Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10


Buenos Aires,	diez	de marzo de 2010 Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

La Asociación "Confederación CORDIC" (cuya sigla significa Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco) plantea a fs. 150/162 la inconstitucionalidad y nulidad, en los términos del art. 113, inc. 2º, CCABA y art. 17 y cc, ley nº 402, del "decreto C.A.B.A. nº 1835/04", como así también de "cualquier otra norma, ordenanza, resolución y/o disposición complementaria, análoga, concordante o continuadora del mismo".

El decreto impugnado dispone el desalojo administrativo de la accionante del predio que ocupa por cesión de uso y en forma gratuita efectuado por el Gobierno Nacional (Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación) en el año 1983, conocido como Pabellón nº 2, en el que funcionara el ex Centro Fisiológico Nacional Dr. Antonio A. Cetrángolo con salida a la calle Combate de los Pozos 2133 de esta Ciudad.

La actora considera que el decreto "atenta directamente contra el derecho de propiedad del Estado Nacional, ya que se atribuye el dominio y facultades propias de ese dominio sobre cosa ajena" y viola además, en su opinión, "la legítima tenencia del inmueble por la Fundación Cordic, a la cual el único que puede requerir la restitución del inmueble es el Estado Nacional" (fs. 155).

Funda la acción en el art. 277 y cc, del CCAyT; arts. 1º, 10, 12, 106 y cc, CCABA; arts. 17, 18, 31, 75 inc. 5º y cc, CN; decretos PEN nº 3241/70; nº 1276/73 y nº 2268/83; Acta del 22/9/1983 suscripta entre el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación y la Confederación Cordic; ley nacional nº 24.061, y Acta de fecha 28/04/1992 de convenio de cesión del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires de los hospitales que da cuenta la ley nacional nº 24061 (fs. 155 vuelta).

2. A fs. 184/186 el Sr. Fiscal General propicia que se declare la inadmisibilidad formal de la acción en examen, "pues la disposición que se ataca no posee el carácter general que reclama el art. 113 inc. 2 de la Constitución de la CABA" (fs. 185).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Desde sus primeros pronunciamientos, el Tribunal ha señalado que la acción declarativa de inconstitucionalidad del ámbito local y de competencia originaria y exclusiva el Tribunal Superior tiene por único objeto impugnar la validez constitucional de una norma de carácter general emanada de las autoridades locales, y que no puede confundirse el control concentrado y en abstracto de constitucionalidad con el control difuso que, reconocido a todos los jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individuales (doctrina del fallo dictado in re: "Massalin Particulares SA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5 de mayo de 1999, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJBA], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, T.I, ps. 56 y siguientes; y "Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 577/2000, sentencia del 30 de noviembre de 2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 426 y siguientes, entre muchos otros).

También el Tribunal en su jurisprudencia constante ha sostenido que es requisito del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de constitucionalidad "que quien la inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad y cuáles los preceptos y principios constitucionales con los que las primeras entran en colisión". Asimismo es ineludible que la parte interesada "explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad" (conf. causa "Massalin Particulares S.A.", ya citada; entre muchos otros). Cabe apuntar que la ley nº 402, al reglamentar la acción declarativa de inconstitucionalidad, en nada ha alterado el criterio señalado.

A partir de lo expuesto, como se verá, la pretensión de la Asociación Confederación CORDIC es improcedente.

2. La presente acción tiene por único objeto que se declare la inconstitucionalidad y nulidad (aparentemente in totum) del decreto del Poder Ejecutivo local nº 1835/04 (copia obrante a fs. 22/23).

El dispositivo del decreto citado es el siguiente:

"1º Autorízase al señor Interventor del Hospital de Gastroenterología "Carlos Bonorino Udaondo" a que proceda a liberar el ingreso al Pabellón identificado como Nº 2 del inmueble fiscal donde funcionaba el ex - Centro Tisiológico Nacional "Dr. Antonio A. Cetrángolo", con salida a la calle Combate de los Pozos 2133 de la Ciudad de Buenos Aires y disponer inmediatamente la utilización de dichas instalaciones por parte del citado Establecimiento Asistencial. // 2º Requiérase la designación por a través (sic) de la Subsecretaría Escribanía General de la Ciudad, de un Escribano para que se constituya en el lugar a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1º del presente y labrar el Acta Notarial correspondiente. // 3º Dispónese la desocupación de dicho inmueble, la que deberá efectivizarse en un plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de efectuar la desocupación por vía administrativa. // 4º Instrúyase a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencia y Sistema de Atención Médica de Emergencias para que al momento de efectivizarse lo dispuesto en el artículo 1º, actúen en la medida de sus competencias, circunstancia que quedará debidamente acreditada en el Acta Notarial correspondiente. // 5º El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Salud, de Justicia y Seguridad Urbana, Señora Secretaria de Hacienda y Finanzas y Señor Jefe de Gabinete. // 6º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo dispuesto en la ley nº 1.218 (B.O. nº 1850). Comuníquese a las Secretarías de Salud, Justicia y Seguridad Urbana, Dirección General de Concesiones y Privatizaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y, para su cumplimiento, notificación fehaciente a la CONFEDERACION CORDIC y demás efectos, pase al Hospital de Gastroenterología 'Carlos Bonorino Udaondo'".

3. El cuestionamiento de la parte actora se exhibe poco desarrollado en su fundamentación básica, si se tiene en cuenta que el Tribunal -como se dijo- ha entendido que en este tipo de causas resulta ineludible que quien las inicia precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad y cuáles los preceptos y principios constitucionales con los que las primeras entran en colisión, para argumentar "de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad".

En este sentido cabe destacar la imprecisión del escrito de inicio a la hora de identificar con claridad las normas del decreto nº 1835/94 que se impugnan y hacer referencia a "cualquier otra norma, ordenanza, resolución y/o disposición complementaria, análoga, concordante o continuadora del mismo"; también es notoria la falta de argumentos destinados a conectar las normas objetadas con los preceptos constitucionales que se entienden vulnerados (v. en sentido concordante lo expresado en el dictamen del Sr. Fiscal General a fs. 185 vuelta).

4. De todos modos, a partir de la lectura del escrito de inicio es posible inferir que las objeciones de la accionante se refieren principalmente al tramo del decreto nº 1835/94 por el cual, al haberse constatado la finalización del plazo de la cesión oportunamente realizada por el Estado Nacional en el año 1983 en favor de CONFEDERACION CORDIC -por el término de diez (10) años- (cf. considerandos del decreto impugnado), se dispuso la desocupación del predio identificado como Pabellón nº 2, del inmueble fiscal en el que funcionara el ex Centro Tisiológico Nacional "Dr. Antonio A. Cetrángolo", con salida a la calle Combate de los Pozos 2133 de esta Ciudad (ver arts. 1º y 3°, parte resolutiva).

En el escrito bajo estudio la accionante se limita excluyentemente y en toda su extensión a: a) discutir el dominio o titularidad del bien que invocó para sí el Gobierno de la Ciudad al momento de dictar el decreto a la luz de lo dispuesto por la ley nacional nº 24.061; y b) defender el uso precario y gratuito de dicho inmueble que estima le corresponde a tenor de las actas, convenios y decretos detallados en el punto IV del escrito inicial (ver fs. 155 y vuelta del escrito de demanda).

5. Como he tenido oportunidad de señalar en diversos precedentes, el carácter general de una norma resultará de que sus prescripciones sean aplicables a un universo de casos -más o menos amplio- y, en abstracto, a sujetos indeterminados, como interferencias intersubjetivas, ya que tal operatividad será consecuencia de la verificación concreta en el mundo fenomenológico de la realidad de los presupuestos de hecho, abstracta y generalmente definidos en las reglas que, una vez acaecidos, acarrearán consecuencias jurídicas. Ello sin perjuicio de que, en algunos casos, se pueda por inferencias lógicas y reglas experimentales determinar de antemano los posibles sujetos abarcados, independientemente de que los preceptos no contengan acepción singular de personas (cf. punto 2 de mi voto en la causa "Doy, Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad", expte. nº 52/99, sentencia del 20 de abril de 2001, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] t. III, ps. 107 y ss., Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004 y, en fecha más reciente, "Brusca, Vicente c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5466 y su acumulado, "Epszteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 5467/07, sentencia del 6 de noviembre de 2007, y "Banfi, Enrique Roberto y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expediente n° 5869/08, sentencia del 30 de junio de 2008.

Desde mi punto de vista, entonces, corresponde entender que las normas de alcance general en los términos del art. 113, inc. 2º, CCABA son "las que se dirigen a un universo de destinatarios y posibilitan, en abstracto, que sus presupuestos de hecho, y las consecuencias jurídicas que a ellos enlaza el legislador, no se agoten instantánea y fugazmente en el tiempo" (cf. mi voto en la causa "Doy", ya citada).

6. En virtud de lo señalado sólo cabe concluir que la norma atacada, en mi opinión, no constituye una norma de alcance general en los términos del art. 113, inc. 2º, de la CCBA, toda vez que el decreto nº 1835/04 resuelve sobre una situación particular, concreta y relacionada con personas determinadas, finalizando allí su alcance o interferencia sin generar un dispositivo con persistencia temporal respecto de sujetos indeterminados.	Examinado bajo esta perspectiva, no cabe duda que el acto dictado por el Sr. Jefe de Gobierno que dispuso la desocupación por vía administrativa del Pabellón nº 2 de mención y el uso inmediato de las instalaciones por el Hospital de Gastroenterología "Carlos Bonorino Udaondo" (art. 1, in fine), no está orientado a insertarse en el ordenamiento jurídico como una regla de conducta dirigida a una universalidad potencial de destinatarios cuyo supuesto de hecho pueda ser repetible indefinidamente en el futuro, características que son las que determinan la presencia de una norma de carácter general en los términos del art. 113, inc. 2º, CCBA.

Como derivación de lo expuesto -y de los propios términos de la demanda-, se desprende que bajo el pretexto de impugnar en abstracto la validez constitucional del nº 1835/94, en realidad, sólo se persigue obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particulares.

Entiendo que las consideraciones que anteceden resultan suficientes para concluir que la acción deducida resulta formalmente inadmisible.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Me adhiero al voto del juez José Osvaldo Casás.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Coincido con la opinión del Sr. Juez de trámite, en que la acción es inadmisible.

La norma cuestionada no es de alcance general conforme lo prescripto por el art. 113, inc. 2º de la CCBA, ya que se trata de un decreto que resuelve sobre una situación particular, como surge del punto 1 del resulta, en términos tales que su efectividad se agota en el caso de la actora.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con el juez de trámite, el Dr. José Osvaldo Casás, en que la presente demanda resulta formalmente inadmisible, porque, tal como señala mi colega, carece de la fundamentación que esta clase de acciones requiere para su procedencia.

La actora no funda sus planteos en el derecho de propiedad que puede asistir a un conjunto indeterminado de personas sino en el que, a su juicio, le asistiría en concreto a un tercero, el Estado Nacional, con relación al inmueble indicado en el artículo 1 del decreto 1835/04, esto es, el ".[p]abellón identificado como Nº 2 del inmueble fiscal donde funciona el ex Centro Tisiológico Nacional Dr. Antonio A. Cetrángolo, con salida a la calle Combate de los Pozos 2133 de la Ciudad de Buenos Aires". En este orden de ideas, manifiesta que "[e]l Decreto C.A.B.A. 1835/04 al sostener que el inmueble objeto de esta litis es de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, y ordenar su desalojo administrativo, atenta directamente contra el derecho de propiedad del Estado Nacional, ya que se atribuye el dominio y facultades propias de ese domino sobre cosa ajena, violando latamente (SIC) el art. 17 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho de propiedad.// Y viola la legítima tenencia del inmueble por la Fundación Cordic, a la cual el único que puede requerir la restitución del inmueble es el Estado Nacional" (fs. 155).

En tanto lo que invoca no es un conflicto entre una norma local, el decreto 1835/04, y la garantía constitucional de propiedad en sentido abstracto, sino el que, a su juicio, existiría entre esa norma local y el derecho de propiedad que asistiría a un particular -derecho que, por un lado, no muestra en razón de qué podría venir a defender en juicio y, por el otro, no serviría ni aun a su titular para instar una acción de la especie de la que nos ocupa-, la presente demanda resulta, tal como señalé al comienzo de este voto, formalmente inadmisible. Conforme lo ha señalado reiteradamente el Tribunal, la acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por objeto analizar en abstracto la validez constitucional de la norma impugnada, es decir, tan sólo su posible discordia con una norma de superior jerarquía, sin vincularla con el progreso de una pretensión cuyo objeto sea la tutela de un derecho o interés individual (cf. mi voto in re "Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 5541/07, sentencia de este Tribunal del 30 de junio de 2008, entre otros). Justamente, esa clase de planteo es el que se halla ausente en el sub lite.

Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por declarar formalmente inadmisible la presente acción.

Por ello, oído lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar formalmente inadmisible la acción de inconstitucionalidad planteada por la Confederación CORDIC (fs. 150/162).

2. Mandar que se registre, se notifique y se archive.

Firmado. Lozano, Conde, Casás y Ruíz.