Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-22


- En la ciudad de Trelew, a los 22 días de agosto del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., M. M. s/ Incidente de Rendición de Cuentas en autos: "H., L. B. y G. A. s/ Sucesión Ab-Intestato (Nº 933 - 2004)" (Expte. nº 21.342 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 148.

-A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: - - 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por O. G. y M. M. G. a fs. 116 y 118, respectivamente, que fueran concedidos a fs. 125, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 108/115 que hizo lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por la heredera antes citada respecto a la rendición de cuentas presentadas por el administrador judicial, dispuso que en el trámite de ejecución de sentencia se proceda a reformular las cuentas con la intervención de perito contador, y rechazó el pedido de remoción del administrador judicial designado, con imposición de costas en el orden causado. Los agravios vertidos por las partes lucen a fs. 126/127 y vta. y fs. 129/132 y vta., a fs. 128 y 133 se corrieron los respectivos traslados, a fs. 134/135 vta. obra contestación del administrador judicial, y a fs. 145 se llamó a autos para dictar sentencia.

La incidentista apelante señala básicamente que: a) el reconocimiento de gastos producidos durante el año 2004 lo fue como si los mismos fueran realizados con fondos de la zafra lanera 2004/2005, y en tal sentido considera que los gastos producidos después del fallecimiento del Sr. A. G. (16/06/2004) hasta la fecha de la última guía de lana otorgada en ese período (07/12/2004) también debe ser desconocidos; b) la esquila de hacienda ovina es una actividad que se realiza en los últimos meses de cada año, vendiéndose la lana por lo general en los meses de diciembre y enero, por lo que con los fondos de la zafra lanera 2003/2004 se generaron recursos suficientes para afrontar los gastos del año 2004; c) esto se demuestra de dos formas, una es que no se denunciaron deudas en ese período por lo que no existían, y la otra es que con el producido de cada zafra se resguarda un monto suficiente para poder afrontar los gastos del año próximo; d) no se entiende porque se aceptan los gastos producidos con posterioridad al deceso del causante durante el año 2004 si los mismos se realizaron con fondos existentes al momento del deceso del causante, y un razonamiento contrario lleva al absurdo de aceptar como gastos del período 2004/5 facturas que ya han sido pagadas con fondos del período 2003/4, es decir utilizaría dos veces una misma factura para justificar dos erogaciones diferentes; e) es imposible creer que un establecimiento ganadero genere pérdidas cuando viene desarrollando su giro comercial a lo largo de muchos años, que no tiene deudas ni créditos adquiridos, donde en el período en cuestión se han dado los precios más altos en el mercado de lanas en los últimos años, por lo que en la zafra lanera inmediatamente anterior a la rendición se han generado fondos que rondan los $83.200.- y que se justifica con el informe del Juzgado de Paz de Las Plumas; f) con todo esto se quiere significar que no resiste el menor análisis la postura del administrador de que al momento de asumir su cargo el sucesorio carecía de fondos con los cuales afrontar los gastos del campo, y que los herederos tuvieron que pagar deudas con dinero propio, ya que la sucesión no sólo era solvente sino que además producía ganancias; g) el art. 713 del C.P.C.C. establece que el administrador judicial debe rendir cuentas trimestralmente de su gestión y no es necesario requerimiento o intimación previa, y el administrador incumplió con su obligación; h) el sentenciante dejó de lado la aplicación del principio objetivo de la derrota ya que corresponde imponer las costas al demandado si éste ha sido vencido en las pretensiones más importantes, y la rendición de cuentas fue presentada en forma incompleta, al punto de ordenar su reformulación total, para lo cual detalla las falencias existentes; i) el punto 7.4. de la sentencia establece que se deberá integrar a su favor un equivalente al 25% del valor locativo del inmueble sito en . ................., Trelew, y de ese modo se están dividiendo los bienes en cuatro hijuelas, y los bienes sobre los que versa la sentencia recurrida pertenecían al Sr. A. G., por lo que no siendo E. D. H. hijo del causante no tiene vocación hereditaria en su sucesión y el porcentaje debería ser modificado por el 33,33%; y j) solicita se revoque la sentencia rechazando todos los gastos realizados en el año 2004, ordenando el reintegro de los fondos salidos del acervo sucesorio, con costas a la contraparte y determinando que a la Sra. O. G. le corresponde una parte equivalente al 33,33% del acervo sucesorio, con intereses y costas. A su turno, el administrador judicial sostiene que: a) no se ha tenido en cuenta la especial característica del bien productor de rentas que es el establecimiento rural .................. ubicado en la localidad de Las Plumas, Provincia del Chubut, emprendimiento netamente familiar y con administración precaria y familiar, que tuvo que hacerse cargo en forma abrupta y sorpresiva y que no se sabía de la existencia de la coheredera O. G., y que el primer contacto lo fue cuando comenzó con sus planteos en el juicio sucesorio; b) las consideraciones del fallo acerca de la noción de rendición de cuentas puede ser aplicable a administraciones que requieren de una mayor complejidad, pero ello no se puede exigir en una administración como la de autos, los ingresos son exclusivamente los expresados y los egresos son tan simples como el pago de impuestos, personal, y gastos de víveres, esquila y señalada, y movilidad; c) no se observa mayor complejidad, ni requiere de una contabilidad sofisticada, los asientos fueron claros, y hasta tal punto llega el desconocimiento de la forma en que se lleva la actividad rural que el a-quo sostiene que no se indicó en la forma que se realizaron las ventas de los productos, y la venta lana y pelo de cabras no requiere mayor explicación científica por tratarse de una simple operación de compraventa lo que se refleja en los recibos acompañados; d) sobre la omisión de rendir cuentas de ciertos bienes ya se manifestó que por un error involuntario se omitió la incorporación en la rendición de los alquileres que se perciben por uno de los inmuebles, pero que luego se incorporó ello y se acreditó el monto; e) rechaza la rendición de gastos relacionada con el combustible, y destaca que ya se manifestó que se viajaba semanalmente al establecimiento, distante 200 km. de esta ciudad, y el sentido común nos indica que el administrador tuvo que trasladarse en vehículo, y ese gasto se realizó en beneficio de todos los herederos, y la circunstancia que sean comprobantes de débito y la tenencia de los mismos prueba que el suscripto realizó los gastos, debiendo aplicarse el mismo criterio por el cual aceptó las cuentas referidas a los trabajos propios de la actividad rural por ser normales e indispensables; f) tampoco aprueba un comprobante de $6.000.- por trabajos de refacción y obras efectuadas en el establecimiento rural, y la contraparte sólo objetó el valor fiscal pero no el gasto, ya que se trata de obras y refacciones que implican mejoras que son en beneficio de todos los herederos; g) la contraparte concurrió al establecimiento para inspeccionar el campo, y al contestar el traslado no negó la existencia de dichas obras, por lo que teniendo en cuenta el beneficio común de las mismas debe revocarse el punto y aceptar la cuenta; h) si el suscripto es poseedor del recibo de pago es porque lo realizó, por lo que se agravia del rechazo de la factura identificada con la letra H de fs. 13; i) la designación de un perito contador es innecesario e implica un gasto para el sucesorio que no corresponde sea asumido, ya que las tareas encomendadas pueden ser realizadas por el propio juzgado, así la determinación del porcentaje que corresponde a cada heredero, la indagación del destino de los fondos, y la determinación del valor locativo de una de las viviendas, y la solicitud e incorporación de los comprobantes posteriores a la rendición; y j) peticiona se revoque la sentencia en lo que es materia de agravios, con costas.- - Finalmente, en su contestación de traslado sostiene el administrador judicial que: a) hasta el fallecimiento de su padre él era quien llevaba adelante la administración del establecimiento rural, por lo que posteriormente la administración se llevó adelante con fondos propios; b) la previsión para el próximo período fue una decisión adoptada por los hermanos ya que no era la práctica hasta el momento de su padre, y la contraparte pretende incluir cuestiones que debió plantear y acreditar en la etapa correspondiente; c) el planteo es absurdo ya que pretende excluir los gastos realizados desde el fallecimiento del causante ya que según su imaginación se realizaron con fondos de zafras anteriores; c) la procedencia de su impugnación fue parcial y la mayoría de las cuentas fueron aprobadas, por lo que la jueza obró correctamente al imponer las costas por su orden al existir vencimientos mutuos y parciales, tal como lo marca el art. 71 del C.P.C.C.; y d) respecto de las hijuelas en la etapa procesal oportuna y luego de que se encuentren denunciados la totalidad de los bienes se determinará tal cuestión.- - 2.1. Entiende el administrador judicial que la noción de rendición de cuentas expresada en el fallo en crisis puede ser aplicable a administraciones que requieren de una mayor complejidad, pero ello no puede exigirse a una administración como la de autos, y a ese respecto formula distintas apreciaciones a fs. 129/130 y vta. Evidente resulta que con tales expresiones el apelante evita hacerse cargo de los fundamentos brindados por la Sra. Juez de la anterior instancia (puntos 5 y 6 de los considerandos, fs. 109 vta./ 111) que resultaron esenciales para dilucidar la cuestión, y ello no es agravio.- En tal sentido, señaló el juzgador que las cuentas en lo general han sido rendidas de manera incompleta, puesto que no contienen ningún tipo de explicación descriptiva clara y precisa . para finalizar Que, por lo tanto cabe concluir que globalmente la rendición de cuentas presenta deficiencias. . Que por ello las cuentas deberán reformularse en la etapa de ejecución de sentencia con los elementos aquí receptados como solución a la cuestión litigiosa planteada (Fassi, "Códigos .", T° II, pág. 127).- - Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C.C. - Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea. De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas. Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar -a petición de parte o de oficio- desierto el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 354 y 373/374, respectivamente, y cita de fallos).

- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

2.2. Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al agravio no le asiste razón al recurrente.- - Bien precisó la sentencia de la anterior instancia la diferencia existente entre rendición de cuentas y simple presentación de una cuenta. En el primer caso cuando alguien realiza actos de administración por cuenta o interés de un tercero, debe suministrarle al mismo un detalle circunstanciado y documentado de su actuar, o sea detallando los actos cumplidos en su nombre mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado final. En cambio, la cuenta consiste en la simple presentación de una cuenta con un debe y un haber, o con una expresión numérica que arroje un resultado final. Por eso, la rendición de cuentas no siempre comprende una presentación numérica ni se agota con ella (fs. 109 vta./110).

La palabra cuenta es una expresión técnica perteneciente, en sustancia, al dominio de la contabilidad. Rendir cuentas es presentar la descripción gráfica de las operaciones efectuadas, acompañada de las informaciones aclaratorias necesarias y de los respectivos comprobantes. Debe contener todas las explicaciones y aclaraciones necesarias a fin de informar acerca de los procedimientos y resultados de la operación (conf. Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino. 1: Parte General", 2001, Zavalía Editor, par. 278 a 280, págs. 382 y 384, respectivamente). Denomínase rendición de cuentas, en general, a la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o interés de un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente, el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1977, T. VI, par. 795, pág. 255/256). En cuanto a la forma de la rendición la cuenta debe estar debidamente instruida (conf. Falcón, "Gráfica Procesal", Abeledo-Perrot, 1995, T. V, par. 138, pág. 116). Toda rendición de cuentas debe ser instruida y documentada, tener forma descriptiva, es decir que debe contener todas las referencias necesarias para dar a conocer los procedimientos y el resultado de la gestión (De Santo, "Procesos Especiales", Editorial Universidad S.R.L., 2004, par. 27, pág. 137) (el resaltado me pertenece). - Y obvio resulta que la presentación de fs. 70/71 y vta. incumple en forma manifiesta con tales requerimientos.

En ese aspecto, cabe poner de relieve que el juzgador con cita de doctrina y jurisprudencia señaló a fs. 110 que si bien en las rendiciones de cuentas vinculadas con las relaciones de familia no debe exigirse en su presentación el rigor requerido en otro orden de presentaciones . debe sin embargo contener explicaciones claras y precisas, para concluir a fs. 110 vta. que no puede olvidarse que M. M. G. se limitó en su escrito a describir un rubro que denominó "Ingresos" y "Egresos", con simples expresiones numéricas con un resultado final, adjuntando numerosos comprobantes de pago, para que sean examinados por el incidentista brindando apenas un mínimo detalle de las operaciones efectuadas. - Por ello, es evidente que no rindió cuentas en forma instruida, esto es, descriptiva -con detalle circunstanciado de los actos cumplidos-, y que asimismo acompañó en forma desordenada un cúmulo de documentación sin relacionar adecuadamente el rubro al que correspondía.

Es más, teniendo a la vista la documentación reservada se advierte entre otras falencias que en una misma foja: a) se acumularon varias constancias (fs. 10, 15, 16, 17, 53, y 55); b) se acumuló diversos conceptos, algunos de ellos simplemente identificados con letras (fs. 14); c) varias constancias por diversos conceptos (fs. 51, 54); d) diversas constancias y diversos conceptos sin identificar (fs. 42, 48, 50); y e) diversas constancias correspondientes a diversos rubros con identificación por letra (fs. 12, 13, 40, 49).

Tales consideraciones llevan a la desestimación de las expresiones vertidas a fs. 129/130 y vta.

3. Corresponde entonces ingresar particularmente a las quejas vertidas por ambas partes respecto a los egresos que el juzgador aceptó y rechazó en cada caso.

- 3.1. Así, la incidentista sostuvo que la esquila de hacienda ovina es una actividad que se realiza en los últimos meses de cada año, vendiéndose la lana por lo general en los meses de diciembre y enero, por lo que con los fondos de la zafra lanera 2003/2004 se generaron recursos suficientes para afrontar los gastos del año 2004. Esa es la postura ya asumida en su presentación de fs. 77/81 al impugnar la rendición de cuentas (acápite III D., fs. 79 vta./80) por lo que no le asiste razón al administrador judicial al manifestar a fs. 134 vta. que la contraparte pretende incluir cuestiones que debió plantear en la etapa correspondiente.

- Respecto a las restantes manifestaciones de fs. 134 vta. acerca que el agravio no se basa en ninguna constancia de autos y que tal cuestión la debió acreditar tampoco le asiste razón.

Desde ya que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 421, y cita de fallos).- - En ese direccionamiento, cabe señalar que el Sr. M. M. G., en su calidad de administrador judicial, al contestar a la 10a. posición ("10)- Para que jure cómo cierto que las boletas y recibos del año 2004 presentados en la rendición de cuentas, fueron pagados con fondos de la zafra lanera del período 2003-2004", pliego de fs. 98) (el resaltado me pertenece) contestó afirmativamente ("DECIMA: Si", fs. 99).

-Y la prueba de confesión producida en forma, constituye un verdadero medio de prueba, con fuerza de probatio probatissima: han de tenerse por existentes los hechos sin más. La confesión, como medio probatorio es la admisión de la verdad, de determinados hechos. La confesión expresa, prestada con las formalidades de ley, constituye plena prueba en contra del absolvente de la verdad de los hechos que han sido objeto de ella (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, págs. 6 y 104). En principio, en el proceso civil la confesión constituye la prueba más completa. Si los hechos afirmados por una de las partes son confesados por la otra, el juez debe dictar sentencia conforme a esos hechos. Desde este punto de vista importa una limitación a los poderes del magistrado (conf. Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001. T. II, pág. 420). En consecuencia, la respuesta afirmativa a la 10a. posición prestada válidamente y apreciada conjuntamente con las restantes contestaciones, conforme a las reglas de la sana crítica, permite tener al absolvente por confeso en forma expresa respecto de la existencia de ese hecho (art. 423 del C.P.C.C.), por lo que deben rechazarse todos los gastos presentados en la rendición de cuentas correspondientes al año 2004 por haberse pagados con fondos existentes de la zafra anterior.

Por ello, siguiendo el análisis de la Sra. Juez de primera instancia, y sin perjuicio del tratamiento de las restantes quejas, corresponde en cada caso rechazar los egresos habidos durante el año 2004 por la circunstancia antes apuntada, a saber:

EGRESOS:

-a) Se rechazan los pagos de haberes correspondientes al período agosto a diciembre de 2004, peón M. G., por $2.808,95.- (fs. 36/39 y 56).- Se acepta el importe de $1.673,33.- (fs. 57/59, enero a marzo 2005).

- b) Se rechazan los pagos para la cuenta ................. del período agosto a noviembre 2004, abonados entre septiembre y diciembre 2004 por un total de $53,40.- (4 boletas de depósito, fs. 16).

Se acepta el monto de $64,92.- (4 boletas de depósito, meses enero, marzo, abril, y mayo 2005, fs. 55).- c) Se rechazan los pagos al Fondo Especial de Policía del Trabajo del período agosto 2004 a diciembre de 2004 por un total de $29,39.- (5 boletas, fs. 17). Se aceptan los pagos por $32,36.- (5 boletas correspondientes al año 2005, fs. 54).

d) Se rechazan los pagos al Fondo Gastos de Sepelio para el período agosto a diciembre 2004 por $55,06.- (5 boletas, fs. 15).

-Se aceptan los pagos por $60,71.- (5 boletas año 2005, fs. 54).- e) Se rechazan los pagos a la AFIP por $1.495,95.- (comprobantes y declaraciones de fs. 20/27 y 60, períodos agosto a diciembre 2004). Se aceptan los pagos por $2.245,85.- (comprobantes y declaraciones período enero a junio 2005, fs. 61/66).

- f) Su tratamiento se efectuará al p. 3.2. ante la queja vertida a fs. 130 vta. y sig.

- g) Se rechazan los gastos que indican las constancias obrantes a fs. 14 identificadas bajo letras A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, y L por un total de $6.215,66.- por corresponder al año 2004 en todos los casos. Por separado y al punto 3.3. se considerará el gasto que individualiza la constancia individualizada como letra I en virtud del agravio expuesto a fs. 131 y sig.

h) Se rechazan los pagos por honorarios profesionales posteriores al deceso del causante y correspondientes al año 2004 por $229,90.- (4 recibos B, C, D, y E, fs. 10; y 1 recibo, fs. 53, de fecha 03/01/2005 por honorarios diciembre 2004). Se aceptan los pagos del período enero a junio 2005 por $457,38.- (6 recibos, fs. 53).

i) Se rechazan los gastos individualizados a fs. 13, letras F, G, I, y K, por $489.- por corresponder al año 2004.

j) Por corresponder a gastos del año 2005 se aceptan por $7.968.- (detallados a fs. 40, letras H, I, J, K, L, y M, y a fs. 50 sin individualizar).

- k) Se aceptan los pagos que ascienden a $416,08.- (monotributo, fs. 40, letras A hasta la G) por no haber sido cuestionados y corresponder al año 2005.

- l) Se rechaza el pago de $88,50.- (Agua Potable Año 2004, recibo de fs. 41).

- Se aceptan los pagos por $349,80.- (2 boletas, Impuesto Inmobiliario Año 2005, fs. 41).

- ll) Se aceptan los pagos por $561,86.- (facturas y recibos correspondientes al año 2005, fs. 42).- m) Nada hay que considerar ya que las constancias de fs. 43 y 44 no acreditan pago alguno.- n) Se acepta el pago por $142,50.- (factura de fs. 45, del 22/04/2005). - ñ) Se aceptan los pagos por $145,80.- (gastos varios año 2005, fs. 48). - - o) Se rechaza el gasto por $38.- por no indicar año y no tratarse de un recibo (fs. 49, letra G).- - Se aceptan los demás gastos realizados por $741,29.- (fs. 49, letras A hasta E, H, e I).- - p) Se rechazan los gastos por $74.- (fs. 11, letras B y D por corresponder al año 2004.- Se aceptan los pagos por $3.119,60.- (año 2005, 6 facturas y 1 recibo, fs. 51; y 10 facturas, fs. 52).- q) Se rechazan los pagos que individualizan las constancias de fs. 12, letras A, B, D, H, I, K, y L por $412,38.- por corresponder en todos los casos al año 2004.

- 3.2. El alcance de la confesión judicial prestada por el Sr. M. M. G. (contestación a la 10a. posición, fs. 99) debe ponderarse conforme a las reglas de la sana crítica (art. 386 del C.P.C.C.), y en tal sentido no puede considerarse que se previeran fondos con el resultado de la anterior zafra lanera para atender a una situación imprevista como fue el deceso del Sr. A. G., y como consecuencia a un gasto derivado de la intervención de un heredero como administrador del sucesorio.- En ese marco, evidente resulta la necesidad que el heredero que asumió la obligación de administrar se traslade en forma periódica desde la ciudad de Trelew hasta el establecimiento rural ubicado en la localidad de Las Plumas a fin de controlar la explotación que se desarrolla en el mismo en beneficio de la totalidad de los herederos.

En consecuencia, atento la facultad conferida por el segundo apartado del art. 655 del C.P.C.C. al permitir dicha norma atemperar la rigidez de la prueba y por tratarse de un gasto que resulta razonable y verosímil (conf. Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1991, T. IV, par. 655.9.4., pág. 288/289; y Morello, Sosa, Berizonce, y Tessone, ob. cit., 1999, T. VII-A, pág. 465), corresponde acceder al rubro gastos de combustible a considerar desde la fecha del deceso del causante ya que la administración de hecho llevada a cabo por el Sr. M. M. G. fue puesta de relieve en la anterior instancia (último párrafo de fs. 111), porción del fallo que adquirió firmeza ante su falta de cuestionamiento. Asimismo, en atención a las falencias que presentan los comprobantes adjuntos ya consideradas a fs. 112 vta., y en tanto que las manifestaciones de fs. 131 carecen de idoneidad como para conmover los fundamentos vertidos por el sentenciante, corresponde fijar su importe (art. 165 del C.P.C.C.).

A ese fin debe ponderarse las siguientes circunstancias, a saber: a) en períodos normales resulta prudente un traslado semanal al establecimiento; b) una distancia aproximada a los 400 kms. -ida y vuelta desde la ciudad de Trelew-; c) un consumo de 1 litro de combustible cada 8/12 kms. según se trate de vehículo naftero o gasolero (obsérvese que se acompañan comprobantes de nafta super y gas oil indistintamente, fs. 19 y 46); y d) un valor promedio estimado de $1,20.- por litro (nafta super $1,15.- y diesel 1,299, comprobantes ya citados). En tales condiciones, y desde que la presentación de fs. 70/71 vta. no indica el período durante el cual se produjo el gasto, tomando desde el 16 de agosto de 2004 (fecha del fallecimiento) hasta el 03 de mayo de 2005 (último comprobante por combustible debidamente identificado, fs. 46) transcurrieron aproximadamente 35 semanas, por lo que el monto denunciado de $1.470.- (egreso, p. 11, fs. 70 vta.) resulta prudente, y al acogerse el agravio del administrador judicial se acepta ese gasto.

- La aceptación del gasto y monto denunciado hace innecesario ingresar en la queja vertida respecto al comprobante identificado bajo letra H de fs. 13 por referirse a ese rubro.

3.3. Respecto del gasto identificado al p. 2 de fs. 70 vta. cabe señalar que en el escrito inicial se alude en forma escueta a "Pago albañil por ampliación casa y construcción baño ovejas $6.000.-" (fs. 70 vta.).- - De tal modo, no se brindó detalle alguno respecto de: a) la entidad y características de las tareas realizadas; b) tiempo de construcción; c) materiales empleados; d) superficie de la ampliación de la casa y de la construcción del baño de ovejas; y e) época en la que se realizaron los trabajos. Esta última circunstancia cobra particular relieve pues el recibo común agregado (letra I, fs. 14) -carente de validez fiscal- no contiene fecha, sin perjuicio también de señalar que tampoco figura aclaración de la firma.- En ese aspecto, bien precisó la sentencia venida en apelación que el recibo común carece de fecha, de aclaración de firma y ni siquiera ha sido acompañado de un presupuesto, con detalle de la persona que efectivizó la obra, carácter de la misma, tiempo en que se llevó a cabo .

En tales condiciones, las manifestaciones de fs. 131 vta. en el sentido que la parte contraria no negó la existencia de las obras y que sólo cuestionó su validez fiscal no es argumento que conmueva los fundamentos antes brindados, por lo que se desestima el agravio debiendo confirmarse el rechazo del gasto.- - 3.4. Considera la heredera a fs. 127 vta. que respecto al inmueble ubicado en la calle ............................, Trelew, "corresponde dividirlas solo en tres hijuelas" (el subrayado me pertenece).- - Al respecto, previa aprobación de inventario y avalúo, recién en la etapa final del proceso sucesorio se procede a la partición de los bienes (art. 726 del C.P.C.C.), debiendo el partidor presentar la cuenta particionaria, acto esencial culminatorio de su labor, que se integra con diversas partes o capítulos: . 6°) las hijuelas, donde se adjudica a cada interesado los bienes con los cuales se cubre su respectivo haber (conf. Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1999, T. IX-A, págs. 469/470). Es que, la cuenta particionaria consta de diversas etapas, a saber: .d) División y adjudicación: sobre la base de ese saldo partible y teniendo en cuenta la cuota que corresponde a cada heredero, se forman los lotes o hijuelas (conf. Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 2001, T. 6 A, págs. 494/495).

- Por ello, atento a que en el proceso sucesorio no se arribó a la etapa de la partición de bienes, y desde que estos actuados se limitan a la rendición de cuentas del administrador del sucesorio (art. 713 del citado ordenamiento) no corresponde determinar las respectivas hijuelas, se rechaza el agravio vertido en ese aspecto.- - En cuanto a que el porcentaje del 25% asignado debe ser modificado por el del 33,33% del valor locativo del inmueble, le asiste razón.

Así, y al sólo efecto de fijar la compensación debida por el heredero ocupante del inmueble, teniendo en cuenta la declaratoria de herederos en virtud de la cual por fallecimiento de don A. G. le suceden en el carácter de únicos y universales herederos sus hijos A. T. G., M. M. G., y O. G., y la denuncia de sus bienes (p. II de fs. 48, y fs. 58/vta., respectivamente, del expediente que en fotocopia certificada corre por cuerda), corresponde establecer en un 33,33% el derecho que le asiste a la heredera citada en último término, dejando sin efecto el porcentaje del 25% asignado al punto 7.4. de la sentencia venida en apelación.- A los fines de la integración del monto correspondiente ordenado en el citado punto del fallo deberá el administrador judicial indicar el valor locativo promedio del inmueble, a cuyo efecto acompañará informes de tres inmobiliarias de plaza de reconocido prestigio.

3.5. Respecto a la puesta a disposición de los fondos por el administrador judicial (fs. 71 vta., primer párrafo), cabe precisar que sólo podrá retener fondos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración (conf. Zannoni, "Derecho de las sucesiones", Astrea, 1997, T. 1, par. 598, pág. 622), por lo que, previa deducción de la previsión de gastos para el año en curso, deberá depositar judicialmente el saldo a favor resultante y proponer el destino de los mismos del modo más conveniente. 4. Los fundamentos expuestos al punto 2.2. permiten concluir en que el obligado a rendir cuentas no lo hizo en forma lo que conduce al rechazo de la presentación de fs. 70/71 vta., por lo que el administrador judicial deberá presentar nueva rendición de cuentas ajustadas a las pautas establecidas en forma precedente, con más las fijadas en el fallo en crisis y que no fueran objeto de revocatoria (puntos 7.1.b), 7.3., 7.4., con la modificación del porcentaje, y 7.6.,), y asimismo proponer el destino de los fondos a depositar y brindar las explicaciones ordenadas al punto 7.7., todo ello en el plazo de diez días con depósito judicial del saldo a favor resultante, bajo apercibimiento de estar a las que presente la heredera O. G. en todo aquello que la parte contraria no pruebe que sean inexactas, conforme lo autoriza el segundo párrafo del art. 652 del C.P.C.C. (conf. Morello, Sosa, Berizonce, y Tessone, ob. cit., 1999, T. VII-A, pág. 444, y cita de jurisprudencia).- Por tales consideraciones, las que resultan del punto 3.4. de este voto, pautas fijadas para la nueva rendición de cuentas a presentar y decisión adoptada respecto de las impugnaciones habidas, y toda vez que no se requiere del auxilio de un perito contador para la fijación de los porcentajes que les corresponde a cada uno de los herederos, por no tratarse del supuesto previsto por el art. 516 del C.P.C.C., corresponde dejar sin efecto la designación dispuesta al punto III de la resolución de la anterior instancia.

5. En lo que hace al agravio vertido por la incidentista en materia de costas, corresponde señalar que las mismas deben imponerse en el orden causado si hubo allanamiento y las impugnaciones prosperan en forma parcial (conf. Palacio, obra y tomo citado, par. 807, pág. 274; en igual sentido, Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de La Nación", Abeledo-Perrot, 1969, T. IV, par. 8 II, pág. 536).

- Con tales pautas, y teniendo en cuenta asimismo que no se hizo lugar al pedido de remoción del administrador judicial (p. IV, fs. 80 vta.), corresponde la desestimación de la queja.

6. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la designación de perito contador, hacer lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por la heredera incidentista, y -al mantener la reformulación de las cuentas ordenada en la anterior instancia como consecuencia del rechazo de la presentación de fs. 70/71 y vta.- disponer que el administrador judicial don M. M. G. presente nueva rendición de cuentas ajustadas a las pautas establecidas en forma precedente, con más las fijadas en el fallo en crisis y que no fueran objeto de revocatoria (puntos 7.1.b), 7.3., 7.4., con la modificación del porcentaje, y 7.6.) con depósito judicial del saldo a favor resultante, y asimismo proponga el destino de tales fondos y brinde las explicaciones ordenadas al punto 7.7., dentro del perentorio plazo que se fija en diez días, bajo apercibimiento de estar a las que presente la heredera O. G. en todo aquello que la parte contraria no pruebe que sean inexactas, conforme lo autoriza el segundo párrafo del art. 652 del C.P.C.C. Toda vez que en el proceso sucesorio las costas han sido bien impuestas por su orden por existir allanamiento a la rendición de cuentas y las impugnaciones que se formularon a éstas prosperaron sólo en forma parcial (CNCiv., Sala E, marzo 29-968, "M. d C., V., suc.", La Ley 132-342), desde que el fallo que se propicia hace lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por la incidentista y que el rechazo al pedido de remoción del administrador judicial dispuesto en la anterior instancia adquirió firmeza ante la falta de agravio, se mantiene el vencimiento parcial y mutuo de ambas partes establecido en la anterior instancia, por lo que no será necesario efectuar la adecuación de las costas y honorarios (arts. 71 y 279 del C.P.C.C.). Tocante a las costas de Alzada, el progreso parcial de los agravios vertidos por ambos apelantes permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas en el orden causado por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por los apelantes en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.). Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas ante la Alzada, propicio regular los emolumentos del Dr. M. J. R. C., letrado apoderado de la heredera, y del Dr. S. D., letrado patrocinante del administrador judicial, en ambos casos en el 27,5% de las cantidades fijadas para los honorarios de la anterior instancia (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados, con motivo de los recursos de apelación promovidos por la Sra. O. G. a fs. 116 y el Sr. M. M. G. a fs 118, los que fueran concedidos mediante la providencia que luce a fs. 125, y contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 108/115, por la que se hizo lugar en forma parcial a las impugnaciones que formulara la mencionada heredera, O. G., con relación a la rendición de cuentas presentadas por el administrador judicial del sucesorio,Sr.M.M.G., y ordenó que al efectuarse el respectivo trámite de ejecución de sentencia se reformulen las cuentas con la debida intervención de un perito contador, rechazando la solicitud de remoción del administrador judicial oportunamente designado, e imponiendo las costas en el orden causado.

- El escrito de expresión de agravios de la incidentista, Sra. O. G., se encuentra agregado a fs. 126/127, mientras que el del administrador judicial, Sr. M. M. G., se halla a fs. 129/132.

- Los respectivos traslados que fija el código ritual, fueron efectivizados a fs. 128 133, siendo evacuado a fs. 134/135 por el administrador judicial, Sr. M. M. G., y pasando los autos a fs. 145a despacho, a fin de dictar sentencia.- - El relato de los agravios vertidos por las partes recurrentes, como así la respectiva contestación del traslado conferido, ya ha sido adecuadamente descripto por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual y por cuestiones economía procesal, omitiré su reiteración.

- Por los mismos principios procesales invocados, y con el objeto de coadyuvar a una mejor claridad expositiva en la consideración de las quejas traídas a debate, he de seguir, en lo posible, el orden tratamiento delineado por mi colega preopinante en el análisis de los agravios introducidos por las partes apelantes.

- II.- a.1) Así, pues, enfocando el primer punto análisis a considerar, el incidentado cuestiona la conceptualización que sobre los aspectos esenciales de la rendición de cuentas, formula el fallo en crisis, criterio judicial que entiende apartado de la realidad que corresponde a una explotación agropecuaria como la que integra el acervo hereditario.

- En este aspecto, he de concluir en que si bien el quejoso efectúa objeciones, de manera evidente rodea adentrarse en el pensamiento dirimente de la sentencia cuando la Sra. Juez fundamenta las razones que la mueven a considerar que la rendición de cuentas presentada resulta incompleta (v. Puntos 5 y 6 del fallo).

Y en el sentido apuntado, discrepar como lo hace el apelante, no es el equivalente de crítica razonada y concreta que exigen las pautas procesales, para tener por habilitada la vía suficiente para el tratamiento del agravio.

- Ya he tenido oportunidad de expresarme en otros pronunciamientos judiciales de esta misma sala, que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declara desierto el recurso (conf. De Santo V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, t. 1, pág. 335 y sgts.; idem, ED, 105-236).

- Igualmente, no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones personales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, que autoriza a decretar la deserción del recurso sin otras consideraciones (conf. CNCiv., Sala F, ED, 91- 453).

- II.a.2) Y aún adentrándome al examen del agravio vertido por el incidentado, en lo atinente, precisamente, a la valoración que realiza el recurrente referida a los requisitos que debe reunir una rendición de cuentas, considero que la queja no resulta atendible.

- Desde este posicionamiento, y tal como se viene de decir, la magistrado de grado anterior, ha explicitado de manera precisa los recaudos indispensables que deben reunirse, para tener por válida una rendición de cuentas (v. Punto 5, fs. 109 vta./110).

- Así, deberá entenderse que señalada rendición de cuentas, consiste en una manifestación completa de los ingresos y egresos, con la presentación de los documentos que acreditan esa partida, las explicaciones necesarias para su comprensión y un informe sobre el desempeño del mandatario (conf. Arazi- Rojas, "Código Procesal Civil Comentado", Rubinzal- Culzoni Editores, año 2001, T.III, p. 277 y sgts.; idem CNCiv., Sala K, LL, 1989-D-554).- - Por medio de ella toda persona que actúa por cuenta de otro o en interés ajeno le da a éste razón de su cometido, detallando los actos cumplidos en su nombre, mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado, situación que no varía porque las partes estén unidas por una relación familiar si se ha quebrado la confianza existente entre ellas ( conf. CNCiv., Sala F, LL, 1997-B-510).

- En cuanto a la forma de presentar las cuentas, ésta tiene que ser documentada y debe contener todas las explicaciones y referencias necesarias para dar a conocer los procedimientos y el resultado de la gestión.

- Abundante jurisprudencia sobre la cuestión, ha establecido que: "El hecho que no se requieran formas especiales no exime de dar explicación clara de cada negocio, la razón de las inversiones y los resultados, agregándose a la documentación. Las cuentas no pueden hacerse en forma sinóptica, limitadas a operaciones aritméticas o de contabilidad, o restringida a los alcances enunciados" (conf. CNCiv., Sala A, LL, 1984-C-457; CNCiv., Sala B, LL, 1983-A-569; id. ED, 115-647; CNCiv., Sala C, LL, 1989-D-387; CNECC, Sala VI, LL, 1986-A-622; entre otros).

- Vale decir, que de un cotejo entre los fundamentos fácticos y jurídicos de ponderación precedentes y la rendición de cuentas obrante a fs. 70/71 vta. , se advierte sin mayor esfuerzo que la misma no cumple con los requisitos de integralidad señalados, y especialmente en lo que hace a las obligadas explicaciones que el cuentadante debe suministrar sobre los criterios que lo movieran a dar a los fondos del sucesorio el destino que describe. Por tanto asiste razón a la Sra. Juez a-quo, cuando en el fallo atacado sostiene que la rendición de cuentas presentada resulta incompleta.- - Por ende, propicio al Acuerdo desestimar esta porción del recurso.

- II.b) Tampoco considero de posible acogimiento, el argumento del quejoso, Sr. M. M. G., cuando impugna la postura de la incidentista, la que afirma que con los fondos provenientes de la zafra lanera de 2003/2004, se obtuvieron recursos para hacer frente a los gastos del año 2004.

- Así, el incidentado sostiene que su contraria introduce cuestiones que debió plantear en la etapa oportuna, pero consciente o inconscientemente, no advierte que dicha posición ya fue expuesta por la Sra. O. G., en su impugnación a la rendición de cuentas, obrante a fs. 77/81.

- No obstante, es necesario destacar que sobre este tema puntual existe un hecho determinante. Y el mismo consiste, precisamente, en la absolución de posiciones del incidentado, que corre a fs. 99.

- En ella el absolvente, Sr. M. M. G., contesta de manera afirmativa e indubitable al ser interrogado sobre si las boletas y recibos del año 2004 que presentara en la rendición de cuentas, fueron abonados con fondos de la zafra lanera del período 2003-2004. Y si bien tal circunstancia no fue mencionada en la sentencia en crisis, al tribunal de alzada le asiste la facultad de efectuar una valoración amplia de las pruebas arrimadas al proceso, y que puedan dilucidar mejor las cuestiones traídas a su decisión.- - Partiendo, pues, de esta aseveración no desvirtuada, no deben perderse de vista las previsiones contenidas en el artículo 423 del CPCC, que se refiere a los efectos de la confesión expresa, pues allí la norma indicada establece que dicha confesión expresa, prestada con las formalidades de la ley, como es en el caso de autos, constituye plena prueba en contra del absolvente de la verdad de los hechos que han sido objeto de ella (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1992, T. V-B, p. 103 y sgts.).

- Por otro lado, la prueba de confesión aquí bajo examen, no se encuentra alcanzada por ninguna de las hipótesis de inadmisibilidad contenidas en la segunda parte del referenciado artículo 423 del código ritual, por lo que cobra plena vigencia la primera parte del mismo, en lo atinente a los efectos de la confesión expresa , y allí fijados.

- Desde este enfoque se ha expresado que el hecho reconocido por el autos del mismo al absolver posiciones, produce consecuencias jurídicas que conducen a tenerlo por verdadero en virtud de un triple fundamente: a) jurídico, porque la ley obliga a tener por cierto el hecho confesado; b) lógico, porque siendo más los que dicen la verdad que los que faltan a ella, debe admitirse que el hecho confesado es cierto; y c) sicológico, porque nadie reconoce una situación jurídica que le es desfavorable sino cuando es expresión de la verdad (conf. Alsina, "Tratado de Derecho Procesal", 2da. Edic. V.III, p. 310, n.3,a; cita de Morello, Sosa y Berizonce, op. cit.).

- Desde este posicionamiento, entonces, ha de tenerse por plenamente acreditada la afirmación formulada por el demandado ponente en su respuesta dada a la posición 10ª de su absolución de posiciones de fs. 99.

- Conforme a ello, deberán rechazarse los pagos que lucen a fs. 36/39; fs. 56; fs. 16 (cuatro boletas de depósito ...........); fs. 17 (Fondo Especial de Policía del Trabajo, cinco boletas año 2004); fs. 15 (Gastos de Sepelio, cinco boletas año 2004); fs. 20/27 y 60 (Pagos a AFIP en el año 2004); fs. 14 (Letras A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ); fs. 10 (Letras B, C, D y E); fs. 53 (un recibo por honorarios año 2004); fs. 13 (Letras F, G, I y K); fs. 41 (Agua Potable año 2004); fs. 11 (Letras B y D); fs. 12 (Letras A, B, D, H, I, K y L); y ello en razón de tratarse de gastos solventados durante el año 2004. También han de rechazarse, por un lado, el comprobante de fs. 49 (letra G), por carecer del año de su emisión y no revestir la forma de un recibo, como asimismo los de fs. 43, 44, en razón que no acreditan ningún pago.

- En cambio, y en línea con las pautas directrices tomadas como fundamento en el fallo en crisis, considero que deben aceptarse los pagos que en documentación reservada tengo a la vista, y cuyas constancia obran a fs. 57/59; fs. 55 (cuatro boletas de depósito año 2005 cuenta ..............), fs. 54 (cinco boletas año 2005 Fondo Especial de Policía del Trabajo); fs. 54 (otras cinco boletas año 2005 Fondo Gastos de Sepelio); fs. 61/66 (pagos AFIP año 2005); fs. 53 ( seis recibos pagos honorarios profesionales año 2005); fs. 40 (letras A hasta la M); fs. 41 (dos boletas impuesto inmobiliario año 2005); fs. 42; fs. 45; fs. 48; fs. 49 (letras A, B, C, D, E, H e I); y fs. 51 (un recibo y seis facturas); y 52 (diez facturas).

- II.c) Además, siguiendo las previsiones contenidas en el artículo 386 del ritual, y por imperio de los postulados de la sana crítica que dicha norma habilita al sentenciante a tomar como parámetro de ponderación, entiendo que debe hacerse lugar a lo solicitado por el incidentado, en el sentido que se le reconozcan los gastos de combustible en que incurriera, a partir del fallecimiento de su padre, en la atención del establecimiento rural del sucesorio, sito en la zona de Las Plumas, y en su calidad de administrador, hecho no que no fue cuestionado al acceder a esta Alzada.

- Y si bien han de considerarse que conforme lo expresa el fallo en el parágrafo f) del Punto 7.2 a fs. 112, los comprobantes presentados no reúnen los recaudos de claridad suficientes que ameriten darles la autenticidad que se pretende, y que el quejoso intenta convencer con los argumentos que esgrime en su expresión de agravios de fs. 129/132 vta., no obstante, y siguiendo las aludidas reglas de la sana crítica, resulta indudable que el manejo y control del establecimiento rural, requiere imprescindiblemente la visita periódica de quien tiene a su cargo la dirección del mismo.

- Por ello, tomando como base del cálculo el período que va desde el 16 de Agosto de 2004, fecha de fallecimiento del causante, hasta el mes del último comprobante de combustible (principios de mayo de 2005); un viaje semanal desde Trelew hasta el campo de marras, y estimado en 400 kms. ida y vuelta; el consumo promedio de combustible y el valor del mismo; considero adecuado hacer lugar al monto de $ 1.470,00, pretendido por tal concepto conforme lo consignado en la respectiva rendición de cuentas de fs. 70/71 vta (v. Punto 11).

- II.d) Otro de los gastos objetados y motivo de debate, está indicado en el Punto 2 de la referida rendición de cuentas de fs. 70/71 vta., por un valor de $ 6.000,00, y está relacionado, según se consigna, por los pagos de albañilería efectuados con motivo de ampliación de la casa y construcción de baño de ovejas.- - Cabe advertir que el respectivo comprobante justificativo de la erogación invocada (fs. 14, Letra I), adolece de una notoria precariedad formal que prácticamente lo inhabilita para tenerlo aceptado. Así, aparte de no contener la fecha de su emisión, tampoco explica el tiempo que demandó la construcción y la época aproximada en que tuvo lugar; como tampoco indica el área ampliada, sus características y materiales empleados.

- La Sra. Juez expresó de manera concreta cuáles fueron los fundamentos que tuvo en cuenta para no admitir este, y que en general coinciden con los detallados en el párrafo precedente.

- Por ello, no adquiere fuerza de convicción dirimente, el criterio sostenido por el incidentado cuando asevera que la parte contraria sólo cuestionó la validez fiscal del comprobante, pero sin negar la existencia de las obras (fs. 129/132).

- Por las razones apuntadas, corresponde proceder al rechazo del presente gasto y desestimar esta porción del recurso.

- II. e) En su expresión de agravios de fs. 126/127 vta., la incidentista manifiesta que con relación al inmueble situado en la calle ........................, de la ciudad de Trelew, que corresponde dividirla sólo en tres hijuelas.- - Asimismo afirma que el porcentual del 25% del valor locativo establecido en la sentencia atacada para dicho inmueble, debe ser modificado por el 33%, en razón que el Sr. E. D. H., no era hijo del causante, y por tanto carece de vocación hereditaria.- - Con relación a la primera cuestión de este acápite, o sea la división en tres hijuelas peticionada, entiendo que resulta prematura esta solicitud formulada por la apelante en la presente etapa.

- Y esto así, por cuanto la partición, en caso de existir más de un heredero, como en el supuesto de autos, constituye el tramo final del juicio sucesorio. Ello supone el cumplimiento de sus etapas previas: declaratoria de herederos, inventario y avalúo de los bienes que componen la masa hereditaria.- - Es decir, no se pueden partir los bienes sucesorios mientras no estén individualizados y tasados, por que únicamente en conocimiento de los valores, es posible realizar una distribución proporcional a la masa (conf. Fenochietto- Arazi; "Código Procesal Civil y Comercial", T. 3, Edit. Astrea, año 1987, p. 477; idem, CNCiv., Sala D, LL, 1981-C-626). Y hasta tanto no esté cumplida esta parte del juicio sucesorio, no pueden adjudicarse hijuelas que deben contener la porción de cada uno de los herederos declarados.- Por tal motivo, corresponde no hacer lugar a este tramo de la apelación.- - Sí en cambio resulta procedente acceder a la queja formulada con relación al porcentaje que el fallo apelado asigna a la incidentista respecto al valor de locación del inmueble en cuestión, que lo fija en un 25%, mientras que la recurrente sostiene que le corresponde el 33,33%.

- Y tal criterio favorable a la apelante, surge del texto mismo de la declaratoria de herederos, que obra a fs. 39/39 vta. y fs. 48 de la copia del expediente sucesorio que corre por cuerda, y que en el Punto II del resolutorio declara que por el fallecimiento de A. G. le suceden en carácter de únicos y universales herederos sus hijos: A. T. G., M. M. G. y O. G.. Situación que se ve confirmada con la denuncia de bienes efectuada a fs. 58 del ya referido expediente encordelad.

- En el sentido indicado con referencia a este tema puntual, y a los efectos de integrar los montos compensatorios que correspondan, deberá revocarse la decisión sentencial atacada, y disponer que el porcentaje que corresponde a la Sra. O. G. en el inmueble de la calle ................. será del 33,33%.- - II.f) En lo atinente a los fondos que el administrador judicial pone a disposición en su escrito de fs. 70/71, deberá ponderarse que conforme las previsiones del artículo 712, 2º párrafo del CPCC, sólo podrá retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración, ya que para los gastos extraordinarios deberá recabar la respectiva autorización del juez del sucesorio, según los estipula la citada norma, que remite para ello al artículo 225, inc.5 del código adjetivo.

