marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, incidente de impugnación, suspensión preventiva, ejecución comercial, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Brodschi, Ernesto L. y otro c/ Dique Cero Puerto Madero SA s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

La suspensión de la ejecución de la resolución asamblearia, si bien participa del carácter general de las medidas cautelares, requiere para su procedencia, entre otras cuestiones, que existan motivos graves y se demuestre que el derecho invocado como fundamento de la pretensión sea verosímil, que no medie perjuicio a terceros y, finalmente, que exista un peligro inmediato y real para el interés social. Es decir, que los "motivos graves" deben evaluarse teniendo en cuenta no solo el eventual perjuicio que podría ocasionar a terceros, sino primordialmente, para el interés societario, que predomina sobre el particular del accionista impugnante (cfr. CNCom, Sala B, "Grosman c/ Los Arrayanes" del 23/9/86; íd. íd., "Ferrari c/ Plinto" del 24/12/87; íd. Sala A, "Galván, Daniel c/ Microomnibus Barrancas de Belgrano SA s/ ordinario s/ inc. de medidas cautelares" del 20/12/05; íd. íd., "Marón, Daniel c/ del Ponte, María F. s/ ord. s/ inc. de apelación" del 17/8/06; íd. Sala D, "Lagarcue SA c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ medida precautoria" del 28/12/06).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Aguas Argentinas Sociedad Anónima
Materia: LABORAL
Carátula: Tkaczek Victor Manuel c/ Sthan S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

Debe extenderse la solidaridad del art. 30 L.C.T. en los casos de actividades que se encuentran integradas en forma permanente al establecimiento, sean éstas la principal del mismo o no, puesto que por actividad normal no sólo debe entenderse aquella que atañe directamente al objeto o fin perseguido por la demandada, sino también aquellas otras que resultan coadyuvantes y necesarias, de manera que aún cuando fueran secundarias, son imprescindibles e integran normalmente -con carácter principal o auxiliar- la actividad, debiendo excluirse sólo las actividades extraordinarias o eventuales (En el caso, la contratación efectuada por Aguas Argentinas S.A. con otra empresa para los trabajos de rotura, excavación y construcción de nuevas cámaras en veredas y calzadas para la instalación de medidores para los clientes de gran consumo, importó la delegación de una actividad que entra dentro del giro empresario del contratante, por lo que se le hizo extensiva la responsabilidad del mencionado artículo).
Acción, juicio, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

Puede definirse la identidad de sujetos en distintas acciones (eadem personae), en los siguientes términos: "Dos acciones son distintas únicamente con que no pertenezcan a la misma persona o contra la misma persona". Asimismo, aún tratándose del mismo bien, varía la acción según la pertenencia subjetiva de este bien hecho valer en juicio. Se comprende que la identidad de la persona física no produce siempre identidad subjetiva de acciones; la misma persona puede tener distinta calidad. Por el contrario, el cambio de la persona física como sujeto de una acción, no tienen como consecuencia que el derecho considere la acción como distinta, puede darse sucesión en la acción, tanto a título universal como particular.
Proceso penal, acción civil, accidente de tránsito, accidentes de trabajo
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CARRIZO MIRTA GRACIELA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-12

Si en el caso existe un acuerdo de partes homologado judicialmente ante el juzgado de conciliación, ante los actores civiles y la demandada civil que la parte actora hizo uso de la opción del art. 17 de la ley 9688 modificando en ese acto el fundamento de la acción en cuanto hace al reclamo de indemnización por incapacidad sobreviniente haciéndolo por el art. 1113 de C.

Civil sus correlativos y concordantes y la demandada aceptó el cambio de la acción y reconoció adeudar el monto reclamado en concepto de indemnización por el fallecimiento de la víctima, abonando con posterioridad el monto reconocido en el acuerdo a los accionantes, la pretensión indemnizatoria ex-delito emergente del accidente en favor de los reclamantes se ha extinguido por el pago, en cuanto a los rubros que indica el art. 1084 del C. Civil, en razón de que los gastos hechos en la asistencia del muerto y su funeral, como así también lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del occiso, quedan comprendidos en el concepto de indemnización por fallecimiento.-
Vicios redhibitorios, acción redhibitoria, acción quanti minoris
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANNA, MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAHUATE DE BATULE s/ ACCION REDUCCION DE PRECIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-18

Conforme el art. 2164 del Código Civil en el tema de vicios redhibitorios se diferencia dos situaciones: a) vicios que por su gravedad hacen que la cosa se torne impropia para su destino y en ese caso el comprador puede pedir la rescisión de la operación (acción redhibitoria propiamente dicha); b) vicios, que también graves disminuyen el valor de la cosa, o que de haberlos conocido el comprador no la hubiera adquirido, pero que no obstante le interesa hacer quedar la cosa, reclamando al vendedor la disminución del valor (acción quanti minoris).
Desestimación de la denuncia, querella
Materia: PROCESAL
Carátula: CARNAGO, Romualdo s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-19

No procede tener por parte querellante al damnificado que intenta asumir ese rol con posterioridad a la resolución no recurrida por el Ministerio Público Fiscal por lo que se desestimó la denuncia oportunamente formulada.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tonello Zita María c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ordinario s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-11

Habiéndose promovido el beneficio para litigar sin gastos en expediente separado, el peticionante goza provisionalmente del mismo; no suspendiéndose el trámite el juzgador puede decretar la caducidad, sea oficiosamente o a pedido de parte interesada. Además, es de advertir que esta clase de gestión tiende al exclusivo interés de quien los promueve y no afecta el trámite o secuela del juicio principal careciendo,por tanto, de idoneidad para interrumpir la perención de la Instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos relacionados con la identidad de las personas, hurto simple, documento nacional de identidad, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, Hugo s/ COMPETENCIA FEDERAL. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

Si bien las disposiciones de la ley 17671, con las modificaciones introducidas por las leyes 20.974 y 22.435, no contemplan entre las infracciones previstas la sustracción de documentos nacionales de identidad y aun cuando el único precepto aplicable al caso sea el del art.162 C. Penal, corresponde intervenir a la justicia federal pues el hecho afectaría finalidades de orden nacional, en la medida en que existe interés del Estado en que el mencionado documento permanezca en poder de su legítimo titular por motivos de índole pública, entre los cuales se cuentan no sólo los de carácter cívico, sino también los de naturaleza militar.
Recurso extraordinario, Derecho procesal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Supercemento S.A.I.C c/ Estado Provincial de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-12-17

En el recurso extraordinario no procede tratar la aplicación de leyes procesales, ni materia propia del derecho público local.
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, medidas cautelares, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANI, GUSTAVO c/ SOFER  S.A.  Y PUGA OSCAR s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Las actuaciones concernientes a medidas precautorias no son impulsorias del proceso ya que el embargo no constituye un trámite esencial a la ejecución.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO, RUBEN c/ KLEPPE S.A.C.I.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-08-22

EL PRINCIPIO GENERAL DE DISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA (ART 377 CPCC), SOLO COBRA IMPORTANCIA EN SEDE LABORAL, ANTE LA AUSENCIA DE PRUEBA EFICAZ PARA SUSCITAR CERTEZA EN EL JUEZ.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Canale, Américo Alberto s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona el valor probatorio del hecho fundante de la presunción sin denunciar la transgresión del art. 256 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- (art. 355, C.P.P.

-texto legal cit.-) . (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Cano Raúl Oscar y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Se admite la posibilidad de discutir el saldo de la cuenta corriente bancaria en el proceso ejecutivo, siempre y cuando se acompañen elementos probatorios (documentales) que hagan presumir prima facie la irregularidad de aquél.
Competencia civil y comercial, repetición de impuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: Salinas, Blas Sixto y otro c/ Municipalidad de Clorinda s/ Repetición de Pago s/ Repetición de Pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-10-18

La acción de repetición de impuestos, si se funda en la inconstitucionalidad de la ley fiscal, no es contencioso - administrativo. En consecuencia dicha acción debe tramitar por el procedimiento civil.
Ejecuciones especiales, ejecución hipotecaria, acreedor hipotecario, acreedor con privilegio especial, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: JUSTINIANO DE FUMAGALLI, Cecilia c/ PORCELANAFLEX M. NIEMIEC S.A.C.I.F.I.A. y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Como son los respectivos acreedores con privilegio especial quienes deben solicitar en el concurso particular la reserva prevista por el art. 244 de la ley 24.522, carecen de legitimación para peticionar en ese sentido los acreedores con hipoteca constituida a su favor en segundo grado, pues al no haber acreditado, ni invocado, titularidad sobre un crédito de la naturaleza de los previstos por la norma citada como de rango preferente, carecen de interés para solicitar la formación de esa reserva.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ E.N. (M de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Si bien los honorarios de los expertos deben guardar proporción respecto de los fijados a los restantes profesionales, a tenor del art. 13 de la ley 24.432, aplicable a las regulaciones pendientes al momento de su entrada en vigencia, los jueces deber n efectuar las regulaciones, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes respectivos cuando la naturaleza, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Regulación de honorarios, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PASTORE, FRANCISCO c/ MECANICA DAVA  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-08

La ley 21839, a diferencia del anterior arancel, no fija las bases regulatorias para el procedimiento de ejecución de sentencia recaída en juicios de conocimiento. Frente a ese silencio cabe recurrir a los principios contenidos en el art. 40 dada la analogía de la situación que contempla, razón por la cual la totalidad de la ejecución de sentencia habrá de considerarse como una etapa, pues sólo comprende los trabajos realizados desde la sentencia definitiva hasta su cumplimiento, que es precisamente la segunda de las etapas a que alude la norma referida.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: COSTA, Ismael s/ Amenazas calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Si bien la conducta del prevenido resulta antijurídica, por tratarse de un caso de exceso en la defensa (arts. 34 inc. 6to. y 35 del C.P.), no es sin embargo típica, al no existir la figura culposa de amenazas, es decir el delito por culpa o imprudencia a que remite la norma del art. 35 C.P..-
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de pago, dación en pago, certificado de depósito a plazo fijo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO EXTRADER SA c/ ISALDO SA. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Si una entidad bancaria reclama ejecutivamente el pago de una deuda derivada de un préstamo, y el accionado adujo haber cancelado íntegramente la obligación mediante la dación en pago de cierto certificado a plazo fijo, del que habría sido titular un coaccionado en un banco extranjero, resulta improcedente que -como en el caso- la accionante argumente que sus apoderados carecían de facultades suficientes para celebrar el acto que se invoca y para dar por cancelada la obligación, pues el poder para cobrar deudas no comprende el de recibir una cosa por otra, ni hacer novaciones, remisiones o quitas. Ello pues, el acto de recibir -en pago de una obligación preexistente- un título representativo de un crédito contra un banco derivado de un depósito a plazo fijo, encuadra en el facultamiento de percibir "sumas o valores de comercio" y de "otorgar recibos o cartas de pago". Máxime, si se verifica que el ejecutante no se limitó a conferir a sus mandatarios un simple poder para cobrar o percibir, sino por el contrario, otorgó un poder amplio de administración para la realización de una generalidad de actos vinculados al quehacer bancario y financiero que constituyó el objeto de su actividad, entre los que no sólo estaba el de percibir o cobrar deudas, sino realizar todo tipo de operaciones comerciales o bancarias por cuenta de la entidad, dentro de cuyo marco es dable encuadrar sin forzar la interpretación del acto jurídico que se cuestiona. (En igual sentido: "Banco Extrader SA c/ Ayelen G.S.A. s/ Ejec.", sala e, 7.7.99).
Torturas, armas de uso civil, personal policial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisoni, Carlos c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-06

Resuelve desestimar la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuesta con el objeto de impedir el uso de armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad, con fundamento en que aquéllas constituyen un elemento de tortura y vulneran los derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la salud, pues tanto la actora como los jueces de Cámara omiten exponer fundamentos concretos que demuestren la ilegalidad del uso de las armas cuestionadas por parte de los agentes de prevención, así como tampoco se pronuncian sobre la autorización otorgada por el Registro Nacional de Armas para la importación y comercialización dentro del país tales armas y su calificación como "arma de uso civil" -en los términos del art. 5 inciso 4 del Decreto 395/75- (Del voto de la Dra. Weinberg).
Derecho a la protección integral de la familia, C156 Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, interés superior del niño, perspectiva de género
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

La preferente tutela constitucional de mujeres y niños, y el amparo que el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo otorga a los trabajadores para el ejercicio de las responsabilidades familiares y el desarrollo de su proyecto de vida, invalida todo límite que se pretenda imponer al efectivo goce de sus derechos (Voto del juez Rosatti).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SITRI S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ IMPUESTO-  DOBLE  IMPOSICION IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Es improcedente el recurso extraordinario fundado en no haberse pronunciado el a quo acerca de que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada ya que el pronunciamiento que admite las pretensiones de esa parte importa un pronunciamiento implícito favorable a la suficiencia de su expresión de agravios
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riquelme, Edgardo c/ Giordano, Rubén s/ Daños y perj. Quinterno, Arnoldo M. y otro c/ Alderete, Felix Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13|1995-05-09

Los impedimentos de responsabilidad civil legalmente establecidos deben ser juzgados y apreciados con criterio restrictivo, porque la norma (art. 1113 del C.C.) con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin que se les confiera a éstos desmedida extensión, trascendiendo los límites legales.
Accidentes de trabajo, obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, principio de indemnidad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Báez   Elizabeth   e. c/ Orígenes  AFJP.  SA. s/ Accid.-Acc. civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

El principio de indemnidad impide que el trabajador sufra daños a raíz de las labores que realiza. Este principio, captado normativamente en LCT art, 75  y en la ley 19587, obliga a la prevención eficaz de los riesgos del trabajo; cuando ella no es eficaz, o bien cuando el empleador, no sólo no ha prevenido sino por la manera de organizar y dirigir el trabajo, ha contribuido a causar el daño, la reparación del mismo es la respuesta.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ OCHOTECO M. c/ M. DE BOTINDARI S.R.L. s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-10

Toda persona que dice ser acreedora de alguien, tiene que explicitar en forma oportuna los elementos del crédito, sin los cuales nadie puede pretender reparaciones ni resarcimientos. La sentencia debe limitarse a los hechos y al derecho invocados en la demanda o reconvención y en sus contestaciones, sin que sea permitido a los jueces apartarse de la relación jurídico procesal trabada (conf. arts. 34, inc. 4to.,161, inc. 2do, 163, inc. 6to, y 164 del Código Procesal).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, daño moral, indemnización, daño psíquico
Materia: COMERCIAL
Carátula: FALON DE GOMEZ, NOEMI c/ FERNANDEZ, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

Cabe admitir el reclamo de indemnización del daño moral derivado de la publicación en un diario, de una noticia que contenía datos e informaciones falsas que afectaron la imagen, el honor y la intimidad de las accionantes, toda vez que, del informe producido por el Servicio de Psicología del Cuerpo Médico Forense, surge que en base al material psicológico obtenido y teniendo en cuenta las constancias del proceso ". se observa en la madre un moderado cuadro depresivo neurótico, con una incapacidad equivalente a un diez por ciento, que no le impide realizar las tareas que desempeña usualmente, antes bien -en opinión de la experta- la actividad laboral puede contribuir a la restitución de su estado depresivo y que con adecuado tratamiento psicoterapéutico puede recuperarse; las hijas presentan un cuadro neurótico con características fóbico paranoides; a una de ellas se le diagnosticó la existencia de un cuadro compatible con un trastorno postraumático al estrés crónico, que determina una incapacidad actual equivalente a un cuarenta por ciento de la total obrera, con posibilidades de recuperación por medio de un adecuado tratamiento psicoterapéutico y eventualmente psicofármacológico; en cuanto a la otra, sufre de igual trastorno aunque repotenciado por la difusión de las circunstancias del fallecimiento traumático de su padre y por habérsele atribuido haber sido abusada por su progenitor, estimándose una incapacidad equivalente al diez por ciento con posibilidades de recuperación por medio también de un adecuado tratamiento psicoterapéutico; es posible que los hechos de autos hayan acentuado el efecto traumático de las experiencias patológicas previas, exacerbando los rasgos de sus personalidades y aumentando su incapacidad para una vida satisfactoria; necesitan tratamiento psicológico, mas ninguna de ellas se encuentra imposibilitada para realizar las tareas que desempeñan usualmente; por lo que, sobre la base de estos parámetros, ponderando los elementos de convicción aportados al proceso y, según el criterio de estimación razonable otorgado por el Cpr: 165; cabe otorgar un resarcimiento por daño moral que en el caso de la madre se fija en $ 50.000, para la hija referida en segundo término $ 70.000 y para la otra $ 50.000; mas los intereses fijados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, con sustento en el fallo plenario de esta Cámara del 27.10.94 "S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago a los profesionales".
Energía eléctrica, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, facultades de la administración, sanciones administrativas, multa administrativa, tesoro nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edesur S.A. c/ Resolución 814/96 -ENRE- (Exp. 1643/95)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-12

El art. 31 de la ley 24.447 determinó que a partir de la iniciación del ejercicio fiscal de 1995, los Entes Reguladores deberán ingresar al Tesoro Nacional los recursos originados en las multas que se apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor (conf. igualmente art. 61 y la incorporación a la Ley Compensatoria Permanente de Presupuesto -t.o. 1996-).
Secretaría de Comunicaciones, resolución administrativa, suspensión de la ejecutoriedad, servicio telefónico, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ PEN - Sec. de Comunicaciones - Resol. 868/98 s/ Amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

Debe confirmarse la medida cautelar peticionada por la actora que ordena suspender los efectos de los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de la Resolución nº 868/98, disponiendo que la Secretaría de Comunicaciones se abstenga de aplicar dichos preceptos hasta tanto se dicte sentencia en esta acción de amparo.