Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11


En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de julio de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad que luce a fs. 232/236 del presente legajo, del que RESULTA:

1. Que a fs. 232/236 se agrega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de este Tribunal de fecha 31/05/2007 que condenó a "Transportes Veintidós de Septiembre SAC" al pago de la multa de veintiún mil doscientos pesos ($21.200) por la comisión de diversas infracciones.

Considera que el fallo conculca el principio de legalidad e imparcialidad de los jueces e incurre en una contradicción por cuanto, por un lado señala que en materia de faltas la responsabilidad entre las personas físicas y jurídicas es solidaria en virtud del art. 8 de la ley 451 y, por el otro, abandona sin fundamento alguno, la acción en relación a los conductores. Plantea la violación del derecho de defensa en juicio por cuanto no se ha citado a los choferes como presuntos infractores, siendo que han sido identificados de manera adecuada en el proceso. Manifiesta que se ha violado el principio de igualdad ante la ley por cuanto existen dos personas individualizadas a las cuales se les imputa la comisión de una falta y, por lo tanto, resulta desigual que se continúe el proceso hasta las últimas consecuencias sólo contra una de ellas. Por último, manifiesta que se ha desvirtuado la finalidad de la sanción ya que no condenar al verdadero autor de la falta torna a la pena en un simple mecanismo de recaudación, perdiendo la mima su función disuasoria y sancionadora.

2. Que a fs. 237 pasan los autos a resolver, por lo que corresponde que este Tribunal se expida acerca de la procedencia o no del recurso bajo examen.

ADMISIBILIDAD La impugnación extraordinaria bajo examen, por intermedio de la cual se pretende el acceso a la máxima instancia local, se interpuso oportunamente y por escrito contra una decisión que claramente pone fin al proceso de conocimiento desplegado con relación a las infracciones por las que la empresa ha sido condenada, por lo tanto no existe otra oportunidad procesal, distinta a la aquí intentada, a efectos de que el recurrente haga valer sus argumentos tendientes a demostrar la injusticia de lo decidido. Lo expuesto resulta suficiente para afirmar la procedencia formal del recurso (arts. 27 y 28 ley 402).

Ahora bien, la tarea de este Tribunal en el marco del análisis de la procedencia de recursos extraordinarios locales como el presente no puede limitarse al análisis de los recaudos formales de su procedencia; ello así pues el máximo Tribunal local, tal como se ha dicho reiteradamente, no es una tercera instancia ordinaria sino que su competencia derivada se debe ceñir al análisis de casos en los cuales exista una "cuestión constitucional" real y no aparente (art. 113 inc. 3 CCBA, art. 27 ley 402). En el contexto señalado es necesario analizar entonces la seriedad del caso constitucional presentado y deslindar las propuestas argumentales que presenten un verdadero caso constitucional de aquellas otras que encubran una mera discrepancia con lo resuelto por las instancias ordinarias (TSJBA en causas "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ art. 40 CC - Apelación", Expte. n° 2212, del 11/06/2003 y "Ministerio Público-Defensora Oficial en lo Contravencional n° 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Matto Benitez, Pascual s/ Ley 255-Apelación", Expte. n° 2166/03 del 14/05/2003, entre otras). En este sendero, se separarán los agravios planteados a fin de verificar la procedencia del recurso.

1. Violación de los principios de imparcialidad y legalidad En el caso, tal como quedó explicado en la reseña que antecede, el primer agravio sobre la base del cual se pretende acceder a la instancia extraordinaria consiste en decir que este Tribunal, en ocasión de confirmar la condena impuesta en primera instancia, vulneró los principios de imparcialidad y legalidad.

Ahora bien, de la lectura del remedio procesal intentado sólo se desprende la mera invocación a la violación de este principio con base en el art. 7 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, sin fundamentar de qué forma se lo ha vulnerado ni demostrar cuál es su conexión con la resolución que se impugna. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal Local ha afirmado que "... que los recursos, además de contener afirmaciones, deben desarrollar argumentos que de manera plausible las fundamentan ..." (TSJ, Dras. Conde y Ruíz, Expte. Nº 2270/03 "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA c/Osvaldo Buzzetti SA s/otras causas donde la autoridad administrativa es actora", del 11/6/2003).

Por otra parte, si bien la defensa al alegar la presunta vulneración al principio consagrado en el art. 13 inc. 3° de la CCABA critica la interpretación efectuada por esta Alzada respecto al alcance de las previsiones de los artículos 5, 6 y 8 de la ley Nº 451, tampoco expresa de que forma el criterio de esta Sala ha afectado esta norma constitucional. En este sentido, cabe recordar que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas locales son ajenas al recurso de inconstitucionalidad cuando no se explicita fundadamente el desapego de dicha interpretación con las normas constitucionales.

En esa inteligencia se ha expresado que no constituyen agravios suficientes para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad la discrepancia con la "interpretación de reglas infraconstitucionales", tarea no comprendida por el recurso interpuesto ni constitutiva de la competencia del Tribunal, mientras su validez no sea cuestionada por razones constitucionales, más allá del acierto o desacierto de su interpretación según puntos de vista de los diversos intérpretes. El recurso de inconstitucionalidad no erige al Tribunal en una tercera instancia sobre hechos ni sobre Derecho común ..". (TSJ, del voto del Maier, expte. N° 3264/04 "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", rta. 23/2/2005).

En ese orden de ideas, el mencionado Tribunal Local ha expresado que "(l)as recurrentes, tras aparentes (e insuficientemente planteadas) cuestiones constitucionales, manifiestan su desacuerdo con la interpretación de reglas infraconstitucionales efectuadas en la sentencia recurrida. Sin embargo, aunque postulan otro criterio de interpretación de la norma procedimental, no logran señalar el desapego constitucional de la hermeneútica efectuada por la alzada. El recurso ahora interpuesto no tiene por misión el análisis e interpretación del derecho local común. La circunstancia de que las recurrentes discrepen con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria ..." (del voto de los Dres. Conde y Maier, Expte. Nº 1976/02 "Labayru, Julia Elena y otros s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)", del 9/4/2003).

En razón de ello, el recurso interpuesto a la luz de este agravio no tendrá favorable acogida puesto que los fundamentos que brinda para sostenerlo constituyen una mera discrepancia con la interpretación efectuada por esta Sala acerca de las normas referidas al sistema de responsabilidad previsto por la ley 451 y ajenas al recurso de inconstitucionalidad impetrado, sin demostrar su desapego a las garantías consagradas en el art. 13, inc. 3° de la CCABA.

2. Violación al derecho de defensa en juicio.

Sostiene la apelante que se ha vulnerado su derecho de defensa en tanto no se ha citado a los choferes como presuntos infractores, siendo que han sido debidamente identificados, a lo que se aduna que existiendo la posibilidad de que las infracciones les sean imputadas a los mencionados choferes, tampoco fueron citados como testigos. De este modo se vulnera su derecho a ofrecer prueba para contradecir las actas de infracción.

En relación a este agravio, cabe expresar que tampoco llega a constituir un verdadero caso constitucional por cuanto sus argumentos, tendientes a demostrar su imposibilidad de ofrecer prueba y ejercer así su derecho de defensa, encubren su intento por desviar la responsabilidad solidaria que le corresponde en virtud de las faltas imputadas.

Así lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia al manifestar que "...no existe un derecho a que se cite a un co-imputado ni en materia penal ni, menos aún, como se ha visto, en materia de faltas. En otras palabras, la empresa no tiene derecho alguno a que el juez de faltas impute la infracción a otras personas (ni siquiera lo tendría en materia penal, si se supusiese que la materia presenta alguna afinidad). Por lo tanto, la falta de citación de los choferes que la empresa indicó como los autores materiales de la infracción no afecta su derecho de defensa ni constituye una violación a la garantía de debido proceso ..." (Expte. Nº 141/99 "Transporte 22 de Septiembre S.A.C. c/G.C.B.A. Justicia Municipal de Faltas s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. el 29/12/1999).

A ello se aduna que, la argumentación respecto de este punto sólo se limita a reiterar fundamentos expuestos en el escrito de apelación "... y no incorpora elemento alguno que enerve los efectos de las consideraciones efectuadas por la Cámara y que traduzcan algo distinto a la mera discrepancia con el contenido de la decisión ..." (TSJ, Expte. N° 2212 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ art. 40 CC - Apelación", del 11/6/2003), Expte. n° 2782/04 "Volkswagen Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA c/ Volkswagen Argentina SA (ex Autolatina Arg. SA) s/ ejecución fiscal" del 19/5/2004, entre otras).

3. Violación al derecho de igualdad ante la ley Plantea la recurrente la presunta afectación al principio de igualdad, en tanto existen dos personas a las que se les imputa la comisión de una infracción -los choferes y la empresa-, sin embargo, se desarrolla el proceso sólo respecto de una de ellas y se abandona toda acción respecto de la otra, sin motivo alguno.

En efecto, respecto de este derecho consagrado en el art. 16 de la CN, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado claramente y en reiteradas oportunidades. En este sentido, ha expresado que desde sus primeras decisiones (Fallos 16:118) este Tribunal ha interpretado que la garantía de la igualdad consagrada en la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no trata de la igualdad absoluta o rígida sino de la igualdad para los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en las mismas circunstancias (Fallos 123:106; 180:149); pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación (Fallos 301:381; 304:390).

En el caso, si bien por el régimen de responsabilidad solidaria ambos pueden ser citados para responder en función a estas infracciones, las circunstancias en las que ellos se encuentran, no son idénticas. En efecto, por un lado la sociedad ha sido citada a comparecer como imputada de las infracciones y ha sido condenada en virtud de lo dispuesto por las normas procesales en materia de faltas y en atención al régimen de responsabilidad allí establecido y; por el otro, se encuentran los conductores de las unidades, los que ni siquiera fueron identificados en las correspondientes actas y no han sido vinculados al presente proceso, lo que, de por sí, evidencia que la situación procesal de ambos no puede asimilarse.

A la luz de lo expuesto, no resulta procedente el recurso en base a este agravio, toda vez que la defensa, para sustentarlo, pretende asimilar dos situaciones de hecho no logrando conectar su crítica con el principio constitucional de igualdad invocado.

4. Agravio basado en la interpretación de la finalidad de la sanción.

Por último, señala la impugnante que la forma en que se resuelve la presente causa desvirtúa la finalidad de la sanción en la medida en que sólo se condena a la empresa -responsable reflejo- y no a los choferes -responsables materiales de las infracciones-.

Tal como se sostuvo al contestar los agravios mencionados en el punto 1, la recurrente no menciona, ni logra vincular sus quejas con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de normas que lesionen garantías constitucionales referidas directamente al caso, por lo que dicho planteo tampoco tendrá favorable acogida, a los fines del recurso interpuesto.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 232/36 (art. 27 ley 402 contrario sensu).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi