Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-04


Salta, de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "DOMÍNGUEZ, Carmen del Valle y otros - MEDIDA CAUTELAR"; Expte. Nº 10810/09 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación; Expte. Nº 280925/09 de Sala, y_______________________________________________________ ___________________C O N S I D E R A N D O____________________ I) Vienen estas piezas a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por Motortrac S.R.L. a fs. 117/118 de los autos principales, en contra de la resolución que en copia obra a fs. 20/22 de estas actuaciones, que hizo lugar a la medida cautelar genérica solicitada por la concursada, ordenó la suspensión de las medidas precautorias ejecutadas en Exptes. Nº 25525/09; 238647/08 y 8548/08, y la restitución de los bienes secuestrados.

Al fundar el recurso (fs. 40/42) manifiesta que las decisiones judiciales firmes no pueden ser interferidas por vía de medidas de no innovar dictadas en causas diferentes, y que éste es el caso de autos, ya que en la causa en la cual se encuentra secuestrado el tractor cuya devolución se ordena, tiene sentencia firme y consentida, como así también auto de venta. Agrega que se ha efectuado una intromisión que atenta contra la seguridad jurídica, y que nuestro derecho no tolera las intromisiones de parte de otros magistrados en la esfera de competencia de otro que se encuentre a cargo de la causa. Formula un relato de la conducta de la ejecutada y dice que la resolución apelada no ha valorado la verdadera conducta de la misma, quien de manera negligente se ha puesto en la situación que hoy pretende frenar, violando su derecho de defensa. Se agravia también de la contracautela ofrecida, la que considera insuficiente; y por cuanto al disponerse la medida en el marco de un concurso preventivo, debió correrse vista a su parte del pedido formulado, conforme surge del art. 21, inc. 4 de la LCQ. Destaca que el a quo debe contar con el informe del síndico, que le permita analizar con una mejor proyección los elementos exigidos por la norma sustancial, esto es, la necesidad y urgencia evidentes para el concurso examinadas con el criterio del art. 16 in fine de la LCQ. Entiende que por ello debió correrse vista a la sindicatura del pedido formulado. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y pide se revoque la sentencia recurrida.

A fs. 54/55 la concursada contesta el traslado corrido, solicitando se declare mal concedido el recurso de apelación, en virtud de la inapelabilidad establecida en el art. 273 inc. 3 de la LCQ, y atento que la resolución recurrida no resulta definitiva, dado el carácter provisorio y mutable de toda medida cautelar. En subsidio, contesta el memorial destacando la accesoriedad de la medida peticionada respecto del concurso preventivo. Señala que la misma se asienta en principios de orden público, en los que no solo se intenta proteger sus intereses, sino los de todos los acreedores, incluido el recurrente. Sostiene que para el mismo pareciera no revestir importancia el hecho de que los bienes (tractor, sembradoras y automóvil), son las únicas herramientas de trabajo de su parte, y que sin ellos la actividad laboral es nula. Que su privación altera el normal desenvolvimiento del proceso universal e impide continuar con el giro ordinario de la actividad, y que al respecto el apelante no dio ninguna explicación ni argumento. Entiende que la resolución apelada resulta ajustada a derecho y que los agravios de la contraria no resultan una verdadera crítica de la misma en los términos del art. 255 del CPCC. Manifiesta que tratándose de una medida cautelar, debía resolverse inaudita pars, por lo que los agravios relativos a la falta de sustanciación resultan improcedentes. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.

A fs. 81/82 dictamina la sindicatura, aconsejando la confirmación de la resolución apelada, por entender que la misma prioriza los intereses comprometidos en el proceso concursal.

A fs. 84/85 emite dictamen la señora Fiscal de Cámara, expidiéndose por el rechazo del recurso interpuesto.

II) En primer lugar cabe decir que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474 y CJSalta, Tomo 44:1109).

Así se decidió que si el apelante individualiza, aún en mínima medida, como en el caso de los agravios sostenidos a fs. 40/42 de estas piezas, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio favorable al recurrente (CNPaz, Sala V en LL, 17-854, 23.426-S; CNFedCC en Rep. LL XXX, pág. 151, nº 212; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 637). En tal inteligencia, cabe analizar los agravios formulados por el recurrente.

Cabe asimismo, dejar sentado, en orden al planteo de inapelabilidad formulado por la concursada, que la resolución recurrida ha sido dictada en el marco de lo dispuesto por el art. 24 de la LCQ, el que expresamente prevé la apelabilidad -con efecto devolutivo- del pronunciamiento, por lo que no resulta aplicable la regla general del inc. 3 del art. 273 de la LCQ, como entiende la apelada.

III) Ahora bien, de la compulsa del Expte. Nº 10068/09, caratulado "Domínguez, Carmen y otros s/Concurso Preventivo", surge que a fs. 45/48 se declaró la apertura del concurso preventivo. Seguidamente la concursada solicitó medida cautelar genérica, en los términos del art. 232 del CPCC (cfr. fs. 56/59), ordenándose en el juzgado de origen la formación de piezas separadas a los fines de su análisis y resolución.

A fs. 96/98 del Expte. Nº 10810/09, fs. 20/22 de estas piezas, con fundamento en lo dispuesto por el art. 24 de la LCQ, en la finalidad que persigue la acción concursal y en los principios de orden público en los que se asienta dicho procedimiento, el sentenciante de grado ordenó la suspensión de las medidas precautorias ejecutadas en los Exptes. Nº 25525/09; 238647/08 y 8548/08, y la restitución de los bienes secuestrados. En contra de la misma dedujo apelación la ejecutante del Expte. Nº 238647/08, que se tiene a la vista.

Cabe dejar sentado que -contrariamente a lo que sostiene la apelante- no resultaba pertinente sustanciar el pedido con su parte, toda vez que tratándose de una medida cautelar, el mismo debe resolverse inaudita parte, tal como se hizo en la instancia de grado (art. 198, CPCC, aplicable al sub lite en virtud de lo dispuesto por el art. 278, LCQ).

Asimismo, tampoco pudo correrse vista a la sindicatura, ya que la medida fue peticionada y resuelta con anterioridad a que se efectuara el sorteo, se designara y posesionara dicho funcionario en el concurso preventivo (cfr. fs. 154, 155 y 161, Expte. Nº 10068/09).

Sentado ello, cabe destacar que en el Expte. Nº 238617/08, caratulado "Motortrac S.R.L. c/Domínguez, Carmen de Valle s/Ejecución prendaria", que se tiene a la vista, se ejecutan dos contratos de prenda con registro, por lo que dicho proceso se encuentra excluido tanto del fuero de atracción, como del efecto suspensivo que provoca la apertura del concurso preventivo, conforme lo dispuesto por el inc. 1º del art. 21 de la LCQ.

Ahora bien, el art. 24 de la LCQ prevé un beneficio legal de carácter excepcional (cf. CNCom, sala D, 31/10/01, lexis nexis nº 30001213), al establecer que en caso de necesidad y urgencia evidentes para el concurso, y con el criterio del art. 16 párrafo final -ponderación de la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores-, el juez puede ordenar la suspensión temporaria de la subasta y de las medidas precautorias que impidan el uso por el deudor de la cosa gravada, en la ejecución de créditos con garantía prendaria o hipotecaria. Esta suspensión no puede exceder de noventa días.

El pedido de suspensión debe tramitarse ante el juez del concurso y ser resuelto por éste, aunque los remates o medidas precautorias cuya suspensión se pretenda hayan sido ordenados por otros jueces; sólo el juez del concurso está en condiciones de apreciar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores (Rouillón, Régimen de Concursos y Quiebras, p. 84).

En el sub lite, si bien la medida fue peticionada en los términos del art. 232 del CPCC, la concursada fundamentó la misma también en lo dispuesto por el art. 24 de la LCQ, y aún cuando concluyó solicitando el "levantamiento de las medidas cautelares" (cfr. fs. 1/4 de estas piezas), la sentencia de grado no dispuso el levantamiento de las mismas, sino que, en base a lo dispuesto por el art. 24, LCQ, ordenó la suspensión de las medidas precautorias y la restitución de los bienes secuestrados, por considerar que de lo contrario se afectaría la actividad agrícola de la concursada, con las consecuencias que ello acarrearía, contrariando el fin perseguido por la normativa concursal (cfr. fs. 20/22).

Al respecto, se ha sostenido que la previsión del art. 24 de la LCQ resulta razonable, dado que el remate de inmuebles o maquinarias de la empresa puede llegar a destrozar las expectativas de recuperación o salvataje por vía concursal (Maffía, Manual de Concursos, p. 175). En este supuesto, se autoriza al juez a suspender temporariamente la subasta pendiente o, en su caso, las medidas precautorias que impidan el uso por aquél de la cosa gravada (Villanueva, Julia, Concurso Preventivo, p. 272).

En base a lo expuesto, habiendo valorado el señor Juez a quo la necesidad y urgencia evidentes para los intereses del concurso -con el criterio establecido en el art. 16 de la LCQ-, y teniendo en cuenta que el art. 24 de la LCQ no dispone como recaudo la contracautela, los agravios formulados por la apelante resultan insuficientes para modificar lo resuelto.

IV) No obstante ello, cabe decir que aún cuando en la resolución recurrida no se haya fijado el plazo de la suspensión, se advierte que desde el dictado de dicho pronunciamiento, del día 24/7/09, hasta la fecha, ha transcurrido el plazo máximo establecido en el art. 24 de la LCQ, por lo que cabe dejar sin efecto tanto la suspensión como la restitución de los bienes allí dispuestas.

Ello así, desde que el plazo de suspensión no puede ser superior a noventa días y se computa en días hábiles judiciales (Junyent Bas-Molina Sandoval, Ley de Concursos y Quiebras, t. I, p. 173; Villanueva, Julia, Concurso Preventivo, p. 272) En tal sentido, se ha dicho que la suspensión de los remates y medidas precautorias no puede exceder de noventa días. Consumido el plazo de noventa días (art. 24 in fine, ley 24522) no procede prorrogarlo ni disponer otras medidas cautelares que de algún modo obstruyan los remates (CNCom, sala D, 29/05/00, lexis nexis nº 1/57461).Sin perjuicio de lo expuesto, cabe aclarar que a los fines de la continuación de la ejecución prendaria, deberá el recurrente tener en cuenta lo dispuesto por el art. 21, in fine, LCQ.

V) Atento el modo en que se resuelve la presente, aún cuando se rechace el recurso de apelación, se considera justo imponer las costas de esta instancia por el orden causado (art. 67, segunda parte, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación concedido a fs. 39 de estas piezas. Costas por su orden.

II) DEJA SIN EFECTO la suspensión de las medidas precautorias y la restitución de bienes ordenadas en la resolución que en copia obra a fs. 20/22, conforme considerando nº IV.

III) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.