marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, posesión, tenedor, interversión de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba de Paiva, Juana c/ Ojeda, Nélida Angela s/ Desalojo Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-11

El artículo 2353 del Código Civil consagra la regla de la "inmutabilidad de la causa de la relación resl". La causa o título de la relación real no puede ser cambiada por la mera voluntad de su sujeto ("nadie puede cambiar por sí mismo") y se prolonga en el tiempo el emplazamiento originario ("ni por el transcurso del tiempo"). En consecuencia, el que comenzó su relación como tenedor ("Poseer por otro"), persiste como tal hasta que se acredite que se transformó en poseedor ("mientras no se pruebe lo contrario"). Para que se produzca la interversión del título y se transforme la naturaleza de la ocupación no obstante lo dispuesto por el art. 2353, es menester que el tenedor realice un acto positivo de voluntad que revele el propósito de contradecir la posesión de aquél en cuyo nombre se tienen las cosas, de manera tal que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo de la facultad de disponer de la misma. (Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fraude a la Administración Pública, pena
Materia: PENAL
Carátula: POSSI, MARCELO HUMBERTO Y OTROS s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y ETC.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 72-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-27

La pena accesoria del delito de defraudación a la administración pública (artículo 174 inciso 5 en función del artículo 173 inciso 2 del penal) es la de inhabilitación especial perpetua, por lo que la inhabilitación absoluta perpetua impuesta en la sentencia, podría configurar motivo de revisión oficiosa del decisorio, correspondiendo declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad.
Instrumentos privados, prueba, principio de congruencia, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MOYANDO ARMANDO BENITO c/ SANCHEZ OLIVARES, JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-13

Para que los documentos privados tengan valor probatorio debe ser reconocida la firma y contenido por su posible autor, o ser sometidos a peritaje (arts. 1026-1028 Y 1033 del Cód. Civil). A quien presenta dicho instrumento en juicio le corresponde la carga de la prueba de su autenticidad.
Protección de la mujer, violencia de género, aplicación de la ley, competencia
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C., J. L. c/ A., B. s/ violencia de género Ley 26.485
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-07

El art. 22 de la ley N° 26.485 establece en orden a la competencia que "Entenderá en la causa el /la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el /la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.
Procedimiento contencioso administrativo, principios procesales, principio de contradicción, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ PADILLA ALBERTO LORENZO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

El principio de contradicción, llamado también de bilateralidad deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 CN y 13, inc. 3 de la CCABA), es inseparable de toda administración de justicia organizada y encuentra expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars.

Tal precepto es un principio inherente a la justicia misma, o sea su nota típica de alteridad o bilateralidad. No es solo una expresión de la sabiduría común, es una regla necesaria del derecho procesal (Eduardo Couture, Estudios del derecho procesal civil, T. 1, p. 46; Fallos: 316:1545, voto de los Dres. Belluscio y Petracchi).

En términos generales implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal, sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieren verse directamente afectados por tales actos.

Tal garantía forma parte sustancial del derecho al debido proceso adjetivo, el que asegura al demandado su "día en la corte" con la razonable oportunidad de ser escuchado (Ver Eduardo Couture, Introducción al estudio del Proceso Civil, Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 39).
Asistencia y salvamento, salario de asistencia y salvamento, demanda, interrupción de la prescripción
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: FERRIGNO, ROQUE Y OTROS c/ CP. Y/O PROP. Y/O ARM. BUQUE "BOW CECIL" s/ SALARIO DE ASISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Se ha reconocido eficacia interruptiva de la prescripción a la demanda promovida por otros tripulantes con motivo de la misma asistencia, solución que encuentra razón de ser en el particular procedimiento regulado por el art. 579 de la Ley de la Navegación, el cual prevé la audiencia de todos los partícipes de la asistencia, precisamente con el objeto de que se dicte una sentencia única que fije, de modo también único, el salario que se deberá distribuir entre todos los interesados.
Abogados, ejercicio profesional, matrícula profesional, abogado no matriculado, inscripción en la matrícula, nulidad procesal, saneamiento del vicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SUNSERIES IND.E COMERCIO DE CONFECCIONES LTDA. c/ SUNSERIES ARGENTINA SRL s/ MEDIDAS CAUTELARES (MARCAS) LEY 22.362 Y 24.425
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-03

Si bien el letrado patrocinante se ha sometido al sistema legal imperante que lo obliga a matricularse, resultó a todas luces tardía, digo ello porque entiendo que cuando cumple con la ley -o sea matricularse para poder ejercer la profesión ante este fuero y obviamente solicitar actos o medidas procesales- el efecto de acatar la norma va a operar desde su cumplimiento hacia el futuro, pero no puede sanear algo que a la época de su presentación estaba violando una expresa disposición legal.

Resulta inaplicable el inciso h del art. 1 de la Ac. 37/87 de la CSJN, pues si bien para el futuro el profesional cuestionado podrá actuar, los actos ya efectuados en violación a la ley de la matrícula, que fueron cuestionados y no consentidos por la demandada, no pueden producir el saneamiento de las primigenias etapas procesales.(Del voto en disidencia del Dr. Ferro)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, graduación de la pena, ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Villarruel, Víctor Oscar y Villarruel, Franco c/  s/ homicidio agravado en concurso real con el delito de homicidio agravado en grado de tentativa -recurso de inconstitucionalidad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-22

Si bien la compareciente invoca arbitrariedad sosteniendo que la Cámara habría ignorado sus cuestionamientos apelatorios sobre el quantum punitivo, la cuestión apunta exclusivamente a discutir en esta instancia la interpretación efectuada por los Sentenciantes de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la sanción, asunto que en la medida que fue decidido con suficientes motivos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por opinables que resulten, no habilita la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219, p 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olmedo, Miguel c/ Rojas Olmos, Victor s/ Daños y perjuicios Pedernera, María c/ Rodriguez, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17|1984-06-19

Tratándose de la intervención de un automóvil frente a un peatón, su condición envuelve la creación de un riesgo. El automóvil es cosa para moverse, intrínsecamente está constituido para ello, ya que se mueve produciendo riesgo.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MACHIAROLA, HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-03

Tratándose de una prescripción cumplida con anterioridad a la demanda del acreedor, el valor que podría tener el postrer reconocimiento del deudor, no sería el de interruptivo sino el de renuncia expresa o tácita a la prescripción ya ganada.
Cosa juzgada, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: Chiappero, Lucas Damián c/ Díaz, Juan Félix s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-12

La resolución que al momento de evaluar la planilla o liquidación general de capital, intereses y costas -que es una mera proyección numérica de la sentencia- ordena su reformulación con base en la limitación prevista por el art. 505 del Código Civil en materia de honorarios, resulta violatoria de la "cosa juzgada" adquirida por la sentencia y en la cual no se dispuso la aplicación de lo prescripto por el art. mencionado.
Acción, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIA JUAN EDUARDO c/ FELIX    EMILIO  MIGUEL  Y/O  FELIX  JORGE  AMIN  Y/O  QUIEN  RESULTE RESPONSABLE Y/O RESPONSABLE LEGAL DE LA FIRMA ABASTO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-22

La eficacia de la oposición al desistimiento lo es en función del derecho del demandado a obtener en el proceso, habiéndose notificado el traslado de la demanda, una decisión judicial sobre el fondo de la cuestión planteada. Más habiéndose interpuesto una excepción dilatoria, el demandado ha expresado procesalmente su voluntad y oposición a que tal pronunciamiento se produzca, por lo que su postura de negarse a consentir el desistimiento del actor carece de fundamentación puesto que no le causa agravio jurídico alguno, sino que, por el contrario, coinciden las pretensiones de las partes: que no se produzca pronunciamiento judicial en ese proceso sobre la pretensión de los derechos de fondo deducidos en la demanda.
Autonomía provincial, competencia provincial, cuestión federal, recurso extraordinario
Materia: LABORAL
Carátula: BLANCO, HECTOR c/ BANCO PROVINCIAL DE SALTA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

El respeto de la autonomía de las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas en que lo sustancial del litigio verse sobre aspectos propios de la jurisdicción local, sin perjuicio de que las cuestiones federales, que también pueden comprender esos pleitos, sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario.
Instrumentos públicos, plena fe
Materia: CIVIL
Carátula: V., M. B. c/ R., E. F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

Gozan de plena fe los actos que el oficial público manifiesta haber ejecutado personalmente o que fueran cumplidos en su presencia, mas no las restantes enunciaciones del instrumento. Eso es lo que determina el art. 993 del Código Civil, no más. La fe pública no cobija la sinceridad de las manifestaciones de las partes sino solamente que las declaraciones fueron efectivamente hechas, es decir su existencia material.
Títulos públicos, decretos, resoluciones, Ministerio de Economía, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El decreto 772/86 que dispuso la prórroga de los pagos de las amortizaciones de capital correspondientes a los títulos creados por decretos 1334, 1336 y 1603 del año 1982, la comunicación al Banco Central "A" 251 y la resolución 450/86 del Ministerio de Economía no son inconstitucionales en razón del órgano que los dictó.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MANSILLA, DANIEL Y OTRO c/ GONZALEZ, JOSE C s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

El hecho de que los actores hayan sido los embistentes no implica necesariamente la atribución de responsabilidad por culpa concurrente, dado que la condición de embistente no tiene carácter absoluto, ni implica responsabilidad por sí sola por las consecuencias dañosas de un accidente.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Sol de Piuzzi Esther Matilde s/ Libramiento de cheque sin provisión de fondos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-08-16

Corresponde declarar la prescripción de la acción penal, ya que, desde la indagatoria prestada hasta el procesamiento dictado ha transcurrido el lapso de cuatro años previsto en el art. 62 inc. 2 del c.p. en concordancia con lo dispuesto por el art. 302 del código citado, sin que se hubieran producido secuelas de juicio idóneas art. 67 párrafo 4 c.p.Ello así, porque si bien medió la declaración de incompetencia, esos autos en modo alguno constituyen secuela de juicio, ya que la única consecuencia de ambas decisiones reside solamente en que el Juez de quien emana deje de ejercer su jurisdicción en determinados sucesos y el restante aceptarla, no pudiéndose equiparar a aquellos que otorgan una dinámica de juicio, dirigida en contra del encausado.
Prueba crítica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Carlos Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-07

Se trata de prueba dirimente, en tanto no se demuestre que, excluidas las declaraciones testimoniales incorporadas por lectura, la restante prueba colectada impida alcanzar certidumbre acerca de la forma en la que sucedieron los hechos y respecto de la participación penalmente responsable del imputado (Voto del Dr David).
Recurso de nulidad, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CORREA ROLANDO ADOLFO c/ TOLOSA TITO SANTIAGO Y O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-05

Dado que las nulidades procesales son relativas y saneables mediante la confirmación expresa o tácita, lo cual ocurre cuando no se alega la nulidad luego de tomar conocimiento de lo actuado, corresponde rechazar el recurso de nulidad si el planteo resultó extemporáneo y el demandado conocía el proveído atacado.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ Cesar Roberto c/ Red Megatone S.A. y/o Electrónica Megatone SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-30

La teoría de la carga probatoria conforme el dominio de los hechos, pues en distintas hipótesis quien domina los hechos que se producen en determinado ámbito (verbigracia, dentro del quirófano, consultorio, el sistema informático de una empresa, etc.) tiene a su cargo la prueba de lo allí acontecido por encontrarse en mejores condiciones para ello.
Suspensión del juicio a prueba, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, ley vigente, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: LIOTTI, Marcelo Julián y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-03

La decisión que rechazó la suspensión del proceso a prueba se encuentra suficientemente sustentada y los agravios expuestos por el recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. Pues la derogación de la ley 24.769 no importó la supresión de la regla contenida en el último párrafo del art. 76 bis, pues ésta fue incorporada a la parte general del Código Penal por el art. 19 de la ley 26.735, resultando entonces una regulación diferenciada de la ley 24.769. Si bien la ley 27.430 derogó su homónima 24.769, no por eso debe descartarse que se trate de una modificación del régimen legal específico. Desde tal perspectiva, memorando la letra del art. 76 bis del C.P., cuya parte pertinente establece que "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones", el agravio de la defensa no puede tener acogida favorable, pues la regulación citada se encuentra vigente, no habiendo operado una abrogación o supresión por efecto de la sucesión legislativa, siendo además temporalmente aplicable al caso, pues los hechos imputados habrían acaecido con posterioridad a su entrada en vigencia. Por otra parte, también debe desecharse la alegada inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, asegurador, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Bordallo, Javier Fernando c/ Mastellone Hermanos S.A. y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-31

El plan de obra llevado a cabo por la demandada debió contar con la aprobación de la aseguradora, ya que dicho extremo no sólo no fue observado, sino que no existe prueba acerca del cumplimiento de los deberes que imponen las normas relativas a la construcción de un túnel. Por lo tanto, la conducta omisiva de la aseguradora, que implica negligencia en su obrar, trajo como consecuencia el accidente sufrido por el trabajador. De modo que la responsabilidad habrá de extenderse a la aseguradora, aún en el propio esquema del contrato de seguro y por el derecho común.
Pago, recibo, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Tejada Marina Naid c/ Jaime Saavedra Vda. de González A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-03-29

Sólo cuando se extiende recibo, y no cuando simplemente se recepta el pago; del que surja claramente la imputación al capital efectuada por el propio acreedor sin reserva de intereses, puede sostenerse perdido el derecho a percibirlos, por aplicación de los arts. 624 y 777 del Código Civil.

En este supuesto es el acreedor quien efectúa la imputación, o acepta la efectuada por el deudor, que es lo mismo y es frente a ese hecho que la propia ley le exige que deje a salvo su derecho a reclamar intereses ya devengados.
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, competencia por conexidad, competencia nacional, competencia provincial, adulteración de la numeración de bienes registrables, falsedad ideológica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Oscar Roberto GROSS s/ COMPETENCIA  ORDINARIA POR LA MATERIA - LUGAR DE COMISION DEL DELITO    OPORTUNIDAD  DE    INTERVENCION   DE  JUECES  LOCALES  Y  NACIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Toda vez que de las actuaciones remitidas no se desprende el lugar donde se habría llevado a cabo el reemplazo de rodados, corresponde a la justicia nacional en lo criminal de instrucción -por haberse efectuado disposiciones patrimoniales supuestamente perjudiciales en la Capital Federal-, conocer respecto de las presuntas estafas así como también del delito de sustitución de la numeración individualizada de los rodados; en tanto cabe asignar al juez provincial el juzgamiento de los delitos de falsedad ideológica que eventualmente se habrían consumado en ocasión de llevarse a cabo las exposiciones de autos, sin perjuicio de que este magistrado -si entiende que los hechos habrían ocurrido en territorio extraño al de su competencia-, envíe las actuaciones a quien juzgue competente de acuerdo con el derecho procesal local, en tanto su interpretación y aplicación es ajena a los tribunales nacionales.
Falsificación de instrumento privado, recibo falso
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Miguel s/ Falsificación de Documentos - Atipicidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

Encontrándose dirigida la falsificación de recibos a ocultar una defraudación previamente cometida, tal conducta resulta atípica, puesto que constituye en la especie, un modo de encubrir las maniobras fraudatorias.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión
Materia: PROCESAL
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

El amparo interpuesto por un titular de un fondo común de inversión se encuentra debidamente integrado cuando se demanda no solo a la sociedad depositaria de los fondos comunes de inversión sino tambien a la sociedad gerente (Cons. IV).
Honorarios del abogado, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Roberto A. c/ Ivoskevich, Eduardo C. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-30

Corresponde se determine que los honorarios regulados al letrado de la asegurada lo sean a cargo de la misma si, existiendo una cláusula en la póliza según la cual, si el asegurado asumiera su defensa en juicio sin darle noticia oportuna al asegurador, quedan a su exclusivo cargo los honorarios de su letrado. En la especie, la actora no intentó acreditar en modo alguno el cumplimiento de tal anoticiamiento, lo que constituía una carga propia.
Insuficiencia del agravio, daño emergente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Dreyer Analia Beatriz  c/ EN M Justicia DDHH y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-29

La jueza Clara María do Pico, en disidencia, sostiene que corresponde rechazar los agravios ofrecidos por el Ministerio de Justicia ya que no alcanzan para rebatir las conclusiones expuestas por la jueza de primera instancia acerca de la existencia y la extensión del "daño emergente". En cuanto al ítem "daño moral", considera que están probados los padecimientos alegados por la actora y que, por tanto, debe desestimarse los agravios de la parte demandada.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho a elegir defensor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

El abogado defensor es, con su presencia, una garantía de legitimidad constitucional; la asistencia letrada del imputado se encuentra dentro del marco de la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso justo.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: B. de T., D. R. c/ F. de T., A. s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-25

La circunstancia de ocupar un inmueble, aunque fuere por largo tiempo, no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con intención de adquirir la propiedad por este medio. Se requiere una prueba plena e indubitable que deje expuestos con precisión los actos posesorios realizados con ánimus domini, y durante todo el transcurso exigido por la ley.
Cuestiones de competencia, competencia de menores, menores en situación de desamparo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALARCON, MIGUEL A. s/ COMPETENCIA Causa 824
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

El conocimiento atribuido al juez de menores por el artículo 29, inciso 3ro. de la ley de rito, de manifiesto carácter tuitivo y circunscripto a supuestos de simple inconducta, abandono material o peligro moral de menores, carece de aptitud para enervar la competencia de un tribunal destinado al juzgamiento de ilícitos cometidos por mayores.