marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra la seguridad de la Nación, guerra marítima, represalias, vejaciones
Materia: PENAL
Carátula: GARZON. B. s/ Desestimación denuncia -  Causa 30.505
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

Todas las acepciones en la lengua española hacen referencia respecto de la palabra "represalias" a un mal que se causa para responder al que se ha recibido.

"Se trata de vejaciones o represalias que tengan sentido de enemistad internacional, dirigida contra determinada persona en cuanto es argentino, esto es, un sujeto en el cual pueden retribuirse las ofensas producidas por el autor de los actos hostiles".

Esta idea es coherente, por otra parte, con el significado atribuido a las represalias en el derecho internacional, donde modernamente se las define como "los actos de un Estado realizados contra otro para obligarlo a convenir en el arreglo de una controversia, derivada de un delito internacional de este último" y a las represalias en tiempo de guerra como "aquellas que sólo pueden llevarse a cabo excepcionalmente con el fin de obligar al enemigo cesar la realización de actos ilegales de guerra" Es evidente que lo que el legislador ha querido incriminar a través de esta figura es la conducta de los hombres que exponen a su país o a sus conciudadanos a la guerra o sus manifestaciones.

Ha sido el propósito, pues, el de sancionar actos que por lo general serán constitutivos de un delito contra los intereses de la potencia extranjera que puede declarar la guerra contra la Argentina o ejercer represalias o vejaciones contra sus habitantes.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión constitucional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aidar, Camil E. y otros c/ Alonso, Adrián y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Si la alzada descalificó los argumentos desarrollados por el tercero que no participó en el proceso penal para cuestionar la validez constitucional del art.1102 del C.C. y su eventual aplicación, pronunciándose por la pertinencia de tal norma, no puede alegarse que aquel reparo constitucional fue omitido porque en forma expresa no se declaró su constitucionalidad.
Delitos, concurso real, acción penal, prescripción, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Manuel Lara Páez y otros s/ Denuncia Estafa y Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-24

La línea que divide las aguas pasa por distinguir entre vocación "persecutoria" y "punitoria" del estado, teniendo que ver el instituto de la "prescripción de la acción penal" con el ejercicio de aquél primer derecho - deber, es decir la faz "persecutoria" que va a ser la que en definitiva se va a ver cortada al producirse aquélla. Por consiguiente, puede haber interrupción de la prescripción por un nuevo delito, sin que proceda la aplicación de una nueva pena sumable con la anterior, como sucede cuando la punibilidad de un hecho típico, antijurídico y culpable queda excluida por una excusa absolutoria.
Prisión preventiva, plazo
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO LUIS Y OTRA s/ PRESUNTO HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-04-25

Otra de las cuestiones que debemos considerar, a los fines de esclarecer los alcances interpretativos de la ley referenciada; es como debe interpretarse los arts. 7 y 8 (Ley 24.390) con el resto del articulado, especialmente con los arts. 1 y 2 (Ley 24.390).

En este sentido se debe decir, que si se ha excedido el plazo de dos años de prisión preventiva y la cuestión a tratar es el cómputo de la pena aplicada se debe estar a lo que disppone el art. 24 del Código Penal (t.o. ley 24.390) es decir, si se ha excedido el plazo de dos años de prisión preventiva, se computa por cada día de prisión preventiva dos de prisión; ello, independientemente de los dispuesto por los arts.1 y 2. Pues, tal normativa está orientada al instituto de excarcelación y establece precisamente excepcionales en los que puede superar los dos años de detención sin sentencia firme.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad de la sociedad, presidente del directorio, compraventa mercantil, pagaré
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciccimarra Mauricio Javier c/ Ganadera Camoatí S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Procede rechazar el recurso de apelación incoado por la sociedad demandada, confirmando la sentencia que la condenó por actos del presidente de su directorio consistentes en la venta de un bien de la sociedad que después fue rescindida por imposibilidad de cumplimiento de la parte vendedora -por innumerables inhibiciones registrables y gravámenes que pesaban sobre el bien- y por la falta de devolución de los pagarés que habían sido entregados por el actor en garantía del negocio. Ello así, pues son irrefutables las conclusiones del a quo, debiendo ponerse de relieve que las mismas no han sido pasibles de ninguna crítica en el escrito de expresión de agravios de la recurrente -art. 260 de Cód. Proc.-. La responsabilidad de la sociedad por las obligaciones celebradas por sus representantes se limita a los actos comprendidos en el objeto social -art. 58 de la Ley 19550-, ahora bien, la demandada no ha alegado en ningún momento, que la operación de compraventa en cuestión pueda considerarse un acto notoriamente extraño a su objeto social. A mayor abundamiento, dada la actividad agropecuaria que emerge de la sola denominación social, es dable presumir que el negocio efectuado -venta de un tractor- se encuentra claramente comprendido en su objeto social -arts. 163 inc. 5, 330, 354, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.-. Es así que, la sociedad se encuentra obligada por todos los actos realizados por el presidente de su directorio y debe resarcir al accionante de los daños y perjuicios causados por el accionar antijurídico de aquél.
Leyes, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Avellaneda s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-07

