Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-23


SENT Nro. 263 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos: "Cooperativa de Productores Agrarios de Tucumán Ltda. (Coopratuc) vs. Maldonado, Ubaldo Jorge y otra s/Ejecución prendaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Héctor Mario Aciar, en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones, del CJC, del 12/6/2002 que revoca el punto II resolutivo de la sentencia de primera instancia y ordena llevar adelante la presente ejecución prendaria.

II.- El recurrente considera que el fallo impugnado viola las siguientes normas: art. 18 CN; 28 CP; 26 y 29 del Decreto Ley 15.348/46; art. 33; 502 inc. 3 y cc. del CPCCT.

Centraliza sus agravios en que: a) la sentencia sostenga que la excepción de inhabilidad de título sólo pueda receptarse cuando el certificado prendario no reúne los requisitos formales determinados por dicha normativa, desestimando los argumentos del recurrente, pues en el sub judice, lo que se ha planteado es, precisamente, la inexistencia del título; b) que exprese que por la forma en que fue opuesta la excepción y los motivos dados por el a quo, ellos no se sustentan en la ausencia de elementos esenciales del título, pues no tan sólo hay ausencia de elementos esenciales, sino del instrumento mismo; c) que considere que el informe del Registro prendario relativo a la existencia o no de inscripción marginal (sobre extravío del título) signifique que ha informado sobre la inexistencia de endosos, pues no se solicitó informe sobre ello; d) que sostenga que la fotocopia del certificado prendario extraída resulta título suficiente para su ejecución pues no puede el juez por vía interpretativa darle el alcance del título ejecutivo a una copia de la copia no negociable del título; e) que se califique de excesivo formalismo la presentación del título original, pues ello es una exigencia legal; f) que se pretenda otorgar una garantía a los derechos del ejecutado solicitando caución y ordenándose oficiar al Registro respectivo para denegar cualquier inscripción de endosos, afirmación que resulta ilusoria pues no fue incluida en la parte resolutiva del fallo.

Manifiesta que la resolución atacada es incongruente toda vez que se limita a evaluar el alcance del endoso en materia prendaria dejando de lado el meollo de la excepción articulada que se refiere esencialmente a la ausencia del certificado original. Tampoco ha evaluado, agrega, la conducta reticente del accionante en cuanto a informar el destino del referido título original, y la falta de presentación de constancias sobre el extravío de tal instrumento. Señala que la Cámara no analizó que en la práctica del comercio a diario se verifican actos que no cumplen con el riguroso formalismo legal y que en el caso de las prendas los endosos se inscriben únicamente cuando quien va a interponer la ejecución es un endosatario.

Expresa que el título resulta inhábil por cuanto la ley (art. 26) otorga fuerza ejecutiva al certificado original -lo que no puede ser dejado de lado por la incorrecta interpretación de Cámara acerca de que su parte no impugnó la autenticidad de la copia base de la ejecución- y que de ninguna manera puede asimilarse a éste una copia de la copia no negociable del archivo del Registro. Menciona que por vía jurisprudencial se le está otorgando fuerza ejecutiva a un instrumento que carece de tal prerrogativa, con la consecuencia de que pueda legitimarse la ejecución de copias autenticadas de otros instrumentos cuyos originales sí la tienen.

Cita jurisprudencia; propone doctrina legal y solicita se conceda el recurso tentado, con costas.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 04/10/2002 no se concede el recurso de casación. Interpuesto recurso directo ante este alto Tribunal, el mismo resuelve, con fecha 04/12/2002, abrir provisionalmente la casación impetrada, correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- El tribunal de alzada expresa que la excepción de inhabilidad de título en el juicio de ejecución prendaria -que no está contemplada en el Dcto. Ley 15.348/46 (art. 30) ratificado por ley 12.962 y modificado por ley 21.309- sólo puede receptarse cuando el certificado prendario no reúne los requisitos formales determinados por dicha normativa o se cuestionen los presupuestos generales del título ejecutivo o la legitimación procesal del ejecutante o ejecutado.

Menciona que en autos se fundamentó la inhabilidad en razón de no haberse presentado el certificado original, sino una copia sacada de la copia no negociable que conserva el Registro de Créditos Prendarios; que esa irregularidad se agrava por el hecho de tratarse de un título endosable y, al no haberse iniciado el proceso judicial de cancelación, se supone que el mismo está en poder de un tercero, presentándose el peligro de verse el ejecutado obligado a pagar dos o más veces la misma deuda. Que, a su vez, el a quo consideró que el actor debía hacer, en esos casos, una serie de diligencias y explicaciones, las que detalla. Estima el tribunal de mérito que, todo ello señala que en momento alguno surge de la forma en que fue opuesta la excepción o de los motivos dados por el a quo que la misma se sustente en la ausencia de elementos esenciales del título, o en la falta de legitimación de las partes contendientes lo que es misión de la excepción incoada.

Considera, de otro lado, que el ejecutado no efectuó impugnación alguna sobre la autenticidad de la copia fiel del ejemplar que como copia no negociable conserva el Registro Prendario, sino que sólo cuestionó la falta de original, por el peligro que entraña al ser susceptible de endoso, pero no se ha negado que la copia corresponda realmente al original. Agrega que el propio ente registral informó sobre la expedición del instrumento en cuestión (fs. 44) e indica que el acreedor prendario no solicitó ninguna inscripción marginal, de donde se evidencia que el peligro a que alude el ejecutado carece de razón de ser toda vez que para que el endoso tenga efecto respecto de terceros debe ser inscripto en el Registro Prendario, legitimándose el endosatario mediante tal inscripción. Cita jurisprudencia al respecto concluyendo que el peligro a que refiere el ejecutado no tiene razón de ser pues no existe acción de un posible endosatario para ejecutar la prenda, y señala, además, que el pago hecho al acreedor anterior es ineficaz frente al endosatario si el endoso se halla inscripto lo cual no sucede en la especie, según los informes obrantes a fs. 44 y actualizad o a fs. 104. Concluye en que la fotocopia del certificado prendario extraída resulta título suficiente para su ejecución. Remarca que los propios demandados ofrecieron y diligenciaron esta prueba de informes no desconociendo por ello la autenticidad de la copia presentada, de modo tal que resultaría un excesivo formalismo rechazar como título ejecutivo el certificado constituido por el ejemplar habilitado en su otorgamiento por el propio ente registral. Agrega que el ejecutante deberá presentar caución suficiente y oficiarse al registro respectivo a los efectos de que tome anotación marginal del juicio y deniegue cualquier inscripción de endosos posteriores en base al certificado obrante en dicha entidad.

Revocando el punto II de la resolutiva de la sentencia de primera instancia, ordena llevar adelante la presente ejecución prendaria e impone las costas a la vencida en ambas instancias.

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los de la sentencia impugnada, se advierte que la razón asiste al primero.

En efecto, cabe poner de resalto que la Cámara, como bien lo señala el recurrente, ha omitido penetrar de lleno en el meollo de la cuestión consistente en determinar si la copia autenticada de la copia no negociable del contrato de prenda inscripto en el Registro respectivo es título hábil para la ejecución prevista en la LPR. Las reflexiones que el tribunal de mérito efectúa tocan cuestiones relacionadas pero accesorias al nudo gordiano de la temática a resolver e, incluso, en ocasiones, las argumentaciones son erradas.

Así, la sentencia en crisis comienza rechazando la excepción de inhabilidad de título sosteniendo que ella no está prevista en la LPR; que sólo puede receptarse cuando el certificado prendario no reúne los requisitos formales determinados por dicha normativa o se cuestionen los presupuestos generales del título ejecutivo o la legitimación procesal del ejecutante o ejecutado y que en autos no se fundamentó la excepción en la ausencia de elementos esenciales del título, o en la falta de legitimación de las partes contendientes. Ahora bien, en el punto, la Cámara ha ponderado en forma errónea los argumentos del ejecutado que sustentan la inhabilidad de título, toda vez que mediante ellos efectivamente se ha puesto en cuestión la existencia misma de un título válido, lo que es presupuesto esencial de toda ejecución. Siendo admisible, entonces la excepción en la especie, la Cámara debía haber penetrado reflexivamente en la consideración de la habilidad ejecutiva de la copia presentada. No lo hace así. Focaliza, en cambio, el hilo discursivo en contestar el argumento del ejecutado respecto del peligro que entraña reconocer habilidad ejecutiva a una copia no negociable en tanto el certificado prendario es un título endosable, no se dice donde está el original, pudiendo estar en poder de un tercero, con el perjuicio que implicaría abonar dos veces la misma deuda.

Las ponderaciones efectuadas por la Cámara, tejidas alrededor de los alcances del endoso en materia prendaria, pretenden demostrar la ausencia del mencionado peligro partiendo de la premisa -indemostrada por el tribunal a quo- de la virtualidad ejecutiva de la copia base de la ejecución. Lo expuesto queda patentizado cuando en el pronunciamiento, luego de abundar sobre el endoso del certificado de prenda con registro y sus efectos con cita de jurisprudencia sobre el tema, se concluye en que "el peligro en que fundamentó el ejecutado su defensa carece de sustento y por ende la fotocopia del certificado prendario extraída, resulta título suficiente para su ejecución" (sic fs. 110). Como bien se advierte, la Cámara -sin respeto por las reglas de la sana crítica y de la lógica del discurso jurídico- relaciona estrechamente la ausencia de peligro en la existencia de eventuales endosos del certificado, con la eficacia ejecutiva de la copia no negociable presentada, deduciendo -erróneamente- lo uno de lo otro.

Esta inválida conclusión no se ve subsanada por el hecho de que la Cámara considere que el ejecutado no desconoció ni impugnó la autenticidad de la copia presentada, no sólo porque aquél efectivamente negó tanto la existencia de la deuda como la autenticidad de las firmas del documento base de la ejecución, cuanto porque ello solo -frente a las razones expuestas por el recurrente y a las normas que aduce transgredidas- resulta argumento insuficiente a los fines de atribuir eficacia ejecutiva de la copia no negociable presentada, la que no puede depender exclusivamente de la actitud procesal que asuma el ejecutado a su respecto.

De conformidad con lo señalado: la omisión del tribunal de mérito en el análisis pormenorizado de la cuestión principal a resolver y su razonamiento arbitrario, tanto respecto de la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título cuanto de las inferencias que extrae de la ausencia de peligro de endosos en la especie, corresponde casar el pronunciamiento atacado en base a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que tiene por título ejecutivo hábil a la copia autenticada de la copia no negociable del contrato de prenda con registro sin ofrecer, para ello, fundamentación adecuada y suficiente".

En consecuencia, y sin que la presente importe establecer pautas o criterios respecto a la temática a resolver, los autos deberán remitirse a la Cámara interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

VI.- Las costas del recurso se distribuyen por su orden, atento a que el efecto nulificante no le es imputable a las partes intervinientes (art 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R ES U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Héctor Mario Aciar, en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones, del CJC, del 12/6/2002, y, en consecuencia, se CASA y ANULA la misma, a tenor de la doctrina legal enunciada, debiendo remitirse los autos a la Cámara interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA