Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18


"Gil Dominguez Andrés F. -incidente medida cautelar- c/Multicanal -operador televisivo- s/proceso de conocimiento" Buenos Aires, 18 de mayo de 2000.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 42/44 la señora juez de primera instancia desestimó la medida cautelar impetrada a fin de que la demandada se abstuviese de ejecutar el sistema de televisación cerrado codificado, en relación con los partidos que disputase la selección argentina de fútbol como local o visitante por las eliminatorias para el mundial 2002.

Para decidir de esa manera entendió que:

a) en el reducido marco cognoscitivo de la medida pretendida, no cabía presumir que el sistema de transmisión de los encuentros de fútbol en cuestión, en los términos en los cuales estaría instrumentado, pudiera privar a la población del acceso a la información cultural y social que generaría cada uno de esos encuentros deportivos o que se desconociera el principio de igualdad. Ello era así por cuanto esos partidos serían transmitidos por radio y televisión de modo que su recepción por un gran número de personas estaría garantizado;

b) el derecho a la información estaría, en principio garantizado, en la medida en que los encuentros que el equipo nacional disputase como local serían transmitidos por un canal de aire a los treinta minutos de iniciado el encuentro, circunstancia que le llevaba al convencimiento de que los argumentos del actor, en este punto, no revestían la intensidad suficiente en el terreno cautelar para el otorgamiento de la medida pretendida;

c) la privación de derechos alegada no parecería ser tal pues la espera que deberían aguardar los espectadores que no se encontraren abonados a un canal de cable implicaría una mínima postergación, sin que se advirtiese una conculcación de derechos constitucionales; y d) no parecería prudente que un magistrado avanzara sobre los derechos nacidos o generados por contratos entre particulares -tales como parecerían ser los originados por el sistema cuestionado-, ni afectase derechos de posibles terceros que no formaban parte de la litis, ni que, en principio, existiera un acto u omisión de autoridad pública cuya supuesta arbitrariedad pudiera dar fundamento a la medida requerida.

II. Que contra dicha decisión el actor interpuso su recurso de apelación, conjuntamente con la expresión de agravios (fs. 45/49vta.).

III. Que cabe recordar que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De esta manera el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe a aquel de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando, punto por punto, los errores en que se hubiera incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.

IV. Que el escrito de fs. 45/49vta. no parece reunir los requisitos enunciados precedentemente. En efecto, el recurrente no rebate especialmente lo expuesto por la señora juez respecto de que no parecería prudente que un magistrado avanzara sobre los derechos nacidos o generados por contratos entre particulares, tales como parecerían ser los originados por el sistema cuestionado, ni afectara derechos de posibles terceros que no formaron parte de la litis.

V. Que, por otra parte, aún considerándose formalmente admisible el memorial, cabe retener que el tema sometido a consideración de la alzada en esta etapa liminar del proceso y que habilitaría su conocimiento por parte de este fuero es la denuncia de "inconstitucionalidad por omisión" en que habrían incurrido los poderes Ejecutivo y Legislativo, al no haber arbitrado los medios legales tendientes a permitir la transmisión por televisión en el mismo momento en que se celebrasen los partidos en los que interviniese la selección nacional de fútbol, en las eliminatorias para el próximo torneo mundial de ese deporte.

En ese aspecto se ha sostenido desde antiguo que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (Fallos: 149:51; 300:241, 1087; 288:325; 290:83; 292:190; 294:383; 302:457, 484, 1149; esta Sala, 23-4-98, "Granrio S.A.", L.L. Supl. Jur. Der. Adm., 24-8-98; 16-9-99, "Martín, Félix Reinaldo").

El rigor que los tribunales exigen en la declaración de inconstitucionalidad de una norma obliga a una mayor estrictez cuando el cuestionamiento se refiere a la omisión en que puedan incurrir los otros poderes en el ejercicio de sus facultades legislativas o reglamentarias, por lo que resulta inconveniente -y aun más perjudicial- pretender que esa declaración aparezca como provisoria y dictada luego de un ligero examen de la cuestión.

Es en situaciones como las que plantea el apelante que cobra mayor vigencia la doctrina de nuestro Alto Tribunal en cuanto a que compete al Poder Judicial el saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 311:2580).

En tales circunstancias, este tribunal considera inadecuado un pronunciamiento en esta etapa del proceso que puede resultar apresurado, más aún considerando que la petición cautelar se confunde, absolutamente, con el fondo de la pretensión principal.

Por las consideraciones precedentes, confírmase la sentencia apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

GUILLERMO PABLO GALLI - MARIA JEANNERET DE PEREZ CORTES - ALEJANDRO J. USLENGHI