Ejecuciones especiales, derecho a la salud, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Vargas Risco, Oriana c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto, anular la resolución impugnada y devolver las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a la ley aquí señalada como la aplicable al caso. En efecto, atento a que la restricción que la ley 27.375 incluyó en el artículo 14 segundo párrafo inciso 10° del CP no estaba vigente en la primera etapa del hecho por el que se condenó a Vargas Risco, resulta evidente que su redacción anterior era más benigna y por consiguiente la que deberá aplicarse en el presente caso para dar cumplimiento con el mencionado artículo 2 del Código Penal. Frente al desplazamiento del presente caso de la ley 27.375 con sus modificaciones resulta írrito dar tratamiento a los cuestionamientos sobre su validez constitucional. Es por ello que, sin abrir juicio sobre la viabilidad del instituto solicitado, atento que la decisión atacada aplicó una ley que no resulta ser la más benigna, lo que importa un error de derecho que contamina lo decidido. La disidencia sostuvo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, inc. 10, del CP -incorporado por el art. 38 de la Ley 27.375; anular la resolución de fecha 1 de abril de 2020 y, en consecuencia, devolver la presente causa al tribunal a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a derecho. Es que el artículo 14, segundo párrafo, inc. 10, del Código Penal -incorporado por el art. 38 de la Ley 27.375-, viola los principios constitucionales de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75, inc. 22, CN; 24 CADH; 26 PIDCyP; 7 DUDH; 2 DADDH y 26 PIDCP), de razonabilidad de los actos de gobierno (art. 28 CN) y de progresividad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y su finalidad de reinserción social (arts. 18 CN; 5.6 CADH y 10.3 PIDCP), en cuanto veda la posibilidad de los condenados de acceder a la libertad condicional por la sola razón de haber cometido un determinado delito. A la luz de la doctrina inveterada del Máximo Tribunal, se advierte que la diferenciación establecida por dicho artículo se presenta arbitraria y carente de un criterio válido que la sustente. No se advierte, en los incisos previstos en el artículo en cuestión, una comunidad de características que permitan afirmar, de manera razonable, que haya entre ellos iguales circunstancias que impongan igualdad de severidad en orden al tratamiento que los perpetra. La normativa impugnada viola el principio de igualdad ante la ley dado que el criterio utilizado para efectuar un trato desigual ante el penado no está justificado objetiva y razonablemente. Finalmente, y en atención a la referencia que el Dr. Salas hizo en su presentación casatoria respecto a la crisis sanitaria de carácter excepcional a raíz de la pandemia generada por el brote del nuevo Coronavirus (COVID-19), corresponde que dicha circunstancia, también, sea valorada por el a quo al momento de resolver la presente incidencia. Dres Gemignani -en disidencia-, Catucci y Riggi - por su voto-.