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Daños y perjuicios, medidas cautelares, prisión preventiva, error judicial, estado de sospecha, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

La responsabilidad estatal por error judicial cometido en ocasión del dictado de un auto de prisión preventiva, solamente queda abierta cuando, en el procedimiento apropiado, se demuestra la ilegitimidad de dicha medida cautelar, lo que se dará únicamente cuando se revele como incuestionablemente infundada o arbitraria, pues es claro que ninguna responsabilidad estatal puede existir cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, dada la etapa del proceso en que se dicta- de que medió un delito y de que existía probabilidad cierta de que el imputado fuera su autor (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Demanda, desistimiento de la acción, desistimiento del derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROJAS IGNACIO c/ D.I.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-20

No merece recibo el agravio que se refiere a incluir en la condena a la Municipalidad de Termas de Río Hondo, puesto que al desistir de la demanda el accionante la desvinculó del proceso. El no desistimiento del derecho, que se invoca, no alcanza para responsabilizar a quien no fue parte en un proceso.
Bancos, crédito público, títulos públicos, deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASONE, CLAUDIO c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

El decreto 1387/01 dictado en el contexto de la crisis económica, financiera, bancaria, política y social, no resulta pasible de tacha de inconstitucionalidad, pues, resultan razonables las medidas tendientes tanto al auxilio de deudores en posición muy comprometida, cuanto a mejorar la posición de los bancos, mediante las cuales se posibilitó la transformación de un activo ilíquido (un crédito de difícil o imposible recuperación) en un activo liquido (el título público negociable) con la clara ventaja de mejorar contable y realmente la posición del banco acreedor, a la vez que la del deudor, quien se libera de su deuda con el efecto de poder reingresar al sistema bancario.
Modificación de la tasa de interés, incumplimiento del contrato, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Conforme las circunstancias de la causa, en que las partes son contestes en mantener la deuda en dólares estadounidenses y el contexto económico en que ha cesado la paridad cambiaria, y lo preceptuado por el artículo 794 del nuevo Código Civil y Comercial en el segundo párrafo, la tasa de interés que pactaran las partes en el contrato de dos por ciento (2%) mensual resulta exorbitante, puesto que equivale al veinticuatro por ciento (24%) anual. Resulta procedente su morigeración, aplicando una taza de interés punitorio del dos y medio por ciento (2,5 %) anual (arts. 622, 656, 953, 1167 y 1168, Cód. Civ.).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Contratos, interpretación de la ley, pacta sunt servanda, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Restaurantes.Com SRL y otro c/ Clarin Global SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Cabe recordar que la voluntad común expresada en un contrato tiene eficacia para generar normas particulares que crean derechos y obligaciones entre los contratantes, lo que sucede porque la ley otorga garantía de cumplimiento a los derechos así nacidos; garantía sin la cual perdería todo sentido el principio de autonomía de la voluntad como fuente de esas obligaciones. En ese contexto, la regla pacta sunt servanda se levanta como el pilar sobre el que reposa la materia, y, entonces, el contrato es ley para las partes. Así lo decía Vélez en el CCIV 1197 y lo sigue diciendo el código actual, que, al ocuparse de su "efecto vinculante" establece en el art. 959 que "...todo contrato válidamente celebrado es obligatorio...". Es verdad que esa necesidad de someterse al contrato como a la ley misma, presupone la subsistencia del equilibrio que los contratantes han tenido a la vista al momento de celebrarlo, de modo que, si ese equilibrio desaparece, también desaparece la eficacia del contrato, al menos en su versión original.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, ejecución de multas, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina SA c/ Agencia de Acceso a la Información Publica-resol 201/19 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Se confirma el pronunciamiento de primera instancia que rechazó la medida cautelar dirigida a que se ordene a la AAIP que se abstenga de iniciar la ejecución de las multas impuestas. Inexistencia de verosimilitud en el derecho.
Interpretación de sentencias, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., L. y Otra c/ C., A.N. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-15

No hay duda de que las sentencias deben ser ponderadas en su contenido integral, o sea, no sólo tomando su parte dispositiva, sino computando también en su unidad, lo dedicado a explayar las motivaciones que son la síntesis de las cuestiones litigiosas materia de examen y resolución, y los considerandos, que constituyen formal y sustancialmente, la parte esencial de todo decisorio, puesto que en ellos se exteriorizan sus fundamentos. Es verdad de Perogrullo que las sentencias han de ser interpretadas de modo que no aparezcan en contradicción con los fundamentos en que se apoyan. Mas también es criterio dominante y generalizado que sólo lo dispositivo del fallo constituye el objeto de la decisión y pasa en autoridad de cosa juzgada.
Personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JOSE SANTOS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17

Entre las causas de egreso de la función pública, se encuentran la jubilación ordinaria y la supresión de cargo o reestructuración, no pudiendo ambos ceses superponerse, por lo que debe considerarse que habiéndose acreditado que, en realidad, el actor accedió a la jubilación ordinaria, ésta es la real causa de la extinción del contrato de empleo público, sin que corresponda el pago de indemnización.

A mayor abundamiento, cabe destacar que la condición ineludible para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, es justamente que se haya producido el cese del agente público. En el caso, al momento del cese el actor se encontraba en condiciones de obtener la jubilación ordinaria. Ergo su carrera administrativa se encontraba finalizada al igual que el amparo de la estabilidad previsto constitucionalmente como garantía de aquélla.

Adviértase que el artículo 63 de la Ordenanza Nro. 224/84, estipula entre las exigencias para acceder a la jubilación por cesantía, que el agente público afectado tenga derecho a la estabilidad.

No existiendo carrera administrativa que preservar ni estabilidad que respetar, y habiéndose configurado uno de los supuestos legítimos de extinción del contrato de empleo público, no existe razón jurídica que abone la procedencia de los reclamos indemnizatorios, cuando éstos hubieran comenzado a ejecutarse antes de verificar el cumplimiento de la condición relativa a la situación prevista por el artículo 63 de la Ordenanza Nro. 224/84.

Desde esta perspectiva, la denegatoria a la pretensión indemnizatoria contenida en el Decreto Nro. 2369 con fundamento en que el actor accedió al beneficio de la jubilación ordinaria común, resulta ajustado al ordenamiento jurídico.

Dicho de otro modo, no obstante la inclusión del actor en el Decreto 0756, la indemnización que el mismo establece no puede ser reclamada, atento a que éste no acreditó haber obtenido la jubilación ordinaria reducida, sino la jubilación ordinaria como lo expresa el Decreto Nro. 2639, que denegó su reclamo indemnizatorio.
Acto administrativo, recusación y excusación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAHORA DE HANNE ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

La conformación de un Tribunal con personas distintas a las que lo conformaron para dictar el acto administrativo impugnado no se justifica en la existencia de juzgamiento o adelanto de opinión por parte de miembros de una Sala de Superintendencia, sino que la actuación de aquellos se desarrolló como integrantes del máximo órgano administrativo de la provincia, lo que impide, por lo tanto, que integren el órgano llamado a conocer en sede jurisdiccional, por motivos graves de decoro y delicadez y/o violencia moral; de lo contrario se vería vulnerada la garantía de tutela judicial efectiva que le asiste al ocurrente.
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Canello, Carlos Hugo c/ Romero Julián y Empresa Martín Güemes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

Cuando no sobreviene incapacidad -conforme un dictamen pericial-, tanto el daño inferido a la integridad física como a la vida de relación, carecen de contenido económico y deben ser ponderados como consecuencias extrapatrimoniales del hecho dañoso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Novales, Miguel Ángel c/ Espósito, Fabio Alejandro y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

La doctrina que permite franquear el acceso al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la producida por esta Suprema Corte mediante la interpretación de las normas jurídicas que han regido la relación sustancial debatida en una determinada controversia, y no la que deriva de otros tribunales.(doctor Soria, mayoría)
Caducidad de instancia, fideicomiso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: DRAZEN JURAGA S.R.L. c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-29

Los recurrentes no logran convencer que los Sentenciantes hubiesen vuelto sobre lo decidido por el mismo Tribunal de Alzada -al confirmar el interlocutorio de baja instancia que, a su turno, había declarado la caducidad de los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por Banco Hipotecario S.A. contra la sentencia que resolviera sobre la impugnación de las cuentas presentadas por la entidad bancaria-, desde que en aquella oportunidad, al tratar el planteo del impugnante relativo a la determinación de los bienes con que debía responder, en su carácter de fiduciario, por la condena en costas del aludido incidente de caducidad (es decir, si debía hacerlo con su patrimonio personal o con los bienes fideicomitidos)-, la Sala había señalado que no resultaba de aplicación el artículo 16 de la ley 24441, en el entendimiento de que la actividad procesal desplegada en la instancia perimida no hacía propiamente a la ejecución del fideicomiso; y no surge que lo decidido en aquel entonces hubiese significado negar la existencia de actividad procesal desarrollada en el trámite del proceso concursal orientada a la concreción del objeto del contrato fideicomiso ni, con ello, su carácter de litis principal; por el contrario, la Sala sólo había descartado que lo actuado específicamente en el juicio de impugnación de cuentas pudiera enmarcarse como una obligación contraída para la ejecución del fideicomiso, extremo que no luce incompatible con la calificación de dichas actuaciones como una cuestión incidental dentro del trámite principal. (De la disidencia del Dr. Netri).
Recurso de apelación (procesal), eximición de prisión, improcedencia del recurso, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: PELUDERO, JOSE DAVID s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-06

" Toda persona que se considere imputada de un delito en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá solicitar al Juez de Instrucción que entiende en la misma su exención de detención. ...el juez calificará él o los hechos de que se trate y si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, podrá eximir de detención al imputado...".

De acuerdo al contenido de la norma, resolver un pedido de exención de detención supone la realización de dos operaciones: La primera consiste en la determinación del núcleo fáctico o de los hechos que se le imputan al encausado.

En este extremo se debe de distinguir si el pedido de exención de detención es peticionado en los primeros momentos del estadio instructorio, en cuyo caso la calificación jurídica provisoria debe ser realizada conforme aparecen los hechos cometidos o atribuidos, para lo cual el Juez Instructor debe de tener en cuenta como se presentan los hechos según el contenido mismo de la denuncia, del requerimiento de promoción instructoria, del preventivo policial o en los datos recogidos como noticia criminis en el sumario de prevención policial.

En el supuesto que la exención de detención sea peticionada en instancias en que la actividad investigativa ha avanzado, habiéndose producido medidas probatorias, la calificación jurídica provisoria que debe de realizar el A-quo para determinar la procedencia o no del instituto previsto en el Art. 305 del CPP tiene que efectuarse según aparecen cometidos los hechos, esto es conforme al estado actualizado de la causa.

La segunda operación que conlleva el resolver sobre la exención de detención, consiste en determinar si la calificación jurídica provisoria asignada por el Juez Instructor torna posible o no la ejecución condicional de la futura condena.

Es decir que el Art. 305 del CPP, manda al juez que parta de una base hipotética consistente en que haga de cuenta que el imputado es condenado, a los fines de establecer luego si podría dejarse en suspenso la ejecución de la pena, de allí que se sostenga que " el magistrado no deberá opinar anticipadamente acerca de la culpabilidad del encartado, pues la ley manda que se coloque en tal supuesto. Su apreciación recaerá sobre la posible condicionalidad de la condena y se traducirá en un juicio de probabilidad acerca de su procedencia" ( La excarcelación- Tomo I, pág. 52 de José Cafferata Nores- Ed. Depalma).
Aplicación de la ley previsional, facultades del juez, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PURNICK, Carlos c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

Cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley en que se encuentra inserto de modo tal que llega a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional, o que su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, puede el juzgador apartarse de él y omitir su aplicación a efectos de asegurar la primacía de la ley fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar (cfr. C.S.J.N., Fallos 292:363; 307:224).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, acción penal, prescripción, auto de procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CATTANEO, RAMIRO c/  s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

La Fiscalía recurrente alega que debió tomarse para el cómputo de la prescripción la figura y participación acusada (administración fraudulenta en carácter de coautor), mas sin haber cuestionado a su hora la participación secundaria dispuesta en el procesamiento firme; quedando de tal modo incólumes los fundamentos del A quo al considerar extinguida la acción penal por prescripción para el caso concreto en el plazo que transcurre desde la fecha del hecho al llamado a indagatoria, cesando desde ese momento el poder punitivo como contenido del proceso. - Jurisprudencia concordante con Fenouil, AyS T 283, p 87/89.
Facultades administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAÑILEO, A. - ALVEAR, N. - LLANCAQU s/ HOMICIDIO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-07-12

EL PODER JUDICIAL NO PUEDE REVISAR LA FORMA EN QUE LOS OTROS PODERES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD, SALVO EN CASO DE EJERCICIO ARBITRARIO.
Contrato de trabajo, excepción de incumplimiento contractual, remuneración, pago, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RUEDA, Fermín y otros c/ EDNA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-11-18

El artículo 1201 del Código Civil es aplicable en materia laboral.

Si los trabajadores se abstuvieron de trabajar ante el incumplimiento de la obligación por parte de la empleadora de pagar sus remuneraciones, ejercieron la autotutela de sus derechos y su conducta no puede ser considerada abandono de trabajo.
Robo, abandono de la cosa, falta de dolo
Materia: PENAL
Carátula: RICARDO VICTOR SANCHEZ s/ ROBO  REITERAGO (DOS HECHOS) EN CONCURSO REAL CON HURTO SIMPLE  EXPTE   N. 744-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-07

Ante la probabilidad que el imputado creyera en la calidad de abandono que tenian los objetos, en el caso de las chapas, de los que se hiciera dueño, se elimina el dolo que en su accionar reclama la figura que le enrostra la sentencia en grado, ya que esta exige el propósito arbitrario de someter una cosa ajena al propio poder, cualquiera sea su finalidad de uso, goce, afectación o destino.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, plazo, notificación, proceso penal, defensor
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez Gualco, Alejandro Carlos y otro s/ causa N° 4794.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

No corresponde establecer diferencias en el cómputo de los plazos tomando como parámetro la situación de libertad personal del encausado, ya que la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento judicial a través de los recursos procesales constituye una facultad que le es propia y no una potestad del defensor, por lo que debe darse cumplimiento a todo recaudo que garantice plenamente el derecho de defensa.
Expropiación, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castillo, Angel A. c/ Provincia de Buenos Aires(Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

No es de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte el conocimiento y decisión de la pretensión actora referida a la materia expropiatoria (ley 5708), sin que obste al respecto la circunstancia de que el debate pueda originarse en el marco de un contrato de avenimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, indemnización, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

Procede otorgar resarcimiento en concepto de gastos y viáticos, aún cuando la victima no anejo a la causa pruebas sobre las erogaciones realizadas si, -como en el caso-, se verifica que de la índole de las lesiones sufridas se infiere con toda claridad que verosímil y razonablemente debió utilizar vehículos apropiados para su traslado por la dificultad que implicaba su desplazamiento. No empece lo expuesto, que la pretensora fue internada en un hospital publico en forma gratuita, pues ello no impide reconocer gastos de medicamentos y traslado, toda vez que existe alta probabilidad de que se hayan efectuado aunque no se hubieren acreditado. Es público y notorio en esos nosocomios la carencia de medicamentos y de material necesario para efectuar curaciones, a las que debió en numerosas oportunidades ser sometida la accionante.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, derecho de peticionar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Valero, Víctor c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. B-95.764/02 Amparo. L.A. N 47 F 1572/1576 N 681 Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. B-95.764/02 Amparo. L.A. N 47 F 1572/1576 N 681
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-29

Es sabido que como correlato del derecho de cualquier ciudadano a peticionar está el deber de todo funcionario requerido a expedirse, admitiendo, desestimando o dando el trámite necesario a la cuestión planteada. Nada excusa de ese deber, porque, en gran medida, de ello depende no sólo la buena administración, sino el respeto de los derechos ciudadanos más elementales, como -entre otros- el de peticionar, a obtener una decisión fundada en tiempo oportuno y a recibir trato diligente y respetuoso de los funcionarios públicos (art. 63, inc. 3 de la Constitución Provincial). En caso de cercenamiento de tales garantías, tanto la Constitución Nacional como la Provincial acuerdan la vía de amparo para remover el agravio y poner las cosas en su quicio (artículo 43 y 41, respectivamente).
Objeto del contrato de trabajo, trabajo artístico, relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MONTERO, CARLOS c/ C.A.S.F.E.C
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-29

La jurisprudencia ha sostenido, reiteradamente, que el hecho de que la convenida sea una prestación artística no excluye la posibilidad de la existencia de un vínculo laboral, y debe analizarse en cada caso concreto si los actos, obras o servicios cumplidos son o no en relación de dependencia. Cuando tales obras, actos o servicios, se prestan a una empresa que para realizar sus fines necesita normalmente la prestación de artistas profesionales, resulta claro que juega la presunción del art. 23 del R.C.T., agregando que no debe olvidarse que la presunción operará igualmente, aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.
Requerimiento de instrucción, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Esteban. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

"Si la causa tuvo su radicación en la fiscalía por aplicación de lo dispuesto por el art. 196 bis del código adjetivo, y luego fue remitida al juzgado para que continúe la instrucción no acarrea la nulidad de lo actuado por violación del principio 'ne procedat iudex ex officio' dado que el Ministerio Público tuvo noticias de lo actuado desde la iniciación del proceso. La remisión al juzgado trasluce un impulso de la acción que torna innecesario el formal requerimiento que prevé el art. 180 del C.P.P.N." .

De este modo, al no verse vulneradas las garantías, derechos e intereses del imputado consagrados por la C.N., máxime teniendo en cuenta que, la agente fiscal ha tenido debido conocimiento de los hechos pesquisados, al notificarse del llamado a prestar declaración indagatoria, consintiendo de éste modo tácitamente la prosecución de la instrucción, corresponde rechazar el planteo de nulidad.

Por ello, corresponde homologar el auto que no hace lugar al planteo de nulidad interpuesto por la defensa contra el llamado a prestar declaración indagatoria.