- Partiendo de este enfoque, deberá depositar los saldos favorables, deduciendo la previsión necesaria para los gastos del año que corre, proponiendo el destino más adecuado a los mismos.

- II. g) Queda, pues, entendido que el administrador judicial no presentó la rendición de cuentas que luce a fs. 70/71 en debida forma, razón por la cual deberá presentar una nueva que contenga las pautas de valoración ya consignadas en los párrafos precedentes, como también las que fueran fijadas en la sentencia recurrida y que no hubieran sido materia de revocación.- -También deberá ponderarse la modificación del porcentaje establecido en el Punto II.e) anterior; como asimismo deberá el administrador judicial elevar la propuesta del destino de los fondos a depositar , dando cumplimiento a lo dispuesto en el fallo en crisis (Punto 7.7), en lo que hace a dar las explicaciones pertinentes con respecto a los saldos favorables que existen a favor de la sucesión.

- Desde este posicionamiento, estimo adecuado en cuanto a la rendición de cuentas, fijar un plazo de diez días, bajo apercibimiento de estarse a la que presente la incidentista, Sra. O. G., según los dispone el artículo 652 del CPCC.- - Por otro lado, he de compartir el criterio sostenido por mi colega preopinante en el voto precedente, en el sentido que con base en los argumentos desarrollados en los acápites anteriores, no resulta necesario la intervención de un perito contador en la etapa de ejecución de sentencia a fin de establecer el porcentual que pudiera corresponde a cada uno de los herederos, ya que el caso bajo examen no encuadra dentro de las situaciones previstas por el código procesal y que ameriten su procedencia. Por tanto, deberá revocarse la sentencia de grado en lo que hace a la referida designación del profesional contable.- - II.h) Apela la incidentista por la forma en que la sentencia impugnada impone las costas, haciéndolo en el orden causado, solicitando que sean impuestas en su totalidad al incidentado, atendiendo a que su comportamiento como administrador dio origen a estos actuados y al resultado obtenido.- - Empero he de propiciar que se mantengan las costas en la instancia precedente tal cual fueron impuestas, en el orden causado.- - Así, atendiendo al allanamiento del incidentado a dar cumplimiento a su obligación de rendir cuentas, al progreso parcial de las impugnaciones formuladas, y el rechazo al pedido de remoción del administrador judicial, ello conlleva a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del CPCC).- - III.- En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, he proponer al Acuerdo la revocación parcial de la sentencia recurrida, a fin de dejar sin efecto la designación del perito contador, haciendo lugar en forma parcial a los cuestionamientos formulados por la heredera recurrente, disponiendo que el administrador judicial presente nueva rendición de cuentas dentro del plazo de diez días, de acuerdo a los lineamientos fijados en la presente resolución y de aquellos de la sentencia precedente que no hayan materia de revocatoria.

- Asimismo deberá modificarse el porcentaje asignado a los herederos en el Punto 7.4 de la sentencia anterior, como también deberá el administrador judicial efectuar el depósito judicial de los saldos favorables que resulten a favor de la sucesión proponiendo el destino de los mismos y ofreciendo las explicaciones dispuestas en el Punto 7.7 del fallo en crisis. Ello bajo apercibimiento previsto en el artículo 652 del ritual, de tener por aceptadas las que presente la heredera H. G., y en el plazo fijado en el párrafo precedente.

- Con referencia a las costas de segunda instancia, la forma en que se resuelven los agravios expuestos por las partes, y tomando en cuenta los que prosperan y los que se rechazan, también admite avizorar un panorama de vencimientos parciales y mutuos ( art. 71 del CPCC), que me inclinan a imponerlas en el orden causado.

- Por tal razón, y del análisis referido a la calidad, extensión, y eficacia de los trabajos cumplidos en la Alzada por los profesionales intervinientes, he de propiciar regular los honorarios de los Dres. M. R. C. , apoderado de la incidentista, y S. D., patrocinante del incidentado, en el 27,5% para cada uno de ellos, porcentual que será tomado de los montos fijados en primera instancia, y conforme los parámetros establecidos por los artículos 6, 7, 9, 14 y 19 de la ley arancelaria, a los que ha de aditarse el IVA correspondiente.

- Termino mi intervención y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la designación de perito contador, hacer lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por la heredera incidentista, y -al mantener la reformulación de las cuentas ordenada en la anterior instancia como consecuencia del rechazo de la presentación de fs. 70/71 y vta.- disponer que el administrador judicial don M. M. G. presente nueva rendición de cuentas ajustadas a las pautas establecidas al votar la primera cuestión, con más las fijadas en el fallo en crisis y que no fueran objeto de revocatoria (puntos 7.1.b), 7.3., 7.4., con la modificación del porcentaje, y 7.6.) con depósito judicial del saldo a favor resultante, y asimismo proponga el destino de tales fondos y brinde las explicaciones ordenadas al punto 7.7., dentro del perentorio plazo que se fija en diez días, bajo apercibimiento de estar a las que presente la heredera H. G. en todo aquello que la parte contraria no pruebe que sean inexactas; b) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; c) regular los honorarios de los Dres. M. J. R. C. y S. D., por sus tareas de segunda instancia, en ambos casos en el 27,5% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia; y d) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.

- Así lo voto.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.- - ASÍ LO VOTO.- - Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., To. de la ley 4550), pasándose a dictar:- - S E N T E N C I A: - Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE: - - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la designación de perito contador, hacer lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por la heredera incidentista, y -al mantener la reformulación de las cuentas ordenada en la anterior instancia como consecuencia del rechazo de la presentación de fs. 70/71 y vta.- disponer que el administrador judicial don M. M. G. presente nueva rendición de cuentas ajustadas a las pautas establecidas al votar la primera cuestión, con más las fijadas en el fallo en crisis y que no fueran objeto de revocatoria (puntos 7.1.b), 7.3., 7.4., con la modificación del porcentaje, y 7.6.) con depósito judicial del saldo a favor resultante, y asimismo proponga el destino de tales fondos y brinde las explicaciones ordenadas al punto 7.7., dentro del perentorio plazo que se fija en diez días, bajo apercibimiento de estar a las que presente la heredera H. G. en todo aquello que la parte contraria no pruebe que sean inexactas;- - IMPONER las costas de ambas instancias en el orden causado;

REGULAR los honorarios de los Dres. M. J. R. C. y S. D., por sus tareas de segunda instancia, en ambos casos en el 27,5% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia;

DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente - Regístrese, notifíquese y devuélvase Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 39 DE 2006 - SDC.- CONSTE.