Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-17


En la ciudad de Trelew, a los 17 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia a cargo del Dr. Juan Humberto Manino y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Alberto Velásquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"I., S. D. c/ P. S.A. s/ JUICIO LABORAL" (Expte. nº 21043 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 452.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó:

Introducción.

La sentencia de origen de fs. 433/436 aceptó la pretensión de indemnización y accesorias por despido injustificado del Sr. I, por concluir en que la demandada no había probado la causal de despido invocada, cual fuera la de no presentarse el actor a la zarpada del buque xx "xx" prevista para el 13/10/2001 -como "viaje Nº 20"-, luego de finalizado el "viaje Nº 19" desembarcado el día anterior 12/10/01.

Despido que se dispuso por incumplimiento, según la empleadora, de lo estipulado en el CCT suscripto entre el ente empresarial C** y el sindicato S.***. del 19/12/01 con vigencia desde el 1/12/01, en su Art. 12 de "Presentación a Bordo", que reglamenta precisamente lo relativo al desembarco, aviso de nueva zarpada y demás circunstancias de este aspecto de la regulación del trabajo a bordo de los buques pesqueros congeladores con procesamiento a bordo.

La Sra. Jueza a-quo aclaró que el CCT aplicable no era el citado por la principal sino el CCT 356/03 ó en su caso su antecesor el 307/99, por las razones que expresara a fs. 433 vta. de su sentencia. A todo evento clarificó que la circunstancia o cuestión de la "Presentación a Bordo" no era diferente en los CCT citados, toda vez que todos especificaban una anticipación de 12 hs. de aviso a la nueva zarpada del buque, con comunicación del capitán o armador mediante una "pizarra de planchada" la hora de presentación y la de zarpada, con un interregno no menor de 4 hs. entre ambas.

Y que la empresa no había probado lo que estaba a su cargo probar en lo referente a la comunicación a efectuar. Analizó para ello las testimoniales vertidas, en particular la de los Tgos. Sr. L a fs. 205 a tenor de fs. 199 y la del Tgo. Sr. C a fs. 340 a tenor de fs. 329, entendiendo que no se desprendía con fuerza convictiva el aviso o comunicación que debió efectuarse al actor.

De esta conclusión arribó a la procedencia de la pretensión y procedió a liquidar los rubros indemnizatorios del despido en los términos del conocido "CCT" 370/71 con los rubros y guarismos monetarios expuestos a fs. 434 y vta. Destaco ahora, como he efectuado en otros pronunciamientos, que entrecomillo el CCT 370/71 toda vez que no es en rigor un convenio colectivo de trabajo, sino solamente el régimen indemnizatorio para el personal de marinería y maestranza de los buques pesqueros como aquél en que prestara servicios el actor.

b) - La demandada en su memorial de fs. 441/444 critica la sentencia, en lo que denomina como "Primer Agravio", por no haber considerado la juzgadora que a partir de una postura inicial del actor de no habersele realizado la comunicación del convenio -que reiteró a fs. 442 "in fine" era el suscripto por la C** y el ***-, que manifestara en su intimación del 22/10/01, luego, en su demanda, incursionó en la temática del abandono de trabajo del Art. 244 de la LCT.; sobre esto se explayó en que no podía aplicarse la normativa del Art. 244 dada las especiales características del arribo, desembarco y nuevas salidas de los buques pesqueros.

Cita además la respuesta a la posición 4ta. de fs. 113, en la audiencia de fs. 114, donde reconoce haber ido al muelle el 13/10/01 advirtiendo que el buque había partido; destacando que si en las posiciones anteriores I confesó haber participado del "viaje Nº 19" finalizado el 12/10/01 del cual desembarcara, su presencia el 13/10/01 establecía que tenía conocimiento a la nueva salida ("viaje Nº20"), pese a las respuestas a las posiciones 5ta. a 8va. que analizaré.

Desarrolla luego lo ya citado sobre la imposibilidad de regir el desembarco y embarque por la norma del Art. 244 de la LCT por la especial característica del régimen de entrada y salida de los barcos. Luego se extiende sobre las testimoniales de L y C que, según su criterio, dentro de lo convenido en el CCT entre C y el sindicato S**, demostraron que I había sido comunicado y anoticiado de la nueva zarpada como correspondía y que al no haberse presentado, justificó la extinción del contrato que se decidiera.

Como "Segundo Agravio" discute la condena a rubros salariales (días de Octubre de 2001, Vacaciones proporcionales y Liquidación final) que se le condenara a pagar, cuando de las constancias de la Pericia contable que detalló en sus aspectos, surgía que estos ítemes se le habían abonado al actor.

Su postrer queja como "Tercer Agravio" lo fue en que si de un monto reclamado de $ 17.732,46 la condena lo fue por $ 5.791,50, es decir un 32,5 % del monto inicial, correspondía invertir la condena en costas (70 % a su cargo y el 30 % restante a cargo del actor, fs. 435 "in fine"), precisamente a la inversa.

En atención al CCT invocado por la demandada y al mencionado por la Sra. Jueza en su fallo, creo conveniente -aunque el instituto de la "Presentación a Bordo" tenga similar redacción y alcances en los diversos convenios-, aclarar cuál es en rigor de verdad el convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad y por ende al sub-examen.

1º) .- El CCT aplicable a la actividad y al litigio.

El no numerado CCT suscripto entre la entidad empresaria C** y el sindicato S** obrante a fs. 270/302 de esta causa, no es aplicable no solamente a este proceso sino a cualquier contrato de trabajo pesquero por otras personas y/o empresas, adheridas o pertenecientes a C** y/o al gremio S**, precisamente por lo que surge de las constancias obrantes en esta causa de fs. 254 a fs. 322. De las actuaciones ahora glosadas a fs. 256 a 304 surge la celebración del convenio entre las entidades citadas, que originara el Expte. 83.990/01 del MTESS con origen en la Agencia Territorial Trelew del Ministerio en Diciembre de 2001.

Girado el expte. a Bs. As., en Abril de 2002, la Asesoría Legal de la Subdirección Nacional de Negociación Colectiva (fs. 305/310), emite su dictamen allí obrante, donde observa en primer lugar - la Asesoría- que ya existe un convenio de actividad, el 307/99, antecesor -agrego- del actual 356/03, que regula con ámbito personal y territorial nacional, la actividad de los buques pesqueros con proceso de congelado a bordo del personal de marinería y maestranza; por lo cual adelanta que en el supuesto de proseguirse con el trámite de homologación del convenio, el mismo será el de los denominados de "grupos de empresa" (Categoría "E" de los CCT), debiendo por ello contar la Cámara empresaria con poder suficiente de las empresas involucradas o adheridas a los fines de suscribir el convenio.

Pero además y dentro de las regulaciones para la homologación de un convenio, la Asesoría formula diversas consideraciones sobre artículos del convenio proyectado (Arts. 1, 2, 10, 27, 29, 33, 44, 54, 64 y 65), que deben ser reformulados o adecuados.- En virtud de ello la Asesoría dictamina que hasta tanto se cumplimente lo requerido no puede avanzarse en la homologación del convenio, con la clara constancia de que en virtud de ello el plazo del Art. 6 de la Ley 23.546 -de homologación automática de un convenio si el MTESS no se expide- no puede comenzar a computarse.

El dictamen es aceptado por el Director Nacional de Relaciones de Trabajo que ordena comunicar a las partes su contenido; lo que con remisión del expte. a Trelew es producida a fs.311 y 312 por actas de notificación al S** y a la C** de Julio de 2002.

Las entidades signatarias del proyecto de convenio no efectúan actividad o manifestación alguna a lo requerido por el órgano respectivo aludido del MTESS, por lo cual el expte. 83990/01 con el proyecto es remitido nuevamente a Bs. As., donde a fs. 315, de estos autos, la Asesoría reitera y ratifica que mientras no se de cumplimiento a lo requerido no se puede continuar con el trámite de homologación del convenio; así como que tampoco puede computarse el plazo de homologación automática del Art. 6 de la Ley 23.546.

Se dispone entonces en Octubre de 2002 en Bs. As. nueva notificación a las partes en el sentido que se procederá al archivo de las actuaciones; se remiten las actuaciones a Trelew y las entidades son notificadas como surge hoy de fs. 317 y 318 de estos autos, en Noviembre de 2002. Sin nueva manifestación tanto de C** como del gremio S** ante esta segunda notificación, se remite el expediente a la sede central del MTESS quedando el expediente con el proyecto de convenio archivado en Abril de 2003.

Consecuencia de lo hasta aquí expuesto que he considerado necesario exponer para aclarar lo del título de este punto, el convenio que C** y el S** pretendieron suscribir no ha sido homologado por la autoridad de aplicación, con lo que y conforme lo establecido por los Arts. 4 y 5 de la Ley 14.250, t.o. por Decreto 108/88, no configura un convenio colectivo de trabajo y no es aplicable ni en este proceso ni en otros supuestos de otras personas o empresas adheridas o integrantes de las entidades que suscribieran el proyecto en cuestión.

Con lo que, consecuencia directa de lo dicho, el CCT. aplicable al caso de autos es el CCT. 356/03 - cual lo señalara la Sra. Jueza a-quo-, que tiene vigencia desde Septiembre de 2001 conforme su Art. 3 y prolongado en el tiempo por la ultraactividad establecida en el Art. 6 de la Ley 14.250, t.o. por Dec. 108/88.- Sí destaco que, en la Res. 73/2003 del 20/2/03 de la Secretaría de Trabajo del MTESS, donde se homologara el CCT. 356/03, se reiteró y volvió a explicitar las alternativas del fallido convenio intentado por C** y el S** .

Descarto por irrelevante las reformas producidas al régimen de convenciones colectivas de trabajo por la Ley 22.250 de Marzo/04, a todo evento posteriores al presente litigio, dada su derogación por la Ley 25.877.

Aclarado este punto, cabe atender a los agravios de la demandada.

2º) .- El despido y su justificación.- En el sub-examen es de aplicación el Art. 13 del CCT. 356/03 sobre la "Presentación a Bordo", cuyas estipulaciones ya he comentado.

Coincido con la juzgadora de origen en que, de la prueba arrimada a la causa, no se acreditó que I haya sido anoticiado y comunicado del nuevo embarque y zarpada del xx "xxº".

Concordaré antes con la apelante en que medió un error de encuadre jurídico en la demanda, paradójico si se quiere, en ingresar en la temática del Art. 244 de la LCT, cuando el conflicto se suscita por el telegrama de despido del 18/10/01, reconocido, donde se extingue el contrato por la no presentación a la nueva zarpada del buque y que fuera contestado por el actor mediante su despacho del 22/10/01, también reconocido, en el sentido que no había sido convocado al embarque.

Esto por cuanto en primer lugar el encuadre debe ser el que surge de las comunicaciones intercambiadas entre las partes y en segundo lugar por cuanto como bien lo detalla la quejosa, no puede aplicarse al movimiento de los buques pesqueros, entrada y salida del puerto, etc., las circunstancias que rodean en su caso la pretendida aplicación del Art. 244 de la LCT, imposibles en la práctica de cumplimentar en sus detalles.- Pero tal error de encuadre en la demanda, no obstaculiza que la demandada no probó haber anoticiado como debía a I del nuevo embarque y zarpada.- De la confesional del actor, citada en primer lugar por la recurrente, si bien podría deducirse de su respuesta a la pos. 4ta. de que concurrió al muelle y el buque ya no estaba, como que tenía algún tipo de conocimiento o presunción de un nuevo viaje, no puede desprenderse el sentido de tal respuesta por lo que contesta a las posiciones siguientes en que no se le comunicó el nuevo viaje.

Esto surge de su negativa a las posiciones 6ta., 7ma. y 8va. donde se remite a que no fue citado ni notificado. Dado que la confesional debe ser analizada en su sentido de integridad y no parcializando el contenido o la respuesta a cada posición. A tenor de las reglas de interpretación de la confesión expresa (Arts. 423, 424, su doct., CPCC., aplicable por Art.76 de la Ley 69), la duda en lo tocante a los alcances de la confesión deben interpretarse en favor de quien la hace (Art. 423) y valorarse en lo atinente a la eficacia de las contestaciones en su conjunto y no por el sentido que se atribuya a la respuesta dada a una sola.

Esto por cuanto la absolución de posiciones constituye un acto único y las respuestas a las mismas no deben ser tomadas en forma aislada, sino como parte de un todo coherente, como lo llevamos ya decidido reiteradamente en situaciones similares (confr., entre otras, esta Sala "A", S.D.L. 19/99, exp. 14674; 36/00, exp. 15957; 61/00, exp. 16381; 65/00, exp. 16517).

En consecuencia de ello no concuerdo con la apelante en que, con la respuesta a la pos. 4ta., haya quedado confesado por el actor el conocimiento que debía tener.- Los testigos de los cuales se explaya la recurrente a fs. 442 vta/443 no me producen el ánimo convictivo que se pretende, por lo cual concuerdo con la Sra. Jueza a-quo en que con sus testificales no se comprueba lo pretendido por la empresa.

El Tgo. L (fs. 205 a tenor de fs. 199), además de no aclarar como sabe lo que declara por cuanto es jefe de personal de otra empresa y no de la demandada, solamente narra o describe como es o puede ser el procedimiento de comunicación. Describe un esquema pero no aporta elemento claro y concreto de que ese sistema con sus variantes que narra haya sido llevado a cabo con I. No hay conocimiento del testigo por su presencia concreta en el buque, en el desembarco y en sus alternativas.

Declara p.ej. en las preguntas 6ta. y 7ma. que el actor fue convocado y que no se presentó. Pero no surge cómo es que sabe lo que declara, ya que solamente aduce ser jefe de personal; pero cual lo comenta la Sra. Jueza a-quo lo normal es que un jefe de personal se encuentre en la empresa y no en un buque determinado; y si así, eventualmente, estuvo presente, no lo ha declarado ni siquiera en la razón de sus dichos. Con lo que tenemos un testigo que narra un procedimiento, pero no prueba con sus dichos, que ese procedimiento se haya llevado a cabo con el actor.

El Tgo. C a fs. 340 a tenor de fs. 329, es por el contrario de lo que comenta la apelante, elemento convictivo adverso totalmente a la postura de la empresa. Narra, de nuevo, como es el procedimiento de comunicación, etc., pero a la pregunta clave 6ta. sobre si I fue convocado contesta que no (sic).

Ya no se trata como arguye la quejosa que no tenga presente el Nº del viaje, etc.. Se trata de una pregunta clave que parece haber olvidado la recurrente. Según este testigo concluyo que más allá del sistema de aviso y detalles, el actor no fue convocado para el nuevo viaje del buque.- Pero me permito destacar al Acuerdo la respuesta del Tgo. C a fs. 147 a tenor de fs. 115. Si bien no estuvo embarcado en el viaje donde se suscitó el conflicto, es harto claro en su respuesta a la preg. 8va. que en el barco en cuestión, el aviso no se daba por pizarra sino que por uso y costumbre se lo hacía verbalmente. Llama la atención que no se haya arrimado a la causa testimonios del capitán, armador, otros marineros que hayan presenciado -supuesto de haber ocurrido- la comunicación al actor, ya que es de presuponer que el acto de desembarco reúne a la casi totalidad del rol.- Con lo que y concluyo, ante la orfandad de la prueba al demandante del aviso que debió dársele y resultando de los testimonios en que se apoya la apelante para criticar el fallo, que uno de ellos no presenció los hechos o que el otro supo que no se había convocado al actor, la empresa no probó haber procedido como correspondía y en consecuencia el despido por ella dispuesta fue injustificado; corresponde por ello desechar su agravio y confirmar el fallo en este punto.

3°).- Rubros sentenciados que fueron abonados.- Acompaño a la apelante en este punto, aunque parcialmente. Tal y como relata con mención detallada de la Pericia Contable a la cual cabe remitirse, los rubros días de Octubre/01 y Vacaciones proporcionales, fueron abonados ya al actor por los importes que la Sra. Jueza a-quo fijara, montos que llegaran a la alzada con firmeza ganada por ausencia de recurso del demandante y falta de agravio sobre ellos de la demandada; es más, las Vacaciones no gozadas se las pagaron con una suma algo superior a la debida. Satisfechas esas deudas entonces, no era procedente incluirlas en la condena.- Algo parecido pero no idéntico ocurre con el SAC proporcional. Ese rubro debía ascender a $ 599,50, según la Juzgadora lo estableciera en decisión que, lo reitero, se encuentra firme. De ellos el actor cobró $ 352,77, como surge del mencionado dictamen pericial, de manera que esa cantidad debe ser eliminada de la condena. En cambio, la diferencia entre lo percibido y lo devengado, que es de $ 246,73, corresponde mantenerla dentro del capital que la demandada deberá pagar.

En consecuencia, de la suma de condena de $ 5.791,50 debe detraerse la suma de $ 1.930,77, importe de los salarios de Oct/01 ($ 923,70), Vacaciones Proporcionales ($ 654,30) y SAC proporcional abonado en menos ($ 352,77), con lo que el monto definitivo de la condena debe fijarse en la cifra de $ 3.860,73.- 4°).- La distribución de las costas.- La conclusión anterior, al modificar el monto de la condena y significar el rechazo de rubros demandados, obliga a adecuar a este nuevo fallo tanto la distribución de costas practicada en la sentencia recurrida como los honorarios regulados en la misma, conforme a lo dispuesto en el art. 279, CPCC.- Esa adecuación de las costas que debemos realizar quita actualidad al agravio de la apelante relativo a dicho punto. Sin un interés actual que la sustente, la queja se vuelve abstracta y la Alzada no debe ingresar a su análisis (doc. del Art. 242, cód. cit.).- Conclusión.- Debe revocarse parcialmente la sentencia apelada fijando el monto de la condena en la suma de $ 3.860,73, con los intereses, forma y plazo de pago establecidos, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de recurso.

Para adecuar a esta decisión las costas de la instancia anterior, propongo al Acuerdo distribuirlas para que sean soportadas por el actor en un 70% y por la demandada en un 30% (Art. 71, CPCC).

Ello porque en autos se produce un vencimiento parcial y mutuo en esa proporción, toda vez que el actor gana únicamente sus reclamaciones de la indemnización por antigüedad, del adicional por rescisión del contrato (equivalente a la sustitutiva del preaviso) y de parte del SAC proporcional -y por montos bien inferiores a los muy altos que demandara-, perdiendo totalmente en cambio los reclamos de Días de Octubre/01, Vacaciones proporcionales e Incremento del Art. 2 de la Ley 25.323, todos ellos de gruesos importes.- Los honorarios de los Dres. J G y M A B, por sus trabajos de Primera Instancia como letrados apoderados de demandada y actor respectivamente, y a la lumbre del mérito y resultado de ellos, propongo regularlos, por adecuación a este pronunciamiento, en las sumas equivalentes al 18,70 % y al 16,50 % del monto del proceso a establecerse en la etapa correspondiente, con más el IVA (Arts. 6, 7, 9, 19, 47 y conc. de la Ley 2.200; Leyes 23.349/23.871).

El resultado de la vía recursiva, donde la apelante triunfa en los dos agravios de menor entidad dineraria -rubros ya abonados y distribución de costas- y continúa derrotada en el restante, el referente al despido que fue el de mayor importancia patrimonial, me lleva a proponer distribuir las costas también en la Alzada, donde opino deben ser soportadas en un 50 % por cada parte (Art. 71, CPCC).- Los honorarios del Dr. J G, por sus labores de Segunda Instancia y visto el mérito y eficacia de las mismas, estimo deben fijarse en la suma equivalente al 5,30 % del monto del juicio a determinarse con la liquidación a practicarse, con más el IVA (Art. 14 de la Ley 2.200 y los antes indicados de esa normativa arancelaria).- Voto la cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:- I.- En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.- Poco de novedoso puedo añadir a la argumentación que el preopinante desarrollara en sustento de su sufragio. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los dos últimos de la ley 4.550), formularé las consideraciones siguientes.

II.- Si el convenio celebrado entre la C.**. y el S.**. el 19/12/01 no recibió finalmente homologación por la autoridad administrativa del trabajo, cual puntualizara el señor juez antes sufragante siguiendo detalladamente las peripecias de su largo e infructuoso trámite, claro resulta que él no llegó a regir (art. 4 y 5 de la ley 14.250, t. o. del dec. 108/88), de modo que la relación de las partes estuvo disciplinada por el C.C.T. 307/99, que, renovado, actualmente lleva el n° 356/03.- III.- Allende los errores jurídicos en que incurriera el actor al referirse al aviso de embarque por escrito y al incumplimiento por la empleadora del régimen del art. 244 L.C.T. -inaplicable al caso-, lo cierto es que habiéndose tratado de un despido directo tocaba a la empleadora probar la injuria por ella invocada para justificarlo (arts. 242 ley cit., 377 C.P.C.C.).

Por ende, si alegó la falta del trabajador consistente en su no presentación para la zarpada del buque (fs. 4), correspondíale a ella acreditar no sólo la ausencia de aquél en la ocasión, sino, a la par, el haberle dado el aviso de la manera prevista en el art. 13 de la convención colectiva aplicable, pues de lo contrario el incumplimiento no sería imputable al dependiente; la pura lógica indica que no hay inobservancia de un deber cuando no se exigió su cumplimiento, de donde se sigue que tal falta no puede constituir injuria en los términos del art. 242 L.C.T.

IV.- Y no logró la demandada aportar dicha probanza a los autos.- Carece de entidad la respuesta dada por el actor a la 4ta. pos. que a fs. 114 se le pusiera, porque ni de allí puede extraerse, cual pretende la recurrente, que él concurriera al muelle el mismo día de la zarpada pero luego que ella tuviera lugar (13/10/01), ni cabe escindir esa contestación del resto de las respuestas del absolvente, entre ellas la 6ta., 7ma. y 8va., ocasiones en que negó haberse hallado notificado del aviso de embarque.

Es sabido que la circunstancia de que las posiciones se formulen de modo articulado, no significa que las respuestas deban considerarse independientemente entre sí; la absolución es un acto único, por principio indivisible, y las contestaciones no han de tomarse en forma aislada, sino como formando parte de un todo coherente (arts. 386 y 424 párr. 2° C.P.C.C., su doc.; este cuerpo c. 13.211 S.D.L. 53/98, c. 15.957 S.D.L. 36/00; confr.: E. D. 38-402, 39-524; L. L. 52-198).

Tampoco viene revestida de poder convictivo la testifical aportada. Bien subrayó la señora magistrado "a quo" que el declarante N. R. L (fs. 205) brindó una insuficiente razón de sus dichos, pues más allá de que explicara cómo funcionaba el sistema de avisos, no aclaró en absoluto la razón por la que le constaba que en el caso tal sistema había sido aplicado, incógnita que no despeja su condición de jefe de personal (resp. a la razón de los dichos) -de donde no se sigue que necesariamente hubiera estado a bordo del buque y visto la pizarra de planchada- de una empresa que ni siquiera se sabe si es la demandada u otra, a tenor de su contestación a la preg. 1era.

Casi sobreabundante es enfatizar la importancia de la razón de los dichos, elemento este determinante para la adecuada crítica del testimonio, en tanto es a través de él que quedan en claro las circunstancias de lugar, tiempo y modo de adquisición del conocimiento por el testigo de los hechos sobre los que declara (art. 445 "in fine" C.P.C.C.; este Cuerpo, c. 17.196 S.D.L. 26/01, c. 17.734 S.D.L. 16/02, c. 18.828 S.D.L. 28/03, c. 20.663 S.D.L. 53/05, c. 20.950 S.D.L. 1/06 y sus citas).

Tocante a la declaración H. M. C (fs. 340/vta.), no aporta otros datos que el sistema de aviso de embarque empleado habitualmente, mas nada le consta acerca de los hechos debatidos, pues ni siquiera recuerda si participó en la marea en cuestión (resp. a la preg. 12da).

V.- Lleva razón la impugnante en el segundo de los agravios. - La juzgadora de origen determinó, en decisión que en este aspecto ganó firmeza, que al actor le correspondía percibir como remuneración del mes de octubre de 2001 la suma de $923,70, como indemnización proporcional por vacaciones no gozadas la de $654,30 y por s.a.c. proporcional la de $599,50.- Mas hete aquí que el dictamen pericial contable reveló que el actor percibió íntegra dicha remuneración mensual, así como la indemnización de las vacaciones no gozadas, ésta incluso por un importe ligeramente superior al que le correspondía. Ambos rubros entonces han de ser desagregados del monto de la condena.

En cuanto al s.a.c. proporcional, el trabajador lo cobró parcialmente, pues del total de ese ítem ya recibió la suma de $352,77. Ella debe también ser deducida de la condena.- En síntesis, ha de descontarse la suma de $1.930,77, con lo que el capital de la condena quedará reducida a $3.860,73.- VI.- Puesto que la eliminación del rubro remuneración de octubre de 2001 importa el rechazo de tal pretensión salarial, mientras que la exclusión de la indemnización de vacaciones no gozadas y reducción del s.a.c. proporcional determina el acogimiento sólo parcial del reclamo por los ítemes de la liquidación final, este pronunciamiento de alzada significa un importante cambio en la proporción de éxito y fracaso lograda por las partes en el litigio, lo que conduce, por imperio del art. 279 C.P.C.C., a la adecuación de la condena en costas pronunciada en la instancia anterior.

De las cuatro pretensiones que el actor acumulara en su demanda finalmente dos son desestimadas -remuneración de octubre de 2001 e indemnización del art. 2 de la ley 25.323-, una prospera parcialmente -de los ítemes de la liquidación final es rechazada la indemnización de vacaciones no gozadas y se acoge el s.a.c. proporcional en monto menor al pretendido- y la restante, la de las indemnizaciones ordinarias derivadas del despido, progresa por una suma muy inferior a la pretendida.

El vencimiento parcial y mutuo es entonces del todo evidente y autoriza, de acuerdo a la previsión del art. 71 C.P.C.C., a distribuir las costas prudencialmente imponiéndolas al actor en un 70% y a la demandada en un 30%, alícuotas que representan de modo aproximado las porciones de triunfos y derrotas cosechadas por los litigantes función del número de pretensiones y contenido económico de ellas.

La precedente adecuación torna cuestión abstracta, de aquellas de las que no deben ocuparse los jueces, el tercer agravio expresado por la apelante.

Alterado el importe del capital de condena y la proporción de vencimiento y sucumbencia, habrán igualmente de adecuarse a este nuevo fallo los honorarios regulados en el precedente grado.

Vista la extensión, calidad y resultado de las tareas profesionales cumplidas, creo ajustado a derecho fijar los honorarios de los Dres. J G y M A. B en las sumas respectivas equivalentes al 18,70% y al 16,50% del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 19, 47 del dec-ley 2.200).

Atinente a las costas de segunda instancia, también en ésta se diagrama un vencimiento parcial y mutuo, pues la demandada apelante cae vencida en el primero y económicamente más sustancioso de sus agravios y triunfa en los dos restantes, de menor cuantía. Considero por ello que las costas deben distribuirse imponiéndolas a los litigantes por partes iguales.- Concuerdo con el preopinante en regular los honorarios del Dr. J G, por sus labores de alzada y atendiendo a la dimensión, mérito y eficacia de ellas, en la suma equivalente al 5,30% del ya aludido monto del proceso (arts. ya cits. de la normativa arancelaria y su igual n° 14).

Me expido en esta cuestión en consecuencia PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Visto el acuerdo arribado, corresponde:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada fijando el monto de la condena que la demandada debe abonar al actor en la suma de $ 3.860,73, con los intereses, forma y plazo de pago establecidos; CONFIRMÁNDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso;

IMPONER, por adecuación a este fallo, las costas de Primera Instancia al actor en un 70% y a la demandada en un 30%;- FIJAR, también por adecuación a este pronunciamiento, los honorarios de los Dres. J G y M A B, por sus trabajos de Primera Instancia, en las sumas equivalentes al 18,70 % y al 16,50 % del monto del proceso a establecerse en la etapa correspondiente, con más el IVA;

IMPONER las costas de Alzada en un 50% a cada parte;- REGULAR los honorarios del Dr. J G, por sus tareas en esta sede, en la suma equivalente al 5,30 % del monto del juicio a determinarse, a la cual deberá adicionarse el IVA.- ASI LO VOTO.

A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Manino, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia médica del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

Trelew, 17 de marzo de 2006.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada fijando el monto de la condena que la demandada debe abonar al actor en la suma de $ 3.860,73, con los intereses, forma y plazo de pago establecidos; CONFIRMÁNDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso;

IMPONER, por adecuación a este fallo, las costas de Primera Instancia al actor en un 70% y a la demandada en un 30%;- FIJAR, también por adecuación a este pronunciamiento, los honorarios de los Dres. J G y M A B, por sus trabajos de Primera Instancia, en las sumas equivalentes al 18,70 % y al 16,50 % del monto del proceso a establecerse en la etapa correspondiente, con más el IVA;

IMPONER las costas de Alzada en un 50% a cada parte;- REGULAR los honorarios del Dr. J G, por sus tareas en esta sede, en la suma equivalente al 5,30 % del monto del juicio a determinarse, a la cual deberá adicionarse el IVA.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL N° 15 DE 2006 - SDL.- Conste.-