Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-12


AUTOS N° 21.297 (91.559 - 5° CIVIL) "GONZÁLEZ, Silverio Florentino y Otra C/ Peze, Claudio Daniel y Otro - Daños y Perjuicios" L. DE A. T° 185, F° 153/155 SAN JUAN, 12 de diciembre de 2012.

Y VISTO:

Para resolver en estos autos N° 21.297 (91.559, DEL 5° JUZGADO CIVIL), CARATULADOS: "GONZÁLEZ, SILVERIO FLORENTINO Y OTRA C/ PEZE, CLAUDIO DANIEL Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", el recurso de apelación articulado a fs. 155 por el demandado, quien actúa por medio de apoderado, contra la resolución que rechaza el planteo de perención de segunda instancia, obrante a fs. 153/154 vta., de fecha 29 de diciembre de 2011, dictada por el Juez titular del Quinto Juzgado Civil.

Para así resolver consideró que el plazo para computar la perención debe ser tomado desde que el decreto de concesión del recurso quedó efectivamente notificado al recurrente, esto es por cédula o personalmente, por lo que desde la fecha de notificación (10/05/2011), y hasta el planteo formulado (23/05/2011), no ha operado la perención.

El recurrente se agravia	de la resolución recurrida, ya que considera que los plazos de la perención se computan desde la medianoche del día en que se produjo el último acto impulsorio del procedimiento, hasta la medianoche del día del mes correspondiente a la finalización de dicho plazo, cuyo número coincida con el que dio inicio al cómputo. Es decir que se computa a partir del día siguiente a la última actuación impulsoria (providencia de fecha 4 de febrero de 2011), no contándose el día de realización del acto impulsorio, sin importar si la providencia o actuación haya sido notificada, esté o no consentida.

Considera que lo resuelto vulnera las garantías del debido proceso, igualdad de partes en el proceso, seguridad jurídica y derecho de defensa.

Que la actora apeló la resolución dictada en fecha 19/11/2010, siendo concedido el recurso el 04/02/11, sin que se haya producido ningún acto de impulso idóneo por la parte interesada hasta el 24/05/2011, luego de haberse cumplido el plazo de tres meses previsto en el art. 274 inc. 2° del C.P.C.

Hace reserva para articular los recursos extraordinarios.

Corrido traslado al actor, a fs. 167 y vta. lo contesta, pidiendo el rechazo del recurso con costas.

Elevados los autos a este Tribunal, a fs. 182 obra la adjudicación a estudio.

Y CONSIDERANDO:

Entrando al tratamiento del recurso articulado adelantamos opinión en sentido favorable a su admisión, en virtud de lo que a continuación exponemos.

En autos, dictada resolución que admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado, rechazando la demanda, el actor apela dicha sentencia el 22/12/2010.

Solicitando el a quo que se acompañara cédula de notificación a fin de acreditar la temporaneidad de la presentación, cumplido el 30/12/2010, se concede el recurso el día 4 de febrero de 2011 con efecto suspensivo, poniendo los autos para que el recurrente exprese agravios en el término de diez días a partir de la notificación por cédula del presente decreto conforme art. 253 del C.P.C.

El día 23 de mayo de 2011, el demandado solicita la caducidad de segunda instancia, escrito que recién fue proveído el 2 de junio de 2011 por encontrarse los autos en poder del abogado de la actora desde el 10/05/2011, según constancias de fs. 144 vta.

El 24 de mayo de 2011 el actor expresa agravios los que obran agregados a fs. 139/140 y vta.

Coincidimos y damos por reproducido lo expuesto por el apelante en cuento al cómputo de los plazos.

En el caso de autos debemos tener en cuenta cuando comienza a correr el plazo de perención, el que no debe contarse desde el retiro del expediente o notificación personal efectuada por el apelante, ya que a pesar de que la providencia recurrida, que concuerda con lo dispuesto por el art. 253 primer párrafo del C.P.C. manda una vez concedida la apelación poner el expediente a disposición del recurrente para que exprese agravios en el plazo de diez días de notificado por cédula, entra a regir la obligación de las partes interesadas a compulsar el expediente en los días establecidos por el Código, en este caso los días martes (art. 132, inc. 1 del C.P.C.).

Es desde ese momento que el régimen procesal hace pesar sobre el solicitante el trámite -en el caso quien dedujo la apelación- la carga de impulsar el proceso. Esto así, sea por mandato del art. 135 segundo párrafo del C.P.C. que dice: "No se notificarán mediante cédula las decisiones dictadas ..., ni las providencias simples que tiendan al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución para la parte que las hubiera solicitado cuando fueren consecuencia inmediata del pedido" (lo cual releva de notificar al apelante, por ese medio, el proveído que concede su recurso; haciendo operativo el sistema de notificación automática); sea porque debía concurrir a conocer dicho proveído a fin de suscribir la cédula, por ser la parte interesada en dicha notificación (conf. art. 137 ibíd).

Por ello y efectuando un análisis integral del cómputo de los plazos y las obligaciones de las partes, llegamos a la conclusión que el día martes 8 de febrero de 2011, la parte interesada debió concurrir al Juzgado a compulsar los autos y si los mismos no se encontraban dejar nota en el Libro respectivo, lo que no surge de autos.

Esta carga procesal, le está impuesta desde que se abrió la 2° instancia, desde que al apelante le está impuesto el deber de impulsar esta instancia. Por ello que el plazo comienza a correr desde el mencionado día 8/2/11 y hasta el próximo acto impulsorio, cual es la notificación personal por retiro de los autos el día 10/05/2011, conforme certificado de fs. 142.

Entonces, desde el 8/2/2011 y hasta el 10/05/2011, transcurrió el plazo de tres meses normado en el art. 274, inc. 2 del C.P.C., fundamento suficiente como para declarar la caducidad pretendida por el recurrente, conforme lo peticionara el día 23/05/2011.

Por lo expuesto, se RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso articulado, decretando la caducidad de la segunda instancia, con costas a cargo del actor vencido.

2) Regular los honorarios de los abogados Daniel Maldonado Romero, por su actuación en la presente incidencia, en doble carácter y como vencedor en la suma de pesos trescientos cincuenta ($ 350) y los del abogado Mariano Molina Mrad, en doble carácter y como vencido, en la suma de pesos doscientos diez ($ 210), de conformidad a lo dispuesto por los arts. 800, inc. 10, del C.P.C., arts. 188 y 197 de la Ley 2.150.

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.