marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución hipotecaria, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: ABELLI LUIS c/ BROVIA ALBERTO s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

El alcance dado a la garantía hipotecaria por el art. 3111 del Cód.

Civil incluye, los daños causados por el incumplimiento, y sea por las cláusulas de estabilización autorizadas para las hipotecas por la ley 21.309, sea por los efectos que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido a la moral responsabilizando al deudor por los daños que ocasiona la depreciación monetaria al acreedor, no puede negarse que en una ejecución hipotecaria fuera de toda problemática concursal o de falencia, el acreedor debe percibir su crédito actualizado.
Dictamen pericial, prueba legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Asenjo, Julián y Otros c/ Edil Sud S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-02

"Si bien las normas procesales vigentes no acuerdan al dictamen pericial carácter de prueba legal, no deja de ser cierto que cuando él comporta la necesidad de una precaución específica en el campo del saber del perito -técnicamente ajena al hombre de derecho- para desvirtuarla es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir eficientemente en el error o en el inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos que por su profesión o título habilitantes necesariamente ha de suponerlo dotado".
Sucesiones, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marini, Federico s/ Sucesión, Art. 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Siendo la naturaleza de las medidas que autoriza el art. 725 del CPC, esencialmente precautorias, se exige como requisito esencial para su procedencia la existencia de una apariencia o verosimilitud del derecho que ampare las pretensiones de sus peticionarios. Lo cual implica que deben adoptarse siempre que a criterio del Juez exista la posibilidad seria de un perjuicio a herederos, legatarios e incluso acreedores del causante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, contratos, interpretación del contrato, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Asociación Amigos de Calle San Martín c/ Minen, Graciela s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Desalojo  (Expte.: C.S.J. Nro. 45 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede prosperar la queja interpuesta contra la decisión de la Sala, desde que ésta -entendiendo que la naturaleza de la relación contractual que vinculó a la Asociación Amigos de calle San Martín con la recurrente se regía por las normas de derecho privado-, interpretó el contrato en el marco del artículo 1198 del Código Civil, desentrañando cual fue la "real intención" que tuvieron las partes al fijar sus cláusulas, respecto al pago por la locación del kiosco y a la forma en que debía ser cumplido. Por lo tanto, al margen del grado de acierto o error, y aunque pueda resultar criticable, la exégesis que, al respecto, adoptara el a quo no consigue ser conmovida por la argumentación de la quejosa, por cuanto la naturaleza y calificación que pretende atribuirle, correspondería, en su caso, a la concesión en sí, más no al acuerdo contractual que, en el sub judice, fuera celebrado por la concesionaria con la demandada, lo que la torna inapropiada para descalificar lo decidido al respecto.
Recibo, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MACHUCA MIGUEL c/ RAUL PEREYRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O PROPIETARIO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-10-18

La actual redacción del art. 142 de la L.C.T.antepone a la mera verdad formal, la verdad sustancial, por lo que difiere a la justicia ordinaria decidir sobre el valor probatorio de recibos no otorgados con la totalidad de los recaudos.
Legitimación procesal, amparo colectivo, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Si el actor pretende canalizar sus reclamos por la vía de los derechos de incidencia colectiva respecto de los cuales el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga aptitud procesal para accionar, resulta imprescindible brindar una explicación clara y precisa sobre cómo y por qué se ve afectado el medio ambiente y el derecho de los habitantes a gozar de él y aportar elementos concretos que den cuenta de un daño actual o previsiblemente cierto en el futuro generado por la construcción de la obra cuya autorización se impugna. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Preux, Enrique A. y otro c/ Recalde, Arnaldo M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Habiendo ofrecido la parte actora como prueba la causa penal, debió al menos ensayar alguna explicación que enervara el resultado desfavorable de las declaraciones testimoniales contenidas, habida cuenta que, "quien expresamente hubiere propuesto como prueba las actuaciones en sede penal, asume el riesgo de que resulten desfavorables".-
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Gerfo, Jorge Ramón c/ Fernandez y Cía. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-29

Resulta inadmisible que se pretenda completar una sentencia, que carece de motivación, en la resolución denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el recurrente. Ello en tanto, la aclaración posterior vertida por la Cámara resulta inocua y no debe tenerse en cuenta, por extemporánea y por no suplir los vicios de la sentencia que se atacara en el recurso extraordinario. Ello en tanto, lo contrario implica no sólo una subversión del orden procesal que a través de actos sucesivos concluye en la sentencia, sino una afectación directa y significativa al debido proceso legal, resultando además evidente que la parte agraviada por la sentencia tuvo que basarse en ella para elaborar su recurso y fundamentar sus agravios.
Derecho electoral, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en autos: Vega, Rubén Darío y otro s/ solicitan nulidad de las resoluciones adoptadas por la Convención Nacional del partido Unión Popular O.N., el 5/11/11 - medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Corresponde declarar desierto el recurso de apelación intentado, puesto que el memorial no reúne los requisitos mínimos e indispensables para ser considerado como una eficaz expresión de agravios en los términos del artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que los recurrentes se limitan a formular consideraciones genéricas sobre lo resuelto sin efectuar una crítica concreta y razonada de la decisión que cuestionan.
Inimputabilidad, revocación del sobreseimiento, menores, presunción de inocencia, Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: J. B. c/  s/ encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Debe revocarse la resolución que declaró no punible y sobreseyó a un menor de quince años de edad, en orden al delito de encubrimiento, dado que la verificación de la inimputabilidad de iure por la edad, no autoriza a ignorar el orden de prelación bajo el cual, obligatoriamente, debe analizarse su situación procesal (art. 337 del C.P.P.). En consecuencia, no debe descartarse la posibilidad de una desvinculación más absoluta y debe brindarse al menor la oportunidad de proporcionar su versión, de conformidad con lo establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional y por la Convención de los Derechos del Niño (arts. 12 y 40), en tanto el menor tiene derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial que le afecte y a ser informado de los cargos que pesan contra él.
Contratos, leasing, venta con reserva de dominio, fijación de precios, gastos de mantenimiento de cuenta, dólares, pesificación, reajuste de precios, aplicación de la ley, esfuerzo compartido, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MSF/HSF Argentina SA c/ Galeno SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

La cotización que debe ser utilizada en el caso, a los efectos del cálculo de la brecha, es la que resulta del llamado "dólar MEP o Bolsa" (cfr. voto en disidencia del Dr. Vassallo in re "Ortola Martínez, Gustavo Marcelo c/ Sarlenga, Marcela Claudia s/ ordinario", del 15/10/20). Disidencia parcial del Dr. Vassallo
Daños y perjuicios, dependientes, responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medina, Miguel Angel c/ Godoy, Walter Félix y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

El deber de portar el arma reglamentaria, aún no encontrándose en ejercicio de sus funciones, ingresa al conflicto la nota de facilitación del hecho, a lo que debe agregarse que la culpa en la elección gravita sobre el Estado, porque dicha reglamentación armó de manera permanente el brazo del dependiente, quien en el marco de su incumbencia o con motivo de ella, obró el hecho que produjo el daño.
Suspensión del juicio a prueba, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: Vecchio, Susana María Amalia s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30

Si el delito que se reprocha está previsto en el art. 1° de la ley penal tributaria 24.769, resulta aplicable el precedente "Nanut" de la CS que, con remisión a "Acosta" declaró procedente la suspensión del juicio a prueba pese al agravio del acusador particular que expresamente había hecho hincapié en la incompatibilidad del instituto en el régimen previsto para la materia tributaria, máxime teniendo en cuenta que el titular de la acción pública se manifestó expresamente acerca de la procedencia del beneficio y por otro lado, ha caducado la posibilidad de la defensa de acogerse al beneficio de la extinción de la acción penal previsto en el art. 16 ley 24.769, pues la causa ya ha sido elevada a juicio. (Dres. González Palazzo, Hornos y Diez Ojeda).
Contrato de trabajo, pluralidad contractual, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Morone, Silvina Graciela c/ Cabrera, Mónica s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-13

Siendo que la actora se repartía en las actividades que los tres profesionales le encomendaban, sujeta a los días que cada uno atendía su consultorio y a sus requerimientos laborales y habiendo sido denunciado el contrato de trabajo respecto de uno sólo de ellos, no cabe hacer lugar a la condena solidaria reclamada. Ello así, ya que en el caso no se ha alegado ni demostrado que los tres profesionales conformaran una sociedad ya que las ganancias de cada uno de los profesionales que trabajaban en el consultorio no se repartían, sino que se beneficiaban en forma individual, lo que permite considerar que se trató de sujetos empleadores plurales, puesto que no resulta viable inferir que la relación se llevó a cabo exclusivamente con la demandada y que la prestación de servicios respecto de los restantes "empleadores", lo fue a título gratuito (cfr. art. 115 L.C.T.). Boletín Nro. 250. Toq. 1178.
Prisión perpetua, extinción de la pena, aplicación de la ley, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Marta Liliana c/  s/ legajo de ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

El art. 16 -que integra el Código Penal desde su sanción sin sufrir modificaciones- dispone dos supuestos distintos en los que va a proceder la extinción de la pena de prisión perpetua. El primero de ellos es de aplicación para las penas temporales, que van a quedar extinguidas a su término, el que se encuentra determinado desde el momento mismo del dictado de la condena. El segundo se refiere a los supuestos de penas de prisión perpetua, que si bien en nuestra legislación tienen una duración indeterminada al momento de dictarse la condena, ella resulta determinable precisamente por la aplicación en conjunto del citado artículo y del art. 13 del Código Penal. Esta clase de penas se van a extinguir transcurridos los cinco años desde el otorgamiento de la libertad condicional (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, no obstante lo cual los jueces deben aplicar la Constitución en los casos sometidos a su decisión, de acuerdo a la facultad que les otorga el art. 100 de la Ley Fundamental, en cuanto les encomienda el control de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado y de las normas que ellos dicten.
Competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: FRIGORIFICO FEBER S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de exención de prisión. CAUSA:  36234.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-04

En tanto los incidentes son accesorios de los autos principales y deben correr la suerte de éstos últimos, al declararse la incompetencia del tribunal en los autos principales y remitirse las actuaciones al Juzgado Federal de Junín y encontrándose firme este pronunciamiento, corresponde remitir a dicho Tribunal el incidente de exención de prisión.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivas, Domingo y otro c/ Quetzal Electrónica S.C.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

No puede afirmarse que haya traducido impericia conductiva -ni siquiera en un profesional-, el haber elegido en un plazo muy breve -acaso, pocos segundos- girar a la izquierda para recostarse contra su contramano, si la escena que afrontó el conductor del camión (ante la pick-up que luego de haber recorrido más de cien metros por la banquina que no le pertenecía, penetró nuevamente en la ruta de modo oblicuo, cuando el transporte estaba próximo), no contenía elementos indicativos de que esa maniobra hubiera podido ser inconveniente para evitar la colisión.-
Sentencia, plazo, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basavilbaso, María Adela c/ Prata, Ernesto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

No corresponde decretar la nulidad del fallo si éste se dictó dentro del plazo legal desde que el proceso se encontró en estado de ser resuelto, luego que el Vocal que tenía a su cargo la causa se desprendió de la misma cuando la parte interesada reclamó la pérdida de jurisdicción (art. 167, C.P.C.C.).
Emergencia sanitaria, coronavirus, libertad de circulación, decretos nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Habeas corpus plurindividual c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-03-19

Se advierte que el Decreto Nacional 168/2021, salvaguarda directamente el derecho constitucional y convencional a circular libremente por todo el territorio argentino, entendiendo que si bien dicho derecho puede ser restringido, ante una situación excepcional como la ocurrida a nivel no solo regional sino mundial por el estado de emergencia sanitario por COVID-19, esta restricción actualmente sólo puede darse ante la existencia de los indicadores explícitamente allí definidos.
Despido indirecto, suspensión del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ ELISEO FRANCISCO c/ AUTOCONTROL s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-26

Si la suspensión notificada al trabajador lo fue conforme a ley, pues no se advierte en la misma desproporcionalidad (3 días de sanción) y éste cuestionó la causal, equivocó la vía jurídica, ya que conforme lo expresa el art. 67 de la Ley 20744 él debía cuestionar la sanción, lo que efectivamente hizo, pero dicho cuestionamiento sólo lo habilita para iniciar la acción por el cobro de los días de suspensión, para el caso que los mismos le fueran descontados, pero no constituye injuria de entidad suficiente como para justificar la rescisión del vínculo laboral en los términos del art. 242 de la Ley 20744. La carencia de injuria de entidad suficiente demuestra la improcedencia del reclamo del trabajador.

Lo que debió haber hecho el trabajador, en lugar de considerarse indirectamente despedido, por el rechazo de la causal de suspensión, era vencido el plazo determinado en la misma, reintegrarse a trabajar e iniciar la acción legal para reclamar el pago de los salarios por los días de suspensión.-
Intereses, constitucionalidad, adicionales de remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO EN J: 132250 TRANSPORTES DE PASAJEROS GENERAL ROCA S.R.L. c/ Contra Marcos Segundo Olmos y Gobierno de la Provincia s/ Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad - Casación (LIBRO: S238 -  144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-12

