Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87525 CAUSA NRO. 10.744/2010 AUTOS: "MONTENEGRO DOLORES DOMINGO C/LIBERTY ART S.A. S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL". JUZGADO NRO. 73 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 210/213 ha sido recurrida por la parte actora a fs. 220/223. También apela Liberty ART S.A. a fs. 218 los honorarios regulados.

II. El accionante se agravia porque se rechazó la demanda al admitirse la excepción de cosa juzgada, teniendo en cuenta el acuerdo celebrado ante el SECLO donde consta que, una vez percibido el importe total allí mencionado, nada más tendrá que reclamar por ningún concepto a las requeridas, el cual tuvo homologación administrativa.	El recurrente sostiene que es erróneo considerar que, para lograr la nulidad del acuerdo ante el SECLO, se debió agotar, en forma previa, la instancia administrativa.

Al respecto, cabe tener en cuenta que el cuestionamiento aquí planteado no es sobre los alcances de una negociación consentida y convalidada para que se revise la decisión administrativa homologatoria, sino que ante la denuncia de haberse conculcado derechos irrenunciables de la persona trabajadora, mediante un convenio homologado, se requiere que se examine si el acto de homologación ha sido materialmente válido y decretar, en casos de fragrante violación del orden público laboral, la nulidad de la homologación y, caída ésta, la del convenio transaccional. En tal marco, es competencia de la magistratura especializada del trabajo determinar si el acto de homologación ha sido materialmente válido y, en caso de verificarse la afectación de normas de orden público, es de su incumbencia, decretar la nulidad (CNAT, Sala II, in re "Herlein, Fabián Alberto c/Oblak Hnos S.A.", SD 97972 del 30/4/10).

También cabe tener en cuenta que la competencia atribuida por el art. 15 de la L.C.T. (t.o.) a la autoridad administrativa del trabajo para homologar acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios debe ser compatibilizada con el derecho de quien se considere afectado por la decisión adoptada por esa autoridad para plantear judicialmente la nulidad del acto homologatorio por la vía procesal pertinente, con amplitud de debate y prueba, en homenaje a las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción y del debido proceso adjetivo.

Sentado ello, observo que en el acuerdo de que da cuenta el instrumento de fs. 32/33 se ha consignado un porcentaje de incapacidad del 14% pero no se ha acompañado informe pericial médico para avalarlo. Consecuentemente, el trabajador ha sido partícipe involuntario de un acto simulado ante la falta de un asesoramiento técnico imparcial, de conformidad con lo normado por los artículos 91 y 92 de la L.O. y que le impidió conocer cuáles eran sus verdaderos derechos sobre el punto, máxime cuando ha quedado establecido a través de la pericia médica producida en autos (fs. 174/180) una incapacidad mayor. En consecuencia, estimo que no es posible sostener con seriedad que se hubiera configurado una justa composición de derechos e intereses de las partes, en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que lo allí acordado no produjo obligación alguna, debiendo acogerse el planteo para que se decrete la nulidad de lo allí convenido, desestimándose la excepción planteada por la demandada.

En tal inteligencia, teniendo en cuenta las constancias de la presente causa, no existiendo negativa concreta acerca de la ocurrencia de un accidente el día 5/2/08, ya que la accionada sólo niega que haya ocurrido de la manera en que se lo narra en el escrito de inicio (ver fs. 45vta.) y habiéndose establecido a través de la pericia médica antes aludida que el reclamante padece una incapacidad del 34% (ver también fs. 191), lo que no resulta desvirtuado por las impugnaciones de fs. 193/vta. y 196/197 (en tanto sólo se plantea un disenso sobre la forma de aplicación de los baremos) y que la misma guarda nexo de causalidad con el infortunio (ver fs. 180), cabe admitir la acción intentada.

Asimismo, a los fines de determinar el monto de condena tendré en cuenta el ingreso base que surge de fs. 153 (ver también fs. 165) de $ 3.312,68, por lo que la indemnización a favor del accionante asciende a $ 65.765,42 ($ 3.312,68 x 53 x 34% x 65/59 -1,1017). Dicho importe llevará intereses conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, de acuerdo a lo decidido a través del Acta 2357 y Resolución Nro. 8 de este Tribunal, que se calculará desde la exigibilidad del crédito y hasta el efectivo pago. En cuanto al depósito que surge de la boleta agregada a fs. 50, no surgiendo que haya sido admitida la consignación allí planteada, sólo procede tenerlo como pago a cuenta, (art 260 LCT) al momento de practicarse la liquidación del art. 132 de la L.O.

III. Atento la nueva solución que propicio, corresponde adecuar las costas y los honorarios. Las costas de ambas instancias deberán correr a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN).	Finalmente, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57), fijo los honorarios de los profesionales de la actora y de la demandada y los de los peritos médico y contador, respectivamente, en el 16%, 14%, 7% y 7% del monto total de condena (incluyendo intereses). Los de alzada de los profesionales de la actora y demandada los fijo, respectivamente, en el 30% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

IV. Por lo expresado, propicio revocar la sentencia apelada, condenando a la demandada al pago, dentro del quinto día, de la suma que surge de lo expresado en el considerando II, con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando III.

El Doctor Vilela dijo:

Pior análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Revocar la sentencia apelada, condenando a la demandada al pago, dentro del quinto día, de la suma que surge de lo expresado en el considerando II, costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando III.

Regístrese, notifíquese y devuélvase Gloria M.Pasten de Ishihara	Julio Vilela Jueza de Cámara	Juez de Cámara Ante mí:

MG	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara