marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución fiscal, caducidad, jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL-AFIP c/ CONSTANTINO CARMELA s/ EJECUCION FISCAL- LEY 11.683 (Reg. 13.044)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-14

El objetivo del legislador ha sido, entre otros, dotar al organismo recaudador de un mecanismo ágil y veloz para el cobro judicial de deudas tributarias. En parte, en ello, encuentra sustento que la instancia en la ejecución fiscal tenga un plazo de caducidad de tres meses.

El indebido retardo -en una actuación iniciada hace 7 años- en el tiempo normal de prosecución del presente proceso de naturaleza ejecutiva crea, sin dudas, un riesgo para la justicia.

La Comunicación A 3970 - B.C.R.A.-2003 se refiere a la presunción de negatividad que cabe a los oficios de fondos y valores, por el transcurso del tiempo, reputando como de resultado negativo, todos aquellos oficios no contestados luego de transcurrido el doble plazo indicado en el punto 5.1.1., contado desde su comunicación: Dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificadas del contenido del oficio, las entidades financieras deberán responder a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, enviando la información requerida y, en su caso, la fecha y demás datos relativos a la traba de la medida cautelar dispuesta.

El mero transcurso del tiempo, sin mediar actividad procesal alguna, sumada a la reproducción de un auto de igual carácter al dictado cuatro años atrás, coloca a dicha parte en la circunstancia de considerarse agraviada y con derecho a recurso.

Es necesario que los derechos de las partes sean ejercitados eficazmente a fin de mantener el orden racional imprescindible en la tramitación de las causas .

El juez, como director del proceso, debe prevenir su uso disfuncional, desleal, y auto contradictorio, juzgándoles como contarios al buen resultado del proceso. (del voto del Dr. Ferro, adhesión Dra. Torterolla, minoría Dr. Tazza)
Tribunal de disciplina, Poder Judicial, revisión judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BIGLIERI, CARINA ALEJANDRA c/  s/ APERCIBIMIENTO PUBLICO POR VIOLACION DE LOS DEBERES DEL ARTICULO 3.3.6 DEL CODIGO DE ETICA DE LA FEDERACION DE PSICOLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ANEXO DEL ESTATUTO DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que la potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios provenientes del ámbito administrativo comprende el control de su legitimidad, el cual no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de que se hallan investidos los órganos respectivos, porque no es admisible un ejercicio discrecional e irrevisable de las mismas, y supone además el examen de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gutiérrez, Spuler y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 306:1792, 259:266; La Ley Online AR/JUR/288/1984.
Legitimación procesal, sociedades comerciales, personería
Materia: LABORAL
Carátula: Farias, Karina Fabiana c/ Clínica San Basilio de Servimed S.R.L. y/u otros s/ Reclamo laboral Servimed S.R.L. y/u otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-19

La admisión de la personalidad juridica presupone que la sociedad persona juridica es un ente distinto de la persona de los socios, que vive una vida propia, que tiene sus propios créditos y sus propias deudas, sus propias relaciones juridicas sustanciales y también sus propias responsabilidades.
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gelatti, Ernesto c/ Danussi y Cía. S.A. Quiebra s/ Ejecución de sentencia de escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La existencia de una decisión judicial favorable de quien pretende una condena por escrituración contra el fallido, invocada en el incidente correspondiente en la quiebra, excluye de suyo la posibilidad de aplicar los arts. 147, 148 y 150 de la ley 19.551, y ello por cuanto el mencionado incidente de escrituración vendría a ser la ejecución de aquella sentencia.
Aval, obligación principal, obligaciones accesorias, abstracción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BASF ARGENTINA S.A. c/ VITOLA DE PUCCIARELLO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- RECURSO DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 566 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-02-21

La invocación de la "abstracción" cambiaria entre obligados directos resulta morigerada por la eventual incidencia de las cuestiones causales, incluso tratándosepor implicación directa de los principios concursales- de una obligación como la que se deriva del otorgamiento de un aval, que no puede desentenderse de la existencia de la obligación principal, cuya causa (por la obvia accesoriedad del aval (art. 34, decreto ley 5965/63-) concurre a conformar la causa de la obligación del avalista, so pena de tornar inoperante el requisito de orden público establecido por el artículo 32 de la Ley de Concursos,
Interposición conjunta de recursos, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Patagonia Argentina SRL c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-30

El principio de formalidad lleva a citar el de "unicidad de los recursos" o "impugnaciones excluyentes", lo que significa que solo es tolerable un carril recursivo a la vez, siendo inadmisible la interposición promiscua de recursos no fungibles contra un mismo fallo.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL
Carátula: ABN AMPRO BANK N.V. c/ ZEGARRA BAILON DIAZ MOISES Y OTRA s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-11-07

Ante la ausencia de un requisito esencial en el recurso, como lo es el perjuicio actual, concreto, cierto y resultante de la decisión, mal puede el tribunal atender argumentos que no logran excitar la jurisdicción que le compete, ni tienen la virtualidad suficiente para revertir la carencia inicial de interés actual.
Doctrina de la arbitrariedad, defectos en la fundamentación normativa, habilitación de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PORRAS AGUIRRE ENRIQUE ROLANDO c/ ANSES s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

La doctrina de la arbitrariedad no se propone convertir a la Corte Suprema en un tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos que se reputen equivo-cados, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que las defi-ciencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al decisorio como la sentencia "fundada en ley" a que aluden los arts. 17 y 18 de la Ley Suprema (Fallos 326:613). En el caso, la recurrente se limita a discrepar con los fundamentos esgrimidos en la sentencia, sin demostrar la causal de arbitrariedad que habilitaría la apertura del recurso pretendido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Roque Horacio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que ataca dos de los indicios utilizados para tener por probada la autoría, pero deja incólumes otros tres que reúnen las exigencias de los arts. 255 y 256 -n.a.- del C.P.P..
Nulidad procesal, indefensión, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORPREND S.A.C.F. c/ OSCAR CORDOBA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A075 - 053)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-19

Se ha sentado que no basta la mera invocación del vicio formal para fundar la nulidad procesal, porque es de perogrullo que la misma se produce por incumplimiento de las formas legales.

Hace falta también explicar la medida en que dicho incumplimiento ha violado el derecho de defensa, porque ese es el sentido de la declaración de nulidad procesal. En este orden de ideas se ha dicho que la mera referencia, o mención genérica, a la conculcación del derecho de defensa o a la eventual irregularidad de la tramitación, no alcanza para justificar la pretendida frustación del derecho del incidentante. Porque como instrumento genérico, la nulidad procesal funciona siempre subordinada al principio de trascendencia, no hay nulidad en el sólo interés de la ley, ya que las formas son un instrumento para asegurar la defensa de los derechos, pero no constituyen un fin en sí misma.
Seguros, seguro de vida, enfermedad del asegurado
Materia: CIVIL
Carátula: Agüero, Eudocia Filomena; Zárate, Angel Adrián. c/ Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-10-31

Que tomando como referencia la misma Historia Clínica el asesor médico de la Compañía transcribe la patología y manifiesta que se trata de afecciones preexistente a la celebración del Contrato de Seguros, pero nada dice con relación al conocimiento de la enfermedad por la asegurada al momento de celebrar el contrato. Más bien en sus conclusiones el perito señala que ni siquiera la fecha de inicio de la insuficiencia respiratoria crónica se puede determinar con precisión.

Por consiguiente, aunque se admita que era una dolencia crónica preexistente, la prueba no demuestra que la asegurada sabía al celebrar el contrato que padecía la enfermedad por lo que la defensa opuesta no puede prosperar ya que esta prueba constituye el presupuesto básico para que se configure la eximente por reticencia de la contratante y de la asegurada.
Compraventa mercantil, responsabilidad del comerciante, vicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: RHONE MEDITERRANEE CIA. FIN. DE SEG. c/ BUQUE QUINQUELA MARTIN s/ FALTANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

Al contestar la demanda Delta dijo: "niego que mi mandante tuviera -con anterioridad a la demanda que contesto- noticia de reclamo judicial o extrajudicial alguno de la ahora actora". De ese modo, cumplió con la carga de poner sobre la mesa del debate lo atinente a la falta de reclamo por el pretendido incumplimiento del contrato de compraventa. Mediante esa negativa la codemandada hizo un planteo fáctico concreto. En tales condiciones, establecer la consecuencia de ese hecho no pasa de ser una cuestión de derecho, cuyo encuadre es facultad de los jueces. Consecuentemente, bastó con que la demandada invocara la falta de todo reclamo para que la situación se deba enmarcar en el art. 472, Código de Comercio, por cuanto la circunstancia de que no haya hecho mérito del plazo legal al contestar la demanda no impide que se traten los puntos cuya decisión resulta ineludible a efecto de establecer la extensión de la responsabilidad del porteador sobre la base de un texto legal, aplicándose el derecho en su verdadera inteligencia y alcance.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, legitimación activa, conductor no titular
Materia: CIVIL
Carátula: VICTORIA, DOMINGO ANTONIO c/ EN  MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

