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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, nulidad del acto jurídico, escritura pública, donación con cargo, reserva de usufructo, actos jurídicos, interpretación del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LEINGRUBER, NELLY T. c/ PIERINA L.G. CALEGARIS DE BAZZE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-NULIDAD  PARCIAL DE ACTO JURIDICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 209 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Corresponde rechazar la queja desde que toda la argumentación recursoria se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis, valoró las pruebas e interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste ajeno a la instancia extraordinaria.

En el caso, la inteligencia del decisorio recurrido radica en la aplicación de la regla de separabilidad de las cláusulas de un acto (en el caso, donación con reserva de usufructo) a fin de determinar la procedencia de la nulidad parcial del acto instrumentado en escritura pública sólo en lo que respecta al usufructo en favor de la accionada y en el análisis de la nulidad de los actos jurídicos, sanción que puede ser completa o parcial, pues el principio de conservación del acto implica que la nulidad de una cláusula no afecta a las demás en la medida que sea separable del resto.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Scuncio, Alberto J. s/ Pedido de quiebra (hoy concurso preventivo). Rec. de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-27

La decisión de la Cámara, confirmando la resolución de primera instancia que dispuso el cobro de la tasa de justicia con fondos disponibles en los autos de conformidad con lo establecido en los arts. 240 de la ley 24.522 y 278 inc. e) y 281 del Código Fiscal, no es susceptible de ser recurrido por vía del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no produce el efecto de finalizar la litis. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Zabaleta, Fabio Héctor y ot. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

En los recursos concedidos en forma libre, la única fundamentación posible es la que se efectúa al expresar agravios, los que en definitiva determinan la apertura de la competencia de la Cámara y la amplitud de su conocimiento (arts. 329, 333, 335, 342 y concs., C.P.P.).
Derecho de propiedad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., N. F. e I. del C. C. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-15

"Todo derecho subjetivo, administrativo o no, violado en ejercicio de la administración, sea en principio de competencia del tribunal de la materia, si la cuestión está regida sustancialmente por leyes administrativas.-Es que precisamente los entuertos más frecuentes que comete la Administración u órganos que ejerzan función administrativa, acaecen frente al derecho de propiedad.".
Competencia originaria, Constitución Provincial, amparo colectivo, derechos de las niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Amparo constitucional presentado por el Dr. Sebastián Ezequiel Pilo en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Comisión Directiva Wichí Misión La Loma representada por su presidente Efraín Federico Neuenschwander con el patrocinio letrado de Martín Plaza - competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-11

Se declara la competencia originaria de este Tribunal para intervenir en el presente caso, y asimismo, se reserva para su oportunidad la remisión solicitada por el Procurador General de la provincia de Salta, a los efectos de la conformación de la clase y para intervenir en los términos del art. 32, inc. 1° de la Ley 7328. El Tribunal de Impugnación, actuando en el proceso de amparo colectivo -con el objeto de que se adopten las medidas necesarias para la aplicación y el cumplimiento efectivo de la Ley 7856, a los efectos de garantizar un acceso pleno e igualitario al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas del Norte de la provinica de Salta-, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y en el mismo acto, declaró su incompetencia para intervenir. Ello así, pues se observa que los presentantes atribuyen, por una parte, una supuesta omisión del Poder Ejecutivo Provincial en orden a reglamentar la citada Ley 7856 y por la otra, la falta de adopción de ciertas medidas tendientes a garantizar los derechos anteriormente mencionados. En torno a lo primero, es menester destacar que de acuerdo al art. 144, inc. 3° de la Carta Magna local, corresponde al gobernador, entre otras atribuciones y deberes enumerados por ese artículo, ejercer la "potestad reglamentaria" de las leyes. Con relación a lo segundo, la provincia de Salta es representada legalmente por el titular del Poder Ejecutivo, quien, además, dirige y formula sus políticas; es jefe de la Administración centralizada y descentralizada y es el único órgano estatal que ejerce, "lato sensu", función gubernativa y así lo dispone el art. 140 de la Constitución provincial, el que debe interpretarse armónicamente con el art. 144. Bajo tales presupuestos, si bien no se desconoce que algunas de las obligaciones legales que se atribuyen en el caso podrían corresponder a cometidos propios del Ministerio de Salud Pública, resulta incontestable que el diseño de las políticas públicas en pos de la garantía de aquellos derechos, pone en evidencia la voluntad política del Gobierno Provincial representado por su Poder Ejecutivo, que encuadra en el art. 153, ap. II, inc. c) de la Constitución de la provincia de Salta y, por tanto, habilita la competencia originaria de esta Corte.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sorrento, Jorge Rafael c/ Aguayo, Luis A. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

El art. 556 del cód. proc. impone la aplicación del criterio objetivo de la derrota descartando la posibilidad -admitida por el art. 68 para otros tipos de juicio- de que el juez exima de la responsabilidad de pagar las costas a la parte vencida en el supuesto de encontrar mérito para ello. Así es, por principio, la cadena en costas, en esta clase de procesos, ajena a toda valoración de la conducta de las partes o de la índole de la cuestión controvertida.-
Contratos, incumplimiento del contrato, contratos administrativos, excepción de incumplimiento contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berron, Roberto Jesús c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   660-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Rafael Bielsa, entre otros, se ha manifestado en contra de la vigencia de la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, entendiendo que el concesionario no puede oponer excepciones como las que autoriza el artículo 1201 del Código Civil;

el concesionario puede demandar al concedente el cumplimiento de obligaciones, pero no puede oponerse a cumplir las obligaciones de la concesión, y menos aún las que son esenciales en ella.
Partes del proceso, demanda, intervención de terceros, plazo, pedido de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL  IBEROAMERICANA  SA c/ NOREÑA,  GUSTAVO RICARDO OSCAR s/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-20

Resulta improcedente desestimar un pedido del pretensor orientado a obtener la citación de un tercero en los términos previstos en el C.P.C.C. art.94, con base en considerarse tardía esa articulación al no plantearse en el escrito de demanda -lo cual no ocurrió en la especie- sin admitir ninguna otra oportunidad alternativa. Ello pues, si bien podría pensarse que la interpretación de la teléis de la mentada norma impone una única y exclusiva oportunidad para formular ese requerimiento, sin embargo, esa posible interpretación resulta rigurosa en extremo. Máxime, si en la hipótesis no se halla notificado el traslado de la demanda, pues la secuela regular del proceso no se altera si la citación mentada se introduce en escrito separado del libelo, dentro del cuerpo principal del mismo ó incluso en un hipotético "otro si digo" insertado en el final de esa pieza procesal. Por su parte, el defendido no deberá soportar ninguna carga adicional respecto a la convocación al proceso, pues las notificaciones del traslado de la demanda y del pedido de citación de tercero, son susceptibles de practicarse en una única y misma diligencia.
Contrato de obra pública, inspección de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ELEMEC S.A. c/ D.E.B.A. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-17

La autoridad contratante no está obligada a resarcir la privación del uso de los coches suministrados por la contratista para la inspección de la obra, por el breve período de tal atraso en la devolución, si ésta no acreditó que por la afectación de los vehículos a obras ya concluidas se vio impedida de asignarles otros usos de provecho.
Dinero, contrato de servicios, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES, ISAAC ELÍAS c/ MUNICIPALIDAD DE MONTERRICO s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-03-20

La demanda interpuesta contra un municipio tendiente al cobro de una suma de dinero derivada de la locación de servicios que el actor alegó concertar con aquel (servicio de sonido y animación), es improcedente, pues obrando expreso desconocimiento del contrato adunado a la causa y de su firma, no habiéndose aportado original del documento referido y valorando las circunstancias de que quien 'recibe' dicho contrato mediante sello es el propio actor, ningún valor puede asignarse al supuesto negocio jurídico denunciado.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, poder de policía, seguridad pública, local bailable, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, daño actual, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALTROC BEATRIZ MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

En el caso, se interpone acción de amparo con el objeto de hacer cesar la arbitraria y manifiesta omisión del Gobierno de la Ciudad en el ejercicio del poder de policía que generó la situación de inseguridad que dio lugar a los trágicos hechos acaecidos el 30 de diciembre de 2004 en el local bailable "República de Cromañon".

No obstate, el comportamiento estatal que se analiza a través del amparo debe tener vigencia al tramitarse esta acción.

Este primer recaudo excluye de la causa el examen de los hechos ocurridos el 30 diciembre de 2004. Ello así dado que la razón de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidos por la ley fundamental (del dictamen del Procurador que la Corte Suprema hizo suyo en Fallos: 327:2004).

La Corte Suprema ha dicho que el amparo procede únicamente para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, y en cambio, es inadmisible cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no afecta un derecho diferenciable y no resulta evidente.
Ley de empleo, indemnización, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Diaz, Graciela Lilián c/ Polich, María Cristina y/o Instituto Privado Chaco s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-10

Procede el recurso de la demandada, quien se agravia porque se acoge la indemnización art.9 de la ley 24013 y sostiene que en ninguna parte del escrito inicial se demanda esta indemnización, motivo por el cual no puede haberse acogido a la misma. Ello así, toda vez que al demandar el actor, no sólo no refiere concretamente a esta indemnización del artículo mencionado, sino que siquiera invoca algún hecho inherente a la misma que implícitamente la determine en forma clara y precisa. Semejante omisión impide tener por reclamada esta pretensión en cuestión. Ello así, ya que para nuestro régimen procesal no basta la invocación de la ley en forma genérica, menos aún, si ésta prevé varias indemnizaciones como lo es la ley 24013, sino que es menester, acorde con la teoría de la sustanciación, la mención clara de la pretensión que se reclama y el detalle de los hechos en que se funda la misma; de lo contrario, no cuadra pronunciarse acerca de la misma, por lo menos sin incurrir en indebido exceso jurisdiccional.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, defraudación, cosas ajenas
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Miguel Ángel s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-11-26

La figura propuesta (estelionato) exige que el autor oculte al comprador el estado jurídico de la cosa vendida (embargo, prenda, ajenidad, etc.) puesto que aún en tales condiciones resulta lícita su enajenación (arts. 1177 y ss del C.Civil). Y en nuestro caso no es el comprador quien formula la denuncia por haber sido engañado.

La cuestión queda circunscripta entonces al negocio celebrado entre C. A. y F. (compra-venta) que, como dice el Sr. Juez de la causa, se mantiene en la órbita del derecho privado por el incumplimiento del comprador en el pago del saldo de precio.- Se sostiene y con razón que "Trazar la línea divisoria entre las respectivas esferas de la responsabilidad contractual y delictual es, sin lugar a duda, uno de los problemas más arduos de nuestro derecho". "...la violación de compromisos contractuales engendra exclusivamente una responsabilidad contractual, salvo que el hecho degenere a la vez en delito del derecho criminal -art.1107 C.C.-; y, es obvio que si no existe un contrato previo que una al responsable y a la víctima, no puede hablarse sino de responsabilidad delictual o cuasidelictual." (Pedro N. Cazeaux- F. Trigo Represas. Compendio de Derecho de las Obligaciones, Ed. Platense, 1994, T.2, pag.375; el destacado me pertenece).- El cumplimiento de la obligación si se quiere, no se identifica por sí mismo con la estafa y la solución al conflicto debe procurarse exclusivamente en el fuero privado, salvo que aparezca algún otro elemento de juicio que permita presumir la existencia de un fraude.

Firmado Dres.: julio V. Pancio y Raul Román.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Comisión Nacional de Valores, calumnias, código penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Lozano, Luis Francisco c/ Estrada, Pablo I.M. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que, sin dejar de considerar las facultades que la ley 17 811 otorga a la Comisión Nacional de Valores, se refiere principalmente a la conducta de los miembros de su directorio en relación con el art. 109 del Código Penal -ley común- que es el objeto principal del juicio, con fundamentos de índole no federal suficientes para sustentarla.
Despido, dirigente gremial, privilegios (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: Primitivo Martín Portugal y Otros. c/ Empresa Ing. Ricardo Collazo s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-02

Es evidente que la Ley N. 23.551 tiene por objeto la protección del representante gremial frente a la eventual persecución que por investir tal carácter pueda ser objeto, pero nunca para crear privilegios en su favor.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barse, José Mario s/ Juicio oral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-19

La fuga del imputado a otra provincia, justo en oportunidad de ser citado como testigo a un careo con quienes en aquel momento estaban procesados, sin dejar rastro alguno de su paradero, ni avisar su decisión en el medio que lo rodeaba, debe ser ponderada en calidad de valioso y unívoco elemento cargoso, que corrobora la confesión extrajudicial del encausado.
Ejecución fiscal, tasa de justicia, gastos del proceso, resoluciones inapelables, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ HORMAECHE, RAMONSANATORIO COLEGIALES SA s/ EJECUCION FISCAL (CFR. SALA I, CAUSA 21.283/96 DEL 8.10.96).RECURSO DE  QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El hecho de que la tasa judicial integre el rubro costas no es razón suficiente para incluir el tema en el régimen de inapelabilidad previsto en el articulo 92, ley 11.683 -que reviste carácter excepcional; cfr. Corte Suprema, doctrina de la causa "Dirección Gral. Impositiva.
Elevación en consulta, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: R., M. E.; B. A., J. R. y B. A., S. A. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

El Superior Tribunal de Justicia tiene intervención obligada en el proceso -con la única limitación de la prohibición de la reformatio in peius- cuando la pena impuesta al imputado exceda de diez años.
Ejecución prendaria, inhabilidad de título, prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO  DE  INVERSORES  SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS c/ CRESPO,DIEGO ALEJANDRO JAVIER Y OTRO S/ s/ JECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

No procede la admisión de la excepción de inhabilidad de título en la ejecución prendaria por no estar contemplada por el art. 30 del Dec. 15348/46, sin perjuicio de la facultad del juzgador de recalificar la defensa con miras a un mejor ordenamiento del proceso. En efecto, podría llegar a considerarse dentro de la inhabilidad aquellos defectos de la determinación del instrumento base del crédito, cuya imprecisión, oscuridad u omisiones sean de tal gravedad que puyedan provocar un estado de indefensión en el accionado; más ello no acontece en la especie, en la que los ejecutados cuestionaron la viabilidad del título con sustento en una serie de planteos encuadrables en defectos que apuntan a criterios seguidos a fin de establecer el "verdadero" saldo adeudado sin haber negado la existencia misma de la deuda, lo que evidencia, en definitiva, que lo que persiguen es que el análisis de la cuestión se introduzca en la causa que dio origen a la obligación, lo cual impone sin más, su íntegra desestimación.
Empleo público, extinción de la relación funcional, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDARINO, Eduardo Mario c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Si cuando el agente municipal se acogió al sistema de "retiro incentivado" no se encontraba reescalafonado en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa y no efectuó hasta ese momento ningún reclamo a fin de ser "reencasillado" en aquél, tal comportamiento hace presumir su consentimiento tácito con las modalidades adoptadas por la Comuna, lo que impide volver sobre sus propios actos, para observarlos tardíamente.
Recupero de activos de origen ilícito, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Núñez Carmona, José María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

La calidad esencial de la conducta que se le preatribuye al encartado y las características del hecho imputado, así como los vínculos con los que habría actuado configurarían una grave intromisión en los fines de este proceso, el cual no sólo apunta a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también, a aplicar la pena, lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito (arts. 23 y 29 del C.P.; art. XV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24.759, y art. 31, inc. 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley 26.097).
Accidente de tránsito, cosa riesgosa, automotores, eximentes de responsabilidad, prueba, culpa de la víctima, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: NALERIO CORBALAN, José c/ CUESTA, Argentino s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

Los automotores son cosas productoras de riesgo en su utilización y comprendidas, por tanto, en la previsión del art. 1113, 2 párrafo, 2 parte del código civil. Por lo tanto el propietario sólo puede eximirse de responsabilidad sobre la base de la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Impuestos, régimen penal tributario, denuncia, fiscales, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: VITOLO, DANIEL s/ Régimen Penal Tributario Causa 36
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

Si la causa se inició por prevención policial no cabe desestimar ninguna denuncia ni ordenarse el archivo de las actuaciones policiales cuando ya se dio curso a la instrucción (1), debiendo dictarse el sobreseimiento (2). (Del voto del Dr. Hendler, en disidencia).
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-24|2005-05-24

Independientemente de la responsabilidad directa del médico frente al paciente por las culpas en que incurra en su intervención profesional, existe también una responsabilidad directa de la entidad asistencial que se ha obligado a dar asistencia médica al paciente, ya sea onerosa, mediante el pago del servicio, o de una cuenta, en el caso de seguros de salud u obras sociales públicas o privadas, ya sea gratuita, en establecimientos hospitalarios.