Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 25 de 2005.

Consideración: 1. Apeló la concursada contra el pronunciamiento dictado a fs. 46/47, agraviándose del reconocimiento del privilegio especial y general, a la acreencia admitida -oportunamente- como quirografaria a favor del incidentista.

Fundó su pretensión recursiva con el memorial que corre agregado a fs. 52/60, cuyo traslado fue contestado a fs. 62 por la sindicatura y a fs. 64/65 por el acreedor.

2. a) Señálase en primer lugar que la nulidad de la sentencia sólo procede cuando adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (CPr.: 253), es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma descriptos por la ley adjetiva (CPr.: 34, 4 y 163), pero no en hipótesis de errores u omisiones, que -de existir- pueden ser reparados por medio del recurso de apelación, en el que el tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho, con plena jurisdicción (CPr: 278; v. esta Sala en: "Maragna, José Luis y otro", del 11/4/91); como sucede en el caso a raíz de la apelación deducida.

b) La cosa juzgada sólo es inherente a la resolución que tiene por verificado el crédito y/o el privilegio; por el contrario, la que lo declara admisible o inadmisible, es susceptible de ser revisada (L.C.Q.: 37).

Así, en tanto fluye de lo actuado que el objeto de este incidente fue lograr el reconocimiento del carácter de privilegiado de un crédito admitido como quirografario, no se aprecian óbices formales para la procedencia de la vía elegida.

Destácase por otro lado que la finalidad del aludido procedimiento de revisión, es la de lograr la modificación de lo decidido en la resolución general verificatoria (L.C.Q.: 36). Nada obsta a que se persiga la "reconsideración" de algún aspecto de dicha decisión, aunque la pretensión no se funde en el cambio de las circunstancias o en la producción de nuevas pruebas, sino simplemente -como sucede aquí- en un criterio de apreciación disímil.

Por todo lo expuesto, es inaudible el planteo de "cosa juzgada" formulado por la concursada.

c) Resulta insoslayable en el caso la presunción prevista por la L.C.T.: 23.

Dicho precepto establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizarlo, salvo que se demuestre lo contrario.

Esa presunción determina la inversión de la carga probatoria, de tal forma que quien alega la inexistencia de la relación laboral debe probar tal extremo (CNTrab. Sala III, 23/08/96, "Vallejos de Montyeri, Blanca c/Darritchon, Luis s/ despido").

Ahora bien, la concursada -a quien, como se indicó, le incumbía la carga de probar que los servicios prestados no eran laborales- no acreditó la inexistencia del contrato de trabajo. Y, como no se encuentra controvertida la prestación del servicios, ningún elemento existe para considerar desvirtuada dicha presunción, dado que la misma opera aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato -cfr. art. 23 cit. y esta Sala "in re" "Clínica Privada Santa Rita S.A. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Scarabino, Manuel Néstor", del 12/10/99"-.

Por lo demás, no modifica lo expuesto el hecho de que la incidentista tuviera que extender facturas por los servicios que prestaba a la concursada, pues cabe entender que esto respondía a una exigencia de la empleadora tendiente a simular la naturaleza laboral de la relación, máxime cuando se han verificado a su favor otros créditos con causa en la relación laboral, por lo que cabe presumir que tienen origen en la misma relación.

Puede considerarse, entonces, suficientemente acreditada la relación laboral esgrimida en los términos de la L.C.T.: 50.

Destácase por último que, el hecho reiteradamente destacado por la deudora, vinculado a que la incidentista habría abonado el arancel que prevé la L.C.Q.: 32 -de cuyo pago se hallan excluidos los créditos de naturaleza laboral-, nada predica sobre la naturaleza del reclamo.

3. Por ello, recházase la pretensión recursiva, con costas (CPr.: 69).

Devuélvase sin más trámite, encomendándose a la juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes. - Angel O. Sala. - Martín Arecha.