Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-13


Salta, 13 de Mayo de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ROMERO, VIVIANA MARCELA CONTRA OBRA SOCIAL DEL PERS. DE LA IND. DEL FOSFORO, ENC. Y AFINES - ORDINARIO" , EXP - 16105 / 6; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 5, para resolver la apelación interpuesta a fs. 137/142, y C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 137/142, en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 131/134 vta.

Dice el agraviado que la sentencia se sustenta en la existencia de relación laboral entre las partes y de allí deriva la condena al pago de la suma indicada más los rubros indemnizatorios. Agrega que la señora juez da por probada la relación laboral en base al testimonio de personas que han sido vinculadas con la demandada y que han manifestado ser acreedores, de allí que la valoración de los testimonios sea un agravio concreto.

Agrega que además la sentencia debe ser revocada porque el monto dinerario ni los rubros indemnizatorios tienen respaldo en las constancias de la causa.

Expresa que la señora juez en sus considerandos dice que el demandado se limitó a negar la relación laboral y que al no haber respondido a las intimaciones cursadas considera legítimo el despido indirecto; sin embargo se opone porque dice que la juzgadora no tuvo en cuenta que las intimaciones fueron desconocidas por su parte, para lo cual el quejoso da explicaciones en torno a las fojas en donde desconociera la documental como a la certificación de la prueba donde la actora no ha presentado la documental respectiva , circunstancias que dice impide tener por confirmada las intimaciones .

Posteriormente expresa que de las constancias de autos se observa que la actora no ha probado la relación laboral, su ruptura y menos aún que ello sea imputado al demandado Así la actora afirma que se dio por despedida de manera indirecta, por el silencio del demandado a las intimaciones que fueron desconocidas, como ello fue aceptado sin más por la sentenciante.

Manifiesta que la actora no acreditó por medio fehaciente la ruptura de la relación laboral, lo que basta para revocar la resolución de la sentenciante en lo relativo a los rubros indemnizatorios.

También se opone a la categoría en la que encuadra la relación laboral la judicante, CCT Nº130/75 estableciendo como base remunerativa la suma de $750,00, base que se tomó para la planilla de liquidación . De ello se agravia porque dice que esa categoría laboral supone la extensión de una jornada laboral completa, lo que su parte negó en la contestación de demanda por lo que ante el desconocimiento del hecho se debe estar a las pruebas de autos y que en el expediente no existe constancia probatoria respecto al supuesto horario y jornada laboral .

Otro agravio es por la condena a su parte a abonar las diferencias salariales que la sustenta en el encuadramiento de la actora en el CCT 130/75 y a la remuneración de $750,00 y como no se ha probado la jornada laboral ni su horario, no puede inferirse categoría en la que supuestamente se desempeñaba el actor ni convenio colectivo aplicable, consecuentemente no es posible asignar una condena a su parte por el rubro diferencias de haberes.

Luego dice que la resolución impugnada condena al demandado a pagar la suma de $55.301,96 conforme la planilla anexa y al observar la misma se advierte que no sólo esta el rubro diferencias salariales y las indemnizaciones por el despido sin causa sino que también se ha incluido el pago de los Decretos 293/03, 1347/03, 2005/04 y 1295/05 por lo que existe una discordancia entre los fundamentos de la sentencia y la planilla para determinar el monto de condena, lo que fundamenta la revocación de la sentencia en lo relativo al pago de las sumas indicadas en las normas referidas.Para el supuesto que se mantuviere la sentencia en los puntos objetos de agravios, hace reserva del caso federal .

Por todo ello solicita se acoja el presente recurso de apelación, se revoque la sentencia impugnada, con costas.

A fs. 196 se corre traslado a la contraria del recurso de apelación interpuesto por la demandada, el que es contestado por la parte actora a fs. 148/150 vta solicitando se rechace la apelación en todos sus términos, con costas.

II.- La sentencia de la instancia anterior que obra a fs. 131/134 vta que acoge parcialmente los reclamos formulados al accionar, viene apelada por la parte demandada a través de la memoria que luce glosada a fs. 137/142 y que recibiera oportuna réplica de la contraria a fs. 148/150 vta.

Inicialmente se agravia el demandado porque la juzgadora da por cierta la existencia de relación laboral entre las partes con sustento en los testimonios vinculados al demandado y que dicen ser acreedores como Canillo y González o haber tenido problemas como Bligard .

Alegaciones éstas insuficientes para cuestionar la valoración que hace la judicante de los testimonios que considera coherentes para determinar la existencia de un vínculo laboral que uniera a las partes.

Luego se opone porque la a quo entiende que la demandada se limitó a negar la relación laboral y que como no respondió a las intimaciones cursadas por la actora, considera legítimo el despido indirecto en que se colocó la actora y consecuentemente acoge los rubros emergentes de la ruptura. Así expresa que la juzgadora omite tener en cuenta que las intimaciones que invoca la actora su parte la desconoció, por lo que ningún valor probatorio puede asignarse.

Se equivoca el agraviado en tales apreciaciones, toda vez que conforme surge del escrito de conteste, su parte desconoce la documental que enumera, expresando para todos los casos desconocer la autenticidad, veracidad, firma y sellos.

Por demás no resulta cierto que al ser intimada la actora a presentar fotocopias, no lo haya hecho según surge de fs. 57, de las constancias de fs. 61, como del decreto de fs. 63.3, donde se tiene por cumplida la intimación del proveído de prueba de fs. 46 y vta.

Desde otra óptica extrañamente el quejoso omite referirse a las intimaciones, toda vez que nada alega sobre su recepción, de modo que la oposición que efectuare en el conteste aparece como meramente general correspondiendo tenerla por reconocida, conforme al inc. 1º del art. 356 del C.P.C. y C. incorporado al CPL por el art. 90 y como se entendiera en la sentencia en crisis.

Esta Sala II ha sostenido con insistencia que el desconocimiento debe ser específico y concreto, acerca de cuales son los elementos constitutivo del documento que se repudia, porque de lo contrario , el rechazo genérico dejaría a la otra parte en inferioridad de condiciones al no poder conocer y por lo tanto defenderse o demostrar cuales son las partes del documento a las que se considera sin valor alguno o viciadas. Entre otros en autos: "Pico Valenzuela José A. vs. AFJP PRORENTA SA" Expte Nº 013216/05.

También sostuvimos entre otros en autos: "Zerpa Sergio H. vs. Los Pinares SRL y otros" Expte Nº 20477/00 que la mera negativa general a la emisión del telegrama y su autenticidad, no satisface la carga impuesta por el inc. 1º del art. 356 del C.P.C. y C . Los telegramas colacionados certificados por la oficina de correo, constituyen instrumentos públicos conforme lo dispone el art. 979 inc. 2do del CC. No existe tampoco en autos negativa de la emisión o recepción del mismo, correspondiendo entonces a tenerlos por reconocidos.

No a otra conclusión puede arribarse en torno a las oposiciones que se formulan respecto a la falta de prueba del despido sin causa, en tanto el quejoso se circunscribe a reiterar sus afirmaciones dogmáticas anteriores, sin referencia concreta a los hechos y pruebas de la causa que habiliten a esta Alzada a su revisión .

La oposición que se hace en el punto III .c) con el subtítulo La Categoría Laboral y Arbitrariedad de la Resolución, el quejoso dice agraviarse porque se encuadró la relación laboral en el CCT Nº 130/75 y establecerse como base remunerativa la suma de $750,00 , base con la que se efectuó la planilla , alegando que tal categoría laboral supone la extensión de la jornada laboral como jornada completa, lo que fuera desconocido en el conteste por lo que la actora debió probar la misma al no existir presunción en contrario de la jornada y horario.

Tema éste que de igual modo confunde el quejoso en tanto omite el real fundamento del decisorio sobre que su parte se limitó a negar la categoría que invocara la actora, pero sin denunciar la que a su criterio decía corresponder , razón por la cual tampoco existe agravio válido que tratar.

La siguiente oposición por la que se opone a la condena por diferencia de haberes, merece idéntica conclusión al agravio anterior , toda vez que el quejoso vuelve a reiterar sus alegaciones sobre el convenio aplicable y las remuneraciones que corresponde y a la falta de prueba, pero omite rebatir jurídicamente lo decidido en la instancia que me precede.

Finalmente el cuestionamiento direccionado a oponerse al pago de los montos de los Decretos 293/03, 1347/03, 2005/04 y 1295/05 con sustento en que la judicante no los fundamentara, surge sin dubitación posible una oposición inconsistente. Ello por cuanto la juzgadora condena abonar sumas debidas por haberes y conceptos remuneratorios y pagos y no remuneratorios tal como se solicitara en el escrito de demanda y sin que mereciera la mínima alusión en el conteste, de modo que al no haber integrado la litis , es decir ser un tema puesto a consideración del juez de grado, no puede ser tratado en esta Alzada en virtud de lo expresamente prescripto por el art. 271 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestra materia por el art. 90 del CPL. Todo ello, por respeto estricto al principio de congruencia y de defensa en juicio.

Tratada así cada una de las quejas intentadas por el demandado contra lo decidido en origen, surge manifiesto que la memoria recursiva no cumple ni con mucho con los recaudos exigidos para toda expresión de agravios por el art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL.

Hemos sostenido con insistencia que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia apelativa la disconformidad por sí sola, requiriéndose un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo , debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiesen contener. Entre otros en autos: "Hamid Álvarez G. y otros vs. Vicente Moncho Construcciones SRL" Expte Nº 23567/09.

También sostuvimos junto a la doctrina y jurisprudencia, que no constituye una critica concreta del fallo, las meras discrepancias genéricas con el mismo o la simple manifestación de disconformidad con la sentencia, por considerarla injusta o la discrepancia con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista. Entre otros en autos: "Godoy José S. vs. Ganne Comunicaciones SRL y otros " Expte Nº 021689/08.

Por lo expuesto normas legales y jurisprudencia citada, soy de opinión y en tal sentido voto porque sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en su mérito sea confirmada la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y porque se tenga presente la reserva formulada.

El Dr. Froilán M. Miranda dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.- Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

F A L L A I.- Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y teniendo presente la reserva formulada.

II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.-