marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, enriquecimiento ilícito de funcionario público, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ rec. de casación e inconstituc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-22

Frente a la ausencia de agravio federal específico- en el caso respecto de la aplicación del artículo 268 (2) del Código Penal sobre enriquecimiento ilícito-, no corresponde que la Corte se pronuncie al respecto pues, acreditada la ausencia de gravamen efectivo, la pretensión de quien recurre implica solicitar que se emita una declaración general o un pronunciamiento abstracto sobre la norma penal aplicada, lo cual excede la competencia de la Corte, máxime si el remedio intentado persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma, materia en la que rige un criterio restrictivo por significar la última ratio del orden jurídico. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Minotauro S.A. c/ Banco de Pcia de Bs. As. s/ Verificación de cuentas y determinación de saldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Habiéndose limitado el fallo ejecutivo a rechazar la excepción de inhabilidad de título interpuesta, por una cuestión formal- procesal, porque se refería a la causa de la obligación, la composición del saldo deudor ejecutado, claramente se comprueba que el pronunciamiento recaído en dicho proceso, sin expedirse sobre la cuestión sustancial, no configura cosa juzgada para el juicio ordinario.
Usurpación, restitución del inmueble
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA, ROSA Y OTRO s/ USURPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-09

Que el pronunciamiento impugnado ordena la restitución del inmueble tras el procesamiento por usurpación que se encuentra firme, procedimiento respecto del cual, a todo evento, no se observa que contenga vicio descalificante en virtud de que materializa la restitución que surge normativamente autorizada por el art. 231 del C.

P. P. como cautelar que tiende al cese del estado antijurídico, en el caso, probabilizado en el procesamiento firme.
Amparo por mora, admisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Delgado, Graciela del Valle c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-24

La actora por derecho propio y con patrocinio letrado interpone acción de amparo por mora de la administración en contra del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ante la omisión de expedirse respecto de su reclamo de fecha 06 de octubre de 2009, que dio origen al Expediente Letra "C" Nº21469/09.

Expresa que se desempeña en el cargo de Directora Interina del Colegio Polimodal Nº8 "Gobernador José Cubas", desde el año 1995; que ocasionalmente tomó conocimiento de la cobertura de cargos de Supervisores Pedagógicos del Nivel de Educación Polimodal y Regímenes Especiales y de la Resolución Ministerial EC y T Nº524, por lo que interpuso formal reclamo impugnando el procedimiento en el que se omitiera notificar a su parte, sin obtener respuesta alguna al planteo ni al pronto despacho formulado con fecha 01 de diciembre de 2009.

atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa, en virtud de lo establecido en los Arts.5 y 6 de la Ley 4795, modificada por Ley 4850, que le confieren competencia originaria e improrrogable en la acción de amparo por mora de la administración.

En orden a la admisibilidad formal de la pretensión, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal respecto de la naturaleza de la acción que se ventila, que la finalidad del amparo por mora es obtener el pronto despacho del actuar administrativo que se estima demorado. Es decir se requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga su vigencia. Atento a lo señalado y conforme se desprende del memorial de demanda, se encuentra acreditado el presupuesto fáctico de admisibilidad de la acción del Art.2 de la Ley 4795, mediando una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse ante el requerimiento del administrado Asimismo se entienden satisfechos los requisitos previstos por el Art.7 del citado ordenamiento legal.
Municipalidad, personal contratado, discriminación, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREA, VICTOR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 47-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

No resulta violatorio del principio de igualdad ante la ley la actividad de la Administración que disuelve la relación contractual con el recurrente y por otro lado incorpora a la planta permanente a algunos agentes que se encontraban en similar situación a la suya (contratados o transitorios), si el actor no resultó discriminado respecto a una generalidad de sujetos sino que, en base a criterios objetivos, se dispensó un diverso tratamiento a agentes que se encontraban en distintas situaciones, con lo que, también por esta razón, faltó el ya aludido presupuesto básico para que el agravio procediese: la perfecta identidad de situaciones.
Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, estado parte, violación de derechos humanos, desplazamiento forzado de aborígenes, reivindicación de tierras, propiedad comunitaria de la tierra, derecho de propiedad ancestral, pueblos originarios, deber de obrar con prudencia, inactividad procesal, mora de la administración
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Resultan violados por el Estado Paraguayo los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana - de garantías y protección judicial-, en perjuicio de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek que lo demandó internacionalmente por violación al derecho de propiedad ancestral, puesto que las autoridades no actuaron conforme los estándares de diligencia exigibles durante el procedimiento administrativo de reivindicación territorial, el cual si bien planteaba cierta complejidad, no admite una demora de más de 17 años, dando cuenta de la pasividad, inactividad, poca diligencia y falta de respuesta de la administración pública.
Médicos, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: TONIOTTO, JORGE c/ SOUBEIRAN CHOBET  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-17

A los efectos de demostrar la existencia de una relación laboral, cuando de profesionales médicos se trata, no cabe exigir la justificación de las notas tipificantes de la dependencia, técnica, económica, y jurídica, con la nitifez que se exige para otras actividades, ya que cuanto menos, la dependencia técnica ordinariamente aparece atenuada en la medida en que disponen de una independencia que no desaparece aún desempeÑándose en relación subordinada.
Incidentes, principio de contradicción, restitución de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Palmarocchi, Jorge Rodolfo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

De la lectura de la incidencia, no surge que se haya escuchado a las partes, luego de que se recibieran los informes sobre la titularidad del rodado, para definir si correspondía o no el decomiso del vehículo. Esto afectó, además, el principio consustancial del proceso: el de contradicción (que no atiende a un aspecto concreto del proceso, sino que es un presupuesto de la existencia del mismo: "sin contradicción no hay proceso, sino algo distinto y, por lo tanto, este principio es previo a cómo se conforme después el proceso"). (Dra. Ledesma adhiere según su voto).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, crédito laboral, intereses, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENITEZ, ARNALDO MARTIN c/ GALENO ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-06

Se advierte que los reparos de la impugnante se centran en cuestionar la tasa de interés fijada en el caso, mas sin alcanzar a persuadir acerca de que la Sala, al disponer adicionar al capital de condena dos veces la tasa activa, haya transgredido los márgenes de razonabilidad tolerados, toda vez que los sentenciantes entendieron que en el sub lite era necesario revisar los intereses establecidos por el inferior a efectos de resguardar eficazmente la función jurídica resarcitoria de los accesorios, con especial atención a la coyuntura económica del país y la necesidad de no menoscabar la integridad del crédito alimentario del trabajador; y, con base a los lineamientos trazados por esta Corte en los precedentes "Olivera" y "Mansilla" y en los antecedentes propios "Godoy" y "Serrano" y apreciando las particulares circunstancias de la causa en cuanto resultan inaplicables las mejoras previstas en la ley 26773 por razones de vigencia temporal, resolvió modificar los intereses fijados en baja instancia. - CITAS: CSJStaFe: Olivera, T 278, p 295; y Mansilla, T 280, p 323. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773
Superior Tribunal de Justicia, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Parma, Graciela y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nro. 191-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

No resulta encuadrable en ninguna de las hipótesis que hacen admisible el recurso de aclaratoria la solicitud por la que se pretende se aclare si el decisorio de la Corte tiene efectos inmediatos en relación a la nulidad de la precautoria declarada, y configura, en definitiva, la pretensión de confundir la materia de decisión con los efectos de ésta última, que resultan impuestos por el ordenamiento y en ningún caso pueden integrarla.
Doctrina, jurisprudencia, Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: Sigwald, Carlos Alberto c/  s/ estafa procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

Tanto la normativa como la doctrina y jurisprudencia son coincidentes en definir el concepto de función pública como la actividad: 1) temporal o permanente; 2) remunerada u honoraria, 3) ejercida por una persona física -electa o designada por autoridad competente-; 4) en nombre del Estado o a su servicio o de sus entendidas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos (voto del juez Niño al que adhirió la jueza Llerena).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Souza de Figueroa, Noemi Libia c/ Carnago o Cornago, Daniel y otros s/ Daños y perjuicios Di Leva de Bonadies, Ana c/ Almirón, José A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24|1997-04-08

No resulta necesaria la incorporación de nuevos elementos de prueba en el juicio civil para arribar en esa sede a una conclusión distinta a la establecida en el juicio penal en orden a la culpa del demandado.
Accidentes de trabajo, comisión médica central, recurso de apelación (procesal), apertura a prueba
Materia: LABORAL
Carátula: TREUER, CLAUDIA RENATA c/ TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION s/ RIESGOS DEL TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

Si en la causa que llega a conocimiento de la Sala con motivo del recurso de apelación deducido por la actora contra la resolución de la Comisión Médica Central -que desestimó su pretensión de vincular una lesión con un derecho denunciado en su ámbito de trabajo-, ambas partes ofrecieron prueba, la misma debe ser sustanciada a fin de permitir que, en su oportunidad, el Tribunal cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia. En consecuencia, visto que el domicilio real de quien demanda se ubica dentro de la ciudad asiento de la C.F.S.S., de conformidad con lo dispuesto por el art. 46, punto 1, tercer párrafo in fine de la L.R.T., corresponde declarar abierta la causa a prueba. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Wassner.

El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso de casación penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BAEZ, ROBERTO LUCIO Y OTRAS s/ SENTENCIA  -  ACUSACION  -  HECHO  - NULIDAD - REQUISITORIA FISCAL DE  ELEVACION A JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-04-29

Si el defensor plantea la cuestión de nulidad por insuficiencia de la requisitoria, sólo al interponer el recurso que se sustancia, y esta cuestión incidental debió ser promovida y resuelta bajo pena de caducidad,inmediatamente de ser opuesta a la oficina, las conclusiones del ministerio público -término que se renunció- o inmediatamente después de abierto el debate antes del interrogatorio de los imputados y testigos, ese vicio, con el carácter que se le asigna, ha quedado subsanado por no haber sido alegado ni opuesto antes o inmediatamente de leída la requisitoria de acusación, por no tratarse de nulidad insanable porque en ningún caso se ha producido restricción a la defensa en los términos de la ley. Por ello, el decisorio no debe anularse.-
Gravamen irreparable, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, falta de prueba, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: ERCOLANO JUAN LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-07

Procede la medida cautelar conforme la doctrina ".cuando la fuerza de convicción de los datos aportados por quien pide la suspensión o el cese de sus efectos desvanecen la presunción de legitimidad y enervan su ejecutoriedad.", situación ésta que, debidamente analizada por este Tribunal Superior, no es cumplida de la manera requerida.

Precisamente, y siguiendo el criterio ya expuesto por este Tribunal en distintos antecedentes, en el caso de autos, la aplicación del acto cuestionado no generaría -en principio- al actor un perjuicio de imposible o difícil reparación, ya que nada impediría que, en caso de obtener el actor una sentencia definitiva favorable, obtenga una justa reparación integral de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado el acto, más aún teniendo en cuenta que el demandado en autos es el Estado, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada.

Si bien esta presunción no puede tornarse por sí sola en una valla insalvable para la procedencia de las medidas cautelares intentadas contra el Poder Administrador, no menos cierto es que para desvirtuarla es imprescindible que el actor acredite prima facie que el acto es ajeno a la razonabilidad y que el accionar administrativo no se sustente en derecho alguno, extremos que a criterio de este Alto Cuerpo no se encuentran acreditados en el caso que nos ocupa.
Derecho contravencional, penas contravencionales, graduación de la pena
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VAZQUEZ, Daniel G.y otro s/ art. 73 (Ley 1472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07

En materia de revisión de la pena esta Sala ha dicho que para la individualización correspondiente el juez se maneja en un ámbito de discrecionalidad reglada y en tal carácter, como toda decisión sujeta a reglas, puede ser revisada a fin de determinar si fue adoptada siguiendo esas normas (Ziffer, Patricia S., "Lineamientos de la determinación de la pena", Ed. Ad-Hoc, 1996, p. 187; Trib. Sup. de Justicia de Córdoba, "Diez, Carlos A. p.s.a. fraude en perjuicio de la administración pública. Recurso de Casación", del 5/6/97)
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: "Cooperativa Lisandro de La Torre" Pergamino Ltda. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

No puede la sindicatura agraviarse de que el Juez no siga el proyecto de distribución por ella elaborado. La potestad judicial es extensa: el magistrado puede desechar la impugnación aunque medie consentimiento del síndico, o desaprobar el proyecto de distribución aunque no medien observaciones.- (arg. art. 214 "in fine" Ley 19.551)
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, certificado de deuda, rechazo in límine, saneamiento del vicio, economía procesal, facultades del juez
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: G.C.B.A. c/ New Bridge s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

El proceso ejecutivo previsto para el cobro de los créditos del Estado local tiene determinadas particularidades y requisitos que lo convierten en un proceso especial. Quienes pretendan el cobro de un crédito fiscal deben presentar la certificación de deuda respectiva, expedida por la autoridad pública y, va de suyo, dicha constancia debe contener la firma del funcionario público competente.

En la especie, la constancia de deuda acompañada con la demanda no ha sido debidamente suscripta, empero la excepcional posibilidad de rechazar in limine el reclamo cabe reemplazarla por una intimación a la parte para que subsane el vicio del título, tal como lo prevé el artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, aplicable analógicamente.

En tal sentido, uno de los principio rectores de todo procedimiento es el de economía procesal, del cual deriva el de saneamiento o de expurgación, en cuya virtud se acuerdan al juez facultades suficientes para resolver, de oficio, todas aquellas cuestiones susceptibles de impedir o entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa, lo que tiende en principio, a mantener vivo el proceso antes que pronunciar su invalidez o ineficacia.

