Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 96718	SALA II Expediente Nº 26.201/2005	(Juzg. Nº 78) AUTOS: "BARQUIN, MIGUEL ÁNGEL C/ BANCO MACRO BANSUD S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29-05-2009, reuni-dos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	El Dr. Horacio A. Brignole hizo lugar al reclamo impetrado por el Sr. Miguel Ángel Barquin y condenó a la demandada a abonar en concepto de indemnización por despido la suma de $29.418,29.

Consideró que, aún cuando tuvo por acreditada la in-tervención del actor en los hechos que derivaron en su cesantía -faltante de U$S97.020-, el Banco demandado no acreditó la justa causa del despido toda vez que la negligencia invocada en el cable rescisorio no se acreditó en autos.

Contra dicha decisión se alza la demandada a tenor del memorial de agravios que luce a fs. 243/246, con réplica de la contraria a fs. 249/250, en el que también cuestiona el progreso de la multa del art. 80 LCT y el agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. En relación a los honorarios, cuestiona los regulados a la representación letrada de la parte actora y peritos inter-vinientes por considerarlos elevados.

Por su parte, el perito ingeniero, cuestiona los emo-lumentos que le fueran regulados por considerarlos exiguos (fs. 236).

II.	La demandada sostiene en su memorial que a través de las pruebas obrantes en autos se encontraría acreditada la negligencia del actor que justificaría la pérdida de confianza alegada.

En primer término acude a la declaración del testigo Gutiérrez (fs. 112/115) y cita especialmente un tramo de su declaración en la que el testigo sostuvo que "surge de la documental que se aportara con respecto a una de las fojas donde esta identificado su sello personal. Además el termosellado de la ba-la en cuestión fue practicado por Barquin y surge esta circunstancia mediante la ob-servación de las imágenes grabadas en el circuito CTV...". Del mismo modo, refiere que de la declaración de Rossi (fs. 134/135) surgiría que el actor participó en los hechos de su cesantía.

Los argumentos reseñados coinciden con la conclu-sión del Sr. Juez de grado, por lo que no se evidencia agravio alguno que pueda ser merituado. Más aún, ni siquiera advierto desconocida la participación del actor en el termosellado de las balas -paquete compuesto por diez fajos de cien billetes del mismo valor nominal cada uno- por lo que las declaraciones reseñadas no vienen si-no a ratificar un hecho que no se encuentra controvertido en autos y que no ha sido desconocido por el sentenciante.

No puedo dejar de señalar que el testigo citado (Gu-tiérrez fs. 112/115), gerente de seguridad de la demandada, sostuvo que intervino en los hechos que derivaron en el despido por haber tomado declaración de carácter in-terno al actor y haber visto las filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad de la empresa.

Pero además, el testigo Gutiérrez, dijo haber tenido conocimiento del contenido de las balas porque "tuvo la posesión material de dichos billetes al ser reclamados por el cliente", de lo que surge que los fajos se encontra-ban ya en poder de un tercero -Giovinazo-, quien abrió la bala termosellada, advirtió la eventual irregularidad y se lo comunicó al testigo. Ello indica claramente que el testigo no tomó conocimiento del momento en que se abrieron las balas sino que su-po del contenido por información de terceros, y al corroborar la información el en-voltorio de seguridad (termosellado) ya se encontraba abierto.

Además, el testigo solo pudo afirmar que de las imágenes del circuito cerrado de televisión se observó que el actor practicó el termo-sellado de la bala (agrupación de diez fajos en un conjunto único para compactarlos en la máquina de termosellado), pero no el recuento de los billetes ni el armado de los fajos.

Por otro lado Gutiérrez refirió que a través de las imágenes del sistema de TV de seguridad siguió todo el trayecto de la bala termose-llada, y solo fue transportado desde "la máquina de termosellado hasta el módulo de caja ubicada en el interior del recinto de la bóveda, y luego en su recorrido desde este lugar hasta la entrega al cliente Giovinazo, no sufrió alteración alguna". Sin embargo, no dice haber visto el momento en que Giovinazo abre la bala, extremo sumamente importante si se tiene en cuenta que este fue quien detecto la supuesta anomalía.

