Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17


La doctora Porta dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial obrante, que recibiera réplica de la contraria. Los doctores Schiavone y Minsberg, por la parte demandada, apelan los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajo, en tanto esta última cuestiona los fijados a la perito contadora y a la representación letrada de la actora, por entenderlos elevados.

La accionante cuestiona que, no obstante lo peticionado al demandar, el sentenciante no haya extendido la condena a los codemandados Gladys Campos y Jorge Mario Levit, aun cuando tuvo por acreditada la existencia de un vínculo laboral no registrado entre la actora y la sociedad accionada, de la cual los nombrados son socios gerentes. Considera que la situación de incertidumbre sobre la identificación del real empleador, atento la falta de registración de la relación, condujo a la trabajadora a reclamar no sólo a la persona jurídica demandada, sino también a las físicas que la habían contratado, le abonaba los salarios y le impartían las órdenes de trabajo.

En mi criterio, le asiste razón.

En el caso quedó demostrado que la accionada incurrió en la práctica de no registrar la relación laboral, ni documentó como salarios los pagos efectivamente convenidos y realizados a la actora, prácticas éstas prohibidas por el art. 14 de la I.C.T. y por la ley 24.013.

Al respecto entiendo que, tal como sostuviere el doctor Guibourg al decidir la causa "Delgadillo Linares, Adela c. Shatell S.A. y otros s. despido", SD 73.685 del 11-4-97, del registro de esta Sala, la conducta asumida por la empleadora constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por objeto y efecto disminuir en forma ilegítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. Estas conductas perjudican al trabajador, que se ve privado de aquella incidencia: al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en cuanto, al disminuir los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley.

Ahora bien, el art. 54 de la ley 19.550, en el último párrafo, agregado por la ley 22.903, dispone: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".

No puede decirse que las actitudes expuestas encubran en este caso la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro; pero sí que constituye un recurso para violar la ley (las normas antes citadas), el orden público (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13, y 14 de la I.C.T.), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63 de la I.C.T.) y para frustrar derechos de terceros (a saber, el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial, según se indicado). Por lo tanto, no caben dudas de que en el presente caso es aplicable la norma transcripta (en igual sentido, SD 74.792 del 23-9-97, en autos "Vidal, Miguel Santos c. Mario Hugo Azulay y Asoc. S.A. y otros s. despido", del registro de esta Sala.).

Por otro lado, también cabe extender la condena en forma solidaria teniendo en cuenta que la actora, en principio, parece haber sido contratada por las personas físicas demandadas, según resulta del aviso publicado en el diario Clarín, cuya autenticidad corrobora el informe y el testimonio rendido por Francolino. Asimismo está acreditado que recibía las órdenes de trabajo de ambos codemandados, que ellos realizaban los pagos, por lo que, teniendo en cuenta la falta de registración de la relación y la ausencia de recibos de sueldos, la trabajadora bien pudo considerar que los reclamados eran sus empleadores y accionar contra ellos a fin de obtener las indemnizaciones correspondientes (en sentido análogo, SD 74.080 del 30-5-97, en autos "Agatiello, Andrés Cristian c. Demaría. Alejandro y otro s. despido", del registro de esta Sala).

Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en el punto y condenar a Gladys Campos y Jorge Mario Levit en forma solidaria junto con el Instituto Oftalmológico Córdoba S.R.L.

El doctor Guibourg adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto, el Tribunal resuelve:1) Modificar la sentencia apelada y extender la condena, en forma solidaria, a Jorge MARIO Levit y Gladys Campos, juntamente con el Instituto Oftalmológico Córdoba S.R.L. " Porta " Guibourg.