Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-01-31


Salta, 31 de Enero de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "SARMIENTO, Cristian Alberto y CRUZ, Carolina Guadalupe por Estafa a CORRAL, Roberto Daniel", Expte. Nº 115406/10 del Juzgado de Instrucción Formal de 1º Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 28839/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

Que vienen las presentes actuaciones al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 35/36 vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 1, contra la Prisión Preventiva dispuesta en el apartado II de la Resolución de fs. 29/31 contra Carolina Guadalupe Cruz y Cristian Alberto Sarmiento.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que mediante la resolución agregada a fs. 29/31, se dicta auto de Procesamiento contra Cristian Alberto Sarmiento y Carolina Guadalupe Cruz, por el delito de Estafas Reiteradas ( dos hechos), previsto en el art. 172 y 55 del C.P.. En el punto 2º de la misma resolución se dispone convertir en Prisión Preventiva la detención que vienen sufriendo los mencionados causantes. Funda el Magistrado tal decisión, expresando que si bien el encuadre legal arribado, la estimación de la pena por una futura condena en estos autos, lo será de ejecución condicional, al no superar los tres años de prisión, entiende que en el caso existe un riesgo procesal concreto de que los imputados en conocimiento de la responsabilidad en los hechos de esta causa y con motivo de llevarse en adelante la acumulación de las causas, en las cuales, como en la Nro. 114.283/10, de trámite por ante el mismo Juzgado, también fueran declarados responsables, ante una eventual severidad de la pena por esa causal de conexidad de procesos, denotarían un evidente intento de eludir el llamado a la justicia. Señala que esa frustración a la aplicación de la ley sustantiva, de lo que ya dieran pauta indiciaria con los pedidos de detención y comparendos pendientes que registran los causantes en las respectivas planillas Prontuariales, que obran a fs. 28 de esta causa y fs. 29/30 de la causa acumulada Nº 114.283/10 en referencia al imputado Sarmiento, y a fs. 26/27 de autos en relación a la imputada Cruz, justifican la restricción de la libertad impuesta .

No conforme con la decisión, la defensa sostiene que el A-quo hizo una apreciación subjetiva valiéndose solamente de la planilla prontuarial de los incoados y en base a ello supone que eludirán el accionar de la justicia alejándose así del criterio de la sana critica racional, toda vez que el delito por el que fueron procesados es excarcelable.

Además destaca en lo atinente que el segundo supuesto para que proceda la prisión preventiva, previsto en el art. 270 del C.P.P., que no se trata de sancionar la peligrosidad sino de evaluar con sentido cautelar la circunstancia de que su representado va a poner en riesgo la aplicación de la ley sustantiva. Afirma que si se examina adecuadamente la Planilla Prontuarial de Sarmiento ( fs. 26/28), si bien registra pedidos de captura, los mismos carecen de condena, por lo que el análisis del peligro de daño procesal fuga, debe ser íntegro y no bastarse en apreciación subjetivas faltos de sustentación.

Cabe dejar sentado en primer término que la facultad revisora de este Tribunal se limita a los puntos de la Resolución a que se refieren los agravios formulados por la apelante, conforme lo dispone el art. 455 del C.P.P:

Analizadas las constancias de autos y los fundamentos por los que el A-quo justifica la prisión preventiva de los imputados que se cuestiona como único punto de agravio, cabe adelantar que no le asiste razón al planteo de la apelante.

Si bien el A-quo pudo entender, no obstante los antecedentes de los imputados (nueve procesamientos, uno de ellos por Robo doblemente calificado, en relación a Walter Alberto Sarmiento, y con respecto a Carolina Cruz, dos procesamientos, uno de ellos por Robo doblemente Calificado), que en supuesto de condenas las mismas serían de ejecución condicional, lo cierto es que se comparte la apreciación por la que afirma que los pedidos de detención y de captura que ambos registran en sus respectivas planillas prontuariales (fs. 26/27 de estos obrados y fs. 29/30 del Expte. Nº 114283/10, agregado por cuerda floja al presente), y que la imputada Carolina Guadalupe Cruz se encuentra detenida como consecuencia de la Rebeldía y orden de detención ordenada en la causa Nº 114283/10 ya referenciada, según consta a fs.76/87 de dichos autos, constituyen elementos que permiten inferir la conducta reticente de los encartados a los fines de concurrir al llamado judicial, configurándose así el riesgo procesal cierto que autoriza la privación de la libertad durante el proceso.

A ello se suma que tal como considera el A-quo, ante la inminencia de que se acumulen las causas en las que han recaído autos de procesamientos, los imputados puedan temer una condena superior a la mínima de tres años de prisión prevista para el delito por el que han sido declarados responsables en estos obrados, y en razón de ello eludir la aplicación de la ley sustancial. Cabe destacar que como se señaló precedentemente, ambos imputados han sido procesados por distintos delitos, entre ellos por el de Robo Doblemente Calificado, por lo que tal situación razonablemente da lugar a un peligro cierto de fuga.

Debe ponerse de relieve que, sin desconocer que en todo proceso penal la libertad es la regla y la restricción de la libertad la excepción, ésta debe ser aplicada con mayor estrictez en el procedimiento sumario. No obstante, en el caso concreto se da un supuesto de excepción, que la propia Constitución Nacional y Provincial en sus arts. 18 y 19, respectivamente, contemplan como situaciones que permiten la aplicación de la excepción a la libertad ambulatoria de los imputados en causas penales; es decir que pueden estar privados de su libertad personal. También los Tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), prevén la posibilidad de la restricción de la libertad personal (art. 7 inc. 2º Pacto de San José de Costa Rica); por lo tanto existen situaciones en las que legítima, constitucional y procesalmente una persona puede estar restringida de su libertad, sin que ello constituya una arbitrariedad. Tal es el criterio confirmado por la Corte de Justicia de Salta en autos caratulados: "Incidente de Excarcelación presentado por el Dr. Diego Rodríguez Pipino a favor de Roberto Genaro Plaza, en Expte.Nº 3177/08 Cam.3º en lo Criminal - Recurso de Casación", Expte.Nº CJS32.156/09 donde se expresa que : "...tanto la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, como los tratados internacionales consagran la libertad y a la privación provisoria como regla y excepción respectivamente, Entonces, lo segundo también posee jerarquía constitucional y no se encuentra prohibido, siendo que las especificas disposiciones que lo contemplan, mediante la imposición de distintos requisitos infranqueables, la limitan a su justo alcance y medida." Asimismo ha dicho el alto Tribunal que la privación provisoria de la libertad ambulatoria del imputado.....Para ser validamente dictada además de la gravedad del delito, debe encontrar su causa en el posible daño al proceso, sea a la averiguación de la verdad o a la concreta actuación de la ley penal, valorando en cada caso y en atención a sus particularidades objetivas y subjetivas, y que " principalmente deber ser útil, razonable y proporcional al peligro que se quiere evitar".

Así, surge claramente del pronunciamiento del Alto Tribunal de la Provincia la posibilidad de la privación provisoria de la libertad durante el proceso, sin que ello implique violación a norma alguna de carácter internacional, constitucional o procesal, debiendo analizarse las circunstancias de cada caso en concreto.

Por lo tanto, carecen de sustento para modificar la resolución que se impugna, los agravios de la apelante que se dirigen a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva que se impugna.

Sin perjuicio de ello, corresponde recomendar al A-quo la acumulación de las causas de los mencionados imputados siempre que su estado lo permitan, conforme lo previsto por los art. 37, 38 y 39 del C.P.P., con la premura que el caso requiere, por tratarse de personas privadas de libertad.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación incoado en todos sus términos .Así voto.

El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III EN FERIADE LA CAMARA DE ACUSACIÓN RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 35/36 vta. por la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 1, Dra. Hortensia María Salas, y en su mérito CONFIRMAR la Prisión Preventiva impuesta en el punto IIº) de la Resolución de fs. 29/31, a los imputados Cristian Alberto Sarmiento y Carolina Guadalupe Cruz, de condiciones personales obrantes en autos, en cuanto fuera materia de apelación.

II) RECOMENDAR al Sr. Juez de Instrucción Formal de 1º Nominación, dar urgente cumplimiento con las disposiciones de los arts. 37, 38 y 39 del C.P.P., procediendo a la acumulación de las causas seguidas contra los procesados Sarmiento y Cruz.

III) REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE y bajen, oportunamente al Juzgado de Instrucción Formal de 1ra. Nominación.