Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29


Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VIII Expediente Nº 15235/2002 SENTENCIA Nº 34810 JUZGADO Nº 57 AUTOS: "MARTINEZ Eduardo Fabián c/ PROVINCIA ART. y Otros s/ Accidente- Acción Civil" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I. La señora juez "a quo", a fs.544/554, con fundamento en el derecho común, hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó solidariamente a SIPBE S.A., a Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo -en este caso en la proporción fijada en la póliza de seguro - a pagar al actor la suma de pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600) en concepto de indemnización por accidente de trabajo (daño material y moral), con más intereses calculados a la tasa activa determinada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuentos de documentos comerciales, desde la fecha del pronunciamiento (31-8-2007).

II. Antes de abordar los respectivos agravios, recuerdo que el señor Eduardo Martínez trabajaba como vigilador para la empresa de seguridad privada SIPBE S.A. desde el 5-10-1999 y le fue asignado el objetivo emplazado en la estación de peaje de la cabecera Oeste de la autopista del Buen Ayre, explotada por CEAMSE, empresa ésta que había contratado los servicios de seguridad de SIPBE SA.

El 23 de diciembre de 1999, a las 5:20 horas, mientras desempeñaba sus tareas habituales en dicho objetivo y en momentos en que ingresaba a la oficina del supervisor de la autopista, recibió un impacto de bala en la mano derecha, a la altura de la base del dedo pulgar. El disparo fue accidental y provino de un arma de fuego que portaba otro empleado de la misma empresa de seguridad. La bala penetró en su torax, por la región axilar derecha, se fracturó el húmero derecho y el proyectil quedó alojado en su brazo. Según el dictamen del Cuerpo Médico Forense (fs.517/519), presenta una incapacidad del 23,1% t. o., exhibiendo una disminución de la fuerza del brazo derecho de un veinte por ciento, un acortamiento del húmero de un centímetro y una disminución de la fuerza de aprehensión de la mano derecha del 30%. Los galenos oficiales afirman también que muestra signos y síntomas compatibles con afección síquica vinculadas a la causa pero que dicho estado clínico psiquiátrico, compatible con reacción por estrés post traumático, no lo incapacita.

III. La actora se queja porque no se admitió una indemnización por daño psicológico y porque considera baja la concedida atendiendo a la incapacidad física del 23,1 % estimada por los expertos médicos (fs.561).

Al respecto, estimo que el agravio que apunta a descalificar el fallo porque en él se rechaza la cuantificación de daño psicológico debe desestimarse.

En la memoria no existe una crítica concreta y razonada del segmento del fallo que rehúsa una reparación por ese concepto (artículo 116 ley 18.345). La jueza "a quo" fundamentó su decisión en las conclusiones científicas del médico forense con especialidad en psiquiatría quien, como referí en el apartado anterior de este voto, expresó que los síntomas síquicos que presenta el demandante no le generan incapacidad y en la memoria de fojas 561 sólo se formula una discrepancia meramente subjetiva y dogmática con remisión a presentaciones anteriores que no se actualizan.

En lo concerniente al quantum indemnizatorio fijado por daño material y moral ($ 18.000 y $ 3600 respectivamente), lo estimo exiguo, teniendo en cuenta la edad del trabajador a la fecha del accidente (32 años), al salario que percibía,, los padecimientos que experimentó y las secuelas que porta. Propongo que estas partidas sean elevadas a $ 40.000 y $ 10.000, respectivamente, ascendiendo a un total de $ 50.000 (cincuenta mil), suma a la que deberá adicionarse los intereses que fueron fijados en grado y que no fueron cuestionados en su cómputo.

Resalto, para mayor ilustración, que si bien la edad de la víctima, sus expectativas de vida, de ganancia y los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales para fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, debe además seguirse un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (artículo 165 CPCCN).

IV. La codemandada CEAMSE se agravia, a fs.567/571 porque se la incluye en la condena. Repele la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia; las conclusiones periciales receptadas en ella; aduce que no tiene responsabilidad en el accidente; cuestiona que se extienda la responsabilidad según el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y en subsidio ataca por alto el monto fijado como indemnización.

Sus agravios no deben prosperar. Hago esta afirmación pues, con prescindencia de las previsiones del artículo 30 LCT, por cuyo conducto no es posible atribuir una obligación de responder emplazada en el derecho común, lo cierto es que la quejosa tiene responsabilidad civil por las consecuencias dañosas del infortunio ya que se concretan a su respecto todos los presupuestos exigibles para activarla los que no se asientan, reitero, en las previsiones de la ley 20.744.

Digo esto porque fue demandada con fundamento en la responsabilidad objetiva emplazada en el riesgo de una cosa y según el artículo 1113 segunda parte del Código Civil. En ese marco, como sujeto a cargo de la explotación de la autopista del Buen Ayre tiene, frente a los usuarios de ese servicio, una clara obligación de seguridad que le exige la custodia y la vigilancia permanente de la ruta respectiva. Para cumplir esas obligaciones, contrató los servicios de vigilancia de SIPBA SA y receptó las prestaciones del demandante.

Luego, también CEAMSE tiene obligación de responder en su calidad jurídica de guardiana del objeto o actividad de riesgo.

En ese marco, no dudo que corresponde responsabilizarla, como explotadora de la autopista, con motivo del accidente que sufriera el actor durante la realización de trabajos de vigilancia - en la estación de peaje de una de sus cabeceras, cuando recibió un impacto de bala que provino del arma de otro vigilador -pues aún cuando esos trabajos de vigilancia fueron encomendados a otra empresa, esas tareas eran realizadas en su exclusivo provecho, y respondían a sus fines empresariales y en consecuencia, el beneficio que obtuvo con la cosa o actividad riesgosa le impide liberarse de su condición de guardiana, a tenor de los dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil.

Si alguna duda cupiera acerca de la responsabilidad de la recurrente, destaco a mayor abundamiento, que el demandante aseveró al demandar que no se habían cumplido mínimas normas de seguridad relativas a la manipulación de armas de fuego por parte de los trabajadores afectados a esos menesteres. Este extremo fáctico ha quedado probado ya que se suma a la contumacia procesal de SIPBA SA, los informes del Registro Nacional de Armas (RENAR) y del Registro Provincial de Armas (REPAR) - ver fojas 317 y 411- de los que surge que el actor, a pesar de llevar armas de fuego por indicación de la empleadora, no estaba registrado como usuario en ninguna categoría, lo que denota la negligencia imputada a la empleadora quien, como también surge del testimonio de fs.328/329 (Cáceres), tampoco había dado instrucciones para el manejo de las armas. Luego, la calidad jurídica de guardián de la empresa CEAMSE, en los términos del artículo 1113 segunda parte del Código Civil, es reafirmada por las previsiones de la ley 19.587 de Seguridad e Higiene cuyo artículo 3? dispone que "cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal?éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones" de esa ley. Si CEAMSE debía estar al tanto del cumplimiento de las normas de seguridad en torno de la tarea de vigilancia que había encargado a una tercera, quien proveía armas de fuego (cosas riesgosas) a sus dependientes, no puede excluir su condición de guardiana de los objetos peligrosos introducidos en su ámbito de custodia y con su aprobación. Lo exigía no solamente la preservación de la salud de los trabajadores que prestaban tareas en su puesto de peaje sino también la de las personas que transitan por el recorrido vial que explota y que, como es de público y notorio, se cuentan mensualmente por millones.

Por último, que CEAMSE tenía plena conciencia de la existencia y alcances de su responsabilidad por los eventuales siniestros laborales, lo denota el contenido del contrato suscripto con la empresa de seguridad (ver fs.359/364 - especialmente fs.360, cláusula quinta).

Allí se reservó la facultad de retraer de las sumas que adeudase a SIPBA SA lo necesario para sufragar los costos por seguro de riesgos del trabajo ley 24.557.

En síntesis, la responsabilidad recae no sólo sobre quien tiene la guarda material de la cosa riesgosa productora del daño sino también sobre quien tiene la guarda jurídica, es decir, sobre quien se aprovecha económicamente de ella con su uso. En este marco conceptual, coherente con la visión contemporánea del derecho daños que, al decir de José María López Olaciregui, está construido fundamentalmente sobre la idea del daño injustamente padecido más que sobre la del daño injustamente causado ("Esencia y fundamento de la responsabilidad civil", Revista de Derecho Comercial de las Obligaciones", año 11, n ? 64, agosto de 1978, Págs.941/962), no comparto los reparos legales que se esbozan al apelar para contradecir la condena de grado respecto de CEAMSE Sociedad del Estado.

Los restantes agravios tampoco deben ser atendidos.

La valoración de las conclusiones periciales que se efectuaron en grado se comparte íntegramente. Los respectivos dictámenes exhiben una solidez científica que no logra ser conmovida por las consideraciones que se efectúan al apelar, atendiendo a las reglas de la sana crítica. La misma suerte deberá correr el cuestionamiento realizado a la inconstitucionalidad normativa que se declara en la anterior instancia pues guarda coherencia con la doctrina sentada por el Máximo Tribunal (Fallos 327: 3753).

En torno de la cuantificación de los daños, la queja no prosperará por mi intermedio. Ya he dicho en el apartado anterior que su monto luce exiguo y que debía elevarse. Me remito a lo ya expresado.

V. Provincia ART, que fue condenada en los límites de la póliza, se queja a fs.575/590 de los siguientes tópicos: a) porque se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 39 de la ley 24.557; b) porque se rechazó su defensa de falta de legitimación pasiva fundada en que a la fecha del accidente su parte no debía dar cobertura porque el contrato había sido rescindido por falta de pago; c) porque se desestimó la falta de legitimación activa opuesta sobre la base de que el reclamo del demandante está emplazado en el derecho común y ajeno a su cobertura; d) por el rechazo de la defensa de prescripción liberatoria, porque a la fecha de la demanda habían trascurrido más de dos años desde el accidente; e) porque se aceptaron las conclusiones del dictamen del Cuerpo Médico Forense para juzgar la incapacidad.

a) El agravio concerniente a los cuestionamientos constitucionales que se hicieron en grado al régimen de riesgos del trabajo (artículos 21 y 39 apartado 1 LRT) no constituyen una crítica concreta y razonada de los segmentos del decisorio que los abordaron (artículo 116 ley 18.345). Por otra parte, en parte se ajustan, reitero, a la doctrina de la Corte Federal del precedente "Aquino" (Fallos 327: 3753).

b) Legitimación pasiva. En lo tocante a la defensa de falta de legitimación pasiva, el agravio debe juzgarse desierto (artículo 116 del ordenamiento adjetivo) porque el apelante pasa por alto y no critica de modo concreto los argumentos empleados por la jueza "a quo" para rechazar su postura defensiva, a saber: la falta de cumplimiento del requisito previsto por el artículo 18 del decreto 334/97; que según el artículo 28 apartado 2 LRT debía otorgar las prestaciones y, por último, que el perito contador afirmó que la vigencia del contrato se extendía hasta el 30 de junio de 2000, por lo que la falta de pago es inoponible.

c) Legitimación activa. La queja atinente a la desestimación de la defensa de falta de legitimación activa también debe ser rechazada. Como se ha dicho, con criterio que se acepta para el caso concreto: "Aun cuando el trabajador, en virtud del accidente de trabajó que protagonizó, solicitó la aplicación de normas de derecho común, resulta improcedente eximir a la aseguradora de riesgos del trabajo de toda responsabilidad por la condena, pues ello importaría un daño al empleador quien se encontraba obligado a contratar el seguro y un enriquecimiento a dicha aseguradora (CNAT, sala VII, 19-7-2006, "Galarraga, Ramón Oscar c. Consolidar ART S.A. y otro", LL Online).

d) Extinción de la acción. La acción no estaba prescripta a la fecha de su promoción (23-5-2002). Si bien el reclamo se emplazó en el derecho común y corresponde aplicar el plazo de dos años previsto por el artículo 4037 del Código Civil para la responsabilidad extracontractual, lo cierto es que la señora juez de grado indicó, con criterio que ha sido aceptado reiteradamente y repetido desde antaño, que el curso del lapso respectivo debía iniciarse desde que el damnificado tomaba conocimiento de la verdadera dimensión del grado de incapacidad padecido. El apelante, más allá de criticar los aspectos relativos a los emplazamientos postales previos al juicio, ni siquiera estima en qué fecha probable, anterior a dos años de deducida la demanda, podría ubicarse razonablemente y desde su perspectiva, la fecha de toma de conocimiento. Por lo tanto, el agravio no puede prosperar.

e) La crítica que se realiza porque fueron aceptadas las conclusiones periciales del Cuerpo Médico Forense son inadmisibles (artículo 116 ley 18.345). La memoria en este aspecto no tiene autosuficiencia argumental y sólo traduce, en grado irredimible, una remisión a presentaciones previas que no se sostienen de manera autónoma.

VI. La modificación de lo decidido exige una nueva decisión sobre costas y honorarios (artículo 279 CPCCN).

VII. Por lo expuesto, propongo que: a) se modifique la sentencia apelada fijándose el monto de condena en la suma de $ 50.000 (cincuenta mil) y se la confirme en todo lo demás que ha sido materia de agravios; b) se impongan las costas del proceso a las demandadas vencidas (artículo 68 CPCCN); c) se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada CEAMSE y Provincia ART en el 18%, 16% y 16% y los de los peritos médico, médico psicólogo y contador en el 6%, 6% y 6% respectivamente (artículos 6, 7, 14, 19 Ley 21839 y 3? DL 16638/57) de la suma de capital más intereses.-.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO no vota (art. 125 Ley 18345).- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada y fijar el monto de condena en la suma de $ 50.000.- (cincuenta mil), y confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de agravios;

1) Imponer las costas del proceso a las demandadas;

1) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada CEAMSE y Provincia ART en el 18%, 16% y 16% y los de los peritos médico, médico psicólogo y contador en el 6%, 6% y 6% respectivamente de la suma de capital más intereses..

1) Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-