marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, trabajador en condiciones de jubilarse, intimación a jubilarse, enfermedades inculpables, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez, Jorge Roberto c/ El nuevo Halcon S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Un problema de interpretación se plantea cuando, vigente el plazo del art. 252 LCT, sobreviene una enfermedad inculpable cuyo plazo de licencia paga excede el año original. Si la intimación del art. 252 participa de la naturaleza del preaviso, debería considerarse interrumpido durante la enfermedad y el despido obligaría al empleador al pago de los salarios hasta fín de la licencia legal (cfr. art. 213 LCT). La institución del preaviso pretende otorgar al trabajador un plazo de relativa tranquilidad salarial durante el cual pueda buscar un nuevo empleo, sino el reemplazo del salario por el haber jubilatorio, siempre que el trámite no exceda de un año. Durante ese plazo, y especialmente una vez que se ha iniciado las gestiones, el estado de salud del futuro beneficiario no tiene incidencia alguna sobre el trámite previsional. Así, el art. 252 no concede al año de intimación el carácter de un preaviso "se considerará comprendido" en él, sino que sólo ha querido señalar que no es necesario otorgar un preaviso al vencer el año desde la intimación. Las obligaciones del empleador cesan al vencer el plazo anual oportunamente concedido, sin que la enfermedad sobreviviente del trabajador conduzca a aplicar los arts. 213 y 239 LCT. Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).
Derecho a la salud, jerarquía de los Tratados Internacionales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional - art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional - extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva.
Facultades del juez, sanciones procesales, sanciones disciplinarias administrativas, Colegio Público de Abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTERO ZARACHO ERENIA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

Con fundamento en los arts. 34, inc. 6°, y 45 del Código Procesal, 6 de la Ley 17.116 -según texto de la Ley 21.708- y 18 del decreto-ley 1285/58, modificado por la Ley 24.289, los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación cuentan con poderes sancionatorios que son indispensables para conducir el proceso dentro de los carriles de la buena fe y mantener el buen orden y decoro en los juicios y que, por lo tanto, no hay razones de peso para decidir que la entrada en vigencia de la Ley N° 23.187 ha transferido dichos poderes en su totalidad al Colegio Público de Abogados en la Capital Federal (cfr. Sala I, Cam. Nac. en lo Contencioso Administrativo Federal, Causa N° 416/93, del 24.6.93).

Se trata de dos esferas jurisdiccionales diferentes, judicial la primera y administrativa la segunda, siendo distintas las finalidades perseguidas, los bienes jurídicos tutelados y los valores en juego (cfr. Sala y Cámara citada, in re "Paludi, Enrique Ernesto s/Apelación resolución Colegio Público de Abogados", del 14.3.89; Corte Suprema: Fallos: 302:893, entre otros).
Prueba, ofrecimiento de la prueba, plazo, plazo perentorio, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: FABRONI, FABIANA ANDREA s/ Contrabando Causa 29899
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Si bien, el plazo de diez días que establece el art. 477 del Cód. de Proc. en Materia Penal para presentar el ofrecimiento de prueba es de carácter perentorio, no debe confundirse perentoriedad con improrrogabilidad, ya que la perentoriedad sólo significa que en los plazos de tal condición las facultades de las partes para cuyo ejercicio se concedieron, caducas por el sólo transcurso del tiempo sin que sea menester actividad alguna del tribunal o de las partes para lograr tal efecto y no que no puedan ser prorrogadas en determinadas y especiales circunstancias.
Prescripción, oportunidad procesal, procedimiento administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COUSIDO PADIN, Alfredo Manuel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-14

En materia previsional, la excepción de prescripción debe ser introducida en la primera resolución que dicte el órgano administrativo, puesto que lo contrario comporta posibilitar a la autoridad previsional modificar indirectamente los argumentos que fundan la decisión, circunstancia que alteraría los límites de la cuestión lesionando los derechos establecidos en los arts. 17 y 18 de la C.N. (Cfr. CNAT, Sala VIII del 15.04.85, "Benítez, Jorge").

(Disidencia del Dr. Fernández).
Extradición, nulidad procesal, detención, requisa personal
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Linardi Martínez, Walter Javier s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

La nulidad respecto a no haberse dado cumplimiento a las normas procesales relativas a la detención ni a la requisa que se realizaran no ha sido debidamente fundada pues el recurrente no ha invocado qué perjuicios concretos pueden haberse derivado para su defendido como consecuencia de ello; lo que conduce a desechar el agravio ante la improcedencia de un cuestionamiento con exclusivo sustento en esa omisión, máxime cuando no se le secuestró elemento alguno que pudiera haber gravitado en el ánimo del juez para posteriormente conceder la extradición.
Personal de casas particulares, jardinero, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Juan Carlos Jesús c/ Daud, Juan Antonio s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-16

La pretendida relación laboral alegada por la parte actora y rechazada desde el comienzo por el demandado, fue encuadrada dentro de las previsiones del Decreto ley 326/56 de los Trabajadores del Servicio Doméstico, Categoría Tercera (caseros y jardineros) y el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo dice expresamente que esta ley no se aplicará: "b) A los trabajadores del servicio doméstico", con lo que coincide plenamente la doctrina y la jurisprudencia, tal como resulta de innumerables precedentes de esta Sala. Debe descartarse cualquier pretensión de que se apliquen al presente los artículos 21, 22, 23 y/o cualquier otro de la Ley de Contrato de Trabajo.
Honorarios, regulación de honorarios, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alegre, Nilda Manuela c/ Casa Tía S.A. y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-30

Cuando se han presentado distintos profesionales que defendieron los intereses de partes distintas (demandado y tercero citado en garantía o tercero y actora), realizando independientemente la labor, resulta de aplicación lo normado por el art.5-2do. párrafo de la Ley 2011; en cuanto establece que en casos de litisconsorcio la regulación se hará con relación a cada litisconsorte. Ello es aplicable al supuesto en que por las distintas partes actúa un mismo profesional, como es el que nos ocupa. Por ello, existiendo litisconsorcio pasivo entre los demandados, en que el interés defendido es el mismo, aunque haya merecido tareas para cada uno de ellos, la regulación correspondiente debe ser distribuida.
Administración Pública, empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POGGIO, MIGUEL ANGEL JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 542-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-07

La modalidad totalizadora de la tarea de inspección que no se reduce a la mera verificación sino que comprende la búsqueda, selección y examen de los medios informativos, efectuada sin sujeción de inmediatez con las órdenes y controles de los superiores jerárquicos, es la que justifica el pago de una asignación accesoria o suplementaria, porque precisamente da lugar a una función diferenciada de las que se cumplen dentro de la repartición. En el sub judice, no se ha probado el efectivo desempeño, por parte del actor, de las tareas diferenciales y específicas de inspector que alega, por lo que corresponde declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, circulación con puerta abierta
Materia: CIVIL
Carátula: QUEVEDO RAMON c/ SOTELO BENIGNO s/ RESPONSABILIDAD CIVIL-ACCIDENTE DE TRANSITO-CONTRATO DE TRANSPORTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

La reiniciación de la marcha por parte del conductor de un vehículo destinado al transporte público de pasajeros sin asegurarse de haber antes cerrado las puertas y de que no quedan personas con intenciones de viajar en trance de ascender y a las que esa reiniciación pudiera ser ocasión de daño, basta para tener por configurado el incumplimiento que se imputa a la empresa y compromete su responsabilidad, sin perjuicio de que se analice también la existencia de un comportamiento imprudente de la víctima al llevar a cabo su ascenso.
Interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-10

Una correcta hermenéutica conduce a estar a lo que más naturalmente surge de la letra de la norma, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa, por cuanto no corresponde ignorar los preceptos que en la cuestión litigiosa contiene la norma aplicable, lo contrario implicaría sustituir al legislador en una materia que es propia del ámbito de la política legislativa.
Detención sin orden, estado de sospecha, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA TORRES, Roberto C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-29

La sospecha debe estar avalada por motivos suficientes; éstos vienen dados por elementos de juicio o consideraciones de la vida cotidiana, circunstancias objetivas que justifiquen la afectación de la libertad de una persona en aras del descubrimiento de la verdad. El conocimiento por parte de los agentes de las sustracciones de que fuera víctima la empresa y la actitud de los imputados frente a la presencia policial conformaron un cuadro por el cual éste se encontraba habilitado para actuar según la competencia que le otorga el art. 1°, ley 23.950 (*).
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, interpretación de la ley, bancos, tareas de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: AMOROSO, Alfredo c/ CENTRO DE INVESTIGACIONES ARGENTINAS SRL Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

La norma del art. 30 LCT que supedita la solidaridad legal a que los trabajos sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, debe ser interpretada extensivamente, comprendiendo todas aquellas actividades que hacen posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa, actividades que si bien son secundarias respecto de la actividad principal, se encuentran integradas al establecimiento y coadyuvan al objetivo final de la misma, como es el caso de las tareas de vigilancia en las instituciones bancarias.

(Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Daños y perjuicios, daño resarcible, lesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Canabal, Daniel Luis c/ Cordone, Hugo M. y otro s/ Daños y perjuicios Forastefano, Antonio y ot. c/ Cardone, Hugo M. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17|2000-02-17

La lesión física no es en sí misma un daño resarcible; en cambio, ella es causa de un daño patrimonial o moral indemnizable, en cuanto genera un menoscabo económico, directo o indirecto (arts. 1068 y 1069, Cód. Civil), o un agravio moral (art. 1078 mismo Cód.).
Propiedad horizontal, acción de amparo, existencia de otras vías, obras nuevas y modificaciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARENSTEIN, L. c/ PROP. U. 3 Y 4 ED. SUIPACHA 1378 P.B. I. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

Promovido un reclamo en el marco de la ley 13.512 por obras efectuadas por copropietarios en un edificio sujeto al régimen de la propiedad horizontal, al encontrarse involucrados los intereses de toda la comunidad que conforma el ente consorcial, ninguna duda cabe de la necesidad de contar en el pleito con un ámbito de conocimiento mucho más extenso que el del amparo (conf. art. 43 de la Constitución Nacional y 1º de la ley 16.986).-
Declaración de la víctima, violencia de género, perspectiva de género, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: V.A.  c/ O.E.F. s/ abuso sexual
Jurisdicción:  — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-07-04

Este Superior Tribunal debe reiterar la centralidad que debe asignarse a la valoración del relato de la presunta víctima, que en este caso es mujer y niña. Si se considera esa calidad de mujer que presuntamente ha sufrido hechos de violencia de género, es necesario destacar que este Cuerpo ha establecido, al aprobar el "Protocolo para el abordaje con Perspectiva de Géneros en las actuaciones judiciales", que uno de los principios rectores para el abordaje con perspectiva de género es la tutela judicial efectiva, que implica, que toda actuación judicial debe garantizar "la especial valoración de su testimonio" y atender debidamente a la interseccionalidad, es decir, tener presente las otras categorías (además del género) que "interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles" (cf. Ac. 6/23, Anexo I, capítulo II puntos IlI.g.i y IlI.h). (Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)
Obras sociales, modificación de las prestaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social Union Personal de la Union Personal Civil de la Nación c/ Ministerio de Turismo (Ex Secretaría de Turismo y Deportes de la Presidencia) s/ ejecución ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-12

Al momento de efectuarse el correspondiente cálculo con los intereses dispuestos, los jueces se encuentran facultados para morigerarlos cuando exista desproporción en el valor de las prestaciones (cfr. art. 794 párr. 2 del Código Civil y concordantes), al consagrar expresamente la facultad judicial de reducir los intereses cuando la tasa fijada exceda sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la operación (art. 771). Incluso para el caso en que el exceso se presente en intereses punitorios, por imperio del art. 769 del Código Civil y Comercial rige lo dispuesto por el 2° párrafo del art. 794 del mismo plexo normativo que, permite al juez reducir las penas desproporcionadas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BASSI, NORBERTO OSCAR c/ COMUNA DE ZENON PEREYRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-14

Con relación al agravio consistente en que se habrían incorporado escritos y pruebas de manera extemporánea, la Alzada sostuvo que las críticas referían a cuestiones de índole procesal y de prueba ajenas a la vía extraordinaria sin advertir razones para excepcionar dicha regla; fundamento este que no refutó la impugnante, limitándose a reiterar lo expuesto en el memorial del recurso de inconstitucionalidad; y sostuvo lo propio respecto de las quejas referidas a las afirmaciones dogmáticas en las que se apoya -según la recurrente- el fallo en cuestión, indicando que no logran atravesar el umbral de la simple disconformidad y sólo materializan la pretensión de renovar el debate de cuestiones ya tratadas y resueltas en una suerte de tercera instancia, trastocando el verdadero sentido del recurso de inconstituciona idad.
Indulto, conmutación de penas, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Saldarriaga Eras, D.A. s/ Indulto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

a) El art. 86 inc. 6 de la C.N. confiere al Presidente de la República la facultad de indultar o conmutar penas, entendiéndose el primer como la potestad de perdonar la pena y el segundo la disminución por una de menor gravedad.

b) Los efectos del indulto son el cese de la inhabilitación absoluta, de la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos y de la sujeción a la curatela (art. 68 del C.P.).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: Procesal
Carátula: Cárdenas Bahamonde, Sergio c/ Supercemento S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

