marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Poder Judicial, remuneración, carácter alimentario, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: FISCHER, SUSANA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 105- 94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

La demostración de que el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional) y el posterior acceso a la jurisdicción contencioso administrativa pueden ocasionar un perjuicio irreparable, a los fines de justificar el recurso de amparo como vía legal apta y jurídicamente eficaz, resulta necesaria, salvo que se piense -sin dudas con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo y, consecuentemente, del pago de diferencias salariales, produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo. Así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de cuestiones como la invocada en autos -donde se reclaman diferencias salariales- sin norma expresa alguna que lo disponga y con la sola invocación de afectación del derecho de propiedad y del carácter alimentario de las remuneraciones.
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: PONZO, ALICIA MARTA c/ CARLOS NAPOLITANI Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-24

No es posible considerar arreglado a derecho el distracto efectuado sin justa causa, producido dentro de los siete meses y medio anteriores y posteriores al parto, cuando el embarazo fue comunicado al empleador.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17


F. 691. XLI. "Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional a cargo de la Fiscalía N° 1 s/ interpone recurso extraordinario en autos: Chabán, Omar Emir s/ excarcelación".

Buenos Aires, 17 de mayo de 2005 Autos y Vistos; Considerando:

Que las cuestiones planteadas no constituyen acción o recurso alguno que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, habilitan la competencia ordinaria o extraordinaria de esta Corte.

Que sin dejar de reconocer la repercusión pública de las cuestiones que se pretende traer a conocimiento a través de esta presentación directa, lo cierto es que la jurisdicción del Tribunal tiene su curso procesal regular en el recurso de apelación establecido por la ley procesal y, eventualmente, en la vía extraordinaria del art. 14 de la ley 48 que procede en la oportunidad y casos previstos por esta disposición legal.

Por ello, se desestima la presentación. Hágase saber y archívese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA Presentación interpuesta por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Dr. Joaquín Ramón Gaset.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, locación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TORRECIUDAD SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR TULLIO D'ORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

Resulta inidónea para sustentar la petición de falencia el instrumento que da cuenta de la celebración de un contrato de locación, que es continente de obligaciones cuyo grado de cumplimiento solo es susceptible de verificación a través de un proceso de conocimiento.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, accidente in itinere, falta de prueba, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Zárate Mabel Alicia c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Recurso Art. 46 Ley 24.557
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-01

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechaza la demanda por accidente laboral in itínere, pues la actora no acreditó que haya ocurrido el accidente de tránsito que había descripto en el centro prestador de la aseguradora, ámbito en el que si bien pudo haberse completado la primera parte de citado formulario, fue para incluir los datos que ella misma brinda para poder requerir las prestaciones; más de ello no se puede inferir reconocimiento alguno respecto al acaecimiento del hecho o de que se tratara de un accidente de trabajo. A la vez que, conforme el diagnostico y expresa derivación a la obra social de la actora y la disconformidad de ésta cuando se lo notifico la ART, se comprobó el desconocimiento del relato del accidente de trabajo, sin que se probara el silencio de la última ni la existencia de elementos para hacer operativa presunción alguna a favor de la trabajadora, y fundamentalmente que el propio dictamen de la Comisión Médica que fue objeto de impugnación mediante este trámite, expresamente estipulaba que la "patología vertebrodiscal cervical, no guarda relación con el hecho traumático que nos ocupa".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Futbolistas Argentinos Agremiados -F.A.A.- s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad en autos:   "Club Atlético Colón" - Concurso preventivo. Incidente de revisión   (Expte. CSJ Nº 173-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

No merece acogida el agravio de la quejosa respecto de que la sentencia, al estar suscripta por los tres jueces pero con la abstención de opinión de uno de ellos contradice lo establecido en el artículo 84 de la Constitución provincial. En efecto, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte local, el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -abstención de votar- debe estar expresa y personalmente acreditado, en consonancia con la naturaleza de ese deber-potestad.

En el sub lite, tal aspecto se encuentra cumplimentado en debida forma, como acertadamente lo afirma la Sala en el auto denegatorio, toda vez que, no obstante que el voto pronunciado en primer término cuenta con la adhesión del segundo Juez de la Cámara al que se le adjudicó el expediente por sorteo, el tercer camarista cumplimentó el deber legal de estudiarlo (conforme lo dispuesto por el artículo 372 del Código Procesal Civil y Comercial), teniendo la posibilidad de votar en igual sentido que los otros colegas -ampliando o no los fundamentos-, votar en sentido contrario o abstenerse de votar, como concretamente lo hizo, lo que quedó debidamente documentado.
Acta de secuestro, testigos de actuación, ausencia de testigos, secuestro de estupefacientes, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega Figueroa, Carlos E. y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

El requisito establecido por el art. 138 del C.P.P.N, en cuanto dispone la presencia de dos testigos en el procedimiento de secuestro, tiene su razón de ser en la imposibilidad de reproducir el acto en igualdad de condiciones.

La normativa resguarda la regularidad del acto, los testigos civiles son los ojos del juez y solo a través de ellos es posible reconstruir el procedimiento. No se trata entonces de una mera formalidad que pueda ser omitida; especialmente si -como se señaló- el único testigo del procedimiento no puede dar una versión acabada de como se desarrollaron los acontecimientos. Las actas de procedimiento, conviene recordar, son sólo registros de los actos que se llevaron adelante en el proceso. En consecuencia, no tienen -y no pueden tener en ningún caso- un valor incuestionable per se, toda vez que el control debe darse sobre el acto que registran, es decir si este es idóneo para producir efectos jurídicos. La regularidad de éstos está vinculada a las formas impuestas por las normas, en la medida en que las exigencias rituales se corresponden con tutelas instituidas a favor de las personas sometidas a proceso.

Cuando se exige la presencia de dos testigos de actuación este requisito tiene una razón de ser (el resguardo de regularidad o licitud), de ahí que su prescindencia esté solo autorizada de modo excepcional. Por todo ello, teniendo en cuenta la irregularidad del acto de requisa e incautación del estupefaciente -conforme lo indicado precedentemente- y existiendo la imposibilidad de recrearlo, entiendo que no es posible convalidar el acta del procedimiento pues no sólo no existió orden judicial sino que además no se puede verificar que el único testigo haya sido convocado antes del acto, ni hubo razones para omitir la convocatoria de dos testigos (arts. 14, 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N., 166, 168 y cctes. del C.P.P.N.).

(Dra. Ledesma, en disidencia).
Transacción, Estado Provincial, reconocimiento en sede judicial, prescripción, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Habiéndose alegado la prescripción, se torna jurídicamente improcedente la transacción intentada y corresponderá que la Corte Suprema de Justicia Provincial se pronuncie sobre aquél obstáculo.

Por ello se hace innecesario considerar la legitimidad o ilegitimidad de los actos anulatorios del Poder Ejecutivo del decreto autorizando la transacción, ni tampoco es preciso analizar si mediaron concesiones recíprocas entre las partes, ya que estos aspectos pueden ser marginados de la cuestión debido a la invalidez originaria del acuerdo o convenio transaccional, por inexistencia del presupuesto de legitimación del sujeto público para celebrarlo.
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento, Comunicaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. J.,; L., R. A.; E., H. A.; E., D. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO  CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 522 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

La opinión constitutiva de prejuzgamiento es aquélla que permite inferir la solución que se dará al pleito efectuada de manera precisa, fundada y comprometida como tal, dado que no cabe fundar la recusación en supuestos preconceptos o inclinaciones subconscientes del juez. El prejuzgamiento debe ser expreso y recaer específicamente sobre la cuestión de fondo a decidir. En el caso, la lectura de las expresiones adjudicadas al camarista no permite observar que el magistrado se hubiera extralimitado al mencionar -de manera objetiva y en el contexto de la consulta periodística- las características que presentaba la causa en lo atinente a su estudio, emitiendo una opinión previa al fallo que pudiera significar un adelanto de la que correspondía pronunciar en aquél. Sus expresiones no pueden interpretarse como una valoración técnica o jurídica acerca del hecho, o la insinuación de un criterio respecto de la eventual responsabilidad de los acusados. Por tanto, al no poder colegirse o pronosticarse razonablemente, a partir de dichas declaraciones, el sentido o contenido del fallo que debía resolver la situación procesal de los imputados, el planteo queda huero de sustento.
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contigiani Sergio a. y otros c/ La Vanguardia Soc.en Comandita por Acciones y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

El fundamento del principio de responsabilidad consagrado por el art.1124 del C.C. reposa en la idea del riesgo: el dueño de un animal aprovecha de sus servicios y como justa compensación de tal provecho, debe cargar con los perjuicios causados por el mismo. Por ello, dicha norma no contiene una simple presunción "juris tantum" de responsabilidad que desaparezca con la prueba de que el dueño observó una conducta normal respecto del animal. En consecuencia, la prueba de la causa de eximición debe ser rigurosamente analizada (terminante, inequívoca) liberándose el dueño o guardián del animal tan sólo si la soltura de éste ha de revestir las características propias de la fuerza mayor o el caso fortuito.-(SCBA. Ac.17865 en As.Ss. 1972-I-453)-
Nombre, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, JORGE  ALBERTO  Y OTRA RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DICTADA  POR  DIRECCION GENERAL  DEL  REGISTRO  DEL  ESTADO  CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS s/ NOMBRE DE LAS PERSONAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-12-12

Que Lunes sea el segundo día de la semana, como día que hace referencia a la luna es impropio para designar a una persona, ya que es la identificación propia de un espacio determinado de tiempo, establecido y dividido por el calendario.

La denominación es contraria a la restricción del art. 3 de la Ley 18248, en tanto el nombre pretendido es extravagante e inusual para nuestra época. Es más, seguramente ha de servir para hacer objeto de befa al hijo, por parte de otros niños, que, naturalmente desconocerán las aspiraciones de los padres de rendir homenaje al satélite a través del nombre de aquél.

La libertad de los padres, encuentra restricciones que se justifican en los intereses superiores del menor, que, aunque potencialmente, pueden verse afectados o menoscabados el día de mañana, por la exhibición y uso de un nombre que, al ser inusual y extravagante, pueda provocarle momentos de disgusto o tristeza, con posibles secuelas en su ego, autoestima y común desarrollo en la infancia.
Impuestos nacionales, IVA
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Espacios Cinematográficos Uno SH (TF. 16.608-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

La solución adoptada por el decreto 644/97 presupone un implícito reconocimiento de las dudas interpretativas suscitadas respecto del tratamiento que cabía asignar a la actividad desarrollada por las empresas ante las disposiciones de la ley del IVA, circunstancia que llevó a limitar la imposición de las operaciones realizadas con anterioridad.
Sufragio, derecho electoral, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ALIANZA UNEN - CF c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE Y OTROS s/ PROMUEVEN ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-14

El fin perseguido por la normativa electoral es mantener la pureza del sufragio como base de la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y reprimir todo lo que de cualquier manera pueda contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que no sean los que ha tenido la voluntad de elegir.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, rebelión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La repercusión social que pudo o pueda tener el proceso por rebelión no basta para atribuirle ese carácter en la mera cuestión de competencia planteada.
Declaración de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, revisión judicial, ejecutoriedad del acto administrativo, contravenciones, multa administrativa, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Agropecuaria Ayui SA. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

La sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 12 del decreto - ley 6704/63, en cuanto condiciona la apertura de la vía de revisión judicial al pago previo de la multa impuesta, es equiparable a sentencia definitiva, por cuanto la invalidación de dicho artículo determina, sin posible revisión posterior, la inaplicabilidad de esa disposición legal, lo que obsta a la inmediata ejecutoriedad del acto administrativo sancionador de una conducta contraria a normas de orden público.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, plazos procesales, suspensión del plazo, interrupción del plazo, deberes del juez, fuerza mayor, alegato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Franova S.A. c/ G.C.B.A. s/ Ds y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-29

Conforme lo dispuesto por el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, es ajustada a derecho la providencia que suspendió el plazo para alegar si en el expediente administrativo, no se encuentra agregado el plano original correspondiente a las modificaciones autorizadas para la obra motivo de autos (Ordenanza Nro. 39.013/83).

Ello configura el supuesto contemplado por el artículo 139 citado, toda vez que la falta del plano mencionado constituye una circunstancia de fuerza mayor o causa grave, que hizo imposible para las partes evaluarlo en el momento de alegar sobre el mérito de las pruebas aportadas a la causa.
Enfermedad profesional, derechos y garantías constitucionales, Poder Judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Lemes Estela Susana c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (I.A.P.S.E.R.) y otros s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

Destaco que el Poder Judicial ha debido actuar, con la mesura y objetividad que se nos exige en la Constitución (es decir sobre pruebas científicas objetivas), en el marco de expresiones públicas que daban cuenta de posiciones tomadas de antemano. No nos quejamos de ello, asumimos nuestro rol con responsabilidad y respetamos la lucha ambiental y por la educación en condiciones dignas de la Sra. Lemes (que es de todos, más allá del debate sobre caminos y formas). Solo deseo reflejar la situación para exteriorizar una verdad e intentando generar un debate serio sobre el rol de cada uno y el fortalecimiento de las instituciones (Voto Welp, en adhesión a Romero)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Loredo, Ricardo D. c/ Club Atlético Mar del Plata s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

Las simples discrepancias de criterio son ineficaces para desvirtuar las conclusiones fácticas del fallo al no ser idóneas para demostrar el absurdo que consiste en el error palmario y fundamental.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Chamorro, Leonardo. Pecoff, Jesús. Benítez, Donato s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

El art. 38 del dec. ley 6582/58 no transgrede los artículos 28, 14, 16 y 31 de la Constitución nacional.
Derecho a conocer la identidad de origen, adopción, derechos y garantías constitucionales, menores, mayor de edad, interés superior del niño, menor adulto, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: L., A. K. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ASESORA DE MENORE  S -APELACION RESOLUCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 338 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

No se encuentra en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni tampoco surge de la normativa del Código Civil, impedimento alguno para que los padres, si así lo consideran, puedan poner en conocimiento de sus hijos adoptados su "realidad biológica". En efecto, la ley sólo le exige el cumplimiento de esa carga a partir de los 18 años de edad, pero no impide que antes de alcanzada dicha edad, tal circunstancia pueda ser puesta de manifiesto.

Por tal motivo, frente a la postulación pretendida por la recurrente de conocimiento del paradero de sus hermanos a fin de que se le permita "mantener contacto familiar con los mismos"), quedará en manos del Magistrado el abordaje de la cuestión, otorgando especial participación al representante del Ministerio Pupilar y de los profesionales especializados que requieran las circunstancias, como así también de los padres adoptantes, a los fines de determinar la conveniencia o no de seguir adelante con lo solicitado.

Distinta será la situación cuando el sujeto destinatario de la acción ya cuente con 18 años de edad. En efecto, en tales circunstancias, el Magistrado interviniente sin prescindir del procedimiento al que se aludiera en el párrafo anterior, deberá integrar el mismo con la intervención personal de los menores en cuestión, teniendo especialmente en cuenta su opinión al respecto. (De los fundamentos del Dr. Falistocco)
Diferencias salariales, competencia, empleo público
Materia: PENAL
Carátula: Maggi Quercia Sandra Dora c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-29

Cabe sostener la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para entender en el caso en que la demandante se desempeñaba como Licenciada en Antropología en una oficina dependiente del Ministerio de Economía. Reclama al Estado Nacional el pago del rubro "Compensación Anual por Servicios Especiales" que el demandado omitiera abonarle durante dos años. Fundamenta la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en el art. 20 de la ley 18.345 . Es la propia actora quien reconoce su carácter de empleada pública -ley 25.164- al efectuar su reclamo. Esto no implica soslayar el hecho de que se encuentre incluida en el ámbito de aplicación personal del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública. Por lo demás no puede prescindirse de la tesis sentada por la CSJN en autos "Palma María Florencia c/Estado Nacional Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales s/medida cautelar" y "Fernández Marta Angélica c/INTI s/empleo público", en las que ponderó que la invocación de las convenciones colectivas comprendidas por la ley 24.185 no genera competencia del Fuero Laboral, si de aquéllas se desprende la aplicabilidad de la ley 25.164 y para la dilucidación de la contienda se deben aplicar normas y principios propios del Derecho Público, donde resulta clara la prioritaria relevancia de los aspectos específicos del derecho administrativo. (Del voto de la Dra. Craig).
Recurso directo, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Biancotti y otro s/ Recurso directo de queja - Ejecutivo (Expte Nro. 443-01, Resolución Nro.  73, Tomo 08, Folio 477)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Es presupuesto para la procedencia del recurso directo que el recurrente haya cuestionado el acierto de la negativa del a quo a conceder el recurso. En el caso, no cumpliéndose con esa carga, en tanto el recurrente se ha limitado a ratificar las causas que determinaron su interposición, se torna inadmisible la queja.