Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-29


En la Ciudad de San Juan, a veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil ocho, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: Contra la resolución dictada por la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional de fecha dieciocho de Febrero de dos mil ocho, interpone recurso de casación el doctor Rubén Alfredo Pontoriero, actuando en su calidad de defensor de Pedro Pablo Bravo.

El interlocutorio atacado confirmó la resolución dictada el once de Diciembre de dos mil seis por el titular del Tercer Juzgado de Instrucción (fs. sub-10/12 vta.), mediante la cual se resolviera no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal deducido por las defensas de los procesados Pedro Pablo Bravo y Alfredo Simón Ortiz.

El recurso interpuesto ha sido motivado en el supuesto previsto en el inciso 1º del artículo 574 del C.P.P., considerando el quejoso que el a quo aplicó erróneamente las disposiciones que regulan los actos interruptivos de la prescripción (art. 67 del C.P.), al sostener que el acto de declaración espontánea carece de validez como acto interruptivo, confiriéndole tal carácter tan sólo a la declaración indagatoria cuando cumple con los recaudos del artículo 351 ibíd.

Expresa que las normas contenidas en los artículos 96 y 329 del C.P.P. deben integrarse en forma armónica, resultando claro que ambos artículos coinciden en atribuir la calidad de imputado a partir del primer acto de persecución o primer acto de la autoridad dirigido contra una persona determinada, aún cuando el proceso no se encuentre iniciado; consecuente con ello, tan imputado es el que declara espontáneamente como el que lo hace de modo compulsivo, ya que ambas son vías de acceso de la persona al proceso penal, tienen por base una hipótesis investigativa que las involucra y participan de las características del requerimiento judicial.

Considera que la citación realizada a Alfredo Simón Ortiz y a Pedro Pablo Bravo el 17 de Marzo de 1999 (fs. 23/24) en los términos del artículo 70 debe ser interpretada y asimilada al primer llamado a prestar declaración indagatoria posición ésta que -de ser seguida y de conformidad a las pautas establecidas por la ley 25990 conducen necesariamente a la conclusión que entre dicho acto y el siguiente con entidad interruptiva, esto es el requerimiento de elevación a juicio de fecha 31 de Mayo de 2006, ha transcurrido un tiempo superior al máximo de la pena establecida para el delito, por lo que la acción penal se habría extinguido.

Arribados los autos a esta instancia, fueron notificadas las partes a los fines de los arts. 582 y 571 primera parte del C.P.P., habiendo comparecido la recurrente quien en términos generales ratificó los términos de su presentación y el señor Fiscal General de la Corte quien en el dictamen obrante a fs. sub-79/82 sostuvo que el recurso interpuesto no debe prosperar en atención a que la interpretación efectuada por el impugnante sobre el valor interruptivo de la declaración informativa espontánea y no juramentada prevista por el ordenamiento anterior en su artículo 70 y en el actual en el art. 97, no produce la consecuencia que pretende darle, y en tal sentido destaca que pese al esfuerzo realizado a fin de equiparar ambas declaraciones, la primera no puede valer como tal al no haberse cumplido con las exigencias requeridas por el artículo 329 del código del rito.

Expresa que la invocación realizada por el quejoso que la declaración espontánea fue recibida bajo las formalidades de la indagatoria y que debe valer por tal, resulta improcedente. En efecto, con esta primera declaración no se adquiere la calidad de imputado en el proceso, la que en definitiva se va a obtener con la decisión jurisdiccional consistente en la actividad persecutoria puesta de manifiesto en el llamado a prestar indagatoria, la que la va a vincular a determinado proceso.

Como corolario de lo expuesto, considera que no puede tomarse como fecha para computar el inicio de la prescripción de la acción penal la fecha del llamado a prestar declaración espontánea, sino la fecha del primer llamado a prestar declaración indagatoria.

Precisadas así las posturas de las partes, corresponde abordar los agravios traídos por la defensa, para lo cual estimo de importancia precisar algunas cuestiones relativas a la naturaleza jurídica de la declaración indagatoria y de la declaración informativa, reguladas respectivamente a partir de los artículos 345 y 97 del Código Procesal Penal de la provincia.

La primera de las normas citadas prevé la obligación del juez de interrogar a una persona detenida, de quien se tienen motivos suficientes para sospechar que ha cometido un hecho delictivo, inmediatamente o a más tardar en el término de veinticuatro horas, desde que fuera puesta a su disposición, declaración ésta que debe ser tomada con la asistencia letrada necesaria, a tenor de lo que reza el artículo 346 ibíd, debiendo el juez calificar legalmente el hecho que en tal acto se le atribuye, conf. artículo 351 de la ley del rito.

El interrogatorio del imputado, otrora considerado como medio de prueba por excelencia, pasó a fines del siglo XIX a jugar un papel preponderante en el ejercicio del derecho de defensa, a convertirse en el más representativo acto de defensa material, sobre el cual la doctrina, estuvo muy lejos en ponerse de acuerdo, aunque hoy ya casi no se duda sobre el hecho que la declaración indagatoria del imputado, es fundamentalmente un acto de defensa, más allá de que pueda constituir una fuente probatoria.

Por su parte, el artículo 97 de nuestra ley formal regula el instituto de la denominada declaración informativa, que faculta a que toda persona a quien se le imputare la comisión de un delito tiene derecho, cuando todavía no fuere indagada, a presentarse al tribunal personalmente o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que puedan resultar útiles.

Los tipos de declaración mencionados aluden a mi juicio a situaciones diferentes que pueden presentarse dentro del proceso.

En efecto, la finalidad perseguida por la normativa del artículo 97 del C.P.P. apunta a que ". el imputado pueda presentarse espontáneamente ante el tribunal, en forma personal o con su abogado, con el objeto de formular las aclaraciones y ofrecer las pruebas que estime conducentes." (Código Procesal Penal de la Nación comentado y anotado Miguel Angel Almeyra Tomo I p. 497), expresando a continuación el autor citado que la presentación debe ser escrita, a diferencia de lo dispuesto por el artículo 279 y que el imputado no puede ser convocado a prestar declaración espontánea, ya que sólo puede disponerse su explicación en declaración indagatoria por ser ésta la única y exclusiva vía prevista y establecida por el legislador.

A través de esta declaración, el imputado acelera su intervención en el proceso, con miras a aportar al tribunal elementos de juicio y con una evidente finalidad defensiva, pero no obliga al juez a que le reciba la declaración solemne y formal regulada para la indagatoria, por ende, no está obligado a ponerlo al tanto de los cargos y pruebas que lo sustentan.

Precisadas así las diferencias existentes entre ambos tipos de intervención del imputado en el proceso, y entrando de plano a los agravios de la recurrente, que no son sino una reiteración de los expuestos ante la Alzada, considero que más allá de la amplitud con que deben revisarse los planteos en esta instancia casatoria, advierto que la pretensión del recurrente no es otra que esta Sala revise en una tercera instancia aquello que fue oportunamente juzgado.

Esta Sala ha precisado en numerosos precedentes que ". los agravios traídos por el recurrente a conocimiento del tribunal, constituyen una réplica de la argumentación defensiva del alegato, cuestionamientos todos que han sido medulosamente tratados y desechados en la sentencia, basándose en sólidos fundamentos que no denotan arbitrariedad alguna.", con cita de lo sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal en el sentido que la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere como tales, según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, incluso respecto a normas que se estimen claras, sino que por su excepcionalidad, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación..." ( del voto del Dr. Hornos en la causa "Minciotti, María Cristina s/ Recurso de casación", Reg. 874, 30/06/1997), circunstancia esta última que no se da en el caso traído a estudio.

En efecto, de la lectura del auto impugnado surge con absoluta claridad que el tribunal de mérito consideró todos los planteos defensivos volcados en el alegato, desechándolos con sólidos fundamentos y aportando los suyos basados en las circunstancias probadas en la causa, las disposiciones legales aplicables al caso, doctrina y jurisprudencia que, más allá de la divergencia con lo sostenido por el recurrente, dista mucho de ser arbitrario o carente de fundamentación (P.R.E. S.2ª. 2005-II-245).

Tal como lo señala en su dictamen el señor Fiscal General de la Corte, al haber determinado la ley de reformas al Código Penal con absoluta precisión cuáles son los actos que taxativamente interrumpen el curso de la prescripción a fin de terminar con la debatida cuestión interpretativa del concepto de la secuela de juicio, no es posible extender los efectos a actos no contemplados expresamente por la norma, y menos aún cuando se trata de asimilar a uno de los reglados otro de naturaleza distinta, tal como he señalado supra.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y considerando que la citación a prestar declaración indagatoria para Pedro Pablo Bravo es de fecha 26 de Octubre de 2000 y para Alfredo Simón Ortiz el 30 de Agosto de 2002, hasta el acto de requerimiento fiscal de elevación a juicio (31 de Mayo de 2006), no ha transcurrido el término máximo para que opere la prescripción de la acción penal emergente, por lo que entiendo que el recurso interpuesto debe ser rechazado. Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.

Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4431 P.R.E. S.2ª. 2008-III-440