Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 7 de 2009.

Considerando: I.- La sindicatura de la quiebra de Unilub S.A. apeló en subsidio la resolución de fs. 12/3, en la cual el sentenciante: 1) concedió una anotación de litis sobre dos inmuebles en lugar del embargo preventivo sin monto solicitado por el funcionario concursal; 2) rechazó el embargo solicitado sobre los cánones locativos que la actual titular dominial -Inversora Inmobiliaria Mavi S.A.- esté percibiendo de la locataria CGR S.A.

II.- Con respecto a la anotación de litis, sostiene la sindicatura que estos inmuebles serán objeto de una demanda por simulación y, en subsidio, acción pauliana, a enderezarse contra la fallida, la adquirente de esos inmuebles mediante autorización judicial en la etapa de concurso preventivo -Encarnación Sineiro- y la subadquierente posconcursal, Inversora Inmobiliaria Mavi S.A.

Por lo tanto, interpreta que la cautelar otorgada es insuficiente o inviable, dado que la finalidad de la traba es imposibilitar la transferencia de esos inmuebles a un tercero de buena fe, lo cual no se cumple con la anotación de litis sino con el embargo preventivo.

En subsidio, requiere que se decrete la imposibilidad de contratar sobre ambas propiedades.

En lo atinente al embargo de alquileres, manifiesta que la acción no se circunscribe a la restitución de los bienes, sino además, a la percepción de los frutos que producen, por lo que el embargo de canon locativo resulta procedente.

III.- El artículo 176 de la ley 24552 permite al síndico obtener el dictado de medidas cautelares, aún previo al inicio del proceso, sin necesidad de contracautela o, más bien, bajo responsabilidad de la quiebra.

Sin embargo, bien se ha dicho que esas condiciones de excepción no autorizan a eximirla de acreditar los restantes recaudos o presupuestos de toda medida cautelar, es decir, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora (cfr. Fassi-Gebhardt "Concursos y Quiebras" pág. 452, 8º ed.).

El primero de esos requisitos se encuentra cumplimentado, como bien sostuvo el juzgador, a instancias del relato efectuado en el escrito de demanda y las actuaciones del proceso principal.

El segundo, por su lado, resulta de la posibilidad de que esos inmuebles sean transferidos a un tercero de buena fe, supuesto en el cual la acción se reduciría al importe sustitutivo del valor de ambos inmuebles.

Ahora bien: en lo que aquí interesa, el embargo solicitado cumpliría la misma función que la anotación de litis: advertir a eventuales terceros adquirentes sobre la existencia de un litigio en trámite que involucra a esos inmuebles.

Por consiguiente, los terceros no podrían invocar en lo sucesivo su calidad de adquirentes de buena fe o, mejor dicho, sería inoponible a la masa cualquier convención o acuerdo que suscriban con el enajenante, en tanto éstos conocían la traba de la medida (cfr. doc. art. 1174, 1179, 1051 y cc., Código Civil v. esta Sala en "Torres Valentín c/ Viziano Juan" del 19.11.82, ídem v. Fassi-Yañez "Código Procesal Comentado t. 2º pág. 83, pto. 4, pub. Rep. E.d., 17-425 nº 43).

En ese marco, la cautelar dispuesta -anotación de litis- resulta suficiente, e innecesario, en consecuencia, el embargo preventivo requerido o la prohibición de contratar solicitada en subsidio.

IV.- Cuadra ahora referirse al embargo solicitado con respecto a los cánones locativos que, según la sindicatura, percibe la actual titular de dominio -Inversora Inmobiliaria Mavi S.A.- de la firma CGR S.A..

Sobre el particular, es dable señalar que -efectivamente- la acción a promoverse por la sindicatura comprende no sólo la restitución de los bienes sino, además, los frutos civiles o comerciales dejados de percibir por su indisponibilidad (cfr. arts. 961 y 971, Código Civil).

Y entre tales frutos, claro está, se encuentra el importe de los alquileres que el subadquirente sindicado de mala fe se encuentre percibiendo a raíz de la locación del bien (cfr. doc. art. 971 cit.) En consecuencia, teniendo en consideración la verosimilitud en el derecho alegado y lo manifestado por la sindicatura en torno del desconocimiento de otros bienes en poder de los demandados, corresponde acceder al embargo solicitado, bien que en un 50% del valor de los cánones locativos.

Así cabe proceder, en atención a que el proceso aún no ha sido iniciado ni -por ende- se han escuchado las defensas de las demandadas, sobre cuya verosimilitud deberá hacerse mérito a los fines de ampliar o mantener el porcentaje de la medida, en la oportunidad correspondiente.

Esto, sin perjuicio de su posible ulterior sustitución, conforme lo dispuesto por el artículo 203 y cc. del Código ritual.

La medida será diligenciada por el funcionario concursal, y bajo la responsabilidad de la quiebra (cfr. art. 176 L.C.Q.).

V.- Por ello, se resuelve: modificar parcialmente la resolución apelada, en los términos del apartado IV precedente.

Sin costas por no mediar contradictorio.

Devuélvase.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15.11.06 de esta Cámara de Apelaciones.

El doctor Caviglione Fraga, no interviene en la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - José Luis Monti.- Juan Manuel Ojea Quintana