Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-13


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los trece días del mes de marzo del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y. Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "R., J. N. c/ D., N. s/ Reivindicación" (Expte. Nro. 179/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.-- Practicado a fs. 273 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS - FRÜCHTENICHT - MOISÁ.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 240/244? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTION, el Dr. Flass dijo:- A fs. 33/37 el Sr. J. N. R. promueve demanda de reivindicación contra la Sra. N. D. a fin de recuperar un inmueble de su propiedad que le cediera bajo promesa de compra con mas el cobro por los servicios e impuestos devengados durante la posesión.- A fs. 44/45 vta. contesta la demandada oponiéndose al progreso de la acción invocando legitimidad en la posesión y falta de interpelación previa.-- A fs. 240/244 se dicta sentencia nº 47 del 3 de agosto de 2006 rechazando la demanda por entender que la pérdida de la posesión fue voluntaria no registrándose en consecuencia los extremos necesarios para la procedencia de la misma.

Las costas se imponen a la actora y se regulan los honorarios del apoderado de la demandada Dr. M. en un 15% del monto del proceso; los honorarios de los letrados de la actora en un 7% para la Dra. G., 3% para el Dr. S. y 2% para el Dr. I. M.; por su parte los honorarios del Dr. V., apoderado del B. H. S.A. citado en autos se regulan en un 11%.- A fs. 249 el Dr. V. en derecho propio, apela su regulación por baja.

A fs. 249 la actora apela por altos la totalidad de los honorarios regulados.

A fs. 250 la actora apela la sentencia en su conjunto expresando agravios a fs. 261/266 por entender que - contrariamente a lo considerado por el a quo - el abuso de confianza y la violación a la buena fe impiden considerar voluntaria la entrega.- Resumidas en lo procedente las constancias de autos surge que el thema decidendum se circunscribe a determinar: primero si el actor ha cedido voluntariamente o no la posesión; segundo si tal voluntariedad obsta a la acción de reivindicación y tercero si los honorarios regulados se encuentran adecuados a las pautas del arancel (Ley 2.200).- Tengo para mi - pues la actora lo invoca y la demandada lo reconoce al alegar pagos parciales- que la recurrente entregó el inmueble a la Sra. D. con la expectativa de que esta se lo comprara cuando consiguiera la cantidad de dinero necesaria y que tal cantidad no fue pagada pues no obran en autos recibos al respecto ¿Puede este incumplimiento afectar la voluntariedad del acto?. Evidentemente no.

El actor no ha probado - ni siquiera alegado- haber estado privado de discernimiento al momento en que permitió el ingreso; su intención inmediata era que la demandada permaneciera ocupándolo (aun con la condición "de suceder cualquier inconveniente que no permitiera realizar la operación, la misma dejaría la vivienda en forma inmediata") y actuó con plena libertad sin constricción alguna ("En pleno acto de buena fe cedo a la petición y permito que la demandada ingresara a la vivienda").

Mucho menos podemos decir que la exteriorización de la voluntad del actor se encuentre afectada por algunos de los vicios del consentimiento pues no demostró ni error ni dolo ni violencia en el acto de entrega. La frustración de la causa fin mediata tenida en cuenta en la celebración del acto jurídico (un futuro contrato de compra y venta inmobiliaria) no implica vicio de la voluntad.

No ha demostrado el actor que la demandada haya actuado mediante un ardid, que hubiera falseado de tal forma la realidad al punto de llevarlo a obrar bajo engaño. Habrá quizás incumplimiento obligacional pero esto no es sinónimo de ausencia de voluntad pues - si tal lo consideráramos - todo contrato incumplido sería nulo. Por lo expuesto concluyo que - a pesar de lo dicho por el actor en sus agravios - el ingreso y permanencia de la demandada fue con su pleno consentimiento.- Ahora bien, para la procedencia de la acción de reivindicación ¿Es necesario que la pérdida de la posesión sea involuntaria?.

El art. 2758 C.C. dice "La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella", por su parte el art. 2776 reza "Si la cosa fuera inmueble compete la acción contra el actual poseedor que la hubo por despojo contra el reivindicante".

Para responder al cuestionamiento anteriormente planteado es imprescindible desentrañar el sentido de los términos "pérdida de la posesión" y "despojo" a fin de determinar si ellos admiten el desprendimiento voluntario de la cosa o implican siempre compulsión.

En cuanto al primero de ellos (pérdida de la posesión) el mismo codificador se ha encargado de conceptualizarla en el art. 2453 cuando dice que "La posesión se pierde por la tradición que el poseedor hiciere a otro..." queda despejada entonces cualquier duda sobre la procedencia voluntaria de ella.

Respecto a "despojar" el diccionario de la Real Academia Española lo define como: "Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia" aunque también dice "Desposeerse de algo voluntariamente". Si atendemos a la literalidad de los términos, ni la pérdida de la posesión ni el despojo excluyen necesariamente la voluntad en el titular.- Si bien lo dicho aporta un principio de solución al caso, sabido es que la exégesis literal, aunque primus in tempore no es método exento de imperfecciones y no podemos contentarnos con él. Indaguemos entonces los antecedentes y encontraremos que en el Derecho Romano clásico, los interdictos posesorios eran el primer paso de la instancia petitoria y tenían por fin determinar quien tendría el papel de demandado en la reivindicación.

Entre ellos encontramos el de "recuperandae possessionis" una de cuyas modalidades era el "de precario" que se reconocía al que quería recuperar una cosa dada en precario. Esto demuestra que la reivindicación procedía tanto para el caso de desposesión viciosa como voluntaria.

Las Institutas (Libro Titulo VI par. 1 y 2) conceptualizan a las acciones reales cuando dicen que "o bien obramos contra alguno que de ningún modo nos está obligado, pero contra el cual suscitamos una controversia relativa a una cosa" en el parágrafo 2 aporta algunos ejemplos y nos dice que "es igualmente real la acción del que sostiene pertenecerle el derecho de usufructo de un fundo.

También existen relativamente a los derechos de ususfructo acciones en sentido contrario a las que preceden como si afirmamos que nuestro adversario no tienen derecho de ususfructo". Vemos entonces que el Derecho Romano tardío tampoco requería el vicio en la pérdida, bastando con el elemento objetivo, es decir una cierta relación entre el actor y la cosa perseguida.

Corrobora lo dicho el hecho de que a la acción podría intentarla el nudo propietario contra el usufructuario (por ejemplo cuando concluido el usufructo se negaba a devolverla) siendo el usufructo un contrato, es obvio que el usufructuante se ha desprendido voluntariamente del "ius utendi et fruendi" sin que ello sea óbice para la procedencia de la "reivindicatio".

Mas elocuentes aun son las Partidas donde podemos leer: "....Esso mismo dezimos que deue fazer si la demandasse por razon que otro gela aouiese empeñada e non la tuuiesse en su poderio o de otra manera por que tuuiesse que deuia ser entregado della" .- Nadie puede negar la influencia que tuvieron los textos aludidos en la redacción de nuestro Código Civil, máxime cuando el primero de ellos es citado expresamente en la nota al art. 2758.-- No podemos olvidar que en el título, nuestro codificador ha tomado como antecedentes principales la obra de Freytas, Pothier y Molitor. El primero de ellos abreva directamente en el Derecho Romano cuyas prescripciones hemos tratado anteriormente mientras que los segundos lo hacen a través de las construcciones propias del derecho medieval francés que estructuró la cuestión en dos "remedios" principales:

La Complainte con que contaba el poseedor que había perdido la posesión tanto voluntaria como compulsivamente y la Reintegrande de carácter policial y para el supuesto de desposesión viciosa. No parece razonable entonces interpretar que nuestro codificador se apartó de todos estos antecedentes y limitó la reivindicación sólo a la desposesión compulsiva.

Toda hermenéutica debe hacerse teniendo en cuenta no solo el método exegético e histórico sino principalmente la voluntad presunta del legislador, entonces ¿Qué quiso decir nuestro codificador con el término "despojo"?.

Es claro -para mi- que aludió tanto al desapoderamiento compulsivo como al desprendimiento voluntario y ello surge evidente de la nota al art. 2758 donde cita como ejemplo el caso del depósito y nos dice que el depositante tiene dos acciones, la propia del contrato de depósito y la reivindicación.

Paralelamente en la nota al art. 2787 dice "Siendo las demandas accesorias a la acción de reivindicación, demandas que nacen de obligaciones personales que el poseedor ha contraído de devolver los frutos que ha percibido....." Queda entonces en claro que si la acción de reivindicación puede coexistir con la acción personal de restitución, la reivindicación procede cuando el actor se ha despojado voluntariamente de la cosa.- Por último, tampoco debemos prescindir del análisis integrativo del art. 2776 con el resto de las normas que componen el código. En tal sentido encuentro que el art. 2760 dice "Son reivindicables los títulos de crédito que no fuesen al portador aunque se tengan cedidos o endosados...." no alcanzo a comprender una forma de endoso que no sea voluntaria y si la compulsión no es necesaria para la reivindicación de muebles no encuentro por qué debería serlo para los inmuebles.

Mucho mas contundente aun considero la letra del art. 3923 en cuanto dice que "El vendedor de cosas inmuebles que no ha dado término para el pago, puede reivindicarlo del comprador, o de terceros poseedores".

Tampoco estoy solo en la interpretación precedente; KIPER dice "También aquí el concepto de despojo debe ser amplio, comprensivo de todas las formas de desposesión, aun cuando no haya habido vicios (violencia, clandestinidad y abuso de confianza) ....

Si se restringiera esta norma al concepto técnico de despojo, se corre el riego de que ciertos actos de desposesión quedarían sin una acción real destinada a corregirlos" (KIPER, Claudio, Código Civil Comentado, Derechos reales T. II, Rubinzal Culzoni santa Fe 2004, Pág. 539 ).

En igual sentido se han expedido SALVAT (SALVAT, Raymundo M. "Derecho Civil Argentino, Derechos Reales" T.III TEA Bs. As. 1959, Pág. 686), BORDA (BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Derechos reales T.II), 488 MUSTO (MUSTO, Néstor Jorge "Derechos reales" T. II, Astrea Bs. As. 2000, Pág. 535) ALTERINI (ALTERINI, Jorge "Acciones Reales" Abeledo Perrot Bs. As. 2000 Pág. 62).

En cuanto a la jurisprudencia se ha dicho que "La expresión despojo contenida en el art. 2776 tiene un significado amplio, que comprende tanto el despojo propiamente dicho, como a la desposesión sin despojo (CNCiv. Sala G, D.J. 2002-1-330).- Respecto a los agravios referidos a la regulación de honorarios, en vistas a la conclusión a la que arribo, entiendo que corresponde adecuar las costas y los honorarios profesionales regulados de conformidad con el art. 279 del CPCC, lo cual me exime de pronunciarme con respecto a la apelación de los emolumentos fijados a los letrados intervinientes.- Por lo expuesto es que a la cuestión planteada voy a responder por la negativa.- A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:-- La sentencia apelada: A fs. 240/244vta., luce agregada la sentencia de fecha 03 de agosto de 2006 registrada bajo el Nro. 47, mediante la cual el Sr. juez de grado Dr. Claudio Alejandro Petris dispuso:

A) Rechazar la demanda de reinvidicación y pretensión accesoria del pago de servicios e impuestos reclamados, intentada por J. N. R. contra N. M. D.; B) Imponer las costas del proceso, así como las correspondientes a la citación del tercero B. H. a la parte vencida en virtud del criterio objetivo de la derrota que dimana del art. 68 del ritual provincial y C) Regular los honorarios de los profesionales actuantes en la presente causa.-- 2. Trámite posterior a la sentencia: Contra el acto jurisdiccional individualizado en el punto que precede, se alza en apelación la parte actora y también por considerar altos los honorarios regulados (v. fs. 249). De idéntica manera, el letrado apoderado del tercero traído a juicio B. H. S.A., Dr. R. A. V., apela los honorarios regulados en su favor, "por bajos". Dichos recursos son concedidos a fs. 250.- Que los presentes autos tienen ingreso en esta Cámara el pasado día 26 de septiembre de 2006 (v. cargo de fs. 257).-- Que a fs. 261/266 la actora apelante expresa agravios. Así también, a fs. 261 y vta. contesta el traslado conferido el tercero citado a juicio.-- Que habiendo vencido el plazo pertinente, la demandada N. M. D. no ha hecho uso del derecho que le confiere el art. 261 del ritual.- Que a fs. 270 se llama "autos para sentencia", practicándose el sorteo previsto por el art. 268 del C.P.C.C. según constancia de fs. 273.- 3. Los agravios invocados: Que se agravia la actora apelante por entender -en primer lugar- que "...conforme las constancias de autos, se han acreditado todos y cada uno de los requisitos para instaurar la presente acción." (v. fs. 261vta. párr. segundo), ello en referencia a los indicados por el Sr. juez apelado en el acto que ahora se ataca.

Así también por entender que la sentencia está afectada de "...falta de razón al determinarse la resolución recaída, contra los derechos patrimoniales de mi parte." (v. fs. 263 párr. segundo).

Así también, entiende que "La sentencia recurrida resulta arbitraria, contraria a derecho conforme variada jurisprudencia citada, material bibliográfico y hasta el propio criterio del Codificador esgrimido en sus notas.-" (v. fs. 265 vta.). Cita abundante doctrina y jurisprudencia que -dice- le asisten, para solicitar en definitiva se haga lugar al recurso articulado.- A su turno, y en ocasión de contestar el traslado conferido, el tercero citado, manifiesta su situación frente a la presente litis y solicita que oportunamente se dejen a salvo los derechos del B. H. S.A. y se le impongan las costas a quien resulte vencido (v. fs. 268 y vta.).- 4. Consideración de los agravios: Que la cuestión nuclear que campea los agravios invocados por la actora apelante resulta ser -como sostuvo el vocal preopinante- determinar si el actor ha cedido voluntariamente o no la posesión y -en el caso de ser afirmativa la respuesta- si tal voluntariedad constituye un obstáculo al progreso de la acción de reivindicación.

Dicha cuestión resulta tal por cuanto definirá la suerte de la apelación intentada. Luego deberá considerarse si los honorarios regulados se hallan dentro de los parámetros previstos por la Ley del Arancel Nro. 2200.- En orden a la primera cuestión planteada, debo advertir que en la acción de reivindicación que prevé el art. 2776 del Código Civil, la expresión despojo debe tomarse y considerarse en un significado amplio, que comprende tanto el caso de despojo propiamente dicho, como el de la desposesión sin despojo.

La reivindicación se justifica en ambos casos, pues el autor de la desposesión o del despojo carece de título para retener la cosa en su poder.

Por ello, si bien en igualdad de condiciones la ley privilegia la situación del poseedor (arts. 2363 y concordantes del Código Civil), una vez que el actor acredita su mejor derecho sobre el inmueble mediante título respectivo, la única posibilidad concreta que le asiste al demandado para detener la acción reivindicatoria, es probar que ha poseído durante el lapso requerido por la ley para que se configure la usucapión larga (art. 4016), y que oponga tal excepción o defensa en el juicio reivindicatorio (arts. 24, 2ª parte, ley 14159 y 3964 -y su nota- del Código Civil).

Si esto no ocurre, dado que el título de quien reclama se halla revestido de una presunción de legitimidad que para el demandado es absoluta e irresistible, no podrá resistir con éxito dicha pretensión. (v. "G. N., A. c/ C. De M., S. E. s/ reinvidincacion" - CNCIV - SALA G - de fecha 24/09/2001 y "C. de S., F. c/S., F. s/DIVORCIO" (Sentencia Definitiva - CNCIV - Sala H - Nro. de Recurso: H000000 - Fecha: 9-5-1996 - Vocal Preopinante: Dr. KIPER).- De la lectura de los arts. 2758 y 2776 del código sustantivo -ya transcriptos en el voto que me precede- corresponderá desentrañar el sentido de las expresiones "despojo" y "pérdida de la posesión": Así, conforme al diccionario de nuestra lengua, se confiere al término "despojar" -en su quinta acepción- la noción de "desposeerse de algo voluntariamente" (Fuente: www.rae.es).

De allí podemos colegir que el despojo o desposesión significa privar a alguien de lo que goza y tiene, sea con violencia o sin ella -en virtud de la quinta acepción del término "despojar"-.- Idéntica conclusión puede extraerse de la consulta de las fuentes en las que abrevó nuestro codificador, extensamente referenciadas por el vocal preopinante.

Y tal afirmación se refuerza si consideramos el espíritu liberal que subyace en su articulado, y que motivara de su parte, una especial consideración hacia los derechos que nacen de la propiedad.

