marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actos y diligencias procesales, notificación, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROFIN CIA. FIN. S.A. c/ GOMEZ MARIA s/ ej - Cambiaria (LIBRO: A072 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-21

Junto al tipo de notificación expresa existe la tácita o presunta.

Ello se da por ejemplo cuando el interesado no notificado expresamente de la sentencia inicia trámites de ejecución, o declara expresamente que conoce el acto, o publica edictos para notificarlo a la contraparte.
Carga de la prueba, obligaciones de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Gustavo Guillermo c/ Gallardo, Isolina s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-11

La carga de la prueba es un imperativo del propio interés que pesa sobre cada uno de los litigantes a fin de acreditar la verdad de sus afirmaciones mediante su propia actividad, entendiendo que el riesgo de no probar es perder el litigio.
Incapacidad, pago
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS JORGE c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-05-15

El recurso de acudir a la doctrina obligatoria del STJER para decidir una cuestión no puede llevar a tachar de infundado el fallo. Esa es la idea de la casación: establecer una interpretación uniforme, conocida por todos y con carácter de obligatoria. De hecho el Juez no tenía otro camino que decidir como lo hizo (en todo caso podría dejar a salvo su opinión). La crítica sobre la necesidad de justificar la aplicación de la doctrina del STJER es inaprensible: basta con verificar la entidad similar de los supuestos de hecho tratados y la norma en que se subsumen para decir en consecuencia a ella -Voto del Dr. Welp
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio
Materia: PROCESAL - LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rivero, Julio c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima (ELMA S.A.) s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del tope fijado por el art. 8° de la ley 9688 sobre la base de los fundamentos dados en un precedente de la misma sala - sin referencia razonada a los hechos de la causa - y del simple cotejo entre la indemnización que al actor le habría correspondido según se aplicase o no el tope impugnado.
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad del empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: DENDA PEREZ, PAULA JORGELINA c/ INTERBAS S.A. s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

El empleador debe disponer lo necesario para que las tareas se presten en condiciones de seguridad adecuadas de modo que el trabajador no sufra daños evitables. El art. 75 L.C.T. debe relacionarse con el art. 62 de dicho cuerpo normativo en cuanto impone a las partes actuar de buena fe y tipifica la figura del buen empleador que debe obrar con diligencia -cuidado y previsión, según la expresión del art. 1198 del Cód. Civil -. La responsabilidad del empleador deriva del solo incumplimiento de las medidas de seguridad propias de la tarea que se realiza, del ambiente en que se trabaja, ya que dicho incumplimiento consiste en la situación de riesgo o peligro que no se evitó pudiéndose evitar. De lo establecido en los artículos referidos surge el deber del empleador de resguardar la salud psicofísica del trabajador, y su responsabilidad frente a él, en caso de no hacerlo.
Acción, legitimación activa, daños y perjuicios, dependientes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ballare, Héctor Domingo c/ Castillo, C. E. y Ayciriex, J. M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-20

Por el principio de responsabilidad indirecta por el hecho ajeno (dependiente que trabajaba como chofer del taxi siniestrado); y aunque el denunciado propietario no conducía el automotor afectado, por la aplicación de los arts. 1110, 2513, 2515 entre otros del Código Civil, el actor/propietario está legitimado para demandar por los daños como lo hizo, dándose un supuesto más de responsabilidad por el accionar de otro (arts. 345 inc. 3 del CPCC)
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, contratos administrativos, conducta de las partes
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos S.A. y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Los parámetros empleados para la valoración de la conducta de los individuos en materia penal no son los mismos que corresponde aplicar cuando se trata de juzgar su comportamiento contractual (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, diligencias preliminares
Materia: PENAL
Carátula: Scotti, Julio César s/ Robo en concurso ideal con robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-15

Es ineficaz el agravio del recurrente en el que denuncia la violación de los arts. 105 y 107 del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y sus modif.- alegando que las actas obrantes en la causa adolecen de defectos formales, si para el incumplimiento de lo establecido en las normas que se denuncian, el Código de Procedimiento citado no prevé sanción de nulidad.
Apreciación de la prueba, facultades ordenatorias, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: L. R. S. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: L. R. S. c/ Rozenbaum, Jorge y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si la parte viene recurriendo la decisión de Cámara que entendió improcedente la prueba que, habiendo sido declarada caduca por el juez de primera instancia, había sido posteriormente ordenada por éste en los términos del art. 29, inc. 2 del CCAyT (una filmación requerida a la Policía Federal), el debate propuesto por la actora resulta, -por procesal-, ajeno a la competencia del Tribunal, sin que la parte recurrente hubiera demostrado que corresponda hacer excepción a esa regla. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Leyes, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOVOA MANUEL HORACIO c/ CONSEJO DE PROTECCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-10-31

Si para la absolución de la cuestión litigiosa entran en colisión o conflicto dos normas de orden público, el juzgador tiene que inclinarse por darle prevalencia a aquella en que el interés social gravite con mayor intensidad. En la disyuntiva de hacer prevalecer un derecho de raigambre constitucional como lo es el de la defensa en juicio, o la aplicación oficiosa de un precepto como el de la ley arancelaria, se impone inclinarse por la primera posición, esto es, la de que prevalezca el sagrado principio constitucional de la defensa en juicio.
Recurso de apelación (procesal), intereses
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ MARTIN c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-08

Así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida de la apelación; y que la resolución que satisface el propio interés es, en principio, irrecurrible.
Mediación, mediación obligatoria, inconstitucionalidad, audiencia de mediación, derechos de las partes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No procede la tacha de inconstitucionalidad del sistema establecido por la ley 24.573 por el carácter obligatorio del procedimiento de la mediación, ya que la imposición legal de someterse a este trámite previo extrajudicial sólo genera el deber de comparecer a la audiencia fijada por el mediador, pero no el de permanecer en dicho procedimiento, pues basta con que una o ambas partes exprese su voluntad de darlo por finalizado para que este concluya, y quede expedita la instancia judicial (art. 14 de la ley 24.573)(Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor, y Guillermo A. F. López).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, competencia federal, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, MATIAS ANDRES c/  s/ VIOLACION DE MEDIDAS CONTRA LA EPIDEMIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Resulta ineludible considerar la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -seguida por este Tribunal- en el sentido de que las resoluciones que resuelven cuestiones de competencia no constituyen en principio sentencia definitiva, salvo cuando medie denegatoria del fuero federal, configurándose en este caso precisamente tal excepción, desde que la Alzada revocó la decisión del Magistrado de grado -que había aceptado la incompetencia incoada por la defensa, la cual pretendía que la causa se tramite ante la justicia federal-, manteniendo la jurisdicción provincial para seguir entendiendo en el proceso. - Jurisprudencia vinculada: Tobal, AyS T 302, p 122/127, sumario J0047130.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-27


2a Instancia.- Buenos Aires,á noviembre 27 de 2009.

CONSIDERANDO:

I) En el caso particular, el actor pretendió ampliar demanda (ver su escrito de fs. 66/66vta.) a los Sres. Rafael Galante y Cynthia Emma Psevoznik, ya corrido el traslado de la misma. Por ello el Sr. Juez a quo (ver fs. 67) no hizo lugar a tal pedido atento resultar extemporáneo (art. 70 de la ley 18.345).

Ello fue apelado por la actora (ver escrito de fs. 68/68vta.), quien adujo que su pretensión se motivó por desconocimiento de los verdaderos integrantes de la sociedad demandada.

Por ello arguyó que la ampliación de demandada tendría como fundamento un hecho nuevo, que habría sido desconocido al momento de inicio del proceso y que no resultaría extemporáneo por aplicación de lo normado en el art. 78 de la ley 18.345.

II) El Tribunal advierte que el apelante no rebate el fundamento que tuvo el juez para rechazar su pretensión, que no es ni más ni menos que lo dispuesto en el art. 70 de la L.O., por lo que su queja debe ser desechada. Nada dice el apelante al respecto ni niega que en la especie se configuró el presupuesto fáctico previsto en la mentada norma (art. 116, 2ºpárrafo, de la ley 18.345).

Al respecto corresponde memorar que la ley de rito faculta al actor para modificar el contenido de su demanda hasta el momento en que la misma sea notificada (art. 70 L.O.), y lo que solicita el actor es que se admita su pretensión de ampliarla cuando ya se encuentra precluída la etapa procesal prevista para ello (ver fs. 49/52, 67, 3º párrafo, cédula de fs. 83/83vta. y lo resuelto a fs. 84), lo que no cabe sea admitido, por lo que corresponde confirmar lo resuelto a fs. 67.

Sin perjuicio de que el reclamante acuda a otros medios para su finalidad.

III) Corresponde también imponer las costas de alzada a cargo de la actora (art. 68 del CPCCN) y diferir la regulación de honorarios para la etapa de definitiva.

Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar lo resuelto a fs. 67. 2) Imponer las costas de alzada a la actora. 3) Diferir la regulación de honorarios para la etapa de definitiva.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Faisca, Antonio c/ Hebe Noemí Peirano s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-22

La sola privación del uso del automotor es considerada fuente de resarcimiento, ya que el vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, daño previsional, fraude laboral, empleo no registrado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA, MARIANA GISELA c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-28

La parte accionante reclamó el perjuicio previsional por fraude laboral en base al derecho de daños, con sustento en el Código Civil y Comercial, y es desde esa óptica que los sentenciantes debieron evaluar la existencia y extensión del perjuicio resarcible, en atención a las particulares circunstancias de la causa; a su vez, debieron brindar con precisión, claramente y en concreto las razones por las cuales arribaron a una determinada suma dineraria y pusieron a aquél un límite temporal determinado -al margen de su grado de acierto o error-; sin embargo, fijaron un monto resarcitorio que se desentiende, sin dar razón suficiente, de los antecedentes relevantes del expediente, limitaron el cálculo de la indemnización a la fecha de la sentencia en base a afirmaciones hipotéticas sin suficiente explicitación en atención a la situación particular de autos, y señalaron con una cita jurisprudencial fuera de contexto, que los pronunciamientos judiciales no pueden condenar para el futuro, expresión genérica que no resiste el menor análisis con sólo pensar en la consagrada figura del lucro cesante y el artículo 1739 del Código Civil y Comercial, -dicho esto sin que implique reconocimiento alguno de su procedencia, lo que deberá ser resuelto por el tribunal subrogante en atención a las particularidades del presente-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 1739
Jubilación por invalidez, devolución del expediente, comisión médica central, remisión del expediente, organismo de origen, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, DOMINGA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Reconocido el derecho al peticionante para acceder al beneficio de jubilación por invalidez, corresponde devolver las actuaciones a la Comisión Médica Central para que, sin perjuicio de arbitrar las medidas tendientes al dictado de una nueva resolución por quien corresponda, en la cual, con arreglo a la sentencia y a lo dispuesto en el punto 2do. del art. 49 de la ley 24.241, se indique el tratamiento de rehabilitación psicofísica y de recapacitación laboral que resulte pertinente y, en su caso, la fecha de reexamen, proceda dentro del plazo de diez días a su remisión al organismo otorgante a fin de que aquél reconozca el derecho al beneficio pretendido y lo haga efectivo dentro de los noventa días de recibido el expediente. (Del voto de la mayoría).
Fianza, fiador, obligación subsidiaria, obligaciones accesorias, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

En consecuencia, la obligación del "fiador principal pagador no es subsidiaria, porque frente al pago él es principal, pero es accesoria"; por lo que en consecuencia la misma continúa subordinada a la existencia y vicisitudes del debitum principal al que garantiza (arts. 523 a 525 y concordantes Cód. Civil y su doctrina).

Algo que ya había sido anticipado en 1938 por Lorenzo Carnelli, cuando decía que: "las palabras 'fiador, liso y llano pagador', de acuerdo con su verdadero sentido gramatical, con la interpretación común que se le ha dado, y que se le da invariablemente por la doctrina y la jurisprudencia, excluyen de la obligación del fiador el carácter subsidiario que tendría si hubiera quedado en fianza ordinaria".
Concursos, pedido de quiebra, apreciación de la prueba, derechos creditorios, factura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pahico SA le pide la quiebra Ferdom SRL c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-02

Cabe rechazar el pedido de quiebra, por cuanto las facturas no son otra cosa que mera documentación probatoria, que en todo caso sólo acreditarían la celebración del contrato, pero no la certeza sobre la exigibilidad de la obligación de pagar el precio -que no se sigue indubitablemente de esos antecedentes ni de la versión dada por la emplazada en la especie-, requiriendo por lo general un grado de conocimiento que sería impropio de este tipo de procesos (arg. LCQ 84 in fine, LCQ; CNCom, Sala C, 20.4.95, "Open Shop Computación SA s/ pedido de quiebra por Oreman Sales Inc."; Sala E, 15.9.94, "Vip Paper SA s/ pedido de quiebra promovido por Lopatin, Roberto"). Sobre tales premisas, parece claro que la decisión de primer grado no merece reproches, pues la determinación de la exigibilidad y alcance de la presunta deuda invocada requerirá de un proceso de mayor amplitud de conocimiento que excede claramente el limitado marco de la presente acción (CNCom, Sala D, 27.8.13, "Wineg SA s/ pedido de quiebra por La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda."; 7.11.13, "Wineg SA s/ pedido de quiebra por Grupo Peñarol SA").
Estupefacientes, multa penal, actualización monetaria, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: ASTUDILLO SÁNCHEZ, Ramiro y otro s/ infr. ley 23737 y art. 189 bis del C. P. Causa 25781 art. 189 bis del C. P. Causa 25781
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

La imposición actualizada de la multa de acuerdo a la ley 23.975 vulneraría el principio que veda la aplicación de la ley penal más gravosa receptado en el Código Penal en su art. 2do. y con jerarquía fundamental (art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en función del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
Vicios redhibitorios, vicio oculto, vicio aparente
Materia: CIVIL
Carátula: Kuperwaje, Santiago y otros. c/ Poema,  S.A.  y otro. s/ Vicios redhibitorios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

La decisión en torno a la calidad de un vicio como oculto o aparente depende de las circunstancias del caso particular, revistiendo especial trascendencia el destino que los adquirentes le darían a los bienes y la finalidad que tuvieron en miras al celebrar el contrato.

El vicio es aparente también para el comprador inexperto, porque quien conoce su impericia debe acudir a aquellas personas competentes. Aún cuando su descubrimiento exigieron ciertas comprobaciones, si éstas consisten en ensayos o pruebas conformes con los usos corrientes , tal como la que debe efectuar normalmente todo comprador de cosa semejante, el que no haya procedido a efectuarla no estaría autorizado para pretender que ese vicio sea oculto.
Declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La existencia de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad no importa desconocer que la invalidez constitucional de una norma sólo puede ser declarada cuando la violación de aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, convertibilidad, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FERRERO, CARLOS HECTOR c/ CALVO BATTIONI, LUCRECIA SOL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Corresponde desestimar la queja fundada en el alegado apartamiento de jurisprudencia de la Corte nacional ( caso "Massolo"), desde que no se advierte ni se demuestra analogía entre la base fáctica de tal precedente y de la del "sub lite". En punto a ello ha de notarse que el A quo aplicó -en concreto- las normas de emergencia, disponiendo la pesificación de prestaciones dinerarias fijadas en dólares, por entender que existía un pacto alternativo en dicha moneda extranjera, frente a lo cual no basta la genérica cita de precedentes del Alto Tribunal de la Nación, sino que resulta menester la demostración concreta de que en la especie -en contrario de lo sustentado por la Alzada- nos hallamos frente a un claro supuesto de indexación. Máxime si se tiene en cuenta que surge de las constancias de autos que el comprador manifestó expresamente en el contrato "tener en su propiedad las sumas expresadas como deuda, en la mencionada divisa" (dólares estadounidenses), obligándose -alternativamente- a realizar el pago en esa moneda.
Feria judicial, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz Baylon Eliana Laura c/ CS SALUD SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-23

La solicitud bajo examen habilita al Tribunal a revisar el efecto con que fue concedido el recurso deducido por CS SALUD SA (OMINT SA) (art. 284 del Código Procesal), máxime teniendo en cuenta que -de no ser así- se le estaría negando a un amparista que procura la defensa de un derecho esencial lo que se otorga a cualquier litigante (conf. art. 198 del Código Procesal). Ello conlleva a privilegiar la finalidad tuitiva del remedio intentado por encima de las formalidades prescriptas para procesos ordinarios. Ello significa que la medida debe cumplirse desde que fue decretada y que el recurso interpuesto por CS SALUD SA (OMINT SA) no representa ningún obstáculo para que la señora Díaz Baylon pueda obtener inmediatamente el tratamiento que requiere (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas nros.

6220/2003 del 22.7.03; 326/03 del 23.7.03; entre otras). Ello, máxime, teniendo en cuenta que, como ya se destacó la demandada -quien apeló la medida cautelar decretada en autos- no solicitó la habilitación de feria. A lo dicho se agrega la circunstancia de que la demandada informó la modalidad que debe seguir la pretensora para el cumplimiento de la medida cautelar decretada en autos.
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Talledo, Desiderio c/ Morales, Raúl Nicandro s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-22

Las presunciones, ya sean legales o judiciales, se fundan en aquello que generalmente sucede, para liberar a la parte favorecida por ellas de la prueba del hecho deducido.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Camusso, Diego Pedro c/ Etma SACIFCI y Sancor Coop. Ltda. Seg. s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  (EXPTE CSJ Nº 263-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La compensación pecuniaria por el padecimiento espiritual sufrido es de naturaleza resarcitoria y no debe guardar necesariamente una proporción o equivalencia, razonable o no, con el daño patrimonial.
Excarcelación, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, David Eladio s/ Incidente de excarcelación Caballero, Victor s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01|1989-08-01

Es improcedente la alegación de inconstitucionalidad fundada en la contradicción entre el art. 9 de la Constitución Provincial y el art. 1 inc g) de la ley provincial 10.484 y en que la prisión preventiva que se prolongue más allá de lo razonable se convierte en una pena, porque por un lado, si bien es cierto que nuestra constitución prohibe la privación de la libertad sin penalidad (art.

9) también lo es que autoriza la detención (art. 13, 14 y 18); y por otro, porque el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable, pero no llega al de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones.