marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Rapela, Gustavo Javier; Ríos, Claudio Martín s/ Tenencia de armas de guerra y resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida si la calificación legal atribuida por el sentenciante a uno de los coprocesados en el hecho no se compadece con lo resuelto por el a quo en la primera de las cuestiones planteadas, evidenciándose de tal modo una contradicción insalvable. Tal irregularidad descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, constituyendo uno de los casos excepcionales de incompatibilidad con el debido proceso.
Plazos procesales, feria judicial, habilitación de feria, síndico del concurso, pedido de informes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO ANTARTIDA SAMIC s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-01-22

Cabe rechazar la habilitación de feria solicitada -en el caso- por la concursada, consistente en que se suspenda la medida informativa decidida en favor del comite provisorio de acreedores, toda vez que el discurso que esta esgrime esta orientado a mostrar disconformidad con la medida, mas no señala con precisión las razones que podrían imponer la perentoriedad reclamada por la norma del art.

4 del R.J.N., máxime, cuando ni siquiera expresa el inminente perjuicio que podría irrogársele con el cumplimiento de la medida, considerando además -según constancia de autos- que ésta no ha sido cumplida.
Desistimiento del derecho, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: CACHAGUA DE ESCALANTE, María c/ BETELLA, Fernando s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-26

En materia laboral tanto en el desistimiento de la acción como el derecho, resulta imprescindible la ratificación personal del trabajador en el juicio y la posterior homologación judicial. En consecuencia la providencia que tiene en cuenta el desestimiento formulado por la contraria, carece de validez en sí misma ante la falta de firma del magistrado y la norma del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultando diferente, en este aspecto, al proceso civil.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, DANIEL EDUARDO c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ MODIFICACION MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Entendemos que al decidir sobre un pedido de modificación de una cautelar, corresponde el análisis de la situación suscitada pues la pretensión sustitutiva no significa que tal pedido deba realizarse en forma automática o superficial sino que por el contrario, debe determinarse su admisión según sean las particularidades y la razón del pedido.
Quiebra, declaración de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, cesión de créditos, aplicación de la ley, inoponibilidad a terceros, cedente, cesionario
Materia: COMERCIAL
Carátula: COAGRO SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE PAGO AL ACREEDOR PETICIONARIO DE LA QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Si luego de declararse la quiebra a pedido de un acreedor, éste cede onerosamente el crédito fundante de su petición, resulta improcedente intimarlo -con fundamento en la L.C. art. 122- a reintegrar el precio percibido, y declarar directamente la inoponibilidad del negocio a la masa sin ser previamente yodo, para poder así legitimar la posterior declaración de insinceridad de la causal aparente de esa percepción y asimilarla al cobro "para aplicar al crédito". Ello pues, resulta incompatible -como aconteció en el caso- ordenar restituir el dinero al activo concursal (lo que importa desapropiar al cedente del precio del negocio), y mantener subsistente la cesión (consecuencia de haberse aceptado el apersonamiento del cesionario en el proceso principal, de no cuestionarse la adquisición del crédito, y de que el síndico no impugnó la sinceridad ni la validez de la cesión), pues la doble disminución patrimonial que sufriría el cedente -quien quedaría privado de lo transmitido, y "además" se desprendería del precio de la transmisión- excede lo previsto por la L.C. art. 122, toda vez que la percepción por un acreedor "en favor de la generalidad de los acreedores", implica que ese destino de lo percibido mantiene subsistente el crédito originario del perceptor.

Es decir, que la doble privación impuesta al cedente, desapropiada del precio cobrado por la cesión, mas no reapoderada del crédito cedido, constituye una consecuencia punitiva que necesito de una decisión de mérito que juzgara en proceso regularmente abierto con la imputación de falta, seguida de oportunidad de defensa, y de producción de prueba sobre los hechos eventualmente controvertidos
Obligaciones a plazo, constitución en mora, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: F.R., P.S. y Otra c/ V., P.N. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-28

En las obligaciones sin plazo, obviamente no puede suspenderse una prescripción que todavía no ha comenzado a correr (actio non nata non praescribitur), por lo que deberá estarse al procedimiento previsto en el párrafo tercero del artículo 509
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo embistente, presunción de culpa, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ENTEL c/ ROSA, JORGE O s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Para desvirtuar la presunción que responsabiliza por un hecho dañoso al vehículo que embiste con su parte frontal la posterior de otro vehículo, se debe acreditar la responsabilidad en el obrar del conductor de éste último. (Conf. Sala IV Fiori, Norberto c/ Egozcue, Rubén s/sum.)
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, restitución del inmueble, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Puerto Retiro S.A. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución que dispuso la restitución de un inmueble al Estado Nacional Argentino, toda vez que la resolución aquí atacada no constituye, ni por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni equiparable en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación; y la parte recurrente tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo.Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos, Fuente del sumario: OFICIAL
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad del odontólogo, obligaciones de medio, piezas dentales
Materia: CIVIL
Carátula: DEGLEUE, Cynthia Lorena c/ T., A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13

1- La prestación odontológica es un servicio médico especializado en la atención y cuidado de la salud de las piezas dentarias que constituyen el aparato masticatorio. Por lo tanto, el régimen jurídico concerniente a la responsabilidad de los médicos en general es aplicable a los odontólogos, en todo cuanto sea compatible con la índole de sus tareas.

2- Estos profesionales tienen a su cargo una obligación de hacer, consistente en la diligente aplicación de las técnicas y conocimientos proporcionados por la ciencia odontológica para la prevención, recuperación y conservación de la salud bucal. De ahí que, su responsabilidad debe evaluarse a través del uso de la diligencia propia de su especialidad y del obrar conforme a las reglas y métodos específicos de su profesión, a la luz del art. 902 del Código Civil. 3- Bajo estos conceptos la obligación que asume por el odontólogo en una intervención para la colocación de implantes dentales no es de resultado, ya que si bien tiene como objetivo final un mejoramiento estético, concurren otros múltiples factores (respuesta al tratamiento, existencia de dolor por bruxismo, etc.)que determinan que no sea razonable imponer el resultado en cabeza del profesional comprometiendo su responsabilidad sin más reflexión que el fracaso de la prestación suministrada.

4- En consecuencia, al ser la obligación del odontólogo de medios queda acreditada su responsabilidad al no actuar acorde a como lo exigen las circunstancias, situación que queda configurada si optó por un tratamiento de ortopedia sin ser especialista y no adoptó medidas preparatorias previas a la decisión de recurrir a este tratamiento, como la toma de radiografías o algún otro método más sofisticado o moderno que cumpla una función análoga o superior. Máxime al no ser la opción elegida la adecuada para la patología presentada por el paciente.
Escrituración, cesión de derechos hereditarios, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: RUDATI Luciana Analía c/ Aguilar Olga Lidia y Otros s/ Escrituración - Ejecución de Sentencia - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-12-05

Si por la estipulación de cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado de la herencia, lo que se cede es el derecho que los herederos tienen sobre el mismo (arg. art. 2309, CCyCN). En consecuencia, el derecho hereditario del cedente -según su parte alícuota- forma parte de su patrimonio.
Registro de la propiedad inmueble, responsabilidad del Estado, gobierno provincial, transmisión del dominio, embargo
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: López Casariego, Julio A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (Registro de la Propiedad).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Si el comportamiento irregular del registro inmobiliario provincial posibilitó la enajenación del bien y frustró el embargo que el actor pretendió trabar en salvaguarda de su derecho, ello constituye un daño jurídico cierto que compromete la responsabilidad de la provincia.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, falta de licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS c/ CELLILLI, DOMINGO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-05

En un accidente de tránsito, la circunstancia de que una de las partes del mismo carezca de registro habilitante para conducir, constituye una mera transgresión de carácter reglamentario municipal que si bien constituye presunción en contra del infractor, carece de suficiente incidencia para atribuirle responsabilidad plena. Por tanto, para así decidir es necesario la demostración de que la carencia mentada ha sido la causa exclusiva de la producción del hecho que originó el daño.
Responsabilidad civil, responsabilidad médica, responsabilidad concurrente, culpa civil, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: ARIAS AZUCENA, MABEL PERI c/ OSPLAD s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

En el caso de autos la circunstancia de que tanto la partera como el médico de guardia tuvieran una obligación propia derivada de la función de cuidado y atención que les incumbía durante el tiempo de internación, no excluye la que también le cabía al médico tratante, quien no puede ser liberado de su responsabilidad por el hecho de que hubiere dejado indicado el tratamiento para las 24 hs.

siguientes a la internación. Por el contrario, la situación de observación en que se hallaba su paciente exigía que se hubiere interiorizado de su situación y estado una vez concluido ese período.

Nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad concurrente o indistinta, pero no excluyente, por cuanto cada uno tenía asignada obligaciones distintas, de tal modo que el Dr. Videla no se puede excusar por el hecho de que ni la partera ni el médico de guardia le hubieran avisado de la presencia de líquido meconial a las últimas horas del día 17 de febrero. Si confió -tal vez en demasía e injustificadamente- en el equipo de guardia, ello no es oponible a la paciente que tenía a su cargo.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, asistencia alimentaria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: L. G., M. P. c/ L., M. O. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA s/ INCIDENTE DE COMPETENCIA NEGATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-23

El orden local contiene preceptos simétricos. La Ley III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, que en su artículo 6° establece la primacía del interés superior de los niños y adolescentes en todas las medidas concernientes a ellos, que adopten instituciones públicas o privadas de acción social y los órganos judiciales, administrativos o legislativos.

En el capítulo III titulado "Del procedimiento judicial", esta norma determina que en las acciones promovidas sobre cuestiones relativas a la asistencia alimentaria -entre otras-, deben observarse los estatutos de procedimiento allí establecidos y supletoriamente, las disposiciones del Código Civil y sus leyes complementarias y las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut (artículo 98).
Extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, actuación de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Etchebarne, Juan A. s/ Prescripción. Causa 10224
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-19

La naturaleza de la extinción de la acción penal por prescripción, torna irrelevante los deseos del procesado, dado que el instituto es de orden público y aplicable de oficio en cualquier estado en que se encuentre la causa.
Migraciones, transporte internacional, transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, sanciones administrativas, multa administrativa, graduación de la pena, pasaporte, disminución de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aerolineas Argentinas S.A. c/ Dirección Nacional de Migraciones - DISP 4999/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

El art. 49 de la ley 22.439 determina la graduación de la sanción, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes y reincidencia en las infracciones a dicha ley o a su reglamentación. En el caso, teniendo en cuenta que la omisión de la compañía transportista se limitó a la falta de credencial de permiso de ingreso de los tres pasajeros; cuando por otra parte, surge del expediente administrativo que los pasajeros transportados poseían la documentación para egresar del país de destino en regla (pasaporte válido y visa consular); corresponde reducir la sanción impuesta, aplicando la multa mínima prevista por la ley 22.439.
Prueba, careo
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ OMAR DOMINGO s.d. VIOLACION e.p. SILVA ALEJANDRA SILVINA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-06

La voz "podrá" del Art. 236 del Código de rito criminal local no deja duda de que proveer el careo es facultad privativa del juzgador.
Aplicación de la ley, ley de desindexación, cuestión federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Incidente de impugnación de liquidación en autos: ïHuayqui S.A. de Construcciones c/ Provincia de Río Negro (D.P.A.) s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-09-16

La interpretación, alcances y aplicación de la ley desindexatoria -Ley Nro. 24283-, no suscita cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, pues se trata de una norma de derecho común y de una materia resuelta con fundamento en argumentos de derecho común, irrevisibles en la instancia extraordinaria.
Entidades financieras, intervención de entidades financieras, banco central, responsabilidad del banco
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: MOSER, Eduardo y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Sólo ante la evidencia de una verdadera gestión deficiente cabría atribuir responsabilidad al banco interventor pero sería una responsabilidad nacida de la actividad irregular de este ente (en igual sentido, Sala IV, Chekpoint Arg. S.A., del 22 de dic. de 1987.
Agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo, falta de impugnación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sigales, Carlos Nelson y Otros c/ Municipalidad de Rosario del Tala s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-02-16

Si bien del relato efectuado supra deviene evidente que estos tres coactores agotaron con el dictado de la Resolución Nro. 153 la vía administrativa previa habilitante de esta instancia jurisdiccional contencioso administrativa en los términos del art. 4 del C.P.A., al no haber impugnado en el promocional y/o en la adecuación del mismo dicha resolución adquiriendo su concreta invalidación o nulidad, la misma llega firme y consentida a esta sede judicial, correspondiendo declarar inadmisible el proceso y desestimar in limine la demanda en los términos como fuera propuesta por resultar objetivamente improponible.-
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Lechman Servicios Portuarios c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de inconstitucionalidad y acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-23

La resolución dictada en el presente juicio de inconstitucionalidad no constituye sentencia definitiva por cuanto se limitó a declarar extinguida la competencia originaria del Tribunal por haber caducado el plazo de interposición de la acción, sin hacer un juicio de mérito sobre la cuestión de fondo, cuestión en la que se encontraron contestes los tres votos emitidos. El Código de Procedimientos admite, en este supuesto, la posibilidad de impugnar la validez constitucional de las normas por otras vías (art. 316, segundo párrafo de la ley de ritos).
Marcas, uso indebido de marca o designación, participación criminal, actos ilícitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAUSCH Y LOMB INCORPORATED c/ COLLAZO, CARLOS ALBERTO s/ CESE USO INDEBIDO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

De las constancias obrantes en la causa penal agregada surge que Tilve fabricaba estuches para anteojos por encargo de Juan C.

Collazo en los que gravaba la marca de la actora y que conocía perfectamente que dicha marca, RAY BAN, era de propiedad de Bausch y Lomb, hecho este que basta tratándose de un comerciante con suficiente experiencia en el ramo, para concluir que no pudo ignorar que estaba afectado ilícitamente al derecho de la actora sobre su marca. No se trata aquí de que Tilve estuviera obligado a proteger la marca de Bausch y Lomb, pretensión esta que maliciosamente le atribuye al juez, sino tan solo que la respetara, no imprimiéndola en los estuches que fabricaba por encargo de Collazo, siendo que le constaba que éste no era su titular, y que no había probado, ni siquiera invocado, estar autorizado para cumplir esa encomienda, convirtiéndose así en cómplice del hecho ilícito civil (uso indebido de marca) que da origen a la causa.
Colegio profesional, Colegio Público de Abogados, ejercicio profesional, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El control del ejercicio de la profesión de abogado por un órgano que registra la matrícula, que se distingue claramente de la imposición de requisitos de carácter sustantivo, es indispensable para un sano orden social y conviene que sea ejercido por la entidad social que constituyen los miembros de la profesión, y es el sistema que ofrece mayores garantías individuales y sociales y que, a la vez, limita la injerencia estatal inmediata y directa.
Pena, disminución de la pena, tenencia ilegítima de armas de guerra
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARRETO VALENZUELA, CARLOS OSCAR ZAMORA ESPINOSA, MIGUEL ANGEL s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-07

La escala punitiva fijada en el Código Penal para el delito de tenencia ilegítima de arma y munición de guerra -art. 189 bis, tercer párrafo- resulta de por sí elevado. Ello, unido a la escasa edad del imputado y su consecuente falta de experiencia, hace correcto aplicar en el caso un cuántum sancionatorio no superior al mínimo legal establecido -tres años de prisión-.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, prisión preventiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Llaver, Alejandro Claudio p.s.a. infrac. ley 20.771. s/ INFRACCION LEY 20771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

El auto de prisión preventiva no constituye sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, ni es equiparable a ella y la ausencia de tal requisito no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso
Estupefacientes, medidas de seguridad curativas, medidas de seguridad educativas, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: SIERRA RAFAEL s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-10

La ley 23.737 no autoriza a eludir discrecionalmente la imposición de una pena en casos como el presente, con el solo argumento de su inconveniencia; máxime cuando el mismo Tribunal tuvo por acreditado el hecho y su autoría por el imputado.

Las restantes consideraciones en torno a las circunstancias del hecho y condiciones personales de su autor, podrán ser atendidas al momento de graduar la sanción, mas son insuficientes para eliminarla.

La ley citada tipifica como delito la tenencia de sustancias tóxicas prohibidas para uso personal, e instrumenta diferentes alternativas para la reacción del Estado; por lo que frente a esta hipótesis delictiva, el juzgador cuenta con distintas opciones de marcada finalidad asistencial.

El reemplazo de la pena por una medida de seguridad ha sido previsto en la ley sustancial, con el objetivo de estimular al condenado por tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, segundo párrafo, ley 23.737), al cumplimiento de medidas curativas o educativas; cuyo resultado satisfactorio permite al juez sobreseer definitivamente (art. 18, ley 23.737); y aún a la sustitución de la pena por una medida de seguridad, cuando el procesado por el delito del art. 14 no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, por tratarse de un principiante o experimentador (art. 21).

Tal objetivo de reinserción social, tanto a personas adictas como experimentadores o principiantes, debe ser valorado en las concretas circunstancias del caso, a modo de salvaguardar la salud del acusado con consecuencias menos gravosas que las producidas por el cumplimiento de una pena en prisión. La política criminal presente en la citada ley comprende varias alternativas que hacen prevalecer su finalidad curativa; mas la posibilidad de sustituir la imposición de una pena y su ejecución, sólo corresponde en los casos que la misma ley ha previsto.

En tal sentido, su art. 16 es claro en cuanto al carácter accesorio de las medidas de seguridad curativas (además de la pena), en relación al condenado por cualquier delito que dependiese física o psíquicamente de estupefacientes. De otra parte, el uso de estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito ha sido contemplado como agravante de la pena (arg. art. 13); de modo que no le es dado a los jueces sustituir discrecionalmente la sanción que corresponda.

Una interpretación sistemática de la misma ley conduce a sostener que conforme a lo previsto en su art. 20, la aplicación de la medida curativa exige el dictamen de peritos, que permita a los jueces distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de estupefacientes, y el adicto a dichas drogas que ingresa al delito (arg. art. 20, ley 23.737).