marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones disciplinarias, llamado de atención, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: MAZZIERI, CARLOS S.C.A.TECMA SAN LUIS S.A.MATEX S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa 33706
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

El llamado de atención sobre el vencimiento del plazo establecido en el Art. 207 del Código Procesal Penal (ley 23984), que tuvo por objeto que el juez adoptase las providencias conducentes a evitar nuevas demoras del trámite procesal de una causa, efectuado con carácter de advertencia (Cf. Sala A, Reg. 215/94,) no tiene ningún sentido sancionatorio ni de índole disciplinaria contra el juez que cubrió la titularidad de un juzgado que se encontrara vacante por un período prolongado, pero aún cuando no quepa responsabilizar al nuevo juez, no quita que en el trámite de la causa se excedió el plazo legal en que debió completarse la instrucción, resultando imprescindible adoptar providencias para subsanar la anomalía.
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, auto de prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, ESTELA VETTIPETRI, MERCEDES AMELIABERALDO, RAUL s/ Cheque sin fondos Causa 30277
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-19

Son actos interruptivos de la prescripción de la acción penal que corresponde valorar como "secuela de juicio" el llamado a prestar declaración indagatoria, la solicitud de extradición, la acusación fiscal y la sentencia condenatoria no firme, por tratarse de actos en los que se manifiesta inequívocamente la voluntad persecutoria del Estado, por lo que no puede otorgarse al auto de prisión preventiva, entidad interruptiva por tratarse de un acto que no causa estado.
Remuneración, determinación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Miriam c/ Galvez, Ricardo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

El cálculo del salario que corresponde al trabajador constituye facultad privativa de los tribunales del trabajo y la decisión está exenta de revisión salvo absurdo.
Elecciones provinciales, escrutinio definitivo, competencia de la Corte Suprema, gravedad institucional, cuestión abstracta, pronunciamiento inoficioso
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-11

La circunstancia de que el proceso electoral haya concluido con la resolución de la junta electoral que aprobó el escrutinio definitivo y proclamó a los ciudadanos electos en los cargos en disputa no basta para convertir en inoficioso todo pronunciamiento de la Corte ya que sus poderes se mantienen incólumes para efectuar una declaración sobre los puntos propuestos cuando su intervención encuentra justificación en circunstancias de marcada gravedad institucional, que trascienden el interés de las partes y comprometen instituciones básicas de la Nación.
Terceros, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La intervención obligada tiene lugar cuando el juez, a pedido de una de las partes o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca en él efecto de cosa juzgada que en principio, procede en los casos en que está permitida la acumulación subjetiva impropia pasiva de acciones como forma inicial del proceso. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, Superior Tribunal de Justicia, fallos del Superior Tribunal, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOLINA, VICTORIANA M. DE Y OTROS c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 433  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Corresponde rectificar el criterio adoptado por la Alzada en oportunidad de conceder el recurso de inconstitucionalidad al comprobar que los agravios sólo traducen la mera discrepancia de la impugnante con la respuesta que brindaron los sentenciantes al entender prescripto el reclamo formulado de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Provincial in re "Leones", reconociendo y respetando de tal manera la autoridad y el poder jurisdiccional que la Constitución de la Provincia le ha acordado al mismo en cuanto máximo tribunal en el orden santafesino, posición que se traduce -entre otros aspectos- en el hecho de que sus fallos han de ser lealmente seguidos por los tribunales de las instancias inferiores, dicho esto más allá del tipo de obligatoriedad que exhiba su jurisprudencia, en particular cuando se trata de cuestiones que remiten al examen de normas de derecho público local, respecto de las cuales esta Corte inviste el carácter de intérprete final.

A ello se agrega la ausencia de todo discurso orientado a proporcionar nuevos argumentos que puedan justificar eventualmente la modificación de la tesis adoptada en el leading case mencionado, siendo a toda luces evidente que la impugnación se limita a defender el particular criterio de la recurrente en torno a la vigencia temporal de la doctrina de "Leones", extremo que no resulta idóneo para habilitar la instancia excepcional.
Escribanos públicos, decretos provinciales, inconstitucionalidad, incapacidad, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco,  Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires - Ministeriode Gobierno. s/ constitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

La arbitrariedad del art. 32, inc. 1°, del decreto-ley 9020/78 de la Provincia de Buenos Aires surge de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión de escribano no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada y porque, si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2° y 3°).
Querellante, fraude a la Administración Pública, sociedad anónima
Materia: PENAL
Carátula: Botbol, José s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

Si se han puesto en conocimiento hechos presuntamente ilícitos en contra de la administración pública en los que se alude la intervención de particulares, más precisamente los directivos de la sociedad anónima en la cual el presentante posee participación accionaria, extremo que le habría producido desmedro patrimonial, no existe óbice para que se incorpore al proceso en el carácter de querellante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exención de depósito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bazar X SACIFI. Quiebra s/ Inc. verif. por el fisco nacional. Recurso de queja D.G.I. c/ Pedone, Oscar. Concurso hoy quiebra s/ Inc. de revisión. Recurso de queja D.G.I. c/ Aldebaran S.A. s/ Conc. prev. Inc. revisión. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12|1998-05-26|1999-04-06

La recurrente (Fisco nacional) no se encuentra comprendida en ninguna de las excepciones contempladas por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que subsiste el incumplimiento de un requisito formal previo que obsta a la consideración de los motivos que fundamentan el recurso. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Hugo Alberto s/ Ejecución honorarios en: Chevalier, Jorge y ot. c/ Linares Ricardo y  ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El auto del Presidente del Tribunal del Trabajo que deniega el trámite del pedido de ejecución de las costas no reviste, en el caso, carácter definitivo en los términos de los artículos 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial desde que, estando las mismas a cargo de los actores, los cuales gozan del beneficio de litigar sin gastos (art. 22 decreto-ley 7718/71), nada impide que operadas las condiciones establecidas en la última parte de la norma mencionada, pueda volver a replantearse el cobro de las mismas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, delito culposo, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: C., A. L. s/ Homicidio culposo (Expte. Nro. 1129-92, Resolución Nro. 26, Tomo 1, Folio  482)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-11

"Si el sentenciante basa su pronunciamiento en el hecho de haber conducido el imputado un vehículo con el que atropelló y dio muerte a una persona (relación de causalidad) sobre la senda peatonal cuando aquél giraba hacia su derecha (violación al deber de cuidado)...,queda perfectamente delimitado el hecho y la conducta intimada: conducir un vehículo con violación al deber de cuidado que lleva a la causación del resultado muerte.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios". "GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29|2007-03-09

Lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05) obligó, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a confirmar el rechazo de "... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ..." según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463.

Ello así, la Sala, siguiendo tales lineamientos y en la convicción de la justicia del reclamo, se pronunció en el caso "González, Elisa Lucinda" (sent. del 16.06.05), fijando las pautas de movilidad con posterioridad al 01.04.95. Ello en el entendimiento que la norma constitucional del art. 14 bis no tiene límites temporarios en su aplicación.

(Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).
Accidente ferroviario, culpa de la víctima, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ DE ESPINDOLA, ELSA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-04

Corresponde desestimar la demanda que por daños y perjuicios iniciara la accionante como consecuencia del fallecimiento de su hijo, producido al ser arrollado por un tren, si el día en que sucedió el evento el sistema de señalización acústica y luminosa funcionaba correctamente, por lo que el joven intentó el cruce en forma absolutamente imprudente. Siendo que los ferrocarriles, no pueden desviar la línea de marcha y resultan por cierto dificultosos de detenerlos prestamente, habiendo la empresa cumplido con las normas reglamentarias de seguridad corresponde eximirla de responsabilidad.
Recurso de apelación (procesal), concesión errónea del recurso, declaración de inconstitucionalidad, acordadas, competencia criminal y correccional, alternativas a la prisión, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amparo por inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 CNCCC s/ recurso de apelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

Declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales, contra el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que recomienda a los magistrados del fuero extremar los recaudos para coadyuvar a la disminución de la sobrepoblación carcelaria, dado que la ley de amparo recepta únicamente dos partes legitimadas en el proceso que regula: el accionante y la autoridad requerida
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, prestaciones de la obra social, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: ADELL EDGARDO c/ CIPCIO, DANIELA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

La circunstancia de contar con la cobertura de una obra social, no excluye que la víctima de un accidente de tránsito haya realizado erogaciones por atención médica y de farmacia, que pueden presumirse cuando se adecuan a la índole de las lesiones y tratamientos correspondientes.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, lucro cesante
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bomczuk, Basilio Isidro c/ Sotomayor, Ana Valeria García Saavedra de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-11-25

Se agravia el actor por la desestimación en primera instancia del lucro cesante solicitado. Fundamenta su pedido en que por causa del incumplimiento del demandado en los pagos de la obra contratada debió ocuparse de ésta con mayor intensidad y por ello no pudo contratar otra obra que se le ofrecía.

Estando ante una demanda por lucro cesante contractual, corresponde determinar cuáles son los daños susceptibles de resarcimiento conforme lo determinan las normas de los arts. 519, 520 y 521 del Código Civil. Ello conduce al terreno de la causalidad en materia de responsabilidad, así el art. 901 del Código Civil consigna tres órdenes de consecuencias: las inmediatas, las mediatas y las causales.

En el caso, no cabe responsabilizar a la demandada por lucro cesante. En efecto, ello no es consecuencia inmediata de su incumplimiento. Resulta claro que el pretendido contrato con otra persona que el demandante no aceptó por tener que atender la obra contratada con la demandada, se presenta como un acontecimiento distinto, lo que colocaría la situación dentro del marco de las consecuencias mediatas; sin embargo, falta un elemento esencial para que éstas se configuren, ello es la previsibilidad. El acontecimiento - contrato con un tercero- jamás pudo ser previsto por la accionada, porque es eventual y ajeno a la obligación contraída.

En conclusión, corresponde confirmar la tesis del fallo de grado cuando al rechazar el rubro sostiene que tomar o no una obra simultáneamente con otra, es una opción del actor, ligada a la capacidad y envergadura de su empresa, decisión por la que no puede responsabilizarse a la demandada.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Malagutti, Victorio D. c/ Ruffini, Juan A. s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

Corresponde aplicar las costas en el orden causado cuando, haya habido o no reclamo extrajudicial, el condominio accionado se allana a la pretensión y tal voluntad coincidente es receptada en la sentencia.
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación, apelación concedida libremente, facultades del juez, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Agroexport Servicio Sociedad Anónima c/ Junta Nacional de Granos s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

En atención a las críticas que la apelante vierte en orden a la forma de concesión del recurso que dedujera (lo fue en relación y entiende que debió serlo libremente), cabe poner de manifiesto que mediando el cumplimiento de la prestación reclamada, el juez se encuentra expresamente autorizado para ajustar la sentencia a las formas previstas en el art. 161 del Cód. Procesal, sin que esto signifique que tal pronunciamiento deje de revertir el carácter de una verdadera sentencia definitiva (art. 307).

Si bien se debería admitir entonces que el recurso debió haber sido concedido libremente, cabe puntualizar, que de la circunstancia de que lo haya sido en relación no se deriva en el caso ningún gravamen concreto para la apelante.

Ello así, puesto que la actora no ofreció la producción o el replanteo de ninguna probanza en la alzada (en los términos del art. 260, inc. 1), sino que la única razón que invoca como fundamento de su queja apunta a que esta última circunstancia le quitaría carácter definitivo al pronunciamiento, lo cual no es correcto habida cuenta de que dicha condición no depende de la forma que aquél revista o de la forma en que se conceda el recurso, sino, más bien, del contenido mismo de la resolución, y no puede revestir otro carácter la sentencia en cuyo marco se admite que ha quedado agotado el objeto principal del litigio.
Despido, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Morales Sander de Gutiérrez, Griselda Beatriz c/ Sociedad Mutualista Unión Vendedores de Diarios s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-06

No procede distinguir entre despido directo e indirecto para actuar la norma del art. 178 LCT. de sus restantes presupuestos. La facultad de denuncia es bilateral, hallándose en cabeza de cada una de las partes de la relación laboral, a punto tal que cuando la denuncia es efectuada por el trabajador fundada en justa causa, se tiene derecho, una vez acreditada judicialmente, a las indemnizaciones que le hubiere correspondido en caso de que el contrato hubiese sido rescindido por declaración patronal sin justa causa.
Obligaciones, emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: REINICKE DIRK c/ LUNA, NORBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Cabe confirmar la resolución que dispuso frente a la pesificación pretendida por el accionado y la inconstitucionalidad planteada por el accionante, una solución basada en el esfuerzo compartido y desestimar el agravio del ejecutado respecto a la medida en que será absorbida por las partes (90% por el deudor moroso y 10% por el acreedor), la diferencia entre el valor del dólar estadounidense, según su cotización en el mercado libre y la paridad vigente al momento de contratar, dispuesto por el juez con fundamento en la equidad, pues la aplicación de tal principio no obedece a una matemática división por la mitad de la diferencia de tipo de cambio, sino la ponderación de las diferentes circunstancias del caso que imponen restituir el equilibrio de las prestaciones existentes entre deudor y acreedor, conforme una conciencia honrada y ecuánime (Borda, "Tratado de Derecho Civil", T. I Parte General, ED. A. Perrot, p. 106).
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: PENAL
Carátula: Knopp de Solari, Norah s/ Falsificación reiterada de Instrumento Público-Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-08

Debe quedar claro que el hoy incidentante de nulidad, al no ser apelante es un sujeto eventual en el recurso siguiendo en consecuencia la suerte del principal. En materia de recurso de apelación es regla que el apelante presente memorial escrito con la ampliación de los fundamentos de sus agravios, y en caso de pretender informar in voce, debe decirlo expresamente, nada de lo cual aconteció en el caso en examen. El hoy incidentista fue notificado correctamente de la interposición del recurso, de la radicación de la causa en la Sala y de la mantención del mismo por escrito por parte del representante de la acusación, de donde surge claro que la defensa tuvo garantizado en todo momento su derecho de defensa, dado que fue notificado del recurso y nada le obstaba a que lo hiciera por escrito, como en realidad debía, siguiendo la suerte del principal en el caso, el fiscal apelante. La interpretación teleológica y racional de la norma permite tener claro la innecesariedad de la realización de la audiencia del artículo 475 del Código ritual cuando el apelante ya había informado por escrito, y la defensa estaba notificada de ello, y tenía la posibilidad clara y concreta de defender su posición por escrito. Pero hete aquí que a partir del llamado caso RE, donde la Sala Penal se expidió sobre este punto, el Tribunal, dejando a salvo su opinión con reservas y para evitar un inútil dispendio jurisdiccional, considera necesario hacer lugar a la nulidad impetrada. Que habiendo emitido ya opinión sobre el fondo de la cuestión de acuerdo a lo normado en el artículo 51  inciso 1, a fin de preservar la garantía de imparcialidad en favor del justiciable, corresponde que el Tribunal se inhiba de continuar entendiendo en la presente causa, la cual deberá pasar al subrogante legal.
Principio de congruencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Cipollari, Anselmo Américo c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia delChubut s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-14

La congruencia impone un deber, el cual significa que la sentencia debe amoldarse de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervinieron en el proceso, al objeto del litigio y a la causa o vínculo puesto en discusión. Así las decisiones jurisdiccionales deben ajustarse a la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciadas, de manera que al juzgador le está vedado el pronunciamiento sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o peticiones no formuladas.
Confirmación de sentencia, inadmisibilidad del recurso, código procesal penal, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Zhong, Xiaoning s/recurso de queja c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-05

La presencialidad o no del imputado en el Juzgado de Instrucción de Formosa y el rechazo a la posibilidad de que pueda declarar por medios digitales, claramente no constituye una decisión que ponga fin al proceso en los términos del artículo 423 del Código Procesal Penal y es por esa razón que expreso mi oposición a habilitar el recurso de casación planteado, siendo correcta, en mi opinión, la decisión del Juez de Apelaciones que lo declara inadmisible. Disidencia del Dr. Coll
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, prestadores médicos, responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de información, información sanitaria, consentimiento del paciente
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GERLINSKY, CARLOS c/ BELLO, RUBEN s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Las personas físicas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, ello implica, que para tomar esa decisión con discernimiento, intención y libertad deben estar adecuada y suficientemente informadas sobre la naturaleza, los alcances, la necesidad, la utilidad o beneficio y los riesgos del tratamiento o practica medica a realizar, y sobre la existencia de medios alternativos al propuesto (Cncom, sala D, in re: "G. de A., M. c/ Policlínico central de la unión obrera metalúrgica", del 2.6.04). El deber médico es informar ex ante y ex post del procedimiento quirúrgico, y el consentimiento informado debe integrar su historia clínica, resultando dirimente su correcta confección.
Empleados de banco, indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA. c/ RAPOSO, ISABEL s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-23

No es aplicable el tercer párrafo del artículo 266 de la LCT.

(Texto Ley 20744) a los trabajadores comprendidos en el régimen de la ley 18598, en los casos de indemnización por muerte del trabajador.