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Fallos de la Corte Suprema, extinción de la acción penal, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, REPÚBLICA ARGENTINA, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, torturas, muerte de un menor, responsabilidad internacional del Estado, sentencia de la Corte Interamericana, obligaciones del Estado miembro, impunidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-11-26

Si bien la Corte Interamericana toma nota de la Sentencia emitida por el Máximo Tribunal de la República Argentina -23 de diciembre de 2004-, por la que revocó la que había declarado extinta por prescripción, la acción penal instaurada contra un imputado respecto del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido en perjuicio del menor que posterior a dicha detención, murió a causa de los golpes sufridos en sede policial, resulta insuficiente en tanto transcurrieron casi 17 años desde la ocurrencia de los hechos y más de cinco desde que el Tribunal emitió Su Sentencia declarando la responsabilidad internacional del referido Estado -18 de septiembre de 2003; Serie C No. 100-, sin que los hechos se hayan esclarecidos ni determinado las correspondientes responsabilidades penales por las violaciones declaradas, persistiendo el estado de impunidad.
Prueba, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Z. de L., E. c/ B., J. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-05

Los hechos llamados a establecerse en objeto de la prueba deben haber sido introducidos por las partes en el proceso, a través de sus escritos constitutivos de demanda, reconvención, excepciones y sus contestaciones, y excepcionalmente, al alegarse hechos nuevos en primera y segunda instancia, pues para el ordenamiento procesal que nos rige el hecho no afirmado no existe.
Accidente de tránsito, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIETO JULIO JUSTINO c/ LUIS ROBERTO GOMEZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-20

Ser citada en garantía no es equivalente a ser demandada, por lo que no puede constituirse una solidaridad entre aseguradora y demandado sin respaldo en la ley de seguros, y si tampoco existe convenio entre partes. En consecuencia, las resoluciones judiciales aunque figuren como una de las fuentes de la solidaridad art. 700 del C.

Civil, es unánime la doctrina autoral que interpretando este dispositivo, señala que como la sentencia es declarativa y no constitutiva de derecho, los jueces no pueden condenar a los demandados en forma solidaria sino cuando previamente y por voluntad de partes los han establecido, art. 699, o por disposición de la ley art. 701 del C. Civil.

Siendo así, es evidente que condenar solidariamente a al compañía aseguradora, es apartarse del art. 118 de la ley 17418. Este dispositivo solamente otorga un privilegio al damnificado sustrayéndolo del riesgo de la insolvencia de su deudor y dándole incluso la oportunidad de ejecutar la sentencia contra el asegurador, en los límites de contrato de seguro art. 118 segundo párrafo de la ley 17.418.-
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ROPERO PUERTA, Ricardo E. y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-12-25

La prueba compuesta es un medio de prueba distinto de la presuncional, respecto del que no resultan aplicables los recaudos de los incisos 3ro. a 7mo. del art. 256 del C.P.P., pues de su último párrafo -que es el que la regula- no surge tal exigencia. Así es posible admitir las imputaciones extrajudiciales de los coprocesados pese a contrariar la preceptiva del inc. 7º citado por no tratarse de hechos reales y probados.
Impuesto inmobiliario, pago, impuestos, facultades tributarias
Materia: PENAL
Carátula: Sociedad Rural de Pergamino y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 2° de la ley 13.404
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-28

La disposición normativa cuestionada no persigue medir de modo directo la capacidad contributiva del sujeto obligado al pago o el margen de rentabilidad de la actividad agropecuaria en concreto, sino la condiciones naturales del predio para desarrollarlas, pues ese es un indicador objetivo del valor del bien aun cuando dichas actividades no se lleven a cabo. Por consiguiente, no se halla acreditado un supuesto de doble imposición entre este impuesto (inmobiliario rural) y el Impuesto a los Ingresos Brutos como pretende asegurarlo la actora, toda vez que este último grava el ejercicio de la actividad misma y por tanto, la base imponible se encuentra determinada por los ingresos brutos devengados durante el período fiscal proveniente de la capacidad económica demostrada por el sujeto contribuyente (conf. arts. 182 a 227, ley 10.397 t.o. resol. 39/11).(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naddaf, Rubén Alberto c/ Tatasciore, Camilo y otro y/u ocupantes s/ Desalojo por rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-22

