Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-10


SENTENCIA N. 89611 . CAUSA N. 14.395/2005. "PAIBA LILIANA NOEMI C/ AEROSOL SINTESIS S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO N. 59.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 10.4.08 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

Ambas partes cuestionan la sentencia de la instancia anterior. La accionada también apela los honorarios de la representación letrada de la parte actora por considerarlos altos, mientras que esta última cuestiona los suyos por bajos (fs. 881/823, fs. 824/825 y fs. 826).

Por razones de mejor orden trataré en primer lugar la apelación de las demandadas Aerosol Síntesis SA, Constructora Altos del Sur SA y Química del Hogar San Luis SA, que apelan el fallo en forma conjunta. Se quejan porque la Sra. Juez de primera instancia no hizo lugar a la excepción de prescripción y concluyó que el despido dispuesto por la primera de las empresas nombradas no resultó justificado toda vez que la medida de acción directa llevada a cabo por los trabajadores no fue ilegal. Afirman que la Sra. Juez no valoró correctamente la prueba producida en autos, en especial la testimonial. Sostienen que no corresponde extender la condena a las codemandadas Química del Hogar San Luis S.A. y Constructora Altos del Sur S.A. porque de las pruebas producidas en el expediente no resulta que la actora haya trabajado para estas empresas. Finalmente, cuestionan la imposición de costas a su cargo.

En mi criterio, no asiste razón a las recurrentes. La queja en relación con la excepción de prescripción, no puede prosperar, pues si bien la actora al demandar incluyó en la liquidación de modo genérico los rubros "Rem. adeudadas (10/02 a 7/03) $ 16.146" y "sac adeudados $ 7.176", lo cierto es que expresó que la demandada incurrió en falta de pago del salario y que se logró un acuerdo ante ".el Ministerio de Trabajo respecto del pago de los siguientes rubros SAC 1999, 2000, diferencia primer semestre 2001, segundo semestre 2001, año 2002, primer semestre de 2002 así como remuneraciones adeudadas entre octubre de 2002 a julio de 2003."; ".Pero los incumplimientos de la accionada no cesarían ya que no sólo no se cumplirían los acuerdos homologados por la deuda referida sino que además se continuó pagando las remuneraciones en forma fraccionada y fuera de término." ( fs. 7 y 12 vta.).

En el caso está acreditado que en mayo de 2001 la Secretaría de Trabajo de la Delegación Regional de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires homologó un acuerdo celebrado por la empleadora Aerosol Síntesis SA con su personal, por medio del cual aquélla se comprometía a abonar a los trabajadores, entre ellos a la actora, las sumas que allí se precisaban en concepto de sueldo anual complementario correspondientes a los años 1999 y 2000 (fs. 478 y 484). La propia recurrente reconoce que sólo abonó una cuota de este convenio y los testimonios de Benítez y Chaz dan cuenta de ello (fs. 373/374, fs. 427), lo que corrobora la manifestación de los trabajadores realizada en mayo de 2004 ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Regional de Lomas de Zamora en el marco del procedimiento preventivo de crisis iniciado por la empleadora (fs. 602). Con posterioridad y ya producido el despido tramitaron nuevas actuaciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo y en ellas consta otra manifestación de los trabajadores de fecha 9 de agosto de 2004 referida a "que fuimos despedidos injustamente por reclamar salarios atrasados desde el año 1999 a la fecha", expresión que recoge el dictamen de la Asesoría Legal (fs. 228 y fs. 242 a 246). En dichos actuados, en diciembre de 2004 la citada demandada propuso para solucionar el conflicto planteado con sus ex empleados abonar a cada uno la suma que figura en el anexo respectivo "importe que incluye todos los sueldos adeudados, como los aguinaldos, aguinaldos proporcionales y vacaciones no gozadas, todo ello de acuerdo a los registros de la empresa" (fs. 254 a 258).

Esta manifestación de la accionada constituye un reconocimiento de deuda idóneo para interrumpir la prescripción, máxime que de los registros de la empresa no resulta demostrado el pago de las cuotas correspondientes a aquel primer acuerdo ni los aguinaldos devengados con posterioridad (conf. arts. 718 a 722 y 3989 del Código Civil, fs. 454 vta.).

En consecuencia, propongo confirmar la decisión de grado en este punto.

En mi criterio, tampoco asiste razón a las apelantes respecto del despido, pues en este aspecto su presentación no satisface las exigencias previstas por el art. 116 de la ley 18345, dado que se limitan a citar jurisprudencia, a disentir con la conclusión de la Sra. Juez, indicando que a su entender la medida de acción directa que llevaron a cabo los trabajadores resultó ilegítima y a descalificar los testimonios aportados por la actora, sobre la base de que los deponentes tienen juicio pendiente contra la empresa, pero soslayan un esencial razonamiento de la sentenciante como es que de todos modos aun de considerarse que la medida dispuesta por parte del personal hubiera resulta ilegal ello no justifica sin más el despido del trabajador sino que el juez deberá apreciar teniendo en cuenta las modalidades y circunstancias personales en cada caso si la conducta individual del trabajador en cuestión, en atención a su antigüedad y antecedentes disciplinarios constituye una injuria que, por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación.

Las apelantes nada expresan al respecto por lo que tal fundamento llega incólume al tribunal.

Por mi parte, comparto dicho criterio porque si bien la participación de un dependiente en una medida de fuerza ilegal o ilegítima constituye una falta, la misma debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 L.C.T. a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces considerar la magnitud de la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de instigador o promotor del trabajador, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad, etc. De lo contrario, si se aplicara automáticamente la ecuación "ilegalidad de la huelga: justificación del despido", además de violar la norma del art. 242 ya mencionado (que confiere a los jueces la facultad de apreciar en concreto la conducta de las partes en orden a la disolución del vínculo) se quebrantaría uno de los pilares de todo régimen disciplinario, cual es el de la proporcionalidad entre la falta y la sanción (conf. CNAT, Sala X sentencia Nº 13.618 del 12.5.05, en autos "Arreguez, Sara c/ Cayetano D´Angelo e hijos SA s/ despido"). En el caso está acreditado que la empleadora de modo reiterado abonaba en forma parcial y tardía las remuneraciones, que por tal motivo el día 25 de junio de 2004 los trabajadores decidieron hacer retención de tareas durante el horario de trabajo y una vez finalizado éste ocuparon la planta en forma pacífica. La demandada no invocó ni pudo demostrar después que la actora hubiera sido la promotora de esa medida (fs. 64), ni que ella en forma personal hubiera impedido el ingreso a alguna persona, sólo participó de la medida y una vez que la Sra. Juez de Garantías Nº 3 del departamento judicial de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires decretó el desalojo acató la decisión (fs. 82). Por otra parte, la sentenciante destacó que la referida orden judicial fue acatada inmediatamente por los ocupantes y que luego en presencia del Sr. Emanuelle (denunciante) se procede a realizar una minuciosa inspección de la planta, constatándose que la misma se halla en perfecto estado, sin daños ni faltantes, por lo que se le restituye la planta fabril, de la cual se hace cargo en ese acto. Dicha circunstancia ratifica el carácter pacífico de la ocupación. El hecho de que luego el personal hubiera levantado una carpa en la vereda del establecimiento y que ello afectara la imagen de la empresa o que se viera afectado el ingreso y salida de camiones, constituye un perjuicio que es consecuencia propia de toda medida de fuerza, pero la participación de la actora en estos hechos no justifica el despido si se tiene en cuenta que contaba con una larga antigüedad en el empleo y carecía de antecedentes disciplinarios.

Las recurrentes tampoco se hacen cargo de otra conclusión de la sentenciante como es que la comunicación de despido en cuanto invoca como causas "actitud indisciplinaria, desobediencia" no cumple los requisitos previstos por el art. 243 de la L.C.T..

Por todo lo expuesto, auspicio declarar desierto el recurso de las demandadas en estos puntos.

A mi entender, tampoco asiste razón a las recurrentes respecto de la solidaridad de las codemandadas Química del Hogar San Luis SA y Constructora Altos del Sur SA. El informe de la Inspección General de Justicia acredita que los accionistas y los directivos de ambas empresas son las mismas personas: Víctor Hugo Emmanuele, Rubén José Barbone, Martina Silvia Kozar de Emmanuele y Elsa Estela Korner de Barbone (fs. 628/702). Las constancias aportadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (Expte. Nº 21.526-19874/04) referidas al procedimiento preventivo de crisis solicitado por Aerosol Síntesis SA, demuestran que el directorio de esta empresa está formada por el presidente: Víctor Hugo Emmanuele, el vicepresidente Rubén José Barbone, y los directores: Elsa Estela Korner y Martina Silvia Kozar (fs. 523, fs. 542, fs. 609).

Los testigos Benítez, Santander y Chaz coinciden en que los dueños de esas empresas son Rubén José Barbone y Víctor Hugo Emmanuele y sus respectivas esposas y que a partir de 1988 la administración de Química del Hogar San Luis SA y Aerosol Síntesis SA se encontraba en el mismo lugar, es decir, en San José 352 piso 4 de Capital Federal y que a partir de 1994 ése era el mismo domicilio de la codemandada Constructora Altos del Sur SA y que dichas empresas comparten los mismos directivos. La testigo Deglave, propuesta por la parte demandada, dijo ser empleada administrativa de Aerosol Síntesis SA y directiva de Química del Hogar San Luis, es vicepresidenta (fs. 433 y 438). Antelo (fs. 713) dijo que tanto la actora como la testigo trabajaban juntas para las tres empresas demandadas Estos elementos de juicio llevan a concluir que las sociedades demandadas conformaban un grupo económico de carácter permanente que se valían de los mismos medios personales y materiales.

Igualmente considero acreditado que en el caso existieron maniobras fraudulentas y conductas temerarias por parte de la empleadora, pues de modo reiterado dejó de pagar las remuneraciones del personal o bien lo hacía en forma fragmentada Es mi tesitura que la falta de pago de la remuneración en la medida convenida y en tiempo oportuno configura un grave incumplimiento contractual, pues el pago de la retribución constituye una de las principales obligaciones del empleador, en atención a la naturaleza alimentaria del salario, por lo tanto el incumplimiento de tal deber (arts. 74 y 128 de la L.C.T.), deviene inexcusable (en sentido análogo, SD Nro. 73.947 del 12.5.97, in re "Sinchicay, Amalia Mercedes c/ Textil Lemans S.A.", SD Nro. 76.240 del 15.4.98 "Molinero, Olga Inés c/ Ardana S.A.", del registro de esta Sala).

La defensa ensayada por la accionada con fundamento en las dificultades económicas por las que atravesaba la empresa no resulta atendible. En el derecho laboral la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad patronal es de interpretación restrictiva y sólo tiene cabida en aquellos institutos en que la ley expresamente lo dispone (accidentes, despido, suspensiones). Por ello, la accionada ante las dificultades económicas podía recurrir a los mecanismos que la ley le otorga para paliar la crisis (que van desde la suspensión de la relación hasta el despido), pero nuestro ordenamiento legal no ha receptado la posibilidad de que pueda posponer el pago de la remuneración ni imponer su pago en cuotas, ya que ello afecta el principio de intangibilidad salarial (art. 131 L.C.T., ver en sentido análogo, el citado precedente "Sinchicay...").

En el caso los elementos de juicio obrantes en la causa permiten concluir que la empleadora incurría en dichas prácticas abusando de la necesidad de los trabajadores de mantener el empleo. Al respecto considero relevante que -como señalara- en el año 2001 celebró un acuerdo con su personal en sede administrativa (Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación Lomas de Zamora, trámite Nº 21327-119-01), el que fue ratificado personalmente por la reclamante el 7.5.2001 y registrado el día 30.5.02, bajo el Nº 1976/02 (fs. 477/484), pero lo cierto es que abonó una sola cuota, pues del peritaje contable resulta que no existe ninguna constancia de pago en relación con dicho convenio (fs. 454 vta.). Por otra parte, tampoco pudo concluir exitosamente el procedimiento preventivo de crisis iniciado por la demandada Aerosol Síntesis SA en el año 2004 por la persistente deuda salarial (fs. 609, testimonios de Chaz y Antelo (fs. 427/429, fs. 713/715).

En consecuencia, auspicio confirmar la sentencia apelada en este aspecto. La parte actora se queja porque la Sra. Juez hizo lugar al rubro remuneraciones adeudadas desde el mes de octubre de 2002 hasta julio de 2003, pero sólo por la suma de $ 5.634,02, en lugar de $ 11.302,02. Afirma que no corresponde tener en cuenta el monto informado por el Sr. Perito Contador que se basó en los registros de la demandada porque no hay constancias en autos del supuesto pago a cuenta.

En mi criterio asiste razón a la recurrente, pues la empresa no aportó los recibos suscriptos por la trabajadora, idóneos para acreditar el pago de las remuneraciones (arts. 124, 138, 140, 142 y concs. de la L.C.T.).

Cabe señalar al respecto que las constancias de los libros laborales no son eficaces para acreditar el pago de dichos conceptos, pues se trata de registros llevados en forma unilateral por el empresario y por lo tanto inoponibles al trabajador, máxime que el Sr. Perito Contador informó que no le fueron exhibidos los mismos, sino sólo los recibos de sueldo de la actora y su legajo personal (fs. 453/456vta., en sentido análogo, sentencia Nº 72.262 del 30.8.96, en autos "Fernández, Luis Alberto c/ Dedioniggi, Mirta y otros s/ despido" y sentencia Nº 77.485 del 39.9.98, en autos "Sosa, Segundo Juan Manuel c/ Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Ltda. s/ despido", ambas del registro de esta Sala).

Por lo cual, propongo modificar la sentencia apelada en este aspecto y por ende hacer lugar a este rubro por la suma de $ 11.302,02, es decir que propicio que el monto de condena se eleve a $ 130.643,82, con más los intereses fijados en la instancia anterior.

En consecuencia, propongo imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas (art. 68 del C.P.C.C.N.). Teniendo en cuenta el monto de condena, el mérito y la importancia de las tareas realizadas por los profesionales intervinientes y lo dispuesto por los arts. 6,7,8,9,17,19,37,39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345, arts. 3,6 y concs. del dec. ley Nº 16.638/57 y demás leyes arancelarias vigentes, entiendo que los honorarios regulados en la instancia previa resultan adecuados, por lo que propicio confirmarlos. Auspicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 822 y fs. 842 en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado.

Propicio asimismo que se haga saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). wwwwwwwDe prosperar mi voto propiciaré: I.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto a lo principal que decide. II.- Modificar el fallo recurrido y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 130.643,82, con más los intereses fijados en la instancia previa. III.- Confirmar los honorarios recurridos. IV.- Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas, vencidas. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 822 y fs. 842 en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. VI.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). El doctor Eiras dijo:

Que adhiero al voto precedente por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto a lo principal que decide. II.- Modificar el fallo recurrido y por ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 130.643,82, con más los intereses fijados en la instancia previa. III.- Confirmar los honorarios recurridos. IV.- Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas, vencidas. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 822 y fs. 842 en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. VI.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Roberto O. Eiras	Elsa Porta Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana N. Picón IM Secretaria