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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, LEY DE CONCURSOS, interpretación de la ley, concurso preventivo, acreedores del concurso, igualdad entre acreedores, parentesco, homologación del acuerdo preventivo, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: LEHMANN, MARIA LUISA SOFIA DEL HUERTO MANTARAS DE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 471 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

No resulta viable el reproche enderezado por la concursada recurrente al pronunciamiento en torno a la supuesta creación de una causal de impugnación por parte del Tribunal a quo por considerar que la violación de la pars conditio creditorum no está prevista en ninguno de los incisos del artículo 50 de la Ley de Concursos, desde que tales afirmaciones no alcanzan a desvirtuar lo aseverado por los sentenciantes, quienes más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, han efectuado una hermeneusis posible de la normativa aplicable, la que resulta razonable y fundada en las circunstancias y contexto propios de la causa, sin que pueda inferirse que en tal tarea se hayan vulnerado derechos de raigambre constitucional, más aún en una cuestión que siempre ha abierto polémicas. En el caso, luego de considerar que los acreedores parientes se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo respectivo, la Sala analizó aquella cuestión relacionando lo dispuesto por el artículo 43, segundo párrafo, con lo establecido por el artículo 52 de la ley concursal. En ese orden advirtió que en doctrina no se discute que el nuevo artículo 43 en su párrafo segundo, al establecer el sistema de categorización de acreedores, contempla una "...elastización del principio clásico concursal de la 'pars conditio creditorum'..." pero indicando que el mismo cuenta con dos límites operativos: el primero, refiere a "...la exigencia de que la propuesta sea similar a los acreedores incluidos en cada categoría..." y el segundo a que tal propuesta "...no se salga del marco de la razonabilidad y la lógica...". Ello significa -a criterio de los sentenciantes- que, si bien la ley confiere ahora mayores facultades al concursado a los fines de categorizar a sus acreedores, tal categorización queda supeditada a la aprobación del juez (artículo 42) y a que, en definitiva, conforme aquellos límites, se ciña al principio de igualdad que dimana del artículo 16 de la Constitución Nacional, "...en cuanto a que se dé igual tratamiento a los que están en iguales condiciones...".
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. c/ SEOANE AUTOMOTORES S.R.L. s/ COBROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07

Cabe recordar aquí, que "-.conforme lo entienden la doctrina y la jurisprudencia absolutamente mayoritarias en materia comercial-, los pagarés prendarios carecen de autonomía como título ejecutivo a los fines de su cobro, en la medida en que no se acompañe a la ejecución el contrato de prenda al que acceden.(vide fallo del 14/9/2006 expedido en la causa 'Qüesta, Enrique Eusebio c/ Savino, Jorge Omar y otro s/ Ejecutivo', Protocolo Único de Sentencias, tomo 3, folio 381).

Y la cuestión no pasa por una mera digresión académica o dogmática, sino que subyace en ella la necesidad de evitar eventuales hipótesis de ejecución autónoma de la prenda y de los pagarés que documentan la deuda garantizada con dicho derecho real -por su tenedor o por terceros endosatarios, incluso hasta de buena fe-, colocando al deudor ante el riesgo de tener que pagar dos veces la misma deuda y alentando eventuales maniobras especulativas que van mucho mas allá del espíritu que justificó la consagración legal de tales instrumentos cambiales, cual fue la de permitir documentar el pago en cuotas de obligaciones garantizadas con prenda" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I, in re "Amoblar S.R.L. vs. Lapassini, Alejandro", de fecha 22/10/2008; La Ley Online AR/JUR/18069/2008).

En igual sentido, se dijo que ".los pagarés prendarios tienen una relación subyacente en otro título de crédito -el certificado prendario-, por lo que su naturaleza impide que puedan ser ejecutados separadamente del contrato al cual acceden, careciendo por ende de fuerza ejecutiva por sí mismos, y no confiriendo por lo demás a su tenedor la calidad de titular del crédito separadamente del certificado al cual acceden..." (Osvaldo Gómez Leo y María del Carmen Coleman, "Nueva ley de prenda con registro", Depalma, Bs.As., 1996, pág. 71).

