marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alteración de la tranquilidad pública, contravención continuada, bien jurídico protegido, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V. G, R s/ Articulo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-12

Una de las notas distintivas de la contravención continuada es que la continuidad en la conducta prohibida produce una mayor afectación del bien jurídico protegido.

No es por lo tanto de aplicación cuando dicho bien jurídico carece de gradación. No es posible afirmar que la tranquilidad pública pueda ser más o menos atacada tratándose, en todos los casos en que dicho agravio se ocasiona, de una afectación del mismo grado en la medida en que se considere que la tranquilidad publica protege "el derecho de todos los habitantes de esta Ciudad a vivir en un ambiente calmo y sosegado.

En el caso, no es de aplicación la categoría de delito continuado, debiendo regirse la cuestión, en lo referente a la pluralidad de hechos imputados, conforme al artículo 55 del Código Penal, de aplicación supletoria en la especie -artículo 10 del Código Contravencional.(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli).
Acción de revisión, cónsules, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López Mosquera, Andersson c/  s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Las alegaciones defensivas no se subsumen en las causales excepcionalísimas no cumpliendo con los recaudos establecidos para la interposición de la revisión, no obstante lo cual cabe agregar que no pasa desapercibida la falta de atinencia de las argumentaciones invocadas, desde que se alega que no se cumplió efectivamente y en tiempo oportuno con la obligación de informar a su asistido sobre su derecho a la asistencia consular, y también se formulan alegaciones respecto a la extinción de la pena que diera sustento a la unificación, en cuanto a su cómputo; y, en efecto, no pudo dejar de advertir la defensa pública las constancias que obran en la causa relativas a la notificación a las autoridades consultares no obstante la previa negativa del propio justiciable y que, pese a estar tales autoridades debidamente comunicadas -aún sin haber sido requeridas por el ciudadano extranjero-, éstas no tuvieron intervención alguna en la causa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 36
Notificación por cédula, cédula de notificación, instrumentos públicos, oficial notificador, intervención del oficial público
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ ROMERO OSVALDO LUIS Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-24

La documentación de las diligencias realizadas por el Oficial Notificador en el trámite de notificación por cédula, constituye un instrumento público de acuerdo con los términos del art. 979, incs.

2° y 4° del Código Civil (esta Sala, causa 3298 del 8.7.88; ídem Sala II, causa 8318 del 30.10.79; Maurino, A. L., "Notificaciones Procesales", p. 106, N° 61 y sus citas de jurisprudencia en nota 304, Astrea, 1985; Llambías, J. J.:, "Código Civil Anotado", T. II-B, p.

157 y citas de jurisprudencia en nota 8, Abeledo Perrot, 1979;

Belluscio, A. C. Zannoni, E. A:, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", T. 4, p. 488, N° 13 y sus citas de jurisprudencia en nota 78). Así, si el acto se realiza dentro de las formalidades y atribuciones legales, el acta labrada por el Oficial Notificador es un instrumento público que hace plena fe, tanto en lo que refiere a su forma exterior como también a su contenido.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A, R.J. s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados.   Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 310-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Del texto constitucional surge de modo claro que a la detención preventiva no se le puede atribuir una finalidad ajena a su propia esencia. La institución tiende, en cambio, a realizar en el proceso una función de cautela institucional (o procesal en sentido estricto), por un lado, y una función de cautela final, de otro, según un sector doctrinario, es decir, asegurar la buena marcha del proceso, bajo el aspecto probatorio, o bien, la ejecución de la pena que se impusiera con la sentencia definitiva.
Personería gremial, sindicatos, debido proceso, libertad sindical, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  c/ Sindicato Petrolero de Córdoba  s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

La ley 23.551, en reiteradas disposiciones, establece para los conflictos intersindicales y como específica garantía de debido proceso, el principio de bilateralidad o contradicción que debe regir en todos los actos administrativos que afecten personerías preexistentes (artículos 25, 28 y 62 del mencionado cuerpo legal); ello, en su aspecto más primario, supone que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se entabla la contienda de representación, dándole la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso, y de plantear las cuestiones que sean conducentes para la correcta solución de la causa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bellini de Jurado, María L. c/ Bascovic, Juan Miguel y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Debe exigirse un mayor deber de guiar y obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas al conductor profesional experimentado que guía un rodado pesado el cual ocupa un largo espacio y de poca maniobrabilidad en el particular: camión con su chasis cargado de vacas que lleva enganchado al mismo un cargador con seis caballos-, que transita por un acceso principal a la ciudad en la que reside.- Además debe extremar las precauciones al girar cruzando la ruta ocupando todo el ancho de la misma, debiendo cerciorarse que la maniobra no implica riesgo para sí o para terceros.-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, quiebra, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

La privación del derecho a intervenir en el procedimiento previo a la declaración falencial, que en el caso se verifica a través del dictado del auto de quiebra sin otro trámite que el pedido formulado por el Banco Central de la República Argentina y una providencia que, en lo pertinente, dispone el pase de los autos a estudio para el dictado de sentencia, aparece inescindiblemente ligada a la vigencia efectiva de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Y, más allá de que las cuestiones debatidas se vincularían,al menos, en parte, con materia reservada a los jueces de la causa y,por ende, ajena, en principio, al remedio extraordinario, tal premisa debe ceder, cuando puede verse afectada la garantía constitucional invocada. (De la Disidencia del Dr. Iribarren)
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MEZA HECTOR DANIEL c/ COBO PABLO HERNAN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

Para alcanzar una correcta tarifación del rubro "Incapacidad Sobreviniente", los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos - si bien son de mucha importancia - constituyen solamente uno de los parámetros a tener en cuenta en la formación del pertinente juicio de valor sobre el daño que sufrió la víctima y sobre la medida de tal daño, debiéndo ponderarse en conjunción con otros varios factores (edad, trabajo que desarrollaba, contexto económico y social en el que ejercía su habilidad, etc.), a fin de poder así esclarecer de que manera tales porcentajes gravitan en la situación específica del afectado; sin que ello implique un apartamiento de las conclusiones dictaminadas por el experto, sino tomarlas como punto de partida, para en su integración con los otros factores ya citados, examinar en que medida la incapacidad trasciende "efectivamente" en la existencia productiva y total de aquel.
Juicio ejecutivo, revocación de sentencia, subasta, sentencia penal, procesos de conocimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: NALDI, CARLOS ENRIQUE C/D ALICANDRO, MARIO DANIEL S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

Cabe revocar la resolución en cuanto rechazó la nulidad de la ejecutoria, decidió suspender la subasta dispuesta en la causa. Ello con base en cierta causa penal en trámite. Señalase liminarmente, que no corresponde supeditar el dictado de la sentencia a la exigencia de determinado pronunciamiento en sede penal; pues se trata de materia ajena al universo discursivo propio del juicio ejecutivo y, en principio, insusceptible de tratamiento en éste proceso de reducido marco de cognición (Cfr. esta Sala en autos "Lacarta, Guillermoo, Andres c/ Fundación Científica Felipe Fiorellino s/ ejecutivo, del 18/6/21). Y si bien, en el caso, no se soslaya que ha iniciado en forma posterior, una causa penal dando cuenta de la existencia de una denuncia penal por una supuesta estafa que involucraría a la actora y los pagarés aquí reclamados. En tal contexto, resulta inaplicable en el particular la directiva contenida en el CCCN 1175, ya que la decisión emitida en el marco de este proceso no reviste el carácter de definitiva al ser viable su revisión por el cauce previsto por el CPR 553. En ese marco y en tanto la sentencia dictada en juicio ejecutivo sólo hace cosa juzgada formal ya que resulta revisable mediante juicio "ordinario", posterior, no existiendo en principio prejudicialidad de la causa penal denunciada; ya que así como la sentencia de trance y remate puede quedar sin efecto mediante el señalado proceso de conocimiento, ésta también sería la vía idónea para encauzar los efectos de una sentencia penal en contradicción con lo resuelto en la ejecución, con lo cual queda descartada toda posibilidad de escándalo jurídico.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRUPIA RAMON ROBERTO c/ VIOLAZ PEDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS LAGORIO DANIEL A. c/ BUTARA OMAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS FANEGO VICTOR C. c/ MARIANI RUBEN E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11|1990-02-15|1990-11-20

En el caso del art. 1113, si sólo se determina que procede la eximición parcial de la responsabilidad, ésta es completa en la proporción que se determina, sin perjuicio de que el deber de indemnizar recaiga sobre otros sujetos, es decir que el dueño o guardián responde únicamente por la parte de la cual no está eximido, con prescindencia de la responsabilidad del tercero que actuó culposamente.
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marsa de Bertini, Teresa s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-16

Los pagos realizados en el expediente, aunque sean parciales, no pueden ser rechazados por el acreedor, ni dilatarse su extracción pretendiendo luego que la actualización y el curso de los intereses corran hasta el momento en que se efectivizó la misma. Ello es así por cuanto no puede agravarse innecesariamente la situación del deudor, quebrantando los principios de justicia y equidad que deben guiar a los magistrados en todo momento para la eficaz realización del derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, contribución solidaria, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Unión del Personal Civil de la Nación UPCN c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

Existe cosa juzgada en sentido formal si contra la sentencia no se pueden articular recursos de ninguna naturaleza y cosa juzgada en sentido material si, además de no ser susceptible de recurso, lo allí decidido tampoco es pasible de revisión en el marco de otro juicio a través del cual se procura la obtención de un resultado distinto. Esta última circunstancia es la que se verifica en el caso ya que en el marco del juicio anterior seguido entre las mismas partes y en el que también se perseguía el cobro de diferencias en concepto del mismo aporte solidario (establecido en el art. 103 del convenio colectivo homologado mediante dec. 66/99) donde fue rebatido y resuelto mediante sentencia firme que la aplicación del porcentaje con el que la demandada liquidó el aporte solidario correspondiente a su personal desde la vigencia del convenio colectivo homologado, resultaba ajustado a derecho. Por ende, el pronunciamiento aludido tiene un carácter vinculante para ambas partes e impide reabrir el debate sobre una cuestión que se resolvió con efectos de cosa juzgada, ello, más allá del estado procesal de "rebeldía" de la demandada, en la medida en que constituye un deber de los jueces propender a la averiguación de la verdad material de los hechos, para lo cual goza de facultades instructorias específicas (art. 386 CPCCN). (Del voto del Dr. Stortini).
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, mandatario
Materia: CIVIL
Carátula: De La Riva, Thelma Lia c/ Consorcio Sanchez de Bustamante 2.639 s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Al ser el administrador del consorcio de copropietarios un mandatario legal (art. 11 de la Ley 13.512), pues su existencia está impuesta por la ley (art. 9 inc. a), si éste incumple con la obligación de notificar las liquidaciones de expensas y gastos mensuales, esa conducta determinará que el consorcio mandante deba soportar las consecuencias que de ella se deriven, sin perjuicio, claro está, de las acciones que tiene a su alcance por el obrar que lo perjudica.
Robo, tenencia de la res furtiva
Materia: PENAL
Carátula: CARLOS RODRIGUEZ s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-09

La tenencia de la res furtiva o de parte de ella, ya sea en poder de los imputados o de aquellos a quienes estos fueron dándosela en préstamo, permuta o venta, resulta un indicio de mucha importancia como para tenerlos por sí como ligados al acontecimiento sin duda alguna, no empañando esta afirmación la circunstnacia de que el encartado haya negado ser el autor del evento y los efectos -cuya tenencia no negó- diga que son de su propiedad. Ello es así, puesto que la contundencia con que el perjudicado reconoció todo lo secuestrado autoriza a aceptar que todo formó parte de la res furtiva y consiguientemente que el acusado es mendaz.
Proceso penal, imputado, libertad, cumplimiento de la pena, delito penal, disminución de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., F. s/ Cese de prisión (Expte Nº3-97, Resolución Nº8, Tomo 3, Folio 219)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-02-18

No habiendo disposición expresa respecto al encuadramiento legal del hecho a tomar a los efectos de apreciar la eventual procedencia de un cese de prisión, por estar en juego la libertad personal y por tratarse de un mero juicio de probabilidad sin otra repercusión más que sobre la privación de libertad del imputado, la calificación legal dada en el procesamiento no resulta obligatoria y el tribunal puede apartarse de la misma siempre que existan elementos de mérito suficiente, como en el caso tomar el encuadramiento jurídico utilizado por el sr. Fiscal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena, fiscal de Cámara
Materia: PENAL
Carátula: Miño, Ernesto Oscar y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

El recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el Fiscal de Cámaras es inadmisible en los casos en que -siendo aplicable el art.

342 -núm. ant.- del C.P.P.- el Ministerio Fiscal solicitó pena de prisión, aún cuando hubiera recabado también la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado (art. 52, C.P.), ya que ésta es una medida de seguridad y no la pena a que se refería el texto citado del Código Procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, diferencias salariales, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: HEIDEL FERNANDO c/ ROSSI HUGO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-28

La intimación del trabajador en los términos del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, referida a la pretensión del cobro de diferencias salariales originadas en el desempeño de una categoría superior, carece de cualquier efecto ya que fue recibida por el empleador luego de haberse extinguido el vínculo entre las partes y porque fue contestada sin que, en modo alguno, resulte exigible para el empleador especificar detalladamente cada uno de los rubros o conceptos reclamados, bastando la negativa genérica. Debe destacarse el consentimiento de la trabajadora durante el transcurso de la relación, sin objetar la categoría registrada en los recibos de sueldo.
Contrato de suministros, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Microfilm Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

El pedido de ampliación de plazo vencido con exceso el término de entrega establecido en las bases de la Contratación, excluye el concebir el comportamiento del contratista como activo y diligente en el marco de la buena fe contractual, que no admite actitudes displicentes (doctr.causas B.47.554 'Cabrera y Garaventa' sent.del 9 /9/80, D.J.B.A. t.119 pág.829; B.47.439 'Constructora del Plata', sent.del 21/8/79; B.47.489 'Cogelec' sent.del 8/7/80, D.J.B.A. t.119 pág.602; B.47.703 'Valenzi', sent.del 17/2/81, D.J. B.A. t.120 pág.225; B.47.178 'Sorsa' sent.del 19/5/81, D.J.B.A. t. 121 pág.93).
Estupefacientes, tenencia simple, cantidad de estupefacientes, bien jurídico protegido, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, DANTE s/ INFRACCION LEY 23737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

La tenencia ilegítima de estupefacientes conforma una conducta que excede el marco del derecho a la intimidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional. Ello así, porque dicho accionar implica necesariamente la presencia de dos o más partes intervinientes; aquella que proporciona la sustancia prohibida y la que lo adquiere, además de los participantes de los restantes estadios relacionados con la producción, fabricación, intermediación, etc. todo lo cual indica una complementación entre el toxicómano y el traficante, desarrollándose de tal modo una particular y dañina simbiosis, la del hábito vicioso y del comercio espurio.
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, deber de información, sistema interamericano de Derechos Humanos, competencia contenciosa del tribunal internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia c/ Guatemala s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-09-21

La obligación de los Estados Parte en la Convención Americana, acerca de acatar lo dispuesto en las sentencias de la Corte, es consecuencia de haber reconocido la jurisdicción obligatoria del Tribunal, lo que incluye asimismo, el deber estatal de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado, lo que resulta sustancial a los fines de evaluar el efecto de sus decisiones en el marco del sistema interamericano de derechos humanos.
Recurso contencioso administrativo, plazo, duplicación del plazo, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Capodano, Raul Alfredo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 522-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Si bien la ley prevé la duplicidad de los plazos en los juicios en que el ente público intervenga y en el proceso contencioso administrativo esta intervención se produce, normalmente, luego de la declaración de admisibilidad del recurso, lo cierto es que el juicio contencioso administrativo está articulado necesariamente con los recursos administrativos previos, deducidos ante la Administración, por lo que no cabe interpretar restrictivamente esa norma admitiendo la duplicidad sólo a partir de la efectiva intervención de la demandada en sede judicial. Tal interpretación respeta en mayor medida el derecho a la jurisdicción que establece la Constitución provincial (artículo 7), y permite una más acentuada tutela de las situaciones jurídicas subjetivas de los litigantes -en el caso, considerar que la demanda debía presentarse en el plazo de quince días implicaría privar al recurrente de la posibilidad de defender ante el Poder Judicial el derecho del que sostiene ser titular-.
Caducidad de instancia, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. C. y Otra c/ R., R. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ MEDIDA CAUTELAR s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

En cuanto a la inapelabilidad de la resolución que no hace lugar a la caducidad de la instancia, Roberto Loutayf Ranea expresa que la regla establecida por el art. 317 del Cód. Procesal abarca tanto a la decisión principal de rechazo de la caducidad de la instancia como el pronunciamiento accesorio sobre costas, toda vez que no resultaría posible emitir juicio acerca de éstas sin hacerlo también respecto de aquellas.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTES Nicolasa Maria del Carmen c/ Francisco Monstes Sacif s/ Nulidad de Asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-02

Los plazos de caducidad de la instancia corren desde la última petición de las partes o providencia o actuación del tribunal que tenga por objeto impulsar el procedimiento (art. 295 del C.P.C.), y no desde que la misma quedó notificada o adquirió firmeza.- Tratándose de un plazo de meses, termina el día que el mes respectivo tenga el mismo número de días de su fecha de inicio (art.25 Cgo. Civ.).
Mala praxis, responsabilidad médica, obligaciones del médico, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: C., R.P. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios (Resp. Prof. Médicos y Aux.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

El médico cirujano demandado resulta responsable por los daños padecidos por un paciente que fue sometido a una cirugía maxilar, pues, se ha demostrado que existió una conducta negligente del galeno al realizar un indebido cambio en el plan quirúrgico por falta de insumos, que trajo como resultado una cicatriz secuelar innecesaria por un procedimiento que no se realizó, alterando la armonía del rostro del damnificado, sin que se hubiese acreditado que las secuelas mencionadas sean una consecuencia inherente a los riesgos que el tratamiento dado podía ocasionar.