marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, Derecho laboral, despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VASCONCELO, EDUARDO ESTEBAN c/ CVC S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

La recurrente criticó la valoración de un testimonio efectuada por el Tribunal A quo, en el entendimiento de que se trató de una situación irregular, que debió motivar a desestimar totalmente los dichos del dicente, por entender que la Cámara se limitó a citar el artículo 181 CPCC para convalidar lo actuado, y refirió que el resto de los testimonios rendidos en la causa se vinculan con la declaración cuestionada; sin embargo, lo expuesto no logra atacar por arbitrario lo concluido por los Sentenciantes, quienes fundaron su decisión de entender probada la causal de despido en que la jueza de primera instancia expresamente refirió que nulificaba el interrogatorio mas no el reconocimiento de documental, en resolución que las partes dejaron absolutamente firme, por lo que no puede el actor formular reproche al respecto en esta instancia revisora; que fue la propia parte actora quien ofreció al testigo; y que de su declaración emergen con claridad los hechos que configuraron el despido directo y que fueron confirmados por el reconocimiento de documental de los terceros antes aludidos, y también por los testigos ofrecidos por la demandada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 181
Responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, muerte del paciente, infección intrahospitalaria, caso fortuito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TREJO Joaquina y ot. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S071 - 479)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-24

No discutiéndose la responsabilidad de tipo extracontractual, estamos en presencia de una responsabilidad directa del Estado, por cuanto el daño deviene de una conducta negligente del mismo en relación al cuidado de la cosa, ya que la causa inmediata que determinó el deceso de la víctima fue la epidemia que se originó por el deficiente control hospitalario, permitiendo la propagación de la infección. Y para que una infección intrahospitalaria pueda considerarse caso fortuito, es necesario haber agotado todas las precauciones para evitar la misma.-
Ministerio Público Fiscal, sobreseimiento, agente fiscal, fiscal de Cámara
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal de Cámara s/ Nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-26

Si el Agente Fiscal de Primera Instancia se limitó a solicitar el sobreseimiento del procesado, el Fiscal de Cámara carece de facultades para expedirse sobre la cuestión de fondo mejorando fundamentos. Admitir lo contrario equivaldría a pasar por alto la exigencia de unidad y coherencia que el ordenamiento jurídico impone a la actuación del Ministerio Público.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Odriozola, Juan E. s/ Concurso prev. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Si la resolución en crisis, recae sobre cuál debe ser el régimen legal arancelario aplicable, deviene recurrible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, concurso de delitos, concurso ideal, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: "DECHERT, Martín s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

"Es la conducta como fenómeno fáctico la que genera -mediante el nacimiento de la acción- la persecución represiva estatal, independientemente de que la apreciación dogmática de la que ésta puede ser objeto, se corresponda por una o mas figuras delictivas; es por ello, que no corresponde la prescripción de la acción penal por calificaciones sino por hechos. Es que, "delito" es una conducta humana individualizada mediante un dispositivo legal -tipo penal- que revela su prohibición -típica- que por no estar permitida por ningún precepto jurídico -causa de justificación- es contraria al orden jurídico -antijurídica- y que, por serle exigible al autor que actuara de otra manera, le es también reprochable -culpa-. Por otra parte, la circunstancia de que la conducta está prevista o prohibida por mas de un tipo penal -multiplemente típica- no genera nuevas conductas delictivas, sino que su efecto es revelar un mayor disvalor del único hecho, situación representada en el concurso ideal". (Conf. causa "MARCHIONE" del 27.6.2006).En este sentido, el término de prescripción es único si se trata de delitos reprimidos con penas alternativas o conjuntas o si una pena es principal y la otra accesoria. En este aspecto se ha pronunciado la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala II, causa "TELIS, José M.) Al sostener que "...la prescripción no se rige entonces por la pena de naturaleza mas grave, sino por la pena a la que le corresponde el mayor término de prescripción. Es por ello que si dos delitos concurren idealmente. (como en el caso analizado), la prescripción de la acción se rige por el termino correspondiente a la pena mayor, porue ésta es la única pena aplicable..." (En igual sentido C.N.C.P. Sala IV "LLANOS, Pablo" del 11.12.2001). A mayor abundamiento, corresponde señalar que la modificación del art. 67 verificada en ocasión del dictado de la Ley 25.990, no revierte el criterio antes expuesto por cuanto al imputarse un hecho único no corresponde efectuar procesalmente el desdoblamiento del mismo en base a calificaciones legales (C.C.C. Fed. Sala II "MAIDANA" del.4.11.2001).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Aldama, Alfredo Héctor c/ Sirica, Norberto Mateo y Banco de Galicia s/ Despido Decicco, Angel y otros c/ Autolatina Argentina S.A. s/ Despido Ferrari, Orfelio Luján y otra c/ Club de Empleados Bailables y/o Club de Empleados de Chascomús y/o propietario o responsable s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27|1997-12-23|1998-04-21

La denuncia de presuntas irregularidades en el veredicto y la sentencia ajenas al contenido de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial como las alegaciones referidas a contingencias procesales previas a su dictado son extrañas a la materia propia del recurso extraordinario de nulidad.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Bravo, Rodolfo J. c/ Transportes La Perlita S.A. s/ Despido y accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-29

La determinación del monto que debe alcanzar el salario mínimo vital y móvil se encuentra comprendida en el ejercicio de facultades conferidas al Poder Ejecutivo para determinar la política económica y social, a las que corresponde reconocer una razonable amplitud de criterio en aras del bienestar general y en concordancia con los lineamientos generales que la inspiran, quedando abierta a los magistrados la posibilidad de decalificar el resultado que eventualmente pueda arrojar la aplicación del sistema establecido por el legislador en la medida en que resulte demostrada la concurrencia de circunstancias que configuran la desnaturalización del derecho que se pretende asegurar.
Responsabilidad del contratista, responsabilidad del empresario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Dino Vda. de Sosa, Matilde c/ Servicios Santa Rosa SCC y Otros s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-09-12

La solidaridad de la empresa contratista, medida excepcional y que debe apreciarse con caracter restrictivo, esta prevista para los casos en que los dependientes de esta realizan la actividad normal y especifica propia del establecimiento contratante. Esa actividad es aquella a la que esta destinada , la que se desarrolla con el fin de cumplir su objetivo , el cual no se debe determinar solamente según el estatuto social sino principalmente por la descripción de la realidad.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad civil, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ,  María  Carolina c/ MONZÓN,  Rubén Miguel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

1- Cuando el hecho ilícito -accidente de tránsito- es el resultado de la intervención de dos o más vehículos, la responsabilidad frente a la víctima pesa solidariamente sobre todos los copartícipes, sin consideración al grado de culpabilidad de cada uno, pudiendo ser indistintamente demandados cualquiera de ellos por la totalidad de la reparación, sin perjuicio de la acción de reintegro que pudiese corresponder contra los demás responsables. 2- Ahora bien, más allá del vínculo matrimonial que uno -en el caso, a la víctima con el conductor del automóvil en el que era transportada- no puede confundirse la responsabilidad que se le imputa al conductor en la ocurrencia del accidente con la culpa de la víctima -que no la tiene- pues a los fines del pleito el conductor y propietarios del vehículo es un tercero. 3- En consecuencia, si la víctima transportada por su esposo demanda al conductor del vehículo embistente y a su aseguradora, pero estos a su vez no accionan ni citan como tercero a otro partícipe, no corresponde reducir al cincuenta por ciento el monto de la condena con relación al demandado y a su aseguradora, sino que estos deben responder por el total indemnizatorio independientemente de la cuota de responsabilidad atribuida. (Sumario N°20356 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Perez, Liliana Sara c/ Herrera, Pedro y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

La doctrina que establece que cuando se ha optado por deducir la acción "común" de indemnización por accidente o enfermedad del trabajo no son aplicables las normas laborales, supone la previa efectivización de la opción a que se refiere el art. 17 de la ley 9688, en cuyo caso los presupuestos de la responsabilidad patronal deberán ser establecidos con arreglo a las normas que integran el 'derecho común' (arts. 1109 y 1113 C.C.), excluyéndose la traslación de los principios que definen la naturaleza de la acción especial normada por la ley 9688; en consecuencia, no es válido sostener que el trabajador encuentra afectada la posibilidad de ejercer el derecho de opción por la acción común de indemnización, al no computarse el efecto interruptivo producido por una tramitación administrativa cuya iniciación (denuncia del accidente) es, además de carácter obligatorio (arts. 25, ley 9688 y 2 dec. 1005/49).
Jueces, Constitución Nacional, iura novit curia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Brieba, Rodolfo Jorge c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ ORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD Y COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

Importa una aplicación del principio "iura novit curia", si la sentencia, sin alterar el contenido ni el significado de la pretensión del actor, la acoge por razones jurídicas también de carácter de constitucional, pero que hace innecesario pronunciar la
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, quiebra, crédito hipotecario, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Monte Paco  SA. s/ quiebra c/ Buenos Aires Building Society   SA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Es descalificable como acto jurisdiccional, la decisión que pondera la pretensión de reajuste del crédito hipotecario en la quiebra, con independencia de su graduación, lo que importa un palmario apartamiento del sistema legal aplicable, que compromete el derecho de propiedad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanatorio Nosiglia S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-28

Es necesario realizar un exhaustivo análisis de los argumentos y fundamentos de la impugnación con el objeto de determinar si las conclusiones a que arriban los jueces de grado, resultan razonables y equitativas a la luz de las normas laborales vigentes, como, de la calificación y significación jurídica de los hechos verificados y fijados en la Instancia inferior. (Dr. Bertolini: En disidencia).
Vitivinicultura, competencia originaria
Materia: PENAL
Carátula: MASSOTTO, OMAR JORGEDE LA FUENTE, ENRIQUE s/ Vinos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1966-09-30

FALLO PLENARIO N° 54.- Los Jueces en lo Penal Económico deben conocer originariamente -en el ámbito de la Capital Federal-tan solo en casos de delitos de adulteración o falsificación de vinos (Art. 31, Ley 14878) sin perjuicio de la intervención del organismo administrativo en cuanto a la vigilancia, prevención o investigación sumaria y de las funciones auxiliares de la justicia que al Instituto Nacional de Vitivinicultura o a otras dependencias puedan corresponder conforme a la ley procesal penal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente, menores, guarda del menor, interés superior del niño, privación de la responsabilidad parental
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: V., C. A .L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR LA DEFENSORA GENERAL DE CAMARAS -AMPARO- RECURSO APELACION-  ESTADO DE ABANDONO; PRIVACION PATRIA POTESTAD; GUARDA DEFINITIVA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 100 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-17

Corresponde rechazar la queja incoada por la Defensora General de Cámaras contra la resolución que declaró el estado de abandono del menor, privó a los progenitores de la patria potestad que detentaban sobre su hijo y convirtió en definitiva la guarda judicial otorgada con fines de adopción, desde que no logra demostrar que la Sala haya incurrido en alguna omisión decisiva o valoración inaceptable de la prueba aportada, como así tampoco en alguna interpretación irrazonable de la ley al considerar, luego de citar la normativa aplicable, que "en el caso en estudio se encuentra justamente frente a uno de esos en que debe aplicarse la excepción en el interés superior el niño, por haberse comprobado una situación de abandono (arts. 308 del Código Civil -t.o. ley 23264- y 14 y 19 de la ley 10903), 'descuido por parte de sus padres' , en los términos de la normativa de rango constitucional reseñada, que determina la procedencia de confirmar la privación de la patria potestad". No debe olvidarse que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la val oración de la prueba, ni puede constituirse como un medio de sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son privativas.
Juicio de desalojo, tenencia precaria, compraventa, constituto posesorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARREÑO DE RAMIREZ c/ ERNESTO AGUIRRE Y OTRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-11

La doctrina como la jurisprudencia admite el constituido posesorio.

El principal argumento que se hacía contra su admisión era que se oponía de modo claro al sistema de la tradición del C. Civil.

El constituido posesorio es la transformación de la posesión en tenencia, operada sin que haya mediado entrega real de la cosa. Para que se concrete la situación que prevé el art. 2462 del C.C. en sus incisos 3 y 6 es menester que aparezca otro título en virtud del cual el ex dueño continúa en ocupación o tenencia de la cosa (locación, comodato, tenencia precaria etc.) si bien poseyendo a nombre de otro.

El constituido posesorio involucra un doble acto jurídico, de suerte tal que independientemente de la compraventa, exista otro que implique título adecuado para cambiar la naturaleza de la relación posesoria (art. 2353 C.C.), es decir, que determine que la relación posesoria "animus domini" desciende de escala y baje a ser simple tenencia.

El constituido posesorio exige en todos los casos dos actos jurídicos e independientes: el acto de enajenación,en virtud del cual la posesión debe pasar al adquirente y el acto anexo, en virtud del cual el enajenante debe ocupar la cosa como simple tenedor.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, bienes inmuebles, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - AGRARIO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RODRIGUEZ, MIGUEL s/ DESALOJO    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      CSJ EXPTE NRO 277-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-28

Configura cuestión constitucional suficiente que habilita la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pronunciamiento cuya inconstitucionalidad rechazó la Corte Provincial que podría afectar los objetivos mismos de las leyes de colonización y unidad económica, al haberse decidido que, salvo la superficie de dos lotes se desaloje un campo que, según dictámenes de los órganos de asesoramiento de la propia actora y de lo dispuesto por la ley provincial 8417, no constituye unidad económica.
Remuneración, fijación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Frers, Omar Haroldo c/ Gran Hotel Coronel Suárez S.A.C.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

Tratándose de tareas jerárquicas las desempeñadas por el trabajador y no habiendo sido establecida la remuneración por acuerdo de partes, viola el art. 114 de la L.C.T. el tribunal del trabajo que fijó la remuneración mensual correspondiente al inicio de la relación laboral manteniendo para los doce meses subsiguientes de la vinculación el valor nominal constante de dicha retribución , sin corregir el efecto distorsivo del envilecimiento del signo monetario ya que por esa vía indirecta se ha dejado de tener en cuenta al resto de las pautas que la norma aludida impone para la determinación de una remuneración adecuada.
Acción contencioso administrativa, caducidad, plazo
Materia: Administrativo
Carátula: CAPART, Enrique Angel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-02-12

Habiendo vencido con exceso el plazo que el art. 16 acordaba a la actora para impugnar la Resolución 1372-79 de la Administración de Vialidad Provincial, perdió el derecho a impugnarla judicialmente, porque la citada disposición legal prevé únicamente el recurso como vía de impugnación y éste no fue promovido en término, por ende, la resolución en cuestión quedó firme, "inmutable", como expresa el art.

15, lo que torna improcedente todo reclamo relativo al tema que la misma trata.
Lesiones culposas, accidente de tránsito, medidas cautelares, inhabilitación para conducir, inconstitucionalidad, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: IVANOFF, Jorge Luis s/ procesamiento...
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

La disposición prevista en el artículo 311bis, del CPPN, de aplicación al caso, no constituye una medida que asegure la averiguación de la verdad ni que impida que el acusado se fugue, por lo que no respondiendo su aplicación a las finalidades señaladas, se descalifica como tal y por ende no puede ser utilizada (cfr., respecto de esta cuestión el trabajo: "La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal", en la justicia penal hoy, VV.AA. Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 1999, págs. 189 y sgtes.).

El principio de inocencia del que goza todo imputado sometido a un proceso, sólo se pierde una vez acreditada culpabilidad mediante el dictado de una sentencia condenatoria.

Por lo tanto, proceder de distinta manera a la aquí propuesta implicaría la aplicación de una pena anticipada de inhabilitación, ya que las normas de los artículos 84 y 94, del CP prevén como pena la aplicación de tal sanción que es una de las enumeradas expresamente en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, y que dista mucho de ser una "medida cautelar" porque se trata claramente de una pena.

En consecuencia, y atento lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la ley 48, habrá de declararse la inconstitucionalidad de la norma prevista en el artículo 311 bis de la CPPN, puesto que si bien no ha sido ello formalmente planteado a petición de parte, la CSJN se ha expedido convalidando efectuar de oficio el control de constitucionalidad, argumentando que ello no afecta ni atenta contra el principio de división de poderes ("Mill de Pereyra c. Estado Pcia. de Corrientes", rta. 27/9/01), debiendo revocarse, en consecuencia, la aplicación de la pena anticipada impuesta, bajo la forma de una medida cautelar que, por otro lado, de manera alguna responde a los fines del proceso. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Constitucionalidad, daño moral, legitimación activa, conviviente, concubinato, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Rodrigo, Sandra E. y otro (acumulado) c/ Bustos, Esteban s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-23

El art. 1078 del Código Civil, que limita la legitimación para reclamar el daño moral a los herederos forzosos de la víctima, resulta inaplicable en el proceso donde la concubina del fallecido reclama los daños derivados del infortunio, pues dicha norma resulta lesiva de derechos fundamentales y garantías de raigambre constitucional, como lo son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la certidumbre de que la muerte del compañero ha conculcado en la conviviente un derecho proveniente de su emplazamiento existencial, suficientemente acreditado a partir de la relación estable y prolongada mantenida con aquél y de la crianza de sus hijos.
Juicio de desalojo, posesión, prueba, carga de la prueba, demanda, disidencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paredes, Alicia c/ Ferreira, Héctor y Otros s/ Desalojo final contrato de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-21

Corresponde confirmar la sentencia que rechaza la demanda de desalojo, pues, si bien no es suficiente, para enervar el desalojo, la invocación de los demandados de su carácter de poseedor, éstos últimos han acreditado tal carácter, mientras que la actora no ha probado la existencia de la locación alegada en la demanda. (Del voto del Dr. GHISINI, en minoría).
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Marcela c/ Drago, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Comprendiendo la condena en costas todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación (art. 77 del C.P.C.), y debiendo ser considerados incluidos en dicho concepto los honorarios que correspondiesen a los letrados intervinientes en el proceso de que se trate, la concesión del beneficio de ninguna manera puede obstar a que se los determine cuantitativamante, si bien su percepción quedará supeditada a que el obligado mejore de fortuna.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)