marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Dutto, Ricardo Atilio c/ Cairns Welsh de Harriet, Mary Edith. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la de anterior instancia que había admitido la demanda promovida es inadmisible (Art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional Nro. 1- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ Art. 40 CC - Apelación Contravencional Nro. 1- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ Art. 40 CC - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

El órgano al que compete el juicio de admisibilidad del recurso debe constatar que éste no sólo cumpla con los recaudos formales sino también que contenga agravios constitucionales reales y no aparentes; lo que, claramente, no importa que se pronuncie sobre ellos; pero sí que discrimine la mera invocación genérica de preceptos, principios, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados, de una concreta impugnación constitucional del fallo. (Del voto de los Dres. Conde, Casás y Muñoz).
Cajas de previsión, personal policial, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Garay, Miguel Vicente y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-12

El decreto 2744/93 preexiste, coexiste y subsiste al Decreto 2140/2013. Asimismo, ambos decretos al ser reconocidos con carácter remunerativo y bonificable - dadas las similitudes que presentan- obstan a que durante el tiempo de coexistencia habiliten una indebida repotenciación lo que conlleva a que, durante la convivencia temporal de ambos, el decreto 2140/13 deba liquidarse de manera independiente y autónoma del decreto 2744/93, pues no permitir el incremento por vía de repotenciación de aquellos suplementos creados por el decreto 2744/93, no implica el desconocimiento del carácte r "bonificable" con el que fueron reconocidos los suplementos creados por el decreto 2140/13. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Carnota al que adhiere el Dr. Fantini).
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, error de derecho, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Cejas, Raimundo Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-22

El motivo casatorio de violación a la ley se limita a inspeccionar el error de derecho en concreto, es decir, el que puede producirse al establecer la relación existente entre el hecho y la norma (subsunción), pero tomando tal como los narra el a quo y no como pudieran resultar diversamente de una nueva valoración de las resultas probatorias que propone el impugnante según su personal criterio. De este andarivel elegido se encuentra excluida la revalorización de la prueba, la selección de la misma y la determinación de los hechos, aspectos en los que son soberanos los jueces de la causa.

Igual suerte de denegación debe seguir la alegada vulneración del art. 9 de la L.C.T. así como la del art. 33 de la Constitución Provincial, en la medida que el recurrente no evidenció en ningún momento, la duda del sentenciante, para que a partir de tal dubitación se derive, o no, en la violación adjudicada, de los principios que aquellos preceptos proclaman.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Yunes, Farid c/ Zgaib, Carlos; Zgaib, Ramón y Zgaib, Jalil s/ ORDINARIO S/CASACIóN. Banco de la Provincia de Río Negro c/ Collodet, antonio Osvaldo y otra s/ ORDINARIO S/CASACIóN. ROSAS HERTA O. c/ PLAYA BONITA SA. s/ ESCRITURACION S/CASACION. LEASING SCC. s/ CONVOCATORIA S/CASACION. CAILOTTO, MARIO M. Y OTRA c/ ETCHEGARAY, NELSON s/ SUMARIO S/CASACION. OHACO, CIPRIANO BERNABE Y OTRA c/ TERRON DE ARZUAGA, OFELIA MARIA DE LOURDES s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-20|1990-11-12|1991-06-17|1991-09-25|1991-10-29|1993-05-31

La interpretación o alcance de los convenios o contratos de partes constituyen una cuestión de hecho privativa del mérito, y en consecuencia su revisión en esta instancia deviene -en principio- improcedente, correspondiendo declarar mal concedido el recurso de casación.
Honorarios, juicios universales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BENESAYAG DE GUTMAN M. c/ BRUNO GUTMAN s/ División de Bienes (LIBRO: A067 - 434)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-03-23

Para la determinacion de los honorarios en los procesos universales, prescribe que se considerara monto del proceso, entre otros, supuestos, el avaluo pericial aprobado.- Desde que la propia ley tambien regla que la depreciacion monetaria integra aquel monto del juicio (art. 4 inc. a de la Ley de Aranceles) habra de entenderse que, si al momento de practicarse la regulacion ese avaluo se encontrase depreciado, a los profesionales corresponde reconocerles el derecho a una regulacion complementaria de este concepto.-
Licitación pública, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Constructora Mitre S.A. c/ M.A.A.R.N. y/o Provincia de Formosa s/ Acción contencioso administrativa Formosa s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-10-19

El Poder Público, en ejercicio de sus prerrogativas propias y haciendo uso de su posición preponderante frente a los administrados y en su carácter de intérprete último del interés público, puede revocar por contrario imperio el decreto aprobatorio de una licitación; no obstante, si al hacerlo causa un perjuicio a un particular, debe indemnizarlo. Ello se halla previsto en el art.. 58 de la Ley 971 que es conforme al art. 18 de la Ley Nacional 19549.

La razón es de clara raigambre constitucional, toda vez que si en el ejercicio de su potestad revocatoria se vulnera o cercena un interés legítimo o un derecho subjetivo de un cocontratante o de un particular, lo que está en tela de juicio es la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, manifiesto de carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA MARITIMA MUNDIAL S.A. s/ RECURSO DE APELACION TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-25

El texto del art. 956 inc. c. del Código Aduanero es suficientemente claro al equiparar, a los efectos de la inclusión del caso en la descripción del art. 954, el manifiesto general de la carga con la declaración de importación cuya presentación configura el hecho ilícito allí tipificado.- La Exposición de Motivos del Código no deja lugar a duda alguna en relación a los alcances del mencionado art. 956 cuando se manifiesta que la intención tenida en su redacción es que " las inexactitudes que se cometan respecto de la mercadería involucrada en tales documentos ( manifiesto general de la carga, del rancho, de la pacotilla y de la relación de la carga) queden incluidos en la infracción tipificada en el art. 954" (sentencia de esta Sala del 10 de abril pasado in re " Agencia Marítima Río Paraná S.A.").De lo que se concluye que, en todo caso, ante inexactitudes en que se hayan incurrido en el manifiesto general de carga y a los efectos sancionatorios, el legislador se ha remitido a la pena prevista en el mismo Código para las declaraciones inexactas en las operaciones de importación.

El manifiesto general de carga constituye el documento mediante el cual comienza la operación aduanera permitiendo la descarga de la mercadería del buque y su depósito hasta tanto el consignatoaria acepte la carga. De allí que resulta razonable la previsión del Cód AD. en cuanto a la presecución penal de las inexactitudes incurridas en dicho manifiesto dentro de la similar infracción que se incurre en las declaraciones de destinación de importación.-
Sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Becerra, Orozco y Pérez s/ SOBRESEIMIENTO EN AUTOS NUMERO 47581-F-9726 - SUMARIO POR   DESAPARICION DE GRACIELA FIOCHETTI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso.
Responsabilidad internacional del Estado, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Carlos Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-29

No corresponde aplicar en el caso el cómputo privilegiado previsto en la ley 24.390 pues en definitiva son su propia naturaleza y consecuencias aquello que puede frustrar los compromisos internacionales que sujetan al Estado argentino, en la medida en que de éstas pueda resultar en los hechos, independientemente del nomen juris del instituto o del órgano estatal al que se le atribuya suarticulación, una reducción significativa del cumplimiento de una pena adecuada y proporcional.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, distribución de medicamentos, establecimientos asistenciales, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

[.] en autos, el actor no direccionó correctamente su acción, atento a que la provincia de Río Negro, en el ámbito de su competencia, solo se ha limitado a garantizar el acceso a un medicamento dentro de un programa de características nacionales, razón por la cual no se advierte como podría progresar la inconstitucionalidad de la norma provincial sin cuestionar la normativa nacional. Por el contrario, la Provincia de Río Negro se encuentra obligada a garantizar a todos sus habitantes el acceso a todo medicamento autorizado por las autoridades correspondientes.
Insuficiencia del agravio, intervención de línea telefónica, derechos y garantías constitucionales, allanamiento domiciliario, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO CORONEL, Fidel Francisco y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Corresponde rechazar el plante del decreto de las intervenciones telefónicas pues los elementos con los que contaba el juez antes de ordenar la medida cuestionada, eran de una entidad tal que ameritaban disponer la limitación de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 de la Constitución Nacional ya que -como adelanté- ".La exigencia de motivación no exige a los magistrados una prueba de la culpabilidad de la persona que debe soportar la invasión en su esfera de privacidad, sino tan solo una presunción razonable de la comisión de un delito... " (Ver Sala IV causa 14.934, "Lucca, Rodolfo Osvaldo s/ recurso de casación" reg. 2393/12, rta. el 13/12/2012). El criterio del tribunal respecto de los allanamientos practicados en autos y las detenciones producidas en consecuencia, aparece como fundado en los términos de los artículos 123 y 404, inc. 2°, de CPPN, por lo que el agravio debe ser rechazado. En tal dirección, se recordó que ".frente a la existencia de una organización criminal que se encontraba en funcionamiento y la amenaza latente de que se concretaran nuevos hechos, tal como surgía de las conversaciones telefónicas interceptadas, el magistrado instructor ordenó el allanamiento de aquellos domicilios que estaban siendo observados, como así también las detenciones de Sergio Adrián Di Lello, de los hermanos Juan Daniel y Francisco Fidel Castillo Coronel, y del denunciado "Coki" o "Quito", respecto de quien se brindó una descripción física ya que días antes había sido observado por la prevención junto al nombrado Di Lello en el Barrio La Candela. Por otra parte, puesto que no se contaba con los datos personales de todas las personas que estaban siendo investigadas, se consignó no sólo el apodo de una de ellas sino una descripción física tendiente a lograr su correcta individualización, lo que de ninguno modo afecta su validez". La respuesta del tribunal, rechazando el planteo de nulidad del reconocimiento en rueda de personas dispuesto por el fiscal se ajustó a la jurisprudencia de esta Cámara que ha admitido que este acto sea realizado por el fiscal en el marco de lo dispuesto por la ley 25.760 que lo habilita específicamente para llevar adelante el acto.
Impuestos, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: JOHNSON Y HIGGINS  S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-01

Si se abonó un impuesto conforme con la ley vigente al momento de realizarse el pago, su efecto liberatorio impide que se aplique una nueva ley que aumente el impuesto por el período cancelado, pues ello afectaría la garantía constitucional de la propiedad, lo que es inadmisible (conf. C.N.Com. Sala C, c. 33.016 del 26/2/80, E.D. 88 87; C.S.J.N. E.D. 35-159).
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato    de    Conductores  Navales  de  la  República  Argentina c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Economía  y  Obras y  Servicios Públicos - Secretaría de Transportes. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El reconocimiento de una legitimación inexistente puede llegar a producir una indebida y no justificada ampliación de las facultades del Poder Judicial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, empleados públicos, cesantía, Policía Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHNIDRIG, HORACIO HUMBERTO RENE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO.     CSJ EXPTE NRO 297-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

No cabe subsumir el recurso extraordinario en la hipótesis prevista en el artículo 14 inciso 3 de la ley 48, desde que no medió cuestionamiento de la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado, o ley del Congreso, o una comisión ejercida de nombre de la autoridad nacional, ni tampoco ha recaído resolución contraria a la validez del derecho, privilegio o exención fundados en ella, sino que se trató simplemente de interpretación de normas de derecho público local, que el recurrente estimó contraria a tales reglas, pero sin demostrar de modo alguno, la relación directa e inmediata que es requisito indispensable para la admisibilidad del recurso.

En el caso, el actor dedujo Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción atacando los actos administrativos vinculados a su pedido de revisión de la causa en la que se decretó su cesantía y a fin de que se dispusiera su reincorporación al cargo de Oficial Sub-Ayudante de la Policía Provincial.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rogov, Pedro c/ N.N. u ocupantes de finca en calle v. Sarsfield s/n s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Cuando se esgrime la defensa posesoria en el juicio de desalojo, no es menester una prueba acabada de la condición de poseedor con la integridad de las características exigidas para usucapir, porque, precisamente, no es el juicio especial de desalojo el ámbito aprobado para discutir la cuestión posesoria.
Honorarios del abogado, escrituración, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: KRAKOBSKY, Israel y otros c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO TATO MAR SEXTO s/ FIJACION DE PLAZO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-15

El art. 32 de la ley de arancel establece que el monto del proceso por escrituración será el valor de los bienes objeto del mismo, determinado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 23 del mismo ordenamiento, por lo tanto si se ordenó escriturar distintas unidades a diferentes propietarios de un mismo edificio, previa afectación del inmueble al régimen de la ley 13.512, el interés comprometido está compuesto en la suma de los valores reales de cada una de las unidades, pues de lo contrario la no aplicación de las normas contenidas en el arancel convierten a la retribución en insalvablemente nula.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Espinosa, Pedro Francisco c/ Herrera de Noble, Ernestina y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Procede el recurso extraordinario si se cuestiona el alcance atribuido en la instancia anterior a las cláusulas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y la decisión es contraria al derecho que en aquéllas funda el apelante.
Rechazo de la demanda, accidente de tránsito, responsabilidad del transportador, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Argamonte, Isabel c/ Soto, Arnaldo Raúl y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Cabe desestimar la demanda seguida contra el codemandado conductor del rodado, en el marco de un proceso que se reclama la indemnización por accidente de tránsito donde se fallecieron varias personas y otras sufrieron lesiones. Es que, como lo ha resuelto la justicia bonaerense en análogas situaciones, mediante fallos que pueden consultarse en el sitio web "juba.scba.gov.ar", si la sentencia dictada en la causa correccional luego de una detallada consideración de los elementos útiles aportados, concluye absolviendo libremente al conductor y a tal conclusión se llega porque el magistrado entendió no acreditado el cuerpo del delito, más allá del alcance que corresponda dar a este concepto (si existencia material y cuerpo del delito son una misma cosa, o si no son términos equivalentes, aunque siempre el segundo presuponga lo primero), parece claro que entra a jugar en ese caso con toda su fuerza la norma del CCIV 1103 y no puede llegarse en la causa civil a una conclusión distinta de la del fuero penal, es decir, no cabe tampoco reproche civil para el citado conductor (conf. Cám. Apel. Civ. Com. La Plata, Sala 1, 25/06/98, "Fernández, Oscar Alberto c/ Conte, Salvador y otro s/ daños y perjuicios", voto del juez Crespi; Cám. Apel. Civ. Com. San Martín, Sala 1, 23/11/93, "Pérez, Ramón c/ Quintana, Luis A. s/ daños y perjuicios ", voto del juez Uhart). (En el caso se hizo lugar a la demanda contra un municipio, empleador del conductor del vehículo).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Viñuelas, Sergio Rene y Agusti, Hector Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. I.S.M.A.   Incidente de apremio (Expte. CSJ Nro. 428-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Debe desestimarse la impugnación efectuada cuando, más allá del expediente al que haya de haberse dirigido o corresponda glosarse la liquidación practicada, lo cierto es que la misma se practica como expresión matemática del contenido de la condena (cautelar, para el caso) sin que tenga otra función más que justipreciar el alcance económico de aquélla. En ese sentido, asiste razón a la parte actora en cuanto a que la liquidación ha sido impugnada, mas como pretensión ampliatoria de la demanda de apremio que como acto de ponderación de los efectos dinerarios del cumplimiento de la medida cautelar despachada, no pudiendo dejar de valorarse que la demandada no ha formulado cuestionamiento alguno a los cálculos efectuados ni ha alegado, ni menos aún demostrado, el concreto perjuicio que le causa la metodología utilizada para realizarlos.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Rubén Marcelo y/o Bulla Rodríguez Rubén Marcelo c/ Bulla Marcelo Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El agravio moral emergente de la negativa paterna al reconocimiento del hijo, está sujeto al conocimiento de la paternidad, por lo que el hecho generador de la obligación de reparar el daño nace desde la notificación de la demanda de filiación, no siendo abarcativo de las consecuencias producidas con anterioridad.-
Obligación tributaria, prescripción, interpretación de la ley, interpretación literal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Provincia de Río Negro (Fiscalía de Estado) c/ Morcol S.R.L. s/ Ejecución Fiscal s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-20

El primer método de interpretación al que debe acudir el Juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley. En efecto, la primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los Jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (cf Fallos: 313:1007). En tal inteligencia y toda vez que la pretensión de la ejecutante sobre la aplicación del cómputo y suspensión de la prescripción reglada en el Código Fiscal se fundamenta en lo establecido en los arts. 2532 y 2560 del CCyC, cuando la letra de la norma, primera pauta hermenéutica de interpretación (cf CSJN, Fallos 324:1740, 3143,3345, entre otros), expresamente refiere solo a los plazos de prescripción, hacer lugar al planteo de la recurrente implicaría extender las conceptualizaciones jurídicas emergentes de aquellas normas a situaciones para las cuales no fueron dispuestas. (Voto del Dr. Barotto en disidencia)