Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-04


NEUQUEN, 4 de Diciembre del año 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "SINDICATO DE PROFESIONALES DE LA SALUD PUBLICA DE NEUQUEN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ INCIDENTE DE APELACION DE MEDIDA CAUTELAR" (Expte. INC Nº 1639/2014) venidos en apelación del Juzgado Laboral N° 2 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 125/126 la accionada interpone y funda recurso de apelación contra la medida cautelar dictada con fecha 22 de octubre de 2014 (fs. 97/98) por causarle gravamen irreparable; solicita se revoque la orden de suspender la negociación paritaria para el personal de la Subsecretaría de Salud en trámite, que se supeditó al tiempo del dictado de la sentencia.

Invoca que sin fundamento se suspendió un proceso importantísimo necesario para el Sector Salud, resaltando la ausencia de verosimilitud del derecho atento a que la entidad actora no cumple con la previsión del art. 2° de la Ley 1974, esto es, contar con personería gremial que la habilite a negociar y firmar convenios colectivos; advierte que ello es de conocimiento de aquella porque ha planteado la inconstitucionalidad de la norma.

Indica que el reclamante pretende que la Provincia del Neuquén viole la ley para permitirles ingresar a las paritarias que iniciaron hace años, aún cuando ya existía tal gremio, y aún cuando había sido convocado y no se presentó a participar porque justamente no tenía personería gremial.

En segundo lugar, cuestiona que la decisión sólo se limitó a afirmar que tuvo por acreditados los requisitos de la cautelar, más no otorgó fundamento a ello.

Considera que sin razón, y por encima de la ley, decidió suspender un proceso importante que como valor jurídico se encuentra más allá de la necesidad de un gremio que no conformó la ley nacional para adquirir personería gremial en un proceso que inició hace años, sin haber solicitado ingresar formalmente sino hasta ahora, denotando lo variable de su conducta.

II.- Sustanciado el recurso (fs. 127), responde la actora a fs. 129/136, solicitando su rechazo con costas.

Liminamente denuncia que el contenido del recurso no cumple con los requisitos del art. 265 del CPCyC, y en subsidio contesta agravios.

Sostiene la juez de grado ha valorado en forma adecuada la verosimilitud del derecho y su legitimación respecto a la medida cautelar a través de la documental acompañada, y que su intensión no es la de sumir a la Provincia en una ilegalidad, sino que cumpla con lo previsto en las leyes, constitución nacional y tratados internaciones, tal como ya se han expedido los organismos en su jurisprudencia y recomendaciones; denuncia que la demandada se encuentra encerrada en normativa infra constitucional.

A su vez, el peligro en la demora se probó por el desleal accionar de la Provincia, quien por un lado les otorgó días hábiles, e igualmente prosiguió en el avance de la discusión paritaria con un solo gremio representante del sector, en un claro ejemplo de arbitrariedad, autoritarismo y sordera.

Que el posible perjuicio irreparable se encuentra en excluir de la discusión de condiciones laborales a un sector sin el cual el propio sistema de salud no se sostendría; existiendo la posibilidad de ser discriminados y desoídos.

Respecto a la necesidad de fundamentación, tal como el amparo, es la propia Constitución Nacional y los Tratados internacionales los que dan sustento a la cautelar.

III.- Advertir liminarmente que siguiendo una interpretación amplia del derecho de defensa se tendrá por tempestiva la contestación del memorial por la actora (fs. 129/136); ello en orden a que en el auto de fecha 03 de noviembre de 2014 (fs. 127) se dispuso la sustanciación del recurso fijando un plazo de cinco días, cuando conforme lo establecido en el art. 21 de la Ley 1981, es de dos días.

Aclarar por otra parte que el antecedente de esta Sala III en la causa "Barragan" resulta incorrectamente citado por ser aplicable al proceso sumarísimo, el que en forma coincidente esta Cámara de Apelaciones, han considerado sujeto a la estructura recursiva de la apelación ordinaria.

IV.- Abordando la cuestión traída a entendimiento, resulta que la resolución objeto de recurso hace lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato de profesionales de la salud, ordenando a la demandada que suspenda la negociación paritaria en trámite para el personal de la Subsecretaría de Salud, hasta que se resuelva la presente causa.

Para ello considera que de la documental acompañada surgen las actuaciones llevadas a cabo ante la autoridad del trabajo provincial en el marco del Exte. Administrativo 4070-002708/2014 "S/ Convocatoria a paritaria sectorial del personal dependiente de la Subsecretaría de Salud de la Provincia de Neuquén", las sucesivas impugnaciones del representante sindical exigiendo el ingreso y participación de las distintas instancias paritarias que involucren al sector que representan, y los pedidos para que se resuelva la situación planteada respecto al plazo otorgado para que acrediten lo dispuesto por el art. 2° de la Ley 1974.

Asimismo atiende a las Actas de Audiencia del 09 y 16 de octubre de 2014, y restantes normas citadas -Ley 1981, Const. Nacional, Pactos y convenciones internacionales- para tener por acreditado los recaudos del art. 232 del CPCyC en lo que respecta a los requisitos de verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el perjuicio irreparable que se traduce en la falta de participación en la negociación colectiva que abonan los principios que hacen a la representatividad, ya que el procedimiento de la paritaria se encuentra avanzado.

Cumpliendo exiguamente el memorial de la accionada los recaudos del art. 265 del CPCyC, procede ingresar al tema traído a estudio, analizando, en el caso concreto y en primer lugar, los argumentos esgrimidos en torno a los requisitos de viabilidad de la medida genérica dictada, concretamente la verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y a continuación si la extensión de la tutela atenta contra la vía fijada para que las entidades sindicales legítimamente reconocidas y la empleadora alcancen acuerdos que involucren pautas sobre condiciones laborales bajo las que se desarrollarán las relaciones del personal de la Administración Pública.

Así se verificará, conforme al estado de la causa, si el apartamiento de la entidad sindical del proceso paritario con base en el incumplimiento de las exigencias del art. 2° inc. b) de la Ley 1974 de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Provincia de Neuquén, puede ser decidido por la última sin lesionar de manera irreparable el derecho de aquella, o por el contrario, si la aplicación durante el curso del proceso no trae aparejada tal consecuencia.

Dicho análisis se cumplirá atendiendo a los efectos que pudieran derivarse, sólo a los fines de decidir sobre la cautelar, sin que ello implique adelantar una resolución de mérito sobre la validez o invalidez de la negativa de la accionada, pues este es un tema que en la medida del recurso, escapa a la competencia de la Alzada, y en definitiva, será resuelto en la sentencia.

A.- Efectuada las aclaraciones antecedentes, resulta incuestionable que en los presentes se controvierte y emerge afectado el derecho constitucional que tiene todo individuo a defender sus derechos y sus intereses laborales por la acción gremial y adherirse al sindicato de su rama, y el de las asociaciones a gozar del reconocimiento legal sobre la base de la libertad sindical que asegure un régimen de democracia interna en los sindicatos y su total autonomía frente a los empleadores y al Estado, con la posibilidad a ser reconocidos jurídicamente como partes en los acuerdos colectivos de trabajo (art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 42 de la Constitución Provincial), en coherencia con las garantías previstas en el art. 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado por Ley 23313 (17/04/1986) y marco convencional descripto en los Convenios OIT de sindicalización y negociación colectiva N° 87 Año 1948, N° 98 Año 1949, N° 154 Año 1951, y la Recomendación N° 163 Año 1981.

Que entonces, y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en la sentencia, los antecedentes denunciados por la entidad sindical con apoyo documental -citados por la juez de grado- exhiben que fue convocada al ámbito del Organismo laboral de aplicación, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén, a participar de una Mesa Técnica a efectos de tratar temas inherentes al sector Salud Pública" invitando a dos representantes, y en el marco del Exte. 5521-009705/2014 "Subsecretaría de Gobierno, Ministerio de Gobiernto de Educación y Justicia-Provincia de Neuquén-Mariano Gaido s/ Convocatoria a conciliación obligatoria en el ámbito del Ministerio de Salud con representantes ATE, UPCN, SIPROSAPUNE" (fs. 57), además de comunicársele el dictado de resolución de conciliación obligatoria (fs.58).- Luego, como consecuencia de la conciliación que se le imponía en el citado expediente, la entidad participó ante la empleadora en el debate de las escalas salariales junto a otras representaciones sindicales (UPCN y ATE) los días 09 y 16 de octubre del corriente año (fs. 72 y 73), de las que resultaron ofertas globales y otras en las que se comprueba rubros y valores específicos para el agrupamiento profesional que representa aquella, que se corresponden con semejante tratamiento recibido en el año 2007 en que fue convocada a "constituir la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General para el personal del Poder Ejecutivo Provincial, de la administración centralizada y entes autárquicos y descentralizados" (fs. 46- 47/50), comprobándose sucesivamente, en 2009 (fs. 51/54) y 2013 (fs. 55) la escala asignada en todos los rubros para el agrupamiento "Profesional". En segundo lugar, no existe controversia respecto a que desde el 21 de febrero de 2007 la actora solicitó al Ministerio de trabajo de la Nación la inscripción gremial del "Sindicato de Profesional de de la Salud Pública de la Provincia del Neuquén (SIPROSAPUNE)", y que se trata de una asociación gremial simple con ámbito de "representación personal y territorial de los trabajadores de la salud que ejerzan su profesión en hospitales públicos, centros de salud, en entidades estatales, centralizadas concentradas o descentralizadas de la Provincia del Neuquén (fs. 5/7).

De ello que no cumpla con los recaudos del art. 2°, inc. b) de la Ley 1974 para participar en las Convenciones Colectivas de Trabajo, que requiere de "organizaciones sindicales con personería gremial".

Resulta incuestionable entonces que la Administración Provincial pueda tener motivos fundados para actuar en la forma como lo hizo exigiendo la adecuación legal, sin embargo, entiendo que por no tratarse de una infracción legal menor, frente a la conducta asumida en la última paritaria en trámite, se impone su compatibilización con el resguardo no sólo de aquellas garantías laborales con base constitucional y convencional citadas, sino también desde que la entidad gremial fue convocada para representar a sus trabajadores afiliados y sujeta a los efectos de la conciliación obligatoria, status quo que procede preservar en el caso concreto en los términos del procedimiento iniciado, mientras no se obtenga sentencia firme.

Mediante el reclamo la accionante cuestiona la decisión de la demandada que en forma contemporánea a ser convocada, actuado en la paritaria y alcanzada por los efectos de la Resolución de Conciliación Obligatoria N° 21/14 de la autoridad laboral para el sector, la intima a que cumpla con aquellos recaudos legales en un exiguo plazo, bajo el apercibimiento de no habilitar su participación.

En orden a lo postulado por ambas partes, entendemos que el análisis de la cautelar y sus alcances equieren de una evaluación razonada acerca del efectivo rol desempeñado y desempeñar por la entidad gremial con impacto en la representatividad que invoca y el interés cierto de sus afiliados, existiendo la posibilidad de que su fin legal y constitucional resulte frustrado si se lo restringe, tornándose ilusoria o sin efecto práctico la futura sentencia a dictarse para la hipótesis de que fuera favorable.

Con lo indicado, no solo la cautelar halla su fundamento en el derecho constitucional y convencional de los trabajadores a asociarse, sino que también, conforme lo expuesto precedentemente, se encuentra acreditado otro de los requisitos que hacen viable a la medida peticionada, como lo es el "peligro en la demora".

En cuanto a las consideraciones vertidas por el apelante en cuanto dicha exigencia, cabe traer aquí a colación lo dispuesto al principio de éste análisis, oportunidad en que se remarco la implicancia que tendría separar del proceso paritario a la entidad que había sido convocado expresamente, a los fines de negociar acerca de los derechos de sus afiliados, y transcurrido el período de deliberación y acuerdo.

Piero Calamandrei ("Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares" p. 42/43), destaca que lo que se intenta proteger con la tutela judicial "No es, pues, el peligro genérico de daño jurídico ..., sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva.".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un juicio. La fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de una probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (Fallos: 314:713).

B.- Sentado lo anterior respecto a las razones que le asisten a la actora con base en la naturaleza de las atribuciones y garantías gremiales involucrados, su contracara la representan los derechos de terceros, en tanto que los efectos del reconocimiento de las primeras no puede implicar que se generen peligros o se ponga en riesgo los últimos.

En este sentido, es la propia actora la que admite que las entidades gremiales con las que ha compartido la convocatoria bajo el expediente que nos ocupa y que poseen inscripción gremial, habrían alcanzado un acuerdo en la Mesa Paritaria del Sector Salud (fs. 89/90), mientras la accionada denuncia las graves consecuencias que tiene la suspensión de un proceso paritario necesario para el mismo sector (fs. 125 vta.), y será en la precisa delimitación que definen estos derechos, que en el caso concreto se impone adecuar la medida cautelar para que la ejecución de ésta no conduzca a su negación o desconocimiento.

Precisamente, el art. 204 del CPCyC contempla que "El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger", norma que deja a la discrecionalidad y libertad del juez proveer medidas útiles y efectivas, atendiendo a las circunstancias que rodean al proceso, y la flexibilidad que debe ponderarse en el uso adecuado de las tutelas anticipadas.

Ello desde que las medidas cautelares, al no juzgar sobre los exactos alcances de los derechos peticionados, su carácter preventivo se dirige a proteger el bien tutelado, y en definitiva, la seguridad para el justiciable, ámbito en el que opera la discrecionalidad del juzgador para decidir la forma adecuada para garantizarla, de tal forma que su concreción no conlleve la violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio o afectación a terceros.

Precisamente, son dos los caracteres básicos de las medidas precautorias, el primero al reconocer un estado jurídico provisional que puede modificarse o alterarse, y de ello, mutarse o cambiarse con otra tutela, ello frene a la posible deficiencia o insuficiencia de la tutela o prevención que se aplica en cada caso, de tal forma de otorgar el adecuado fundamento y trascendencia.

Por ello, la denuncia de la posible evolución del proceso paritario y acuerdo con las entidades que con suficiente antelación cumplimentaron la representación gremial y le fue reconocida según el inc. b) del art. 2° de la Ley 1974, así como, atendiendo a los alcances del memorial de apelación introducido, resulta procedente dejar sin efecto la suspensión que las involucra.

Más, no pudiendo implicar este replanteo el desconocimiento de los alcances de la hipótesis vinculada a la lesión del derecho que le asiste a la actora, tanto como la configuración del peligro que conlleva a los intereses de los profesionales de la salud, y sólo atendiendo a las particulares circunstancias del caso concreto y conductas relevantes reflejadas en los expedientes administrativos citados, procede la adecuación de la cautelar en sentido positivo, y disponer que la actora y accionada continúen con la negociación en relación a los aspectos que involucran tanto la representación de la primera como la materia debatida en las reuniones de fecha 09 y 16 de octubre de 2014.

Que de los caracteres específicos de las medidas cautelares es el de su mutabilidad y flexibilidad, con el objeto de que cumplan sus fines satisfactoriamente sin ocasionar perjuicios que puedan evitarse, resultando de la regla procesal citada la facultad de los jueces de disponer una distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger, todo ello conforme a las circunstancias del caso.

"El art. 204 del Código Procesal ha acordado al juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, la facultad de disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, lo que recepta la idea del proceso como instrumento de gobierno, superadora de aquélla que agota la utilidad del instituto de que se trata como medio para satisfacer meramente intereses privados.-Referencia Normativa: Cpcb Art. 204" (CC0100 Sn 930471 RSI-324-93 I-Fecha: 07/09/1993-Carátula: Scaglia Juan Carlos Y Otros C/ Clínica San Nicolás SA. S/ Cobro De Pesos- Mag. Votantes: Maggi - Vallilengua - Civilotti- LDT).

V.- En orden a las consideraciones expuestas, se habrá de revocar la decisión de grado en relación a la suspensión de la partidaria en la que participan las entidades con personería acreditada en los términos del inc. b) del art. 2° de la Ley 1974 y, adecuando la cautelar en sentido positivo, se dispone que la actora y accionada continúen con la negociación en relación a los aspectos que involucran la representación de la primera con la materia debatida en las reuniones de fecha 09 y 16 de octubre de 2014, bajo el mismo apercibimiento de astreintes fijado.

Conforme la forma en como se decide las costas se impondrán en el orden causado (art. 20 de la Ley 1981 y 68 2da. Parte y 69 del CPCyC), difiriéndose la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para el momento en que existan pautas a tal fin.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Revocar la resolución dictada a fs. 97/98 vta. en relación a la suspensión de la partidaria en la que participan las entidades con personería acreditada en los términos del inc. b) del art. 2° de la Ley 1974 y, en consecuencia, disponer que la actora y accionada continúen con la negociación en relación a los aspectos que involucran la representación de la primera con la materia debatida en las reuniones de fecha 09 y 16 de octubre de 2014, bajo el mismo apercibimiento de astreintes fijado, de conformidad a lo explicitado en los Considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 20 de la Ley 1981 y 68 2da. Parte y 69 del CPCyC).

3.- Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para el momento en que existan pautas a tal fin.

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.