marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ampliación de la demanda, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Asociación de Vendedores Ambulantes s/ Acción Reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-24

No existe error alguno en tener por ampliada una demanda de la cual no se ha corrido traslado ya que la demanda puede ampliarse o modificarse hasta "antes de que ésta sea notificada" (cf. art. 294 del C.P.C.). No corresponde, entonces, establecer un límite distinto al fijado legalmente.
Torturas, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

Cualquier persona que revista la condición de funcionario público -art. 77 del Código Penal- puede ser sujeto activo del delito de tormentos, sin que quede limitada dicha figura a los funcionarios que cumplen funciones en establecimientos penitenciarios o carcelarios.
Insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, calificación legal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Anauati, Roberto Ignacio y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-17

El frondoso material probatorio rendido en autos -fundado principalmente en declaraciones testimoniales- ha sido por demás categórico y permitió sustentar los argumentos esbozados por el sentenciante para determinar la culpabilidad de los encartados, que no lograron ser rebatidos por las partes, pese a los denodados esfuerzos de sus defensas. Respecto a la valoración de dichos testimonios resulta prudente recordar y tener presente que nuestro Mas Alto tribunal ha establecido que lo único que no se puede revisar en casación es lo que surja directa y únicamente de la inmediación y que ello queda reducido a la impresión personal que algún testigo puede causar en el tribunal de juicio; más ello no impide que se valore el resto de la prueba incorporada al debate pues buena parte de ella se encuentra en la propia causa registrada por escrito, sea documental o pericial (conf. mutatis mutandi, in re "Casal" Recurso de hecho C1757 XL, considerandos 24 y 25); conforme ha ocurrido en la especie.

En síntesis, en el análisis de todas las circunstancias apuntadas por el tribunal oral, no se advierte fisura lógica alguna, sino que surge de la lectura de la sentencia impugnada que el a quo realizó una selección y valoración de la prueba ajustada a las reglas de la sana crítica racional, por ello exentas de vicios o defectos en sus fundamentos que, no demostrados en los recursos interpuestos en favor de los imputados, tampoco se advierten después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa n° 1757. XL, "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", del 20 de septiembre de 2005) Se consideró que "quienes únicamente declararon varias veces en forma juramentada la calificación que habrá de alcanzarse es la de falso testimonio -en la modalidad de delito continuado-" como también "respecto de aquél que solo declaró en formato de denuncia -y posterior ampliación tomada en idénticos términos por el juzgado instructor-, más no, respecto de quienes, en primer término, denunciaron en forma mendaz-, y en sus declaraciones sucesivas se los impuso de juramento sin motivo plausible alguno". En conclusión, se determinó que aquellos que fueron recibidos en calidad de denunciantes, las deposiciones posteriores realizadas quedarían integradas a esa primera conducta en tanto resultan ser una consecuencia necesaria dentro del plan criminal -art. 245 del C.P.-.
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Lemmi, Nello Víctor. López, Raúl s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Lo relativo a la prescripción de la acción penal es una cuestión esencial. De la forma en que se resuelva depende la existencia misma de la pretensión punitiva del Estado. De allí que la decisión de segunda instancia que se dicte respecto de esa cuestión debe estar revestida de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces (art. 156, 2 párrafo, Constitución provincial).
Prueba testimonial, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. P. c/ V. H., F. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-24

Los testigos de oídas o de referencia dan una razón de sus dichos que descalifica su testimonio como tal, pues por propia declaración lo que testimonian no ha sido objeto de percepción sensible por ellos mismos, sino que constituye un relato de otro relato que han escuchado previamente; para peor, en este caso, un relato de parte interesada en el resultado de la litis.
Cuestiones de competencia, competencia federal, proceso penal, gobernador, competencia provincial, Administración Pública Provincial, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: RAUL DANIELSEN Y OTRO. c/ CESAR FERMIN OCHOA. s/ INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA.    DELITOS  QUE OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES  NACIONALES. GOBERNADORES DE PROVINCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

Corresponde a la justicia federal conocer respecto de los hechos que se imputan al ex gobernador de Santiago del Estero relacionados con el dictado de los decretos que autorizaban diversas compras directas, prescindiendo del procedimiento de licitación. Por el contrario, las demás irregularidades que se denuncian aparecen en este estado de la causa imputadas únicamente a un ex Ministro de Bienestar Social de la citada Provincia, por lo que al ser los hechos divisibles corresponde que el juez federal de Santiago del Estero extraiga testimonios de las partes pertinentes de la causa y los remita al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Nominación, de la misma provincia.
Concursos, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heffer, Juan Carlos s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

A falta de una disposición que expresamente lo faculte, carece de legitimación un acreedor para pedir que se tenga por desistido al concursado de su petición de concurso preventivo, habida cuenta que del modo como al caso está previsto en el art. 31 de la ley 19551 el desistimiento lo pronuncia el juez de pleno derecho, sin necesidad de reclamo alguno.-
Defensa del consumidor, vicios, daños y perjuicios, indemnización, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-17

El régimen de responsabilidad establecido en la ley 24240: 40 no resulta aplicable cuando se trata del incumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, siendo claro que el objetivo del citado precepto no fue el de conferir a todos los miembros de la cadena de producción y comercialización de un producto o servicio el carácter de garantes del exacto cumplimiento de las obligaciones del vendedor directo de aquel, sino solamente el de poner a su cargo un deber de inocuidad respecto de esos productos o servicios por su riesgo o vicio, nada de lo cual se presenta en el sub lite (en el mismo sentido: CNCom, Sala D, "Balembaum SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario", del 3/5/18, entre otros).
Empleo público, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "García Losada Matilde Isabel c/ E.N.-CONICET s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

Si la Investigadora no fue promovida no por su incumplimiento sino porque diversas razones (ajenas a ella) así lo determinaron, ello implica que ella no es responsable de su propio inmovibilismo por lo que carece de asidero el decretar su cesantía por permanecer siempre en la misma situación escalafonaria y, en tales términos es que corresponde declarar la nulidad de la resolución segregativa de la actora dispuesta por el CONICET (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VII).
Cuestiones de competencia, insolvencia fraudulenta, fraude a la Administración Pública, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARES de PARGA, Juan José y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Si a la imputada se le declaró la quiebra por haber realizado maniobras tendientes a la disminución de su activo, las que habrían implicado un perjuicio hacia la masa de acreedores, entre los que se incluye la A.F.I.P. y, toda vez que la supuesta quiebra fraudulenta no lesiona a los acreedores individualmente considerados sino que afecta a la totalidad de ellos con derecho al cobro de los créditos (*), debe revocarse el auto que declaró la incompetencia a la justicia federal.
Denegatoria del recurso, procedimiento de impugnación de deuda previsional, depósito previo, habilitación de instancia, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fantuz S.A. c/ A.F.I.P. s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-09

El requisito de depósito previo (art. 15 de la ley 18.820), que habilita la instancia recursiva, tiene supeditada su procedencia en aquellos casos en que se demuestre un detrimento o pérdida de derechos reconocidos por la CN o cuando el monto del depósito reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente, pues si no se acompaña elemento alguno tendiente a comprobar tales presupuestos, corresponde desestimar el recurso interpuesto. (cfr. Expte. 37197/2016. "Guacars S.A. c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda", de fecha 05/03/18, Sentencia interlocutoria. Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S., Nro. 66).
Contratos civiles, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carton Pac S.R.L. c/ Avellaneda, Ricardo Angel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Los negocios mercantiles no escapan a la regla de la buena fe que impone el artículo 1198 del Código Civil; más aún, en ellos el respeto de la palabra empeñada constituye el motor que posibilita las multiplicación de las transacciones, pues la adopción de formalidades mayores conspiraría contra la fluidez del tráfico.
Prescripción, interrupción de la prescripción, transporte por agua, inspección ocular
Materia: CIVIL
Carátula: LA UNIVERSAL CIA. ARG. DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MARIA FRANCESCA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA DE TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Tanto el procedimiento extrajudicial, revisación conjunta, como el judicial, reconocimiento pericial, tienen idéntica finalidad y semejantes efectos, pues uno y otro son interruptivos de la prescripción. El efecto apuntado se mantiene durante la tramitación cuando esta es necesaria para el cumplimiento del objetivo perseguido, sea por vía judicial o ya fuera por la sustitutiva de la revisación bilateral amigable. Así como la demanda no deja de producir sus efectos en tanto no caduque, sea desistida, del mismo modo la prueba pericial anticipada, reconocimiento o dictamen pericial, proyecta sus consecuencias en orden a la prescripción, en tanto no se agote su trámite. Y toda vez que la verificación conjunta extrajudicial es un procedimiento propiciado por la ley como sustitutivo del judicial, al que las partes voluntariamente se someten con el implícito compromiso de aceptarlo y cumplirlo de buena fe, art. 1198 C.Civil, con un propósito semejante y con analogía de efectos, no parece caprichoso interpretar que dicha verificación bilateral también tiene incidencia sobre el curso de la prescripción liberatoria durante el lapso razonablemente necesario para la determinación de los daños, muchas veces, como es del conocimiento de las partes, se requiere análisis especializados, concurso de técnicos extranjeros, reparaciones y pruebas de ensayos, etc.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CANTOS, JOSE BLAS c/ PERICAS PEDRO C. Y OTRO s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-02

En el cómputo del plazo de caducidad, en caso de existir más de una medida cautelar, los diez días comienzan a correr, a partir de la fecha en que se haya cumplido una de ellas. Y así debe ser porque es desde ese momento que se está trabando la actividad de una persona y no es justo que esa situación se prolongue indefinidamente.
Sentencia condenatoria, prisión, violación de domicilio, lesiones agravadas, violencia de género, amenazas calificadas, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Pereira Balmaceda, Gabriel Andrés c/  s/ p. s. a violación de domicilio, disparo de arma de fuego, amenazas calificadas, homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas simples
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-02-28

Cabe declarar al acusado, autor material y penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas en concurso real -hecho primero del requerimiento de elevación a juicio- y amenazas simples -hecho nominado segundo- todo en concurso real -arts. 45, 150, 92 en función del 89 y 80 incs. 1° y 11 CP, 149 bis primer párr. segundo supuesto, 149 bis primer párr. primer supuesto y 55 del CP- e imponerle la pena de tres años y tres meses de prisión con adicionales de ley y costas, conforme al violento ingreso al domicilio de la víctima por parte del prevenido y a su comportamiento inmediato de amenazar con el arma que portaba y luego acometerla violentamente a golpes de puño y con la culata, causándole lesiones que diera cuenta el respectivo informe médico al igual que con el segundo hecho en lo que hace a las amenazas formuladas a la denunciante mediante mensajes de textos a su celular particular las que se encuentran fehacientemente acreditadas.

Fuente del sumario: SAIJ
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, trabajador, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ, VICTOR HENRY c/ EXPERTA ART S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

El A quo otorgó pleno valor convictivo a probatorio a la prueba pericial, por considerar que las conclusiones arribadas por la perito médica interviniente fueron el producto de un exhaustivo análisis de la personalidad, antecedentes vitales, laborales y prueba documental aportada en autos, lo cual permitió a dicha galena arribar a un diagnóstico preciso y con respaldo técnico y científico, con individualización de antecedentes médicos relevantes y tratamiento recibido por el actor, y tener en cuenta que la demandada al formular los agravios de su apelación no especificó cuál sería el yerro o deficiencia de la pericia que ataca, la que fue ratificada y ampliada en su oportunidad; y ante esa línea de razonamiento, la recurrente opone su particular apreciación de la causa, sin que sus alegaciones alcancen a persuadir de que la sentencia atacada luzca apartada de las constancias de autos o que haya transgredido los márgenes de razonabilidad tolerables que conlleven a descalificar su función jurisdiccional.
Juicio político, defectos del procedimiento, personal municipal, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Quinteros, Ramón Reyes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-07-12

De la C.P. surge con claridad que las causas atribuidas por la carta provincial al tribunal especial, son las que contempla al art. 105 de la C.P., en donde no están incluidos los funcionarios municipales, por lo cual la limitación contenida en la cláusula constitucional citada, no es aplicable en el sub lite.

El juicio político en sede provincial nunca fue una cuestión claramente política y tampoco se advierten obstáculos para la viabilidad del amparo cuando lo que se trata de enmendar son deficiencias esenciales en el procedimiento, que lesionan el derecho de defensa o garantía del debido proceso.
Recurso de reposición (procesal), regulación de honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cárcamo Arriagada de Alvariño, María Elsa c/ Empresa Transporte Comodoro S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-03

Esta Cámara tiene criterio sentado respecto al recurso de apelación en materia de honorarios, en el sentido que el mismo debe interponerse en forma directa contra el auto regulatorio; siendo improcedente hacerlo subsidiariamente, como en el presente caso, toda vez que dicho auto no es susceptible de reposición.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de alimentación
Materia: CIVIL
Carátula: Maricone, José A. c/ Gas Areco  S.A.C. e I. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Si bien es cierto que corresponde indemnización en concepto de alimentación pues a consecuencia del accidente el menor damnificado perdió su peso físico, no es menos cierto que habrá de tenerse en cuenta para fijar el monto que el mayor gasto que sus progenitores pudieron haber pagado para que lo recuperara una vez que volvió al hogar, quedó en parte compensado con la suma de dinero que no desembolsaron en el período de internación.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia
Materia: PENAL
Carátula: Abrile, María Isabel s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Si la acusada cometió la tentativa de homicidio en un estado de alteración morbosa de sus facultades que le impidió dirigir sus acciones (art. 34, inc. 1, C.P.), es innecesario considerar si la causa de este efecto psicológico incluyó elementos propios del concepto jurídico de "estado de inconsciencia" y también es irrelevante determinar si la procesada pudo comprender la criminalidad del acto, pues ninguna de ambas circunstancias modificarían la decisión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Rubén Oscar c/ Corvin S.A. s/ Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El recurso de inaplicabilidad de ley resulta inadmisible toda vez que el valor de los rubros que son materia de agravio ante esta instancia extraordinaria, actualizado al momento de interposición del recurso, no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y los antecedentes mencionados por el quejoso para fundamentar la existencia de una excepción al artículo 55 del decreto ley 7718/71 no resultan aplicables al caso, ya que la misma se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por este Tribunal en la interpretación de las normas de fondo que rigen las relaciones laborales (en el caso se recurre por supuestos errores de juzgamiento). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirabelli, Carlos Abel c/ Gómez, Manuel y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Negados por la parte demandada los daños en el cuerpo del actor y la necesidad de cobrar de realizar los tratamientos médicos -art. 375 C.P.C.C.-, es claro que corría por cuenta del accionante la prueba no sólo respecto de la existencia de las "tremedas cicatrices" en su pierna sino sobre la necesidad y eficacia de un tratamiento de cirugía plástica reparadora -art. 375 del C.P.C.C.-.-
Recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem, Poder Judicial, sanciones disciplinarias, prevención, Superior Tribunal de Justicia, competencia funcional
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Personal Tribunales de Rosario s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Aplicación artículo 208 Ley 10160   (Expte. CSJ Nro. 923-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

No depara cuestión idónea en orden al franqueo de la instancia extraordinaria el planteo de la recurrente, toda vez que, a pesar del matiz constitucional que el actor pretende conferirle, el agravio que esgrime -esencialmente, violación del principio non bis in idem- y que en realidad solo traduce la mera disconformidad de su parte con la solución que esta Corte adoptó en el ejercicio de atribuciones derivadas de su competencia en materia de Gobierno del Poder Judicial, solución cuya validez constitucional no ha logrado desvirtuar mediante la demostración de la efectiva concurrencia del vicio que se le imputa. Ello así, desde que carece de todo fundamento la pretensión del recurrente en el sentido de que con la sanción de prevención que se le aplicó se habría incurrido en violación al principio "non bis in idem" puesto que por sus inasistencias injustificadas ya se le había aplicado la sanción del descuento de sueldo.
Acción de amparo, concejales, licitación pública, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LOPEZ GONZALEZ, JORGE JAVIER (PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE HUILLAPIMA) c/ PROVINCIA DE CATAMARCA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-22

En el caso, el amparista-presidente del concejo deliberante de un municipio del interior provincial- cuestiona el proceso licitatorio para la realización de una obra pública para el suministro de agua potable, pero no lo hace porque dicha licitación adolezca de algún vicio que la invalide, afectando sus derechos administrativos de modo tal que lo habilite para recurrir en sede administrativa, y menos aún en la contencioso administrativa persiguiendo su anulación, porque no es el acto administrativo en sí mismo el que lo afecta, ni la actuación del gobierno como ente administrativo en la producción de sus actos, sino los eventuales efectos de ese acto administrativo enmarcado en una política de gobierno, los que pueden afectar intereses de la comunidad, en su totalidad o individualmente.

Si bien, en principio, todo acto político o de gobierno está sometido al control jurisdiccional, ello no significa que dicho control corresponda a la competencia originaria en lo contencioso administrativo de La Corte de Justicia.

Ahora bien, sostener que la Corte de Justicia no es competente de modo originario, no implica que respecto de tales actos políticos o de gobierno, no pueda llegar, eventualmente, a entender y revisar lo actuado por los inferiores en la etapa procesal oportuna y por la vía recursiva pertinente. Esta tesitura de que no todos los actos administrativos o de gobierno necesariamente tengan que venir en revisión por la vía contencioso administrativa a esta Corte de Justicia, es la adoptada por la Ley 5034 de "Amparo Judicial de los Intereses Difusos"-art.7-, resultando pertinente resaltar que, excepcionalmente, la Corte de Justicia podrá abrir su competencia originaria cuando se plantee un caso de gravedad institucional, cuestión que no se invoca en el caso de autos.

En consecuencia, en el caso La Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la acción de amparo interpuesta, en razón de que la materia traída a su conocimiento no involucra agravio a un derecho subjetivo ni a un interés legítimo del amparista, lesionado por la autoridad administrativa y tutelado por normas de derecho administrativo.

Y por involucrar sustancialmente materia constitucional, la competencia corresponde a los Jueces de la Inferiores Instancias. Del voto ampliatorio del Dr. Cáceres