Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-11


Dictamen de la Procuradora Fiscal de la Nación:

Suprema Corte:

I. A fs. 65/66, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) revocó la resolución 739/06 del Interventor de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, por la que se sancionó a la empresa Tiempo Nuevo SRL, con fundamento en los arts. 2º y 6º del Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En consecuencia, ordenó la devolución del importe depositado en concepto de multa.

Para así decidir, consideró que el Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones, suscripto como anexo IV al Acuerdo de Alcance Parcial, en el marco de la ALADI, que sirvió como sustento a la sanción recurrida, no estaba publicado en debida forma al tiempo que sucedieron los hechos sancionados (26 de julio de 2001) y que aquella publicación era un requisito ineludible para su vigencia.

En consecuencia, estimó que el acto era nulo y que tampoco podía aplicarse el Segundo Protocolo Adicional, que reemplazó al Protocolo Adicional, que la Administración había aplicado en función del principio de la ley mas benigna.

II. Contra esa decisión, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 74/100, que fue concedido a fs. 114 por cuestión federal.

Sostiene, en esencia, que la sentencia desconoce el régimen normativo aplicable en el cumplimiento de facultades de fiscalización y control del servicio de transporte de cargas impuestas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, omite considerar la existencia de un régimen específico, por lo que resulta arbitraria, adolece de falta de fundamentación y viola derechos constitucionales.

Asimismo, indica que el accionante no formuló objeción alguna sobre la vigencia del Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones.

III. Considero que corresponde habilitar la instancia del art. 14 de la ley 48, toda vez que en autos se discute la validez de actos emanados de una autoridad nacional (resolución del interventor de la CNRT 739/2006) y la decisión de los jueces de la causa ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente funda en ellas (Fallos: 323:620; 329:5368).

IV. El thema decidendi consiste, pues, en determinar si al momento en que se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción administrativa estaba vigente el Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones, suscripto como anexo IV al Acuerdo de Alcance Parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Solo luego de determinar esta circunstancia se podrá considerar la aplicación del Segundo Protocolo Adicional, por el principio de la ley más benigna.

Para ello, debe tenerse presente que el art. 11 del decreto-ley 19.549 exige que para que los actos administrativos de alcance general adquieran eficacia deban ser publicados, mientras que, por su parte, el art. 103 de su reglamentación aprobada por el decreto 1579/72 (t.o. 1991) dispone que aquéllos producirán sus efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine, y si no designan tiempo, producirán efectos después de ocho días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.

El cumplimiento de tal requisito, que condiciona la validez del acto de contenido normativo general, también ha sido exigido por la Corte, tal como lo demuestran los precedentes de Fallos: 251:404 -con las citas del considerando 2º-; 252:19 y 293:157 (los dos primeros, anteriores a la vigencia del decreto-ley 19.549). Precisamente, en el último de los casos mencionados, el Tribunal descalificó la sentencia que había considerado suficiente la publicidad dada a la resolución mediante su difusión en órganos periodísticos privados, por entender que ello no brindaba certeza sobre la autenticidad del texto legal ni indicaba la fecha en que entraría en vigencia, consecuencias que estimó graves, máxime cuando eran fuente de penas (ver dictamen del Ministerio Público Fiscal en la causa de Fallos: 325:1808, en especial pág. 1814).

En el mismo sentido, la Corte ha dicho que, ausente la publicidad, cualquiera sea la bondad de la nueva disposición con relación a la anterior, tratándose de un requisito que hace a la obligatoriedad de la ley, la sanción que contempla la norma, causa lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio, en cuanto exige que aquélla se encuentre prevista por la ley con anterioridad al hecho del proceso (Fallos: 325:1808 citado).

A mi modo de ver, por aplicación de tales directivas, la sentencia apelada se ajusta a derecho y debe ser confirmada.

En efecto, surge de las constancias de autos y de la propia conducta de la autoridad administrativa, que el régimen normativo aprobado por el Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones, suscripto como anexo IV al Acuerdo de Alcance Parcial, en el marco de la ALADI, no se encontraba debidamente publicado cuando sucedieron los hechos que se intentan sancionar con esas normas.

Ello es así, porque la disposición 242/97 dictada para hacer efectivo dicho protocolo ordenaba su publicación íntegra en el Boletín Oficial, extremo que no sucedió y obligó a que la disposición 6/02 -acto en el que se reconoció esta situación- ordenara nuevamente esa publicación completa.

En tales condiciones, considero que al momento de producirse los hechos aquel Protocolo no se encontraba vigente, circunstancia que determina, también, que no corresponda aplicar el Segundo Protocolo, que lo sustituyó, ni el principio de la ley más benigna.

V. Opino, entonces, que corresponde confirmar la sentencia de fs. 65/66, en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Marzo 25 de 2009. -Laura M. Monti.

Buenos Aires, mayo 11 de 2010 Considerando:

Que los agravios de la recurrente han sido objeto de adecuado tratamiento por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen de fs. 120/121 (acápites I, II y IV), a cuyos fundamentos y conclusiones esta Corte se remite en razón de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario (art. 14, inc. 32, de la ley 48) y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. -Carlos S. Fayt. -Enrique Santiago Petracchi. -Juan Carlos Maqueda. -E. Raúl Zaffaroni. -Carmen M. Argibay.