marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reposición in extremis, denegatoria del recurso, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Maldonado Luis Ricardo c/ S.M.U.N.S.E. s/ Acción de Amparo - Apelación en Amparos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-18

Del planteo efectuado por el amparista se aprecia que éste evidencia un claro desacuerdo con el criterio sustentado en el fallo impugnado, de modo que sus cuestionamientos son sin lugar a dudas los propios de otro recurso, y por tanto ajenos al marco que ha delineado el legislador para la revocatoria in extremis, circunstancia que constituye obstáculo para el éxito de este remedio procesal. Por otro lado, se observa también que el impugnante ha deducido en forma paralela Recurso Extraordinario Federal, lo que sustenta aún más la postura de éste cuerpo respecto a la improcedencia de la Revocatoria in Extremis al existir otra vía de impugnación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Rodriguez, Vicente s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art. 238 del C.P.P. si para tener por ratificada la confesión extrajudicial el aquo no se fundó -como lo denuncia el impugnante- en la referencia a "un relato análogo" sino en que en el acta consta que el procesado también ratificó lo relativo al hecho en cuestión y de ello no se ocupa el recurrente (art. 359, C.P.P.).
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bistolfi, Carlos Esteban c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

El pliego de bases y condiciones establece un régimen objetivo que contempla varias sanciones y basa su aplicación en la existencia del incumplimiento, consecuencia de la regla que le exige al contratista actuar con buena fe diligente y activa, apreciación que resulta más rigurosa para quién contrata con la Administración, por estar comprometidos intereses colectivos.
Gobierno de facto, actos del gobierno de facto, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Herraiz, Héctor Eduardo c/ Universidad de Buenos Aires s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Las normas dictadas por los gobernantes de facto son válidas, y equiparables a las que emanan de los gobiernos legítimamente constituidos, mientras no sean derogadas.
Concursos, fondos del concurso, títulos públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: KESTNER SA s/ CONCURSO  MERCANTIL  LIQUIDATORIO  S/  ACTUACIONES ELEV. A CAMARA POR  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La recta interpretación de la lc: 176 admite, no solo el depósito de los fondos disponibles en cuentas que puedan devengar interés, sino también en aquellos títulos que, emitidos por el estado nacional, reúnen las condiciones de seguridad y obtención de cierto interés sobre el capital (se trata en el caso de bonos ajustables de renta real asegurada). Si la inversión se realizó en los términos y con los alcances del art. 176 Citado, es un depósito judicial, y como tal excluido expresamente de los postulados del dec. 36/90: 1.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Perrone, Angel y otra s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

El agravio de que la Cámara no habría valorado, al unificar las condenas, el cumplimiento de parte de la condena anterior, se refiere a los criterios aplicables a la confección del cómputo. No forma parte del régimen del art. 58 del C.P., cuya transgresión, en consecuencia, no ha podido producirse.
Entes autónomos, universidades nacionales, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jurío, Mirta Luisa c/ UNLP. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

La denominada autonomía universitaria no impide que otros órganos controlen la legitimidad de sus actos.
Intereses, tasas de interés, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: Comisión Municipal de Rosario del Río Grande c/ Ingenio Río Grande s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expediente. Nro.  5564/01 Apremio. L.A. Nro.  45 F. 977/978 Nro.  429. Río Grande s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expediente. Nro. 5564/01 Apremio. L.A. Nro.  45 F. 977/978 Nro.  429.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-10-29

Cuando se trate de la tasa pasiva que para el uso de la justicia publica diariamente el Banco Central de la República Argentina, la liquidación de los intereses se deberá efectuar según la fórmula contenida en el Comunicado 14.290 B.C.R.A.
Estabilidad del empleado público, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pertusi, Rodolfo Raúl c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

La antiguedad del nombramiento de un agente municipal como personal temporario no resulta computable a los fines del cumplimiento del plazo de seis meses requerido para adquirir estabilidad en el cargo, cuando con posterioridad a su situación de revista inicial es designado como personal de planta permanente. Ello desde que tal designación modifica la situación estatutaria anterior, naciendo a partir de esa fecha el derecho en expectativa a adquirir la estabilidad, desde ese momento, y no antes, es que debe contarse el período de permanencia que la norma establece.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, inactividad procesal, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: MERCADO   GRACIELA   MARIA c/ ESTADO  NACIONAL  MINISTERIO  DELINTERIOR S/ s/ ENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Respecto al primer agravio expuesto por la apelante en cuanto sostiene que el magistrado hizo un análisis generalizado de la caducidad y, en consecuencia, dictó una resolución arbitraria, es oportuno aclarar que la caducidad dictada de oficio -como ocurre en la especie- se basa en la sola comprobación por parte del juez del vencimiento de los plazos pertinentes, para lo cual se encuentra expresamente facultado por la ley, conforme lo establece el artículo 316 del Código Procesal (conf. esta Sala, causas 11.346/05 del 5.9.06, 7.874/04 del 23.10.08, 10.214/07 del 6.8.09 y 6.321/08 del 13.4.10), por lo que este planteo resulta improcedente. El plazo de perención de tres meses ha transcurrido -en exceso- desde la última actuación útil de la causa, por lo que la decisión adoptada por el magistrado el 9.12.10 conforme a las facultades que ostenta -como se ha explicado precedentemente-, es correcta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo calificado reiterado Acosta, Eduardo Abel s/ Tormentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04|1987-10-20

Es insuficiente el ataque a uno de los elementos integrantes de la prueba compuesta si, de todos modos, los elementos invocados por la Cámara, que permanecen indemnes, exceden lo necesario para completar dicha prueba.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del superior y -sea por la razón que fuere- si no la comparten, marcar sus diferencias.
Facultades jurisdiccionales, daños y perjuicios, gobierno de facto, inconstitucionalidad, acta para el proceso de reorganización nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruckauf, Carlos Federico c/ Estado Nacional (PEN.) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Está comprendido en las atribuciones propias de la justicia que quienes resultaron afectados por la aplicación de las medidas establecidas en el art. 2, incs. a), b) y e), del Acta de Reorganización Nacional del 18 de junio de 1976, procuren y obtengan el resarcimiento del daño derivado de ellas. Claro que la inconstitucionalidad de semejantes sanciones sólo puede ser juzgada una vez que cesa el régimen jurídico que les sirvió de sustento, pues, vigente este último, no podrían ser tachadas de inconstitucionales en tanto se ajustaban a la entonces "norma fundamental".
Cheque sin fondos, imposibilidad legal de pago
Materia: PENAL
Carátula: CARRERA, RICARDO s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 36961.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-25

1-La circunstancia de que el firmante de los cheques, después de haberlos entregado, haya solicitado la apertura del concurso preventivo ante el Juez de Comercio, no justifica la intencional desatención de las órdenes de pago.- 2-Aún cuando no haya existido la comunicación del rechazo, igualmente es delito la entrega de un cheque a sabiendas de la imposibilidad de pago. Aunque el cierre de la cuenta haya sido posterior a la entrega, la actitud del firmante de rehusarse a recibir correspondencia resulta indicio de que estaba obrando a sabiendas.
Declaración de inconstitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Chukwudi, Anthoni c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-11

Por más amplias que sean las facultades judiciales en orden a interpretar y aplicar el derecho, el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto; solo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monzón de Gómez, Nélida c/ Palacios, Roberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La muerte del concubino lesiona el derecho subjetivo de la concubina, no por el vínculo que lo unía a él sino por virtud del que surge de la ley sin especificaciones de otra índole o de requisitos no mencionados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo a prueba, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Paverini, Karin c/ Laudelino, Areces S. y cía. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-12-11

Procede la extinción de la relación laboral sin expresión de causa, si la misma se produjo durante la vigencia del contrato a prueba que uniera a las partes (art. 92 bis de la L.C.T.)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, concurso preventivo, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Céspedes, Anastasio c/ Crist. La Esperanza S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Si bien el depósito previo impuesto como recaudo para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta exigible en los supuestos de quiebra declarada en juicio, tal exención no es extensiva al caso en que se ha decretado la apertura del concurso preventivo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, notificación bajo responsabilidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Carocar SA c/ Turismo Integral Patagónico SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-04

En nuestro sistema legal, la notificación bajo responsabilidad de la parte actora resulta de creación pretoriana y solo debe aceptarse de modo excepcional, desde que presupone admitir un modo ficticio de emplazamiento a juicio susceptible de comprometer el derecho de defensa del emplazado. A su vez, presupone que el actor ha averiguado que el demandado realmente vive en el lugar denunciado y que la negativa es falsa, habiendo extremado los medios a su alcance a fin de conocer su verdadero paradero. Es que, lo que se trata es de hacer respetar la ley haciendo efectivo el recaudo más elemental que garantiza el derecho de defensa, mediante el debido emplazamiento del demandado.
Recurso extraordinario federal, oportunidad procesal, reserva de la cuestión federal, ley de emergencia, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, ley derogada, presupuesto nacional, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-22

