marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: P. de S. c/ S. M. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

Corresponde revocar la providencia que dispuso intimar al alimentante a abonar lo que pudiera adeudar, quien ajustándose a los términos del convenio, había abonado a partir de mayo de 1991 la pensión sin la actualización monetaria por aplicación de la Ley 23 928 de convertibilidad del austral. Ello es así por cuanto, al tratarse de un convenio de alimentos celebrado con anterioridad a la publicación de la referida ley, es de aplicación el artículo 7 y no el supuesto del artículo 10 que prohibe toda cláusula de reajuste a partir del 1 de abril de 1991, por ende los regímenes alimentarios fijados contractualmente que tuvieren cláusulas de repotenciación se actualizarán hasta esa fecha y luego, tales cláusulas no se podrán utilizar para ajustar la cuota pactada.

A partir de allí rige el principio nominalista, conforme al cual el deudor se libera entregando la misma cantidad de moneda convenida, en términos nominales, interpretación que aparece ratificada por el artículo 1 del Decreto reglamentario. Los alimentos son esencialmente variables, por ello si en valores nominales aumenten las necesidades de los alimentados, se podrá volver a pactar el "quantum" alimentario, o pretender el aumento judicialmente.
Faltas, proceso de faltas, acusación, carga de la prueba, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ANDRADA, PAULA GISELA s/ FALTA DE HIGIENE Y OTRAS - APELACIÓN .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Sabido es que en virtud de la particularidad de la materia de faltas, se confiere al Ministerio Público Fiscal un espectro de actuación de diferente envergadura respecto de los regímenes contravencional y penal, en los que la tarea de reconstrucción histórica de la realidad atribuida a través de la actividad probatoria posee una importancia fundamental en la suerte de la pretensión punitiva.

Lo contrario sucede en el procedimiento de faltas, diseñado en base a una acusación que se sostiene en un acto administrativo, el cual en nuestra Ciudad adquiere presunción de legitimidad de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nro. 1510/97. Es por ello que el acusado en una causa de faltas está llamado a revertir la imputación así formulada, pues, de otra forma, las actas hacen plena prueba de los hechos allí descriptos -artículo 5 de la Ley Nro. 1.217-.

A tal punto esta peculiaridad influye en la participación de los sujetos del proceso, que el Ministerio Público Fiscal se exime en la práctica de actuar en gran cantidad de juicios como criterio de actuación, sin que ello implique la desaparición de la pretensión punitiva por parte de la administración. En esas causas no puede decirse que se haya vulnerado el principio acusatorio o que el Juez deba directamente absolver so riesgo de vulnerar el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, ya que evidentemente la imputación viene determinada, como se dijo, por el tenor del documento que la instrumenta y el desempeño de la fiscalía resulta eventual.

Es que "... en materia de faltas no rigen las mismas normas que caracterizan el sistema acusatorio previsto para la materia contravencional, al ser facultativa la intervención tanto del fiscal como del defensor, de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico de la Ciudad que estableció un régimen específico, donde integró la instancia administrativa regulando la intervención de una serie de funcionarios en salvaguarda del interés del estado" (causa nro. 165-00-CC/2004. "Rueda, Oscar s/ exceso de velocidad y otras - Apelación", rta. el 07/07/2004; criterio seguido en causas nº 231-00-CC/2004, "De Blas, Domingo s/Exceso de velocidad - Apelación", rta. el 14/09/2004 y nº 270-00-CC/2004, "Gral. Tomás Guido S.A. s/ violar luz roja y otras - Apelación", rta. el 11/05/2005).
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibazeta Evangelina s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-07-04

La declaración de la caducidad de la instancia puede sobrevenir a pedido de parte (299 C.P.C.) o de oficio (art. 300 C.P.C) cuando ha transcurrido el plazo previsto por el art. 294 del Código Procesal (contado en la forma que los dispone el art. 295 reformado) sin que el interesado impulsare el procedimiento en ese lapso, en el segundo supuesto -declaración de oficio- como claramente lo dispone la norma de aplicación (art. 300 C.P.C.), aunque estuvieren vencidos los plazos legales si la parte lo impulsa por medio de una actividad idónea para que el mismo avance, el juez debe limitarse a proveer lo que corresponda sin que pueda declarar la caducidad de oficio.
Sobreseimiento, tipo penal, ocultación maliciosa
Materia: PENAL
Carátula: Curuchet, Juan Ernesto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-20

El decisorio impugnado en cuanto sobreseyó al imputado en relación a determinados hechos, resulta ajustado a derecho y resulta derivación razonada de los elementos del caso, en tanto no se encuentra configurado el elemento "ardid o engaño" que reclama el tipo penal para la modalidad descripta por la norma como "ocultaciones maliciosas", toda vez que la forma en que el contribuyente hace figurar sus operaciones para deducir ganancias, siempre y cuando no colisione con la norma legal, y no utilice un camino antijurídico, no resulta punible por cuanto no se le puede pedir al contribuyente que utilice la forma más gravosa para cumplir con sus obligaciones tributarias en detrimento de su propio patrimonio. Dres. Figueroa, Catucci y Riggi.
Acción de amparo, derecho a la salud, enfermedades, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDEZ LUCIANA EVANGELINA C/ OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD S / AMPARO S/ APELACION (Originarias) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-07-30

Este Cuerpo ha manifestado en reiteradas oportunidades que en conflictos de esta naturaleza -entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud-, corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza (cf. STJRNS4 Se. 169/19 "RODRIGUEZ"). Se debe privilegiar la orden otorgada por el especialista oncólogo que atiende al paciente (cf. STJRNS4 Se. 116/19 "MOSCHETTI"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la protección integral de la familia, igualdad de trato, tratados internacionales, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

De la cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se deprende el principio de trato igualitario de los integrantes primarios de dicho núcleo social, que recibe reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75, inciso 22, de la Norma Fundamental nacional ( Voto del juez Rosatti).
Medidas cautelares, medicina prepaga, aumento de cuota, enfermedad preexistente, personas con discapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Inc. apelación en autos: Romero Alberto Juan y otro c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2024-01-26

Cabe hacer lugar a la medida cautelar peticionada por un afiliado contra una empresa de medicina prepaga y ordenar a la demandada que se abstenga de aplicar el aumento de la cuota en cuanto al valor diferencial por enfermedad preexistente (Ley 26.682) efectuado al hijo del actor, que presenta discapacidad, habida cuenta que el Incremento (de $ 46.901 a $ 791.819,00) por la aplicación del mencionado valor diferencial, resulta, prima facie, exorbitante y, como consecuencia de ello, el amparista se vería imposibilitado de cumplir con el pago de dicho aumento, máxime cuando no habría sido informado ni justificado, tal como se estipula en la normativa regulatoria de las empresas de medicina prepaga.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ GUSTAVO MARIANO (H) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL RUIZ DIEGO DANIEL ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-05-05|2014-02-21

Se ha exigido, para la procedencia de la indemnización, que la injusta resolución sobre prisión preventiva haya sido dejada de lado, sin efecto, por la autoridad judicial con competencia para revisarla.
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel y otros recurso de casación - reg. 1586 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-22

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por los acusadores y anular la resolución por la cual el juzgado federal declinó su competencia a favor del Juzgado Nacional en lo Penal Económico para entender en la presente causa, pues, si bien los jueces en lo penal económico revisten el carácter de federales para el juzgamiento de ciertos delitos tipificados en leyes de aquel orden -como los tributarios, el contrabando, etc.- cuyo conocimiento le ha sido específicamente atribuido, ello no implica que necesariamente pueda ampliarse esa competencia cuando, concretamente, se trata de dirimir la misma con el propio fuero federal -de indudable competencia más amplia-; en este orden, advirtiendo en el caso conductas que exceden a las figuras previstas en la ley 24.769 y en aras a garantizar una mejor y más eficaz administración de justicia, corresponde asignar estas actuaciones a conocimiento de la justicia federal, toda vez que ésta no solamente no se encuentra limitada en el sentido indicado, sino que además instruye, precisamente, las causas conexas a la presente.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bruno, Oscar Alfredo c/ Bagley  S.A.  y  Otros s/ Cobro de Pesos - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

La finalidad institucional del recurso de casación es el cumplimiento de la ley y la unificación de la interpretación del derecho por lo que debe aprehender los hechos como vienen relatados por los jueces de grado, entendiendo que no se trata de una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara, pues este recurso se concede solamente contra la sentencia cuya injusticia provenga de un error de derecho excluyendo el error de la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio, según criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis -Monsalvo Eduardo Nicasio C/ Mario Maturano S/ Daños Y Perjuicios-.(del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. Zavala Rodriguez)
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Derecho laboral, jornada de trabajo, trabajador, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Centro Unión de Empleados de Comercio (CUEC) de San Carlos Centro c/ Municipalidad de San Carlos Centro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-16

