Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20


2º Instancia. - Mar del Plata, 20 de diciembre de 2012.

Autos, Vistos Y Considerando:

I. Las presentes actuaciones vienen a despacho en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ejecutante en subsidio a fojas 114, contra la resolución de fojas 112.

II. El juez dispuso notificar la reinscripción de la medida cautelar trabada en autos en el domicilio real del ejecutado.

III. Los agravios del apelante se dirigen a cuestionar ese modo de notificación. A su entender, habiendo quedado constituido el domicilio del ejecutado en los estrados del juzgado, la única forma de comunicación de las resoluciones es la prevista en el artículo 133 del código ritual.

IV. El recurso merece prosperar.

En efecto, ante la intimación de pago y embargo el ejecutado no se apersonó al proceso y por tal motivo se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 41 del Código Procesal.

A partir de allí, todas las resoluciones que se dicten en el expediente, del calibre que sean, se anoticiarán en forma automática o ministerio legis (art. 133 del CPCC).

Esa regla subsiste aun en los casos de las resoluciones que el artículo 135 del mismo cuerpo normativo ordena notificar personalmente o por cédula, como también en los supuestos particulares diseminados a lo largo del código que prevén ese medio de notificación, como el caso del artículo 198.

Recientemente la Corte provincial tuvo ocasión de expedirse al respecto, en un caso donde los ejecutados -teniendo domicilio constituido en los estrados del juzgado- pretendían que la sentencia de trance y remate se les debió notificar por cédula en el domicilio real, como sucede con el rebelde.

El tribunal, reiterando lo decidido en otros similares, señaló que si la parte tiene constituido domicilio en los estrados del juzgado o tribunal, allí le serán comunicadas en la forma dispuesta por el artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial, las resoluciones judiciales sobrevivientes incluyendo la sentencia definitiva (SCBA, C 101.322 y C 101.323, sentencia única del 31/10/12, voto del Dr. Hitters al que adhirieron los restantes Ministros).

De modo que en tales circunstancias -domicilio constituido en los estados del juzgado o tribunal- "todas" las resoluciones posteriores (incluida la que hace efectivo el apercibimiento contenida en esa norma) se notificarán por nota o automáticamente (art. 133 citado).

V. El antecedente de la Corte que ha citado el juez de la instancia de origen a fojas 112 para fundar su decisión (Ac. 34.183 del 8/10/85) se refiere a un caso distinto: allí se trataba de una ejecutada respecto de la que se rechazó la ejecución al prosperar una excepción de falsedad. Ella luego reclamó los daños que le ocasionó el embargo trabado en el proceso ejecutivo y en ese marco se discutía si el retiro del expediente (notificación tácita) implicaba conocimiento de la efectivización de la cautelar. Allí el máximo tribunal local entendió que debe exigirse un conocimiento directo y real de la medida, no indirecto ni menos supuesto y, por ello mismo, la cédula debe dirigirse al domicilio real del afectado.

Adviértase que en tal caso la ejecutada se había presentado en el proceso, es decir, no resultaba de aplicación el régimen de notificación previsto por el artículo 41 del Código. Por el contrario, en el sub lite ello no ha ocurrido, por lo que los supuestos no son análogos y, en consecuencia, aquélla jurisprudencia resulta aquí inaplicable.

Opinión personal del Dr. Alfredo E. Méndez:

A mi entender el recurso ha sido mal concedido.

En efecto, se advierte que el criterio sostenido por el a quo a fs 112 respecto a la aplicación del art. 198 del CPCC es una reiteración de lo que ya ordenara a fs. 101 sin que en dicha oportunidad el hoy apelante efectuara planteo alguno.- En ese sentido, este tribunal ha sostenido que son inapelables las resoluciones que son reiteración de otras anteriores firmes, por cuanto conceder el recurso de apelación sería volver sobre etapas precluidas, no pudiéndose alargar el plazo que se tenía "ab initio" para apelar mediante el replanteo de la misma cuestión ya resuelta (Sala I, causa 80761 RSI-1029-91 del 21/11/91; Sala II, causa 92825 RSD-251-95 del 13/7/95, ídem RSI-1029-91 del 19/4/01, 116270 RSI-263 del 17/4/01).

En virtud de lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por los artículos 40, 41, 161, 198, 242, 243 y 266 del CPCC, resolvemos: 1. Aceptar la excusación efectuada por el Dr. R. J. L. a fojas 121 en mérito a las causales allí invocadas. 2. Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución de fojas 112 en los términos apuntados. 3. Imponer las costas al ejecutado (art. 68 del CPCC). 4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). 5. Una vez transcurrido el plazo del artículo 267 del CPCC, devolver las actuaciones al Juzgado de origen. Regístrese. - Ricardo D. Monterisi. - Ramiro Rosales Cuello. - Alfredo E. Méndez