Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-21


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia del Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de las señoras Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "U., A. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ INTERDICTO DE RETENER", Expte. No. 15.988/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. No. 465/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 352 y 363), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 324/326? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera y segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

La resolución de fs. 324/326, por la que se rechaza el interdicto de retener intentado por la accionante con expresa condena en costas, es apelada por la vencida a fs. 330, a tenor del informe de fs. 334/341 vta. y contestado a fs. 343/345 sosteniendo el decisorio.

La recurrente opugna, en principio el decisorio diciendo de nulidad por incongruencia y que el vicio se patentiza al haberse omitido la valoración de la prueba determinante de la cuestión sometida a litigio.

La sentenciante, considera al tiempo de los supuestos actos turbatorios, la demandada no poseía ni detentaba la tenencia de los inmuebles en cuestión ya que tal conclusión encontraría sustento en prueba de la contraria referida al fraccionamiento de la manzana ... en tres lotes, cuando en realidad ejecutó actos posesorios durante treinta años sobre dicha manzana considerada como una unidad, tal como surge de la prueba testimonial obviada en su valoración, como el resultado de la pericial caligráfica de fs. 239/248.

Que su ocupación es indivisible y data del año 1972 y las subdivisiones en lotes datan de un expediente municipal del año 1987 y el deslinde y fraccionamiento del año 1988, el punto en cuestión fue oportunamente impugnado.

Da cuenta cronológica de los sucesivos actos turbatorios que sufrió por parte de empleados de la demandada.

La inspección ocular de fs. 262/263 permite verificar su reclamo que concuerda con la pericia de fs. 270/271.

Da cuenta de la prueba de actos posesorios sobre toda los diversos lotes con que luego se deslindó la manzana. Formula valoración probatoria y cita doctrina y jurisprudencia en línea con su pretensión. Hace reserva del llamado "caso federal".

La contraria, a su turno, habla de las contradicciones e inducción a error que intenta provocar la vencida.

Previo al análisis de las cuestiones traídas a revisión, cabe resaltar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CS, Fallos; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; LL,123167, etc.). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso, (CS, Fallos; 274:113; 280:320; 144:611; LL, 136483). Así lo haré.

Además que es principio receptado en la materia que la nulidad es improcedente cuando se trata de vicios o defectos reparables por vía del recurso de apelación, especialmente si se tiene en cuenta que los defectos que constituyen el fundamento del recurso de nulidad se han introducido como agravios de la apelación, porque ello evidencia aceptación de la propia recurrente en el sentido de que los vicios puedan obtener adecuada reparación a través de la revisión, en atención a lo especialmente establecido en el art. 253 del CPr. (ver v.gr. Podetti, R., "Derecho Procesal Civil y Comercial", "Tratado de los actos procesales" Bs. As. 1955, T. II, pág. 488, ídem "Tratado de los recursos", Bs. As. 1952, pág. 17; Alsina H. "Tratado.", Bs. As. 1961, t. II, pág. 630; Palacio, L. "Derecho Procesal Civil", Bs. As. 1977, t. IV, pág. 168; Santiago C. Fassi y Cesar D. Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea 1989, t. 2, pág. 322, parág. 10, entre muchos). Tal el caso de autos y en consecuencia la desestimación de la propuesta inicial del recurrente (p. II de la queja).

Liminarmente, recordaré que esta medida no plantea una cuestión posesoria propiamente dicha y no se trata de una acción real fundada en una presunta propiedad, sino que constituye un remedio policial, sumario y urgente, concedido a personas que ostentan la posesión o tenencia, sin necesidad de justificar la legitimidad, anualidad, o falta de otros vicios, tendiente a prevenir la violencia y la justicia por mano propia, contra la turbación o amenaza de turbación de que puede ser objeto una cosa. Esto es, se refiere a la posesión o tenencia actual, en el momento que se produce la turbación. En el caso, tal perturbación en función del interdicto oportunamente articulado conlleva, según la recurrente, la intención de excluir al poseedor o tenedor de la posesión o tenencia, mediante actos materiales y como tales refiere a una serie de actos administrativos reseñados en el punto II A y B de la demanda.

Alega, en el inicio, que desde el año 1972 ocupa de manera pacífica, pública e interrumpida el bien turbado, pero al ingresar al segundo capítulo de este título II (fs. 10), puntualizando los actos que presume turbatorios, queda perfectamente delimitado el espacio amenazado. Esto es, el lote .... de la manzana ..., ya que con fecha 5 de agosto de 2000 se presentó en el lugar el Sr. L. G. V., invocando ser preadjudicatario en venta, entregándole una copia de la Resolución de fecha 31 de julio de 2000 del ejecutivo municipal.

