Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


O., F. J. Reg.: A y S t 198 p 220-224. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada del actor civil "Vecco Gatti S.R.L." contra la sentencia 290 del 3 de octubre de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "O., F. J. -Su denuncia- (Expte. 647/03)" (Expte. C.S.J. nro. 17, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó el auto 977 del 16.12.2002 -por medio del cual el Juez en lo Penal de Instrucción Número Tres de Rosario dispusiera la nulidad de las notificaciones realizadas al Fiscal y a las partes y que se realicen nuevamente- y consecuentemente los actos posteriores, incluido el auto 353 del 28.04.2003, declarando firme la resolución de archivo 872 obrante a fojas 363/364 "rebus sic stantibus" en cuanto fue materia de recurso, con costas (fs. 1/2).

En el memorial recursivo (fs. 4/15), tras un relato de los avatares de la causa, la apoderada del actor civil "Vecco Gatti S.R.L." reputó arbitraria a la sentencia de segunda instancia, en primer lugar, por cuanto aprueba sin razones sustantivas la decisión que fuera objeto de impugnación por la Agente Fiscal, por lo que la arbitrariedad contenida en la resolución de grado no fue analizada por el A quo con un criterio estrictamente formal.

Asimismo, se agravió acerca de que la Cámara limita la posibilidad impugnativa del Fiscal cuando no mostró disenso con la resolución y que por petición del actor civil impugne su propia notificación, sin analizar ello en el contexto de arbitrariedad, puesto que en definitiva la respuesta del actor civil a los agravios no fue considerada, plasmándose un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso. Adujo que la decisión afecta derechos y garantías del actor civil correctamente constituido y formalmente legitimado que ha sido excluido caprichosamente de la posibilidad de impugnar la resolución que lo afecta.

En tal sentido, puntualizó que la resolución, al dejar firme el archivo (arts. 200 y 185, C.P.P.), le genera un perjuicio no sólo por excluirlo de la facultad de impugnar, sino también por sus consecuencias jurídicas, como la determinación de la prescripción de la acción penal y la cuestión civil que depende de ella como cuestión previa, toda vez que es el juez penal el que tiene que establecer si hay falso testimonio, administración fraudulenta, balance falso, falsedad, y el modo en que se ha resuelto en primera instancia determinará el efecto de la cuestión previa en los términos de los artículos 1101, 1102 y 1103 del Código Civil.

Sostuvo que de haber sido resuelto el caso por un modo normal de definir la situación procesal, esto es, por procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, su parte no hubiera quedado afectada en sus derechos de control y de impugnación, porque en los dos primeros ha quedado subsistente la pendencia de la acción penal y en el tercero, el sobreseimiento, la instancia de disconformidad que establece el artículo 358 del Código de rito.

Alegó que resulta aparente el fundamento de la Cámara de que el archivo deja a salvo la pretensión resarcitoria del actor civil y además no cierra una nueva instancia penal, ya que la unidad de causa petendi entre la acción penal y la acción civil hace que la primera determine la tipicidad que va a ser la fuente de la obligación de la segunda y en la que además amenaza con un archivo de este tipo, la cuestión previa de trámite ante los tribunales civiles.

Asimismo, contrariamente a lo que postulara la Cámara, puso énfasis en que el orden de notificación cobra relevancia cuando en forma caprichosa se ha elegido un modo de resolver impertinente por los artículos 200 y 185 del Código Procesal Penal; continuó diciendo que "si hubiera dictado el sobreseimiento que más da el orden de notificación si el actor civil dispone de una instancia de impugnación contemplada en el art. 358 CPP; en cambio, la escogida por el Juez lo excluye" (f. 14vto.) al notificar primero al Fiscal, y con esa notificación distanciada asegurar la inimpugnabilidad de la resolución.

La referida impugnación fue denegada por la Sala por considerar que el recurrente carecía de legitimación para deducir el recurso de inconstitucionalidad, como así también por no resultar definitiva la resolución recurrida (fs. 25/26), motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 28/40).

2. Si bien asiste razón a la actora civil -con apoyo en inveterada doctrina de este Tribunal, tales, "Martínez" (A. y S. T. 33, p. 43), "Cirignoli" (A. y S. T. 82, p. 371) reiterada recientemente en "Scaglione" y "Campilongo" (reg. en A. y S. T. 194, p. 336/342; p. 355/363, respectivamente)- en cuanto defiende su legitimación para deducir el recurso de inconstitucionalidad local, a distinta conclusión debe arribarse en relación con el pronunciamiento objeto del presente recurso extraordinario.

Es que el artículo 1 de la ley 7055 establece que procederá el recurso de inconstitucionalidad -siempre que también se configure al menos uno de los casos enunciados en los tres incisos del citado artículo- contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

A su vez, cabe agregar que resulta ser una posición pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Cfr. Fallos: 308:1832; A. y S. T. 142, p. 33, entre otros).

Conforme a su naturaleza, debe señalarse que, tal como lo afirmara la Cámara en el auto denegatorio, el pronunciamiento que motiva el remedio extraordinario -mediante el cual se declarara la nulidad del auto 977 del 16.12.2002 emanado del Juez de Instrucción, que en su hora declarara nulas las notificaciones practicadas al Fiscal y a las partes y ordenara que se realicen nuevamente, y consecuentemente de los actos posteriores, dejando firme la resolución de archivo 872 "rebus sic stantibus" conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal- no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la citada ley 7055.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que las resoluciones que deciden sobre nulidades de actuaciones procesales no constituyen sentencia definitiva (Fallos C.S.J.N., 3010:2733; 314:1442); que "las resoluciones que deciden la admisión o el rechazo de las nulidades procesales no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, por lo que carecen de carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario", (C.S.J.N.,"Álvarez", 316:314).

Y si bien en su presentación directa el actor civil intenta rebatir lo aseverado en tal sentido en el auto denegatorio a fojas 25/25 vuelto acerca de que "la resolución que se cuestiona se limita a revocar la nulidad de la propia resolución dictada por el titular del Juzgado en lo Penal de Instrucción nro. 3, haciendo cobrar vigencia por ende al archivo dispuesto, rebus sic stantibus, lo que amerita decisivamente su lejanía, cabe enfatizar, con el criterio A su vez, no es posible entender que la quejosa convenza a este Cuerpo acerca de que el modo de finalización del proceso seleccionado por el A quo -al disponer el archivo de las actuaciones- le cause un agravio de imposible reparación ulterior, alegando en tal sentido que de haberse definido la situación procesal del imputado por procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento su parte no hubiera quedado afectada en sus derechos de control e impugnación, toda vez que lo expresado en tal sentido no alcanza para convencer a este Cuerpo acerca de que la Cámara hubiese decidido ese aspecto de modo arbitrario.

Es que, frente a los reparos esgrimidos en su hora por el actor civil en relación a la decisión de archivo, la Sala concretamente puntualizó que "no es posible una resolución po Tanto más -bien sea a mayor abundamiento- lo mismo sucede en cuanto a la arbitrariedad que el compareciente enrostra a la decisión de la Cámara al considerar irrelevante el orden de las notificaciones practicadas, alegando que ello cobra trascendencia cuando -en forma caprichosa- se seleccionó al archivo como modo de finalización del proceso, desde que al haber notificado primero al Fiscal y tomando el tiempo para que la resolución quede firme, impide que el actor civil impugne la resolución. Es que con tales argumentos, no convence acerca de la arbitrariedad en la decisión Más aún, lo dicho se refuerza a poco que se tenga en cuenta lo manifestado por la Sala en punto a que "el propio pronunciamiento de archivo...deja a salvo la petición resarcitoria de los actores civiles y además no cierra, en su caso, una nueva instancia penal, por lo que no se avizora agravio alguno en ese ámbito" (f. 1vto.).

En suma, y tal como se ha analizado, el recurrente no logra en esta instancia demostrar la existencia en el sub examine de un supuesto de excepción que permita tener por superada la ausencia de un requisito ineludible a los fines de la apertura de esta vía extraordinaria, cual es, la definitividad de la sentencia que se recurre por inconstitucional, por lo que corresponde declarar inadmisible el remedio intentado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIÉRREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)