Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-05


En Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio de dos mil uno, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por "BOGART PRODUCCIONES S.R.L. C/ARTE RADIO TELEVISION ARGENTINA S.A. (ARTEAR) S/SUMARIO", en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Monti, Di Tella, Caviglione Fraga. Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver. ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 811/817? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I) Bogart S.R.L. promovió demanda contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (Artear), a fin de que se determine judicialmente y se condene al pago del precio correspondiente a la autorización que le había otorgado para la producción, emisión y comercialización en Argentina y en el exterior de una nueva serie de trece capítulos de la obra televisiva derivada denominada "Adónde estás amor de mi vida ... que no te puedo encontrar". Esa autorización tuvo lugar en el marco de un contrato concluido entre ambas firmas el 29.12.1993 (fs. 44/50). Relató la actora que con anterioridad, el 13.7.1992, había celebrado con Artear un convenio por el cual le había cedido los derechos de exhibición de los primeros capítulos (doce) de la obra antes mencionada, cuya producción había realizado la misma Bogart (ver fs. 8/18). La demandada los comercializó en Argentina y como contraprestación le había abonado una suma determinada más un plus por rating. El contrato del 29.12.1993 que originó este pleito comprendía, en esencia, tres tópicos fundamentales. Uno concerniente al derecho de exhibición y comercialización que tenía Artear sobre los primeros capítulos de la obra, el cual se extendió por este convenio a todo el mundo, a cambio de la obligación de aquélla de pagar una suma determinada de dinero a la actora por cada capítulo. En segundo lugar, se convino que la producción de la segunda etapa de la obra sería realizada directamente por Artear, con el equipamiento técnico que Bogart le daba en locación a tal fin, pactándose también por este concepto (alquiler de los equipos) el pago de un precio. En tercer término, la actora concedió a Artear la autorización que es objeto de este litigio. A este respecto, próxima ya a concluir la grabación de esa segunda etapa de la serie televisiva, Bogart se consideró con derecho a efectuarle los reclamos que fueron luego articulados en estas actuaciones. La actora aclaró en su demanda que si en el contrato no se había fijado la retribución por aquella autorización, fue porque su determinación había quedado subordinada a la efectiva realización de los nuevos capítulos. En el mismo sentido, puso de relieve que Artear, como es obvio, no estaba obligada sino "facultada" a hacer uso de la autorización conferida, lo que explicaría la ausencia de una estipulación anticipada del precio. Hizo referencia a los presuntos beneficios que habría obtenido la accionada por la comercialización de la primera serie de capítulos, para concluir que la autorización otorgada para la etapa posterior debía ser retribuida, pues -dijo- su "beneficio concreto quedará cristalizado en el transcurso de su comercialización nacional e internacional". De esta manera, trató de dejar en claro el carácter oneroso de la prestación. Por último, expuso distintos criterios para determinar el precio de la autorización.

II) A fs. 207 contestó demanda Artear. Sostuvo que no correspondía determinar y pagar precio alguno por la autorización que recibió de Bogart S.R.L.. Expresó que, de ser así, se hubiese convenido en el contrato, de cuya letra surgiría con claridad el vínculo que las unió y la gratuidad de la autorización. Dijo que el pago que realizó había tenido efecto cancelatorio, pues fue recibido sin ninguna reserva. Negó que la determinación del precio hubiera quedado subordinada a la efectiva realización de la obra, ya que si no hubiese existido certeza sobre la concreción del proyecto, no habría alquilado equipos exclusivamente para tal fin. Sostuvo que la accionante habría incurrido en pluspetición y que su conducta sería maliciosa y temeraria.

