Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-11


Expte. N° "c/ N. N. - por abuso sexual calificado por la convivencia preexistente en perjuicio de N. N. S/ CASACION" En la Ciudad de San Juan, a once días del mes abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Guillermo Horacio de Sanctis a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-------------------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO:----- --- Contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara Penal y Correccional, a través de tribunal unipersonal, interpone recurso de casación la Dra. Patricia Sirera Otiñano en su carácter de Asesora de Menores e Incapaces, titular de la Asesoría Nº 2.---------------------- --- El fallo, que fue dictado dentro del marco del juicio abreviado, dispuso condenar a N. N. a sufrir la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias legales y costa, por considerárselo autor penalmente responsable del delito "abuso sexual calificado por la situación de convivencia" (artículo 119, último párrafo, inciso "f", en función del primer párrafo, del Código Penal) cometido en perjuicio de N. N. (véase fojas 175/204 vta.).-------- --- En la impugnación articulada se solicita la casación de la sentencia emitida por considerar que habría existido inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, como así también incumplimiento de ciertas normas procesales previstas bajo sanción de nulidad. En definitiva se impetra que los hechos sean encuadrados en una calificativa mas gravosa que la precisada en el fallo (véase fojas 207/212 vta.).------------------------------ --- En relación a los vicios in judicando, se afirma que se habría inobservado el artículo 103 del Código Civil en cuanto establece la intervención en el ámbito judicial del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. Expresa que la Asesoría de Menores recién fue notificada a fojas 206, luego de haberse dictado la condena en contra de N. N., previa firma del acta de acuerdo por juicio abreviado con la Sra. Fiscal de Cámara Nº 4 Dra. Marcela Cristina Torres. Sostiene que la omisión de darle intervención con anterioridad habría generado una nulidad de carácter absoluto en tanto no se le dio oportunidad de velar por los intereses del menor en cuestión. Que el fallo determinó la conducta del reo como encuadrada en el primer párrafo del artículo 119 del Código Penal, es decir sin que existiese acceso carnal, cuando en realidad de la prueba existente (testimonio de la Licenciada N. N. de fojas 46 y de la Sra. N. N. de fojas 50) se evidenciaría que el hecho atribuido se trataría de un abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima (artículo 119, segundo párrafo y cuarto párrafo, inciso "f", del C.P.), en razón de habérsela obligado a la menor a mantener sexo oral. Que en definitiva esa sería la calificación que correspondería aplicar y por la cual formula la impugnación.------------------------------------ --- En cuanto a los vicios in procedendo, se esgrime que la Asesoría de Menores se halla investida de todas las atribuciones necesarias para controlar el efectivo cumplimiento de las normas destinadas a proteger a los niños e incapaces, de donde la intervención judicial se entiende como un recurso de garantía de los derechos de los niños y adolescentes víctimas de hechos violentos o delitos. Que además la protección de los menores en riesgo ante abusos sexuales proveniente del ámbito familiar, encuentra protección operativa en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 19.1); como así también en lo dispuesto por el artículo 110 del Código Procesal Penal (punto 4). La recurrente afirma que su intervención en el proceso es de carácter esencial para proteger los derechos del menor y su exclusión en la etapa del juicio habría ocasionado un perjuicio irreparable a los intereses de la víctima que es generador de una nulidad de carácter insanable.---------------------------------------- --- A fojas 215/216 vta. el recurso fue concedido por el a quo.--------------------------------------------------- --- Una vez ingresada la causa a esta instancia, las partes fueron debidamente citadas para formular sus informes (véase fojas 222).--------------------------------------- --- La recurrente reiteró su pretensión casatoria a fojas 224/225.------------------------------------------------- --- La defensa no formuló presentación alguna.----------- --- Mientras que el Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció a fojas 229/231 por la admisión del remedio intentado, al considerar que se le debió dar participación en el proceso a la Asesora de Menores e Incapaces (cfr. artículo 31 de la ley Nº 633-O).------------------------- --- Encontrándose así planteado el asunto, corresponde determinar de modo liminar si el recurso resulta admisible desde la faceta de la impugnabilidad subjetiva y a partir de allí establecer si el mismo tiene sustento legal.----------------------------------------------------- --- Cabe destacar que la Sala Segunda de la Corte de Justicia se a expedido de un modo uniforme sobre el tema en los casos "V.", "M. y "A.". En tales precedentes se dijo que la finalidad que perseguía la norma del anterior artículo 59 del Código Civil era la de proveer a la buena defensa de los intereses del incapaz, estableciendo con sanción de nulidad cualquier cuestión en la que no se le haya dado debida intervención en aras de la protección de los derechos inherentes a su persona y a sus intereses. Que el carácter de la actuación asignada al Asesor de Menores por las normas aplicables, suponía la posibilidad cierta de ejercer acciones en resguardo de los intereses de los menores y se fundamentaba en la evidente finalidad tuitiva perseguida por el legislador, pero que era de aplicación en el ámbito del derecho privado, regulatorio de las relaciones jurídicas entre particulares. Para el Derecho Público -en el caso del Derecho Penal- la intervención del Ministerio Pupilar resultaba necesaria y su omisión era causal de nulidad solamente en aquellos casos en que se juzgaba a un menor. Que dicha norma no era de aplicación al proceso penal. Que así debía interpretarse el alcance de lo normado por los artículos 59 del Código Civil, 31 y 32 inciso 1º de la ley N° 633-E (anteriormente ley nº 7.014). Únicamente era generadora de nulidad la falta de intervención durante el debate del asesor de incapaces en los casos de procedimientos seguidos en contra de menores (cfr. artículo 488 inciso 3º ibid); es decir, que la intervención necesaria era requerida cuando el menor se encontrare en condición de imputado. No así en los casos donde los menores aparecen como víctimas (artículo 110 inciso 4º ibid) y son asistidos, en principio y como regla general, por sus representantes legales (cfr. PRE S.2°, 2014-IV-690; PRE S.2°, 2015-I-148; y PRE S.2º, 2017-VI-1093).------------- --- Ahora bien, y de conformidad a ello, soy de la opinión que no corresponde apartarse de tal doctrina. A lo cual tan solo cabe adicionarle los siguientes argumentos:----------------------------------------------------- --- Con la sanción de la ley Nº 26.061 se estableció un trascendente avance respecto al tratamiento de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, al fijar, en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, una protección integral de los derechos de los menores. Allí se instituyó como garantía mínima en todo procedimiento judicial que lo afecte el derecho que tiene todo niño "a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine ." (cfr. artículo 27 inciso "c").------------------------------------------ --- Que a partir de dicha normativa, es que -entre otras disposiciones- se instrumentó el artículo 91 quater del Código Procesal Penal (cfr. modificación introducida por ley Nº 8.194 del 29/12/2.010), que reza "El Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia tendrá en el proceso penal de menores una intervención similar a la atribuida al defensor, aún cuando el imputado tuviere asistencia letrada y durará hasta que el proceso concluya por cualquiera de las formas admitidas en el presente código. Toda medida respecto del menor de edad, deberá ser adoptada con su intervención y, para el caso que deba ser alojado en un establecimiento especial, aquella deberá ser previa y bajo pena de nulidad".------------------------------------- --- Así, de una interpretación armónica entre la normativa procesal y la ley nacional, se desprende, a modo de premisa general, que la función del asesor consiste en desempeñarse como órgano de control del debido proceso en los que el imputado sea menor de edad, prestando asistencia y protección al niño o adolescente. Adviértase que los términos "que lo afecte" o "el imputado", que son utilizados por la normativa referenciada, no dan lugar a equívocos. Sostener lo contrario y sobredimensionar el rol que le cabe al asesor de menores en cualquier otro proceso penal (donde el imputado sea mayor de edad) conllevaría a violar un principio básico del derecho procesal penal, como es el de igualdad de armas, ya que existiendo el ministerio público fiscal se efectuaría una doble posibilidad de acusación totalmente impropia en nuestro sistema, tal como se pretende en el sub examine.----- --- El derecho del niño a contar con una asistencia jurídica adecuada (artículos 40.2.b.iii y 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional) debe ser considerado como una de las formas en las cuales se traduce el principio de especialización. Tal principio en material penal juvenil se explica básicamente por la necesaria existencia de un régimen integral para jóvenes caracterizado por poseer una competencia específica para actuar cuando los derechos presuntamente delictivos sean cometidos por personas menores de dieciocho años de edad, conformando un sistema especializado con normas y procedimientos diferentes al de los adultos, con jueces y funcionarios especialmente capacitados en cuestiones relativas a los derechos humanos de los niños.---------------------------------------- --- Dentro de dicho paradigma y estructura, el asesor de menores es un órgano que responde a la exigencia constitucional de asesoramiento jurídico especializado y a la vez adecuado, dado que encuentra justificación, por un lado, en la previsión derivada del art. 40.2.b.iii, CDN, en tanto su labor se comprende en el proceso penal como una labor técnica jurídica de asistencia al niño, y, por el otro, y sobre todo, en el mandato también constitucional que establece la necesidad de adoptar, respecto de los niños, medidas de protección adicional de derechos sustantivos y procesales de raigambre constitucional o legal, debido a la situación específica en la que ellos se encuentran (art. 19, CADH), y para lo cual se toma en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia al momento del hecho delictivo (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 17/2002, párrafo 60).----------------------------------------------------- --- Es decir que, la participación procesal del asesor de menores a la par de la actuación del defensor técnico, en los procesos donde los niños y adolescentes resultan imputados, es necesaria para garantizar una asistencia judicial en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su relación sistemática con el artículo 19 de la CADH. Defensor técnico y asesor penal forman parte de una compleja trama de derechos especiales de protección de los imputados que tienen menos de 18 años de edad al momento del hecho delictivo. Le corresponde al asesor penal establecer las medidas específicas que tengan la potencia o facultad amplificadora suficiente para que el ejercicio de los derechos del niño frente al poder punitivo estatal se desarrolle con la debida atención de sus condiciones especiales, de una manera mas favorable que la de un adulto en la misma situación. Esta es la postura que logra adecuarse a las exigencias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce al menor como un sujeto de derechos privilegiado.--------------------------------------------------- --- El sentido de la actuación del asesor de menores en el proceso penal es un medio para satisfacer el derecho constitucional del niño previsto en el art. 40.2b.III de la CDN, que está referido al proceso penal del niño imputado y como presupuesto ineludible de logar un mejor posicionamiento del menor. En tales procesos sus funciones se circunscriben a las de asistencia y control de la actuación judicial; pero no es mandatario de los menores.- --- Precisamente, conforme surge de las normas constitucionales antes citadas resulta obligatorio que las causas seguidas contra una persona que no ha alcanzado los dieciocho años de edad al momento de entrar en conflicto con la ley penal sean dirimidas con la presencia de órganos específicos y de un asesor jurídico adecuado.------------ --- Cabe colegir que el legislador local, al dictar ley Nº 8.194 de regulación del proceso penal juvenil, reglamentó esa garantía y satisfizo ese compromiso internacional mediante la actuación de diversos actores específicos, entre los que se encuentra el asesor de menores. En virtud de ello puede decirse que teniendo presente el derecho del niño de ser asistido jurídicamente y la necesidad de proporcionarle una protección especial, el legislador ha establecido en la ley en vigor al asesor de menores como un organismo encargado de velar por el respeto de las garantías y los derechos constitucionales en el proceso penal seguido contra los niños y adolescentes.--- --- Puntualmente el artículo 91 quater del C.P.P. resulta ser la norma específica a través de la cual se cumplimenta acabadamente la obligación de establecer un medio adicional de asesoramiento jurídico adecuado y especializado del imputado en el proceso penal de menores.------------- --- El Asesor de Menores tiene la función de resguardar los intereses superiores del niño y su actuación en el proceso penal de los menores (cfr. lo previsto por los artículos 484 y siguientes del C.P.P.) no es equiparable ni se confunde con la que lleva a cabo el defensor técnico del imputado, en virtud de que la especialización en el manejo y conocimiento de la temática vinculada con los intereses y derechos de la minoridad en conflicto con la ley penal recae con eficacia en la cabeza del Defensor de Menores; función que no se superpone ni suple con la intervención del defensor técnico, por lo que la legislación procesal local establece que el juicio de menores o de determinación de la pena se debe realizar con participación de la defensa, del asesor de menores y del fiscal, advirtiendo una clara separación entre la representación técnica y la tuitiva.------------------------------------ --- Con lo que se lleva dicho, teniendo en cuenta los dos fines fundamentales que persigue el proceso penal en general (a- descubrir la real ocurrencia de los hechos en que se apoya la pretensión jurídica que los determina y encauza, para luego, b- actuar el Derecho Penal, o realizar en concreto la ley penal), y los intereses allí tutelados, la pretensión de la Dra. Patricia Sirera Otiñano -tendiente a impugnar la condena impuesta contra el imputado mayor de edad- resulta sin sustento legal en tanto escapa a los fines tuitivos que le asisten; y solo tendría valor si se la ejerce dentro del proceso penal de menores propiamente dicho. Considero que la solicitud que trata de consolidar la recurrente nace de una interpretación sobredimensionada de la función que le corresponde.- --- Solamente si se omite la intervención del asesor de menores en el proceso penal juvenil, ello redunda en un detrimento de las garantías específicas, porque posesionaría al niño en el proceso como si fuera un adulto, sin el debido resguardo de sus derechos y sin las obligatorias medidas de protección. De modo que lo que particulariza al delito como objeto del sistema penal juvenil es la edad del imputado al momento de su comisión, circunstancia que proyecta la aplicación de todos los principios y sus implicancias a todo el procedimiento penal contra los menores; y no de cualquier proceso penal. Así entonces, únicamente cuando el proceso se sustenta desde la óptica del principio de especialidad, la exclusión del asesor tutelar contraría derechos constitucionales. Fuera de esos casos, y cuando se instaura una participación que excede de aquel principio, se entra en pugna con los lineamientos que rigen dentro del proceso penal común.----- --- La funciones primordiales del Ministerio Pupilar, como integrante del Ministerio Público, se encuentran detalladas en los artículos 31, 32 y 33 de la ley Nº 633-E, resultando complementario de ello lo dispuesto por el artículo 91 quater del Código Procesal Penal. Allí se agota su cometido.--------------------------------------------- --- En lo que hace a la faz penal, su intervención debe ser requerida en todas aquellas causas en que el menor resulte ser traído al proceso como presunto imputado, en situación de riesgo material o moral; pues se considera que un menor que está en conflicto con la ley es porque no ha recibido de sus padres, tutores y/o encargados de su guarda la contención necesaria, por la que en definitiva ha incurrido en hechos delictivos o ha participado de los mismos. En tales supuestos, el asesor de menores debe ejercer la tutela estatal junto al juez penal de menores para la protección integral de sus intereses en conflicto con la sociedad donde se encuentra inserto.---- --- Fuera de éstos casos, exclusivamente la intervención del asesor de menores en los procesos penales donde los menores resultan víctimas se justifica -y es necesaria la representación directa del menor- cuando mediare una disparidad de intereses entre los que asisten o defienden los padres, tutores o curadores y los que pertenecen al incapaz, o cuando mediara una grave y notoria omisión funcional del representante necesario susceptible de frustrar los derechos de su pupilo. Solamente en estos casos de excepción (de oposición de intereses o una notoria y perjudicial pasividad de los titulares de la patria potestad o de la tutela que demuestren de modo inequívoco un estado de abandono o indefensión) se impone la actuación supletoria del Asesor Pupilar, con una finalidad tuitiva del interés de los menores. Precisamente estos conceptos son los que emanan de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial vigente (según ley 26.994, publicada el 8/10/2.014) en su artículo 103, punto b.i e iii, de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 12.------------------------------------------------------ --- Con esta misma sintonía es que cabe interpretar lo normado por el artículo 110 inciso 4º del Código Procesal Penal; ya que todo lo referente a la intervención que le cabe al Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia dentro del proceso penal común no se encuentra prevista bajo sanción de nulidad (véase los artículos 202 y concordantes, ibid). Nótese que el artículo 202, en su inciso segundo, cuando se refiere a que la observancia de las disposiciones sobre intervención del Ministerio Público se entiende prescripta bajo pena de nulidad, establece la supeditación a "los actos en que ella sea obligatoria".- --- Si bien el derecho de defensa consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional también abarca a la víctima, las pretensiones de esta parte deben materializarse necesariamente de conformidad a los lineamientos de la ley procesal, donde se prevé de modo concreto los cauces legales para hacer valer los derechos que le asisten (artículos 103 y siguientes de la ley 754-O).------------ --- Adviértase además que, conforme se colige de todo el libro cuarto del Código Procesal Penal referido a los recursos y especialmente a partir de lo dispuesto en los artículos 574 y siguientes en cuanto se encuentra normada la casación, el Asesor de Menores no tiene facultades recursivas de ningún tipo. De manera que el hecho de no estar contemplado dicho organismo entre los sujetos procesales habilitados para recurrir denota a las claras el rol -acotado y excepcional- que el legislador le asignó dentro del proceso penal común.-------------------------- --- Se observa en el sub examine que la denunciante Sra. N. N. (en su carácter de madre biológica de la menor víctima N. N.) se constituyó en parte querellante con la asistencia letrada del defensor Oficial N° 1 (conforme surge de las presentaciones glosadas a fojas 49 y vta., 51 y vta., 61 y vta., y 65/66 y vta.), siendo tenida por tal a fojas 70. Que el acusado es un sujeto mayor de edad. Igualmente que a tenor de lo actuado en autos (teniendo en cuenta las características del caso, el delito denunciado y por el cual fue condenado su autor) no se evidencia una situación de colisión de intereses o desamparo que justifique la intervención supletoria de un organismo como la asesoría pupilar en reemplazo de la función que le compete a los representantes necesarios de la menor víctima.------- --- Así las cosas, con todo lo dicho y expuesto, la pretensa participación de la Asesora Letrada en el presente caso resulta improcedente ya que se encuentra desprovista de todo soporte legal; procurando tan solo con su actuación de fojas 207/212 vta. modificar la calificativa impuesta de un modo que resultaría atentatorio del principio de congruencia, a la luz de las piezas procesales obrantes a fojas 93 y vta., 110/115, 123/128 (es decir indagatoria, procesamiento, y requerimiento de elevación de la causa a juicio, respectivamente). Fuera de ello, la recurrente no individualiza cual es el perjuicio concreto que lo actuado le irroga al menor que dice proteger, centrándose en cuestiones por las cuales debería velar el titular nato de la acción penal y garante de la correcta aplicación de la ley penal -tal como es el fiscal-, siendo totalmente extrañas de su rol netamente tuitivo.------ --- Propugno entonces que, de conformidad a lo establecido por los artículos 560, segundo párrafo, 547, y concordantes del Código Procesal Penal, el recurso articulado por la Sra. Asesora de Menores -a fojas 207/212 vta.- sea declarado mal concedido en razón de la carecer de legitimación subjetiva, sin necesidad de formular otras consideraciones.---------------------------------------------- --- Tal es mi voto.-------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO DIJO:--------- --- Por sus fundamentos adhiero al voto precedente.------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS DIJO:---------------------------------------------------- --- Sin perjuicio de lo sostenido en el voto del Dr. José Abel Soria Vega, el cual comparto, realizo sobre el tema decidendum las siguientes consideraciones propias.------- --- En primer término destaco que dentro del Título IV del Código Procesal Penal -artículos 574 y siguientes- se encuentran normados los requisitos de procedencia del Recurso de casación. De las citadas disposiciones legales emergen los sujetos que pueden interponerlo, dentro de los cuales no se encuentra comprendida la Asesora de Menores.--------------------------------------------------- --- De esta forma, surge que la presentante, Asesora Letrada de Menores, no posee facultades legales para instar el presente recurso extraordinario. El hecho de que el acceso a esta instancia extraordinaria sea acotado y excepcional, veda cualquier tipo de construcción interpretativa que amplíe los sujetos que la ley establece.------ --- Siguiendo con esta línea, encontramos que las sentencias condenatorias como la que ha sido dictada en esta causa, solo pueden ser recurridas en casación por el fiscal, la querellante actuante y el imputado (Arts. 576 y 578 del C.P.P. respectivamente), careciendo de dicha posibilidad el resto de los operadores jurídicos de la estructura del Poder Judicial y concretamente del Ministerio Público reglado por la ley N° 633-E.----------------- --- Así y, según lo explicitado, es la propia legislación la que no da facultades recursivas a la Sra. Asesora de Menores, por lo que la misma carece de legitimación legal para instar el acceso a esta vía de excepción, caracterizado por su limitación en cuanto a la capacidad subjetiva y el tecnicismo de su contenido.------------------------- --- Adviértase que la garantía del doble conforme, especialmente en materia penal, está concebida como un resguardo a favor del imputado condenado (cfr. Eduardo M. Jauchen, "Derechos del imputado", editorial Rubinzal Culzoni, página 451 y siguientes).-------------------------- --- Sin perjuicio de lo expuesto, lo cual considero suficiente razón legal y objetiva para rechazar formalmente el recurso impetrado, realizo el siguiente análisis factico normativo de la situación del expediente.----------- --- Enfatizo que el régimen legal aplicable al caso contiene una normativa especial que la regula, Código Procesal Penal de la Provincia (ley N° 754-O), el cual tiene incorporado el Código Procesal Juvenil. Hago tal salvedad, porque intentar aplicar al fuero penal, en forma primaria disposiciones de carácter general que no le son propias (Art. 103 del C.C. y Com.), desvirtúa la finalidad y especificidad del régimen forzando una interpretación invalida del asunto.-------------------------------- --- Así, encontramos dentro del citado cuerpo legal, la normativa vigente - expresa y específica que rige sobre el particular; Arts. 91 ter y 91 quarter que reglan lo concerniente a la intervención del Defensor Penal de la Niñez y Adolescencia así como la del Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia, respectivamente. --------------- --- En cuanto al último nombrado, el articulo claramente le da atribuciones para intervenir en forma "similar" al defensor en pos de la figura del imputado, "aun cuando el imputado tuviera asistencia letrada".-------------------- --- De la propia letra del Código se desprende que el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia no posee idénticas facultades que el Defensor Penal y, como lo expusiera ab inicio por disposición legal según Art. 574 y siguientes del C.P.P. no posee la facultad de recurrir en casación.------------------------------------------------ --- Es decir que, siguiendo con el análisis de la normativa específica, referida al proceso común (entiéndase contra mayores) no existe dentro del Código Procesal Penal norma alguna de la que se pueda inferir que la falta de participación del Asesor Letrado en los casos como el que hoy es puesto a consideración tenga como consecuencia la nulidad de todo el proceso en la etapa impugnativa o recusiva. ----------------------------------------------- --- Lo afirmado en el párrafo precedente adquiere mayor relevancia desde que en el particular la denunciante - Sra. N. N., madre biológica de la víctima -, al constituirse en parte querellante así como en su actuación a lo largo del proceso, contó con la debida asistencia técnica del Defensor Oficial. De esta forma, no se evidencia en el sub examine y según las características del caso una situación de desamparo y/o de conflicto de intereses que justifique una intervención de la Asesoría Pupilar que pueda considerarse primaria o necesaria bajo sanción de nulidad.------------------------- --- Así, consecuente con los fundamentos expuestos por el Ministro que lidera el acuerdo y en razón de las propias consideraciones vertidas, es que, propugno la desestimación del recurso articulado, por carecer la Sra. Asesora de Menores legitimación subjetiva para instar el mismo.-- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Declarar mal concedido el recurso de casación instado por la Sra. Asesora de Menores N°2, en razón de la carecer de legitimación subjetiva, sin necesidad de formular otras consideraciones. II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Guillermo Horacio de Sanctis. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp- CS PRE S.2° 2018-I-182