Tribunal: JUZGADO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-19


//-sistencia, 19 de agosto de 2000.

AUTOS Y VISTOS:

Este Expte. Nº 824/00, caratulado: COOPERATIVA AGRICOLA SAN BERNARDO LIMITADA s/ INCIDENTE DE NULIDAD Y LEVANTAMIENTO DE EMBARGO en Expte. Nº 685/00: A.F.I.P. (D.G.I.) c/ COOPERATIVA AGRICOLA SAN BERNARDO LIMITADA s/ EJECUCION FISCAL"; y CONSIDERANDO:

I- Que a fs. 24/9 el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola San Bernardo Limitada, señor Juan Petrunior, patrocinado por el Dr. Eduardo A. Wannesson, se presenta e interpone nulidad del embargo tratado en autos por la A.F.I.P. sobre la caja de ahorro de su mandante y la nulidad de la ejecución con fundamento en la inconstitucionalidad de los arts. 92, 95 y concordantes de la Ley 11.683 (t.o. en 1998) modificada por ley 25.239 que deja planteada, como así la cuestión constitucional en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley 48 por manifiesto cercenamiento de garantías supralegales contenidas en los arts. 16 (igualdad de las partes en el proceso), 17 (derecho de propiedad), 18 (derecho de defensa y debido proceso legal), 28 (razonabilidad), 31 (supremacía de la Constitución Nacional) y 109 (principio republicano de división de poderes) de la Constitución Nacional y art. 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos (garantías judiciales), haciendo reserva de los daños y perjuicios ocasionados a su comitente.

Alega que el incidente de nulidad es el conducto idóneo y propio para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal irregular realizado durante cualquier clase de proceso, citando en abono de sus expresiones doctrina y jurisprudencia, a las que me remito brevitatis causae.

Señala que la traba del embargo no fue ordenada por el juez sino, por el abogado del Fisco, cuyo accionar "viene de la mano de la inconstitucional y arbitraria norma contemplada en el art. 92 de la Ley 11.683 -t.o. en 1998- Ley de Procedimiento Tributario vigente -", que conforme a dicha norma "al iniciar la ejecución fiscal lo único que debe hacer el cobrador fiscal es, amablemente informar al juez que ha iniciado un juicio de esas características y luego, procederán por sí y ante sí a librar y diligenciar los mandamientos del caso, disponer y efectivizar embargos y medidas precautorias de toda clase...", lo cual "como lo ha señalado la Asociación Argentina de Estudios Fiscales ... implica una afectación del derecho de propiedad del embargado, quien se ve restringido en el uso y disposición de su propiedad por una decisión irreverente de un funcionario dependiente de la Administración, en abierta violación de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional. El Juez asume así una función totalmente pasiva, procediendo a efectuar todas las diligencias los funcionarios de la AFIP; lo que en esencia también configura flagrantes violaciones de otras garantías supralegales, como la de igualdad de las partes en el proceso (art. 16º CN); la del derecho de defensa y debido proceso legal (art. 18º CN); la de razonabilidad (art. 28º CN) y la de supremacía de la Constitución Nacional" (sic).

Agrega que conforme la teoría de la división de poderes, nuestra Constitución ha pergeñado un mecanismo de control y equilibrio del poder que prohíbe al Presidente de la Nación ejercer funciones judiciales (art. 109 CN) -y con más razón a los funcionarios de rango inferior- y tendientes a liberar a la justicia de toda situación de dependencia, por lo que los jueces no están subordinados al Poder Legislativo y sólo deben obedecer a la Constitución y a la Ley. Que "La jurisdicción judicial actúa en razón del interés público de mantenimiento de la paz social ajustado a preceptos constitucionales de respetar y hacer respetar derechos y libertades. Se ubica en el conflicto que debe resolver como órgano imparcial. El delicado equilibrio entre el interés público y el aseguramiento de los derechos individuales, sólo puede garantizarse asumiendo el Juez para sí la tarea ejercitar el control acerca de la pretensión pertinente".

Refiere que la Ley 25.239 no sólo ignora la distribución funcional de los tres poderes del Estado sino, que viola garantías judiciales consagradas en tratados suscriptos por la Nación, de raigambre constitucional con motivo de su incorporación a la Carta Magna por su art. 75 -inc. 22-, como el art. 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial... para la determinación de sus derechos y obligaciones de ... orden fiscal o de cualquier otro carácter".

Cita el art. 29 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, otorgarles sumisiones o supremacías por las que las vidas, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, como así que "Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria".

Que la Ley 25.239 instaura dos procedimientos de ejecución, según existan o no excepciones por parte del ejecutado. En caso de inexistencia de defensas, concibe una ejecución administrativa, sin intervención real del Poder Judicial, habilitando la ejecución por el agente judicial sin sentencia de trance y remate como lo exige el art. 17 de la Constitución Nacional que dispone que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".

II- Al responder el traslado ordenado, la actora a través de su agente judicial, Dra. Marta Inés Brognoli, en síntesis, acusa falsedad de los fundamentos del pedido del levantamiento de embargo por que la medida fue decretada por el agente fiscal con comunicación al Juez interviniente dado que al presentarse la demanda se le informó que la misma sería adoptada de conformidad con el procedimiento legal vigente. Que si el suscripto considerara nulos los actos realizados en autos, estaría creando distinciones entre contribuyentes al aplicar un procedimiento distinto para la Cooperativa Agrícola San Bernardo Ltda..

Citando doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema a favor de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, señala que el Tribunal ya efectuó el control de constitucionalidad del nuevo procedimiento tributario al comenzar la vigencia de la ley 25.239 y entendió que debía ser aplicada, por lo que el planteo de la demandada debe ser desestimado.

Afirma que en autos se dio cumplimiento al procedimiento de ejecución fiscal que es el único actualmente disponible para perseguir el cobro de deudas de mora, por lo que no dándose los presupuestos que hacen a la existencia de acto procesal irregular, debe también desestimarse la petición.

Respecto a la nulidad de la ejecución, alega su inadmisibilidad por no haber sido satisfechos los recaudos del art. 545 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria por disposición del Procedimiento Tributario.

Sobre la inconstitucionalidad planteada por la ejecutada, argumenta que "no puede ser debatida en el estrecho ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo, toda vez que su tratamiento requiere una mayor amplitud de debate, propio de los juicios ordinarios y proceder en contrario implicaría desvirtuar la naturaleza típica del juicio ejecutivo, que se caracteriza por su celeridad y brevedad, con la salvedad sentada por la Corte Suprema en los supuestos excepcionales que cita, aseverando no se dan las mismas en estos obrados.

No obstante, alega que la nueva redacción del art. 92 no altera el principio del juez natural ni la división de poderes que consagra nuestra Carta Magna.

Que la garantía del juez natural queda a salvo con la existencia legal de un expediente judicial (juicio) radicado ante el juzgado federal competente, por lo que no puede asimilarse estos procesos a una "ejecución fiscal administrativa"; y no hay intromisión de la A.F.I.P. en la zona de reserva legal desde que el órgano jurisdiccional conserva absolutamente todas las potestades y el derecho constitucional del contribuyente al debido proceso y al de una instancia judicial, resulta de la integración del procedimiento previsto por el art. 92 con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Además, que el Agente Fiscal constituye un verdadero motor y garante de eficacia y celeridad del proceso y auténtico nexo entre la estructura judicial y administrativa. Que el nuevo proceso instaurado por la ley 25.239 hubiera sido inconcebible sin su presencia y con las facultades que le fueron conferidas regladas de manera tal que elimina toda posibilidad de abuso y más bien lleva beneficio y seguridad al contribuyente, quien cuenta también con la responsabilidad, vía art. 1112 del Código Civil, por los actos del agente como empleado de la A.F.I.P.

Que la obligada intervención del juez competente en el trámite del juicio de ejecución fiscal, asegura el control judicial por un órgano independiente.

Tras destacar las necesidades financieras del Estado y la morosidad fiscal, favorecidas por las dificultades del Poder Judicial para tramitar ágilmente las ejecuciones fiscales, haciendo alusión a morosidad consuetudinaria del deudor y reserva del caso federal, concluye solicitando se desestime los planteos de la accionada y se continúe el procedimiento vigente declarándose expedida la ejecución, con costas.

III- A fs. Se llama Autos para resolver.

IV- Reseñadas las circunstancias fácticas, procede resolver la petición del demandado, a cuyo fin en primer término, merituaré el cuestionamiento formulado por la Agente Judicial de la A.F.I.P. relativo a la improcedencia de la consideración de la inconstitucionalidad en el proceso de ejecución.

1- Cabe traer a colación que una de las vías procesales admitidas por nuestro ordenamiento jurídico para el concreto control de inconstitucionalidad, es la demanda o proceso incidental de otro principal.

Igualmente, que el control operado por el Poder Judicial reúne ciertas características, entre las que se menciona el ser restringido o parcial, por cuanto -no obstante no surgir la limitación del plano normativo constitucional sino de la doctrina autorrestrictiva de la Corte Suprema- no caen bajo el control judicial de constitucionalidad de aquellas normas o actos gubernativos calificados como cuestiones políticas, privativas o reservadas. (Confr. "Recursos ordinarios y extraordinarios", Aldo Bacre, págs. 422/9).

Se infiere de ello, que la imposibilidad argüida por la actora no resiste el menor análisis y, por ende, deviene inadmisible.

2- Sentado ello, corresponde ingresar en el examen de la cuestión de fondo, cual es la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 7 de la ley 25.239.

Ante todo es dable consignar que la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentado que "los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, esto es, sin petición expresa de parte, la inconstitucionalidad de leyes" (C.S. in re: Pacholezuk, Wladimiro c/ Treinta de Agosto S.R.L. s/ Accidente y otros").

Así, dadas las serias afecciones a los derechos tutelados por la Constitución Nacional, que aquí se denuncia y que se atribuye a la modificación del procedimiento tributario (ley 25.239 - t.o. Dcto. 821/98) introducido por la ley 25.239, me obliga a iniciar el análisis a partir del art. 28 de la Constitución Nacional que consagra la aplicación del principio general del derecho, como es de la razonabilidad, y que dicha norma prescribe para hacer inadmisible toda fuerza normativa.

En ese orden de ideas, en el entendimiento de la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, desde que esos derechos y garantías que ella misma reconoce se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, surge el primer e inevitable interrogante ¿la ley cuestionada altera esos principios, derechos y garantías?. Obviamente que la contestación requiere previamente un detenido y pormenorizado estudio, que intentaré llevar a cabo con la sobriedad y prudencia que el caso requiere sin que tal proceder implique menoscabar las funciones de los otros poderes. Ello así, desde que, tan trascendente tarea y que en definitiva se traduce en el control de constitucionalidad, es una de las misiones más delicadas de la justicia y que pertenece a la órbita exclusiva de esta jurisdicción.

A partir de allí y memorando que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal, como la que aquí se requiere, es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes sancionadas y promulgadas con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental gozan de una presunción de legitimidad, creo oportuno recordar las enseñanzas vertidas por Segundo Linares Quintana al decir que "la separación de los poderes gubernativos y el recíproco respeto institucional que cada uno de los órganos titulares de cada uno de los tres poderes, debe a los otros imponer que se reconozca una presunción iuris tantum a favor de la constitucionalidad de la norma cuestionada, que únicamente cede ante una prueba clara y precisa de la incompatibilidad entre la norma y la Constitución, en cuanto Ley Suprema del país" (autor citado, "Tratado de Interpretación de la Constitución Nacional", pág. 583 - Ed. Abeledo Perrot).

Expresado así el enfoque a partir del cual se dilucidará la cuestión, corresponde entonces abocarme de lleno a su tratamiento, no sin antes dejar aclarado debidamente los términos que serán utilizados para ello.

La palabra "arbitrariedad" no será interpretada restrictivamente, sino más bien, de manera amplia y generosa, equiparándola con "irrazonabilidad" e "ilegitimidad" (conforme criterio de Sagües en "Derecho Procesal Constitucional - Acción de Amparo", pág. 122, Ed. Astrea, 1995). Concordantemente con esa postura sea dicho que arbitrariedad es igual a irrazonabilidad ("Tratado de Derecho Constitucional", Miguel Angel Ekmekdjian, T. III, pág. 38, Editorial Depalma, 1995).

Sobre el particular, y habiéndome referido inicialmente al término "razonabilidad", debo expresar que a través de esa locución, "sólo se entiende el fundamento de verdad o justicia; por lo que, un acto puede tener fundamento de existencia, en cuanto se dictó y por el hecho de estar vigente; fundamento de esencia, en cuanto se apoya en normas jurídicas; y fundamento de razonabilidad en cuanto es justo". (Confr. Linares, Juan F., "Razonabilidad de la Leyes", pág. 108, Ed. Astrea, 1970).

Siguiendo esta línea argumental y trasladado al caso particular de autos, se impone entonces efectuar un juicio de valor sobre las normas constitucionales que dicen ser conculcadas, con la Ley objetada, para luego concluir acerca de la razonabilidad o no de la misma.

Por lo demás, sólo resta aclarar aquí, dado el art. 43 de la Constitución Nacional que emplea la disyuntiva "o", que no es necesario que el cuestionamiento de autos sea simultáneamente ilegal y arbitrario.

Y traigo a colación tal circunstancia ya que, liminarmente no se avizora "ilegalidad manifiesta" (desde un estricto marco formal), sí se considera que el procedimiento impugnado se apoya en una ley.

Sin embargo, y ya desde un enfoque sustancial, tal entendimiento no impide avanzar sobre el tema a dilucidar, con el firme convencimiento que existiría "ilegalidad manifiesta", cuando la norma vigente se opone a otra de rango superior. Lo cual también ante el concreto planteo de autos será objeto de decisión.

Luego del detenido análisis de los articulados consignados inicialmente por la incidentista, debo principiar por destacar que la ejecución fiscal según el texto modificado por la Ley 25.239, afecta seriamente el principio republicano de división de poderes ya que, el poder administrador detenta facultades jurisdiccionales a través de las amplias prerrogativas dadas al Agente Fiscal, lo que se traduce a una confrontación absoluta con la Constitución Nacional.

En efecto, con la sustitución del art. 92º, la facultad allí prevista genera una certera confusión, en cuanto a determinar quién resulta ser el titular del ejercicio jurisdiccional.

Es que en el actual procedimiento, el agente fiscal está facultado para librar bajo su sola firma mandamiento de intimación de pago y de embargo; trabar medidas precautorias por lo que y a los fines de su anotación expedirá (él mismo) un oficio, el cual "tendrá el mismo valor de una requisitoria y orden judicial". Y aquí me detengo, porque debo decir, lo que con mucha precaución advierto, que las normas contenidas en el actual procedimiento tributario tienen por efecto modificar formal y sustancialmente las funciones del Poder Judicial, y que a ultranza voy a defender, no por formar parte del mismo, sino fundamental y concretamente porque de adoptar esa postura sería otro responsable en cerrar cada vez más el debilitado horizonte de la justicia.

Indudablemente, el impacto que la norma tiene para el Poder Judicial es alarmante, ya que implica en los hechos la virtual extracción de sus funciones y de su órbita privativa, de una clase especial de litigios: los de ejecución fiscal, en donde exclusivamente la A.F.I.P. -a través del agente fiscal- detenta hoy en día las funciones propias e inherentes al Poder Judicial.

Tan potente vulneración, relativa al desglose competencial, se exterioriza además, en el seudo control tardío de los actos llevados a cabo por la A.F.I.P., y digo ello porque en la práctica los "informes" contenidos en el mero texto del art. 92º, son sólo eso: meros informes. A partir de allí, y más aún en caso de oponerse excepciones, la actuación jurisdiccional se reduce a dejar expedita la vía de ejecución.

De tal manera, los poderes otorgados a la A.F.I.P. tipifican a la vinculación Fisco - Contribuyente como una "relación de poder", abandonándose de hecho la relación que somete a ambos sujetos por igual a la ley y al derecho. Es que, tales poderes atacan el principio de igualdad (art. 16 de la C.N.), al otorgarle a la administración tributaria una gestión cómoda, sólo para ella, con normas de valoración y procedimientos alejados de los principios de justicia. La Ley 25.239 que modifica el trámite de ejecución fiscal, ha creado un verdadero fuero personal en el que la A.F.I.P. actúa como juez y parte, importando una flagrante violación a la Constitución Nacional.

