Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-09


Salta, 09 de Junio de 2010.

Y VISTOS: los autos caratulados "Anaquín, Gustavo Rodolfo vs. Avilez Torres, Agapito; Segovia, Cristina - Medida Cautelar, Embargo Preventivo Expte. nº 266.015/09 del Juzgado de 1ª. Inst. en lo Civ. y Com. de 6ª. Nominación, Exte. Nº CAM -302.651/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Vienen estos autos para conocer el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 101 contra la resolución de fs. 94/95 que hizo lugar al incidente de caducidad de la medida cautelar y ordenó el levantamiento del embargo preventivo oportunamente dispuesto.

En sus agravios de fs. 107/109 dice el apelante que el Juez interpreta erróneamente el momento del comienzo del plazo de caducidad, pues sostiene que se cuenta desde la presentación del oficio a la Dirección de Inmuebles, y no desde la efectiva traba de la medida, como señala la norma legal. Es decir, que el plazo no debe contarse desde el 12 de junio de 2009, fecha de la presentación del oficio a la Dirección de Inmuebles, sino desde el 23 de junio de 2009, fecha en que la Dirección de Inmuebles informa de la efectiva traba de la medida. Agrega que entre la fecha de presentación del oficio y la de información de la efectiva traba del embargo no existe certeza ni posibilidad de conocer precisamente si se lo ha efectivizado. Que la fecha de presentación es solamente a los efectos de los derechos que pudieran tener terceros, es decir a los fines de las preferencias. Que pudiendo ser negativo el resultado de la diligencia, el plazo no puede empezar a correr sino a partir del conocimiento que tenga el embargante de que efectivamente se ha producido la traba de la medida, es decir desde la fecha que así lo informa la Dirección General de Inmuebles en el expediente. En segundo lugar sostiene que aún contando desde el 12 de junio como lo hace la resolución de la Sra. Juez transcurrieron hasta el 25 de agosto del mismo año 2009 treinta días hábiles conforme el detalle que realiza. En consecuencia, aún en estos supuestos su presentación del escrito de demanda ha sido tempestiva. Por lo tanto cabe hacer lugar al recurso revocando la resolución de fs. 94/95 con expresa imposición de costas.

A fs. 111 y vta. contesta los agravios la parte demandada. Dice que el primer agravio del apelante no puede prosperar desde que precisamente en resguardo de la preferencia del embargante, la efectiva traba de la medida se corresponde con la fecha de presentación del oficio que la ordena. En segundo lugar sostiene que la suspensión de plazos procesales ordenada a fs. 81 a favor de la actora resulta absolutamente inoficiosa; no solamente porque el expediente de medida cautelar se agota con la traba de la medida, ocurrida con la presentación del oficio en el que se ordena con anterioridad a la solicitud de fs. 81, sino porque además dicha suspensión no tiene efectos para su parte, que no podía conocer de la existencia de una medida cautelar que no le había sido notificada. Por todo ello el recurso debe ser rechazado y la resolución debe ser mantenida.

II Según el art. 207 del Código Procesal de la Provincia, se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 30 días siguientes al de su traba. Dice Palacio al respecto, comentando la norma adjetiva del ordenamiento de rito nacional que le sirviera de antecedente a nuestro Código ("Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, Bs. As., 1985, tomo 8, pág. 58) que desde un punto de vista genérico, el proceso cautelar puede extinguirse si no se insta el curso de la correspondiente instancia y que el instituto se haya sujeto a un régimen específico de caducidad en la hipótesis de que la medida o medidas dispuestas se hayan trabado con anterioridad a la iniciación del proceso principal. El fundamento del principio del art. 207 ya transcripto es doble, pues estriba no sólo en la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida, sino también en la necesidad de evitar los perjuicios que ésta puede irrogar a su destinatario. Juegan, pues, valoraciones jurídicas de paz y de orden, no cabiendo, por otra parte, desdeñar la posibilidad de que, en la situación prevista, opere como una suerte de medida intimidatoria, finalidad que, como es obvio, no puede en modo alguno contar con amparo legal (Capel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f° 788).- Similar es la opinión de Novellino ("Embargo y desembargo.", Abeledo Perrot, Bs.As., 1979, pág. 77) cuando dice que su fundamento es el de evitar que una de las partes pueda ejercer presión sobre la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación del principio de igualdad, ya que, al decretarse y cumplirse la cautelar sin audiencia de la parte afectada, no puede ésta quedar indefinidamente trabada por la medida.

Lo que no debe perderse de vista en el tratamiento del instituto es que las medidas cautelares carecen de autonomía como tales, pues están preordenadas a la actuación del derecho sustancial que presuponen, y sometidas al plazo de caducidad establecido en el art. 207 del Código Procesal, cuyo fundamento responde a un doble orden de propósitos: la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida y la necesidad de evitar los perjuicios que ésta puede irrogar a su destinatario (CNFed Civ y Com. Sala I en L.L. 1997-D, 138).

De la misma manera que el Código Procesal otorga la posibilidad de obtener una medida cautelar antes de que se haya promovido el juicio, debe disponerse su cesación cuando la demanda no se entable dentro del plazo fijado desde su traba, pues de otro modo la ley concedería a una de las partes la facultad de presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional (CNCom. Sala B en L.L., 2000-F, 984 (43.225-S) - DJ, 2001-1-516).

También las doctrinas que asignan autonomía conceptual al llamado "proceso cautelar" exigen una correspondencia entre la cautela y la carga de instar el procedimiento contingente de la pretensión asegurada. Así lo demuestra el art. 207 del Código Procesal, del cual se infiere que aquélla cae por omisión de proponer la demanda en diez días (en nuestra Provincia de treinta días). Esto traduce un principio general operante también en la hipótesis de caducidad de la instancia, que requiere lapsos sustancialmente mayores (CNCom. Sala D en L.L., 1979-B, 359).

Se ha sostenido por la jurisprudencia en tal orientación que para que opere la caducidad que nos ocupa es menester que la obligación cuyo cumplimiento se trata sea exigible (Cám. Nac. Com. Sala A, en E.D. 235, n° 17 y Cám. Nac. Civ., Sala C, en E.D. 71-220) es decir que no esté sujeta a plazo o condición o a cualquier otro obstáculo de hecho o de derecho que impidiera la promoción de la demanda. Si la acción para actuar el derecho no estuviere expedita, el plazo de caducidad debe computarse desde el día siguiente al vencimiento del término o cumplimiento de la condición o de haber desaparecido el obstáculo jurídico o de hecho para deducir la demanda. (Podetti, "Tratado de las Medidas Cautelares", Bs.As, Ediar, 1969, págs. 116/117). La obligación exigible como principio, supone la posibilidad de iniciar la acción judicial dentro del plazo establecido (C.N.Fed. Cont.Adm., Sala IV, 24/8/94, L.L. Revista del 21/4/95, fallo n° 93.069).

Y, vinculado al plazo, se ha sostenido que reviste carácter perentorio (Palacio "Derecho Procesal Civil", Bs. As. Abeledo Perrot, 1985, t VIII, pág. 60), que sólo se computan los días hábiles (CApel.CC: Salta, Sala I, Fallos Año 1991, f° 234; Falcón "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs. As. Abeledo Perrot, 1988, t. II, pág. 257); y que inicia desde la traba de la medida precautoria, sin contarse el día en que ello ocurrió (Falcón, ob. cit. pág. 246; CApel.CC. Salta, Sala V, t VII, f° 485).(CApel.CC. Salta, Sala III, 30-5-05, "Refinerías vs. Selemin", expediente de Sala n° 124384, tomo año 2005, pág. 527/532). _ En materia de embargo sobre inmuebles, el día de la traba de la medida es exactamente aquél que ha sido informado como tal por la Dirección General de Inmuebles, en tanto se trata de la fecha a partir de la cual el inmueble aparece gravado. Sólo a partir de esa fecha tiene efectividad el gravamen cautelar y no desde una fecha anterior ni desde otra posterior, aunque la manda judicial haya sido presentada en fecha anterior o informada al Juzgado en fecha posterior.

En el caso de autos resulta claro el informe de la Dirección General de Inmuebles de fecha 23 de junio de 2009 (ver fs. 77) en el que se informa que la medida de embargo se trabó (es decir, se anotó con todos los efectos que de ello resultan) el día de la presentación del oficio que, según reza el respectivo cargo de recepción (como bien lo apunta la resolución atacada) ha sido el 12 de junio de 2009.

En consecuencia, siendo correcto el análisis realizado en la sentencia interlocutoria de fs. 94/95, el recurso no puede prosperar, debiendo imponerse las costas al recurrente, por resultar vencido (art. 67 y 68 del Código Procesal en lo Civil y Comercial). Voto en este sentido.

El Dr. Marcelo R. Domínguez, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Guillermo F. Díaz.

Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 101 y, en su mérito, CONFIRMA la resolución de fs. 94/95, con COSTAS.

COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y BAJE.