Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-16


MORENO, Luis A. contra RUIZ y TREMBLAY S.R.L.

Reg.: A y S t 215 p 216-221.

Santa Fe, 16 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia nro. 169 de fecha 27 de noviembre de 1998 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, de la ciudad de Rafaela, en autos "MORENO, Luis A. contra RUIZ y TREMBLAY S.R.L. -Ordinario - Daños y perjuicios - Ley 11025 - Laboral- (Expte. 161/98)" (Expte. C.S.J. nro. 19, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Conforme surge de las constancias de autos por sentencia nro. 169 del 27/11/98 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela resolvió: a) admitir el recurso de apelación de la parte actora y de la demandada (por adhesión al mismo); b) revocar la sentencia apelada; c) admitir parcialmente la demanda;

d) condenar a la demandada a pagar al actor, en el término de diez días de quedar aprobada la respectiva liquidación, los importes indicados en los considerandos, más los intereses que allí se expresan; e) hacer extensiva la condena a la aseguradora citada en garantía, en la medida del seguro; f) imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y a la aseguradora citada en garantía (art. 252 del C.P.C.C.).

Contra este decisorio dedujo la accionada recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el mismo no satisface el derecho a la jurisdicción.

Endilga al decisorio incurrir en "decisiva carencia de fundamento", toda vez que se desentendió de la previa calificación de la cosa como riesgosa en este caso concreto, no consideró la falta de unanimidad de los testigos en cuanto a la apreciación de las tareas efectuadas por el actor, sobrevaloró los dichos de Martínez y Rojas en detrimento del resto del plexo probatorio, dejó de considerar prueba dirimente (la inspección judicial y reconstrucción del accidente) y no tuvo en cuenta lo resuelto por esta Corte provincial en autos "Peger Meliton c. Sancor".

Señala que los sentenciantes condenaron a su parte en base a posibilidades y presunciones, ya que a su criterio se advierte que no tuvieron la convicción plena acerca de qué tareas realizaba el actor, cuál fue la relación entre las cosas inertes y esas tareas ni si las cosas eran riesgosas. Asimismo entiende que tampoco surge probado el nexo causal necesario, en tanto el fallo da por ciertos hechos no probados (el peso de los quesos, de las liras, de la masa, la forma de uso de estas cosas inertes, las directivas patronales impuestas para este uso).

Como segunda causal de arbitrariedad expresa que el pronunciamiento interpretó erróneamente el derecho aplicable, por cuanto la Cámara consideró que el riesgo de la cosa se acredita demostrando la relación de causalidad entre ésta y el daño, mas, en el caso llegó a esta conclusión en base a presunciones, lo que de ningún modo puede admitirse dado que el actor optó por la reparación civil y, por ende, debió haber acreditado de manera indubitable los presupuestos para el progreso de la acción.

Sostiene el recurrente que el fallo también incurrió en incongruencia, en tanto por un lado afirman los juzgadores que se condena a su parte al pago de la indemnización que fijan, lo que significará el ingreso de un capital anticipado, y por otro retrotraen dicho capital a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad, con violación del derecho de propiedad.

Por último, considera el quejoso que en el caso se configuró un supuesto de gravedad institucional desde que "...de prosperar el fallo cuestionado, una nueva fábrica deberá plantear su posible cierre como consecuencia de un reclamo inexistente..." y "...varias familias más en nuestro país quedarán sin trabajo...".

Con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el recurrente denuncia en fecha 17/08/99 lo que considera un "hecho nuevo" y acompaña documental (fs. 40/49 vto.), respecto del cual la Cámara corre traslado a la contraria y por auto nro. 290 desestima su consideración (fs. 54/54 vto.).

Contra este resolutorio la demandada interpuso recurso de aclaratoria, el que también fue rechazado (fs.59/59 vto.).

En fecha 25/02/00 el Tribunal a quo resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. En fecha 21/03/01 y, posteriormente el 09/02/05, esta Corte por A. y S. T. 170 pág. 219 y T. 204, pág. 481, resolvió en razón de no estar cumplimentado en legal forma el trámite del recurso deducido al no imprimirle el Tribunal a quo la sustanciación prevista por el artículo 4 de la ley 7.055, anular los respectivos autos denegatorios y disponer que, previo los traslados pertinentes a la contraparte en juicio y a la citada en garantía, se pronuncie el Tribunal que corresponda sobre la admisibilidad de dicho recurso.

Luego de cumplimentar con lo ordenado por este Cuerpo, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral -integrada- de Rafaela resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad oportunamente impetrado.

3. La presente queja no ha de tener favorable acogida, toda vez que, pese al esfuerzo del recurrente por intentar asignar a sus planteos matiz constitucional, los mismos no trasuntan sino su discrepancia para con lo decidido por la Alzada respecto de cuestiones que remiten a materia de derecho común, reservada, en principio, a los jueces de la causa y, por ende, ajena a esta instancia de excepción.

En efecto, se agravia el impugnante fundamentalmente en cuanto considera que la sentencia se apartó infundadamente y con evidente autocontradicción de lo resuelto por esta Corte in re "Peger Meliton c. SanCor C.U.L.", en tanto se desentendió de la "previa calificación de la cosa como riesgosa, en el caso concreto", no estimó la falta total de respaldo probatorio a la genérica versión del actor, advirtiendo el compareciente que el Tribunal arribó a la decisión de condenar a su parte al pago de las indemnizaciones pertinentes sobre la base de presunciones que no pueden admitirse en este caso, dado que el empleado accionante optó por la vía civil del artículo 1.113 del Código de fondo.

Mas, de la lectura del pronunciamiento en crisis claramente se advierte que el razonamiento seguido por la Cámara de ningún modo luce irrazonable o inmotivado desde que, partiendo justamente de pautas sentadas por la Corte nacional ("Nobriega c. Y.P.F") y recepcionadas, entre otros, en el caso "Peger" dictado por este Cuerpo, determinó y analizó en primer lugar las labores que llevaba a cabo el actor para la empresa accionada y el modo en que las realizaba.

En tal orden, el Tribunal a partir de las testimoniales de otros trabajadores de la demandada, apreció que Moreno efectuaba las siguientes tareas: cortaba la cuajada con liras cuando estaba en las tinas, una vez hecha la masa la llevaba a la prensa, la daba vuelta y la introducía en dos moldes de 50 kg. cada uno; luego trasladaba estos moldes al saladero pasadas las 24 horas, siendo llevados después al "calorífico" si se preparaba la masa del queso gruyere, todo ello en forma manual (f. 15 vto.). Igualmente consideró acreditado la Cámara que el actor manejaba los camiones destinados a la recolección de leche, aunque no durante qué tiempo se desempeñó en esa labor y que, si bien se demostró que levantó los tachos con leche, no se probó que esta tarea la hubiera desempeñado el demandante sin la colaboración de otra persona. A su vez, entendió también probado que la tarea de volcado de leche a la balanza fue una labor que Moreno ejecutó con la ayuda de otro operario (hecho admitido en la confesional por el propio actor), aunque resaltó que "...de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia (sana crítica), por más que el actor haya sido ayudado por otra persona a levantar tachos con leche y que el volcado de ésta a la balanza lo haya ejecutado el accionante con la colaboración de otro operario, es dable interpretar que ambas labores demandaron esfuerzo a Moreno..." (f. 16 y 16 vto.).

Sobre la base de este análisis los sentenciantes determinaron que podía tenerse "...por acreditado que el esfuerzo realizado por el actor llevando la masa de los quesos a la prensa, trasladándola luego al saladero y posteriormente al 'calorífico' en el caso del queso gruyere, fue causante de la minusvalía, aún cuando se hubiera efectuado el desplazamiento con dos personas...", entendiendo que también resulta factible arribar a la misma conclusión con relación "...al esfuerzo que debió efectuar el demandante levantando los tachos con leche, dado que no puede perderse de vista que si esta tarea era ejecutada por dos personas, evidentemente cada tacho no era una cosa que pueda considerarse liviana...".

Es decir, y como es posible advertir, la sentencia ha seguido los lineamientos que el recurrente pretende apartados, en tanto, y como se dijo, analizó en primer término las tareas efectuadas por Moreno con la cosa inerte (los quesos y los tachos de leche) y su peso, en el contexto en que operaban, esto es, brindó la explicación respecto de la forma y modalidades en que el actor manipuló la cosa y de ello concluyó en el esfuerzo físico que demandó ese uso por su peso; en suma, valoró la incidencia que en esa manipulación tuvieron las posturas y el esfuerzo adoptados, y en función de estos criterios arribó a la conclusión señalada.

