Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-24


Salta, 24 de octubre de 2016.	Tomo (208:161/174) Y VISTOS: Estos autos caratulados "AMX ARGENTINA S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. CJS Nº 37.498/14), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, dijeron:	_____ 1º) Que contra el auto interlocutorio de fs. 89/92 vta., que intimó a la actora para que proceda al pago de la suma liquidada en concepto de contribución que incide sobre propaganda y publicidad según liquidación de la Subsecretaría de Ingresos del Municipio de San Ramón de la Nueva Orán bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad formal de la demanda (Punto I), y dispuso que previo a hacer efectiva la intimación precedente se corra vista a la Municipalidad de la sustitución del importe a abonar ofrecida por la actora mediante póliza de seguro de caución por la suma de hasta $ 6.168.489,00 (Punto II) y, simultáneamente, ordenó a título de medida cautelar la suspensión de los efectos de la intimación al pago de la tasa por inspección de antenas de comunicación y estructuras autoportantes de fecha 04/03/13 y de sus actos consecuentes, la accionante interpuso, a fs. 93 y vta., recurso de apelación sólo contra el apartado I.	Para así resolver, la Sra. juez de la anterior instancia consideró, con base en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, que la exigencia del "pago previo" resulta constitucionalmente válida pues no restringe inde-bidamente el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional y consideró que tampoco es contra-ria al art. 8, inc. 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo dijo que la morigeración de tal exigencia, según los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en supuestos de efectiva obstaculización de acceso a la jurisdicción- sólo procede cuando se acredita la existencia de una despro-porcionada magnitud entre la suma que el actor debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial, valorando la acreditación "prima facie" de la imposibilidad de hacerle frente por tales razones; supuestos de excepción que no se verifican en autos. Por lo que resolvió intimar al pago previo del importe de la contribución y consecuentemente, dispuso que correspondía dar a la actora la posibilidad de sustituir el importe determinado por la suma de $ 4.168.488,79 por la contratación de un seguro de cau-ción. Atento a que la actora ofreció póliza de seguro de caución Nº 924.488, ordenó que se corriera vista a la municipalidad de-mandada a fin de que se expida al respecto.	En relación a la medida cautelar la jueza expresó que, por vía de principio, no procede en contra de actos administrativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, lo que no es óbice para decretarla cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o le-gales, teniendo siempre en cuenta el carácter estrictamente acce-sorio de la medida respecto de la acción o recurso promovido y que la apreciación de la verosimilitud del derecho no entraña más que un juicio de probabilidad, toda vez que su definitivo esclareci-miento constituye materia del pronunciamiento final, por lo que resolvió hacer lugar a la cautelar solicitada, previa constitución de caución real suficiente a satisfacción del juzgado, la que fue finalmente aceptada (v. fs. 96 segundo párrafo).	2º) Que a fs. 98/106 el recurrente expresa agravios y afirma que en la resolución cuestionada se intimó a su parte a pagar una contribución en concepto de tasa por publicidad y propaganda que no es la impugnada ni ha sido objeto de este proceso. De allí que sostiene que se incurrió en violación al principio de congruencia.

Alega que si bien apeló la resolución en cuanto la intima al pago de una tasa ajena al caso de autos, simultáneamente consintió la vista de las presentes actuaciones a la demandada a efectos de que se expida respecto del seguro de caución ofrecido por su parte en garantía de pago y en sustitución al pago previo (pto. II del auto apelado).	Señala que en autos se incurrió en un exceso de rigor formal al inhabilitarse la vía judicial sin garantizar su derecho de defensa y se lo intimó al pago de una contribución que contradice la medida cautelar de suspensión de efectos de las resoluciones impugnadas.	Añade que a fin de garantizar al municipio el pago de un eventual crédito que tuviera a su favor, ofreció en sustitución al pago previo un seguro de caución, que si bien fue considerado en la resolución apelada (v. pto. II), posteriormente nunca se efec-tivizó, no obstante los requerimientos formulados por el recu-rrente en ese sentido y con carácter previo al tratamiento de su apelación con el fin de que ésta no deviniera abstracta (v. fs. 93, pto. I, segundo párrafo). Entiende que con ese seguro de cau-ción el principio "solve et repete" se encuentra garantizado.	Finalmente, aduce que la obligación del pago previo dis-puesta por el art. 28 del C.P.C.A. (pto. I) se contrapone con la medida cautelar ordenada (pto. III).	A fs. 159/160 el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 emite dictamen donde, por las razones que allí expresa, opina que el re-curso resulta procedente. A fs. 163 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	3º) Que esta Corte en anteriores pronunciamientos sostuvo que "la causal de arbitrariedad por autocontradicción se patentiza cuando el pronunciamiento es inconsecuente consigo mismo, portando incoherencias que lo descalifican como acto judicial. Su defecto refiere a la propia estructura del fallo, en el que se incumplen las prescripciones legales sobre la obvia armonía que debe mediar primero entre los fundamentos de la resolución, y después entre esos fundamentos y lo decidido" (Tomo 198:251).	Este vicio se observa en el fallo recurrido, toda vez que incurre en una serie de contradicciones lógicas: por un lado ordena la intimación al pago de una contribución ajena a la que impugna la actora, como recaudo formal de admisibilidad de la demanda, esto último en virtud de la regla del "solve et repete" contenida en el art. 28 del C.P.C.A. Asimismo ordena una vista al municipio demandado a los efectos de que se expida por la sustitución del pago previo ofrecido por la actora que -no obstante estar consentido por ella-, no se cumplimentó y, por último, simultáneamente dispuso a título de medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución administrativa atacada y sus actos consecuentes, enervando la posibilidad de que la demandada persiga el cobro de la suma determinada en concepto de contribuciones.	Ahora bien, establecido claramente el objeto de la demanda (v. fs. 1 vta. ap. "a", "b", "c" y "d") y como ya se anticipara, se observa que la contribución que incide sobre "propaganda y publicidad" no fue incluida por la actora entre sus pretensiones de modo tal que no integró la litis, por lo que mal pudo mediar resolución sobre el punto, conforme lo entiende el recurrente en sus agravios. En el caso, al diferir los considerandos en la sentencia con lo expresado en la parte dispositiva se afectó el principio de congruencia. Por congruencia debe entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutivas del órgano jurisdiccional, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes. Así, todo pronunciamiento que implique un apartamiento del mentado principio y resuelva capítulos no propuestos a la jurisdicción, importa un menoscabo al derecho de defensa del afectado por la resolución (en idéntico sentido, esta Corte, Tomo 186:567; 189:691, entre otros). Igualmente lo establece el art. 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo en consonancia con el art. 163 inc. 6º del C.P.C. y C.	Por otro lado, esa intimación al pago, que pretendió ser morigerada por la sustitución por un seguro de caución -sujeto a conformidad del municipio y consentido expresamente por la recurrente-, no se efectivizó en virtud de haberse omitido la vista ordenada y además porque la demandada con posterioridad nada adujo en ese sentido (no obstante el conocimiento que tuvo de las actuaciones conforme surge del préstamo del expediente efectuado a su letrada apoderada a fs. 148/149 vta.). Todo lo cual implicó en los hechos dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta simultáneamente en el mismo pronunciamiento cuestionado, lo que no puede ser convalidado.______________________________________________________	Es decir que la sucesión de incongruencias procesales -subsumidas en la resolución de fs. 89/92 vta.- mediante decisiones -cuanto menos- contradictorias, permiten afirmar que asiste razón al recurrente -en todo cuanto fue materia de agravios-._____	En efecto, en relación a la intimación al pago previo, tal como se ha expresado en anterior oportunidad (esta Corte, Tomo 185:689), la concesión de una medida precautoria que impide la ejecución de un acto determinativo fiscal, conlleva necesariamente la inexigibilidad del recaudo procesal mencionado. En autos, la medida cautelar solicitada por la actora y ordenada por la Sra. juez "a quo" en el auto resolutorio de fs. 89/92 vta. mediante la cual se dispuso expresamente "la suspensión de los efectos de la intimación al pago de la tasa por inspección de antenas de comunicación y estructuras autoportantes de fecha 04/03/2013 y sus actos consecuentes", -previa caución real a satisfacción del juzgado la que fue admitida a fs. 96 segundo párrafo y notificada al municipio demandado (v. fs. 110/111)- se encuentra consentida por éste y de allí que su vigencia resulta incompatible con la intimación ordenada en el apartado I.	En virtud de ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación bajo análisis y, en consecuencia, revocar el punto I de la resolución apelada.__	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	Que por sus fundamentos adhiero al voto que antecede.	El Dr. Ernesto R. Samsón, dijo:	_____ 1º) Que por razones de brevedad me remito a la relación de la causa efectuada en los puntos 1º y 2º del voto que abre el presente acuerdo. Ello sin embargo, difiero parcialmente con el mismo, dejando a salvo la opinión que he sostenido en distintos precedentes de este Tribunal (Tomo 198:251, 473, 783; 200:51; 202: 733), respecto a que, en el marco de un proceso de impugnación de un acto administrativo, sin el pago previo (cumplimiento de la regla "solve et repete"), no se cumple el requisito legal de admisibilidad de la acción exigido por el art. 28 del C.P.C.A. Dicha exigencia legal contempla sólo el tributo y no es comprensiva de la multa impuesta por el órgano fiscal. Su importe puede ser sustituido por una garantía suficiente, conforme lo señalado en los mentados precedentes y, una vez efectivizado, queda asegurada la solvencia de la actora en orden a la eventual procedencia y exigibilidad del tributo, objeto de la impugnación.	Por lo tanto, la contradicción invocada, entre el cumplimiento de la regla "solve et repete" y la contracautela exigida para conceder la medida cautelar de suspensión del acto administrativo atacado, es sólo aparente pues, en aquellos supuestos en los que el pago previo es cumplido en efectivo o sustituido por una garantía, la contracautela quedará acotada a garantizar otras consecuencias eco-nómicas que pudieran derivarse de la suspensión y su cuantificación recién será posible en la etapa procesal pertinente.	2º) Que sin perjuicio del criterio señalado, cabe considerar que, a diferencia de los precedentes citados, en el presente caso la resolución de primera instancia contiene un severo defecto, ya que en el desarrollo de sus considerandos refiere a la tasa por inspección de antenas de comunicación y estructuras autoportantes, pero, inexplicablemente, el punto I de la parte resolutiva intima el pago previo de la suma liquidada "en concepto de contribución que incide sobre propaganda y publicidad".	Lo señalado evidencia un error que vulnera el principio de congruencia, pues el referido punto I de la sentencia resuelve so-bre un objeto diferente del planteado en la demanda, en la que se impugnó una tasa distinta.	3º) Que como lo ha señalado este Tribunal (Tomo 97:401), por aplicación del principio "tantum devolutum quantum apellatum", pre-misa fundamental que surge del principio dispositivo, el ejercicio de la jurisdicción apelada, queda limitado por el alcance del re-curso concedido. En similar sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (Fallos, 302:1435; 304:1482, entre otros; esta Corte, cfr. Tomo 149:1051; 156:849, entre otros).	4º) Que así las cosas, el recurso de apelación deducido por la actora resulta procedente, teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales que resguarda el derecho de defensa en juicio es el de congruencia, por lo que, conforme lo ha señalado la doctrina, el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por las partes y a ellas incumbe fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado (cfr. esta Corte, Tomo 108:131; 186:567; 191:415).	También resulta una grave incongruencia que la parte dis-positiva de la resolución no encuentre sustento alguno en los con-siderandos del decisorio (cfr. esta Corte, Tomo 76:819).	5º) Que el vicio señalado respecto del punto I de la sen-tencia se extiende también al punto II, pues éste remite al ante-rior y, consecuentemente, carece de fundamento autónomo.	En razón de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso y dejar sin efecto los puntos I y II de la resolución de fs. 89/92 vta.______________________________________________________________	En cuanto a las costas, teniendo en cuenta lo establecido por el art. 15 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Ad-ministrativo, se imponen por el orden causado.	El Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijo:	1º) Que en el precedente de este Tribunal registrado en Tomo 198:473 recordé, al resolver una cuestión similar a la del "sub lite", que los tres caracteres que gozan los actos administrativos, que atañen a su eficacia, son la presunción de legitimidad, la ejecutividad y la ejecutoriedad (cfr. arts. 77 a 79 de la Ley 5348); que con arreglo a ellos todo acto administrativo regular se presume legítimo en su forma y contenido, por lo tanto y mientras su posible nulidad no sea declarada por autoridad competente, aquél resulta obligatorio, siendo su cumplimiento exigible a partir de su notificación; que al lado del referido deber de obediencia del acto administrativo convive la denominada "autotutela ejecutiva" o fuerza ejecutoria, que implica la facultad de la Administración de poner en práctica el acto por sus propios medios impidiendo -como regla- que los recursos que interpongan los particulares suspendan su ejecución y efectos (v. Canda, Fabián "La suspensión de los efectos del acto administrativo" en "Colección de análisis jurisprudencial. Elementos de Derecho Administrativo", Julio R. Comadira -dir.-, La Ley, 2005, pág. 650); y que de allí que pueda obtener el cumplimiento del acto por medios directos o indirectos de coerción.	2º) Que en este orden, dejando a salvo la posición sustentada respecto a la interpretación que cabe dar a la norma del art. 28 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo que bajo la lacónica expresión "liquidación de cuentas" e "impuestos" contempla tanto las deudas no tributarias como las que sí lo son, cabe decir que en el caso, sobre la base de las premisas indicadas, surge evidente que la suspensión cautelar de los efectos de los actos cuestionados en autos produjo para la beneficiaria resultados innovativos al haber satisfecho la caución real exigida, pues al encontrarse tales actos notificados, alterará la situación preexistente restableciendo la anterior a su dictado, quedando invariablemente privados de la referida ejecutividad y ejecutoriedad, ya que al hallarse provisoriamente neutralizados sus efectos jurídicos, la presunta obligación fiscal relativa al pago de la tasa por inspección de antenas de comunicación y estructuras autoportantes no podrá ser exigible hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada o, en su caso, se revoque o modifique la medida adoptada.	Por consiguiente y frente a la cautelar ordenada que clausura -de manera temporal- la posibilidad de ejecución del acto que incluye la aludida obligación fiscal, el instituto del previo pago pierde su fundamento ontológico y su aplicación al caso, bajo tales condiciones, torna arbitrario el fallo apelado por incoherencia de sus razonamientos para sostener ambas medidas en simultaneidad.	3°) Que siendo ello así, comparto el relato de los antecedentes de la causa, los fundamentos expuestos y la solución jurídica arribada en el voto que abre el presente acuerdo.	Por lo que resulta de la votación que antecede.	______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en su mérito, revocar el punto I de la resolución de fs. 89/92 vta. Costas por su orden.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz, Ernesto R. Samsón - Jueces de Corte- y Guillermo Alberto Catalano -Presidente- .Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).