marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal policial, ascenso policial, calificación del empleado público, juntas de calificación, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AMOEDO, ARMANDO RAMON c/ ESTADO NACIONAL (POLICIA FEDERAL ARGENTINA) s/ RETIRO POLICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-25

No corresponde revisar la calificación de ineptitud para el servicio efectivo efectuada por la Junta de Calificaciones de la Policía Federal si las circunstancias del caso no imponen hacer excepción a las reglas jurisprudenciales que establecen: (a) que el estado policial presupone el sometimiento de su personal a normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica; (b) que dicho estado implica sujeción al régimen de ascensos y retiros por el cual se confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar en cada caso la concreta aptitud, con suficiente autonomía funcional; (c) que la apreciación de las juntas de calificaciones respecto de la aptitud para ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro del personal policial, comporta el ejercicio de una actividad discrecional insusceptible, en principio de justificar la revisión judicial.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sanchez, Héctor Julio José c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-31

La presunción de legitimidad de los actos administrativos, constituye un obstáculo que si no es removido mediante la declaración de nulidad, impide el progreso de cualquier pretensión (Roberto Enrique LUQUI "Revisión judicial de la actividad administrativa-Astrea .T.2,).

En consecuencia, no habiéndose declarado en autos la ilegitimidad del acto administrativo que dispuso el traslado del actor, el resarcimiento por los daños y perjuicios pretendido debe ser desestimado, ya que una solución contraria importaría autorizar sin más un pago sin causa.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Biagiotti, Martín Agustín y otra c/ José Barrera y Cía. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Extremadamente lejos del campo contractual se encuentran las relaciones entre padres e hijos de crianza. El hecho que el desenvolvimiento de la crianza y la posterior ayuda que en la vejez o en la necesidad de los criadores presta el criado, necesiten y se expresen a través de concretos aportes patrimoniales en muchos de sus aspectos (alimentación, vestimenta, techo, etc...), no debe hacernos perder de vista que nos hallamos ante una institución típicamente asistencial, cuyos fundamentos entroncan con los sentimientos más nobles del humanismo (solidaridad, amor, justicia, igualdad, etc...) para hacer realidad aquello que hoy proclama la "Convención sobre los Derechos del Niño" exigiendo a los Estados que garanticen a todo niño el derecho intrínseco a la vida, así como su supervivencia y desarrollo.
Prescripción de la acción penal, resoluciones equiparables a definitiva, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PATAT, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-13

La resolución que declara producida la prescripción es equiparable a sentencia definitiva y por lo tanto recurrible en casación.
Subasta judicial, rendición de cuentas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Vermida VI c/ Amatrian Rigoberto M. s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

El martillero carece de facultades para decidir por sí el requerimiento de datos referidos a la titularidad e identificación del bien que ya se habían incorporado a la causa. No debe olvidarse que el martillero designado por el Juzgado, es un simple auxiliar de la justicia, que actúa en cumplimiento de un mandato judicial, y por lo tanto no puede requerir nuevos informes de dominio y anotaciones personales sin la previa petición al juez. Si así no hiciere no podrá incluirlos en la liquidación de gastos final. (Minoría u opinión personal)
Acción privada, escritos judiciales, firma sospechosa, incidente de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ MELCON, M.J. s/ ACCION  PENAL.  ACCION  PRIVADA.  ESCRITO.  FIRMA SOSPECHOSA. NULIDAD  PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-19

La naturaleza propia de la acción privada, que sólo autoriza la actuación de la justicia cuando la parte acusadora ha instado paso a paso el procedimiento, conlleva la ineludible obligatoriedad de que sea el acusador privado -o su apoderado- quien suscriba los escritos que hacen a su derecho.

En consecuencia, atento la notoria diferencia existente entre la firma de un escrito y las restantes obrantes en autos que no ofrecen entre sí discrepancias, corresponde que se forme incidente de nulidad en el que se practicará el correspondiente peritaje caligráfico.
Administración fraudulenta, retención indebida, empleados de comercio, depósito irregular, depósito de sumas de dinero
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Rodolfo D. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El accionar del empleado de un comercio que se encontraba autorizado a cobrar a los clientes lo consumido con el deber de depositarlo en un buzón de seguridad, y violando su obligación se apoderó del dinero, no puede ser enmarcado en la figura de hurto (art. 162 del C.P.) ya que no se trata de un apoderamiento furtivo, pues recibía las sumas en cuestión por libre disposición del damnificado y no como ocurriría en el hurto contra la voluntad del dueño. (Del voto de los Dres. Ouviña y Tozzini al que adhirió el Dr.

Rivarola).

El mandato consistente en la percepción y tenencia de sumas de dinero para su depósito por tratarse de bienes no individualizados y por tanto fungibles se caracteriza como un depósito irregular, por lo que la retención de tales sumas en beneficio propio si bien configura una defraudación, no puede ser enmarcada en el inc. 2 del art. 173 del C.P., sino en el inc. 7 de la misma norma, pues implicando tal mandato el manejo y cuidado de bienes ajenos se violan esos deberes al quedarse con el dinero en procura de obtener un lucro para sí. (Del voto del Dr. Tozzini al que adhirió el Dr.

Rivarola).
Impuestos, AFIP DGI
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD c/ DIRECCION GENEAL IMPOSITIVA -  D.G.I. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ACCION DECLARATORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

La Dirección General Impositiva esta facultada para verificar las operaciones de crédito, inclusive las canceladas, otorgadas por la actora a efectos de controlar su actuación como sujeto de obligaciones impositivas frente al impuesto de sellos, sin que ello implique vulnerar lo dispuesto por el art. 39 de la ley 21.526.

Ello no significa, por cierto, emitir juicio sobre la legalidad o ilegalidad de otros supuestos posibles de fiscalización tanto en lo que hace el gravamen de sellos como a cualquier otro tributo por tratarse de cuestiones que exceden los términos de esta litis.
Administración Pública, acto administrativo, procedimiento administrativo, recursos administrativos, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La justicia administrativa comprende el estudio sistemático orgánico y procesal de todas las garantías que tiene el administrado para la correcta y justa aplicación de la legalidad por la Administración; de allí que el sistema de tal justicia esté formado por el conjunto de los institutos y de los medios de garantía judicial (recursos administrativos) y jurisdiccional (recursos contenciosos administrativos) a los fines de la reacción de los particulares frente a la Administración Pública cuando ejerce ilegal, o (si se quiere) ilegítimamente la función administrativa, toda vez que nuestra Provincia como Estado moderno que es, es un Estado de Derecho, en cuanto se somete, en cualquier campo de su actividad a las normas jurídicas que él mismo estatuye (artículo 1 Constitución Provincial, que encuentra su confirmación especialmente en el artículo 2 y en otros muchos más). Por lo que el Derecho regula, entonces, no sólo la conducta de los sujetos que viven sometidos a su potestad, sino también del Estado mismo.
Cumplimiento de la obligación, presunciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Crespo María Soledad c/ Albarengue Marcelo Alexis s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-13

Si bien cuando en el título ejecutado no consta la causa de la obligación se presume, de acuerdo a usos y costumbres comerciales, que ha sido instrumentado por un préstamo en dinero, dicha presunción opera en casos en que el ejecutante es una entidad financiera cuya actividad principal consiste en el otorgamiento de tales préstamos.
Choferes, choferes de larga distancia, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BELMONTE MANUEL c/ CALICO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-24

El Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante CCT) Nº 40/89, aplicable en la especie, al establecer las condiciones de trabajo del personal de larga distancia, dispone en su apartado 4.2.12 que, sin perjuicio de los descansos parciales establecidos por las leyes pertinentes, a la finalización de cada viaje que supere o iguale la jornada de trabajo, el trabajador tendrá un descanso, como mínimo, de 12 horas continuadas. Ello, en consonancia con lo establecido por el último párrafo del artículo 197 de la LCT. A lo antedicho se añade que el artículo 75 de la LCT establece que el empleador está obligado a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal; y que el CCT Nº 40/89, establece en su apartado 3.5.1.a), entre las obligaciones de seguridad del empleador, que éste debe adoptar las medidas que tengan por objeto proteger la vida y preservar y mantener la integridad psicofísica del trabajador. En consecuencia, considero que el razonamiento del Tribunal de grado resulta reñido con las disposiciones legales arriba citadas por cuanto, de la obligación del empleador de respetar las normas referidas a la jornada de labor, se deriva su deber de no requerir al trabajador la prestación de servicios durante las horas destinadas a su descanso -como principio y sin perjuicio de las excepciones admitidas legalmente-; porque tales exigencias se encuentran dirigidas al em pleador. En razón de lo apuntado, mal puede el juzgador liberar de responsabilidad a aquel por la transgresión de las normas relativas al descanso mínimo entre jornadas de labor, por el sólo hecho de no haber cuestionado el trabajador la decisión del empleador.
Honorarios, base regulatoria, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Giampaolo, Pablo Martín c/ Edificio El Águila  Consorcio de Propiedad Horizontal Sistemas Rubio SCA s/ usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-05

La acción declarativa de prescripción adquisitiva de dominio, es de carácter personal y no real, en consecuencia, el art. 58 de la LA resulta inaplicable, por estar previsto este último a las acciones reales y posesorias.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, regulación provisoria, falta de imposición de costas, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: LA NUEVA JULIA SRL c/ CIA. ARGENTINA DE SEGUROS MINERVA SA s/ SEGURO MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

La "ratio" del art. 9. de la Ley 24.432 finca en la necesidad de no hacer recaer la totalidad de la carga de las costas en quien ha demostrado su razón para pleitear y ha obtenido, por ello, se lo exima de su pago (cfr. Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Exposición del miembro informante del dictamen de mayoría, Senador Aguirre Lanari, parágrafo 43, publicado como Anexo al Orden del Día 1.100; esta Sala, Causa 5555 del 11.8.95). Y siendo esto último así, es claro que cuando no hay decisión en punto a cual de las partes es la que debe considerarse beneficiada por los términos de la indicada disposición, parece juicioso que lo establecido en ella se aplique "provisionalmente" por igual a todas. Admitir lo contrario, por ejemplo, una intimación contra una de las partes por el 100% de los honorarios periciales regulados, importaría tanto como colocar a dicha parte, en forma anticipada, en la posición de vencida en materia de costas, sin que exista decisión alguna sobre el particular, lo que es claramente inadmisible. Por lo demás, la justicia de la solución propuesta se advierte en el hecho de que es obvio que el régimen al que está sometido el ejercicio de la acción de cobro de los honorarios periciales no puede ser mejor o más amplio antes de que se tome decisión sobre el curso de las costas, que después de que tal cuestión se encuentre resuelta. En ese sentido sería incongruente admitir que en el estado en que hoy se encuentra el expediente se pudiera perseguir de una parte el cobro del 100% del emolumento regulado "provisionalmente" y mas adelante, cuando exista decisión sobre las costas, si esa parte no resulta vencida, que su obligación se extienda sólo hasta el 50% al que alude el nuevo párrafo incorporado al art.

77 del Código Procesal.
Caducidad de instancia, consentimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 59021 PORTILLO, SABATINO Y BALACCO S.R.L. EN J° 99.539/30.390 COOP. DE TRABAJO T.A.C. c/ CARMELO AGOSTA CASTELLETO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-30

El acto interruptivo no necesita ser consentido, es decir, la parte no puede oponerse al acto impulsorio.

En cambio, cuando el plazo ya ha transcurrido, el consentimiento es sólo un hecho impeditivo, que se configura por el consentimiento del solicitante de la caducidad: es decir, sólo quien consintió el acto útil posterior no puede acusar la perención; ninguna norma, ni expresa ni implícitamente, permite dar efectos expansivos al consentimiento tácito de uno de los litisconsortes voluntarios para impedir el ejercicio de la facultad del otro.
Derecho procesal, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cosecha Cooperativa de Seguros Limitada s/ Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-29

Al Tribunal Superior no le está vedado volver a examinar, la admisibilidad formal, en oportunidad de dictar sentencia definitiva porque la admisión decretada no hace cosa juzgada y sólo expresa la apariencia de viabilidad de las primeras gestiones. La revisión es razonable toda vez que los verdaderos antecedentes surgen a veces del estudio prolijo de los autos, o como en este caso, en que los verdaderos antecedentes que ilustran acabadamente sobre la trama litigiosa, se visualizan recién con la tarea aportante probatoria que se ofrenda con la contestación de la demanda.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: AROCA RAMON LUIS Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL Y DECA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-08-08

Resulta formalmente inadmisible el recurso de casación impetrado toda vez que el agravio expresado se resume en una cuestión ajena al planteo casatorio -determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias dañosas- circunstancia supeditada a la apreciación del juez a-quo y, por lo tanto excluida de la órbita del presente recurso, el cual no puede ser transformado en una tercera instancia.
Leyes, bien común
Materia: CIVIL
Carátula: ALBARRACIN ROBERTO ANTONIO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE RECOMPOSICION SALARIAL  -SECTOR PASIVO DE LA PROVINCIA Nº6016 Y SU ANEXO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14

De la hermenéutica de las Leyes 5986, 6015 y 6016 surge el objetivo de promover el bienestar general, como lo establece el preámbulo de la Constitución Nacional, y consiste en ordenar la actividad de la comunidad y equilibrar los recursos con que el Estado cuenta para lograr que todos los miembros de la sociedad puedan participar de los bienes materiales de la misma.
Competencia ordinaria, competencia penal, estafa, asociaciones sindicales, afiliación sindical
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Asociación Sindical de Empresa Obreros Mensualizados del Consorcio Patagonia UTE. Obra Pichi Picún Leufú s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La justicia local debe entender de la estafa consistente en la adulteración de las autorizaciones de débitos de los haberes de obreros a favor de los representantes de un sindicato que carecía de personería, ya que de ello no resulta un perjuicio para las rentas de la Nación, ni para alguna de sus instituciones.
Trabajadores de la construcción, decretos, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, VICTOR MARIO c/ VICENTE NOBLES SA. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-14

El artículo 5 del decreto 1342/81 en ningún punto desvirtúa lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 22250, de modo que la tacha de inconstitucionalidad debe rechazarse.
Recursos, legitimación procesal, menores, asesor de menores, responsabilidad parental
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

Es que si la renuncia de derechos está prohibida a los padres según los arts. 297/299 del Código Civil, también la actividad del representante del menor que demanda en forma insuficiente debe ser completada, salvada o modificada por el asesor de menores con el ejercicio de las vías recursivas e incluso solicitando el discernimiento de la tutela ante la sospecha sobre quien detenta la patria potestad.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, cláusulas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ortiz Almonacid, Juan Carlos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El art. 90 de la Carta Magna y su 9a. cláusula transitoria no son normas que disponen dos consecuencias jurídicas opuestas o que imputen efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Por el contrario, constituyen un todo coherente, donde cada uno de los preceptos recibe y confiere su inteligencia de y para el otro (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Daños y perjuicios, sentencia contra el Estado, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: RISOLI, LEONARDO c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

Dado el carácter alimentario de la deuda, no es aplicable el régimen establecido por el Decreto 679/88 en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de ese cuerpo legal. En consecuencia se fija el plazo de 50 días para el cumplimiento de la sentencia.
Empleados públicos, remuneración, gastos reservados, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 144-85 HERNANDEZ, JUAN JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 212-88 OLMOS, MANUEL SANTOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-27|1989-12-21|1990-11-20

La esencia de los llamados "gastos reservados" se vincula inexorablemente a la función o servicio prestado por su beneficiario y en tanto esto ocurra. Corresponden a las erogaciones que "el dependiente realiza...en ocasión de prestar su trabajo".
Defensa de la competencia, elevación en apelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Shell  Cía.  Argentina  de  Petróleo SA c/ Secretaría de ComercioInterior s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

No se puede soslayar que se encuentra vencido el plazo legal que tiene la autoridad de aplicación de la ley 25.156 (art. 53) para elevar las actuaciones una vez interpuesto un recurso de apelación. (Adviértase que Shell informó que a la fecha en que pidió la medida cautelar no estaba proveída la apelación deducida el 16 de marzo de 2012, en tanto que no surge de los registros de este Tribunal que se hubiesen recibido las actuaciones.). En tal situación, corresponde disponer -de acuerdo con los términos de la petición formulada y con los fundamentos antes expuestos- la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 17 de la SCI, hasta tanto se reciban las actuaciones en este Tribunal con motivo de la apelación deducida o, eventualmente, hasta que la CNDC informe que ese recurso fue denegado. De ese modo se garantiza en forma suficiente el debido proceso y el derecho de defensa de la peticionaria, sin adelantar -de modo innecesario- la jurisdicción que la ley 25.156 le otorga a este Tribunal.
Derecho ambiental, biotecnología, responsabilidad profesional, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

La responsabilidad del biotecnólogo es tanto de tipo contractual y de medios, y por otro lado de tipo extracontractual; en virtud de que éste contrae una obligación de aplicar su saber y proceder a favor de quien ha requerido sus servicios asumiendo roles que son fuente indiscutida de responsabilidades, para la obtención de un bien o la utilidad que interesan al "acreedor" que es el objeto de la obligación, y sería extracontractual respecto de terceros ajenos al contrato.
Impuesto de sellos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) c/ REALE, PAULA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-07-05

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que el razonamiento seguido por el tribunal A quo ha transitado por un andarivel que, por soslayar cuestiones fácticas y normativas conducentes a la solución del litigio, incurrió en vicios que impiden su confirmación como acto jurisdiccional válido, teniendo en cuenta que para que la prescripción se configure a favor del deudor liberándolo de su obligación, es necesaria la concurrencia de dos elementos: inacción del acreedor y transcurso del tiempo, y los Sentenciantes, debiendo despejar el inicio del cómputo de dicho plazo, concluyeron que, dado que el impuesto de sellos debió ser oblado de conformidad al artículo 211 del Código Fiscal (esto es, dentro de los 15 días corridos del otorgamiento del acto), vencido ese plazo de gracia el impuesto se tornó exigible, y por tanto a la fecha de interposición de la demanda la deuda se encontraba prescripta, sin ponderar debidamente que se trata de un impuesto que puede no ser conocido inmediatamente por la Administración Fiscal, sino que queda a exclusivo arbitrio del obligado al pago la puesta en conocimiento de la existencia de "la instrumentación" como hecho imponible del tributo y, por ello, aunque se considere nacida la obligación de pagar el impuesto de sellos desde la instrumentación, la acción del Fisco -que para el caso es un tercero que puede no conocer el instrumento- no ha nacido aún.