Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-04


AUTOS N° 21.600 (9° JUZGADO CIVIL - N° 83.417) "BARRIENTOS, Juan Antonio C/ Herederos de Riveros de Dávila Aubone, Amanda - Prescripción Adquisitiva Veinteañal" L. DE A. T° 186, F° 86/87 SAN JUAN, 4 de abril de dos mil trece.

Y VISTO:

Para resolver en estos autos N° 21.600 (9° CIVIL - N° 83.417) caratulados "BARRIENTOS, JUAN ANTONIO C/ HEREDEROS DE RIVEROS DE DÁVILA AUBONE, AMANDA - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VEINTEAÑAL", el recurso de apelación articulado a fs. 248/250, por el abogado Julio Daroni Moral, quien actúa en nombre de la Sra. Nilda Leonor López Dávila, contra la providencia de fs. 247 y vta.

En dicho proveído el a quo hizo lugar al recurso de reposición articulado por la Sra. Isabel Mas de Barrientos y tuvo por extemporánea la presentación de fs. 208/212 efectuada por la nieta de la titular registral Sra. Nélida Leonor López Dávila, en tanto impugna documental y ofrece prueba.

Contra dicho decreto articuló apelación el abogado Julio Daroni Moral, habiendo sido concedido a fs. 251 con efecto suspensivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Que surge de las presentaciones efectuadas en el expediente que el abogado Julio Daroni Moral ha actuado en el carácter de abogado patrocinante de la Sra. Nilda Leonor López Dávila, se advierte que existen varios escritos sin la firma de su patrocinada, y específicamente el de apelación agregado a fs. 248/250, lo que implica un acto inexistente y en consecuencia carente de capacidad para producir efectos jurídicos.

La ausencia de firma de la parte en una presentación efectuada ante el órgano jurisdiccional, exhibe la falta de un insoslayable requisito visceral para considerar que se está frente a un acto procesal, debiendo reputarse a dicho escrito como inexistente. Dicha situación no se modifica por la circunstancia de que un letrado aparezca suscribiéndolo, por cuanto su carácter de patrocinante no suple la omisión padecida por quien lo encabezara "por su propio derecho". En consecuencia, el escrito que no se encuentra firmado por el peticionario es jurídicamente inexistente y por lo tanto carece de vivencia procesal" (Morello A. "Códigos Procesales en lo Civil Y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación", TºII-B, pág. 557).

Este tribunal, reiterando criterio, en autos N° 19.188 "Aguirre de Cuello, Susana Elsa- Posesión veinteañal", (L. de S. Tº 100, Fº 111/115 - 21/05/08), cuando se dijo que "el acto es completamente ineficaz, ni siquiera puede declararse su nulidad ya que al faltarle un requisito esencial, entra en la categoría de actos procesales inexistentes. Esta categoría denominada de actos procesales inexistentes, obsta a la instancia revisora porque carece de virtualidad jurídica para producir sus efectos. Todo acto procesal idóneo tiene por objeto producir un efecto jurídico directo e inmediato en el proceso y para eso la persona o sujeto procesal ha de tener aptitud conducente a lograr tal finalidad. Cuando a los actos procesales les falta la firma del sujeto que está legitimado para actuar, las peticiones no pueden encausarse hacia la plenitud del acto decisorio, porque sin ese requisito subjetivo esencial que denota la voluntad declarada de quien desea producir un efecto directo e inmediato en el proceso, la firma del peticionante, no habrá destinatario para la resolución jurisdiccional en la esfera del derecho privado.

Lo dicho concuerda con los principios generales y la doctrina que informa al art. 1012 del Código Civil. Guillermo Borda, a propósito de lo prescrito en esta norma dice: "La firma de las partes es una condición esencial para la existencia y validez de un instrumento privado. Sólo desde el momento en que la firma está estampada, debe considerarse que el otorgante ha tenido la intención de hacer suya la declaración de voluntad contenida en el instrumento" (Tratado de Derecho Civil, Parte General II-166; ed. Perrot 1976).

Lino Enrique Palacio, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 246:279), comenta: "Entre los requisitos mencionados, la firma del presentante es el que reviste mayor relevancia. De allí que se haya resuelto que el escrito carente de firma es un acto jurídicamente inexistente y ajeno, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior" (Derecho Procesal Civil, Tº IV-90; ed. Abeledo-Perrot 1988).

La imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. Sólo está permitido convalidar el acto o subsanar sus deficiencias en el supuesto de nulidad de actos procesales cuando no haya sido consentido siquiera tácitamente por la parte interesada en la declaración (art. 176 CPC); pero ambas situaciones difieren substancialmente por la naturaleza y los efectos que tiene una y otra clase de actos. El acto inexistente ni siquiera ha nacido como acto, por eso no puede decirse de él que está afectado por un vicio en sus elementos formales, sino más bien por carecer de los requisitos mínimos y esenciales para configurarlo, por tal razón, tiene nada más que la apariencia de un acto jurídico, pero en realidad no lo es. Ante la ausencia de uno de sus requisitos esenciales es imposible la ratificación de lo actuado con posterioridad con la finalidad de conferirle validez, según la doctrina que comparte el tribunal. Esta calificación lo convierte en un escollo insalvable para poder valorarlo jurídicamente.

El criterio expuesto es doctrina sentada en diversos pronunciamientos de este tribunal (vg. L. de S. Tº 77, Fº 67/70, Año 2000; L. de S. Tº 89, Fº 147/150, Año 2004, L. DE S. T° 105, F° 33/45 - 27/08/09 L. de S. T° 109, F° 187/190 -31/03/11, L. de S. T° 114, F° 134/136 20/12/2012; entre otros).

Tampoco obsta a lo dicho el yerro del Sr. Juez A-quo o el consentimiento de las partes, puesto que se trata del análisis de la aptitud jurisdiccional para resolver, que el Tribunal debe hacer de oficio por estar en ello comprometido el orden público.

2. Si bien la ausencia de firma denota la falta de emisión de la voluntad para darle entidad al acto procesal, las costas que ha generado la actividad profesional han de ser soportadas por quien provocó esta situación, es decir, a cargo del letrado que presentó el escrito sin la firma de su patrocinado (art. 45 CPC), o debiendo hacerlo en su caso con justificación de la personería (art. 49 CPC).

Por ello, SE RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación con expresa imposición de las costas al letrado Julio Daroni Moral.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.