marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de tratados internacionales, cuestión de derecho público local
Materia: PROCESAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Si bien la corte local concedió el recurso extraordinario federal por hallarse en juego la interpretación de normas de naturaleza federal -Convención de Nueva York de 1958- materia que, en principio, daría lugar a la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48, en rigor su aplicación no ha sido controvertida por las partes sino que, antes bien, todas las cuestiones planteadas por la apelante remiten al examen de circunstancias relacionadas con el derecho público local de la provincia y con aspectos fácticos y procesales del juicio, los cuales resultan ajenos, en principio, como regla y por naturaleza a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre la arbitrariedad del pronunciamiento (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Acción de amparo, jubilaciones, docentes, horas cátedra, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-08-06

La acudente fue jubilada como maestra de grado-Nivel Primario-, y también se desempeñaba como Docente de Nivel Medio. La Resolución del Ministerio de Cultura y Educación que ataca por vía del amparo ante la Cámara Civil, dispuso la baja de la amparista jubilada en las referidas horas cátedra, en cumplimiento de las disposiciones de los decretos 034 y 815, ambos del año 1996. Ante esta situación, la docente se agravió y dedujo oportunamente amparo ante la Cámara Civil.

Los Decretos cuestionados, están poniendo un límite lógico a una situación de gravedad presupuestaria y de reorganización administrativa. Es decir que no esta imponiendo una cesantía -baja en el lenguaje de la amparista- y puede ser una forma de culminación o de finalización de la relación de empleo, pero de ningún modo puede ser confundido con otro modo de finalización de tal relación como es la cesantía; pues aquella en la acepción utilizada por la sentencia, es producto de la aplicación de un régimen disciplinario que para garantizar la garantía de la defensa en juicio, debe instrumentarse mediante sumario. Y otra cosa distinta -instituto absolutamente diferente-, es la incompatibilidad que es de lo que se trata de acuerdo a la Exposición de Motivos del Decreto 034/96.

Lo que se discute en autos no es una cesantía; y si no lo es, no se ha violado la defensa ni se ha lesionado la estabilidad. De lo que resulta así menoscabado el Principio de identidad que por este motivo, también hace devenir arbitraria la sentencia de marras (resolución haciendo lugar al amparo y disponiendo la reincorporación de la docente en el cargo y horas cátedra).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, actos interruptivos, declaración indagatoria, secuela de juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: R., M.O. s/ Hurto a L., G.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-26

Tienen efecto interruptor de la prescripción aquellos actos procesales concretos de impulsión del procedimiento en lo que respecta a la acción penal. Ingresarán en tal categoría los que tienen a su cargo la imputación, regulación y resolución de la acción penal, debiendo rechazarse los actos de mero trámite o normales del proceso y aquéllos que efectúa el procesado o la defensa técnica. Dichos actos son aquéllos por los cuales se expresa la inequívoca voluntad del Estado de reprimir al delincuente, actualizando la pretensión punitiva del mismo. En este orden de ideas, ha de consignarse -en contraposición con anteriores pronunciamientos de este Cuerpo- que no reviste tal carácter el llamado a prestar declaración indagatoria.
Facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Bencharsky Andrés Hugo y otra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-11-07

A los jueces de grado no les es obligatorio el examen en su sentencia de todos los elementos probatorios, pudiendo los mismos dejar de lado los que entiendan que no modificarían el fallo, con tal de no caer en el absurdo, o en incongruencia.
Contrato de trabajo, empleo público, aplicación de la ley, ley de contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Petrone,  Rosana  y  otro c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  cont.  del  Int.  Municipal  de  Obra  Social s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

La ley 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula la relación de empleo píblico en dicho ámbito. Esta norma a la vez que dispone su aplicación al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, expresamente establece que el régimen de la  ley 20744  (t.o.1976) no es aplicación a los trabajadores comprendidos en la aludida ley local (art. 4). Por consiguiente, si la propia demandada reconoció al contestar la demanda que no existe nombramiento administrativo a favor de las actoras, cabe concluir que no están comprendidas en el ámbito de aplicación personal de la Ley de Empleo Público de la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, no hay impedimento normativo para que se aplique la citada ley nacional.
Tasa de justicia, monto indeterminado, cancelación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Infracom SA c/ Cooperativa de Servicios Eléctricos Obras y Servicios Públicos Asistenciales y Créditos Vivienda y Consumo de Darregueira Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Debe considerarse insuficiente la tasa de justicia para cuya determinación no se haya adoptado -como base imponible- el capital más los intereses reclamados en el escrito de inicio (devengados desde su dies a quo), ya que ello es insoslayable en virtud de lo prescripto por la ley 23898: 4 inc. "a" (CNCom, Sala B, in re: "Comba Daniel c/ ABN Amro Bank y otro s/ Daños y perjuicios s/ incidente de pago de tasa de justicia " del 14.9.06).
Falso testimonio, retractación
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Alicia M. s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

El falso testimonio es un delito formal y de peligro abstracto, no teniendo en nuestro derecho significación jurídica alguna la retractación. Así también lo ha entendido nuestra Jurisprudencia "...el falso testimonio es un delito formal que se perfecciona en el momento de prestar la declaración, por lo que la posterior retractación no hace desaparecer el delito..." (C.C. La Plata, 16-10 -69, J.A. res. 1970-342).
Peritos, designación de perito, perito tasador, plan para la vivienda, escrituración
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAOZ, RAMONA c/ CMV s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

No es menester la designación del perito tasador que se requiere, toda vez que en este tipo de procesos por escrituración de unidades que han sido enajenadas respondiendo a planes sociales de vivienda, no es estrictamente aplicable el procedimiento establecido en los arts. 23 y 32 de la ley 21839.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, derecho a la vivienda digna
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUBILLA  PERALTA  MARY  Y OTROS c/ COOPERATIVA DE VIVIENDA CRED. YCONS. EMERGENCIAS LTDA. S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Cuando, como en el caso, ante la rescisión del contrato de comodato precario relativo al inmueble que ocupan los actores perteneciente a la cooperativa demandada los amparistas pretenden el dictado de una medida que disponga no innovar respecto de la decisión adoptada mediante asamblea llevada a cabo en el ámbito de la accionada, mediante la cual se les adjudicó una vivienda y como consecuencia de ello, peticionan en defensa de la vivienda y de las familias que las ocupan; bajo tal amparo interpretativo y en el contexto fáctico señalado, se estima que la situación en la que podrían encontrarse los recurrentes es merecedora de protección cautelar, más allá de la ausencia de algunos elementos de conocimiento, como ser algún documento que avale el permiso que les habría otorgado la anterior Presidente de la Cooperativa para ocupar los inmuebles.

Ciertamente en el caso, en tanto involucra derecho de rango constitucional como es el de tener vivienda, no cabe cuestionar la implicancia que adquiere para todo ser humano la posibilidad de acceder a la misma, sean los amparistas o quienes fueron asignados en la Asamblea cuestionada. Con lo cual se estima que el pronunciamiento a emitir en esta instancia cautelar, debe ponderar cual de las dos partes sufriría un perjuicio mayor. En esa inteligencia, estímase que los amparistas se encontrarían en situación de mayor riesgo al tener que abandonar las viviendas que ocupan, frente a aquellos otros asociados que aún no han accedido a la misma. Así, pues, y durante el tiempo que demande el trámite de este juicio, procede otorgar la medida de no innovar solicitada. Ahora bien, se impone la prestación de una contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la cooperativa, la que habrá de fijarse en $ 5000.
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Santa Ana Misiones. s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-02

En la forma de competencia especial del art. 149 - Ley 257 en la nueva redacción de la Ley 2957, se advierte que es de estructura compleja ya que por una parte se refiere a los sujetos y/o a los supuestos que hacen viable la promoción de la acción (Intendente Municipal, Presidente de Comisiones de Fomento o Concejal, que fueran destituidos o impedidos de entrar en el desempeño del cargo), por una parte, y por la otra el órgano del Poder Judicial (Superior Tribunal de Justicia), el plazo y facultades procesales, limitadas y específicas que se le confieren para la resolución del caso.

En la especie, aún cuando se trataría de uno de los sujetos legitimados (concejal) referido en la norma y en extensiva interpretación a uno de los supuestos contenidos en ella, (impedido de entrar).

No se dan los recaudos ni circunstancias procesales que se mencionan en la segunda parte del Art. 149 ni intervención o participación de Comisión investigadora alguna a que hace referencia la 2da. parte del mencionado artículo, con lo cual no se produce la habilitación de la competencia del Superior Tribunal de Justicia, que solo puede intervenir cuando concurren en plenitud todos los extremos requeridos por la norma, ya que al ser la competencia de naturaleza legal, las disposiciones que versen sobre ella deben ser de interpretación restrictiva, no analógica ni extensiva, máxime que en el caso en examen, se encuentran específicamente limitada y determinada por la ley.
Retiro militar, adicionales de remuneración, determinación del haber de retiro, adicional por compensación de servicios, adicional por responsabilidad jerárquica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laureiro Juan Rodolfo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las FFAA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El art. 5 del decreto 2769/93 establece que, la liquidación de los suplementos y compensaciones creados se ajustará estrictamente a lo previsto en los arts. 57 y 58 de la ley 19.101 y en consecuencia su otorgamiento no podrá ser generalizado por grado o situación de revista en actividad, en ningún caso podrá ser percibida por la totalidad del personal que detente un mismo grado o se encuentre en una misma situación de revista en actividad. Por lo demàs, los suplementos por responsabilidad por cargo o función y por mayor exigencia de vestuario, así como las compensaciones por vivienda y por adquisiciòn de textos, requieren necesariamente la verificación de determinados hechos según el caso, evidenciando su carácter particular. Surge de la norma que la intención sería efectivizar el reconocimiento jerárquico derivado de funciones específicas; solucionar el tema habitacional y retornar las erogaciones derivadas de las exigencias del vestuario y la adquisición de textos. No exceden, en tanto, el marco establecido por el art. 58 de la ley 19.101 y quedan excluídos del cálculo para el haber de retiro (art. 74 de la ley 19.101). No resulta aplicable al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia desarrollada entre otros in re "Susperreguy" y la que en igual sentido aplicó este tribunal (v. "Freazza" 11/7/89), ya que no se probó en la causa la alegada generalidad, presupuesto éste indispensable (conf. esta Sala "Ahumada" 15/12/97). (Del voto del juez Muñoz, cons. II).
Seguros, interpretación del contrato, alcance de la cobertura, derechos del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

Cuando la redacción de la cláusula predispuesta por el asegurador, dada su ambigüedad, ofrece dudas en punto a la extensión de su garantía, la interpretación del contrato debe favorecer al asegurado (art. 37, Ley 24.240), trasladándose al asegurador (predisponente) las consecuencias que derivan no solo de la imprecisión o vaguedad empleados en el lenguaje y en los conceptos, sino porque asumió (autoría) los riesgos de la redacción de la póliza en su condición de profesional y bajo la presunción irrefragable de contar con experiencia y aptitud técnica.
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, MIGUEL ALEJANDRO. c/ CONSOLIDAR ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-03

La jurisprudencia es conteste respecto a que la suspensión del plazo de prescripción requiere de una interpelación fehaciente al deudor, y que la prueba de tal interpelación concierne, tanto en lo referente a la producción del hecho como a la eficacia del mismo para constituir en mora al deudor, al acreedor -en este caso, el trabajador- y es indispensable, al efecto, la prueba directa del hecho.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Graciela Noemí y otro c/ Arozarena, Carlos A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

El pleno dominio del automotor que se exige debe relacionarse con las previsiones normales del tránsito, debiendo esta previsibilidad considerarse dentro del margen de factibilidades razonables que la diaria experiencia indica como comunes actitudes adoptadas en el tránsito vehicular y de personas (art. 51 ley 11430).
Fundamentación de sentencias, torturas, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La sentencia absolutoria del delito de tormentos resulta carente de motivación pues la misma ha incurrido en un examen sesgado de las constancias probatorias, desmereciendo sin razones que avalen sus conclusiones la trascendencia de los testimonios concordantes brindados por las propias víctimas de los sucesos.
Locación de inmuebles, alquileres, falta de pago, mora automática, expensas comunes, impuestos, tasas, deudas derivadas de la locación, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: Miyazono Saburo c/ Pungitiore José Antonio s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

El precio de la locación, como contraprestación por el uso y goce de la cosa, puede comprender el pago de expensas y/o tasa y contribuciones que gravan el inmueble (arts. 1493/4 y conc. Código Civil) y en tales casos conforma una deuda compleja, integrada por varias prestaciones, cada una de las cuales, a su vez, puede hallarse sometida a sus propias modalidades.

Si la obligación de pagar mensualmente al locador la suma de dinero pactada quedó sometida a un plazo expreso y cierto, en caso de incumplimiento, la mora del locatario se produce en forma automática (art, 509, primer párr. Cód. Civ.). Esto no es aplicable, en el caso de impuestos, tasas y contribuciones que puedan gravar el inmueble, si las partes acordaron una asunción acumulativa de la deuda, a saber, un convenio entre el locador (deudor) y un inquilino (tercero) acerca del traspaso de dichas deudas con abstracción de la decisión de los acreedores, aunque manteniendo el deudor originario (locador) su calidad de tal frente a estos, por lo que, de verse obligado a pagar, puede volverse contra el tercero (locatario) y demandarle la reparación del perjuicio que su falta de cumplimiento de la obligación le ha causado (LLambías, "Obligaciones" T.II-B, Nro. 1351). Si esta reparación es lo que persigue el actor a raíz del incumplimiento de los demandados del compromiso que asumieron ante él contractualmente, su demanda encuentra fundamento directo en el art. 511 y concordantes del Cód. Civ.; ello supuesto, la pretensión resarcitoria que constituye su objeto carece de plazo expreso y cierto, por lo que la mora no puede operarse en forma automática sino que exige la interpelación.
Excarcelación, falsificación de instrumento público, uso de documento falso, concurso real, fraude a la Administración Pública, delito reiterado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CORTEZ, E. W. s/ exención de prisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

Ante la ausencia de condenas anteriores procede la excarcelación del procesado por los delitos de uso de documento público falso reiterado en ciento treinta y una oportunidades, en concurso real con defraudación a una administración pública en idéntico numero de reiteraciones. Ello así por aplicación de lo dispuesto por el art.

316, , segundo párrafo, segundo supuesto del C.P.P.N y no darse ningún otro supuesto de los contemplados por el art. 319 de ese mismo cuerpo normativo.
Requerimiento de elevación a juicio, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1 s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Ramírez, Jorge Hernán y otro s/ infr. art.  149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-29

Dado que la sentencia de primera instancia resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de juicio y, frente a esa resolución, la defensa dedujo un recurso de apelación en el que, básicamente, sostuvo que la requisitoria de juicio no se encontraba motivada, pues no se habían recabado en la etapa preparatoria elementos de convicción suficientes, válidos y concordantes que fundamentaran tal acto, el recurso de apelación sólo le atribuía competencia a la Cámara para expedirse acerca de la validez procesal del requerimiento de la acusación pública; no para expedirse acerca de si el plazo de la investigación penal preparatoria se encontraba o no vencido (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Acción de amparo, recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Feudis, Anotnio Roberto c/ Defensoria del Pueblo de la Ciudad. G.C.B.A. s/ Amparo la Ciudad. G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-03

A fin de habilitar la instancia extraordinaria es insuficiente la referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento.
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baran Marcelo Alejandro s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Para la tramitación del beneficio de litigar sin gastos son aplicables las normas generales compatibles contenidas en el capítulo V de la prueba, sección 5 de los testigos. En consecuencia "fiscalizar" debe entenderse como la posibilidad legal de oponerse -art.426-, de solicitar la caducidad -art.430- y de formular preguntas - art.440-. (Minoría u opinión personal)
Designación de jueces, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanc Gerzicich de Scapellato, María Susana Beatriz s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

Si el requisito para ser Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es ser lisa y llanamente abogado, con ocho años de antigüedad, no puede el constituyente provincial establecer requisitos de envergadura tal, que lleven al absurdo que un jurista se encuentre capacitado para ser miembro del más Alto Tribunal Nacional, guardián último de la Constitución, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y no pueda a su vez acceder a una judicatura de rango intermedio en la Provincia del Chubut.
Cuestiones de competencia, propiedad horizontal, cobro de expensas comunes, sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL. PROCESAL
Carátula: CONSORCIO MORENO 365 c/ GERARDO ROJAS Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO DE LA UNIDAD 02-05 s/ DEMANDA EJECUTIVA. CUESTION DE COMPETENCIA (CSJ EXPTE Nº 970-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-28

El criterio práctico con que deben resolverse los conflictos de competencia impone considerar que, aun en el supuesto de que se ejecute la deuda por expensas por períodos posteriores al fallecimiento del causante sobre el mismo bien que la generó y que no ha sido transferido a terceros, resulta de toda conveniencia que entienda en la causa el juez de la sucesión, pues es ante éste que deberá operarse la liquidación del patrimonio hereditario, tanto en beneficio de los acreedores como de la propia sucesión, circunstancia que ha considerado el Supremo Tribunal nacional como fundamento de que las normas que rigen el fuero de atracción sean imperativas o de orden público.
Seguros, siniestro, inexistencia de riesgo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCO, ALBERTO c/ ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-06

Si en oportunidad de formularse la propuesta de seguro el siniestro ya se había producido, ello determina la nulidad del contrato por carencia o inexistencia de riesgo (art. 3) Y vuelve ineficaz la posterior emisión de la póliza por parte del asegurador.

Esto es así porque si no existe riesgo al tiempo del comienzo del seguro, el contrato carece de objeto, pues la incertidumbre ha desaparecido y no hay interés asegurable, es decir, interés económico lícito de que un siniestro no ocurra.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad formal, sentencia no firme, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: BETELU, Angel Omar - Manif. /Yacim. /Cuarzo - Oro en Departamento Jáchal - Lugar Gualcamayo, denominándola "Zulma" s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-02

Si bien es cierto que lo decidido respecto a la perención de segunda instancia ha cerrado la discusión sobre el punto, ello no es suficiente para viabilizar en este momento la intervención del Tribunal, ya que todavía es posible que el agravio, invocado por el recurrente, sea disipado por la sentencia que deberá expedirse sobre la procedencia del recurso de apelación.

ha dicho al respecto esta Corte que su intervención es excepcional. Por ende, sólo debe intervenir cuando el agravio no puede ser reparado por los jueces naturales de la causa.

También el principio de celeridad aparece involucrado en dicha solución: si el Tribunal extraordinario tuviera que revisar cada incidencia procesal producida en el decurso de los procesos, la duración de éstos se extendería innecesariamente. Por otra parte, ello recargaría las tareas del Tribunal, con las consecuentes demoras para ésos y el resto de los procesos.