marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, situaciones jurídicas subjetivas
Materia: PROCESAL
Carátula: Insmetan SRL y otro c/ GNC Tortugas SRL y otro s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-04

Corresponde rechazar el recurso y confirmar la resolución que ordenó el embargo de fondos, con sustento en el CPR 212-3°. Ello por cuanto, habiendo la actora obtenido sentencia favorable, no resulta necesario el aporte de ningún elemento adicional enderezado a obtener la verosimilitud del derecho, ni hacer lo propio con el peligro en la demora. Todos ellos, recaudos que rigen a las medidas cautelares y que no se aplican aquí toda vez que la pretensión ya ha merecido reconocimiento judicial.
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Quien promueve la acusación no puede mantener in pectore las razones por las que, a su entender, resulta desatinado suspender el proceso a prueba, como alternativa al juicio oral. Ello así, en tanto el art. 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamente consagra el principio de publicidad y si bien doctrinariamente se lo reconoce como una herramienta destinada al conocimiento y control popular de la administración de justicia, la publicidad ha sido erigida como valor constitucional del proceso penal y el Código Procesal Penal (art. 205 del CPPCABA) lo recogió determinando la realización de una audiencia de naturaleza ahora expresamente pública (art. 2 bis del CPPCABA), en la que el juez escucha a las partes, para luego resolver. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Estafa, consumación del delito, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Manuel Enrique Suárez s/ Denuncia    presunta  estafa  resultará  damnificado  "El  Tehuelche"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-15

La estafa se consuma en el momento en que se toma la disposición patrimonial perjudicial. La consumación del delito no puede hacerse depender de eventos ulteriores, surgiendo de la prueba arrimada el pleno conocimiento de la procedencia del cheque y de su posterior utilización con finalidad de delictiva, que en el caso los atrapa en las consecuencias típicas plasmadas en el art. 172 del Código Penal.
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Emilio Félix c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13

El actor, con patrocino letrado, promueve Acción de Amparo por Mora de la Administración en contra de la Administración General de Asuntos Previsionales, referido a actuaciones administrativas mediante gestión Nº 25270 de fecha 08 de Agosto de 2011, atinente al reclamo de pago sobre el ítem antigüedad, que ha dejado de percibir desde el mes de mayo de 2011.

Llegada la etapa procesal de dictar sentencia, y considerando que si bien el Organismo requerido en su informe no da cuenta de haber emitido respuesta alguna al pedido de Pronto Despacho, formulado por la actora en los presentes autos con fecha 12 de septiembre de 2011 y recepcionado en Mesa de Entradas del mismo con fecha 13 de septiembre de 2011, conforme constancia de autos, se informa en el mismo al Tribunal que, ".el item antigüedad" al que se refiere el amparista, el cual señala se le ha descontado desde el mes de mayo de 2011 hasta la fecha, se ha debido a que conforme.", dando de esta forma en el informe, su respuesta a la actora en los presentes.

en el amparo por mora se debe estar a la situación real existente al momento de resolver, por lo que estimo a tenor del informe producido por la demandada, la causa ha quedado sin materia y así debe ser declarada.

Ello es así pues del contenido de lo actuado surge que la acción impetrada efectivamente ha quedado sin materia, deviniendo abstracta la sentencia, en tanto, la contestación acerca de la cual se predicaba su morosidad ha sido evacuada en oportunidad de responder la Administración el informe requerido por este Tribunal.

Entonces, emitida por la Administración la contestación por cuya demora se acciona, la cuestión deviene abstracta y así debe ser declarada.
Insuficiencia del agravio, aprobación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez Ana Mariela y otro c/  s/ Incidente de aumento de cuota y modificación del régimen de visitas solicita homologación - incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-14

El recurrente cuestiona que se haya admitido una actualización de la planilla a la actora cuando la primigenia había sido cancelada y sin que hubiera efectuado previamente la reserva que exige el art. 564 del CPCC de la Provincia de Córdoba, sin embargo, se verifica la insuficiencia de agravios desde que no resulta acertado afirmar que el a quo dictó la resolución tal como si el artículo en cuestión no existiera o sin dar razones de su apartamiento. Por el contrario, se han desarrollado diversos argumentos que justificaban una solución contraria y de los cuales no se hizo cargo el recurrente.
Abogados, ejercicio profesional, antigüedad, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanc Gerzicich de Scapellato, María Susana Beatriz s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

"... Los ocho años de ejercicio deben interpretarse no como de ejercicio de la profesión liberal correspondiente al abogado; puede bastar el ejercicio en cualquier cargo, función o actividad -pública o privada- que exigen la calidad de abogado. Y aún más, sería suficiente la antigüedad constitucional reunida desde la obtención del título habilitante, aunque no existiera ejercicio de la profesión o de cargos derivados de ella ...".
Impuestos, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernal de Palacio, María Julia c/ Municipalidad de Rauch s/ Inconstitucionalidad ordenanza impositiva 1991 (promulgada por  decreto 454/91) Amacri S.A. c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 1416/1992
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29|2001-03-07

A fin de determinar si el gravamen es confiscatorio, debe evaluarse la correspondencia entre el perjuicio irrogado a consecuencia de la tributación y el beneficio que se obtiene por ese mismo concepto, para poder así precisar si las pautas fijadas para establecer el monto del tributo -en el caso, una taza por conservación de calles y caminos rurales- determinan la absorción de una porción sustancial de la renta de la propiedad, debiendo estarse a los efectos de su apreciación cuantitativa al valor real del inmueble considerando asimismo la productividad posible del bien.
Presupuesto nacional, pago de la remuneración, empleados públicos, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ALCOBA, Julio c/ LOTERIA NACIONAL S.E. s/ DIFERENCIAS DE SALARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

El decreto 2192/86 no limita su alcance a las relaciones de empleo público sino, por el contrario, parece extenderse a todos aquellos vínculos laborales en los que los beneficios sean abonados por fondos públicos. El primer párr. in fine del art 4 impone la sustitución del modo de cálculo de los rubros del tipo de los que responden a porcentajes o coeficientes determinados sobre recaudaciones "cualquiera sea la naturaleza de la norma que lo hubiera autorizado".
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Portillo, Gloria Silvina Vera de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 132-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

Si la pretensión de reajuste jubilatorio no lo es en base a la razonable proporción entre lo percibido por el activo y por el pasivo -al no trabarse la litis en el recurso contencioso administrativo alrededor de ningún tipo de razonable proporción- no le corresponde al Tribunal expedirse sobre el tema.
Ley nacional, control de constitucionalidad, jubilaciones, demanda, interposición de la demanda, plazo, cómputo de servicios, cesación de servicios, régimen jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sandrigo, Edén Antonio c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

La restricción de un año impuesta por el art. 2° de la ley 23.278 para solicitar el reconocimiento del lapso de inactividad no resulta irrazonable ni violatoria de garantías constitucionales, habida cuenta de que es incuestionable la potestad legislativa de fijar un plazo que, a la par de ser suficiente a fin de asegurar la publicidad para el ejercicio del derecho, tiende a evitar que un lapso mayor pueda derivar en un perjuicio para el sistema en razón de un incremento desmedido y carente de sustento financiero en la economía del régimen previsional.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serrano, Luis Cipriano y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

El carácter de juicio pleno en que se desarrolla la acción contencioso administrativa permite probar los hechos justificativos de la pretensión y, especialmente en lo que se refiere al vicio alegado, le incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de la que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por su carácter sino por la presunción de legitimidad de la que goza la actividad administrativa.
Dominio, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Lozano, Adolfo Avelino c/  s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-29

Si bien en los tratados Internacionales hay un fuerte reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho propio de todo hombre, directa y concretamente vinculado con la dignidad humana, dicha protección procura garantizar el techo, pero no necesariamente la propiedad, ya que ello puede lograrse sin el derecho real de dominio. Así, de ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional se desprende una habilitación para estatuir -al margen de lo que disponga el órgano legislativo nacional- la inembargabilidad 'ministerio legis' de la vivienda única.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Lancioni, Rafael Eduardo s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Es definitiva -en los términos del art. 357 del C.P.P.- la sentencia que excluye del juicio a quien invoca el carácter de particular damnificado, ya que concluye el respectivo artículo y termina, para el peticionario, su intervención en el proceso; razón por la cual debe dictarse con la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces conforme lo exige el art. 156 de la Constitución de la Provincia.
Robo, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Ricardo s/ Tentativa de robo - Lesiones en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

La violencia física del robo "para procurar su impunidad" (art. 164 C.P.) se refiere a la actitud del delincuente frente a la víctima o terceros en el mismo contexto de la acción del robo.
Honorarios, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: PLEITAVINO VICTOR HUGO c/ COOPERATIVA  DE PROVISION DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS URBANIZACION Y VIVIENDA VILLA DEL ROSARIO LTDA. s/ SENTENCIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-07

El juicio finalizó por un acuerdo entre las partes homologado por el Tribunal interviniente por entender que constituye una justa composición de derechos e intereses para las mismas. Si bien es cierto que en dicho acuerdo no participó el abogado, la nueva Ley 8226 cuya aplicación al caso es legítima, no distingue esa situación; todas las regulaciones efectuadas en pleitos en los que se admite la demanda -aunque fuese parcialmente- deben realizarse de acuerdo al monto admitido en la sentencia o al conciliado (art.

29). En consecuencia, la regulación efectuada se halla casi dentro del máximo que correspondería por aplicación de dicha ley, por lo que no existiendo "reformatio in peius" deba mantenerse. (Voto en minoría de la Dra. Kaller de Orchansky).-
Concursos, acreedor con privilegio especial, hipoteca, titularidad del dominio, asentimiento del cónyuge, bienes gananciales de administración propia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALFARO,  JESUS  RAMON s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  VERIFICACION DE CREDITO PROMOVIDO POR TESTA, JULIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-23

Del dictamen fiscal 90884:

Verificado un crédito con garantía hipotecaria, cabe considerar que tal garantía se extiende al 100% del inmueble de propiedad del fallido; ello así pues, si bien cierta porción del dominio tiene carácter ganancial, tal circunstancia no la exime de convertir el inmueble en prenda común de los acreedores del fallido, ya que este es su único titular; a demás, cabe agregar que "el régimen de los bienes gananciales no convierte a los cónyuges en condóminos" (cfr. CNCOM, sala D, 4.2.87, "Bodegas y Viñedos Giol S.A."), y el consentimiento prestado por la cónyuge en los términos del CCIV art.1277, es al único efecto de gravar el bien ganancial cuya titularidad figura únicamente a nombre del fallido.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: VELIZ ROSA AMALIA c/ VILDOZA AURELIA EUGENIA s/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20

Los derechos que se reconocen al acreedor hipotecario para comparecer en la ejecución en la que se remata el inmueble hipotecado, reconocen sustento en el art. 3196 del Código Civil, que dispone que la subasta extingue el derecho real hipotecario, siempre y cuando el remate haya sido ordenado por el juez con citación de los acreedores que tuviesen constituidas hipotecas sobre el inmueble.

Es por ello que debe citarse previamente a los acreedores hipotecarios con el objeto de que defiendan la percepción de sus créditos. Ese es el motivo por el cual el acreedor hipotecario tiene interés legítimo para comparecer al juicio en el que se va a rematar el inmueble hipotecado, para hacer valer los derechos emergentes de su garantía. El resguardo de tales derechos es el sentido y finalidad de la citación impuesta por la última parte del art. 557 CPCC. Este precepto, -que tiene su fundamento en el art. 3196 del Código Civil-, prescribe que debe citarse a los acreedores hipotecarios antes de la subasta, ya que como según se expuso, la consignación del precio del remate extingue la hipoteca.

Los derechos del acreedor hipotecario, y el efecto de la subasta de extinguir la hipoteca según el art. 3196 del Código Civil, son el fundamento que tiene la disposición contenida en la última parte del art. 557 in fine CPCC, que impone la citación a los a creedores hipotecarios para que dentro del tercer día presenten sus títulos y, los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.
Suspensión de la prescripción, interpelación, carta documento
Materia: PROCESAL
Carátula: FOGLIANO, JOSE O. c/ AÑASCO C.C.C. LTDA. EN LIQUIDACION Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Cualquiera fuere el plazo de prescripción, su curso quedó suspendido por un año con la intimación cursada por el actor al codemandado mediante carta documento (confr. art. 3986 C.C.) contestada por una similar, por lo, que ni siquiera operó la anual invocada por el demandado con sustento en el art. 96 del Decr.-Ley 5 965/63.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Matheu Diego c/ IMASE SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-06

En relación al cómputo del plazo de caducidad debe descontarse el período correspondiente a las ferias judiciales pues en ese lapso media la imposibilidad fáctica de acudir a la jurisdicción. Y atinente a la inclusión de los días declarados "feriados" por la Corte Suprema dentro de la expresión de "ferias judiciales" del CPR 311, se justifica su inclusión en el concepto previsto por la citada norma, dado el criterio restrictivo aplicable en la materia (CNCom, Sala B, in re "De Ridder, María Noelle s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Permanente SA Cía. Financiera - E.L. Banco Central-", del 30/6/15; y sus citas, entre otros).
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal nacional de investigaciones administrativas, Fiscales adjuntos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La delicada índole de la competencia de los fiscales adjuntos, que intervienen, por asignación del fiscal general, en investigaciones de conductas administrativas de las que puede resultar la comisión de hechos ilícitos, exige que queden a resguardo de todo cuestionamiento que no responda al acreditado apartamiento de la buena conducta que debe presidir el ejercicio de sus funciones (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Derecho a la vida, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia vinculante, obligatoriedad del precedente, celeridad procesal, economía procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón de Gral. San Martín s/ Autorización Parisotti, Fátima Viviana s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-25|2004-05-05

Cuando está en jaque el Derecho a la vida con rango Constitucional arts. 12 inc. 1 de la Constitución provincial; 75 inc. 22 de la Carta Magna nacional; 4, 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 6, 1 y 2 y reserva argentina al art. 1 de la Convención sobre los Derecho del Niño-, valor absoluto y sagrado que debe tutelarse -superior a cualquier otro que pudiera contraponerse-, en las particulares circunstancias del caso en análisis, quedan desplazadas las razones de celeridad y economía procesal que aconsejan el acatamiento a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez, Omar Horacio y Otros c/ Bieza, Víctor Federico y Municipalidad de Valle Viejo s/ Daños y Perjuicios -s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-05-17

Las manifestaciones del impugnante se limitan a expresar su mera discrepancia con la sentencia impugnada, omitiendo efectuar la crítica concreta y razonada de sus argumentos (art. 265 CPCC); crítica que implica un ataque directo y pertinente al esqueleto jurídico que da fundamento al fallo, requiriéndose para ello una elaboración analítica, objetiva, fundada con alto poder de demostración, motivo por el cual los fundamentos del fallo deben quedar intactos. (Del voto del Dr. Cáceres).
Abuso sexual, declaración de la víctima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gelves, V. Á.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-27

Luego de valorar detalladamente el testimonio de la víctima, y de dar razones de por qué su relato es creíble, la sentencia aborda la prueba "de corroboración" de la versión de la víctima, a través de los testigos de "la develación", de "la corroboración del contexto" y de aquellos que brindaron información sobre "las intervenciones en el marco de la investigación" (...) La conclusión a la que en definitiva arriban los jueces, resulta totalmente coherente y plenamente justificada.
Regulación de honorarios, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SALINAS MARIO c/ GUEVARA MIGUEL s/ DEFRAUDACION-REGULACION DE HONORARIOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-07-30

A los fines de la regulación de honorarios de segunda instancia, la ley 2150 establece en su art. 196, que para su determinación en los casos de revocación de la sentencia apelada a favor del recurrente, su monto se fijará en el 50 % de la cantidad fijada en primera instancia, porcentaje que no puede variar por cuanto ya se trata de una disposición especial; como así mismo porque no se advierte que la ley prevea a autorice algún tipo de excepción a está disposición.
Proceso judicial, principio de legalidad, Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional
Materia: PENAL
Carátula: Lorenzini, J.C. s/ Infracción art. 3º, decreto 1555/96 1555/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

Las sanciones previstas en materia contravencional constituyen verdaderas penas tanto por su concepción jurídica -"mal amenazado primero y luego impuesto al violador de un precepto legal..."- como por su función -preventiva y retributiva- como por su alcance -privación de bienes jurídicos de diversa índole-. Y en tal sentido, deben necesariamente acatar el principio de legalidad, cualquiera sea la posición que se asuma respecto del carácter de las diferencias existentes entre los delitos y las contravenciones.-
Responsabilidad civil, responsabilidad precontractual, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: TECNOLOGIA ELECTRONICA  S.A. c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  ENTEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

La responsabilidad precontractual es de naturaleza extracontractual y se funda, necesariamente, en la conducta culposa y con mayor razón si fuere dolosa- de la parte que provoca la ruptura. Más específicamente aún, se trata de una hipótesis particular del abuso del derecho (abuso de la libertad de no contratar), que en el caso se configura a través de una conducta culposa o dolosa del agente.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, graduación de la pena, monto de la pena, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Robledo Carlos Alberto y Pereyra Gustavo Adolfo s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-03-24

La merituación del quantum punitivo no es materia de tratamiento casatorio, salvo arbitrariedad. Un planteo concerniente exclusivamente a la interpretación y meritación de la Cámara en lo relativo a circunstancias de hechos y valoración de la prueba en función de la aplicación del Art. 41 del Código Penal, es de única, soberana y excluyente competencia de los tribunales de grado tal tarea escapa al control casatorio, con la salvedad mencionada. La determinación de la pena por vía del recurso de casación no se puede discutir su mayor o menor rigor, su falta de relación con la conducta que tuvo el imputado en ocasión del hecho y con su sinceridad en el debate, o la valoración incorrecta de las circunstancias del Art. 41 del Código Penal. Todo lo relativo a su medida de acuerdo a los arts. 40 y 41 del Código Penal, depende de una serie de elementos y apreciaciones de hecho, como la educación, costumbres, antecedentes, medios de vida, etc., del imputado, que sólo pueden ser evaluados por el juez de mérito en el debate. Además, el tribunal de casación no podría establecer respecto a ellos un criterio objetivo y general, derivado de la ley , que le permita ejercer un control de tipo jurídico sobre este aspecto.