Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-04


--- En la ciudad de Trelew, a los 25 días de noviembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R., G. F. y Otro c/ C. W. A. S.A. y/o C. C. T. S. S. A. S. E. s/ Daños y Perjuicios por fallecimiento" (Expte. n°08 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: Cabe pronunciarse acerca de los honorarios apelados a fs. 672 y fs. 675?, y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 729.---------------------------------------------------------------------------- -------- A LAPRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ----------------------------------------------------- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 652/669) declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e hizo lugar a la demanda entablada por los coactores contra las empresas codemandadas, condenando a ambas en forma solidaria a abonar a los demandantes la suma de $ 398.149,30 con más sus intereses, con costas a las vencidas.----------------------------------------------------------------------- -------------- II. El fallo es apelado por las perdidosas, quienes sostienen sus recursos a través de las piezas glosadas a fs. 680/687 (apelación de C. W. A. S.A.) y fs. 689/699 (apelación de C. C. T. S. S.A.S.E.), respondidas por la representación letrada de la parte actora con las piezas glosadas a fs. 704/712 y fs. 714/719 vta., respectivamente.--------------------------------------------------------- III. Breve reseña del caso: ------------------------------------------------------------------------------- La demanda fue entablada por la representación letrada de los padres de D. E. Á., quien, desempeñándose como dependiente de las demandadas, sufrió un accidente de trabajo el 20/01/2003 que le ocasionó la muerte por traumatismo cráneo-encefálico y politraumatismos. Afirma que en el momento de infortunio la víctima no tenía casco protector ni indumentaria adecuada para las tareas que desarrollaba (limpieza de cardas con una aspiradora industrial) porque no se le había provisto de tales elementos, que ninguna persona observó el accidente puesto que el trabajador se encontraba laborando solo y que la disposición física de las máquinas y la construcción de la fábrica impedían la visibilidad del lugar donde se produjo el siniestro. Refiere que poco tiempo después del accidente, la empresa C. W. A. S.A. dispuso importantes modificaciones, tanto en el aparato que causó la muerte de Á. como la ubicación del mismo y en las paredes de chapa del sector mantenimiento de cardas. Relata asimismo las maniobras riesgosas que debía realizar un operario a la fecha del siniestro para accionar el rodillo del "Potro", que podía girar en cualquiera de ambos sentidos en forma imprevista, sistema que luego fue totalmente reformado. Tras narrar otros detalles acerca de las modalidades del sector existentes a la época del infortunio, señala que si la empleadora consideró pertinente efectuar las reformas en el sistema, ello indica la peligrosidad de la máquina que causó la muerte del hijo de los demandantes y la negligencia de la empresa por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes en tiempo oportuno. Expresa que los actores sólo percibieron $ 142.260,86 como prestación dineraria total, afirmando que no se ha indemnizado cabalmente el daño causado, por lo que vienen a demandar su resarcimiento integral con base en la previsión del art. 1113 del Código Civil.------------------------------------------------ Acerca de la responsabilidad de las demandadas, manifiesta que la víctima había sido contratada por C. S.A.S.E en su carácter de empresa proveedora de servicios que suministra trabajadores a C. S.A., denunciando la existencia de fraude laboral, dado que no se trata de servicios eventuales sino propios de la actividad del establecimiento fabril. Solicita la indemnización de diversos rubros por una suma que asciende a $ 176.919,14 que surge de descontar lo ya percibido por los demandantes.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Al contestar el traslado respectivo, la firma C. S.A.S.E. solicita el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. por aplicación de la doctrina de los actos propios; niega los hechos invocados en sustento de la pretensión actoral, sostiene la inexistencia de nexo causal adecuado, por no haber existido riesgo ni incumplimiento imputable a su parte, afirmando que el infortunio se debió a la culpa de la víctima en la producción del hecho dañoso; niega los perjuicios invocados y solicita el rechazo de la demanda entablada, con costas.---------------------------------------------------------- A su turno, la codemandada C. S.A. contesta la demanda en términos similares a los de su litisconsorte pasiva, oponiéndose al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, negando toda responsabilidad en la producción del infortunio y solicitando, en definitiva, el rechazo de la pretensión deducida, con costas.----- IV. La sentencia apelada: -------------------------------------------------------------------------------- Tramitado el proceso, el fallo definitivo de primera instancia acoge la demanda en base a los fundamentos que sintetizaré a continuación: 1) se comprueba la invalidez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 atendiendo a la falta de adecuación razonable entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos y los preceptos constitucionales que amparan precisamente ese derecho a lograrla. Dicho desajuste se advierte ante la insuficiencia de la indemnización tarifada, frente a la magnitud que exige una reparación acorde a las circunstancias del caso. Por ello, siguiendo al doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe declarar la invalidez constitucional de dicha norma por afectar las garantías reconocidas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y los tratados incorporados a ella. 2) La teoría de los actos propios es inaplicable a los actores, argumento que sólo sería coherente si ellos hubieran tenido efectivamente la posibilidad legal de elegir entre someterse al régimen tarifado de la LRT o seguir una opción alternativa viable que permitiese acceder a una reparación civil anterior, como ofrecían los sistemas legales de infortunios laborales anteriores y que el art. 39 de la ley 24.557 ahora restringe, por lo que corresponde desestimar esta defensa. 3) Es aplicable al caso bajo examen la teoría del riesgo creado con base en el art. 1113 del Código Civil, por tratarse de un accidente en el que intervino una cosa riesgosa. 4) Del examen de la prueba testimonial, informe pericial y demás prueba producida no surge que C. proveyera los recaudos de seguridad acordes con las tareas cumplidas en el sector; se ha demostrado que con posterioridad al infortunio la demandada introdujo modificaciones en la máquina denominada "potro"; fueron probados los desperfectos en la llave selectora del sentido de giro, sistema que resultaba precario e inseguro y no reunía las condiciones de seguridad impuestas por el decreto 351/79; y no se ha acreditado la conducta culpable atribuida a la víctima. 5) El art. 75 de la L.C.T. establece una obligación de seguridad a cargo de la parte patronal, y el principio de indemnidad establece que el trabajador debe salir indemne de la relación que lo une al empleador, y en el presente caso resulta claro y probado que la demandada incumplió con las normas de seguridad respecto de la máquina que causó la muerte de D. E. Á., por lo que resulta responsable civil de los daños ocasionados. 6) En base a ello, se acoge la demanda por los siguientes rubros: a) Valor vida: en base a la edad, ingresos mensuales de la víctima y situación de convivencia familiar, corresponde acordar como indemnización la suma de $ 285.410,16, correspondiéndole a la madre un 80% de dicho monto y la porción restante al padre; b) Daño moral: la muerte de un hijo joven y las particulares circunstancias trágicas y súbitas del hecho han provocado un daño indudable de esta naturaleza, cuya reparación se juzga equitativo fijar la reparación en la suma de $ 180.000.- para la madre y $ 75.000.- para el padre. c) Daño psicológico: debe descartarse este reclamo por falta de producción de la prueba pericial psicológica respecto de los supuestos gastos derivados de un tratamiento de esta especie, además de que en el aspecto extrapatrimonial este concepto queda subsumido dentro del daño moral. d) Intereses: deben computarse desde la fecha del infortunio -20 de enero de 2003- hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa que establece el B. C. S.A. para las operaciones comerciales de descuento. e) Gastos de sepelio: según las constancias de autos surge que dichos los actores recibieron de C. la suma de $ 4.180.- por este concepto, por lo que no procede incluirlos en el resarcimiento. f) Extensión de la condena: la condena se hace extensiva a C. C. T. S. S.A.S.E, pues siendo una empresa de trabajos eventuales, cabe responsabilizarla por incumplir con el deber de seguridad respecto de los dependientes que prestan servicios en la empresa usuaria, siendo por tanto condenada a reparar el daño en forma solidaria arts. 29 y 29 bis, L.C.T.------------------------- V. La apelación de C. W. A. S.A.: ------------------------------------------- Esta apelante enfila contra el decisorio los siguientes motivos de agravio: 1) se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 con fundamento en que el sistema de reparación del Código Civil debe ser igual para todos, sin considerar que el derecho del trabajo modificó varias normas tradicionales de la rama civil, empezando por el propio concepto de trabajo, para visualizarlo como un derecho, como un deber o una función social. La doctrina ha sostenido que el conflicto entre cuerpos normativos diversos debe resolverse a la luz de la aplicación de la norma específica del mismo con prevalencia sobre las disposiciones o principios de otras ramas ajenas a la índole de la cuestión debatida. El régimen de infortunios laborales tiene su razón de ser en las singulares circunstancias en que se producen las contingencias y el principio de igualdad (arts. 11 de la Constitución Provincial y 16 de la Constitución Nacional). La igualdad ante la ley como principio fundamental no resulta excluyente de desigualdades justificables; se la suele formular como una exigencia de "tratamiento de los iguales en iguales circunstancias" y no resulta arbitraria ni desigual una ley que ofrece para sus destinatarios -los trabajadores en relación de dependencia- un sistema que otorga a éstos ventajas comparativas respecto de aquellos no incluidos en el mismo. Cita doctrina y jurisprudencia. Incursiona en el análisis y consideración de la Ley de Riesgos del Trabajo como sistema autónomo de responsabilidad por accidentes laborales y enfermedades profesionales, señalando que el legislador ha pretendido establecer un sistema cerrado, autosuficiente, de abastecimiento propio. Afirma que el a quo tampoco ha respetado el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que requiere de ciertas reglas, las que enuncia al efecto. Cuestiona la valoración probatoria efectuada en el fallo acerca de la víctima y de su entorno familiar para considerar si los actores tuvieron o no la opción de elegir una u otra indemnización, afirmando que inmediatamente después del hecho la parte actora eligió sin hesitación ni reservas la indemnización tarifada de la LRT. Recuerda que esta ley impone una valla legislativa, circunscribiendo la responsabilidad civil de empleador al único supuesto contemplado en el art. 1072 del C.C., por lo que no cabe sino concluir la improcedencia de la acción entablada con base en la normativa del art. 1113 C.C. 2) El sentenciante ha descartado la culpa de la víctima en la producción del hecho, atribuyendo exclusiva responsabilidad a su parte por el riesgo o vicio de la máquina en la que operaba el fallecido, como así también a condiciones de seguridad impropias. En su crítica acerca de este aspecto del fallo, incursiona en el análisis de la prueba incorporada al proceso (testimonios, documentos, prueba recolectada en la causa penal, opinión del perito en Higiene y Seguridad Industrial, etc.) a fin de sostener que al trabajador se le había provisto del equipo de trabajo adecuado, que la empresa cumplía con las normas de seguridad -puesto que recibe inspecciones periódicas de la Subsecretaría de Trabajo-, que la máquina es del tipo standard dentro de su género, similar a las que existen en otras partes del mundo, que se realizan los mantenimientos adecuados y que el obrar imprudente del señor Álvarez o el manejo impropio de la máquina "potro" determinaron la ruptura del nexo causal, por lo que su parte no es responsable civil de las consecuencias dañosas. 3) En cuanto al monto de la indemnización, la recurrente cuestiona que se haya desdoblado la reparación en "valor vida" y daño moral. Esta distinción -afirma- resulta ficticia y supone fijar una doble indemnización. Objeta el procedimiento para el cálculo del "valor vida", por cuanto resulta incierto si el trabajador fallecido hubiera ayudado a sus padres hasta los 65 años de edad y/o cuáles serán los años de vida de ellos (desconoce las edades actuales de los actores) y/o si el monto de la ayuda hubiera sido la totalidad de su sueldo por siempre. Destaca que se tuvo al fallecido como principal sostén de familia cuando en realidad se demostró en autos que, si bien él ayudaba a su madre con su sueldo, ésta tiene un comercio propio: un mercadito o despensa que seguramente debe tener mayores ingresos que los que aportaba Álvarez. Tampoco se ha probado que ayudara a su padre y sin embargo, le ha fijado el 20% de dicha indemnización. Y por otro lado, se fija una indemnización por daño moral sin parámetro alguno, muy superior en relación al valor vida, con un quantum inexplicable, que por su extensión parece quedar subsumido en el primer valor. Se trata entonces de una doble indemnización con idénticas características. Afirma además que la petición ha sido inferior al monto fijado, por lo que se trata de un fallo ultra petita, que si bien está autorizado en la ley 69, el procedimiento civil no admite tal prerrogativa. 4) Costas: bajo este título se agravia por los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito Y. . En cuanto al perito V., sostiene que son improcedentes en su totalidad, pues el experto sólo contestó los puntos de pericia propuestos por la parte actora y al ser intimado a responder el cuestionario de su parte, omitió hacerlo, infringiéndose con ello la norma del art. 473 C.P.C.C. Y por último, las costas de primera instancia han superado el límite del 25% dispuesto por la ley 24.432, por lo que resulta necesario adecuar los montos a la normativa vigente.----------- -------------------------------------------------------------------------------- ----- VI. El recurso de C. S.A.S.E: ----------------------------------------------------------------- Los motivos de agravio formulados por esta apelante pueden reseñarse en los siguientes puntos: 1) se ha hecho indebida extensión de la condena a su parte con base en los art. 29 y 29 bis de la L.C.T., cuando estamos frente a un reclamo de naturaleza civil que impide la aplicación de la normativa laboral. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abono de su queja. Afirma que ello torna arbitraria la decisión, debiendo revocarse dicha extensión de responsabilidad y sus consecuencias económicas respecto de C. . 2) A todo evento, le causa gravamen la determinación de la indemnización por valor vida y los parámetros tenidos en cuenta a este propósito, desarrollando su argumentación destinada a criticar este aspecto del fallo. 3) Sostiene que se ha fallado ultra petita al concederse una reparación superior a la demandada, no tratándose del supuesto contemplado en el art. 71 de la ley 69. 4) También a todo evento cuestiona el monto fijado para indemnizar el daño moral, pues si bien no escapa a su parte el tremendo dolor de los padres ante la pérdida de su hijo, la reparación otorgada resulta extraordinaria y desmedida, sin ninguna circunstancia que lo justifique. Cita jurisprudencia a los fines comparativos y afirma que también en este rubro se ha fallado más allá de lo pedido. 5) La fijación de los montos por parte del juez adolece de una fundamentación insuficiente, colocando a su parte en un estado de indefensión, ya que las pautas y argumentos tenidos en cuenta para la determinación de la indemnización no fueron debidamente explicitados ni desarrollados en el fallo. 6) La extensión de la condena a su parte basada en que "siendo una empresa de trabajos eventuales cabe responsabilizarla por incumplir con el deber de seguridad que debió verificar las condiciones en que sus dependientes prestan servicios en la empresa usuaria", parte de una afirmación que significa obligar a su parte al cumplimiento de una obligación no prevista en la ley. Las muy particulares características de la contratación eventual o temporaria -afirma- hacen que la obligación de indemnidad o de seguridad recaiga sólo y exclusivamente en cabeza de quien ocupa en forma efectiva al operario solicitado para un servicio eventual. Cita el texto del decreto 342/92 vigente a la época del siniestro, invoca doctrina y jurisprudencia y sostiene que debe eximirse de toda responsabilidad por el hecho a C. . Mantiene la reserva del caso federal y solicita la revocación del fallo en los términos de su recurso.-------------------------------------------------- VII. Inconstitucionalidad del art. 39 - ley 24.557: ------------------------------------------------ Respecto al primer agravio de la codemandada C. S.A., al decidir acerca de este artículo, el sentenciante a quo hizo aplicación al caso de la doctrina ya recogida por esta sala a partir de lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en la causa "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s. Accidentes Ley 9688" del 21/09/2004, en el que el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la Ley 24557.-------------------------------------------------------------------------- ------------------------ Con base en los fundamentos de ese y otros precedentes, el juzgador consideró, en resumen, que la norma en cuestión era inconstitucional, por cuanto la exclusión de la vía reparatoria del Código Civil se traduce en el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, quien se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos, afectando la igualdad de tratamiento ante la ley establecida en el art. 16 de la Constitución Nacional, la cual no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en casos similares.---------------------------------------------------------------------- ---------- No es ocioso señalar que esta doctrina de la Corte fue ratificada y hasta enriquecida con el dictado, entre otros, del fallo en autos: "Díaz, Timoteo F. c. Vaspia S.A" del 07/03/2006, donde se expresó además que "...no cabe sostener la constitucionalidad del artículo 39.1 de la LRT en la sola afirmación de que la fijación de topes indemnizatorios es constitucionalmente válida. En primer término, las prestaciones que establece la LRT no son indemnizaciones tarifadas sino prestaciones por riesgos laborales corrientes que no son producto de acciones ilícitas, pues éstas no están comprendidas dentro del riesgo asegurado. En segundo lugar, porque la constitucionalidad de topes indemnizatorios no puede afirmarse en abstracto, sino que debe examinarse cuál es su impacto en el derecho de propiedad del damnificado, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad que tenga de consentir riesgos o resignar derechos al entrar en ciertos vínculos contractuales. Por último, el fin que inspira y configura constitucionalmente a las leyes laborales impide presumir que, por el sólo hecho de establecer un contrato de trabajo, el empleado ha resignado derechos; todo el derecho laboral se ha asentado en la ilegitimidad de tales renunciamientos y ello ha quedado plasmado en letra del artículo 14 bis constitucional"; expresando luego que "...la LRT consagra una dispensa de la culpa del empleador por los daños que ilícitamente causare a sus empleados y dicha exención es introducida a costa de los derechos civiles de los empleados, en particular sus derechos a no sufrir interferencias ilegítimas de terceros y de propiedad sobre el resarcimiento, en el tramo correspondiente a la pérdida de capacidad económica. Además, ...dicha restricción de derechos tiene como fin predominante la reducción de los costos de aseguramiento que el empleador debe, eventualmente, afrontar por su actividad ilícita, finalidad que no sirve como justificación porque la única manera de evitar tales mayores costos es mantenerse dentro del campo de lo lícito (artículos 17, 19, 18 y 28 de la Constitución Nacional)" - conf. fallo cit., voto de la Dra. Carmen M. Argibay - LA LEY 2006-E, 449).----- Hecha esta breve reseña, debo decir que, en mi opinión, las argumentaciones vertidas por la apelante no alcanzan a conmover los fundamentos que respaldan los precedentes de la Corte Nacional y que han sido recogidos en el fallo en recurso.-------- --- En primer lugar, es preciso señalar que el art. 1°, ap. 1. de la Ley 24.557 en cuanto establece que "La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias", no se halla aquí en discusión, por dicha regla cuanto sigue siendo válida y con plena vigencia como norma general, sin perjuicio de que no resulte aplicable al caso examinado. En este orden de ideas, debo puntualizar que el pronunciamiento en crisis se ha ceñido tan sólo a la valla sentada por un artículo de la citada ley -el 39, ap. 1- en cuanto la inconstitucionalidad de esa norma fue opuesta como defensa por la demandada para resistir su pretensión indemnizatoria al amparo de la normativa civil. Ahora bien: la declaración de inconstitucionalidad en cuestión se circunscribe y tiene efecto tan sólo respecto a cada causa concreta bajo juzgamiento, pues como es sabido, los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en forma teórica, genérica o en abstracto, sino que ese examen sólo puede efectuarse en cada supuesto singular.----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- Es oportuno aquí mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico el control de la constitucionalidad de las leyes es difuso, lo cual significa que no existe un tribunal competente para conocer de impugnaciones generales, con base constitucional, de las normas de rango inferior, y para dejarlas sin efecto, con ese carácter, cuando resultan violatorias de la Constitución Nacional, porque esa atribución es ejercida por todos los jueces, quienes no emiten declaraciones genéricas sino pronunciamientos específicos con efectos para la causa y en la medida en que la descalificación resulte necesaria para asegurar el goce de una garantía reconocida por el texto constitucional. Por esa misma razón, ya en otros precedentes referidos a casos análogos se ha dicho que el art. 39 la ley 24.557 será o no constitucional en cada caso concreto, cuando se visualice si el contenido reparador es económicamente justo o no (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II o 14/03/2001 o Acordino, Graciela A. c. Pride Petrotech International S. A. o LA LEY 2001-D, 797, con nota de redacción - DT 2001-B, 1551, con nota de Alfredo R. Porra); o sea que su efecto es inter partes (conf. Bidart Campos, G.J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino" - t. II, pág. 351 - Ediar, 1992).-------------------------------------------------------------------------- -------------- En igual sentido se ha pronunciado reiteradamente la Corte Suprema de la Nación acerca de los límites del control constitucional en sede jurisdiccional, pues tiene como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto para que aquélla sea puesta en juego, excluyéndose, en consecuencia, el control genérico o abstracto (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 07/04/1994 o Polino, Héctor y otro c. Poder Ejecutivo. o LA LEY 1994-C, 294 - id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 13/09/1988 o Cóppola, Rubén O. y otros o LA LEY 1988-E, 528 - id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 09/12/1987 o Penna Bores, Lucas S. o (voto del Dr. Petracchi) - LA LEY 1988-B, 385 - JA 1988-II, 314 - entre muchos otros).------------------------------------ --- En suma, la decisión apelada no implica desaplicar el art. 1° de la Ley 24.557, sino apartarse, en este caso particular, de la excepción impuesta por el art. 39 ap. 1 de dicha ley, en tanto la misma se aprecia como violatoria de los derechos de la parte aquí actora, conforme a las particulares circunstancias del caso bajo examen.----------------------- Tampoco puede observarse que el sentenciante "no haya respetado el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de las leyes" por cuanto las "reglas" a las que -según lo sostiene la apelante C. - debía atenerse el a quo, no constituyen una imposición legal taxativa, sino un criterio de valoración que, por lo demás, tampoco se ha visto transgredido en la especie, dado que no se advierte una abdicación a los reclamos de prudencia y cautela en la declaración efectuada, a cuyo efecto se sopesaron las pruebas obrantes en la causa y la exigüidad del resarcimiento tarifado en consideración a las graves circunstancias del caso, demostrativas de que la indemnización abonada en los términos de la ley 24.557 distaba visiblemente de comportar un resarcimiento integral de los perjuicios causados.------------------------------------ Tampoco es atendible la argumentación referida a que, al aceptar y percibir previamente la indemnización tarifada de la LRT, los coactores hicieron libre ejercicio de la opción legal, lo cual les impide por tanto entablar esta pretensión resarcitoria por vía del derecho común. Como bien lo ha señalado la propia Corte Suprema en un fallo reciente, nada impide que la víctima de un infortunio laboral, luego de percibir la indemnización por incapacidad permanente a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, pretenda obtener una reparación por la vía del derecho común de parte del empleador, previo planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley de accidentes y riesgos del trabajo 24.557, ya que la percepción de la reparación tarifada sólo importa, para el reclamante, el sometimiento voluntario a las normas relativas a dicha reparación, mas no al resto de las disposiciones de la citada ley especial, sin que exista interdependencia o solidaridad inexcusable entre unas y otras (C.S.J.N., 12/06/2007 - Llosco, Raúl c. Irmi S.A. -D.T. 2007 (julio), 827).-------------------------------------------------------- Por último, en referencia a los argumentos relativos a la especificidad del derecho laboral, a su concepción como un derecho eminentemente social, con principios generales propios y a la pretensión del legislador de establecer con esta ley un sistema cerrado, autosuficiente, de abastecimiento propio, debe remarcarse que el control de constitucionalidad por parte del poder judicial excluye consideraciones de esa naturaleza, tanto referidas a los propósitos del legislador cuanto a cuestiones de conveniencia, oportunidad o acierto de la ley, limitándose a analizar si el precepto cuestionado está o no de acuerdo con la constitución (conf. Bidart Campos, ob. cit., t. I, pág. 99).---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- En base a las consideraciones efectuadas, opino que este agravio debe desestimarse, confirmándose el decisorio en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, y así lo dejo votado.------------------------------------------------------------------- VIII. La opción por la vía civil - inaplicabilidad de la normativa laboral: ---------------- En tanto se trata aquí de una pretensión resarcitoria encaminada a través de la normativa civil, resultan desde ya inconducentes las argumentaciones vertidas por la parte actora sobre los "deberes de seguridad" con base en la legislación laboral (art. 75, L.C.T.), por cuanto, tanto en el caso de la ley 24.557 como en el de la "garantía de seguridad" prevista en el art. 75 L.C.T., conforme se ha sostenido invariablemente, las acciones indemnizatorias fundadas en dichas normas son de naturaleza netamente contractual, de manera que no juega a su respecto componente alguno relacionado con el riesgo o vicio de la cosa (conf. "Creación de Riesgo - I" - Revista de Derecho de daños, Rubinzal-Culzoni, págs. 450/51 y sus citas, 2007). Por esta razón, estas normas son inaplicables en el marco de la teoría del riesgo creado con base en el art. 1113 del Código Civil.-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- La elección de la vía resarcitoria del derecho común, sea en los casos que la autoriza el art. 39.1 de la L.R.T. -o aún superando dicha valla normativa- implica por tanto excluir la aplicación de otros regímenes indemnizatorios, pues como bien lo señalara la Suprema Corte de la Nación, "se trata del ejercicio de una opción y es una decisión que el actor realiza voluntariamente y no puede señalarse que al respecto exista hiposuficiencia alguna, ya que hay elementos jurídicos claros que brinda el ordenamiento y una información accesible a bajo costo. Una vez que el actor selecciona la acción, el juez puede delimitar la pretensión calificándola, es decir, eligiendo la norma aplicable frente a los hechos expuestos, pero no puede sustituirlo en la decisión que el legislador dejó en el ámbito de su facultad." (conf. CSJN - "Soria, Jorge Luis c/ RA Y CES S.A. y otro" -10/04/2007 - Fallos: 330:1550).------------------------------------------------------ En consecuencia, acordándole razón en ello a la recurrente, el examen de responsabilidad debe ceñirse a las pautas establecidas en el art. 1113 y concordantes del Código Civil, por lo que el examen de la cuestión se ha de ajustar a esta directiva jurídica.----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- IX. Responsabilidad por el riesgo creado - art. 1113, C.Civil: ------------------------------- Entablada la pretensión con sustento en la teoría del riesgo creado (art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte, Código Civil), sabido es que los requisitos para la aplicación de los principios de la responsabilidad objetiva son, básicamente, los siguientes: 1) existencia de un vínculo del responsable (dominio o guarda sobre cosas) con una cosa que implique un riesgo para terceros; 2) que ese riesgo se haya concretado en un daño; 3), que el nexo causal entre la cosa generadora de riesgo y el daño no se haya quebrado por la interposición de factores extraños. Sobre estas bases fácticas, el art. 1113, párr. 2° parte 2°, Cód. Civil establece que "si el daño se hubiere causado por el riesgo o vicio de la cosa" estará a cargo de la víctima la prueba de que el perjuicio tiene una relación causal adecuada con las condiciones dañosas de la cosa. Dicho en pocas palabras, a la víctima le basta probar la relación causal eficiente entre el daño y el riesgo o vicio de la cosa; comprobados estos extremos, se produce así una presunción de responsabilidad objetiva que debe ser destruida por la parte presuntamente responsable que alega alguno de los supuestos eximentes, quien deberá acreditar el presupuesto de hecho referido a esa defensa.------------------------------------------------------------------------ -------------- --- Hasta la sanción de la reforma introducida por la ley 17.711, el ordenamiento civil sólo consagraba la responsabilidad extracontractual con fundamento exclusivo en la culpa o negligencia del agente productor del daño. La reforma, al introducir con la modificación del art. 1113 C.C. el concepto de riesgo creado, varía sensiblemente aquel esquema consagrando, en los casos en que el daño se causa con las cosas, el de la responsabilidad objetiva o refleja; supuesto en que el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. Más si el daño es producido por el riesgo o vicio de la cosa, la misma introduce una exigencia más para que el "dominus" pueda eximirse de responsabilidad: en tal supuesto deberá acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.---------------------------------- Por otra parte, tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia son contestes en que, habiendo optado el trabajador por dejar de lado la protección que le otorga la ley de accidentes de trabajo -que limita la indemnización pero lo libera de determinadas cargas probatorias- debe asumir entonces la carga procesal de probar cada una de sus afirmaciones (art. 377 del C.P.C.C.). Así, para que prospere su petición, debe acreditar básicamente: a) el hecho; b) la calidad de dueño o guardián de la cosa del reclamado; c) el riesgo o vicio de una cosa productora del daño; d) la relación causal adecuada, y f) el daño o monto resarcitorio reclamado en su demanda.---------------------------------------------- En la especie no se han controvertido las circunstancias de tiempo y lugar en que el joven D. Á. perdió la vida. Los litigantes son contestes en que a la sazón el nombrado estaba realizando tareas de limpieza en la máquina denominada "potro" ubicada en la planta industrial de C. S.A. cuando, por motivos que no han podido establecerse con certeza, su cuerpo fue atraído por el giro del rodillo de carda que estaba limpiando, a raíz de lo cual sufrió politraumatismos graves que le provocaron la muerte.------------------------------------------------------------------------- ------------------ Frente a ello, la parte demandada opone como defensa: a) que la máquina en cuestión no era riesgosa; y b) que en todo caso, el accidente se produjo por "culpa de la víctima", quien habría apoyado su mano sobre el rodillo que giraba a alta velocidad.------ En cuanto al primer artículo defensivo, considero que el fallo se ha ajustado a derecho al determinar el peligro creado por el sistema de limpieza de rodillos mediante la máquina denominada "potro", en la instalación existente a la época del siniestro. A este propósito, resulta muy útil observar las características del dispositivo ilustradas a través del video aportado a la causa, en el que puede apreciarse la exposición a cuerpo descubierto a la que quedaba sometido el operador durante la operación de limpieza. De dicha modalidad operativa se puede apreciar con claridad que no existía una adecuada valla de protección para impedir que ante cualquier circunstancia fortuita el operador, por algún descuido, empellón, tropiezo, resbalamiento, desmayo o súbita pérdida de conocimiento, pudiera precipitarse sobre el rodillo girando a alta velocidad, como en definitiva sucedió con el joven Daniel Álvarez, sea cual haya sido la causa del infortunio. Corroboran esta convicción las descripciones técnicas obrantes en las pericias realizadas, de las que se desprende en forma indisputable la peligrosidad objetiva del dispositivo concebido en aquellas condiciones de operación, que por cierto variaron de modo sustancial con las reformas introducidas poco tiempo después del accidente, entre las que se destaca la colocación de la rejilla de protección mediante unas "guías" o "carritos" destinados a evitar que el operario "meta la mano" (conf. testigo S., resp. a la 12da. repregunta, fs. 262 vta.). Estas reformas realizadas por la propia empresa revelan la conciencia acerca de la peligrosidad del método existente con anterioridad y su clara intención de mejorar en forma crucial los resguardos de seguridad y disminuir drásticamente la peligrosidad del sistema de limpieza, que por otra parte y según el dictamen del perito V., no cumplían con las normas de seguridad establecidas mediante la legislación laboral pertinente (decreto 351/79 - con. Pericia, fs. 452). Por otra parte debe descartarse el aducido propósito de realizar estos cambios por una finalidad puramente "psicológica", sólo para aventar la "sensación de inseguridad" en los operarios (conf. testigo M., resp. a la 2da. repreg., fs. 338; id. C., resp. a la 11era. preg., fs. 267 vta.), manifestación que carece de credibilidad y afrenta al sentido común, ya que el peligro era concreto y objetivo, y si la empresa adoptó esa decisión habrá sido, en todo caso, por una tardía toma de conciencia acerca del incumplimiento de las normas de seguridad a su cargo.------------------------------------------ También hay testigos que en sus respuestas brindan datos corroborantes acerca de los riesgos del sistema de limpieza denominado "potro" (conf. S., resp. a la 17ma. preg., fs. 261 vta; test. M., resp. a la 21era., fs. 265 vta.). Es oportuno reproducir además la terminante conclusión del perito V. (dictamen de fs. 451/485), quien tras enunciar las causas principales y secundarias que a su criterio contribuyeron a la producción del infortunio, expresó al respecto: "La causa principal del accidente es que la máquina no estaba equipada con los elementos de protección y bloqueo de seguridad necesarios, ya que se verifica que de haber contado dicha máquina con la protección intrínseca, aun en presencia de las demás causas secundarias, el accidente no se hubiera producido" (pericia citada, fs. 458).------------------------------------- En resumen, diversos elementos confluyen para adquirir plena convicción, conforme a las reglas de la sana crítica racional (art. 386 y conc., C.P.C.C.), acerca del riesgo creado con el sistema de limpieza de rodillos de carda mediante el uso del "potro" en las condiciones existentes a la época del infortunio, resultando así objetivamente comprobable la creación de un riesgo apto para producir un resultado dañoso como lo fuera la muerte del operario D. Á., hijo de los aquí demandantes, lo cual torna operativa la presunción de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa establecida en el art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil.------------------------------------------ --- X. La eximente invocada - culpa de la víctima: -------------------------------------------------- Probada así la conexión causal adecuada entre el riesgo creado y el resultado dañoso, como ya se dijera, queda en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa demostrar la eximente invocada -en el caso, la conducta imprudente o negligente de la víctima prevista en el art. 1113 in fine, C. Civil- para exonerarse de responsabilidad.--------- En el caso, la demandada C. S.A. alegó que el infortunio se produjo por el hecho de la víctima, sosteniendo que el único motivo por el cual se produjo el accidente fue el obrar negligente del señor D. Á., a quien le imputan haber introducido indebida y negligentemente la mano en los rodillos de giro, lo cual provocó que fuera abruptamente atraído por la máquina y golpeara contra la barra de protección, produciendo su muerte (conf. contestación de demanda, fs. 99). También menciona al efecto las pericias realizada en sede penal y en este proceso para afirmar, en definitiva, que su parte no tiene responsabilidad alguna.----------------------------------------------------------- El juzgador de primera instancia, a su turno, privilegiando los dictámenes técnicos, consideró que no se había probado la alegada "culpa de la víctima" por cuanto los testigos no habían visto lo que ocurrió, de manera que no era posible afirmar que el accidente hubiera sido causado por la alegada culpa de Á. . Sostuvo asimismo que dicha falta debía ser probada en forma certera por parte de quien la alega, al tratarse de un hecho impeditivo, no bastando con crear la duda acerca de la conducta del damnificado, sino que dicha prueba deber ser concluyente, con cita de doctrina (conf. fallo, fs. 383).--------------------------------------------------------------------------- --------------------------- Tras sintetizar los fundamentos que abonan la decisión acerca de este punto, debo anticipar que en mi opinión, la crítica ya reseñada no consigue desmerecer el juicio lógico elaborado por el a quo. Me explicaré.-------------------------------------------------------------- Para comenzar, no hubo ningún testigo presencial que pudiera referir de acuerdo a sus propias percepciones cómo Á. habría sido impelido hacia abajo y atrapado por el rodillo en movimiento. Así lo declara G. H. C., jefe de producción de la empresa, al responder a la 7ma. repregunta (fs. 268), afirmando que nadie vio el accidente. Los testigos que estuvieron más próximos física y temporalmente al episodio fueron: a) C., quien manifiesta que se encontraba en otro sector; en su declaración refiere que cuando llegó observó el cuerpo de Á. a cierta distancia, no quiso acercarse; lo vio tirado en el piso, tiene dudas respecto a la ropa que vestía, recuerda que tenía puestos los botines (resp. a la 12da. y 13ra. repreguntas - fs. 264); b) Pazos, que hasta un momento antes estaba trabajando junto con la víctima, se había desplazado en forma momentánea a otro sector (cardas); a su regreso vio a Á. parado trabajando en el "potro", luego levantó la vista para mirar el puente, escuchó un ruido y cuando volvió a mirar hacia el potro vio la remera de Á. girando en el rodillo, y cuando se acercó éste ya estaba en el piso (resp. a la 3era. repregunta, fs 305); c) Z. también estaba trabajando con Á., salió un momento al taller para buscar la soldadora, cuando alguien les avisa que su compañero se había accidentado lo primero que hace es desenchufar la máquina, sale del taller y ve a la víctima tirada debajo de la máquina, en el piso; confirma asimismo que Á. estaba solo al momento del siniestro (resp. a la 2da. a 5ta. repreguntas, fs. 307); d) B. T. (resp. a la 2da., fs. 333) y V. (2da., fs. 335) también llegaron después del accidente y nada pueden referir acerca de la mecánica del hecho.-------------------------------- Como puede advertirse, en definitiva los testigos compulsados manifiestan no haber visto cómo sucedió el siniestro, dado que en ese momento ninguno de ellos se hallaba dentro del campo visual donde tuvo lugar el hecho fatídico, dejando así un espacio de incertidumbre propicio para generar diferentes especulaciones sobre este aspecto, tan determinante para ponderar la defensa opuesta como exoneración de responsabilidad por parte de la demandada C. S.A.--------------------------------------------------------------- Así es que, en la tarea de dilucidar esta incógnita, los elementos probatorios aportados a la causa siembran un gran estado de duda acerca de las diversas y posibles causas del evento dañoso. Solo se han formulado suposiciones al respecto, como se verá en los párrafos siguientes.---------------------------- -------------------------------------- En el expediente penal fotocopiado y agregado como prueba (autos: "Á., D. E. s/ muerte-Trelew" - Expte. 12076 - F° 107 - Año 2003) puede observarse que en la etapa preliminar de las actuaciones, el técnico designado en la etapa preliminar instructoria, G. O. S., al evacuar el informe requerido por el juez instructor, manifestó luego de una inspección visual del lugar, que: "supuestamente el operario, a los efectos de constatar el sentido de giro del rodillo, apoyó la mano sobre el rodillo, ocasionando esta acción el arrastre del guante del mencionado operario, como asimismo sus prendas de vestir, ocasionándole esto que el cuerpo de la persona sea arrastrado hacia el interior del rodillo, produciéndole desgarramientos y golpes. Esta suposición se basa en que en el rodillo se encontraron restos de cabellos, tejidos y prendas de vestir" (textual, expte. cit., fs. 15). Como puede apreciarse, se trata de una hipótesis sin adecuado apoyo técnico ni científico, ya que no excluye otras posibilidades.------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ Obra luego en ese mismo expediente penal un informe técnico elaborado por la propia demandada C. S.A. en la cual, tras realizarse una reseña descriptiva de lugar de trabajo y de la herramienta denominada "potro", de las normas de seguridad observadas por la empresa de una reconstrucción del hecho dañoso, en el informe se expone una "conclusión final" en la que se exponen los motivos que -en opinión de los informantes- debieron haber provocado el hecho, a saber: 1) El sentido de giro del cilindro era el incorrecto; 2) Á. no había recomenzado a trabajar desde luego del cambio de fleje, porque de haberlo hecho se hubiese dado cuenta de que el cilindro giraba al revés, al rechazar el mismo la herramienta; 3) Imprudentemente probó el sentido de giro del cilindro en movimiento apoyando el dorso del guante de su mano derecha sobre el mismo, incumpliendo las normas de seguridad establecidas que indican que esto se debe efectuar con la máquina parada; 4) la negligencia de tal acto determinó la ocurrencia de este hecho lamentable, con consecuencias fatales; 5) la maquinaria de uso masivo en la industria lanera no resulta insegura (textual, fs. 131, Expte. penal citado). De más está decir que estas afirmaciones tan categóricas provienen de la propia demandada y están suscriptas por los apoderados, por el abogado de la empresa y por el Ing. J. B. M., quien asimismo ha brindado testimonio en la presente causa a fs. 337/339. Resulta interesante cotejar los dichos del ingeniero con la reseña precedente, por cuanto en su declaración en sede judicial, el nombrado aclaró: a) que lo expresado por él "son todas suposiciones o conclusiones" suyas, porque no hubo testigos presenciales (resp. a la 2da. preg., fs. 337 vta.); b) que él no redactó dicho informe, fue confeccionado por la empresa, aunque sí lo firmó (resp. a la 4ta. repregunta, fs. 338); c) que después del accidente él le propuso a la empresa "poner la barrera delante de la máquina, para impedir que la persona se acercara o cayera sobre el cilindro" (textual, resp. a la 4ta. repreg., fs. 338 vta.); d) que una de las posibilidades que se analizó fue "que el operario hubiese sufrido un desmayo, una descompensación, y hubiese caído sobre la máquina, esa posibilidad se descartó con la suposición que yo enuncié en la pregunta anterior porque la posición del accidentado y los daños sufridos en la cara no concuerda con el posible hecho de que hubiese caído directamente sobre la máquina" (textual, resp. a la 5ta .repreg., fs. 338 vta.).------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Huelga señalar que esta serie de "suposiciones" distan de constituir un dictamen técnico con mínima fuerza persuasiva, ya que no están respaldadas por ninguna fundamentación técnica ni científica, sino como resultado de simples figuraciones subjetivas.--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- Tenemos luego el informe de higiene y seguridad realizado por el perito designado a tal efecto, ingeniero F. R. V. (fs. 452/485). En lo específico que ahora nos ocupa, esto es, la detección de las posibles causas del accidente, el experto puntualiza: 1°) "las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone podían haber existido"; 2°) "Sólo pueden aceptarse como causas los motivos demostrados y nunca los apoyados en suposiciones" (dictamen, fs. 483). Y al elaborar su conclusión, expresa, como ya se mencionara anteriormente: "La causa principal del accidente es que la máquina no estaba equipada con los elementos de protección y bloqueo de seguridad necesarios, ya que se verifica que de haber contado dicha máquina con la protección intrínseca, aun en presencia de las demás causas secundarias, el accidente no se hubiera producido" (pericia citada ,fs. 458).------------------------------------- Por último, a fs. 569/572 obra el dictamen del perito ingeniero A. A. Y. . En concreto, al responder al interrogante sobre cuál pudo haber sido la mecánica del hecho, respondió: "La mecánica del accidente pudo haber sido el enganche del guante o la remera en los dientes del fleje de la carda, al engancharse éstos la persona es atraída hacia el cilindro produciéndole el golpe en la cabeza. Esto es factible dada la potencia de la máquina y la velocidad de giro de los cilindros. Dicha máquina tiene un sentido de giro que es el correcto para la limpieza... al girar en este sentido es imposible que produzca el enganche de ropa o desgarro de la misma o piel, el riesgo se encuentra cuando gira en sentido opuesto. Dado que no hubo testigos que vieran exactamente cómo ocurrió el accidente, no podemos afirmar el motivo por el cual se produjo el acercamiento del guante o remera a los cilindros".-------- -------------------------------- Según podrán apreciar mis colegas, la única certeza existente en este terreno, en definitiva, es que si la máquina hubiera contado con elementos de protección adecuados -como la reja emplazada actualmente delante de la misma- el accidente nunca hubiera ocurrido. La determinación de la hipotética intervención causal del operario en la producción del accidente, en cambio, navega por un pequeño espejo de posibilidades y conjeturas -si probó el sentido de giro con la mano y se le enganchó el guante; si se le enganchó la remera; si tropezó, si pudo haberse desvanecido; etc. etc.)- pero no existen ningún elemento cierto o concreto para aceptar alguna de ellas y/o descartar las restantes.---------------------------------------------------------------------- -------------- Con este cuadro de situación a la vista, está claro que no existe un mínimo grado de certidumbre acerca de la alegada falta o actuación negligente de la víctima en la provocación del infortunio. Cierto es que algunas consideraciones admiten la posibilidad al menos hipotética de que Á. pudiera haber realizado alguna maniobra causalmente apta para desencadenarlo, pero se trata tan sólo de meras hipótesis, sin posibilidad de comprobación actual. De ningún modo ha quedado en claro de modo categórico cuál fue el factor concreto que originó el percance; si el protagonismo de la víctima fue o no provocador del infortunio; si se trató de una acción u omisión suya; en qué pudo haber consistido y, a todo evento, en qué grado o medida habría sido apta para producir dicho resultado dentro del proceso o iter causal.-------------------------------------- La ausencia de prueba concluyente acerca de la causal de exención invocada conduce por tanto a descartar dicha defensa. En este orden de ideas, tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido sosteniendo criterios concordantes con el expuesto en el fallo acerca de que: 1) el hecho de la víctima alegado como factor de exoneración de responsabilidad debe ser debidamente probado por quien lo invoca; 2) dicha prueba de ser concluyente y categórica; 3) debe constituir la única causa del daño y 4) debe revestir los caracteres de imprevisibilidad e irresistibilidad propios del caso fortuito o fuerza mayor, siendo insuficiente un estado de duda (conf. Santos Cifuentes, "Código Civil...", t. I, págs. 880/883 - La Ley, 2003 - id. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 5, pág. 393 - Astrea, 1984; id. Bueres_Highton, "Código Civil...", t. 3ª, pág. 439 - Ed. Hammurabi, 1999; entre otros).------------------------------------------------------------------------- ----- En idéntica línea interpretativa se han pronunciado los tribunales del país al decidir planteos análogos (conf. CNCiv, sala B o 30/03/2005 o Folco, Emilio E. c. Begnozzi, Alicia y otros o DJ 01/03/2006, 563 - DJ 18/01/2006, 144; id. CNCiv., sala M o 16/09/2002 o Martínez, Juan C. y otros c. Marcón, Carlos V. y otros o DJ 2003-1, 269; id. CNCiv., sala E o 28/09/2004 o Díaz Anca, César A. c. Cascotera Vélez Sársfield S.A. y otros o ED 212, 119; id. CNCiv, sala M o 16/09/2002 o Martínez, Juan C. y otros c. Marcón, Carlos V. y otros o DJ 2003-1, 269; id. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o 16/02/2000 o Brien de Christiansen, Silvia E. c. Gozzi, Hernando G. o LLBA 2000, 850; entre muchos otros).------------------------------------------------- Por todas las consideraciones precedentes, opino que este agravio debe desestimarse, y así lo propongo al Acuerdo.-------------------------------------------------------------- XI. Indemnización del llamado "valor vida": --------------------------------------------------- --- Al decidir acerca de este tópico, el a quo, tomando en consideración la edad, ingresos mensuales de la víctima y situación de convivencia familiar. Señaló que con el aporte de su sueldo el joven D. Á. asistía económicamente a su madre y hermanas menores, con quienes convivía, por lo que puede afirmarse que era el principal sostén económico de su familia; que colaboraba con el comercio de su madre y que se había inscripto en la universidad. Tuvo en cuenta asimismo que los padres de la víctima estaban separados, por lo que cabía entender que su madre era quien debía ser reparada dignamente en mayor proporción. Para ello, computó los siguientes factores: 1) la víctima tenía 23 años de edad al momento del deceso y le restaban 42 años de vida probable; 2) sus ingresos ascendían a $ 566,29 mensuales; 3) el número de meses comprendido en estos años ascendía a 504. Con estas pautas, multiplicando el sueldo por ese número de mensualidades, resolvió acordar como indemnización la suma de $ 285.410,16, correspondiéndole a la madre un 80% de dicho monto y la porción restante al padre.-------------------------------------------------------------------------- ------------ Frente a este razonamiento, la codemandada C. S.A. ha expuesto las críticas reseñadas en el apartado V y que, a mi juicio, merecen ser atendidas.---------------- En primer lugar, si bien los testigos amigos de la víctima han referido que D. Á. "le entregaba el sueldo a su madre" (conf. P., resp. a la 5ta. preg., fs. 304; A., resp. a la 10ma. preg., fs. 308;P., resp. a la 8va. preg., fs. 332), más allá de la muestra de generosidad y solidaridad familiar que pueda connotar esa expresión, en los hechos y conforme a las máximas de la experiencia integrantes, de la sana crítica racional (art. 386, C.P.C.C.; su doctrina), un joven trabajador de 23 años necesariamente tiene que destinar una porción de los ingresos para sus propios gastos personales: vestimenta, transporte, salidas ocasionales, etc.; sea que aparte una suma mensual para ese destino o bien -lo que es menos probable- que retire más tarde de la masa de fondos comunes (que en el caso estarían conformados por su sueldo y por los ingresos del comercio de su madre) las sumas destinadas a atender esas erogaciones. En sentido corroborante, el testigo P. expresó que D. le entregaba su paga mensual "prácticamente íntegra a su madre" (resp. a la 8va. preg. ya citada, fs. 332). En esta misma línea de pensamiento, se ha sostenido que "como el perjuicio no consiste en todo lo que el muerto producía, sino en todo lo que destinaba a la atención de su familia, debe deducirse del monto indemnizatorio lo que aquél gastaba en sus propias necesidades y bienestar personal" (conf. López Mesa-Trigo Represas, "Tratado de la Responsabilidad Civil", "Cuantificación del Daño", p. 192 y sus citas). Dado el bajo salario a considerar, estimo razonable considerar en el caso que el hijo fallecido gastaba para sí cuanto menos el 50% de dichos ingresos mensuales.---------------------------- En segundo lugar, los testigos refirieron que el coactor G. Á., padre de la víctima, no convivía con D. y su familia (conf. test. A., resp. a la 13era. preg., fs. 308 vta.) sino que se había trasladado a otra provincia (conf. test. P., resp. a la 5ta. y 6ta. preg., fs. 332) por lo que no está probado en modo alguno que su hijo le prestara asistencia económica, hecho además muy improbable, atendiendo a la escasa capacidad económica del aportante y a las circunstancias familiares ya descriptas.---------- Por otra parte, la realidad indica que la situación personal, patrimonial y familiar de una persona, lejos de cristalizarse, va modificándose con el curso del tiempo. Si bien el joven D. era operario de fábrica con un ingreso bastante exiguo, los testimonios dan cuenta de que se había anotado en la universidad, por lo que cabe conjeturar que con el curso del tiempo se habría capacitado a través de sus estudios, para ir logrando así mejores posiciones en lo profesional y/o laboral, brindándole la posibilidad de incrementar sus ingresos. Y al propio tiempo, también las máximas de la experiencia indican que a cierta edad -que puede estimarse alrededor de los treinta años- probablemente formaría pareja y constituiría una familia, lo cual le demandaría en consecuencia tener que destinar la mayor parte de sus ingresos al sustento económico a su nuevo núcleo familiar, restando a partir de entonces la capacidad de asistencia pecuniaria que podría ofrecerle a su madre. En una apreciación prudencial, estimo que esa ayuda no excedería el 20% de sus ingresos totales, habida cuenta de que el grueso de los mismos estarían destinados a la atención económica de su familia primaria.-------- --- Por otra parte, está claro que el joven fallecido se encontraba transitando apenas la etapa primigenia de su vida laboral, y que con el curso de los años, a lo largo de su vida productiva, iría mejorando su nivel de ingresos -máxime en la hipótesis probable de que completaría sus programados estudios terciarios-, todo lo cual lleva a la necesidad de contemplar adecuadamente este factor en una proyección presuntiva de la potencialidad económica a considerar en miras a la ayuda pecuniaria a su madre que se viera frustrada a raíz del episodio trágico que puso fin a su vida. En este orden de ideas, se ha expresado que deben tenerse en cuenta las posibilidades de progreso de la víctima, puesto que es un dato de la experiencia la evolución de los ingresos de los trabajadores dependientes con el transcurso del tiempo y la probabilidad de asistencia en la vejez (conf. López Mesa-Trigo Represas, ob. y tomo cit., p. 107 y sus citas). En situación de tener que cuantificar un ingreso mensual promedio a partir de los 30 años de edad y hasta su edad jubilatoria, dadas las circunstancias particulares y expectativas probables del fallecido, considero que el mismo podría rondar razonablemente en una cifra del orden de los $ 2.000.- mensuales, por lo que su ayuda económica se traduciría entonces en unos $ 240.- mensuales.---------------------------------------------------------------------- Otro aspecto cuestionado es el referido al período computable a este propósito. Está claro que si se trata de mensurar la pérdida de chance por ayuda económica de los actores padres de la víctima, el término o límite temporal en hipótesis estará dado por las expectativas de vida de éstos y no de la del causante. En el caso, descartando desde ya la porción relativa al padre -puesto que, como ya se ha dicho, no existen mínimos elementos de prueba acerca de que Daniel le prestara asistencia económica alguna- debe considerarse entonces el lapso comprendido entre la muerte del hijo y la expectativa de vida de la madre. Según datos del INDEC (Tablas abreviadas de mortalidad 2000-2001), los indicadores demográficos refieren que la esperanza de vida de las mujeres en el Chubut es de 75,88 años. La señora G. F. D. nació el 27/08/19xx (conf. poder obrante a fs. 2 del expediente sucesorio agregado por cuerda), por lo que a la época del infortunio (20/01/2003) tenía 39 años y en consecuencia este período debería estimarse en 36 años y no en los 42 computados en el decisorio.---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- Las consideraciones precedentes indican, en definitiva, la falta de adecuación entre estos datos de la realidad y el modo de cálculo lineal y simplista empleado en el fallo para estimar la cuantía del rubro bajo examen. Al respecto, en criterio que comparto, la doctrina y la jurisprudencia han señalado con todo acierto que no es correcto para el cómputo del daño emergente tomar en cuenta la edad de la víctima fallecida extrayendo la cantidad de meses existentes hasta el momento de jubilarse para multiplicarlo por otros tantos salarios, pues de esa forma se consagra un valor por sí mismo de la vida (conf. López Mesa-Trigo Represas, ob. y tomo cit., p. 190 y sus citas).--------------------------- En reiterados precedentes referidos a situaciones análogas esta sala ha tenido ocasión de sostener que para este propósito lo más indicado es valerse de un sistema de cálculo actuarial mediante la conocida fórmula propiciada por Moore y Bernasconi, citada por HUNICKEN en la obra dirigida por VAZQUEZ VIALARD ("Tratado..." t. 4, p. 437 y ss., Astrea, 1983) y utilizada también por esta Cámara en reiterados casos de índole similar, puesto que ella brinda una herramienta adecuada para lograr al menos un elemental grado de aproximación con la realidad, en un campo donde tantas variables son en buena medida inciertas. Es ésta, por otra parte, una manera de satisfacer la básica exigencia remarcada por la Corte Suprema Nacional, en reiterados pronunciamientos, en el sentido de corresponde dar precisión acerca de las pautas que justifican la determinación del monto indemnizatorio, ya que de otro modo ello quedaría librado a la pura discrecionalidad del juzgador (C.S.J.N., Fallos, 302:195, 304:578, 305:593, entre otros).------------------------------------------------------------------------- ------------------ Afincado está desde hace tiempo el concepto de que la reparación por causa de muerte emergente de los hechos ilícitos no se asienta sobre un hipotético "valor de la vida humana" en sí misma, sino que enfoca a las consecuencias que tal infortunio proyecta sobre ciertos deudos, tal como lo ha entendido en el orden nacional la más moderna y prestigiosa doctrina y jurisprudencia. Y en el campo puramente material, la extensión del resarcimiento que, por lo tanto, se atribuirá al responsable civil en estos supuestos, ha de mensurarse en proporción a los daños que se acrediten como sufridos por los destinatarios de los bienes producidos por la víctima; esto es, a las consecuencias económicas negativas que produjo en el patrimonio de esos beneficiarios la abrupta interrupción de la actividad creadora de bienes del occiso (conf., entre otros, LLAMBIAS, J.J., "La vida humana como valor económico", J.A. 1974-Doctr. p. 624 y ss; KEMELMAJER de CARLUCCI, A. en BELLUSCIO y otros, "Código Civil...", t. 5, p. 194 y ss., Astrea, 1984, etc.).------------------------------------------------------------------------ En la especie se ha acreditado que la víctima colaboraba en el aspecto patrimonial con la madre con aportes de su sueldo mensual y también prestando su atención personal en el pequeño negocio de su madre en horarios vespertinos.----------------------- --- A partir de estos datos y a falta de un mecanismo superador, emplearé la reconocida fórmula matemática financiera ya citada. la cual permite calcular la renta producida por un capital durante un lapso de vida supuesto, destinada a cubrir los aportes estimados para ese período y que al mismo tiempo vaya agotando el capital hasta su consunción final. Para la determinación de un capital, ésta se expone como: ----------- C = a . [ 1 - 1 / (1 + i)n ] . 1/I -----------------------------------------------------------------------------<#L INE> donde "C" es el capital, "a" es la renta, "i" el interés anual y "n" el lapso de vida útil considerado. El mismo temperamento, propiciado asimismo por la doctrina y la jurisprudencia nacional, ha sido ya utilizado por esta Cámara en reiterados casos no sólo laborales sino también civiles (S.D.C. 16/93, S.D.C. 55/93 C.A.N.E, etc.).----------------- Claro está que la fórmula actuarial de Moore y Bernasconi no contempla una progresión gradual y creciente para el caso de ingresos variables, por lo que el quid se plantea entonces en cuanto a la manera de resolver la incidencia económica de la asistencia dineraria que, a modo de "chance" variable a lo largo del tiempo, constituye el perjuicio económico que aquí se procura resarcir.------------------------------------------------------ A fin de superar esta valla en el caso examinado, opino que los datos disponibles para cargar dicha fórmula deben separarse, como ya se ha dicho, en dos etapas: una comprendida por el lapso de 7 años (entre los 23 y los 30), en los que la ayuda económica del fallecido habría estado dada por el 50% de sus ingresos mensuales -que, expresados en términos anuales, sería de $ 3.680.-, y la segunda, a partir de los 30 años de edad y para cubrir los 29 años restantes hasta completar los 36 totales de asistencia frustrada a la madre, en los que el ingreso expresado en términos anuales, según la estimación precedente, puede justipreciarse en la suma de $ 3.120.- anuales.----- Pues bien: con la aplicación directa de la fórmula, a fin de despejar el capital necesario para obtener la renta de $ 3.680.- anuales correspondiente al primer período de 7 años, a un interés del 6% anual, llegamos a que éste habría de totalizar la suma de $. 20.543,16 o digamos mejor, en números redondos, $ 20.500.-, pues no cabe ceñirse a una estrictez matemática absoluta.----------------------------------------------------------------------- Luego, para el segundo período (los 29 años restantes, para obtener una renta anual de $ 3.120.- a la tasa del 6% anual) el capital necesario ascendería a $ 42.403,05: en cifras redondas, $ 42.400.------------------------------------------------------------------ Tenemos así que la sumatoria de ambos períodos arroja una suma global de $ 62.900.- constitutiva del "valor vida" que se procura resarcir. Este es el monto que propicio fijar a tal efecto, con adición de los intereses respectivos desde la fecha del accidente (20/01/2003) y hasta su efectivo pago, computados según la tasa percibida por el B. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento durante igual período.------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- XII. Indemnización del daño moral: ------------------------------------------------------------------ Como se recordará, la apelante C. S.A. considera que los montos fijados para compensar este daño son excesivos, violan el principio de congruencia por haberse concedido sumas ultra petita y no se condicen con las indemnizaciones fijadas en casos similares por los tribunales nacionales, solicitando en definitiva una reducción considerable de dichos montos en base a los parámetros expresados.------------- En primer lugar, creo necesario referirme a la objeción referida a la violación del principio de congruencia al otorgarse una suma mayor a la solicitada por los actores. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina actuales son concordantes al sostener que en las demandas por daños y perjuicios la actora no queda encerrada en las cifras estimadas cuando deja a cubierto la posibilidad de obtener una cantidad mayor con frases que difieren la cuestión a la prueba a realiza, como lo ha consignado la parte actora en su demanda (conf. 16/17 y fs. 26 vta.). En tales condiciones, no hay ultra petita ni se incurre en incongruencia, cuando la sentencia condena a una suma mayor que la pedida en la demanda (conf. CNCiv., sala K, autos: "Ferrero, Héctor Horacio c. Tecore S.R.L. y otros" - 21/06/2007 - Rev. La Ley 24/01/2008, 4; entre otros). Ello así por cuanto el empleo de la expresión "y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse", integra la relación procesal básica, permitiendo sólo la ampliación o disminución del monto original. Es decir que integra el reclamo sustancial y cualitativo de la acción, lo que implica por fuerza que, conceptualmente, el derecho debe ser invocado y lo que queda pendiente es su cuantificación definitiva, la que se subordina a lo que resulta de la prueba a rendirse o se deja librado a la discrecionalidad del juzgador (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 07/03/2006 - autos "Favre, Víctor H. c. E.M.S.E.", LLGran Cuyo 2006 (junio), 689).-------- Hecha esta salvedad preliminar, me referiré ahora a la cuantía del resarcimiento fijado por este concepto.----------------------------------------------------------------------- ---------------- Como es bien sabido, el daño moral se halla configurado por toda lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados en el ámbito extramatrimonial a raíz de un hecho dañoso; incluye, en definitiva, la perturbación espiritual producida por algún acontecimiento que, de una u otra manera, afecta gravemente la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado.-------------------------------------------------------------------- ---------- Por otra parte, si bien usualmente y como todo daño invocado en juicio requiere la prueba de su existencia, en hipótesis de lesiones o muerte, generalmente concernientes a responsabilidad extracontractual, similares a la que aquí nos ocupa, se ha declarado que este perjuicio surge in re ipsa loquitur (conf. Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, 19/10/2004; Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro, entre muchas otras, sala E, causas publs. en ED, 107-434 y 126-449; íd. c. 287.913, voto del Dr. Lloveras, del 21/9/83 y citas doctrinales ahí formuladas).--------------------------------------------- El problema de la cuantificación de este perjuicio no es menor, ya que se trata de un daño de carácter subjetivo. De allí que su determinación pecuniaria se encuentra sujeta a la prudente apreciación del juez. La reparación en dinero, como es lógico, no puede nunca traducirse en una función valorativa exacta, sino de resarcimiento o compensación para paliar el sufrimiento con un medio que permita proporcionar un correlativo alivio espiritual, por lo que no es un equivalente a éste. Es por eso que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en sostener que la fijación de sumas en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, y que su reconocimiento y cuantía, como ya se dijera, dependen del razonable arbitrio judicial, a partir de una prudente valoración de las particularidades del caso en su contingencia y particularidad.----------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Es cierto que las indemnizaciones concedidas en fallos que resuelven situaciones análogas pueden servir como parámetro o pauta de comparación a los fines de establecer el quantum del resarcimiento, aunque también puede observarse que la jurisprudencia exhibe un arco muy amplio de soluciones, por lo que tampoco es posible ceñirse demasiado a lo establecido en dichos precedentes. Por otra parte, existen situaciones singulares que no siempre permiten equiparar unos y otros casos.---------------- De todas maneras, bien se ha dicho que "el daño moral no cala por igual en todos los espíritus" (conf. conf. López Mesa-Trigo Represas, ob. y tomo cit., p. 131 y sus citas), lo cual explica y justifica, por ejemplo, los motivos que en ciertos casos llevan al juzgador a acordar distintas indemnizaciones para los miembros de una misma familia. En la especie el sentenciante consideró -en mi opinión, con adecuado criterio- que la madre, atendiendo a las circunstancias particulares del grupo familiar, merecía una mayor compensación que el padre, ya que la víctima convivía con aquélla y le proporcionaba asistencia económica, mientras que el padre, en cambio, se había alejado del núcleo familiar hacía algún tiempo y estaba radicado en otra provincia, sin un contacto fluido con el hijo fallecido. Esta diferenciación, pro otra parte -vale señalarlo- fue aceptada y consentida por los coactores, quienes no cuestionaron el decisorio en tal sentido.------------ Tras estas consideraciones, debo decir que en mi opinión la queja de la codemandada apelante es atendible, por cuanto los montos fijados en el fallo se aprecian un tanto excesivos, conforme a los parámetros ya expresados. Por cierto que pocas cosas han de ser más dolorosas para una persona que la pérdida de un hijo; sin embargo, por más que no exista suma alguna capaz de reparar ese dolor en forma real y completa, la realidad indica la necesidad de fijar un límite razonable al resarcimiento. A fin de que no se convierta en fuente de ruina del responsable civil ni tampoco de un enriquecimiento indebido por parte del damnificado.--------------------------------------------------- Así es que, atendiendo a las características del hecho, a la edad, condición social de la victima, a las circunstancias y al contexto familiar que conforman el escenario del caso, encuentro adecuado reducir prudencialmente los montos establecidos en el fallo y propongo fijarlos en las siguientes sumas: a) para la madre, en $ 120.000.- y b) para el padre, en $ 60.000.------------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Si se comparte esta propuesta, a los montos ya expresados deberá adicionársele asimismo los intereses respectivos desde la fecha del accidente (20/01/2003) y hasta su efectivo pago, computados según la tasa percibida por el B. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento durante igual período.----------------------------------------- XIII. Improcedencia de la extensión de responsabilidad a la codemandada C. con base en los arts. 29 y 29 bis, L.C.T.: ------------------------------------------------ Como ya he tenido ocasión de expresarlo, opino que le asiste razón a la codemandada C. en su queja. La fuente de responsabilidad invocada en apoyo de la pretensión indemnizatoria reclamada ha sido el riesgo creado (art.1113, 2do. párrafo, 2da. parte, Código Civil), que impone la obligación de afrontar los perjuicios económicos ocasionados al dueño o guardián de la cosa riesgosa, y en el caso está claro que la empresa codemandada, más allá de haber sido empleadora directa de operario fallecido, no investía ninguna de esas calidades respecto de la máquina denominada "potro", ubicada en la planta de C. S.A., que ocasionó el óbito de D. Á. . Por lo tanto, bajo este enfoque formativo, no existe ningún vínculo jurídico entre la cosa riesgosa productora interviniente en el infortunio y la empresa codemandada C. que permita atribuirle a esta última responsabilidad civil alguna por las consecuencias dañosas. Bien ha señalado recientemente el colega de sala, Dr. Marcelo López Mesa que: "una vez elegida la vía civil, deja de disponerse de las ventajas y tutelas especiales que a los obreros concede la legislación especial..." por cuanto lo contrario "...implicaría una especie de conmixtión o conglobamiento entre la falta del tope -o indemnización amplia del Código Civil- y las ventajas procesales, probatorias y de tratamiento de la legislación laboral. Ello no puede admitirse, puesto que las ventajas de uno u otro régimen no son acumulables ni elegibles a designio por el reclamante" (voto del nombrado camarista en Expte. 19834 - S.D.L. 42/2008).------------- En plena coincidencia con el criterio expuesto, opino que corresponderá por tanto revocar el fallo en este aspecto, y así lo dejo votado.-------------------------------------------------- XIII. La indemnización ya abonada en base a la ley 24.557: --------------------------------- Como también lo ha señalado la Corte Nacional en casos similares, corresponde tener presente que si bien el acogimiento a este régimen no impide al damnificado que reclame al tercero responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, en tal supuesto "se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la A.R.T." (art. 39, inc. 4°, ley citada), ya que, a su vez, esta última podrá repetir del responsable del daño causado el valor de las prestaciones que hubieran abonado (art. 39, inc. 5°, ley citada conf. C.S.J.N., autos: "Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros" - 06/03/2007-LA LEY 12/03/2007, 5 - La Ley Online). Por otra parte, claro está que habiendo sido abonado a ese título, el monto ya cobrado debe considerarse como parte integrante del resarcimiento debido por el infortunio laboral; de otro modo se le estaría acordando a la actora una doble indemnización a expensas de la responsable, lo cual configuraría un enriquecimiento indebido de su parte, según el conocido principio de que no hay obligación sin causa (conf. arts. 499 y ss. - su doctrina; 725 y conc., C.Civil) y toda vez que ambas indemnizaciones responden al mismo hecho productor del daño.---- En consecuencia, en la etapa procesal oportuna, al liquidarse el monto definitivo de condena (art. 503 y conc., C.P.C.C.) deberá deducirse las sumas ya percibidas de CNA ART S.A. (conf. fs. 577). Así lo voto.-------------------------------------------------------------------- ---- XIV. Las costas y honorarios de primera instancia: ------------------------------------------- La modificación del fallo que propongo traerá aparejada, en caso de compartirse mi postura, la adecuación de las costas y honorarios de primera instancia a este nuevo resultado por aplicación de lo dispuesto en el art. 279, C.P.C.C.------------------------------------ A este propósito, considero que la parte actora debe soportar las costas de ambas instancias correspondientes a la intervención en el proceso de C. S.A.S.E. por haber resultado vencida a su respecto ( conf. art. 68, C.P.C.C., su doctrina).------------------- En cuanto a la pretensión entablada contra C. S.A., visto el rechazo parcial de dos de las pretensiones (daño psicológico y gastos de sepelio) y el progreso parcial de las dos restantes, opino que los vencimientos parciales y mutuos registrados tornan justo imponerlas en un 75% a cargo de dicha codemandada y en el 25% restante por cuenta de la parte actora (conf. art. 71 C.P.C.C.; su doctrina).-------------------------------------- Tocante a las retribuciones profesionales por las tareas desplegadas en aquella sede, teniendo en cuenta la extensión, complejidad, eficacia de las mismas y resultados respectivamente obtenidos, considero que deben regularse como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 21%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 16,8%; para el Dr. G. A. B., en el 19,6% (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).------------------------------------------------------------------ Respecto a los peritos actuantes, visto que por una parte el perito F. R. V. no completó los puntos de pericia propuestos por la parte demandada, debiendo designarse otro perito ingeniero al efecto, lo cual aconseja decidir la pérdida parcial de su retribución profesional (conf. art. 473 in fine, C.P.C.C.) y sin perjuicio de atender al respectivo mérito, extensión, calidad, valor técnico y eficacia convictiva de ambos informes técnicos, considero que deben adecuarse los mismos fijándolos en el 3% para el perito F. R. V. y en el 2% para el perito A. A. Y. (arts. 6, 7 y 61, Dec.Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- -------------------------- XV. Conclusiones: -------------------------------------------------------------------------------- --------- Propondré, en suma, revocar parcialmente el fallo apelado, y en consecuencia: I) RECHAZAR la demanda entablada en todas sus partes respecto de la codemandada C. C. T. S. S.A.S.E., con costas en ambas instancias a la parte actora. II) MODIFICAR el monto de condena respecto de la codemandada C. W. A. S.A., fijándolo en la suma de $ 242.900.-, suma de la cual deberá detraerse las sumas ya percibidas por los coactores de CNA ART S.A. (conf. fs. 577). III) Adecuar las costas de primera instancia por la pretensión entablada contra C. S.A., imponiéndolas en un 75% a cargo de dicha codemandada y en el 25% restante por cuenta de la parte actora. IV) Adecuar los honorarios de primera instancia, a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado, como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 21%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 16,8%; para el Dr. G. A. B., en el 19,6%; y para los peritos actuantes F. R. V. en el 3% y A. A. Y. en el 2%. V) Distribuir las costas de Alzada por la apelación de C. S.A. en un 50% a cargo de ésta y en el 50% restante por cuenta de la parte actora, que además soportará íntegramente las correspondientes a C. S.A.S.E., fijando los honorarios profesionales por las actuaciones en esta sede como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 3,8%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 5,9%; para el Dr. G. A. B., en el 6,8%.------------------------ Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: ------------------------------ En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por la recurrente realizara el Señor Magistrado ponente.------------------------------------------------------------------------ ------------------	Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.--------	I.- En mi concepto, la codemandada C. W. A. S.A. incurrió en clara insuficiencia técnica en su agravio relativo a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557, provocando ello la deserción parcial de su recurso en cuanto a este tópico, ya que no se hizo cargo con la crítica concreta y razonada exigida por el art. 265 C.P.C.C. del argumento dirimente expuesto por el juzgador del previo grado.-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------	En efecto, el sentenciante de origen, siguiendo la doctrina emanada del precedente de nuestra Corte Suprema Nacional en la causa "Aquino vs. Cargo Servicios Industriales S.A." (L.L. 2006-E-449), no sostuvo en modo alguno que la existencia de un régimen especial de responsabilidad para la órbita de los accidentes de trabajo fuera por sí misma inconstitucional. Al contrario, señaló el "a quo" que el reemplazo del sistema de responsabilidad general establecido por el Código Civil por una normativa especial que vede el acceso a aquél -caso del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557- en principio es constitucionalmente válido, "a menos que su aplicación al caso concreto comporte postergación o frustración de los derechos a la reparación o rehabilitación" (fs. 657 vta.), volviendo de inmediato sobre esta concepción para afirmar que la existencia de una normativa especial de responsabilidad no merecía objeción constitucional en tanto pueda de ella predicarse "suficiencia reparadora" (fs. 657 vta., párr. 3º y fs. 658, párr. 1º, subrayando en ambos casos el juzgador los conceptos con el énfasis de la negrita). A partir de dichas nociones, el Señor Magistrado de Primera Instancia indicó cuáles eran los parámetros para verificar en cada caso si las prestaciones de la ley especial reparaban adecuadamente el perjuicio, concluyendo que por vedar esa normativa el resarcimiento de otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador y restringir severamente la magnitud de este mismo, el precepto del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 se tonaba inconstitucional en su aplicación a la especie.------------------------------------------------------------------------ ------	Frente a esta construcción argumental, resulta insuficiente un agravio limitado a aseverar el ajuste constitucional de la existencia de un régimen especial de responsabilidad para el campo laboral -lo que no fue negado en el fallo impugnado-, sin embatir en cambio contra el razonamiento demostrativo de que en su aplicación al caso concreto el precepto quebrantaba derechos constitucionales de los dañados por pulverizar la reparación al impedirles reclamar por otro perjuicio que no fuera la pérdida de ganancias del trabajador y disminuir aun el resarcimiento de éste.--------------------------	Bien sabido es que para alcanzar el grado de suficiencia técnica la expresión de agravios ha de combatir específicamente y a través de una exposición que contenga un desarrollo argumental tendiente a conmoverlas la totalidad de las conclusiones que vertebraran la decisión del "a quo". Por ello es que tantas veces ha sido declarado que la no incorporación de un punto a la expresión de agravios importa el consentimiento de lo resuelto por el sentenciante al respecto (confr.: C.S.N., L.L. 137-538; esta alzada, c. 21.337 S.D.L. 4/07, c. 22.120 S.D.L. 41/07, c. 22.461 S.D.L. 1/08). La ausencia en la especie de una impugnación con tales características conduce a la deserción parcial del recurso en el mentado aspecto (art. 266 C.P.C.C.).-------------------------------------------------	Párrafos aparte merece le sea dedicado al argumento de esta apelante relativo a la supuesta inadmisibilidad del ataque de inconstitucionalidad a un régimen al que los actores se habían sometido sin reservas. Cierto es que nuestra Corte Federal tiene declarado desde antiguo que el sometimiento del interesado a un régimen jurídico, sin reserva, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (Fallos 285:410, 293:221, 294:220, 299:373, 300:51, 62, 147 y 480), mas en esos precedentes siempre señaló el Alto Cuerpo que, para producir ese efecto, el tal sometimiento debía haber sido voluntario.-------------------------------------------------------------	No podría ser de otro modo, porque esa doctrina no es sino derivación de la denominada de los actos propios, la que, a su vez, reclama para su aplicabilidad que la conducta precedente sobre la que no le es dado al sujeto volver haya sido realizada con plena libertad de criterio y voluntad no coartada (confr.: Tribunal Supremo de España, sala 1era., L.L. (España) 1985-3-763, 1987-4-583). Para ser vinculante, el primer acto plasmado debe caracterizarse como voluntario en el marco de lo previsto por los arts. 897, 898, 903 y 944 Cód. Civ., o sea, ejecutado con discernimiento, intención y libertad (confr.: Morello - Stiglitz, "Inaplicabilidad de la doctrina del acto propio a la declaración viciada por falta de libertad y por violencia", L.L. 2004-E-1128, cap. VIII; Gómez, "Inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios a la voluntad colectiva viciada ...", L.L. Córdoba 2005-agosto-737).-	Y, sin duda, no lo fue el realizado por los demandantes al percibir la indemnización tarifada, pues una norma -aplicable hasta tanto no existiera declaración judicial de inconstitucionalidad- les rehusaba la posibilidad de otros reclamos (confr.: C. N. Trab., sala III, L.L. 2003-E-378; ídem, sala V, 23/4/08, en autos "Gómez, H. R. c/ Asociart A.R.T. S.A.", La Ley Online, consulta del 30/10/08). Tal prohibición importó un estado de compulsión, de falta de libertad de elección, que en verdad no existe cuando actúa sobre el agente una coacción externa excluyente de la espontaneidad de su determinación, forzándolo a obrar en un cierto sentido; el acto entonces fue realizado sin libertad y, de acuerdo a la ley, debe ser tratado como involuntario, sin que sus consecuencias puedan ser imputadas al autor (confr.: Llambías, "Parte general", 2da. ed, II-257, n° 1386).-------------------------------------------------------------------------- -----------------	En todo caso, cual señalara el colega preopinante con ajustada cita de jurisprudencia de la Cortes Suprema Nacional (D.T. 2007-A-827), el sometimiento voluntario de ellos lo fue a los preceptos que regían dicha reparación "a forfait", pero no a la disposición que les vallaba el sendero del reclamo de otra reparación.-------------------	II.- Vayamos ahora a la cuestión de la responsabilidad por el daño y la eximente de culpa de víctima alegada.------------------------------------------------------------------------ -----------	En primer lugar hemos de precisar el marco legal en el que debe ser subsumido el caso. Cuando es demandada la indemnización de un accidente de trabajo con fundamento en el derecho civil las normas laborales no son de aplicación, desde que el ejercicio de la opción implica la declinación de los derechos que eventualmente resultaren de la acción especial resarcitoria y el abandono del régimen del derecho del trabajo (confr.: S.C.B.A., L.L. 1991-B-462; ídem, 18/9/90, en re "García vs. Banco Local Cooperativo Ltdo.", La Ley Online, consulta del 30/10/08). El ejercicio de esa opción importa seleccionar uno de los dos regímenes a disposición del interesado y no el cúmulo de ambos, de modo que quede compuesto un tercer régimen con la mixtura de aquéllos.----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------	Corresponde entonces marginar todas las consideraciones del juzgador de origen relativas al deber de seguridad del empleador (fs. 664 vta./665 vta.), el que se inscribe en la órbita de la responsabilidad contractual laboral y no en la de la aquiliana. Aquí la pretensión resarcitoria es calificable a tenor de la norma del art. 1113, párr. 2º, parte 2da. Cód. Civ.---------------------------------------------------------------------------- ----------------------	En autos no ha sido controvertido el daño consistente en la muerte del trabajador D. E. Á., ni la propiedad por la codemandada C. W. A. S.A. de la máquina "potro", ni el contacto con ella del occiso, quien la operaba en ese instante. Controvirtió en cambio la indicada litisconsorte pasiva que la máquina referida creara riesgo y alegó concomitantemente la eximente de culpa de la víctima.---------------	El repaso de las constancias del proceso no dejan en mi ánimo hesitación alguna acerca de la primera de esas defensas. La observación del video acompañado, la lectura de las declaraciones testificales y de los dictámenes periciales permiten formar convicción sobre ello. Una máquina que hacía rotar un pesado rodillo a elevada velocidad, con la consecuente inercia aun en caso de detenerse el giro, con un sistema de encendido e inversión del sentido de rotación consistente en una llave de dos puntos sin indicación de la dirección de giro y sin pantalla protectoria que impidiera el contacto del rodillo con cualquier parte de la anatomía del operario, sin duda que generaba alto riesgo para la integridad física de éste y hasta de cualquier persona que transitara próxima al artefacto. Nada interesa que tal herramienta se encontrara en las condiciones en que su fabricante la provee a los adquirentes y se trate de un modelo común en el equipamiento de diversos establecimientos; ello no hace desaparecer el riesgo objetivo que su funcionamiento traía aparejado y que bien podía conjurarse con algunas modificaciones como las que luego del hecho la propia codemandada le introdujo. Los dictamen de los peritos actuantes destacaron las falencias de la máquina en el estado que funcionaba el día del accidente; el Ing. V. explicó que ella no reunía las suficientes condiciones de seguridad, puntualizando los deméritos (fs. 451/485), mientras que el Ing. Y. expuso que el problema principal en la materia era que el aparato carecía de un dispositivo que asegurase el sentido de giro correcto y que impidiera el acercamiento del cuerpo al cilindro al producirse algún contacto accidental (fs. 569/572).----------------------------------------------------------------------- ----------------------------	Por otro lado, considero que al riesgo que normalmente creaba la cosa al funcionar se añadió el vicio de ella. En efecto, los testigo J. M. Z. y J. E. P. (fs. 37/vta. y 304 de la causa penal) han dado cuenta de que el día del hecho el aparato tenía floja la palanquita mando de los sentidos de giro y al ajustarla quedó un cuadrante corrida, impidiendo ello conocer en qué sentido iba girar al activarla.-------------------------------------	En suma, el contacto de la víctima con esa cosa riesgosa y viciosa permite presumir la relación causal entre el daño y ese peligro desplegado por la máquina. En verdad, a partir de dicho contacto admitido y probado corresponde por imperio legal presumir la existencia de relación causal entre tal perjuicio y aquel riesgo (confr.: Alterini - López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", L.L. 1986-E-985, n° 5, "a"; Alterini,"Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", L.L. 1988-D-296; mis votos en c. 18.378 S.D.C. 14/03, c. 19.477 S.D.C. 23/04, c. 20.304 S.D.C. 38/05). Mas, porque se trata de una presunción "iuris tantum", ella puede resultar destruida mediante la acreditación del concurso de alguna de las eximentes legales previstas, en la especie la de la denominada "culpa de la víctima" que alegara la codemandada al oponerse a la pretensión.----------------------------------------	En rigor, lo dirimente para el progreso de dicha defensa no es la culpabilidad del damnificado, ni en el sentido estricto con que la define el art. 512 Cód. Civ., ni en el sentido más lato de falta con que la prevé el art. 1111 ídem. Más allá del empleo por el legislador de la errónea expresión "culpa de la víctima", el mero hecho de ella con incidencia causal basta para que la eximente funcione, pues la cuestión gira en torno al eje representado por la causa del perjuicio, que actúa en el área objetiva de los acontecimientos. Bien se ha apuntado que "el problema juega en el plano causal al cual calificamos como un presupuesto objetivo que se independiza de valoraciones subjetivas. Lo que verdaderamente importa es que ese hecho del tercero o de la víctima haya sido o no causa adecuada del daño" (Vázquez Ferreyra, "El caso fortuito o fuerza mayor y la relación de causalidad", en Revista de Derecho de Daños, n° 2003 - 2, Rubinzal - Culzoni 2003, pág. 372).-	Tampoco a mi criterio cabe tener por acreditado un hecho desafortunado del trabajador causante de su óbito. Ya el colega ponente ha vertido en el acuerdo un prolijo análisis de las probanzas aportadas, de modo que volver a realizarlo "in extenso" significaría una mera y machacona reiteración; suficiente será puntualizar lo esencial sobre la cuestión: -------------------------------------------------------------------------------- -	A) Ningún de los testigos declarantes en la causa penal y en ésta fue presencial, "de visu", sino que aun el más próximo al lugar no lo tuvo dentro de su campo visual. De esa suerte, huérfanos quedamos de una versión del suceso emanada de la percepción directa de las fases del mismo.-------------------------------------------------------------------------- --	B) Las opiniones técnicas revelan razonamientos apoyados en meras hipótesis sin sustento objetivo. Desde de G. O. S., quien encabezó su explicación sobre la causa inmediata del hecho con un "supuestamente" (fs. 15 del expte. penal), a la del Ing. Y. que se expidió afirmando que "la mecánica del accidente pudo haber sido..." (el énfasis me pertenece). En cuanto al informa técnico brindado por la propia codemandada a fs. 131 del proceso penal, corresponde descartalo liminarmente, pues más que peritación es un alegato en su favor, suscripto por su mismos apoderados, letrado y el Ing. M. empleado suyo, harto parcial por ende; en suma una pericia de parte sin valor convictivo alguno, pues es requisito de la existencia misma de la peritación que el dictamen emane de un tercero; nunca las partes pueden ser peritos en su propia causa, por obvias razones de parcialidad y por existir un insubsanable impedimento (confr.: Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., I-324, "e"). Agréguese todavía que el mentado Ing. M. al prestar declaración testimonial en este proceso reconoció que el firmó pero no confeccionó el informe y que el mismo en todo caso expresaba suposiciones suyas (fs. 337 vta., resp. a la preg. 2da.). En fin, que la conclusión pericial sólida la expuso el Ing. V. a fs. 458: "la causa principal del accidentes es que la máquina no estaba equipada con los elementos de protección y bloqueo de seguridad necesarios". Huelga casi expresar que de haber contado el artefacto con una pantalla protectora ni la imprudente maniobra de constatar el sentido de giro del rodillo con el dorso de a mano que la codemandada endilga a la víctima habría sido posible.------------------------------------------------------------------------ ---------	En resumen, la rendida en relación con el hecho de la víctima con incidencia causal en la producción del daño ha sido una prueba inocua, fracasada en su finalidad de "crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de hechos de importancia para el proceso" (Chiovenda, "Principios...", ed. Reus 1941, II-280, nº 59).--	Como la prueba de las circunstancias que eximen de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa generadora de riesgo debe ser plena y concluyente, resultando menester que quede demostrado sin margen para las dudas que el obrar de la víctima o de un tercero ha interrumpido en verdad la relación de causalidad entre la actividad de la cosa y el daño (confr.: S.C.B.A., L.L.B.A. 2000-850; Cám. 2da. Apel. La Plata, sala II, JUBA B 300516; esta sala, c. 22.129 S.D.C. 32/07), en el subexamen la eximente invocada ha sido correctamente desestimada en decisión que merece confirmación.-----	III.- Participo enteramente de las opiniones que el Señor Juez antes sufragante ha vertido a propósito de la cuantificación del rubro que en el proceso se denominara "valor vida" y coincido asimismo con el ponente en los cuidados cálculos que expusiera. Para fundar individualmente mi voto sobre este tema y dar puntuales respuestas a los agravios de la codemandada C. W. A. S.A. diré: ----------------------------	1) Resulta inatendible la queja de esa recurrente relativa a la supuesta concesión de una doble indemnización de un mismo perjuicio, una título de "valor vida" y otra para enjugar el "daño moral". Ambos ítemes están destinados a reparar daños bien distintos, patrimonial el primero, consistente en la frustración de ayudas económicas futuras esperadas por la madre del occiso, y extrapatrimonial el segundo, representado por la afectación espiritual causada en el ánimo de los padres por pérdida de su hijo.-------------	2) Lleva en cambio razón la apelante en el ataque que dirigiera contra la fijación de un resarcimiento patrimonial en beneficio del padre del fallecido, que desde hace años no convivía con el último, reside en otra y lejana provincia y no fue acreditado que estuviere recibiendo ayuda filial alguna. El coactor G. Á. recibió su legitimación para formular el reclamo de la amplia norma del art. 1079 Cód. Civil, que la difiere a todo damnificado, entre los mismos a los padres, mas en la medida que demuestren haber sufrido a resultas del homicidio de su descendiente un daño patrimonial, actual o futuro, pero cierto (confr.: Llambías, "Personas damnificadas por homicidio", E.D. 51-903; Abelleyra, "El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se originan en el homicidio", L.L. 114-964; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", EDIAR 1973, II-A-166, "b" y en "El valor de la vida humana", 3era. ed., pág. 55).---------------------------------------------------------------------------- --	Para apontocar la petición también fue invocada en la demanda la frustración de la chance de recibir ayuda económica de su hijo en lo futuro (fs. 15 vta., pto. 4). Aunque la jurisprudencia de nuestros tribunales ha reconocido la resarcibilidad de tal daño, ello se halla condicionado a un mínimo de certeza sobre el perjuicio alegado, a la prueba de una situación objetiva de la que se desprenda que la esperanza de ayuda económica no era una pura hipótesis, una lejana posibilidad. En más de un precedente hemos señalado que la simple esperanza paterna de recibir en el porvenir ayuda filial no encuadra en el concepto de daño cierto ni puede tampoco contabilizársela como una chance si no se justifica -como no se lo hizo en la especie- que la víctima estaba en condiciones objetivas de prestar tal ayuda a su progenitor, si no inmediatamente, al menos en un tiempo medianamente cercano, pues la posibilidad lejana es solamente posibilidad, es decir eventualidad e hipótesis; en fin, que es exigible algo más en la escala de los valores lógicos que lo meramente posible, debiendo aparecer en cambio la posibilidad lo bastante fundada como para que, transformándose ya en "probabilidad", configure una chance indemnizable (S.D.C. 4/92, 38/94, 6/95, esta última con fundado voto en primer término del Dr. Ferrari). Esta postura, con la que comulga además prestigiosa doctrina (confr.: Orgaz, "El daño resarcible", Ed. Córdoba 1980, págs. 74/75 y en "La vida humana como valor económico", E.D. 51-851; Salas, "Código Civil anotado", 2da. ed., I-529, nº 2, "B"; Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., pág. 215), es la sostenida por nuestro Superior Tribunal de Justicia, el que ha declarado que "atendiendo a la propia naturaleza jurídica de la pérdida de chances, para que proceda la reparación es preciso que la posibilidad frustrada no sea simplemente general o vaga, que no se trate de una mera posibilidad, sino en cambio, que la pérdida sea suficientemente fundada, a través de la certeza de la probabilidad del perjuicio. Se exige que sea un daño actual, de suficiente entidad, y aunque su proyección sea futura, no lo sea meramente eventual o hipotética. Ello se da cuando sea pertinente concluir que en virtud de aquellas circunstancias, la pérdida de la chance constituya un daño actual que a la vez proyecte sus efectos hacia el futuro con evidente certidumbre" (expte. 15.268 S.D. 2/96, en Boletín Judicial n° 15, págs. 31 y sgts.; en idéntico sentido, S.C. Mendoza, J.A. 1980-I-196).----------------------------------------------------	Con todo acierto ha destacado Mosset Iturraspe que "no es realista, no está de acuerdo con el momento que atraviesa la Argentina en la hora presente, que un padre o una madre abriguen ilusiones excesivas acerca del apoyo espiritual o material que recibirán de sus hijos" y, tras describir las sucesivas etapas de la vida de los jóvenes en las que, desde niño hasta adulto, sus necesidades irán, por lo general, a la zaga de sus ingresos tornando vidriosas las expectativas paternas de ayuda, concluye "...si esto es así, si debemos contemplar la cuestión con verdad y realismo, ¿cuál es el daño patrimonial que pueden invocar? Todo ello confluye a agudizar el juicio crítico acerca de la chance, probabilidad o posibilidad de ayuda, eventual o hipotética" ("El valor de la vida humana", cit., págs. 138/139). Precisamente en ese realismo, en dicha adecuación de la pura teoría jurídica a la realidad económica-social que circunda los casos ocurrentes, se inscribe el no considerar la frustración de la esperanza de ayuda filial futura como un daño cierto, a menos que se demuestre que el hijo fallecido se encontraba en situación de prestarla o próximo a colocarse en tal situación. Invocar el futuro deber alimentario de los hijos puede importar en innúmeros casos teorizar en abstracto, porque cuenta también apreciar si el eventual alimentario dispondría de medios para cumplirlo y convengamos en que, por desagradable que nos resulte aceptarlo, con las actuales posibilidades de ocupación y niveles salariales, harto difícil resulta presumir que el hijo joven de una familia humilde como la de autos se hubiere hallado en un lapso razonable en capacidad de aportar ayuda a su padre no conviviente, amén de cubrir sus propias necesidades y asistir a su madre conviviente como ya venía haciendo, todo con el magro sueldo mensual de $ 566,29 que percibía al momento de su óbito.-------------------------------------------------------------------------- --------------	3) Se ha alzado también la codemandada contra la decisión del Señor Juez "a quo" de proceder a la lisa y llana sumatoria de todos los aportes mensuales que el difunto hubiera realizado a sus padres.------------------------------------------------------------------------- --	Concuerdo desde luego con tal crítica, pues conceder el importe de esa simplista adición de ayudas mensuales importaría no indemnizar un daño, sino consagrar un enriquecimiento. Es que de esa forma la madre coactora recibiría, en lugar de los aportes periódicos que habrían percibido en vida de su hijo, la suma total de los mismos en un solo momento y ese capital, una vez invertido, podría producir una renta mensual superior a los ingresos dejados de percibir, con el añadido todavía de que al término del lapso a considerar el capital se hallaría incólume, por no haber sido consumido, de manera que los herederos de ella continuaría luego percibiendo sus frutos como si de una renta perpetua se tratara.------------------------------------------------------------------------ -----	Desde antiguo tengo posición tomada en este tópico, que he expuesto en precedentes de esta cámara (S.D.L. 92/91, 35/94, 19/95; S.D.C. 39/95, 25/98, los primeros entre muchos) y en los de otros tribunales de alzada que antes integrara en distintas jurisdicciones provinciales (Cám. Apel. Civ., Com. y Lab.. Río Gallegos, c. 1.123 reg. 293/89; Cám. Apel. Civ. y Com. Morón, sala I, c. 17.651, r.s. 163/86). Soy partidario de la aplicación de la conocida fórmula de matemática financiera desarrollada por Moore y Bernasconi, pues la creo instrumento idóneo para cuantificar de la manera más exacta posible el perjuicio que la cesación de una actividad creadora, productora de bienes, acarrea al suprimir ingresos.?---------------------------------------------------------------	Cierto es que en esta órbita civil las facultades judiciales son grandes, jugando con amplio margen el prudente arbitrio de los magistrados, pero son numerosos ya los pronunciamientos de la Corte Suprema Nacional que han remarcado la necesidad de precisar en la sentencia, so pena de incurrir en arbitrariedad, el modo exacto de aplicación de las pautas utilizadas -edad, profesión, educación, lapso abarcado, condición social, número de miembros de la familia, tanto en relación al fallecido como a quien reclama el resarcimiento-, sin que baste una mera enunciación genérica de ellas, pues debe demostrarse cómo conducen al resultado que se arriba (Fallos 302:195 y 1033, 304:575, 305:593, etc.). Tal doctrina lleva como de la mano al empleo del cálculo matemático para fijar la indemnización, toda vez que la certeza que él brinda disminuye en sumo grado el peligro de la discrecionalidad judicial, con su secuela de probables injusticias, a la que se cae por el plano inclinado del "grosero empirismo de nuestra jurisprudencia" hace ya muchos años señalado y fustigado por el maestro Accdel Salas ("Evaluación del daño causado a la persona", J.A.?1955?IV?15).--------------	Desde luego, no es cuestión de consagrar como método una excesiva matematicidad ni de reducir, partiendo de una concepción cerradamente materialista, la alta dignidad de la vida humana a un puro valor crematístico, sino de encauzar la prudencia de los jueces por un camino que conduzca a la fijación racional del "quantum" indemnizatorio, a partir de datos lo más objetivo posibles, porque en definitiva en este capítulo de los daños materiales se apunta a reparar los puros efectos de orden patrimonial que la muerte de una persona originó.?-------------------------------------	Por lo demás, optar por este método no significa embarcarse en el cálculo abstracto de la pura ciencia matemática. Consiste en cambio en realizar operaciones prácticas de matemática financiera como un medio ordenado a un fin: conceder el justo resarcimiento del perjuicio, cuantificándolo mediante una proyección razonable que atienda a las circunstancias particulares acreditadas en la causa y a aquello que acontece en la generalidad de los casos, demostrado por la investigación estadística. Viene así el cálculo indemnizatorio impregnado por la equidad -que Vélez introdujera en el texto del art. 1084 Cód. Civ., separándose de la rígida regla de Freitas ?, mas una equidad no solo declamada dogmáticamente, sin explicitar cómo juega en la obtención del resultado. Ella -la equidad, la "prudencia de los jueces"? tiene importante rol a cumplir en nuestro sistema legal, pero ha de llenarlo a través de la selección y crítica de las variables utilizadas para el cálculo. Dejar librado el monto resarcitorio a la prudencia de los magistrados, no significa hacerlo depender de una valoración absolutamente libre del juzgador, ni puede resultar una verdadera valoración de una mera enunciación de pautas, sino que tiene que ser el fruto de un razonamiento cuyo desenvolvimiento sea controlable desde la óptica de la sana crítica racional.?---------------------------------------------	Considero entonces que la reparación debe estar dada por un capital que colocado a interés según tasa compatible con una moneda de valor constante, permita retiros periódicos equivalentes a los ingresos perdidos, retiros éstos que, al estar integrados por los intereses producidos y porciones de capital, irán amortizando este último hasta agotarlo al fin del lapso computable. Para concretar tal cálculo el procedimiento más racional es el suministrado por la fórmula de matemática financiera de marras, expuesta por diversos doctrinarios (confr.: Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" cit., II-B-177 y sgts.; Hünicken, en "Tratado de Derecho del Trabajo", dirigido por Vázquez Vialard, Astrea 1983, IV?437 y ss.). No me extenderé en la explicación de ella y sus signos algebraicos en homenaje a la brevedad, pues la misma es bien conocida y la ha explicitado ya el preopinante.--------------------------------------------------------	4) El primer elemento a considerar entonces son las sumas mensuales que como ayuda la codemandante podía alentar la esperanza de recibir -que se deben corresponder con los futuros retiros-, lo que nos conduce, en primer término, a los ingresos predecibles del extinto. Cierto es que los recibos anejados a los autos acreditaron que el sueldo mensual de la víctima ascendía a la época de su fallecimiento a $ 566,29, mas no me parece que quepa descartar ulteriores progresos salariales. Al momento de producirse el accidente la víctima contaba con 23 años de edad, es decir que estaba en la flor de su existencia, contaba con formación técnica -fue alegado por los actores a fs. 6 vta. "in fine" y por la propia codemandada empleadora a fs. 683, párr. 3°- y se aprestaba a iniciar una carrera universitaria (fs. 154/155). Los preceptos de la lógica y las máximas de la experiencia -integrantes de las reglas de la sana crítica (doc. del art. 386 C.P.C.C.)- indican que el correr del tiempo, que trae consigo aparejados maduración de la personalidad y acopio de experiencia profesional, conduce, según el curso natural y ordinario de la vida y de las cosas, a incrementos de las posibilidades económicas, sea por ascensos de grados en una determinada carrera o por simple acumulación de antigüedad en un empleo, sea por el emprendimiento de iniciativas profesionales por cuenta propia (confr.: este tribunal, c. 21.500 S.D.C. 55/06). Opino entonces que la estimación del ponente acerca de la conservación de un ingreso similar al de la época del fallecimiento hasta los 30 años de edad y, luego, para los restantes años abarcados en el cálculo de $ 2.000 mensuales promedio resultan sumas prudentes.---------------------------------------------------------------------- -----------------------	Es menester tener en cuenta asimismo que a los fines del cómputo esos ingresos deben limitarse a aquellas porciones de las ganancias del occiso de que éste habría podido disponer para prestar el mentado auxilio a su madre y no abarcar el total de los mismos, en razón de que parte de ellos habrían sido destinados a cubrir sus necesidades propias y las del grupo familiar que es harto probable el occiso hubiese formado en torno a los treinta años de edad (esta cámara, c. 11.338 S.D.L. 19/95, c. 12.630 S.D.C. 13/98). También en este aspecto creo adecuada la estimación del colega, es decir que la ayuda filial ascendería al 50 % de los ingresos hasta la indicada edad y al 20 % de allí en adelante.-----------------------------------------------------------------------	5) A propósito del número de períodos a considerar, marró el juzgador de origen al atender a los 42 años de expectativa laboral que se abría ante el extinto. Debe recordarse que este género de rentas vitalicias se hallan sometidas a un doble tope: la vida de la víctima y la vida del destinatario y es de aplicación al cálculo el llamado coeficiente mínimo, vale decir que la capitalización ha de determinarse de acuerdo con la edad más avanzada (confr.: Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" cit., II-B-179; este cuerpo, c. 11.338 S.D.L. 19/95, c. 12.630 S.D.C. 13/98). En la especie, es la probable duración de la vida de la causahabiente la que debe medir el lapso de la asistencia esperable de parte del occiso. Aquí y en este sentido es donde juegan los datos estadísticos suministrados por las tablas de mortalidad a las que aludieran el preopinante. En base a ellas, es dado establecer el "dies ad quem" del cálculo en la expectativa de vida de la codemandante R. . Como tal expectativa era hasta los 75,88 años y aquélla tenía al momento del hecho dañoso 39 años (fs. 2 del proceso sucesorio anejado por cuerda), el lapso computable es el de 36 años.-------------------------	6) Con tales datos es posible aplicar la fórmula antedicha, reemplazando ya por valores los símbolos algebraicos, operación que arroja las cifras parciales por período considerado y la total de $ 62.900 expuestas por el prevotante.---------------------------------	Cierto es que ese importe supera al de $ 60.000 reclamados para la madre del fallecido por este rubro resarcitorio en la demanda, mas ello no configura la quiebra del principio procesal de congruencia por "ultra petita" denunciada por la codemandada, porque la damnificada hizo constar allí mismo que los montos consignados lo eran con la salvedad de lo que en más o en menos resultara de la prueba a colectarse (fs. 6 y 26 vta., pto. 8).----------------------------------------------------------------------------- ------------------------	A tenor de estas expresiones, los jueces de la causa no se hallan al sentenciar constreñidos por los guarismos dinerarios estampados en el escrito liminar para cada ítem. Es estos supuestos de reclamos de un monto determinado mas condicionándolo a lo que en más o menos surja de la prueba a producirse, el demandante sólo formula en realidad una estimación provisional, de la que el magistrado puede separarse para aumentarla o disminuirla a tenor de los elementos de convicción aportados, valorados éstos de acuerdo a las reglas que rigen la apreciación de las pruebas, sin que ello signifique lesión para garantías constitucionales (doc. de los arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° C.P.C.C.; confr.: C.S.N., L. L. 1975-B-382; S.C.B.A., D. J. B. A. 112-151, nº 98; Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo - Perrot 1975, V-434; De Santo, "El proceso civil", Ed. Universidad 1987, VIII-A-44; esta cámara, c. 13.876 S.D.C. 3/99, c. 21.401 S.D.C. 52/06, c. 21.500 S.D.C. 55/06).------------------------------------------------------------------------- ---	Para concluir el tratamiento de esta cuestión, no puedo silenciar la incomprensible autocontradicción en que incurriera el juzgador de la previa instancia, quien tras indicar acertadamente a fs. 666 la pautas a las que debía ceñirse la tasación del denominado "valor vida", se aportó de todas ellas sin explicación alguna en el segundo párrafo de la fojas vuelta.------------------------------------------------------------------------- ----------------------------	IV.- Atinente a los montos establecidos como indemnizaciones del daño moral para cada coactor -aquí sí el padre del difunto se halla activamente legitimado a exigir la reparación sin necesidad de acreditar el perjuicio, en verdad presumible "re ipsa" (art. 1078 Cód. Civ., su doc.)-, debo manifestar: -----------------------------------------------------------	1) A propósito de la alegada falta de proporción entre los importes de estos resarcimientos y el del daño patrimonial, recordaré que la indemnizabilidad del daño moral no tiene por requisito que él lleve en paralelo daños patrimoniales, ni hay motivo por el cual deba mediar proporcionalidad alguna entre los importes indemnizatorios de ambos. Cual sostiene muy pacífica doctrina y ya declaráramos en varios precedentes, el daño moral no es complementario ni accesorio de los patrimoniales, sino autónomo, y debe recordarse que hay ilícitos que no producen perjuicios de esta última índole, afectando sólo la esfera extra patrimonial del sujeto víctima; en otros supuestos, la afectación patrimonial puede ser cuantiosa y no existir daño moral (confr.: Zannoni, opus cit., págs. 324/325; Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" indicada, III-62/63, IV-193/194, n° 69, "a"; esta alzada, c. 17.250 S.D.C. 5/02, c. 18.288 S.D.C. 1/03, c. 18.781 S.D.C. 4/08, entre otras).-----------------------------------------------------------------------<# LINE>	2) Tocante a la cuantificación que las codemandadas tacharon de excesiva, comenzaré resaltando que, dada la naturaleza exclusivamente reparadora que tiene esta especie del género indemnización, el "quantum" debe estar referido sólo a la dimensión del daño sufrido, correspondiendo entonces atender al tipo de interés lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó y a la índole del hecho generador de la responsabilidad.---------------------------------------------------------------- ------------------------	A este efecto opino que corresponde tener en cuenta: a) respecto del interés herido y las consecuencias producidas, que se trata de padres que han sufrido la infausta, sorpresiva y trágica pérdida de un hijo joven, privándoselos de la relación con un ser al que los vinculaba el afecto más intenso del que los hombres somos capaces; y b) atinente a la índole del ilícito, corresponde tener en cuenta que el factor de atribución de la responsabilidad fue el riesgo creado, fuente de imputación que, dentro de la escala en que pueden ser ellas ordenadas según sus respectivas potencialidades ofensivas para el ánimo de la víctima, resulta la más alejada de la intencionalidad dañosa y, por ende, la menos hiriente.