Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-16


Mar del Plata, diciembre 16 de 2008.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 843/854 vta.?À2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. El doctor Rosales Cuello dijo:

I) La sentencia de fs. 843/854 vta. viene a conocimiento de esta Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por la parte actora Julio Alfredo Quintero y Mirta Azucena Suárez, en representación de su hija menor M. V. G. S. (fs. 856 y 884/889), y el codemandado José Alejandro Dupuy (fs. 860 y 890/892 vta.). Sustanciados, los respectivos fueron contestados por el apoderado de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón (fs. 899/902 vta.), representante de la Provincia de Buenos Aires (fs. 910/911), y el comitente de la actora (fs. 906/908).

II) La decisión apelada.

El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, promovida contra José Alejandro Dupuy -conductor del rodado- y Alberto Marcelo Leiva -titular registral del vehículo- y, como consecuencia de ello, los condenó a abonar, a Quinteros, la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil ochocientos ($ 146.800), y pesos doce mil ($ 12.000) a González Suárez, con los más los intereses que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días en cada período de aplicación, con costas.

Rechaza la acción, dirigida por los mismos coactores, contra la Municipalidad de General Pueyrredón, la Provincia de Buenos Aires, la empresa Concesionaria Vial del Sur S.A. y su aseguradora Realiance National Compañía Argentina de Seguros S.A., con costas a la actora vencida.

Para arribar a tal solución responsabiliza al conductor del vehículo embistente y al titular registral de mismo, en virtud de la responsabilidad objetiva que dimana del artículo 1113, parte segunda del Código Civil, y del carácter constitutivo de la inscripción de la transferencia ante el registro respectivo.

Exime de responsabilidad a los entes públicos estatales demandados, y al concesionario vial, considerando que las falencias y omisiones que se les imputan no reconocen relación de causalidad con el hecho generador de los daños.

III) Agravios de la parte actora.

En el propósito de fundar su embate impugnatorio, el apoderado de la parte actora expresa que, contrariamente a lo sostenido en sentencia, las víctimas se encontraban paradas en el lugar del hecho, debido a que no existía otro para descender del colectivo, y para poder aguardar el momento propicio para trasponer la ruta. Señala que si hubiera existido un semáforo en funcionamiento, un reductor de velocidad, una dársena para descenso de pasajeros o un puente peatonal, los peatones hubieran estado protegidos y los mismos no habrían sido arrollados.

En su apoyo, repasa las declaraciones testimoniales recibidas, poniendo de manifiesto la antigüedad de la colocación del semáforo, la falta de funcionamiento del mismo, y la regular ocurrencia de accidentes en las adyacencias.

Cita jurisprudencia y legislación en función de la cual pretende se responsabilice a las concesionarias viales, por deficiente cumplimiento de la obligación de mantener en condiciones seguras de transitabilidad de las rutas, y a los entes estatales por falta de servicio.

IV) Agravios de la parte codemandada José Alejandro Dupuy.

El Defensor Oficial, en idéntico trance, cuestiona la cuantificación en $ 30.000, concedida al reclamo del lucro cesante impetrado por Quintero -parte coactora-. Encuentra en tal proceder, ausencia de fundamentos que impide un ejercicio acabado del derecho de defensa. Solicita el rechazo de la procedencia del rubro, subsidiariamente, que se lo reduzca.

Critica el acogimiento de los gastos necesarios para el tratamiento de la afección psicológica. Entiende que la recepción favorable del referido reclamo, importa introducir un rubro -daño psicológico- no previsto en nuestro sistema jurídico. Sostiene que este rubro ya está comprendido en el daño moral, por lo cual no cuadra multiplicar artificiosamente un rubro ya indemnizado y que no ha sido superado el umbral de la afección psíquica normal de todo evento.

Propugna la imposibilidad de receptar un costo real de las prestaciones profesionales distinto al fijado por el Colegio de Psicólogos.

Dedica algunos parágrafos a la determinación del monto concedido en concepto de daño moral, consignando que una genérica referencia a los fundamentos del mismo, no satisface la exigencia de razonabilidad en la necesaria ponderación del complejo de factores que deben considerarse.

V) Consideración de los agravios.

Debidamente individualizados los gravámenes que consideran inferidos las partes a sus intereses, corresponde ingresar al tratamiento de los mismos.

a. Atribución de responsabilidad a la Municipalidad, a la Provincia y la Concesionaria Vial.

La sentencia rechaza la demanda incoada contra la Municipalidad, la Provincia y la concesionaria por apreciar que la falta de funcionamiento del semáforo, omisión de construcción de la dársena para ascenso y descenso de pasajeros y carencia de carteles indicativos de velocidad no tuvieron implicancia en la ocurrencia del hecho.

El apoderado de la parte actora expresa que, contrariamente a lo sostenido en sentencia, las víctimas se encontraban paradas en el lugar del hecho debido a que no existía otro para descender del colectivo y poder aguardar el momento propicio para trasponer la ruta. Señala que si hubiera existido un semáforo en funcionamiento, un reductor de velocidad, una dársena para descenso de pasajeros o un puente peatonal, las víctimas hubieran estado protegidas y no habrían sido arrolladas.

No asiste razón al apelante.

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido, en no pocas oportunidades, la aplicación analógica, vale decir con las discriminaciones propias de la disciplina a la cual concurren, de instituciones provenientes del derecho privado al derecho público (CSJN, 30/06/1941, in re "Ganadera Los Lagos").

El artículo 1074 del Código Civil consigna que "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido". Frente a la inexistencia en nuestro derecho administrativo de un texto de similar factura que regule el instituto, éste resulta aplicable por vía de analogía.

En esa inteligencia, para que nazca la responsabilidad del Estado por omisión, debe verificarse de su parte la violación de un deber jurídico, puesto que sólo responde quien por una disposición de la ley -en sentido material- está obligado a cumplir con el hecho omitido (Marienhoff, Miguel S., "Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del derecho público", ED, 1969 - 1093 a 110). Tratándose del Estado, atento a la amplitud de las funciones a su cargo, susceptible de descomponerse en un haz interminable de acciones, cabe ser muy cauteloso a la hora establecer concretamente dicha obligación, ya que por tal expediente podría arribarse a absurdas conclusiones (CNACAF, sala 3ra. in re "Carballo de Pochat", del 8/5/2007), convirtiéndolo en garante de la totalidad de actividades que se desarrollen en su ámbito territorial (Tawil, Guido Santiago, "Omisión, guerra y responsabilidad del Estado, en su comentario al fallo de CSJN, Fallos, 275:357).

Va de suyo, entonces, la mera existencia de un poder de policía que corresponda al Estado, en cualquiera de sus diversas manifestaciones, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación" (CSJN, in re "Mosca c/ Bs. As. Pcia. de", 6/3/2007), siendo necesario, para ello, la constatación de una violación o anormalidad frente a las obligaciones propias del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño" (CSJN, Fallos, 312:1124).

Ningún deber es más primario y substancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados (CSJN, Fallos, 190:457), más de ello no se sigue que éste deba responder por todos los daños ocasionados dentro de la órbita de sus funciones, sino sólo por aquéllos en los que se configure el factor de atribución correspondiente y en donde el daño sea producto de su actuación u omisión imputable (CNACAF, sala 2da. in re "Díaz, René A. v. Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio del Interior y otros", 12/06/2008).

Existe consenso doctrinario y jurisprudencial en exigir, para la configuración de responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita, concurran los siguientes presupuestos: a) daño: lesión antijurídica a intereses jurídicos patrimoniales o espirituales, el cual para ser resarcible debe ser cierto en cuanto a su subsistencia, evaluable económicamente y subsistente; b) Posibilidad de imputar jurídicamente los daños a una persona estatal; c) Falta de servicio (art. 1112); d) Relación de causalidad: debe mediar un nexo causal adecuado (art. 906 del Cód. Civil -aplic. analog.), denominado por los tribunales como directo, inmediato, relevante o determinante (Perrino, Pablo E., "Los factores de atribución de responsabilidad del Estado por su actividad ilícita", "Responsabilidad del Estado y del funcionario público", Jornadas organizadas por la Universidad Austral -junio de 2.000, p. 59 a 75, CSJN, Fallos, 328:2546 y 2:434).

En ese contexto, le es permitido al Estado deslindar su responsabilidad si acredita que ha ocurrido una circunstancia externa o ajena que determinó la ruptura del nexo causal, entre los que cabe citar al caso fortuito o fuerza mayor (art. 513 del CCiv.) y la conducta de la víctima o un tercero por quien no tenga la obligación de responder (arts. 1111 y 1113, CCiv.).

Pues bien, viene firme a esta instancia que las víctimas se encontraban a la vera de la ruta esperando para realizar el cruce y el rodado conducido por Quintero sale de su vía de circulación, invade el terreno adyacente y las atropella provocando la muerte de dos de ellas y lesiones en la restante.

De la secuencia descripta, cuya nota más saliente es el despiste aparentemente injustificado del rodado dañador, no se advierte cómo la falta de funcionamiento del semáforo, carencia de carteles indicadores de velocidad o ausencia de dársena para ascenso o descenso de pasajeros, pudo haber influido en la ocurrencia del lamentable suceso.

Concluyo en lo precedente, toda vez que habiéndose producido el impacto en la zona contigua a la cinta asfáltica, ninguno de los elementos mencionados exhiben capacidad siquiera potencial para obrar como impedimentos del evento verificado, mostrándose el hecho de un tercero, por el cual los organismos estaduales no tienen el deber de responder, como determinante de los daños reclamados (doct. y arg. art. 1113 C.Civ. -aplic. analóg.).

Ello así, en coincidencia con el señor Juez de la instancia anterior, entiendo que la inexistencia en el caso del requisito de nexo de causalidad adecuada -directa, inmediata y determinante-, entre la omisión estatal imputada y el daño sufrido, impiden responsabilizar a los entes públicos demandados (doct. y arg. art. 906 del C. Civ.).

Por idénticos argumentos a los expuestos en los dos párrafos que inmediatamente preceden al presente, también cabe eximir de responsabilidad a la concesionaria vial accionada (doct. y arg. art. 1113 C.Civ. -aplic. analóg.).

b. Cuantificación de los daños condenados.

El decisorio impugnado, consignando haber considerado la edad de la víctima, labor desarrollada, instrucción, posición económico social, vida útil, etc, concede a Quintero la suma $ 30.000 por lucro cesante por muerte de su cónyuge. Esgrimiendo similares fundamentos, a los que adita la esperanza de eventual sostén o ayuda del hijo, otorga $ 15.000 en concepto de lucro cesante por su desfunción (art. 165 del C.P.C. y C.).

El Defensor Oficial, cuestiona la suma condenada por lucro cesante a favor del coactor dado carecer, según su apreciación, de fundamentos que permitan un ejercicio del derecho de defensa. Predica el rechazo o su disminución.

El agravio no merece recepción.

El Código Civil establece una presunción legal en favor de la cónyuge supérstite e hijos que presupone, salvo prueba en contrario, que la muerte del consorte les acarrea una merma en los ingresos necesarios para su subsistencia (art. 1084 del C.Civ., Trigo Represas, Félix, "La prueba el daño emergente y del lucro cesante", en la obra colectiva, Revista de derecho de daños, Ed. Rubinzal Culzoni).

El actual reconocimiento de la gravitancia que para la economía de un hogar familiar representa la atención de los hijos y quehaceres domésticos, así como también la innegable evolución experimentada por las mujeres en el mercado de trabajo, muchas de las cuales aportan y hasta se erigen en principal sostén del grupo, impone, so riesgo de cerrar los ojos a una realidad latente, la extensión analógica de esta presunción al caso de muerte del cónyuge hombre (art. 16 del Código Civil).

No habiéndose producido prueba que obliga descartar la presunción iuris tantum referida, su reparación debe proceder.

La cuantificación de esta partida, conforme el despliegue probatorio concretado, se efectuó en uso de la potestad que otorga a los jueces el artículo 165 del ceremonial.

Acreditado el daño, y no su cuantía, la potestad de su concreción debe ser utilizada con suma prudencia, aprehendiendo los elementos de juicio cuidadosamente a los fines de evaluar la justa composición, conjugándolas con las máximas de la experiencia universal, pues el juez no puede prescindir del conocimiento que le brinda la realidad y al juzgar ha de aplicar la experiencia de la vida, o sea, sus conocimientos privados no jurídicos (Morello, Augusto Mario; Berizonce, Roberto O. y Sosa, Gualberto Lucas, "Códigos Procesales de la Provincia y de la Nación, comentados y anotados", t. II. C, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 1986, p. 136).

Por más restrictivo que fuere el criterio con que se acometiere la apreciación de la trascendencia económica que tradujere la muerte del ama de casa, y consecuente necesidad de recurrir a terceros para las labores del hogar y atención de los hijos, durante los no menos de veintitrés años de capacidad de trabajo que le restaban a ésta, en modo alguno se arribaría a considerar irrazonable fijar $ 30.000 para solventar los gastos que ello demande.

Similar temperamento se impone respecto de la suma de $ 15.000 asignada al lucro cesante por pérdida del hijo, toda vez que, traduciendo éste la pérdida de chance que el progenitor tiene en el futuro de que el hijo menor perdido lo ayude y colabore con él, a los fines de cuantificarlo (Trib. Coleg. Rsp. Extrac. de Santa Fe Nro. 1, 2da. Secr., 29-5-98, "Villalba, C. A. c/Clínica de Nefrología y Urología s/ Indemnización daños y perjuicios", res. 41, fo. 320/363, t. 47), habida cuenta que se desconoce la posición económica que el mismo alcanzará, deberá hacerse uso de la prerrogativa judicial contenida en el artículo 165, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial.

El aparente nivel económico social de la familia, el cual se infiere tomando como indicios el barrio donde habitan, así como el medio de transporte utilizado, me persuaden de la razonabilidad del importe determinado para la reparación de este concepto (art. 165, último párrafo, del C.P.C. y C.).

En otro capítulo el representante del ausenteÀ-conductor- critica el acogimiento de los gastos necesarios para el tratamiento de la afección psicológica, puesto entender que se trata de un rubro -daño psicológico-, no previsto en nuestro sistema jurídico y que ya está comprendido en el daño moral, configurándose una multiplicación de reclamos, no constatándose, además, superación del umbral de tolerancia normal.

Debe rechazarse el gravamen.

En efecto, superada la vigorosa discusión doctrinal desatada en derredor de la terminología de los distintos rubros que componen las clases de daños que infiere un mismo hecho, lo cierto es que, más allá del rótulo bajo el cual se enrole a los mismos, lo sustancial es que éstos, en resguardo del derecho de propiedad, traduzcan una adecuada satisfacción de aquellos irrogados tanto a la persona -extrapatrimoniales-, como a los bienes exteriores de la misma -patrimoniales- (art. 17 de la C.N.).

Sentado ello, y despejada así la posibilidad de reconocer un tertium genus, se impone al dirimente la tarea de examinar minuciosamente los distintos rubros a fin de identificar el reclamo subyacente, de modo tal de evitar que, mediante el acogimiento de los mismos, se llegue a configurar duplicación de reparaciones de una misma consecuencia disvaliosa, reclamada, no obstante, bajo diversas denominaciones.

Con las premisas referenciadas, y repasado el escrito postulatorio de la pretensión inicial, advierto que, más allá del nomen iuris acordado al reclamo, el costo del tratamiento necesario para la recuperación psíquica de González Suárez fue efectivamente peticionado, por lo cual, no siendo susceptible de considerarlo comprendido en el daño moral, conforme lo impone su eminente esencia patrimonial, éste debe ser necesariamente considerado, como se hiciera en primera instancia, en forma separada del mismo.

En suma, la duplicación aludida carece de asidero.

Igual suerte debe correr el argumento de la falta de superación del umbral de tolerancia psíquica.

La pericia psiquiátrica da cuenta de un duelo patológico, ergo configurante de la superación de aquel límite (respuesta puntos 1 y 2 del dictamen de fs. 289/295). De tomos modos, y a guisa de mayor abundamiento, no existe en nuestro sistema de derecho norma alguna que obligue, conforme parece pretenderlo el apelante, a tolerar los padeceres -dolores, angustias, etc. causados ilegítimamente por otra persona, razón por la cual nada impide que éstos sean ponderados al momento de cuantificar el respectivo daño moral (doct. y arg. arts. 165 del C.P.C. y C., 1075 y 1078 del Cód. Civil).

En otro agravio, el impugnante propugna la imposibilidad de receptar un costo real de las prestaciones profesionales distinto al fijado por el Colegio de Psicólogos.

El cuestionamiento aludido, lejos de constituir una crítica concreta y razonada del fundamento de la sentencia impugnada, descubre una mera disconformidad con lo resuelto, incapaz, por ende, de alterar el sentido del decisorio. Máxime cuando no se ha producido prueba alguna que acredite el costo que fija el colegio profesional respectivo (art. 260 del C.P.C. y C.).

Finalmente, dedica algunos parágrafos a la determinación del monto concedido en concepto de daño moral, consignando que una genérica referencia a los fundamentos del mismo, no satisface la exigencia de razonabilidad en la necesaria ponderación del complejo de factores que deben considerarse.

La sentencia, al considerar los bienes extrapatrimoniales, haciendo alusión a la pericia psicológica producida, acuerda al daño moral la suma de $ 100.000 en total por ambas desapariciones.

Dependiendo el reconocimiento y fijación de la indemnización por daño moral del arbitrio judicial, la suma que en uso de facultades privativas determine el sentenciante de grado no puede conmoverse sólo con la discrepante apreciación del recurrente (SCBA, Ac. 60.676, sent del 24-III-1998, entre otras).

Propongo el rechazo de este agravio.

Por los motivos expuestos, considero que la sentencia debe ser confirmada. Así lo voto.

El doctor Gerez votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

2º cuestión.- El doctor Rosales Cuello dijo:

Corresponde: I) Confirmar la sentencia dictada a fojas 843/854 por los argumentos aquí brindados. II) Imponer las costas correspondientes a cada uno de los recursos a la parte que lo hubiere deducido, en su carácter de vencidos (art. 68 del C.P.C. y C.). Así lo voto.

El doctor Gerez voto en igual sentido por los mismos fundamentos.

Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y los fundamentos en él expuestos se resuelve: I) Confirmar la sentencia dictada a fojas 843/854, por los argumentos aquí brindados. II) Imponer las costas correspondientes a cada uno de los recursos a la parte que lo hubiere deducido (art. 68 del C.P.C. y C.). III) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). - Ramiro Rosales Cuello.- Ruben Daniel Gerez.