Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-26


SALA SEGUNDA Expte. Nº 4442 "Energía San Juan S.A. c/E.P.R.E. - Contencioso Administrativo - Sumario - II cpo S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN" En la Ciudad de San Juan, a veintiséis días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciséis de abril del año dos mil ocho, en autos Nº 19347 - 36557 caratulados: "Energía San Juan S.A. c/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo - Sumario".

EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:

La resolución impugnada proviene de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que actuó como tribunal de reenvío para dictar nuevo fallo, según fuera ordenado por esta Corte en anterior resolución de fecha 29 de agosto de 2007.

En aquélla se dispone rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando en consecuencia la sentencia de primera instancia que a su tiempo hizo lugar a la demanda contencioso administrativa entablada por la actora, declaró nula la Resolución Nº 072/98 del E.P.R.E. y ordenó a este organismo dictar el acto debido.

Para decidir como lo hizo, el tribunal de reenvío tuvo en consideración que aun reconociendo la naturaleza jurisdiccional de aquella resolución del E.P.R.E., ello no la releva del control judicial circunscripto al examen de legalidad del acto emitido, y que resulta acertada la consideración que expone el fallo de primera instancia en cuanto a que el E.P.R.E. no puede imponer una forma de facturación que no esté prevista en el contrato de concesión, y que, por otro lado, tal consideración no ha sido rebatida por la demandada.

Siguió el tribunal a quo considerando que de acuerdo al sistema previsto en el contrato de concesión y sus anexos, la distribuidora debe facturar según los valores realmente medidos y que de la prueba producida se desprende que luego de las diversas revisiones técnicas a que fue sometido el medidor, no surgió que el funcionamiento de éste fuera defectuoso, de lo cual cabe concluir en que dicho aparato midió la energía que ingresó al domicilio del usuario Sr. Mengual, y por ende, el proceder de Energía San Juan S.A. se ajustó a lo acordado en el contrato, no pudiéndosele imponer una forma de facturación diferente, y que la orden de facturar la cantidad estimada por el ente controlador no está basada en ninguna norma legal ni contractual.

El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en los incisos 1º; 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275 y motivado, respectivamente en que, está en juego una resolución del E.P.R.E. y argüida su contradicción con la Constitución; el inciso 2º por ser la resolución contraria a la validez del derecho y garantías instituidas a favor de la accionada y el 3º por cuanto, según afirma la recurrente, el fallo vulnera la garantía de defensa en juicio y el debido proceso.

Sostiene la quejosa que a los fines de determinar si la decisión del Ente Regulador se ajusta al plexo normativo que la rige y si el Organismo cuenta con facultades legales para imponer una forma de facturación diferente, el tribunal de reenvío acudió al Contrato de Concesión, concluyendo en que la actora no facturó mal, esto es, que la facturación se ajustó al contrato vigente.

Pero -afirma la recurrente- nunca estuvo en juego el alcance de los artículos 3º inc. "b" y 5º inc. "d" del Régimen de Suministro que reconoce a la Distribuidora a cobrar lo leído por el medidor, sino la ausencia de justificación de esa lectura por parte de la Distribuidora ante el reclamo del usuario por lo excesivo del consumo medido.

Sigue la recurrente afirmando que el fallo impugnado no se hace cargo de que el derecho de la Distribuidora a cobrar lo medido encuentra su correlato en su obligación de justificar esa lectura y que el Tribunal termina trasladando al usuario la carga de probar dicho extremo, es decir, que no la consumió, violando las disposiciones constitucionales y legales que protegen al consumidor.- Añade la demandada -aquí recurrente- que el a quo ha prescindido de pruebas que conforman la plataforma fáctica del pronunciamiento; que se ha efectuado una evaluación incompleta y deficiente de la pericia del Ing. Olivera de la que surge la imposibilidad del consumo facturado en un bimestre; que el fallo se respalda además en suposiciones y conjeturas para concluir fallando en contra del consumidor contra disposiciones de orden público contenidas en la ley nacional 24.240.

Concluye la recurrente fundando el recurso de inconstitucionalidad en que, siendo la Resolución Nº 072/98 una decisión de naturaleza jurisdiccional y teniendo en cuenta el margen de discrecionalidad con que cuenta el E.P.R.E. en su calidad de Ente Regulador, el contenido y oportunidad de sus actos están exclusivamente reservados a la Administración y a que en el caso no existe irrazonabilidad en lo decidido, por todo ello la sentencia del a quo consuma una injerencia indebida de la jurisdicción en el ámbito de la competencia especial, legal y técnica asignada al E.P.R.E., violentando así el principio de división de poderes que garantiza la plenitud del ejercicio de facultades y prerrogativas de base legal y constitucional.

El recurso de casación es motivado en que la resolución del a quo ha dejado de aplicar el artículo 37 inc. "c" de la Ley de Defensa del Consumidor que prohíbe expresamente la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y el de interpretación más favorable al consumidor.

Hasta aquí los antecedentes del caso. Habiéndolos examinado, como así también la sentencia que se impugna, he concluido en que ambos recursos deben ser desestimados formalmente.

El recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible por no configurarse las hipótesis de inconstitucionalidad ni de arbitrariedad que se invocan.- Cabe primeramente señalar que el objeto del proceso del sub lite, como en general el de todo juicio contencioso administrativo, consiste en analizar la regularidad de los actos de la autoridad administrativa en orden a las normas de las que surgen los derechos establecidos con anterioridad a favor del reclamante (cfr. art. 759 C.P.C.). En el presente caso, la cuestión sometida a la jurisdicción, concretamente consistía en determinar si la resolución administrativa impugnada (Nº 072/98) se ajustaba o no al marco regulatorio al que debía subordinarse el acto administrativo.

Ese "control de legitimidad" ha sido concretamente el objeto del presente juicio, lo que ha sido materia de debate y prueba, y además, ha sido también la concreta directiva impartida por esta Corte en el fallo anulatorio al que debe atenerse el tribunal de reenvío.

La consideración precedente lleva a concluir en que el proceder del tribunal a quo ha sido el correcto. Se ha pronunciado decidiendo en forma expresa, positiva y precisa la cuestión litigiosa, observando el principio de congruencia, vale decir, la adecuación que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en el juicio.

Resulta errónea la manifestación de la recurrente cuando sostiene que "el meollo del caso gira en torno a la ausencia de justificación de esa lectura por parte de la Distribuidora". Por el contrario, éste ha sido sólo un argumento defensivo del E.P.R.E., desechado por el a quo en función de los fundamentos que se exponen en el pronunciamiento recurrido, que aluden a un cúmulo de circunstancias de las que se infiere que el medidor instalado en el domicilio del Sr. Mengual funcionaba correctamente, y que por ende, no habiéndose alegado tampoco error humano en la lectura, "la cantidad expresada en el medidor es la energía que debió facturarse" (...) "ya que el proceder de Energía San Juan se ajustó a lo acordado en el contrato".

Entre los hechos fijados por el a quo y que le han servido como plataforma fáctica del pronunciamiento se destacan: 1º) que el funcionamiento del medidor, según conclusiones de las pericias técnicas que se efectuaron "se encuentra dentro de las tolerancias permitidas y establecidas por la Norma Iram 2410"; 2º) que partiendo de que el medidor funcionaba correctamente, entonces el aparato "registró y midió, la energía que ingresó al domicilio del Sr. Mengual". La recurrente no rebate -ni siquiera lo intenta- estos extremos que el tribunal a quo tiene por acreditados.

En el desarrollo del recurso de inconstitucionalidad deducido no se demuestra en modo alguno dónde está lo absurdo o arbitrario en la meritación de la prueba que efectúa el tribunal de alzada y en realidad mediante aquél se pretende una revisión de lo actuado por el a quo en lo que hace a la evaluación del material probatorio, pretensión inadmisible pues, como tiene dicho esta Corte desde antigua data y reiteradamente, en aquel cometido el tribunal de conocimiento es soberano, salvo el caso de absurdo o de infracción a un régimen legal de prueba (P.R.E. 1964-42/43).

En la especie la recurrente no demuestra la existencia de absurdo (v.gr. que se verifiquen proposiciones o conclusiones excluyentes entre sí), ni que se hayan violado principios de la sana crítica racional en la apreciación de la prueba. Sólo pone de manifiesto su discrepancia con el juicio de valoración efectuado por los jueces de grado y en tales condiciones el recurso se demuestra manifiestamente inadmisible pues, como tiene reiteradamente dicho ya esta Corte, el recurso extraordinario no es la vía normal y apelatoria para obtener la revisión en tercera instancia de las decisiones comunes con la mira puesta en la mayor oportunidad para corregir sentencias que se dicen defectuosas, pues de ser así habría que extenderla para todos los casos y en todos los pleitos como un tribunal más de mérito en detrimento de la función de la Corte como Tribunal de garantías constitucionales (P.R.E. S.1ª 1999-I-176 y sus citas).

En lo que hace al argumento que se expone al concluir el desarrollo de este agravio, relativo a que el fallo recurrido arrasa derechos de base constitucional reconocidos a favor de usuarios y consumidores, contemplados en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 69 de la Provincial y en la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, son tópicos que no han sido oportunamente introducidos al debate para ser resueltos por los jueces de grado, ni tampoco en relación a ellos se han propuesto cuestiones constitucionales que suscitarían resoluciones adversas, tal como lo exige el art. 12 de la ley 2275.

Tal circunstancia obsta a la admisión de tales cuestiones como motivos del recurso de inconstitucionalidad, pues esta instancia extraordinaria no puede entrar a considerar ni decidir sobre articulaciones de naturaleza constitucional que pudiendo serlo no han sido sometidas a las instancias de mérito, pues caso contrario estaría resolviendo en forma originaria tal planteo, desvirtuando la naturaleza de su jurisdicción, siendo ésa la razón por la cual se exige que la cuestión constitucional sea introducida en la primera oportunidad en que fue previsible se suscitara el conflicto con cláusulas constitucionales (P.R.E. S.1ª 1999-II-362 y sus citas).

En el último agravio que motiva el recurso de inconstitucionalidad, cabe recordar, la quejosa plantea que el pronunciamiento recurrido vulnera el principio de división de poderes, por cuanto -según dice- al dictar la resolución administrativa impugnada, el E.P.R.E. ha ejercido facultades discrecionales, y que en ese ejercicio no ha incurrido en irrazonabilidad. Este último agravio resulta manifiestamente improcedente, circunstancia que torna aconsejable desestimarlo en esta etapa conforme lo autoriza el art. 5 segundo párrafo de la ley 2275 (t.o. ley 6846).

En efecto, la propia recurrente admite que al dictar la Resolución 072/98 el E.P.R.E. ha ejercido facultades de naturaleza jurisdiccional "fallando el caso a partir de una demanda de potencia de 12 KW constatada", aunque a renglón seguido, contradictoriamente, afirma que el ente resolvió contemplando los intereses de ambas partes del conflicto "en ejercicio discrecional" (fs. 428 de estos autos). Digo que resulta contradictoria la alegación, pues siendo la potestad jurisdiccional de la Administración "el poder de la Administración de decidir en un caso concreto lo que es derecho según la legislación vigente" (Marienhoff, "Tratatado de Derecho Administrativo", vol. I, pág. 627), mal puede sostenerse que al llevar a la práctica tal atribución se estén ejerciendo facultades discrecionales. Mucho menos si el ente público, al ejercer esas facultades de naturaleza jurisdiccional, decide sobre cuestiones litigiosas entre particulares.

Sea como fuere, no existe disposición legal que permita interpretar que la Resolución Nº 072/98 del E.P.R.E., dictada en ejercicio de facultades de naturaleza jurisdiccional atribuidas al ente, se encuentra exenta del control de legitimidad en sede judicial. Y en la hipótesis de existir una norma de semejante tenor, devendría inconstitucional por violatoria del principio constitucional de división de poderes. En tal sentido, hace ya medio siglo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Fernández Arias c/ Poggio" del 19/9/1960 (Fallos, 247:646), dejó establecido que resultaba condición de validez de aquéllas normas que atribuyen facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, principalmente dos: la imposibilidad de que tales organismos dicten resoluciones finales y la previsión de control judicial suficiente respecto de sus pronunciamientos.

Más recientemente, en la causa "Angel Estrada y Cia. S.A." del 05/4/2005, (Fallos, 328:651) actuando como intérprete final de la Constitución Nacional, al decidir sobre una controversia originada precisamente en la actuación de un ente regulador, la Corte Suprema Nacional ratificó la vigencia de la doctrina sentada en "Fernández Arias" y profundizando la interpretación del principio de separación de poderes, aludió al carácter judicialista de la Constitución Nacional y su armonía con la garantía de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos.

En cuanto al recurso de casación, resulta manifiestamente inadmisible por un doble orden de razones. En primer lugar por cuanto, como ya se dijo en el párrafo anterior, lo atinente a la supuesta falta de aplicación en el sub lite de las normas de la ley 24.240, es un tema planteado recién en esta instancia extraordinaria, no habiéndoselo propuesto a los jueces de grado, lo que implica no haber satisfecho el requisito de admisión impuesto por el art. 4º segundo párrafo de la ley 2275.

Al respecto tiene reiteradamente dicho esta Corte que no resultan admisibles en instancia casatoria cuestiones que no fueron sometidas a consideración de la instancia ordinaria (P.R.E. 1971-251).

A más de la causal anterior, el agravio resulta ajeno a la temática propia del recurso de casación. Ello es así pues la alegación según la cual el a quo ha omitido aplicar el art. 37 inc. "c" de la Ley de Defensa al Consumidor, provocando con ello inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, y dejando de aplicar el principio de interpretación más favorable al consumidor, implica alegar violación al derecho de defensa, cuestión que debe ser planteada por vía del recurso de inconstitucionalidad por cuyo intermedio actúa aquella garantía constitucional, y no por el de casación, que sólo tiene por objeto verificar la exacta interpretación y aplicación de las normas jurídicas sustantivas en base a las cuales los jueces resolvieron el fondo de la cuestión (P.R.E. S.1ª 2002-II-350, y sus citas).

Por lo hasta aquí dicho he de propiciar con mi voto la desestimación formal de los recursos deducidos.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON: - Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada.

III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Df-4442 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2009-I-102.