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Superior Tribunal de Justicia, revocación de sentencia, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, colegio profesional, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, revisión judicial, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, apercibimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dcia.  formulada  por  los colegiados Dres. I.F. Loza y E.V. Delporte c/ Dres.   Rubén  Makianich  y  Juan  F.  Peire  (Expte.  Nro.  669-T.D) s/ queja por deneg. del recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

La Corte Suprema de Santa Fe al rechazar la queja interpuesta contra la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Rosario que impuso a un colegiado la sanción de apercibimiento público, no cumplió con su deber constitucional de examinar y resolver las cuestiones federales planteadas por el apelante, fundadas en la invalidez de las normas provinciales que impedían la revisión judicial en el caso, y tampoco indicó a aquél si existían otras vías judiciales locales para resolver las citadas cuestiones federales, por lo que corresponde dejarla sin efecto y disponer que se dicte una nueva sentencia que asegure al presentante una decisión en sede judicial por la vía que corresponda respecto de la inconstitucionalidad federal que ha planteado en relación a la aplicación de las normas locales.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, nulidad procesal, declaración indagatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: FRANCISCO SANCHEZ PAGANO s/ ORDENAMIENTO  PROCESAL  LOCAL  -  TRIBUNAL  SUPERIOR  -  CONSTITUCION  NACIONAL - SENTENCIA DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal -como lo es la que no hace lugar a la nulidad del auto de procesamiento y la indagatoria- no satisfacen, por regla, el requisito de ser sentencia definitiva.
Régimen de consolidación de deudas, ejecución de sentencia, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima
Materia: ECONOMIA
Carátula: JANCIK, Eduardo Natalio c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

1- Si bien el art. 22 de la ley 23982 no establece distingos entre los créditos reconocidos administrativa o judicialmente en relación con obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991, ello no significa que su aplicación comprenda la ejecución de una sentencia contra la empresa de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

2- Los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado no integran el Presupuesto Nacional que por ley aprueba el Congreso, pues poseen un régimen propio de elaboración y aprobación, regido por los arts. 46 a 54 de la ley 24156 (conf. ley 24624, art. 21)
Facultades de la autoridad de prevención, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Comparto la solución propiciada por mi distinguido colega, en cuanto a la invalidación del procedimiento policial que motivó la formación de las presentes actuaciones, toda vez que el criterio allí expuesto se condice con los argumentos oportunamente desarrollados por el suscripto en la causa "Amaya, Jose Roberto s/ inf. ley 23.737"." (Del voto del Dr. Eduardo R. Freiler).
Acción de amparo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA DE INFANTE, RITA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-20

La reticencia o tardanza en la que se incurrió, demuestra la inacción estatal traducida como omisión en la producción de los actos necesarios para culminar la secuencia administrativa. Tal derecho a obtener un pronunciamiento reconoce apoyatura en las normas aplicables al caso, por el código de rito, como una derivación del concepto constitucional de peticionar a las autoridades, conduciendo a la procedencia de la vía del Amparo, que ordene el pronunciamiento de la Administración.-
Instrumentos públicos, plena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Cretton, Dorita Nelly c/ Barile, María Alejandra s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-02

Quizá convenga destacar que "empleado público y funcionario público" no son equivalentes y sólo de estos últimos y bajo determinadas circunstancias pueden emanar instrumentos públicos.
Pretensión procesal, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALAGUER ANTONIO Y JUANA ALCALDE DE BALAGUER c/ EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE MENDOZA SOC. DEL ESTADO s/ Repetición Pago Acción Declarativa (LIBRO: S070 - 438)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-02

Tanto para accionar como para recurrir debe invocarse interés, una ventaja para el peticionante, pues el mero deseo de cooperar con el triunfo de las normas no constituye interés tutelado por la ley civil. Este interés es todo interés legítimo, actual, económico o moral. Y la exigencia deviene de imprescindible verificación al momento de evaluar la pretensión.
Privación ilegal de la libertad, detención sin orden
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

La ilegalidad de la privación de la libertad sufrida por las víctimas surge de las condiciones de su inicio y su desarrollo, realizadas al margen del orden legal vigente y obedeciendo a órdenes emanadas de autoridades ilegítimamente constituidas, en condiciones de clandestinidad y sin intervención de autoridad judicial alguna, situación opuesta a la normada por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto exige orden escrita de autoridad competente.
Recurso de apelación (procesal), nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GARZON CHIODI, MARCELO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-28

