Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18


2a Instancia.áBuenos Aires,á noviembre 18 de 2009.

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I.- La señora Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que lo que unió a las partes fue una relación de trabajo subordinado regida por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 22) y que la decisión del actor de poner fin a dicho vínculo, resultó ajustada a derecho en vistas del resultado negativo a sus reclamos tendientes a obtener la registración.

II.- Contra tal decisión se alzan en apelación ambas partes a tenor de las manifestaciones insertas en las memorias de fs.257/260, fs. 265/vta. y fs. 266/267.

Trataré en primer término el recurso de la codemandada Sedasa SA quien se queja únicamente por la procedencia de: a) las multas de los arts. 8 y 15 de la Ley 24013; b) del rubro "vacaciones gozadas y no abonadas"; y c) del incremento previsto por el art. 2º de la Ley 25323. No le asiste razón en su planteo.

a) Llega firme a esta Alzada que el tipo de vinculación que unió a ambas partes fue una relación de trabajo subordinado que debía ser regida en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. Más allá del carácter que la empresa le haya dado a dicha vinculación, lo cierto es que el actor nunca fue registrado en los libros laborales de la empresa demandada, por lo que, habiéndose cumplido los recaudos formales de viabilidad de tales incrementos, se tornó admisible su procedencia. Asimismo, no se vislumbra en el caso que se de el supuesto contemplado en el art. 16 de la Ley 24013, que justifique reducir el monto de tales partidas.

b) Más allá de los argumentos vertidos por la apelante en torno a la procedencia de este rubro, lo cierto es que no obra en autos instrumento alguno que de cuenta de que tal partida ha sido cancelada en los términos del art. 138 LCT, lo que sella la suerte adversa del planteo.

c) De las constancias de la causa surge que el actor intimó a la demandada oportunamente, a efectos de que abonara las indemnizaciones correspondientes, por lo que ante la respuesta negativa de la encartada se vió obligado a iniciar las presentes actuaciones. En consecuencia, resulta procedente el incremento establecido por el art. 2º de la Ley 25323.

En síntesis, corresponde confirmar lo resuelto sobre el particular.

III.- Distinta suerte correrá el planteo articulado por la parte actora, quien objeta el rechazo de la extensión de condena al codemandado Jorge Rosanovich en su calidad de presidente del directorio de la empresa demandada. Considero debe modificarse este aspecto de la decisión y extender los efectos de la condena a dicho codemandado. Esto lo afirmo porque, como ya lo sostuve en casos anteriores, corresponde hacer extensiva la condena a las personas físicas administradores de sociedades comerciales porque las mismas por regla no pueden ignorar, desde el estándar del "buen hombre de negocios" (artículos 59 y 254 Ley 19550) y conforme una noción de buena fe activa y no meramente pasiva que impera en el derecho patrimonial argentino, las irregularidades de los vínculos laborales, que, como el del demandante, ligan al ente colectivo. No obstante, en cuanto a la medida de la responsabilidad, estimo que debe ceñirse, en el caso de autos, al pago de aquellos rubros que guardan una relación causal adecuada con la transgresión legal que se les imputa subjetivamente, es decir, que el administrador haya mantenido o avalado, desde la acción o la omisión, la clandestinidad de la relación laboral, en otras palabras, desde un operar activo o aún desde una reprochable pasividad. En ese sentido, considero que debe fijarse en la suma de $13.033,33.- que se corresponde con el concepto Indemnización arts.8 y 15 de la LNE, que se orienta a sancionar el trabajo clandestino.

IV.- A influjo de lo normado por el art. 279 LCT CPCCN, corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios respecto de la acción dirigida contra el codemandado Jorge Rosanovich, tornándose abstracto el tratamiento del recurso vertido en su relación.

V.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) se confirme la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios respecto de la acción dirigida contra Sedasa S.A., y se la revoque respecto de la acción dirigida contra Jorge Rosanovich, a quien se lo condena en forma solidaria en la medida establecida en el considerando III; 2) se deje sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios respecto de la acción contra este último condemandado; 3) se impongan las costas del proceso por ambas acciones, a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN); 4) se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, y codemandado Jorge Rosanovich por la acción dirigida contra este último en $3800.- y $3000.-, respectivamente; 5) se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que les fueron regulados a cada uno por su actuación en la instancia anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

Disiento respetuosamente con mi colega preopinante la doctora Vazquez en cuanto a la procedencia de la multa del art. 2º de la Ley 25323. Esta Sala ha puesto de relieve en numerosos precedentes que, el sistema de dicha normativa presupone la existencia, al tiempo de cursar el trabajador la intimación de pago que prevé, de un crédito perfecto por indemnizaciones, ya que es contrario a derecho -y a las reglas lógicas elementales generalmente aceptadas- que un requerimiento de quien se considera acreedor a quien considera su deudor, constituya la causa de una obligación de éste. Esa disposición no es pertinente en los casos de despido indirecto, ya que en el sistema de la L.C.T. es el juez quien, en función de las pautas establecidas en el artículo 242, admite o desecha la justa causa de denuncia invocada. La hipótesis opuesta importa constreñir a quien no puso fin al contrato, renunciar a defenderse, admitiendo las motivaciones del denunciante, aunque no las comparta, o, en caso de que la sentencia declare la procedencia del acto, ser sancionado por no haber coincidido premonitoriamente con el juicio posterior del órgano judicial. De tal modo, corresponde detraer del monto de condena $ 3.116,66.- fijados como multa de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2º de la Ley 25323. Por todo lo demás, adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que adhiero al voto de la doctora Vázquez en lo que ha sido materia de disidencia.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios respecto de la acción dirigida contra Sedasa S.A., y revocarla respecto de la acción dirigida contra Jorge Rosanovich, a quien se lo condena en forma solidaria en la medida establecida en el considerando III;

2)Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios respecto de la acción contra este último condemandado;

3)Imponer las costas del proceso por ambas acciones, a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN);

4)Regular honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, y codemandado Jorge Rosanovich por la acción dirigida contra este último en $3800.- y $3000.- respectivamente.-;

5)Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que les fueron regulados a cada uno por su actuación en la instancia anterior. GABRIELA A. VAZQUEZ. JUAN CARLOS E. MORAND. áLUIS A. CATARDO.

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