Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2007.

¿Es justa la sentencia apelada? La doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 431/440 condenó a Tía S.A. y a Reliance Nacional Compañía Argentina de Seguros SA, esta última en los términos del art. 118 de la ley 17.418, a pagar a Liria Langer la suma $ 85.500, con más sus intereses y las costas del juicio. Asimismo, difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron la demandada a fs. 442 y la actora a fs. 450, siendo concedidos los respectivos recursos a fs. 451.

La primera expresó agravios a fs. 486/487, criticando la sentencia por haber tenido por probado que el hecho se produjo con motivo de la presencia de una mancha de aceite existente en un pasillo del local. Además, cuestiona los montos reconocidos para responder a gastos médicos, incapacidad física y daño psíquico y por haber violado el principio de congruencia.

A fs. 491/495 obran los agravios del heredero de quien fuera la actora, cuestionando la sentencia por no haber encuadrado la condena como deuda de valor, fijando los montos actualizados a la fecha de su dictado, por considerar exiguas las sumas admitidas para atender a gastos médicos y de traslados, incapacidad sobreviniente, daño psíquico y daño moral, y por haber denegado una partida para responder a daño estético.

Sólo la actora contestó los agravios a fs. 498/511.

II. Se originan estas actuaciones en la caída que afirmó haber sufrido quien fuera en vida Liria Langer, el 20 de enero de 1999, en el local de la demandada sito en Vicente López 1676 de esta Ciudad, con motivo de haber pisado aceite derramado en el piso.La demandada no negó la caída, pero sí lo hizo con respecto a la presencia del aceite.

A fs. 254 declaró la testigo Dujovny, quien admite conocer a la actora por ser vecinas y por verla en el supermercado. Recuerda que entre el 20 y 30 de enero de 1999 se encontraron en el local, conversaron un minuto, luego se separaron. Escuchó que alguien se quejaba y al acercarse vio que la accionante se estaba cayendo. Había manchas de aceite en el piso, toda la vestimenta estaba manchada de aceite. Había gente alrededor de ella, se había caído sobre el lado derecho, no recuerda si estaba presente personal del supermercado. Aclara que se cayó cerca de los anaqueles de frutas, dulces, los aceites siempre están atrás. Recuerda que la actora estaba vestida con un pantalón color café con leche y una camisa verde claro. Le fue a avisar a la mucama sobre lo sucedido.

A fs. 256 declara Graciela del Valle, quien era jefa de ventas del negocio. Cuando se produce algún derrame de líquidos en las góndolas, de inmediato se presenta el personal de limpieza, había cuatro empleados por cada turno y ese día todos estaban presentes. El local contaba con equipo de aire acondicionado.

A fs. 305 declara la testigo Casastelli, quien se desempeñaba como auxiliar de supervisora. Recuerda haber visto a la señora caída en la zona de librería, le comentaron que la caída se había debido a una mancha que había en el piso, pero cuando se acercó no vio nada. El personal de limpieza recorre permanentemente las góndolas, controlando que esté todo limpio. Siempre que hacía mucho calor se prendía el aire acondicionado. Ese día la temperatura era normal.

Va de suyo que ambas testigos se encuentran alcanzadas por las generales de la ley, por ser dependientes de la demandada.

A fs. 299 vta. la perito química sostiene que las prendas peritadas presentan una zona muy ligeramente manchada en la que hay mayor cantidad de grasa que en el resto de las prendas.

En ambos casos no hay diferencias significativas en la composición del extracto aceitoso hallado ni en la de los ácidos grasos de esos extractos.

La mayor cantidad de compuestos grasos hallada en las zonas manchadas sugieren contacto de las mismas con una fuente externa, pero la masa total no permite abrir juicio sobre el origen de ese contacto externo.

No se han encontrado alteraciones que permitan elucidar la antigüedad de las manchas.

El sentenciante ha tenido por confeso al representante legal de la demandada, lo que no ha sido motivo de agravio.

Consecuentemente, corresponde tener por reconocido que tenía conocimiento acerca que la caída se produjo a consecuencia de la existencia de aceite derramado en el piso (art. 417 del Cód. Procesal).

El resto de las pruebas producidas han sido certeramente evaluadas por el juez de grado, surgiendo de las mismas que el hecho ocurrió y que lo fue en el modo relatado en la demanda, por lo que la sentencia debe ser confirmada.

III. Se quejan ambas partes respecto de la suma admitida para responder a gastos médico-farmacéuticos.

Sabido es que esos gastos deben ser admitidos, ya que si bien no están acreditadas las erogaciones que se afirman haber realizado, las lesiones sufridas presuponen necesariamente la existencia de tales gastos, pues aunque la víctima haya sido tratada en un establecimiento gratuito o dependiente de una obra social, los gastos en medicamentos corren por cuenta del afiliado o concurrente, puesto que aquéllos no los cubren (Conf. CNCivil, sala A, 2-7-90, LA LEY, 1990-E, 297; id. id. 20-6-89, LA LEY, 1991-C, 65; id. id. 15/04/2005, DJ, 2005-3-1211, id. sala C, 21-9-89, LA LEY, 1990-A, 677, 38.125-S; id. id. 10-10-89, LA LEY, 1990-B, 191; id. sala D, 28/10/2004, RCyS 2005-II, 80; id. sala F, 23/05/2005, ED, 215-533; id. sala K, 21-12-89, LA LEY, 1991-E, 617). Sólo se requiere que las erogaciones invocadas guarden relación con las lesiones sufridas por la víctima y encuentren apoyatura en informes médicos (Conf. CNCivil, sala E, 26/08/2005, RCyS 2006-II, 51). La sola circunstancia de haber sido atendido en hospital público en forma gratuita, no impide reconocer gastos de medicamentos y traslado, si existe alta probabilidad de que hayan sido efectuados, aunque las erogaciones no se hayan acreditado. Bien entendido que el resarcimiento sólo deberá cubrir la parte no cubierta por la gratuidad (Conf. CNCivil, sala G, 28/05/1992, LA LEY, 1993-A, 32).

En el caso, la actora fue asistida a través de un sistema de medicina prepaga y aunque fuera cierto que debió someterse a un tratamiento kinésico, nada me hace suponer que no haya sido cubierto por la misma entidad.

Por todo ello, considerando que la suma concedida por la a-quo se ajusta a las circunstancias del caso, propongo su confirmación.

IV. En cuanto a los gastos de traslados, cuyo monto sólo ha merecido agravio de la parte actora, es razonable pensar que por las lesiones sufridas y por las secuelas resultantes de las mismas y la edad de la actora, debió movilizarse en vehículos apropiados para ello.

Estos gastos pueden presumirse cuando, de acuerdo a la índole de las lesiones, se infiere que la víctima se ha visto necesitada de recurrir a desembolsos extraordinarios de movilidad, como puede ser la utilización de vehículos de alquiler, por lo que no se requiere prueba de esas erogaciones (Conf. CNCivil, sala E, 06/11/2000, LA LEY, 2001-E, 853, 854, 855, J. Agrup., caso 16.067). No puede discutirse su procedencia si se ha patentizado el accidente y su entidad, no siendo óbice la ausencia de comprobantes que los justifiquen de modo fehaciente (Conf. CNCivil, sala D, 10/08/2005, DJ, 01/03/2006, 565).

Si bien no se pueden medir con exactitud matemática, basta que ofrezcan una correlación económica razonable con la acreditación de las dolencias padecidas (Conf. CNCivil, sala H, 02/07/1997, La Ley Online). Lo cierto es que su monto debe fijarse en forma prudencial y de acuerdo a las constancias de la causa.

Por ello, entendiendo acertada la suma reconocida por el sentenciante, la misma deberá ser confirmada.

V. Se quejan ambas de la cantidad por la que prospera la indemnización para responder a incapacidad física, la actora por su exigüidad, la demandada por su carácter elevado.

El juez de grado ha hecho una correcta evaluación de las conclusiones periciales, en lo atinente a las secuelas que le quedaran a Langer en el plano físico.

Esta sala tiene resuelto que la indemnización por "incapacidad sobreviniente", comprende la incidencia del hecho dañoso, cualquiera sea su naturaleza, en todos los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo laboral como en lo social, en lo psíquico como en lo físico. Es decir que, a los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por el perito médico, traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria (conf. esta sala 10/12/2001, "Morinigo, Ramón E. y otro c. Giro, Dolores", LA LEY, 2002-D, 962).

"El grado de incapacidad mencionado en el dictamen pericial médico no traduce matemáticamente una cierta cuantía indemnizatoria, sino que constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que, comprobadas en el proceso, contribuyen a establecer adecuadamente el monto de la reparación pretendida" (conf. esta sala, 8/4/98, elDial - AA41).

No debe perderse de vista que la actora era una anciana que a la fecha del accidente tenía 78 años de edad, era jubilada, percibía también una pensión mínima por el fallecimiento del esposo y no cumplía ninguna actividad laboral remunerada.

De todos modos, cabe interpretar que, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de su actividad productiva, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable (Conf. CNCivil, sala I, 6-8-1996, elDial - AEC3C).

"Entre los elementos a valorar en los supuestos de daños a las personas, aparte del porcentual de la disminución de aptitudes laborales, también y principalmente la indemnidad perdida, o lo que es equivalente, el derecho de conservar ileso e intacto el cuerpo de cada uno. La alteración del organismo hasta entonces pleno y sano, que nunca podrá ser restituido a su estado original, es precisamente la razón de ser de la composición dineraria ("se trata de compensar el daño en sentido jurídico, excedente en casos de la "proyección que se le asigne a la lesión en el plano laboral, productivo, o en alguna de "las otras manifestaciones vitales). Y es daño, lo que altera la integridad física, por más "que la curación y readaptación en función de aquellos supuestos, sea mas o menos plena, "porque aun siendo así, no podrá devolverse al organismo alterado, la situación de "incolumidad anterior al accidente, lo que constituye perjuicio reparable" (Conf. CNCivil, sala B, 08/02/2002, elDial - AADE1).

Por ello, teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, corresponde confirmar este rubro.

VI. Ataca la actora el monto reconocido para responder a daño moral.

Corresponde aplicar la doctrina que emerge del fallo plenario de marzo 7-1977, in re "Lanzillo, José A. c. Fernández Narvaja, Claudio A.", por el que: "La acción en curso por reparación del daño moral puede ser continuada por los herederos".

La reparación de este daño está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. esta sala, 22/06/1992, "Chanquia, Ramona B. c. Pérez, Mario H.").

Cabe recordar que, si bien no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", p. 187).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., "Los daños civiles y su reparación", p. 228).

Ante todo, mal puede quejarse del monto admitido en la sentencia, apenas se advierta que el juez, dejando de lado el principio de congruencia, ha reconocido el rubro por el doble de lo que solicitara en la demanda, pero como la demandada no ha hecho cuestionamiento alguno al respecto, más allá de la mención en el título de fs. 487, en virtud del principio de la "refomatio in peius", sólo cabe confirmar la partida.

VII. Ambas partes atacan la suma admitida en concepto de daño psicológico.

En el actor se reitera la misma situación que la dada con respecto al daño moral, dado que el sentenciante le acordó el doble de la suma reclamada en la demanda.

Sin perjuicio de destacar que la Sala no comparte el criterio del juez a quo, en cuanto a acordar autonomía a este rubro, lo cierto es que ello no ha sido motivo de agravio.

Considero que asiste razón a la demandada, no sólo porque se ha violado el principio de congruencia, sino porque además al indemnizar el daño psíquico en forma independiente, se arriba a una suma que no tiene apoyo en las circunstancias del caso y se funda en conclusiones de la perito psicóloga, fruto de haber aceptado las manifestaciones de la peritada, que intentaban colocarla en una situación de vigor físico y de desarrollo intenso de actividades sociales, comerciales y laborales, con anterioridad al accidente poco acordes con su edad y que en ningún momento fueron esgrimidas en la demanda.

Adviértase que no obstante la gravedad del cuadro que relata la perito, no establece siquiera la necesidad de realización de una terapia especializada.

Por todo ello, propongo reducir el monto de este rubro a $ 2000.

VIII. Se agravia la actora por el rechazo de una indemnización en concepto de daño estético.

Sostiene la sala que el llamado daño estético no es un concepto autónomo que deba establecerse por separado. Cuando las cicatrices provocan merma de posibilidades de ingresos (supuesto de artistas, modelos publicitarios, deportistas profesionales, etc., que no es del caso), comportan un daño patrimonial indirecto; de lo contrario, son ponderables dentro del daño moral. Esa imposibilidad de clasificación independiente en nuestro derecho, no significa que queden sin reparar los distintos aspectos lesionados de la personalidad o la relevancia que tuvieron las afecciones en los diferentes planos del sujeto, a los que se refiere en abstracto la memoria de la demandante. En la medida en que comporten un daño resarcible cada una de esas repercusiones, con incidencia en lo patrimonial o bien en lo extrapatrimonial, tendrán cabida en una u otra de estas categorías (Conf. esta sala, 04/12/2002, elDial - AA14BF).

"El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral" (conf. "F., C. A. c. Philippeaux, Alicia M. y otros", 03/03/2006, LA LEY, 2006-D, 65). En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (conf. "Mann, Dora c/ Nuevos Rumbos S.A.", 12/5/97, elDial - AE3CC).

Por lo tanto, más allá que asiste razón al sentenciante cuando sustenta el rechazo del rubro en la falta de acreditación de las circunstancias invocadas en apoyo de su procedencia y, asimismo, teniendo en cuenta la elevada suma concedida para reparar el daño moral, es obvio que en ella, en todo caso, debe considerarse incluido también este concepto en ese rubro.

IX. Finalmente, en lo atinente al agravio referente a que no ha sido proyectada como deuda de valor, sólo cabe recordar al apelante que la ley 23.928 prohíbe el reajuste aun en casos de mora (art. 7º), al disponer que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto (texto conforme al art. 4º de la ley 25.561).

Además, el art. 10 mantiene derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, "todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".

Es criterio de la sala que tanto las obligaciones de dinero como las llamadas de valor, diferencia no ontológica sino de técnica jurídica, se encuentran comprendidas en la cristalización nominal de esta ley (Conf. "Rizzo c. Línea 84" del 24 de agosto de 1993, LA LEY, 1994-A, 95/96; íd. L. Nº 157.306 del 5 de diciembre de 1994, autos "La Patagonia Cía. Arg. de Seguros S.A. c. Ferrocarriles" y sus respectivas citas, "Rochwarger, Nechemja c. Neumatex S.C.A." del 06/12/1996, LA LEY, 1997-F, 781, entre muchos pronunciamientos concordantes).

Este es el criterio propiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dicho que: "No es admisible distinguir entre deudas de valor y deudas de dinero para exceptuar a las primeras de la prohibición legal prevista en la ley 23.928. Resulta indiferente a los fines de la ley, que el objeto inmediato de la obligación sea el dinero o un valor abstracto que permita al acreedor adquirir ciertos bienes. Lo decisivo es el momento en que la obligación se determina en una concreta suma de dinero, pues a partir de allí rige, sin excepciones, la prohibición de estipular mecanismos de ajuste automático por depreciación monetaria o de actualizar la deuda más allá del 1º de abril de 1991" (Conf. CSJN, 30/11/1993, LA LEY, 1995-A, 494).

Concretamente, el daño debe establecerse a la fecha de causación: si es anterior al 1º de abril de 1991, ha de actualizarse hasta esa fecha, pero de haberse causado con posterioridad, no habrá diferencia entre el importe del tiempo de causación y el que aparezca establecido en ulterior condena (voto del doctor Greco en el citado precedente "La Patagonia Cía. Arg. de Seguros S.A. c. Ferrocarriles").

Por otra parte, si la determinación de los daños se efectuó en uso de las facultades conferidas por el art. 165, última parte del Cód. Procesal al momento de la sentencia, como ocurre en el caso, al tratarse de valores actuales, no corresponde la actualización que se reclamó para después de este pronunciamiento, si el juez estableció intereses a liquidarse a la tasa pasiva promedio que capta en cierta medida la depreciación de la moneda. Ello más allá que, la ley 23.928 que sigue vigente al igual que la 25.561 prohíben la actualización de créditos (Conf. CNCivil, sala E, 15/10/02, elDial - AE1A26).

En consecuencia, corresponde desestimar el agravio.

X. Las costas de la alzada se imponen a la demandada, por aplicación del criterio que sostiene que en las acciones por indemnización de daños las costas, atento su carácter resarcitorio, deben imponerse a la parte vencida aunque la demanda no prospere íntegramente (Conf. "Bruno de González Penedo, Modesta B. v. Fernández, Próspero", 05/03/1985, JA, 1985-IV-5; "Galli de Maraschi, Zulema c. Rúa, Estela M. y otros", 18/12/1992, DJ, 1994-1, 144, entre otros).

Los doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la doctora Areán.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve modificar la sentencia reduciendo la partida para responder a daño psíquico a la suma de dos mil pesos y confirmarla en todo lo demás que ha sido motivo de agravios y que no ha prosperado. Costas de la alzada a la demandada apelante. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Una vez regulados en la anterior instancia, se fijarán en ésta los emolumentos correspondientes a los profesionales que actuaron ante este estrado.- Beatriz A. Areán.- Carlos Alberto Carranza Casares.- Carlos Alfredo Bellucci.