Como consecuencia de tal comunicación presentó una nota en el ente administrativo a efectos de enervar aquella decisión y que se le reconozcan sus derechos. Su queja no tuvo como respuesta más que la presencia de empleados municipales el día 29 de enero de 2001 a los que su mujer les impidió la entrada. Ese mismo día intimó al gobierno municipal mediante CD que transcribe, refiriendo siempre al lote ... de la manzana .... Debió, posteriormente rechazar dos intentos de ingreso durante los días 9 y 11 de abril del mismo año.

Termina el capítulo recalcando en "negrita" que ha poseído y posee el inmueble como único e indivisible y que si luego fue fraccionado administrativamente el hecho en nada lo perjudica.

En la contestación de demanda se pone especial énfasis en las constancias administrativas que obran en el expediente 1511U87, que refiere a la adjudicación del lote .... manzana ...... el Barrio ............. (que obra reservado). Y conforme las mismas la sinrazón del actor, ya que la presunta amenaza se formula sobre un lote del cual no es tenedor ni poseedor, en resumen no tendría legitimación activa a los fines del interdicto.

Y analizando dichas actuaciones observo que si bien se ha impugnado el agregado entre paréntesis (Mza ..... lote ...) de fs. 1, la pericia de fs. 240/248, tan solo nos enseña que tal expresión no guarda correspondencia gráfica con el resto del llenado, ni se utilizó a su fin el mismo bolígrafo. Pero tal dato no implica más que eso, no admite ninguna otra interpretación, máxime cuando no se ha cuestionado idéntica referencia que obra en la carátula, o en otros proveídos como el de fs. 3 vta., de allí también surge la constatación administrativa e inimpugnada, que en el lugar se levanta un vivienda precaria de unos 35m².

Al pie del documento de referencia obra aclaratoria de la Jefa de la Dirección General de Tierras municipal aclarando que aquella individualización corresponde en realidad al lote ... de la manzana ... y tampoco respecta de esta aclaratoria se formula reserva o impugnación alguna. El resto de las actuaciones administrativas se realizan de conformidad con esta última individualización catastral. En consecuencia, todo lo hecho en torno al cuestionamiento formulado por la actora, incluido el dictamen pericial carecen de relevancia al de ésta revisión.

A fs. 3 y con fecha 13 de noviembre de 1989, la agrimensora L. A. G., evacua el informe solicitado por la Jefa de la Dirección de Tierras, completando los datos respecto al inmueble cuya adjudicación se pretende, del mismo surge que el Lt. .... Mz. .... tiene una superficie de 486,56 m².

Dicha superficie concuerda con la preadjudicada mediante disposición Nº 0242/97 y publicado y sin impugnaciones, queda aprobada mediante Resolución 1150/97 (fs. 76/77).

Así también el actor celebra el pacto de adjudicación por tal manzana y lote y con la superficie señalada por el precio que se conviene a fs. 20/20 vta., sin formularse reserva alguna. A fs. 24 obra la cancelación del precio del terreno por parte del adjudicado con fecha 18/04/99.

Consentido todo lo actuado y extemporáneamente mediante nota del 11 de agosto de 2000, intenta enervar la preadjudicación del Sr. L. V. del lote ... mz...., pues cuando ocupó, solicitud en adjudicación, logró y canceló la deuda por la compra de tal inmueble, no se percató que los 485,56 m² adquiridos, no lo eran de todo el terreno que él ambicionaba sino de parte del mismo. Esto es, tardíamente alega su propia torpeza y quita entidad a todo acto posesorio previo a la autolimitación acordada con el municipio, de allí el escaso valor probatorio de la testimonial aportada por A. P., B. C. y A. M. e informativas de fs. 118 y 210, referida a servicios conectados y desconectados. Pero a la negligencia le suma la falta de datos ciertos acerca de la tenencia efectiva de ese lugar que se pretende amenazado. Lo dicho en el punto anterior guarda relación con las mejoras enclavadas desde el inicio sobre el lote ..., tal como da cuenta la desprolija constatación de fs. 262/262 vta. y rudimentario croquis anexo de fs. 263; informe pericial y croquis de fs. 266/267; pericial y croquis de fs. 270/271, aclarado a fs. 313, y de los que se obtiene que realmente la superficie edificada y comprada corresponde por su dimensión al lote ... con 40 metros, no frente al mar sino de medianera con el inmueble de L. P.; que se verifican actos posesorios útiles sobre el lote ...., pero de ningún modo asertivo sobre el lote ..., más rastros de mero uso por la proximidad. En consecuencia no se da la pretendida turbación en tal lugar.

En el sentido expuesto se ha resuelto que: "Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la sentencia que no hizo lugar al interdicto de retener la posesión, toda vez que la parte actora no ha acreditado la posesión de la porción de terreno en la que se habrían producido los supuestos actos turbatorios (CCiv. y Com. Santiago del Estero, 1ª Nom., 28/09/2005 "A., R. c. M., J. y/u otros", LLNOA 2006 (mayo), 430).

La falta de actos posesorios sobre el lote ...., legitima la actividad administrativa que refiere a tal lote, no pudiendo considerar perturbadora de ninguna posesión o tenencia, tal como señala el sentenciante a fs. 325 vta. de sus considerandos (ver Enrique M. Falcón en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado, Comentado y Concordado", Ed. Abeledo Perrot 1986, t. IV, pág. 35 p. c; Marina Mariani de Vidal en "Curso de derechos reales", Ed. Zavalía 1975, t.1, pág. 195, 1er. párr.; PalacioVelloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la nación", Ed. Rubinzal Culzoni 1998, t. 10º, pág. 304). Todo, máxime, cuando al comprar limitó de manera cierta su ocupación sin la mínima reserva respecto al sector fraccionado como lote .... No existe turbación efectiva ni amenaza respecto al lote ... por lo que resulta excesiva la consideración del a quo al respecto y dentro de esos límites se debe, en mi propuesta al acuerdo, confirmar la sentencia. Las costas se imponen sobre el actor y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán presente las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335. Se tiene presente la reserva formulada.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Rechazar la apelación articulada por el accionante y, en consecuencia, se mantiene firme la sentencia de fs. 324/326, conforme los considerandos pertinentes y en cuanto fue objeto de agravios. Costas de la alzada a la vencida, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo.

2) Tener presente la reserva del llamado "caso federal".

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 39/2006 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial nro. 2 de la jurisdicción que rechazó el interdicto de retener intentado por A. U. contra el municipio local e impuso las costas del proceso a dicha parte (fs. 324/326, fs. 330).

En fs. 334/341 luce el memorial de agravios del apelante quien dice de nulidad de la sentencia por cuanto carece de fundamentación y no ser una derivación razonada del derecho, violó el principio de bilateralidad y contradicción amparado por la constitución de la provincia. Según la recurrente hubo dos informes periciales a fs. 270/71 y 313/14 y la inspección ocular de fs. 262/3 que coincidieron en determinar que posee el inmueble de la manzana 11 como una unidad. Esencialmente la queja está dada por la valoración de la prueba.

Análisis:

En forma preliminar y constituyendo el agravio central la valoración de la prueba por parte del Aquo, señalo que, los jueces forman su convicción a través de los elementos de prueba que estiman esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referirse a la totalidad de los que se hubieran producido en los autos, no se les impone como obligación que deba expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas (sostuvo la doctrina en Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y la Pcia. de Buenos Aires", T.II C, pág. 68).

El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. del Chubut en autos "S., E. R. y O. c/ F. S. S.A.", Expte. 16.009/S/97, en idéntico sentido sostuvo "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio" (ídem autos 12.823 F 90).

Esta postura, limita conceptualmente el análisis del memorial de agravios dado que se asentó el mismo exclusivamente en la valoración de la prueba sustanciada en autos. No encuentro que de la valoración de la prueba pueda esgrimirse un quebrantamiento del principio de bilateralidad que invoca la parte apelante, la circunstancia de haber sopesado el Aquo las pruebas que entendió conducentes no implicó ningún cercenamiento de dicho precepto.

El actor recurrente peticiona al apelar la nulidad de la sentencia de grado, sobre el tema, la doctrina entendió pacíficamente que solamente son susceptibles de recurso de nulidad las resoluciones que sean apelables. Resulta importante remarcar que es improcedente la nulidad cuando se trata de vicios o defectos que de existir pueden ser reparados mediante el recurso de apelación (Fassi: "Cód. Proc.", t.2, pág. 322, Ed. Astea89).

Como ocurre en el caso el apelante detalla las causales de agravios disminuyendo al grado de no ser necesario el tratamiento de la nulidad pedida, más específicamente se queja de la valoración de la prueba y objetando el fallo en el único punto que tuvo para decidir habilitando en consecuencia la instancia de grado para revisar lo decidido íntegramente.

Es principio consagrado que la nulidad no debe declararse por la nulidad misma, hasta el extremo que se ha borrado el recurso autónomo de nulidad y solo puede llegar a la instancia superior el que tiene agravios que le abre el recurso de apelación, tratándose de una sentencia de primera instancia el agravio que causa, en principio, debería repararse por vía de ese último recurso. O dicho de otra manera, sería innecesario considerar la nulidad, si en toda ocasión se entrara en el fondo del asunto, para confirmar la sentencia si es justa o reformarla si es injusta (ver autos citado y obra, pág. 323). Dos aspectos esenciales deciden la suerte del apelante, el primero es la demostración de la posesión o tenencia del predio en cuestión que hace, además, al objeto del pleito y a la legitimación activa.

El objeto principal del interdicto de retener está dirigido a dar protección judicial a aquél que se titula poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble frente a la existencia de actos materiales que importen una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión o de la tenencia. De modo que la prueba del proceso versará sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, como así también sobre los actos de perturbación atribuidos al demandado.

Si bien la determinación de esa realidad recién se logrará con el dictado de la sentencia, ello no implica que el peticionante quede relevado en forma absoluta del deber de comprobación de la bondad del derecho que se invoca, para lo cual tiene que arrimar los elementos idóneos, a fin de producir la convicción en el ánimo del Tribunal, sobre la apariencia de certeza o credibilidad, máxime cuando la sustancia tiene estrecha vinculación con el objeto del pleito ("C. S. y D. P. c/ EN s/ sumarísimo", Sala I Federal 1 S. Martín, citar: elDial WS2B9).

Bajo tales presupuestos observo que del informe pericial y el croquis de fs. 266/67, fs. 270/1, así como la connotación de fs. 262 a fs. 263 con las aclaraciones de fs. 313 surge que la superficie comprada y que posee el actor se corresponde al lote .... de la Manzana ..., pero no al lote ... de la misma manzana, que es el adjudicado por la municipalidad local al Sr. L. V..

De la lectura del libelo inicial (fs. 12, 12 vta. y 14) surge que reconoce que la Municipalidad pudo denominarlo de otra manera, es decir, admite la situación dada, coincidente con lo expuesto en el expediente administrativo acompañado que a fs. 28 no formuló objeción alguna. También cabe añadir que en el informe de fs. 271 el agrimensor informa cuándo se efectuaron las divisiones de los lotes y ubica al actor en el lote .... de la manzana ..... Por otra parte el actor compró, según el expediente administrativo 1511U87, se refiere a la adjudicación del lote ... manzana ....-... del barrio de ................, lote éste sobre el que no acreditó tener posesión o tenencia alguna.

La pericia caligráfica (de fs. 240/248) que pretende la parte recurrente tenga una valoración distinta a la dada por el juez, carece de implicancia más allá que lo marcado por el técnico, con mayor razón que la carátula guarda relación así como el proveído de fs. 3 vta. A mayores precisiones, el lote .... de la manzana .... tiene una superficie de 486,56 metros cuadrados. El lote del actor es el ... de la misma manzana y ello surge de distintas actuaciones, fs. 20 y vta. y 24 (copias certificadas del Expte. Municipal nro. 1511/87, obrantes a fs. 82 y vta. y 86 de estos autos), en que canceló el precio sin dejar de considerarse que no se cuestionaron en el curso del pleito como así tampoco ocurre con la inspección ocular y el croquis acompañado, que concuerdan con el lote del actor y no el que dice fue perturbado. Estos motivos me llevan a adherirme al voto del magistrado que me precedió, a los que incluyo como propias sus fundamentaciones por coincidir con las valoraciones expresadas.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh), difiero la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del acuerdo.

Doy por reproducida la fórmula postularia del Dr. Alexandre.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar la apelación articulada por el accionante y, en consecuencia, se mantiene firme la sentencia de fs. 324/326, conforme los considerandos pertinentes y en cuanto fue objeto de agravios.

2) Costas de la alzada a la vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. M. X. P. en el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) y del Dr. M. R. C. en el TREINTA POR CIENTO (30%), porcentajes a calcular sobre lo regulado por sus respectivos trabajos en primera instancia.

3) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 341 vta.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE PRESIDENTE GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 82 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS