Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-03-23


Salta, marzo 23 de 2009.

Considerando: 1º) Que, a fs. 31/45 el Dr. R. A. G., ejerciendo la defensa de Germán Gustavo Ringel, interpone recurso de casación contra la resolución de fs. 27/28 vta. que resolvió denegar la excarcelación solicitada a fs. 1/8 vta.

2º) Que a fs. 70 y vta. esta Corte declaró formalmente admisible el recurso, dispuso el trámite y luego otorgó la intervención a la defensa y al Ministerio Público Fiscal que establecen los arts. 474 y ss. del C.P.P., cumplido lo cual, los autos se encuentran en estado de resolver.

3º) Que el recurrente alega que la resolución impugnada es arbitraria, porque hace prevalecer una disposición procesal local como el art. 306 del C.P.P., por sobre el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de acuerdo al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional tiene jerarquía superior. Señala que Ringel, al momento de la interposición del recurso llevaba más de dos años detenido, lo que implica que a su respecto se han excedido los plazos razonables previstos en los tratados internacionales, reclamando en este sentido, que se tenga en cuenta que se ha superado el plazo de dos años que fija la ley 25.430.

4º) Que el Fiscal ante la Corte Nº 1, en su informe de fs. 97/99, sostiene que el principio de razonabilidad aludido debe conjugarse con los elementos de la causa y que, en consideración a ellos, surge que hay nueve personas imputadas en dos hechos de robo doblemente calificado, con nacionalidad o residencia extraña a la Provincia de Salta, entre los cuales el recurrente es nacido y domiciliado en Rosario, Provincia de Santa Fe y que, asimismo, en los hechos imputados habrían demostrado un paradójico profesionalismo delictual.

Agrega que el trámite de la causa fue incidentado por las distintas presentaciones de los imputados y las diligencias que debieron practicarse, muchas de ellas fuera del territorio provincial y que, en el mismo, los imputados no respetaron con demasiada ortodoxia las pautas procesales que deben ser cumplidas de buena fe; cita como ejemplo de ello el rechazo de juicio abreviado que ellos mismos habían solicitado y que, estima, habría constituido una maniobra de distracción. Por último, resalta la complejidad de la causa por la expansión territorial que tuvo y señala que manifestación de ello es el desarraigo de los imputados y, también, la diversidad de nacionalidades de los mismos.

Entiende que todo ello muestra a las claras la razonabilidad del tiempo insumido en la tramitación de esta causa y que la excarcelación del recurrente pondría en peligro la aplicación efectiva de la ley de fondo, razones por las cuales, opina que el recurso debe ser rechazado.

5º) Que el tribunal "a quo", para denegar el pedido de excarcelación, considera que se encuentran dados los requisitos que tornan procedente la medida cautelar de prisión preventiva de conformidad a los arts. 3º, 270 y 306 del C.P.P., específicamente, ante el peligro de que el recurrente eluda a futuro la acción de la justicia y la eventual actuación de la ley sustantiva.

Ello, en atención a la peligrosidad y "modus operandi" demostrado; al serio y cierto factor de riesgo de incomparecencia futura que constituye la situación de que, partiendo del mínimo legal establecido para los delitos imputados -seis años y ocho meses de prisión- de recaer sentencia definitiva superaría ampliamente el tiempo de privación de libertad que registra el recurrente, que éste carece de residencia en la provincia y que fija domicilio en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe sin que garantice su sujeción a la ley la caución real ofrecida.

6º) Que primeramente, cabe recordar que esta Corte en su precedente de Tomo 118:69 ha precisado los lineamientos que rigen la cuestión planteada, en estricta conformidad a los parámetros de orden constitucional de necesaria aplicación y, en particular, a la gravitación que ejerce en el proceso la presunción de inocencia. Así, por voto de la mayoría, se enfatizó que la privación de libertad no puede ser empleada como fin en sí mismo, es decir, como una pena; su legitimidad sólo puede provenir de la invocación de una finalidad instrumental, en tanto se señale de manera concreta que es una cautela indispensable para resguardar la concreción del proceso y la consiguiente aplicación de la ley sustantiva. En este aspecto, como señala Julio B. Maier, en el derecho procesal penal, excluyendo los fines preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de coerción sólo puede residir en el peligro de fuga del imputado o en el peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad (Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos, pág. 516).

En base a ello, además, se indicó que la verificación de tales circunstancias y la consecuente necesidad de acudir a la extrema afectación de derechos que implica el encarcelamiento provisional, debe ser establecida a partir de la evaluación de las específicas circunstancias de cada caso.

7º) Que a partir de esas precisiones, se observa que en la causa se investigan delitos aparentemente cometidos en banda y de manera organizada, encontrándose el recurrente Germán Gustavo Ringel, nacido en la ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe y con domicilio denunciado en ese lugar, acusado como partícipe necesario de dos hechos de robo calificados por el uso de armas de fuego y en despoblado y en banda.

En ese contexto, al dictar la resolución impugnada el tribunal "a quo" ponderó, por un lado, la seriedad de los delitos y la eventual severidad de la pena, confrontando ello con la duración de su detención a fin de determinar el riesgo de su incomparecencia y, a la par, valoró el desarraigo del recurrente y la conducta demostrada tanto al momento de los supuestos hechos como a lo largo de la investigación, rasgos que indican el peligro de fuga y justifican la continuación de la prisión preventiva. A más, también se consideró que esos factores impeditivos son compartidos con los demás coimputados de la causa, varios de ellos extranjeros y el resto con residencia en extraña jurisdicción, todos acusados de actuar en banda, por lo cual, ante una posible connivencia, la inconveniencia de conceder la excarcelación se ve, al extremo, agravada.

Por otra parte, la complejidad de la causa, seguida contra varios imputados y por distintos delitos, tanto en concurso real como ideal, sumado a las mencionadas connotaciones territoriales y a las particularidades de su trámite -en especial los incidentes que fueran señalados por el Fiscal ante la Corte Nº 1- evidencian su compatibilidad con el tiempo transcurrido, sin que éste sea atribuible a letargo o lentitud procesal, o importe una dilación indebida.

8º) Que por consiguiente, la probabilidad de fuga del recurrente aparece en la causa como un concreto peligro procesal y constituye un motivo atendible que impone mantener su prisión preventiva a fin de asegurar la concreta actuación de la justicia, y la extensión temporal de su privación de libertad resulta razonable a luz de los parámetros de orden constitucional y supralegal que emergen de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 19 2do. párrafo de la Constitución Provincial, 9.3 y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En virtud de ello, se debe concluir que la resolución impugnada se ajusta a derecho y, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.

Por ello, la Corte de Justicia, resuelve: I. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 31/45. II. Mandar que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.- Guillermo A. Posadas.- María C. Garros Martínez.- María R. I. Ayala.- Gustavo A. Ferraris.- Guillermo A. Catalana.- Abel Cornejo.- Sergio F. Vittar.