Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-24


NEUQUEN, 24 de junio de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BOADA AGUIRRE MARIANA Y OTRO C/ COHEN AMELIA HAYDEE S/ DESPIDO" (EXP Nº 334070/6) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL N.2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. VIDELA SANCHEZ dijo:

I.- La sentencia de grado rechazó en su mayor extensión la demanda. Contra ella apela la parte actora (fs. 310/320).

Las accionantes en primer lugar impugnan que la a quo haya considerado que la relación que unió a las partes era un contrato de temporada. Afirman, en cambio, que se trata de un contrato por tiempo indeterminado, que es de prestación continua. Reafirman su tesitura que el accionar de la demandada respondía a un fraude laboral. Que la relación no encuadra en el Art. 96 LCT. Impugnan la valoración de la prueba, invocan el Art. 7° de la LCT y dicen que entre las partes no hubo ningún acuerdo. Resaltan que no siempre la demandada disfrazó la relación como contrato de temporada; en ocasiones fueron a través de telegramas de renuncia y se preguntan qué razón puede haber para que se renuncie cuando termina la temporada, concluyendo que es un contrasentido.

Luego insisten que el carácter de la actividad laboral no es encuadrable dentro del contrato de temporada; que sólo existieron tres contratos de este tipo, no habiéndose firmado por el resto de los años laborados. Remarcan que no se trata de una actividad de naturaleza estacionaria e insisten en la existencia de un fraude laboral.

En segundo lugar, y a consecuencia del primer agravio, sostienen que la causal por la que se dieron por despedidas se encuentra claramente justificada y da lugar a las indemnizaciones de ley.

En el siguiente agravio sostienen que atento a no ser un contrato de temporada, sino uno continuo, deben abonárseles los salarios caídos reclamados de los meses de diciembre, enero y febrero.

Luego impugnan que la prescripción alcanzara a los créditos anteriores al 10 de marzo de 2004, por cuanto la a quo debió tener en cuenta la interpelación efectuada por las actoras a mediados del 2005, lo que interrumpió la prescripción, que así operaría recién para los créditos anteriores a mediados del 2003.

Se desconforman con la imposición de costas y los honorarios fijados a sus letrados, por bajos.

II.- Para el estudio de las cuestiones planteadas, cabe dar un orden lógico-procesal a los agravios vertidos. En primer lugar se analizará el tema de la prescripción, para luego estudiar sucesivamente el tipo de relación -contrato de trabajo- que unió a las partes; la validez y efectos de las renuncias presentadas; la eventual existencia de deudas salariales y aquellas provenientes de los decretos no remunerativos; finalmente la imposición de las costas y honorarios profesionales.

Abordado el primer punto, se tiene que la parte actora se agravia porque se consideró que los créditos anteriores al 10 de marzo de 2004 estaban alcanzados por la prescripción, afirmando la recurrente que no se tuvo en cuenta la interpelación de mediados del 2005.

Es de recordar que "Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo." (Art. 3947 del Código Civil) y que en autos la opuesta es la prescripción liberatoria; y ésta "es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere." (Art. 3949 del Código Civil).

Al decir de la jurisprudencia "La prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un derecho en razón de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigirla compulsivamente, siendo dos los elementos fundamentales: a) inacción o pasividad del titular de un derecho que pudiendo hacerlo valer no lo ejerce; y b) transcurso de un periodo de tiempo pasado en esa situación de inactividad (C.N.Civ, sala K, agosto 7 -998 Cotelli, Egido c. Camea S.A. LL 1999-E-915).

El plazo de prescripción liberatoria que se aplica a los créditos provenientes de las relaciones laborales, es de dos años (conf. Art. 256 LCT). La forma de contar los plazos y los efectos interruptivos y suspensivos (Conf. Art. 257 LCT) debe hacerse conforme lo dispuesto por el Código Civil.

La única particularidad está referida al plazo de gracia procesal, que la CSJN dispuso que "La demanda presentada al día siguiente de vencer el plazo de prescripción, pero dentro del plazo procesal de gracia -Art. 124 LCT- cumple el efecto interruptivo." (CSJN 12/10/76. "Fata c/ Prov. de Buenos Aires" LT 26.1163, sínt.).

La legislación laboral prevé una suspensión especial para el caso de que el actor efectúe el trámite administrativo ante la autoridad de aplicación (conf. Art. 257 LCT) En autos no hubo reclamación administrativa, pero sí existió interpelación. Es que las actoras enviaron sendos telegramas el 16 de diciembre de 2005, intimando a la demandada el pago de las sumas provenientes de los decretos 1273/02, 2641/02, 392/02, 1347/03, 2005/04 y 1295/05; y de los haberes de diciembre de 2003, enero, febrero y diciembre de 2004, y enero y febrero de 2005.

Al respecto, se dispone: "La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción." (Art. 3986 2° párrafo Código Civil) La intimación de autos cumple lo requerido por la norma y, por lo tanto, produce el efecto suspensivo allí dispuesto.

Así, en virtud de los telegramas remitidos por las actoras el 16 de diciembre de 2005 y lo dispuesto por la norma citada, el curso de la prescripción de los créditos mencionados se suspendió por un año." Esta suspensión alcanza únicamente a los créditos que al 16 de diciembre de 2005 no se encontraban prescriptos, es decir aquellos que son exigibles a partir del 16 de diciembre de 2003. Los créditos exigibles con anterioridad, al estar prescriptos, no son alcanzados por este efecto.

En igual sentido la C.S.J.N. ha dicho "Sólo puede interrumpirse o suspenderse el término de una prescripción en curso, no de una cumplida o ganada." (CSJN 7/3/00, "Samuel Gutnisky S.A. c/ Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos". DJ 2000-2-451, Fallos 323:229).

Reiterando: el curso de la prescripción quedó suspendido por un año para los créditos exigibles desde el 16 de diciembre de 2003 en adelante. El efecto suspensivo hubiera culminado el 16 de diciembre de 2006, pero como las actoras interrumpieron el curso de la prescripción con la presentación de la demanda (Art. 3986 1° párrafo, del Código Civil), el plazo de la prescripción de los créditos no alcanzados por ella, no volvió a reactivarse. Por ello los créditos exigibles con anterioridad al 16 de diciembre de 2003 se encuentran prescriptos, mas no los posteriores.

Por tanto corresponde hacer lugar parcialmente al agravio respectivo -la parte sostenía que eran exigibles desde mediados de 2003-, declarándose prescriptos solamente los créditos exigibles con anterioridad al 16 de diciembre de 2003.

En cuanto al tipo de contrato de trabajo, la cuestión a resolver es sobre cuál era el que unió a las partes.

Se trata de dos docentes de jardín de infantes que se desempeñaban como tales durante todo el periodo lectivo, es decir durante más de 9 meses al año. La actividad de las mismas al trabajar en un establecimiento registrado, se encuentra sometida a la protección especial que a la educación le da la Constitución Nacional (Art. 14 y 14 bis), la Constitución Provincial (Art. 21, 109 a 133), la Declaración de los Derechos Humanos (Art. 23 y 26) al régimen de la ley 695, su decreto reglamentario 1255/77 la Ley de Contrato de Trabajo, y el Estatuto del Personal de Establecimientos de Enseñanza Privada (ley 13.047).

La importancia del tema educativo la da ya el hecho de que para los Constituyentes de 1853 es uno de los pilares del Sistema Republicano y Democrático.

José Manuel Estrada decía "De la cuestión de la enseñanza que debe ocuparnos en esta conferencia, no puede decirse que pertenece exclusivamente al orden de las relaciones privadas ni al orden de las relaciones públicas. Envuelve intereses individuales e intereses comunes a la sociedad; y de tal magnitud que provocan necesariamente la acción privada y la acción colectiva en su planteamiento y desarrollo. Nutrir la inteligencia con las nociones que la mente puede recoger en todas las regiones a que atraen la curiosidad humana, esplendorosas maravillas y misterios profundos; disciplinar la inteligencia para la indagación; desenvolver armónica y ponderadamente las facultades; constituir en reglas acertadas de vida las nociones recogidas por la inteligencia, son, en efecto, otros tantos intereses que afectan individual y privadamente al hombre, y bajo ese aspecto, la educación y la enseñanza son funciones pertenecientes primitivamente al orden doméstico. (...) Pero, del cultivo del espíritu, no sólo se sigue la vigorización del individuo; se sigue la vigorización de las sociedades. Por consiguiente, hay un interés colectivo concorde y concurrente con el interés individual en materias de enseñanza; de donde se sigue que la sociedad puede y debe tener intervención en ello." (Estrada José Manuel, Curso de Derecho Constitucional, tomo I, Pág. 275/276) Dentro de este contexto muy valorado por aquellos que ejercieron el poder constituyente originario y de quienes luego en las sucesivas reformas ejercieron el poder constituyente derivado, se da la relación de trabajo que vincula a las actoras con la demandada: está inmerso en el sistema educativo. Al fin y al cabo en el Jardín de Infantes, en las salas de 3 y 4 años es donde los niños realizan sus primeros actos de socialización fuera del hogar y ella es una etapa importante de la educación para ellos.

La relación laboral se encuentra a la vez protegida por las normas constitucionales y los pactos internacionales citados.

Es clara la impronta protectoria que al derecho del trabajo le reconoce el art. 14 bis cuando dice expresamente "El trabajo en sus distintas formas goza de la protección de las leyes" Nos encontramos en el marco del sistema educativo y en una relación laboral con una consideración muy especial del Ordenamiento Jurídico sobre ambas cuestiones.

Juega aquí el Orden Público y, en particular, el Orden Público Laboral.

De los dichos de las partes y de las pruebas adjuntadas a autos surge con claridad que las actoras se desempeñaban como Maestras de Jardín de Infantes, prestando efectivamente tareas de marzo a diciembre, lo que es lo mismo a todo el periodo lectivo.

Debemos determinar que Ley rige al caso. Es allí donde la a quo comete un error de interpretación jurídica ponderable. Utiliza una norma de menor jerarquía para determinar la ley aplicable, diciendo que a través del decreto reglamentario 1255/77 de la ley 695, ambas de la Provincia del Neuquén, se determina que corresponde la Ley de Contrato de Trabajo.

Los docentes particulares tienen un estatuto establecido por Ley Nacional 13047, que es el denominado Estatuto del Personal de Establecimientos de Enseñanza Privada. Esta es la norma aplicable y, en forma subsidiaria, la Ley de Contrato de Trabajo.

El artículo 1° de la ley 13047 expresa: "Todos los establecimientos privados, de enseñanza, cualquiera que sea su naturaleza y organización, ajustarán sus relaciones con el Estado y con su personal a las prescripciones de la presente ley".

Esa es la ley de aplicación al caso concreto en análisis. Ella es fuente del Derecho de Trabajo como bien lo establece el artículo 1° de la LCT que expresamente dice "El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen: ... b) por las leyes y estatutos profesionales".

Cuando se duda sobre si se aplica la LCT o el Estatuto Profesional, se sigue el principio establecido en la norma del art. 9 de la LCT que dispone "En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador." Una cuestión que es necesario aclarar, obiter dicta, es la vigencia del Estatuto y su aplicación en el orden provincial, en virtud del traspaso de la educación de Nación a las Provincias.

En la década del 90 se dictaron las leyes 24049 (1992) y 24195 (1993). Por la primera se produjo el traspaso, a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires, de los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica. La segunda norma citada es la Ley Federal de Educación.

El Art. 23 de la ley 24049, que alude a los servicios educativos de gestión privada, garantiza la continuidad de la prestación de conformidad con el principio de libertad de enseñanza y con los derechos emergentes de la normativa nacional en la materia.

"La normativa nacional aludida está integrada, principalmente, por la ley 13047 y sus decretos reglamentarios, entre los cuales cabe incluir el régimen de incorporación aprobado por decreto 371/64 y sus modificatorios." (Silva Ricardo Luís, La Aplicación del Estatuto Docente de Enseñanza Privada, en la Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, 2003-2 pág. 82).

"En consecuencia, la ley 24049 ratifica la vigencia de la ley 13047 y, por lo tanto, todos los establecimientos privados continuarán ajustando sus relaciones con el Estado y con su personal, a sus prescripciones, tal como lo establece su artículo 1°. (...) En cuanto a las relaciones con su personal, la modificación se refiere a la distinta caracterización que tienen ahora los deberes y derechos de los docentes de establecimientos incorporados (Art. 2° a Ley 13047) en la medida en que la referencia al "personal de los establecimientos oficiales", contenida en su artículo 11, se extiende ahora al personal dependiente de 24 jurisdicciones educativas diferencias, cuyas normas regulatorias del ejercicio de la docencia son también diferentes." (Silva Ricardo Luís, La Aplicación del Estatuto Docente de Enseñanza Privada, en la Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, 2003-2, pág. 83) Es decir, continúa estando vigente el Estatuto, y le es aplicable en todos sus derechos y deberes a los docentes particulares. Es más, la ley 24.195 establece en el art. 46 derechos específicos para los docentes que vienen a ampliar los establecidos por la ley 13047.

Los derechos que remarca esa ley 24195 en su artículo 46, inc. c): "reconoce el derecho a percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación. La propia ley establece en su artículo 38 la pauta para el ejercicio de este derecho: que la remuneración sea igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal de la misma jurisdicción" (Silva Ricardo Luís, op. cit. pág. 85).

Dice ese autor: "La larga nómina de los derechos que reconoce a los docentes el artículo 46 puede considerarse un desarrollo de la fórmula del artículo 11 de la ley 13047, que dispone que el personal directivo y docente de los establecimientos reconocidos tendrá los mismos deberes, se ajustará a las mismas incompatibilidades y gozará de los mismos derechos establecidos para el personal de los establecimientos oficiales" (pág. 87).

En relación al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, creado por el Art. 27 de la ley 13047, el mismo continua vigente y pese a los cambios legislativos, sus facultades y competencias no han variado: sigue ejerciéndolas.

En tal sentido dice el Dr. Silva: "Creado por el Art. 27 de la ley 13047 desde hace más de medio siglo, el Consejo Gremial continúa ejerciendo la competencia que le atribuyó la ley" (pág. 88).

Se puede concluir en un todo de acuerdo con el mencionado autor que: "las modificaciones introducidas en el Sistema Educativo Nacional por las leyes 24049 y 24195 no han significado la derogación de la ley 13047, cuyas normas son aplicables -con las variaciones expuestas- a todos los docentes de los establecimientos de gestión privada del país".

Establecida la vigencia de la ley 13047, debemos aplicarla al caso concreto que se nos presenta.

Reitérase que en autos se trata de docentes que trabajan todo el período lectivo; en ello están de acuerdo las partes y surge de las pruebas acompañadas.

Si bien el Estatuto no hace la clasificación del contrato pretendida por las partes (contrato de prestación continua o discontinua) que es propia del Régimen de Contrato de Trabajo, sí establece con claridad que quienes se desempeñan durante todo el periodo de clases deben percibir los doce sueldos mensuales más el aguinaldo (Art. 19) Es que dentro del ámbito educativo, el contrato de trabajo es anual para aquellos que, como las actoras en autos, prestan tareas frente al aula durante los meses de marzo a diciembre, previéndose un régimen distinto para aquellos profesores que sólo lo hacen en un cuatrimestre o bimestre. Estos últimos sí ingresan en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado con prestación discontinua. Pero las relaciones que analizamos en autos encuadran dentro del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y prestación continua.

La intención de la ley cuando dispone que quien se desempeña durante todo el ciclo lectivo perciba los doce sueldos mensuales y el aguinaldo (Art. 19 L 13047), es que se trate de una relación laboral por tiempo indeterminado y continuo.

Además de lo dicho, se suma que el propio art. 96 dispone: "Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad." De la norma surge que el contrato de temporada es solamente para aquellos que prestan su servicio, de acuerdo con la naturaleza de la actividad, una parte del año, que implica menos de la mitad de dicho periodo.

En este sentido el Dr. Altamira Gigena ha dicho: "Lo expuesto significa que tomando en un año calendario la actividad de una empresa, resulta, de conformidad con sus necesidades normales, que los requerimientos en la producción de bienes o servicios o el incremento de ella se dan, con regularidad, en ciertas épocas. En estos ciclos, generalmente de dos o tres meses cada uno, el trabajo dependiente que se realiza se llama de temporada y, como característica, el vínculo jurídico que une al empleador con el dependiente se mantiene, aun fuera de los ciclos de trabajo por lo cual se lo considera perdurable y, por ende, de tiempo indeterminado" (Ley de Contrato de Trabajo, tomo 1, Pág. 473) Aduna a lo referido, el hecho de que el contrato de trabajo se rige no sólo por la Ley de Contrato de Trabajo sino también por los Estatutos Especiales y la Constitución Nacional (Art. 1 de la LCT).

También debe sumarse el que siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador (Art. 9 LCT), ya que el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes (Art. 14 bis de la Constitución Nacional).

Es evidente -como se dijo- que el Estatuto de Establecimientos de Enseñanza Privada rige la cuestión y es una norma que integra el orden público laboral.

De la lectura de su normativa surge con claridad, reitérase, que se distingue al docente que trabaja todo el periodo lectivo del docente que sólo trabaja cuatrimestral o bimestralmente.

Las dos maestras demandantes en autos encuadran, ya que laboran todo el periodo lectivo, y en virtud del Art. 19 del mencionado estatuto deben percibir los doces sueldos mensuales más el aguinaldo: se trata de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y de tiempo continuo.

A igual conclusión arriba el Dr. Vázquez Vialard cuando dice: "Las disposiciones del estatuto, con respecto a los docentes de establecimientos adscriptos, han sido modificadas (Art. 174 ley 14473, estatuto docente): perciben iguales ingresos que los oficiales. En cuanto al resto del personal: directivo, docente auxiliar, administrativo (incluidos los de los establecimientos libres y privados), tienen derecho a una asignación mínima y bonificación por antigüedad que fija el Consejo Gremial de Enseñanza Privada (arts. 7° inc b y 18 inc b). El que cumple tareas docentes en ciclo primario en establecimientos adscriptos con horario discontinuo, tiene que percibir un plus no inferior al 30% del sueldo básico (18 inc a). La remuneración se liquidará durante todo el año (aunque el establecimiento esté en receso por vacaciones; art. 19)" (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tº I Pág. 642) Es conteste la doctrina que en los contratos de temporada, durante el período de receso, se suspenden las principales obligaciones a cargo de las partes (la prestación de tareas y el pago de la remuneración) (Vázquez Vialard, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Tomo I, pág. 318; Altamira Gigena, Ley de Contrato de Trabajo, tomo 1, pág. 478; De la Fuente, en Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Vázquez Vialard, tomo 3, pág. 562), lo que demuestra que el legislador en relación al docente privado dejó claramente establecido que aquél que trabaja todo el periodo lectivo sea en pre-primaria (jardín de infantes) primaria y secundaria, no es un trabajador de temporada ya que la prestación principal del empleador, el pago del sueldo, debe realizarse durante los 12 meses del año (Art. 19 del decreto 13047).

A más, la norma citada obliga a los docentes a tomarse la licencia de vacaciones en el tiempo de receso estival (Decreto 2413/79).

Todo ello lleva al convencimiento de que la naturaleza del contrato docente en estudio en autos, cuando se prestan servicios durante todo el año lectivo, es un contrato de trabajo permanente y continuo.

En razón de ello cabe hacer lugar al presente agravio, y tener que la relación entre las partes fue un contrato de trabajo por tiempo indeterminado de prestación continua y, por tanto, las actoras debían percibir remuneración durante el periodo de receso (Art. 19 de la Ley 13047). Son por ello inválidos los contratos de trabajo de temporada acompañados, por violar el orden público laboral (arts. 14 LCT, y 19 de la 13047).

La cuestión se plantea con relación a las renuncias adjuntadas a autos que, al ser impugnadas, hacen necesario determinar la validez de las mismas.

Se ha acreditado que el acuerdo de partes, violatorio del orden público del trabajo, era que la demandada no abonaba desde la mitad de diciembre y hasta marzo. No está probado que para conseguir las renuncias mencionadas se haya ejercido violencia o intimidación, siendo verosímil la aseveración de la demandada de que lo hacían para presentarse a cargos en el Consejo Provincial de Educación.

Por tanto, se concluye que las mismas tienen valor.

La siguiente cuestión es determinar si el despido indirecto en el que se colocan las actoras tiene como fundamento una injuria suficiente como para dar por concluida la relación laboral.

Es de recordar que el segundo párrafo del Art. 242 LCT establece: "La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso." La Jurisprudencia ha sostenido en este sentido que: "De acuerdo con el mandato legal del art. 242 de la L.C.T. el juez debe ser prudente en la valoración de la injuria, la que tiene que efectuarse según las modalidades y circunstancias personales de cada caso." (LEY 20744 Art. 242 (t.o.) SCBA, L 37755 S 27-10-87, "Villera, Rubén Alberto c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Indemnización por despido". AyS 1987-IV, 479. idem. SCBA, L 42515 S 21-7-89, "Sarich, Jorge E. c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Despido, etc." AyS 1989-II, 725. SCBA, L 75981 S 2-4-3, "Ceriani, Margarita A. c/ Cooperativa Telefónica Las Armas y/o prop o resp s/ Indemnización por despido" Lex Doctor). "De conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 242 de la L.C.T., la valoración de la injuria queda reservada a la prudencia del Juez." (Ésta Cámara. Sala I en autos Yaquinta, Carlos c/ TIA S.A. s/ Despido P.S. 1996 -II-246/248).

"La valoración de la Injuria como causal rescisoria es una cuestión de hecho, y debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad." C.N.A.T. Sala I, 14.476, DT-1976/139 En igual sentido la doctrina dijo: "La calificación de la injuria está librada a la prudencia de los jueces, sin otra exigencia que la de tomar en consideración el carácter de las relaciones entre los superiores e inferiores (S.C.B.A., 9-11-76 DT t. 37 pág. 455) o, como lo dice el Art. 242 de la L.C.T., teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo y las modalidades y circunstancias personales en cada caso." (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, pág. 1619).

De autos surge que las actoras se dan por despedidas en virtud de las deudas salariales (remuneraciones impagas y diferencias salariales) y de la posición de la demandada que se trataba de un contrato de trabajo de temporada.

Es criterio sostenido por la jurisprudencia que "No habiendo la demandada acreditado el pago de las diferencias de salarios, o sea de lo efectivamente abonado y lo que correspondía abonar, es ajustada a derecho la actitud de la actora en darse por despedida en los términos del art. 242 de la Ley 21297, por no haberse satisfecho sus legítimos requerimientos de pago oportunamente efectuados (TTrab Trenque Lauquen, 1979/19/22 Di Julio, Elida y otro c/ Colegio Santa Teresita de Henderson" DJBA 116-166). "La falta de pago de salarios configura justa causa de despido indirecto ya que dada su naturaleza, la falta de satisfacción en término coloca al trabajador en situación de indigencia y es inequitativo que se lo fuerce a tolerar incumplimientos del empleador que destruyan la finalidad objetiva de las prestaciones que ha comprometido (CNTrab sala V 1992/02/25- Simoni, Carlos J. C/ Mustang S.A. y otro" DT 1992-B 1499 DJ 1992-2-521.) Acreditado en autos que a las actoras no se les abonaron las diferencias salariales ni los sueldos reclamados y, además se las categorizó como trabajadoras de temporada, cuando lo eran por tiempo indeterminado, encuentro justificada la situación de despido indirecto en que se colocaron, por lo que corresponde hacer lugar a las indemnizaciones derivadas de éste.

Corresponde proceder a calcular lo adeudado por la demandada a las actoras.

La señora Robles, conforme sus recibos de sueldo acompañados a la causa, percibió los siguientes montos:

Mes año	Sueldo percibido	No remunerativo decreto 1347/03	total Diciembre 2003	$ 283,81	$ 00,00	$ 283,81 Enero 2004	$ 000,00	$ 00,00	$ 00,00 Febrero 2004	$ 000,00	$ 00,00	$ 00,00 Marzo 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366,12 Abril 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366,12 Mayo 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Junio 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Julio 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Agosto 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Septiembre 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Octubre 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Noviembre 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Diciembre 2004	$ 341,12	$25,00	$ 366.12 Total	$ 00,00	$ 3945,01 Mientras, la actora Boada Aguirre percibió, conforme los recibos de sueldo las siguientes sumas:

Mes año	Sueldo percibido	No remunerativo decreto 1347/03	Total acreditado que se abonó Diciembre 2003	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Enero 2004	$ 00,00	$ 00,00	$ 00,00 Febrero 2004	$ 00,00	$ 00,00	$ 00,00 Marzo 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Abril 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Mayo 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Junio 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Julio 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Agosto 2004	Sin recibo	$ 00,00	Sin recibo Septiembre 2004	$ 170,57	$ 12,50	$ 183,07 Octubre 2004	$ 170,57	$ 12,50	$ 183,07 Noviembre 2004	$ 170,57	$ 12.50	$ 183,07 Diciembre 2004	$ 192,10	$ 7,08	$ 199,18 Total	$ 00,00	$ 748,39 De las planillas que siguen surgirá lo que las actoras debieron percibir de habérseles aplicado a sus retribuciones los decretos reclamados en autos, de conformidad con lo dispuesto en cada norma:

a) A Robles le correspondía percibir: Mes año	Sueldo que debió percibir*	Decreto 905/03 **	Decreto 1347/03 no remunerativo**	Total Diciembre 2003	$ 367,81	$ 24,00	$ 000,00	$ 391,81 Enero 2004	$ 381,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 306,81 Febrero 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Marzo 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Abril 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Mayo 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Junio 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Julio 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Agosto 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Septiembre 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Octubre 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Noviembre 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Diciembre 2004	$ 507,81	$ 00,00	$ 25,00	$ 532,81 Total	$ 6559,53 * Se incluye en el mismo lo dispuesto por el decreto 392/03 ** Se calcula conforme la proporcionalidad con la jornada legal conforme lo disponen las normas.

b) A Boada Aguirre le correspondía percibir: Mes año	Sueldo que debió percibir*	Decreto 905/03 **	Decreto 1347/03 no remunerativo**	Total Diciembre 2003	$ 246,00	$ 24,00	$ 00,00	$ 270,00 Enero 2004	$ 260,00	$ 00,00	$ 25,00	$ 285,00 Febrero 2004	$ 274,00	$ 00,00	$ 25,00	$ 299,00 Marzo 2004	$ 112,00 ***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Abril 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Mayo 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Junio 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Julio 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Agosto 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Septiembre 2004	$ 112,00***	$ 00,00	$ 25,00	$ 137,00 Octubre 2004	$ 274,00	$ 00,00	$ 25,00	$ 299,00 Noviembre 2004	$ 274,00	$ 00,00	$ 25,00	$ 299,00 Diciembre 2004	$ 274,00	$ 00,00	$ 25,00	$ 299,00 Total	$ 2710,00 * Se incluye en el mismo lo dispuesto por el decreto 392/03 ** Se calcula conforme la proporcionalidad con la jornada legal conforme lo disponen las normas.

*** Sólo se calcula la diferencia que surge del decreto 293/03, es decir $ 112,00.

De los cuadros realizados surgen las diferencias salariales, en base al reclamo por los decretos impagos y salarios de Diciembre 2003 y Enero Febrero y Diciembre de 2004. Así a la Sra. Robles se le abonó la suma de $3945,01 y, debiéndose abonar $6550,53, se le adeuda por tal concepto la suma de $2614,52.

A la Sra. Boada Aguirre, figura como acreditado el pago por la suma de $748,39, en tanto debíasele abonar la suma de $2710,00, por lo que se le adeuda en tal concepto -incluyendo los mismos rubros que Robles- la suma de $1961,61. A ello corresponde sumar los sueldos de enero y febrero de 2005 que alcanzan, cada uno, la suma de $465,53 por lo que se le adeuda en total la suma de $2892,67.

Establecidas las diferencias salariales, resta determinar qué corresponde a cada una de las actoras proveniente del rubro indemnización por despido.

Para la actora Robles, quien ingresó en marzo de 2001 y se dio por despedida el 27 de diciembre de 2005, y cuya mejor remuneración mensual, normal y habitual fue de $593,13 (correspondiente al mes de septiembre de 2005): a) en concepto de indemnización por despido (art. 245 LCT) (con múltiplo 5) $2965,65; b) por el preaviso omitido: $593,13; c) por la ley 25561 (decreto 1433/05, 50%): $1482,23; d) por la ley 25323 art. 2: $1779,39; e) por la integración mes de despido (se toma el monto total que debía percibir en el mes con lo pagado en el recibo respectivo por ese concepto): $286,99 y f) por vacaciones proporcionales (14 días) $ $332,15. Totaliza por despido la suma de $7439,54.

Para la actora Boada Aguirre, quien ingresó en marzo de 2002 y se dio por despedida el 27 de diciembre de 2005, y cuya mejor remuneración mensual normal y habitual fue de $592,39 (correspondiente al mes de septiembre de 2005): a) en concepto de indemnización por despido (art. 245 LCT) (con múltiplo 4) $2369,56; b) por el preaviso omitido: $592,39; c) por la ley 255561 (decreto 1433/05 50%): $1184,78; d) por la ley 25323 art. 2: $1480,98; e) por la integración mes de despido (se toma el monto total que debía percibir en el mes con lo pagado en el recibo respectivo por ese concepto): $286,64 y f) por vacaciones proporcionales (14 días) $331,74. Totaliza por despido la suma de $6246,09.

De lo dicho surge que la demandada adeuda a la actora Robles la suma de $10.054,06 y a Boada Aguirre la suma de $9.138,76.

Finalmente con relación al planteo de los honorarios entiendo que corresponde regular de conformidad con las pautas arancelarias, estableciendo un 15% del capital de condena para los honorarios del patrocinante de las actoras por primera instancia, un 70% de aquel porcentual al patrocinante de la demandada y en concepto de mandato un 40% de los porcentajes establecidos. Para esta segunda instancia un 25% de lo regulado en la primera instancia.

Las costas, si bien deberían ser al vencido, atento a que la parte formulara en su momento una propuesta de acuerdo razonable, cabe fijarlas en un 80% a la demandada perdidosa, y un 20% a las actoras.

Por todo, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de grado y hacer lugar parcialmente al recurso presentado por Boada Aguirre Mariana y Robles Mónica Graciela condenando a Cohen Amelia Haydee a abonar la suma de $9138,76 a la primera y $10054,06 a la segunda, por los motivos expuestos en el presente.

Así lo voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia de fs. 333/335 y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta por MARIANA BOADA AGUIRRE y MONICA GRACIELA ROBLES contra AMELIA HAYDEE COHEN, quien deberá abonar la suma de pesos NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($9.138,76) a la primera y pesos DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($ 10.054,06) a la segunda, por los motivos expuestos en los considerandos respectivos del primer voto que forman parte integrativa del presente fallo.

2.- Imponer las costas de ambas instancias en un 80% a cargo de la demandada y un 20% a las actoras.

3.- Dejar si efecto los honorarios allí regulados los que se fijan en las siguientes sumas: ....

4.- Regular los honorarios de Alzada, (art. 15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 72 - Tº II - Fº 325 / 336 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.