Muerte del concubino, tratados internacionales, bloque constitucional, legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., M.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro en causa Expte. Nº 010/06: L., M.C. p.s.a. Homicidio Simple - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-31

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable a la imputada como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 y 45 del C. Penal) condenándola en consecuencia a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico de la condenada, e interpone recurso de casación, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido por el asistente técnico de la condenada.

Como primer agravio, denuncian la errónea aplicación de la ley sustantiva (79 y 45 C.P.). En tal sentido, sostiene que, conforme ha quedado acreditado el hecho en el debate, corresponde encuadrar el accionar de la imputada dentro de las previsiones de la legítima defensa (art. 34 incs. 6º C.P.), entendida ésta, no sólo como la defensa propia, sino también, dentro de la norma que justifica la defensa de terceros, respecto al hijo menor de la imputada y al niño en gestación.

Haciendo un análisis armónico de la legislación internacional vigente, en correlación con el examen integral del material probatorio debidamente introducido a debate, me permite adelantar que en el presente caso, la imputada ha sido víctima de violencia de género por parte de su concubino, que justifica su reacción frente a la agresión ilegítima proferida por quien luego resultara víctima del hecho, dándose la causal de justificación de legítima defensa alegada por el recurrente.

En primer lugar, cabe destacar que cuando el Código Penal regula en el art. 34 inc. 6° a la legítima defensa, contempla como uno de los requisitos para que la misma se configure, que exista una "agresión ilegítima". Es decir, debe existir una conducta antijurídica, actual -debe estar en curso- o inminente -cuando el peligro de la agresión es suficientemente próximo como para que el agente se vea obligado a actuar para neutralizarla-.

El fundamento de este instituto radica en que el orden jurídico tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos, objeto que, cuando en una situación conflictiva extrema no llega a satisfacer, no puede negarle el derecho a que el sujeto provea por sus medios a la protección de tales bienes. Dicho de otra manera, se trata de una situación conflictiva en la cual el sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus derechos, o mejor dicho, la protección de sus bienes jurídicos.

Es que esa agresión ha sido arbitrariamente descartada por el a quo, quien efectúa un análisis parcial y descontextualizado de la prueba testimonial y documental debidamente incorporada a debate.

Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta grave la falta de ponderación en el fallo de las lesiones sufridas por la imputada a causa del impacto que provocó la víctima en el cuerpo de aquella al golpearla con la mitad de un palo, aparentemente de escoba. Es que el padecimiento de esta agresión, no solo ha sido perfectamente detallado por la imputada, sino que además, encuentra pleno sustento probatorio en lo descripto en el Informe Técnico Médico, en las placas fotográficas obrantes en autos y en el Acta Inicial de Actuaciones y Secuestro.

En efecto, cierran el cuadro convictivo el total de fotografías tomadas a la imputada, las que evidencian, sin ningún lugar a dudas, las lesiones impartidas por el concubino en el cuerpo de aquella, sumado todo esto a los Informes Psicológico y Psiquiátrico obrantes en autos.

Por último, también cabe referenciar que la imputada, en su declaración aludió a un embarazo anterior, cuya pérdida atribuye al accionar agresivo de su concubino.

Y si bien no existe glosado a la causa prueba documental alguna de tal circunstancia, surge de la pericia psicológica debidamente incorporada al plenario, como también de lo manifestado en debate por un testigo, a quien la acusada le dijo que "S. le había pegado en la panza, aclarando que ella está embarazada, también le dijo que antes S. le había pegado y le hizo perder un bebé".

No obstante lo expuesto, el tribunal consideró desvirtuadas tales manifestaciones, con el fundamento de que la imputada dijo que no recordaba la fecha ni el día en que denunció a su pareja en la comisaría, y que tampoco recordaba el día ni el nombre del médico que la atendió en el Hospital San Juan Bautista, advirtiéndose aquí, una vez más, un análisis palmariamente arbitrario e indebidamente fundado.

En consonancia con lo expresado, debo decir que la agresión sufrida por la imputada debe ser analizada en el contexto de violencia de género dado en el ámbito doméstico, en el cual se observan las características históricas de desigualdad de poder entre varones y mujeres y las características propias del ciclo de violencia en la que se encontraba inmersa desde hacía tiempo, lo que se vislumbra en los distintos informes psicológicos y psiquiátricos debidamente incorporados a debate (Conf. T.S.J.San Luis, en autos: "G.M.L. s/ Homicidio Simple - Recurso de Casación, 28/02/2012, Publicado en: LL Online; Cita online: AR/JUR/481/2012).

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación, y en consecuencia, por mayoría, absolver la imputada del delito de Homicidio Simple (Art. 79 del C. Penal) que le había sido atribuido, encuadrando su accionar en las previsiones del art. 34 inc 6° del Código Penal.

(Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría)