Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-28


En la ciudad de Trelew, a los 28 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Juan Humberto Manino y Carlos Alberto Velásquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., N. G. c/ A. S.A. y Otro s/ CANCELACIÓN DE PRENDA (SUMARIO)" (Expte. nº 20839 - año: 2005).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 252.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo: La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 225/232 vta.) a) declaró: 1) que la única legitimada pasiva en la causa era A. S.A.; 2) que las obligaciones dinerarias emergentes de los contratos prendarios que vincularon a la actora y la demandada se "pesificaron" a partir del 3/2/02 de conformidad con la legislación de emergencia económica; b) hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora contra A. S.A., condenado a esta última a cancelar las prendas que gravan el vehículo Renault Rodeo Pick Up dominio y a entregar a la actora los originales de las prendas, para lo cual ordenó librar oficio al Registro de la Propiedad Automotor N° 1 de Puerto Madryn, bajo apercibimiento de efectuarlo a su costa (art. 513 C.P.C.C.); c) rechazó el reclamo de la actora por la repetición de lo abonado en más en concepto de intereses punitorios; d) impuso las costas por la demanda en un 66% a la demandada y en un 34% a la actora; e) impuso las costas por la reconvención a la demandada. - II. El fallo es apelado por ambas partes. La demandada funda su recurso a fs. 242/246 vta. y la actora lo hace a fs. 250/vta. - III. La apelación de la demandada:

Los motivos de agravio expresados por esta parte son, en síntesis, los siguientes: 1) por haberse declarado con efecto cancelatorio los pagos efectuados por la actora, desvirtuándose con ello la legislación de emergencia económica, en especial el art. 2 del Decreto 320/02, señalando que se trata de normativa de orden público y que su parte reclamo un valor de reposición del rodado dentro de la normativa del art. citado y de la Ley 21.932.

2) Por no haberse hecho lugar a la reconvención deducida, en base a la conclusión equivocada de que primero A. S.A. debió calcular el CER y demostrado que con la aplicación de dicho coeficiente el resultado obtenido fuese menor al "valor de reposición" o "esfuerzo compartido", y luego de dicho cálculo su parte podría reclamar la aplicación del último procedimiento.

Afirma que la sentenciante, considerando un aspecto formal expresamente no requerido por la ley, aniquiló el derecho de propiedad de A.; realiza a continuación una serie de cálculos, cuadros comparativos y consideraciones, todo ello destinado a demostrar el razonamiento erróneo de la sentenciante e insistiendo en reclamar el ajuste solicitado en su reconvención. - IV. El recurso de la actora: - El único motivo de agravio expuesto por la recurrente está referido a la imposición de las costas por la demanda, en tanto considera que al distribuirlas de ese modo no se ha tenido en cuenta el contenido económico de las dos pretensiones en pugna y que la codemandada C. del O. SA también reconvino junto con A., por lo que también debe ser incluida en dicha condena en costas. Solicita que les sean impuestas a la demandada en su totalidad, revocándose el fallo en tal sentido.

V. Para abordar el tratamiento del primer agravio expuesto por la demandada, creo imprescindible sintetizar previamente los fundamentos de la sentencia de grado anterior sobre dicho punto. En lo que aquí interesa para decidir el tópico, la sentenciante hizo mérito de los siguientes aspectos: 1) la obligación bajo examen está regida por las normas de emergencia económica y correspondía su "pesificación" (u$s. 1 = $ 1.-). 2) Debido a su monto (inferior a u$s. 30.000.-) la misma no se halla alcanzada por la aplicación del CER, sino que debía aplicarse a la misma el CVS desde la cuota N° 33 con vencimiento el 10/10/02 hasta la última cuota -N° 36- con vencimiento el 10/1/03, es decir, las cuatro últimas mensualidades.

3) Tras un repaso de todos los pagos efectuados, se comprueba que la actora abonó la suma de $ 26.060.- que era la sumatoria de los dos contratos suscriptos, sin contar los intereses punitorios por el abono fuera de término.

4) El pago correspondiente a la cuota N° 30 (recibo de fs. 42 del 12/5/03) por la suma de $ 652.- no contiene imputación discriminada como los anteriores, habiéndose efectuado como "pago a cuenta aplicado a su deuda cuota 10/7/02" y fue efectuado por una suma mayor, cancelándose con la suma de $ 442.- dicha cuota y quedando un remanente de $ 210.- que, como no fue imputado por las partes, se debe efectuar legalmente (arts. 773, 775 y 778 C.Civil).

5) En ese cometido, la sentenciante imputa el sobrante de $ 210.- a la cuota siguiente (N° 31) y así sucesivamente con las cuotas restantes, con lo cual arriba a un pago en exceso ($ 1.033,35) a favor de la actora.

6) En ese aspecto corresponde apartarse de las conclusiones de la pericia contable, en tanto el perito realizó otra imputación por su cuenta, siendo que la demandada no había hecho uso de tal derecho.

7) Adicionadas las diferencias correspondientes al CVS que se debía pagar por las cuotas Nros. 33 a 36, se arriba a la suma de $ 17,85 que, deducidas de los $ 1.033,45, dejan un saldo abonado en más de $ 1.015,60 a favor de la demandante, sin que corresponda ordenar su reintegro en virtud del principio de congruencia.

8) Por todo ello, debe prosperar la pretensión de pesificación y tener por abonadas la deuda, disponiéndose la cancelación de las prendas conforme a lo solicitado. En mi opinión, este razonamiento no ha sido refutado por las argumentaciones vertidas bajo el título de "primer agravio", por cuanto las mismas no aportan un razonamiento que supere a dicho juicio lógico.

Así, advertirán mis colegas que tras señalar que el caso está enmarcado dentro de las normas de emergencia económica, resaltando el carácter de "orden público" de las mismas, la apelante ensaya una queja partiendo de calificar las pretensiones de la actora como "desmesuradas y abusivas", para ingresar de inmediato en el tema referido a su derecho a obtener un "reajuste equitativo del precio", con consideraciones acerca de las consecuencias económicas de dicha legislación, las pérdidas sufridas por la empresas por comercializar automóviles con insumos importados, con el propósito de insistir, en suma, en su derecho a obtener un "valor de reposición".

Estos argumentos, en todo caso conducentes para juzgar su pretensión reconvencional -y en buena medida ya enunciados en su pieza inicial de fs. 91/101- en ningún momento llegan a constituir una crítica concreta y razonada del aspecto del fallo ya mencionado, por cuanto no consiguen refutar la línea discursiva seguida por la juzgadora para elaborar su conclusión referida a la pesificación y cancelación, en términos matemático financieros, de la deuda con garantía prendaria.

Al respecto, claro y categórico es el texto del art. 265 C.P.C.C. en cuanto exige una crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que el apelante considere equivocados. Se ha dicho reiteradamente que es ésta una carga inexcusable de quien pretende que una resolución sea revocada, pues para ello ha de demostrar la sinrazón del proceso lógico expuesto por el sentenciante, superando así con su razonamiento el juicio de certeza y la conclusión jurídica arribada en su consecuencia.

Y en este orden, no basta la mera reiteración de los conceptos expresados al trabarse la litis, ya que la impugnación ha de referirse en cambio a las inferencias que a su respecto extrajo el juzgador, en el marco de las pruebas colectadas y del derecho aplicado al caso.

Esta exigencia, como lo ha sostenido reiteradamente el Cuerpo, no puede suplirse mediante objeciones genéricas ni consideraciones subjetivas que pongan de manifiesto un mero desacuerdo con lo resuelto (conf. S.D.L. 111/93; 112/93 C.A.N.E. id. Exptes. 10540; 16173; 19761 C.A.N.E.; entre muchos otros).

Conforme al criterio ya expresado, estimo que la aquí apelante no ha coronado su cometido, limitada como estuvo a la ya mencionada reiteración argumental, con lo que el recurso se ve desprovisto de una suficiencia técnica mínima que permita su consideración, lo que me lleva a proponer que se declare desierto el mismo (art. 266, C.P.C.C.).

