marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, segunda instancia, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Dattoli, Marta c/ Prefectura Naval Arg. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

El conocimiento por esta Cámara de las acciones contra decisiones administrativas están limitadas taxativamente por las distintas leyes que prevén esta suerte de recursos. La excepcionalidad de tal atribución de competencia originaria -rompiendo el principio de la doble instancia judicial - ha de ser interpretada con criterio restringido y no puede ampliarse a otros supuestos por vía de una interpretación analógica.
Jueces, fiscales, advertencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORVI, ALEJANDRO ROBERTO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

Corresponde formular una advertencia a los Jueces Correccionales y Fiscales intervinientes sobre la deficiente actividad investigativa y jurisdiccional desplegada en el caso desde que, más allá de las actuaciones prevencionales y a excepción de las pruebas aportadas por la defensa del imputado, no se realizó ninguna actividad probatoria en sede judicial a fin de dilucidar la mecánica del suceso que originara el fallecimiento de la víctima; más aún existiendo dos posibles hipótesis para explicar el accidente, por un lado la brindada por el imputado y avalada por las fotografías de su automóvil que acompañó al prestar declaración indagatoria y por las consideraciones periciales efectuadas por su defensa en las conclusiones, y por el otro la que surge de los testimonios brindados en sede policial, que ni siquiera fueron ratificados en esta sede.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, injurias
Materia: CIVIL
Carátula: RITO, Francisco Daniel c/ RUSSI, María Sol s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-25

En materia de responsabilidad civil, la emisión de calificativos injuriantes - que desacrediten o deshonren a una persona - aún cuando sean proferidos sin la intención deliberada de ofender, generan la obligación de indemnizar a la víctima. Es que la norma del art. 1089 del Código Civil brinda una tutela más amplia al ataque contra el honor que aquella que emerge de los supuestos tipificados en el Código Penal donde se requiere que exista "animus injuriandi", es decir intencionalidad en ofender.
Recurso de casación, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRERA MANUEL ANTONIO c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-05-03

Atento la carencia ostensible de la situación jurídico-subjetiva invocada, corresponde concluir en que los presupuestos de admisibilidad necesarios para la habilitación de la jurisdicción contencioso administrativa (art. 1 inc. c) de la Ley 7182), no se han configurado, por lo que el recurso de casación interpuesto deviene formalmente improcedente.
Derecho de la navegación, reglamento de sanidad aeroportuaria para el sistema nacional de aeropuertos
Materia: AERONAUTICO
Carátula: A.M Delfino y Cía. s/ apelando de una multa interpuesta por la Prefestura Marítima, por infracción al art. 117 del reglamento del Puerto de la Capital
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1927-06-20

Atentos los términos en que se encuentra concebido el art. 3° de la ley 3445, no es posible desconocer que el Congreso ha legislado la materia relativa al buen mantenimiento de las condiciones sanitarias del puerto de la Capital, a su limpieza y cuidado, y al orden de la navegación, y el hecho previsto y prohibido por el art. 43 del reglamento del Poder Ejecutivo, de fecha 31 de julio de 1908, reviste el carácter de una contravención de policía comprendida dentro de los fines generales de la ley número 3445 y del precepto particular del inciso 7° del artículo 3° de la misma, constituyendo por su contenido el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar atribuida al Poder Ejecutivo por el artículo 86, inciso 2°, de la Constitución
Embargo, posesión, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muller Dos Reis, Ana María en autos: Monicault Oscar E. c/ Horacio Muller Dos Reis s/ Ejecución de Honorarios S/Incidente de levantamiento de Embargo Muller Dos Reis, Ana María en autos: Monicault Oscar E. c/ Horacio Muller Dos Reis s/ Ejecución de Honorarios S/Incidente de levantamiento de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-04-29|1994-04-29

Acreditada la posesión de la incidentista, corresponde al embargante probar que ella no es la propietaria de los bienes embargados, o que dichos bienes pertenecen al deudor, o que éste vive en el domicilio donde se realizó la diligencia de embargo, lo que no aconteció en autos pues de las pruebas rendidas en la causa no surgen dichas circunstancias. Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que:

Acreditada la posesión y presumida la buena fe, quien niega la presunción de dominio que surge del art. 2412 del Cód. Civ., debe probar que no existe la posesión, o que no es de buena fe.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: B., A.P. c/ M., L.E. y/o "E.A." y/o Quien/s Resulten Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-14

Para que la violación de la doctrina legal pueda configurarse es necesario que se trate de casos idénticos, "por lo menos de una marcada similitud".
Extranjeros, ejercicio profesional, matrícula profesional, inscripción en la matrícula
Materia: CIVIL
Carátula: NETTO,   Silvia   Adriana   Valeria s/ APELACIÓN  COLEGIO  DETRADUCTORES (PORTUGUÉS).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

En el ejercicio de sus profesiones dentro de la República Argentina los extranjeros están totalmente equiparados a los argentinos por expresa prescripción constitucional de donde toda norma que establezca discriminaciones entre éstos y aquéllos estaría en pugna con los arts. 20 y 16 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la denegatoria a la inscripción de un extranjero en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en su calidad de tal, carece de válido sustento legal.

(Sumario N°18955 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Principios procesales, nulidad procesal, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaset, Joaquín Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-14

En principio las nulidades deben decretarse a petición de parte interesada -art. 133 del C.P.C., no obstante el mismo precepto admite la declaración "ex oficio", "...siempre que el vicio no se hallare consentido".

El tribunal de mérito ha incurrido en una evidente transgresión al art. 131 y más específicamente el art. 133 del C.P.C., al decretar la nulidad, no ya de un acto sino de un procedimiento absolutamente consentido por la parte demandada, violentando de esta manera el principio de convalidación, sin tener en cuenta que en materia de nulidades procesales no existe nulidades absolutas siendo todas susceptibles de ser convalidadas; principio que actúa como un vallado o dique de contención a la referida atribución de los jueces para declararla.
Declaración indagatoria, firma del secretario, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MOLAS, L.A. s/ DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Es nula la declaración indagatoria en la que se omitió la firma del Secretario, por cuanto aquélla no es solamente un medio para obtener una posible prueba para condenar, sino que esencialmente es una garantía para la defensa en juicio del procesado, que en ese acto podría ejercitarla con los resguardos suficientes, entre ellos la estabilidad y certeza, de que lo rodea no sólo la simple presencia del Juez, sino que sea verificada en presencia del Secretario.

La mencionada nulidad acarrea la invalidez de todos los actos que de ella dependen, incluso la sentencia apelada.
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, relación de consumo, denegatoria del recurso, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Bertino, José Francisco  c/ Mina, Leandro Ramón y otros  s/ Relación de Consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia que confirmó el rechazo de la demanda en los términos del art. 7 del CPJRCCABA. En la presente causa, la mayoría de la Sala sostuvo que en el supuesto de autos no se había configurado una relación de consumo entre el actor (propietario e integrante del consorcio) y los entonces administradores del consorcio de propietarios. Sin embargo, el recurrente argumenta con razón que, en su carácter de propietario, resulta ser uno de los receptores del servicio de administración brindado por los administradores del edificio. Esta solución no implica que asista razón al actor sobre su pretensión de fondo, sino que debe ser considerado como parte en este proceso al haber existido entre él -en su carácter de propietario y consorcista- y los demandados -en su carácter de ex administradores del consorcio-, una relación de consumo en los términos del artículo 3 de la ley N° 24.240. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Presunciones, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cepeda, José M. y otros s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Los indicios de capacidad y oportunidad personal para delinquir tienen, por sí mismos, escaso valor y deben ser escrupulosamente analizados, siendo indudablemente complejos e indirectos, en cuanto, atendiendo a una conducta pasada, esto es, anterior e independiente del delito que se juzga, se infiere la disposición delictiva de determinada persona.
Medidas cautelares, facultades del Poder Legislativo, sesiones legislativas, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTON ROBERTO ENRIQUE c/ LEGISLATURA DE C.A.B.A. s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

La decisión de la sala Juzgadora de realizar su sesión en forma secreta debe ser equiparada a un pronunciamiento definitivo del órgano competente.

En efecto, el perjuicio aducido - el derecho de todos los habitantes a presenciar el debate- podría resultar de reparación ulterior imposible toda vez que debería nulificarse e iniciarse nuevamente todo el proceso, y ello traería como consecuencia directa el vencimiento del plazo que prevé el artículo 94, último párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y, por tanto, el archivo de las actuaciones.

En efecto, si todo el procedimiento se llevase a cabo con alcance reservado, la hipotética anulación judicial del fallo final -ya sea que este último destituya o absuelva al Jefe de Gobierno- no remediaría la lesión al derecho invocado. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña de Sayago c/ Empresa Anelli s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-23

La mención del artículo 1078 del Código Civil acerca del heredero forzoso no tiene el sentido técnico que en el derecho sucesorio se le da, pues se trata de la reparación de un daño moral que se presume padecido y, a la vez, de establecer una limitación a la legitimación activa. La locución " únicamente tendrán acción los herederos forzosos", del art. 1078 del Código Civil, es genérica, ya que no se está en presencia de una cuestión de herencia, no se reclama un derecho sucesorio, sino una reparación de perjuicios y que se ejerce por derecho propio. En consecuencia, lo que importa es el carácter de pariente íntimo del difunto, con esa calidad de parentesco que entraña potencialmente la herencia forzosa. La cuestión se encuentra íntimamente vinculada a la naturaleza del derecho que funda el reclamo por daño moral, el que se ejerce iure propio. No se trata del daño moral que sufrió la víctima sino del padecido por los herederos a causa de la muerte de aquella.
Dictamen pericial, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LUIS ALBERTO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-27

Frente a dos dictamenes periciales en los cuales los porcentajes de incapacidad que establecen no coinciden, el Juez puede optar entre cualquiera de ellos con la única obligación de explicar el proceso de convicción, del que debe darse cuenta en la motivación del fallo, para cumplir con los requisitos de publicidad y contradicción, que forman parte del principio constitucional del debido proceso y del derecho de defensa .-
Aplicación de la ley, doctrina
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS JORGE c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-05-15

Si se entiende que el agravio lo constituye la propia doctrina obligatoria del STJER, debió el recurrente atacar idóneamente los términos de esa doctrina y tachar de inconstitucional los arts. 284 y 285 del CPCC, así como el art. 140 del CPL en cuanto remite a ellos, y no lo hizo -Voto del Dr. Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Romero)
Lesiones leves, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Si la causa llegó a juicio bajo la figura de lesiones graves y luego, la conducta reprochada fue subsumida bajo el delito de lesiones leves, asiste razón a la defensa al sostener que la representante del Ministerio Público Fiscal no fundamentó el correcto impulso de la acción ni la existencia de una causal de excepción a la luz de lo establecido en la regla del art. 72, CP. Tal deficiencia se traduce en la ausencia de un presupuesto procesal que no puede ser suplido por la jueza cuando ciertamente carecía de facultades para hacerlo, pues resolvió el punto sin haber escuchado previamente a la fiscalía ni tampoco brindó las razones por las cuales podía expedirse sobre el ejercicio de la acción frente al silencio de la acusación (voto del juez Sarrabayrouse)
Daño moral, accidente de tránsito, valor vida, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ DE BRIAN SILVIA N. Y OTRO c/ ALEJANDRO I. ZALAZAR Y MIGUEL GOMEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 126)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-23

La valoración económica de la vida humana está dada por lo que produce o puede producir y en relación con la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía.- Como sostiene Zabala de González, la vida en sí misma podrá tener un valor intrínseco para quien la vive, pero que importa ese valor si en el caso del homicidio esa vida ya no está y falta su dueño.

Por ello sostiene que lo indemnizable no es la privación de la vida, sino las disvaliosas consecuencias, patrimoniales o espirituales que provocan esa desaparición en personas distintas de la víctima inmediata. No se resarce por la vida mutilada, sino por las repercusiones en otros de la muerte (Daños a las personas-Pérdida de la Vida Humana, 2b,ed. 1990,p.51-52) Pero si la tarea en la determinación del quantum por el valor vida es dificilísima, mucho más aún resulta la de la fijación del monto del daño moral. Si bien la ley no puede transformar las lágrimas en sonrisas, ni restablecer la disvaliosa alteración de la subjetividad del damnificado, si puede imponer una indemnización, haciendo jugar la función de satisfacción que el dinero tiene, como medio de acceso a bienes o servicios, materiales o espirituales.-
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes, responsabilidad civil, compensación del daño con el lucro, caducidad, carga de la prueba, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAÑO GUZMAN FELISA DEL CARMEN Y OTROS c/ SINDICATO LUZ Y FUERZA TUCUMAN s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-23

El daño producido intencionalmente por el trabajador a los bienes de la empresa es resarcible en sede laboral como obligación emergente del contrato de trabajo, conforme derechos y deberes propios del contrato de trabajo conforme artículo 87 de L.C.T. texto ordenado de leyes 20.744 y 21.297 y normas concordantes.

El supuesto legal previsto por artículo 135 L.C.T., como excepción al artículo 133 de L.C.T. solo se aplica en el pago de remuneraciones e indemnizaciones (art. 149 L.C.T.), dentro del plazo de caducidad de 90 días de producido el hecho y cumplido el trámite de consignación en igual término. Caducado a pedido de parte o de oficio. Tiene plena aplicación el art. 87 L.C.T..

El trabajador, demandado, tiene a su cargo la prueba de las circunstancias en las que pretende justificar, que el daño causado obedece a circunstancias extracontractuales (conf. artículo 308 del Cód. Proc. Civil y Comercial de aplicación supletoria en este fuero).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, crédito fiscal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ NESTLE ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

La sentencia en análisis, al interpretar que la deuda por multa reclamada por la Municipalidad resultó exigible cuando se encontró expedita la vía judicial para su cobro y a partir de allí comenzó a correr el plazo de prescripción, no puede merecer reproche constitucional alguno toda vez que el Fisco no podía, aunque quisiera, iniciar acciones legales de cobro (apremio fiscal) antes de aquel momento porque el mismo ordenamiento que rige su actuación se lo prohíbe, debiendo esperar el tiempo establecido por la norma ( arts. 53 a 55 C.T.M.) para que el contribuyente impugne los actos administrativos en esa misma sede administrativa. Por lo tanto, fue la propia conducta de la deudora -no de la acreedora- la que imposibilitó a esta última iniciar el proceso ejecutivo, etapa que recién quedó cerrada cuando el Intendente Municipal desestimó por decreto el recurso de apelación, acto administrativo que quedó firme al no ser recurrido judicialmente por la demandada (Del voto del Dr. Netri, que hizo mayoría).
Derecho ambiental, tutela, daño
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

.... la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irrepetible.

En otros términos, el bien ambiental es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado y su consumo irreparable, al punto de preverse - de persistirse en una utilización irracional - su agotamiento inminente.

Se ha sostenido que alcanzar y mantener la calidad de vida humana es el objetivo fundamental de la normativa ambiental (Flah -Smayevsky), a la vez que aquello se ha constituido en una especie de complemento necesario del hábitat (Bustamante Alsina).

La tutela del ambiente justifica soluciones expeditas; interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una indebida limitación de libertades individuales. Pues no hay libertad para dañar el ambiente ajeno (M. Valls)..."...
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, ejecución de sentencia, cómputo de intereses, anatocismo, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Dinerstein, Néstor Alejandro c/ GCBA s/ Empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Corresponde revocar el pronunciamiento que analiza un supuesto que no se corresponde con el caso de autos. En efecto, lo que pretende determinar es si los intereses devengados con posterioridad a la entrada en vigencia del CCyC pueden ser capitalizados, cuando en la liquidación impugnada la actora suma al capital los intereses devengados con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Por lo tanto, la conclusión de la Cámara -que los intereses devengados a partir del 1 de agosto de 2015 pueden ser capitalizados- no resulta aplicable a la liquidación bajo análisis. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Procedimiento administrativo, caducidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monje, Humberto Daniel c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de Hecho Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

El tiempo transcurrido hasta la interposición de la demanda y la prolongada inactividad del actor no constituyen razones suficientes que autoricen a prescindir del art. 25 de la ley 19.549 que, claramente, establece que el plazo de caducidad comienza a computarse desde el día de la notificación.
Juicio de desalojo, viabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: VERA, IRMA OLINDA c/ TEJADA, ROSA s/ DESALOJO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-17

Para que el desalojo sea viable, basta que el actor acredite contar con un derecho procesal a exigir al demandado la devolución de la cosa, y que el accionado se encuentre en la obligación de restituirla, ya sea por mediar contrato, o bien porque tenga el carácter de tenedor precario o intruso. Resultando viable la acción en contra quien precariamente ocupe un bien y no demuestre o presente título alguno válido por lo que se lo debe respetar en la tenencia.
Acción de amparo, personal policial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Sol, Luis Eduardo c/ Jefatura de Policía y Gobierno de la Provincia de La Pampa s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-10-31

Es improcedente la acción de amparo iniciada para que se deje sin efecto la resolución de la autoridad policial que, con fundamento en el art. 126 inc. 3 NJF 1034/80 que dispone que pasará a situación de revista en pasiva el personal superior y subalterno que se encuentre procesado judicialmente, dispuso el pase del actor a dicha situación de revista, pues lo cierto es que el mismo no sólo estaba procesado sino que también había sido condenado en sede penal, razón por la cual la resolución cuestionada no fue ilegal ni arbitraria, sino que se ajustó estrictamente al ordenamiento vigente.
Competencia por la materia, abandono de personas, competencia contravencional y de faltas, homicidio, competencia nacional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Macri, Mauricio y Otros s/ Abandono de persona con muerte
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Toda vez que las hipótesis delictivas en examen aparecen como hechos independientes, corresponde que la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires profundice la investigación respecto del delito de abandono de persona agravado ante la falta de asistencia médica por parte de las máximas autoridades del sistema de salud pública local -incluido entre aquellos mencionados en el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y que la justicia nacional conozca el delito de homicidio ocurrido en un asentamiento de emergencia.