Por otra parte, la doctrina es coincidente en afirmar que el término "despojo" utilizado en el art. 2776 del Código Civil debe ser interpretado en sentido amplio y comprensivo de todas las formas de desposesión y aunque no hayan existido vicios (cfr. citas realizadas en el voto precedente y que no reitero en homenaje a la brevedad).- 5. Consideraciones finales: Los conceptos expuestos se imponen, y en su consecuencia, habiéndose acreditado los extremos que viabilizan la acción de reivindicación en el sub lite, entiendo que la sentencia apelada debe revocarse, imponiéndose las costas al demandado vencido. Así lo voto.- Conforme a lo propuesto y lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, no corresponde el tratamiento de las apelaciones sobre costas y honorarios en razón a que corresponde adecuar las costas y los honorarios al nuevo pronunciamiento.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:- Conforme a lo expuesto al analizar la primera cuestión voy a votar por: 1) REVOCAR la sentencia de primera instancia en cuanto fuera motivo de agravios disponiendo en sustitutiva declarar procedente la acción reivindicatoria incoada, 2) ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C., las costas y honorarios determinados, imponiendo en definitiva, las costas, en ambas instancias, a la demandada y fijar los emolumentos por la labor en primera instancia, del Dr. S. en un 6%, del Dr. M. I. M. en un 3% y de la Dra. C. G. en un 14 % , del Dr. R. M. en un 10 % y los del Dr. R. A. V. en un 9 % en todos los casos del monto del proceso a determinarse de conformidad con el art. 23 de la Ley 2200, con más el IVA pertinente y 3) REGULAR los honorarios correspondientes a la labor en esta Alzada de la Dra. C. G. en un 8,33% del monto del proceso a determinarse (art. 14 del Arancel), con más el IVA pertinente.- A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:- Que conforme a lo expuesto en ocasión de votar a la primera cuestión, estimo que corresponde: I.- REVOCAR la sentencia apelada, declarando proceente la acción reivindicatoria intentada;

II.- ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C., las costas y honorarios determinados, imponiendo en definitiva, las costas, en ambas instancias, a la demandada y fijar los emolumentos por la labor en primera instancia, del Dr. S. en un 6%, del Dr. M. I. M. en un 3% y de la Dra. C. G. en un 14% , del Dr. R. M. en un 10% y los del Dr. R. A. V. en un 9% en todos los casos del monto del proceso a determinarse de conformidad con el art. 23 de la Ley 2200, con más el IVA pertinente y III.- REGULAR los honorarios correspondientes a la labor en esta Alzada de la Dra. C. G. en un 8,33% del monto del proceso a determinarse (art. 14 del Arancel), con más el IVA pertinente.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:- S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1°) REVOCAR en todas sus partes la sentencia Nº 47 de fecha 03 de agosto de 2006 (fs. 240/244).- 2°) HACER LUGAR a la demanda de reivindicación y pretensión accesoria del pago de servicios e impuestos reclamados, intentada por J. N. R. contra N. D. y, en consecuencia, condenar a esta última a restituir al actor en el plazo de DIEZ días de quedar firme la presente, el inmueble identificado como Lote .... y .....a, Fracción ..., Sección ...., del ejido de Epuyen, Dto. Cushamen, Provincia del Chubut, bajo apercibimiento de ordenarse el lanzamiento por la fuerza pública, y, en el mismo plazo, a pagar los servicios e impuestos adeudados por el período de ocupación.-- 3°) ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C., las costas y honorarios determinados, imponiendo en definitiva, las costas, en ambas instancias, a la demandada y fijar los emolumentos por la labor en primera instancia, del Dr. S. en un 6%, del Dr. M. I. M. en un 3% y de la Dra. C. G. en un 14 % , del Dr. R. M. en un 10 % y los del Dr. R. A. V. en un 9% % en todos los casos del monto del proceso a determinarse de conformidad con el art. 23 de la Ley 2200, con más el IVA pertinente.

4°) REGULAR los honorarios correspondientes a la labor en esta Alzada de la Dra. C. G. en un 8,33% del monto del proceso a determinarse (art. 14 del Arancel), con más el IVA pertinente.

5°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Benjamín Moisá de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, última parte del C.P.C.C., texto según Ley 4.550.- JORGE LUIS FRÜCHTENICHTGÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL Nº 09 DEL AÑO 2007. CONSTE. Norma Marrero Secretaria.-