Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-29


Comodoro Rivadavia, Veintinueve de agosto de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "G., E. L. c/ C. L., G. s/ MEDIDA CAUTELAR (Embargo Preventivo)", Expte. Nº 14.868/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 (Expte. Nº 8/2005), por haber interpuesto la parte actora, a fs.80, recurso de apelación contra la resolución de fs. 79, habiéndose concedido el mismo a fs. 81.-	Que se agravia la recurrente contra la denegatoria de la medida cautelar por considerar que a pesar de lo expuesto en el decisorio, acreditó los extremos invocados para solicitarla. Esto es: la existencia de un contrato bilateral,(mandato), la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y por último, el ofrecimiento de contracautela. Sostiene que la existencia del contrato es una cuestión objetiva y no materia opinable por parte del juzgador. Insiste que la negativa a otorgar la medida cautelar en base a que se trataría de una mera expectativa, excede los presupuestos de toda medida cautelar en las que sólo se debe merituar la verosimilitud del derecho, sin necesidad de llegar a un estado de certeza. Manifiesta que la finalidad de las cautelares es la tutela de las pretensiones esgrimidas en el pleito y que, reunidos los recaudos previstos por el art. 209 inc. 3) del CPr., la misma resulta procedente. Hace reserva del caso federal.

Como establece la doctrina y jurisprudencia en el ámbito del juicio de probabilidades, es al órgano jurisdiccional a quien compete evaluar todas las circunstancias que el asunto presente para disponer lo concerniente a medidas precautorias, teniendo en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho.-	Que en este contexto se ha precisado en numerosas ocasiones que las medidas cautelares no deben interpretarse en forma restrictiva, teniendo como finalidad el proceso cautelar asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso. Es decir, que se decretan sobre la base de una apariencia del derecho que se pretende tutelar, pues en ese momento del proceso todavía no se sabe si el derecho garantizado existe, pero responde a la necesidad efectiva y actual de alejar el temor de un daño jurídico. ( CSJN,24-7-91 "Estado Nacional c/Prov. Río Negro s/ Solicitud medidas cautelares". CNCCEsp.,4ta ,29-6-87 " V. c/ T.".Revista de Derecho Procesal. Medidas Cautelares T I Editorial Rubinzal Culzoni. Págs. 418/419. Ed 1998).

Que en autos el peticionante ha invocado la existencia de un contrato bilateral - mandato para ejercer la representación legal en juicio-, fundando la pretensión en lo dispuesto por el art. 209 inc. 3) del CPCCCH. Mantiene que el presupuesto legal se haya probado con la documental presentada y la prueba informativa ofrecida, en virtud de encontrarse los originales glosados en los exptes. 1576/96 y sus derivados. Sostiene que dicho mandato no se ha cumplido como consecuencia de la caducidad de instancia decretada en los autos: "G. E. L. c/ T. C. y Otros s/ Sumario", ofrecido como prueba. Agrega que el letrado apoderado, luego de ser notificado renuncia al poder mediante carta documento (fs 39). Alega que dicha conducta le ha causado un perjuicio a su parte.	Que conforme lo dispone el art. 209 inc. 3) del CPr., el peticionante tiene la carga de probar la existencia de un contrato bilateral, acreditado dicho extremo, tiene la carga de probar el cumplimiento de la obligación a su cargo u ofrecer cumplirla. A excepción, que la misma esté sujeta a condición o plazo. Se trata de un supuesto en el cual se contempla la hipótesis de demandarse el cumplimiento del contrato. La jurisprudencia sostiene que el embargo procede no sólo en caso de cumplimiento, sino también en caso de resolución del contrato o indemnización por daños y perjuicios por su incumplimiento.

Ello es así, porque la ley procesal no distingue y fundamentalmente porque la normativa de fondo, al ocuparse de los efectos de las obligaciones del deudor frente al acreedor, no sólo da derecho a éste de emplear los medios legales para que el obligado cumplimente la prestación contraída, sino también para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes por incumplimiento (Mis CCCPosadas, 1ª s/f. Protocolo 24/81, fo 81. Palacio y Alvarado Velloso, Cód Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado. Tomo 5º art. 209 págs. 140 y ss.) Aceptando, de acuerdo al caso, la petición cuando medie verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.

Que respecto de la verosimilitud del derecho como presupuesto que condiciona la admisibilidad de una medida cautelar puede decirse que ello apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. "De allí que para decretar medidas precautorias no se requiera una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido en el principal, extremo que solo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni sea menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculen a las partes, bastando que a través de un estudio prudente -apropiado al estado del trámite- sea dado percibir un fumus boni iuris en el peticionario" (C.N.Fed. Civ. y Com., Sala II, 15/7/83, ED, T. 106, p. 500, JA, T. 1984-III, p. 418).-	Que conforme surge de las constancias de autos resulta claro que la relación del actor con la demandada se sustentaba en el contrato (mandato), la representación legal en juicio del actor por parte del Dr. G. C. L. y, la posterior declaración de caducidad de instancia dictada en el expte. n° 710/05 del Juzgado de Ejecución N° 2.