III) La jueza de primer grado rechazó la demanda. Para así resolver, efectuó un paralelismo entre el contrato de fecha 13-07-1992 y el que originó esta litis, otorgado el 29-12-1993. Expresó que los primeros capítulos de la obra habían sido producidos por Bogart S.R.L., quien luego, mediante el primer contrato y a cambio de una suma determinada en dinero, cedió los derechos exclusivos de comercialización a Artear. En cambio -dijo- la segunda etapa de la obra fue producida por Artear, por lo que no correspondería que esta sociedad pagara a Bogart por la comercialización de lo que ella misma había producido. Añadió que frente a la minuciosidad del contrato parecería incoherente que no se hubiese previsto la determinación y pago del precio de la autorización. Por último, impuso a la actora las costas y una multa equivalente al 10% del monto establecido para el pago de la tasa de justicia por entender que habría incurrido en temeridad al haber "inventado" (sic) el crédito por el cual demandó.

IV) Apelaron ambas partes. A fs. 875/920 expresó agravios la parte actora, quien sostiene que la demanda fue rechazada infundadamente, en tanto la sentencia no mencionó el derecho aplicable. Se agravia porque la a quo no accedió a determinar y condenar al pago del precio que reclama. Asimismo, cuestiona que se le hayan impuesto las costas y la referida multa, quejándose a su vez porque no se aplicaron a la demandada y a sus letrados las sanciones por temeridad y malicia procesal que solicitara.Sostiene que la segunda parte de ")Dónde estás amor de mi vida...?" es una "obra derivada", es decir, una "adaptación" de otra obra que, por ser privada, sólo puede efectuarse previa autorización de sus autores. Esa cesión de los derechos de transformación y adaptación es lo que habría generado en el caso una contraprestación que aún está pendiente de pago, y respecto de la cual la jueza de primer grado liberó a la demandada, cristalizando "ilegítimamente un enriquecimiento sin causa a favor de Artear". Por otro lado, agregó que Artear al absolver posiciones reconoció la onerosidad del segundo contrato y la falta de una contraprestación específica para la autorización que había recibido de Bogart S.R.L. Reitera la accionante lo ya expresado en punto a los motivos por los cuales no se había establecido por escrito el precio de la autorización en el contrato del 29-12-93. Añade al respecto que en ese momento no se conocía con certeza si Juan José Jusid, cotitular de la primera parte de la obra junto con Bogart S.R.L., prestaría su conformidad a la cesión del derecho de transformación y adaptación que se había instrumentado por el citado convenio. Por eso, se habría convenido verbalmente determinar la contraprestación cuando se obtuviera ese asentimiento y la obra se realizara efectivamente. Señala la apelante que, con posterioridad, tomó conocimiento de que ya antes de la celebración del contrato del 29.12.93 Artear contaba con la autorización de Jusid para producir y explotar la obra, circunstancia que le habría ocultado para evitar la determinación de la contraprestación en el momento de celebrarse el convenio. En este hecho funda Bogart la mala fe que le atribuye a la demandada. Insiste la recurrente en la importancia de las ganancias que generó la explotación de la primera parte de la obra, lo que a su entender habría motivado el interés de Artear en producir la segunda parte. También se refiere a la comercialización que la demandada realizó de los capítulos que produjo de esa segunda serie, hecho que dejaría en claro que se trata de un bien susceptible de apreciación pecuniaria.A fs. 921/924 expresó agravios Artear. Dice que la multa que se impuso a la actora es baja y que debió fijarse considerando el máximo admitido por el artículo 45 del Cód. procesal. Además, se queja de que la a quo no hubiera extendido esta sanción a los gerentes de la actora, todos abogados, y a sus letrados, quienes -según dice- debieron ser conscientes desde el inicio de que el reclamo era infundado.

V) Un detenido examen de los antecedentes de este caso y de las normas aplicables en esta materia, me llevan a concluir en la admisibilidad parcial de los agravios de la actora, por las razones y con el alcance que he de explicar.A mi modo de ver, en la decisión que viene apelada aparecen superpuestos distintos aspectos que es preciso discernir en la relación jurídica que unió a la actora y a la demandada; quizá la presentación que las mismas partes hicieron de la materia del litigio contribuyó a esa superposición. Como fuere, creo necesario deslindar dos ámbitos diferentes que convergen en la pretensión de la accionante y que deben ser examinados separadamente: por una parte, el reclamo de lo que aquélla pretende por haber autorizado la emisión y comercialización de los capítulos que produciría la demandada, y por la otra, lo atinente a la contraprestación que pueda corresponderle en concepto de autorización para la producción de la obra. Partiendo de esta distinción, trataré sendos tópicos en ese orden, anticipando que coincido con la conclusión alcanzada en la instancia de grado en cuanto a que el primer rubro debe ser desestimado. En efecto, a tenor de las razones que expondré, considero que no corresponde contraprestación alguna por la emisión y comercialización de los últimos trece capítulos.En primer lugar, porque en la cláusula 13 in fine del contrato del 29 de diciembre de 1993, Bogart S.R.L. manifestó que no se reservaba derechos sobre esa segunda tanda de capítulos, expresando que, respecto de ellos, "carecerá de derecho alguno de propiedad intelectual" (v. fs. 48). Cabe poner de relieve que los derechos patrimoniales por la representación o ejecución pública de una obra televisiva, es decir, por su comercialización, emergen de la autoría y constituyen el único aspecto de ésta que el autor estaría habilitado para disponer, puesto que el derecho moral está fuera del comercio (ver esta Sala in re: "Medina Cámpora, Carlos Ernesto c/Porcelana Americana y otro s/sum.", 23-4-1992, E.D., t. 152, p. 461, y la nota al fallo de Carlos Alberto Villalba; conf. Salvat, Raymundo M., "Tratado de Derecho Civil Argentino", Fuentes de las obligaciones -Contratos-, 2da. edición, actualizado por Arturo Acuña Anzorena, vol. III, TEA, Bs. As., 1957, p. 661, nro. 2699).Por consiguiente, el alcance de la citada cláusula consiste, a mi ver, en que la actora renunció expresamente a toda retribución y a toda participación en los beneficios económicos que se obtuvieran de la explotación de esa segunda tanda de la serie televisiva que aquí se trata.En segundo lugar, más allá de lo expresamente estipulado en la cláusula 13 y aun cuando no se hubiese incorporado tal cláusula, parece claro que el productor -en este caso Artear-, al adaptar la obra inicial, ya pasaba a ser coautor de la obra resultante junto con el o los autores precedentes de aquélla, pues así lo determina la ley de propiedad intelectual (arts. 4, inc. c, 25 y concs., ley 11.723). Esta condición, per se, le permitía a Artear comercializar la obra derivada y obtener beneficios pecuniarios, al igual que ejercer cualquier otra prerrogativa que derive del derecho de autor y del derecho de modificar una obra preexistente (en tal sentido, ver: Isidro Satanowsky, "Derecho Intelectual", TEA, Bs. As., 1954, p. 322), sin que para ello fuera menester requerir permiso alguno. En otras palabras, dentro de este esquema legal, en la medida que se adquiere el derecho de producir una obra derivada de otra, por cierto con la condición de ser aquélla continuación de ésta, tal como ocurrió en el sub lite (ver cláusula 13, segundo párrafo, del contrato obrante a fs. 44/50), esto implica que dicho productor pasa a ser coautor de la obra derivada, en el caso de la segunda tanda de capítulos. De esa manera queda habilitado para efectuar toda forma de comercialización de la serie realizada a partir de la transformación y adaptación de la obra preexistente (ver Cám. Nac. Civil, Sala E, 23.11.1995, in re "Sadaic c. Aries Cinematográfica S.R.L. y otro", LL, 1996-D, 171).Pero es preciso aclarar que, en el caso sub examen, de no existir la renuncia antes mencionada, si bien Artear hubiese podido disponer de la obra para su comercialización en su carácter de coautora, hubieran quedado a salvo las acciones personales que podría iniciar Bogart por su derecho a participar en las ganancias obtenidas, las que le corresponderían, también, en su carácter de coautor, si no hubiese hecho expreso abandono o renuncia (art. 19 de la ley citada). De allí la necesidad del pacto que instrumentó esa renuncia en la cláusula 13 del convenio.Ahora bien, en cuanto al otro aspecto que integró la pretensión de la actora,considero que sí corresponde establecer una remuneración por la autorización para producir los capítulos de la segunda etapa de la serie, toda vez que de no haber obtenido Artear dicho permiso para ejercer el "derecho de transformación", no podría haber producido una obra que fue continuación de otra anterior.En efecto, cuando se utiliza una obra para efectuarle cambios, de manera tal de incorporarle una creación novedosa, se obtiene una obra resultante a la que la doctrina ha llamado "obra derivada o de segunda mano". Estos cambios pueden consistir entre otros en una "adaptación", lo que significa que una obra artística se acomoda a otra. Para poder usar el derecho de modificar una obra preexistente o inicial, de ser ésta privada, es preciso contar con la autorización de su autor, conforme surge de los artículos 2 y 25 de la ley 11.723 y así ha sido receptado por la doctrina y la jurisprudencia (ver: Isidro Satanowsky, op. cit., p. 313 y 420 y sgtes.; Julio Raffo, "La película cinematográfica y el video", Abeledo Perrot, 1998, p. 26 y sgtes.; en igual sentido: Cám. Nac. Civil, Sala C, 19.9.1978, in re: "Cresseri, Artidorio c. Sadaic", célebre voto del Dr. Cifuentes sobre derechos atinentes a una obra musical, LL, 1979-B, p.112).Coincidentemente, con referencia al derecho italiano, destaca Messineo la tutela que la ley dispensa a todos los coautores y la exigencia de contar con su aquiescencia para cualquier adaptación: "la obra cinematográfica (expresada en películas o films) -explica- se considera como obra que es efecto de colaboración (son sus coautores los autores del argumento, de la escenografía y de la música, y el director artístico)"; añade que "el derecho de utilización compete al 'productor', o sea al que ha organizado la producción de la obra cinematográfica (o, con término técnico, el 'montaje') y que no se debe confundir con el 'director de producción' (...). Pero el productor necesita del asentimiento del autor del argumento, del autor de la escenografía, del autor de la música y del director artístico, para poder realizar elaboraciones, transformaciones o traducciones del film" (Francesco Messineo, "Manual de Derecho Civil y Comercial", trad. de Santiago Sentís Melendo, t. III, parág. 86, p. 382, EJEA, Bs. As., 1979).El otorgamiento de esa prerrogativa de "modificación", dentro de la cual se halla la de "adaptación", genera un derecho patrimonial (crédito) en favor de quien la confiere. Como señala Satanowsky (op. cit.), "en materia de derechos pecuniarios la ley protege más bien al autor que a la obra" y cada vez que "un elemento extraño interviene" para ejercer alguna de las facultades derivadas de la autoría, estamos ante un acto perjudicial para el autor. Por eso, en los casos en que el autor autoriza esta transformación, debe ser retribuido económicamente. Estos derechos de carácter pecuniario pueden ser abandonados o renunciados, pero en su caso, deberían serlo en forma expresa, puesto que la renuncia de los derechos no se presume y, en situaciones de esta índole, debe presumirse más bien su onerosidad (conf. arts. 874 y 1627 del C.Civil, aplicables al caso según art. 12 de la ley 11.723; conc. Messineo, op. cit., quien observa que los coautores -si no son retribuidos mediante un porcentaje sobre las representaciones públicas- tienen derecho a una ulterior compensación, salvo pacto en contrario, que es debida por el productor).En el sub examine, si bien es cierto que las partes no fijaron un modo de retribuir la autorización para producir la segunda tanda de capítulos de la serie ")Dónde estás amor de mi vida... que no te puedo encontrar?", no lo es menos que tal "producción" exigía, por obvia implicación, trabajar sobre la base de la primera tanda de la serie. Y es para disponer de este material ya creado intelectualmente que la aquí demandada necesitaba la anuencia de Bogart. Ésta en ningún momento exteriorizó una renuncia expresa sobre los derechos patrimoniales que pudieran corresponderle por tales actos de disposición concernientes a dicha primera tanda de capítulos de la obra antes mencionada puesto que la ya citada cláusula 13 del contrato de fs. 44/50 sólo aludió en su parte final a la segunda tanda. De donde cabe concluir, como hube anticipado, que corresponde admitir el reclamo de la actora en cuanto se refiere a este aspecto.