No resulta necesario que el actor pruebe en la causa su calidad de poseedor del vehículo ya que el art. 1110 el CC confiere acción al mero usuario comprendido, por lo tanto, no solamente a quien tiene el derecho real respectivo sino también a quien detenta el simple uso de la cosa.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALONSO, MARCELO HERNAN c/ TREVI S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26

Si bien es sabido que la temática vinculada a las costas del juicio, en principio, no ingresa en la esfera propia del remedio excepcional intentado, lo decidido en el caso resulta claramente arbitrario, toda vez que la Sala desestimó el agravio que al respecto efectuara la apelante sin siquiera considerar mínimamente los serios argumentos expuestos para demostrar el apartamiento del artículo 102 del Código Procesal Laboral al haber obtenido satisfacción parcial a sus pretensiones (rechazo de la indemnización del artículo 80 LCT y de la multa del art. 8 de la ley 24013, aplicación de un convenio distinto al solicitado por el actor con incidencia en las diferencias salariales y reducción de las horas extras semanales), limitándose a sostener de manera dogmática que el criterio del vencimiento recíproco de las partes no funciona en la forma aritmética que propone la demandada, cuantificando rubros y montos, sino que depende de la importancia de ellos, sin especificar con referencia al caso concreto cual sería el criterio cualitativo que a su juicio correspondía aplicar para no vulnerar -como invoca el compareciente- el artículo 102.
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzoratte, Lorenzo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-07-28

Para que proceda el recurso extraordinario se requiere que la resolución apelada revista el carácter de sentencia definitiva, en los términos del art. 14 de la ley 48. Tal es el caso de las resoluciones que ponen fin al pleito, impiden su continuación o causan agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Ello no ocurre con la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se limita a declarar ineficaces actuaciones realizadas en las instancias ordinarias, en razón de que el derecho subjetivo que se estima lesionado con motivo del decreto que dejó cesante a un agente provincial invocando la ley sobre comunismo N° 17.401 abre, para su adecuada reparación, la vía contenciosoadministrativa cuyo conocimiento le corresponde de modo originario, según lo dispuesto por el art. 149, inc. 3°, de la Constitución provincial (voto de los Doctores Eduardo A. Ortiz Basualdo y Luis Carlos Cabral).
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bidart, Beatriz Alcira c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La interpretación de la ley previsional que conduce a desconocer, a los fines de determinar el haber, las tareas desarrolladas con posterioridad al cese - tal la efectuada por la Administración en el caso- resulta irrazonable y excede las prescripciones de la normativa aplicable (art. 47, dec. 600/94).
Habeas corpus, imputado, detención, prórroga del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIAZ, MANUEL ALCIDES c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-16

El caso aparece estrictamente abstracto toda vez que, habiéndose interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Juez de Cámara confirmatoria del rechazo del habeas corpus de la defensa interpuesto por la prórroga de la detención del imputado ordenada por el fiscal, surge de las constancias de la causa que actualmente éste no se encuentra privado de libertad como consecuencia de la cuestionada prórroga, de modo que necesariamente la situación de coerción personal actual del nombrado no está determinada por la decisión en crisis.
Distribuidores, adicionales de remuneración, adicional por valor comida
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos, Héctor Andrés c/ GRD Argentina SRL s/ cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-28

Un trabajador que desempeña tareas de distribuidor domiciliario, debe percibir el adicional de comida fijado por el CC 40/89 de "Trabajadores camioneros, obreros y empleados del Transporte automotor de cargas", puesto que tal adicional es otorgado a todos los trabajadores comprendidos en la convención colectiva de trabajo -art. 4.1.12- y es el rubro que se utiliza para liquidar el adicional por especialidad -art. 5.2.2 inc. b)-.
Universidades, autonomía universitaria, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Adrogue Manuel Ignacio c/ U.B.A. (Res. 6663/97) Exp. 693531/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

La autonomía universitaria no impide que otros órganos controlen la legitimidad de sus actos, no escapando las decisiones universitarias al ámbito de aplicación de la leyes de la Nación, ni existiendo privilegios especiales a los integrantes de los claustros (conf. C.S.J.N. in re "Jurio, Mirta Luisa c/ UNLP", del 5/8/93).

(Consid. V).
Proceso contravencional, fundamentación de sentencias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DIAz, HECTOR FABIAN Y GONZALEZ, GASTON s/ Infr. art. 81 ley 1472-  Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28

El procedimiento contravencional debe tender a la simplificación de las formas, de allí la aplicación supletoria de las normas que rigen el juicio correccional en lo que hace a la posibilidad de dictar sentencia directamente y de hacerla constar en el acta de debate, torna absolutamente innecesaria la reiteración de los datos personales de los imputados, como también del hecho. Habiéndose respetado el principio de congruencia es dable afirmar que, formalmente, la sentencia dictada en estas condiciones es válida.

En el caso, la sentencia contiene una fundamentación suficiente, que permite conocer los motivos que condujeron a la magistrada a resolver como lo hizo. El propio Fiscal reconoció que la fundamentación era escueta, lo que no importa su ausencia.

De ello se sigue que no nos encontramos frente a una sentencia carente de motivación - que habilite su nulidad.

Por ello, no se debe confundir la ausencia con la insuficiencia de motivación, pues no causa agravio el hecho de que sea breve y aún brevísima (CSJN, Fallos, 249:160), o escueta, siempre que sea eficaz
Cuestión federal, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: López, José Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-08

La disidencia señaló que pudiendo constituir los agravios invocados por la defensa alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN, por encontrarse prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, correspondía celebrar la audiencia prevista por el art. 465 bis del rito, lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto a la procedencia de la materia en trato. Dres. Slokar -en disidencia, Yacobucci y Mahiques.
Juicio, pretensión, cuestión abstracta, autopsia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FISCAL N° 2 -Requerimiento de instrucción en relación a la denuncia formulada por Marcos Aníbal Barcelo s/ Recurso de queja por apelación denegada- (Expte. 267/10)" (Expte. C.S.J. Nro. 292, año 2010)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

La cuestión se ha tornado abstracta y no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento sobre el recurso directo interpuesto, atento que verificada la insubsistencia del agravio en las actuaciones -en razón de que la autopsia que el esposo de la extinta quiere impedir, ya fue realizada, encontrándose agregado a la causa el informe pertinente-, la decisión judicial devendría inoficiosa e inútil.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, accidentes de trabajo, relación de causalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Andrade, Carlos Javier c/ Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-02-28

Las circunstancias probatorias invocadas por la actora en sustento de su reclamo conducían a configurar un supuesto de contexto causal suficiente como para ameritar un examen completo y entrecruzado de las pruebas producidas, lo que no se advierte en la sentencia venida en revisión, deficiencia que se acentúa más aún dado el contexto fáctico aportado por las declaraciones testimoniales, que apuntalarían la versión de la accionante, ello pues sus compañeros de trabajo e incluso su propio empleador habrían coincidido en la ocurrencia y mecánica del siniestro así como en las claras dificultades físicas que el trabajador evidenció inmediatamente de acaecido el accidente, puesto que manifestaron haber visto el hecho y describieron cómo se ocasionó, agregando que el empleado estuvo con yeso/bota, que manifestó dolores y evidenció secuelas incapacitantes, que se vio obligado a dejar de realizar sus tareas habituales, tanto laborales como de otro tipo de actividades recreativas, por lo que debió ser reemplazado en su trabajo, todo esto a consecuencia de su dolencia; poniendo en evidencia todo lo expuesto el dogmatismo en lo decidido al omitirse ponderar contextualmente los hechos y pruebas que se invocaban como aptos para constituir un eslabón de la relación causal imputada, según el curso natural y ordinario de las cosas, defecto que se traduce en una falta de evaluación integral de los hechos probados -y reconocidos- a través de una comprensión global y entrecruzada de los respectivos aspectos fácticos, resultando asimismo de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones decisivas oportunamente propuestas, como las que se apoyan en aseveraciones dogmáticas o se apartan de las normas en juego, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas como necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso. - CITAS: CSJN: Fallos 343:2145; CSJStaFe: AyS, T 301 p 42.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, personas con discapacidad, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tovías Córdova, Alvaro Juan Matías c/ Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

La conducta del Gobierno en este caso es un dejar de hacer inconstitucional e ilegal. Resulta incontrovertible que, de acuerdo con la responsabilidad que la Constitución le asigna en la asistencia y atención de las personas discapacitadas, existe el deber jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de promover el acceso a empleos públicos a fin de vehiculizar la inserción social y laboral de personas con capacidades diferentes. No es posible sustraerse a esta responsabilidad por las demoras en que incurre la misma Ciudad en la puesta en funcionamiento del sistema de concursos puesto que la incorporación de aquellas personas a la función pública es independiente de la convocatoria a un concurso.