Se advierte que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien haciendo un abordaje de las autonomías municipales en relación a la reglamentación del descanso dominical del trabajador, define criterios interpretativos en un caso que, en los hechos, guardan sustancial similitud con las cuestiones traídas a revisión en el sub lite; y desde esta óptica, aun cuando en el supuesto bajo estudio se haya declarado la inconstitucionalidad de una ley provincial y no de una ordenanza municipal, el núcleo esencial del debate es el mismo (potestades locales para legislar sobre el tema en cuestión) y, en este aspecto, los fundamentos brindados por la Corte nacional resultan derechamente trasladables al sub examine, lo que conlleva a sostener la procedencia del recurso impetrado, por cuanto el A quo se apartó de ellos sin siquiera haberlos tenido en consideración -cuando habían sido invocados por la recurrente al demandar y en el memorial ante la alzada- resultando así insatisfecha la carga argumentativa de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas que ameriten soslayar los criterios interpretativos fijados. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dr. Netri)
Conflicto de poderes, gobierno municipal, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical del Conc. Delib. de Morón s/ Conflicto interno munic. -art. 187 de la Const. de la Prov. de Bs.  As. Concejo Deliberante de Chascomús c/ Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chascomús s/ Conflicto art. 196. Constitución provincial González, Dorfman, Ricardo W. y otros c/ Concejo Delib. de Morón s/ Conflicto art. 261 L.O.M. Puentes, Jesús Arturo y otros c/ Concejo Deliberante de San Miguel s/ Conflicto art. 196 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09|1996-11-12|1997-11-11|1998-06-23

El art. 187 de la Constitución de la provincia atribuye a esta Suprema Corte en forma originaria y exclusiva el conocimiento y decisión de los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo o en el seno de este último. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Rómulo T.- Filleaudeau, Luis - Lista Federal Verde y Blanca c/ SI.CO.NA.RA. Sindicato Conductores Navales de la República Argentina s/ Amparo sindical (Expte. Nro. 308-00, Resolución Nro. 104, Tomo 24, Folio  36)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-02

La emisión de una opinión extrajudicial (fuera del expediente), para que encuadre en las causales de excusación (art. 20 inc. 5 C.P.C.C.) requiere que la misma se refiera concretamente al asunto justiciable; que tal asunto exista al tiempo en que se opina y que no se haya dictado sentencia. Esta causal también ha generado la polémica acerca de si una opinión académica que en abstracto -pudo haber emitido el magistrado, configura objetivamente la circunstancia legal que autoriza a postular el apartamiento. El criterio expuesto por el juez en una obra jurídica no es -en principio- sustento suficiente para dar lugar a una recusación por prejuzgamiento y ello es así pues el pensamiento en general, y el jurídico en particular, evoluciona y muta casi fatalmente. Lo que hoy puede sostener un autor jurídico mañana juez, puede discrepar pasado mañana frontalmente con el criterio que antes sustentara. El prejuzgamiento, para autorizar la recusación, ha de ser expreso y manifestarse como un indebido aporte subjetivo del juez que anticipa innecesariamente opinión. Las pautas que deben observarse en tales casos so tino, cautela y restricción, habida cuenta de que acogerse de modo amplio contraría sus propios fines y llevaría al resultado de sacar los pleitos de los jueces intervinientes sin motivo que lo justifique.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, despido, indemnización por despido, pago, liquidación final
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por EC Sistemas SRL en la causa Di Federico, Darío Alejandro c/ Banco Santander Río S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Toda vez que los agravios- relativos a la prueba del pago de la liquidación final -, presentados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, no fueron tratados por la cámara, sino que se limitó a conceptualizar, analizar y encuadrar las relaciones jurídicas desarrolladas entre el actor y los distintos codemandados, corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina de arbitrariedad de sentencias, pues la cámara omitió pronunciarse sobre una cuestión oportunamente planteada y conducente para la correcta decisión del caso. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró inadmisible el recurso (art. 280 del CPCCN)-
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: LABORAL
Carátula: Malsenido, Carlos A. c/ Cosquen S.A. s/ Indemnización por despido Escobar, Bonifacio c/ Sabino, Aníbal T. s/ Incapacidad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18|1993-08-24

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo es admisible cuando se plantea y resuelve un caso constitucional en los términos del art. 149 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, es decir, la validez de una norma local (ley, decreto, ordenanza o reglamento) bajo la pretensión de ser contraria a las cláusulas de la Constitución provincial, supuesto que no es el de autos en que se cuestiona la validez de normas provinciales frente a la Constitución nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Sicobiche, Armando Adolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Si se resolvió que el procesado actuó en "un singular estado de turbación emocional", cualesquiera sean las acepciones que se elijan para atribuir a los vocablos "singular" y "turbación" ellos satisfacen el elemento psicológico -"emoción violenta"- de la fórmula legal del art. 81 inc. 1º letra "a" del Código Penal, ya que así resulta del adjetivo "singular" al servicio del sustantivo "turbación".
Accidente de tránsito, licencia de conducir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Miguel Alcides c/ Di Iorio Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18

