Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-04-12


ACUERDO En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 12 días del mes de abril de 2002, se reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Jueces José A. Salomón y Walter Tabárez Guerrero -por subrogancia legal-, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados "SAUCEDO, Armando Daniel s/ Administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública", expte. nº 498/02 STJ-SR. Se deja constancia que el presente Acuerdo se conforma con la integración mencionada por encontrarse vacantes dos de las tres vocalías del Tribunal (art. 73, inc. a., de la ley 110).

ANTECEDENTES 1.-	Con fecha 7 de noviembre de 2001, el Tribunal de Juicio en lo Criminal rechazó la propuesta de omisión de debate realizada a fs. 146 por la Sra. Agente fiscal interviniente, consentida por el defensor de Armando Daniel Saucedo a fs. 155, al aplicar al caso el criterio establecido por este Tribunal en cuanto señaló que "...cualquiera sea la pena prevista, tanto en los casos de procesados funcionarios públicos o cuando se investigan delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, la Constitución impone reglas que establecen la inaplicabilidad del art. 324 del C.P.P." (decisión de fs. 159/160).

2.-	Contra dicho pronunciamiento el Sr. Defensor ante este Estrado, Dr. Gustavo A. Ariznabarreta, interpuso recurso de casación a fs. 162/169. Entiende que la interpretación expuesta por el a quo incurre en inobservancia del art. 324 del C.P.P. toda vez que la norma constitucional "...se halla desgajada del contexto histórico-jurídico por cambios objetivos de las circunstancias, como en la especie, son estos fenómenos mudadizos los que nos deben conducir a interpretarla valorativamente de una manera distinta a como antes se la interpretaba, lo cual, y valga la aclaración, no equivale a efectuar creaciones libres fuera de su marco o standard" (fs. 163vta.). Procura, en definitiva, una interpretación dinámica de la norma constitucional que permita la aplicación del instituto de la omisión de debate.

A fs. 173/174 se concedió el remedio procesal intentado.

3.-	Radicadas las actuaciones ante esta instancia (fs. 177), se corrió vista al Titular del Ministerio Público Fiscal quien, en su dictamen de fs. 179/180, propició el rechazo del recurso en trato.

Llamados que fueron los autos al Acuerdo e integrado el Tribunal en debida forma (fs. 181 y 182), la causa se encuentra en estado de ser resuelta, disponiendo el Tribunal formular y votar las siguientes:

CUESTIONES Primera:	¿Es procedente el recurso interpuesto? Segunda:	¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Juez José A. Salomón dijo:

1.-	A fs. 159/160, el Tribunal de Juicio en lo Criminal no hizo lugar a la propuesta de omisión de debate realizada por la Sra. Agente fiscal interviniente a fs. 146, y que fuera consentida por el defensor de Armando Daniel Saucedo a fs. 155.

Ello en virtud de considerar que, de acuerdo al criterio fijado por este Superior Tribunal en los autos "Merayo Núñez, Leopoldo Dante s/ Defraudación a la administración pública a través de abuso de firma en blanco" -expte. nº 350/99 SR del 23.02.2000, Libro VI, fº 41/45-, el delito imputado de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (conf. los arts. 173 inc.7º y 174 inc. 5º del Código Penal; ver auto de procesamiento de fs. 110/113 y requerimiento de remisión a juicio de fs. 125/126) impide, a la luz del art. 151 de la Constitución Provincial, la aplicación del instituto previsto por el art. 324 del C.P.P..

Dicha cláusula constitucional expresa: "La ley asegurará el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años, en las que los procesados fueren funcionarios públicos, en las que se investiguen delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, cualquiera sea la pena prevista para sancionarlos, y en las demás causas que determine la ley".

Sin perjuicio de ello, hace expresa su posición en contrario, en el entendimiento que no existe ningún tipo de incompatibilidad entre las normas en pugna (arts. 324 del C.P.P. y 151 de la Const. Prov.) ya que, en estos casos, se cuenta con el consentimiento de las partes y la Fiscalía pretende una sanción (que serviría de límite máximo para el Tribunal) que no es de gran envergadura (dos años y medio de prisión, ver fs. 146). Finalmente, recuerda que la publicidad del proceso queda amparada con la lectura de la sentencia en audiencia pública (fs. 159vta./160).

2.-	A fs. 162/169 el Dr. Gustavo A. Ariznabarreta interpuso recurso de casación. Tras exponer sucintamente el contenido del proceso, alega la inobservancia del art. 324 del C.P.P..

Reconociendo la indisponibilidad del texto constitucional, sostiene que las normas deben ser interpretadas con un método dinámico, con un esfuerzo compatibilizador que permita adaptar su lectura a situaciones e institutos jurídicos que "...respaldados por un incontestable espíritu superador, como en el caso, sobrevengan novedosamente con recta, sapiente y justa finalidad" (el resaltado es del original, fs. 463vta.).

Agrega que "Abordada la cuestión desde la perspectiva dikelógica, y con sentido realista, podría decirse que dictada la norma constitucional para una circunstancia histórica determinada, y apropiada quizás para ese momento, si las circunstancias cambian, la norma puede extraviar su verdadera razón de ser ante esos cambios justificados que aparecen e irrumpen legalmente a través de la legislación ordinaria" (fs. 163vta.).

Insiste en que "Este método de interpretación dinámica (inter-relación vital entre el marco normativo y las nuevas exigencias concretas) nos ayuda a dejar de lado la interpretación estática, cerrada y rígida que inmoviliza el sentido de las normas constitucionales y que paraliza su adaptación a circunstancias diferentes de las que existían al tiempo de su sanción" (fs. 164).

En suma, y a fin de no extenderme en demasía en esta reseña del contenido del recurso, la defensa entiende que el criterio impuesto por este Tribunal en el precedente "Merayo Núñez" debe ceder ante una interpretación dinámica y flexible del art. 151 de la Carta Magna Local para su adaptación a nuevas situaciones.

De esta forma, sus argumentos no resultan similares a los expuestos por el Tribunal de Juicio a fs. 159vta./160.

3.-	Tal como queda patente de la lectura de las piezas procesales correspondientes, el presente caso muestra estrecha similitud con el planteo tratado en los autos "Merayo Núñez", ya citados.

En tal sentido, compartiendo la opinión expuesta por el Dr. Carlos D. Bassanetti en su dictamen, entiendo que no cabe modificar la posición sustentada por este Superior Tribunal en el precedente indicado -máxime cuando la integración actual es circunstancial, respondiendo a la ley de subrogancia- y, por ello, considero prudente transcribir algunos de los fundamentos expuestos en aquél. Tales consideraciones darán debida respuesta al recurso bajo examen, toda vez que la exposición ensayada por la defensa no alcanza ni pone en tela de juicio aquéllas.

"Siguiendo este mismo sendero analítico, en su dictamen (...) el Titular del Ministerio Público Fiscal propicia se declare la nulidad de la propuesta de omisión de debate (...) y todos los actos consecutivos que de ella dependan por contravenir la norma del art. 151 de la Constitución Provincial: 'La ley asegurará el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años, en las que los procesados fueren funcionarios públicos, en las que se investiguen delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, cualquiera sea la pena prevista para sancionarlos, y en las demás causas que determine la ley'.

3. En autos se hizo aplicación del art. 324 del Código Procesal Penal que autoriza, en determinados supuestos y con la conformidad de las partes, a omitir la realización de la audiencia de debate.

Dicha previsión involucra también los preceptos contenidos en el citado art. 151, pues la omisión significa imponer al proceso un trámite casi exclusivamente escritural. De la lectura de las normas interesadas, resulta relevante que si bien el legislador en la redacción del art. 324 no excluyó en forma expresa su aplicación a los supuestos transcriptos en el considerando que antecede, no resulta dudoso que en aquellos casos la norma legal se torna inaplicable ya que cede ante una cláusula de jerarquía superior que asegura, sin excepciones, el juzgamiento en instancia única, oral y pública.

Sabido es que la tarea del juzgador debe tender a lograr una interpretación sistemática que dé sentido a cada disposición, sin suponer superposiciones normativas ni inconsecuencias en el legislador (este Tribunal in re 'I.P.P.S. c/ Vera, Jorge N. s/ Incidente de oposición al pago de tasa de justicia' -expte. nº 58/95 SDO del 05.07.95, Libro II, fº 134/135-; 'Hernández Hernández, José Eduardo y Negrón, Joaquín Eduardo s/ Tentativa de robo' -expte. nº 268/98 SR del 18.02.99, Libro V, fº 44/49-; entre muchos otros). En igual sentido, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que '...es reconocido como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que oponga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por lo que es criterio adecuado para la interpretación de las normas, seguir aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto' (Fallos, 305:538 y 657; citado por este Tribunal en "Gerlos").

Bajo este prisma, encontramos que, cualquiera sea la pena prevista, tanto en los casos de procesados funcionarios públicos o cuando se investigan delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, la Constitución impone reglas que establecen la inaplicabilidad del art. 324.

En el restante supuesto del art. 151, se advierte que ambas normas utilizan pautas distintas: mientras la Constitución fija el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años; el Código Procesal posibilita la omisión del debate '...cuando el Ministerio Público Fiscal estime suficiente la imposición de una pena no mayor a tres (3) años de privación de la libertad, de multa o de inhabilitación, aún en forma conjunta...'. Es decir, una norma refiere al máximo punitivo previsto en la ley, mientras la otra remite a la pena pedida por el fiscal. No se advierte oposición entre ambos preceptos, aún cuando existan figuras penales que, quedando aprehendidas por el art. 151, por el mínimo de pena autorizan a los fiscales a solicitar la omisión del debate (por ej.: arts. 91: lesiones gravísimas; 167: robo agravado; 210: asociación ilícita; entre muchos otros). Integrando ambas normas, se concluye que del universo de delitos que autorizan al Ministerio Público Fiscal a solicitar tal omisión, ésta sólo será procedente en aquellos casos en que, además, la sanción prevista no supere una pena privativa de la libertad de seis años, tal como establece el art. 151.

Como se ve, en ningún caso las normas se confrontan; antes bien, se complementan.

(...) 5. No caben dudas de que el sub exámine queda comprendido dentro del tercer supuesto de aquellas causas penales para las que la Constitución Provincial impone el juzgamiento en instancia única, oral y pública, atento a la gravedad que, desde un punto de vista social, posee el tratamiento de un hecho grave, la comisión de delito por parte de un funcionario público o el ataque contra un bien jurídico que trasciende intereses y derechos de los particulares.

La claridad con que el convencional constituyente Demetrio E. Martinelli se pronunció en el tratamiento de este tema exime de mayores comentarios: '...el mandato constitucional, hoy preciso y concreto, es que estas causas, las causas penales graves, aquellas que sean realmente llamativas para la comunidad (...) y los delitos contra el Estado por la gravedad que tienen desde el punto de vista social (...) Estamos haciendo una diferente calificación de la gravedad de los delitos por las penas, por el bien jurídico protegido y por las personas responsables de los delitos en cuestión...'.

En estos casos, el constituyente entendió que la oralidad -con la publicidad que ésta conlleva- excede el simple interés del imputado para alojarse como un verdadero principio de índole republicano (ver Clariá Olmedo, Jorge A., 'Derecho Procesal Penal', T. III, actualizado por Jorge Raúl Montero, Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 97). Por ello, la omisión del debate deja de ser disponible para las partes.

En distintos precedentes, ha expresado este Tribunal que los intervinientes en el proceso no pueden apartarse de las formas establecidas ('Raña, Luis Angel s/ Amenazas calificadas' -expte. nº 120/96 SR del 30.10.96, Libro II, fº 397- y 'Franco Leonardo Alejandro s/ Abuso deshonesto s/ Recurso de Habeas Corpus' -expte. nº 119/96 SR del 06.12.96, Libro II, fº 454/459-), extremo que adquiere mayor relieve en el presente caso en que la manda inobservada desciende al proceso penal de una norma de carácter constitucional.

4.-	Francamente no es tarea sencilla comprender la línea de defensa ensayada por el casacionista.

Como columna argumental, el Sr. Defensor ante este Estrado propone una interpretación flexible y dinámica de la norma del art. 151 de la Constitución Provincial, que permita su "adaptación a nuevas situaciones", o "adaptarse adecuadamente a las nuevas exigencias y a los nuevos problemas", "ser doblada sin que se rompa", dejando de lado "una interpretación estática, cerrada y rígida que inmoviliza el sentido de las normas constitucionales y que paraliza su adaptación a circunstancias diferentes de las que existían al tiempo de su sanción" (fs. 164) Resulta difícil imaginar que una norma constitucional creada hace poco más de diez años, presente -a la fecha- la desactualización denunciada, fruto -desde la particular óptica del casacionista- de una circunstancia histórica determinada al momento de su sanción.

Máxime si tenemos presente que el precepto constitucional permite un mayor control y transparencia de los procesos en que se ventilan ilícitos que afectaron el normal funcionamiento de la Administración Pública o su patrimonio. El control y la transparencia de los actos de gobierno constituye, precisamente, un reclamo permanente desde todos los sectores de la sociedad, y un elemento crucial para el perfeccionamiento de nuestro sistema republicano.

No puede seriamente sostenerse que "Abordada la cuestión desde la perspectiva dikelógica, y con sentido realista, podría decirse que dictada la norma constitucional para una circunstancia histórica determinada, y apropiada quizás para ese momento, si las circunstancias cambian, la norma puede extraviar su verdadera razón de ser ante esos cambios justificados que aparecen e irrumpen legalmente a través de la legislación ordinaria", como lo hace la defensa a fs. 163vta..

Si la invocada "circunstancia histórica" que motivó la redacción del art. 151 de la Ley Fundamental Provincial en 1991 radica en la necesidad de control que existe sobre los actos de gobierno, es indiscutible que tal motivo se encuentra perfectamente vigente al día de hoy, si no es que se ha potenciado.

5.-	Señala la defensa que debería examinarse si la cláusula constitucional en crisis no constituye, en realidad, una norma transitoria establecida a fin de fijar pautas básicas atento a la falta de normativa procesal penal provincial al momento de sancionar la Constitución. Cita en su favor las opiniones de los constituyentes Rabassa y Martinelli (arg. de fs. 167). Estimo que a esta circunstancia histórica refiere el casacionista.

En primer lugar, entiendo que de ningún modo surge la transitoriedad de la norma señalada. Por un lado, su contenido refiere a materia procesal penal, que tiende a fijar una pauta en garantía de la transparencia de la ventilación judicial de hechos que perjudican a la Administración Pública.

En segundo término, no debemos ignorar que la Constitución Provincial guarda un capítulo para disposiciones transitorias que fue copiosamente utilizado (diecisiete extensos artículos), encontrándose el artículo examinado (art. 151) ubicado en forma sistemática entre las disposiciones generales inherentes al Poder judicial, juntamente con principios tan valiosos -como permanentes- vinculados a la supremacía de las normas, la imparcialidad de los jueces, etc..

No debe verse una incongruencia en el formador de las normas allí donde no la hay (conf. este Tribunal in re "I.P.P.S. c/ Vera, Jorge N. s/ Incidente de oposición al pago de tasa de justicia" -expte. nº 58/95 SDO del 05.07.95, Libro II, fº 134/135-) Finalmente, el contenido del debate constituyente brinda, también, una lectura distinta a la propuesta por la parte. Si la Asamblea analizó, a través de la opinión de algunos de sus miembros, la posibilidad de incorporar esta norma como una disposición transitoria y así no lo hizo, queda patente su voluntad de que esta cláusula se incorpore al plexo constituyente de un modo permanente y con plena vigencia.

6.-	Es posible, como afirma la defensa a fs. 165vta., que a través del artículo 151, la Asamblea Constituyente haya reglado un tema que bien podría haber sido tratado por la Legislatura Provincial ("descendió al detalle y a la minucia, invadiendo la órbita del legislador ordinario...", dice). Más ello no lleva a su descalificación; antes bien, refleja la particular preocupación del constituyente respecto de los procesos que involucran aquellos ilícitos que afectan el normal funcionamiento del Estado Provincial o Municipal.

En suma, la pretendida "interpretación dinámica" sólo conduce a la derogación de la manda constitucional sin beneficio significativo alguno. Desde el punto de vista del procesado, éste podrá ejercer en forma más amplia sus garantías constitucionales.

Podrá decirse que la realización de la audiencia de debate en estos casos genera un mayor desgaste jurisdiccional. Ello es probable, más esta razón de coyuntura no autoriza a dejar de lado la clara manda fijada por el constituyente provincial que encierra un especial valor vinculado al control y transparencia de los juicios en que se ventilan delitos que afectan a la Administración Pública.

Podrá decirse, también, que el presente caso no muestra especiales características de trascendencia y/o connotación social (adviértase que el delito prima facie imputado consiste en la utilización ilegítima de una línea telefónica del I.P.V. por parte del imputado, quien cumplía funciones de vigilancia en el edificio; ver fs. 159 y vta.). Sin embargo, la norma constitucional no guarda excepciones y es sabido que no deben hacerse distinciones allí donde la ley no las realiza. Por otra parte, tampoco parece adecuado sujetar criterios interpretativos a la mayor o menor repercusión del caso en la comunidad: ello conduciría -sin duda alguna- a decisiones arbitrarias y antojadizas.

Por las razones expuestas, a la primera cuestión voto por la negativa.

A la primera cuestión el Juez Walter Tabárez Guerrero dijo:

1.-	Coincido con la opinión expuesta por el Dr. Salomón por estimar que dirime correctamente la cuestión formulada; razón por la cual, me limitaré a brindar unas pocas líneas que entiendo útiles para fijar mi posición al respecto.

El art. 151 de la Constitución Provincial establece: "La ley asegurará el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años, en las que los procesados fueren funcionarios públicos, en las que se investiguen delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, cualquiera sea la pena prevista para sancionarlos, y en las demás causas que determine la ley".

Tengo para mí que esta cláusula tiende a resguardar la publicidad de los juicios por delitos que afecten el normal funcionamiento de la Administración Pública, más allá de los intereses y las conveniencias de las partes del proceso.

2.-	Es cierto, como sostiene la parte, que la Asamblea discutió la incorporación de la norma del art. 151 como una disposición transitoria o no. Recuérdese que al momento de la sanción de la Constitución Provincial estaba en vigencia en el territorio local el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal (ley nacional nº 2372), que seguía los lineamientos del sistema procesal escrito.

El constituyente Martinelli sostuvo: "Si nosotros tuviéramos la seguridad que en seis meses o un año la Provincia va a estar en condiciones de darle a la administración de justicia lo que nosotros aspiramos como objetivo final, podría ser una cláusula transitoria, pero el mandato constitucional, hoy preciso y concreto es que en estas causas, las causas penales graves, aquellas que sean realmente llamativas para la comunidad y traten a delincuentes de cierta peligrosidad en razón de la condena prevista, de los funcionarios públicos por lo que representan para la comunidad y para las instituciones democráticas, y los delitos contra el Estado por la gravedad que tiene desde el punto de vista social, creemos que imperiosamente tienen que estar previstas en la Constitución Provincial para ser implementadas en forma urgente en la primera Ley Orgánica que se dicte".

Tras la intervención del constituyente Rabassa en pos de establecer la oralidad para todos los delitos, Martinelli explicó: "En ese sentido señalo que las cláusulas transitorias están destinadas a salvar una cuestión coyuntural, tratan de salvar un resquicio que se puede plantear desde que la Constitución se pone en marcha hasta que se cumple determinado resultado dentro de un tiempo inmediato. En ese caso, concretamente, nosotros dejamos que la ley lo establezca para cuando se pueda, los delitos penales de menor jerarquía, es decir, los de menor gravedad desde el punto de vista social. Y en cambio estamos determinando cuáles son, estamos haciendo una diferente calificación de la gravedad de los delitos por las penas, por el bien jurídico protegido y por las personas responsables de los delitos en cuestión" (el resaltado me pertenece; conf. Convención Constituyente, Diario de Sesiones, T. II, 1991, pág. 992).

De allí pues, que debatido el asunto se impuso la postura de incorporar esta cláusula en forma permanente en la Constitución Provincial. No se pretendió salvar una cuestión de coyuntura; antes bien, se trató de fijar una regla que -desde mi punto de vista- facilita el control de la comunidad toda y la transparencia en la ventilación judicial de casos que afectan el normal desempeño de la Administración Pública o su patrimonio.

3.-	De allí que la norma no muestra signos de inmovilidad, ni desactualización; lo que -por cierto- parece difícil atento a que fue sancionada hace poco más de diez años. Muy por el contrario, guarda perfecta actualidad con los problemas y las inquietudes que aquejan a la sociedad y -como se dijo- procura defender un bien que -en lo personal- estimo sumamente valioso.

A la presente cuestión, voto por la negativa.

A la segunda cuestión el Juez José A. Salomón dijo:

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo el rechazo del recurso de casación interpuesto a fs. 162/169 por la defensa de Armando Daniel Saucedo contra la decisión de fs. 159/160.

Corresponde, asimismo, imponer las costas al nombrado, de acuerdo al principio establecido en la primera parte del art. 492 del C.P.P..

A la segunda cuestión el Juez Walter Tabárez Guerrero dijo:

En virtud de las respuestas que brindé a la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 162/169, con expresa imposición de costas al vencido (art. 492, primera parte, del C.P.P.).

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente	SENTENCIA Ushuaia, 12 de abril de 2002.

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede	EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	RESUELVE:

1º.-	RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 162/169 por la defensa de Armando Daniel Saucedo contra la decisión de fs. 159/160. Con costas (art. 492, primera parte, del C.P.P.).

2º.-	MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo. José A. Salomón - Walter D. Tabárez Guerrero Secretario: Jorge P. Tenaillon Tº VIII, Fº 253/260