marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores del turf, convenios colectivos de trabajo, Jockey Club Argentino
Materia: LABORAL
Carátula: SCILINGUO, ENZO ALDO Y OTRO c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

Las partes intervinientes en la CCT. 68/75 E fueron la Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a nombre propio, ya que no invocó ni acreditó la representación de los empleadores de la actividad. En consecuencia, el convenio no es oponible al Jockey Club por no haber sido parte.
Contratos, cesión de créditos, notificación, oponibilidad al deudor, embargo, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C. A. K. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

Someramente y desde un punto de vista práctico, los principales efectos de la notificación en el marco del contrato de cesión son que, a partir de aquélla, el deudor cedido ya no puede pagar válidamente al acreedor originario (cedente) y que, además, la notificación puede determinar el "embargo" del crédito cedido. Es decir que el efecto es hacer oponible la cesión al deudor cedido y a otros terceros.

Teniendo en consideración tal punto de partida, cabe distinguir entre embargantes anteriores y posteriores a la notificación (o aceptación) de la cesión. Así, lógicamente, si el acreedor del cedente embarga antes del anoticiamiento, tiene prioridad, porque el crédito aún permanece en el patrimonio del primero (art. 1471, 1ª parte) y, en ese caso, el cesionario deberá respetar el derecho de los embargantes.

En cambio, a partir de la notificación (realizada en la forma prescripta por el art. 1467, última parte), la cesión es oponible a todos los terceros y, por tal motivo, los acreedores del cedente ya no podrán embargar válidamente, pues el crédito -aún respecto de aquéllos- ya ha salido de la esfera patrimonial de su deudor (art. 1465, 2ª parte). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, universidades, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Driollet Laspiur, Rogelio César c/ UBA. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Si al interponerse el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución que había dejado sin efecto un concurso para la designación de un profesor universitario, el lapso de duración del nombramiento había expirado, resulta abstracto el pronunciamiento e improcedente la vía extraordinaria al no subsistir el agravio.

A0018919
Impuestos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goyena Copello, Héctor R. c/ Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Aunque se invoquen disposiciones del Código Civil, si se pretende en la demanda la repetición de impuestos que se consideran indebidamente abonados, la materia litigiosa corresponde a la competencia originaria del Tribunal (art. 215 const. prov.; art. 4 del C.P.C.A.; 109, 113, 115, 91, 95, 107, 108 y concs. del Cód.

fiscal de la Prov.; ley 10.397, t.o. 1996). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez, jueces, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOGALO, JOSE c/ SWIFT ARMOUR s/ COBRO DE AUSTRALES - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  471-93) ACEVEDO, IRMA S c/ SWIFT ARMOUR SA s/ QUEJA  POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 541-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-20|1996-09-11

La apreciación de las cuestiones de hecho y de prueba es en principio facultad privativa de los jueces de instancia y, como regla -ese coto dominado por la experiencia, especialidad, agudeza y profundidad de examen y análisis crítico- está exenta de revisión en la instancia extraordinaria. Ello es así por vía de principio, porque la puerta de aquélla se abre cuando se demuestra que la lógica de la tarea por el respeto cabal de los hechos se precipita en el absurdo o en la arbitrariedad. No hay, pues, sentencia si mediante el irrazonable manejo de la interpretación probatoria no se respetan los hechos y pruebas decisivos que son los que, al cabo, perfilan el núcleo la litis.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, Héctor Alfredo c/ DI TOMASO, Alfredo y Otro s/ DIF.SALARIALES, S.A.C., VACACIONES Y OT.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-01

Las presunciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo operan en tanto exista una relación de trabajo, pero carecen de efecto para acreditarla. En otros términos, en tanto no se pruebe tal relación, no es posible extraer conclusiones del silencio del destinatario de los reclamos, pues no pesa sobre éste la carga de expedirse sobre los mismos -artículo 919 del Código Civil-.
Contratos, emergencia económica, compraventa, compraventa internacional, cláusula FOB, derecho extranjero, pesificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEUTSCHE  BANK  AKTIENGELLSCHAFT FILIALE STUTTGART c/ SIN JIN TEXSAN LUIS SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

La pesificación prevista por el decreto 214/02, no resulta de aplicación al crédito derivado de una venta de mercaderías efectuada desde el extranjero bajo la modalidad FOB, toda vez que la entrega quedó satisfecha al colocarla a bordo del transporte en el lugar de embarque convenido y, por tanto, sujeta a la ley extranjera, con lo cual se verifica la excepción al régimen de conversión monetaria contemplada en el decreto 410/02:1-e." (CNCom., Sala C, "Callari, Oscar Alberto s/ concurso preventivo" del 24-05-05, íd. ídem "Cidec Cia.

Industrial del Cuero S.A. s/ Concurso Preventivo s/ inc. de revisión por Solvay Química y Minera S.A, del 23-06-05, ídem, Sala E, "Fábrica Argentina de Conductores Bimetálicos s/Conc.Prev. s/incid. de revisión por Maxxweld Industria y Comercio de Materiales Eléctricos Ltda.", del 21-09-04; CSJN, "First Rate SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por HSBC Bank Argentina", del 29-12-09).
Procedimiento administrativo, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NOGUES, JORGE ARTURO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION JACOBS, GRACIELA SUSANA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-27|2007-08-27|2007-08-27

En el caso, se rechaza la acción contencioso administrativa deducida al carecer de habilitación la instancia judicial dado que no existe un acto definitivo sujeto a revisión.

No obstante el rechazo de la acción, las costas del proceso deben aplicarse por el orden causado, en razón de que, en la promoción prematura de la acción, no resulta ajena a la cuestión la Administración demandada, ante su comportamiento pasivo y reticente en definir la situación.
Transporte de estupefacientes, delito de pura actividad
Materia: PENAL
Carátula: LOIZAGA ALFANO s/ excarcelación Causa nro. 11.952
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-01-18

El delito de transporte de estupefacientes es un delito de actividad, en el que el tipo penal se agota en la realización de una acción que, si bien deber ser lesiva de un bien jurídico, no necesita producir resultado material o peligro alguno). El aspecto doloso del tipo penal en cuestión, se concibe como un dolo in re ipsa no referido al resultado peligroso, sino agotado simplemente en la conciencia y voluntad de la propia actividad
Estafa, automotor en playa de estacionamiento
Materia: PENAL
Carátula: CORONIO, D.R. s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

Constituye el delito de estafa , la acción del procesado, que mediante engaños, logró sacar el auto del denunciante que se lo había dado en préstamo a un tercero, quien lo dejó en un lugar para estacionar.

No es necesaria la teoría de la "mise en scene", porque en nuestro derecho, no sólo se protege la propiedad, sino además la buena fe en el tráfico contractual, máxime que en el caso no se dio solo un dicho, sino además el encausado realizó un plus que llevó al error alos encargados del lugar mencionado, ya que aprovechó la situación de la víctima del error, esto es, el tener que recibir los autos, entregar los comprobantes, argÕuir que perdió el suyo, firmar el nuevoque le hacían,situaciones todas que llevan a que no estemos en presencia de una mentira sin sustento de actos externos.
Juicio ejecutivo, pago parcial, obligaciones del fiador, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ PERRY ELIAS Y OTRO s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Toda vez que el fiador está legitimado para invocar las cancelaciones parciales efectuadas por el obligado y ponderado además que de la mera compulsa de las constancias agregadas no es factible inferir la vinculación de los pagos que reconoce la ejecutante con el crédito que se reclama en la presente ejecución es menester recibir la prueba de esta excepción ofrecida en autos y a la que adhirió la apelante.
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. en autos Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) instrucción de sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

En el régimen de policía administrativa la constatación de la comisión de infracciones genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque o demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (vid. este Tribunal in re "Groisman", del 13/7/82). La aplicación de las consiguientes sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración, cuya razonabilidad cae bajo el control de los jueces para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (confr. esta Sala "Alleno", del 4/8/82).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peumar S.A. c/ Banco del Acuerdo S.A. s/ Cumplimiento de contrato. Incidente ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

El estado o situación de quebranto financiero que comunica sus secuelas a todo el cuerpo social con la consecuencia de resentir las prestaciones que hacen a fines fundamentales del Estado seguridad, justicia, salud, educación, etc.- ha merecido del legislador (con referencia a la ley 23982) un remedio heroico, grave, desacostumbrado, aplicable con sentido estricto y en sus dos manifestaciones posibles: no incluyendo en su régimen a aquellas obligaciones que resultan ajenas a su listado ni dejando afuera a las que el puntual texto de la ley alcanza. Lo cual impone al intérprete una lectura cautelosa de lo normado para no interferir en el obrar de los órganos de gobierno llamados por la Constitución Nacional al establecimiento de los lineamientos de política económica exigidos por el bien común.
Sentencia, parte dispositiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ GARCIA ARGUELLES ANTONIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-11-16

En cuanto a la pretendida modificación del punto primero de la parte dispositiva del decisorio, dado que ello constituye sólo el resúmen de la decisión del juzgado formando una unidad conceptual inescindible con las motivaciones que la preceden, si no se atacaron éstas ni se fundó ni invocó agravio alguno al respecto, no es ésta la vía para obtener tal modificación.
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Su Crédito Pehuajó S.A. c/ Lopumo, Lorenzo s/ Pedido de revisión en autos:Lopumo,Lorenzo s/Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Como no existe norma alguna que impida a las partes suscribir un acuerdo por el cual arreglen sus derechos -aún existiendo sentencia firme-, por aplicación de lo preceptuado en el art. 1197 del cód.civil debe prevalecer en el caso lo estipulado en el convenio presentado con el pedido de verificación, cuya validez no ha sido puesta en tela de juicio, y de donde cabe extraer el monto de la acreencia insinuada.-
Ley previsional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piñeiro, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

La reforma constitucional del año 1994 incorporó un principio, destinado a quienes están encargados de aplicar e interpretar el derecho, contenido en el artículo 39 inc. 3, conforme al cual en caso de duda, en materia de seguridad social debe estarse por la interpretación que más favorezca al trabajador. Tal principio implica que en caso de duda debe soslayarse cualquier interpretación desfavorable de la norma aplicable a la situación en que se encuentren los destinatarios de la seguridad social.
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Vacca, Claudio Fabián. Villabona, Néstor Fabián s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Es inconducente el agravio referido a que se habría vulnerado el art. 271 del Código de Procedimiento al haber denegado la Cámara prueba pericial de experto capilar pues -si bien en el caso contra aquella denegatoria la protesta ha sido formulada sin haber cumplimentado la exigencia establecida en la citada norma, es decir, de ser "fundada en las consecuencias jurídicas, que resultaren de la denegación" de todos modos no se explica de qué forma la pericia que se requiere resultaría "vital para la defensa" como se aduce.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOPEZ ENRIQUE JULIO c/ MORIALE YOLANDA ANGELA s/ Incidente de levantamiento de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-01

El teléfono fax y el horno microondas no pueden exceptuarse del principio de embargabilidad pues constituyen bienes que si bien hacen mas agradables las tareas domésticas o profesionales resultan prescindibles en tanto exceden el nivel de vida medio de la población, en un caso -microondas- y no impiden trabajar, en el otro, -fax-.-
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: SUSANA ELINA DOMINGUEZ c/ FERNANDO  QUISPE  CARLOS  NU%EZ  CLINICA  LEDESMA    S.R.L.  Y ESTADO PROVINCIAL s/ CASACION - INDEMNIZACION - ORDINARIO DA%OS Y PERJUICIOS -   INDEMNIZACION. NU%EZ  CLINICA  LEDESMA    S.R.L.  Y ESTADO PROVINCIAL s/ CASACION - INDEMNIZACION - ORDINARIO DA%OS Y PERJUICIOS -   INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-09-24

Para casar la sentencia con el argumento de que ha violado la ley (inciso 1 del artículo 235 Código Procesal Civil) cuadra indagar si los sentenciantes se han apartado del mandato legal contenido en el artículo 16 de dicho Código que ordena apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Homicidio simple, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Pérez, Yésica Vanesa s/ homicidio simple c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

El estado de emoción violenta tiene que existir en el momento del hecho, es claro que no puede haber discontinuidad entre el hecho provocante inmediato y la reacción empero este principio no debe entenderse en el sentido que de que un estado más o menos durable y anterior excluya la reacción emotiva, siempre que en el momento mismo haya un hecho desencadenante; al contrario, generalmente, los estados emotivos estallan sobre un fondo afectivamente predispuesto por situaciones vitales preexistentes, que en un momento dado cobran sentido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de Caseros Ltdo. c/ Devias, Aldo y ot. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

Los intereses punitorios constituyen una penalidad; sólo proceden cuando hay pacto a su respecto o una ley en sentido material que los imponga. Si no existe prueba alguna de que se hubiere pactado un interés punitorio para el caso de mora, ni el Código de Comercio contiene disposición alguna que lo imponga legalmente cuando se trata de saldos deudores de una cuenta corriente bancaria, no cabe su acogimiento (arts. 652 y 791 del Cód. Civil; 375 del CPCC.).
Recurso de queja (procesal), plazo
Materia: PENAL
Carátula: Espíndola, Fulgencio. Oviedo, Néstor D. s/ Robo calificado. Recurso de hecho Giglio, Héctor A. s/ Falsedad ideológica y estafa procesal. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29|1999-06-01

El recurso de hecho resulta extemporáneo desde que no ha sido interpuesto ante esta Suprema Corte dentro del tercer día de notificada la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, sin que la interposición del de reposición produzca la suspensión de los plazos procesales (art. 356 "in fine", del Código de Procedimiento Penal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, Municipalidad, servicio público, demanda, pretensión, competencia laboral, fraude laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Volken, Marcos José c/ Damnotti, Osvaldo y/o Municipalidad de Rafaela y/u otro s/ Avocación (Artículo 2, ley 11330). Laboral (Expte. CSJ Nº 575-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Corresponde desestimar el pedido de avocación formulado por la Municipalidad demandada con sustento en que el actor estaría intentando deducir una responsabilidad solidaria entre ella y un contratista a raíz de un contrato celebrado para la prestación de un servicio público, cuando el accionante (empleado de la recolección) no está esgrimiendo lesión alguna a un derecho subjetivo o interés legítimo otorgado por un contrato administrativo ni invoca los términos de tal contrato como fundamento basal de su pretensión; sino que, a raíz del vínculo que entiende existe entre el Municipio y el contratista pretende, invocando inclusive la supuesta existencia de un fraude laboral, establecer una responsabilidad solidaria en los términos previstos por la legislación laboral (artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo). Y la invocada responsabilidad solidaria, resulta, esencialmente, una consecuencia que la legislación laboral prevé ante determinadas modalidades que pueda adoptar una relación de trabajo -el contratista directamente responsable por ser el empleador, y la Municipalidad, por ceder a un tercero una tarea específica-. El juzgamiento de tal planteo, en cuanto se resuelve en la aplicación de normas de derecho laboral, obviamente no corresponde a la competencia originaria y exclusiva de la Corte provincial, atento a que no constituye materia contencioso administrativa.
Acceso a la justicia, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Urbano, Fernando Francisco c/ Sistema Provincial de Salud s/ Demanda Contencioso Administrativa-Indemnizacion por Daños yPerjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-03

Si la protección jurisdiccional es indiscutible en el caso de derechos subjetivos violentados, no lo ha sido tanto respecto de los intereses legítimos respecto de los cuales se manifiesta una evolución. La ampliación de aquella protección se ha dado para aquellas situaciones que traducen una suerte de reacción del administrado, que se encuentra en una situación "cualificada ante una norma objetiva" o un acto concreto, que le reporta alguna utilidad o ventaja. Y este poder de reacción, que debe ser personal y directo, lo es de impugnación, tanto en sede administrativa como judicial. Y aunque gran parte de la doctrina y jurisprudencia se limita a reconocerle ese efecto impugnativo -no reparatorio- hay otro sector que acepta que aún en el marco del interés legítimo, surge responsabilidad del Estado si se trata de obrar ilícito, y hay daño, en la medida en que éste reúna ciertos requisitos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Sotto, Carlos Alberto s/ Interpone recurso extraordinario de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de Cámara que desestimó el recurso de revisión si el quejoso no se hace cargo de los argumentos que utilizó el a quo para descalificar los elementos propuestos por la defensa con fundamento en la falta de cumplimiento de los requisitos del art. 315 inc. 8 del ritual.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de farmacia, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOTITO VICTOR c/ COMPANIA DE TRANSPORTES RIO DE LA PLATA S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

Tratándose de un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, para los gastos de medicamentos no se requiere prueba específica, bastando que sean razonables de acuerdo a la naturaleza de las lesiones.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, improcedencia del recurso, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Luctw SRL c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SAU y otro s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-29

Procede rechazar la medida cautelar innovativa solicitada respecto del Banco accionado, consistente en la interrupción de intereses, suspensión hasta Enero de 2021 de las sanciones por cheques rechazados por falta de fondos con mantenimiento de los mismos acuerdos en Cuenta Corriente, suspensión, hasta Enero de 2021, de aplicación de multas, inhibiciones, sanciones en general, así como informar o generar una calificación negativa en nuestro riesgo crediticio, se impedirá cualquier acción que implique un agravamiento económico y/o financiero y/o, impidiendo el inicio e toda acción de cobranza extrajudicial, como judicial y la imposibilidad de ejecutar las garantías que pudieran contener nuestros créditos. Ello por cuanto, si bien es evidente y de público conocimiento el impacto negativo que ha generado en la economía este período de aislamiento social preventivo y obligatorio, que se profundizó especialmente en el rubro textil y de indumentaria, donde gira el negocio del actor dada la imposibilidad de producción y la drástica caída en las ventas, a pesar de ello, no es afín a la tarea jurisdiccional disponer una medida con el alcance pretendido y transcripto precedentemente. Véase que lo que se persigue es obtener una situación de ventaja frente a su contraparte sin mayor asidero argumental que la confesa incapacidad de repago de las obligaciones asumidas con las entidades bancarias. Es importante destacar que expresamente se ha corrido del eje de discusión los términos contractuales y que no hay denuncia de abusividad alguna sino que derechamente se busca enervar -en el período de negociación o de la pandemia, lo que sea más extenso los efectos jurídicos que se derivarían de una situación de morosidad.