Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-23


Autos Nº F-1.220 (J.P.L. de Jáchal Nº 5.001/11), caratulados: "ORDEN PÚBLICO c/ 'Cien Bar - Café' - Propietario Luis Daniel Bravo - Infracción a los arts. 7, 8, 10 y 11 de la Ley Prov. N° 7.196 y 98, 99, 143 y 162 Ley Prov. N° 7.819".

--------- San Juan, 23 de setiembre de dos mil trece.

--------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 24 por el imputado, por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la sentencia de fs. 19/20 de estas actuaciones contravencionales. ------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido en relación y efecto suspensivo por providencia de fs. 25. ------------------------ --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que por medio del pronunciamiento impugnado el a quo resolvió condenar al Sr. Luis Daniel Bravo, D.N.I. N° 25.235.171, al pago de una multa equivalente a dos salarios mínimos vitales, con más la accesoria de la clausura del local comercial 'Cien Bar Café', sito en calle San Juan N° 751, Jáchal, hasta tanto acredite las habilitaciones pertinentes, por haber infringido los arts. 30 de la Ley Prov. N° 7.196, modificado por la Ley Prov. N° 7.315 y sustituido por la Ley Prov. N° 7.575, y 3 del mismo cuerpo legal en su agregado al art. 32 ter. Ello, dentro de los cinco (5) días de notificado, disponiendo que el pago se efectuara en las cuentas que indica en la resolución. Asimismo, ordenó oficiar a la Seccional 21a de la Policía de Jáchal para su registro. ---------------------------------------- --------- II. Contra dicho pronunciamiento se alza el contraventor, como dijimos con asistencia letrada, a través del recurso de apelación articulado a fs. 24, quien se limita a manifestar que apela el fallo por causarle "graves e irreparables perjuicios a sus intereses". ---------------------- --------- En ocasión de haber sido citado por el Tribunal a la audiencia prevista por el art. 96 del Código de Faltas [C. de F.], el imputado suplió la comparecencia personal con la presentación del escrito de fs. 30/31, donde ratificó el recurso planteado y expresó agravios. En tal libelo, en síntesis, manifestó: -------------------------------------------- § Que se indica como infracción a los arts. 7, 8, 10 y 11 de la Ley Prov. N° 7.196, referidos todos ellos a las normas de seguridad que hay que guardar cuando se desarrollan espectáculos en vivo, lo que jamás ocurrió en su comercio.- § Que también el acta contravencional menciona los arts. 98, 99, 143 y 162 del C. de F., señalados en los considerandos de la sentencia atacada, pero el a quo funda su resolución basándose en las Leyes Prov. Nos. 7.575, 7.196 y 7.315, en flagrante contradicción entre la norma aplicada y la conducta merecedora de la pena señalada en el acta de infracción y en la carátula del expediente; por lo que existiría -en su opinión- un defecto legal que conllevaría a declarar la nulidad de la sentencia conforme lo preceptuado por el art. 87 del C. de F. ----------------------- § Que el acta de infracción se refiere a la falta total de habilitaciones expedidas por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Salud Pública, Departamento Bomberos y Municipalidad de Jáchal. Agrega que oportunamente fueron agregados los certificados de Salud Pública, "Municipal" (fs. 30 vta.), AFIP y acta de constatación de fecha 21 de octubre de 2011. --------------- § Que respecto de los otros certificados manifiesta que resulta imprescindible contar con el llamado certificado de final de obra, que es el que otorga la autoridad competente a aquellas edificaciones realizadas conforme a las normas sismo-resistentes. --------------------------------------------- § Que alcanzar ese tipo de certificado es prácticamente imposible por el tipo de construcción que existe en la zona, que es de material crudo (adobe). Señala que desde la iglesia del pueblo, pasando por clínicas, biblioteca popular y la mayoría de los locales comerciales gastronómicos, se encuentran construidos con adobe, lo que impediría obtener el certificado exigido por la normativa. ----------------------- § Que el local comenzó sus actividades antes de la entrada en vigencia de la ley invocada, por lo tanto se habrían adquirido derechos conforme lo dispuesto por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional (C.N.) y 111 de la Provincial. ------------------------------------------------------- § Que aplicando el principio de razonabilidad consagrado en el art. 28 de la C.N. solicita se otorgue un plazo prudencial para subsanar las deficiencias señaladas en cuanto a edificación. ------------------------------------------- --------- Mediante la providencia de fs. 32 se tuvo por confirmado el recurso de apelación y expresados los agravios, disponiéndose el pase de los autos a resolver. Dicho decreto se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de las cédulas de fs. 33 y vta., 34 y vta. y 35 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y la adjudicación a estudio del expediente en el orden pertinente. ------------------------------------------------------ --------- III. Comenzando con el examen de la cuestión sobre la que corresponde expedirse, luego del análisis de las actuaciones, como del contenido del fallo apelado y de las mínimas y contradictorias argumentaciones esgrimidas por el recurrente, adelantamos opinión en el sentido del rechazo del recurso de apelación intentado. ----------------- --------- 1. La primera queja carece de sustento legal, porque de la simple lectura de las normas cuestionadas, arts. 7, 8, 10 y 11 de la L.R.E.N. (vinculados a la seguridad externa, la exigencia de contratación de personal policial adicional y funciones de éstos), aquéllas se remiten al art. 2, donde se efectúa una enumeración de los sujetos responsables de los locales en los que se desarrollan las actividades reguladas en la legislación especial, la que de ningún modo se restringe a espectáculos `en vivo´. ------- --------- Con respecto a la queja referida a la contradicción que existiría en la aplicación de la Ley Prov. N° 7.196 y sus modif. (en adelante: L.R.E.N.) y la Ley Prov. 7.819 (en lo sucesivo: C. de F.), cabe señalar que tal conflicto no existe, porque el C. de F., dictado con posterioridad a la L.R.E.N. (B.O. 14-09-07), en el Libro III, Parte Especial, Título V, Capítulo IV, art. 139, efectúa una expresa referencia a la responsabilidad contravencional del propietario, gerente, responsable y/o quien explote establecimientos o locales públicos o privados, con concurrencia plural de personas, cualquiera sea el horario en que funcionen, que no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación especial (L.R.E.N) o no cuenten con las habilitaciones definitivas expedidas por la D.P.D.U., Salud Pública, Bomberos o cualquier otra repartición que la ley exija. -------------------- --------- En la Exposición de Motivos que acompañó al anteproyecto del vigente C. de F., se deliberó sobre el método a seguir respecto de la legislación en materia relativa -entre otras- a diversión nocturna, espectáculos públicos o con concurrencia plural de personas, que se encontraba legislada en el Código de Faltas vigente en ese momento y en las normas sancionadas posteriormente, tales como las Leyes Prov. Nos. 6.910, 7.025, 7.196, 7.315 y 7.575. Se optó por el mantenimiento en el código de los aspectos esenciales de esta legislación con la creación de alguna nueva figura contravencional y el sostenimiento de la legislación contravencional especial con todos sus aspectos o contenidos de carácter reglamentario para la aplicación de la misma y la lógica adecuación de las penas al sistema punitivo que propuso la reforma integral al Código Contravencional. Al entender que la temática en cuestión no podía estar ausente en su parte estructural en un código de la determinación mencionada, respetando de esta manera la subsistencia del resto de la legislación que presenta un aspecto más reglamentario del ejercicio del derecho, que pasó a formar parte de las denominadas "leyes contravencionales especiales" que, si bien por los motivos expuestos no era aconsejable su codificación, la inobservancia o transgresión de sus normas son objeto de juzgamiento por parte de nuestros tribunales de faltas. Por ello, y a modo de ejemplo, se destacó que los aspectos sustanciales de la Ley Prov. N° 7.196 y sus modificatorias se reprodujeron en el anteproyecto, más allá de su adecuación en cuanto a las penas. ---------------------------- --------- Vemos que resulta coherente la aplicación de la Ley Prov. N° 7.196 y sus modif., conjuntamente con las contravenciones contempladas en el C. de F., aunque con la salvedad que infra formularemos respecto de la adecuación de la multa impuesta. ------------------------------------------ --------- 2. Vemos que la acusación consta en el instrumento labrado conforme a las pautas normativas establecidas en el art. 67 del C. de F., y que fue adecuadamente interpretada por la Sra. Juez de Faltas, pues en dicha acta (fs. 3) claramente se determina que en la fecha allí señalada, siendo las 03:15 hs., los funcionarios policiales a cargo del operativo de control de locales bailables, clubes, pubs y otros, se constituyeron en el local que gira bajo la razón social de `Cien Bar´, dedicado al rubro café bar. Constataron la falta total de habilitaciones, de seguridad interna y externa y de contrato de adicionales. En esa oportunidad se le solicitaron al propietario, Sr. Luis Daniel Bravo, las habilitaciones correspondientes (Certificado de Bomberos, de la D.P.D.U., Salud Pública y permiso municipal para el expendio de bebidas alcohólicas), quien dijo no poseerlas. Se dispuso la clausura provisoria, con la colocación de las pertinentes fajas. Posteriormente se decidió supeditar el levantamiento de tal medida, de acuerdo con lo que surge de las constancias obrantes a fs. 4/5. ------------------------------------------------------------- --------- A fs. 7 obra el auto interlocutorio firmado por la magistrada mediante el cual ésta intima al infractor para que en el término perentorio de cinco (5) días de notificado de la resolución corrija las infracciones a los arts. 98, 99 y 162 del C. de F., suspendiendo el juicio hasta el vencimiento del plazo acordado. ------------------------------ --------- A fs. 12 corre glosada copia del acta de constatación efectuada por un funcionario policial, Oficial Ayudante Víctor H. Cabrera, en la cual se hace expresa mención de la carencia de los siguientes certificados: de Protección contra Incendios y de Factibilidad y Habitabilidad expedidos por la D.P.D.U. ------------------------------------- --------- Lo manifestado por el contraventor en su defensa a fs. 18, al comparecer a juicio, nada agrega en su favor ya que las aseveraciones esgrimidas no se dirigen concretamente a desvirtuar la falta imputada, sino a reconocerla y, por ende, no tienen entidad para atenuar la responsabilidad que se le imputa en la contravención, máxime cuando -como en el caso examinado- se encuentran desprovistas de suficiente respaldo probatorio para contrarrestar la acusación que consta en el instrumento labrado conforme a las pautas normativas establecidas en el art. 67 del C. de F. ------------------------ --------- Es decir que el local dedicado a cafetería y bar no contaba con ninguna de las habilitaciones exigidas en oportunidad de constatarse las faltas, lo que imposibilitaba su funcionamiento en legal forma, ya que toda actividad debe estar previamente autorizada y habilitada para comenzar la explotación comercial. -------------------------- --------- El ámbito competencial provincial se relaciona directamente con el llamado poder de policía, el que tiene por objeto velar por el orden, la tranquilidad, la moralidad, etc., en virtud del cual corresponde a las autoridades dictar leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, a esos fines, siempre que sean razonables y uniformes. ------------------- --------- La expresión poder de policía designa la potestad constitucional del gobierno para establecer las regulaciones razonables sobre las libertades individuales, con el propósito de crear las condiciones propicias y necesarias en la sociedad para posibilitar el desenvolvimiento armónico de la convivencia social y satisfacer los requerimientos del bien común. Su ámbito específico es la limitación de las libertades individuales y sociales por razones de orden público, moral, seguridad y razonable conveniencia para el desarrollo y progreso de la sociedad (cfr. Badeni, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", Tº I, 2ª edición actualizada y ampliada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 464, n° 154). ---------------------------------- --------- De ahí la improcedencia de alegar `derechos adquiridos´ o que la actividad fue iniciada mucho antes de la legislación aplicable (hecho no probado), como pretende argumentar el recurrente, porque toda manifestación del poder de policía no es concebida como una imposición arbitraria, sino razonable y derivada de las necesidades que genera la convivencia social, asegurar la armonía social, la seguridad pública -como en el sub exámine-, el orden público, la salud, la moralidad, etc., mediante normas jurídicas acordes con la C.N. que establecen limitaciones razonables a las libertades individuales. --------------------- --------- Así, se ha dicho que "la obligación de contar con permisos, licencias o autorizaciones y la de inscribirse en determinados registros, como requisitos ineludibles y previos para el desenvolvimiento de ciertas actividades o para que produzcan efectos jurídicos algunos actos de particulares que, no obstante su naturaleza, afectan intereses públicos, son medios comunes empleados en nuestro ordenamiento para poner en práctica el poder de policía" (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, 21-12-79, El Derecho, Tº 88-239). --------- En el sub exámine la conducta omisiva tipificada queda subsumida en lo que la disposición califica como falta, pues los comercios y las industrias necesitan ser habilitados y sometidos a inspecciones de seguridad e higiene y demás controles necesarios impuestos por la autoridad administrativa. -------------------------------------- --------- La ley contravencional autoriza al Juez a considerar suficiente prueba la contenida en el acta de infracción, si ésta no fuera enervada por otras existentes en la causa. Al respecto, se ha resuelto que "si las actas de comprobación han sido labradas por personal entrenado especialmente, reúnen los requisitos de ley, y no han sido enervadas por prueba contraria, la condena es justa" (C.A.C., 09-08-67, citado por Agüero, Arístides Horacio, "Falta y delito - Jurisprudencia", Ediciones Dike, Mendoza, 2000, pág. 412, nº 26). ----------------------------------------------- --------- Cabe destacar que el art. 99 del C. de F. (modificado por el art. 1 de la Ley Prov. N° 8.172, B.O. del 10-12-2010), establece claramente que incurrirá en infracción y será pasible de las sanciones que allí se enumeran, entre ellas la clausura, a quien inicie o ejerza una actividad comercial, industrial, de servicios o de cualquier otra naturaleza, permanente, temporaria o ambulante, sin contar con la autorización previa, provisoria o definitiva de la autoridad competente, según las normas que rijan en la materia o cuya licencia se encuentre vencida o haya sido revocada. El carácter de ilegitimidad para el ejercicio de las actividades requiere la violación de una regulación normativa derivada del poder de policía del Estado, el cual actuará como marco para su regulación. Cabe añadir que la mencionada normativa también modifica el art. 173, ibíd., en donde se determina que la habilitación provisoria podrá expedirse, previa valoración de las circunstancias del caso, por un plazo no mayor a un (1) año, el que podrá extenderse excepcionalmente y por única vez hasta seis (6) meses. Pero en el segundo párrafo expresamente determina que la habilitación provisoria no comprenderá en ningún caso las actividades mencionadas en el art. 139, con lo cual queda claro que las actividades comprendidas en la última norma citada deben contar con todas las habilitaciones para poder funcionar. --------------- --------- Dicha disposición legal es una muestra de la importancia que se le asigna al cumplimiento de todos los requisitos y habilitaciones para funcionar de los locales en que se ejerza alguna actividad con concurrencia de personas. La falta de habilitación demuestra que los mismos no están en condiciones para trabajar y que siempre debe preservarse la seguridad de las personas que concurren a tales establecimientos. De allí que se impone la clausura preventiva o definitiva de los mismos hasta tanto se dé cumplimiento a los recaudos legales. ------------------ --------- 3. Otro de los agravios del recurrente se centra en la imposibilidad de obtener el Certificado Final de Obra otorgado por la D.P.D.U., y necesario para tramitar el resto de las licencias, por el tipo de construcción en material crudo existente en la zona. ------------------------------------ --------- Al respecto, se advierte que la Ley Prov. N° 6.541 introduce dentro de las normas del Código de Edificación de San Juan las construcciones no tradicionales, es decir, las nuevas de adobe que se realicen en zonas rurales y suburbanas. La normativa efectúa un pormenorizado análisis de las características técnicas a cumplir, desde la estabilidad de los muros, techos, resistencia del adobe, coeficiente sísmico y los requerimientos para el diseño formal de la vivienda, cimientos, muros, vigas, etc., hasta la selección y preparación del barro. -------------------------- --------- Como lógica conclusión se impone aclarar que construir con adobe no está prohibido, sino que está permitido siempre que se cumplan los requerimientos técnicos y legales. --------------------------------------------- --------- 4. Tampoco tiene sustento la mención efectuada por el infractor en la audiencia de juicio (ver fs. 18) respecto a la intención del Concejo Deliberante de declarar a Jáchal patrimonio histórico, con lo cual no podría romperse ninguna estructura antigua. ----------------------- --------- En realidad, en San Juan se dictó la Ley Prov. N° 6.801, que en su art. 1 declara de interés provincial implementar la protección, conservación, acrecentamiento y difusión de todos aquellos bienes que conforman el patrimonio cultural y natural de la provincia. ---------------- --------- En el art. 2 de la normativa, se consideran integrantes del mismo todos los bienes que material y/o culturalmente reporten un interés cultural, antropológico, histórico, etc., luego de su declaración como tales por ley de la provincia. En el art. 3, los enumera y define; a título de ejemplo, podemos mencionar: monumento histórico, sitio histórico provincial, solar histórico, sitio arqueológico, etc. Luego indica el procedimiento a seguir para obtener tal declaración. ----------------------------------------------------- --------- De ello surge que carece de contenido y sustento la pretensión del imputado de estimar que el local comercial, por estar construido en adobe, reviste carácter de patrimonio cultural de la provincia. ------------------------ --------- 5. Por su parte, el art. 220 del C. de F. textualmente reza: "En todos los casos en que las leyes vigentes establezcan sanciones fijadas en pesos, salario mínimo, vital y móvil o cualquier otra unidad de medida susceptible de apreciación pecuniaria, dichas sanciones deben ser convertidas a la unidad jus al día de entrada en vigencia del presente Código, quedando las mismas sujetas a lo dispuesto en el art. 19. Esta norma no es de aplicación para las sanciones establecidas en la legislación de tránsito". -------------------------------------------------------- --------- Por ello, este Tribunal considera que corresponde convertir a Jus la pena de multa impuesta, equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, a la fecha de dictado de la sentencia de fs. 19/20. ------------------------- --------- Conforme la Resolución N° 2/2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó a partir del primero de setiembre de 2012, que dicho salario -para los empleados mensualizados- ascendía a la suma de dos mil seiscientos setenta pesos ($ 2.670). -------------------------------------- --------- Es decir que la sanción impuesta de dos salarios asciende a la suma de cinco mil trescientos cuarenta pesos ($ 5.340); y conforme el art. 19 del C. de F., la unidad Jus equivale a diez pesos ($ 10), por lo que la multa importa la suma equivalente a quinientos treinta y cuatro Jus (534 J.) --------- IV. En conclusión, consideramos que la apelación deducida debe rechazarse y confirmarse la sentencia de la Jueza de Paz, salvo en lo referido a la adecuación de la multa determinada en dos salarios mínimos, vitales y móviles, a la unidad Jus conforme a lo dicho anteriormente. --------- Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve: -------------------------------------------- --------- 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 24 contra la sentencia obrante a fs. 19/20 de estas actuaciones contravencionales; salvo en lo relativo a la adecuación de la sanción de multa impuesta. En consecuencia, su parte resolutiva quedará redactada -en lo pertinente- del siguiente modo: "I. Condenar al Sr. Luis Daniel Bravo, D.N.I. N° 25.235.171, argentino, casado, comerciante e instruido, domiciliado en calle Yacampis N° 143, Barrio `28 de Agosto´, Jáchal, al pago de una multa equivalente a quinientos treinta y cuatro Jus (534 J.)"; manteniéndose inalteradas las restantes partes del tramo resolutivo. ---------------------------------------- --------- 2. Protocolícese, notifíquese y bajen al Juzgado de Faltas de origen. ------------------------------ Protocolizada: T° 22 de Faltas, fs. 192/199 Fdo. María Esthela Tonelli-Juez-Víctor Bazán-Juez-Alicia R. de Bustos Cano-Juez-Cámara de Paz Letrada.