La ley 3939 es, en principio, constitucional, no obstante la sanción de la ley 3939, en razón que no es posible que el legislador nacional haya prohibido al legislador local lo que permite a las partes; la ley local consolida la igualdad ante la ley, pues permite a cualquier acreedor, no sólo a las entidades financieras, percibir tasas activas; tratándose de deudas reclamadas judicialmente, debe existir un plus, por mínimo que sea, que desaliente el aumento de la litigiosidad; no es cierto que en las obligaciones dinerarias deba indemnizarse sólo el lucro cesante, ni que este consista exclusivamente en lo que el banco pagararía al acreedor; y tampoco que las tasas activas producen simpre un enriquecimiento del deudor.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Chubut, poder de policía, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pesquera  Olivos  S.A.  y otra c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde a la competencia originaria de la Corte la pretensión que se dirige contra la Provincia del Chubut si la materia sobre la que versa el pleito tiene manifiesto contenido federal, en la medida que, al dictar las normas cuestionadas dicho Estado local, con fundamento en el ejercicio del poder de policía, se habría arrogado funciones que no le competen, con exceso de sus facultades y lesión de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, Superintendencia de Seguros de la Nación, poder de policía, policía administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gutiérrez, Heldo c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda que pretendía la reparación de los daños y perjuicios deducida contra la Superintendencia de Seguros de la Nación por su responsabilidad en la omisión en el ejercicio del poder de policía que la ley 20.091 le impone ya no es posible soslayar la diferencia entre las competencias de dicho ente para ejercer el poder de policía, de carácter eminentemente administrativo, y la actividad aseguradora que es típicamente comercial, de allí que el deber del Estado de fiscalizar -ya sea examinando todos los elementos atinentes a las operaciones de los aseguradores, adoptando medidas correctivas o bien sancionando los incumplimientos- no pueden ser entendidos como una garantía contra la insolvencia de los operadores, porque de ser ello así traería aparejado que los riesgos de la actividad comercial de las aseguradoras se transfirieran al Estado.
Delito culposo, impericia, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Tassi, Miguel Angel s/ Homicidio - Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Si bien no cabe establecer como norma general que un conductor que se encuentra con su vehículo que, saliéndose de su mano, se dirige en su dirección, debe, invariablemente, salirse del camino, en la especie haber observado una conducta distinta configura, de parte del acusado, una "impericia en su profesión" en los términos de los arts. 84 y 94 del Código sustantivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuota alimentaria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE R. C. c/ O. R. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-26

El origen convencional de la prestación alimentaria, no puede constituir un obstáculo para alterar su cuantía o disponer su extinción, porque está sobreentendido que la obligación fue contraída bajo la cláusula "rebus sic stantibus", es decir, en vista de un determinado estado de cosas cuya subsistencia es condición del acuerdo. Alterado ese estado de cosas por sobrevenir nuevas circunstancias de hecho, la obligación puede modificarse o extinguirse por que esa fue la voluntad implícita de las partes.

Nunca puede afirmarse que un contrato que proyecta sus efectos hacia el futuro sin término de duración, tenga carácter "vitalicio" y no pueda sufrir modificación alguna en vida de los contratantes. Por el contrario, salvo una previsión expresa, en materia alimentaria esas convenciones se entienden siempre concluidas con sujeción a aquella cláusula, o sea para perdurar mientras subsisten inmodificadas las circunstancias de hecho que determinaron su celebración.

Ese cambio de circunstancias debe ser comprobado suficientemente, al menos en el grado necesario para acreditar que el alimentante no está en condiciones de solventar la cuota.

Cabe señalar, que el divorcio vincular tiene, en cuanto al régimen alimentario, los mismos efectos que la separación personal (C.

Civil, arts. 217 y 207), de modo que por sí mismo, y mientras no concurran las circunstancias que prevé el art. 218 C. Civil, no produce la resolución de los convenios que los esposos hubiesen podido celebrar en esa materia.-
Causa simulandi, transmisión de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Azzi, Maria Susana, Azzi, Mariano Cesar y Villanueva de Azzi, Susana Marta c/ Azzi de Zimmermann, Maria Marcela s/ Accion e Simulación -Anulación Acto Juridico - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

Debe considerarse que no se acreditó la causa simulandi invocada para sostener que el acto de transferencia de acciones fue simulado -esto es, que las acciones fueron transmitidas con el único fin de lograr mayoría para así poder aprobar la gestión del directorio-, si la tenencia de las acciones por parte de la demandada se mantuvo en el tiempo y no le fue requerida su devolución, conservando la demandada la calidad de accionista, con participación en las asambleas y depósito de sus acciones.
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: García, Miguel Eduardo c/ Martínez, Rubén Rogelio y otro s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Es intempestivo el despido indirecto comunicado al principal si es consecuencia de un emplazamiento al empleador por un término inferior al mínimo legal de dos días hábiles (arts. 57, L.C.T., 24, Código Civil).