Sin perjuicio de que el incumplimiento del recaudo formal - falta de introducción oportuna de la cuestión federal - basta por sí sólo para definir negativamente la suerte del recurso extraordinario federal interpuesto, resulta pertinente agregar respecto al argumento esgrimido de que la Ley Nro. 25820 (P.B.O. 04-12-03) habría derogado - por supresión tácita - los Decretos 320/02, 410/02 y 704/02 del año 2002, que los recurrentes nada dicen y/ o explican acerca de si ello es así, porque la Ley Nro.25967 - de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional. Ejercicio 2005- (sanc. 24-11-04; promul. 15-12-04; publ. 16-12-04), en su art. 64, ratifica los decretos 214/02 de fecha 03-02-02, 320/02 de fecha 15-02-02, 410/02 de fecha 01-03-02, y sus modificatorios (Dto. 704/02).

La conclusión surge de modo claro, la Ley 25820 no derogó el Decreto 410/02 y su modificatoria por el Decreto 704/02; por el contrario, la Ley 25967, en su artículo 64, ratificó los referidos decretos.

Ello es así, por cuanto es regla que un precepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su espíritu, y en especial las demás normas que sobre la materia contenga el ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez.
Debido proceso, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., N. F. s/ Homicidio R/ Víctima s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-09

La Sala Penal, en todos los casos en que se anule el fallo absolutorio o se acoja el recurso del acusador en perjuicio del imputado debe reenviar a otro tribunal de juicio para que sentencie (integrado por otros jueces). De lo contrario, no se cumpliría con la garantía constitucional de la doble instancia, que no puede suplirse con el recuro previsto por el art. 14 de la Ley Nº 48.
Dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LUIS ALBERTO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-27

"La apreciación del dictamen pericial de conformidad a las reglas de la sana crítica, es facultad de los jueces, los que tienen respecto de la pericia judicial, la misma libertad de apreciación que para el exámen de las medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que a ciencia y conciencia le adjudica la ley.-
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Boaria SA c/ Empresa de Servicios CMC SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-19

Por último, descartada una evidente exorbitancia de la penalidad y la ausencia de un aprovechamiento por parte del acreedor de la hipotética inferioridad del deudor, debe destacarse que tal cláusula fue concertada por uno de los que ahora pide su reducción. Por lo cual acceder a esto último sería tanto como convalidar un improcedente venire contra factum (CSJN, Fallos 321:221 y 2530, 325:2935, 329:5793 y 330:1927, entre otros; Diez - Picazo Ponce de León, L., "La doctrina de los propios actos", Barcelona, 1963, p. 193 y ss.; CNCom, Sala D in re "Verdena Holding Inc. c/ Capelli, Juan Carlos s/ ordinario", del 29/05/18; voto del Dr. Heredia).
Seguro de caución, importación temporaria, impuestos internos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "La  Mercantil  Andina  Cía.  Argentina  de Seguros SA c/ EN -DGAResol. 3742/06 (Expte. 601340/02) s/ A.N.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

La garantía expedida a los fines de posibilitar el libramiento de la mercadería sometida al régimen de importación temporaria requiere la cobertura de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de los efectos de que se trate (art. 453, inc. d, del C.A.). Tratándose de una importación temporaria que se considera definitiva por falta de reexportación de la mercadería en trato, los tributos pertinentes son aquellos regidos por la Sección IX, Título I del citado código, quedando al margen otros impuestos internos que, si bien se devengan como consecuencia del ingreso a consumo, no se encuentran alcanzados por el sistema de garantía mencionado (Cons. V).
Contrato de trabajo, efectos entre partes, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Abadía, Carlos Alejandro y García, Rafael Alejandro c/ Juárez, Sergio Roberto y/o Club Atlético Libertad s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-06

Las estipulaciones en el contrato solo tienen efecto entre las partes y no afectan los derechos de los terceros, conforme lo dispuesto por los artículos 1195, 1197 y concordantes del Código Civil. La solidaridad impuesta por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo es de orden público.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, obras sociales, fertilización asistida
Materia: PROCESAL
Carátula: G., D. c/ IPROSS s/ amparo (c) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-21

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado por el apoderado de la Fiscalía de Estado, revocando la sentencia de amparo, por cuanto no surge de las constancias de autos que la amparista se haya esforzado en demostrar que el procedimiento de fertilización asistida deba ser realizado en forma exclusiva y excluyente por el Instituto requerido. No se alega, mucho menos se prueba, que la pretendida atención sea la mejor y única manera de afrontar el tratamiento reclamado, sin que se hayan expuesto razones plausibles que sustenten la oposición a las opciones terapéuticas ofrecidas por el IPROSS. Es decir, no ha mediado negativa del Instituto a la cobertura del tratamiento de fertilización asistida, ni que aquél haya asumido una conducta arbitraria o ilegal que habilite la procedencia del amparo en atención (en el mismo sentido, STJRNS4 Se 128/16 "Rodriguez"). .(Voto del Dr. Apcarián sin disidencia).
Acumulación de procesos, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: ORGANIZACION DEFLES S. A. c/ ZEIGUER SAMUEL y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-21

Habiéndose ordenado la acumulación de dos expedientes, medida que en orden a lo estatuido por el artículo 194 del Código Procesal dio lugar al dictado de una única sentencia comprensiva de todas las cuestiones planteadas en ambos procesos, los recursos contra dicho pronunciamiento, sea que se interpongan en uno u otro expediente, deben entenderse encaminados a impugnarlo con relación al resultado de los dos juicios, puesto que -caso contrario- carecería de sentido la acumulación dispuesta. El efecto fundamental de dicho instituto radica en obtener unidad de pronunciamiento en los procesos acumulados (conforme, Palacio, Derecho Procesal Civil tomo I, página 471, número 108), de modo que mal puede exigirse a los litigantes que recurren en dos oportunidades la misma sentencia por el simple hecho de que los juicios se hayan sustanciado separadamente como lo autoriza el artículo 194 del Código Procesal por meras razones de mejor ordenamiento procesal.
Transporte aéreo, Convención de Varsovia, incumplimiento del contrato, descarga, transporte terrestre, aplicación de la ley, tratados internacionales, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL-AERONAUTICO
Carátula: COMPAÑIA HASAR SAIC c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La asimilación del transportista de hecho o físico con el transportista contractual, ha tenido recepción en nuestros tribunales en reiteradas ocasiones, en el sentido de que -para un transporte aéreo regido por la Convención de Varsovia de 1929- tal equiparación coincide con la adoptada en el convenio complementario de la Convención de Varsovia de 1929, suscripto en Guadalajara (Méjico) en 1964 que -si bien no ha sido ratificado por nuestro país- corrobora la hermenéutica apropiada. Esta también se ajusta a lo prescripto en el art. 153 de nuestro código aeronautico al que cabe recurrir por vía analógica (Arg. Art. 16, Código Civil) o por considerar que, ante la ausencia de norma expresa que rija el punto en la legislación especifica, resulta aplicable a tenor de lo que dispone el art. 1209, Código Civil, ya que es en la república donde se ha operado el incumplimiento contractual de entregar en destino las cosas cargadas para su transporte, en el mismo estado en que fueron recibidas por el co-contratante a ese fin. (Videla CNFED.

Civ. y Com. Esta sala, causa 3427 del 23.9.85, Sala II, causa 6089 del 14.10.88 entre otras; Videla Escalada, f. "Derecho Aeronáutico", 11 edición, t. III, p. 277 y sgtes.). Es también la solución que consagra el art. 163 del código de comercio para el transporte terrestre.
Recurso de inconstitucionalidad, escribanos públicos, funcionarios públicos, agentes de retención, malversación de caudales públicos, peculado, jueces, facultades del juez, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C, O.E. s/ Malversación de caudales públicos. Recurso de inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 380-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

La arbitrariedad y carencia de fundamentación alegadas por el impugnante contra la sentencia de Alzada que, para determinar el concepto de funcionario público, partió del artículo 77 del Código Penal , exponiendo las razones por las que se consideró que tal calidad alcanzaba a los escribanos públicos (designación especial; cumplimiento de una función cuyo cometido es determinado por la ley, tendiente a la realización de un fin público), sólo traducen su mera discrepancia con el criterio adoptado por los juzgadores al interpretar las normas de derecho común aplicables en el caso, lo que no depara materia idónea en orden al acceso a una instancia que reviste carácter excepcional y no tiene por objeto permitir la discusión de decisiones que las partes estimen equivocadas. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre).