Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 112/116 por la María Teresa del Rosario Moya, cotitular de la Fiscalía Nº 5, contra la resolución de fs. 108/110 mediante la cual la Sra. Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 8 declaró la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 96/98 y de todo lo obrado en consecuencia.

La argumentación de la impugnante, en virtud de la cual solicita se revoque el auto apelado y se encomiende a la Magistrada a fijar audiencia de juicio a la brevedad, se apoya fundamentalmente en que no ha existido violación al derecho de defensa, pues considera que "...desde un primer momento de la investigación e incluso en la criticada intimación (fs. 95), Ezequiel Gastón Krieger tuvo garantizados todos los derechos que la legislación vigente -constitucional o legal- le acuerdan...". Asimismo entiende que la audiencia del art. 41 no es, en sí misma, una formalidad insalvable de todo proceso sino que "...(l)o único incuestionable es que el imputado conozca certeramente el o los hechos que se le atribuyen y las pruebas que lo avalan, y que a partir de allí, tenga la potestad... de rebatir esa acusación mediante el derecho a ser oído y a ofrecer pruebas" (fs. 113/vta.).

El Sr. Fiscal de Cámara postula en su dictamen de fs. 120/121 que se haga lugar al recurso de apelación impetrado por su inferior jerárquico y se revoque la resolución en crisis, al considerar que "...es incorrecta dado que, en el acta de fs. 95 se describe con claridad suficiente el hecho imputado al encausado, a lo que cabe agregar el contenido de las pruebas de cargo que con carácter sustancial se computaban, que se les hicieran conocer. Con lo cual se ha cumplido debidamente con la garantía de la defensa en juicio...".

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Corresponde pronunciarnos en primer término acerca del examen de admisibilidad, a fin de verificar que estén reunidos los requisitos de procedencia de la apelación. Así, el art. 50 de nuestra ley adjetiva prevé la posibilidad de recurrir las sentencias - a las que se suman aquellas disposiciones que lo disponen expresamente (art. 29 LPC)-, extendiéndose la vía recursiva a través de la aplicación supletoria autorizada por el art. 6 de la ley 12, a las resoluciones que causen gravamen irreparable (art. 449 CPPN).

Al respecto, cabe señalar que el remedio fue interpuesto en tiempo oportuno, ante el juez que dictó la resolución, por quien está legitimado para hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y se dirige contra una decisión que, en principio, podría causar gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal (impugnabilidad objetiva), razones por las que debe ser declarado admisible.

II.- Sentado lo anterior, se impone revisar lo decidido por la Magistrada de grado en torno a la validez de la pieza obrante a fs. 96/98 como consecuencia de haberse omitido recibirle declaración en los términos del art. 41 de la LPC, a la luz de las críticas efectuadas por la fiscalía.

Centrada entonces la cuestión a elucidar, la accionante aduce que "...la circunstancia de que Krieger se encontrara sin abogado defensor en la intimación de fs. 95, en nada obsta a la validez del acto allí celebrado y, consecuentemente, al requerimiento de juicio efectuado posteriormente..." , pues el no haberse encontrado presente en ese momento la defensa técnica del encausado sólo provocó que este se viera imposibilitado de realizar manifestación alguna "en ese momento puntual" en relación al suceso imputado; mas se le hicieron saber "los hechos objeto de acusación, las pruebas, sus derechos y garantías, y la facultad de presentarse juntamente con su abogado defensor a declarar, de considerarlo pertinente" (fs. 114/vta.).

Por su parte, la a-quo sostuvo que al no haberse recibido declaración al encartado a tenor del art. 41 de la ley 12, la actividad persecutoria quedó inconclusa "pues la fiscalía concluyó la investigación sin escuchar al imputado", Causa Nº 15782-00-CC/2006. Sala II.

omisión que constituye un defecto "ya que la correcta regulación de la defensa favorece el equilibrio entre las partes y garantiza la igualdad de armas". Considera que dicha omisión "deviene en la nulidad del acto obrante a fojas 96/98 por cuanto no existe acto de defensa constitucionalmente establecido por parte del imputado para resistir la acusación en el marco de la instrucción y que motivara el requerimiento de elevación a juicio que luce a fojas 96/98". Señala que sin la declaración del imputado prevista en el art. 41 no podría existir requisitoria de juicio válida.

De la lectura de las constancias obrantes en el legajo, especialmente del acta labrada a fs. 95, se desprende que en esa ocasión no se recibió la declaración exigida por el art. 41 de la Ley 12. Tal circunstancia emana claramente de la redacción de su encabezamiento, en el que no se consigna el objeto de la comparecencia, a la vez que a continuación se enumeran los derechos que le asisten, el hecho que se le imputa y las pruebas colectadas, pero sin que en momento alguno se lo invitara a prestar tal declaración ni se dejara constancia frente a ello de una eventual negativa a deponer, ni tampoco que se haya decido una postergación a fin de que concurriera con su letrado defensor. De este modo lo actuado no puede interpretarse más que como un acta de lectura de derechos, pero en modo alguno puede reemplazar a la audiencia que expresamente previó el legislador local para escuchar al encausado.

En efecto, la declaración del imputado a tenor del art. 41 del código de procedimiento local constituye una imposición del texto legal que no puede quedar librada al arbitrio del funcionario actuante en razón de que se trata de la reglamentación de una garantía constitucional, como es la defensa en juicio, razón por la cual en manera alguna puede ser disponible por parte del representante del Ministerio Público Fiscal ni de ningún otro funcionario o magistrado del Poder Judicial.

En este sentido, la alegación que formula la fiscalía en punto a que la mentada declaración no es una formalidad insalvable de todo proceso penal, apoyándose en la figura que prevé el art. 353 bis del ritual nacional, no puede sostenerse pues, más allá de que en la especie se trata de un proceso contravencional, lo cierto es que la "instrucción sumaria" se encuentra expresamente prevista en aquella, mientras que no ocurre lo mismo, sino lo contrario, en el sistema procesal contravencional local. Esta diferencia no importa "cambiar el foco de la discusión, que pasa a ser una cuestión de forma y no una afectación constitucional", como sostiene la recurrente (fs. 115). Por el contrario, se trata de la diferencia entre aplicar la ley y desconocerla, en el marco de una de las actividades esenciales del proceso.

Menos aún puede argüirse que se actuó conforme los dictados de la Resolución que cita la Sra. Fiscal (n° 18/MPF/01), pues claro está que los criterios generales de actuación emanados del Ministerio Público Fiscal no pueden modificar normas de procedimiento legalmente estatuidas ni establecer analogías procesales in malam partem en perjuicio del imputado. Es que si el art. 41 de la Ley 12 dispone expresamente que "El o la Fiscal oye al presunto contraventor...", deviene prístino que dicho acto -de esencial importancia para la estructuración de un proceso en legal forma-, no puede obviarse, y menos aún con argumentos relativos a la organización interna del trabajo de las dependencias que deben cumplir con la manda legal o con la dificultad de lograr la presencia del defensor.

Sentado entonces que se ha incumplido con la exigencia legal de escuchar al imputado en los términos del art. 41 de la ley 12, se aprecia como obvia consecuencia que el requerimiento de elevación a juicio practicado por la fiscalía y glosado a fs. 96/98 resulta viciado de nulidad por falta del presupuesto procesal que autoriza a su formulación. Desde este aspecto, la omisión señalada de realizar la audiencia referida con los requisitos establecidos en la norma citada, frustró efectivamente la posibilidad del imputado de ser oído con anterioridad al debate previsto en el art. 46 de la LPC., y por ende constituye una nulidad absoluta, de las previstas en el art. 167 del C.P.P.N., en su inciso tercero que se refiere a la disposiciones concernientes "A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece." Es necesario recordar que el régimen de nulidades no ha sido meramente establecido para preservar el cumplimiento de las formas del proceso, sino que tiene como finalidad trascendente la protección de los derechos de las partes (conf. causa nº 336-01-CC/2004 caratulada "Incidente de nulidad en autos: Forastieri, Darío Ezequiel s/ infr. art. 189 bis del C.C. -Apelación", rta. el 01-12-04), y también que: "La nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 CN). Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad (CJ San Juan, J.A., 1988-III, Causa Nº 15782-00-CC/2006. Sala II.

pág. 362), (D'ALBORA, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, Abeledo Perrot, Sexta edición corregida, Buenos Aires, 2003, pág. 293), razonamientos éstos que resultan de estricta aplicación en el caso en estudio.

Por todo lo expuesto, habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 108/110, en cuanto declara la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de fs. 96/98 y de todo lo obrado en consecuencia respecto de Ezequiel Gastón Krieger.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al juzgado de primera instancia, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

NOTA: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Conste.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.