marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: URQUIJO ALEJADO JESUS c/ ANTONIO VALDEZ s/ EJECUTIVO (INCIDENTE DE NULIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-05

Se mantiene el principio de inmutabilidad de la sentencia devenida firme no obstante haber recaído en instancia caduca, por los principios que, partiendo de la cosa juzgada y apartándose ya del proceso en que fue alcanzada, se amparan en la garantía constitucional de la propiedad (C.N.art. 17), que obliga a respetar en el patrimonio del titular, el bien de la vida que consagrara o reconociera un fallo incurrible.
Competencia comercial, compraventa de mercaderías
Materia: CIVIL
Carátula: TRUCCO ARRUA Y CIA S.A. c/ PORTELA ALFONSO Y CIA S.C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Si la sociedad accionante por un envío de mercaderías que dice haber efectuado a otra firma de similar naturaleza mediante una carta de porte, indicando que, en definitiva, el producto fue recibido por la accionada, también persona jurídica de igual categoría, quien lo pagó a un tercero que habría invocado la representación de aquélla, independientemente de que es al tiempo de sentenciarse la causa y en base a los hechos probados cuando debe determinarse cuál es la vinculación que une a los justiciables y el derecho aplicable respecto de ella (art. 163, inc.6, Código Procesal), en los términos del artículo 4 del rito se configure una acción de tipo comercial entablada entre comerciantes y tal circunstancia torna de aplicación la normativa contenida en los artículos 1,5,7,8 y conc. del Código de Comercio, sin que sea obstáculo para ello que el importe se hubiere pagado, o no a un tercero a quien se sindica como ajeno al accionante, pues ello hace a las consecuencias jurídicas pero no a la naturaleza misma de la relación existente entre los litigantes por lo que deben tramitar las actuaciones ante la justicia Comercial.
Cheque, recursos, falta de pago, legitimación activa, excepciones procesales, inhabilidad de título, procedencia del recurso, cheque no a la orden, acreditación del cheque
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cooperativa de Vivienda Crédito y Cons. Debicell Ltda. c/ Grupo Isolux Corsan SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-23

Procede confirmar la resolución que admitió la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado y rechazó la ejecución intentada. Ello por cuanto, en el caso, se ejecuta un cheque de pago diferido con cláusula "no a la orden" a favor de cierta sociedad contra la cuenta corriente de titularidad de la demandada. Según se desprende del documento, el mismo fue endosado por el apoderado de aquel ente a favor de la aquí ejecutante, quien lo presentó al cobro, y fue rechazado por la entidad girada por orden de no pagar por hurto. Resulta de la ley 24452: 12 que el cheque librado a favor de una persona determinada con la cláusula "no a la orden" sólo puede transferirse con la forma y los efectos de una cesión de créditos. En el caso, independientemente de la actividad probatoria desplegada por la recurrente, el documento por medio del cual habría sido cedido el cheque aquí ejecutado no fue acompañado a la causa. Consecuentemente, no habiendo el demandante acreditado dicha cesión, ninguna otra consideración cabe formular sobre la cuestión.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS, Daniel J. Y otro s/ auto de procesamiento Causa 26.716
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

El Tribunal reitera su doctrina expuesta en los precedentes "Steiner, M. A." del 12.1.93; "Della Sala" del 22.10.93; "Lomban de Telecamian," del 22.10.93 y "Rambert, Claudio" del 7.6.94; en el sentido que la exigencia de fundamentación parece pecar de excesivo rigor formal en los casos que sea el imputado el único apelante, la que no es aplicable a los casos en que el Defensor Oficial se notifica dos días después de que aquel manifestara su voluntad de apelar, la que no se subsana con el mantenimiento de la apelación ante el Tribunal de Alzada.
Certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Preti María Cecilia c/ Pedraza Viajes y Turismo SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

La actora intimó a la entrega de las certificaciones legales previstas en el art. 80 L.C.T. mediante la misiva impuesta el 15 de enero de 2015, y frente a ello, el 19 de enero de 2015 la accionada puso a disposición de la demandante tales constancias. Sin perjuicio de que las intimaciones practicadas por la actora no cumplieron con la pauta temporal que señala el dto. 146/01, lo cierto es que frente a los reclamos de la trabajadora, la accionada puso a disposición los certificados en el plazo legal, más nunca fueron acompañados a la causa, por lo que no se acreditó la confección oportuna de los mismos. En tales términos, respecto de la exigencia que se impone al trabajador mediante la aplicación del referido decreto, cabe reformar lo actuado en grado y recepcionar el agravamiento previsto por la norma. (Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo). En el caso, la actora cuestiona la falta de recepción favorable de la multa contenida en el art. 80 L.C.T., sobre la base del incumplimiento de su parte del recaudo previsto por el art. 3 del dto. 146/01. La misma procede por cuanto la gestión conciliadora llevada a cabo ante el SECLO es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado y adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo es decir el 14 de mayo de 2015. De modo que cumplió con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01, ya que, luego de transcurrido el plazo de treinta días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora hubiera hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora, a través de la actuación administrativa ante el SECLO, requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 L.C.T., sin que las requeridas se avinieran a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los dos días hábiles posteriores. Es por ello que resulta procedente la multa prevista por el referido artículo. (Del voto de la Dra. Carambia).
Enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, remoción de jueces, revisión judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Frente al texto del art. 115 de la Constitución Nacional, la revisión por la Corte Suprema de las decisiones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación sólo puede versar estrictamente sobre cuestiones que impliquen una evidente violación de la garantía del debido proceso, sin sustituir su valoración de las causas que motivaron la remoción de los jueces que recurren por vía del recurso extraordinario federal. De lo contrario, el criterio de la Corte Suprema sustituiría al del Tribunal de Enjuiciamiento para decidir la remoción o la absolución de los magistrados imputados, lo que desvirtuaría y convertiría en letra muerta las normas constitucionales relativas a esta materia (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Brian Leonel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-22

En el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar tal circunstancia, toda vez que se ha limitado a aducir defectos de fundamentación en la resolución impugnada solo a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso, en particular de aquellas que el a quo considero relevantes y determinantes para rechazar la morigeración de la detención solicitada. El recurso se apoya en meras discrepancias valorativas con el análisis efectuado por el a quo a partir de la interpretación de las particulares circunstancias del caso y, en este sentido, las razones expuestas en su impugnación no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), ni invocan graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605) o alguna cuestión federal debidamente fundada (Fallos: 328:1108). En efecto, cumplir con la carga procesal de fundamentación constituye un requisito de admisibilidad, ante cuya inobservancia no puede más que fracasar cualquier intento de apertura de esta instancia. El voto concurrente sostuvo que, por el momento, la situación de encarcelamiento de Cardozo no representa un grave riesgo para su salud en el contexto de la Pandemia por Covid 19, debe adunarse la ponderación gravedad del delito por el cual ha sido condenado a la pena de diez años de prisión, en tanto se lo ha considerado coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas; y que el tiempo de detención que viene sufriendo: desde el 18 de diciembre de 2017, tampoco permite ubicarlo en alguno de los supuestos contemplados por la acordada 9/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal. Documento en el que, además, se hizo referencia a que las evaluaciones en cada caso deberían considerar, además de la posibilidad de proteger la salud de los internos en caso de permanecer detenidos, factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito cometido. Recomendando, a su vez, la necesidad de "Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves", como lo es el presente caso. Con estas consideraciones, adhiero a la solución propuesta por el doctor Carbajo en el voto precedente; en tanto las consideraciones efectuadas resultan suficientes y análogas para la resolución del reclamo de la defensa, que no ha logrado evidenciar los pretendidos defectos de fundamentación en la resolución impugnada al momento de rechazar la solicitada morigeración de las condiciones en que viene soportando el encarcelamiento su asistido. Dres. Carbajo y Hornos -por su voto-.
Recusación, recusación con causa, Reglamento para la Justicia Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Yoma,  José  Tomás c/ Cámara de Diputados de la Provincia de LaRioja s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

La presencia de las partes o sus representantes en el tribunal que interviene en el expediente no puede ser invocada como fundamento serio para apartar de la causa a un magistrado, tanto es así que el Reglamento para la Justicia Nacional vigente contemplaba lo atinente a las audiencias (arts. 72 y 90), estableciendo en la última de las normas citadas la obligación de los secretarios de atender a los litigantes, profesionales y público en general, sin perjuicio de las audiencias que, en su caso, conceda el presidente o los ministros del Tribunal.
Candidatos, concejales, intendente
Materia: ELECTORAL
Carátula: ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA s/ OFICIALIZACION LISTAS DE CANDIDATOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1993-09-17

Se desprende del art. 159 de la Constitución Provincial que el Intendente -que ejerce el departamento Ejecutivo;y el Concejo Municipal que hace lo propio con el Departamento Legislativo-, constituyen órganos políticos claramente diferenciados;

circunstancia que vuelve inadecuado cubrir la falta de candidatura a intendente mediante el corrimiento de la lista oportunamente presentada con candidatos a concejales.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, efectos del acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARESIL SA DEMANDADO: EN -Secretaría de Minería- Resol 52/21 expte 53976322/20  c/  s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-16

La sala confirmó -en cuanto fuera materia de agravios- la sentencia de la jueza de grado por la que se había concedido la medida cautelar solicitada por la actora ordenando al Estado Nacional (Secretaría de Minería) que suspendiera los efectos del acto administrativo impugnado hasta tanto se resolviera la impugnación del rechazo del recurso. No se advierte que la decisión recurrida resulte notoriamente perjudicial al interés en el cumplimiento de la sanción impuesta (caducidad de la inscripción en el Registro de Inversiones Mineras y de los beneficios otorgados al momento de la comisión de la infracción) y de las consecuencias derivadas de ella (resoluciones dictadas por la Dirección General de Aduanas enunciadas en el fallo), ni tampoco como contrario a la ejecutoriedad natural del acto administrativo, en tanto y cuanto, la inmediatez en el cumplimiento del acto sancionatorio dependerá de la celeridad con que la autoridad de aplicación resuelva el recurso administrativo.
Reconvención, traslado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizamón, Emil José y otros c/ Almeida, Selva Argentina y otros s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Si la demanda reconvencional no fue bilateralizada, su consideración como tal en la sentencia importa violación de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 9 de la provincial, 34 inc. 5º ap. c, 163 inc. 6º, 266, 272 y 273 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tenencia de armas de guerra, acopio de armas
Materia: PENAL
Carátula: "FORTUNATI, Guido s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-01

Acopiar, significa "juntar, reunir en cantidad algo". Acopiar, además es reunir algo de manera considerable, superior al que el uso común o deportivo puedan justificar ( Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino" Tomo IV p. 609, Ed. tea Bs. As. 1996).

"El verbo acopiar, no tiene un límite preciso, como no lo tiene ninguna palabra que implique una universalidad de hecho (biblioteca, ganado), pero parece claro que reclama muchas armas y no dos o tres ni cinco..." (Alfredo Molinario, "Los Delitos", Tomo III. P. 72, Ed. Tea, Bs. As. 1999). Por ello, la tenencia de siete mecanismos de conversión de armas semiautomáticas de uso civil condicional, a automáticas, de uso exclusivo de las instituciones armadas, no constituye delito.
Libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Cuando el órgano de prensa se limita a informar sobre los hechos tal cual ellos ocurrieron, las dudas que pudieran generarse en la opinión pública sobre la conducta de sus protagonistas han de reputarse como consecuencias inmediatas y directas de lo ocurrido y no de la acción de informar, la que, por lo demás, ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información, que constituye al periodismo escrito - al menos en este estado de nuestra evolución tecnológica y organización empresaria de los medios - en reducto privilegiado para el pleno ejercicio de la libertad de expresión autónoma.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sierra Pastor Justino s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Si bien el ordenamiento que instituye el denominado "bien de familia" ha previsto la eximición del pago de impuestos, derechos o tasas que graven la constitución e inscripción de dicho beneficio art.46 Ley 14394) no contiene norma alguna que exceptúe el pago de la denominada "tasa de justicia", tributo abonable en el caso por el servicio que presta la administración de justicia, sin que la normativa correspondiente (Código Fiscal texto ley 10731) se prevea tal eximición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROSSO, HECTOR VICENTE c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-16

Habiéndose planteado con anterioridad ante esta Corte cuestionamientos similares al presente -relativos a la aplicación temporal del decreto 1694/09 en casos en los que el infortunio era de fecha anterior al dictado de la norma pero el deudor era reticente al pago de la prestación debida-, se sostuvo que la aplicación de las mejoras y actualizaciones en las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo que el referido decreto consagraba sólo para eventos cuya primera manifestación invalidante fuese posterior a la publicación del decreto en el Boletín Oficial, resultaba intrínsecamente inequitativo e incompatible con los considerandos de la propia norma, en los cuales, el Poder Ejecutivo había reconocido que el régimen de riesgos del trabajo -que esa norma venía a reformar- estaba reñido con los propósitos de la Constitución, obstáculos que se proponía superar con su dictado, por lo que correspondía liquidar las indemnizaciones previstas en la ley 24557 conforme las previsiones del decreto 1694/09.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, admisibilidad formal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ecología y Desarrollo Asociación Civil c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde declarar formalmente admisible la acción declarativa de inconstitucionalidad toda vez que la presentante está legitimada para interponerla de conformidad con lo establecido en el art. 18 inciso b) de la ley n° 402 (texto consolidado ley n° 6017), la norma impugnada emana de autoridad local -la Legislatura de la Ciudad- y tiene carácter general. Por su parte, la ley es atacada por razones de naturaleza constitucional local, la demanda satisface la exigencia de fundamentación prevista en el art. 19 inc. b) de la LPTSJ y la actora se circunscribe a solicitar el dictado de una sentencia que declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de ley n° 5991 que impugna. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Greco Hnos. S.A. s/ quiebra s/ incidente de rendición de cuentas por Furlotti S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

La regulación judicial sólo agrega un reconocimiento - y cuantificación - de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad, derecho de comerciar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

El artículo 41 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, es una norma que restringe los aspectos comerciales de las licencias, en la medida que recorta la posibilidad de transferirlas, sea mediante su cesión, sea mediante la transferencia del control societario de la firma licenciataria (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Carmen Argibay).
Confirmación de sentencia, apreciación de la prueba, negligencia, culpa concurrente, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Villagrán, Enrique Omar y Otro c/ Chandía, José Ricardo y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-23

Corresponde casar el decisorio de la Cámara de Apelaciones, y recomponer el litigio, en función de lo previsto por el Art. 17°, inc. c), de la Ley 1.406, mediante la confirmación, en todas sus partes, del decisorio de Primera Instancia. Ello así, pues, del análisis de la resolución se advierte que la Alzada no ha realizado una valoración integral del material fáctico reunido en los presentes. Pues no correlacionó el accionar de la víctima, la cercanía de la escuela, la pesada carga que transportaba el camión, con la conducta asumida por chofer del camión, sin que ello implique modificar el relato de hecho comprobado en sede penal. Se omitió considerar que el accionado, en la emergencia, obró en forma negligente.
Accidentes de trabajo, contrato de trabajo a domicilio, policía del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, BIENVENIDA c/ TRESSEANSKY DE WARENBRON, FANNY s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-17

La ley 12713 no constituye un estatuto que regula de modo integral la modalidad del trabajo a domicilio, pues se trata de una norma de Policía del Trabajo, por lo cual, y en base a lo dispuesto por los arts. 2 y 9 de la LCT, a los trabajadores a domicilio les resulta aplicable el régimen laboral común, y por ende, la ley 9688.
Recurso extraordinario federal, Ley de desindexación, cuestión federal, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Storace, Carlos c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La ley 24.283 no reviste naturaleza de carácter federal.
Recurso extraordinario de nulidad, sentencia ultra petita
Materia: PENAL
Carátula: González, Ricardo s/ Querella por injurias contra Poblete, Roberto Pacheco, María Magdalena s/ Promueve querella criminal contra L. María y Ana H. de Santichia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14|1995-05-09

Resulta ajena al recurso de nulidad la alegación dirigida hacia una eventual demasía decisoria.
Daños y perjuicios, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARENGO OSVALDO Y OTRO c/ FONSECA ELENA MARIA Y OTRO s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS - SENTENCIA - PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - FRUTOS -  PRONUNCIAMIENTOS PARCIALES - JURAMENTO ESTIMATORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-23

El pronunciamiento que condena al demandado a indemnizar daños y perjuicios, pero reservando su liquidación para la etapa de ejecución, no es una sentencia meramente declarativa. En materia de daños y perjuicios sentencia meramente declarativa seria aquella que se limitase a reconocer al demandante el derecho de ser indemnizado, y no es esto lo que el juez resuelve cuando manda a pagar los daños que se determinan en la etapa de ejecución. Ese pronunciamiento es propiamente una sentencia de condena -'hará la condenación, dice la ley-, con la única particularidad de que la liquidación se difiere para una decisión posterior a dictarse en el curso del mismo pleito.
Procedimiento laboral, aplicación analógica de la ley, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: F., A.D. y Otro c/ C.S. SA y/o C. H. J. y/o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-20

En materia laboral la supletoriedad del procedimiento civil y comercial debe ser compatible con el objeto del rito específico de este fuero laboral, privilegiándose la simplificación y aceleración del juicio y adoptando, en caso de duda, el procedimiento que importe menor dilación tal como lo exige el artículo 76 de la Ley 69, máxime si se tiene en cuenta que siendo un recurso de menor entidad, no puede concedérsele un término superior al del recurso de apelación contra la sentencia definitiva.