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Servicio penitenciario, personal penitenciario, reglamento del régimen de licencias, interpretación de normas y actos locales, empleados públicos, vacaciones, indemnización sustitutiva de vacaciones, vacaciones no gozadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCARANO, LUIS DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 817 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

En el caso, no quedan dudas de que el Reglamento del Régimen de Licencias para el Personal Penitenciario de la Provincia (decreto 549/81) le acordaba al actor el derecho del goce de las licencias anuales ordinarias conforme a las pautas en ella establecidas; que el recurrente no gozó de esas licencias anuales ordinarias durante los once años reclamados no obstante haberlas solicitado oportunamente, siéndole denegadas por motivos de servicio e invocación de expresas razones funcionales por parte de la Administración, y que, además laboró durante esos períodos. Además, sobre el particular, no puede dejar de ponderarse la inexistencia de constancias probatorias en la causa en cuanto a que indubitablemente hayan cesado las causales que oportunamente permitieron a la Administración ejercer su potestad de no concesión el goce de las licencias anuales ordinarias, fundantes de dichas denegatorias, así como sus prórrogas o postergaciones, y obviamente tampoco precisiones en cuanto a la fecha en que las mismas hubieren desaparecido. Por ello, no resulta aplicable el artículo 9 del Reglamento, que in fine determina que "Será concedida o se dispondrá su continuación dentro de los tres días de desaparecida la causa que motivó la medida". Una conclusión en sentido diverso importaría una indebida interpretación de la reglamentación que por inferencias lleva a la exigencia del cumplimiento de obligaciones y cargas no previstas de modo expreso. (De La Disidencia Parcial Del Dr. Netri)
Costas, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARREDONDO LAUREANO c/ RUBEN DANIEL MENDEZ s/ Desalojo (LIBRO: A069 - 305)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-10-12

"... resulta evidente que carece de interes (art. 41 del C.P.C.), resolver la apelacion de la sentencia que condeno, pracisamente, al desalojo ..." .- " ... El abandono de la cosa locada implico acceder o admitir explicitamente la pretension de la parte actora.

Las costas deben pues, ser impuesta al accionado-apelante (art. 36 apartado I in fine)..."
Constitución Nacional, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARIA LEONOR FLORES Y OTROS. c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR LS 82 CANAL 7 S.A. s/ EMPLEADOS PUBLICOS - EMPRESAS DEL ESTADO.    PRESCINDIBILIDAD - INDEMNIZACION.    INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental.
Recurso de apelación (procesal), apertura a prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTILLO, FRANCISCO c/ IMAS OCTAVIO Y OTRO s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-09

Debe desestimarse la apertura a prueba de una causa ante la alzada, cuando el escrito postulatorio impida al tribunal analizar si se dan los presupuestos mencionados en el art. 255 del Código Procesal Civil y Comercial de Santiago del Estero.
Entes autárquicos, despido sin causa, nulidad del despido, responsabilidad del funcionario público, falta de integración de la litis
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: NAVARRO DE EGUIA Norma Ceferina c/ E.P.R.E. s/ Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29

Declarada la nulidad del acto de despido impugnado mediante el cual se dispusiera la rescisión de la relación laboral sea rechaza la determinación de responsabilidad personal de los funcionarios firmantes de los actos administrativos anulados, con fundamento en el artículo 1112 del CC, por cuanto, para decidir sobre el punto, la litis debió haberse integrado con aquellos a quienes se les endilgaba culpabilidad por su conducta personal (como sujetos pasivos de la acción). Este obstáculo en la sustanciación de la pretensión respectiva conduce a la improponibilidad del planteo en las condiciones en que ha sido sustanciado el proceso, trámite que quedó consentido por la accionante y que no puede ahora ser revisado.
Elevación a juicio, sobreseimiento, querellante particular
Materia: PENAL
Carátula: S. B. E. s/ RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-20

De las constancias de autos, surge que el Sr. Fiscal de Instrucción de la IVª Nominación elevó la causa a juicio por considerar que la acusada era probable responsable del delito de estafa por retención indebida y recién frente a la oposición de la defensa la Sra. Jueza de Instrucción de la Vª Nominación resuelve sobreseer a la acusada. En las circunstancias de autos antes descriptas, el querellante particular tiene la posibilidad de apelar la sentencia de sobreseimiento tal como lo establece en forma literal el art. 352 del CPPT.

Así lo señaló esta Corte en resoluciones precedentes indicando con claridad que el Código Procesal Penal de la Provincia, ".si permite al querellante interponer un recurso de apelación, con efecto suspensivo, a la sentencia dictada por el Juez de Instrucción que dispone el sobreseimiento: art. 351 "El sobreseimiento se dispondrá por sentencia, en la que se analizarán las causales, siempre que fuere posible, en el orden dispuesto por el artículo anterior"; art. 352 "La sentencia que conceda o deniegue el pedido de sobreseimiento será apelable con efecto suspensivo, por el Ministerio Público y por el querellante particular, en el caso de sobreseimiento, y por el imputado en todos los casos" (CSJT, sentencia n° 757 de fecha: 13/8/2008 "Waisman, Adolfo Alberto s/ defraudación").

DRES.:GANDUR-BRITO-SBDAR.
Recursos, sustanciación del recurso, devolución del expediente, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recurso de queja (administrativo), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en UNIÓN DE TRABAJADORES LEGISLATIVOS DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES c/ LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ JUICIO SUMARÍSIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

No corresponde dejar sin efecto el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad cuando, en su queja, el recurrente sostiene fundadamente que del precedente "Bazán" de la CSJN (Fallos: 342:509) se extrae que este Tribunal es el superior de la causa a que se refiere el artículo 14 de la ley n° 48, en todos los pleitos no federales que tramitan ante los tribunales con asiento en la Ciudad (interpretación coincidente con la que ha hecho este Tribunal en "Levinas, Gabriel Isaías s/ SAG - otros (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado) en/ Ferrari, María Alicia y otro c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ rendición de cuentas", expte. n° 16374/19, sentencia del 30/9/20); y estas razones dan respuesta a las que dio la Cámara Nacional de apelaciones del Trabajo para sostener lo opuesto. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Accidentes de trabajo, monto de la indemnización, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: ALARCÓN MARÍA ELISABET c/ COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AFINES DE GUALEGUAYCHÚ LTDA. Y OTROS s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-22

la reparación tal como se advierte de la redacción del art. 6° ley 26.773, contemplando la deducción del monto indemnizatorio depositado por la ART en el proceso donde se persigue la reparación integral contra el empleador. Así, las prestaciones recibidas por las leyes laborales deben ser compensadas con la "indemnización por fallecimiento" reconocida, porque de otro modo se configuraría un claro enriquecimiento sin causa de los reclamantes.
Extradición, doble incriminación, estupefacientes, asociación ilícita
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arla Pita, Tamara y otros s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

No es posible afirmar que se haya iniciado un proceso en jurisdicción argentina, por el delito por el cual son requeridos los acusados, si no media identidad entre el objeto procesal argentino -transporte de estupefacientes agravado- y el de la causa por la que se solicitó la extradición -asociación ilícita-; cuestión que los tribunales del país requerido no pueden modificar porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y cualquier discrepancia sobre el punto debe ser resuelta en el proceso penal pertinente.
Recurso de casación penal, sentencia, reincidencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: NAVAV, EDUARDO SALVADOR s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1964-08-18

Es improcedente el recurso de casación interpuesto por el motivo formal (C.P.P., art. 493, inc. 2do.) si el impugnante sostiene que la sentencia es nula por carecer de motivación respecto de la declaración de reincidencia del imputado, pues sólo se menciona como motivo para fundar tal declaración, la existencia de una sentencia firme anterior.

Ello es así pues si bien la sentencia recurrida no expresa prolijamente los motivos que tuvo para llegar a la declaración de reincidencia, no se puede sostener que carezca de motivación ni que ésta sea contradictoria como para operar la nulidad prescrita por el art. 432, inc. 3ro.,del C.P.P., cuando la Cámara expresa claramente que se dan los requisitos que exige el art. 50 C.P. -incluso la existencia de sentencia firme.-
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, enfermedad profesional, indemnización, opción, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, JUAN c/ TOOL RESEARCH s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE Nº  679-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

El Tribunal que, no obstante considerar que no se encontraba acreditado el hecho de que uno de los actores hubiera contraído hipoacusia por la prestación de servicios esporádicos a la demandada, siendo responsabilidad probatoria del trabajador demostrar la relación causal con el trabajo (teniendo en cuenta que éste había optado por la acción del derecho común -artículo 1113 del CC-), hizo lugar a la indemnización incoada, incurre en autocontradicción y por ende resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Extinción del contrato de trabajo, certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Maino, Hugo Matildo c/ Biwater S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

En el caso de mediar un contrato sin prestación efectiva de tareas -contrato sin relación- no procede la entrega por parte del empleador del certificado del art. 80 LCT pues no hay un tiempo de servicios prestados que certificar, no hay remuneraciones devengadas ni tampoco existió el deber de aportar a la seguridad social. En caso de admitirse la procedencia de la obligación, se trataría de una certificación formal y "vacía", y tal exigencia resultaría un rigorismo formal inconducente ya que tal certificación carecería de toda finalidad práctica (Del voto del Dr. Maza, en mayoría). Toq. 1232.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMPRESA CIUDAD DE CORDOBA  S.A.C.I.F. c/ HECTOR CORONEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-11

Acreditando la existencia de los daños producidos en el vehículo siniestrado y su relación de causalidad con el accidente,así como la demostración de las reparaciones necesarias,resulta irrelevante que éstas se hayan realizado o no o que no se hayan efectuado las erogaciones correspondientes a las mismas para que el responsable deba resarcir al damnificado. Tales circunstancias no implican que el perjuicio no exista y que aquel quede obligado al pago de la suma necesaria para restablecer el vehículo dañado al estado en que se encontraba al momento de ocurrir el accidente.

No es necesario indagar quien efectuó los trabajos, ya que el damnificado tiene derecho a reparar el vehículo donde encuentre mayor garantía, economía y celeridad. El hecho de que el vehículo hubiere sido reparado en los talleres de la empresa actora resulta lógico y no significa que la reparación no insumiera gastos de materiales y mano de obra.(del voto del Dra. Ayrolo por sus fundamentos)
Responsabilidad médica, medicina prepaga, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: N., V. A. S. c/ Casa Hospital San Juan de Dios y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-09

Demostrada la culpa del médico, deberá responder por su obligación tácita de seguridad la prepaga que contrató los servicios de los mismos, pues lo cierto es que incumplió en prestar la debida atención a la que se había comprometido conforme el injustificado daño sufrido por la accionante (conf. art.1 inc. b) ley 24.240).
Juicio oral, acusación fiscal, fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Zorzoli, Jorge Alberto. Torres, Javier Alejandro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El art. 283 del Código de Procedimiento Penal no contempla la "acusación" sino la posibilidad de que el Fiscal, la defensa y el o los acusados "manifiesten" lo que estimen conveniente.
Presunción de inocencia, carga de la prueba, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay S/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-08-31

Conforme lo establece la Convención Americana el derecho a la presunción de inocencia -artículo 8.2-, es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, lo que asimismo implica que no corresponde al acusado probar que no ha cometido el delito que se le imputa, puesto que la carga de la prueba se impone a quien acusa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Riesgo Fernández, Abel c/ FERRUM S.A. s/ Cobro de pesos Rodriguez, Jorge c/ Camiletti, Nelson s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-18|1985-12-03

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que en su despliegue argumental se limita a una reiterada invocación de absurdo, sin demostrar que la tarea axiológica del juez de grado haya sido realizada sin la prudencia que la ley exige.
Compraventa mercantil, prueba del contrato, precio, pago, prueba testimonial, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRACERAS  S.A. c/ A. MARSHALL MOFFAT  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

La factura constituye el elemento de prueba por excelencia del contrato de compraventa, por lo que resulta ineficaz la prueba producida en orden a restar significación a las constancias obrantes en ella y sustentada en dichos testimoniales, pues éstos no resultan -como regla- hábiles para controvertir el contenido de un contrato escrito, y además entraría a jugar la regla prohibitiva del CCIV 1193.
Relación de causalidad, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA DE REBOLLO N. c/ EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE (TROLEBUS) s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S076 - 353)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-01

"... probado el nexo causal por el accionante -victima, se presume la adecuacion y quien la niega, afirmando que no se trata de una consecuencia tipica, que es fortuita, etc. o bien la interrupcion del nexo, debera demostrarlo.( Iturraspe). La invocacion y prueba de la existencia de una causa ajena interesa al demandado para excusar su responsabilidad por falta de relacion de causalidad entre su hecho propio, el de sus subordinados o de las cosas de que es dueno o guardian y el dano sufrido por la victima (Bustamante Alsina_.-
Falso testimonio, declaración testimonial, indicación de pena, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: FERRARI, MONICA s/ FALSO TESTIMONIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-23

1) Para la configuración del delito de falso testimonio, no obsta, en principio, la circunstancia de haberse omitido hacerse saber al testigo las penas con que se reprime a quienes se producen con falsedad, o la ausencia de la firma del Juez en las diligencias de recepción de la prueba testimonial en un PROCESO CIVIL; dado que la información sobre las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes que establece el art.

440 Cód. Proc. Civil, no constituye una exigencia del tipo penal, ni su omisión tiene prevista en aquella sede la nulidad del acto.

2) Por otra parte, la validez de los actos procesales debe analizarse bajo la óptica de la ley que los rige, por aplicación del principio "locus regit forman actus", por lo que debe concluirse que las declaraciones cuestionadas, han sido prestadas de conformidad con la delegación de funciones que autoriza legalmente el art. 125 Cód. Proc. Civil, es decir ante la "autoridad competente" que exige la ley penal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nano, José c/ Salomé, David s/ C. ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No es definitiva la decisión recaída en un juicio ejecutivo que desestima un pedido de nulidad de actuaciones, declarando hábil el título en los términos del art. 521 inc. 2º del C.P.C.C., desde que nada le impide al recurrente plantear sus defensas en el juicio ordinario posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de valor, trabajador, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, medios de prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Colla, Nilda c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

Debe concluirse que no se encuentra fehacientemente demostrado el cargo impuesto cuando las declaraciones brindadas en por los supuestos trabajadores en el relevamiento de personal, fueron expresamente rectificadas por los propios involucrados; máxime si, por otra parte, aquellos alegaron cumplir con las obligaciones previsionales e impositivas propias de la actividad que desempeñan, circunstancia que no fue desvirtuada en autos. Ello así, dado que las pruebas son los únicos elementos con que cuenta el juez para dirimir el juicio, y si son insuficientes, relativas o parciales, no cabe sino apreciarlas con sana crítica, y nunca en detrimento del principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional. (Disidencia del Dr. Fernández).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), tercero coadyuvante, falta de prueba, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., M. A. c/ C., M. L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

Carece de sustancialidad para operar la apertura de esta instancia de excepción el planteo de la quejosa en torno a que por tratarse su parte de una persona vulnerable por su avanzada edad, se estarían vulnerando las directivas convencionales tuitivas de la ancianidad, puesto que tal como sostuvo la Alzada, le resta incidencia en el caso -en primer lugar- por haber estado representado en todo momento por su letrada, y -en segundo lugar- por no haber acreditado en momento alguno la vulnerabilidad mencionada, ni siquiera la edad que refiere; argumentos que cobran mayor relevancia si se pondera que la cuestión principal radica en los derechos e intereses de personas menores que son nietas del ahora recurrente (pretenso tercero) y no sobre los de su persona. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad.
Régimen penal tributario, declaración indagatoria, participación criminal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUERRA, ROQUE; GUERRA, DOMINGO; ZABALETA, JOSE MARIA; LUCCA, DANIEL R.; ELIAS, RAUL; BIAGINI, FERNANDO; GUILLERMET, HUGO J.; FERNANDAEZ, OSCAR MARIO; LUCCA, GABRIEL s/ Régimen penal trbutario,  incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-01

Debe ser revocada la resolución que dispuso el procesamiento de uno de los imputados en la causa pues el dictado del auto de procesamiento supone la existencia de un hecho delictuoso del que se estime responsable al imputado y respecto a este lo resuelto se funda en que, no obstante su afirmación de ser ajeno a los hechos y haber obrado en calidad de empleado subalterno, tenía un grado de educación suficiente y era apoderado de una de las sociedades lo que permite atribuirle una cooperación voluntaria alcanzada por el art. 46 del Código Penal, pero sus descargos al prestar declaración indagatoria en el sentido de que no intervenía en las decisiones empresarias se encuentran corroborados con las constancias de autos.
Circunstancias que impiden la excarcelación, domicilio constituido
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nicuesa, Daniel Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-11

La sola circunstancia de que el imputado no cumplió con la obligación que le impone el art. 326 del C.P.P.N. -fijación de domicilio del imputado y su fiador- aparece insuficiente para acreditar la voluntad de sustraerse a la acción de la justicia (artículo 319 del C.P.P.N.).