Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-09


NEUQUEN, 9 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GUZMAN ROLANDO C/ RIVAS CARLOS S/ PRESCRIPCIÓN" (EXP Nº 329578/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL N° 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 281/286 el actor expresó agravios contra la sentencia de fs. 249/250 vta., que rechazó la acción de prescripción adquisitiva incoada por Rolando Guzmán contra el Consejo Provincial de Educación en su carácter de curador de los bienes del proceso "Rivas, Carlos s/ Sucesión (Expte. N° 12.504/86 del Juzgado Civil, Comercial y Especial N° 1 de Cutral Có), con costas al actor.

Señala como primer agravio el apartamiento de la prueba de autos que se formula en la sentencia. Afirma que no se consideraron las circunstancias fácticas que fueron expresadas por los testigos, las cuales no se contradicen con el relato del actor.

Sostiene que de las declaraciones testimoniales no surgen dudas respecto del tiempo de posesión, que en todos los casos es superior a 20 años.

Manifiesta que la demandada no ha probado que la propiedad no fuera habitada por la familia Guzmán o que los actos posesorios, como construcciones realizadas, no fueran hechas por el Sr. Rolando Guzmán, su padre y su abuela.

Alega que la Dirección Provincial de Rentas extendió una copia fiel del original de la Resolución N° 5954 del 27 de Mayo de 1969, que comprueba que la abuela del actor, Sra. Juana Burgos de Guzmán, realizó pagos en la Dirección Provincial de Rentas sobre la propiedad cuya prescripción veinteañal se discute.

En segundo lugar, se agravia por la determinación que hace el sentenciante al expresar que debió existir una sucesión, previa a la adquisición por prescripción, y que debió acreditar la filiación respecto de su padre, y la de éste con relación a la abuela.

Dice que su mandante ha probado eficazmente que toda su vida transcurrió donde vive y que allí formó su familia.

Manifiesta que se expone en la sentencia que el actor debió acreditar los vínculos familiares, pero que quien se opuso en autos en representación de la demandada sólo lo hizo desde la voluntad de oponerse al contestar la demanda, sin pruebas que convalidaran la veracidad de sus dichos.

En tercer lugar agravia al actor la posición del sentenciante, en cuanto sostiene que para unir dos posesiones es indispensable que exista un acto jurídico destinado a transmitirle sus derechos posesorios y, a falta de éste, sólo puede invocar su propia posesión para adquirir el dominio por usucapión.

Agrega que el actor vive en forma pacífica, pública, ininterrumpida, desde los 8 años de edad, y que, entre las testimoniales, una es clara en exponer que lo conoce viviendo en el mismo lugar desde los 11 años.

El cuarto agravio se relaciona con la trascendencia que la sentencia de autos otorga al pago de impuestos y servicios.

Expresa que no es procedente pedirle que justifique con sus propios pagos de impuestos y servicios a su nombre, como si no fuera natural esa continuidad en el tiempo entre un padre y un hijo.

Alega que la posesión del Sr. Guzmán no se encuentra viciada de precariedad, violencia, clandestinidad ni ha sido interrumpida.

Afirma que el sentenciante pretende mostrar que ha valorado las pruebas en conjunto, pero que en realidad ha puesto un énfasis muy especial a los fines de determinar el factor tiempo en el pago de los impuestos y servicios. Que existe prueba eficaz del derecho del actor a adquirir por prescripción el inmueble que habita.

Por último, se agravia en tanto el Juez de primera instancia concluye en que son escasos los comprobantes de pago traídos por el actor y que el sucesorio del titular dominial se ha iniciado en el año 1986 reputándose vacante la herencia y designándose al Consejo como curador de los bienes, habilitan el rechazo de la demanda por no encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el Art. 4015 del Código Civil.

Alega que el Estado Provincial emitió boletas a nombre de la abuela del actor y de su progenitor, y que, además, se abstuvo de realizar acciones tendientes a preservar el inmueble.

Además entiende que el Consejo Provincial de Educación carece de pruebas a su favor y que su presentación es irrelevante para producir el rechazo de la acción, conforme lo ha decidido la Sra. Juez de Primera Instancia.

A fs. 294/296 vta. la demandada contesta el traslado del recurso y solicita su rechazo, con costas.

II. Ingresando al análisis de los agravios vertidos por la actora, adelanto que los mismos no habrán de prosperar.

Así, respecto al primero de ellos, es decir el apartamiento de la prueba de autos, es necesario considerar que debe surgir en forma acabada el cumplimiento de los dos requisitos indispensables para que prospere la acción, esto es la acreditación del corpus y animus, por el plazo que indica la ley.

Conforme ha sido citado por este Cuerpo, Sala II, en autos "MUÑOZ CARLOS ALBERTO Y OTRO C/ ARNAL FLORENTINO S/ POSESIÓN VEINTEAÑAL" (Expte. Nº 347782/7), y Sala I, en su anterior composición, en las actuaciones caratuladas "OBERHOLZER JORGE EDUARDO C/ GARCIA JOSE LUIS S/ PRESCRIPCIÓN" (EXP Nº 299472/3): "En los procesos de prescripción adquisitiva, la prueba de la posesión debe ser plena e indubitable en lo que respecta a la individualización del bien, dimensiones y linderos, y los testigos deben ser categóricos, en cuanto a los actos posesorios que se dicen realizados. La prueba debe ser concluyente y los actos posesorios inequívocos" (C.S.J.N. 'A y S', 1971-II, p. 493).

Lo cierto es que en el caso de autos, con las pruebas obrantes no se han acreditado tales extremos y, consecuentemente, los agravios invocados por la accionante no logran conmover la sentencia de primera instancia. Así, respecto a las manifestaciones efectuadas por los testigos, amén de expresar que conocen que la familia Guzmán está hace más de 40 años en el lugar, no resultan por sí solas suficientes a los fines de probar la posesión ininterrumpida y pacífica por el período que requiere la ley, debido a su imprecisión y vaguedad al no aportar más datos sobre los actos posesorios durante un período de tiempo tan prolongado.	Al respecto, tiene dicho la Cámara Nacional Civil que "Se ha decidido reiteradamente que son insuficientes las declaraciones de testigos en las cuales no se concreta con toda precisión la realización de actos posesorios, para demostrar la procedencia de un juicio de usucapión. 2- Si no hay prueba convincente y categórica sobre el momento en que comenzó la posesión con ánimo de dueño con exclusión de otra titularidad y la testimonial producida no resulta convincente, no corresponde admitir la usucapión". (CNCiv., Sala E, in re "GRANCELLI, Néstor Daniel y otro C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA y GRANCELLI, Néstor Daniel y otro c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ INTERDICTO", 15/03/10, Sumario N° 20497 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).

En relación al segundo agravio, es decir la acreditación de la filiación del accionante respecto al Sr. Zoísmo del Carmen Guzmán, y la de éste con la Sra. Juana Burgos de Guzmán, adelanto también que dicho agravio resulta improcedente. Ello así, atento que del análisis de las pruebas aportadas por el demandante, arribo a idéntica conclusión que el sentenciante de primera instancia, dado que el actor invoca el carácter de hijo y nieto, pero no ofrece prueba alguna para acreditarlo.

Tampoco se encuentra probada la fecha del deceso de los mismos, a los fines de hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 3410 del Código Civil. La sola convivencia con los mencionados no lo constituye en poseedor, atento que no pueden concurrir dos posesiones iguales y de la misma naturaleza (art. 2401 del Código Civil).

Por otra parte, se agravia el actor porque el Sr. Juez de primera instancia dice que para unir dos posesiones es indispensable que exista un acto jurídico destinado a transmitirle sus derechos posesorios, y a falta de éste, sólo puede invocar su propia posesión para adquirir el dominio por usucapión, criterio que comparto con el Sentenciante.

Al respecto, corresponde remitirse a lo expuesto precedentemente con relación a la inexistencia de prueba concluyente respecto, por un lado, a la falta de acreditación del vínculo con el Sr. Zoísmo del Carmen Guzmán y Juana Burgos de Guzmán y, por el otro, a las fechas de defunción de los mismos y toma de posesión exclusiva por parte del actor.

Si bien es cierto lo que alega el recurrente al decir que una de las testimoniales es clara en exponer que lo conoce viviendo en el lugar desde los 11 años de edad, no especifica el testigo con quien vivía allí, y desde qué momento su posesión se convierte en exclusiva. No surge claramente desde qué fecha el actor ostenta la posesión con el ánimo de tener la cosa para sí, es decir, con ánimo de dueño. Sin dudas, la posesión ejercida desde los once años no puede ser tomada como tal.

Sobre esta cuestión la jurisprudencia ha sostenido: "La posesión "ad usucapionem" es la posesión ejercida con ánimo de dueño, porque a ese efecto carece de virtualidad la simple tenencia, que caracteriza a quienes reciben o mantienen la cosa reconociendo en otro la propiedad. En la medida que no ocurra una interversión de título, que los convierta en poseedores "nomine propio", el derecho que no se ejerza con total prescindencia del dueño, arguye perpetuamente en contra de la prescripción, por más que hayan poseído por dilatado lapso y que en su decurso hayan ejecutado actos materiales que no tendrían valor para ese mero tenedor (conf. art. 2352 y su nota del Código Civil). La norma del art. 4015 del Código Civil establece que la posesión que tiene aptitud para adquirir la propiedad por prescripción es aquélla que se ejerce "con ánimo de tener la cosa para sí", y esa misma posesión que el art. 2315 exige que se practique con intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad, resulta aplicable respecto del instituto analizado, puesto que para usucapir es menester el ejercicio de la posesión a título de dueño, dado que no sirven los llamados actos de tolerancia ni la implementación de simples facultades legales", (CNCiv., Sala A, in re "TAJECKI, MIGUEL c/ BOZENKO, BASILIO s/ ESCRITURACION" 2/10/89 - C. 050800).

El cuarto agravio, esto es la trascendencia superior que dice que el Juez de primera instancia otorga al pago de los impuestos y servicios, tampoco habrá de prosperar. Alega que no es procedente pedirle que justifique con sus propios pagos de impuestos y servicios como si fuera natural en el tiempo esa continuidad entre padre e hijo, y dice que se le ha otorgado relevancia sólo a los pagos donde se identifica el mismo como contribuyente y no con denominación de sus ascendientes. Lo cierto es que son pocos lo antecedentes que se adjuntan y los de antigua data carecen de precisión.

Al respecto, la Sala II de este Cuerpo tiene dicho que: "No basta con que se acredite un relativo desinterés sobre el inmueble por parte de los demandados, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir, y que sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponde, los derechos que le han sido reconocidos".

"En cuando al pago de los impuestos, (...) no es un hecho que por sí solo pueda justificar la existencia de una posesión con animus dómini (cfr. Mariani de Vidal en "Código Civil, dirig. por Alberto Bueres, Ed. Hammurabi-Depalma, T. 5 Pág. 223)", (Sala II, en autos "MAZZONI HILAS OMAR C/ CIGADE IFASA S.A. S/ PRESCRIPCION", Expte. Nº 355149/7).

Ello justifica la valoración probatoria efectuada en la sentencia de primera instancia, la cual comparto.

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo se rechace el recurso de apelación, debiendo confirmarse la sentencia de fs. 249/250 vta. en todo aquello que fue materia de recurso y agravios.

Con costas al actor en su carácter de vencido (Art. 68 del C.P.C. y C.).

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 281/286, y confirmar la sentencia de fs. 249/250 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada a la parte vencida (art. 68 del C.P.C. y C.).

3. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.