Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01


Causa Nº 21328-00/CC/06 caratulada "ANDRADA, PAULA GISELA S/ FALTA DE HIGIENE Y OTRAS - APELACIÓN".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1er día del mes de Marzo de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Convoca la atención de este Tribunal el recurso de apelación promovido a fs. 129/131 por la Sra. Paula Gisela Andrada -con el patrocinio letrado del Luis Sebastián Grassi- contra la sentencia de fs. 120/124 suscripta por la María Araceli Martínez -titular del Juzgado nº 29- en la que se resuelve condenar a la encartada a la sanción de multa de tres mil novecientos pesos ($3.900) en virtud de las faltas consistentes en: desarrollar la actividad de música y canto sin tener otorgado el permiso correspondiente según acta nº 20966635; falta de disyuntor direrencial, contratapa de tablero eléctrico y poseer cables expuestos de 220 voltios en la cocina y local de tablero principal según acta nº 20966634 y por tener libreta sanitaria vencida de Florencia Charleri DNI 28.844.386 según acta nº 20956363, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas.

La Magistrada consideró que la prueba agregada por la presunta infractora no alcanzó a desvirtuar las constancias de los documentos antes mencionados, por lo que tuvo por acreditada la materialidad infraccionaria en los términos de los artículos 3 y 5 de la Ley 1.217 -fs. 121vta.-. Sin embargo, se eximió de pronunciarse en relación a la acusación de carecer de máquina expendedora de preservativos, por mediar respecto de ella desistimiento fiscal -fs. 122vta.-.

Encuadró el primero de los hechos imputados en las previsiones de los arts. 1º, 2º y 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia nº 3/2005, conforme el cual se regula la concesión de autorizaciones transitorias de funcionamiento para clubes de cultura por el término de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. Habiendo transcurrido holgadamente dicho plazo al momento de la inspección, y en orden a que tampoco contaba el local con la habilitación definitiva, meritó configurada la falta del art. 4.1.1 de la Ley 451 -fs. 122 y vta.-. Vinculó las diversas anomalías detectadas en las instalaciones eléctricas del local con la violación de los arts. 2.2.14, 2.1.2 de la misma norma y 8.10.1.3 del Código de la Edificación -A.D. 630.136- y la posesión de libreta sanitaria vencida con el art. 1.1.6 del R.F. -fs. 122/123-.

Cuantificó la sanción tomando en consideración los parámetros del art. 28 de la ley de fondo. Estimó que, respecto de la falta de habilitación, la fiscalía tuvo la intención de solicitar la aplicación del mínimo de la pena prevista; a ello adunó la predisposición de la encausada a cumplir con la normativa vigente y la rápida subsanación de los defectos observados. Tales extremos, conjugados con las circunstancias del caso, la condujeron a decidir el cumplimiento de la condena en suspenso -fs. 123-. Finalmente, en atención al resultado del juicio, le impuso el pago de las costas -fs. 123vta.-.

La Sra. Andrada aduce que la sentencia es arbitraria y contraria a la normativa vigente -fs. 129-. Sostiene que en mayo de 2005 inició el trámite de habilitación, el que fue resuelto casi un año y medio después por demora imputable a la Administración. En tal sentido parece postular la afectación de su libertad de trabajo fundada en la irrazonabilidad de la espera para ejercer su actividad comercial, habida cuenta de los gastos incurridos para colocar al local en las condiciones exigidas por la ley -fs. 130-. Afirma que el plazo de ciento ochenta días que la sentenciante estimó fenecido fue en realidad prorrogado por las leyes 1.776, 1.955 y 2.053; esta última, por otros ciento ochenta días a partir del 9 de agosto de 2006. Tal circunstancia, sumada a lo manifestado oportunamente en el descargo a fs. 83 desvirtuaría el contenido del acta respectiva -fs. 130vta.-.

En lo que atañe a la falta consistente en poseer cables expuestos, alega que éstos no configuraban un "peligro latente", como afirmó la Magistrada, pues se encontraban a una altura de 2,40 metros del piso y ello impediría el "contacto casual" cuyo riesgo la norma intentaría disipar, por lo que la condena se habría fundado en una incorrecta evaluación de la prueba -fs. 131-.

