Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05


Salta, 05 de febrero de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "A. S.R.L. vs. R. S.R.L.; I. I. S.R.L. POR MEDIDAS CAUTELARES" - Expediente Nº 1211/15 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur - Joaquín V. González (EXP - 604775/17 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

1º) Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 214 por el doctor Carlos Octavio Poma Vasmulaky, en su carácter de apoderado de la actora, en contra de la resolución de fojas 211/213 que hizo lugar al pedido de declinatoria planteado por la demandada al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al juzgado de Primera Instancia en Civil, Comercial, Laboral y de Familia nº 3 de Puerto Iguazú.Para así decidir la señora jueza de grado estimó que el contrato de cesión de crédito realizado el 21 de abril de 2015, entre I. I. S.R.L. en calidad de cedente y A. S.R.L. como cesionario, mediante el cual se cede un crédito contra la firma R. S.R.L., si bien en su cláusula sexta determina la prórroga la jurisdicción a los tribunales ordinarios del Distrito Judicial Sur Metán y/o Distrito Judicial Joaquín V. Gonzalez-Anta, ésta no le resulta aplicable a R. S.R.L. al no haber sido parte de dicho contrato.

Asimismo señaló que el objeto del contrato de cesión resulta coincidente con el objeto del presente proceso y con la demanda iniciada por I. I. S.R.L. ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia nº 3 de Puerto Iguazú el 8 de abril del 2014, por lo que concluyó que resulta competente el juez que se encuentra interviniendo en el proceso principal, es decir en el expediente nº 6523/12 caratulado "I. I. S.R.L. C/ R. S.R.L. S/ Cobro de Pesos".

Entendió finalmente que resulta aplicable el principio perpetuatio jurisdictionis, que establece que cada vez que un nuevo proceso fuera consecuencia de otro precedente o que el posterior tendiera a modificar o dejar sin efecto el anterior, debía mantenerse la competencia del órgano que previno.

A fojas 217/221 expresa agravios la parte apelante, quien manifiesta que la resolución en crisis resulta injusta y desvinculada de la realidad de los hechos. Se agravia porque la Juez "a quo" afirma que la firma R. S.R.L. no fue parte del contrato cuando en la cláusula cuarta del contrato de cesión de crédito la firma I. S.R.L. se constituye en fiador solidario de la firma R. S.R.L., resultando la competencia prorrogable por ser la única en donde no está en juego el orden público. Aduce que de conformidad a lo normado por el artículo 5º inciso 5º del Código Procesal Civil y Comercial, cuando se tratare de acciones personales, en que son varios los demandados y la acción versa sobre obligaciones solidarias, resulta juez competente el del domicilio de cualquiera de ellos. En ese orden, señala que la citada norma hace referencia a prórrogas expresas como tácitas porque al tratarse de una obligación solidaria, el codemandado prorrogó expresamente la competencia y con ello atrajo al otro codemandado.

Afirma que de fojas 184/188 y 185, surge que la firma R. S.R.L. al solicitar el levantamiento del embargo, consintió la competencia del juzgado, por lo que debe declararse abstracto el planteo de declinatoria. Idéntica interpretación efectúa con relación al pedido de suspensión de plazos de fojas 344 del expediente principal Nº 1429/15.

Se queja también de que se sostenga en la sentencia de grado que la demanda iniciada en Puerto Iguazú y la medida cautelar iniciada en los presentes obrados coinciden en su objeto. Aduce que la firma A. S.R.L. es ajena a la relación procesal existente entre I. I. S.R.L. y R. S.R.L., destacando la legalidad de la cesión de créditos y su notificación mediante carta documento el día 15 de junio de 2015.

Sostiene la apelante que de haber conocido la contienda judicial existente entre I. S.R.L. y R. S.R.L. se hubiese instrumentado una cesión de derechos litigiosos que tramitaría en el lugar de origen.

Finalmente objeta que en el caso no resulta de aplicación el principio perpetuatio jurisdictionis, el que se ajusta a derecho cuando sobrevienen cuestiones de hecho, quedando excluidas las modificaciones que obedecen a cuestiones de derecho, es decir la sanción de normas que modifican la distribución de competencias entre los órganos judiciales, las cuales pueden atribuir competencia a tribunales creados después de producirse el hecho, siempre que con ello no se encubra la creación de tribunales de excepción.

Corrido traslado del memorial, a fojas 226/228 contesta la demandada solicitando que se declare desierto el rechazo el recurso y, subsidiariamente, que se lo rechace por los argumentos que allí expone.

A fojas 236/237 el señor Fiscal de Cámara se expide por el rechazo del recurso de apelación interpuesto. A fojas 238 se llama autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que en forma preliminar y atento a lo manifestado por la demandada R. S.R.L., es dable destacar que si bien es cierto que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y fundada del fallo apelado que no se traduzca en meras discrepancias con el razonamiento del juez de primera instancia, debe seguirse un criterio amplio en lo que respecta a su admisibilidad, ya que es el que mejor armoniza con el respeto a la doble instancia y al principio constitucional de defensa en juicio, tal como ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en reiterados precedentes (v.g. esta Sala en "Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. por Medida Cautelar", expte. CV-6614/93, t. 2006 2ª Parte, fs. 300/301; Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id, t. 2003, fs. 232/234; Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576) en consonancia con la doctrina de la Corte de Justicia local (v. CJS in re "Rondoni vs. Ekhardt", Tomo 44:1109). Es así que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad; y aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (Sala III, "Rueda vs. Ayón", tomo 2007, fl. 1258).

En esa inteligencia, se advierte que el escrito de expresión de agravios de fojas 217/221 cumple mínimamente con las exigencias prescriptas por el artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que corresponde entrar en el estudio del recurso.

3º) Liminarmente cabe recordar que la competencia es "la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso" (cfr. Palacio, Lino Enrique; Derecho Procesal Civil, Decimosexta ed. actualizada, Bs.As, 2001, pág. 190). En particular, el artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial determina que la competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable, con excepción de la competencia territorial que puede ser prorrogada.

El articulo 5º del Código Procesal Civil y Comercial dispone por su parte que: "Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este Código o en otras leyes, será juez competente; (.) 3).- Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar fijado en el contrato, a falta de éste, el del lugar en que debe cumplirse la obligación y; en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato siempre que el demandado se encontrare en él, aunque fuere accidentalmente, en el momento de la notificación.

En el caso de marras, se advierte que la deuda que se reclama en el presente proceso se originaría como consecuencia de la relación comercial entre las firmas I. I. S.R.L. y R. S.R.L.

La apelante sustenta su pretensión de asignarle competencia a los tribunales de ésta provincia sobre la base de un contrato de cesión de crédito que rola a fojas 5/6 de autos (original incorporado a fs. 5/5 del expediente nº1212/15 "Beneficio de Litigar Sin Gastos"). En la cláusula sexta de dicho instrumento se dispone la prorroga de la jurisdicción a los tribunales ordinarios del distrito judicial sur Metan y/o distrito judicial Joaquín V. González quedando a criterio del cesionario su elección.

Se advierte que el referido contrato fue celebrado por las firmas I. I. S.R.L.(cedente) quien cede a A. S.R.L. (cesionaria) un crédito, que según hace constar, tiene y le corresponde contra la firma R. S.R.L., sin que esta última haya formado parte del acto jurídico suscripto en instrumento privado con firmas certificadas.

Teniendo presente lo expuesto, no habiendo el deudor cedido formado parte del contrato de cesión, la cláusula sexta que contempla la prórroga de la jurisdicción territorial le resulta ciertamente inoponible, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1021, 1022 y 1023 del Código Civil y Comercial (artículo 1195 última parte del Código Civil de Velez), siendo irrelevante la naturaleza jurídica de las obligaciones involucradas. Deviene inadmisible la pretensión del apelante de afectar los derechos del deudor cedido (codemandado en autos) alterando la jurisdicción y violentando consecuentemente el principio de juez natural sin su consentimiento, conclusión que no se modifica por el solo hecho de habérsele notificado la cesión. Una interpretación contraria implicaría que cualquier acreedor, por el solo hecho de perjudicar al deudor recalcitrante o con el objeto de que su crédito resulte más atrayente u oneroso al momento de su venta, podría habilitar al cesionario a iniciar acciones judiciales en cualquier punto del país, lo resulta inaceptable.

Tampoco puede el apelante tomar como sustento de la prórroga el artículo 5 inciso 5º del Código Procesal Civil y Comercial, pues como se sostuvo, la codemandada R. S.R.L. no prorrogó la jurisdicción y tampoco tiene domicilio en la provincia de Salta, según lo denuncia la propia actora a fs. 78, por lo que no resulta ajustado a derecho sostener, bajo la aplicación de tal disposición procesal, la competencia territorial del tribunal actuante. Ello deja sin sustento los agravios que al respecto formula el apelante.

Por lo demás, con las constancias obrantes en la causa se advierte que la acción intentada ante el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia nº 3 de Puerto Iguazú, expediente nº 6523/12 caratulado "I. I. S.R.L. C/ R. S.R.L. S/ Cobro de Pesos", iniciado con anterioridad, tiene por objeto la misma deuda cedida que sustenta este proceso judicial, lo que reafirma la incompetencia declarada, ante la indudable conexión entre ambas acciones.

Finalmente el apelante entiende que la codemandada R. S.R.L. ha consentido la competencia del juzgado interviniente, con la presentación de los escritos de fojas 184 y 185 en los cuales ambas partes solicitan el levantamiento del embargo trabado en autos y se ofrece fianza para el pago de las obligaciones fiscales. Pero es del caso que, como lo dispone expresamente el artículo 196, segundo párrafo del Código Procesal, el embargo preventivo dictado por juez incompetente no prorroga su jurisdicción. Planteada la cuestión de competencia si bien se suspende el trámite sobre lo principal, el juez está facultado para dictar medidas precautorias o cualquier otra diligencia cuya omisión pudiere resultar un perjuicio irreparable, sin que ello importe consentimiento alguno a la competencia sobre la acción principal al juez incompetente (conf. CApel. CC. Salta, Sala V "Silla c/ Ibáñez", Tomo II, año 1982 fs. 213).

A mayor abundamiento debe recordarse además que el desistimiento de la declinatoria de la incompetencia para que pueda darse debe ser formulada mediante una expresión por escrito de parte del interesado, debiendo dicha expresión resultar clara y terminante en tal sentido, es decir, que no deje dudas del propósito abdicatorio. En consecuencia tampoco puede inferirse de la suspensión de los plazos solicitada conjuntamente por las partes a fojas 344 del expediente 1429/15, la declinación del planteo de incompetencia deducido en autos.

En definitiva, los argumentos del agraviado no alcanzan a rebatir la resolución en crisis por lo que corresponde rechazar la apelación articulada a fojas 214 y confirmar el punto I) de la resolución de fojas 2117213. Sin embargo, atento lo dispuesto por el artículo 354 inciso 1º) de nuestro ordenamiento procesal, no cabe ordenar la remisión de los autos al juzgado de Primera Instancia en Civil, Comercial, Laboral y de Familia nº 3 de Puerto Iguazú - Misiones, sino el archivo del expediente por cuanto el juez competente para resolver la cuestión no pertenece a esta jurisdicción.

4º) Las costas de esta instancia, por aplicación del principio objetivo consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial, deben ser impuestas a la actora.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES ENLO CIVIL Y COMERCIAL, I.- RECHAZA al recurso de apelación interpuesto a fojas 214 por la actora y confirma el punto I) de resolución apelada. Con costas.

II.- MODIFICA el punto II ordenando el archivo de expediente.

III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES ENLO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: VERÓNICA GÓMEZ NAAR HEBE ALICIA SAMSÓN SECRETARIA: DRA. MARÍA LUJÁN GENOVESE SALA II, T.1ª PARTE INTERLOCUTORIOS, 2018, Fº 27/30, 05/02/2018. EXPTE. N° 604775/17