marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Los constituyentes de 1853 legislaron acerca de las inmunidades parlamentarias con el designio de garantizar el libre ejercicio de la función legislativa, así como la integridad de uno de los tres poderes del Estado y aun su existencia misma en cuanto órgano gubernamental creado por la Constitución.
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barbosa Miguel c/ Condori Willca Policaripio y otro s/ Rescisión de boleto y daños y perjuicios. Incidente de venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

El art. 5 de la ley 11.357 establece que los bienes gananciales adquiridos por la mujer no responden por las deudas del marido, y el art. 6 dispone que los acreedores cuyos créditos provienen de deudas contraídas para atender necesidades del hogar, educación de los hijos y conservación de bienes comunes, pueden caer sobre los frutos de los bienes gananciales administrados por un cónyuge -más no sobre éstos- aunque las obligaciones se hubiesen contraído por el otro.
Patentes, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE PATENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

No encuentro entonces violaciones al derecho de defensa del laboratorio, en la medida que ante cada requerimiento tuvo la oportunidad de dar su versión. Tampoco hallo una actividad administrativa abusiva en las manifestaciones de pedido de aclaraciones y objeciones; por el contrario, pareciera producirse lo descripto por calificada doctrina como "diálogo" entre el I.N.P.I. y el solicitante hasta que la autoridad de policía decida expedirse respecto al pedido de patentamiento. Esa práctica parece lógica ante el complejo análisis propio de la evaluación del cumplimiento de lo requerido en el régimen legal de patentes, que versa sobre significativos aspectos legales y técnicos (confr. MAIRAL - BENSADON, "¿Por qué una patente de invención se presume válida?", en LL. 2007-D, 1226). Concretamente respecto del expediente P 96-01-02860, no encuentro un accionar administrativo que vulnere los arts. 41 y 64 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", aprobado por Ley N° 24.425 (A.D.P.I.C.).
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Elías,  Luis Antonio Francisco y otra por su hijo menor c/ Alday,Roberto Hernán s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Si bien las resoluciones por las que los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos de carácter local que se interponen ante ellos no habilitan -en principio- la vía excepcional, ello no es óbice para revisar lo resuelto cuando la sentencia apelada no resulta ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Disidencias de los Dres. Carlos S. Fayt y E. Raúl Zaffaroni).
Juicio por delitos de acción privada, excepciones procesales, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL
Carátula: GANDULFO DE LEZICA, E.S. s/ EXCEPCIONES. CALUMNIAS E INJURIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-12-20

Es procedente la sustanciación de excepciones en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento antes de realizarse el comparendo de conciliación. NOTA: Ver Art. 57 Decreto Ley 2021/63.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, nulidad procesal, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, sentencia definitiva, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SOSA, Claudia E.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

Procede el recurso de casación cuando lo que se invoca es la nulidad del acto del tribunal por falta de motivación (art. 123, C.P.P.) y exceso de la competencia, lo que encuadra en la hipótesis del art.

456, inc. 2°, C.P.P. y en el carácter definitivo del auto cuestionado, art. 457, C.P.P.
Nulidad del acto administrativo, nulidad absoluta, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: MORAN, Jorge c/ M.C.B.A s/ AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Aun cuando el acto administrativo cuestionado adoleciera del vicio de nulidad absoluta en los términos del art. 14 de la ley 19.549, esa circunstancia no exime en absoluto al administrado de su ineludible obligación de agotar la vía administrativa previa para demandar judicialmente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios, leyes, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La ley de concursos 19551 no contiene regla alguna acerca de la regulación de honorarios en las verificaciones de créditos. Ese vacío legal ha llevado a la jurisprudencia a decidir echando mano a normas de las leyes arancelarias locales. En nuestra provincia, la ley de aranceles para abogados y procuradores nro. 6767 también adolece de deficiencias sobre el punto. La única referencia al respecto, no demasiado clara, es el artículo 12, inciso 4 de dicha ley, que señala una retribución del 20% de la escala del artículo 6 (y no menos de una suma fija) "por el ejercicio de cada representación en juntas de acreedores civiles o comerciales, con relación a cada crédito verificado o declarado admisible. Si se suscitaran incidentes se regulará además de acuerdo con el arancel especial para el caso". Es decir que, a diferencia de otras leyes arancelarias locales que expresamente regulan los honorarios en la verificación concursal de créditos, la nuestra acusa un vacío casi absoluto. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Locación, locación de obra, perfeccionamiento del contrato, factura, construcción de viviendas
Materia: COMERCIAL
Carátula: URBATEC  CONSTRUCCIONES  Y  SERVICIOS  SRL c/ HUIDOBRO JORGE LUISS/ s/ DINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La circunstancia de que la locación de obra celebrada por las partes sea un contrato legislado por el código civil, no obsta a que la cuestión pueda juzgarse bajo la óptica inherente a los actos de comercio en tanto, la empresa de construcciones - como la aquí demandante, al margen de tratarse de una sociedad comercial - es una empresa de fábrica y el CCom: 8 - 5º, establece que los actos realizados por éstas son objetivamente actos de comercio (Spota, Alberto G, "Instituciones de Derecho Civil, Contratos", Ed. Depalma, Bs. As. año 1987, vol. V, pág 316).
Interpelación, duración de la instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Abate, Carlos s/infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

