Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19


V., L.

Reg.: A y S t 193 p 256-257.

Santa Fe, 19 de noviembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por L. V. contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo identificada como Acta nro. 8 del Acuerdo Ordinario de fecha 17 de marzo de 1999, y contra su ratificatoria identificada como Acta nro. 16 del Acuerdo Ordinario del día 12 de mayo de 1999, en autos "V., L. -Juez de Instrucción de Vera -Dr. Ramón Manuel DIAZ Comunica Recepción Declaración Indagatoria y Privación de la Libertad del Juez de Paz de Huanqueros- (Expte. 926/83)" (Expte. C.S.J. nro. 122, año 2000); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que contra la resolución dictada por este Tribunal en Acuerdo de fecha 17.03.99 -Acta nro. 8- se declaró la inhabilidad del Juez Comunal de Huanqueros, señor L. V., por la causal establecida en el artículo 208, inc. 2, de la ley 10160 (t.o. decr. nro. 0046/98), solicitándose su remoción al Poder Ejecutivo; que contra dicho pronunciamiento el nombrado interpuso recurso de reposición con sustento en el artículo 226 de la Ley 10.160, el que fue desestimado el día 12 de mayo de 1999 -Acta nro. 16-, y en consecuencia no se hizo lugar al pedido de pago de haberes.

Que a f.19 interpuso L. V. recurso de inconstitucionalidad aduciendo que dichas resoluciones son arbitrarias, atentando contra sus derechos de propiedad, debido proceso, trabajo, de estabilidad en el empleo público y defensa en juicio.

En sustento de su recurso señaló que el resolutorio de fecha 12 de mayo otorga a las disposiciones de la ley 10.160 un alcance exagerado a la vez que alejado de la letra y espíritu de la norma.

Refirió específicamente al artículo 208, inc. 2, asegurando que el término de inhabilitación ha fenecido quedando totalmente sin sustento la posición arbitraria del Alto Tribunal de impedirle el reingreso.

Señaló que también lo agravia el desconocimiento del artículo 20 ter del Código Penal que ordena la restitución a su parte del uso de los derechos e incapacidades de las que fuera privado, con el argumento que tal norma no es aplicable en mérito a una pretendida diferencia entre la "inhabilitación" del Código Penal y las "inhabilidades" del artículo 208 de la Ley Orgánica.

A su entender tal postura nulifica el decisorio, pues la Corte se encuentra obligada a respetar el Código Penal y, al no hacerlo, incurre en arbitrariedad.

Dijo que ha sido injusta y arbitraria la negativa a abonarle sus haberes sin motivación ni fundamento alguno.

Aclaró que en varias oportunidades requirió su pago con sustento en el artículo 19, inc. 12, ley 10160, advirtiendo que mantiene con el Poder Judicial una relación de empleo público que le impide la realización de tarea alguna remunerada.

Sin embargo la resolución de fecha 12.5.99, en violación a la normativa indicada deniega injustificadamente el pago reclamado.

Al referirse a las violaciones constitucionales imputadas señaló que tanto la declaración de inhabilidad absoluta que implica la imposibilidad de reingresar a sus funciones en el Poder Judicial, con el correspondiente pedido de cesantía al Poder Ejecutivo, cuanto la negativa infundada al pago de haberes violentan el derecho de propiedad, causando un gravamen irreparable.

Aseguró que la postura del Tribunal violenta la garantía a la jurisdicción, convirtiendo en arbitraria a la sentencia por violación de normas legales y falta de razonabildad.

Señaló que las resoluciones impugnadas han omitido una adecuada valoración de los hechos así como del derecho invocado, creando una situación de injusticia solamente reparable por medio del presente recurso.

Adujo finalmente que el caso reviste gravedad institucional y solicitó que se conceda el recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva como órgano jurisdiccional.

2. Por Acuerdo Ordinario de fecha 23 de febrero de 2002, Acta nro. 6, punto 5, este Alto Tribunal consideró que el planteo recursivo interpuesto el 1.6.99 había devenido abstracto.

Dicha resolución motivó la presentación directa del compareciente ante esta Corte (fs. 24/30).

3. Si bien el recurrente en su presentación directa, en cumplimiento de la carga impuesta por el artículo 8vo. de la ley 7055, intenta rebatir la conclusión arribada por este Cuerpo en fecha 23.02.2002 en cuanto declaró que el planteo recursivo devino abstracto, con lo argumentado al respecto en modo alguno logra desvirtuarla, lo que sella sin más trámite la suerte adversa de la presente queja.

En efecto, este Alto Tribunal para adoptar dicha resolución consideró que por Decreto nro. 1108/99 del 24.5.99, el Poder Ejecutivo dispuso la remoción del señor L. V. como Juez Comunal y Jefe del Registro Civil de Huanqueros, lo que tornaba abstracta la cuestión llevada a su conocimiento, no correspondiendo en consecuencia entrar a considerar la viabilidad del medio impugnatorio intentado Se aclaró -por lo demás- que el debido "control judicial suficiente", deberá intentarse -de no haberse realizado aún- por las vías impugnativas previstas legalmente para atacar los actos administrativos, en este caso del Decreto de remoción del Poder Ejecutivo.

Y, al así disponerlo no se hizo más que observar lo reiteradamente sostenido por este Tribunal y por la Corte Nacional en cuanto a que al resolver se debe considerar las circunstancias existentes al instante en que se decide, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio excepcional; como así también que el agravio debe subsistir al momento en que se resuelva el recurso (cfr. A. y S. T. 70, pág. 158; T. 101, pág. 237 y Fallos 301; 947, por todos).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la presente queja.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias a la Secretaría de Gobierno de este Alto Cuerpo.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)