Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-06


Salta, 06 de junio de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "Hospital de Gestión Descentralizada San Bernardo c/ Paraná Sociedad Anónima de Seguros - sumarísimo: acción de defensa del consumidor", Expte. Nº 454403/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6º Nominación y de esta Sala Primera, Adscripción Nº 2, y CONSIDERANDO:

El Dr. Ricardo Casali Rey, dijo:

I. Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 123 por la parte actora en contra de la resolución de fs. 120 y vta. que hace lugar al incidente de perención deducido a fs. 108 y, en consecuencia, declara la caducidad de la primera instancia. El recurso fue concedido a fs. 124 en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 125/126 formula memorial de agravios la apelante. Señala que la sentencia recurrida le agravia ya que la a quo omitió considerar o siquiera hacer mención a los argumentos expuestos en la contestación del traslado conferido. Sostiene que le agravia, en particular, que no se tuvo en cuenta que existieron actos de impulso procesal tendientes a dar continuidad al proceso, ya que los reiterados pedidos de fijación de audiencia son una clara manifestación de la intención de proseguir con las actuaciones, en los cuales el Juzgado también se expidió en diversas oportunidades, lo que se manifiesta en las distintas providencias de autos.

Alega que al presentar diversos escritos tales como los de cambio de representación, los que solicitan se fije nueva audiencia y embargo preventivo, constituyen claramente actos de impulso procesal.

Afirma que no puede tenerse una fecha cierta del inicio o de la interrupción del plazo de perención, por lo que mal puede tenerse el mismo por transcurrido en su integridad. Atento a ello y considerando que el proceso se encontraba en un avanzado estado, con el período de prueba clausurado y sólo la prueba de Informes pendiente de producción, debe estarse a la solución mas favorable a la culminación del proceso con el dictado de una sentencia de fondo. Por último, le agravia la imposición de costas a su cargo, por cuanto la sentencia en ese sentido resulta expresamente contraria a la naturaleza del presente proceso, el cuál fue planteado como una acción de Defensa del Consumidor, enmarcada en la ley 24.240, cuyo artículo 53 establece que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con dicha ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. Por ello, afirma, incluso en el supuesto que se rechazare el presente remedio y se confirmare la caducidad de la instancia, corresponde que ello fuere con imposición de costas por su orden.

A fs. 128/129 contesta agravios la demandada. Sostiene que no queda duda de que los actos procesales a los que hace referencia el apelante en su memorial de ninguna manera tuvieron la entidad para impulsar el proceso, cuestión que ha sido sostenida de forma pacífica por nuestros tribunales.

Con respecto a la imposición de costas, señala que una simple lectura de los argumentos del apelante bastará para advertir su sinrazón y el evidente error de interpretación de la parte actora respecto del alcance del beneficio de justicia gratuita previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Sostiene que la finalidad del beneficio de gratuidad en cuestión es permitir al consumidor el acceso a la justicia sin tener que afrontar el pago de los gastos (tasa de justicia y aportes de la Caja de Abogados), pero de ninguna manera significa una garantía de indemnidad frente a un eventual resultado adverso en el proceso, tal como sucedió en el presente, por lo que la imposición de costas determinada por el a quo, en base al principio rector previsto en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta acertado y legítimo A fs. 148 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral, quien considera que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto.

A fs. 150 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme y consentida, conforme Nota impuesta al dorso de dicha foja.

II. Que el recurso de apelación fue interpuesto y fundado en término, según constancias de fs. 122 vta. y fs. 123 y de fs. 124 vta. y cargo de fs. 126.

III. Que debe recordarse que en materia civil rige el principio dispositivo. Por lo tanto, el impulso procesal recae en las partes. Resulta menester recordar al respecto lo sostenido reiteradamente por esta Sala, en cuanto a que corresponde a las partes iniciar, estimular, activar, urgir y mantener con vida el proceso. En tal orden de ideas, si el apelante no arbitró los medios conducentes para mantener viva la instancia, ya que dejó transcurrir el tiempo de la perención sin cumplir actos procesales conducentes a poner los autos en situación de ser resueltos, la perención de instancia debe ser declarada (CACC Salta, Sala I, T. 2013-AI:838).

El fundamento de la caducidad de instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539-540).

Ahora bien: para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de 3 meses en primera instancia (artículo 310 inciso 2º).

En casos como el de autos se ha dicho que "La instancia se abre con la sola promoción de la demanda sin necesidad de su notificación y a partir de allí puede operarse la caducidad, si la actora no cumple con la carga de impulsar el procedimiento" (CACC Salta, Sala I, T. 1987:460) Asimismo, respecto de la inactividad procesal que provoca la caducidad se señaló que "consiste en la ausencia de actos de impulso del procedimiento, ya sea total o cuando existe actividad inidónea para producir dicho impulso" (CACC Salta, Sala I, T. 1991:547).

La Corte de Justicia de Salta ha dicho que "Acto interruptivo de la perención es todo acto inherente al proceso, adecuado a su estado, que tenga por objeto activar el procedimiento en forma tal que las distintas y sucesivas etapas se vayan cumpliendo para colocar la causa en las condiciones que corresponda, es decir, cuando tiene por finalidad avanzar en el camino que conduce a la sentencia" (Expte. N° CJS 36.972/13, Tomo 195:13) Para valorar si un acto es interruptivo, debe hacerse un análisis microscópico -referido a su procedencia en si mismo-, y uno macroscópico, -tomando una visión total y plenaria del proceso-, para apreciar en el caso si el acto procesal ha impulsado el procedimiento, es decir, lo ha remontado; en suma, si es útil y ha significado un avance en su marcha (C3ª CC, Minas de Paz y Tributaria, Mendoza, 7-11-80; Eisner, "Caducidad de la Instancia", Depalma 1991, p. 245; C.A.C.C. de Salta, Sala IV, T. XXX:1034).

IV. Que, en el caso de autos, tanto el incidentista (ver fs. 108) como la a quo coinciden en señalar como último acto de impulso procesal el diligenciamiento de la cédula de fs. 93 por la que se le notifica a la demandada lo resuelto a fs. 86 y afirman que las actuaciones realizadas con posterioridad por la Dra. Georgina Storniolo Pons no constituyen actos de impulso y por lo tanto no interrumpen el plazo de caducidad.

En efecto, la sentenciante afirma a fs. 120 vta. que "... los escritos de fs. 94 y 96, suscriptos, esta vez, por la Dra. Storniolo Pons en nombre de la actora, carecen de virtualidad impulsoria al haber sido realizados por quien no acreditó personería en debida forma, puesto que el poder acompañado a fs. 98/100... ha sido revocado con la presentación de la Dra. Oviedo..., conforme poder para juicios de fecha posterior" Sin entrar a considerar si la Dra. Storniolo Pons tenía personería suficiente o no para representar al nosocomio actor al presentar los escritos de fs. 94, 96 y 101, se observa que, aún considerando al escrito de fs. 94, de fecha 28/06/16, en que solicita se fije audiencia, como un acto impulsorio del proceso (toda vez que la fijación de audiencia, atento el estado de estos autos, era el próximo paso a cumplir luego de quedar firme la resolución de fs. 86 y vta) y considerando también como tal -como lo pretende la recurrente- al decreto que provee dicho escrito (fs. 95), se observa que el plazo de caducidad hasta la presentación del escrito de fs. 96 se encontraba vencido.

En efecto, el plazo de caducidad de tres meses establecido por el art. 310 inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial para los juicios sumarísimos, trámite conferido al presente, si se computa desde el 30/06/2016 (fecha del proveído de fs. 95) conforme lo ordenado por el articulo 311 del código citado, a la fecha de presentación del escrito de fs. 96 (04/10/2016) se encontraba vencido, por lo que la instancia ha caducado, correspondiendo rechazar el agravio formulado al respecto En cuanto al agravio relacionado a las costas, es dable señalar que el beneficio de justicia gratuita consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 53 alude al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio que presta el Estado y que no debe ser conculcado con imposiciones económicas.

Ahora bien, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia y que poseen -además- carácter alimentario.

Así, se ha sostenido que la gratuidad en consecuencia, alcanza sólo a la tasa judicial y a los sellados de actuación. (C.N.Civ., Sala B, 29/11/2013, "Sosa, Omar Daniel y otro c/ UGOFE S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios"; C.A.C.C. de Salta, Sala I, T. 2016-S.D:157; id., id., T. 2017-S.D:320).

Por lo expuesto corresponde rechazar este agravio, confirmándose lo resuelto por la a quo en el sentido de la imposición causídica al actor.

En virtud de ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 123 y confirmar la resolución de fs. 120 y vta.

V.- Que las costas de la presente instancia se imponen por el orden causado, atento a que se resuelve con argumentos propios del Tribunal (conforme arts. 67 y 68 del CPCC).- El Dr. Alfredo Gómez Bello, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SALTA RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 121 y, en su mérito, CONFIRMAR la resolución de fs. 120 y vta. Costas por el orden causado.

II.- MANDAR se registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.

CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SALTA VOCALES: RICARDO CASALI REY - ALFREDO GÓMEZ BELLO. SECRETARIA: DRA. MARÍA LAURA SARMIENTO. SALA I . T. 2018 INTERLOC. Fº 270/272. 06/06/18.