marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrucción, prisión preventiva, juicio, partes
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, D D Y OTROS s/ APELACION AUTO DE SOBRESEIMIENTO      EXPTE NRO 112-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-28

La duración del sumario, cuando no hay prisión preventiva y las partes no han hecho uso del derecho a solicitar plazo a la Cámara, no puede exceder del término inicial del artículo 208 del Código Procesal Penal, esto es 90 días, sin resolver la situación procesal del imputado.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, tenencia de hijos menores, patria potestad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Echeverría de Villalba Díaz, María del Carmen c/ Villalba Díaz, Jorge Luis s/ div. 67 bis. incidente de autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Procede el recurso extraordinario contra la decisión que ha suplido el consentimiento que integra las facultades de uno de los progenitores y autorizado la radicación en el extranjero de parte del grupo familiar mientras dure el desempe!o del cargo consular que ocupa la madre de manera que a falta de nuevas circunstancias que justificasen un cambio, lo decidido no podría ser variado en tanto las actuales se mantuviesen.
Reajuste jubilatorio, recursos de la seguridad social, limitación de recursos económicos, declaración de puro derecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GUITEFF, ANGEL c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-26

No existen motivos para apartarse de lo decidido por el juez interviniente por cuanto, al tener presente la defensa de limitación de recursos esgrimida para su oportunidad, y luego desestimar la producción de la prueba ofrecida por la parte actora, declaró la cuestión de puro derecho, ejerciendo la facultad que le asiste de interpretar y aplicar el derecho vigente de un modo razonable. Ello así, dado que debe entenderse que el "a quo" consideró que la defensa referida no constituye excepción alguna - menos aún de previo y especial pronunciamiento- que tenga incidencia en la etapa de conocimiento, ni que ella pueda influir en el dictado de la sentencia, quedando reservado su tratamiento para la etapa de ejecución del fallo a dictar, en el caso que se reconozca el derecho al reajuste de haberes pretendido. (Del voto de la mayoría. El Dr.

Laclau votó en disidencia).
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-23


Expte. Nº 6780 "QUERELLA PRESENTADA por el Dr. Toranzo Constantini, Guillermo Sergio s/ injurias S/ Casación" ---- San Juan, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.---------------------------------------------------- --- VISTO Y CONSIDERANDO: Las presentes actuaciones venidas a esta instancia con motivo del recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fojas 93/96 vta., contra la resolución dictada por la señora juez del Segundo Juzgado en lo Correccional en fecha 26/07/2.016, por medio de la cual se declara extinguida por prescripción la acción penal por el delito de calumnias e injurias en perjuicio del Dr. Guillermo Sergio Toranzo Constantini y se dispone el sobreseimiento total y definitivo del querellado Dr. José Eduardo Mallea.--------------------- Que conforme surge de estos autos -véase fojas 49- el último acto de procedimiento fijado -antes de decretarse la prescripción- fue la audiencia de conciliación (cfr. artículo 503 del C.P.P.) la cual no se llevó a cabo.-------- Atento al estado procesal por el que transita la causa -en donde no existe aún citación a juicio (artículo 506 ibid.)-, y lo dispuesto por los artículos 509, 547, 556 segundo párrafo, 566 y 44 del Código Ritual, resulta improcedente el recurso de casación ante esta Corte de Justicia, ya que las decisiones jurisdiccionales dictadas en procedimientos de instancia privada en la etapa previa al inicio del juicio son susceptibles de ser recurridas por apelación. Así lo tiene sentado esta Corte en P.R.E. S.2ª.-2006-III-489 y P.R.E. S.2ª. 2007-III-475; y en igual sentido se expresan Amadeo - Palazzi en su obra "Código Procesal Penal de la Nación" pág. 726).------------- Conforme a ello el recurso de casación traído a esta instancia ha sido mal incoado y erróneamente concedido, imponiéndose su total rechazo (cfr. artículos 554, 582 y 560 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan). No obstante lo cual, y habiéndose interpuesto previamente recurso de apelación (véase fojas 80/82) que fuera incorrectamente denegado por el A quo, y a fin de no vulnerar el derecho de las partes al doble conforme, corresponde ordenar al inferior que disponga todo lo conducente para que la Cámara en lo Penal trate la impugnación articulada.---------------------------------- Por todo ello, SE RESUELVE: I) Declarar mal concedido el recurso de casación obrante a fojas 93/96 vta.. II) Ordenar a la Sra. Juez del Segundo Juzgado Correccional que disponga todo lo pertinente para que la Sala que corresponda de la Cámara Penal trate el recurso de apelación incoado a fojas 80/82. III ) Protocolícese, notifíquese y bajen. Fdo. Dr. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante Mí, Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.--- Cp-6780 AL PRE S2º 2016-IV-728
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar Claudia Mabel c/ Panadería La Unión y otra s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-18

En autos, confrontados ambos medios probatorios, la confesión ficta neutraliza la presunción, primando sobre ella. Esto es así puesto que aquélla importa una suerte de "abandono" o "declinación" del proceso, en el sentido de dejar librada la suerte del mismo al encuadre jurídico que, en función de los hechos que invoca el adversario (no los propios), efectúe el Juez; lo que naturalmente conlleva a que la ausencia de documentación laboral por parte del empleador, no puede significar la admisión de hechos que, si bien afirmados al accionarse, han sido desvirtuados por el propio demandante (Voto Dr. Reviriego).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Centurión, Patricia Karina c/ Pérez, Waldino y/u otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral (Expte. CSJ Nº 299- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si el planteo recursivo, no obstante transitar sobre un terreno residual del remedio extraordinario, cobra en el "sub lite" resonancia para insertarse en un supuesto de excepción por cuanto el A quo, en la apreciación de los elementos de convicción, incurre en un exceso de las facultades propias de los jueces de la causa que resta sustento a lo decidido.
Daños y perjuicios, servicio público, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ARCE, Adolfo Fabián c/ INGENIERIA FABER S.A.I.C. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Corresponde hacer lugar a los gastos en que incurre la víctima como consecuencia de un hecho ilícito, cuando su existencia resulte razonable aunque no haya sido demostrada de manera precisa y directa su extensión, si ellos tienen relación causal con el accidente. Tal presunción resulta rebatible por la prueba en contrario, cuya producción incumbe a quien alega la improcedencia del reclamo.-
Actuaciones administrativas, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVA OSCAR c/ INTENDENCIA MUNICIPAL DE COLONIA DORA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-11

El interés público comprometido en la vigencia plena y permanente de la juricidad es el fundamento en virtud del cual se debe atribuir a la Administración Pública como potestad expresa o razonablemente implícita, el deber de anular sus propios actos gravemente ilegítimos.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boccio Hnos. S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Corresponde anular de oficio el decisorio que no proporciona los presupuestos fácticos necesarios para resolver las cuestiones litigiosas y no expone conclusiones claras sobre cuestiones esenciales, al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad; así cabe proceder aunque no medie denuncia de parte, puesto que nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas para el mejoramiento de la justicia.
Universidades, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Universidad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (PEN) s/ Inconstitucionalidad de decreto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El dictado por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de la resolución 474/86 mediante la cual excluyó la aplicación del art. 94 y concordantes del decreto 1759/72 a esa casa de estudios constituía una decisión administrativa viciada de incompetencia y que, como tal, podía ser dejada sin efecto por aquél órgano de la administración central competente para ejercer el control de tutela.
Pericia contable, prueba documental, falta de documentación
Materia: PROCESAL
Carátula: RINALDI, Viviana Alejandra c/ KOSS, Sergio Enrique s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-15

Recayendo la pericia contable sobre documentación no ofrecida oportunamente, no resulta procedente. Teniendo en cuenta que la prueba pericial debe versar sobre prueba instrumental ofrecida en juicio, debe denegarse la ofrecida sobre elementos de juicio no acumulados al proceso. Los peritos no pueden examinar ni referirse a documentos que no hayan sido ofrecidos como prueba por los interesados y desde luego la pericia no puede ser el vehículo para producir extemporaneamente prueba instrumental. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, prueba, presunción legal, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LINO c/ RODRIGUEZ, HECTOR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Cuando la demanda es confusa y los hechos son relatados en forma imprecisa, contradictoria y dubitativa, el valor de la confesión ficta es tan menguado y dudoso como los mismos. Del grado de certeza y precisión con que son expuestos los hechos depende necesariamente el alcance probatorio de la presunción legal.
Recusación, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Antelo, Manuel y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No se justifica que el art. 61 del Código Procesal Penal de la Nación pueda soslayarse con la sola excusa de querer preservar la transparencia del ejercicio de la potestad jurisdiccional, puesto que estos fines precisamente se resguardan con el respeto a los preceptos legales que regulan el procedimiento y a los que se encuentran sujetos los jueces de la causa.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez, Paula Alejandra c/ Poncet, Lydia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Tampoco es causa que exima al profesional médico de realizar en debida forma un documento de suma importancia como lo es la historia clínica, alegar que al momento de ocurrir el parto ocurrían otros simultáneamente en el mismo servicio y, si como el propio recurrente afirma, en la misma deben reflejarse actos positivos, importantes y relevantes, la constancia de los latidos fetales era uno de esos actos importantes al permitir verificar si la conducta profesional actuada en consonancia con ello, ha sido la aconsejada por las reglas del arte de curar o si, por el contrario, ha existido negligencia o imprudencia del médico que atiende a la paciente (arts. 499 - texto y doct.- , 512, 902 Cód. Civil; 375, 423 C.P.C.C.).
Hechos nuevos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MARCONE, Hugo Dante c/ ISSA S.A.C.I.F.e I. y/o ISSA Selni y otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-10

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 257 inc. 3ro. en correlación con el 365 del Código Procesal, el hecho nuevo que se alegue debe tener vinculación con la cuestión que se ventile, por ello las pruebas ofrecidas son inadmisibles si no respetan esa condición.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, marcas mixtas, excepciones procesales, arraigo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GRUPO  BIMBO  S.A.  DE  C.V. c/ CAFES LA VIRGINIA S.A. s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

El monto del arraigo debe ser determinado teniendo en cuenta los gastos y honorarios cuyo pago tendría que soportar el demandante en el caso de ser condenado en costas (confr. esta Sala, causas 170/99 del 18.4.00 y 3599/05 del 3.7.07, entre otras). La pretensión deducida en autos está dirigida a lograr que se declare infundada la oposición deducida por Cafés La Virginia S.A. al registro de la marca mixta "LIGHT", solicitada por la actora en la clase 30; mas en el estado actual de la causa -no habiéndose trabado la litis aún- no es posible establecer el grado de complejidad que habrá de presentar el caso a los fines de su resolución y, por consiguiente, la extensión de la labor profesional que demandará a los letrados intervinientes (confr. esta Sala, causa 3866/01 del 10.7.03). Teniendo en cuenta el criterio que habitualmente sigue este Tribunal para regular honorarios en causas como la presente (conf. causa n° 14.543/04 del 5.10.07), que por lo general transitan la doble instancia y suelen requerir colaboración pericial, se estima que corresponde acoger el planteo de la recurrente, elevando el monto de la caución fijado por el señor juez a la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS pesos ($ 18.700).
Pago de tributos, impuesto a la patente única sobre vehículos, titular del automotor, transferencia del automotor, libre deuda, responsabilidad del titular del automotor
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Cohen Moisés, León s/ Ejecución fiscal León s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

Si bien del legajo del automotor remitido por el Registro de la Propiedad de Río Gallegos -cuya autenticidad, más allá de la certificación allí existente, no fue desconocida ni cuestionada por ninguna de las partes -surge la inexistencia de gravámenes o prendas que impidan el trámite de transferencia efectivizado; no obra constancia de libre deuda emitida por la Dirección General de Rentas de esta ciudad referida a las contribuciones que sobre patentes de vehículos la actora aquí persigue, constancia que libera al vendedor, de cualquier reclamo por deudas impagas durante el lapso de su posesión.
Entrega del certificado de trabajo, carga de la prueba, explicación satisfactoria
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Clara Regina c/ Sekaf, Miguel Eduardo s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-13

La "carga de explicitación" es una obligación que recae en las partes de un proceso, la cual consiste en ser lo más detallista que se pueda analizando a fondo las personas, las conductas y las circunstancias, procurando en definitiva suministrar una clara y minuciosa exposición. Esta carga debe ser llevada a cabo de modo adecuado, no pudiendo tenerse por cumplimentada si por ejemplo la explicación es confusa o contradictoria (Voto Welp. Adhesión Romero)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, tercería de dominio, juicio de desalojo, suspensión de desalojos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALBARENQUE, SOFIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

Corresponde rechazar la queja desde que la resolución cuestionada- que versa sobre una cuestión procedimental en el marco de una tercería de dominio, concretamente sobre la revocación de una suspensión de desalojo- carece del recaudo de definitividad requerido por el artículo 1 de la ley 7055, máxime si se pondera que el A quo también expresó que es "en el juicio de tercería donde deberá resolver lo relativo a la fianza cuya exigibilidad se encuentra determinada como condición para la suspensión del trámite", aspecto crucial que tampoco fue debidamente refutado por los interesados en orden a sortear el recaudo formal referido.
Capitalización de intereses, anatocismo
Materia: CIVIL
Carátula: L. SA c/ B. y Cía. SAIC y AG s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-21

La capitalización de intereses procede siempre y cuando -en los casos judiciales- liquidada la deuda el juez mandase pagar la suma que resultase y el deudor fuese moroso. Para ello, una vez aceptada por el juez la cuenta debe ser intimado su pago al deudor, porque recién allí si éste no lo efectiviza cae en mora y, entonces, debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga. Ello como consecuencia de la mora derivada de la nueva interpelación.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Ricardo Daniel s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

Nada impide tener en cuenta para la formación de prueba compuesta el relato autoinculpatorio vertido extrajudicialmente ante funcionarios policiales -probado por las testificales vertidas por el personal interviniente-, desde que lo único vedado por la reforma procesal a los funcionarios policiales es recepcionar declaraciones indagatorias o informativas.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Varias razones conducen a extender la vigencia de los fallos plenos, después de transcurridos cinco años, en tanto no se disponga su revisión. Una, como obstativa a una excesiva fijeza jurisprudencial, porque si a los cinco años no se considerase necesario cambiar el criterio existente, de mantenerse la vigencia, cabría la posibilidad de revisión posterior a los seis, siete, etc. años, por ejemplo;

mientras que, si al término de los cinco años, en la misma situación caducara el pleno, habría que renovarlo por otros cinco años más, y en tal caso ya no existiría interín la posibilidad de cambiarlo, aunque se entendiese que debería hacérselo. Otra, es que, de no seguirse el criterio propugnado -de subsistencia de la vigencia-, a fin de evitar el vacío que se produciría entre la fecha de vencimiento de un fallo pleno y la del dictado de uno nuevo, con la consecuente inseguridad que se crearía nuevamente en el tema objeto de los mismos en ese lapso, la Cámara debería pronunciarse en pleno ante la proximidad del cumplimiento del plazo de vigencia, y antes de que ello ocurra, y así podría hacerlo tanto en el sentido del mantenimiento del criterio existente, como en el de su revisión. No pudiéndose considerar que se le pueda dar al fallo pleno un sentido diferido de vigencia, esto es, para un futuro, por más próximo que sea -entre otros motivos porque ello no está previsto en la ley, y porque entretanto podría variar la integración del tribunal, y en tal caso se le estaría imponiendo la decisión a aquel a que le correspondería hacerlo luego del plazo legal- en la primera situación se reduciría el lapso de vigencia del segundo pleno, al superponerse con el del primero, y en la segunda situación se estaría produciendo una revisión dentro del período en que no se puede hacerlo. Por lo que me pronuncio por la vigencia de los fallos plenos después de transcurridos los cinco años de su dictado, y hasta tanto no sean revisados. (Del Voto del Dr. Serralunga).
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, Consejo de la Magistratura, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Debe admitirse que existen cuestiones que, mediante una interpretación correcta de la Constitución, admiten reputarse como atribuidas por la propia Constitución a la competencia y a la decisión exclusivas y definitivas -o finales- de un órgano ajeno al Poder Judicial.

Pero ello no impide que caiga bajo control judicial: a) la verificación de si el asunto es o no de competencia de tal o cual órgano, o si siéndolo se ha sobrepasado dicha competencia; b) interpretar si la decisión adoptada en ese espacio competencial reviste carácter final y definitivo de acuerdo con la Constitución, o si -a la inversa- tipifica una cuestión susceptible de control judicial de constitucionalidad.

Hay una periferia en cuyo centro se sitúa la decisión definitiva del órgano ajeno al Poder Judicial y en esa periferia queda bajo control todo lo referido a requisitos, formas, condiciones y competencia de aquel órgano, que además deben materializarse y ejercerse con resguardo de los derechos y garantías que en el procedimiento de que se trate estén discernidos en favor del interesado.
Interdictos posesorios, acciones reales, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor  Oficial  de  Cámara  en  lo  Civil,  Comercial  y Laboral s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-16

El artículo 622 del C.P.C. establece que las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar, no impedirán el ejercicio de las acciones "reales", éstas conforme al artículo 2482 del Código Civil, son distintas en las posesorias, las primeras protegen las manifestaciones del derecho de propiedad, que es justamente el que no podrá invocar el recurrente, de modo que para él, la resolución recurrida asume los caracteres de definitiva o asimilable a tal. (Dr. Márquez Palacios: en disidencia).
Prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " GOMEZ MEDINA, Daniel E. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-10

El alcance asignado por el legislador en la disposición del segundo párrafo del art. 67 del código sustantivo, relativo a la causal de suspensión allí establecida, radica en evitar que todo aquel que esté incorporado formalmente a la administración pública o que, simplemente participe en el ejercicio de funciones públicas, obstaculice o impida el ejercicio de la acción sin distinción de la influencia que pudiera ejercer a tales fines (Conf. causa "CAVALLO, Domingo F. s/prescripción" del 30.11.2006).