Concursos, apertura del concurso, procedencia del recurso, cuestiones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Interavales Sociedad de Garantia Reciproca c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Cabe revocar la resolución que rechazó la presentación en concurso preventivo de una sociedad de garantía recíproca, por considerar que estaba disuelta y no existía certeza de continuidad de su actividad. Ello en tanto, el remedio previsto en la ley para superar la insolvencia, el concurso preventivo halla la plenitud de su finalidad cuando él sirve de medio para evitar el cese de actividades empresarias. Ello así, pues la LCQ 13 indica que las posibilidades de rechazar la apertura del concurso se acotan a las causales que allí se mencionan; pues como es claro, rigen también aquí los principios generales del derecho, que no sólo habilitarían sino que también exigirían que el juez rechace la posibilidad de utilizar las formas concursales a efectos de abusar del derecho a utilizar el concurso, cometer fraude, o situación semejante, no hay mérito para aplicar aquí un diverso temperamento. Basta señalar, en tal sentido, que la recurrente integra un grupo que, en su caso, podría transmitirle la potencialidad que, al menos en algunos supuestos, la situación grupal genera para quienes se hallan en ella inmersa. En tales condiciones, parece razonable admitir también aquí la aplicación del principio concursal ya visto (LCQ 13).

No obstante, la ley no ha exigido que quien se presenta requiriendo su concurso acredite tener ese tipo de actividad como recaudo de su apertura y así lo ha admitido la Sala en anteriores oportunidades ("UNICMA SA s/ quiebra", del 13/7/18). Ese principio concursal de la LCQ 13, es especialmente importante en el caso del grupo, toda vez que admitir que el concurso sólo sirva para reestructurar pasivos sin quebrar en exclusivo beneficio de sus socios y administradores -al liberarlos de las responsabilidades inherentes a la quiebra o a su extensión-, podría tener un contenido adicional cuando esa situación grupal se verifica. A ello se agrega que, el juez debe en estos casos abrir el concurso sin ingresar en cuestiones de fondo, pero no significa, claro está, restar al magistrado las facultades que le asisten como director del proceso, que deberá ejercer aquí con el mayor de los rigores. Sólo significa admitir que la ley concursal aparece diseñada respetando etapas que guardan entre sí un equilibrio implícito, de modo que, si el juez debe en principio abrir el concurso en estos casos, ello no significa admitir que ese concurso tenga un éxito asegurado. Deberá, en cambio, pasar por el tamiz que importa la concurrencia de los acreedores y el logro de las mayorías y, finalmente deberá también contar con la homologación judicial, oportunidad en la cual sí podrá el magistrado -en la medida en que la ley lo autorice (LCQ 52)- proceder al examen de ciertas cuestiones de mérito que en aquella etapa inicial tiene vedado.

Varias normas de la ley concursal dan por presupuesta la existencia de esa actividad (v. gr. arts. 15, 16, 17, 20, 159, etc.); pero, si esto es lo normal, de ello no se deriva que corresponda desechar la posibilidad de un proceso concursal cuando esa actividad no existe, desde que tal proceso puede, aun así servir como canal para reestructurar pasivos sin liquidar bienes.