Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-07-30


Expte. Nº 5555/11 "CÁCERES, Valeria Fabiana c/ El Marquez S.R.L. - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a treinta (30) días del mes de julio del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha tres de junio del año dos mil once, en autos Nº 8552 caratulados: "Cáceres, Valeria Fabiana c/ El Marquez S.R.L. - Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:--------------------------------------------------- --- La actora, mediante el recurso de inconstitucionalidad que regula la ley 2275, viene impugnando en forma parcial la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo en fecha 03 de junio de 2011, obrante a fs. 374/377 de los autos principales. Ello, en tanto en el referido decisorio el Tribunal a quo admitió -en parte- la apelación del codemandado Sr. José Navarro, desvinculándolo de responsabilidad solidaria respecto de la firma empleadora, "El Marquez S.R.L.". Cabe aquí recordar que el Sr. Juez de 1ª instancia había condenado por diversos rubros de naturaleza laboral a dicha patronal, estableciendo a su vez responsabilidad solidaria al codemandado Sr. José Navarro. En cambio, rechazó la demanda respecto de la otra codemandada, Sra. Rosa del Carmen Romero.-------------------------------------- --- En lo que atañe al Sr. José Navarro, el Sr. Juez de 1ª instancia había considerado inoponible a la actora la limitación de responsabilidad surgida como consecuencia de la constitución de la sociedad comercial "El Marquez S.R.L." -tenida por empleadora al tiempo del distracto- en fecha posterior al inicio del contrato de trabajo que se tuvo por probado en la causa.------------------------ --- La queja constitucional está dada por la arbitrariedad que se imputa a la sentencia del a quo, a la cual la recurrente le atribuye: "no ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de autos" (.) que adopta "una solución dogmática" al remitirse a dos precedentes de la CSJN (Carballo y Palomeque) (.) "que no guardan relación con la plataforma fáctica de nuestro caso y resuelven situaciones diferentes"; siendo de este modo el fundamento de la resolución impugnada "sólo aparente e implica una renuncia consciente a la verdad objetiva, violando el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso (art. 18 CN), siendo por consiguiente descalificable con apego a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia".-------- --- El reclamo es encuadrado en el inc. 3° del art. 11 de la ley 2275 y su finalidad consiste en obtener la anulación parcial del fallo de Cámara en cuanto liberó de responsabilidad solidaria al Sr. José Navarro, y como consecuencia de ello, obtener del Tribunal de mérito que sigue en orden de nominación, un nuevo pronunciamiento que esté de acuerdo con la correcta interpretación jurídica de las normas implicadas, que según la recurrente, lo son los arts. 54, 274 y 59 de la LSC. Ello, considerando la plataforma fáctica del caso y los hechos probados y firmes declarados en la sentencia, como lo son la existencia de la relación laboral, del trabajo no registrado y la actuación del Sr. José Navarro como socio gerente de la SRL.------------------- --- Admitido formalmente el recurso, se corrió traslado a las partes demandada y codemandadas, siendo contestado el mismo sólo por el codemandado Sr. José Navarro. A fs. 90/93, obra el dictamen del Sr. Fiscal General de la Corte.-------------------------------------------------- --- Cumplido el trámite de sustanciación, se pusieron los autos a estudio, conforme la disposición del art. 7 de la ley 2275.----------------------------------------- --- Comenzando con el estudio de fondo y por las razones que paso a exponer, adelanto mi opinión en el sentido de que voy a propiciar el rechazo del recurso interpuesto.- --- Como primera y fundamental cuestión, cabe considerar que el decisorio impugnado no aparece como irrazonable ni absurdo, aún cuando se pueda discrepar con lo resuelto. Ha de advertirse que la Cámara -al rechazar su apelación- mantiene la condena respecto de la firma "El Marquez S.R.L.", admitiendo en cambio la apelación del Sr. José Navarro, a quién lo desvincula de responsabilidad solidaria. Para ello, se encarga de aclarar que si bien es cierto que el Tribunal había resuelto con anterioridad otros casos -entre ellos el citado por la actora al ampliar la demanda- admitiendo "la interpretación amplia de la doctrina de la desestimación de la personalidad"; posteriormente había variado de posición, siguiendo lineamientos de la C.S.J.N. (casos "Carballo, Atilano" y "Palomeque, Aldo"), en los que el Alto Tribunal "descalificó la aplicación indiscriminada de la desestimación de la personalidad jurídica, dejando sin efecto pronunciamientos contrapuestos con principios fundamentales del régimen societario que prescindían de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus administradores constituyen el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades" (.) "por lo cuál la doctrina que nos ocupa debe emplearse en forma restrictiva".------------------------------------- ---	Fundamenta el a quo que en el caso en examen no se ha acreditado que haya existido "utilización ilegal del contrato de sociedad", sino que lo que existe es una "ilegalidad de ciertos actos por ella realizados", transgresión que resulta sancionada por normas diversas del ámbito regulatorio del derecho laboral; en tanto que los supuestos contemplados en los arts. 54 y 59 de la ley de sociedades comerciales, refieren a casos regulados en la legislación comercial, con principios y propósitos distintos a los de aquella normativa. Culmina en que no cabe incluir entre éstas, a las irregularidades en que incurrió la firma demandada.----- --- Analizada la cuestión desde el punto de vista del recurso interpuesto -inconstitucionalidad por arbitrariedad-, soy de opinión que en modo alguno se advierte como irrazonable lo actuado por el Tribunal A-Quo, y que para nada perjudica a esta solución la alegación de la recurrente en el sentido de que los casos Carballo y Palomeque "no guardan relación con la plataforma fáctica de nuestro caso y resuelven situaciones diferentes"; porque en definitiva, a lo que refiere la Sala interviniente de la Cámara del Trabajo, es a un concepto más amplio que la exacta identidad entre los casos a estudio y resolución, toda vez que su resolución importa "el abandono del criterio amplio y la adopción del restrictivo", en materia de aplicación de la doctrina de la "penetración o de la desestimación de la personalidad jurídica" a ciertas situaciones que se presentan en el ámbito del giro y funcionamiento de las sociedades comerciales.--------------------------------- --- Al respecto, tiene dicho esta Corte que: "Lo arbitrario es todo lo contrario a lo razonable, y se configura cuando existe contradicción u omisión de considerar constancias decisivas para la solución de la litis, lo que determina que el decisorio no sea derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa". (P.R.E. S.2ª 2006-IV-674; S.2ª 2003-III-512; S.1ª 1990-II-126; II-130). Y "tal doctrina -arbitrariedad- no tiene por objeto corregir en tercera instancia una decisión equivocada o que se repute tal, sino que se configura cuando el razonamiento del juzgador está construido sobre bases ilógicas que chocan contra las leyes del correcto raciocinio, o cuando se basa en la mera voluntad de los jueces. La arbitrariedad, en suma atiende sólo a los supuestos de gravedad extrema, en los que se verifique un apartamiento inequívoco a la solución normativa o a la absoluta carencia de fundamentación, que en definitiva descalifique el fallo como acto jurisdiccional válido" (P.R.E. S.2ª 2007-II-369; I-152; S.2ª 2006-IV-674; S.1ª 2003-III-474; II-336; S.2ª-II-389; 2002-II-253; I-93; S.1ª 2001-II-391; etc.).-------- --- Así, el planteo recursivo no puede resultar eficaz para modificar lo resuelto (art. 13, inc. 4° ley 2275), toda vez que en definitiva importa sólo una mera discrepancia entre la opinión del actor y lo decidido por el a quo, que válidamente puede modificar su criterio -en el caso restringiéndolo- sobre la amplitud de la aplicación de la doctrina de la "desestimación de la personalidad jurídica", dando las razones para ello, como lo hace. Máxime, cuando dicha modificación importa adecuación a lineamientos de doctrina judicial establecida por el más alto Tribunal del País.---------- --- En lo que respecta a la cita jurisprudencial que efectúa la recurrente, en relación al caso "Servera c/ Rioja Plan" (Expediente N° 3303) y al voto del Dr. Medina Palá al que hace referencia a fs. 71 vta., cabe considerar que: a) no es correcto afirmar que la Corte de Justicia de San Juan haya "fijado interpretación judicial" sobre la cuestión, habida cuenta que -si bien en dicho fallo se formularon algunas consideraciones sobre el tema de fondo-; lo que se resolvió en tal precedente -en etapa de estudio fondo- fue la revocación de la admisión formal del recurso (inconstitucionalidad y casación), por falta de definitividad (votos del Sr. Ministro Dr. José Abel Soria Vega y del suscripto). b) las consideraciones efectuadas entonces por el Dr. Ángel H. Medina Palá -al fundar por separado su voto- constituyen opinión individual del Sr. Ministro y de todas formas, corresponde que sean contextualizadas con la solución dada en el caso que -repito- consistió en el rechazo del recurso interpuesto por uno de los codemandados, por vía de revocación de la admisión formal. No puede entonces tomarse dicho precedente como "doctrina judicial" de esta Corte, ni implica lo allí fundamentado y decidido, que en el presente caso deba resolverse indefectiblemente que el cambio de criterio jurisprudencial enunciado por el Tribunal a quo -más restrictivo en la admisión de la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica- resulte ser arbitrario.--------------------------- --- Adviértase que en la temática sobre arbitrariedad, existe identidad entre lo dicho por el Tribunal en el precedente referido y la solución que propicio en el presente caso. Aún siendo distintas las soluciones de fondo dadas por las instancias de mérito -en "Servera c/. Rioja" se condena solidariamente a dos administradores de la sociedad comercial y ello no ocurre en la especie-; en ambos casos se resuelve que la solución dada no resulta irrazonable y que en consecuencia, no existe arbitrariedad.------------------ --- Para finalizar, debo referirme a una argumentación de la recurrente que entiendo merece una aclaración por parte del Tribunal. Sobre el final de su escrito recursivo, y explicando el porqué no interpone casación, expresa la impugnante que el a quo deja traslucir en su sentencia una errónea interpretación y aplicación de las normas que su parte pretende están en juego (arts. 54, 59, 274 y ccs. de la LSC), no obstante lo cual, el que procede es el recurso de inconstitucionalidad y no el de casación -que no es interpuesto-, porque el análisis que efectúa remite a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, lo que resulta ajeno a la queja casatoria.------- --- Sobre el punto, cabe considerar que ello debe ser rectificado en lo que atañe al "derecho común" (de fondo), que sí resulta ser materia específica del recurso de casación que regula la ley 2275. Ello, en lo que hace a su correcta aplicación e interpretación, con sujeción a "los hechos fijados por el tribunal a-quo" (arts. 15° y 17° de la ley 2275).----------------------- --- En conclusión y por lo precedentemente expuesto, voto por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido, y conforme este resultado, propicio que las costas generadas en esta instancia se impongan a la parte actora vencida.----------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.-------------------------------------------- --- II) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida.----------------------------------------- --- III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales que deberán bajar al tribunal de origen. Notifíquese y, oportunamente, archívese.- Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Osvaldo Javier Guimaraes, Prosecretario Letrado.- Ef-5555 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2013-II-366