marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, principio de congruencia, empleados públicos, exoneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CHIODIN, GERARDO OSCAR DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 220 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-07-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que el Tribunal fundó la improcedencia del recurso contencioso administrativo en un hecho que no le fue imputado al recurrente durante la sustanciación del sumario administrativo, resultando evidente la falta de identidad entre las cuestiones propuestas por las partes y lo decidido por la Cámara al confirmar el acto administrativo de exoneración con un fundamento distinto al expuesto por la Administración.

Tal conclusión violenta el principio de congruencia, al no encontrar correspondencia con lo planteado en la demanda, en la contestación y asentarse en una imputación que -como sostiene el recurrente- no le fue atribuida por la Administración.
Excusación, cónyuge, demandado, patrocinante
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Credifor S.R.L c/ Balderrama, Carlos Alberto s/ juicio ejecutivo- inc. art. 31 del C.P.C.C. oposicion de la excusacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-13

Es improcedente el pedido de excusación con fundamento en que el cónyuge de la magistrada es letrado interviniente en los procesos en que la firma accionante es parte, puesto que la causal invocada en orden a lo normado por los arts. 17, inc. 1º, y 30 del CPCCn se refiere exclusivamente a la relación del juez con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados, no siendo viable el apartamiento del juez natural de su causa, si no acredita que dicha situación se ha planteado en forma concreta en alguno de los procesos en que actúa, debiendo demostrar asimismo, en forma objetiva, que en relación a esa causa en particular se encuentra afectada su imparcialidad por alguno de los motivos que la ley contempla.
Notificación por cédula, cédula de notificación, plena fe, redargución de falsedad, oficial notificador
Materia: PROCESAL
Carátula: BELGARETO PAULA LILIANA c/ ESTADO NACIONAL s/ INCIDENTE DE REDARGUCION DE FALSEDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Para restar a las manifestaciones insertas por el oficial notificador en la cédula que diligencia, la fuerza de convicción que les confiere el art. 993 del Código Civil, no son suficientes las meras afirmaciones en contrario del impugnante o las de un tercero (cfr. Colombo, C. J. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado" 4ta. ed., T. I, pág. 265, texto y jurisp. cit. en notas 188 y 190); por el contrario, como en toda redargución, la falsedad del respectivo instrumento debe quedar acabadamente demostrada por quien la sostiene (cfr. Palacio-Alvarado Velloso "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 8, pág. 205; Morello, A. M. y otros "Códigos Procesales Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T. V-A, pág. 465).
Caducidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salgado, Rodolfo c/ Polleschi, Aldo Julio César y otros s/ Disolución y liquidación de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La caducidad puede ser declarada de oficio.
Reordenamiento del sistema financiero, inconstitucionalidad, pesificación, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: "Unión  del  Personal  Civil de la Nación (UPCN) c/ PEN Ley 25.561Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-17

Dado que el decreto 471/02 forma parte integrante del bloque de legalidad instituido por el decreto 1570/01, la ley 25.561 y el decreto 214/02 declarado inconstitucional por esta Sala en cuanto, implicó la imposibilidad por parte de los ahorristas y depositantes del sistema financiero de disponer libremente de sus acreencias ("Muratorio, Marcelo Luis c/EN. PEN Dto. 1570/01 y otros s/amparo ley 16.986", del 07/08/02, y "Defensor del Pueblo de la Nación c/EN PEN Dtos. 1570/01 y 1606/01 s/amparo ley 16.986", del 13/9/02), corresponde también declarar su inconstitucionalidad. (Consid. IV).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, servicios de vigilancia, propiedad horizontal
Materia: LABORAL
Carátula: SENA, MARTIN SEBASTIAN c/ CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

Si bien la seguridad hoy día es un elemento de importancia para un consorcio de propietarios, ello no implica calificar tal tarea como normal y específica de aquel. Por el contrario, se trata de una típica actividad accesoria y conceptualmente escindible, ya que no conforma una unidad técnica de ejecución entre la misma y su contratista pues, de hecho, podría no prestarse y en nada afectaría al funcionamiento esencial del edificio, lo que impone desechar la aplicación al caso de las disposiciones del art. 30 L.C.T.. (Del voto del Dr. Pesino, en minoría).
Prueba compuesta, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Hector y Ots. s/ Robo agravado y Estafas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Ocurre que la prueba es insuficiente para fundar la condena,si se cuenta como único elemento de cargo con el reconocimiento en rueda realizado por uno solo de los damnificados,cualquiera sea lo que se desprenda de una convicción libremente formada; ya que el régimen de pruebas tasadas impone en ese sentido férreas limitaciones que se hace menester respetar.
Recurso extraordinario, incapacidad, incapacidad absoluta
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra,  Samuel c/ Empresa  Línea  216  Sociedad  Anónima  deTransporte y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que admitió el reclamo por incapacidad absoluta es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Onega, Sergio c/ Pereira, Claudio s/ Daños y perjuicios Alfano, José c/ Canggianelli, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27|2001-09-25

Corresponde otorgar eficacia probatoria a la absolución de posiciones, sólo cuando en ese acto de confesión realizado con cumplimiento de todas las exigencias formales (art. 402, 407, 408, 409, 415 del Cód. Procesal Civil) la parte absolvente da respuestas que le resultan desfavorables y por contrapartida, le son favorables a la parte contraria (arts. 384, 421 del Cód. Procesal), sustentada la apreciación en base a las reglas de la sana crítica (art. 384 Cód. cit.).
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia, intereses, criterio de razonabilidad, realidad económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CEJAS, ANGEL LUIS c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

La Cámara, al decidir como lo hizo, se distanció sustancialmente de las pautas fijadas por esta Corte en "Olivera" y por el Máximo Tribunal nacional en "Bonet" para la determinación de los accesorios, al omitir una debida fundamentación con apego al caso concreto y a la realidad económica imperante, en el marco de razonabilidad y proporcionalidad que le es exigible a la función judicial; asimismo, al definir la nueva tasa aplicarse, el A quo sólo mencionó entre paréntesis ciertos precedentes suyos como fundamento de su elección, y de este modo se apartó de lo sostenido por este Cuerpo en cuanto a que la remisión que formula la Cámara a las consideraciones vertidas en otra causa no está seguida de las contingencias de hecho y procesales de cada una de las controversias de manera tal de poder trazar la analogía pretendida y ello per se le resta validez constitucional a la argumentación per relationem propuesta por la Sala; al menos, una mínima referencia al caso en estudio debía efectuarse a fin de fundar la remisión al precedente. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos 342:162; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.
Acción de amparo, competencia
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRERA, ADRIANA V. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-01-15

Este STJ es competente para decidir en un amparo toda vez que por aplicación del art. 4 de la ley 16986 esa competencia está localizada en el lugar en que el acto se exteriorice o pudiera tener efectos.-
Prueba documental, libros de comercio, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: ADVANCE LINE  S.A. c/ MARIO MUÑOZ s/ PRUEBA DE LIBROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-31

Las constancias previstas en libro sin rubricar no carecen de todo efecto probatorio sino que puede dárseles valor como elemento corroborante de las demás constancias de la causa.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, acumulación de procesos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. nº 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

La posibilidad de fraccionar la continencia de la sentencia luego de haberse ordenado la acumulación de los procesos para ponderar -de cara a los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación ordinaria- aisladamente la cuantía originaria de cada demanda, no aparece autorizada en la ley procesal ni tiene fundamentos jurisprudenciales ciertos.
Acción de amparo, medicina prepaga
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MIRANDA Maria Eugenia c/ Docthos Swiss Medical s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-08

La ley 24.455 que impone a las obras sociales la obligación de incorporar como prestaciones obligatorias los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos y los que padecen el SIDA y/o enfermedades intercurrentes, ninguna distinción efectúa respecto de los afiliados, por lo que la obligación legal impuesta por dicha norma debe entenderse que es con relación a todos cualquiera sea el tipo de vínculo establecido o condiciones de contratación. No obstante en el caso de los asociados voluntarios, su situación se asimilaría a los supuestos de medicina prepaga en el cual la obligatoriedad de dicha prestación está impuesta por la ley 24.754.

La norma contenida en el art. 1 de la ley 24.754 es imperativa y, en consecuencia, de orden público, categorización que, como tal, es aplicable a ambas partes, empresa y asociado. De ahí que, si bien la institución médica debe cumplir con las exigencias impuestas en el programa médico obligatorio, no puede obligársela a asumir prestaciones o erogaciones que excedan las pautas contenidas en la cobertura y el régimen de la ley citada.

Cobertura de tratamiento médico obligatorio resulta competente la Justicia Civil y Comercial Federal para intervenir en la acción de amparo contra una empresa de medicina prepaga que se habría desentendido de prestar cobertura al tratamiento médico que dice necesitar el accionante a fin de mejorar una afección neurológica. Ello por cuanto, se encuentran en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional al establecer la Prestación Médica Obligatoria que involucra tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas de servicios médicos.
Prisión preventiva, parricidio, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: L. Y. A. y K. D. K. s/ Homicidio y homicidio agravado por el vínculo -art. 45, 79, 80 inc. 1º, del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-17

Debe decretarse la prisión preventiva del imputado en orden al delito de homicidio y homicidio calificado por el vínculo, acusado de matar, junto a su novia, a su madre y a su padrastro en el interior de la vivienda familiar que todos compartían, deshaciéndose de los cuerpos, descuartizando e incinerando los mismos, pues vale destacar que aquel fue distinguido por el ferretero indicado como quien días previos comprara hachas y machetes; fue asimismo encontrado en tenencia de un arma de fuego concluida luego como apta para producir disparos; fue observado por los vecinos y por la policía actuante produciendo un fuego de gran magnitud el cual, a más de ello, emanaba un olor nauseabundo a criterio de los vecinos del lugar, elementos estos que condicen con el hallazgo de un cuerpo carbonizado establecido en la finca.
Inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio, salidas transitorias, interés superior del niño
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alvarez, Gonzalo H. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la resolución que no hizo lugar a las visitas domiciliarias del encausado a su hija toda vez que la defensa no ha logrado confutar lo decidido por el tribunal, tanto más, cuando el pedido formulado por el interno como de "régimen de visitas domiciliarias" no tiene cauce en la normativa invocada -art. 166 de la ley 24.660-, ni se verifican, y menos aún se ha invocado, alguno de los supuestos excepcionales allí previstos para considerar la posibilidad de una autorización de salida. Así el a quo entendió que "Del análisis de la situación descripta en los informes reseñados precedentemente, concluyo que lo dispuesto por el artículo 168 de la ley 24.660 en cuanto establece que "Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento deberán ser facilitadas y estimuladas." se encuentra cumplido.", y que ".las necesidades de la niña G.G.G. en relación al contacto con su padre se encuentran satisfechas.ello sin desconocer las lógicas consecuencias psicológicas y emocionales que genera en los niños la situación de encierro de su progenitor, que, de ninguna manera supone una vulneración de sus derechos inalienables consagrados convencionalmente -Interés Superior del Niño-.".
Relación de consumo, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ianni, Ariel Fernando c/ BMW Argentina S.A. y otro s/ Cumplimiento de contratos civiles-comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario".
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, resolución administrativa, nulidad del acto administrativo, prueba, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: PABLO PANEBIANCO Y OTRO c/ D.G.I s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

Corresponde a la administración oír al administrado y llevar a cabo las medidas de prueba que sean conducentes para determinar la realidad efectiva de los hechos, produciendo no sólo las que ella estime procedentes sino también las que el particular propone en su defensa. Con ello se garantiza tanto el derecho de defensa de éste, como una mayor racionalidad y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse, una información más amplia y completa. Posteriormente, sobre la base de todas las constancias arrimadas a la causa, el órgano administrativo deberá dictar la resolución que fundadamente ponga fin al procediento administrativo y habilite la vía judicial pertinente.

En consecuenca, cabe decretar la nulidad del decisorio administrativo que desestimó, por carecer de fundamento, el escrito de impugnación, teniendo por consentida la deuda, y devolver las actuaciones al organismo para que sustancie las medidas de prueba ofrecidas por el recurrente y las que estime necesarias para el total esclarecimiento de los hechos que se plantean.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: MONTAÑO BARRIOS, Carlos s/ auto de procesamiento, Causa nro. 27.080
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-24

No basta para acreditar finalidad de comercialización la sola cantidad de la sustancia incautada sino que además las vinculaciones indispensables con el tráfico de estupefacientes, es necesario para considerar la ultraintención que requiere el tipo, ciertas condiciones de modo y lugar, todo ello con el grado de probabilidad suficiente requerido por el estado procesal por el que se transita.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia no firme, sobreseimiento, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONTEPOMI, GABRIELA LILIAN c/  s/ ENCUBRIMIENTO AGRAVADO-APELACION  DE SOBRESEIMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

La revocación de un sobreseimiento por parte de la Cámara no encuadra en ninguna de las hipótesis que, conforme el criterio sentado por este Tribunal habilitan la interposición de una apelación horizontal ordinaria para que la decisión sea revisada por otros integrantes de la Alzada, por cuanto no reviste el carácter de sentencia definitiva, ni es un auto procesal importante, por no causar un gravamen irreparable. Y si bien es cierto que en relación a la vía extraordinaria se han admitido excepciones a dicha regla -cuando con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior-; no se vislumbra que el caso analizado encuadre en alguna de ellas, por cuanto no se advierte que se halle comprometida de manera actual la libertad ambulatoria de la encartada, ni que se configure un supuesto de restricción o menoscabo al ejercicio de algún derecho de los que esta Corte ha admitido para sortear la falta de definitividad referida. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1667; 310:1486; 312:573, 575, 577 y 1503; 314:377 y 657; 316:341, 1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61; T 159, p 28.
Empleado de empresa periodística, período de prueba, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA, RICARDO OSCAR c/ SA. LA RAZON s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-30

El período de prueba a que están sometidos los empleados administrativos de empresas periodísticas corre aún cuando la prestación del dependiente se encuentre suspendida a raíz de un infortunio laboral.
Contrato de trabajo, indemnización, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Carmen Adela c/ Delgado, Hugo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-11-28

Para la percepción de la indemnización reclamada, la del artículo 8, no es requisito previo la extinción de la relación de trabajo, tal como lo establece el artículo 14 de la ley citada. Ante la intimación del empleador no puede guardar silencio ni obligar al trabajador a esperar 30 días, para dar por extinguido el vínculo para hacerse acreedor a las multas previstas por ley 24013, por que dicho silencio importa una clara intención de no regularizar su situación laboral.
Competencia electoral, Cámara de Diputados, ingreso a la función pública, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

El control de la justicia electoral no obsta a que la Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 64 de la Constitución Nacional, emita un juicio sobre la idoneidad de aquellos que pretendan su incorporación a ese cuerpo legislativo (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Enrique Santiago Petracchi). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Cheque, cheque de pago diferido, apertura de cuenta corriente, apertura irregular, culpa concurrente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pesquera Santa Cruz  S.A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

La aceptación de cheques posdatados, recibiéndolos de una desconocida a quien de esta suerte concedieron un crédito, es un comportamiento que asume relieve en la concatenación causal del evento dañoso, aunque este se haya visto facilitado por el instrumento -libreta de cheques- que generó una apariencia de relativa confiabilidad. Al consentir que se desvirtuase de esta suerte la función del cheque, no ignoraban que dicho título no permitía suponer la existencia de provisión o la autorización para girar en descubierto, sino antes bien, sabían que estaban concediendo un plazo para pagar a una persona de quien no tenían referencias y con quien no habían mantenido relaciones comerciales y que no disponía de medios para el pago en el momento de librar las órdenes de pago; tal reconocimiento va implícito en la posdatación, pues importa una declaración del librador sobre la carencia de provisión y una promesa de tenerlo en la fecha que ha puesto el cheque. Al aceptar tal operatoria no hicieron más que permitir mayor margen temporal para la actuación del ribaldo, asumiendo un riesgo extraordinario en los negocios, respecto de una persona cuyo crédito y solvencia patrimonial ingnoraban y que en la medida de tan insólita ligereza no pueden hacer recaer en la demandada.

Si bien es cierto que si el comprador no hubiera tenido un cheque librado por un cuentacorrentista que la logró, en forma irregular, la operación no se hubiera realizado, no lo es menos que si la actora se hubiera preocupado de hacer las averiguaciones correspondientes, o, hubiera obrado con prudencia ante los informes sobre el comprador tampoco se hubiera concretado.

Consecuentemente se trata de un supuesto de culpa concurrente.