Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18


En Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de dos mil trece, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por "RICALE VIAJES S.R.L. C/ AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. S/ORDINARIO" (expediente n° 16.336/2008), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva, Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 739/57? El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. Viene apelada por ambas partes la sentencia de fs. 739/57 en la cual la a quo decidió hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la accionada a pagar a la accionante la suma de $17.342,42 con más sus intereses desde la presentación de la demanda. Impuso las costas en un 74 % sobre la demandada y en el 26% sobre la accionante.

La sentenciante rechazó la falta de legitimación activa planteada por la demandada fundándose en que, dado que Ricale fue quien abonó a las aerolíneas los contracargos efectuados, debe entenderse que ésta se subrogó en la posición de aquéllas para reclamar a la accionada los débitos mal realizados y en que, a su vez, la accionada no pudo desconocer que era ésta quien operaba utilizando el número de adhesión de las aerolíneas.

En cuanto al fondo, la juez de grado consideró que sólo algunas operaciones habían sido autorizadas por la accionada, autorización que era condición para la validez de la operación de conformidad con el procedimiento regulado por la Res. 808 de la IATA para las operaciones de signature on file.

En consecuencia, la sentenciante juzgó que se encontraban bien debitadas por la demandada las operaciones que carecían de autorización pero que debería reintegrar a la actora el monto correspondiente a las que sí habían recibido autorización y que, ante el desconocimiento de los titulares de las tarjetas, fueron posteriormente descontadas a las aerolíneas, solución que justificó en la convicción de que la responsabilidad por las tarjetas "truchas" corresponde sólo a la emisora de aquéllas.

II. (i) Contra la sentencia reseñada presentaron sendos recursos de apelación la demandada y la actora, en fs. 780 y 782, los cuales fueron fundados en fs. 818/21 y 812/4 respectivamente.

Ricale se agravia de que la a quo haya considerado que la accionada nada le debe por las operaciones que identificó con los nros. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14.

Con respecto a las 6 y 7, la recurrente señala que no hay pruebas de que carecieran de la correspondiente autorización, extremo que, alega, tampoco fue desconocido por la accionada, quien adujo otros motivos para impugnar su procedencia.	Con relación a las demás operaciones rechazadas, la quejosa señala que, salvo las nros. 8 y 6, todas fueron canceladas por desconocimiento del cliente y no por falta de autorización. Señala que si carecieran de tal autorización la demandada pondría en evidencia su propia negligencia al haberle pagado a las aerolíneas por transacciones que no cumplían uno de los requisitos mínimos de validez que ella misma imponía y, además, al haber tardado un largo tiempo en efectuar los correspondientes contracargos.

También considera incorrecta la imposición de intereses desde la fecha de interposición de la demanda, argumenta que el monto de pago de la tasa no puede considerarse una renuncia a los intereses y solicita que se impongan desde la fecha en que pagó cada contracargo a las aerolíneas.

Finalmente, se queja de la imposición de costas y plantea que deben correr a cargo de la accionada.

Por su parte, la demandada se agravia de que se haya juzgado que su parte debía asumir las pérdidas que implica la falsificación de tarjetas de crédito. Destaca que nunca adujo que tal fuera la situación de autos, sino que sostiene que la accionante no probó haber tenido en su poder tarjeta de crédito alguna -sea esta verdadera o falsificada- y que no cumplió con los requisitos establecidos para operar con el sistema signature on file tendientes a probar tal extremo. Solicita que se revoque la sentencia apelada y se rechace completamente la demanda.

(ii) Las partes están contestes en que Ricale se dedica a la venta de pasajes aéreos de diversas compañías, ofreciendo a tal efecto el sistema de pago conocido como signature on file consistente en la venta remota a través de tarjeta de crédito. Tampoco se desconoce, en este estadío del proceso, que la actora operaba en este sistema utilizando para identificarse ante American Express en cada ocasión el número de comercio adherido de la aerolínea cuyo pasaje vendía, ni que la demandada debitó a la actora, a través del sistema de clearing operado por IATA, la suma que aquélla reclama en estos autos.

En esta instancia, de acuerdo al contenido de los recursos interpuestos, la cuestión ha quedado circunscripta a determinar si la actora cumplió con el procedimiento indicado para las operaciones de este tipo y, en su caso, si la demandada le descontó indebidamente los cargos a las aerolíneas.

(iii) 1. Por cuestiones de orden metodológico, me expediré primero sobre el agravio de la demandada tendiente al rechazo total de la pretensión de la actora.

La relación entre las partes queda enmarcada dentro del sistema de conexidad contractual propio de las tarjetas de crédito. Estas uniones de contratos son un medio para satisfacer un interés que no podría realizarse a través de otras figuras ni por las partes de forma aislada. Dicho interés es asociativo y se satisface a través de estas redes contractuales, las cuales contienen una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que es la causa de la unión (Lorenzetti, Ricardo L., "Contratos modernos: ¿conceptos modernos?", LL 1996-E-851). Si bien Ricale no estaba adherida por sí misma al sistema de financiamiento de American Express, lo cierto es que la demandada no pudo desconocer que la agencia operaba a través del número de identificación de diversas aerolíneas toda vez que esta aparece como una práctica habitual (ver los casos análogos promovidos por la misma empresa actora: CNCom, esta Sala, "Ricale Viajes SRL c/ Diners Club SA y otro s/ ordinario", 25.9.07 y Sala F "Ricale Viajes SA c/ VISA Argentina SA s/ ordinario" 10.3.11), lo cual está también confirmado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (ver fs. 351/2, puntos 1º y 3º).

La recurrente destaca que en este caso no se adujo que la actora hubiera sido engañada por la presentación de tarjetas falsificadas y que no hay ningún indicio que lleve a concluir que la actora actuó de buena fe y sugiere que estas operaciones duplicaron otras realizadas en efectivo.

Si bien este es un argumento que, en estos términos, la demandada recién introduce en esta instancia, corresponde recordar que la mala fe no se presume y que en este caso no se ha rendido ninguna prueba tendiente a demostrar la existencia de maniobras fraudulentas por parte de la actora. Del propio sistema ofrecido por la demandada se desprende que en ningún momento los agentes tendrán delante de sí los plásticos, no siendo, en consecuencia, posible exigir que la demandante, como condición de procedencia del reclamo, pruebe algo que nunca sucedió como es el haber tenido contacto directo con el cliente y el plástico.

Así, la sentencia de grado admitió la procedencia de la indemnización por los contracargos nros. 1, 2, 3, 4 y 5, a la cual se opone la accionada. American Express funda su crítica en que la a quo sostuvo que el riesgo por las transacciones realizadas con tarjetas de crédito falsas debe ser asumido por la administradora del sistema, cuando en este caso, asegura, no se trata de dicho supuesto sino que, sugiere, los cargos fueron hechos con el fin de duplicar ventas que se realizaron en efectivo. Lo cierto es que no se ha producido ninguna prueba tendiente a demostrar la existencia de la maniobra fraudulenta que alega la demandada recién en esta instancia, y que está vedado a los jueces presumir la mala fe del contrario fuera de los supuestos contemplados expresamente en las leyes.

Desechado entonces ese argumento, corresponde analizar en cada caso si los contracargos efectuados importaron un menoscabo a los derechos de Ricale que deba ser resarcido por la demandada.

2. La sentenciante condenó a American Express a resarcir a la actora por ciertos contracargos que efectuó a diversas aerolíneas y que Ricale debió abonarles a éstas, a la vez que rechazó la procedencia de tal indemnización en los casos en que juzgó que la actora no había cumplido el procedimiento pactado para las ventas con tarjeta de crédito en ausencia del comprador.

En pos de una mayor claridad expositiva, seguiré la enumeración efectuada por la actora en su demanda (ver fs. 3) para referirme a cada uno de los cargos.

Descartado un posible actuar fraudulento por parte de Ricale, debe evaluarse cuáles eran los requisitos para operar bajo la modalidad signature on file y si la accionante los cumplió.

De los testimonios de Rey y Monforte, ambos empleados de American Express que se desempeñan en áreas vinculadas a los reclamos por desconocimiento de cargos, se desprende que los requisitos son: informar el número de comercio por el cual se solicita la autorización, el número de la tarjeta de crédito y la modalidad de pago (ver fs. 415, respuesta a repregunta nro. 2, y fs. 416, respuesta a repregunta nro. 1). Teniendo en cuenta que dichos testimonios no merecieron impugnación alguna, corresponde entonces desechar las quejas de la accionada en tanto sostiene que Ricale también debió haber tenido copia de la tarjeta de crédito utilizada y el voucher firmado por el adquirente. En efecto, que aquéllos hayan sido requisitos esenciales a ser cumplidos por la accionante queda descartado no sólo por las constancias de la causa, sino por la misma esencia de la operatoria de marras: tratándose de ventas por medios virtuales o por vía telefónica el proveedor nunca tiene contacto físico con el comprador.

De los requisitos enunciados sólo se encuentra cuestionado el cumplimiento del pedido de autorización. En su expresión de agravios la accionante afirma que del conjunto de las pruebas de autos se desprende que las operaciones fueron rechazadas por desconocimiento de los cargos por parte de los titulares y no por la falta de autorización. Del peritaje contable, que tampoco fue objeto de ninguna impugnación, se desprende que las únicas operaciones que recibieron la autorización de American Express fueron las admitidas por la sentencia de primera instancia. No se observa ninguna prueba tendiente a demostrar el cumplimiento de este requisito por parte de la actora en los demás casos. Si bien no se ignora que de la contestación de demanda -así como de los memos de débito emitidos por IATA-BSP cuyas copias obran en fs. 7/13/16/19/23/28/31/33/34/35/39 y 42- surge como motivo del descuento de varias de las operaciones el desconocimiento de los titulares de la tarjeta de crédito, considero que esto por sí solo no implica necesariamente que efectivamente haya existido un pedido previo de autorización y que, en consecuencia, corresponde estar a la información vertida por la perito contadora.	3. La demandada plantea también como argumento que en el acuerdo que celebró con las aerolíneas se incluyó una cláusula en la cual se prevé expresamente que aquéllas deslindan de toda responsabilidad a la administradora del sistema por la autorización o, aun cuando esta hubiera sido concedida, el pago del cargo. Efectivamente, la existencia de dicha cláusula es confirmada en autos por lo informado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (ver fs. 312, pto. 4) y por la documental de fs 116/122/124/126 y 138. Sin embargo, este tampoco es argumento suficiente para revocar, en este punto, la sentencia de grado puesto que el art. 46 de la ley 25.065 tacha de nulidad a aquellas cláusulas que, como esta, impliquen la exoneración de responsabilidad de cualquiera de las partes intervinientes en el sistema.

Así las cosas, toda vez que, cumplidos los requisitos impuestos por American Express y obtenida la autorización correspondiente, el riesgo de que las transacciones sean desconocidas o por cualquier motivo no abonadas por ellos, debe ser asumido por la administradora del sistema y, eventualmente, por la entidad financiera que hubiera otorgado la tarjeta; en tanto, es aquélla y no el proveedor adherente quien asume la función de financiamiento del titular y queda, por ende, obligada al pago frente al comercio (Etcheverry, Raúl Aníbal; "Derecho comercial y económico. Contratos. Parte especial", t. II, Astrea, Bs. As., 1994, pág. 197).

Resulta claro que es carga de la aquí demandada procurar todo lo necesario tendiente a resguardar a los usuarios y adherentes al sistema que propone, de los perjuicios que las operaciones fraudulentas que pudieran provocar (CNCom, esta Sala, Lerman, Salomón c/ Argencard SA, 11.5.04; Sala F, "Lemelsons, Silvina Mariela c. Citibank N.A.", 9.9.10; Sala B, "Otegui, Rodolfo c/ Diners Club Argentina S.A.C. y T.", 21.8.02, entre muchos otros), máxime cuando se trata de operaciones realizadas con una baja exigencia de controles por parte de la administradora. Por lo tanto, es responsabilidad de la accionada responder por los daños que las operaciones autorizadas y posteriormente desconocidas por los clientes -sea que se trate de transacciones efectuadas con tarjetas falsas o que el desconocimiento enmascare un simple arrepentimiento del cliente- hubieran causado al proveedor adherente o quien, como en el caso, actuare a su nombre con el consentimiento de la administradora.

En consecuencia, opino que corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto rechazó parcialmente la demanda y condenó a American Express al pago de $17.342,42 equivalente a la sumatoria de los montos de las operaciones que carecieron de autorización, es decir, las nros. 1, 2, 3, 4 y 5.

(iii) También es materia de agravio la fecha del dies a quo para el cómputo de los intereses.

En este punto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso planteado por la actora.

En efecto, la señora juez a quo estableció dicho momento en el día de presentación de la demanda fundándose para ello en que el pago de la suma de $76 en concepto de tasa de justicia implicó la renuncia tácita a los intereses devengados con anterioridad.

Si bien es cierto que el conflicto de marras queda encuadrado en el art. 4 inc. a) de la ley 23.898 y que la suma que abonó Ricale sólo atiende al monto que ésta reclamó por capital, este error en el establecimiento de la base imponible no implica por sí sola la renuncia a derechos ni tampoco se prevé esta sanción en la norma aplicable, máxime si se tiene en cuenta que la actora, en su libelo inicial, reclamó los intereses correspondientes.

Deberá, entonces, modificarse el pronunciamiento de grado en este aspecto, y condenarse a la demandada a abonar los intereses calculados según la tasa de descuento que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones a 30 días, los cuales se computarán con respecto a cada contracargo desde la fecha en que aquéllos fueron pagados por la actora a las aerolíneas intervinientes y hasta la fecha del efectivo pago de la condena.

Sin perjuicio de ello, se deberá liquidar en la instancia de grado la suma equivalente a la diferencia entre lo oportunamente tributado y lo que debió tributar -es decir, el monto que surge si se toma como base de cálculo el capital reclamado con más los intereses a la fecha de promoción del presente litigio menos la suma que ya se abonó en concepto de tasa de justicia- con anterioridad al cobro de la condena.

(iv). Resta tratar el agravio relativo a la forma en que fueron impuestas las costas. Siendo que la demanda prosperó, aunque parcialmente -por la mitad de los cargos reclamados-, corresponde readecuar la distribución de grado e imponer las costas en un 20% a la actora y en el 80% restante a la accionada.

III. Por los argumentos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada de conformidad con las pautas establecidas en los acápites II. (iii) y II (iv), confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio. Dado el modo en que ha sido resuelto, las costas de esta instancia se impondrán con igual criterio que las de grado, esto es, en un 20% sobre la accionante y en un 80% sobre la accionada.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Julia Villanueva y Juan R. Garibotto adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores	Julia Villanueva	Juan R. Garibotto	Eduardo R. Machin	Rafael F. Bruno	Secretario Buenos Aires, 18 de junio de 2013.- Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada de conformidad con las pautas establecidas en los acápites II. (iii) y II (iv), confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio. Dado el modo en que ha sido resuelto, las costas de esta instancia se impondrán con igual criterio que las de grado, esto es, en un 20% sobre la accionante y en un 80% sobre la accionada.

Notifíquese por Secretaría.

Villanueva, Garibotto, Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.	Rafael F. Bruno Secretario