Que atento lo expuesto existe, en principio, una presunción de veracidad respecto a la pretensión inicial, aunque, naturalmente, con un carácter precario en cuanto puede quedar desvirtuada en mérito al desarrollo procedimental que advenga, fundamentalmente en base a las probanzas que se concreten. Frente a ese estadio jurídico provisional, encuentra sustento la admisibilidad de la medida, sin que ello implique abrir juicio sobre la materia a la cual accede, dado que se debe juzgar sobre la procedencia de la medida en si misma, más no prejuzgar sobre el fondo del asunto. Nunca el pronunciamiento cautelar valora el fondo de las cosas sino tan sólo la aparente atendibilidad. Todas las acciones dependen necesariamente de una sentencia previa que las reconozca y declare su exigibilidad, pero en el trayecto hacia su obtención, a los efectos cautelares, puede hurgarse en el material y alegaciones que presenta el requiriente, para establecer con grado de probabilidad su posible andamiento	Con relación al requisito del peligro en la demora, cabe destacar que este requisito va enlazado al grado de verosimilitud del derecho invocado, el que aquí se tiene por acreditado, considerándose que a mayor verosimilitud en el derecho, menor es la exigencia del requisito del peligro en la demora. Por lo expuesto, se concluye que asiste razón al actor al respecto.	En virtud de las facultades otorgadas por la ley procesal y atento que las medidas cautelares deben circunscribirse a sus justos límites sin ocasionar daños innecesarios a la contraparte, resulta potestativo del juzgador disponer una medida distinta a la solicitada o limitarla, atendiendo la importancia del derecho cuya protección se persigue.

De acuerdo a lo precedentemente reseñado y, teniendo en cuenta el monto intimado por el actor a fs. 23 (carta documento) y, en virtud que al no haber concluido el proceso principal de una manera normal, en consecuencia, no estar fehacientemente acreditado el monto del crédito del actor, corresponde adecuar el embargo preventivo solicitado y limitar el mismo en la suma de $ 100.000, cuya traba se hará efectiva sobre el bien inmueble del deudor denunciado en autos mediante oficio y en la forma solicitada por el peticionante, sobre todo teniendo en cuenta en estos casos que se pretende impedir que el resultado de un proceso se vea frustrado por las contingencias que pueden acaecer durante el curso de la litis, lo que autoriza a sostener que es preferible el exceso en la concesión de las medidas precautorias que la parquedad de negarlas (CNCom., Sala D, ED, T 115, pág. 471, N° 46).-	Que atento las consideraciones expuestas corresponde declarar procedentes los agravios expresados y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 80. Ante la falta de controversia las costas se imponen por su orden (arts. 68 y 69 del C.P.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y las pautas de los arts. 6, 7 y 33 del Dto-Ley 2200 y su modificatoria la Ley 4335.-	El Sr. Conjuez de Cámara, Dr. Miguel Díaz Vélez, dijo:

Se advierte que el perjuicio que habría sufrido el pretensor a consecuencia de la caducidad de instancia, es decir, la frustración del cobro de una suma de dinero en el marco de la causa N° 710/05, resulta de improbable concreción en razón de la presentación en concurso preventivo de la demandada, empresa T. C., según expte. N° 86/97 ante el mismo Juzgado y Secretaría, situación que diluye la pérdida de chance invocada, al extremo de tornarla, en la actualidad, in susceptible de protección cautelar.-	Distinto será el tratamiento del restante rubro, es decir, la suma que el actor acredita -siempre en grado de apariencia- haber abonado en concepto de honorarios a los letrados apoderados de la citada empresa, quienes obtuvieron la declaración de caducidad de instancia a favor de su asistida. En tal sentido, siendo verosímil el perjuicio resultante de dicho pago, corresponde decretar embargo preventivo por la suma de $ 15.000, con más la suma de $ 10.000 que se estima para responde a los intereses y costas, debiéndose hacer efectiva la medida sobre bienes de propiedad del Dr. G. C. L., previa caución real que deberá prestar el embargante ante el Juzgado interviniente.

Por ello, con la disidencia parcial del Sr. Conjuez de Cámara, Dr. Miguel Díaz Vélez, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,	R E S U E L V E:

1).- Declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora fs.80 y, en con-secuencia, revocar la providencia de fs.79.-	2).- Hacer lugar al embargo preventivo solicitado por el actor, E. L. G., a fs 72/74, y limitar el mismo a la suma de pesos cien mil ($ 100.000) de acuerdo al considerando respectivo, cuya traba se hará efectiva sobre el bien inmueble del deudor denunciado en autos, previa caución juratoria.-	3).- Costas por su orden . Regular los honorarios profesionales del Dr. G. A. C. en la suma de un mil PESOS ($ 1.000,00).-	4).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.- Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Miguel DÍAZ VÉLEZ -Conjuez de Cámara-; Jorge Raúl VANNI -Conjuez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 128 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS