Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-19


Nº 501 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"EM.CON.AR. S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO POR CONVERSION", N° 52.664, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por la parte concursada a fs. 2.811/2.820 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por la concursada a fs. 2.811/2.820 vta., contra la resolución dictada a fs. 2.801/2.803 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

Recibida la causa, se radica ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, conforme constancias de fs. 2.851, la que se integra definitivamente a fs. 2.879 con los suscriptos.

Emite su dictamen Nº 707/03 el señor Procurador General a fs. 2.858/2.859, agregándose el memorial potestativo presentado por la A.F.I.P.- D.G.I. a fs. 2.864/2.867. A fs. 2.882 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- A los fines de la consideración de las vías articuladas, en orden a su jerarquía y efectos comenzaré por el recurso de inconstitucionalidad.

Recurso de inconstitucionalidad: En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del remedio del epígrafe, constato que ha sido anunciado e interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y la resolución impugnada es equiparable a definitiva, toda vez que el pronunciamiento -confirmatorio del de primera instancia- que tiene por no obtenidas las mayorías requeridas para la aprobación del acuerdo preventivo y dispone la aplicación del procedimiento previsto en el art. 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, por sus efectos es susceptible de generar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior.

En consecuencia, corresponde ingresar al examen del remedio en su faz sustancial.

Sostiene la recurrente que en la resolución en crisis se incurre en un notorio apartamiento de la recta solución normativa aplicable al caso, como se constata en los decisorios de ambas instancias ordinarias que concordaron en que escapaba a sus poderes jurisdiccionales la posibilidad de expedirse sobre las razones que motivaron el rechazo de la A.F.I.P. al acogimiento del plan de facilidades de pago determinadas por ella misma.

Destaca que su parte reiteradamente sostuvo que la Resolución Nº 970/01 constituye el marco jurídico que posibilita a los contribuyentes acogerse a un régimen especial de facilidades de pago sin otra condición que el cumplimiento de los requisitos formales previstos a ese efecto (arts. 20, 39, 41 y conc.).

En esa dirección, afirma que el rechazo producido por la A.F.I.P. en tanto se basa en razones ajenas al ejercicio de su poder de contralor en punto al cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente, convirtió al acto administrativo en ilícito al violentarse el principio de razonabilidad. Y es por ello -expone- que la declinación de la Alzada al deber de contralor de los actos administrativos cuestionados por ilegítimos, lleva a legitimar la posibilidad de que los ciudadanos permanezcan indefensos.

Advierte, por otra parte, que al sentarse en el fallo que no existe disposición alguna que imponga al juez indagar la posible irrazonabilidad del acto emanado del organismo fiscal, se consuma una nueva causal de arbitrariedad toda vez que a más de haberse desconocido el nuevo texto del art. 52 de la LCQ, sobre el tribunal pesaba la obligación de expedirse al respecto acudiendo a la equidad.

Tras el análisis de los agravios precedentemente sintetizados, dejo anticipado desde ya mi voto por la improcedencia del recurso en trato, en discordancia con el dictamen emitido por el Sr. representante del Ministerio Público.

Ab initio es de recordar que -como lo ha venido sosteniendo repetidamente esta Sala, con distintas integraciones- el recurso de inconstitucionalidad no es la vía apta para corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, conforme una distinta valoración del recurrente.

En tal sentido, el más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el juzgador a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional" (Fallos 287:173, 329, 548, 558; 298:561; 299: 229; 300:390, 521, 982; 301:449, 951; 302:142, 236, 562; 989:1574).

De ahí que: "El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local, al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso." (Fallos 300:200), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local, por estar informado de las mismas razones y fundamentos.

Desde este cuadrante y a la luz de tales directrices, el examen de los agravios formulados me permite inferir que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad, apareciendo el pronunciamiento de Alzada apoyado en fundamentos que -más allá que merezcan o no la adhesión del quejoso- resultan suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido.

Informan los antecedentes de la causa que, habiendo desestimado el juez concursal el planteo de que se excluya del cómputo de las mayorías el crédito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la concursada recurre dicho resolutorio, siendo su queja desestimada por los camaristas quienes reputan ".

improcedente la pretensión de . que se analicen los fundamentos del rechazo de la propuesta de acuerdo formulada por el deudor a la A.F.I.P., toda vez que coincidimos con el a-quo en que las razones que motivaron tal rechazo se encuentran en la esfera de los intereses de dicho acreedor, no existiendo disposición alguna -ni en el régimen concursal actual ni en el anterior-, que imponga al juez indagar al respecto.

Además, concordamos con la sentenciante en que efectivamente, no corresponde en el ámbito de este proceso concursal analizar y decidir respecto de la Resolución 03/01 (SDG OP2) dictada por la A.F.I.P. en el marco de la Resolución General Nº 970 (AFIP)..." (fs. 2.802 y vta.).

Propuesta la descalificación del fallo por arbitrario con sustento, en primer término, en el apartamiento de la solución normativa aplicable al caso, conviene precisar que esta causal remite a la hipótesis de sentencias en que no media observancia de las disposiciones legales que regulan de modo específico la cuestión, sin dar razón alguna para ello.

Al respecto ilustra Sagüés que "La resolución que decide la cuestión con prescindencia u omisión de lo preceptuado en la disposición legal que rija al punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto. El juez . falla desconociendo o ignorando el precepto normativo que rige la litis." (conf. "Recurso extraordinario", Ed. Astrea, 1992, T. 2, p. 256/257).

Abordado el examen desde esta óptica, si se repara que el planteo introducido por la concursada en la instancia de grado y reeditado ante la Alzada finca en la exclusión del cálculo de las mayorías merced al control de razonabilidad que presuntamente cabe efectuar el órgano jurisdiccional sobre la decisión de la AFIP de no aprobar la propuesta concordataria formulada por EM.CON.AR. S.A. (de la que da cuenta la Resolución Nº 03/01 (SDG OP2) que en copia corre agregada a fs. 2.467/2.470), la alegada arbitrariedad por apartamiento de la solución legal aparece desprovista de asidero, habida cuenta que mal puede esbozarse este reproche cuando -tal como lo señala la Alzada- no existe norma alguna dentro de aquellas que regulan el proceso concursal, que constriña o faculte el contralor por el juez universal de la razonabilidad del acto administrativo emanado del organismo fiscal, por lo que -siguiendo un esquema de estricta lógica- siquiera tangencialmente puede configurarse la hipótesis de prescindencia u omisión de la normativa que rige el caso.

Es de destacar que ello, tanto sea por contradicción o por tácito reconocimiento, es corroborado por la propia parte en definitiva cuando -avanzado en su libelo recursivo- alude a la obligación del tribunal de grado de expedirse ". acudiendo a la equidad" (confr. fs. 2.815 vta.), lo que descarta la existencia de una norma expresa que contemple la situación fáctica de autos y que provoque su seguimiento y aplicación por los jueces de mérito.

Lo que antecede nos lleva al análisis de la pretensa segunda causal incurrida en el fallo, que según los términos del agravio, refiere al deber que pesaba en cabeza de los sentenciantes de expedirse sobre la cuestión planteada, lo que alberga crítica en el sentido de la falta de resolución del planteo articulado.

Desde ese ángulo, tengo para mí que frente a la ausencia de norma expresa y dada la obligación que los jueces tienen de fallar, a tenor de lo establecido en el art. 15 del Código Civil, la Alzada no soslayó el examen de la materia llevada a su conocimiento, sino que -hipótesis distinta- emitió su pronunciamiento que, maguer ser adverso a la posición del concursado, aparece provisto de fundamentación suficiente, conforme lo exigen las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

Los argumentos del recurrente reflejan la discrepancia que le suscita lo que a su entender constituye una negativa injustificada de los jueces a abordar la revisión que pretende, mas siendo que "La tacha de arbitrariedad no autoriza a sustituir el criterio de los jueces de la causa en materia que les son propias en tanto hayan fundado suficientemente sus pronunciamientos." (CS, 1982/10/07-Lopardo, Rubén A. c. Municipalidad de la Capital) La Ley, 1983-B, 146 - ED, 103, 369, cit. en Manuales de Jurisprudencia La Ley, "Recurso Extraordinario", p. 716, num. 4335), deviene improcedente el intento de descalificar la resolución con base solo en la disconformidad de la parte con la conclusión arribada por la Cámara, desestimatoria de su pretensión de que se analicen los fundamentos del rechazo de la propuesta de acuerdo que le formulara a la A.F.I.P.

Por su parte, habiéndose aludido a la obligación de la Cámara de expedirse acudiendo a la equidad y propuesto que fue el seguimiento de un precedente emanado del Tribunal Cimero de la Nación, en el que se acordó supremacía al principio de equidad, preciso es señalar que en dicha causa tramitó la solicitud de los progenitores de una menor de 18 años, a fin de que se autorizara la ablación de uno de sus órganos para ser implantado en su hermano y para cuya elucidación se determinó que, atento las excepcionales particularidades del caso, la norma específica (art. 13 de la ley 21.541) debía ser interpretada considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos.

Las diferencias habidas entre esa problemática y la que aquí se debate, cuya enunciación huelga efectuar por notorias, tornan inaudible el pedido de que sea elucidado el caso recurriendo a la "equidad" (aclárase, no referida en la ocasión por el Alto Tribunal), aunado a que -como se estableció supra- inexistiendo la previsión legal específica, no se advierte así cuál es la norma que debiera ser sometida a una interpretación armónica, integral y teleológica.

Por último cabe asignar idéntica suerte al intento de descalificar la sentencia de Cámara so pretexto de haberse desconocido el nuevo texto del art. 52 de la LCQ.

En primer término, urge señalar que esta temática mereció un especial y expreso tratamiento por parte del Sr. Procurador General, cuando el agravio en puridad sólo fue insinuado por el recurrente dentro del escrito fundante del recurso de inconstitucionalidad (confr. párrafo tercero, fs. 2.815 vta.), por lo que -reducido a prácticamente un renglón de exposición- no debiera excitar el examen de este Tribunal, no obstante lo cual en vista a los términos vertidos en el aludido dictamen y en homenaje a la jurisdicción, habrá de encararse su examen.

En tal cometido, liminarmente debe admitirse que el régimen concursal, cuyo marco legal estaba dado por la Ley 24.522 (vigente al momento de generarse la problemática de marras, de emitir su pronunciamiento el juez de primera instancia y ser deducido el recurso de apelación contra el mismo), experimentó reformas por conducto de las Leyes Nº 25.563 y 25.589 (sancionada y promulgada el 15.05.02 y publicada en B.O. 16.05.02), las que -consecuentemente- estaban en vigor a la fecha del dictado de la resolución de Alzada (28.10.02).

Reconocida pues la variación operada en el régimen falencial, he de disentir sin embargo con lo sostenido por el Sr. representante del Ministerio Público en cuanto atribuye al Tribunal a-quo omisión en el tratamiento de la solicitud del apelante referida a la posibilidad de que el juez concursal "imponga" una propuesta que no obtuvo las mayorías legales, habida cuenta que transmite un análisis desacertado de los antecedentes de la causa, toda vez que tal petición no conformó la materia apelada por la básica razón de que a la fecha de introducirse la apelación ordinaria no regía aún el plexo legal, cuyo art. 52 se dice ignorado.

Hecha esta digresión, he de afirmar que si bien la Alzada no hizo valoración de las referidas modificaciones legislativas, focalizando su estudio al planteo acorde los límites en que fue formulado (reitero, control de razonabilidad del acto administrativo en miras a la posterior exclusión del crédito de la A.F.I.P. del cálculo de las mayorías), lo cierto es que en la primera oportunidad que le brinda el proceso, cual es esta instancia extraordinaria, no se alegó -menos demostró- la incidencia de la aplicación de aquel precepto para hacer variar la solución impresa a la cuestión, omitiendo asimismo el recurrente la alusión concreta de la concurrencia de todos los requisitos que exige la norma para ser operativa.

Ello, sumado a que el análisis de dicha norma nos aleja del particular debate trabado en autos, me persuade de que la resolución criticada queda marginada de las tachas de arbitrariedad denunciadas.

En razón de lo expuesto, propicio la desestimación del presente recurso.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal:

También este recurso fue anunciado e interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y la resolución atacada es equiparable a definitiva.

Arguye el casacionista que la Alzada ha sostenido la inexistencia de disposición legal que la obligara a adentrarse en las razones en virtud de las cuales la A.F.I.P. resolvió rechazar su pedido de acogerse al régimen de facilidades de pago, impidiéndole así obtener las mayorías legales necesarias para lograr la homologación del acuerdo preventivo. Que sobre esa equívoca base normativa, se alcanzó un resultado disvalioso al desconocerse la existencia de un nuevo régimen legal en materia concursal.

Refiere puntualmente a la modificación introducida por la Ley 25.589, cuyo art. 52 reproduce, a la particular relevancia de esta reforma y concluye afirmando que la Cámara incurrió en un notorio apartamiento de la ley o doctrina legal aplicable al caso, ya que ante la evidente arbitrariedad ínsita en la Resolución 03/01 del organismo fiscal, configurativa del presupuesto fáctico del nuevo art. 52, omitió aplicarlo directamente.

Examinados estos agravios a la luz de los motivos que válidamente pueden invocarse para sustentar el recurso de inaplicabilidad, me expido en sentido adverso al progreso de la vía intentada.

Ello así toda vez que la presunta omisión en la aplicación de la nueva normativa que rige el caso no resulta de aquellas infracciones susceptibles de caer bajo la potestad revisora del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, puesto que ello implica imputar arbitrariedad a la sentencia y ello sólo puede ser subsanado en nuestra sistemática recursiva local por el andarivel procesal que regula el Decreto ley 1407/62.

En suma, siendo inoperante técnicamente el agravio desarrollado, toda vez que predica la existencia de un vicio que violaría preceptos de raigambre constitucional, que escapan al ámbito propio y excluyente del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, me expido por su rechazo, votando negativamente a esta cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por la parte concursada a fs. 2.811/2820 vta., contra el pronunciamiento emitido a fs. 2.801/2.803 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

Las costas correspondientes a esta instancia, en atención al resultado que propicio y lo normado por el art. 68 del CPCC deberán imponerse al recurrente extroardinario.

La regulación de los honorarios profesionales cabe ser diferida para la oportunidad en que se determinen los de las instancias ordinarias. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta de la Dra. María Luisa Lucas respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los Señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario subrogante, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A	Nº 501	RESISTENCIA, abril 19 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por la parte concursada a fs. 2.811/2.820 vta., contra el pronunciamiento emitido a fs. 2.801/2.803 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a cargo del recurrente.

III.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad explicitada en el Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al señor Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la señora Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

MARIA LUISA LUCAS RAMON RUBEN AVALOS SALA 1ra. CIV., COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA