Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-02-24


Autos Nº 4.600 (J.P.L. de 9 de Julio Nº 1.123 09), caratulados: "ABALLAY, Alejandro C/ Agüero, Mario R. Sumario Cobro de Medianería".

San Juan, 24 de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación deducido a fs. 82 por el actor, quien actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la resolución de fs. 79/81.

A fs. 84 vta. se concedió la apelación con efecto suspensivo y se pusieron los autos a disposición del apelante para que expresara agravios conforme lo dispuesto por el art. 253 del C.P.C. (T.O. por la Ley Prov. N° 8.037, actualmente renumerada como Ley Prov. N° 988 O conforme al "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan" aprobado por la Ley Prov. N° 1.260 E).

Y CONSIDERANDO:

I. Que mediante el pronunciamiento atacado, el a quo resolvió: I) Desestimar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de acción interpuestas por el demandado, con costas a su cargo; y II) Rechazar la demanda instaurada por el actor con costas a su cargo.

II. A fs. 82 se alzó el accionante contra la mencionada resolución, aclarando que únicamente lo hacía contra el apartado II de dicha decisión. Concretamente, en su memorial de fs. 86/88 vta., sostuvo:

o Que la resolución del a quo de no admitir y rechazar la demanda se basa en una decisión equivocada y, por ende, perjudicial a sus intereses; y que no obstante admitir que existe un muro medianero, conforme las disposiciones de los arts. 2742, 2743, sgtes. y cctes. del Código Civil (C.C.), que obligaría al demandado al pago de la mitad del valor del alambrado, a renglón seguido y pese al reconocimiento expreso de ello por parte de éste, cae en arbitrariedad manifiesta al decidir "absurdamente" (sic, fs. 86 vta.), que no se ha probado que el alambrado haya sido realizado en la línea divisoria de las dos fincas.

o Que la Sentenciante en su resolución ha dado equivocadamente un pretendido valor probatorio a rebuscadas y antojadizas interpretaciones de los hechos, tales como la redacción de la carta intimatoria, el contenido de la demanda y la constatación judicial.

o Que es arbitrario y absurdo el razonamiento de la Inferior respecto a que al no existir prueba pericial pertinente, la que habría determinado con certeza la línea divisoria de los inmuebles, no se ha acreditado el carácter de medianero del alambrado construido dentro de su propiedad.

o Que el razonamiento del a quo es absurdo, definitivamente arbitrario e improcedente, repitiendo quejas ya expuestas.

o Que de los hechos verificados en la causa y de la prueba confesional del demandado, surge que éste reconoce ser propietario y que "ha constatado que en dicho límite norte el señor Aballay ha construido un alambrado divisorio de las propiedades linderas" (ver respuesta a la cuarta posición del pliego de absolución de posiciones).

o Que el a quo no aplicó las disposiciones de los arts. 386, sgtes. y cctes. del C.P.C., pues debió admitir la demanda ante el reconocimiento expreso efectuado por el demandado.

o Que el valor probatorio de la confesión expresa es de trascendental importancia, en tanto y, en principio, hace plena prueba.

A fs. 89 se ordenó correr traslado al accionado del memorial, quien lo evacuó con el escrito de fs. 91/92, en el cual solicita el rechazo del recurso, con costas y la confirmación del resolutorio puesto ahora en crisis.

III. A fs. 92 vta. la Inferior dispuso la confección por Secretaría del certificado de elevación a la Cámara, que se materializó a fs. 93. Ya en este ámbito, se decidió que el recurso de apelación interpuesto sería analizado por todos sus miembros, lo que fue notificado a las partes (ver cédulas de fs. 95 y vta. y fs. 96 y vta.).

A fs. 98 se dictó el llamamiento de autos y posteriormente se procedió al primigenio sorteo de la causa (fs. 101).

Ya en ese estado, a fs. 102 se certifica por Prosecretaría que la Dra. Alicia Rusansky de Bustos Cano se acogió a los beneficios jubilatorios, sin emitir voto en la causa. Luego, se ordena comunicar la designación del nuevo magistrado, Dr. Juan Luis Romero, notificándose a las partes conforme cédulas agregadas a fs. 105 y vta. y fs. 106 y vta.

Consentido tal decreto, se procedió a un nuevo sorteo y a la adjudicación del expediente a estudio (vide fs. 107).

IV. Moviéndonos hacia el punto sobre el que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio contrario al progreso del recurso venido a examen. Ello, sobre la base de las siguientes apreciaciones:

1. Preliminarmente, estimamos adecuado dejar sentado que el presente proceso se inició bajo la vigencia del Código Civil anterior al actualmente vigente y, por ende, la sentencia de primera instancia se dictó al amparo de las respectivas normas de aplicación, y sobre tal base normativa se estructuraron los respectivos escritos de fundamentación recursiva y su réplica.

Por ello, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nac. N° 26.994, B.O. de 08 10 2014 que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 conforme Ley Nac. N° 27.077, B.O. 19 12 2014) no resulta de aplicación en el caso particular, por lo que en esta instancia judicial al resolverse el presente recurso se lo hará a la luz del mismo ordenamiento bajo cuyo amparo se dictó el fallo impugnado.

2. Adentrándonos ya en el examen del sub lite, advertimos que la decisión jurídica adoptada por el a quo no viola en modo alguno la pauta de razonabilidad que le endilga el apelante, toda vez que de sus propios actos y de las escasas y poco conducentes probanzas producidas en autos, no se puede llegar a otra justa conclusión que la arribada en su sentencia.

3. Primariamente, es dable recordar que como desde antiguo se sostuviera la medianería es, en líneas generales, el régimen jurídico aplicable a las obras separativas de dos fundos que pertenecen por definición a distintos propietarios (Spota, Alberto G., "Tratado de medianería", 2ª ed. revisada y ampliada, pág. 13, Buenos Aires, 1938).

Dichas obras separativas, pueden calificarse como linderas cuando están construidas en el límite de dos heredades, y en no linderas, conceptualizadas como aquellas que sin estar edificadas en el linde se hallan sumamente próximas al mismo (Mariani de Vidal, Marina, "Medianería, la reforma del artículo 4022 del Código Civil", J.A., 22 07 1971).

A su vez, desde el punto de vista físico, las obras linderas pueden clasificarse en contiguas y encaballadas. Así, la obra contigua es aquella que está edificada totalmente sobre el terreno de uno de los propietarios linderos, es decir, que se encuentra emplazada en forma exclusiva sobre la heredad del que lo levantó a su costa.

El Código Civil vigente a la época de la demanda lo contemplaba en el art. 2728. Por su parte, la obra encaballada está construida de tal manera que su eje, en el sentido de plano vertical que pasa por el centro del mismo, coincide exactamente con el límite demarcatorio de ambos fundos (Spota, Alberto G., op. cit., pág. 35), y es el caso al que se refiere el art. 2717 del C.C. al definir el muro medianero.

Estas obras merecen asimismo otra calificación, en privativas y medianeras. Son privativas cuando pertenecen en propiedad exclusiva a uno de los propietarios linderos, cualquiera sea su emplazamiento, es decir tanto si se encuentran edificadas en forma contigua como encaballada. En consecuencia, serán obras medianeras cuando han sido levantadas a costo común en el límite separativo de dos heredades (concepto del art. 2717 del C.C. vigente a la época de la demanda).

No obstante lo expuesto, y en orden a no perder el norte, resta decir que para poder ejercer el derecho de reclamar el cobro de medianera, la ley exige como condición que la obra se encuentre construida sobre la línea separativa de las dos heredades sin que exista espacio libre alguno.

4. Sentados dichos conceptos, la actividad carga probatoria que a partir de sus afirmaciones asume el demandante, debe centrarse en establecer y probar acabadamente el tipo de construcción separativa de que se trata a los fines de determinar el derecho aplicable, asumiendo el riesgo de sufrir las consecuencias que le depare su inactividad.

Al respecto se ha dicho que "las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que éste necesita para la emisión del fallo, porque el juez tiene que contar con datos que sean o parezcan convincentes respecto de su exactitud y certeza, requiriéndose, consecuentemente, que las partes cumplan con una actividad complementaria, de la puramente alegatoria, dirigida a proporcionar el convencimiento, lo que se llama la prueba; es decir, que los hechos controvertidos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial deben ser demostrados" (Cám. Civ. y Com. de San Isidro, Sala I, 28 08 1980).

Así, el C.P.C. (art. 340, primer párrafo) establece un principio general: cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

Dicho en otros términos, cada una de las partes deberá probar respecto de los hechos a los que se le atribuye la producción del efecto jurídico que pretende (cfr. Velert Frau, Jaime y otros, "Código Procesal Civil, Comercial y Minería. Comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y otras Provincias", T. 2 B, Córdoba, 2010, pág. 783).

Entonces, habiendo alegado el actor como hecho constitutivo que el alambrado divisorio construido a su costa se encontraría en el límite divisorio de las propiedades y la circunstancia de que el demandado desconociera tal afirmación convierte al mismo en un hecho controvertido, imponiéndose en cabeza de quien lo afirma la carga de probar su veracidad.

Por ello, debió el accionante producir la totalidad de la prueba ofrecida tendiente a demostrar que efectivamente el alambrado fue construido en el límite de ambas propiedades.

5. Analizando la prueba producida, surge que la inspección judicial (ver fs. 66) no arrojó demasiada luz sobre el hecho constitutivo posteriormente controvertido. Sólo se limitó a describir la existencia de un alambrado, sus características y otras circunstancias menores bien reseñadas por el a quo en su resolución.

Resultaba, en consecuencia, de singular importancia el producido de la prueba pericial de ingeniero agrimensor desistida por la propia parte actora a fs. 68 , toda vez que ésta hubiera podido definir con certeza y por el uso de la ciencia específica, si el alambrado divisorio estaba construido en el límite de ambas heredades, conforme fuera ofrecido por el demandante como punto de pericia a fs. 15.

Respecto de la prueba de confesión producida en autos, corresponde al juez apreciarla en su conjunto, relacionando no sólo una posición con otra, sino además con el resto de las pruebas producidas y los demás elementos del juicio que la contradigan (cfr. Velert Frau, Jaime, y otros, obra citada, pág. 925).

Por esa razón, estimamos ajustado a derecho el análisis realizado en la primera instancia, al meritar la prueba de confesión del demandado con los propios actos del actor expuestos no sólo en la demanda, sino también en las intimaciones cursadas antes de la iniciación del proceso, la inspección ocular a la que nos remitimos brevitatis causae , y la renuncia a la pericia de ingeniero agrimensor, que hubiera resultado determinante a los fines del señalamiento del límite de las propiedades.

Al respecto, y mutatis mutandis, se ha decidido que, en lo civil existió la tendencia a otorgarle a la confesional expresa un valor absoluto y a su consideración como la reina de las pruebas y la prueba por excelencia o probatio probatissima.

Sin embargo, existe en el derecho contemporáneo una firme tendencia a someter la confesión judicial en el proceso civil a la libre valoración del juez, de acuerdo a las circunstancias especiales de cada caso, relacionándola con las demás pruebas aportadas (CCCU02 CU 3471, 21 03 2005, "Figueroa, Mónica María y otro c/ Heili, Héctor Alberto y otros s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Sumario", Mag. Votantes: Rojas Ahumada Cazulino, Fuente: "Lex Doctor. Versión 9.0").

Así, la conclusión a la que arriba la Sentenciante para rechazar la acción impetrada resulta acertada no sólo por lo hasta aquí expuesto, sino también por lo que se señalará a continuación.

Es que para llegar a tal conclusión, el a quo se basó también en la contradicción puesta de manifiesto en los propios actos realizados por el actor, tales como sus afirmaciones expuestas en la demanda y los actos intimatorios previos (cartas documento remitidas en fecha 8 de marzo y 10 de abril de 2008, de fs. 08/09).

Así, como una derivación del principio cardinal de la buena fe, se deriva la doctrina de los actos propios o venire contra factum proprio, non valet. Fallos judiciales de los más diversos tribunales de nuestro país han resuelto que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, a través del ejercicio de una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (S.C.B.A., 23 12 1985, "Castilla de Bertres, Suc. c/ Moyano, José y otros", La Ley, 1987 A 655; Cám. Nac. Civil, Sala B, 08 11 1978, "Galarza, Juan c/ Heselman, Judka", R.E.D., 13 104; íd., Sala D, 14 04 1983, "Bianchini, y otra c/ Municipalidad de la Capital", La Ley, l984 A 295; Cám. Nac. Com., Sala E, 08 02 1984, in re "Muñoz, María c/ Italar S.A.", La Ley, l984 B 150; Cam. Nac. Fed. Civil y Com., Sala II, 25 06 1982, in re "Cabrera, Roberto c/ Gobierno Nacional", El Derecho 102 446; Cám. Apel. C.C. San Isidro, Sala I, 05 08 987, "Ballesteros de Senna, Manuel suc. c/ Aranchipe de Allievi, Nélida y otros", Doctrina Judicial, 1988 I 1034).

Constituye ésta una limitación al ejercicio de los derechos que se basa en el rechazo de la sorpresa y la emboscada. El derecho exige una conducta consonante con la confianza suscitada, requiriendo la coherencia del comportamiento con virtualidad respecto de terceros.

Nótese sobre el particular que en su libelo inicial, la parte actora manifiesta que el demandado "había plantado en la línea divisoria del inmueble en una extensión de aproximadamente 150 mts. una hilera de árboles (álamos) que dificultaba la construcción de un alambrado para delimitar convenientemente los inmuebles..." (fs. 13 y vta.), para posteriormente afirmar que "por resultar excesivamente oneroso el presupuesto de costos para ello, sólo he procedido a la construcción del alambrado divisorio o medianero dada la imperiosa necesidad de hacerlo" (fs. 13 vta.).

Confirma tal afirmación, la reserva que efectúa el actor (vide fs. 13 vta., in fine) para demandar oportunamente "el corte y erradicación de los árboles que dificultan y entorpecen el límite medianero".

Por todo ello, debe concluirse que la línea divisoria de árboles que se presume medianera conforme las disposiciones del art. 2745 del C.C. vigente a la época del conflicto bajo análisis , no fue erradicada y continuaba delimitando las propiedades.

V. En síntesis, y ante los argumentos jurídico fácticos vertidos, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 82 contra la resolución de fs. 79/81.

Las costas de la Alzada se imponen a la parte apelante vencida, en atención a lo reglado por el art. 66, párrafo primero, del C.P.C.

Por lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 82 contra la resolución de fs. 79/81, con costas a cargo del apelante vencido.

II. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.

P. de S. N° 14, fs. 97/103.