Tampoco puede alegarse -como pretende el recurrente- que se trate de una decisión infundada ni que dé por ciertos y admitidos hechos no probados basándose en presunciones, toda vez que el decisorio también deja claro las circunstancias en que se fundamentó. Así, consideró el Tribunal el tiempo que Moreno venía desempeñándose para la empresa (16 años en forma ininterrumpida); que no constaba probado que realizaba otras tareas que le demandaran esfuerzo que no fueran las cumplidas para la demandada; las testimoniales prestadas; las confesionales del actor y de la demandada; el informe pericial médico en donde aparece determinada la afección que sufre el trabajador (síndrome lumbosacro por sobrecarga anormal crónica) y las causas de la misma, diagnóstico logrado en base a radiografías, electromiografía de ambos miembros inferiores, examen físico y de la columna vertebral lumbosacra; la valoración que efectuaron los juzgadores de este informe al que consideraron terminante cuando afirma que "...dicha afección 'se presenta en trabajadores que deben levantar pesos durante su jornada laboral generalmente con los miembros inferiores en extensión', presentándose en el actor 'irritación radicular lumbosacra, lo que determina un grado más avanzado de lesión por sobrecarga columnaria lumbosacra' y que 'el mencionado síndrome tiene que ver con esfuerzos reiterados en forma permanente a través del tiempo'...".

También estimaron que de tal pericia médica emergía que tal afección no reconoce alguna causa ajena a las labores de esfuerzo dado que indicó el idóneo que "...'como el actor no presenta deformidades en su columna vertebral que puedan haber sido predisponentes a hacer un síndrome que en ese caso sería de Movilidad Anormal Crónica, considero que la causalidad del actual síndrome es eminentemente la sobrecarga de la región columnaria'...".

Por último, tuvieron también en cuenta el hecho de que no se produjo prueba ni se aportó elemento de juicio que desvirtuara tal pericial, advirtiéndose además que el Tribunal incluso descartó determinados dichos vertidos por el actor que no contaban con el respaldo de prueba de igual jerarquía procesal. En decir, y en punto a esta cuestión, de lo señalado claramente se concluye en la inexistencia de presunciones o dogmatismos a los fines de la motivación del fallo.

Por el contrario, y tal como se expuso, la Cámara efectuó un claro detalle de las pruebas en que se sostuvo para concluir "...que la minusvalía reconoce como causa única al factor de atribución de responsabilidad 'riesgo de la cosa' (art. 1.113 Cód. Civil)...", sosteniendo que "...no pueden caber dudas de que el peso de la masa de los quesos demandó esfuerzo físico al actor, el cual fue idóneo para causar la afección que ocasiona la minusvalía laboral, habiendo acontecido otro tanto con los tachos en razón de tener que levantarlos...". Frente a estas conclusiones, en definitiva, no logra el impugnante demostrar que en el caso el a quo hubiera incurrido en los vicios que esta Corte consideró configurados en "Peger" (interpretación distorsionante de la norma del artículo 1.113 citado; déficit de fundamentación en la ponderación de las probanzas; ausencia de explicación respecto de qué manera la forma de usarse o de manipulación de la cosa inerte o el esfuerzo por su peso convertían a la cosa en riesgosa; afirmaciones dogmáticas; omisión de brindar la debida relevancia a ciertos hechos y circunstancias decisivas, y apartamiento de las directrices emanadas de la Corte nacional in re "O' Mill c. Prov. del Neuquén", 19.11.1991).

Queda claro que la sentencia venida en revisión encuentra también sustento en los criterios jurisprudenciales que el impugnante sostiene preteridos, esto es, que no se desentendió del análisis del contexto en que opera la cosa inerte a fin de verificar si por el modo de uso impuesto por las directrices patronales puede ser calificada de peligrosa o riesgosa y, consecuentemente causa adecuada a los fines de la imputación objetiva del resarcimiento pretendido.

Por otro lado, y en relación a la invocación de incongruencia en que a criterio del quejoso habría incurrido la sentencia por cuanto por un lado expresó que el pago de la indemnización fijada significará el ingreso de un capital anticipado, y por otro, violando el derecho de propiedad, retrotrae dicho capital a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad, en tanto según entiende "...nunca dicho capital podría generar intereses en forma retroactiva...", es de advertir que de las constancias de autos surge que tal planteo también fue enderezado por el recurrente al interponer recurso de aclaratoria contra la sentencia, el que mediante auto nro. 61 (fs. 32/32vto.) fue rechazado por la Alzada por cuanto consideró que "...los intereses moratorios por los daños causados por actos ilícitos se adeudan desde la fecha del daño; lo cual nada tiene que ver con que al fijarse el importe reparador del lucro cesante se toma en consideración el interés que la víctima podría obtener si coloca dicha suma en una entidad bancaria, lo cual no acontecería si ella fuera percibiendo mensualidades hasta finalizar su vida útil...". Y al respecto toda la postulación del impugnante solamente revela su disenso para con lo decidido que, en definitiva, remite a cuestiones reservadas a los jueces de la causa, sin que se infiera de la indemnización fijada y de los cálculos respectivos vulneración de derechos o garantías constitucionales como lo afirma el quejoso.

Tampoco se encuentra configurado en el sub lite un supuesto de gravedad institucional, toda vez que tal formulación no resulta idónea para demostrar que la cuestión debatida -la condena a indemnizar a un trabajador- excede el marco del interés individual de las partes afectando de manera directa a la comunidad, en tanto el recurrente reitera el planteo de los vicios en que a su criterio incurrió la Alzada sosteniendo genéricamente un supuesto quebranto económico de la empresa al tener que afrontar el pago pertinente por lo que considera "un reclamo inexistente", mas sin acreditar, como se dijo, que la decisión supere lo que es materia propia de las instancias ordinarias ni la irrazonabilidad que alega. Por último, y en relación a la denuncia de "hecho nuevo" formulada por la demandada con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad (fs. 40/49vto.) debe señalarse que luego de su sustanciación, la Cámara resolvió por auto nro. 290 (fs.

54/54vto.) desestimar su consideración en razón de apreciar que "...la oportunidad procesal para denunciar "hechos nuevos" fue para la accionada la de presentación del escrito de contestación de los agravios (art. 369, inc. 1, C.P.C.C.), encontrándose precluida la posibilidad de hacerlo, en tanto que ya se ha dictado sentencia en la alzada...". Contra esta resolución el apelante interpuso únicamente recurso de aclaratoria, el que fue rechazado (fs. 59/59 vto.), quedando, por lo tanto, firme tal decisorio y deviniendo inadmisibles las postulaciones efectuadas al respecto, como así también su pedido deducido en el escrito de queja (f. 133 vto.) solicitando a esta Corte que en uso de sus atribuciones dicte una medida para mejor proveer, desde que no demuestra el compareciente la decisividad de lo alegado en la denuncia del hecho nuevo para una suerte distinta del pleito, y ello dicho más allá de la posibilidad o imposibilidad de admitir hechos nuevos en esta instancia extraordinaria. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DRA. GASTALDI: Coincido con la solución a la que se arriba en esta causa, considerando necesario puntualizar lo siguiente en relación con el planteo de la arbitrariedad en que, a criterio del quejoso, habría incurrido la sentencia al expresar, por un lado, que el pago de la indemnización fijada significaría "el ingreso de un capital anticipado" y condenar, por otro lado, a pagar intereses a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad.

Respecto a este cuestionamiento cabe considerar que el discurso de la Alzada -aunque pueda resultar mejorable en cuanto a su calidad- no alcanza a exhibir la irreductible autocontradicción proclamada por el recurrente bajo la tacha de "incongruencia", atendiendo en particular a que el mismo no logra hacerse cargo de lo argüido por el a quo en el sentido de que "los intereses moratorios por los daños causados por actos ilícitos se adeudan desde la fecha del daño", déficit argumental que no puede reputarse salvado por la alegación de que lo decidido daría lugar a un "enriquecimiento sin causa (...) puesto que se condena al pago de un monto indemnizatorio exagerado", toda vez que no podría descartarse que dicho planteo -vinculado con los resultados excesivos o desproporcionados que eventualmente, y según el recurrente, se derivarían de la aplicación de los intereses impuestos en el fallo- en su caso podría ser articulado ante los jueces de la causa con arreglo a las pautas vigentes en la materia (al respecto cfr., de esta Corte, "Matrogiovanni", R. A. y S. T. 200, pág.

172).

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)