Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-01


N°__287_/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los un días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Gomez, Cinthia Lilian C/ Municipalidad De Resistencia Y/O Estacion Terminal De Omnibus Rcia. S.A. Y/O La Segunda Grupo Asegurador Y/O Quien Resulte Responsable S/ Daños Y Perjuicios Y Daño Moral", Nº 3558/10-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte co-demandada Estación Terminal de Ómnibus de Resistencia S.A. (E.T.O.R. S.A.) a fs. 491/508, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 459/473.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. El remedio de marras fue declarado admisible a fs. 509 y vta. Corrido el pertinente traslado, las partes contrarias no lo contestaron, por lo que el recurso fue concedido a fs. 522 y vta. Elevadas las actuaciones, se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral a fs. 526 y se llamó autos, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del memorial en trato, constatamos que se encuentran reunidos los requisitos de interposición en término, legitimación para recurrir y la sentencia resulta definitiva.

3º) El caso. En lo que aquí interesa, la Sra. Cinthia Lilian Gómez promovió demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad y la Estación Terminal de Ómnibus de Resistencia por la suma de $14.800. Fundó su pretensión en el hecho que el día 28 de febrero de 2010 le fue secuestrado su vehículo en un procedimiento realizado en la Avenida Sarmiento Nº 2500, y que cuando lo fue a retirar del corralón el día 1º de marzo, su automóvil exhibía diversos daños en el paragolpe delantero izquierdo, y deterioros en la pintura derivados de la colocación de las fajas de seguridad.

La juez de primera instancia hizo lugar al reclamo, y condenó a ambas accionadas en forma solidaria a abonar a la actora la suma de $4.917,52, con más intereses a tasa activa. Dicho pronunciamiento fue modificado por la Alzada, sólo en lo relativo a la distribución de responsabilidad. En tal sentido, los sentenciantes resolvieron que el municipio capitalino debía responder exclusivamente por la suma de $1.394,33 derivados de los daños provocados por la colocación de las fajas de secuestro; y que ambas co-demandadas eran responsables solidarias por el importe de $5.545,60, imputado a los rubros daño material y privación de uso del vehículo.

Disconforme con tal decisión, la co-demandada Estación Terminal de Ómnibus dedujo el recurso extraordinario bajo estudio.

4º) Los agravios extraordinarios. La co-accionada E.T.O.R. S.A. endilga arbitrariedad a la sentencia de la Cámara de Apelaciones, por apartamiento de las constancias de la causa, argumentando que se encuentra -a su entender- demostrado que su parte sólo es propietaria del fundo donde se depositan los vehículos secuestrados, mas no tiene ninguna potestad, deber, obligación o facultad para "movilizar" o "gestionar" la ubicación espacial de los rodados removidos; siendo ello competencia exclusiva y excluyente de la Municipalidad de la ciudad de Resistencia. Asimismo señala que no se han acreditado en autos las circunstancias en que ocurrió el daño que denuncia la actora, ni cuál de los dependientes tuvo intervención directa en su producción, ni tampoco su quantum. Finalmente cuestiona la tasa de interés activa estipulada en la condena.

5º) La solución propiciada. En esta dirección, el examen del libelo bajo estudio permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general que autorice la apertura de esta instancia extraordinaria, toda vez que en realidad las críticas desarrolladas sólo evidencian la personal tesitura de la quejosa respecto a la interpretación de los hechos y del derecho aplicable, sin demostrar el desacierto del razonamiento de la Alzada.

6º) En efecto, en cuanto al primer agravio relativo a la responsabilidad de la recurrente, tenemos que la Alzada sostuvo que ".E.T.O.R. S.A. no se limita a brindar un espacio físico a la Municipalidad de Resistencia, a cambio de un precio (locación), sino que por el contrario, se verifica que además de otorgar el uso y goce del predio para el depósito de los automotores, existe personal dependiente de la Terminal de Ómnibus a cargo del corralón, que provee al control de ingreso y egreso de los vehículos -conjuntamente con los inspectores municipales- y se encuentra facultado a movilizar los vehículos en el interior del predio." (conf. fs. 466 vta., in fine).

Frente a lo anterior, observamos que el recurrente se limita en su libelo a reiterar su tesis relativa a que su parte es sólo propietaria del fundo que utiliza el municipio para el alojamiento de los vehículos removidos, y que en tales circunstancias no se encuentra autorizado para ubicarlos o movilizarlos. Sin embargo, lo cierto es que tales consideraciones resultan íntegramente desvirtuadas por el material probatorio obrante en la causa y valorado expresamente por los sentenciantes de Alzada, en particular de las testimoniales de los propios dependientes de la recurrente, quienes señalaron que ".su función era controlar y custodiar los vehículos ingresados.y que quien se halla facultado para movilizar los vehículos dentro del predio es el encargado de turno previa consulta con los inspectores municipales." (conf. fs. 466, cuarto apartado in fine). Lo anterior a su vez es coincidente con los términos del convenio denunciado por la Municipalidad de Resistencia con la quejosa en su contestación de demanda a fs. 73 vta., tercer y cuarto apartados, alegaciones que a su vez no merecieron refutación de la aquí impugnante, y con las declaraciones de los inspectores municipales que actuaron en el procedimiento de secuestro e ingreso y devolución del vehículo en el corralón.

7º) Del mismo modo, la apelante invoca a su favor, a fin de intentar demostrar la arbitrariedad del fallo de la Alzada, la testimonial -que obra a fs. 143/144- del encargado de la grúa que trasladó el vehículo de la actora desde donde fue incautado al predio de la E.T.O.R. S.A. Sin embargo tal declaración, lejos de sustentar su postura, corrobora las conclusiones de los camaristas. Es que si bien el deponente explicó que había sido contratado por el municipio, ello había sido al sólo y único efecto de realizar el acarreo de los vehículos secuestrados hasta el playón. Además de esto, el mencionado agregó en su relato que durante el traslado del vehículo de la actora no se produjo novedad alguna, y que la demandante se retiró en absoluta conformidad con el trabajo de su empresa, en tanto que el testigo verificó junto con los inspectores municipales la parte externa del auto sin que se observaran daños materiales (conf. respuestas dadas a las sexta y octava y primera repregunta). Esto último permite inferir entonces -según tal versión- que los perjuicios que reclama la actora se produjeron mientras el vehículo estaba dentro del predio de la co-demandada E.T.O.R. S.A.

8º) Por otra parte, tampoco pueden prosperar los agravios de la recurrente en cuanto plantea que la actora debió acreditar las circunstancias en que ocurrió el daño y cuál de los dependientes tuvo intervención directa en su producción. Sobre el particular los sentenciantes expresaron que ".no es necesario que la actora pruebe que los mismos se debieron a un choque en el interior del predio -como pretende la quejosa-. Basta con que haya demostrado -como lo hizo- que el automóvil no presentaba daños al momento de su ingreso, de lo cual se infiere forzosamente que los mismos fueron provocados durante su estadía en el referido predio." (conf. fs. 467, segundo apartado), pues siendo la recurrente responsable de la guarda y conservación de los vehículos, tal como quedara sentado en los párrafos precedentes, era ella quien debió probar su diligencia y falta de culpa (conf. fs. 467, tercer apartado).

Ante las expresas consideraciones reseñadas, apreciamos que la apelante extraordinaria se limita a reiterar su personal tesitura del caso, en el sentido que la accionante debió demostrar las circunstancias y pormenores en que se produjeron los daños a su vehículo, omitiendo a su vez refutar las reflexiones efectuadas por la Sala Tercera relativas a la carga de la prueba y cuestiones a probar. De hecho la apelante pretende eximirse de responsabilidad haciendo recaer en la actora el deber de probar cómo se produjo el siniestro, cuando lo cierto es que, habiendo la Sra. Gómez demostrado que su vehículo al ser retirado del corralón exhibía deterioros que no tenía al ingreso, era la quejosa quien debió demostrar la ruptura del nexo de causalidad atento su carácter de guardadora de los vehículos alojados en el predio. Es decir que en realidad era la aquí recurrente quien debió acreditar que o bien los daños no se produjeron dentro del predio, o que éstos no se produjeron como consecuencia de su falta de cuidado, lo que no aconteció en el sub iudice.

9º) Por otra parte, iguales consideraciones cabe efectuar respecto de las quejas relativas al quantum indemnizatorio. Puesto que la impugnante centra sus críticas en que el presupuesto aportado por la actora tiene la leyenda "no apto para juicios", ello supone nada más que una reiteración de los agravios vertidos en su recurso de apelación, los cuales merecieron acabada y adecuada respuesta en la instancia anterior. Más cuando la impugnante no ha rebatido los argumentos expuestos sobre dicha parcela del fallo, en cuanto a que los presupuestos fueron ".debidamente reconocidos por sus emisores." y que su parte no aportó ".ninguna otra prueba para acreditar la improcedencia de los montos presupuestados." (conf. fs. 468 vta., segundo y tercer apartados). Máxime que este tribunal en reiteradas oportunidades ha convalidado el uso por parte de los sentenciantes de la facultades previstas en el art. 165 del código de rito (conf. Sent. Nº 109/13 y Nº 116/13, entre muchas otras), y que a todo evento lo atinente a la determinación de los montos indemnizatorios constituye una cuestión de hecho y prueba, irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo arbitrariedad que en el caso no se demostró (conf. Sent. Nº 109/13, entre muchas otras).

10º) Finalmente, las quejas expuestas respecto de la tasa de interés condenada tampoco serán admitidas en esta instancia extraordinaria. Lo dicho atento que, tal como lo señalara la Cámara de Apelaciones al momento de dictar sentencia, esta Sala Primera ha resuelto en las causas "Maidana" y "De Los Santos" (Sent. Nº 201/12 y 202/12) que, respecto de los intereses, es sólo la tasa activa la única que se presenta como adecuada para compensar el retardo en el pago y cumplir acabadamente la función resarcitoria del daño sufrido, la que debe aplicarse siempre que con ello no se llegue a un resultado excesivo, lo que no se verifica en el presente teniendo en cuenta el monto final al que se arriba y que el proceso lleva tramitando más de cuatro años. Por lo demás, y brevitatis causae, nos remitimos a lo ya dicho en los pronunciamientos mencionados.

De lo señalado se desprende asimismo que la Alzada no ha hecho más que aplicar el criterio sentado por este tribunal, resolución que a su vez se compadece con los principios de economía y celeridad procesal, lo que aleja toda tacha de arbitrariedad (conf. Sent. Nº 290/13).

11º) En virtud de lo expuesto, corresponde se desestime el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte co-demandada Estación Terminal de Ómnibus de Resistencia S.A. a fs. 491/508, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 459/473.

12º) Costas y honorarios Las costas de esta instancia extraordinaria, atento el resultado que se propone, se imponen a la parte recurrente vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial).

Los honorarios profesionales se regulan teniendo en cuenta el monto condenado y el salario mínimo vital y móvil, de conformidad a su vez a las pautas que fijan los arts. 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley 2011 (t.o), modificada por la ley 5532. Efectuados los cálculos pertinentes, se estiman en las sumas que se establecen en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº _287___ I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte co-demandada Estación Terminal de Ómnibus de Resistencia S.A. (E.T.O.R. S.A.) a fs. 491/508, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 459/473.

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente vencida.

III.- REGULAR los honorarios profesionales del abogado Pablo Martín Fernández Barrios (M.P. Nº 4131) en las sumas de ... y ... como patrocinante y apoderado, respectivamente. Todo con más IVA si correspondiere.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, sec- FERNANDO ADRIÁN HEÑIN