Nulidad procesal, actos incorporados por lectura, presunciones, principio de legalidad, ley penal más benigna, sentencia arbitraria, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Emmanuel Matías s/ recurso de casación e incinstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-10

Corresponde rechazar el agravio relativo a la nulidad de las actas frente a la ausencia de transcripción de todo lo declarado por los testigos, pues la forma oral no se trata de un mero ornamento, sino que constituye un modo esencial de manifestación del juicio, donde los actos procesales se realizan a viva voz y su apreciación se produce de la fuente oral, con independencia de que sean documentados, bien mediante acta sucinta u otra fuente de registro. El hecho de que hayan participado varias personas y que el ofendido -intimidado por la situación-no pudiera observar a cada uno de ellos, no resulta óbice para que individualizara a los autores minutos después de acontecido el desapoderamiento si las características físicas y la vestimenta le permitieron hacerlo. El hecho de encontrar el celular en las cercanías de donde se encontraba ubicado el encausado es un indicio que, sumado a los otros elementos de cargo, completa y confirma la hipótesis sobre el hecho en las circunstancias narradas por la víctima. No es admisible el agravio contra la pretendida incorporación por lectura si las lecturas respondían al supuesto establecido en el art. 391 CPPN, argumento contundente al surgir ello con claridad de la ley procedimental. Aún ante la inasequibilidad que pueda predicarse de un término, si no media necesidad de su declaración de inconstitucionalidad, por mandato de legalidad se debe neutralizar cualquier falla técnica en la elección de la más restrictiva de todas sus interpretaciones posibles. Los conceptos "banda" y "asociación ilícita" constituyen términos equivalentes, sin perjuicio del mérito de las reglas concursales y de la ajustada graduación punitiva, y lejos de hacer valor de la dudosa constitucionalidad del art. 210 CP en tanto revela una tipicidad independiente que -en el grueso de los casos- importa una anticipación de la prohibición que no puede sortearse sino en violación de la lesividad constitucional. El incremento en el reproche penal que contempla la agravante del art. 41 quater CP no reside en el ejercicio de liderazgo de grupo de una persona adulta respecto de quienes son menores de edad, sino que la misma es viable cuando el menor es utilizado para realizar el hecho. Es arbitraria la sentencia que sostuvo que las diferencias de edades entre el imputado y los coimputados menores de edad habrían generado un liderazgo natural en cabeza de él. Cualquier agravación de la pena o de sus modalidades de ejecución en función de la declaración de reincidencia del art. 50 CP debe ser considerada inconstitucional por su colisión con normas de la CN e instrumentos internacionales incorporados a ella. El juez no puede exceder el marco que imprime la acusación al delimitar el objeto del proceso; así, encuentra un límite en las pretensiones del acusador, que surge de sus respectivos roles de acuerdo a la manda constitucional (arts. 116 y 120 CN). La disidencia parcial sostuvo que no es una exigencia legal prevista en nuestro ordenamiento jurídico, para la procedencia de esta modalidad agravada del robo, la existencia del delito previsto en el art. 210 CP, que considera incorrecto pretender librar la agravación de un delito de resultado como el robo, a la configuración de un agravante que prevé una estructura típica de peligro abstracto, que nada impide al legislador, valorar como agravante la comisión del robo por el accionar de más de tres personas mediante un tipo especial; que corresponde aplicar la agravante prevista en el art. 41 quater CP, sin consideración específica del grado de participación que a los menores le cupieron en el hecho, pues implicaría realizar una distinción que la ley no efectúa; que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 50 CP pues la norma no puede conceptuarse como desproporcionada ni arbitraria, sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa, quien fija la política criminal del Estado al sancionar las leyes, normas que poseen su fundamentación, las que al ser sometidas al "test de constitucionalidad y convencionalidad" no resulta írritas o inconstitucionales; y que el pedido de pena concreta por el representante de la acción pública, no es vinculante para el tribunal, ya que el límite se encuentra establecido en la ley penal aplicable. (Dres. Slokar, Ledesma y Figueroa -en disidencia parcial-).