Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-15


AUTOS N° 117181/1 (3° JUZ. CIVIL) (SALA III N° 10852) "ALVARADO Leonardo Esteban C/ SAT CONSTRUCCIONES S.R.L. S/ Ejecutivo (Legajo de Copias para Elevar a Cámara)".

///Juan, a 15 días del mes de Noviembre de dos mil doce.- - - - - - - - - - - - - - - - -VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido a la demandada SAT Construcciones S.R.L., a fs. sub 28, contra la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil once, obrante a fs. sub 21/24 de estos autos.- - - - - - - - - - - - - -CONSIDERANDO: El Sr Juez a-quo resolvió: "1- Rechazar el incidente de perención de instancia incoado por la ejecutada a fs. 47/49, difiriendo el tratamiento de las excepciones por las razones apuntadas en los considerandos. 2- Imponer las costas del incidente al demandado vencido rechazar la imposición de sanciones pecuniarias por temeridad y malicia atento los fundamentos expuestos en los considerandos. 3- Regular honorarios por el presente incidente de perención de instancia en los términos previstos por el art. 222 de la ley 2150 modificado por el art.

800 inc- 10 de la ley 8038, y en un todo de acuerdo a lo prescripto por los arts. 188 y 190 Ibidem -mero corte procesal sin contenido económico-:

al Dr. Gustavo A. Mulet por su actuación en doble carácter representando a la demandada perdidosa en la suma de Pesos Cuatrocientos veinte ($ 420) y al Dr. Juan Sebastián Pontoriero por su actuación en doble carácter representando a la parte actora en la suma de Pesos Setecientos ($700), calculados a la fecha de esta resolución" (sic).- - - - - - - - - - - - - - - -Contra dicho pronunciamiento la ejecutada interpone recurso de apelación a fs. sub 27; el mismo se le concede a fs. sub 28. Expresa agravios a fs. sub 29/31, los que fueron respondidos por la actora ejecutante a fs. sub 33/36. Ambas partes, hacen reserva de los recursos previstos en la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La sentencia apelada -transcripta en su parte resolutiva- causa agravios a la ejecutada, los que se resumirán de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sostiene que el Sr. Juez a-quo, parte de una premisa equivocada al considerar que la inactividad procesal que medió entre el decreto que ordena correr traslado de las excepciones opuestas por la ejecutada, de fecha 10/06/2012 (fs. 37) y el conteste del traslado efectuado por el actor en fecha 07/02/2011 (fs. 38/42), no le es imputable a la ejecutante, arribando en razón de ello a una sentencia arbitraria. Con apoyo en argumentos doctrinarios, sostiene que a la actora le incumbe la carga de notificarse del traslado conferido por cuanto dependía de ella la prosecución de la causa y el impulso del proceso. Critica así la interpretación que hace el Juez respecto del art. 279 del C.P.C., la que entiende debió ser literal y gramatical, expresando que la regla determina que el demandado es quien puede plantear la caducidad de la instancia, siendo una excepción que el actor lo plantee en caso que el demandado hubiese manifestado su oposición a la sentencia monitoria; solicitado imposición de costas a su contraria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Los agravios son respondidos a fs. sub 33/36 por la actora ejecutante, quien solicita su rechazo sobre la base de que la providencia que ordenó el traslado de las excepciones opuestas por la ejecutada, debió notificarse por cédula tal como en ella se ordena.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Entrando al tratamiento del recurso traído a estudio, sostenemos que la decisión que ha de adoptarse para resolver el conflicto suscitado, tiene su asiento legal en la disposición contenida en el art. 279 del C.P.C. toda vez que allí, se encuentra regulada la perención de instancia que pueda articularse en un proceso monitorio, como el presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En efecto, por aplicación de lo dispuesto por el art. 493 del ordenamiento procesal vigente, frente a la acción ejecutiva iniciada por el acreedor, corresponde otorgar trámite monitorio al procedimiento de ejecución seguido contra el accionado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Emitido dicho pronunciamiento, el ejecutado tiene aquí la opción de oponerse a ello formulando las defensa que se consagran en el art. 507, por reenvío que efectúa la disposición contenida en el art. 505 Ibid, tal como ha acontecido en el proceso.- - - - -Así entonces, y retomando el hilo conductor de este análisis, si bien la perención en primera instancia, como regla, corresponde sea deducida por el demandado, sostiene el art. 279 citado que "...salvo en los procesos de estructura monitoria en que podrá solicitarla el actor contra la oposición que se haya deducido".- - - - - - - - - - - -A su respecto, la doctrina sostiene que "en tales procesos, donde se dicta una sentencia monitoria al inicio, y donde la bilateralización se produce con la oposición a la sentencia monitoria, la carga de instar el proceso recae sobre quien intenta revocar la sentencia monitoria" (cfr.

Velert Frau, Jaime y otros, Código procesal C.C. y M. de San Juan, t° 2-A, pag. 384, Ed. Nuevo Enfoque).- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Entendemos que ello contiene un claro sentido lógico dentro de las normas de procedimiento que regulan las distintas cargas procesales que se imponen a las partes en el conflicto. Para el caso de autos, conforme los términos de la norma, a quien le corresponde urgir el trámite en la sustanciación de la oposición formulada al trámite monitorio, es al ejecutado sin que la ejecutante pueda verse afectada por el transcurso del tiempo, tal como lo pretende la accionada y, contrariamente a ello ha sido bien resuelto por el Sr. Juez a-quo sobre la base del derecho y fuentes doctrinarias citadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -No obstante ello, en esta oportunidad advertimos también otra circunstancia que emerge de los términos de la norma y cuya aplicación, nos lleva también a concluir con el rechazo de la vía recursiva intentada por el ejecutado, corriendo así su misma suerte. Se trata aquí del plazo dentro del que la perención de la instancia ha sido alegada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -De los antecedentes acompañados a este legajo de copias, surge que a fs. sub 15/17, la ejecutada parte de considerar la notificación a su parte del derecho de fecha nueve de febrero del año dos mil once, por ministerio de la ley en fecha veintidós de febrero del referido año; así, en fecha dos de marzo de ese mismo año, a las ocho horas, plantea recurso de reposición y apelación en subsidio, los que son desestimados por el Juez a-quo según surge de la sentencia en recurso, y en esa misma oportunidad, articula el planteo de caducidad o perención de instancia.- - - - - - - -Conforme lo dispone el segundo párrafo del mismo art. 279 referenciado, la petición de perención "...deberá formularse dentro del plazo de tres días de haber conocido el solicitante cualquier actuación del Tribunal o de parte que impulse el procedimiento después de los plazos del art. 274...".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sobre la base de estos elementos, consideramos que si bien se ha rechazado el planteo de caducidad de instancia articulado por el demandado estimando que el mismo, según el estadio procesal en que la causa se encuentra al tiempo de su articulación, no se encuentra legitimado para ello, dicho planteo además resulta ser extemporáneo en la medida que ha sido presentado vencido el plazo de tres días que la norma impone como requisito de admisibilidad, lo que aconteció el día lunes veintiocho de febrero del año dos mil once y no el dos marzo de ese año, tal como así lo manifiesta el propio ejecutado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En cuanto a las costas, conforme al resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 67 del C.P.C., corresponde sean impuestas a la ejecutada vencida, regulándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes, en el porcentaje equivalente al 30% de lo regulado en primera instancia, conforme lo dispuesto por los arts. 196 de la ley 2.150 y 800 inc. 10° del C.P.C.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por lo expuesto precedentemente, normas jurídicas y doctrina citadas, SE RESUELVE: 1- Rechazar el recurso de apelación deducido por la ejecutada, con costas a su cargo. 2- Regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes, en el porcentaje equivalente al 30% de lo regulado en primera instancia, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los considerandos precedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..-FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. HUMBERTO CABALLERO . ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO SECRETARIO- PROT. DE AUTOS T° IV-F° 674/676 -2012-.