VI) En lo que concierne al monto que deberá abonar Artear por la autorización que obtuvo de Bogart para producir la obra antes mencionada, cabe considerar los diferentes peritajes efectuados en la causa, las impugnaciones de las que fueron objeto y el resto de la prueba ofrecida. A fs. 432/441 el perito contador de oficio presentó su informe, el que fue aclarado a fs. 503/516. En ambas oportunidades utilizó como base para calcular el precio de la autorización el método de la "superutilidad esperada". A fs. 555 presentó su informe el perito tasador, quien partió del importe al que había arribado el perito contador ($7.914.452 al 29.12.1993), reafirmó la idoneidad del método empleado para dicho cálculo y concluyó que el precio de la autorización para la producción, emisión y comercialización de la segunda tanda de capítulos de la serie, objeto del reclamo de autos, debía establecerse "entre el 10% y el 15% de esa superutilidad esperada", vale decir, entre $791.445,20 y $1.187.167,80 respectivamente.Pero de esos importes a que hubo arribado el perito tasador como virtual "valor" de la autorización para la producción, emisión y comercialización, habría que deducir, de conformidad con lo expresado en el punto anterior, la parte destinada a retribuir lo atinente a la comercialización y emisión de la serie, ya que tales aspectos han sido excluidos del derecho a compensación. A tal fin, en el marco relativamente conjetural en que se sitúan estos cálculos, puede constituir una pauta de orientación a tomar en cuenta lo que las mismas partes fijaron en los dos contratos que las vinculara para retribuir la comercialización de la primera tanda de capítulos, primero en el ámbito nacional y luego internacional (la suma total ascendió a $720.000).Sobre la base de tales antecedentes, un promedio estimado del monto al que había arribado el experto en tasaciones, con la deducción correspondiente a los rubros no compensables en el caso (comercialización y emisión), permite discernir un valor atribuible a la autorización para producir. Esos parámetros, considerados, a su vez, dentro del contexto de la causa -en particular las impugnaciones formuladas por Artear a fs. 589-, me llevan a determinar prudencialmente la suma reclamada, en la parte en que corresponde admitir la pretensión, en $150.000.-Los intereses sobre dicha suma deberán computarse a partir de la fecha de notificación de la demanda y se liquidarán de acuerdo con la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (conf. esta Cámara en pleno in re "S.A. La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales (art. 288)", E.D., t. 160, p. 205).

VII) Los argumentos detallados en el punto anterior, que fundamentan la modificación de la sentencia de la a quo en lo principal que decide, justifican a su vez que se deje sin efecto la multa aplicada en la instancia anterior a la actora. Asimismo, corresponde adecuar el pronunciamiento sobre costas (art. 279, Cód. Proc.), las cuales, en virtud de las particularidades que el caso presenta y los fundamentos del resultado al que se arriba, estimo prudente distribuirlas en un 70% a cargo de la demandada y un 30% a cargo de la actora (art. 68, 2do. párr., Cód. Citado), en ambas instancias.

VIII) Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, corresponderá revocar la sentencia de primer grado y hacer lugar parcialmente a la demanda con el alcance expresado en los puntos V y VI. Las costas del proceso deberán imponerse en la forma indicada en el punto VII. Así lo voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Héctor M. Di Tella y Bindo B. Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Buenos Aires, 5 de junio de 2001.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 811/817 y se hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a Artear S.A. a abonar a Bogart S.R.L. la suma de $150.000. Los intereses deberán computarse a partir de la fecha de notificación de la demanda y se liquidarán de acuerdo con la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días. La multa aplicada en la instancia anterior a la actora se deja sin efecto. Las costas del proceso deberán imponerse en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora.

FDO.: Di Tella - Caviglione Fraga - Monti Ante mí: Kölliker Frers.