Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01


CONSIDERANDO:	I. Que en contra la Resolución Nº 1036/13 del Ente Regulador de Servicios Públicos (fs. 33/35), EDESA S.A. interpuso a fs. 38 recurso de apelación, el que fue concedido libremente y en ambos efectos a fs. 46.	Elevados los presentes y radicados en este Tribunal (ver fs. 48 ), a fs. 51 se ponen a la Oficina para que el apelante exprese sus agravios. Vencido el plazo sin que se verifique su cumplimiento, a fs. 53 pasan los autos a Despacho, providencia que se encuentra notificada y firme, según surge de la constancia obrante a fs. 53 vta. (notificación automática).	II. Que corresponde analizar en primer término la competencia de este Tribunal en relación al recurso directo planteado por la EDESA S.A., distribuidora del servicio público de electricidad de la Provincia de Salta, el que se enmarca en el artículo 14 de la ley 6835 (v. fs. 46).	La Corte de Justicia sostuvo en diversos pronunciamientos que si la cuestión planteada en el recurso interpuesto en contra del Ente Regulador de Servicios Públicos tiene relación directa con la prestación del servicio público o el régimen tarifario es competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo (Tomos 62:535, 77:639, 79:847, 81:601, 113:765, 115:737, 116:611, 117:959). Igualmente si se relaciona con la potestad sancionatoria de ese organismo regulador (Tomo 82:017).	En efecto cuando, como aquí ocurre, la impugnación de la empresa Distribuidora se centra en aspectos que motivaron la asignación de responsabilidad por la supuesta falta de cumplimiento de la normativa regulatoria de la prestación, no cabe sino concluir que el fuero competente es el contencioso administrativo.	Ello porque la materia a dilucidar se relaciona puntualmente con la actuación de un organismo regulador de los servicios públicos, en la especie el de energía eléctrica. Lo atinente a servicio público forma parte de la disciplina jurídica administrativa, por tratarse de uno de los modos en que el Estado cumple fines primordiales ejerciendo función administrativa. Sabido es, por lo demás, que los entes reguladores tienen distintas atribuciones que, genéricamente, pueden resumirse en las de regulación, control, prevención, sanción, tarifación. Y expresamente le son asignadas por ley potestades jurisdiccionales. Si bien en casos como el de autos se pretende la revisión de una decisión emitida en relación al daño invocado por un usuario, lo que pareciera prima facie dar lugar a la aplicación de normas de derecho privado, no debe perderse de vista que, en definitiva, se trata de efectivizar el control judicial sobre la decisión jurisdiccional -o cuasijurisdiccional, según parte de la doctrina- de un ente administrativo, tal como desde antaño lo tiene dicho la Corte de Justicia local: "La validez de un régimen de órganos administrativos dotados de atribuciones jurisdiccionales obliga a que el pronunciamiento emanado de dichos entes quede sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior" (CJS, Tomo 62:535, año 1998). Y radicando los antecedentes en la deficiente prestación del servicio y la causación de daños a usuarios, clientes o consumidores, dicho control judicial corresponde al específico fuero contencioso administrativo.	En igual sentido se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala Primera-, dejando establecido que "si el sustento fáctico del reclamo tiene una relación de naturaleza administrativa, carácter que no es impedido por la circunstancia de que se trate del reclamo del usuario frente a un prestador privado, la competencia no es la de esta Cámara en lo Civil y Comercial, en la medida que la pretensión despliega sus efectos a partir del triple vínculo jurídico que el acto concesional determina, criterio más aún aplicable si se trata de un servicio público obligatorio y se encuentra interviniendo un ente regulador que es un organismo del Estado" (CApelCC Salta, Sala I, Expte. CAM 193.684/7, año 2007, causa "Quiroga c. EDESA S.A. - Recurso de apelación ley 6835").	III. Que, por las razones expuestas y considerando que la competencia por materia es de orden público y debe ser decretada aún de oficio en cualquier etapa del procedimiento, corresponde declarar la incompetencia del fuero civil para el tratamiento del recurso interpuesto a fs. 38 en contra de la Resolución Nº 1036/13 del Ente Regulador de Servicios Públicos y remitir las actuaciones al tribunal competente que es el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Salta.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	________________________ RESUELVE:	I. DECLARAR la incompetencia del fuero civil y comercial para entender en las presentes actuaciones.	II. ORDENAR se registre, notifique y oportunamente se remitan el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Salta, oficiándose debidamente.