Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-23


SENTENCIA NÚMERO: DIECISIETE. En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "ESTÉVEZ, ILIANA LUISA C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Letra "E", N° 02, iniciado el seis de abril de dos mil nueve), con motivo del recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 282/289vta.), fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación?- SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?- Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h).

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN DIJO: 1.- Con fundamento en las causales previstas en el artículo 45 incisos a) y b) de la Ley 7182, la demandada interpone recurso de casación (fs. 282/289vta.) en contra de la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintisiete de noviembre de dos mil ocho (fs. 256/281), que resolvió por mayoría:

"1.- Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por Iliana Luisa Estévez en contra de la Municipalidad de Córdoba, declarando la nulidad de los decretos 1541/05 y 4313/05. 2.- Condenar a la demandada a abonar a la actora las diferencias salariales devengadas por el desempeño de las funciones de Jefa de División Habilitación de la Dirección de Registro Civil en el período comprendido entre el 1-7-99 y el 26-8-04, con intereses desde que cada mensualidad es debida y hasta el momento de su efectivo pago, a la tasa indicada al resolver la primera cuestión. Establecer en cuatro meses computados a partir de la fecha en que quede firme la aprobación de la planilla pertinente el plazo para el cumplimiento espontáneo de la condena, debiendo la demandada proponer liquidación dentro del mes siguiente al momento en que adquiera firmeza la presente resolución, bajo apercibimiento de ejecución. 3.- Imponer las costas a la demandada...", el que fue concedido por Auto Número Ciento cuarenta y ocho del veinticinco de marzo de dos mil nueve (fs. 296/300vta.). 2.- En aquella Sede el procedimiento se cumplió con la intervención de la parte actora, quien a fs. 291/295 evacuó el traslado corrido a fs. 290, solicitando por las razones que allí expresa el rechazo del recurso de casación, con costas. 3.- A fs. 304 se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto en sentido desfavorable a la procedencia del remedio articulado (Dictamen CA N: 220 de fecha 4 de mayo de 2009, fs. 305/308vta.). 4.- A fs. 309 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 310), deja la causa en estado de ser resuelta.- 5.1.- Con sustento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. a) de la Ley 7182), denuncia que el Tribunal a-quo desvirtuó las previsiones contenidas en el artículo 21 de la Ordenanza Número 7244. Sostiene que la Sentenciante omitió considerar las circunstancias por las cuales corresponde a un agente municipal percibir las diferencias de haberes existentes entre el cargo que ostenta y el que está desempeñando, conforme lo reglamenta el Decreto Número 15.975/A/82. Agrega que los requisitos establecidos por la citada normativa no son contrarios a los principios que subyacen en los artículos 14 de la Constitución Nacional; 23 inciso 4) de la Constitución Provincial y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cuanto tiene como fin garantizar la igualdad reconociendo la diferencia salarial a quien reúne los requisitos y cumple la función superior.- Afirma que el acto administrativo cuestionado contiene los requisitos esenciales de existencia y validez, está debidamente motivado; su forma y contenido son ajustados a derecho. Tras mencionar que el artículo 8 de la Ordenanza 8023 dispone como requisito el concurso para acceder al cargo Jefe de División, sostiene que tal requisito no fue cumplimentado por la accionante. 5.2.- Con apoyo en el motivo formal de casación (art. 45 inc. b) de la Ley 7182), acusa que el Tribunal a quo, por mayoría, dio por sentado que la actora cumplió las funciones de Jefe de División, cuando ello no está acreditado en autos.- Cita extractos de los votos de los Señores Vocales de la mayoría, tras lo cual considera que la cuestión ha sido correctamente analizada por la Señora Vocal de la minoría a fs. 269/269vta..- Refiere que cuando se efectuó el informe de fojas 9 del Expediente Administrativo Número 787.030/99, el Señor Quinteros acababa de jubilarse y a los dos meses fue suprimido el cargo, por lo que no debe presuponerse que la Señora Estévez cumplió las funciones hasta su jubilación, más cuando el informe de fojas 38 del expediente citado indica que no se le encomendaron a la actora tareas que excedieran el marco de sus responsabilidades. Expone que no puede soslayarse que si la accionante hubiera desempeñado el cargo de mayor jerarquía, habría tenido acceso al expediente reservado en autos y a la eliminación del cargo que solicitaba, pero nada dijo, por lo que no cumplía la función o consintió el trabajo, razón por la cual es aplicable la teoría de los actos propios.- Puntualiza que el precedente "Greco de Albrieu..." no es de aplicación al caso, ya que la diferencia está en que las funciones habían sido encargadas al actor, lo que no ocurre en autos.- Afirma que es incorrecto sostener que en la presente causa no se cuestionó la buena fe de la actora y que la demandada no ha ensayado defensa alguna relacionada con la doctrina de los actos propios, toda vez que su parte afirmó y acreditó que la Señora Estévez tenía conocimiento de la normativa aplicable. 5.3.- Con fundamento en idéntico motivo casatorio, aduce que la Sentenciante efectuó un análisis parcializado y equivocado de las constancias de autos y de las actuaciones administrativas lo que torna arbitrario al decisorio, exponiendo los siguientes argumentos:- a) La sentencia se basa en afirmaciones dogmáticas. Denuncia que el fallo recurrido incurre en una motivación insuficiente, al efectuar afirmaciones que constituyen simples conjeturas.- Afirma que la actora no probó los extremos que demanda y no demostró que los actos administrativos impugnados sean ilegítimos. Arguye que no puede soslayarse que como empleada la actora, desde el momento de su ingreso, conocía las previsiones del artículo 21 de la Ordenanza 7244.- b) Quebrantamiento de los principios lógicos del razonamiento.- Acusa que la sentencia se halla insuficientemente fundada, pues el Tribunal a quo omitió analizar elementos de la causa relevantes para su resolución.

Cita doctrina. Esgrime que no se ha seguido en el proceso lógico un silogismo correcto, toda vez que se apreció la subjetividad en que incurrió la actora al interponer la demanda y no la objetividad que surge de las constancias de autos y de las actuaciones administrativas. 5.4.- Con fundamento en el motivo formal de casación, afirma que la Sentenciante, al momento de imponer la costas, omitió tener en cuenta que se operaron vencimientos parciales. Refiere que su parte planteó la extinción de los créditos reclamados por la actora en base al artículo 4027 inciso 3) del Código Civil, cuestión que no fue tratada por la Sentenciante.- Apunta que el vicio denunciado sobre el proceso lógico de razonamiento incide en aspecto esencial de la decisión adoptada en la sentencia cuestionada, por lo que deviene nula.- Hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48). 6.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de una sentencia definitiva, por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 385 del C.P.C. y C. y 45 de la Ley 7182). Por ello, corresponde analizar si el remedio ensayado satisface las demás exigencias necesarias para su procedencia formal y sustancial.- 7.- Mediante el pronunciamiento recaído en la causa, el Tribunal de Mérito hizo lugar -por mayoría- a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la Señora Iliana Luisa Estévez en contra de la Municipalidad de Córdoba, declarando la nulidad de los Decretos Números 1541/05 (cfr. fs. 222/225) y 4313/05 (cfr. fs. 230/232) del Departamento Ejecutivo Municipal, que rechazaron la pretensión de pago de las diferencias de haberes por las mayores funciones cumplidas, inherentes al cargo de Jefe de División del Registro Civil para la Habilitación, dependiente de la Dirección de Registro Civil, desde el primero de julio de mil novecientos noventa y nueve al veintiséis de agosto de dos mil cuatro.

En su mérito, condenó a la demandada a abonar a la actora tales diferencias con más los intereses fijados en el decisorio cuestionado. 8.- El recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal (art. 45, C.P.C.A.), cuya fundamentación debe ser expresa, correspondiendo al recurrente "...impugnar idóneamente los elementos que sustentan el fallo, explicando en base a los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y porqué éste debe variar..." (de la Rúa, Fernando, El Recurso de Casación, Víctor P. De Zavalía, Buenos Aires 1968, pág. 464).- 9.- Con sustento en el motivo formal de casación (art. 45 inc. b) de la Ley 7182), la demandada esgrime que deviene infundada la decisión del Tribunal a quo, que por mayoría hizo lugar en todas sus partes a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, afirmando que se omitió considerar que el cargo de Jefe de División del Registro Civil fue suprimido transcurrido dos meses de acordarse la jubilación a su antiguo titular; que la actora no acreditó haber desempeñado las funciones de mayor jerarquía y que para ocupar ese cargo se requería el concurso exigido por el artículo 8 de la Ordenanza 8023. 10.- A los fines de analizar la viabilidad de los agravios invocados, es dable efectuar un repaso de las circunstancias objetivas acreditadas en la causa, que fueron ponderadas por la Cámara a quo para arribar a la conclusión mayoritaria sobre la procedencia de la pretensión de la actora, de las que surge que:- a) Con fecha 16 de septiembre de 1999, el Señor Director del Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba dirigió una nota a la Señora Subsecretaria de Gobierno solicitando se llamara a concurso para cubrir el cargo vacante de Jefe de División (1) (0308) para la Habilitación dependiente de la Dirección del Registro Civil, detallándose las funciones específicas del cargo (fols. 1/3 y 10/12, Expte. Adm. Nro. 787030/99);- b) El día 1 de diciembre de 1999 el Señor Director del Registro Civil Doctor Aliaga Yofre informa al Señor Secretario de Gobierno de la necesidad de cubrir interinamente el cargo de Jefe de División Habilitación de la Dirección de Registro Civil, asimismo señala que el cargo quedó vacante desde que el Señor Juan Carlos Quinteros se acogió a los beneficios de la jubilación el primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, siendo desde tal fecha desempeñado en forma interina por la Señora Estévez quien era la única idónea (cfr. fol. 9, expte adm. cit.); c) El 6 de diciembre de 1999 el Secretario de Gobierno Municipal dispuso retener las actuaciones tendientes a realizar el concurso solicitado, debido a que en un corto lapso se iba a producir la asunción de las nuevas autoridades (cfr. fols. 7 y 14, expte. adm. cit.);- d) Con fecha 24 de julio de 2000 la actora elevó nota al Señor Director del Registro Civil mediante la cual solicitó se le abonen las diferencias de haberes entre su cargo de revista y el de Jefa de División en reemplazo del Señor Juan Carlos Quinteros y además peticionó se le concediera una entrevista con el Señor Intendente para darle noticia de la situación (cfr. fol. 31, expte. adm. cit.);- e) El día 30 de julio de 2000 el nuevo Director del Registro Civil Doctor Gerardo D. Novello elevó nota al Sub Secretario de Gobierno a través de la cual adjuntó nota presentada por la actora de fecha 24 de julio de 2000 e informó que la Señora Estévez se desempeña en la Oficina de Habilitación de esa Dirección como Encargada del Área desde el 01 de Julio de 1999 (cfr. fol. 32, expte. adm. cit.); f) El Señor Jefe de Despacho de la Secretaría de Coordinación y Gobierno de la Municipalidad de Córdoba informó sobre la imposibilidad de prestar conformidad a la petición del Señor Director del Registro Civil y de la actora atento a lo dispuesto por el Decreto Número 267 del 7 de febrero de 2000 que eliminó el cargo Jefe de División del Registro Civil (Anexo 02, Apartado 02, Programa 201, Categoría 03, Cargo 08) y lo establecido en el artículo 20 de la Ordenanza 10.475, aprobatoria del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal Ejercicio 2002, que dispuso: "ELIMÍNASE a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la totalidad de los cargos de planta permanente vacantes por renuncia, muerte, jubilación u otros motivos, que se produzcan en el Ejercicio 2002.- ..." (cfr. fol. 35 del expte. adm. cit.); g) El día 10 de noviembre de 2004 la Señora Estévez mediante un escrito denominado "amplía fundamentos", solicitó se le abonen las diferencias de haberes, fundando su reclamo en los principios de igual remuneración por igual tarea, del enriquecimiento sin causa y de igualdad -arts. 14 bis y 16 de la C.N. y Convenio 111 de la O.I.T.- (cfr. fols. 1/2vta. Expte. Adm. Nro. 020091/04 anexado como fol. único 37 al Expte. Adm. Nro. 787030/99); h) El 9 de diciembre de 2004 el Señor Director del Registro Civil de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba informó que jamás se encomendaron a la Señora Estévez el cumplimiento de funciones que se excedieran del marco de sus responsabilidades, ni del cargo que poseía, ni que se correspondiesen con jerarquía de conducción alguna (cfr. fol. 38, expte. adm. cit.); i) Con fecha 3 de marzo de 2005 la Dirección de Recursos Humanos elevó un informe a la Secretaría de Gobierno señalando que si bien cada Director puede encomendar funciones o encargar tareas y acciones necesarias a los agentes de su dependencia tendientes a la ejecución de programas y servicios que son inherentes a cada área de la Repartición, con los fines de obtener la mejor atención y funcionamiento de la misma, en todos los casos es sin derecho a percibir diferencia salarial, ya que para ello se debe cumplimentar con el trámite y procedimiento administrativo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza 7244, que dispone la forma y el tiempo para cubrir funciones e interinatos en cargos superiores (cfr. fol. 40, expte. adm. cit.);- j) Mediante el dictamen de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba Número 111 de fecha 12 de abril de 2005, se arribó a la conclusión desfavorable a la petición de la actora. Dicha opinión se fundó en que sólo se había configurado uno de los tres requisitos exigidos por la legislación para que proceda el pago de las diferencias de haberes, toda vez que el cargo al que hace referencia la Señora Estévez existió y perteneció al agrupamiento conducción, primera condición, pero no consta el cumplimiento de las otras exigencias, que la misma haya sido dispuesta por un período mayor a sesenta días corridos a través de un Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. Asimismo se tuvo en cuenta que mediante el Decreto 267 de fecha 7 de febrero de 2000 se anuló el cargo de Jefe de División existente en la Dirección del Registro Civil, consecuencia lógica de su vacante injustificada (cfr. fols. 42/43, expte. adm. cit.) y k) A través del Decreto Número 1541 de fecha 4 de mayo de 2005, el Departamento Ejecutivo reeditando en esencia las razones dadas en el dictamen de la Asesoría Letrada, rechazó por improcedente e infundado el reclamo de pago de las diferencias de haberes interpuesto por la actora (cfr. fols. 45/47, expte. adm. cit.). 11.- En el contexto fáctico así referenciado, el Tribunal a-quo, declaró ilegítimos los actos administrativos denegatorios y, por mayoría, reconoció el derecho de la actora a las diferencias remuneratorias, desde que quedó vacante el cargo por la jubilación del Señor Juan Carlos Quinteros (01/07/1999) y hasta la fecha en que se produjo la desvinculación de la actora para acogerse a los beneficios previsionales (26-08-2004). 12.- Como es sabido, el pago de mayores funciones sin que medie acto administrativo de autoridad competente que expresamente lo autorice, se sustenta en el principio de igual remuneración por igual tarea (T.S.J., Sala Cont. Adm., Sent. N° 75/2000 "Berrotarán, Gabriela..."). Pero, para que ello proceda, es fundamental la acreditación "fehaciente" del cumplimiento de las mayores funciones y la correspondencia del derecho que se reclama atento las características de la función desplegada. La ausencia de instrumento jurídico autoritativo idóneo impone en la especie una interpretación restrictiva (cfr. Sent. Nro. 38/1996 "Quelas, Félix Najle c/ Municipalidad de Córdoba..."). 13.- Para el correcto juzgamiento de esta causa, ha menester considerar especialmente que está categóricamente acreditado que a partir del Decreto D.E.M. Número 267 de fecha siete de febrero de dos mil se suprimió presupuestariamente el cargo de Jefe de División existente en la Dirección de Registro Civil (cfr. fols. 23/29, Expte. Adm. Nro. 787030/99).- En ese contexto, la pretensión de la actora amerita su consideración en función de dos períodos claramente definidos: 1) Desde que el cargo de mayor jerarquía quedó vacante, esto es, 01/07/1999 y hasta el momento anterior a su supresión presupuestaria ocurrida el 07/02/2000 y 2) Desde el 07/02/2000 en que se suprimió presupuestariamente el cargo, hasta la fecha de la renuncia por jubilación de la actora que tuvo lugar el día 26/08/2004.- 14.- Con relación al primer período, cabe señalar que el recurso de casación traduce una discrepancia con respecto a la valoración por el Tribunal a quo de las circunstancias fácticas relevantes para declarar procedente la pretensión de la accionante.- En efecto, las mayores funciones esgrimidas por la actora como presupuesto legitimador de su reclamo a una mayor remuneración, está acreditada especialmente con: a) Los informes producidos por los propios Directores del Registro Civil, Doctores Aliaga Yofre y Novello, que expresamente reconocían que la Señora Estévez fue quien remplazó al Señor Quinteros en la función que prestaba como Jefe de División; inclusive, Aliaga Yofre la proponía para la designación por ser a su criterio la única idónea con que contaba el Registro (cfr. fol. 9 y 32, Expte. Adm. Nro. 787030); b) La documental agregada a fs. 39 de autos: nota de fecha 04/01/2000, firmada por el Director del Registro Civil y por la actora, dirigida al Banco de la Provincia de Córdoba, mediante la cual se comunica cuáles eran las firmas mancomunadas de una cuenta, entre las que se hallaba nominada la accionante.- Estos elementos de juicio constituyen indicios favorables a la prestación de funciones inherentes a un cargo de mayor jerarquía escalafonaria, cuya eficacia convictiva expresamente valorada por la Judex a quo (cfr. fs. 260vta./261 y 279/279vta.), no ha sido rebatida en la instancia de casación.- Por consiguiente, las diferencias de haberes reconocidas a favor de la actora desde el 01/07/1999 y hasta el 07/02/2000 constituye una derivación razonada del derecho vigente con adecuada aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa. En ese contexto, el recurso de casación deviene improcedente por falta de trascendencia anulatoria. 15.- En orden al segundo período, esto es desde la fecha de supresión presupuestaria del cargo (07/02/2000) y la renuncia por jubilación de la actora (26/08/2004), asiste razón a la casacionista cuando controvierte la debida fundamentación del decisorio recurrido, con respecto a la desestimación de su defensa opuesta al contestar la demanda (cfr. fs. 26vta.), reeditada en sus alegatos de bien probado (fs. 243vta.) y en la casación, referida a que mediante el Decreto Número 267 de fecha 07/02/2000 en virtud de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ordenanza Número 10.192/A/99, el D.E.M. suprimió el cargo de Jefe de División existente en la Dirección de Registro Civil (Anexo 02, Apartado 02, Programa 201, Categoría 03, Cargo 08), por lo que su parte no adeuda suma alguna a la actora y no están acreditadas las mayores funciones.

En efecto, la Sentenciante omitió ponderar los efectos jurídicamente vinculantes que produjo la supresión presupuestaria y orgánica del cargo de mayor jerarquía, al determinar sin dar mayores explicitaciones, que las diferencias de haberes reclamadas debían proceder en su totalidad. Esta omisión es dirimente para el caso, más cuando la actora, atento su condición de agente del Registro Civil Cargo Administrativo 0518, Nivel 1, no podía desconocer, en las particularidades del caso, que el cargo Jefe de División había desaparecido del presupuesto municipal a partir del siete de febrero de dos mil (cfr. fol. 4 del Expte. Adm. anexado como fol. único Nro. 37 al Expte. Adm. Nro. 787030).- La doctrina vigente en el seno de este Tribunal, consistente en que "...En nuestro sistema jurídico positivo no puede existir supuesto alguno de función ´de facto´, ya que, incluso en las hipótesis posibles del denominado ´funcionario de hecho o de facto´, su constitución admisible sólo puede partir de la preexistencia del cargo, siempre creado por ley. ..." (Sent. Nro. 17/1981 "Fulladoza c/ Sup. Gob."; reiterada en Sents. Nro. 78/1997 "Navello...", Nro. 175/1999 "Ortíz...", Nro. 192/2000 "Cominotti...", Nro. 150/2001 "Iglesias...", Nro. 31/2002 "Giribaldi...", Nro. 80/2004 "Díaz...." y Nro. 92/2004 "De Goycoechea.") obsta, en principio, a la procedencia de la pretensión de la accionante, por el segundo período referido.- La actora no puede esgrimir a su favor un derecho subjetivo al pago de diferencias de haberes entre la remuneración asignada a un cargo de mayor jerarquía y la correspondiente a su cargo de revista, cuando el cargo de mayor nivel escalafonario carece de la indispensable previsión orgánica y presupuestaria. No entenderlo así, significaría desconocer la incidencia que producen las ordenanzas de contabilidad y de presupuesto, las que deben interpretarse a la luz que proyecta esta normativa básica del régimen jurídico del gasto público municipal (cfr. arts. 67, 64 inciso 14 y 86 inciso 9 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba y Ordenanza Nro. 5727). 16.- Ahora bien, si la pretensión de la actora consiste en una compensación por haber ejercido una mayor función respecto de la cual no estaba jurídicamente obligada a cumplir, en atención a las funciones inherentes a su cargo de revista, no debe soslayarse que tal pretensión resarcitoria también deviene improcedente frente a la inexistencia legal y presupuestaria del mayor cargo, razón por la cual con su aquiescencia ha dado lugar al supuesto daño que ahora intenta atribuir exclusivamente a la Administración, pretensión que es descalificable al amparo de la doctrina de los propios actos y de lo dispuesto en el artículo 901 del Código Civil.- Lo expuesto evidencia que la demandante no ignoraba que el cargo no existía y para tornarse operativo su reclamo, se requería el despliegue de una actividad legislativa a fin de dotarle de reflejo orgánico y presupuestario. En particular, de la atenta valoración de los diferentes elementos de juicio, de la documental y la testimonial ponderadas en el decisorio cuestionado, no se advierte que el derecho a la percepción de las diferencias de haberes solicitadas haya tenido la "fehaciente acreditación" fáctica y jurídica que exigen los principios constitucionales tutelares del derecho a una remuneración justa.- Para ello, debe ponerse especial atención a las funciones inherentes al cargo de Jefe de División del Registro Civil, cuyas múltiples tareas a desarrollar están especificadas en la solicitud de llamado a concurso del cargo elevado por el Señor Director del Registro Civil a la Señora Secretaria de Gobierno el día dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (cfr. fols. 1/3, Expte. Adm. Nro. 787030/99). En efecto, de la lectura de los informes de los diferentes Directores del Registro Civil que ejercieron la función durante el lapso reclamado por la actora, surge que el Doctor Aliaga Yofre, el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, indicó que la Señora Estévez desempeñaba en forma interina la función de Jefe de División de Habilitación del Registro Civil desde la jubilación del Señor Juan Carlos Quinteros. El Doctor Novello, el día treinta de julio de dos mil informó que la actora se desempeñaba como Encargada del Área desde el 01/07/1999 (cfr. fols. 9 y 32, Expte. Adm. Nro. 787030/99).

En tanto que el nuevo Director Doctor Roberto R. Lafouret, el día nueve de diciembre de dos mil cuatro, señaló que durante el período que ejerció sus funciones no se encomendaron a la accionante la realización de tareas que excedieran el marco de sus responsabilidades ni del cargo que poseía y que tampoco correspondieran a un cargo con jerarquía de conducción alguna (cfr. fol. 38, expte. adm. cit.). 17.- La Judex a quo tuvo por acreditada la realización de tareas efectivas acordes al cargo de Jefe de División, por parte de la accionante, a partir de considerar el envío de memorandos a otras reparticiones y la evacuación de consultas y trámites bancarios (cfr. fs. 260vta. y 279/279vta.), circunstancias que carecen de idoneidad suficiente para acreditar el desarrollo de tareas específicas de la jerarquía superior a la de la categoría de revista de la accionante -Cargo Administrativo 0518, Nivel 1- con posterioridad a la supresión del cargo de Jefe de División. Ello surge de confrontar la realización de tales cometidos con las propias de Jefatura de la División Habilitación del Registro Civil, las cuales conforme a la informado por el Señor Director a fs. 1/2 del Expediente Administrativo Número 787030/99 consisten en "1) Tener a su cargo la conducción de la sección que sirve de apoyo técnico a la Habilitación de la Secretaría de Gobierno. 2) Control y verificación de toda facturación que ingresa a esa dependencia. 3) Control permanente del estado de las Partidas Presupuestarias. 4) Confección de valores y registro de los mismos en los respectivos libros de Banco. 5) Imputación presupuestaria de los gastos, según partida y programa. 6) Pago a proveedores, contratados, etc. 7) Conciliaciones bancarias. 8) Control y liquidación de Cajas Chicas. 9) Verificación del cumplimiento administrativo y contable de todos los comprobantes factibles de ser liquidados. 10) Control y supervisión del Personal de Área. 11) Rendición de todos los gastos de acuerdo a las previsiones establecidas en las ordenanzas respectivas. 12) Control, conciliación y depósitos de Caja Municipal y Nacional. 13) Mantener stock de billetes de baja nominación y monedas para proveer de cambio a los cajeros. 14) Entrega de depósitos a la transportadora de caudales. 15) Conciliación y confección de planillas diarias, quincenales y mensuales, de cajas del Centro Cultural y los ocho C.P.C. Posterior traslado de datos a la computadora. 16) Recibir, controlar trámites y dinero diariamente del Colegio de Abogados y de las guardias de defunciones. Archivar sus comprobantes. 17) Control de facturas y pago a proveedores. 18) Dos transferencias quincenales. 19) Dos rendiciones quincenales al R.N.P. del Registro Civil Central, Centro Cultural y los ocho C.P.C. 20) Órdenes de ingreso a Tesorería y a Contaduría. 21) Conformar y enviar facturas y órdenes de trabajo a la Dirección de Compras y Suministros. 22) Solicitar cheques a Tesorería, contra distintas órdenes de pago. 23) Archivar cintas auditoras y planillas diarias de recaudación del registro Civil Central, Centro Cultural y los ocho C.P.C. 24) Cálculos, detalle de dinero, retiro del mismo y pago a la vista del R.N.P., en Registro Civil Central. Distribución de planillas y dinero al Centro Cultural y los ocho C.P.C., correspondientes al monto del R.N.P. 25) Detalle, retiro de dinero y pago a la vista de horas extras. 26) Retirar, distribuir mandamientos y reintegrar planillas de sueldo y refrigerio, R.N.P. y horas extras a la Habilitación de Gobierno. 27) Solucionar problemas e inconvenientes de cajeros y máquinas timbradoras del Centro Cultural y los ocho C.P.C.". A ello cabe adicionar que tal como lo puso de relieve el Tribunal a-quo, del informe bancario de fs. 60 de fecha veintidós de junio de dos mil seis, se desprende que la actora no estaba registrada para el manejo de la cuenta del Registro Civil (cfr. fs. 260vta.). Asimismo corresponde señalar que los testigos deponentes en la causa Señores Aída Teresa Tanfani, Héctor Alfredo Cedrón, Miguel Ángel Garay, Guillermo Jorge Bacar y Roque Oscar Cejas (cfr. fs. 63/69vta. autos principales) declararon en forma general que desde la jubilación del Señor Quinteros la Señora Estévez era la encargada de la División, pero sin brindar detalle o especificación alguna acerca de las tareas concretamente realizadas por la actora en esa función (cfr. fs. 260vta.).

De allí que respecto de este segundo período, asiste razón al voto de la minoría cuando una vez valorados los memorandos de fs. 35 y 36, las notas de fs. 37 y 40, 41/43 y 44/47 y las declaraciones testimoniales de fs. 64 y ss. aseveró que aparece claro que la actora no desempeñó las funciones que aparecen en el exhaustivo listado de funciones de la Jefatura de División de Habilitación del Registro Civil y que "...si lo hubiera hecho, no las probó en este juicio..." (cfr. fs. 270). 18.- Los argumentos precedentemente desarrollados, confieren fundamento bastante a una decisión favorable al recurso de casación interpuesto por la demandada, con respecto al período posterior a la supresión presupuestaria del cargo. Por consiguiente, a los fines de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal, corresponde sin reenvío (art. 390 de la Ley 8465, aplicable por la remisión dispuesta por el artículo 13 del C.P.C.A.), resolver sobre la cuestión planteada. Merced a los mismos fundamentos explicitados para acoger el recurso de casación, es posible determinar que la actora no ha logrado acreditar fehacientemente el presupuesto fáctico al que está condicionado el derecho subjetivo al pago de la mayor remuneración durante el período de tiempo transcurrido a partir de la supresión presupuestaria del cargo de Jefe de División, motivo por el cual, los mismos principios generales de derecho invocados por el Sentenciante -igual remuneración por igual tarea, art. 14 bis de la Constitución Nacional, en concordancia con los arts. 23 inc. 4) y 76 de la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22)- que justifican el pago de las diferencias operadas durante el período extendido entre el 01 de julio de 1999 y el 07 de febrero de 2000, obstan sin embargo a la procedencia de la demanda cuando no está acreditado el hecho generador del mejor derecho pretendido.

En definitiva, se confirma la sentencia del Tribunal a quo por el primer período y se casa dicho pronunciamiento por el segundo período. 19.- Finalmente cabe desestimar por falta de sustento real el agravio invocado por la recurrente acerca de una supuesta omisión de tratamiento de la defensa de prescripción fundada en el artículo 4027 inciso 3) del Código Civil.- Ello es así, por cuanto no surge de las actuaciones administrativas ni de las judiciales que tal planteo se haya efectuado, como pareciera sostenerlo la accionada.- En virtud del respeto al principio de congruencia, el Sentenciante no podía expedirse sobre el planteo de prescripción al no ser opuesto por la interesada en la etapa procesal oportuna, en el caso, debería haber sido articulado en la contestación de la demanda, lo que no ocurrió y recién es invocado tardíamente en el recuso de casación, por lo que dicha articulación debe ser desestimada por extemporánea (vid arts. 3962 y 3964 del Código Civil y 38 del C.P.C.A. y 330 del C.P.C. y C.).- 20.- En orden a las costas de ambas instancias, resulta justo y equitativo que sean impuestas por el orden causado en atención a que este pronunciamiento sólo traduce un vencimiento recíproco, en el que no se avala íntegramente la pretensión de ninguno de los contendientes (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182).- Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO: Adhiero al voto del Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:- Considero que las razones dadas por el Señor Vocal de primer voto, deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, compartiendo sus fundamentos y conclusiones, me pronuncio en igual forma.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:- Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en contra de la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintisiete de noviembre de dos mil ocho (fs. 256/281) y, en consecuencia, casarla parcialmente sólo en cuanto condenó a la accionada a abonar las diferencias de haberes por el período que media entre el siete de febrero de dos mil al veintiséis de agosto de dos mil cuatro, como así también en cuanto impuso las costas a la demandada. II) Rechazar parcialmente la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en cuanto pretende la nulidad de los actos administrativos denegatorios del reclamo de diferencias de haberes por el período comprendido entre el siete de febrero de dos mil y el veintiséis de agosto de dos mil cuatro.- III) Imponer las costas de todas las instancias por el orden causado (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182). IV) Disponer que la regulación de los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile y Rodrigo E. Sánchez Brigido -parte actora- por sus trabajos desarrollados en la instancia, en conjunto y proporción de ley, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib..- Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO: Comparto en un todo lo expresado por el Señor Vocal preopinante, votando en consecuencia, de igual forma. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:- Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.- Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa, RESUELVE:- I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en contra de la Sentencia Número Doscientos ochenta y siete, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintisiete de noviembre de dos mil ocho (fs. 256/281) y, en consecuencia, casarla parcialmente sólo en cuanto condenó a la accionada a abonar las diferencias de haberes por el período que media entre el siete de febrero de dos mil al veintiséis de agosto de dos mil cuatro, como así también en cuanto impuso las costas a la demandada. II) Rechazar parcialmente la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en cuanto pretende la nulidad de los actos administrativos denegatorios del reclamo de diferencias de haberes por el período comprendido entre el siete de febrero de dos mil y el veintiséis de agosto de dos mil cuatro.- III) Imponer las costas de todas las instancias por el orden causado (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182). IV) Disponer que la regulación de los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile y Rodrigo E. Sánchez Brigido -parte actora- por sus trabajos desarrollados en la instancia, en conjunto y proporción de ley, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 41 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib..- Protocolizar, dar copia y bajar.-