Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-06


AUTOS Nº 21.610 (98091/ CUARTO CIVIL) CARATULADOS "MUT BERTOMEU, Vicente y Otro C/ Dirección de Arquitectura Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo" L. DE A. T° 186, F° 144/146 SAN JUAN, 6 de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

Para resolver en estos Autos Nº 21.610 (98091/ CUARTO CIVIL) caratulados: "MUT BERTOMEU, VICENTE Y OTRO C/ DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA PROVINCIA DE SAN JUAN - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", el recurso de apelación interpuesto a fs. 263, contra la sentencia de fs. 260, de fecha 31 de julio de 2.012.

En la sentencia referenciada, el a quo, resolvió: I) Regular los honorarios de los abogados representantes de Provincia en un valor equivalente al 24% del total de la planilla de liquidación que oportunamente se practique siguiendo los rubros previstos a fs. 34.

II) Regular los honorarios del Dr. Rubén Mut en un valor equivalente al 19,2 % del total de la planilla de liquidación que oportunamente se practique.

Contra esta resolución se alza el Dr. Rubén Mut quien cuestiona los honorarios fijados en porcentajes, ya que el proceso es carente de contenido económico, por lo que debe dejarse sin efecto los porcentajes establecidos.

Apunta que no está resuelto el período de tiempo que debe tomarse para realizar el cálculo de lo pretendido, ni se ha resuelto el tema de los intereses.

Concluye solicitando se deje sin efecto la regulación y se fije una suma fija que no debería superar los 2.000.

Por último peticiona se aplique lo establecido por el art. 505 del Código Civil y limite el porcentaje fijado a 25%..

Recurso que resultó concedido conforme a las pautas del art. 800 inc. 11 de la ley 8037.

Y CONSIDERANDO:

El punto central a determinar en el estudio del presente recurso es, fijar si el presente juicio tiene o no contenido económico, para luego realizar el análisis cuantitativo de los honorarios regulados. Ello sin perjuicio de mantener el criterio fijado en la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2010, pero acatando la opinión de la mayoría.

Los actores con el presente proceso pretendían se fijara la procedencia del adicional remunerativo no bonificable de Gastos de Representación.

Es decir, se resolvió la cuestión contencioso administrativa y no un proceso concreto de cobro de pesos de donde la base regulatoria no tiene cuantía económica, por lo cual es de aplicación el art. 188 de la ley 2150 y no el art. 187 como equívocamente referencia el a quo en la sentencia regulatoria de fs. 260. Estas normas no son compatibles entre sí, por cuanto una hace referencia a un juicio cuyo objeto es susceptible de apreciación económica y, en la otra, esa factibilidad no existe.

Sin perjuicio de ello, es mandato legal que debe ser tenido en cuenta a la hora de la meritación de los honorarios en su justa dimensión, la trascendencia moral y económica que tiene para los interesados la cuestión en debate (inc. c art. 188 Ley 2150), y es en ese objetivo que adquiere sentido e importancia la liquidación practicada.

En este sentido corresponde se deje sin efecto la regulación practicada y se fijen en consecuencia los emolumentos correspondiente a la labor de primera instancia conforme al criterio expuesto.

Siendo los honorarios la retribución de un servicio, su valor debe guardar correspondencia con la importancia, complejidad y eficacia de trabajo cumplido.

Ello no solo por imposición de la ley sino de la justicia conmutativa, que es la causa jurídica sustancial de la obligación de retribuir los servicios profesionales recibidos, el honorario debe fijarse teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de su labor, pero siempre en relación al cumplido por los demás profesionales.

En el presente proceso se fijan los honorarios de los abogados en el trámite del proceso contencioso administrativo que pretendía la determinación de la procedencia de un adicional en los haberes de los actores, teniendo en cuenta el carácter en el que intervinieron los profesionales, el resultado de su labor, y el contenido normativo del arts. 188 c.c y s.s. de la ley 2150, se fijan los emolumentos de la siguiente forma: a favor de los abogados de la Provincia la suma de $10.000 y a favor del Dr. Rubén Mut en la cantidad de $6.000 a la fecha de la presente.

Resulta procedente puntualizar como ya se ha hecho en fallos anteriores en relación a la aplicación del art. 505 del Código Civil que: "la ley 24.432, modificatoria del art. 505 del Código Civil, a la que adhiere la provincia de San Juan, no es válida para limitar la cuantificación de los honorarios. Ello, porque si bien ha de reconocerse posiciones doctrinarias y jurisprudenciales pendulares entre considerar que la limitación del 25% previsto en dicha norma es limitativa de la cuantía de los honorarios, o de la responsabilidad del obligado para afrontarla consideramos, siguiendo la jurisprudencia, con apoyo en precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "... la citada disposición - en referencia al art. 1° de la ley 24432 - no contiene limitación alguna en lo que al monto de los honorarios a regular judicialmente se refiere. Antes bien, se alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios. Una inteligencia diversa, por otra parte, llevaría a concluir que la previsión allí contenida en orden al prorrateo careciera de sentido u obedeciera a un error de técnica legislativa, pues es evidente que si lo que la ley estuviera disponiendo fuera un tope para el importe de las regulaciones judiciales de honorarios, sobreabundante resultaría la disposición del párr. 2° según el cual 'Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios'" (C.S.J.N. in re: "Costa, Francisco e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de", del 12-09-96, voto del doctor Fayt, en Rev. D.T., abril 1997, pág. 738), (CNTrab., sala VI, "Calderone, Antonio P. N. c/ Somisa", del 10-07-98, en Rev. D.T., octubre 1998, pág. 2181. En idéntico sentido, CNTrab., sala VI, "Cortez, Ramón E. c/ Fortunato Arrufat S.A.", del 29-12-95, en Rev. TySS, junio 1996, pág. 457). (Voto del Dr. Balladini). Publicado en: L. L. 1998-E, 81 - CS Fallos 321:, 146 - DJ 1999-2, 237.

Como conclusión de lo reseñado deviene la inaplicabilidad de la normativa analizada al presente caso, en los términos solicitados por el apelante.

Por ello, SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto en consecuencia dejar sin efecto el auto regulatorio de fs. 260 y en su lugar fijar los emolumentos por la actuación en primera instancia de la siguiente forma. a favor de los abogados de la Provincia en la suma de pesos diez mil ($10.000) y a favor del abogado Rubén Mut en la cantidad de pesos seis mil ($6.000) a la fecha de la presente.

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.