VI. Para desestimar la pretensión contrapuesta por la demandada, la sentenciante a quo señaló, en síntesis, que a este fin la accionada primero debió establecer el monto de la prestación, calculando el coeficiente correspondiente y aplicándolo a la deuda pesificada; y luego de ello debió alegar y demostrar que el monto resultante era inferior al valor de la prestación al momento del pago, lo que no ocurrió en esta causa, por lo que su reclamo no podía prosperar (conf. fallo, fs. 231 vta.). - Al cuestionar dicha conclusión, la apelante básicamente argumenta que: a) la juzgadora introduce un requisito no establecido expresamente por la ley; b) el incremento del valor de los automóviles supera sustancialmente el valor obtenido a partir de dicho ajuste, por lo que lo que se le exige sería "demostrar lo obvio" a cuyo efecto, de todos modos, acompaña una serie de gráficos destinados a exhibir dicho desajuste económico.

Considero que estas objeciones tampoco bastan para desmerecer la decisión sobre el punto controvertido.-- En primer término, si bien es cierto que la legislación de emergencia económica no establece expresamente el procedimiento señalado por la jueza de grado anterior, lo cierto es que a los fines del llamado "reajuste equitativo" dicha normativa -y en concreto, el art. 11, segundo párrafo, de la Ley 25.561; texto seg. Ley 25.820- indica cuáles son las pautas para su determinación, que -en definitiva- consisten en comparar el valor de la deuda pesificada y reajustada según CER ó CVS con el valor real de mercado del bien. Su texto es claro e inequívoco: "Si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio." Por consiguiente, es indiscutible que dicha comparación debe efectuarse al momento del pago final de la obligación, ocasión en que el deudor pretende ser liberado de la misma.

Siendo ello así, la conclusión de la sentenciante ha sido correcta, ya que aun si de oficio se pudo establecer -como ha ocurrido en la especie- el monto de la deuda pesificada y su ajuste según el coeficiente respectivo, lo cierto es que la reconviniente no produjo la prueba del valor de plaza del rodado al momento del pago final (octubre de 2003 - fs. 48), por cuanto la única medida propuesta y diligenciada en este sentido -los informes glosados a fs. 118/121- refieren cotizaciones de plaza al mes de septiembre de 2004, es decir, muy posteriores a la época en que correspondía efectuar ese cotejo económico.

Esta lejanía temporal pone en evidencia que dichos valores no pueden ser condignamente comparados, lo cual impide acoger la pretensión de reajuste entablada.

En definitiva, considero ajustada a derecho la desestimación resuelta en la anterior instancia, pues a mi juicio ella merece ser confirmada por las razones que acabo de exponer, y así lo dejo votado. - VII. Apela la actora la distribución de la carga en costas basada en el progreso sólo parcial de su demanda. En apoyo de su queja, señala que no se tuvo en cuenta la confusa redacción de la normativa de emergencia económica, que dio lugar a un sinfín de dudas interpretativas.

Señala que no se ha tenido en cuenta la diferente importancia económica de cada una de las pretensiones, ya que el rechazo de su reclamo por anatocismo es muy inferior respecto de los rubros que progresaron. Tampoco se tuvo en cuenta que la codemandada C. del O. no sólo contestó la demanda sino que también reconvino junto a A.., por lo que debió asimismo ser incluida en la carga en costas.

Considero que la argumentación basada en la complejidad de las normas de emergencia económica y sus hipotéticas dificultades interpretativas debe ser desechada de plano en la especie, por cuanto en lo que ha sido materia de juzgamiento, además de los decretos citados por la recurrente, a la fecha de interposición de la demanda ya se había dictado la Ley 25.820, de manera que tanto la situación de las obligaciones en mora cuanto las cuestiones referidas al cómputo de los intereses estaban perfectamente delineadas por la legislación vigente y no ofrecían dudas razonables acerca de su aplicación al caso.

En este sentido, ni aun el criterio fundado en la "razón probable para litigar", que en algún momento llevó a justificar excepciones a la regla objetiva del vencimiento, justificaría aquí el argumento ensayado,pues como lo ha sostenido el suscripto en otros precedentes, la sola creencia del litigante de que le asiste razón para promover un litigio no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas del juicio al perdidoso, pues es indudable que, salvo hipótesis de actitudes maliciosas, todo aquél que somete una cuestión a los Tribunales de Justicia es porque cree tener razón de su parte, mas ello no exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (conf. causa Nº 12.898 C.A.N.E. - id. mis votos en Exptes. 12319; 14888; 17833 C.A.N.E.; entre otros). En lo que refiere a la inclusión de la codemandada C. del O. en la carga en costas por el progreso parcial de la demanda, debo decir que el pedido no debe prosperar, ya que se declaró a su respecto la falta de legitimación pasiva.

Sí creo en cambio que es atendible la aducción basada en el diferente contenido económico de las pretensiones acumuladas, ya que la referida a los intereses excesivos y su reintegro a la actora -aspecto en en que ésta resultó vencida es de entidad económica sustancialmente inferior a de los reclamos que prosperaron.

Y en este orden, si bien no corresponde atender a proporciones estrictamente matemáticas sino a una adecuada y razonable apreciación global del pleito -doctrina del Excmo. Superior Tribunal de Justicia provincial en repetidos pronunciamientos- estimo que la distribución efectuada en primera instancia no atiende a esos parámetros, por lo que propondré al acuerdo la modificación de esta carga, a fin de que las costas por la demanda sean soportadas en un 80% a cargo de A. S.A. y en el 20% restante por cuenta de la actora. - VIII. Conclusiones: - De compartirse las posturas expuestas en los apartados precedentes, corresponderá confirmar el decisorio apelado en lo principal que ha sido materia de recurso, reformándolo única y exclusivamente en cuanto a la distribución de las costas de primera instancia referidas a la demanda, que deberán ser soportadas en un 80% a cargo de A. S.A. y en el 20% restante por cuenta de la actora y confirmándolo en todo lo demás, por cuanto la modificación que se propicia, por su escasa incidencia, en tanto no afecta la decisión sobre el fondo del pleito, no justifica la adecuación de los honorarios regulados en aquella sede por vía de la herramienta prevista en el art. 279 C.P.C.C. Propicio asimismo que las costas de Alzada sean impuestas en iguales proporciones (80% a la demandada; 20% a la actora) atendiendo al resultado de las respectivas apelaciones incoadas (conf. art. 71, C.P.C.C.; su doctrina).

Y propongo, por último, que los profesionales actuantes en esta sede sean retribuidos en base a la extensión, eficacia de sus tareas y a los resultados obtenidos, en los siguientes porcentajes a calcular sobre las regulaciones que respectivamente les correspondieron por sus labores en primera instancia, como sigue: a) para el Dr. J. C. S., en el 25% y b) para el Dr. R. C., en el 28%; en ambos casos, con adición del I.V.A. pertinente (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200). - Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

En punto a los fundamentos del fallo de origen y agravios expuestos por las apelantes, me remito, por elemental razón de economía de tiempo, a la correcta síntesis que el prevotante ha realizado, con lo que entraré directamente al tratamiento de las cuestiones sometidas a esta alzada. - I..- Impugnó la demandada el efecto cancelatorio que la juzgadora del previo grado reconociera a las pagos realizados por la deudora demandante, fundándose en que ellos fueron recibidos "a cuenta".

No lleva razón la recurrente en este agravio, pues parte su argumentación de una concepción de pagos "a cuenta" que en nuestra normativa de emergencia económica tuvo una limitadísima vigencia temporal, la que no alcanzó a la especie. - Para demostrarlo hemos de recordar la evolución experimentada en la materia por dicha legislación de emergencia. El primitivo texto del art. 11 de la ley 25.561, entrado en vigencia el día de la promulgación -6/1/02-, dispuso que, tratándose de prestaciones dinerarias originadas en contratos celebrados entre particulares y pactadas en dólares, las partes debían negociar "la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio".

Para ello creó un procedimiento de pagos "a cuenta" y fijó un plazo máximo de ciento ochenta días para la aludida negociación, tras la cual, de no mediar acuerdo entre los contratantes, podían éstos acudir a los procedimientos de mediación -si existían en su jurisdicción- o a la instancia judicial para dirimir sus diferencias.

Lo procurado por el legislador en suma era una "pesificación negociada" y la eventual intervención de los jueces se daba en el marco de una suerte de jurisdicción de equidad, donde el magistrado había de decidir cuál debía ser el tipo de conversión de la moneda aplicable, tratando de distribuir entre las partes de manera ecuánime los efectos de la modificación de la relación de cambio entre los signos monetarios en juego.

En este marco de futuro acuerdo de partes o decisión judicial sobre el tipo de cambio a aplicar se inscribió la previsión de los pagos "a cuenta". Poco duró la vigencia de ese régimen, pues a menos de un mes de instaurado, el 3/2/02, el art. 8 del dec. 214/02 dispuso la conversión a pesos de todas obligaciones dinerarias expresadas en dólares y alcanzadas por la anterior ley a la relación 1 dólar = 1 peso más C.E.R.

Se pasó de ese modo de un sistema de "pesificación negociada" a otra de "pesificación compulsiva" que invadió así todas las esferas del Derecho Público y Privado (confr.: Bidart Campos-Gil Domínguez. "Constitución y pesificación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera fuera del sistema financiero", L.L. 2002-F-1225; en similar sentido, Nicolau, "Las obligaciones de derecho privado no vinculadas al sistema financiero en el nuevo régimen de emergencia pública", L.L. 2002-C-1046).

Desde la entrada en vigencia de esta norma la cuestión ya no fue negociar entre las partes el tipo de cambio, pues él venía imperativamente impuesto por el precepto, pero se le añadió a dicha regla general, a modo de única válvula de escape, una suerte de seguro contra la injusticia: si esa conversión arrojaba un monto superior o inferior al valor de la cosa, bien o prestación al momento del pago, las partes podían solicitar el reajuste equitativo del precio (confr.: Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E-292). Esta normativa no incluyó disposición ninguna acerca de pagos "a cuenta".- Así pues, los pagos "a cuenta" realizados en la especie, en tanto tuvieron lugar a partir de marzo de 2002 (fs. 31 y sgts.), no fueron, ni pudieron ser, los previstos en el primitivo texto del art. 11 de la ley 25.561 -esto es, los realizados mientras las partes negociaban la pesificación de la deuda-, pues para las datas en que ellos se hicieron ya estaba en vigencia del dec. 214/02, que cambió el sistema de "pesificación negociada" a otro de "pesificación compulsiva" y no previó pagos "a cuenta" de ningún tipo, los que fueron reintroducidos en nuestro derecho -bien que en el marco de un debate entre las partes distinto al de la pesificación, como lo es el de reajuste del precio -con la reforma que al art. 11 de la ley 25.561 hiciera la ley 25.820, nuevo texto que entró en vigencia recién el 5/12/03 (art. 5 de la última normativa indicada).

El tratamiento a dar a los pagos "a cuenta" que, no obstante lo anterior, se hubieran realizado fue establecido en el art. 8 del anexo I del dec. 1.242/02 -norma que atrapa al caso, pues es reglamentaria del dec. 762/02, cuyo art. 5 a su vez establece que sus disposiciones de orden público son aplicables a las relaciones jurídicas vigentes al 3/2/02-, según el cual, como correctamente indicara la Señora Juez "a quo"a fs. 228 últ. párr./vta., tuvieron efectos cancelatorios tanto por las cuotas pagadas como por el importe pertinente de la obligación. Contra lo manifestado por la recurrente a fs. 246 vta., las citadas disposiciones no fueron desplazadas en su aplicabilidad por el art. 2 párr. 2° del dec. 320/02, el que si no citó	aquéllas fue porque aún no habían sido dictadas.

El precepto del art. 2 del dec. 320/02, como él mismo indica, vino a aclarar al art. 8 del dec. 214/02 -única normativa que en ese momento regía la pesificación-, estableciendo que para el ajuste equitativo del precio previsto en dicha disposición debía tenerse en cuenta el valor de reposición de la cosas, bienes o prestaciones con componentes importados; esto es que no creó un régimen especial de pesificación para este tipo de bienes, diferenciado del imperante para los restantes sin componentes importados, sino que fijó una pauta a atender para realizar el ajuste del precio contractual en aquellos supuestos y en caso que fuera reclamado. II.- La demandada ha cuestionado el rechazo de su reconvención tendente al reajuste del precio contractual siguiendo dos ejes distintos: a) invocando, como lo hiciera al reconvenir, la doctrina del esfuerzo compartido para distribuir entre las partes la diferencia en el tipo de cambio; b) alegando el mayor valor de mercado de la cosa vendida, en función de contar ella con componentes importados. - No veo andamiento a este agravio desde ninguno de los dos enfoques.

Abordada la cuestión desde el primero de los ángulos indicados -el esfuerzo compartido en la suportación de la diferencia de cambio-, obstan al progreso del reclamo las siguientes consideraciones, que ya hemos tenido en esta alzada ocasión de puntualizar (c. 19.838 S.D.C. 7/05): - A) La remisión al "principio del esfuerzo compartido" hecha por el último párrafo del art. 11 de la ley 25.561 -tanto en su texto original, cuanto en el que le diera el art. 3 de la ley 25.820- es una pauta dirigida por el legislador no a los jueces, sino al Poder Ejecutivo Nacional para el dictado de las disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas a que se lo facultara (confr.: Casiello, "La pesificación retaceada", ya cit., L.L. 2004-E-292).

B) Con relación a la labor de los magistrados judiciales en estas cuestiones, el principio aludido ya no tiene campo para su aplicación, pues, a contrario del régimen de pesificación primitivo, la actuación de los jueces no está ahora dirigida a imponer esfuerzos o sacrificios compartidos que repartan entre los contratantes las diferencias de tipo de cambio, sino exclusivamente a hacer concordar la suma surgida de la "pesificación compulsiva" al tipo de cambio impuesto con el valor actual de la prestación en el mercado (confr.: Casiello, "La reforma del art. 11 de la ley 25.561...", L.L. 2004-C-1473).- C) La tesis del "esfuerzo compartido" no puede convertirse en un principio general aplicable a todos los contratos afectados por la emergencia, pues ello importaría tanto como reemplazar la regla general de pesificación -uno a uno más ajuste por el coeficiente que corresponda- sancionada por el legislador por otra de creación puramente pretoriana (confr.: Suprema Corte Mendoza, Sala 1era., voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, J.A. 2003-IV-635). Sabido es que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra" (C.S.N., Fallos 299:168), sin que sea admisible una inteligencia del precepto que equivalga a prescindir de su texto literal, ya que la labor hermenéutica debe realizarse sin violarlo (confr.: ídem, Fallos 300:687 y 958; 301:849; 304:1745).

Cuando el texto normativo es claro -y aquí lo es sin duda-, no es posible alterar su sentido ni obtener conclusiones distintas por valoraciones subjetivas del magistrado (confr.: S.C.B.A., D.J.J.B.A. 116-133 y 357). Más de una vez hemos señalado que no compete al juez juzgar la bondad o equidad de la leyes, ni remediar las imperfecciones que en ellas le parezca detectar; el valor integra ontológicamente la norma, de tal modo que el intérprete queda inexorablemente ligado a él, sin la posibilidad de desentenderse del mismo, sustituirlo o modificarlo, aun cuando no coincida con su personal sentido de lo justo.

Atañe a la salud de la República, preservada por la separación de los Poderes del Estado, que los magistrados judiciales no se atribuyan facultades legislativas de las que carecen (este Cuerpo, c. 10.235 S.D.L. 130/92, c. 11.521 S.D.L. 82/95, c. 11.766 S.D.L. 6/96, c. 18.409 S.D.L. 3/03, c. 18.748 S.D.L. 27/03). - Atinente a al segunda de las argumentaciones propuestas por la apelante en sostén de este agravio -el del valor de reposición de la cosa en el mercado, por contar ella con componentes importados-, considero que ella se derrumba por su propia base, toda vez que no se ha aportó a los autos prueba idónea acerca del invocado mayor valor.

El art. 11 párr. 2° de la ley 25.561 -texto del art. 3 de la ley 25.820- establece como supuesto fáctico para la procedencia de la revisión del precio contractual que su monto, reajustado por aplicación del coeficiente que corresponda, resulte superior o inferior al valor en plaza de la cosa, bien o prestación "al momento del pago".

Esto es, que el cotejo del precio ajustado debe hacerse con el valor que la cosa tenía el día del pago de aquél, no con el que luego pudo ella alcanzar tras la evolución posterior de los precios en el mercado. De idéntico modo lo dispone incluso la fuente histórica de dicha norma, esto es la ley 24.283, de actualización del valor de bienes o prestaciones, en su art. 1° últ. parte.

Es que el equilibrio o desequilibrio de las prestaciones recíprocas debe juzgarse al momento en que ellas son ejecutadas y no a posteriori. La comparación ha de realizarse entre valores homogeneizados, vigentes a una misma época, pues de lo contrario, de utilizarse escalas de valores diversas, no coincidentes en el tiempo, el confronte sería engañoso y no revelaría desproporciones, sino diferencias derivadas del uso de distintas unidades de medida.

Si los coeficientes de acuerdo a los cuales es reajustado el precio contractual -sea el C.E.R. o el C.V.S.- son aplicados hasta el día en que éste debe pagarse (doc. del Anexo I de la ley 25.713, últ. párr. y del Anexo II del dec. 1.242/02), el valor de plaza a comparar debe también ser el de ese día.

Si en el caso el pago de la última cuota del precio tuvo lugar el 20 de octubre de 2003 (fs. 48), el valor del automotor a confrontar era el que éste tenía para esa época y no el muy posterior de septiembre de 2004 al que se refirieron los informes de fs. 118/121.- Desde que probar el mayor valor de mercado de la cosa era carga de la vendedora, quien, reconvención mediante, pretendía el reajuste del precio sobre la base de tal supuesto fáctico (art. 377 C.P.C.C.), y dicha probanza no fue arrimada, ese déficit probatorio ha de pesar en desmedro de la reconviniente, cuya pretensión debía entonces rechazarse.

Entiendo pues que la decisión desestimatoria atacada debe mantenerse en esta instancia, aunque por razones diversas a la apuntada por la juzgadora del previo grado. Recordaré en este aspecto los poderes que asisten a l órgano "ad quem", que si bien ha de ceñirse a los puntos objetados con los recursos, al tratarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia poseía la "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos de derecho distintos de los invocados por el juez de primera instancia (art. 271 últ. párr. C.P.C.C., su doc.; esta Cámara, c. 11.984 S.D.C. 32/96, c. 15.509 S.D.C. 1/00, c. 15.756 S.D.C. 10/00, c. 18.622 S.D.C. 21/03 y sus citas).

Que el tribunal de apelación resuelva con fundamentos diferentes a los del fallo del anterior grado sólo supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos fácticos (confr.: C.S.N., L.L. 149-411).

III.- Tocante al agravio de la actora, relativo a la distribución de las costas motivadas por el trámite de la demanda, hallo que lleva ella parcial razón.

Desde luego, no le asiste en su invocación de que la cuestión respecto de la que resultó derrotada era dudosa de derecho. De un lado, porque, cual subrayara el colega ponente, al momento de instaurar su demanda ya regía hacía tiempo la ley 25.820, que puso punto final a la mayoría de las hesitaciones provocadas en su día por la legislación de emergencia económica.

Del otro, porque la pretensión en relación a la cual fue vencida no tuvo mayor vinculación con dicha normativa de emergencia, toda vez que apuntó a la base de cálculo de los intereses moratorios, sosteniendo que no debían liquidarse sobre los compensatorios para evitar el anatocismo, punto regido por la legislación común y normal.

Tampoco tiene asidero su argumento relativo a la intervención en autos de la codemandada C. del O. S. A. Declarada la falta de legitimación pasiva de ésta, las costas originadas en su actuación deberían haberse cargado íntegras a la actora, perdidosa en ese aspecto; el silencio que el fallo del otro grado guardara acerca de esta cuestión debe interpretarse como la imposición de las costas en el orden causado (confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., II-379, "C" y jurisp. allí citada), sin que esta alzada pueda revisarlo ante la falta de recurso de la codemandada mentada.

Mas no le es dado a la demandante, beneficiada por esa decisión tácita, procurar un resultado mejor todavía del que ya obtuvo sin derecho.

Donde sí halla apoyo la queja de la actora es en el diverso contenido económico de sus pretensiones acumuladas, pues en verdad la relativa a los intereses moratorios excesivos, que resultara desestimada, tuvo una entidad crematística bien inferior a las dos que prosperaran. Concuerdo pues con el preopinante en que las costas causadas por el trámite de la demanda deben distribuirse cargándolas en un 80 % a la codemandada A. S. A. y en un 20 % a la actora (art. 71 C.P.C.C.). IV. Las razones hasta aquí vertidas, coincidentes con las brindadas por el Señor Magistrado antes sufragante, me inclinan también a mí por la confirmación de la sentencia apelada en lo principal que decidiera y fuera materia de agravios y su modificación exclusivamente en punto a las costas de la manera antedicha.

Visto los frutos arrojados por los recursos deducidos -rechazo íntegro del de la codemandada y progreso parcial del de la actora-, creo equitativo distribuir las costas de segunda instancia en proporción idéntica a las del anterior grado (art. 71 C.P.C.C.). Concuerdo asimismo con el Dr. Ferrari en los honorarios que propiciara regular por las labores profesionales desarrolladas en la alzada, toda vez que son adecuados a la importancia de las mismas, apreciadas de acuerdo a las pautas de los arts. 6, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200. - Me expido consecuentemente en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó: - En vista del Acuerdo alcanzado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, reformándolo única y exclusivamente en cuanto a la distribución de las costas de primera instancia referidas a la demanda, que deberán ser soportadas en un 80% a cargo de A. S.A. y en el 20% restante por cuenta de la actora.

II) Distribuir las costas de Alzada en un 80% a la demandada y en el 20% a la actora) fijando las retribuciones de los profesionales actuantes en esta sede en los siguientes porcentajes a calcular sobre las regulaciones que respectivamente les correspondieron por sus labores en primera instancia, como sigue: a) para el Dr. J. C. S., en el 25% y b) para el Dr. R. C., en el 28%; en ambos casos, con adición del I.V.A. pertinente. - Así lo voto. - A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550). - Trelew, de febrero de 2006. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, reformándolo única y exclusivamente en cuanto a la distribución de las costas de primera instancia referidas a la demanda, que deberán ser soportadas en un 80% a cargo de A. S.A. y en el 20% restante por cuenta de la actora; - DISTRIBUIR las costas de Alzada en un 80% a la demandada y en el 20% a la actora fijando las retribuciones de los profesionales actuantes en esta sede en los siguientes porcentajes a calcular sobre las regulaciones que respectivamente les correspondieron por sus labores en primera instancia, como sigue: a) para el Dr. J. C. S., en el 25% y b) para el Dr. R. C., en el 28%; en ambos casos, con adición del I.V.A. pertinente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL Nº 05 DEL AÑO 2006.- SDC Conste.