Además, los dichos del testigo no se condicen con la exposición de los hechos de la accionada (fs. 50) quien sostuviera al contestar la ac-ción que "con fecha 16 de diciembre de 2004 el actor intervino en el recuento, faja-do y termosellado de una partida de dólares..." y que le entregó al Sr. Veich 5 balas el día 8 de marzo de 2005, y el 11 de marzo de 2005 se detectó la irregularidad. Es decir, que el testigo omite informar -o bien desconoce- el destino de la bala en cues-tión entre el 8 y el 11 de Marzo de 2005.

Por otro lado, se contradicen los dichos del Banco y del testigo propuesto por este, dado que mientras el primero sostuvo que "en oportu-nidad de efectuarse una revisión a los efectos de efectivizar el pago de una opera-ción, se detectó que una de las balas...se encontraba armados con billetes de un dó-lar", el testigo no habló de revisión por parte de la entidad sino que afirmó que, el cliente que recibió esa bala termosellada, fue quien advirtió la alegada anomalía.

Respecto del testigo Rossi (fs. 134/135) señalo que sus dichos no arrojan mayor claridad sobre los hechos controvertidos, toda vez que el deponente solo participó en la auditoria posterior a la detección de la bala fraguada.

De ello se sigue que en autos no se advierte que el actor haya cometido algún tipo de error, ni que haya incurrido en alguna conducta que de algún modo pueda considerarse como reprochable a título de negligencia o dolo.

En definitiva, lo que parece pretender la demandada, es una especie de responsabilidad objetiva al intentar responsabilizar a Barquin por el solo hecho de haber estampado un sello que lo vincula como partícipe en la confec-ción de los fajos.

Evidentemente la demandada escamoteó a la causa, como bien sostuvo el Sr. Juez de grado, una serie de elementos de juicio que impiden a este Tribunal conocer que fue lo que ocurrió realmente.

Por el contrario, los escasos elementos de juicio aportados por la accionada impiden convalidar las causas de la cesantía, como pre-tende.

Más aún, de la declaración del testigo sobre cuya ba-se fue apelada la sentencia de grado (Sr. Gutiérrez), no surge que el actor haya efec-tuado algún procedimiento irregular o al menos llamativo, teniendo especialmente en consideración que se trató de una maniobra consistente en poner sistemáticamente 98 billetes de un dólar entre dos billetes de cien dólares, secuencia repetida diez veces, más el retiro de cada fajo de 98 billetes de cien dólares y su ocultamiento. Por el con-trario, el deponente solo afirmó que el trabajador realizó el termosellado de 10 fajos, y ninguna prueba conduce a tener por acreditada la participación del actor en el even-tual acto delictivo que el tercero Giovinazo denunciara a la accionada según dijo Gu-tiérrez, ni en el recuento.

Ello impide tratar el argumento de la demandada re-lativo a la omisión del actor de atender el monto nominal de los billetes que contó, toda vez que además, no se ha probado en autos que el accionante haya efectuado el recuento y fajado de los billetes sino solamente el termosellado que, según se des-prende de autos (vgr. testigos Gutiérrez fs. 112/114 y Rossi fs. 134/135), entre el fa-jado de los billetes y el termosellado no se realiza un nuevo conteo.

La evidente carencia probatoria obliga a confirmar el resultado del proceso, en tanto la demandada debió haber probado, y no lo hizo ya que omitió incorporar a la causa la información necesaria para dirimir la cuestión, por lo que debe concluirse que no existen elementos que permitan advertir una con-ducta reprochable (por acción u omisión) del actor, como para justificar el despido, toda vez que no se advierte ninguna conducta que pueda conducir a sostener que el actor colaboró de alguna manera a posibilitar el fraude.

Insisto, es sumamente llamativo -tal como advirtió el Dr. Horacio A. Brignole- que no se hayan acompañado en forma íntegra las actua-ciones administrativas -siendo vacuo el argumento de la demandada sobre el punto (fs. 246 párr. 1°)-, ni se haya ofrecido como prueba la denuncia penal y la denuncia a la división jurisdiccional "División fraude Bancario" (cfrme. declaración testigo Gu-tiérrez). Tampoco se acompañaron las filmaciones que permitirían verificar lo suce-dido el día 16 de Diciembre de 2004 y el 11 de Marzo de 2005 y a las que tuvieron acceso los testigos y no el perito ingeniero -frustrándose la pericia técnica (fs. 209/211)- ante la reticencia a proporcionar al perito los elementos necesarios para elevar el informe encomendado; ni se instó la declaración de los superiores del actor encargados de verificar su trabajo, etc.

En definitiva, no hay ninguna conducta probada que pueda coadyuvar a sostener que el actor colaboró de alguna manera a posibilitar el fraude -sea de manera negligente culposa o dolosa-, conduciendo la orfandad proba-toria apuntada a propiciar la confirmación del fallo de grado.

III.	Se agravia también el accionado por cuanto estima que el Sr. Juez a quo impuso la multa del art. 80 LCT sin fundar su decisión. Destaca que puso a disposición del Sr. Barquin los certificados y este jamás paso a retirarlos, mo-tivo por el cual fueron acompañados al ser intimado por el juzgado (fs. 84). Por últi-mo, invoca la falta de cumplimiento de los recaudos establecido en el dto. 146/01.

A mi juicio el agravio de la demandada debe ser recha-zado. Me explico.

El 31-03-2005 la demandada notifica al actor el dis-tracto (fs. 2). En fecha 18-11-2005 el actor intima a la demandada a la entrega de los certificados del art. 80 LCT (fs. 6). A fs. 49vta. la demandada expresamente recono-ce el intercambio telegráfico. No alega haber respondido la última intimación cursa-da por Barquin.

Recién en fecha 21-03-2006 (tres meses después de contestar la demanda) a instancias del Juzgado, la demandada pone efectivamente a disposición del actor los certificados del art. 80 LCT (fs. 72/84).

Por ello, y toda vez que el empleador no entregó ni probó haber puesto a disposición del actor, dentro de los dos (2) días hábiles compu-tados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento formulado por el trabajador de modo fehaciente (cfrme. fs. 6), transcurridos más de 30 días de la extin-ción del vínculo (cfrme. art. 3 Dto. 146/01) los certificados del art. 80 LCT, corres-ponde confirmar la multa fijada a favor del accionante, equivalente a tres veces la me-jor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el úl-timo año.

En consecuencia, corresponde rechazar el segundo agravio introducido por la demandada.

IV.	Por último, se agravia la accionada por la imposición de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.

No advierto que la recurrente introduzca argumentos suficientes como para modificar el decisorio de grado, en tanto se limita a transcribir el texto de la norma y a citar dos fallos jurisprudenciales que, a mi juicio, no resultan aplicables en la especie.

Por el contrario, tal como he referido en el consideran-do II. la accionada no ha aportado a la causa prueba alguna tendiente a fundar las sos-pechas que la condujeron a responsabilizar al actor por los hechos sucedidos, lo que torna ilegítimo el despido dispuesto. Por ello, establecida la ausencia de causas justi-ficantes de la cesantía, el incumplimiento del pago de las indemnizaciones debidas en virtud de los arts. 232, 233 y 245 LCT, mediando interpelación del dependiente, habi-lita sin más la procedencia del agravamiento indemnizatorio fijado por la norma.

Tampoco advierto en la especie la concurrencia de cau-sas que justificaren la conducta del empleador como para reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por ley, lo que me conduce a propiciar la con-firmación del agravamiento indemnizatorio, dado que no encuentro causas que hayan justificado la omisión de pago de las indemnizaciones del RCT por parte del emplea-dor, todo lo cual me conduce a proponer la confirmación del fallo de grado.

V.	Por último, la parte demandada apela la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por considerarlos elevados al tiempo que el perito ingeniero cuestiona la regulación de sus honorarios por considerarla exi-gua.

Estimo que los emolumentos regulados no lucen ele-vados ni exiguos sino acordes a la importancia y extensión de las tareas profesionales realizadas, por lo que propongo su confirmación (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y cctes. de la ley 21.839, 3 del dto.-ley 16.638/57 y 38 de la LO).

Las costas de alzada propongo imponerlas a cargo de la demandada vencida (cfrme. art. 68 CPCCN), así como sugiero fijar los emolumen-tos de los letrados de ambas partes por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia, te-niendo en cuenta la importancia y extensión de las labores profesionales (art. 14 ley 21.839) La Dra. Graciela A. González dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las cos-tas de Alzada a cargo de la parte demandada; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el veinticinco por ciento (25%) respectivamente, de lo que a cada uno le corres-ponda percibir por su desempeño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza.

Juez de Cámara Juez de Cámara