Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-09


AUTOS N° 9406 "PINTO, Francisco Alberto C/ Cattorini Hnos. S.A.I.C. F.E I S/Apelación de Sentencia".

En la ciudad de San Juan, a nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí, Delfor Edgardo Benítez y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 9406, caratulados "PINTO, FRANCISCO ALBERTO C/CATTORINI HNOS S.A.I.C. F.e I S/APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: I) Que vienen a estudio estos autos provenientes del Cuarto Juzgado del Trabajo, como consecuencia del Recurso de Apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de la causa.

Que radicado los mismos en la Alzada, ha resultado sorteada esta Sala Segunda, la que ha sido consentida en su integración por las partes. Que cumplidos con todos los trámites de rigor, y sorteado el orden para la emisión de los votos, corresponde avocarme al tratamiento del recurso.

II) Que en la causa se ha dictado sentencia definitiva obrante a fs. 438/459, por la cual se admite la demanda impetrada en autos condenando a la accionada a abonar la suma reclamada por indemnización civil derivada del accidente de trabajo sufrido por el trabajador; como así también los rubros requeridos a consecuencia de la relación laboral y del despido dispuesto oportunamente.

En el fallo recaído en autos; el a-quo, luego de admitir la inconstitucionalidad de los arts. 1°, 39 inc. 1° y 49 en sus disposiciones adicionales primera y tercera de la ley 24.557, admite la reparación reclamada conforme las pautas especificadas en el fallo; de lo que deberá descontarse de los montos percibidos de La Segunda ART.

Asimismo, y por considerar que en la causa la demandada no acreditó la imposibilidad de otorgar tareas conforme a la incapacidad que presenta el actor, la procedencia de la indemnización prevista en el art. 245, como así también el preaviso y la integración del mes de despido; debiendo descontarse el monto percibido por la liquidación final abonada por la empresa. También considera procedente la indemnización prevista por el art. 2° de la Ley 25.323. Y finalmente admite lo pretendido como consecuencia de las diferencias salariales reclamadas.

Finalmente impone las costas del proceso a la demandada vencida en cuanto a la relación procesal entre actora y demandada; y por su orden en cuanto hace a la intervención como tercero de La Segunda ART SA.

III) Contra la sentencia recaída en autos, se alza en crítica la demandada quién interpuso recurso de apelación, obrando la expresión de agravios a fs. 465/473 vta.

El apelante cuestiona: 1) El monto de condena por indemnización civil e intereses moratorios; 2) Que se haya rechazado la procedencia del art. 212 de la LCT; 3) La admisión de la indemnización derivada del art. 2° de la Ley 25.323 y 4) La admisión de las diferencias salariales.

III-1) Corrido el traslado, la parte actora contestó los agravios mediante la presentación de fs. 480/486. De la evacuación del traslado, se advierte que por un lado plantea que la expresión de agravios no cumple con el imperativo del art. 253 del CPC y por otro, aborda cada uno de los agravios expuestos, planteando el rechazo de los mismos y la confirmación del fallo.

IV) Ahora bien, a efectos de abordar el tratamiento de los agravios expuestos, adelanto que por una cuestión de orden me referiré en forma separada la crítica contra la condena de la indemnización civil y las demás críticas contra la resolución dada en el fallo a los reclamos derivados de la legislación laboral.

IV-1) Con carácter previo y ante el planteo de la demandada sobre la falta cumplimiento del imperativo del art. 253 del CPC que le endilga a la expresión de agravios, corresponde efectuar algunas consideraciones al respecto.

Si bien es cierto que el art. 253 del C.P.C. de aplicación supletoria; que en su segundo párrafo dice: "... La expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores.". Y en tal sentido se ha sostenido al respecto que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran el fallo, a través de circunstancias jurídicas por las cuales se lo tacha de erróneo, y no meras observaciones genéricas o de orden general. Es decir, debe el apelante fijar la materia del reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio". (Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", t.III, p. 353).

A mi criterio, de la expresión de agravio surgen una serie de cuestionamientos suficientemente fundados, que al menos alcanzan a los efectos de ser atendidos en los términos del art. 253 del CPC, y que independientemente del resultado que se decida en esta instancia sirven para abrir la etapa de revisión a la que estamos avocados.

IV-2) Adentrándome al primer agravio planteado por la recurrente, por la cual se cuestiona el monto de la condena por la reparación civil, endilgando falta de razonabilidad al fallo; se advierte que la crítica expuesta está dirigida a cuestionar el monto indemnizatorio determinado, sosteniendo "que no se compadece con los elementos de juicio valorados y además que no se ha explicitado la manera en que dichos elementos han sido considerados para arribar al monto de condena, tildándolo de arbitrario e infundado" IV-3) Sobre el particular, considero que el a-quo ha efectuado un pormenorizado y acertado análisis de la cuestión puesta a estudio en todo lo que tiene que ver con la valoración de las constancias de la causa a efectos de determinar la responsabilidad de la demandada en la reparación de los daños sufridos por el actor como consecuencia del accidente de trabajo sufrido.

En el mismo sentido considero que resulta ajustado a derecho la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1°, 39 inc. 1° y 49 en sus disposiciones adicionales primera y tercera de la ley 24.557; que habilitan la posibilidad de esta vía concedida al actor, otorgándole al mismo la legitimación procesal para instar la acción de reparación.

En consecuencia, y no siendo motivo de agravios la atribución de responsabilidad a la demandada, ya que la crítica está referida exclusivamente al monto de condena, a la determinación y a los fundamentos de dicho monto, me eximo del análisis de tales aspectos, dando por sentado que los mismos se encuentran firmes y consentidos.

Idéntica situación acontece con el porcentaje de incapacidad que presenta el actor y admitida por el a-quo; el cual tampoco ha sido cuestionado por el recurrente.

IV-4) Ahora bien, como he referenciado precedente, y por cuestiones de brevedad a la expresión de agravios me remito, el quejoso cuestiona el monto de condena por considerarlo excesivo; por que configura un enriquecimiento sin causa para el actor; por endilgarle falta de fundamentación toda vez que si bien menciona los elementos a tener en cuenta para determinar el monto resarcitorio, y la fórmula apliada en el precedente "Vuoto - Mendez", otrora no explica ni justifica la incidencia que tales elementos tienen en el monto definitivo.

En tales términos, considero que la crítica expuesta contra el fallo en análisis, en cuanto a la carencia de fundamentación suficiente, adolece de razonabilidad; toda vez que el a-quo se ha explayado suficientemente en la descripción de los distintos elementos tenidos en cuenta para la determinación del monto resarcitorio.

Por otro lado, el sentenciante ha referenciado suficientemente y hecho suyos el criterio y la fórmula en los precedentes "Vuoto - Mendez", de donde se desprende prístinamente los elementos tenidos en cuenta y la incidencia que cada uno de ellos tienen en la determinación del moto de condena.

Sin perjuicio de ello; bajo ningún aspecto puede considerarse que la falta de mención de las operaciones matemáticas realizadas, puedan conspirar contra el fallo para achacarle falta de fundamentación; sino todo lo contrario, ya que de la lectura de los fundamentos del fallo se aprecia suficientemente justificado el criterio tenido en vista por el juez para determinar el monto. Además, no puede escapar de nuestra consideración, que a partir del Caso "Arostegui" la C.S.J.N. sentó el criterio que no corresponde el apego a las fórmulas matemáticas para la determinación de la indemnización; sino que la determinación del monto indemnizatorio por reparación de los daños sufridos por el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo reclamado bajo los criterios de la ley civil, resulta ser una facultad discrecional del juez, en la medida que ello se ajuste razonablemente a las circunstancias particulares de la víctima y las constancias de la causa.

En referencia a la crítica del apelante, es dable destacar que no es cierto que el a-quo haya determinado un monto de condena superior al reclamado en la demanda, sino que tal determinación se efectuó según las pautas citadas y resulta ser muy similar al monto reclamado.

IV-5) Ahora bien, resulta obvio y suficientemente consignado en el fallo, que uno de elementos preponderantes para la determinación del monto resarcitorio, conforme el criterio del juez, es la "remuneración" del trabajador, toda vez que el principal componente de la indemnización es el "lucro cesante", para lo cual debe tenerse en cuenta -como bien lo dice el fallo-, la remuneración a la fecha del siniestro, el porcentaje de incapacidad y la edad de la víctima.

En esta inteligencia, y considerando que la demandada ha cuestionado el monto de condena por excesivo, como así también que desde el momento que contestó demanda cuestionó la base salarial tomada por la actora, planteando la improcedencia de la misma y argumentando que el monto abonado al trabajador consuetudinariamente cada mes se correspondía con las escalas salariales vigentes para la categoría del actor; considero que corresponde analizar y resolver este punto en debate entre las partes.

