Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, defensa del consumidor, relación de consumo, declaración de incompetencia, competencia comercial, jueces
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Tacla, Franco y otro c/ Bertucci, Angel Emilio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Cabe confirmar la resolución mediante la cual el Sr. Juez a quo se inhibió para el conocimiento de la causa al amparo de las preceptivas de la ley 24240 y la doctrina emanada del fallo plenario por autoconvocatoria de esta Cámara del 29/6/11. Cabe apuntar que la cuestión relativa a la aplicación al caso, de la ley 24240 resulta sucedánea de un prius lógico, cual es la subsunción de las circunstancias que sostienen la acción a la casuística prevista por el art. 3 del referido ordenamiento. Y al respecto, se aprecia innecesario ahondar sobre los diversos alcances esbozados en la doctrina legal fijada con fecha 29/6/11 in re "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios que se invoquen involucrados derechos de los consumidores", ya que lo dirimente en la solución del caso lo constituye el criterio unívoco que se sostiene en cuanto a la posibilidad de desvirtuar aquella presunción (v. gr. que el vínculo que subyace al libramiento de un título cambiario se encuadre en una operación de crédito para el consumo regido por la LDC 36) a partir de la configuración de ciertos aspectos fácticos en el trámite. Vinculado con este punto, esta Sala ha juzgado que las meras manifestaciones del ejecutante, sin apoyatura probatoria resultan inidóneas a tal fin (cfr. 29/9/11, "Reino SA c/ Maldonado Pedro Nolasco y otro s/ ejec."). Ahora, pese a que en el caso las aseveraciones formuladas en el memorial aparecen huérfanas de corroboración documental, no puede desatenderse el hecho que la consulta en el sistema informático da cuenta que los actores iniciaron una causa ejecutiva durante el año 2020 y seis causas ejecutivas durante el año en curso, lo que podría denotar habitualidad en la realización de servicios financieros y de crédito por su parte. Ello así, sumado a que el ejecutado resulta ser una persona humana respecto del cual en el escrito inicial se peticionó un embargo de haberes, lo que conlleva a presumir que se desempeña bajo relación de dependencia, desvirtuando con ello toda posibilidad de inferir que el crédito objeto de controversia tenga destino comercial. Atendiendo tales particularidades, la relación aparece presumiblemente subsumible en la calificación de relación de consumo (consumo financiero o crédito de consumo) sin que se hubieren aportado elementos probatorios en contrario, más allá de las meras manifestaciones formuladas en el memorial de agravios; por lo que ineludiblemente a criterio de esta Sala, la actividad de los actores queda comprendida en el ámbito de la relación de consumo definida en la LDC 3 (cfr. esta Sala, 19/6/12, "Taller Paso de Burgos SRL c/ Rodriguez Alberto y otro s/ ejecutivo", íd. mutatis mutandi, 22/11/12, "Medinas Francisco Enrique c/ Kotrrba Jorge Omar s/ ejecutivo", íd. esta Sala, 3/10/13, "Mantel Alberto Daniel c/ Desimone Pascual s/ ejecutivo"). A partir de ello, se encuentra habilitada la declaración de oficio de la incompetencia territorial con fundamento en lo dispuesto en la LDC 36.