El art. 4 de la ley 12059 estatuye las excepciones al sistema general, taxativamente establecidas con relación "a las causas que se inicien a partir de su vigencia, aunque los delitos que se juzguen se hayan cometido con anterioridad", remitiendo a la nueva ley procesal los temas referidos a juicio abreviado, medidas de coerción personales salvo cuando el Código derogado resultara más favorable al inculpado, juicio oral del procedimiento común, recurso de casación y remedios extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; en las dos últimas hipótesis, cuando se trate de causas de juicio oral según el anterior régimen procesal.

Vale decir que al imponer las nuevas reglas a causas pendientes en las que la celebración de los debates deben tener lugar con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de enjuiciamiento, era natural que se extendiera la aplicación de la ley 11922 a la casación y eventuales impugnaciones ante la Suprema Corte.
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DEZZOTI FABIANA M. Y OTRA s/ TERCERIA DE DOMINIO en autos:CEJAS ANIBAL C/LUIS EDUARDO CORVALAN S  /COBRO DE PESOS ELIAS SILVIA CAROLINA s/TERCERIA DE DOMINIO EN: ROMERO LUIS ATILIO c/ DEL PINO GREGORIO Y/U OTROS s/SUELDOS IMPAGOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-20|2006-04-05

Al tercerista se debe exigir la más concluyente de las pruebas sobre el dominio o posesión de la cosa embargada, según fuese su naturaleza, de manera que no quede ninguna duda sobre su derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, JOSE Y OTRO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 127-84 DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 139-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27|1984-07-18

No es exigible el planteo previo del caso constitucional si las "arbitrariedades" que se invocan serían propias del fallo de segunda instancia.
Sociedad anónima, derecho de receso, impugnación de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: TACCHI, CARLOS c/ PETERS HNOS. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

La acción prevista por la LS: 251, acción social-particular de impugnación a las decisiones asamblearias -incluida la decisión de aprobar un balance-, es "autónoma", y la generada a partir del derecho de receso es una acción particular -que responde exclusivamente al interés particular, propio, personal e individual de quien la ejerce- de impugnación al balance a adoptar como base de la liquidación del valor de las acciones recedentes, es subsidiaria y vinculada a la acción de cobro del valor de las acciones recedentes.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bentos, Juan Carlos c/ Cuello, Eulogio y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

La facultad de invocar el incumplimiento del contratante para obtener la resolución del contrato, puede ser materia de un ejercicio irregular. La aplicación del art. 1071 del Código Civil no exige un análisis lógico formal sino una valoración de conductas y resultados acaecidos en la vida real.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, jubilaciones, indemnización por despido, daño moral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALLAC DE COLOMBO, MARTA E. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROV DETUCUMAN. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al hacer lugar parcialmente a la acción por cobro de pesos derivada de la baja ilegítima dispuesta por el Instituto de Previsión y Seguridad Social- rechazó la indemnización por daño moral sin considerar debidamente que la condición personal de la empleada y los numeroso s trámites que ha debido cumplir para obtener el reconocimiento de su derecho, son indicativos de que en el caso- existió mayor propensión al sufrimiento.
Guarda preadoptiva, bien jurídico protegido, interés superior del niño, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Urquiza, María del Pilar s/ Entrega de Menor - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-04

Por las particularidades de los intereses jurídicos en juego, en la guarda preadoptiva cobra singular relevancia el carácter tuitivo de las normas aplicables, en razón del bien jurídico tutelado, el menor, por lo que no deben, en ningún caso, perderse de vista los intereses superiores del niño.

Es así que el Juez debe velar para que se proteja en forma preponderante el interés superior del niño, aun por encima de los intereses legítimos de adultos que reclaman su tenencia.

Esto no significa propiciar que se determine a priori, en abstracto y como receta universal que en todos los casos se disponga que el menor deba permanecer en manos de los padres que buscan su adopción o se lo devuelva a los biológicos, sino que será el juez, de cara a los pliegues casuísticos y a las circunstancias fácticas de la causa en la que se dirime la disposición tutelar, quien estará en mejores condiciones de determinar de qué forma resulta mejor abastecido el interés superior del niño.

Ello supone necesariamente la participación en la litis del matrimonio guardador, en razón de que, por encima de los tecnicismos y la fría actuación del Estado, son ellos precisamente quienes van a extremar su celo en arrimar y aportar al proceso los elementos necesarios para que el judicante resuelva si la guarda debe o no continuar, sin mengua alguna de los derechos de la madre biológica.

En autos, el fallo de grado que por mayoría ordenó la restitución del menor a la madre biológica, al no haber dado participación a los guardadores del menor en el proceso, los ha privado de la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que corresponde que se declare la nulidad de todo lo actuado sin su debida participación.

(Del voto del Dr. Cáceres)
Recusación con causa, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: MARCER, Ernesto A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-15

Las razones por las que puede apartarse a un juez, no se agotan en las expresamente contempladas en nuestro ordenamiento procesal, puesninguna regulación abstracta puede abarcar todos los motivos posibles que,en los casos futuros, pueden fundar concretamente la sospecha de parcialidad .

Corresponde hacer lugar al apartamiento del juez recusado en cualquier caso en que su participación despierte el temor de parcialidad, sea que las circunstancias de hecho estén o no previstas entre los supuestos del art. 55 del código adjetivo.

Si el temor de parcialidad de quien recusa se sustenta en una intervención anterior de los magistrados, ello torna prudente su apartamiento, sin que esto implique poner en duda su integridad, transparencia y ecuanimidad que los caracteriza al decidir en los casos sometidos a su jurisdicción.

Por ello, corresponde hacer lugar a la recusación planteada por la defensa.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, rechazo del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: HILU HNOS.  SACIFI s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR EJE PUBLICITARIA  SA .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-27

Es suficiente a los fines de la lc: 90, la presentación de cheques rechazados por el banco girado aún cuando contengan una leyenda que aclara "firmante inhabilitado, con fondos disponibles";

ello así, por cuanto la presentación de los cheques rechazados es suficiente prueba sumaria del crédito, ya que la existencia de fondos en la cuenta del presunto fallido no predica per se la presunta solvencia de aquel, lo que será ponderable recién en la oportunidad prevista por la lc: 91.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, adulteración de la numeración de bienes registrables
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Inc.    de  incomp.  promov.  en  la  causa  N  60.982  "Averiguación s/ infracción al decreto-ley 6582/58".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

La única circunstancia a tener en cuenta a fin de resolver el conflicto de competencia es que la supresión de la numeración original de la carrocería del automotor se habría ejecutado en la provincia, por cuanto carece de significación alguna el lugar de sustitución del motor, en la medida en que esa conducta es irrelevante, por su atipicidad, para la configuración del delito previsto en el art. 33 del decreto-ley 6582/58.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: MAURO, FLAVIANO c/ OMAR RIGO Y COMPAÑIA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

La municipalidad de Buenos Aires no es sujeto de la ley de contrato de trabajo, art. 2 LCT, y no puede ser convertida en tal, por la vía indirecta del art. 30. Los contratistas de la obra pública son únicos responsables frenta a sus propios trabajadores.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Carlos Adolfo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-17

El recurso extraordinario es de carácter excepcional y sus requisitos necesariamente han de ser apreciados restrictivamente, criterio que impide asimilar la sentencia definitiva requerida por el art. 14 al auto interlocutorio que en la instancia se recurre.

El recurrente se alza contra un auto interlocutorio que decide una cuestión de neto corte procesal, por lo que se manifiesta incumplido el requisito de sentencia definitiva contenido en el art. 14 de la ley 48. Por definición un auto interlocutorio no decide sobre el fondo del juicio, sino, como en este caso, sobre cuestiones incidentales, generalmente sobre actos de desenvolvimiento procesal, regidos, en forma exclusiva y excluyente por el derecho adjetivo local. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, disidencia.)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo de alcance general, agotamiento de la instancia administrativa, instancia administrativa previa, reclamo administrativo previo, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bocai Monica Elena c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Empleo Público Aires s/ Empleo Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

De conformidad con lo que dispone el artículo 3 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, cuando se impugnan actos administrativos de alcance general, es condición de ejercicio de la acción contencioso administrativa el agotamiento de la instancia administrativa por medio de reclamo. Asimismo, cuando los actos de alcance general hayan tenido aplicación mediante actos administrativos definitivos o equiparables es necesario el agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes (inc 3).

La exigencia de agotar la instancia administrativa previamente a deducir demanda judicial tiene por objeto que los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de los administrados, a fin de evitar juicios innecesarios (Fallos, 230:509). La reclamación y decisión administrativa previas son necesarias para determinar el objeto del juicio; evitar un pleito produciendo una etapa conciliatoria anterior al mismo; dar a la Administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el error; promover el control de legalidad y conveniencia de los actos; y permitir una mejor defensa del interés público. (Del voto en disidencia de la Dra. Weinberg de Roca)
Excarcelación, extradición, pena privativa de la libertad, extranjeros residentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rambalid, Enzo Federico s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-01

En virtud de que el encausado se encuentra detenido en nuestro país a las resultas del proceso iniciado a raíz de la extradición efectuada por el Reino de España -donde fue condenado a una pena privativa de libertad, pendiente de cumplimiento-, del quebrantamiento del permiso de salida luego de la condena, y de que no se han invocado ni se advierten dilaciones en el trámite del proceso de extradición; las circunstancias familiares referidas por la defensa -residencia en nuestro país anterior a su detención junto con su esposa y su hija- no alcanzan a conmover la razonabilidad de la decisión de denegar el beneficio de la excarcelación. En relación al cómputo del tiempo de prisión que llevaría cumplido en relación a la condena que le fuera impuesta, es una cuestión que compete a la jurisdicción del país requirente.(Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Programa Médico Obligatorio, obligaciones de la obra social
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., A. A. c/ Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) s/ amparo Salud (APROSS) s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-26

El 'vademécum' del Programa Médico Obligatorio no puede ser considerado como un "tope excluyente" de toda otra prestación a cargo de las obras sociales, sino como una "base o piso prestacional" que puede y debe ser extendido a casos concretos que exijan prestaciones que no estén específicamente contempladas en él y que puedan afectar la vida y la salud de las personas.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

La mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de doctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permiten tener por fundado el recurso.
Contratos, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, derechos de las partes, obligaciones de las partes, moneda nacional, seña, entrega del automotor, acreditación de saldos, interpretación de la ley, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andreotti, Manuel Roberto c/ Sauma Wagen San Isidro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Corresponde admitir la demanda de cumplimiento de un contrato de compraventa automotor, promovida por un consumidor contra una concesionaria, que se negó a entregar la unidad comprometida y aceptar el saldo del precio en moneda nacional, aduciendo que el rodado en cuestión es importado y por lo tanto su precio en dólares debía cotizarse el día anterior en que se efectivizase el pago de la unidad. Ello así, en tanto no se encuentra controvertida la existencia del vínculo anudado entre ambos contendientes, la autenticidad del documento de preventa que estipulaba el monto de la operación en moneda nacional, el pago en pesos argentinos formulado por el actor en calidad de seña, y el posterior intercambio epistolar. Y no obsta a tal conclusión que en el documento de preventa se hubiera insertado una leyenda que reza "pesificado a 17,70 todos los gastos", pues no se comprende como los gastos que se devengan en moneda nacional pueden ser pesificados. Voto del Dr. Heredia:.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, acción de amparo, juicio ordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Roldán, Mónica Alicia c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Cabe declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad, pues el agravio referido a la improcedencia del trámite de amparo para ventilar la cuestión, aun cuando altamente significativo, no suscitaba la competencia de este Tribunal en tanto no versaba acerca del contenido de la sentencia definitiva ni el recurrente invocaba que el contenido de ella habría variado si hubiera resultado de un proceso ordinario; situación que llevaba a que la discrepancia planteada, en esa etapa del análisis, no tuviera más efecto que determinar la elección de una vía procesal para ordenar el debate. (Voto disidente del Dr. Luis F. Lozano).
Sentencia, fundamentación de sentencias, imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRANZA, DOUGLAS VICTOR Y OTRO s/ SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-05-16

Si la sentencia funda la responsabilidad del imputado en su propia declaración de la audiencia y en la de un coimputado ante el juez de instrucción introducida al debate y ante la Cámara, no carece de motivación, ya que la declaración de un co-imputado no está afectada por ningún impedimento o causa de invalidez.-
Proceso penal, etapas del proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Chamorro, José Oscar s/ art. 156 del Código Penal -Causa Nx 38.038.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

No es posible eliminar ninguna de las etapas del proceso penal pues la garantía de la defensa en juicio requiere indispensablemente, la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia.