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Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad de entidades deportivas, accidente de un asociado, colonias de vacaciones
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ MADELAIRE, Luis Alberto y otros c/ CLUB DE AMIGOS ASOC. CIVIL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-07

El establecimiento deportivo que estipula con los representantes legales de un menor y a favor de éste, la obligación de brindar servicios de una colonia de vacaciones -esparcimiento y recreación adecuadas-, asume, también en forma simultánea, implícita y anexa a aquella prestación principal, la obligación de preservar la integridad física y moral del menor puesto a su cuidado.
Recurso de apelación (procesal), recursos, monto del juicio, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SALTA
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, DAVID c/ LARRAHONA, GRACIELA s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-23

El fin de la limitación recursiva en razón del monto de la sentencia es sustraer del conocimiento de los tribunales de segunda instancia aquellas cuestiones que económicamente carecen de trascendencia (CN Civ., Sala F, 13/06/78, Rep E.D., 12- 701, n° 36; CNCiv., Sala F, 02/02/82, ED, 99 - 441; íd., Sala E, 21/12/81, Rep E.D., 16 - 771, n° 147) y, asimismo, agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, manteniendo la doble instancia para la generalidad (CNCom., Sala B, 21/12/79, Rep. E.D., 14 - 822, n° 64; E.D. 87 - 193; CApel.CC.Salta, Sala III, año 2005, f° 73; íd. íd. año 2006, f° 545).

El art. 253 del C.P.C.C., con la actualización de la Acordada N° 9959, de fecha 12/03/08, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 17.830 del 18/03/08, establece un monto mínimo para que la sentencia pueda ser susceptible de apelación.

Ahora bien, cabe señalar que si el monto del juicio no alcanza al mínimo exigido, ello impone la inapelabilidad de todas las resoluciones dictadas en su transcurso (CNCom., Sala B, 24/03/81, Rep. E.D., 16 - 772, n° 149); pero en caso de que supere esa cantidad, una interpretación sistemática del art. 253 citado, siguiendo los propósitos de la ley enunciados en el párrafo anterior, lleva a considerar que la inapelabilidad allí dispuesta debe aplicarse tomando en cuenta el valor cuestionado en la incidencia (CNCiv., Sala E. 05/11/80, Rep. E.D., 15 - 800, n° 55). Así se ha sentado que si el monto debatido en la segunda instancia es inferior al mínimo de apelación, corresponde declarar mal concedido el recurso (CApelCC Salta, Sala III, año 1983, f° 353).
Medidas cautelares, depósito a plazo fijo, titular del depósito, medida de no innovar
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAZUALDO,   RICARDO   ARMANDO c/ BAZUALDO,   JOSE s/ MEDIDAPRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

En el marco de una demanda que se anuncia por la división de un depósito a plazo fijo nominativo e intransferible efectuado por el pretensor y su hermano en una entidad bancaria, resulta improcedente que el accionante requiera una medida cautelar -prohibición de innovar- con base en la alegada intención del defendido de apropiarse del depósito. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que no se han aportado datos que permitan inferir -aún con el grado de provisoriedad inherente a las medidas cautelares-, la posibilidad de percepción integra de los fondos depositados por parte del otro beneficiario, que no dispone del documento original ejemplar del titulo, siendo insuficiente la renovación para dar base al reclamo cautelar si se tiene en cuenta que para el cobro es menester la conformidad de todos ellos.
Intereses, anatocismo, procesos de conocimiento, sentencia, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIMEZA COMPAÑIA FINANCIERA  SA c/ M. FERNANDEZ MERLO DE TORASSA s/ OBLIGACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

En procesos de conocimiento la notificación de la sentencia constituye intimación de pago. De modo que el incumplimiento en término de la condena importa fundamento suficiente para autorizar la capitalización de intereses, en los términos de la doctrina del CCIV 623, último párr.
Beneficio de litigar sin gastos, irretroactividad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., J. c/ G., H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La operatividad del beneficio acordado no puede retrotraerse más allá de la fecha en que se lo solicitó, habida cuenta que prístinas razones de igualdad y equidad vedan extenderlo a lapsos previos, por cuanto significaría tolerar su articulación una vez conocido el resultado adverso que le ha deparado la decisión judicial a lo requerido por el peticionario (arts. 16 y 17 Const. Nac.). En efecto, el hecho de que el art. 78 del C.P.C. disponga que el beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse en cualquier estado del proceso, no significa que puede ser invocado -hacia el pasado- por quien ha tenido la debida defensa y resultó vencido en un incidente. De lo contrario se le otorgarían al beneficio provisional efectos retroactivos que la ley no contempla.
Derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Gouveia Mendes, Lilian Cristina c/ K-SAS S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales.(doctor de Lázzari, minoría)
Contrato de transporte, responsabilidad del transportador, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Oyarzum Belaunde Karol Boris Edmundo c/ Empresa de Transportes América  S.A.C.  e Industrial s/ Daños y Perjuicios (acc. trans. s/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-09

La obligación resarcitoria que establece el art. 184 del Código de Comercio con o sin culpa del transportador, con las solas eximentes que el mismo determina, constituye una responsabilidad "ex lege", de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador por razones de política en materia de transportes, para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal y estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos. También en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos si tuvieran que probar la culpa del transportador.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ordoqui, Jorge c/ Bravi, Luis y/o quien o quienes resulten herederos s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

La confección de un plano y la consecuente subdivisión del lote original, exteriorizan un supuesto de interversión de título -en el caso de un condómino- mudando la causa de su posesión, y revelador de su "animus domini" exclusivo y excluyente.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Litta Carlos Alberto c/ Pueblo Antiguo S.A. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-12

La resolución que decreta la pública subasta del inmueble hipotecado, designando como martillero al propuesto por el acreedor ejecutante es alcanzada por la inapelabilidad prescripta por el art.

591 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto constituye un acto propio, específico y normal del período de cumplimiento de la sentencia de remate.- (Minoría u opinión personal)
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, explotación sexual, lesividad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N, V. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

No se advierte la comisión de la conducta reprimida por el tipo del artículo 71 del Código Contravencional pretendida por la Fiscal interviniente en la primera instancia, esto es, la oferta de servicios sexuales, puesto que nunca se ha perfeccionado la comisión de la contravención al no encontrarse la nota de efectiva lesión o, al menos, la puesta en peligro concreto del bien jurídico que la norma protege, que es la tranquilidad pública. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Confirmación de sentencia, acto administrativo, bancos, multa civil, cancelación de tarjeta de crédito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO SANTANDER RIO c/ EN- M° DESARROLLO PRODUCTIVO s/ RECURSO DIRECTO- LEY 24240- ART. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-02

Se confirmó el acto administrativo recurrido que había impuesto una sanción de multa de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 24.240, dado que la entidad bancaria impidió a la reclamante tramitar la cancelación de su tarjeta de crédito en forma personal, derivándola al reclamo por vía telefónica, lo cual no pudo ser realizado por no ser atendido el llamado por parte del banco sancionado.
Alegato, plazo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Pedrozo, Domingo Doro c/ Dirección Provincial de Vialidad y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-10

El plazo para la presentación de los alegatos se computa tal como quedó ordenado a partir del día siguiente a haber quedado notificado las partes. Que habiéndose notificado el actor personalmente el día 8 de abril del corriente año, conforme con lo proveído el plazo para alegar su parte comenzó a correr el día 09 - 04 - 94.
Contienda negativa de competencia, uso de documento adulterado
Materia: PENAL
Carátula: Sandoval, Yanina Celeste s/ Incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-06

Corresponde resolver a favor de la justicia nacional de instrucción el conflicto negativo de competencia suscitado, entre esta última y la justicia criminal y correccional federal, tendiente a investigar la supuesta presentación de un miembro de las fuerzas de seguridad, de un certificado de licencia médica adulterado ante el Departamento de Guardia de Infantería.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domínguez, María Rosa c/ Fanti, Víctor Hugo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Tiene efectos interruptivos de la prescripción de la acción resarcitoria por daños causados en un accidente de tránsito, la demanda promovida contra quien resulta propietario del automóvil que lo ocasionó, aún cuando sólo con posterioridad se haya podido individualizar a la persona a quien se atribuye tal carácter, porque tal actividad revela el propósito inequívoco del acreedor de reclamar su derecho.
Daños y perjuicios, Colegio de Escribanos, fondo de garantía notarial, responsabilidad del escribano, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, Enzo Jorge c/ RIOS, Juan Carlos y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-24

Si el Colegio de Escribanos ha sido condenado en forma subsidiaria, en los términos del art. 15 de la ley 12990, t.o. ley 22171, como administrador del Fondo de Garantía, por la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por uno de sus colegiados, para que dicha garantía sea integral, también debe afrontar del mismo modo, los gastos y honorarios devengados en el juicio en el cual se declaró el derecho del actor.
Ley de Marcas, marca registrada, nulidad de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marriott Corporation c/ RILA  SA  y/o quien resulte responsable s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Una aplicación literal de la prohibición contenida en el art. 24, inc. b) de la ley 22.362 conduciría en la práctica a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria.
Jueces, remuneración, beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Inchaurraga de Paz, Carmen c/ Instituto de Seguridad Social de la Pcia. de La Pampa s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1989-03-27

La asignación especial del 25 % creada por ley 1054 solo corresponde a magistrados, funcionarios y representantes del ministerio Publico, y esta comprendida en la remuneración computable a los fines previsionales conforme al art. 24 de la ley de facto 1170, aunque haya sido denominada "no remunerativa".
Cobertura, suspensión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAPOLITANO, Héctor Francisco y otro c/ MAESTRE, Osvaldo Inocencio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

Las cláusulas que aparejan la suspensión de la cobertura por la agravación del riesgo asegurado, deben ser interpretadas restrictivamente. Por lo tanto, debe analizarse si efectivamente se ha producido una extensión de la obligación asumida por la aseguradora, lo que no se produce cuando el automotor es utilizado como "remise" en lugar de afectarlo al uso particular. Para que ello ocurra, toda limitación o restricción a la libre actividad del asegurado, debe pactarse en la póliza correspondiente.-
Medida de no innovar, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONZON CEFERINO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BOVRIL s/ MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR S/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-14

Tratándose de una medida de carácter excepcional y aplicación restrictiva si bien el Código Procesal Administrativo admite la posibilidad de solicitar las providencias precautorias idóneas para garantizar la ejecución de una sentencia, aún antes de que se verifique expedita la vía judicial, no queda liberado quien la peticiona de haber agotado previamente la vía administrativa, o, a lo sumo encontrarse próximo a hacerlo, habida cuenta que en tales supuestos resulta supletoriamente operativo el breve plazo de caducidad -10 días- establecido en la norma general del art. 204, 1er. párr., del Cód. Proc. Administrativo, lo cual impone la necesidad de interponer la demanda dentro de los diez días de ordenada la traba de la medida cautelar, advirtiéndose una evidente imposibilidad material de así concretarlo en el supuesto de que se tratare de una acción contencioso-administrativa.-
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, enjuiciamiento de magistrados
Materia: PROCESAL
Carátula: Retondo, María D. de Spaini s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-26

Es aplicable, al recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados, la doctrina según la cual el superior tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible del recurso extraordinario es, en principio, el órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia.
Pena, acusación fiscal, graduación de la pena, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: Montenegro Ortiz, Gary s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

La pena solicitada por el fiscal es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse. Es así que, el tribunal de juicio no puede ir más allá de la pretensión requerida por el órgano que tiene a su cargo la vindicta pública. De esta forma, el principio del ne procedat iudex ex oficio constituye un límite al ejercicio de la función jurisdiccional en razón de que supone que el proceso puede ser iniciado únicamente si hay acusación del fiscal extraña al tribunal de juicio. Como consecuencia de ello, el tribunal no puede expedirse más allá de lo pedido. La sentencia no puede ser "plus petita", ni tampoco está facultado para fallar fuera de la pedido "extra petita". Ello es así, en razón de que la acusación es la que fija el límite de su conocimiento. (Dra. Ledesma, en disidencia parcial).
Locación de cosas, prórroga legal
Materia: CIVIL
Carátula: BLITZER, BERNARDO c/ NOLI, ALDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Cuando las partes han concertado el contrato de locación originario por escrito, el hecho de no haberse acudido al mismo medio para la presunta prórroga, constituye una presunción adversa a quien la invoca.
Fuerzas de seguridad, servicios de vigilancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERUM  S.R.L. c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ RESTITUCION DE HABILITACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Aún cuando tanto de la ley 21.256 de su decreto 1.063/76 P.E.N.

resultan que el servicio de seguridad personal puede ser prestado por empresas, éstas sólo pueden hacerlo si a su frente, y asumiendo la responsabilidad consiguiente (art. 5 de la ley), queda "un director o persona responsable" (art. 9, 1er. párrafo del decreto), a quien, aparte de otros requisitos como el de no pesar sobre él condenas por delitos dolosos graves se le exige "gozar de un buen concepto vecinal", "no pertenecer al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o del Servicio Penitenciario Federal o Provincial" y "demostrar idoneidad para la función" (art. 9, incs. c, f, g y h del decreto), condiciones éstas que no pueden predicarse de una empresa.
Concursos, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, liquidación extrajudicial, quiebra
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: FRANCK, ROBERTO c/ BANCO LATINOAMERICANO  S.A.  (EN LIQUIDACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

Dispuesta por el B.C.R.A. la liquidación extrajudicial de una entidad financiera, no corresponde aplicar sin mas a tal situación los efectos propios del estado concursal, pues mientras no exista declaración de quiebra la misma queda regida por lo dispuesto en la ley 21526 (tít. VII. caps. I a V, arts. 43 a 56) y no por lo prescripto por la Ley 19551, que resultaría de aplicación en virtud de lo dispuesto por su art. 256 si la autoridad de aplicación pidiera la quiebra de la entidad y el juez la declarara.

2. La liquidación extrajudicial, no solo no suspende el trámite de los juicios ni impide su iniciación, sino que tampoco trae aparejada la prohibición de efectuar pagos de créditos por causa o títulos anteriores a la fecha en que se dispuso la liquidación.

3. La única restricción a los derechos de terceros se halla establecida en la ley 21526 : 47, en cuanto dispone la suspensión de los actos de ejecución forzada por el término de 150 días. Si vencido ese plazo, el banco central no ha pedido la quiebra de la entidad, el acreedor puede proseguir con la ejecución de la sentencia favorable que haya obtenido, haciéndola efectiva sobre los activos de la entidad.
Libertad de prensa, doctrina de la real malicia, daños y perjuicios, personas públicas
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EDITORIAL e IMPRESORA USTED SRL. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-07-03

La doctrina de la "real malicia", procura un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aún particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la informa ción o de la crónica; se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes de la prueba de que las informa ciones falsas lo fueron "con conocimiento de que eran falsas o imprudentes y notoria despreocupación sobre si eran o no falsas".-
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, responsabilidad de representantes, plazo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: JC TAXI SRL S/ QUIEBRA c/ D'ONOFRIO, JUAN CARLOS Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-07

A los fines de establecer el plazo de prescripción aplicable a la acción social de responsabilidad contra socios con responsabilidad limitada y administradores de sociedades respecto de las cuales se decretó la quiebra (LCQ 175), no se halla desconocido en el caso que el origen de la prescripción invocada por los accionados es anterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho ello, no está controvertido que, en caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del proceso universal y, en su defecto, por los acreedores individualmente. Teniendo presente que el sujeto activo es -en primer término- el síndico concursal, surgió el cuestionamiento acerca de qué plazo prescriptivo resulta aplicable, dado que tal funcionario ejerce la acción en beneficio de la masa de acreedores, quienes -en principio- son terceros respecto de la sociedad y las relaciones entre ésta y sus administradores. Así las cosas, no existiendo norma específica en la materia prescriptiva concursal, durante la vigencia de los derogados Códigos de Comercio y Civil se acudía a las normas sobre la materia del derecho común, aunque no había uniformidad en la materia. Una corriente doctrinaria postulaba, teniendo en cuenta que las acciones de responsabilidad revisten carácter "resarcitorio" y que pueden ser ejercidas por fuera del contrato social (lo que excluía tácitamente la aplicación del CCOM 848-1°), la aplicación del CCIV 4037, en cuanto disponía la prescripción "por dos años" de "la acción por responsabilidad civil extracontractual" (Gagliardo, Mariano, "Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas", Tomo II, ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2004, p.1063; Otaegui, Julio C., "Administración Societaria", Ed. Abaco, Buenos Aires, 1979, p. 407). Ello, en la medida en que el síndico es un tercero en relación a la sociedad y -se reitera- actúa en representación de la masa de acreedores. Tal razonamiento es el que justifica, para el caso concreto, que el ejercicio de las acciones sociales en la quiebra se rija por el plazo de prescripción de la acción de fondo, de modo que, como la posición de la quiebra respecto de los civilmente responsables, es la de un tercero, se aplicaba el CCIV 4037. La responsabilidad de los administradores frente a los socios y los terceros debía ser considerada a la luz de los códigos derogados, como extracontractual, lo que explica por qué resultaba aplicable esa norma (Roitman, Horacio, "Ley de sociedades comerciales", tomo IV, ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 606; cfr. Graziabile, Darío, "Recomposición patrimonial de la insolvencia", Ed Erreius, Buenos Aires, 2017, ps. 508 y ss.).
Concurso de delitos, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, hecho único
Materia: PENAL
Carátula: BALTAR, ERNESTO ALFREDO s/ INFRACCION  AL  ART.  33  INC.  C,  LEY 17.671 Y 299 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Si los objetos cuya tenencia se reprocha responde a una clasificación común (en el caso documentos nacionales de identidad), afectando el mismo bien jurídico, ni la cantidad, ni los diversos momentos de entrada en posesión o lugares de incautación, autorizan la proclamada escisión.

Una es la tenencia de bienes de la misma especie como la esfera de custodia y disponibilidad del individuo que los contiene, sin perjuicio de que la pluralidad de objetos evidencie un mayor contenido de injusto que se reflejará en el monto sancionatorio que en definitiva se imponga.