El mencionado principio fue recogido en la legislación local en cuanto se otorga a los jueces la potestad de señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije (art. 27 inc. 5, ap. b, del CCAyT), evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la iniciación de un nuevo proceso, más como en el caso de autos en donde se ha acompañado con posterioridad a la iniciación de este juicio una boleta de deuda que aparentemente ha sido debidamente suscripta.
Concurso preventivo, quiebra, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASA TROSDORF S.R.L. s/ QUIEBRA-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-11

Es inapelable el auto denegatorio del pedido de quiebra formulado por el acreedor, por cuanto el mismo no causa estado y puede ser reproducido en cualquier momento, completando la prueba de los hechos invocados en la primera solicitud o aportando hechos o razones que justifiquen tal pedimento.
Recurso de reposición (procesal), procedencia del recurso, proceso judicial, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez Ana María c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La impugnación al trámite ordinario impreso al proceso debe articularse mediante revocatoria de la providencia dentro del tercer día de tomarse conocimiento de la misma, pues ello se encuentra dentro de las facultades ordenatorias del juez prevista por el art.

36 del C.P.C. y, en la medida que se respete el derecho de defensa de las partes, resulta inapelable. (Minoría u opinión personal)
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caorsi Ulises Javier c/ Quiñoy Horacio Ricardo y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24

La demanda presentada dentro del plazo de gracia establecido por el art. 124 del C.P.C.B, constituye un acto eficaz para interrumpir la prescripción de la acción de que se trate. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cosa juzgada, pautas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: HARO HARO VICTOR MANUEL c/ JANSMA ADOLFO SANTIAGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-25

Todas las cuestiones planteadas -o que habrían debido plantearse- y resueltas en la sentencia, u omitidas (sin que se pidiera aclaratoria), han devenido inmutables, es decir, se ha producido la cosa juzgada formal y material, por lo que no pueden ser ventiladas nuevamente en ese u otro proceso.
Competencia, sucesiones, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAVARRO BARTOLOME s/ Sucesión (LIBRO: A072 - 105)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-10

En caso de conflicto sobre la determinación del lugar del último domicilio del causante, este último debe probarse, y para ello la ley no otorga preminencia a prueba alguna. Debe examinarse la producida en su totalidad, y particularmente la instrumental de fecha más próxima a la de su muerte; y debe ser concluyente acerca del lugar de habitación.
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Abrego, Fernando Carlos c/ Sade ICSA y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

La falta de cuestionamiento no era inconveniente para que los jueces aplicando el principio iura novit curia, controlasen si los reclamos efectuados por las partes se adecuaban a la normas jurídicas vigentes y si éstas le reconocían el derecho por cuyo reconocimiento reclamaban.
Obligación alimentaria entre parientes, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ ALIMENTOS PROVISORIOS MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-10-07

El orden de parientes obligados al pago de alimentos que establece el Art. 367 del C. Civil es sucesivo o subsidiario y no simultáneo.

Por ello hemos afirmado que la obligación de los abuelos respecto de los nietos tiene esa condición y se debe justificar previo a reclamarlos a aquellos la insuficiencia de recursos de los padres o la imposibilidad de suministrarlos:

"El reclamo de alimentos a los abuelos es procedente en tanto los padres estén imposibilitados de proveerlos o no lo hagan en la medida suficiente para abastecer las necesidades de los alimentados, a ello se debe que se exija la prueba de la imposibilidad de la prestación del pariente o pretenso pariente llamado en primer término (Art. 367 del C. Civil)".
Tercería de dominio, levantamiento del embargo, oponibilidad a terceros, título y modo
Materia: CIVIL
Carátula: Capria Francisca c/ Rodríguez Alicia Y Otros s/ Tercería De Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

La tercería de dominio debe acogerse y ordenar el levantamiento de embargo del inmueble en cuestión, pues los requisitos para la transmisión de los derechos reales que se ejercen por la posesión -título y modo suficientes- así como la inscripción en el Registro para lograr su oponibilidad a terceros, fueron cumplidos por el actor con anterioridad a la traba del mismo, relevándolo de esgrimir un "mejor derecho" que las demandadas.
Honorarios del perito, perito de oficio, ejecución de honorarios, jurisprudencia, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: NEOFIN S.A. de Ahorro c/ B.C.R.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

Es jurisprudencia reiterada de este tribunal, siguiendo el fallo plenario de ésta Cámara del 16/9/76 (ED 70-204), que el perito designado de oficio puede cobrar sus honorarios a cualquiera de las partes, incluso a la vencedora en costas, sin perjuicio del derecho de esta a repetir a la contraparte la suma que hubiese abonado.

Criterio del cual no cabe apartarse exigiéndole accionar primero contra el vencido en costas, (conf. esta Sala, in re, 2/9/93 "Cartonería San José", entre otros). Sin embargo, conforme la reforma introducida por el art. 9 de la ley 24.432, al art. 77 del C.P.C.C.N., los peritos podrán reclamar a la parte no condenada en costas hasta el 50% de los honorarios que le fueran regulados.