A fs. 137/139 el Sr. Fiscal de Cámara propugna declarar la nulidad del acta de audiencia de debate a partir de fs. 118vta, segundo párrafo, y de todo lo actuado en forma posterior, incluida la sentencia, por lo que correspondería absolver a la encartada. Sustenta tal pretensión en una central irregularidad que se habría verificado en la causa, consistente en que la Administración intimó primeramente la subsanación de las faltas y luego sancionó a la imputada sin previa constatación sobre el cumplimiento o no de dicha intimación -fs. 137vta.-.

Causa Nº 21328-00/CC/06. Sala II.

Señala otro defecto que obstaría a la conclusión punitiva en estos autos: el Sr. Fiscal de primera instancia oportunamente acotó su intervención a sólo dos de los hechos en juzgamiento, pero durante el debate acusó y solicitó pena por la totalidad de las infracciones -con excepción a la falta de máquina expendedora de preservativos en los baños- actuando así en exceso de sus facultades -fs. 138-. Sostiene que por aplicación del artículo 41 de la L.P.F. el único momento hábil a fin de configurar el núcleo de la acusación y determinar el objeto procesal es la primera intervención del fiscal -fs. 138vta.-, lo que no puede subsanarse con posterioridad.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, corresponde resolver las cuestiones traídas a estudio.

Y CONSIDERANDO 1.

Se han respetado los requisitos formales de interposición, conforme las demandas de los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimiento de Faltas: ha sido promovido contra la sentencia recaída, por quien tenía derecho a hacerlo y en escrito fundado, dentro del plazo de cinco días de notificada. En lo atingente al análisis de admisibilidad sustancial, la presentante ha atacado la resolución intentando estructurar un caso de arbitrariedad y de violación de la ley, causales expresamente previstas en la primera de las disposiciones mencionadas; de este modo, debe meritarse superada la evaluación de las demandas de interposición de la vía.

2.

En primer término, se advierte que, no obstante haber sido promovido el remedio "...contra la sentencia recaída en autos de fecha 20 de octubre de 2006" -fs.129- los concretos agravios formulados contra ella se dirigen a embestir lo decidido respecto de las faltas consignadas en las actas nº 20966635 y 20966634; en lo que atañe a esta última, la recurrente circunscribió su crítica a la acusación de "poseer cables expuestos de 220 voltios en cocina y local de tablero principal". Consecuentemente, procede tener por no apeladas -y por ello firmes- las condenas recaídas respecto del acta nº 20956363 -libreta sanitaria vencida- y de la falta de disyuntor diferencial y contratapa de tablero principal.

2.a.- Infracción consistente en desarrollar actividad de música y canto sin tener otorgado el permiso de actividad correspondiente (acta nº 2 0966635 de fs. 4): De lo dicho en el escrito de apelación y en el descargo obrante a fs. 83 y vta. puede colegirse que la impugnante entiende haber sido injustamente sancionada en relación a esta falta, toda vez que, según su versión, una vez iniciado el trámite de inscripción del "Virasoro Bar" en el registro correspondiente como club de cultura y cumplidas las demandas de los artículos 4, 5, 6 y 7 del DNU 3/2005, "...no existen otros requisitos más que la resolución administrativa, la cual a la fecha, transcurrido más de un año, no se ha producido" -fs. 83vta.- mucho más cuando el plazo "...que tiene la autoridad administrativa de controlar los requisitos del DNU Nº 3/2005.." fue prorrogado por diversas leyes, las que, además, suspendieron la vigencia de toda otra norma que colisione con las exigencias de otorgamiento de permisos diseñadas en el decreto de marras.

Esta reseña exhibe una desajustada interpretación de la norma bajo la cual se subsumió la actividad ejercida por la encartada, presente tanto en la etapa administrativa del procedimiento como en los fundamentos de la condena impuesta.

En efecto, a fs. 26 el Controlador actuante, interpretando el art. 9 del citado decreto, encontró "claro" que el plazo de 180 días a que allí se hace referencia "...ha transcurrido en exceso, por lo cual la actividad de música y canto resultaba prohibida al momento del acto inspectivo". A su tiempo, la Magistrada entendió que "claramente surge que desde la promulgación de dicho decreto hasta la confección de la referida acta transcurrieron holgadamente el plazo de 180 días previstos [sic] (...) si bien la infractora inició los trámites de habilitación correspondientes dentro de los 180 días que especifica la norma, el local no fue habilitado en ese período y, a pesar de ello siguió trabajando. Es por ello que habré de sostener el reproche formulado en sede administrativa" -fs. 122-. Estas dos menciones son producto de una errada lectura de la disposición de referencia, que en modo alguno establece un lapso de habilitación provisoria -como interpretaron quienes conocieron en la causa- sino que estatuye una facultad en cabeza del Director General de Habilitaciones y Permisos consistente, previa verificación de mínimos requisitos, en otorgar permisos de actividad por tiempo determinado insusceptible de extensión suplementaria; y es esta atribución -la de conferir autorizaciones- la que se concede por ciento ochenta días. De esta manera, no fenece la habilitación transitoria e improrrogable una vez transcurrido Causa Nº 21328-00/CC/06. Sala II.

aquel período -ni las sucesivas extensiones que sufrió por leyes 1.776, 1.955 y 2.053- sino la concreta facultad del funcionario allí consignada de otorgar permisos en las condiciones descriptas.

Cabe determinar entonces si al momento del labrado de las actas de fs. 4/6 al titular de la explotación del "Virasoro Bar", la conducta endilgada en el acta de fs. 4 le era o no reprochable, es decir, si el día 4 de junio de 2006 se hallaba normativamente vedada la "actividad de música y canto" en el local o si, por el contrario, la mera activación del trámite de habilitación facultaba a la Sra. Andrada a desenvolver su giro hasta el momento en que la Administración se expidiera.

De inicio se advierte en la muy intrincada red de disposiciones que rige el caso en estudio la existencia de dos normas aparentemente superpuestas: la Ordenanza Municipal nº 42.546/CjD/87, del 04/12/1987; y el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 3/2005. Este último parecería desplazar por especialidad, en cuanto a la necesidad de nueva exigencia de habilitación, a la primera de las disposiciones, habida cuenta del sustento de su dictado en las demandas de mayor seguridad evidenciadas por la "tragedia de Cromañón" -ver, en especial, los tres primeros de sus considerandos-. Obsérvese que ambas regulan los espacios en que "...se realicen manifestaciones artísticas que signifiquen espectáculos con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus modalidades sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, espectáculos musicales, y/o de danzas y en los que se tomen en cuenta únicamente la calidad del espectáculo o interés del mismo como vehículo difusor de cultura" -art. 1º de las dos normas-. La diferencia estriba en que en la Ordenanza se trata de "locales" a los que se denomina "Teatro Independiente"; y en el Decreto, de "salas de teatro independiente, espacios no convencionales, espacios experimentales o espacios multifuncionales" a los que se rotula "Club de Cultura".

Ya la O.M. 24.654 de 1969 imponía para los locales de música, canto y variedades la necesidad de obtener un permiso especial de uso, sin el cual no podían funcionar; en caso de no contar con él, se procedía a la inmediata clausura del establecimiento -art. 3º, inc. a)-. Con posterioridad, la Ordenanza de 1987 reiteró esta demanda y dispuso que tal autorización debía concederse una vez verificadas las condiciones del lugar; en estos casos, el acceso de público quedaba permitido cuando, además de dicho permiso, existía una empresa responsable de su funcionamiento, reconocida por la Dirección -art. 6º de la O.M. 45.546-.

No existen constancias de tales autorizaciones en las presentes actuaciones, pues la copia de fs. 50 -única acreditación de especies habilitadas- sólo da cuenta de los siguientes rubros: "restaurante, cantina, casa de lunch", faltando la correspondiente a "actividad de música y canto" de la disposición de 1969 -como reza la imputación- o a "teatro independiente" que demandaba la OM 42.546.

