Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74136 SALA V. AUTOS: "TADDEI GUIDO C/ CLUB ATLÉTICO EXCURSIONISTAS Y OTRO S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 47).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 323/329 formulan los codemandados Club Atlético Excursionistas y Armando Luis Mainoli a tenor del memorial obrante a fs. 333/349 vta., que mereciera réplica de la contraria a fs. 351/355 vta.

II. En primer término, se consideran agraviados porque el magistrado actuante entendió que el vínculo que existió entre el demandante y la institución revistió naturaleza laboral dependiente. Cuestionan, a tal fin, la valoración de las pruebas rendidas en autos que efectuara el Sr. Juez a quo y sostienen al respecto, que dicha institución deportiva es una centenaria asociación civil que no persigue fines de lucro -no se encuentra registrada como empleadora- ni tiene demandas de carácter laboral en su contra. Agrega, en ese sentido, que no tiene empleados y que las labores del club las realizan los socios con carácter ad honorem o, a lo sumo, por un viático. Destacan, especialmente, que el club compite en la 1ª división "C" y, tal como lo informara la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), se trata de una división amateur.

Aducen los apelantes que el reclamante ha sido colaborador y aprendiz del preparador físico de las divisiones inferiores del club y que solamente se le abonaron viáticos. Por otra parte, expresan que la A.F.A. exigía únicamente la registración de los contratos de los directores técnicos de fútbol, de los ayudantes de campo y de los preparadores físicos, y que el accionante no tenía título de preparador físico ya que era simplemente un estudiante de la carrera de dicha especialidad que fue inscripto como aguatero de las divisiones mayores, cargo que no es remunerado. Sin embargo, adelanto que la queja no habrá de tener recepción favo-rable en mi voto. En efecto, digo así pues corresponde en cada caso concreto dilucidar las particularidades de la relación a fin de encuadrarla en el marco jurídico pertinente. En tal sentido, el art. 23 de la L.C.T. dispone que: "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario". Y, tal como lo señalara el magistrado de grado, la prestación de servicios fue expresamente admitida por la demandada, quien afirmó que "el actor acordó con el coordinador de fútbol del Club Atlético Excursionistas, Sr. Daniel Marinelli, integrarse al cuerpo técnico para desarrollar tareas menores tanto como auxiliar o como aguatero, las primeras consistentes en alcanzar materiales de entrenamiento como conos, pecheras, pelotas o a ayudar a confeccionar las planillas de los partidos los días de encuentros oficiales y la segunda en llevar y alcanzar el agua para hidratarse a los jugadores (v. fs. 87 último párrafo), lo que es demostrativo de que el Sr. Taddei se insertó en su organización y que le prestó su fuerza de trabajo para la prosecución de sus fines, por lo que pesaba sobre la accionada la prueba de sus asertos en pos de desvirtuar los alcances de la aludida presunción, lo que no ha logrado. En esta línea argumental, correspondía a la demandada demostrar que el actor no era dependiente suyo, sino que otra relación los unía y que, por las circuns-tancias, era dado calificar la relación como de aprendizaje o de colaboración ad-honorem de quien prestó el servicio, pero ello no ha sido demostrado.

El análisis de los elementos de prueba en la causa revelan que la rela-ción habida entre las partes reúne determinadas características que, a mi modo de ver, permiten tener por configurada la pretendida dependencia laboral, aclarando liminarmen-te que considero esencial el hecho de que el actor haya prestado servicios dentro del ámbito del establecimiento de la accionada. En efecto, no fue materia de debate que el demandante prestó sus servicios a favor de la accionada, en forma habitual y sin solución de continuidad, integrándose en forma permanente a los medios personales y materiales de la institución y dentro de su ámbito físico.

No empece a la solución que aquí se propone la circunstancia de que el accionante percibiese sumas denominadas "viáticos", porque más allá de la denominación que le hayan atribuido las partes a la retribución, predomina el principio de primacía de la realidad y, en el contexto de autos, queda claro que tales circunstancias ocultaban el verdadero vínculo laboral dependiente.

