Daños y perjuicios, accidente de tránsito, muerte de la víctima, responsabilidad del Estado, relación de causalidad, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Krohn, Guillermo Adolfo y Krohn, María del Valle c/ Batalla, Alejandro Gustavo s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-12

En el marco de una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, en el que falleciera la hija de los actores, la codemandada -Estado Provincial- recurre en casación la sentencia de la Alzada que revocó la excepción de falta de legitimación pasiva, admitida en primera instancia, y como consecuencia de ello determina que le corresponde un treinta por ciento de responsabilidad en la producción del daño.

La recurrente pretende, en definitiva, cuestionar la existencia del nexo causal que hace que se le atribuya responsabilidad en el siniestro, objeto primigenio de la acción. En primer lugar, el análisis de la relación de causalidad es una típica cuestión de hecho y prueba, que, en principio, no es revisable en casación, salvo que se configure la hipótesis de absurdo.

En segundo lugar, dicho vicio no se advierte en la especie, en la medida que surge de la propia Ley de Transporte de la Provincia y su Decreto reglamentario, que la Dirección de Transporte Provincial, como autoridad de aplicación, tiene a su cargo no solo el control de las unidades de transporte público en cuanto a las condiciones que deben reunir para habilitar su uso, sino también el control del regular desenvolvimiento del servicio público, aun ejecutado por terceros a título de concesionarios o permisionarios, contando con una serie de instrumentos de penalización estipulados expresamente para el caso violación a sus normas o a su reglamentación, como por ejemplo: llamado de atención, multa, secuestro, suspensión, caducidad e inhabilitación, para garantizar la correcta ejecución del servicio de transporte. En consecuencia, del régimen jurídico aplicable surge la obligación del Estado de controlar las condiciones de seguridad de las unidades de trasporte, potestad-deber a la que no puede renunciar.

En el caso, si desde la última inspección técnica al automotor protagonista del siniestro, en la que se detectaron falencias y se intimó por un plazo perentorio a la empresa a repararlas, transcurrieron o 18 meses hasta la fecha del accidente sin que la Dirección de Transporte hiciera efectiva la intimación, realizara nuevo control o apelara a la aplicación de las variadas sanciones que le otorga la legislación de la materia, va de suyo que la autoridad incurrió en una omisión antijurídica que, de no haber existido, hubiera quizás, con un grado razonable de probabilidad, evitado el accidente y sus penosas consecuencias.

De ello resulta el nexo causal relevante del que la Cámara hace mérito para atribuirle responsabilidad y en atención a la prudente medida y extensión en que la determina, no se configura en la Sentencia en recurso la arbitrariedad que se le endilga en la valoración de las circunstancias fáctico- jurídicas de la causa.

Por lo tanto, debe rechazarse el recurso de casación articulado, por improcedente.