Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: 169 San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Octubre de 2006.Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 127/05 "NIEVA, Héctor Oscar c/ Ministerio de Educación y Cultura y Estado Provincial- Acción de Plena Jurisdicción y Anulación" y- CONSIDERANDO:

1- Que a fs. 89/96 vta. comparecen las apoderadas del Estado Provincial oponiendo excepción de incompetencia del Tribunal como de previo y especial pronunciamiento, con fundamento en la improcedencia de las acciones incoadas por la parte actora en contra de la Resolución Ministerial ECC y T Nro. 2247/05, por entender que se ha omitido agotar la vía administrativa.

Que en forma subsidiaria contestan demanda solicitando su rechazo , con costas. Manifiestan que la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legislación emite con fecha 22/09/04 Disposición D.A.J. y L. Nro. 46/04 por la cual se deja sin efecto el sumario administrativo instruido en contra del accionante.

Que en virtud de ello, solicita el levantamiento de la suspensión en funciones y haberes dispuestas y su reintegro al cargo de Secretario Legal y Técnico de la Escuela de Minería Bernardo Houssay como a las horas cátedra que dictaba, y que se le abonen los salarios caídos más los intereses correspondientes que fueran dejados de percibir desde el dictado de la Resolución Interna U.P.E. (E.T.) Nro. 054/95, que dispuso la instrucción del sumario y separación del actor en todas las tareas, cargos y funciones que desempeñaba en el nombrado establecimiento, sin goce de haberes.- Que contra la Disposición D.A.J. y L. Nro. 46/04, el accionante interpone Pronto Despacho el 29/12/05.

Por Resolución Ministerial ECC y T Nro. 2247, de fecha 20/10/05, no se hace lugar a lo solicitado, acto administrativo que le es notificado el 27/10/05 y contra el cual no articuló ningún remedio procesal.

Expresan las representantes de la parte demandada que, previo a entablar la presente acción, se debieron incoar los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio en los plazos previstos por el Art. 120 la Ley 3559.

Que al no haberse interpuesto dichos remedios, la Resolución Ministerial ECC y T Nro. 2247/05 se encuentra firme y consentida en sede administrativa, lo que impide, a su criterio, el examen de la cuestión por este Tribunal.- Que por ello corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por su parte, en virtud de lo prescripto en el Art. 12 Inc. c), 2a. parte y d) de la Ley Nro. 2403.

Que corrido traslado a la contraria a fs. 92, es contestado a fs. 97 y vta., solicitándose el rechazo de la excepción planteada y la prosecución del trámite principal.- Que corrida vista de ley, el Sr. Procurador de la Corte de Justicia emite a fs. 100 y vta. Dictamen Nro. 76, propiciando el rechazo de la excepción de incompetencia planteada, por los argumentos que expone.- Que a fs. 101 se dicta el proveído que ordena autos para resolver, quedando la cuestión conclusa y en estado de emitir pronunciamiento.- 2- Que liminarmente corresponde precisar, siguiendo la jurisprudencia de esta Corte de Justicia sentada en numerosos precedentes, que la admisión de las acciones en los términos del Art. 3º del C.C.A. es "prima facie" y no causa estado, puesto que los verdaderos antecedentes surgen del estudio prolijo y circunstanciado de las actuaciones cumplidas en la causa, y el Tribunal se encuentra habilitado -aún de oficio- para verificar la satisfacción de los presupuestos procesales al resolver en definitiva, o cuando su incompetencia se plantea como excepción de artículo de previo y especial pronunciamiento, como acontece en el sub-lite.

En sentido concordante, la doctrina ha establecido que, "... no obstante la resolución que declara la competencia y la habilitación de la instancia, aún cuando haya sido resuelta por el tribunal, el Estado o ente público de que se trate pueden oponer cualesquiera de las excepciones que son comunes a todos los juicios o las específicas de la materia contencioso administrativa, alegando el incumplimiento de algún requisito de admisibilidad.

Ello es así, porque al no haber sido parte en el trámite de habilitación de instancia, la decisión que recaiga no tiene efecto de cosa juzgada ni produce preclusión alguna." (Conf.: Luqui, Roberto Enrique, "Revisión Judicial de la actividad administrativa". T. II, p. 302).- De allí que, en el ejercicio de su jurisdicción, esta Corte de Justicia debe proceder a tratar la excepción de incompetencia en los términos del Art. 25, Inc. 1º del C.C.A. y analizar la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la acción.- 3- Que la excepción articulada es la de uso más frecuente en los procesos contenciosos administrativos y se le da un alcance particular permitiendo controvertir, no la competencia del tribunal -en el sentido atributivo de competencia de otros ordenamientos procesales- sino en el sentido de verificar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la acción o demanda, y que según el código de la materia -Art. 25, Inc. 1º- sólo puede sustentarse "en que la resolución reclamada no da acción contencioso administrativa o en que la demanda ha sido presentada fuera de término", es decir, que sólo puede fundarse en la naturaleza de la resolución recurrida y/o en la fecha en que la demanda se presenta.- Aclarando el concepto, el autor precedentemente citado expresa: "que si las excepciones conciernen al vencimiento del plazo de caducidad, o a la falta de agotamiento de la instancia administrativa o de la reclamación administrativa previa -cuando ésta es necesaria- ..., las excepciones se tratarán como perentorias, pues atañen a la pretensión y no al proceso" (Con.: Ob. Cit., p. 303).- 4- Que conforme a la exégesis expuesta, debe analizarse la procedencia de la excepción articulada, con fundamento en la plataforma fáctica.- De ello resulta que mediante las acciones interpuestas por la actora, se impugna la Resolución Ministerial ECC y T Nro. 2247/05.

Al efecto corresponde señalar que este último acto administrativo, dictado como resultado de las actuaciones anteriores, es el que debe analizarse para determinar si la cuestión traída a decisión de este Tribunal reúne los requisitos legales necesarios para habilitar la instancia jurisdiccional de esta Corte de Justicia, que es estrictamente revisora del accionar administrativo y que, atento al estado procesal de la causa, establecen la procedibilidad de la acción.- En esa inteligencia, la actividad administrativa desplegada por el accionante a partir de la notificación del acto por el que se deja sin efecto el sumario iniciado, a los fines de lograr su restablecimiento en los cargos y funciones desempeñados antes de su suspensión, como así también el pago de los salarios dejados de percibir como consecuencia de ello, debe considerarse concluida con la emisión de la Resolución Ministerial cuestionada que deniega lo solicitado.

Que, en el caso, el Ministro del rea de educación es autoridad de última instancia y por tanto el acto administrativo dictado por dicho funcionario en uso de atribuciones legales que le son propias debe considerárselo definitivo, de conformidad a lo prescripto por el Art. 122 -2do. par grafo -última parte- del C. Proc. Adm., circunstancia que habilita a la parte actora para accionar en justicia, conforme lo disponen los Arts. 1º, 5º y 7º del C.C.A..

Que respecto de la necesidad del planteo de recursos reclamado por la demandada, resulta imprescindible esclarecer que, conforme lo sostenido por este Tribunal (Autos Corte Nro. 06/03 "PAU, Gabriel Dante c/ Cámara de Diputados y Estado Provincial- Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción), no es preciso interponer recurso de reconsideración para tener por agotada la vía administrativa, cuando ha existido reclamaciones previas al dictado del acto administrativo de autoridad de última instancia, ya que la Administración ha tenido oportunidad de merituar los fundamentos del reclamo, de allí que exigirle al accionante la presentación de un recurso cuando existe pronunciamiento de autoridad de última instancia, en el que se tuvo en cuenta los reclamos previos al acto, importaría un ritualismo inútil.- Por todo ello y lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Corte de Justicia en su Dictamen Nro. 99/06, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, debiendo continuarse con la causa según su estado.-2) Costas a la parte demandada.- 3) Protocolícese y hágase saber.-