Empleo público, policía, compensaciones salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amante, Félix Said c/ Provincia de Córdoba- Plena jurisdicción s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-23

No obstante haber encuadrado el caso la Administración en la figura de la "Adscripción" prevista en el artículo 70 de la Ley 6702, para lo cual efectivamente resultaba suficiente que la misma fuera dispuesta por el Jefe de la Unidad Regional, en oposición al traslado que requiere, la competencia del Señor Jefe de Policía (art. 66, Ley 6701), la prolongación en el tiempo de la medida a través de sucesivas prórrogas sólo interrumpidas por el pase a retiro del actor, sumado a la cuestión territorial de la distancia entre el destino de origen -Jovita- y el asignado en la localidad de Villa Valeria, permiten concluir sin margen de duda que dicho encuadramiento aparece en autos claramente desnaturalizado, por lo que no cabe sino compartir la posición del Sentenciante, entendiendo que debía tomarse la situación del agente como un real y efectivo "traslado".- Es que la supuesta "adscripción" dispuesta desde el tres de febrero de mil novecientos noventa y siete se extendió en los hechos hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, fecha del retiro obligatorio, por lo que sin reintegrar al actor a su dependencia de origen, como así lo exigía la norma -art. 70 de la Ley 6702- para los casos de rotación interna o adscripción, se excedieron la pautas razonables de temporalidad sin acto administrativo que regularizara la situación del agente.

La ley contempla la necesidad de compensaciones, sobre el supuesto de que el desempeño de funciones en destino alejado de la dependencia de origen genera gastos.- La "Compensación por Traslado", como su propia denominación señala, está prevista para atender los gastos producidos en forma "extraordinaria" por el hecho del abandono de un destino y la asunción de otro a mayor distancia de treinta kilómetros (30 km.) en el que se radica el personal para el cumplimiento de sus obligaciones. Esta es una compensación que se percibe por "una sola vez", con motivo del traslado y que se integra por el pago de "un" sueldo extra.

La "Compensación por Variabilidad de Vivienda", a diferencia de la anterior, supone que el agente trasladado en las condiciones que la norma prevé, asume el mantenimiento de casa-habitación en el radio del nuevo domicilio, que se compensa con una asignación "mensual" y "temporaria", mediante un porcentaje del sueldo del grado de Prefecto, mientras dure tal situación.

Para percibir la compensación por traslado sólo basta probar que el actor residía en el lugar de destino de servicio, circunstancia que en autos no genera duda alguna, por cuanto se encuentra, plenamente acreditado que el actor prestó servicios en Villa Valeria y que se alojó en un inmueble alquilado al efecto en dicha localidad.

Tampoco existe óbice alguno para el reconocimiento de la "Compensación por Variabilidad de Vivienda" a favor del accionante, pues en el marco de lo expuesto precedentemente, si bien por su naturaleza diferente a la "Compensación por Traslado" es necesario acreditar que el agente trasladado verdaderamente asumió los gastos que suponen el mantenimiento de una casa-habitación y es por ello que no se presenta como desproporcionada la exigencia impuesta a los agentes interesados en percibir dicha bonificación, de presentar una "Declaración Jurada" y acompañar copias del contrato de locación y/o recibos de alquiler resultantes del traslado, recaudos formales han sido plenamente cumplimentados por el actor, aspecto que, por otra parte, no ha sido controvertido en esta instancia.

El pedido de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Número 2656/01 sustentando principalmente en que el Poder Ejecutivo carece de facultades para proceder a su dictado, así como que dicha atribución le compete en forma exclusiva y excluyente al Poder Legislativo, llevan a concluir que el tratamiento de los mencionados planteos se ha tornado abstracto, toda vez que dicha autoridad ha dictado recientemente la Ley Número 9078 (B.O.P. del 03/01/2003), mediante la cual ha ratificado en todos sus términos aquél decreto de fecha doce de noviembre de dos mil uno, integrando su texto "parte de la presente Ley".

La sanción de dicha norma desactualiza los términos de los agravios esgrimidos por el apelante, evidenciando a su respecto la inexistencia de un interés jurídico actual al que está condicionada la admisibilidad del recurso.

Por la naturaleza de la obligación que se ejecuta, no median -para esta causa- circunstancias que justifiquen al Tribunal frente a la nueva normativa asumir un criterio distinto al adoptado en virtud de la Ley 8250, en el punto referido a la exclusión de la consolidación de obligaciones accesorias de deudas canceladas en el tracto sucesivo de la relación de empleo público (art. 2 inc. "d" de la Ley 8250 -a contrario sensu-, concordantes con art. 10 inc. d del Decreto 2656 y que el propio Decreto 2656/01 y la Ley 9078 declaran de aplicación supletoria.

El crédito reconocido a favor del actor encuadra en los precedentes y en los supuestos de exclusión de la Ley 8250, que armoniza con el texto y el espíritu de los artículos 16 del Decreto 2656/01 y de la Ley 9078, donde las deudas de carácter alimentario y según sea la naturaleza del crédito, han sido objeto de especial consideración como un supuesto de exclusión.

Debe admitirse el remedio planteado por el accionante y revocarse el fallo del A-quo sólo en la parte que declara que la obligación de abonar la "Compensación por Traslado" y la "Compensación por Variabilidad de Vivienda", se encuentra consolidada.