marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador, categoría laboral, prueba, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Sargenti Alberto Ignacio c/ Juan Alberto García Construcciones S.A. s/ Indemnización por estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-22

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que rechaza diferencia de haberes e indemnización en su calidad de delegado gremial. Ello así, ya que el actor, ni durante la relación laboral ni al momento de la desvinculación exteriorizó oposición a la categorización que consideró indebida. En esta dirección, surgen dos extremos elocuentes, su calidad de delegado gremial que lo coloca en mejores condiciones respecto al conocimiento de sus derechos, y una especial protección contra el despido arbitrario. Si bien es sabido que durante el transcurso de la relación laboral no está el trabajador, generalmente, en posibilidad de hacer valer sus derechos sin desmedro de su posición en la empresa y aún del trabajo mismo, ésta es una situación que debe analizarse en cada caso en particular, en función de las circunstancias que lo enmarcan, y que en el presente convencen de lo concluido, ello es que su categoría laboral era la de figuración en recibo.
Control estatal, Salud pública, recomendaciones de organismos internacionales, estado de emergencia, coronavirus, emergencia sanitaria, protección internacional de los derechos humanos, principio de proporcionalidad, principio de legalidad, habeas corpus, acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, responsabilidad internacional del Estado Parte, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, distanciamiento social
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 1/2020 - Pandemia y derechos humanos en las Américas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-04-10

Bajo ningún concepto pueden los Estados, so pretexto de adoptar medidas excepcionales motivadas en la pandemia desatada por la COVID-19, suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos de la niñez, el derecho a la nacionalidad, y los derechos políticos, como así tampoco afectar el funcionamiento de procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, tales como las acciones de hábeas corpus y de amparo.
Delitos contra la humanidad, prisión domiciliaria, edad avanzada
Materia: PENAL
Carátula: Luján, Horacio Elizardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-29

La circunstancia de ser "mayor de 70 años" no implica la aplicación del beneficio de arresto domiciliario de manera automática pues esa alternativa obedece a "irrenunciables imperativos humanitarios" que deben ser evaluados por el magistrado que la concede en virtud de la "facultad" que le otorga el ordenamiento legal. De estas apreciaciones se desprende que el procesado no reúne -salvo su edad- las mencionadas pautas objetivas, pues los dictámenes médicos sólo reflejan que padece de "problemas de colesterol y de depresión" y "estado de ansiedad, tensión e incertidumbre debido a su situación legal", pero no presenta "patología psíquica" ni "deterioro intelectivo ni judicativo", resultando necesaria la consideración de la "naturaleza y gravedad" de los delitos imputados vinculados a crímenes de lesa humanidad y la inminencia de la etapa plenaria, el recurso de casación intentado resulta inadmisible. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).
Expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fulquin, Leoncio c/ Chávez, Vicenta y/o cualquier otro ocupante s/ Desalojo ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-22

Si bien en muchas ocasione se señaló que corresponde aplicar un criterio amplio para valorar la suficiencia de la expresión de agravios, ya que ello condice con la doble instancia adoptada por el legislador, ello no significa que dicha amplitud de criterio pueda llegar al extremo que en los hechos se traduzca en la derogación lisa y llana de las exigencias establecidas en el art. 263 del Código Procesal.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina s/ Incidente de revisión en Banco Coopesur Coop. Ltdo. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Un análisis razonable con la inteligencia que se acuerda al carácter legal de los privilegios en general (art. 3876 del Código Civil) y en especial a los que se aplican en materia concursal que hacen excepción a la "pars conditio creditorum" y al principio general del derecho privado que califica al patrimonio como la garantía común de los acreedores, impone una interpretación restrictiva en su aplicación.
Recusación con causa, recusación por enemistad
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTEMAR S.A. c/ JUAN CARLOS JORDA s/ EJECUTIVO-INC. DE RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-11-01

La enemistad como causal de recusación debe ser del juez hacia la parte no la calificación que la parte o su apoderado atribuyen al magistrado.
Proceso penal, garantías procesales, principios procesales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Existen dos modelos de proceso penal, a saber: A) el proceso penal garantista o de estricta jurisdiccionalidad (cognoscitivo), que se orienta a la averiguación de una verdad procesal empíricamente controlable y controlada aunque necesariamente reducida y relativa. Este criterio está informado por el principio de taxatividad al exigir la formulación unívoca y rigurosa de los hechos empíricos calificados como delito.

Este modelo cognoscitivo del proceso penal (que deriva de nuestra Constitución local y Nacional) debe estar fundado en el principio contradictorio: esto es proposiciones asertivas susceptibles de verificación y refutación, mediante un procedimiento de control de prueba y refutación que sólo un proceso de partes fundado en el conflicto acusación y defensa puede garantizar. B) El modelo de mera jurisdiccionalidad o decisionista que está dirigido al descubrimiento de una verdad sustancial y global fundada esencialmente sobre valoraciones.

Este es el modelo típicamente inquisitivo, que apunta en todo caso a la búsqueda de la verdad sustancial, que se configura como verdad máxima, perseguida sin ningún límite normativo en cuanto a los medios de adquisición de las pruebas y al mismo tiempo discrecional, aunque sólo fuera por el carácter valorativo de las hipótesis de la acusación, más que pruebas, juicios de valor no refutables por la defensa.
Delito de acción pública, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Sobre la capacidad de querellar, cabe considerar que el primer párrafo del art. 82 CPPN establece que "toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan" y que, al mismo tiempo, esa norma posee como encabezado la expresión "Derecho de querella" por lo que su interpretación nunca podrá ser limitada, si se tiene en cuenta que el art. 2º, de igual cuerpo normativo dispone, como regla general y a contrario sensu, la imposibilidad de aplicar restrictivamente cualquier norma que consagre el ejercicio de un derecho de naturaleza procesal (voto del juez Días)
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, colegio profesional, tribunal de disciplina, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

La impugnante no logra acreditar la alegada violación del derecho de defensa en que habría incurrido el Tribunal disciplinario durante la etapa instructoria en la tarea de recolección probatoria, toda vez que la garantía de la defensa en juicio requiere que la acusada sea oída y se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en oportunidad y forma prevista por las leyes y reglamentos de procedimiento; y en el caso, la compareciente no demuestra que se hubiese visto impedida de presentar su descargo, ni de la oportunidad de ofrecer la prueba de que pudiera haberse valido en relación a los hechos que le fueron atribuidos, ni de presentar sus propias conclusiones respecto del mérito de las probanzas producidas, o de recurrir en sede judicial la resolución que le resultó adversa, donde fue cabalmente oída llegando incluso a admitirse la producción de prueba denegada en la instancia anterior. (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhiere el Dr. Ivaldi Artacho) - CITAS: CSJN: Fallos 297:134; 298:308; 300:93; 301:410.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MEDINA JUAN c/ EDO. DE LA PROV. DE CORRIENTES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-02

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal -en el caso la Ley de consolidación de deudas N° 4558-puede configurar en los términos del art. 290. inc. 7° del C.P.C.C, una genuina cuestión tutelable mediante el carril intentado.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagano Gustavo Javier c/ Cippitelli Juan Domingo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Si bien la suspensión de términos dispuesta por la Suprema Corte, operaba sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, de ningún modo puede interpretarse como convalidatorio de aquellas situaciones anómalas que perjudican ostensiblemente a una de las partes o a terceros, cuando de tal modo se afectan principios constitucionales más preciados, como el de la defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nac. y 15 de la Const. Prov.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Ortiz, Felix Atanacio c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otros s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

Es prudente considerar reducir el monto de condena a cargo de la ART, pues razonablemente puede endilgarse la incidencia de la responsabilidad subjetiva de dicha aseguradora en la causación del daño, recién a partir de la época en que comenzó a regir entre las demandadas la póliza contratada, respecto de la cual se constató que la aseguradora no dio cabal cumplimiento a las obligaciones previstas en la L.R.T. (Del voto en minoría del Dr. Guisado).
Pago único, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Herz, Cristian Alberto c/ Jose Garciarena y/u Otros y/o Est. Rural La Mimosa s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2012-05-17

La Excma. Cámara de Apelaciones adhiere a la doctrina y jurisprudencia que propicia el pago único cuando se trata de incapacidades.

"Los arts. 14 y 15 de la ley 24557 que respectivamente refieren a las prestaciones asistenciales dinerarias y en especie por incapacidad laboral permanente, parcial y total de carácter provisional o definitivo, menores del 20%, mayores del 20% y inferiores al 66% por más que respondan a una reparación sistémica aparecen como irracionales en la medida en que su pago no lo es en una suma única sino que se dispone en sumas periódicas las que a su vez se calculan no sobre el haber realmente percibido por el trabajador sino sobre el ingreso base y esto permite calificarlas como de Inconstitucionales en la medida en que afectan el derecho del trabajador disponiendo el pago en cuotas cuando este y su núcleo familiar más lo necesita, también aparece claramente irracional disponer el pago único para afecciones menores del 20% y periódicas para afecciones mayores de ese porcentaje".- Voto Dr. Raúl A. Funes.
Desindexación, Ley de desindexación, transporte de carga por agua
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARG. DE SEGUROS SA. c/ ANDREZ MERZARIO s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

La obligación que asume el transportador marítimo de indemnizar por los faltantes o averías tiene por objeto una de las prestaciones a que se refiere la ley 24283. Por lo tanto, esta norma es aplicable al caso, no resultando un óbice la especialidad del derecho de la navegación a que aluden las actoras por cuanto el dispositivo que regula el modo de determinar la indemnización en el transporte por agua tiene jerarquía de ley, y por lo tanto, puede ser modificado por otra ley en la medida que los preceptos de éstos sean suficientemente abarcativos del supuesto regulado por la legislación específica. Se debe aclarar, no obstante, que el régimen de la LN permanece intacta en lo sustancial, pues no se ha alterado el principio de la determinación del perjuicio según los valores existentes al momento de la descarga. La nueva ley sólo regula la manera de repotenciar ese valor cuando media un período inflacionario en que se deben aplicar factores de corrección. A esto cabe añadir que lo relativo al procedimiento que se debe seguir para mantener el poder adquisitivo de la prestación, como consecuencia del fenómeno inflacionario, es una materia que abarca todos los órdenes de nuestra economía interna, de tal manera que el régimen previsto en la ley 24283 -al margen del juicio valorativo que es ajeno al tribunal-, no es incompatible con la materia del transporte marítimo. Tampoco es un impedimento para su aplicación lo establecido por los arts. 4, apartado 5 y 3 apartado 8 de la Convención de Bruselas de 1924, pues en ellos se trata del límite de la autonomía privada a los efectos de establecer la cuantía del daño, mientras que en el caso se regula el modo de actualizar ese daño en virtud de la depreciación monetaria.
Pago, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: MEDISUR S.R.L c/ U.O.M.R.A s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-06

Si el acreedor, al extender y firmar los recibos liberatorios imputa el pago al capital adeudado sin hacer reserva alguna resulta palmario que al proceder en dicha forma, ha renunciado a los intereses debiendo en consecuencia considerarse que dichos pagos tienen eficacia cancelatoria y definitiva de la obligación de que se trata (art. 624 Cód. Civil).
Recursos, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabet, Tamara y otros c/ I.N.S.S.J. Y P. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

Contra las resoluciones de la alzada no cabe el recurso de reposición, solamente el extraordinario del art. 14 de la ley 48 en los casos específicamente contemplados (CNCiv. Sala E, 4/9/62 LL 109-984,8800).
Suspensión del acto administrativo, medida cautelar innovativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R., O.W.M. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-16

Respecto a la suspensión del acto administrativo como medida cautelar, este Cuerpo ha compartido la opinión de HUTCHINSON -que a su vez cita a REIMUNDIN y PEYRANO- autor que razona que si la medida cautelar innovativa tiende a mantener el estado de hecho y de derecho existentes antes de su dictado, en el caso de un acto administrativo del que se alegue su nulidad, si aquélla es dictada, se retrotraería la situación al estado anterior a su emisión, y carecería de toda lógica -y no sólo jurídica- que un tribunal declarara "provisoriamente" que el acto no existe -efecto natural de esta cautela.- Lo que el juez debe hacer -aconseja- si entiende que el acto presumiblemente no es legítimo, no es excluir provisoriamente su existencia, sino suspender su eficacia, esto es suspender los efectos del acto.- Así se armonizan las potestades de la Administración con las del Juez... y lo que particularmente le interesa al administrado mientras discute su legalidad, es que el acto no se aplique, que no produzca efectos en su perjuicio; no le interesa su existencia.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esteves, Mariano José c/ Ronsino, Jorge Omar s/ Daños y Perjuicios Oviedo, Claudio Roberto y otro c/ Trovero, Omar Héctor s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos F., J. M. y otra s/ Divorcio vincular por mutuo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04|1992-10-13|1991-02-26

No es planteándose interrogantes como se logra un debido ataque de la sentencia, ya que esta forma de proceder no importa cumplir acabadamente con las exigencias del art. 260, CPCC.
Unificación de penas, reformatio in pejus
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Segovia, José Hugo s/ Recurso de casación  Causa n. :1599.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

La valla que significa la prohibición de reformatio in peius, consagrada en el párrafo 3? del artículo 445 del C.P.P.N., de inequívoco fundamento constitucional pues preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto, respectivamente, impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede, precisamente, para asegurar su eventual mejora, y asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que en los aspectos no impugnados configuran, como se dijo, un derecho adquirido para la parte a quien benefician. (Voto del Dr. Tragant).
Queja por apelación denegada, Ministerio Público Fiscal, delegación de la investigación
Materia: PENAL
Carátula: DI MEGLIO, Cristian D. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

Delegar nuevamente la investigación del caso al representante del Ministerio Público Fiscal puede causarle agravio, por lo que no corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por apelación denegada.

Disidencia del Dr. Donna: El art. 432, C.P.P.N. establece claramente que las decisiones judiciales sólo son recurribles en los casos expresamente establecidos, lo que no ocurre con la facultad del juez de instrucción de delegar la investigación al Ministerio Público, conforme el art. 196, C.P.P.N., siendo discrecional para el magistrado los casos y la oportunidad de producir tal delegación (*).
Lesiones en riña, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Antiñir,  Omar  Manuel  - Antiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez,Miguel  Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y enconc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Los tipos penales de los arts. 95 y 96 del Código Penal no son más que un inadmisible salvoconducto para solucionar un problema netamente probatorio (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Inscripción registral, registro de la propiedad inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SILBERGLEIT  FERNANDO MARTIN Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIODE JUSTICIA S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

En el presente, en el que se ha comprobado la falsificación de un instrumento público con visos de realidad, no parece que haya habido un obrar siquiera negligente por parte de la repartición pública demandada. La falsedad del registro resulta imputable a quien falsificó el oficio que ordenó el levantamiento del embargo, y no se puede extraer de las normas de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil una interpretación diferente, ya que los daños causados no se pueden adjudicar directamente a un dependiente de la demandada.
Proceso penal, nulidad del acto jurídico, interpretación restrictiva
Materia: PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

En materia de procedimiento penal no existen más nulidades que las expresamente previstas en la legislación adjetiva, o cuando se hubiera omitido las formas sustanciales dispuestas por el código de rito (artículo 161 del Código Procesal Penal de Santa Fe). (Del Voto del Dr. Falistocco)
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Ramón Pablo c/ Techint S.A. s/ Indemnización por incapacidad parcial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La responsabilidad por el riesgo creado no se fundamenta en la naturaleza peligrosa de la labor encomendada al obrero.
Sentencia, nulidad de sentencia, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN ANGEL VEGA c/ FARMASA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-12-21

Es nula la sentencia que omite considerar pruebas vinculadas diréctamente con los hechos alegados por las partes.
Estado Nacional, obligaciones, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "SONI DE REQUEJO, MARTHA ELIZABETH c/ A.N.Se.S.". s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-24

No puede obligarse al Estado Nacional a asumir una obligación de causa anterior a la fecha de transferencia, aún cuando de cumplimiento posterior, si la misma no surge con certeza absoluta de la manda legal.