Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-24


Salta 24 de Agosto de 2.010 Y VISTOS estos autos caratulados "UÑO, Teresa del Valle vs. RIVERO Sebastián Gabriel" Sumario por Cobro de Pesos, Expte. Nº 163.745/2.006 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación (Expediente CAM nº 235.375/2.008 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) y, CONSIDERANDO El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo:

1) La sentencia de fs.112 rechazó la demanda deducida sosteniendo que resultaba improcedente exigir un pago de una deuda que le era ajena al demandado. Disconforme la actora interpuso recurso ordinario de apelación mediante escrito de fs. 115. Concedido que le fuera, expresa agravios mediante presentación de fs. 126/27, donde sostiene que su parte adquirió el automóvil dominio CXH 744 libre de todo gravamen o deuda. Que dicho automóvil de acuerdo al informe histórico de dominio, agregado a fs 8/9 del expediente nº 157.855/06, entre las mismas partes, embargo preventivo, el automóvil en cuestión estaba radicado ante el Municipio de la Ciudad de Salta. Por ello estaba obligado al pago por el período que va desde el tres de setiembre de 1.999 hasta el día 29 de noviembre de 2.002. De allí que resulta errónea la afirmación del Juez de la anterior instancia de la existencia de doble imposición (Municipios de Salta Capital y Embarcación). Que su parte tuvo que abonar los tributos por radicación, lo que efectivizó mediante Plan de Pago, como prueba con la documental de fs. 63/92. Pide se revoque la sentencia apelada.

A fs. 140/41 contesta el demandado Sr. S. G. Rivero los agravios vertidos por el actor. Sostiene que el automóvil en cuestión estuvo registrado en el Municipio de Embarcación desde Marzo de 2.000 hasta el día 5 de julio de 2.005, conforme surge del informe de fs. 33. Que tan solo existe una duda (sic) -debe entenderse deuda- que va desde setiembre de 1999 a marzo de 2.000, es decir, tan solo seis meses que no encuentran sustento documental. Pide se confirme el fallo apelado.

2) Existe un viejísimo principio que se encuentra arraigado al concepto del derecho: la buena fe. Acerca del mismo enseña Morello (El Boleto de Compraventa Inmobiliaria, pág. 235, ed. Librería Editora Platense, año 1975) que "Como base para la interpretación de todos los contratos, tanto la ley, como la doctrina y la jurisprudencia han consagrado con énfasis, un principio general de sumo valor ético: la buena fe. La puerta de entrada fue el artículo 1.198 del C.C. que al disponer que los contratos obligan no solo a lo que está formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos. Merced a su inteligente aprovechamiento, permitió insuflar al campo contractual de una norma fundamental para la convivencia jurídica..." .

A la luz de tan señera doctrina se analizará el caso venido en apelación. Cuando la actora se da con la novedad de la existencia de deuda ante la Municipalidad de la Ciudad de Salta, remite carta documento (cuya fotocopia se encuentra agregada a fs. 14, del expediente nº 157.855/6, sobre Embargo Preventivo, entre las mismas partes; agregado al presente por cuerda) mediante la cual intimaba se abone la deuda existente.

La respuesta del Sr. Rivero (de fecha 11 de abril de 2.006) cuya copia se encuentra a fs. 16 del expediente antes referido, es una negativa cerrada. No ofrece siquiera intentar alguna gestión al respecto. Se limitó a sostener que el vehículo vendido fue entregado libre de deuda.

Según boleto de compraventa (ver copia agregada a fs. 7 de este expediente) cláusula cuarta "el propietario manifiesta que la unidad no se encuentra prendada ni reconoce deuda de ninguna naturaleza, conviniendo que esta venta es libre de toda deuda o gravamen...". Como fácil se advierte, asumía una clara obligación el vendedor frente a su compradora. Ahora bien, cuando entregó el automóvil el vendedor, hoy demandado, de buena fe, creyó cumplir con sus obligaciones, a punto tal, que entregó la constancia de libre deuda otorgada por el Municipio de Embarcación. Ya planteado este proceso solicitó la citación del Sr. Décima, quien fuera a su vez, vendedor del mismo vehículo vendido a la actora. De allí que, y en base a constancias documentales, puede afirmarse la existencia de doble imposición tributaria como lo expresa la sentencia apelada. Basta ver las fechas que surgen de la fotocopia del título agregado a fs. 11/13 del expediente de embargo preventivo. En tales condiciones, frente a obligaciones claramente convenidas y por imperio del principio cardinal de la buena fe receptado en el código civil, corresponde hacer lugar al recurso deducido, en forma parcial, esto es por el lapso que va desde setiembre de 1.999 hasta el mes de marzo de 2.000, fecha en que se inscribe el automóvil en el Municipio de Embarcación, donde se tributó en tiempo y forma, la respectiva tasa.

Por ello, se condenará al demandado a abonar la suma referida en ese período con más sus intereses. En cuanto a los pagos efectuados por la actora, no pueden incluirse en la condena, debiendo plantear la actora, la situación evidente de doble tributación.

3) Las costas de acuerdo al artículo 71 del código procesal, se imponen en el orden causado al resultar parcialmente favorable el recurso deducido.

El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo: que por sus fundamentos y conclusiones, se adhiere al voto que antecede.

Por ello LA SALA V DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL HACE LUGAR parcialmente al recurso interpuesto por la actora a fs. 115 en contra de la sentencia de fs. 112, por ello MODIFICA la misma, y condena al Sr. Sebastián Gabriel Rivero a abonar a la actora la suma de dinero correspondiente al período, setiembre 1999 - Marzo de 2000, y sus intereses, dentro del plazo de 10 días, con COSTAS en el orden causado.

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