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Recurso extraordinario, daños y perjuicios, prescripción, sentencia constitutiva de derechos
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ceballos Guillermo Alberto c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-26

El a-quo parece atribuir a la interpretación del recurso del art. 14 de la Ley Nro. 48 carácter interruptivo de la prescripción, que se inicia con el derecho de la parte a reclamar los daños y perjuicios y su reparación.

Es sabido que la interposición de tal recurso no impide iniciar la acción dirigida a obtener el derecho de tal reclamo y ello en nada se altera por el hecho de que la sentencia contencioso- administrativa sea declarativa o constitutiva de derechos.

Desde que tal derecho a reclamar se establece por declaración de la sentencia contencioso-administrativa, declaración que la transforma en constitutiva del derecho a reclamar.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "Autopistas Urbanas SA c/ DGI s/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-19

Frente a sumas de la magnitud excepcional que exhibe el monto del juicio también debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mensurada que tenga en cuenta además que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto -o en su caso, de las escalas pertinentes- sino de todo un conjunto de pautas establecidas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito, calidad, eficacia y extensión del trabajo (Fallos: 320:495, cons. 11°) (Cons. II).
Acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, procedimiento administrativo, verosimilitud del derecho invocado, medidas cautelares, acción contencioso administrativa, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Uslenghi Figueroa Carlos Reinaldo c/ Muñiz Virginia Inés s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres. Expte. N° 5326/21
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-05-15

La suspensión de la ejecución del acto administrativo es una auténtica medida cautelar o precautoria, y como tal no tiene carácter solamente administrativo sino también jurisdiccional porque es un instituto que desempeña una función instrumental, cual es precisamente la de asegurar la efectividad práctica a través de la acción contencioso administrativa, resultando el medio procesal accesorio por el cual el particular pide al tribunal que ordene la ineficacia temporaria de un acto administrativo a fin de evitar los perjuicios que para el interesado devendrían de la ejecución del acto.
Intereses, anatocismo
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) c/ ANATRO, ALBERTO  JOSE Y CASTAÑO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-02

Las normas en juego en materia de anatocismo no tienen el alcance de un principio absoluto que prohíba que toda suma de dinero, cuyo origen y naturaleza sea provenir y representar intereses, produzca interés, sino una prohibición de la reduplicación de interés, es decir a la simultaneidad del curso de intereses sobre dos sumas de dinero representativas del capital y del interés de éste, lo que necesariamente supone que ambas deudas -capital e intereses originarios- subsistan como tales y, a su vez, produzcan nuevamente intereses.

(Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler).
Litisconsorcio necesario, contenido de la demanda, rechazo de la demanda, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Humphreys, Lucía c/ Banco del Chubut S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-08

En los supuestos que deben demandar o ser demandados todos los participantes en la creación del acto, si se ha omitido citar a juicio a alguno de los litisconsortes necesarios, corresponde el rechazo de la pretensión ejercida en la demanda. Mas este modo de decidir la cuestión no produce el efecto de cosa juzgada que impida reeditar en otro proceso la nueva acción con un litisconsorcio activo inicial debidamente integrado.
Fondo de comercio, transferencia de fondo de comercio, inscripción registral, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ CANEIRO, MANUEL c/ LOPEZ, RICARDO s/ FONDO DE COMERCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-28

En caso de compraventa de un fondo de comercio, para que la operación tenga efectos contra terceros debe inscribirse en el Registro Público de Comercio.

La escritura a inscribirse en dicho registro sólo debe contener las cláusulas que las partes quieran oponer a terceros.

Quién adquiere un fondo de comercio no puede accionar contra el vendedor por daños y perjuicios en virtud de deficiencias expuestas en el libro de inspecciones sin haber realizado reserva alguna sobre las mismas antes de la adquisición del inmueble.

La conducta del adquirente debe ser valorada conforme CCIV. 512 en tanto no se pruebe dolo o mala fe del demandado y sí falta de diligencia en aquél.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Gervasio, Jorge O. c/ Dirección de Vialidad s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-20

Las actuaciones administrativas interrumpen el curso de la prescripción por todo el lapso que dure su tramitación.
Jueces, DEBER DE ACTUAR CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO
Materia: PENAL
Carátula: FERREYARA GUSTAVO MARTIN S.D HOMICIDIO CULPOSO E. P. BENAVIDEZ DE PAZ BENITA VICTORIA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-21

No se viola la garantía del juez imparcial en el caso de que un juez que fue instructor de la causa revise (integrando la cámara de apelaciones) el acto de procesamiento, si esta resolución fue dictada por otro magistrado.
Obligatoriedad del fallo plenario, principio de legalidad, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galván, Oscar Osvaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

En virtud de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la adecuación constitucional del artículo 10 de la ley 24.050 se nos presenta con meridiana claridad, pues aún en el hipotético supuesto que pudiera afirmarse que la obligatoriedad de los fallos plenarios atentaría contra la independencia de los jueces, lo cierto es que tal argumento aparecería endeble e insuficiente para descalificar la disposición legal, a poco que se repara en los superiores intereses que tiende a preservar. Curiosamente, la interpretación que pretenden introducir los señores jueces de la anterior instancia que declaran la inconstitucionalidad de la referida norma, tiene como efecto vulnerar los derechos que se dicen proteger, pues si bien se proclama que el carácter de obligatorio de los fallos plenarios lesiona el principio de legalidad, al carecer ellos de la necesaria publicidad que caracteriza a toda norma de derecho para ser imperativa, lo cierto es que tal interpretación no constituye sino una aplicación de las garantías constitucionales en contra de los ciudadanos, pues -como hemos visto anteriormente- menor protección encuentran éstos cuando la inteligencia efectuada de una norma es incierta y aleatoria, situación que se verificaba -en lo atinente al instituto de la suspensión del proceso a prueba- antes del dictado del Fallo Plenario N° 5. Pero tampoco resulta atinado sostener que la interpretación jurisprudencial de esta Cámara impide a los jueces ejercer en forma plena su magistratura, pues el único efecto que tienen los fallos plenarios es el de desentrañar el sentido jurídico de una determinada norma de derecho. Queda a los jueces de grado la inalienable facultad de examinar los hechos llevados a su conocimiento, para establecer la aplicación o no de la ley al caso concreto. (Voto del Dr. Riggi)
Cheque sin fondos, sobreseimiento, nombre del beneficiario
Materia: PENAL
Carátula: MIZRAJI, GLADYS NOEMI s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 36943.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

1-La circunstancia que el librador no haya completado de puño y letra la mención del beneficiario no implica sin más que el documento no pueda ser considerado "cheque" toda vez que ninguna norma exige que deban ser de su autoría las grafías del mismo. (Del voto del Dr.

Romero).- 2-La mención del nombre del beneficiario debe encontrarse perfeccionada al momento de ser presentado el documento al cobro, desde que si la posesión es legítima por parte del tenedor, debe entenderse que el librador delegó tal circunstancia a su tenedor (causa "Danesi, Pablo D. s/art. 302 C.P.", Reg. 414/1996). (Del voto del Dr. Romero).- 3-La sola circunstancia de que el nombre del beneficiario no haya sido estampado de puño y letra del librador no puede fundar un sobreseimiento entendiendo que el hecho no encuadra en el art. 302 del C.P., pues se está lejos de la certeza exigida para cerrar el caso.

(Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 4-El texto del documento no tiene por qué estar redactado por una sola mano y nada impide que pueda ser completado por el propio tenedor en el momento de la entrega. (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Procesos especiales, interdictos posesorios, interdicto de obra nueva
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R. D. c/ P., C. H. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

La finalidad del interdicto de obra nueva es obtener la suspensión de los trabajos que producen una turbación en la posesión o tenencia, acotándose el análisis de la controversia al supuesto menoscabo del derecho real, sin que sea admisible debate alguno en torno a cuestiones ajenas a ella.
Encubrimiento de contrabando, contrabando de mercadería prohibida, auto de procesamiento
Materia: PENAL-ADUANERO-PROCESAL
Carátula: ROSSI, MARTA s/ Av. Contrabando, incidente de apelación del procesamiento interpuesto por la defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-20

1 - Debe ser confirmada la resolución que dispuso el procesamiento de la imputada, por el delito de encubrimiento de contrabando, si la mercadería secuestrada en el vehículo en el cual viajaba aquella es de origen extranjero y carece del estampillado aduanero, constituyendo un indicio de que los productos habrían ingresado ilícitamente al territorio aduanero, existiendo elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y la acusada es culpable como partícipe de éste, sin perjuicio de que el Juez de grado ahonde la investigación en relación al grado de participación de las personas que habrían intervenido en el hecho (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - Corresponde confirmar la resolución apelada que procesó a la imputada por el delito de encubrimiento de contrabando, si la mercadería secuestrada en el vehículo en el cual viajaba aquella es de origen extranjero y carece de estampillado aduanero, máxime teniendo en cuenta la cantidad y particular naturaleza de la mercadería de que se trata, dado que para la comprobación del delito de contrabando, como regla general, no se requiere la individualización del responsable del hecho o la determinación de las particularidades comisivas del mismo (Del voto del Dr. Hornos).-
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orciuoli, Gilda c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

