Prisión preventiva, inconstitucionalidad, excarcelación, libertad condicional, admisibilidad del recurso, readaptación del condenado, principio de progresividad, régimen penitenciario
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre Mejía, Carlos Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-29

Corresponde hacer lugar al recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión que dispuso declarar la inconstitucionalidad de la reforma introducida por los arts. 30 y 38 de la ley 27.375 y conceder la excarcelación en los términos de libertad condicional a Aguirre Mejía, condenado en autos por el delito reprimido en el art. 5 inc. c) de la Ley 23.737. Es oportuno recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos 303:625). En este marco, los artículos 30 y 38 de la ley 27.375, que respectivamente modifican el texto de los artículos 56 bis de la ley 24.660 y 14 del Código Penal, no lucen irrazonables o arbitrarios, ni mucho menos colisionan con los principios y garantías reconocidos constitucionalmente. Así las cosas, con relación al fin de reinserción social de las penas (art. 1, Ley 24.660; arts. 18 y 75.22, CN; art. 5.6, CADH; art. 10, 3 PIDCyP) y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin (art. 6, Ley 24.660), no se advierte que el instituto establecido en el art. 56 quarter impida su conquista. Por otra parte, en lo que respecta a la afectación del principio de igualdad ante la ley, también corresponde hacerle lugar a la pretensión fiscal. Al respecto, corresponde señalar que nuestro Máximo Tribunal, en Fallos 311:1451, sostuvo que "la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni configure una ilegítima persecución, o indebido privilegio a personas o grupos de personas aunque su fundamento sea opinable". Esta circunstancia se cristaliza en el caso bajo estudio por cuanto efectuar un distingo en virtud de la naturaleza de los delitos tipificados en la ley 23.737 frente a otros disímiles no implica una arbitrariedad por parte del legislador, sino una ponderación diferencial debido a la gravedad y a la lesividad que éstos conllevan para la salud pública, materia de por sí concerniente a la política criminal que el legislador decide adoptar en una coyuntura social determinada y, por ende, ajena a la revisión de mérito o conveniencia de esta judicatura. En esas condiciones, la modificación de la modalidad de ejecución de la pena impuesta por la comisión de los delitos enumerados en el art. 56 bis de la ley 24.660, si bien es diferente a la de los restantes, no se revela como irrazonable o arbitraria ni mucho menos incompatible con las garantías máximas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no amerita la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la anterior instancia. La disidencia sostuvo que, de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 444 y 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el recurso de casación deducido ha sido mal concedido, y así debe declararse. Ello así, por cuanto el recurrente no tomó a su cargo rebatir de modo adecuado todos y cada uno de los argumentos expuestos por en la resolución recurrida que condujeron a la excarcelación del encausado. En estas condiciones, cabe concluir que la decisión impugnada cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros). Dres. Yacobucci, Slokar -en disidencia- y Mahiques.