marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, fundamentación de sentencias, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Cossio Ricardo Juan Alfredo y otros c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

La disidencia postuló el rechazo de los recursos de casación interpuestos por el MPF y la OA pues, no habiendo los recurrentes presentado otros agravios, lo resuelto por el "a quo" en el decisorio impugnando resulta ajustado a derecho y a las circunstancias comprobadas del caso pues, desde la fecha de la citación a juicio dispuesta en las actuaciones principales (art. 354 CPPN), operó el término prescriptivo de la acción penal computable (6 años), sin que se haya constatado durante su curso algún otro acto con virtualidad interruptiva, de conformidad con lo taxativamente normado por el art. 67 CP (texto según ley 25.990).

Dres. Borinsky -disidencia-)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIOLI, AMANDA c/ MAZZA, JUAN CARLOS s/ COBRO DE PESOS   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    CSJ EXPTE NRO 333-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta si se verifica sin esfuerzo en el pronunciamiento impugnado, razones de hecho y de derecho suficientes como para no merecer el calificativo de arbitraria. Ya que al margen del acierto o error en que el mismo haya incurrido, exhibe un tratamiento y respuesta apropiada de las defensas esgrimidas por las partes. Máxime cuando ya se ha sostenido que no está el Tribunal obligado a considerar todas y cada una de las pruebas y argumentos esgrimidos en la litis, bastando que la solución adoptada se ajuste al material normativo y fáctico implicados en la causa y revele una razonabilidad suficiente.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, empresa de transporte
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTES FOURNIER S.A c/ O.S.N s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

La indisponibilidad de unidades destinadas al transporte público de pasajeros, por causa de las reparaciones que se hicieron necesarias a raíz de un accidente de tránsito, debe ser indemnizada
Adulteración de la numeración de bienes registrables, patente del automotor, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Brancatti, Alejandro R. y otro s/ Infr. Dec. Ley 6582/58
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-03

La figura penal prevista en el art. 289 inc. 3ro. del Código Penal no requiere la prueba de una finalidad delictiva ulterior en el autor para su tipificación. Son conductas dirigidas a cambiar la identidad del automotor, falseándola. Basta, entonces, con el conocimiento de que se está reemplazando la chapa patente de un vehículo por otra o modificando su numeración o, en el caso del artículo mencionado, de que está aplicando dicha placa a un objeto al que no le corresponde, sumado a la consiguiente voluntad de hacerlo. El bien jurídico protegido en las normas citadas es la fe pública que, en el caso, se ha visto afectada.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cosa riesgosa, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ALEMAN FEDERICO c/ UNION CONSTRUCTORES ARGENTINOS S.A. (U.C.A.S.A.) s/ ACCIDENTE (ART.1113 C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-18

La eximente - culpa de la víctima - requiere la concurrencia de varios requisitos. Para que opere excluyendo totalmente la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa el hecho de la víctima debe haber sido causa adecuada y exclusiva del daño. No debe ser imputable directa ni indirectamente al demandado. El obrar de la víctima debe ser culposo y resultar normalmente imprevisible e inevitable y reunir condiciones de certeza, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepcion al regimen de la responsabilidad. En punto a la incidencia de la llamada "aceptación de los riesgos" el regimen de la responsabilidad objetiva, se deniega en general su virtualidad para suprimir o disminuir la responsabilidad, salvo cuando el riesgo asumido es anormal o extraordinario.
Locación de cosas, juicio de desalojo, falta de pago, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ LUIS Y OTROS c/ ALARCON RAUL OSCAR s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La intimación prevista en el art. 5 de la ley 23.091 sólo tiende a dar una última posibilidad al deudor de las arriendos para evitar el litigio. Si el locatario no se entera, o no se cumple este paso previo, siempre tiene la oportunidad de demostrar que no debe o de consignar lo que adeuda al recibir el traslado de la demanda.
Procedimiento laboral, prueba
Materia: PROCESAL -LABORAL
Carátula: RENAULT ARGENTINA  S.A. c/ RUBEN ERNESTO MANGERI s/ REPETICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-05-28

"En primer lugar cabe la afirmación reiteradamente sostenida por este tribunal en su anterior integración y en su actual de que ningún hecho puede verificarse (probarse) en el proceso sino ha sido incorporado en los escritos de demanda y contestación y al sentenciar el juez debe constreñirse a la exposición de los hechos realizados en los escritos de demanda y contestación (crfr.

Mezzacapor, Gladys Esther c/Ingeniero José Alberto Quinteros y Héctor Luis Blanco), sentencia del 6/6/79; "Quiroga Carlos Raúl c/Laboratorios Certificados", sentencia del 20/11/84 y otras).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, cruce de ruta, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: SANFELICE JUAN DOMINGO c/ FRANCISCO MUSSO S.R.L. Y/O MIGUEL A. ABRATE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-06

La circunstancia de tratarse la encrucijada en donde acontece el accidente, del acceso a una población, debe obligar a quienes transitan una ruta, una especial vigilancia, máxime cuando como en el caso de autos se trata de un vehículo de gran porte cuyo dominio exige mayores previsiones y resguardos, es decir, está agravado o acentuado el calificativo de cosa riesgosa que merecen los rodados.-
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, fraude laboral, competencia desleal, orden público laboral, beneficios previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: Ferroni Nestor Miguel c/ Distribuidora Nani Hernos SRL y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-02

Mantener un trabajador en la clandestinidad constituye un típico fraude laboral y ello porque resulta obvio que tal falta de inscripción de la relación constituye una violación de la ley (arts. 52, 138 y 140 de la LCT; art. 7 de la ley 24.013; art. 4 inc. c. de la ley 25.212), del orden público laboral (arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT) y la buena fe (art. 63 LCT). Tampoco cabe duda que se trata de una conducta que frustra derechos de terceros entre los cuales, además del sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresaria -en tanto se genera una competencia desleal respecto de los costos laborales se encuentra el propio trabajador quien se ve privado de beneficios previsionales, de obra social y de cobertura por accidentes y enfermedades del trabajo entre otros (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Recurso de casación, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: García Diego Ariel, García Javier Alejandro y Vasallo Enrique Salvador s/ Infracción ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

Es formalmente admisible el recurso de casación deducido contra la resolución que confirmó el sobreseimiento, pues el agravio consiste en la errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 456, inciso 1° del Código Procesal Penal-, y se trata de una sentencia definitiva -art. 457 del citado plexo normativo-.
Prueba testimonial, pliego de posiciones, presentación extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: IÑIGUEZ, Mario Arcangel c/ GARCIA, Roberto s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-08-18

En el caso de testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio, el respectivo pliego interrogatorio debe acompañarse al ofrecer la prueba. En consecuencia la agregación de pliegos con posterioridad es extemporánea y ha vencido el plazo legal que prevé el art. 45 del Código Procesal Laboral.-
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez Pedro c/ Panadería La Esmeralda y Otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-22

En cuanto al supuesto delito, que penalmente no llegó a ser tal, la accionada debió demostrar que el mismo pudo ocasionar una pérdida de confianza de tal entidad que pueda justificar la medida extrema del despido.
Prueba, apreciación del juez, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Baez, Ceferino c/ Consorcio Edificio Kennedy s/ Cobro de australes. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 812-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-22

La valoración de la prueba es por regla, función privativa de los jueces de la causa, irrevisable, en principio en esta instancia extraordinaria, salvo que la misma aparezca irrazonable o caprichosa.
Decretos, revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo ilegítimo, suspensión del acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, RUBEN ITALO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 43 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

Al existir dudas razonables en torno a la legitimidad del decreto 6019/91, en función de lo cual el sometimiento a revisión y el diferimiento en la producción de sus efectos aparece legítimo, la Administración pudo válidamente separar el acto para examinar si concurría algún vicio invalidante privándolo de efectos hasta tanto se determine la existencia o no de los mismos. Y, si bien no parece razonable que a la fecha aún no se haya pronunciado sobre él el órgano de administración activa -que generó una duda razonable sobre la legitimidad del acto-, son decisivos para la resolución de la causa los dictámenes de las comisiones creadas a través del decreto 32/92, en las que tienen participación los agentes a través de sus representantes gremiales. De la causa surge que el actor no tuvo ni tiene asignadas las funciones correspondientes al cargo de Jefe de Mantenimiento y Producción que consigna el decreto 6019/91; antes bien, tales constancias refieren a otros cargos: en un caso a Supervisor y en el otro a Coordinador. De lo expuesto se deriva que la designación formalizada a través del decreto 6019/91, no encuentra respaldo en los antecedentes de hecho y de derecho que lo motivaron, en función de lo cual tal acto resulta ilegítimo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, libertad, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

La no aplicación retroactiva del cómputo privilegiado -dos por uno-, puede llevar a consecuencias que son lesivas para el tratamiento de situaciones similares. Dentro de una misma causa con imputados múltiples, problemas de firmeza de la sentencia que atañen a circunstancias propias del devenir procesal de cada uno de ellos, puede hacer que por días de diferencia la condena de uno no reciba privilegio de cómputo alguno -porque no apeló, no estaba en rebeldía, etc.- y a otro le signifique la inmediata liberación frente a tiempos de prisión preventiva iguales. Frente a ello hay que tener en cuenta que el fundamento del cómputo privilegiado estriba en que se trata de una compensación por el tiempo de prisión preventiva que se estima excedido en su razonabilidad. No parece que puedan distinguirse casos en función de la firmeza de la condena al tiempo de la vigencia de la ley. (Del Voto del Dr. Bernardini). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Tasas de interés, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLORES, ESTER c/ ANTONIO, CECCO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-04

La aplicación de la tasa activa, de modo alguno puede llevar a desvirtuar los propósitos de la ley 23928 de desindexación de la economía, puesto que la elección de una u otra tasa de interés no adquiere suficiente dimensión de incidir en la marcha del plan de contención de la inflación, ya que el tema quedó exclusivamente limitado a los "intereses moratorios" frente a situaciones de mora en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y siempre y cuando las partes no hubieran pactado el interés aplicable al caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, poder de policía, autonomía municipal, habilitación municipal, establecimiento comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERSANO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

La interesada insiste en su recurso directo en que la interpretación del Tribunal a quo resultó irrazonable y afectó el régimen municipal y su autonomía, mas con lo argumentado no logra rebatir eficazmente las motivaciones de los Sentenciantes relativas a que la Ordenanza impugnada se dirige derecha y centralmente a regular una materia -defensa de la competencia- estrictamente delegada a la Nación por su directa relación con el comercio. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanza 8664/10 de la Municipalidad de Rosario. - Jurisprudencia concordante con Smart SRL, AyS T 316, p 280/291, sumario J0049668.
Divorcio, declaración de culpabilidad posterior a la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: C.R. c/ P. DE C.S.S. s/ DECLARACION DE CULPABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

De acuerdo con el texto del art. 71 bis de la ley 2393, se admite en nuestro derecho sustantivo una acción autónoma de calificación de culpabilidad del cónyuge "inocente" del divorcio que, ulteriormente, hubiese incurrido en actos de adulterio, infidelidad o grave inconducta moral que trasciende en punto a la atribución de los efectos que la culpabilidad provoca en el esquema del divorcio sanción, con lo cual sólo "la no imputación de culpabilidad en la sentencia de divorcio", carece de cosa juzgada material, y siempre a instancia del cónyuge declarado culpable, podrá obtenerse nuevo pronunciamiento que, para lo sucesivo, excluya al inocente de los beneficios de que goza como tal (conf. Zannoni, "Derecho de Familia", 1978 T.2, p. 164-5, nro. 604).-
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., E. del C. c/ B.CH. SA s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-25

Todo tribunal, ya sea que integre el poder judicial federal o el local, no puede soslayar, en los casos en que esté llamado a fallar, los deberes de interpretar y aplicar con prioridad la Constitución Nacional, en cuanto ella es la ley fundamental y última en todo el orden jurídico del país, del cual forman parte los ordenamientos provinciales.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Damnificados de PROMOBRA Soc. Civil. c/ Bco. Hipotecario Nacional s/ cumplimiento de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

El criterio para calificar de definitiva a una sentencia a los efectos del recurso ordinario de apelación es más severo que en el supuesto del art. 14 de la ley 48.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JOSE LUIS; SANCHEZ JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-17

Es facultad de este Alto Tribunal revisar si la planilla confeccionada por la impugnante ha sido realizada de acuerdo con los lineamientos indicados por la sentencia que resuelve el fondo de la cuestión, por cuanto es facultad del juzgador observar -al margen de la conducta de las partes- si la planilla se ajusta a la sentencia, es decir, a la cosa juzgada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, María C. c/ Iglesias, Gustavo s/ Daños y perjuicios Morel, Walter c/ Azcuaga, Ruben R. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09|1991-11-28

De nada vale alegar un ingreso primerizo o anticipado en la bocacalle y tampoco probarlo, si el mismo no es razonablemente suficiente, en la dinámica situación en que se produce, como para permitir al conductor que gozaba de la preferencia legal y arribara al cruce con la expectativa normal de que la misma sería respetada, modificar su conducta con el mínimo de tiempo indispensable para que la colisión no se produzca. De lo contrario la colisión sería el fruto del fracaso del juego de expectativas mutuas que la ley despierta en la interacción social de los conductores a quienes se dirige.
Pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Parracone, Marcelino s/ Robo agravado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

Corresponde anular de oficio en cuanto la sentencia en la que, sin mediar apelación de la acusación, se disminuyó el monto de la pena en suspenso y se aplicó el art. 27 bis inc. 7° del Código Penal, imponiendo al condenado requisitos de la condicionalidad que no habían sido establecidas en la sentencia originaria, pues de tal manera se ha avanzado ilegítimamente sobre la situación procesal alcanzada por el acusado violando el derecho de defensa en juicio y desplazando el debido proceso (arts. 18 de la Constitución nacional y 9 y 43 -n.a.- de la Constitución provincial; art. 314, C.P.P.) en medida suficiente para tener por acreditada una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso, sin que la disminución apuntada desplace el vicio en cuestión.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Chasampi, Nora del V. Canatta de c/ Canatta, Jorge José y otros - Nulidad, etc. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-09-29

Interpuesto Recurso de Casación en contra de la Sentencia de Cámara que rechazó el resarcimiento de Daños y Perjuicios reclamado como accesorio de las acciones de nulidad deducidas, a las que se hiciera lugar oportunamente respecto del auto de adjudicación de bienes gananciales de la Sucesión, de la cesión de derechos hereditarios y de las escrituras de transferencia, por considerar que el fallo había incurrido en violación de la ley, del análisis de la sentencia de grado y de los fundamentos del recurso se infiere que la recurrente intenta, por esta vía, cuestionar la valoración que de los hechos y material probatorio hiciera el Tribunal a quo para rechazar el rubro objeto del agravio. Así, la actora, al fundar los agravios, pretende presentarlos como cuestión de puro derecho derivada de la comisión de un delito formal, identificación implícita que se desvirtúa cuando se analizan las circunstancias de la causa, puesto que ni la conducta endilgada a los demandados puede ser calificada como ilícito de naturaleza formal ni el supuesto daño puede derivarse como tal solamente de la supuesta conducta de aquellos, pues no obran en autos los elementos básicos estructurantes de las consecuencias lesivas a su patrimonio.

Corresponde, entonces, reiterar lo resuelto por este Tribunal sobre lo que debe entenderse por arbitrariedad en materia de cuestiones de hecho y prueba como objeto del Recurso de Casación, esto es que debe haber una discordancia entre el contesto fáctico, lógico y jurídico sometido a decisión y ésta como resultado de un grosero y evidente apartamiento de esa realidad que es materia de la litis, de la interpretación y conclusión de la causa con violación sustancial de los principios lógico-jurídicos que deben informar el común razonamiento judicial o de la aplicación de normas o doctrinas jurídicas o legales ajenas, si no contrarias a la cuestión debatida y con la subyacente motivación no de dar satisfacción a la ley y a la justicia sino a su propia voluntad.

Puesto que ninguno de los supuestos contemplados en la doctrina legal expuesta vicia la sentencia recurrida sino que los agravios de la recurrente sólo ponen de manifiesto su particular y subjetivo criterio discordante con el expuesto en el decisorio, no alcanzan a perturbar la coherencia lógica entre los hechos y las cuestiones de prueba valorados y la expresión jurídica del fallo bajo análisis, resultado del ejercicio razonable y enmarcado en el prudente arbitrio de la jurisdicción.

Por lo expuesto, el Recurso de Casación intentado debe ser rechazado y confirmada la Sentencia de grado.
Procesamiento, contrabando de estupefacientes, consumación del delito, tentativa, inconstitucionalidad, igualdad ante la ley, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: SANZ, RICARDO ANGEL s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación del auto de procesamiento del imputado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-30

1 - Corresponde confirmar el procesamiento del imputado por el delito de contrabando de estupefacientes toda vez que las constancias de la causa justifican dicha determinación, por el momento y con el grado de certeza que se requiere en esta etapa procesal, puesto que las vagas afirmaciones del imputado respecto a que la persona que le habría dado la valija - cuyo contenido dijo deconocer -, y que habría efectuado las amenazas para que realizara el viaje, así como respecto del domicilio donde se la habrían entregado y la imposibilidad de describir a dicho individuo, tornan inverosímiles sus descargos.- 2 - La CSJN ha dicho que la impugnación genérica de irrazonabilidad del Art. 872 del CA, sustentada en que se ha establecido igual pena para el delito tentado que para el delito consumado, sin siquiera hacerse cargo de los argumentos que tuvo el legislador para efectuar dicha equiparación no resulta suficiente para propiciar su inconstitucionalidad (fallos 125:261), de modo tal que, en el caso, no puede admitirse el cuestionamiento sobre la constitucionalidad del Art. 872 del CA, en tanto el apelante se limitó a cuestionar dicha norma invocando genéricamente garantías constitucionales sin dar ningún fundamento de su agravio.- 3 - No puede sostenerse en abstracto la existencia de violación al principio de igualdad ante la ley - frente a la circunstancia que el Art. 872 del CA ha establecido igual pena para el delito de contrabando en grado de tentativa que para el delito consumado -, toda vez que la menor afectación al bien jurídico podrá ser ponderada dentro de los límites de mínimo y máximo de la escala penal (conf. Art. 41 del CP).