Cierto es, que para determinar la valoración de la indemnización por incapacidad sobreviniente de un accidente de trabajo, no existen pautas fijas, por depender de circunstancias que varían según el caso que se presenta, librados a la prudente apreciación judicial que atenderá a las condiciones particulares del damnificado y al modo en que el infortunio habrá de inferir negativamente en todas sus posibilidades de vida futura, además de la específica disminución de las aptitudes para el trabajo. Pero, todos los elementos de relevancia en la graduación del monto de la reparación, resultan arbitrariamente valorados por la Cámara, que culmina en una drástica reducción del quantum respecto del fijado por la Primera Instancia, transformando la indemnización en ínfima y desproporcionada.
Acción de responsabilidad, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Flores Del Sud Sociedad Ltda. s/ quiebra c/ Amoroso Horacio y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Corresponde admitir la acción de responsabilidad promovida por el síndico liquidador de una entidad financiera, en los términos de la ley 19551: 155, 167 y concordantes (vigentes al tiempo de los hechos) contra los directivos de la entidad fallida, y en particular contra su secretario -quien además se desempeñó muchas veces como presidente suplente-, pues durante su gestión fue donde se cometieron buena parte de los ilícitos investigados por el Banco Central de la República Argentina.
Accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ MARIO c/ NICOLAS CATANESE Y OTROS s/ Sumario (LIBRO: S125 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-21

Que cuando (como en el caso se trata de la colisión entre automotores de similares características, la responsabilidad -conforme lo tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no puede fundarse en el riesgo creado porque cada vehículo lo crea, de tal modo que este fundamento de la responsabilidad queda neutralizado y, por ello, la cuestión debe decidirse rigurosamente a la luz de la culpa de los conductores: la responsabilidad por riesgo constituye una excepción al principio general de la responsabilidad -que exige la prueba de la culpa, art. 1109 C.C.- y, por tanto, un benefico en favor de un damnificado que se halla en situación de inferioridad con respecto a la carga de la prueba, que por ende no se justifica cuando esa responsabilidad se enfrenta con otra de la misma naturaleza.- Que el "onus probandi" es el imperativo que pesa sobre el litigante, de suministrar la demostración de un hecho controvertido mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso o de la incidencia, tratándose entonces de la conducta impuesta a los justiciables para que acrediten la verdad de sus afirmaciones y, para el juez, implica que deba resolver la duda acerca de un hecho determinado en sentido desfavorable a la parte que tiene interés en demostrarlo y no lo hace.-
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, aplicación de la ley, gastos de sepelio, beneficios previsionales
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALEJANDRO, María c/ CENTRO MATERNO INFANTIL MARIA EVA -OSPIT OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL s/ ind. por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

La tía de la causante (trabajadora) no se halla incluida en la taxativa enumeración del art. 38 de la ley 18037 al que remite expresamente el art. 248 de la LCT al individualizar a los titulares de la referida indemnización, no hallándose la misma legitimada para reclamar la indemnización por fallecimiento, aún cuando acompañe a los obrados copia certificada de la declaratoria de herederos que le reconoce el carácter de heredera de la causante, pues la naturaleza asistencial del beneficio consagrado por el art. 248 de la LCT circunscribe su goce exclusivamente a las personas individualizadas en la norma previsional que no incluye a la actora, haciendo lo propio el art 8° inc. a) de la ley 24028 en materia de gastos de sepelio, que remite también a lo dispuesto en el art 38 de la ley 18345.
Prescripción, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: Kestelboim, Mario Jaime c/ Estado Nacional s/ ordinario. ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

El instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva, razón por la cual, aún en caso de duda, debe ser preferida la solución que mantenga vivo el derecho.
Sociedad anónima, accionistas, acciones societarias, derecho al dividendo, Telecom, cogestión
Materia: COMERCIAL
Carátula: LORU  JUAN DOMINGO Y OTROS c/ SINDICATO DE ACCIONISTAS CLASE C DETELECOM SA. s/ Lesion subjetiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Conviene agregar que la argumentación de la recurrente conduce a equiparar a los empleados a un inversor particular cualquiera de una sociedad anónima. Y lo cierto es que quien pretende el valor de la acción pagado en un mercado de valores abierto debe demostrar su condición de inversor. El socio, liso y llano, de una sociedad comercial hace un aporte y tiene derecho a los títulos representativos del capital en función del aporte efectuado. Es decir que la acción consigna qué parte del patrimonio del aportante del capital deja de ser de su propiedad, para pasar a ser propiedad de la sociedad, a cambio de participar en las utilidades que ésta pueda generar mediante la utilización del patrimonio cedido por el accionista, ya sea periódicamente -dividendos- o al disolverse la sociedad -participación en los resultados de la liquidación- (conf. Sasot Betes, M. A.; M. P., Sociedades anónimas, Acciones, bonos, debentures y obligaciones negociables, Buenos Aires, Depalma, 1985, pág. 31).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BORGOÑO, JOSE LUIS c/ OLEOS SANTAFESINOS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12

La postulación de la impugnante relativa a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción, dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.