En efecto, coincido con la solución adoptada en la instancia anterior en tanto la prueba testimonial producida -ver las de Guarino, Fernández, Ayala, Zineroni y Miani a fs. 261/262, 270/271, 276, 277 y 300, respectivamente- son suficientemente convictivas con respecto a la realización por parte del Sr. Guido Taddei de tareas de preparador físico de las divisiones inferiores del Club Atlético Excursionistas de lunes a viernes y los fines de semana, cuando había partidos de fútbol, las cuales sin duda van mucho más allá del carácter de aprendiz, colaborador o simple "aguatero" que es lo que los demandados reconocen. Por el contrario, considero que los testimonios brindados a instancias de la parte demandada, como la prueba informativa al ISEF Nº 1 "Dr. Enrique Romero Brest" (v. fs. 186/192 y 199/200), no logran el fin pretendido por la apelante ya que el hecho de que el demandante fuera un estudiante de la carrera de profesorado de educación física no resulta óbice a la existencia de un vínculo laboral dependiente.

Así las cosas, teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas, no hallo desvirtuado que el demandante fuera un trabajador en los términos de los arts. 23 y 25 L.C.T., la demandada una empleadora que utilizaba sus servicios (art. 26 ídem) y la vinculación habida entre ellos una relación de trabajo subordinado conforme las disposiciones de los arts. 21, 22 y conc. del mismo cuerpo legal.

Por ello, y porque según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no es necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentacio-nes bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320), considero innecesario referirme a las restantes alegaciones efectuadas por la apelante tendiente a hacer desaparecer la real naturaleza de la vinculación que surge acreditada en la causa. En estas condiciones, entiendo que corresponde confirmar el pronunciamiento anterior.

III. El cuestionamiento formulado en torno a la fecha de ingreso consi-dero que debe ser desestimado en virtud de la presunción que emerge del art. 55 L.C.T.

Distinto es el caso de la remuneración, habiéndose explayado al res-pecto en los agravios la apelante a fs. 343 y sig. (ya había formulado el planteo en el responde); el demandante quien dijo laborar desde 2002, invocó una remuneración mensual normal de $ 2.000 que fue expresamente negada. Lógicamente también rige la presunción antedicha a este respecto pero sabido es que según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, aunque los arts. 55 y 56 L.C.T., 56 L.O. y 165 C.P.C.C.N. crean una presunción a favor de las afïrmaciones del trabajador y facultan en verdad a los magistrados a fïjar el importe del crédito de que se trate, ello debe hacerse "por decisorio fundado" y teniendo presente los salarios mínimos, vitales y móviles y las retribuciones habituales de la actividad (Fallos 308:1078; "Ortega, Carlos c/ Seven Up Concesiones S.A. y otros" del 10-7-1986). Por ello resulta arbitrario el pronunciamiento que se limitó a aplicar dichas disposiciones con prescindencia de otros datos probatorios tales como la pericia contable que informaba sobre la remuneración percibida por otros trabajadores de la empresa que realizaban tareas similares a las del actor (Corte Suprema, 25-6-1996 "Caamaño, Ernesto c/ Interior Wear S.A. y otro", Derecho del Trabajo 1997-A pág. 57).

La Sala II de la Excma. Cámara invocando el citado caso "Ortega" resolvió que la circunstancia de que los datos consignados en los registros laborales de la empleadora no se compadezcan con la realidad, lleva a proyectar respecto de la remune-ración denunciada al demandar, la presunción emergente del art. 55 de la L.C.T., pero cabe remarcar que la C.S.J.N. ha califïcado como arbitraria la proyección lisa y llana de ese precepto sobre la suma denunciada cuando no se advierte la debida proporción entre esa remuneración y la tarea cumplida, en ausencia de elementos que posibiliten desen-trañar su justifïcación en el caso concreto (sentencia n* 80.449 del 25-2-1997 "Orona, Alfredo Daniel c/ Club Atlético Huracán s/ Despido"). Del mismo modo se expidió la Sala I de la Excma. Cámara en fecha 31-8-2001 en la causa "Altamirano, Oscar C. c/ Ledesma S.A. y otro" (Derecho del Trabajo 2002-A pág. 73), haciendo además mérito de que es deber del juez el "control de razonabilidad" de la remuneración invocada conforme pautas objetivas.

No hay mayor cuestión sobre que la demandada es una asociación civil cuyos objetivos se indican a fs. 54/vta., que ha militado en los campeonatos (A.F.A.) de 1ª división "C", categoría que es de carácter amateur (ver el informe de fs. 131/156); del mismo informe se desprende que hubo contratos registrados en la Asociación del Fútbol Argentino con las siguientes características (y voy a dedicarme a los más recientes y dentro de ellos los de mayores montos): a) el 17-8-2006 se celebró contrato con el Sr. Rapa (director técnico) a quien se le dio la tarea de entrenar y dirigir el primer equipo con un sueldo de $ 650, sin premios (fs. 145); b) del mismo modo sucedió con el Sr. Chiesa el 22-11-2007, para entrenar al primer equipo, con un sueldo de $ 500 sin que figuren premios (fs. 146); c) ídem con el Sr. Garate el 9-8-2007 con un sueldo de $ 500, sin premios (fs. 152); d) ídem con el Sr. Rondina para entrenar al primer equipo el 29-7-2009 con un sueldo de $1.500, sin premios (fs. 154); e) el 21-4-2009 se contrató como técnico de divisiones inferiores al Sr. Millansky con un sueldo de $ 800, sin premios (fs. 155).

No parece que la accionada tuviese un gran predio propio, porque los entrenamientos los hacía en el Parque Sarmiento (fs. 270) De lo expuesto se sigue que las remuneraciones abonadas a los técnicos por la aquí demandada no eran, ciertamente, elevadas, y que no resulta verosímil que a un preparador físico o ayudante se le haya pagado una suma mucho mayor. A ello se agrega que el testigo de fs. 261/2 no sabe cuánto ganaba el actor, el de fs. 270/271 "no tiene idea", el testigo de fs. 274/275 se refirió a un viático de $ 200 y agregó que al momento de su declaración (año 2010) cree que el técnico de la 1ª división gana $ 1.500; tampoco sabe cuánto ganaba el accionante el declarante de fs. 276, ni el de fs. 277.

Con tal panorama a partir de las constancias de la causa, es mi opinión que en este aspecto el recurso sí es procedente, y que no resulta verosímil la remuneración apuntada en la demanda en los términos del art. 55 cit. y jurisprudencia del Alto Tribunal reseñada. Por ello ante la naturaleza de la prestación y del ente demandado y su posición en los campeonatos de fútbol de muestro país, y puesto que al mes de marzo de 2009 el salario mínimo vital era de $ 1.240, habré de estar a una suma comprensiva de todo lo que correspondía abonar íntegramente, de monto equivalente a esta cifra. Así lo propongo.

En consecuencia, y no habiendo otros agravios que pudieran llevar a modificar lo resuelto en lo demás, considero que debería admitirse la demanda (rubros de fs. 25 vta./26) por: a) días de marzo 2009 $ 360, b) indemnización por antigüedad $ 8.680, c) sustitutiva de preaviso $ 2.480, d) aguinaldo sobre preaviso $ 206,66, e) integración mes de despido $ 880, f) s.a.c. sobre rubro anterior $ 73,33, g) aguinaldo prop. 2009 $ 236,66 (hasta el cese), h) vacaciones ídem (conf. art. 153, 155 y 156 L.C.T. conf. lapso laborado en 2009) $ 107,46 (incluye prop. de s.a.c.), i) art. 8 L.N.E. $ 32.575, j) art. 15 L.N.E. $ 12.319,99, k) diferencias salariales $ 4.337, l) art. 2 ley 25.323 $ 6.159,99, ll) art. 80 L.C.T. $ 3.720, m) aguinaldos adeudados $ 2.841, n) remuneraciones adeudadas $ 4.262. Total $ 79.239,09.

IV. El agravio vertido por el codemandado Armando Luis Mainoli en torno a la condena impuesta a su persona en forma solidaria, por su condición de presidente del Club Atlético Excursionistas, tendrá recepción favorable en mi voto.

En efecto, no se está ante una sociedad comercial, y la pretensión de extender solidariamente la responsabilidad al apelante en su carácter de presidente de la asociación civil carece de sustento normativo. Así lo he expresado en "Rojas Chamorro, Alicia c/ Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Ayuda Mutua y otros", sentencia definitiva nº 68.826 del 13-9-2006 donde se desestimó la responsabilidad solidaria de los miembros directivos de una asociación mutual toda vez que no se estaba en modo alguno ante el caso de sociedades comerciales de manera que no correspondía, en mi opinión, aplicación de la ley 19.550.

En similar sentido lo ha resuelto la Sala III de esta Cámara (S.D. 88.393 del 26-12-2006, "Toledo, Juan Carlos c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors y otro"), porque entendió que no existía norma alguna que contemplara la responsabilidad solidaria de los integrantes del órgano directivo de las asociaciones civiles frente a terceros y que tampoco correspondía aplicar analógicamente las disposiciones que la ley de sociedades comerciales establece al respecto. También la Sala IV en sent. def. nº 92.694 del 30-10-2007 "Ipes Hugo Alfredo c/ Asociación Civil Nuevas Olimpiadas Especiales Argentinas y otro s/ despido" y nº 94.474 del 28-12-2009 "Lorenzo María Cristina Delia c/ Asociación Argentina de Ozono y otro s/ despido" expresó en iguales términos que las sociedades comerciales tienen por objeto obtener alguna utilidad apreciable en dinero, mientras que las asociaciones civiles se caracterizan por ser personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común (conf. art. 33 Código Civil) y sin propósito de lucro por lo que, aunque se haya demostrado que la asociación demandada mantuvo el vínculo con la actora en la clandestinidad, de ello no podría inferirse un enriquecimiento ilícito por parte del presidente de la entidad, razón por la cual no se configura uno de los presupuestos que habilitan la responsabilidad personal.

Con fundamento en las consideraciones hasta aquí efectuadas, no en-cuentro elementos que permitan responsabilizar y hacer solidariamente extensiva la condena al presidente de la institución, Sr. Armando Luis Mainoli, ni que sean analógi-camente aplicables a su respecto las disposiciones de la ley 19.550. Propicio, de esa manera, revocar la sentencia de grado en cuanto responsabiliza a dicho codemandado y rechazar la acción a su respecto (conf. art. 499 Cód. Civil).

V. En consecuencia la solución que dejo propuesta, que modificará el alcance de la condena tanto numéricamente como en cuanto a las personas involucradas, impone dejar sin efecto lo dispuesto en torno a las costas y regulaciones de honorarios de la instancia previa, y proceder a su determinación en forma originaria con lo que resulta insustancial referirse a los recursos respectivos (conf. art. 279 del C.P.C.C.N.).

Las costas de primera instancia, por la acción que prospera, deberían imponerse a cargo de la demandada Club Atlético Excursionistas, pues aunque en menor medida que lo pretendido, resulta vencida en lo sustancial (art. 68 C.P.C.C.N.). En relación a los honorarios, tomando en cuenta el resultado del litigio, mérito y extensión de la labor desarrollada (alegaron ambas partes) y las normas arancelarias, se deberían regular los correspondientes a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en los respectivos porcentajes del 15% y 11% a calcularse sobre el capital de condena con más sus intereses (arts. 38 L.O., 1, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 ley 21.839).

Dada la suerte que propicio para el recurso planteado, las costas de al-zada por la acción contra el Club Atlético Excursionistas deberían ser impuestas a su cargo (art. 68 cit.). Propicio regular al Dr. José Ignacio Dragan Gigena (apoderado parte actora) 3,50% y al Dr. Leandro Noé Valdés (patrocinante de Club Atlético Excursionis-tas) 3%, todo a calcular sobre el capital de condena más intereses (arts. 14 y conc. L.A.).

VI. Respecto a la acción que se rechaza contra el codemandado Ar-mando Luis Mainoli, atento el tenor de las cuestiones debatidas, y las particularidades de la relación habida con la institución de la cual es el presidente de conformidad con las constancias del caso, entiendo que se justifica eximir a la parte actora parcialmente de las costas las que deberían imponerse, en ambas instancias, en el orden causado en cuanto a los estipendios del patrocinio letrado de dicho accionado (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.).

Respecto a los honorarios de ambas instancias, propicio regular los del patrocinio letrado del codemandado Mainoli -íntegramente- en $ 5.000 (arts. 14 y demás citados de la ley arancelaria). A tales efectos he considerado no solo esa normativa sino también el art. 13 de la ley 24.432 que obliga a que las regulaciones guarden una adecuada proporción con el trabajo realizado (ver monto de demanda a fs. 26, y que existieron dos acciones acumuladas).

Desde otro ángulo, la regulación de estipendios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancelarias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respecti-vos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, y la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aun del mínimo establecido, puede dar por resultado subas o bajas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley ni con los intereses involucrados en el caso. En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal, según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos legales aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos 253:267 entre otros - C.S.J.N., D. 163 XXXVII. R.O., 14-2-2006 "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora" en especial considerandos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente la sentencia apelada, dejándola sin efecto en cuanto se condena en forma solidaria al codemandado ARMANDO LUIS MAINOLI a cuyo respecto se rechaza la acción incoada. 2º) Modificarla en lo demás que resuelve y fue materia de recurso, reduciéndose el capital de condena a la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($ 79.239,09) con más los intereses determinados a fs. 327/328 desde que cada suma es debida hasta el efectivo pago. 3º) Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios. 4º) Declarar las costas (en ambas instancias) y regular los respectivos honorarios en cada acción instaurada, como se sugiere en los puntos V y VI del primer voto de este acuerdo. 5º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara