marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Adopción, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F.del P., S. y ot. s/ Revocación de adopción simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-24

La demanda de revocación de adopción simple es de competencia del Tribunal de Familia y no del Juez civil que la otorgó. (Minoría u opinión personal)
Sociedad Rural Argentina, trabajadores gastronómicos, subcontratación laboral, Actividades económicas
Materia: LABORAL
Carátula: LABRADOR, Vicente  y otros c/ NUEVE A SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

La Sociedad Rural Argentina, propietaria del Predio Ferial de Palermo, lo concesionaba para la realización de numerosos eventos, el hecho de que el restaurant fuera materia de concesión no permite afirmar que haya habido una actividad principal y una complementaria que tuviera relación con su giro. Por lo que dicha relación debe interpretarse como un negocio de naturaleza mercantil, sin perjuicio de que anualmente, en el predio, se realice una exposición por parte de la Sociedad Rural Argentina, ya que al efecto, el restaurant se encuentra abierto al público y tiene la misma relación con la Sociedad Rural que la que podría tener con otros titulares de eventos que se desarrollan allí.(Del voto del Dr. Fernández Madrid, en minoría).
Recurso extraordinario, consulta popular
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ALBERTO M. FONROUGE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

Aun cuando el contenido de la petición del actor fuese el de obtener una conminación específica dirigida a las autoridades electorales con el fin de que no lo convocaren a desempeñarse en la próxima consulta, o si no, el de lograr una declaración determinativa en su derecho que lo protegiese de eventuales sanciones en el supuesto de que fuese convocado y se negara a concurrir, faltaría la suficiente determinación de la posibilidad del llamado a través de alguna actividad administrativa en curso, lo que hace que el agravio que pueda alegar el apelante sea meramente conjetural e hipotético.
Constitución Nacional, acusación fiscal, cambio de calificación legal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El cambio de calificación no configura un agravio constitucional, si la sentencia versa sobre el mismo hecho del proceso motivo de condena en primera instancia y de acusación por parte del Ministerio Público.
Procedimiento administrativo, jurisdicción administrativa, Constitución Nacional, debido proceso, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Regional del Norte Argentino S. A. (en liq.) s/ apel. resol. n° 287 del B.C.R.A. (B28XXVI y B. 22XXVI. B. 868XXV)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Resulta perfectamente compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos y procedimientos especiales - de índole administrativa - destinados a hacer más efectiva y expedita la protección de intereses públicos, lo que no debe entenderse como menoscabo de la garantía del debido proceso cuando - aun sin haber tenido plenitud de audiencia en sede administrativa - aparece asegurada la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional que efectúe un control suficiente.
Contratos administrativos, empleo público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acharez, Julio y otros. c/ Municipalidad de General Roca s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/INAPLICABILIDAD DE LEY. - Collinao, Rufino y otro c/ Municipalidad de General Roca s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/INAPLICABILIDAD DE LEY -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-21|1990-11-21

Si el empleador es una Administración Pública, las relaciones se rigen por el derecho administrativo, -salvo excepciones-, dado que el Estado, como parte, impone directamente a la otra un determinado contenido de la relación a establecerse, y ésta imposición no tiene por fin poner remedio a la desigualdad económica, sino que sobre la base de una desigualdad jurídica preexistente el Estado determina y ordena unilateralmente el status de la persona que se ha decidido entrar en una relación de naturaleza pública con él.
Juicio de desalojo, obligación de restituir, tenedor, intruso, tercero ocupante
Materia: PROCESAL
Carátula: HONORABLE SENADO DE LA NACION c/ BURGOS SORIA MARCELINO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

La acción de desalojo puede ser dirigida contra todo tenedor a título precario, intruso o cualquier ocupante, cuya obligación de restituir sea exigible, haya o no contrato.
Empleo público, personal municipal, empleados de banco, estatuto para el personal del banco de la Ciudad de Buenos Aires, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARREGUI, Liliana c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

Si para desvincular al agente, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el Estatuto del Personal con la modificación introducida en el mes de diciembre de 1992 y el interesado no impugnó en momento alguno ese régimen de manera eficiente, al margen de las críticas realizadas respecto de la pérdida de estabilidad existente al tiempo de su incorporación a la entidad bancaria, el sometimiento voluntario a un régimen determinado torna improcedente el cuestionamiento de su constitucionalidad.
Seguros, seguro de caución, reglas procesales, aplicación de la ley, exportaciones, juicio ordinario, prueba, seguro de daños patrimoniales, mora, intereses moratorios, prueba de informes, recursos, efecto suspensivo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bagley Argentina SA c/ Cesce Argentina de Seguros de Créditos y Garantías SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

