marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, notificación automática, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRAVERSO, JUAN s/ CONCURSO CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-04

La resolución que dispone homologar el acuerdo entre deudor y acreedores sin que hayan mediado impugnaciones en los términos de la lc: 59, no es de aquellas que deben notificarse por cedula sino, simplemente por ministerio de la ley, por no existir previsión legislativa especifica que imponga apartarse de la regla general consagrada por la lc: 296-5. La decisión homologatoria es en realidad una sentencia de carácterísticas tan particulares que adquiere cosa juzgada per se, sin necesidad de publicidad ni notificación de ninguna clase, dado su carácter irrecurrible y el hecho de tornarse oponible a todos los acreedores aún cuando no se hayan insinuado en el pasivo.
Contrato de obra pública, suspensión de obra pública, responsabilidad del Estado, gastos improductivos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALESIA  S.A.C.I.F. Y A.G. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Cuando por actos del poder público, producidos por hechos ajenos al contratista, se ha perturbado el ritmo de ejecución de los trabajos con demoras o paralizaciones totales o parciales que afectan la organización empresaria a la obra, se produce un desequilibrio de la ejecución financiera del contrato, cuyo correctivo es la indemnización por gastos improductivos.
Seguros, obligaciones del asegurador, prescripción anual
Materia: COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ NELIDA c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

La obligación de la aseguradora tiene su fuente en el contrato de seguro, por lo cual la prescripción que debe computarse, es la establecida por el art. 58 de la Ley de Seguros, y no la del art. 4023 del CCIV.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T., J. c/ Municipalidad de Epuyén s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-22

"...Retribuir la actuación del abogado con justicia y equidad es una tarea muy difícil y delicada.- Para regular los honorarios, el hecho de que se cuente con un juicio de monto determinado es un mero paliativo legal, ya que no siempre la aplicación de los porcentajes arancelarios sobre dicho monto lleva a una retribución justa (aunque, por cierto, debe evaluarse -entre otros- el mérito, naturaleza e importancia de la labor del abogado)... En los casos de los juicios "sin monto"...la tarea es aún más ardua.- ...El juez no tiene ...el "monto del juicio" como base para la regulación y, así, se amplía el margen de su discrecionalidad en la ponderación de los factores a evaluar para arribar al monto de los honorarios".
Acción de amparo, medidas cautelares, derecho a la salud, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: MIÑO  AGOSTINA  GERALDINE c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO YOTRO s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

No se halla controvertido que la niña Agostina, de 4 años de edad (cfr. partida de nacimiento) es afiliada a la Obra Social del Personal Gráfico, padece "hipoacusia perceptiva profunda bilateral" (cfr. certificado de discapacidad) y que requiere un implante coclear (cfr. certificado médico). Asimismo obra el intercambio epistolar con el reclamo efectuado a la demandada y la negativa de ésta. Finalmente se adjunta el presupuesto del costo del implante requerido por la amparista. La Obra Social del Personal Gráfico considera innecesario efectuar el implante requerido por la menor y prescripto por sus médicos tratantes, ofreciendo la cobertura de un nuevo equipo de audífonos. Los términos específicos de los certificados e informes médicos en orden a la colocación del implante no logran ser desvirtuados por los dichos de la demandada, quien no sólo hace caso omiso de tales prescripciones sino también de la condición de discapacitada de la menor (certificado de discapacidad) y de la normativa aplicable al caso (leyes 23.660, 23.661  24.901 y 25.415)
Principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Arce, Raúl Héctor s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-28

Si bien es cierto que el artículo 34 inciso 4º CPC sanciona el quebrantamiento de principio de congruencia con la pena de nulidad, es ya un axioma en esta materia, reiteradamente decidido por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, inclusive por esta Alzada que, según el principio de trascendencia, no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma, de modo tal que si el perjuicio que el vicio provoca es reparable, en caso de asistir razón a la quejosa mediante la apelación también interpuesta, no hay por qué invalidar el pronunciamiento, irregular tal vez pero perfectible a través de la revisión a realizarse por la Cámara.
Contrato de trabajo, pasantías, fraude laboral, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla, Iris Lorena c/ Telefonica de Argentina S.A. y Otros s/ Cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-27

La regla general es el contrato por tiempo indeterminado, resultando a cargo de quien invoca la existencia de un vínculo eventual demostrar que el trabajador fue contratado para realizar una actividad extraordinaria determinada que no pudo ser efectuada por el plantel estable de la empresa o tareas que obedezcan a exigencias extraordinarias y transitorias que sean ajenas a la actividad principal de aquella.
Derecho administrativo, acto administrativo, estabilidad del acto administrativo, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDEZ, MILTON ANDRINO c/ MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-05

Si el acto administrativo no goza de estabilidad puede ser extinguido, sustituído o modificado en sede administrativa, por razones de oportunidad o de ilegitimidad
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, debido proceso, proceso penal, doble instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio (Expte.: C.S.J. Nro. 476  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

En la causa "Giroldi", la Corte Nacional declaró la "invalidez constitucional de la limitación establecida en el artículo 459, inciso 2, del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena" y dejó sin efecto la regla establecida in re "Jáuregui" considerando que el recurso extraordinario ya no constituía "un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como garantía mínima para toda persona inculpada de delito", conclusión a la cual arribó luego de hacer mérito de la reforma legal que autorizó a ese Cuerpo a rechazar discrecionalmente el remedio extraordinario federal, agregándose "asimismo" el dato de las reformas introducidas por las leyes 23.984 y 24.050 con la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, que "modificó la organización del Poder Judicial de la Nación existente para la época en que fue fallado el caso 'Jáuregui' -que no contemplaba un 'tribunal intermedio'- (...)". En el caso sometido a decisión, a pesar de la decisividad que la recurrente pretende conferir al citado precedente, la lectura de la reseña efectuada permite constatar la existencia de importantes diferencias que permiten afirmar que "Giroldi" no es similar, y que por ende sus conclusiones no son trasladables sin más al juicio seguido contra el imputado, por lo que deviene innecesaria -y, más aún, improcedente- una decisión de la Corte que repare eventuales violaciones a un derecho que cuenta con amparo constitucional y convencional.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, auto de procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: F., L. S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - USURPACIO  N (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-29

Obsta a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado el que el pronunciamiento impugnado -confirmatorio del decreto del Juez Correccional por el cual se procesara a la recurrente como autora del delito de usurpación- no es sentencia definitiva ni auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación. Es que de los términos de la decisión de la Cámara, se desprende que existían elementos bastantes para sustentar el decisorio objetado, puesto que amén de los dichos del denunciante surgía de la prueba disponible que para acceder al lugar se habría violentado un candado, lo que obstaba a la aceptación de la idea de una ocupación pacífica o en todo caso bajo error sobre las circunstancias en que se concretaba el acto, mas todo ello "sin perjuicio de lo que resulte de la prosecución de la investigación" . Tanto más, cuando por su propia naturaleza, el procesamiento importa un mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación que ni en su contenido, consecuencias o exigencias puede ser calificado como sentencia.
Rebeldía, demanda, falta de contestación de la demanda, expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: SOLORZANO JUAN LUIS c/ TOTALGAZ ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-07

Al tenerse por no contestada la demanda, los hechos, oposiciones y defensas integrativas del memorial de agravios, no integraron la litis por lo que constituyen capítulos no propuestos a la decisión del Señor Juez de primera instancia, que no pueden tratarse en la Alzada en virtud de lo prescripto por el artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial.
Falta de acción, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: Della Vecchia, Gustavo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Corresponde anular la resolución que hizo lugar a la excepción de falta de acción respecto de los hechos que el pretenso querellante califica como falsedad ideológica de instrumento público y estafa procesal si nunca hubo al respecto un requerimiento de instrucción ni tampoco un pedido de indagatoria ni un pedido de desestimación y, aunque la alegada retención indebida de documentación contable por la que se ha dictado sobreseimiento guardase eventualmente alguna conexión final con los otros hechos, no cabe confundir la conexidad final de hechos objetivamente independientes entre sí con la unidad del hecho y, en todo caso, la conexión final que pudiera existir no constituye obstáculo a la persecución de los hechos que concurren de modo real porque uno de ellos hubiese sido objeto de sobreseimiento.
AFIP DGA, soja
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Noble  Argentina  SA c/ EN  -DGA (ONCCA) Resol 1487/08 y 2463/09 s/ medida (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa actora y ordenar a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de emitir, notificar y dar trámite a los cargos aduaneros previstos en el inciso a) del art. 1053 del Código Aduanero -y de toda otra medida tendiente a hacer efectiva la resolución 1.487/08 de la ONCCA (por medio de la cual dipuso informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de ventas al exterior de productos derivados de la soja, respecto de las cuales no se habían acreditado la tenencia o la adquisición de las mercaderías registradas, debiendo tributar las empresas allí mencionadas las alícuotas corrrespondientes a la fecha de la oficialización de la destinación de exportación)-, hasta tanto se resuelva en sede judicial el fondo de la cuestión planteada.
Recurso de casación, preclusión
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perfaure, Aníbal y Fernández, Margarita. s/ Costas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-03-07

Si al apelar los honorarios regulados en Primera Instancia con fundamento en el art. 31 L.A. por estimarlos bajos, dicha apelación fue suficiente para que la Cámara la considerara procedente y en su mérito aumentara los honorarios a casi el doble, para lo cual no hubo de apartarse de la pauta regulatoria consentida por el recurrente por falta de objeción válida: arts. 4 y 5 Ley de Aranceles, todo ello con indudable efecto preclusivo, resulta extempor aneo el agravio fundado en la violación del art. 68 y 274 CPC.
Contrato de trabajo, cargadores
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Epifanio c/ Asociación Unión Tamberos Coop. Ltda. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-04-30

El empleador, en casos en que debe contratar personal en forma asidua puede tener interés en realizarlo con determinadas personas, porque le merecen mas confianza para realizar su tarea, a los que si bien capta por un día u horas en el mismo, al prolongarse en el tiempo le confiere a la relación un carácter de permanencia. La doctrina judicial ha considerado que en el caso de los changarines, o sea, de personas que realizan tareas de corta duración que responde a las características del trabajo eventual (art. 99 L.C.T.), cuando la vinculación se mantuvo en forma continuada (aunque no siempre uniforme), durante un período prudencial la misma debe ser de carácter permanente, y verse como una forma atípica (sui géneris) de trabajo discontinuo.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Gualeguaychú S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-08

La litis tramitó en su totalidad bajo la vigencia de la ley 19551, por lo que resulta razonable, en las circunstancias del caso, aplicar la ley citada para calcular los honorarios porque, como ha sostenido la C.S.J.N. "la nueva ley no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio al amparo de una legislación anterior sin menoscabar el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional". La proyección de un nuevo ordenamiento normativo hacia el pasado, no resulta posible si por tal vía se altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos realizados bajo un determinado régimen legal, con grave afectación de los derechos adquiridos bajo la norma que regía cuando sus trabajos fueron realizados". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba documental, fotografía
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval, Juan Carlos y otro c/ TEVECON S.A. s/ Cobro de Pesos.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-29

En el caso la prueba fotográfica constituye un valioso auxiliar de la prueba testimonial, ya que el testigo reconoce en la foto a la persona de la cual se habla,o el lugar o la cosa que dice haber conocido.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agricultores Federados Argentinos S.C.L. c/ Di Giácomo, Rubén s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

El rigor cambiario impone la inexorable sanción de la nulidad del título que carece de los requisitos esenciales, nulidad objetiva no sólo oponible erga omnes por cualquier deudor, sino observada de oficio por el juez, el cual no podría reconocer la característica eficacia cambiaria (fuerza ejecutiva, solidaridad de los firmantes, sistemas de acciones y excepciones) a un título formalmente incompleto o irregular.
Recurso de queja (procesal), copias, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingalmet  S.A. c/ Trillo, Manuel y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Las resoluciones que requieren la presentación de copias en los recursos de hecho se notifican por ministerio de la ley.
Declaración de incompetencia, elevación en consulta, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Villalba, C. S. R.  c/  s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-11

Cabe revocar la decisión elevada en consulta -declaración de incompetencia-, dado que en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la materia de habeas corpus se encuentra asignada a los jueces penales del fuero nacional conforme lo establece el art. 8 de la Ley 23.098; vale decir que la decisión en cuestión no encuentra sustento en los arts. 2, 8 y 10 de la mencionada ley y por eso corresponde revocarla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arbeleche Mario Horacio s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

No resultando manifiesto cuál es el agravio que ocasiona al profesional recurrente, que lo hace por derecho propio, la decisión del a quo que regula honorarios por encima de lo establecido en el convenio respectivo y que fuera consentida por el obligado al pago, no se encuentra legitimado el recurso por falta de interés para recurrir. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Seillant, Juan H. c/ Pcia. de Bs. As. (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Percario, Alberto V. c/ Provincia de Bs.As. (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa De Elía, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06|1993-05-26|1994-08-02

No obsta a la procedencia formal de la demanda de nulidad prevista en el art. 26 de la ley 4373 la previa interposición del recurso de revisión contemplado en el art. 34 de la citada ley, ya que el mismo es equiparable a la actividad procesal recursiva tendiente a agotar la instancia administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilaciones, jubilación de magistrados, Poder Legislativo, Poder Judicial, confirmación de sentencia, jubilación ordinaria, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REPETTO, ROBERTO JUAN JOSE. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-05

La ley 20.572 introduce un elemento diferencial entre el régimen de los magistrados y los resultantes de cargos electivos, que consiste en la distinta exigencia respecto del tiempo mínimo de afiliación a que se refiere el art. 3, que no es requerido para los legisladores en razón de que éstos tienen derecho al beneficio cualquiera que sea el tiempo de duración de sus mandatos (art. 1, ley 20.572), lo que no se compadece y resulta absolutamente injustificado, en función de lo expuesto, respecto de los magistrados judiciales. En consecuencia corresponde confirmar la sentencia que denegó la jubilación ordinaria por no cumplir con el requisito de antigüuedad de servicios en el Poder Judicial, como lo requiere el art. 3 de la ley 18.464, no modificada en este punto por la 20.572.
Materia: CIVIL
Carátula: AMIL LEVOSO, ALICIA c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-13

Las resoluciones que tienden a revisar de oficio el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la acción procesal administrativa y en su caso rechazar "in limine litis" los recursos de patente o manifiesta improcedencia formal, dictadas en una etapa preliminar, cuando no se ha corrido el traslado de la demanda; este control "prima facie", no clausura definitivamente toda posibilidad de control formal posterior, ya que en ciertos aspectos puede ser efectuado con posterioridad a través de la propuesta de la parte demandada o de los terceros coadyuvantes, mediante la oposición de las defensas previstas por el artículo 36 de la ley 2.297, como asimismo, el Tribunal podrá examinar en forma definitiva el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley al abordar la sentencia de mérito, ya que el control liminar examina el caso con los escasos elementos aportados por la actora y sin que haya audiencia de la contraparte.
Falta de legitimación para obrar, Poder Ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARI DE PARADELO CELINA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ANULACION  DECRETO  NRO.  4848/86  MINISTERIO  ACCION  SOCIAL-DEMANDA  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-09-12

No prospera la excepción de falta de legitimación para obrar, deducida por el Poder Ejecutivo, con fundamento en que la relación sustancial motivo del juicio tenía lugar entre la actora y el Consejo Provincial del Menor si la demanda va dirigida a revocar el Decreto del Poder Ejecutivo que ratifica la resolución del Consejo
Contratos administrativos, contrato de suministros, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camtral  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos  S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

El inc. a) del art. 2, de la Ley 21.391, al hablar de "fecha de entrega establecida contractualmente", sin duda se está refiriendo al plazo originalmente pactado y a las prórrogas concedidas sin culpa del proveedor, pero no a las situaciones de tardanza culpable, aunque la ejecución del contrato se continúe.
Defensa del consumidor, vicios, daños y perjuicios, daño punitivo, multa, banco central, intereses, base imponible
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Aza, Favio Gabriel c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Procede hacer lugar a la indemnización por daño punitivo solicitada por el actor, en tanto fue erróneamente comunicado como deudor moroso por el banco accionado, por el inexistente uso de una tarjeta de crédito que nunca solicitó. Ello así, de conformidad con lo previsto en el CCCN 1724, la conducta resulta dolosa cuando su autor produce un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y, en el caso, no se observa probado que el banco haya procedido con dolo. Lo que no puede negarse es que, cuanto menos, ha obrado con evidente e inexcusable culpa; calificación suficiente como para atribuir la responsabilidad frente a los daños producidos e, incluso, reconocer una indemnización por daño punitivo. Resulta que, tratándose de una entidad bancaria, la atribución de responsabilidad se ha de valorar según la regla establecida en el CCCN 1725. De modo que, ante la falta de prueba del dolo, no cabe más que calificar de gravemente culposo el proceder del banco que, llamativamente, habilitó una tarjeta de crédito que no fue contratada por el demandante. Ese hecho es inadmisible máxime cuando el emisor de la tarjeta es un banco comercial que debe actuar, siempre, con la máxima profesionalidad. De modo que, si bien el agravio no ha de prosperar, por cuanto no se atribuirá dolo en su conducta, el banco demandado deberá responder por el daño moral y el daño punitivo. En ese marco, la multa civil establecida en concepto de daño punitivo es expresada en valores actuales, razón por la cual no corresponde adicionar intereses si la obligación es cumplida en tiempo y forma.