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Daños y perjuicios, medicina prepaga, responsabilidad contractual, reticencia, enfermedad preexistente
Materia: CIVIL
Carátula: COUCHOUD, ALBERTO c/ QUALITAS MEDICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Resulta procedente la demanda incoada contra una empresa de medicina prepaga por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, toda vez que la accionada se negó a hacerse cargo de la internación, gastos médicos y tratamiento de la coactora, quien padeció un infarto agudo de miocardio, rechazando la cobertura con fundamento en la preexistencia de la enfermedad y considerando que los coactores habrian incurrido en una conducta reticente. Sin embargo, en la primer internación de la actora, se le realizó una coronografia mostrando arterias coronarias angiograficamente normales, y surge del informe pericial del experto que ese resultado descarta la posibilidad de preexistencia. Asimismo, corresponde sostener que la mera existencia de sintomatologias no hace presumir la existencia de la enfermedad. Todo ello evidencia, que el coactor, a pesar de ejercer la medicina profesionalmente, no obró con dolo o malicia al completar la solicitud de ingreso e indicar que los estudios que se le realizaron a su esposa dieron como resultado "todo normal". Es que, aun cuando se conjeturase que el pudo albergar sospechas sobre una eventual presencia de ciertos síntomas en el plano coronario, ello de modo alguno importa la existencia perceptible de enfermedad preexistente, pues la técnica de diagnóstico empleada en su oportunidad arrojó un resultado contundente en cuanto a su inexistencia. Por lo demas, la demandada -de larga trayectoria en el ámbito de la medicina prepaga (cciv: 902)- pudiendo efectuar un examen médico en la actora, no lo hizo, por ello no cabe ahora que alegue la preexistencia de la enfermedad de la actora para lograr la operatividad de la claúsula en cuestión y asi eximirse de responsabilidad (cciv: 512). Por ello puede concluirse que la causal de exclusión de cobertura no se configura en la especie ya que la enfermedad padecida por la actora no resulto preexistente.
Remuneración, decretos
Materia: LABORAL
Carátula: MORANT, CARLOS H. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ COBRO DE PESOS NAVARRO, JORGE A. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-28|1978-07-28

Si bien puede admitirse que la sanción del Decreto 3032/75 por el Poder Ejecutivo, en cierta medida, al suspender derechos reconocidos a algunos trabajadores ha limitado el Orden Público Laboral, cabe señalar que está inspirado en el Orden Público Económico que, utilizado razonable y adecuadamente, protege el interés general, incluídos los de todos los trabajadores considerados como una categoría social.
Recurso extraordinario, juicio ejecutivo, juicio de apremio, sentencia definitiva, interpretación de la ley, ley federal, procedimiento tributario, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva c/ CompaÑía de Seguros del Interior S.A. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio, no constituyen la sentencia definitiva a que alude el art.

14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a este principio si el fallo apelado desestimó la prescripción opuesta por la demandada con apoyo en normas de carácter federal, como son las contenidas en los arts. 59 y 60 de la ley 11.683.
Ejercicio profesional, incompatibilidad de ejercicio, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schmunk, Carlos Enrique c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Diferencias Salariales -Ordinario Contencioso Administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-18

La incompatibilidad prevista en el art. 10 de la Ley 532, deriva de la ineluctable colisión de intereses que hace que determinadas funciones propias del Estado, ejercidas por profesionales bajo su dependencia, sean inconciliables con el ejercicio libre de la misma.

Norma impuesta en beneficio, tanto del Estado -Provincial y Municipal- como de los propios intereses profesionales, y la ética corporativa, cuya determinación corresponde al marco del ejercicio regulador de la profesión, en tanto supone -para todos quienes la desarrollan dentro de los límites geográficos del territorio- una limitación importante al derecho constitucionalmente garantizado de libertad de trabajo y empresa.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Viñas, Marisa del Carmen s/ Tercería de mejor derecho en autos "Castro de Alzola, Emilia Iris c /Rojas Zapata, Ramón Luis s/Cobro ejecutivo."
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

El art. 47 del C.P.C.C. requiere que la personería sea acreditada en forma simultánea con la primera presentación que se haga en nombre del poderdante.

Sin embargo, no previendo el citado precepto sanción alguna frente a la inobservancia de dicho resultado, advertida tal circunstancia por el tribunal cabe intimar al presentante para que, en breve plazo, salve tal deficiencia (art. 34 inc. 5 del C.P.C.C.), quedando asimismo la parte contraria habilitada para oponer su falta de personería, vicio que resulta esencialmente subsanable tal como se infiere de lo normado por los arts. 345 inc. 2 y 352 inc. 4 del Código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, indemnización, actor civil, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, JOSE A. s/ P.S.A. ESTELIONATO Y USO DE DOC. FALSO EN CONC. IDEAL S/ CASASCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-12

Procede el recurso de casación declarándose parcialmente nula la sentencia de Cámara que al calcular el monto resarcitorio reclamado por el actor civil, se apartó del par metro aportado por la prueba informativa que fue oportunamente merituada en dicha sentencia. Ello es así, en tanto que la extensión que la sentencia acuerda a la pretensión de lo reclamado, se traduce en un desvío lógico respecto de ese punto, careciendo de suficiente motivación y abarcando solamente ese rubro-
Concursos, cesación de pagos, apertura del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ugliarolo, Sergio David c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado desestimó la apertura del concurso preventivo del apelante. Ello por cuanto, en el caso, contrariamente a lo señalado por el juez de grado, estimase que se encuentra acreditada la impotencia patrimonial del apelante para hacer frente en forma regular a sus obligaciones. En efecto, véase que su actividad está ligada a la explotación de hoteles, siendo ello una de las actividades que se ha visto más perjudicada por la Pandemia declarada debido al Covid 19. De otro lado, el hecho de contar con un inmueble que tendría un valor superior a los pasivos declarados -además de ciertas acciones-, no importa que pueda afrontar el pago de sus deudas en forma regular, pues si lo que se pretende es que venda el inmueble -el que es habitado por sus padres- para abonar sus deudas, nos encontraríamos en realidad frente a un supuesto de liquidación de activos al igual que en un proceso de quiebra, lo que, a su vez, demostraría indefectiblemente la cesación de pagos alegada. Sentado ello, visto que con las distintas medidas requeridas en la anterior instancia y en esta Sala, se encontrarían cumplidos los requisitos de la LCQ 11, cabe declarar la procedencia de la apertura del presente concurso y disponer que el juez de grado, con la premura del caso, proceda a dictar el pronunciamiento previsto en la LCQ 14. Asimismo, cabe disponer, en los términos de la LCQ 21, la suspensión de la subasta de un inmueble de propiedad del concursado, decretada en cierto expediente que tramita en extraña jurisdicción, y su remisión al juzgado interviniente por fuero de atracción conforme dispone la norma citada.
Colegio profesional, médicos, sanciones civiles
Materia: CIVIL
Carátula: Ruben Horacio Manzi - Interpone apelación art. 3 ley 4652/91.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-12-22

En el caso traído a decisión, el procedimiento adoptado por la Comisión Directiva -CMC- para aplicar la sanción al profesional médico de excluirlo del Registro de Prestadores resulta irregular, pues correspondía que la Asociación ponga en conocimiento fehaciente de los hechos reprobados al asociado, pues si bien existe una intimación, ésta carece de tal requisito; de allí que el profesional no fue puesto en mora para hacer sus observaciones o defenderse al no describir conducta alguna que le resulte imputable. Así, cuando ni la ley aplicable a las asociaciones ni el reglamento interno de éstas disponen la formalidad de sumario previo al miembro incriminado, para salvaguardar el derecho de defensa de éste basta, en principio, que sepa la irregularidad que se le imputa, haya sido oído y no se le prive del derecho de exponer las razones que estime pertinentes. En consecuencia, para la resolución del presente caso debe entenderse especialmente que la medicina constituye un servicio público de fundamental importancia pues en ella recae la custodia de la salud pública y en consecuencia están interesados a ese respecto la seguridad y el orden público, por lo que no puede soslayarse la incidencia que la exclusión del Registro de Prestadores del profesional recurrente crea en el medio. Se resuelve declarar la nulidad del trámite de exclusión dispuesto por la Comisión Directiva del Colegio Médico y mantener la medida cautelar ordenada en autos Cámara Nro. 37/96 mientras dure el trámite referido precedentemente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, resolución denegatoria, resoluciones, recurso de apelación (procesal), sentencia, resoluciones recurribles, LEY DE CONCURSOS, jueces
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Cereales Fighiera SRL s/ Quiebra. Cuestión a resolver: ¿Es apelable la sentencia   desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por acreedor?   (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-27

El principio de inapelabilidad que, como regla, debe ser objeto de una interpretación prudente por parte de los jueces, no resulta desvirtuado cuando no hay proceso concursal propiamente dicho, siendo esta interpretación congruente con el espíritu institucional de la Ley de Quiebras. (Del Voto de la Dra. Pereira).
Empleados públicos, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOTO, PEDRO ANTONIO c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 409-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-01

La ley 9286 (Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia) autoriza a la Administración a designar Personal Transitorio y comprende a este personal dentro del personal no permanente. En su artículo 9 dispone expresamente que "Personal Transitorio es aquel que se emplea para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no pueden ser realizados por el personal permanente, sin que se resienta la normal prestación de sus funciones específicas. Para la elección de este personal no se exigirá título habilitante ni especialización. Por otra parte, cuando alude a los derechos que goza el personal comunal, señala que "de los derechos enunciados sólo alcanzarán al personal no permanente los comprendidos en los incisos..." "no incluyendo éstos el de estabilidad" (artículo 15).
Sentencia, cuestiones prejudiciales, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

En la nulidad por simulación de un contrato de fideicomiso efectuado con la intención de disminuir la legítima por parte de quien obtuvo con posterioridad un emplazamiento filial como hijo, si la justicia penal previamente absolvió de culpa y cargo a los acusados del delito de estafa por la inexistencia de un hecho ilícito, ello no configura una prejudicialidad penal que impida a la justicia civil pronunciarse, pudiendo con libertad el juez modificar esa calificación y admitir sobre la base de la nueva calificación la acción civil deducida ante su tribunal.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco de Etchevarne Olga Haydee Hilda c/ Arce Patricia Cristina y otros s/ Cobro de alquileres Supinar S.A. c/ Padros José María y Pechetto Susana Raquel s/ Ejecución hipotecaria Ducret Nancy Beatriz c/ A.P.A.N.D. s/ Prepara vía ejecutiva Reyna Carlos Alberto c/ A.P.A.N.D. y otra s/ Cobro Ejecutivo ALOS S.A. c/ A.P.A.N.D. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23|1998-04-16|1998-08-13|1998-08-11|1998-08-13

Carece de andamiento la defensa de la ejecutada sustentada en que el vicepresidente de la entidad no la representa y que por la naturaleza del acto se excluyó a la asamblea como interviniente, si, además de no probar nada de ello, es advertible que al argumentar acerca de la revocación del mandato otorgado al vicepresidente no puede desconocerse entonces la facultad que se ejerció al concederlo (Art. 1970 Código Civil). Por su parte, aquella exclusión y violación estatutaria ha conformado sólo una denuncia genérica e imprecisa, habiéndose ejercido el poder en todo caso, por una persona identificada por años con la asociación ejecutada, situación apta para convencer a los demás de la regularidad del mandato.-
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, extinción por vencimiento del plazo, despido por maternidad, prueba, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: CECCHI, EDIT E. c/ SERVICIOS VIALES S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 485 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Nacional desde que la incoherencia que se le atribuye a esta Corte no es tal y ninguna omisión de considerar cuestiones esenciales pueden reprochársele a esta Corte al realizar el test de constitucionalidad de la sentencia de la Cámara.

En tal sentido, la impugnante refiere que la solución brindada jerarquizó "... la presunción de que la demandada empleadora entendió que el vínculo se había extinguido por vencimiento del contrato, por sobre la presunción legal de que el despido se debió al estado de maternidad de la trabajadora...".

Sobre el particular cabe aclarar que esta Corte de manera alguna relegó la presunción legal establecida por el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo por sobre otra. La competencia asignada por el artículo 93, inciso 1) de la Constitución provincial impide derechamente a suplantar a los jueces de la causa en valoración de las pruebas, interpretación de las normas y subsunción a los casos sometidos a juzgamiento.

Sólo la jurisdicción de este Tribunal por vía de la ley 7055 está habilitada para controlar que en el ejercicio de esas funciones propias de los magistrados ordinarios no caigan en arbitrariedad. Precisamente, ese control de adecuación al ordenamiento jurídico fundamental de la sentencia de alzada ha efectuado esta Corte.

No ha aplicado presunciones legales sino ha verificado que el Inferior no haya incurrido en absurdos de hecho y de derecho al examinar y juzgar la materia controvertida en autos, sosteniendo -en definitiva- que las circunstancias comprobadas de la causa enervaban la presunción de que el despido había obedecido al estado de gravidez de la trabajadora (art. 178, L.C.T.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTAGNINO, ENRIQUE C c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - AMPARO (CSJ EXPTE NRO 372-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-13

Los pronunciamientos de la Suprema Corte de la Provincia (así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso extraordinario y a pesar de que con anterioridad se hubiese admitido formalmente la queja por denegación del recurso, tanto como que la subsistencia de tales circunstancias pueden ser ponderadas de oficio por la Corte, pues su desaparición importa la del poder de juzgar, que ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un "caso" o "controversia", lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen.
Caducidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO OBRERO DE LA FRUTA c/ COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION CITRICOLA DE CHAJARI s/ CUOTA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-28

El artículo 304 del Código Procesal Laboral establece que la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 298 "pero antes" de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento, o sea, que la caducidad se tiene por operada a partir del momento en que el juez o tribunal la declara, con lo que tal resolución tiene carácter constitutiva y no declarativa. En el caso, una parte solicitó la rebeldía de la contraria, lo que implica haber instado el procedimiento con anterioridad a la declaración judicial de la caducidad.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, cuestiones procesales, costas, concursos, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESTANCIAS FRANCHINO HNOS. -QUIEBRA- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUIEBRA -INCIDENTE DE REPOSICION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-21

Si bien es cierto que la materia de costas no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por esta Corte, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre este tópico, tiene dicho que la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria, y que lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en el artículo 14 de la ley 48; también lo es, que dicha regla no es absoluta, dado que ambos Tribunales han afirmado que reconoce excepción en aquellos casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto mediante un claro apartamiento normativo o con manifiesta arbitrariedad. Tal como sucede en el caso de autos, en el que si bien en la resolución cuestionada se invoca la norma legal aplicable (art. 251 C.P. C. y C.), se resuelve, en definitiva, prescindiendo injustificadamente de la misma.

En efecto, la Sala luego de revocar el auto declarativo de quiebra dispone que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado. Dicha solución la fundó en que debido al carácter litigioso del crédito invocado por el peticionante de la quiebra éste pudo razonablemente creerse con derecho para obrar como lo hizo, citando expresamente al artículo 251 del C.P.C. y C. Sin embargo tal argumento no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, que permita dar sustento bastante a lo decidido en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial. Ello así pues no cualquier fundamentación puede ser aceptable, ya que si bajo la apariencia de tal se está dejando de lado el derecho que rige el caso, sin una razón valedera que realmente justifique tal apartamiento, lo decidido cae inexorablemente bajo la tacha de arbitrariedad.
Profilaxis antivenérea, casas de tolerancia, pena
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ LUGONES s/ PROSTITUCION.  (ART.  17  LEY 12.331). INEXISTENCIA DEL DELITO POR EL  IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO DE LA  PENA DE MULTA. DESESTIMACION. (ART. 200  C.P.C.). INEXISTENCIA DE DELITO (ART. 17 LEY 12.331).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

debe desestimarse la acción por inexistencia de delito (art. 200 C.P. C.) En atención al imposible cumplimiento de la sanción prevista en el art. 17 De la ley 12.331.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, bicicleta
Materia: COMERCIAL
Carátula: Araujo Lucía Catalina y Otro c/ Brugo Javier y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-29

Más allá de la postura que asimila la bicicleta al peatón (cfr. entre otros Cámara Civil y Comercial de Paraná Sala II en Revista de Derecho de Daños Tomo II pág. 318) en supuestos como el de autos en que la colisión se produce entre un automóvil y una bicicleta en movimiento, dado que la peligrosidad de ambos no es equiparable, el perjuicio provocado constituye un típico supuesto de daños causados "por la cosa" (por su riesgo o vicio) existiendo una presunción de responsabilidad en contra del dueño del vehículo de mayo porte, quien para exonerarse debe acreditar la culpa de la víctima ya que al reclamante le basta demostrar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la cosa.
Personas jurídicas, nulidad de asamblea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad pro sala de primeros auxilios de Lavallol s/ Impugnación de asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Tratándose de una asociación civil, todo lo atingente a la materia de nulidades o anulación debe regirse por los principios viscerales que sienta el Cód. Civil. Para arribar a la declaración de anulación en función del incumplimiento de los deberes del organismo directivo y los derechos de los miembros de la asociación reglados en los "estatutos", su interpretación requiere una valoración muy cuidadosa, que apunte al criterio de la finalidad de la institución, y la conservación de los actos realizados (arg. art. 1048 Cód. Civil). En consecuencia, frente al planteamiento de la nulidad de las asambleas de una sociedad civil no advirtiéndose la tipificación de ninguna de las causales previstas respecto de los actos nulos o anulables, cuando se arguye que ha mediado una inobservancia de determinado procedimiento previsto por los "estatutos", en la convocatoria de las mismas, debe excluirse la prevalencia de un formalismo que no sirve para satisfacer un interés jurídico tutelable (art. art. 1048 Cód. Civil).