1 - Corresponde confirmar la resolución de grado que admitió la demanda incoada a fin de obtener el cumplimiento de un contrato de seguro de crédito a la exportación y doméstico, e impuso intereses moratorios en la condena a la aseguradora. En ese marco, resulta inadmisible la defensa intentada por la aseguradora en tanto plantea que nunca cayó en mora, al quedar en suspenso su obligación de pronunciamiento hasta tanto la asegurada cumpliera con la carga informativa que oportunamente le exigiera respecto del resultado de una acción judicial que involucró a la empresa deudora.

2 - Ello así, pues en la especie, el requerimiento informativo concerniente al resultado de la acción judicial mencionada resultó ilegítimo y arbitrario. En tales condiciones, no habiendo sido admisible, por falta de causa legitima, ninguna suspensión o aplazamiento de pago de la cobertura, y siendo que, la aseguradora demandada estaba obligada contractualmente a honrar su compromiso dentro de los treinta días siguientes de vencidos los cinco meses posteriores a la presentación de la "declaración de amenaza de siniestro", forzoso es concluir que dicha parte cayó automáticamente en mora en tal ocasión (LS 51, último párrafo; art. 509, primer párrafo, del Código Civil de 1869).
Reincidencia, recurso de revisión (procesal), impulso de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES, W. s/ CONCURSO DE DELITOS - REINCIDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Pese a no existir recurso fiscal, tratándose del cumplimiento de una disposición legal debe revisarse la condición de reincidente del procesado y asentarse en la parte dispositiva del fallo.
Juicio ejecutivo, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GARRIGA, ANGEL RAUL c/ BERTORELLO, CARLOS ALBERTO s/ EJECUTIVO (EXPTE. CAMARA Nº 94/05) RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-02-13

Como regla, la propia la naturaleza del juicio ejecutivo impide, en principio, la operatividad del instituto de la prejudicialidad toda vez que la sentencia penal se refiere, por lo general, a la causa de la obligación, debate que está vedado en este tipo de procesos.

Una de la excepciones a la regla de la improcedencia de la prejudicialidad penal en el juicio ejecutivo se configura cuando el hecho investigado en sede penal es el mismo que sirve de fundamento a las excepciones opuestas por el ejecutado.

En esa inteligencia, la existencia o inexistencia de prejudicialidad penal en los juicios ejecutivos depender , en última instancia, del tipo de excepciones que oponga el demandado.
Derecho a la intimidad, intervención de línea telefónica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

Es evidente que lo que las normas cuestionadas (ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04) han establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones de comunicaciones, toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación anudan a los contenidos. Se añade, a ello, la circunstancia de que las normas tampoco prevén un sistema específico para la protección de las comunicaciones en relación con la acumulación y tratamiento automatizado de los datos personales.

En suma, como atinadamente ha sido juzgado por el a quo, resulta inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la Administración quede en manos de su más libre discreción. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Traslado de la demanda, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cano Román, Alberto Damián c/ Suárez Freiría, Néstor José yotro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La notificación del traslado de la demanda reviste particular significación, en tanto de su regularidad depende la validez constitucional de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad.
Derecho laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL PROCESAL
Carátula: ABALLA Y CERCHI, RAMON c/ TELEFONICA ARGENTINA S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-13

En esta materia de la enfermedad accidente, se impone a los jueces extremarse para poner las cosas en su justo termino, sin crear condiciones injustas para nadie, en especial para quien debe, en caso de prosperar el reclamo, cargar con la responsabilidad, ante situaciones que no surjan palmarias o por lo menos convincentes acerca de su influencia.
Prueba, carga de la prueba, buena fe, deber de colaboración, facultades del juez, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: A.H., H. c/ P. S.N. SRL e I.P.P. SA y P.A. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-14

Las partes deben colaborar con el juzgador aportando los elementos que permitan dilucidar el caso, recayendo la carga probatoria en cabeza de aquel que se encuentre en mejor situación de probar, por lo que su conducta pasiva aferrándose a una mera negativa constituye una violación al principio de buena fe y al deber de colaboración que el juez no puede dejar de valorar al tiempo de dictar sentencia, en los términos previstos por el inc. 5° del art. 163 del C.P.C.C.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, división de poderes, limitaciones a los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Es del resorte de la Corte Suprema juzgar la existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes y la excedencia de atribuciones en la que éstos puedan incurrir.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, expropiación, condominio, falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russo, Francisco Emilio y otro c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

Adolece de defectos de fundamentación la sentencia que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación manifiesta para obrar opuesta contra la demanda de expropiación irregular iniciada por la mayoría de los condóminos de un inmueble pero con la oposición del restante condómino ya que, afectado el inmueble de los actores por causa de utilidad pública, la decisión de enajenarlo ya no es voluntaria sino forzosa, por lo que mal puede hacerse hincapié en la necesidad del acuerdo unánime de los condóminos cuando su voluntad es irrelevante frente a la decisión estatal.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Dimitroff, Vuto Víctor y otros s/ Cobro sumario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Tanto la antigua como la actual redacción del art. 623 del Código Civil admiten la capitalización, entre otros casos, "...cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuere moroso en hacerlo...".

Es cierto que el texto transcripto no aclara expresamente si la capitalización es una o si puede ser varias sucesivas. Sin embargo, al referirse al mandato del juez para que se pague la suma resultante, es claro que la ley se refiere a un único momento. El juez ordena una vez que se pague lo debido, y si el deudor no lo hace se ejecutará coactivamente la obligación.
Derecho laboral, enfermedad preexistente, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Kleinhempel, Sandra Beatriz c/ Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

En los presentes se está ante una contingencia oportunamente informada por una trabajadora, que la misma está contemplada por el art. 6 de la LRT, y que en la denuncia efectuada la demandante no vinculó causalmente la patología columnaria con el accidente sufrido. Ahora bien, el art. 6 de la LRT, en su apartado 3. inc. b) establece que la responsabilidad reparatoria de la ART podrá eximirse, en caso de alegar incapacidades preexistentes al inicio de la relación en el trabajado, si estas son acreditadas con examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. Lo expuesto significa que, previo a intentar poner en duda la utilidad científica de los exámenes médicos, debió la ART quejosa plantear la inconstitucionalidad del precepto transcripto. Caso contrario debió acatarlo sin más. Por ende: si no cuestionó la validez de la norma y no la cumplió, nada más queda por decir (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Abogados, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ LUIS ALBERTO Y OTRO c/ ENRIQUE RIZO PATRON s/ INDEMNIZACION POR JORNADAS IMPAGAS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-19

Es importante la figura del abogado en el proceso, el que se encuentra asimilado a los Magistrados en el desempeño de su profesión recíprocamente les es exigible probidad, lealtad y buena fe por su carácter de colaboradores del juez y servidores de la justicia.
Acto administrativo, procedimiento administrativo, Poder Ejecutivo, defensa en juicio, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, NESTOR LINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En un sumario administrativo, el dictamen legal, la decisión que en el se apoya y todas las medidas consecuentes deben tener en cuenta la totalidad de los elementos determinantes o que deben determinarlo, de lo contrario sufre una amputación tanto el principio de defensa, como aquél que indica que la administración debe explicar suficientemente la finalidad de su conducta, que exige ajuste obligatorio entre el interés público específico y el presupuesto tenido en cuenta por las normas de remisión, fundantes, en el plano normativo, de toda su actividad.
Recurso extraordinario, pronunciamiento inoficioso, amparo por mora, muerte de las partes
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Orozco, Héctor c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo por mora.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

El fallecimiento del actor ha tornado inoficioso que la Corte resuelva el recurso extraordinario interpuesto por el Estado demandado contra la sentencia que hizo lugar al amparo por mora de la administración, pues la reposición de aquel en su cargo, perseguida por medio de los recursos incoados contra el acto administrativo que dispuso su cese, ha devenido jurídicamente imposible.
Universidades, estatutos universitarios, profesor universitario, jubilación ordinaria
Materia: EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rocca, Alejandro Carlos c/ UNLP s/ acción mere declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

La ley 26.508 como el estatuto universitario -Universidad Nacional de La plata- establecen, como principio, el derecho a la jubilación ordinaria docente a la edad de sesenta y cinco años y el art. 1 inc. a, apartado 2, de la ley citada le otorga la posibilidad de permanecer en actividad hasta los setenta años, siempre que haya manifestado su voluntad en tal sentido, lo que desplaza la aplicación del mecanismo de prórroga que se prevé en los preceptos dictados en el ámbito de la demandada, en tanto ellos requieren una decisión del Consejo Superior o del Consejo Directivo al respecto, lo cual no implica que quienes opten por permanecer en actividad tras haber cumplido los sesenta y cinco años queden exceptuados del régimen de concursos, acceso y duración de los cargos pues ello importaría atribuirles una estabilidad no prevista por el ordenamiento ni aun para aquellos docentes con menos de sesenta y cinco años. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Confirmación de sentencia, daño moral, indemnización, sanciones disciplinarias, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Recalde, Celia Beatriz c/ Creskotec S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

La actora solicitó una reparación por el daño moral, derivado de la prohibición que su empleador estableciera con respecto al habla del idioma guaraní durante el horario de trabajo bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias. Si bien es cierto que el CCT 626/11 dispone que "las órdenes e instrucciones relacionadas con el trabajo, serán impartidas en idioma nacional" nada establece el convenio colectivo con relación al diálogo entre los empleados. En efecto, el juez de grado hizo lugar a la reparación del daño moral pues consideró que la accionada adoptó una conducta claramente restrictiva de derechos sin siquiera invocar la existencia de una razón objetiva que justifique tal proceder, considerando que el ejercicio del poder disciplinario que la LCT reconoce al empleador, no es absoluto, sino que se supedita a una justa causa o incumplimiento objetivo. En tal escenario, tuvo en cuenta que el 2° párrafo del art. 1 de la ley 23.592 reconoce a la nacionalidad como una categoría sospechosa de discriminación, por lo que concluyó que la disposición disciplinaria adoptada por la parte demandada resultó irrazonable. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Competencia, recurso de apelación (procesal), Municipalidad, servicios de vigilancia, detención, multa, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SERVI FLET SRL s/ RECURSO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 64-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

La ley provincial nro 2803 del 5-7-1939 estableció la competencia de los jueces correccionales, disponiendo en el artículo 3 que "conocerán en segunda y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de las municipalidades o de la policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o cincuenta pesos de multa", competencia que no fue dejada sin efecto por el código procesal penal ni por las leyes modificatorias de éste, ya que la competencia atribuida por el artículo 27 no es limitativa.
Teoría del delito, dolo, iter criminis
Materia: PENAL
Carátula: J., J.A. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-09

No existen dos dolos diferenciados, uno para el delito consumado y otro para el tentado. El sujeto que inicia el curso delictivo mediante actos dirigidos a un fin actúa con dolo conociendo el peligro concreto que genera su acción. La interrupción del iter criminis por circunstancias ajenas a su voluntad -tipo objetivo incompleto- no modifica la estructura lógica del dolo -tipo subjetivo-.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, resoluciones judiciales, cosa juzgada, revisión judicial, cuestiones de competencia, Instituto nacional de previsión social, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL c/ BUSTAMANTE, Carlos Alberto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La C.N.A.S.S. resulta incompetente para entender en una demanda por revisión de la cosa juzgada iniciada por el Instituto Nacional de Previsión Social contra una sentencia emanada de la C.N.A.T.

porque, no encontrándose dicha acción reglada en el C.P.C.C., el único organismo competente para el análisis del tema sería el propio Tribunal que emitió el pronunciamiento. Lo contrario podría conducir a una situación anárquica en el seno del Poder Judicial ante la posibilidad que, de considerarse viable la demanda instaurada, se desvirtuara el valor de la cosa juzgada de una sentencia dictada por otro Tribunal que goza de iguales potestades jurisdiccionales.
Protección de consumidores y usuarios, responsabilidad solidaria, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Almeida, Iván Igor c/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ ordinario (civil) (Conex."Almeida Ivan Igor C/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ diligencias preliminares")
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-06

Sí de vicios ocultos se trata el caso, el reclamo prescribe en el término de un (1) año empero, ese plazo, comienza a correr a partir de que el defecto se hace ostensible o desde que el adquirente pudo advertirlo si la manifestación es gradual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Román, Luis Omar s/ Robo - Violación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Es insuficiente la impugnación que no ha sido fundada en texto legal alguno.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, nulidad procesal, escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: Báez, Florentino c/ Provincia del Chaco. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior, el escrito de interposición del recurso extraordinario firmado únicamente por el letrado patrocinante de la parte que debía deducirlo.