Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-21


Salta, 21 de Octubre de 2010.

Y VISTOS: estos autos caratulados " LÓPEZ, Valeria vs. RODRÍGUEZ, Martín Domingo -Divorcio", Expte. n° 143.734/05 del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de 1ra. Inst. 1ra. Nominación, Expte. n° CAM - 314.267/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 170 es apelada a fs. 178 por Martín Domingo Rodríguez. Concedido el recurso a fs. 179 expresa agravios a fs. 173/174. Luego de transcribir los párrafos de la misma dice que lo que se cuestiona es que el soporte base de la cautelar otorgada fue desvirtuado a lo largo del proceso ya que las manifestaciones de la cónyuge no fueron acreditadas en autos. Así, el supuesto acuerdo a que hace referencia no se encuentra incorporado a la causa por lo que la medida que hoy le afecta fue establecida por meros dichos. Lo que se quiere demostrar es que los fundamentos en que se basan nunca existieron. La resolución que declara disuelta la sociedad es de fecha 11 de abril de 2008 no habiéndose hasta el momento interpuesto demanda alguna en orden a su liquidación por lo que la subsistencia de la medida devendría contraria a derecho. Luego relata que se acreditó que el inmueble es de su propiedad y que las construcciones fueron realizadas con su peculio. Finalmente, destaca que el Dr. Cuellar manifiesta su propia oposición al levantamiento de la medida al considerar que el bien es garantía del cobro de sus honorarios pero es del caso que nunca fue establecida en su interés por lo que, no se puede sumar para seguir sosteniendo un fundamento que no existió, máxime si se tiene en cuenta que las costas se decidieron por el orden causado.

Corrido traslado del memorial, es contestado a fs. 183 por Valeria López, con el patrocinio del Dr. Víctor Cuellar. Considera que no le asiste razón al apelante pues la cautelar garante sus derechos y los del profesional que la asiste en la proporción y/o cuota parte que le corresponde y que se determinará con la demanda de liquidación de la sociedad, señalando que para evitar un mayor desgaste jurisdiccional solicitará una mediación. Tampoco le asiste razón en cuanto que no se hubiese acreditado la existencia del divorcio vincular, siendo que la causa está agregada por cuerda.

A fs. 194/195 luce el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara. Dice que si bien se ha dictado la sentencia de divorcio aún no se ha liquidado la sociedad. Y que el apelante no cuestionó la cautelar otorgada ni demostró que ella le cause mayores agravios.

II) Para decidir la apelación es preciso tener en cuenta que: a) el inmueble matrícula 36.997 del Departamento Capital se trata de un bien propio del apelante -ver cédula parcelaria de fs. 101-; b) en el juicio de divorcio vincular que se tramitó bajo expediente n° 1-B-57.264/94 y que tengo a la vista las partes dejaron expresamente establecido en la presentación de fs. 3 de fecha 25 de agosto de 1994 que la casa que fuera adquirida por el matrimonio será inscripta en condominio y en partes iguales para los cónyuges con la intervención de un escribano público; c) impuesto de la traba de la medida, el apelante no la apeló, limitándose tan solo a decir en su contestación de demanda de fs. 24/26 que por haberse abusado en el derecho debe condenarse a la actora a pagar los daños y perjuicios._ Ello sentado, es innegable que mantiene vigencia la necesidad del resguardo cautelar otorgado a favor de la actora en tanto le asiste un serio derecho respecto del inmueble dado que expresamente reconoció el apelante su decisión de establecer un condominio sobre el mismo. Es dable reparar que la verosimilitud del derecho plantea una cuestión de hecho y una vez demostrado el interés del peticionante, la adopción de la cautelar persigue asegurar la eficacia de la sentencia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de quien la ha gestionado. Y la prueba de tal verosimilitud no debe ser acabada ya que el derecho invocado será materia y contenido del juicio de liquidación de sociedad.

Como lo expusiera este Tribunal en similares precedentes (CApel.CC. Salta, Sala III, Año 2004 f° 554/555; íd. íd. año 2004, f° 973; íd. íd. año 2006, f° 793/795), cabe recordar que el art. 1.295 del Código Civil faculta a solicitar las medidas cautelares necesarias para garantizar los derechos que eventualmente pudieren corresponderle al cónyuge hasta la liquidación de la sociedad conyugal. En tal orden de ideas se dijo que las precautorias autorizadas por dicho dispositivo tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal a los fines de su liquidación y son más severas y fulminantes que las acordadas en otro tipo de relación patrimonial (CNCiv., Sala A, en LL, 1990-B, 182, con nota de Juan Carlos Vera Ocampo; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2007, f° 19 in re Lazarte vs. Lamas).

El objeto de las medidas precautorias en los juicios de divorcio, se sostuvo en otros pronunciamientos, es el de salvaguardar la integridad del patrimonio correspondiente al cónyuge que lo solicita al ejecutarse la liquidación de la extinta sociedad conyugal, y deben ser graduadas de tal manera que protejan suficientemente los derechos del cónyuge que las solicita, sin ir más allá de lo necesario (Cám. Nac. Civ., Sala G, en L.L. 1984, B-130). Las medidas cautelares en juicio de divorcio tienen por objeto garantizar la integridad de la sociedad conyugal, evitando que una administración inescrupulosa o fraudulenta la dilapide. Su extensión debe estar condicionada a tal finalidad, sin poder convertírselas en un medio de persecución ni implicar una extorsión, imposibilitando el desenvolvimiento de los negocios del cónyuge accionado (CApel.CC. San Isidro, Sala II en D.J. -1991-I42).

Y en cuanto a la extensión temporal de su vigencia, se dijo que las medidas dispuestas en los procesos de divorcio deben mantenerse hasta que la liquidación de la sociedad conyugal se produzca, excepto prueba de la injusticia de su conservación y demostración de que no han de sufrir perjuicio alguno por el levantamiento los derechos del peticionario. Y como se adoptan en virtud del artículo 1.295 del Código Civil (cotejar art. 233 del Código, según Ley 23.515), sólo se trata de asegurar un derecho en expectativa, es decir, el derecho de la parte peticionante en la liquidación de la sociedad que, como procedimiento complejo, incluye entre otros actos posteriores a la disolución sobrevenida con la sentencia de divorcio, la dilucidación, en su caso, de toda controversia relativa a la determinación de qué bienes tienen carácter propio y cuáles son, en cambio, de condición ganancial (Cám.Nac. Civ., Sala D, 1986-A-241).

También se dijo que las medidas precautorias autorizadas por el art. 1.295 del Código Civil y también por el art. 233 del mismo ordenamiento proceden tanto respecto de los bienes gananciales como de los propios (CN Civ., Sala C, en E.D., 159-180). Y que el embargo decretado conforme al art. 1.295 del Código alcanza a los bienes presumiblemente gananciales, con exclusión de los objetos personales del cónyuge (CNCiv., Sala E, en L.L., 1988-A, 59 - DJ, 1988-1-541).

En síntesis, no puede desconocerse a la esposa la posibilidad de peticionar medidas precautorias que aseguren su interés patrimonial, en tanto no perjudiquen el normal desenvolvimiento de la actividad de su marido y no signifique un medio de extorsión para conseguir sus fines (CNCiv., Sala A, en L.L., 1985-B, 14 - DJ, 1985-1-928 - ED, 112-642).

III) Por otra parte, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son, en materia de juicios de divorcio y de disolución de sociedad conyugal, presumidos en función de la relación marital esgrimida en sustento de la petición de cautelar respecto de los bienes (CNCiv., Sala A, en E.D., 189-59). Y en tal orden de ideas se dijo que la verosimilitud del derecho que torna procedente las medidas precautorias previstas en los arts. 233 y 1.295 del Código Civil para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges ponga en peligro, torne inciertos o defraude los derechos patrimoniales del otro, no requiere más prueba que la partida de matrimonio (CNCiv., Sala K, en L.L., 2002-A, 386 - DJ, 2001-3, 1180).

Voto, entonces, por la confirmatoria del auto en crisis. Con costas.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que, por fundamentos, adhiere al voto del Dr. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo arribado, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación de fs. 178. CON COSTAS (art. 67 del Código Procesal)._ II) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.