La inejecución de un contrato no constituye por sí misma una presunción de daño en favor del acreedor, y quien demanda la indemnización por esa causa, debe acreditar fehacientemente el perjuicio que dice haber sufrido, requiriéndose que dicha prueba sea directa y apropiada. Y ello es así pues la reparación solicitada, fundada en el incumplimiento contractual, no tiene carácter de pena sino de indemnización, circunstancia por la que esta última debe medirse por el daño y no por la culpa en que hubiera incurrido el responsable; y aun probada la existencia del hecho generador de la responsabilidad y la relación causal entre éste y el daño, para poder hacer efectiva la obligación de indemnizar, es preciso la prueba del daño y su cuantía. Mientras tal prueba no se rinda, no se conocerá el objeto concreto de la reparación cuya existencia se determina por el perjuicio sufrido, debiendo el reclamante acreditar los daños y perjuicios, en tanto el menoscabo no se presume. En suma: un daño no probado no genera derecho alguno a ser indemnizado (art. 375, Código Procesal).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, asegurador, vehículos, bienes importados, destrucción total del automotor, dólares, mora, desvalorización del automotor, recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sarotto, Anibal José c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

4 - Una inteligencia diversa de las cosas presupondría desconocer la causa fin del contrato; e importaría también soslayar que, como ocurre siempre que el quantum de la suma de dinero que es debida no es fijo sino que depende de las variaciones que sufra un determinado bien o prestación -lo cual ocurre con la sola limitación implícita en la noción de suma asegurada-, estaremos ante lo que se ha dado en llamar "deuda de valor". Disidencia de la Dra. Díaz Cordero
Recurso de inaplicabilidad de ley, indemnización, ley de empleo, sentencia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Imaz, María Elvira c/ Lago Martín S.A. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-12-03

Debe prosperar el agravio del recurrente relativo a la denunciada falta de aplicación de los topes establecidos por el art. 245 de la LCT, según la redacción impuesta por el art. 153 de la ley de empleo 24013, cuestión que fuera oportunamente planteada y sometida a la consideración del grado sin merecer pronunciamiento en particular, cuando, como en el caso, el fallo recurrido no aclara cuál es, o pudiera ser, el convenio de aplicación, ni determina la eventual categorización de la trabajadora a la luz del mismo, ni describe los topes que pudieran terciar en la liquidación del rubro, con arreglo a las escalas salariales a las que remite la normativa, sino que al efectuar el cálculo del monto indemnizatorio sólo refleja una operación matemática circunscripta a la multiplicación de los años de servicio por el monto del salario mensual.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Depetris, Sergio Oscar c/ Frigorífico Iguazú s.r.l. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

La sentencia debe ser congruente con los temas que integran el "thema decidendum", es decir no deben ser dictadas "ultra petitium";

ni "extra petitium", ni "citra petitium", configurándose este supuesto cuando se omite resolver sobre las pretensiones u oposiciones que deben ser materia del fallo o fuera de ellas.-
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, Ana c/ Castro, Juan y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

La doctrina según la cual basta acreditar "prima facie" el carácter de poseedor para descartar la vía del proceso de desalojo, fue edificada bajo el antiguo Código Procesal (ley 2958) que estructuraba un juicio de desalojo que, si bien se encarrilaba a través de un proceso de conocimiento, era breve y reducido, "que no servía como caja de resonancia para figuras jurídicas complejas que requieren para una solución justa, un debate mayor que el permitido, por la reducida órbita del proceso sumario del art. 602" de aquel código, hoy derogado. Mas en la actual legislación de formas dicho juicio ha de tramitar de conformidad al procedimiento establecido para el juicio sumario (art. 676 del CPCC) y en consecuencia cabe exigir la cabal acreditación de la posesión invocada.
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, modificación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Chen, Xunzhong s/ Incidente de prescripción de la acción penal de
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20

En relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.990, corresponde señalar que la misma no sólo ha sido dictada válidamente, es decir mediante los procedimiento constitucionales, y en uso de las facultades conferidas al Congreso de la Nación, sino que además reúne las exigencias de eficacia para ser considerada consecuentemente una norma integrante del ordenamiento jurídico vigente (in re causa nº 26.791 "Saenz Briones", rta. 15/9/05).

Por otra parte, conforme lo sostuviera esta Alzada con anterioridad: "De la propia esencia del concepto de prescripción, se desprende que existe un derecho fundamental -constitucional- a obtener justicia en un plazo razonable y el Estado a los efectos de salvaguardar ese derecho decidió por cuestión de política criminal autoimponerse un límite temporal determinado para ejercer su poder punitivo, y el canal por el cual lo realiza es a través de una herramienta jurídica que es la prescripción de la acción." (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El riesgo creado con la circulación de automotores constituye un ejemplo de los peligros que hace surgir el maquinismo de nuestros días. Felizmente, la amplitud de miras del legislador y la maravillosa previsión que ha tenido al sancionar esas normas (aludía a los entonces arts.1113 y 1133 C.Civil) permite que en torno de ellas... se construya toda una teoría de responsabilidad objetiva y en base al riesgo creado.
Accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: BARRETO, MARIO c/ GUILLERMO DECKER S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Sin perjuicio de lo establecido por la CSJN en el caso Gorosito c/ Riva SA del 1/2/02, y acatando dicha doctrina en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, correspondería poner de manifiesto que para proceder a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos resulta necesario evaluar previamente y corroborar que se produzca en la especie una evidente desproporción entre la reparación brindada mediante el sistema creado por la ley citada y la que correspondería en caso de no aplicarse tal normativa. (Del voto del Dr. Balestrini).
Jubilaciones, trámite jubilatorio, inicio de trámite, aportes previsionales, período de inactividad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ruidiaz, José Luis c/ ANSES s/ impugnación fecha inicial de pago.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

Cabe revocar la sentencia que desestimó la demanda dirigida a lograr la modificación de la fecha inicial de pago del beneficio jubilatorio, pues la demora en iniciar las tramitaciones previsionales no puede producir otras consecuencias que aquellas previstas en la ley para la liquidación de los haberes retroactivos- en el caso, el afiliado presentó la solicitud en demanda de la jubilación sin que hubiese dejado transcurrir el lapso de un año de inactividad previsto en el segundo párrafo de la ley 18.037 para que cesara la obligación de ANSES de pagar las mensualidades acreditadas a su favor desde el mismo momento en que adquirió su derecho-.
Desindexación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortellado, Francisco Ramón c/ Eriday UTE s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-18

No se ha invocado concretamente, en qué forma y por qué motivo puntual, el régimen de actualización de la indemnización del daño fijado en sentencia, resultó distorsionado para configurar el supuesto contemplado por la ley 24283. Por lo que no estando invocados con precisión los extremos de hecho susceptibles de configurar el supuesto de la ley invocada, esta Sala se halla impedida de entrar a la consideración de este agravio formulado tan sólo en términos genéricos.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nugarese, Francisca c/ Arrieta, Benjamin s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Si bien la vida es un valor supremo sólo lo tiene en sí mismo para la persona que ha sido lesionada o incapacitada, pero no para el muerto. En este caso ha dejado de ser sujeto de derecho, no es persona, y no puede reclamar daño alguno. Tiene, entonces, su vida valor económico para alguien en cuanto desaparece lo que producía y aportaba bienes, dinero, ayuda, etc. y todo lo que signifique apoyo material que afecte a un tercero legitimado para reclamarlo.-
Sentencia arbitraria, sentencia absolutoria, apreciación de la prueba, estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Miranda, Juan y otros s/ p.a. infracción ley 20.771 - Causa n. 1705/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Es arbitraria la sentencia que absolvió libremente de los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes considerando la prueba en forma fragmentaria y aislada.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: Tinnirello, Enrique E c/ Consorcio propietarios calle 69-690 s/ Cobro indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-21

El consorcio de propietarios reviste el carácter de sujeto de derecho, toda vez que en la propia economía de la ley 13.512 el fenómeno asociativo de que se trata es erigido en centro común de imputación de las relaciones jurídicas inherentes al grupo.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, corrupción del funcionario público, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos S.A. y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

En principio, la administración pública no es responsable cuando el funcionario obra a título puramente personal, al margen de la función, y en exclusivo provecho propio (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruchelli, Raúl A. y Beveraggi de la Rúa, Walter c/ Ceamse s/ Inc. de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La decisión de la Cámara que deniega el pedido de levantamiento de embargo sin tercería no reviste carácter definitivo desde que queda abierto al interesado la deducción de la tercería (art. 104, C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Patente del automotor, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: SERANTES, Rafael. s/ ART. 277 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-12

Aun cuando las chapas patentes de los vehículos son expedidas por el Registro de la Propiedad Automotor, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, esa sola circunstancia no lleva a considerar tales elementos como instrumentos públicos. Las marcas, los signos, las contraseñas, no son documentos en el sentido jurídico penal. La adulteración de la chapa patente puede eventualmente encuadrar en la figura específica del art. 289, inc. 1, C.P., o bien en su caso en el delito de encubrimiento, 277, C.P., en la medida en que las constancias lleven a sostener que los imputados pudieron haber recibido el auto en esas condiciones.
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, mora del vendedor, boleto de compraventa, falta de inscripción del loteo
Materia: CIVIL
Carátula: CERVINI LUIS C. Y OTROS c/ JIMENEZ JULIO E. Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

La falta de inscripción del boleto de compra venta en los términos del art. 4 de la ley 14.005 no acarrea por sí sola la mora del vendedor, ya que dicha ley también autorizaba a hacerlo al comprador (conf. Sala B, L. 2663 del 23/2/84; íd. L. 2632 del 3/2/84; íd. L.

288.306 del 9/3/84; íd. L. 5910 del 6/9/84).
Empleados públicos, licencia por enfermedad, prueba, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, María Gabriela c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 782-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

En principio, aceptar -sin intervención de los órganos administrativos competentes- la presentación de certificados médicos particulares con posterioridad a las inasistencias, implicaría poco menos que investir al agente de una potestad -otorgamiento o concesión de licencias- cuyo ejercicio naturalmente le corresponde a la Administración mediante sus órganos específicos. En este sentido los certificados médicos privados no son en principio aptos para suplir el trámite que ineludiblemente debe cumplir el agente.
Prueba, apreciación de la prueba, jueces, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROLDAN, JUAN CARLOS Y OTROS c/ CELULOSA ARGENTINA SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  AUSTRALES (CSJ EXPTE N. 466-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-27

La apreciación de la prueba agregada a los autos constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria.
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, suspensión de despidos, período de prueba, emergencia sanitaria, coronavirus, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Muñiz, Carlos Gabriel c/ Seguridad Integral Empresaria S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Corresponde revocar la medida cautelar que había dispuesto la reinstalación en el puesto del trabajador que había sido despedido al finalizar el período de prueba durante la vigencia del DNU 329/2020, dado que la extinción del contrato de trabajo decidida unilateralmente por el empleador no se asimila al despido incausado, sino que se trata de un modo de extinción autónomo que se configura por la operatividad del plazo suspensivo, cierto y determinado por el art. 92 bis LCT, y la estabilidad reforzada otorgada por la normativa de emergencia no había sido adquirida por el empleado porque no llegó a cumplir el plazo señalado por el artículo citado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, despido indirecto, abandono de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Becchio, Raíl V. s/ QUEJA  EN:'BECCHIO,  RAúL  VíCTOR C/ KUCICH, OMAR DOMINGO S/ RECLAMO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-17

Determinar si existió despido indirecto o abandono de trabajo, son cuestiones de hecho, propias del mérito e irrevisibles en el recurso de casación, salvo absurdo.
Juegos de azar, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255' de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

Si la Ciudad de Buenos Aires cesara de ser capital de la Nación, cosa que podría ocurrir por decisión del Congreso, desaparecería la restricción relativa a la garantía de los intereses del Estado Nacional prevista en el segundo párrafo del art. 129. ¿Qué poderes detentaría la Ciudad en ese supuesto Cualquiera sea la condición jurídica que se reconozca a nuestra ciudad, es indudable que el constituyente reconoció a sus vecinos la de cuerpo político, dotado no solamente de facultades legislativas y jurisdiccionales, sino también constitucionales propias, a saber, dictar el "estatuto organizativo" de sus instituciones. Poco importa el nombre de la obra en tanto queda claro que ese poder de los ciudadanos de Buenos Aires consiste en fijar, con un rango jerárquico superior a la ley, las reglas conforme a las cuales los poderes legislativos y jurisdiccionales propios son puestos en funcionamiento.
Transacción, contrato de obra pública, derecho público, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

No es lo mismo una transacción privada que una transacción celebrada entre la Administración (Provincia) y un particular (empresa Contratista) destinada a extinguir una "obligación litigiosa" basada en un contrato de obra pública y en un proceso contencioso administrativo, toda vez que en la transacción no aparece el Estado, en ejercicio de funciones públicas que le competen, suscribiendo un acuerdo de voluntades para satisfacer necesidades de aquel carácter como es fundamental en un típico contrato administrativo. No aparece perfilada nítida y necesariamente la figura de un contrato, sino más bien la de un convenio o acuerdo transaccional de Derecho Público, figura con la cual se podrían superar las dificultades que se presentan y evitar las confusiones en que a menudo se incurre equiparando un instituto de Derecho Privado con uno que se realiza íntegramente en el ámbito del Derecho Administrativo.