marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus, derechos y garantías constitucionales, pedido de informes, condiciones de detención, orden de autoridad competente
Materia: PENAL
Carátula: NESTOR MARTIN GARZON s/ Acción Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08

A partir de la puesta en vigencia de la Ley 7301, el Juez de Detenidos y Garantías tiene el deber específico de resguardar y tutelar la salud e integridad física y psíquica de los internos, de conformidad con lo establecido en el art. 29 bis del C.P.P.- En el marco de la Ley mencionada precedentemente, el Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias tiene incumbencia específica -entre otras- para investigar la conducta funcional de los agentes integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario (art. 3 inc. b), los argumentos vinculados a la falta de investigación de tales hechos no pueden ser atendidos.
Constitución Nacional, interpretación de la ley, sistema federal, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Municipalidad de La Plata c/ ENTEL s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Se debe privilegiar la interpretación más acorde con las normas constitucionales: con la forma federal adoptada por la Nación Argentina para su Gobierno (art. 1. de la Constitución Nacional) y con el regimen municipal, cuyo aseguramiento constituye un recaudo inexcusable de la garantía que la Nación asume en el art. 5. de la Ley Fundamental.
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Claudio Abel c/ López Félix, Antonio s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-30

Corresponde la indemnización autónoma del daño moral (no contemplada en el art. 245 LCT), ante el caso del despido fundado en la denuncia penal de delito de hurto del trabajador efectuada por su empleador, la cual posteriormente quedara archivada, y ante lo que el denunciado sostiene haber sido gravemente lesionado en su dignidad.
Herencia vacante, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garreta, Martín Salvador s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-02

Los actos realizados por la Fiscalía de Estado dentro de los límites de una sucesión que se reputa vacante son considerados como hechos personalmente por la representada y en caso de resultar perdidosa en tal carácter en una contienda, la obligación que la imposición en costas genera es una carga de la sucesión y debe ser satisfecha con los bienes de ésta, salvo que la actuación del curador haya sido calificada como incursa en falta grave. Ello, a diferencia de lo que ocurre cuando representa los intereses de la Provincia, que es quien debe soportar la carga en tal caso.
Segunda instancia, doble instancia, defensa en juicio, proceso penal, jueces
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: T, A R Y OTRO s/ LESIONES CULPOSAS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 184 BIS-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27

La especial naturaleza del juicio criminal impide que pueda considerarse -a diferencia de lo que acontece en el procedimiento civil- limitadas las facultades jurisdiccionales por las respectivas pretensiones de las partes. El agravio definitivo proviene en el caso de la frustración del acceso del apelante a la segunda instancia que si bien no es requerida por la constitución, integra la garantía de la defensa cuando la ley lo ha instituido.
Personal militar, matrimonio contrario a los reglamentos militares, autorización para contraer matrimonio, libertad de elección del cónyuge, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La aplicación arbitraria del art. 681 del Código de Justicia Militar, afecta sin sustento legal la libertad de elección del accionante y viola el principio constitucional de igualdad ante la ley porque implica un trato diferente no avalado por la dimensión relevante de la misma circunstancia que identifica en el punto a civiles y militares (art. 16, Constitución Nacional) (Disidencia del Dr. Alberto Mansur).
Jubilaciones, pensiones, régimen jubilatorio, sistema previsional, control estatal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESNAL, Carlos por sí y en interés de terceros c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO - INCONSTITUCIONALIDAD - JUBILACIONES Y PENSIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-04-15

En la medida que la Provincia ejerza un control efectivo sobre el régimen de previsión social, cualquiera sea el sistema u organismo nacional o provincial a través del cual se efectúen las prestaciones, el mandato constitucional de fiscalizar el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad social debe considerarse satisfecho.
Acta de detención, plena fe
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: F, M E O DE Y OTRA s/ INFRACCION AL CODIGO DE FALTAS     EXPTE NRO 88-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-22

El informe policial que da cuenta de las circunstancias en que fuera detenida la incoada, no solo constituye documento público que hace plena fe hasta tanto no sea argüido de falso mediante acción penal o civil, sino que además encuentra apoyatura en las declaraciones testimoniales, claras, precisas y concordantes.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad, intereses, embargo, emergencia económica
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA 9 DE JULIO S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO (INCIDENTE DE REVISION A.F.I.P.)-CASACION  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-02-15

Si el Estado puede, en aras del bien común, producir una consolidación de todos sus pasivos con tasas de interés reducida (pues de otro modo no sale de la emergencia), no hay razón para no aplicar el mismo criterio cuando el deudor común, en beneficio de todos sus acreedores, recurre al procedimiento colectivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos administrativos, caducidad, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO. PROCESAL
Carátula: DONAYO, OSCAR FEDERICO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 449-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

Corresponde declarar no cumplida la caducidad de la instancia administrativa aducida por la Provincia en cuanto se está en presencia de un procedimiento administrativo concluido ya que se dictó el acto final del trámite del reclamo, que luego fue atacado mediante recurso de revocatoria. Por lo tanto durante el lapso que la demandada considera fue de inactividad de los actores, el procedimiento se encontraba en la etapa llamada "integrativa de la eficacia" o "fase de comunicación", que comprende todos los actos que tienen la finalidad de hacer conocido al interesado el contenido de la resolución, y la Provincia no puede valerse de la omisión de la notificación en el domicilio legal constituido para obtener, a su favor, la caducidad del procedimiento.
Prestación de servicios, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Muzzolini Romina Malena c/ Consejo General de Educación y otro s/ Acción de Amparo y Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-30

Vencido el último contrato que ligaba a la actora con el Consejo General de Educación el 30-09-03, ésta siguió cumpliendo sus funciones y percibiendo los haberes, no habiéndose acreditado que dicho organismo haya notificado su decisión de dar por concluidos tales servicios, no obstante la naturaleza precaria que los mismos tenían. En razón de ello, atento a que ha mediado una efectiva prestación de servicios, lo cierto es que los mismos deben abonarse conforme se venía haciendo en idénticas circunstancias, sin ser posible discontinuar tal pago por una decisión unilateral que no fue comunicada oportunamente, toda vez que no cabe presumir la gratuidad con que se llevaron a cabo las tareas conforme a lo establecido en el art. 1627 del Cód. Civil, siendo injustificada la falta de remuneración luego de haberse beneficiado la demandada con dicha prestación laboral, lo cual generaría un enriquecimiento sin causa para éste, en desmedro del derecho de propiedad de la demandante (art. 17 de la Constitución Provincial).
Elecciones provinciales, nulidad total, nulidad del acto jurídico, derecho de voto
Materia: ELECTORAL
Carátula: Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-09-16

Resulta nula la totalidad del acto eleccionario local donde se denunciaron anomalías durante la celebración de los comicios y los días posteriores , pues los hechos probados y su magnitud -clientelismo, falta de custodia de las urnas y hechos de violencia-, en tanto limitaron o influyeron el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar;

implican violaciones marcadas y manifiestas al artículo 37 de la Constitución Nacional y al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran principios de rango superior a los previstos en el Código Electoral Nacional.
Juicio de alimentos, depósito previo
Materia: CIVIL
Carátula: P. A. A. c/ Z.E.A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

En el juicio de alimentos es exigible el depósito previsto en el art. 280 del Código procesal, con las excepciones fijadas por el ordenamiento adjetivo y reconocidas por este Tribunal (del voto del doctor HITTERS).
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibañez, Aurora Clotilde c/ Sopoval, Alejandro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

El propietario está legitimado para accionar por desalojo, ergo su sucesor universal, y particular en su caso, luego si es negada tal calidad, sobre él pesa la carga de probarlo, y si no logra la pretensión, debe ser desestimada -arts. 3262, 3263, 3264, 3265 y concs. C. Civil y 375 del C. Proc.-.-
Despido, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, enfermedad profesional, indemnización agravada
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Enfermedad/Accidente de Trabajo: C., M. L.  c/ Jujuy Materiales SRL; B., J. C. y Galeno ART S.A.  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-12-07

Procede rechazar la demanda contra la empleadora y el socio gerente por daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, pues como la trabajadora reclama la indemnización tarifada a la ART accionada y acumula la acción por daños y perjuicios en contra del empleador y su socio gerente, al no ser posible la acumulación de acciones en virtud de lo normado por el art. 4° de la Ley 26.773, se resuelve el reclamo por enfermedad profesional a la luz de las normas sistémicas y no las del Derecho común. Por los mismos argumentos, corresponde que la acción por daños y perjuicios sea rechazada.
Condena condicional, in dubio pro reo, interpretación y aplicación de la ley, revocación de la condena condicional, sentencia condenatoria, unificación de penas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ Favio Flores Javier Nahin y otra c/  s/ Acuerdo Plenario Convocado en Expte. N 7.436 C/ Favio Flores Javier Nahin y otra por hurto simple S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-10-26

Extender o acomodar tal principio de la pena única o total (según lo prevé el artículo 58 del C.P.) a otra hipótesis que tiene un tratamiento singular como es la prevista en el art. 27 del C.P., sobre todo para dejar sin efecto un beneficio ya otorgado (generalmente por otro magistrado con pleno valor jurisdiccional y abarcado por la cosa juzgada material), sin darse los presupuestos legales fijados para su revocación, importa una interpretación totalmente sesgada y vedada al juzgador, de conformidad a lo previsto por las normas procesales imperantes (artículos 3 de la Ley 754-O y 6 de la Ley 1.851-O), por ser abierta y efectivamente desventajosa para el culpado.
Recurso de revisión (procesal), recurso de casación, inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ACINDAR IND. ARG. ACEROS S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-29

Sólo las tareas o trabajos profesionales son objeto de regulación conforme a la normativa vigente (arts. 1, 9, 14, 34, 35, C.C.Ley 7.269). Ningún principio o disposición legal señala que la declaración múltiple o compleja del pronunciamiento, por razones instrumentales, puede servir de base para una regulación de honorarios de igual carácter. Esa situación se presenta cuando, por razones de la materia, se acumulan cuestiones de la competencia de una sala y la del tribunal superior en pleno que, por exigencias legales de máximo nivel, deben dictar pronunciamiento formalmente distintos pero integrativos de una misma y única decisión sustancial.

El tribunal superior debe conocer, por intermedio de su sala civil, en la revisión (rectius casación) y en la revisión propia (incs. 1ro. a 8vo., 9 a 11 respectivamente del art. 1272 C.P.C.) y en pleno, en los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad (rectius casación constitucional art. 165 parte segunda Const. Prov. y art. 1274 C.P.C.). Cuando la declaración sobre costas se refiere a un sólo incidente compuesto por un pronunciamiento complejo o múltiple (integrado por dos interlocutorios dictados por el mismo oficio aunque con distinta composición) y una sola actividad, trabajo o tarea profesional es merecedora por ley de regulación única.
Uso de documento falso, idoneidad de la falsificación
Materia: PENAL
Carátula: Azúa Durán, Cristian Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-18

Siendo la falsificación tan grosera y ostensible que cualquiera puede notarla a simple vista, la conducta desplegada por el imputado deviene atípica. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Gestión de negocios, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREAL, FERNANDO Y OTRA c/ SALCEDA S.A.I.C. s/ CUMPLIMIENTO CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-24

La ratificación del negocio por su dueño resulta indispensable a los fines de su responsabilidad, pues de no existir la misma el gestor queda personalmente obligado y los terceros solo tendrán derechos contra el mismo.
Registro nacional de partidos políticos, valor probatorio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Marcelo Eduardo Chain s/ promueve acción declarativa de certeza y medida cautelar innovativa (Partido Autonomista)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-18

Las constancias del Registro Nacional de Partidos Políticos configuran prueba suficiente de los actos de los que dan cuenta.
Accidente de tránsito, giros
Materia: PENAL
Carátula: A, J C s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 10-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20

Carece de relevancia, como elemento determinante de responsabilidad, la titularidad en el embestimiento -que sin dudas reside en el motociclista-, pues éste "per se" no engendra aquélla, o si la obstrucción fue total o parcial, porque esto nada pone ni quita en la conducta del justiciable, ya que de cualquier manera lo que hizo éste fue precisamente interceptar la línea de desplazamiento del birrodado y esto sí es obstrucción.

Más allá de aceptar, como lo afirma el procesado, que con su brazo izquierdo extendido anunciara su voluntad de abandonar la arteria hacia su izquierda, esto es, invadiendo la mano de la víctima, la responsabilidad -o su exculpación- no puede simplemente descansar en aquélla, sino es menester encontrarla a través del mérito de su conducta al conjunto de las normas ordenadoras del tránsito.

Si bien la maniobra intentada por el justiciable conforme al artículo 50 de la ley de tránsito, es normativamente lícita, también es correcto que debe efectuarse guardando celoso resguardo de las pautas del artículo 44 -máxime cuando lo que trataba no era de ingresar a otra arteria sino a una casa-, para no transformarse en temeraria e indudablemente debe estar revestida de las suficientes notas de atención y prudencia (artículo 43) para de tal suerte evitar peligro para sí o terceros.
Recurso extraordinario, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales a las que se refiere el art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal inferior y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga.
Aplicación de la ley, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Cuiña,   Rodolfo   y  otros s/ contrabando e infracción a la ley 23.771 (causa n 39.022).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigna no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Disidencias de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López, del Dr. Antonio Boggiano y del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Tránsito automotor, ley de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: M., D.A. s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-30

La conducta que consistió en manejar el rodado en regular estado, con un sistema de frenos defectuoso y dotado de cuatro cubiertas en mal estado llevaba insita la noción del peligro; de peligro ostensible, que el sujeto conocía y aceptó. El tráfico rodado es un factor de peligro y implica de por sí un riesgo que exige precauciones. Conducir aquel automóvil, a una velocidad que impedía detenerse ante un obstáculo y arrollarlo cuando estaba parado, aumentó el peligro en sí y el riesgo que corrían todos. Si violando así un deber de cuidado, que para más se encuentra normatizado (art. 30 inc. b) de la Ley 4165, que adhiere a la Ley 24.449) el imputado causó una lesión, elemento del tipo penal en juego, se ha perfeccionado el delito previsto por el art. 94 del C.P., como correctamente lo consignó la Magistrado de la sentencia, que, a mi parecer, carece de defectos que la tornen impugnable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Machado Rufa, Esther c/ M.C.V. Manufactura de Carne Vacuna S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja subsistente la conclusión objetada.
Robo calificado, automotores, leyes, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Chamorro, Leonardo. Pecoff, Jesús. Benítez, Donato s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Las penas previstas por el art. 38 del dec. ley 6582/58, al no guardar la debida proporción con la gravedad del delito y el bien jurídico tutelado (elevando los mínimos hasta hacerlo exceder los correspondientes a igual delito perpetrado sobre otros objetos inmuebles) desnaturaliza la norma que pretende completar (art. 166), por lo cual el art. 28 de la Constitución resulta transgredido. Pero sobre todo, contradice el espíritu mismo de la Constitución.

Comparando las penas previstas para los distintos delitos en la legislación penal vigente, resulta que la impuesta por el art. 38 llega a ser más grave que la pena mínima para el homicidio simple.

De aquí se infiere que la jerarquía de valores que sustenta nuestra Constitución resulta seriamente dañada. En la cúspide de tal jerarquía está la vida humana, bien jurídico protegido (en el sentido del Código Penal) por excelencia, valor fundante y condición necesaria para el goce de todo otro derecho. Este concepto determina la esencia misma de la Constitución nacional y, en consecuencia debe respetarse en todos los niveles del ordenamiento jurídico. Prever una sanción penal más grave para una figura cuyo sentido finca en la defensa de intereses pecuniarios, que para aquella que resguarda la vida humana, significa atribuir una dirección materialista ajena al espíritu y a la letra de nuestra Constitución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inhabilidad de título, funcionarios públicos
Materia: CIVIL
Carátula: SERVICIOS ENERGETICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.CH.E.E.P.) c/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-03-27

Se advierte con meridiana claridad que la Cámara, cuando confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la ejecutada y en consecuencia dejó sin efecto la sentencia monitoria dictada en autos, tuvo en cuenta diversas circunstancias.: a) de la ley Nº 1307 y decreto provincial Nº 500/85 no surge que esté previsto procedimiento ni requisitos alguno del título objeto de ejecuciones fiscales, ni quienes son los funcionarios habilitados para emitir y suscribir los respectivos certificados de deuda; b) la falta de firma del presidente del Directorio -encargado de la conducción, dirección y administración de la Empresa (art. 8, ley 1307, y art. 9, decreto 500/85)-, y que resulta ser un elemento esencial del título, obsta también a la ejecución del mismo; c) el cambio de la carátula, la naturaleza del proceso y el dictado de la sentencia monitoria fueron consentidos por la propia ejecutante y se encuentran firmes. Todos estos argumentos no fueron impugnados en forma categórica por la recurrente extraordinaria. A más de lo expuesto cabe destacar que aún de haberse seguido el procedimiento solicitado inicialmente por el recurrente -esto es, la preparación de la vía ejecutiva-, la solución no habría cambiado. En efecto.una vez diligenciado el mandamiento de intimación de pago y embargo, la parte demandada podría haber opuesto la misma excepción de inhabilidad de título que la aquí admitida y las pautas legales para resolverla hubieran sido las mismas. Ello cancela definitivamente la suerte del remedio en trato.
Recursos, memorial
Materia: PROCESAL
Carátula: Demaría, Norma Beatríz c/ La Prontirud S.R.L. y/o García, Arturo Ernesto y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-02-07

La memoria debe consistir en una crítica concreta y razonada que, haciéndose cargo de los fundamentos de la sentencia, demuestren a la luz de las constancias de la causa, el eventual error judicial.