Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-12


SENT Nº 175	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Marzo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los letrados apoderados de Sociedad de Aguas de Tucumán S.A.P.E.M. en autos: "Obras Sanitarias Tucumán vs. Romano Edmundo Héctor s/ Apremios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Alberto José Brito, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por los letrados apoderados de Sociedad de Aguas de Tucumán S.A.P.E.M. en contra de la sentencia de la Sala IIIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 28/8/2006 que no hace lugar al recurso de apelación incoado por aquéllos.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia viola lo dispuesto en el Acuerdo Marco para la Negociación Colectiva firmado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Cía. Aguas del Aconquija S.A. el 17/5/1995 y homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el 22/8/1995; inobserva lo dispuesto por el art. 4 ley 14.250; 31 de la ley 6529, 42 CN, 121 CP. Que por todo ello asume gravedad institucional, privándosele del cobro del servicio establecido por el art. 78 de la ley 6529 en virtud de la aplicación del Convenio Colectivo y a pesar de la existencia de una ley provincial en contrario.

Explicita la naturaleza de la prestación de la Sociedad, citando los arts. 1, 4, del Dec. 3330/3 y 3 del Dec 846/3; ley 6894, Dec. 1600/1 Anexo I. Menciona que el Acuerdo cuya violación alega reza en su objeto que la Convención Colectiva de Trabajo 57/75 será aplicable supletoriamente en todo lo no previsto y en tanto sea compatible con el acuerdo por el término de 90 días contados a partir de la toma de posesión y que si vencidos éstos las partes no hubieran celebrado un nuevo convenio colectivo, el CCT 57/75 se entenderá denunciado y dejará de regir para el futuro manteniéndose no obstante las disposiciones del presente Acuerdo hasta la celebración del nuevo convenio colectivo. Que en tiempos de la Cía. Aguas del Aconquija S.A. no se celebró un nuevo convenio colectivo de trabajo por lo que la ultraactividad dada al Convenio ha fenecido al vencimiento del plazo de 90 días. Que éste formó parte integrante de las condiciones laborales de los dependientes de la Sociedad citada durante 90 días corridos los que al finalizar provocaron su fenecimiento y en adelante también respecto a OST y SAPEM. Que apenas se hizo cargo de la prestación la sociedad actora inició formalmente el proceso de negociación colectiva, que se encuentra homologado el Convenio Colectivo de Empresa por resolución que cita de la Sec. de Trabajo de la Nación de fecha 26/5/2006. Que la sentencia no ha valorado adecuadamente la normativa vigente aplicable de igual rango al Convenio Colectivo que cita.

Entiende que en el hipotético caso que se considere que rige el Convenio que aplica la sentencia, la pretensión del demandado no puede prosperar puesto que aquéllas son obligatorias para todos los trabajadores en actividad y no pueden ser invocadas por los pasivos. Que no pueden contener cláusulas exorbitantes de su ámbito de aplicación propio pues se llegaría al absurdo de suponer que un convenio colectivo prevea que los parientes del trabajador también estén exentos. Que sólo podrán considerarse ultraactivas las previsiones en materia de relaciones laborales.

Expresa que no prevalece la ley nacional sobre una ley provincial en materia de regulación de un servicio público provincial como el presente, con apoyo en lo normado en el art. 42 CN y art. 121 CP; art 16 CN.

Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 07/02/2007 la Cámara concede el recurso de casación correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida considera que los agravios del recurrente resultan inadmisibles. Ello así porque las normas del derecho se presumen conocidas por todos; no requieren prueba, salvo las extranjeras. Que concordante con estos principios, la ley procesal dispone expresamente que la prueba deberá recaer sobre hechos contradichos o de justificación necesaria y que fueran conducentes para la solución del caso. Que en virtud del iura novit curia la existencia de normas legales no forma parte del objeto de la prueba. Que ".Por otra parte, no obstante los cambios producidos respecto del Organismo encargado de la prestación de los servicios, la Provincia aseguró que cualquiera sea el adjudicatario de los servicios de agua y cloacas... debía contemplar y garantizar la continuidad laboral y demás derechos adquiridos de todos los trabajadores sanitarios de Tucumán..." (art. 8 de la ley 6890)". Que en mérito a lo expuesto no cabe admitir el agravio en cuanto sostiene que al haberse hecho cargo de los servicios la Provincia, no correspondía aplicar las exenciones previstas en el convenio colectivo de trabajo celebrado cuando la Prestadora era la Nación. Por ello rechaza el recurso e impone las costas al recurrente (art. 108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos sentenciales puestos en relación con los agravios casatorios se concluye en que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el argumento central que plantea el libelo casatorio radica en la existencia de un Acuerdo Marco para la Negociación Colectiva que se homologó por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y Compañía de Aguas del Aconquija S.A.; que en dicho Acuerdo se expresa que la Convención Colectiva de Trabajo 57/75 será aplicable supletoriamente, en todo lo no previsto y en tanto sea compatible, por el término de 90 días a partir de la toma de posesión y que, si vencidos éstos las partes no hubieran celebrado un nuevo convenio colectivo, el CCT 57/75 se entenderá denunciado y dejará de regir para el futuro manteniéndose las disposiciones del presente Acuerdo hasta la celebración del nuevo convenio colectivo; que transcurrió el plazo sin que exista nuevo Convenio por todo lo cual el CCT 57/75 perdió vigencia y rigen entonces los términos del Acuerdo Marco hasta tanto se logre un nuevo Convenio Colectivo.

Ahora bien, se hace notar, en primer lugar, y respecto al agravio referenciado, que es recién en la casación donde se menciona el Acuerdo Marco por vez primera en el expediente de donde, al no haber sido individualizado en las instancias inferiores no fue objeto de discusión, consideración y estudio en las sentencias dictadas por los tribunales de inferiores instancias. Amén de ello, se advierte que tampoco se indica concretamente en el remedio extraordinario tentado qué dispone el Acuerdo Marco con relación a las exenciones otorgadas por el CCT 57/75 respecto a los trabajadores y ex trabajadores de la empresa, alegándose solamente, y de modo genérico, su aplicación en autos.

En segundo lugar, tampoco resulta admisible la alegación de que no se haya valorado el nuevo CCT que se menciona de fecha 26/5/2006, toda vez que éste no rige hacia el pasado y en autos se reclaman por boleta de deuda los períodos 5/98 a 6/2002. Y, si bien se hace reserva de los períodos que se devenguen con posterioridad, no se observa ampliación de demanda por ellos.

Hechas estas salvedades y habiéndose requerido por parte de esta Corte los expedientes administrativos vinculados al caso, se advierte que: a) de la lectura del Acuerdo antes referenciado, obrante a fs. 206/213 de autos se desprende que nada se dice de las exenciones otorgadas por el CCT 57/75; b) con fecha 13 de mayo de 2003 se reconoce la vigencia del CCT 57/75 en las presentaciones por las cuales el Sindicato Tucumán de Personal de Obras Sanitarias solicita que la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se expida sobre si le es aplicable a la empresa Obras Sanitarias Tucumán, el CCT citado (fs. 16/18 y 51/53 expte: 1440/180-CJ-05; c) a fs. 50 del mismo expediente obra dictamen de fecha 16 de noviembre de 2006 en el cual se destaca que el CCT se encuentra vigente en muchas provincias, no así en el sector en virtud de las concesiones de los servicios de agua y cloacas a manos privada. Que en el caso específico de Tucumán, el convenio estuvo vigente por expreso reconocimiento de la autoridad de aplicación mediante Resolución n° 205 de fecha 13/5/2003, y hasta el dictado de la nueva norma convencional que fuera homologada por el Ministerio bajo el n° 776/06 "E"; d) se destaca también allí que durante la vigencia del mentado CCT los trabajadores gozaban del beneficio mencionado en el art. 80 considerado un derecho adquirido por los trabajadores activos y pasivos de la ex OSN.

En el caso, el nuevo convenio que rige la actividad es posterior a la jubilación del trabajador actor en autos y a la reunión de las condiciones requeridas por la ley vigente a dicho momento para que goce de la exención del pago de tasa de agua.

Los beneficios que éstos acuerdan a los trabajadores durante al plazo de vigencia del convenio colectivo se incorporan a cada contrato individual de trabajo e importan, en consecuencia, derechos adquiridos. Por ello, la aplicación de una nueva ley o convenio no puede conducir a privar a alguien de un derecho incorporado a su patrimonio pues, en el caso, el principio de no retroactividad se confunde con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional. Acerca de ello, enseña G. Bidart Campos ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional", t. I, p. 324): "En cuanto a los convenios colectivos de trabajo, los beneficios que acuerdan a los trabajadores durante el lapso en que están en vigor, se incorporan a cada contrato individual de trabajo y son, por ende, derechos adquiridos; por ello, a) una ley posterior al convenio colectivo no puede dejar sin efecto ni alterar aquellos beneficios; b) los mismos beneficios pueden ser dejados sin efecto, una vez vencido el plazo de vigencia del convenio colectivo, por otro convenio de igual naturaleza". El concepto de derecho adquirido, lo aclara acto seguido el autor mencionando, citando para ello las palabras de la Corte, en el caso "De Martín Alfredo c. Banco Hipotecario Nacional, del 28 de diciembre de 1976" (La Ley, 1977-B, 302): "si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo". Aun cuando el principio de irretroactividad de las leyes, emerge del art. 3° del Cód. Civil, Bidart Campos señala (ob. cit., t. I, ps. 329-330) que la Corte Suprema considera como existente en forma implícita, al principio de irretroactividad de la ley, cuando la aplicación de una nueva ley posterior conduce a privar a alguien de un derecho incorporado a su patrimonio y en tal situación, el principio de no retroactividad se confunde con la garantía de inviolabilidad de la propiedad, consagrado en el art. 17, sugiere el autor, que al "detectar un derecho adquirido o una propiedad en sentido constitucional siempre tiene conexión con la irretroactividad, porque una vez que hay "derecho adquirido" o "propiedad", ninguna norma y ningún acto posterior pueden privar de ese derecho a esa propiedad; si lo hacen, la retroactividad de la norma o del acto deviene inconstitucional".

La Corte Suprema ha señalado en el leading case "José Hortas c. Ernesto Harguindeguy", de 12 de agosto de 1922 (cfr. Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional t. V, p. 210/211), "al principio de la no retroactividad no es de la Constitución sino de la ley. Es una norma de interpretación que debe ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no liga al Poder Legislativo que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija. Esta facultad de legislar hacia el pasado no es sin embargo ilimitada. El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente, los jueces, investigando la intención de aquél, podrán a su vez atribuir a la ley ese mismo efecto, pero, ni el legislador, ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva, o de interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de inviolabilidad de la propiedad".

En este sentido es claro que si el trabajador adquirió un derecho bajo el régimen del CCT éste debe mantenerse durante la vigencia del mismo. En autos se reclaman períodos correspondientes a los años 1998 a 2002. Durante ese tiempo estuvo vigente el CCT 57/75 por lo que los períodos reclamados no le eran exigibles gozando, como gozaba, de la exención prevista en su art. 80.

VI.- Las alegaciones efectuadas en el memorial casatorio en relación a: a) la ley provincial n° 6529 cuyo art. 31 inc. c) expresa que están obligados al pago del servicio, los titulares de inmuebles que por cualquier causa hubieren gozado de exenciones hasta la fecha y b) la preeminencia de las leyes provinciales que regulan los servicios públicos en relación al CCT, no puede tener eficacia para desvirtuar el claro argumento sentencial referido a que la Pcia. (precisamente mediante leyes provinciales) aseguró que cualquiera que sea adjudicatario de la concesión del servicio de aguas debía contemplar y garantizar la continuidad laboral y derechos adquiridos por los trabajadores sanitarios de Tucumán.

A más, en ello no se advierte yerro sentencial en tanto el art. 8° quinto párrafo de ley 6890 (sancionada el 28/7/98, B.O. 03/8/98) dispone que: "A los fines del gerenciamiento, el Poder Ejecutivo deberá conformar una unidad operativa provincial descentralizada para la prestación de los servicios, bajo su órbita, en forma transitoria y con los actuales empleados de la Compañía "Aguas del Aconquija S.A." que pertenecieron a la ex-DIPOS. Asegurar que cualquiera sea el adjudicatario de los servicios de agua y cloacas de la Provincia, contemple y garantice la continuidad laboral y demás derechos adquiridos de todos los trabajadores sanitarios de Tucumán, establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y demás normas convencionales vigentes". A su turno, el primer párrafo de igual dispositivo legal (art. 8) expresa que se deja en suspenso todas las disposiciones de las Leyes Nros. 6.445 y 6.529 que se opongan a lo establecido en el presente artículo".

Las sentencias de inferiores instancias, en virtud de lo expuesto en esa norma provincial y del reconocimiento que se ha dado de la ultraactividad del CCT 57/75 por parte de la Secretaria de Trabajo de la Nac.ión mediante Resolución n° 205 de 13 mayo de 2003 -ya referenciado- en que específicamente se considera vigente el CCT para el personal de OST, fundadamente entienden aplicable el beneficio del art. 80 de dicho Convenio.

Si se considera la declarada desestimación del agravio referido a la aplicación del Acuerdo Marco analizado, se advertirá que el argumento sentencial referido a la aplicación de la ley 6890, no ha sido atacado de modo eficiente en el libelo casatorio. En efecto, en el mismo se alega la preeminencia de las normas provinciales por sobre las nacionales, pero ésta es razón que no obsta a la aplicación de la ley provincial 6890. También se invoca la aplicación al caso de la ley 6529 pero no se confronta la misma con su posterior 6890, ni se asume para nada el motivo de sostén sentencial referido a la vigencia del art. 8° de la norma citada que las sentencias de inferiores instancias han tomado como sustento de sus fallos. Por lo expuesto, el agravio vinculado a la ley 6529 debe ser declarado inadmisible.

VII.- Con relación al gravamen referido a la ley 14.250 y a que ésta dispone que los CCT se aplican a los trabajadores "en" actividad, citándose el art. 4° de la misma, cabe expresar que el agravio, así expuesto, es manifiestamente inadmisible toda vez que el art. 4 que invoca el recurrente indica que "regirá respecto de todos los trabajadores "de" la actividad y no "en" la actividad como alude el recurrente, no encontrándose en el recurso otras razones de peso por las cuales se excluiría a aquellos, pues no resulta suficiente con añadir que entender lo contrario llevaría al absurdo de incluir también en la exención a los parientes del trabajador (pues de una cosa no se deriva lógicamente la otra) o que sólo pueden considerarse ultraactivas las previsiones en materia de relaciones laborales (pues precisamente en el caso, la exención encuentra causa en esa misma relación laboral existente entre los trabajadores y la empresa u organismo dedicado al servicio público de cuyo pago se los pretende eximir).

Por todo lo expuesto, y dando respuesta con ello a todos los motivos expuestos en el recurso tentado, corresponde desestimar el recurso de casación, con costas a la recurrente por ser ley expresa (art. 106 procesal).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los letrados apoderados de Sociedad de Aguas de Tucumán S.A.P.E.M. en contra de la sentencia de la Sala IIIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 28/8/2006 conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.