La defensa únicamente desarrolló argumentos destinados a exponer que corresponde interpretar o extender de manera analógica el significado y las consecuencias del acto que el art. 104 del CPP local distingue como la "intimación del hecho" a todo acto en el cual el imputado tome conocimiento sobre la existencia del proceso, de forma tal que, en definitiva, los plazos legalmente previstos para que el Ministerio Público Fiscal concluya la investigación penal preparatoria sean computados desde que tenga lugar cualquier acto con aquel alcance y no sólo la "intimación del hecho" regulada por el art. 161 del CPP local, discusión que discurre por un terreno de interpretación infraconstitucional que, por regla, no excede el ámbito privativo de los jueces de la causa. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces José O. Casás y Luis F. Lozano).
Caducidad de instancia, plazos procesales, notificación, falta de notificación, primera instancia, segunda instancia, remisión del expediente, devolución del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA  SA c/ FLITER, HECTOR s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

Al no efectuar el juez de grado las notificaciones de rigor (CPR 35: 7) ordenadas por la alzada, el accionante no fue formalmente anoticiado de la devolución de las actuaciones a la primera instancia, no contando, por ende, con la posibilidad de impulsar el procedimiento. Por tanto, no puede considerarse transcurridos el plazo del CPR 310: 1.
Acción dependiente de instancia privada, violación, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: PAREDES, C. s/ ACCION DEPENDIENTE INSTANCIA PRIVADA - VIOLACION MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Si bien no existe en autos instancia en concreto, en los términos del art. 72 C.P. -dado que la madre de la menor, víctima del delito de violación, manifiesta su voluntad de que la justicia intervenga en el caso-, debe interpretarse que se ejerció la instancia, a fin de evitar nulidades por un mero formalismo, máxime cuando la actual redacción del art. 72 es amplia, en el sentido de facilitar la investigación de hechos cometidos contra menores, aún de oficio.
Simulación, interposición real de persona
Materia: CIVIL
Carátula: Castilla de Villagra, E. Alicia y otro c/ Chiesa, Marta Susana s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-09

Cuando media interposición real de persona, el acto jurídico no es simulado pues no hay acuerdo simulatorio entre los otorgantes del acto, ya que el vendedor desconoce que el adquirente (prestanombre) actúa por orden del verdadero comprador. Distinta es la situación cuando la interposición es ficta pues allí si hay un acuerdo trilateral que invalida el negocio jurídico celebrado.
Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, competencia, organización de la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paz, Marta y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Desde la perspectiva de los arts. 81 y 107 de la Constitución de la Ciudad, el Poder Legislativo asumió el ejercicio de una competencia que le es propia al dictar la ley n° 1086, que reformó la cláusula transitoria tercera de la ley 7, disponiendo que el fuero contravencional y de faltas se conformaría de acuerdo a las necesidades del servicio y que en su primera integración se constituiría con una Cámara de seis miembros.
Enfermedad profesional, accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: González, Santos Oscar  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Rios Art  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-05

Aun cuando se otorgaran tareas livianas al accionante a partir del año 2010 de acuerdo a la actuaciones Superintendencia AS-16.., (subir y bajar escaleras evitando pisos mojados, traslado de actuaciones livianas, sacar fotocopias, limpieza que no demande flexiones sostenidas etc.), las mismas de todos modos fueron compatibles para ser generadoras de la incapacidad que tiene actualmente el actor, pues si bien es cierto que en principio no aparecen como causas lógicas de lesiones en una columna sana, no lo son o pueden no serlo en una que ya tenía una patología de importancia -17,5% de incapacidad-, y esto es lo que sucedió con el accionante (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, Unión del Personal Civil de la Nación, contribución solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-13

Las llamadas contribuciones de solidaridad sindical son cotizaciones a favor de la asociación gremial con personería gremial que se instituyen a cargo de los trabajadores no afiliados a ella. Por ello, no parece dudoso que, por lo menos, las actas acuerdo salariales que suscribieron las partes legitimadas para celebrar un CCT y obligar al colectivo que representan - arts 1 y 4 de la ley 14.250 -, en el marco de una comisión negociadora constituida que se encuentra en el camino de la negociación y forma la antesala de un convenio colectivo en gestación son, como acto jurídico, un título suficiente o causa fuente legítima para crear una contribución de solidaridad dado que participan, en cuanto a su naturaleza, del género "negociación colectiva" (art. 2 Convenio N° 154 OIT) y dentro de ese conjunto metodológico al de la especie "convención colectiva". Además, cabe tener en cuenta que el aporte de solidaridad, en este caso, no halla fundamento exclusivo en la retribución de gestión de un convenio colectivo de trabajo sino que aprehende el sostén de múltiples funciones que con exclusividad la ley argentina acuerda a las asociaciones sindicales con personería gremial. Ello sin perjuicio de que no existen elementos contundentes que permitan sostener que sea palmariamente irrazonable el porcentaje del salario pactado en el acta cuya invalidez se pretende. No sólo porque la ley positiva no fija límites cuantitativos sino porque no se postuló que igualara el importe de la cuota de afiliación.
Derecho administrativo, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Papelera  Francesa  S.A.  -inc  med  (14-X-10) c/ EN -DGA Res.1908/05     y     2226/07 s/ medida     cautelar     (aut
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Existe "una previsión que regula especialmente la suspensión del acto en sede administrativa -el art. 12 de la 19.549- cuya correcta aplicación puede ser controlada judicialmente, permitiendo reservar la aplicación del Código Procesal para el pedido de suspensión frente a un accionar o una inactividad resultante de una vía agotada". "La petición cautelar autónoma implica un control judicial de la aplicación por parte de la administración del art. 12 de la LPA, cuando la suspensión del acto fue denegada expresamente o por silencio, antes del agotamiento de la vía administrativa (esta sala en causa Nº 21.106/10. "Sar Suela SRL c/ EN Mº Industria RSL 46/10 s/ medida cautelar autónoma", del 9/12/10)".
Homicidio simple, violación de domicilio, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: RIVERO, J. A. s/ HOMICIDIO SIMPLE - VIOLACION DOMICILIO - CONCURSO REAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-17

El delito de violación de domicilio concurre en el caso materialmente con homicidio simple, toda vez que el inculpado no violó el domicilio para matar, sino que el hecho se produjo a raíz de su reacción al encontrar al occiso en el interior del inmueble y sospechar que mantenía relaciones íntimas con su ex-concubina, o sea que la subsidiariedad que prevé el art. 150 C.P. no es aplicable al caso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, concepto de arma, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

En el plenario "Costas", el Dr. Ouviña en su voto proporciona una explicación técnica acerca de lo que denomina "armas lanzadoras"-entre las cuales ubica a las de fuego- concluyendo que en el caso de ellas el instrumento no se conforma como arma sin la necesaria unión de sus dos elementos: el lanzador y el lanzado -léase el revólver y el proyectil- por lo cual ambos por separado -cualquiera de ellos- no reviste técnicamente la calidad de arma, y lo hacen solamente cuando están reunidos.

Existe un error puramente técnico en el que se incurre, puesto que las disposiciones específicas sobre la materia contradicen la explicación dada en ese voto. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: ADMINISTRATIVO CIVIL
Carátula: Administración de Vialidad Provincial c/ Jones de Neuman, Minnie Stanley y otros s/ Expropiación Administración de Vialidad Provincial c/ Jones de Neuman, Minnie Stanley y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-08-11|1994-08-11

El criterio que rige en los juicios como el de autos, es el de tratar que a los propietarios de los inmuebles objeto de la expropiación, se les conceda una indemnización justa y plena que se ajuste y cubra lo más aproximadamente posible a la realidad el valor del bien de cuya propiedad se los priva, sin que ello represente una lesión a su patrimonio.
Tercería de dominio, levantamiento del embargo, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GUITER, GABRIEL c/ PANCALDO, JULIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

El proceso de tercería de dominio tiene por objeto la protección de un derecho real invocado por los terceristas, en tanto la integridad de ese derecho esta afectada como consecuencia de un embargo. Entonces, visto que la finalidad de ese proceso va dirigida, exclusivamente, al levantamiento del embargo que se dice lesivo de un derecho de propiedad, todas las cuestiones que se hallan vinculadas con la propiedad de la cosa cautelada y su conservación habrán de ser materia de prueba sometida a los trámites propios del juicio ordinario, por lo que el juicio de mérito sobre esos aspectos que se pretendan introducir deberá ser efectuado por el juzgador en la oportunidad pertinente.
Acción contravencional, falta de acción
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C,F.H.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28

Respecto a la excepción de falta de acción, es requisito inexcusable para su procedencia, que a primera vista y sin lugar a duda alguna, aparezca acreditado en la causa que no existe contravención alguna que reprimir, vale decir que no se den en la conducta investigada las notas típicas que la caractericen como una infracción a una norma contenida en el Código Contravencional.

Estaríamos así en presencia de lo que podemos denominar "inexistencia de contravención" como sustento de la excepción, supuesto no descripto en el artículo 339 del Código Procesal Penal de la Nación pero considerado por D'Albora como de posible interposición "cuando resulte manifiesta de la mera descripción efectuada en el acto promotor".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, docentes interinos, cesantía, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTARINI, ALICIA LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-21

Los Sentenciantes consideraron que el cese dispuesto por parte de la autoridad administrativa era legítimo, por cuanto el decreto 4762/82 -que aprueba un reglamento de suplencias- estaba vigente y resultaba específicamente aplicable a la situación de la recurrente -docente interina- ya que faltaba un presupuesto o condición básica para la suplencia como es la posesión de capacidad física y psíquica adecuada para el ejercicio del cargo; y por otra parte señalaron que de la calificación como accidente de trabajo al sufrido por la recurrente no puede extraerse sin más el derecho a gozar de tareas diferentes con fundamento en el decreto 4597/83, ya que el artículo 11 expresamente requiere la "titularidad" tanto para el goce de tareas diferentes definitivas como transitorias. Frente a ello, las alegaciones de la recurrente lucen insuficientes para tener por configurado algún agravio con entidad bastante como para variar la suerte de la litis a su favor (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falis occo)
Caducidad de la prueba, error judicial, recurso de reposición (procesal), recurso de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tober S.A. c/ Víctor Gómez Portillo s/ Ordinario (LIBRO: A138 - 185)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-26

Y si como se aprecia el "dictum" declarando la caducidad de prueba pendiente de producción encierra, en todo caso, un vicio que afecta al contenido de la providencia (injusticia del acto), pues el "error" puede estar en el juicio valorativo del juzgador, mas no significa un apartamiento de las formas y solemnidades establecidas en la ley ritual para esa resolución (eficacia del acto), el remedio específico que prevé nuestro Código Procesal Civil, no es precisamente el incidente de nulidad (art. 94), sino en todo caso el recurso de reposición (art. 131).
Concesión administrativa, obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRESPI VDA. DE PIERRE, LIDIA ROSA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-25

El proceso de privatización de las rutas, a la par de muchas ventajas, también ha traído sus inconvenientes, lo que por lo general se resume en una situación de abuso por parte de los concesionarios. Así por ejemplo, es muy común observar rutas en el interior del país en las que hay que pagar peaje para transitarlas y sin embargo el estado sigue siendo tan deplorable como lo era antes del cobro. Es decir que el concesionario no ha realizado absolutamente ninguna inversión más que colocar las casillas para el cobro de peaje. Una sólida doctrina considera que en base a la obligación tácita de seguridad que viene impuesta en cabeza del concesionario por imperio del principio general de la buena fe (art.

1.198 Código Civil) éste garantiza al usuario que no sufrirá daño alguno con motivo de la circulación por el corredor. Es que la responsabilidad del concesionario se encuentra regulada por principios contractuales y dotada de un factor de atribución de carácter objetivo cuyo fundamento es el deber de garantía y seguridad, lo que implica que las rutas estén libres de todo obstáculo (baches, banquina cuidada, iluminación y señalización correspondiente) para permitir la normal circulación de los vehículos.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, sentencia arbitraria, resoluciones, Comisión Nacional de Valores
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Si los recurrentes plantearon la arbitrariedad del fallo por no constituir una derivación razonada del derecho vigente de conformidad a las constancias de la causa y cuestionaron la validez constitucional de la resolución general 227 de la Comisión Nacional de Valores, reglamentaria de la ley 17.811, corresponde considerar en primer término la arbitrariedad pues, de configurarse ella, no habría sentencia propiamente dicha.