Si bien la falta de habilitación para conducir, no permite por sí sola tener por acreditada la culpa respecto al siniestro, pues ello depende únicamente de la mecánica del accidente, su incidencia puede ser tomada en cuenta al efecto cuando opera junto con otros elementos de juicio corroborantes.
Impuesto a las ganancias, pago en bonos, intereses, títulos públicos, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Montero, Abelardo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Los intereses pagados mediante entrega de bonos de consolidación en moneda nacional Cuarta Serie 2% no integran las condiciones financieras de título público alguno, y en consecuencia, no se encuentran comprendidos en la exención prevista en el punto 4 del art. 36 bis de la ley 23.576, según la modificación dispuesta por la ley 23.962
Despido sin causa, indemnización por despido, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral, nulidad del acto jurídico, falta de fecha cierta
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Azcurra, Mario Oscar c/ STARTEL S.A. - Servicios Argentinos de Telecomunicaciones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-07-31

Deben declararse nulos por incumplimiento de las formalidades por el art. 241 de la L.C.T., por carecer de fecha cierta, los convenios resarcitorios en los que ha quedado debidamente demostrado que los actores nunca pudieron estar presentes para firmar los documentos, como arteramente se ha incluido en los acuerdos resarcitorios y sus ratificaciones, y consecuentemente tampoco ha podido demostrarse en que fecha los mismos habrían supuestamente concurrido al Ministerio de Trabajo de la Nación a ratificar los mismos y percibir los importes, como consecuencia habiendo terminado la relación laboral sin motivo se torna procedente la demanda, por despido sin causa (artículo 245 L.C.T.), correspondiendo indemnización por despido injustificado, preaviso omitido y sueldo anual complementario sobre preaviso, de las sumas que resulten de la liquidación por despido injustificado habrá que descontar los importes percibidos mediante el convenio resarcitorio.
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Héctor H. c/ Gallicchio, Nicolás Manuel y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

La prescindencia de la apertura de la causa a prueba no acarrea para los demandados una vulneración del derecho de defensa, desde que la prueba ofrecida no versa sobre hechos conducentes que puedan ser examinados en un proceso ejecutivo, toda vez que las circunstancias invocadas están encaminadas a justificar hechos vinculados al origen del crédito, importando discutir la causa de la obligación, lo que está expresamente vedado en el proceso ejecutivo (art. 542 inc. 4 Cód. Proc.).
Lavado de activos, narcotráfico, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Hugo y otros  c/  s/ infracción ley N° 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-29

Es importante destacar que para lograr el fin último de blanquear dinero proveniente del narcotráfico, la asociación ilícita debió valerse de una pluralidad de contextos delictivos como lo son, la falsificación de documentos públicos, de libros de comercio, de escrituras y de poderes, la utilización de testaferros, la simulación de actos de comercio, la transmisión y puesta en circulación de acciones carentes de valor, el vaciamiento de sociedades, la sustracción de muebles y de maquinaria agrícola, la creación de empresas "fantasmas", la defraudación a abogados en el cobro de sus honorarios y el ocultamiento de propiedades en un juicio de divorcio. Todas estas circunstancias permiten sostener que los encausados integraban la organización y estaban de acuerdo en los propósitos delictivos de aquélla -art. 210, primer párr. del CP-.
Fraude a la propiedad intelectual, derecho de traducción, calidad de parte, querellante, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: M DE PERDIGUERO s/ PROPIEDAD INTELECTUAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-08

Corresponde considerar particular damnificada (en causa instaurada por infracción a la ley 11.723) y tener a la recurrente por parte querellante, si de la documentación acompañada surge que el autor otorgó licencia a una persona respecto de una obra literaria y que esta última autorizó a traducirla a un tercero; que la traducción se halla inscripta en la Dirección Nacional del Derecho del autor y que la recurrente es representante de sus hijos menores.
Pensiones militares, sanciones militares, destitución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - MILITAR
Carátula: Codognelli, Silvia Virginia c/ Nación Argentina -Prefectura Naval Argentina s/ retiro militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Habiendo el agente revistado como oficial superior y habiendo sido dado de baja por una sanción disciplinaria antes de cumplir los años de servicio requeridos para gozar del haber jubilatorio, nace el derecho de sus familiares a percibir la pensión establecida por los arts. 22, inc. f), y 23, inc. a), de la ley 12.992 (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).