Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 28 de 2006.

La Dra Medina dijo:

I. El señor Juez de primera instancia en su sentencia de fs. 151/157 hizo lugar parcialmente a la demanda impetrada por la señora Mercedes Maso como consecuencia de los daños y perjuicios padecidos el día 20 de junio de 2001 en circunstancias de encontrarse caminando por la vereda de la calle Sarmiento al 2200, observó que se hallaba el piso cubierto con listones de madera debido a la realización de obras por parte de la empresa a la que demanda, la actora de 91 años de edad a la época del accidente, perdió el equilibrio cayendo repentinamente y sin lograr sustento alguno. Asimismo señala que existía -a la altura de la calle Sarmiento 2284, frente al Club Hebráico- un agujero de aproximadamente un metro cuadrado y que se encontraba sin cobertura.

Manifiesta que la caída le produjo diversos traumatismos, por lo que en un primer término fue auxiliada por la Policía Federal que se encontraba en custodia de la institución Hebráica. Posteriormente fue asistida por una ambulancia del SAME la que trasladó a la señora Maso al hospital Ramos Mejía, finalmente fue derivada al Sanatorio Metropolitano donde fue internada el 20.06.2001 permaneciendo hasta el día 23 del corriente mes y año.

Como consecuencia de los múltiples traumatismos que dice haber padecido, señala las siguientes secuelas que padece en la actualidad: a) omalgia traumática con limitación de la movilidad agravada por artrosis; b) gonalgia con pérdida de extensión completa y disminución de rango de flexión y c) cervicalgia traumática.

Finalmente y en razón de los perjuicios sufridos solicita en concepto indemnizatorio los siguientes rubros y montos los que se detallan a continuación: a) gastos de farmacia, $ 300; b) daño moral, $ 9000; y finalmente c) incapacidad sobreviviente, $ 12.000.

II. Toda vez que la presentación realizada por la demandada resultó extemporánea, a fs. 47 se le dio por perdido el derecho. Realizada la audiencia que dispone el art. 360 del Código Procesal, a fs. 52 se decidió abrir la causa a prueba.

III. El señor Juez de primera instancia en su sentencia de fs. 151/157 hizo lugar parcialmente por lo que condenó a la Empresa Distribuidora Sur a pagar a la actora la cantidad de $ 5.300 con más la tasa que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días plazo vencido desde el día del hecho hasta el efectivo pago.

Contra dicha resolución apeló únicamente la parte demandada a fs. 162, recurso que fue concedido a fs. 163. Las expresiones de agravios de EDESUR S.A. se encuentran agregadas a fs. 171/187 los que merecieron réplicas de su contraria a fs. 189/191.

Median asimismo, recursos por honorarios los que serán tratados conjuntamente al finalizar el presente Acuerdo.

IV. La demandada cuestiona la asignación de responsabilidad por el hecho acaecido y que es motivo del presente litigio. A tal efecto niega la relación de causalidad toda vez que entiende que la culpa de la víctima rompe el nexo de causalidad.

Asimismo cuestiona el monto otorgado en concepto de daño moral toda vez que entiende que resulta exorbitante. Por último se queja de la imposición de costas a su cargo y de los honorarios establecidos, los que estima elevados.

V. Debo señalar que de conformidad con reiterada doctrina de la Corte Suprema no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino sólo las conducentes para resolver el conflicto (fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más).

VI. Ante todo me importa decir que el memorial de agravios presentado por la parte demandada alcanza a conmover mínimamente los requisitos establecidos en el artículo 265 del Código Procesal, no obstante ello debo señalar que esta Sala observa un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estimar es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (en igual sentido, Sala II, causas: 5003 del 5-4-77; 5539 del 12.8.77; 6221 del 9.2.78; 5905 del 27.5.88, entre muchas otras), consecuentemente procederé a analizar los puntos propuestos por la representación de la demandada a fs.171/187.

VII. Resulta oportuno recordar que para desencadenar la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa que contempla el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil, es indispensable que se acredite por parte de quien se considera damnificado la intervención de la cosa en la producción o causación del daño, pues de lo contrario obviamente aquel dispositivo no podría funcionar (conf. Llambías, J. J., "Tratado de derecho civil, Obligaciones", ed. 1976, T. IV-A, nº 2579; Trigo Represas, F. López Mesa, M., "Tratado de la responsabilidad civil", Bs. As. 2004.

En consecuencia, sin daño no hay responsabilidad civil (ni contractual no extracontractual) -ya sea que se considere a éste como elemento del acto ilícito o como presupuesto de la responsabilidad (arg. art. 519 y ss.; 622, 1067 y 1068, Código Civil; conf. J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", 2? ed., tomo III, nº 2280; Borda, G., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", 2º ed., nº 1311, A.A. Alterini-O. Amela-R. López Cabana, "Derecho de obligaciones civiles y comerciales", Bs. As. 1995, nº 485 y 1962; A. Orgaz, "El daño resarcible", 2º ed., pág. 18/19), hallándose a cargo de quien pretende ser resarcido -como imperativo de su propio interés- comprobar la existencia del perjuicio y también su relación causal con el hecho de la persona a quien se atribuye su producción (conf. Sala II, causas 8083 del 05.06.1979; 9255/92 del 24.09.1993; 4686/91 del 29.11.1998; 8302/92 del 21.12.1999; 26.073/94 del 13.07.2000, etc.).

De conformidad con las consideraciones expuestas precedentemente, como así también de un análisis minucioso de las constancias de autos, tengo para mí que la señora Mercedes Maso ha logrado acreditar fehacientemente la relación de causalidad y el daño sufrido.

Ello resulta así ya que de la testimonial obrante a fs. 77 vta. en respuesta a la octava pregunta, ampliando la segunda, la testigo Teresa Suárez López sostuvo que el mal estado de la vereda se debió a " Y que daba el aspecto de que estaba en arreglo la vereda, habían roto para hacer algo. Cree que vio como esos carteles que ponen de electricidad, con un rayito, esos de Edesur.", por su parte, en respuesta a la segunda repregunta sostuvo que "...sabe que la gente que estaba con ella al momento del accidente se quejaba porque decían que hacía tiempo que la vereda estaba así y que no la terminaban más", y en respuesta a la quinta repregunta -referida al porcentaje de la vereda que se encontraba ocupado por las obras, la señora Suárez López respondió: "Y más de la mitad, en un 60 ó 70%". Con lo expuesto intento señalar que si bien la elección de los medios probatorios es facultad privativa de los litigantes, pondero que la demandada asistió a la audiencia celebrada-, (art. 360, Código Procesal) más no realizó control alguno en la producción de la prueba, a mayor abundamiento observo que las únicas defensas intentadas fueron sostenidas en el alegato de fs. 131/149 más no lograron ser acreditadas.

La normativa que rige como principio la responsabilidad por no mantener de manera adecuada las veredas para permitir una segura circulación de los vecinos, es la que regula el art. 1113 del Código Civil.

Por lo tanto la demandada para eximirse debió demostrar "la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder" (conf. Sala I, causa 3019/93 del 06.07.1993, entre otras). En consecuencia, va de suyo que esa eximente que la demandada fundan en un apresuramiento o descuido de la actora, exigía una prueba plena y concluyente que en el caso dista de haberse producido, ya que a tales fines no basta la invocada distracción que no ha sido demostrada (conf. Sala I, causa 2094 del 07.10.1983).

Por otro lado, el argumento de que medió culpa de la víctima porque caminaba distraída por el lugar no puede ser admitido, pues no existe norma, ni principio razonable, que impida a una persona transitar a pie y a marcha normal por lugares destinados a ese fin, como son las veredas, ocupando su mente en cosa distinta. Ello es así porque el tránsito peatonal por sitio permitido no puede causar daño a nadie que, a su turno, respete ese lugar de tránsito. En consecuencia, corresponde, si mi opinión fuera compartida, confirmar este aspecto del decisorio en cuanto le atribuye responsabilidad del siniestro acaecido a la empresa demandada.

VIII. Establecida la responsabilidad, procederé a continuación a tratar las quejas relativas al monto indemnizatorio otorgado en concepto de daño moral.

Sabido es que el daño moral supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor principal en la vida del hombre, tales son -entre otros- la paz, la tranquilidad, el espíritu, el honor, los más sagrados afectos, etc. Es la jurisprudencia consolidada de este Tribunal que el daño moral tiene su carácter resarcitorio y no punitivo ni ejemplar, y su cuantía no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial. Así, para su determinación, debe partirse del propio afligido, ya que de lo que se trata es de paliar, por un medio inidóneo pero considerado subjetivamente eficaz por quien lo pide, un estado espiritual irreparable subjetivamente.

Cierto es que, en su tiempo, el daño moral fue entendido como una pena civil mediante la cual se reprueba ejemplarmente la falta reprochable al ofensor. Esto es vigente es la primitiva redacción del art. 1078 del Código Civil, que condicionaba la procedencia de la indemnización a que "el hecho fuese un delito del derecho criminal". La finalidad punitiva aparecía manifiesta en tal recaudo, hoy inexistente (ley 17.711), y ahora la reparación del daño moral -cuando lo hay- procede en toda clase de ilícito, sean delitos (penales o civiles) o cuasidelitos, y aún en supuestos de responsabilidad objetiva, lo que implica restarle calidad ejemplar o de castigo. Y en ese sentido, la Suprema Corte ha declarado la naturaleza resarcitoria y no ejemplar, pues, antes que la conducta del ofensor, en el daño del ofendido. He sostenido que el daño moral tiene carácter predominantemente resarcitorio, de modo que no se trata de penalizar al culpable sino de resarcir íntegramente a la víctima. Es precisamente por ese carácter resarcitorio donde lo que se contempla es la situación de cada uno de los damnificados para resarcirla adecuadamente, que no procede en este caso contemplar la situación del responsable del daño -la que debería, sí, tenerse en cuenta de tratarse de una indemnización punitoria-.

Con relación a la cuantificación del daño moral, considero que siempre es difícil trasladar a dinero el daño extrapatrimonial sufrido, para hacerlo es útil tener en cuenta la gravedad del daño -en atención al daño real sufrido por la víctima- como así también las particularidades del caso.

Además de la independencia del daño en virtud de su condición resarcitoria, ha de tenerse en cuenta que la mayor edad de las víctimas es un agravamiento en la intensidad del daño moral ante la lesión injusta. Así, a mayor edad más intenso será el sufrimiento o alteración disvaliosa de los estados del ánimo. Consecuentemente, juzgo que el accidente sufrido por la señora Mercedes Maso que le causó "el agravamiento de lesiones preexistentes sobre todo en rodillas y manos (artrosis) y son de carácter permanente" por las que debió ser auxiliada por personal policial y vecinos, como así también permanecer internada por las lesiones padecidas al caer en la vereda que se encontraba en condiciones irregulares producto de las reparaciones que estaba realizando Edesur en la zona del Club Hebráico, conformaron una incapacidad parcial y permanente del 5%. (conf. peritaje médico a fs. 115/120) y en orden a establecer una suma de dinero para tratar de buscar las satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido considero que la cifra fijada por el magistrado de la anterior instancia resulta equitativa por lo que propicio sea confirmada en la cantidad de $ 5000.

IX. Finalmente y en lo referente a la distribución de las costas del juicio a cargo de la parte demandada, entiendo que no le asiste razón toda vez que como bien señala Chiovenda el instituto de la condena en costas del vencido en la litis constituye una reparación, cuya naturaleza surge y nace en el proceso y de la íntima conexión que se da entre ellas y el mismo; siendo este instituto de naturaleza procesal (cfr. Chiovenda, José "La condena en Turín, Soc. del Foro Italiano, 1935, párrafo 190, 207, 211, 215, 218, 229 y sus notas 236, 353, etc. Asimismo el autor citado "Principios del derecho procesal civil", tomo II, Madrid, Inst. Ed. Reus S.A. 1977, ps 433 y ss.). Es por ello, entonces, que todo proceso debe concluir con la declaración del derecho, tal como era al iniciarse la pretensión de la demanda o al rechazarla en su contestación y como si hubiera sido reconocido en ese mismo instante que se deduce, porque si este reconocimiento del derecho esgrimido por la parte accionante o demandada lleva consigo gastos, ellos deben reintegrarse al patrimonio del titular del derecho, con el objeto de que el medio empleado no produzca una disminución del mismo y mantener incólume el patrimonio del ajusticiable (conf. esta Sala, causa 18.580 del 15.03.1995).

En consecuencia, en estos casos de daños personales, donde la discrecionalidad judicial juega un papel preponderante en la determinación de las indemnizaciones, el hecho de que la demanda no prospere en toda su dimensión -máxime cuando en el escrito de inicio se hizo la salvedad relativa a lo que resultare de la prueba o a lo que dispusiera el magistrado- corresponde imponer las costas del juicio a la demandada cuya actitud obligó a la contraparte a promover las actuaciones para obtener el reconocimiento de sus derechos. De allí que, en estos supuestos, el Tribunal haya decidido que la responsable de los daños cargue con las costas de acuerdo al principio general que adopta el art. 68, primer párrafo, del Código Procesal, que sigue el criterio del vencimiento o derrota (conf. Sala II, causa 1981/97 del 19.10.1999, entre otras).

X. Por las consideraciones expuestas, voto por la confirmación de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Recondo, adhiere al voto precedente.

El Dr. Antelo dijo:

En la medida en que el recurso de la demandada, fs. 171/187 carece de la crítica concreta y razonada del fallo dictado a fs. 151/157 (art. 265 del Código Procesal), también voto por la confirmación del pronunciamiento sobre la base de los argumentos dados por el a quo, los cuales permanecen incólumes una vez examinada la expresión de agravios del apelante (art. 266 del Código Procesal).

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Determinado que fuere el monto por el que, en definitiva, prospera la demanda (capital e intereses, según plenario "La Territorial de Seguros SA c/ Staf" del 11-9-97 -LA LEY, 1997-F, 347; DJ, 1997-3-946-), el Tribunal realizará la regulación de alzada. Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Graciela Medina. -Ricardo Gustavo Recondo. -Guillermo Alberto Antelo.