El trámite de la apelación debe suspenderse cuando se encuentra prófugo el imputado. La intervención del imputado en el trámite de la causa es un presupuesto procesal, no pudiendo ser suplido en el ejercicio de su defensa material encontrándose en rebeldía el imputado, la prosecución del curso de la instrucción que contempla el art. 78 C.P.P., la entendemos como el conjunto de trámites destinados a reunir pruebas y a obtener su comparendo. Este último se torna imperativo cuando se requiere la efectiva actividad del imputado, como ocurre para el ejercicio del poder que le acuerda el art. 476, 2do. párrafo, del C.P.P. De no ser así, quedaría pendiente una actividad de intervención del imputado que como integrante del derecho de defensa tiene amparo del art. 18 C.N. y del CPP art. 171 inc. 3ro. y 172.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Petrona y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) inconstitucionalidad denegado en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

El recurso de inconstitucionalidad de los actores se dirige contra una sentencia que, de acuerdo con las circunstancias del caso, no es definitiva o equiparable a definitiva, pues la decisión cuestionada es la que modificó la medida cautelar dispuesta en primera instancia. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Poder Legislativo Nacional, facultades delegadas, Constitución Nacional, beneficios previsionales, índices de actualización, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

Es el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego, toda vez que se trata de un componente decisivo para asegurar la vigencia de los derechos consagrados en el art. 14 bis de la Ley Fundamental
Indemnización por despido, salarios caídos, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: NAZARIO NELE ZAIEK c/ RESOLUCION DE LA SALA DE SUPERINTENDENCIA DEL 13-03-84 s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-19

Cuando se ha omitido la forma de repotenciación de la indemnización equivalente, por lo que se solicita su aclaración, corresponde a la recurrente (actora) los salarios dejados de percibir, desde la separación del cargo hasta su jubilación, indexados con los índices de costo de vida proporcionados por el I.N.D.E.C. desde que cada salario fue debido hasta el 31-03-91, más interés del 6% anual no acumulativo durante igual período y desde allí en adelante hasta el efectivo pago, con la tasa de interés.
Relación de causalidad, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: Lleral, María Teresa y Otra c/ Vales, José Alberto y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-19

Tenemos que recordar que examinando la cuestión a través del prisma de la "causalidad adecuada", para establecer en el plano jurídico si un suceso es causa de otro, es necesario realizar ex post facto un juicio o diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era de suyo idónea para producir normalmente ese evento, según el curso ordinario de las cosas.
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

La diferencia salarial verificada en el caso del actor obedeció a su distinta situación de revista y no vulneró el derecho a "justa retribución" pues fue determinada por su condición de abogado, como él mismo lo aceptó al no cuestionarlo cuando cumplía funciones profesionales antes de su traspaso a la Procuración.

Producido el traslado, sus funciones siguieron siendo las relativas a la profesión de abogado: asesoramiento jurídico, atención de juicios como letrado patrocinante y aún representación de la Ciudad.

El que algunos otros profesionales que desempeñaban iguales tareas resultaran beneficiados por la aplicación del decreto 922/94, no generó para el actor el derecho al cobro de un salario mayor, pues el suyo ya estaba correctamente determinado por su ubicación escalafonaria.
Municipalidad, servicio público, Administración Pública, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fibraca Constructora SCA c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 36-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

Si el objeto del contrato que ligó a las partes estaba constituido por la restauración, atención y mantenimiento de los espacios verdes en determinadas zonas de la ciudad, se debe admitir la facultad de la Administración para adaptar parte del objeto del contrato por inexistencia de los espacios sobre los que debía recaer el mantenimiento, más allá del sistema de contratación adoptado, porque en definitiva no se trata de la variación del sistema, sino de la especificación precisa del objeto ante circunstancias que sobrevienen a la celebración. De ello se deriva que el contrato se encontraba -aunque sea implícitamente- condicionado en cuanto a su extensión por la efectiva subsistencia de los espacios verdes que debían ser mantenidos.
Recurso de casación, falta de fundamentación, examen preliminar
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Gomez Ambrosio. c/ Calzada, Oscar y Capelli, Felipe. s/ Inaplicabilidad de ley. Admisibilidad. Calfilipi, Eustaquio c/ Zubillaga, Carlos s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-07|1990-10-05

No basta apoyarse en citas jurisprudenciales para sostener la violación de una norma, sino que lo afirmado debe sostenerse con una crítica demoledora apuntalada por firmes fundamentos que demuestren el error alegado y que la aplicación de las distintas reglas legales, o la interpretación que de ellas se ha hecho, se encuentran en total contradicción con los principios técnicos de la lógica jurídica, correspondiendo declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley.
Delitos contra la humanidad, derecho de gentes, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y que es conocido como ius cogens, siendo la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra, insusceptible de ser derogada por tratados en contrario y de obligatoria aplicación por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa, según ha expresado nuestro máximo tribunal en el fallo Mazzeo. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Derechos del niño, principio de legalidad, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: ESCUDERO, Carlos Rubén; y GALLO, Franco Domingo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-09

Del análisis armónico de la Convención de los Derechos del Niño se ha asegurado la presencia de la niña en el juicio, quien ha explicado lo sufrido, y cuya declaración fue tomada en cuenta en el momento de decidir por el tribunal interviniente, por lo que, cabe señalar que el decisorio es estrictamente acorde con el principio de legalidad convencional, constitucional y del derecho interno. El principio de racionalidad implica que se confíe en la expresión de cada niño llamado a proceso para ser escuchado, para defender sus derechos, tal como aconteció en estas actuaciones.
Daños y perjuicios, mutuo hipotecario, responsabilidad del banco, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORIA,   HERMENEGILDA  DEL  VALLE c/ BANCO  HIPOTECARIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-22

Resulta procedente la demanda por daños y perjuicios incoada contra una entidad bancaria, ante la falta de efectivización del préstamo hipotecario pactado, así como la falta de cumplimiento de la obligación de escriturar con respecto a un inmueble vendido a la actora por el banco, en virtud del contrato de fideicomiso de garantía que unía al banco demandado con una empresa constructora, y respecto del cual el banco resultaba titular fiduciario. Ello así, pues no se encuentra controvertido que: a) en oportunidad de gestionar un crédito hipotecario para la adquisición de un inmueble con la entidad bancaria, ésta le ofreció a la actora un inmueble del cual era titular fiduciaria; b) la actora celebró un acuerdo de compraventa con la citada empresa constructora; c) dicho acuerdo fue suscripto con la intervención de la entidad bancaria demandada, en su calidad de titular fiduciaria del bien objeto de la compraventa; d) los contratantes convinieron que, tras pagar cierto importe en efectivo, la demandante cancelaría el saldo que a tal efecto otorgaría el banco demandado; y e) como "antecedente" mencionado en el propio contrato de compraventa, el dominio fiduciario del inmueble era ostentado por el banco accionado. En ese contexto, el hecho de que la actora haya aceptado vincularse con el tercero -empresa constructora- que le indicara el propio banco no habilitaba a este para desentenderse de la operación ante eventuales incumplimientos de ese tercero, máxime cuando: a) tales incumplimientos habrían consistido en la omisión de la empresa constructora de informar al banco demandado si la actora había o no cumplida sus obligaciones, siendo que éste -amen de que el demandado tenía derecho a "ejercer el control global del sistema" y acceder directamente a esa información- este supuesto incumplimiento resulta inoponible a la accionante, por ser de aplicación lo normado en el cciv: 1195
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SAYAGO, LUIS FELIPE c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-15

Carece de todo valor a los fines de la determinación de la relación entre la tarea realizada y la lesión producida, la pericia médica que no indica claramente la forma en que aquella influye sobre estas últimas.
Contrato de trabajo, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, prórroga legal, facultades delegadas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: "Aidenbaum,    Marcela c/ Fundación    Huésped s/ depido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

La clara directiva fijada por el art. 16 de la ley 25561 forma parte inescincible de una de las bases de la delegación legislativa establecida en el art. 1º de la ley citada, esto es, la de "mejorar el nivel de empleo"; razón por la cual las prórrogas dispuestas por los arts. 1º del decreto 883/02 y decreto 256/03 se ajustan al citado marco. El hecho de que el art. 16 ya citado hubiera restringido la denominada "suspensión de los despidos sin causa justificada" al plazo de 180 días revela que, en la evaluación política del Congreso Nacional formulada el 6 de enero de 2002, el objetivo perseguido con aquella decisión podía haberse alcanzado razonablemente en ese lapso. Pero ello no invalida la prórroga decidida por los decretos mencionados, toda vez que el PEN, en uso de sus facultades delegadas por el Congreso Nacional, estaba facultado para evaluar la necesidad del mantenimiento de la citada prescripción dentro del plazo de emergencia pública en materia social, situación cuya existencia no fue controvertida en estos autos.(Del voto del Dr. Zas, al que adhiere la Dra. Gacrcía Margalejo con diferentes fundamentos).
Declaración de quiebra, fuero de atracción, procedimiento laboral, proceso de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVAS, HORACIO c/ GAREF SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

A los procedimientos laborales atraídos por la declaración de quiebra, les resulta aplicable lo dispuesto por la ley 24522 artículo 21, inciso 5 (ley 24522, artículo 132 último párr.) atento que dicha norma no prevé la posibilidad de continuar la acción ante el tribunal concursal sino que exige el trámite verificatorio, debiendo destacarse que la eventual aplicación de lo dispuesto por el mismo artículo en su inciso 1 es actualmente ocioso por tratarse de una norma exclusivamente aplicable a la situación de concurso preventivo.
Impuestos provinciales, competencia civil y comercial, facultades no delegadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas. c/ Y.P.F. Sociedad del Estado. s/ Apremio. Casación. Sentencia Definitiva. Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-08-05

El Poder Judicial local es competente para entender en el juicio que por cobro de ingresos brutos iniciara la Provincia. Ello así, cuando se trata de materia que constituye una facultad no delegada a la Nación, que no puede ser juzgada sino por los propios jueces, que son los naturales, no alterando esta decisión la circunstancia de que la demandada sea una Sociedad del Estado. Para resolver de este modo se tuvo además en consideración que la accionada resulta obligada por haber incumplido sus funciones y obligaciones como agente de retención y no como contribuyente directo.
Usurpación de inmueble, despojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rojas, Victoria c/ Esteban, Marcos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-10

La intrusión se configura cuando alguien se introduce en un inmueble sin derecho, contra la voluntad del dueño o poseedor, y se califica por el acto de acceso y no por actitudes posteriores.
Competencia federal, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. c/ Municipalidad de Concordia s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-08

Se sostiene que se trata, en la práctica, de un verdadero impuesto que se superpone con el impuesto a los ingresos brutos -provincial- y a los impuestos nacionales (IVA) y ganancias, violentando el artículo 9 inciso b) de la Ley 23548 -Pacto Federal para la Producción- así como los artículos 33 y 187 de la Constitución Provincial y 31 de la Nacional.

En principio, la violación a la Constitución Nacional devendría, indiectamente, del desconocimiento de expresas normativas de carácter local, que se mencionan y analizan concretamente, tal los artículos 187/189 de la Constitución Provincial y 11, 21 y 25 entre otros de la Ley 3001.

También se alude a violación a las Leyes 23548 y 24037. Más específicamente, si se plantea una contradicción entre las normas locales y las leyes nacionales, se trata de normas que se dictaron con anterioridad a la sanción de la reforma de 1994, por ende, no pueden estar comprendidas en el concepto y alcance de "Ley Convenio" determinado por artículo 75 inciso 2 de la Carta Magna, que otorga tales características a las normas a dictarse en el futuro.
Oposición a la elevación a juicio, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: V.J.C. s/ VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOO PUBLICO Y OTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-12

No puede perderse de vista que la instancia de oposición a la elevación a juicio tiene la particularidad de que los planteos por parte de la defensa están acotados en cuanto a la posibilidad y los motivos para que ello proceda, que no son otros que oponerse planteando el sobreseimiento, oponiendo excepciones, o solicitando la prórroga extraordinaria de la instrucción, ninguno de los cuales ha sido articulado por el quejoso, que se limita a reiterar un planteo de fondo (inexistencia de delito de parte de su defendido), cuestión sobre la cual ya se ha pronunciado el Tribunal.