Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17852 Expediente Nº 9.063/2010 SALA IX Juzgado Nº 18 En la Ciudad de Buenos Aires, al 29/5/12 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: "BAIGORRIA LUIS ANTONIO C/ UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL": se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda incoada, se alzan las partes actora y demandada a tenor de los memoriales obrantes a fs. 279/280 y vta. y fs. 270/274 y vta., respectivamente.

La accionada cuestiona que, si bien el Sr. Juez de grado rechazó la acción deducida por el reclamante, también desestimó la excepción de prescripción oportunamente opuesta, imponiéndole las costas al respecto.

Por su parte, el actor apela lo decidido por el sentenciante con relación al fondo de la cuestión. Corridos los pertinentes traslados, las partes actora, demandada y el tercero Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios contestan mediante las piezas que lucen a fs. 283 y vta., fs. 288/291, y fs. 284/286 y vta., respectivamente.

Asimismo, requerida la opinión del Ministerio Público Fiscal ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Sr. Fiscal General se expidió a tenor del dictamen obrante a fs. 303 y vta.

II- En primer término trataré el disenso vertido por la demandada con relación al rechazo de la excepción de prescripción que opuso en su oportunidad pues, de su suerte, dependerá el análisis de las restantes cuestiones que se ventilan en esta instancia.

En tal sentido, adelanto que, de prosperar mi voto, la queja tendrá favorable recepción. Ello es así, habida cuenta de que tal como lo puntualiza el Sr. Fiscal General en su dictamen de fs. 303 y vta. (Nº 54.724 del 9/5/12), y en opinión que comparto, el plazo de prescripción aplicable en los pleitos por extensión de responsabilidad, resulta ser el de dos años que prevé el art. 256 de la L.C.T., establecido de manera general para limitar la vigencia de acciones provenientes de las relaciones individuales de trabajo, que agrego, también coincide con el plazo previsto por el art. 4037 del Código Civil, aplicable en caso de ubicarse la responsabilidad en el plano extracontractual.

Sentado ello, el punto de partida del curso del plazo prescriptivo debe situarse en el momento en que el derecho respectivo puede hacerse valer, y en el caso concreto, de las actuaciones se desprende que mediante el decreto Nº 798/04 del 23/6/04 se procedió a rescindir el contrato de concesión del servicio de transporte ferroviario -a cargo de la empresa Transporte Metropolitano General San Martín S.A.-, y que por Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 408/04 del 24/6/04 se conformó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.

Asimismo, el 6 de enero de 2005 la citada empresa y la Secretaría de Transporte suscribieron un Acta de Entrega de Operación, por la cual la demandada recibió la operación del servicio de transporte ferroviario en cuestión (ver prueba informativa de fs. 159/232).

Ello así, teniendo en cuenta los planteos efectuados por el actor en marzo y mayo de 2005 (ver fs. 335 y vta. y fs. 343 y vta. del expte 6140/01 que corre por cuerda) -oportunamente desestimados por el Sr. Juez de grado-, y el plazo previsto por el art. 256 de la L.C.T., no cabe más que concluir en que la presente acción se encontraba prescripta a la fecha de su articulación -esto es, el 19/3/10 (ver cargo impuesto a fs. 8)-.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, propongo revocar la sentencia de grado en este punto, y hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta oportunamente por la accionada.

En tales condiciones, resulta abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas ante esta Cámara.

III- El nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la atribución de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.).

Ello así, respecto de la distribución de los gastos causídicos, si bien es cierto que el art. 68 del C.P.C.C.N. dispone que las costas del juicio deben ser soportadas por la parte vencida -criterio que se fundamenta básicamente en el hecho objetivo de la derrota- no lo es menos que existen excepciones como las previstas en la norma ritual mencionada, que autorizan a eximir al perdedor de la condena en costas -total o parcialmente- cuando se advierta mérito para ello.

El "mérito" a que alude la norma, presente cuando se ha litigado mediante "convicción fundada" acerca de la existencia del derecho invocado, estimo que se da en el caso, atento la naturaleza de la cuestión debatida. Por ello, sugiero imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).

Asimismo, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadadas en el marco del valor económico en juego y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., y los arts. 6, 7, 8, y siguientes de la ley 21.839 -conf. ley 24.432-, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada, y del tercero interviniente, en las sumas de $6.000, $6.800, y $6.800, respectivamente, a valores actuales.

IV- Regúlense los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora, de la demandada y del tercero en el 25% de lo que a cada uno le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- El recurso de la parte actora llega desierto, en tanto no efectúa una crítica concreta de los fundamentos del fallo que considera equivocados, por lo que no cumple con lo normado por el art. 116 de la L.O., limitándose a transcribir párrafos de la sentencia recurrida, pero sin llegar a rebatirlos; reiterando argumentos ya vertidos en instancias anteriores lo que no constituye materia de agravios.

Por lo demás plantea la "inconstitucionalidad" de la sentencia sin indicar cuáles serían las normas de la misma que ataca, ni el marco constitucional que se vería afectado, limitándose a formular aspectos meramente dogmáticos sobre le principio de igualdad a la ley, que no identifica y, a otros ciudadanos, sin precisar las circunstancias.

Por ello, sugiero confirmar lo decidido en origen.

II- En virtud de ello, los agravios de la demandada carecen en principio de interés recursivo, salvo en lo que respecta en materia de costas y honorarios, sobre lo cual adhiero a la solución adoptada por el Dr. Balestrini, al igual que lo propuesto sobre la prescripción.

Por los fundamentos precedentes, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia dictada en la anterior instancia en cuanto a la excepción de prescripción interpuesta, y hacer lugar a la misma; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y tercero, por su actuación en la instancia de origen en las sumas de $6.000, $6.8000, y $6.800, respectivamente, a valores actuales; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta Alzada en el 25 % de lo que a cada uno le corresponda percibir por su labor en la instancia de origen.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante mí.