marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Contreras, Ramón c/ Municipalidad de Resistencia s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-22

Debe rechazarse la acción Contencioso Administrativa interpuesta contra la Municipalidad de Resistencia, alegando el recurrente se le reconozca y abone la categoría 14, como personal de planta de dicha Municipalidad, a partir del mes de diciembre de 1991, en que dejó de percibir la misma. Ello así, ya que se desprende que no existe acto administrativo suficiente, que acredite la categoría reclamada y que el accionante pretende probar con los recibos de sueldo que acompañó a la demanda. En los recibos correspondientes al período enero/89 - noviembre/91, aparece la categoría 14, consignada en los mismos, y la demandada, reconoce que se le liquidó dicha categoría por un error involuntario. No obstante la veracidad de las circunstancias apuntadas, ello no crea un derecho adquirido a favor del actor, para seguir cobrando la categoría 14, cuando no existe instrumento legal que respalde dicha pretensión. Ello así, en razón de que las liquidaciones de sueldos y su cobro, no tienen el carácter de actos administrativos, porque no reúnen las exigencias de los arts. 118 y 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y en virtud de ello, deben ser considerados hechos administrativos porque se traducen en una actividad administrativa material productora de efectos jurídicos directos e indirectos. Su diferencia conceptual con el acto administrativo está dado porque justamente importa un hacer material, una operación técnica o actuación física, de un ente público en ejercicio de la función administrativa, en tanto que aquél significa una declaración de voluntad, conocimiento u opinión o exteriorización de un proceso intelectual de volición, cognición o juicio.
Queja por apelación denegada, procedencia del recurso, medidas cautelares, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA PAVLOSKY SRL c/ ALDERETE, VICTOR ADRIAN Y OTROS s/ MEDIDA PRECAUTORIA. QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Aún cuando una medida cautelar no se efectivice, si fue decretada y se concretara cuando se preste la contracautela, causa perjuicio actual al afectado y ello torna viable la apelación.(-En el caso, se estimó la queja deducida-).
Hábeas data, información errónea o desactualizada, derecho al olvido, banco de datos personales, información crediticia, deuda exigible, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Napoli, Carlos Alberto c/ Citibank N.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Del texto del artículo 26 del decreto n° 1558/01 , en relación a las obligaciones que no han sido extinguidas, surge que el plazo de cinco años, durante el cual se puede archivar la información, debe ser contado "...a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible", y la imprecisión o poca claridad que exhibe dicha norma reglamentaria -cuya constitucionalidad no ha sido impugnada- acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326, evitándose toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardillo, Miguel Pedro c/ Oliva, Gustavo D. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Es requisito indispensable del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley señalar cuál o cuáles normas habrían sido infringidas por el tribunal y demostrar de qué manera o por qué, tal infracción ha sido cometida.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, cuestión constitucional, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en álvarez, ignacio y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-14

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad. La presentación fue interpuesta por escrito ante este Tribunal dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley n° 402. Asimismo, el recurrente logra demostrar que el caso implica una cuestión constitucional suficiente, ya que sus agravios involucran la interpretación de las facultades del Poder Judicial reconocidas por la Constitución Nacional y la de la Ciudad, y el adecuado resguardo de la garantía del debido proceso. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Proceso judicial, tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto   de  Ayuda   Económica  Mutual-IAEM- Inc Tasa Justi c/ PEN Ley 25.561 Dtos 1.570/01 214/02 s/ proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-24

La enumeración que hace el art. 13 de la ley 23.898 no agota el catálogo de "personas" o "actuaciones" exentas del pago de la tasa de justicia, pues las exenciones pueden perfectamente provenir de otras disposiciones legales que así lo establezcan, Corte Suprema de Justicia de la Nación "Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de la quiebra) c/ Gravier, Juan y otro", del 17 de marzo de 1998) (Cons. II).
Daños y perjuicios, peatones, aceras, culpa de la víctima, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

No puede pretenderse que los peatones que tienen derecho y obligación de transitar por el lugar que por ley está destinado a la circulación, puedan considerarse obligados a prestar una atención tan precisa sobre el cielo, edificios, estructuras, columnas de alumbrado, etc., en lugares que han de suponerse debidamente seguros y expeditos a tal efecto.

Se ha decidido jurisprudencialmente que caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad, ni que pueda considerarse temeraria la conducta que provoca serias lesiones físicas y psíquicas. Por lo tanto, no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, máxime al recordar que la falta a la que alude el artículo 1111 del Código Civil no es, en principio, sinónimo de culpa, sino más bien de infracción, y no hay vestigio de ésta en el hecho de caminar por la vía pública (CNCiv., Sala G, R. 224.985, del 22-9-97, Publicación: J.A. del 17/6/98 Nro. 6094, pág. 42). Tengamos en cuenta que la denominada presunción legal de culpa, obedece a razones de política legislativa que condicen con la regla del favor victimae (...) el causante del daño, está precisado a producir prueba adversa a esa presunción legal (...) la falta o insuficiencia de esa prueba compromete su responsabilidad (...) la ley 17711 al reformar el art. 1113 del Código Civil consagró una presunción legal de culpa del guardián y de dueño no guardián. (Conf. Alterini, Atilio A. y López Cabana Roberto, Temas de responsabilidad civil. Ed. Ciudad Argentina y Departamento de publicaciones Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Bs. As. 1995, pág. 111/12). Es decir que no habiéndose probado adecuadamente el hecho del tercero o de la víctima debe hacerse lugar a la responsabilidad. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Seguridad social, jueces, funcionarios judiciales, régimen jubilatorio provincial, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MENDILAHARZU,    MARCELO c/ A.N.Se.S. s/ Acción   meramentedeclarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Es comprensible que el constituyente, cuando se refiere a los aspectos remuneratorios de los jueces (art. 110 C.N.), utilice un vocablo incluso distinto al de los art. 92, 107 y 120 último párrafo de la Constitución Nacional, que atañen al presidente, a los ministros y al ministerio público, como queriendo decir que la sociedad le reconoce a las personas consagradas a la actividad de juzgar la necesidad de vivir dignamente y en relación a la función que desempeñan. El juez no está en relación de dependencia jurídica con ninguna persona ni con el Estado. Cumplidos los requisitos de designación, ocupa un lugar en uno de los poderes del Estado, y de allí que su accionar no entra dentro de los conceptos de empleo público, simplemente, porque es parte del gobierno de la Nación. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Beneficios previsionales, presunción de legitimidad, acto administrativo, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallardo, Horacio Alfredo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Con la sanción de la ley n° 11.729 (y sus modificatorias), a los fines del reconocimiento del beneficio previsional, el legislador morigeró el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos que resolvieron, dentro de los períodos temporales taxativamente individualizados en las normas, el apartamiento de agentes públicos de los cargos que detentaban a la fecha del cese. Al habilitar el reconocimiento de servicios fictos de aquellos agentes que fueron cesados en dichos períodos, permitió que los actos de desvinculación, aunque motivados, puedan ser sometidos a un nuevo escrutinio sobre las razones que llevaron a su dictado.(doctor Pettigiani, mayoría)
Pago, pago diferido, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: P., C.J. c/ L.M.A. SA Cía. de Seguros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05

En los casos de recepción por el acreedor de pagos tardíos de su deudor, ha de tenerse presente que la mora "debitoris" confiere a aquél derechos disponibles, perfectamente renunciables incluso de forma tácita (arts. 872, 873 Cód. Civ.), mas, porque la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a darla por probada debe ser restrictiva, corresponde extender los efectos de la renuncia sólo y estrictamente a los derechos que el autor de ella tuvo en vista renunciar, sin dilatarlos a otros, aun cuando tuviesen con aquéllos una relación estrecha (art. 874).
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Escobar, Elisa Ramona s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-14

El art. 297 del C.P.C. requiere "precisión y claridad" en la cita de la ley o doctrina legal que se reputa mal aplicada, y es doctrina constante de nuestros Tribunales exigir la concreta mención de la ley o doctrina violadas y, como reverso de este principio, descartar por insuficiente la cita genérica de normas legales que se juzgan infringidas.
Revocación de sentencia, acción de amparo, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, emergencia habitacional, situación de vulnerabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GML Y OTROS c/ GCBA  s/ AMPARO - HABITACIONALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La ley n° 4036 prevé la obligación de garantizar el acceso a un alojamiento con relación a cierto grupo de personas, esto es, solo quienes presenten las características referidas en sus artículos 18 y 25 inc. 3 y no, con respecto a otras. Es decir, dentro del universo de personas en situación de vulnerabilidad social, la mencionada ley distingue entre dos grupos. Por un lado, las personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes les reconoce el derecho a un alojamiento; por el otro, el resto de las personas en esa situación, son quienes tienen acceso a las políticas sociales que instrumente el GCBA. A su vez, dentro de este último grupo, la ley n° 4042 asigna preferencia a los grupos familiares con niñas, niños y adolescentes. Para quienes no encuadran, entonces, en los dos supuestos previstos en la referida ley n° 4036 y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, la tutela prevista es aquella que se origina en el régimen de subsidios habitacionales regulados en el decreto n° 690/06 y modificatorios, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en el régimen jurídico vigente. A su vez, en el marco de esta tutela, los jueces están en condiciones de ordenar que se les mantenga ese beneficio a las personas que cumplen con la carga de probar que se encuentran en situación de prioridad frente a las restantes, de conformidad con lo que establecen la Constitución y las leyes (art. 31 inc. 1 de la CCABA y ley n° 4042). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SOSA, POLINICIO c/ LAURA LUNA s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-19

La existencia entre los cónyuges de una separación de hecho, carece de virtualidad suficiente para liberar a los esposos del deber de fidelidad, razón por la cual si cualquiera de ellos tuviera relaciones extramatrimoniales de carácter sexual, configura adulterio.
Excarcelación, estado de la causa, requerimiento de elevación a juicio, circunstancias que impiden la excarcelación, condena anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CORDOBA, Cesar Orlando. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-08

Las dos condenas que registra el imputado y el avanzado estado del proceso, en el que media acusación del Ministerio Público Fiscal, son pautas objetivas suficientes para la aplicación del art. 319 del C.P.P.N. Por ello, debe confirmarse el auto que denegó la excarcelación al incuso.
Debate, acusación fiscal, falta de acusación, sentencia condenatoria, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Funes, Francisca Delia y Dragotto, Alejandro Rafael s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

Si el representante del Ministerio Público durante el debate solicitó, por las argumentaciones allí brindadas, la absolución del imputado y, pese a ello, el tribunal de juicio impuso la condena aquí recurrida, lo cual -en términos de la Corte Suprema- pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que conduce a la anulación del pronunciamiento impugnado (Voto del Dr. Tragant).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA, MARIO EDUARDO c/ LUND, JUAN Y/O PROPIETARIO s/ COBRO DE MEDIANERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

La sola ausencia de controversia no exime al magistrado del deber de que la verdad histórica vea la luz.
Ejecución fiscal, moratoria previsional, intimación de pago, certificado de deuda, título ejecutivo inhábil
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: D.N.R.P. c/ Frigorífico y Matadero La Foresta  S.C.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Para la época en que se practicó la intimación de pago en sede judicial, los certificados de deuda expedidos sobre la base del acta y de los restantes períodos incluidos en la declaración jurada de acogimiento a la moratoria, no resultaban títulos ejecutivos hábiles a esos mismos fines no resultando de aplicación la jurisprudencia con arreglo a la cual, en determinados precedentes, igualmente se dictó la sentencia y luego se subordinó su ejecución al cumplimiento oportuno del plan de facilidades de que se tratara, toda vez que, en tales supuestos, esa solución estaba expresamente prevista en las normas reguladoras de las respectivas moratorias, diversas de las que reglamentan la de autos.
Competencia de la Corte Suprema, control de constitucionalidad, gravedad institucional, sistema representativo, sistema republicano, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Seco, Luis Armando y otros s/ acción de amparo por falta de jurisdicción y competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

En circunstancias de marcada excepcionalidad, cuando se configura ostensible lesión de instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar (art. 5. de la Constitución Nacional) corresponde a la Corte intervenir, como último custodio de la Ley Fundamental.
Honorarios del abogado, IVA
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pellegrino, Luis c/ Galeano, Héctor y/o s/ Ejec. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

El obligado al pago de los honorarios también lo está (ex lege) respecto de la alícuota del gravamen y deberá satisfacerlas conjuntamente, previa acreditación por el acreedor de su condición de "responsable inscripto", circunstancias de las que deberá dejarse constancia en el respectivo mandamiento.
Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO, MARIO Y OTROS c/ CURTIDURIA DEL OESTE SANTAFESINO SA s/ JUICIO LABORAL.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 547-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

Debe rechazarse la queja frente a la inconsistencia de los agravios desarrollados por el recurrente, ya que al margen del acierto o error en la interpretación, no revisable en esta vía extraordinaria, la sentencia impugnada se muestra como una derivación razonable de un sistema retributivo iniciado por una disposición de facto (nro 21307) y que no aparece atacada por la parte; que es integrada claramente con otras disposiciones de la misma jerarquía (así, el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, alusivo a las formas de pago y prestaciones complementarias del trabajador).

En el caso, el quejoso se agravia por considerar que la sentencia recurrida importa una restricción de derechos "o garantías constitucionales" -derecho de propiedad e intangibilidad salarial- por disponer la absorción de la prestación córnea que efectuaba la demandada por (o en) el salario o remuneración de los trabajadores, incluyéndola en los adicionales mencionados por el segundo párrafo del artículo 4 del decreto 2748-84; a la vez que implica una contradicción con los fundamentos normativos y gruesa falla lógica de razonamiento.
Cuestión federal, procedencia del recurso, recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, deber de imparcialidad, defensa en juicio, derechos no enumerados, Constitución Nacional, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés c/  s/ María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-08

Existe cuestión federal suficiente si la defensa pone en discusión el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 constitucional o, más estrictamente, derivada de las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y consagrada expresamente en los arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Insuficiencia del agravio, principio de congruencia, defensa en juicio, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castillo, Antonio y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Corresponde rechazar la alegada violación al principio de congruencia y al derecho de defensa toda vez que del repaso de los actos relevantes del proceso surge que la descripción fáctica no ha verificado una variación sustancial que sustente la afectación reclamada. En efecto, a lo largo de toda la causa el hecho imputado resultó ser el transporte de sustancia prohibida a bordo del vehículo Chevrolet Aveo conducido por Lino Delgado, que fue desbaratado por el personal de Uesprojud Orán, la madrugada del 7 de mayo de 2017 en el control vehicular instalado en la Ruta Nacional 50 a la altura del puente Río Blanco, en el marco de las tareas investigativas que se venían realizando. Si bien en el primer acto de defensa del encartado se describió el hecho como "haber participado" de dicho transporte, ya desde el procesamiento se lo consideró "autor" responsable de esa conducta. Es que los diversos grados de participación afirmados en modo alguno inficionan la descripción fáctica en tanto que su aporte al hecho siempre se mantuvo inalterado como "destinatario" del tóxico. Por otra parte, no se observa de qué manera esas distintas intervenciones, ya sean a título de partícipe, autor o coautor -este último afirmado en la sentencia- afectaron el derecho de defensa.
Docentes, inhabilitación profesional, prohibición de trabajar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALIS, BEATRIZ MARIA DEL ROSARIO c/ ESTADO  NACIONAL  (  S.N.E.P.    - MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ORDINARIO - CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Acordad la habilitación para el ejercicio de la docencia por el cumplimiento de los requisitos de idoneidad exigidos para ello, compete el Estado acreditar que la docente ha perdido alguna de las condiciones exigidas de forma tal que ponga en peligro la seguridad de la sociedad, afectando alguno de los objetivos en vista de los cuales se constituyó la unión nacional en los términos establecidos en el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, fallo plenario, fallos de la Corte Suprema, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: PROCHANKA, JUAN Y OTROS c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Conforme a lo resuelto por la Corte Suprema a partir del caso "Nuñez c/ Segba", el fallo plenario 257 dictado in re " Vázquez c/ Gas del Estado", determina las normas que rigen la solución del litigio. De acuerdo a dicho criterio debe entenderse que esa doctrina engloba y agota el análisis de las distintas cuestiones de algún modo vinculadas con la política salarial instrumentada por el Poder Ejecutivo Nacional para noviembre y diciembre de 1982.