marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prevaricato, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: "  Incidente de apelación del resolutorio de fecha 14 de mayo de 2010 ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-15

"Ambos jueces tuvieron dominio del hecho: sabían que los informes eran falsos y que las órdenes judiciales fundadas en ellos estaban dirigidas a intervenir comunicaciones de personas ajenas a los expedientes judiciales que estaban a su cargo"."Por lo que se dijo más arriba, a esta altura ha de tenerse por probado que dicha forma de proceder fue dolosa, es decir, involucró conocimiento y voluntad"." lleva la razón el Dr.

Goldstraj cuando plantea que no hay falsedad ideológica en la decisión judicial, por cuanto su finalidad no es probatoria sino que se trata de una orden que simplemente debe ser cumplida, en este caso, por la Secretaría de Inteligencia (conforme doctrina de Fallos 324:3952)". "Esa afirmación, de todos modos, no desemboca en la atipicidad sino que reconduce la mirada hacia la figura especial del prevaricato, que contempla la conducta del juez que dictare resoluciones en las que citare, para fundarlas, hechos falsos (cfr. art. 269 C.P.). Traducido a los términos de las acciones enfocadas en autos, esa figura abarca las conductas dolosas de los jueces Gallardo y Rey en tanto dispusieron órdenes de intervención telefónica basadas en informes ideológicamente falsos". "De acuerdo a lo demostrado hasta aquí es posible sostener que existió una decisión por parte del Jefe de Gobierno que consistió en designar al ex Comisario Jorge A.

Palacios al frente del proyecto de seguridad que iba a ser instrumentado a través de la creación de una policía metropolitana y que esa decisión estuvo acompañada de la facilitación de los medios materiales que fuesen necesarios. El nombramiento de James se perfila a esta altura como uno de esos aportes, que posibilitaba que este integrante del equipo de quien iba a estar al frente de la Policía percibiese una remuneración a cambio de prestar sus servicios como cuadro de inteligencia. De esa manera los agentes públicos fueron montando en la estructura del Gobierno de la Ciudad un incipiente aparato de inteligencia prohibido por ley"."La conclusión provisoria, en base a lo antecedentes relevados, es que el funcionamiento de este aparato, su actuación y procedimientos de acción, fue tolerado y consentido por el Jefe de Gobierno. Habría habido aquiescencia de parte Mauricio Macri respecto del proceder de Jorge A. Palacios, lo que lleva a ratificar que ocupó un rol en la asociación ilícita: asegurar, como máxima autoridad del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar".
Personal militar, aplicación de la ley, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Picard, Omar Ceferino c/ Estado Nacional s/ indemnización daños y perjuicios (sumario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Las relaciones de quienes integran las filas militares, entre sí y con la Nación, se gobiernan por las respectivas normas que al efecto - previsto por el art. 75, inc. 27, de la Constitución Nacional - se dicten por el Congreso y en la medida y extensión que se establezca (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución, Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-02

En cuanto a las "cuestiones de decoro y delicadeza", se dice que el Juez es soberano para apreciar la violencia moral del caso particular. Sin embargo ha de tenerse presente, que esta potestad del juzgador alude a las "causas intimas" referidas a circunspección, honestidad y escrúpulos del sentenciante, que implican el padecimiento de una vía relativa que obstaculizaría la diafanidad de criterio afectando la equidistancia respecto de las partes (imparcialidad) exigida para la función, señalando la doctrina que deben ser graves, ya que la "mera susceptibilidad" no es idónea a ese fin, y que si bien la decisión de invocarlas es un derecho del juez, privativo de su fuero interno, esto es así al solo efecto de su planteo, pues una vez exteriorizadas las mismas por el afectado, quedan expuestas al juicio de terceros, que pueden desestimarlas.
Concursos, acreedores del concurso, igualdad entre acreedores, incidente de verificación, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: 80017 - A.F.I.P. EN Jº 59.28/36.324 A.F.I.P. EN Jº 54.110 SOCIEDAD MUTUAL Y BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO DE MENDOZA s/ P/ CONC. PREV. P/ REC. REV. S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-16

Los incidentes de verificación de crédito, son procesos de conocimiento pleno, quien pretende insinuarse en el pasivo del deudor concursado o fallido deberá probar acabadamente su derecho ante el juez del concurso, lo que supone acreditar la causa, el monto y el privilegio presunto del crédito; no implica un litigio entre el acreedor y el deudor, sino que se trata de probar el crédito frente al órgano del concurso, los demás acreedores y el juez, esto explica que el deber de indicar y probar la causa subsista aunque el deudor concursado reconozca el crédito. Estos recaudos son exigibles, aún cuando el reclamante sea el Fisco, por ser un acreedor más de la concursada.
Competencia por el territorio, Puerto de Buenos Aires, lugar de cumplimiento de la obligación
Materia: PROCESAL
Carátula: PINTURAS  PLATAMAR  SRL c/ CAP.  y/o ARM. y/o PROP. bq. IARA s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

El art. 5 del Código Procesal (texto según Ley n° 25.488) establece que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Y, su inc. 3 dispone -en lo pertinente- que será juez competente cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato. Sentado lo expuesto, y conforme surge de los elementos aportados por el accionante al pleito, no es dudoso que el cumplimiento de la obligación (suministro de productos marinos) ocurrió dentro del ámbito del puerto de la ciudad de Buenos Aires (v. fs. 5/40, del expdte. n° 6641/2007 que se tiene a la vista), circunstancia que persuade que la defensa articulada debe tener andamiento favorable.
Transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, prueba, relación de consumo
Materia: CIVIL
Carátula: Manuel Zunilda, Aurora c/ Campisi, Fernando Oscar y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-11-06

La cooperativa encargada de la venta de pasajes para el transporte fluvial de pasajeros debe responder por las lesiones que sufrió una pasajera tras incendiarse la unidad, ello por cuanto la ley de Defensa del Consumidor excede aquel límite del contrato entendido como mero acuerdo de voluntades y avanza sobre el concepto de relación de consumo, en los términos del art. 42 de la Constitución Nacional, por lo que, la obligación de seguridad que la norma establece en su art. 5 a cargo de quien provee el servicio se aplica aún en los casos en los que exista un mero contacto social entre consumidor y empresario.
Concursos, fallido, bienes, desapoderamiento
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El desapoderamiento no constituye desapropio, no cabiendo denegarle al fallido toda intervención en el proceso, lo que por otra parte no se compadecería con la letra ni con el espíritu de la ley, pues el titular del patrimonio afectado por la quiebra tiene interés en que el proceso se desarrolle respetando la ley y con el menor daño para su esfera jurídico-económica, en la parte cuya esfera jurídica viene a sufrir los efectos del proceso.
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, demanda, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Building Managers SRL c/ Consorcio de Propietarios Avenida Santa Fe 3722 3778 CABA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Cabe admitir la citación pedida por la demanda en los términos del CPR 94, si bien el ordenamiento procesal no exige que el peticionante demuestre cuál es la relación jurídica que lo une al tercero como requisito para dar curso a la petición, en tanto dicho instituto es de carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada con criterio restrictivo, debe mediar invocación concreta sobre la existencia de una comunidad de controversia (CSJN, Fallos: 326:3529). Lo que se requiere es que exista más que un mero interés del citante, desde que el CPR 94 opera -en líneas generales- sobre el presupuesto de que la parte, en caso de ser vencida, tuviera la posibilidad de intentar una pretensión de regreso, o bien cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición del litisconsorte del actor o del demandado (conf. este Tribunal, Sala "C", en "Haidar, Alicia c/ Haidar, Jorge" del 01/4/93).
Denegatoria del recurso, cuestiones de competencia, relación de consumo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Battista, Sergio Adrián  c/ Fca Automóviles Argentina SA y otros  s/ relación de consumo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal si el presentante no ha sido parte en el conflicto de competencia que suscitó la decisión del Tribunal que ahora intenta recurrir. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz).
Ahorro obligatorio, capacidad de ahorro, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Distribuidora Americanaa S.A. (TF 12570-I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-17

Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre un planteo análogo en autos "Enrique C. Welbers S.A.", el 16 de julio de 1996 en donde, por mayoría, se revocó la sentencia que había hecho lugar a la demanda que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 18 y 26 de la ley 23.549. (ver Sala III de esta Cámara in re "Clínica Güemes" del 23 de agosto de 1994).
Conservación del empleo, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Garay Mario Gustavo  c/ Cangeri Rosario María Noemí s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-10

Al estarse ante un nuevo accidente aun sucedido durante el período de reserva del empleo del art. 211 LCT -donde si bien no existe obligación de trabajo ni de pago de haberes, el vínculo y las demás obligaciones subsisten-, los plazos del art. 208 de la LCT comienzan nuevamente a operar en beneficio del trabajador respecto a esta nueva dolencia, pues si bien admito que esto es un tema controvertido en derecho, la norma precisamente refiere puntualmente a que "cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicios no afectará el derecho del trabajador de percibir su remuneración", por lo que a partir de esta circunstancias, aun de considerarse que no se estaba de alta del primer accidente -esto es discutible porque le prescribieron tareas reducidas, por lo que se podría interpretar que estamos ante un alta parcial-, y siendo que se trata de una nueva y distinta afección, el accionante recuperaba la posibilidad de percibir sus haberes (Voto Stettler, en disidencia)
Acción contencioso administrativa, interés legítimo, licitación pública, adjudicación, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Botto, José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   368-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

La circunstancia de que el recurrente no haya participado del concurso de precios que culminó con el dictado de la resolución impugnada, no constituye obstáculo a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de ilegitimidad interpuesto. En efecto: a los fines de satisfacer el requisito de la titularidad de un interés legítimo, en el caso se torna suficiente el hecho de que haya intervenido en el concurso de precios convocado originariamente, y de que su planteo consista en postular la ilegitimidad de la adjudicación con base en que la decisión del Comité de Emergencia Hídrica -por la cual se dejó sin efecto el primer concurso y se convocó a uno nuevo- habría sido irregular.
Depreciación monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, JUAN c/ TOOL RESEARCH s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE Nº  679-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

La tasa del 15% anual aplicada sobre deudas de origen laboral reajustadas por depreciación monetaria no se muestra injusta o irrazonable.
Competencia por la persona, nacionalidad, extranjeros, excepción de incompetencia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: RICARDO SERGIO CHAGRA Y ZAIDA MARIA CHAGRA FLORES c/ EMPRESA GEOSOURCE EXPLORATION COMPANY s/ RECURSO    DE    CASACION  E  INCONSTITUCIONALIDAD  -  ORDINARIO  POR  INDEMNIZACION DE DAñOS Y PERJUICIOS EMPRESA GEOSOURCE EXPLORATION COMPANY s/ RECURSO    DE    CASACION  E INCONSTITUCIONALIDAD  -  ORDINARIO  POR  INDEMNIZACION DE DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1984-10-18

Atento a que el fuero de extranjería constituye un privilegio para el extranjero, quien puede renunciarlo expresa y tácitamente, cabría eximir total o parcialmente de costas al actor (art. 102, segundo párrafo del Código Procesal Civil) en caso de articulación de la excepción de incompetencia por parte del beneficiario, cuando antes de la contestación de la demanda, aquél ignore por completo la nacionalidad del demandado y también cuando el actor, a pesar de saber que el demandado es extranjero, interpone una medida cautelar ante juez incompetente por razones de urgencia y el demandado consiente la competencia, no interponiendo el cuestionamiento de la misma ante el juez competente, lo que genera en el actor la creencia -de buena fe- de que el fuero de extranjería había sido renunciado tácitamente.
Acción contencioso administrativa, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lobo, Ramón Ernesto c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-10

Concuerdo con el voto que inaugura el Acuerdo y doy el mío en exacto sentido, pues el óbice formal en él apuntado para rechazar la acción intentada no configura un excesivo rigorismo formal, sino, como puede apreciarse tiene base netamente legal.

En efecto, en Art. 5 de nuestro Código Contencioso Administrativo se establece, de modo imperativo que, ".para que proceda la demanda contenciosa administrativa el reclamante deberá, previamente agotar la vía administrativa con el fin de obtener de la autoridad competente en última instancia el reconocimiento o denegación del derecho reclamado.". Por su parte, el Art. 10 del mismo ordenamiento dispone que la acción procede ".contra las resoluciones del Poder Ejecutivo, de las Municipalidades o de otras autoridades con facultad para decidir en última instancia, siempre que concurran los siguientes requisitos:..." y el primer inciso expresa ".que la resolución cause estado". De ambos preceptos surge con claridad la obligatoriedad exigida, en tanto para agotar la vía, el actor debió acudir a la instancia recursiva -recurso de reconsideración- siendo esta decisión final, en este caso, (Art. 121 ult. Parte C.P.A.) el acto que agota las instancias administrativas y habilita la instancia judicial. Del voto del Dr. Cippitelli
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho ambiental, juicio, partes, contaminación ambiental, daño ambiental, prueba, reglas de la sana crítica, carga de la prueba, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LALLANA, LIDIA OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-04-25

La Cámara consideró especialmente que, aunque la codemandada se encontraba en actividad al momento de realizarse el informe pericial, no prestó su colaboración para obtener mediciones con buques en carga en las instalaciones del predio, sin perjuicio de que la responsabilidad ambiental empresaria -sobre la cual el Tribunal profundizó- exigía su plena colaboración en el caso al tratarse de dilucidar la existencia de contaminación ambiental; así, en tales condiciones, se observa que el tratamiento del material probatorio en la causa se efectuó a la luz de los principios y reglas que rigen la materia ambiental, teniendo en cuenta las especiales características que presenta este tipo de daño, la gran dificultad probatoria que exhiben los hechos constitutivos de la litis y la desigual posición en que se encuentran las partes para probar, lo que se condice con lo expuesto por esta Corte en el caso "Matassa", respecto a que, en virtud de la complejidad que presenta la problemática ambiental y del carácter difuso, inasible, cambiante de un momento a otro y sutil que caracteriza a la contaminación y al daño ambiental, cabe un particular tratamiento del análisis de la prueba, comprensivo y no atomístico de los elementos incorporados a la causa, y que trate de adoptar paliativos al régimen estricto de la carga de la prueba, flexibilizándose el sistema de la sana crítica. - CITAS: CSJStaFe: Matassa, AyS T 275, p 433.
Medidas cautelares, medida de no innovar, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CRAWLEY, PATRICIA ISABEL s/ MEDIDA PREVIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05

La medida de no innovar presupone -a modo de exigencia específica indispensable-, la existencia de una causa pendiente, esto es, de litispendencia, de allí que la prescripción del art. 230 del ordenamiento de rito se refiere expresamente a su posible admisibilidad"... en toda clase de juicio...". En la especie, toda vez que la medida aparece referida a un juicio futuro, debe ser denegada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PHAM ANNE MONG LAN s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

La peticionaria interpuso recurso extraordinario. Entendió que la acreditación de la conducta irreprochable y moral intachable en el exterior y en el país, es una derivación razonada del art. 10 del decreto 999/31 que se encuentra derogado y es contrario al principio de legalidad. Además, criticó lo resuelto en cuanto a la exigencia de conocimientos del idioma nacional y sostuvo que no se analizó correctamente el requisito de acreditación de sus medios de vida, todo lo cual configura una resolución contraria a las leyes 19.101, 22.511, 23.982 y 25.344 y a lo establecido por los arts. 16, 17, 18, 28 31 y 33 de la Constitución Nacional, comportando un caso de gravedad institucional. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no procede el recurso extraordinario cuando la sentencia ha hecho mérito de cuestiones de hecho, prueba o derecho común -como es lo relativo a la viabilidad de la representación letrada, al pedido de informes de buena conducta y a la documentación que debe ser aportada a la causa a fin de obtener la ciudadanía argentina y al conocimiento del idioma nacional-, pues tal ámbito es propio de los jueces de la causa y extraño, como principio, a la vía contemplada por el art. 14 de la ley 48 (doctrina de Fallos 289:448, 292:397, 300:92; 302:890 entre otros muchos).
Estafa procesal, tipo penal, sujeto pasivo, víctima del delito, jueces, simple damnificado, prueba falsa, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: RUISANCHEZ LAURES, ANGEL s/ RECURSO DE CASACION Causa 353
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

La llamada estafa procesal es un caso de desdoblamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por la defraudación: la víctima del fraude "es el juez" y el ofendido por la defraudación es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de propiedad. No es simplemente una estafa cometida en un proceso, sino la perpetrada mediante un engaño al juez, y requiere un fraude en los elementos que deben motivar la decisión judicial. En tal entendimiento los tribunales han declarado que ese fraude existe cuando la parte se vale de elementos de prueba fraudulentos, es decir si utiliza documentos falsificados o adulterados, o usa fraudulentamente documentos material e ideológicamente genuinos, o se vale de otro medio de prueba fraudulento (voto de los Dres. Berraz de Vidal y Hornos).
Empleados de banco, ascenso laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PINO, ROSARIO c/ BANCO AVELLANEDA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

El artículo 26 de la C.C.T. 18/75 establece el derecho del trabajador que ha desempeñado durante seis meses funciones de una categoría superior a la adquisición automática de la 'categoría' del cargo desempeñado. No condiciona tal adquisición la vacancia del cargo, cuestión ajena a la materia del artículo, que no se refiere a la obtención definitiva de aquél, sino a la de la categoría, con la consiguiente obtención, con carácter definitivo, de la mejor posición salarial, que durante el desempeño del interinato, surge de lo dispuesto por el artículo 78 Ley de Contrato de Trabajo.
Proceso judicial, ley supletoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MELHEM MAXIMO MOHAMAD c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-19

No previendo trámite procesal alguno para supuestos como el planteado en autos en el que no se impugna una resolución denegatoria de un beneficio de jubilación o pensión sino, entre otras, la resolución adoptada por el Directorio de la referida Caja rechazando un reclamo formulado por el actor de reliquidación de sus haberes por una jubilación ya otorgada. Ante el vacío normativo al respecto debe acudirse por analogía a las disposiciones contenidas en el C.P.A..-
Dominio, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Lozano, Adolfo Avelino c/  s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-29

El derecho a una vivienda digna obliga al Estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él. Su acceso no está necesariamente asociado con la conservación del dominio sobre un inmueble ni, por tanto, justifica sustraerlo de la prenda común de los acreedores.