Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.326 CAUSA N° 39.710 / 2009 SALA IV "BERGOS MARIANO FABIAN C/ EDESUR S.A. Y OTRO S/DESPIDO". JUZGADO N° 53.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 31 DE MAYO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I-Contra la sentencia de primera instancia de fs. 281/288 se alza la codemandada Empresa Distribuidora Sur SA -Edesur SA- a tenor del memorial recursivo de fs. 295/303. Asimismo, a fs. 289 la perito contadora recurre sus honorarios por considerarlos reducidos.

II-La Sra. Juez "a-quo" admitió el reclamo inicial porque consideró que con las pruebas aportadas quedó demostrado que las labores que realizaba el actor no encuadraban dentro de las previsiones de la ley 22.250 pues se encontraba dentro de los sujetos excluidos del estatuto de la construcción.

III-La codemandada, en su primer agravio, cuestiona dicha conclusión pues aduce que Leveltec SRL, empresa para la cual prestaba servicios el demandante, tiene como objeto principal realizar trabajos de ingeniería, proyecto, construcción y montaje en obras civiles, mecánicas e instalaciones de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica, por lo cual, aduce el actor no podría haber realizado tareas que excedan dicho objeto. Destaca que la empresa estaba inscripta en el Registro de la Construcción.

Como puede observarse, la queja no constituye una crítica concreta y razonada de la fundada sentencia anterior. Hago esta afirmación porque la Magistrado de grado, para concluir que el trabajador no debió estar incluido en el régimen de la construcción, examinó las declaraciones de autos (Mazza -fs. 175-; Arturo -fs. 176- y García -fs. 178- ), a las que les dio plena eficacia convictiva y probatoria- y sostuvo que de tales testimonios se desprendía que el demandante no estaba afectado a la ejecución de obras de construcción de la demandada o destinado exclusivamente a obras de ingeniería o arquitectura (cfr. Art. 1 inc. a ley 22.250) y que tampoco aparecía demostrado que las tareas integraran o complementaran en forma exclusiva la construcción propiamente dicha ni en instalaciones o dependencia de la empresa que tuvieran carácter transitorio y para ese único fin (art. 1 inc. b ley citada); por todo ello entendió que era aplicable lo dispuesto en el art. 2 de la ley 22.250 que excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores que desarrollan tareas administrativas.

En el recurso en examen, en ningún momento se efectúa un cuestionamiento concreto a la prueba producida en la causa así como tampoco a la valoración dada por la Juez anterior, por lo que cabe considerar que el planteo no es más que un cuestionamiento dogmático que incumple con las directivas del art. 116 LO. Cabe recordar que la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para considerarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada pues no existe cabal expresión de estos (cfr. Falcón, Enrique en Código Procesal T. II pág. 266), lo que acontece en la especie.

IV-En su segundo agravio el apelante cuestiona la procedencia de las diferencias salariales reclamadas en autos; a tal efecto señala que al actor cabe aplicarle la ley 22.250 y que no hay justificación para que se rija por el CCT 151/75. En función de lo expuesto en el anterior considerando, llega firme que el actor está excluido del ámbito de aplicación personal del estatuto de la construcción, lo que torna improcedente este segundo agravio. Máxime teniendo en consideración que, más allá de la pretendida inclusión en la ley 22.250, ninguna otra razón da el recurrente para que no le sea aplicable al trabajador la norma convencional antes mencionada.

V-También recurre Edesur SA la condena con fundamento en el art. 30 LCT. A tal efecto, destaca que es una empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y que su actividad específica consiste en comprar energía eléctrica en bloque a las centrales generadoras, transformarla y distribuirla, tarea que es llevada por su propio personal, sin perjuicio de lo cual contrata a empresas y proveedores para realizar tareas extraordinarias y ajenas a su actividad normal y específica propia, como es el caso de Leveltec SRL. A la que le encargó actividades completamente extrañas a su objeto empresario y actividad. Cita el fallo plenario "Medina" y el art. 32 de la ley 22250 y al fallo "Rodríguez c/ Cía. Embotelladora".

Ante todo cabe señalar que, en atención a que no resulta de aplicación, al caso, la ley 22.250 -pues aunque Leveltec SRL esté inscripta en el Registro de la Construcción, este extremo carece de relevancia en función del régimen aplicable a Bergos-, resulta intrascendente la cita del fallo plenario "Medina" y lo dispuesto por el art. 32 de la ley 22250, más allá de que dicha norma además fue modificada por el art. 30 LCT.

Ahora bien, la codemandada hace hincapié en que las tareas asignadas a la empresa Leveltec y, entre ellas, las realizadas por el actor, no hacen a la actividad normal y específica propia de Edesur.	No está discutido en autos que Leveltec SRL es contratista de Edesur SA adjudicándosele a la primera la realización de distintas obras de zanjeo, reemplazo de tramos de alta tensión, prestación de servicios para el mantenimiento de instalaciones de potencia, auxiliares, de protección y control de subestaciones dentro del área de concesión (ver sentencia de grado, fs. 285 y fs. 45/47). También llega firme a esta etapa que el actor efectuaba tareas administrativas con relación a los trabajos encomendados a Leveltec SRL según refieren los testigos Mazza, Arturo y García.

Así las cosas, comparto la solución anterior en cuanto extiende la responsabilidad solidaria a la contratante. Hago esta afirmación porque, sabido es que, luego de la reforma de la ley 21.297, la responsabilidad del contratista se supedita a los supuestos en que los que produzcan cesiones o contrataciones de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y supone contratos de empresa a empresa. Por ello, la regla de solidaridad pasiva prevista en esta norma no responde a un instrumento antifraude, sino a la consagración de una sanción contra el empresario que omite ejercer el control sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de sus contratistas, subcontratistas o cesionarios (más aún a partir de la ley 25.013).

Si bien el proceso productivo puede segmentarse, esto es transferir la realización de un tramo del ciclo productivo a un tercero, por aplicación del art.30 LCT la empresa que ejerce esta facultad va a tener que responder solidariamente por las obligaciones incumplidas por el contratado o subcontratado respecto de sus trabajadores -se trata de una obligación de resultado-, en caso de que hubiera transferido la realización de tareas que hagan a la actividad normal, específica y propia del establecimiento.

En la especie, las tareas realizadas por el trabajador constituyen una actividad que forma parte de la principal, pues integra el servicio ofrecido o esperado según las expectativas del mercado y es necesaria para el cumplimiento adecuado de la labor de Edesur que consiste en la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Por ello he propiciar que se confirme lo decidido en grado, resultando irrelevante la cita que se efectúa del precedente del Alto Tribunal en autos "Rodríguez c/ Cía. Embotelladora" máxime cuando fue la propia Corte Suprema la que sostuvo en autos "Benitez c/ Plataforma Cero" del 22/12/2009 "la inconveniencia de mantener la ratio decidendi de "Rodríguez.para asentar la exégesis de normas de derecho no federal, en el caso, el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo".

De conformidad con lo expresado, propongo desestimar este aspecto de la queja.

VI- Se agravia el apelante de que se le haya extendido la responsabilidad solidaria respecto de la entrega de los certificados previstos en el art. 80 LCT pues sostiene que resulta una obligación de cumplimiento imposible.

Considero que le asiste razón. En efecto, tal como lo ha señalado esta Sala en anteriores oportunidades, la persona jurídica responsable sobre la base de una vinculación de solidaridad que no ha sido empleadora en sentido estricto, no puede ser condenada a hacer entrega de tales certificados porque carece de los elementos necesarios para confeccionarlos (entre otros en autos "Yacobsen Edgar c/ Julián Alvarez Automotores, expte. 32.770/2008 de marzo de 2011). Por ello cabe dejar sin efecto este aspecto del fallo anterior.

VII- Apela la codemandada Edesur los honorarios regulados a la parte actora y perito contador por considerarlos elevados. Y cuestiona la imposición de las costas. Por su parte, la contadora recurre sus honorarios, por reducidos.

Respecto de la imposición de costas, reiteradamente esta Sala ha dicho que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes de manera que si el actor resultó vencedor sustancialmente en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada aunque el reclamo haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (entre otros, in re "Quiroga Leonardo c/ Befesa Argentina SA" expte. 47.206/2009, marzo de 2011), extremo que se advierte en la especie y me lleva a sugerir la confirmación de la decisión anterior.

En cuanto a los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a la perito contadora, en función de las labores desarrolladas por los profesionales de autos y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, ley 21.839, ley 24.432 y decreto 16.638/57) a mi juicio los porcentajes establecidos en primera instancia resultan equitativos, por lo que propongo que sean confirmados.

VIII-Las costas, en la Alzada, sugiero imponerlas a cargo de la apelante vencida (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su labor en primera instancia.

En síntesis, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia con excepción de la entrega de los certificados art. 80 LCT cuya condena recae en forma exclusiva sobre Levetec SRL. 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando VIII.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia con excepción de la entrega de los certificados art. 80 LCT cuya condena recae en forma exclusiva sobre Levetec SRL. 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando VIII.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria