marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Carlos A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Conforme el art. 2 inc. "a", ley 11.653 es competente la justicia laboral para conocer ante una demanda por indemnización de daños y perjuicios por un accidente de trabajo.
Proceso penal, prueba testimonial, testigo prohibido
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BUSSI RICARDO ARGENTINO s/ DENUNCIA  -INCIDENTE FORMADO POR LA PRESENTACION DE ROSA AUGIER DE ROJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

El sentido de la prohibición contenida en el art. 220 del CPP es preservar el vínculo familiar; y también evitar que los enfrentamientos conyugales o entre parientes se trasladen al ámbito judicial. En forma excepcional, la institución familiar prevalece como valor superior por sobre el interés público en la persecución de los delitos.

Se ha destacado la finalidad perseguida por el legislador, de mantener la solidaridad, respeto y jerarquía entre los integrantes del grupo familiar; superior al interés en la persecución de los delitos.

En la prueba testimonial, el juramento como tal importa una coacción moral; y quien lo presta en tales condiciones, ignorando la prohibición del art. 220, no expresa su libre voluntad.
Recurso de inconstitucionalidad, colegio profesional, aplicación de la ley, acción penal, prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCESCHELLI, JOSE MARIA c/  s/ APELACION RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA 1&#778; CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE QUE IMPONE SANCION DE SUSPENSION DE LA MATRICULA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Sin perjuicio de la discusión acerca de si resultan aplicables a la acción disciplinaria las disposiciones del Código Penal sobre la prescripción de la acción penal y, concretamente en el caso, sus causales de suspensión, lo cierto es que en autos el A quo así lo consideró y concluyó que se presentaba un supuesto de "cuestión previa" -en los términos del artículo 67 del Código Penal- por el pedido de tribunal pleno en la otra causa; y en este contexto, cuestionable resulta que no aportara para sustentar su decisión ninguna fundamentación, por cuanto los Judicantes no explicaron por qué encuadraban el caso dentro de las previsiones del Código Penal y, a partir de allí, por qué entendían que se configuraba un supuesto de suspensión de la prescripción de la acción -por cuestión previa o prejudicial-, ni, en su caso, si tal condición la reunía la resolución de tribunal pleno solicitado en los autos conexos o la materia de fondo allí debatida; siendo que todo ello revestía importancia para la solución a adoptar porque -por lo que surge de la propia decisión de la Alzada- el incidente aludido había sido fallado, y no así -o al menos, nada se dice- el planteo de fondo. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal. artículo 67.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, interpretación de leyes federales, riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

El auto de concesión del recurso extraordinario sustentado que se cuestiona la inteligencia dada por la alzada a una norma federal como lo es la ley 24.557, carece ostensiblemente de una debida fundamentación, pues el a quo no formuló ninguna inteligencia sobre el alcance y aplicación al caso de la citada norma federal, sino que se limitó a examinar lo atinente a la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la ejecutada en función del monto debatido.
Medidas para mejor proveer, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Ortholan  S.R.L. c/ E.N.  (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) s/ Contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-11

Por tratarse de una facultad propia del órgano jurisdiccional, las medidas para mejor proveer dictadas con fundamento en lo dispuesto en el art. 36, inc. 2), ap. b) del C.P.C.C.N. , son - como regla - inapelables.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rufino, Fernando y Aversa, Edmundo Dante s/ Recurso de inconstitucionalidad - Empleado judicial - Sanción   disciplinaria (Expte.: C.S.J. Nro. 664 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

En razón del esquema diseñado por el constituyente de 1962, resulta inconveniente desde el punto de vista institucional que el "control judicial suficiente" se garantice por vía de recurso ante los jueces de primera instancia, cámaras con competencia en lo contencioso administrativo u otros tribunales inferiores, pues ello importaría admitir que los mismos revisen lo decidido por la Corte local en materia de Superintendencia, produciendo un desplazamiento de en el ejercicio de facultades de gobierno que resulta incompatible con la unidad de poder que debe presidir dicho ejercicio, y que menoscaba la condición de cabeza del Poder Judicial local que inviste el Cuerpo; lo mismo cabe sostener respecto de una circunstancial integración ad hoc del Tribunal, que también supondría que el poder de superintendencia, de raíz constitucional, quedase sujeto -en definitiva- al juicio de quienes no revisten el carácter de miembros naturales del Órgano Superior del Poder Judicial de la Provincia, con violencia del espíritu de nuestra Carta Magna.
Cuestiones de competencia, competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, cheque sin fondos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LUCHETTA, RUBEN D. s/ INF. ORT. 302 CODIGO PENAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-12

Corresponde investigar el presunto delito de estafa -consistente en la entrega de dos cheques, con cuenta corriente cerrada, en pago de mercadería al juez penal con jurisdicción en el lugar donde se realizó la entrega de los cheques, aunque éste no haya sido parte en la contienda, si tal hecho constituye prima facie el ardid determinante del acto de disposición del denunciante.
Sentencia arbitraria, prueba, falta de prueba, perjuicio económico, liquidación, honorarios, base regulatoria, indemnización, monto del juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Zapata, Raúl Ricardo s/ p.s.  a.  de  lesiones  culposas  art. 94 del Código Penal - Causa n.  2/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Es arbitraria la sentencia que, al aludir a la falta de prueba del perjuicio económico, omite el análisis de la liquidación presentada, de la que resulta que no sólo los demandados deberán abonar honorarios por un importe varias veces superior al capital de condena, sino que el propio damnificado - triunfante en el pleito - recibirá una indemnización inferior a los honorarios que están a su cargo.
Confirmación de sentencia, régimen penal tributario, delitos tributarios, omisión de retener o percibir aportes, extinción de la acción penal, deuda previsional, cancelación de deudas, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Debe confirmarse la sentencia que declaró extinguida la acción penal en los términos del art. 14 de la ley 23.771 y sobreseyó definitivamente al contribuyente del delito de omisión de aportes previsionales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Ignacio y otro s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Transgrede el inc. 5º del art. 256 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal y la doctrina de esta Corte, el fallo que otorgó valor de indicio a la "capacidad delictiva específica", desde que no corresponde la inclusión en la prueba presuncional del indicio de potencialidad delictiva que se desprende de una condena anterior del procesado, pues ello sin otras características que le agreguen poder de convicción no conduce "lógica y naturalmente" a inferir la autoría del procesado en los hechos de que se trata (art. 259 inc.

5º, C.P.P.).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amarilla, Alejandro c/ Línea 213 S.A. Transportes y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-24

Si el daño deriva del riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad al dueño o guardián, a tal punto que su ausencia no lo exime de ella;

resultando impropio así acudir a los conceptos de "exclusividad", "concurrencia" o "presunción de culpas".
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VAN OPSTAL EDUARDO RAUL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE PARANA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-02

Los presupuestos de configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas de su actividad lícita fueron reseñados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "TEJEDURIA MAGALLANES" (Fallos 312:1656) en el que fijó tres condiciones: a) existencia de un daño actual y cierto; b) imputabilidad material del mismo al Estado y c) relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, tales requisitos son en realidad comunes a todos los supuestos de reclamo por daños sufridos, por lo que el máximo Tribunal Federal completó los presupuestos en este supuesto específico al expedirse en el caso "COLUMBIA" (Fallos 315:1027) adicionando: d) la necesidad que se configure un sacrificio especial en el perjudicado por el accionar legítimo del Estado y e) la ausencia de un deber de soportar el daño.
Voto de los jueces, voto de adhesión
Materia: PROCESAL
Carátula: Ronbolá de Otiz, Dominga del Valle s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-04

Si un magistrado se adhiere, al voto del Juez Preopinante, "a los fundamentos y al desenlace", sin efectuar ninguna salvedad, debe entenderse abarcativo de la solución propiciada por el voto adherido respecto de las costas.
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez de Jacob, Angélica Argentina c/ Caminos Río Uruguay S.A. de Construcciones y COncesiones Viales s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-18

El principio general es la no suspensión del procedimiento por causa de las tramitaciones realizadas para obtener el beneficio de litigar sin gastos, con la única excepción de que se hubiere pedido en el escrito de demanda.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, recursos, cuota alimentaria, inflación, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: CHANCHORRA, Ester Violeta c/ GIORGINI, Mario Alberto s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-05

Cabe tener en cuenta que estamos en presencia de una petición de incremento de cuota provisoria y que el fundamento del reclamo es la inflación operada desde el año 2005 a la fecha.

En tal sentido, cabe destacar que el artículo 375 del Código Civil prevé la posibilidad de decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, mientras se tramita el juicio de alimentos.

La disposición se explica en razón de que se trata de obtener medios de subsistencia que son urgentes y no admiten demora, lo que determina la manifiesta inaptitud de la vía procesal prevista para ventilar estas cuestiones.

Por ende, reviste la característica de una medida cautelar específica de tutela urgente, tendente a satisfacer las necesidades del alimentado, la que debe prosperar siempre que se acredite la verosimilitud del derecho de quien la solicita, debiendo el juez tener en cuenta las necesidades de la actora y la capacidad económica del alimentante, sin que ello implique efectuar un análisis exhaustivo de las pruebas aportadas por las partes (CApel, Sala IV, año 2001, f° 17, ídem, año 2009, f° 873), siendo ajustada a derecho resolver la petición aún inaudita parte, si es que se dan los presupuestos de toda medida cautelar.

Ello así, pues las pruebas concretas de las necesidades insatisfechas y de las posibilidades del alimentante configuran materia propia del juicio de alimentos (CNC. Sala A en L.L. 1997 -B -517).

Ello sentado, no se advierte la razón por la cual la actora procure el incremento de la cuota provisoria y no intente derechamente la acción judicial de aumento de cuota prevista en el artículo 661 de Código Procesal, máxime cuando la norma de rito prevé el trámite incidental del reclamo, lo que permite vislumbrar una pronta respuesta de la jurisdicción y cuando de manera expresa declara que no interrumpirá la percepción de la cuota fijada.

Es innegable el fenómeno inflacionario operado, agudizado en los últimos meses, cuanto asimismo el impacto que opera en situaciones como la de autos en donde se estableció una cuota fija, sin prever las partes mecanismo de reajuste alguno que contemple tal situación.

Pero de igual modo, no puede dejarse de lado que se está en presencia de un reclamo de naturaleza cautelar en donde mínimamente la peticionante debe aportar elementos de convicción como para afianzar el pedido.

Por ello y siempre destacando que en la materia toda decisión que se adopte tiene naturaleza provisional, voto por el rechazo de la apelación, máxime -cuando como señalara- no se ha promovido el incidente de incremento de la cuota alimentaria.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, paso a nivel en malas condiciones
Materia: CIVIL
Carátula: AIDOS, RICARDO ALEJANDRO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

De la prueba aportada surge que la causa adecuada del daño ha sido el mal estado de conservación del paso a nivel, cuyos baches y pozos pronunciados determinaron el desperfecto que detuvo al camión.

Aun cuando en el terreno de la pura mecánica de los hechos tanto la carga como la existencia de baches hayan contribuido para la producción del desperfecto, en orden a la imputación de las consecuencias, estás deben recaer sobre la demandada porque sólo ella ha actuado con descuido y negligencia, ya que es inherente a un camión de las características del de autos que se lo utilice para llevar cargas pesadas, y por lo tanto ningún reproche se le puede formular a su dueÑo por haberlo empleado con ese fin. En cambio, sí cabe formulárselo a la empresa ferroviaria que descuidó el estado del pavimento en el cruce a nivel, a pesar de encontrarse obligada a su conservación.
Competencia, conflictos colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucero, Héctor Hugo c/ Maderera Pampeana S.A. y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-10

Si a los fines de un contrato de locación de maquinaria, donde también se prevé la situación de empleados que se transfieren por ese contrato, se constituyó domicilio en Santa Rosa y se pactó la jurisdicción de estos Tribunales, no existiendo excepciones al domicilio constituido, deberá admitirse que también en los conflictos laborales planteados debe estarse al domicilio constituido en esta ciudad.
Competencia federal, proceso penal, Estado Nacional, dependientes
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Fangio, Juan Manuel. s/ Lesiones  graves  culposas  en  perjuicio  de  Pereyra,  Juan  Carlos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

La posibilidad de que la Nación deba eventualmente responder con su patrimonio por los delitos de que pudiera ser responsable su dependiente, no suscita la intervención del fuero federal, pues el daño que podría irrogarse a dicho patrimonio en tal supuesto no se identifica con el previsto en el art. 3°, inc. 3°, de la ley 48 - y su concordante art. 23, inc. 3°, del Código de Procedimientos en Materia Penal - que aluden a los casos en que dicho daño corresponda al resultado directo de la acción típica de que se trate.
Honorarios, peritos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSANIGO TULIO EDSEL c/ LA CAPILLENSE  S.R.L  Y OTROS s/ NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-17

El art. 102 de la ley 7269 indica que los honorarios de los peritos son a cargo de quien no haya efectuado una estimación fundada, en su caso, de aquella cuya estimación haya resultado más alejada de la tasación pericial.-
Docentes, ley vigente, universidades nacionales, aplicación de la ley previsional, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MOSCATO, RAUL ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-15

El Art. 2 de la ley 23.068, al restablecer la vigencia de los estatutos que regían las universidades nacionales el 2 de julio de 1966 en tanto sus disposiciones no se opongan con ella, responde a la finalidad de fijar un régimen provisorio de normalización de las mencionada instituciones, inteligencia dentro de la cual no cabe incluir lo atinente al régimen jubilatorio especial para docentes universitarios, porque el art. 172 de la ley 14.473 (como así también los regímenes citados por aplicación de dicha norma legal) fue expresamente derogado por el art. 93 de la ley 18.037, texto originario, y por tratarse de normas previsionales de carácter especial, sólo podrían cobrar operatividad mediante una norma expresa que así lo disponga.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, sentencia condenatoria, personas privadas de la libertad, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: LUCERO, José A. s/ PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Si bien la doctrina plasmada por la Cámara Nacional de Casación Penal en ocasión de dictar el fallo plenario "Molina, Roberto Carlos", incluye a los condenados por sentencia firme en la aplicación de los beneficios establecidos por la ley 24.390, existe una limitación, cual es que el peticionante se encuentre cumpliendo la pena respectiva.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Peralta, Erasmo Salustiano c/ Mascotto, Esteban. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La Corte Suprema no puede modificar el monto establecido por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial.
Declaración policial, facultades de la autoridad de prevención, actos voluntarios, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Gastón Adrián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

Si el encausado, al ser notificado de su afectación al proceso en los términos del art. 281 del C.P.P.N., en forma espontánea se refirió al hecho materia de pesquisa y proporcionó datos del evento, cuestión que luego fue negada al momento de prestar declaración indagatoria, sin que se pueda acreditar que fuera sujeto pasivo de apremios ilegales por el denunciados, debe rechazarse la nulidad intentada contra dichas declaraciones.

La mera comunicación de ese dato, en la medida que no sea el producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieren surgir de esa comunicación.

Si una persona imputada de la comisión de un delito confesara abiertamente ante la prevención el hecho imputado, podría deslindar su responsabilidad al hacerlo de esa forma ante la imposibilidad existente de que los funcionarios policiales lo puedan interrogar, lo que representa un contrasentido.

Por ello, y dado que los funcionarios policiales que escuchan una manifestación de ese porte, tienen la obligación legal de volcarla, constituyéndose, de esa manera, en testigos de oídas del asunto, debe rechazarse la nulidad intentada .
Locación, desistimiento de la obra
Materia: CIVIL
Carátula: L., H. O. c/ I., A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-03

La decisión del dueño de la obra, de contratar a un tercero para su ejecución, sin haber intimado al locador a finalizarla, importa un desistimiento unilateral de su parte con el alcance que le confiere el art. 1638 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, partición, acción de nulidad, prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: SARTOR, MABEL REGINA c/ SARTOR, RAUL ROQUE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

Asiste razón a la recurrente cuando pone de resalto el absurdo de computar la prescripción de la acción de nulidad desde un momento anterior a la existencia misma del acto particionario que se pretendía atacar, desde que, conceptualmente, la apertura de una sucesión con pluralidad de herederos da lugar a un estado de indivisión hereditaria, el cual eventualmente finalizará con la partición de la herencia, de modo que la acción dirigida a invalidar este acto nunca podría hallarse expedita en aquel lapso previo a su instrumentación, por lo que mal podría correr durante ese entonces la prescripción respectiva. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gutiérrez, Erbetta y Spuler)
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAY, Liliana Norma c/ VORANO, Alfredo Eduardo s/ CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE PRESTACION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-11-05

El apelante cuyo recurso ha sido concedido con efecto devolutivo tiene dos obligaciones: la primera es la presentación del memorial, que no escapa al término establecido por el art. 246; la segunda es la presentación de las copias pertinentes para formar el expediente que debe elevarse a la Cámara, y que deben ser acompañadas en idéntico término legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)