marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delito penal, instigación
Materia: PENAL
Carátula: SOSA CELSO LAUDINO Y OTROS s/ LESIONES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-29

El art. 209 CP que regula la instigación, dentro de los "Delitos contra el orden público "conmina con pena de prisión al que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, y aclara que la incriminación se hace "por la sola instigación".

Se trata de una conducta punible por el solo hecho de la instigación pública, que se diferencia de la punibilidad establecida por el art. 45 CP (que legisla sobre la instigación como uno de los modos de participación criminal), para quienes "determinan directamente a otro a cometer un delito determinado". En el primer caso se comprenden todos los actos comunicativos, no dirigidos a persona determinada sino al público en general, que tienen por fin mover a la ejecución de un delito determinado contra una persona o institución también determinados.

La promoción pública, es decir, la pura actividad, es en sí misma punible por su idoneidad para poner en peligro la tranquilidad pública, mediante mensajes de agresión a otros, y además, porque pone una condición para que algún integrante del conjunto indeterminado de destinatarios se vea movido a llevar a los hechos el delito promovido, creando así un peligro para la víctima o institución determinada.

Sólo así se entiende que se pene la instigación a cometer un delito contra una persona o institución determinadas, y no cualquier exhortación genérica sin víctima potencial individualizada. Al contrario, en el art. 45 se define un injusto dependiente de un resultado: no se pena a quien simplemente instiga o promueve en otro la ejecución de un delito, sino a quien lo ha "determinado", de donde el comienzo de ejecución del delito instigado es presupuesto de la punibilidad.
Daños y perjuicios, legitimación activa, concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Esther Elida c/ Venencio, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios Gómez, Jacinta Feliciana y otro c/ Rolero, Rubén Darío s/ Daños y perjuicios Gómez, Sixta Delia c/ Czokoly, Rúben Eduardo s/ Daños y pejuicios Sánchez, Liberata c/ Malpali, Jorge Roberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12|1998-02-17|1998-02-17|1998-02-17

La muerte del concubino produce una lesión en el derecho subjetivo de la actora, aunque no generada por el vínculo entre ellos sino en virtud de que se afectaron derechos provenientes de la ley, siendo la norma objetiva, precisamente, la que inviste de valor jurídico a toda persona a quien cabe reconocerle un derecho subjetivo sin distinción alguna (art. 1079, C.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Fiscalía de Estado Prov. de Río Negro. c/ Zabaleta, de Aramburu Josefa. s/ Sumario s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-17

Las disposiciones de la ley 2545 en tanto hacen alcanzar por el régimen de consolidación a las indemnizaciones derivadas de expropiaciones, devienen inconstitucionales por vulneración de la garantía de propiedad sustentada en el art. 17 de la Constitución Nacional, al que aparece como inescindiblemente enraizado el art. 90 de la Constitución Provincial cuando sujeta a la expropiación por causa de utilidad pública, además de su calificación por ley, a la exigencia de ser previa y justamente indemnizada. (En disidencia: Dra.

Flores).
Compraventa de automotores, conductor no titular, falta de transferencia del automotor, mala fe, error de derecho
Materia: CIVIL
Carátula: MOULY, Orlando s/ PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

En materia de compraventa de automotores, la falta de inscripción registral a nombre del poseedor, importa la mala fe de este último, pues es exigible del adquirente una investigación sobre la situación jurídica del objeto, y porque quien adquiere un automotor inscripto a nombre de otro sujeto distinto del vendedor, no actúa con la diligencia debida al no haber hecho esas averiguaciones que le permitirían descubrir que no podía inscribir a su nombre el vehículo. Además ese poseedor no podría alegar con éxito la falta de necesidad de la inscripción, pues su creencia reposaría en un error de derecho, lo que no resulta excusable.
Instrucción, nulidad procesal, Ministerio Público Fiscal, requerimiento de instrucción, imputado, investigación a cargo del juez, competencia de instrucción, medidas para mejor proveer, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cambón, Carlos s/ Instrucción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-18

No es pasible de nulidad el procedimiento por el cual, luego de la requisitoria fiscal y antes de anoticiar al presunto imputado, el juez dispuso la realización de un allanamiento, no propuesto por el Ministerio Público, para asegurar el éxito de la investigación, pues si bien dicha requisitoria lo habilita para instruir la causa, no lo obliga a realizar todas las medidas allí manifestadas.
Causas de justificación, legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: B., A. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-20

Ha entendido la jurisprudencia que "existió "necesidad racional del medio empleado" -herida mortal ocasionada con un cuchillo- para repeler la agresión si: a- De las amenazas y desafíos previos del occiso y de su ataque resultó suficiente riesgo de daño para la integridad física del agredido como para hacer necesaria su defensa; y b- El medio usado fue racionalmente necesario pues en su momento apareció idóneo, según la razón, con vistas a eliminar el peligro que para la integridad física del agredido representaba la agresión, y no se acredita la oportuna concurrencia de otra posibilidad defensiva que, también para la razón, tuviese equivalente suficiencia y menor aptitud dañosa.
Prueba testimonial, testigos, idoneidad del testigo, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Cattaneo, Carlos Antonio c/ M.O.N.S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

La circunstancia de que los testigos estén comprendidos en las generales de la ley, no debe conducir a desechar de plano y "a priori" la eficacia de los testimonios como si careciesen de todo poder de convicción.

Sólo producen sospechas de parcialidad que hacen que los testimonios deben ser apreciados con mayor rigor crítico, al aplicarse las reglas de la sana crítica.
Jubilación por invalidez, antigüedad, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ACOSTA, Juliana c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

El art. 33 de la ley 18.037 no exige una antigüedad mínima en el servicio, como requisito para acceder al beneficio, lo que "...permite plantear una hipótesis extrema en que procede su otorgamiento: el trabajador que se accidenta o incapacita en su primer día de actividad laboral adquiere el derecho a reclamar el pago de la prestación (cfr. Brito Peret, Régimen de Previsión Social. Ley 18.037, pág. 151).
Pago, pago indebido
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO MARIA c/ NUÑEZ MIHURA BELISARIO JUAN PAULINO Y OTRO s/ LABORAL-ACCION CIVIL (ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-13

Si se avino a pagar de la forma en que lo hizo con un evidente fin de pagar menos de lo pertinente, explotando la necesidad e ignorancia de la actora, debe afrontar los riesgos que dicho comportamiento traiga aparejado, como es que no se reconozca la suma que dice haber abonado.
Acción de amparo, cosa juzgada, sanciones conminatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Miguel Fernando c/ Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-27

La parte actora solicita ejecución de la Sentencia Definitiva Nº32/08 dictada por esta Corte de Justicia que resuelve: "...hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, en consecuencia, declarar la nulidad del Decreto PCD Nº190/08 dictado por la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia, debiéndose reintegrar al ocurrente a su cargo en la categoría y condición que ostentaba en el plazo de diez días de quedar firme la presente", pronunciamiento notificado con fecha 04/12/08, que se encuentra consentido, firme y ejecutoriado e incumplido por la demandada.

En la presente litis se dictó sentencia estimatoria a la pretensión del actor en amparo de sus derechos constitucionales, la que se encuentra firme, consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada; por ende, correspondía su acatamiento por parte de la accionada Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca. En consecuencia, resulta imperativo el cumplimiento del fallo judicial.

De lo contrario, las decisiones judiciales firmes y el reconocimiento de derechos que las mismas comportan se convertirían en meras manifestaciones de deseos, tornando al pronunciamiento en un mero contenido de declaraciones teóricas y abstractas e importando, además, el desconocimiento del imperium de los jueces una grave afectación a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho.

Por otro lado, el incumplimiento implica desnaturalizar el proceso con una excesiva prolongación del mismo, vulnerando los derechos constitucionales que se encuentran en juego, es decir, haciendo que la tutela jurisdiccional acordada no sea efectiva. La resolución judicial estimatoria de la acción de amparo ha condenado a la Cámara de Diputados al cumplimiento de una obligación de hacer y constituye un mandato judicial que debe ser cabalmente cumplido por la autoridad administrativa.

En el sub lite, a fin de vencer la contumacia del estado-legislador, esta Corte de Justicia debe hacer uso de sus facultades privativas contenidas en los Arts.57 del Código Contencioso Administrativo y 37 del C.P.C.C, que fundamenta la imposición de sanciones conminatorias en cabeza del funcionario responsable de cumplimentar la orden judicial mediante el apremio en su patrimonio, so pena de lesionar el orden jurídico y con él la propia seguridad jurídica. Por ello, y con el objeto de obtener el efectivo cumplimiento de la sentencia, se estima prudente imponer una multa diaria al funcionario renuente de cincuenta pesos ($50), en beneficio del actor, por cada día de retardo en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva Nº32/08, a partir de la notificación de este pronunciamiento.

Asimismo, la parte actora deberá poner en conocimiento del Tribunal la fecha de notificación de este decisorio, el efectivo cumplimiento de las sanciones conminatorias o -en su caso- de la sentencia, todo ello con las prevenciones estipuladas en el Art. 57 del Código Contencioso Administrativo.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Guillermo Eduardo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Si el occiso colocó al procesado en una "bastante temible situación objetiva que veía encimársele (no ya uno sino dos sujetos de quienes no podía esperar sino conductas agresivas) configurativa de un "injustificado e inminente ataque", queda satisfecho el requerimiento legal del art. 34 inc. 6 letra a del Código Penal constitutivo de la agresión ilegítima.
Sentencia, costas, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMÁN, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: BENAVIDEZ JUAN CARLOS c/ VICENTE TRAPANI S.A. s/ INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30

Infringe el art. 109 CPCC, la sentencia que impone las costas íntegramente a la demandada, cuando el resultado del juicio es parcialmente favorable para ambos litigantes y el éxito obtenido por la accionada no aparece insignificante con relación al del actor.
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, homologación judicial, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SALLESE, LUIS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-09

El juez laboral no está para determinar qué es lo más conveniente para el empleador, aunque gestione un patrimonio público, sino sólo para corregir aquellos abusos intolerables que se hagan autoevidentes. En consecuencia, deberá verificar si en el acuerdo que pretende homologarse surge una ventaja o mejora notoriamente injustificada, que exceda los límites de toda racionalidad económica principalmente de las obligaciones que se asumen. Sólo en tales situaciones, apreciadas caso por caso, podría llegarse excepcionalmente a no comparar su resultado con el que se daría, a juicio del juez laboral, si tuviera que emitir un pronunciamiento sobre el fondo y aunque coincidiera el momento para resolver el fondo y aunque coincidiera el momento para resolver las dos cuestiones.
Aplicación de la ley, regulación de honorarios, prorrateo, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: LOMBARDO, HECTOR c/ FRIGORIFICO MAXIMO PAZ SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-03

El límite o prorrateo establecidos en el art 8 de la ley 24432 es de aplicación inmediata, y con tal directriz no es aplicable al acto regulatorio de honorarios sino al oportuno reclamo de las costas a quienes resulten responsables de ellas, quienes podrán solicitar la aplicación de aquella limitación. Tal cuestión, debe ser planteada luego de establecido el monto total de las costas a los efectos de compararlo o confrontarlo con el 25% del monto utilizado como base regulatoria. Para el caso de que las regulaciones practicadas excedieran dicho porcentaje el juez procederá a prorratear los montos, que es lo que correspondería evaluase en primer término.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Merión S.A. s/ Concurso-Inc. de verificación. González, Rafael
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

Las modificaciones introducidas por la nueva ley 24.522 en cuanto al fuero de atracción ejercido por los procedimientos concursales, resultan aplicables a los procedimientos abiertos luego de su entrada en vigencia. Si la radicación de los juicios de contenido patrimonial seguidos contra el concursado es una consecuencia de la apertura del proceso concursal, motivada por su carácter universal, el dato relevante a considerar para definir si los juicios deben o no ser atraídos, habrá de ser la fecha de iniciación del respectivo proceso, a partir de la cual se producen los efectos del fuero de atracción.
Accidentes de trabajo, asignaciones familiares, incapacidad temporaria
Materia: LABORAL
Carátula: Dip, Oscar Alfredo c/ Empresa Pesquera Antonio Barillari SACIFIA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-03

"El obrero que sufrió un accidente de trabajo tiene derecho al subsidio familiar durante el lapso de incapacidad temporaria".
Daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROJAS IGNACIO c/ D.I.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-20

No puede endilgarse al accionado las consecuencias del hecho dañoso, al no acreditarse la autoría del mismo.
Ejecutoriedad del acto administrativo, recursos, apelación en subsidio
Materia: PROCESAL
Carátula: SASSI OSCAR c/ RENT MOVIL S.A. s/ ACCIDENTE S/QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-29

Conforme lo dispone el art. 241 del CPCC, aplicable en virtud del art. 54 de la ley 921, la resolución que recae en el caso de revocatoria hace ejecutoria, a menos que el recurso este acompañado del de apelación en subsidio.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuñez de De Luynes, Susana c/ De Luynes, Santiago s/ Alimentos Creado, María Cristina c/ Catanzariti, Francisco s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24|2006-05-31

El título matrimonial obliga a mantener -en tanto subsistan las circunstancias económico-financieras que prestaban marco a la vida conyugal- la misma situación que gozaba cada uno de los cónyuges mientras vivían armónicamente, con la única salvedad de deducir de la renta generada los mayores gastos que se sigan con motivo del distanciamiento (v.g. en materia de vivienda).
Suspensión del juicio a prueba, incomparecencia del imputado, pérdida del beneficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ZUÑIGA CARRIL, Rosario del Carmen. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-21

Del art. 515 del C.P.P.N. se desprende que, antes de que el juez resuelva sobre la revocatoria o subsistencia del beneficio de la suspensión del proceso a prueba, otorgará posibilidad de audiencia al imputado para que explique los motivos de incumplimiento, pero de modo alguno determina que ese acto sea un requisito "sine qua non" para pronunciarse sobre la cuestión, cuando el beneficiario se coloca en una situación de cuasi o pre rebeldía frente a los llamados que se le dirigen (*).

Si la imputada no compareció a la convocatoria del juez de ejecución y dejó de presentarse ante el Patronato de Liberados, debe revocarse el beneficio concedido por haberse acreditado objetivamente la falta de interés de la imputada de mantenerlo vigente.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, Estado Nacional, poder de policía, Recursos naturales
Materia: PROCESAL
Carátula: Iannone,  Eduardo H. y otros c/ Merlan Atlántico Sur S.A. s/ inc.de nulidad por simulación y/o fraude.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Se verifica un supuesto excepcional que permite asimilar a definitiva la sentencia recurrida si lo resuelto puede llegar a frustrar la aplicación de disposiciones de carácter general dictadas por los organismos estatales con incumbencia específica en la materia, en ejercicio del poder de policía, con el objeto de preservar los recursos naturales de la Nación (art. 41, segundo párrafo, de la Constitución Nacional). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cancina y Olza, Juan Carlos c/ Cancina y Olza, Nelly Elena y otros s/ Rendición de cuentas. Nulidad cuenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

El valor del litigio en el caso, es determinado y está representado para los recurrentes por el monto de la partición efectuada en autos, cuya nulidad ha decretado la Cámara, debidamente actualizado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: DE LOS RIOS Margarita Elinor c/ Flores Jhonatan y Bejar Silvana Beatriz s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-10

Tratándose de una colisión, los riesgos que generan los automotores no se neutralizan, sino que se mantienen intactas las presunciones de responsabilidad que consagra el art. 1113 del Código Civil e incumbe a cada parte demostrar los eximentes de responsabilidad que invoque, ya que el dueño o guardián del automotor que causa un daño a otro, es responsable del daño causado, salvo que acredite "la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder" (art. 1113, segunda parte "in fine", Cód. Civil).

A ello se agrega que basta con que la afectada (actora) haya demostrado el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa, para que haya quedado a cargo de la parte demandada recurrente, como dueña de la camioneta, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, porque el fin específico del art. 1113 del Cod. Civil es posibilitar la indemnización del daño causado por riesgo o vicio, con independencia de toda idea de culpa (C.S.J.N., 13/10/94 "González Estraton, Luis c. Ferrocarriles Argentinos", JA, 1995-I-290).
Comuna, personal municipal, juntas de disciplina
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCISCA ROBLES, CARLOS A c/ COMUNA DE GODOY s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 221-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-15

Si bien el art 127 de la ley 9286 prevé el funcionamiento en cada jurisdicción de una o más Juntas de Disciplina, determinando su composición, no establece en dicha norma -ni en el resto de su articulado- la oportunidad ni la obligatoriedad de su intervención, no conminando con sanción de nulidad la falta de pronunciamiento de dicho órgano.
Honorarios, regulación de honorarios, causa no susceptible de apreciación pecuniaria, ley arancelaria, interpretación de la ley, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: REY, LISANDRO RAUL c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

Sabido es que la ley 6767 establece regulaciones y directivas que necesariamente dejan ciertos márgenes a los jueces, para que éstos, en su aplicación a los casos concretos, puedan compatibilizar las pautas por ella establecidas y los fines que inspiran al régimen arancelario. Así, no puede soslayarse que en dicho cometido, el A quo, en el ámbito de las facultades que le son propias, entendió que resultaba ajustado incrementar los honorarios regulados con sustento en los artículos 5 y 14 de la ley arancelaria, sin que los recurrentes consigan demostrar que en la interpretación formulada se haya prescindido de la norma vigente al entender que se trataba de una causa no susceptible de apreciación pecuniaria y considerar el inicial estado de las actuaciones donde ni siquiera se formalizaron cargos contra el denunciado.
Comuna, personal municipal, obligaciones, costumbre contra legem
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

No puede prosperar el planteo articulado por el accionante relativo a que la confección de las liquidaciones de impuestos a la transferencia y patentes de automotores no radicados en la jurisdicción comunal que la emite es de práctica reiterada y constante, desarrollada desde antaño por las distintas Comunas de la Provincia, pues la circunstancia invocada configuraría una costumbre contra legem que, como tal, está proscripta (artículo 69 in fine, ley 4106).
Evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Juan Pablo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-05

Atendiendo a las circunstancias existentes al momento de la decisión, corresponde el sobreseimiento del imputado toda vez que la presunta evasión del impuesto a las ganancias ya no resulta punible a tenor de las modificaciones introducidas al art. 1 ley 24.765 por la ley 26.735.

El voto concurrente señaló que la figura prevista en el art. 1 ley 24.765 exige el dolo directo del actor y su demostración incumbe a la acusación, a la cual no le será suficiente acreditar únicamente las declaraciones engañosas o los ocultamientos maliciosos, si no demuestra también la intención de emplearlos a fin de evadir determinado tributo exigible y que tal accionar se haya desencadenado con ese objetivo.
Habilitación de feria, conciliación laboral, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Pietrantueno, José Alberto c/ Pesquera Veraz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-01-18

El cobro del acuerdo transaccional al que arribaron las partes depende de la homologación del mismo y dadas las actuales circunstancias sociales y económicas imperantes, estimamos que a fin de no depreciar la suma acordada producto de la inflación diaria, corresponde habilitar la feria judicial y remitir las actuaciones la juzgado de origen a los efectos de proveer lo que corresponda en la homologación del acuerdo solicitada, si más demora.