marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, conversión de sentencia, aptitud nupcial
Materia: CIVIL
Carátula: D.M.A. DE A.E.A. Y A.H. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

El art. 8 de la ley 23.515 busca dar pronta solución a las situaciones creadas por el efecto limitado de la ley derogada. No se trata de juzgar circunstancias de hecho anteriores a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, o que siendo posteriores no hayan sido puestas de manifiesto ante el juzgador, sino simplemente de otorgar aptitud nupcial a quienes, divorciados por el régimen anterior, se vieron privados de tal derecho. La conversión no significa mas que actualizar un efecto propio de la sentencia determinado por la ley si se reúnen los requisitos que ésta ha determinado.

La intervención del juez debe limitarse al control de legalidad de la petición. Dicho control no permite un análisis sobre el mérito de la petición formulada en los términos del art. 8 de la ley citada, y es por ello que la pretensión no da cabida a un nuevo proceso incidental que justifique su sustanciación, sin perjuicio de la notificación al otro cónyuge de la resolución que declare la disolución del vínculo.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, aplicación analógica de la ley, medidas cautelares, caducidad, bienes registrables, inscripción registral, embargo ejecutorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., R. O. c/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. Nº 26440/13-STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-23

Cuando se trata de bienes registrables, las cautelares deben ser inscriptas en el registro que corresponda, no sólo para establecer el orden de prelación sino también para que sean oponibles a terceros. Al pretender aplicar dicha disposición a medidas cuya anotación se realizó en un expediente judicial, se está extendiendo por analogía la hipótesis de caducidad a una situación no prevista en la norma, lo que no resulta ajustado a derecho. (Del voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Responsabilidad extracontractual del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GUSTAVINO, DIANA ESTELA c/ EN - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

En los daños y perjuicios ocasionados por la detención ilegítima de personas por parte del PEN parece adecuado sostener que el derecho al cobro nació a partir del sobreseimiento que en sede penal se dicta a la actora y se extendió hasta el cese de su arresto.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional  (Se.Dro.Nar.) c/ Misiones,  Provincia de s/ proceso de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Si el Estado Nacional -Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SE.DRO.NAR), tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional, y a la Provincia de Misiones -Subsecretaría de Prevención, Drogadicción y Apoyo Lucha contra el Narcotráfico, Ministerio de Salud Pública-, le corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema, de conformidad con el art. 117 de la Ley Fundamental, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en dicha instancia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Pensiones, divorcio del 67 bis, alimentos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MASBANI, MARIO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

Si bien la ley previsional excluye del derecho a pensión al cónyuge culpable (dentro del marco de un divorcio contradictorio) resulta injusto privar a la viuda divorciada en los términos del artículo 67 bis de la ley 2393 que percibe alimentos en virtud de un derecho jurídicamente reconocido, de la continuidad previsional correspondiente a los alimentos que integraban su ingreso normal, dado que el causante accedió voluntariamente a ese beneficio y no se decretó el cese del mismo con anterioridad a su muerte.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Italia y Río de La Plata  S.A. s/ Apelac. Resoluc. Nro. 841/87 del  B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

La caducidad de instancia se funda en la presunción de abandono o desistimiento de la voluntad que ha dado lugar al juicio, recurso o incidente, con lo cual, tratándose de un mecanismo aniquilador de derechos, su interpretación debe ser restrictiva, optándose en caso de disyuntiva o duda por la solución que mantenga vivo el proceso.
Silencio de la administración, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ MORAN, MARCELA c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Esta sala adopta el criterio por el cual el art. 10 de la ley 19549, al acordarle al silencio de la Administración un sentido concreto, establece una facultad del particular y no un derecho de la Administración. En ningún caso, la denegación presunta excluye el deber de ésta de pronunciarse, de dictar una resolución expresa debidamente fundada.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, contrato de trabajo, empleador, facultades disciplinarias del empleador, actos fuera de la empresa, injuria laboral, despido
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Brizuela, Rubén Darío c/ La Plata Cereal Company. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si la causal de despido invocada es cuestionada por haberse producido en ocasión de un partido de fútbol organizado por la empleadora en el campo deportivo del establecimiento y fuera del horario de trabajo, carece de fundamentación la sentencia que no se expidió con relación a si, aun en esas circunstancias, aquélla conservaba el poder disciplinario que la hubiera legitimado a aplicar la sanción que se cuestiona (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: Tejada, Mirtha Nemecia c/ López, Angel y-o Subinquilinos y-u Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-03

El concubinato no genera de por sí o necesariamente la sociedad de hecho entre los concubinos, por lo cual no corresponde ni cabe hablar de "sociedad conyugal de hecho".
Derecho de enseñar y aprender, reforma de la constitución, Convención Constituyente, facultades del Poder Legislativo, igualdad de oportunidades
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La Convención Constituyente de 1994, al incluir la potestad del Congreso Federal para sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, persiguió un doble objetivo: consagrar expresamente con la máxima jerarquía normativa ciertos principios básicos que habían caracterizado a la educación pública argentina y a la vez asegurar, mediante nuevos mecanismos, la igualdad real de oportunidades en el acceso a la educación.
Elevación en consulta, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "L., E. F., L., E. R., C. J. D.,  L., D. A. s/ Homicidio Calificado por alevosía-Esquel
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-24

Soy del criterio de que en los casos en que una sentencia aplique una pena superior a los diez años y sea recurrida en casación, el tratamiento de la cuestión, más allá del trámite del recurso, debe aplicarse el procedimiento decisorio reservado a la consulta por el pleno, con los alcances que se han delineado en esta memoria. Va de suyo que el mismo criterio, por efecto extensivo, ha de seguirse cuando se trata de múltiples imputados y sólo uno de ellos haya sido sancionado con una pena que motive la aplicación del procedimiento de consulta. (En disidencia)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mardarás, Daniel Edgardo c/ Medina, Juan Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-21

La percepción de una reducida pensión, no es razón de entidad suficiente para sostener que la actora no dependía económicamente de su hijo, cuando del beneficio de litigar sin gastos tramitado en la causa resulta que se trata de una persona de muy modesta condición socio-económica, que percibe una insignificante pensión que constituye su único ingreso y que -esto es lo decisivo-, los gastos de la casa eran afrontados por la víctima hasta el momento de su fallecimiento.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Warroquiers, Juan Pedro y otros c/ Quintanilla de Madanes, Dolores y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Corresponde desestimar la queja si la cuestión federal alegada en el recurso extraordinario no ha sido introducida oportunamente en el proceso (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia definitiva, gravamen irreparable, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Hutt,   Gregorio  José  y  otros c/ Sein  y  Cía.  S.A.I.C. s/ diferencias salariales- restitución de categorías.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

No obstante tratarse de una sentencia dictada con posterioridad a la que contempla el art. 14 de la ley 48, ello no impide el acogimiento del recurso extraordinario cuando la solución se traduce en un agravio irreparable y vulnera las garantías constitucionales a que aluden los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional
Confirmación de sentencia, apremios ilegales, procesamiento, concurso real
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ojeda, J. N., y otros c/  s/ apremios ilegales" (Causa Nº 11.234/2016)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-07

Apremios ilegales en concurso real con desobediencia. Procesamiento.

Agravios: Imputados que actuaron en los términos del artículo 34, inciso 4° del Código Penal y actuaciones en las que el plazo de investigación ha sido irrazonable.

Vocal Pinto: Elementos incorporados que permiten determinar la responsabilidad de los imputados. Orden judicial bajo la cual la defensa pretende ampararse que implicó únicamente el traslado del damnificado al Cuerpo Médico Forense y, las lesiones sufridas, no guardan relación alguna con la manda impartida. Tiempo de investigación que no luce irrazonable. Estándares fijados por la jurisprudencia nacional e internacional que no se dan en el caso bajo estudio.

Vocal Pociello Argerich: Comparte y adhiere al voto de Pinto y agrega, sobre el plazo razonable, que es la ley sustantiva la que fija la sanción procesal a una eventual inactividad por parte del Estado y los tiempos que deben transcurrir para su aplicación.

Confirmar.
Cuestiones de competencia, juzgado de primera instancia, Derecho laboral, vivienda, juicio de desalojo, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicente, Norberto c/ Casuja, Aldo y otro s/ Conflicto de competencia - Desalojo (Expte.: C.S.J. Nro. 359 año  1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Si la cuestión a dirimir en la causa no versa sobre la competencia del Juez civil para intervenir en un juicio de desalojo, ni la del Juez de Trabajo para entender en una cuestión laboral en donde los demandados en la primera, reclaman rubros laborales manifestando que el contrato de comodato del inmueble cuyo desalojo se solicita, en realidad encubrió un contrato de trabajo, no puede prosperar el pedido de remisión de la causa civil para su acumulación a la causa laboral desde que no se presenta en la especie la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias o que una de ellas produzca efectos de cosa juzgada sobre la otra. Para así decidirlo corresponde valorar que aún considerando las expresiones del demandado -en el sentido de que la relación laboral por él alegada le habría posibilitado el acceso al uso de la vivienda cuyo desalojo ahora se pretende- y teniendo el juicio civil sólo por objeto el desalojo por no haberse propuesto el análisis de circunstancias que hagan al supuesto vínculo laboral, sino simplemente la obligación de restituir el inmueble por parte de quien la ocupa, surge indubitablemente que son normas de índole estrictamente civil por la s que se debe regir, excluyendo cualquier posibilidad de aplicar la jurisdicción laboral.
Partes del proceso, intervención de terceros, intervención voluntaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD  DE  MAGDALENA c/ SHELL  CAPSA Y OTROS s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

El objeto de la intervención como tercero pretendida en este proceso tiene fundamento en la denuncia de nulidad del acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa Shell CAPSA y en la solicitud de continuación total de las actuaciones en orden al cumplimiento del art. 27 y subsiguientes de la ley 25.675, que formula el Sr. Leonardo Nicolás Fediuk. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mendoza" (Fallos:

330:1158), luego de denegar un pedido de acumulación de una presentación efectuada por un grupo de damnificados a una causa en trámite, resolvió admitir la participación de aquéllos en ese proceso en condición de terceros interesados; para ello, tuvo en cuenta que el art. 30 de la ley 25.675 expresamente excluye la facultad de promover una nueva demanda o reclamación cuando la pretensión ha sido introducida con anterioridad por alguno de los titulares reconocidos en ese texto legal.
Recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES, FRANCISCO c/ FRANCISCO PAOLINI OBRAS VIALES Y OTROS s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-09

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por una Cía Aseguradora, revocando parcialmente la sentencia impugnada por condena en costas por trámites ulteriores a una transacción cumplida con la actora. Si bien este Superior Tribunal de Justicia ha resuelto en los casos "ARIAS" del 23-10-91 y "SEPULVEDA" del 01-07-91, el necesario respeto de la condición de vencedor, que no es exactamente el del recurrente, pero el criterio vale en tanto, por efecto de una condena en costas por procedimientos "adicionales" de los que la aseguradora no participó, se transforma en vencido a quién, en ese tramo procesal era extraño a la litis, por acuerdo homologado en el mismo expediente. De algún modo entonces de invierte la condición.-
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, registro de la propiedad inmueble, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Santoyanni de Ramírez, Alicia Lydia c/ Rechiuto, Victorio Juan y otro s/ incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

No es de la competencia originaria de la Corte la demanda dirigida contra un Registro de la Propiedad provincial, si no es posible inferir de las expresiones formales utilizadas por la actora que el Estado local sea efectivamente titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión.
Concursos, honorarios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SCAMMACCA VICTOR HUGO s/ PEDIDO DE CONCURSO PREVENTIVO - HOY SU QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-08

Se ha señalado como criterio a tener en cuenta en la distribución de los honorarios entre los distintos funcionarios de la quiebra que de la totalidad de la cifra destinada a los funcionarios mencionados en el art. 264 inc. 1) de la Ley Concursal resulte atribuido un 70% al Síndico y a los letrados de éste.

Igualmente se ha entendido que en supuestos en que se viole tal distribución, corresponde ser revisados en su totalidad y fijar nuevamente los honorarios de los funcionarios del concurso a los fines de obtener una adecuada proporcionalidad en el total estimado procedente a los fines regulatorios teniéndose en cuenta concretamente el concreto trabajo profesional realizado y su trascendencia y proyección dentro del juicio concursal tramitado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria, defecto legal, iura novit curia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: WEIMBERGER, MARCELO Y OTRO c/ STEBER, RICARDO Y OTROS s/ ORDINARIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

No resulta adecuadamente rebatido por los quejosos, incumpliendo así con la carga establecida por el artículo 8 de la ley 7055 el fundamento del Tribunal que al denegar el recurso de inconstitucionalidad, expresamente señala que la incongruencia alegada en mérito al reconocimiento por la Sala que los actores corrigieron su escrito de demanda con posterioridad a la excepción de defecto legal, se cumple omitiendo considerar que en el mismo fallo se dijo de la irrelevancia del fundamento de la objeción, que carecería de entidad para sustentar la excepción, ya que al margen del acierto o el error, se consideró que era una cuestión de derecho donde imperaba el principio iura novit curia, por lo que la parte podía invocarla en momento posterior e incluso suplir de oficio la tarea del Tribunal.
Testamento ológrafo, disposiciones testamentarias
Materia: CIVIL
Carátula: Alonso, Ismael Horacio s/ sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

Resulta inválida como testamento ológrafo una carta escrita por el causante, toda vez que de su lectura resulta evidente que no se está en presencia de una disposición testamentaria, sino ante un proyecto o propuesta de donación que no exterioriza la voluntad firme e incondicionada del fallecido de disponer testamentariamente de sus bienes, requisito de certeza esencial para poder reconocerle el carácter de testamento ológrafo al instrumento en cuestión.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Bicerne, Angel José c/ Y.P.F. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el reclamo del actor de indemnización por enfermedad accidente, si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

El art. 554 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al disponer dos criterios diversos respecto a la apelabilidad en el juicio ejecutivo, ha considerado que la apelación de los honorarios no está ligada ni tiene razonable relación con los fines perseguidos al adoptar el criterio restrictivo en materia de apelación de sentencia de remate en el juicio ejecutivo.
Indemnización por accidente de trabajo, carga de la prueba, muerte del trabajador, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DUPERIAL S.A. c/ RAUL ROJAS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 212)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-21

"...debe quedar en claro que en el caso en trato, el empleador para oponerse con éxito al pago en sede laboral debía tener acreditada la existencia de decisión firme en sede civil y la realización del pago por parte de los terceros". El "onus probandi" es el imperativo que pesa sobre el litigante de suministrar la demostración de un hecho controvertido, mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso o de la incidencia, tratándose entonces de una conducta impuesta a los justiciables para que acrediten la verdad de sus afirmaciones y, para el Juez, implica que deba resolver la duda acerca de un hecho determinado en sentido desfavorable a la parte que tiene interés en demostrarlo y no lo hace". "Quien invoca un hecho extintivo o impeditivo de la relación sustancial afirmada en la demanda le incumbe probarlo, por lo que al deudor le corresponde rendir la prueba de que se ha liberado de la suma adeudada, pudiendo el pago ser probado por todos los medios, no rigiendo a su respecto las restricciones impuestas para los contratos, lo que impone, precisamente, un criterio riguroso en el exámen y valoración de la prueba".
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, compraventa, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuestas, Norma Beatriz y ot. c/ Ricotti, Juan Carlos y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La enajenación por quien no es propietario no puede ser encuadrada en el art. 1051 del Código Civil. Al no haber intervenido el verdadero titular en acto jurídico alguno de transmisión de dominio, no hay enajenante por acto nulo, elemento éste que es uno de los presupuestos de aplicabilidad de dicho texto legal, porque no hubo enajenación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Injurias, árbitros de fútbol
Materia: PENAL
Carátula: PERALTA RAMOS, P. s/ INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-13

La frase vertida en un periódico, repitiendo el cronista los dichos "hincha":..."N.N. como árbitro no puede dirigir un partido de metegol" no configura el delito de injurias, ya que tuvo como único alcance decir, aunque de un modo equivalente, que su actuación como árbitro fue mala. Expresiones como la señalada no pueden señalar lesionar el honor de un árbitro, porque son juicios que, por provenir del ambiente normalmente exaltado en que se vierten, no son susceptibles de causar injusto dolo, ni lesión en su reputación como persona, que es el bien jurídico tutelado.
Libertad de expresión, medidas cautelares, funcionarios públicos, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por un funcionario público, ordenar a una persona que no insulte es pedirle a un tribunal que dicte un pronunciamiento de cumplimiento incontrolable y, con ello, ponerlo en una situación de debilidad intolerable. La demandada, hipotéticamente, podrá acatar la orden, pero si no lo hace y no es solvente para pagar cada vez que lo haga, la advertencia del tribunal no pasará de ser eso; una advertencia. Los tribunales de justicia tienen la obligación de dirimir contiendas y sus decisiones tienen fuerza de verdad legal, por lo que pedirles que dicten sentencias de cumplimiento optativo resulta improcedente.