Sin embargo, el dictado del D.N.U. nº 3/2005, dada la particular coyuntura que motivó su redacción, vino a traer una nueva exigencia de adecuación de los espacios a estándares de mayor efectividad preventiva, circunstancia que se tradujo en el nacimiento de la categoría "Club de Cultura". Ésta, que resultó abarcativa de los mismos tópicos de desempeño que los "teatros independientes" -en virtud de la identidad entre los dos articulados- generó la obligación de los titulares de emprender un nuevo trámite habilitante, que entre otras exigencias implicaba el sometimiento del local a una inspección de verificación de los requisitos mínimos de seguridad estatuidos en la misma norma -arts. 4º, 5º, 6º y 7º- a llevar a cabo dentro de los quince días de presentada la solicitud -art. 9º in fine-. A su turno, la Res. 1.417-SC-05 del 29/04/2005 fijó hasta el día 13 de mayo del mismo año la recepción de inscripciones en el Registro de Clubes de Cultura creado por el D.N.U. citado.

Del examen del expediente administrativo que corre por cuerda surge que el 11 de mayo de 2005 la Sra. Andrada comisionó al Arq. Fernando Sergio Chernobilsky a fin de sustanciar la habilitación del "Virasoro Bar" como Club de Cultura -fs. 7-. Conforme lo dispuesto por la nueva normativa, el local fue inspeccionado y se incorporó al legajo el informe respectivo el 24 de junio siguiente -fs. 14/15-. El 13 de julio de 2005 se ordenó remitir las actuaciones a la Dirección General de Planeamiento Interpretativo -fs. 16-, dependencia que no se expidió sino más de un año después, el 31 de julio de 2006, cuando ya se había efectuado la inspección que dio origen al labrado de las actas -fs. 76-. El Director General Adjunto de la D.G.H. y P. dictaminó en sentido favorable al otorgamiento del permiso provisorio casi dos meses y medio más tarde -pues la fecha consignada a fs. 77 parece corresponder al año 2006, habida cuenta de que hace mención a la Ley 2.053 que no había sido sancionada el 12/09/2005, data de dicho documento-. La autorización se concedió el 13 de septiembre de 2006 mediante Disposición nº 2347/DGHP/2006 -fs. 78- y fue notificada al Sr. Alejandro Reija, cónyuge de Andrada, el día siguiente -fs. 79-.

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Sin perjuicio de la reprochable morosidad de la Administración, lo cierto es que el "Virasoro Bar" podía ejercer actividades de restaurante, cantina y casa de lunch vinculadas con su concreto permiso obtenido en 2001, mas no respecto de "música y canto", pues la vigencia de la O.M. 42.546/CjD/87 -en su parte no expresamente derogada por el D.N.U. 3/2005- implicaba para la encartada la obligación de desempeñarla recién "una vez que se les haya otorgado el permiso de uso" -art. 6º-; tal condición también se encontraba prevista, como se dijo, aun en el régimen de 1969 -art. 3º, inc. a, de la O.M. 24.654/MCBA/69-. En otras palabras, el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 3/2005 no produjo variación alguna en la exigencia de obtención del "permiso de uso" a que hace referencia la Ordenanza citada, por lo que antes y después de su dictado le era exigible a la recurrente la tramitación de una autorización especial, de la que no existen constancias en estos obrados. Todo ello se refuerza con la contudente manda del art. 2.1.8 -A.D. 700.5- del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, que textualmente reza: "La iniciación del trámite de habilitación autorizará el funcionamiento de la actividad, con sujeción a lo que se resuelve oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo los casos de los rubros que seguidamente se enumeran, los que no podrán ser librados al público, hasta tanto no cuenten con la habilitación acordada y el certificado de habilitación pertinente: -Locales de espectáculos y diversiones públicas..."; por lo demás, el último párrafo del art. 2.1.9 del mismo cuerpo dispone que "las actividades sujetas al régimen del Art. 2.1.8 (habilitación previa) ... no podrán funcionar hasta tanto no cuenten con la habilitación acordada y el Certificado de Habilitación pertinente, bajo apercibimiento de disponerse su inmediata clausura" -Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Tomo IV, págs. 8 y 9-.

En resumidas cuentas, es dable concluir que, pese a encontrarse prohibida la "actividad de música y canto" sin el permiso especial correspondiente -antes y después del D.N.U. 3/2005- por la que fue imputada la titular del "Virasoro Bar", los inspectores verificaron que ésta igualmente se desarrollaba en sus instalaciones el día 4 de junio de 2006. Correctamente, pues, labraron el acta respectiva y procedieron a su clausura, permaneciendo incólumes las de restaurante, cantina y casa de lunch, que en todo momento pudieron ser libremente desempeñadas en el bar -por lo que mal trae la recurrente al análisis la hipótesis de encontrarse compelida a "cerrar las persianas y poner fin al negocio" como ilustrativa de la afectación del derecho a trabajar consagrado en la CN, conforme expresa a fs. 130-. En cuanto a la desmedida extensión temporal de la tramitación administrativa, debe decirse que, más allá de que la Sra. Andrada contaba oportunamente con las herramientas procesales pertinentes para neutralizar la notoria mora del organismo encargado de expedir los certificados, lo cierto es que tal irregularidad -también denunciada por la representante del M.P.F.- fue efectivamente tenida en cuenta por la sentenciante a la hora de fijar el cumplimiento en suspenso de la pena impuesta: de esta for ma encontró una balanceada ecuación entre el riesgo asumido por la imputada al iniciar de todas maneras el ejercicio de una actividad que no le estaba formalmente permitida ni aun antes del D.N.U. de referencia, y el relativo daño social generado; todo ello con singular gravitación del accionar ineficiente del Estado en la tramitación del permiso.

Por lo expuesto, la solución adoptada luce armónica con las constancias de la causa y resulta adecuada a su finalidad preventiva.

2.b.- Infracción consistente en "poseer cables expuestos de 220 volt. en cocina y local de tablero principal" (acta nº 20966634 de fs. 5): Aquí los argumentos de la apelante sólo importan una discrepancia con lo decidido por la Magistrada, insuficiente para configurar la causal alegada. Recuérdese en este orden que la arbitrariedad "posee un carácter estrictamente excepcional y exige que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación [CSJN, Fallos 323:2879], supuestos que no se verifican en el caso en estudio y la calificación de arbitraria que la defensa aplica a la sentencia dictada por el Tribunal no le permite superar el mero desacuerdo que expone respecto de la inteligencia asignada a problemas regidos por normas de derecho público local, extrañas al remedio federal que se intenta [CSJN, Fallos 308:1757] (considerando 3 del voto de la Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ art. 40 CC - apelación", rta. el 03/09/2003; al que remiten numerosos precedentes del mismo Alto Tribunal).

No cuestionado el encuadramiento típico practicado por la sentenciante, la referida discrepancia emerge bajo la pretensión de haberse efectuado una deficiente valoración probatoria, la que, adelantamos, en modo alguno se verifica. Efectivamente, no sólo aparece criteriosa la consideración de que toda exposición Causa Nº 21328-00/CC/06. Sala II.

de cables de alto voltaje en una cocina configura un "peligro latente" para los que allí trabajan o transitan, sino que, además, tampoco ha quedado acreditado que los conductores se encontrasen a la altura denunciada en el escrito impugnaticio y que no resultan susceptibles de producir contactos casuales -véanse las fotografías de fs. 78 y 79, que en modo alguno permiten apreciar la elevación de las instalaciones inspeccionadas, circunstancia que obliga a estar a los hechos descriptos en la imputación de fs. 5-, y por ello la queja formulada al respecto no será favorablemente acogida.

2.c.- De la pretensión nulificante y liberatoria del Sr. Fiscal ante la Cámara: Al respecto denuncia dos defectos de índole procesal que tornarían nula la decisión. El primero consiste en la anómala actuación de la Administración en tanto habría aplicado una sanción sin verificar el previo cumplimiento de las intimaciones a subsanar las infracciones, cursadas con anterioridad.

Esta afirmación no puede ser válidamente sostenida en el marco del procedimiento de faltas, habida cuenta las especiales características que éste presenta, de las que hemos hecho referencia en pronunciamientos anteriores. Obsérvese que los emplazamientos de reparación existen y datan del día 6 de junio de 2006 -ver fs. 21/23- pero lucen posteriores a la fecha de labrado de los documentos imputativos de fs. 4/6 y del acta de clausura de fs. 7 -4 de junio de 2006 a las 2:05 hs.-. Ello implica que el procedimiento se inició con anterioridad a las referidas intimaciones, tendientes a que a la brevedad se solucionaran los defectos evidenciados en un local al que seguía concurriendo público -pues sólo se clausuró la actividad de "música y canto"-. Incumplidas ellas, la autoridad de aplicación se hallaría habilitada para cerrar preventivamente el local.

De acuerdo con el art. 13 de la Ley 451, la acción en el régimen de Faltas es pública, y corresponde proceder de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios públicos. La Ley 1.217 reitera este principio y establece, en su art. 1º, que lo dispuesto en el título "Procedimiento Administrativo de Faltas" se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El art. 3º de dicho cuerpo ceremonial instruye al funcionario en relación a los pasos a seguir: debe labrar un acta que contenga los requisitos allí enunciados; posteriormente, está obligado a hacer entrega de una copia al presunto infractor -art. 4º-, si éste se encontrara presente. Queda prevista -art. 7º- la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública a efectos de asegurar la verificación o de identificar al inspeccionado, y la de tomar medidas precautorias -secuestro de elementos de cargo y clausura preventiva de los locales u obras en infracción- que son ratificadas o levantadas por el organismo de control -art. 8º-.

De esta reseña no puede sino colegirse que constituye ineludible deber de los funcionarios, anejo al ejercicio del poder de policía que detentan, el de documentar la infracción sin solución de continuidad con el momento de su constatación, en virtud de estas conductas -faltas-, cuyo disvalor se agota mediante la simple infracción, y a su comisión sigue la imposición de la pena administrativa, en calidad de simple retribución -criterio sostenido en causas Nº 306-00-CC/2005, "CIA EXHIBIDORA CINEMATOGRAFICA 'LOS ANGELES' S.R.L. S/ CABLES EXPUESTOS Y OTROS - APELACION", rta. el 16/12/2005; nº 050-00/CC/2006 caratulada "CEDAFA S.A. s/ falta completar cerramiento de escalera de PB a subsuelo y otras - APELACION"; y nº 14310-00/CC/06, "CONSORCIO DE PROPIETARIOS AVENIDA DE MAYO 1302/40 s/ falta de señalización y otras - Apelación", rta. el 21/11/2006-.

Todo ello viene a abonar la especialidad de este régimen que, fundado en la procuración de un orden en el desempeño de las actividades no prohibidas y en aras de la seguridad de la comunidad, ha instituido junto con las tipificaciones del cuerpo sustantivo el peculiar derrotero procedimental descripto, que acepta sin mella de garantía constitucional alguna la posibilidad de verificación de la infracción por un lado -y sus consecuentes implicaciones sancionatorias- y la de intimar posteriormente a la subsanación de los defectos detectados, sin perjuicio de lo que se decida en el oportuno juzgamiento en relación a las ilicitudes ya prevenidas. Labradas las actas de comprobación, se impulsa el "procedimiento de Faltas" en relación a ellas, y nada obsta a que la Administración, en el regular ejercicio del poder de policía, arbitre las medidas tendientes a la restitución del estado de cosas al procurado normativamente, entre ellas, la instrumentación de las intimaciones que estime cursar para evitar la perpetuación de los estados de hecho irregulares detectados.

Las precedentes consideraciones no resultan conmovidas por la escueta expresión vertida a fs. 137vta., según las cuales "...es criterio de esta Fiscalía de Cámara que ante situaciones como la del sub examine corresponde proceder a la Causa Nº 21328-00/CC/06. Sala II.

absolución de la encausada, en tanto han sido correcta y debidamente rectificadas las faltas oportunamente verificadas", pues no explica -ni aun en otros puntos del escrito- el basamento legal o el sustento de razonabilidad de tal enunciación. Amén de ello, tampoco toma en cuenta que la reparación de las infracciones con posterioridad a su comisión no hace desaparecer la ilicitud de la conducta, si bien puede considerarse a la hora de decidir la eventual atenuación por imposición de sanción sustitutiva -conf. art. 30 de la Ley 451-, y de individualizar la pena en consonancia con los principios de racionalidad y proporcionalidad -conf. art. 28 del mismo cuerpo-, tal como ocurriera en autos.

Tampoco habrá de asignarse a la segunda y última de las objeciones formuladas por el Fernández la significación postulada en el dictamen de fs. 137/139, por varias razones. En primer término, sabido es que en virtud de la misma particularidad de la materia en tratamiento se confiere al Ministerio Público Fiscal un espectro de actuación de diferente envergadura respecto de los regímenes contravencional y penal, en los que la tarea de reconstrucción histórica de la realidad atribuida a través de la actividad probatoria posee una importancia fundamental en la suerte de la pretensión punitiva. Lo contrario sucede en el procedimiento de faltas, diseñado en base a una acusación que se sostiene en un acto administrativo, el cual en nuestra Ciudad adquiere presunción de legitimidad -art. 12 del Dec. 1510/97-. Es por ello que el acusado en una causa de faltas está llamado a revertir la imputación así formulada, pues, de otra forma, las actas hacen plena prueba de los hechos allí descriptos -art. 5º de la Ley 1.217-. A tal punto esta peculiaridad influye en la participación de los sujetos del proceso, que el Ministerio Público Fiscal se exime en la práctica de actuar en gran cantidad de juicios como criterio de actuación -ver, al respecto, la Res. MPF nº 7/2004- sin que ello implique la desaparición de la pretensión punitiva por parte de la administración. En esas causas no puede decirse que se haya vulnerado el principio acusatorio o que el Juez -siguiendo la idea que parece postularse en el dictamen reseñado- deba directamente absolver so riesgo de vulnerar el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, ya que evidentemente la imputación viene determinada, como se dijo, por el tenor del documento que la instrumenta; y el desempeño de la fiscalía resulta eventual.

En el sentido expuesto, si el Fiscal ante la primera instancia manifestó que actuaría respecto de algunas infracciones y finalmente acusó por todas no efectuó más transgresión que la de superponer manifestaciones imputativas relacionadas con un mismo hecho y que en el particular no produjeron mella alguna en los derechos del imputado. Por el contrario, la solicitud de cumplimiento en suspenso de las penas a imponer -formulada por la Fiscal al alegar a fs. 118vta.- fue favorablemente acogida por la Magistrada -fs. 123vta.- como así también el desistimiento respecto de la falta de máquina expendedora de preservativos -fs. 118vta. y 122vta.-.

Tampoco es cierto que "la primer intervención del Ministerio Público, en la que se resuelve intervenir -o no- en la causa según el art. 41 Ley 1.217, es el único momento válido para determinar qué infracciones conformarán el núcleo de la acusación, y por ende, sólo allí se determina el objeto procesal" -fs. 138 vta.-. Ya se dijo que este último viene establecido por la estructuración de las imputaciones con el labrado de las actas administrativas; cabe señalar ahora que tal afirmación impone proscribir la sustanciación del proceso en torno a hechos diferentes de los descriptos en ellas. A esta circunstancia debe adunarse que el propio artículo 41 citado por el Sr. Fiscal estructura la intervención del órgano acusador como una facultad sujeta a los criterios de actuación que oportunamente aquél determine, sin estatuir en modo alguno la oclusión del proceso por su eventual manifestación negativa o por falta de contestación de la vista que allí se prevé. Así, la Resolución nº 7/2004 MPF ha determinado para estos funcionarios en qué casos impulsar el procedimiento y en qué otros participar concretamente de la sustanciación. Más allá de estas afirmaciones, de estar al fundamento traído a este respecto, debiéramos concluir en el absurdo de meritar vacía de objeto toda causa en la que, a fin de evitar el referido dispendio de actividad, los fiscales decidan no ejercer concretamente la acción ya promovida, de conformidad con las pautas de intervención regladas. El extremo interpretativo de esta particular postura conllevaría el imperativo de absolución en todos los casos en que el acusador se abstenga de intervenir, lo que sin dudas no ha querido el legislador en este ámbito.

Es que "... en materia de faltas no rigen las mismas normas que caracterizan el sistema acusatorio previsto para la materia contravencional, al ser facultativa la intervención tanto del fiscal como del defensor, de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico de la Ciudad que estableció un régimen específico, donde integró la instancia administrativa regulando la intervención de una serie de funcionarios en salvaguarda del interés del estado" (causa nº 165-00-CC/2004. "Rueda, Oscar s/ exceso de velocidad y otras - Apelación", rta. el Causa Nº 21328-00/CC/06. Sala II.

07/07/2004; criterio seguido en causas nº 231-00-CC/2004, "De Blas, Domingo s/Exceso de velocidad - Apelación", rta. el 14/09/2004 y nº 270-00-CC/2004, "Gral. Tomás Guido S.A. s/ violar luz roja y otras - Apelación", rta. el 11/05/2005).

En cuanto a la aplicación supletoria del artículo 172 del C.P.P.N., la sola mención de su pertinencia en función de lo estatuido por el régimen de juzgamiento de las contravenciones -leyenda "art. 6 LPC" consignada a fs. 138vta., séptimo párrafo- quita toda corporeidad al planteo, habida cuenta de que el presente viene regido por una específica regulación procedimental que prescinde de remisión expresa al ceremonial penal nacional, a contrario de lo normado en la Ley 12. Sin perjuicio de ello, el argumento de que la sustanciación de un nuevo procedimiento resultaría vulneratoria del principio de non bis in idem y por ello debe absolverse a la imputada no sólo constituye una falacia -en función de la falsedad de la premisa, originada en la ya rebatida postura nulificante- sino, además, aparece sustentada en una decisión de nuestro Tribunal Superior que versa sobre un presupuesto de hecho harto disímil del tratado en autos, regido por disposiciones de fondo y rito de muy diferente índole y, por lo demás, vinculada en el dictamen con el voto minoritario y en disidencia tan sólo de uno de los cinco Ministros del Alto Estrado.

Consecuentemente, y en orden a que no se ha acreditado la existencia de arbitrariedad, violación de la ley o inobservancia de las formas previstas para la sustanciación de la causa, la vía no arribará a la solución preconizada por el recurrente ni a la postulada por el Sr. Fiscal. Es por ello que la decisión del a quo habrá de ser cohonestada, en lo que se refiere a la condena recaída respecto del desarrollo de la actividad de música y canto sin tener otorgado el permiso de actividad y de la presencia de cables expuestos de 220 voltios, con la salvedad de que la resolución adoptada con relación a la falta de disyuntor diferencial, contratapa de tablero eléctrico y la posesión de libreta sanitariaria vencida de una de las empleadas ha quedado firme de conformidad con lo que expusiéramos en el primer párrafo del punto 2 de estos considerandos.

En virtud de lo hasta aquí expresado, habiendo finalizado el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR el punto dispositivo " I " de la sentencia de fs. 120/124 en cuanto condena a la Sra. Paula Gisela Andrada, cuyas demás condiciones personales obran en autos, en virtud de las faltas consistentes en desarrollar la actividad de música y canto sin tener otorgado el permiso de actividad según acta nº 20966635 y poseer cables expuestos de 200 volt. en cocina y local de tablero principal según Acta nº 20966634, manteniendo la sanción de multa oportunamente impuesta, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase, debiendo la Sra. Magistrada a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.