marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos, querella, sobreseimiento, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: B., S.  c/  s/ sobreseimiento. Privación de la libertad y abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-24

- Sobreseimiento.

Querella que recurre. Defensa que solicita se declare mal concedido por considerar que el recurso de la contraparte no cumple con los requisitos del art. 438 del CPPN, en la medida en que no invoca un agravio concreto y no cuestiona los argumentos ni la prueba.

Expresiones que permiten conocer cuál sería -a juicio del apelante- el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos en que se basa para considerarla errónea. Resolución que debe ser revocada. Denuncia formulada que debe ser examinada con perspectiva de género de acuerdo con los compromisos asumidos por nuestro país para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y garantizar los procedimientos legales eficaces a ese fin (Leyes 24.632 y 26.485). Órganos estatales que deben aplicar la debida diligencia para investigar y juzgar estos episodios con los máximos esfuerzos (CIDH, Caso González y otras - "Campo Algodonero"-, sentencia del 16 de noviembre de 2009). Diligencias -que se enumeraron- que se exhiben útiles y pertinentes para profundizar la investigación.

Revocación.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, colocación de medidores
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz José Vidal c/ EMA Servicios S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

Edesur S.A. resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T., junto con la contratista dado que los servicios de colocación de medidores realizados por el actor hacen a la actividad específica y propia de Edesur S.A. , puesto que de no ser así resultaría de cumplimiento imposible el objeto específico de dicha empresa, el cual consiste en el suministro de energía eléctrica.
Aplicación temporal de la ley, accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: Genaro y Fernández S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Según la tesis del efecto inmediato de la ley nueva, al abandonarse el concepto de "derechos adquiridos", una ley nueva podría afectar, sin incurrir en retroactividad prohibida, relaciones o situaciones jurídicas en curso de ejecución o cumplimiento, es decir, no agotadas, sino incompletas o no perfeccionadas jurídicamente. Las relaciones jurídicas (obligaciones) provenientes de un accidente de trabajo, no se realizan o perfeccionan instantáneamente (salvo caso de muerte) y, una de las consecuencias más importantes del hecho dañoso - el pago de la indemnización - , queda sujeta a la condición de determinarse previamente el grado de incapacidad, a través del certificado médico de alta con incapacidad o el transcurso del año que hace surgir la permanencia. El solo hecho de que la cuantía indemnizatoria esté sujeta a determinación tras un plazo, revela que la obligación no está consumada, que no es jurídicamente perfecta, debiendo ser atendida como una de aquellas "consecuencias" a las cuales es dable aplicarles inmediatamente las nuevas leyes. (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).
Nulidad procesal, eximición de prisión, caución real, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RIZZO, Carlos s/ exención de prisión Causa nro. 11.838
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

No se advierte contradicción entre el artículo 17 de la ley 23.771 y nuestra Constitución Nacional. Cierto es que la forma en que fue otorgada la exención de prisión, que fuera solicitada bajo caución juratoria y concedida bajo caución real, implicó haber resuelto en forma "ultra petita", lo cual acarrea la nulidad de la resolución en crisis.
Fundamentación de sentencias, situación de vulnerabilidad, abuso sexual calificado por acceso carnal, menores, estupefacientes, confirmación de sentencia, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Quiroga, Walter Germán c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

La acción comisiva "situación de poder" prevista en el art. 119 del CP, en la que incurrió el causante no fue aplicada arbitraria ni solapadamente en el decisorio, en tanto este aspecto fue considerado por el acusador particular al emitir su alegato, ocasión en la que expresamente sostuvo que "las conductas reprochas podrían encuadrar en otros medidos comisivos como el abuso coactivo de una relación de poder fundada en la edad aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas; o el aprovechamiento del grado de intoxicación en el que se encontraban ellas, que constituía una circunstancia por la cual no podían consentir libremente". En lo que respecta al agravio vinculado con la consideración jurídica de la fellatio in ore, la reforma introducida por la ley 25.087 ha allanado el camino respecto a considerar la penetración por vía oral como un caso de abuso sexual con acceso carnal. A pesar de inconsistencias y contradicciones dentro del debate parlamentario, resulta manifiesto que en buena medida la finalidad del legislador se ha visto expresada en el enunciado normativo. En tal sentido, ha optado en detrimento de una remisión conceptual, por una descripción "tipológica" -abuso sexual con acceso carnal- que permite en su comprensión empírica incluir dentro de la ratio iuris normativa los supuestos de penetración con el pene por vía oral, pues todos los marcadores literales y de significación jurídica del enunciado legal están presentes en los casos de fellatio in ore. La literalidad del supuesto de hecho "por cualquier vía" no deja fuera obviamente la vía oral, y esto precisamente ha sido la finalidad del legislador. Circunscribiéndose al caso de autos, la penetración del pene en la cavidad bucal no ofrece reparos de comprensión en el enunciado "acceso carnal por cualquier vía". El legislador se ha valido de un tipo dentro del cual los conceptos utilizados: acceso carnal y cualquier vía, pertenecen al lenguaje común o vulgar y no ofrecen los reparos normativos del concepto de violación para integrar la fellatio in ore. Por eso no es de recibo recurrir a la noción de coito para interpretar el enunciado del actual párrafo tercero del art. 119 del C.P. No es una violación la que pretende alcanzar el legislador con su enunciado sino una situación de hecho que incluye violaciones y también sucedáneos de esta que valora bajo un estándar de idéntica afectación de un bien jurídico, que ya no es la honestidad sino la integridad sexual. En tales condiciones cabe confirmar la materialidad del delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal y por la utilización de estupefacientes para facilitarlo, en forma reiterada en perjuicio de las víctimas -arts. 119, primer y tercer párrafo -según texto ley 25.087- del CP.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Smammo, Graciela y otro c/ Carrefour Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

La acción por agravio moral sólo compete al damnificado directo;

extendiéndose a los herederos forzosos ante el caso de fallecimiento de la víctima. Es que aun reconociendo la existencia de un menoscabo espiritual en el núcleo familiar cercano al desgraciadamente lesionado, el artículo 1.078 del Cód. Civil y demás normas vigentes, se coloca en un valladar a la procedencia de tal reclamo toda vez que la solución prevista por el legislador es de carácter restrictivo a la amplitud de postulación.
Despido con causa, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: YARUSSI, ALDO ANIBAL c/ FRIGORIFICO LA FORESTA  S.C.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-22

Siendo la prestación de trabajo una obligación diaria, es ajustada a derecho la ruptura del contrato por abandono, aunque la intimación de reintegro haya sido por el término de 24 horas, ya que el artículo 57 Ley Contrato de Trabajo no se refiere a dicho supuesto y el mismo artículo 244 establece que debe efectuarse por el plazo que impongan las modalidades que resulten de cada caso.
Alimentos, determinación de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Incidente de Alimentos- Conexidad con Exp.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-14

El artículo 542 de Código Civil y Comercial de la Nación -aprobado por la Ley n° 26.994- establece como principio general, a los fines de cancelar obligaciones alimentarias, el pago de una renta en dinero en forma mensual, anticipada y sucesiva; y si bien la norma en comentario habilita a que el obligado requiera la posibilidad de ser autorizado a solventarla de otra manera, teniendo en cuenta las características del caso y la situación específica de cada familia, no es menos cierto que debe mediar expreso pedido del alimentante en ese sentido, con conformidad de la alimentada y del Ministerio Público, en caso que los alimentos estén fijados en favor de menores de edad, que precisamente es la situación que acontece en autos.

"En principio, nada impide que las partes puedan fijar la forma de cumplimiento mediante un convenio, el cual se encontrará sujeto a control judicial cuando se encuentren en juego los intereses de personas vulnerables como niños o incapaces. En estos casos, presentando el convenio para su homologación judicial, la forma elegida podrá ser objetada por el juez o por el Ministerio Público, si a criterio de ellos resulta contraria a sus intereses superiores. Pero si no hay acuerdo, la obligación debe cumplirse en dinero, aunque se concede al obligado una posibilidad de pagarlos mediante alguna otra modalidad, lo que incluye la llamada prestación "en especie". La prestación "en especie" ha sido concebida como una excepción en miras a la eficacia del derecho, que es la finalidad última del sistema alimentario y requiere que el alimentante justifique la existencia de motivos suficientes, como por ejemplo que la persona alimentada no se encuentre en condiciones de afrontar los pagos en forma personal, que destine el dinero recibido a otros fines que no sean satisfacer sus necesidades, etcétera.".

En función del citado principio adelantamos que asiste razón al apelante en cuanto que la juez de grado, sin que los alimentos estuviesen establecidos en especie, o que el alimentante solicitara expresamente el cumplimiento de tal obligación bajo otra modalidad, consideró como pago a cuenta de la deuda alimentaria reclamada en autos, las prestaciones en especie denunciadas por el alimentante, ello en contravención al artículo 539 del Código Civil y Comercial de la Nación que expresa: "La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen, o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos".
Crédito laboral, monto del juicio, actualización monetaria, intereses, valor real, aprobación de la liquidación, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: LACTERIA SUIZA SA s/ CONC. PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Cabe rechazar el pedido de aplicación de la Ley 24283, solicitado por la concursada, que apeló la resolución que aprobara la liquidación practicada por los acreedores respecto de los créditos emergentes de una sentencia firme dictada en sede laboral, toda vez que -en el caso- aquélla consideró una suma que no sólo comprendía el capital de condena actualizado, sino también los intereses devengados hasta la fecha de liquidación impugnada, por lo que la desproporción invocada entre el valor de referencia -valor real y actual de la prestación- y el monto que se manda a pagar que debe surgir exclusivamente de la aplicación de los índices de repotenciación, no puede ser admitida, en tanto no surge exclusivamente de la repotenciación del capital, sino que resulta distorsionada por la inclusión de elementos extraños a aquélla, que efectivamente no pueden ser considerados a efectos de establecer la mentada desproporción que requiere la Ley (cfr. Sala C, 22.09.95, "Miranda, José M. c/ Cía. de Seg. Unión Comerciantes SA"; id., 16.11 95, "Celulosa Jujuy SA s/ Conc. Prev. s/ Inc. por Aboy, Oscar", entre muchos).
Sentencia de la Corte Interamericana, principios del derecho internacional de los derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, jurisprudencia vinculante, obligaciones internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-21

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciada en las causas en que son parte otros estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica, constituye una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y en consecuencia, también para la Corte, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, RICARDO I. c/ TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 463 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

La sentencia, en tanto "operación lógico-jurídica", siempre debe exhibir una justificación libre de incoherencias, pues lo contrario conspira contra la validez de lo resuelto, generando perplejidades en las partes e, incluso, una lisa y llana denegación de justicia.
Honorarios del abogado, desistimiento de la acción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa de Transportes Colectivos La Cabaña S.R.L. c/ Iannuse, Julio s/ Daños y perjuicios Banco Nacional de Desarrollo c/ Ventura, Francisco Osvaldo y otros s/ Cobro ordinario de fianzas solidarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11|1997-06-03

La mera circunstancia de que el proceso hubiese concluido por desistimiento no provoca la indeterminación del monto del juicio cuando de los términos del escrito postulatorio puede cuantificarse -en términos económicos- el resarcimiento pretendido.
Facultades de la autoridad de prevención, tareas de inteligencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Garrido, Alejandro J. y otros s/ Recurso de casación - Causa n. : 2102.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

Las tareas de inteligencia -en cuanto importen la búsqueda, recepción, estudio, clasificación y confrontación de información vinculada con la prevención de los delitos- son propias de la actividad policial en el Estado de Derecho y están sujetas a los límites que establece la Constitución y la ley.

Dichas tareas, por cierto -y aunque fueran informadas al Juez-, forman parte de todo proceso de investigación y pueden ser tanto anteriores como posteriores a la iniciación de una causa judicial.
Concursos, prescripción, cómputo del plazo, homologación del acuerdo, cuota concordataria, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aliberti, Gustavo Fabián c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-20

No habiéndose abonado las cuotas concordatarias en las fechas acordadas no cabe duda de que procede el reconocimiento de los intereses por la mora del deudor y desde el vencimiento de cada una de ellas (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Friscioti Horacio Guido s/ concurso preventivo" del 26/4/07, id in re: "Frigolomas SA s/ concurso Preventivo" del 19/7/07). En ese marco, por tratarse estos intereses -a diferencia de los pactados en el concordato- de obligaciones periódicas susceptibles de renacer indefinidamente por el transcurso del tiempo (las llamadas prestaciones "fluyentes"), contemplando los réditos moratorios que se devengaron por el cumplimiento tardío de las cuotas concordatarias, va de suyo entonces que, debe tomarse como dies a quo del cómputo de inicio, también, el vencimiento de cada cuota concordataria cuyos intereses prescriben, ya a los cuatro (4) años (antiguo CCOM 847-2°), ya, a los cinco -5- años en los términos del CCIV 4027-3°). Así las cosas, considerando el plazo de vencimiento de cada una de las cuotas concordatarias involucradas en el caso, es claro que a partir del 01/8/15 devino de aplicación el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y que contempla un plazo menor de prescripción en el CCCN 2562-c) que establece un plazo de prescripción de dos (2) años para: "c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trata del reintegro de capital en cuotas...". Ello así, en el caso, considerando que desde la sanción del nuevo código ha transcurrido ya el tiempo designado por las viejas leyes -CCCN 2537- considerando el día de su entrada en vigencia, para ganar la prescripción, es claro que ha devenido ya de aplicación, en ese supuesto, respecto a los intereses -sean éstos compensatorios, moratorios o punitorios- como accesorio del capital e independiente del diverso día de inicio del cómputo del principal (Jorge H. Alterini, Director General, Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético), el plazo bienal de prescripción previsto por el CCCN 2562-c), lapso dentro del cual los intereses devengados no se encuentran prescriptos.
Honorarios del abogado, tercería de dominio
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AYUB, Carlos c/ CORBALAN, Sergio s/ ORDINARIO: Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-04-17

El quántum del interés del tercerista está dado por el monto del embargo, cuando éste es inferior al valor del bien y, por el valor del bien afectado, cuando es inferior al monto del embargo. La no efectivización de la medida de embargo ninguna relevancia tiene a los efectos del incidente de levantamiento de embargo porque el trámite y el interés de las partes en la cuestión es el mismo se haya o no efectivizado la medida.
Permiso administrativo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oliveri, Dante s/ Recurso Amparo -cuestión de competencia art. 6º C.C.A. Fiscal de Estado s/ Cuestión de competencia art. 6º C.C.A. En autos: "Capatto Enzo Marco  -Conde Antonio s/Acción de amparo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04|2000-04-05

La competencia que esta Corte ejerce transitoriamente sobre la materia contencioso administrativa comprende a los litigios vinculados con las autorizaciones, licencias o permisos administrativos (arts. 1, 3, 28 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, medicina prepaga, salud reproductiva y sexualidad, métodos anticonceptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTARELLA ANA c/ SWISS MEDICAL GROUP SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-13

Del informe brindado por el Ministerio de Salud de la Nación Superitendencia de Servicios de Salud, surge que la prestación requerida por la actora no se encuentra contemplada en la Resolución N° 310/04 MS ni en sus modificatorias. Esta no puede pretender que la entidad de medicina prepaga le brinde una cobertura que no está contemplada en la normativa que rige la materia ni en el contrato que la une con la demandada. No se puede hacer la interpretación amplia o extensiva que propugna la apelante habida cuenta que en tal caso se estarían violando no sólo las normas en juego sino también el contrato oportunamente celebrado con Swiss Medical SA. basado en la autonomía de la voluntad de la peticionante (art. 1197 C. Civil). La normativa que obsta al reclamo de la actora no fue atacada de inconstitucional; concordemente con ello tampoco fue pedida la citación del que la dictó, es decir el Estado Nacional. No está acreditado que la actora sea una persona indigente o que carezca de todo tipo de recursos. En la especie de autos no surge que la demandada hubiera actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ya que en todo momento se atuvo a las normas que rigen el caso y al contrato oportunamente celebrado con la actora.
Concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, resoluciones irrecurribles
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO MAYDANA, ALFREDO NICOLAS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-03-17

Resulta mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, dado que la sentencia recurrida no resulta definitiva a los fines de la apertura del recurso extraordinario, tal lo exigido por los arts. 6 y 24 de la ley 6.997 de la Provincia del Chaco, como también el art. 3 inc. a) del anexo a la Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.
Delitos contra el honor, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Enrique s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

La denominada doctrina de la real malicia constituye un standard para medir el grado de responsabilidad en relación a los delitos de calumnias e injurias cometidos por la prensa respecto de personas que ejercen funciones públicas, de particulares en relación a temas de interés común, o bien de quienes consienten y deliberadamente se exponen a la consideración pública, según el cual corresponde extremar el rigor probatorio a fin de establecer si la especie injuriante ha sido propalada con conocimiento de su falsedad o notorio desinterés por establecer su realidad cuando objetivamente constituye un agravio al honor tipificado en el Código Penal. En nuestro sistema legal, por tratarse de un delito de acción privada queda bajo la exclusiva actividad procesal del particular damnificado acreditar tales extremos (voto del Dr. Madueño).
Automotores, dominio, constitucionalidad
Materia: PENAL -CIVIL
Carátula: MURILLO, JULIO EDGARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO - MOTOVEHICULOS - REGIMEN LEGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-31

El Poder Ejecutivo Nacional, que estaba autorizado para incluir otros vehículos en el concepto de automotores, atribuyó a su Ministerio de Justicia la función pertinente. Para esto no existe reserva legal: nihil obstat, por cierto, para que el titular del Poder Ejecutivo Nacional dicte un reglamento en blanco, como lo hizo, autorizando a un funcionario técnico bajo su dependencia para que lo integre.

Si bien se aprecia, así como nada impide al Poder Legislativo a dictar leyes en blanco, cediendo el poder legisferante, cualquiera de los otros poderes puede depositar la potestad de completar el mandato abstracto con la especificación técnica o científica suscripta por los funcionarios idóneos de su área.

De tal forma, no cualquier uso de facultades ha de ser tenido en cuenta como delegación indebida, sino sólo aquella que sea justificada o ilegítima.

Y de suyo que la cuestionada no lo es, desde que reconoce base legal y está aconsejada por las necesidades prácticas del estado moderno, caracterizado, precisamente, por la multiplicación hasta el infinito de tareas especializadas que, de no ser descentralizadas, terminarían por paralizar su actividad administrativa.

En el caso no faltaría la voluntad integradora del Poder Ejecutivo Nacional,como tal, sino un especial encargo de complementarla dirigida a su brazo largo, el Ministerio, a la que no podría exigírsele una rúbrica final sin empujar el formulismo al grotesco.

(Voto de la mayoría del Dr. Petitto).