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDREOLI, JOSE MARIA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES s/ Recurso extraordinario-acción mere declarativa de Inconstitucionalidad- avocacion (ARTICULO 2, LEY 11.330) - Regulacion de honorarios (Expte.: C.S.J. Nº. 640 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

Las cuestiones relativas a honorarios son insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria, debiendo recordarse que, de acuerdo a nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal. Asimismo, la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad judicial. Sin embargo, tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar una restricción indebida del derecho de defensa y hacer que de ese modo se frustre el derecho constitucional del interesado.
Trabajador, ciudadano, derecho a la salud
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

El derecho a la salud es un derecho del trabajador en cuanto tal, en su condición de sujeto de una determinada relación jurídica laboral.

Pero también tiene ese derecho en cuanto ciudadano, ejercitable frente a los poderes públicos, deber del Estado que resulta calificable para proteger la salud en el habitat del trabajo. (Del Voto del Dr. García Osella).
Régimen penal cambiario, negociación clandestina de divisas, impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas, pago extemporáneo, multa, sociedad de responsabilidad limitada, defensa en juicio, responsabilidad de los gerentes
Materia: PENAL
Carátula: CASAL DE REY Y CIA. S.R.L. s/ Régimen penal cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

No cabe hacer lugar a las nulidades interpuestas (en la causa seguida por infracción a la Ley 19359), sustentadas en que la excusación del defensor oficial que entendió en un primer momento afectó el derecho de defensa en juicio de los imputados, alegando que éstos permanecieron en estado de indefensión durante un importante lapso del proceso, dado que las nulidades están previstas como remedios excepcionales oponibles a vicios que conduzcan en forma efectiva a la frustración de un derecho o que impidan la realización del derecho de fondo, en violación a las garantías constitucionales consagradas por la Constitución Nacional (conf. Sala A, Reg. 438/2000). En este sentido, las instancias defensivas, tanto en sede administrativa como ante el juez de la causa, fueron observadas y tampoco se advierte que se haya limitado la posibilidad de producir prueba de descargo para desvirtuar la presunción "iuris tantum" de negociación clandestina que pesa sobre el responsable frente a la comprobación objetiva de la omisión del ingreso (conf. Sala A, Reg. 629/2003 y 675/2005) (Del voto del Dr. Bonzón).
Proporcionalidad de la pena, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: REINHOLD, José Ricardo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Las penas impuestas tienen proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados por cada uno de ellos, sin que los recurrentes hayan logrado demostrar la arbitrariedad del fallo en este punto y sus opiniones no pasan de ser meras discrepancias con la cuestión debatida y resuelta, específicamente respecto de la ponderación de los baremos agravantes y atenuantes tenidos en miras por el sentenciante.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cómputo privilegiado de la privación de libertad, homicidio calificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Prellezo, Gustavo Daniel s/ habeas corpus -causa n° 115.779-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

El recurso extraordinario, interpuesto contra la resolución que rechazó el pedido de libertad, en virtud de la aplicación del beneficio del dos por uno, efectuado por la defensa del recurrente -condenado a prisión perpetua por la comisión del delito de homicidio calificado-, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Prueba, competencia penal, apreciación del juez, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: A, M R Y G, I s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO IDEAL.   QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 1286-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

La calificación legal de los hechos materia del proceso penal es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate. Y en el caso, no se advierte la inexistencia de correlación entre los términos en que quedó delimitada la acusación y el contenido de la sentencia, pues sólo fue diversa la calificación jurídica dada a los hechos en la sentencia.
Haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, ley derogada, aplicación temporal de la ley, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GAMBOA DE ROBIN, DORA ELISA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

No asiste derecho al peticionante que pretende que un beneficio concedido durante la vigencia de la ley 21.118 mantenga el sistema de movilidad instrumentado por ese cuerpo normativo, aún con posterioridad a su derogación por la ley 21.327. Ello así porque no es posible afirmar que el sistema de cálculo del haber jubilatorio deba ser inmutable, esto es, que haya de respetarse a lo largo del tiempo el que estuvo vigente al momento del cese de tareas del beneficiario. (Disidencia del Dr. Laclau)
Competencia por el territorio, competencia federal, lugar del hecho, estafa, banco central, cuenta corriente bancaria, Banco de la Provincia de Córdoba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JUZGADO FEDERAL Nª 2 de la Ciudad de Córdoba s/ competencia Causa nro. 27.558
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La maniobra cuya legitimidad se cuestiona tuvo, en primer lugar, origen en la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Córdoba, en el Banco Central de la República Argentina, identificada con el número 020. En efecto, es allí donde se operaron irregularmente cuatro claves de terminales de computación del sistema informático del Banco Central, con el objeto de modificar fraudulentamente los saldos reales que el Banco de la Provincia de Córdoba tenía en dicha cuenta. Esta operación, punto medular de la maniobra, se perfeccionó, evidentemente, en el territorio de la Capital Federal, más precisamente en la órbita del Banco Central.
Depreciación monetaria, honorarios del abogado, índices de actualización
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ACEBO  S.A.C.I.I.F. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION DE REIVINDICACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

A los fines de la actualización monetaria del monto del juicio, debe partirse de la fecha de la interposición de la demanda conforme a los índices de variación de los precios al consumidor que elabora el Indec.
Accidentes de trabajo, junta médica, dictámenes
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Abelardo c/ Beveraggi y Bulacio S.R.L. y/u otro s/ Indemnización por Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-10-22

No procede el agravio de la parte demandada contra la sentencia del a-quo que tiene en cuenta el porcentaje de incapacidad impuesto por la Junta Médica Judicial. Ello así, ya que la Junta Médica, puesta con todas las garantías a observación de partes, no es observada, la que se tiene por no observada, lo que también se consiente, resulta pues contradictorio y extemporáneo que quién al contestar la demanda se abstuvo al resultado de la Junta Médica que el mismo ofreció, en la que su parte estuvo representada y que no observó, venga a plantear en esta instancia un presunto consentimiento previo del actor a otra junta médica administrativa anterior, que en su oportunidad no planteó.
Juicio de desalojo, tenencia precaria, intruso
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Roela S.A. c/ González, Escudero Manuel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-13

Intruso es quien se ha introducido a un inmueble sin derecho, siendo ésta una de las formas en que la tenencia se considera precaria.
Juicio ejecutivo, suspensión de la ejecución, recurso de apelación (procesal), inapelabilidad en razón del monto, emergencia económica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ MAXIMO GAROFOLI s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-11

Aun cuando el valor cuestionado en la causa no supere el previsto por el art. 242 del Código Procesal, la trascendencia y gravedad institucional que genera la suspensión dispuesta por el art. 16 de la ley 25.563, autorizan a prescindir del monto del proceso a los fines recursivos.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Fernández, Marcelo Daniel y otros s/ Robo Manso, Miguel Feliciano s/ Robo calificado Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|1998-03-10|1999-08-10|2000-04-12|2001-05-09|2002-05-02|2003-02-05

La mera exhibición u ostensibilización de cualquier instrumento que pueda razonablemente formar en la convicción de quienes para intimidar a los cuales se utiliza, que se encuentran frente a un elemento que los torna vulnerables y que supera sus eventuales mecanismos de defensa naturales convierte a dicho elemento en un arma a los efectos del art. 166 inc. 2° del Código Penal. Esta apreciación, que es subjetiva en cuanto hace referencia al efecto que se genera en la conciencia del que sufre la intimidación, es también objetiva en cuanto es el propio agresor quien hace uso de ese instrumento con la finalidad manifiesta de aumentar realmente o en apariencia su potencialidad ofensiva, su capacidad de ejercer violencia, en una medida que aprecia superadora de las defensas normales que está en posibilidad de ejercitar el destinatario de su acción violenta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schik, María Justina c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-10

La facultad discrecional de la Administración se encuentra con ciertos límites para que la misma sea legítima: que sea razonable, que no implique una desviación de poder y que se haya actuado de buena fe.

El primero de los límites, el de la razonabilidad, implica que el acto administrativo discrecional deba ser motivado en mayor medida que el acto reglado para así poder poner de manifiesto su juridicidad; siendo obligación del órgano que lo emite explicar cuáles son las razones que lo llevaron a emitir la decisión en determinado sentido; así es que la necesidad de fundar el acto "no constituye una exigencia vacía de contenido, ya que el propósito de la norma radica en garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea factible conocer las razones que indujeron a emitir el acto.

Ello es así por cuanto los principios republicanos imponen la obligación a la Administración de dar cuenta de sus actos cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que éstos puedan ser impugnados por quienes vean afectados sus derechos y la necesidad de que los jueces cuenten con los datos indispensables para ejercer la revisión de su legitimidad y razonabilidad.

La fundamentación hace a los principios republicanos y al Estado de Derecho; es precondición de la defensa del interesado y de su control judicial; el acto inmotivado es irremediablemente nulo".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial, pericia contable, impugnación de la pericia
Materia: LABORAL
Carátula: Rinaldi, Rodolfo Hugo c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización ley 9688; art. 1113, C.C., etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La vía extraordinaria no es el medio de impugnación idóneo para controvertir las conclusiones de la prueba contable, siendo que correspondía que se considerase en una etapa procesal previa al fallo y precluida en su consecuencia.