Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16


MARTINEZ, Pascual Antonio contra MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 p 346-350.

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciseis días del mes marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MARTINEZ, Pascual Antonio contra MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE -C.P.L.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 313, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, acogiera la defensa de prescripción opuesta por ésta, dedujo la actora recurso de inconstitucionalidad.

En el memorial introductorio, sostuvo que el A quo aplicó el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo efectuando un análisis parcializado del derecho vigente y omitiendo examinar las actuaciones administrativas que demostraban su voluntad inequívoca de mantener vivo el derecho (fs. 135/147).

El Tribunal a quo concedió el remedio extraordinario afirmando que efectivamente había incurrido en esos defectos lo que conllevaba a la violación del derecho de defensa de la impugnante, arribándose a una conclusión equivocada al fundarse en circunstancias erróneas teniendo por ciertos afirmaciones de la demandada, quien pretendía la prescripción liberatoria por el lapso de tiempo en el cual, la propia Municipalidad, había dado curso al reclamo tornando operativo los artículos 3989, 3998 y concordantes del Código Civil (f. 175).

En el examen de admisibilidad que corresponde efectuar a este Cuerpo en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, encuentro satisfechos los requisitos formales de la presente impugnación así como también las causales de arbitrariedad invocadas -omisión de considerar planteos conducentes para decidir el pleito y apartamiento de la ley vigente- cuentan con asidero en las constancias de autos y resultan idóneos para operar la apertura de esta instancia excepcional.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Sucintamente, el caso: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 3 de Santa Fe, Pascual Antonio Martínez promovió demanda contra la Municipalidad de Santa Fe tendente al cobro de la indemnización contemplada por el artículo 23, inciso g) de la ley 9286, fundada en la incapacidad total y permanente que -en su momento- justificó su cesantía (por decreto del señor Intendente Municipal n 0116 del 7.7.1995) y el otorgamiento de la jubilación por invalidez (resolución de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones n 1804 del 25.7.1995) (fs. 29/30).

La accionada -en lo que aquí concierne- resistió la pretensión, oponiendo excepción de prescripción con fundamento normativo en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 52/58).

El Juez de baja instancia hizo lugar a la demanda con más los accesorios, considerando -en torno a la defensa opuesta por la accionada- que "...el caso se rige por normas sustanciales no pertenecientes al sistema de derecho laboral y no existiendo norma administrativa que refiere a la prescripción cobra vigencia al respecto lo establecido por el Código Civil; siendo el precepto aplicable el artículo 4023 primer párrafo, que dispone: Toda acción personal por deuda exigible se prescribe a los diez años, salvo disposición especial...". Invocó en abono de su decisión la causa fallada por esta Corte in re "Alarcón" (R. A. y S., T. 109, pág. 425) (fs. 90/92).

Apelado que fuera ese pronunciamiento, la Cámara lo revocó y, en consecuencia, rechazó la demanda en virtud de encontrarse prescripto el reclamo formulado de conformidad a la doctrina sentada por este Cuerpo in re "Leones" (R. A. y S., T. 186, pág. 69).

2. Contra ese pronunciamiento interpuso la actora su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Le imputa el A quo omitir considerar diversos actos producidos en el procedimiento administrativo con claros efectos interruptivos del curso de la prescripción, apartándose, así, de concretos preceptos del Código Civil (arts. 3989, 3986, 3949 y sgtes.), de los principios generales que rigen aquellos institutos y de la aplicación de la doctrina de los actos propios.

Sostiene, además, que la Sala apoya su decisión en el precedente de esta Corte "Leones" soslayando las diferencias sustantivas con el caso de autos: la configuración de la interrupción de la prescripción.

3. Le asiste razón a la recurrente.

Sabido es que la omisión de tratamiento de planteos, peticiones, argumentos, agravios o temas insoslayables debidamente introducidos al debate y de importancia esencial para el resultado del debate afecta de manera sustancial el derecho de defensa de las partes y destituye al fallo de fundamentos, imponiendo su invalidación como acto jurisdiccional válido (vid. "Nagel", "Cicutti de Atienza", R. A. y S., T. 176, pág. 364; T. 177, pág. 117, entre muchos otros).

Esta causal de arbitrariedad se configura en la especie.

En efecto: A lo largo del proceso seguido en baja instancia la actora hizo particular hincapié en que en el procedimiento administrativo se habían ejecutados actos con idoneidad suficiente para interrumpir o suspender el curso de la prescripción (vid, contestación de la defensa opuesta a fs. 67/68 y alegatos de bien probado obrantes a fs. 73/81).

Idéntica argumentación brindó la actora en la instancia revisora al contestar los agravios expresados por la demandada apelante (vid. fs. 123v./125).

Sin embargo, dicho planteo de la accionante no mereció respuesta jurisdiccional alguna por cuanto la Sala solo se limitó a trasladar mecánicamente la jurisprudencia emanada de esta Corte in re "Leones" (ant. cit.) sin reparar en todo el iter procedimental seguido en sede administrativa.

En tal sentido, cabe señalar que del expediente N 6629, del año 1996 de la Municipalidad de Santa Fe y de los autos principales constan -entre otras- las siguientes actuaciones administrativas: Decreto N 0116 del 7.06.1995 del señor Intendente Municipal de aceptación de renuncia del agente Martínez para acogerse a los beneficios jubilatorios (f. 28 de los autos principales).

Reclamo administrativo del 31.10.1996 tendente al pago de la indemnización contemplada en el artículo 23, inciso g) de la ley 9286 (fs. 1/4 del expte. adm.).

Resolución Nro. 863 del 12.09.1997 del señor Intendente Municipal desestimando el reclamo formulado por improcedente (fs. 102/104, expte. adm.).

Recurso de reconsideración interpuesto contra esta última resolución con cargo de fecha 30.10.1997 (fs. 113/115 del expte. adm.).

Dictamen No 55 de Fiscalía Municipal del 16.04.1998 mediante el cual se concluyó que "...por el pago de la indemnización del artículo 23, inciso g) de la ley 9286, remitir las actuaciones a la Secretaría de Hacienda y si ésta así lo determina, revocar la parte pertinente de la resolución No 863/97 y ordenar el pago de la indemnización reclamada..." (f. 225, expte. adm.).

Ordenanza Municipal No 10270 del 7.05.1998 que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a convenir la forma de pago de las indemnizaciones por cesantía por incapacidad inculposa prevista en el artículo 23, inciso g) de la ordenanza 8527/83 con agentes incapacitados laboralmente que se encuentren en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio (f. 239, expte. adm.).

Decreto N 00524 del 3.09.1998 del señor Intendente Municipal que, entre sus notas más salientes, dispuso que "... quien opte por reclamar el pago de la indemnización prevista en el art. 23, inciso g) de la Ordenanza N 8527/83 en los términos que autoriza la Ordenanza 10270, deberá ajustarse al procedimiento reglado en la Ordenanza N 9745 y su Decreto Reglamentario en lo relativo a la determinación de los montos indemnizatorios y la aprobación de las respectivas liquidaciones administrativas. En los supuestos previstos en el art. 2) de la Ordenanza N 10270, el ejercicio de la opción a que se refiere el párrafo precedente, quedará condicionada al previo desistimiento de la acción y del proceso, con costas en el orden causado, expresamente aceptadas por la demandada..." (art. 1); "....Las reparticiones municipales en las que se encuentren radicados reclamos de pago de la indemnización prevista en el inc. g) del artículo 23 de la Ordenanza N 8527/83 dispondrán la remisión inmediata de todos los antecedentes a Secretaría de Hacienda, por donde se notificará e instruirá a los interesados sobre los pasos a seguir a fin de encausar el trámite en los términos de la Ordenanza N 10270..." (art. 2) (vid. fs. 22/27 de los autos principales).

Opción del agente -el 26.04.1999- al sistema de pago de la pretensión reclamada consagrado en la ordenanza No 10270 y su decreto reglamentario No 524/98 (f. 231 expte. adm.).

Providencia No 054 de Fiscalía Municipal -a pedido del señor Secretario de Hacienda el 8.05.2000- ratificando, en todos sus términos, el dictamen No 55/98 y atento a la opción expresamente formulada por el agente (f. 242, expte. adm.).

Liquidación de la Dirección de Personal del reclamo formulado en fecha 10.07.2000 (f. 246, expte. adm.).

Intimación del actor al pago de la pretensión bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes (escrito con cargo de fecha 18.09.2001, f. 249, expte. adm.).

Y bien, este cúmulo de instancias, dictámenes y actos administrativos -como ya se dijo- no fueron ponderados por los Jueces de la causa pese a la decisividad que podrían tener en la resolución de la defensa de prescripción, por lo que corresponde la descalificación constitucional de la sentencia a tenor de la doctrina de la arbitrariedad.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)