Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-04


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los cuatro del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular, Dr. Benjamín Moisá, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Jorge Luis Früchtenicht y Günther Enrique Flass, para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "G., R. A. c/ Sucesores de J. D. s/ Sumario" (Expte. N° 83/06 CANO), venidos en apelación a esta alzada.

Practicado a fs. 328 el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: MOISÁ - FRÜCHTENICHT - FLASS.

Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 220/224? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la sentencia N° 13 de fecha 28 de marzo de 2006 (fs. 220/224), el Sr. juez de primera instancia decide rechazar la demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios promovida por el Sr. R. A. G. contra las Sras. E. M. D., L. M. D., A. V. D., S. D. D. y E. L., sucesoras del Sr. J. D., con costas.

2. Contra tal decisión se alza en apelación la parte actora a fs. 227, quien, luego de la concesión del recurso, expresa agravios a fs. 308/312, los cuales no son contestados por la contraria.

Asimismo, por derecho propio, los letrados M. E. I. M. y C. C. G., a fs. 229, apelan los honorarios que les fueran regulados por considerarlos bajos, cuestionando la base regulatoria.

3. En lo conducente, el actor apelante se agravia por cuanto entiende que el Sr. juez de primera instancia fundamenta su fallo en la confesión ficta de la actora, considerando que tal conclusión se encuentra viciada en atención a que la parte demandada no notificó al actor en su domicilio real sino en el constituido, lo cual apareja la nulidad de la notificación.

Asimismo, se agravia por cuanto estima que el a quo ha omitido considerar pruebas de importancia, tales como las testimoniales rendidas y el informe vertido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Lago Puelo, así como lo normado por la Ley N° 1.425 y el Código de Ordenamiento Territorial y Edilicio de Lago Puelo (Ordenanza N° 278/91).

4. Resumidos de la manera precedente los agravios del actor apelante, corresponde que me ocupe de la consideración de los mismos con miras a fundar mi voto en la resolución del recurso en cuestión.

a) De la confesión ficta. Más allá de que la confesión ficta de la parte actora no es la fundamentación determinante del fallo de primera instancia, sino un argumento a mayor abundamiento, corresponde desestimar el agravio, pues la pretendida nulidad de la notificación de la audiencia fijada para la absolución de posiciones (fs. 141/vta.) ha quedado subsanada mediante el consentimiento del acto notificatorio, al no haberse promovido oportunamente el correspondiente incidente (arts. 149 y 170, CPCC).

b) Del incumplimiento contractual. Siendo el contrato un acto jurídico bilateral patrimonial, mediante el cual las partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos (art. 1137, Código Civil), y obligando sus cláusulas a los contratantes como la ley misma (art. 1197); de ningún lugar del contrato de compraventa, instrumentado mediante la Escritura Pública N° 49 -glosada en copias certificadas a fs. 130/131 vta.-, resulta la obligación del Sr. J. D. de ejecutar obras de infraestructura para el suministro de los servicios básicos de energía eléctrica y red de agua en el inmueble que vendiera al actor, Sr. R. A. G..

Tampoco las ordenanzas de la Municipalidad de Lago Puelo 88/99 -modificada por ordenanzas 226/90 y vigente a la fecha del contrato- y 278/91 -actualmente vigente-, ni la Ley N° 1.425, imponen semejante obligación al vendedor respecto del comprador, sino que establecen requisitos que debe cumplir el propietario para el fraccionamiento de tierras para uso urbano o suburbano, dentro o fuera de los ejidos municipales -en el caso, de la Municipalidad de Lago Puelo-.

Ahora bien, los informes de la Municipalidad de Lago Puelo glosados a fs. 161 y 162 son concluyentes en el sentido de que: "El fraccionamiento rural efectuado por el Sr. J. D. [al cual pertenece el inmueble vendido al Sr. G.] no constituye un loteo destinado a urbanización". Corolario lógico de ello es que el mismo no se encontraba sujeto a la normativa referida en el párrafo anterior. A fortiori, el plano de mensura y fraccionamiento registrado por la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Provincia del Chubut (fs. 160) y la Escritura Pública N° 47 de fraccionamiento, obrante en copias certificadas a fs. 134/137 vta., corroboran que el fraccionamiento en cuestión fue realizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Tales conclusiones, obviamente, no pueden ser desvirtuadas -como insólitamente pretende el recurrente- por los dichos de testigos. Tampoco tiene ninguna entidad al efecto el informe del Jefe de Mantenimiento Electromecánico de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia, C. E. H., agregado en copia a fs. 51, pues no hace más que remitir a lo dispuesto por la Ord. N° 88/99 MLP y la Ley N° 1.425, lo cual ya he tratado.

Finalmente y conforme a lo dicho, interpretando de buena fe el contrato de compraventa inmobiliaria celebrado mediante la Escritura Pública N° 49 (fs. 7/12), jamás el Sr. G. pudo haber pensado que el vendedor, Sr. D., asumía la obligación de hacerse cargo de las obras de infraestructura para el suministro de servicios básicos de energía eléctrica y red de agua.

5. En cuanto a la apelación por bajos de los honorarios de los Dres. I. M. y G., entiendo que no les asiste razón en su planteo, en virtud de que no coincido con el monto de juicio tenido en cuenta por el sentenciante para el cálculo de los mismos.

En efecto, el fin perseguido en el presente proceso fue el cumplimiento de una pretendida obligación accesoria derivada de un contrato de compraventa inmobiliaria y un resarcimiento pecuniario por daños y perjuicios de $10 diarios, desde la fecha de la mora por el incumplimiento de dicha obligación, por lo que no debieron calcularse los emolumentos sobre la base del valor del bien inmueble que no fuera objeto del litigio.

Sí correspondía determinarlos en base al monto reclamado en concepto de daños, teniendo en cuenta las pautas del art. 6 del Arancel a los fines de valuar la labor cumplida, los términos porcentuales del art. 7, el doble carácter en el que actuara el Dr. I. M. (art. 9) las etapas cumplidas (art. 39).

Sentado ello y efectuados los cálculos pertinentes en consideración a parámetros señalados, entiendo que los mismos debieron fijarse -como máximo- en la suma de $3.173, en conjunto y proporción de ley, para el Dr. M. I. M. y la Dra. C. G..

Consecuentemente y en razón de no haber sido apelados los emolumentos fijados en primera instancia por altos, corresponde confirmar los determinados en la resolución venida en recurso, en salvaguarda del principio de no reformatio in pejus.

En mérito a lo expuesto, voto la cuestión por la afirmativa.

A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo: Que a fs. 220/224, luce agregada la Sentencia registrada bajo el Nro. 13, de fecha 28 de marzo de 2006, dictada por el Sr. Juez de grado Dr. Claudio Alejandro Petris, por la que resolvió: rechazar la demanda que por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios promoviera oportunamente el Sr. R. A. G. contra los sucesores del Sr. J. D., Sras. É. M. D., L. M. D., A. V. D. y E. L.; imponer las costas del proceso al actor vencido en la contienda -por aplicación del principio objetivo de la derrota que dimana del art. 68 del ritual provincial- y regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes. Contra el acto jurisdiccional individualizado en el párrafo que precede, se alzan en apelación: el actor vencido (v. fs. 227), siéndole concedido libremente el recurso a fs 228 y los letrados de las demandadas -en orden a sus honorarios regulados- (v. fs. 229), siéndoles concedido en relación el recurso, según constancias de fs. 230.Que a fs. 308/312 expresa sus agravios el actor vencido, los que pueden resumirse así: En su agravio identificado como a), el apelante sostiene que el fallo dictado por el a quo "...produce su basamentación en prueba confesional ficta de la actora, siendo que dicha prueba confesional ficta ha sido mal declarada como tal." (v. fs. 309). Sostiene que su parte acusó la negligencia de dicha prueba en atención a que la demandada no ha procedido a notificar en el domicilio real del actor la fecha de la respectiva audiencia confesional, atento a que simplemente notificó en el domicilio constituido, siendo que el actor obra en autos mediante poder judicial.. En el punto identificado como b) de fs. 310 y vta., el apelante se agravia por la omisión del a quo de considerar prueba pertinente, procedente y conducente ofrecida y producida por su parte, concerniente a la resolución del pleito conforme a derecho, tales las declaraciones testimoniales rendidas y el informe vertido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Usina) de Lago Puelo, así como lo normado por la ley 1425 y el Código de Ordenamiento Territorial y Edificio de Lago Puelo (Ordenanza 278/91). En su tercer agravio, que identifica con la letra c) (v. fs. 311 y vta), el recurrente continúa cuestionando los fundamentos del fallo atacado y la valoración de prueba formulada por el a quo, para concluir -en el punto d) de fs. 311vta.- agraviándose por fallar el Sr. Juez apelado contra legen al desconocer la Ordenanza 278/91 de la Municipalidad de Lago Puelo. Formula reserva del caso federal (v. fs 312), para finalmente solicitar se revoque el acto jurisdiccional puesto en crisis y se dicte sentencia conforme a derecho.

A su turno, y en oportunidad de articular su apelación, los letrados de las demandadas fundaron su recurso manifestando su disconformidad con el monto del proceso determinado por el juez apelado, estimando el monto del proceso conforme criterio que exponen. 2. Resumidos así y en lo sustancial, el contenido de los agravios de los apelantes, estimo corresponde formular algunas consideraciones que resultarán oportunas al momento de emitir mi voto. Así, he sostenido que en el caso que el justiciable se sienta agraviado por una decisión judicial, puede -casi siempre- atacarla mediante un recurso, pero para que esta vía impugnativa prospere, la pretensión debe cumplir con dos requisitos: uno de carácter formal y otro sustancial. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia del recurso: si cualquiera de ellas falta, la vía impugnativa resulta frustrada por devenir inadmisible o por ser improcedente. (cfr. ARAZI, Roland y De los SANTOS, Mabel; "Recursos ordinarios y extraordinarios"; Rubinzal Culzoni Ed.; Santa Fe; 2005 p. 41). De idéntica manera, he manifestado que: "En torno a la carga de la prueba, puede sostenerse que esta noción comprende dos variables que se interactúan recíprocamente: a) Constituye una regla para el juez porque le indica como debe fallar acerca del fondo de la controversia cuando exista ausencia de prueba sobre los hechos alegados por las partes sobre los cuales debe fundar su decisión; y b) Es una regla de conducta para las partes, pues les señala cuáles son los hechos que a cada una le interese probar a fin de evitarse las consecuencias disvaliosas que provoca la incertidumbre sobre aquéllos. Así, la esencia operativa de esta afirmación radica en la indicación dada al juzgador acerca del contenido de la sentencia que debe pronunciar en caso que no pueda comprobar la verdad de una afirmación de hecho. En este supuesto, debe dictar su fallo en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la alegación de hecho no acreditada (cfr. ROSEMBERG, Leo; "La carga de la prueba"; EJEA; Bs. As.; 1956; pág. 2). Ello nos muestra que debe decidirse sobre el onus probandi al final del proceso (cfr. EISNER, Isidoro; "La prueba en el proceso civil"; Bs. As. 1964; pág. 54), sin perjuicio de la importancia que reviste para el juzgador tenerlo presente al momento de recepcionar cada uno de los medios de prueba ofrecidos por las partes en función de la resolución definitiva del litigio (v. ROSEMBERG, Leo; op. cit. Pág. 65).

"Así también, la noción de carga de la prueba indica a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho, para no padecer sus efectos perjudiciales (cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando; "Teoría General de la prueba judicial"; Bs. As.; 1970; tº I, pág. 424 y PALACIO, Lino Enrique; "Derecho Procesal Civil"; Bs. As.; 1972; Tº IV; pág. 363).

"Resulta entonces que la carga no significa la obligación de probar ni tampoco necesidad que la prueba proceda de una determinada parte: implica estarse a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de la comunidad procesal el material probatorio incorporado al proceso surte todos sus efectos, cualquiera sea la parte que lo haya suministrado (cfr. SENTÍS MELENDO, Santiago; "Teoría y práctica del proceso", Ed. Jurídicas Europa-América; Bs. As.; 1959; t. III; pág. 200). De esta manera y para las partes, funciona como un principio de auto responsabilidad y probidad procesal, aunque meramente facultativo pues el litigante es libre de probar o no, sin otra consecuencia -en caso de no hacerlo- que la de perder la "ventaja" que le podría haber aparejado su eficaz y oportuno cumplimiento (cfr. RAMACIOTTI, Hugo; "Compendio de derecho procesal civil y comercial de Córdoba"; Depalma; Bs. As.; 1978; t. I, pág. 535).

De lo hasta aquí expuesto con las citas que anteceden, podemos colegir que la responsabilidad probatoria no supone -pues- ningún derecho del litigante adversario, sino antes bien, un imperativo del propio interés de cada parte y una derivación de la bilateralidad; constituye una circunstancia de riesgo que supone que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito. Puede entonces quitarse esa carga probando y esto no es más que una situación atinente a cada parte. Por todo ello, los dos aspectos que integran la noción de onus probandi están íntimamente relacionados, pues una vez decidido qué debe constar para que venza el demandante o el demandado, se ha resuelto al mismo tiempo a quien perjudica la ausencia de prueba (cfr. ROSEMBERG, Leo; op. cit. pág. 37)" (v. autos "C., N. B. c/ B., M. T. s/ Laboral" -SDC Nro. 29/2006- y "G., L. D. c/ C. de M. M. S.A. s/ Laboral" -SDC Nro. 31/2006- y más recientemente in re "C., D. J. c/ M., M. G. y Ot. S/ Daños y Perjuicios" - Expte CANO Nro. 141/06 y "R. G. C. c/ S. e H. S.A. s/ Ordinario" Expte. CANO Nro. 93/06, entre otras). En la inteligencia expuesta, el primer agravio se me aparece como exorbitando el supuesto valor determinante de la confesión ficta en los considerandos de la sentencia atacada. De idéntica manera, debo advertir que en ocasión de notificarse al actor la audiencia confesional fijada, en su domicilio constituido (v. fs. 141) y en el plazo fijado por el art. 170 del ritual provincial, no se articuló la nulidad de dicho acto en tiempo oportuno, surgiendo de autos solo un tímido intento por acusar la negligencia en la producción de tal prueba, por lo que dicho agravio -entiendo no debe prosperar, debiendo tenerse por saneada la nulidad que se pretende.

A mayor abundamiento, el art. 41 del C.P.C.C. manda que "Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituido (...)." Siendo de aplicación en el sub exámine las previsiones que surge contrario sensu del art. 409 párrafo tercero del rito provincial, la prueba cuestionada por el apelante aparece procesalmente legítima y debe tenerse por confeso al absolvente citado y no comparecido. En cuanto al segundo de los agravios articulados, y teniendo en cuenta las previsiones que surgen de los arts. 1137 y 1197 del código sustantivo, y de la lectura de la Escritura Nro. 49 -cuya copia se aneja a fs. 130/131- no aparece el fallecido J. D. como obligado a realizar o ejecutar las obras de infraestructura destinadas al suministro de servicios básicos y provisión de agua que reclama el actor, con fuente de obligación en dicho contrato. De idéntica manera, la normativa municipal invocada por el apelante de manera alguna imponen tal obligación de hacer al demandado o sus sucesores en esta litis, por cuanto aquéllas se refieren a las que debe cumplir el propietario que destina tierras para el fraccionamiento para uso urbano o suburbano, sea dentro o fuera sus ejidos, hipótesis que difiere del sub lite. Abona lo dicho, el informe agregado a fs. 161/162, que pone en conocimiento del a quo que el fraccionamiento rural realizado por el demandado de autos "no constituye un loteo destinado a urbanización". Así también, señala dicha informativa que el plano de fraccionamiento y mensura registrado por el Sr. J. D. por ante la autoridad municipal de aplicación fue realizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes, no habiendo sido controvertida tal afirmación por el ahora recurrente. Así también, comparto lo dicho por el vocal preopinante en el sentido de no reconocerle trascendencia al informe glosado a fs. 51. Debo advertir que la ausencia de boleto de compra venta (v. fs. 222 reng. 10) impide avanzar en el análisis de los agravios articulados.- Por lo expuesto, y conforme la manda contenida en el primer párrafo del art. 1198 del Código Civil, se me aparece como ilusorio que el actor pudiese aguardar que el demandado hubiese asumido la obligación de ejecutar las obras de infraestructura, pues un deber de oportuna diligencia le hubiese impuesto hacerlo constar en el boleto de compraventa -cuya existencia y acreditación no surge de autos- o bien en la escritura traslativa del dominio suscripta. Por todo ello, estimo que los agravios deben rechazarse y en su consecuencia, confirmarse la sentencia de fs. 220/224 en cuanto fuere materia del recurso intentado. 3. En relación a la apelación por bajos de los honorarios articulada por los letrados de las demandadas, se impone señalar que el monto del proceso tenido en cuenta por el a quo para el cálculo de tales emolumentos no resulta ser el que impone la Ley del Arancel. Así, debo indicar que la pretensión contenida en la demanda que dio inicio a las presentes actuaciones estuvo constituida por el cumplimiento de una obligación -que a la postre no fue tal- derivada de un contrato de compraventa habido entre las partes y un eventual resarcimiento pecuniario de $ 10 diarios en concepto de daños y perjuicios desde la fecha de la invocada mora, cálculo este que debió formularse a los fines de proceder a regular los honorarios de los profesionales actuantes. Conforme dicho criterio, y considerando aplicables las pautas contenidas en la Ley de Arancel Nro. 2200 (arts. 6 , 7, 9, y 39), debió tenerse como monto del proceso dicho cálculo, no superando la regulación de honorarios de los Dres. M. I. M. y C. G., en conjunto y proporción de ley, la suma de $ 3.200.

Mas, se impone tener presente la prohibición de reformatio in pejus, y no habiendo sido apelados por la contraria y por altos sus honorarios por sus actuaciones en la instancia anterior, estimo corresponde confirmarlos, y así lo voto.

Por ello, voto a esta cuestión, por la afirmativa.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) confirmar la Sentencia N° 13 de fecha 28 de marzo de 2006 (fs. 220/224); b) imponer las costas al actor apelante (art. 68, CPCC); y c) fijar los honorarios de los Dres. V. M. y H. C. en conjunto y proporción de ley en la suma de $580 por su actuación en esta alzada.

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:

En consonancia con lo expuesto precedentemente sugiero: I.- CONFIRMAR la sentencia apelada, obrante a fs. 220/224 de estos autos; y II.- IMPONER las costas en esta instancia al apelante (art. 68 del CPCC), fijando los honorarios profesionales de los Dres. V. M. y H. C., en conjunto y proporción de Ley en la suma de $580 por la labor desarrollada en esta instancia.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1º) CONFIRMAR la sentencia N° 13 de fecha 28 de marzo de 2006 (fs. 220/224).

2º) IMPONER las costas en esta instancia al actor (art. 68 CPCC), fijando los honorarios de los Dres. V. H. M. y H. R. C., en conjunto y proporción de ley en la suma de $580, por su actuación en esta alzada, con más el IVA pertinente (art. 14 Dto. Ley 2.200).

3º) TENER presente la reserva del Caso Federal.

4º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Günther Enrique Flass de la facultad que le asiste (art. 271, in fine, CPCC, texto según Ley 4.550).

BENJAMÍN MOISÁ JORGE LUIS FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL N° 47 DEL AÑO 2006. CANO.-Norma Marrero-Secretaria.-