Si nos adentramos al análisis de la causa, podemos advertir que la actora expresa que la remuneración que corresponde es $ 2650, mientras que la demandada formula oposición manifestando que el monto percibido por el trabajador pacíficamente durante todo el tiempo de vigencia del contrato estuvo ajustado a las escalas salariales vigentes.

Si bien, ninguna de las partes ha explicitado con suficiente determinación la categoría del actor, más allá de la coincidencia de ambos y que surge de la documentación laboral del trabajador, que "se desempañaba como herrero dentro del sector mantenimiento C:15 (Categoría 15) Rama Vidrio Hueco", en la prueba documental demandada obra la escala salarial vigente a partir de Febrero de 2008, de donde surgen los montos correspondientes a dicha categoría para los meses anteriores al del acuerdo. De su análisis, se extrae que la asignación contemplada para la categoría 15, tomada como "Salario Profesional Mínimo Conformado Diario", no resulta superior al que percibía el trabajador según las constancias documentales obrantes en la causa calculadas del valor de la hora de trabajo con más los adicionales multiplicada por las horas que componen la jornada laboral.

Por otro lado, a mi criterio adquiere relevancia la documentación laboral llevada en debida forma por la patronal y adjuntada como prueba al proceso, la que ha sido consentida y suscripta pacíficamente por el trabajador durante tantos años de vínculo laboral; toda vez que si la ley impone a la patronal una serie de obligaciones en cuanto a las constancias registrales; el cumplimento de la misma, debe otorgar una presunción favorable a la patronal, que si bien puede ser desvirtuada por el trabajador, ello deberá ocurrir frente a la producción de prueba contundente.

Se ha resuelto: "en cuanto a que la documentación laboral debe guardar la debida correlación, en el caso, con los recibos de pago acompañados, no es menos cierto que es a cargo de su parte, acreditar con la contundencia y prueba suficiente, la falta de cumplimiento de ello por parte del empleador, es decir, que el mismo ha falseado algún dato atinente a la relación.- Y ello es así, en tanto, si bien los libros y registros contables son llevados en forma unilateral por el empleador, los mismos son rubricados por el trabajador, al igual que los recibos de pago.- Al respecto no debe perderse de vista, tal como se ha dicho en precedentes de esta Sala I, con respecto a recibos de sueldos suscriptos por el trabajador, que tales instrumentos privados adquieren la certeza de un instrumento público, cuya fuerza probatoria sólo podría ser desvirtuada por prueba en contrario clara e inequívoca.- "Respecto de los recibos de sueldos acompañados por ambas partes, cabe decir que los mismos constituyen instrumentos privados que, como tales, una vez reconocidos, o declarado o producido su reconocimiento tácito por ausencia de tacha de falsedad, adquieren el carácter de auténticos y tienen el mismo valor que una escritura pública, respecto de los que aparecen como autores, siendo ésta la solución adoptada por nuestro código civil en sus arts. 1026, 1028 y conc.". (Autos N° 8265: "Escobar Victoria Beatriz c/ Servicios Federales de Salud S.A. s/ Apel. de Sentencia, del 08/04/2010").-" En virtud de lo expuesto, a mi criterio no existe prueba contundente alguna que acredite que el trabajador estuviese mal encuadrado según las categorías del Convenio, ni tampoco que los montos abonados y percibidos por el trabajador en concepto de remuneración sean inferiores a los contemplados por las escalas salariales vigentes.

Si bien es cierto que la actora no explicitó la forma en que arriba a la determinación de la suma de $ 2650, considero que el mismo se corresponde con la escala salarial vigente para la época del despido; lo que debe considerarse válido a los efectos del cálculo de los rubros derivados de la extinción del contrato de trabajo pero no resulta aplicable para el cálculo de la indemnización por daño según la legislación civil. A mayor abundamiento, es dable remarcar que la propia sentencia de grado impone la aplicación de intereses desde el siniestro; y teniendo en cuenta que la base utilizada corresponde a la escala salarial vigente 18 meses posteriores al siniestro, la que por otro lado presentaba importantes incrementos; considero que de aplicarse la base remuneratoria descripta por la actora, significaría una situación injusta por la doble actualización del crédito.

Por ello, considero errónea la decisión del a-quo de admitir la suma de $ 2650, invocada por el actor, como base salarial para el cálculo de la indemnización resarcitoria de los daños civiles; sino que propicio que se considere como base salarial a los efectos del cálculo de todos los rubros de condena, la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año anterior al siniestro, cual es $ 2161.

En esta inteligencia, y significando la mejor remuneración del actor un veinte por ciento (20%) menor que la considerada en la sentencia de grado, propicio que la reparación del daño material debe reducirse en el mismo porcentaje, y en consecuencia condenar al pago de la suma de $ 178.800, de la que deberá deducirse los montos percibidos, tal como lo resuelve el fallo cuestionado.

IV-6) Ahora bien, corresponde seguidamente abordar los agravios expuestos por el apelante contra la parte del resolutivo que admite la procedencia de los rubros de índole laboral reclamados. Sobre el particular, el quejoso cuestiona que la sentencia condene al pago de la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT; las diferencias salariales reclamadas; y finalmente, la indemnización especial prevista por el art. 2° de la Ley 25.323.

IV-7) Con referencia al primero de los puntos cuestionados, la sentencia admite la procedencia de la indemnización del art. 245; puesto que la patronal invocando la carencia de posibilidades de otorgar tareas acorde a la incapacidad determinada, dispuso el despido echando manos a la prescripción del segundo apartado del art. 212 y en consecuencia abonó al trabajador una indemnización reducida a la mitad.

Si bien la primera determinación de incapacidad de la Comisión Médica N° 26, otorgó al trabajador una incapacidad permanente del 51%; y que dicha determinación fué disminuida por la misma Comisión seis meses después al 23,50%; y podría considerarse que la empleadora, que dispuso el distracto laboral en el período transcurrido entre ambas determinaciones, razonablemente pudo entender que no contaba con posibilidades de otorgar tareas acorde con dicha incapacidad; lo concreto es que frente al cuestionamiento efectuado por la actora a la legitimidad de dicha decisión; la demandada no acreditó en autos el extremo invocado para aferrarse al apartado segundo del art. 212 de la LCT.

El fallo puesto en crisis, con buen criterio y aplicando la sana crítica racional prevista por el art. 19 de la ley ritual, admitió el reclamo en análisis. De la lectura de los agravios expuestos, se desprende que el apelante invoca la declaración de los testigos Castillo (fs. 187) y Dománico (fs. 147) los que aseveran que el actor no podía desempeñarse en la empresa; pero ambos testigos hacen referencia a las mismas funciones que desempeñaba el actor; omitiendo la demandada demostrar que no tenía otros puestos de trabajo en los cuales pudiera prestar servicios el demandante.

En virtud de lo expuesto, considero que el fallo en referencia a este punto en debate resulta razonable y suficientemente fundado, sin que el apelante haya aportado elemento alguno de fuste, como para adoptar una solución distinta a la dispuesta por el Juez de grado.

Por todo ello, este agravio debe rechazarse y en consecuencia confirmarse la condena al pago de los rubros indemnizatorios conforme al fallo.

IV-8) Con relación al otro agravio planteado por el recurrente por el que se cuestiona la admisión de las diferencias salariales; considero que debemos efectuar algunas consideraciones.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la actora ha tomado en consideración para el cálculo de todos los rubros demandados la suma de $ 2650; pero no explicita de dónde obtiene dicha suma, sin pormenorizar si la supuesta diferencia obedece a estar mal encuadrado en la categoría o a una defectuosa liquidación de haberes; lo que me lleva a inferir que dicha suma se corresponde con la escala salarial vigente para la época del despido, ello es en Agosto de 2008.

En tal sentido y sin ánimo de ser reiterativo, en el apartado IV-5 del presente, me referí al criterio valorativo que debe otorgarse a las constancias de la causa en referencia al tema de las remuneraciones que corresponde aplicar al caso.

Por otro lado, resultan defectuosamente reclamadas las diferencias, ya que no se ha efectuado un correcto análisis de lo que debió percibir, sino que directamente el reclamante ha generalizado dicho monto para todos los meses; lo que resulta absolutamente improcedente toda vez que las diferencias salariales reclamadas corresponden a los meses que van desde Octubre/06 y hasta Febrero/08, período éste en que se produjeron distintas actualizaciones de las escalas salariales. Lo correcto era comparar lo percibido con la escala salarial vigente para cada mes.

En esta inteligencia, la liquidación practicada en autos resulta inadmisible e incurre en una violación a la exigencia procesal que le impone el art. 67 del CPL.

Finalmente, considero que le asiste razón al apelante, toda vez que el fallo no ha sido suficientemente fundado. Así las cosas, estimo que el agravio debe proceder y en consecuencia disponer el rechazo de las diferencias salariales.

IV-9) Finalmente, corresponde abordar el agravio expuesto sobre la admisión de la indemnización especial del art. 2° de la Ley 25.323, referido a la imposición de la multa prevista por dicha norma; adelanto mi posición en cuanto que considero que dicho agravio debe ser atendido.

El a-quo admite el recargo indemnizatorio, sosteniendo para ello que el actor, luego de la extinción del contrato de trabajo, cumplió con las formalidades exigidas a los efectos de la intimación oportuna.

Ahora bien, adentrándome al análisis del tema, considero menester transcribir el texto del art. 2 de la Ley 25.323, el que textualmente dice: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago." La interpretación literal de la norma, es absolutamente prístina; en el último párrafo del texto transcripto, la norma faculta a los jueces a reducir o eximir del pago, mediante resolución fundada, cuando existieren causas que justifiquen la conducta del empleador.

Si echamos mano a una interpretación del espíritu de la norma, la ratio legis, debemos concluir que la misma data del año 2000, o sea previo a la crisis ocupacional desarrollada en el año 2001, y que entre otras consecuencias llevó al dictado de la Ley de Emergencia Pública 25.561; y que tenía por objeto la protección del trabajador que era despedido y no indemnizado, como defensa de su crédito alimentario frente al empleador especulativo. En consecuencia, con el afán de desincentivar dicha conducta especulativa de los dadores de trabajo, se dictó la norma en cuestión, por la que se imponía una sanción accesoria para el caso descripto.- Ahora bien, el espíritu de la norma no fue imponer esta sanción accesoria como una indemnización ordinaria aplicable a todos los casos de despido; sino que con buen criterio, el legislador estampó el segundo párrafo, del cual se desprende el carácter de extraordinario o excepcional de la sanción, para aquellos casos que la patronal, conscientemente incurra en una violación de su obligación indemnizatoria frente a despidos sin causa, o con causa injustificada.

Por otro lado, interpretar la norma en el sentido de su procedencia para todos los casos en que el despido sea declarado injustificado, sin adentrarse en el análisis de la conducta del empleador; transformaría en abstracto el último párrafo.

Entiendo que la actividad del Juez de valorar la conducta del empleador debe efectuarse conforme las circunstancias dadas al momento del distracto, y no al momento de la sentencia, ya que en este momento, sería inocuo analizar su conducta a la luz del resultado.- La intención del legislador, no fue imponer una sanción accesoria siempre que el despido sea injustificado; sino verificar la conducta del empleador, y si contaba con elementos suficientes para pensar que la extinción del vínculo laboral se encontraba ajustada a derecho; otorgar al Juez la facultad de disminuir o eximir de dicha sanción.- Existen innumerables situaciones que llevadas al ámbito de la justicia resultan reprochables al empleador por cuestiones de hecho o de derecho, pero que a la luz de una apreciación crítica del juez, le permite advertir que aún resultando responsable de las cargas indemnizatorias, el empleador ha actuado en la sana convicción de la defensa de sus derechos, abrigando la honesta creencia que le asistía razones para litigar.

En esa inteligencia, la norma otorga al encargado de administrar justicia, la facultad de eximir de dicha multa para aquellos casos, procurando garantizar el derecho de defensa en juicio del empleador, el que se vería violado si se generaliza la aplicabilidad de la multa para todos los casos de condena supeditado exclusivamente al cumplimiento de las cuestiones formales de intimación en tiempo y forma, toda vez que frente a la hipótesis de resultar perdidosos, para evitar el incremento indemnizatorio, llevaría al empleador a abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces. (Según criterio CNTrab., Sala III, DT 2003-B, 14/05) Considero que debe valorarse con criterio crítico la actitud de las partes durante la vigencia del contrato de trabajo y al momento del distracto. En este sentido, de las constancias de autos surge que la patronal ha cumplido con todas obligaciones legales durante la vigencia del contrato; y a mi criterio, aún en la convicción que el demandado no acreditó la imposibilidad de otorgar tareas acorde con la incapacidad que presentaba el trabajador, y en consecuencia debe abonar la diferencia de indemnización, considero que las razones invocadas para ello, resultan justificativas para abrigar la creencia que se encontraban amparados en derecho y en condiciones de litigar en defensa de los mismos; máxime teniendo en cuenta que la primera determinación de incapacidad dictaminada por la Comisión Médica N° 26, arrojó un porcentaje demasiado alto (51%), que si bien luego fue disminuido por la Comisión Médica, estaba vigente al momento de valorar la posibilidad de otorgar tareas acorde a dicha incapacidad.

Finalmente, por considerar que no surge que el demandado haya desplegado una actitud especulativa, y dado lo controversial que puede resultar la valoración de la injuria sostenida por el demandado, que ha llevado a analizar puntualmente las constancias de la causa, encuentro el justificativo para propiciar la admisión de este agravio de la demandada; y en virtud de las facultades que la ley confiere, a eximir el pago de la indemnización agravada derivada del art. 2° de la Ley 25.323.

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, al decir: "En el marco de un reclamo laboral por despido,, corresponde exonerar al empleador de la sanción establecida en el art. 2° de la Ley 25.323, en virtud de que existió una controversia seria sobre la causal justificante, pues si bien los elementos reunidos en el sumario interno resultaron insuficientes para acreditar la existencia de la injuria, permiten apreciar que la demandada pudo abrigar una sincera convicción acerca de la legitimidad de la cesantía." (CNTrab., sala IV, 24/11/2009 "Torres, Ricardo Ramón c. Alusud Argentina SRL - La Ley Online).- IV-10) Si bien es cierto que no ha sido motivo de agravio por las partes, a los efectos de evitar autocontradicciones, corresponde dejar sin efecto la obligación impuesta en el fallo de primera instancia a entregar una nueva Certificación de Servicios y Remuneraciones, toda vez que el fundamento del mismo estaba asentado en la procedencia de la diferencias salariales, rubro éste que por el presente se revoca.

IV-11) Atento el resultado propuesto, por imperio del art. 264 del CPC, corresponde adecuar las costas de primera instancia, las que considero que deben imponerse en el 70% a la demandada y en el 30% restante a la actora.

V) Las costas atento de esta instancia, al éxito obtenido por el apelante, se imponen en el 70% a la demandada y en el 30% restante a la actora, regulándose los honorarios del Dr. Marcelo Quira Vita y del Dr. Alberto Gustavo Ponce, en el 8% del monto por el cual prospera la demanda. Así voto.- EL DOCTOR DELFOR EDGARDO BENITEZ DIJO: Adhiero al voto precedente, salvo en lo relativo al agravio relacionado con el art. 2 de la Ley 25323.- En ese sentido, entiendo que la norma se torna aplicable al caso, habiéndose dado cumplimiento de los presupuestos de admisibilidad que dispone para no provocar reiteraciones y dispendios, en honor a la economía procesal, remito a lo que he sostenido en anteriores oportunidades, en los Autos Nº 7725 "Díaz, Cristina Valeria c/Echegaray de Fuentes, Laura -Apelación de Sentencia" (PS Año 2007 -T. II. 31/10/2007 Fº 333); Autos Nº 8219 "Vignoni, Orlando Eduardo c/OSSE -Apelación de Sentencia" (PS Año 2010, 13/03/2010, Fº 79); Autos Nº 8230 "Maschio, Oscar Alejandro c/Unidos S.A. AFJP -Apelación de Sentencia" (PS 2010, Fº 260, 07/09/2010), por ser de estricta aplicación a la especie. En consecuencia el agravio merece su rechazo y la ratificación de lo actuado por el a-quo en la sentencia recurrida por la accionada.- Por lo tanto la adecuación de las costas de primera instancia será imponerlas a la demandada en el ochenta por ciento y en el veinte por ciento a la actora (art. 125 del C.P.L.).- Las costas de esta instancia serán en idéntica proporción; (art. 125 del C.P.L.) los honorarios devengados por las labores de los profesionales actuantes serán en la forma que expresa el colega Vocal del primer voto.- Así voto.- LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal del primer voto, con excepción de lo relativo al agravio relacionado al art. 2º de la Ley 25323, en el que adhiero a la disidencia formulada por el Vocal del segundo voto.- Por todo ello el Tribunal por mayoría:

RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto de conformidad a los argumentos expuestos, salvo con relación al agravio referido al art. 2º de la Ley 25323, que debe considerarse lo dispuesto por la disidencia.- II) Modificar las costas de primera instancia e imponer las costas de esta instancia en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a la actora, respectivamente, regulándose los honorarios del doctor Marcelo Quiroga Vita y del doctor Alberto Gustavo Ponce, en el 8% del monto por el cual prospera la demanda.

III) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.- IV) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.-