Acción de nulidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orioli - Daser UTE c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-11

Contra lo resuelto por esta Corte de Justicia, en la acción de nulidad de plena jurisdicción deducida por la empresa ORIOLI-DASER UTE en contra del Estado Provincial, que rechazó la misma en la consideración que la conducta del actor ha reflejado consentimiento sobre el contenido de las circulares que pretende impugnar en razón de haber tomado conocimiento de las mismas previo a la apertura de la licitación, como al momento de su apertura ante la Comisión de Pre Adjudicación, efectuando sus quejas por ante la Contaduría General de la Provincia dos meses después que la Comisión se expidiera, se interpone recurso extraordinario federal.

Analizados el recurso extraordinario interpuesto y el voto por mayoría de esta Corte, que lo rechaza, me permitiré disentir con la solución propiciada; en tal orden de ideas, parece razonable reproducir algunos fundamentos de mi voto en minoría en la causa contencioso administrativa originaria, en el que oportunamente expuse: "que por la materia que constituye el marco regulatorio y valorativo de la controversia, esto es el Derecho Administrativo, la conducta del Estado observada en el trámite de la licitación pública y en la confección de diversos instrumentos en los que pretende plasmar su voluntad, no puede ser juzgada con laxitud sino que por el contrario, corresponde aplicársele criterios más rigurosos que limiten la discrecionalidad de la administración en favor de una estricta sujeción a la ley.

Tales imperativos encuentran su razón en el orden público implicado en la cuestión de que se trata; en el imperio del principio general que expresa que en la actuación del Estado todo lo que no le está expresamente permitido, le está prohibido; principio inverso, como es obvio, a la conocida regla de libertad que otorga fundamento a la autonomía de la voluntad, carácter esencial del derecho privado, y por último, en la especificidad del caso, una licitación pública, donde está en juego el patrimonio del Estado, el principio de legalidad que debe ordenar y guiar la actuación administrativa, cobra singular rigor y así debe ser interpretado y aplicado por la jurisdicción judicial" (Autos Nº 050/07 "Orioli -Daser UTE c/Estado Provincial s/Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción").

Tal contexto interpretativo, en su momento, me llevó a receptar la acción intentada y a considerar ahora que se configura en autos cuestión federal suficiente, pues a mi criterio, la arbitrariedad cometida en la fase administrativa por la parte del Estado y en cómo se resolvió la acción originaria, involucrarían la afectación de normas de la Constitución Nacional, esto es, los principios de igualdad ante la ley Art. 16 CN, y los derechos de propiedad Art. 17CN, que habilitan la revisión judicial de la sentencia en recurso de este tribunal superior, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos y alcances de la ley 48.

(Del voto en disidencia de la Dra. Sesto de Leiva)