marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, costas, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MATTANA, CARLOS ALBERTO ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO GERBASI, FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION GALLUCCIO, RAUL RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION MESA, OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION DEPETRIS, CARLOS MARIA DEL CORAZON DE JESUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION MORELLO, FANI OLGA OÑATE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION AGUILAR, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION BENITEZ, CARLOS MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION ALVAREZ, ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01|1992-09-01

La imposición de costas efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no comprende las propias de la instancia local, que deben ser resueltas al ajustar el fallo local al del Alto Tribunal.
Contrato de trabajo, laboratorios, subcontratista, obligaciones solidarias, vacunación de animales, vacuna antiaftosa
Materia: LABORAL
Carátula: BARRETO, ROBERTO c/ INSTITUTO ROSENBUSCH S.A Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-13

El laboratorio que elabora vacunas antiaftosa no es solidariamente responsable, en los términos del art. 30 LCT, con respecto al dependiente de la empresa que le provee el epitelio sublingual bovino, una de las materias primas necesarias para la elaboración de la vacuna citada. Esto es así, toda vez que se da en el caso una relación comercial entre las empresas por la cual una de ellas suministra materia prima a la otra, pero tales servicios contratados no complementan o completan su actividad normal.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Strobino, Bruno Roberto s/ Infracción art. 33, dec. ley 6582/58
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial por haber invocado la Cámara conjuntamente los arts. 239, 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal, si la alzada concluyó que los elementos computados por el Juez de primera instancia para dividir la confesión del procesado resultaban suficientes para formar, también, prueba presuncional, enumerando los indicios valorados y citando las normas legales reguladoras de ambos métodos.
Privatizaciones, propiedad participada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA, Juan Carlos y Otros c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones y Otro s/ Programas de Propiedad Participada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

La ley 23.696 de Reforma del Estado promulgada el 18 de agosto de 1989 no incluyó a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) dentro de las empresas declaradas "sujeta a privatización", destinado a los Programas de Propiedad Participada (art. 21 y Anexo 1 de la ley 23.696) sino que fue sometida al régimen de "CONCESIÓN" quedando regulada por el Capítulo VIII de la ley. En consecuencia, no corresponde reconocer los derechos accionarios en el programa de propiedad participada de la privatización de ENCOTESA o bien, en subsidio, una indemnización sustitutiva. a los trabajadores y ex trabajadores de la citada empresa.
Juicio de desalojo, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: Bp Construcciones S. A. c/ Arancibia Juan Javier Y Otros s/ Desalojo (Excepto Por Falta De Pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Corresponde rechazar la demanda de desalojo intentada contra quien invoca la calidad de poseedor animus domini del inmueble, pues del material probatorio aportado por el demandado surge un status jurídico capaz de repeler el derecho invocado por la actora - domicilio del accionado, medidor de electricidad a su nombre, declaraciones de testigos-, y la controversia sobre derechos reales debe tramitarse en juicio aparte y por la vía procesal que se estime más conveniente.
Reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción, aplicación analógica de la ley, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 80707 - QUIROZ, NÉSTOR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-08-11

El desconocimiento del efecto interruptivo de la prescripción del reclamo administrativo previo, otorgándole carácter meramente suspensivo por el término de un año, generaría una irremediable inseguridad jurídica acerca de la persistencia de los derechos que contraría el principio "in dubio pro actione" y al carácter restrictivo que cabe predicar de la prescripción, particularmente en el ámbito administrativo.

Se dejaría en manos de la Administración, quien sería juez y parte, la suerte de la proyección o dilación de los procedimientos, configurándose en una verdadera emboscada para el administrado reclamante. ( Voto ampliatorio Dr. Romano.)
Condena condicional, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOSA RAMOS, W.B. s/ inc. de exc. Causa nro. 11.868
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

A la consulta del segundo supuesto previsto en el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación -posibilidad de condena de ejecución condicional- ha de arribarse de no encontrar la situación del imputado favorable acogida en el primero -tope máximo de ocho años en la escala penal del delito o delitos que se le imputan-.
Funcionarios judiciales, jueces, juicio político, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, jubilación de magistrados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Acreditado en autos la pública y extensa carrera judicial del titular a la fecha del cese y, específicamente, los largos más de cuatro años como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exige el art. 2 de la ley 24.018 para adquirir el derecho al goce de la asignación mensual vitalicia, corresponde confirma la sentencia del a quo que ordenó otorgar el beneficio previsto en los arts. 2, 3 y cctes. de la ley referida. Ello en virtud que, reunidos los requisitos especiales para obtener el beneficio de jubilación de magistrado, no se pierde el derecho a ese tipo de prestación si el requisito general de años de edad se cumple con posterioridad a haber cesado en la función; máxime teniendo en cuenta la redacción del art. 9 de la citada normativa, que se refiere a "Magistrados y Funcionarios que hayan ejercido o ejercieren los cargos comprendidos en el art. 8.", con lo que queda consagrado que el derecho adquirido se consolida al reunirse los requisitos legales, sin estar sujeto a otra condición. Así se propicia por cuanto la introducción del vocablo "o" en el art. 3 de la ley de marras, en lugar de "y" -como sí lo hace el art. 8 para los demás jueces y fiscales-, muestra a las claras que los requisitos exigidos para acceder al beneficio no son acumulativos; sólo basta con acredita alguno de los tres que exige la norma para lograr la adquisición del derecho. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Prefectura Naval, capitán, diario de navegación, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HAHN, Carlos Horacio c/ PREFECTURA NAVAL ARG. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

En el art. 209 de la ley 20.094 se establece una distinción respecto al valor que ha de darse a los asientos que el capitán efectúe en su actividad como oficial público (integrada por los actos que se enumeran en la ley en su Cap. V, Secc. 1ra., en especial en su art. 123), y aquél muy distinto y sujeto a apreciación judicial de los restantes, que en lo que aquí interesa son los prescriptos en su art. 86, inc. a). De tal manera, no habiéndose proporcionado en su favor ningún otro elemento que los avale, no se advierte por qué han de ser por vía de principio preferidas las constancias del infractor a aquellas recogidas por la inspección de la Prefectura Naval, para fundar con ellas la exculpación del sancionado.
Reajuste jubilatorio, moratoria previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Medina, Genaro c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-13

En orden a la equiparación de las categorías autónomas aportadas, ha de señalarse que la cuestión ha sido objeto de consideración en reiterados pronunciamientos de esta Sala y el criterio discernido en esos casos (computar el total de las categorías aportadas aun cuando el régimen aplicable era el de la ley 18.038 y sus modificatorias que sólo mencionaba los últimos 15 años de aportes) fue avalado el 20.05.03 por la C.S.J.N. in re "Makler, Simón c/ A.N.Se.S s/ Inconstitucionalidad ley 24.463", no resultando susceptibles de ajuste alguno los períodos incluidos en la moratoria que posibilitó el acceso al beneficio (leyes 24.476, 25.865 y 25.994 -art. 6-), por los argumentos vertidos en casos análogos (cfr. causas: 56199/11 "Spampinato Graciela c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios" y 46387/10 "Usseglio Alcides Pedro c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios", en las que recayeron sentencias definitivas Nros. 147637 del 03.09.12 y 147638 del 03.11.12, publicadas en Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. nro. 55 - Año 2012 (la primera de las nombradas) y Abeledo Perrot on line Nros.: AP/JUR/3996/2012 y AP/JUUR/4273/2012 (ambas), respectivamente).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castelao, José c/ Diz, Marcelo Luis s/ Sumario cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

La contracautela, que se basa en el principio de igualdad, reemplaza en cierta forma la falta de bilateralidad o controversia, habida cuenta que las medidas cautelares son ordenadas "inauditapars" (art.

198 C. Procesal) y asegura al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños, si el derecho alegado por el cautelado no existiere o no llegare a actualizarse, y tanto ello es así, que la ley ordena expresamente que el juzgador "sólo podrá" decretar medidas cautelares bajo caución del peticionario, debiendo graduar la calidad o monto de la misma de acuerdo a la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. Asimismo, cabe tener presente que el equilibrio de la justicia impone que mientras menos recaudos se exijan para decretar una medida precautoria, más severo ha de ser el criterio para apreciar y disponer la suficiencia de la contracautela.
Personal municipal, retribución por cese
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Navas, Roque Ismael c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El objetivo de la norma que estatuye el beneficio especial por cese (art. 23 inc. g, Ord. Gral. 207) es el de premiar con un plus remunerativo a los agentes que han trabajado durante treinta años en relación de dependencia, sin que resulte justo ni equitativo excluir a aquellos que por decisión de la autoridad cumplieron en la comuna un lapso menor desentendiéndose del principio general que surge ínsito del texto de la citada norma (en el caso, se produjo la transferencia del actor de la órbita provincial a la municipal, es decir, que la antiguedad en los servicios no los cumplió en la Municipalidad sino que con ellos completó el período exigido por la norma). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Collantes, Ernestina del Carmen c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-28

Si del resultado de la pericia química se determinó la existencia de alcohol etílico en sangre de la víctima que se corresponde con el grado de euforia, lo que implica, conforme al informe médico, una intoxicación alcohólica aguda cuyas características complican notoriamente la capacidad de conducción de motocicletas, produce visión borrosa, pérdida de nitidez e incapacidad de calcular las distancias a que se encuentran los objetos, no surge la mínima razón para disentir con el informe técnico, mientras que las razones impugnadoras expresadas por la actora en nada lo conmueven, en tanto fue realizado desde el punto de vista que tal estado genera en la conducción de motocicletas y no en vinculación con la extensión de disturbios que la euforia provoca en la memoria o el aspecto volitivo del agente.

Además, si bien de las fotografías anexadas no puede verificarse ni constatarse con claridad si el rodado tenía o no luces y si éstas resultaban adecuadas para desplazarse en horas de la noche, tal factor, en uno u otro caso, no beneficia la posición de la víctima.

Es que si no tenía luces, la culpa grave fluye por sí sola; por el contrario, si las tenía, ello implica que igualmente hubo una conducción sin las precauciones suficientes para tener el pleno dominio del rodado, sobre todo cuando la ruta en el sector ensanchado hasta llegar al lugar del accidente es una línea recta de aproximadamente 800 mts., no existe curva alguna y tiene una amplitud cercana a los 24 mts. y de 12 mts. a la altura donde se encuentra la alcantarilla.

Ergo, la alcantarilla como obstáculo inerte no fue la única causa relevante para provocar el resultado dañoso, sino que también ha concurrido el propio y autónomo accionar del malogrado motociclista en el encadenamiento causal.

En consecuencia, corresponde confirmar el fallo del Inferior que determinó la culpa concurrente de la víctima (85%) y la demandada -Municipalidad responsable por la obra en la ruta (15%)- en la causación del daño provocado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENA DE MAURO MARIA ELENA c/ FONTANA RUBEN J.D.Y OTRO s/ SUMARIO POR INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-13

La sentencia de Cámara confirma la del inferior aunque modifica el monto de la condena,por lo que debe considerarsela confirmatoria hasta la suma a que queda reducida,y si por el contrario la sentencia de Cámara hubiera elevado la condena seria confirmatoria hasta la suma fijada por el inferior.La carga de depositar existe entonces del carácter confirmatorio de la sentencia: el deber existe en la medida en que exista confirmación. No habiendo efectuado el depósito legal,el recurrente, debe declararse que el recurso ha sido mal concedido.
Transporte de pasajeros, caso fortuito, fuerza mayor, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Décima, Carlos Alberto c/ Ferrovías S.A.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

El actuar de delicuentes no puede encuadrarse como caso fortuito o fuerza mayor dado que por ser corriente y asiduo en los medios de transporte de nuestra ciudad resulta públicamente conocido, y el incremento notable de violencia en los últimos tiempos provoca que sean tomadas como cotidianas no sólo en el transporte automotor, sino también en otros, rigiéndose todos los supuestos por las mismas normas al no existir una diferencia ontológica que requiera de un tratamiento distinto (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Ejecución de sentencia, liquidación, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: MERELLANO, ANDREA MARGARITA Y OTROS c/ YPF s/ LESION O MUERTE DE PASAJEROS TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

En tanto en la liquidación presentada por la actora medió notorio apartamiento de la cosa juzgada, su corrección comportaba una facultad-deber para el sentenciante, toda vez que el error no puede ser erigido en fuente de indebidos beneficios. A ello no se opone el argüido silencio de las contrapartes pues la renuncia a prevalerse de los derechos adjudicados en el fallo no se presume, art. 874 del C.Civil, y no puede ser derivada, sin más, del mero hecho de no haber cuestionado las cuentas; máxime cuando, frente a la reliquidación de la actora, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro propuso su propio resumen en términos que significaban una clara discrepancia con el criterio seguido por los actores. Por lo demás, relativamente al reconocimiento de una obligación natural, impredicable respecto de la citada en garantía puesto que su débito no excede los términos del contrato de seguro, resulta claro que no ha mediado una conducta que, expresa o implícitamente, demuestre de modo inequívoco la voluntad de YPF de admitir en la actora un mayor derecho que el que le fue reconocido en la sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna, obligaciones de dar sumas de dinero, división de poderes, control de constitucionalidad, reformatio in pejus, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rosillo Sacramento, Nelba Guillermina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

La Cámara no incurrió en la afectación constitucional del debido proceso y la defensa en juicio por transgredir la prohibición de reformatio in peius, pues no varió el derecho reconocido en la sentencia de la anterior instancia sino la forma de hacerlo efectivo a fin de garantizar plenamente las prescripciones constitucionales que rigen la materia de autos (voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juárez de Grad Juana c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Si los actos por los que se acuerdan los beneficios previsionales no son constitutivos, sino declarativos de los derechos de los peticionantes la sentencia que reconoció el derecho a la jubilación del causante, no fue lo que dio lugar al nacimiento del derecho a percibir el beneficio pensionario, sino el fallecimiento del afiliado en actividad o con derecho a alguno de los beneficios establecidos en la ley -art. 56 ley 6742-).
Ley de empleo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Pedro del Carmen c/ Liberti, Antonio y/o Petineo s/ HABERES ADEUDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-19

A los fines de aplicar la multa que establece la ley nacional de empleo se exige, para que la intimación produzca los efectos previstos en la misma, que la relación laboral se encuentre vigente al tiempo del reclamo. En relación a ello cabe puntualizar que el objeto de la mencionada ley ha sido fomentar el empleo y atenuar los efectos de la desocupación, sin perjuicio de regularizar las situaciones de empleo no registrado, procurando la inscripción de todos los trabajadores dependientes en un sistema único de registro laboral, para evitar los posibles fraudes y asegurarles los beneficios de leyes sociales. Por consiguiente, si la intimación como condicionante de la motorización de la indemnización buscada por esta vía se cursa en abril/95 cuando la relación se dio por concluida en enero/91, no hay razones de formas por un lado para acceder a lo peticionado ni tampoco argumentos de orden sustancial que nos permitan aseverar que a pesar de la extemporaneidad puntualizada igualmente se resguarda el objetivo protegido de la normativa bajo análisis. De ello se infiere la improcedencia del reclamo.
Libertad provisional, delitos militares
Materia: PENAL-MILITAR
Carátula: López, Ramón Ángel s/ incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

Existiendo en materia militar una normativa específica que rige el punto concerniente a la recuperación de la libertad provisional del incusado, no cabe la aplicación supletoria de las reglas procesales comunes, ya que expresamente el art. 445 bis, inc. 9, del Código de Justicia Militar la prevé para "resolver las cuestiones no previstas en esta ley", lo que no ocurre en el presente. Máxime cuando, además, las reglas sustantivas castrenses tampoco contemplan la condenación condicional respecto de delitos esencialmente militares (art. 512 del C.J.M.).
Registro de marca, marcas confundibles, oposición al registro de marca, derechos adquiridos
Materia: CIVIL
Carátula: Dorsay Ind. Farmacéutica  LTD. c/ Farmasa Farmacéutica Arg.  S.A. s/ Oposición al reg. de marca (Ordinario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Si la cuestión fuese considerada reflexivamente de respuesta dudosa, la solución a alcanzar sería vedar la coexistencia desde que debe ser preferida la marca registrada - que constituye un derecho adquirido - sobre la pretendida - que no excede el campo de la mera expectativa -.
Incapacidad laboral, reglas de la sana crítica, apreciación de la prueba, dictamen pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Vergara, José Daniel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-12

El dictamen pericial médico que fija el grado de incapacidad laborativa de la víctima, es, consecuentemente, apreciado por el juez de acuerdo a la regla de la sana crítica; las conclusiones del perito médico no obligan al magistrado, pudiendo éste establecer el grado de incapacidad que considere conveniente, ya sea por otra pericia decretada para mejor proveer, por contar con otros informes de carácter científico o por resolución debidamente fundada.
Defensor, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

En materia tan delicada como es la que concierne a la defensa en sede penal es necesario que, tanto en primera como en segunda instancia, los juzgadores estén legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión, incluso contra la voluntad del procesado.
Medidas cautelares, usurpación, restitución del inmueble, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HUAROTO LAZO, Jaime y otros. s/ USURPACION-PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-27

Corresponde ordenar la restitución del inmueble, conforme lo establecido por el art. 238 bis del C.P.P., que faculta el inmediato reintegro de la posesión en los casos en los cuales, de la investigación realizada, se desprende que los legítimos tenedores fueron despojados de la tenencia del inmueble.