marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, seguros, ley provincial
Materia: CIVIL
Carátula: González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

La sanción de la ley provincial 11.430 (1993) importó la adhesión implícita de esta provincia a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia nacional 692/92 que aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (art. 12, dec. 2254/92, a tenor de la invitación efectuada por la Nación, en su art. 16). La posterior entrada en vigencia en 1995 de la Ley de Tránsito nacional 24.449, que vino a sustituir el Reglamento Nacional de Tránsito (Dec. 2254/92) al mantener la exigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros (incluida la delegación de facultades a la autoridad en materia aseguradora para fijar o aprobar sus términos y condiciones básicos), sostuvo la decisión provincial de continuar admitiendo la delegación de competencias conforme al mecanismo establecido desde 1992 (conf. arts. 121, 122, 123, 126 y concs., Const. nac.), por lo que la posterior sanción de la ley local 13.927 sólo importó la adicional incorporación al ámbito provincial de todos aquellos aspectos reguladores del tránsito que hasta entonces no regían.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, acción de amparo, presunción de operatividad, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BESACCIA, NORBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida)-Recurso de amparo-  Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 215 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

No se advierte que el Tribunal a quo hubiere dejado de lado el artículo 17 de la Constitución provincial en relación a los recaudos de admisibilidad del amparo, desde que expresamente señala en la denegatoria que "...En la tarea de armonizar el art. 17 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el art. 43 de la Constitución Nacional se optó -sin ninguna duda- por la aplicación de la última, por las razones que explícitamente se expusieron. No sólo no se prescindió de los textos legales vigentes sino que se escogió, sin hesitar, la máxima ley: la Constitución Nacional...". Y tales fundamentaciones no alcanzan a ser debidamente desvirtuadas por la recurrente al alegar que, si bien no discute la "operatividad" del artículo 43 citado, la misma no puede ser entendida en el sentido de que la Provincia renuncie a ejercer una de las facultades no delegadas a la Nación como es la regulación en materia procesal, toda vez que, tal como acertadamente se expresa en el auto denegatorio, además de que no cuestiona dicha operatividad, la impugnante introdujo un hecho tampoco discutido ni negado por el Tribunal -la reserva de las provincias sobre cuestiones procesales- "...que en el caso se oponen, y así se ha explicado pormenorizadamente, a la propia Constitución Nacional, por la naturaleza operativa de ésta en la norma aplicada..."
Recurso de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Errocoundo, María A. c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

El recurso extraordinario carece en la especie de una réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, por lo que la insuficiencia impugnatoria, en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal. El impugnante se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas en su escrito de apelación, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por la alzada, alegando genéricamente sobre la inexistencia en cabeza del municipio de su deber de seguridad, sin rebatir el marco jurídico sobre el cual se asienta el fallo.(doctora Kogan, sin disidencia)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Reparaz, Liliana Guillermina Alicia c/ Aerolíneas Argentinas (Empresa del Estado) s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-22

Es improcedente la tacha de arbitrariedad que no sólo no se ha invocado expresamente sino que, aun cuando ello no constituye óbice decisivo a la admisión del recurso, se ha omitido toda referencia a garantías o derechos constitucionalmente protegidos y a su vinculación con los reparos formulados.
Competencia por el territorio, depósito bancario, liquidación de sociedades, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: B.C.R.A. c/ RODRIGUEZ, FRANCISCO Y OTRO s/ INHIBITORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

La entidad en que se realizaron los depósitos cuyo reintegro se peticiona, fue originalmente intervenida y actualmente se encuentra en etapa de liquidación dispuesta por el BCRA con domicilio en Córdoba. A ello cabe añadir la decisión de la actora de no abonar la imposición bancaria acerca de la cual se trata el sub-examine.

Surge, en la emergencia, que no deba litigarse en esta Cap. Fed. sino que, en consecuencia debe prevalecer el lugar en que se habían efectuado el depósito en la entidad intervenida y ahora en liquidación, y cuya devolución se impetra por lo que deviene, de modo necesario, la competencia del Sr. Juez Fed. titular del juzgado N. 2 con asiento en la ciudad de Córdoba.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, derecho al beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ale, Nélida Rosa s/ Inconstitucionalidad del art. 56 bis, de la ley 10.715. Tercero:  Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

El fin esencial de las normas previsionales es la protección del grupo familiar y que, precisamente, a él tiende el beneficio de pensión, que procura salvar el desequilibrio económico que produce la muerte de algunos de sus miembros, por lo que también el art. 56 bis de la ley 10.715 viola el derecho social, reconocido en la Constitución de la provincia luego de la reforma de 1994, de protección integral de la familia (art. 36 inc. 1).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba pericial, prueba crítica, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTROCOLA, ANGEL c/ FRENAR SA s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 253-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Debe rechazarse la queja si la pretendida prescindencia de prueba decisiva sólo traduce la disconformidad del quejoso con la valoración que del material fáctico de la causa efectuó el Tribunal En el caso, el agravio de haber prescindido de prueba decisiva, estribaría en no haber tomado en cuenta los efectos de la pericial y la conducta de la demandada.
Procedencia del recurso, pedido de quiebra, carga de la prueba, cesación de pagos, hechos reveladores
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfalfa y Forraje de la Patagonia Sociedad Anónima c/ Tenax Agropecuaria S.A. s/ solicita quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-03-04

El pedido de quiebra constituye una verdadera demanda, por lo cual el solo interés individual del acreedor peticionario no alcanza -al menos en una interpretación razonable- para equiparar esta vía procesal a la de cobro de un crédito. El acreedor solicita la falencia del deudor -por impotencia patrimonial para satisfacer regularmente sus obligaciones líquidas y exigibles- y no el cumplimiento de una obligación. Por estos motivos, el pretenso acreedor conforme a los arts. 83 y 84 de la LCQ debe demostrar y acreditar "prima facie" para que su pedido sea receptado: a) Que es titular de un crédito exigible contra el deudor cuya quiebra solicita; b) Los hechos reveladores del estado de cesación de pagos del sujeto pasivo de la petición y c) La calidad de sujeto concursable del último. Mediante documentación correspondiente, el peticionante de la quiebra ha acreditado su calidad de acreedor con un crédito exigible contra el sujeto pasivo de la petición de quiebra, cumpliendo el primer requisito. La deuda exigible acreditada contiene el elemento necesario para convertirla en un hecho revelador exigido por la LCQ, y ese elemento es la mora incurrida en el pago de la obligación por parte del deudor. Y el tercer requisito indicado está plenamente cumplido, dado que la resolución en crisis no examina el libelo de contestación del deudor, al no advertir que la carga probatoria se invierte habida cuenta que el acreedor acreditó los elementos que le exige la LCQ, entonces, le competía al deudor acreditar que no es tal la mora incurrida y por ende que se encuentra "in bonis", es él quien está en mejores condiciones de acreditar su situación de solvencia.
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heiderscheid, Ignacio J. G. c/ Cavana y Cía. S.C.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

La notificación de la regulación de honorarios implica una exigencia de pago, una manifestación coercitiva, una expresión categórica para que el deudor sepa a qué atenerse en caso de desoír la intimación y poder evitar la onerosa contingencia prevista -en caso contrario- por el art. 54 del decreto ley 8904/77. Por consiguiente, produciéndose la mora del obligado al vencimiento del plazo de 10 días posteriores a la firmeza de la providencia regulatoria, pues a partir de tal momento el retardo en el cumplimiento de la obligación se hace jurídicamente relevante y compromete la responsabilidad del deudor por las consecuencias jurídicas de una conducta que, desde entonces, resulta violatoria de las previsiones legales (art. 54 dec. ley 8904/77), no puede sostenerse válidamente que la fecha a partir de la cual se devenguen los intereses sea cuando se diligenció el mandamiento de intimación de pago (art. 509 Cód.

Civil).
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: YANELLO NASSER, CESAR AUGUSTO c/ BANCO MACRO S.A. s/ ORDINARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24

Esta Sala ya tuvo oportunidad de citar -por compartirla- la siguiente jurisprudencia: "el cargo jerárquico de quien incurre en irregularidades administrativas, violando los deberes de buena fe, fidelidad, diligencia y solidaridad exigidos por la normativa laboral, constituye un agravante de la pérdida de confianza" (CNTrab., Sala I, 24-6-88, T y SS 1988-625) ("Ferreira, Héctor Raúl c. Banco Macro SA - Ordinario"; Expte. Nº Cam - 5331/2;

05-02-2003; también, en "Maldonado, Carlos Dante c. Banco Macro Bansud SA - Ordinario"; Exped. de Cám. Nº 13.332/09).

Al respecto, la jurisprudencia se ha expedido como sigue: "Cabe calificar de injuriosa en los términos del art. 242 de la LCT la conducta de la funcionaria bancaria que configura infracciones de gravedad tal que viola normas expresas de circulares bancarias, demuestra una conducta por demás imprudente y contribuye a lesionar la imagen de la institución a que pertenecía, transgrediendo con su proceder los deberes de fidelidad y obediencia" (SCJBA, 27-10-87, "Pasut, Haydeé Rosa c/Banco Bragado Cooperativo Limitado s/ Indemnización por despido, etc.") (Revista de Derecho Laboral 2012-1. Derechos y deberes de las partes - I, pág. 386, 4.6. Empleado Bancario. Rubinzal - Culzoni).
Robo, robo con armas, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: G., M. N.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

El agravante del art. 41 bis del Código Penal resulta inaplicable a la figura del art. 165 del Código Penal, cuando el acto sustractor es cometido con el empleo de un arma de fuego, pues la reforma impetrada por la ley 25.882 al Código Penal introdujo la calificante del robo con la utilización de un arma de fuego. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Locación, alquileres, pago, mora automática, lugar de pago
Materia: CIVIL
Carátula: ALBOTTI DE BEARZOTTI, MARIA c/ VILCHE DE AZA, ANA M s/ CONTRATO DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

En el pago de alquileres, la mora se produce por el mero vencimiento del término, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial siempre que exista plazo fijado para el pago y convenido el lugar que no sea el domicilio del locatario o su representante.
Ahorro obligatorio, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Varela, Adriana Beatriz c/ Dirección General Impositiva s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La circunstancia de que el texto de la ley 23.549 tome como base para determinar la prestación debida por el contribuyente su situación impositiva de un ejercicio anterior a su sanción - con ciertas adiciones, sustracciones y ajustes - no autoriza a sostener que la obligación tributaria resultante se retrotraiga a ese período ni constituya un gravamen adicional a los pagados en él, ya que resulta claro que tal obligación corresponde a los ejercicios en los que debió ser cumplida, y recae sobre una capacidad contributiva cuya subsistencia en ese momento presumió el legislador.
Prueba pericial, pericia balística
Materia: PENAL
Carátula: Feijo, Carlos Alfredo s/ Asociación ilícita - Robo Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Los textos de los decretos 15.96ó6 y 3.880/77, se limitan a otorgar validez nacional a los certificados otorgados por la Academia Superior de Estudios Periciales de la Policía Federal, lo que no significa que puedan desempeñarse como peritos balísticos únicamente aquéllos que posean esa certificación, ni que exista la reglamentación legal que exige el art. 155 del Código de Procedimiento Penal.
Taxistas, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: VIERI, PANTALEIMON c/ SU DIS TAXIS SA. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-19

Los conductores de taxis que trabajan en forma subordinada y cuya retribución consiste en un elevado porcentaje de la recaudación diaria, son asimilables a los corredores remunerados exclusivamente a comision, a los que el decreto 16115/33 exceptúa de la jornada de trabajo; el exceso en la jornada establecida por la ley 11544, no debe juzgarse conceptualmente trabajo extraordinario (conforme sala 5, sentencia numero 30179, 13 de septiembre de 1982, 'Ale, Roberto c/ Goltap SCA.').
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, actos y diligencias procesales, acción de amparo, Derecho constitucional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ten, Luis Américo y otros c/ Municipalidad de Salta s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-24

La acción de amparo constituye un remedio constitucional de carácter excepcional establecido para los supuestos en que no existe un medio o instrumento judicial apto y capaz de evitar o subsanar la amenaza o lesión arbitraria de un derecho constitucional.

En efecto, el artículo 43 de la Constitución Nacional establece en su primera parte que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos u garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

"Por su parte la Constitución Provincial en su artículo 87 dispone que "La acción de amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad, excepto la judicial, o de los particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente, cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado."
Parentesco por afinidad, sucesiones, vocación hereditaria, derecho de representación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BERNER, Julio y ORTEGA, Gladys Norma s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-07

El parentesco por afinidad, es un vínculo eminentemente jurídico, que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. De ahí que del juego armónico de los artículos 363 y 3551 del Código Civil surge que el hijo no puede concurrir en representación en la sucesión de la cónyuge en segundas nupcias de su padre, por no tener vocación hereditaria respecto de la nombrada. Ello sin desconocer la existencia de alguna opinión en contrario. (Sumario N°20258 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Impuestos internos, IVA, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO s/ DENEGATORIA DE REPETICION - IMPUESTO INTERNO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Los impuestos internos y al valor agregado no tienen un régimen idéntico ya que comprenden hechos imponibles que difieren entre sí, con particularidades específicas que impiden concluir una similitud que no surge de la hermenéutica de la ley, de la economía general del tributo, ni de la finalidad del legislador al determinar la imposición al consumo específico o general.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, Eduardo A. c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

Tratándose de una regulación de honorarios provisorios, el juez no se encuentra acotado por pautas rígidas, debiendo hacerlo en forma prudencial y según las modalidades de cada pleito (confr. esta Sala in re Inc. de regulación de honorarios anticipados en autos Baites S.A. , del 29-9-92).
Impulso procesal, impulso de parte, querella, defensa en juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: SCHOLOTTHAVER, Mónica s/ Causa 2.663
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

La imposibilidad de compulsa de las actuaciones a la querella por no haberse recibido declaraciones indagatorias, no sólo lesiona su derecho de defensa, garantizado por igual a todas las partes del proceso (art. 18, C.N.) , sino que, además, tratándose del accionante el que requiere su examen, impedírselo desnaturaliza su función en el proceso; ello es así desde que, a instancia suya precisamente, se impulsa la investigación y mal puede cumplirse acabadamente ese papel si le es desconocido todo cuanto se ha actuado en la causa.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, fallo plenario, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Industria c/ Saab Scania Argentina SA. s/ PROMOCION INDUSTRIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La sentencia de la sala, con posterioridad a la cual se dedujo el recurso de inaplicabilidad de ley, es la definitiva a los fines de la interposición del recurso extraordinario, si los agravios expuestos se refieren a cuestiones disímiles de las resueltas en el fallo plenario (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López y del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Delito penal, acción, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Fly Machine S.R.L. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

La construcción del concepto jurídico-penal de acción halla un límite concreto en ciertas coordenadas constitucionales en cuya virtud los delitos, como presupuestos de la pena, deben materializarse en conductas humanas, describibles exactamente en cuanto tales por la ley penal (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, agentes en tránsito, inmunidades diplomáticas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ortiz Ramírez, Luis Ramón s/ su denuncia de hurto -Causa N. 31.947.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional y el art. 24 inc. 1, del decreto-ley 1285/58, en cuanto atribuyen jurisdicción originaria a la Corte Suprema para entender en las causas concernientes a embajadores y ministros públicos extranjeros no deben considerarse referidos tan sólo a los agentes diplomáticos acreditados ante nuestro gobierno sino también a los que se encuentren en tránsito por la República con fundamento en lo dispuesto por el art. 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en cuanto estipula las mismas inmunidades en uno y otro supuesto.
Litisconsorcio necesario, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llovet, Graciela c/ Gubia, José s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Cuando se persigue la declaración de falsedad de un instrumento público, debe dirigirse la acción contra todos los intervinientes en el mismo, INCLUSIVE el escribano otorgante, por tratarse de una hipótesis de consorcio necesario. El incumplimiento de esa exigencia, que incluso debe ser dispuesta de oficio por el juez (art. 89 del CPCC), acarrea la nulidad de las actuaciones.
Animus domini, prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: VELÁZQUEZ MARÍ AZUCENA Y OTRA c/  s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-16

El pago de impuestos y tasas que gravan el inmueble si bien exteriorizan el "animus domini" y tienen un valor complementario, es ineficaz para probar el "corpus", no constituyendo un acto propiamente posesorio, al igual que la confección de los planos de mensura y de las fichas de transferencia, reflejando simplemente el cumplimiento del recaudo previsto por el art. 669 inc. 1º del CPCyC
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Zoccolillo Bonada Arian Marcos c/ Geraci Emiliano Matías y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales s/ Daños Derivados de Accidentes de Tránsito P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-04

En materia de eximentes de responsabilidad civil, la liberación del dueño o guardián puede ser total o parcial. La primera se producirá cuando se acredite que la conducta de la víctima ha sido exclusiva causa del daño. Es decir, que el hecho de la víctima, puede llegar a ser la causa adecuada, exclusiva o concurrente del daño, en razón de la eficiencia para destruir la conexión causal que debe mediar entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño. La falta de relación causal, destruye el presupuesto de la autoría y provoca la ausencia total o parcial de responsabilidad (ídem: LS 330-041).