marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Ambruoso, Juan c/ Baldasarri, Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Si el padre reviste la calidad de representante necesario de su hijo menor no existe litisconsorcio pasivo necesario entre ellos y tampoco implica que hayan actuado como partes distintas ni que el proceso pueda tener efectos diversos para cada uno de ellos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, pagaré
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ García, Tadeo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-22

Son cuestiones de hecho, prueba y derecho común, extrañas, en principio, a la vía extraordinaria , las relativas a que el pagar a la vista con cláusula sin protesto no libera al acreedor de su presentación para la aceptación y pago, como también lo atinente a que dicha exigencia no fue cumplida en el caso, los agravios vinculados con la fecha de vencimiento y la carga de la prueba ante la falta de su presentación al cobro, si fueron resueltas con fundamentos suficientes de igual carácter que impiden la descalificación del fallo como acto judicial.-
Cuestión constitucional, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Romano, Alberto Ramón c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Romano, Alberto Ramón s/ 2.2.14 - sanción genérica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Si el agravio no fue introducido oportunamente en el recurso de inconstitucionalidad, su planteo en la queja resulta el producto de una reflexión tardía. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano).
Concursos, honorarios, actualización monetaria, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORISA  S.A. s/ CONCURSO  S/  INCIDENTE DE VERIFICACION POR VILLADA CEREALES  S.R.L.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-22

En un concurso preventivo la base de las regulaciones de honorarios será, conforme la ley 21839:31, c, el monto verificado del crédito.

Este será especificado inicialmente en su aspecto nominal, ya que su ajuste dependerá de la pauta fijada en cada concordato.

Resulta evidente que el monto del pleito -en los términos de la ley 21839:19 - debe ponderarse no sólo con base en el monto nominal del crédito verificado sino que además deberá atenderse a lo efectivamente percibido por el acreedor pues lo percibido definirá el efectivo ajuste del crédito en cada caso. Véase que éste importe variará conforme a las pautas del acuerdo homologado en cada concurso, en tanto que el acreedor de una quiebra estará sujeto al incremento -o depreciación- de los bienes del activo que posibilitarán el cobro de su dividendo concursal.

De allí que la regulación que ahora se formula y como consecuencia de haber concluido el incidente de revisión será provisional, y podrá ser ajustada con base en el monto que efectivamente pudiera pagarse al acreedor. El eventual ajuste del salario dependerá de lo que efectivamente perciba el acreedor conforme las reglas del concordato.

De allí que tanto las pautas del ajuste como su dies a quo, dependerá de circunstancias que ponderará -en su tiempo- el magistrado de primera instancia.
Acto administrativo, eficacia del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaina, Rodolfo c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Constituye principio recibido que los actos administrativos de alcance particular sólo adquieren eficacia a partir de la notificación al interesado. Siendo ello así, al no existir constancia alguna de que el acto haya sido notificado al interesado con anterioridad a su revocación, no han nacido derechos para él sobre el punto (el acto primigenio lo designaba en la categoría de Director y, antes de su notificación, fue revocado por razones de oportunidad).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción civil, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Landero Vda. de Silva, Ema c/ Schlumberger Compañia de Investigaciones Geofisicas -Procedimientos Schlumberger- S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-31

...la opción prescripta en el art. 17 de la Ley 9688, entre la Ley especial y la Ley común, se agota en el momento de deducir la demanda.

Allí se consume y se agota la facultad de elección ya que las acciones previstas en el dispositivo legal citado son excluyentes entre sí. De tal forma la promoción de la demanda, constituye decisión que impide el reclamo posterior por otra vía.
Nombre, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: L.D. s/ APELACION  RESOLUCION  REGISTRO  DEL  ESTADO  CIVIL DE LAS PERSONAS -  INSCRIPCION DE NOMBRE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

El nombre "Melaní" no vulnera ninguna de las prohibiciones que surgen del artículo 3 de la ley 18.248, por lo que corresponde admitir su inscripción. La falta de antecedentes en cuanto a un nombre determinado es indiferente a los fines de su aceptación.
Despido sin causa, indemnización por despido, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: PAGANINI SIERRA, JORGE OMAR Y OTROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS  S.E. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

La acción reparatoria del daño producido al ser dado de baja un trabajador por aplicación de la ley 21274 se origina en esa baja injustificada, no pudiendo remitirse bajo ningún aspecto la fuente resarcitoria al acto de reincorporación (en el caso acaecido ocho años después), salvo que éste reuniere las características del artículo 718 del código civil y con las consecuencias que en relación a los plazos de prescripción ya agotados, se exige en ese tipo de declaraciones del obligado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Knop, Marcelo Alejandro y otro s/ Homicidio - Abandono de persona.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Al no cuestionar el modo en que la Cámara declaró acreditados los hechos, que en consecuencia llegan firmes a esta instancia, el reclamo que en función de ello formula la defensa es improcedente pues en tales condiciones no logra demostrar que a los hechos en cuestión se les haya debido aplicar una norma jurídica en vez de otra (en el caso el art. 81 inc. 1, letra b) en lugar del art. 79 del Código Penal).
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, entidades deportivas, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: N H A y otros c/ V H G y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-18

Corresponde condenar a los dueños de un polideportivo a indemnizar a la familia de un menor por las lesiones sufridas por éste, a raíz de un accidente en el cual el niño, que había concurrido a jugar un partido de paddle en una cancha alquilada que se encontraba en la azotea del lugar, cayó al vacío al tropezar con una claraboya en ocasión de buscar una pelota que se había perdido habida cuenta que, al tratarse de una obligación contractual objetiva tácita de seguridad, no resulta indispensable la ausencia de culpa del demandado para eximirlo de responsabilidad, sino que lo primordial es la existencia de controles debidos para prestar el servicio en condiciones adecuadas, y al no hacerlo, es responsable de los perjuicios causados por el incumplimiento o ejecución irregular (arts. 1197, 1198 y ccs. del Código Civil).
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AVILEZ DE JUAREZ, Lidia c/ POSE, Pablo Rubén (Prop. Boutique "Rosana Estela") s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-15

La falta o disminución de trabajo, como causal de excepción del pago duplicado de la indemnización de la Ley 11729 debe producirse por causas ajenas a la voluntad del empleador quien deberá probar fehacientemente esa circunstancia.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, alícuota, intermediación financiera, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Círculo de Inversores S.A. de ahorro. c/ G.C.B.A s/ Recurso de apelación judicial Recurso de apelación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

En el caso, el régimen de ingresos brutos en la Ciudad grava en forma diferencial -por sus características- a la actividad de la actora, por lo que no pueden prosperar los cuestionamientos al obrar del organismo en este punto. Ello es así si se advierte que la administración de planes de ahorro para la compra de automóviles no integra la ratio legis que fija el artículo 32 de la Ordenanza tarifaria para el año 1994 Nro. 47.548, sino que, por el contrario, debe considerarse incluida en el inciso 12 del artículo 35, pues constituye a las claras una intermediación lato sensu, esto es, una de las modalidades de interposición comercial que la ley distingue de todos aquellos otros supuestos generales de intermediaciones, como son en definitiva la mayoría de las operaciones comerciales.

En el ahorro previo, la interdependencia entre la demanda del público consumidor del producto y la colocación de productos, encuentra unos de sus canales principales en la actividad mediadora de las administradoras de los fondos de ahorro: la sociedad no fabrica ni produce los bienes; ni los adquiere directamente al fabricante con fines de distribución comercial (por lo menos no en la forma habitual y regular que requiere la norma tributaria para tenerla por actividad gravada). Su rol interpósito consiste en dirigir un mecanismo que vincula a fabricantes y comercializadores directos (terminales y concesionarias), con los consumidores (ahorristas). Estos encomiendan al "intermediario" -la sociedad administradora- realizar determinados actos de comercio en nombre propio, pero por su cuenta. Además, un elemento más de juicio que excluye la caracterización de servicio personal que la recurrente pretende, es el hecho de que el ingreso de la administradora no constituye una mera contraprestación fija por el servicio de administración, pues está establecida proporcionalmente a la magnitud del negocio.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Iñurrita, Graciela y Otro c/ Ronan, Carlos Faustino s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-19

El manifiesto y encomiable esfuerzo intelectual puesto al servicio de la crítica del fallo recurrido, no es a mi juicio suficiente, para admitir la configuración de un supuesto de excepcionalidad a las previsiones del artículo 286 del CPCC, es suficientemente claro el texto de la norma precitada en cuanto a la recta inteligencia que debe dársele al concepto de sentencia definitiva, y no está permitido atemperar la interpretación de la norma siquiera aún frente a la presencia del vicio que se le endilga al pronunciamiento pues el artículo 286 del CPCC no efectúa distingo alguno y exige la presencia de las notas características de la sentencia definitiva como recaudo de admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación, sea se invoque la violación de la ley o doctrina legal o bien el quebrantamiento de formas.
Peón rural, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad objetiva, actividad riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Daninheimer Da Silva F., Paulino y Prado Cardozo, Ilda B. c/ Wipplinger, Francisco J. y/o Quien resulte prop. de Est. "Santa Rosa" y/o Quien en def. res. resp. s/ Daños y perjuicios (laboral)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-11-28

La sentencia que calificó a la "actividad rural" como riesgosa y condenó al dueño de un campo a indemnizar a los padres de un peón que falleció ahogado cuando se encontraba arreando ganado, debe ser confirmada, pues el dueño del predio no ha demostrado la orden de no ingresar al tajamar donde ocurrió el infortunio, ni que la víctima en ese momento trabajara por cuenta y orden de un tercero.
Recurso de apelación (procesal), delito de acción pública, gestión de negocios, aplicación supletoria de la ley, representación procesal, poder especial
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: DUFOUR, Vilma s/ Causa 4.399
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

En la investigación de delitos de acción pública, no es pertinente la aplicación de una norma procesal del derecho privado para acciones privadas (art. 48 del C.P.C. y C.), tal como pretende el letrado patrocinante de la acusadora particular, quien intenta suplir la voluntad de aquélla interponiendo recurso de apelación en su nombre, asumiendo así una representación directa en un acto procesal trascendente, que no le fue conferida mediante poder especial (art. 83, C.P.P.) y que por disposición del art. 1184, inc.

7° del Cód. Civil, requiere su concreción en escritura pública.
Cosa juzgada, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Punta, Raúl O. c/ Ford Motor's Company Argentina s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

La absolución o sobreseimiento del trabajador en sede penal no obsta, en principio, a que los jueces laborales determinen que la conducta de aquél configura injuria a los intereses del principal, pues ambos tribunales, el penal y el laboral, ejercen sus potestades en ámbitos diversos y con finalidades distintas, porque disímiles son los bienes jurídicos tutelados en uno y otro fuero. Pero si por decisión que ha quedado firme en sede penal se tienen por no acreditados los hechos invocados como causal de despido, se impone una particularísima restricción a la facultad de los jueces de grado, pues en esta situación opera, en cuanto a la existencia o inexistencia de las mismas circunstancias fácticas, la prejudicialidad prevista en los arts. 1102 y 1103 del Código Civil, a cuyo respecto la sentencia penal tiene el valor de cosa juzgada para los jueces de otros fueros.
Recurso de reposición (procesal), reposición in extremis, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Iñiguez, Victoriano Cipriano y otro s/ sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-11-08

Corresponde admitir el recurso de revocatoria in extremis por medio del cual el recurrente se agravia de la parte referida a intereses, pues si bien el apelante no ha efectuado ningún cálculo que demuestre que el interés atribuido por la anterior sentenciante es menor al que pretende, corresponde igualmente considerar su embate en miras al criterio amplio que impera en el tribunal respecto de la admisión de la apelación, esto es que cualquier crítica por "parca" que sea, es suficiente para considerar sostenido el recurso, siempre y cuando el apelante efectúe una verdadera crítica y no exprese un mero desacuerdo con la decisión apelada.
Acción de amparo, funcionarios públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: QUISBERT TEJADA, Richard P. c/ E.N. -Dirección Nac. de Migraciones- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

La órbita de la acción de amparo no incluye someter a vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios u organismos administrativos para juzgar de su acierto o desacierto (C.S.J.N., Fallos 302:535; este Fuero, Sala II, in re "Arzeno, Juan C. y otros c/ E.N. (Min. de Economía -Sec. de Agricultura Ganadería y Pesca s/ amparo", del 20/5/86).
Entidades financieras, banco central, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mateo, Fernando y otra c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

Atribuir responsabilidad al Banco Central por la demora en reintegrar fondos depositados en la entidad financiera intervenida, con sustento en el desplazamiento operado en virtud del art. 24 de la ley 22.529, importa otorgarle al instituto de la intervención cautelar un alcance que excede el que es propio de su naturaleza.
Contrato de obra, ruina
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorrasi, Pascual c/ Marinucci, Pascual y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-12

La ruina ha de entenderse con cierta latitud que la haga comprensiva incluso de lo que se ha dado en llamar "ruina funcional", esto es, la ineptitud de la obra para el destino previsto.
Homicidio, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: JUANA LUCIA CORDOBA c/ ACUÑA, IGNACIO LEOPOLDO Y BERTRAND, ENRIQUE s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-14

El sujeto pasivo de homicidio es un ser humano, entendiendo por tal todo ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes (art. 51 del Código Civil). Si bien es cierto la ley penal tutela la vida humana desde la concepción del ser hasta su muerte, resulta necesario determinar desde qué momento dicho ser tiene la calidad de persona para la ley penal, pues las penas y modalidades del aborto y el homicidio son sustancialmente distintas. En el homicidio el bien jurídico protegido es la vida humana que se concreta en la existencia de todo hombre, y por ende es el objeto de la acción del homicidio. Ahora bien, el problema de determinar cuando corre la protección dada por el derecho penal al ser humano, en el delito de homicidio, no es menor, ya que antes de comenzar a nacer, la muerte del feto no tipifica el delito de homicidio, sino el de aborto.
Régimen de visitas, incumplimiento de la obligación alimentaria, suspensión del régimen de visitas, derecho de comunicación, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: P., H.O. c/ T., S.A. s/ ART. 250 CPC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

El régimen de visitas, además de constituir un derecho para los padres, lo es también para los hijos, que sin duda se favorecen nutriendo esa relación; y ello sólo se logra a través de un trato fluido, constante y armónico entre todos ellos. El incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de uno de los progenitores, no da derecho al otro a restringirle las visitas al menor, pues no sólo se estaría castigando al renuente, sino también al hijo, el que debe permanecer ajeno a los problemas legales existentes entre sus progenitores. A pesar de los lazos que puedan romperse como consecuencia de la separación de la pareja, al existir hijos nacidos de ese matrimonio, subsiste siempre el vínculo que los une como padres, puesto que el menoscabo o la ruptura del vínculo paterno-filial provoca, habitualmente, conflictos difíciles de superar en la edad adulta.-
Trabajadores gastronómicos, extra especial
Materia: LABORAL
Carátula: AGARRAYUA, ANTONIO c/ HOTELES SHERATON DE ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-30

Si las tareas realizadas por los trabajadores se encuadran dentro de la categoría 'extra especial' (artículos 39 y 40 CCT. Numero 174/75) la circunstancia de que haya habido un aumento circunstancial de trabajo durante su desempeño no puede mejorar su situación contractual.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Edivel A. c/ Acosta, Jorge Ramón y otro s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

Tanto por la norma del art. 505 del C.C. (según ley 24.432), como por el verdadero sentido de la noción de parte y de tercero en el art. 851 del mismo código, como por el art. 25 del dec. Ley 8904/77, el monto del proceso debe ser el de la transacción que le puso fin para todos los profesionales).
Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, cuestiones procesales, coronavirus, dictamen fiscal, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: SIÑANEZ, Víctor Fernando s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Corresponde declarar inadmisible el recurso deducido, toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción a dicho principio general, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la petición de detención domiciliaria. El tribunal de origen tuvo en cuenta, a efectos de mantener el encierro, la entidad del delito por el cual el imputado fue requerido a juicio -contrabando agravado (arts. 864, inc. "d" y 866, segundo párrafo CA)-, el estado avanzado de la causa -etapa de prueba-, la imposibilidad de una pena condicional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino sobre la materia. Por otra parte, apreció las diversas medidas adoptadas por el SPF y descartó que la mera circunstancia de que el encausado esté incluido dentro de la población de riesgo de cara a la pandemia conlleve per se la concesión automática del beneficio requerido, máxime cuando los informes médicos dan cuenta que es posible proteger la salud del imputado dentro la Unidad. Por último, el tribunal de origen aclaró que se apartó del consentimiento fiscal para la concesión del arresto domiciliario, en tanto, consideró que el dictamen presentado por esa parte no resultaba vinculante, toda vez que existían contundentes indicadores de riesgo procesal. Las circunstancias mencionadas resultan suficientes para descartar la alegación defensista sobre la falta de contradictorio, en tanto la opinión fiscal para ser vinculante debe encontrarse debidamente fundada siendo que, de lo contrario, y como sucedió en el caso bajo estudio, el Juzgador perfectamente podría apartarse de aquella explicando las razones y defectos existentes en el razonamiento brindado por el Ministerio Público. Dres. Riggi, Catucci y Gemignani -voto conjunto-.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CIVIL
Carátula: CAROL, CIRO ALBERTO c/ DIRECCION DE TRABAJO DE LA PROVINCIA Y/U OTRO s/ ACCION DE AMPARO LEDESMA PABLO MARTIN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/O OTRA s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-12|2000-02-17

La acción de amparo requiere para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expedita del amparo. En autos no se configura un supuesto que torne procedente la vía elegida, por lo que corresponde su rechazo.-
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, José Florencio y Otros c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-19

Las exenciones al principio del artículo 68 CPCC deben ser también fundadas en circunstancias objetivas, y el margen de arbitrio que se otorga a los jueces para su exención, debe ser adecuada y prudentemente ponderada en cada caso particular. No basta la creencia personal y subjetiva del derrotado, de que le asistía derecho para repeler la acción; la razón probable para litigar debe avalarse con elementos de apreciación de los cuales se la infiera, debidamente ameritadas como razonablemente suficientes. Inclusive, en materia laboral se ha dicho, que también deben tenerse presentes los principios protectorios del derecho del trabajo.