Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


G., A. J.

Reg.: A y S t 211 p 187-191.

Santa Fe, 21 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte constituida en actora civil contra la sentencia nro. 37 del 17.5.2004 dictada por la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, en autos "G., A. J. - Homicidio Culposo- (Expte. 1776/03)" (Expte. C.S.J. nro. 359, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Contra el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario que resolvió revocar el fallo apelado y rechazar la demanda civil conjuntamente interpuesta, con costas a la recurrente, deduce esta última recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

Las causales de arbitrariedad que le imputa al decisorio consisten en: a) "contradicción del tribunal con sus propios actos"; b) "basarse en prueba no agregada legalmente en autos"; c) "prescindencia de prueba decisiva" y d) "interpretación inexacta y desnaturalizadora de la norma del C.C. 1113 (contradicción con los fundamentos normativos aplicables)".

En sustento de la primer tacha esgrimida aduce que el fallo impugnado se apartó de lo resuelto -previamente- en el acuerdo nro. 53 del 13 de agosto de 1996, en el que se declaró la nulidad de la sentencia de origen "en cuanto resolvía la cuestión civil", así como los actos vinculados a ella desde la apertura de la causa a prueba. Le agravia por tanto que la Alzada empleara probanzas declaradas nulas, las que tan siquiera pueden utilizarse bajo el pretexto de ejecutoriedad de la sentencia en materia criminal.

Y bajo la segunda hipótesis de arbitrariedad, la recurrente insiste en que los sentenciantes emplearon prueba que no podía utilizarse válidamente en el proceso. Es decir, juzga desacertado que si la sentencia penal revestía carácter de cosa juzgada, la prueba con que se arribó a ella se aplique en materia civil, incluso a partir de la nulidad declarada.

Y en tal sentido, se queja de que la Alzada al meritar la testimonial de J. S.

concluyera en "que no existen elementos para dudar de su presencia en el lugar ni de su imparcialidad" y que al referir a la señalización de la orientación del tránsito habida en el lugar del hecho no ponderara -al igual que el inferior- que a la fecha de los informes habían transcurridos dos años desde el accidente, tiempo suficiente para cambiar letreros o quitarlos. Entiende que debió primar el informe de la Municipalidad de Rosario sobre el sentido de las calles, por lo que ni siquiera la falta de señales hubiera excusado de responsabilidad a quien viola las normas y ocasiona una muerte.

Afirma que los sentenciantes han preterido examinar pruebas que acreditan la responsabilidad de G. y, por ende, eximen de culpa a su parte, a saber: a) informe de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, el que da cuenta que "la calle Casilda tiene orientación de este a oeste, desde su nacimiento a la altura del 800 y hasta superar la numeración 7000", lo que evidencia que el demandado conducía en contramano y no obstante ello le atribuyó responsabilidad a A. por haber actuado con imprudencia y falta de dominio de la motocicleta, imputándole violar la prioridad de paso; b) testimonial de M., quien manifestó que ambos rodados no iban fuerte, que el camión pegó con la trompa en la moto y que ésta salió despedida, mientras A. se iba cayendo y fue pisado por la rueda trasera izquierda de aquél; c) fotografías que demuestran la falta de huellas del impacto en la caja de herramientas del camión; d) testimonial de M. I. A.

de F., quien coincide en su declaración con M., evidenciando que el camión iba en contramano; e) pericial.

De tal suerte, dice, los jueces de la causa han inaplicado el equilibrio que debe existir en tales circunstancias, el que consiste en demandar mayor cuidado a la parte cuya actuación más riesgo implique naturalmente para la otra, incluso para todos los demás.

Y en sustento de la alegada arbitrariedad normativa, afirma que la Alzada desconoció el principio de responsabilidad objetiva de quien produce un daño a contar del riesgo de la cosa de que se vale.

Sostiene que contrariamente a lo interpretado por la Sala en los términos del artículo 1113 del Código Civil, todo conductor que ocasiona un daño devendrá responsable prima facie por el solo hecho de provocarlo, y ello aunque su rodado circulare a 5 km/h.

Lo que interesa realmente, dice, es el resultado perjudicial para alguien derivado de la puesta en funcionamiento de una cosa riesgosa.

Señala que la única manera de interrumpir el nexo causal entre la cosa riesgosa y su resultado es la demostración acabada de culpa exclusiva de la víctima, la que debe revestir entidad suficiente que posibilite desvirtuar la premisa central de la norma en cuestión.

La Sala a quo, mediante auto nro. 268 del 24.8.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede.

2. Aún cuando se entendieran cumplidos los recaudos formales juzgados insatisfechos por el Tribunal a quo (artículos 1 in fine y 3, ley 7055), de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que la Sala analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a la instancia extraordinaria.

En efecto, no se advierte que la Alzada incurriera en contradicción con sus propios actos, pues tal como lo sostuvo la Sala en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, "...media una inequívoca relación de accesoriedad entre la acción penal y la civil y la circunstancia de haber quedado firme la primera por absolución del imputado, en modo alguno las pruebas y constancias incorporadas al proceso penal pierden validez o influencia para decidir, por lo que el Tribunal debe valorar adecuadamente el acervo probatorio...", argumentación que no ha sido adecuadamente rebatida por la quejosa en el recurso directo, quedando de tal suerte incumplida la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055.

Y con lo expuesto se desvanece la segunda causal de arbitrariedad esgrimida, por lo que mal puede sostenerse que el decisorio impugnado se sustentó en prueba no incorporada válidamente al proceso, quedando reducida dicha tacha el mero disenso de la compareciente para con lo resuelto por los jueces de la causa, quienes expresaron que la nulidad declarada no afectaban las pruebas tenidas en consideración por el inferior al dirimir la cuestión penal.

En cuanto a la invocada prescindencia por parte del A quo de pruebas que acreditan la responsabilidad de G. y por ende, eximiría Asimismo, también trasunta la sola discrepancia del impugnante con lo concluido por el Tribunal de Alzada la argumentación que aquél expone con relación a la arbitrariedad que a su juicio resultaría de haber ignorado la Sala que el conductor del camión conducía a contramano, tal como surge de la prueba informativa emanada de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario.

Ello es así, toda vez que aquélla no logra demostrar que el A quo, al fallar como lo hizo (desestimando el concreto agravio del apelante), se haya excedido en el ejercicio de sus funciones privativas vinculadas con la valoración jurídica de las conductas del caso, la cual en concreto encuentra sustento suficiente en consideraciones vinculadas con la necesaria y peculiar publicidad (a través de señales indicadoras) de las reglas que rigen la circulación de las calles (vid sobre el punto, lo establecido en el artículo 22 de la ley 24.449; "(...) Sólo son exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a través de las señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial (...)"; también, Fallos 321:700).

De esta premisa fundamental, la Alzada juzgó luego que en el lugar del hecho dicha publicidad era inexistente -pues "no existía señalización de la orientación del tránsito" (fs. 127 v.)-, constatando asimismo la presencia de una práctica habitual que aceptaba la circulación en doble mano, a partir de una ponderación circunstanciada de precisas constancias producidas durante el proceso, que esta Corte no puede revisar en esta instancia (Fallos:300:649; 301:648; 303:1137; 318:230, etc.) y en una comprensión del derecho que -por un lado- explicita que "consuetudo in legum veniens", siendo por ello admisible que una vez sentada la ineficacia de la norma reglamentaria por su 'no- publicidad' adecuada, su lugar sea ocupado por una costumbre que, en las circunstancias del caso, ni siquiera puede verse como "cont Finalmente, la compareciente lejos de fundar la imputación de incurrir en una hermenéutica arbitraria de lo normado por el artículo 1113 del Código Civil, cae en el error de enjuiciar el fallo desde el punto de vista de lo que considera sus desaciertos en relación a dicha imputación, limitándose así a discrepar con el criterio del Tribunal en la interpretación y aplicación de normas de derecho común.

El agravio invocado, deviene entonces, en mera discrepancia de interpretación legal. Pero una interpretación de la norma no coincidente con la efectuada por el Tribunal no convierte al decisorio en inconstitucional, sino que sólo conforma disenso con el criterio sostenido por los juzgadores en ejercicio de funciones que le son privativas.

Ello así, por cuanto la recurrente, con su desarrollo argumental no logra demostrar a este Cuerpo que la Alzada hubiera incurrido en una interpretación inexacta o desnaturalizadora de la mencionada norma, al estimar posible el juzgamiento de la cuestión a la luz de lo preceptuado por el Código Civil en su artículo 1113 -riesgo creado por la cosa peligrosa-, en base al cual concluyó en la inexistencia de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa -G.- al haber demostrado que dicho riesgo quedó neutralizado con el accionar imperito e imprudente de A.

En definitiva, la Sala -con acierto o no- efectuó una interpretación de la normativa en cuestión que a la luz de las constancias de autos, no aparece manifiestamente irrazonable, ni los argumentos aducidos por la recurrente persuaden que en dicha labor se ha violentado específicamente dicho ordenamiento legal mediante una interpretación arbitraria.

Las razones expuestas determinan la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)