Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25


"LARCHER ALEJANDRO ENRIQUE CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES" , EXPTE: EXP 17389 / 1 Buenos Aires, 26 de abril de 2006. Y VISTOS: Estos autos, que han sido elevados a conocimiento del tribunal a fin de resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada -que obra en copia a fs. 46/63-, contra el pronunciamiento obrante en copia a fs. 35/36 vta. I. El actor promovió acción de amparo contra la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.S.S.A.B.A.), a fin de obtener un pronunciamiento judicial que declare la nulidad absoluta e insalvable de la reglamentación dictada por dicho ente respecto del artículo 5º de la Ley Nº 1.181 -Resolución Nº 004 A 05-, y de toda otra norma que lo obligue a ser sujeto pasivo de retenciones sobre libranzas judiciales por honorarios profesionales originados en su actividad profesional en Capital Federal, todo ello mientras mantenga su condición de incluido en la excepción del artículo 5º párrafo segundo de la Ley Nº 1.181. Asimismo solicitó, con carácter de medida cautelar, que se suspenda la aplicación de la referida resolución y, entonces, que la demandada no pueda exigir el pago de las contribuciones previstas en el artículo 62 incs. 1 y 4 de la mencionada ley ni pueda practicar retenciones sobre las libranzas judiciales que se abonen, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión planteada. II. La señora jueza de primer grado hizo lugar a la medida cautelar requerida, decisión que fue cuestionada por la demandada a tenor de los fundamentos vertidos en su memorial. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 42/43, propiciando que se haga lugar a los agravios y, en consecuencia, se revoque la decisión apelada. III. Con respecto a las medidas cautelares en el proceso administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 7; "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar", expte. nº 1607/01, "Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119" expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque la petición coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. IV. La ley 1181 establece que se encuentran exceptuados de la obligatoriedad del sistema previsional en cuestión, los profesionales que se hallan afiliados obligatoriamente a otra caja profesional para abogados, en tanto continúen cotizando a dicho régimen y, además, manifiesten fehacientemente la voluntad de acogerse a esta excepción dentro de los noventa días computados a partir de la vigencia del sistema. A su vez, mediante la resolución 2-D-2004, del 12 de agosto de 2004, el directorio de la parte demandada dispuso que el plazo de noventa días previsto para ejercer la opción transcurrió entre el 2 de enero y el 11 de mayo de 2005, con un plazo de gracia hasta el 12 de mayo de 2005 a las 13.00 hs. (resolución citada, art. 1). De las expresiones vertidas en el escrito de demanda se desprende que el Dr. Larcher se encontraría afiliado a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y habría comunicado a C.A.S.S.A.B.A. -mediante la presen tación del formulario correspondiente y dentro del plazo legal- la opción prevista por el art. 5, segundo párrafo, ley 1181. V. Ahora bien, la reglamentación dictada por la parte demandada dispuso que el ejercicio de la opción prevista en el segundo párrafo del art. 5, ley 1181, exime al abogado de la obligación legal de cubrir el aporte anual mínimo obligatorio (AMAO) y, paralelamente, conlleva la pérdida del derecho de acceder a las prestaciones previstas en el art. 7. Y aclaró expresamente que los afiliados que hayan ejercido la opción igualmente están obligados a cumplir con los aportes establecidos en el art. 62, incs. 1 y 4, ley 1181, esto es, a) el 5 % de todo honorario de origen profesional que perciban, y b) el derecho fíjo establecido en el art. 72 de la misma ley (resolución 004-A-05, B.O. nº 30724, del 25/8/05). VI. Así las cosas, el examen de las constancias de la causa, a la luz de los principios enunciados (cfr. consid. IV), conduce a concluir que -apreciando la cuestión dentro del limitado ámb ito cognoscitivo y con la provisoriedad que resultan propios del instituto precautorio- la pretensión cautelar no exhibe, prima facie, suficiente verosimilitud. Ello así, pues el contexto normativo descripto anteriormente (consid. V y VI) es de difícil interpretación, de modo tal que los efectos jurídicos del ejercicio de la opción prevista en el art. 5, segunda parte, ley 1181, no resultan totalmente claros, y la dilucidación de este aspecto -que hace al meollo del conflicto suscitado en el caso- excede, por su complejidad, el grado de conocimiento admisible en esta instancia cautelar. A fin de cuentas, se trata de examinar la legitimidad de la reglamentación dictada por C.A.S.S.A.B.A. (Res. Nº 004-A-05) Luego, en las condiciones expuestas, el esclarecimiento de la cuestión controvertida -esto es, determinar si los profesionales que han ejercido debidamente la opción prevista en el art. 5, ley 1181, sólo se hallan eximidos de integrar el aporte mínimo anual obligatorio- habrá de ser objeto de tratamiento en la sentencia definitiva, al cabo de la sustanciación del proceso, oportunidad en la cual se examinará el mérito de la pretensión y de la defensa. VII. A las razones expuestas -ausencia de verosimilitud dada la complejidad de la cuestión- cabe agregar la falta de peligro en la demora. En efecto, tal como acertadamente lo señaló la señora Fiscal de Cámara, en el supuesto de progresar la pretensión, la sentencia favorable podría ordenar la restitución de los aportes indebidamente ingresados y, en consecuencia, en esa hipótesis no resultaría necesario que el demandante promoviese una acción de repetición. En mérito a las consideraciones vertidas, textos legales citados, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte accionada y, en consecuencia, revocar la resolución apelada. Sin costas (artículo 14 CCABA). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara en su despacho y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumpli miento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti Esteban Centanaro