De allí, que aún en el supuesto de que la firma demandada haya entregado diversos pagarés, ello no resulta suficiente, toda vez que la entrega de los contratos prendarios resultaba necesaria para la acreditación del cumplimiento de su obligación.

(ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - GOANE (CON SU VOTO).
Afectación de estupefacientes, cannabis medicinal
Materia: PENAL
Carátula: NN: N.N. c/  s/ infracción ley 23.737 denunciante: identidad reservada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

Se hace lugar a la petición formulada y se dispone la afectación de diez kilos de estupefacientes secuestrados en un vehículo robado, al "Proyecto Cooperativo y Multidisciplinario de Cultivo de Cannabis Terapéutico" que desarrolla la UNLP, de conformidad con lo establecido por el art. 30 de la Ley 23.737. Se encuentra debidamente fundado que su utilización será destinada para favorecer el desarrollo de programas de investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, y para el tratamiento de diferentes patologías, otorgándole una finalidad útil para la comunidad a elementos que de otra manera, estarían destinados a su destrucción.
Recurso extraordinario federal, recurso de queja (procesal), doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: Arroyo, Marta Susana c/ Fresco, Pablo s/ Daños y perjuicios s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-24

La argumentación de la Cámara no ha sido suficientemente idónea a los fines de justificar lo que en definitiva, ha constituido una "reformatio in pejus", habida cuenta que lo que la actora por vía de sus agravios puso en cuestión fue solamente el monto resarcitorio por daño moral". Lo relativo al porcentaje de intereses y el plazo a partir del cual devengaban los mismos no motivó agravio de las partes por lo que se trataba de materia precluída. (En disidencia: Dra.

Flores).
Instrumentos privados, firma, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZEO, ANTONIO H. c/ PETRO RIO SA. s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-30

Una vez que el instrumento privado ha obtenido autenticidad por haber sido verificada la firma, el valor probatorio de su contenido es análogo al de los instrumentos públicos, con referencia a las partes y sus sucesores. Para desvirtuar la aparente verdad material de los hechos consignados en el mismo, deberá acudirse a la acción civil de redargución de falsedad o a la querella de falsedad.
Fuerzas Armadas, personal militar, querellante, absolución de posiciones, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: FILOMENA, C.A. s/ PRUEBA. ABSOLUCION POSICIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-14

Corresponde que el querellante (Coronel R.E., director de un ente de naturaleza privada), comparezca a absolver posiciones; ya que la excepción de concurrir a declarar abarca sólo a los militares de determinada jerarquía y solamente referente a la declaración testimonial, no a la absolución de posiciones.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

Fijar una pauta monetaria mínima, igualitaria e indiferenciada correspondiente a un valor "vida humana" o "pérdida de vida humana" como monto indemnizatorio, con prescindencia de todo otro perjuicio cierto, supone poner en manos de los jueces una doctrina que simplifica su tarea, pero tratar igual a lo desigual es una clara violación a la equidad. El reclamo de los justiciables es pedir lo justo concreto y no la aplicación de una única y fácil medida.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho
Materia: PENAL
Carátula: García, Héctor Horacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

El artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación fija la regla general que reglamenta el régimen excarcelatorio en el proceso penal, por lo que reviste el carácter de ley que regula el ejercicio de una garantía constitucional, cual es el principio de presunción de inocencia hasta tanto no haya una condena firme. A los fines excarcelatorios se requiere un pronunciamiento judicial fundado en derecho y las constancias de autos para tener por acreditados prima facie el hecho y la culpabilidad del autor y sólo cuando éstos son particularmente graves, de acuerdo con la escala punitoria que refiere, impide la soltura.

Asimismo, cabe distinguir si esa gravedad se da en el caso concreto, más allá de esos parámetros, que no considero flexibles y sólo indicativos. En el presente corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa si se tiene en cuenta -y sin perjuicio de los casos de peligrosidad procesal contemplados por el art. 319 ídem- la peligrosidad social de la conducta acriminada como es la que acarrea el delito de tráfico de estupefacientes, en sus modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización que surge de las constancias del sub examine, con el grado de certeza que requiere un auto de procesamiento. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David según su voto).
Lealtad comercial, defensa en juicio, apertura a prueba, prueba de descargo, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: PEITEADO, MANUEL EMILIO s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

El argumento exculpatorio es improcedente y tardío si analizadas las constancias de la causa se puede advertir, que la firma recurrente dejó vencer el plazo para ofrecer sus descargos y peticionar apertura a prueba (art. 17 de la ley 22802), en la etapa sumarial pertinente. Asimismo, conforme surge del Acta de Contraverificación obrante, el apelante se encontraba presente en dicho acto, firmando luego de realizada la pericia, de plena conformidad al pie de dicha acta y, sin alegar el presunto desconocimiento de la mercadería cuestionada, que ahora intenta en esta instancia. (Del voto del Dr.

Cortelezzi).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Cerber, Francisco y otra c/ Glason, Antonio y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-24

El giro hacia la izquierda en arterias de doble mano constituye una maniobra arriesgada, especialmente en calles peligrosas y exige para quien la emprende, el cumplimiento de lo establecido por los arts. 70 y 72 de la ley 5800 de la Pcia. de Bs.As., de estar ubicado por lo menos 30 metros antes en la franja más próxima hacia el lugar al que se va a virar, realizar advertencias a los que transiten detrás, con el brazo o dispositivos mecánicos y especialmente verificar que no se interferirá en la trayectoria de los que vienen de frente, en sentido contrario (art. 70 antes citado).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, legitimación activa, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: MAIDANA, ROSA DEL CARMEN c/ MILISENDA ANTONINO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta en torno a la falta de legitimación activa de los demandantes, desde que la Alzada no prescindió de considerar que las sociedades son personas de existencia ideal distintas de sus socios, aludiendo a la legitimación nacida de los usos y costumbres comerciales adoptados por las partes en el desarrollo de las actividades negociales que las vincularan, considerando los magistrados que en autos se había probado en forma indúbita la existencia de un interés jurídico y económico que relacionaba a ambos actores, habiendo la quejosa incumplido sus obligaciones asumidas y respetadas hasta su unilateral decisión de quebrar la relación que la unía con ese interés común de los accionantes; explicitando que son estos últimos quienes pueden discutir la relación jurídica que los asocia en el litisconsorcio aceptado en ambas instancias y, no habiendo posibilidad aceptable alguna de demandar nuevamente por la misma razón, la recurrente carece de interés legítimo para que su impugnación pueda ser atendida.
Daños y perjuicios, daño moral, personas jurídicas, protección de la imagen, procedencia del recurso, servicios de instalación, entrega de la obra
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIDEICOMISO METRO OFFICE I C/ ASCENSORES CONDOR SRL Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde otorgar una indemnización resarcitoria del daño a la imagen sufrido por el fideicomiso actor, con motivo del incumplimiento del contrato de compraventa de dos ascensores electromecánicos de nueve paradas y un montavehículos hidráulico de tres paradas, en que incurrió la empresa demandada, el cual provocóun atraso de 15 a 18 meses en la entrega de la obra, según opinión del perito en ingeniería, causando además reclamos y enojos entre los inversores, la necesidad de alquilar cocheras fuera del edificio y que se dispusieran compensaciones económicas. En ese marco, se verifica que tales incumplimientos dañaron el prestigio comercial del promotor de la demanda. Los testigos aludieron a los reclamos que se generaron por la imposibilidad de utilización de las cocheras del edificio, por causa del mal funcionamiento del montavehículos; así como la pérdida de clientes. Consecuentemente, corresponderá fijar en $ 170.000 la suma resarcitoria del rubro daño a la imagen.
Extradición, nulidad procesal, expulsión de extranjeros
Materia: PENAL
Carátula: Squillaci, Oreste G. s/ Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-13

Resulta improcedente la nulidad basada en que se habrían violado los derechos del requerido por haber sido éste obligado a ingresar a nuestro país obviando los trámites extraditorios al ser expulsado de Bolivia, puesto que ello obedeció a que las autoridades del país vecino, al tomar conocimiento de los pedidos judiciales que existían en el nuestro procedentes de Italia y Suiza, resolvieron su expulsión por indeseable mientras desde aquí ya se había cursado el pedido de detención preventiva con fines de extradición. Ello así puesto que de ningún modo puede discutirse la decisión adoptada por las autoridades Bolivianas por carecer de facultades para ello.
Sentencia, nulidad de oficio, recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Ferradas, Norberto Carlos y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

La procedencia del recurso no puede derivar en el procedimiento establecido en el art. 356 -numeración anterior- del C.P.P. si el vicio en cuestión no solo alcanza a la sentencia recurrida sino también a las etapas anteriores al juicio, y la Corte no puede, por consiguiente, conocer debidamente el tema, por lo que tratándose además de una situación excepcional incompatible con el debido proceso, debe anularse de oficio la sentencia en cuanto al hecho en que se ha omitido formular acusación.
Sentencia, principio de congruencia, sentencia ultra petita
Materia: LABORAL
Carátula: Ugarte de Baña, Liliana c/ Carbone, Luis María y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Quebranta el principio de congruencia el fallo que dispone la procedencia de un rubro salarial no peticionado por la parte actora (art. 47, dec. ley 7718/71 y art. 163 inc. 6, C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, cuestión constitucional, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEJAS, JOSE DANIEL c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO; RECURSO SEJAS, JOSE DANIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

Los Judicantes, para considerar que la víctima se tiró voluntariamente y con intención suicida de la cabina del camión, realizaron una valoración parcializada de los medios de confirmación producidos en el juicio, habiendo incurrido en omisiones y falta de fundamentación que tornan al pronunciamiento impugnado en arbitrario por apartamiento de las reglas de la sana crítica racional, desde que analizaron sólo parcialmente el testimonio brindado por la amiga de la víctima -con quien estuvo en contacto telefónico y por mensajes de texto hasta instantes antes del suceso- y las capturas fotográficas de la pantalla del celular que dan cuenta del diálogo entre ambas, tomando expresiones puntuales para construir la intención de la víctima de quitarse la vida, desmarcándolas de la conversación y de la situación que acontecía, no habiendo considerado un tramo esencial de esa comunicación, sino sólo aquél del que podían inferir una intención suicida en aquélla; asimismo, la Alzada refirió que como regla la versión del imputado debe como regla tenerse por cierta, hasta el punto de prevalecer sobre cualquier otra hipótesis que pudiera elaborarse intelectualmente, a menos que, como excepción, sea desbaratada por factores extrínsecos (prueba de cargo del acusador) o por razones intrínsecas (relato ilógico, absurdo o contradictorio). (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Netri y Gutiérrez. En disidencia: Dr. Falistocco)
Ejecución fiscal, inhabilidad de título, certificado de deuda, intimación previa, título ejecutivo inhábil, disidencia
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Galand, Luis s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-30

Cabe confirmar la sentencia de trance y remate, pues, en primer lugar, corresponde señalar que el recurso planteado no se refiere a la nulidad -de- la ejecución conforme lo establecido en el artículo 119 del C.F., sino al origen del crédito ejecutado, cuya discusión excede el marco de las presentes actuaciones (cfr. art. 117 del CF). Luego, no se observa contradicción ni se acreditó inexistencia de la deuda como alega el ejecutado, atento que la misma surge del certificado (...); el cumplimiento de los requisitos extrínsecos de dicho título no fue materia de discusión en autos; excede al presente proceso la discusión de la causa de la obligación y la Sra. Jueza consideró correctamente el pago de $10 efectuado por el recurrente. (Del voto del Dr. PASCUARELLI, en minoría).
Concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: S., J. y Otros s/ Robo con Arma y Violación de Domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

Aunque la existencia del Concurso Real de delitos suponga hechos independientes, no puede haber más pluralidad delictiva que la provista en el documento requiriente o en la ampliación de la acusación que autoriza el C.P.P., so pena de que los nuevos hechos no integren la imputación ni el juicio.
Ley aduanera, responsabilidad de los directores, responsabilidad solidaria, multa penal, actualización monetaria
Materia: PENAL
Carátula: AZERTUM SACIFA s/ Contrabando Causa 5523-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

1- Siendo que de la ley de aduanas no se desprende la responsabilidad solidaria de los directivos de las empresas prevenidas, la pretensión de hacer efectivo el embargo en los bienes de los directores de la sociedad imputada debe ser desechada.- 2- La ley citada no prevé la actualización en los montos de las multas a aplicar con anterioridad al hecho del proceso, encontrándose garantizado el monto que pudiera aplicarse a los efectos de la sanción mediante el embargo oportunamente trabado.- 3- La actualización de los montos para resguardar el cumplimiento del pago de las costas como de las eventuales responsabilidades civiles que pudiesen recaer deben mantener un valor constante porque no forman parte de la pena (CCC., 21/5/37, LL-6, p. 778 y JA-58, p.315).
Abuso sexual, autorización para viajar, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: G., J.  c/  s/ abuso sexual - autorización para salir del país
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-18

Debe autorizarse a salir del país al imputado, porque si bien se le atribuyen presuntas conductas constitutivas de abuso sexual en perjuicio de su hija, su situación procesal no está resuelta a la fecha, pues siquiera se le ha recibido declaración indagatoria. Además el imputado ya fue autorizado en reiteradas oportunidades a salir del país -la primera de ellas con acuerdo de la querella- y en todas ellas, a su regreso, informó dicha circunstancia ante el juez de grado tal como le fuera impuesto. En consecuencia, no existen elementos de peso que permitan sostener que con el presente viaje intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación.
Laudo arbitral, convenios colectivos de trabajo, industria metalúrgica, industria automotriz, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Juan c/ Indecar SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Laudo 29/75 (Expte.: C.S.J. Nro.  1761 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

Resulta inadmisible el agravio cimentado en que el Tribunal actuó arbitrariamente al entender aplicable el artículo 1 del laudo 29/75 ("rama automotor") cuando su actividad estaba regulada específicamente en otra de las ramas del convenio ("rama mecánica") si, paralelamente, la recurrente no acredita que dicho laudo haya sido cuestionado por el procedimiento y vía que establece la ley 16936 (con fundamento en alguna eventual extralimitación en las facultades arbitrales) de manera tal de restarle plena vigencia; ni tampoco persuade que la Sala arribara a una conclusión irrazonable en la faena -que remite a temas fácticos, probatorios y de derecho común- de determinar el alcance del laudo mencionado en confrontación con las tareas que desarrolla la demandada, arbitrariedad que la quejosa no logra demostrar.
Hurto simple, apoderamiento, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: C., L.M.; C., C.E. s/ Abigeato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

Nuestro Código Penal, a diferencia de otras legislaciones, sólo requiere para que se consume el delito de hurto que exista un apoderamiento ilegítimo de cosa mueble ajena, y es por eso que hurta igualmente el que se apropia efectivamente de lo sustraido, o aquel que lo hace con propósito de simple uso.....Por esa razón, con independencia de la intención que el procesado tuvo al cometer el hecho, y de acuerdo a sus modalidades, debe tenerse por consumado el delito de hurto.