El art. 41 de la ley 8587 reconoce al afiliado el derecho a obtener una prestación judicatoria proporcional a la mejor remuneración percibida en su carrera durante doce meses consecutivos, mientras que el art. 77 de la misma norma le garantiza la posibilidad de computar otras remuneraciones que hubiere percibido por servicios desempeñados en todo o en parte en forma simultánea a aquel que resulta ser el mejor cargo; tomándose de los servicios simultáneos a los efectos de aplicar el porcentaje correspondiente, el mejor cargo desempeñado durante doce meses consecutivos, en cualquier período que ésto sea, aunque no sea coetáneo con el mejor cargo tomado como base, siempre y cuando se encuentre comprendido en el período de simultaneidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, robo calificado, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

Las nulidades específicas son aquellas en las cuales la propia norma consagra la sanción en el caso de que no se cumpla con los requisitos. Comprenden todo acto procesal efectivizado sin las exigencias previstas por la ley bajo sanción de nulidad. Las nulidades genéricas son las que nacen en defectos prescriptos por la ley, en una disposición o norma genérica de aplicación a cualquier acto procesal en el cual se adviertan las falencias que prevé la normativa. Su declaración exige que se verifique la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. No procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larroque, Germán D. c/ Gallo, Ignacio P. s/ Daños y perjuicios Piedrabuena, Angel Luis y otra c/ Keller, Ricardo Daniel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|1996-07-16

Resultan insuficientes a los efectos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las alegaciones que evidencian una opinión discrepante con las del juzgador y que, fundamentalmente, eluden rebatir las precisas consideraciones que sustentan el razonamiento que exhibe la sentencia, soslayando efectuar una crítica concreta y precisa.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Laval, Jorge Gustavo c/ Ahumada, José Luis y/u otros s/ Indemnizaciones y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-14

Si la parte ofreció como prueba un telegrama habiendo solicitado, para el caso de desconocimiento, como prueba supletoria el libramiento de oficio a ENCOTESA y la actora, al contestar el traslado que establece el artículo 66 del Cód. Procesal Laboral, expresamente negó la autenticidad del referido telegrama, pese a lo cual el Juzgado en el auto de producción de pruebas no hizo lugar a la informativa de la demanda, por estar reconocida la documental, se ha configurado la situación prevista por la norma del artículo 131 del Código ritual, debiendo decretarse la apertura a prueba en esta instancia, a fin de producir la informativa interesada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personas con discapacidad, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-15

Las garantías del juicio previo y la inviolabilidad de la defensa establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional no se satisfacen con la mera identificación legislativa del tribunal con competencia para atender una causa ni con el acceso formal a su mesa de entradas; sino se trata de garantías cuyo contenido debe abarcar: i) la posibilidad efectiva de acceder al tribunal, lo cual supone accesibilidad geográfica (cercanía), técnica (disposición de Defensor Oficial e intérprete en caso necesario) y arquitectónica (eliminación de barreras o impedimentos de carácter edilicio), entre otras exigencias; ii) la posibilidad efectiva de hacerse oír en el tribunal, o sea el ejercicio pleno y razonable (no abusivo) de los mecanismos procesales disponibles; y iii) la obtención de una sentencia razonada conforme a derecho al final del proceso (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Competencia, Poder Judicial
Materia: CIVIL
Carátula: SERRANO ANA Y ZAVALIA DE MENEGHINI MARIA ISABEL c/ MUNICICPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-10

La Constitución traza el límite de competencia de los órganos que ejercen el gobierno, sobre la base de que su ejercicio es válido dentro de los cánones constitucionales, al emerger todos de la Carta Magna. Sin embargo, con ello no se pretende propiciar una doctrina que permita la judiciabilidad plena -siempre y en todos los casos- de las cuestiones políticas, ni que con ello se politice la función de los jueces y se lleva al Poder Judicial a sustituir a los demás poderes del Estado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, monto del juicio, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Entel -en liquidación c/ Iata S.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

No es irrazonable interpretar que "los juicios de monto indeterminable" a los que se refiere el art. 5º de la ley 23.898, son aquellos que contienen un valor pecuniario pero que él no puede ser elucidado al inicio por alguna circunstancia insalvable, seria e incierta.
Contrato de trabajo, exclusividad
Materia: LABORAL
Carátula: Dacuez Roberto O. c/ Hernández Ricardo y otro s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-04-12

Es condición inexcusable para estimar que ha existido relación de trabajo, la exclusividad entendida no como exigencia de un sólo empleador, sino que la disponibilidad laboral debe serlo en forma exclusiva. Si se ha acreditado la simultaneidad de tareas desempeñadas por el actor para distintos empleadores, la inexistencia de exclusividad en el sentido de imposibilidad material de permanecer en disponibilidad para cada empleador, obsta al progreso de la acción ya que es condición mínima que cuando el empleado está a disposición de cada empleador, lo sea en forma exclusiva.
Poder Judicial, jueces, remuneración, facultades jurisdiccionales, recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rogiano, Julio César y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Recurso de amparo (Expte. CSJ Nº   59-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

Atento a que sólo parte de los ahora reclamantes (la mayoría) ostentan la calidad de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, se hace necesario distinguir a los actores en dos grupos:

aquellos que efectivamente ejercen la función jurisdiccional o son titulares de la acción pública, por un lado, y quienes sólo resultan equiparados a ellos presupuestariamente. Entre los primeros, debe también distinguirse entre quienes ya revistaban en esa categoría al momento en que se produjo la - pretendida- lesión a su derecho funcional, y aquellos que la adquirieron con posterioridad. Así, la garantía de independencia de los primeros debe entenderse conexa al efectivo ejercicio de la acción jurisdiccional o la acción pública y, por ende, no debe -en principio- considerarse comprensiva a aquellos supuestos en que sólo media una relación económico-presupuestaria de equiparación, pues ello importaría -contrariando su ratio essendi- entender que en tales casos se protege un beneficio particular del interesado y no de toda la comunidad. Conllevaría, asimismo, avalar una situación de indebido privilegio de ese tipo de funcionarios, por lo que corresponde que éstos adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11330 que, de conformidad a la materia enjuiciada, corresponde dirimirse ante la Corte Provincial.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La estructura íntima de la prerrogativa, de la inmunidad, de la garantía y del privilegio, consiste en una posición particular garantida por una norma singular, aun cuando concierna a un número determinado de destinatarios individualizables. El fenómeno, en consecuencia, parece idéntico aunque se usen nombres diferentes. Por eso, responde a su verdadera naturaleza la distinción en base al rango de la norma que asegura la situación jurídica de ventaja.

Situación, pues, de las que no se puede negar que se benefician tanto la función pública o la institución, cuanto quien la ejerce o la representa.
Competencia civil, sociedades mutuales, liquidación de sociedades
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUALISTA EVANGELICA s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-22

Corresponde intervenir a la Justicia Civil en la acción de liquidación de una asociación mutual (arts. 36 y 37 de la ley 20.321).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Corte Suprema de Justicia de la Nación, accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba, cosa riesgosa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Almara, Alejandro Francisco c/ Supercemento S.A.I.C. y/u otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 561-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Carece de asidero en las constancias de la causa el reparo concerniente a que el Tribunal A-quo invoca fallos de la Corte nacional sin relacionarlos con las tareas cumplidas por el accionante,cuando de la lectura del pronunciamiento surge que -luego de puntualizar que compartía la doctrina sentada por el más Alto Tribunal de la Nación respecto de la eventual incidencia de las posturas riesgosas, manipuleos, transporte de objetos pesados, es decir: el daño asociado a las tareas y al trabajo físico que encuentra justificación en la relación causal de tales posturas viciosas y labores cuando han aparejado dolencias columnarias- expresamente aludió a que la víctima había logrado probar que aun inerte el encofrado era peligroso. Más aun lo había sido por el mismo trato efectuado por los operarios, siguiendo órdenes de la accionada, por lo cual arrastraba los tres supuestos en que las cosas inertes podían ser peligrosas: a) por el vicio de la cosa; b) por su riesgo según la naturaleza de la cosa; o c) por su posición anormal.
Acción de amparo, cuestiones de competencia, ley vigente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Profio Mónica Beatriz c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ nulidad de contrato Pereyra, María alejandra s/ Amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13|2020-12-23

Conforme el principio general por el cual, solo excepcionalmente y en atención a la índole de las cuestiones planteadas, se resuelven los conflictos de competencia mediante la utilización de un criterio de especialización material, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de las controversias a las que mienta el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, para determinar el órgano competente en instancia de apelación, la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827, es decir, que el recurso debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada natural del juzgado de origen, sin importar la competencia en razón de la materia.