Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26


C. Nac. Civ., en pleno, 26/07/1994 - SADAIC v. Playmarket Argentina).

Buenos Aires, julio 26 de 1994. - Reunidos en acuerdo plenario, con el objeto de establecer la doctrina legal aplicable respecto de la siguiente cuestión:

"Si de acuerdo con lo dispuesto por el art. 29 ley 20321 la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art. 1 ley 23898".

La mayoría, en forma impersonal, dijo:

La ley 20321 que rige a las asociaciones mutuales, en su art. 29 dispone que dichas entidades "quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municip. de Buenos Aires..., de todo impuesto, tasa o contribución de mejora en relación a sus bienes y por sus actos".

A su vez, la ley 23898, en su art. 1 prescribe: "Todas las actuaciones judiciales que tramitan ante los Tribunales Nacionales con asiento en las provincias estarán sujetos a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo exenciones dispuestas en éste u otro texto legal".

Una interpretación sistemática y armónica de los textos legales citados, lleva a concluir que si bien las asociaciones mutuales no se encuentran mencionadas dentro de las causales de exención de pago de la tasa de justicia dispuestos por el art. 13 ley 23898 , debe considerárselas incluidas en el párrafo final del art. 1 de ese cuerpo legal que alude a las exenciones creadas por otras leyes y que, en este caso, es la norma general que regula la actividad de las entidades mutualistas y que establece una exención genérica al pago de tasas.

No ignora el Tribunal que la intención del legislador al suprimir el art. 2 inc. a) ley 21859 , que eximía del pago de tasa a los entes públicos y demás entidades exentas del pago del impuesto a los sellos se sustentó en la falta de razones atendibles para que las mencionadas entidades no paguen dicha tasa cuando solicitan la prestación del servicio de justicia.

Sin embargo, al dejar subsistentes las franquicias establecidas "por otras leyes" (art. 1 ley 21898 in fine cit.) obliga a los jueces a respetarlas, puesto que seguramente también existen otras motivaciones no explicitadas, que lo indujeron a mantener la eximición en esos particulares supuestos.

Las disposiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (conf. Corte Sup., Fallo M.130.XXIII, "Multicambio S.A. s/recurso de apelación", del 1/6/93 [3]).

En tal sentido es oportuno recordar que la intención del legislador al eximir a las asociaciones mutuales de todo tipo de gravámenes ha sido la de facilitar su funcionamiento y gestión. En efecto, en la exposición de motivos de la ley 20321 , se lee: "Las disposiciones de exención impositiva, en el aspecto de fomento por vía de liberación de gravámenes, surge de la misma necesidad de desarrollo de las mutuales, ya que si el Estado tiene el propósito de fomentarlas no es prudente que las grave con cargas impositivas de cualquier naturaleza. La exención impositiva se traduce en el menor costo de los servicios realizados por las comunidades organizadas bajo la forma de mutual" (conf. "Anuario de legislación nacional-provincial", 1973-A-623).

En consecuencia, dado que S.A.D.A.I.C., según el art. 1 de sus estatutos, es una asociación civil, cultural y mutualista, regida por leyes nacionales, entre las que se incluye la ley 20321 , no cabe otra alternativa que eximirla del pago de la tasa de justicia prevista por la ley 23898 .

Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art. 303 CPr), se resuelve:

"De acuerdo con lo dispuesto por el art. 29 ley 20321 , la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art. 1 ley 23898 ".

Jorge A. Giardulli. - Ana M. Luaces. - Hugo Molteni. - Jorge Escuti Pizarro. - Gerónimo Sansó. - Alberto J. Bueres. - Alí J. Salgado. - Juan C. Dupuis. - Elena I. Highton. - Ana M. Conde. - Fernando Posse Saguier. - Marcelo J. Achával. - Julio M. Ojea Quintana. - Delfina M. Borda. - Eduardo L. Fermé. - Luis G. Lérida. -Zulema D. Wilde. - Teresa M. Estévez Brasa. - Julio R. Moreno Hueyo. - Emilio M. Pascual. - Carlos Polak. - Hernán Daray. - Con sus fundamentos: Jorge H. Alterini. - Javier Ruda Bart. - José L. Galmarini. - Con ampliación de fundamentos: Osvaldo D. Mirás.

En disidencia: Luis López Aramburu. - José A. M. de Mundo. - Mario P. Calatayud. - Leopoldo Montes de Oca. - Claudio M. Kiper. - Carlos R. Degiorgis. - Gladys S. Alvarez. - Carlos H. Gárgano.

Con sus fundamentos: Roberto E. Greco.

El Dr. Mario C. Russomanno no suscribe por hallarse en uso de licencia; las vocalías n. 19, 23 y 28 se encuentran vacantes.

DISIDENCIA DE LOS DRES. LOPEZ ARAMBURU, DE MUNDO, CALATAYUD, MONTES DE OCA, KIPER, DEGIORGIS, ALVAREZ Y GARGANO. - El ámbito de aplicación de la ley de tasas judiciales es general, en tanto que las exenciones están particularizadas respecto de ciertas personas -exenciones subjetivas- o de ciertas actuaciones -exenciones objetivas- de donde resultan gravadas todas las acciones judiciales que no se hallen expresamente exentas por causa de la persona que en ella interviene o por la especie de actuación de que se trate (conf. C. Nac. Com., sala D, del 19/11/86, LL 1987-B-234 [5]).

En el marco de la ley 23898 las exenciones subjetivas están previstas en el art. 13 incs. a), e) y f); mientras que las objetivas están contempladas en los incs. b), c), g), h), i) y j) del citado artículo. Por su parte el art. 1 del referido cuerpo legal, innovando parcialmente la redacción de su antecedente, el art. 1 ley 21859 (4), amplía mediante una genérica remisión a otras leyes, el elenco de exenciones al pago del tributo que regula. En tal sentido expresa "Todas las actuaciones judiciales... estarán sujetas a las tasas que establece la presente ley, salvo exenciones dispuestas por éste u otro texto legal...".

Ahora bien, para determinar si la exención impositiva dispuesta por la ley orgánica de Asociaciones Mutuales en su art. 29, se encuentra comprendida en el párrafo final del citado artículo de la ley de tasas, corresponde interpretar el real alcance de este último.

En tal sentido, se advierte que la norma en análisis alude a "todas las actuaciones" concepto éste que el legislador distingue claramente de las "personas" (art. 13 cit.), para indicar las hipótesis en las cuales el tributo no se adeuda. De tal modo, cabe interpretar que el texto de marras importa una exención objetiva, cuya razón reside en la índole del proceso invocado.

De lo dispuesto se colige que la exención prevista por el art. 29 ley 20321 no tiene cabida en el ámbito de la ley 23898 , por tratarse de una exención de carácter subjetivo, es decir, de aquéllas que no pueden ser buscadas fuera de la ley de tasas y que expresamente fueron contempladas por el legislador en el citado art. 13. Tal es así que la incorporación del Instituto Nac. de Previsión Social, como sujeto exento del tributo respecto de determinados actos, motivó la modificación de la ley (art. 34 ley 23966 ).

Por otra parte, la ley 23898 en su art. 13 , no reprodujo el texto del inc. a) art. 2 de la derogada ley 21859 que eximía del pago de la tasa de justicia a la Nación, demás entes públicos y las entidades exentas del impuesto de sellos, por lo que las referidas entidades, desde la vigencia del nuevo ordenamiento que regula esta materia, deben abonar la tasa que grava las actuaciones en sede judicial.

Es que la intención del legislador al eliminar la exención aludida, conforme surge de las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores, responde a la finalidad que inspira la creación del tributo en cuestión.

Pues, si la mencionada tasa constituye una contraprestación por un servicio efectivamente prestado, no existen razones para que la Nación, demás entes públicos y las entidades exentas del impuesto de sellos no la paguen cuando ellos solicitan la actuación de la justicia.

Si los entes públicos no gozan de la franquicia, con mayor razón ha de tributarla una entidad recaudadora como lo es S.A.D.A.I.C.

Por último y sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que la norma del art. 29 ley 20321 , carece del alcance y significación que se le asigna, pues la expresión "por sus actos" debe entenderse indisolublemente vinculada a los "bienes" a que se refiere la propia norma. Esta aclara, precisamente, que el beneficio alcanza a "todos los inmuebles" de la asociación, de manera que la exención comprende únicamente a los impuestos, tasa o contribución de las mejoras concernientes a este tipo de bienes y a condición de que éstos se obtengan rentas y que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidos en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada asociación.

Asimismo, para aprehender con mayor nitidez el carácter extraño con la cuestión que aquí se discute, que tiene la supuesta exención, cabe añadir que la misma norma dispone que quedan exentos del impuesto a los réditos los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados.

Bajo tales premisas, se advierte el limitado ámbito de la exención referida a actos específicos, internos y de administración de la asociación. En efecto, no parece adecuado extender una exención prevista en la ley orgánica de las asociaciones mutuales, obviamente referida a determinados actos de su vida interna, a todos los actos de su actuación externa, o si se prefiere, más específicamente a la cuestión de la tasa judicial, regulada con precisión por disposiciones posteriores.

En consecuencia, según se ha puesto de relieve en la interpretación precedente, no subsiste ningún valor residual, en lo que atañe al presente caso, en la previsión normativa del art. 1 in fine ley 23898 .

Si bien la cuestión es clara, cabe recordar que, aun en el supuesto de ser dudosa, las excepciones deben interpretarse restrictivamente.

Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art. 303 CPr.), se resuelve:

"De acuerdo con lo dispuesto por el art. 29 ley 20321 , la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música no se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art. 1 ley 23898 ".

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, como doctrina legal aplicable (art. 303 CPr.), se resuelve:

"De acuerdo con lo dispuesto por el art. 29 ley 20321 , la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art. 1 ley 23898 ".

Dése cumplimiento a lo dispuesto por el art. 62 del reglamento del fuero.

Los Dres. Alterini, Ruda Bart y Galmarini dijeron:

1. No corresponde por vía interpretativa modificar el contenido explícito de las normas tributarias. El carácter único de la legislación nacional obsta al análisis parcializado de las distintas leyes, las cuales han de ser entendidas según el contenido específico que regulan y al alcance general que abarcan.

2. Aun cuando conceptualmente pueda distinguirse entre las exenciones denominadas subjetivas (referidas a personas) y las objetivas (referidas a actuaciones), el examen de la ley 23898 , desprovisto de un criterio integrador, que aisladamente interprete el contenido de los arts. 1 y 13, para luego centrar el análisis en los vocablos "actuaciones" y "personas", tiene como resultado la tergiversación del sentido de la salvedad contemplada en términos sencillos y llanos en el art. 1 de la mencionada ley. Según esta norma, las actuaciones judiciales ante los tribunales nacionales están sujetas a las tasas judiciales que establece la ley "salvo exenciones dispuestas en ésta u otro texto legal". Así, genéricamente, prevé exenciones, abarcando tanto las subjetivas como las objetivas, sin distinguir entre ellas y contempla las consagradas en la misma ley como también las contenidas en cualquier otro texto legal, insistimos sin marcar distinción alguna.

3. La circunstancias de que los arts. 1 y 2 de la misma ley hagan referencia a "todas las actuaciones", permite inferir que acentúa la idea de la necesidad del pago de la tasa de justicia como principio y que esa obligación se ha extendido a supuestos eximidos en la ley anterior. Sin embargo, no autoriza a concluir que las exenciones dispuestas en esta misma ley o en otra, según prevé el final del art. 1, deban entenderse como que se limitan a las denominadas exenciones personales previstas en el art. 13 de la ley de tasas judiciales actualmente vigente, mientras las llamadas objetivas referidas a actos o actuaciones comprenden tanto las explícitamente contempladas en el art. 13, como las que existan en otras leyes. La disquisición citada no surge de la ley, sino que a nuestro juicio es producto de un error interpretativo consistente en considerar que como el art. 1 hace mención a actuaciones y el 13 a personas y actuaciones, la salvedad contenida en el primero de estos artículos no contempla exenciones previstas en otras leyes fundadas en razón de las personas.

4. En nuestro criterio, la conclusión cuestionada importa una simplificación inadmisible como método interpretativo. El art. 1 establece el principio general de que todas las actuaciones judiciales deben tributar la tasa prevista en la ley. La salvedad fue agregada por la reforma introducida por la ley 23898 . La tasa judicial únicamente puede aplicarse con motivo de actuaciones judiciales y no a personas que no ejerzan tales actuaciones. De ahí que en el art. 1 no correspondía que se hiciera aclaración alguna, ni siquiera mención de las personas que deben pagar o que se encuentran exentas. Si al final del artículo se dejan a salvo las exenciones consagradas en otras leyes, y ese párrafo fue agregado por la "nueva ley", no puede interpretarse que una aclaración explícita sobre las previsiones de otras leyes, manifestada en sentido favorable al mantenimiento de esas previsiones legales, pueda ser interpretada como derogatoria de ellas cuando se trata de exenciones en favor de las personas.

5. Las exenciones a la tasa previstas en el art. 1 están referidas a todas las contenidas en otras leyes. Si se trata de una solución legislativa acertada o no, es una cuestión ajena al tema del plenario. Este no tiene por finalidad reformar la ley, ni darle un alcance distinto al que surge de la letra y del espíritu, sino interpretarla para unificar la jurisprudencia contradictoria o sentar un criterio uniforme en los tribunales de un mismo fuero. No corresponde distinguir donde la ley no lo hace, si tampoco puede inferirse de su contenido esa solución.

6. Interpretada con el alcance indicado la salvedad explicitada en el art 1 ley 23898 , debe concluirse que la exención consagrada por el art. 29 ley 20321 abarca también el pago de la tasa de justicia. Como según el art. 1 del Estatuto de S.A.D.A.I.C. es una asociación civil, cultural y mutualista, regida por leyes nacionales, entre las que se incluye la ley 20321, coincidimos con el voto de la mayoría en que corresponde eximirla del pago de la tasa de justicia prevista por la ley 23898. Con tal alcance votamos por la afirmativa.

AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. MIRAS. - La distinción entre actuaciones y personas, que se hace para interpretar el art. 1 ley 23898 , en su remisión a "exenciones dispuestas en éste u otro texto legal", en el sentido de que ellas recaen sobre actuaciones y no sobre personas -lo que excluiría a S.A.D.A.I.C.- es artificiosa.

En primer lugar, parece superfluo destacar que el art. 1 sienta el principio general, y que por ende no puede referirse sólo a un aspecto de los dos en que según esta corriente aparece dividida la inteligencia de las exenciones. Es que -extremando el argumento- sólo cabría invalidar la interpretación que se combate si el art. 1 hubiese expresado: "Todas las actuaciones judiciales y personas que tramitan ...estarán sujetas...", lo que deviene tautológico, pues obvio es que si todas las actuaciones tributan, lo harán sean cuales fueren las personas que las tramitan.

En segundo lugar, las exenciones de los distintos incs. del art. 13 revierten todas en liberar del pago de la tasa de justicia a las actuaciones, sean éstas previstas en sí mismas, fuere en general toda las que ejecutan determinadas personas, como quien goza del beneficio de litigar sin gastos (inc. a). Siempre, pues, aunque el encabezamiento del art. 13 destaque que hay exenciones que recaen en favor de las personas y otras respecto de actos en concreto, lo que es una realidad incuestionable, quienes no tributan la tasa son siempre las personas y el hecho generador liberado, las actuaciones judiciales.

Por ende, verse la exención proveniente de ésta u otra ley sobre las personas o sobre determinados actos, son estos últimos los eximidos del tributo, razón por la cual la expresión del art. 1: "Todas las actuaciones judiciales..." involucra las cumplidas por cualquier persona y si ella se encuentra liberada de tributar tasas en general, como S.A.D.A.I.C., todas las actuaciones judiciales promovidas por ella lo estarán igualmente.

FUNDAMENTOS DEL DR. GRECO. - No es exacto que las asociaciones mutuales hayan estado exentas de tasa judicial porque estuviesen exentas del impuesto de sellos, como establecía el art. 2 inc. a) ley 21859 . Lo estaban con anterioridad a ésta, por el art. 29 de la ley 20321 , de modo que en nada incide en el tema la suplantación de la ley 21859 por la ley 23898 que ahora rige, la que no reprodujo aquella mención. Porque pase lo que pase con el impuesto de sellos y diga lo que diga la actual ley de tasas judiciales, esta última respeta la exención de la ley 20321 al referirse a las contempladas en otro texto legal. Y no es ocioso agregar que la norma es tan amplia que alcanza a todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a los bienes de la entidad o por sus actos. Actos que, desde luego, pueden consistir en acciones judiciales.

Se trata de una verdadera "excepción-regla", como llamaba un recordado maestro a las disposiciones que establecen una excepción que constituye una regla para los casos que contempla (Salvador Fornieles, "Interpretación de las excepciones", en el volumen "Cuestiones de derecho civil", 1a. parte, Bs. As., 1944, Ed. Revista de Jurisprudencia Argentina S.A., ps. 33/45). La regla general viene a ser la imposición de un tributo a quienes configuran el hecho imponible, la excepción las entidades mutuales para quienes la exención tributaria se convierte, a su vez, en regla. Y para aplicarles un impuesto o tasa determinada se requeriría una nueva excepción a la mencionada excepción-regla.

Por tanto, me parece ocioso acudir a la siempre falible averiguación de una supuesta intención del legislador -antiguo método hermenéutico, hoy desacreditado- ni a las distinciones entre exenciones subjetivas y objetivas, ya que me basta la inequívoca intelección del precepto fundante para determinar que el régimen legal aplicable es la exención establecida en el recordado art. 29 ley 23021 , que no tiene excepción en el régimen de la ley de tasas judiciales. Y menos convincente aún la calificación de entidad recaudadora que, a ese efecto, se endilga a la actora, desde que se parte de la base que es una asociación civil, cultural y mutualista, inscripta como tal en el registro respectivo.

A quienes consideran injusta o inconveniente la solución del derecho vigente sólo les cabe propiciar una reforma legislativa, pero no es compartible el intento de establecer una excepción por vía de interpretación para que el citado art. 29 dijese algo así como "...quedan exentas de todo impuesto, tasa... excepto de la tasa judicial".

Por estas razones adhiero a la conclusión de la mayoría y voto por la afirmativa.