Que, la posibilidad de disponer medidas cautelares en resguardo del crédito fiscal posee como condicionantes "verosimilitud del derecho" y la verificación de evidente "peligro en la demora", cuestiones que por sus efectos y gravedad, no pueden ser dispuestas por el propio acreedor o sus agentes, sino por los jueces naturales previa valoración de circunstancias fácticas a fin de evitar el ejercicio abusivo de derechos. (Confr. Considerandos parciales expuestos por la Comisión Nº 1 del Segundo Simposio de Legislación Tributaria Argentina, realizado en ciudad de Buenos Aires el 27/04/00).

Si como ya dije, el actual procedimiento de ejecución fiscal viola -groseramente- la división de poderes, no resulta extraño el avasallamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes. Es que, como vulgarmente se dice, el que puede lo más puede lo menos. Así, si el procedimiento de ejecución fiscal se traduce hoy en una farsa de proceso, precisamente por las amplias facultades jurisdiccionales otorgadas a la A.F.I.P., es obvio que todo lo demás guarda similares connotaciones, concretamente los derechos y garantías constitucionalmente amparados.

En efecto, el Preámbulo de la Constitución Nacional establece expresamente: "...afianzar la justicia". Así pues, tan preciado valor (el de la justicia) como derecho inherente a la naturaleza misma del hombre y anterior a toda forma de organización estatal, reclama irrestricto ejercicio. En esta tesitura, resulta inadmisible que dicho valor se subordine a aspectos de hechos vinculados con la actuación y decisión de la propia administración.

El nuevo procedimiento de ejecución fiscal, se traduce en una pulverización del real significado del proceso.

Ello así, ya que al reducir la jurisdicción del Tribunal, al punto de convertirlo en un mero instrumento formal para solo "ponerlo en conocimiento" informando los actos realizados por la A.F.I.P. e imponiéndole ejercer su plena potestad jurisdiccional, no puede sostenerse su real existencia.

Tan lamentable circunstancia atenta también -por consecuencia- contra el derecho de acceder a la jurisdicción, con las garantías que el mismo Estado tiene la obligación para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, a través del mantenimiento responsable y eficaz del ejercicio de la capacidad decisoria.

Entonces, ¿dónde ha quedado el derecho a la jurisdicción, con la amplitud que propugna el Pacto de San José de Costa Rica, el debido proceso y el control judicial de los actos administrativos, que debe imperar en nuestra sociedad conforme con los principios, derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional? Con el actual procedimiento indudablemente ha desaparecido.

De ello siguen infinidad de derechos afectados. Así, los previstos en los arts. 14, 16, 17, 18, 28, 29 y 31 de la Carta Magna, desde que la sola lectura del procedimiento vigente conlleva imperativamente tal conclusión.

No obstante lo cual, resta señalar que las facultades prevista a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin otra cortapisa que la responsabilidad de los agentes fiscales en los términos allí estipulados, y sin enfrentar el auténtico control judicial de legitimidad de los actos llevados a cabo por ella, es una situación que manifiestamente se contrapone con la Constitución Nacional, causando así una inminente lesión a los derechos y garantías de los contribuyentes.

Es que la modificación del procedimiento de ejecución fiscal no puede ser a esta altura aceptado, aunque se trate de un acto de esencia legislativa; desde que, la interferencia inicial que contienen sobre la zona de reserva de otro órgano del poder del Estado (la administración de justicia), determina necesaria y obligatoriamente un vicio de tal envergadura, que resulta en esta instancia imposible de subsanar. Es más, la entidad de los derechos afectados con dicho procedimiento me impiden agudizar el ingenio, para legitimar aquí, terrible restricción a los derechos constitucionales.

Por ello, y si bien la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ella es admisible cuando -como en el caso- de no acceder a tal declaración, se producirá -a no dudarlo- una inminente lesión a los derechos y garantías constitucionales de la incidentista. Máxime cuando -como aquí acontece- el mentado procedimiento resulta en forma manifiesta y contundentemente arbitrario, ilegal, irrazonable, injusto.

Así, y siendo que todo acto legislativo irrazonable o arbitrario deviene defectuoso y es inconstitucional (Bidart Campos, Germán, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", págs. 68 y 199), es evidente que las sucesivas restricciones contenidas en la modificación introducida por la Ley 25.239 y que motivara el concreto planteo de autos, requiere imperativamente la declaración de inconstitucionalidad requerida.

En lo atinente a las necesidades financieras del Estado invocadas por el Fisco, si bien es cierto que existen urgencias en ese ámbito, no lo es menos que las de la Carta Magna son superiores, de modo que nada puede justificar su vulneración. En ese sentido, estimo interesante la publicación aparecida en el Periódico Económico Tributario del 10 de agosto próximo pasado, efectuando bajo el título "El rol de los jueces en el proceso de ejecución fiscal", una meticulosa y extensa valoración de la Ley 25.239 y en el que su autor Eduardo A. Christensen comienza exponiendo: "Que el Estado quiera hacer trabajar más a sus agentes fiscales para mejorar la recaudación, no lo veo mal. Lo que como ciudadano no acepto es que los quiera hacer trabajar de jueces".

Como colofón, pone de relieve que: "No se puede intentar aumentar la recaudación violando el sistema garantista que nuestra Constitución estableció a favor de todos los habitantes de la Nación, y el Estado debe cumplir también, ya que sólo por disposición del Juez natural fundada en ley, y en el marco del debido proceso, el contribuyente puede ser privado de su derecho de propiedad ... las facultades otorgados a los agentes fiscales caen dentro de la prohibición del art. 109 de la C.N., que hace que la propiedad de los contribuyentes esté sometida a la voluntad de una persona (agente fiscal), contrariando lo normado en su art. 29... Es un verdadero atropello en los derechos de los contribuyentes, quienes como vimos ya tenían cercenado su derecho de defensa en juicio; hoy día están más cerca de ser rotulados como vasallos y no como contribuyentes ... El Estado -declarándose en emergencia y consolidando deudas, como si gran parte de los contribuyentes no viviesen en emergencia económica, sanitaria, educativa, habitacional, previsional, etc.- utilizando sus prerrogativas de derecho público , produce cercenamientos constitucionales como los que hablamos, intentando recaudar a como dé lugar para poder cubrir sus necesidades crecientes, pese al achicamiento de las funciones y servicios que presta el mismo; esto ha llevado a decir al maestro José O. Casás que estamos frente a "El estado desertor"... Por otra parte, tampoco la causa en la mera de la recaudación obedece a un vetusto proceso de ejecución fiscal ni a la falta de prorrogativas del Fisco. Los motivos son otros y deben analizarse sus causas, no sus efectos...".

Tampoco puedo dejar de advertir que seguramente serán varios los que se alcen contra la postura asumida; sin embargo, y consciente de tal decisión, pongo de relieve que la Ley 25.239 que modifica el procedimiento de ejecución fiscal, solamente supera el test de razonabilidad en lo que refiere a su existencia (por tener naturaleza legislativa), ya que su verdadera esencia (compatibilidad de la norma con la Constitución Nacional) y la razonabilidad misma (justicia), brillan por su ausencia.

En virtud de lo reseñado cabe concluir que el art. 18 punto 5-) de la Ley 25.239 -modificatorios de la Ley 11.683, t.o. Dcto. 821/98- no pueden ser considerados norma legal válida pues, como lo ha expuesto Luis Recaséns Siches, "si bien la justicia, y los demás valores jurídicos de alto rango, representan los criterios axiológicos supremos en los que el Derecho debe inspirarse, y si bien el derecho no quedará justificado sino en la medida en que cumpla las exigencias de tales valores hasta donde sea humanamente posible, no obstante, el derecho nace en la vida humana para colmar una urgencia de seguridad y certeza en las relaciones sociales. Nótese que, desde un punto de vista formal, el Derecho no es un fin, sino que es un medio especial del que se sirven los hombres para asegurar la realización de ciertos fines que reputan de urgente e indispensable cumplimiento así, pues, lo jurídico no radica en el qué, sino en el cómo" (Confr. Luis Recaséns Siches, "Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho", Fondo de Cultura Económica, México, 1956, pág. 274).

Por tanto, corresponde declarar su inconstitucionalidad, tal como lo autoriza el art. 3º de la Ley 27.

Y, consecuentemente, procede declarar la nulidad de todos los actos procesales formalizados en los autos principales.

R- Respecto a las costas, en cuanto cargas financieras del costo del proceso, teniendo en cuenta que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siguiendo el principio objetivo de la derrota, las impone a cargo del vencido, como así -adelanto- la resolución que se adoptará, procede imponerlas a la A.F.I.P.

A tal fin, dejo determinado que el valor económico base para la regulación de honorarios por la labor profesional desplegada por el patrocinante de la accionante, Dr. Eduardo A. Wannesson, será el monto cierto demandado en concepto de deuda en el certificado respectivo emitido por la A.F.I.P., obrante a fs. 1/2 de los autos principales, es decir, pesos dos millones doscientos quince mil cuatrocientos cincuenta y uno ($ 2.215.451).

Siguiendo las directivas de los arts. 6º, 7º, 9º, 33, 37 y 40 de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, estimo adecuado fijar la retribución por la labor profesional del Dr. Eduardo A. Wannesson en la suma de pesos doce mil cuatrocientos seis con cincuenta y dos centavos ($ 12.406,52) que resulta de extraer de la base regulatoria el 20% conforme al art. 7 ($ 443.090, 20), que se divide por dos según el art. 40 - primer párrafo - (443.090,20 : 2 = 221.545,10), se le resta el 30%(66.463,53 = 155.081,57), de dicho resultado el 40% según el art. 9º ($ 62.032,62), del que se calcula el 20% por aplicación el art. 33 ($ 12.406,52), arrojando la suma indicada. Y, siguiendo idénticos parámetros, los de la Dra. Marta Inés Brugnoli en la suma de pesos ocho mil seiscientos ochenta y cuatro con cincuenta y seis centavos ($ 8.684,56).

A la luz de lo expuesto y normas legales citadas, RESUELVO:

I- DECLARAR la inconstitucionalidad de los arts. 5º y 7º de la ley 25.239 modificatorios de la ley 11.683 (t.o. Dcto. 821/98) y, en consecuencia, la nulidad de todos los actos procesales cumplidos en los autos principales, Expte. Nº 685/00, caratulado: "A.F.I.P. (D.G.I.) c/ Cooperativa Agrícola San Bernardo Ltda. s/ Ejecución Fiscal" (art. 3º de la Ley 27).

II- COSTAS a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del Dr. NN por su intervención en la calidad de patrocinante de la actora, en la suma de XXX (XXX) y los e la Agente Judicial de la A.F.I.P. NN, en la de XXX (XXX), de conformidad con los arts. 6º, 7º, 9º, 33, 37 y 40 de la Ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432.

Regístrese y notifíquese.

Fdo.: Carlos Rubén Skidelsky. Juez Federal.

INTERLOCUTORIO Nº 161.- //-sistencia, 22 de Agosto de 2000.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que en este Expte. Nº 824/00, caratulado: "COOPERATIVA AGRICOLA SAN BERNARDO LIMITADA s/ INCIDENTE DE NULIDAD Y LEVANTAMIENTO DE EMBARGO en Expte. Nº 685/00; A.F.I.P. (D.G.I.) c/ COOPERATIVA AGRICOLA SAN BERNARDO LTDA. s/ EJECUCION FISCAL", a fs. 57, en tiempo y forma, la incidentista plantea aclaratoria en relación a la cita de las normas cuya inconstitucionalidad se declara en el Auto Interlocutorio de fs. 49/56, y asistiéndole razón procede hacer lugar a la petición.

Por ello, RESUELVO:

I - RECTIFICAR el apartado I-) de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio Nº 161 obrante a fs. 49/56, en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada comprende a los incisos 5 y 7 del art. 18 de la Ley 25.239.- Regístrese y notifíquese.- Fdo.: María Isabel Perretti. - Secretaria. - Juzgado Federal Rcia.- INTERLOCUTORIO Nº 162