Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01


CONSIDERANDO:	I. Que en contra de la resolución de fs. 128/129 que rechaza la excepción de prescripción opuesta como de previo y especial pronunciamiento por la demandada, ésta interpone recurso de apelación (fs. 131), el que es concedido a fs. 132 en relación y con efecto suspensivo.	A fs. 133/134 formula memorial la apelante manifestando que la decisión impugnada es incongruente siendo por ello -a su criterio- inválida como sentencia; dice que el A quo, sin resolver la totalidad de los planteos conducentes y pertinentes esgrimidos por su parte, rechazó el tratamiento como de previo y especial pronunciamiento de la excepción de prescripción liberatoria, difiriéndolo para la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. Señala que la sentencia en crisis nada dijo respecto de su formal oposición a la incorporación de documentación acompañada por los actores en este estadio del proceso, planteo que fue fundado en que tal actuación es extemporánea, pues tales documentos son de fechas anteriores y conocidos por aquéllos y no obstante, no fueron presentados con la demanda y en que no se reconvino ni se alegó hecho nuevo alguno que justifique otorgar esta posibilidad de ofrecimiento probatorio a los accionantes, máxime -dice- cuando no guarda estricta relación con la defensa de prescripción opuesta. Continúa expresando que dicha improcedente agregación documental ha permitido fundar una sentencia contraria a su parte, razón por la que entiende que su revocación justificaría también una distinta imposición de costas para esta incidencia y así lo solicita concretamente. Finalmente, aduce que su petición al respecto de que la excepción de prescripción liberatoria sea resuelta como de previo y especial pronunciamiento se fundó en las normas de nuestra ley de rito local, en particular, el artículo 347, inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, que no prevé la posibilidad de diferir su tratamiento y resolución ni establece regímenes distintos para las excepciones previas por un lado y las de fondo por el otro, no correspondiendo entonces -a su criterio-, que el A quo decida, sin fundamento, no expedirse en esta ocasión por considerar que el análisis de la cuestión no se reduce a un mero cómputo de plazos.	Corrido el pertinente traslado (fs. 135), contestan los actores a fs. 138/139 solicitando el rechazo del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia de grado por considerarla ajustada a derecho, con imposición de costas. Expresan, en primer lugar, que la pretensión de la demandada de que se trate la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento es tardía pues en su primera presentación, es decir, el escrito de fs. 74/79, se limitó a plantear la defensa sin ningún otro aditamento, razón por la cual entiende que el diferimiento resuelto por el A quo para el momento de dictarse la sentencia definitiva está basado en sólidos fundamentos de doctrina y jurisprudencia aplicables al caso. Agregan que lo establecido expresamente por el artículo 356, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial es terminante para rechazar aquella pretensión de la contraparte, no existiendo en su opinión motivo alguno para eximirla de las costas ya impuestas. En segundo lugar, señalan que la agregación de prueba documental tiene sustento en las expresas previsiones del artículo 350 de la citada ley de rito, que es de aplicación para el trámite de las excepciones, por lo que entiende procedente su incorporación, tal como lo decidiera -dice- atinadamente el Juez de grado.	A fs. 146 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, quien se expide por el rechazo del recurso interpuesto.	A fs. 147 se llaman Autos para Resolver, providencia que se encuentra notificada y firme (ver notificación automática de fs. 147 vta.).	II. Que el recurso fue interpuesto en término, según surge de las constancias de fs. 130 vta. y 131 de autos.	III. Que liminarmente cabe realizar una breve reseña de las actuaciones obrantes en la causa para luego ingresar al tratamiento de la cuestión traída a debate. Así, se tiene que interpuesta la demanda por escrituración (ver fs. 20/23) y corrido el pertinente traslado se presentó la demandada, contestó y subsidiariamente opuso prescripción liberatoria de la obligación reclamada por los actores (ver fs. 76 vta., pto. IV) conjuntamente con otras defensas, acompañando la documental de su parte. Dispuesta la sustanciación (fs. 80), los actores contestaron el traslado de la que fuera agregada, ofrecieron la propia y expresaron que la excepción planteada no podría tramitar como de previo y especial pronunciamiento por entender que debe ser resuelta al momento de dictarse sentencia de fondo (fs. 101/106). Corrido nuevo traslado, ahora de la documental acompañada por los actores excepcionados (ver fs. 107), la excepcionante peticiona -en esa oportunidad (ver fs. 110/111)- que su defensa sea tratada como de previo y especial pronunciamiento y se opone a la agregación y producción de la prueba ofrecida por aquéllos.	En ese contexto, el Iudex a quo dicta resolución a fs. 128/129 rechazando el tratamiento de la mentada excepción como de previo y especial pronunciamiento y difiriéndolo para la oportunidad de dictar sentencia definitiva, con imposición de las costas a la excepcionante por considerarla vencida. Para así decidir señaló -entre otros conceptos- que las cuestiones fáctico-jurídicas introducidas por aquélla requieren de una previa actividad probatoria que, dada su materia y amplitud, se corresponde con la de la etapa de prueba prevista para la resolución de la litis, por lo que no se encuentra en condiciones de ser resuelta ahora. En contra de tal decisorio interpuso recurso de apelación la demandada (ver fs. 131).	IV. Que es dable recordar que: "La prescripción es un instituto del derecho material que libera al deudor de las obligaciones que debe cumplir cuando éstas no se reclaman en el tiempo que la ley asigna. Cuando la demanda se presenta vencido estos plazos, como el juez no puede disponer de oficio la caducidad del derecho, se deja en manos del accionado la posibilidad de articular como defensa perentoria lo tardío del reclamo" (Gozaíni, Osvaldo; "Tratado de Derecho Procesal Civil", Ed. La Ley, Bs. As., 2009, T. II, pág. 880).	Se ha señalado también que: "Aunque se haya invocado la excepción de prescripción para ser tratada en la sentencia, ello no obsta a que el juez califique jurídicamente el planteo en virtud del principio iura novit curia y lo resuelva sin esperar hasta esa oportunidad, si según su criterio la cuestión es de puro derecho y ningún perjuicio causa al demandado la decisión del juzgador de tratarla como defensa de fondo" (Gozaíni, Osvaldo; op. cit., pág. 885).	Así las cosas, se tiene que la cuestión a dilucidar aquí se circunscribe a la valoración de la oportunidad decidida por el Juzgador para resolver sobre la procedencia de la excepción perentoria de prescripción y si la postergación para el momento de dictar sentencia definitiva ocasionó gravamen; ello, como presupuesto para su apelabilidad por parte del excepcionante. Es que, conforme reiterada jurisprudencia, no procede el recurso de apelación contra decisorios de mero trámite que nada deciden y que, como en el caso, sólo posterga la resolución pretendida para un momento ulterior del proceso, a menos que se demuestre la existencia de gravamen irreparable.	En ese orden, cabe adelantar que la resolución dictada por el A quo a fs. 128/129 resulta irrecurrible, pues el diferimiento dispuesto aparece congruente con el análisis realizado sobre las circunstancias particulares de la causa en la cual las partes han ofrecido pruebas que requieren de su efectiva producción para determinar la virtualidad interruptiva alegada tanto a favor como en contra de la vigencia de la obligación reclamada (de escrituración).	Va de suyo que tal como lo tiene dicho reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Alzada está facultado para examinar la admisibilidad del recurso y sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del Juez de Primera Instancia, aún cuando esta se encuentre consentida (conf. entre otros CJSalta, Tomos 72:19; 106:291; CApelCC Salta, Sala I, Tomo 2013, Sentencias, fs. 240/241; Tomo 2013, Interlocutorios, fs. 641/642 y 731/732; Tomo 2014, Interlocutorios, fs. 40/41). Además, como órgano natural del recurso, tiene legitimación para rever el trámite de la anterior instancia, revistiendo este examen el carácter de previo respecto a la fundabilidad del recurso.	Así, de la confrontación de los escritos de demanda, excepciones y sus respectivas contestaciones obrantes en autos, surge que la evaluación de procedencia de la defensa de la prescripción opuesta está sujeta al esclarecimiento de los efectos atribuidos a la relación contractual alegada, las obligaciones contraídas y la responsabilidad que les cabe a cada una de las partes, por lo que su consideración debe ser materia de examen al dictarse la sentencia definitiva, tal como lo resolvió la Juez de grado al estimar que no constituye en el caso una cuestión de puro derecho.	Más aún si se repara en que es la propia parte excepcionante la que plantea la mentada prescripción liberatoria en términos de eventualidad, refiriendo a que el ejercicio de la posesión actual del inmueble en cuestión -que invoca como causal suficiente para repeler el reclamo de los actores y tener por extinguida la obligación contraída- se encuentra discutida en razón de que "existen actuaciones penales abiertas que deben resolverse antes de decidir este juicio ya que harán cosa juzgada respecto a los hechos que en ellas se ventilan" (sic. fs. 77 vta., pto. VII, ap. d).	Refuerza tal conclusión la circunstancia de que en esa primera presentación a juicio, la demandada no articula la prescripción invocada como excepción de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa de fondo (ver fs. 76 in fine, pto. IV) sin mención a norma ritual alguna, malgrado de lo dicho en presentaciones posteriores (ver fs. 140, pto. II y 134).	Por esa razón no se advierte en el caso particular la configuración de un agravio irreparable al apelante que habilite la vía de la apelación.	Al respecto, la Jurisprudencia ha venido sosteniendo que: "La resolución que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 346 del Cód. Procesal, decide diferir la consideración de la excepción de prescripción para el momento en que se dicte sentencia definitiva, es inapelable por no causar gravamen irreparable (art. 242, Cód. Procesal), dado que el caso median las mismas razones que informa el art. 347, inc. 3º, última parte; supuesto en que -por aplicación de lo dispuesto en el art. 353- la providencia es irrecurrible" (CNCiv., Sala E, agosto 25-994 - Ferrere, Rubén O. c. Di Sarli, Horacio; Revista Jurídica Argentina La Ley, 1995- B, 653 [38.339- S]).	En idéntico sentido, nuestra jurisprudencia local señala: "Si bien es cierto que el proponente tiene el derecho de interponer la excepción de prescripción como previa, también lo es que el juez puede decidir postergar su resolución para el final del procedimiento cuando se haya producido la prueba y esté en mejores condiciones de valorar la defensa articulada y que tiene íntima relación con la cuestión de fondo que muchas veces no justifica un doble período probatorio, a más del peligro de adelantar criterio sobre la pretensión principal. A todo evento, tal decisión no le causa al excepcionante ni a la contraria ningún agravio irreparable puesto que si bien el fundamento de su decisión como previa es el de economía procesal, puede suceder que necesite producir pruebas para decidir con mayor fundamento, motivo por el cual se posterga su resolución, sin que implique soslayar el pronunciamiento sobre tal defensa. Debe señalarse como el art. 346, penúltimo párrafo del Cód. de la Nación sólo prevé que se resuelva como previa la excepción de prescripción si la materia fuere "de puro derecho" (CApelCC Salta, Sala III, 16/02/94, "Arias vs. Vegara", tomo año 1994, pág. 67; Loutayf Ranea, Roberto; Montalbetti de Marinaro, María, "Código Procesal Civil y Comercial de Salta - Anotado", Ed. Noroeste Argentino, T. V, pág. 277, Nº 192).	V. Que respecto del agravio formulado en base a la oposición de la demandada excepcionante (ahora apelante) a la incorporación de documental ofrecida por los actores (excepcionados) y que se esgrime ha sido omitida en su pronunciamiento por el A quo, cabe adelantar que resulta improcedente su tratamiento.	Y ello, por considerar que la actividad probatoria cuestionada ha sido desarrollada en el marco del juicio iniciado, en el cual -se ha dicho- las partes "tienen derechos subjetivos procesales muy importantes, como los de acción y contradicción, de recurrir y de probar, gozar también de libertad para utilizarlos y de igualdad de oportunidades para su defensa. . El principio de contradicción de la prueba significa que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto, el ejercicio de contraprobar ... se relaciona con el de lealtad en la prueba, pues ésta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla" (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Ed. Temis, Tomo I, pág. 122/123).	En autos se verifica el cumplimiento de tales lineamientos pues se otorgó igualdad de oportunidades a ambas partes tanto para ofrecer pruebas como para contradecirlas, siendo que la meritación de la conducencia o relevancia de éstas para la causa debe quedar reservada al sentenciante para el momento de dictar la sentencia definitiva y tal como se infiere, con claridad meridiana de las consideraciones realizadas por el A quo en el decisorio impugnado.	Ergo, relacionándose este agravio analizado en particular con una cuestión probatoria -concretamente, la prueba documental- que ha sido resuelta por el Juez de grado en forma favorable a su admisión e incorporación al proceso, no procede su acogimiento en esta instancia, en virtud de las expresas previsiones del artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial.	E idéntica conclusión merece el planteo por las costas impuestas a la excepcionante en la instancia de grado, en razón de que la solución dada por el A quo no ha sido revocada ni modificada, debiendo mantenerse la condena en tal sentido.	Ha sostenido la Jurisprudencia que: "Teniendo en cuenta que la resolución en grado se pronuncia a favor de la prueba, la misma resulta inapelable por aplicación del art. 379 CPCC., por lo que también lo es la cuestión accesoria de las costas" (CApelCC Salta, Sala I, 10/10/86, "Medina vs. Ruiz", fallos año 1986, p. 350; Loutayf Ranea, Roberto; Montalbetti de Marinaro, María, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta - Anotado", Ed. Noroeste Argentino, Salta, 1995, T. VI, pág. 77, Nº 13).	VI. Que las costas de esta instancia se imponen al apelante, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	________________________ RESUELVE:	I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 131. Con costas a la apelante.	II. ORDENAR se registre, notifique y bajen al juzgado de origen.