Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-17


SENT Nº 32 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Moreno Mercedes Cristina vs. Bataglia Adela Vicenta y otro s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 21 de febrero de 2011 (fs. 156/158), la actora interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 31/8/2011 (fs. 173 y vta.). Según informe actuarial de fs. 180, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPT.

2.- La sentencia impugnada hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la demandada Adela Vicente Bataglia a pagar a la actora la suma de $ 27.039,79 en concepto de indemnización por antigüedad, SAC prop./06, indemnización art. 80 LCT, seguro colectivo de vida e indemnización art. 132 bis LCT. Asimismo, absolvió a la firma codemandada Raimondo Víctor Flavio y otro SH, impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

La Cámara afirmó: "Analizadas las probanzas de autos, surge que: a) la prestación de servicios y por ende la existencia de la relación laboral entre el trabajador fallecido y los accionados se encuentran suficientemente acreditadas con los recibos de haberes extendidos por Raimondo Víctor Flavio y otro SH durante el período 01/6/93 a 02/02/01 (fs. 2/10) y por Bataglia Adela Vicenta por el período 01/10/03 en adelante (fs. 11/14); b) la discontinuidad de la prestación de servicio del actor para ambos codemandados porque entre la fecha del último recibo de haberes extendido por el codemandado Raimondo, o sea el de fecha 02/02/01, y el primer recibo de haberes extendido por la demandada Bataglia, de fecha 01/10/03 existe un lapso de más de dos años; c) el fallecimiento del trabajador Bullaude el 06/10/06 según partida de defunción (fs. 15); e) el carácter de causahabiente de la actora Mercedes Cristina Moreno como cónyuge del trabajador surge probado con el acta de matrimonio (fs. 16/17)".

Consideró el tribunal: "Estas circunstancias permiten arribar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, la prestación de servicios del trabajador para ambos demandados. Segundo, la firma codemandada Raimondo SH no es responsable por los créditos reclamados en esta acción sino la demandada Bataglia quién resulta legitimada pasivamente y responsable como titular del contrato de trabajo al momento del cese de la relación laboral por muerte del trabajador (9/10/06). En tercer lugar, la actora demostró su calidad de causahabiente del trabajador fallecido al estar probado el vínculo conyugal con éste. En consecuencia, ante la confesión ficta de la accionada derivada de la incontestación de la demanda y la prueba aportada debe tenerse por acreditada la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador fallecido Bullaude y la demandada Bataglia, lo que permite encuadrar la relación jurídica substancial dentro del régimen de la Ley Nº 20.744 (reformada). Por idénticos motivos, se tienen por cierta la fecha de ingreso indicadas en los recibos de haberes expedidos por la demandada Bataglia (01/10/03), la tareas y categoría cumplidas como oficial panadero, y la extensión de la jornada de trabajo (9 horas diarias), la existencia y fecha del distracto por muerte del trabajador (6/10/2006) y la falta de pago de los rubros e importes reclamados".

Desestimó la pretensión en concepto de indemnización del art. 2 de la Ley Nº 25323 "porque la "extensión" [sic] del contrato de trabajo se operó por muerte del trabajador, circunstancia que genera un resarcimiento distinto al contemplado expresamente en el art. 2 del citado digesto (cf. CNTr, Sala VIII, sentencia del 26/6/2008; "Giangiulo...")", y dispuso que los rubros admitidos se calculen "sobre la base de la remuneración que le hubiera correspondido a la categoría laboral del actor según la escala salarial del CCT 241/94".

3.- La actora denuncia infracción de las disposiciones de los arts. 14 bis y 17 de la CN, 7, 14, 225, 226 y cctes. de la LCT.

Afirma que la sentencia recurrida tiene por acreditada la prestación de servicios y la existencia de la relación laboral; el fallecimiento del trabajador; el carácter de causahabiente de su parte como cónyuge del trabajador; la prestación de servicios de este para ambos demandados; las tareas, categoría y horario cumplidos como oficial panadero; la falta de pago de los rubros reclamados y la falta de contestación de la demanda. Señala que no obstante la valoración correcta que efectúa de tales extremos, el tribunal arriba a una conclusión errónea respecto de un punto esencial en la relación laboral mantenida por el trabajador: la discontinuidad de la prestación de servicios del dependiente para ambos codemandados con fundamento en que entre la fecha del último recibo de haberes extendido por Raimondo y el primero extendido por la demandada Bataglia existe un lapso de más de dos años.

Se agravia de la valoración incorrecta de dicho extremo toda vez que se desconocen siete años de antigüedad del trabajador, lo que le causa grave perjuicio. Explica que los recibos a que hace referencia el tribunal son los que acompañó con la demanda por ser los únicos que tenía en su poder. Sostiene que la decisión se adoptó sin analizar si existió algún medio legal de extinción del vínculo laboral entre el trabajador y la firma Raimondo, es decir, si hubo despido o renuncia que marque la discontinuidad de una y otra relación. Asevera que no existe tal constancia porque no hubo la discontinuidad alegada por la Cámara. Denuncia la errónea valoración de la prueba y la omisión de considerar una prueba fundamental que obra en autos, consistente en el historial de aportes de la ANSeS, en el que constan los aportes efectuados por la firma Raimondo Víctor Flavio y otro SH a favor del trabajador por períodos correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, que son los años no reconocidos en la sentencia. Alega que tampoco se han valorado las resolutivas dictadas por la AFIP, agregadas a la causa, las que dan cuenta de la procedencia del reclamo efectuado por su parte por algunos de los aportes no efectuados en esos períodos por la mencionada firma.

Destaca que en la demanda alegó claramente que "sin notificársele el cambio de titularidad y modificándole arbitrariamente la fecha de ingreso, el trabajador pasó a desempeñarse para la madre de los demandados, la Sra. Bataglia" y que también se dijo que tal cambio de titularidad no modificó el vínculo que el trabajador tenía con los codemandados Raimondo toda vez que aquel continuó desempeñándose bajo las órdenes de estos. Asevera que el cambio de titularidad de hijos a madre constituyó un 'fraude laboral' y así lo expresó en la demanda.

Se agravia de que, no obstante todos estos antecedentes y el apercibimiento previsto por el art. 58 del CPT, la Cámara resolvió liberar a los principales empleadores del trabajador sin considerar los extremos invocados por su parte, tales como que su cónyuge trabajó ininterrumpidamente desde su fecha de ingreso hasta su muerte para los codemandados Raimondo Víctor Flavio y otro SH; que el cambio de titularidad a nombre de la madre de aquellos lo fue solo a nivel registral por cuanto en los hechos jamás dejó de estar bajo la dirección y órdenes de los codemandados; que invocó la continuidad de la relación laboral durante todo el período trabajado, y que manifestó que el cambio de titularidad se debió a conductas fraudulentas de los demandados.

Señala que se llegó a la arbitraria e ilegítima decisión de desconocer la real antigüedad del trabajador y la solidaridad entre los demandados motivada en el fraude laboral denunciado, hechos sobre los que nada dijo la contraria no obstante encontrarse debidamente notificada. Subraya que conforme las disposiciones del art. 225 de la LCT, en los casos de transferencia del contrato de trabajo se prevé de modo expreso que el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se derive.

Finalmente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y propone doctrina legal.

4.- El recurso es admisible toda vez que se dirige a impugnar una sentencia definitiva, se invoca con fundamentos suficientes infracción de normas de derecho y el vicio de arbitrariedad, y siendo actora la recurrente no es necesario cumplir con el afianzamiento (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5.- Mercedes Cristina Moreno inició demanda contra Adela Vicenta Bataglia y/o la firma Raimondo Víctor Flavio y otro SH. Explicó que iniciaba la presente acción en su carácter de cónyuge supérstite del Sr. Ramón Antonio Bullaude, quien fue empleado de los demandados hasta el 06/10/2006, fecha en que falleció. Refirió que el causante estuvo vinculado laboralmente con los accionados desde el 01/6/1993, desempeñándose en una panadería de propiedad de éstos ubicada en calle Coronel Zelaya nº 266 de esta ciudad; que cumplió tareas de maestro y de oficial panadero, de lunes a sábados en jornadas de 9 horas diarias. Afirmó que desde la fecha de ingreso hasta el año 2003, es decir por más de diez años, la panadería estuvo registrada a nombre de la razón social 'Raimondo Víctor Flavio y otros SH', y que a partir del mes de octubre del año 2003 el negocio aparentemente fue transferido a la Sra. Adela Vicenta Bataglia, madre de los socios de la sociedad referenciada. Sostuvo que dicha transferencia no fue formalmente notificada al empleado y que la relación laboral continuó en forma ininterrumpida, sin cambio alguno en la modalidad de trabajo, existiendo únicamente novación subjetiva de la persona del empleador a nivel registral o de papeles, pero en los hechos el empleado continuó bajo las directivas de los anteriores dueños. Agregó que a partir del año 2003 se modificó la fecha de ingreso del trabajador, de manera unilateral e inconsulta. Señaló que el art. 228 prevé expresamente la responsabilidad solidaria entre transmitente y adquirente, y que si bien dicha norma limita la solidaridad a las obligaciones existentes al tiempo de la transmisión, en el caso debería extenderse a la totalidad de las obligaciones emergentes toda vez que el cambio en la persona del empleador se produjo en forma fraudulenta y con el único fin de evadir responsabilidades. Asimismo, invocó las disposiciones del art. 225 de la LCT y señaló que la ley asegura la continuación del contrato con el sucesor del empleador original, respetando la antigüedad del trabajador y los derechos derivados de esa antigüedad. Manifestó que mediante carta documento del 23/11/2006, reclamó el pago de la liquidación final, la entrega de la certificación de servicios, el seguro colectivo de vida, bajo apercibimiento de accionar judicialmente, y que al gestionar la pensión por fallecimiento en la ANSeS, se detectó que no se habían depositado los aportes provisionales (fs. 51/53).

Ninguno de los demandados contestó la demanda (fs. 73).

En lo pertinente, como se anticipó, la Cámara consideró: "Analizadas las probanzas de autos, surge que: a) la prestación de servicios y por ende la existencia de la relación laboral entre el trabajador fallecido y los accionados se encuentran suficientemente acreditadas con los recibos de haberes extendidos por Raimondo Víctor Flavio y otro SH durante el período 01/6/93 a 02/02/01 (fs. 2/10) y por Bataglia Adela Vicenta por el período 01/10/03 en adelante (fs. 11/14); b) la discontinuidad de la prestación de servicio del actor para ambos codemandados porque entre la fecha del último recibo de haberes extendido por el codemandado Raimondo, o sea el de fecha 02/02/01, y el primer recibo de haberes extendido por la demandada Bataglia, de fecha 01/10/03 existe un lapso de más de dos años [.]. Estas circunstancias permiten arribar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, la prestación de servicios del trabajador para ambos demandados. Segundo, la firma codemandada Raimondo SH no es responsable por los créditos reclamados en esta acción sino la demandada Bataglia quién resulta legitimada pasivamente y responsable como titular del contrato de trabajo al momento del cese de la relación laboral por muerte del trabajador (9/10/06). En tercer lugar, la actora demostró su calidad de causahabiente del trabajador fallecido al estar probado el vínculo conyugal con éste. En consecuencia, ante la confesión ficta de la accionada derivada de la incontestación de la demanda y la prueba aportada debe tenerse por acreditada la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador fallecido Bullaude y la demandada Bataglia, lo que permite encuadrar la relación jurídica substancial dentro del régimen de la Ley 20.744 (reformada)".

Confrontados los argumentos de la actora con los fundamentos del fallo impugnado y los antecedentes del caso precedentemente reseñados, se advierte que el recurso debe prosperar.

La sola lectura del pronunciamiento impugnado revela que la Cámara omitió pronunciarse sobre una cuestión central, la denuncia de fraude laboral en el traspaso del negocio de panadería en que se desempeñaba el trabajador.

El tribunal consideró que la prestación de servicios del trabajador para con ambos demandados fue discontinua y que la firma codemandada Raimondo Víctor Flavio y otro SH no era responsable de los créditos reclamados, sino la demandada Bataglia "como titular del contrato de trabajo al momento del cese de la relación laboral por muerte del trabajador", sin abordar el planteo formulado en el escrito de demanda, referido a que el negocio habría sido aparentemente a partir del mes de octubre de 2003 a la Sra. Adela Vicenta Bataglia, madre de los socios de Raimondo Víctor Flavio y otro SH.

Como lo señala la recurrente, el fallo no consideró el planteo de fraude en la transmisión del negocio de panadería en la que trabajó su cónyuge, omitiendo ponderar las circunstancias vinculadas a la cuestión descriptas en la demanda, concretamente referidas a que "dicha transferencia no fue formalmente notificada al empleado, y la relación laboral continuó en forma ininterrumpida sin cambio alguno en la modalidad de trabajo, existiendo únicamente novación subjetiva de la persona del empleador a nivel registral o de papeles, pero en los hechos el empleado continuó bajo las directivas de los anteriores dueños"; que "a partir del año 2003 se modificó la fecha de ingreso del trabajador, de manera unilateral e inconsulta", y que "el cambio en la persona del empleador se ha producido en forma fraudulenta y con el único fin de evadir responsabilidades". Todas estas cuestiones fueron ignoradas por la sentencia, que tampoco tuvo en cuenta las constancias de las actuaciones tramitadas ante la AFIP, en especial las resoluciones de fecha 24/11/2006 (fs. 18/19) y 20/02/2007 (fs. 21 y 24) y las notificaciones cursadas por dicho organismo a la demandante en fecha 20/02/2007 y 27/02/2007 (fs. 25/26), elementos estos omitidos en el análisis del tribunal y que, tal como se denuncia en el recurso, resultaban conducentes para la decisión del caso. No debe perderse de vista que las citadas resoluciones de la AFIP están referidas a las denuncias formuladas por la actora contra la firma Raimondo Víctor Flavio y otro SH por omisión de ingreso de aportes previsionales correspondientes a los períodos 03 y 04 de 1999, 03 de 2002 y 05 a 09 de 2003 (fs. 21 y 24), y contra Adela Vicenta Bataglia, también por omisión de aportes por los períodos 10 a 12/2003, 01 al 03/2004, 10 y 11/2004, 03 y 07/2005 al 09/2006 (fs. 19); como también que el detalle de movimientos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ANSES comprende los períodos julio/1994 a noviembre/2006 (fs. 39/44).

Oportuno es recordar que "la decisión de la Cámara debe ser congruente (arts. 34, 272, 273 y 280 CPCC), esto es, resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes. En la especie, al no pronunciarse expresamente sobre las cuestiones propuestas por el demandado, el tribunal de alzada ha incurrido en incongruencia por omisión (decisión citra petita), afectando no solo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa, ambos de raíz constitucional (arts. 17 y 18 CN)" (CSJT, "Comuna de Colombres vs. Sollazo Hnos. S.A. s/ Apremios", sentencia Nº 76 del 28/02/2005).

"Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de arbitrariedad del pronunciamiento aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de la prueba (CSJT in re "López, F. I. s/ Sucesión. Inc. s/ Ejec. de honorarios" 19/02/1995; "Cambieri, E. A. vs. Instituto de Cardiología S.R.L. s/Indemnización", 27/11/1995, entre otros), tal lo que acontece en autos, en donde las conclusiones a las que arriba la sentenciante de grado, no se sustentan en una valoración integral de la prueba conducente a la solución del caso (cfr. CSJT, sentencia del 06/5/1996, "Moreno, Fabián vs. Suc. de Emiliano Molina y otro", LL 1996-D, 871). Tal déficit descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y los arts. 34, 272, 273 y 280 CPCCT, por lo que al tenor de las normas citadas la sentencia debe ser declarada nula (CSJT, in re "Blanco José Alberto y otros vs. Bollero Daniel Horacio y otros s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 346 del 22/5/2002). También ha señalado reiteradamente que '.entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de meritar o no de manera expresa alguna probanza; es más, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa; y sobre este concepto, no corresponde reexaminar en casación el criterio adoptado por los tribunales de grado respecto de la selección de pruebas pertinentes. Pero lo que sí les está vedado es prescindir del plexo probatorio suministrado por el proceso a fin de dar basamento fáctico a la conclusión sentencial a que se arriba. Es así que la arbitrariedad se configura, cuando la consideración de elementos probatorios admisibles y pertinentes ha sido injustificadamente omitida en la línea argumental del pronunciamiento, déficit que, se ha concretado en la causa' (sentencia Nº 968 del 10/12/1999)" (CSJT, "Chávez, Pío César vs. Establecimiento San Vicente S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 519 del 03/8/2010).

La omisión precedentemente apuntada en que ha incurrido la sentencia impugnada de considerar y decidir sobre una cuestión relevante para la decisión del litigio e inequívocamente planteada en la demanda, esto es, la denuncia de fraude en el traspaso del negocio y, por ende, de las circunstancias fácticas vinculadas a dicha cuestión, transgrede el deber de fundamentación contemplado en los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265, inc. 5º del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT, comprometiendo además el principio de congruencia, de raigambre constitucional (arts. 18 de la CN y 30 de la CP). Tal déficit determina la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Por lo considerado, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación en examen conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que omite tratar una cuestión planteada en la demanda conducente para la solución del caso". En consecuencia, CASAR parcialmente el pronunciamiento impugnado, punto I resolutivo del fallo (en cuanto al monto de la indemnización del art. 248 de la LCT) y la planilla de condena que también se deja sin efecto, el punto II dispositivo (en cuanto absuelve a la firma codemandada Raimondo Víctor Flavio y otro SH) y los puntos III y IV dispositivos, y remitir los autos a la Cámara para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

6.- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1 del CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Compartimos el análisis de la cuestión y la resolución del recurso de casación propuesto por la señora vocal preopinante doctora Claudia Beatriz Sbdar; más, consideramos que corresponde señalar que cuando -en materia del recurso extraordinario local- el recurrente invoca suficientemente el vicio de una presunta arbitrariedad en la valoración del cuadro probatorio por parte del Tribunal de grado, el análisis de tal valoración por parte de esta Corte constituye una cuestión de derecho (in iuris iudicando) y atinente a la procedencia del recurso y no a su admisibilidad. Por tanto corresponde declarar admisible el recurso y pasar al estudio de su procedencia.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 21 de febrero de 2011 (fs. 156/158), consecuentemente, CASAR PARCIALMENTE el pronuncia- miento impugnado, punto I resolutivo del fallo (en cuanto al monto de la indemnización del art. 248 de la LCT) y la planilla de condena que también se deja sin efecto, el punto II dispositivo (en cuanto absuelve a la firma codemandada Raimondo Víctor Flavio y otro SH) y los puntos III y IV dispositivos, y REMITIR los autos a dicho tribunal para que, con la composición que por turno corresponda, dicte en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00031066-01.