marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, resoluciones, independencia del Poder Judicial, remuneración del juez, diferencias salariales, jubilación de magistrados
Materia: CIVIL
Carátula: Vilar Laferriere, Enrique Víctor c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

La resolución 364/91 del 9 de abril de ese año, dictada por la C S.J.N., luego de la sanción de la ley de autarquía 23853, llevaría a descartar que en las anteriores oportunidades ese Tribunal hubiera actuado como "deudor", reconociendo las deudas reclamadas - diferencias salariales emergentes de los decretos 2474/85 y 522/89 para los magistrados y funcionarios del P.J.
Procedimiento judicial de la seguridad social, caducidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: LANATA, NORBERTO ABEL c/ A.N.Se.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

El instituto de la "perención de instancia", a la luz de una lectura sistemática y normativamente piramidal de las disposiciones que lo instituyen, atenta contra los más elevados propósitos del constituyente argentino, al resultar claramente incompatible con los principios que informan todo proceso en el cual se debaten pretensiones alimentarias de naturaleza previsional. En consecuencia, corresponde declarar la inaplicabilidad al proceso previsional del instituto regulado en el art. 310 y sgtes.

del C.P.C.C.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., M. R. c/ C., L. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No es definitivo el pronunciamiento que fija alimentos provisorios y difiere el tratamiento de la validez o nulidad del título a un proceso ulterior, ya que deja expedita otra vía para plantear la pretensión, sin irrogar un perjuicio irreparable al patrimonio del alimentante, atento a lo dispuesto por el art. 1306 del Código Civil.
Intervención de terceros, citación por el demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: ARDAIZ, Juana Alicia c/ M.C.B.A. y otro s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

La seriedad de la pretensión ejercida por quien es demandado de citar terceros al proceso, debe surgir claramente de sus propios fundamentos, por cuanto no se puede pretender introducir a la causa a personas a quienes el demandante no ha querido citar, a fin de establecer una eventual responsabilidad fundada en hechos hipotéticos, habida cuenta el dispendio jurisdiccional y el entorpecimiento en el desarrollo normal del proceso que ello importa.
Divorcio, daño moral, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: P. F. L. c/ E. V. S. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-31

No es el divorcio lo que da origen al resarcimiento, son los hechos que dieron lugar al mismo. Los hechos ilícitos que importaron una violación a los deberes derivados del matrimonio y fueron la causal del divorcio. Pero no cualquier violación de un deber matrimonial merece el amparo jurisdiccional en favor del cónyuge ofendido tendiente a obtener una reparación pecuniaria.

Para que ello ocurra ha menester requerir cierta envergadura, prolongación en el tiempo y lesiones a sentimientos espirituales.

Así, la indemnización ha de quedar reservada a conductas del cónyuge que, además de representar la violación de deberes matrimoniales, implican auténticos agravios al otro cónyuge, sin limitarse a ser solo expresiones de pérdida del vínculo afectivo.

Además su procedencia sólo puede ser analizada a través de la evaluación concreta de los hechos que lo ocasionaron; es decir, librada al prudente arbitrio judicial al igual que el monto indemnizatorio en caso de admitirse la reparación.-
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Malbert, Jorge Alberto c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Ejecución de honorarios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

En el caso, en que se trae a consideración de esta Suprema Corte agravios que remiten a cuestiones de prueba y errónea aplicación de normas arancelarias, no se advierte la concurrencia de un caso federal en el estricto concepto que cabe asignar a las cuestiones de carácter federal. (Minoría u opinión personal)
In dubio pro operario, duda
Materia: LABORAL
Carátula: González, Mirta Lidia y otros c/ ESEBA S.A. s/ Cobro de seguro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-23

No son de aplicación los principios de "la primacía de la realidad" y favor operarii cuando no se advierte duda alguna en el juzgador de origen con respecto a la aplicación o interpretación de la ley.
Daños y perjuicios, perspectiva de género, violencia familiar, medios de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., W. M.  c/ L., S. J. y O.  s/ daños y perjuicios extracontractual (exc. autom./Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Independientemente de lo que en definitiva se decida en sede penal en relación al delito de desobediencia vinculado a las restricciones impuestas respecto a la ex pareja del actor, el contexto del hecho aquí en debate debe ser valorado desde la perspectiva de género en función de la violencia familiar (leyes 24417 y 12569) y contra la mujer (arts. 2, 7 y 8 Convención Interamericana de Belem do Para; 5 CEDAW; 5 y 8 Reglas de Brasilia), no pudiendo considerarse que el ilícito -al menos civil - de hostigamiento y persecución sea suficiente para generar un derecho. De los elementos probatorios reunidos, que incomprensiblemente fueron omitidos, resulta que ni la antijuricidad del acto ni el factor subjetivo de culpabilidad por parte de los demandados fue demostrado con el grado de certeza necesario, cuando pesando una orden que vedaba el contacto con la hermana de aquellos, B. se apersonó al domicilio, pretendiendo ingresar alcoholizado, con un machete y una maza. No puede pretenderse que el juez cierre los ojos ante una realidad en la que la causal de justificación -legítima defensa propia y de un tercero-, que excluye la antijuricidad, resulta de los hechos reseñados. Y no hay elementos que permitan inferir un exceso, cuando ha sido el actor quien concurrió con un machete y una maza.
Accidentes de trabajo, ley nacional, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Vera,  Fidelina  por  si  y  en  representación de sus hijos menores: Mirta Beatriz y María Angela Gómez c/ La  Vista  Llano,  Roberto y/o  Seguí,  Silvio y/o Propietario de La Estancia "El Estribo" s/ Reclamo laboral por accidente de trabajo hijos menores: Mirta Beatriz y María Angela Gómez c/ La  Vista  Llano,  Roberto y/o  Seguí,  Silvio y/o Propietario de La Estancia "El Estribo" s/ Reclamo laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-07-05

La nueva norma 23.643, es aplicable a los accidentes y enfermedades de trabajo cuyas secuelas jurídicas no estuvieren extinguidas al momento de su entrada en vigencia.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urdimberea Liria F. c/ Facio Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

No puede ser objeto de nueva discusión en este pleito y con idénticos elementos tenidos en consideración en el fuero criminal, la forma reglamentaria o no del cruce del peatón y la velocidad a que transitaba el rodado del demandado - que el juez penal estimó adecuada para el sitio- , puesto que podría modificar una cuestión ya decidida en el juicio penal y desatar el escándalo jurídico quue supone la existencia de dos sentencias contradictorias, que el codificador ha querido evitar con el mentado artículo 113 y de allí la doctrina legal del Supremo Tribunal Provincial (nota de Velez a los artículos 1102 y 1103 del Código CCivil).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana, Dario G. c/ Ferreri Ganadera S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-30

Los criterios aplicados en la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 7/89 no pueden ser extendidos invariablemente a otros casos, sino que deberá evaluarse en cada uno de ellos la producción del fenómeno inflacionario y su incidencia en el salario mínimo, vital y móvil fijado para el período que se trate. En el presente caso, en el lapso comprendido entre setiembre de 1990 -fecha de fijación del tope- y febrero de 1991 -última remuneración percibida por el trabajador-, el índice inflacionario fue de 26,3 por ciento, lo que permite establecer que entre el salario real percibido y el tope, no se ha producido un desfasaje de la magnitud que se había operado en los casos en que se declaró la inconstitucionalidad del salario mínimo vital y móvil fijado por la Resolución mencionada, por lo que la cantidad establecida como tal,a mediante Resolución 1 /90 del mes de setiembre, no ha significado la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, resultando en consecuencia, improcedente la declaración de inconstitucionalidad.
Transporte benévolo, responsabilidad extracontractual, cosa riesgosa, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Enrique Víctor y Otra c/ Eguaburo Diego José y Otros s/ Daños y Perjuicios - Sumario y Acumulado Nº 52558 (4º Juz. Civil) (8634 Sala III) "Gómez Dolores Beatriz C/Eguaburo Diego José y Otros Cesar José Eguaburo-Daños y Perjuicios (Sumario)"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-09-26

Las hipótesis de transporte benévolo deben regirse por los principios de la responsabilidad extracontractual. En los casos de transporte benévolo, si el daño es causado por el riesgo de la cosa, no hay responsabilidad del transportador, ya que la reparación de ese daño se basa en el hecho de la creación del riesgo, en el cual participa conjuntamente con el transportador el propio transportado.

El beneficiario del transporte benévolo sólo podrá acceder a la indemnización de los daños sufridos durante aquél por parte de quien lo transportaba si se determinara la actuación culposa de este último en la producción del accidente, pues tal resarcimiento encuentra sustento legítimo en el principio general sentado por el art. 1109 del Código Civil.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schenck, Juan s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

El pronunciamiento de la Cámara recaído en un incidente promovido en un concurso preventivo, por el que se tiene por operada la subrogación ante el pago efectuado por un tercero y remite la causa a la instancia originaria para que sustancie el alcance de la subrogación y el destino de los fondos depositados, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del C.P.C..

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marti c/ Lippold s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-04

El art. 587 del C.P.C. dispone que la nulidad de la subasta puede pedirse hasta cinco días después de realizada, lo que implica que el inicio de término no arranca del acto en que se hace conocer el informe del martillero, sino de la realización misma del acto que se impugna.

Cuando los vicios denunciados, no se refieren al acto mismo del remate (como sucede con la impugnación que se efectúa respecto al texto de los edictos, o a las condiciones mismas de la subasta) la incidencia debe ser articulada dentro del plazo previsto por el art. 170 del C.P.C.
Monto de la pena, debido proceso, sistema acusatorio, concesión parcial del recurso, remisión del expediente, LGTBIQ+
Materia: PENAL
Carátula: Quiroga, Walter Germán c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Asiste razón al recurrente en cuanto a que la decisión del Tribunal de imponerle a una de las encausadas una pena superior a la requerida por el fiscal, vulneró el principio acusatorio, y por ende el debido proceso, por lo que corresponde casar la sentencia impugnada únicamente en este punto, debiendo remitirse las actuaciones al tribunal de origen a los fines de que emita un nuevo pronunciamiento conforme el criterio aquí expuesto. A los efectos de resolver el planteo de la defensa, aparece necesario señalar que el art. 307, segundo párrafo del CPPF, en lo que aquí importa, dispone que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores. En el caso, de la lectura del alegato acusatorio surge que el pedido para que se le imponga a la nombrada una pena inferior al mínimo de la figura prevista en el art. 5 inc. "c" de la ley 23737, no resulta dogmática ni fue emitida en forma discrecional, sino que aparece como lógica consecuencia de una adecuada ponderación de aquellos factores relativos al ámbito estrictamente personal de la causante, los cuales repercutieron directamente con la capacidad de culpabilidad de le encausada. Ciertamente, para arribar a dicha conclusión el representante del Ministerio Público Fiscal, meritó su pertenencia a la Comunidad LGTBI, lo que le impidió el acceso al mercado laboral formal e informal. Además, sostuvo que las personas que pertenecen al colectivo en cuestión sufren violencia y discriminación "como así también criminalización por el comercio de estupefacientes". De igual modo, tuvo en cuenta los informes médicos y socio-ambientales, y que el hecho atribuido a la imputada no se trataba de un comercio a gran escala. Así, conforme las particulares circunstancias del caso, el alegato fiscal, en lo atingente a la referida cuestión, no entra en colisión con la Constitución, ni genera un caso de gravedad institucional o de quebrantamiento del orden público.
Acción de amparo, agotamiento de la instancia administrativa, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Luna, Nicolás del Rosario c/ Ministerio de Cultura y Educación s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

Con respecto al nuevo art. 43 de la Constitución reformada, que expresa que el requisito del agotamiento de la vía administrativa ha dejado de ser una condición "sine qua non" para la interposición del amparo, cierta doctrina considera que si bien el artículo mencionado mantiene un núcleo lamentablemente restrictivo y en eso coincide con la ley 16.986, es decir el carácter de manifiesta ilegalidad o arbitrariedad que ha de tener la conducta lesiva, libera al amparo de las vías administrativas previas y permite un accionar expedito.

En consecuencia, se puede conceder que por lo menos en lo atinente a las vías administrativas, se trata de un escallo que, a la ley de la presente vigencia del artículo mencionado precedentemente, ha perdido gravitación en los términos que lo expone la Inferior al considerar que el actor no acreditó haber ejercido algunas de las múltiples opciones o vías administrativas con que contaba.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, leyes, interpretación de la ley, asegurador, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  la citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

En lo que refiere a la acción establecida por el artículo 118 de la ley general de seguros, puede haber defensas que interesen exclusivamente a la posición del asegurador y que éste podrá producir en el juicio ejercitando su derecho autónomo de defensa. En este orden de ideas la única limitación que establece la ley de seguros consiste en que el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro (artículo 118 apartado final), y dentro de las defensas nacidas con posterioridad al siniestro pueden mencionarse a título de ejemplo, la falta de denuncia del siniestro por parte del asegurado. Cabe entonces concluir que también la falta de denuncia, integra el supuesto de "defensa nacidas después del siniestro" contempladas por la norma explicitada por el artículo 118 en su tercera parte. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá).

En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provicial c/ Rebuffo, Juan s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-03

La existencia de distintos tipos de letras o tintas en el documento que se ejecuta, por sí solos no pueden servir de sustento a la excepción de falsedad de título, sino que tales circunstancias, deben provenir de adulteración por raspado mecánico o lavado químico o de enmiendas por sobrecarga (art. 542 inc. 4 Cód. Procesal). Por otra parte, si la propia ley permite al tenedor completar el título cambiario (arts. 2, 11 y 103 dec. ley 5965/63), si tal circunstancia acaece con anterioridad a su ejecución, en modo alguno puede importar adulteración material que pueda sustentar la mentada defensa de falsedad, pues se ha conferido, entonces, al acreedor una especie de mandato tácito para proceder a su llenado. Así entonces, deviene inviable alegar que el título fue adulterado porque la tasa de interés no figuraba en el documento suscripto, ello así porque, dicha tasa se corresponde con la consignada en la solicitud de crédito, y fundamentalmente ante el expreso reconocimiento de la firma puesta al pie del instrumento que al momento de suscribirse estaba impreso (art. 542 inc. 4 Cód. Procesal).
Caducidad de instancia, purga de la caducidad, impulso procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garay, Osvaldo Ramón c/ López, Ricardo Gilberto s/ Daños y Perjuicios Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-24

No obstante haber transcurrido el plazo para que se opere la caducidad, la presentación del respectivo memorial por la parte demandada -apelante-, implica el consentimiento a que la instancia continúe, por lo que debe entenderse que se ha producido una subsanación o "purga" de la instancia.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, obligaciones concurrentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERCARA, Francisco Ramón y otro c/ DI CONZA, Orlando Camilo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE) - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-18

Ante un pronunciamiento condenatorio contra el asegurado y el asegurador, al coexistir obligaciones de distintas fuentes para satisfacer una única prestación, se está en presencia de obligaciones concurrentes o conexas, que autorizan a los acreedores a exigir la totalidad de cada deudor, sin convertirlas en solidarias.- En tanto el art. 109 de la ley 17148 no prevee la solidaridad entre el asegurador citado en garantía y el responsable civil, una sentencia judicial no puede crear per se una solidaridad que no esté expresamente reconocida por la voluntad de las partes o por la ley o por algún acto jurídico.-
Proceso penal, imputado, sentencia arbitraria, inversión de la carga de la prueba, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. M.A. Ángel c/  s/ abuso sexual - impugnación extraordinaria - art. 242
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-07-27

Se le ha exigido al imputado no solo llevar al proceso la prueba suficiente para lo probable, sino directamente acreditar sus dichos con el grado de convicción necesario para tenerlos por establecidos, lo que implica, un desplazamiento erróneo del onus probandi y en tales condiciones lo resuelto importa una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, pues invierte la carga de la prueba y la exige al imputado, sin fundamento legal que autorice tal criterio (cf. Fallos: 275:9, 288:178, 292:561, 311:444, 319:2741; STJRNS2 Se. 67/18 "N.B.A"). (Voto del Dr. Barotto, Dr. Mansilla y Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AQUINO, DIEGO LEONARDO c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

Frente a los argumentos brindados por el A quo -que consideró que no existía ningún obstáculo para conceder la suspensión del procedimiento a prueba solicitada por la defensa de acuerdo al delito imputado, como así también por estimar que no había razonabilidad en la oposición fiscal atendiendo las circunstancias del caso concreto-, los quejosos insisten con planteos que ya fueron oportunamente analizados y desestimados por la Alzada, con postulaciones que sólo traducen una divergencia con lo resuelto, sin lograr convencer acerca de la ilogicidad del razonamiento ni de que los argumentos expuestos no resulten derivación razonada del derecho vigente. (Del voto del Dr. Falistocco)
Tenencia de armas, coposesión
Materia: PENAL
Carátula: OYARZU, Néstor A. y otros. s/ TENENCIA DE ARMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-13

La posesión compartida se refiere a los casos en los cuales dos o más personas son sorprendidas en la posesión o en el dominio de hecho de la cosa, no requiriéndose el constante contacto físico con el objeto cuya tenencia sin autorización es vedada por la ley, por tanto puede asignarse responsabilidad por el delito de tenencia de arma a los tres sujetos que intervinieron en el hecho investigado.
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gritti de Suárez María del Rosario c/ Montenegro Claudia s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

El principio de conexidad y accesoriedad emanado del art.6 del Código Procesal se evidencia en tanto la ejecución promovida por el cobro de honorarios no es sino una consecuencia inmediata del principal, lo que hace ineludible la continuidad en la intervención del magistrado que actúe en aquél, satisfaciendo exigencias de orden práctico y de economía procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, responsabilidad del empleador, simulación ilícita, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PERIA, LEANDRO MIGUEL c/ SOCIEDAD  ARGENTINA  DE  INSTALACIONES ELECTRICAS INTEGRADAS POR JUAN RAMON PENA Y JUSTO ARISTIDES MARTOCQ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-26

En materia laboral, frente al fraude y la simulación ilícita, el verdadero empleador es directamente responsable conforme al principio de la primacía de la realidad, y la ley sanciona al empleador "aparente" (que se presta al fraude y la simulación) con la solidaridad (artículos 14, 29 y 31 LCT.).
Despido indirecto, injuria laboral, alteración de la fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: SERVIN, BENIGNO c/ MEDINA DE VILLORDO, RAMONA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-26

La alteración en la fecha de ingreso en perjuicio del trabajador, constituye un comportamiento contrario al deber de buena fe que rige el contrato, afectando el principio de mutua confianza que es esencial en la relación laboral, causa perjuicios al trabajador e importa una injuria que justifica el distracto (arts. 62, 63, 79, 242, 246 y concordantes de la LCT.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Corvalán, Juan Manuel c/ Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Limitada s/ Indemnización art. 212, Ley de Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

No existe transgresión al principio de congruencia si previo a determinar la procedencia o no del reclamo indemnizatorio, resultaba necesario que el juzgador de grado analizara la existencia o no de los presupuestos fácticos de la reparación peticionada.