------------------------------------------------------------------<#LIN E>	Observando esos parámetros hemos de cuantificar el daño moral. Mas para responder a la pregunta "cuánto por daño moral", es necesario previamente plantear y contestar la de "cómo indemnizar el daño moral" y, en consecuencia qué bienes proporcionar para hacerlo.------------------------------------------------------------------------ ----------	Al establecer el monto indemnizatorio no se apunta a fijar el "pretium doloris", que importaría la pretensión de sustituir el padecer del alma por su precio en dinero, intento vano porque la distinta naturaleza de ellos los hace inequivalentes. Se busca en cambio dar al damnificado medios para paliar los efectos del dolor; dotarlo, en fin, de capacidad económica para acceder a algún deleite que mitigue la tristeza, como una suerte de precio sí, mas de "pretium consolationis", cual he sostenido en numerosos precedentes de esta cámara (por todos, mi voto en c. 11.578 S.D.C. 24/95, Boletín Judicial S.T.J. Chubut nº 12, págs. 35 y sgts.; confr.: confr.: Aguiar, "Hechos y actos jurídicos...", T.E.A. 1951, IV-232; Goldenberg, "Responsabilidad civil y su aplicación en los infortunios laborales", Bs. As. 1988, pág. 97)). Es que "la delectación es un remedio para mitigar toda tristeza, cualquiera sea su procedencia" y tal delectación tiene por causa las actividades connaturales no impedidas (Santo Tomás de Aquino, "Suma teológica", I-II-38-1, ed. B.A.C. 1954, IV- 386 y 887).-----------------------------------------------	A la lumbre de esas pauta hallo atinadas las sumas propuestas por el ponente de $ 120.000 para la codemandante R. y de $ 60.000 para su litisconsorte Á., pues se ajustan a la peculiar situación de cada uno de ellos, madre conviviente la primera, que mantenía con el fallecido los lazos parentales estrechos e intactos, padre alejado del hogar y lejano desde hacía tiempo el segundo, con contactos con el hijo más esporádicos. Debe notarse que esta especie de daño tiene por nota distintiva el carácter personalísimo, inherente al ser que lo sufre y a tal carácter se acomoda mejor determinación del resarcimiento por cabeza de cada legitimario y no en conjunto para todos, lo que permite atender a las consecuencias que el hecho les acarreó individualmente, aspecto donde juegan circunstancias particulares. No es sino la aplicación del principio de individualización del perjuicio (confr.: Zavala de González, "Resarcimiento de daños", to. 2a., "Daños a las personas", 2da. ed., 3era. reimp., pág. 542, n° 144; este tribunal, c. 15.472 S.D.L. 4/00).----------------------------------------------------	En la tarea de tasar los daños el valor de los precedentes adquiere gran importancia, en tanto permiten ellos trazar paralelos entre casos semejantes y reconocer montos resarcitorios que dejen a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (confr.: Highton - Gregorio - Álvarez, "Cuantificación de daños personales...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 21, Rubinzal-Culzoni 1999, págs. 127 y sgts. y en "Predictibilidad de las indemnizaciones..." en Revista de Derecho de Daños, n° 2004-3, Rubinzal-Culzoni 2004, págs. 9 y sgts.). Mas en trance de efectuar las comparaciones es imprescindible confrontar no sólo las similitudes o disimilitudes que los casos presenten, sino también la data de los fallos anteriores, porque el deterioro del poder adquisitivo de nuestra moneda habido en los últimos años desdibuja la importancia de los montos resarcitorios fijados hace casi dos lustros. Así acontece con los precedentes de esta sala citados a fs. 694/695, que se remontan a los años 1999 y 2000 y en buena medida entonces han perdido representatividad. Las sumas allí establecidas, a la vista del poder adquisitivo actual de nuestro signo monetario, no importarían hoy un adecuado "pretium consolationis", toda vez que no otorgarían a los damnificados la capacidad económica menester para acceder a deleites que mitiguen la tristeza. Es el efecto de la malhadada inflación, que reconocida, negada o pretendidamente disimulada por los gobiernos de turno, todo lo corrompe.-----	V.- De los montos resarcitorios que venimos de determinar deben deducirse los importes ya percibidos de manos de la A.R.T. -lo reconocieron los propios actores a fs. 17-, allende el derecho que a esta última pueda asistir a reclamar lo abonado al responsable. Lo contrario significaría convalidar el enriquecimiento incausado de los damnificados, quienes recibirían una indemnización duplicada derivada del mismo ilícito. Aunque la fuente de las obligaciones del responsable y la aseguradora sea distinta y por ello las mismas sean concurrentes, tal circunstancia no otorga derecho a dos reparaciones.------------------------------------------------------------------- --------------------------	VI.- He expresado ya que el ejercicio de la acción civil significa el inclinarse por uno de los dos términos de una opción, con el consecuente abandono del restante. No hay cúmulo posible de regímenes y el del derecho del trabajo queda descartado en su totalidad, inclusive los preceptos de los arts.29 y 29 bis L.C.T. sobre solidaridad en los vínculos trabados entre empleadores y mediadores o empresas de servicios eventuales. Así pues, esa normativa no da sustento a la extensión de la condena a C. C. T. S. S.A.S.E.------------------------------------------------------------	Tampoco da cimiento jurídico a esa extensión la disposición del art. 1113 Cód. Civ., puesto que la nombrada no fue dueña ni guardiana de la cosa generadora del riesgo.----	VII.- Por las razones expuestas, coincidentes con las dadas por el Señor Magistrado que en el uso de la palabra me precediera, considero que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada, a fin de: a) rechazar la demanda en relación a C. C. T. S. S.A.S.E.; y b) reducir el monto del capital de la condena pronunciada en contra de C. W. A. S.A. a la suma de $ 242.900, a la que deberá descontarse el monto ya percibido por los actores de manos de la A.R.T.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------	Por imperio del art. 279 C.P.C.C., deben adecuarse a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el precedente grado jurisdiccional.----------------------------------------------------------------- ----------------------------------	Las costas de ambas instancias correspondientes a la actuación en ellas de la codemandada C. C. T. S. S.A.S.E. deben ser cargadas a los actores a la postre vencidos a su respecto (art. 68 C.P.C.C. y 59 de la ley 69).---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------	Distinta es la situación en relación a las costas derivadas de la pretensión que prospera contra C. W. A. S.A. A propósito de ellas haré constar que si bien es cierto este cuerpo, siguiendo las aguas de pacífica jurisprudencia, tradicionalmente ha decidido que en el proceso sobre indemnización de daños las costas forman parte de la reparación y que no quita al demandado su calidad de vencido la circunstancia que la pretensión termine prosperando por un monto inferior al reclamado cuando los rubros resarcitorios dependieron de estimación judicial, no lo es menos que al así declararlo también hicimos la salvedad de que no promediara el rechazo de ítemes indemnizatorios o severa disminución de aquellos cuyo justiprecio no pendiera del juez (c. 13.245 S.D.L. 57/98, c. 13.871 S.D.C. 23/99).-----------------------------	En ya muy reiterados pronunciamientos he manifestado que el postulado de que en los juicios de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento, no puede ser extendido hasta el extremo de hacer cargar al demandado con aquellas de las que él no es responsable, por derivar las mismas de excesos -al menos objetivos- en las reclamaciones del actor (c. 17.330 S.D.C. 36/03, c. 19.079 S.D.C. 9/04, c. 20.041 S.D.C. 12/05, c. 21.401 S.D.C. 52/06). La normativa que rige la responsabilidad civil impone el deber de reparar o indemnizar a quien ha causado el daño (arts. 1067, 1068 Cód. Civ.), a quien lo ha ocasionado (art. 1109 ídem), de modo que si los perjuicios de incurrir en determinados gastos causídicos no le fueron causados ni ocasionados al actor por el demandado, sino que los provocaron sus propias peticiones excesivas, es él quien debe soportarlos en la medida de esa falta suya, de ese hecho libre del que fue autor, sin que quepa imponer por ellos responsabilidad a su adversario (arts. 903, 1111 íd.). Cuando son pues rechazadas exigencias resarcitorias injustificadas o son reducidas drásticamente aquellas que, siendo procedentes, han sido sin embargo formuladas por un monto exagerado y no dependiente de estimación del juez, tal principio queda desplazado, tornándose de estricta aplicación el art. 71 C.P.C.C. o, llegado el caso, su igual n° 72.----------------------------------------------------------------------------< #LINE>	En este litigio de los cuatro rubros indemnizatorios pretendidos dos fueron desestimados "in totum" -los de daños psicológicos y gastos de sepelio- y los restantes -"valor vida" y daños morales- resultan acogidos con restricciones importantes en su cuantía. Estas últimas disminuciones en relación a lo pretendido no pueden ser consideradas no obstante como derrotas parciales de los actores, pues tales ítemes resarcitorios dependían de determinación judicial, supuesto en el que las sumas pretendidas sólo significan las estimaciones de los actores, siéndole dado al juzgador coincidir con ellas o bien reemplazarlas por aquellas en que él tase los daños. En síntesis, los demandantes triunfaron en las fundamentales cuestiones de la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la ley 24.557 y de la responsabilidad civil, auténticos cimientos de todos los reclamos económicos actorales, y en dos de los cuatro rubros que requirieran.-------------------------------------------------------------------- ----------	Como la distribución prevista en el citado art. 71 del ordenamiento procesal ha de realizarse "prudencialmente", con una visión sincrética del juicio y no por una análisis puramente aritmético del monto de la condena confrontado con lo reclamado en la demanda, estimo adecuado imponer las costas de primera instancia en un 75 % a la codemandada C. W. A. S.A. y en un 25 % a los actores, pues esas alícuotas representan aproximadamente el resultado del pleito medido tanto por el número de capítulos propuestos a decisión, cuanto por el contenido pecuniario de ellos.-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------	De los cuatro agravios traídos a la alzada por la codemandada C. W. A. S.A., dos han resultado desestimados -los relativos a la cuestión constitucional y a la responsabilidad suya por los daños- y los otros dos -monto de las indemnizaciones por el "valor vida" y daños morales- acogidos. Promedia aquí entonces un vencimiento parcial y mutuo que autoriza a distribuir las costas imponiéndolas por mitades (art. 71 C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -----------	Coincido también con el Dr. Ferrari en cuanto a los honorarios que propusiera regular por las labores profesionales desarrolladas en los dos grados, pues los hallo acordes con la extensión, calidad y resultado de las mismas (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 39, 47 del dec.-ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- --------------	Consecuentemente, me expido en esta cuestión primera PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --------------------------------------------- En vista de la adecuación efectuada precedentemente respecto de las costas y honorarios de primera instancia, las apelaciones planteadas se han tornado abstractas, de manera que no procede pronunciarse a su respecto.---------------------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.------------------------------------------------ --- A DICHA CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez manifestó: ------------------------------	La adecuación a este decisorio de los honorarios regulados en la instancia precedente que hemos acordado al ocuparnos de la cuestión anterior ha transformado en abstractos, por carentes de actualidad, los tópicos de las apelaciones de honorarios planteadas a fs. 672 y 675, pues quedaron referidos a estipendios dejados sin efecto. Puesto que los jueces no deben emitir decisión sobre cuestiones abstractas, no cabe pronunciarse sobre dichos recursos.---------------------------------------------------------------------<# LINE>	Doy entonces mi voto por la NEGATIVA.----------------------------------------------------------- --- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari finalizó diciendo: ----------------------------------- En vista del acuerdo arribado acerca de los interrogantes que anteceden, corresponderá por tanto: I) RECHAZAR la demanda entablada en todas sus partes respecto de la codemandada C. C. T. S. S.A.S.E., con costas en ambas instancias a la parte actora. II) MODIFICAR el monto de condena respecto de la codemandada C. W. A. S.A., fijándolo en la suma de $ 242.900.-, suma de la cual deberá detraerse las sumas ya percibidas por los coactores de CNA ART S.A. (conf. fs. 577). III) ADECUAR las costas de primera instancia por la pretensión entablada contra C. S.A., imponiéndolas en un 75% a cargo de dicha codemandada y en el 25% restante por cuenta de la parte actora. IV) ADECUAR los honorarios de primera instancia, a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado, como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 21%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 16,8%; para el Dr. G. A. B., en el 19,6%; y para los peritos actuantes F. R. V. en el 3% y A. A. Y. en el 2%. V) DISTRIBUIR las costas de Alzada por la apelación de C. S.A. en un 50% a cargo de ésta y en el 50% restante por cuenta de la parte actora, que además soportará íntegramente las correspondientes a C. S.A.S.E., fijando los honorarios profesionales por las actuaciones en esta sede como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 3,8%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 5,9%; para el Dr. G. A. B., en el 6,8%.--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- A ESTA ULTIMA CUESTION el Dr. Velázquez respondió: -------------------------------------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre las anteriores cuestiones.--------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Trelew, de noviembre de 2.008.---------------------------------------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ------ S E N T E N C I A: ------------------------------------------ --- I) RECHAZAR la demanda entablada en todas sus partes respecto de la codemandada C. C. T. S. S.A.S.E., con costas en ambas instancias a la parte actora.------------------------------------------------------------ II) MODIFICAR el monto de condena respecto de la codemandada C. W. A. S.A., fijándolo en la suma de $ 242.900.-, suma de la cual deberá detraerse las sumas ya percibidas por los coactores de CNA ART S.A. (conf. fs. 577).--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- III) ADECUAR las costas de primera instancia por la pretensión entablada contra C. S.A., imponiéndolas en un 75% a cargo de dicha codemandada y en el 25% restante por cuenta de la parte actora.------------------------ IV) ADECUAR los honorarios de primera instancia, a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado, como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 21%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 16,8%; para el Dr. G. A. B.l, en el 19,6%; y para los peritos actuantes F. R. V. en el 3% y A. A. Y. en el 2%.----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- V) DISTRIBUIR las costas de Alzada por la apelación de C. S.A. en un 50% a cargo de ésta y en el 50% restante por cuenta de la parte actora, que además soportará íntegramente las correspondientes a C. S.A.S.E., fijando los honorarios profesionales por las actuaciones en esta sede como sigue: a) para los Dres. L. R. S. y E. O. R., en conjunto y en proporción de ley, en el 3,8%; b) para los Dres. D. R. G. L. y D. F. P., en conjunto y en proporción de ley, en el 5,9%; para el Dr. G. A. B., en el 6,8%.----------------------------------------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------------------